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Timestamp: 2018-02-25 02:16:02
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Matched Legal Cases: ['Artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 298', 'artículo 106', 'artículo 315', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 298', 'artículo 106', 'artículo 315', 'artículo 71', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 106', 'artículo 315', 'artículo 107', 'artículo 106', 'artículo 71', 'artículo 92', 'artículo 9', 'artículo 70', 'artículo 75']

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Consuelo Piñeiro Cortés
1 EL LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Rama del Derecho: Derecho Administrativo. Descriptor: Contencioso Administrativo. Palabras Claves: Litis Consorcio Pasivo Necesario. Fuentes de Información: Doctrina, Normativa y Jurisprudencia. Fecha: 12/08/2013. Contenido RESUMEN... 2 NORMATIVA... 2 Litis Consorcio Necesario... 2 DOCTRINA... 2 El Litis Consorcio Pasivo Necesario... 2 JURISPRUDENCIA Concepto y Finalidad del Litis Consorcio Pasivo Necesario Litis Consorcio Pasivo Necesario La Figura del Garante y la Litis Consorcio Pasiva Necesaria en la Contratación Administrativa La Figura del Litis Consorcio Momento Procesal Oportuno para Integrar la Litis en el Proceso Contencioso Administrativo La Integración del Litis Consorcio Pasivo Necesario en Caso de Bienes Inmuebles
2 RESUMEN El presente Informe de Investigación reúne información sobre el Litis Consorcio Pasivo Necesario en Materia Administrativa, para lo cual son aportados los extractos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales referentes a tal figura procesal. En este sentido la normativa por medio del Código Procesal Civil define el Litis Consorcio Necesario en sus facetas activa y pasiva; mientras que la doctrina realiza un análisis de la figura del Litis Consorcio Pasivo Necesario propiamente dicho. Mientras que la jurisprudencia realiza un análisis de la aplicación de este instituto procesal a casos concretos, además que establece la remisión en esta materia al Código Procesal Civil. NORMATIVA Litis Consorcio Necesario [Código Procesal Civil] i Artículo 106. Litis consorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación con varias personas, éstas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda, en el segundo. DOCTRINA El Litis Consorcio Pasivo Necesario [Artavia Barrantes, S] ii Existe litis consorcio necesario -también denominado obligatorio- por disposición de la ley o cuando por la naturaleza de la relación material el pronunciamiento que se dicte debe hacerse necesariamente en relación con varios sujetos, no se trata de 2
3 una facultad, sino de una imposición de la ley que exige que los sujetos actúen necesariamente unidos. Cuando es la ley la que dispone el litisconsorcio la doctrina lo denomina litisconsorcio propiamente necesario, pero cuando es la relación jurídica material y no la ley, se denomina litisconsorcio impropiamente necesario, aunque tal distinción carece de importancia práctica. Aunque la inescindibilidad se produce en el elemento subjetivo del proceso -partes-, lo que es indivisible y que produce esa pluralidad es el objeto del litigio, pues como lo afirma Guasp, no es suficiente la unidad en el título o causa de pedir entre las diversas posiciones de cada litis consorte, sino que se requiere además, la indivisibilidad del objeto. A este tipo de litis consorcio se refiere el artículo 106 CPC. En este caso la sentencia quedará subordinada a la circunstancia de que la pretensión sea ejercida por todos o contra todos los sujetos que la ley o el derecho de fondo determinan, que constituye la causa de la pretensión, no siendo posible su fraccionamiento o tratamiento procesal por separado, porque indispensablemente la decisión comprende y obligar a todos. La constitución procesal aquí es indispensable, impuesta por ley o la relación material, no queda a disposición de la partes, pues al tener que dictarse una sentencia única - uniforme-, de idéntico contenido para la pluralidad de partes y al ser única la relación material controvertida, el pronunciamiento solo puede hacerse respecto de todos ellas; el juez solo puede pronunciarse sobre la existencia o inexistencia del derecho reclamado respecto de varias personas conjuntamente. Carnelutti afirmaba que en este caso "puede darse entre dos o más litis o negocios una relación tal que uno no pueda existir sin el otro: en tal caso se habla de litisconsorcio necesario, en el sentido de que las dos o más litis no puedan ser decididas sino conjuntamente, es decir es inoportuno decidirlas separadamente in, es por esa razón que los litis consortes quedan vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia. Cuando el artículo 106 del CPC habla de que el litis consorcio necesario se produce por disposición de la ley o de la relación jurídica material no se está refiriendo a dos modalidades del mismo, simplemente que en algunos casos es el propio legislador quién ha fijado de antemano esa condición para facilidad en los procesos, pero como podrían quedar hipótesis fuera de ella se prevé entonces la solución de que sea la relación material la que fija esa condición. Lo importante es que al implicar el litis consorcio necesario una existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas solo en relación de algunos de sus sujetos, porque la declaración que el actor solicita al juez es de carácter inescindible, única para todos, 3
