Source: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/salam.html
Timestamp: 2018-01-22 02:32:33
Document Index: 406715994

Matched Legal Cases: ['artículo 1969', 'artículo 33', 'Artículo 433', 'artículo 338', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 73', 'artículo 5', 'Artículo 28', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 2']

Equipo Nizkor - Informe de la "Comisión de expertos" sobre los denominados "papeles de Salamanca" de la Generalitat de Catalunya.
Informe de la "Comisión de expertos" sobre los denominados "papeles de Salamanca" de la Generalitat de Catalunya.
Perspectiva Archivística.
La concentración en este Archivo de las causas vistas en los consejos de guerra, derivadas del conflicto civil iniciado en 1936, hoy dispersas en muy diversas instalaciones, en general militares, almacenadas en condiciones no siempre adecuadas y de difícil acceso para el público.
La obtención de copias digitalizadas de toda la documentación relacionada con el Archivo, tanto en España como en otros países, identificándola y describiéndola de manera precisa, e integrando estas referencias en un sistema de información accesible tanto a nivel nacional como internacional.
La dotación del Archivo con los medios precisos necesarios para su expansión (personal, equipamiento, edificio) y para la realización correcta de sus funciones.
Más allá de la cuestión concreta que se suscita en este informe, la Comisión desea llamar la atención sobre las graves insuficiencias que afectan a los archivos españoles y reclama de los poderes públicos que arbitren los medios necesarios para que los archivos puedan cumplir las funciones que tienen encomendadas: ser instrumento para la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas, así como ser garantes de la conservación de los documentos como prueba de la responsabilidad de las administraciones y de los derechos de los ciudadanos, y como memoria colectiva.
1. Palabras de la base primera que ordena tomar el proyecto de 1851 como base en la redacción del nuevo Código Civil. [Volver]
2. Desde el mismo derecho romano se afrontó ya el problema de la validez de los actos de un órgano desprovisto de legitimidad o capacidad, como era el caso de los actos provenientes de un magistrado que tenía la condición de esclavo y, como tal, y de acuerdo con el derecho romano carente de toda capacidad jurídica en el orden personal y menos aún en el ejercicio de un cargo público. Sin embargo, la apariencia de ostentar un cargo legítimamente aunque se descubriese después que, en la realidad, no reunía las condiciones para ser titular del mismo, permitió sostener la validez de los actos que hubiera dictado en el ejercicio de aquella magistratura. Con independencia de la valoración de la solución lo que pone de manifiesto es que legalidad y seguridad jurídica son, desde los primer sistema jurídico que nos sirve de referencia, dos partes inseparablemente unidas en el Derecho. [Volver]
3. Se trataba de leyes que provenían de unas Cortes Españolas que no eran más que un órgano de colaboración del Jefe del Estado. La misma Ley de Cortes de 1942 que las instituyó, la dictó, por sí y ante sí, Franco con el nombre de Ley, pero sin que emanase de una Asamblea electiva. Las propias Cortes creadas por aquella Ley no respondían a principios democráticos en cuanto que estaban prohibidos los partidos o asociaciones políticas y la elección de carácter orgánico llena de trabas, por lo que las Cortes que aquella Ley crea como órgano de "colaboración" con Franco en las tareas legislativas no respondía a parámetros materiales conformes con los derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco respondía a ellos el hecho de que la misma Ley de Cortes de 1942 (sin perjuicio de los cambios de la Ley orgánica del estado de 1967) retenía en Franco la suprema potestad legiferente que mantenía la potestad de sancionar o no las leyes sin ninguna limitación, lo que no se compadecía con la idea de un órgano representativo titular de la potestad legislativa como mínima exigencia de una democracia, dado que en el procedimiento legislativo se interfería siempre una persona singular que tenía en realidad la potestad legislativa. [Volver]
4. Que establecía que no cabe recurso alguno contra el acuerdo de necesidad de ocupación, lo que contradice el derecho a la tutela judicial efectiva. [Volver]
5. Así ocurre con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1991 (Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo) que resolvió desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Asociación "Grande Oriente Español" aceptando los razonamientos de la sentencia apelada procedente de la Audiencia Nacional y afirmando la necesidad de una Ley puesto que se estaría ante una especie de atípica obligación natural cuyo cumplimiento necesita de una decisión legislativa "ya que en materia de obligaciones naturales la jurisdicción no puede suplir la voluntad de cumplimiento del gravado por ellas". [Volver]
6. Hay, por lo menos dos sentencias del Tribunal Supremo, la 16 de noviembre de 1994 y la de 25 de enero de 2000, ambas de la Sala 1ª (ponentes Srs. Villagómez y García Varela) que estiman los recursos de casación y reconocen la responsabilidad del Estado por el deposito de alhajas en el Banco de España bajo el Gobierno de la república ( pese a la Ley de 13 de marzo de 1942 que no asumía obligación alguna con respecto a los débitos del Gobierno de la República pendientes de pago al Banco de España) en la primera sentencia y la propiedad de los herederos de los titulares de los bienes inmuebles incautados en la segunda sentencia. Lo relevante de ambas es lo que se dice en ambas sobre el computo del plazo de prescripción - en un caso de seis años por tratarse de muebles y en otro de 30 años por tratarse de inmuebles - con remisión de la segunda a la primera lo que pone de manifiesto la voluntad de crear doctrina a ese respecto. Los términos no pueden ser más expresivos:
"No se trata por tanto de decretar la inconstitucionalidad de la norma, lo que no corresponde a esta Sala, sino de no admitirla. La derogación que proclama la Constitución es consecuencia de la aplicación directa y suprema de su propia normativa y opera automáticamente, «ex constitutione» y no más bien por razones de formalidades en la producción de la ley opuesta y sí por contradicción manifiesta en su contenido, con lo cual su inaplicación no es por razón de su nulidad, si no por la contrariedad constitucional que expresa.
