Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6616
Timestamp: 2019-09-19 04:47:12
Document Index: 141370601

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 282', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 11']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 197/2009
SENTENCIA 197/2009, de 28 de septiembre
ECLI:ES:TC:2009:197
En el recurso de amparo núm. 891-2007, promovido por don Eduardo Granell Bosch, representado por el Procurador de los Tribunales don Federico Gordo Romero y asistido por el Abogado don Virgilio Latorre Latorre, contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006 recaído en el recurso de casación 538-2006, interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 9 de enero de 2006, que le condenó como autor de un delito contra la salud pública. Ha comparecido don Ramón Royo Navarro, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Eugenia de Francisco Ferreras y asistido por el Letrado don Roberto López Ortega. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 1 de febrero de 2007, el Procurador de los Tribunales don F.G.R., en nombre y representación de don E.G.B., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
a) Por Sentencia de 9 de enero de 2006, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al ahora demandante de amparo, como autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), a las penas de diez años de prisión y multa de 2.000 euros.
b) Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación, inadmitido por el Tribunal Supremo mediante Auto de 30 de noviembre de 2006.
3. El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
a) Se denuncia, en primer lugar, que el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tortosa de 28 de enero de 1998, que acuerda la primera de una larga serie de intervenciones telefónicas, incumple las exigencias de motivación, puesto que no aporta datos objetivos que pudieran servir de soporte a la sospecha de la comisión del delito ni de su implicación en él de las personas cuyas comunicaciones telefónicas se intervienen. El Auto se apoya exclusivamente en un oficio policial en el que se realizan una serie de afirmaciones sobre la existencia de un delito meramente formularias y carentes de valor informativo, sin aportar cuáles son los datos o indicios que permiten llegar a tal conclusión y a la implicación en el mismo del afectado, recordando la doctrina de este Tribunal conforme a la cual el hecho en que el presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de conocimiento, pues la fuente de conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 5; 176/2002, de 18 de septiembre, FJ 3). Por ello, no basta con sostener que se está cometiendo un delito, por grave que sea, para que resulte justificada la intervención de las comunicaciones. La sospecha genérica o la intuición pueden justificar la realización de una investigación con otros medios, pero no la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Por el contrario, era exigible que se hubiese detallado en la solicitud policial en qué habían consistido las investigaciones que les permitían concluir la existencia del delito y los resultados de las mismas, por muy provisionales que pudieran ser, precisiones que debió exigir el Juzgado antes de conceder la autorización. El que en el Auto se concrete el delito y las personas investigadas, el teléfono a intervenir y el plazo de la intervención no puede suplir la falta de exteriorización de los elementos objetivos indiciarios que sirvieron de soporte a la investigación, sin que tal carencia pueda ser suplida a posteriori por el éxito de la investigación, como también ha reiterado la doctrina de este Tribunal.
La deficiente motivación del Auto que acuerda las primeras intervenciones telefónicas determina la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) de los sujetos afectados por la medida —distintos del recurrente— y la vulneración de este derecho por las resoluciones judiciales posteriores que acuerdan prórrogas y nuevas intervenciones —entre otras la del teléfono del demandante de amparo— sobre la base de los datos conocidos directamente a través de la primera intervención telefónica inconstitucional. Y ello pese a que las posteriores autorizaciones sí se sustentaran en datos objetivos y no en meras conjeturas, pues la fuente de conocimiento de los mismos es exclusivamente una intervención telefónica inconstitucional, sin ningún dato nuevo o distinto del contenido de las conversaciones intervenidas (cita las SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 6; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 11c), lo que se desprende de la lectura de los oficios policiales en los que se solicitan y, en concreto, de la solicitud policial de intervención del teléfono del recurrente (f. 151) y del Auto de 24 de abril de 1998 que la acuerda (f. 146).