4 pues la decisión engloba y obliga a todos, la presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación se complete y sea posible decidir la sentencia sobre el fondo de la misma. No es requisito que los litisconsortes se encuentren aliados bajo una misma posición o que sus intereses sean compatibles, pues sus pretensiones pueden contraponerse, por lo que cada uno goza de autonomía de gestión dentro del proceso. JURISPRUDENCIA 1. Concepto y Finalidad del Litis Consorcio Pasivo Necesario [Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII] iii Voto de mayoría: II. LA LITIS NO HA SIDO INTEGRADA DEBIDAMENTE: La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia nos ha ilustrado que: IV. El litisconsorcio es una de las figuras procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las partes, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto). La intervención de los litisconsortes puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria. La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo título o que se funden en la misma causa, o cuando quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte el litisconsorcio necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia. V. El litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto han de estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución fuere a afectar, de ahí entonces la facultad que se le confiere al Juez de declarar de oficio la existencia del litis consorcio necesario, no siendo entonces una simple defensa previa (artículo 298 Código Procesal Civil vigente), de uso únicamente por parte del demandado. El juez puede integrar el litis consorcio necesario (artículo 106 del Código Procesal Civil vigente 4
5 complementado con el 308 ibídem), y conforme al artículo 315 del mismo cuerpo normativo le corresponde al juez tomar como medida de saneamiento, desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que corresponda, integrar la litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Sala Primera de la Corte número 72 de 15 horas del 3 setiembre 1982). (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 18 de las 14:30 horas del 27 de abril de 1994). Al relacionar esta figura con la materia que nos ocupa, encontramos que el artículo 49 de la Constitución Política, atribuye a esta Jurisdicción la potestad de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. El artículo 1 de la ley de la materia, dice que la jurisdicción es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo. Entonces, el objeto del proceso contencioso administrativo es demandar la declaración de ilegalidad, y en su caso la anulación de los actos, disposiciones de la Administración Pública y de las disposiciones de carácter general. (Artículos 10 y 18 de la Ley de la materia); pero también desde la arista inversa de la tutela judicial efectiva, se debe considerar la protección de aquellos terceros con derechos adquiridos ante una posible solución al objeto de la acción que les pueda causar perjuicio. Así, el litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto han de estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución fuere a afectar, de ahí entonces la facultad que se le confiere al Juez de declarar de oficio la existencia del litis consorcio necesario, no siendo entonces una simple defensa previa (artículo 298 Código Procesal Civil vigente), de uso únicamente por parte del demandado. Solo para el caso de la figura del litisconsorcio necesario, los efectos a nivel procesal se particularizan, los actos de disposición no producen los efectos normales hasta que los restantes litisconsortes adopten idéntica actitud procesal, manteniéndose idénticos los efectos de la sentencia para todos. Con base en lo dicho, es decir, de que el litis consorcio necesario implica la obligada participación en el proceso de todos aquellos sujetos que la acción pretendida pudiera afectar. Se enfatiza, el juez puede integrar la litis consorcio necesario (artículo 106 del Código Procesal Civil complementado con el 308 ibídem), y conforme al artículo 315 del mismo cuerpo normativo le corresponde al juez tomar como medida de saneamiento, desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que corresponda, integrar la litis consorcio necesario, no importando entonces, por prematuro el resultado de lo resuelto, sino es que están de antemano presentes en el proceso, todos aquellos sujetos que puedan verse involucrados y sometidos a lo que se resuelva. Nótese que la litis consorcio necesario implica la existencia de relaciones jurídicas materiales 5
6 respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos y posibilita a todos incluso, al ejercicio de la contrademanda. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma. En este asunto encontramos que se requiere primero la nulidad de sendas resoluciones administrativas que culminaron con el despido de la actora, y a renglón seguido, también se solicita su reinstalación en el cargo de Directora del Registro de la Propiedad Intelectual. Bajo esa perspectiva, fácilmente se advierte que una eventual sentencia estimatoria afectaría situaciones jurídicas consolidadas de terceros que aún no han sido llamados al proceso, en particular, quien está ocupando la referida plaza; y sin que conste que siquiera se le haya enterado de la existencia de este proceso. Así, aunque el demandado no ha opuesto la defensa de litis consorcio pasiva necesaria, al tratarse de un presupuesto esencial que atiende a la relación sustancial que debe existir entre las partes y el interés discutido en el proceso, debe ser analizada desde el momento de su interposición, para así determinar si la litis debe ser ampliada con respecto a uno o varios demandados según el recuento dado, y así, desde ese momento traer a todas aquellas partes sobre las que tenga incidencia directa lo discutido en el proceso, de manera que en la sentencia se puede pronunciar lo correspondiente a cada una de ellas. No se debe olvidar que uno de los fundamentos de la litis consorcio, es la protección del derecho fundamental del debido proceso, y corolario de éste, el derecho efectivo a la defensa, que deriva del numeral 39 constitucional, de donde nadie puede ser privado o afectado en sus derechos sin ser oído en el proceso; ya que la presencia de todos los sujetos es indispensable para que pueda dictarse sentencia de fondo sobre la relación esgrimida en el proceso. De lo anterior se colige que el juzgado de instancia hizo mal al resolver el asunto sin analizar primeramente la diversidad de relaciones sustantivas que podrían verse afectadas, por lo que deberá, el juez de instancia decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, integrar la litis consorcio necesario, según lo dispuesto en el numeral 315 del código citado. 