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Timestamp: 2019-01-16 13:14:49
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01/07/2016 | LEGAL CLOUD MRCI
A continuación te presentamos un extracto de las tesis y jurisprudencias más relevantes publicadas el viernes 01 de julio de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación (SJF), dando clic en el título podrás descargar el contenido completo de la misma:
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN ELECTRÓNICO, NO VIOLA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL DEBIDO PROCESO.
Lo anterior es así, pues al estar claramente definidos los autos y resoluciones que deben notificarse personalmente y, por excepción, aquellos que deben comunicarse por medio del boletín electrónico, existe certeza sobre el tipo de resoluciones que se notificarán por cualquiera de esos medios, de manera que los justiciables puedan entablar su debida defensa.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN ELECTRÓNICO, NO VIOLA EL DERECHO DE EQUIDAD PROCESAL.
Esto es así porque no hace distinción entre actor y autoridad demandada, ya que disponen de las mismas oportunidades en el procedimiento para defenderse, pues la norma sólo señala la forma en que deberá hacerse saber a las partes el desarrollo del proceso de acuerdo con el contenido del auto, proveído o resolución a notificar, pero sin atender a una persona en particular.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA "PARA DETERMINADOS EFECTOS", NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.
El citado precepto sólo prevé la posibilidad de declarar la nulidad de la resolución impugnada "para determinados efectos" por incumplir con requisitos formales... pues la fracción citada sólo posibilita a la autoridad a subsanar los vicios formales que en su caso haya incurrido al emitir la resolución impugnada cuyo fondo no ha sido materia de pronunciamiento por no haberse declarado un derecho ni la existencia de una obligación.
Si en el juicio contencioso administrativo se concluye que la relación laboral no quedó acreditada, ello implica que se está ante un vicio de fondo, porque es un aspecto del acto impugnado que constituye su premisa esencial, es decir, se trata de un elemento de la litis que incide en la materia de aportaciones de seguridad social; en consecuencia, la declaratoria de nulidad lisa y llana de una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, por no haberse acreditado la relación laboral, es una cuestión de fondo que hace procedente el recurso de revisión fiscal... siempre que... la resolución en materia de aportaciones de seguridad social corresponda a sujetos obligados, conceptos que integren la base de cotización, o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.
La derogación de la regla de mérito (ocurrida el doce de noviembre del mismo año) no puede establecer el surgimiento de una nueva posibilidad para que el contribuyente sea acreedor del beneficio de condonación que en su momento debió solicitar en los términos y condiciones que se fijaron en la legislación aplicable, en virtud que los efectos del acto derogatorio no implican la total inexistencia ni la pérdida de validez de la norma, pues ésta se podrá seguir aplicando e interpretando en relación con hechos o supuestos acontecidos con anticipación a su pérdida de vigencia e incluso respecto de las consecuencias de éstos que se encuentran diferidas en el tiempo.
El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo federal permite al actor una extendida defensa en contra de la resolución determinante y de la emitida en el recurso administrativo, a partir del planteamiento de motivos de inconformidad que controviertan cuestiones novedosas de la resolución recurrida, impugnen la nueva resolución o reproduzcan los agravios que se esgrimieron en contra de la originalmente recurrida. Por tanto, cuando el actor expresa conceptos de impugnación para controvertir la legalidad de la resolución materia del recurso en sede administrativa, sin aportarla al juicio de nulidad y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omite requerirlo para que la exhiba, esa omisión actualiza una violación a las normas del procedimiento contencioso administrativo que trasciende al resultado del fallo y motiva su reposición.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESIS EN LA QUE, CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN ELECTRÓNICO, NO DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
Cuando en un juicio de amparo directo el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece las notificaciones vía boletín electrónico siempre que: a) Se ostente como conocedor de la notificación cuestionada con posterioridad al dictado de la sentencia de nulidad reclamada en amparo directo; y b) Ello se corrobore con las constancias de autos, no se seguirá la regla general contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a) de nuestra carta magna. Lo anterior es así, porque de cumplirse esos requisitos, es evidente que no fue factible para el quejoso agotar el incidente de nulidad de notificaciones contenido en el artículo 33 del mismo ordenamiento de manera previa a la presentación de la demanda de amparo, ya que desconocía la realizada vía electrónica, máxime que justamente cuestiona la constitucionalidad del artículo 67 que la prevé.
COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE OPONERSE COMO EXCEPCIÓN PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, SIN QUE PUEDA SER ANALIZADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR.
