Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-751-de-septiembre-26-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d3fbfc4115da00a4e0430a01015100a4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 22:19:46
Document Index: 370047949

Matched Legal Cases: ['artículo 1058', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 1047', 'artículo 184', 'artículo 1058', 'Artículo 1047', 'artículo 34']

﻿ Sentencia T-751 de septiembre 26 de 2012
SENTENCIA T-751 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:LAS PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO DEBEN TENER UN ACCESO EQUITATIVO A LA INFORMACIÓN RELEVANTE, POR UNA PARTE SOBRE EL ALCANCE DEL RIESGO ASEGURADO Y POR OTRA, LA COBERTURA REAL DEL CONTRATO. CUANDO LAS CLÁUSULAS NO DEFINEN DE LA MANERA EXPLÍCITA LAS CONDICIONES DE LA COBERTURA DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE TEXTOS DE EXCESIVA VAGUEDAD O EXCLUSIONES DE CARÁCTER GENÉRICO, SE VULNERA LA BUENA FE DEL TOMADOR EN TANTO NO RESULTA POSIBLE ESTABLECER EL ALCANCE DE LA COBERTURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SEGURO, PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO, RETICENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO
Sentencia T-751 de septiembre 26 de 2012
Ref.: expedientes T-3464362 y T-3478279 (Acumulados)
En el proceso de revisión de los fallos proferidos en el expediente T-3464362, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) y, en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), y en el expediente T-3478279, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) y, en segunda instancia, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué el once (11) de enero de dos mil doce (2012), dentro de los procesos de tutela iniciados por María Eugenia Portillo Linares contra BBVA Seguros de Vida Colombia y por Neila María Barreto contra Davivienda S.A. y Seguros Bolívar S.A.(1).
La Sala de Selección Cinco de la Corte, en auto del veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) dispuso acumular los expedientes T-3464362 y T-3478279 por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una sola sentencia si así lo consideraba la Sala de Revisión.
1.1. El 16 de enero de 2004 el Banco Granahorrar, hoy Banco BBVA, le otorgó a la accionante, María Eugenia Portillo Linares, un crédito para la compra de vivienda por valor de $ 20.000.000, que amparó a través de un seguro de vida grupo deudores que tomó el citado Banco con Seguros Alfa S.A, hoy BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que inició su vigencia en la misma fecha y garantizaba el pago del crédito ante la muerte o la incapacidad total y permanente de la señora Portillo Linares(2).
1.2. La accionante trabajaba como docente en el Instituto Técnico La Esperanza de Valledupar. El 29 de marzo de 2010 fue valorada por medicina laboral a través de Fiduprevisora S.A., calificándola con una pérdida de la capacidad laboral del 91,15% por enfermedad común, por padecer deficiencia por esquizofrenia y deficiencia por alteraciones emotivas, estableciendo como fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral el 20 de abril de 2010(3).
1.4. El 24 de agosto de 2010 BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. negó la reclamación presentada por la actora aduciendo reticencia al momento de celebrar el contrato de seguro, ya que la accionante, al presentar la solicitud individual para suscribir el mencionado seguro el 16 de enero de 2004, había omitido declarar que padecía de cáncer, el cual había sido diagnosticado el 28 de febrero de 2000(4).
1.5. El 25 de noviembre de 2011 la accionante interpuso acción de tutela en la cual solicita se haga efectivo el seguro de vida grupo deudores 0110043 y en consecuencia se cancelen los saldos insolutos a 20 de abril de 2010 del crédito tomado por ella con el Banco BBVA.
La peticionaria explica que la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral no fue motivada por el cáncer, sino por depresión y ansiedad con alteración de memoria, enfermedades que no tenían evolución superior a un año al momento de emitirse el dictamen de medicina laboral, por lo que no puede aducirse el argumento de la preexistencia de la enfermedad, ya que el cáncer no fue la causa de la declaratoria de invalidez, y agrega que si bien fue diagnosticada con esta enfermedad, ese diagnóstico fue errado y en la actualidad no padece de cáncer(5).
“Estas circunstancias afectan directamente el contrato, y la omisión en informarlas al asegurador es conocida como dolo negativo o reticencia contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio, norma de carácter imperativo de obligatorio cumplimiento por principio de territorialidad de la ley. En ese sentido debemos resaltar que no es de recibo el argumento de la señora María Eugenia Portillo Linares, respecto de que el seguro tomado no es para amparar enfermedades sino el pago de la deuda, toda vez que el legislador establece específicamente el deber de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el riesgo”(6).
El doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de la accionante, pues de conformidad con la jurisprudencia constitucional las aseguradoras deben dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al inicio del contrato para evitar ambigüedades en el texto del contrato, y en el caso bajo estudio la entidad accionada no realizó los exámenes correspondientes para establecer el estado de salud de la señora Portillo Linares. En consecuencia, ordenó al Banco BBVA, como tomador de la póliza 0110043 seguro de vida grupo deudores, pagar los saldos insolutos a abril 20 de 2010 de la obligación 510-9670021512.
1.1. El 6 de junio de 2008 el Banco Davivienda le otorgó un crédito al señor Ariostomo Ocampo Polo, cónyuge de la accionante, por valor de $9.000.000, el cual fue amparado con un seguro de vida ITP de la compañía Seguros Bolívar S.A.(7) que inició su vigencia en la misma fecha y garantizaba el pago del crédito ante la muerte o la incapacidad total y permanente del señor Ocampo Polo.
1.2. El 20 de marzo de 2010 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima determinó que el señor Ocampo Polo presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 85.50%, como consecuencia de un accidente cerebrovascular y las enfermedades diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo y depresión. Así mismo, se fijo como fecha de estructuración de la invalidez el 10 de noviembre de 2009(8).
1.4. El 30 de abril de 2010 Seguros Bolívar S.A. negó el pago del crédito solicitado por el señor Ocampo Polo, pues adujo que en la declaración de asegurabilidad el señor Ariostomo Ocampo había manifestado que no padecía ninguna enfermedad, sin embargo, con anterioridad a la suscripción de la póliza, se le había diagnosticado diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. En consecuencia, con esta omisión se incurrió en una declaración reticente que generó la nulidad del contrato de seguro(9).
1.5. El 11 de julio de 2011 falleció el señor Ocampo Polo(10).
1.6. El 26 de julio de 2011, la señora Neila María Barreto, cónyuge del señor Ocampo Polo, elevó una nueva solicitud al banco Davivienda para que se hiciera efectiva la póliza de seguro que amparaba el crédito adquirido por su cónyuge ante el fallecimiento de éste(11).
1.7. Davivienda trasladó esta petición a Seguros Bolívar(12), entidad que dio respuesta negativa a la misma el 5 de octubre de 2011, reiterando que el señor Ocampo había incurrido en una conducta reticente al omitir en su declaración las enfermedades que padecía(13).
1.8. En noviembre de 2011 la peticionaria interpuso acción de tutela para que se ordenara a Seguros Bolívar S.A. realizar “el trámite necesario para pagar a Davivienda, como tomador de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación crediticia adquirida por el asegurado con dicho banco, a partir de la fecha en que se estructuró la invalidez (nov. 10/2009)”. Así mismo, solicitó el reembolso de la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de la obligación crediticia adquirida por su cónyuge a partir del 10 de noviembre de 2009 hasta mayo de 2011, fecha de la última cuota cancelada.
4. Decisión del juez de primera instancia.
3.2. El Decreto 2591 de 1991 establece los casos a que hace mención la norma constitucional, y dispone en su artículo 42, que “[l]a acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
3.3. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la subordinación se refiere a una relación de índole jurídica, en la que una persona depende de otra, mientras que la indefensión hace referencia a la situación en la que una persona “ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona”(14).
Con base en lo anterior, esta corporación ha destacado la situación de indefensión en que pueden encontrarse los ciudadanos frente a las entidades del sistema financiero, toda vez que dichos establecimientos gozan de una posición dominante en el mercado frente a los usuarios. En este sentido, en la Sentencia T-1085 de 2002(15), esta Corte indicó que las entidades bancarias ostentan una posición dominante frente a los usuarios del sistema, en la medida en que son “ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización, etc. Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes”(16).
3.4. Ahora bien, al referirse a las compañías de seguros, esta Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual, cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional(17). Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital de una persona puede ser viable la acción de tutela para amparar tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de defensa judicial.
Ello teniendo en cuenta la precaria situación económica que aqueja a la señora Neila María Barreto, pues no posee en la actualidad una fuente de ingresos, ya que está a la espera de que se reconozca la pensión de sobrevivientes, aunado a que es madre cabeza de familia de dos menores de edad(18). En cuanto a la señora María Eugenia Portillo Linares, ésta sufre una discapacidad que le impide trabajar(19) y es madre cabeza de familia de dos menores de edad(20). Las circunstancias descritas evidencian su estado de debilidad manifiesta en los términos del artículo 13-3 de la Constitución Política.