2. Litis Consorcio Pasivo Necesario [Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI] iv Voto de mayoría I. SOBRE EL LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO. En el contexto del actual esquema procesal contencioso administrativo, es evidente que el objeto del proceso está constituido por las pretensiones, más el conjunto de pronunciamientos oficiosos que ha de realizar el juzgador, sean procesales eminentemente procesales o vinculados con la pretensión o de fondo facultativos o imperativos. De ahí que el objeto del 6
7 proceso, en tesis de principio, se establezca en la audiencia preliminar (en las modalidades procesales en las que se realice esa etapa). La definición de las pretensiones es un tema elemental dentro del proceso contencioso administrativo, dado que fija el objeto de la causa y permite establecer quiénes deben ser traídos a la contienda a fin de que ejerzan su derecho de defensa y el contradictorio respecto de las pretensiones establecidas y que, caso de ser estimadas, implicarán una oponibilidad en su contra, con el correspondiente surgimiento de deberes que derivan de los derechos que mediante sentencia se ha declarado a favor del demandante. En esos casos sea, cuando las pretensiones y el proceso en general puedan incidir o afectar la situación jurídica sustancial de otros sujetos a fin de completar la relación procesal, el artículo 71 del CPCA establece la obligación del juzgador de integrar la litisconsorcio pasiva necesaria, sea de oficio o a gestión de parte. Se trata de una garantía procesal que busca garantizar el contradictorio y el derecho de defensa de esa persona, como correlativo del principio del debido proceso. Sobre el tema en concreto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta figura implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas solo con relación a algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (resolución número 156-F-TC-2008 de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones número de las 16:05 horas del 1 de noviembre de 2000 y de las 10:30 horas del 7 de julio de 2005). Ha indicado la Sala, además, que con esta figura se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) o por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio pasivo necesario). En cuanto a este último, la Sala ha establecido que este instituto procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no se podrá conocer el fondo del asunto y la sentencia no se podrá pronunciar respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso (resolución número 156-F-TC-2008 de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones número 29-F-TC-2008 de las 14:15 horas del 8 de mayo de 2008, 30-F-TC-2008 de las 14:20 del 8 de mayo de 2008 y 63-A-TC-2008 de las 9:45 horas del 11 de junio de 2008). En esta línea, el numeral 71 del CPCA, en sus incisos 2 y 3 postula: 2) Si, antes del dictado de la sentencia, el juez tramitador o el 7
8 tribunal, según corresponda, constata la falta de integración de la litis consorcio necesaria, anulará lo actuado y retrotraerá a la etapa procesal oportuna, con el propósito de integrar, de oficio, al litis consorte y garantizar el debido proceso. 3) En el supuesto del párrafo anterior, se conservarán las actuaciones irrepetibles, así como todas las que se dispongan por razones de economía procesal, en las que no sea indispensable la intervención del litis consorte. También se conservarán las actuaciones respecto de las que el litis consorte manifieste su conformidad. (...). La norma es clara en el tratamiento procesal que ha de imperar en estos casos. Por un lado, debe disponerse la integración del litisconsorte, suprimir las actuaciones generadas dentro del proceso y retrotraer el procedimiento a la etapa en la que se le garantice el debido proceso. Desde luego que ello atiende a un análisis casuístico, que ha de sopesar la etapa procesal en que se encuentre la causa, así como la conservación de actuaciones que por sus particularidades se consideren irreproductibles, las que pueden mantenerse por no requerir para su validez de la participación del litisconsorte o bien las que este último hubiere expresamente aceptado. Para ello, debe ponderarse la celeridad y economía procesal, con la finalidad de no enervar el derecho a una justicia pronta y cumplida, mediante la reposición o repetición de trámites innecesarios que, en los casos recién citados, no conlleven lesiones a los derechos del litisconsorte (ver en igual sentido, la resolución número dictada por esta Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las 11:00 horas del 17 de noviembre del 2010, entre otras).