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Timestamp: 2019-06-17 03:08:52
Document Index: 178106649

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 17', 'artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 38', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 94', 'artículo 73', 'artículo 94', 'artículo 48', 'Artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 28', 'artículo 81', 'artículo 4', 'artículo 31']

Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo
Vigencia desde 01 de Agosto de 1997. Revisión vigente desde 28 de Enero de 2001
REGLAMENTO DE AYUDAS Y RESARCIMIENTOS A LAS VICTIMAS DE DELITOS POR TERRORISMO
Artículo 1 Objeto: concepto y alcance
Artículo 5 Plazo de prescripción de la acción
CAPITULO II. Daños corporales
CAPITULO III. Ayudas de estudio
Artículo 11 Beneficiarios. Contenido y clases de ayudas
Artículo 12 Ayudas ordinarias
Artículo 17 Ayudas extraordinarias
CAPITULO IV. Asistencia psico-social
Artículo 19 Servicios de intervención psicosocial inmediata
Artículo 20 Tratamiento psicológico de secuelas
Artículo 21 Asistencia psico-pedagógica
CAPITULO V. Daños materiales
Artículo 24 Daños resarcibles
Artículo 25 Daños en la vivienda habitual de las personas físicas
Artículo 26 Supuesto especial de imposibilidad de reparación de la vivienda
Artículo 26 bis Alojamiento provisional
Artículo 28 Daños causados en vehículos
Artículo 29 Daños en elementos productivos de las empresas
CAPITULO VI. Subvenciones
Artículo 31 Finalidad de las subvenciones
Artículo 32 Beneficiarios
Artículo 36 Evaluación de solicitudes y resolución
Artículo 37 Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención
Artículo 38 Abono de las subvenciones otorgadas
Artículo 39 Concurrencia y revisión de las subvenciones
Artículo 40 Responsabilidad y régimen sancionador
CAPITULO VII. Ayudas extraordinarias
RD 288/2003 de 7 Mar. (Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo)
RD 59/2001, de 26 Ene. (modificación art. 4 RD 1211/1997 de 18 Jul., Regl. de ayudas y resarcimientos a las víctimas de terrorismo)
Número 5 del artículo 4 redactado por el artículo único del R.D. 59/2001, 26 enero, por el que se modifica el artículo 4 del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por R.D. 1211/1997, de 18 de julio («B.O.E.» 27 enero).
RD 1734/1998 de 31 Jul. (modificación Regl. de ayudas y resarcimientos a las víctimas de los delitos de terrorismo, aprobado por RD 1211/1997 de 18 Jul.)
Capítulo VII introducido por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Letra b) del número 2 del artículo 1 redactada por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Letra d) del número 2 del artículo 1 redactada por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Letra d) del número 3 del artículo 1 introducida por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Artículo 10 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Número 3 del artículo 11 derogado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Artículo 17 derogado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Número 1 del artículo 25 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Artículo 26 bis introducido por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio. Párrafo 1º del artículo 28 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
R.D. 1211/1997, 18 julio, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo («B.O.E.» 17 marzo), el 18 de marzo de 2003.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, eje de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, el Gobierno ha pretendido dar una mayor respuesta al sector de la sociedad que de forma más directa viene padeciendo la violencia terrorista. En este contexto, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, representa por sí misma una sustantiva mejora al ampliar el ámbito de protección no sólo para los daños personales y materiales, sino que trasciende a otras circunstancias de carácter socio-asistencial, para las que se prevén ayudas psicológicas, psicopedagógicas, y de subvenciones, de forma tal que supone un notable avance en el campo tuitivo en orden a optimizar en el área socio-asistencial el tratamiento de la problemática que se genera después de un atentado terrorista.
