Source: https://www.scribd.com/document/356479729/008-2005-PI-TC
Timestamp: 2018-10-21 10:20:28
Document Index: 297029541

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008-2005-PI TC
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LA EVALUACIÓN DOCENTE- un abuso laboral
Agente Comercial.v.2.1
Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos (demandantes) c. Congreso de la
José Gorriti y más de cinco mil ciudadano contra la Ley N.°
En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2005, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo,
Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por don Juan José Gorriti y más
de cinco mil ciudadanos, con firmas debidamente comprobadas por el Jurado
Nacional de Elecciones, contra diversos artículos de la Ley N.° 28175,
publicada el 19 de febrero de 2004 en el Diario Oficial El Peruano y vigente
desde el 1 de enero de 2005.
Norma sometida a control : Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo
Petitorio : Se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.°
8. Principios de Derecho Laboral.- (...) En la colisión entre principios laborales que protegen
intereses individuales y los que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de
consenso y equilibrio.
10. Principio de provisión presupuestaria.- Todo acto relativo al empleo público que tenga
incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado.
El empleado público, sin excluir otros que le otorgan la Constitución y las leyes, tiene derecho
d) Percibir en contraprestación de sus servicios sólo lo determinado en el contrato de trabajo y
las fuentes normativas del empleo público; (...)
Con fecha 3 de marzo de 2005, los demandantes interponen acción de
inconstitucionalidad, contra la Ley N.° 28175, por considerar que vulnera los
artículos 26º, 28º y 40º de la Constitución.
a) Que el artículo 15° de la Ley Marco del Empleo Público omite incluir el
derecho de los servidores públicos a la carrera administrativa que la
Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 40°. Estiman que
por efecto de ello se eliminan una serie de principios laborales que la
Constitución ampara y que son recogidos en el Decreto Legislativo N.°
276, tales como el de estabilidad, de garantía del nivel establecido, de
retribución justa y equitativa y su regulación por un sistema único y
b) Que se vulnera el derecho de sindicación garantizado en la Constitución,
toda vez que la Ley N.° 28175 no hace ninguna referencia a éste,
propiciándose de este modo una discriminación para los trabajadores
públicos, ya que este derecho sí es reconocido para los trabajadores de la
vulnera el principio constitucional del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. viola el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. c) Que la Ley N.° de la Ley N. del artículo IV del Título Preliminar del la Ley N. actividad privada. vulnerándose con ello el derecho a la carrera administrativa. y no un contrato de trabajo. propia de los trabajadores privados. al consagrar el mutuo disenso como causal de terminación del empleo público.° 28175.° 28175 viola el derecho a la huelga porque el artículo 15° de dicha ley también lo omite. f) Que el numeral 8. 2. d) Que el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. al establecer que en la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio. conforme al principio de legalidad. puesto que la normatividad presupuestal no contempla la participación de los trabajadores sindicalizados y. . ya que el acceso a ella se hace por concurso y al trabajador se le otorga un nombramiento. relativo a los principios de derecho laboral.° 28175 vulnera el derecho a la negociación colectiva.° 28175. Consideran que no basta que el artículo en mención enuncie que la enumeración de derechos que hace se efectúa sin exclusión de otros que la Constitución y las leyes otorgan. por establecer que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe encontrarse debidamente autorizado y presupuestado. g) Que el inciso c) del artículo 22. no está prevista la solución de pliegos de reclamos. Manifiestan que esta disposición en la práctica hace imposible la realización de las convenciones colectivas en el sector público vulnerando de este modo la libertad sindical. consagrado en el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la referida ley. Añaden que esta situación puede abrir paso a la disolución de los sindicatos de las entidades del Sector Publico. para los empleados públicos. su reconocimiento debe ser expreso. ya que. por tanto. e) Que el inciso d) del artículo 16 de la ley impugnada introduce la figura del contrato de trabajo. consagrado en el numeral 2 del artículo 26° de la Constitución. Contestación de la demanda.
Añade que gran parte de la Administración Pública está dedicada a la prestación de los servicios públicos que requieren continuidad. g) Que la incorporación del mutuo disenso como causal de extinción del empleo público a que se refiere el artículo 22. c) Que el hecho de que la Ley Marco del Empleo Público no declare los derechos de sindicación y huelga no quiere decir que los desconozca. estabilidad y forman parte de los intereses generales que deben sobreponerse o primar sobre intereses individuales o colectivos. porque dicha ley se refiere a los derechos del empleado público con carácter general y no a los derechos de los servidores públicos en particular. como el Convenio 151 de la OIT. Sustenta su pretensión en los siguientes argumentos: a) Que la Ley Marco del Empleo Público no estipula normas relativas a los derechos particulares de los servidores públicos. puesto que este deriva del principio constitucional de legalidad presupuestaria y porque con ella lo único que se pretende es que los gastos relativos al empleo público deben estar autorizados y presupuestados. Del mismo modo. sino que establece una regulación general referida al personal del empleo público que presta servicios al Estado y enuncia normas específicas para la regulación de los derechos y deberes de los servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa y los que corresponden a los funcionarios públicos y empleados de confianza. que son los comprendidos en la carrera administrativa conforme al precepto constitucional anteriormente referido de la Constitución.° de la Ley impugnada no es aplicable a los . no viola la libertad sindical ni el derecho a la sindicación.° 28175 viola el artículo 40° de la Constitución relativa a la carrera administrativa. Añade que la Ley del Empleo Público no viola ningún principio de legalidad ni la Constitución porque se deja claro que el carácter enunciativo de los derechos comprendidos en el artículo 15. sino al tema de los límites de los derechos fundamentales. d) Que la previsión presupuestal consagrada en el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. funcionarios públicos o empleados de confianza. b) Que los demandantes incurren en un error al considerar que el artículo 15° de la Ley N.° 27556. precisa que en la expresión “leyes” también se incluye a los tratados. que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. f) Que el numeral 8 del artículo IV del Título Preliminar de la ley cuestionada. e) Que el inciso d) del artículo 16° de la ley impugnada.El Apoderado del Congreso de la República contesta la demanda solicitando que se la declare infundada. los Convenios Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y la Ley N. referido al contrato de trabajo para los empleados públicos.° 28175. solo es de aplicación a los empleados públicos sujetos a modalidad de empleo temporal y a los cargos de confianza. ya que están reconocidos por la Constitución. alegando que no contraviene la Constitución por el fondo ni por la forma. manifiesta que dicha norma no se refiere al principio in dubio pro operario.° no desconoce los derechos que la propia Constitución y otras leyes reconocen a los empleados.
c.) La huelga. sino a los funcionarios sujetos a contrato temporal o a los empleados de confianza. c.° 26889.4.3. c.4. d.4.3. c.1.° 28175. c.2) La Ley y su denominación en el marco de la Constitución y la Ley N.) Algunos consideraciones liminares sobre de la noción trabajo.) La titularidad del derecho de huelga. c.) Titulares de la función pública.2.3.) El caso del convenio colectivo articulado (rama de actividad).4.) Los principios laborales constitucionales. V.4.1. c.) Los alcances de la libertad sindical.4.4.° 28175 no está vigente porque no se han aprobado hasta la fecha los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo que la desarrollan y otorgarían contenido al nuevo régimen de carrera que se propone.) La irrenunciabilidad de derechos.1) El artículo 109.4.) La intervención de terceros en la solución de los conflictos laborales.1) La carrera administrativa como bien jurídico constitucional. c. h) Que la Ley N.° de la Constitución y la vigencia de la Ley N. c. c.) Las características del convenio colectivo. b. c.2.4. c.1.4.2. c.4. c.) Indubio pro operario. huelga y negociación colectiva de los servidores públicos conforme a la Constitución.) La Constitución y los sindicatos.) Estado y trabajo.4. c.4.3. d) Evaluación de la constitucionalidad de los artículos impugnados.) El carácter y alcance del convenio colectivo. a.) El convenio colectivo.5.4. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES a) Consideraciones sobre la vigencia y la denominación de la ley impugnada.4. c.2) Finalidad esencial de la función pública al servicio de la Nación conforme a la Constitución y confianza de los ciudadanos.) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. b.3.) Los elementos del convenio colectivo.6. c.3.) Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga.1. b) La función pública conforme a la Constitución.4.5. c.) Los derechos colectivos de los trabajadores según la Constitución.4. servidores públicos sujetos al régimen de carrera administrativa.1.6. c) Régimen Constitucional del Trabajo.2) Derechos de sindicación.) La libertad sindical.6. c.4.2.4. d.4.) La igualdad de oportunidades.3.) Tipología del convenio colectivo.1.4. c.2.3. . c. a.4.