- II. SANEAMIENTO DEL PROCESO; INTEGRACIÓN DE LA LITISCONSORCIO PASIVA NECESARIA. Ahora bien, revisado cuidadosamente el expediente que fue enviado a esta Sección para fallo y tal como se reseñó supra, se observa que en el memorial de rectificación de la contestación de la demanda (visible a f ), la Municipalidad demandada interpuso la defensa de falta de integración de la litis consorcio pasiva necesaria, por considerar que a este proceso deben ser llamados en lo personal los integrantes de la Comisión de Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz de Guanacaste, a efectos de que respondan en los términos del artículo 3 de la ley N 4286 del 17 de diciembre de 1968, que indica: Artículo 3º El concejo municipal deberá rechazar los egresos que no contengan la documentación completa y los que no se relacionen con los festejos. Los egresos rechazados por el concejo serán asumidos, proporcionalmente, por los miembros de la comisión y reintegrados dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de resolución que así lo ordene; de lo contrario, la municipalidad deberá gestionar las acciones legales correspondientes. Se exceptúan de esta sanción los miembros cuyo voto negativo para el gasto impugnado conste en el acta respectiva de la comisión. 8
9 En realidad, lo anterior lo había hecho ver también el propio actor, tanto al identificar a las partes accionadas como en el hecho 10 del libelo de la demanda (lo que condujo a que erróneamente se tuviera por entablada la acción contra aquella Comisión como tal, la cual carece de personalidad jurídica propia). No obstante, del repaso tanto de la minuta (f ) como de la grabación de la audiencia preliminar efectuada el 24 de abril del corriente, se constata que en esa diligencia no solo no existió pronunciamiento acerca de la señalada defensa, sino que, además, se determinó que en definitiva debía tenerse como única parte accionada a la Municipalidad de Santa Cruz. Conforme a lo anterior y en el evento de que la acción fuese estimada, no hay duda de que el hecho de que no hubieren sido traídas al proceso otras partes accionadas, a las que eventualmente correspondería asumir toda o parte de la responsabilidad contractual que invoca el actor en la demanda, acarrearía tanto a éste último una evidente denegatoria de justicia, como un estado de indefensión cuando menos parcial para la corporación demandada. En razón de lo expresado, se impone el deber de completar la relación jurídico procesal a efectos de integrar como partes codemandadas, a modo de litisconsortes pasivos necesarios, a los integrantes de la Comisión de Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz de Guanacaste para el período Conforme a la certificación de f. 16, expedida por la Secretaria del Concejo Municipal de ese cantón, dichas personas son: E, S, Y, E y EB, respecto de quienes se debe retrotraer el proceso a la fase de traslado de la demanda. Por ende, se dispone el reenvío del expediente a la juzgadora de trámite, a efectos de que proceda a otorgar el traslado de ley respecto de la pretensión que da base a su integración y adopte las medidas correctivas que estime de mérito. A tales propósitos, deberá la parte actora presentar un juego de copias de todo lo actuado en el proceso, para cada uno de los mencionados codemandados, así como indicar la dirección de la residencia o lugar de trabajo, donde se les pueda notificar personalmente.- 3. La Figura del Garante y la Litis Consorcio Pasiva Necesaria en la Contratación Administrativa [Sala Primera] v Voto de mayoría IV. A partir de los alegatos y las normas legales citadas, el cuestionamiento del recurrente se reduce a que los órganos de instancia no acogieron la gestión de llamar al garante. Esto se debió a que cuando lo solicitó, no constaba en el expediente documento alguno con base en el cual se haya establecido la garantía aducida, y cuando lo aportó al momento en que interpuso la apelación, no adjuntó las copias prevenidas, por lo que se tuvo como no presentado, manteniéndose lo resuelto por el A quo. En este punto, conviene señalar que la llamada al garante es una figura procesal, regulada en el numeral 109 del CPC mediante la cual un tercero es traído al 9
10 proceso a iniciativa de una de las partes que pretende exigirle una garantía. Esto con la finalidad de que el juzgador, en sentencia, se pronuncie sobre dicho extremo, con la clara intención de garantizar una mayor celeridad, evitando la necesidad de gestionar un nuevo proceso entre ese tercero y la parte que pretende ese derecho. Ahora bien, en este punto conviene señalar que, a diferencia del litisconsorcio pasivo necesario, es facultad del titular de la garantía solicitar la participación del garante, sin que el no hacerlo implique un defecto procesal en la integración de la litis. Esto por cuanto en nada incide su participación (o no) respecto de la posición jurídica de la contraparte. En el caso del actor, la ausencia del garante no desmejora su pretensión frente al demandado, el cual no pierde su eventual condición de responsable; desde la perspectiva del obligado, esta circunstancia no enerva la posibilidad de plantear una nueva contienda cuyo objeto versará, únicamente, sobre la eventual procedencia de la garantía. A partir de lo anterior, conviene analizar si lo resuelto sobre este punto (de índole estrictamente procesal) es pasible de casación. En esta línea, no puede obviarse que en materia de impugnaciones rige el principio de taxatividad, por lo que únicamente cabe este remedio procesal respecto de aquellas resoluciones a las que expresamente se les otorgue dicha posibilidad. En el caso del recurso de casación, por tratarse de una instancia extraordinaria, esto implica que, además, de lo anterior, no cualquier inconformidad es objeto del control en esta sede, sino únicamente aquellas que fueron establecidas por el legislador. Junto con estas, se ha reconocido la competencia de este Órgano para valorar los presupuestos de fondo de la sentencia, derecho, interés