Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651966
Timestamp: 2019-07-22 13:03:07
Document Index: 251787249

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 50', 'artículo 58', 'artículo 58']

INVESTIDURA DE SENADOR SEÑOR GUILLERMO VÁSQUEZ ÚBEDA
ENMIENDAS A LEY SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR COLOMA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE TRÁNSITO DE FERROCARRILES DURANTE LA NOCHE EN CRUCES DE CAMINOS PÚBLICOS EN QUE NO EXISTAN GUARDABARRERAS O GUARDAVÍAS (3958-15)
Sesión 28ª, en miércoles 17 de agosto de 2005
(De 16:18 a 18:56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE
I.	ASISTENCIA.........................................................................
II.	APERTURA DE LA SESIÓN....................................................
Investidura de Senador señor Guillermo Vásquez Úbeda...................................
IV. CUENTA.............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (3939-06) (se aprueba en general y particular)...................................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende reemplazo de inscripciones en Registro Pesquero Artesanal (3930-03) (se aprueba).............
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia , y el señor Subsecretario de Minería .
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 22ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 9 de septiembre; 23ª, especial (que no se celebró, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Corporación), y 24ª, ordinaria, ambas en 10 de agosto, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Minería, don Mario Cabezas.
Antes de tomar el juramento reglamentario para incorporar en calidad de Senador al señor Guillermo Vásquez Úbeda, quiero saludar a la Directiva del Partido Radical, encabezada por su Presidente , don José Antonio Gómez, y a una delegación de la Novena Región, cuya presencia agradezco.
Tomaré juramento o promesa al señor Guillermo Vásquez Úbeda.
Ruego a los señores Senadores y demás personas presentes en la Sala y en tribunas ponerse de pie.
Señor Guillermo Vásquez Úbeda:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación; consultar, en el ejercicio de vuestras funciones, sus verdaderos intereses, según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas, y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética del Senado?
Sí, señor Presidente , prometo.
Si así lo hiciereis, la Patria os lo agradezca, y si no, que ella os lo demande.
Lo declaro investido como Senador de la República.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal (boletín Nº 3.930-03).
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (boletín Nº 3.939-06).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, con la enmienda que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.930-03).
Con el segundo informa que prestó su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que prorroga el plazo establecido en la ley Nº 19.626 para la construcción de un monumento en homenaje al cacique Lautaro (boletín Nº 3.840-04).
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre el costo del servicio de agua potable prestado por la empresa Aguas Nuevo Sur Maule S.A. en las comunas de Chanco y Pelluhue, en la Región del Maule.
Ocho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que autoriza la construcción de un monumento, archivo y museo en memoria del geógrafo don Juan Steffen Hoffmann (boletín Nº 3.545-04).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la erección de un monumento en Copiapó en memoria de Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo Emérito de esa ciudad (boletín Nº 3.564-04).
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la erección de un monumento y santuario en memoria del Padre Pío de Pietrelcina , en la Región del Maule (boletín Nº 3.719-04).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la erección de un monumento en memoria del Padre Demetrio Bravo Santibáñez, en la ciudad de Melipilla (boletín Nº 3.821-04).
5) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Fernández, Horvath, Naranjo, Romero y Sabag, que autoriza la erección de un monumento, en la comuna de Puyehue, en homenaje a Su Santidad Juan Pablo II (boletín Nº 3.828-04).
6) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Cordero y Martínez, que autoriza la erección de un monumento, en la comuna de Santiago, en homenaje a Su Santidad Juan Pablo II (boletín Nº 3.829-04).
7) Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Arancibia y Ávila, sobre el lugar donde se erigirá el monumento en memoria de Pablo Neruda a que se refiere la ley Nº 19.871 (boletín Nº 3.866-04).
8) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Cordero, que autoriza la erección de un monumento, en la ciudad de La Serena, en memoria del sacerdote Angelo Panigati (boletín Nº 3.902-04).
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica diversas normas del Código del Trabajo, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (boletín N° 1.394-13).
Certificados de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (boletín Nº 3.939-06).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual solicita eximir de trámite ante ella el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión (boletín Nº 3.606-03).
Del Senador señor Coloma, con la que inicia un proyecto de ley que prohíbe el tránsito de ferrocarriles durante la noche en cruces de caminos públicos donde no existan guardabarreras o guardavías (boletín N° 3.958-15).
De la señora Juana del Carmen Yáñez González y del señor Heriberto Juan Opazo Maldonado, por medio de las cuales piden la rehabilitación de su ciudadanía (boletines Nos. S 822-04 y S 821-04, respectivamente).
En la Cuenta se informó que la Comisión Mixta pertinente despachó por unanimidad el proyecto que modifica diversas normas del Código del Trabajo en lo relativo al otorgamiento de cinco días adicionales de vacaciones a los trabajadores de la zona austral del país, específicamente de la provincia de Palena y de las Regiones de Aisén y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Por eso, solicito que dicha iniciativa sea incluida en la tabla de esta sesión, a fin de discutirla y votarla, de manera que pueda ser aprobada por la Cámara de Diputados mañana.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el señor Senador.
Estoy de acuerdo, señor Presidente ; pero quiero plantear otra cuestión.
Debemos resolver por orden, señor Senador.
¿Habría acuerdo para lo solicitado por el Honorable señor Horvath?
Señor Presidente , en la Cuenta de hoy viene, en primer término, un mensaje mediante el cual el Presidente de la República hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal .
La iniciativa es muy simple; fue aprobada por unanimidad, y el Gobierno tiene interés en que se despache cuanto antes.
Por ello, solicito que el asunto en cuestión se agregue a la tabla de hoy.
Señor Presidente , el proyecto que permite trasladar hasta tres semanas del descanso prenatal al postnatal se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero tanto sus integrantes como el Gobierno consideramos pertinente que la iniciativa vuelva a la Comisión de Salud, porque la mayor parte de las indicaciones tienen que ver con materias propias de tal organismo.
Sin perjuicio del informe de la Comisión de Trabajo sobre la materia.
Así se entiende, señor Senador, la iniciativa vuelve a la Comisión de Salud, para que después pase a la de Trabajo.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3939-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 16 de agosto de 2005.
Certificados de Comisión:
Gobierno, sesión 28ª, en 17 de agosto de 2005.
Hacienda, sesión 28ª, en 17 de agosto de 2005.
El objetivo principal del proyecto es el perfeccionamiento de la transparencia de la normativa en materia de gasto electoral y la facilitación de su efectividad, mejorando la aplicación de los procedimientos de cobro y reembolso de gastos.
Para ello, entre otras enmiendas, se consideran electorales los gastos menores y frecuentes de campaña, tales como la alimentación de personas, mantención de vehículos o de las sedes, y otros similares; los gastos por trabajos de campaña hechos por personas con carácter voluntario, y los gastos materiales, los impuestos de timbres y estampillas y los derivados del crédito bancario destinado a la financiación de una campaña electoral.
Asimismo, se establece el financiamiento de la elección presidencial; y el reembolso, en este caso, alcanzará a una suma que no excederá al equivalente en pesos de 3 centésimos de unidad de fomento por voto obtenido por el candidato respectivo, o de un centésimo de unidad de fomento.
Se incluye a los candidatos a alcaldes como beneficiarios del financiamiento público.
Se preceptúa que las reglas generales en materia de endosos se aplicarán a los que efectúen los candidatos.
Se simplifica el mecanismo de obtención de reembolsos, estableciéndose un nuevo procedimiento que permita a los candidatos y a los partidos políticos cumplir sus compromisos sin intervención de terceros.
Cabe señalar que las Comisiones pertinentes analizaron esta iniciativa en general y en particular, en atención a que el Ejecutivo le había hecho presente la urgencia con el carácter de "discusión inmediata", la que ahora fue retirada.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó en general el proyecto con los votos de los Senadores señores Gazmuri y Novoa y la abstención del Honorable señor Larraín.
En cuanto a la discusión en particular, aprobó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, dejándose constancia en el certificado emitido por ella de las votaciones efectuadas respecto de los distintos números contenidos en el artículo 1º del proyecto y del artículo 2º, ninguna de las cuales fue unánime.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, por mayoría de cuatro votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Ominami y Sabag) y uno en contra (Honorable señor García).
Debe hacerse constar que el artículo 1º de la iniciativa, que comprende el 90 por ciento del proyecto, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que necesita para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Larraín.
Señor Presidente , como Presidente de la Comisión de Gobierno , quiero dar a conocer el parecer que hemos tenido respecto de esta iniciativa, cuyo propósito es modificar la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", no pudimos entregar un informe como corresponde, sino que se ha emitido un certificado que espero se encuentre en poder de Sus Señorías.
En lo fundamental, la iniciativa tiene dos propósitos.
Por una parte, una vez conocida la aplicación de la Ley sobre Gasto Electoral en las recientes elecciones municipales, se busca perfeccionarla y corregir los defectos que se advirtieron en su momento o resolver las omisiones que quedaron en evidencia producto de un trabajo que en su oportunidad fue un diseño teórico que, aunque recogía experiencias extranjeras, se ponía en vigor por primera vez.
Por lo demás, la experiencia comparada indica que normas electorales de esta naturaleza están habitualmente sometidas a reformas permanentes. Ello, porque las experiencias, precisamente, son únicas y sólo después de conocerse se recomienda introducir correcciones.
Éste es el primer objetivo específico que se persigue.
Y el segundo -dado que la mencionada ley, en lo que respecta al aporte de gasto con financiamiento fiscal, sólo se refería a las elecciones municipales y parlamentarias- consiste en agregar específicamente el financiamiento público para los comicios presidenciales, incorporando, como consecuencia, diversos preceptos a fin de hacer compatibles o aplicables otras normas en este tipo de actos cívicos.
Como Sus Señorías recordarán, la ley Nº 19.884 fue la consecuencia de un trabajo mancomunado del Gobierno con los diversos partidos políticos que buscó modernizar el Estado en diversos aspectos. La normativa se acompañó de la ley Nº 19.885, que regula el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a fines sociales y públicos, concretamente políticos, además de los ya existentes para asuntos educacionales y culturales.
La ley Nº 19.884, en lo fundamental, pretendía disminuir la influencia del dinero en las opciones de la ciudadanía al momento de emitir su sufragio; introducir el financiamiento público como una manera de garantizar la igualdad de oportunidades de los distintos partidos políticos y candidatos, incluidos los independientes; asegurar la transparencia dando a conocer los aportes, como una forma de precaver colusiones de intereses u otros, y, finalmente, generar mecanismos de control que permitan que los objetivos tengan plena eficacia y eficiencia.
La normativa que hoy día conocemos, estudiada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se aprobó en general por dos votos a favor y una abstención, como lo dio a conocer el señor Secretario .
En el instante de la votación no estaban todos sus integrantes, pero entiendo que los faltantes concurrieron a la aprobación de las diversas normas.
La Comisión debió trabajar horas extraordinarias, dada la naturaleza del proyecto, pues varios de sus miembros participaban en otros órganos de trabajo del Senado, donde tenían reuniones comprometidas con anticipación.
Fui el único que se abstuvo en la votación general -y eso explica también la votación particular-, esencialmente porque siempre entendí que la enmienda de la ley Nº 19.884 iba unida a la corrección de la Nº 19.885 -como señalé, ella se refiere a las donaciones con beneficios tributarios-, cuerpo legal cuyas normas generaron una profunda distorsión en los aportes para fines políticos, educativos, culturales y sociales, y principalmente para los tres últimos.
Y en las conversaciones que sostuvimos con el Gobierno había un compromiso de introducir los cambios a propósito de esta discusión o, al menos, de llegar a un acuerdo en cuanto a cuáles se iban a incorporar.
Esperábamos establecer alguna pauta sobre la materia -tratando de interpretar, por lo demás, a muchos señores Senadores -, e incluso conversamos con personeros de distintas instituciones del mundo cultural, educativo y social del más variado y representativo ámbito; pero, por desgracia, no logramos tal propósito.
Recién hoy hablé con el señor Ministro de Hacienda , quien me planteó su buena voluntad para introducir cambios menores -diría yo- respecto de esta situación, los cuales no se condicen con la expectativa que yo y otros colegas teníamos.