En este marco normativo, el presente Real Decreto deroga el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, que regulaba los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, y viene a desarrollar el capítulo III del Título II, ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, artículos 93 a 96 inclusive, de la precitada Ley, con un doble objetivo: mejorar cuantitativa y cualitativamente este tipo de ayudas, y acercar la Administración a la sociedad, impulsando «la asistencia integral personalizada» a las víctimas de delitos de terrorismo. Consecuentemente con estos dos objetivos, la norma regula y desarrolla los aspectos que, a modo de resumen, se enumeran a continuación, actualizando y mejorando la anterior, que se deroga: se revalorizan en 10 mensualidades del salario mínimo interprofesional las prestaciones a percibir por todas y cada una de las situaciones que se contemplaban sobre la base de las cuantías que el Ministerio del Interior abonaba por daños personales, bien fueran por fallecimiento, o por las distintas clases de incapacidad, derivadas todas ellas de lesiones invalidantes, se procura ofrecer una interpretación amplia en cuanto al carácter y exigencias acerca de los elementos esenciales de la vivienda habitual, a fin de poder atender en mayor medida al contenido de los daños materiales padecidos con motivo de un atentado terrorista; esta acción se extiende a los establecimientos mercantiles e industriales, con un límite en su cuantía de hasta 15.000.000 de pesetas, al tiempo que se prevén ayudas a los titulares de vehículos que se dediquen al transporte de personas o mercancías o se utilicen con fines laborales o profesionales, situaciones éstas que antes se encontraban fuera del marco legal de resarcimiento y que a partir de 1997 tienen cobertura normativa.
Especial novedad ofrece la regulación de posibles préstamos dirigidos a facilitar la reanudación de las actividades empresariales, cuando éstas hayan sido interrumpidas, como consecuencia de atentado. Igualmente, destacan dentro de la nueva regulación las ayudas al estudio, que se dirigen a paliar las necesidades en este campo de los estudiantes víctimas de delitos terroristas, o de sus familiares, con el fin de facilitar a aquéllos el acceso económico y social al estudio y posteriormente al puesto en la sociedad que podría corresponderles. El Real Decreto regula la asistencia psicológica o psicopedagógica de carácter inmediato, a través de un equipo de especialistas adecuados, y cuya intervención, después de un atentado, resulta necesaria o conveniente, coadyuvando en estos campos a fin de que las personas afectadas o sus familiares puedan volver al entorno social en que desarrollaban sus actividades.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 1997,
Modificación incorporada al R.D. 1885/1996, 2 agosto («B.O.E.» 6 agosto), de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
Queda derogado el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, por el que se regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, modificado por el Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior y cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.
1. Serán resarcibles por el Estado, con el alcance y condiciones previstas en este Reglamento, los daños corporales (físicos y psíquicos), los gastos en razón de tratamiento médico, y los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de delitos de terrorismo cometidos por bandas armadas, elementos terroristas, o por persona o personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana, a quienes no fueran responsables de dichas actividades delictivas.
a) Daños corporales, tanto físicos como psíquicos, así como los gastos por su tratamiento médico. Estos últimos se abonarán a la persona afectada, sólo en el supuesto de que no tengan cobertura total o parcial por sistema de previsión público o privado.
b) Daños materiales ocasionados en la vivienda habitual de las personas físicas y gastos de alojamiento provisional mientras se efectúan las obras de reparación. Letra b) del número 2 del artículo 1 redactada por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
c) Los producidos en establecimientos mercantiles e industriales, que se establecen en el presente Reglamento.
Letra d) del número 2 del artículo 1 redactada por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
3. Se concederán, asimismo, en la forma prevista en este Reglamento las siguientes ayudas:
a) De estudio, cuando, como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el propio estudiante, o para sus padres, tutores o guardadores, daños personales que sean de especial trascendencia, o los inhabiliten para el ejercicio de su profesión habitual.
c) Subvenciones, a las asociaciones que representan y defienden intereses de las víctimas del terrorismo.
Letra d) del número 3 del artículo 1 introducida por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
1. Para la determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y el resultado lesivo producido, se estará a lo que resulte del expediente administrativo instruido al efecto.
2. Sin embargo, el interesado podrá instar la revisión de la resolución administrativa dictada en el expediente a que se refiere el apartado anterior, cuando exista sentencia penal firme que determine dicho nexo, dentro del plazo de un año, a contar desde la notificación de la sentencia o desde la fecha en que hubiere tenido conocimiento efectivo de ella.
1. Las solicitudes presentadas al amparo de esta normativa serán tramitadas y resueltas por el Ministerio del Interior.
2. Los procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades que se establecen en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el presente Real Decreto.
3. Los plazos para resolver dichos procedimientos serán:
a) Resarcimientos por muertes: dos meses.
b) Resarcimientos por lesiones y por incapacidad temporal: cuatro meses.
c) Resarcimientos por gastos derivados de tratamientos médicos y ayudas al estudio y de asistencias psicológicas y psicopedagógicas: dos meses.
d) Resarcimientos por daños materiales: seis meses.
e) Subvenciones: el previsto en las correspondientes convocatorias.