y legitimación (y dentro de esta, un eventual litisconsorcio necesario). Desde esta perspectiva, y tratándose de vicios procesales, las causales previstas por el CPC tienen la clara finalidad de permitir la revisión en el vértice jurisdiccional, únicamente, de aquellas actividades procesales defectuosas que incidan en aspectos esenciales de la relación jurídico procesal, de la sentencia o bien, que eventualmente puedan causar una indefensión a las partes. La decisión adoptada en un proceso sobre la llamada al garante, en la medida en que, como se indicó, no conlleva ninguna lesión sustancial a los derechos de las partes al no incidir sobre el posterior ejercicio y exigibilidad de la garantía, no es pasible de ser sometido a conocimiento de esta Sala, lo que obliga a su rechazo. En todo caso, y a mayor abundamiento de razones, comparte este Órgano decisor lo indicado en la resolución impugnada en cuanto a que en el presente caso, la no participación de la empresa B.E.C. no causó perjuicio alguno. Al tratarse de una contratación administrativa, en donde L.Z., como contratista, es el sujeto obligado a dar cumplimiento a los requisitos fijados en el cartel, y como tal, es el único responsable frente a la Administración Pública, sin perjuicio de las acciones que luego pueda intentar respecto de su proveedor. De esta forma, no existe ninguna indefensión, y menos aún, un litisconsorcio pasivo necesario. 10
11 4. La Figura del Litis Consorcio [Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I] vi Voto de mayoría III. Por consecuente de lo tratado, tampoco puede entenderse la configuración de una litis consorcio pasivo necesario conducente a invalidar lo impugnado. El litisconsorcio es una de las figuras procesales de la pluralidad subjetiva que se caracteriza por situar al tercero (o los terceros) en una relación común con una de las partes principales, sea con la actora o la demandada, dándose el mismo objeto y la misma causa petendi, de manera que el actor pudo haber dirigido su acción contra el tercero directamente o conjuntamente con el demandado (litisconsorcio pasivo) o que varios sujetos tienen la misma pretensión respecto a otro (litisconsorcio activo) u otros (litisconsorcio mixto). La intervención de los litisconsortes puede darse de dos maneras: facultativa o necesaria. La facultativa corresponde al caso del ejercicio de la acción dirigida en forma conjunta, por quienes tienen las mismas pretensiones nacidas de un mismo título o que se funden en la misma causa, o cuando quien ostenta la pretensión dirige la misma contra todos aquellos que deben responder a ella. Por su parte el litisconsorcio necesario se da cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica, se exige que los sujetos a quienes afecta la resolución, actúen conjuntamente, como litisconsortes, de manera que queden vinculados al proceso y consecuentemente a los efectos de la sentencia. El litisconsorcio necesario supone que para resolver el asunto han de estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución fuere a afectar, de ahí entonces la facultad que se le confiere al Juez de declarar de oficio la existencia del litis consorcio necesario. El juez puede y debe integrar el litis consorcio necesario (artículo 106 del Código Procesal Civil vigente complementado con el 308 ibídem), y conforme al artículo 315 del mismo cuerpo normativo, le corresponde tomar como medida de saneamiento, desde la admisión de la demanda y en las oportunidades que corresponda, integrar el litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (ver Sala Primera de la Corte número 72 de 15 horas del 3 setiembre 1982). El litisconsorcio facultativo se configura cuando varias personas pueden demandar o ser demandadas en la misma demanda, cuando entre las pretensiones que se promueven exista conexión objetiva o causal (artículo 107 Código Procesal vigente). Solo para el caso de la figura del litisconsorcio necesario, los efectos a nivel procesal se particularizan, los actos de disposición no producen los efectos normales hasta que los restantes litisconsortes adopten idéntica actitud procesal, manteniéndose idénticos los efectos de la sentencia para todos. Con base en lo dicho, es decir, de que el litis 11
12 consorcio necesario, pasivo o activo, implica la obligada participación en el proceso de todos aquellos sujetos que la resolución pretendida pudiera afectar, es obvio que en orden a determinar quiénes deban ser tales sujetos, lo que primero se impone es un análisis de la petitoria para, de sus términos, saber si puede la causa resolverse con las personas que ya actúan en el proceso o si es necesario involucrar a otras. Expuesto lo anterior, cualquiera que pueda ser el resultado final en la solución de la pretensión material del actor, en esta ejecución, en ningún modo afectaría lo sentenciado derechos subjetivos de terceros, particularmente de la Bolsa Nacional de Valores S.A., al resultar divisible la imputación en concreto de los alcances de la responsabilidad ya declarada por la Sala Constitucional solo en cabeza del Banco Central de Costa Rica, según el cuadro probatorio que se llegare a acreditar. Si la relación sustancial fuese indivisible, el contradictorio solo podrá integrarse debidamente si son llamados a estrados todos los que hayan figurado directamente como partes en aquélla. Se trata, en última instancia, de evitar los inconvenientes que pueden derivarse de la tramitación de un proceso inútil, como sería aquel cuya resolución final no podría ejecutarse, precisamente, por no haber figurado en él como partes, todos los interesados, caso que no ocurriría en los autos, por la facultad de accionar contra uno o contra todos los recurridos en el amparo debido a la naturaleza sui generis del fallo constitucional, que es en lo genérico y no en lo específico. 