Source: https://survey.ituc-csi.org/Sudan.html?lang=es
Timestamp: 2017-11-19 13:50:41
Document Index: 177363091

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 105', 'artículo 112', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 111', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 109', 'artículo 3']

Sudán - CSI - Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales
La CSI no tiene ninguna afiliada en Sudán.
Sudán ha sufrido dos largas y cruentas guerras civiles debido a las divisiones étnicas y tribales, así como a la dominación económica, política y social del norte en detrimento del sur, mayoritariamente no musulmán y no árabe.
La segunda guerra civil, que duró más de dos décadas y provocó la muerte de alrededor de 2 millones de personas, acabó con el Acuerdo General de Paz, firmado en 2005 entre el Gobierno y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS). Los habitantes del sur votaron en un referéndum a favor de la independencia y en julio de 2011 Sudán se dividió en dos países.
Sin embargo, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS) continuaron y se agravaron a principios de 2012, en especial en los tres estados fronterizos de Abyei, Kordofán del sur y el Nilo Azul. Las matanzas masivas, así como la violencia sexual y por motivos de género, fueron la causa de graves violaciones de los derechos humanos y de la inmensa crisis humanitaria.
En 2003 estalló otro conflicto en Darfur debido a las tensiones provocadas por el uso de la tierra y los recursos hídricos entre las tribus sedentarias y las tribus nómadas árabes. El Gobierno sudanés respondió con enormes operaciones militares, apoyando y armando a los janjawid, la milicia árabe nómada. Se calcula que desde el inicio de dicho conflicto han perdido la vida 300.000 personas y se han generado más de 2,7 millones de desplazados.
El Documento de Doha para la Paz en Darfur, firmado entre el Gobierno y algunos grupos armados de la oposición, se consideró como un avance para la resolución del conflicto, pero no acabó con la violencia en la región. A principios de 2013 estallaron otros tres conflictos, en especial tras el reciente descubrimiento de oro y la distribución de cargos en la Administración.
La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de arresto contra el presidente Al Bashir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la campaña militar de contrainsurgencia en la que se atacó directamente a la población civil de Darfur entre 2003 y 2008.
Es imposible que los trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar de sus derechos en un país en el que las instituciones gubernamentales no exigen responsabilidades a los perpetradores de la violación sistemática de los derechos humanos y del derecho humanitario. El respeto al Estado de derecho resulta esencial cuando se trata de la protección de los derechos de los trabajadores/as.
Las organizaciones sindicales adquieren personalidad jurídica con arreglo a la ley a partir de la fecha de su registro de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sindicatos 2010 (artículo 8).
El Registro Público denegará la inscripción de un sindicato o federación en los siguientes casos: (a) si la composición del sindicato es contraria a las disposiciones de la Ley de Sindicatos; (b) si el nombre propuesto para el sindicato es similar al de un sindicato ya establecido, de manera que pudiera dar pie a confusión; o (c) si hay un sindicato establecido que atiende adecuadamente los mismos objetivos que los que el nuevo sindicato pretende promocionar (artículo 33, Ley de Sindicatos). La Ley de Sindicatos establece una serie de requisitos con respecto a la composición de un sindicato, incluyendo que las mujeres, independientemente de su ubicación, deberán representar como mínimo el 25% de la estructura sindical establecida a un nivel determinado (artículo 7; véanse también los artículos 9 y 12, Ley de Sindicatos). No está clara la manera en que el Registro Público determina si un sindicato establecido “atiende adecuadamente los mismos objetivos que los que el nuevo sindicato pretende promocionar”.
Toda persona que contravenga las disposiciones de la Ley de Sindicatos, incluyendo las revisiones relativas al registro de sindicatos, podrá ser castigada con penas de hasta seis meses de cárcel o una multa o ambas (artículo 36, Ley de Sindicatos 2010).
La estructura sindical está regulada por el capítulo III de la Ley de Sindicatos 2010, que establece los órganos sindicales permisibles a nivel nacional, regional, estatal y empresarial. Por otra parte, la decisión de una federación o sindicato de afiliarse a una federación local, regional o internacional deberá estar basada en una decisión de su asamblea general y la aprobación de la Federación Nacional. Tras consulta con la Federación Nacional, el Registro nacional definirá el sindicato que considere apropiado para la afiliación de una categoría de trabajadores que no figura en la clasificación incluida en la normativa (artículo 11, Ley de Sindicatos).