mediante su segunda disposición transitoria se estableció que el Poder Ejecutivo. la subsistencia de diferentes regímenes legales de contratación del empleado público ha generado la cantidad de 60. La materia regulada por la ley se refiere al empleo público. d. este Tribunal comprueba la inequidad existente en las remuneraciones de los servidores del Estado en sus diversas jerarquías y de instituciones públicas frente a otras. una dispersión de conceptos remunerados y no remunerados. ni CTS. sin seguridad social. 2. en el Compromiso Político. Afirma que si bien la primera disposición transitoria. Social y Económico de Corto Plazo del Acuerdo Nacional del 19 de abril de 2004. situación que no puede ser tolerable en un Estado Democrático y Social de Derecho. se dispone en el numeral 114 plantear un nuevo sistema de remuneraciones en el sector público. procederemos a evaluar la constitucionalidad de las normas cuestionadas. constató que existe un verdadero caos en la Administración Pública.° de la Constitución y la vigencia de la Ley N. complementaria y final de la ley dispuso que ésta entraría en vigencia el 1 de enero de 2005.° 28175. ni vacaciones. reflejado en la existencia de múltiples organismos y sistemas de pagos al personal. en el plazo de 120 días. VI. que se debe establecer un sistema adecuado de la carrera pública y realizar un censo integral de todos los funcionarios que reciben pago por parte del Estado. Asimismo. equidad y modernización del empleo público. el Tribunal Constitucional reconoce que le corresponde al Congreso de la República la tarea de revertir la situación descrita con carácter prioritario y urgente. contados a partir de la . la síntesis del Acuerdo Nacional de fecha 19 de abril de 2004. a fin de iniciar la uniformidad.° 28175 3.1) El artículo 109. Establecidas estas premisas. Del mismo modo.000 trabajadores públicos administrativos que se desempeñan en la modalidad de servicios no personales. (Véase Verdades y Mitos. a) Consideraciones sobre la vigencia y la denominación de la ley impugnada a. Respecto al empleo público en el Perú. con contratos que vencen cada dos o tres meses.3) Cuestiones relativas a la relación laboral de los empleados públicos en el marco de la Constitución. y una gran variedad de montos. Asimismo.° 004-2001-TR) presentado el 15 de julio de 2001. En tal sentido. Por las consideraciones precedentes. el Informe Final de la Comisión Multisectorial Encargada de Estudiar la Situación del Personal de la Administración Pública Central (creada por Decreto Supremo N. no estaría vigente. 10 de mayo de 2005). FUNDAMENTOS 1. publicada el 19 de febrero de 2004. El Peruano. de la revisión de los cuadros estadísticos del mismo informe. expresa en su punto 17 como una de las medidas de corto plazo a implementarse hasta el año 2006. sin lo cual no puede haber un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. El Apoderado del Congreso de la República alega que la Ley N. elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado. La Reforma del Empleo Público. Encarte de Derecho.
º 28562.° 28175.01.Ley Marco del Empleo Público”. Ley del sistema de remuneraciones de empleo público. El Tribunal Constitucional no comparte la tesis del Apoderado del Congreso. y no estando aprobadas las leyes que la desarrollan. . resultaría lógico afirmar “(.º 006-2005-EF/76. y la prescripción de que la segunda y cuarta disposiciones transitorias entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de la Ley. que entraría en vigencia a los treinta (30) días de la publicación de dicha Ley.º 28175 . Ley de incompatibilidades y responsabilidades. Consecuentemente y efectuando una interpretación sistemática de ambas disposiciones. la Directiva N. aplicando el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N... al no haberse dado este supuesto. establece en su artículo 40°. complementaria y final de la Ley N. Ley que autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año . éstas entraron en vigencia el 1 de enero de 2005.° 28175 y postergar su vigencia al año 2005. . publicación de la ley. Ley de gestión del empleo público. . 19 de febrero de 2004.) que la intención del legislador al promulgar la Ley Marco del Empleo Público. Del mismo modo. Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. no podrán percibir dietas en más de una (1) entidad. El artículo 109° de la Constitución dispone que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. remitiría al Congreso de la República las propuestas legislativas sobre: . 5. 4. en concordancia con el artículo 3 de la Ley N. estas últimas disposiciones de la Ley entraron en vigencia antes del 1 de enero de 2005. . En efecto. Con relación a las demás disposiciones de la Ley N. con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3°. del 3 de febrero de 2005. Ley de la carrera del servidor público. le otorgaba un plazo prudencial al Congreso de la República para la aprobación de las cinco normas que la desarrollan y así permitir la entrada en vigencia de la Ley Marco en forma integral con los proyectos que la desarrollan. fecha a partir de la cual empezó a ser aplicada por diversas entidades del Estado. La primera disposición transitoria. Ley N. que “Las personas al servicio del Estado y que en representación del mismo formen parte de Directorios. de Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005.° 28175. Como puede observarse. referido a la percepción de dietas.° 28175 estableció que ella entraba en vigencia el 1 de enero de 2005. no es posible dar cumplimiento a lo dispuesto en su primera disposición complementaria”. la quinta disposición transitoria de la Ley N. salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
y no todas. el artículo 51° de la Constitución consagra el principio de jerarquía normativa y supremacía normativa de la Constitución. y que en el caso de algunas disposiciones específicas. normas regionales de carácter general y ordenanzas. en nuestro ordenamiento jurídico. Sin ánimo exhaustivo. reglamentos del Congreso. Consecuentemente. entre otras. este Tribunal Constitucional considera pertinente precisar que la Ley N. Del mismo modo. decretos de urgencia. cuestión distinta a la vigencia de la ley. tiene un procedimiento especial de votación y .2) La ley y su denominación en el marco de la Constitución y la Ley N. Al respecto.° 28175. Como puede apreciarse. y dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía. el primer rango normativo corresponde a la Constitución y el segundo a la ley y a las normas con rango de ley. la adecuación de los regímenes existentes en la administración pública. 6. requieren que previamente entren en vigencia las cinco leyes complementarias a que se refiere la segunda disposición transitoria.° de la Ley N. tienen rango de ley: las leyes. a. decretos legislativos. para ser aplicadas en su integridad. requieren de leyes complementarias. varían en su denominación.. la clasificación del empleo público en nuevos grupos ocupacionales. Ley Marco del Empleo Público. conforme a la Constitución. configurándose en este segundo nivel una diversidad de fuentes normativas del mismo rango pero que. exceptuó a determinadas entidades del Estado por cinco días calendario de lo dispuesto en el artículo 5. Otro aspecto que debe tratarse es el de la denominación de la ley cuestionada. publicada el 30 de junio de 2005. cabe señalar que dicho comunicado corresponde a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y en él se consigna que “Las normas contenidas en la LMEP referidas a la instalación del Consejo Superior del Empleo Público – COSEP. tratados. el inciso 4° del artículo 200° de la Constitución establece las normas que. que la ley marco del empleo público requiere para su aplicación que previamente entren en vigencia sus leyes complementarias”. en el sistema de fuentes normativas diseñado por ella. conforme al artículo 106° de la Constitución. publicado el 17 de enero de 2005 en el Diario Oficial El Peruano. dicho comunicado no afirma que la ley no esté vigente sino que se refiere a que específicas disposiciones de la ley. y así sucesivamente.° 26889 8. Al respecto. para comenzar su aplicación.° de la Constitución. El Apoderado del Congreso también sostiene que: “(. conforme al artículo 109. Por tanto..) el Poder Ejecutivo a manifestado públicamente a través de un comunicado difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros. Fiscal 2005. 7. requieren de otras leyes. producción normativa y en la materia que regulan. para ser aplicadas e implementadas. de las normas precitadas se colige que. complementaria y final”.° 28175 está vigente desde el 1 de enero de 2005. tal es el caso de la Ley Orgánica que.
° 26285. Atribución que descansa en los principios de soberanía política. del Reglamento del Congreso . que establece que el Poder emana del pueblo. y en el principio representativo reconocido en el artículo 43° de la Constitución. mutatis mutandis. goza de la autonomía inherente. su expedición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del artículo 102° de la Constitución. regula determinadas materias. cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al legislador.° de la Constitución). 10. así como las leyes ordinarias como las que demandan los artículos 7° y 27° de la Constitución. debe incluirse a las denominadas leyes orgánicas sujetas a los requisitos materiales y formales establecidos por el artículo 106° de la Constitución. al detentar la competencia exclusiva en la producción de la fuente normativa de ley. en sentido material. en tanto que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. Y en segundo lugar. Basándose en las consideraciones precedentes. por poner dos ejemplos. Forman parte de su contenido “natural” las denominadas leyes orgánicas. En primer lugar. constitucionalmente hablando. en el marco de la Constitución. por ejemplo la ley de presupuesto. 2° 3°. (Caso sesenta y cuatro Congresistas de la República contra los artículos 1°. Tal expresión no alude a una categoría unitaria de fuentes. sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regulan. y la Primera y Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N. la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución no ha creado una categoría normativa especial entre las fuentes que tienen el rango de la ley. 9. sino a una diversidad de ellas. a las que se les ha encomendado la tarea de precisar los alcances de determinados derechos o instituciones constitucionalmente previstas”. Con relación a la fuente normativa denominada ley. que para la Constitución la fuente normativa denominada ley comprende a las leyes ordinarias.° 005-2003- AI/TC. o el del Decreto de Urgencia que regula materia determinada (inciso 18 del artículo 118. N. que tienen como elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos preceptos constitucionales. en muchas disposiciones del texto constitucional se hace referencia a la ley con carácter general y en otras se especifica una denominación particular relativa a la materia a regular. relativo a la función legislativa). y de otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. el Tribunal Constitucional concluye en que la característica principal de la fuente normativa denominada ley. con sus variantes mencionadas. la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero (artículo 78. radica en que es expedida por el Congreso de la República conforme a las normas que establece para su producción jurídica (Capítulo II del Título IV de la Constitución. consagrado en el artículo 45° de la Constitución. que establece que es atribución del Congreso dar leyes. Igualmente. En el caso de las denominadas leyes de desarrollo constitucional.° de la Constitución) y la ley autoritativa para el caso de la delegación de facultades. Exp. En efecto. deben tenerse presentes dos puntos. las leyes de desarrollo constitucional y las que tienen una denominación asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide. las leyes orgánicas. este Colegiado ha afirmado que “Con la expresión ‘Ley de desarrollo constitucional’. Este Colegiado estima también que el Congreso de la República. fundamento 38).
