Source: http://www.encostarica.co.cr/negocios/tlc-mexico.htm
Timestamp: 2017-02-27 06:38:34
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Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos - En Costa Rica - Información sobre Costa Rica
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Documento Explicativo MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR SAN JOSE, COSTA RICA 1994 Presentación
El 15 de abril de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un acuerdo comprensivo y complejo, que incorpora temas relacionados no sólo con el comercio de bienes, sino también con el comercio de servicios, la inversión y la propiedad intelectual y que abre grandes oportunidades y retos para todos los costarricenses.
El Ministerio de Comercio Exterior ha querido poner al alcance de empresarios, profesionales, inversionistas, académicos, estudiantes y todo tipo de público el contenido de este Tratado, en una forma resumida. Consideramos que con ello avanzamos en el cumplimiento de una primera etapa en este gran esfuerzo nacional que debemos realizar por aprovechar el Tratado, cual es, conocer y comprender claramente el mismo.
Para estos efectos, la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales ha plasmado en este documento los antecedentes del acuerdo, los objetivos y organización costarricense en la negociación, la relación comercial entre Costa Rica y México, los aspectos principales del Tratado, un resumen de cada capítulo del acuerdo y, finalmente, una reseña de las condiciones de acceso de los productos agrícolas e industriales.
Esperamos que este documento sea de utilidad y que despierte el interés de todos en participar de este nuevo reto que se le presenta al país.
El 11 de enero de 1991, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el Presidente de México firmaron, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Declaración de Tuxtla Gutiérrez, así como el Acta y las Bases para un Acuerdo de Complementación Económica entre México y Centroamérica.
La citada Acta establece, en su punto primero, el acuerdo de los Presidentes de "sentar las bases para una liberalización comercial mediante un sistema de desgravación gradual y negociado, así como la eliminación de impedimentos y barreras no arancelarias al libre flujo del comercio, a fin de establecer una zona de libre comercio que deberá estar conformada a más tardar el 31 de diciembre de 1996". Por su parte, las Bases para un Acuerdo de Complementación Económica especifican en algún detalle las pautas que deberán guiar la citada negociación.
La importancia de estos acuerdos es que en ellos se materializó la voluntad política que dio inicio a un proceso de acercamiento comercial entre Costa Rica y México y que concluyó con la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) casi tres años después.
En febrero de 1991 se empezaron a dar los primeros intercambios de información entre las dos naciones y a sostener una serie de reuniones que, por casi un año, se dedicaron fundamentalmente a procurar comprender y agilizar la relación comercial entre las partes, eliminando obstáculos aduaneros y de transporte que se presentaban.
El 20 de agosto de 1992, luego de algunos meses de "impasse" en la negociación, y a efectos permitir a los diferentes países avanzar en este proceso de acuerdo con la voluntad e interés de cada uno, se suscribió el Acuerdo Marco Multilateral para el Programa de Liberalización Comercial entre los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Dicho Acuerdo reitera la decisión de los países de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales y de establecer una zona de libre comercio y fija algunos parámetros de referencia a aplicarse en las negociaciones bilaterales que sostenga México con cada país centroamericano.
Para esta época, México atravesaba las etapas finales de su negociación con los Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFT-A), lo cual contribuyó a que las negociaciones con Costa Rica prácticamente se suspendieran, de nuevo, por algunos meses.
No es sino hasta abril de 1993 que se inicia propiamente la negociación del acuerdo. En esa oportunidad, la negociación que, originalmente, se había concebido orientada a alcanzar el libre intercambio de bienes entre las Partes, se amplía para comprender los temas de servicios, propiedad intelectual, inversiones y compras del sector público y moderarse, de ese modo, de forma bastante similar al NAFTA.
Así, después de ese proceso intenso de reuniones, consultas y negociaciones, se concluyó esta etapa del proceso y el 5 de abril de 1994 se firmó, en la ciudad de México, el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. El Tratado dispone que, sujeto a los procesos de aprobación legislativa en ambos países, el mismo entrará en vigencia el 1 de enero de 1995.
Objetivos y organización costarricense en la negociación 1. Objetivos
Al entrar en este proceso, Costa Rica se planteó una serie de objetivos, que, en términos generales, pueden resumiese de la siguiente manera:
1. Abrir el mercado mexicano para los productos de exportación del país, brindando nuevas oportunidades de comercio para la oferta exportable actual y potencial costarricense, tanto en el área de bienes, como en el área de servicios.
2. Promover una mayor competitividad del sector productivo del país, no sólo brindándole acceso a un mercado de 90 millones de consumidores, sino también permitiéndole obtener materias primas mexicanos en condiciones preferenciales.
3. Promoverlas inversiones mexicanas en territorio costarricense, brindándole un marco adecuado de regulación, acorde con la Constitución Política y la legislación nacional.
4. No superar el estatus quo, en el sentido de negociar de un modo tal que no se tuviesen que introducir reformas sustanciales al régimen costarricense en aquéllas áreas en las que no existe consenso nacional o, bien, en las que se consideró que México tendría una mayor ventaja, como podrían serlo algunos sectores de servicios o en propiedad intelectual. El respeto de la Constitución Política y la legislación nacional debían privar en la negociación.
5. Respetar los principios consagrados en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), así como los resultados de la Ronda Uruguay, con el objeto de establecer una zona de libre comercio perfectamente compatible con el sistema multilateral.
6. Posicionar a Costa Rica adecuadamente en el escenario de las relaciones económicas internacionales, fundamentalmente en el continente americano y frente a una eventual adhesión al NAFTA.
7. Basar la negociación en una amplia y permanente consulta y participación de las diversas instituciones del Estado y de los distintos grupos sociales interesados, particularmente de los sectores productivos nacionales.
2. Organización nacional
A efectos de dar cumplimiento a los objetivos señalados se estableció una estructura nacional de consulta y participación, encabezada por la Gran Comisión de Comercio Exterior. Esta Comisión, constituida por altos representantes de las organizaciones relacionadas con el tema de comercio exterior, realizó una primera visita a México que resultó determinante para el inicio del proceso de negociación y, a lo largo de éste, recibió informes y formuló recomendaciones acerca de los grandes temas de la negociación.
Al mismo tiempo, se siguió un proceso de coordinación y búsqueda de consenso con los diputados integrantes de la denominada "Comisión Bush" en la Asamblea Legislativa, encargada de dar seguimiento a los diversos procesos de negociación comercial del país. En diversas oportunidades, el Ministerio de Comercio Exterior informó del avance y los obstáculos que enfrentaba el proceso de negociación.
Por su parte, la instancia en la que descansó el apoyo técnico de la negociación fue la Comisión Mixta, creada y coordinada por el Ministerio de Comercio Exterior, que tuvo como propósito incorporar a representantes de instituciones públicas y organizaciones privadas al proceso de elaboración y discusión de posiciones nacionales. Esta Comisión se reunió en cerca de 400 ocasiones y, a la vez, le correspondió coordinar el trabajo de variadas y cambiantes subcomisiones especializadas en temas particulares objeto de la negociación.
Relación comercial entre Costa Rica y México
A pesar de que tradicionalmente los flujos de comercio con México han sido poco significativos y han tenido un comportamiento, este país constituye el cuarto socio comercial de Costa Rica. En los años más recientes, el comercio ha mostrado un importante dinamismo, especialmente las exportaciones costarricenses hacia ese mercado, fruto del acercamiento comercial que empezó a generarse entre las dos naciones ante la eventualidad de la creación de una zona de libre comercio.
Balanza comercial de Costa Rica con México
4.79 14.06
-105.31
1/ Cifras preliminares del Banco Central de Costa Rica
Si bien la balanza comercial, vista en su conjunto, es deficitario para Costa Rica, es necesario observar que una buena parte de las exportaciones mexicanas hacia el país están constituidas por petróleo y sus derivados, a un punto tal que si se excluyen éstos en el año 1993, el déficit comercial no asciende a alrededor de trece millones de dólares.
Balanza comercial de Costa Rica con México (excluye petróleo y sus derivados)
62.48 1/
1/ Cifra preliminares M Banco Central de Costa Rica
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.
Dentro de los principales productos de exportación costarricenses hacia México en 1992 destacan textiles y prendas de vestir, carne bovina, camarones, aceites vegetales y básculas electrónicas. Dentro de las exportaciones mexicanos hacia el país se incluyen, aparte del petróleo y sus derivados, productos químicos inorgánicos, medicamentos, libros, textiles, tubería de acero y vehículos.
Aspectos principales del tratado
El TLC está dividido en diez partes que, a su vez, comprenden diecinueve capítulos: aspectos generales, comercio de bienes, comercio de servicios, barreras técnicas al comercio, compras del sector público, inversión, propiedad intelectual, disposiciones administrativas, solución de controversias y otras disposiciones. El objetivo y los principales aspectos de cada parte y capítulo se resumen a continuación.
Primera Parte - Aspectos Generales
Capítulo I - Disposiciones iniciales: establece una zona de libre comercio entre las Partes, que se ajusta al GATT y a los objetivos de estimular el comercio, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover las condiciones de competencia leal, aumentar la inversión, proteger los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación y crear procedimientos para la aplicación y cumplimiento del TLC, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
Capítulo II - Definiciones generales: define algunos conceptos básicos que se utilizan en el acuerdo, sin perjuicio de que otros capítulos incluyan una definición más específica.
Capítulo III - Trato nacional y acceso de bienes al mercado: establece el acuerdo de las Partes de otorgar trato nacional a los productos provenientes de la otra Parte. Asimismo, incluye el programa de desgravación arancelaria acordado con el objeto de establecer la zona de libre comercio entre las Partes, el cual se ejecuta fundamentalmente en cuatro etapas: a la entrada en vigencia del TLC, a los cinco, diez y quince años, con algunas excepciones. El Capítulo contiene disposiciones especiales de acceso para productos textiles, así como reglas en materia de restricciones para incrementar aranceles, programas de devolución y diferimiento de aranceles, importación temporal de bienes, exenciones arancelarias, medidas no arancelarias, impuestos de exportación y otros.
Capítulo IV - Sector agropecuario y medidas fitosanitarias y zoosanitarias:
define la normativa, cobertura, instrumentos y administración del comercio de bienes agropecuarios entre las Partes, y establece las disposiciones necesarias para la aplicación de las normas fitosanitarias y zoosanitarias de modo que no afecten en forma negativa el comercio agropecuario. Establece la renuncia de las partes a utilizar barreras no arancelarias a la importación, así como la posibilidad de convertir tales barreras en un arancel-cuota o en un arancel aduanero. Ciertos productos estarán exceptuados de esta disposición y, en su caso se examinará la posibilidad de eliminar gradualmente las prohibiciones, restricciones o aranceles a la importación sobre ellos. Se fija una regulación especial para el comercio de azúcar, señalando fundamentalmente que, cuando México importe azúcar, otorgará a Costa Rica una cuota de 19% del total de esas importaciones. Se establecen regulaciones en materia de ayuda interna y subsidios a la exportación similares a las de la Ronda Uruguay. Por otra parte, se indica la posibilidad de las Partes de adoptar, aplicar o mantener las medidas fitosanitarias o zoosanitarias necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, garantizando que las mismas no se constituyan en obstáculos innecesarios al comercio.
