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Timestamp: 2019-03-19 17:05:05
Document Index: 159595700

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 287', 'Artículo 15', 'artículo 287', 'artículo 204', 'artículo 204', 'in fine', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 287', 'artículo 287', 'artículo 326']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-2508
Documento BOE-A-2019-2508
«BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2019, páginas 17292 a 17297 (6 págs.)
BOE-A-2019-2508
En el recurso interpuesto por don M. C. P., abogado, en nombre y representación de la compañía «Carob, S.A.», contra la nota de calificación extendida por el registrador Mercantil y de Bienes Muebles III de Palma de Mallorca, don Jesús Víctor Muro Villalón, por la que se rechaza la inscripción de acuerdos de una sociedad anónima de modificación de un artículo estatutario.
Por el notario de Marratxí, don Carlos Luis Acero Herrero, se autorizó, el día 12 de julio de 2018, escritura de elevación a público de acuerdos sociales adoptados por unanimidad por la junta general de la sociedad hoy recurrente celebrada el día 29 de junio de 2018, según resultaba del certificado emitido por el propio compareciente en su condición de administrador único cuyo contenido se refería exclusivamente al acuerdo de modificación del artículo 16 de los estatutos sociales. Del citado certificado, resultaba que la junta se reunió en la fecha citada con la asistencia personal o por representación de socios que suponían el 55% del capital social conforme a la convocatoria llevada a cabo, según estatutos, mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en determinado diario.
Junto al anterior instrumento público, constaba presentada acta autorizada por el mismo notario en fecha 21 de junio de 2018 en la que, por diligencia de fecha 29 del mismo mes y año, hizo constar los particulares de la celebración de la junta general. El notario hizo constar en el acta que la convocatoria de la junta se llevó a cabo por medio de los anuncios a que se refiere el párrafo anterior, copia de los cuales quedaban incorporados al documento público.
De dichos anuncios resulta, en lo que es de interés para la presente, lo siguiente: «(…) convoca a la junta general ordinaria y extraordinaria de los accionistas (…) Orden del día Junta Ordinaria (…) Orden del día Junta Extraordinaria. Primero.–Debatir acerca de la modificación del artículos 16 de los estatutos sociales (…) Derecho de información: Los señores accionistas pueden pedir la entrega de cualquier documentación, informe o aclaración sobre los puntos del orden del día, así como cuanta demás información les asiste, de conformidad al derecho que prevé el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, y a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, según lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital».
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Diario/Asiento: 231/9210.
F. presentación: 20/09/2018.
Entrada: 1/2018/12.794,0.
Sociedad: Carob SA.
Autorizante: Acero Herrero, Carlos Luis.
Protocolo: 2018/1173 de 12/07/2018.
1. El anuncio de la convocatoria de la junta no cumple con los requisitos que en orden a respetar el derecho de información de los socios exige el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital -texto refundido aprobado por RDL 1/2010 de 2 de julio-, en cuanto a que no se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y dado que es una sociedad anónima el informe sobre dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. (Resoluciones de la DGRN de fecha 16 de noviembre de 2002, 9 de mayo de 2003, 8 de julio de 2005 y 29 de noviembre de 2012, entre otras)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.º del R.R.M. contando la presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
Palma de Mallorca, a 2 de Octubre de 2018 (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador) El registrador».
Contra la anterior nota de calificación, don M. C. P., abogado, en nombre y representación de la compañía «Carob, S.A.», interpuso recurso el día 5 de noviembre de 2018 en virtud de escrito en el que alegaba, resumidamente, lo siguiente:
Que el informe relativo a la propuesta de modificación del concreto artículo de los estatutos sociales estuvo a disposición de los socios en el domicilio social; Que no se han producido impugnaciones del acuerdo adoptado por ninguno de los socios que, bien al contrario, han notificado a la sociedad un domicilio para ser notificados conforme al nuevo sistema de convocatoria aprobado (acompañando certificación del administrador para acreditar dicho extremo); Que en la convocatoria se omitió involuntariamente que los socios podrían consultar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta; Que cita a su favor la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de mayo de 2013; Que, además, es de hacer constar que todos los socios recibieron el dividendo aprobado en la misma junta (como resulta de la copia en extracto del Libro Mayor de la sociedad que se adjunta); Que todos los socios (que son siete), han sido debidamente informados y su comunicación con el órgano de administración es fluida, y Que las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 y 3 de agosto de 1993 y 26 de julio de 2005 aconsejan atenuar el rigorismo formal en favor del normal tráfico jurídico sin imposición de trámites reiterativos que gravan el normal funcionamiento de una empresa.
