Source: https://es.scribd.com/document/149404351/Apuntes-Procesal-Penal
Timestamp: 2019-12-09 07:02:15
Document Index: 292556052

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'in dubio', 'in dubio']

Apuntes Procesal Penal | Violación | Derecho penal
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Aspectos Probatorios en los Delitos contra la Integridad Sexual Aspectos probatorios en los delitos contra la integridad sexual
I-Exordio:
En los modernos ordenamientos procesales, rige ampliamente el principio de libertad probatoria , por el cual todo puede probarse por cualquier medio lcito ,siempre que sea pertinente y vinculado con el objeto procesal . Claro est,que este no es un principio absoluto ,ya que que han establecido limitaciones probatorias cuando se afectan garantas constitucionales. Dichas exclusiones o prohibiciones de valoracin probatoria, tienen su origen en el derecho anglosajn mediante la Exclusionary rule y ha llegado a nuestra doctrina de la mano de la regla del fruto del arbol envenenado ampliamente difundida, por la cual se excluye para su valoracin ,cualquier elemento de prueba que se haya obtenido o incorporado al proceso en violacin a una garanta constitucional o las formalidades procesales dispuestas para su produccin. Cuando se investigan delitos sexuales, en materia probatoria se deben observar dichas limitaciones con sumo rigor,pues cualquier violacin a la regla y su conexin eventual con otros actos del proceso, podran acarrear nulidades insanables y la posterior impunidad de sus autores. En este breve trabajo, proponemos algunos medios y medidas de prueba, que con apoyo jurisprudencial adjunto, podran ser vas tiles a tener en cuenta para los operadores del fueron penal, ya que si bien no son las nicas medidas de prueba posible, sin duda son las que se emplean con mayor asiduidad, y como lo demuestran los fallos reseados , han tenido una alta efectividad en numerosos procesos de delitos contra la integridad sexual. Cuando abordamos la temtica de delitos sexuales , se debe tener en cuenta que los actos de los abusadores son percibidos por sus vctimas como estmulos internos intrusivos sobre su cuerpo y su mente. Como bien dice Mariela Zaneta Maggi Se trata de un sometimiento corporal al que se le suma la exigencia del silencio-muchas veces mediando amenazas de males peores e incluso la muerte de la propia vctima o de su entorno familiar -que implica la complicidad entre el abusador y el abusado,y contradice los mandatos de la cultura (1) Michel Foulcault en su libro Vigilar y Castigar (2) desarroll un concepto de cuerpos dciles, que nosotros seguimos atentamente, al considerar que las vctimas del abuso sexual ,mxime si son nios, pasan a ser solo cuerpos de los que el adulto puede servirse para obtener placer .Verificamos los operadores del derecho, la facilidad con que pueden ser sometidos los nios por aquellos llamados a cuidarlos y darles afecto, los de su crculo ms ntimo. las traumticas experiencias de las vctimas de los delitos contra la integridad sexual ante la maquinaria judicial - sean mayores o menores-,a menudo pareceran indicar que primero sufren el ataque fsico del violador o abusador y luego el maltrato emocional de otros. Muchas mujeres han comprobado que las actitudes e ideas errneas que hay en torno de los delitos sexuales, resultan en que las sospechas recaigan sobre la vctima. Amistades, familiares, policas, mdicos, jueces y otros actores sociales los que deberan ayudar a la vctima pueden compartir tales ideas equivocadas y herir a la vctima casi tan profundamente como el propio violador. Es tan duro que culpen a la violada de lo sucedido que algunos autores han llamado a este problema la segunda violacin. Hacemos esta modesta reflexin , para que quienes actuamos en la Justicia Penal , seamos jueces, Fiscales o Defensores, ensayemos una mirada nueva sobre este fenmeno creciente , ya que es otra forma ms de violencia pero con huellas psicolgicas a menudo indelebles.
Existen por ejemplo, peligrosos mitos sobre la violacin que crean un falso sentido de seguridad. Hay operadores jurdicos (por suerte los menos) que se posicionan ante el delito y en el afan de desantraar la verdad tratan de descubrir alguna falta en la conducta de la vctima vesta ropa ceida, sali sola por la noche o realmente deseaba tener relaciones sexuales, y piensan que con solo evitar dichas actitudes,este delito nunca hubiera ocurrido. Quienes se enrolan en esta corriente de pensamiento, pattica y reduccionista, quizs tambin piensen que tanto ellos como sus seres queridos estarn a salvo y nunca sern violados o abusados , por adoptar ciertos estereotipos de conducta . Prefieren opinar as, pues aceptar la otra posibilidad la violacin o el abuso sexual son actos de violencia inexplicable que cualquiera puede sufrir, prescindiendo de cmo se vista sera demasiado terrible , es decir admitir el peligro latente que se cierne sobre cualquier habitante de este pas, sin distincin de clases o lugar de residencia (vgr Las violaciones y homicidios en los Country ) . Se verificaron innumerables casos de mujeres que fueron violadas por alguien a quien consideraba agradable y respetable y precisamente pertenecan a sus circulos ntimos y confiables .Lo peor que se puede hacer ante este delito ,es creer que a ningn allegado o familiar nuestro le puede ocurrir (esto no les va a pasara a nadie de mi familia). Ante tan complicado marco fctico, y luego de estas breves opiniones absolutamente personales ,nos posicionamos con la intencin de brindar algunas sugerencias en materia de medidas probatorias ,sea para la comprobacin efectiva del hecho o bien para afirmar su inexistencia como delito penal.
Como primera premisa , y ante la abolicin contempornea de la prueba tarifada y en franca marcha hacia la conviccin sincera con expresin de los motivos y la fundamentacin de las decisiones ,como manera de valorar en nuestros actuales sistemas de enjuiciamiento, nos parece oportuno referenciar el criterio que sostiene :"En los delitos contra la libertad sexual los tribunales suelen tener un criterio ms amplio en la valoracin de la prueba ,sopesando hasta el ms mnimo indicio, para que no queden impunes,dado que por lo general se cometen en la intimidad, fuera de la vista de otras personas (3). En estos casos la apreciacin de las pruebas, segn la regla de la sana crtica , debe admitir alguna flexibilidad . Es decir que, como por lo general, estos delitos se desarrollan en su generalidad en mbitos privados,intramuros o aislados, que resultan proclives a la consumacin del ilcito, ante esta situacin el investigador deber reconstrur el hecho a travs de todo rastro, vestigio e indicio, a efectos de dilucidarlo; de lo contrario la simple ausencia de testigos representara la impunidad del encausado. Suele decirse con mucha razn, que la prueba de la violacin es "la probatio diablica", y en muchas ocasiones se revictimiza a la ofendida a punto tal de ser mas hostigada judicialmente que el propio acusado,siendo objeto de innumerables interrogatorios , especialmente si el juzgador toma en cuenta obsoletos criterios como el de la honestidad (an no completamente desterrado). Pasaremos a continuacin, a resear someramente ,las diferentes medidas probatorias y medios de prueba que se instrumentan comunmente para acreditar delitos contra la integridad sexual, a saber:
I-La declaracion de la vctima: Ante la notitia crminis de una agresin sexual, la firme imputacin por parte de la damnificada sumada a la incorporacin de indicios relevantes resultan suficientes para sospechar que la posible comisin y participacin en el hecho por parte de una persona determinada, pueda tenerse por acreditada. En esa direccin se sostiene que la firme imputacin de la vctima sumada a la incorporacin de indicios relevantes,son suficientes para sospechar que el imputado particip en el delito achacado , mxime en este tipo de delitos que se desarrollan casi siempre fuera de la presencia de terceros (4)
Por tal razn, es un indicio fundamental, la fiabilidad del testimonio de la vctima, de manera tal que si sostiene firmemente su imputacin y a ellos se suman otros indicios, como los testimonios de personas que hubiesen apreciado su estado de congoja , un informe psicolgico que revele una marcada agresividad o angustia y un comportamiento distante y temeroso, propio de quien ha sufrido una traumtica experiencia . Tambin es fundamental que se establezca pericialmente ,que la vctima no es una persona fabuladora, haciendo hincapi en la inexistencia de motivo alguno como para perjudicar gratuitamente al imputado. Reunidos estos elementos , comienza a visualizarse un cuadro probatorio de entidad suficiente.
Resulta vital para contener a la vctima , hacerle saber que el delito y cualquier cosa que ocurra como resultado de ste incluso si un pariente cercano va a parar en la prisin no es culpa del nio,la nia o persona agredida sexualmente. Pero dichas palabras tranquilizadoras hay que repetirlas muchas veces, de modo que la vctima llegue a creerlas... y crea que los padres o familiares las creen tambin!. Estas consideraciones deberan servir para apuntalar una imputacin firme desde el comienzo , y no para buscar que se debilite. Claro est, no se trata de buscar una condena para el simple sospechoso, sino para el culpable, ya que a menudo se estigmatiza gratuitamente a quien se seala apresuradamente como autor. Esto de por s,que desgraciadamente se ha verificado con mucha frecuencia , tambin resulta gratuito y criminal.
II- Los peritajes psicolgicos del imputado y la vctima:
Tambin resultan de suma importancia, las pericias psicolgicas que se efectuen al imputado, en cuanto puedan marcar dificultades en su identidad psicosexual. Mxime an si a la firme imputacin reseada se le suman indicios de lesiones fsicas en la vctima o el imputado (5). Todo Ello aporta una sumatoria de elementos incriminantes que contribuye a clarificar el cuadro probatorio. La prctica pericial psicolgica constituye un rea relativamente nueva como campo delimitado del quehacer psicolgico y como tal ha tenido en los ltimos aos un crecimiento sostenido en sus mtodos y modalidades de abordajes en las distintas problemticas, especialmente en materia de delitos sexuales, donde el valor de estas experticias resulta a menudo determinante para complementar las restantes pruebas colectadas. Todos estos lineamientos, han sido recogidos por nuestra Corte Federal, al afirmar que si bien en los delitos contra la honestidad , la prueba resulta de dificil recoleccin, no es de imposible investigacin (Corte Suprema de Justicia de la Nacin.15/7/1997.Vera Rojas,LL 1997 F-25).
La propia Corte Suprema ,siempre en miras de evitar la victimizacin secundaria de los menores y otorgar a los informes periciales un importante valor , ha ordenado dejar sin efecto las ampliacines de declaraciones testimoniales a menores vctimas de abusos deshonestos , a fin de evitar el dao psicolgico que podra sufrir el nio, como consecuencia de las reiteradas convocatorias a testimoniar o ser objetos de intervenciones periciales , que prodran reavivar o agudizar el trauma que estn padeciendo . Es dable destacar, que en caso de duda probatoria se suele adoptar un criterio intermedio que es decretar la falta de mrito,sin perjuicio de continuar la pesquisa. Por lo general la existencia de este cuadro neutro se puede producir por la contraposicin de
los informes psicolgico de una vctima con signos de victimizacin sexual,y el informe psiquitrico forense de un imputado ,al que se define como de personalidad no proclive a la comisin de delitos sexuales. Son pruebas importantes de cargo cuando se trata de menores vctimas de abuso deshonesto,cuando el informe psicolgico , da cuenta, por ejemplo, de la perturbacin emocional del menor, compatible con haber sufrido situaciones de victimizacin sexual y que adems no posee una personalidad fabuladora. A la inversa son pruebas indiciarias ,de la posible autora de hecho el peritaje psicolgico al imputado que acusa tener desajustes en el rea psicosexual o conflictiva en el rea de la sexualidad. Suelen presentarse situaciones en que, a los peritajes psicolgicos de las vctimas y sus huellas traumticas en la psiquis, se suman sntomas fsicos, como dolores de cabeza, vmitos o prdida de apetito, y dificultad en conciliar el sueo. Los problemas genitales, como el dolor y la irritacin de la regin anal o vaginal , son particularmente indicadores claros ,que llevan a conclusiones firmes, pero que no siempre suelen encontrarse. Tambin deben tenerse en cuenta las tendencias precoces respecto a lo sexual que se manifiesten en el habla, la vestimenta o la conducta. Los cambios sbitos de conducta pudieran indicar que hay un problema. Si el nio se vuelve ms reservado que de costumbre o tiende a evitar a cierto miembro de la familia, esto debera tambin ser un indicio emergente de una entrevista o peritaje psicolgico forense. los mensajes indirectos que los menores vctimas suelen comunicar del tipo : Ya no me gusta el maestro de msica, tal vez sea el modo como el nio o la nia trata de sacar a colacin este asunto dificultoso. Es de tal importancia esta prueba, que su ausencia ha llevado en algunos casos a la revocacin del procesamiento, y resulta saludable que as sea, pues de lo contrario el principio in dubio pro reo sera soslayado ,avasallando las garantas constitucionales del imputado .
III- Los testigos indirectos o de oidas:
En este tipo de delitos, se debe utilizar un criterio de amplitud probatoria, ya que es casi imposible conseguir testigos directos del hecho, debiendo basarse el magistrado en las declaraciones de la vctima, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a travs de sus dichos y en las conclusiones a las que arriban los expertos en las respectivas pericias. As,especialmente ocurre cuando se valora adecuadamente el indicio de oportunidad,sobre todo si el hecho ocurri en el interior de un domicilio o lugar cerrado y puede acreditarse que la vctima se hallaba nicamente en compaa nicamente del acusado. En estos marcos fcticos , el victimario acta a voluntad sobre el cuerpo de la vctima, en la tranquilidad de que nadie lo observa; por ello cuando la vctima le refiere su padecimiento a personas prximas o de su confianza , debe tenerse especialmente en cuenta dichos testimonios indirectos ,para completar e integrar el cuadro probatorio. Se debe realizar una visin en conjunto de la prueba obtenida al momento de decidir y no arribar a una absolucin o atribucin de la autora responsable de un imputado ,sobre la base de una consideracion fragmentaria y aislada de la prueba. Segn la regla de la sana crtica racional las conclusiones debern ser fundamentadas y en la lgica del juzgador se deber admitir alguna flexibilidad, ya que an cuando no exista prueba directa pero si indicios, que permitan elaborar una prueba indirecta compuesta, ello permitir llegar a conclusiones razonables. Tales son los casos donde se valoraron los gritos de la vctima y sus lesiones en la regin anal ,donde el tribunal insto a apelar a las reglas de la lgica y de la sana crtica, quedando relegado el sistema de las pruebas tasadas ( C Nac Crim y Corr ,sala 5ta, 8/5/2002, Font,Diego Gabriel).
Resulta por lo general dificultoso para un nio, confiar en un mayor y contarles su problema, por ello cuando lo hacen, este testigo de odas debe ser apropiadamente valorado. Es que, a veces la conmocin, o la vergenza, que tal experiencia causa a los nios hace que ellos no quieran hablar del asunto, y que solo se abran ante una persona en quien confen mucho. A los nios con quienes alguien se ha propasado se les suele acusar de haber inventado el incidente, aunque los investigadores experimentados y los psiclogos forenses nos aseguran que los nios rara vez, si acaso alguna, inventan acciones de esa ndole.
El incesto, por ejemplo , se ha encubierto histricamente para no desbaratar la familia. Lo propio ocurre tambin con vctimas mayores de edad, pues a menudo suele resultar conveniente para el grupo familiar sepultar el sucedido y bajo un manto de olvido hacer como que nunca ocurri Lo referenciado ,nos indica que cuando la vctima de un delito sexual vuelca su confianza en alguna persona de su confianza, esta deber proporcionar su testimonio ,como testigo indirecto o de odas del hecho, y los jueces debern valorar sus dichos en concordancia con la prueba restante .Por ejemplo, se ha considerado de vital importancia el testimonio de un compaero de colegio de la vctima,que escuch de sus propios labios haber sido violada horas antes por su to (6).