Lo expuesto reconduce y centra el debate, ya que el recurrente tenía imposibilitado el ejercicio, pero no prescrita la acción que le asistía, y que recobró plena eficacia a partir de la fecha de 29 de diciembre de 1978, en que se publicó la Constitución Española (Disposición Final), fecha que ha de tenerse en cuenta como el momento inicial desde el cual pudo ejercitarse la acción de recobro e indemnizatoria que esgrime en el pleito (artículo 1969 del Código Civil). Por tanto los derechos que reclama don Alejandro G. F. no son derechos efectivamente precluidos ni abandonados, sino con proyección de futuro, al mantenerse viva y subsistente la acción correspondiente con eficacia hacia adelante y no exclusivamente hacia el pasado, tratándose efectivamente de situación anterior que afecta a derechos actuales y no agotados".
La misma doctrina es ratificada por la sentencia de 25 de enero de 2000 respecto de los inmuebles:
"Habida cuenta de que el edificio no fue reintegrado a sus legítimos propietarios, la cuestión estriba en determinar si la acción reivindicatoria pudo ser utilizada por los dueños del inmueble, no sólo en el ciclo de la guerra civil, sino después, durante la permanencia del régimen político instaurado en España.
Es evidente la situación coactiva y de omisión de Estado de Derecho que prevaleció en España hasta la publicación de la Constitución Española en fecha de 29 de diciembre de 1978.
De lo explicado, se deduce que los dueños del inmueble objeto del debate tenían imposibilitado el ejercicio, pero no prescrita la acción que les asistía, y que recobró plena eficacia a partir del 29 de diciembre de 1978, en que se publicó la Constitución Española (disposición final) -en cuyo artículo 33.3, por cierto, se establece que «nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública e interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes»-, y España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho, cuya fecha ha de tenerse en cuenta como el momento inicial desde el que pudo ejercitarse la acción de recobro esgrimida en el pleito.
Como ha sentado la STS de 16 de noviembre de 1994, «los derechos que reclaman los demandantes no son derechos efectivamente precluidos ni abandonados, sino con proyección de futuro, al mantenerse viva y subsistente la acción correspondiente con eficacia hacia delante y no exclusivamente hacia el pasado, tratándose efectivamente de situación anterior que afecta a derechos actuales y no agotados», cuya doctrina es de aplicación a este caso". [Volver]
7. Mera hipótesis e imposibilidad que derivan de que la exclusión del control judicial de los actos políticos ha estado presente en España hasta la entrada en vigor de la Constitución lo que ha impedido todo remedio judicial a las incautaciones. [Volver]
8. También ha dado solución al problema del patrimonio sindical acumulado durante los años del sindicato vertical obligatorio. [Volver]
9. Expropiación que como dice la Ley de Expropiación forzosa comprende "cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio". La expropiación puede por tanto significar sólo la ocupación temporal. [Volver]
10. Mas abajo se profundiza en la cuestión. [Volver]
11. Los plazos de prescripción de la acción reivindicatoria puede haber transcurrido, por lo que en principio no sería posible reclamar la propiedad. Sin embargo puede ocurrir que quien está en proceso de usucapir no haya completado por su parte el plazo de la usucapión, a pesar de que para el propietario originario hayan pasado los plazos de ejercicio de la acción reivindicatoria; ello se deberá a que el inicio de la usucapión ha podido iniciarse más tarde. En esas circunstancias se podría dar el caso de que el propietario desposeído no podría reivindicar por habérsele pasado el plazo a pesar de que no exista todavía un tercero que haya adquirido la propiedad por usucapión. En ese caso la mejor doctrina sostiene que aquel podrá reclamar la propiedad pese al trancurso del plazo. [Volver]
12. "Artículo 433. Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario". [Volver]
13. Se refiere el 539 a un tema específico y ajeno - las servidumbres - a lo que aquí nos ocupa. [Volver]
14. Los supuestos que queden fuera del Decreto y de la Ley citada podrían deberse a incautaciones realizadas al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882 -. En el momento de procederse a la incautación la Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba vigente, por ello es posible que algunas incautaciones se hicieran a su amparo que dispone que "cuando la causa se archive por estar en rebeldía todos los procesados, se mandará devolver a los dueños, que no resulten civil ni criminalmente responsables del delito, los efectos o instrumentos del mismo o las demás piezas de convicción que hubiesen sido recogidas durante la causa; pero antes de hacerse la devolución, el Secretario extenderá diligencia consignando descripción minuciosa de todo lo que se devuelva.