en los cuales es el Poder Ejecutivo quien asigna la denominación”. Ley N. así por ejemplo. La denominación forma parte del texto oficial de la Ley y corresponde al Congreso de la República asignársela. Decreto Legislativo N. Decreto Legislativo N.° 26572 (05/01/96).º 28298 (22/07/04). . En ese sentido.° 27783 (20/07/02). en el caso de Decretos Legislativos. para precisar la denominación de las leyes que expide. Ley General de Sociedades. constituyen la fuente normativa de ley expedida por el Congreso de la República. Ley N. .º 26887 (09/12/97). Ley General . hoy cuestionada por los demandantes. cuyo artículo 3. . el Congreso de la República e incluso el Poder Ejecutivo. Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada. Ley N. son competentes para asignar determinadas denominaciones cuando se trata de leyes que regulan aspectos generales sobre una materia a fin de sintetizar su alcance integral. Decreto Legislativo N. Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. Ley General de Comunidades Campesinas. Decreto Legislativo N. . Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos Ley N. salvo en los casos de Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia.° 757 (13/11/91). .º 28056 (08/08/03).º 26702 (09/12/96). Ley N. Ley N. el caso de la Ley N.º 27314 (21/07/2000). que fue denominada Ley Marco del Empleo Público. . Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.° 26889.º 910 (17/03/01). . Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ley N. Ley General de Educación.° dispone que: “La Ley debe tener una denominación oficial que exprese su alcance integral. La facultad de otorgar una denominación ha sido desarrollada por la Ley N. Ley N.° 28175. Ley de Bases de la Descentralización. Ley N.º 771 (31/12/93). que. Ley Marco del Presupuesto Participativo.º 27181 (08/10/99). Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural. empleando para ello las denominaciones de Ley de Bases. .° 276 (24/03/84). en definitiva. . . según corresponda. Ley General de Residuos Sólidos. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público. . y de las leyes.° 28044 (29/07/03). Ley N. Ley General de Arbitraje. Ley Marco . entre las principales. . pero que. . forman parte de nuestro ordenamiento constitucional: Ley de Bases . Ley Marco para la producción y sistematización legislativa. Ley Marco y Ley General. Ley N.° 24656 (14/04/87).º 27332 (29/07/00). Tal es el caso de las siguientes denominaciones de la ley.
y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes.° 28175. de acuerdo a ley.° 0038-2004-AI/TC. 13. así como los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza y los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa. los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. Exp.000 ciudadanos. b.° y 118.° 28212. Con relación a esta norma debemos recordar que. de las disposiciones constitucionales citadas se deriva el principio democrático que configura la convivencia de los ciudadanos del Perú. toda vez que dicho articulado es obligatorio y vincula a todos aquellos que ejercen función pública. a que se refiere el artículo 40. Del mismo modo. conforme al artículo 45°. conforme al artículo 34. si al Presidente . b) La función pública conforme a la Constitución 11. Por tanto. es preciso referirse al capítulo IV del Título I de la Constitución. el artículo 169. Asimismo.Por tanto. N. además que se tendrá también como parámetro para evaluar la constitucionalidad de la ley cuestionada.° de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están subordinadas al poder constitucional. ministros de Estado.° de la Constitución). distribuye y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.° de la Constitución. el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo. como ya se expuso. los Magistrados Supremos. en igual categoría. ha sido denominada dentro de la competencia que le corresponde al Congreso de la República para ello. Ingresando al análisis de fondo. Ley Marco del Empleo Público. Del mismo modo. conforme a los artículos 161.° de la Constitución. contra diversos artículos de la Ley N.° de la Constitución define al Estado como una República Democrática. están al servicio de la Nación.° inciso 14. miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. el artículo 39.° de la Constitución dispone que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación. estos altos funcionarios y autoridades del Estado. el Defensor del Pueblo y los Magistrados del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas laborales y funcionales que los Congresistas (Caso Jorge Power Manchego Muñoz.) Titulares de la función pública 12. la Ley N.° y 201° de la Constitución. militares o policías. en ese orden. que regula la función pública. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía y. Entonces. Consecuentemente.1.° de la misma Norma Suprema establecen que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que organiza. el poder del Estado emana del pueblo y el gobierno de la República del Perú es representativo y se organiza según el principio de separación de poderes (artículo 43. en el presente proceso de inconstitucionalidad este Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el modelo de función pública que diseña nuestra Constitución en una sociedad democrática. ya sean civiles. En tal sentido. fundamento 15).° de la Constitución. en representación de 5. los representantes al Congreso. A tenor del artículo 39. Por su parte los artículos 137. El artículo 43.
los valores derivados de la Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función pública. por denuncia de terceros o de oficio. como por ejemplo que. así como el plazo de su inhabilitación para la . conforme el artículo 44. civil y constitucional. de las normas citadas se concluye que la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los servicios públicos a los destinatarios de tales deberes. los derechos fundamentales. 15. El segundo párrafo del artículo 40. Los artículos 40. Los servidores del Estado. Pero no sólo los artículos constitucionales citados permiten interpretar que la Constitución reconoce a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como servidores de la Nación en el desempeño de la función pública que la Constitución y las leyes les asignan. por los deberes primordiales de defender la soberanía nacional.° precisa que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que. la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. sean civiles. por todo concepto.º de la Constitución. Por tanto. En suma. en razón de sus cargos. sean civiles.° de la Constitución establecen una serie de normas relativas a la publicidad de los ingresos que perciben los servidores del Estado.° establece que los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste. están obligados. cuando disponen que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes.º de la Constitución señala algunas normas relativas al control frente al enriquecimiento ilícito. deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos. El precitado artículo 41. el principio democrático. cuando se presume éste.2. el Fiscal de la Nación.° y 41. sino también los artículos 169° y 171° de la Constitución. se encuentra al servicio de la Nación. por tal. que están subordinadas al Poder Constitucional y que participan en el desarrollo económico y social del país. asimismo. es decir a los ciudadanos. el artículo 41. de la República le corresponde la más alta jerarquía en el servicio de la Nación.) Finalidad esencial de la función pública al servicio de la Nación conforme a la Constitución y confianza de los ciudadanos 14. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. a los fundamentos precedentes y al principio democrático. la ejercen dos grandes grupos de servidores estatales. b. con sujeción a la primacía de la Constitución. En relación a estas últimas. a saber: los servidores civiles y los servidores que cumplen función militar y policial. militares o policías. formula cargos ante el Poder Judicial. conforme a las normas constitucionales. ejercen sus funciones bajo la supremacía del poder democrático. para la Constitución la función pública que. militares o policías. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. es claro que sus subordinados también sirven a la Nación. durante su ejercicio y al cesar en los mismos. perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley. Por su parte. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
En toda actividad laboral queda algo de su ejecutor: el hombre. el Tribunal Constitucional del Perú considera como uno de los elementos esenciales de nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho la obligación de todos los servidores de la Nación. independientemente de su jerarquía y la función pública que cumplan en los ámbitos civil. por ser un hecho que socava la confianza ciudadana en los servidores de la Nación. S/F] señala que: “El trabajo es un bien del hombre. o sea. El Papa Juan Pablo II [Encíclica laborem exercens. intelectuales y físicas. Las normas constitucionales citadas se justifican en la medida que la Constitución pretende prevenir y sancionar el mal uso de los recursos públicos. Lima. Salesiana. función pública. 16. en su plexo espiritual y material. se aplican tanto al régimen público como al privado de trabajo y nos servirán conjuntamente con el marco constitucional de la función pública. con las particularidades y excepciones que ella misma prevé. militar y policial. Exp. para el análisis de la constitucionalidad de los artículos impugnados. En esta oportunidad. una huella. c) Régimen constitucional del trabajo 17. siguiendo al mismo alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (Caso Ahmed y otros vs. c. siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.1.° 0004-2004-CC. es necesario desarrollar el marco constitucional del régimen del trabajo. en aras de producir un bien. Sentencia del 2 de setiembre de 1998. generar un servicio. fundamento 33). es más. En ese contexto. marca o sello que caracteriza su plasmación. N. de que ejerzan dicha función con probidad. necesarias para generar la confianza ciudadana en los servidores de la Nación a través de la cual el modelo democrático establecido por la Constitución se legitima. para la producción de algo útil.) Algunas consideraciones liminares sobre la noción trabajo 18. mutatis mutandis. implica la acción del hombre. fundamento 53). En efecto. honestidad y austeridad en el manejo de los recursos públicos. . El trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma. y que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. este Colegiado ya se refirió a la independencia judicial como elemento necesario para inspirar la confianza ciudadana en los tribunales (Caso Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. sino que se realiza a sí mismo como hombre. toda vez que sus normas. El Reino Unido. con todas sus facultades morales. porque mediante éste no sólo se transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades. A través del trabajo se presenta siempre la impronta del ser humano. es un bien de la humanidad. Del mismo modo y dada su vinculación con la materia evaluada. Al trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas. etc. en un cierto sentido se hace más hombre”.
