Source: http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39e032fd06256b3e006d8a73/b2fabe10058b2d1c062571700056260a?OpenDocument
Timestamp: 2018-10-15 16:59:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 103', 'artículo 92', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 138', 'artículo 106', 'artículo 267', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 23', 'artículo 2']

P762s AÑO 1994.
INVENTARIO 013381 PAGINA(S) 112, [46] h.
AUTPPAL Polanco Mazariego, Mario Alfredo CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Mario Alfredo Polanco Mazariego TITULO La situación jurídica de los excedentes de 245 hectáreas un mito y una realidad de El Salvador
FECHA 02/05/2006
1. TENENCIA DE LA TIERRA 2. NACIONALIZACIÓN DE LAS TIERRAS 3. REFORMA AGRARIA I. Título MATERIA TENENCIA DE LA TIERRA
TÍTULO La situación jurídica de los excedentes de 245 ...
TOPOGRÁFICA Polanco Mazariego, Mario Alfredo
CONTENIDO El derecho de reserva constitucional, sobre la propiedad, punto final de la reforma agraria, régimen jurídico que regula la transferencia de los excedentes de 245 Ha´s, la expropiación y transferencia de los excedentes de 245 Ha´s, desde los distintos sectores del país
"LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS EXCEDENTES DE 245 HECTÁREAS UN
MITO Y UNA REALIDAD DE EL SALVADOR"
MARIO ALFREDO POLANCO MAZARIEGO
SAN SALVADOR OCTUBRE DE 1994
JUAN FRANCISCO POLANCO
MARÍA CONCEPCIÓN MAZARIEGO DE POLANCO
FRANKLIN EDUARDO POLANCO MAZARIEGO
ELENA FUENTES MENA
MARIO EDUARDO POLANCO FUENTES
AL MOVIMIENTO SOCIAL POR LA COLABORACIÓN PRESTADA EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.
AL LICENCIADO PEDRO ROSALÍO ESCOBAR CASTANEDA, POR SU VALIOSA COLABORACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO DE GRADUACIÓN.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS AL ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE RESERVA LEGAL DE 245 HA'S.
A) Década de los años 30.
B) Década de los años 50.
C) Década de los años 60.
1) Ley Orgánica del Instituto de Colonización Rural.
D) Década de los años 70.
1) Creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
2) Primer Proyecto de Transformación Agraria de 1976.
3) El Golpe de Estado de 1979.
a) Causas, uso indebido e ineficiente del recurso Tierra.
b) Excesiva concentración de la Tierra.
c) Bajos niveles salariales.
d) La Pobreza Rural.
E) La Junta Revolucionaria de Gobierno.
F) La Reforma Agraria.
1) Breve comentario, previo a la Reforma Agraria.
2) El Proyecto de la Reforma Agraria.
C) La Asamblea Constituyente.
1) Exposición de Motivos de la Constitución de 1983.
2) La Constitución Política.
EL DERECHO DE RESERVA CONSTITUCIONAL, SOBRE LA PROPIEDAD, PUNTO FINAL DE LAREFORMA AGRARIA.
A) La función social de la Propiedad y su aplicación en el Proceso de la Reforma Agraria.
B) La expropiación en los procesos de Reforma Agraria.
1) La expropiación antes de la Reforma Agraria.
2) La expropiación en la Reforma Agraria de 1980.
C) El Derecho de Reserva sobre la Propiedad.
1)Concepto.
2) Proyecto de Transformación Agraria de 1975- 1976.
3) El Proyecto Originario de la Reserva Legal sobre la propiedad, en la Reforma Agraria de 1980.
D) El re´gimen de la 245, como un retroceso de la Reforma Agraria.
RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES DE 245 HA'S.
A) Análisis a la Constitución de la República, de 1983.
1) Orden económico.
2) Destino de la Tierra estatal rústica
a) Beneficiarios de la Tierra estatal rústica.
3) La propiedad privada y el límite de tenencia de la Tierra.
a) Destino del excedente del Derecho de Reserva Legal.
b) Plazo para tranzo para transferir los excedentes del Derecho de Reserva Legal.
4) La expropiación.
a) La expropiación por ministerio de la Ley de las Tierras que exceden de las 245 Ha's.
B) Análisis crítico a la Ley para afectación y destino de las Tierra rústicas que exceden de las 245 Ha's.
1) Ratificación expresa de la expropiación de los excedentes de 245 Ha's.
2) Corresponde al ISTA establecer la Reserva Legal al expropietario.
3) Procedimiento especial (administrativo), para tomar posesión de la tierra que excede de 245 Ha's.
4) Procedimiento especia, para propiedades gravadas y sujetas a expropiación.
5) Forma de pago e indemnización por expropiación.
6) Sujetos beneficiarios de la transferencia de los excedentes de 245 Ha's.
7) Contradicción en la Ley.
C) Análisis crítico a la Ley del Régimen especial del dominio de la Tierra comprendido en la Reforma Agraria.
1) Ratifica la Transferencia de tierra estatal rústica y las tierras que pos ser excedentes aún no han sido expropiadas por ministerio de Ley.
2) Procedimiento para la transferencia de tierra estatal rústica de vocación agropecuaria.
3) Plazo para hacer la transferencia e la tierra estatal rústica de vocación agropecuaria.
4) Plazo para intervenir propiedades privadas que poseen excedentes de 245 Ha's.
5) Entidad ejecutora de la transferencia de las tierras que exceden de las 245 Ha's.
D) Acuerdos de Paz.
1) Sobre tierra que exceden del límite constitucional de las 245 Ha's.
2) Análisis crítico a la Ley transitoria de medidas y garantías de tierras y seguridad de la propiedad agrícola.
a) Área de aplicación de la Ley Especial.
b) Procedimiento especial para los inmuebles ocupados y se ha iniciado proceso judicial en contra de sus ocupaciones.
c) Quienes no son beneficiarios del Programa de Transferencia de Tierras.
LA EXPROPIACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES DE 245 HA'S, DESDE LOS DISTINTOS SECTORES DEL PAÍS.
A) La Reforma Agraria de 1980.
1) Cumplimiento de los objetivos de la reforma Agraria.
2) Eliminación de la II fase de la reforma Agraria.
3) El crédito agrícola en la Reforma Agraria.
4) El Art. 105 de la Constitución, el Principio del fin de la Reforma Agraria.
B) La función social de la propiedad privada agrícola.
C) Causas que vedan la transferencia de los excedentes de las 245 Ha's.
1) Violación de la Constitución.
2) Falta de voluntad política del Estado.
3) Responsabilidad para el estado por el incumplimiento de la Constitución.
4) Situación jurídica de los excedentes de 245 Ha's y la reconcentración de la Tierra.
D) Los Acuerdos de Paz en materia agraria.
1) El Programa de Transferencia de Tierras.
2) Los Acuerdos de Paz y el acuerdo de 13 de Julio de 1991.
3) Los Acuerdos de Paz y la expropiación de los excedentes de 245 Ha's.
E) Análisis de casos tipos.
1) Hacienda El Tamarindo.
2) Hacienda Inmaculada Concepción de Honduras.
3) Hacienda Atehuesian.
4) Finca Singuil.
EN LA TESIS, FALTA LA PÁGINA 1.
excedentes de 245 Ha's; Proponer las medidas para que se ejecute la transferencia de excedentes del derecho de reserva constitucional, como el hecho de comprobar que contienen la existencia de excedentes a nivel nacional, así como también comprobar la falta de voluntad política del estado en darle solución al problema que acá se investiga; Por lo que se plantea el problema siguiente "En que medida el estado es responsable por el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de las tierras excedentes de 245 Ha's, respondiéndola como "El Estado es el principal responsable en el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de los excedentes de 245 Ha's a los campesinos, partiendo de las unidades de análisis: Estado y Campesinos, en donde encontramos como variable El Estado es el principal responsable de incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de los excedentes de 245 Ha's a los campesinos, La falta de voluntad política en el Estado, no se transfieren las tierras excedentes de 245 Ha's, existe información parcial sobre el problema, el campesino exige tierra en base a esa información, no existe capacidad económica para transferencia de excedentes, se le niega el acceso a la tierra al campesino, consecuentemente se niega su desarrollo económico e integral, utilizando para ello la entrevista estructurada de información clave, guía de observación sobre algunos inmuebles que se caracterizan por poseer los excedentes del derecho de reserva legal, referencias de síntesis emerográficas, para poder llegar a implementar los respectivos cuadros de concentración de información, para extractar la información que se ha obtenido para ser vertido en el capítulo final de este trabajo.
El capitulo I un pequeño comentario histórico que reúne los problemas agrarios a nivel nacional desde sus orígenes partiendo desde la década de los años 30, las repercusiones el movimiento social campesino que solicitaba la tierra; su alzamiento en armas para su adquisición, la creación de la Junta de Mejoramiento Social, el surgimiento del Instituto de Colonización Rural, la intervención de Alianza para El Progreso, la creación de ISTA en 1975, y el proyecto de Transformación Agraria, las causas que dieron lugar al golpe de Estado de 1979, el surgimiento de la Junta Revolucionaria, la implementación de la Reforma Agraria y las causas de surgimiento del límite de Reserva Legal como algo novedoso en la Constitución de 1983 y sus respectivos excedentes.
El capítulo II resume las corrientes jurídica- doctrinaria sobre el Derecho de Reserva Legal, la función social de la Propiedad y el derecho de la Expropiación, como su ejecución en la reforma agraria de 1980; El Capítulo III resume la fuente legislativa que es fundamento para proceder a la expropiación de los excedentes de las 245 Ha's como lo es la Constitución de 1983, en lo que concierne al orden económico, la Ley para la afectación y destino de las tierras rústicas que exceden de las 245 Ha's. Como la intervención de los acuerdos de Paz en el problema planteado, el Capítulo IV, resume las distintas opiniones de los diversos sectores que de una u otra manera se han visto vinculados en el problema Agrario Nacional y consecuentemente la transferencia de los excedentes que limitan al derecho de propiedad, comprobándose así la hipótesis de que el Estado es el principal responsable en el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de los excedentes de 245 Ha's a los campesinos, y la falta de voluntad del Estado para transferir los excedentes de 245 Ha's a sus cultivadores directos, llevando implícito las limitaciones do no poder accesar a documentación sobre casos tipos en instituciones estatales, por la confidencialidad del caso, así como la frustración de algunas entrevistas por motivos de fuerza mayor.
El movimiento agrario en El Salvador se ha remontado hasta a los orígenes de la colonial; en lo que respecta a la estructura de tenencia de la tierra, por lo que se ha originado cambios en la posesión de la misma; pero ahora lo que nos interesa es fundamentalmente la década de los años 30.
Varios años antes de esta década, se formó la conciencia social del campesino, frente a la dinastía Meléndez Quiñonez quienes de forma fraudulenta mantenían el poder, basados en la demagogia, jugando con la dignidad del campesino; es así como el candidato del partido de oposición, organiza a campesinos y artesanos, en la Organización Política Liga Roja, con el objeto de ganar votos, esta contenía puntos reivindicativos, de las masas populares, en ella se planteaban soluciones como aumento de salarios, salud, educación, libertad sindical y justicia social.
Faltando pocos días para la celebración de las elecciones, se organizó una manifestación de mujeres de oposición, la que fue masacrada, surgiendo terror y pánico entre las víctimas que en su mayoría eran mujeres, con esta masacre se da el fraude y la imposición del candidato por la dinastía Meléndez Quiñonez que produjo la lucha organizada de los sectores populares.
En este sector se promovió la organización sindical del campo y la ciudad, planteándose el reparto de tierras estatales, entre campesinos que carecían de ella.
Surge la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, que tuvo participación activa en el extranjero, permitiendo a los dirigentes salvadoreños nueva concepción sobre la lucha sindical y de masas. La Federación impulsa la lucha por la Reforma Agraria Democr´tica, que consistía en romper la estructura agraria y el reparto de tierras para los campesinos, propugnando la destrucción del latifundio creado por la colonia y la erradicación de las formas feudales de explotación, créditos agrícolas, asistencia técnica, abonos, semillas e instrumento de laboreo; con estas reivindicaciones se planteaba elevar el nivel de vida de los campesinos.
El problema social se recrudece en 1930, con influencia de la actividad electoral, se agudiza el problema social, de esa forma llega al poder Arturo Araujo, como presidente y Maximiliano Hernández Martínez como vicepresidente, ahí la oligarquía jugo un papel importante, dando todo su apoyo a Martínez, para que asumiera el poder total, por lo acontecido el movimiento de masas campesinas se alza contra Martínez, armados de machetes y palos; frente a este acontecimiento la oligarquía que ya lo había respaldado con anterioridad, le otorgó el financiamiento para organizar un ejército represivo del movimiento social campesino, ejecutándose la orden principal de fusilar a todo ciudadano mayor de 18 años, que fuese sospechoso de participar en la insurrección en contra del gobierno.
El General Hernández Martínez, frente al descontento social, el 3 de noviembre de 1932, crea la Junta Nacional de Defensa Social, institución por medio de la cual, se pretendió hacer una tímida Reforma Agraria, con el lema elevar las condiciones de vida de los campesinos y obreros, institución mediante la cual se pretendía solucionar el problema de la vivienda y la mala distribución de la tierra, de ahí partió el estado para comprar algunas tierras y las repartió entre algunos campesinos, pero por no haberse orientado en forma acertada, su distribución, tales tierras fueron concentradas nuevamente, beneficiándose de tal hecho algunas personas que por pertenecer o compartir la política gubernamental gozaban de determinados privilegios.
Habiendo fracasado el gobierno en la pretensión anterior, el 4 de enero de 1943, se emite la Ley de Creación de Mejoramiento Social, que en su artículo 1, disuelve la Junta Nacional de Defensa Social, agregando a los fines de ésta, el desarrollar una política agraria y de colonización rural, acelerando la construcción de viviendas, pero toda esa reforma solo era un paliativo para bajar la efervescencia del campesino, difiriéndose así el problema a generaciones futuras.
Para el año de 1948 el Coronel Óscar Osorio, consideró que la Institución de Mejoramiento Social era insuficiente para ejecutar la política agraria y de colonización rural, encomendado asimismo la construcción de viviendas, por lo que por medio de decreto legislativo número 112, del 29 de diciembre de 1950, se crea el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) y el Instituto de Colonización Rural (ICR) heredando estas entidades las funciones de mejoramiento social, así como los inmuebles adquiridos por el mismo y otras propiedades estatales.
Durante esta década se pretendió impulsar la industrialización del país y la creación de entes autónomos a fin de modernizar y profundizar el capitalismo, priorizando el desarrollo urbano y dejando de lado el desarrollo rural, no obstante la existencia del ICR, se le dio poca importancia por el sector estatal y es hasta el 11 de octubre de 1961, mediante decreto legislativo número 342, publicado en el diario oficial de la misma fecha, donde se da a conocer la ley orgánica del ICR, por lo que esta demás decir que dicha ley careció de eficacia jurídica, por que sus principios no fueron desarrollados.
Con el triunfo de la revolución cubana de 1959, las masas populares retomaron su papel y conciencia de cara a la realidad de miseria en que se encontraban sometidos, elevándose la capacidad política de masas, lo que fue un factor determinante en el auge revolucionario salvadoreño, de cara a todo el movimiento social que se gestaba; Surge una serie de principios económicos impuestos por el imperialismo en el documento denominado "La Declaración de Punta del Este", con esta declaración se tomaron una serie de medidas y procedimiento a seguir por el imperialismo este se implementaria en toda América, bajo el nombre de "Alianza Para el Progreso", siendo su finalidad principal frenar en el país cualquier influencia de la revolución cubana, sobre el movimiento de masas, así se pretendía en una forma inoperante solucionar la problemática interna del país; por medio de la alianza se generó una guerra psicológica al movimiento social, tratando por ese medio de convencerlos de que la crisis económica, política y social, se debían a causas imputables a la oligarquía de la época, razón por la que se ofrecieron reformas de la tenencia de la tierra para que los trabajadores, y aún para los mismos terratenientes, obligándolos a dar ciertas prestaciones sociales, como el de pagar el séptimo, asimismo se manifiesta que sólo por medio de la ayuda económica de los estados Unidos se podría salir adelante con la crisis imperante.
Este período fue regido por el Director Cívico Militar y la Alianza Para el Progreso, se logró promulgar el Estatuto Protector de los Campesinos, cuya finalidad era la de promover mejoras en el campo para el trabajador asalariado, pero que al final se constituyó en un instrumento que usó el terrateniente para despedir a sus trabajadores, y así no cumplir con el mandato del estatuto; la Alianza proponía que para hacer efectivo el desempleo de fondos era necesario tener un gobierno electo democráticamente, por lo que se convocó a elecciones, siendo electo Presiente constitucional, Julio Adalberto Rivera, por el Partido e Conciliación Nacional (PCN), este nuevo régimen, mantenía el mismo represivo del directorio, como el fascismo y presos políticos.
