Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-204-03.htm
Timestamp: 2018-10-18 00:52:14
Document Index: 17880787

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 229', 'artículo 95', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 229', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 77', 'artículo 39', 'artículo 77', 'artículo 39', 'Artículo 35', 'artículo 20', 'Artículo 39', 'artículo 3', 'Artículo 28', 'Artículo 2', 'artículo 39', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 101']

La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual esta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.”
Parágrafo 2°. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.”[1]
De otro lado, el demandante considera que las normas acusadas desconocen el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos a favor de los trabajadores, establecido en el artículo 53 de la Constitución y en las normas laborales que lo desarrollan –artículos 14, 142 y 357 C.S.T.-. En su opinión, coaccionar al trabajador a conciliar lo que es susceptible de conciliación, es llevarlo a cometer un error, pues como extremo vulnerable de la litis, está en un estado tal de indefensión económica frente al empleador que se vería abocado a aceptar cualquier propuesta monetaria por absurda que parezca.
Finalmente, señala que las normas demandadas coartan el derecho de las personas a acceder a la jurisdicción –artículo 229 C.P.-, pues prevén severos castigos para las partes y los apoderados, por lo que aquellos deben verse forzadas a utilizar otros mecanismos para solucionar su conflicto, pues se encuentran con un aparato judicial que resulta represor frente a la inobservancia de meras formalidades. En ese sentido, cita nuevamente la Sentencia C-893 de 2001, para señalar que el Estado no puede imponer unilateralmente alternativas para la solución de los conflictos con el fin de solucionar los problemas estructurales que aquejan a la administración de justicia.
Para el efecto, inicialmente se propone estudiar si pueden aplicarse en materia laboral, las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte, en las Sentencias C-592 de 1992 y C-165 de 1993, para declarar la constitucionalidad de la obligación de asistir a la audiencia de conciliación en materia civil y del establecimiento de sanciones por su incumplimiento –artículos 9º y 10º del Decreto 2651 de 1991-, según las cuales dichas sanciones protegen el interés público de lograr mayores niveles de eficiencia en la administración de justicia, y por ende, descongestionan los despachos judiciales, no contrarían el carácter voluntario de la conciliación y armonizan con los deberes de respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Igualmente, considera que dichas consecuencias corresponden al deber de las personas de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia –artículo 95 numeral 7º-, cuyo alcance va más allá del deber de denunciar los atentados al orden social, pues incluye también el deber de obrar correctamente dentro de los procesos en aras de lograr la materialización de la justicia.
“Para la Corte las normas trascritas (art. 35 y 39 de la Ley 640 de 2001) que se acusan, puesto que dada la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general, y de la conciliación laboral, en particular, el legislador no podía establecerla como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral, además porque al hacerlo desconoce el derecho de los particulares de acceder libremente a la administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva de sus derechos.
Por las mismas razones, resulta inconstitucional el inciso segundo de la disposición que se comenta según el cual la “conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija.”. Esta decisión legislativa tampoco es acorde con el espíritu general de la conciliación, porque si bien busca prescindir del procedimiento contencioso administrativo laboral en asuntos que recaen sobre materia conciliable, agilizando la resolución del conflicto mediante la omisión una de las etapas del litigio contencioso administrativo que es la vía gubernativa, de todas formas parte del supuesto de la obligatoriedad de la conciliación que, tal como se advirtió, es a todas luces contraria al Ordenamiento Superior.
No es que la conciliación en materia laboral vaya a desaparecer. Por el contrario, conserva su especial relevancia histórica siempre y cuando no se la instituya como un requisito de procedibilidad en contra de los principios y valores constitucionales del trabajo y ante autoridades que en algunos casos por no ser versados en esta especialidad la tornan ineficaz y ocasionalmente onerosa”[3].
No obstante, tal apreciación es incorrecta porque el precedente jurisprudencial –en este caso‑ no es aplicable. La aparente contradicción desaparece si se observa que el fallo anterior está sustentado en consideraciones relativas al carácter especial de las relaciones laborales, que impide someter los conflictos de esta naturaleza al requisito de procedibilidad previsto en la Ley 640 de 2001.
En efecto, la Corte dijo en dicha providencia que debido a la especial protección del derecho al trabajo en la Constitución Política y a que, por principio, las condiciones en que se desarrollaban las relaciones laborales eran de subordinación e inferioridad, el elenco de normas superiores destinado a proteger tales intereses ‘podría quedar enervado, o al menos, seriamente amenazado, si el titular de los derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito’ ”[4].
Dentro de las mencionadas salvaguardas se encuentra el respeto a las formas propias de cada juicio, entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.”[12]. De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem”[13].
De ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[16] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.[17]
“Dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia, en una de sus providencias[20], señaló lo siguiente:
Así lo tiene establecido claramente esta Corporación de tiempo atrás en su jurisprudencia. Así en la Sentencia C-592 de 1992 en la que examinó la constitucionalidad de las sanciones impuestas por la inasistencia a las audiencias de conciliación previstas en el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991 "por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.” [23], la Corte señaló:
“El artículo 10o., trae un conjunto de sanciones por la inasistencia a las audiencias de conciliación, excepción hecha de las audiencias previstas en los artículos 2° y 16 numeral 3°, según lo dispone. Norma en la cual se indican como excusas justificatorias de la inasistencia, las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil, y, la fuerza mayor y el caso fortuito. El auto que resuelva la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en efecto diferido. Se trata pues de obligar a la asistencia a las audiencias de conciliación en tanto pasos necesarios, que comprometen el interés público, en el logro de mayores niveles de eficiencia en las soluciones de justicia, sin perjuicio de dejar a salvo, el papel de la voluntad de las partes en la decisión de conciliar o de no hacerlo. Lo que acarrea las sanciones no es pues la voluntad de conciliar o no hacerlo, sino la inasistencia a la audiencia en tanto oportunidad procesal necesaria. Con lo cual no resulta contrario el precepto a la voluntariedad propia del debido proceso de la conciliación, y sí un instrumento propiciatorio de esta y por consiguiente de la descongestión de los despachos judiciales.” [24] (subraya la Corte).
“Cabe agregar, atendiendo a lo dicho por la jurisprudencia constitucional[26], que la exigencia legal de asistir a la audiencia de conciliación judicial y discutir las formulas de arreglo, en nada compromete la libre voluntad de conciliar. Lo que en realidad se persigue con la aludida sanción, es motivar o fomentar un posible arreglo que impulse el estudio y análisis de las propuestas presentadas, pero en el entendido de que las mismas deben ser aceptadas libremente.
Es claro que ninguna persona se encuentra comprometida a conciliar cuando el ofrecimiento que se le hace puede afectar de manera grave sus intereses económicos o personales (…)”.[27] (subraya la Corte).
En relación con el cargo que plantea el actor por la supuesta vulneración del artículo 229 superior, en cuanto a que las consecuencias procesales y las sanciones a que aluden los apartes del artículo 39 acusados coartan el derecho a acceder a la jurisdicción y “alejan a los ciudadanos del aparato judicial que reprime el incumplimiento de meras formalidades”, la Corte recuerda que la sujeción a las reglas procedimientales en cuanto formas propias del respectivo juicio, no es meramente optativa para quienes acuden al proceso con el fin de resolver sus conflictos jurídicos, ya que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellos resulten y la efectividad de los derechos sustanciales[29].
“(E)l derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la C.P.) sufriría grave distorsión si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada abierta a todos los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis de aparato encargado de administrar justicia, e implícitamente supondría la exoneración, para quienes acceden a la justicia, de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia y con su prestación recta y eficaz. En fin, si el legislador no pudiera establecer requisitos y condiciones razonables para acceder a una tutela judicial efectiva, se llegaría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos”[31].
Esta Corporación ha explicado que la Constitución Política no sólo persigue la realización de los derechos ciudadanos individual y colectivamente considerados (arts. 2°, 5° y 13), sino también la total operatividad de los instrumentos procesales por medio de los cuales se logra garantizar tales derechos. Por ello, ha dicho, por ejemplo, que no es contrario a la Constitución el que se fijen sanciones para neutralizar la inobservancia de los términos legales, pues éstas son un desarrollo del postulado constitucional según el cual: “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”(C.P. art. 228), con el que se busca asegurar una pronta y cumplida justicia[32], o que se sancione la inasistencia a las audiencias de conciliación pues con ello se busca incentivar a los ciudadanos a dar plena aplicación a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos con el fin de asegurar la eficacia de los principios constitucionales que los inspiran (arts 2, 22, 95, 116 C.P.)[33].
“El tema de la efectividad hizo parte de las preocupaciones esenciales del constituyente de 1991. Así quedó reflejado en el texto fundamental en el artículo 2o. a cuyo tenor:
‘Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’.
"Conductas del tipo que la sanción examinada reprime, desgastan inoficiosamente el aparato estatal de la justicia con grave perjuicio para su marcha eficiente. Lo convierten en un intrincado y lento andamiaje, y peor aún, disuaden a los ciudadanos de acudir a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos que ofrecen las vías legales.”[34]
4.3.5. De las anteriores consideraciones se desprende en consecuencia que no asiste razón al actor en relación con la acusación que hace contra la expresiones “obligatoria” contenida en el primer inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001, así como “Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:
Por el contrario la Corte declarará la inexequibilidad del numeral 3 del séptimo inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, en el que se señala que en el evento previsto en el sexto inciso del mismo artículo 39 de la ley 712 de 2001 si “el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos” previstos en los numerales 1 y 2 del mismo inciso séptimo, -es decir que se presumirá la veracidad de los hechos susceptibles de confesión que invoquen respectivamente el demandante o el demandado en la demanda o en su contestación y en las excepciones de merito-.
