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Timestamp: 2019-10-22 02:53:04
Document Index: 209419921

Matched Legal Cases: ['artículo 2341', 'artículo 185', 'artículo 368', 'artículo 177', 'in casu', 'artículo 177', 'artículo 177']

﻿ Sentencia 5502 de abril 4 de 2001
SENTENCIA 5502 DE 04 DE ABRIL DE 2001
CONTENIDO:EL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. DENTRO DEL CONCEPTO Y LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, ES EL DAÑO UN ELEMENTO PRIMORDIAL Y EL ÚNICO COMÚN A TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, CUYA TRASCENDENCIA FIJA EL ORDENAMIENTO. DE AHÍ QUE NO SE DE RESPONSABILIDAD SIN DAÑO DEMOSTRADO, Y QUE EL PUNTO DE PARTIDA DE TODA CONSIDERACIÓN EN LA MATERIA, TANTO TEÓRICA COMO EMPÍRICA, SEA LA ENUNCIACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y DETERMINACIÓN DE AQUÉL, ANTE CUYA FALTA RESULTA INOFICIOSA CUALQUIER ACCIÓN INDEMNIZATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:VEHÍCULO AUTOMOTOR, RESPONSABILIDAD CIVIL, DAÑO, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, VEHÍCULO
Sentencia 5502 de abril 4 de 2001
Ref.: Expediente 5502
Bogotá D.C., cuatro de abril de dos mil uno.
Contra la sentencia del 15 de febrero de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario adelantado por José Ignacio Vanegas Rodríguez y Albeiro Buitrago Castillo contra Fabio Pinzón Henao, Hernando Toledo Rodríguez, Expreso Bolivariano S.A. y Alfredo Yunda Ramos, presentaron demanda para sustentar el recurso extraordinario de casación los demandantes y la referida sociedad demandada, que la Corte procede a resolver.
1. Los aludidos demandantes promovieron un proceso ordinario frente a los también mencionados demandados, para que en sentencia definitiva se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
a) Que los demandados son responsables civilmente, en forma solidaria, de los daños morales y materiales causados por el vehículo conducido por Fabio Pinzón Henao y de propiedad de los demandados Hernando Toledo R. y Alfredo Yunda Ramos, automotor afiliado a la empresa “Expreso Bolivariano”, según hechos ocurridos el 13 de agosto de 1989 en la vía Espinal-Ibagué.
b) Que, como consecuencia de la anterior declaración, los demandados sean condenados al pago de todos los daños materiales y morales, así: por concepto de daños materiales (daño emergente) causados al automotor de propiedad de Vanegas Rodríguez, vehículo marca Chevrolet, modelo 1981, de placas WT-4026, daños en cuantía de $30'000.000 o la suma que se determine mediante dictamen pericial.
Por daños materiales (lucro cesante) la suma de $1'000.000 mensuales, que el demandante José Ignacio Vanegas ha dejado de percibir desde el día del accidente (13 de agosto de 1989) hasta cuando el pago total se verifique, o la suma que se determine pericialmente.
Igualmente, por daños materiales las sumas que el demandante Vanegas pagó por hospitalización y por honorarios médicos para la recuperación de Albeiro Buitrago Castillo, en cuantía de $1'200.000, o la cantidad que se determine mediante pericia, y por concepto de daños morales sufridos por los demandantes, la suma que para cada uno determine el juzgado o el correspondiente dictamen pericial.
Y, finalmente, como lucro cesante del demandante Albeiro Buitrago Castillo, la suma de $800.000, correspondiente a los cuatro meses que duró su incapacidad.
c) Las condenas anteriores deberán ajustarse monetariamente a la fecha en que se verifique el pago.
2. Como hechos constitutivos de la causa petendi, los demandantes expusieron los que así se resumen:
a) El vehículo tracto-camión, marca Chevrolet, de placas WT-4026 es de propiedad del demandante José Ignacio Vanegas Rodríguez.
b) El automotor, tipo bus, distinguido con el número de orden 705, marca Dodge, modelo 1971, de placas SN-6313, afiliado a la empresa demandada “Expreso Bolivariano S.A.”, para el día de la colisión, es decir, el 13 de agosto de 1989, era de propiedad de los demandados Hernando Toledo Rodríguez y Alfredo Yunda Ramos, según consta en el certificado expedido por la Inspección de Tránsito y Transportes de Soacha, donde se encuentra matriculado.
c) El precitado bus, para el día de los hechos, era conducido por el demandado Fabio Pinzón Henao, por orden y programación de la empresa “Expreso Bolivariano S.A.”, y cubría la ruta Bogotá-Cali, con itinerario de salida a las 6 de la tarde del referido 13 de agosto de 1989.
d) En el cubrimiento de la ruta, el vehículo afiliado a Expreso Bolivariano tuvo varios retrasos, con ocasión de una parada en la agencia ubicada en la Avenida Boyacá y una pinchada en la salida de Bogotá, razón por la cual, según el propio conductor Fabio Pinzón Henao, iba retrasado en el cumplimiento del recorrido, por lo que éste le imprimió al vehículo una velocidad excesiva, de manera imprudente, como quiera que luego del paso por Espinal-Tolima el pavimento se encontraba mojado en razón de la lluvia que caía en esos momentos.
e) Con motivo de la excesiva velocidad y el pavimento mojado, al llegar a la curva “La Arenosa” en la vía Espinal-Ibagué, el bus se salió de su carril (el derecho), ocupando el que correspondía a los vehículos que transitaban en sentido contrario, con tan mala fortuna que, en esos momentos, transitaba en sentido inverso el automotor de propiedad del demandante José Ignacio Vanegas Rodríguez, produciéndose la colisión entre el bus y el tracto camión, este último, conducido por el demandante Albeiro Buitrago Castillo, quien lo hacía de manera prudente y cuidadosa, tal y como el ejercicio de la actividad peligrosa del transporte se lo indicaba.