4. Se podrán entender desestimadas las solicitudes cuando transcurrido el plazo máximo para resolver no haya recaído resolución expresa.
5. La tasación pericial de los daños materiales se efectuará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, se podrá prescindir de la peritación cuando la cuantía total de los daños, acreditada mediante la factura o presupuesto de reparación originales, no alcance las 100.000 pesetas (601,012 euros).
Número 5 del artículo 4 redactado por el artículo único del R.D. 59/2001, 26 enero, por el que se modifica el artículo 4 del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por R.D. 1211/1997, de 18 de julio («B.O.E.» 27 enero).Vigencia: 28 enero 2001
6. A los efectos de determinar la concurrencia de otras ayudas o indemnizaciones, se requerirá al interesado para que aporte, si no la hubiere presentado con anterioridad, declaración sobre percepción de indemnizaciones derivadas de contrato de seguro o de ayudas reconocidas por las Administraciones públicas y se interesará igualmente informe de la Comunidad Autónoma y Corporación local correspondientes, así como del Consorcio de Compensación de Seguros.
7. Las resoluciones del Ministerio del Interior podrán ser impugnadas ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, prevista en el artículo 11 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa.
8. El procedimiento impugnatorio ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual se iniciará mediante escrito de impugnación, que habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.
a) El nombre y apellidos del interesado o interesados y el medio y lugar a efectos de notificaciones.
b) La resolución que se impugna y la razón de su impugnación.
c) El lugar y fecha de la impugnación y la firma o identificación personal del interesado o interesados.
d) El órgano al que se dirige.
9. El procedimiento impugnatorio se tramitará con arreglo a lo previsto en los artículos 81 al 88 del Reglamento de Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo.
10. Transcurridos tres meses desde la formulación de la impugnación sin que se adopte acuerdo por la Comisión Nacional, se podrá entender desestimada aquélla, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y quedará expedita la vía del recurso contencioso-administrativo.
1. La acción para reclamar prescribe por el transcurso del plazo de un año, computado a partir del hecho que la motivó. No obstante, para el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha en que la víctima esté totalmente curada de sus lesiones o de la fecha en que se estabilicen los efectos lesivos, según los casos.
2. En los supuestos en que, por consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que corresponda por el fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.
3. El plazo de prescripción quedará interrumpido desde que se inicien actuaciones judiciales por razón de los hechos delictivos a que se refiere el presente Reglamento, volviendo a correr desde que aquéllas terminen.
1. En caso de lesiones, la persona o personas que las hubieren padecido; respecto de los gastos médicos por tratamiento, en el caso de que no estén cubiertos total o parcialmente por algún sistema de previsión, los propios lesionados o la persona o entidad que los haya sufragado.
a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, cualquiera que sea su orientación sexual, durante al menos los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida, o de la persona conviviente, siempre que dependieran económicamente de ella, con independencia de su filiación y edad, o de su condición de póstumos.
c) En defecto de los padres, y siempre que dependieran económicamente de la persona fallecida y por orden sucesivo y excluyente, los nietos de ésta, cualquiera que sea su filiación, los hermanos y los abuelos de la misma.
d) De no existir ninguna de las personas reseñadas en los apartados anteriores, los hijos, cualquiera que fuera su filiación y edad, y los padres, siempre que tanto unos como otros no dependieran económicamente del fallecido.
3. De concurrir dentro de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior varios beneficiarios, la distribución de la cantidad a que asciende el resarcimiento se efectuará de la siguiente manera:
4. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando en el momento del fallecimiento aquélla viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza, superiores al 150 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en dicho momento, también en cómputo anual.
1.ª De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a percibir será la equivalente al duplo del salario mínimo interprofesional diario vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación, con un límite máximo de dieciocho mensualidades.
a) Incapacidad permanente parcial: cincuenta mensualidades.
b) Incapacidad permanente total: setenta mensualidades.
c) Incapacidad permanente absoluta: cien mensualidades.
d) Gran invalidez: ciento cuarenta mensualidades.
4.ª En los casos de muerte, el resarcimiento será de ciento treinta mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca aquélla, salvo en los casos de resarcimiento previo por las lesiones, en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 5.2, efectuándose la correspondiente deducción.
5.ª A los resarcimientos fijados en las reglas 2.ª, 3.ª y 4.ª de este artículo, se sumarán los que correspondan, en su caso, por incapacidad temporal, con un máximo por este último concepto de dieciocho mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente.