IV-El exmen corporal de la vctima y el imputado:
Por regla general, cualquier imputado de un delito y, con mayor motivo en este tipo de delitos ,no puede negarse a la realizacin de medidas de prueba sobre su cuerpo, ya que se lo considera mero portador de la prueba y frente a su negativa se le practica por la fuerza de todos modos. Regularmente son extracciones de sangre ,cabello y semen, y por supuesto , se puede negar a integrar una rueda de personas ( C Crim y Corr ,Sala 7ma, 15/12/1998. Iglesias ,Jorge .JA 1991-II-516). En caso de negativa a integrar una rueda de reconocimiento de personas , tambin puede recurrirse a un reconocimiento por fotografas,si es que se posen. No obstante, tambien se ha sostenido que el reo acusado de violacin puede negarse a una extraccion sangunea para determinar su ADN, pero tal negativa sera valorada en su contra,conforme art 4 de la ley 23.511 de datos genticos (Juz Crim y Corr trans Mar del Plata , 16/11/1998.J R I,JPBA 105-398). Ante algunos planteos nulificantes, postulados legtimamente por estrategias defensistas, deber tenerse en cuenta que los estudios de rigor realizados a la vctima en estos casos no son pericias, sino meros informes tcnicos de reconocimiento, como las revisaciones efecuadas por los mdicos legistas, y por ende no necesitan ser notificadas a las partes (C Nac Crim y corr,sala 1ra 13/4/1999, Cordero Garate ,Luis). Si a pesar de la amplitud y flexibilidad que existe en materia de delitos sexuales, el juzgador sigue an albergando dudas , sobre si realmente hubo una violacin o no , entonces por aplicacin del principio in dubio pro reo , deber resolver decretando la falta de mrito del acusado. Por el contrario,se ha postulado que cuando los indicios son suficientes para demostrar la violacin, no importa que hayan quedado algunos puntos oscuros, o sin aclarar ,dado que ello se dilucidar en el juicio oral y pblico ,donde rige el principio de inmediatez (C Nac Crim y Corr,sala 6ta, 30/8/2002. Queirolo,Sergio Augusto). En cuanto a la ausencia de lesiones genitales o fsicas , no deber descartarse la violacin ,por que existen supuestos de acusados que han amenazado a sus vctimas mediante el empleo de armas u otros medios idneos , como ocurre cuando se verifica violencia moral o intimidacin suficiente para neutralizar la libre disposicin de los actos de la persona individual.
En ocasiones, el fuerte impacto anmico que el episodio imprime en la psiquis de la vctima , la suele inmovilizar durante los primeros lapsos de tiempo, y siendo la inmediatez con el hecho de fundamental importancia, sus propias actitudes conspiran contra el esclarecimiento del evento, ya que si se denuncia dias despues , ser dificultoso para el exmen mdico, detectar signos de violencia externa visibles o paragenitales. La celeridad con que pueda efectuarse el exmen ginecolgico sobre el cuerpo de la vctima antes de que se higienice (siendo un impulso natural querer "limpiarse" de la vejacin sufrida), aportar la ropa ntima o externa sin haber sido lavada, podr redundar en la obtencin rastros de semen, sangre, saliva o pelos del reo para determinar el ADN y efectuar estudios comparativos, siendo esta experticia concluyente, pues arroja el 99 % de certeza, La determinacin del grupo sangineo de las muestras obtenidas permitirn su cotejo con el grupo y factor del acusado. Se tiene dicho que "el simple hallazago de semen o sangre en las prendas ntimas de la vctima es indicio contra el autor, ms alla de los posteriores estudios genticos (C Nac Crim y Corr, sala 1era, 15/8/2000.Bocerup, Ricardo). En dicha lnea pericial, el hisopado vaginal y/o anal son una prueba de importancia a fin de detectar restos de semen y compararlos con el grupo sanguineo y ADN del reo. Tampoco puede descartarse la existencia de una violacin por la mera circunstancia de que la vctima posea un himen elstico o complaciente, que por su anatoma no suele dar vestigios de haber sido violentado.
V-Reconocimiento de personas y cosas:
Otros medios probatorios ,como el reconocimiento fotogrfico del reo por parte de la vctima , suelen cobrar importancia cuando la misma est en condiciones de llevarlo a cabo , igualmente ocurre con el dictado de rostro cuando no se sabe quien es el autor y la vctima ha retenido en la memoria su fisonoma. Se ha considerado que tiene mucho peso probatorio la precisa descripcin del agresor, cuando es realizado por la propia vctima (7). Cierta jurisprudencia, arcaica an para su poca, sola exigir la existencia de lesiones defensivas de la vctima en el cuerpo del acusado. Lo cierto es que en la actualidad y ante el criterio de la fexibilidad y amplitud probatoria , no es requisito sine qua non, pero indudablemente la existencia de lesiones defensivas sobre la superficie corporal del imputado sigue siendo una prueba de suma utilidad y valor. En ciertas ocasiones, se suele requerir por parte de los Fiscales que investigan, que la vctima efecte un detallado relato acerca de las particularidades del lugar en que ocurri el episodio, para poder efectuar una compulsa in situ, que permita determinar la fidelidad entre dicho relato y las caractersticas fsicas del lugar, que de coincidir se transforman en otro indicio de valor. As, resulta de practica solicitar registros domiciliarios, para verificar detalles de las habitaciones o lugares, prendas , cuadros , color de paredes ,muebles,aberturas y otros detalles referidos por las vctimas, siendo tambin frecuente los secuestros de objetos que presentan vestigios o guardan relacin con los hechos (ej:ropa de cama, ropa interior del acusado, toallas, objetos fetichistas, etec).
VI- La Cmara Gesell:
Como ltimo de los tpicos probatorios que usualmente se emplean en el marco de una Investigacin penal preparatoria, abordaremos brevemente este sistema de observacin y produccin de prueba , por cierto ,de vital importancia en los tiempos que corren.
La cmara Gesell, es una habitacin acondicionada para permitir la observacin con personas y otros medios tcnicos ,como filmaciones, grabaciones etec. Est conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visin unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabacin de las diferentes entrevistas e interrogatorios que se le efectan a una persona (generalmente menor de edad), que es observada sin ver al imputado ni las otras partes del proceso. Esta cmara fu concebida como domo (Gesell dome en ingls) por el psiclogo y peditra estadounidense Arnold Gesell, para observar la conducta de nios sin ser perturbados o que la presencia de personas extraas no le cause alteraciones. En las investigaciones policiacas americanas suele emplearse esta cmara frecuentemente ,sea para observar la conducta de sospechosos en interrogatorios o bien para preservar la anonimidad de testigos. La utilizacin de este medio tcnico, hoy no se encuentra discutida, especialmente luego de la resolucin del la Sala IV de la Cmara del Crimen, que ratific su constitucionalidad .No podra haber objeciones defensivas, toda vez que el imputado y su Defensor podran observar la diligencia sin ser vistos y controlar la legalidad de la diligencia probatoria. Este sistema de observacin y obtencin de material probatorio, como lo sera la declaracin de un menor violado o abusado, en esencia busca desterrar la posibilidad de inferir mayores daos psicolgicos a la vctima, que a lo largo de la historia judicial, ha sido objetivada y revictimizada , por reiterados interrogatorios ,que recrean y mortifican en su psiquis el hecho traumtico que lo ha estigmatizado y constituye el objeto procesal.
VIII- Eplogo:
Concluyendo,y luego de este breve recorrido por algunos de los medios y medidas probatorias mas comunes, postulamos la amplitud de criterio y flexibilidad interpretativa ,enmarcados dentro de la sana crtica racional como forma de apreciar la prueba en los delitos contra la integridad sexual. Deber tenerse en cuenta principalmente, que solo una visin panptica o integral de la prueba obtenida y no una consideracin fragmentaria y aislada de la misma , permitirn arribar al estado de certeza que se requiere para llegar a la conviccin sincera del Juzgador. Fundamentalmente, toda la investigacin, recoleccin de la prueba y anlisis de la misma ,debern contextualizarce dentro del espectro del respecto irrestricto de las Garantas Constitucionales y derechos fundamentales de la persona humana ,que merece por su condicin de tal el acusado. La ms mnima inobservacia a los postulados fundamentales ,amen de incurrir en violacin de los derechos del reo, podran ocasionar la condena injusta de un inocente, que de por si en estos delitos, conlleva un plus de condena social a menudo imborrable, que otros tipos penales no suelen imprimir en la persona individual. Sergio Manuel Terron, abril de 2010.-
Resea Bibliografca: (1)Zanetta Maggi, Mariela ; La Cmara Gesell en la investigacin de los delitos sexuales (2)Foucault, Michel; Vigilar y Castigar (3)Cmara Nacional Criminal y Correccional ,Sala 1, 29/6/1998-Veron Luis, JA 1989-I-Sntesis. (4)Cmara Nacional Criminal y Correccional ,sala 4, 10/3/2003, Escobar Alfredo (5)Cmara Nacional Criminal y Correccional,sala 1,5/3/1998, Piaggio Ernesto (6)Cmara Nacional Criminal y Correcional ,sala 5, 17/5/2002, Arabow, Juan Federico (7)Cmara Nacional Criminal y Correcional, sala 1, 2/10/2003,
Las garantas fundamentales en el proceso Penal Garantas fundamentales en el Proceso Penal. Las garantas ,representan seguridades que se otorgan , para impedir que el goce de los derechos fundamentales de la persona humana,sean conculcados por el avance del poder del estado en el ejercicio del Ius Puniendi. De tal manera que,los mandatos de la Constitucin Nacional ,implican una forma de limitacin de dicho poder del estado, reconociendo los atributos esenciales que tienen las personas por su condicin de tales, por el hecho innegables de ser personas humanas y como tales portadoras del reconocimiento de su dignidad y como integrantes de la comunidad de una nacin. Se erigen entonces las garantas, como una barrera para el Legislador , quien no puede dictar normas contra los derechos subjetivos tutelados por la manda constitucional. Bajo este prisma es que deber visualizarse e interpretarse toda la legislacin que emane ordinariamente ,y en consecuencia,todo el espectro legislativo debe ser considerado a la luz de los principios fundamentales que brotan de la Carta Magna, como fuente absoluta de postulados indelebles, especialmente en los contenidos ptreos de su primera parte (Declaraciones,derechos y garantas). Especficamente y en lo que hace a la legislacin procedimental, la misma deber guardar una relacin de correspondencia absoluta con los postulados constitucionales , previlegiando el costado garantizador del digesto vigente en un estado determinado ,y para los habitantes del mismo. Los Legtimos intereses sociales, entre los cuales brilla con meridiana claridad el deseo de seguridad para todos los ciudadanos, en manera alguna y so pretexto de garantizar dichos anhelos , deber permitir sortear las barreras y filtros que en resguardo de los derechos individuales y fundamentales de la persona humana, el constituyente ha consagrado. El paso hacia las modernas y desafortunadas ideologas del Derecho Penal del Enemigo a menudo embozadas bajo la denominacin de seguridad ciudadana, amenazan seriamente estas consignas garantistas , de la mano de personeros de la represin y el gatillo fcil, y cuyas vctimas sern de ordinario aquellos vulnerables o seleccionables de sistema penal, que como dice el maestro Zaffaroni, tengan el estereotipo del delincuente, por sus caractersticas fisonmicas, por lo general morochos,jvenes y pobres. En definitiva, las normas vinculadas al proceso penal imperantes en el territorio bonaerense, receptan los postulados consagrados por las Cartas Magnas de la Nacin y de la Provincia de Buenos Aires, viniendo a configurar un verdadero ordenamiento regulador del enjuiciamiento criminal, que plasmados en el digesto de la ley 11.922 y sus modificatorias (Cdigo Procesal Penal de la Pcia de Bs As), se convierten en una suerte de trasvasamiento de tales principios garantizadores para la persona individual que es sometida al Ius Puniendi estatal. Los siguientes, son principios y garantas fundamentales, que todo ordenamiento procesal penal debe receptar y aplicar , como ocurre por suerte en casi todos los digestos rituales de enjuiciamiento penal en nuestro pais: 1-Juez Natural y Prohibicin de las Comisiones Especiales: Es de fundamental importancia la Garanta del Juez Natural, entendida como la mejor manera de asegurar la independencia e imparcialidad de los magistrados o jueces, quienes deben haber sido designados previamente al hecho en que les toque entender o resolver, de manera tal que sus decisiones respecto del episodio que deben decidir ,sean ecunimes y razonadas. La funcin esencial de esta garanta, es la de asegurar la funcin judicial del estado , brindando a los ciudadanos la tranquilidad de saber de antemano , quienes son los jueces que habrn de juzgarlos ante un hipottico conflicto. La Constitucin Nacional prohbe expresamente, que alguien sea juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa (art 18 de la CN), vedando absolutamente la posibilidad de que se coloque al imputado frente a tribunales Ad Hoc ( creados para el caso), en razn sus las caractersticas o calidades personales, lo cual resultara mas bien propio de la tradicin inquisitiva europeo-continental.
