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Timestamp: 2017-07-26 10:41:27
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[Sentencia C-070/10]- Constitucionalidad artículo 35 de la Ley 712 de 2001- Reforma del Código Procesal del Trabajo
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1.	Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
3.	Intervención del Ministerio de la Protección Social
4.	Intervención de la Universidad del Atlántico
Así pues, según la intervención que se reseña, al establecer el principio de consonancia, el precepto atacado “no hace otra cosa que reafirmar el debido proceso, admitiendo las garantías constitucionales y legales de las partes”. V.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y en él solicitó a la Corte estarse a lo resuelto “en la sentencia C-968 de 2003 que declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones ‘la sentencia de segunda instancia … deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación’ del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador” y “declarar exequible la expresión ‘autos apelados’, del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador”. El Procurador General de la Nación considera que, de acuerdo con la Sentencia C-968 de 2003, la disposición demandada protege los derechos de las partes y, en particular, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, de manera que el actor efectúa una interpretación restringida, pues las limitaciones que le endilga al texto acusado no están expresadas en él.
En la intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en el concepto rendido por el señor Procurador General de la Nación se indica que la Corte debe ordenar estarse a lo resuelto en la Sentencia C-968 de 2003 , mientras que los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Protección Social, así como la Universidad del Atlántico estiman que se debe declarar la constitucionalidad de la disposición acusada y someter su exequibilidad a un condicionamiento idéntico al utilizado por la Corte en la sentencia citada.
El señalamiento literal de lo demandado constituye una pauta para determinar si respecto de un texto expedido por el Congreso de la República, bajo la forma de ley, opera o no la cosa juzgada, pues es claro que la decisión recaída sobre un texto específico está amparada por la cosa juzgada formal que impide volver a cuestionar el mismo texto , a menos que la Corte haya limitado los efectos de lo decidido a determinados cargos y deje abierta la posibilidad de demandar posteriormente con fundamento en otros cargos, evento en el cual la cosa juzgada no tiene carácter absoluto sino relativo .
Ya la Corte, en supuestos que guardan similitud con el que ahora se analiza, ha invocado el artículo 4º de la Carta con el propósito de asegurar, en situaciones concretas ventiladas ante los jueces, la garantía de los derechos constitucionales fundamentales, así como la primacía de los contenidos superiores. A título de ejemplo es pertinente citar la sentencia C-179 de 1999 en la cual, tratándose de la impugnación del acto administrativo y de la explicación del concepto de violación, la Corte señaló que esta exigencia no podía significar que el juez administrativo tuviera facultad para “sustraerse de la obligación contenida en el artículo 4º de la Constitución” y precisó que cuando el juez advierta la violación de un derecho fundamental constitucional deberá proceder a su protección y a aplicar el artículo 4º de la Constitución siempre que se presente ostensible incompatibilidad entre los mandatos superiores y un precepto jurídico de inferior jerarquía.
Finalmente, tal y como lo hizo en la Sentencia C-968 de 2003, la Corte observa que el entendimiento de la disposición que ahora se prohíja no desarticula el diseño legal de la apelación y tampoco desconoce los derechos fundamentales de defensa y contradicción de quienes intervienen en el proceso, ya que en dicha hipótesis el juez de grado superior, al resolver en la apelación sobre derechos no reconocidos en primera instancia y al otorgarle primacía a la Constitución, “debe hacerlo bajo el supuesto que los hechos que le sirven de soporte hayan sido debatidos y probados en el proceso de acuerdo con los preceptos legales respectivos”. VII. DECISION