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Timestamp: 2015-11-26 05:52:30
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 98', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 322']

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Recursos Constitucionales: Amparo e Inconstitucionalidad
Recurso de Amparo En materia de protección de los derechos fundamentales, distintos a la libertad individual, la cultura jurídica internacional previó la posibilidad de crear un recurso rápido, sencillo y de fácil acceso que permita abrigar de manera efectiva otros derechos de la persona, ante la posible vulneración que se derive de las autoridades, funcionarios o terceros y que implique una pérdida o disminución de sus derechos.
Sala Constitucional de Costa Rica: Concepto de Amparo <ul><li>Es el recurso mediante el que cualquier persona puede acudir a la Sala Constitucional, si considera que un acto u omisión viola o amenaza los derechos (no protegidos por el recurso de habeas corpus) que en su favor estipulan la Constitución Política y los Tratados Internacionales. </li></ul>
Alcances del Amparo <ul><li>El ejercicio del amparo como acción en protección de los derechos no tiene mayor límite que el quebranto de un derecho: sociales, políticos, individuales y personales, derechos de protección especial. </li></ul><ul><li>Artículo 8 de la Constitución y todos aquellos que entran a formar parte del bloque constitucional por disposición del art. 10 de la Constitución. </li></ul>
Juan De la Rosa: Concepto de Amparo <ul><li>“ El amparo viene a ser la contraposición del abuso del poder, la antítesis del poder ejercido de manera arbitraria y temeraria, lo opuesto a la ejecución de medidas ilimitadas y la restricción si se quiere, de todo aquello que constituye una constelación de aberraciones y actos vejatorios puestos en marcha por autoridades lesionados derechos constitucionales.” </li></ul>
Requisitos <ul><li>Aun cuando es un recurso sencillo, es necesario que se cumplan requisitos mínimos que hagan posible su interposición del mismo, a fin de permitir al juzgador alcanzar la identificación de hechos que motivan el recurso, la vulneración planteada y sobre todo el individuo que ha sido perturbado por una acción irregular. </li></ul><ul><li>PARTES DEL RECURSO: </li></ul><ul><li>I. Recurrente. </li></ul><ul><li>II. Los derechos que se entienden vulnerados. </li></ul><ul><li>III. Momento en que se detecta la afectación. </li></ul><ul><li>IV. Particular recurrido. </li></ul><ul><li>V. Petitorio. </li></ul>
Recurrente <ul><li>Al tratarse de una acción ante el hecho u omisión que ha causado un agravio, es indispensable que se establezca con claridad contra cuál o cuáles personas es cometida la violación a derechos, a fin de que pueda establecer el juzgador el alcance de la protección requerida. </li></ul><ul><li>El afectado puede ser una persona física, debidamente identificada; sin importar su edad, sexo, raza, o condición social o religiosa, mucho menos sin tomar en cuenta para su calidad que sea o no incapaz de accionar de manera directa en protección de sus derechos, previéndose al efecto la posibilidad de representación o de que el peticionario lo recurra en amparo de los derechos de un tercero. </li></ul>
Recurrente: Alcances <ul><li>Puede extenderse hasta instituciones y organizaciones siempre que el derecho afectado sea y se encuentre establecido. La capacidad de éstas para interponer recurso de amparo está unida al reconocimiento de sus derechos contenido en la constitución y los pactos internacionales. </li></ul><ul><li>En nuestro país, a pesar de los diferentes intentos que se realizaron en los años 80, el alcance del recurso de amparo, su reglamentación y la posibilidad de que este favorezca a las personas morales, se destacó al principio en la famosa decisión del 24 de febrero de 1999, más bien conocida como la Resolución de Amparo, mediante la cual, en respuesta al pedimento hecho por una persona jurídica, la empresa Productos Avons, S. A., admite la acción de amparo y regula a lo interno la forma en que se llevará a cabo este tipo de acción, en respuesta al mandato del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. </li></ul>
Derechos Vulnerados <ul><li>Toda acción en justicia implica la necesidad de que exista un agravio reparable y reclamable, en el caso del recurso de amparo, ha de presentar el recurrente una realidad fáctica en la cual esté presente la vulneración de un derecho fundamental, por parte de un funcionario (a) o algún particular, no limitando su relato al hecho, mas debiendo identificar de todos los derechos individuales, sociales, determinados por la Constitución y el bloque constitucional cuál es el afectado y qué circunstancias determinan su violación. </li></ul>