4. Naturaleza y características del contrato de seguro.
4.2. En el marco del derecho comercial, el contrato de seguros es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva (Co. Co., art. 1036,) y de acuerdo con el artículo 1047 del Código de Comercio(21) sus cláusulas comprenden las condiciones generales de la póliza de seguro, así como las condiciones particulares que acuerdan los contratantes, en las cuales se hacen expresas las especificidades del contrato en relación con un determinado asegurado. Resulta ilustrativo citar la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en donde se explican las diferencias entre las anotadas condiciones de los contratos de seguros:
De otro lado, las condiciones particulares del contrato de seguro se elaboran de manera individual y específica para cada contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el tomador y reflejan asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado, la voluntad de los contratantes”(22).
4.3. Por lo tanto, es posible diferenciar entre dos clases de condiciones de los contratos de seguros. De un lado, están las condiciones generales, es decir, las cláusulas aplicables a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por un asegurador, las cuales obedecen al formato tipo que debe depositarse en la Superintendencia Financiera de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero. De otro lado, están las condiciones particulares, que definen el alcance de la relación frente a cada caso concreto. Por consiguiente, para definir el alcance de la cobertura no basta con referirse a las condiciones generales sino que es necesario determinar además las condiciones particulares y específicas.
4.6. De acuerdo con las normas que rigen el contrato de seguros y la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, las obligaciones de las partes deben entenderse de manera armónica con los elementos y características esenciales del contrato. En ese marco, el artículo 1058 del Código de Comercio, norma en la que sustentan las partes accionadas la objeción a la reclamación de cada una de las peticionarias, establece la obligación de declarar de forma abierta y sincera sobre los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, obligación que se deriva del carácter bilateral, oneroso y aleatorio del contrato.
En ese marco, y en síntesis, las partes del contrato de seguro deben tener un acceso equitativo a la información relevante, sobre el alcance del riesgo asegurado—por una parte— y la cobertura real del contrato —por otra—.
5. Jurisprudencia constitucional relativa al contrato de seguro.
Esos límites se concretan en la inoponibilidad de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de seguro, cuando la entidad aseguradora no efectuó un examen al momento de la suscripción del contrato(23).
5.3. Posteriormente, en Sentencia T-832 de 2010(24), en un caso similar a los que ahora corresponde resolver a la Sala, la corporación consideró necesario extender las reglas citadas a un evento en que se suscribió un contrato de seguro con el propósito de cubrir el saldo de un crédito, en caso de invalidez o muerte.
5.5. Por ello, lo establecido en aquella oportunidad (Sent. T-832/2010) debe entenderse en el marco del caso concreto: es decir, en un escenario en que se pretendieron hacer valer cláusulas genéricas y ambiguas con el propósito de establecer supuestas preexistencias excluidas de cobertura, lo que riñe con el principio de buena fe. Esa ambigüedad no fue reducida expresamente mediante exclusiones taxativas y precisas, ni mediante exámenes adecuados para establecer el estado de salud de la peticionaria.
6.1.1. El Banco Granahorrar (hoy, BBVA) tomó un seguro de vida grupo deudores con Seguros Alfa S.A. (actualmente, Seguros de Vida Colombia S.A.). La señora María Eugenia Portillo Linares adquirió un crédito hipotecario con el Banco citado por valor de $ 20.000.000 (Crédito 430090002151-2), y suscribió solicitud de aseguramiento dentro del citado seguro de vida grupo, con el objeto de garantizar el pago del saldo insoluto, ante los riesgos de muerte o incapacidad total y permanente(25).
6.1.2. En la solicitud de aseguramiento, y anexa al contrato de seguro, suscrita el 5 de enero de 2004, la accionante declaró que su estado de salud era “normal” y refirió no tener conocimiento de enfermedad alguna que la aquejara(26).
6.1.9. En primer término, se encuentra un diagnóstico del año 1999 en donde se analiza, a partir del diagnóstico clínico inicial, la presencia de cáncer, y se concluye que la peticionaria presentaba unos linfocitos que fueron calificados como benignos(27). En tal sentido, resulta plausible que el dictamen clínico inicial haya sido desvirtuado por exámenes diagnósticos posteriores, que descartaron el carácter cancerígeno de una situación de inflamación de linfocitos (ganglios).
6.1.11. El tercer elemento es la propia declaración de la accionante. Analizada en el marco del principio de buena fe, y en virtud de los indicios que apoyan su versión —recién explicados—, resulta plenamente plausible que la peticionaria haya omitido declarar un diagnóstico, considerándolo errado con base en su propio conocimiento sobre su situación de salud.