como lo enfatiza el Papa León XIII [Encíclica rerum novarum. trabajando con y para los otros. Vocación y exigencia de la naturaleza humana. ya que sólo es posible laborar verdaderamente a través de la colaboración directa o indirecta de otro ser humano. De conformidad con lo que dispone el artículo 23. 1999. porque del fruto de su trabajo el hombre se sirve para sustentar su vida. tiene la obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad. p. Editada por los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. lo cual es un deber imprescindible impuesto por la misma naturaleza. verdadero fin de todo proceso productivo. c. sea mediante la interpretación. el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: . Es necesario. . lo que hace que el empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la parte “débil” e “impotente”. porque la fuerza con que se trabaja es inherente a la persona y enteramente propia de aquel que con ella labora.2. destinado al mantenimiento y desarrollo de la existencia y coexistencia sociales. Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. entre otros. Para tal efecto. La importancia del trabajo descansa en tres aspectos sustantivos: . Esencialidad del acto humano.º 1. aplicación o integración normativas. Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de sujeto y autor y. Asimismo. el menor de edad y el impedido. Denomínase como tales a aquellas reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter laboral.) Los principios laborales constitucionales 20. Lima: Paulinas. Carácter social de la función. El trabajo es sinónimo y expresión de vida. amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos. Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su libre consentimiento.3.° de la Constitución. Mario Pasco Cosmópolis [El principio protector en el proceso laboral.) Estado y trabajo 19. en los campos jurídico y económico. . . o sea. . 77] reconoce dicha situación asimétrica. . . En: Revista de Iure N. 1966] el trabajo tiene el doble signo de lo personal y necesario. Proteger especialmente la actividad laboral de la madre. c. por consiguiente. Promover condiciones para el progreso social y económico. Es personal.
Imposibilidad lógico-axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de cualquier método de interpretación admitido como válido por el ordenamiento nacional. La noción de duda insalvable debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta por medio de la técnica hermenéutica.° de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza. Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de igualación compensatoria. La noción de “norma” abarca a la misma Constitución. Al respecto. la norma deviene indubitablemente en un contenido incierto e indeterminado. ofrece varios sentidos. Pasco Cosmopolis precisa que la aplicación de este principio debe ajustarse a los siguientes dos requisitos: . Ergo. Asimismo. los contratos de trabajo. a saber: c. leyes. en el campo jurídico sustancial el rasgo más característico de la relación de trabajo es la subordinación y los deberes imputables al trabajador. los convenios colectivos de trabajo. Nuestra Constitución exige la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. se promueve por la vía constitucional y legal la búsqueda de un equilibrio entre los sujetos de la misma. el trabajador sólo puede exponer su fuerza de trabajo. El Tribunal Constitucional considera que la aplicación del referido principio está sujeta a las cuatro consideraciones siguientes: . Existencia de una duda insalvable o inexpugnable. En efecto. . en el campo económico. el aplicador del derecho deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón de ésta). la nota más específica es que frente a la propiedad del medio de producción. mas no de integración normativa. . los tratados. Respeto a la ratio juris de la norma objeto de interpretación (para tal efecto. vale decir que se acredite que a pesar de los aportes de las fuentes de interpretación. por el cual. El principio indubio pro operario será aplicable cuando exista un problema de asignación de significado de los alcances y contenido de una norma. Hace referencia a la traslación de la vieja regla del derecho romano indubio pro reo. etc. Existencia de una norma jurídica que. . como consecuencia del proceso de interpretación. y en el campo jurídico procesal se constata la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir los reclamos en vía litigiosa y la extensión de la posición predominante en materia de prueba.3. el artículo 26. Indubio pro operario 21. Obligación de adoptar como sentido normativo a aquél que ofrece mayores beneficios al trabajador. nace de un conflicto de interpretación. .1. los reglamentos. reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral.
En ese sentido. p. En puridad. en lo relativo a los derechos laborales. La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o de impartir justicia. la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Al respecto. salvo que existan razones justificadas para ello.. en relación a las actividades laborales.2. igualdad de trato– obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares. no genere una diferenciación no razonable y. c. arbitraria.3. Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. La igualdad de oportunidades –en estricto. sino por la naturaleza de las cosas.) La igualdad de oportunidades 22. c. Imposibilidad del operador de integrar la norma.3. prescribe que el Tribunal Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las razones del apartamiento del precedente jurisprudencial. Tecnos. Esta regla de igualdad asegura. es necesario precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes predominan sobre sus diferencias. 47) exponen que para establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o una diferenciación es razonable. ya que el principio no se refiere a suplir la voluntad de éste. La discriminación en materia laboral. sino a adjudicarle el sentido más favorable al trabajador.3. se acredita por los dos tipos de acciones siguientes: .) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral 23. el artículo 103° de la Constitución compromete al Estado a no dictar leyes por razón de las personas. o cuando se vulnera la claúsula de no discriminación prevista por la Constitución. el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley. Tal como se ha precisado anteriormente. El artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus precedentes judiciales. Madrid. la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie). y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación. la isonomia entre las personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales). por ende. plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución. 1986. strictu sensu.
empero. es preciso considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de Derechos Humanos. de las reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencia de conocimientos no vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores. religión. la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno. José Carlos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos. se proscribe la utilización de criterios de selección que carezcan de una justificación objetiva y razonable. por su mera condición de no afiliados a una organización sindical. Barcelona. la intervención y el efecto perseguibles se fundamentan en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad.Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y capacitación laboral. Mediante la Ley N. Por acción indirecta: la conducta del empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de “lo constitucional”. cuando las situaciones de postulación son idénticas. Por acción directa: la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. amén de tratos diferenciados basado en motivos de raza. opinión. Tal el caso de la negación de acceso al empleo derivada de la opción política o sexual del postulante. pueden darse en las condiciones o circunstancias siguientes: . 18]. Tal el caso. origen social. la adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos. etc. toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos [Remotti Carbonell. Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. promociones. son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores. sexo.4.) La irrenunciabilidad de derechos 24.º 26772. En ese sentido. 2003.3. proscritas por la Constitución. de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. En ese contexto. funcionamiento y jurisprudencia. Al respecto. En esta hipótesis. tanto en el acceso al empleo como en el trato dentro de una relación laboral. Estructura. el despido por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales.º 27270. por la concesión de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros. otorgamiento de beneficios. c. se regulan los actos de discriminación.Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo. Dichas acciones. por ejemplo.). . modificada por la Ley N. etc. cuya intención y efecto perseguible. Instituto Europeo de Derecho. etc. . p.
puede citarse el caso del derecho a vacaciones contemplado en el Decreto Legislativo N. Así. En ese ámbito. la irrenunciabilidad es sólo operativa en el caso de la segunda. La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia en el caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala vs. Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener dentro de su texto. tiene la capacidad autodeterminativa de decidir un “canje” sobre aquello. dentro de ese contexto. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. El Estado las hace valer únicamente por defecto u omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación laboral. a cambio de una compensación extraordinaria. La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe manifestación de voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia de claridad. son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. Southern Perú Copper Corporation . y por otorgar a los sujetos de una relación laboral la atribución de regulación con pleno albedrío dentro del marco de la Constitución y la ley. de ejercitar total o parcialmente un derecho de naturaleza individual. la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta basilar. a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre. 103] manifiesta que el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de disposición del trabajador. No cubre. Por ende. en donde se establece que el trabajador tiene derecho a treinta días naturales de descanso remunerado al año y.. por tales. el trabajador no puede “despojarse”.º de la Constitución. por la prerrogativa de la voluntad establecida en dicha norma. debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede provenir de una norma dispositiva o taxativa. pues. conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26.º 713. En ese contexto. partes taxativas y dispositivas. Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Al respecto.) derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad no declarada o precisar y aclararla por defecto de manifestación. Por otro lado. En cambio. p. recaigan sobre normas taxativas. el trabajador puede libremente decidir sobre la conveniencia. 2003. este puede disponer hasta de quince días para continuar prestando servicios a su empleador.. como titular de un derecho. la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(. o no. permutar o renunciar a los beneficios. facultades o atribuciones que le concede la norma. Ante este tipo de modalidad normativa.
