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Timestamp: 2019-12-16 10:10:30
Document Index: 281356932

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 112']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 169-1251, de 05/04/2013
cve: BOCG_D_10_169_1251
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 2 de abril de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de la Ley del Poder Judicial, supone una inaceptable instrumentalización del ordenamiento jurídico que tiene por único objetivo imponer un nuevo modelo de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del Poder judicial marcado por intereses partidistas, y que acabará debilitando el modelo diseñado por la Constitución, profundizando en el desmantelamiento de la Justicia iniciado en la presente legislatura por el Gobierno del PP.
Nuestro Grupo Parlamentario considera imprescindible abordar la reforma de la composición, elección, funcionamiento y competencias del CGPJ, y así lo hemos hechos constar mediante las oportunas iniciativas parlamentarias, pero este proceso, iniciado por el Gobierno, nace sin diálogo y sin los consensos
mínimos ni entre los Grupos Parlamentarios ni entre la inmensa mayoría de los colectivos implicados en la Justicia.
Por último, no sería aceptable que en una coyuntura compleja para nuestra democracia como la actual, un CGPJ con sus funciones prorrogadas de modo tan atípico, continuara funcionando por tiempo indefinido hasta la futura e incierta aprobación del nuevo modelo de funcionamiento, organización y competencias del CGPJ, que también cuenta con nuestro más absoluto rechazo en su redacción actual, tal y cómo se regula en el Proyecto de Ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, actualmente en trámite en esta Cámara.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 2 de abril de 2013.—Ester Capella i Farré.
Se están sucediendo en los últimos meses y en un corto período de tiempo, diversas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una reforma reciente que afecta directamente al estatuto de Jueces y Magistrados (L.O. 8/2012, de 27 de diciembre), asimismo se pretende por el Ministerio una reforma general de la L.O.P.J., de la que se ha desgajado la reforma del Consejo General del Poder Judicial para tramitarla aceleradamente y que prevé un nuevo sistema de elección, rompe la estructura de órgano colegiado de 20 miembros y reduce sus funciones, para lo cual también con mucha urgencia se prevé dejar en suspenso los arts. 112 y 114 de la LOPJ que obligaban a iniciar en breve el trámite de renovación del actual Consejo General del Poder Judicial.
En los últimos tiempos la renovación de los órganos constitucionales y de otros organismos estatales no se produce y quedan en suspenso a resultas de intereses partidistas. La legislación vigente prevé mecanismos y plazos de renovación de estos órganos, de manera que las instituciones, incluyendo al Parlamento y al Gobierno, deben someterse a lo dispuesto en la Ley. Ciertamente estos mecanismos y plazos para la renovación pueden ser modificados por una Ley, pero parece de dudosa legitimidad suspender los artículos que obligan a ello, aplicando el rodillo de la mayoría absoluta, y a la espera de aprobar una Ley claramente ideológica que sienta las nuevas bases —ideológicas— para la renovación del C.G.P.J.
La suspensión de los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificar las reglas del juego (la ley vigente) cuando se acerca el momento en que deben desplegar sus efectos, constituye un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático. La suspensión de una determinada norma solo cabría en un supuesto de estado de excepción, en el que no nos hallamos, pero en ningún caso con la finalidad de obtener un tiempo e impedir la normal renovación de un órgano constitucional y a resultas de la aprobación de una futura ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por lo que nos hallamos ante un proyecto de modificación de la L.O.P.J. de contenido y vigencia limitada y estrechamente vinculado a una reforma futura de la misma.
Asimismo, la urgencia con que debería aprobarse un Proyecto de Ley tan crucial y polémico como la reforma del C.G.P.J., del cual conocemos sus claves en tanto que Anteproyecto, limitaría y evitaría buena parte del necesario debate parlamentario. Especialmente grave si se modifica la lógica de la división de poderes.
Desde luego la mayoría parlamentaria tiene el derecho de modificar la legislación, pero alterar de manera sustancial las reglas del juego democrático, suspendiendo los mecanismos de renovación de órganos constitucionales, y la división de poderes, con la nueva reforma; impulsar de manera urgente una sustancial reforma del poder judicial esquivando el debate parlamentario o las oportunas comparecencias del sector; y que la mayoría absoluta que se imponga, con la oposición en contra, sea la de un partido que está siendo investigado por corrupción cuestionan gravemente la intencionalidad y legitimidad de la reforma y de la suspensión de dos artículos para la renovación del CGPJ.
Por todo ello, Esquerra Republicana de Catalunya presenta la siguiente enmienda de veto, reclamando la devolución del Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de abril de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Entendemos que el Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de la Ley del Poder Judicial, supone una inaceptable instrumentalización del ordenamiento jurídico que tiene por único objetivo imponer un nuevo modelo de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del Poder judicial marcado por intereses partidistas, y que acabará debilitando el modelo diseñado por la Constitución, profundizando en el desmantelamiento de la Justicia iniciado la presente legislatura por el Gobierno del PP.
