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Timestamp: 2019-12-13 10:01:12
Document Index: 202733941

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 12', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 12', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 27', 'Artículo 47', 'Artículo 27']

El 11 de marzo de 2008 el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución donde afirma la Acción Derivativa como mecanismo de control y monitoreo en la gestión y administración de una corporación sin fines de lucro. Como medida de control, monitoreo y corrección de deficiencias en la administración por parte de la junta de directores, un socio presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra el Centro Unido de Detallistas (en adelante CUD) donde solicitó que se dictara sentencia declaratoria.[1]
En síntesis, fundamentó dicha solicitud en que, en su capacidad de socio o miembro bona fide del CUD, impugnaba la designación del señor Pedro Malavé como ayudante del Presidente de la organización, con remuneración, por constituir la misma una violación al Reglamento del CUD. Solicitó como remedios que se ordenara el cese y desista del señor Malavé como ayudante del Presidente del CUD; la devolución por éste de cualquier remuneración recibida por ocupar dicho cargo; la anulación de todas las determinaciones de la Junta de Directores del CUD a partir del 1 de noviembre de 2006; la celebración de elecciones para cubrir ciertas vacantes en dicha Junta; y la designación de un Administrador Judicial.[2]
El CUD planteó que el socio demandante no tenía capacidad o legitimación activa para presentar la demanda instada por no ser socio del CUD, razón por la cual no le era permisible promover una Acción Derivativa por derecho propio contra el CUD. El socio expresó que sin su presencia y sin la oportunidad de ser oído, en una asamblea general ordinaria del CUD celebrada el 10 de septiembre de 2006, se había presentado una moción de expulsión en su contra, sobre la cual hubo objeción por ciertos socios presentes y que, aun así y contrario al reglamento de la organización y a los procedimientos parlamentarios aplicables, se decretó su expulsión.[3]
El Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario resolvió correctamente el mantener al socio demandante por derecho propio en la Acción Derivativa, hasta que la cuestión sobre cómo se decretó su expulsión fuera finalmente resuelta, es decir, hasta tanto se demostrara al Tribunal de Primera Instancia el hecho que el socio demandante inició la Acción Derivativa a sabiendas de que no era socio bona fide del CUD. En apretada síntesis este caso demuestra la utilización de la Acción Derivativa como mecanismo para controlar y monitorear la gestión empresarial cuando el Tribunal declara que la Acción Derivativa es un remedio en equidad reconocido por los tribunales y dentro de nuestro derecho corporativo para vindicar los derechos de una corporación.[4]
En Martínez Ruiz v. Triple-S, Inc.,[5] aun cuando los demandantes no plantearon el caso como una Acción Derivativa fue el Tribunal de Apelaciones quien planteó que para que una de las causas de acción prosperara tenía que ser planteada como una Acción Derivativa.[6] El Tribunal de Apelaciones indicó que:
[e]l único demandante que tiene legitimación activa para hacer ese reclamo en favor de la corporación es el doctor Hau. Pero tiene que acreditar expresamente, que era accionista de la corporación cuando se efectuaron las transacciones impugnadas o que le fueron transferidas después por ministerio de ley. De no hacerlo procederá la desestimación de la acción derivativa. Así lo manda la ley.[7]
El mencionado caso es uno complicado, cuya demanda cuenta con 197 hechos alegados que se entrelazan para sostener ocho causas de acción. La demanda fue incoada por once médicos que alegan haber sido excluidos del listado de proveedores del plan de seguro de salud Triple S. Les acompañan como co-demandantes: otro médico que es proveedor dentro del plan y además accionista de Triple S; tres pacientes que alegan que sus médicos han sido excluidos del listado de proveedores de Triple S; y una persona interesada en la suscripción directa del plan, pero que alega que es muy costoso. Los demandados son Triple S Inc. y otras corporaciones subsidiarias e individuos que se alega están relacionados con las acciones imputadas a Triple S Inc. en la demanda.[8]
El planteamiento de Acción Derivativa como mecanismo de control y monitoreo por resarcimiento de daños está en la primera causa de acción, los demandantes piden que se obligue a los demandados a devolverle a Triple S los $67,000,000 que tuvo que pagar a Hacienda por concepto de contribuciones y la devolución de toda pérdida económica causada o gasto indebido cargado a los activos de la corporación por alegados actos fraudulentos de sus oficiales y administradores. Para que proceda una reclamación de esa naturaleza existe y hay que atenerse a las disposiciones de la Ley de Corporaciones.[9]
Otro caso donde observamos la reafirmación de la Acción Derivativa en nuestro ordenamiento jurídico como mecanismo de control y monitoreo para evitar o remediar un daño, lesión, incumplimiento o abuso contra la corporación misma lo es el caso de Bahía Hotel.[10] Éste fue resuelto mediante Resolución por el Tribunal de Apelaciones y devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los procedimientos de acuerdo a lo expresado por el Tribunal.
