Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-2548-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_eb314988692f013ee0430a010151013e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-18 17:35:21
Document Index: 215129426

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 40', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 9']

RESOLUCIÓN 2548 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. FIJA EL VALOR DE LAS PÓLIZAS DE SERIEDAD DE LA CANDIDATURA QUE DEBEN OTORGAR LOS GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE INSCRIBAN CANDIDATOS A GOBERNACIONES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y ALCALDÍAS, CONCEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES Y A JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES, PARA LAS ELECCIONES A REALIZARSE EN EL AÑO 2013.
RESOLUCIÓN 2548 DE 2013
“Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, para las elecciones que se lleven a cabo en el año 2013”.
1. Que conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Política, los ciudadanos colombianos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y para hacer efectivo ese derecho, pueden tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, y las autoridades tienen la función de garantizar la actuación del pueblo como ejecutor del poder supremo en ejercicio de su soberanía, de tal manera que el concurso ciudadano es un derecho político de estirpe constitucional.
2. Que conforme al artículo 108 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos.
3. Que en desarrollo del artículo 108 superior, la Ley 130 de 1994 en su artículo 9º estableció que las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos y que en todo caso, no se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.
4. Que así mismo, la disposición en cita estableció que los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción, una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento (1%) del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Garantía que se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña.
5. Que en la Sentencia C-089 de 1994, la Corte Constitucional al efectuar el control previo de constitucionalidad de la hoy Ley 130 de 1994, determinó que “[D]e conformidad con la Constitución el derecho a elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones, no se limita de ninguna manera a los partidos y movimientos. Tanto en forma individual, como a través de movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, se podrá lograr la inscripción de una candidatura para un cuerpo de elección popular. Dado que en estos casos no media el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica, evento en el cual no se exige requisito adicional alguno —la ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos”—, la misma Constitución ha consagrado, en esta materia, un régimen diferencial, de modo que no se puede aducir quebranto alguno del principio de igualdad, salvo que las condiciones que se impongan sean irrazonables y obstaculicen de manera inconveniente el libre ejercicio de los derechos políticos”.
6. Que con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, el Consejo Nacional Electoral ha venido expidiendo los actos administrativos tendientes a fijar los valores de las pólizas de seriedad de que trata la disposición jurídica citada, teniendo como referente lo dispuesto en este marco legal que estipula que la cuantía que se fije para estos efectos no podrá exceder el equivalente al uno por ciento (1%) del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente.
7. Que conforme a la información suministrada por el director financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el rubro de financiación de partidos para la vigencia fiscal de 2013 corresponde a la suma de cuarenta y dos mil trescientos setenta y cinco millones de pesos moneda legal ($ 42.375.000.000), de los cuales el uno por ciento (1%) equivale a la suma de cuatrocientos veintitrés millones setecientos cincuenta mil pesos moneda legal ($ 423.750.000), es decir, a setecientos diecinueve (719) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8. Que el Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, dirigido por su asesora, doctora María Luisa Prado Mosquera, realizó un estudio técnico con el fin de analizar el comportamiento de las inscripciones de candidatos a cargos de elección popular en elecciones territoriales, así como de las listas a asambleas departamentales, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, entre los años 2003 a 2011, del que se resalta:
“Con miras a establecer el comportamiento en términos de participación político electoral de los grupos significativos de ciudadanos, y si esta se ha visto afectada por la cuantía de las pólizas de seriedad de candidaturas fijadas por el Consejo Nacional Electoral, se realizó un análisis comparativo de las elecciones ordinarias realizadas en los años 2003, 2007 y 2011 para corporaciones y cargos de elección popular, teniendo en cuenta: cargo o corporación pública de elección popular, total de candidatos o listas inscritas, número de candidatos o listas inscritas por partidos o movimientos políticos y por grupos significativos de ciudadanos, número de candidatos o listas inscritas que pasaron el umbral en relación con grupos significativos de ciudadanos, resoluciones del CNE que fijan valor de pólizas de seriedad de candidaturas.