b) Como segundo motivo de amparo, se denuncia la nulidad de los registros practicados, al entender vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Sostiene el recurrente que el Auto de fecha 31 de julio de 1998, por el que se acuerda la entrada y registro en su domicilio, carece de una motivación conforme a las exigencias constitucionales, pues es idéntico a otro dictado el día 3 de julio y no ejecutado y se dictó antes de proceder a su detención (pese a que en su motivación figura que la detención ya se había producido), todo lo cual revela que la dinámica de la petición es falsa y el control jurisdiccional de la ejecución de la medida inexistente. Por otra parte, se señala que todos los Autos de entrada y registro se dictaron el día 31 de julio, y algunos de los registros se efectuaron el día 1 de agosto, cuando la habilitación era exclusivamente para el día 31 de julio, de donde concluye que al haberse excedido el marco temporal de la habilitación los registros de los domicilios de E.G., E.B. y J.C.B. en Valencia y Alboraya son nulos de pleno derecho. Finalmente, se denuncia la falta de garantías en la práctica del registro de su domicilio, pues se realizó en su presencia, pero sin la preceptiva presencia de Letrado que en esos momentos ya había designado tras haber sido detenido, lo que vulneró su derecho de defensa.
c) Como tercer motivo de amparo se denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), como consecuencia de las irregularidades habidas en el registro de la furgoneta, practicado por la policía sin previa autorización judicial (pese a no concurrir razones de urgencia) y sin la presencia de su titular ni de su Abogado, pese a encontrarse detenido, vulnerando su derecho de defensa, lo que hace ilícita la prueba.
d) En cuarto lugar, se denuncia una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que la Sentencia de instancia no se pronuncia sobre la vulneración de las garantías del proceso justo producida en el registro del vehículo y el auto de inadmisión del recurso de casación sostiene que existió una respuesta implícita porque la furgoneta no es un domicilio, cuando no era esto lo planteado por la defensa, sino la infracción de las garantías procesales en la inspección ocular.
e) Finalmente, y bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), se afirma que excluidas como fuente de prueba las intervenciones telefónicas y todas las pruebas directa o indirectamente derivadas de ellas (al margen de que los registros domiciliarios y de la furgoneta estén aquejados, además, de razones autónomas de nulidad) no existe prueba válida que sustente la condena. Se insiste en que todas las pruebas (los seguimientos, registros y la propia detención; las declaraciones de la policía en el acto del juicio) derivan de las intervenciones telefónicas y de los datos en ellas obtenidos, sin que al margen de éstas hubiera investigaciones independientes o autónomas.
4. Por providencia de 9 de julio de 2008, la Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, constando ya remitido el sumario núm. 6-1999 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, requerir a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que el plazo de diez días remitieran testimonio del rollo de Sala núm. 11-1999 y del recurso de casación 538-2006, interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por otra providencia de la misma fecha se acordó la apertura de la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, concediéndose un plazo común de tres días a los recurrentes y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre el particular, conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC. Evacuado dicho trámite, mediante Auto de 26 de enero de 2009 la Sala Primera acordó denegar la suspensión solicitada.
6. A través de una diligencia de ordenación de fecha 7 de octubre de 2008 se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones y por personada y parte a la Procuradora de los Tribunales doña M.E. de F.F., en nombre y representación de don R.R.N. Igualmente se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio público por término de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 5 de noviembre de 2008, la Procuradora de los Tribunales doña M.E. de F.F., en representación de don R.R.N., presentó sus alegaciones, en las que considera que las resoluciones recurridas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) de su representado, cuestionando la valoración de la prueba realizada y que sirve de base a la condena de don R.R.
8. La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el día 10 de noviembre de 2008, en el que se remite íntegramente a lo ya expuesto en la demanda.