Por lo mismo, si tenemos muy buena voluntad para que los beneficios tributarios derivados de las donaciones alcancen a las elecciones parlamentarias y presidenciales, nos parecía que ésta era la ocasión para corregir las distorsiones generadas en otros ámbitos, sobre todo en educación, cultura y otros fines sociales.
No obstante que los aportes fueron originados en la ley, de hecho los montos han sido muy bajos, según lo dieron a conocer representantes de diversas instituciones, como el Hogar de Cristo y otras fundaciones beneficiadas con la norma legal pertinente. Ello, como consecuencia de las disposiciones que impiden aumentar las sumas.
De ahí que expresara mi abstención en general y, luego, también en particular, esperando un cambio al respecto.
En cuanto a disposiciones específicas, quiero reseñar cada una de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
Debo recordar que estas normas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados sin enmiendas, al igual como lo hizo el Senado.
Si bien sobre algunas disposiciones -como señalaré más adelante- existía la voluntad de producir cambios -no son muchas-, y dado el interés de que el proyecto fuese despachado a tiempo para que pudiese aplicarse en las próximas elecciones, la Comisión de Gobierno se abstuvo de introducir enmiendas que, aunque relevantes, no eran sustantivas como para demorar la tramitación.
En lo fundamental, en el número 1 se busca perfeccionar lo que se entiende por gastos electorales, y se sugiere una modificación al artículo 2º de la ley, el cual define ese concepto, señalando en forma taxativa cuáles pueden ser incluidos en él.
En lo esencial, el precepto sugiere incorporar como electorales, en lo que dice relación a los costos de intereses y créditos, otros gastos que han aparecido últimamente y que no se podían rembolsar, como los impuestos de timbre y estampillas, los notariales y, en general, todos aquellos en que se incurre para obtener créditos. Es decir, estos costos pasan a ser gasto electoral.
Asimismo, se incluyen los gastos menores y frecuentes en una campaña -muchas veces difíciles de rendir, por tratarse de montos menores-, por concepto de alimentación de las personas o que se suscitan a lo largo de aquélla, con un tope equivalente al 10 por ciento del máximo asignado.
Finalmente, se incluyen los gastos por trabajos de campaña realizados voluntariamente por proselitistas y otras personas, de acuerdo a criterios objetivos fijados en forma previa.
El número 2 dice relación a la enmienda que se pretende introducir al artículo 3º de la ley, referido a la prohibición de realizar con antelación gastos electorales de propaganda que incluyen, no sólo los directamente dirigidos a pedir el voto, sino también aquellos de carácter indirecto, en especial los que se producen treinta días antes del vencimiento del período de propaganda autorizado. En ese caso, si hay gastos directos o indirectos derivados de la campaña, se estimará que deben ser computados dentro del monto total autorizado.
Esta norma generó una discusión que considero importante advertir.
El hecho de que se amplíe el concepto de gasto electoral nos pareció razonable a los miembros de la Comisión. Sin embargo, la segunda indicación generó debate, por estimarse que los montos utilizados en una encuesta, por ejemplo, no deben considerarse como gasto electoral y, por lo tanto, no pueden imputarse a los autorizados para la campaña. No obstante, aquellos que sí sean de propaganda, y a pesar de haberse realizado antes del período de prohibición, se pueden cargar al monto máximo.
Distintos señores Senadores , en especial el Honorable señor Gazmuri , hicieron presente que eso implicaba una suerte de legitimación de los gastos hechos fuera de la campaña, aunque la sanción -por así decirlo- significaba imputarlos a los permitidos. Este punto generó algunas dudas, que la Comisión quiso corregir: pero, a fin de no demorar el trámite, no se modificó y se aprobó con mi abstención, dadas las razones genéricas que he indicado.
El numeral 3 persigue simplificar los procedimientos en los casos de denuncias. Se propone reunir en uno solo los varios existentes.
El 4 se refiere al artículo 9º, que establece nuevos topes en los aportes, según sea el tipo de elección. El límite global sigue siendo el mismo. Sin embargo, como la norma vigente dispone que una persona puede aportar a un mismo candidato un máximo de mil unidades de fomento sin distinguir el tipo de comicios, se abren alternativas distintas respecto de los subtopes: mantiene las mil unidades de fomento para los candidatos a alcalde o concejal; sube a mil 250 en el caso de candidatos a parlamentarios, y aumenta a dos mil cuando se trate de presidenciales. Es decir, modifica los subtopes de los aportes máximos posibles, pero no el total, que permanece en diez mil unidades de fomento. Esta norma contó con las abstenciones mía y del Senador señor Gazmuri .
El número 5 apunta a hacer extensivas las normas de financiamiento electoral a las elecciones presidenciales, que es el objetivo central de esta iniciativa de ley.
El 6 fija los reembolsos de los gastos en que se incurra en las elecciones presidenciales. Básicamente, se aplica la misma suma equivalente en pesos que se devuelve por voto obtenido al candidato respectivo. En el caso de haber dos vueltas electorales, para la primera se establece el mismo criterio de tres centésimos de unidad de fomento por voto logrado, vale decir, alrededor de 530 pesos; pero en la segunda se reduce a un tercio, o sea, a una cifra cercana a 177 pesos.
Un cálculo que puede servir para la información del Senado dice relación a que el total aproximado de gastos en que incurrirá el Fisco es de 4 mil 300 millones de pesos en la primera vuelta y de mil 400 millones en la segunda.
El numeral 7 busca incluir a los alcaldes en los anticipos de fondos y, al mismo tiempo, excluir a los candidatos independientes.
El 8 procura simplificar y perfeccionar los endosos que hoy día se pueden hacer o ampliarlos a algunas materias que en la actualidad están marginadas, como consecuencia, precisamente, de la experiencia electoral.
El primer inciso establece la forma como se harán los endosos de los candidatos a los partidos, para que sean éstos los que asuman el compromiso de recuperar el gasto, lo que, además, se hace mediante un pago preferente.
En seguida, se regulan los reembolsos de los créditos que puedan obtener los candidatos en una institución financiera, de manera que ésta reciba directamente del Servicio Electoral las devoluciones respectivas, también de modo preferente.
La inquietud que se suscitó en esta materia está vinculada a una situación que se produjo en la elección pasada, cuando candidatos endosaron al partido sus gastos -los que éste recuperó del Servicio Electoral- y, además, solicitaron créditos, endeudándose dos veces, por así decirlo.
Está claro que el Servicio Electoral va a pagar una sola vez el monto total; pero preocupa al partido la posible existencia de un doble gasto. En tal evento, la pregunta es quién se hace cargo de ello.
Respecto de esta materia, hubo interés en proponer alguna norma; pero, por razones de tiempo, no se incluyó. Sólo se dejó constancia de la intención de hacerlo.
El numeral 9 sugiere reemplazar el artículo 15 y establece disposiciones para los reembolsos, a fin de corregir determinadas situaciones que se han presentado. Si el gasto es inferior al máximo autorizado, se restituirá sólo el efectivamente realizado. Es decir, si el tope es 100 y se gastan 60, se devolverán 60. Pero, en el caso inverso, si lo gastado -dentro de los cauces- fuese superior a 100, se pagaría sólo el máximo permitido.
En la última elección, suponiendo un tope de 60, el Servicio Electoral no devolvió ni un solo centavo a quien incurrió en un gasto de 100. Con esta modificación, si se excediera ese máximo, se reembolsarían los 60, lo cual hace que sea justo el gasto y que no se pierdan los recursos autorizados por ley.
El número 10 tiene por objeto agregar una frase final al artículo 15 bis, que señala que, en caso de que un candidato no pudiese percibir algunos remanentes de devolución, éstos pasarán al partido. La enmienda plantea que este reembolso sólo se hará efectivo si la cuenta general del partido se encuentra aprobada.
Mediante el numeral 11 se sustituye el artículo 18 a fin de permitir el aumento del monto de los aportes reservados. Se mantiene el máximo de tres mil unidades de fomento para los partidos políticos, pero el tope de seiscientas unidades de fomento para aportes a candidatos, independiente de la elección de que se trate, se modifica según el tipo de cargo a que se postule: seiscientas unidades de fomento para candidatos a alcalde y concejal; ochocientas para candidatos a diputado y senador, y mil quinientas para los presidenciales.
En el número 12 se propone modificar el artículo 19, relativo a la forma de entrega de los aportes reservados. Esta enmienda ha sido objeto de mucha discusión; incluso, en un diario de hoy apareció un comentario que la cuestiona.
Hoy, este procedimiento se hace, obviamente, de modo reservado, y el Servicio Electoral está obligado a transferir el aporte en dos fracciones aleatorias, con el propósito de evitar que se conozca la identidad del donante.
A sugerencia de ese organismo, se pretende eliminar la entrega fraccionada, porque origina situaciones muy complejas en su administración. Entonces, si bien se mantendría la reserva del monto aportado, éste no sería transferido de manera fraccionada.
Esto ha generado cierto cuestionamiento. Sin embargo, los integrantes de la Comisión lo aprobaron conforme al compromiso de que saldría adelante, considerando que muchos señores Senadores estarían en la voluntad de modificar la propuesta o de mantener la norma actual.
A través del numeral 13 se reemplaza el inciso primero del artículo 21, referente a los aportes mensuales que reciben los partidos políticos. Es una modificación muy menor. Hoy día se establece que estos aportes son públicos cuando exceden las cien unidades de fomento. La enmienda plantea que tendrán dicho carácter cuando el monto sea igual o superior a las cien unidades de fomento. Vale decir, se trata simplemente de precisar desde qué minuto empieza la publicidad del aporte.
Dejo constancia de que los números 12 y 13 a que me referí fueron aprobados en la Comisión con el voto en contra del Senador señor Cantero .
El numeral 14 trata de una enmienda al artículo 25 relativa al control de prohibiciones que opera para las empresas que reciben subvenciones o aportes del Estado o postulan a licitaciones públicas. Estas entidades no deben realizar aportes electorales. Por eso, para fiscalizar al respecto, la iniciativa propone que las personas jurídicas incluidas en algunas de las categorías de prohibición de este artículo deberán hallarse inscritas en el Registro de Contratistas dispuesto en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. De esta manera, se puede controlar efectivamente el cumplimiento de esas prohibiciones.
El numeral 15 incluye una modificación al artículo 31, que consagra las obligaciones del Administrador Electoral. Se sugiere agregar una nueva: informar si el candidato no ha entregado todos los antecedentes que permitan rendir la cuenta. En efecto, si éstos no son suficientes, el Administrador está obligado a señalarlo, aunque ello acarree consecuencias para el candidato, porque es la única manera de que aquél evite responsabilidades. Así, al mismo tiempo, se da transparencia a la forma como se gastan los recursos en una campaña.
En el número 16 se propone reemplazar el artículo 32, que establece quién puede ejercer el cargo de Administrador Electoral General. La disposición actual señala que éste debe ser el tesorero del partido. Con esta enmienda se sugiere que puede serlo cualquiera de sus militantes.
A través del numeral 17, que consigna una modificación al artículo 37, se preceptúan algunas normas para el reemplazo del Administrador Electoral: se fija un plazo; se dispone que, en caso de que no se formalice dicho reemplazo, asumirá en esa función el propio candidato, y se indica que las comunicaciones de estos cambios deben hacerse por internet.
Por medio del número 18 se pretende solucionar una situación que se presentó en la campaña electoral reciente: algunos candidatos no rindieron cuentas porque señalaron no tener ingresos ni gastos. Esta enmienda estatuye que todo candidato estará obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral, aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en gastos, dando relación de ello.
En el numeral 19 se propone modificar el artículo 41 con el objeto de permitir la presentación de cuentas por internet, lo que facilita el trámite.
