Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24783
Timestamp: 2019-09-19 10:34:24
Document Index: 282605807

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 76', 'Artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 50', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 76']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 226/2015
AUTO 226/2015, de 15 de diciembre
ECLI:ES:TC:2015:226A
Pleno. Auto 226/2015, de 15 de diciembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 4682-2015. Acuerda la suspensión parcial en el recurso de inconstitucionalidad 4682-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios artículos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
1. Con fecha 31 de julio de 2015 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, c) 2 y c) 3; 50; 67; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c); 71.3; 72; y 76.3; y disposición transitoria primera de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
2. Por providencia de 10 de septiembre de 2015, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó: admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, conforme a lo establecido por el art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Diputación General de Aragón y a las Cortes de Aragón, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes, tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y de conformidad con el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Constitucional los días 23 y 28 de septiembre de 2015, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron los acuerdos de las Mesas de sus respectivas Cámaras de personarse en este procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. La Letrada de las Cortes de Aragón se personó en el proceso mediante escrito registrado el 25 de septiembre de 2015, solicitando prórroga del plazo concedido para formular alegaciones, que le fue concedida mediante providencia del Pleno de 28 de septiembre de 2015, por plazo de ocho días a contar desde la expiración del plazo ordinario. Con fecha 23 de octubre de 2015, tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones formulado por la representante procesal de las Cortes de Aragón.
5. Con fecha 9 de octubre de 2015 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, en representación de su Gobierno, personándose en el proceso y formulando alegaciones.
6. Mediante providencia de 26 de octubre de 2015, el Pleno acordó oír a las partes personadas —Abogado del Estado, Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón— para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideraran conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.
7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de noviembre de 2015, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados con fundamento en las alegaciones que seguidamente se resumen.
a) El primer bloque del recurso se refiere a la impugnación de los preceptos de la Ley 10/2014 de Aragón que atribuyen a esta Comunidad Autónoma competencia para la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hm3, en cuanto se trata de un aprovechamiento hidráulico de una cuenca hidrográfica supracomunitaria [arts. 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, y c) 2; 50; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c) y disposición transitoria primera].
Sin desconocer la doctrina constitucional (ATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 6, con cita del ATC 18/2007, de 18 de enero, FJ 5), en este caso, la seguridad jurídica es un argumento esencial para resolver sobre la suspensión.
8. Con fecha 3 de noviembre de 2015 tuvo entrada escrito del representante procesal del Gobierno de Aragón, solicitando el levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos. En síntesis, alega al respecto lo siguiente:
a) La aplicación de los criterios que emanan de la doctrina constitucional, en relación con la resolución de la cuestión incidental que aquí se plantea (por todos, ATC 205/2014, de 22 de julio), ha de llevar al levantamiento de la suspensión.
(ix) El artículo 67 plantea una problemática similar a la resuelta en los AATC 304/2001, de 11 de diciembre, y 268/2011, de 16 de octubre.
Resulta plenamente aplicable el criterio recogido en el ATC 60/2013, FJ 5, toda vez que la competencia autonómica requiere de su materialización mediante la adopción de medidas que vayan más allá de la norma impugnada por el recurso de inconstitucionalidad, en cuyo caso tales concretas medidas serían siempre susceptibles de un específico control de constitucionalidad.
9. La Letrada de las Cortes de Aragón solicitó el levantamiento de la suspensión mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal con fecha 6 de noviembre de 2015. En apoyo de su pretensión, alega en síntesis lo siguiente:
a) No pueden apreciarse perjuicios meramente invocados y fundamentados en una eventual invasión de la competencia estatal por parte de la Ley autonómica impugnada (ATC 278/2009, de 10 de diciembre, FJ 4).
b) Los preceptos impugnados en ningún caso están atribuyendo competencias de gestión sobre tramo alguno de río, subcuenca o fracción de una cuenca hidrográfica supracomunitaria, toda vez que se limitan a regular un aprovechamiento de interés autonómico que, sin perjuicio de su previsión estatutaria, ha sido expresamente establecido por el propio legislador estatal, y se encuentra incluido en la planificación hidrológica estatal y de cuenca, con asignación y concreción de usos, y con inscripción de oficio en el Registro estatal de aguas a disposición de la Comunidad Autónoma de Aragón (disposición adicional decimotercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, y artículo 32.1 f) del plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, aprobado por Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero).