En este orden de ideas, lo que si resulta contradictorio con la sentencia a que alude el actor es el parágrafo segundo del mismo artículo 39 de la Ley 712 de 2001 en el que se señala que “Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.”, supuesto que de manera evidente desconoce la Sentencia C-893 de 2001, pues como allí se señaló y luego se reiteró en la sentencia C- 1195/01, en materia laboral no cabe que la ley exija como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial en derecho.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia las expresiones “cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir” contenidas en el sexto inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, bajo el entendido que la norma no impide que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del apoderado.
Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLES la expresiones “3. Si en el evento del inciso quinto el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos previstos en los numerales anteriores” contenidas en el numeral tercero del séptimo inciso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
[1] Cabe precisar que el actor en su demanda resalta el parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 junto con los apartes acusados. Sin embargo la petición de inexequibilidad que hace en el aparte final de su libelo, así como los argumentos que expone en el mismo se refieren exclusivamente a los apartes que aquí se subrayan. Por esta razón en el auto admisorio de la demanda se tomaron en cuenta solamente dichos apartes que son los que son objeto de análisis en el presente proceso.
“Artículo 35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
“El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1° del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
“Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
“Parágrafo. Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
“Artículo 39. Requisito de procedibilidad en asuntos laborales. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario.
“La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija.”
[3] Sentencia C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández . S.V. de los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Sentencia C- 1195/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra . S.V de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, y Álvaro Tafur Galvis, así como del Magistrado Jaime Araujo Rentería. A.V. I de los Magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.
[5] Ver la Sentencia C- 1195/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.- S.V de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, y Álvaro Tafur Galvis, así como del Magistrado Jaime Araujo Rentería. A.V. de los Magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes-, en la que se declaró la exequibilidad del requisito de procedibilidad en materia civil, contencioso administrativa y en asuntos de familia.
[6] Lógicamente no cabe entender que la norma se pueda referir a una audiencia de conciliación que se convoque paralelamente al proceso judicial. Al respecto cabe recordar que el artículo 3 de la Ley 640 de 2001 señala que la conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
[7] “Artículo 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales”. Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia C-893/2001
[8] Artículo 2°. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
[9] Ver Sentencia C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández . S.V: de los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Ver al respecto la sentencias C-562/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-680/98 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En el mismo sentido ver entre otras las Sentencias C-1512/00 y C-123/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis..
[11] Ver Sentencia C- 1512/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[12] Sentencia C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[13] Sentencia T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanin Grafestein
[14] Ver la Sentencia C-680 de 1998 M.P.Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver la Sentencia C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse, en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el pueblo ejerce a través de sus representantes. La distinta regulación del debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas, siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una democracia constitucional.”
[15] Ver la Sentencia T-323/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16] Sentencia C-925 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Ibidem Sentencia C-1512/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18] Ver las sentencias C-1104/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-1512/00 y C- 123/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[19] Ver Sentencia C-555/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427.
[21] Cabe precisar que en los numerales tres y cinco aludidos el legislador se refirió equivocadamente al inciso quinto del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, cuando en realidad el supuesto de hecho a que dichos numerales remiten es al del inciso sexto de la disposición, es decir a “cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer”, caso en el cual “la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado”.
[22] Ver S.V. de los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynnet y Jaime Códrdoba Triviño a la Sentencia C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[23] "Artículo 10. Con excepción de las audiencias previstas en el trámite de conciliación a que se refiere el artículo 2° y el numeral 3° del artículo 16 de este Decreto, la inasistencia injustificada a una de las audiencias de conciliación previstas en este Decreto o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá, además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes:
[24] Sentencia C-592/92 M.P. Fabio Morón Díaz
[25] Articulo 74. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el Juez, Sala Sección o Subsección respectiva...”
[26] Cfr. la Sentencia C-592/92, M.P. Fabio Morón Díaz
[27] Sentencia C-196/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[28] Sobre este concepto y su protección constitucional ver entre otras las sentencias C-006/96 M.P. Fabio Morón Díaz y C- 596/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29] Sentencia C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[30] Ibidem Sentencia C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[31] Sentencia C-1104/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez .
[32] Ver Sentencia C-196/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[33] Ver Sentencia C-165/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[34] Sentencia C-165/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[35] Ver Sentencia C- 592/92 M.P.Fabio Morón Díaz
[36] Ver Sentencia C- 196/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[37] La unidad normativa procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad. La unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad.”Sentencia C-320/97M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la Corte en la Sentencia C-128/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. Señaló . “Conforme a reiterada jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente sospechosa”.