Capítulo V - Reglas de origen: establece los criterios sustantivos para determinar el origen de las mercancías -a efectos de identificar aquéllos productos que gozarán del trato preferencial acordado en el TLC-, siendo éstos el de los productos totalmente producidos en el territorio de una o ambas Partes, el de la exclusión de los procesos mínimos, el del cambio en la clasificación arancelaria, el de los porcentajes de contenido regional y, en unos pocos casos, el de requisitos específicos de origen. Asimismo, estipula los criterios de expedición de las mercancías y cuestiones institucionales relacionadas con la administración del régimen de origen.
Capítulo VI - Procedimientos aduaneros: define los procedimientos aduaneros para determinar el origen de las mercancías, indicando las obligaciones que deben cumplir exportadores e importadores, e insta a las Partes a cooperar en esta área con el objeto de fortalecer el intercambio.
Capítulo VII - Medidas de salvaguarda: establece las reglas y condiciones bajo las cuales las Partes podrán aplicar medidas de salvaguarda y los procedimientos a seguir en ese caso. En particular, permite aplicar medidas de salvaguarda bilaterales o globales bajo ciertas circunstancias, siempre que exista perjuicio grave a la producción nacional y que las mismas se apliquen sobre la base de criterios claros, estrictos y con temporalidad definida.
Capítulo VIII - Disposiciones en materia de cuotas compensatorias:
establece el compromiso de las Partes de eliminar los subsidios a la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al comercio, así como definir claramente las condiciones bajo las cuales podrán adaptarse medidas compensatorias, los procedimientos a seguir y los requisitos a cumplir para esos propósitos. En principio, para estos efectos, las Partes aplicarán su legislación nacional en forma congruente con los principios establecidos en el Capítulo y con la normativa del GATT.
Tercera parte - Comercio de servicios
Capítulo IX - Principios generales sobre el comercio de servicios:
establece un marco bilateral de principios y normas para regular el comercio de servicios, aplicable a todas las medidas que adopte una Parte sobre el comercio de servicios, salvo el caso de los servicios aéreos, servicios financieros, los subsidios o donaciones otorgados por el Estado y los servicios o funciones gubernamentales, aclarando que ninguna disposición del Capítulo impone obligación alguna en materia de migraciones laborales. Estipula la obligación de las partes de brindar trato de nación más favorecida, trato nacional y de no exigir presencia local para la prestación de un servicio en la medida y con las condiciones y limitaciones que su legislación vigente establezca, de modo que no se negocia la liberalización en ningún sector, sino sólo la consolidación del estatus quo. Se prevé la celebración de negociaciones futuras sobre este tema.
Capítulo X , Entrada temporal de personas de negocios: indica las disposiciones que las Partes deben seguir para facilitar la entrada temporal de tres categorías de personas de negocios, visitantes de negocios, inversionistas y personal intracorporativo, sin menoscabo de la protección del trabajo de sus nacionales y el empleo permanente en sus territorios y sin que ello implique autorización del ejercicio profesional.
Cuarta parte - Medidas de normalización
Capítulo XI - Medidas de normalización: fija disciplinas aplicables a los procesos nacionales de elaboración, adopción y aplicación de las normas y los reglamentos técnicos, así como de los procedimientos de evaluación de la conformidad y la metrología, con el objeto de garantizar que tales medidas no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio y manteniendo la libertad de cada país de determinar el nivel de protección no discriminatoria que se le quiera dar a los objetivos legítimos.
Quinta parte - Compras del sector público
Capítulo XII - Compras del sector público: establece un marco de normas y principios generales que garantiza el acceso de los mercados públicos a los productos y proveedores de la otra Parte, en condiciones no discriminatorias, de transparencia y de igualdad de oportunidades. Para esos efectos, el capítulo establece una serie de reglas que delimitan sus condiciones de aplicación, así como de obligaciones en materia de procedimientos de licitación y de impugnación.
Sexta parte - Inversión
Capítulo XIII - Inversión: fija una serie de disposiciones sustantivas específicas que las Partes se comprometen a aplicar en relación con las inversiones y los inversionistas de la otra Parte, especialmente los principios de trato nacional y de nación más favorecida que cada Parte deberá brindar y ciertos parámetros de fondo en materia de requisitos de desempeño, transferencias y expropiaciones. Al mismo tiempo, establece un mecanismo para solucionar por la vía arbitral los conflictos que puedan surgir entre una Parte y un inversionista de la otra como consecuencia de la aplicación de este Capítulo.
Sétima parte - Propiedad intelectual
Capítulo XIV - Propiedad intelectual: establece disposiciones sustantivas de aplicación obligatoria en materia de marcas, indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen, protección de la información no divulgada y derechos de autor y derechos conexos, tendientes a lograr un fortalecimiento de la propiedad intelectual en estos campos, en consonancia con los convenios internacionales existentes en la materia. A la vez, fija una serie de disposiciones de procedimiento, tanto en sede administrativa como judicial, y medidas en frontera que pretenden garantizar el respeto de las normas sustantivas incorporadas.
Octava parte - Disposiciones administrativas
Capítulo XV - Publicación, notificación y garantías de audiencia y legalidad: indica algunos aspectos que las Partes deben cumplir para facilitar la transparencia de sus regímenes de comercio y establece que las Partes reafirman las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso comprendidas en su ordenamiento jurídico.
Capítulo XVI - Administración del Tratado: establece la Comisión Administradora del Tratado como la encargada de velar por el correcto funcionamiento del acuerdo y de cumplir las otras funciones que se le asignan, así como el Secretariado de la Comisión, encargado de brindar asistencia a la Comisión. A su vez, se establecen comités para tratar diversos asuntos.
Novena parte - Solución de controversias
Capítulo XVII - Solución de controversias: fija las reglas que regirán el proceso de solución de las controversias que surjan entre las Partes cuando no se opte por recurrir al mecanismo previsto al efecto en el GATT. Para ello se señala que, en primer término, procederán las consultas, luego la intervención de la Comisión y, finalmente, si no se logra resolver el conflicto de ese modo, se puede recurrir a un tribunal arbitral que se establezca para ese propósito.
Décima parte - Otras disposiciones
Capítulo XVIII - Excepciones:
establece las excepciones generales y de seguridad nacional por las cuales podrán no aplicarse las disposiciones del tratado, así como las excepciones a la divulgación de información.
Capítulo XIX - Disposiciones finales: fija las disposiciones que brindan el marco final para la aplicación del acuerdo, destacándose la posibilidad de que otros países centroamericanos se adhieran al Tratado, luego de un proceso de negociación.
Resumen de cada capítulo del tratado
Establecer una zona de libre comercio entre las Partes que se ajuste al GATT y a ciertos objetivos esenciales.
II. ESTRUCTURA, CONTENIDO Y ASPECTOS RELEVANTES
Este Capítulo consta de cinco artículos relativos al establecimiento de la zona de libre comercio entre las Partes, a la determinación de los objetivos que pretende dicha zona, a la prevalencia del TLC sobre cualquier otra normativa entre las Partes y a la obligación de las Partes de observar el acuerdo.
2. Contenido y aspectos relevantes
Las Partes establecen una zona de libre comercio entre ellas de conformidad con el GATT, cuyos objetivos son estimular el comercio entre ellas, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover las condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes, aumentar la inversión en los territorios de las Partes, proteger los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación entre las Partes y crear procedimientos para la aplicación y cumplimiento del TLC, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
CAPITULO II – DEFINICIONES GENERALES
Definir algunos conceptos básicos que serán utilizados en el tratado, sin perjuicio de que otros capítulos incluyan una definición más específica.
Este Capítulo consta de un artículo, en el que se señalan las definiciones de aplicación general, y un anexo en el que se incluyen ciertas definiciones específicas por país.
El Capítulo define los conceptos de arancel aduanero, bien de una Parte, bien originario, Código de Valoración Aduanera, Comisión, cuota compensatorio, días, empresa, empresa del Estado, empresa de una Parte, fracción arancelaria, medida, nacional, Parte, Parte exportadora, Parte importadora, partida, persona, persona de una Parte, Programa de Desgravación Arancelaria, Secretariado, Sistema Armonizado, subpartida y territorio.
Por su parte, el anexo en cuestión define el concepto de territorio para cada Parte.
Establecer el compromiso de las Partes de otorgar trato nacional a los bienes originarios de la otra Parte, así como fijar el programa de desravación arancelaria acordado y el desmantelamiento de las otras medidas restrictivas con el objeto de establecer la zona de libre comercio entre las Partes.
II. ESTRUCTURA, CONTENIDO Y ASPECTOS RELEVANTES DEL ACUERDO
Este Capítulo consta de catorce artículos dispuestos en 6 Secciones. Cuatro de estos artículos tienen, al final del Capítulo, sendos Anexos. En el articulado se definen los términos del trato nacional y el acceso de bienes a los mercados de los dos países.
2. Contenido y aspectos relevantes del Acuerdo
El ámbito de aplicación del Capítulo se extiende a todo el comercio de bienes originarios entre Costa Rica y México, con la excepción de disposiciones establecidas en otros capítulos.
B. Trato Nacional
Las Partes deberán otorgar trato nacional a los productos provenientes de la otra Parte, en los mismos términos que lo estipula el Artículo III del GATT, con la excepción de los productos incorporados en el Anexo, que, para el caso de Costa Rica, incluye los productos cuya refinación y distribución al por mayor son monopolio de RECOPE, así como la energía eléctrica. La lista de México incluye productos relacionados con la industria automotriz.
C. Programa de Desgravación Arancelaria
a. Eliminación de Aranceles Aduaneros: cada Parte eliminará progresivamente los aranceles aduaneros de conformidad con el programa incluido en el Anexo al Artículo 3-04. Este Anexo incluye dos grandes listados de desgravación correspondientes a cada una de las Partes. Para los listados de productos se disponen 12 categorías de desgravación diferentes. A cada producto incluido en el Sistema Armonizado se le asigna una categoría de desgravación que define el plazo y los términos para reducir el arancel hasta llegar al 0%. Estas categorías son las siguientes:
CATEGORIA TERMINOS DE ELIMINACION DEL ARANCEL
(fecha en que el arancel será 0%)
A partir del 1 de enero de 1995.
A partir del 1 de enero de 1999 (en 5 etapas anuales que se inician al 1 de enero de 1995).
A partir del 1 de enero de 2004 (en 10 etapas anuales que se inician el 1 de enero de 1995).