Efectuado el análisis correspondiente, podemos presentar el siguiente escenario en términos de participación de partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones a cargos y corporaciones públicas de elección popular:
Para la elección de gobernadores, en el año 2003, el 97.71% correspondió a candidatos inscritos por partidos políticos y 2.29% por grupos significativos de ciudadanos; para el año 2007, se evidencia un incremento en términos de participación de los candidatos inscritos por los grupos significativos de ciudadanos en relación con la elección anterior, pues el porcentaje correspondió a un 5.96%, contrario sensu, y si bien el número de candidatos inscritos por partidos políticos aumentó, el porcentaje de participación correspondió al 94.04% del total de inscritos, registrándose un descenso en términos porcentuales en relación con la elección del año 2003; para el año 2011, si bien el número total de candidatos inscritos registró un descenso, nuevamente se registra un aumento en la participación de los grupos significativos de ciudadanos que alcanzan el 8.46%, en tanto que la participación de los partidos políticos se reduce porcentualmente al 91.54% respecto de la elección del 2007.
Para la elección de diputados a las asambleas departamentales, en el año 2003, de la totalidad de listas inscritas, un 0.26% correspondió a grupos significativos de ciudadanos y un 99.74% para partidos políticos; para el año 2007, si bien el número total de listas inscritas se reduce, se registra un leve aumento en la participación de los grupos significativos de ciudadanos, pues del total de listas inscritas el 0.71% corresponden a listas avaladas dichas organizaciones sociales, al tiempo que un 99.29% corresponden a las de los partidos y movimientos políticos; para el año 2011, no obstante aumenta el número de listas inscritas respecto de la elección del año 2007 se evidencia un leve descenso en relación con los grupos significativos de ciudadanos que registran un porcentaje de participación equivalente al 0.35%, en tanto que los partidos políticos representan un 99.65% del total de las listas inscritas.
Para elección de alcaldes, para el año 2003, de la totalidad de candidatos inscritos en el país, un 0.46% correspondió a los grupos significativos de ciudadanos y un 99.54% para los partidos políticos; en el año 2007, la cifra sufre un notable incremento al llegar a un 4.12% para los grupos significativos de ciudadanos y baja para los partidos políticos a un 95.88%, no obstante aumentó tanto el total de candidatos inscritos como el total de inscritos por partidos y movimientos políticos; luego para el año 2011, hay una muy ligera variación, los grupos significativos de ciudadanos avalan un 3.52% mientras los partidos políticos, un 96.48%, no obstante disminuye el total de candidatos inscritos tanto por parte de grupos significativos de ciudadanos como parte de partidos y movimientos políticos, respecto de la elección del año 2007.
Para concejos municipales, en el año 2003, del total de listas inscritas, en un 0.20% correspondieron a los grupos significativos de ciudadanos y un 99.80% para los partidos políticos; para el año 2007, la cifra se creció ostensiblemente para los grupos significativos de ciudadanos al llegar a un 2% y bajó para los partidos políticos a un 98 % no obstante tanto el total de listas inscritas en el territorio nacional como el número de listas inscritas por partidos políticos aumentó en relación con la elección del año 2003, para el año 2011, se registra una disminución en la participación de los grupos significativos de ciudadanos que alcanzan el 0.87%, en tanto que la participación de los partidos políticos registra un leve aumento al 99.13%, sin embargo tanto el total de listas inscritas en el territorio nacional como el número de listas inscritas por partidos políticos aumentó en relación con la elección del año 2007.
Para las elecciones de juntas administradoras locales, en el año 2003, del total de listas inscritas, en un 1.07% correspondieron a los grupos significativos de ciudadanos y un 98.93% para los partidos políticos; para el año 2007, la cifra creció ostensiblemente para los grupos significativos de ciudadanos al llegar a un 2.61% y bajó para los partidos políticos a un 97.39% no obstante tanto el total de listas inscrita en el territorio nacional como el número de listas inscritas por partidos políticos aumentó en relación con la elección del año 2003, para el año 2011, se registra un considerable aumento en la participación de los grupos significativos de ciudadanos que alcanzan el 6.75%, en tanto que la participación de los partidos políticos registra un descenso al 93.25%.