f) Debido al gravísimo y fuerte impacto producido a raíz de la colisión del bus con el tracto-camión, resultaron más de una veintena de graves lesionados entre las personas que ocupaban el primer vehículo mencionado, además de sufrir graves lesiones el demandante Albeiro Buitrago Castillo, que le reportaron una incapacidad superior a 4 meses, para cuya recuperación fue necesaria su hospitalización en varios centros asistenciales en donde le practicaron cirugías, exámenes de laboratorio, suministro de drogas, etc., cuyo costo canceló el demandante José Ignacio Vanegas Rodríguez en cuantía de $1'200.000.
g) Además, el demandante Albeiro Buitrago Castillo, en virtud de su larga incapacidad, dejó de percibir la suma de $800.000, ya que devengaba un salario de $200.000 mensuales.
h) Como producto de la colisión, el camión de propiedad del demandante José Ignacio Vanegas Rodríguez sufrió daños en cuantía de $30'000.000, por razón de la destrucción total del cabezote (cabina, motor y chasis) y de los deterioros en el trailer o carrocería, así como por haber incurrido en otros gastos, tales como el pago de grúa, ambulancias, etc.
i) Además del daño emergente aludido en el hecho anterior, el señor Vanegas Rodríguez dejó de percibir una suma mensual igual a $1'000.000, que le reportaba la explotación económica de la tractomula de su propiedad, y que resultó destruida en la mencionada colisión.
j) Por otro lado, con ocasión del accidente, los demandantes sufrieron perjuicios morales, así: José Ignacio Vanegas Rodríguez en la medida en que vio destruido su único patrimonio; Albeiro Buitrago Castillo por el padecimiento, la angustia y sufrimiento vividos en virtud de las lesiones que lo tuvieron al borde del deceso.
3. Trabada la relación jurídico-procesal por notificación personal hecha a los demandados “Expreso Bolivariano S.A.”, Hernando Toledo Rodríguez, así como a los curadores ad litem que representaron a los herederos indeterminados de Alfredo Yunda Ramos y a Fabio Pinzón Henao, éstos dieron contestación al libelo oponiéndose a las súplicas de la demanda. Aquellos formularon, además, las siguientes excepciones: La sociedad “Expreso Bolivariano S.A.”, las que denominó “Compensación de culpas”, “ausencia de culpa”, “falta de legitimación en la causa por la parte demandante” y “carencia de legitimación en la causa por la parte demandante"; el demandado Hernando Toledo Rojas, las que tituló “carencia de acción”, “falta de legitimación en la causa por la parte demandante”, “falta de legitimación en la causa por la parte demandada” y la “compensación de culpas”.
4. Planteado el litigio en las anteriores condiciones y una vez rituada la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin mediante sentencia del 2 de junio de 1994, en la cual decidió declarar no probadas las excepciones propuestas, acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto a la declaración de responsabilidad civil de los demandados por los hechos ocurridos en el accidente de tránsito, que fue objeto del proceso; condenar consecuencialmente a la parte pasiva al pago de las siguientes sumas: en favor de Albeiro Buitrago Castillo la suma de $600.000 como lucro cesante y $800.000 por perjuicios morales; en favor de José Ignacio Vanegas la suma de $31'200.000 como daño emergente; negar la condena en perjuicios por lucro cesante y los perjuicios morales por no haber sido demostrados; condenar al reajuste monetario de las sumas atrás mencionadas desde la fecha de la presentación de la demanda hasta cuando se realice el pago.
5. Como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de los demandantes, de la sociedad demandada “Expreso Bolivariano S.A.” y del demandado Hernando Toledo Rodríguez, el Tribunal Superior de Bogotá conoció del proceso, corporación que, en su fallo de 15 de febrero de 1995, revocó parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva, para desestimar la condena al pago de los $600.000, reconocidos por el juez en beneficio del demandante Albeiro Buitrago por concepto de lucro cesante y modificar el literal b) del mismo numeral, en el sentido de condenar a la parte demandada a pagarle a José Ignacio Vanegas la suma de $30’610.000 como daño emergente y no los $31.200.000.00 señalados en la sentencia apelada, la que confirmó en sus restantes decisiones.
Se refirió delanteramente el sentenciador de segundo grado a la legitimación en la causa de los extremos del litigio, señalando que en lo concerniente a los actores, del haz probatorio emergía, sin duda alguna, que al demandante Albeiro Buitrago Castillo se le ocasionaron varios daños por las heridas que sufrió en su cuerpo, y respecto del demandante José Ignacio Vanegas, aparecía en el certificado de tradición emanado de la División de Tránsito y Transportes de Calarcá-Quindío, que era propietario desde el 11 de junio de 1986 del vehículo marca Chevrolet, de placas WT-4026. Con relación a los demandados, según el documento emanado del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, quedó establecido que Alfredo Yunda y Hernando Toledo Rodríguez eran propietarios del vehículo “Dodge” de placas SW-6313, documento que además refiere que tal automotor estaba afiliado a la empresa “Expreso Bolivariano". De igual forma, con relación al demandado Pinzón Henao, adujo el fallador que con los diferentes medios de convicción recaudados, quedó establecida su actitud culposa, por lo que debía responder por su comportamiento.
Con relación a las pruebas, el Tribunal manifestó que los testimonios rendidos por Carlos Humberto Morales Herrera, Omar Jaramillo Giraldo, Andrés Barbas Díaz y Germán Cortes Silva constataron la demora del bus por diversas razones, por la cual, según ello, luego hubo necesidad de imprimirle velocidad excesiva que lo llevó a desbordar su carril para estrellarse contra el tracto-camión, propiedad del actor José Ignacio Vanegas.
Después de transcribir los apartes pertinentes de estas declaraciones, el juzgador de segunda instancia señaló que estaban debidamente acreditados los elementos constitutivos de la responsabilidad aquiliana, toda vez que el daño es palmario si se tienen en cuenta, además de los testimonios, el informe de Tránsito, el avalúo efectuado por los expertos y las declaraciones de quienes repararon los daños, medios de prueba que, junto con otros documentos de los centros médicos que lo atendieron, evidencian las graves heridas que sufrió el conductor Albeiro Buitrago.