Nuestra Carta Magna ha tratado de proporcionar como garanta para el justiciable , la imposibilidad de manipular al tribunal designado para el juicio, declarando expresamente la inadmisibilidad del juzgamiento por medio de comisiones especiales, impidiendo el conocimiento en episodio delictivos por parte de Magistrados creados con posterioridad al hecho, e indicando competencias territoriales y materiales , que en razn del lugar y la especificidad de los asuntos a conocer, ex ante han sido instaurados por la ley . La garanta del Juez Natural, tiene en definitiva por objeto, asegurar una justicia imparcial . Bajo dicho prisma resulta vedado sustraer arbitrariamente una causa a la jurisdiccin de un juez que continua tenindola para casos semejantes, o atribuir al conocimiento de un magistrado un caso para el cual no tiene competencia material o territorial .De permitirse sortear este principio, an por va indirecta, estaramos ante el juzgamiento por parte de una comisin especial o Juez Ad-hoc simulado. Por ltimo, no puede soslayarse que resulta bastante comn en la practica tribunalicia ,el planteo de excusaciones y recusaciones , se formulan cuestiones de competencia e inclusive que la legislacin a menudo impone la aplicacin inmediata de nuevas normas generales de competencia a causas pendientes (principio de la perpetuatio jursidictionis ), a excepcin de que ello implique despojar de efectos a actos procesales cumplidos vlidamente .Pero conclumos en que , an ante la facultad legislativa de cambiar las leyes procesales , por ser un derecho que pertenece a la soberana de un estado, no puede desconocerse o violarse solapadamente el principio de juez natural. 2-Juicio Previo: Esta Garanta constitucional implica la necesidad de un procedimiento adecuado a las normas de la carta magna , a consecuencia del cual se dicte una sentencia judicial de condena firme , para que pueda aplicarse una pena a un ciudadano. De manera tal que, cuando el art 18 de la Constitucin Nacional establece Ningn habitante pude ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ,implica que debe existir una cuestin concreta (hecho delictivo) imputada una persona ,y que se origine un proceso legal , requisito sine qua non para poder aplicar una sentencia de condena a un justiciable. Es decir que primariamente, la exigencia del juicio previo impone la necesidad de una sentencia judicial de condena firme para que el estado en ejercicio del poder punitivo aplique un castigo (principio de Nulla poena sine iuditio),que podr ser de reclusin, prisin, multa o inhabilitacin , segn el catlogo represivo (art 5 del CP).Es que el criterio de personalidad de la pena responde al principio fundamental de que solo puede ser reprimido quien sea culpable ,es decir aquel a quien la accin punible le pueda ser atribuible tanto objetiva como subjetivamente durante el transcurso de un proceso penal o juicio, del cual la sentencia condenatoria oficia a modo de conclusin razonada conforme a los elementos probatorios colectados. Sin ese proceso previo no podr condenarse a nadie dice nuestra constitucin ,y an mas ,veda absolutamente la imposicin de las penas crueles o degradantes que consistan en mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza impone y las que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurdico lesionado por el delito y la extensin del de la privacin de bienes jurdicos del delincuente (principio de proporcionalidad de la pena).Las penas crueles o degradantes ,resultan repugnantes a la proteccin de la dignidad de la persona humana , tanto como la imposicin de penas sin juicio previo. Juicio y sentencia son aqu sinnimos ,en tanto la sentencia de condena es el Juicio del Tribunal que al declarar la culpabilidad del imputado , determina la aplicacin de la pena. Solo un juicio como conclusin lgica de un razonamiento ,plasmado tcnicamente en el acto que conocemos como sentencia , fundado en la ley penal aplicable en un tiempo y lugar determinado , y previa al hecho que se juzga ,habilitara al estado para aplicar una pena a un ciudadano .Es decir que,la sentencia siempre deber ser una conclusin lgica y razonada ,fruto de un proceso legal en el cual se respeten todas las premisas fundamentales que una carta magna consagra , en proteccin de los derechos fundamentales de las personas. Solo as y luego de transcurrir este camino de obediencia a las premisas constitucionales, un proceso ser justo y una sentencia condenatoria vlida. Dice el Maestro Julio B Maier que Para someter a alguien a una pena ,es necesario el pronunciamiento de una sentencia firme de condena que declare su culpabilidad en un delito determinado y le aplique la pena,y que, como veremos, para obtener legtimamente esa sentencia,es preciso tramitar un procedimiento previo,segn la ley, en el que se verifique la imputacin ,es lo
mismo que sostener que,durante el procedimiento o,si se quiere ,durante la persecucin penal, el imputado es considerado inocente y tratado como inocente ,por principio. La importancia que esta mxima asume en la construccin dogmtica de toda la estructura del Derecho Procesal Penal justifica su tratamiento separado, tradicional entre nosotros (De Proc Penal I,Fundamentos ,pag 487). El art 18 de la Constitucin Nacional ,garantiza el debido proceso legal asegurando el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona humana ,esto es, los llamados Derechos Humanos, inherentes a toda persona por su condicin de tal y la dignidad que ella merece, sin distinciones de ninguna naturaleza,comprensivos de las libertades individuales y de las libertades pblicas. De tal manera que , los requisitos del debido proceso consagran para el imputado, la oportunidad de ser odo ,de conocer los cargos que se le atribuyen en su contra y de producir prueba en su favor. Lo analizado en este pargrafo,en su completa formulacin podra expresarse de esta manera: Juicio previo y legal para aplicar una pena. 3-Principio de Inocencia. El In dubio por Reo: El principio en anlisis establece, que le incumbe a la acusacin la prueba de la culpabilidad del imputado, apoyndose en la presuncin de su inocencia hasta tanto una sentencia judicial no lo declare culpable. En virtud de tal presuncin, no recae sobre la persona acusada de un delito, la carga u obligacin de probar sus afirmaciones, por el contrario, es la parte acusadora quien debe destruir el estado de inocencia del imputado .Ello sin desconocer, que le asiste al acusado la facultad de probar en el proceso ,todas aquellas circunstancias que le fueran favorables, desde el inters que posee en desvirtuar la imputacin o mejorar su situacin procesal. Con toda razn ha expresado Fernando De La Rua, que mientras el imputado no sea condenado por sentencia firme tiene la condicin jurdica definida por la ms exacta doctrina como estado de inocencia el que ampara a todo ciudadano , y se funda en el principio constitucional segn el cual nadie puede ser considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal (Fernando de la Rua, Proceso...p 265) Nos dice Velez Mariconde que el imputado es inocente durante la sustanciacin del proceso (Der Proc Penal pag 31 y siguientes) .En el mismo sentido los habitantes de la Nacin gozan de un estado de inocencia , mientras no sean declarados culpables por sentencia firme ,an cuando respecto a ellos se haya abierto una causa penal y cualquiera sea el proceso de esa causa (Clari Olmedo, Tratado ,t I, pag 231). El maestro Maier afirma: La historia revela que esta declamacin tan drstica es consecuencia de la reaccin que se produjo contra la Inquisicin. As, la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableci en Francia que presumindose a todo hombre inocente hasta que haya sido declarado culpable (art 9). (Julio B Maier. Der Proc Penal.fundamentos.t I,pag 491). Muchos Pactos y declaraciones internacionales , y locales se expiden sobre el mismo eje. El respeto por la presuncin de inocencia durante un proceso judicial. A modo de ejemplo podemos citar el art 39 de la Constitucin de la Pcia de Crdoba , que declara expresamente la inocencia del imputado hasta la sentencia de condena firme; la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (art 11 ,parraf 1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,conforme a la ley y en juicio pblico en el que se hayan asegurado todas las garantas necesarias para su defensa.En idntico sentido se encuentra formulado el principio en la Convencin Europea sobre Derechos Humanos (art 6, parraf II). Que a esta altura del pargrafo, estamos en condiciones de afirmar que desde el punto de vista del rden jurdico, mientras no exista una sentencia penal de condena firme , la situacin procesal de un individuo frente a cualquier imputacin, es la de inocente. Segn el propio Velez Mariconde, en alusin al principio In dubio pro reo nos afirma que el principio tiene larga data y que El aforismo ,cuya prosapia se le ha otorgado difusin casi popular (por fuera de la misma profesin jurdica) ,proviene hoy, a la letra, de la presuncin de inocencia que ampara al imputado (Velez Mariconde, Der Proc Penal, t II, cap I, 5,III,pag 38).
La Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha reconocido la vigencia constitucional del aforismo In dubio pro reo y su ncleo de significacin (fallos CSJN, t 295, p 782), habiendo aplicado el aforismo en la letra de sus propias decisiones .Tambien las convenciones internacionales sobre Derechos humanos, incorporadas a nuestra Constitucin (art 75 inc 22) incluyen el aforismo por remisin a la presuncin de inocencia (CADH 8.2, PIDCyP 14.2), de tal manera que existe una opinin doctrinaria abrumadoramente mayoritaria, en que la presuncin de inocencia y el In dubio pro reo tienen idntica significacin. Concluimos entonces, en que nuestra ley fundamental prohbe que se trate como culpable a la persona a la que se le atribuye la comisin de un delito ,hasta tanto el estado, por intermedio de los rganos judiciales establecidos por la ley , no exteriorice su voluntad y pronuncie sentencia penal firme que declare su culpabilidad y le imponga una pena. 4- Inviolabilidad del Derecho a la Defensa en Juicio: Es esta una garanta primordial, cuyas concreciones tcnico-jurdicas se conducen , sin mengua de otras, como bien dice Pedro Bertolino al derecho del imputado de intervenir en el proceso, a autodefenderse, a declarar o no, a proveer a su defensa tcnica,a confirmar su inocencia, a atenuar su responsabilidad y a contradecir la pretensin acusatoria ( Pedro J Bertolino, Cod Proc Penal de la Pcia de Bs As, lexis Nexis, pag 12). Es esta una garanta que se dirige centralmente al imputado,como sujeto de persecucin en el Proceso Penal, y que conforme lo recepta el art 60 del CPPPBA, podr hacer valer desde el primer momento de las pesquisas en las cuales sea sindicado o sealado como autor probable de un hecho ilcito. Segn algunos autores como Linares Quintana, a nuestra constitucin le cabe el honor de haber sido la primera, que dispuso con total claridad :Es inviolable la defensa en Juicio ,de la persona y de los derechos (Linares Quintana, tratado ,t V, nro 3157,pag 274 y sig ). Sin embargo el maestro Maier dice: Es exagerado ,afirmar no obstante que la facultad de defenderse de una acusacin emerja, como derecho especfico , recin con nuestro texto: de alguna manera, la garanta individual presidi y preside toda la estructura del enjuiciamiento penal que nace en el siglo XVIII y se plasma en el siglo siguiente (Julio B Maier , Der Proc Penal .I Fundamentos, pag 540) . La clausula constitucional en estudio, otorga el derecho inviolable de los individuos a defenderse en el marco de un procedimiento penal, habida cuenta de la supremaca de los bienes o valores jurdicos que se ponen en juego y recaen en la cabeza del imputado ,como sujeto de la persecucin del poder punitivo del estado. En el procedimiento penal, se establece la estricta observancia de recaudos formales que tienden a asegurar que el imputado tenga oportunidad suficiente de audiencia para ser escuchado, a conocer con precisin el hecho que se le endilga , y la absoluta posibilidad de ejercer su defensa material y formal ,de manera de tener siempre la posibilidad de refutar los argumentos acusatorios ofreciendo prueba y proponiendo diligencias, estableciendo una suerte de relacin dialctica, en donde a cada afirmacin seguir una refutacin , que permitir acercarse cada ves mas a la verdad histrica del suceso, y para el imputado en especial, mantener su estado de inocencia o mejorar al menos su situacin procesal. Mas an, durante el tramo de la instruccin, esta facultado a guardar silencio, sin que su actitud pueda ser tomada como presuncin de culpabilidad. Durante la etapa del debate, en la que rige el principio de inmediacin , se requiere la presencia ininterrumpida del acusado durante todo el debate, salvo excepciones como la del art 345 del CPPPBA : ...Si no quisiera asistir o continuar en la audiencia , ser custodiado en una sala prxima...Si el imputado estuviere gozando de libertad y no quisiera asistir o continuar ,en la audiencia,ser autorizado a ausentarse,debiendo procurar el presidente del Tribunal los medios para poderlo convocar si del debate surgiera la necesidad de su presencia. Si el imputado presencia el debate, goza de las facultades de efectuar todas las declaraciones que crea oportunas ,siempre que se refieran a su defensa,pero quedando sometido al interrogatorio de las partes contrarias. Finalmente, antes de darse por concludo el debate, es el imputado quien puede efectuar un alegato final en su defensa. De tal manera se verifican sus posibilidades de tener oportunidad suficiente para hablar, contradecir a los testigos y peritos, probar cuanto crea conveniente y necesario , controlar la prueba del adversario y valorarla, indicando al tribunal la solucin que propone para la sentencia. De tal manera, y con las facultades otorgadas por la clausula constitucional, durante el procedimiento penal, el imputado tendr la posibilidad plena de ejercer su defensa material.
La Garanta de inviolabilidad de la defensa en juicio de los derechos del imputado , es central, ya que por excelencia ,significa un muro que el poder estatal no podr sobrepasar en el marco de un proceso de enjuiciamiento de un ciudadano. As, cuando nuestra Constitucin Nacional consagra el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ,definiendo su posicin frente a la ley y a la sociedad ,ponga trmino dentro del plazo mas breve a la situacin de incertidumbre y restriccin de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal . Un destacado fallo dice: Dentro del derecho de defensa que la Constitucin reconoce est comprendida tanto la defensa material , considerada como una manifestacin incoercible del instinto de libertad ,en virtud del cual nadie puede ser constreido a obrar en dao propio , como la formal tcnica, que se ejerce mediante instancias, alegatos, observaciones y argumentaciones, basadas en normas de derecho sustantivo o procesal, por lo que supone conocimiento de tcnica jurdica en quien la ejerce. Solo mediante la integracin de ambas defensas ( material y formal) se resguarda la concepcin del principio constitucional mencionado como actividad esencial del proceso penal ( Cam 3ra L.P..,sala III, en DJBA, t 55-75). La garanta de la inviolabilidad de los derechos y de la persona del imputado en un proceso penal, no implica que el mismo acusado haya de tener libertad a su antojo para entorpecer la marcha de una investigacin, fugndose o entorpeciendo la pesquisa,sino que su libertad no sea coartada por las leyes ,impidindole producir las pruebas de su inocencia o colocndolo en una posicin desigual o desventajosa respecto de la acusacin .Es as que en el espectro probatorio, la garanta se cristaliza mediante la razonable oportunidad de producir prueba y controlar la del adversario procesal. La manda constitucional, viene a instaurar la facultad inviolable del imputado a intervenir en el proceso penal , y ejerciendo su derecho de defensa ,llevar a cabo todas las actividades necesaria para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del estado que procura. Podra sintetizarse en consecuencia las facultades del imputado como las siguientes: ser odo, controlar la prueba de cargo, probar los hechos que invoca para atenuar o excluir su responsabilidad, valorar en el momento oportuno la prueba producida y exponer las razones fcticas y jurdicas para obtener del juzgador una sentencia favorable , que excluya o disminuya la intensidad del castigo que aplique el poder punitivo del estado . 5- Ne bis idem (inadmisibilidad de la mltiple persecucin penal por el mismo hecho): Este principio,consiste en la garanta de seguridad individual, que proscribe la mltiple persecucin judicial (dos o mas veces) por un mismo hecho. Ahora bien, teniendo en cuenta que la persecucin penal puede ser simultnea o sucesiva, siempre que se refiera al mismo hecho resulta alcanzada por el principio y proscripta de cualquier manera que se lo intente . Si bien es cierto que originariamente nuestra Constitucin Nacional , originariamente no previ en forma expresa esta garanta, por va de su art 33 , segn el cual la enunciacin no es limitativa se lo ha reconocido como una de las garantas no enumeradas , que emergen del Estado de Derecho y el sistema republicano de Gobierno que hemos adoptado. En el plano internacional , el panorama difiere del nuestro y encontramos plasmado el principio Ne bis idem en la enmienda V de los Estados Unidos de Norte Amrica, cuando con claridad dispone : Nadie ser sometido por el mismo delito ,dos veces a a l peligro de prdida de vida o de algn miembro. El reconocimiento internacional de la garanta individual Concluy en el Pacto de los Derechos Civiles y Polticos cuyo art 14 nro 7, reza: Nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pas. En el mbito continental , la Convencin Americana de Derechos Humanos (CADH) ,tambin conocida como Pacto de San Jos de Costa Rica , dispone en su art 8 nro 4 : el inculpado absuelto por una sentencia firme no podr ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, invocando expresamente la norma, la existencia de la cosa juzgada (sentencia firme) y la imposibilidad del recurso de revisin en contra del imputado absuelto , al decir que no podr ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Finalmente, y como todas estas convenciones han sido receptadas por via del art 75 inc 22 de la Constitucin Nacional, hoy forman parte del derecho interno de la Repblica Argentina, y desconocer su existencia sera ridculo y descabellado.