gozando. no violenta derecho fundamental de los afiliados al Sindicato.) Los derechos colectivos de los trabajadores según la Constitución 25.. lo expuesto no sólo no contradice el principio contenido en el inciso 2) del artículo 26. sino también. por tanto. ya que constitucionaliza la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales... Enrique Álvarez Conde [Curso de derecho constitucional VI. sino sólo cuando dicha estipulación sea indebidamente aplicada.) La libertad sindical 26.) este derecho fundamental (.El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las leyes le asignen.° de la Constitución identifican los derechos laborales de naturaleza colectiva.” c. en la estructura pluralista de una sociedad democrática”. situación que. y se vincula con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.. 457] señala que “(.. relativo al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Estos hacen referencia a las facultades o atribuciones que ejerce el trabajador en concordancia. también de la naturaleza de los derechos de participación política”.El derecho de libre afiliación. referido a aspectos tales como: . en defensa de los intereses de sus afiliados.1. Madrid: Tecnos. por encontrarse previsto en la misma. de otro lado.) las partes acordaron no solo la duración de la jornada ordinaria de trabajo. . ya que relaciona un derecho civil y un derecho político. de por si. . En ese contexto. precisa que los sindicatos son “(.º de la Constitución.El derecho a la actividad sindical.) debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación. .° y 29. implica un haz de facultades y el ejercicio autónomo de homus faver – homus politicus. en la STC 292/1993.4. el Tribunal Constitucional Español.El derecho a fundar organizaciones sindicales.. Los artículos 28. Ello . 1999.). como se ha observado.. porque el derecho protegido en la Carta Magna es el relativo a una jornada de trabajo que no excede de las cuarenta y ocho horas semanales (... Se la define como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical.) formaciones de relevancia social. En ese contexto viabilizan las actividades de las organizaciones sindicales. Por ende. (Expediente N. a saber: c. p..4. desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes. será también las jornadas atípicas.° 1396-2001-AA/TC). alude a un atributo directo. En ese sentido. en donde estableció que si “(. unión o asociación con sus pares.
se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: . Estudio.Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical. comprende la reglamentación interna. con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o dirección (artículo 42.° de la Constitución). la proscripción de las cláusulas sindicales.° de la Constitución).) Los alcances de la libertad sindical 27. Entre los principales fines y funciones que nuestra legislación establece para los sindicatos en el ámbito de la legislación privada.en las actividades de las organizaciones sindicales.El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley. . etc. . la autonomía en la gestión.4. Empero. Mejoramiento social. . económico y moral de sus miembros. . La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28.2.3. desarrollo. se tienen los siguientes: .4. la personalidad jurídica y la diversidad sindical.Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42.Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. . etc. . Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural.) La Constitución y los sindicatos 28. protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros. La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos: .Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153. ejerciendo el mismo oficio o profesión. o trabajando en un mismo centro de labores.Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical.º de la Constitución.Los miembros de la Administración Pública. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. . una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran excluidos de su goce los siguientes componentes del Estado peruano: . c. El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que. La libertad sindical plural plantea tres aspectos: .Aspecto negativo: Comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. la representación institucional.° de la Constitución).Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos. c.
Representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito. En el caso de los sindicatos del sector público.Representar o defender a sus miembros a su solicitud. técnica y gremial de sus miembros. más precisamente. etc. c. .° 003-82-PCM del 22 de enero de 1982.1. productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales.Ser trabajador de la empresa. pacto de trabajo. .4. así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa. exigir su cumplimiento. relativo a las organizaciones sindicales de los servidores. contrato de paz social.) El convenio colectivo 29. etc. Surge de la negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales. Los elementos de este instituto son: . profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato y. En puridad. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones. N. . en las controversias o reclamaciones de carácter individual.Celebrar convenciones colectivas de trabajo y. así como la educación general. c. que contiene normas jurídicas– constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral. con miras a ordenar y regular las relaciones laborales. . dentro de ese contexto. a saber. haber superado el período de prueba.S. en los conflictos. . emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores.4. Se le define como el acuerdo que permite crear. condiciones de trabajo. La convención colectiva –y.° 27556 creó el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. la Ley N. cajas-fondos. dentro de ese contexto.Promover el mejoramiento cultural. acuerdo corporativo. a efectos de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. su producto.) Los elementos del convenio colectivo 30. Esta convención es establecida por los representantes de los trabajadores expresamente elegidos y autorizados para la suscripción de acuerdos y por el empleador o sus representantes.No encontrarse afiliado a otro sindicato.).4. . el convenio colectivo. El convenio colectivo permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores.4.Promover la creación de organismos de auxilio y promoción social de sus miembros (cooperativas. modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones. la legislación del régimen privado exige lo siguiente: . Así como el D. Para ser miembro de un sindicato. . salvo que el estatuto de la empresa expresamente lo admita.No formar parte del personal de dirección ni desempeñar cargo de confianza del empleador.
4. etc. traspaso.A las personas celebrantes de la convención colectiva. a excepción de las estipulaciones que señalan plazo distinto o que consisten en obligaciones de hacer o de dar en especie. que lo convertía en un precepto especial del derecho laboral.4. La Constitución de 1979 declaraba que la convención colectiva tenía fuerza de ley entre las partes. Los alcances del convenio tienen una duración no menor de un año. el inciso 2 del artículo 28° de la Constitución actual señala que las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.4.2. El carácter normativo del convenio colectivo. La supraordinación del convenio colectivo sobre el contrato de trabajo. El modelo horizontal: La normatividad estatal deja en gran medida a la discrecionalidad de las partes de la relación negocial. . Los agentes negociadores. El modelo vertical: La normatividad estatal limita en términos bastante específicos el poder negocial de los trabajadores y empleadores. c. los alcances de las convenciones colectivas. c. .3. En tal sentido. con los matices necesarios.. se presentan los dos modelos siguientes: . . siempre que sea favorable al trabajador.4.) Las características del convenio colectivo 31. que en nuestro país el modelo horizontal es aplicable al régimen privado y el vertical al público.) Tipología del convenio colectivo 32. que rigen desde la fecha de su suscripción. En cambio. venta. .4. Desde un punto de vista doctrinario. La fuerza normativa y la eficacia de la convención colectiva. Entre las principales características se cuentan las siguientes: . dado que rige desde el día siguiente de la caducidad del convenio anterior o en su defecto desde la fecha de presentación del pliego de reclamos. . . ello en virtud a que el primero puede modificar los aspectos de la relación laboral pactada a título individual. Los alcances del convenio permanecen vigentes hasta el vencimiento del plazo.) El carácter y alcance del convenio colectivo 33. La aplicación retroactiva de los beneficios acordados en el convenio.4. . cambio de giro del negocio. . .A las personas representadas en la suscripción de la convención colectiva. Podemos afirmar. aun cuando la empresa fuese objeto de fusión. c. Su alcance de norma con rango de ley.A las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de la convención colectiva. la fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga: . . Ello implicaba lo siguiente: .4. El contenido negocial.
relativo a las organizaciones sindicales de los servidores públicos y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo. [Introducción al derecho laboral. sin que exista la necesidad de su posterior recepción en los contratos individuales. la fuerza vinculante implica que en la convención colectiva las partes pueden establecer el alcance y las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley. debido a la imposibilidad de tales trabajadores de acceder a la negociación y acuerdo concertado. relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. 2003]. c. así como el D. y se la concibe como referente del carácter normativo del acuerdo laboral.) La intervención de terceros en la solución de los conflictos laborales . que se aplica en el régimen privado.) El caso del convenio colectivo articulado (rama de actividad) 34. PUCP. siempre que no sea a través del pliego de reclamos por rama de actividad. así como para salvaguardar el ejercicio de este derecho en favor de los trabajadores en aquellos casos en que ésta sea la única forma posible de negociación colectiva.4. el Tribunal Constitucional. Tal como refiere Javier Neves Mujica. De conformidad con lo establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Para el caso del sector público rige el Convenio N. con excepción de quienes ocupen puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza.S. ha sido recogida de la Constitución española de 1978. Dicha modalidad. Cabe señalar que la fuerza vinculante para las partes establece su obligatorio cumplimiento para las personas en cuyo nombre se celebró. así como para los trabajadores que se incorporaron con posterioridad a las empresas pactantes. ratificó la validez de la implementación del convenio colectivo articulado para el caso de los Trabajadores de Construcción Civil.5.4. consiste en la celebración de un acuerdo de carácter nacional o rama de actividad. Ministerio de Trabajo (Expediente N. salvo en aquellos casos en que las partes celebrantes hubieren acordado expresamente su renovación o prórroga. la convención caduca automáticamente cuando venza del plazo fijado. En suma: dentro del contexto anteriormente anotado. Lima. a efectos de poder uniformizar un tipo específico de relación laboral. Al respecto. N. Esta noción (ámbito vinculante en el ámbito de lo concertado).° 003-82- PCM del 22 de enero de 1982. c.º 0261-2003- AA/TC). en el Caso Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO vs.° 151 de la OIT. así como su relativa imperatividad frente a la autonomía individual.4. la que sólo puede disponer su mejora pero no su disminución. esto implica la aplicación automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial correspondiente.5.