El número 20, referente al artículo 42, tiene por objeto ampliar el plazo para la rendición de cuentas de las elecciones municipales. En la norma vigente el término es de treinta días. Pero, como este acto eleccionario es tan complejo -pues incluye a concejales y alcaldes-, se recomienda un plazo mayor para el análisis de las cuentas por parte del Servicio Electoral. Para ese efecto, se aumenta a sesenta días, y se mantiene en treinta en el caso de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
En el numeral 21 se sugiere una modificación al artículo 48, que señala la obligación de que las cuentas sean públicas. La enmienda impone al Director del Servicio Electoral una obligación un tanto proactiva: debe publicar en internet las cuentas individuales y generales de las candidaturas a diputado , a senador y presidenciales.
Hubo inquietud en la Comisión en cuanto a por qué esta obligación de informar vía internet no se exigía también en el caso de las elecciones municipales. No hay ninguna razón para excluirlas. Aunque sea más engorroso y más complejo, una vez que esté disponible esa información, debiera ser publicada.
La obligación del Servicio Electoral es rendir cuenta pública del gasto electoral; por tanto, los candidatos municipales debieran estar incluidos en esta norma. Pero como no lo están, la Comisión ofició para que, en una iniciativa próxima, sean incorporados, considerando que no es perentorio para las próximas elecciones. Se trata de una propuesta que ayudaría a la transparencia del gasto.
Mediante el número 22 se modifica el artículo 49. Se propone eliminar su letra c); o sea, que en el balance que tienen que entregar los partidos políticos no se incluya el gasto electoral realizado por cada candidato del partido y por cada candidato independiente incluido en un pacto o subpacto al cual esa colectividad pertenece. Ello se debe simplemente a que el balance del partido no tiene por qué incorporar dichos gastos, toda vez que se trata más bien de cuestiones individuales que atañen a dichos candidatos y no dicen relación a la persona jurídica partido político.
En el numeral 23, referente al artículo 52, que señala que "Los plazos de días establecidos en esta ley serán de días hábiles", se propone agregar que se entienden por tales los que corren de lunes a viernes.
Finalmente, el artículo 2º consigna que el mayor gasto que irrogue la ley en proyecto se solventará con los recursos del Servicio Electoral y que, ciertamente, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con cargo a la Partida Tesoro Público.
La Comisión de Hacienda se referirá luego a dicha materia.
Señor Presidente, esos son los antecedentes que puedo proporcionar a la Sala y que reflejan la labor cumplida por la Comisión de Gobierno.
Como dije, todas las disposiciones fueron aprobadas por amplia mayoría, con la abstención de quien habla, salvo el número 4, respecto del cual se abstuvo el Honorable señor Gazmuri , y los números 12 y 13, que fueron votados en contra por el Honorable señor Cantero .
Están inscritos los Senadores señores Gazmuri, Ominami y Valdés.
Ofrezco la palabra el Honorable señor Gazmuri.
Señor Presidente , me da la impresión de que tiene preferencia el Presidente de la Comisión de Hacienda , como informante.
Por lo tanto, sugiero que intervenga primero Su Señoría y después el Senador que habla.
Señor Presidente , el informe financiero del proyecto en análisis indica que, suponiendo que se incorporarán al padrón electoral existente en los últimos comicios municipales 900 mil nuevos ciudadanos para participar en las elecciones presidencial y parlamentarias de diciembre próximo, y considerando a la vez que el 90 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto tomarán parte en ellas -vale decir, 8 millones 110 mil 858 electores-, el costo fiscal de la iniciativa para el año 2006 se estima en 4 mil 271 millones de pesos en la primera vuelta y en 1.424 millones de pesos adicionales en el evento de una segunda.
En seguida, deseo hacer presentes algunas aprensiones formuladas durante la discusión del proyecto -que fue rápida, por lo demás- habida en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, debo reconocer que la normativa en estudio viene a subsanar una grave falencia de la legislación anterior, la cual estableció el financiamiento público para las elecciones de concejales, alcaldes, diputados y senadores, y también un límite para solventar la campaña presidencial. Sin embargo, no contempló financiamiento público para esta última elección.
En esa ocasión se dio un argumento bastante curioso. Se sostuvo que, tratándose de un comicio que se iba a desarrollar simultáneamente con las elecciones parlamentarias, correspondía sustentar los gastos de la campaña presidencial con cargo al financiamiento de éstas.
Uno podrá discutir si le gusta o no el régimen presidencialista en que vivimos; pero es demasiado evidente que no resulta coherente hacer depender el financiamiento de la campaña presidencial del destinado a las elecciones parlamentarias.
Por esa razón, a todos nos pareció adecuado corregir esa situación.
Además, en la Comisión se formularon algunas observaciones que plantearé en forma muy telegráfica.
En primer lugar, hace falta una legislación para regular los gastos de precampaña. La que estamos viendo hoy día opera sin ningún tipo de regulación, pues los gastos efectuados por tal concepto no se imputan a los límites establecidos en la ley. De esta manera se burla de manera bastante grosera la normativa.
Desgraciadamente, el proyecto en debate no consagra ningún precepto que corrija esa situación..
En segundo término -y ésta, quizás, es una opinión un poco más personal-, el aumento del tramo correspondiente a las donaciones reservadas tiene poco que ver con la preocupación que hemos manifestado durante todos estos meses respecto a la necesidad de que exista más transparencia. Si se pretende que haya mayor transparencia, lo lógico es que se sepa exactamente quién dona, a quién se le dona y cuánto se dona. ¡Eso es transparencia!
Resulta un tanto contradictorio que la corrección de la insuficiencia que existe en materia de financiamiento de la elección presidencial deba ir acompañada de un aumento de los tramos vinculados a las donaciones reservadas.
Además, en la Comisión surgieron dos aprensiones adicionales que tienen que ver con lo siguiente.
Primero, las sanciones establecidas son realmente pequeñas. Por lo tanto, perfectamente alguien podría incorporar en el costo de su campaña el pago de ellas y vulnerar en forma notoria el espíritu y la letra de la ley. Esto nos parece también incorrecto, y en algún momento debería ser objeto de una revisión más profunda.
En segundo término, se hizo presente el hecho de que en los procesos eleccionarios hay formas de intervención gubernamental que tampoco se hallan reguladas como es debido.
Ahora bien, como conclusión, cabe señalar que constituye un avance el dotar al país de una legislación en materia de financiamiento de campañas electorales. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de contar con una buena normativa. Y es bastante probable que en el corto tiempo debamos hacer una nueva revisión, particularmente teniendo a la vista la manera como operará la ley en proyecto en las futuras elecciones presidencial y parlamentarias.
El señor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicita extender el plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica el Libro V del Código del Trabajo hasta el 7 de septiembre, a las 12.
Si le parece a la Sala, se acogerá la petición.
--Así acoge.
Señor Presidente , la regulación de las relaciones entre dinero y política es un asunto central en las democracias contemporáneas. En efecto, la falta de regulación, de transparencia, y el encarecimiento a veces astronómico de las campañas electorales son, sin duda, una fuente muy compleja de corrupción o de irregularidades.
Hemos visto cómo sistemas políticos de países importantes en América Latina y en el mundo, cuando esos asuntos no están bien regulados y manejados, pueden provocar crisis bastante agudas y dolorosas.
A mi juicio, lo que está ocurriendo hoy día en Brasil, nación tan cercana a nosotros, nos debería causar preocupación y servir de ejemplo, de espejo.
Concurrí a aprobar esta iniciativa legal en la Comisión porque me parece que significa un avance sobre el particular. Básicamente, corrige una insuficiencia inexplicable de leyes anteriores al incorporar el financiamiento público para las campañas presidenciales, las cuales, sin duda -y se ha dicho acá-, son las principales en nuestro régimen político.
Además, el proyecto introduce mecanismos para que opere en mejor forma el sistema de aportes públicos. En tal sentido, recoge la experiencia -en general exitosa, pero muchas veces demasiado enredada desde el punto de vista administrativo- de la última elección municipal.
Sin embargo, en mi concepto, exhibe un problema en el sentido de que, producto de la inevitable negociación política en torno a esta reforma, se subieron los montos de los aportes reservados para las campañas municipales, parlamentarias y presidenciales. Considero que ese aumento no va en la línea de una mayor transparencia.
En todo caso, sumando y restando, ciertamente estamos configurando un régimen más regulado, donde el elemento central -y quiero insistir en esto- lo constituye el límite del gasto electoral.
Es fundamental la transparencia y resulta útil como medida de equidad el financiamiento público. Pero el determinar cuál es el margen soportable socialmente para financiar campañas constituye, a mi modo de ver, un punto medular en la regulación entre la actividad política y los grupos de interés que están detrás del dinero, ya que éste, por desgracia, en una sociedad como la nuestra, se concentra en forma bastante desigual.
En Chile no llegamos todavía a los financiamientos astronómicos de otros países del mundo, básicamente porque nuestra legislación -en este aspecto, con sabiduría- excluye la televisión de la propaganda electoral. Si se incluyera la propaganda televisiva, tendríamos un crecimiento exponencial de los gastos electorales.
Sobre el particular, felizmente, sigue existiendo un gran acuerdo en la sociedad chilena, y en los últimos años no se ha presentado ninguna iniciativa tendiente a alterar ese aspecto, que a mi juicio es central.
Los límites fijados por la ley son muy razonables. Incluso, hay quienes los consideran altos. En el Diario Oficial se publicó recientemente el cálculo de los topes de los gastos electorales en las próximas campañas parlamentarias. Y si uno analiza el límite tolerado, se da cuenta de que se trata de cantidades de dinero bastante elevadas.
Una campaña en las dos circunscripciones de la Región Metropolitana -donde hay mayor población- tiene un máximo de financiamiento de 707 millones de pesos, en el caso de Santiago Oriente, y de 679 millones, en el de Santiago Poniente. Si bien son límites altos, no resultan exorbitantes como los de otras naciones del orbe.
Y lo mismo ocurre con los candidatos a Diputados. Una campaña en el distrito 4, de Antofagasta, relativamente importante, tiene un límite de 100 millones de pesos, cantidad suficiente para sostener una campaña durante tres meses.
Ahora, ¿dónde está el problema? En que la legislación vigente contempla penas muy menores para quienes excedan el límite fijado. Por lo tanto, no hay ningún incentivo serio para ajustar los niveles de gasto a los máximos legales establecidos. O sea, determinamos un límite, pero no generamos los estímulos o los desestímulos suficientes para que sea respetado.
El artículo 5º de la ley que estamos reformando dispone que el partido o el candidato que exceda el tope autorizado por la ley sólo recibe como sanción una multa relativamente modesta. De manera que, si alguien quiere hacer uso excesivo del dinero en las campañas políticas, no tiene ningún incentivo para adecuarse al límite, porque es cuestión de encarecer un poco la campaña, gastar sobre el tope y pagar la multa.
Es evidente, entonces, que contamos con un sistema que no favorece el elemento central de la ley: que el límite sea estricto, y las sanciones por excederlo, muy duras.
Por ello, señor Presidente , he presentado una indicación para modificar el referido artículo 5º en el sentido de que el candidato que se extralimite en los gastos de su campaña, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma ley para determinarlos, sea castigado con pena aflictiva, lo cual significa perder la ciudadanía, y con ello, la eventual investidura.
Esa disposición existe en muchas democracias en el mundo; por ejemplo, en Francia. Y es la única manera práctica de lograr que el tope fijado en la ley sea real y universalmente respetado. Por esa vía, todos los candidatos van a ser particularmente puntillosos para asegurarse de no gastar más allá del límite, pues de lo contrario perderán la investidura que hubieren obtenido.
Si efectivamente queremos generar una sana relación entre política y dinero; si efectivamente deseamos que esta afirmación tenga eficacia social verdadera, es por completo absurdo seguir con un sistema que en tal sentido se hace trampas a sí mismo, porque se trata de evitar -y todos lo decimos- el gasto excesivo en política, que en un país como éste a veces adquiere caracteres de escándalo social, pero al mismo tiempo se genera una legislación que no incentiva el cumplimiento del mandato legal pertinente.