5. Momento Procesal Oportuno para Integrar la Litis en el Proceso Contencioso Administrativo [Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I] vii Voto de mayoría II. Para resolver el presente asunto, se debe traer a colación la figura del litis consorcio. Señala el artículo 106 del Código Procesal Civil: Litisconsorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación con varias personas, éstas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda en el segundo.. Entonces, la esencia de esta figura es que al momento de resolverse una pretensión material, resulta indispensable la presencia de todas aquellas personas que pudiesen verse involucradas en la sentencia estimatoria de un tribunal. Ahora bien, este Código, por aplicación supletoria al sublitem, por norma permisiva 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tiene diseñada en su estructura interna la integración de la litis consorcio antes de la fase demostrativa y en las siguientes etapas: la primera, corresponde a la actora, quien al 12
13 redactar la demanda debe incluir a todas aquellas personas vinculadas a su petición. En igual sentido, sucede con la reconvención. Segundo, de no ser así, de previo al emplazamiento, el juez de oficio deberá revisar su conformación. Tercero, la inobservancia del juzgador obliga la protesta del demandado, quien debe oponer la excepción previa correspondiente. Por último, funciona como medida de saneamiento hasta antes de empezar la fase demostrativa, ello para evitar indefensión. En lo autos, sucedió el segundo presupuesto, esto es, a partir de la resolución de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de enero de dos mil ocho, se ordenó la integración del Banco Nacional de Costa Rica como parte procesal, dándose como efecto de ello, la incompetencia declarada por el juzgado civil hacia esta jurisdicción cuando ya se había otorgado la audiencia de la contestación de la demanda por parte de los accionados Mata Granados y Mata Quirós y de sus excepciones planteadas, según se aprecia del auto de las catorce horas veintitrés minutos del diecinueve de enero de dos mil siete. A partir de la resolución del juzgado de instancia de las ocho horas siete minutos del quince de mayo de dos mil ocho en donde se arroga el conocimiento de los autos, lo procedente era la readecuación adjetiva, con el cumplimiento de las formas especiales faltantes (publicación de edictos, interposición y deducción de la acción, etc,). Con lo dicho, se aprecia de los autos, que el propio juzgado otorgó mediante resolución de las diecisiete horas y catorce minutos del cuatro de marzo de dos mil nueve, plazo para nueva deducción de la demanda sin limitar ésta en contra de alguno de los demandados en específico, de tal manera que la causa debió haber peregrinado bajo ese modelo de readecuación para todos los efectos procesales. A raíz de lo dictado, incluso, nuevamente el juzgado resuelve la resolución de las catorce horas treinta y dos minutos del treinta de julio de dos mil nueve, cuando ya el actor había deducido su demanda, dando plazo de treinta días a los accionados para que contestaran la demanda, aspecto que cada uno de los demandados cumplió. Este actuar procesal del juzgado, avaló lo acontecido bajo la figura en parangón de la "confianza legítima procesal" y prohijó válidamente las actuaciones tanto del actor como de los accionados, por lo que habría que entender no solamente ampliado el plazo de contestación de la demanda a favor de lo coaccionados Mata Granados y Mata Quirós, sino además por presentada la contrademanda por parte de estos. Bajo estos términos, no cabe duda para esta Cámara que los derechos procesales del recurrente han sido lesionados, por lo que indefectiblemente se deben anular los autos de las diez horas y dos minutos del primero de julio y quince horas cincuenta minutos del once de agosto, ambas resoluciones del dos mil diez y por prematura la de las quince horas treinta y siete minutos del veinte de diciembre de dos mil diez y prevenir al Juzgado de mérito que proceda conforme a lo mencionado atendiendo no solamente las contestaciones dadas sino además dando trámite a la contrademanda, si es que no hay otro impedimento. 13
14 6. La Integración del Litis Consorcio Pasivo Necesario en Caso de Bienes Inmuebles [Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI] viii Voto de mayoría RESULTANDO 1). Que mediante escrito presentado el día 28 de agosto de 2009, la parte actora plantea Proceso de Conocimiento para que, en lo conducente, en sentencia se ordene la cancelación el asiento del Registro Público de la Propiedad, Partido de Cartago, folio real matrícula ciento trece mil sesenta y nueve- cero cero cero, propiedad de Abelardo Cantillo Montero y se condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de su inscripción. (folios 1 a 7 del expediente judicial) 2). Que mediante auto de trece horas y cincuenta y nueve minutos del diez de noviembre de dos mil nueve, el juzgador de trámite tuvo por establecido el proceso dando el traslado de la demanda respectivo. (Folios 74 y 75 del expediente judicial) 3). Que mediante escrito de fecha 21 de enero de 2010, el representante de la Junta Administrativa del Registro Nacional contestó negativamente la demanda y opuso las defensas de falta de derecho, prescripción, caducidad, litis consorcio pasivo necesaria. En el caso de esta última defensa, alegó que se debía llamar a juicio también al propietario del inmueble, a la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo y a las personas que han practicado embargos sobre la finca del Partido de Cartago, matrícula ciento trece mil sesenta