Es de cardinal importancia resaltar que durante los años 2003, 2007 y 2011 los criterios poblacionales (número de habitantes) tenidos en cuenta para fijar el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscribieron candidatos a cargos y corporaciones de elección popular no han sido los mismos, así como tampoco se ha mantenido constante el valor de dichas pólizas expresado en salarios mínimos legales mensuales, de hecho en el 2007 se registró un aumento respecto del 2003 para ciertos departamentos y municipios dependiendo del rango poblacional y en el año 2011 se registró un aumento considerable de su valor con relación a las anualidades anteriores, para todos los departamentos y municipios, en todos los rangos de población.
No obstante lo anterior, se puede razonadamente arribar a la conclusión de que la participación de los grupos significativos de ciudadanos no se ha visto significantemente afectada, en peor, por el aumento progresivo del valor de las pólizas de seriedad de candidaturas.
En efecto la participación de los grupos significativos de ciudadanos en las elecciones del año 2007 se incrementó significativamente respecto del año 2003, tendencia marcada en todos los cargos y corporaciones de elección popular, pese al aumento de las pólizas de seriedad de las candidaturas:
Año Gobernación Asamblea Alcaldía Consejo Jal
2003 2,29% 0,26% 0,46% 0,20% 1,07%
2007 5,96% 0,71% 4,12% 2,00% 2,61%
Si realizamos en el mismo análisis entre las elecciones del año 2011 y las del año 2007, observamos que en términos generales la participación de los grupos significativos de ciudadanos se mantuvo estable, tuvo leves descensos en asambleas, alcaldías y concejos y un considerable aumento en gobernaciones, pese al incremento del valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas. Veamos:
2011 8,46% 0,35% 3,52% 0,87% 6,75%
Ahora bien, si comparamos las elecciones de 2003 con las de 2011, la dinámica de participación de los grupos significativos de ciudadanos, evidentemente tuvo un aumento considerable en todos los cargos y corporaciones de elección popular, no obstante el notable incremento de las pólizas de seriedad de las candidaturas en el año 2011:
Considera este despacho que se debe señalar un aspecto adicional: a voces del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, la razón de ser de la exigencia de la póliza es garantizar la seriedad de la candidatura, aspecto este que puede verse reflejado en el hecho de que en todas las contiendas electorales analizadas más del 90% de los candidatos o listas inscritas por los grupos significativos de ciudadanos a cargos y corporaciones de elección popular pasaron el umbral. Llama la atención, en este tópico que el mayor porcentaje de candidatos que no pasaron el umbral —gobernación, asamblea, alcaldía y concejo— se registró en el año 2003, vigencia fiscal en la que el valor de la póliza de seriedad de la candidatura expresado en salarios mínimos era el menor, con relación a las demás.
Candidatos o listas de GSC que no pasaron el umbral
Año Gobernación Asamblea Alcaldía Consejo
2003 0% 100% 22,22% 35,71%
2007 0% 0% 5,24% 0, %
2011 0% 0% 5,77% 1,47%
En este orden lógico de ideas, y a manera de conclusión el estudio realizado demuestra que las condiciones fijadas por el Consejo Nacional Electoral en materia de pólizas de seriedad de candidaturas durante los años 2003, 2007 y 2011 ha han obstaculizado de manera inconveniente el libre ejercicio de los derechos políticos de los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, pues la dinámica en términos generales apunta a establecer una creciente participación de estos en los comicios electorales, en ejercicio del derecho constitucional fundamental a elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40 superior.
El Consejo Nacional Electoral tiene la competencia legal para fijar la cuantía de las pólizas de seriedad de las candidaturas para los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales sin exceder el equivalente al 1% del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente —artículo 9º y 39 de la Ley 130 de 1994—, por ello, en criterio de la suscrita y su equipo de trabajo, es proporcionado y razonable proceder a su ajuste teniendo en cuenta los valores históricos y el aumento de la participación política de los grupos significativos de ciudadanos, sin perder de vista que el sentido finalísimo de la norma es garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos avalados por grupos significativos de ciudadanos”.
