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Timestamp: 2018-02-24 18:07:02
Document Index: 118236712

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 52', 'artículo 37', 'artículo 37']

Los obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada y no pueden ser contratados bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios - Gaceta Laboral
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CAS. N° 19751-2015 MOQUEGUA
Desnaturalización de contrato y reposición por despido incausado.
Sumilla.- Los obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada y no pueden ser contratados bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios. Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete. VISTA; la causa número diecinueve mil setecientos cincuenta y uno, guion dos mil quince, guion MOQUEGUA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante, Raquel Connie Benegas Riveros, mediante escrito presentado con fecha treinta de octubre de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y uno a doscientos sesenta y cinco, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta y ocho, que revocó la Sentencia apelada de fecha veinte de mayo de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos cuatro, que declaró fundada la demanda; y reformándola declararon infundada; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Matalaque sobre desnaturalización de contratos y reposición por despido incausado.
Por resolución de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas sesenta y seis a sesenta y nueve del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso por la siguiente causal de infracción normativa por inaplicación del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Desarrollo del proceso Mediante escrito de demanda de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, que corre en fojas cincuenta a sesenta y cinco, la demandante solicita la reposición a su puesto de trabajo habitual dentro del cargo de obrera de limpieza pública adscrita a la Municipalidad Distrital de Matalaque, al haberse configurado un despido incausado, la misma que fue subsanada y admitida según resolución de fecha tres de marzo de dos mil quince, que corre en fojas noventa y cuatro a noventa y cinco.
Mediante Sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos cuatro, el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia General Sanchez Cerro – OMATE de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, declaró fundada la demanda y dispuso la reposición de la demandante a su centro de trabajo, al acreditarse la configuración de un despido incausado; ante la apelación presentada por la entidad demandada con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, que corre de fojas doscientos diez a doscientos veintidós, el Colegiado de la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la citada Corte Superior revocó la Sentencia apelada, y reformándola, la declararon infundada; al considerar que la extinción de la relación laboral se produjo por el cumplimiento del plazo previsto en el contrato administrativo de servicios (CAS), conforme a lo normado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento.
La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que se incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan comprendidas en la misma las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material; incluyendo además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.
Respecto a la infracción normativa por inaplicación del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la norma descrita establece: “Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”. Debemos señalar que el régimen laboral de los obreros municipales al servicio del Estado, ha transitado tanto por la actividad pública como por la privada; tal es así, que la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el nueve de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, estableció en forma expresa en el texto original de su artículo 52° que los obreros de las municipalidades eran servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pública; sin embargo, dicha disposición fue modificada por el Artículo Único de la Ley N° 17469, publicada el uno de junio de dos mil uno, estableciendo que el régimen laboral sería el de la actividad privada. Finalmente, la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el veintisiete de mayo de dos mil tres, derogó la Ley N° 23853; sin embargo, mantuvo el régimen laboral de los obreros de las municipalidades, los cuales según su artículo 37° son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, esto es dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 728, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen
Para el presente caso, se debe precisar que este Colegiado Supremo ya ha establecido como precedente de obligatorio cumplimiento, conforme al fundamento establecido en el numeral 4) del cuarto considerando de la Casación N° 7945-2014-CUSCO, el criterio por el cual “Los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en consecuencia, en ningún caso pueden ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios”. Por consiguiente, de acuerdo a lo señalado en las normas citadas y a lo establecido por el máximo intérprete de la Constitución, las entidades de la Administración Pública, con excepción de las empresas del Estado, que cuenten con personal sujeto al régimen de la carrera administrativa o al régimen de la actividad privada, pueden contratar servidores bajo los alcances del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) cumpliendo con las disposiciones previstas para su suscripción, sin que ello implique un trato discriminatorio que afecte los derechos laborales de los trabajadores que ingresan a prestar servicios bajo esta modalidad especial de contratación.
De lo expuesto se aprecia que la recurrente ingresó a laborar para la entidad emplazada el primero de mayo de dos mil doce, como personal de Limpieza Pública, expidiendo inicialmente Recibos por Honorarios y posteriormente suscribiendo Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde el dos de enero de dos mil trece hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, como se verifica en fojas tres a veinticinco, para lo cual solicita se declare la invalidez de su despido en razón de haber sido despedido en forma incausada; sin embargo, la instancia de mérito ha determinado que al haber sido contratada la actora a través de Contratos Administrativos de Servicios y su relación laboral era a plazo determinado; sin embargo, para el caso de los obreros municipales este Colegiado Supremo considera que al tener una norma propia que establece que su régimen laboral es el de la actividad privada, el cual reconoce mayores derechos y benefi cios que los dispuestos para los trabajadores bajo el referido régimen especial de contratación, en atención a la regla de aplicación de la norma más favorable para el trabajador, debe preferirse el primero.
En consecuencia, el régimen laboral de la demandante es el de la actividad privada conforme a lo previsto en el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que corresponde estimar la demanda y ordenar la reposición a su puesto de labores como trabajadora de la demandada, Municipalidad Distrital de Matalaque. Por estas consideraciones:
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, Raquel Connie Benegas Riveros, mediante escrito presentado con fecha treinta de octubre de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y uno a doscientos sesenta y cinco; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta y ocho; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha veinte de mayo de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos cuatro, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, SE ORDENA a la demandada Municipalidad Distrital de Matalaque CUMPLA con REPONER a la demandante en su puesto de trabajo en calidad de obrera de limpieza pública; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Matalaque, sobre desnaturalización de contrato y reposición por despido incausado; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, RODAS RAMÍREZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO C-1586312-66