6.ª A las cantidades que resulten de la aplicación de las reglas 3.ª y 4.ª anteriores, se añadirá una cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que corresponda por cada uno de los hijos que dependan económicamente de la víctima.
7.ª Las cantidades que resulten de aplicar las reglas anteriores, podrán incrementarse hasta en un 30 por 100, teniendo en cuenta las circunstancias o situaciones de especial dificultad o necesidad, personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima.
En aquellas provincias en que no se haya constituido el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social los dictámenes médicos serán emitidos por las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades u órgano equivalente del servicio público de la salud de la Comunidad Autónoma correspondiente.
2. El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 3.000.000 de pesetas, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva, en los casos en los que por la gravedad de las mutilaciones corporales sufridas a causa del atentado, sea razonable presumir una posterior declaración de incapacidad laboral permanente total, absoluta, o una gran invalidez de la víctima.
En tales casos, a instancia de parte, o de oficio por la Administración cuando el afectado se viera imposibilitado para ello, la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior instruirá un expediente con carácter de urgencia, en el que, una vez comprobado el nexo causal entre las lesiones y el delito terrorista y entre éste y la titularidad del derecho al resarcimiento, examinará los informes médicos aportados, a efectos de valorar la presumible incapacidad futura de la víctima, y propondrá al Secretario general Técnico del Ministerio del Interior la resolución correspondiente sobre la cantidad que deba ser anticipada. Cuando el afectado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada en dicha resolución, podrá solicitar el reexamen de la misma en el plazo de siete días, contados a partir del siguiente al de la notificación de aquélla.
3. En los demás supuestos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, las cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar por 100 el salario mínimo interprofesional diario vigente en la fecha en que se produjo la lesión, teniendo su abono una periodicidad trimestral. La instrucción y resolución del procedimiento para su concesión corresponderá a los mismos órganos señalados en el apartado anterior.
Para dictar la resolución de concesión bastará que en el expediente haya quedado acreditada la condición de víctima y la situación de baja médica o incapacidad temporal del beneficiario. El primer pago a cuenta estará supeditado, sin embargo, a la presentación del documento que pruebe la permanencia de la situación de baja o incapacidad de la víctima durante todo el período trimestral transcurrido. Los sucesivos abonos, también de periodicidad trimestral, se producirán a medida que se acredite la prolongación de la baja, hasta un plazo máximo de dieciocho meses.
4. Una vez concedida el alta y con informe de los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o de las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades u organismo equivalente de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas a que hace referencia el artículo 9, o de los tribunales médicos calificadores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, en todo caso, transcurrido el plazo de dieciocho meses previsto en el anterior apartado, se tramitará expediente para el pago total del resarcimiento que corresponda, del que previamente se descontarán las cantidades abonadas a cuenta.
Artículo 10 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
Número 3 del artículo 11 derogado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
1. (sic) La concesión y renovación de estas ayudas se ajustará, con las particularidades que más adelante se señalan, al sistema establecido en las convocatorias anuales de becas de carácter general del Ministerio de Educación y Cultura.
a) Para computar el umbral de renta y patrimonio familiar permitido al beneficiario, se aplicará el coeficiente multiplicador 1,75 a los niveles máximos autorizados para cada curso académico por el Ministerio de Educación y Cultura.
c) Para conceder las ayudas correspondientes a los niveles obligatorios de enseñanza, que no aparezcan comprendidas en las convocatorias de becas de carácter general, se establecerá una percepción única equivalente a la cuantía señalada anualmente por el Ministerio de Educación y Cultura para las ayudas otorgadas en razón del carácter y régimen de centro a los alumnos de enseñanzas medias.
1. Los peticionarios de las ayudas deberán cumplimentar el impreso de solicitud y acompañar la documentación que establezca al efecto el Ministerio de Educación y Cultura para cada convocatoria general de becas. Además, el citado impreso deberá ir acompañado de una certificación del Ministerio del Interior, acreditativa de la cualidad de víctima o beneficiario, que habilite al peticionario para acogerse a este régimen de concesión de becas. Esta condición se hará constar, igualmente, en la cabecera del impreso con la adición de las palabras «Ayudas al estudio para las víctimas del terrorismo».