propiciar un diálogo constructivo y sugerir vías de entendimiento. por la vía pacífica. Atenuar las diferencias. A tenor del inciso 2 del artículo 28. vale decir. el fomento se viabiliza a través de la expedición de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para el caso de la actividad privada. Promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales en caso de existencia de discrepancias entre los agentes negociadores de la convención colectiva. la legislación nacional prevé que aun cuando las partes no promovieran el procedimiento de conciliación. 36. En cuanto al primer aspecto. En cuanto al segundo.35. se propende a que alcancen por sí mismos un acuerdo que ponga fin al conflicto. . de modo que se consolide la paz laboral y el normal desarrollo de la actividad económica. La labor conciliadora consiste en apaciguar y frenar la confrontación. por la existencia de una abierta discrepancia sobre la totalidad o parte de las materias objeto del conflicto. Flexibilidad: Se promueve con prescindencia de acciones carentes de complejidad y rigidez a efectos de alcanzar la búsqueda de una solución. . Fomentar el convenio colectivo. Rapidez: Se promueve con celeridad y prontitud en aras de evitar la prolongación del conflicto. a saber: . Otorgar satisfacción mancomunada. a las pretensiones de las partes contendientes en el conflicto laboral. que consiste en que un tercero neutral (el Estado) interpone sus “buenos oficios” induciendo a las partes a zanjar sus diferencias y ayudándolos a encontrar una solución satisfactoria para ambos. Más aún. Esta promoción se justifica en razón de las dos consideraciones siguientes: .° de la Constitución. la intervención del Estado o de entes o personas de la sociedad civil en el régimen privado deben observar dos aspectos muy concretos. solicitan el impulso de dicho procedimiento. a través de los procedimientos de conciliación. Asegurar que el desacuerdo entre los agentes negociadores no se prolongue indefinidamente en el tiempo. La conciliación se define como el acto de ajustar o componer los ánimos de las partes. Se trata de una forma interventiva de solución pacífica del conflicto laboral – acentuado por el fracaso de la negociación directa entre los representantes de los empleadores y de los trabajadores–. La conciliación laboral en el ámbito privado se gesta cuando las partes negociadoras de una convención informan a la Autoridad de Trabajo la terminación de la negociación colectiva. mediación y arbitraje. la Autoridad de Trabajo tiene facultades para gestarlo de oficio. . Dentro de ese contexto. . que tienen posturas opuestas entre sí. la promoción se viabiliza según la norma anotada. Las principales características de la labor conciliadora son: .
La mediación es el acto de interposición de fórmulas de avenimiento a la solución del conflicto. produciendo efectos homólogos a una sentencia. El arbitraje laboral. Reserva: Se lleva a cabo con sigilo y discusión. se gesta cuando los agentes negociadores solicitan o autorizan específicamente al conciliador la presentación de una o varias propuestas de solución. La mediación laboral. El arbitraje se define como el acto de resolución extrajudicial de un conflicto laboral. sugiere y formula una vía de solución. en relación a las personas o entes ajenos al conflicto. Propositividad: Dicha actividad no sólo consiste en acercar a las partes en conflicto. en el ámbito privado. Autonomía: Se despliega dentro del marco de la Constitución y la ley con plena capacidad y competencia para resolver el conflicto. la solución aceptada por los agentes negociadores produce efectos homólogos a una sentencia. . en el ámbito privado. Entre las principales características del arbitraje aparecen las siguientes: . la Autoridad de Trabajo. . Dentro de ese contexto. El arbitraje puede estar a cargo de un árbitro impersonal. sino que a petición de estos se expone. La mediación se produce de una forma interventiva. . Decisividad: En caso de alcanzar éxito. laudo o resolución. 38. alternativas de solución. El tercero interviniente en la solución del conflicto juega como mediador un rol más activo que como conciliador. etc. laudo o resolución. los agentes negociadores deciden someter el diferendo a arbitraje. 37. un tribunal ad hoc. Entre las principales características de la mediación se tiene: . Solemnidad: Se lleva a cabo de manera formal y ritualista. El conciliador –que puede ser un particular o un funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo– desempeña un papel activo en la promoción del avenimiento de las partes. Reserva: Se promueve con sigilo y discreción en relación a las personas o entes ajenos al conflicto. la solución del conflicto. se logra cuando los actos de conciliación o mediación no han solucionado el conflicto. . Estas pueden ser aceptadas o desestimadas por los agentes negociadores. Se trata de una forma interventiva a través de la cual un tercero neutral establece. a pedido de las partes en conflicto. en razón de que directamente sugiere las propuestas de solución. el conciliador interpone sus “buenos oficios” a efectos de que las partes se avengan a encontrar por sí mismas el acuerdo que ponga fin al conflicto. Decisividad: Se promueve en aras de alcanzar un acuerdo que suponga la solución encontrada por las partes. . . a través de la cual un tercero neutral propone. por medio de un laudo. En puridad.
o de una sumisión obligatoria en donde las partes quedan vinculados a los resultados de un arbitraje por mandato de la ley.. Madrid: Tecnos. Vinculatoriedad: Genera consecuencias jurídicas obligatorias para las partes comprometidas en el arbitraje. pág. acuden a un tercero neutral para la solución del conflicto. entonces. al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades laborales. como titulares de dicho derecho. Por huelga debe entenderse. El laudo que se expide como consecuencia del arbitraje tiene carácter de inimpugnable e imperativo. c. huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente participar en un movimiento reinvindicatorio. La ley del régimen privado. Enrique Álvarez Conde [Curso de Derecho Constitucional VI. . 39. 466] refiere que se trata de una “(. Reserva: Se lleva a cabo con sigilo y discreción en relación a las personas o entes ajenos al conflicto. la huelga es una manifestación de fuerza. mediante un concierto de voluntades por parte de los trabajadores”. a efectos de poder alcanzar la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores. . se encuentra amparada por la ley. Por vicio de nulidad. la cual. a través de sus negociadores. sino que es un medio para la realización de fines vinculados a las expectativas e intereses de los trabajadores...4. Solemnidad: Se lleva a cabo de manera formal y ritualista.) perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción en forma pacífica y no violenta. la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral. No obstante. El arbitraje puede surgir como consecuencia de una sumisión voluntaria. Mediante su ejercicio los trabajadores. aplicable en lo pertinente al sector público. se encuentran facultados para desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico- contractuales. Por ende. En puridad. en donde las partes en conflicto. respaldada por el derecho. exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes– y con abandono del centro de trabajo. tendente a defender los legítimos intereses de los trabajadores. en relación a ciertas condiciones socio-económicas o laborales. . 1999. dentro de determinadas condiciones. Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favor de los trabajadores. debe quedar claramente establecido que la huelga no tiene una finalidad en sí misma.6) La huelga 40. nuestra legislación permite excepcionalmente la impugnación judicial del laudo en los dos casos siguientes: . . Por ello.
278] señala que su ejercicio corresponde a los trabajadores en general.6. ya sea respecto a la titularidad de los trabajadores en sentido lato o a la de los trabajadores adscritos a una organización sindical. las cuales deben tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga.. Facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo.) la huelga tiende a establecer el equilibrio entre partes con fuerza económicamente desiguales”. Madrid: Dykinson. como bien refiere Francisco Fernández Segado [El sistema constitucional español. Al respecto. Entre las atribuciones vinculadas al derecho de huelga aparecen las siguientes: . Facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. En ese contexto. tal ausencia no puede ser esgrimida como impedimento para su cabal efectivización por parte de los titulares de este derecho humano. pág. sino regulable.° 010-2003-TR).1. . aunque sujeto a que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determina la ley y dentro de su marco. que son ellos y no la asamblea sindical los que acuerdan la huelga. . c. en el ámbito respectivo. 1992] “(. En aquellos casos en que no exista legislación sobre la materia.° y 73. respecto de la materia controvertible. si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado. . 466] “(. su ejercicio corresponde a los trabajadores en sentido lato. . Lima: Ius Editores. La doctrina tiene opiniones dispares sobre este punto.) La titularidad del derecho de huelga 41.4. también cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria. En ese sentido. .° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo N. de conformidad con lo establecido en los artículos 72.. Al respecto.) la experiencia secular ha mostrado su necesidad para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socio-económicos “.. Este Colegiado estima que. Facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley. es decir. Facultad de determinar la modalidad de huelga. Añadamos. dentro del marco previsto en la Constitución y la ley. el estatuto de la organización sindical. esto es.. Debe advertirse que la huelga no es un derecho absoluto. p. El ejercicio del derecho de huelga presupone que se haya agotado previamente la negociación directa con el empleador. Facultad de establecer el petitorio de reinvindicaciones.cit. Fernando Elías Mantero [Derecho Laboral –Relaciones Colectivas de Trabajo. tal como expone Álvarez Conde [ob. debe efectivizarse en armonía con los demás derechos. Por ende.
Desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más avanzada se acepta que la huelga debe ser convocada tomándose en consideración lo siguiente: . el Apoderado del Congreso afirma que dicha ley se refiere a los derechos del empleado público con carácter general. Debe anotarse que el inciso 3 del artículo 28.1.) La carrera administrativa como bien jurídico constitucional 44. En rigor.º de la Constitución señala.° de la Constitución). La Constitución señala textualmente que se encuentran impedidos de ejercer el derecho de huelga: . y no a los derechos de los servidores públicos en particular. que hace referencia a las medidas dirigidas a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su conjunto. Los demandantes sostienen que el artículo 15. El Tribunal Constitucional deja constancia de ello. La constatación de que no se haya impuesto a los trabajadores discrepantes con la medida de fuerza acordada la participación en la huelga. Los funcionarios de la Administración Pública con poder de decisión o con cargo de confianza o de dirección (artículo 42. c. . La existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones y daño económico para las partes en conflicto.) Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga 42. Este último se utiliza como medida tuitiva en favor de sectores económico-sociales que soportan condiciones desventajosas de vida. Por su parte. d. En el campo del derecho público es evidente la diferencia conceptual entre el interés público y el interés social. Después de haber precisado el parámetro constitucional de la función pública y del trabajo. si las normas impugnadas vulneran los artículos de la Constitución que alegan los demandantes. Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153.° de la Constitución). en razón a las atribuciones estipulativas que contienen sus decisiones jurisdiccionales. corresponde evaluar.6. . por equivoco conceptual.1. d) Evaluación de la constitucionalidad de los artículos impugnados 43. que la huelga debe ejercerse en armonía con el interés social. . . conforme a dicho marco. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42. la huelga debe ejercerse en armonía con el interés público. que son los comprendidos en la carrera administrativa conforme al artículo 40° de la Constitución.4.° de la Constitución).° de la Ley Marco del Empleo Público omite incluir el derecho de los servidores públicos a la carrera administrativa que la Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 40°.
sino los derechos básicos de los empleados públicos en general. la misma ley. que actualmente se encuentra en debate y que regulará en detalle el ingreso.°. Por . ejecutivo. conforme al artículo 40° de la Constitución.° de la Constitución y el artículo 4. Funcionarios públicos. Estos se clasifican en directivo superior. el artículo 15. . con fecha 23 de junio de 2004. Empleados de confianza. el proyecto de Ley de Carrera Administrativa del Servidor Público. estamos frente a un bien jurídico garantizado por la Constitución cuyo desarrollo se delega al legislador. los deberes y responsabilidades de los servidores públicos en el desempeño de la carrera administrativa.° de la ley impugnada. y los derechos. Por tanto.)”.. estableció la obligación por parte del Ejecutivo de remitir al Congreso de la República. en su segunda disposición transitoria.° de la Ley N. Por tanto. El artículo 4.° 28175. En ese sentido. los derechos. . las propuestas legislativas para la Ley de Carrera del servidor público y la Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. clasifica a los servidores civiles del Estado en: . ya que el precepto cuestionado no tiene por objeto regular exclusivamente los derechos de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa. deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Conforme obra en autos. el artículo 15. pero no a los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Por su parte. Ahora bien. que pueden ser de elección popular directa y universal o confianza política originaria.. pues se limita a clasificar al personal civil del empleo público en diversas categorías conforme al marco constitucional del artículo 40. 45. de nombramiento y remoción regulados y de libre nombramiento y remoción. El artículo 40. la carrera administrativa comprende a los servidores públicos. se encargó de remitir al Congreso de la República. en concordancia con el artículo constitucional citado. deberes y responsabilidades serán regulados por ley. el Tribunal Constitucional estima que el texto constitucional reconoce la existencia de una carrera administrativa para los servidores públicos. el Poder Ejecutivo. especialista y de apoyo. Al respecto. 46. la regulación de la Ley Marco del Empleo Público es general. En efecto. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza (. en rigor. complementaria y final.° 28175 regula con carácter general una serie de derechos comunes a las diversas categorías de servidores civiles del Estado a que se refieren el artículo 40.° de la Ley N.° de la Constitución.° de la Constitución dispone que la “Ley regula el ingreso a la carrera administrativa. Como puede observarse.° de la Ley N.° 28175 no vulnera el artículo 40. entre otros. Servidores públicos. pero también que el ingreso a ella y los derechos. la ley agrupa y establece las características básicas de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa y de los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. entre otras.
. N... Toda ella comprende e integra el documento escrito denominado ‘Constitución Política de la República del Perú’ y. en realidad. En efecto..° 005-2003-AI/TC. sin excluir otros que le otorgan la Constitución y las leyes. aunque precisando que los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección. El Tribunal Constitucional no comparte el argumento de los demandantes. de acuerdo a la segunda disposición transitoria. que los desconozca.)”. y la primera y segunda disposición final y transitoria de la Ley N. los derechos específicos de los servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa actualmente están regulados por el Decreto Legislativo N. así como por la Declaración sobre la Antártida que ella contiene. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. un “ordenamiento”. lejos de restringir o violar derechos para los empleados públicos.° de la Ley N. huelga y negociación colectiva de los servidores públicos conforme a la Constitución 47. referido a la enumeración de derechos del empleado público en general.° 276. tiene derecho a: (.) no es solo “una” norma. . El Apoderado del Congreso manifiesta que el hecho de que la Ley Marco del Empleo Público no declare los derechos de sindicación y huelga no implica. La Constitución reconoce los derechos de sindicación y huelga para los trabajadores.. los amplía. sino. Al respecto.° de la Constitución prescribe que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. La Constitución es una norma jurídica vinculante y los derechos que reconoce pueden ser directamente aplicados..2.° 27556. no son titulares de tales derechos. así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.° 28175 corresponderá al Congreso de la República aprobar un nueva Ley de la Carrera Administrativa que se encargará de regular los derechos específicos de los servidores públicos comprendidos en dicho régimen. 3.)” . establece que: “El empleado público. Exp. desde luego. (Caso sesenta y cuatro Congresistas de la República contra los artículos 1°. que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. en modo alguno. El artículo impugnado es una norma de remisión que. complementaria y final de la Ley N. d. que está integrado por el Preámbulo. toda ella posee fuerza normativa (. el artículo 42. los Convenios Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y la Ley N.) Derechos de sindicación. lo demás. derechos que también son aplicables a los empleados públicos con las limitaciones que la propia Constitución establece.° 26285. no es una condición indispensable para la vigencia de los derechos constitucionales que tengan que ser reiterados y consignados repetidamente en la ley. fundamento 21). ya que estos se encuentran reconocidos por la Constitución. sus disposiciones con numeración romana y arábica.° 28715. El artículo 15.°. Así. 48. y. 2°. Los demandantes alegan que el artículo 15° de la ley impugnada vulnera los derechos de sindicación y huelga debido a que el texto del artículo no los enumera expresamente. este Tribunal ha declarado que la Constitución “(.
deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9. el artículo cuestionado también remite a otras leyes que pudieran reconocer otros derechos. Al respecto.° 28175 o a una ley especial. Sociales y Cultutales. Por tanto. entre otros. y por el artículo 8. vulnerando de este modo la libertad sindical. Igualmente.° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. 51. que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos.° de la Ley N. entre otras. el Apoderado del Congreso de la República se ha encargado de recordar que esta remisión. El Apoderado del Congreso manifiesta que la previsión presupuestal no viola los derechos alegados. En efecto. los tratados internacionales en materia de derechos humanos deberán aplicarse para la interpretación de los derechos y libertades que la Constitución consagra en materia laboral. Consecuentemente.° y 42. Sociales o Culturales o “Protocolo de San Salvador”.° de la Ley N.° 27556. puesto que las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico son complementarias.° del Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación. El artículo 15. En el mismo sentido.° 28175 reconoce algunos derechos de los empleados públicos en general. los derechos laborales de los servidores aludidos por los demandantes. En efecto.° 28175 vulnera el derecho a la negociación colectiva. el Tribunal Constitucional considera que el uso de la técnica legislativa de la remisión no vulnera los derechos constitucionales alegados por los demandantes. por tanto. de manera que la regulación específica del ejercicio de los derechos de sindicación y huelga para los servidores públicos corresponderá a la ley que regule la carrera administrativa de los servidores públicos conforme a la segunda disposición transitoria de la Ley N. Lo mismo podemos decir de los tratados internacionales. puesto que son normas jurídicas válidas y vinculantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. por el artículo 8. no se previene la solución de pliegos de reclamos. conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema. los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico. En ese sentido.° 28175 no vulnera los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos reconocidos en los artículo 28. es decir. se refiere a la Ley N.49. puesto que ésta deriva del principio constitucional de legalidad . Los demandantes afirman que el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. ya que establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado. no se dejarán de aplicar los tratados internacionales que reconocen derechos a los empleados públicos.° de la Constitución. el artículo 15. por el hecho de que una ley no se refiera a ellos o que no regule las mismas materias. pues la normatividad presupuestal no contempla la participación de los trabajadores sindicalizados y. 50. a los servidores públicos y a los funcionarios del Estado con poder de decisión. conforme al artículo 55° de la Constitución. Añaden que esta norma hace imposible la realización de las convenciones colectivas en el sector público.
a tenor de los artículos 77. o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. de ser necesario. el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos.° de la Constitución dispone que el Estado reconoce el derecho a la negociación colectiva.° el derecho de sindicación de los servidores públicos.° y 78. y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. las organizaciones representativas de los trabajadores o los representantes de los trabajadores. 52. para una adecuada interpretación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores. Al respecto. Para ser titular de este derecho existe una condición previa que se deriva del carácter colectivo de la negociación. este Colegiado anteriormente ha señalado que “(. fundamento 5). a saber los funcionarios del Estado con poder de decisión. El artículo 28. Por ello.° 151. con las excepciones que establece el mismo artículo 42°. 53. Consecuentemente. de modo que la convención colectiva que se deriva de la negociación colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado” (Caso COSAPI S. la Constitución reconoce en su artículo 42.. como cualquier otro derecho.° de la Norma Suprema. Exp.° que deberán adoptarse. En efecto. N.) el derecho constitucional a la negociación colectiva se expresa principalmente en el deber del Estado de fomentar y estimular la negociación colectiva entre los empleadores y trabajadores. cautela su ejercicio democrático. de manera que los titulares deberán ser los sindicatos. Dicho Convenio establece en su artículo 7. los que desempeñan cargos de confianza o de dirección. fomenta la negociación colectiva.. conforme a las condiciones nacionales. la Constitución establece determinadas normas relativas al presupuesto público.° de la OIT relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública.°. debemos tener presente el Convenio N. En efecto. y que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. En ese sentido.A. conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.. En el caso del Perú. medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos en torno a las condiciones de empleo. dentro de las condiciones nacionales a que hace referencia el Convenio 151. el presupuesto . presupuestaria y lo único que se pretende es que los gastos relativos al empleo público estén autorizados y presupuestados.° 0785-2004-AA/TC. a través de sus organizaciones sindicales. las organizaciones sindicales de los servidores públicos serán titulares del derecho a la negociación colectiva. no es absoluto y está sujeto a límites.