Ese conjunto probatorio igualmente demostró la culpa exclusiva del conductor del bus Fabio Pinzón Henao, por manejar el vehículo a alta velocidad, actitud agravada en la medida en que no tuvo en cuenta que el pavimento se encontraba húmedo.
Quedó, además, sin asomo de duda, establecida la relación de causalidad, pues el conductor causante del accidente y de los daños, lo relata el Tribunal, utilizaba un bus de servicio público afiliado a Expreso Bolivariano, vehículo propiedad de Alfredo Yunda Ramos y Hernando Toledo Rodriguez, estructurándose la responsabilidad civil extracontractual derivada de una actividad calificada como peligrosa.
Con relación a las excepciones propuestas, y no obstante los argumentos esbozados precedentemente en punto de la legitimación en la causa de las partes, en lo que se refiere a la afiliación del vehículo a la sociedad demandada (Expreso Bolivariano S.A.), su acreditación no solo surgió de la prueba trasladada del proceso penal, sino que también se dedujo, entre otras pruebas, del documento visible a folio 4 del cdno. 1 emanado de la autoridad de tránsito, en el que, además, se observaba que figuraba como propietario del vehículo Hernando Toledo Rodríguez, titularidad que compromete su responsabilidad aunque no estuviera manipulando directamente el bus, sin que tenga asidero su afirmación, carente de demostración, de que no estaba en posesión material del automotor.
Con respecto al argumento de los apelantes, en el sentido de que no se encontraba acreditada la dependencia del conductor del bus, la verdad es que la responsabilidad endilgada no se apoyó en la relación contractual que los pueda unir con el chofer, sino en la guarda jurídica de un bien destinado a una actividad considerada como peligrosa por parte de quienes como propietarios y sociedad afiliadora, deben ejercer, como es su dirección y su control.
En lo tocante con la supuesta falta de pronunciamiento respecto de la denominada excepción de “compensación de culpas”, en cuanto que no se tuvo en cuenta por el juez de primera instancia que por estar ejerciendo ambos conductores actividades peligrosas debió reducirse el monto del daño causado, precisó el Tribunal que, en el caso de autos no estaba en presencia de esta hipótesis, pues, como se concluyó, el comportamiento descuidado le resultaba enteramente imputable al conductor del bus, razón por la cual se imponía desestimar la excepción en este sentido formulada, como acertadamente lo resolvió el a-quo.
Demostrada entonces la autoría del hecho, la culpa, el daño sufrido y la relación de causalidad, en orden a la fijación de la respectiva indemnización que comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, precisó el Tribunal que en tratándose de los perjuicios materiales, éstos no se presumen sino únicamente en los supuestos que la ley taxativamente prevé. Luego, resulta palmario que quien los reclama deba probar no sólo que son ciertos: actuales o futuros, sino también la exacta extensión del daño, de modo que coincida con la cuantía en que se le disminuyó su patrimonio a la víctima, regla probatoria que se impone también para el daño moral objetivado.
Bajo los anteriores parámetros, el Tribunal manifestó que en punto al lucro cesante reconocido al demandante Buitrago Castillo por el tiempo que estuvo incapacitado, el a quo incurrió en una equivocación “puesto que al no hallarlo acreditado objetivamente, mal podía acudir para su justiprecio a ‘la persuasión racional y a la presunción de hombre’, para inferir de esta manera una incapacidad de tres (3) meses” (fl. 45 cdno. 4) que cuantificó conforme a la demanda y al dictamen pericial en $200.000. mensuales. Por consiguiente, en este sentido se imponía la revocatoria de la decisión.
De otro lado, el juzgador de segundo grado encontró que, por el contrario, al mismo demandante sí se imponía reconocerle, acudiendo al arbitrium judicis, los señalados perjuicios en cuantía de $800.000 por el dolor moral y por el impacto sicológico que le ocasionaron las heridas recibidas.
Respecto de los rubros aceptados en favor de José Ignacio Vanegas, el Tribunal consideró que debería revocarse el fallo en la medida en que se admitió la suma de $1'200.000, puesto que el fallador se apoyó en documentos provenientes de terceros desprovistos de toda autenticidad. Diferente tratamiento dio el ad quem a la partida relacionada con las reparaciones efectuadas al tracto-camión, pues éstas fueron expresamente reconocidas por sus signatarios Fabio Botero y Hugo Espinosa; no así la suma de $160.000, que no fue confirmada por Fernando Ibagón cuando se le puso de presente el recibo correspondiente.
En cuanto a la destrucción total del cabezote del camión, punto sobre el que no hay discusión, el Tribunal acogió lo señalado en el dictamen pericial, aunque lo redujo a la suma de $30.000.000, en tanto y en cuanto se trataba de un automotor usado.
Por último, consideró el juzgador que no había lugar a reconocer perjuicios morales al propietario del tracto-camión, pues su ocurrencia no puede predicarse de la sola destrucción de un bien material, a no ser que llegare a demostrarse un especial valor afectivo sobre la cosa, lo que aquí no sucedió. Así es como tampoco podía reconocerse la cifra reclamada por el mismo demandante Vanegas, como lucro cesante mensual con ocasión de los daños ocurridos al vehículo, toda vez que en el proceso no hay prueba que permita su debida comprobación, pues tal y como lo apreció el a quo, era por lo menos necesario que se aportasen escritos alusivos a contratos de transporte de mercancías, la debida contabilidad, etc., y no con “los testimonios juramentados” rendidos por los mismos demandantes, lo que resulta abiertamente inaceptable. Con relación a este particular aspecto, el dictamen pericial carece de la debida fundamentación, puesto que las cifras allí señaladas se basan en meras conjeturas, y se apoyó en informes provenientes de los mismos demandantes.
Acudieron en casación tanto la parte actora como la demandada Expreso Bolivariano. Aquella formuló en su demanda un solo cargo por la causal primera, en tanto que la referida sociedad incluyó tres cargos, de los cuales fueron admitidos los dos primeros —por las causales primera y segunda, en ese orden—.