9. El día 21 de noviembre de 2008 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando la estimación parcial del recurso, por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y la anulación de las resoluciones recurridas, con retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia de instancia, para que proceda a dictar otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Se analizan a continuación las causas de invalidez de los registros practicados, y en concreto del registro de su domicilio, destacando el Fiscal que el Auto de 31 de julio de 1998 que lo autoriza está debidamente motivado, pues se sustenta en las múltiples diligencias hasta entonces practicadas, explicita el fin constitucionalmente legítimo (investigación de un delito grave), delimita la injerencia espacial, subjetiva y temporalmente, y resulta una medida necesaria y proporcionada. Por otra parte, la presencia del Letrado en tal diligencia no es una exigencia constitucional derivada del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En cuanto al presunto exceso del marco temporal concedido para la práctica del registro, no se aprecia, pues el Auto de 31 de julio de 1998 señala que el registro podrá practicarse en horas nocturnas, al haberse procedido a la desarticulación de la red en la tarde de ese mismo día: “habiéndose producido detenciones que hacen imprescindible proceder de forma inmediata a la entrada y registro a fin de que no puedan desaparecer los objetos relacionados con el delito”, se indica en la parte dispositiva que la entrada y registro se llevará a cabo en horas nocturnas. En consecuencia, el Juzgado Instructor expidió el correspondiente exhorto al Juzgado Decano de Valencia para que se llevara a cabo la diligencia de entrada y registro, que se inició —según acta del Secretario judicial— el día 1 de agosto a las cinco horas.
Y en cuanto a la insuficiencia de la prueba practicada para considerar probada la pertenencia a una organización (subtipo agravado del art. 369.6 CP), la Audiencia Nacional apoya tal conclusión en el reconocimiento de los hechos por los otros dos acusados, el hallazgo de la droga en la furgoneta, y la testifical de los agentes policiales, explicitando un razonamiento razonable y lógico que le permite llegar a la conclusión condenatoria. El Tribunal Supremo, por su parte, destaca que existen elementos probatorios suficientes para aplicar el subtipo agravado del art. 369.6 CP: cantidades de droga ocupada, hallazgos de dinero, balanzas de precisión, emisora portátil, equipo de transmisión vía satélite … lo que evidenciaría que los acusados actuaban de forma conjunta, bajo unas directrices organizativas y con una infraestructura adecuada a su actividad delictiva.
10. Por providencia de 24 de septiembre de 2009 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se interpone contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006, recaído en el recurso de casación 538-2006, interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 9 de enero de 2006, que condenó al recurrente como autor de un delito contra la salud pública.
2. Hemos de comenzar rechazando la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que se imputa al Auto de inadmisión del recurso de casación, puesto que, al margen de que existió una respuesta por parte del Tribunal Supremo a la cuestión de la falta de garantías procesales en el registro de la furgoneta (tanto en el razonamiento jurídico primero in fine, como en el razonamiento jurídico segundo, poniendo de relieve que, al no tener la furgoneta la condición de domicilio no era necesaria ni la autorización judicial ni la presencia del interesado y el Letrado, estando habilitados legalmente los agentes de la autoridad para recoger los instrumentos y efectos del delito), si el recurrente entendía que no se respondía a la cuestión por él planteada debió acudir al incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para entender correctamente agotada la vía judicial, denunciando la incongruencia omisiva en la que habría incurrido la resolución judicial y que se denuncia per saltum en amparo. Al no haberlo hecho así, la demanda incumple de forma insubsanable, respecto de esta concreta queja, el requisito procesal previsto en el art. 44.1 a) LOTC, "que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial", por lo que la queja debe ser inadmitida. Ha de recordarse que el sistema de protección de derechos fundamentales a través del recurso de amparo se rige por el principio de subsidiariedad, y que con el citado requisito, como afirmamos en STC 52/2000, de 28 de febrero, FJ 3, no se trata de cerrar la vía del amparo constitucional con un enfoque formalista, sino de dar a los órganos judiciales la posibilidad de reparar las vulneraciones de los derechos procesales que puedan cometer y reservar al recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional el carácter subsidiario que le ha atribuido la Constitución.