y nueve- cero cero cero (folios 88 a 118 del expediente judicial) 4). Que mediante escrito de 22 de enero de 2010, la representante del Estado solicita se declare improcedente la demanda y opone la defensa de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y litis consorcio pasivo necesario, con respecto a los notarios otorgantes de las respectivas escrituras y al propietario registral del inmueble sobre el cual se pide su cancelación registral (folios 119 a 130 del expediente judicial) 5). Que Abelardo Cantillo Montero en escrito de fecha 20 de agosto de 2010, en su condición de codemandado, solicitó se declare sin lugar la demanda y opuso la defensa de falta de competencia, prescripción, caducidad y falta de legitimación activa y pasiva (folios 146 a 154 del expediente judicial) 6). Que mediante resolución de ocho horas del seis de octubre de dos mil diez, el señor Juez Tramitador declaró sin lugar la defensa de litis consorcio pasiva necesaria. En el caso del acreedor del inmueble Partido de Cartago, folio real matrícula ciento trece mil sesenta y nueve- cero cero cero, estimó que es posible el dictado de 14
15 una sentencia de fondo sin afectar los intereses de la referida Mutual (folio del expediente judicial) 7). Que en la audiencia preliminar celebrada a partir de las 09 horas 8 minutos del 18 de enero del 2011, la parte actora mantuvo sus pretensiones y por ende fue definido el objeto del proceso en el sentido de que se ordene la cancelación registral de la finca del Registro Público de la Propiedad, Partido de Cartago, folio real matrícula ciento trece mil sesenta y nueve, entre otros extremos. En dicha audiencia se declaró el presente asunto como de puro derecho. 8). Que e n los procedimientos ante este Tribunal, se advierte la necesidad de entrar a conocer sobre la integración de la litis, por los motivos que se dirán. Redacta el juez Campos Hidalgo con el voto afirmativo de los juzgadores Garita Navarro y Hess Araya; CONSIDERANDO I. Saneamiento del proceso. Integración de litisconsorcio pasivo necesario: Habiéndose abocado este Tribunal al examen minucioso del expediente para su resolución, los suscritos Juzgadores advierten que las pretensiones de la parte actora se orientan fundamentalmente a la cancelación registral de la finca del Registro Público de la Propiedad, Partido de Cartago, folio real matrícula ciento trece mil sesenta y nuevecero cero cero, siendo así que sobre dicho inmueble pesa un gravamen - hipoteca de primer grado a favor de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo a citas de tomo 364, asiento 18635, secuencia y tres anotaciones correspondientes a procesos ejecutivos simples. En razón de lo anterior, se estima necesario llamar a los correspondientes acreedores al proceso como demandados, bajo el principio que deben ser parte en el proceso, todos aquellos que deriven derechos o intereses legítimos de la referida inscripción registral cuya cancelación se solicita (art del Código Procesal Contencioso Administrativo). Es evidente que una eventual sentencia que acoja total o parcialmente las pretensiones de la parte actora, tendría indudablemente consecuencias jurídicas con respecto a los derechos de crédito de la Mutual y de los anotantes dichos, al eventualmente tornar nugatoria la posibilidad de recuperación de sumas que hayan sido adeudadas por el propietario del inmueble y en donde se ha dado como garantía o trabado embargos sobre éste. Es así como, el presente asunto no puede ser resuelto por el fondo, pese haber sido declarado de puro derecho, sin antes disponer acciones que permitan la integración de las partes acreedoras y anotantes, y garantizar a su favor, el debido proceso, principio inclaudicable que ha de imperar en menesteres procesales y que debe orientar el proceder del juzgador. Las anteriores consideraciones se realizan al tenor del objeto del proceso definido en audiencia preliminar y de conformidad con las pretensiones definidas por la parte actora en esta etapa procesal. En este sentido, la definición de 15
16 las pretensiones es un tema elemental dentro del proceso contencioso administrativo. Lo anterior dado que fija el objeto de la causa y permite establecer quiénes deben ser traídos a la contienda a fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradictorio respecto de las pretensiones establecidas y que caso de ser estimadas, implicarán una oponibilidad en su contra, con el correspondiente surgimiento de deberes que derivan de los derechos que mediante sentencia se han declarado a favor del demandante. En esos casos, sea, cuando las pretensiones y el proceso en general puedan incidir o afectar la situación jurídica sustancial de otros sujetos, a fin de completar la relación procesal, el artículo 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece la obligación del juzgador de integrar la litisconsorcio pasiva necesaria, sea de oficio o a gestión de parte. Se trata de una garantía procesal que busca garantizar el contradictorio y derecho de defensa de esa persona como correlativo del principio del debido proceso. Sobre el tema en concreto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que esta figura implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Resolución número 156-F-TC-2008, de 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números de las 16 horas 05 minutos del primero de noviembre de 2000 y de las 10 horas 30 minutos del 07 de julio de 2005). Ha indicado la Sala además que con esta figura se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) o, por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio pasivo necesario). En cuanto al litis consorcio pasivo necesario, la Sala ha establecido que este instituto procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso (Resolución número 156-F-TC-2008, de 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números 29-F-TC-2008 de las 14:15 horas del 8 de mayo de 2008, 30-F-TC-2008 de las 14:20 del 8 de mayo de 2008 y no. 63-A-TC-2008 de las 9:45 horas del 11 de junio de 2008). En esta línea, el numeral 71 en sus incisos 2 y 3 postula: "2) Si, antes del dictado de la sentencia, el juez tramitador o el tribunal, según corresponda, constata la falta de integración de la litis consorcio necesaria, anulará lo 16