Inicialmente se estudiará el recurso de la sociedad demandada, habida cuenta que la primera de sus censuras tiene el propósito de infirmar íntegramente el fallo, para luego analizar la acusación presentada por la parte actora, cuyo único cargo posee un alcance parcial.
Recurso extraordinario de casación de la sociedad demandada “Expreso Bolivariano S.A.”
Con estribo en la causal primera de casación, el recurrente le endilgó a la sentencia del Tribunal la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error en la apreciación probatoria, en cuanto dio por demostrado que el bus de placas SN 6313 estaba afiliado a Expreso Bolivariano S.A. para la fecha de los acontecimientos, lo que no fue probado por medio legal eficaz. Esta equivocación significó que el sentenciador declarara responsable a quien no está legitimado por pasiva para responder, violándose así el artículo 2341 del Código Civil.
En la sustentación de su cargo, refirió el censor que al momento de la contestación de la demanda propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por la parte demandada y que, durante el proceso la parte actora en ningún momento acreditó, conforme a derecho, que el bus de placas SN 6313 estuviera afiliado a la sociedad “Expreso Bolivariano S.A.” para la fecha de los acontecimientos.
Se violó, en criterio del casacionista, igualmente, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, porque “se quiso aducir unas diligencias que obraban en unas diligencias penales, cuyo proceso aún no ha terminado y dentro de las cuales, la sociedad Expreso Bolivariano S.A. no era parte y por tanto no era prueba idónea”, como tampoco éstas se practicaron a petición, ni con audiencia suya.
1. Es sabido que en materia casacional, el recurrente tiene la carga de formular su ataque en forma completa, pues de llegar a omitir alguna de las consideraciones que le sirven de soporte a la sentencia, la Corte se verá imposibilitada de estudiar el cargo sometido a su consideración, en la medida en que “si alguna de ellas se mantiene al margen del ataque y por sí sola resulta suficiente para darle apoyatura a la decisión, resultará frustráneo el empeño del recurrente en demostrar la equivocación del Tribunal, así con este propósito logre derribar los demás cimientos del fallo” (Sent. sep. 27/2000, exp. 5601), en la medida en que si “alguna de estas aristas queda en pie, la sentencia bajo censura deberá mantenerse (entre otras, vid. sentencias del 17 de septiembre 1998, exp. 5096; del 23 de noviembre de 1999, exp. 5250; del 10 de diciembre de 1999, exp. 5294 y del 10 de diciembre de 1999, exp. 6259).
2. No obstante lo anterior, el recurrente, en este cargo, al argumentar que su poderdante no podía ser declarada responsable del hecho endilgado, pues en el expediente no existía prueba legalmente eficaz que demostrara la afiliación del bus a Expreso Bolivariano S.A., por lo que erró de derecho el sentenciador de segundo grado al darle mérito a la prueba trasladada del proceso penal, pasó por alto que el Tribunal hizo descansar su conclusión, no solamente en las pruebas importadas del referido pleito, sino también en la certificación expedida por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, aportada con la demanda (fl. 4 del cdno. 1), en la que se precisó que el vehículo de placas SN 6313, para el 13 de agosto de 1989, se encontraba afiliado a Expreso Bolivariano, omisión del impugnante que torna incompleta la censura y que desatiende, como quedó reseñado, el principio de integridad o plenitud del ataque.
Nótese que para el fallador, la legitimación en la causa de la sociedad demandada “se deduce, entre otras, de la (prueba) anexada con la demanda misma, vale decir, con el documento público visible a folio 4 del cuaderno 1, emanado de la autoridad de tránsito, el que por ende, seguramente debió conocer la empresa de transportes al dársele el correspondiente traslado” (se resalta, fls. 40 y 41 cdno. 4), apreciación ésta que la censura dejó al margen de su ataque, puesto que ningún reproche formuló contra ella, limitándose a cuestionar el mérito que le otorgó, con igual propósito, a las pruebas trasladas del proceso penal.
Adicionalmente, debe destacarse, que la precitada apreciación del Tribunal no resulta absurda, ni contraria a la realidad que emerge de las probanzas obrantes en el proceso, pues la pluricitada certificación del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, en tanto que es documento público, goza de autenticidad presumida por la misma ley, y su valoración como prueba, lo ha reiterado una y otra vez esta Corporación, se encuentra dentro de la discreta y razonable autonomía que se le concede al juzgador de instancia (Sent. nov. 6/99, exp. 5223).
Luego, siendo así las cosas, resulta inconducente para la Corte abordar el estudio del yerro que se atribuye al ad quem en la apreciación de la prueba trasladada, pues, aún en el evento de que éste llegare a establecerse, aquella conclusión, es decir la acreditación del vínculo del automotor con Expreso Bolivariano S.A., se preservaría con apego a la prueba que se quedó huérfana de censura casacional, como anteriormente quedó expuesto, suficiente para preservar incólume la decisión del Tribunal, merced a la arraigada presunción de acierto que campea en materia casacional.
3. En consecuencia, se desestima el cargo propuesto.
Lo apoyó el censor en la causal segunda de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que el sentenciador no hizo pronunciamiento alguno respecto de la excepción perentoria de “compensación de culpas”, razón por la que la sentencia no estuvo en consonancia con las excepciones propuestas.
En la explicación que hizo de su impugnación, expresó el recurrente que “En el ejercicio de actividades peligrosas, se dice que si ambas partes la estaban ejerciendo, tal efecto se neutraliza, debiendo por tanto, aceptarse una graduación que la ley ha dejado a la prudencia del Juzgador pero ocurre que al dictarse la sentencia definitiva, el fallador únicamente tuvo en cuenta la cuantía fijada por la demandante, sin ni siquiera haber realizado un estudio de fondo de las responsabilidades que hubieran podido tener tanto uno como otro conductor” (fl. 21 cdno. Corte)
Así, como la excepción de “compensación de culpas” fue oportunamente alegada por la demandada, ha debido existir un pronunciamiento sobre ésta. Además en la medida en que el fallo condenatorio no hizo referencia, de manera ordenada a todas y cada una de las excepciones propuestas, se violaron los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil que imponen la obligación de pronunciarse sobre las excepciones en relación con las que aparezcan probadas.