3. Sentado lo anterior, para el examen de las restantes vulneraciones resulta indispensable analizar las particulares circunstancias fácticas del presente caso, tal y como se desprenden del examen de las actuaciones judiciales:
a) Al folio 1 de las mismas consta un oficio policial, de fecha 28 de enero de 1998, por el que se solicita la primera intervención telefónica, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Por el presente, se participa al Ilustrísimo Señor Juez, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de esta ciudad, que por este Grupo Operativo de Policía Judicial, se está practicando una investigación por un presunto delito contra la salud pública (tráfico de materias estupefacientes), en virtud de gestiones practicadas por este Grupo Operativo de Policía judicial, en conexión con las secciones de estupefacientes de Barcelona y Madrid, se ha tenido conocimiento de que un grupo de personas, organizado a tal cometido, estaría realizando desembarcos de materias estupefacientes, concretamente hachís, en las costas de la zona comprendida entre Vinaroz y Ametlla de Mar; en dicha operaciones son utilizados barcos pesqueros, siendo el contacto para la concertación de dichos desembarcos el llamado R.M.R. Dichas operaciones serían realizadas presumiblemente a través de los números de teléfono usados por el indicado, el 977-74-01-80, del que es titular la compañera sentimental del indicado, llamada A.V.A., así como a través del móvil 970-45-72-26, correspondiendo a una tarjeta Activa de Airtel.
De los indicios obtenidos en esta investigación, se desprende que existen fundadas sospechas de que el autor de los hechos pudiera ser R.M.R., nacido en San Carlos de la Rápita (Tarragona), el 6 de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, hijo de A. y de A., con domicilio en San Carlos de la Rápita, calle Marqués de Valterra, número 92, piso cuarto, usuario de los teléfonos núm. 977-74-01-80 y 970-45-72-26, y titular del Documento Nacional de Identidad núm. ….
Igualmente se solicita de su Autoridad, mandamiento a la empresa Airtel, al objeto de ser facilitado el titular de la tarjeta activa correspondiente al 970-45-72-26, así como caso de existir número de cuenta bancaria en la que se efectúen los pagos, listado de llamadas recibidas-efectuadas desde fecha 01-12-97, así como información diaria de las llamadas registradas"
Segundo. Siendo la doctrina consagrada entre otras Sentencias del T.S. del 21-2-91, 6-5-88, 17-4-89 y 12-2-90 así como por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 160/94, 50/95, 181/95, 49/96, incluso por las del Tribunal de Derechos Humanos en asuntos como el caso Klass de 6-9-78 o el caso Malone 2-8-84, que justifican los anteriores razonamientos consideramos también conveniente acordar la remisión a este Juzgado de las cintas originales en su integridad para su transcripción.
b) Con posterioridad, y como ampliamente se reseña en el razonamiento jurídico primero del Auto de inadmisión del recurso de casación, el Grupo Operativo de Tortosa remite al Juez periódicamente informes con los resultados de las investigaciones, así como las trascripciones de las conversaciones interceptadas que resultan relevantes, solicitando nuevas intervenciones y prórrogas de las ya acordadas, en atención a los datos obtenidos en las anteriores. Igualmente obran en las actuaciones los Autos del Juez Instructor acordando las nuevas intervenciones y las prórrogas, motivados con base en los informes policiales y especificando en todos los casos la persona y el delito investigado, el número de teléfono a intervenir, el marco temporal de la intervención, así como la obligación de dar cuenta de los resultados de las misma.
c) Constan a los folios 533 ss. de las actuaciones una serie de oficios policiales, de fecha 3 de julio de 1998, en los que se solicitan mandamientos de entrada y registro en los domicilios de los investigados y en una nave industrial; igualmente constan a los folios 541 ss. Autos del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tortosa autorizando las entradas y registros y al folio 591, Auto del Juzgado por el que se dejan sin efecto las entradas y registros acordadas mediante Autos de 3 de julio de 1998.
d) A los folios 592 y siguientes obra un nuevo informe policial relativo a las comunicaciones intervenidas, en el que se da cuenta del contenido de concretas conversaciones, que han dado lugar al montaje de dispositivos de vigilancia y seguimientos, en espera de la realización de concretas operaciones que no han llegado a producirse. Ante lo cual se solicita la prórroga de algunas de las intervenciones, el cese de otras y la intervención de un teléfono que era utilizado por J.C.N. Tales medidas fueron acordadas por una serie de Autos de fecha 17 de julio de 1998 (folios 629 y siguientes).
e) Finalmente, a los folios 667 y ss. de las actuaciones obran oficios policiales, de fecha 31 de julio de 1998, en los que se da cuenta de la detención ese mismo día de R.R.N., E.G.B., J.C.N., E.B.E. y J.C.B.E., solicitando la entrada y registro en sus domicilios, así como en una nave industrial, lo que fue acordado por los Autos de fecha 31 de julio de 1998.