9. Que la corporación, para fijar el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, para las elecciones que se lleven a cabo en el año 2013 tendrá en cuenta:
a) El análisis técnico efectuado por la asesora responsable del Fondo Nacional de Financiación Política, citado anteriormente, en el que se concluye que se hace necesario incrementar el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, para las elecciones que se lleven a cabo en el año 2013.
b) La posición fijada por la Corte Constitucional en su sentencia de control previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que pasó a ser la Ley 130 de 1994. Sostuvo la Corte en su Sentencia C-089 de 1994:
“... De conformidad con la Constitución el derecho a elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones, no se limita de ninguna manera a los partidos y movimientos. Tanto en forma individual (C.P. art. 40), como a través de movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos (C.P. art. 108), se podrá lograr la inscripción de una candidatura para un cuerpo de elección popular. Dado que en estos casos no media el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica, evento en el cual no se exige requisito adicional alguno —“la ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos”—, la misma Constitución ha consagrado, en esta materia, un régimen diferencial, de modo que no se puede aducir quebranto alguno del principio de igualdad, salvo que las condiciones que se impongan sean irrazonables y obstaculicen de manera inconveniente el libre ejercicio de los derechos políticos.
Los requisitos que ha establecido el proyecto, a juicio de la Corte, no exceden el margen de lo razonable que, ciertamente, tratándose del ejercicio de derechos políticos debe situarse siempre en los mínimos históricamente sostenibles en un momento dado. La garantía de seriedad de los objetivos y de presencia política que pretende satisfacerse —indispensable si se repara en los costos exagerados en que debería incurrir la organización electoral para soportar un ejercicio abusivo del derecho de postulación, aparte de que una desmedida profusión de nombres puede distorsionar gravemente el mismo sistema democrático—, no puede, como mera exigencia organizativa extremarse hasta un grado tal que impida el ejercicio de los derechos políticos. Por este aspecto, el proyecto se mantiene, como se ha dicho, dentro de lo que la experiencia electoral colombiana, puede considerar un mínimo razonable” (destacado fuera del texto original).
c) El pronunciamiento de la Corte Constitucional al efectuar el control previo de constitucionalidad del proyecto de ley que hoy es la Ley Estatutaria 1475 de 2011 específicamente en relación con su artículo 28(1). Señala la Corte al declarar el artículo condicionalmente exequible, en Sentencia C-490 de 2011:
“... De manera que la propia Constitución demarcó un régimen diferencial para el ejercicio del derecho de postulación por parte de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, frente a otras agrupaciones como los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadano. Los primeros pueden presentar sus candidatos contando con el aval del representante legal de la agrupación o su delegado, en tanto que en relación con los movimientos sociales o los grupos significativos de ciudadanos, la ley puede establecer requisitos orientados a garantizar la seriedad de las inscripciones, siempre y cuando se trate de exigencias que sean “razonables, de acuerdo a los mínimos históricamente sostenibles en un momento dado, y que no obstaculicen el libre ejercicio de los derechos políticos”(2), de tal manera que no vulneren el principio de igualdad.
(...) encuentra la Corte que los requisitos establecidos por la norma para la inscripción de candidatos y listas respaldados por un grupo significativo de ciudadanos que no cuenten con personería jurídica, no se aprecian como desproporcionados o irrazonables, comoquiera que están orientados a cumplir dos propósitos plausibles: de un lado, a revestir de seriedad la inscripción de listas y candidatos apoyados por estos grupos, de manera que se genere confianza a los electores; y de otro, a reemplazar el aval y el presupuesto de representatividad establecido como requisito para los partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica y por ende con representante legal.
Estos requisitos adicionales, establecidos por el legislador estatutario para el proceso de inscripción de candidatos por parte de grupos significativos de ciudadanos que no cuentan con personería jurídica reconocida, cumplen finalidades legítimas en el marco del derecho a la participación política, como es la de rodear de seriedad y transparencia la postulación, propiciar decisiones informadas en el elector, sin que de otra parte constituyan exigencias excesivas o desproporcionadas que obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos. En consecuencia, el procedimiento establecido para la inscripción de candidatos por parte de grupos de ciudadanos significativos, será declarado exequible” (destacado fuera de texto).