1. En jurisprudencia reiterada la Corte ha expresado que “la inconsonancia como causal de casación en las modalidades de extra, ultra o mínima petita, debe buscarse necesariamente confrontando la parte resolutiva de la sentencia, que es la que —en línea de principio, se agrega— contiene la decisión del conflicto sometido a composición judicial, con todas y cada una de esas circunstancias (pretensiones, hechos, excepciones, etc.), para, previa labor de parangón, establecer si en realidad se presenta un ostensible desacoplamiento entre lo resuelto y los límites fijados por los litigantes o por la misma ley cuando el juez debe actuar inquisitivamente” (Sentencia del 18 de agosto de 1998, expediente 4851. Vid, igualmente, sentencia del 19 de octubre de 1999, expediente 4823 y sentencia del 16 de febrero de 2000, expediente 5363)” (Sent. oct. 18/2000. Exp. 5673).
Por esa razón, cuando se afirma que un fallo ha resultado inconsonante, quien alega este defecto in procedendo deberá comprobar, efectivamente, la ausencia de armonía entre las pretensiones y los hechos expuestos por el demandante, o entre los medios de defensa y los supuestos fácticos aducidos por el demandado, con respecto a la decisión tomada por el fallador.
2. Examinando el asunto sometido al escrutinio de la Corte, a las claras se observa que el ad quem sí efectuó pronunciamiento explícito, a fuer que diciente y concluyente sobre la excepción de compensación de culpas, de suerte que el asunto quedó definido en las instancias del proceso, como se observará.
a) En efecto, la sentencia de primera instancia resolvió, en su numeral 1º, “declarar no probadas las excepciones propuestas por cada uno (sic) de la parte demandada en este proceso” (fl. 231 cdno. 1), decisión que fue confirmada por el sentenciador de segundo grado, como aparece consignado en el numeral 3º de la parte resolutiva del fallo ahora cuestionado (fl. 50 cdno. 4), lo que descarta, in toto, la predicada inconsonancia.
b) Pero si alguna duda quedase al respecto, que no la hay, téngase en cuenta que en la motivación de la sentencia de segundo grado, el Tribunal efectuó explícitas consideraciones sobre la inexistencia de los elementos configurativos de la excepción de ‘compensación de culpas’, al precisar, de una parte, que “El mismo conjunto probatorio da cuenta de la culpa exclusiva en que incurrió el conductor del bus Fabio Pinzón Henao, por venir manejándolo a alta velocidad, invadiendo por ello en una curva el carril o espacio reservado para el automotor que hacía su recorrido en sentido contrario, agravado por el hecho de no observar el peligro de su comportamiento al hallarse húmedo el pavimento por el que transitaba” (fl. 40 cdno. 4); y de la otra, que no era admisible alegar la compensación de culpas, “toda vez que, como se vió (sic), el comportamiento descuidado le es enteramente enrostrable al conductor del bus”, por lo que “No pudiendo la Sala reducir la culpa, ni lógicamente atribuirla al conductor de la tractomula, desde luego que con apoyo en todas las pruebas anteriormente analizadas se desprende con toda nitidez que la culpa le es íntegramente atribuible a quien manejaba el bus, se imponía por esta parte desestimar las excepciones que en este sentido formularon, como con acierto lo resolvió el a quo” (fls. 42 y 43 ibídem) (los subrayados son ajenos al texto)
3. Por las anteriores consideraciones, en la medida en que el sentenciador de segunda instancia sí se pronunció expresa y categóricamente sobre la excepción de ‘compensación de culpas’, como se comprobó en líneas que anteceden, no existe ninguna inconsonancia, por lo cual la causal esgrimida no está llamada a prosperar, lisa y llanamente, por sustracción de materia.
La parte actora acusó el fallo de ser violatorio indirectamente de los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343 y 2344 del Código Civil, por error evidente de hecho, en cuanto que el Tribunal no tuvo en cuenta determinadas pruebas, omisión que incidió en su decisión, pues de haberse tenido en cuenta “estaba obligado a aceptar el peritaje legalmente rendido y por tanto hubiera condenado a los demandados al pago del lucro cesante".
Inició su argumentación con la transcripción del texto de las normas sustanciales que adujo como violadas y de los apartes pertinentes de las fundamentaciones de los peritos para valorar el lucro cesante, finalizando con la observación realizada por el a quo respecto a este medio de prueba: “... no podemos basarnos en el experticio (sic) obrante en el expediente, pues ese dictamen se basa en hechos expuestos en la demanda, sin ninguna clase de sustento. Para que se le pudiera reconocer al actor de marras los perjuicios por lucro cesante, debía haberse demostrado contratos permanentes de transporte de mercancías, contabilidad de los producidos mensuales que el automotor generaba, datos especializados de la llamada costumbre mercantil, y demás hechos indiciarios que sustentaran el perjuicio, cosa que no aparece en el informativo.” (fl. 11 cdno. Corte), apreciación del juzgado que, según el censor, avaló el Tribunal.
Las anteriores conclusiones y la insistencia de los falladores en el sentido de que para establecerse el avalúo del lucro cesante se necesitaban pruebas documentales, sostuvo el recurrente, atentan contra la realidad procesal. En dónde queda entonces, se pregunta el casacionista, el principio de la libertad en la apreciación de la prueba, y la obligación del juzgador de considerar todas las probanzas que resultaren pertinentes y el principio inquisitivo?