4. Nuestro examen debe comenzar con las quejas relativas a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), recordando la doctrina sobre las exigencias de motivación que ha de cumplir la autorización judicial de una intervención telefónica para considerarla constitucionalmente legítima.
a) Desde la STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 7, este Tribunal viene afirmando que forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su prórroga. Éstas deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2).
b) Por lo que respecta a las prórrogas y a las nuevas intervenciones acordadas a partir de datos obtenidos en una primera intervención, las exigencias de motivación anteriormente expuestas han de observarse también en las resoluciones que las acuerdan, debiendo el Juez conocer los resultados de la intervención acordada con carácter previo a acordar su prórroga y explicitar las razones que legitiman la continuidad de la restricción del derecho, aunque sea para poner de relieve que persisten las razones anteriores, sin que sea suficiente una remisión tácita o presunta a la inicialmente ofrecida (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 11; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 8.c; 202/2001, de 15 de octubre, FJ 6; 261/2005, de 24 de octubre, FJ 4).
5. La mera lectura de las resoluciones judiciales que acuerdan las dos primeras intervenciones telefónicas, Autos de 28 de enero de 1998, conjuntamente con la solicitud policial a la que responden, permite constatar que en ellas se especifica quién es la persona objeto de la investigación (don R.M.R.), cuál es el delito investigado (tráfico de drogas a gran escala y mediante organización) y cuáles son los números de teléfono cuya intervención se solicita. Igualmente consta el tiempo de duración de la intervención, quién ha de llevarla a cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez de sus resultados a los efectos de que éste controle su ejecución.
6. Por lo que respecta a la motivación de las prórrogas y de las nuevas intervenciones telefónicas solicitadas a raíz de los resultados obtenidos en las iniciales -y en concreto, la de los teléfonos del propio recurrente por Autos de 24 de abril, 30 de abril y 15 de mayo de 1998, y las prórrogas de las mismas acordadas por Autos de 21 de mayo, 20 de junio y 17 de julio de 1998- en la demanda no se cuestiona que las mismas contengan datos objetivos suficientes para acordarlas, si bien se les reprocha que los datos de cada nueva intervención o prórroga son conocidos directamente a través de los resultados de la primera, cuya ilegitimidad constitucional contamina las posteriores.
7. Hemos de examinar, por último, la eventual incidencia que en las garantías consagradas en el art. 18.3 CE puede tener en el presente caso la denunciada falta de notificación al Ministerio Fiscal de los Autos que autorizan o prorrogan las intervenciones telefónicas.
8. Analizaremos a continuación la denunciada vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art.18.2 CE), que el recurrente vincula tanto a la deficiente motivación de los Autos de 31 de julio de 1998, como al hecho de haberse excedido el ámbito temporal para el que fueron concedidas las autorizaciones.