A pesar de que la Declaración de Punta del Este y la Alianza Para el Progreso, proponían como condición para el desarrollo económico la implementación de la Reforma Agraria, pero en la década de los 60, hablar de Reforma Agraria era un tabú, por lo que sólo se quedó como un principio de la declaración de Punta del Este: El imperialismo invirtió el capital en una organización que era autorizada por el gobierno en turno y que se denomina Unión Comunal salvadoreña (UCS), que reuniría el sentir y pensar del sector campesino, pero no le permitía su libre sindicalización.
El Instituto de Colonización Rural (ICR), nace a la vida jurídica en 1950, por Decreto Legislativo número 112 del 29 de Diciembre de ese mismo año, pero su ley orgánica surgió hasta 1961, después de la revolución cubana, por medio del Decreto Legislativo número 342, publicado en el Diario Oficial del 11 de Octubre de 1961, con esto se pretendió solucionar el problema del campo, en lo que concierne a la distribución de la tierra, hacer estudio sobre las necesidades en el campo, preparar e incentivar al campesino para que cultivara productos de exportación, estos eran los fines con los que el ICR se había creado, pero el problema era que contaba con pocos fondos al igual que el número de propiedades con que contaba era reducido, por lo que el programa de planteaba no obtendría los resultados propuestos, ya que las necesidades en el campo eran y siguen siendo grandes, y los ingresos presupuestados para el programa eran relativamente pocos como para transferir la tierra que hubiera disponible, pero surge la interrogante, de que si se hubiera implementado la política del ICR, las metas trazadas hubieran sido negativas, por que el programa pretendía hacer un afectación sectorial y el problema agrario se suscribe a nivel nacional, por lo que esa política de reforma en la estructura de tenencia de la tierra era deficiente desde sus orígenes, retrocediendo así en sus principios que eran la razón de su creación, convirtiéndose en un simple gestor, un intermediario entre el terrateniente y los beneficiarios del Instituto; El ICR, durante su período, sólo gestionó la adquisición de algunas propiedades como Hacienda Zapotitán, Atiocoyo, Shutia, Nancuchiname, colinas, potreríos, entre otras, pero estas adquisiciones sólo fue por causas del conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, evidenciando una vez más la intención del gobierno de no solucionar el problema agrario sino, de disminuir los problemas, la conflictividad y la organización del campesino, el resto de las propiedades adquiridas fueron adjudicadas por compra- venta o por arrendamiento con promesa de venta, dejándose la estructura agraria intacta, demostrando otro fallido intento de Reforma Agraria.
En Enero de 1970, durante el régimen de Fidel Sánchez Hernández, se convoca al primer congreso e reforma Agraria promovida por la Asamblea Legislativa, en donde se encontraban representando todos los sectores del país, pero una vez concluido este congreso, no tuvo mayor consecuencia, porque el sector campesino ya no se hacía las expectativas que los promotores del congreso esperaban para el caso; El sector campesino consideraba dicha actividad como una manipulación política y demagógica del gobierno en turno. En 1973, se da el Primer Seminario de Reforma Agraria, dirigido a oficiales de la Fuerza Armada, pero ese seminario no tuvo mayor trascendencia político social.
Fue hasta el año de 1975, durante la administración del Coronel Arturo Armando Molina, que se emite la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), institución que tendría a su cargo la administración sobre la distribución de la tierra al sector campesino, institución creada por medio del Decreto Legislativo 302, del 26 de junio de 1975.
Con la creación del ISTA, se extingue de la vida jurídica el ICR, trasladándose a ISTA, todas las funciones encomendadas al IVR con la ley de creación de ISTA, se originó un descontento en la oligarquía terrateniente y apoyados por los medianos productores trataron de frenar las actividades a desarrollar por el ISTA, por su parte el Coronel Molina argumentaba que la transformación en el agro, sería un seguro de vida para el terrateniente, porque con esa medida se trató de frenar el crecimiento acelerado que cobraban las masas populares que se organizaban, además estas medidas servían como encubrimiento para el desgaste político del gobierno en turno (PCN) que había llegado al poder por medio del fraude electoral, en contra de la Unión Nacional Opositora (UNO), todo este obrar permitió el divorcio de civiles y militares, permitiendo más el crecimiento y fortalecimiento de la ONG, y el movimiento de guerrilla.
Vale la pena mencionar que el 29 de junio de 1976, se dio formalmente el primer proyecto de transformación agraria, posterior a la creación de ISTA, proyecto creado por medio del decreto 31, publicado en el Diario Oficial número 121, tomo 251, del 30 de junio del mismo año; con este proyecto se pretendió el desarrollo integral de una parte del territorio nacional, comprendiendo los municipios de Jiquilisco, Ozatlán, Usulután, Santiago de María, Ereguayquín, Concepción Batres y Jucuarán, todos del municipio de Usulután, y el Tránsito, San Miguel y Chirilagua, del departamento de San Miguel, proyectando afectar un área de 58,744 Ha's, Esa era la zona inicial de ejecución, aplicándose paulatinamente a todo el territorio nacional, y así no crear un caos político económico y social; pero la presión ejercida por el Frente Agropecuario de la Región de Oriente (FARO), y el Frente Nacional, cuyo principal aliado era la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), no permitieron la ejecución de dicho proyecto, quedándose como otro fallido proyecto de Reforma Agraria difiriéndose este problema a un futuro no muy lejano.
Como es de nuestro saber y entender el golpe de Estado de 1979, obedeció a muchos factores, como el régimen militarista en el gobierno del país, fraude electoral para mantener el poder político, organizaciones de masas y grupos armados que mantenían actividades en contra de el gobierno, malas prestaciones sociales y en el campo se mantenía el uso indebido e ineficiente del recurso tierra, ya que el uso real de la tierra con su potencial, se traduce en una inadecuación en su uso, que a su vez recae en un uso ineficiente del recurso, hecho comprobado ya que casi una tercera parte de la tierra cultivable estaba ocupada por matorrales, malezas, totalmente improductivas pudiendo explotarse esa tierra en uso agrícola, ganadero o forestal, descartándose la tesis de que en El Salvado no existe tierra para ser transferida a los campesinos.
Como otro problema podemos establecer que en El Salvador la superficie territorial explotada, nos proporciona datos de cómo la concentración de la tierra se encontraba en la gran empresa agrícola; así un 86.8% de los productores controlaban un 19.8% del territorio agrícola, mientras un 2.7% de los productores controlaban el 53.6% del territorio, formado por los medianos productores, sólo un 50% de los pequeños empresarios eran propietarios de la tierra que trabajan, el resto ocupada por lo general en áreas marginales, zonas patronales, en carreteras y caminos vecinales y en otros casos en los alrededores de las vías férreas, tierras poco fértiles, obligándolos únicamente al cultivo de granos básicos no aspirando a otros cultivos como algodón, café y caña de azúcar, por que necesita de tecnificación y el suelo debe de reunir ciertas características y condiciones climatológicas para su producción.
Esta concentración de tierras de mejor calidad en pocas manos, se reduce en concentración de ingresos, acompañado al crecimiento poblacional de numerosas familias sin tierra y bajos ingresos, los mantiene en la extrema pobreza.
c) BAJOS NIVELES SALARIALES
La política salarial ha sido importante, si consideramos que los salarios mínimos decretados, son en realidad los salarios máximos pagados. Es un problema que ha estado presente en la estructura salarial, ha sido una diferenciación en las remuneraciones, sin la existencia de un criterio uniforme y válido para determinar dichas diferenciaciones salariales. En rigor esta diferenciación no tiene razón de ser, si consideramos que los trabajos agropecuarios desempeñan una misma labor no calificada, más aún, en 1975 casi las 3/4 partes de loa asalariados percibían la tarifa general agropecuaria, o sea la tarifa más baja de toda la economía y la que se ha deteriorado más en términos reales, en un contexto de tasas de crecimiento positivos del producto territorial bruto agropecuario en la década de los setenta. 1
d) LA POBREZA RURAL
La agricultura salvadoreña presenta un marcado carácter temporal en cuanto a la demanda de fuerza de trabajo; ciertamente no todo, porque en la agricultura hay actividades de carácter permanente, pero sí una buena parte de esta actividad es temporal; a mediados de los años 70 la población económicamente activa agrícola, sólo se ocupó 6 meses o menos durante el año, sin poseer otra fuente de ingresos. A pesar de que toda esta población, se encuentra dedicada a todas las actividades del agro, existe una sub-utilización de la fuera de trabajo, porque el sector agropecuario no tiene la capacidad de absorber a esta población rural que ofrece sus servicios.
1 El agro salvadoreño antes y después de la Reforma Agraria Aquiles Montoya.
Estas causa en lo agrario dieron lugar a la migración rural para la ciudad, consecuentemente es causa de innumerables problemas sociales, políticos y económicos tales como desnutrición, analfabetismo, condiciones habitacionales inadecuadas, que a su vez se convierten en limitantes para el desarrollo de las fuerzas productivas del agro.
Todo lo expuesto dieron lugar para que se gestara el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, hecho protagonizado por la Juventud Militar de Vanguardia, consecuencia de ella, surge la proclama de la Fuerza Armada, que en el romano III reza: ADOPTAR MEDIDAS QUE CONDUZCAN A UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA NACIONAL, INCREMENTANDO AL MISMO TIEMPO, LA FORMA ACELERADA, EL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO, y en su literal "A", dice que esto se logrará, creando las bases firmes de una Reforma Agraria.
E) LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO
A finales de 1979, el 15 de octubre, se produce un golpe de Estado, dando lugar el establecimiento de una Junta Revolucionaria de Gobierno, teniendo sus bases en la proclama de la Fuerza Armada en donde se hacía la propuesta de crear las bases firmes para crear un proceso de Reforma Agraria, así es como la Junta, da a conocer el decreto 43, que se denominó como medidas de emergencia para evitar el desordenado proceso de transferencia, partición de inmuebles rústicos y gravámenes, conocida como ley de congelación de bienes rurales, ley que contemplaba que ninguna persona, natural o jurídica, propietaria o poseedora de más de 100 Ha's de tierra, en uno o varios inmuebles rústicos en el territorio nacional, no podría transferir su dominio, ni gravarlas hipotecariamente o darla en usufructo, mientras no entrara en vigencia la ley de Reforma Agraria; y para asegurar el cumplimiento de la ley, en el artículo uno, inciso segundo establecía que las propiedades de 50 a 100 Ha's, sólo podrían transferirse con previa autorización expresa del ISTA, y sólo las propiedades menores a las 50 Ha's podrían transferirse sin dicha autorización, pero al escriturar la propiedad a transferir, se debía de rendir una declaración jurada ante notario autorizante, haciendo constar que la totalidad de sus inmuebles a nivel nacional no exceden del límite establecido en el decreto 43.
Con este decreto la junta pretendía poner un alto a la burguesía terrateniente de esa época, para evitar la venta o traspaso de sus inmuebles, sea ésta real o ficticia, previniendo que este sector trataría de burlar la nueva ley; con la que se aferraba al terrateniente a su inmueble, permitiendo así a la Junta estudiar y formular la características que reuniría el proceso y cada una de sus fases.
En algunos casos los terratenientes frente a la implementación de la nueva ley; alegaron que sus inmuebles eran de naturaleza urbana y no rurales; otros solicitaron los servicios de notarios que haciendo uso de papel sellado con fecha anterior a la vigencia del decreto 43, escrituraron las propiedades transfiriéndose a familiar, y así evadir la nueva ley.
F) LA REFORMA AGRARIA
1) BREVE COMENTARIO, PREVIO A LA REFORMA AGRARIA
Comenzaba una nueva década, los años 80, antes de que la Reforma Agraria fuera un proyecto, se pensó en 2 etapas; tomándose como fundamento los altos niveles de concentración de la tierra, la sub-utilización de la fuerza de trabajo, mala distribución del ingreso nacional, extrema pobreza, deficiencia en la educación, salud, vivienda y alimentación campesina.
Las características de la I fase serían:
- Tenencia máxima de 500 Ha's:
- Pago en bonos a 20, 25 y 30 años, dependiendo del tipo preferencial de bonos;
- El pago sería en base a la declaración de renta y vialidad de los años 76/77;
- Comprendía sólo el 15% de la tierra agrícola, de esto el 60% comprendía pastizales y baldías.
- No intervención de tierras cultivadas con café.
Las características de la II fase serían:
- Tenencia máxima de 100 a 150 ha's según calidad agrológica del suelo;
- Comprendía el 60% del cultivo del café.
- El 25% del pago sería en efectivo y el 75% sería en bonos.
- Comprendía el 25% de tierras cultivables.
Esto es lo que se presentaba antes de que la Reforma Agraria naciera a la vida jurídica, aún como un proyecto; pero esta proyección original se vio desnaturalizada cuando se contrató a expertos en reforma Agraria, para planificar el proyecto de la misma estos expertos manifestaban que si el gobierno en turno (JRG) no tomaba las medidas necesarias al caso para obstruir el empuje del movimiento popular, la izquierda radical tendría una inminente victoria, porque ofrecía soluciones a la problemática económica, política y social del país; a través de la Reforma Agraria se plantearon dos programas así:
- Proteger y aislar a la población rural, de la insurgencia para privas a ésta de su base popular;
- Obtener el apoyo rural para el régimen por medio de programas que aliviaran las necesidades inmediatas y coyunturales del campesino.
Así las cosas, para finales de 1980, la Reforma Agraria se había perfilado como un proyecto contrainsurgente; y no como una medida para descentralizar la concentración de la propiedad de la tierra y obtener la distribución de la riqueza nacional y reducir los altos índices de pobreza que azotaba al país.
2) EL PROYECTO DE LA REFORMA AGRARIA
A principios de 1980, se dio a conocer la Ley Básica de la Reforma Agraria (decreto 153) proyecto concebido como la transformación de la estructura agraria del país, y la incorporación de la población rural al desarrollo económico, político y social de la nación, por medio de la sustitución del sistema latifundista, por un sistema justo de tenencia y explotación de la tierra basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia técnica a los productores, para que la tierra se convierta para el que la trabaja en base de su desarrollo económico y garantía de su bienestar social, libertas y dignidad.
Paralelo al Decreto 153, surge el Decreto 154, que regularía la posesión e intervención de tierras, respaldadas por la Fuerza Armada, dando paso así a la fase del proceso de Reforma Agraria la que proyectaba afectar propiedades de más de 500 Ha's, las que constituían el 12.1% del área cultivable del país (223, 806 Ha's.)
Luego en Abril del mismo año, aparece el Decreto 207, abriendo paso a la fase III de ese proceso, y que consistía en transferir la tierra a sus cultivadores directos, financiándose la adquisición de parcelas hasta de 7 Ha's, esta fase afectaría potencialmente un área de 178.056 Ha's., o sea el 9.6% de la propiedad agrícola. En total ambas fases debieron afectar 401.862 Ha's., pero en la realidad sólo el 72% del total proyectado se afecto, (373,485.5 Ha's.,) 2
La II fase, según el perfil inicial debió afectar un 18.5% de la tierra agrícola, afectando propiedades de más de 100 Ha's., (342,877 Ha's.) constituyéndose en la fase más importante cualitativamente y cuantitativamente, por lo que podemos decir que al no implementarse esta II fase del proceso, sólo se intentó un tímido cambio en el sistema de tenencia de la tierra, porque sólo se tocó en lo más mínimo las propiedades de las que se habían previsto inicialmente, quedando intacta la estructura agraria del país.
2 OSPA- PERA, MAG, 3a evaluación del proceso de reforma agraria octubre de 1983.
G) LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
1) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1983
Teniendo dos años de ejecutada la fase I y III de la Reforma Agraria; en 1983, se inician los estudios para emitir la nueva Constitución de la República, por una comisión especial de la Asamblea Constituyente, que en esa época se encontraba presidida su presidencia por el mayor Roberto Dabuisón Arrieta, del partido ARENA.