Con el anterior preámbulo, el recurrente relacionó a continuación las pruebas que, en su sentir, fueron ignoradas por el Tribunal. Ellas son: a) La declaración rendida bajo juramento por el propietario del tracto-camión, señor José Ignacio Vanegas Rodriguez, en la cual afirmó que el vehículo producía un millón de pesos ($1'000.000) mensuales; b) Haber pasado por alto que los peritos, en cumplimiento de sus deberes, dieron inicio a su motivación del dictamen, manifestando que obtuvieron los datos de los apartes de los informes procesales, de la información suministrada por los propietarios de tracto-camiones y de tener en cuenta las variaciones de precios al consumidor de 1988 a 1992 suministrados por el “DANE"; c) No tener en cuenta que al momento de la colisión el tracto-camión viajaba con una carga de 30 toneladas, hecho que si el Tribunal hubiera considerado lo llevaría a haber afirmado que la productividad que tenía el vehículo propiedad de Vanegas Rodriguez, pues “Es, por así decirlo, un hecho notorio o reglado por la experiencia racional: que un vehículo tractocamión de semejantes características no se quede quieto, sino que, por el contrario, su trabajo sea permanente y regular, es decir como viajaba cargado la noche mencionada.(fl. 14 cdno. Corte)
En conclusión, la ausencia de apreciación de estos medios de probanza condujo al sentenciador a rechazar el peritaje sobre el lucro cesante en favor del citado Vanegas Rodríguez, lo que incidió en el fracaso de la pretensión relativa al mencionado lucro.
1. En materia de la responsabilidad civil, resulta imperativo para la prosperidad de las pretensiones esgrimidas por la parte actora, que los elementos que la estructuran se encuentren debidamente comprobados, entre ellos, por supuesto, el daño, requisito que, mutatis mutandis, se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y también hasta especulativo, hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual, habida cuenta de que “Si no hay perjuicio”, como lo puntualiza la doctrina especializada, “...no hay responsabilidad civil”(1), en la inteligencia de que converjan los restantes elementos configurativos de la misma, ellos sí, materia de aguda polémica en el Derecho comparado, toda vez que su señera materialización, por protagónico que sea el ‘rol’ a él asignado, es impotente para desencadenar, per se, responsabilidad jurídica.
En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia de la Sala, señalando que, “dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” (CXXIV, pág. 62).
Ahora, los perjuicios pueden, con arreglo a ancestral bipartición, encuadrar en la tipología de daño emergente, como en la de lucro cesante, según se refieran, por vía de ejemplo, a la pérdida o deterioro sufrido por un automotor, o a lo que el perjudicado dejó de percibir por el daño de éste, concretamente, merced a la frustración real de una ganancia o provecho, de acuerdo, claro está, con las propias circunstancias de cada situación (art. 1614 C.C.). Tratándose de éste último aspecto, de particular interés en el sub lite, “….la jurisprudencia se orienta sin duda en un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del “lucro cesante” y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daños en la medida en que obre en los autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 del CPC….” (se resalta, sentencia del 4 de marzo de 1998, exp. 4921).
Bajo este entendimiento, resulta claro que las meras expectativas no son indemnizables, como bien lo ha expresado reconocida doctrina, según la cual, “Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha”(2).
La jurisprudencia de la corporación, de igual forma, ha sido reiterativa sobre este mismo particular. Es así, sólo por vía de ejemplo, como recientemente puntualizó “que la concreción del lucro cesante,..., queda a la determinación racional del juez, pues sólo los beneficios ciertos son los tutelados por el derecho, y ninguna reacción jurídica puede conectarse al daño que afecta a un interés incierto, ya que el derecho no puede considerar las fantasías e ilusiones de eventuales ventajas”, como lo preconiza con acierto el profesor italiano Adriano de Cupis, quien agrega que “Teniendo en cuenta las circunstancias y las actitudes del perjudicado, es como debe valorar el juez si una determinada ventaja se habría o no realizado a su favor. Aunque debe entenderse bien que la certidumbre, dentro del campo de lo hipotético, no puede ser absoluta, por lo que hay que conformarse con una certeza relativa, o sea, con una consideración fundada y razonable...”(3)“ (Sentencia del 28 de junio de 2000, exp. 5348)
Importa destacar, además, que no basta que el perjuicio sea cierto y que, como tal exista o llegue a existir, sino que es indispensable que se acredite en la esfera del proceso, pues, en caso contrario —como se acotó—, afloraría o se evidenciaría su incertidumbre, en tanto y en cuanto en ambos casos —daño eventual o hipotético y daño no acreditado o demostrado— el juez carecería de elementos fidedignos para comprobar su certeza y proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta corporación cuando precisó, entre otros fallos, que “Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, además de ser cierto y, en línea de principio, directo, que esté plenamente acreditado, existiendo para ello libertad de medios probatorios” (se subraya, ibídem).
2. Expresado lo anterior, cumple señalar que el interesado, para demostrar el daño y su cuantía, puede acudir a cualquier medio probatorio que resulte idóneo, entre ellos “la confesión, los documentos, los indicios, las declaraciones de terceros, las inspecciones judiciales, los dictámenes de peritos” (sentencia citada precedentemente, exp. 5348). Pero si de indicios se trata, será menester que los hechos indicadores se encuentren plenamente probados, tales como la actividad comercial o industrial a que estaba destinado el automotor, in casu, la utilidad generada con anterioridad y la actual, la continuidad de aquella actividad y la disponibilidad futura del vehículo, etc., para que de ellos pueda el juzgador inferir la productividad probable de acuerdo con las circunstancias que se han presentado.
En cambio, importa destacarlo, no gozan de virtualidad probatoria aquellas declaraciones de parte que no generen consecuencias jurídicas adversas al confesante o que no favorezcan a la parte contraria, por lo que —en la señalada hipótesis— no podría entenderse cabalmente configurada la prueba de confesión, de suerte que, por esa misma y llana razón, apenas podrían ser consideradas como simples afirmaciones que, por lo general, no merecen credibilidad con sujeción a los principios de la prueba contenidos en el estatuto procesal civil, en la medida en que a nadie le es lícito o aceptable preconstituír unilateralmente la probanza que a sí mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello sería tanto como “admitir que el demandado, ‘mutatis mutandis’, pudiera esculpir su propia prueba, en franca contravía de granados postulados que, de antaño, inspiran el derecho procesal”, tal y como se afirmó en reciente oportunidad en sentencia del 18 de octubre de 2000 (exp. 5673). Precisamente, por esta razón, el artículo 177 del CPC consagró que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
3. Ahora bien, en la apreciación probatoria, en guarda de lo preceptuado por el ordenamiento procesal civil, el juzgador debe sujetarse a las reglas de la sana crítica. En tal virtud, corresponde al juez de instancia, salvo las excepciones legales, tener en cuenta todos aquellos elementos o factores que en cada caso, según la ley, la ciencia y los usos, deben analizarse para establecer, previa crítica de los medios, la convicción que emerge de su contenido con respecto a los hechos u omisiones que se pretenden probar (CPC, art. 187).