Por lo que respecta a la motivación de las resoluciones judiciales que autorizan las entradas y registros, del examen de las actuaciones se desprende que cuando se autorizan los registros, y según resulta de los datos que constan en los Autos de 31 de julio y en el oficio policial de ese mismo día (folios 667ss. de las actuaciones), el delito que se estaba investigando era un delito grave (tráfico de drogas a gran escala y en el marco de banda organizada), habiéndose practicado esa misma noche la detención de varios de los sospechosos, que venían siendo investigados desde hacía meses en el marco de las diligencias previas abiertas, desprendiéndose del contenido de las trascripciones remitidas por la policía al Juzgado múltiples indicios de la implicación de los afectados por la medida en el delito investigado, así como de la posibilidad de hallar en los domicilios y locales cuyo registro se autoriza elementos relacionados con el delito, como se hace constar en cada uno de los Autos que autorizan las entradas y registros. En concreto, al folio 691 obra el Auto relativo a la entrada y registro en el domicilio del recurrente, en el que se señala que del resultado de las intervenciones telefónicas se desprende que se trata de "uno de los principales colaboradores de J.C.B.E. en la red de tráfico de estupefacientes objeto de las presentes diligencias y que se está desarticulando en el día de hoy, ante los numerosos contactos mantenidos hasta el momento presente por vía telefónica, que han sido objeto del debido control judicial. Es por ello que en el domicilio del Sr. G. … pudieran hallarse elementos directamente relacionados con el delito contra la salud pública aquí investigado", razón por la que se accede a lo solicitado.
9. Por lo que respecta a la ausencia de autorización judicial y a la no presencia del titular o de su Abogado en la práctica del registro de la furgoneta, irregularidades que el recurrente considera vulneradoras del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), cabe recordar en primer lugar -como señala el Tribunal Supremo, razonamiento jurídico primero- que, no teniendo el citado vehículo la condición de domicilio, no le son aplicables las garantías establecidas en el art. 18.2 CE, lo que no parece ponerse en cuestión en la demanda de amparo. Por otra parte, como señala el Ministerio Fiscal, el registro de la furgoneta en la que sospechaban que se hallaba la droga, practicado de forma inmediata a la detención de los sospechosos por parte de los agentes policiales actuantes, tiene cobertura legal, pues constituye una obligación de la policía judicial, de conformidad con lo previsto en el art. 282 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y en el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito, poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial (STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 10).
10. Despejadas las anteriores cuestiones, y afirmada la vulneración del art. 18.3 CE en los términos ya expuestos, hemos de analizar por último las consecuencias que de ello se derivan en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues el recurrente sostiene que toda la prueba deriva directa o indirectamente de la obtenida con vulneración del derecho fundamental.
11. En conclusión, hemos de estimar parcialmente el amparo, al haberse vulnerado el derecho del recurrente al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y para restablecerlo en su derecho han de anularse parcialmente las resoluciones recurridas, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al fallo, para que el órgano judicial competente pueda fundamentar el juicio de conexión o desconexión entre la prueba declarada nula por vulneración del art. 18.3 CE y la de ella derivada y valorar las pruebas constitucionalmente lícitas, si las hubiere, en el sentido que estime procedente.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Eduardo Granell Bosch y, en su virtud:
1º Reconocer su derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
2º Anular los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tortosa de 28 de enero de 1998 y todos los posteriormente dictados en las diligencias 93-1998 por los que se autorizaron las intervenciones telefónicas o las prórrogas de las inicialmente acordadas.
3º Anular parcialmente el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006 y la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 9 de enero de 2006, en lo que se refiere a la condena del recurrente como autor de un delito contra la salud pública.
4º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al fallo en la instancia, para que se dicte Sentencia con respeto a los derechos fundamentales indicados.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 891-2007
Promovido por don Eduardo Granell Bosch respecto al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó por un delito contra la salud pública.
Supuesta vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio; vulneración parcial del derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con garantías: entrada y registro en varios domicilios previa autorización judicial motivada y para efectuarla en horas nocturnas; registro de furgoneta; intervención telefónica inicial autorizada mediante auto con motivación insuficiente; nuevas intervenciones y prórrogas contaminadas; prueba ilícita; notificación al Fiscal de los autos de autorización.