10. Que con el fin de dar cumplimiento al sentido y alcance del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, que no es distinto a establecer un requisito que garantice la seriedad de las inscripciones de candidatos, esta corporación fijará el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, para las elecciones que se lleven a cabo en el 2013, atendiendo el análisis efectuado por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral y las estadísticas relacionadas en los acápites anteriores, sin que en todo caso los valores fijados excedan el máximo establecido en el artículo noveno de la Ley 130 de 1994, es decir, sin que exceda el equivalente al uno por ciento (1%) del fondo constituido para financiar a los partidos y movimientos en el presente año, razón por la cual no se obstaculizará el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colombianos, toda vez que la Corte Constitucional en su Sentencia C-489 de 1994, dispuso que el valor de la póliza fijado por la Ley en el 1% citado, no excede el margen de lo razonable, en cambio, “sí resulta indispensable, si se repara en los costos exagerados en que incurre la organización electoral para soportar un ejercicio abusivo del derecho de postulación, aparte de que una desmedida profusión de nombres puede distorsionar gravemente el mismo sistema democrático”.
11. Que teniendo en cuenta las premisas anteriores se procederá a promediar los valores históricos fijados por esta corporación durante los años 2003, 2007 y 2011, para cada rango poblacional a efecto del ajuste que mediante el presente acto administrativo se dispone.
ART. 1º—Fijar los valores de las pólizas de seriedad que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, para la inscripción de candidatos a gobernaciones y asambleas departamentales en las elecciones que se celebren en 2013, así:
a) En departamentos con población superior a dos millones (2.000.000) de habitantes, el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b) En departamentos con población entre setecientos mil uno (700.001) y dos millones (2.000.000) de habitantes, el equivalente a doscientos setenta y cinco (275) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) En departamentos con población entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes, el equivalente a doscientos diecisiete (217) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
d) En departamentos con población entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes, el equivalente a ciento noventa y seis (196) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 2º—Fijar los valores de las pólizas de seriedad que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidatos a alcaldías, concejos municipales y distritales en las elecciones que se celebren en el año 2013, así:
a) En Bogotá, D.C., por el equivalente en dinero a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b) En municipios y/o distritos con población superior o igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes, el equivalente a doscientos treinta y tres (233) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) En municipios y/o distritos con población entre cien mil uno (100.001) habitantes y quinientos mil (500.000) habitantes, el equivalente a ciento cuarenta y dos (142) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
d) En municipios con población entre cincuenta mil uno (50.001) habitantes y cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a ochenta y ocho (88) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
e) En municipios con población entre treinta mil uno (30.001) habitantes y cincuenta mil (50.000) habitantes, el equivalente a sesenta y tres (63) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
f) En municipios con población entre veinte mil uno (20.001) habitantes y treinta mil (30.000) habitantes, el equivalente a cuarenta y un (41) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
g) En municipios con población entre diez mil uno (10.001) habitantes y veinte mil (20.000) habitantes, el equivalente a treinta y tres (33) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
h) En municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, el equivalente a veintiocho (28) salarios mínimo legales mensuales vigentes.
ART. 3º—Fijar los valores de las pólizas de seriedad que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidatos a juntas administradoras locales en las elecciones que se celebren en el año 2013, así:
a) En Bogotá, D.C., por el equivalente en dinero a cuarenta y dos (42) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b) En municipios y/o distritos con población superior o igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
c) En municipios y/o distritos con población entre cien mil uno (100.001) habitantes y quinientos mil (500.000) habitantes, el equivalente a treinta y nueve (39) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
d) En municipios con población entre cincuenta mil un (50.001) habitantes y cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a treinta y siete (37) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
e) En municipios con población entre treinta mil uno (30.001) habitantes y cincuenta mil (50.000) habitantes, el equivalente a treinta y seis (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
f) En municipios con población entre veinte mil uno (20.001) habitantes y treinta mil (30.000) habitantes, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
g) En municipios con población entre diez mil uno (10.001) habitantes y veinte mil (20.000) habitantes, el equivalente a treinta y cuatro (34) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
h) En municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, el equivalente a treinta y cuatro (34) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 4º—Las pólizas de que tratan los artículos anteriores deberán tener vigencia de hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de la inscripción de los candidatos en el respectivo proceso electoral. Las pólizas de garantías de seriedad de la inscripción se harán efectivas en los casos previstos en la Ley 130 de 1994.
ART. 5º—Comuníquese el presente acto administrativo por intermedio de la subsecretaría de la corporación al Registrador Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales de Bogotá, a los delegados departamentales y a los registradores especiales y municipales.
(1) 1. “ART. 28.—Inscripción de candidatos.
(...) los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo”.
(2) Corte Constitucional - Sentencia C-089 de 1994.