No cabe afirmar que el Tribunal Constitucional ha desechado la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de las cuencas intercomunitarias, como tampoco lo ha hecho en relación con los aprovechamientos de interés comunitario (STC 30/2011, de 16 de marzo). Deberá en consecuencia prevalecer en este trámite incidental la presunción de constitucionalidad de la norma autonómica impugnada.
La vigencia de las disposiciones relativas a la reserva hídrica a disposición de la Comunidad Autónoma dimanan de la legislación estatal y de la propia Constitución, por lo que procede el levantamiento de la suspensión de una norma autonómica de la que no procede inferir perjuicio alguno, dada su coincidencia con lo dispuesto por el legislador estatal en su función de planificación hidrológica. El hecho de que la reserva de agua de 6.500 hm3 no constituya una regulación prescriptiva que se imponga al legislador estatal por su mención estatutaria no merma el valor vinculante que para el mismo deriva de su inclusión en la planificación hidrológica estatal. La citada reserva hídrica a disposición de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya asignación de recursos para usos y demandas actuales y futuros se ha encargado de concretar el Estado en el ejercicio de su función planificadora, goza del efecto vinculante que el propio legislador estatal ha dispuesto para los planes hidrológicos, como señala la STC 227/1988, de 29 de noviembre.
Es más, la vinculación del legislador estatal procede de la propia Constitución. El Gobierno recurrente se encuentra vinculado por el tenor literal de la Ley de aguas; el legislador estatal podrá modificarla pero no ignorarla, pues ningún poder público puede situarse al margen del Estado de Derecho (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 6).
c) La existencia de normas autonómicas de factura idéntica a alguno de los preceptos objeto del presente recurso, respecto de las que el recurrente no ha opuesto la tacha de inconstitucionalidad que imputa al legislador aragonés, impiden el mantenimiento de la suspensión (art. 1 del Decreto 11/2013, de 13 de marzo, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por el que se atribuyen competencias en materia de seguridad de presas, embalses y balsas; art. 1 de la Orden TES/431/2013, de 16 de diciembre, por la que se crea y organiza el Registro de seguridad de presas y embalses de Cataluña; art. 1 del Decreto 12/2015, de 12 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cantabria).
d) La categoría de los informes determinantes como un género distinto de los informes vinculantes constituye una creación del legislador estatal, y constituye una herramienta escrupulosamente respetuosa con el reparto constitucional de poder, que pretende hacer más permeables a los intereses autonómicos las decisiones del Estado, como ha señalado la doctrina, y permite la ponderación de los intereses afectados (STC 46/2007, de 1 de marzo, FJ 10) cuando se produce la concurrencia material entre dos títulos que inciden sobre un mismo espacio físico o un mismo recurso natural (aguas continentales y aprovechamientos hidráulicos de interés autonómico).
Atendiendo al contenido de los arts. 19.2 c).2, 67 y 70 c) de la Ley impugnada, el levantamiento de la suspensión no produciría daño alguno o perjuicio a terceros, puesto que se limita a prever un mecanismo de colaboración y cooperación administrativa en orden a la adecuada coherencia del ejercicio de las competencias estatales con las competencias autonómicas que inciden sobre la materia (ATC 268/2001, de 16 de octubre).
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, c) 2 y c) 3; 50; 67; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c); 71.3; 72; 76.3 y disposición transitoria primera de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
2. Como ha quedado de manifiesto en el resumen recogido en los antecedentes de esta resolución, el contenido de buena parte de las alegaciones formuladas por las partes para postular el mantenimiento o el levantamiento de la suspensión está cabalmente dirigido a la ratificación de las posiciones mantenidas en defensa de su pretensión principal, sea estimatoria o desestimatoria, del recurso de inconstitucionalidad. Esta circunstancia aconseja que comencemos recordando que no se trata aquí de “vindicar o defender la titularidad de la competencia discutida, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante el tiempo que dure el proceso constitucional” [ATC 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; en el mismo sentido, ATC 265/2014, de 4 de noviembre, FJ 2)]. O, por decirlo en palabras del ATC 60/2013, de 26 de febrero, “el motivo referido a la invasión competencial atiende a la defensa de la titularidad de la competencia controvertida, pero carece de entidad para alegar o acreditar, por sí mismo, los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían por la vigencia de los artículos discutidos” (FJ 5).