Allí la demandante solicitó una acción directa contra sus hermanos y a su vez, Acción Derivativa a favor de la corporación por el alegado daño que éstos le ocasionaron a Bahía Hotel por el alegado mal uso y administración de fondos corporativos. El Tribunal expresó que:
[s]i el foro recurrido en su día le impone responsabilidad al Dr. Antonio y al Dr. Rafael Gallardo, entonces podría ordenarse una compensación en el carácter personal de éstos a favor de la Dra. María Gallardo y al mismo tiempo pueda ordenar una compensación a favor de la corporación Bahía Hotel como resultado de la acción derivativa instada por la Dra. María Gallardo.[11]
En el caso de Mamacitas Enterprises, Inc., el Tribunal de Apelaciones se refiere a la Acción Derivativa como una de vindicar derechos de la empresa:
[l]a acción derivativa, al ser una reclamación judicial de la corporación iniciada por los accionistas para vindicar los derechos de la corporación, tiene una naturaleza dual. Por un lado, es un pleito iniciado por un accionista . . . y, por el otro lado, es una acción de la propia corporación . . . en un pleito derivativo, el interés de la corporación es el que se quiere vindicar . . . [12][RBB1]
Legitimación Activa de la propia Corporación
Cuando la causa de acción es incoada por la propia corporación haciendo acopio de su propia capacidad o legitimación activa no es necesaria y es hasta improcedente la Acción Derivativa pues la propia empresa está reclamando y vindicando sus derechos. Este particular se discutió hasta la saciedad en el caso de Ponce Rolling Mills of Puerto Rico, Inc.[13] donde los demandados alegaron que la corporación no tenía capacidad o legitimación activa para accionar ante un tribunal de justicia, facultad que le correspondía a terceros que nunca fueron parte del pleito, refiriéndose a los accionistas.[14]
Allí comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones Ponce Rolling Mills of Puerto Rico, Inc., (PRM) mediante el recurso KLAN20060345; Caribbean Refractory Services, Inc. (CRS) por vía del caso KLAN20060339; y CIGNA Insurance Company, ahora Ace Insurance Company (CIGNA), caso KLAN20060359. Apelaron dichas partes de una sentencia dictada el 31 de enero de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, que condenó a CRS a resarcirle a PRM $2,612,299.00 por los daños resultantes del incumplimiento contractual de CRS, disponiendo que CIGNA, como aseguradora de CRS, viene obligada al pago de hasta $1,000,000.00 de dicha cantidad, límite dispuesto en la póliza. Luego de dictar sentencia, el foro apelado le impuso a CRS y a CIGNA las costas y el interés legal sobre el monto de la sentencia, desde la fecha de su dictamen hasta su satisfacción, lo que dio lugar a la presentación de dos recursos de certiorari, KLCE2006-1380 y KLAN2006-1475.[15]
Es un principio básico del derecho corporativo que las corporaciones poseen personalidad jurídica separada de sus directores, accionistas y oficiales.[16] Por lo tanto, PRM tiene personalidad jurídica conforme a derecho, separada de sus accionistas.[17] El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la corporación tiene su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distinto al de sus accionistas.[18]
El caso de Ponce Rolling Mills of Puerto Rico, Inc. trataba de una reclamación por daños económicos sufridos por PRM, respecto a los cuales sus accionistas carecen totalmente de capacidad en ley para reclamarlos y por lo tanto, de legitimación activa para accionar ante un tribunal de justicia. Una corporación tiene su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus accionistas, sean estas últimas personas naturales o jurídicas.[19] El Tribunal de Apelaciones estableció que:
[n]o estamos en este caso ante una de las situaciones donde procede una acción derivativa conducida por un accionista frente a un tercero, para beneficio del ente corporativo en primera instancia y en forma derivada en beneficio de su interés particular como accionista. Una acción derivativa consiste de una causa de acción que pertenece a un ente corporativo pero es llevada por sus accionistas, a nombre y para beneficio de la corporación, cuando la corporación ha fallado en reclamar sus derechos.[20]