El registrador emitió informe el día 21 de noviembre de 2018, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Del mismo resulta que, notificado del recurso interpuesto el notario autorizante del título calificado, no realizó alegaciones.
1. La junta general de una sociedad anónima celebrada en primera convocatoria con parte del capital social presente y representado aprueba por unanimidad de los presentes, entre otros acuerdos, una modificación de los estatutos sociales. En la convocatoria se contiene un apartado denominado derecho de información cuyo contenido ha sido transcrito en los hechos. El registrador rechaza la inscripción porque la convocatoria no cumple las exigencias del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital en lo que se refiere al derecho de información cuando existe previsión de reforma de estatutos.
2. Esta Dirección General se ha pronunciado en distintas ocasiones (vid. «Vistos»), sobre la trascendencia que el derecho de información tiene en el ámbito de la regularidad de los acuerdos adoptados por una junta general perfilando una doctrina que por ser de plena aplicación al supuesto de hecho no cabe sino reiterar.
3. Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, esta Dirección General ha afirmado que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (vid. Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005 y 29 de noviembre 2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible que los accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional de este Centro Directivo (Resolución 20 de mayo de 2013).
Esta doctrina ha recibido el respaldo legal como resulta de las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que permiten sostener la doctrina expuesta. De acuerdo con dicha reforma (artículo 204.3 del texto refundido), no procede la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria (...)» salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo. El propio precepto permite corregir una aplicación indiscriminada de tales postulados añadiendo que son impugnables los acuerdos cuando se hayan infringido requisitos que por su naturaleza puedan ser considerados relevantes, determinantes o esenciales circunstancia que debe resolverse incidentalmente con carácter previo al conocimiento del fondo del asunto (artículo 204 «in fine»). En definitiva, como se afirma más arriba y por lo que se refiere al objeto de este expediente, son las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha sido o no cumplimentado en términos tales que los derechos individuales de los socios hayan recibido el trato previsto en la Ley.
4. En el supuesto que da lugar a la presente, la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general ordinaria (aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado,…), como a una junta general extraordinaria cuyo objeto lo constituye una modificación de un concreto artículo de los estatutos sociales. En el apartado relativo al derecho de información, los anuncios se refieren a los derechos que, en general, el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital les confiere así como al especial a que se refiere el artículo 272.2 de la misma ley relativo a la aprobación de las cuentas anuales.
Sin embargo los anuncios no hacen mención alguna del derecho de información especial que para los supuestos de modificación de estatutos el artículo 287 de la propia Ley de Sociedades de Capital exige que se hagan constar en la convocatoria. Dice así el citado artículo: «En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberán expresarse con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos».
Es cierto que la convocatoria se refiere al derecho a la entrega de cualquier documentación sobre los puntos del orden del día como se refiere a la obtención de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pero en ambos casos se hace en clara y expresa referencia a preceptos que vienen referidos al régimen de información en general y al supuesto de aprobación de las cuentas anuales. Considerar que estas referencias que legalmente vienen referidas a supuestos genéricos o al específico de aprobación de cuentas pueden suplir o englobar el específico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos desnaturalizaría por completo la exigencia legal del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital que prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto.
No cabe hacer una interpretación que permita tener por cumplidos los requisitos especialmente previstos por la Ley para la protección del derecho de información en supuestos especiales por la mera previsión de los requisitos previstos para otros supuestos distintos. Si la Ley ha considerado necesario exigir requisitos especiales es, precisamente, porque considera que el derecho de información no está debidamente protegido en tales supuestos por los requisitos generales.
La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta o del informe que la justifica así como del derecho a la entrega o envío de dichos precisos documentos, no puede quedar suplida por la referencia genérica a «cualquier documentación», o a los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave merma de las garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de estatutos.
Procede en consecuencia la desestimación del recurso.
5. Los argumentos esgrimidos en el escrito de recurso no pueden enervar la conclusión anterior tanto porque las meras afirmaciones de parte no tienen cabida en este procedimiento (que el informe estuvo a disposición de los socios, que estos han aceptado la modificación aprobada o que no han llevado a cabo impugnación alguna del acuerdo, artículo 326 de la Ley Hipotecaria), como por el hecho de que la doctrina de mitigación de los efectos anulatorios de los defectos formales no es de aplicación al supuesto de hecho tal y como se ha justificado en el considerando anterior.
Madrid, 25 de enero de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.