Existen diferencias entre la excepción de cosa juzgada y la de cosa juzgada refleja, con lo que se concluye que ante dichas diferencias, su tratamiento es distinto; así, la cosa juzgada es una excepción dilatoria atinente a los requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda válidamente resolver sobre las pretensiones de fondo del actor, denominados presupuestos procesales que se pueden advertir de oficio por él; luego, la cosa juzgada debe analizarse de oficio cuando el juzgador advierta su existencia aunque no se oponga como excepción. Por otra parte, la cosa juzgada refleja es una excepción perentoria que, por ende, constituye una defensa de fondo sobre el derecho cuestionado, tendente a destruir la acción, cuyo estudio debe realizarse en la sentencia definitiva y, por tanto, necesariamente debe oponerse como excepción, sin que pueda ser analizada de oficio por el juzgador pues, de lo contrario, se transgrediría la equidad procesal entre las partes, ya que cuando se opone una excepción de esa naturaleza, el demandado aporta un elemento más a la litis.
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA ÚNICAMENTE HAGA REFERENCIA A ESA FIGURA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS.
El precepto citado regula la ampliación de la demanda de amparo únicamente respecto de actos reclamados; no obstante conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa premisa, si el artículo 111 de la ley de la materia vigente prevé la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo respecto de actos reclamados, debe imperar la misma razón tratándose de los conceptos de violación, con la finalidad de resolver integralmente la litis constitucional, al subsistir las mismas razones que llevaron al Máximo Tribunal del País a emitir el invocado criterio; de ahí que dicha ampliación procede respecto de los conceptos de violación, aun cuando el citado artículo 111 únicamente haga referencia a esa figura tratándose de actos reclamados.
ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. REQUISITO PARA QUE ADQUIERAN PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LA CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 4a./J. 23/92*).
Del análisis de la ejecutoria relativa se advierte que se consideró que quienes debían comparecer eran las personas a quienes constan las imputaciones que eventualmente originen la rescisión de la relación de trabajo. Por ello, si se parte de la base de que esta clase de documentales pueden ser aptas para acreditar dos hechos, a saber, a) la causa generadora de la rescisión; y, b) que se cumplieron las formalidades establecidas en el contrato colectivo de trabajo; entonces, para que alcancen pleno valor demostrativo, respecto del primero, basta con que el acta sea ratificada por los testigos, pues es de esta forma como se permite al trabajador impugnar su dicho, por lo que es innecesaria la ratificación de diversos signantes, como del propio patrón o a quien designe o del representante sindical, para tener por demostrado este aspecto, en la medida en que no se les atribuye la imputación de los hechos aludidos y, respecto del segundo, tiene un interés contrario a quien, por lo general, ofrece la prueba en cita.
NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRABAJADOR NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO DIRECTO, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA, PERO DICHA OBLIGACIÓN SUBSISTE PARA EL PATRÓN (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 65/2002).
Cuando el trabajador promueva amparo directo contra el laudo o resolución que ponga fin al juicio y plantee violaciones a las reglas esenciales del procedimiento, no es exigible que agote los medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; lo cual significa que la jurisprudencia 2a./J. 65/2002 sea inaplicable en esos casos, pues de acuerdo al nuevo marco normativo de la materia, tratándose del trabajador ya no resulta obligatoria, en términos del artículo sexto transitorio de la legislación de amparo; en cambio, para el patrón dicho criterio continúa siendo aplicable, ya que en el referido artículo 171 no se alude al "patrón" como entidad específica relevada de impugnar durante el procedimiento las infracciones cometidas en su perjuicio, como sí lo hace literalmente con los "trabajadores".
La acreditación de una causa de improcedencia en el juicio contencioso administrativo debe probarse fehacientemente, es decir, sin que exista duda de su actualización, por lo que la sola consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no puede constituir un hecho notorio para tener por actualizada una causa de improcedencia en el juicio de mérito, ya que si bien es cierto que el aludido sistema constituye una herramienta útil para el tribunal respecto del control interno de sus juicios, también lo es que exclusivamente lo utilizan sus servidores públicos, y la información contenida en él es de uso restringido, pues sólo pueden acceder los usuarios responsables o autorizados, a través de las claves que se les proporcionan, además de que los datos que contiene pueden tener errores.
Las tesis y jurisprudencias anteriormente mencionadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo del Acuerdo General número 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, se consideran obligatorias a partir del lunes 04 de julio de 2016.