La estructura sindical viene establecida por la ley, con una organización sindical máxima y los sindicatos u órganos sindicales que la componen, además de los órganos auxiliares o unidades pertenecientes a dichos órganos (artículos 7-12, Ley de Sindicatos 2010). Por otra parte, el Registro Público se negará a inscribir un sindicato o federación si existiera un sindicato establecido que atienda adecuadamente los mismos objetivos que los que el nuevo sindicato pretende promocionar (artículo 33(c), Ley de Sindicatos 2010).
La Federación Nacional está considerada la máxima organización sindical con arreglo a la Ley de Sindicatos 2010 (artículo 7). Está facultada para vetar la decisión de una federación o sindicato de afiliarse a una federación local, regional o internacional, y asesora al responsable del Registro general sobre las afiliaciones que considera adecuadas (artículo 11) y para determinar el comienzo y el final del ciclo sindical (artículo 14).
El artículo 9 de la Ley de Sindicatos establece que, a nivel de empresa, los trabajadores podrán formar un colegio electoral en una de las siguientes categorías: empleados, profesionales, técnicos o trabajadores manuales. El artículo 10 de la Ley de Sindicatos prohíbe la afiliación a más de una organización sindical.
Para que una enmienda a las disposiciones de un estatuto de un sindicato o federación pueda ser efectiva deberá ser aprobada primero por el Registro Público (artículo 32(3), Ley de Sindicatos).
Además del requisito de presentar ante el Registro Público copias de la contabilidad auditada que se presenta en cada reunión regular de la Asamblea General, los comités centrales de los sindicatos o federaciones deberán presentar ante el Registro Público todas las declaraciones requeridas de la organización en cuestión, en la fecha que éste determine. Con arreglo al Código Penal de 1991, o a cualquier otro código que pudiera reemplazarlo, los fondos de los sindicatos se consideran públicos y estarán sujetos al control de la Asamblea General y el Registro Público (artículos 20(6) and 22, Ley de Sindicatos 2010).
La actividad de las federaciones y sindicatos deberá ser legítima en lo que respecta a todos los medios que empleen para la consecución de los objetivos para los cuales fueron establecidos, incluyendo las huelgas, de acuerdo con las disposiciones de dicha ley y sus estatutos. La Ley de Sindicatos 2010 establece que los objetivos de los sindicatos y federaciones deberán ser: a) defender los derechos de sus miembros, representando sus intereses y mejorando su nivel de vida y bienestar social y su representación en todas las cuestiones concernientes a asuntos laborales; b) mejorar las aptitudes intelectuales y técnicas de sus miembros, aumentando su nivel cultural, social y económico, haciendo los esfuerzos necesarios para alcanzar un mayor nivel de productividad y un mejor rendimiento, defender los valores nacionales y la integridad nacional, consolidar la democracia y llevar a cabo un desarrollo equilibrado en todo el territorio de Sudán; y c) comprometerse a lograr un desarrollo económico y social, así como establecer justicia social y la solidaridad (artículos 5 y 6, Ley de Sindicatos 2010).
El Registro Público puede decidir disolver una federación, sindicato, órgano sindical u órgano auxiliar o unidad sindical, en cualquiera de los casos siguientes: (a) si la federación, sindicato, órgano sindical u órgano auxiliar o unidad sindical está constituido/a de manera contraria a las disposiciones de dicha ley o la normativa emitida en virtud de dicha ley; (b) si la federación, sindicato, órgano sindical u órgano auxiliar o unidad sindical fue establecido/a por medios fraudulentos o falsos pretextos; (c) si la federación, sindicato, órgano sindical u órgano auxiliar o unidad sindical en realidad no existe; (d) si el comité fue establecido de manera contraria a las disposiciones de dicha ley o la normativa emitida en virtud de dicha ley o los estatutos de la federación o sindicato; (e) si el comité no implementó las obligaciones para las cuales fue establecida la organización; (f) si el comité ha violado las disposiciones de esta ley o las de alguna otra ley concerniente a las relaciones laborales (artículo 35, Ley de Sindicatos).