En el orden provincial, el art 29 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires ,dispone: ningn acusado....ser encausado dos veces por el mismo delito, aunque entendemos con Bertolino , que : por su mayor amplitud garantizadora ,deber darse preferencia interpretativa a la palabra hechocontenida en el artculo aqu comentado , con relacin a la voz delito contenida en la Const Prov. En efecto, si nos atuviramos estrictamente a la voz delito se correra el riesgo de achicar la garanta, pues se podra sostener que sera vlido perseguir ex novo el mismo hecho bajo otra calificacin jurdica (Pedro J Bertolino ,Cod Proc Penal Pcia de Bs As, pag 11). Dice el maestro Maier que la materia de la garanta la constituye el mismo hecho como acontecimiento histrico ,sin importar la subsuncin legal que se efectue en el procedimeinto concreto (Maier Julio B, Der Proc Penal. I fundamentos ,pag 601).Lo contrario permitira que nuevamente se persiguiera bajo otra calificacin legal un mismo hecho ( por ejemplo lo que fue absuelto como estafa ,perseguirlo nuevamente como libramiento de cheque sin provisin de fondos) Los modernos Cdigos de Procedimientos penales de nuestro pas , hoy receptan el principio como una garanta constitucional , como lo es el caso de nuestro Cdigo de Procedimiento Penal de la Provincia de Bs As ( ley 11.922) , en su art 1 parte final del primer prrafo cuando dice: Nadie podr ser ....perseguido penalmente mas de una vez por el mismo hecho.En su perfil prctico y luego de la reforma de la ley 13252, la garanta se hace operante mediante el Habeas Corpus (art 405 inc 1 del CPPBA) como tambin mediante las excepciones de cosa juzgada o litis pendencia (art 328 inc 2 del CPPBA). Dice Fernando De la Rua ,que para tener configurada la mltiple persecucin penal se trae a colacin la Clsica trada: identidad de persona ,objeto y causa; es decir: la persona es el imputado de la primera persecucin, que debe ser el mismo imputado de la segunda, sea que esta tenga lugar en la misma causa o en otra distinta (eadem persona) ; el objeto es el hecho de la vida ,que constituye el contenido de la pretensin,el acontecimiento real o no,para el cual se reclama la aplicacin de la norma jurdica (eadem res); y la causa supone la existencia de una pretensin que se hace valer en un proceso ante un Tribunal con jurisdiccin y competencias suficientes para examinar plenamente y sin obstculos formales que implican una decisin sobre el fondo (eadem causa pretendi) (Fernando de la Rua, Non bis in idem, pag 320) . Podemos precisar entonces que la garanta , cuyo rango constitucional ha sido reconocido por la Corte Federal como susceptible de tutela inmediata , veda la aplicacin de una nueva sancin por un hecho anteriormente penado ,como tambin la exposicin al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho. En tal sentido la Corte sostiene que corresponde equiparar a sentencia definitiva un decisorio impugnado que viole el principio Non bis in idem (C.S.N. ,causa 6949, sent del 30 de abril de 1991,en ED,t 143-112). La idea fundamental de este principio, es no permitir que el estado con todos sus recursos y en ejercicio del poder punitivo, pueda hacer repetidos intentos por condenar a un ciudadano por un supuesto delito, sometindolo as a molestias reiteradas, gastos injustos y el estigma que implica todo proceso, obligndolo a vivir en un continuo estado de ansiedad o inseguridad. 6- Prohibicin de declarar contra uno mismo: El artculo 18 de la Constitucin Nacional, en cuanto seala que nadie puede ser obligado a declarar en contra de si mismo, derecho garantizado por el art 8 inc 2 apartado g de la Convencin Americana de Derechos Humanos -Pacto de San Jos de Costa Rica- , y el artculo 14 inc 3 apartado g, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos -ambos introducidos a nuestro derecho interno por va del art 75 inc 22 de la CN-; sienta el principio de incoercibilidad de la confesin, que implica el derecho a no ser sometido a ningn tipo de coaccin o amenazas concretas, que conspire contra la garanta de no autoincriminarse. Si bien es cierto que la confesin del imputado, libre de toda presin y plenamente consiente de sus alcances, no esta prohibida; sin embargo ,es dable resaltar que la recepcin de manifestaciones autoincriminatorias , es una actividad que por estricta observancia de garantas constitucionales , debe quedar reservada al marco jurisdiccional, en las condiciones y dentro de las formalidades legisladas por los ordenamientos procesales. As, no resultara vlida una confesin prestada en sede policial y
documentada por los agentes del orden, quienes si bien es cierto no pueden hacer odos sordos y prescindir de recoger la versin que podra resultar decisiva para el esclarecimiento de un delito, meta fundamental del proceso penal, no pueden sin embargo interrogarlo para que confiese y mucho menos documentar la declaracin de un imputado. Asignar cualquier tipo de valor a los dichos de un imputado vertidos en tales circunstancias, importara una flagrante violacin al derecho de defensa en juicio. La garanta que proscribe la autoincriminacin protege las comunicaciones, sean verbales, escritas o gestuales, porque en esos casos la prueba est en la mente del imputado ,y su exteriorizacin solo deber depender de su voluntad, libre de toda injerencia o presiones. Se dice que en estos casos el imputado es considerado sujeto de prueba. A esta altura, es dable destacar que sin embargo, la garanta no protege los casos en que el imputado es objeto de derecho, como cuando se inspecciona su cuerpo y se prescinde de su voluntad ,consentimiento o aquiescencia, como por ejemplo , cuando se le toman huellas dactilares, muestras de su pelo, toma de fotografa, extraccin de algunos centmetros cbicos de sangre .Resulta sumamente esclarecedora de este tpico, la postura de la Cmara Nacional de Casacin penal en el caso Cincotta . La garanta que analizamos, debe ser interpretada como proscripcin de todo mtodo o tcnica que, antes o durante el proceso y ante cualquier autoridad, tienda a obtener por coaccin fsica ,psquica o moral una declaracin o confesin de un habitante de la Nacin Argentina. Para ser considerada como prueba vlida, una confesin debe ser siempre judicial, y ser prestada ante autoridad judicial competente, en un mbito donde resulte indudable que el imputado estuvo libre de presiones, debidamente asesorado por un letrado de su confianza o defensor oficial , que le haya impuesto acerca de la inconveniencia de autoincriminarse. Si el estado empleara intimidaciones para lograr las confesiones de los imputados, volveramos a la negra noche de la inquisicin y equivaldra a permitirle cometer ilcitos para esclarecer delitos. Semejante violacin, impensada en nuestro tiempo, importara la descalificacin completa de la ley procesal penal y, de hecho la abolicin del estado de derecho. No puede el estado aprovecharse de las pruebas obtenidas ilegtimamente por sus agentes ,con desconocimiento de las garantas constitucionales, pues ello compromete a la administracin de Justicia, al pretender constituirla en beneficiaria de hechos ilcitos .No resulta razonable adems, querer combatir el delito cometiendo delitos. La confesin,vertida por la exclusiva voluntad del imputado y con soberana libertad, prestada ante autoridad judicial competente, no implica la vulneracin de esta garanta, pues en ese caso no se evidencia autoincriminacin. 7- Principio de Favor Rei: Esta garanta ,que en rigor de verdad , se desprende del principio de inocencia, implica que una sentencia condenatoria y su consecuente, la aplicacin de una pena, solo pueden estar fundadas en la certeza del Tribunal que ha juzgado el hecho trado a su conocimiento .Dice con toda razn Bertolino que . ...se trata de una regla de conocimiento judicial, que impone una disposicin de nimo para el aplicador, favorable al acusado en aquellas situaciones objetivas en que no es dable obtener un grado de certeza suficiente para destrur el estado de inocencia. Dado el carcter amplio que puede adjudicarse a la regla, que abarca todo el funcionamiento de la norma procesal penal, estimamos- sin dejar de reconocer lo debatible de nuestra postura- que ella pede ser utilizada tanto para sentenciar como para dictar otros actos del proceso anteriores a ella (v gr, sobreseimiento, falta de mrito), como asimismo se podr echar mano al favor rei para la interpretacin de la ley procesal . (Bertolino ,Pedro J , El funcionamiento del Derecho Procesal Penal, pag 160). En cuanto a la certeza que se requiere para sentenciar, no se discute su alcance en cuanto a los hechos, un hecho existi o no, en cambio si se trata el alcance de la garanta en cuanto al derecho, la cuestin adquiere ribetes ms polmicos. Sin embargo , nos parece superable cualquier controversia si la garanta se aplica con un criterio razonable y existe el debido control mediante la va recursiva, en la cual el recurso de Casacin tendr un rol central. Dice Cafferata Nores , que: Solo la certeza positiva de culpabilidad permitir condenar al imputado. La duda stricto sensu y an la probabilidad (positiva) determinaran su absolucin. Es en este momento donde impera con total amplitud el principio in dubio
pro reo, pues atrapa la totalidad de las hiptesis posibles de duda como estados intelectuales excluyentes de la certeza Cafferata Nores Jose I, Garantas y sistema Cosntitucional- Revista de Dereho Penal 2001-1, pag 129) Concluyendo decimos, que ante la falta de certeza positiva acerca de la existencia de un hecho y su autora penalmente responsable ,imputable al acusado, deviene necesaria la aplicacin de esta regla de conocimiento -el Favor Rei-, desprendimiento del principio in dubio pro reo, y operativa en todos los estadios resolutorios, que como en los casos del sobreseimiento, la falta de mrito y la sentencia ,deber aplicarse en beneficio del imputado .Solo la certeza habilitara a la sentencia condenatoria y la aplicacin de una pena.
Medidas de Coercion.-Dra Cecilia Gualberto La libertad, Sancho, es uno de los ms preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, as como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres..- (Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha).-
Nos toca, en este captulo abordar uno de los grandes aspectos de la actividad procesal, es el que se conoce como actividad coercitiva. Su estudio es de enorme importancia en el proceso penal si se tiene en cuenta que esos actos han de afectar los bienes y la libertad de las personas.Reformas en la legislacin sustantiva y procesal durante la primera dcada de 2000 han querido ubicar a la prisin preventiva como variable de ajuste de la seguridad ciudadana e instrumento sancionatorio ejemplarizante y eficaz llevaron, entre otros factores coadyuvantes, a incrementar significativamente las crceles provinciales y federales, excediendo su capacidad con largueza y provocando una situacin favorable a la produccin de hechos violentos culminados con motines. El camino alternativo a semejante concepcin ideolgica autoritaria, oportunista y contraria al sistema institucional vigente vino desde el mbito judicial con ciertos fallos judiciales -fundamentalmente Barbar, Rodrigo, Cmara Criminal y Correccional Sala I, Macchieraldo, Graciela, Cmara Nacional de Casacin Penal, Sala III, Chabn, Omar Emir, Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional , Sala V- inspirados en la Constitucin Nacional y Tratados Internacionales, que con claridad reconocieron los lmites a los cules debe ceirse el Estado para llevar adelante la investigacin penal y poder privar con tal motivo a una persona fsica.Los magistrados que los dictaron hicieron realidad la aspiracin de los ciudadanos de una repblica democrtica de contar como garanta de sus derechos con jueces exentos de preocupaciones electorales, mediticas y de los guarismos de las encuestas de opinin, demostrando no tener temores frente a quines tachan su entereza y siembran dudas acerca de sus motivaciones a travs de declaraciones altisonantes, presiones corporativas, sociales, polticas y de manifestaciones callejeras, muchas veces conducidas por idelogos que aprovechan para obtener rdito faccioso del dolor y la desorientacin de las vctimas de tragedias inconmensurables como lo fue la de Cromagnon.No puede entonces ser considerada la prisin preventiva como un anticipo de pena, sino como un instrumento procesal a fin de evitar el dao jurdico que podra representar la libertad del imputado, para la reconstruccin genuina del acontecimiento histrico con apariencia delictiva y la disponibilidad oportuna del imputado al momento de tener que aplicar la ley penal. Ese debe ser el fin de toda la actividad coercitiva del Estado de derecho.En su conjunto la actividad coercitiva se integra con una variedad de actos independientes regulados por la ley procesal, que tienden a asegurar la efectiva satisfaccin del resultado del proceso en cada una de sus fases fundamentales, evitando el dao jurdico que podra sobrevenir si no se alcanzan los fines perseguidos. El orden jurdico destrudo ante la imputacin de un hecho delictuoso, se reconstruye mediante la efectiva actuacin de la ley, en funcin de la verdad adquirida a travs del proceso cognoscitivo. Estos fines difcilmente podran ser alcanzados si no se aseguran en momento oportuno los elementos indispensables que necesaria y eventualmente han de servir para la materializacin de aquellos. En otras palabras, la efectiva realizacin del derecho por va jurisdiccional, exige que pueda llegarse a una condena fundada en la verdad de los hechos que constituyen el objeto procesal, y a la completa ejecucin de esa posible condena o de la ya impuesta, para alcanzar el
agotamiento en la actuacin del derecho sustancial. Al asegurar este agotamiento, que implica el efectivo imperio de la ley, tienden todas las medidas coercitivas, a adquirir y hacer eficaz la prueba a rendirse, para impedir la detencin del proceso.La aplicacin de estas medidas preventivas de naturaleza personal implica una restriccin a la libertad fsica del individuo vinculado al proceso. Tiende principalmente a hacer efectiva la intervencin de una concreta persona cuando su presencia fsica est impuesta por la ley, y subsidiariamente a asegurar la adquisicin de la prueba o a evitar que se contine violando la ley penal.Son variados los efectos que debe soportar la persona sobre la cul recae la medida. Ellos se determinan en general por la finalidad especfica perseguida y por los lmites lgicos de su mantenimiento. Se ha tratado de justificar la aplicacin de estas medidas coercitivas dirigidas contra las personas, principalmente contra el imputado, en funcin al principio de inocencia. El estado de inocencia es una garanta de seguridad jurdica para los individuos. Las medidas de coercin personal son garantas para la eficaz realizacin del orden jurdico. El primero protege al individuo contra el abuso de autoridad, las segundas previenen contra un posible dao jurdico. Ambos integran la tutela jurdica a que el proceso est destinado, a cuyo fin deben converger en armona para que la justicia triunfe con la menor afectacin posible de la libertad.-
REGULACIN EN EL CDIGO DE PROCEDIMIENTO BONAERENSE Y FORMULACIN CONSTITUCIONAL.-
El Ttulo VI del Cdigo ritual se ocupa todo lo relativo a la restriccin de la libertad deambulatoria durante el desarrollo del proceso penal. La libertad es una garanta individual que la Constitucin Nacional establece como proteccin de uno de los ms preciados bienes ya desde el Prembulo, y a travs de disposiciones que la colocan como la regla general que slo puede ser limitada legtimamente por la aplicacin de una pena por sentencia firme o, mientras tramita el proceso penal, por la aplicacin de alguna medida de coercin. Los artculos 18,33, 75 inciso 22 de la Constitucin Nacional, este ltimo especialmente a partir de la incorporacin a su texto del Tratado de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convencin Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, establecen el sistema bsico sobre la libertad como garanta individual suprema.A su turno la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires, tambin desde su Prembulo y en sus artculos 10,16,17,19,20 inciso 1, 21, 22 y concordantes, garantiza la libertad como un derecho inalienable de toda persona y conjuntamente el derecho de su defensa.