6.1.12. En adición a lo expuesto, la Sala estima que, ante la duda sobre el conocimiento de una preexistencia por parte de la peticionaria al momento de declarar, debe adoptarse la posibilidad hermenéutica de la situación fáctica que le conceda un mayor rango de eficacia a sus derechos (principio pro homine), especialmente si se toma en cuenta que el crédito que respalda la póliza de seguros en cuestión es de carácter hipotecario y que actualmente no cuenta con posibilidad de acceder a puestos de trabajo, en virtud de su discapacidad. En consecuencia, la Sala concluye que no se demostró que la peticionaria hubiera mentido y, por lo tanto, incurrido en reticencia al momento de suscribir la póliza de seguros. En consecuencia, la objeción de la aseguradora accionada a la reclamación carece de sustento.
6.2.1. El señor Ariostomo Ocampo, cónyuge de la peticionaria, actualmente fallecido, tomó con el Banco Davivienda un crédito por valor de $ 9.000.000, para lo cual dicho banco suscribió un contrato de seguro de vida grupo con la compañía Seguros Bolívar el 6 de junio de 2008.
6.2.2. De acuerdo con la declaración de asegurabilidad suscrita el por el señor Ariostomo Ocampo el 27 de mayo de 2008, anexa al contrato de seguro, el amparo cubría la muerte e incapacidad total del crédito, estableciéndose como beneficiaria del seguro a su cónyuge (peticionaria dentro de este trámite)(28). Al suscribir la solicitud de aseguramiento (en donde constan las condiciones particulares del contrato de seguros, según se ha explicado, el actor declaró que no padecía de ninguna enfermedad y su estado de salud era normal(29). En el documento se incorporó, además, una cláusula remisoria a los artículos 1058 y 1185, en estos términos: de acuerdo con la cual “Si usted falta a la verdad al suscribir esta declaración, el contrato de seguro será nulo. (C. Co, arts 1058 y 1158)”(30).
6.2.3. El 20 de marzo de 2010 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima determinó que el señor Ocampo Polo presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 85.50%, como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV), y las enfermedades diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo y depresión. Así mismo, se fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 10 de noviembre de 2009. Como base del dictamen se tomó como fundamento la historia clínica completa del señor Ocampo y con base en ésta, se indicó que la diabetes mellitus fue detectada el 27 de noviembre de 2008(31).
La accionante asevera que la enfermedad diabetes mellitus fue registrada en la historia clínica de su cónyuge el 27 de noviembre de 2008, esto es, con posterioridad a la suscripción del contrato de seguro de vida grupo (jun. 6/2008), tal como se estableció en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, por lo que no es cierta la afirmación de Seguros Bolívar S.A según la cual dicho padecimiento se presentaba desde el año 2007, sin que además adjuntara al proceso de tutela algún certificado médico que así lo determinara.
En ese marco, la actitud de la entidad aseguradora, en el sentido de objetar la reclamación, sin sustento fáctico y probatorio, y en contra de los elementos de convicción que reposan en el expediente, resulta abiertamente caprichosa y, en el marco del caso concreto, comporta no sólo un desconocimiento del debido proceso, sino también una lesión al derecho fundamental al mínimo vital de una persona en condición de debilidad manifiesta(32).
6.2.6. Por su parte, en el proceso de tutela T-3478279, esta Sala revocará la sentencia del once (11) de enero de dos mil doce (2012) proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué que a su vez confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, y en su lugar, tutelará los derechos fundamentales de la señora Neila María Barreto, por lo que se ordenará a Seguros Bolívar S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al banco Davivienda S.A., como tomador de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación crediticia adquirida por el señor Ariostomo Ocampo Polo con dicho banco a 10 de noviembre de 2009, fecha de estructuración de la invalidez.
1. REVOCAR el fallo del quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) proferido en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, y en su lugar CONFIRMAR el fallo del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar que amparó el derecho fundamental al mínimo vital de la señora María Eugenia Portillo Linares.
2. ORDENAR al banco BBVA que, en caso de que la señora María Eugenia Portillo Linares haya continuado cancelando con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, esto es, el 20 de abril de 2010, las respectivas cuotas del crédito por ella adquirido, se realice la devolución de dichas sumas a la accionante dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente sentencia.
3. REVOCAR el fallo del once (11) de enero de dos mil doce (2012) proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué que a su vez confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al mínimo vital de la señora Neila María Barreto.
4. ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al banco Davivienda S.A., como tomador de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto a 10 de noviembre de 2009, de la obligación crediticia adquirida por el señor Ariostomo Ocampo Polo con dicho banco.
5. ORDENAR al banco Davivienda S.A. que, en caso de que el señor Ariostomo Ocampo Polo o la señora Neila María Barreto hayan continuado cancelando con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez del señor Ocampo Polo, esto es, el 10 de noviembre de 2009, las respectivas cuotas del crédito por él adquirido, se realice la devolución de dichas sumas a la accionante dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente sentencia.