Los miembros de las fuerzas armadas, el Ejército Popular de Liberación de Sudán y las Unidades Conjuntas Integradas están excluidos del ámbito de la Ley de Sindicatos (artículo 4).
Los miembros de la policía y de cualquier otra fuerza regular están excluidos del ámbito de la Ley de Sindicatos (artículo 4).
Los agentes penitenciarios, los jueces del sistema judicial nacional y los asesores jurídicos del Ministerio Nacional de Justicia están excluidos del ámbito de la Ley de Sindicatos (artículo 4).
El Gobierno sudanés ha informado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT que los trabajadores empleados en tareas de carga y descarga en las ZFI y en Puerto Sudán disfrutan de todos los derechos sindicales. No obstante, no está claro si los demás trabajadores y trabajadoras de las ZFI están igualmente protegidos/as.
El Código Laboral no define el término “sindicato legítimo”, ni designa un órgano independiente para determinar cuándo se considera que un sindicato cumple los criterios necesarios.
En caso de conflicto laboral, las dos partes del conflicto deberán, dentro de un plazo máximo de dos semanas a partir de la fecha de notificación del asunto del conflicto, iniciar negociaciones para resolver el conflicto amigablemente, siempre y cuando el período de negociaciones no se prolongue más de tres semanas a partir de la fecha de su inicio. No obstante, el período de negociaciones puede, tras previo acuerdo entre ambas partes, prorrogarse dos semanas más (artículo 105(1), Código Laboral de 1997).
El artículo 112 del Código Laboral de 1997 prevé el recurso al arbitraje obligatorio en el caso en que las partes no consigan resolver amigablemente un conflicto en un plazo de tres semanas a partir de la fecha en la que la autoridad competente recibe la notificación del conflicto (artículos 109 y 112, Código Laboral).
La autoridad competente, o su representante, puede asistir a la negociación de un conflicto laboral; sin embargo, no estará autorizado a participar en las negociaciones sin previo acuerdo de las dos partes negociantes (artículo 105(2), Código Laboral de 1997). Cuando alguna de las partes de un conflicto presenta una solicitud de conciliación, la autoridad competente puede ordenar remitir el conflicto a conciliación sin tener que obtener las autorizaciones de ambas partes. Las dos partes deberán atenerse a respetar esta orden (artículo 106(3), Código Laboral de 1997).
El convenio deberá especificar su periodo de validez y no exceder los tres años, a menos que esté relacionado con el establecimiento de los salarios y las horas de trabajo, en cuyo caso podría prorrogarse hasta un máximo de cinco años (artículo 111, Código Laboral de 1997).
El Código Laboral de 1997 contempla expresamente los contratos de empleo individuales.
La negociación colectiva se considera únicamente una respuesta a los conflictos laborales. No se promueve en la ley como un mecanismo para establecer de forma proactiva un marco constructivo para las relaciones laborales.
El Código Laboral no es aplicable a los miembros de las fuerzas armadas (artículo 3).
El Código Laboral no es aplicable a los miembros de la policía (artículo 3).
El Código Laboral no es aplicable a los miembros del sistema judicial, a los asesores del Ministerio de Justicia, a los miembros del Sistema Nacional de Seguridad ni a los empleados del Gobierno Federal, los Gobiernos de los distritos, organismos y empresas públicas, y empresas del sector público cuyas condiciones de empleo estén gobernadas por leyes y normativas especiales, a excepción de las disposiciones relativas a las relaciones laborales y la seguridad (artículo 3).
El Código Laboral no se aplica a los trabajadores/as del servicio doméstico, como se define en la Ley de trabajadores/as del servicio doméstico de 1955; a los trabajadores del sector agrícola, a excepción de los que trabajan en la operación, reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, o en empresas que procesan o comercializan productos agrícolas, como las desmontadoras de algodón o las fábricas de productos lácteos, o en empleos relacionados con la administración de proyectos agrícolas, incluyendo trabajo de oficina, contabilidad, almacenamiento, jardinería y ganadería; a los miembros de la familia del empleador que vivan con él y que dependan parcial o totalmente de él; a los trabajadores ocasionales; ni a las categorías de personas que estén total o parcialmente excluidas de las disposiciones de este Código por orden del Consejo de Ministros (artículo 3).