Por coercin penal, se entiende genricamente, toda restriccin al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o terceras personas, impuesta durante el curso del proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines (Cafferata Nores).-
La coercin es el medio con que el Derecho permite que el Estado intervenga y limite en el mbito de libertad de las personas para que se observen las normas constitucionales y legales de fondo o para que se ejecute la sentencia.En la base dogmtica de la coercin procesal penal se halla el uso de la fuerza pblica. Este uso , en rigor de verdad, no constituye otra cosa que una manifestacin de aquello que, con propiedad se denomina poder cautelar de los rganos del proceso penal. Cabe tener muy en cuenta que el artculo 3 del ritual prescribe la interpretacin restrictiva cuando se coarta la libertad personal. Por cierto, esta directiva de restriccin interpretativa, dirigida a las medidas de coercin, est admitida y postulada por la doctrina ms relevante.La coercin no slo tiene aptitud para restringir la libertad deambulatoria sino otros derechos que estn consagrados del mismo modo constitucionalmente, como el de privacidad de domicilio, de los papeles privados y la correspondencia o patrimonio, los cules tienen carcter de garantas individuales en la Carta Magna. No obstante, resulta indudable que las medidas de coercin ms graves son aquellas que afectan la libertad ambulatoria, consagrada en el artculo 14 de la Constitucin Nacional. La cuestin de la coercin versa sobre los llamados peligros procesales, que se refieren a circunstancias exclusivamente relacionadas con los actos y las etapas rituales y sus fines, pues plantean el problema de la necesidad del aseguramiento de que ser posible la realizacin de una investigacin suficiente, y al mismo tiempo, de evitar que en caso de condena el imputado realmente la cumplir. Nos referimos a los peligros de entorpecimiento de la investigacin y de fuga, nicas situaciones que justifican la aplicacin de una medida de coercin personal y que estn previstos en los artculos 146 y 148 del rito.En estos artculos referidos, el Cdigo determina cules son las condiciones de procedencia de las medidas de coercin. En tal sentido exige, en el artculo 146 del C.P.P. ,que se acrediten : a) el humo del buen derecho, es decir, la verosimilitud del derecho que, en el terreno del proceso penal, se refiere a la apariencia de responsabilidad de la persona cuya libertad se ir a limitar o restringir; b) el peligro en la demora si no se toma la medida de coercin en cuestin, es decir, el riesgo de la frustracin de los fines del proceso, especialmente lo relativo al cumplimiento de la pena o a la realizacin de los actos de la investigacin preparatoria; c) la proporcionalidad entre la medida de coercin que se ir a tomar y el objeto de tutela.A su turno, el artculo 148 del ritual establece indicadores que deben tenerse en cuenta para ver la posibilidad de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigacin. Cualquier situacin indicadora de alguno de los peligros procesales, deber referirse concretamente a la conducta del imputado o las circunstancias que lo rodean, siendo imperativo excluir todas aquellas situaciones cuya vinculacin no fuera relacionada directamente con el comportamiento procesal anterior y actual del imputado.-
CARACTERSTICAS DE LAS MEDIDAS DE COERCIN.-
Son instrumentales (no tienen un fin en s mismo) Son cautelares (tienen un propsito asegurativo) Son provisorias Son excepcionales, ya que la regla general es la libertad Estn legalmente limitadas (taxativas) Son proporcionales
Judiciales Motivadas (por auto fundado y motivadas en las circunstancias de la causa)
Veamos ahora, alguna de estas caractersticas:
Legalidad de las medidas.La adopcin del principio de legalidad procesal es vital a la hora de regular medidas de coercin puesto que resulta un lmite material preciso para el ejercicio por parte del Estado del ius puniendi y un reaseguro contra la arbitrariedad oficial. La exigencia debe ser entendida como un valladar insalvable a la hora de disponer la medida cautelar, pero nunca para impedir la adopcin de otras, que pese a no contar regulacin legal, resultan menos gravosas para el imputado.-
Judicialidad.La intervencin necesaria del juez en el dictado de las medidas de coercin est garantizado por el artculo 18 de la Constitucin Nacional. De este modo, se excluye otro tipo de autoridad, sin perjuicio de la necesaria aclaracin relativa a la participacin de los funcionarios policiales en los momentos iniciales de la investigacin. Los arrestos provisorios, allanamientos o requisas en los casos autorizados por la ley, efectuados por personal policial devienen legtimos en la medida en que se encuentren convalidados por el juez. La intervencin judicial debe ser necesaria y previa.-
Motivacin.Aceptada la necesaria y previa intervencin judicial en el dictado de los actos de coercin, ellos deben ser dispuestos mediante autos debidamente fundados en derecho y motivados en las constancias de la causa. Esta exigencia surge como garanta del control de razonabilidad de las decisiones judiciales que de otro modo se hara imposible ante la ausencia de indicadores que evidencien la necesidad de la medida. Si bien la motivacin del auto que dispone las medidas de coercin tiene como principal fundamento la posibilidad de revisin por un rgano superior o distinto que juzgue su acierto o error, la recurribilidad de las medidas que se dictan en el curso de la investigacin penal preparatoria, no aparece como una exigencia constitucional.-
Proporcionalidad.Esto implica que deben ser necesarias y nunca ms gravosas que lo que se pretende asegurar. Es apropiado indagar si el sacrificio de intereses individuales que comporta la injerencia guarda relacin razonada o proporcionada con la importancia del inters estatal que se trata de salvaguardar. Resulta un principio valorativo-ponderativo que pretende establecer normas para la resolucin de conflictos, mediante el equilibrio de los intereses enfrentados.-
CLASIFICACIN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.-
El Cdigo diferencia o distingue dos clases de coercin. La coercin personal (artculos 144 a 196); y la coercin real (artculos 197 a 200). La primera es restrictiva de la libertad ambulatoria 14 de la Carta Magna); la segunda alcanza al patrimonio. Centralmente, como medidas personales, se estatuyen: la citacin, la prohibicin de alejamiento y comunicacin y el arresto, la detencin, la aprehensin, la incomunicacin, y la prisin preventiva con sus morigeraciones y alternativas. Como reales, encontramos, el embargo y la inhibicin.Tambin encontramos formas accesorias de coercin, como lo son, la requisa personal, el allanamiento, secuestro, intervenciones telefnicas, que si bien se hallan legislada en el captulo destinado a la prueba, seran maneras coercitivas de obtener determinada prueba, ya que requieren consentimiento, atento a que la falta de ste torna nula la diligencia probatoria. La necesidad del consentimiento deviene de la garanta constitucional del derecho de propiedad e intimidad.-
Arresto y prohibicin de alejamiento.-
El actual artculo 149 del CPP contiene dos clases de medidas: a) prohibiciones de alejamiento de personas y de comunicarse entre ellas, y b) arresto propiamente dicho. Segn Cafferta Nores, ambas medidas, tienen rasgos comunes: son propias de los primeros momentos de la investigacin del delito, caracterizados por el difuso e incompleto conocimiento de la realidad de los hechos; slo se justifican cuando su aplicacin resulte indispensable frente a las circunstancias del caso, no se dirigen contra una persona determinada, sino contra varias; tienden a facilitar los primeros pasos de la investigacin y son de fugaz duracin.La primera parte del artculo establece dos medidas: a) disposiciones para que los presentes no se alejen del lugar del hecho, por un lado, y b) prohibicin de comunicacin entre s, por el otro. Estas medidas se dirigen a no frustrar la investigacin en sus primeros momentos, sea por fuga, ocultamiento, destruccin de huellas. Las dispone el Fiscal actuante, el Ayudante Fiscal, y tambin el Juez de Paz.El arresto es una modalidad de privacin de libertad que, en principio, no est destinado a hacer ingresar al imputado en el proceso asegurando su presencia, sino a garantizar la efectividad de la investigacin.En cuanto a la duracin de estas medidas, tanto la prohibicin de alejamiento y comunicacin, como el arresto, tienen como tope el plazo de doce horas (12), aunque el deber de actuar del rgano que dispone la medida apunta al tiempo estrictamente necesario. Excepcionalmente podr prorrogarse por seis horas ms.-
Citacin.-
Es la convocatoria imperativa que se dirige al imputado para que comparezca a intervenir en el proceso. Aparecera como la regla, excepcionada por la aprehensin y la detencin.-
Incomunicacin.-
Es la medida de coercin personal por la que se impide al imputado detenido mantener contacto verbal o escrito con terceros, para evitar que estorbe la investigacin. El fin de la incomunicacin es neutralizar el peligro que representa una actividad activa del imputado sobre la prueba, traducido en actos de confabulacin, destruccin de huellas, etc. Ordenar la incomunicacin cae dentro de la rbita del Ministerio Pblico Fiscal, tambin la Polica puede incomunicar por un plazo de doce horas.-
Aprehensin.-
Se trata de un deber funcional de la Polica -sus funcionarios y auxiliares. Aprehender implica, que en la urgencia se debe apresar, capturar, prender. Esta medida se da fundamentalmente en los casos de flagrancia . El flagrante es un delito poco necesitado de pruebas ya que como bien lo prescribe el artculo 154 del ritual, hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente despus, o mientras sea perseguido por la fuerza pblica, o mientras tenga objetos o rastros que hagan presumir que acaba de participar de un delito.La aprehensin no va ms all de las cuarenta y ocho (48) horas.-
Detencin.-
La detencin implica una privacin de libertad de carcter funcional, fundamentalmente asegurativa, temporaria y dirigida a lograr la presencia del imputado a los fines de la investigacin . (Vzquez Rossi).Como lo destaca Cafferata Nores, son aspectos esenciales de la orden de detencin: la existencia de motivos bastantes para sospechar que el hecho punible existi y que el imputado ha participado en l, la indispensabilidad de la medida a los fines del proceso, la previsin de una pena privativa de libertad para el delito de que se trata, orden escrita de autoridad competente y duracin limitada a la necesidad de la medida.-
Este artculo 151 del CPP se enmarca en lo dispuesto por el artculo 16 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente del texto constitucional surgen, entre otros, los requisitos de la semiplena prueba y de los indicios vehementes de un hecho que merezca pena corporal. La orden de detencin ser por escrito, con la determinacin de los hechos, individualizacin del imputado, buscndose as, al decir de Cafferta Nores, proscribir las llamadas rdenes en blanco.En cuanto a la procedencia de esta medida hay que distinguir entre delitos no detenibles y aquellos que son detenibles. En cuanto a los primeros, puede decirse que si el delito no supera los tres aos exigidos por el rito no ser detenible, configurndose con ello un verdadero criterio objetivo que no puede franquearse. Respecto a los detenibles, sin dudas aquellos que superen tres aos de prisin, y conforme a lo prescripto en el quinto prrafo del artculo en estudio, en aquellos supuestos dnde puede vislumbrarse cierta peligrosidad procesal.La sola denuncia no basta para detener a una persona.En cuanto a la duracin de la detencin, sta durar hasta que se convierta en prisin preventiva.-
Prisin preventiva.-
Se ha caracterizado a la prisin preventiva, como la privacin de libertad ordenada antes de la existencia de sentencia firme, por el tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se fugue para evitar la realizacin del juicio oral o para evitar la ejecucin de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguacin de la verdad. La regulacin de la prisin preventiva revela, mejor que cualquier otra institucin, el sistema procesal que se sigue en un pas y est ntimamente relacionada con el rgimen poltico de ste. Deber pues, interpretrsela siempre dentro del sistema acusatorio y de impronta garantizadora instaurado por el Cdigo vigente, rigiendo el artculo 3.Es este uno de los temas ms graves de la realidad procesal penal de la provincia de Buenos Aires pues una prctica deformada y reiteradamente observada, de raigambre ya histrica, ha hecho que lo que debe ser una privacin de la libertad del imputado provisoria, durante el desarrollo del proceso penal, con las notas de excepcionalidad y de duracin limitada, se haya transformado en nuestros das en una inconstitucional manera de aplicar una pena sin sentencia firme.Los artculos 7 inciso 5 de la Convencin Americana de Derechos Humanos, y 9 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, garantizan la libertad de las personas y establecen que cuando corresponda la detencin o prisin preventiva stas no deben ser tomadas como regla general ni durar ms all de un plazo razonable. En su virtud, es legtimo restringir la libertad convirtiendo la simple detencin en prisin preventiva pero nunca en todos los casos puesto que su dictado debe ser de carcter excepcional, slo restringido a los casos en que fuera necesario y, por otro lado, nunca debe durar ms all de un plazo razonable.Adems, hay que tener en cuenta que, en la casi totalidad de los casos, el imputado bajo prisin preventiva es alojado en una unidad carcelaria y que, en ese lugar, cumplir una restriccin de su libertad virtualmente en un pie de igualdad con los penados, lo que da cuenta de la asimilacin entre quin est sometido a una medida de coercin mientras dura el proceso y quin ha sido declarado por el Estado como autor responsable de un delito y condenado, es contrario al sistema penal racional.De tal manera, el mero imputado goza de su estado constitucional de inocente , por lo que no es necesario aplicarle ningn tratamiento de los que deben ser impuestos a los penados. Su encierro debera ser la ltima ratio en cuanto a la excepcionalidad, slo motivado en argumentos graves y derivados de la existencia de los citados peligros procesales de fuga o de entorpecimiento
de la investigacin a los que alude el sistema de los artculos 144, 146 y 148 del ritual que hallan su ltimo fundamento en los artculos 18, 33 y 75 inciso 22 de la Constitucin Nacional. La duracin de una prisin preventiva ms all de un plazo razonable hace a la distorsin de su propia razn de ser y convierte a la medida en una ilegal forma de privacin de libertad. Consideramos que, en su virtud, el tema de los plazos procesales es medular en relacin a la vigencia de las garantas individuales pues el excesivo tiempo que duran los procesos penales en la provincia de Buenos Aires hace que -lamentablemente- pueda afirmarse que, todava, no se encuentra instaurado el debido proceso legal.Esta situacin del plazo razonable, se resolvi -en cierta medida- con el fallo Plenario del Tribunal de la Casacin de la Provincia de Buenos Aires de fecha 30 de Noviembre de 2006, dnde se estableci que dicho plazo ser de dos (2) aos.-
Procedencia de la Prisin Preventiva.El artculo 157 del rito, establece que la detencin se convertir en prisin preventiva cuando se hubieran verificado tres requisitos, a saber : a) que el hecho estuviera justificado como delito; b) que el imputado hubiera prestado declaracin o se hubiera negado a darla; c) que hubieran suficientes elementos de conviccin o indicios vehementes para creerlo autor o partcipe responsable y d) que concurran en el caso la existencia de peligros procesales.La le habla de elementos de conviccin porque, casi siempre, la prisin preventiva es dictada durante la etapa de investigacin. Sin embargo, nada se opone en la ley a que la misma pudiera recaer durante de del juicio, especialmente cuando el imputado fuera detenido como consecuencia de haber fugado, en cuyo caso resulta bastante difcil que vuelva a lograr la excarcelacin. La libertad del imputado -lo digo una vez ms- debe ser la regla general durante el desarrollo del proceso penal y su restriccin (por detencin o por prisin preventiva o, sus alternativas) slo puede tener lugar con carcter excepcional y no durar ms all de un plazo razonable. Por ello, puede hablarse de cierto criterio inconstitucional de establecer la prisin preventiva del modo en que se lo hace, al tiempo de afirmar la necesidad de una interpretacin siempre restrictiva de su permanencia y duracin. Slo de este modo puede hacrselo con arreglo a las garantas constitucionales individuales y, especialmente, a la que se refiere a la libertad ambulatoria.Pasando ahora al anlisis del artculo 158 del ritual el cul prev las exigencias que debe contener el auto de la prisin preventiva, diremos que debe expresar los elementos de los que resultan acreditados el delito y su autor o partcipe, si se toma en cuenta la declaracin del imputado, extraer la parte pertinente, si se computan pruebas testimoniales o periciales mencionar lo que de ellas resulte y dems elementos probatorios.La prisin preventiva es dictada por el Juez de Garantas, a pedido del Agente Fiscal, a los quince (15) das desde la detencin, prorrogables por quince (15) das ms.-
Alternativas a la prisin preventiva.-
Se trata de supuestos previstos en el artculo 159 del Cdigo ritual, considerando que la exigencia de prisin preventiva se convierte en la ltima ratio, de modo que deben aplicarse estas medidas menos gravosas. Deben considerarse para el caso de imputados mayores de setenta aos, o que padecieren una enfermedad incurable, o cuando se tratare de una mujer en estado de gravidez o con hijos menores de cinco (5) aos y siempre que el peligro de fuga pueda evitarse.-
Audiencia oral para tratar la prisin preventiva y sus alternativas.-
El texto de la ley 13.480 ( B.O. 21/6/2006), incorpor al catlogo ritual el artculo 168 bis, que establece la facultad de establecer una audiencia preliminar para tratar el dictado de la prisin preventiva, su morigeracin, imposicin de alternativas, la internacin provisional del imputado o la caducidad o cese de cualquiera de ellas. La facultad de las partes de imponer el tratamiento de estos temas en audiencia oral y pblica es altamente positiva, ya que reafirma el debido proceso constitucional en sus notas esenciales como lo son, la oralidad, publicidad y contradiccin. Permite adems, transmitir directa y rpidamente la informacin relevante para decidir el caso. Este nuevo texto intenta un mayor control que evite las privaciones de libertad demasiado dilatadas durante la sustanciacin del proceso penal, reafirmando el principio de su excepcionalidad conforme el estado de inocencia del imputado.-