La doctrina constitucional es constante: “para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo de cinco meses que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la Ley autonómica impugnada en un recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada. Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 LOTC), aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, AATC 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; y 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2)” (ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 2).
Nuestro examen queda pues estrictamente ceñido a lo que resulta relevante para adoptar la decisión que constituye el único objeto de esta resolución, que “ha de ponderar, exclusivamente, los perjuicios que para los intereses generales o particulares puedan derivarse de una u otra medida y sin que pueda establecerse ninguna conexión entre la referida ponderación y la valoración de la legitimidad constitucional de los preceptos sometidos a debate en este proceso” (ATC 87/2011, de 8 de junio, FJ 3).
3. Analizaremos en primer lugar la procedencia de mantener o levantar la suspensión del bloque de preceptos impugnados que, según el recurso de inconstitucionalidad, están relacionados con la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hm3 [arts 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, y c) 2; 50; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c); y disposición transitoria primera]. En cuanto que se trata de un aprovechamiento hidráulico de una cuenca hidrográfica supracomunitaria, el Abogado del Estado alega la seguridad jurídica como argumento esencial para resolver sobre la suspensión. Considera que, de levantarse ésta, la atribución de competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón sobre dicha reserva hídrica de 6.550 hm3, que actualmente gestiona el Estado, ocasionaría perjuicios al interés general de difícil o imposible reparación, al resultar imposible la aplicación simultánea de dos leyes contradictorias entre sí, planteando tanto problemas de gestión como la ruptura del principio de gestión unitaria que rige en la legislación de aguas.
Es doctrina reiterada de este Tribunal que “los daños que pudieran ocasionarse a la seguridad jurídica ‘son una consecuencia inherente a toda situación de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómicos, de manera que, desde este simple ángulo de enfoque, la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, como es el presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflictos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante todo el tiempo que dure el proceso constitucional’ (ATC 60/2013, de 26 de febrero, FJ 5). De ahí que, en contra de lo que sostiene el Abogado del Estado, la mera existencia de dos regulaciones diferentes no puede justificar el mantenimiento de la suspensión, si no se pone de manifiesto qué perjuicios de imposible o difícil reparación pueden producirse como consecuencia de esa duplicidad normativa” (ATC 205/2014, de 22 de julio, FJ 3).
4. Procede seguidamente entrar en la ponderación propia de este incidente cautelar, en relación con un grupo de preceptos que, formando parte del bloque de impugnaciones relativas a la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hm3, presentan características que los diferencian de los anteriores.
a) El artículo 12.4 contiene un mandato dirigido expresamente a los poderes públicos aragoneses para que velen por la inscripción en el Registro de aguas de la Administración general del Estado de la reserva de agua establecida en 6.550 hm3 a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. Teniendo en cuenta que la norma queda circunscrita de modo que el mandato no se dirige a órganos estatales, y que “velar” no conlleva potestades concretas, sino meras pautas de orientación (STC 110/2011, de 22 de junio, FJ 9), el levantamiento de la suspensión no produce perjuicio alguno, al no ser susceptible de producir efecto vinculante que pueda influir en la práctica de las inscripciones en el Registro de aguas estatal.
El carácter preceptivo del informe previsto con carácter general (por otro lado ya establecido en el ordenamiento estatal para las concesiones de aguas superficiales, art. 110.1 del Reglamento del dominio público hidráulico aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) supone la imposibilidad de identificar un perjuicio irreparable, ya que “su eficacia fundamental es de orden procedimental, no condicionando directamente y en cuanto al fondo las decisiones del Estado” (AATC 268/2001, de 16 de octubre, FJ 2; y 304/2001, de 11 de octubre, FJ 2). En cuanto al supuesto de informe “determinante” para las concesiones relativas a la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses, cuyos efectos no precisa la Ley aragonesa, nuestra doctrina ya ha advertido que este tipo de informes no pueden asimilarse a los de carácter vinculante, suponiendo a lo sumo una exigencia reforzada de motivación en caso de discrepancia (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 117), por lo que tampoco condiciona la decisión de fondo que haya de adoptar el organismo de cuenca.
