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Timestamp: 2018-09-21 04:15:28
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 6']

BOE.es - Documento BOE-A-2010-17860
Documento BOE-A-2010-17860
«BOE» núm. 282, de 22 de noviembre de 2010, páginas 96977 a 96992 (16 págs.)
BOE-A-2010-17860
Artículo 2. Concepto de reutilización.
1. A los efectos de este Reglamento, se entiende por reutilización el uso de las sentencias y otras resoluciones judiciales por parte de personas físicas o jurídicas que las empleen, a su vez, para facilitar a terceras personas el acceso a tales sentencias y resoluciones, o a productos con valor añadido elaborados a partir de las mismas, sea o no con fines comerciales.
f)	La divulgación a los medios de comunicación social, o especializados en información jurídica de actualidad, de sentencias u otras resoluciones judiciales puntuales por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados o del Consejo General del Poder Judicial, y la consiguiente publicación de dichas sentencias o resoluciones por los medios de comunicación social o en boletines informativos de actualidad jurídica, incluida la difusión mediante páginas webs u otras aplicaciones de Internet, siempre que predomine en ellas la finalidad de informar sobre la actualidad jurídica.
Artículo 3. Modalidades de gestión de la reutilización.
1. Las sentencias y otras resoluciones judiciales podrán ser objeto de reutilización de acuerdo con las siguientes modalidades de gestión:
a) Reutilización sin sujeción a condiciones especiales de licencia o autorización, salvo las condiciones establecidas con carácter general en el apartado 6 de este artículo.
b) Reutilización con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.
c) Reutilización previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en el artículo 7, pudiendo incorporar la autorización eventualmente concedida condiciones establecidas en una licencia u otras condiciones particulares.
2. La reutilización de las sentencias y otras resoluciones judiciales estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en aquéllas. Las licencias y autorizaciones de reutilización que se otorguen por el Centro de Documentación Judicial nunca concederán derechos exclusivos y tendrán una duración anual, sin perjuicio de que puedan prorrogarse tácitamente en tanto se mantengan las condiciones requeridas para la concesión de las mismas. Mientras una licencia o autorización, o cualquiera de sus prórrogas, estén en vigor, el reutilizador podrá hacer cuantos actos de reutilización tenga por conveniente. Una vez extinguida la licencia o autorización, o la última de sus prórrogas, el reutilizador no podrá efectuar nuevos actos de reutilización, sin perjuicio de que puedan perdurar los efectos de los actos de reutilización realizados durante la vigencia de aquéllas.
3. El Centro de Documentación Judicial pondrá a disposición de los potenciales reutilizadores las sentencias y otras resoluciones judiciales en formato electrónico y por medio de una plataforma accesible telemáticamente desde el apartado correspondiente a dicho Centro dentro de la página o sitio oficial de Internet del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo facilitará mecanismos de búsqueda de los documentos disponibles y creará sistemas de gestión documental como listados y bases de datos, siempre con arreglo a los avances tecnológicos en cada momento disponibles. Con carácter ordinario esta puesta a disposición comprenderá las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas por cualesquiera órganos judiciales colegiados, así como una selección de las dictadas por órganos judiciales unipersonales.
4. No obstante, las sentencias y otras resoluciones judiciales que no se encuentren puestas a disposición del público desde el apartado correspondiente al Centro de Documentación Judicial dentro de la página o sitio oficial de Internet del Consejo General del Poder Judicial, serán objeto en su caso de autorizaciones individualizadas, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 7. Los interesados en reutilizar tales sentencias y otras resoluciones judiciales deberán ponerlo en conocimiento del Centro de Documentación Judicial a fin de preservar la integridad de la base documental del mismo y garantizar el acceso de otros reutilizadores a ese mismo contenido en igualdad de condiciones.
5. Con el fin de asegurar la publicación y difusión de las sentencias y otras resoluciones judiciales por el Centro de Documentación Judicial, en condiciones de igualdad para todos los potenciales reutilizadores, quedan prohibidas:
a) la facilitación directa por parte de los Juzgados y Tribunales o de sus Unidades Procesales de Apoyo Directo, o por parte de los Servicios Comunes Procesales, de sentencias y otras resoluciones judiciales para su reutilización.
b) la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales no obtenidas a través del Centro de Documentación Judicial, salvo que se efectúe a partir de un previo acto que no constituya reutilización, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 2.