MEDIDAS DE COERCIN REALES. GARANTAS.-
Se ha conceptualizado la coercin real como toda restriccin a la libre disposicin de una parte del patrimonio del imputado o de terceros, con el propsito de garantizar la consecucin de los fines del proceso.Las que establece el Cdigo son el embargo y la inhibicin. El embargo, es la medida cautelar que, afectando un bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar la eventual ejecucin futura, individualiza aqullos y limita las facultades de disposicin y goce de ste, nterin se obtiene la pertinente sentencia de condena.La inhibicin, es la medida cautelar que impide genricamente gravar o enajenar bienes registrables. Su anotacin en los asientos dominiales evita los actos de disposicin o de constitucin de derechos reales.-
EXCARCELACIN Y EXIMICIN DE PRISIN.-
La excarcelacin ha sido definida como un procedimiento devolutivo del derecho de libertad, que procede en los casos en que una persona sometida a proceso ha sido privada de ella como medida asegurativa. Pero esta libertad se devuelve con ciertas sujeciones o cauciones destinadas a lograr la comparecencia del justiciable a la causa todas las veces que fuera necesario, por lo que tiene a la vez, un carcter limitativo y provisional, pudiendo revocarse por causas que la misma ley establece y que, en lo fundamental, se anan en torno a situaciones que impliquen el quebrantamiento de los compromisos asumidos.La obtencin de la excarcelacin, es un verdadero derecho del imputado y no un simple beneficio. Es as que cualquier interpretacin del artculo no podr desconocer que la excarcelacin es una manifestacin del derecho a la libertad locomotiva durante el juicio previo que fluye del principio de inocencia (artculos 14 y 18 de la Constitucin Nacional) (Cafferata Nores).-
El derecho a ser excarcelado o eximido de prisin, es una garanta que se encuentra incorporada explcitamente a la Carta Magna provincial y debe ser, por ello, obedecida en todas las ocasiones. Su fundamento radica en la vigencia de la garanta de la libertad, principio general que debe regir la situacin de toda persona imputada en un proceso penal. As surge de todo el sistema garantista de los artculos 18, 33 y 75 inciso 22 de la Constitucin Nacional y de los artculos 10, 15 y 21 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires. Fcilmente se observa que la norma constitucional provincial, en su artculo 21 ha restringido y limitado completamente las posibilidades de instrumentacin de la ley procesal, fijndolas en lo relativo a la fianza y a la manera y oportunidad de otorgar la excarcelacin. Ello significa que cualquier regulacin que se extralimitara al respecto sera inevitablemente inconstitucional, y en consecuencia, de ningn valor. Ninguna ley procesal puede alterar la esencia de los derechos y garantas reconocidos por las constituciones. As lo establece el artculo 28 de la Carta Magna Nacional y el artculo 57 de la Provincial.-
Excarcelacin Extraordinaria.-
Prevista en el artculo 170 del ritual. La denominacin de extraordinaria apunta, sobre todo, a significar aquello que no se hace normalmente. Es una excarcelacin personalizada, ya que existe una valoracin del hecho y de las circunstancias personales del imputado. La valoracin debe hacerse de una manera objetiva.-
Cauciones.-
En trminos generales, caucin es todo resguardo o seguridad relacionados con el cumplimiento de una obligacin vinculada con el proceso. Cualesquiera que sean los fundamentos ante los cules se conceda la excarcelacin al detenido, ste tiene siempre la obligacin previa de prestar una caucin para que su libertad pueda hacerse efectiva.La caucin puede ser juratoria, real o personal. Ser juratoria cuando exista un compromiso liso y llano del imputado de observar el comportamiento procesal impuesto. La caucin real es la que se constituye, en general, depositando dinero, efectos pblicos o valores que el juez determine. La juratoria la ofrece el imputado, la real puede ser el imputado o un tercero. La caucin personal consiste en la garanta que hasta una determinada suma y solidariamente con el liberado otorga una o ms persona, llamadas fiadores, obligndose a pagar el monto fijado por el juez cuando aqul comparezca al ser citado o se sustraiga a la pena privativa de la libertad impuesta por sentencia.El Cdigo prev que, a los fines de determinar el monto de la fianza se atender a la naturaleza del hecho, la importancia del dao y el patrimonio del detenido. Tales pautas se refieren con acierto a las que determina el artculo 21 de la Constitucin Provincial y, adems, la referencia de la capacidad econmica del imputado tiene relacin directa con la garanta de la igualdad ante la ley puesto que, como ha determinado la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, se trata de la igualdad de iguales en iguales circunstancias. Por ello, la fijacin de una fianza de imposible satisfaccin en consideracin al patrimonio del imputado detenido hara que el derecho a ser excarcelado de que goza quedara anulado y que se le discriminara en virtud de no ser una persona de suficiente condicin econmica, lo que repugna al artculo 16 de la Constitucin Nacional. Por ello se habla de la inconstitucionalidad de la caucin.-
Eximicin de prisin.-
Prevista en el artculo 185 del Cdigo Procesal Penal, tiene por objeto evitar una privacin innecesaria de la libertad de la persona que es o puede ser imputada de un delito, en causa penal determinada, con prescindencia de si ha sido o no procesada, o de si existe en su contra alguna orden de encarcelamiento. Evita, en caso de ser otorgada, que la persona tenga que constituirse previamente en detencin, si se desea obtener luego la excarcelacin.Tiene su raz constitucional en el artculo 21 de la Carta Magna Provincial.Se trata de una institucin muy similar a la excarcelacin en cuanto a su entidad pues la sola diferencia es la situacin fctica de que. Mientras en el caso de la excarcelacin el imputado se encuentra ya detenido, aqu no lo est.La peticin puede hacerse en cualquier momento del proceso, formndose al igual que para la excarcelacin incidente. El plazo para resolver es el de tres (3) das a partir de la presentacin del pedido.-
COROLARIO Al comienzo de este Captulo, hice mencin a los fallos Macchieraldo, Barbar, de la Cmara Nacional de Casacin Penal. Estos fallos configuran una altamente saludable reaccin judicial descalificante hacia la presuncin iuris et de iure de elusin de la justicia, interpretacin que de por s es suficiente para denegar la excarcelacin de un imputado, haciendo funcionar as la prision preventiva como pena anticipada. Adems estos fallos echan por tierra la ms moderna pretensin legislativa de lograr el mismo resultado (transformar al encarcelamiento procesal en una sancin anterior a la condena) mediante el mecanismo de elevar inusitadamente los mnimos y mximos legales de las penas que prevn para algunos delitos, para evitar su excarcelacin. Estos son dos pjaros que voltea el disparo de ambos decisorios.Es sabido que la privacin de libertad durante el proceso, nicamente podr legitimarse como excepcin. Slo revistir ese carcter excepcional en cuanto sea dispuesta y mantenida como medida cautelar, cuando existiendo suficientes pruebas de culpabilidad, ella sea imprescindible para eliminar el grave peligro de que el imputado en libertad, obstaculice el accionar de la justicia, frustrando la investigacin.Si bien la gravedad de la pena que posiblemente se imponga puede ser un motivo muy importante para considerar que el imputado preferir fugar o entorpecer actos de investigacin antes de arriesgarse a soportar esa sancin, este razonable argumento no puede convertirse en una presuncin iuris et de iure de elusin del accionar judicial. O sea que la simple posibilidad de la aplicacin de una pena privativa de libertad grave no puede impedir por s sola la excarcelacin. La Cmara en lo Criminal de la Capital, por decisin de la Sala I en la causa Barbar, expres que no hay posibilidad de aceptar lmites a la libertad del imputado que tengan que ver slo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado. Contundentemente la Sala III de la Cmara Nacional de Casacin Penal, en la causa Macchieraldo, tom posicin al respecto exigiendo que an en casos en los que se impute un delito cuya pena mxima sea superior a ocho aos de prisin y su mnimo impida la condena condicional, para poder denegar la excarcelacin el tribunal deber sealar cules son los actos ciertos, claros y concretos que le permitieron sospechar que el imputado habr de eludir la accin de la justicia.-
Aqu cay un pjaro.... No es que por razones de poltica criminal se quiera punir ms severamente ciertos ilcitos y para ello se aumente fuertemente la escala penal de la pena con que se los conmina. Se trata, en cambio, de fijar una escala seversima slo para ahuyentar ciertas excarcelaciones, de modo que la prisin preventiva funcione como un modo inmediato de represin del delito. As, se est violando la Constitucin cuando se pretende utilizar la prisin preventiva como una pena, y el encarcelamiento como un absurdo mensaje de autoridad frente a la sociedad. Esta desnaturalizacines corregida por el criterio utilizado en Macchieraldo, dnde se concede una eximicin de prisin ms all de que la pena en espectativa lo impeda.Las razones vertidas en ambos fallos son las mismas, y le ponen coto, matando dos pjaros de un mismo tiro.-
Y a modo de conclusin del Captulo considero: 1.La pena no puede ser sustituida y/o anticipada a travs de la prisin preventiva.2.Los impedimentos objetivos y subjetivos y las restricciones a la libertad durante el proceso no pueden ser considerados presunciones iuris et de iure que permitan disponerla sin necesidad de fundarla en las caractersticas del hecho y la personalidad de los imputados.3.Los pronsticos de peligrosidad de continuar en la actividad delictiva no deben ser admitidos como medidas de seguridad procesal encubiertas.4.El Estado debe priorizar las reformas indispensables del enjuiciamiento penal para que las personas puedan ser juzgadas en un tiempo razonable.-
las medidas de coercion :introduccion Medidas de Coercin:
La convencin americana de Derechos Humanos establece en su art 8 inc 2 , que la persona inculpada de un delito tiene el derecho de que se presuma su inocencia , por lo cual todo proceso penal debera iniciarse, desarrollarse y extinguirse con el imputado en libertad, siendo la privacin de la libertad locomotiva una excepcin, ante una situacin absolutamente indispensable para asegurar el fin del proceso:la averiguacin de la verdad material de los hechos investigados: En sintona con dicho eje conceptual, el art 144 del CPPPBA ,establece que: El imputado permanecer en libertad durante la sustanciacin del proceso penal. La libertad personal y los dems derechos y garantas reconocidos a toda persona por la Cosntitucin de la Provincia solo podrn ser restringidos cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la averigaucin de la verdad , el desarrollo del procedimiento y la aplicacin de la ley. Dice Cafferata Nores que por coercin procesal (penal) se entiende genricamente ,toda restriccin al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas ,impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines (Cafferata Nores, Medias de Coercin en el Cdigo Procesal Penal de la Nacin,pag 3). Como Principos bsicos para la aplicacin de las medidas de coercin ,seala Bertolino que Se puede sealar como principios basilares que disciplinan las medidas de coercin : a) Adecuacin que tiene relacin con cual medida debe ser concretada la coercin; b) proporcionalidad ,que debe guardar la medida sobre todo ,con la pena que se debe aplicar; c) Subsidiariedad que se refiere al usar siempre la medida menos gravosa; d) excepcionalidad que vincula medio a fin ; es decir ,no se deber decretar la medida de restriccin si los fines buscados pueden ser obtenidos pro otros medios (Bertolino Pedro ,Cod Proc Penal de la Pcia de Bs As comentado, pag 208)
Clasificacin: El ritual bonaerense vigente diferencia las medidas de coercin personales (estipuladas en los arts 144 a 169) de las medidas de coercin real (arts 197 a 200),ya que las primeras alcanzan a la restriccin de la libertad ambulatoria , mientras que las segundas afectan principalmente al patrimonio. Dentro de las medidas de coercin personal, encontramos la citacin (art 150) ,la prohibicin de alejamiento, comunicacin ,y el arresto (art 149), la detencin (art 151) y la prisin preventiva (arts 159 y 160). Las medidas de coercin reales, a su vez comprenden el embargo y la inhibicin (arts 197 a 200) .
Finalidad:En cualquier caso, siempre debemos tener presente que, su finalidad ser la averiguacin de la verdad , y mediante su imposicin ,se procurar evitar que el imputado borre huellas, intimide o soborne a testigos o planifique estas actividades con sus complices. ,pero fundamentalmente ,lo que se busca es que el imputado quede sujeto al proceso, evitando su fuga ,para poder ulteriormente dar lugar a la aplicacin de la ley ,cumplimentando la pena si es que corresponde.
Por ltimo es dable destacar que, de manera inexcusable, toda medida de coercin, personal o real , deber ser fundada en derecho y motivada en la razn que el juez a tenido en miras para decretar su imposicin , no pudiendo soslayarse que el motivo deber siempre estar vinculado al proceso , ya que la necesidad de garantizar la sujecin de una persona al juicio penal es la nica razn valida para decretar una medida de restriccin de la libertad personal a un imputado.
Su uso como prctica espuria: Peligros procesales vs pena anticipada.
Se plantea un enfrentamiento de carcter bizantino entre el uso de las medidas de coercin y su utilizacin como modo de anticipar una pena a una persona sospechosa. Podemos constatar sin esfuerzo, que una vez instalada en los medios la noticia de un hecho delictivo y la indicacin de una persona como su autora , se exige de inmediato su detencin no solo desde los medios que siempre son formadores de opinin, sino tambin desde el imaginario social , quienes ya consideran culpable a una persona por la sola sospecha ,sin entrar a efectuar anlisis alguno sobre los elementos de cargo y soslayando por completo el principio de inocencia . Sobre dicha porblemtica, dice con acierto Pedro Bertolino que la constatacin sociolgica sobre la prctica de las medidas de coercin perosnal en el servicio de justicia bonaerense permite arriesgar como opinin que, en frecuentes ocasiones, se las ha extendido -sobre todo en el manejo restrictivo de la excarcelacin y eximicin de prisin -con finalidad sustancialmente penal; es decir se han considerado las medidas de coercin procesal-siquiera en forma implcita -como equivalentes a verdaderas penas... (Bertolino Pedro ,Ob cit ,pag 208) Podemos apreciar que en el derecho de fondo ,cuyas penas tienen fines propios (sea como retribucin o como prevencin general o especial) , las medidas de coercin ,en realidad, no involucran reaccin ante nada ,sino como simple proteccin para los fines del proceso, es decir que pueda desarrollarse el debido proceso legal y en su caso ,que la ley pueda aplicarse. Su uso desnaturalizado ha levantado numerosas voces desde la doctrina y la jurisprudencia, denunciando esta prctica espuria de aplicar las medidas de coercin -detencin o prisin preventiva - como pena anticipada ,a un individuo que por carecer de sentencia an goza del estado de inocencia; ello invocando -muchas veces con ligereza- la existencia de los remanidos peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la investigacin en caso de que el imputado contine libre.
Ejecucin de las medidas de coercin: En su artculo 145 , el digesto bonaerense establece que El arresto o la detencin se ejecutarn de modo que perjudiquen lo menos posible la persona y la reputacin de los afectados. Se les comunicar la razn de procedimiento, el lugar donde sern conducidos ,el fiscal y el Juez intervinientes. De lo actuado deber labrarse acta . La disposicin transcripta , estipula sin lugar a dudas, el principio del mnimo perjuicio para la persona y su reputacin. Sobre el particular ha dicho nuestra Corte Federal que Ningun habitante de la Nacin puede ser privado de su dignidad humana,aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo privacin de la libertad. El ingreso a una prisin no despoja al hombre de la proteccin de las leyes y, en primer lugar, de la Constitucin nacional (CSN ,19/10/95, en L.L.,t 1997-A, p 495, nro 1455 y 467) De tal forma que, cuando se haga efectiva la restriccin de la libertad personal de un individuo imputado ,existen lmites infranqueables en la ejecucin de dicho arresto o detencin, a saber:el respeto por su dignidad como persona humana, irrogndole el mnimo perjuicio al privado de la libertad y a su reputacin. Es que tanto desde el plano personalsimo de lo fsico y espiritual , la medida se proyectar sobre la opinin que la comunidad podr tener en el futuro respecto del ciudadano coaccionado .Dice un viejo axioma , utilizado por el nefasto Joseph Goebbels -Ministro de Propaganda Nazi- Miente, miente que algo queda , as quien fuera imputado de un delito, aun despus de comprobada su inocencia, podra quedar con el estigma de
ser un delincuente por el estado de sospecha latente que sobrevivir en el imaginario colectivo, an mucho tiempo despus de finalizado un proceso . Ha dicho Jesus Gonzalez Prez que ha sido el derecho procesal penal el que se ha ocupado especialmente de establecer garantas de la dignidad humana (Gonzalez Perez,Jesus, La dignidad de la Persona ,Civitas , ,Madrid ,1986, pag 170). Esa es la idea que recepta la Constitucin de la Provincia de Bs As en su art 10- reputacin- y en su art 12- dignidad, integridad fsica,psiquica y moral; por lo cual conclumos que el fundamento de esta disposicin, no es otro que la preservacin y el reconocimiento a la dignidad humana de la persona afectada por una medida de coercin.
Condiciones para disponer las medidas de coercin: Dispone el digesto bonaerense, que El rgano judicial podr ordenar a pedido de las partes medidas de coercin personal o real cuando se den las siguientes condiciones: 1)Apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar. 2)Verificacin de peligro cierto de frustracin de los fines del proceso ,si no se adopta la medida.3)Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela.4)Exigencia de contracautela en los casos de medidas solicitadas por el Particular Damnificado.