La causa de acción de PRM contra CIGNA y CRS le pertenece a PRM, no a sus accionistas. De la prueba presentada se desprende que la mayoría de los accionistas de PRM eran dueños de compañías constructoras que, por la escasez de materiales de construcción, invirtieron para consumir productos hechos localmente y no tener que incurrir en los gastos de importación de dichos materiales. La reclamación por pérdida de inversión se refiere a la pérdida en virtud del contrato mediante el cual PRM se comprometía a entregar el producto de su labor (varillas de construcción) a cambio de adelantos monetarios para sufragar sus gastos. Por lo anterior, el Tribunal de Apelaciones concluyó que PRM tenía legitimación activa para reclamar los daños sufridos al no poder cumplir el contrato con sus inversionistas.[21]
No erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder a PRM una compensación de $2,612,289.00 por concepto de pérdida de inversión, pues dicha partida se circunscribe a los adelantos monetarios que dicha entidad recibió a cambio del material que habría de producir. Debido al incumplimiento contractual de CRS, PRM se vio obligada a incumplir con New Jersey Steel, quien le proveía materia prima. Así mismo, incumplió los acuerdos con las compañías Metal Processing, Roll Products y Gabriel Fuentes Junior Construction, quienes adelantaron capital a cambio de obtener el producto que PRM se dedicaría a proporcionar. Dichos incumplimientos finalmente extinguieron su vida corporativa.[22]
Otro caso que trató el tema de la causa de acción incoada por la propia corporación haciendo acopio de su propia capacidad o legitimación activa distinguiéndola de la Acción Derivativa fue el de La Costa Sampedro v. Mitsubishi Motor Sales Of Caribbean Inc.[23] Allí realmente se trataba de reclamos por daños económicos alegadamente sufridos por el ente jurídico Charlie Auto Sales, Inc., respecto a los cuales los señalados accionistas de Charlie Auto Sales, Inc. carecían totalmente de capacidad en ley y por tanto de legitimación activa para accionar ante un tribunal de justicia.[24]
Expresó el Tribunal de Apelaciones que nuestro ordenamiento sustantivo y procesal reconoce y le otorga al ente corporativo personalidad jurídica separada, distinta e independiente de la personalidad (jurídica o civil) de sus accionistas.[25] Por tanto, carece totalmente de capacidad jurídica todo accionista corporativo para obviar el ente jurídico de la corporación con el propósito de accionar ante el foro judicial a favor de una o de varias causas que en el mejor de los casos sólo compete ejercer a la corporación, conforme lo establecen los hechos que informan esta causa.[26]
No estamos aquí ante una de las situaciones en que el ordenamiento permite las llamadas Acciones Derivativas, conducidas por un accionista frente a tercero, para beneficio del ente corporativo en primera instancia y en forma derivada, en beneficio de su interés particular de accionista.[27] Como se sabe, una Acción derivativa consiste de una causa de acción que pertenece a un ente corporativo pero es llevada por sus accionistas, a nombre y para beneficio de la corporación, cuando la corporación ha fallado en reclamar sus derechos.[28]
Se trataba allí de un impedimento insubsanable, de falta de legitimación activa, también señalada como legitimación en causa activa. Los allí demandantes, como accionistas de Charlie Auto Sales, Inc. no contaban con capacidad legal para comparecer ante el foro judicial y en calidad personal civil reclamar para sí compensación por alegados daños sufridos por el ente corporativo, cuando la corporación, alegada titular, de la acción no la ejercita para sí, por la razón que fuere. Se trata de una parte allí demandante no realmente interesada dentro del contexto de la Regla 15.1 de Procedimiento Civil.[29] De prevalecer en esta causa la parte demandada, los codemandados podrían verse nuevamente confrontados por la misma acción, posteriormente incoada por Charlie Auto Sales, Inc., directamente o por conducto del Síndico de Quiebras de continuar el proceso 2000-14388 (SEK).[30]