Está presentada la indicación. No se votará en esta sesión, porque entiendo que hoy sólo se va a debatir en general el proyecto. Y he hecho mi alegato al respecto en este momento porque quiero invitar a mis Honorables colegas a que me acompañen en esta proposición, tanto más cuanto que en mi concepto, de concretarla, introduciríamos un perfeccionamiento muy sustantivo en la ley; daríamos una señal muy potente en cuanto a que nos creemos de verdad las cuestiones que afirmamos en lo que concierne a la relación entre política y dinero, y haríamos una gran servicio a la democracia chilena hoy y en los años por venir.
¿Puedo formularle una pregunta, señor Senador ?
Quizá es la misma que deseo hacer yo, Su Señoría. No sé si es la misma.
El señor Vicepresidente anunció que no íbamos a votar. ..
Perdón, señor Presidente , pero parece que me excedí en mis atribuciones.
Entiendo que estamos en discusión general.
A lo mejor Su Señoría tiene más conocimiento que yo sobre algunas decisiones.
Según entiendo, señor Presidente , estamos en discusión general.
Sí. Pero Su Señoría sostiene que sólo se va a realizar el debate y no la votación.
La votación en general, sí.
En general y en particular. Ése es el acuerdo.
Me gustaría precisar ese punto.
Entiendo que el proyecto se encuentra en discusión general y que votaremos la idea de legislar. Eso, de todas maneras.
Ahora, según informó Secretaría, se retiró la urgencia de "discusión inmediata".
Entonces, es algo que deberá interpretar la Mesa.
Señor Presidente , en primer término, debo declarar que ya no soy candidato.
En cuanto a la relación de la política y el dinero, sostengo con toda franqueza que el sistema adoptado en Chile no es de mi agrado.
Se dice que esta ley es mejor que la anterior. ¡Pero es que la que había era una cosa atroz: quien tenía dinero ganaba las elecciones!
Un antepasado mío fue Senador por unas provincias que nunca visitó. Sin embargo, pagó lo necesario para ser elegido.
Desde ese tiempo -siglo XIX- hasta la fecha, hemos transitado por sucesivas legislaciones que no me gustan, debido al camino que se adoptó.
Me ha tocado conocer otras leyes -como la de Francia, la de Italia y la de otros países europeos-, donde el Estado es el que abre la oportunidad para que los candidatos expresen sus ideas. En Francia, las candidaturas son mostradas en grandes lienzos que se pegan en los muros, uno por cada cuadra o manzana. En Italia sucede lo mismo. Y se otorga a aquéllas tiempo en la televisión y en las radios, con cargo al Estado. No se entrega dinero.
En Chile estamos siguiendo el procedimiento norteamericano, que da origen a las mayores y más absurdas combinaciones de poder y de dinero, y muchas veces dispone -como sucedió últimamente- cárcel para quien exceda las normas legales.
Creo que en nuestro país deberíamos tener una solución más inteligente y que provoque un menor grado de desafección del público con respecto a los candidatos, sobre todo cuando lo que vemos ahora no es muy ilustrativo de una vida política sana y cuando los partidos -e incluyo al mío- designan a los candidatos sin consultar al pueblo y los mueven de un lugar a otro en función de combinaciones que disponen los dirigentes y no las colectividades mismas.
En mi concepto, aquí estamos jugando peligrosamente con la opinión pública, que ya nos tiene a los Senadores, no en el último lugar, pero sí alrededor del penúltimo. Y esto no va a hacer subir nuestro ranking.
Creo que la situación es bastante incómoda. Por lo tanto, mi inclinación era a no votar el proyecto en debate.
Tampoco me pareció adecuada la ley anterior, sobre financiamiento a los partidos políticos respecto de sus candidatos a parlamentarios, alcaldes y concejales, porque se produjo una situación muy particular: al aprobarse la iniciativa que le dio origen, se estranguló el sistema de donaciones.
Me parece el acto de mayor incultura que puede cometer un país: ¡financiar candidaturas políticas disminuyendo el aporte a la cultura!
¡Fue vergonzoso lo que hicimos!
Yo fui el autor de una ley que permitía -o permite todavía, en alguna medida- el financiamiento de las obras culturales. Ella fue copiada en Argentina; se utilizó para la nueva legislación sobre el particular en Brasil, y también en España.
Hoy día nos dicen: ¡Ustedes dieron a los partidos políticos los dineros destinados a fomentar la cultura y otras actividades de beneficio público porque tenían que financiar a sus candidatos!
Señor Presidente , es impresentable nuestra forma de actuar, sobre todo si nos consideramos un país serio.
Por eso, no me gusta el procedimiento utilizado.
Veo, de otro lado, que las leyes referentes a las elecciones no se cumplen. Hoy día en los caminos apreciamos propaganda, no sólo de bebidas o de elegantes artículos de vestir, sino también de algunos amigos nuestros, ex Senadores y otros, que exponen sus caras sin saber por qué. ¿Porque pueden hacerlo? Yo no necesito esta propaganda para manejar ni para conocer las ciudades.
A mi juicio, anticiparse de esa forma al derecho que todos tenemos a preparar las elecciones dentro de cierto plazo constituye un abuso increíble.
Si estamos intentando educar a los niños, empecemos por educarnos nosotros, que a este respecto deberíamos ser líderes en Chile.
Dicho lo anterior, que me nace muy del corazón -porque observo que no hacemos muchas cosas para mejorar nuestro prestigio-, anticipo que votaré a favor del proyecto -pese a que me duele bastante que se realicen donaciones privadas sin saber adónde y sin conocer cómo se obtuvieron los recursos- porque he obtenido de parte del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda -lamento que este Secretario de Estado no se encuentre aquí; está, sí, el Ministro Secretario General de la Presidencia - el compromiso formal de que la ley sobre donaciones culturales, que fue estrangulada en función de la normativa que destina recursos para las elecciones y que también prevé pena de cárcel para quienes excedan determinados límites (cárcel que al parecer no existe para los políticos, pero sí para la gente preocupada de la cultura o de la educación), será restablecida mediante un proyecto que se presentará dentro del mes de septiembre en la Cámara de Diputados. Y espero que, así como en 1991 el Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que dio origen a la referida legislación, exista la misma visión y el Congreso Nacional despache por consenso el ya anunciado proyecto.
Sobre tal base, me atrevo a manifestar que la iniciativa en estudio es suficientemente indispensable, no perfecta, y que yo habría preferido un camino distinto, en el sentido de que el Estado abriera las posibilidades de expresión directa de los candidatos, sin necesidad de pagarles los créditos que contraten y los gastos que efectúen.
Señor Presidente, se dice que el proyecto en debate y, en general, la ley vigente tienen por objeto reducir la influencia del dinero en la política.
A mi juicio, se trata de un bonito gesto, que por cierto demuestra buena intención, pero que carece de toda coherencia.
En Renovación Nacional somos partidarios de promover la igualdad de oportunidades, independiente de la situación patrimonial o del poder económico del candidato o de su partido. Somos partidarios del financiamiento público de las campañas electorales. Sin embargo, observamos que, en los hechos, este proyecto aporta poco a reducir la influencia del dinero en la política.
En efecto, se produce una arbitraria, irracional y -yo diría- incoherente muestra de discriminación cuando se favorece con franquicias tributarias la relación de la política con la empresa que hace aportes a aquélla y, no obstante, no se permite al ciudadano, que por naturaleza propia tiene que ver con la cuestión política y con la democracia, disponer de algún tipo de beneficio de tal índole. En consecuencia, se favorece la relación de la política con la empresa y se inhibe la participación del ciudadano en la cuestión política.
Aquello es indesmentible. Y es justamente lo que ocurre con esta iniciativa.
Se aumentan los montos de los gastos reservados de dichas empresas, que tienen que participar, contribuir, incidir en el proceso de selección de los candidatos que resultan electos, por la vía de estos aportes económicos.
Como si eso fuera poco, debe tenerse presente que el flujo del aporte hasta ahora era relativamente anónimo, porque se depositaba en el Servicio Electoral y éste lo fraccionaba al entregárselo a quien era candidato y resultaba electo con alguna votación. En virtud de este proyecto, se recibirá el dinero íntegro; no habrá fraccionamiento. Por lo tanto, es evidente que sabe quién aporta y sabe quién recibe, y se transparenta. No existe la opacidad que, con un mínimo de delicadeza, contempla la legislación vigente. O sea, con esta iniciativa el empresario va, aumenta sus montos, los puede aportar y, además, el receptor de ellos lo sabe de inmediato, pues su cuenta empieza a marcar el valor exacto de la contribución (por ejemplo, 1.000.456,39). Entonces, al respecto hay absoluta comunicación en línea.
Esa situación es del todo irregular. Pienso que en nada contribuye a lo que pretendemos lograr.
Hay transparencia, en efecto, pero no para el ciudadano. Existe transparencia en esta directa relación entre el poder económico y la política.
Ésa es la materia contenida precisamente en el artículo 19 de la ley que hoy se está modificando.
Otro aspecto que considero extraño y que debe ser corregido: total transparencia -se dice- para las elecciones presidenciales y parlamentarias; pero no ocurre lo mismo en el caso de las municipales, es decir, las de alcaldes y concejales. No sé qué motivación puede haber para que no exista igual transparencia en todos los casos.
También estimo de verdad preocupante lo señalado por el Senador señor Valdés . Para formar cultura cívica y conciencia cívica debe haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo concreto es que hoy la campaña ya está desatada y -esto es lo peor- no existen sino sólo sanciones simbólicas. Dineros más, dineros menos, que pueden quedar contemplados en el presupuesto de la propia campaña.
Creo que aquí hay un problema de consecuencia ética que, por lo menos, debe llamar a los señores Senadores a la reflexión.
No sé si con razón o sin ella, con fundamento o sin él -y desconozco si es efectivo-, consultado el representante del Ejecutivo acerca de por qué se rechazó la propuesta de Renovación Nacional de hacer un símil entre los beneficios tributarios de las empresas y los de los ciudadanos, contestó: "Porque, primero, eso es avanzar en democracia tributaria". ¿Acaso hay algo malo en avanzar en democracia tributaria -¡por Dios!-, o en política, en cultura, en deporte, o en enfrentar la cuestión de la droga?
También se ha señalado que puede haber riesgo de elusión. O sea, se tiene una horrible desconfianza hacia el ciudadano contribuyente, pero no respecto de quienes llevan otro tipo de contabilidad.
A mí, por lo menos, no deja de sorprenderme la argumentación.
En conclusión, en materia de definiciones y opciones políticas, el Ejecutivo favorece las de las empresas, pero no las de las personas.
Por otra parte, se ha dicho que hay un acuerdo político.
Debo señalar claramente que Renovación Nacional no ha participado en ningún acuerdo político. Deseo precisar este punto, que ha movido a confusión a algunos Parlamentarios.
Renovación Nacional no concurrió a ese acuerdo. Efectivamente, colaboró con algunas ideas de perfeccionamiento administrativo en la normativa vigente. Pero la esencia de nuestro planteamiento apunta a que debe avanzarse en la igualdad de estas franquicias o beneficios, para que permitan al ciudadano participar en forma más clara en materia de aportes.
Entiendo que hay un acuerdo entre el Gobierno y la Unión Demócrata Independiente.
¡Ahí está...!
En consecuencia, me parece necesario clarificar este punto, para que nadie se mueva a confusión.
Quiero señalar que, por todos estos argumentos, Renovación Nacional no puede concurrir con su voto favorable. Y, aun cuando -lo reitero- somos partidarios de reducir la influencia del dinero en la política y de avanzar en el financiamiento público de las campañas electorales, para promover la igualdad de oportunidades y generar la independencia del poder económico o financiero respecto de la opción del ciudadano que aspira a ser candidato, nos abstendremos. Y lo haremos, primero, por estimar que el Gobierno no ha realizado en esta materia un diálogo adecuado con nuestro Partido, y segundo, porque ha favorecido la vinculación de la política con las empresas, en detrimento de la vinculación del ciudadano con la política.
Señor Presidente , celebro la intervención que acabamos de escuchar. Creo que el Senador señor Cantero ha hecho claridad, en primer lugar, respecto al origen del proyecto, y luego, en cuanto a algunos de sus contenidos esenciales.