17 actuado y retrotraerá a la etapa procesal oportuna, con el propósito de integrar, de oficio, al litis consorte y garantizar el debido proceso. 3) En el supuesto del párrafo anterior, se conservarán las actuaciones irrepetibles, así como todas las que se dispongan por razones de economía procesal, en las que no sea indispensable la intervención del litis consorte. También se conservarán las actuaciones respecto de las que el litis consorte manifieste su conformidad. (...)" La norma es clara en el tratamiento procesal que ha de imperar en estos casos. Por un lado, debe disponerse la integración del litisconsorte, suprimir las actuaciones generadas dentro del proceso y retrotraer el procedimiento a la etapa en la que se garantice el debido proceso al litisconsorte. Desde luego que ello atiende a un análisis casuístico, que ha de sopesar la etapa procesal en que se encuentre la causa, así como la conservaciones de actuaciones que por sus particularidades se consideren irreproductibles, las que puedan mantenerse por no requerir para su validez de la participación del litisconsorte o bien, las que este último hubiere expresamente aceptado. Para ello, debe ponderarse la celeridad y economía procesal, con la finalidad de no enervar el derecho a una justicia pronta y cumplida, mediante la reposición o repetición de trámites innecesarios que en los casos recién citados, no conlleven lesiones a los derechos del litisconsorte. II. En el caso de análisis, estima este Tribunal, que si bien mediante resolución de ocho horas del seis de octubre de dos mil diez, el señor Juez Tramitador declaró sin lugar la defensa de litis consorcio pasiva necesaria, el artículo 92.7 en relación con el del Código Procesal Contencioso Administrativo faculta a que el Tribunal de Juicio pueda volver entrar a conocer aquellas defensas previas que sean desestimadas por el Juez Tramitador. Es así como para la presente resolución, se ha tomado en consideración que no obstante que la resolución de ocho horas del seis de octubre de dos mil diez, consideró que no se advierte motivo alguno que impida que se dicte sentencia sin que se vean afectados los intereses de la referida Mutual; de los autos se evidencia que la pretensión de condena de la parte actora relacionada con la cancelación del asiento de la finca del Registro Público de la Propiedad, folio real matrícula ciento trece mil sesenta y nueve- cero cero cero, tiene consecuencias patrimoniales que trascienden de su propietario, señor Abelardo Cantillo Montero y que afectaría a sus acreedores, tal y como se ha visto, por lo que resulta insoslayable retrotraer el proceso de manera que éstos tengan la oportunidad de ser parte en el mismo, en defensa de sus intereses, mediante el ejercicio de los instrumentos que el ordenamiento jurídico les permite, si así optaren. Dado lo anterior, a efectos de no generar dislocaciones al debido proceso y a los derechos procesales de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (acreedor hipotecario) y del Banco de Costa Rica y Beneficio San Antonio S.A. (anotantes de embargos), y de conformidad con los ordinales 12.1 en relación al 71 y del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo debido es ordenar la integración de aquellos como 17
18 parte pasiva en este proceso, respecto de quienes, se debe retrotraer el procedimiento a la fase de traslado de la demanda. Por ende, se debe disponer el reenvío del expediente al juzgador de trámite, a efectos de que proceda a otorgar el traslado de ley respecto de la pretensión que da base a su integración y adopte las medidas correctivas que estime de mérito. ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado. i ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7130 del dieciséis de agosto de Código Procesal Civil. Vigente desde 03/11/1989. Versión de la norma 9 de 9 del 04/12/2008. Publicado en: Gaceta N o 208 del 03/11/1989. Alcance: 35. ii ARTAVIA BARRANTES, Sergio. (1997). Derecho Procesal Civil. Tomo I de la Segunda Edición de la Editorial Jurídica Dupas. San José, Costa Rica. Pp iii TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA. Sentencia 34 de las dieciséis horas con doce minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. Expediente: CA. iv TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 162 de las once horas con treinta minutos del veinte de agosto de dos mil doce. Expediente: CA. v SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 611 de las doce horas con diez minutos del dieciséis de mayo de dos mil doce. Expediente: CA. vi TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 483 de las catorce horas con quince minutos del quince de noviembre de dos mil once. Expediente: CA. 18
19 vii TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 346 de las nueve horas con quince minutos del cinco de agosto de dos mil once. Expediente: CI. viii TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEXTA. Sentencia 42 de las siete horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil once. Expediente: CA. 19
VOTO Nº 081-2004. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del tres de agosto de dos mil cuatro.
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