Comisión constituida especialmente para redactar el anteproyecto de la constitución, que era más de avanzada que los mismos legisladores, acá lo importante es abordad lo concerniente al inciso último del artículo 105, como una consecución de la disposición del artículo 104, y es en cuanto a la limitación a la tenencia de la tierra en su extensión superficial: esta exposición de motivos de la Constitución garantizaba el propietario en caso de expropiación por ministerio de ley, del excedente al límite permitido se le daría la oportunidad de transferirla para asegurar su precio que libremente escogiera. Proyectándose así eliminar de la economía nacional agrícola las grandes propiedades; confiriéndose plena garantía a los propietarios en la conservación de su derecho de reserva legal de la propiedad en 100 y 150 Ha's según la calidad agrológica de la tierra, partiendo fundamentalmente de la Ley Básica de reforma Agraria, pero por causas externas a esta comisión, los legisladores considerando que para no caer en un caos económico, social y político, era oportuno establecer como derecho de reserva legal de la propiedad en 245 Ha's manteniendo un equilibrio entre terratenientes afectados y robarle banderas al movimiento insurgente.
2) LA CONSTITUCIÓN VIGENTE
A diferencia de su proyecto original, la Constitución formal vigente, en su artículo 105 Cn., reconoce la propiedad privada sobre los bienes inmuebles rústicos; hasta un máximo de 245 Ha's (ampliándose sustancialmente el límite que proponía el proyecto en la exposición de motivos, límite que no sería aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas; dándose la oportunidad al propietario de que escogiera la tierra que deseaba conservar (derecho de reserva, estableciendo que el excedente de ese derecho de reserva podría ser transferida a campesinos a cualquier título.
Con el espíritu del artículo 105, en su redacción final determina que el límite al derecho de tenencia de la tierra sería de 245 Ha's, borrándose así el esquema de la II fase, e impidiendo afectar las propiedades que oscilaban entre 100 y 500 Ha's., porque sólo se afectaría las propiedades que el artículo 105 Cn. no sólo dejó igual la gran propiedad rural; sino que además borró totalmente del esquema de políticas agrarias de cambio. Se negó la vida jurídica a la II fase de la Reforma Agraria (proyecto original) muriendo con este artículo la expectativa del campesino de ser adjudicado de los excedentes del derecho de reserva legal.
A partir de la aprobación de la Constitución vigente nace la problemática que plantea la transferencia de las tierras excedentes de 245 Ha's.
EL DERECHO DE RESERVA CONSTITUCIONAL, SOBRE LA PROPIEDAD, PUNTO FINAL DE LA REFORMA AGRARIA.
El Salvador, una pequeña nación, que ha tenido diversos conflictos políticos, económicos y sociales; lo que ha dado la pauta para que el pueblo se alzara en armas, en una lucha fratricida; uno de los principales problemas que ha originado los conflictos, es el régimen de tenencia de la tierra, la que ha sido objeto de fallidos proyectos de reforma en la estructura agraria, como lo fue los proyectos del Instituto de Colonización Rural (ICR), impulsados en alguna medida por la Alianza Para el Progreso o el primer proyecto de transformación agraria, con la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que fue opacado por la oligarquía terrateniente, por medio de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el Frente Nacional y el Frente Agropecuario de la Región de Oriente, y es hasta con el golpe de Estado de 1979, que se crea la Junta Revolucionaria de Gobierno, que propone como fin primordial la creación y ejecución de una Reforma Agraria, iniciándose en 1980, ejecución por medio de la Ley Básica de Reforma Agraria, como un proceso rápido, masivo y drástico de distribución de tierra, en un principio floreció con gran auge; en sus leyes previó establecer una reserva de propiedad para los terratenientes; reserva que oscilaba entre 100 y 150 Ha's con la vigencia de la Constitución y previo el establecimiento de la reserva constitucional de 245 Ha's, algunos terratenientes afectados por la III fase de reforma afectada, Ley para la afectación y traspaso de tierras para sus cultivadores directos, (Decreto 207) optaron por interponer un recurso de inconstitucionalidad de la expropiación que los afectados porque sus inmuebles no excedían del límite constitucional sobre el derecho de propiedad; a pesar de que la Constitución reconoce las leyes de reforma agraria anteriores a la vigencia de la misma y de existir la ley especial que regula la transferencia de los excedentes de 245 Ha's el Estado no muestra indicios de tener voluntad de política para dar trámite legal a la transferencia de los susodichos excedentes, manteniéndose congelado el proceso iniciado a finales de 1980, dándose bases al movimiento social campesino para que tome en sus manos y de hecho la ocupación de las tierras excedentarias, que existen actualmente.
A) LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
La propiedad privada, por mucho tiempo se consideró como un derecho absoluto, de un uso exclusivo de su propietario, en el cual se posee un dominio total; lo que nos hace caer en la corriente romanista clásica, sobre que el titular tiene el derecho de uso, goce disposición y muchas veces abusar de la propiedad privada; pero ahora el derecho de propiedad privada sobre los inmuebles se ve sujeto a distintas corrientes como lo es la teoría de las reservas, del dominio eminente, de la colisión de derechos, de los fines del estado, de la función social de la propiedad, estas teorías han puesto un límite al derecho de propiedad sobre la tierra es inmutable, pero por ahora hablaremos de lo que concierne la teoría de la función social de la propiedad, sujeta como un elemento para que proceda la expropiación.
Esta teoría que contiene un alto grado y contenido humanista, tiene como fundamento principal, el negar la existencia de la propiedad privada como derecho absoluto y sostiene que el Estado en virtud de tal principio puede expropiar los bienes de los particulares cuando el interés social así lo demanda, ya que la concepción individual de propiedad constituye en muchos sentidos un obstáculo para lograr la realización de la finalidad suprema del hombre, cual es el logro de la completa felicidad.
El principal mérito de esta teoría es el haber determinado una nueva concepción del concepto de propiedad privada, concebida ésta ya no como un derecho absoluto, sino como un derecho con obligaciones, las cuales se concentra en la idea de justicia social. 3
Esta teoría ha sido retomada en la Constitución de la República, la que ha permitido la creación de leyes que permiten expropiar bienes que en última instancia puedan producir el bien común para todos los habitantes de la nación.
1) LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA.
La teoría de la función social de la propiedad, traducida en el derecho de propiedad que crea obligaciones; se consagra en nuestra carta magna como una causa para proceder a la expropiación de inmuebles, este derecho es retomado en la Ley Básica de la Reforma Agraria, regulando la función social de la propiedad en su texto como: cumple la función social de la propiedad, toda aquella que se encuentre explotada directamente por su propietario o bajo su dirección, o en su caso por su poseedor; que esta explotación garantice un mínimo de producción y productividad, de acuerdo a los niveles de promedio nacional para el proyecto de que se trate; que dicha explotación se efectúe de acuerdo a los planes de desarrollo agropecuario trazados por el Estado; así como que se manejen, conserven y protejan apropiadamente el suelo, el agua y demás recursos naturales renovables, que se cumplan con las leyes laborales y de seguridad social.
3 Régimen Legal de la expropiación en El salvador, 1969 José Samuel Nuila Orantes.
Esto es lo que por disposición expresa de la ley, toda propiedad privada debería de reunir para cumplir con la función social, claro está que si la propiedad que cumple con la función social excede del derecho de reserva de ley, ese excedente debidamente comprobado sería objeto de expropiación; siendo la naturaleza del proceso de reforma en la estructura de tenencia de la tierra; como un proceso rápido, masivo y drástico de distribución de tierra; pero si este recurso no llenaba el requisito de la función social, aunque se encontrara dentro del límite de tenencia de la tierra, ésta sería objeto de expropiación, y más aún si la explotación del recurso tierra por el propietario o poseedor, producía deterioro en los recursos naturales renovables.
Este principio de la propiedad privada en función social, continúa contemplado en la Constitución de la República en el artículo 103, (Cn), principio constitucional que ha sido discutido ya que por lo general la propiedad privada no reúne la función social, el Estado poco o nada se preocupa por que se haga cumplir la ley, y mucho menos por expropiar los inmuebles que no estas condiciones; como para continuar con el proceso de Reforma Agraria.
B LA EXPROPIACIÓN EN LOS PROCESOS DE REFORMA AGRARIA
La institución jurídica de la expropiación ha jugado un papel importante en el proceso de Reforma Agraria, no obstante esta regulada en nuestra carta magna desde 1841; en su artículo 92, limita la expropiación, a causas de interés público legalmente comprobado y previo el pago de una justa indemnización; es ahí en donde se encuentran las raíces de la expropiación, que ha evolucionado, hasta nuestros días, pero por ahora nos enmarcaremos desde dos puntos de vista distintos, la expropiación antes de la Reforma Agraria y la expropiación en la reforma agraria.
1) LA EXPROPIACIÓN ANTES DE LA REFORMA AGRARIA
La expropiación como institución, como ya lo mencionamos tiene su cuna en la Constitución de 1841; partiendo de la disposición constitucional se ha decretado una variada gama de disposiciones legales para el caso, como lo es: La Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por el Estado, Ley de la Administración Nacional de Acueductos Alcantarillados (ANDA), Ley de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), Ley de Expropiación de Terrenos para las Obras de Electrificación Nacional, Ley de Riego y Avenamiento, Ley Forestal y Código Municipal.
La expropiación en nuestro país, antes de la Reforma Agraria toma como fundamento teórico la teoría de los fines del Estado, sostiene que la expropiación es una institución necesaria para los fines del estado, fines que se concretan mediante la actividad que en forma de atribuciones desarrollan los distintos órganos estatales.
Esta expropiación es un acto meramente administrativo, que obedece a la función social que prestaría a la colectividad dándosele una función social a la expropiación ejecutada.
En el proyecto de transformación agraria de 1976, que tendría que haber sido ejecutado por ISTA, teóricamente tendría que someterse a conocimiento de la Comisión de Nacional de Transformación Agraria, para que aprobara el proyecto, y así se presentaría a la Asamblea Legislativa por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobado una vez el proyecto no se podría presentar otro mientras no se agotara el iniciado anteriormente; procedimiento a seguir, era el de citar al propietario del inmueble, por medio de una publicación en el Diario Oficial, para que el potencial afectado se presentara a negociar por medio de su oferta en venta del inmueble, si el potencial afectado no se presentase al ISTA a negociar sin justa causa se le tendría por renuente, por lo que se optaría por declarar el inmueble expropiado, fundándose esta expropiación agraria con de orden publico y de interés social.
El otro procedimiento sería regulado en sede judicial, denominado procedimiento especial de expropiación.
2) LA EXPROPIACIÓN EN LA REFORMA AGRARIA DE 1980
La Reforma Agraria de 1980, se caracterizó por al adquisición de inmuebles, primero se pensó en la compra-venta voluntaria de los mismos por medio de la negociación directa con sus propietarios, pero previendo la negativa del terrateniente ante la negociación de dichos inmuebles, la ley previó como medida saneadora el procedimiento conocido como "Acto expropietario por Ministerio de Ley", innovación regulada en la Ley Básica de reforma Agraria, Ley para la Afectación y Traspaso de Tierras Agrícolas a favor de sus Cultivadores Directos, Ley Especial Para la Afectación y Destino de las Tierras Rústicas Excedentes de las 245 hectáreas, Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria, Decretos 153, 207, 895 y 747 respectivamente.
Las expropiaciones en materia agraria, según Andrés Serra Rojas4, el Estado debe de realizar expropiaciones, cuando existan núcleos poblacionales que carezcan de ejidos, o que si los poseen no pueden probar su dominio por carecer de justo título, y si los tienen, los han perdido por enajenación, es donde el estado debe de dotarlos de tierra necesaria y con agua suficiente para sus actividades básicas, en terrenos de riego o de humedad con una extensión no menor de diez hectáreas, o en su caso su equivalente según la clase de tierra, esta expropiación deberá ejecutarse en los alrededores de las poblaciones sin este recurso.
4 DERECHO ADMINISTRATIVO, DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA TOMO II, ANDRÉS SERRA ROJAS.
Este sistema de expropiación en materia agraria como se plantea ejecutar en una forma sectorial, no operó en nuestro medio por que todo proyecto bajo este sistema sectorial al ser ejecutado en nuestro país fracasó, por lo que se optó por la ejecución de la figura jurídica del Acto Expropietario por Ministerio de Ley, no registra procedimiento alguno instituido, tal como su nombre lo indica, no requiere de más formalidades que la vigencia de la ley, por que es un imperativo legal.
Para el Licenciado Rodríguez Arias 5 sostienen que la expropiación por ministerio de ley, es de tipo JURÍDICO POLÍTICA, porque existe un cúmulo de Leyes y decreto, inclusive la ley primaria, que incorporan en su texto esta figura, asimismo porque su fundamento se inspira en la satisfacción de necesidades de índole colectivo y la supremacía del bien común, sobre el interés particular, haciendo establecer un equilibrio social que conlleve a la formación de una sociedad basada en la justicia social.
5EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO EN EL SALVADOR, TESIS, CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ ARIAS, NÉSTOR ALBERTO MURILLO.
Como lo mencionamos en su oportunidad, el acto expropiatorio por ministerio de ley, no registra procedimiento alguno, pero partiendo de la Ley Básica de la Reforma Agraria, se tendría que tomar posesión del inmueble por los delegados del ISTA, con el auxilio de la fuerza pública, por este medio se afectaba los inmuebles y sus accesorios, el acta de intervención, haciéndose constar en ella el número de tomo y de inscripción en el registro de la propiedad raíz e hipotecas, así como su descripción técnica del inmueble, sus accesorios y el monto de su indemnización, ésta se debería firmar por su propietario, poseedor o representante legal en un plazo no mayor de ocho días, a partir de la toma de posesión del inmueble afectado, si nadie compareciere a firmar el acta, se procedería a depositar el monto de la indemnización en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), y la certificación del acta de intervención firmada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, serviría de justo título para ser inscrito en el respectivo registro, sin necesidad de solvencias, ni de derechos registrales.
1) EL DERECHO DE RESERVA SOBRE LA PROPIEDAD CONCEPTO.
El derecho de reserva sobre la propiedad, es aquella facultad que el Estado otorga a los terratenientes, para que dispongan del inmueble, dentro de los límites a la extensión máxima de tenencia de tierra a favor de una o varias personas.
Según nuestra carta magna, el límite a la tenencia de la tierra o derecho de reserva de la misma, es de 245 Ha's otorgándose a su propietario plena garantía de respeto a ese derecho a su propietario, para que use, goce y disponga del mismo inmueble.
Este proyecto contemplaba la adquisición de bienes por medio de la venta voluntaria o de expropiación; con una extensión de 58,744 Ha's en los departamentos de San Miguel y de Usulután, asegurando así, a sus propietarios ubicados en el área de influencia del proyecto, un derecho de reserva legal de 3 Ha's como mínimo y 35 Ha's como máximo, ya sea porque forman parte de un solo cuerpo o que se encuentran diseminados en varias parcelas en el territorio de la República.
3) EL PROYECTO ORIGINAL DE LA RESERVA LEGAL SOBRE LA PROPIEDAD, EN LA REFORMA AGRARIA DE 1980.
El proyecto original de la reforma agraria, contemplaba aparejada a la expropiación; un derecho de reserva, que se establecía partiendo de la calidad agrológica del recurso tierra, sin importar la distinción de cultivos, localización, productividad o sistema de tenencia del recurso tierra.
La reserva legal de la propiedad según la Ley Básica de la Reforma Agraria, oscilaba entre los 100 y 150 Ha's; así para las clases agrológicas I, II, III y IV la reserva correspondiente, tendría que ser de 100 Ha´s., y en los suelos clase V, VI y VIl la reserva de 150 Ha's.
Esta extensión fue declarada según la ley, como la máxima extensión superficial de tierra para una sola persona, ya sea en forma individual o asociativa, en uno o varios inmuebles, vale la pena mencionar, que la misma ley regulaba que si un inmueble se encontraba siendo mal explotado por su propietario o poseedor, y no requiere los requisitos que debía de llenar para cumplir con la función social de la propiedad agrícola; aunque este inmueble se encontrare dentro del derecho de reserva legal, o fuere menor que la reserva establecida, podría ser objeto de la expropiación, sin atender el texto de la misma ley, sobre el derecho de reserva legal.
Este derecho de reserva tuvo un elevado giro, en su extensión deberán ser transferidas a cualquier título a campesinos beneficiarios de la reforma agraria, o de lo contrario serían castigados con la expropiación, pero esta aún no se aplica, a pesar de que existe la legislación sobre el caso.
D) EL RÉGIMEN DE LAS 245 HA'S, COMO UN RETROCESO DE LA REFORMA AGRARIA.
Cuando se implementó la Reforma Agraria, se pensó en un proceso drástico y masivo de transferencia de tierra, que afectaría toda clase de inmuebles a nivel nacional, rompiendo con la estructura agraria; se podría pensar que es un ilógico, el hablar de un retroceso de la Reforma Agraria, cuando se incorpora al texto constitucional que la propiedad privada tendría un derecho de reserva de 245 Ha's., y que la constitución misma reconoce todos los Decretos y leyes que se emitieron para impulsar la reforma en el agro, aún siendo anteriores a la vigencia de la Constitución.