6. Toda actividad de reutilización estará sometida a las siguientes condiciones generales:
a) Que el contenido de la información suministrada no sea alterado ni su sentido sea desnaturalizado. Ello incluye los marcadores electrónicos que por razón de control y seguridad haya introducido el Centro de Documentación Judicial en los ficheros informáticos que contengan las sentencias y otras resoluciones judiciales. Lo anterior no impide que los reutilizadores introduzcan en los documentos sus propios marcadores por razones de control y seguridad de sus productos. También podrán enriquecer la información enfatizando ciertos pasajes o trazando vínculos a otros documentos, siempre que tales añadidos sean leales, de forma que los terceros puedan percibir con claridad que esos elementos no forman parte de la información original, y respeten la integridad y el sentido de los documentos objeto de reutilización.
b) Que se cite fielmente la fuente de suministro de la información y la fecha del material objeto de reutilización, lo que deberá hacerse en cada una de las sentencias o resoluciones judiciales que sean objeto de reutilización. A estos efectos, deberá estarse a la fecha de la sentencia o resolución judicial.
c) Que se verifique la disociación de los datos de carácter personal que dicho material aún pudiera contener, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 4. Reutilización sin sujeción a condiciones especiales de licencia o autorización.
1. Las sentencias y otras resoluciones judiciales, podrán reutilizarse sin sujeción a condiciones especiales de licencia o autorización cuando dicha reutilización se realice por personas físicas en el marco de actividades docentes o de investigación científica, siempre que dicha reutilización carezca de finalidad comercial. A los efectos de este Reglamento se entenderá que la reutilización tiene finalidad comercial cuando depare al reutilizador una ganancia comercial o un beneficio económico directamente ligados a la actividad de reutilización.
3. En todo caso, la reutilización a la que se refiere el presente artículo estará sujeta a las exigencias generales establecidas en el artículo 3.6, así como al régimen sancionador previsto en el título III.
Artículo 5. Reutilización con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.
1. Fuera de los casos señalados en el artículo anterior, las sentencias y otras resoluciones judiciales podrán reutilizarse con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo, con independencia de que el reutilizador persiga o no una finalidad comercial.
2. El Centro de Documentación Judicial gestionará las licencias-tipo de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. Dichas licencias-tipo deberán estar disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente a través del apartado correspondiente al Centro de Documentación Judicial, dentro de la página o sitio oficial de Internet del Consejo General del Poder Judicial. Se entenderá que la oferta de contratación a través de licencias-tipo tiene validez durante todo el tiempo en que dichas licencias-tipo y sus condiciones permanezcan accesibles a los potenciales interesados en dicha página o sitio de Internet.
3. El Centro de Documentación Judicial deberá poner a disposición de los potenciales licenciatarios las condiciones generales a que se sujetarán las licencias-tipo, de manera que aquéllos puedan conocer, almacenar y reproducir tales condiciones con anterioridad a la perfección de la licencia.
4. Las condiciones incorporadas en las licencias se atendrán a los siguientes criterios básicos:
5. Las licencias deberán reflejar, al menos, la información relativa a la finalidad concreta, comercial o no comercial, de la reutilización, la duración de la licencia, las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente, las responsabilidades de uso y modalidades financieras, y el precio público aplicable.
6. Los beneficiarios de las licencias tendrán derecho:
a) A disponer de un apartado dentro de la página o sitio oficial de Internet del Consejo General del Poder Judicial desde el que seleccionar la información que deseen obtener.
b) A que la información les sea entregada en ficheros electrónicos debidamente tratados, homogeneizados y con los datos personales eliminados.
c) A reutilizar la información en los productos que elaboren, cualquiera que sea su formato, soporte y destino. Los beneficiarios de una licencia no podrán realizar nuevos actos de reutilización una vez haya expirado el plazo inicial de concesión o cualquiera de sus prórrogas.
7. Además de respetar las condiciones generales exigibles a todo reutilizador y de atenerse a las condiciones particulares de cada tipo de licencia, los beneficiarios de las licencias deberán soportar las reclamaciones de terceros a que pueda dar lugar la elaboración de productos de valor añadido a partir de la información suministrada por el Centro de Documentación Judicial.
8. De cara a la formalización y ejecución de las licencias, el Centro de Documentación Judicial deberá dar información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
a) Los distintos trámites que deben seguirse para obtener la licencia y para dar cumplimiento al contenido de la misma. Ello exigirá la concreción de los medios técnicos que deberá seguir el interesado para corregir errores en la introducción de datos, y la expresión de la lengua o lenguas en que podrá formalizarse y ejecutarse la licencia. La tramitación de las licencias deberá ser accesible a las personas con discapacidad.
b) El momento en que se entenderá formalizada la licencia y el modo en que la misma quedará documentada, lo que deberá articularse en ambos casos por procedimientos electrónicos, teniendo el licenciatario derecho a acceder a una copia del documento electrónico en que haya quedado formalizada la licencia.