Sin embargo, vamos a concurrir con nuestros votos a su aprobación en general, por considerarlo necesario y urgente. Ante todo, porque salva una omisión de la legislación actual, cual es no otorgar financiamiento público a las campañas presidenciales. Y no cabe duda de que éstas marcan de manera mucho más significativa el desarrollo político y el funcionamiento institucional del país que las restantes campañas electorales.
La Concertación de Partidos por la Democracia, que postula una candidata que aparece destacadamente con la más alta intención de voto y que es casi segura ganadora en la primera vuelta electoral, puede, sin embargo, verse en una coyuntura difícil en el desarrollo de la campaña. Ello porque, como es bien sabido, para nuestra coalición no hay en este aspecto el mismo soporte económico que con generosidad reciben otras candidaturas.
Sin lugar a dudas, esta opción, nacida de la voluntad popular, depende del financiamiento público, que obviamente no puede ser negado, por ser indispensable para una competencia con algún grado de igualdad de oportunidades.
Desde nuestro punto de vista, ese solo hecho justifica la aprobación general del proyecto.
Empero, no podemos dejar de hacer presentes nuestras reservas respecto de muchas de las disposiciones específicas que se proponen. Desde luego, a partir de la experiencia de la última elección municipal, nos preocupan la extraordinaria debilidad de los mecanismos de fiscalización y lo estrictamente formal de las normas sancionatorias vigentes. Es evidente que la legislación, y en general la relativa a campañas electorales y propaganda política, es burlada de manera sistemática y a ojos vista del ciudadano común.
Por eso, me preocupa el número 2 del artículo 1º del proyecto, que sustituye el inciso tercero del artículo 3º de la ley Nº 19.884. Su lectura sugiere cierta legitimación de las campañas anticipadas, a las que por desgracia estamos asistiendo. Con el propósito de reducir su duración, hemos modificado la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Hoy, todavía no vence el plazo para la inscripción de candidatos para la próxima elección y, sin embargo, los muros de nuestras ciudades se encuentran rayados con una profusa propaganda electoral, se levantan gigantografías en distintos lugares del país y ya se está incurriendo en un gasto considerable.
¿Qué nos dice la norma propuesta, a pesar de aquella que limita la propaganda electoral a un período de noventa días que sigue a la inscripción? Que la sanción será considerar el gasto realizado en forma anticipada como parte del gasto total. Con esto indirectamente se estimula la burla de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, anticipándose el desarrollo de las campañas electorales.
En seguida, nos parece peligroso que se aumente el monto -como ya se ha señalado- de ciertas donaciones con beneficio tributario.
En este punto, deseo reiterar ante todo nuestro pensamiento permanente, que hemos hecho presente con ocasión de otros proyectos.
No compartimos el principio de soberanía del contribuyente, del que de manera tan frecuente se hace uso hoy día y que tiene defensores entusiastas. En cuanto al reconocimiento de cierto derecho del contribuyente a destinar recursos que conforme a la ley debe pagar por concepto de impuestos, pensamos que todo lo recaudado por la vía impositiva debe ir al financiamiento general del gasto público y que el mecanismo de incentivos tributarios para donaciones de distinta naturaleza, por bien inspirado que se halle, es inconveniente, desde el punto de vista social.
El señor Presidente de la Comisión de Hacienda nos decía que ese órgano técnico realizó una estimación de lo que representará la ley pero sólo respecto de la elección presidencial. No mencionó cuál será el impacto fiscal de la normativa en los próximos comicios parlamentarios. Resulta claro, a partir de las cifras proporcionadas por Su Señoría, que se excederán los 10 mil millones de pesos, suma casi equivalente, por ejemplo, al presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura .
Creo que el mecanismo de donaciones con beneficio tributario no logra orientar bien el gasto público ni fortalecer con equidad el sistema de la cultura -en el caso mencionado-, o del deporte, o de la educación, donde se dan, además, casos bastante golpeadores de la forma como la franquicia se puede usar en beneficio propio.
Me parece, por último, de la rápida lectura que he podido hacer del proyecto, que el número 16, el cual reemplaza el artículo 32 de la ley Nº 19.884, es positivo. La disposición actual obliga a los tesoreros de los partidos a ser los administradores electorales generales. Algunas de esas personas -es el caso de quien ocupa el cargo en el Partido al que pertenezco- son parlamentarios en ejercicio y postulan a la reelección. La norma vigente las obligaría a renunciar a un puesto para el cual fueron elegidas por las bases de la colectividad política, como ocurre en el ejemplo que señalo.
Sin embargo, no me parece propio limitar a los militantes la posibilidad de ser Administrador Electoral General. Se trata claramente de una función técnica, que perfectamente bien se puede proveer mediante servicios de terceros en la medida en que gocen de la confianza del partido respectivo. Es este último el que asume la responsabilidad frente al Estado y se halla sujeto a la fiscalización del Servicio Electoral.
Sin perjuicio de esa reserva, señor Presidente , anuncio con mucha satisfacción que los cuatro Senadores radicales votaremos a favor del proyecto en general.
Señor Presidente, deseo formular algunas reflexiones acerca de parte del debate sostenido sobre el asunto que nos ocupa, en algunos casos para coincidir y en otros para intentar aclarar, o bien, para disentir.
En primer lugar, quisiera contextualizar el ordenamiento en análisis, porque me parece justo y necesario: no nació ahora, sino hace dos años, en el seno de esta Corporación.
Y me explico. Con motivo de la aplicación de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, se realizó un gigantesco esfuerzo de todos los sectores políticos por asumir la cuestión sobre la base de cuatro principios fundamentales. El primero de ellos fue el de la igualdad de oportunidades, el cual, tal como lo han planteado varios señores Parlamentarios, se hallaba en riesgo con motivo de diferencias tan ostensibles entre lo que un ciudadano podía desembolsar o no en una campaña determinada; el segundo, el límite al gasto; el tercero, el financiamiento público, o sea, si el país se encontraba en condiciones de considerar importante la inversión, en general, en los mejores representantes para diseñar y llevar a cabo las políticas públicas, según el caso, y el cuarto, el ánimo de limitar -lo que menos se ha logrado- la intervención indebida del Gobierno en los distintos tipos de elecciones.
Costó mucho consensuar esos aspectos, porque, legítimamente, en un tema engorroso, complejo, como lo es el de las platas, existen muchos puntos de vista razonables, según se ponga énfasis en un lado o en otro.
Mas deseo reivindicar -porque me parece justo- que aquello que en ese momento fuimos capaces de construir logró un razonable nivel de éxito en la elección municipal del año pasado. No fue completo: cometimos errores. Pero la exploración del sistema nos tocó, además, en la campaña con más candidatos de la historia de Chile, cuando era más difícil poder exigir el cumplimiento de las distintas obligaciones. Y ello fue advertido, pero en este Parlamento quisimos correr el riesgo de enfrentar el desafío por hallarnos convencidos -los de las bancadas de allá, los de acá y los que se mueven transversalmente- de que en ese momento era importante poder disponer de la legislación específica.
¿Y a qué compromiso llegamos? En esa época se hallaba al frente el Ministro señor Insulza , en tanto que ahora lo está el Ministro señor Vidal . Se llegó al acuerdo de todos los partidos en orden a revisar el funcionamiento de la legislación para ver qué enmiendas se podían introducir a la luz de la experiencia práctica de la elección municipal. Y todos ellos se obligaron a informar al respecto y a realizar ese esfuerzo. Y en el último período del Ministro señor Insulza fueron invitados a una reunión para que cada uno, a través de sus secretarios generales o encargados electorales, expusiera qué había funcionado bien y qué había funcionado mal. Y nos dimos cuenta de que las coincidencias eran numerosas. El Senador señor Larraín ha efectuado una completa relación de la cantidad de aspectos que se cambian, los cuales son muchos: plazos mal calculados; gastos menores no considerados; forma de rendir cuenta; confianza en las personas. Es decir, un conjunto muy amplio de modificaciones surgen precisamente con motivo de una legislación adecuada o razonable que debía ser mejorada.
Así que el acuerdo político al que se hace referencia, al cual me siento comprometido, es el que asumimos aquí hace dos años en términos de cómo trabajar para que en las elecciones presidencial y parlamentaria siguientes las cosas resultaran mejor. Y me siento siempre obligado a lograr ese propósito.
Dentro de lo que se ha hecho presente se registran cinco puntos específicos respecto de los cuales me gustaría, por lo menos, dar a conocer mi opinión. Se ha mencionado la relativa inadvertencia del financiamiento público de la campaña presidencial. Ello no es así. Es algo que a nadie pasó inadvertido. El Gobierno y el Ministro de la época tomaron una decisión al respecto -podrá ser buena o mala-, porque se iba a dar la coyuntura de comicios de Senadores por las Regiones pares, que son las más complejas, desde el punto de vista del número de votantes, y de Diputados, lo que generaba un gasto global muy significativo. Por lo tanto, el Gobierno dijo: "Quiero esperar un poco más y ver si somos capaces, como país, de hacer ese gasto público", cuestión que fue absolutamente compartida por todos los grupos políticos. Repito: por todos. Estuve presente en todas las reuniones.
En lo personal, nunca me ha gustado mucho, en general, el financiamiento público de la actividad política. Y coincido con lo que los Honorables señores Parra o Valdés han expresado sobre la base de esa lógica. Lo que pasa es que comprendo que para un grupo de personas ése es un elemento central, clave, tal como para otros revisten esa característica elementos distintos. Y en el tráfago de la democracia es preciso ceder. Lo que de alguna manera se entiende es que se vio la necesidad de contar con un determinado financiamiento público para la elección presidencial.
Y lo anterior guarda directa relación con los límites sobre el particular, lo que tampoco se hallaba considerado. O sea, al no haberse contemplado y evaluado el financiamiento público, tampoco se tuvo presente en forma específica cómo funcionaba el sistema de donaciones en relación con tales comicios. Entonces, es completamente coherente, cuando se modifica dicho financiamiento, hacerlo también en el aspecto interno respecto de la contabilización de los gastos básicamente enfocados al nivel presidencial. Así que me parece que eso es coherente. Podrá ser discutible, desde el punto de vista político, si es bueno o no el financiamiento público de las campañas presidenciales. Pero si se acepta, por supuesto se debe aceptar también el otro aspecto.
Uno de los señores Senadores que me antecedió en el uso de la palabra planteó lo grave que resultaría violar el espíritu de fraccionamiento. Hemos conversado sobre el punto y lo entiendo muy bien por cuanto fui yo el que, en su momento, defendí ese concepto aquí en el Senado. Y creo en ello.
¿Qué ocurrió? Es preciso explicar la historia. El Servicio Electoral -no un Parlamentario de estas bancas, ni de las de atrás, ni de las del frente, ni de las del lado- consideró demasiado engorroso y complejo el sistema. Por eso, a través del Gobierno, planteó la importancia de terminar con el fraccionamiento, aunque se mantiene -es justo decirlo- la modalidad de entregar los aportes semanalmente, por lo que no es tan fácil detectar el origen exacto de la plata.
En mi opinión, señor Presidente , estamos frente a un problema adicional. Podríamos rechazar esa disposición, pero esto significaría que el proyecto volviera a la Cámara de Diputados en tercer trámite y no habría tiempo para que fuera al Tribunal Constitucional.
Si siguiéramos ese camino, lo más probable es que no contáramos con dicha norma para la próxima elección. Y es indispensable que exista regulación sobre este tema específico.
Por lo tanto, en caso de que se apruebe la iniciativa -así espero-, deseo pedir al Gobierno algo que ya he hablado con sus representantes: que elaboremos en conjunto un proyecto exclusivamente para este efecto, a fin de dilucidar cualquier duda y volver al espíritu del fraccionamiento que, repito, me tocó defender. De modo que estoy convencido de que es lo más conveniente y no comparto lo planteado por el Servicio Electoral. Pero como viene aprobado por la otra rama del Congreso, me parece que un tercer trámite sería perjudicial para el objetivo final.
Entonces, si ésa es la cuestión, que me parece legítima, despachemos la iniciativa a fin de que alcance a cumplir con las instancias correspondientes. Pero, acto seguido, la primera semana de septiembre, presentemos un proyecto, con urgencia calificada de "discusión inmediata", para volver al sistema de fraccionamiento, que es sano, deseable e impecable.