Un aspecto muy interesante lo es la situación siguiente: cuando las corporaciones desaparecen como consecuencia de una fusión o consolidación pierden su personalidad jurídica independiente, y la identidad que sobrevive se convierte automáticamente en titular de todas las propiedades, los derechos y las obligaciones de la corporación o corporaciones que desaparecen. La Acción Derivativa, por su propia naturaleza, se insta en nombre y a beneficio de la corporación y no del accionista que la presenta; por lo que, al desaparecer la corporación ya sea por fusión o consolidación con otra, el accionista ya no posee capacidad para continuar un pleito derivativo a nombre de la corporación desaparecida. Esta situación se discutió en el caso Viqueira Mariani v. First Bank.[31]
En síntesis relatamos lo acontecido con pertinencia a la Acción Derivativa. El apelante, Dr. Jaime Viqueira Mariani solicitó al Tribunal de Apelaciones que revocara la sentencia sumaria y parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 18 de octubre de 2004. Mediante dicha sentencia el tribunal declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la apelada, Rovica Development Corporation, y desestimó con perjuicio la Acción Derivativa presentada por el apelante.[32]
La sentencia parcial apelada resolvió solamente la controversia relacionada con la Acción Derivativa presentada por el apelante por la cual se intentaba anular la fusión entre Centro Radiológico Clínica Llagues, Inc. y Rovica Development Corporation. Como resultado de dicha fusión sobrevivió El Centro Radiológico Clínica Llagues, Inc. A esta corporación se le enmendó el nombre posteriormente a Clínica Llagues, Inc.[33]
La fusión fue efectiva el 31 de diciembre de 2003. El 6 de febrero de 2004 el apelante notificó su oposición a la fusión. El apelante fue accionista de Rovica Development Corporation que como antes señalamos, fue la corporación que no sobrevivió la fusión. El 5 de agosto de 2004 emite una carta informando su decisión de otorgarle al apelante la liquidación por sus acciones, conforme al valor establecido en la reunión del 26 de diciembre de 2003 en la cual éste participó.[34]
El Tribunal de Apelaciones confirma al tribunal a quo cuando dice:
[a]nte estos hechos, que el Tribunal de Primera Instancia catalogó como hechos que no están en controversia, dictamina que el apelante ya no es accionista y por tanto no puede representar a la corporación desaparecida en una acción derivativa. Determina también que las corporaciones que desaparecen como consecuencia de una fusión o consolidación pierden su personalidad jurídica independiente, y la identidad que sobrevive se convierte automáticamente en titular de todas las propiedades, los derechos y las obligaciones de la corporación o corporaciones que desaparecen. Sigue determinando el tribunal que la acción derivativa, por su propia naturaleza, se insta en nombre y a beneficio de la corporación y no del accionista que la presenta; por lo que, al desaparecer la corporación ya sea por fusión o consolidación con otra, el accionista ya no posee capacidad para continuar un pleito a nombre de aquella.[35]
Sin embargo, este caso se resolvió por sentencia sumaria lo que provocó que el Tribunal de Apelaciones revocara la resolución para que se dilucidara la legalidad de la fusión. Se ha controvertido la autoridad de Rovica Development Corp para fusionarse según antes expresado.ya que la fusión alegadamente no se hizo con el voto unánime. De ser esto cierto se podría sostener que la fusión es ilegal. Esta importante controversia se tiene que dilucidar tomando en cuenta que la documentación presentada es conflictiva en cuanto a este aspecto. Conforme a como se resuelva esta controversia podría depender el curso de una de las causas de acción del apelante.[36]
Conforme a lo antes expuesto se revocó la Sentencia Sumaria Parcial apelada y se ordenó al Tribunal apelado permitir la enmienda a la demanda solicitada por el apelante a los fines que se le permitiera presentar una causa de acción impugnando la fusión entre Rovica Development Corp. y Centro Radiológico Clínica Llagues.[37]
Es necesario concluir que la Acción Derivativa es un mecanismo de control y monitoreo dentro de nuestro ordenamiento jurídico corporativo, demostrado tanto en la rama legislativa como en la rama judicial. Las expresiones de nuestro más Alto Foro sobre la Acción Derivativa han sido parcas, pero existe una amplia discusión sobre el tema en las sentencias del Tribunal de Apelaciones.