As,y adentrndonos en un breve anlisis de la norma, principiamos por sealizar que las medidas de coercin nunca podrn ser decretadas de oficio por el Juez de Garantas interviniente, sino que las dispondr nicamente a pedido de las partes (art 23 inc 2). En cuanto a la apariencia de responsabilidad ,dice Bertolino siguiendo a Angela Ledesma , que Es el clsico Fumus Boni Iuris, propio ,en lo general de toda medida cautelar, aqu especificado al proceso penal. Al respecto se ha dicho que la preexistencia de la verosimilitud del derecho condiciona la procedencia de cualquier medida al acopio mnimo de prueba de culpabilidad, entendido como un mnimo de elementos que hagan presumir la probabilidad de condena (Bertolino ,Ob cit, pag 214). Respecto del inciso 2 de la norma bajo anlisis , deber constatarse ,que existe peligro cierto en la demora -Peliculum mora sino se decreta la medida de coercin, ya que de no concederse la misma , podran frustrarse los fines del proceso , ya sea por la fuga del imputado o por el entorpecimiento de la investigacin que el mismo pueda ocasionar. El inciso 3, exige la proporcionalidad entre la medida de coercin que se solicita y el objeto que se tutela, pues no tendra razon de ser su dictado si lo que se pretende asegurar no corre riesgos As podra pedirse la restitucin de un inmueble usurpado si es que dentro de los parametros del art 231 bis se verifica su tipicidad procesal , por haberse constatado su usurpacin (art 181 del CP) y para que se restituya en el menor lapso de tiempo posible la posesin o tenecia al peticionante. Por ltimo ,el inciso 4, dispone la exigencia de contracautela,como presupuesto ltimo de las medidas cautelares, cuyo fundamento se halla en el principio de igualdad, a la vez que juega como sustituto de la bilateralildad, la cual por principio sufre u perentorio aplazamiento (Cam Nac Civil, sala M, 27/2/97).Dicha contracautela se el exige al Particular Damnificado y al actor civil ,pero nunca al Fiscal peticionante de las medidas de coercin ,ello dado al carcter patrimonial de las mismas y al inters que en dicha direccin persiguen los primeros.
Cese de las medidas de Coercin:
Dispone el art 147, que : rgano judicial podr disponer a pedido de parte o de oficio, el cese inmediato de la cautela oportunamente dispuesta. Si la peticin obedeciera a una reevaluacin del mrito de la prueba respecto de la imputacin, sta podr ser formulada hasta el inicio de la audiencia de debate. Slo cuando fuere solicitado por el imputado o su Defensa, de la peticin se dar vista al Ministerio Fiscal por el trmino de veinticuatro (24) horas, y se resolver en igual trmino. A peticin de parte, el rgano judicial, deber tomar conocimiento de visu del detenido. Del artculo supra transcripto se desprende , en primer lugar, que la desparicin de alguna de las condiciones que posibilitaran el dictado de una medida de coercin,bastara para solicitar su cese. Pero asimismo, debe tenerse en cuenta que el cese de la medida coercitiva, puede tener lugar tanto de oficio como a peticin de parte y en cualquier estado del proceso en que se verificaran los supuestos para justificar el pedido. El propio Juez de Garantas u otro rgano jurisdiccinal que intervenga en el proceso, podran disponer de oficio el cese de la medida cautelar, si resultare procedente , porque , vale la pena recordarlo, estas medidas son siempre de carcter provisional, de naturaleza asegurativa para conseguir los fiens del proceso y la palicacin de la ley. En ocasiones , resulta imprescindible la reevaluacin de la prueba o su reexmen ,para comprobar si las condiciones que ameritaron su dictado se encuentran presentes o han desaparecido. En esa direccin, el Ministerio Pblico Fiscal ,como rgano destinado al aseguramiento del derecho , deber ser ido segn dispone el artculo, lo que nos parece razonable , pues su oposicin o una resolucin contraria a su dictmen,-recordemos que puede formular sus requerimientos en instancias an a favor del imputado-, le generara un agravio que habilitara la va para la interposicin del recurso de apelacin. En definitiva ,como bien dice Hortel, Las condiciones pueden desaparecer o modificarse conforme al avance de la investigaci n . De pronto aparecen elementos de juicio que desvirtan lso que haban sido anteriormente considerados ,especialmente referidos a la apariencia de responsabilidad o a la frustracin de lso fines del proceso, que puede provocar al cesacin de la medida de coercin, real o personal. (Hortel,Eduardo, ob cit ,pag 198).
Finalidad de las medias de coercin: Sobre el particular, el digesto bonaerense dispone en su artculo 148 : (Texto segn Ley 13449) Peligro de fuga y de entorpecimiento. Para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podr tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoracin de las caractersticas del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaracin de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentar eludir la accin de la justicia o entorpecer las investigaciones. Para merituar sobre el peligro de fuga se tendrn en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: 1. Arraigo en el pas, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el pas o permanecer oculto. En este sentido, la inexactitud en el domicilio brindado por el imputado podr configurar un indicio de fuga; 2. 3. La pena que se espera como resultado del procedimiento; La importancia del dao resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente, frente a l y a su vctima eventual.
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecucin penal.
Para merituar acerca del peligro de entorpecimiento en la averiguacin de la verdad, se tendr en cuenta la grave sospecha de que el imputado:
1.- Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, 2.Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, 3.inducir a otros a realizar tales comportamientos. El extenso artculo, recoge la doctrina de los peligros procesales, y avanza sobre las presunciones que habilitan a establecer la existencia del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigacin . Dice el diccionario enciclopdico Sopena , que presumir equivale a sospechar, juzgar por indicios o seales y como idea general ,afirma Pedro Bertolino que El peligro de fuga o entorpecimiento de la investigacin,son en definitiva manifestaciones de aquello que se ha caracterizado como peligrosidad procesal , la que exisitir cuando la conducta del imputado pueda representar un peligro para la consecucin de los fines del proceso el imputado (Bertolino, Ob cit, pag 217) Con la reforma de la ley 13449, el articulo permite distinguir dos grupos de presunciones : en el primero se enumeran las circunstancias que permiten presumir cuando hay peligro de fuga ,a travs de cuatro incisos taxativos ; mientras que en el segundo grupo son tres los incisos que indican, con carcter restrictivo,cuando puede presumirse que existe peligro de entorpecimiento del proceso. Son conductas y circunstancias, en ambos casos, perfectamente definidas, y entendemos, no pueden tomarse como indicativas, otras que no figuren el el articulado . De todas maneras, siempre se trata de sospechas y que como tales admiten prueba en contrario y para su comprobacin, los jueces debern merituar elementos objetivos . En un somero anlisis, quizas las presunciones mas importantes sean la magnitud de la pena en expectativa, tomada como sinnimo de gravedad o importancia del castigo que se espera , y se presume querra eludir el imputado; la ausencia de residencia fija ,asegurada, conocida y estable en que el imputado vive y puede ser encontrado en caso necesario; y el comportamiento del imputado durante el proceso que se le sigue o en otros anteriores , en que no se hubiere presentado o se hubiere profugado o intentado hacerlo , pudiendo llegar a sospechar el tribunal que no tiene voluntad de someterse a la persecucin penal. Pero lo realmente esencial para la comprensin de estas disposiciones, es que todos los supuestos ,solamente establecen presunciones ,que pueden ser superadas con una correcta valoracin de cada situacin y con elementos probatorios que permitan demostrar la inexistencia de los llamados peligros procesales , utilizados muchas veces de manera esprea para desnaturalizar estas medidas cautelares y transformarlas en autnticos anticipos de la pena.
Nulidades Virtuales Nulidades Virtuales
Sumario: I Introduccin. II Clasificacion de las Nulidades. III - De las nulidades virtuales .-
I-Introduccin:
El estudio de la nulidad de los actos juridicos en el marco del proceso penal , constituye un tema de importancia nodal por su utilidad prctica , y por cuanto observamos que en la practica una gran casuistica versa sobre el particular . En el proceso penal el acto juridico suele producir efectos sinalagmticos o bilaterales , tambien en ocasiones implica al menos de una sola declaracin de voluntad ,pero en cualquier caso siempre resulta vinculante, por lo cual deber tratarse de actos procesalmente inmaculados. Cuando dichos actos ,por estar contaminados o viciados no surten los efectos queridos o esperados por las partes , nos enfrentamos a la ineficacia, es decir , la ausencia total o parcial de los efectos que el mismo pretenda producir . No podemos soslayar, que al incursionar en la temtica de las nulidades , observamos una bibliografa tan vasta como compleja, especialmente en lo que hace a sus clasificaciones ,panorama que muchas veces deja a los nobeles estudiantes poco menos que perplejos. Por ello y con finalidad mnemotecnina, consideramos utilil antes de incursionar en el tema especfico de las nulidades virtuales ,establecer algunas precisiones consideradas universalmente vlidas . Sobre dicho eje , diremos :
1)Que la nulidad es considerada por la doctrina mayoritaria como una sancin procesal por el cual se dispone la invalidez de un acto , privandolo de los efectos producidos o que deba producir .Precisamente ese es el contenido material de la sancin de nulidad , es decir la invalidez.
2)A diferencia del Codigo Procesal Penal de la Nacin, el digesto ritual bonaerense habla de "sancin" en lugar de "pena" , evitando as confusiones entre el derecho adjetivo o formal y el sustantivo o fondal. La pena es una sancin personal, mientras que la nulidad es la sancin para un acto viciado.
3)En principio las sanciones procesales son siempre de interpretacin restrictiva y con regulacin expresa.
4)La nulidad ,es considerada corrientemente como la sancin procesal por antonomasia, siendo su efecto propio como antes lo apuntamos ,la invalidez y en consecuencia la ineficacia del acto declarado nulo.
5) Cuando un acto procesal es declarado nulo sus efectos podrn alcanzar expansivamente , actos anteriores, posteriores y/o contemporneos.
II-Clasificacion de las nulidades:
Si bien el ritual bonaerense no trae una clasificacion de las nulidades, y reconociendo que dichas sistematizaciones son antes que nada obra de la doctrina, previo , consideramos de utilidad , ensayar una veloz referencia a las principales categoras que propone la dogmatica procesal penal, considerando que puede contribuir a un manejo ms fluido de las distintas entidades conceptuales. En ese rden resulta conveniente ,referenciar que el cdigo bonaerense establece en su artculo 201, una regla central del sistema de nulidades codificado, en rden a que la invalidez de los actos de procedimiento solo se producir en los supuestos expresamente determinados por el cdigo. Ello nos introduce en el campo de la regla especificidad-taxatividad con que la doctrina ha construdo el dogma de las nulidades especficas.
A continuacin , recopilaremos sintticamente algunos conceptos bsicos, as:
Nulidades especficas: Son aquellas que se refieren a vicios de los actos que expresamente estn mencionados en la ley bajo sancin de nulidad.
Nulidades genricas: Son las que pueden ser declaradas por por vicios de los actos que no necesitan estar concretamente amenazados en la ley bajo sancin de nulidad y ordinariamente se refieren a actos fundamentales del proceso y a la intervencin de sujetos esenciales .As el art. 202 del CPPBA establece supuestos de nulidades de rden general .
Nulidades absolutas: Tienen lugar cuando resulta afectado el orden pblico o alguna garanta constitucional; pueden y deben ser declaradas de oficio en cualquier estado de la causa o ante el reclamo de parte y, en principio ,no son subsanables , salvo por la cosa juzgada y as lo establece el art 203 del digesto bonaerense (Creus, Carlos, Derecho procesal Penal, pag. 488).
Nulidades relativas : En esta categora, lo afectado es el inters particular, ya que rige en beneficio de las partes; no se pueden declarar de oficio, ni plantearlas quien las haya provocado; solo puede reclamarlas quien tiene inters y son subsanables por el progreso de la instancia (Falcone y Madina, El proceso penal en la Pcia. de Bs. As., pag 358).
III- De las nulidades virtuales:
En una primera aproximacin a la problemtica de esta categora , podemos establecer que adems de las nulidades especficas y genricas , se debate sobre la viabilidad de una tercera categora , denominada por una parte de la doctrina como nulidades virtuales, que abarcaran todos aquellos supuestos no comprendidos por las dos primeras, es decir no seran nulidades ni especificas ni genricas. Dice Bertolino siguiendo a Creus que tales supuestos son hiptesis de conflicto en el proceso y solo pueden ser superadas mediante la declaracin de nulidad y que provienen del derecho constitucional o del de fondo, o del rgimen procesal tomado como conjunto sistemtico (Bertolino, Pedro ; Cod. procesal Penal de la Pcia. de Bs. As. Comentado y anotado , pag. 296. Por nuestra parte y siguiendo a Pessoa podemos ensayar una breve definicin de la nulidad virtual como aquella que no est expresamente prevista en norma procesal especfica o genrica, pero que es la consecuencia del incumplimiento de formas impuestas por el orden jurdico (Pessoa, Nelson R ; La nulidad en el proceso penal,pag. 77). La Nulidad virtual o tcita es en definitiva aquella que ,sin estar declarada directamente por el supuesto de hecho de una norma jurdica , se encuentra tcitamente contenida y se pone en relieve cuando un acto jurdico en particular tiene un contenido ilcito , no solo por contravenir las normas del derecho positivo, sin tambien por contravenir el principio de rden pblico. El sistema juridico vigente en un momento y espacio determinado , deber ser interpretado con una visin integradora ,teniendo en cuenta no solo la norma juridica del derecho positivo , sino tambin las bases o fundamentos de todo el sistema jurdico, incluyendo el rden publico y las buenas costumbres .Tal comprensin superadora , hace innecesaria la exigencia de la mera prohibicin textual o expresa como nica fuente de las nulidades y abre paso al concepto de la nulidad virtual. Por su intermedio podra activarse el mecanismo de salvaguarda del principio de legalidad cuando por ejemplo se quisiera designar a un animal como imputado . Fuera del absurdo arriba ejemplificado , en materia penal podra darse el caso de que una conducta que hubiera sido el material factico y soporte para dictar una requisitoria fiscal de elevacin a juicio (art 334 CPPPB) , posteriormente sea desincriminada por la legislacin positiva. Tal irregularidad si bien no est plasmada en el catlogo de las nulidades especficas y genricas contempladas por los arts 201 y 202 del CPPPBA, ponen de evidencia que el Fiscal debera afrontar un debate oral sin fundamento legal para efectuar repoche punitivo alguno, en clara violacin al principio "nulla poena sine lege" (art 18 de la Const. Nacional). Dicha irregularidad podra ser ejemplificadora del alcance de las nulidades virtuales como paradigmatica de sus contenidos y alcances. En definitiva ,la categoria de las nulidades virtuales como creacin dogmtica, contribuyen a la salvaguarda del sistema jurdico en su totalidad , permitiendo franquear los bordes del principio de especificidad-taxatividad, como correlato del principio clasico de " no hay nulidad sin texto" propio del sistema jurdico francs. Propiciamos el reconocimiento de las nulidades virtuales en la creencia de que su importancia es fundamental ,proyectando su injerencia sobre el campo de actuacin del orden publico al que pertenecen la ley penal y la ley procesal penal y proporcionando con su razon de ser , el remedio para sanear los actos viciados en los casos en que no hubo previsin expresa de la norma jurdica.