No creo que de ahí pueda colegirse una votación contraria.
Otro punto es el que dice relación a la transparencia de los beneficios tributarios para las personas. ¡Pero si eso lo discutimos hace dos años...! Y aquí el Ministro de Hacienda , señor Eyzaguirre , planteó un tema que en honor a él voy a recordar y con el cual no estoy de acuerdo. Sostuvo que el beneficio tributario de las personas con relación al de las empresas presenta un problema: que el potencial de gasto mayor -en esto asumo lo que indicó el Senador señor Parra - es 9 a 1. Y estimé que era un argumento razonable.
Soy partidario del beneficio tributario a las personas más que a las empresas. Pero tengo que aceptar lo que dice el Ministro señor Eyzaguirre -quien es el encargado de las finanzas públicas- en el sentido de que él puede establecer un beneficio tributario para las personas, pero acotado.
Como existe un límite de 4 por ciento total respecto de las utilidades devengadas por las empresas, con un tope de uno por ciento para la política, el señor Ministro estima que el beneficio no excederá de 4 mil a 5 mil millones de pesos. Pero si lo extiende a las personas, él no puede responder que aquél no vaya a ascender a 50 mil millones de pesos. Y ahí tendríamos el problema a que se refirió el Senador señor Parra .
Entonces, comparto la idea del beneficio tributario para las personas, pero también entiendo la argumentación contraria en cuanto al riesgo para el erario que eso significa. Porque aquí todos nos escandalizaríamos si, por la vía de esa franquicia a las personas, el gasto por tal concepto aumentara en la proporción que señalé.
Por eso -y sólo por eso-, aprobaremos el sistema de beneficio tributario para las empresas establecido en este proyecto de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
A mí me gustaría que se ampliara a las personas, pero admito que existe el problema indicado.
Con relación al costo de la próxima elección, debo expresar al Senador señor Parra que ya se encuentra definido. Y no se definió ahora, sino con motivo del proceso electoral anterior. Se fijó en 520 pesos por voto obtenido. Esta cifra debe multiplicarse por 7 millones de sufragios, que es lo esperado para la Cámara de Diputados; por los casi 5 millones estimados para el Senado, porque las circunscripciones son más grandes, y agregar los 7 millones de dólares correspondientes a la elección presidencial.
Reitero: eso está bastante definido. Y lo definió la ley. Sólo hay que sumar lo relativo a la elección de Presidente de la República .
En seguida, quiero hacer algunos comentarios finales.
Ante todo, con la iniciativa en debate no se termina de perfeccionar la ley. ¡No! Hay temas pendientes. ¡Absolutamente! Y mencionaré a lo menos dos.
Uno, cómo evitar la instrumentalización política de las elecciones por parte del Gobierno. Es preciso mejorar este aspecto porque no quedó bien, como lo comprobamos en la elección anterior. Ojalá haya voluntad para hacerlo. Quizás por la premura no se contempló ahora, pero no es una tarea imposible.
Otro, cómo corregir -al respecto existe un compromiso del Ejecutivo , como señaló el Honorable señor Valdés - determinados errores que cometimos hace dos años con relación a la Ley de Donaciones. ¿Y qué tiene que ver ésta con el proyecto en debate? ¡Mucho! Porque, para bien o para mal, cuando dos años atrás dimos estos pasos a favor de la transparencia, hubo que modificar ese cuerpo legal a los efectos de limitar el porcentaje de donación de las empresas para actividades de este carácter.
Allí se cometieron tres errores sustanciales: se penalizó, desde el punto de vista criminal, la vulneración de esa normativa, lo cual me parece grave, en particular en las donaciones con sentido social; se estableció una especie de impuesto de 30 por ciento a las donaciones para asignarlo, en forma teórica, a otras funciones, cuestión que también considero profundamente equivocada, y se limitó a 4 por ciento el total de la utilidad devengada para tales efectos, en circunstancias de que no había ningún inconveniente en incrementarla, para asuntos sociales, de combate a la pobreza, a 5 ó 6 por ciento.
En todo caso, como dije -y me lo plantearon el Senador señor Valdés y el Ministro señor Eyzaguirre-, existe el compromiso del Ejecutivo de innovar en la materia y corregir los errores en que de modo inadvertido incurrimos sobre este punto.
Ésas son las razones por las cuales votaremos a favor la iniciativa.
El acuerdo político suscrito hace dos años tuvo por objeto permitir un mejor funcionamiento del país. Las normas propuestas ahora son impecables. Tendremos que cambiar una. Sugiero hacerlo una vez aprobada la ley en proyecto. De lo contrario, conociendo el sistema legal chileno, no estará en vigencia al 11 de septiembre, lo cual sin duda no sería una buena medida.
Por eso, señor Presidente , después de las explicaciones, puntualizaciones y rectificaciones descritas, que he procurado plantear con el debido respeto, quiero manifestar que, a mi juicio, el proyecto es positivo, pese a que en materia de donaciones y de restricción a la intervención electoral resulta fundamental profundizar más para beneficio del país.
Señor Presidente , ¿sería posible que votáramos desde ya?
Una vez concluido el debate abriremos la votación, Su Señoría.
Seré muy breve, porque no deseo repetir lo señalado por el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Señor Presidente, llamo la atención de la Sala respecto del objeto del proyecto, que es bastante limitado y preciso.
En primer término, tiende a perfeccionar, a la luz de las imperfecciones detectadas en la última elección municipal, el sistema establecido hace algún tiempo.
Con esa finalidad, se recogieron experiencias y se elaboraron las disposiciones destinadas a corregir la ley. Diría que prácticamente no hay discrepancia al respecto, salvo en dos o tres puntos, a que me referiré más adelante.
En segundo lugar, posibilita el financiamiento público de la campaña presidencial. Puede haber muchas y legítimas opiniones sobre ello, pero el Partido Unión Demócrata Independiente respalda ese propósito.
La razón por la cual no se incluyó en su oportunidad la señaló el Senador señor Coloma en forma muy precisa: había un problema sobre el monto de los recursos públicos involucrados, que dos o tres años atrás hacía aconsejable no consignar un financiamiento integral incluyendo las elecciones presidenciales. Hoy existe la convicción de que la entrega de fondos estatales ha permitido un mayor acceso de distintos candidatos a las contiendas democráticas.
Los aspectos que se han señalado en cuanto a quién puede obtener o no beneficio tributario; qué sanciones son las más adecuadas para velar por el cumplimiento de la ley; si procede o no que se hagan donaciones de tipo reservado, fueron temas que se discutieron en su momento, cuando ella se dictó. Y no me parece que ésta sea la ocasión de volver a debatirlos, porque correríamos el riesgo de no hacer las correcciones a tiempo para este proceso electoral y de que no haya financiamiento público para la campaña presidencial.
Los puntos específicos de corrección que han llamado la atención de los señores Senadores son fundamentalmente dos.
El primero de ellos pretende regular la propaganda antes de la inscripción de candidaturas. Como todos sabemos, la ley vigente prohíbe pedir directamente el voto antes de inscribir candidatos, prohibición que se elude mediante distintas fórmulas. Todo el mundo hace propaganda, con la sola aclaración de que no se está solicitando el voto. La normativa en estudio estipula que esto no se puede hacer ni directa ni indirectamente, lo que representa un avance. No obstante, en el artículo en cuestión hay un inciso que establece que, en caso de incurrir en la prohibición, los montos desembolsados se computarán como gasto.
Estoy de acuerdo con la duda planteada, pero quiero decir una cosa: ello no tendrá efecto práctico, porque, de convertirse en ley, a lo más, se publicará uno o dos días antes de la inscripción de candidatos. Por tanto, de aprobarse la norma en comento tal cual está, va a surtir efecto por dos días. Y si la rechazamos, habrá un tercer trámite y perderemos el objetivo fundamental.
El segundo punto dice relación al fraccionamiento.
En mi concepto, fue un error haber accedido a la petición del Servicio Electoral, porque para mantener la reserva de los aportes existen dos mecanismos. El primero es que el Servicio Electoral los reciba durante toda una semana y a la siguiente los deposite en una cuenta. De ese modo los candidatos recibirán un monto total no identificable con un aporte específico.
El segundo mecanismo de protección de la reserva es el fraccionamiento. Decir que se trata de un procedimiento muy engorroso, a mi parecer, no constituye argumento, pues esto resulta perfectamente factible, sin que signifique un gran trastorno para el Servicio Electoral.
Si rechazáramos la norma en cuestión, habría un tercer trámite constitucional y se perdería el objetivo principal, cual es que en lo sustancial la iniciativa se transforme en ley antes del cierre de la inscripción de candidaturas.
A mi juicio, si el fraccionamiento resulta tan importante, podemos ponernos de acuerdo para que entre a regir inmediatamente después de aprobada la normativa en estudio, que comenzará a operar una, dos o tres semanas después de que se inscriban las candidaturas.
Desde ese punto de vista, sugiero que, al no ser sustanciales los dos reparos que se hicieron en la Comisión, aprobemos la iniciativa tal cual está y evitemos el tercer trámite. Y si es necesario corregir lo relativo al fraccionamiento, la bancada de la UDI está dispuesta a hacerlo en la forma más expedita posible.
No habiendo otros oradores inscritos,...
¿Me permite, señor Presidente ? Quiero formular una observación.
Luego haré un planteamiento.
Señor Presidente , no entraré al fondo del asunto, pues creo que ya se han dado todos los argumentos.	En todo caso, la iniciativa de ley perfecciona el sistema y, además, es materia de un acuerdo político.
Sólo deseo dejar una constancia respecto de algo que sucedió en la elección pasada y que involucra al Servicio Electoral.
Muchas veces, por error, el donante dio un número de cuenta que no correspondía. Y sucedió que el referido Servicio devolvió los aportes al donante y, consecuentemente, no los hizo llegar a los posibles beneficiarios.
Quiero hacer notar que dicha repartición tiene la facultad reglamentaria de corregir ese error; de otro modo, deja de cumplir el objetivo de la ley. Y, según tengo entendido, se trataba de sumas muy importantes las que se devolvieron a los donantes por una simple equivocación en el número de la cuenta.
Considero necesario corregir ese aspecto, de modo que haya claridad.
Por eso, dejo constancia de que se trata de una materia propiamente administrativa. El Servicio Electoral perfectamente puede solucionar el problema de forma tal que se cumpla el objetivo de la ley. De lo contrario, es posible que se provoque un daño innecesario por no haber aclarado la normativa.
He escuchado las intervenciones de los Honorables señores Coloma y Novoa , quienes plantearon que, respecto de las objeciones hechas al fraccionamiento, están dispuestos a comprometerse en un acuerdo político para resolver el problema mediante una nueva iniciativa, que el Ejecutivo califique de "discusión inmediata". Eso, por una parte.
Por otro lado, existe una propuesta de aplazamiento de la votación.
En esto quiero ser sumamente transparente, y me gustaría buscar una salida en forma abierta, no por cabildeo.
Al respecto, solicito al Comité Renovación Nacional y al Ministro señor Vidal que me presten un minuto de atención.
Efectivamente, hay voluntad por parte de la Unión Demócrata Independiente y de los Partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Por la Democracia y el Radical Social Demócrata para buscar una salida al problema planteado sobre el fraccionamiento, mediante un compromiso político que se materialice en un proyecto que se tramitaría a la brevedad, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Consulto si eso satisface al Comité Renovación Nacional.
Señor Presidente , voy a solicitar que se suspenda la sesión por cinco minutos para que los integrantes de nuestra bancada podamos adoptar un acuerdo.
Previo a eso, deseo señalar lo siguiente.
En primer término, pedí oportunamente una entrevista al señor Ministro de Hacienda, precisamente para plantearle todas nuestras inquietudes respecto de la mala experiencia que tuvimos en las elecciones municipales.
Muchos de los presentes en la Sala saben que hasta ahora hay candidatos a quienes se adeudan distintos valores, por lo cual no han podido pagar las respectivas facturas.