Es imprescindible abordar la reforma de la composición, elección, funcionamiento y competencias del CGPJ, y así lo hemos hechos constar mediante las oportunas iniciativas parlamentarias, pero este proceso, iniciado por el Gobierno, nace sin diálogo y sin los consensos mínimos ni entre los Grupos Parlamentarios ni entre la inmensa mayoría de los colectivos implicados en la Justicia.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de abril de 2013.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es una muestra más del poco respeto que tiene el Gobierno por el Parlamento y por el debate legislativo. Y lo demuestra claramente desde el propio contenido y objeto del Proyecto de Ley, su tramitación urgente y sin apenas debate, y la contradicción jurídica en la que va a incurrir tras su aprobación definitiva.
En primer lugar, el Gobierno presenta una Ley Orgánica para «suspender temporalmente» la vigencia de dos artículos de otra Ley Orgánica, a la que, a su vez, ha presentado un Proyecto de Ley de modificación que está en tramitación en el Congreso de los Diputados. Objetivamente, este procedimiento legislativo es incongruente, chapucero, y poco respetuoso con la labor del legislador.
El objeto del Proyecto de Ley es la paralización temporal del proceso de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que según la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial, tiene que realizarse cada cinco años e iniciarse seis meses antes de la expiración del mandato del actual Consejo. La justificación que ofrece el Gobierno para esta excepcionalidad es la coincidencia en el tiempo de la próxima renovación y de los cambios en el sistema para la designación de dicho Consejo que ha aprobado el Consejo de Ministros dentro del «Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial».
Desde la presentación del Anteproyecto de Ley por el Gobierno se han recibido informes muy críticos desde el propio Consejo General del Poder Judicial, desde el Consejo Fiscal, y desde varias asociaciones de juristas. Coinciden en criticar la «falta de rigor técnico» del Proyecto y el poco respeto de las exigencias que deben tener las normas jurídicas, como son la previsibilidad, la generalidad y la vocación de permanencia en el tiempo. Además, en el voto particular de cinco de los Vocales del Consejo, se señalan explícitamente los intereses partidistas del Gobierno al afirmar que la norma «obedece a un mero cálculo político (…) que manipula el ordenamiento jurídico (…) de forma chapucera y extravagante, (…) dado que la fórmula de la suspensión temporal de la vigencia de una ley priva a ésta de su función más genuina, que es la efectividad del mandato que incorpora, creándose así una situación artificiosa en la que el enunciado del precepto no desaparece del mundo jurídico, pero su eficacia real es nula».
Por otro lado, el Gobierno vuelve a despreciar el trabajo del legislador con la tramitación directa, urgente y en lectura única de este Proyecto de Ley hurtando el debate en Comisión y reduciendo la posibilidad de enmienda, bases de un sistema político democrático.
Y por último, el Gobierno vuelve a errar en sus previsiones y genera otro conflicto jurídico, dado que cuando el Proyecto de Ley inicia su tramitación en el Senado se cumple el plazo en el que la Ley Orgánica 6/1985 vigente, en el artículo 114 que el Proyecto pretende suspender, mandata para el inicio del proceso
de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así, teniendo en cuenta que el Consejo actual finaliza su mandato el 24 de septiembre de 2013, el pasado 25 de marzo el Presidente del Consejo, en estricto cumplimiento de la Ley, ha entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado las comunicaciones pertinentes para que las Cámaras procedan a la elección de los nuevos Vocales.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de abril de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
El Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial propone, en su artículo único, suspender la puesta en marcha de los mecanismos de designación previstos en el artículo 112 de la vigente LOPJ, que responden a un procedimiento para la renovación del Consejo del Poder Judicial con un sistema de elección que, a su vez, está siendo objeto, en estos momentos, de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a través del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Por este proyecto de ley «se ordena», tal como explica la Memoria Abreviada de Impacto Normativo, la suspensión de la vigencia del artículo 112 de la LOPJ, así como de un inciso del artículo 114 de la misma norma, y se fija un límite temporal para dicha suspensión. Y, asimismo, se prevé la entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.
En la citada Memoria abreviada de impacto normativo se afirma que «no estamos ante una derogación, sino sólo ante una suspensión de vigencia (…) que exige que se establezca un límite temporal a la misma, que se fija en el momento en que se produzca la expiración del mandato del actual Consejo, es decir el 24 de septiembre de 2013». Previéndose el que en el supuesto de que no se aprobara la reforma del Consejo General del Poder Judicial, en virtud de la ley principal referida más arriba, recuperarían su vigencia los artículos 112 y 114 de la LOPJ ahora suspendidos y se pondrían en marcha los mecanismos de renovación.
Tal como fue presentado el anteproyecto de ley, ha merecido dos informes severamente críticos por parte del Consejo Fiscal y del propio Consejo General del Poder Judicial que, además, contó con un voto particular, extremadamente duro, de cinco vocales del Consejo.