Continuarán con libre comercio.
A partir del 1 de enero de 2009 (en 15 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1995).
A partir del 1 de enero de 2002 (en 6 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1997).
A partir del 1 de enero de 1999 (sin reducción hasta el 31 de diciembre de 1998). C-1
A partir del 1 de enero de 2004 (en 10 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1995; las primeras 5 etapas consistirán en una desgravación anual del 3%; las restantes cinco etapas desgravarán el arancel restante en etapas anuales iguales).
A partir del 1 de enero de 2009 (en 15 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1995; las primeras 6 etapas consistirán en una desgravación anual de 2.5%; las restantes 9 etapas des gravarán el arancel restante en etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1999).
Corresponde a comercio en azúcar y se ejecutará conforme al Anexo al artículo 4 del Capítulo 4.
A partir de 1 de enero de 2004 (en 2 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 2003).
E-3 A partir de 1 de enero de 2009 (en 4 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 2006)
b. Exclusión de Productos: se autoriza a las Partes a excluir del Programa de Desgravación una lista de productos usados definidos, que son medios de transporte automotor. También se autoriza a las Partes a excluir del programa de desgravación y mantener restricciones o prohibiciones de conformidad con los derechos y obligaciones adquiridos ante el GATT, para una serie de productos indicados con el código "EXCL".
c. Distribución de Productos por Categoría de Desgravación: de conformidad con las Listas de Desgravación de ambos países, a cada categoría de desgravación le corresponden la siguiente cantidad de productos:
99.97% 11975
d. Restricciones a la incrementación de aranceles: ninguna de las Partes podrá incrementar ningún arancel vigente, ni adoptar uno nuevo, sobre bienes originarios. También se estructuró un mecanismo para poner en marcha, si así lo llegaran a decidir las Partes, desgravaciones arancelarias más aceleradas que las definidas en el Programa de Desgravación.
Las Partes están autorizadas a adoptar restricciones a las importaciones con el fin de asignar el cupo de importaciones realizadas al amparo de una cuota mediante contingentes arancelarios establecidos en el Programa de Desgravación y en el Anexo 3 al artículo 4-05. Lo anterior se permite sólo si tales restricciones no comportan distorsiones adicionales a las derivadas del contingente arancelario. Además, para la adopción de estas medidas, se deberán celebrar consultas.
D. Programas de devolución y de diferimiento de aranceles
a. Contenido: los programas de reembolso, exención o reducción de aranceles que se deban pagar por concepto de importaciones de insumos incorporados a productos de exportación deberán limitarse a reembolsar, eximir o reducir los montos correspondientes al arancel pagado o por pagar, sin que dicho reembolso, exención o reducción exceda el monto del arancel debido. El Capítulo prohibe efectuar reembolsos, exenciones o reducciones de los derechos anti-dumping o compensatorios, de las primas recaudadas sobre bienes importados derivadas de sistemas de licitación aplicables a restricciones cuantitativas a la importación, de aranceles-cuota o de cupos de preferencia . arancelaria, que se le cobren a los insumos importados incorporados a productos de exportación.
b. Condiciones para eliminar los programas: bajo condiciones muy especiales y sobre la base de un calendario determinado, las Partes se comprometen a no utilizar estos programas de reembolso, reducción, exención de aranceles. Igualmente, se comprometen a cobrar los aranceles que se difieren en ejecución de un programa de diferimiento de aranceles.
Las condiciones para no utilizar estos programas son las siguientes: 1) la Parte dejará de reembolsar, eximir, reducir o reembolsar aranceles "cuando Costa Rica aplique a un país no Parte disposiciones similares a estas"; 2) la Parte dejará de reembolsar, eximir, reducir o diferir aranceles respecto de bienes importados, durante tres años, cuando se demuestre que el reembolso, exención o reducción cause simultáneamente una distorsión significativa del trato arancelario aplicado por la Parte que otorga dichos reembolsos, reducciones o exenciones, y un daño a la producción nacional de bienes idénticos, similares o competidores directos de la otra Parte; 3) sin embargo, en ningún caso se exigirá la no utilización de estos programas antes del 1 de enero de 2002.
c. Definición de conceptos: existirá una "distorsión significativa del trato arancelario" cuando suceda uno de los siguientes dos eventos: 1) que el monto de los aranceles reembolsados, eximidos o reducidos sobre bienes importados, y para los cuales exista producción en el territorio de las Partes, exceda 5% del valor total de las importaciones de bienes originarios durante un año cubiertos en una fracción arancelaria de la Parte importadora de ese bien; 2) que una Parte reembolse, reduzca o exima de aranceles sobre bienes importados de terceros países, respecto de cuyos bienes esa Parte mantenga restricciones cuantitativas y sean posteriormente exportados a la otra Parte. Para efectos de determinar el daño, se entiende por tal al menoscabo significativo de la producción nacional. Por "producción nacional" se entiende al productor o productores de bienes idénticos, similares o directamente competitivos que operen en un mismo territorio de una Parte y que representen por lo menos un 35% de la producción total del territorio.
d. Mercancías excluidas: existe una serie de bienes para los cuales no se aplicarán las anteriores restricciones a los programas de reembolso, reducción, exención o diferimiento de aranceles. Son estos bienes los que se importen bajo fianza para ser transportados o exportados al territorio de la otra Parte; los que se exporten a territorio de una Parte en la misma condición en que se importaron a la Parte que los exporta a aquella; los que se importen a una Parte, que posteriormente se consideren exportados a territorio de la otra Parte por motivo de haber sido enviados a una tienda libre de derechos, a tiendas a bordo de embarcaciones o como suministro para embarcaciones o aeronaves; el reembolso respecto de un bien importado incorporado en una mercancía de exportación, cuando ese reembolso se otorgue por virtud de que el bien no corresponde a las muestras o a las especificaciones del bien objeto, o por motivo del embarque no consentido del consignatario; y los bienes originarios importados a una Parte que posteriormente se exporten a territorio de la otra Parte, aún cuando vaya incorporado en otro producto de exportación.
e. Procedimientos, transparencia y consultas: para la aplicación de estas restricciones, el Capítulo establece reglas procedimentales especiales, así como obligaciones de suministro de información pertinente. Igualmente, las Partes deberán celebrar consultas antes de aplicar las anteriores disposiciones.
E. Importación Temporal de Bienes
a. Bienes autorizados: se autorizará la importación temporal, independientemente del origen del bien y de que haya o no producción de dicho bien en el país importador, si ese bien consiste en: a) equipo profesional para el ejercicio de una actividad de negocios o profesional; b) equipo de prensa o para la transmisión de señales de radio o televisión y equipo cinematográfico; c) bienes para propósitos deportivos o destinados a exhibición, y d) muestras comerciales y películas publicitarias.
b. Condiciones genéricas: la importación temporal de estas cuatro categorías de bienes está sujeta a ciertas condiciones que las Partes pueden exigir, no estando autorizados los países a exigir condiciones adicionales. Para las cuatro categorías existen condiciones comunes: 1) que el bien no sea objeto de venta, cesión o arrendamiento; 2) que venga acompañada de una garantía del pago de los aranceles; 3) que sea susceptible de identificación; 4) que se exporte a la salida de la persona o dentro del plazo que corresponda a la importación temporal; 5) que se exporte en cantidades razonables de acuerdo al uso que se le quiera dar; 6) que no sufra transformación o modificación alguna, salvo el desgaste normal por uso; 7) que cumpla con las normas sanitarias, fitosanitarias o técnicas que procedan.
c. Condiciones específicas: dos condiciones especiales se le pueden exigir a las tres primeras categorías de bienes susceptibles de importación temporal. Son ellas el hecho de que deben ser importadas por un nacional o residente de la otra Parte y que el bien sea utilizado exclusivamente por la persona visitante en el desempeño de su actividad, profesión o negocio.
Para el caso de la cuarta categoría , su condición específica es que se importen sólo para efectos de levantamiento de pedidos de bienes o servicios que se suministren transfronterizamente.
F. Muestras Sin Valor Comercial
El Capítulo autoriza la libre importación de muestras sin valor comercial proveniente de la otra Parte.
G. Exenciones Arancelarias
a. Exenciones y requisitos de desempeño:
ninguna de las Partes podrá adoptar nuevas medidas de exención condicionadas al cumplimiento de un requisito de desempeño. Asimismo, las Partes se comprometen a que, a partir del 1 de enero de 2002, no se podrán mantener exenciones arancelarias condicionadas al cumplimiento de un requisito de desempeño.
b. Exenciones con beneficiario específico: no es posible otorgar exenciones arancelarias sobre bienes destinados al uso comercial que favorezcan categorías especiales de sujetos, o bien hacerlas extensivas a cualquier importador, si la otra Parte logra demostrar que dicha exención tiene un efecto desfavorable respecto de su economía, los intereses comerciales de las personas de esa Parte o los intereses comerciales de una empresa que es propiedad o está bajo el control de una persona de esa Parte, ubicada en el territorio de la Parte que otorga la exención.
H. Medidas No Arancelarias
a. Restricciones a la adopción de medidas no arancelarias: ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de la otra Parte o exportación hacia la otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GAT'T. Las Partes confirman que se prohiben los requisitos de precios de exportación o de importación.
b. Excepciones: no obstante lo anterior, en el Anexo al artículo 3-09 las Partes negociaron un listado de productos respecto de los cuales no se aplica la prohibición de restringir la importación o exportación de bienes. Costa Rica excepcionó ciertos productos correspondientes a algunas de las partidas arancelarias de los capítulos 63, 27 y 40. Igualmente, puede restringir la importación de mercancía usada incluida en algunas partidas del capítulo 87. México, por su parte, excepcionó los productos de la industria automotriz, algunas partidas del capítulo 63, algunos productos usados del capítulo 84 y 87 y ciertos productos del capítulo 27 y 29.
I. Impuestos de Exportación
Las Partes se comprometen a no cobrar impuestos, aranceles o cargos a la exportación de mercancías, excepto que se adopten sobre ese bien cuando esté destinado al consumo interno. También adquieren el compromiso de no incrementar o adoptar derechos aduaneros por concepto de servicio prestado por la aduana. Se comprometen a eliminar los existentes para el 1 de julio de 1999.
J. Marcado de Origen
En el Anexo al artículo 3-12 se establecen reglas detalladas, pero claras, flexibles y bastante razonables para los requisitos de marcado de origen de los productos importados al territorio de las Partes provenientes de la otra Parte.