Es lamentable que, siendo el Senador que habla un integrante activo de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, no haya merecido ser recibido por dicho Secretario de Estado.
Por consiguiente, Renovación Nacional ha quedado al margen de toda la discusión referente al proyecto, lo que nos parece francamente inaceptable. Eso por un lado.
En segundo lugar, esta iniciativa fue vista en la mañana de hoy por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. ¿En cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Una hora y media? También fue analizada por la de Hacienda, sesión en la que participé. No alcanzamos a estar reunidos media hora, y siempre bajo la presión y la amenaza de que "hay que sacarla ahora", sin que se pudiera mover siquiera una coma.
Me parece que eso, además, es una falta de respeto al Senado.
Está bien que tengamos buena voluntad para legislar; está bien que entendamos las urgencias existentes. Pero no se puede pretender que en una materia tan importante para el país como ésta se deba aceptar "a fardo cerrado" lo que el Ejecutivo ofrece, o lo que propone.
Si nos remitimos a nuestras experiencias en la elección municipal, y si de transparencia en el gasto electoral se trata, la intervención del Gobierno resulta central.
¿Qué ganamos aquí con ponernos a discutir por pesos más o pesos menos, si un mes antes de la elección llega el INDAP a entregar bonos a los campesinos en compañía de los candidatos de la Concertación? Esa situación la hemos vivido todos en nuestra zona, y no sólo con el INDAP, sino también con una diversidad enorme de servicios públicos que participan escandalosamente en las campañas electorales.
Es una materia que, como reconoció el Senador señor Coloma , ni siquiera ha sido tratada.
En seguida, señor Presidente , ¿por qué consideramos tan importante extender la franquicia tributaria de las donaciones a las personas naturales? Porque los que votan son los ciudadanos y éstos son personas naturales, no empresas; porque quienes participan en los partidos políticos son los ciudadanos y no las empresas.
Por lo tanto, parece mucho más lógico y justo que sean las personas las que reciban la franquicia tributaria. Y este solo elemento ni siquiera lo hemos podido discutir con el Ejecutivo .
Entonces, señor Presidente , protesto por la manera de legislar y por la forma forzada en que nos quieren llevar a la aprobación de un proyecto de ley sin recoger nuestros aportes, que podrán ser modestos, que podrán estar equivocados, pero que, al fin y al cabo, representan nuestra visión de cómo se deben regular estas materias, tan sensibles y de tan alto interés para la opinión pública y la actividad política.
Señor Presidente , reitero mi solicitud de suspender la sesión por 5 minutos.
Suspenderé la sesión por breves instantes para efectuar una reunión sobre el tema en debate en la sala del Comité Renovación Nacional.
--Se suspendió a las 18:11.
--Se reanudó a las 18:26.
Solicito al Honorable señor García sintetizar el planteamiento hecho en la reunión al señor Ministro .
Después de la intervención de Su Señoría, daré la palabra al señor Vidal y, en seguida, al Senador señor Larraín .
Señor Presidente , en primer lugar, se propuso reponer el fraccionamiento -como se había expuesto en la Sala-, pero con la condición de que, en ningún caso, el Servicio Electoral deposite después de una elección los fondos correspondientes, a fin de evitar lo que hoy sucede: tres mil rendiciones de cuentas objetadas. Ello, debido a que no calzaron los ingresos con los gastos, porque el citado servicio depositó aportes después de la fecha de los comicios.
En segundo término, reiteramos la necesidad de extender la franquicia tributaria a las personas naturales. El señor Ministro quedó en darnos una respuesta sobre esto.
Finalmente, cabe precisar que el fraccionamiento tiene directa relación con la reserva respecto de los recursos, pues, al restablecerlo, garantizaremos que ella será mayor reserva de los aportes.
Esos son los tres planteamientos que formulamos al señor Ministro del Interior durante la reciente reunión que tuvimos.
Hay un tema adicional sobre las donaciones, al cual se referirá el Ministro señor Vidal.
El señor VIDAL ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , con el objeto de lograr un acuerdo general, deseo señalar que el espíritu original del proyecto fue mejorar la legislación vigente. Incluso, más del 90 por ciento del articulado conocido por Sus Señorías se refiere esencialmente a medidas de perfeccionamiento. Es decir, ha habido un esfuerzo gradual y permanente por tener una mejor legislación.
Hay algunos elementos nuevos, como el que se vincula al vacío legal relacionado con el aporte fiscal a las campañas presidenciales, y además, una modificación que no altera el tope general en los tramos de donaciones de personas naturales. Como Sus Señorías bien saben, una parte de aquéllas es anónima; otra, reservada, y una última, pública.
Ésas son las principales innovaciones.
Por lo tanto, con el fin de llegar, idealmente, a un consenso en lo del fraccionamiento, yo y el Ministro señor Dockendorff , como representantes del Ejecutivo, estamos en condiciones de enviar al Parlamento, el próximo martes 30, un proyecto sobre la materia, con urgencia calificada de "discusión inmediata", para que sea tratado en ambas Cámaras.
Asimismo, la iniciativa del Senador señor Gazmuri sobre un eventual aumento de las sanciones a quienes transgredan los límites de las donaciones sería incorporada al proyecto a que hago referencia.
A eso se compromete el Gobierno, independientemente del resultado por obtener.
En cuanto al problema de los candidatos a quienes el Servicio Electoral aún no les ha entregado los dineros, tal asunto se puede resolver por la vía administrativa o, si es necesario, a través de otra iniciativa legal.
¿Me permite una breve interrupción, señor Ministro ?
El señor VIDAL (Ministro del Interior).-
Quiero hacer una aclaración, interpretando los gestos que hacen mis colegas de Renovación Nacional.
¿Por qué no permite que el señor Ministro termine su exposición?
Porque necesito hacer una precisión, pues se trata de un asunto muy importante.
La indicación del Senador señor Gazmuri no está considerada en nuestro acuerdo. Ella debe ser parte del debate del proyecto que nos ocupa y ha de resolverse ahora, y no a propósito de la iniciativa cuyo envío se anunció.
Con respecto al planteamiento del Senador señor Larraín sobre la ley de donaciones, el Gobierno está dispuesto a revisar y estudiar algunos elementos de ella. Sin duda, eso no se hará en la iniciativa que enviaremos el martes 30 con urgencia calificada de "discusión inmediata, y hasta incluyendo en esa dimensión particular la denominada por algunos -con mucho respeto, Honorable señor Valdés - "ley sobre la cultura". Es decir, estamos abiertos a hacer cumplir un compromiso pendiente.
En cuanto a lo sugerido, a través de la Mesa, por Renovación Nacional en lo tocante a extender las franquicias tributarias a empresas o personas que efectúen donaciones para campañas electorales o contribuyan a financiarlas, he sido claro en que el Gobierno no está en condiciones de hacerlo en la iniciativa a que me he referido varias veces y que se enviará próximamente.
Esos son nuestros compromisos.
Si ayuda al acuerdo general el compromiso del Gobierno de enviar el martes 30 un proyecto de ley sobre el fraccionamiento de la donación, con urgencia calificada de "discusión inmediata", ¡disponible!
Si ayuda al acuerdo general el resolver el problema de los candidatos que no han recibido sus dineros del Servicio Electoral, ¡disponible!
Si ayuda -aunque esté al margen, pero fue parte del debate- el estudio de algunas disposiciones de la actual ley de donaciones, ¡disponible!
Es cuanto el Gobierno puede ofrecer.
Señor Presidente , deseo referirme, con mayor detalle, a las donaciones. Porque si bien tal materia no guarda relación exacta con el proyecto, éste modifica una norma legal, aprobada con otras, que estableció regulaciones a los beneficios tributarios. Es lo que se denominó "modificaciones a la ley de donaciones".
Prácticamente desde que fue publicado el ordenamiento respectivo recibimos inquietudes de todos los ámbitos -no solamente del cultural, sino también del educacional y de instituciones sociales del más variado rango-, puesto que las disposiciones referentes a incorporar las donaciones para fines políticos asimismo incluyeron las que tienen que ver con obras sociales, lo que, en realidad, dejó extraordinariamente poco operativo el sistema. Y esto se transformó en un castigo a la "Ley Valdés" -quizás en algunos casos con razón, debido al mal uso de las donaciones en el campo educacional-, pues, al beneficiar las donaciones para fines políticos, se regularon en forma muy restrictiva las destinadas a objetivos sociales.
Desde entonces ha habido un debate muy intenso. Por mi parte, he sostenido amplias conversaciones con distintos Secretarios de Estado -particularmente, con el Ministro señor Eyzaguirre- y la verdad es que no hemos logrado avanzar en esta materia.
La última gestión oficial -en ese entonces era Presidente del Senado - la hice acompañado de representantes y directores ejecutivos de múltiples entidades: organizaciones sociales, entre las cuales se encontraban el Hogar de Cristo, la Fundación Cristo Vive, la Fundación Las Rosas, la Corporación Simón de Cirene; organizaciones culturales: la Asociación de Administradores Culturales de Chile, la Corporación Cultural de la Florida, la Fundación Gasco (no pudo participar en ese minuto el Teatro Municipal ); organizaciones educacionales, entre ellas figuraban diversas universidades, como la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello.
Todos ellos concordaron en solicitar los siguientes cambios a la ley de donaciones:
Primero, modificar el tope, dado que su restricción generó un castigo muy importante, ya que se acumulaban todas las donaciones culturales, sociales y educacionales.
Segundo, revisar la prohibición de las contraprestaciones, pues si bien es necesario evitarlas, existen espacios necesarios para que, por efectos de pagos de publicidad u otros, se puedan establecer criterios objetivos que las permitan.
Tercero, examinar lo relativo a la penalidad, porque el incumplimiento de cualquier norma en materia de donaciones da lugar de inmediato a sanciones penales, lo cual, obviamente, genera el rápido alejamiento de los donantes por el sólo riesgo de caer en ellas.
Cuarto, incorporar las donaciones personales -que se han señalado aquí-, puesto que si el acto se permite para las empresas, no habría razón alguna para excluir a las personas naturales. Ello sería ampliamente discriminatorio.
Quinto, regular las donaciones de empresas con pérdidas contables, en la medida en que éstas tengan utilidades financieras en el ejercicio correspondiente.
Por último, en el caso de las donaciones para fines sociales se estableció un fondo al cual se debe destinar un tercio de ellas, las que son determinadas por un consejo administrador de carácter estatal. Ello significa -es el alegato de entidades como el Hogar de Cristo y tantas otras organizaciones sociales- que el donante se ve restringido o desincentivado para hacerlas, porque no sabe el destino de ese tercio.
Se ha planteado buscar distintas fórmulas con el objeto de que ese tercio pueda ser regulado por el consejo, por ejemplo, para que vaya a regiones o tenga otra destinación, y que sea el donante quien elija la institución que será beneficiada, sin dejarlo al arbitrio de un consejo estatal.
Esas seis indicaciones resumen las peticiones de un amplio número de Parlamentarios y de las organizaciones beneficiarias.
Recién hoy día he tenido, finalmente, el esbozo de la propuesta del Ejecutivo al respecto, la cual sería: primero, aumentar el tope sólo para las donaciones culturales; segundo, modificar lo relativo a las contraprestaciones conforme a un criterio objetivo -yo mismo sugerí al Gobierno que el margen fuera de 10 por ciento-; y, tercero, eliminar las sanciones penales.
Asimismo, admite la voluntad para estudiar algunas fórmulas -que las voy a proponer- a objeto de revisar el fondo social en cuanto al destino de las donaciones con esa finalidad.
En lo que a mí respecta, debo señalar que la respuesta no es satisfactoria, porque no hay certeza absoluta de qué es lo que va a significar todo esto.
Me parece que si modificamos y creamos un sistema de financiamiento para el gasto electoral, unido a la regulación de las donaciones, hoy deberíamos proceder de la misma manera con respecto a la materia en comento, cualesquiera que fueran las normas que se hubiesen decidido presentar. El hecho de que no se tenga claridad al respecto me hace difícil votar favorablemente.