Con la reciente legislación de la Ley Núm. 487 de 23 de septiembre de 2004 se pretende flexibilizar la manera de organizar las empresas y hacer negocios. También se amplía el ámbito de la Acción Derivativa como mecanismo de control y monitoreo que permite a las empresas la mayor flexibilidad para levantar capital y mantenerse competitivas a nivel mundial.
Tanto la legislación como la jurisprudencia en Puerto Rico recogen la Acción Derivativa como mecanismo de control y monitoreo, la cual permite al accionista o a un grupo de éstos el que, para evitar o remediar un daño, lesión, incumplimiento o abuso contra la corporación misma, presentaren una acción judicial para beneficio de la corporación, remediando el daño o impidiendo la lesión o requiriendo el cumplimiento.
No podemos afirmar que la Acción Derivativa esté en el olvido sino todo lo contrario. Recomendamos que esta reflexión se convierta en una invitación a juristas, profesores y estudiantes para abordar el tema profundamente.
LEGISLACIÓN DE PUERTO RICO
Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995…………………4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 26
14 LPRA sec. 2601 et seq..……………………………………………………... 4
Artículo 12.06, 14 LPRA sec. 3131..…………………………………………… 5
Ley Núm. 487 de 23 de septiembre de 2004, 14 LPRA sec. 3426 et seq………. 5
Artículo 19.48, 14 LPRA sec. 3433…………………………………………….. 6, 15
Artículo 19.49, 14 LPRA sec. 3433(a)………………………………………….. 6
Artículo 19.50, 14 LPRA sec. 3433(b)………………………………………….. 7
Artículo 19.51, 14 LPRA sec. 3433(c)………………………………………….. 7
Artículo 12.04, 14 LPRA sec. 3129…………………………………………….. 7
Artículo 4.03, 14 LPRA sec. 2723……………………………………………… 8
Artículo 2.03, 14 LPRA sec. 2653……………………………………………… 9
Artículo 4.01(i), 14 LPRA sec. 2721(i)………………………………………… 9, 10
Artículo 4.08(a), 14 LPRA sec. 2728(a)………………………………………... 9, 10
Artículo 4.08(c), 14 LPRA sec. 2728(c)………………………………………... 10
Artículo 27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 101…………………… 21
Artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 261.............………. 16
Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 15.1................................... 23
Liquilux Gas Corporation v. Berríos,
138 DPR 850 (1995).……………………………………………………………..10, 11, 21, 23
Quiñones Reyes, et al v. Registrador de la Propiedad,
2009 TSPR 63……………………………………………………………………….. 11
Rocafort de López v. Álvarez,
112 DPR 563 (1982)………………………………………………………………… 12
Feliciano Ruiz v. Alfonso Dev. Corp.,
96 DPR 108 (1968)………………………………………………………………….. 13
Oliveras v. Centro Unido de Detallistas,
KLCE 2008-00224……………………………………………………………………13, 18, 19
Martínez Ruiz v. Triple-S, Inc.,
KLCE 2007-00332; KLCE 2007-00491…………………………………………….. 19
Dra. Gallardo Méndez v. Dr. Gallardo Méndez,
KLCE 2001-00038…………………………………………………………………… 20
McCarty v. Hollingsworth; Grant, Mamacitas Enterprises, Inc.,
KLCE 2006-01241…………………………………………………………………… 20
Ponce Rolling Mills Of PR, Inc. v. Caribbean Refractory Services, Inc.,
KLAN 2006-00345; KLAN 2006-00339; KLAN 2006-00359; KLAN 2006-01475...20, 21, 22
In re Castillo Herrera
159 DPR 276 (2003)…………………………………………………………………. 21
Ríos v. Industrial Optics,
155 DPR 1 (2001)……………………………………………………………………. 21
In re Andreu Rivera,
149 DPR 820 (1999)…………………………………………………………………. 21
Peguero v. Hernández Pellot,
139 DPR 487 (1995)…………………………………………………………………. 21
DACO v. Comunidad San José, Inc.,
130 DPR 782 (1992)…………………………………………………………………. 21
Cruz v. Ramírez,
75 DPR 947 (1954)…………………………………………………………………… 21
Sucesión Santaella v. Hacienda,
96 DPR 442 (1968)…………………………………………………………………… 21
DACO v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otros,
132 D.P.R. 905, 924 (1993)………………………………………………………….. 21, 23
Pagán v. Calderón,
448 F.3d 16 (1st Cir.2006)........................................................................................... 22
La Costa Sampedro v. Mitsubishi Motor Sales Of Caribbean Inc.,
KLCE 2004-00525........................................................................................................22, 23, 24
Flamingo v. Toa Alta Dev. Corp.,
96 DPR 240 (1968)…………………………………………………………………… 23
Viqueira Mariani v. First Bank, First Federal Savings Bank, et al,
KLAN 2004-01348....................................................................................................... 24, 25
Fletcher, Cyc. Corp. (Perm. Ed.), 1980……………………………………………… 12, 21
Clark, Handbook Private Corp., 3ra ed., 1916………………………………………. 12
Díaz Olivo, Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueñas, Hato Rey, Ed. 1999….. 13, 22, 23
L.D. Solomon, et al, Corporations: Law and Policy, 2d Ed., Minnesota, 1998…….. 21
[1] Oliveras v. Centro Unido de Detallistas, supra nota 30, en la pág. 2.