En todo caso, la licencia será concedida automáticamente y por vía telemática sin necesidad de que medie autorización caso por caso, siempre que sea solicitada por el interesado tras haber tenido éste opción de conocer las condiciones a que la misma se sujeta.
9. Queda prohibida la cesión a terceros de la licencia de reutilización, salvo que aquélla opere por disolución o cambio de titularidad de la entidad beneficiaria de la licencia. Los ficheros entregados a un reutilizador por el Centro de Documentación Judicial, así como la información contenida en ellos, no podrán ser cedidos a terceros reutilizadores si no es mediante productos de valor añadido elaborados en el ejercicio de la actividad como reutilizador.
1. La reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con sujeción a condiciones de licencia o autorización dará lugar al cobro de una contraprestación económica en forma de precio público, que se abonará una sola vez en el momento de suministro de cada sentencia o resolución. Dicho precio público distinguirá entre la reutilización con finalidad comercial y la reutilización con finalidad no comercial, conforme al criterio contenido en el artículo 4.1. Los ficheros electrónicos que contengan las sentencias y otras resoluciones judiciales podrán incorporar características más o menos avanzadas en función del tipo de precio público pagado por el reutilizador.
Artículo 7. Reutilización sujeta a autorización previa solicitud del interesado.
1. Las solicitudes de autorización de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales que no se encuentren puestas a disposición del público por el Centro de Documentación Judicial a través de la página o sitio oficial de Internet del Consejo General del Poder Judicial, deberán dirigirse a dicho Centro por aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en dicha reutilización a través del formulario normalizado previsto al efecto, en el que se indicarán con exactitud las sentencias o resoluciones que se desea reutilizar y la finalidad, comercial o no comercial, perseguida.
2. Cuando una solicitud esté formulada de manera imprecisa o incompleta, el Centro de Documentación Judicial pedirá al solicitante que la concrete, indicándole expresamente que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El solicitante deberá concretar o completar su petición en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho requerimiento. A estos efectos, el solicitante podrá recabar el apoyo del Centro de Documentación Judicial a fin de delimitar el contenido de la información solicitada, siempre que asuma previa y expresamente el pago de los costes que dicha asistencia genere.
El cómputo del plazo para resolver la solicitud se entenderá suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para resolver.
3. El Director del Centro de Documentación Judicial resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo se podrá ampliar el plazo de resolución en otros veinte días. En este caso deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de diez días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican. En todos los casos, a efectos de dar respuesta a la solicitud de reutilización, el Centro de Documentación Judicial valorará la procedencia de obtener y tratar las sentencias o resoluciones solicitadas, teniendo en cuenta, entre otros factores, el grado de dificultad para su obtención y las variables presupuestarias implicadas.
4. Las resoluciones que tengan carácter estimatorio autorizarán la reutilización, supeditándola o no al cumplimiento de determinadas condiciones en función de si, por su carácter y finalidad, la reutilización solicitada encaja o no en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 4. Las condiciones impuestas en la autorización podrán ser coincidentes con las de las licencias-tipo correspondientes, incluido el cobro de la contraprestación económica. En todo caso, la resolución estimatoria supondrá la puesta a disposición de las sentencias o resoluciones solicitadas en el mismo plazo previsto en el apartado anterior para resolver.
5. Si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización solicitada, se notificará al solicitante, comunicándole los motivos de dicha negativa en los plazos mencionados en el apartado 3 de este artículo.
6. Las resoluciones que decidan sobre las solicitudes de reutilización deberán contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en los términos previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
d)	El incumplimiento grave de condiciones impuestas en la licencia o autorización, o previstas en este Reglamento. En todo caso, se entenderá que comportan tal incumplimiento:
a) La alteración leve del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia o autorización, así como la alteración leve de los marcadores electrónicos que por razones de control y seguridad haya introducido el Centro de Documentación Judicial en los ficheros informáticos que contengan las sentencias y otras resoluciones judiciales.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán a los reutilizadores las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de 50.001 a 100.000 euros por la comisión de infracción muy grave.
b) Sanción de multa de 10.001 a 50.000 euros por la comisión de infracción grave.
c) Sanción de multa de 1.000 a 10.000 euros por la comisión de infracción leve.
Por la comisión de infracción muy grave y grave, además de las sanciones previstas en las letras a) y b), se podrá sancionar al infractor con la revocación de la licencia concedida y con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a licencia o autorización durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años.