Un individuo fue condenado por la Audiencia Nacional como autor de un delito contra la salud pública. Durante la fase de instrucción, el Juzgado correspondiente había decretado, en el marco de una investigación iniciada sobre otro de los sospechosos, la intervención del teléfono del condenado —prorrogada varias veces— así como la entrada y registro de su domicilio y de una nave industrial. Las cintas relativas a dichas escuchas no pudieron ser consideradas como prueba de cargo por la Audiencia Nacional, ante la imposibilidad de ser oídas en el juicio oral, por no haber sido remitidas por el Juzgado Instructor. Sin embargo, se dictó Sentencia condenatoria con apoyo en otros medios de prueba: las declaraciones de los coimputados, la pericial de las sustancias intervenidas y las declaraciones testificales de los policías que participaron en la operación y en el registro de una furgoneta en la que se encontró droga. Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación, inadmitido por el Tribunal Supremo.
Se otorga amparo parcialmente porque los Autos que acordaron las intervenciones telefónicas no contienen una motivación suficiente. Éstos afirman la existencia de un delito de tráfico de drogas y de una organización dedicada al mismo, así como la participación en él de la persona investigada, sin expresar qué datos objetivos sirven de base a tales informaciones. La ilegitimad de la primera intervención afecta a las prórrogas y a las posteriores intervenciones ordenadas sobre la base de los datos obtenidos en la primera. A pesar de no apreciarse un deficiente control judicial en la ejecución de la medida, pues el órgano judicial realizó un seguimiento de las vicisitudes del desarrollo de la medida y conoció puntualmente los resultados, se declara vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones. No existe, sin embargo, una vulneración del art. 18.3 CE derivada de la falta de notificación al Ministerio Fiscal de los Autos de intervención y prórroga. La ausencia de dicho acto formal no constituye un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, en la medida en que la medida se adoptó en el curso de unas diligencias previas, por lo que la falta de notificación no impidió el control del desarrollo y cese de las intervenciones (aclarando el alcance de la STC 165/2005, de 20 de junio).
No se aprecia, en cambio, vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La motivación de las resoluciones judiciales es suficiente y la ponderación efectuada por el Juez que autorizó el registro del domicilio del condenado resulta proporcional a la medida adoptada. Los registros, pese a tener lugar en horario nocturno, se realizaron dentro del ámbito temporal cubierto por la autorización judicial y con la presencia del interesado, sin que la ausencia de su Letrado pueda afectar al derecho fundamental invocado, sino en su caso a la validez de la prueba. Respecto al registro de la furgoneta, la Sentencia recuerda que las garantías del art. 18.2 CE no son aplicables a dicho vehículo, que no goza de la condición de domicilio. El registro de la furgoneta practicado de forma inmediata a la detención de los sospechosos tiene, además, cobertura legal, constituyendo una obligación de la policía judicial.
Se declara, por otro lado, vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías del condenado. Aunque se expulsara el resultado de las intervenciones telefónicas del acervo probatorio, ninguna de las dos Sentencias impugnadas realiza un juicio de desconexión entre la prueba viciada por la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y el resto de pruebas que sirven de fundamento a la condena. Dada la imposibilidad de ejercer este control, el Tribunal Constitucional ordena la retroacción de las actuaciones al momento anterior al fallo para que el órgano judicial competente pueda fundamentar el juicio de conexión o desconexión entre la prueba declarada ilícita y la derivada de ella.
La denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el Auto de inadmisión del recurso de casación se rechaza por falta de agotamiento de la vía judicial. Si el condenado entendió que éste no respondía a la cuestión por él planteada debió acudir al incidente de nulidad de actuaciones denunciando la incongruencia omisiva que se alega per saltum en amparo.
Lesiona el derecho al secreto de las comunicaciones, la autorización judicial de intervención telefónica insuficientemente motivada, que no incorpora ningún dato objetivo que pueda considerarse indicio de la existencia del delito y de la conexión de la persona cuyas comunicaciones se intervienen [FJ 5].
La ilegitimidad constitucional de la primera intervención telefónica, contamina las posteriores prórrogas o nuevas intervenciones, solicitadas a raíz de los resultados obtenidos en las iniciales, por lo que resultan igualmente vulneradoras del derecho al secreto de las comunicaciones [FJ 6].