K. Transparencia
En cumplimiento de los requisitos de transparencia, el Capítulo dispone la obligación de publicar y notificar, en forma expedita, todas las leyes, reglamentos, procedimientos y disposiciones administrativas de carácter general que se pongan en vigor en una Parte y que adopten, modifiquen o deroguen una instrumento de política comercial o se refieran, en general, a comercio exterior. De ser posible, se avisará de antemano sobre la adopción de una medida y se oirán observaciones sobre el punto. No se podrá poner en vigencia una restricción arancelaria o no arancelaria sin publicarla previamente. Ninguna de las obligaciones de transparencia implica una obligación de revelar información de carácter confidencial cuya divulgación implique quebrantamiento de leyes, sea contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas. Por último, cada Parte deberá identificar a nivel de fracciones arancelarias, los productos sujetos a medidas, restricciones o prohibiciones a la importación o exportación de bienes por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora y la fauna, del medio ambiente, sanidad fitopecuaria, normas, etiquetas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación.
L. Textiles
El Capítulo contiene disposiciones especiales de acceso para textiles. De conformidad con el texto, la desgravación arancelaria de textiles se efectuará en concordancia con la categoría de desgravación señalada en el Programa de Desgravación. Sin embargo, en esta Sección se disponen ciertas reglas de origen y de desgravación especiales para algunos textiles.
Para ciertas clases especificadas de productos textiles se permitirá la utilización de hilados, hilos o fibras no originarios. Para estas clases existe un calendario de aplicación de cuotas fijadas en términos monetarios. Es decir, estos productos, que tienen reglas de origen más liberales, estarán sujetos al Programa de Desgravación Arancelaria, pero sujetos además a cuotas que aumentan progresivamente en un plazo que va desde el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999. Estas cuotas se aplicarán en los dos países. Para este régimen especial no se permitirán exportaciones de productos clasificables en una misma partida arancelaria que sobrepasen, en su valor, el 30% de la cuota asignada para ese año. Cuando las exportaciones se sobrepasen de las referidas cuotas monetarias, no se les aplicarán las reglas de origen especiales mencionadas, sino que deberán satisfacer las reglas de origen especificadas en el capítulo de Normas de Origen. A partir del 1 de enero del año 20001 las Partes aplicarán el Programa de Desgravación, sin sujeción a cuotas, fechas o reglas de origen especiales.
CAPITULO IV - SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS FITOSANITA. RIAS Y ZOOSANITARIAS
Definir la normativa, cobertura, instrumentos y administración del comercio de bienes agropecuarios entre las Partes. Además, establecer las disposiciones necesarias para que la aplicación de las normas fitosanitarias y zoosanitarias no afecten en forma negativa este comercio agropecuario.
Este Capítulo consta de dos secciones, veintidós artículos y tres Anexos. Las dos secciones son las siguientes: sección A - Sector agropecuario, que está dividida en ocho artículos y tres anexos relacionados con exclusiones, consolidación de preferencias arancelarias y comercio de azúcar, y la sección B - Medidas fitosanitarias y zoosanitarias, que contiene catorce artículos.
A. Sector Agropecuario (Sección A)
a. Definiciones: hace referencia a las diferentes definiciones utilizadas a lo largo de esta sección del Capítulo.
b. Ambito de aplicación: se aplica a las medidas relacionadas con el comercio agropecuario adoptadas o mantenidas por cualquier Parte.
c. Consultas: hace referencia a los mecanismos que pueden utilizar las Partes para evitar la anulación o menoscabo de una concesión en el Programa de Desgravación Arancelaria.
d. Acceso a mercados: se facilitará el acceso mediante la reducción o eliminación de barreras al comercio de bienes agropecuarios bajo los siguientes términos:
Las Partes renuncian a los derechos otorgados en el artículo XI:2 c) del GATT y a los derechos del Artículo 3-09 (restricciones a la importación y a la exportación) del Tratado respecto de cualquier medida adoptada sobre la importación de bienes agropecuarios.
Las Partes renuncian a la posibilidad de utilizar el mecanismo de solución de controversias del GATT cuando el arancel aplicable a un bien agropecuario comprendido en su Programa de Desgravación Arancelaria sea superior al establecido en la Lista de Concesiones Arancelarias del GATT. No obstante ello, cuando conforme a un acuerdo alcanzado en el marco de las negociaciones del GATT, una Parte acuerde convertir una prohibición o restricción a sus importaciones en un arancel-cuota o en un arancel aduanero, esa Parte no podrá aplicar a ese bien agropecuario un arancel que sea superior al menor entre el establecido en su Programa de Desgravación Arancelaria y al establecido en ese acuerdo del GATT.
No obstante cualquier disposición del Tratado, cualquier Parte podrá adoptar o mantener una prohibición o restricción o un arancel aduanero sobre la importación de los bienes agropecuarios comprendidos en el anexo 1 de este Artículo, de conformidad con sus derechos y obligaciones en el GATT. El Comité de Comercio Agropecuario examinará la posibilidad de eliminar gradualmente las prohibiciones, restricciones o aranceles aduaneros sobre las importaciones de estos bienes.
Este Comité también examinará la posibilidad de acelerar la desgravación de los aranceles establecidos en el Programa de Desgravación Arancelaria.
Se establece una tasa base más baja que la de nación más favorecida para iniciar la desgravación arancelaria por parte de México de los bienes agropecuarios incorporados en el anexo 2.
El comercio de azúcar se regulará conforme al anexo 3 a este artículo.
Las Partes no podrán reembolsar aranceles o eximir del pago de ellos a un bien agropecuario importado a su territorio que sea sustituido por otro idéntico o similar posteriormente exportado a territorio de la otra Parte o utilizado como material en la producción de otro bien agropecuario posteriormente exportado a territorio de la otra Parte.
e. Apoyos internos: las Partes procurarán avanzar hacia políticas de apoyo interno que tengan efectos de distorsión mínimos o inexistentes sobre el comercio o la producción o que estén exceptuadas de los compromisos negociados en esta materia en el GATT.
f. Subsidios a la exportación: los compromisos se refieren al esfuerzo de las Partes por lograr la eliminación multilateral de los subsidios a la exportación de conformidad con el GATT. Además, se comprometen a eliminar los subsidios a la exportación cuando el arancel aduanero que la Parte importadora aplique alcance el nivel de cero. A partir del 1 º de enero de 1999 no se podrán mantener o establecer subsidios a la exportación, y cada Parte renuncia a los derechos que el GATT le otorga con respecto a la utilización de dichos subsidios.
g. Medidas de normalización y de comercialización agropecuarias: las Partes otorgarán un trato no menos favorable a los bienes agropecuarios originarios de la otra Parte que el que le aplican a sus propios bienes respecto de medidas de normalización o comercialización agropecuarias.
Se establece el Comité de Medidas de Normalización y Comercialización Agropecuarias que, junto con el Comité para Medidas de Normalización, revisará la operación de normas de clasificación y de calidad agropecuaria.
h. Comité de Comercio Agropecuario: se crea el Comité de Comercio Agropecuario encargado de dar seguimiento y fomentar la cooperación para la aplicación y administración de este capítulo y servir de foro de consulta sobre asuntos relacionados con el mismo.
i. Anexo 1 al artículo 4-04 - Exclusiones: se conforman las dos listas de productos excluidos tanto por parte de Costa Rica como por parte de México. Costa Rica excluye 99 fracciones arancelarias a 8 dígitos (productos tales como aves, lácteos, papas, cebollas, banano, café, embutidos, azúcar, cacao, alcoholes, tabaco, cigarros, cigarrillos, ciertos productos químicos orgánicos y otros) y México excluye 122 fracciones arancelarias a 8 dígitos (productos tales como aves, lácteos, papas, cebollas, banano, café, ciertos embutidos, azúcar, cacao, mermeladas, alcoholes, tabaco, cigarros, cigarrillos, ciertos productos químicos orgánicos y otros).
j. Anexo 2 al artículo 4-04. Consolidación de preferencias arancelarias: se establece un tratamiento preferencial por parte de México para un grupo de productos.
México mantendrá las preferencias arancelarias otorgadas a Costa Rica en el Tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial para los bienes listados en el punto anterior, mientras permanezca en vigor el Acuerdo.
Si los bienes a ropecuarios establecidos en el 9 punto anterior se encuentran listados en el anexo 1 al artículo 4-04, la desgravación arancelaria iniciará a partir de la fecha en que expire el Tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial y se aplicará la tasa de nación más favorecida vigente en esa fecha.
k. Anexo 3 al artículo 4-04. Comercio de azúcar: en caso de que México requiera azúcar en un año en particular, otorgará una cuota preferencial de azúcar a Costa Rica de 19% del total de requerimientos de azúcar. En caso de que México otorgue en un acuerdo comercial una participación porcentual a otros países, la participación porcentual de Costa Rica se modificará dos años después de la entrada en vigor de ese acuerdo.
Esta cuota no se modificará en caso de que México otorgue una cuota preferencial a Colombia o Venezuela, ni será nunca inferior al 8%; estará gravada con un arancel de 0% y su precio de venta tendrá como referencia el Contrato 14 de la Bolsa de Café, Cacao v Azúcar de Nueva York.
En caso de que México no requiera azúcar durante un año en particular la cuota preferencial será cero.
Por encima del contingente arancelario otorgado a Costa Rica, México podrá mantener sus derechos v obligaciones conforme al GATT.
Se establece el Comité de Azúcar encargado de dar seguimiento a la aplicación y administración de este anexo. Este anexo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2007.
B. Medidas fitosanitarias y zoosanitarias (Sección B)
a. Definiciones: se hace referencia a las diferentes definiciones utilizadas a lo largo de esta sección del capítulo.
b. Ambito de aplicación: se aplica a todas las medidas fitosanitarias o zoosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente el comercio entre las Partes.
c. Principales derechos y obligaciones: se establece la posibilidad de adoptar, aplicar o mantener las medidas fitosanitarias o zoosanitarias necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal.
d. Adopción de medidas: se puede adoptar una medida siempre que este basada en principios científicos; que se mantenga únicamente si existe base científica que la sustente; y que exista una evaluación del riesgo.
e. Trato no discriminatorio: las medidas fitosanitarias o zoosanitarias no deben ser discriminatorias entre los productos de una Parte y los productos similares de la otra Parte, o los productos similares de otro país.
f. Obstáculos innecesarios: no se pueden adoptar, mantener o aplicar medidas fitosanitarias o zoosanitarias que puedan crear obstáculos innecesarios al comercio.
g. Restricciones encubiertas: no se pueden adoptar, mantener o aplicar medidas fitosanitarias o zoosanitarias que tengan como finalidad crear una restricción encubierta al comercio.
h. Apoyo en organismos no gubernamentales: los organismos no gubernamentales en que las Partes se apoyen deben actuar de forma congruente con esta sección.
i. Derecho a fijar el nivel de protección: se pueden fijar niveles adecuados de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4-16.
j. Uso de normas internacionales: se utilizarán como base las medidas fitosanitarias y zoosanitarias de conformidad con las normas, directrices o recomendaciones internacionales. No obstante, se pueden adoptar, mantener o aplicar medidas fitosanitarias o zoosanitarias que brinden mayor protección que una norma, directriz o recomendación internacional.