2. Las sanciones se graduarán atendiendo a los efectos de la infracción sobre la integridad y autenticidad de la información reutilizada así como el acceso a la misma, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos por el infractor, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
3. El Director del Centro de Documentación Judicial será competente para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, debiendo designar un Letrado del Centro de Documentación Judicial para que actúe como instructor, así como notificar al interesado la incoación del procedimiento. La resolución del expediente sancionador y la imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, corresponderán a la Comisión específicamente creada para este fin en virtud de la disposición adicional tercera del presente Reglamento. Contra las resoluciones en materia sancionadora que adopte dicha Comisión cabrá recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, cuya decisión pondrá fin a la vía administrativa.
4. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en el presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. El régimen sancionador previsto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el último apartado del artículo anterior, queda a salvo la responsabilidad disciplinaria que en su caso pudiera exigirse a los integrantes de la Carrera judicial, o a Secretarios y resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, por la desatención de los deberes o prohibiciones emanados de lo dispuesto en el presente Reglamento.
Disposición adicional primera. Rango normativo del Anexo.
El anexo que se incorpora al presente Reglamento, donde se contienen los precios públicos a los que se refiere el artículo 6, tiene rango de Instrucción del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser modificado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Disposición adicional segunda. Acuerdos o convenios de reutilización de sentencias que no se ajusten a las previsiones de este Reglamento.
En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Consejo General del Poder Judicial revisará todos los convenios y acuerdos en vigor para la entrega y reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, y determinará la modalidad de reutilización aplicable en cada caso conforme a lo establecido en el presente Reglamento. Esta revisión no afectará en ningún caso a la información ya reutilizada en virtud de dichos convenios y acuerdos, sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse para los suministros de sentencias y otras resoluciones judiciales solicitados al Centro de Documentación Judicial tras la entrada en vigor de este Reglamento.
Disposición adicional tercera. Comisión sancionadora en materia de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
1. Se crea una Comisión especial del Consejo General del Poder Judicial para la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, a los que se refieren los cuatro primeros apartados del artículo 9. Dicha Comisión estará compuesta por tres Vocales, que deberán ser nombrados a tal efecto, junto con sus correspondientes suplentes, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. La duración del mandato de los integrantes de esta Comisión será de un año, con posibilidad de reelección.
2. La Comisión elegirá de entre sus miembros, por mayoría, al Presidente. Para su válida constitución será necesaria la presencia de todos sus miembros, quienes en caso de imposibilidad de asistir serán sustituidos por los correspondientes suplentes. La adopción de acuerdos tendrá lugar por mayoría y quien presida tendrá voto de calidad. Las deliberaciones de la Comisión serán reservadas y los asistentes deberán guardar secreto sobre las mismas. Actuará como Secretario un Letrado del Centro de Documentación Judicial, quien levantará acta sucinta de las reuniones y de los acuerdos adoptados.
Disposición adicional cuarta. Aplicación del Reglamento a acuerdos no jurisdiccionales procedentes de las distintas Salas del Tribunal Supremo y de otros Tribunales.
Podrán ser objeto de reutilización de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento los acuerdos sobre unificación de criterios y coordinación de prácticas procesales alcanzados por las distintas Salas del Tribunal Supremo y de otros Tribunales. Dicha reutilización deberá canalizarse mediante autorización previa solicitud del interesado.
Este Reglamento entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de octubre de 2010.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
Precios públicos aplicables a la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales sujeta a condiciones de licencia o autorización
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, se fijan los precios públicos aplicables a la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales sujeta a condiciones de licencia o autorización:
1. Precio público por cada copia de sentencia u otra resolución judicial suministrada para fines comerciales:
1,27 € por copia de sentencia/resolución, IVA no incluido.
1,50 € por copia de sentencia/resolución, IVA 18 % incluido.
A este precio serán aplicables los siguientes descuentos, en función del volumen anual de sentencias u otras resoluciones suministradas:
Hasta 10.000 sentencias o resoluciones por año: Sin descuento.
De 10.001 a 50.000 sentencias o resoluciones por año: Un 15% de descuento.
De 50.001 a 100.000 sentencias o resoluciones por año: Un 25% de descuento.
De 101.000 a 200.000 sentencias o resoluciones por año: Un 35% de descuento.
De 200.001 sentencias o resoluciones por año en adelante: Un 50% de descuento.
2. Precio público por cada copia de sentencia u otra resolución judicial suministrada para fines no comerciales:
0,43 € por copia de sentencia/resolución, IVA no incluido.
0,50 € por copia de sentencia/resolución, IVA 18 % incluido.
Entrada en vigor: 22 de febrero de 2010.
art. 107.10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).