c) Conforme a lo dispuesto por el artículo 50, el Gobierno de Aragón podrá elaborar aquellos planes de regadíos y otros usos agrarios, así como del resto de usos, que tengan por objeto el aprovechamiento de la reserva hídrica para uso exclusivo de los aragoneses, sea en el ámbito de sus competencias o mediante transferencia, encomienda o convenio con la Administración general del Estado. El eventual perjuicio “no resulta inmediatamente de lo dispuesto en este precepto legal sino que precisa, para su materialización, de medidas que, yendo más allá de la simple aplicación de la norma, complementen desde una perspectiva general las previsiones legales” que, de obstruir el ejercicio por el Estado de sus competencias podría “ser sometido al juicio de este Tribunal Constitucional (en similares términos, ATC 79/2003, de 6 de marzo, FJ 7, y las resoluciones allí citadas)” (ATC 60/2013, FJ 5).
5. De los preceptos impugnados por motivos diferentes a su relación con la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hm3, procede señalar lo siguiente:
En esta resolución, además de reiterar lo ya dicho sobre las previsiones legales que precisan, para su materialización, de medidas que, yendo más allá de la simple aplicación de la norma, complementen desde una perspectiva general las previsiones legales (ATC 60/2013, FJ 5), solo nos cumple constatar que no se ha razonado o acreditado que la mera revisión de la existencia de este Registro autonómico produzca perjuicios que justifiquen el mantenimiento de la suspensión.
De todo ello se desprende que, para los actos y planes estatales, el precepto sólo contempla la emisión de informes autonómicos a los que se confiere carácter preceptivo, pero no determinante y, desde luego, no vinculante. No cabe pues entender que las decisiones estatales quedan condicionadas en forma tal que pudieran seguirse perjuicios del alzamiento de la medida de suspensión [en el mismo sentido, AATC 268/2001, de 16 de octubre, FJ 2; y 304/2001, de 11 de diciembre, FJ 4 b)].
1º Mantener la suspensión de los arts. 71.3 y 76.3 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
2º Levantar la suspensión de los artículos 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, c) 2 y c) 3; 50; 67; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c); 72; y de la disposición transitoria primera de la misma Ley 10/2014.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 4682-2015
Ley de las Cortes de Aragón 10/2014, de 27 de noviembre. Aguas y ríos de Aragón
Artículo 1.2 b)
Artículo 1.2 c)
Artículo 1.2 d)
Artículo 4 aa)
Artículo 5 p)
Artículo 12.2 b)
Artículo 15.1 c)
Artículo 15.1 n)
Artículo 19.2 a) 1
Artículo 19.2 c) 2
Artículo 19.2 c) 3
Artículo 69 a)
Artículo 69 d)
Artículo 69 f) 1
Artículo 70 a)
Artículo 70 c)
Artículo 76.3
Artículo 149.1.22, f. 1
Artículo 1.2 b), ff. 1, 3
Artículo 1.2 c), ff. 1, 3
Artículo 1.2 d), ff. 1, 3
Artículo 4 aa), ff. 1, 3
Artículo 5 a), ff. 1, 3
Artículo 5 p), ff. 1, 3
Artículo 7.1, ff. 1, 3
Artículo 12.2 b), ff. 1, 3
Artículo 12.4, ff. 1, 3, 4
Artículo 15.1 b), ff. 1, 3
Artículo 15.1 c), ff. 1, 3
Artículo 15.1 n), ff. 1, 3
Artículo 19.2 a) 1, ff. 1, 3
Artículo 19.2 c) 2, ff. 1, 3, 4
Artículo 19.2 c) 3, ff. 1, 5
Artículo 50, ff. 1, 3, 4
Artículo 67. 4 a 7, f. 5
Artículo 69 a), ff. 1, 3
Artículo 69 d), ff. 1, 3
Artículo 69 f) 1, ff. 1, 3
Artículo 70 a), ff. 1, 3
Artículo 70 c), ff. 1, 3
Artículo 71.3, ff. 1, 5
Artículo 72, ff. 1, 5
Artículo 76.3, ff. 1, 3
Disposición transitoria primera, ff. 1, 3, 4
Disposición transitoria primera, apartado 1, f. 3
Levantamiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasLevantamiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff., 3 a 5 c), 5 e)
Mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasMantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff. 5 apartados d) y f)