Se retrocedió en la Reforma Agraria, porque a pesar de que la Junta Revolucionaria de Gobierno, previó que el terrateniente podría intentar evadir las leyes de Reforma Agraria; le puso límite en base a la Ley de Congelamiento de Bienes Rústicos, hasta que cobrara vigencia la Ley Básica de Reforma Agraria, que en sus orígenes previa expropiar las propiedades mayores de las 500 Ha's., y en una etapa posterior, se expropiarían las propiedades mayores de 100 Ha's., tomándose éste como derecho de reserva legal; al entrar en vigencia la constitución de 1983, se estableció como derecho de reserva legal las 245 Ha´s., cambiando totalmente el límite a la propiedad, negándose así las propiedades menores de 245 Ha's, y mayores de 100 Ha's, como lo regulaba la Ley Básica de reforma Agraria, dando las condiciones propicias para que en El Salvador se mantenga intacta la gran propiedad rural.
Con vigencia del decreto 207, Ley para la Afectación y traspaso de Tierras Agrícolas a favor de sus Cultivadores Directos, en base a este Decreto se expropio inmuebles que estaban siendo cultivados por arrendatarios y aparceros, en fin su explotación era por sus cultivadores directos y no por su propietario, ni mucho menos bajo su dirección, tomando como parámetro la Ley Básica de Reforma Agraria, podemos observar otro retroceso en la reforma en el agro, ya que los terratenientes afectados por este nuevo Decreto, y expropiados por FINATA, en su mayoría interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; recurso que se interponía en contra de las expropiaciones de FINATA, tomando como fundamento los artículos 105 y 267 Cn. porque el primero establecía el derecho de reserva legal sobre la propiedad y que en base a este Decreto se había violado, el segundo da el reconocimiento a todas las leyes de la Reforma Agraria, en todo lo que no se opusiera a la Constitución vigente; produciendo sentencias en contra de las expropiaciones, por lo que hubo necesidad de los antiguos propietarios las tierras que en un tiempo fueron afectadas por la Reforma Agraria.
La Constitución misma regula que las tierras mayores a la reserva de ley, serán expropiadas y transferidas a los beneficiarios de la Reforma Agraria; para tal efecto se emite la ley especial para el caso, pero aún no se cumple, es más ahora se implementan políticas agrarias permanentes, como lo es las funciones del Banco de Tierras, aboliendo totalmente las políticas agrarias de cambio, permitiendo así el retorno de la tierra a manos de sus antiguos propietarios, ya que se está impulsando la parcelación de las propiedades cooperativas, entregar en forma individual las nuevas adjudicaciones, y demostrar que el sistema cooperativo en El Salvador es un fracaso, por lo que se afirma que el régimen de las 245 Ha's. como derecho de reserva de la propiedad es un retroceso de la Reforma Agraria, por mantener intacta a la gran propiedad rural.
A) ANÁLISIS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 1983.
Dentro del cuerpo legal que forma nuestra Constitución encontramos el Capítulo V, que regula al orden económico: esto según nuestra Carta Magna debe responder esencialmente a los principios de justicia social; para que pueda por medio de esta asegurarse a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano: por consiguiente los habitantes del país una existencia digna del ser humano; Por consiguiente le corresponde al estado promover el desarrollo económico y social, a través del incrementó de la producción y la productividad, asimismo como el uso racional de los recursos y así asegurar el beneficio al mayor número posible de los habitantes del país.
Así como uno de los principales compromisos del Estado como un ente jurídico es el de la promoción del desarrollo económico, asegurándose el incremento de la producción y la productividad, pero ésta sólo es para aquella persona que posee el recurso tierra, por lo que la Constitución en su artículo 104 (Cn), establece que toda la Tierra Estatal Rústica que posea vocación agropecuaria y que no sea necesaria para las actividades del Estado puede ser transferida a campesinos que no posean Tierra.
La misma disposición establece que la transferencia de la tierra debe hacerse dentro de los límites formas establecidas en la Ley; esta disposición constitucional se desarrolla en la ley secundaria, como lo es la Ley de Transferencia de la Propiedad Estatal Rústica de Vocación Agropecuaria a favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria, Decreto 896, Diario Oficial Número 40, tomo número 298, del 26 de Febrero de 1988; Ley que establecía plazo, procedimiento y beneficiarios de la misma; Esta ley es letra muerta por lo que su contenido es retomado en el texto de la ley del Régimen Especial del dominio de la tierra comprendida en la Reforma Agraria Decreto 747, Diario Oficial Número 82, Tomo Número 311 del 7 de Mayo de 1991, pero este cuerpo legal lo estudiaremos en su oportunidad.
Según la disposición constitucional los beneficiarios de toda Tierra Estatal Rústica con vocación Agropecuaria que pudiese ser transferida, pueden ser personas naturales y personas jurídicas, éstas útlimas consideradas como las distintas organizaciones gremiales campesinas que representan al sector campesino aglutinado en ellas.
Por otra parte las personas naturales pueden dividirse en dos clases distintas como lo son:
Los campesinos que poseían tierras, pero que son insuficientes como para asegurar su subsistencia y la de su grupo familiar.
Los campesinos que no poseen tierra, según la ley de Transferencia de la Tierra Estatal Rústica de Vocación Agropecuaria a favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria; deben de preferirse este último tipo de campesino, frente al campesino que posee tierra y frente a los distintos gremios que representan al sector campesino en nuestro país.
Para poder cumplir con tal cometido la ley misma establece los parámetros necesarios que toda persona natural debe de reunir para poder ser considerado como campesino, siendo estos requisitos los siguientes:
A) El que careciendo de tierras se dedique personalmente a trabajar tierra rústica ajena bajo la dependencia de otros, siendo esa su ocupación habitual y que habite en el campo o en asentamientos aledaños a la parcela que trabaja.
Se considera que carece de tierras el que aún teniéndolas a cualquier titulo, le sirviesen para su vivienda rural o la fuesen improductivas.
B) El que como propietario, Arrendatario, aparcero o colono, trabaja directamente la tierra rústica en una o varias parcelas cuya extensión total no exceda las siete hectáreas.
C) Las personas que habiendo reunido alguna de las características señaladas en el presente artículo se encuentren alejadas de sus actividades agrícolas habituales en condiciones de desplazadas por la violencia o causas naturales.
Toda persona natural que reúna estos requisitos según la ley en comento, tiene el derecho de ser beneficiario de la tierra estatal rústica de vocación agropecuaria, que se le pueda transferir por ISTA o FINATA.
Esta transferencia beneficiaría a la gran mayoría de la población campesina, ya que aumenta sus niveles de producción y productividad, nivelando su economía familiar, y por ende influyendo en la economía nacional, ya que por muchos años nuestra economía ha girado alrededor de la producción de granos básicos, pero todo ello bajo la óptica de que la tierra que se le transfiriese pudiese llegar a ser suya.
3) LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL LIMITE DE TENENCIA DE LA TIERRA.
Nuestra Constitución en su estructura reconoce y garantiza el derecho que toda persona pueda tener sobre la propiedad privada siempre y cuando cumpla con la función social.
Pero este derecho se encuentra fomentado por el Estado como una de sus principales obligaciones; para poder asegurar la estabilidad económica del país; este fomento es independiente de la forma de tenencia de la tierra, ya sea en forma individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa que pudiese existir; aunque en nuestro medio esto obedece a los intereses del gobierno en turno está tratando de implementar la forma individual sobre la tenencia de la tierra, a través de la parcelación de la tierra de las cooperativas que mantienen el sistema asociativo de tenencia de la tierra.
La propiedad privada, así reconocida y garantizada por el Estado, tiene una limitante y es la de encontrarse dentro de los límites de extensión máxima sobre la tenencia de la tierra; Este límite se consagra en el artículo 105 de la Constitución de 1983, en donde se establece que "La Extensión Máxima de Tierra Rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las Asociaciones Cooperativas o comunales campesinas.
Este derecho de reserva, que puede poseer cualquier persona es el único límite a la propiedad privada, ya que de excederse de esta reserva da lugar a la aplicación de la figura jurídica de la expropiación, pero vales la pena hacer la salvedad que esta limitante no es aplicable a las Asociaciones Cooperativas y a las gremiales campesinas ya que ellos sí pueden excederse de los límites máximos de tenencia de la tierra.
Continúa la disposición legal en comento, diciendo que por ningún concepto podrá reducirse la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece este artículo de la Constitución, según el contenido de la Ley Primaria, nadie puede llegar a reducir el derecho de reserva legal de 245 Ha's, caso contrario da la aplicación de la Ley Básica de Reforma Agraria que establecía que la extensión máxima de tierra privada seria de 100 a 150 Ha's según la calidad agrológica de la tierra, pero que todo inmueble menor al derecho de reserva ahí establecido que no cumpliera con la función social y que amenazare con el deterioro de los recursos naturales podría ser expropiado, eliminándose así el derecho de poseer una reserva legal sobre la propiedad privada.
Para no dejar un vacío legal; para que el terrateniente no acudiera el mandato constitucional, la Constitución previó darle la facultad al terrateniente que tuviere inmuebles que excedieren de 245 Ha's, para que acatare su derecho e reserva sobre el recurso, tanto era el alcance del Legislador que en los casos de la tierra se encontraba en pro-indivisión, ésta podría ser objeto de partición, como por ejemplo las sucesiones declaradas, o en el caso de las Asociaciones (Empresas Mercantiles) que tendría que aplicársele la limitante sobre la extensión máxima y en esta caso se les otorgó la oportunidad a los copropietarios de partir el inmueble, separar su cuota de aportación (inmuebles) y así evitar al ser afectados por la disposición constitucional.
Pero la visión del legislador no se quedó corta, en su mismo texto establecía quien o quienes serían los destinatarios de los excedentes al límite máximo de la tierra que pudiesen existir; por lo tanto los beneficiarios serían campesinos, agricultores en pequeño, sociedades y Asociaciones cooperativas y comunales campesinas, recibiéndolas éstas a cualquier título que en aquella época el terrateniente y el campesino deciden a su entera voluntad; pero además, la ley determinaba que el recurso tierra no debería ser transferido a sus parientes que se encontraban dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, por la razón de que la oligarquía seguiría manteniendo el monopolio sobre la tierra que ha sido y sigue siendo la base del poder económico.
b) PLAZO PARA TRANSFERIR LOS EXCEDENTES DEL DERECHO DE RESERVA LEGAL.
En cuanto al tiempo prudencial en el cual podría transferir las tierras que excedían del límite máximo sobre la tenencias de la misma en este caso el legislador estableció como plazo prudencial el de 3 años, plazo que iniciaría el 20 de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y fue vencido el 20 de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, período durante el cual toda persona que tuviera en su poder inmuebles que su cabida real fuere mayor a las 245 Ha's se encontraban en la obligación de transferirlas a las personas que la misma constitución establecía que podrían ser beneficiarias de ésta.
Reza la misma disposición que una Ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas, al finalizar el período anteriormente establecido.
Por los que algunas personas se acogieron al precepto constitucional y acotaron al derecho de reserva en el lugar más adecuado para ello, transfiriendo, otros terratenientes, ignoraron el mandato expreso de la Constitución por lo tanto sus propiedades quedaron sujetas a la ley especial que regularía tal situación; en efecto la ley se dio con un poco más de un año de retraso con el nombre de "Ley Especial para la Afectación y Destino de las Tierras Rústicas excedentes de las 245 Ha's Decreto legislativo número 895. Diario oficial Número 40, tomo 298, del 26 de Febrero de 1988, con el presente Decreto se pretendió solucionar el problema de la transferencia de los excedentes que sobrepasaban el derecho de la reserva legal, pero esta ley a pesar de ser emitida tarde no fue aplicada, por lo que la existencia de los excedentes de 245 Ha's continúa siendo una realidad.
2) LA EXPROPIACIÓN
La expropiación tal como la enmarca nuestra Constitución solamente se refiere a un trámite meramente administrativo, fundada en la ley de expropiación y ocupación de bienes por el Estado que teóricamente se traduce en la teoría de la colisión de derechos, que regula que cuando el interés general debe privar sobre el interés particular, si se produce una controversia entre ambos intereses debe resolverse en favor del interés general, ya que beneficia en la generalidad de la población; esta corriente es la que el legislador prevé en los casos de expropiación, pero previa una indemnización en base al monto que se valúe el inmueble a expropiar.
El mismo articulo 106, establece otro tipo de expropiación y es la que procede por causas provenientes de la guerra de calamidad pública, o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de carreteras, caminos o vías publicas de cualquier clase, acá la indemnización podrá no ser previa. este postulado se enmarca doctrinariamente en la teoría de los fines del Estado; acá se defiende a la expropiación como una institución necesaria para los fines del estado, fines que se concretan a través de las atribuciones de los distintos órganos del Estado.
Lo innovador que la Constitución vigente posee es que la diferencia de la Constitución de 1962 reduce el plazo para pagar al expropietario la indemnización correspondiente de, según el artículo 138 inciso 2ª de la Constitución de 1962, daba un plazo de 20 años para liquidar la obligación, la Constitución de 1983 en su artículo 106 inciso 3º, reduce el plazo a 15 años, con los respectivo intereses que pueda devengar, algo que no previó el legislador de 1962.
a) LA EXPROPIACIÓN POR MINISTERIO DE LEY DE LAS TIERRAS QUE EXCEDEN DE LAS 245 HA'S.
El artículo 267 de la Constitución; en su contenido, aclara que todo aquel recurso tierra que excede los límites máximos de extensión superficial, que le puede corresponder a una persona natural o jurídica, y que no fue transferido a personas particulares, a cualquier título que estimares, a cualquier t´titulo que estimare conveniente, al cumplirse el plazo legal de 20 de Diciembre de 1986, por causas que se le pueden imputar al propietario; podría ser objeto de "Castigo" por medio de "Castigo" por medio de la expropiación por Ministerio de Ley, y sin otorgársele la indemnización previa; la disposición constitucional, aunque es clara, el mandato de su texto es potestativo para el Estado al expropiar la tierra por Ministerio de Ley, en lugar de ser imperativo el mandato constitucional y tendría que estar redactado así "Deberá ser objeto de expropiación por Ministerio de Ley"; por lo tanto si hubiese sido imperativo el mandato constitucional cumplido el de 3 años que otorga al art. 105 Cn. si no existía la ley especial para la caso, la tierra debería haber sido expropiada por medio de la Ley Básica de Reforma Agraria, respetándose el contenido del artículo 105 de la Cn. y con respaldo de ésta.
B) ANÁLISIS CRITICO A LA LEY PARA LA AFECTACIÓN Y DESTINO DE LAS TIERRAS RÚSTICAS QUE EXCEDEN DE LAS 245 HA'S.
Inicia este cuerpo legal ratificación la expropiación por Ministerio de Ley de las Tierras rústicas que exceden de las 245 Ha's y que por causas imputadas a sus propietarios o poseedores no fue transferida dentro del plazo estipulado para tal efecto en el artículo 105 de la Carta Magna Vigente, quedando al margen de esta disposición las propiedades de las Asociaciones Cooperativas y Comunales Campesinas.
2) CORRESPONDE AL ISTA, ESTABLECER LA RESERVA LEGAL AL EXPROPIETARIO.
Según la Ley le corresponde al ISTA el dominio de los inmuebles que son excedentes de las 245 Ha's, siempre y cuando se haya tomado posesión de las mismas, dándose total garantía y respeto a las personas que en tiempo acotó su derecho de reserva legal; pero en los casos en que las personas que pudieron ser afectadas por expropiación no se ampararon al plazo que otorgaba al artículo 105 de la constitución su derecho de reserva legal sería establecido por el ISTA, asimismo sus respectivos excedentes, y correspondiéndole al expropietario el pago de los costos que el ISTA hiciere para establecerlo, en donde se aseguraría una eficiente explotación de la tierra, tanto para el expropietario, como para el beneficiario de dichos excedentes.
3) PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ADMINISTRATIVO) PARA TOMAR POSESIÓN DE LA TIERRA QUE EXCEDE DE 245 HA'S.