Se podrá solicitar información en caso de que se vean afectadas las exportaciones por una medida que no este basada en normas, directrices o recomendaciones internacionales.
Se promoverá una mayor participación en organizaciones de normalización internacionales.
k. Equivalencia: se aceptarán como equivalentes las medidas fitosanitarias o zoosanitarias de la otra Parte siempre y cuando brinden un nivel adecuado de protección.
1. Evaluación del riesgo y nivel de protección adecuado: cada Parte podrá llevar a cabo evaluaciones del riesgo siempre que considere la información científica disponible, los métodos desarrollados por organismos internacionales, los controles en los procesos de producción, la existencia de plagas y enfermedades, las condiciones ecológicas y ambientales, o las medidas cuarentenarias.
En el caso de introducción, establecimiento o propagación de una plaga o enfermedad, al evaluar el riesgo, se tomará en cuenta la pérdida de la producción o de las ventas, los costos de control o erradicación y la relación costo-beneficio de otras opciones.
Cuando los conocimientos científicos no sean suficientes se puede adoptar una medida provisional con fundamento en la información disponible, de manera que permita evaluar, revisar y, si procede, modificar esa medida.
Cuando una Parte logre un nivel apropiado de protección, puede, a solicitud de la otra Parte, permitir la aplicación gradual de la medida durante períodos limitados.
m. Adaptación a condiciones regionales: cada Parte adaptará sus medidas fitosanitarias o zoosanitarias a las zonas de origen y destino del producto tomando en cuenta la prevalencia de plagas y enfermedades, los programas de erradición y control y cualquier norma, directriz o recomendación internacional.
Para reconocer una zona libre de plagas o enfermedades o una zona de escasa prevalencia de éstas se deben considerar factores como condiciones geográficas, ecosistemas, vigilancia epidemiológica, eficacia de controles fitosanitarios y zoosanitarios. Para tales efectos, la Parte exportadora deberá aportar pruebas necesarias que demuestren la situación declarada y facilitar un acceso razonable para las inspecciones, pruebas y demás procedimientos pertinentes.
Se otorgará trato de nación más favorecida a un producto producido en una zona libre de plagas o enfermedades que presente el mismo nivel de riesgo, utilizando técnicas equivalentes para evaluar el riesgo en esa zona y en el área anexa a la misma.
n. Procedimientos de control, inspección y aprobación: cada Parte dará un trato no menos favorable a los productos de la otra Parte; publicará la duración normal de los procedimientos; se asegurará que el organismo competente examine, transmita e informe sobre el estado de la solicitud; limitará la información a la necesaria para llevar a cabo el procedimiento; y limitará los requisitos respecto a especímenes individuales.
Si se modifica el procedimiento con posterioridad a la determinación de la medida, se debe establecer que sigue cumpliendo con los requisitos, proporcionando la Parte exportadora el acceso y asistencia a la Parte importadora para la ejecución del control o inspección.
Cuando exista un procedimiento de aprobación se podrá establecer un requisito para el uso de un aditivo y niveles de tolerancia para contaminantes, antes de conceder el acceso al mercado doméstico de un producto.
o. Notificación, publicación y suministros de información: al proponer la adopción o modificación de una medida fitosanitaria o zoosanitaria se debe publicar y notificar por escrito; proporcionar el texto completo; identificar el producto, los objetivos y razones; y permitir la recepción de comentarios por escrito. Si se presenta un problema urgente se pueden omitir los puntos anteriores a condición de que se cumplan luego de adoptada la medida. Cada Parte designará una autoridad gubernamental como responsable de la puesta en práctica de la notificación de este artículo.
p. Centros de información: se debe establecer por lo menos un centro de información que responda a las preguntas que se formulen y que proporcione la documentación pertinente en relación con la medida fitosanitaria o zoosanitaria de aplicación general, los procesos de evaluación del riesgo, la calidad y participación de la Parte en organismos internacionales y regionales, así como ubicación de los avisos publicados.
q. Limitaciones al suministro de información: ninguna Parte está obligada a proporcionar información que impida actividades de investigación, vigilancia y control del cumplimiento de su legislación o que sea contraria al interés público.
r. Comité de Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias: se establece el Comité de Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias cuya función principal es emitir recomendaciones expeditas a problemas fitosanitarios y zoosanitarios específicos.
s. Consultas técnicas: cada Parte podrá solicitar consultas sobre cualquier problema relacionado con esta sección.
t. Cooperación técnica: se dará asesoramiento, información y asistencia técnica a la otra Parte con el fin de fortalecer las medidas fitosanitarias y zoosanitarias de esa Parte.
u. Solución de controversias: cuando se tenga duda sobre la aplicación o interpretación de esta sección se pueden iniciar consultas de conformidad al capítulo XVII (Solución de controversias).
v. Gastos: los gastos derivados de actividades de cooperación técnica estarán sujetos a la disponibilidad de fondos de cada Parte, mientras que los gastos para control o inspección y aprobación serán sufragados por los interesados.
CAPITULO V - REGLAS DE ORIGEN
Establecer los criterios sustantivos para determinar el origen de las mercancías, los criterios de expedición de las mercancías y cuestiones institucionales relacionadas con la administración del régimen de origen, con el objeto de que exista un régimen transparente y predecible de normas de origen de fácil uso por parte de los productores de ambos países, y que erradique cualquier posibilidad de que dichas normas se conviertan en obstáculos al comercio bilateral.
Este Capítulo consta de un cuerpo normativo de veintisiete artículos, seis Anexos y un apéndice. El articulado contiene los instrumentos para la determinación del origen de las mercancías, definiciones, normas para casos especiales y cuestiones institucionales y procedimentales para la aplicación del Capítulo.
El Anexo al artículo 5-01 contiene el concepto de costo neto y establece las bases para su cálculo. El Anexo al artículo 5-03 se refiere a las Reglas específicas de Origen e incluye, además, un apéndice con reglas de origen a ocho dígitos del Sistema Armonizado. El Anexo 1 al artículo 5-15 contiene una lista de productos de la industria automotriz sujetos a reglas especiales de cómputo del valor y determinación de su origen. El Anexo 2 al artículo 5-15 es una lista de productos de la industria automotriz sujetos a reglas particulares de cómputo de su valor. El Anexo al artículo 5-21 especifica el ámbito material de trabajo del Comité de Integración de Insumos. Finalmente, el Anexo al artículo 5-27 contiene un listado de productos que estarán transitoriamente sujetos a porcentajes de contenido regional más bajos.
A. Criterios para determinar origen
Para determinar el origen de las mercancías, el Capítulo utiliza cinco criterios fundamentales.
a. Productos "totalmente producidos": son originarios aquellos productos que hayan sido totalmente extraídos, cosechados, nacidos, criados, obtenidos, cazados, pescados o producidos en el territorio de una o de ambas Partes. Son estos, entre otros, los minerales, vegetales, animales, y todos aquellos bienes producidos en territorio de una o ambas Partes a partir de los productos originarios.
b. Exclusión de los procesos mínimos: como criterio de exclusión del origen, se estableció que no son mercancías originarias aquellas que han sido sometidas a un simple proceso mínimo que no transforma sustancialmente los insumos, que no agrega valor nacional a la mercancía, sino que son simples operaciones sin importancia comercial o productiva. Estos procesos mínimos son, por ejemplo: la dilución en agua o en otra sustancia que no altere las características del bien: las operaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte o almacenamiento, el embalaje, reembalaje o empaque para el menudeo, etc.
Los siguientes tres criterios tienen como presupuesto que los productos de exportación incorporan insumos o materiales provenientes de terceros países. El producto de exportación, aún incluyendo tales insumos extranjeros, podría clasificar como originario de México o de Costa Rica si satisface la norma de origen especificada en el Anexo al artículo 5-03. Ante la existencia de insumos provenientes de terceros países, son instrumentos técnicos esenciales para la aplicación del sistema de origen el Sistema Armonizado, el Código de Valoración Aduanera del GATT y los llamados "principios de contabilidad generalmente aceptados".
c. Cambio en la Clasificación Arancelaria: en tercer lugar, se utiliza el criterio de cambio en la clasificación arancelaria. El Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías está de tal forma dispuesto que a través de sus 97 capítulos se escala progresivamente en la cadena productiva. Las mercancías se clasifican desde las más simples hasta las más complejas. Esta progresividad se mantiene aún dentro de cada capítulo. La metodología del cambio en la clasificación arancelaria consiste en determinar si la clasificación arancelaria de los insumos importados utilizados en el producto final cambia en relación al producto final mismo. La clasificación del bien final deberá ser diferente a la clasificación aplicable al insumo importado cuando ingresó al país donde se produjo el bien final. Para que el bien se considere originario, ese cambio en la clasificación arancelaria deberá ser, por lo menos, al nivel que se especifica en la respectiva norma de origen aplicable al bien final y establecida en el Anexo al artículo 5-03. Este Anexo contiene cuatro tipos de cambio arancelario: a nivel de capítulo (139 normas), de partida (500 normas), de subpartida (141 normas) o de fracción (42 normas).
Por ejemplo: el aceite de palma está clasificado en el capítulo 15, partida 15.11. Esta partida contiene el aceite en bruto (subpartida 1511.10) y "los demás" (subpartida 1511.90)
que contiene el aceite de palma ya refinado. Obsérvese que el aceite en bruto es un insumo del aceite final. La norma de origen correspondiente al aceite de palma dispone que debe haber "un cambio a la partida 15.11 de cualquier otro capítulo". Esto implica que se permitirá la utilización de insumos del aceite de palma provenientes de terceros países, siempre y cuando dichos insumos se clasifiquen en cualquier otro capítulo menos el 15. Así, entonces, para la elaboración del aceite de palma final no se podría importar aceite en bruto no originario para refinarlo en Costa Rica o México y ser exportado a la otra Parte. Esto garantiza que el proceso de refinamiento debe ser regional. Si hipotéticamente la norma de origen dispusiera que debe haber un cambio a la subpartida 1511.90 de cualquier otra subpartida, entonces sí se permitiría la importación de aceite en bruto no originario para someterlo en la región al refinado que le da la característica de bien final, ya que el insumo "aceite en bruto" está clasificado en la subpartida 1511.10.
d. Utilización de Porcentajes de Contenido Regional: existen casos en que un cambio en la clasificación arancelaria no es suficiente para garantizar que el producto ha sido sometido a una transformación sustancial en el territorio de la otra Parte. Por ello, se ha detectado la necesidad de complementar el sistema de origen con un criterio que estipule el porcentaje de valor agregado regional mínimo que deberá satisfacer el producto para que sea considerado originario. El Anexo al artículo 5-03 contiene 360 reglas de origen de este tipo, 300 de las cuales se refieren a productos o grupos de productos que deben satisfacer, además del porcentaje de contenido regional, un determinado cambio en la clasificación arancelaria. Las 60 normas de contenido regional restantes se pueden aplicar en forma autónoma, es decir, sin necesidad de que ese producto deba satisfacer también un cambio de clasificación arancelaria.