En su valoración inicial del objeto del anteproyecto, el Consejo Fiscal estima que el anteproyecto carece de rigor técnico y no es respetuoso con las exigencias que deben tener las normas jurídicas, como son la previsibilidad, la generalidad y la vocación de permanencia en el tiempo.
Critica también el Consejo Fiscal que la iniciativa no tiene como finalidad la modificación del procedimiento de renovación, sino que pretende suspender temporalmente la vigencia de dos preceptos sin derogarlos. También el Consejo Fiscal afirma que se crea un régimen excepcional de derogación temporal de normas para facilitar la aplicación retroactiva de un régimen jurídico nuevo, que a día de la fecha «ni ha nacido al mundo del derecho ni ha sido objeto de debate parlamentario» y que, en este momento, se encuentra, aún, en fase de enmiendas.
Y además, y coincidiendo en ello con el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal considera que debería quedar suspendida, también, la entrega del escalafón y del Registro de asociaciones judiciales a las Cámaras, pues la afiliación asociativa y el número de jueces y magistrados en servicio activo pueden experimentar variaciones por lo que se propone que la suspensión abarque también al inciso inmediatamente anterior referido a la entrega de esa documentación.
Planteándose, en suma, una serie de problemas que puede suscitar la sucesión de normas que no han sido subsanados tampoco por el Gobierno, como podía haber hecho conocidos estos informes.
Tampoco el Consejo General del Poder Judicial hace una valoración favorable del proyecto y, de hecho, comienza su Informe vertiendo una crítica sobre la falta de «ortodoxia» de la técnica legislativa suscribiendo las recomendaciones de precisión y ajustes que propone el Consejo Fiscal. Al Informe del CGPJ se emitió un voto particular suscrito por cinco vocales del mismo con una crítica mucho más severa del hoy proyecto de ley.
En síntesis, el voto particular afirma que «se violenta la interdicción de la arbitrariedad del artículo de la Constitución (…) al utilizar un instrumento normativo por razones metajurídicas manifiestamente interesadas» y con una «técnica chapucera».
Además, se afirma que la iniciativa sólo obedece al «cálculo político» y que «parece incluso contener una tacha de ilegitimidad al sistema vigente de renovación del Consejo». Se afirma también que «se manipula el ordenamiento jurídico dando prácticamente efectos retroactivos a una norma que todavía no existe, paralizando un proceso que debiera producirse conforme a lo legalmente previsto en la ley vigente».
Critica, igualmente, que se violente el principio de reserva de ley orgánica al ser este proyecto una ley orgánica que no está llamada a perdurar, sino una ley orgánica de carácter provisional.
La suspensión temporal de la vigencia de una norma constituye, en palabras del voto particular «un fenómeno que debe ser considerado extravagante (…) porque priva a la ley de su función más genuina que es la efectividad del mandato que incorpora, creándose así una situación artificiosa en la que el enunciado del precepto no desaparece del mundo jurídico, pero su eficacia real es nula».
Además, añade que se desconoce aún si, tras la expiración del mandato del actual CGPJ, la renovación podrá ser llevada a cabo conforme a la futura ley que se apruebe de reforma del CGPJ o será necesario rehabilitar la vigencia de los preceptos temporalmente suspendidos (art. 112 y 114 de la LOPJ).
El Grupo Parlamentario Socialista comparte todas las valoraciones referidas, rechazando, por tanto, la suspensión de los artículos 112 y 114 de la LOPJ.
Pero, además de por todas estas razones de fondo, también rechazamos el proyecto de ley por razones de forma. Una vez más, este Gobierno vuelve a forzar la tramitación parlamentaria manifestando, también de nuevo, su desinterés por el respeto a la división de poderes y su desprecio hacia el Parlamento, y por tanto, hacia los representantes de los ciudadanos y hacia la democracia entendida como respeto a unas reglas del juego.
Es ya habitual en el Gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Justicia legislar a golpe de reales decretos-leyes y con pocos proyectos de ley que, además, no se tramitan nunca de una forma respetuosa con el procedimiento legislativo. Así pasó con la Ley de Tasas, así ocurrió con la reforma parcial del Código Penal y así está pasando con este proyecto de ley que ha vuelto a forzar el procedimiento parlamentario.
En este caso, con un Ministro de Justicia que más que por el fondo del proyecto de ley, aparece preocupado, en sede parlamentaria, por justificar la necesidad de la tramitación por lectura única, siendo ésta una prerrogativa, no lo olvidemos, que, aún, le corresponde decidir a los parlamentarios. Un Ministro de Justicia que con este texto parece estar llamado a perpetrar, nuevamente, otra chapuza jurídica, o quizás algo peor, máxime cuando el pasado 25 de marzo el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento del vigente artículo 114 de la LOPJ, y mediante sendas comunicaciones remitidas al Congreso de los Diputados y al Senado, ha procedido a iniciar los trámites para renovación de este órgano de acuerdo con el actual modelo en vigor de elección de los vocales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitando su devolución al Gobierno.