Según los artículos 21 y 22 de la Ley, el dominio de los excedentes al derecho de reserva expropiados en base a ésta, corresponden al ISTA a partir del momento de toma de posesión de los mismos, siendo necesario observar el siguiente procedimiento administrativo:
A - En primer lugar existe una presunción legal de imputabilidad al propietario que no transfirió los excedentes al término de los tres años que dio la Constitución;
B - En base a lo anterior el expropietario podría desvirtuar tal presunción ante el ISTA, otorgándole un período perentorio de 8 días, a partir de la vigencia de la ley, durante el cual se aportaría la prueba pertinente y que sean fehacientes, exceptuándose la prueba testimonial e instrumental privada, porque la misma ley las declara inadmisible;
C - EL ISTA tenía para resolver tres días después de vencido el plazo, tomando como base las pruebas aportadas;
D - Di la resolución del ISTA era desfavorable al expropietario se procedería de inmediato a la toma de posesión del excedente respectivo;
E - Si la resolución era favorable al terrateniente no procederá la expropiación del excedente por ministerio de ley, y la adquisición de dicho del excedente, procedería así:
1.- EL ISTA citaría al propietario por medio de un edicto que publicaría en un periódico de mayor circulación nacional para que dentro del plazo de 5 días a partir de la publicación, se presentará a las oficinas del ISTA a ofertar en venta el excedente de sus tierra rústicas.
2.- Una vez vencido dicho plazo, sin verificarse en el ISTA, la oferta en venta de excedentes, o cuando se hubiere verificado, no hubiere acuerdo, el ISTA procedería a determinar y valuar el excedente respectivo y previo a la indemnización en su caso, procedería a declarar expropiado el excedente respectivo del inmueble en su caso; vale la pena mencionar el caso especial que menciona el artículo 23 Inc. de la ley, señala que toda persona que adquiriera bienes que le permitan exceder el límite máximo de tenencia de tierra, posterior a la vigencia de esta ley, debería optar por presentar en oferta al ISTA dichos excedentes.
4) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA PROPIEDADES GRAVADAS Y SUJETAS A EXPROPIACIÓN.
En aquellos casos cuando los inmuebles expropiados estuvieren embargados, el monto de la indemnización correspondiente se depositará en el Banco Central de Reserva, y a la orden del juez competente, a fin de que éste pague a sus acreedores conformes les corresponda, y si hubiere un remanente se depositaría a favor del expropietario.
También procedería según la ley al depósito cuando el expropietario tuviere obligaciones insolutas, por créditos a la producción inscritas o no otorgadas por alguna institución financiera al expropietario, cuando éste no comparezca o cuando compareciere no estuviere de acuerdo con el monto de la indemnización, en estos casos se tendría que depositar la indemnización a nombre del expropiatario, en el Banco de Fomento Agropecuario quedando la obligación al ISTA de publicar por una sola vez en un periódico de mayor circulación tal circunstancia para que tanto el expropietario, como sus acreedores haga uso de sus derechos de conformidad con la ley.
Si el monto de la indemnización depositada en el banco no alcanzare a cubrir el monto de los derechos de terceros, la diferencia quedaría garantizada con el derecho de reserva segregado a favor del expropietario, para formular el monto de la indemnización correspondiente tendría que ser determinada por el ISTA y el Comité de organizaciones campesinas, éste último declarado inconstitucional en sus artículos 1, 2 y 3 de su ley de creación, por la Corte Suprema de Justicia, el 13 de septiembre de 1989.
Sobre la forma de pago debe señalarse que a diferencia de otras leyes, ésta determina que dichos pagos se harán por medio de bonos de la Reforma Agraria de la serie "C", independiente del área que se expropiaría y que si su monto hubiere llegado a exceder los 10.000,000.00 de colones este pago debería hacerse a plazos, devengando en ambos casos el interés bancario correspondiente, partiendo de la fecha en que hubiere sido declarada la expropiación.
Estos bonos tienen una particularidad muy especial que beneficia al expropietario, en razón de que si éste solicita financiamiento para mejorar la producción agropecuaria; cualquier institución financiera deben de ser aceptados por estas como garantía; así como hacer el pago de impuesto de donaciones y sucesiones, debiéndose aceptar en estos casos, al 100% en su valor nominal.
6 ) SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES DE 245 HECTÁREAS.
Los inmuebles que adquiriese el ISTA, en base a esta ley serán transferidos a cualquier título, sea individual o asociativa a los campesinos, Asociaciones Comunales Campesinas, Asociaciones Cooperativas o cualquier otra clase de asociaciones campesinas, existentes o que se llegaren a crear en el futuro; se tomaría como base el dictamen del Coc., teniendo en todo caso derecho preferente los campesinos que se encontraran radicados por los menos con un año de anterioridad en las tierras que se adquieren o las.
El precio que pagarían los expropietarios no podría ser inferior, al monto que el ISTA pagaría, como indemnización al expropietario.
La Ley en lo que compete a la forma de la indemnización al expropietario, conlleva contradicciones implícitas, así, por un lado e Art. 8 y la Constitución misma establece que si no se transfieren los excedentes dentro del plazo del Art. 105 Cn. la indemnización no podría ser previa; pero por otro lado si se prueba que no fue razones imputables al terrateniente, las causas de no transferirse la tierra que excede, procedería una previa indemnización al propietario, según el Art. 22, al primer caso se le aplicaría la expropiación por Ministerio de Leyes, al segundo no se le aplica esta tipo de expropiación.
C ) ANÁLISIS DE LA LEY DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DOMINIO DE LA TIERRA COMPRENDIDA EN LA REFORMA AGRARIA.
1) RATIFICA LA TRANSFERENCIA DE TIERRA ESTATAL RÚSTICA Y LAS TIERRAS QUE POR SER EXCEDENTES AUN NO HAN SIDO EXPROPIADA POR MINISTERIO DE LEY.
Inicia la Ley diciendo que el objeto de la misma es el de propiciar la consolidación de la Reforma Agraria, por lo que para obtener este objetivo se impulsará la transferencia de la Propiedad Estatal Rústica con Vocación Agropecuaria que no sea indispensable para las actividades propias del Estado; Asimismo como lo es la aplicación de la Ley Especial para la Afectación y Destino de las Tierras Rústicas Excedentes de las 245 Hectáreas según el artículo 2 de la misma, en esta Ley conocida popularmente como la Ley de Consolidación de la Reforma Agraria, se retoman los planteamientos teóricos de la Ley de Transferencia de la propiedad estatal rústica de Vocación Agropecuaria a favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria, y la Ley especial para la Afectación y Destino de las Transferencias Rústicas Excedentes de las 245 Hectáreas.
Según la Ley en comento la propiedad rural de vocación agropecuaria, que al momento de entrar en vigencia la Ley, se encontrare en posesión de las distintas dependencias del órgano ejecutivo, y que no sea necesaria para las distintas ocupaciones habituales de las mismas; se encuentran en la obligación de enviar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, una nómina de los inmuebles de su propiedad, que contemple ubicación, extensión superficial, la respectiva inscripción registral, y en la medida de los casos, fotocopias de la escritura del respectivo inmueble.
Agotada que sea esta etapa, la misma obliga al Ministro de Agricultura y Ganadería que envíe este listado a la Presidencia del ISTA para que sea ésta quien determine a los técnicos que sean necesarios para: que se elabore los planos topográficos y la descripción técnica del inmueble; levante un censo de población de los tenedores que al momento se encuentran ocupando los inmuebles; establezca las áreas apropiadas para la explotación de los respectivos inmuebles por personas naturales asociaciones cooperativas, comunistas campesinas u otro tipo de organización de trabajadores agropecuarios; si existen grupos familiares o solidarios campesinos, siendo que residen en el inmueble o en sus alrededores.
Una vez practicada esta diligencia corresponde a ISTA evaluar si las personas mencionadas anteriormente reúnen los requisitos necesarios para poder ser beneficiarios de la Reforma Agraria.
La misma Ley previó un proceso de saneamiento, por los casos de existencia dentro de los mismos inmuebles de personas que no reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria, en tal caso se afectaría a la cooperativa, en el sentido que ésta ya no podrá ser adjudicataria de este inmueble por lo que las organizaciones de esta índole quedan imperativamente obligados a excluir de su seno a dichas personas; si por alguna razón remota, si practicare adjudicación, previa prevención, y ésta última no será nulo de pleno derecho, aún si el respectivo instrumento en que se verifica la tradición del dominio del inmueble se encontrare inscrito en el respectivo registro de la propiedad.
Si en los inmuebles sujetos a transferencia existen personas naturales que exploten los inmuebles y que no reúna la calidad de beneficiarios de la Reforma Agraria, la gerencia de Transferencia de Tierra, les hará una prevención para que dentro del plazo perentorio de 60 días, desocupen el inmueble; si no se practicare la desocupación una vez vencido el plazo, el ISTA por medio de su representante legal, librará oficio a la Fiscalía General de la República, solicitando que se incorpore la demanda respectiva de desalojo y en su caso el lanzamiento de los tenedores demandados. Para tal caso conocerá el juez de lo civil que tenga competencia territorial en el lugar donde se radica el inmueble, ventilándose este trámite en juicio sumario.
Los extremos a relacionar en la demanda y que son la base de la prueba a presentar en juicio principalmente son la certificación que extienda la Gerencia de Transferencia de Tierras de ISTA, con la cual se da a conocer que el inmueble que se pide sanear se encuentra entre los destinados a adjudicarse a los beneficiarios de la Reforma Agraria, y que la o las personas demandadas no reúnan la calidad ya mencionada, como lo establece el art. 105 de la Constitución.
3) PAGO PARA HACER LA TRANSFERENCIA DE LA TIERRA ESTATAL RÚSTICA DE VOCACIÓN AGROPECUARIA.
La misma ley otorgaba un plazo, a las dependencias del Órgano Ejecutivo que pusieran a la orden del Ministro de Agricultura y Ganadería; este plazo era de 30 días improrrogables, éste venció el 22 de junio de 1991, pero esta nómina de inmuebles estatales no se ha conocido hasta la fecha.
Asimismo la misma ley daba como límite para transferir la tierra a los campesinos que cumplieran o llenaran los requisitos de ley; el de un año a partir de la vigencia de la misma ley; por lo que a estas alturas, el plazo venció el 2 de mayo de 1992, pero no se ha registrado transferencia alguna de tierra de esta naturaleza, como consecuencia de la negativa de las instituciones estatales de informar de la existencia de inmuebles a su favor.
4 ) PLAZO PARA INTERVENIR PROPIEDADES PRIVADAS QUE POSEEN EXCEDENTES DE 245 HA'S.
Este cuerpo legal para proceder a la intervención de inmuebles, que aún conservan excedentes al límite de tenencia sobre la propiedad; para tal efecto debe observarse el trámite, que establece la Ley Especial para la Afectación y destino de Tierras Rústicas Excedentes de las 245 Hectáreas, así como de quienes se les financiará la adjudicación y transferencia de la misma; consecuentemente la ley dio un plazo de un año a partir de la vigencia de la misma, plazo que venció el 7 de Mayo de 1992; en el cual se tendría que transferir estos fundamentos que de conformidad con la ley especial se encuentran expropiados; el procedimiento de esta ley se encuentra expuesto en el apartado (sub-capitulo) anterior.
5) ENTIDAD EJECUTORA DE LA TRANSFERENCIA DE LAS TIERRA QUE EXCEDEN DE LAS 245 HA'S.
Partiendo de la ley en comento, determina que es el ISTA a quien le corresponde dicha actividad, a través de la gerencia de Transferencia, oficina encargada de realizar los distintos estudios, para la adjudicación de la Tierra estatal Rústica de Vocación Agropecuaria las tierras que exceden de las 245 Ha's, que aún se encuentra en manos de los terratenientes y los bienes que se encuentran en poder del ISTA en base a la ley para la adjudicación de tierras adquiridas por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, con anterioridad a la Ley Básica de la Reforma Agraria.
La Ley en estudio es ley del Régimen Especial del Dominio de la tierra comprendida en la reforma Decreto Legislativo número 747, publicado en el Diario Oficial número 82, tomo 311 del 7 de Mayo de 1991.
1) SOBRE TIERRAS QUE EXCEDEN DEL LIMITE CONSTITUCIONAL DE LAS 245 HA'S.
En el marco de los Acuerdos de Paz, firmados por el GOES y FMLN, en el capítulo V, tema económico y social, se conoce del problema agrario, que en su literal A, corresponde a las tierras que exceden del límite Constitucional de las 245 Ha's; acuerdo en el cual el GOES se compromete y asegura que se transferirán las tierras rústicas e vocación agrícola que aún no hayan sido transferidas de conformidad con el art. 105 y 267 de la Constitución de la República.
Se entiende que el gobierno se comprometían asimismo a vigilar porque no se evada la aplicación del mandato constitucional por parte de los propietarios de tierras rústicas excedentes de 245 Ha's.
Compromiso que se materializa en el Programa de Transferencia de Tierras (PTT), es ejecutado por medio de la Oficina Coordinadora del Tema Agrario, (OCTA); extendiendo su coordinación al ISTA, para darle cumplimiento al compromiso adquirido, ejecutándose (según PTT) la primera fase como adquisición y expropiación de los inmuebles que exceden el límite constitucional de 245 Ha's.
2) ANÁLISIS CRITICO A LA LEY TRANSITORIA DE MEDIDAS Y GARANTÍAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS Y SEGURIDAD DE LA PROPIEDAD AGRÍCOLA.
El decreto 385 del 26 de Noviembre de 1992, publicado en el Diario Oficial número 317, tomo 238, del 14 de dic. de 1992, teniendo por naturaleza, el saneamiento de los inmuebles potencialmente afectados por el programa de transferencia de tierras (PTT).
a) ÁREA DE APLICACIÓN DE ESTA LEY ESPECIAL.
La ley tiene por objeto viabilizar el proceso de transferencia de tierras en las zonas exconflictivas, y así dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, llevando la intervención de la CEA/COPAZ, para conciliar intereses entre los propietarios, pobladores o trabajadores que fueron verificados por la CEA/COPAZ.
El programa, tiene por finalidad beneficiar a un promedio de 25.000 tenedores, así como a los excombatientes de la Fuerza Armada y FMLN. Por medio de esta disposición al propietario de inmuebles ocupados para optar a la enajenación o conservación del inmueble en cuestión, observándose la clasificación de casos de la CEA/COPAZ en la verificación de inmuebles.
b) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LOS INMUEBLES OCUPADOS Y SE HA INICIADO PROCESO JUDICIAL EN CONTRA DE SUS OCUPANTES.
En los casos que se demanda ante un tribunal de primera instancia, por delito de usurpación, perturbación o desalojo de inmueble; el juez que instruye la causa, antes de iniciar el procedimiento ordinario y común según sea el caso, se encuentra en la imperativa obligación de librar un oficio a la Oficina Coordinadora del Tema Agraria (OCTA) encargada de coordinar el Programa de Transferencia de tierras, para que esta oficina informe si los demandados se encuentran como verificados y son beneficiarios del programa de transferencia de tierras, así como si se hubiere comentado la adquisición del referido inmueble.
Si el informa de OCTA fuere afirmativo, en lo pertinente a la calidad de beneficiario del PTT, pero negativo en cuanto a la adquisición del inmueble, el juez otorga un plazo de 60 días a OCTA para que reubique a los tenedores beneficiarios del PTT.
Si vencido el plazo otorgado a octa, para reubicar, y hecha la oferta de reubicación, a sus tenedores sin que se registre desalojo de inmueble, por no aceptar la oferta los tenedores, el juez otorgará audiencia común a los beneficiarios demandados, por el término de 72 horas, para que manifiesten las causas de su permanencia en el inmueble, este ordenará la desocupación dentro del plazo de 72 horas.
Si dentro de este último plazo, el inmueble fuera adquirido para la consecución del PTT, la OCTA deberá informar inmediatamente al juez de la causa para que suspenda todo procedimiento iniciado.
Así mismo se deberá proceder por el juez, cuando el informe de OCTA, manifieste que los tenedores o perturbadoras no son beneficiarios del PPT, por estar ocupando inmuebles, en zonas no conflictivas o los inmuebles estando en zonas conflictivas no fue objeto de verificación por la CEA/COPAZ.
No son beneficiarios del PTT, todos aquellos tenedores que ocuparon en zonas no conflictivas, aún aquellos que se encuentran en el acuerdo del 3 de julio de 1991, sobre tierras ocupadas, siempre y cuando no hubieren sido verificados en CEA/COPAZ.
Así como toda ocupación, usurpación o despojo, que se realizó con fecha posterior al 14 de Marzo de 1992, no se considera como beneficiarios del PTT, aunque estas se registran en zonas exconflictivas, quedando expedito el derecho de los propietarios que realizar cualquier acción judicial; en cuyo caso se procederá al desalojo judicial del referido inmueble con auxilio de la fuerza de seguridad pública.