Por lo mismo, pediré votación nominal y me pronunciaré al final, de modo que mi voto no sea decisivo en esta materia.
Señor Presidente , el Senador señor Orpis me había solicitado una interrupción, la cual concedo con todo agrado.
Señor Presidente , en general, no sólo acepto, sino que comparto plenamente las razones dadas por el Honorable señor Larraín .
La verdad es que las instituciones que han expresado sus inquietudes a través de sus representantes son las que agrupan a los sectores más pobres, a la pobreza dura. Por lo tanto, me siento muy violentado con esta votación, porque creo que las prioridades no son las correctas.¿Por qué se privilegia financiar públicamente las campañas presidenciales y no la regulación y perfeccionamiento de normas que han demostrado ser ineficaces respecto a las donaciones destinadas a personas de escasos recursos?
Esta votación -reitero-, en estos términos, me violenta. Porque aquí, hace mucho tiempo, se debió haber dado prioridad al perfeccionamiento de normas que no están siendo aplicadas. Y quienes hacen este llamado no son los Parlamentarios, sino las instituciones que día a día tienen que luchar con la pobreza dura.
No me parece bien esa suerte de contradicción, porque quiere decir que el Parlamento y el Gobierno tenemos las prioridades equivocadas.
Debo entender, Senador señor García , que en la primera parte de lo que se ha propuesto aquí existe acuerdo con el Gobierno. El acuerdo, entre paréntesis, no significa que se vaya a votar a favor, sino que nosotros mantendremos la abstención y simplemente retiraremos la solicitud de segunda discusión y aplazamiento de la votación.
¡No cambia mucho!
Pero ése es el acuerdo a que llegamos, Su Señoría.
Señor Presidente , tal como lo adelantó el Honorable señor Parra , voy a votar a favor del proyecto.
Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar mi desagrado una vez más, porque las circunstancias, dado el sistema vigente, nos obligan muchas veces -tal como ocurre en esta ocasión- a ganar un mínimo de transparencia en zonas insondables de opacidad.
Esta iniciativa, en la práctica, legaliza las relaciones de hecho entre el dinero y la política.
Antes se hacían "a la buena de Dios", y ahora hay una cierta norma que las regula, pero de tal manera que los grandes aportes quedan en la más completa penumbra, sin conocer para nada su identidad, y, por lo tanto, un sector político seguirá siendo ostensiblemente beneficiado en cualquier elección que se lleve a cabo.
Lo que no cabe sino lamentar es la circunstancia de que recursos fiscales van en más proporción a un sector que a otro. En realidad, al permitirse que las donaciones sean objeto de reducción tributaria, en la práctica es dinero público el que está yendo a campañas que ya se encuentran recibiendo cantidades manifiestamente mayores que las que pueden percibir otros sectores.
En cuanto a las donaciones en general, en mi concepto, lo que se hace es construir una figura bastante absurda. Se trata de algo así como un Robin Hood al revés: meterle la mano al Estado para regalar el dinero a aquellas instituciones que mejor le parezcan a quien tiene la capacidad de orientar esos recursos, es decir, el que dispone de un patrimonio para darse el lujo de efectuar donaciones.
En el ámbito electoral, por supuesto no resulta aceptable el hecho de que el Gobierno se comprometa a enviar un proyecto que contribuye a la opacidad de los dineros que vienen de las empresas o del sector privado. Eso es el fraccionamiento, no encierra otra finalidad, y por lo demás se ha dicho en la Sala.
Un Senador de Renovación Nacional que intervino hace algunos minutos dio como fundamento para pedir el fraccionamiento de estos dineros el que de esa manera se aseguraba la privacidad, el sigilo, el secreto.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos por la transparencia de los financiamientos en general para la actividad política? ¿O todo lo que concierne a este principio sólo es aplicable a un sector, y no a otro?
Yo siento que por imperio de este sistema en el que estamos inmersos; por el hecho de existir una representación política que...
...posee un número de Parlamentarios muy superior al que efectivamente debería tener...
¿Los Radicales?
...avanzamos zigzagueantemente un paso adelante y dos o tres atrás...
...en materias que son sustantivas para la transparencia de la actividad política.
Voto a favor del proyecto por imperio de las circunstancias.
Una vez más se encuentra forzado por las circunstancias.
¡Eso es transparencia!
¡El hombre y sus circunstancias!
...prefiero el pasito de hormiga en la transparencia y soportar esas zonas insondables de opacidad que establece el proyecto.
Lamentablemente el Honorable señor Ávila no entiende por qué estamos pidiendo el fraccionamiento. Ello tiene por objeto controlar quién dona, quién no dona o cuánto nos donan.
¡Ése es el problema!
Y es bueno que los candidatos no sepan quién hace la donación...
¡Por favor! ¡Hay mil maneras de enterarse de ello, señor Senador!
Eso es lo que no nos obliga ni nos compromete: no saber quién hace la donación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido (31 votos a favor y 8 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Chadwick, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Valdés, Vásquez, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvieron los señores Cantero, Espina, García, Horvath, Larraín, Orpis, Prokurica y Romero.
Corresponde fijar plazo para indicaciones, pues acabamos de aprobar el proyecto en general.
Señor Presidente , entiendo que el Honorable señor Gazmuri señaló que retiraba sus indicaciones -no sé si se presentaron más-, porque de verdad sería de común interés que la iniciativa pueda ser despachada en general y particular hoy, sobre todo si tenemos la opción que nos ofrece la autoridad de Gobierno.
En ese caso, habría que aprobar el proyecto en particular con la misma votación anterior.
Señor Presidente , en la medida en que el Gobierno incluya la indicación que yo presenté en el...
¡No, no! Nosotros no aceptamos esa indicación. Son cosas completamente distintas, señor Senador.
Claramente eso no está dentro del acuerdo.
Ése es un tema que discutimos...
Discutámoslo después.
Es un proyecto que el Gobierno va a enviar. El Senado puede votarlo como quiera.
¡Mejor retire las indicaciones, Su Señoría!
Dada esa claridad y con el compromiso del Gobierno de darle urgencia a esa iniciativa, yo retiro las indicaciones.
Entonces, aprobaríamos en particular el proyecto con la misma votación con que fue aprobado en general.
La Secretaría me recuerda que se presentaron cuatro indicaciones: tres del Senador señor Gazmuri...
¡Que las retire!
Y la otra fue formulada por el Senador que habla para suprimir la letra a) del número 12.
¡Hay que retirarlas todas!
Senador Gazmuri , ¿usted retira sus indicaciones?
Entonces, yo también retiro la mía.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto con la misma votación con que fue aprobado en general.
--Se aprueba en particular el proyecto (31 votos a favor y 8 abstenciones), dejándose constancia de que concurre el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
El Honorable señor Ávila desea hacer un planteamiento como Presidente de la Comisión de Pesca .
Señor Presidente , solicito que el proyecto que figura en la Cuenta, que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal , sea tratado ahora. De no ser así, se producirá un efecto muy lamentable que precisamente es el que se pretende impedir a través de esta iniciativa.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Señor Presidente , al terminar la lectura de la Cuenta acordamos votar hoy el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código del Trabajo para otorgar cinco días adicionales de vacaciones a los trabajadores de la zona austral...
Se acordó incluirlo en la tabla, pero no votarlo hoy, señor Senador. Está por terminar el Orden del Día.
Aprobémoslo con la misma votación anterior, señor Presidente .
Quería hacer notar que el proyecto de la Comisión de Pesca, al cual se refirió el Senador señor Ávila, tiene urgencia calificada de "suma".
Está bien. Yo pido a la Sala que dada la urgencia...
Aprobemos ambas iniciativas, señor Presidente .
Hago presente que el proyecto mencionado por el Senador señor Ávila fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se tratará inmediatamente.
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal , con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
En tercer trámite, sesión 28ª, en 17 de agosto de 2005.
Sesión 22ª, en 9 de agosto de 2005 (se aprueba en general y particular).
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, agregó al artículo único del proyecto un inciso segundo mediante el cual suspende, hasta el 30 de abril de 2006, la sustitución de embarcaciones pesqueras artesanales, de una eslora igual o superior a doce metros, inscritas en pesquerías pelágicas pequeñas, con excepción de las que sufran un siniestro con resultado de pérdida total.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el texto del proyecto aprobado por el Senado y la enmienda efectuada por la Cámara de Diputados.
En discusión la modificación introducida por la Cámara de Diputados.
Si le parece a la Sala, se aprobará la enmienda propuesta por la Cámara Baja.
--Se aprueba por unanimidad y queda despachado el proyecto en este trámite.
Terminado el Orden del Día
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio mediante el cual la Honorable Cámara de Diputados comunica que otorgó su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que modifica la composición y las atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y las funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica, con excepción de la contenida en el número 4, que desechó.
A los señores Ministros de Salud y de Agricultura y al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitándoles ANTECEDENTES SOBRE LIBERACIÓN DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS FARMACÉUTICOS AUTORIZADOS POR EL SAG DESDE 1996.
--En Incidentes, ofrecida la palabra, sucesivamente, a los Comités Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1, Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata), Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ningún señor Senador hace uso de ella.
En los últimos meses han sido múltiples los accidentes ferroviarios ocurridos de noche en nuestro país, acarreando ello decenas de muertos y heridos en nuestras vías férreas.
Indagando acerca de las causas de esos lamentables accidentes, he podido constatar que, en forma especial, ello se debe básicamente a dos causas principales y complementarias.
En primer lugar, a que la legislación sobre cruces ferroviarios ha quedado absolutamente obsoleta.
En efecto, conforme a las disposiciones vigentes, la obligación de la empresa ferroviaria distingue entre tránsito diurno y nocturno de trenes, exigiéndose, en el primer caso, la colocación de guardavías o guardabarreras para que avisen la pasada de trenes en cada uno de los cruces públicos y limitándose, en el horario nocturno, a establecer en tales lugares la señalización de un disco "Pare" y un letrero con la leyenda "Sin guarda cruce".
Ha sido como consecuencia precisa de esta débil obligación, que mensualmente hay más de diez accidentes nocturnos de trenes con vehículos en nuestras rutas férreas, ya que habiendo aumentado significativamente la cantidad de ferrocarriles que circulan de noche, así como el tránsito de vehículos y personas a toda hora, resulta evidente que una solitaria señal, muchas veces mal iluminada, constituye una medida de protección absolutamente insuficiente.
Una segunda razón que tiene efecto en el agravamiento del problema anterior, es que los trenes son hoy en día mucho más veloces y silenciosos, así como que rutas diseñadas hace ya muchos años no siempre son en línea recta, siendo común que a una curva siga un cruce público, lo que dificulta el avistamiento del ferrocarril.
De todo lo anterior entonces, se puede colegir que la conjunción de trenes más rápidos y silenciosos, con mayor flujo nocturno, cruces en curvas, mayor cantidad de vehículos y señales propias de hace cincuenta años, hace que muchos lugares se constituyan en verdaderas trampas mortales, con ferrocarriles que cruzan importantes ciudades a gran velocidad, sin ninguna barrera o ser humano que de cuenta del peligro que ello supone.
Desde una segunda perspectiva y de acogerse esta modificación, no parece adecuado mantener lo dispuesto en el inciso 5Q del artículo 58 de la Ley General de Ferrocarriles, que presume legalmente la falta de responsabilidad de las empresas ferroviarias en los accidentes de atropellamiento que ocurren en un cruce, en el cual los dispositivos automáticos o los servicios de señales se mantengan en buen estado, toda vez que ahora se agregarán otras obligaciones que deben probarse en su mérito.
Así entonces, ha llegado la hora de innovar en esta materia, por lo cual vengo en proponer el siguiente
Artículo Único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al número 5, del artículo 58 del Decreto 1157 de 1931, Ley General de Ferrocarriles:
a) Derógase el inciso quinto.
b) Sustitúyase el inciso sexto por el siguiente:
"Prohíbase el tránsito de ferrocarriles durante la noche en aquellos tramos en que los ferrocarriles crucen a nivel de caminos públicos y en los cuales no exista guardabarreras o guardavías.".
(Fdo.): JUAN ANTONIO COLOMA H. SENADOR