Doctrina constitucional sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, con relación a la exigencia de motivación que ha de cumplir la autorización judicial de una intervención telefónica o su prórroga, para considerarla constitucionalmente legítima (SSTC 49/1999, 253/2006) [FJ 4].
Excluir como prueba de cargo la audición de las cintas en el acto del juicio debido a la imposibilidad de oírlas sin poder garantizar la contradicción, sustentándose la condena en otros medios de prueba practicados en juicio, no vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías [FJ 6].
No genera indefensión material lesiva del derecho a un proceso con todas las garantías el registro de la furgoneta practicado en la ausencia del interesado o su abogado, al incorporar el resultado de la diligencia a través de las declaraciones de los policías realizadas en el juicio oral, con todas las garantías necesarias para salvaguardar el derecho de defensa [FJ 9].
Al no ser apreciada en las resoluciones judiciales recurridas, la denunciada lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, éstas no realizan juicio alguno de desconexión entre la prueba viciada por la vulneración del derecho fundamental y el resto de las pruebas que sirven de fundamento a la condena, por lo que ha de entenderse vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías [FJ 10].
No vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la resolución judicial que autoriza la entrada y registro, motivada y ponderada con los datos obtenidos de la investigación, que no excede del marco temporal para el que fue concedida, lo que la convierte en una medida proporcionalmente adoptada [FJ 8].
No vulnera las garantías del art. 18.3 CE, la falta de notificación al Ministerio Fiscal de los autos de intervención y prórroga de las intervenciones telefónicas, que se acuerdan en el seno de unas diligencias previas que constituyen un auténtico proceso judicial, de cuya existencia tuvo conocimiento el Ministerio Fiscal desde el primer momento [FJ 7].
Distingue la doctrina sobre la falta de control de la intervención telefónica y su prórroga, producida por la ausencia de notificación al fiscal, de los autos que las acuerdan, dictadas en el seno de diligencias indeterminadas de la STC 65/2005 [FJ 7].
Se inadmite la queja en la que se denuncia la incongruencia omisiva en la que habría incurrido el auto de inadmisión del recurso de casación, por incumplimiento del requisito procesal del recurso de amparo consistente en haber agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [FJ 2].
No existiendo pronunciamiento previo de los órganos de la jurisdicción ordinaria sobre la posible conexión entre las pruebas, y no desprendiéndose del examen de las actuaciones, debemos evitar nuestro pronunciamiento sobre la validez constitucional de la prueba derivada, retrotrayendo las actuaciones, para que sean los órganos judiciales los que resuelvan acerca de la existencia o no de la conexión de antijuricidad [FJ 10].
Procede la anulación parcial de las resoluciones recurridas retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al fallo, para que el órgano judicial competente pueda fundamentar el juicio de conexión o desconexión entre la prueba declarada nula por vulneración del art. 18.3 CE y la de ella derivada y valorar las pruebas constitucionalmente lícitas, si las hubiere, en el sentido que estime procedente [FJ 11].
Artículo 282, f. 9
Artículo 18.2, ff. 1, 8, 9
Artículo 18.3, ff. 1, 3 a 7, 10, 11
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 1, 6, 9 a 11
Artículo 11.1, f. 9
Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2006
Prórroga de la intervención telefónicaPrórroga de la intervención telefónica, ff. 4, 6, 7
Sentencia de amparoSentencia de amparo, ff. 10, 11
Tráfico de drogasTráfico de drogas, f. 8
Audición de grabacionesAudición de grabaciones, f. 6
Auto de entrada y registro suficientemente motivadoAuto de entrada y registro suficientemente motivado, f. 8
Conexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentalesConexión de antijuridicidad con la vulneración de derechos fundamentales, f. 10
Práctica sin contradicciónPráctica sin contradicción, f. 9
Prueba penalPrueba penal, ff. 8 a 10
Registro de vehículoRegistro de vehículo, f. 9
Retroacción y nulidad de actuacionesRetroacción y nulidad de actuaciones, ff. 10, 11
Valoración de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentalesValoración de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, ff. 8 a 10
STC 165/2005STC 165/2005, Distingue, f. 7