Frente al vencimiento del plazo del Decreto 385, y su constante prórroga por la Asamblea Legislativa, para mantener la vigencia de la ley, se dio el 1º de Septiembre de 1994 el Decreto 126; Ley Especial Transitoria de Medidas y Garantías para la Aplicación del Programa de Transferencia de Tierras y Seguridad de la Propiedad Agrícola.
Lo innovador de este Decreto, que en su texto lleva implícito el contenido del Decreto 385; es la recalendarización de la ejecución del programa de tierras, 19 de mayo de 1994.
Así mismo el hecho de probar la calidad de beneficiario, por medio de la posesión del certificado de asignación de tierras, emitido por el Banco de Tierras, y en defecto del respectivo certificado, se probará por medio de la constancia emitida por OCTA, en donde se certifica que se encuentra en los consolidados de nombres recibidos y comprimidos dentro de la fase I y II, concensados por el Grupo Conjuntos de Trabajo (GCT) del programa de transferencia de tierras.
Así como la participación activa del Banco de Tierras y la Secretaria de Reconstrucción Nacional (SRN), quienes con el visto bueno de acta deben de publicar el listado de inmuebles afectados por el PTT.
LA EXPROPIACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES DE 245 HA'S DESDE LOS DISTINTOS SECTORES DEL PAÍS.
1) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA R. A.
Con el golpe de estado de 1979, se inicia una nueva etapa en la conformación de la Estructura Agraria en El Salvador; con la creación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se inició un nuevo Proceso de Reforma Agraria; pero este se tomó como un proceso de adquisición de tierra por parte del Estado con el auxilio de La Fuerza Armada; Reforma que se refleja en una actividad de entrega masiva de tierra a los campesinos que tímidamente la aceptaban; timidez que le permitió la manipulación por parte de ésta, para organizar cooperativas que surgían de la noche a la mañana; organizaciones campesinas que no tenían ninguna orientación como para poder dirigir la empresa que se les entregaba; sin asistencia técnica y orientación de alguna naturaleza; por la razón de no estar educados para pasar de campesino sin tierra, que se mantuvo la mayor parte de su vida trabajando como aparcero arrendatario o simplemente por un estipendio dejando su vida en la tierra que trabaja; para convertirse con esta nueva etapa, como un campesino que posee la tierra, pero sin asistencia técnica y financiera para poder hacer producir la tierra, llevándolo más al empobrecimiento y al acrecentamiento de la deuda agraria.-
El 70% opina que la Reforma Agraria no cumplió con sus objetivos, por lo que la Reforma Agraria no es s`lo el hecho de repartir la tierra, ya que se requiere de asistencia técnica y crediticia, en nuestro país todavía persiste la concentración de tierra en pocas manos, la pobreza rural es mayor cada día, la subutilización de la mano de obra continua, no hay educación académica para el campesino, ni mucho menos programas de salud que lo benefician, ya que desde muy temprana edad el campesino, va engrosando las de trabajadores del campo, que al final de quincena reciben un estipendio que a duras penas le alcanza para maíz y frijol; la Reforma Agraria en El Salvador se implementó como una medida contrainsurgente para robarle las banderas al movimiento popular revolucionario que cobraba auge; todo esto patrocinado por los Estados Unidos de Norte América, para evitar que se produjera en El Salvador otro caso similar al de Cuba, pero olvidándose totalmente del compromiso adquirido con el campesino que fue adjudicatario y beneficiario de la Reforma Agraria, ya que para algunos se ha desmejorado sus condiciones de vida; El otro 30% de la población es de la opinión de que la Reforma Agraria, se cumplió en una forma parcial; según un miembro de la Central de Trabajadores Campesinos (CTC). La Reforma Agraria tenía como objetivos beneficiar a unas 300,000 personas de las cuales a 75,000 se les adjudica tierra para poder trabajar con lo cual se vino a palear el problema de la falta de tierra en muchas manos; con esto lo que se hizo fue romper con la estructura agraria imperante base de la hegemonía del poder del terrateniente sacando del seno de éste lo que le otorgaba poder económico y transfiriéndose a los campesinos que la necesitaban.
El 77% de la muestra es la tendencia que la eliminación de la Ii fase de la Reforma Agraria obedece a que el Estado no tuvo la capacidad suficiente como para soportar la presión de los terratenientes cafetaleros que era la mayoría, y que sus propiedades oscilaban entre las 150 a 500 Ha's. Comprendidas acá la producción de café, algodón y caña de azúcar, estas propiedades así contempladas incluían más del 30% del cultivo más atractivo de El Salvador, por lo tanto todo propietario afectado debería ser compensado recibiendo el 25% en efectivo y el 75% en bonos, permitiéndosele conservar cerca de 150 Ha's, como reserva legal; globalmente se estimada que con esta fase se llegaría a afectar entre 1,500 y 1,200 haciendas.
Daba la gran importancia del café, el mayor generador de divisas del país; resulta que la fase II, sería el corazón y la médula de la Reforma Agraria, y fue lo que permitió que el cafetalero de la derecha recalcitrante ejerciera presión sobre el aparato de Estado para que no se cumpliera; de haberse ejecutado esta fase hubiera involucrado el 18.5 de la tierra agrícola del país, tomando como base las 100 Ha's como derecho de reserva, afectando así a unas 1,739 propiedades que abarcarían a unas 342,877 Ha's. (Ver Anexo I), pero tomando como base que la reserva legal sería de 150 Ha's, lo que la fase II afectaría eran 82,027 Ha's reduciéndose a un 5.6% del territorio agrícola nacional potencialmente afectable, esta es la razón de su eliminación, ya que las haciendas potencialmente afectables, además de su producción de granos básicos producían grano de expropiación y es la afectación del rubro del café lo que ponía trama jurídico-político y económica, que eliminó la ejecución de la mencionada fase II; el 23% de la muestra opina que se debió a la coyuntura de guerra que se vivía, como también lo fue el caos que produjo la I fase de la Reforma Agraria, así poder mantener amarrado al campesino, fomentando el minifundio por medio del Decreto 207, y demostrar que el sistema cooperativo en El Salvador era inoperante.
Al consultar con la muestra en El Salvador si la II fase se pospuso o se borró de la mesa de trabajo en el proyecto inicial de Reforma Agraria, el 56% de la muestra es de la tendencia que el proyecto inicial de la II fase de la Reforma Agraria se borró; argumentándose primero que la reforma a la estructura agraria era un proyecto contrainsurgente, y no de beneficio al sector campesino, segundo, esta II fase fue negociada con los terratenientes y empresarios, ya organizados en un frente común como lo era el partido político de ARENA, que ya tenía presencia en la Asamblea Legislativa, cuyo Presidente en la época era el Mayor (retirado) Roberto D'Abuisson Arrieta, período en el cual se modifica al derecho de reserva Legal. incorporándolo en el texto de la Constitución, borrando así la II fase de la Reforma Agraria; el restante 44% de la muestra opina que el proyecto inicial se pospuso para ejecutarse a futuro; pero cuando se trató de ejecutar era demasiado tarde ya que la derecha recalcitrante reunía el sentir y pensar de los terratenientes impidiendo por todos lo medios la ejecución de la citada fase, acompañado esto, con una guerra interna que se libraba, lo que desvío la atención del Gobierno, destinándose los fondos del presupuesto al financiamiento de la guerra.
El crédito Agrícola, juega un papel importante en la producción agrícola, pero consultando entre la muestra de campesinos, si obtuvieron algún beneficio con la Reforma Agraria, el 100% es de la tendencia de que no le produjo ningún beneficio, ya que estas personas no fueron adjudicatarias de tierra en base del Decreto 153, es más Don Tomas Aldana Leal, Actual presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria. El Remolino de R. L., manifiesta que cuando se ejecutó la primera fase, se militarizó la zona aledaña a la hacienda El Tamarindo; para proceder a la toma de posesión de otras propiedades por parte de ISTA, pero que la mencionada hacienda no se tocó por poseer una extensión de 550 Manzanas, no llegando al techo establecido por la ley básica de Reforma Agraria, continuando así en las labores de la tierra de su patrón.
Uno de los objetivos de la Reforma en la Estructura del agro era la de mejorar las condiciones de vida del campesino, por lo que el 100% de la muestra manifiesta que no se mejoro las condiciones de vida, para otros continuó igual, pero a la expectativa de la guerra, en otros casos consideran que las condiciones de vida en lugar de mejorar empeoro, ya que cada día se les hacia imposible obtener tierra a ningún título para trabajar y sostener a su familia, ya que el terrateniente frente a la ejecución del decreto 207, y la posibilidad de perder su tierra, no se las arrendó, en algunos casos permaneció ociosa, argumentando que por causas de la guerra no se labraba esa tierra.
La situación del crédito agrícola, el 100% es de la tendencia de que el crédito agrícola, no es ágil mucho menos oportuno, porque cuando han logrado obtener un crédito en la banca esté es extemporáneo y precario, acompañado a ello, que la banca le exige demasiadas garantías que el campesino no puede otorgar por lo que muchos optan por hacer de sus reservas, algunos otros consiguen créditos privados con personas dedicadas a este tipo de actividad, prestándoles con tasas de interés demasiados altos que viene a absorber casi en su totalidad el producto de su cosecha, si este problema lo observamos desde otro punto de vista, nos podemos dar cuenta que los beneficiarios del decreto 207 (finateros) serían sujetos de crédito en la banca, con solo la presentación de su boleta de adjudicación de parcela; pero en la realidad estas personas no son sujetos para un crédito por no poder garantizar el préstamo.
Vale la pena mencionar que a nivel de acuerdos de paz en el Cap. v numeral 5, crédito para el sector agropecuario y para la micro y mediana empresa; en donde el gobierno asume la responsabilidad de velar por que el sistema financiero mantenga solidez, y cuente con recursos suficientes para atender la demanda crediticia del sector agropecuario en general, especialmente a la micro y pequeña empresa, la pequeña producción campesina, incluyendo las cooperativas del sector reformado y no reformado, asimismo, se establecerá normas para que los créditos sean oportunos y en la cuantía suficiente para sustentar la producción y comercialización de la producción, destinado para ello al fondo de garantía agropecuaria, Figape, Fedecredito y B. F. A., es más según el plan de Reconstrucción Nacional, para el Crédito Productivo se asignaron $ 2,625,000 dólares, pero este financiamiento no llega a manos del campesino, por lo que debe continuar obteniendo créditos con personas privadas.
4) EL ART. 105 DE LA CN. COMO EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA R. A.
De los entrevistados con la pregunta, considera usted que el art. 105 de la Cn, le puso fin a la R. A., el 80% es de la tendencia de que el Art. 105 de la Cn. no le puso fin a la Reforma Agraria, argumentándose que este precepto solo vino a truncar al decreto 153, pero a su vez reconoció y le dio fuerza a las leyes de la Reforma Agraria; al art. 265 de la Cn. las reconoce como tal, aún antes de la vigencia de la constitución, por lo que con la vigencia de la constitución se debía proveer otros mecanismos para ejecutar al cumplimiento a la reforma iniciada e 1980, así mismo esto depende de los sectores en hacerlo cumplir por lo que las organizaciones como ANTE Y ASID, son de la tendencia de continuar con el proceso estancado, exigiendo que se cumpla con la transferencia de los excedentes del derecho de Reserva Legal; siendo su pretensión que se cumpla al mandato constitucional el 20% restante son la tendencia de que con la vigencia del Art. 105 de la Cn. se le puso fin al Pr. de reforma Agraria, ya que al elevar al derecho de reserva legal de 150 a 245 Ha's, no se les hizo entrega de tierra muriendo así la expectativa de llegar a ser propietario de la parcela que cultiva, por lo que ISTA adquirió la tierra pero no la adjudicó.
B.) LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA AGRÍCOLA.
El 100% opina que la Propiedad Privada Agrícola no cumple con la función social, aunque la ley básica de Reforma Agraria establecía los requisitos que todo inmueble debería de reunir para cumplir con la función social, porque la tierra continua subutilizada, y no se da acceso al campesino que la necesita, no se esta asegurando la producción y productividad, no hay justicia social en el campo, la tierra juega un papel importante para el terrateniente como para conservar el poder económico, no se asegura empleo permanente en la empresa agrícola, solo se hace en período de recolección de frutas, en nuestro medio no se cumple la función social de la propiedad privada agrícola, por que no se sabe que es (a nivel común) y para el terrateniente no interesa que se cumpla, porque a nivel jurídico se conoce lo que se debe entender por función social de la propiedad, teniéndose una claridad académica, pero a nivel real y legal se desconoce lo que se debería entender allá.-
C) CAUSAS QUE VEDAN LA TRANSFERENCIA DE LOS EXCEDENTES DE LAS 245 HA'S.-
El 100% es de la tendencia de que el Estado viola la Constitución y demás leyes que tienen como finalidad regular la transferencia de los excedentes de 245 Ha's esto traducido al estado como el representante de toda la sociedad que ha depositado en él, el destino de todos los habitantes, según la Constitución de la República Vigente le corresponde al Presidente de la República cumplir La Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales; (Art. 168 1 Cn.) por lo que siendo él, el representante del Estado, por medio del Gobierno en turno, sobre de él recae la responsabilidad de la violación de la Constitución y las demás leyes que regula la transferencia de los excedentes de 245 Ha's., hecho por emisión que se efectúa por sus respectivos Ministros de estado y sus dependencias, en este caso el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), manifestándose así la falta de voluntad en el Gobierno para ejecutar las leyes que regulan esta materia; por otro lado la violación a la Carta Magna por parte del Estado, se funda en la ejecución del decreto 747, por ser su espíritu el de una ley anticooperativa y anticampesina, fomentando el individualismo y el minifundio, en contrapartida a la constitución que tiene como fin el fomento de las Asociaciones Cooperativas, como la asistencia técnica-creditica para mejor producción de la tierra, pero la Unión Comunal Salvadoreña (UCS) es del criterio que no es solo el Estado el responsable el no cumplir la transferencia de los mencionados excedentes, sino también al movimiento social campesino por no exigir y presionar lo suficiente para que el Estado cumpla su Mandato Constitucional.
El 72% de la muestra es de la tendencia que el Estado no tiene un mínimo de voluntad política como para hacer la transferencia de los excedentes de 245, porque el gobierno actual responde a los intereses del poder económico, materializándose en la inaplicabilidad de la ley, así no se continua con la democratización de la tierra, que podría beneficiar a miles de familias campesinas, por tal razón las distintas organizaciones campesinas, aglutinadas en la Alianza Democrática Campesina (ADC). Mantiene un estudio permanente sobre casos aislados de la existencia de excedentes; deducidos estos de estudios registrales y catastrales, razón por la cual envío a la presidencia del ISTA una nomina inicial de 15 propiedades que según el Registro de la Propiedad respectivo, poseen excedentes ya que no muestran ninguna marginación sobre transferencia de los respectivos excedentes, con la respectiva documentación que ADC, Libro a ISTA, este último en su respuesta de 21 de Marzo de 1994, manifiesta que 5 de las 15 propiedades denunciadas por ADC, aún se encuentran en estudio del Departamento Jurídico de ISTA; como también la adquisición de excedentes por parte del Instituto como es conocido por todas las organizaciones gremial campesinas, estas tierras no se han transferido a los campesinos que según la ley son beneficiarios de la Reforma Agraria.
El 28% restante opinan que si existe la voluntad política dentro del Estado como para transferir los excedentes de 245 Ha's; Para la Confederación Nacional Campesina (CNC); opina que sí existe esta voluntad política en El Estado, pero es muy limitada, con muchas reservas dando la impresión de que se cumple con la obligación, pero no por su entera voluntad para beneficiar al campesino, sino para ganar una imagen política; las instituciones del estado encargadas de conocer este problema manifiestan que para 1991, existía un estudio jurídico (de oficina) de posibles propiedades a exponer o afectables que alcanzan un techo 8,551 Ha's equivalente a 12,228 Mz. a nivel Nacional; estudio practicado sobre de 10 departamentos con 66 propiedades, de las que 26 acotaron su derecho de reserva legal, las 40 propiedades restantes no usaron de su derecho, por lo que el miembro estudio del ISTA establecía que la reserva legal de estas 40 propiedades ascendía a una 2,230 Mz. (Fuente: División de Supervisión y Evaluación, DISE).
El 70% son de la tendencia que el Estado es el principal responsable por el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de los excedentes de 245 Ha's, como de las Constitución misma que establece este límite.