Derechos en Materia Penal: <ul><li>Los defensores y defensoras deben tener pleno dominio de los derechos contenidos en el artículo 8 de la Constitución y de las disposiciones internacionales relativas al manejo de reclusos, pues son sus herramientas más importantes. </li></ul><ul><li>Entre otras se pueden mencionar: convenciones como la de Beijing, Viena, la de Erradicación de Torturas y Malos tratos, la de Privados de Libertad, de Adolescentes Privados de Libertad, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, las cuales implican un reto en cuanto a la necesidad de que sean respetadas y la posibilidad de que ese respeto se alcance a través de acciones constitucionales como el amparo, interpuestas adecuadamente y dentro de los límites temporales necesarios para que la respuesta jurisdiccional pueda ser efectiva. </li></ul>
Momento en que se Detecta el Agravio <ul><li>La ley exige que se interponga la acción de amparo dentro del plazo definido, una vez que se conoce la acción que afecta el derecho fundamental. </li></ul>
Autoridad Recurrida <ul><li>Para que la acción de amparo sea efectiva la acción de amparo resulta imperioso determinar de quién emana la decisión o quién está obligado a la acción, en los casos en que nuestros representados se vieren lesionados en sus derechos; esto así, porque tal cual establece la máxima de derecho común toda persona es responsables de sus hechos, de donde la definición del responsable es indispensable. </li></ul>
Autoridad Recurrida <ul><li>En el caso de que la persona recurrible esté constituida por una persona física es necesaria su individualización, ahora bien, si su nombre es desconocido por el recurrente basta con aportar los datos de individualización que permitan dirigirse a este sin posibilidad de error. Situación que podría darse, por ejemplo, en el caso que se desconozca el nombre del encargado de un penal y se indique en la instancia que la persona causante del agravio o cuya omisión permite la lesión a derechos es “el encargado de la cárcel pública de X”. </li></ul>
Requisitos de Forma <ul><li>Tanto la legislación nacional como la doctrina jurisprudencial comparada coinciden en indicar que al momento de interponerse una acción de amparo, es exigible para su admisión que la misma contenga: </li></ul><ul><li>a). El señalamiento del domicilio cuando el recurso de amparo constitucional emerge de un proceso judicial o administrativo. </li></ul><ul><li>b) La notificación puede ser personal o por cédula. </li></ul><ul><li>c) En caso de desconocerse el domicilio real o actual, deberá señalarse el último domicilio procesal del proceso principal. </li></ul>
Requisitos de Forma <ul><li>d) Efectivizada la notificación, su participación en el recurso de amparo es potestativa. </li></ul><ul><li>f) En etapa de admisión, si se advierte esta omisión, corresponde aplicar el artículo 98 de la LTC, concediendo plazo para su subsanación, y en caso de ser incumplido, da lugar al rechazo del recurso; y </li></ul><ul><li>g) En etapa de revisión, si se advierte que el recurso fue admitido, tramitado y se ha llevado a cabo la audiencia de consideración, pese a no cumplir con este requisito, da lugar a la improcedencia del amparo, sin ingresarse al análisis de fondo del asunto”. </li></ul>
Limitaciones al Amparo: <ul><li>El legislador dominicano pretende limitar el alcance del recurso de amparo y sustraer de este cualquier acción contra decisiones del orden jurisdiccional, conforme señala el artículo de la Ley de Amparo; desconociendo el Poder Legislativo, la realidad de que la falta de control sobre cualquiera de los poderes del Estado puede dar pie a la arbitrariedad y rompería con la seguridad jurídica que pretendemos implantar y que existen decisiones que a pesar de haber sido dadas por una autoridad judicial competente, de producirse su ejecución, causaría en el impetrante daños irreparables, que pueden ser detenidos a través de la acción de amparo, dándose de este modo una legitimación pasiva de la acción, mediante la cual se define como causante del daño al o los jueces que han participado de la toma de decisión y aquella persona que viabilizó la decisión. </li></ul>
Fin de la Acción de Inconstitucionalidad: <ul><li>De los métodos instituidos para lograr la constitucionalización de los sistemas de justicia, y visto que nuestra Carta Magna prevé en el artículo 67 ordinal 1 la facultad de la Suprema Corte de Justicia conocer de la constitucionalidad de las leyes, por la vía del control concentrado, y alcance erga omnes; así mismo crea, a través del artículo 46 la posibilidad de que todo juez en el ámbito nacional pueda evaluar la constitucionalidad de las leyes que se pretenden aplicar a un caso dado, constituyendo así un control difuso de la constitucionallidad, interesa a los fines de esta exposición, en el enfoque de la defensa, de aquellas opciones que se abren a posteriori, iniciar con el análisis del El Control Difuso previsto en la Constitución. </li></ul>