Y en esta tarea específica, bien es sabido, el fallador goza de cierta o relativa discrecionalidad (prudente autonomía), lo que se hace más patente en materia indiciaria, en donde a él le corresponde aquella actividad intelectual de deducción de algunos hechos, a partir de otros probados, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, lo mismo que su relación con las demás pruebas que obren en el proceso (CPC, art. 250). Por ello, ha dicho la jurisprudencia que, “en la apreciación probatoria en materia indiciaria, el fallador goza de una discreta autonomía en lo concerniente a la inferencia o conclusión que extrae de la apreciación de los hechos indicadores, debidamente probados en el proceso” (Sent. mar. 15/2000, exp. 5400), por lo que no existirá error “si en el proceso mental realizado por el juzgador, éste no resulta convicto de contraevidencia, ni en la contemplación de los hechos constitutivos de los indicios, ni en la tarea dialéctica de discriminar, sopesar y relacionar éstos, en razón de lo cual llegó a las conclusiones de hecho en que cristaliza la prueba, entonces, aunque sobre el elenco indiciario se pueda ensayar por el crítico interesado un análisis diverso al verificado por el sentenciador, para sacar consecuencias contrarias a las obtenidas por este, tienese que en esa contraposición de razonamientos forzosamente ha de prevalecer el del Tribunal, cuyas decisiones, como emanadas de quien es el agente de la justicia, revestidas están de la presunción de acierto” (Cas. Civil, nov. 22/65).
Similares argumentos se invocan en tratándose de la prueba pericial, como quiera que “el sentenciador de instancia goza de autonomía para calificar y apreciar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del dictamen pericial”, de suerte que “mientras la conclusión que él saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son inmodificables. Consecuente con lo anterior, los reparos por la indebida apreciación de la fuerza probatoria de una pericia, deben dirigirse a demostrar que el juez vio el dictamen de una manera distinta a como aparece producido, y que sacó de él una conclusión ilógica o arbitraria, que no se compagina con lo que realmente demuestra, porque, de lo contrario es obvio que lo así inferido por el fallador está amparado en la presunción de acierto, y debe ser respetado en casación” (resalta la Sala, G.J. Tomo CCXII, Nº 2451, 1991, segundo semestre, pág. 143)” (Cas. Civil, abr. 12/2000; exp. 5042).
4. Con arreglo a las directrices generales esbozadas en las líneas que anteceden, necesarias para el cabal desarrollo del cargo en comento, se ocupa la Sala del estudio de la acusación sometida a su consideración.
a) En ella se acusó al sentenciador de haber violado de manera indirecta la ley sustancial por haber ignorado las pruebas, con base en las cuales, el recurrente entendió que el lucro cesante del tracto-camión se había acreditado (v. gr. la manifestación hecha por el demandante en su declaración de parte, el dictamen de los peritos en el que se acreditó ese perjuicio, y el indicio derivado de la circunstancia según la cual el camión estaba cargado con 30 toneladas de azúcar el día del accidente).
b) Al respecto advierte la Sala que en esta materia el Tribunal expresó que “... en el proceso no hay prueba suficiente que permita su debida comprobación, desde luego que tratándose de un aspecto que forzosamente requería de exteriorización fehaciente, en ausencia de elementos probatorios sobre el particular, no cabía condena en este sentido, pues para ello hacíase(sic) necesario, como lo expresara el sentenciador que por lo menos se aportasen contratos de transporte de mercancías, la debida contabilidad, etc. ...”, y con relación a la prueba técnica destacó que “... examinado el dictamen pericial rendido en este proceso, lo evidente es que este medio probatorio parcialmente carece de la debida fundamentación, toda vez que los peritos se limitaron a emitir cifras sobre bases inciertas, tornando de esta manera sus conclusiones en puntos conjeturales, aparte de que se apoyaron en informes provenientes de la misma parte demandante, amén de hacerlo sobre documentos no aportados por éstos al proceso y, en otros aspectos, tomando como puntos de partida prueba documental emanada de terceros, lo que resulta inaceptable, ya que de admitirse en esos términos, implicaría a dar cabida a que mediante el dictamen los expertos relevaran al actor de la carga probatoria, que éste resultara creándose su propia prueba, con grave quebranto, además, del principio de la contradicción imperante en esta materia” (fl. 48, cdno. 4).
c) Fluye de lo anterior que, cuando el Tribunal no encontró probado el lucro cesante del vehículo tracto-camión de placas WT 4026, no incurrió en el error evidente que le atribuyó el censor.
Inicialmente, en torno a la acreditación del lucro cesante con base en la manifestación que en ese sentido incluyó el demandante en la versión rendida en el proceso, ésta no deja de ser más que una simple afirmación que, considerada en sí misma, por respetable que sea, carece de entidad probatoria; constituye apenas un supuesto fáctico que, según lo señalado por el artículo 177 del CPC, requería de adecuada e inobjetable acreditación probatoria, naturalmente distinta a la propia manifestación de parte, como ya se acotó.