Para la devolución de los efectos y piezas de convicción pertenecientes a un tercero irresponsable, se observará lo que se dispone en los artículos 634 y 635"
Si se hubiesen dado esos casos de ocupación de bienes al amparo de la LEcr, entonces la posesión de los archivos y documentos no se habría pretendido tener a título de dueño, sino bajo el régimen y con la finalidad prevista en la LEcr y, por tanto, con la posibilidad de que hubiera debido devolverse en algunos supuestos a sus propietarios, lo que suscitará la cuestión de si en algunos casos no se ha tenido la posesión por el Estado a título de dueño. No se tratará de muchos casos probablemente, pues la inmensa mayoría debieron producirse al amparo de las disposiciones de incautación, pero en todo caso queda aquí abierta una cuestión que sólo los Tribunales de justicia podrán despejar definitivamente a la vista de esos casos singulares. [Volver]
15. Dice así el artículo 338: "Son bienes de dominio público: 1. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. 2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión. [Volver]
16. La misma redacción se ha mantenido en la nueva Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. [Volver]
17. Sin entrar ahora en consideraciones sobre su legitimidad. [Volver]
18. Así lo reconoce Alegre Ávila. Probablemente es una discusión de grado, no relevante a los efectos de este informe, acerca del nivel de protección según el tipo de bienes pues hay una escala de la demanialidad (Hauriou) que implica que la protección no tenga que ser idéntica para todos los bienes demaniales con indiferencia hacia su naturaleza. [Volver]
19. "Artículo 65. Afectación de bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público. La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público." [Volver]
20. "Artículo 66. 2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior y de lo dispuesto en el artículo 73 de esta ley, surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes: .. e) La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales."
Si la adquisición de los bienes muebles en bruto, necesarios para el futuro desenvolvimiento (in fieri) de los servicios públicos, determina el carácter demanial de tales bienes, con mayor razón lo tienen cuando ya han sido utilizados (in factum esse) para el fin que justificó que se les calificase de demaniales mediante la creación de un documento que debe incorporarse a un expediente y archivarse en el archivo de la propia oficina pública primero, para pasar después a los sucesivos archivos, hasta llegar al histórico si fuere el caso por razón de su contenido. [Volver]
21. Adicionalmente habría que considerar como se hará al final de esta apartado el régimen singular de los bienes del Patrimonio Histórico español. En todo caso en lo que sigue se hacen consideraciones sobre el régimen de los bienes patrimoniales que son, perfectamente aplicables a los bienes de dominio público. [Volver]
22. "Los actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el artículo 5 y Títulos III y IV de la presente Ley que les sean de aplicación". [Volver]
23. Artículo 28.2 "Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenados por las Administraciones públicas, salvo las transmisiones que entre sí mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta Ley." [Volver]
24. Desarrollado por Real Decreto 2543/1977. [Volver]
25. No puede dejar de señalarse que el principio de procedencia legitima, salvo prueba en contrario, que el archivo corresponde a la Institución que lo generó. La pertinencia de establecer un Archivo de la Guerra Civil con fondos de distinto origen corresponde a los especialistas. [Volver]
26. Esta última posición - hacer con sus bienes lo que uno quiera, hacer la propia y soberana voluntad - es propia de la aproximación privada al derecho de propiedad, pero no es la propia de derecho público en relación con la utilización de los bienes patrimoniales como se ha visto. [Volver]
27. También de Madrid salieron los últimos archivos hacia Salamanca. [Volver]
28. La determinación de si ello es así dependerá en buena medida de la naturaleza de los fondos lo que sólo corresponde al juicio de los especialistas. [Volver]
29. Que también puede tener reconocido de forma singular la condición de interés publico. [Volver]
30. "Artículo 1. Restitución de bienes o derechos de contenido patrimonial.
No procederá la restitución de bienes muebles, ni el abono, indemnización o compensación alguna por los frutos y rentas dejados de percibir desde el momento de la incautación, ni por los derechos de contenido patrimonial derivados de la pérdida de derechos personales." [Volver]
31. "Artículo 3. Beneficiarios de la restitución o compensación.
1.Los partidos políticos mencionados de forma genérica o individualizada en el artículo 2 de la Ley de 9 de febrero de 1939, que con anterioridad al 6 de diciembre de 1978 hubieren solicitado formalmente su reconstitución legal o en tal fecha hubiesen sido ya reconstituidos legalmente y siempre que su personalidad no se haya extinguido con anterioridad al 1 de diciembre de 1995, respecto de los bienes y derechos de contenido patrimonial de los que fueron titulares e incautados en aplicación de dicha Ley y las demás normas sobre responsabilidades políticas." [Volver]
32. Disposición adicional cuarta. Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, quedarán excluidos de la misma los bienes y derechos que, por virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, fueron incautados a las organizaciones sindicales o sus entes afiliados o asociados de carácter sindical entonces existentes.
Dicho valor será fijado en cada caso por decisión del consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de trabajo y seguridad social y previo informe del Ministro de Economía y Hacienda" [Volver]
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