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Timestamp: 2019-09-21 03:36:07
Document Index: 90212511

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 66', 'Artículo 131', 'Artículo 153', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 153', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'e contrario']

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional - Núm. LXI, Enero 2008 - Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Libros y Revistas - VLEX 60055086
Autor: Gema Martínez Galindo
Cargo: Doctora en Derecho. Abogada
Páginas: 379 - 424
Constitución - Artículo 14 - Artículo 17.1 - Artículo 17.4 - Artículo 18.1 - Artículo 20 - Artículo 24.1 - Artículo 24.2 - Artículo 25.1 - Artículo 25.2 - Código penal - Artículo 66 - Artículo 131 - Artículo 153 - Artículos 173 y siguientes - Ley de enjuiciamiento criminal - Articulo 112 - Art&... (ver resumen completo)
Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
Prohibición de discriminación.
Artículo 17. 1
Diferencia entre prisión provisional y pena de prisión.
Artículo 17. 4
Artículo 18. 1
Derecho a la libertad de expresión y a comunicar información.
Artículo 24. 1
Derecho a la tutela judicial efectiva. Acceso a la jurisdicción y acceso a los recursos
Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho
Derecho a la tutela judicial efectiva. Error patente
Derecho a la tutela judicial efectiva. Incongruencia de las resoluciones judiciales
Derecho a la tutela judicial efectiva. Nulidad de Sentencias absolutorias
Derecho a la tutela judicial efectiva. Reforma peyorativa
Derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica. Pronunciamientos judiciales contradictorios
Derecho a la asistencia letrada.
Derecho a un Juez imparcial.
Derecho a un proceso con todas las garantías. Derecho a un Juez imparcial
Derecho a un proceso con todas las garantías. Derecho a un Juez ordinario predeterminado por la Ley
Derecho a un proceso con todas las garantías. Garantías del proceso penal
Derecho a un proceso con todas las garantías. Valoración de las pruebas en segunda instancia penal
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.
Presunción de inocencia. Valor probatorio de las declaraciones de coimputados
Presunción de inocencia. Prueba indiciaria
Artículo 25. 1
Principio de legalidad en materia sancionadora.
Artículo 25. 2
Derecho de reunión pacífica en Centros penitenciarios.
Motivación e individualización de la pena.
Constitucionalidad del artículo 153 en relación con el derecho a la igualdad.
Artículos 173 y siguientes.
Torturas o tratos inhumanos o degradantes. Motivación de las resoluciones de sobreseimiento
Proceso penal: ejercicio de la acción penal y civil.
Pruebas practicadas en el juicio oral.
i) Derecho del interno de asesorarse por letrado durante la tramitación del expediente sancionador.
Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley
Importa recordar una vez más que, según es doctrina constitucional consolidada, que está resumida entre otras muchas en la más reciente STC 184/2007, de 10 de septiembre (FJ 2), para poder comprobar la lesión del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley es preciso que concurran los siguientes requisitos:
a) La acreditación de un tertium comparationis, puesto que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial dictadas en casos sustancialmente iguales pero resueltos de forma contradictoria.
d) Finalmente la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada, bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició. Como también está dicho en esa misma doctrina, la razón de esta exigencia estriba en que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no puedaPage 380cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta ad personam, singularizada. Lo que negativamente significa que no podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental cuando el cambio de criterio responda a una vocación de generalidad, ya sea porque en la resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque así se deduzca de otros elementos de juicio externos, como pueden ser significativamente posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la Sentencia impugnada, que permitan apreciar dicho cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso
(STC 31/2008, de 25 de febrero. Recurso de amparo núm. 6739/2004. Ponente: D. Pascual Sala Sánchez. «BOE» 28-3-2008).
Como ha señalado con reiteración este Tribunal al analizar el artículo 14 CE, dicho precepto, además de recoger en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la ley, contiene en el segundo la prohibición de una serie de motivos de discriminación. Esta referencia expresa a concretas razones de discriminación representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10.1 CE (por todas, SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2; 145/1991, de 1 de julio, FJ 2; 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 161/2004, de 4 de octubre, FJ 3; 182/2005, de 4 de julio, FJ 4; 41/2006, de 13 de febrero, FJ 6, o 3/2007, de 15 de enero, FJ 2). Por ello, bien con carácter general en relación con el listado de los motivos o razones de discriminación expresamente prohibidos por el artículo 14 CE, bien en relación con alguno de ellos en particular, hemos venido declarando la ilegitimidad constitucional de los tratamientos peyorativos en los que operan como factores determinantes los motivos o razones de discriminación que dicho precepto prohíbe, al tratarse de características expresamente excluidas como causas de discriminación por el artículo 14 CE (STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4, y las que en ella se citan).
A diferencia de los casos que habitualmente ha abordado nuestra jurisprudencia, relativos por lo común a factores de discriminación expresamente citados en el artículo 14 CE o, aun no recogidos de forma expresa, históricamente reconocibles de modo palmario como tales en la realidad social y jurídica (como la orientación sexual, STC 41/2006, de 13 de febrero), en esta ocasión se cuestiona la posible discriminación por causa de un factor no listado en el precepto constitucional, cual es el estado de salud del trabajador; en concreto, la existencia de una enfermedad crónica que se discute si resulta o no incapacitante para la actividad profesional del trabajador. Se hace por ello preciso determinar si dicha causa puede o no subsumirse en la cláusula genérica de ese precepto constitucional (“cualquier otra condición o circunstancia personal o social”), teniendo en cuenta que, como se sabe, no existe en el artículo 14 CE una intención tipificadora cerrada (SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3; 31/1984, de 7 de marzo, FJ 10; y 37/2004, de 11 de marzo, FJ 3).
Para ello debemos partir de la consideración de que, como es patente, no todo criterio de diferenciación, ni todo motivo empleado como soporte de decisiones cau-Page 381santes de un perjuicio, puede entenderse incluido sin más en la prohibición de discriminación del artículo 14 CE, pues, como indica acertadamente la Sentencia de suplicación citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, en ese caso la prohibición de discriminación se confundiría con el principio de igualdad de trato afirmado de forma absoluta. De ahí que, para determinar si un criterio de diferenciación no expresamente listado en el artículo 14 CE debe entenderse incluido en la cláusula genérica de prohibición de discriminación por razón de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, resulte necesario analizar la razonabilidad del criterio, teniendo en cuenta que lo que caracteriza a la prohibición de discriminación, frente al principio genérico de igualdad, es la naturaleza particularmente odiosa del criterio de diferenciación utilizado, que convierte en elemento de segregación, cuando no de persecución, un rasgo o una condición personal innata o una opción elemental que expresa el ejercicio de las libertades más básicas, resultando así un comportamiento radicalmente contrario a la dignidad de la persona y a los derechos...
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