Con relación al dictamen pericial que el Tribunal desestimó en este aspecto concreto, es claro que, de conformidad con el socorrido principio de la sana crítica, el juzgador goza de una razonable amplitud de criterio en la consideración y ponderación de las pruebas, incluido este medio específico de probanza. Al respecto recuerda la Corte, “debe tenerse siempre presente la firmeza, precisión, calidad de los fundamentos, competencia de los peritos y demás elementos de convicción (CPC, arts. 187 y 241) siéndole permitido acoger como fruto de dicho escrutinio intelectivo sus conclusiones, bien de manera total, ora de forma parcial” —resalta la Corte— (sent. jun. 28/2000, exp. 5348), pues resulta “asunto pacífico en la jurisprudencia que el juzgador no se encuentra imperativamente obligado a acatar el dictamen pericial, ya que el Código de Procedimiento no consagra una tarifa científica” (Sent. nov. 30/99, exp. 5361) (lo resaltado es ajeno al texto original)
En el sub lite, el Tribunal encontró que en punto tocante con el lucro cesante del automotor, los peritos emitieron su opinión sobre cifras inciertas, fundadas algunas de ellas en las afirmaciones de la parte demandante, “amén de hacerlo sobre documentos no aportados por éstos al proceso” (fl. 48 cdno. 4), manifestación que no traduce yerro alguno, menos en la intensidad requerida en casación, esto es, que sea superlativo, al punto que dimane de bulto. Efectivamente, observado el aludido dictamen, los peritos informaron que “Los tractocamiones para la época del accidente obtenían un producto mensual líquido de aproximadamente novecientos mil pesos ($900.000). Este dato fue suministrado por propietarios de tractomulas y además por los datos de la revista Motor 75 (ago./88) en la cual se indica que se hacen en general cuatro viajes redondos al mes cuando parte de Medellín hacia la Costa Atlántica. Los que van a Buenaventura hacen dos viajes a la semana y cada viaje dura en promedio tres días, es decir que hacen 8 viajes al mes, y en cada viaje recibían la suma de doscientos mil pesos mensuales. Al descontar los gastos del tractocamión, como son peajes, combustible, aceites, mantenimiento, reparaciones y seguros, quedaba como utilidad líquida para la época de la publicación de la revista la suma de setecientos mil pesos mensuales…” (fl. 343 cdno. 2) y luego se encuentran unos cálculos de corrección monetaria.
Se observa, por contera, que los referidos auxiliares de la justicia fundaron su respuesta en hechos no constatados adecuadamente (afirmaciones de propietarios de tractomulas y en la Revista Motor), por lo que se concluye, entonces, que el contenido de la pericia en este aspecto no tuvo un razonable, a fuer de fiable soporte para los fines perseguidos, ni fincó sus resultados en hechos debida, ni científicamente constatados, como la propia finalidad de la prueba ineluctablemente lo exigía, razón por la cual el Tribunal, pudiendo hacerlo, según se acotó, acertadamente lo desechó como fundamento probático, sin que ello constituya error alguno, conforme se señaló a través de la reiteración de jurisprudencia de esta Sala, la que ha estimado, con razón, que es al fallador a quien compete escrutar y, por ende, ponderar la prueba pericial, sin que ésta se imponga, per se, en forma absoluta e irremediable, ya que ello atentaría contra la labor valorativa y hermenéutica asignada al juzgador en el ordenamiento patrio.
Frente a la glosa del censor, en el sentido que el Tribunal no tuvo en consideración, como indicio que acreditaba el lucro cesante, que “el tractocamión viajaba con una carga de 30 toneladas” (fl. 14 cdno. Corte), encuentra la Corte que haber tenido en cuenta o desechado la prenotada circunstancia, justamente se situaba dentro de la autonomía de valoración probatoria conferida al juzgador. En efecto, en el análisis que debe efectuar el fallador al momento de proferir su sentencia, debe tener presente y examinar todos los elementos probatorios que fueron arrimados al expediente, para juzgar su pertinencia y eficacia en la acreditación de los supuestos fácticos aducidos por las partes en el proceso.
En el asunto que ocupa la atención de la corporación, se observa que el Tribunal reconoció la imperativa carga de demostración del daño, de su certeza, así como de su extensión y, en su criterio, dio por establecido que no se había acreditado el lucro cesante derivado de la inmovilización del vehículo automotor, conclusión ésta que no se torna contraevidente por la presencia del indicio al que aludió el casacionista, que apenas si permitía colegir que el tractocamión se encontraba transportando mercaderías, sin saber a qué título, ni menos que utilidad obtenía de ella su propietario, habida cuenta que para verificar la existencia de ese perjuicio material se requería demostrar el desmedro patrimonial producido por la inactividad comercial del mismo, lo que no se logra con el indicio. Reitera la Corte, como lo ha reconocido sistemáticamente la jurisprudencia, que la apreciación y el valor otorgado a los medios probatorios en el proceso es labor que adelanta con autonomía el juzgador de instancia, sin que, en línea de principio, le sea válido inmiscuirse al juzgador de casación, quien no puede escrutar de nuevo la prueba, máxime cuando la conclusión probatoria no resulta rayana con lo absurdo, o contraevidente. Al fin y al cabo, la casación no es, en modo alguno, una tercera instancia enderezada a que se reabra el debate probatorio, el que, en efecto, ex ante, ha sido clausurado.
5. Así las cosas, el cargo resulta impróspero.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, NO CASA la sentencia del 15 de febrero de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en este proceso ordinario promovido por José Ignacio Vanegas Rodríguez y Albeiro Buitrago Castillo contra Fabio Pinzón Henao, Hernando Toledo Rodríguez y los herederos indeterminados de Alfredo Yunda Ramos.
Condénase en costas del recurso a la parte demandada recurrente, esto es, a “Expreso Bolivariano S.A.” y a la parte actora. Liquídense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente oportunamente al Tribunal de origen.
Magistrados: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramirez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.
1 Philippe le Tourneau, La Responsabilité Civile, Dalloz, 1.982, París, p. 156. En sentido muy similar, el doctrinante español Jaime Santos Briz, recuerda que, “...no puede hablarse de responsabilidad contractual ni extracontractual si no se ha causado un daño a alguien”. La Responsabilidad Civil, Montecorvo, Madrid, 1981, p. 123.
2 Henri y Léon Mazeaud y André Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo I, EJEA, Buenos Aires, 1961, pag. 301.
3 El Daño, Bosch, Barcelona, 1975, página 315.