2. Los plazos de presentación de las instancias serán los que se señalen en las convocatorias generales de becas del Ministerio de Educación y Cultura. No obstante, se podrán presentar fuera de estos plazos las solicitudes que traigan causa de un acto terrorista cometido con posterioridad al último plazo señalado. Las peticiones de ayuda se dirigirán, en cualquier caso, a la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Asimismo, todas las instancias se podrán presentar en las oficinas de Correos y en cualquiera de las dependencias señaladas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1. Las solicitudes presentadas serán examinadas por los órganos que determine el Ministerio de Educación y Cultura que, tras efectuar los cálculos y verificaciones pertinentes, procederá a enviarlas convenientemente baremadas al Ministerio del Interior.
2. Las becas para residencia que pueda conceder el Ministerio del Interior serán incompatibles con las concedidas por las Mutualidades de Funcionarios y por Colegios o Fundaciones de Huérfanos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Se entenderán compatibles con las ayudas reguladas en los artículos anteriores, las becas-colaboración convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura, las becas Erasmus y las becas Tempus.
1. Las ayudas adjudicadas podrán ser revisadas por el órgano competente, exigiéndose su reintegro en los supuestos de error, ocultación o falseamiento de datos, en los términos establecidos por el Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y demás normas complementarias.
2. Las cantidades no reintegradas en el período voluntario de ingreso serán objeto de exacción por el procedimiento administrativo de apremio, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Artículo 17 derogado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
El tratamiento psicológico de las secuelas posteriores al atentado, al que tendrán derecho tanto las víctimas como los familiares o personas con quienes convivan, se podrá recibir, previa prescripción facultativa desde la aparición de los trastornos psicopatológicos causados o evidenciados por el atentado. A estos efectos, la Administración General del Estado podrá establecer los conciertos señalados en el artículo 18 para asegurar esta prestación en todo el territorio nacional.
c) El expediente podrá ser reexaminado por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior a la vista de la realización del tratamiento o asistencia si bien habrá de atenerse a lo dispuesto en el artículo 20, si se refiere a tratamiento psicológico de secuelas.
1. En las viviendas habituales de las personas físicas serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos de carácter suntuario ( Ley 66/1997, artículo 48.uno).
Número 1 del artículo 25 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
2. Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos del presente Real Decreto, la edificación que constituya la residencia de la persona durante un plazo de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de la misma desde tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación.
3. Los resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones públicas o derivados de contratos de seguro, y alcanzarán el valor total de la reparación, reduciéndose en cuantía igual al valor de otras indemnizaciones cuando concurran éstas [Ley 13/1996, artículo 94.10.a)].
4. La Administración General del Estado podrá encargar la reparación de las viviendas a empresas constructoras, abonando a éstas directamente su importe. Los contratos administrativos a que den lugar las obras de reparación se tramitarán por el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones públicas. De efectuarse las reparaciones, los beneficiarios de los resarcimientos habrán de ceder a la Administración General del Estado las cantidades que por este concepto percibieran de otras Administraciones públicas o de entidades aseguradoras. Sin perjuicio de ello, la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con otras Administraciones públicas, al objeto de que éstas asuman la ejecución de las obras de reparación, abonando aquélla su importe [Ley 13/1996, artículo 94.10.a)].
a) Si el ocupante de la vivienda fuera el propietario de la misma o se tratara de vivienda familiar ocupada por uno de los cónyuges en virtud de resolución judicial, acuerdo entre ellos o por razones profesionales, el resarcimiento alcanzará el valor catastral que tuviera asignado ésta a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Si el ocupante fuera arrendatario de la vivienda el importe del resarcimiento se determinará aplicando el 5 por 100 del valor indicado en el párrafo a) por cada uno de los años o fracción de años que en el momento de ocurrir la acción delictiva, faltara para concluir el tiempo de duración del contrato, sin que pueda exceder, en ningún caso, del 50 por 100 del indicado valor.
c) Si el ocupante lo fuera en virtud de derechos reales de usufructo, uso o habitación sobre la vivienda el importe del resarcimiento se determinará aplicando las reglas de valoración previstas en las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tomando como valor del pleno dominio el catastral correspondiente al inmueble destinado a vivienda.
La Administración General del Estado podrá contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que, como consecuencia de un atentado terrorista, tengan que abandonar temporalmente su vivienda y mientras se efectúan las obras de reparación. A estos efectos, podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones públicas o con organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de siniestro o catástrofe (Ley 66/1997, artículo 48.tres).