56. En efecto. el artículo 40. siendo la carrera administrativa un bien jurídico constitucional que debe ser garantizado por el legislador. las limitaciones presupuestarias que se derivan de la Constitución deben ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado. referido a las obligaciones de los empleados públicos.° 28175 no vulnera el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos. Al respecto. Por tanto. deberes y responsabilidades de los servidores. Por otro lado.3. vulnerándose con ello el derecho a la carrera administrativa. Por ello. los que tengan incidencia económica se podrán autorizar y programar en el presupuesto. Los demandantes consideran que el inciso d) del artículo 16° de la ley impugnada introduce la figura del contrato de trabajo. sólo estarán sujetos a las fuentes normativas del empleo público. precisando que por ley se regularán el ingreso. relativo a los principios que rigen el empleo público. el Tribunal Constitucional estima que el inciso cuestionado. Los demandantes alegan que la última parte del numeral 8 del artículo IV del Título Preliminar del la Ley N. 54. mientras que. ya que las condiciones de empleo en la administración pública se financian con recursos de los contribuyentes y de la Nación. viola el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda . no porque la ley disponga que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado se vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical.° 28175. negociar y llegar a un acuerdo real que ambas partes puedan cumplir. propia de los trabajadores privados. se apliquen a los empleados de confianza a que se refiere la ley. conforme a la legislación vigente para los servidores públicos. asigna equitativamente los recursos públicos. para el caso de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa. para el caso de los empleados públicos. Por consiguiente. como ya se ha establecido anteriormente. previsto en él. este Tribunal Constitucional estima que el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. cuya aprobación corresponde al Congreso de la República. En tal sentido. éstas deberán efectuarse considerando el límite constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo. si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de sus diferentes dependencias. Consecuentemente. y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado. en el caso de las negociaciones colectivas de los servidores públicos. precisamente después de los acuerdos logrados mediante la negociación colectiva.) Cuestiones relativas a la relación laboral de los empleados públicos en el marco de la Constitución 55.° de la Constitución reconoce a la carrera administrativa como un bien jurídico constitucional. sólo será constitucional en la medida que el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público. ya que dicha norma es compatible con los límites constitucionales que en materia presupuestaria prevé la Constitución. d. una negociación colectiva en el ámbito laboral implica contraponer posiciones. los derechos. no siéndoles de aplicación la disposición referida al contrato de trabajo.
no impone una obligación absoluta. al consagrar el mutuo disenso como causal de la terminación del empleo público. en ambos casos. A su turno. desde su entrada en vigencia. cualquiera sea la solución a la que se arribe. dicho artículo constitucional reconoce que en la relación laboral se respetará tal principio que consagra. La disposición cuestionada se refiere a una regla que puede ser aplicada al conflicto de principios laborales de orden legal. ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ya que este precepto constitucional es de obligatorio cumplimiento al momento de interpretarse una norma.° de la Ley N. El Tribunal Constitucional considera que cuando la ley prevé que se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio. no sólo el respeto de los derechos de carácter laboral sino de otros derechos y libertades reconocidos por la Constitución y la ley. El numeral cuestionado.° de la Constitución. sobre principios de derecho laboral. De otro lado. donde se encuentren en juego derechos constitucionales. vulnera el principio constitucional del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 57. si en caso ello no fuera posible. la solución a la colisión de principios deberá efectuarse conforme al artículo 23. el cual está consagrado en el numeral 2 del artículo 26.° de la Constitución dispone que la ley se deroga por otra ley y que la ley. La parte de la norma cuestionada cuya inconstitucionalidad se alega. sino únicamente la afirmación de que se deben hacer los esfuerzos necesarios para arribar a ellas. la norma cuestionada sólo será constitucional siempre y cuando se interprete conforme al presente fundamento. establece que en la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales. Por tanto. el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda.° de la Constitución. se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos.° 28175. En efecto. debe existir una relación laboral y que el trabajador no podrá . que establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Por lo expuesto. el artículo 103. individuales o colectivas. Empero. dispone que rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación. tendrá que primar alguno de los principios laborales a que alude la norma cuestionada según sea el caso concreto. Los demandantes alegan que el inciso c) del artículo 22. precepto contenido en el artículo 26. 58.° de la Constitución. no se relaciona con el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. estima que. se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio. tratándose de relaciones de empleo público. Asimismo. con carácter general. es coherente afirmar que para que sea posible la aplicación del artículo 26° de la Constitución. insalvable sobre el sentido de una norma.
Un trabajador público que en vez de renunciar opta por el mutuo disenso puede obtener una serie de incentivos o ventajas de carácter económico. bajo el actual sistema legal. renunciar. laboral o previsional. VII. que como este Colegiado ha expresado en reiterada jurisprudencia. FALLO Por estos fundamentos.S. si así lo consideran. el acuerdo no tendrá efectos jurídicos. en el supuesto de que existiese algún vicio de la voluntad del trabajador en la celebración del mutuo disenso. sea en el ámbito público o privado. El mutuo disenso permite iniciar una negociación a fin de poner término a la relación laboral. Ergo. Por tanto. Los servidores públicos sujetos al régimen legal del Decreto Legislativo N. En efecto. o disponer. 59. administrativa. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 10 del Artículo IV del Título Preliminar. En el caso de la incorporación del mutuo disenso como causal de terminación del empleo público. entre otras. cualquiera sea el motivo. e inciso c) del artículo 22 de la Ley N. porque con esta causal no se obliga al trabajador público a renunciar o disponer de sus derechos previstos en la Constitución y la ley. 2. sin que ello signifique una modificación del régimen de estabilidad laboral del que gozan los servidores públicos reconocido por el Decreto Legislativo N. artículo 15°. acreditado el vicio de la voluntad los funcionarios responsables quedarán sujetos a las penalidades que contempla la legislación penal. En tal sentido.° 28175 no vulnera el numeral 2 del artículo 26. ya que en dicho supuesto el empleado público no renuncia a ningún derecho. el Tribunal Constitucional.° de la Constitución. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. debiéndose interpretar dicho precepto conforme al fundamento 57 de la presente sentencia. la causal del inciso c) del artículo 22° de la Ley N. entre otros. de los derechos y libertades que la Constitución y leyes vigentes al momento de la relación laboral le reconocen. no cabe aplicar la figura del mutuo disenso cuando el trabajador o empleado público no acepte acceder a la terminación del vínculo laboral en dicho contexto. el Tribunal Constitucional considera que tal regulación no viola dicho principio. la misma que siempre dependerá del acuerdo de ambas partes. dentro del marco de la Constitución y la Ley. también pueden optar por el mutuo disenso como una forma de término del empleo público. como la violencia o intimidación. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1.° 28175. N. Por lo demás.° 003- 97-TR. laboral y civil correspondiente.° 276. constituye el estatuto de los servidores públicos y gozan de estabilidad laboral.° 276. en el .° 28175. los servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada pueden concluir su relación laboral por la causal de mutuo disenso conforme lo establece el inciso d) del artículo 16° del D.
donde se encuentren en juego derechos constitucionales. las leyes complementarias a la Ley Marco del Empleo Público a fin de iniciar la uniformidad. sólo estarán sujetos a las fuentes normativas del empleo público.gob.html . negociación colectiva y huelga previstos en el artículo 28° de dicho texto.° 151 de la OIT. previsto en él. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO Fuente: http://www. entre otros tratados de derechos humanos. el artículo 8° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI. sentido que tratándose de relaciones de empleo público. sólo será constitucional en la medida que el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público. debiéndose interpretar dicho precepto conforme al fundamento 55 de la presente sentencia en el sentido que el inciso cuestionado. el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso d) del artículo 16° de la Ley N.° 98 de la OIT. no siéndoles de aplicación la disposición referida al contrato de trabajo. relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública.tc. ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.° 28175. el artículo 6° del Convenio N. Sociales o Culturales o “Protocolo de San Salvador”. se apliquen a los empleados de confianza a que se refiere la ley. elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos. individuales o colectivas. DECLARAR que. Publíquese y notifíquese. Sociales y Culturales. en la presente legislatura. EXHORTAR al Congreso de la República para que con el carácter de prioritario y urgente apruebe. y el Convenio N. 5. equidad y modernización del empleo público. los derechos laborales de los trabajadores.° de la Constitución. 3. como los de sindicación. SS. la solución a la colisión de principios deberá efectuarse conforme al artículo 23. de acuerdo a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. para el caso de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa. que establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. mientras que. 4.
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