Existen dos procedimientos para determinar el contenido regional: el método de valor de transacción y el método de costo neto. Corresponde al exportador o al productor del bien determinar a través de cuál método se le computará el valor de contenido regional a su producto. El Capítulo contempla dos porcentajes fijos y horizontales, dependiente de cuál método se aplique. Para el caso del método de valor de transacción, el porcentaje de contenido regional se ha fijado en el 50%. En el caso del método del costo neto, el porcentaje es de 41.66%. Se incluyen disposiciones transitorias que establecen porcentajes más bajos durante cierto período, aplicables a una lista de productos señalados en el Anexo al artículo 5-27. Estos porcentajes son los siguientes: desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1997, el porcentaje será del 40% bajo el método de valor de transacción o 33.33% bajo el método de costo neto; del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000 el porcentaje será de 45% bajo el método de valor de transacción o de 37.50% bajo el método de costo neto. La diferencia en los porcentajes obedece a que existen diferencias en los rubros incluidos en las bases de valor de cada uno.
En términos muy generales, para determinar el porcentaje de contenido regional simplemente hay que cuantificar las proporciones de los valores correspondientes a valor agregado regional y valor de insumos y procesos de producción extranjeros. Si el primer valor es igual o superior al mínimo que indique la regla de origen correspondiente a ese producto, entonces el mismo califica como "originario".
Ya sea que se utilice el método de valor de transacción o el método de costo neto, la diferencia estriba en la base de valor total del bien a la cual se le va a restar el valor de los materiales no originarios utilizados en su producción. Esa base se llama, en cada caso, costo neto y valor de transacción.
i. Valor de Transacción: en el caso del valor de transacción, esa base es el valor de transacción determinado conforme a los criterios de determinación de valor estipulados en el Código de Valoración Aduanera. En términos simples, ese valor es el que indique la factura comercial de compra-venta del producto procediéndose a ajustar negativa o positivamente dicho precio simplemente con el propósito de obtener un precio que refleje objetivamente una relación comercial normal. Al igual que en materia de valoración aduanera, se aplican aquí ciertos criterios lógicos que deshabilitarían la aplicación de este método, como son las relaciones entre comprador y vendedor que puedan afectar la objetividad del precio, el hecho que la transacción no corresponda a una venta sino a otra relación contractual no traslativa del dominio u otra serie de elementos que puedan sesgar el precio señalado en la factura y que harían perder la objetividad en la valoración de la mercancía.
ii. Costo Neto: en el caso del costo neto, el cómputo es un tanto más complejo. La base de valor, o costo neto del producto, está compuesto por su costo total menos los costos de promoción de ventas, comercialización y de servicios posteriores a la venta, regalías, embarque y reempaque, y los costos de intereses "no admisibles" (intereses a cargo del productor sobre sus obligaciones financieras y que resulten superiores en 10 puntos porcentuales a los intereses por obligaciones de deuda emitidas por los gobiernos de cada Parte). El costo total del producto está compuesto por la suma de los costos de materiales directos de fabricación, la mano de obra directa y costos y gastos directos e indirectos de fabricación. Al costo neto, entonces, se le sustrae el valor de los materiales no originarios incorporados en el producto.
Ya sea que se utilice uno u otro método, el valor de los materiales no originarios se determinará de conformidad con el Código de Valoración Aduanera del GATT.
e. Requisitos específicos de origen: el sistema de origen utiliza los llamados "requisitos específicos de origen" que son condiciones especiales del producto, o de sus proceso de fabricación u obtención que se utilizan tanto para otorgar origen como para excluirlo. Estos requisitos no se presentan como reglas de origen autónomas, sino que son complementarias de una regla de origen principal, casi siempre de cambio en la clasificación arancelaria. El Anexo al artículo 5-03 contiene 23 normas de este tipo. Ejemplos de las mismas son los siguientes: en la partida 04.06 la regla de origen es un cambio de clasificación arancelaria a nivel de capítulo (excepto de la subpartida 1901.90) y el requisito específico de origen dispone que "el contenido de caseína no originaria no puede ser superior al 25 por ciento de las proteínas totales del bien". En la Sección 11 de Productos del Reino Vegetal, existe una nota según la cual los bienes agrícolas y hortícolas cultivados en el territorio de una Parte serán originarios aún cuando se hayan cultivado de semillas, bulbos, esquejes, injertos, yemas u otras partes vivas de planta importados de un país no miembro del Tratado.
B. Acumulación
Se permite la acumulación de contenidos agregados en los dos países. Precisamente por eso se llama contenido "regional", ya que se considerará originario un insumo incorporado en un bien final mexicano destinado a Costa Rica si aquel insumo es costarricense.
C. Disposiciones especiales
a. Regla de Mínimis: esta regla dispone que aún cuando un producto no cumpla con el cambio de clasificación arancelaria o con el porcentaje de contenido regional, si el valor de los insumos extranjeros incorporados al bien final no exceden del 7% del valor de ese bien, ello no será obstáculo para calificar como originario dicho producto. Esta regla no se aplicará al sector de textiles (capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado). Para este sector la regla es especial y se refiere al peso de las fibras e hilados utilizados en la producción del textil. Si las fibras o hilados no satisfacen el cambio en la clasificación arancelaria, se considerará originario el textil si el peso de dichos materiales no supera el 7% del peso total del producto.
b. Materiales intermedios: son materiales intermedios aquellos materiales originarios, de fabricación propia, utilizados en la producción de un bien. Para determinar su valor no se podrá utilizar el método de valor de transacción, ya que los mismos, al ser producidos por el mismo productor del bien final, no son objeto de una transacción o venta comercial. Por ello, existen reglas específicas para aplicarle el método de costo neto.
c. Materias fungibles: son éstas las materias que son intercambiables para efectos comerciales v cuyas propiedades son esencialmente idénticas. Para establecer si un bien es originario, cuando en su producción se utilicen bienes fungibles originarios y no originarios mezclados o combinados físicamente en inventario, el origen de esos materiales se podrá determinar mediante uno de los cuatro criterios establecidos en el capítulo.
d. juegos y surtidos de productos: los juegos o surtidos de productos serán originarios si cada uno de los bienes incluidos en dicho juego o producto cumple la regla específica de origen que le corresponda. No obstante, si el valor de los componentes no originarios de dicho juego o surtido no supera el 7% del valor del bien total, el juego o surtido se considerará originario.
e. Materiales indirectos: son materiales indirectos aquellos utilizados en la producción del bien, pero que no están físicamente incorporados al bien. Se incluyen en esta categoría, entre otros, los combustibles y la energía, las herramientas, troqueles, moldes, etc. Se estipula que siempre son originarios tales materiales y se valorarán de conformidad con los registros contables del productor.
f. Elementos accesorios: para efectos de determinar si todos los materiales no originarios de un bien cumplen con el cambio en la clasificación arancelaria exigido, el Capítulo dispone que los elementos accesorios de un producto (repuestos, herramientas, etc. que se entregan con el mismo) no se tomarán en cuenta si tales elementos se facturan con el mismo bien y sus precios son los habituales para dichos elementos.
g. Empaques y embalajes: respecto de envases y materiales de empaque para venta al menudeo, así como de contenedores y materiales de embalaje para embarque, se estableció que dichos elementos no se tomarán en cuenta para establecer si los materiales no originarios cumplen con el cambio en la clasificación arancelaria. En sentido inverso, cuando el bien esté sujeto a un porcentaje de contenido regional, el origen y valor de aquellos elementos sí deberán determinarse para efectos de valorar el contenido regional del bien envasado, empacado, contenido o embalado.
h. Normas especiales para la industria automotriz: para la industria automotriz existen reglas de origen especiales. Estas reglas se refieren a componentes que se incluyen y excluyen en el momento de computar los valores de contenido regional de los productos.
C. Requisitos de Expedición
Si, con posterioridad a la producción, una mercancía es objeto de un proceso ulterior o es objeto de cualquier operación fuera de los territorios de las Partes, por ese hecho no se considerará originaria de ninguno de los dos países. Tal regla, sin embargo, tiene sus excepciones especiales. Se permitirá la descarga y recarga de la mercancía en un tercer país si se hace con el objeto de mantenerla en buenas condiciones. Igualmente, si se requiere llegar a un tercer país por exigencias geográficas, de transporte, o bien si la mercancía no se va a destinar al comercio, uso o empleo en los países por los que transita, la mercancía no pierde el origen.
D. Disposiciones Institucionales
a. Comité de Reglas de Origen: se establece el Comité de Reglas de Origen. Se define su composición, oportunidad de sus reuniones, así como sus funciones. El Comité tiene, entre otras tareas, estudiar las propuestas de modificación del régimen de origen que le planteen las Partes.
b. Comité de Integración de Insumos Regionales: se establece el Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), compuesto por dos representantes del sector público y dos representantes del sector privado de cada país. El CIRI funcionará por un plazo de 10 años prorrogables por acuerdo entre las Partes. La función primordial del Comité es evaluar la incapacidad real y demostrada de un productor de bienes de disponer, en condiciones oportunas de calidad y precio no discriminatorios, de los materiales que integran su ámbito de acción, utilizados por el productor en la producción de un bien. En caso de que se determine la existencia real de esa incapacidad, el Capítulo establece la posibilidad de eximir o dispensar a los productores, en los montos y términos que se acuerde, de la utilización de los materiales que exigiría el cumplimiento de una norma de origen. El ámbito de acción del CIRI, según el Anexo al artículo 5-21, se limita a las áreas de industrias químicas y conexas, plásticos y sus manufacturas, textiles, hierro, acero, cobre, aluminio y sus manufacturas. El Capítulo detalla los procedimientos del CIRI, los dictámenes que rendirá, su notificación y la toma de decisiones en materia de insumos, así como la potestad de otorgarse su propio reglamento de operación.
CAPITULO VI - PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Establecer y mejorar los procedimientos aduaneros con el fin de agilizarlos.
II. ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y ASPECTOS RELEVANTES 1. Estructura
Este Capítulo consta de dos secciones, veintitrés artículos y dos Anexos. La sección A - Procedimientos aduaneros está dividida en once artículos, y la sección B - Administración aduanera, consta de doce artículos. Los anexos se refieren uno al formato común del certificado de origen y el otro a los representantes del Comité de Coordinación Aduanera.
A. Procedimientos aduaneros para origen
a. Declaración y certificación de origen: el certificado de origen servirá para certificar que un bien que se exporta del territorio de una Parte al de la otra Parte califica como originario.