Al derecho sobre la propiedad privada, como lo hemos mencionado la falta de voluntad del Estado para hacer la transferencia de los excedentes de 245; para cumplir lo que la misma Constitución le mande pero que ha quedado a criterio del Gobierno en turno su ejecución, pero la responsabilidad reside en la omisión por parte del ISTA de hacer adjudicaciones a los respectivos beneficiarios, ya que tiene los estudios de casos en su departamento jurídico y algunas propiedades que se encuentran en su poder pero no se entregan a los campesinas.
El 30% son de criterio de que El Estado no es el principal responsable, por el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de 245 Ha's, porque este, es el que crea la Ley y no la puede violar el mismo, además de que se encuentran haciendo los estudios aislados de casos para proceder a expropiar según sea el caso; para la UCS la responsabilidad es media ya que no informa del movimiento campesino sobre la estructura agraria actual en poder del Instituto y corre la responsabilidad sobre las organizaciones campesinas por que no exigen su derecho, por que no exigen su derecho, por que no se hace la presión necesaria para la reivindicación de la tierra que por derecho natural le corresponde, las organizaciones campesinas vienen a coadyuvar la responsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de la Constitución y la Ley.
El 77% de la población entrevistada es de la opinión que las parcelaciones de la Cooperativa de la Reforma Agraria, que impulsa el ISTA daría lugar a la tierra en pocas manos nuevamente, ya que no existe un control sobre la tierra actualmente por otro lado esto viene a crear la desarticulación al sistema cooperativo, promoviendo al individualismo y el minifundismo, dejándolo a la merced de los acreedores; coincidiendo con la propuesta que FUSADES hace, en su Boletín Económico y Social, número 103, Junio 1994 2000, en la que se propone que cada cooperativista se le entregue su parcela, que tenga como máximo 2 Mz.; esta escriturada en forma individual, para que pueda ser sujeto a crédito en la Banca Nacional, pero la deja desprotegido ya que si es así, si se caería en mora estos perderían la parcela, por ejecución (en juicio, ante un tribunal) dándose lugar a la concentración de la tierra, el 23% restante opinan que no habría reconcentración de la tierra, ya que la Ley (Decreto 895) establecía un procedimiento especial en el cual podría expropiarse los inmuebles que se adquiriesen y sobrepasaron la reserva legal, acompañando a ello que las leyes de la Reforma Agraria establecen que solo a campesinos beneficiarios de la misma reforma, podrían adquirir esta tierra, por su parte la UCS es del criterio de que ya no volvería a la reconcentración de la tierra en pocas manos, por que el desarrollo técnico industrial ya no lo permite, por que el terrateniente se dedica a la agroindustria para la exportación, en consecuencia se esta encaminando en un mercado de tierras, por que ya no le es rentable esta, ofreciéndola a quien pueda pagársela, o por medio del Banco de Tierras.
El 60% de la muestra opina que sería incalculable el poder establecer un parámetro sobre tierra disponible actualmente como para ser transferida a los campesinos, ya que se desconoce si existe o no un inventario de tierras y la información pertinente al caso solo se encuentra en el poder de ISTa, El 40% es de la tendencia de que si se puede establecer un parámetro, la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios ANTA manifiesta que ISTA arroja datos de 13,000 Mz. que son excedentes de 245 H'as y que serán transferidas a campesinos, para el Gerente e Transferencia de Tierras de ISTA, la tierra disponible seria de 11,300 Mz, para el Gerente de Transferencia de tierras de la Oficina Coordinadora del Tema Agrario, La Tierras Estatal Rústica existente es la que tiene ISTA y FINATA (pero fue puesta a disposición del PTT)., y la que actualmente se encuentra a disposición de la Dirección general de Recursos Naturales Renovables como reserva forestal y la que posee CENTA para estudio de agronomía, llegando a una extensión de 20,000 Ha's; pero un estudio realizado en base a la certificación extendida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), sobre el estado actual de los inmuebles que sobrepasan el derecho de reserva legal de las 245 Ha's; hasta 1989, arroja un promedio de 47,920 Ha's (Ver Anexo IV) en concepto de excedentes; extensión que corresponde a 14 departamentos que constituyen el territorio nacional; en un periódico de Circulación Nacional> se hizo publicación por parte de la ADC; un listado de propiedades, que han tenido su estudio registral en las 4 zonas que se divide el territorio nacional; estudio que hasta 1994, arroja un promedio de 40,965 Ha's 50 A y 08 CA', en concepto de excedentes; sufriendo una reducción de 1989 a 1994 de 6,954 Ha's 49 A' y 92 CA'. (Ver Anexo IV y VI) con lo que podemos afirmar que la extensión de tierras de evocación agropecuaria, es mucho mayor a la que el ISTA ha deducido de sus estudios registrales. (no ejecutados)
6 Fuente Gerencia de Transferencia de Tierra OCTA.
7 La Prensa Gráfica, 16 de Octubre de 1994.
El Salvador uno de los países más pequeños de Centro América, que ha tenido su base económica, en los productos agrícolas, siendo el recurso tierra de fundamento del poder económico nacional; la estructura agraria ha llevado al país a sostener enfrentamientos armados en la lucha por la tierra; lucha armada que vino a tener fin con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, con lo que se le puso fin al conflicto armado que por más de una década sostuvo la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en representación del Gobierno de El Salvador (GOES) y a la Nación en general, y El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en representación del sector campesino que siempre se ha encontrado marginado, de todo beneficio que se le pudiere producir.
Pero estos Acuerdos de Paz, no solo le pusieron fin al conflicto armado, sino que por su parte, regula el problema económico y social, en su Capítulo V, que en su punto 2, le corresponde buscar salida concertada al Problema Agrario Nacional.
Es así como a propuesta del Secretario General de Naciones Unidas (ONU), de fecha 13 de Octubre de 1992, se crea el Programa de Transferencia de Tierras (PIT), coordinado, dirigido y ejecutado por la Oficina Coordinadora del Tema Agrario (OCTA); esta coordinación y ejecución contará con la colaboración de ISTA, FINATA y Banco de Tierras tomando como base proproitaria las tierras del Estado los excedentes de 245 Ha's, y las tierras privadas ofertadas, y las que se encuentran en inventario y verificados por la Comisión Especial Agraria de COPAZ (CEA/COPAZ) programa que se proyectaba a ejecutarse en 3 fases por su orden para beneficiar sí por su orden a desmovilizados del FMLN, FAES y tenedores de inmuebles en zonas conflictivas que fueron vrificados (según ACTA y BOLETA) por la CEA/COPAZ.
La primera fase que comprendía la transferencia de tierras del estado 8 y los excedentes de 245 Ha's que aún no han sido expropiados; teniendo como finalidad garantizar el acceso a 47,500 personas, así 7,500 ex-combatientes del FMLN, 15.000 ex-combatientes de la FAES Y 25,000 tenedores.
8 Tierras del Estado: Inmuebles que el ISTA heredo del ICR., y propiedades adquiridas en base a la Ley Básica de Reforma Agraria y que no han sido adjudicadas.
Esta fase uno, conocida como plan de emergencias tendría que ejecutarse de Octubre 92 a Enero de 1993, por medio de ISTA y Banco de Tierras, Beneficiando (Proyección) 15,400 Personas, adjudicando 77.000 Mz. para este programa el ISTA ponia a disposición 38,000 Mz, de su propiedad como Tierras Estatales, y proporcionara a su vez la información de 42 propiedades más con 25,000 Mz: según el Gerente de OCTA hasta la fecha el ISTA ha proporcionado 85,000 Mz. al PTT.
La fase dos comprendida el 1 de febrero al 30 de abril de 1993, por medio del Banco de Tierras, beneficiándose (proyección) 4,000 personas, desmovilizados de la FAES y tenedores verificados, adjudicándose 20,000 Mz.
La fase tres, como complemento de la dos, ejecutada por el Banco de Tierras y FINATA, comprendida del 1 de mayo 1993 a julio de 1994, comprendía la adjudicación de 140,500 Mz., para beneficiar a 28,100 personas entre ex-combatientes de FAES y tenedores verificados, proyectados transferir según las 3 fases 237,500 Mz. de las cuales el programa informa que el Banco de Tierras contaba con 537 propiedades privadas. (de inventario), 62 propiedades del estado (ISTA) y 20,000 Mz. ofertadas en venta., hasta julio de 1994 la extensión superficial adjudicada y escriturada entre FMLN y FAES, 43, 121 o Ha's equivales 61,663.03 Mz. (Ver Anexo VII) muy por debajo de la proyección del PTT, ya que de las 77,000 Mz que se pretendía adjudicar a ex-combatientes del FMLN, solo 37,478.6 Ha's que equivales a 53,594.398 Mz. y a los ex-combatientes del ejército solo se les ha adjudicado 5,642.4 más que equivale a 8,068.632 Mz., según el Gerente e OCTA, El Banco de Tierras cuenta con 2,384 propiedades ofertadas, con una extensión de 151,400 Mz.
Para el General Mauricio Ernesto Vargas 9 Asesor gubernamental en materia agraria, frente al cuestionamiento que hiciese la ONU, en cuanto a la demora en la adjudicación de parcelas a los beneficiarios que emanaron de los Acuerdos de Paz, manifestó que el Banco de Tierra desde el 1 de Agosto de 1992 al 12 de Septiembre de 1994 ha desembolsado 201.8 millones de colones para comprar 29,277.41 Mz. beneficiándose a 7,675 personas.
Por su parte el Gerente el Banco de Tierras, manifestó que 701 ex-combatientes de la FAES, se les adjudicó 5,826.36 Mz. por el valor de 43.2 millones de colones (según PTT la cuota son 15,000 ex-combatientes de la FAES), al FMLN y tenedores, se les ha adjudicado 5,974 Mz. y 23,451,01 Mz. por un costo de 158.6 millones de colones, esto solo se perfila como la segunda fase, por la razón de haberse desfasado del Proyecto original, extendiéndose el PTT hasta el 30 de Abril de 1995.
9 La Prensa Gráfica, Jueves 15 de Septiembre de 1994, Página 15-A.
- 2) LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL SALVADOR DEL 3 DE JULIO DE 1991.
En este Capítulo V, numeral 4. dentro del tema económico y social, que en este apartado se refiere al acuerdo del 3 de Julio de 1991, sobre tierras ocupadas, llevando a cabo entre la Alianza Democrática campesina (ADC) en representación del Sector Campesino y por parte del Gobierno de la República el Ingeniero Antonio Cabrales y el General Rene Emilio Ponce, Ministro de Agricultura y Ganadería y de Defensa y Seguridad Pública respectivamente. (Ver Anexo VIII).
INFORME DE PROPIEDADES INCLUIDAS EN EL ACUERDO DEL 3 DE JULIO DE 1991.
Nº PROPIEDAD Mz MUNICIPIO PROPIETARIO GESTIONADO POR
1 EL TAMARINDO 350 TEXISTEPEQUE JOSÉ C. BOLAÑOS COOP. EL REMOLINO
2 LA CEBADILLA 1300 NV. CONCEPCIÓN VARIOS COOP.LA CEBADILLA
3 CHILCUYO 300 TEXISTEPEQUE ERNESTO MATHI COOP. LA NAVIDEÑA
4 FINCA LOS LIMONES 300 COATEPEQUE ROSA BETAGLIO COOP.EL CHILAMATAL
5 EL PAPATURRO 260 SUCHITOTO ERADO SANTA MARÍA COMUN EL PAPATURRO
6 LAS MERCEDES 367 NV. CONCEPCIÓN ERNESTO MELÉNDEZ COOP. NV. RENACIMIENTO
7 LINDERA 127 BERLÍN
8 166 BERLÍN
9 110 BERLÍN
10 LA FLORID 120 AHUACHAPÁN
11 SN. FCO. DE ASIS 125 AHUACHAPÁN ELVIRENO MAGAÑA COOP. LA FLORIDA
12 AMULUNGA 300 EL PORVENIR ROGELIO MYSH COMÚN RÍO FRÍO
13 EL SITIO 350 NAHUIZALCO RICARDO MATA COMÚN TAIGUILULAN
14 SN. J. ARRAZOLA 130 APOPA ANA L. CABRERA COOP. AMCAIRA
15 STA. LUCÍA 90 TACUBA MAURICIO ACOSTA
16 STA. LUCÍA 112 SANTGO. NONUALCO
17 GUADALAJARA 136 TACUBA
18 JOYA DE PILAR 66 SN. FCO. JAVIER
19 MORCONES 123 SN. FCO. JAVIER
20 ZUNGANO 175 SN. FCO. JAVIER
21 LA PEÑA 70 SN. FCO. JAVIER
22 CUYANIZA 430 OZATLAN
23 EL PALOMO 50 SN. FCO. JAVIER
24 LA BRAMIA 70 SN. FCO. JAVIER
25 LA CARIDAD 510 SN. BUENAVENTURA
26 LA CALIFORNIA 2990 JIQUILISCO JOAQUÍN PALOMO COOP. TIERRA BLANCA
27 LA VERANERA 182 SN. J. NONUALCO M.A.G. CAMPESINOS VECINOS
28 STA. FE 108 ILOBASCO
29 EL TRIUNFO 500 CHIRILAGUA ISTA COOP.GUAT./PIRAGUA
30 LA PIRAGUA 4.864 JUCUARAN ISTA COOP. GUAT./PIRAGUA
31 LA MAGDALENA 447 ZACATECOLUCA BFA COOP. SAN CARLOS
32 SAN JOSÉ 93 SN. FCO. MEN FINATA COOP. LOS MANGOS
33 LA FLORIDA 570 TECOLUCA ORTEGA BORJA LA FLORIDA
34 EL COCO MAGDALENA 200 CHALCHUAPA COOP. LA MAGD. A.T.A. EL COCO
35 OJOS DE AGUA 593 C. DE LA FRONTERA SUC. MENDEZ COOP. LOS HERMANAZOS
36 EL RELAMPAGO 50 TAMANIQUE ASILO SARA A.T.A EL RELAMPAGO
37 SOLIMAR 35 TAMANIQUE A.T.A. EL RELAMPAGO
38 APULO 40 ILOPANGO ISTU TRABAJ. DEL ISTU
39 LLANO EL COYOL 200 EL TRANSITO A.T.A. LLANO EL COYOL
40 MOROLAPA 1020 JUCUARÁN NELSON CASTRO COOP. MOROLAPA
41 EL CIBAD 278 CUISNAHUAT FINATA/PARCELEROS FINATEROS
42 LAS LOMAS 0 BERLÍN
43 LAS BERMUDAS 184 SUCHITOTO COOP. MONJE COM. LAS AMÉRICAS Y LA BERMUDA
44 LEONOR 100 SESORI HUMBERTO ROSAS COM. EL CARAO
45 MANAGUATA 300 SESORI HÉCTOR VALDÉS COM. MANAGUATA
46 STA. INÉS 200 SESORI MAURICIO BARRIOS COM. EL CARAO
47 STA. ISABEL 300 SESORI ORBELINA COM. EL ACHOTAL
48 LOS LIMONES 100 VÍA EL TRIUNFO CARLOS ARTURO A.
De acuerdo con el informe de propiedades incluidas en el acuerdo del 3 de Julio, se puede apreciar que de las 49 propiedades, 19 son gestionadas por cooperativas, 9 por miembros agropecuarios (ATA), en las otras no se menciona quien las gestiona, lo que llama la atención es que toda gestión se hace como un trabajo organizado como gremio (ANTA, ASID, ADEC, ATAES, CRIPDES PROGRESO, CODERCO, FEDECOOPADES, PADECOES CORIUS, FENACOA, FECORAPEAN) 10
En síntesis al referido compromiso del 3 de Julio de 1991, establece que la ADC, se compromete a "no apoyar, ni participar a partir de esta fecha en la invasión o tomas de propiedades" mientras que la representación gubernamental asumió el compromiso de "no desalojar las tierras ya ocupadas desde Junio de 1990 a Junio de 1991", y que en total suman 49 propiedades, desdiciéndose 16 que se encontraban ocupadas a la firma de dicho acuerdo. Así mismo se establece que en caso que algunos dueños, que no estén interesados en vender sus propiedades, se implementará un procedimiento de reubicación de los ocupantes.
10 La cuestión Agraria en El Salvador y los Acuerdos de Paz. Cuaderno # 4.
1 Ejes.
En ese mismo orden el Gobierno de El Salvador asume el compromiso de respetar el acuerdo sobre tierras ocupadas del 3 de Julio, y por ende no sólo es refrendado el compromiso sino que es con mayor fuerza legitimado.
Con esto se demuestra que el Acuerdo del 3 de Julio fue el resultado de una jornada de ocupaciones o recuperaciones de tierras llevadas a cabo por organizaciones campesinas que les permitiera colocar parte de la tierra en manos del que la trabaja y necesita, y que ha estado al margen de la función social.