Puntos Principales del Jucio abreviado ,la Suspensin del Juicio a Prueba y la ley de Mediacin PRINCIPALES ASPECTOS DEL JUICIO ABREVIADO
#Procede si el Fiscal estima suficiente la aplicacin de una pena privativa de la libertad no mayor de 15 aos o de una pena no privativa de la libertad, procedente an de forma conjunta. Tambin pueden solicitarlo el imputado y su defensor (art 395) #Si el imputado y su defensor estn de acuerdo con la pena solicitada y la calificacin legal que formula el Fiscal,se celebra un acuerdo conjunto (art 396) #El Juez puede rechazar el acuerdo en caso de demostrarse que la voluntad del imputado estuvo viciada al momento de prestar conformidad o discrepar con la calificacin legal acordada, respetando el principio de congruencia fctica (art 398) #El Juez ,si acepta el acuerdo, dicta sentencia con las evidencias reunidas antes de alcanzar el acuerdo. Se suprime el debate ,de all la abreviacin del proceso.No puede imponer una pena mayor a la pactada por las partes, ni puede modificar el modo de ejecucin acordado, pero si ppodr absolver al imputado cuando as correspondiere (art 399) #Se puede abreviar en procesos en que hubiere varios imputados, sea con todos o algunos de ellos (art 400) #Contra la sentencia que recaiga, proceden:El recurso de Casacin en causas criminales y el recurso de apelacin ante las Cmaras departamentales en causas correccionales (art 401) #El Particular Damnificado no puede oponerse a la eleccin de este procedimiento (art 402) #Tambin puede introducirse la cuestin civil y resolverse en el Juicio abreviado, si las partes estn de acuerdo. En caso contrario debern efectuar sus planteos en la sede Civil (art 403)
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA # Implica un beneficio para los delincuentes primarios, que los libera del estigma de una condena, suspendiendo el proceso y fijando pautas de conducta, que en caso de cumplimiento extinguen la accin penal en favor del imputado. # Es aplicable en delitos que no superen los 3 aos de prisin # Se discute en doctrina y jurisprudencia su extensin a los delitos que tengan prevista pena de inhabilitacin ,sea principal o conjunta, ya que el art 76 del CP veda esta posibilidad. #La tesis restringida toma la pena en abstracto como lmite y no permite su aplicacin en delitos con pena de inhabilitacin. #La tesis amplia toma como base la pena en concreto, y extiende la posibilidad a los delitos que en caso de condena pudiera aplicarse una pena en suspenso (art 27 bis del CP-condenacin condicional) ,por ello se debe efectuar una valoracin a priori acerca de si la pena en concreto a imponer sera inferior a la que prevee la figura , y en caso de no superar los tres aos, seri viable este beneficio.Tambien esta tesis amplia, extiende la SJP a los delitos culposos. #La SJP puede ser solicitada por el Fiscal, el imputado y su defensor. #Es tempestivo su pedido desde la audiencia del art 308 y hasta 30 das antes de la fecha fijada para la audiencia de debate.
#Este acuerdo es vinculante para el Juez, salvo ilegalidad por violacin de los parmetros que fija el art 76 bis o irracionalidad en las pautas de conductas acordadas. #Las pautas de conductas fijadas, sern controladas por el Juzgado de Ejecucin Penal.
LEY 13433-RESOLUCIN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Finalidad: Utilizar la mediacin y la conciliacin a los fines de pacificar el conflicto ,la reconciliacin entre las partes, la reparacin voluntaria del dao, evitar revictimizacin, promover la autocomposicin con pleno respeto a las garantas constitucionales, y neutralizar los perjuicios del proceso penal (art 2). Principios del procedimiento: Voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad,y neutralidad o imparcialidad de los mediadores. Se necesita consentimiento expreso de la vctima (art 3) Organo encargado: La ORAC del MPF (art 4) Procedencia: Los fiscales derivan IPP correccionales a la ORAC (art 6), en especial causas relacionadas a problemas de familia, convivencia, vecindad; de contenido patrimonial, concurso de delitos que no superen los 6 aos. Es el Fiscal quien decide la remisin de la IPP a la ORAC si es que el caso encuadra en sus parmetros (art 8) Improcedencia: las vctimas fueren menores de edad, con excepcin de las leyes (13944 y 24270) ,hechos cometidos por funcionarios pblicos en ocasin de sus funciones, delitos dolosos contra la vida,la integridad sexual, los robos, contra los poderes pblicos y el rden constitucional, si se hubiere incumplido un acuerdo anterior o no hubieren transcurrido 5 aos desde otra mediacin. Inicio: De oficio, a pedido de parte o de la vctima hasta antes del inicio del debate. Acuerdo: Si ambas partes encuentran satisfechas sus pretensiones se volcar en un acta ,dejando constancia de sus alcances y especialmente, que no implica la asuncin de culpabilidad para reclamos pecuniarios. No se deja constancia de las manifestaciones de las partes (art 17) Efectos sobre el proceso: Si las partes satisfacen sus pretensiones el Fiscal podr archivar la IPP: Se desarchiva por incumplimiento y la IPP sigue el trmite segn su estado. Seguimiento: La ORAC podr disponer el control y seguimiento de lo pactado
MIRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2009 Puntos principales sobre el Recurso de Casacin y la Accin de Revisin RECURSO DE CASACIN Motivos: 1-Inobservancia o errnea aplicacin de un precepto legal o de la doctrina Jurisprudencial respecto de la decisin impugnada (error in iudicando) Defecto grave del procedimiento o quebrantamiento de las formas esenciales del proceso (error in procedendo) 2-Nuevos hechos o elementos de prueba que evidencien que el hecho no existi o que el imputado no lo cometi. Son motivos especiales de Casacin los del art 467 (Acc de Revisin). Eximicin de reclamo y protesta: 1 -Supuestos del art 202 (nulidades de orden General) 2- Publicidad y continuidad del debate oral 3-Defectos sobre las formas esenciales de la Sentencia Resoluciones recurribles. Adems podr deducirse contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directsimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 417 del C.P.P. Asimismo, respecto de los autos dictados por la Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la accin, a la pena, o a una medida de seguridad o correccin, o imposibiliten que continen; o denieguen la extincin o suspensin de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extincin de la accin penal. Tambin podr deducirse respecto de los autos dictados por la Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecucin.
Forma y plazo. Bajo sancin de inadmisibilidad, la presentacin del recurso de casacin, deber ser efectuada dentro del plazo de veinte (20) das de notificada la resolucin judicial, por parte legitimada o por el imputado, mediante escrito fundado. En l se debern citar las disposiciones legales que considere no observadas o errneamente aplicadas, los nuevos hechos o elementos de prueba o los otros motivos especiales del artculo 467, expresndose en cada caso cul es la solucin que se pretende. Todo recurso deber ser acompaado de un resumen que contendr la sntesis de los requisitos previstos en el prrafo anterior. En caso de omitirse, se intimar su presentacin ante el Juez o Tribunal que dict la resolucin recurrida por el plazo de tres (3) das bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del recurso. El recurrente deber, dentro de los primeros siete (7) das del plazo , manifestar ante el rgano que dict la resolucin, su intencin de interponer el recurso de casacin. La resolucin se reputar firme y consentida respecto de quien omitiera esta manifestacin. Cada motivo se indicar separadamente. Vencido el plazo de interposicin, el recurrente no podr invocar otros motivos distintos, sin perjuicio de las garantas constitucionales vigentes. La tramitacin y resolucin del recurso no podr exceder el plazo total de seis (6) meses desde su sorteo y adjudicacin a la Sala pertinente. Si se tratare de un caso complejo, el plazo podr ser prorrogado por otros seis (6) meses, por resolucin fundada. Si
vencido el plazo o agotada la prrroga el Tribunal no se hubiese pronunciado sobre el caso constituir falta grave y deber ser comunicado a la Suprema Corte de Justicia. El recurso podr ser resuelto por dos (2) de los jueces de la Sala interviniente. En caso de disidencia, corresponder la integracin con un tercer miembro.
Recurso del ministerio Pblico Fiscal.- El Ministerio Pblico Fiscal podr recurrir: 1.- De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado. 2.- De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida. 3.- Del sobreseimiento. 4.- En los supuestos de los artculos 448 y 449. El particular damnificado podr recurrir en los mismos casos previstos 452 para el Ministerio Pblico Fiscal. Recurso del imputado o su defensor.1.- De las sentencias condenatorias del Juez Correccional o del Tribunal en lo Criminal. 2.- De la sentencia que le imponga una medida de seguridad. 3.- De la sentencia que lo condene a indemnizar por los daos y perjuicios. 4.- En los supuestos de los artculos 448 y 449. Recurso de las partes civiles y del citado en garanta.- podrn recurrir dentro de los lmites de los artculos 425 y 426, de las sentencias definitivas que hagan lugar o rechacen sus pretensiones.
Recibido por el Tribunal de Casacin el recurso, la Sala interviniente decidir sobre su admisibilidad conforme a lo dispuesto por el artculo 433, prrafos tercero y cuarto. El a quo (rgano jurisdiccional de primera instancia que emiti el fallo) elevar el recurso al Tribunal de Casacin (Ad Quem o superior) con copia de la sentencia o resolucin impugnada, sus notificaciones, de la manifestacin de la intencin de recurrir y el resumen previsto en el artculo 451 segundo prrafo. En caso de tratarse de sentencia definitiva tambin deber acompaarse copia del acta de debate. En caso de faltante de copias de piezas procesales que el Tribunal de Casacin juzgue indispensables para decidir, se requerirn las mismas al a quo bajo apercibimiento de ley.Si la impugnacin no fuere rechazada, ni mediare desistimiento, se requerirn las actuaciones y una vez recepcionadas, quedarn por diez (10) das en la Secretara para que los interesados puedan examinarlas.
Vencido ese plazo, si no hubiese anticipo de pruebas, se fijar audiencia por el Presidente de la Sala para informar oralmente (mejorar el recurso), con un intervalo no menor de diez (10) das desde que el expediente estuviere en estado, sealndose el tiempo de estudio para cada miembro del Tribunal. Ofrecimiento de prueba.- se podr ofrecer prueba pertinente y til a las pretensiones articuladas. La prueba se ofrecer con la interposicin del recurso bajo sancin de inadmisibilidad, y se la recibir en la audiencia conforme a las reglas establecidas para el juicio ordinario en cuanto sean compatibles.Debate oral: Sern aplicables las disposiciones relativas a publicidad, disciplina y direccin del debate oral establecidas para el juicio comn, debern estar presentes todos los miembros del Tribunal que deban dictar sentencia, las partes recurrentes y sus contradictores procesales, no siendo necesaria la comparencia del imputado, salvo expreso pedido de ste o de su Defensor. Hablar en primer trmino la parte que hubiere recurrido Salvo en los casos en que se produjera prueba, las partes podrn desistir de la audiencia y en caso de creerlo pertinente presentar memorial. Sentencia Deliberacin.- Terminada la audiencia el Tribunal de Casacin pasar a deliberar, la deliberacin podr ser diferida para otra fecha, que no podr exceder de diez (10) das. La sentencia se dictar dentro de un plazo mximo de veinte (20) das, observndose en lo pertinente las disposiciones y requisitos previstos para el juicio comn. Casacin por violacin de la ley.- Si la resolucin recurrida no hubiere observado o hubiere aplicado errneamente la ley sustantiva, o la doctrina jurisprudencial, el Tribunal la casar y resolver el caso con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicacin declare, cuando para ello no sea necesario un nuevo debate. Anulacin y reenvo.- Si se tratare de defectos graves del procedimiento, de quebrantamientos de forma esenciales del proceso o de alguno de los casos del artculo 448 inc. 2), siendo necesario celebrar un nuevo debate, el Tribunal de Casacin anular lo actuado y lo remitir a quien corresponda para su sustanciacin y decisin. Cuando la resolucin no anule todas las disposiciones que han sido motivo del recurso, el Tribunal de Casacin establecer qu parte del pronunciamiento recurrido qued firme .Correccin y rectificacin.- Los errores de derecho en la fundamentacin de la sentencia o auto recurridos que no hayan influido en la resolucin, no la anularn, pero debern ser corregidos. Tambin sern corregidos los errores materiales en la designacin o en el cmputo de las penas . Libertad del imputado. Cuando deba cesar la detencin del imputado, el Tribunal de Casacin ordenar directamente la libertad. Durante el trmite del recurso contemplado en este artculo, an hallndose los autos principales en el Tribunal de Casacin, las cuestiones concernientes al rgimen y cumplimiento de medidas privativas de la libertad sern resueltas por el rgano jurisdiccional que haya dictado la sentencia .
Procedencia.La accin de revisin, proceder,contra las sentencias firmes, cuando: 1 - Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable. 2 - La sentencia impugnada se hubiere fundado en prueba , cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable. 3- La sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito, declarado en fallo posterior irrevocable. 4 - Despus de la condena sobrevengan o se descubran hechos nuevos o elementos de prueba que, hagan evidente que el hecho no existi, que el condenado no lo cometi o que el hecho cometido encuadra en una norma penal ms favorable. 5 -Corresponda aplicar retroactivamente una Ley penal ms benigna que la aplicada en la sentencia. 6 - Una Ley posterior ha declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal, ha disminuido su penalidad o la manera de computar la prisin preventiva en forma favorable al procesado. 7 - Se ha procesado a una persona por dos o ms delitos separadamente y se han impuesto penas que deban acumularse o fijarse de acuerdo con los artculos 55 y 56 del Cdigo Penal. 8 - Si la sentencia se funda en una interpretacin de la Ley que sea ms gravosa para el condenado que la sostenida por el Tribunal de Casacin o la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. 9 - Se acreditase que la conformidad exigida por los arts. 396 y 397 no se hubiese prestado libremente. (Acuerdo de Juicio abreviado) Objeto.- La accin de revisin deber tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometi, o que falta totalmente la prueba en que se bas la condena. Titulares de la accin.1.- El condenado o su Defensor; si fuere incapaz, sus representantes legales, o si hubiere fallecido, su cnyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos. 2.- El Ministerio Pblico Fiscal.(recordemos que puede recurrir an a favor del imputado) Interposicin. La accin de revisin ser interpuesta ante el Tribunal de Casacin o la Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal segn corresponda. Si el recurrente estuviere detenido, para que sea procedente el recurso bastar que se indique la peticin y se ofrezca la prueba del caso, con la mayor prolijidad posible en cuanto a los datos que se suministran. El Tribunal proveer de oficio lo necesario para completar la presentacin y poner la causa en estado de decidir el recurso.( Recursos in forma pauperis o con defectos formales confeccionados por el propio detenido) Procedimiento.- En el trmite de la accin de revisin se observarn las reglas establecidas para el recurso de Casacin, en cuanto sean aplicables. Efecto suspensivo.- Antes de resolver, el Tribunal de Casacin podr suspender la ejecucin de la sentencia recurrida y disponer, con o sin caucin, la libertad provisional del condenado.(El principio es siempre la libertad, mxime si la revisin es viable)
Sentencia. El Tribunal de Casacin podr anular la sentencia, remitiendo a nuevo juicio, cuando el caso lo requiera, o dictar directamente la sentencia definitiva. Nuevo Juicio.- Si se remitiere a nuevo juicio, no intervendrn los Magistrados que conocieron del anterior.( Ya emitieron sus opiniones sobre el fondo de la cuestin) Efectos Civiles.- Cuando la sentencia sea absolutoria, se dispondr la inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdiccin, podr ordenarse la restitucin de la suma pagada en concepto de pena y de indemnizacin; esta ltima, siempre que haya sido citado el actor civil. Reparacin.- Toda persona condenada por error a una pena privativa de la libertad tiene derecho, a una reparacin econmica por el Estado provincial, proporcionada a la privacin de su libertad y a los daos morales y materiales experimentados.El monto de la indemnizacin nunca ser menor al que hubiere percibido el condenado durante todo el tiempo de la detencin, calculado sobre la base del salario mnimo vital y mvil que hubiera regido durante ese perodo, salvo que el interesado demostrare que hubiere obtenido un salario o ingreso mayor. (Por ejemplo si se tratare de un profesional).No habr derecho a indemnizacin cuando el condenado se haya confesado autor del delito, salvo que pruebe la ilegalidad de la confesin (Por apremios , torturas o amenazas);haya obstruido en forma dolosa la accin de la justicia, o inducido el error del que fue vctima. La reparacin slo podr acordarse al condenado o, por su muerte, a sus herederos forzosos.
Publicacin.- La resolucin ordenar tambin la publicacin de la sentencia de revisin, a costa del Estado y por una vez, en el diario que eligiere el interesado. Ello es lgico si se tiene en cuenta que el estigma de haber sido condenado,an errneamente, nunca podr ser borrado por completo, ante una sociedad por lo general muy prejuiciosa respecto de los presidiarios.
MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2009 JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2011 U47)
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