Cada Parte establecerá que sus exportadores llenen y firmen un certificado de origen para una sola exportación o varias exportaciones de bienes idénticos que no excedan el plazo de un año a partir de la fecha de firma, respecto de la exportación de un bien para el cual el importador pueda solicitar trato preferencial.
b. Obligaciones respecto a las importaciones: cada Parte requerirá al importador que solicite un trato preferencial para un bien importado, entre otros: que declare por escrito, en el documento de importación, que el bien califica como originario; que cuando el importador tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta la declaración de importación contiene información incorrecta, presente una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, etc.
Se establece que en el caso de no cumplirse con los requisitos establecidos, se negará el trato preferencial al bien importado. Además, estipula que cuando no se ha solicitado un trato preferencial para un bien que hubiere calificado para ese tratamiento, el importador del bien puede solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso.
c. Obligaciones respecto a las exportaciones: es obligación de todos los exportadores o productores presentar un certificado de origen que contenga toda la información correcta. En caso contrario, el mismo tiene la obligación de comunicar cualquier error, y de no ser así, será sancionado con las mismas consecuencias jurídicas que se le aplicarían a un importador que haga declaraciones o manifestaciones falsas en contravención de sus leves y reglamentaciones aduaneras
d. Excepciones: no requieren certificado de origen las importaciones con fines comerciales o no comerciales de bienes cuyo valor en aduanas no exceda de $ 1,000 o una importación de un bien para el cual la Parte importadora haya dispensado el requisito de presentación del certificado.
e. Registros contables: todo exportador o productor que llene y firme un certificado de origen deberá conservar, durante un mínimo de cinco años después de la firma, todos los registros y documentos relativos al origen del bien.
Todo importador que solicite trato preferencia¡ deberá conservar durante un mínimo de cinco años a partir de la fecha de importación, toda la documentación relativa a la importación.
f. Procedimientos para verificar el origen: para determinar si un bien que se importe de una de las Partes califica como originario, cada Parte podrá, por conducto de su autoridad competente, verificar el origen del bien mediante cuestionarios escritos dirigidos a exportadores o productores o mediante visitas de verificación a un exportador o a un productor, ello con el propósito de examinar los registros y documentos que acrediten el cumplimiento de las reglas de origen y de inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien.
Además, se establecen plazos para estos procedimientos.
g. Revisión e impugnación: se otorgarán los mismos derechos de revisión e impugnación de resoluciones de origen y de criterios anticipados previstos para un importador en su territorio, a un exportador o un productor de la otra Parte que haya llenado un certificado de origen o que haya recibido un criterio anticipado.
h. Sanciones: cada Parte establecerá o mantendrá sanciones penales, civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y reglamentaciones relacionadas con las disposiciones de este Capítulo.
i. Criterios anticipados: cada Parte dispondrá que se otorguen de manera expedita criterios anticipados por escrito previos a la importación de un bien a su territorio. Estos se expedirán con base en los hechos y circunstancias manifestados respecto a si los bienes califican como originarios de acuerdo a las reglas de origen establecidas en el Capítulo V de este Acuerdo.
Este apartado guarda relación con el capítulo referente a las reglas de origen.
j. Comité de Procedimientos Aduaneros: se crea un Comité de Procedimientos Aduaneros, integrado por representantes de cada una de las Partes, al que le corresponderá la interpretación, aplicación y administración de este Capítulo, asuntos de clasificación arancelaria y valoración, entre otros.
B. Administración aduanera
a. Principios generales: menciona que las autoridades competentes deberán fortalecer los vínculos de cooperación, estimular las prácticas de coordinación entre las autoridades y fortalecer el intercambio comercial entre ellas.
b. Uso de sistemas electrónicos de información: se implementarán sistemas de transmisión electrónica para la gestión aduanera y se establecen reglas para el funcionamiento del mismo, tales como uso de códigos de usuario, sistema de almacenamiento de información confidencialidad de la misma.
c. Comité de Coordinación Aduanera: se crea el Comité de Coordinación Aduanera, el cual se integra por un representante de cada Parte. El Comité se encargará del desarrollo, aplicación y administración de esta Sección. Además, tendrá entre otras funciones la de proponer lineamientos y formatos uniformes.
En adición a las disposiciones anteriormente citadas, esta Sección busca la simplificación y facilitación por parte de las autoridades competentes en el área de aduanas, para asuntos relacionados con despachos de bienes, internación de unidades de transporte, procedimientos para la realización de ferias y exposiciones, ingreso de muestras o muestrarios e ingreso del equipaje de pasajeros.
CAPITULO VII - MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Establecer las reglas y condiciones bajo las cuales podrán aplicarse medidas de salvaguarda, así como los procedimientos a seguir para esos propósitos.
Este Capítulo consta de cinco artículos y un anexo. Los artículos se refieren a definiciones, disposiciones generales, medidas bilaterales, medidas globales y procedimiento. En el anexo lo que se hace es definir que para los propósitos de este capítulo, las autoridades competentes serán el Ministerio de Comercio Exterior y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respectivamente.
Se establece en favor de las Partes la posibilidad de aplicar medidas de salvaguarda, sea bilaterales o globales, sobre la base de criterios claros, estrictos y con temporalidad definida.
B. Medidas bilaterales
a. Condiciones para su adopción y aplicación: las medidas bilaterales podrán adoptarse y aplicarse bajo las siguientes condiciones:
1. que no hayan transcurrido más de veinticuatro meses desde que el arancel para el bien del que se trate haya llegado a cero, y
2. que haya un perjuicio grave a la producción nacional de bienes idénticos, similares o competidores directos a aquellos que motivan la imposición de la medida de salvaguarda.
Estas medidas sólo podrán aplicarse para contrarrestar el perjuicio grave causado por las importaciones señaladas en el inciso b) anterior, serán temporales y de tipo arancelario temporales, pues podrán adaptarse por una sola ocasión y aplicarse por un período hasta de un año prorrogable por una sola vez y hasta por un plazo igual y consecutivo. De tipo arancelario, pues necesariamente deberán consistir en un arancel el cual no podrá ser superior al vigente frente a terceros países en la fecha de adopción de la medida bilateral o al que estaba vigente inmediatamente antes de la entrada en vigor del Programa de Desgravación Arancelaria.
b. Procedimiento para la adopción de una medida bilateral: para poder adoptar una medida bilateral, la Parte deberá iniciar un procedimiento del que deberá notificar a la otra Parte y solicitar la realización de consultas. Asimismo, la Parte que pretende aplicar una medida bilateral otorgará a la Parte afectada una compensación mutuamente acordada durante las consultas, que consistirá en concesiones arancelarias adicionales cuyos efectos sobre el comercio de la Parte exportadora sean equivalentes al impacto de la medida. No obstante, si las Partes no logran ponerse de acuerdo respecto de la compensación, la Parte podrá aplicar la medida bilateral, pero la Parte afectada por esa medida podrá suspender concesiones arancelarias que tengan efectos comerciales equivalentes a los de la medida adoptada.
Al concluir la aplicación de la medida bilateral, regirá el arancel que corresponda a ese bien en esa fecha según el Programa de Desgravación Arancelaria.
C. Medidas Globales
a. Condiciones para su adopción y aplicación: las Partes podrán aplicar medidas de salvaguardia conforme al Artículo XIX del GATT. No obstante, sólo podrán aplicarlas a la otra Parte cuando las importaciones de esa Parte, consideradas individualmente, representen una parte sustancial de las importaciones totales y contribuyan de manera importante a ocasionar el perjuicio grave a la Parte importadora.
Las importaciones son sustanciales si éstas quedan incluidas dentro de las importaciones de los principales países proveedores del bien sujeto al procedimiento cuyas exportaciones representen el 80% de las importaciones totales de ese bien en la Parte importadora.
Normalmente, no se considerará que las importaciones originarias de una Parte contribuyen de manera importante al perjuicio grave si su tasa de crecimiento durante el período en que se produjo el incremento perjudicial de las mismas es sustancialmente menor que la tasa de crecimiento de las importaciones procedentes de todas las fuentes durante el mismo período. Se utilizará como criterio para la determinación del perjuicio grave las modificaciones de la participación de la Parte en el total de las importaciones y el volumen de éstas.
b. Procedimiento para la adopción de una medida global: estas medidas no podrán adaptarse antes de haber realizado la notificación respectiva, así como las consultas previas.
Finalmente, para estos casos rigen las mismas reglas aplicables para la compensación que debe rendir la Parte que adopte una medida de salvaguarda frente a la Parte afectada previstas en el artículo referente a medidas bilaterales.
D. Procedimiento para la adopción de medidas de salvaguarda
Las Partes tienen la obligación de establecer los procedimientos para la adopción de medidas de salvaguarda, de conformidad con ciertos términos. Existen en el procedimiento 3 etapas: la primera, referente a la investigación conducente a determinar la procedencia de la adopción de la medida; la segunda, relativa a las consultas; y la tercera, sobre la adopción de las medidas.
a. Investigación: dentro de esta primera etapa, debe cumplirse con lo siguiente:
1. realización de una investigación, por parte de la autoridad competente de la Parte importadora, para determinar la procedencia de la aplicación de la medida;
2. publicación del inicio de la investigación y notificación por escrito de ello a la Parte exportadora;
3. determinación del perjuicio grave, para lo que se tomarán en cuenta todos los factores de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la rama de la producción afectada; y
4. demostración de una causalidad directa entre el aumento de las exportaciones del bien de que se trate y el perjuicio grave a la rama de la producción nacional.
b. Consultas: si como resultado de la investigación la autoridad competente determinase que se cumplen los supuestos antes descritos, la Parte importadora podrá iniciar un período de consultas con la otra Parte, período que demorará como máximo 45 días. Este dará inicio con la notificación correspondiente a la Parte afectada la cual deberá contener, entre otros, información sobre el bien sujeto al procedimiento, datos de importación y de producción nacional del mismo, presuntas causas del perjuicio, medidas arancelarias que se pretenden adoptar, etc.
c. Adopción de las medidas: una vez concluido el período de consultas previas pueden adaptarse las medidas propuestas, las cuales podrán prorrogarse al final de su período de vigencia si la Parte importadora determina que subsisten los motivos que les dieron origen y notifique a las autoridades competentes de la otra Parte acerca de su intención de prorrogarlas junto con la información que sirva de fundamento a su decisión.
CAPITULO VIII - DISPOSICIONES EN MATERIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS
Establecer el compromiso para las Partes de eliminar los subsidios a la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al comercio. Además, definir claramente las condiciones bajo las cuales será posible la imposición de una cuota compensatorio, así como los procedimientos a seguir y requisitos a cumplir para el logro de este propósito.
Este Capítulo está compuesto por veinticinco artículos en los que se especifican los casos y las condiciones bajo las cuales será posible adoptar cuotas compensatorias, así como los procedimientos a seguir para esos propósitos.
Se establece como principio general el rechazo de toda práctica comercial desleal y se reconoce la necesidad de eliminar los subsidios a la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al comercio.