En los convenios o acuerdos mencionados se fijarán el porcentaje de la contribución de las partes a los gastos de alojamiento y el límite temporal cubierto por estas ayudas.
En defecto de convenio, el Ministerio del Interior podrá conceder una subvención que contribuya a sufragar el alquiler de una vivienda similar a la siniestrada, o los gastos de hospedaje en un establecimiento hotelero, durante el período de realización de las obras de reparación, con un máximo de cobertura de 5.000 pesetas diarias por persona y el límite temporal que, dadas las circunstancias, en cada caso autorice la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
Cuando la subvención concedida se dedique al alquiler de una vivienda, tendrá una cuantía máxima en todo caso de 250.000 pesetas mensuales por unidad familiar.
Artículo 26 bis introducido por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el 50 por 100 del valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos con un máximo de 15.000.000 de pesetas por establecimiento. No serán resarcibles los daños causados a establecimientos de titularidad pública.
Serán resarcibles los daños causados en vehículos particulares, así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública (Ley 66/1997, artículo 48.dos). Párrafo 1º del artículo 28 redactado por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
El Ministerio del Interior podrá conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, y a las instituciones que realicen actividades asistenciales en favor de las mismas, en los términos y condiciones preceptuados por el artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el Reglamento de procedimiento para concesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de septiembre, y por lo dispuesto en el presente Reglamento.
a) Apoyo al movimiento asociativo: financiación de los gastos generales de funcionamiento, coordinación y gestión de las entidades, dedicadas a la protección y representación de los derechos e intereses de las víctimas del terrorismo y de sus familiares, así como al apoyo técnico para el desarrollo de sus cometidos.
b) Programas de asistencia social: se subvencionarán preferentemente las actividades dirigidas a complementar la acción del Estado en el campo de la asistencia material, social o psicológica a las víctimas, individual o colectivamente consideradas, con especial atención hacia aquellas situaciones que no pudieran cubrirse con los tipos ordinarios de ayudas.
c) Programas de información y mentalización de la opinión pública sobre los efectos de la violencia terrorista en el cuerpo social y su especial incidencia en el colectivo de víctimas del terrorismo.
d) Programas de formación y de promoción destinados a facilitar la integración social y profesional de las víctimas, y a promocionar y perfeccionar la función del voluntariado en las tareas de ayuda a las mismas.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por solicitud de la asociación o entidad interesada en la subvención o de oficio, a través de convocatoria previa mediante Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Véase O.M. 17 noviembre 2000 por la que se establecen el procedimiento y las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, que desarrollen programas asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales o colectivas de dichas víctimas, y se convocan las mismas en el año 2000 («B.O.E.» 22 noviembre).-->
a) El grado de adecuación de las propuestas presentadas al cumplimiento de las finalidades determinadas en el artículo 31 de este Reglamento.
b) La capacitación organizativa y técnica, y la experiencia de la entidad solicitante para la realización de los proyectos presentados.
a) Estatutos y código de identificación fiscal de la asociación o entidad peticionaria.
b) Descripción del proyecto o actividad para la que se solicita la subvención, con inclusión de su presupuesto.
c) Declaración de las subvenciones solicitadas hasta la fecha con la misma finalidad, indicando las efectivamente concedidas y sus cuantías respectivas.
d) Memoria de las actividades realizadas en los últimos cinco años.
e) Los demás documentos exigidos en las correspondientes convocatorias.
1. El abono de la subvención concedida se realizará previa presentación por las entidades de la documentación a que se refiere el artículo anterior y de la acreditación en la forma establecida por la reglamentación vigente, de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
2. Para las actividades que precisen una financiación previa, se podrá acordar la entrega de hasta el 75 por 100 de la cantidad otorgada, una vez dictada la resolución de concesión, condicionada o no a la constitución de una garantía equivalente en la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades reguladas en el Reglamento de la misma, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
Toda alteración de los requisitos finalidad y condiciones de las subvenciones otorgadas podrá dar lugar a su modificación o revocación, debiendo el beneficiario proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
Capítulo VII introducido por R.D. 1734/1998, 31 julio («B.O.E.» 8 septiembre), por el que se modifica el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de los Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio.
Sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas anteriores, el Ministro del Interior podrá conceder, excepcionalmente, ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar de las víctimas, no cubiertas o cubiertas de forma notoriamente insuficiente por las ayudas ordinarias (Ley 66/1977, de 30 de diciembre).