Cuando un conflicto no se resuelve amigablemente dentro del período especificado en el artículo 109, deberá ser remitido a un órgano de arbitraje sin necesidad de solicitar la autorización de las dos partes implicadas en el mismo. La decisión del comité de arbitraje será definitiva y no podrá estar sujeta a ningún tipo de apelación (artículos 112 and 120, Código Laboral).
El Código Laboral no se aplica a los trabajadores/as del servicio doméstico, como se define en la Ley de trabajadores/as del servicio doméstico de 1955; a los trabajadores del sector agrícola, a excepción de los que trabajan en la operación, reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, o en empresas que procesan o comercializan productos agrícolas, como las desmontadoras de algodón o las fábricas de productos lácteos, o en empleos relacionados con la administración de proyectos agrícolas, incluyendo trabajo de oficina, contabilidad, almacenamiento, jardinería y ganadería; a los miembros de la familia del empleador que vivan con él y que dependan parcial o totalmente de él; a los trabajadores ocasionales; ni a las categorías de personas que estén total o parcialmente excluidas de las disposiciones de este Código por orden del Consejo de Ministros (artículo 3). El Gobierno sudanés ha informado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT que los trabajadores empleados en tareas de carga y descarga en las ZFI y en Puerto Sudán disfrutan de todos los derechos sindicales. No obstante, no está claro si los demás trabajadores y trabajadoras de las ZFI están igualmente protegidos/as.
La Gobernadora de Warrap declara la suspensión de un sindicato28-04-2013
Nyandeng Malek, Gobernadora del estado de Warrap en Sudán del Sur, emitió un decreto declarando la suspensión de la organización sindical, después de que ésta se opusiera a la decisión de retener un día de salario de todos los empleados del estado para recaudar fondos destinados a sufragar los próximos campeonatos deportivos de Gran Bahr el Ghazal. Según la Constitución, cualquier recorte salarial debería ser negociado en el Consejo de Ministros o la Asamblea del Estado.
Lamentable historial en lo relativo a los derechos31-12-2011
Sudán es un país no democrático y autoritario cuyo historial en el ámbito de los derechos humanos y sindicales es un asunto de grave preocupación. Los sindicalistas que no pertenecen a los sindicatos progubernamentales viven con un temor constante y no se atreven a denunciar las condiciones de trabajo inhumanas. Los sindicalistas independientes no pueden participar en reuniones sindicales internacionales por temor a represalias al volver a su país. Es difícil obtener una información precisa sobre el número de sindicalistas encarcelados o en paradero desconocido. Los médicos se declararon en huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.
Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje durante el año, frustrados por el reiterado incumplimiento de las promesas por parte del Ministerio de Sanidad en lo relativo a salarios y condiciones de trabajo. No cabe duda alguna de que se esperaban lo peor: el antiguo Presidente del Comité de Médicos, Ahmad Al-Abwabi, instó a los organismos de seguridad a no detener o golpear a los médicos como ya ha sucedido antes.
Colusión de la SWTUF con el Gobierno para vigilar a los trabajadores del petróleo31-12-2010
En las regiones productoras de petróleo, la policía y los agentes de los servicios secretos supervisan de cerca las actividades de los trabajadores/as en colusión con las empresas petroleras. Estas regiones son designadas “zonas de alta seguridad”, donde el libre movimiento de personas ha sido eficazmente restringido. La federación sindical oficial Sudan Workers’ Trade Union Federation (SWTUF) forma parte de la estrategia del Gobierno para controlar a los trabajadores y trabajadoras con el fin de asegurar la extracción ininterrumpida de petróleo. Parte de los ingresos provenientes del petróleo se vuelven a invertir en la financiación de la campaña bélica en la región de Darfur. La SWTUF ha apoyado sistemáticamente al Gobierno cada vez que ha desmentido el genocidio de Darfur, donde los trabajadores/as ni siquiera se atreven a acercarse a la SWTUF para pedir protección.