[2] Id., en las págs. 2-3.
[3] Id., en las págs. 4-5.
[4] Id., en las págs. 7, 9 y 16.
[5] Martínez Ruiz v. Triple-S, Inc., KLCE 2007-00332; KLCE 2007-00491, en la pág. 5.
[6] Id., en las págs. 12 y 51.
[7] Id., en la pág. 21.
[8] Id., en las págs. 1-2.
[9] Id., en las págs. 3 y 20.
[10] Dra. Gallardo Méndez v. Dr. Gallardo Méndez, KLCE 2001-00038, en la pág. 7.
[11] Id., en las págs. 11-13.
[12] McCarty v. Hollingsworth; Grant, Mamacitas Enterprises, Inc., KLCE 2006-01241, en la pág. 5. VERIFICAR ESTA CITA.
[13] Ponce Rolling Mills Of PR, Inc. v. Caribbean Refractory Services, Inc., KLAN 2006-00345; KLAN 2006-00339; KLAN 2006-00359; KLAN 2006-01475, consolidados.
[14] Id., en la pág. 13.
[15] Id., en las págs. 1-2.
[16] Véase id., en la pág. 35, citando a In re Castillo Herrera, 159 DPR 276, 279 (2003).
[17] Véase id., en las págs. 35-36, citando al Artículo 27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 101; véase también Ríos v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); véase también In re Andreu Rivera, 149 DPR 820 (1999); véase también Liquilux Gas Corp. v. Berrios, 138 DPR 850 (1995); véase también Peguero v. Hernández Pellot, 139 DPR 487 (1995); véase también DACO v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782 (1992); véase también Cruz v. Ramírez, 75 DPR 947 (1954); véase también 1 Fletcher Cyc. Corp. § 25, págs. 512-515 (Perm. Ed. 1990); véase también L.D. Solomon, D.E. Schwartz and J.D. Barman, Corporations: Law and Policy 231 (2d Ed. 1998).
[18] Véase id., en la pág. 36, citando a Sucesión Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968).
[19] Véase id., citando a DACO v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 924 (1993).
[20] Id., citando a Díaz Olivo, supra nota 30.
[21] Véase id., en la pág. 37, citando a Pagán v. Calderón, 448 F.3d 16 (1st Cir. 2006).
[22] Véase id.
[23] La Costa Sampedro v. Mitsubishi Motor Sales Of Caribbean Inc., KLCE 2004-00525.
[24] Véase id., en la pág. 5.
[25] Véase id., citando a Liquilux 138 DPR en las págs. 860 y 870 (1995); Flamingo v. Toa Alta Dev. Corp., 96 DPR 240, 243 (1968).
[26] Véase id.
[27] Véase id., en las págs. 5-6, citando a Liquilux 138 DPR en la pág. 856.
[28] Véase id., citando a Díaz Olivo, supra nota 30.
[29] 32 LPRA Ap. III, R. 15.1, (2007).
[30] La Costa Sampedro v. Mitsubishi Motor Sales Of Caribbean Inc., supra nota 57, en la pág. 6.
[31] Viqueira Mariani v. First Bank, First Federal Savings Bank, et al, KLAN 2004-01348.
[32] Véase id., en la pág. 1.
[33] Véase id., en la pág. 2.
[34] Véase id.
[35] Id., en las págs. 2-3.
[36] Véase id., en la pág. 6.
[37] Véase id.
[RBB1]No podemos encontrar la cita correcta.