La ardua negociación por parte de la ADC, ISTA, ONUSAL, CEA/COPAZ., y los propietarios, surgió sus frutos el 5 de Julio de 1994, con la adquisición de once propiedades, con una extensión de 2,458.15 Mz., para ser adjudicada a 1,577 beneficiarios que fueron verificados en el mencionado acuerdo.
Es de importancia hacer notar que de los 49 propietarios, en el inventario del 3 de Julio, solamente 2 fueron adquiridos, como lo son finca Las Mercedes. y Hacienda Santa fe, Las restantes propiedades, se adquirieron por ofertas que existían en el Banco de Tierras, así mismo dos propiedades de este mismo informe fueron adquiridos por PTT, como lo son Chilcuyo y Managua. (Ver Anexo IX).
En el Capitulo V de los Acuerdos de Paz, se encuentra comprendido en el tema económico-social en su numeral 2, literal "A" sobre tierras que excedan de las 245 Ha's.
Tomando en cuenta la ineficacia, así como los vacíos y contradicciones y el alto grado de dispersión y destino de la legislación y especialmente de la Ley Especial para la afectación y destino de la tierra rústicas excedentes de las 245 Ha's que desarrolla los art. 105 y 267 de nuestra Carta Magna Vigente; y posteriormente el decreto 747; se adquiere el compromiso por parte del Gobierno de El Salvador de crear un código agrario, que supliría todas las deficiencias del ramo agrario, dándose un plazo de doce meses para su elaboración a partir del 16 de enero de 1992; en el texto de tales acuerdos se ratifica el compromiso por parte del Gobierno Agrícola que a la fecha de la firma de los Acuerdos de Paz, no hayan sido transferidos de conformidad a los articulados antes citados así como de vigilar por que no se evada la aplicación de las mismas por parte de los propietarios de tierras rústicas que exceden del límite constitucional de la 245 Ha's.
Un 48% de la muestra manifiesta que no podría habrá una sanción por el incumplimiento de los acuerdos de Paz, primero por que este es un pacto de caballeros, que no tienen mayor trascendencia, pero si podría haber una sanción por incumplimiento de La Carta Magna, según el Licenciado Díaz Álvarez, diputado de la Asamblea Legislativa, y miembro de la Comisión de Legislación, lo que podría hacerse por medio de la misma comisión es solicitar la comparecencia del Representante de ISTA; ante "mencionada comisión para que exponga cuales son las razones por que no se aplica la ley que regula la transferencia de los excedentes de 245 Ha's y la constitución, y deducir las responsabilidades según sea el caso.
El 52% es de la opinión, de que podría haber una amonestación por parte de la ONU, lo que podría dar ilegitimidad al proceso de transferencia, produciéndose un caos económico, pero el Gerente de Transferencia de Tierra de OCTA afirma que podría haber sanción alguna por que cada funcionario público cumple con la funciones encomendadas.
El 90% opina que no se debe crear una nueva institución que se afecte exclusivamente a la transferencia de tierras, que prevenga de expropiación de toda tierra que exceda de la reserva legal de la misma fundando la dicha por que las leyes que regulan esta materia establecen que es el ISTA quien deberá ejecutar este proyecto, por otra parte se establece que la creación de otra institución para esta área, sería burocratizar más el trámite de transferencia de tierras que ya es bastante lento, ya que estaría asumiendo las mismas funciones que esta, FINATA y Banco de Tierras, y por último manifiestan que dentro de poco tiempo no habrá tierras que transferir.
El 10% es de la tendencias que se debería crear una nueva oficina, que tenga la misma capacidad y facilidad informática que posee OCTA, para poder agilizar y desburocratizar todo trámite administrativo de transferencias de tierras que excedan de las 245 Ha's.
Fuente de esta burocratización y lentitud la ADC, propuso ONUSAL e ISTA, crear una comisión tri-partita que tuviera como objeto depurar las nominas de posibles excedentos, su aplicación fueron el departamento de Ahuachapán, pero solo con la participación de ADC y ONUSAL (Ver Cuadro Anexo X) y algunos casos esporádicos en el Departamento de Sonsonate y San Salvador, de lo cual solo se envió por ONUSAL la nomina que corresponde al departamento de Ahuachapán, comprobando con ello de que si existen excedentes de 245 Ha's en este departamento del Occidente del país.
El 87% opina que existen fondos suficientes como para poder continuar con el proceso de expropiación de los excedentes del derecho de reserva, ya que si la institución que ejecutora no posee fondos suficientes, se podría hacer transferencia de partidas entre canteras de estado, obtener los recursos a través de Gobierno Central, si los casos antes expuestos no dieran resultados satisfactorios, se puede recurrir a los países amigos, AID y Comunidad Económica Europa, que son las instituciones que están financiando el PTT, por lo que podría financiarse en su caso la transferencia de estos excedentes, por las instituciones antes mencionadas, el 13% restante opinan que el ISTA no posee los fondos suficientes por lo que se tendría que solicitar el Gobiernos Central, para ANTA, la no existencia de los fondos en efectivo no es necesario, ya que la ley considera que los excedentes del derecho de reserva sobre la propiedad, se encuentran expropiados por Ministerio de Ley, por lo tanto correspondería al ISTA tomar posesión de dichos inmuebles; y como medida de presión se esta impulsando las ocupaciones de inmuebles que posee excedentes de 245 Ha's y que no han sido afectados por ISTA, en cumplimiento de la ley, que la constitución y los Acuerdos de Paz, además de ellos, aclara que para este caso deberá hacerse en bonos.
Pero por su parte el Presidente de la República, manifiesta que actualmente se carece de fondos para continuar con a PTT. (para la compra de propiedades privadas) ya que los países amigos que ofrecieron sus aportes económicos no han hecho el respectivo desembolso, por lo que se hará una emisión de Bonos, con carácter obligatoria, su adquisición financiera el PTT, ya que se deben reunir 110,000,000 de dólares para este programa (La prensa Gráfica, Viernes 30 de Septiembre de 1994, Pág. 3-A) por lo que podríamos decir que vendría a constituir otro obstáculo más para la ejecución de la expropiación de los excedentes de las 245 Ha' por su parte el Ingeniero Ever Amaya, Gerente de Transferencia de tierras de la OCTA, manifiesta que se le daría una nueva modalidad a este procedimiento de transferencia de tierras aboliendo el precepto constitucional de la expropiación del Art. 106 de la CN e incorporando todo movimiento de la Estructura Agraria a "un mercado de tierras", por medio de la venta voluntaria de la tierra, por medio del Banco de Tierras, sin tener necesidad de hacer uso de la expropiación por Ministerio de Ley, ya que para tal funcionario, la esencia del Art. 105 de la Constitución, no es poner limite al derecho de Reserva Legal, y la respectiva transferencia de dichos excedentes a los respectivos beneficiarios de la Reforma Agraria; sino, que el objetivo era frenar al aparato de estado su voraz afán de adquisición de tierra por medio de ISTA., ya que este lo convertía en el mayor terrateniente del mundo, status adquirido desde la Junta Revolucionaria de Gobierno no le otorgo el estado, cuando inicio la Reforma Agraria, por que el ISTA no adjudico toda la tierra, que adquirió en la fase I de la Ley Básica de reforma Agraria.
Inmueble que fue uno de los que formaron parte de los Acuerdos de 3 de Julio de 1991, ubicado en el Cantón El Tamarindo, jurisdicción de texistepeque, Departamento de Santa Ana, propiedad de José Carlos Bolaños, con una extensión superficial de 550 Mz. razón por la cual no fue intervenida con la fase de la Reforma Agraria, pero si otros inmuebles aledaños, actualmente se ha ofertado ante el Banco de Tierras por una extensión de 350 Mz. constas de 52 tenedores todos colonos, afectado el cultivo de Maíz, Frijol, Ajonjolí y Cacahuete, actualmente se encuentra cultivado totalmente por sus tenedores organizados en la asociación cooperativa de producción agropecuaria el Remolino de R. L. este inmueble no fue beneficiada por transferencia del acuerdo del 3 de Julio pero sus tenedores, se mantienen en posesión y explotación del inmueble, ahora existe la expectativa, inmueble situado en las riberas del río Lempa, por lo que da lugar a que se puedan hacer trabajar de Regadíos Permanente.
Este inmueble que fue uno más de los formo el inventario del Acuerdo del 3 de Julio de 1991, ubicado en el cantón Potrero Sula, conocido como La Cebadilla, Jurisdicción de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, propiedad de Enma Concepción Méndez de Quijada, con una extensión, de 1,300 Mz; pero la OCTA reporta que posee una extensión de 1,600 Mz; inmueble que fue ofertado por su propietaria ante El Banco de Tierras para beneficiar a sus ocupantes, oferta hecha por 922 Mz; además de encontrarse en la nominan de inventario del FMLN; consta actualmente con 103 tenedores, de los cuales 60, son colonos de dicho inmueble, se han organizado en la Asociación Cooperativa de producción Agropecuaria La Cebadilla, de R. L. inmueble que se encuentra a la rivera del río Lempa, afectado para el cultivo de cereales y pastos natural, quedando inculta una extensión de 300 Mz; el inmueble es de una geografía quebrada, con piedra por entre potreros, actualmente se encuentran en posesión y explotación permanente, estando abiertos a recibir más socios para llenar la capacidad de Cabida del Inmueble, actualmente se espera que sean beneficiados por el PTT ya que a su vez son tenedores beneficiados por la CEA/COPAZ, este grupo no fue beneficiado con la transferencia de tierras del acuerdo del 3 de Julio de 1991, resuelto el 5 de Julio de 1994.
Inmueble, que según sus tenedores exceden del derechos de reserva legal, ocupado en Junio de 1993, ubicado en el Cantón Palo Pique jurisdicción de la ciudad y departamento de Ahuachapán, propiedad de La Sociedad Civil Colectiva Agrícola Borja Morán y Compañía, con una extensión superficial de 274 Ha's 05 A 35 CA., afectado al cultivo permanentemente de la caña de azúcar, explotada por la sociedad Borja Morán, los ocupantes, se encuentran radicados en una faja de terreno de 25 metros a lo largo del inmueble, sobre el camino vecinal que conduce al Cantón el Tigre, por esta ocupación se demanda por el delito de usurpación al Sr. Ricardo Lino, coordinador del Grupo Ocupado del inmueble citado, y el Secretario de Organización y Promotor Responsable para este departamento; ambos de ANTA, trámite que se encuentra en el juzgado de lo penal de ese municipio, para estas personas existe orden de captura.
Esta sociedad Borja Morán posee más, inmuebles y en su totalidad alcanzan 774, Ha's 05 A 35 CA., acá podemos observar un caso muy especial y es que esta sociedad ha explotado el inmueble por mucho tiempo, sin tener con título de dominio sobre el mismo, y frente a la presión por ocupación del inmueble, decidieron iniciar diligencias de título supletorio en sede notarial, y para evadir el mandato constitucional, se declaro el inmueble por 200 Ha's; una extensión muy por debajo de la real, y lo más aberrante que existe es el procedimiento a seguir en donde, el notario autorizante omitió hacer la descripción técnica del inmueble, tal como la ley manda, y en el cuerpo de la escritura dice "un inmueble de 200 Ha's. Aproximadamente", trámite de escrituración e inscripción registral realizado en un periodo de 2 meses aproximadamente, cuando que la inscripción normal de cualquier escritura en el Registro de la Propiedad Raíz, se tarda hasta 2 años.
Inmueble que según sus tenedores exceden de las 245 Ha's. Por poseer más propiedades, su dueño, ocupada en Abril de 1993, como un esfuerzo la recuperación del Recurso Tierra para ser entregada a sus cultivadores, ubicado en el Cantón San Cristóbal, municipio de candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, propiedad del Señor Rogelio Morales Hernández, conocido por Rogelio Enecon Hernández, con una extensión de 0144,42,75 Ha's y sumados con los demás inmuebles rústicos y urbanos (10 A, 90 CA), alcanzan una extensión total de 359,1546 Ha's. es importante hacer valer que, el Señor Morales Hernández, ya fue intervenido por ISTA, en otros inmuebles que fueron de su propiedad., el inmueble es cultivado de caña de azúcar, café, maíz y frijol, bajo dominio de los ocupantes, pero explotado por su propietario, dentro de la infraestructura se encuentra una bodega que almacena café oro, listo para exportación.
1- La lucha por la tierra, ha llegado a nuestro país, a guerra intestinas, que han terminado con la represión armada y muchas veces con la muerte en contra de las que luchan por la conquista de la tierra;
2- Como medida de solución, se ha tratado de palear el problema por medio de la entrega de tierra; pero entrega ha sido sectorializada, sin planificación que permita dar asistencia técnica al adjudicatario, dejándolo al abandono;
3- En nuestro país, la propiedad privada agrícola, no cumple con la función social y no se hace lo necesario para que esta se cumpla;
4- El procedimiento expropiatorio, ya caduco, por lo que en El Salvador fue necesario implementar el "Acto expropietario por Ministerio de Ley" pero es necesario dar una interpretación auténtica de lo que debemos entender por esta institución y su procedimiento; así se evitaran aberraciones jurídicas a futuro;
5- La ley que decreta la Expropiación por Ministerio de Ley, se emite dos años después de vencido el plazo constitucional, para transferir los excedentes de las 245 Ha's;
6- A pesar de que dicha ley entró en vigencia (tarde), formalmente nunca se aplicó, la tierra adquirida quedo en manos de ISTA; nunca se registro transferencia de esta tierra a los campesinos;
7- Se pudo comprar la hipótesis de que el estado es el principal responsable por el incumplimiento de las leyes que regulan la transferencia de los excedentes de 245 Ha's;
8- Falta la voluntad política en El Estado para transferir los excedentes de 245 Ha's ya que la tierra que se expropio en la I y parte de la II fase de la reforma Agraria, se mantiene en poder de ISTA, y no se ha adjudicado a los beneficiarios de la reforma Agraria;
9- El movimiento Social Campesino se mantiene a la vanguardia, por medio de la ADC, en la gestión de la transferencia de los excedentes del derecho de reserva legal de la propiedad;
10- Se ha comprobado que en nuestro país, a pesar de lo pequeño que es, aún existen remanentes de latifundios, ya que existen inmuebles que poseen excedentes del derecho de reserva legal, refutándose la tesis de que en El Salvador, no hay tierra para ser transferida al campesino.
1- El Gobierno debe de realizar los estudios necesarios para hacer la adjudicación de tierras a los campesinos y que se le da debida asistencia técnica para evitar caer en el endeudamiento y pobreza rural;
2- Para solucionar el problema agrario, por el acceso a la tierra, se haga por medio de la concertación, evitando caer en otra guerra interna;
3- Se debe promulgar por la Asamblea Legislativa, una ley que regule el cumplimiento de la Función Social de la propiedad privada, y crear las instancias necesarias para exigir su estricto cumplimiento;
4- Es necesario que el gobierno, vea la transferencia de los excedentes del derecho de reserva legal, como un fin para beneficiar al campesino y no solo como un compromiso político;
5- El Gobierno através del ISTA, debe dar cumplimiento a la ley que regula la transferencia de excedentes de 245 Ha's y que no se emitan leyes que no se cumplen, y si se le da cumplimiento, este va en detrimento de los derechos de los campesinos;
6- El ISTA, debe informar a las organizaciones campesinas, de cuanta tierra de dispone actualmente, en concepto de expropiación de la I fase y de la que se posee en concepto de excedentes del derecho de reserva legal, así como las proyecciones que se estudia expropiar;
7- Por parte de la Asamblea Legislativa en el corto plazo se debe emplazar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, como al Presidente de ISTA, para que responda ante la Asamblea, por el incumplimiento de la ley que regula la transferencia de excedentes de 245 Ha's; y deducir las responsabilidades del caso;
8- Las Organizaciones Campesinas en representación de sus afiliados, deben interponer la demanda de amparo constitucional, ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento de la ley del Régimen Especial del Dominio de la tierra comprendida en la reforma Agraria; en contra del representante legal del ISTA;
9- Las Organizaciones Campesinas deberán continuar en la investigación y gestión ante ISTA de la tierra que posee excedentes de 245 Ha's; en una forma negociada, sin llegar a las tomas de tierras; ya que estas representan directamente en los campesinos;
10- Es necesario que el Gobierno del Partido ARENA, muestre un mínimo de Voluntad Política para cumplir la ley que regula la transferencia de los excedentes de 245 Ha's; olvidándose de todo compromiso y pasionismo político.
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