(1) Los expediente T-3464362 y T-3478279 fueron escogidos para revisión por medio del auto de mayo veintitrés (23) de dos mil doce (2012) proferido por la Sala de Selección Número Cinco.
(2) Folio 19 del cuaderno principal. En adelante, siempre que se mencione un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal del respectivo expediente, a menos que se diga expresamente que hace referencia a otro cuaderno.
(4) Folio 29 del expediente T-3464362.
(5) A folio 72 obra el dictamen médico del 28 de febrero de 2002 donde se le diagnostica cáncer de tiroides.
(6) Folio 67.
(7) Folio 66.
(8) Folios 15 a 18.
(9) Folios 24 y 25.
(10) A folio 33 obra el registro civil de defunción del señor Ariostomo Ocampo Polo.
(12) Folio 69.
(14) Sentencia T-1040 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(15) MP. Jaime Araújo Rentería.
(16) Ver también las sentencias T-323 de 2003, T-281 de 2004 y T-018 de 2005 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra); T-608 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-863 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
(17) Sentencias T-118 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-152 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(18) A folios 35 y 36 del expediente T-3478279 se encuentra las copias de los registros civiles de nacimiento de los hijos de la actora.
(19) De acuerdo al dictamen de medicina laboral la peticionaria padece esquizofrenia y alteraciones emotivas.
(20) A folio 36 del expediente T-3464362 reposa copia de una declaración extraproceso rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Valledupar por la señora Virginia Avelina Maestre en la cual declara que conoce a la señora María Eugenia Portillo Linares desde hace 26 años. Afirma que la accionante es madre cabeza de familia de dos menores de edad y no convive con su cónyuge desde hace más de 9 años, siendo ella la única persona que aporta al sostenimiento de su familia.
(21) Código de Comercio. “Artículo 1047. Condiciones de la póliza. La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato:
PAR.—En los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo”. (Negrilla y subrayas fuera del texto).
(22) Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria -. Sentencia del 2 de mayo de 2000. Expediente 6291. M.P. Jorge Santos Ballesteros.
(23) En el caso de los contratos de seguros, esta corporación ha expresado: “la oposición de preexistencias que no se consignaron de manera explícita en el contrato de seguros en salud para negar el cubrimiento del riesgo reclamado, tiene efectos similares a los que se ocasionan cuando en los contratos de medicina prepagada se pretende utilizar tal posición con la misma intención, es conducta donde hay ejercicio de posición dominante con la que la compañía aseguradora elude la responsabilidad contractual, inobservando de paso el principio de buena fe y con la que se afecta la salud de los asegurados poniendo en riesgo en conexión con ella, sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal y por tanto, es viable prodigar su amparo a través de la acción de tutela.” Sentencia T-271 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(25) Folios 11 y 12. La incapacidad total y permanente es definida en las condiciones generales del contrato de seguro como “la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión o enfermedad, que le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Dicha incapacidad se considera siempre y cuando haya persistido por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días. La calificación de invalidez determinada por la junta calificadora será superior al 65% y que no haya sido provocada a sí mismo por el asegurado”.
(26) Folio 19.
(27) Folio 45.
(28) Folio 66.
(29) El formulario suscrito por el señor Ariostomo, en lo pertinente, establece: “(…) en mi calidad de Asegurado Principal, declaro que mi estado de salud es normal porque: 1. No sufrí ni sufro actualmente dolencias tales como: enfermedades congénitas, enfermedades del corazón y/o enfermedades de las arterias, VIH-Sida, tensión arterial alta, cáncer, diabetes, hepatitis B; enfermedad crónica del hígado y/o riñón, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, pulmonares, lupus, várices en el esófago, trombosis, derrame cerebral, tromboflebitis, enfermedades de la sangre, enfermedades del páncreas o transplantes (…) Reitero que lo manifestado en esta declaración es verídico y que tengo conocimiento de que cualquier falta al a verdad es causal de nulidad de este seguro. De conformidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, autorizo expresamente a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para tener acceso a mi historia clínica y a todos aquellos datos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y a obtener copia de ese documento y de sus anexos y para compartir, reportar, procesar, solicitar, suministrar o divulgar a cualquier entidad legalmente autorizada para manejar o administrar bases de datos, con las entidades del sector financiero, asegurador y con las demás entidades subordinadas o controladas de Sociedades Bolívar S.A. toda mi información personal que reposa en sus archivos (…)”.
(31) Folios 15 a 18.
(32) M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En la Sentencia T-832 de 2010 se analizó un caso similar a presente.