Control Difuso de las Normas Constitucionales <ul><li>El legislador dominicano ha entendido que no basta con que exista un control a priori de las normas, pues siempre existe la posibilidad de que éstas puedan pasarlo y seguir enfrentando las normas constitucionales. </li></ul><ul><li>De este modo, plasma en el artículo 46 de la Constitución un presupuesto de nulidad absoluta, aplicable a “toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, pretendiendo abarcar con el carácter extensivo de la norma, a cualquier actividad de índole normativa que presente choques con las previsiones de la Carta Magna. </li></ul>
A. Fin Constitucionalmente Legítimo <ul><li>Si la determinación legal, supone en su creación la vulneración de los derechos y mandatos de corte constitucional, o la supresión de derechos fundamentales, se aparta del fin mismo de la Constitución, la cual busca la coherencia, unidad, establecimiento de un Estado de derecho real en el que todos sean tratados por igual. </li></ul><ul><li>Se ponderaría si crea condiciones de desigualdad, privilegios o niega derechos indicados en la Constitución y pactos Internacionales; o pretende provocar condiciones de inestabilidad que afecten los estamentos mismos del Estado, entre otros. Ante estas circunstancias, dejaría de ser legítimo el fin de su formación y la tornaría en inconstitucional al enfrentar las cimientes del Estado; aun cuando su reflejo se analiza y reclama enfocado en un interés particular. </li></ul>
B. Examen de la Idoneidad o Adecuación de la Decisión, Acción o Norma Impugnada <ul><li>Es importante entender que no se recurre en inconstitucionalidad simplemente porque no estamos de acuerdo con una u otra postura ante el proceso o contenida en las decisiones adoptadas por un órgano determinado. Dentro del proceso penal, siempre ha de ser determinado el agravio que ha causado o puede implicar la decisión o la aplicación de una norma dada, para así evitar lesiones futuras. </li></ul><ul><li>A los fines de la defensa, no sólo resultan importantes las bases jurídicas del caso que analizamos y su conformidad con la decisión, sino que hemos de ir evaluando paso a paso toda la actividad procesal a la luz de las disposiciones constitucionales, para que en el caso de nuestro representado se respete en todo momento el debido proceso. </li></ul>
C. Identificación de la Circunstancia que Contraviene el Mandato Constitucional <ul><li>Al momento de incoar una acción en inconstitucionalidad por la vía difusa, ha de tomar en cuenta el defensor la postura y propuestas legales que presentan su adversarios, analizar las actuaciones procesales cumplidas, a fin de determinar si estas han sido realizadas de conformidad con la norma constitucional. </li></ul><ul><li>Ha de conocer de igual modo en qué momento ha sido legado a la legislación ordinaria la regulación de una u otra actividad procesal y hasta dónde la ley nacida al respecto cumple con las necesidades establecidas por la Constitución. </li></ul>
Competencia Inconstitucionalidad por la Vía Difusa <ul><li>Al momento de determinar el órgano jurisdiccional al cual ha de ser dirigida una acción en inconstitucionalidad, hemos de tomar en cuenta la jurisdicción apoderada de lo principal, y es ante ese juez o tribunal que debemos presentar la acción. </li></ul><ul><li>Un aspecto importante a destacar es que conforme a las reglas generales del agravio, este ha de ser denunciado una vez conocido, por lo que poco importa la etapa procesal en la que nos encontremos, la existencia de una causa de nulidad absoluta, que deviene de una trasgresión a la norma constitucional y afecta el desenvolvimiento mismo del proceso, debe ser reclamada de manera inmediata. </li></ul>
Objeto de la Acción de Inconstitucionalidad por la Vía Difusa <ul><li>Las leyes en sentido general. </li></ul><ul><li>Los decretos emitidos. </li></ul><ul><li>Las resoluciones dadas. </li></ul><ul><li>Los reglamentos. </li></ul><ul><li>Cualquier acto que sea contrario a la Constitución. </li></ul>
Consecuencias del Pronunciamiento de la Inconstitucionalidad <ul><li>Tal cual establece el legislador en el artículo 46 antes citado, la sanción fijada para el irrespeto de las normas contenidas en la constitución es la nulidad absoluta del acto, ley, resolución, reglamento… y todo lo que fuere su consecuencia; así pues, la declaración de nulidad de un proceso, por violación a un derecho fundamental o irrespeto a las normas procesales, implicaría incluso la anulación de decisiones condenatorias, a favor de nuestro representado. </li></ul><ul><li>Es por ello que encontramos disposiciones legales como la contenida en el artículo 322 literal b de la Ley 136-03, conforme a la cual, la declaratoria de inconstitucionalidad contra una ley podría conllevar la posibilidad de proceder a la revisión de la decisión tomada contra un adolescente, cambiando en consecuencia su suerte jurídica con posterioridad a la reevaluación de su caso, a la luz de la inconstitucionalidad proclamada. </li></ul>
<ul><li>Gracias.- </li></ul>
21-26. Derecho Constitucional. Recurso de Protección y Recurso de Amparo
ENJ-100 Los Recursos contra la Decisión de Amparo
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mercantilizacion de la educación en chile
20060309 sentencia cuentas
faustomartinez89
Oscar diaz precedentes_vinculantes