B. Subsidios directos a la exportación
a. Consolidación de los subsidios existentes y compromiso de eliminación: las Partes se comprometen a no otorgar nuevos subsidios directos a la exportación a partir de la entrada en vigor de este Tratado y se obligan a eliminar los existentes en esa fecha, para aquellos bienes exportados al territorio de la otra Parte, cuando el arancel que ésta última aplique a tales bienes llegue a cero. No obstante, tales subsidios deberán estar eliminados para el 1 de enero de 1999.
b. Condiciones para la imposición de cuotas compensatorias: durante el período en que los subsidios directos a la exportación permanezcan vigentes, las Partes podrán imponer en su contra "cuotas compensatorias", las cuales procederán cuando la Parte importadora de los bienes beneficiados con esos subsidios considere que el otorgamiento de los mismos tiene efectos desfavorables sobre su comercio.
Se considerará que las exportaciones subsidiadas tienen efectos desfavorables sobre el comercio cuando éstas tengan por consecuencia una variación importante en la participación en el mercado desfavorable para bienes idénticos o similares de la Parte importadora, una reducción importante o la contención de precios del bien idéntico o similar de la Parte importadora o la pérdida de ventas en el mismo mercado; o un aumento importante y sostenido en la tasa de crecimiento de importaciones subsidiadas.
c. Procedimiento para la imposición de una cuota compensatorio: antes de proceder a la aplicación de una cuota compensatorio, las Partes deberán celebrar consultas entre sí. De no haber arreglo, si la Parte exportadora no suspende el otorgamiento del subsidio durante los 30 días siguientes a la conclusión de las consultas, la Parte importadora podrá imponer cuotas compensatorias en el monto necesario para eliminar el efecto desfavorable sobre el comercio, que en ningún caso rebasará el monto del subsidio directo.
Por su lado, la Parte exportadora tendrá un plazo determinado para presentar pruebas de que los subsidios directos no han producido los efectos desfavorables que se alegan.
C. Principios para la aplicación de la legislación nacional
Se aplicará la legislación nacional en forma congruente con lo dispuesto en este Capítulo y con el GATT.
D. Obligación de dar por terminada una investigación
La Parte importadora pondrá fin a una investigación cuando su autoridad competente determine que el margen de dumping o de subsidio es "de minimis", es decir, menor del 2% expresado como porcentaje del precio de exportación para el caso del dumping o menor del 1.5% ad valorem para el caso del subsidio. También procederá cuando se determine que no existen pruebas suficientes del dumping, subsidio o del daño, o que el volumen de las importaciones objeto de dumping o subsidio, o el daño son insignificantes, o sea, que representen menos del 1% del mercado interno o menos del 3% de las importaciones totales de los bienes idénticos o similares de la Parte importadora.
E. Daño
a. Prueba de daño: será requisito previo para la imposición de cuotas compensatorias.
b. Condiciones para la acumulación: a efecto de establecer la existencia de daño, amenaza de daño o retraso sensible en la creación de una producción, así como para determinar los efectos de las importaciones provenientes de varios países que son simultáneamente objeto de la investigación en la Parte importadora, se observarán ciertas reglas en lo que respecta a la acumulación. Así, entre otros, no se acumularán las importaciones procedentes de la otra Parte cuando el margen de dumping o subsidio sea "de minimis", o cuando el volumen de las importaciones provenientes de la otra Parte sea insignificante, o cuando la presencia de esas importaciones no tenga ninguna influencia identificable sobre los precios internos, etc.
c. Daño regional: se encuentra ligado al concepto de mercado aislado, entendido éste como la división que, en circunstancias excepcionales y respecto de la producción de un bien determinado, haga una Parte de su territorio en dos o más mercados competidores. Esta división se hace con el propósito de considerar la producción de cada uno como una producción distinta, siempre y cuando los productores de ese mercado vendan la totalidad o casi la totalidad de su producción de ese bien en ese mercado y, simultáneamente, los productores del bien situados en otro lugar del territorio no satisfagan la demanda en ese mercado en grado sustancial.
Se podrá considerar que existe daño cuando haya una concentración de las importaciones objeto de dumping o subsidios en un mercado aislado, aún cuando no resulte perjudicada una porción importante de la producción nacional total.
F. Bienes no destinados al mercado aislado Se detallan los procedimientos a seguir en caso de que se imponga una medida compensatorio provisional o definitiva sobre aquellos bienes que se destinen a un mercado diferente del mercado aislado, incluyendo la solicitud de no aplicación de la medida, la prestación de una garantía, la publicación de la resolución y la notificación pertinente.
G. Publicación de resoluciones Existen disposiciones que obligan a la publicación de las resoluciones que den por concluida una investigación, que desechen las denuncias o acepten los desistimientos de los denunciantes.
Se plasman algunas normas sobre forma y contenido de las notificaciones, derecho de respuesta de las partes interesadas, forma y contenido mínimo de las resoluciones de inicio, de las resoluciones preliminares y de las resoluciones definitivas, celebración de audiencias conciliatorias, etc.
I. Resolución preliminar
Deberá rendirse dentro de un plazo de 130 días contado a partir de la publicación de la resolución de inicio y determinará si procede continuar con la investigación, estableciendo en este caso el monto de las cuotas compensatorias provisionales, o si procede darla por concluida.
Cuando se determine la imposición de cuotas compensatorias, además de los requisitos con que deben cumplir las resoluciones, se deberá indicar el valor normal del bien, su precio de exportación, el margen de dumping o subsidio y su incidencia en el precio, la metodología que se siguió para determinarlos, la descripción del daño o amenaza de daño y la explicación de los factores tomados en consideración, así como el monto de la cuota compensatorio provisional.
J. Aplicación retroactiva de cuotas compensatorias
Se sujetará a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo IV y al artículo 20 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT de 1994.
K. Revisión de cuotas compensatorias
Las cuotas compensatorias podrán ser revisadas anualmente a petición de parte interesada, de oficio en cualquier momento o cuando quien, sin haber participado en la investigación, acredite su interés jurídico y así lo solicite.
Esta revisión servirá para ratificar, modificar o eliminar la cuota compensatorio correspondiente y en ella se observarán los procedimientos descritos en este Capítulo de conformidad con el punto C anterior.
L. Eliminación automática de las cuotas compensatorias definitivas
Procederá cuando hayan transcurrido 5 años desde su entrada en vigencia o desde su última revisión sin que hayan sido revisadas nuevamente.
M. Audiencias públicas
La autoridad competente celebrará de oficio o a petición de parte una audiencia pública en la que las partes interesadas podrán comparecer a interrogar a sus contrapartes y con posterioridad a la cual podrán presentar sus alegatos aún cuando el período para la presentación de pruebas hubiese concluido.
N. Acceso a información
Se establece que el acceso a información confidencial estará limitado y en todo caso sujeto a un compromiso de confidencialidad cuya violación será sancionada conforme a la legislación de cada Parte. En cuanto a la información no confidencial contenida en expedientes administrativos de cualquier otra investigación, se dará acceso a las partes interesadas en el plazo que disponga la legislación de cada Parte pero nunca después de 60 días desde la resolución definitiva de esas investigaciones.
0. Devolución de las cantidades pagadas en exceso
Procederá cuando en la resolución definitiva se fije una cuota compensatorio inferior a la cuota compensatorio provisional.
P. Cesación de la aplicación de una cuota compensatorio
Tendrá lugar cuando sea resultado de la decisión de un tribunal arbitral emitida como consecuencia de un procedimiento de solución de controversias.
Q. Otras disposiciones
Este Capítulo contiene además normas sobre importación de piezas o componentes de bienes sujetos a cuotas compensatorias provisionales o definitivas, solicitudes de aclaración solicitadas por las partes interesadas, envío de copias y reuniones de información sobre el contenido de las resoluciones preliminares y definitivas.
CAPITULO IX - PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
Establecer un marco bilateral de principios y normas para el comercio de servicios, con miras a la expansión progresiva de dicho comercio en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva.
Este Capítulo consta de veinte artículos relativos al ámbito de aplicación del capítulo y al régimen que se establece para regular el comercio de servicios entre las Partes, incluyendo los compromisos en materia de liberalización futura, y de un Anexo relativo a las reglas que procurarán establecer las Partes en cuanto a normas y criterios en el área de servicios profesionales.
A. Ambito de aplicación:
El Capítulo se aplica a las medidas que una Parte adopte o mantenga sobre el comercio de servicios que realicen los prestadores de servicios de la otra Parte, entendido el comercio de servicios como el suministro de un servicio del territorio de una Parte al territorio de otra (comercio transfronterizo), en el territorio de una Parte a un consumidor de otra Parte (movimiento de consumidor), por medio de la presencia de empresas prestadores de servicios de una Parte en el territorio de la otra (establecimiento comercial) y/o por personas físicas de una Parte en el territorio de otra (movimiento de personal).
Se excluyen del ámbito de aplicación del Capítulo los servicios aéreos, salvo los servicios auxiliares como, por ejemplo, reparación de acronaves, los servicios financieros, los subsidios o donaciones otorgados por una Parte y los servicios o funciones gubernamentales, como la readaptación social.
Ninguna de las disposiciones del Capítulo impone obligación alguna en cuanto al ingreso al mercado de trabajo de la Parte o a empleo permanente, ni tampoco obliga u otorga derechos en materia de las compras gubernamentales que realice una Parte.
B. Principios fundamentales
Las Partes se comprometen a otorgar trato de nación más favorecida (NMF), trato nacional y a no exigir presencia local para la prestación de un servicio en la medida y con las condiciones y limitaciones que su legislación vigente establezca.
a. Trato de nación más favorecida: otorgar trato no menos favorable que el concedido, en circunstancias similares, a los servicios y prestadores de servicios de cualquier otro país, salvo cuando se trate de un trato más ventajoso concedido a países adyacentes para facilitar intercambios en las zonas fronterizas contiguas.
b. Trato nacional: otorgar un trato no menos favorable que el concedido en circunstancias similares a sus propios servicios o proveedores de servicios.
c. Presencia local: ninguna Parte exigirá a un prestador de servicios de otra Parte que establezca oficina de representación u otro tipo de empresa, o que resida en su territorio, como condición para la prestación de un servicio.
d. Consolidación de las medidas: los principios señalados se aplicarán de conformidad con las limitaciones y condiciones de las legislaciones de cada Parte. Ninguna Parte podrá incrementar el grado de disconformidad de sus medidas existentes y cualquier reforma de alguna de ellas no disminuirá el grado de conformidad de la medida. Las Partes tendrán 1 año a partir de la entrada en vigor del TLC o del GATS para elaborar el listado de las medidas federales y centrales disconformes con estos principios, y 2 años para enlistar las medidas estatales disconformes.
C. Restricciones cuantitativas y liberalización futura
a. Restricciones cuantitativas: las Partes enlistarán las restricciones cuantitativas que mantengan y periódicamente procurarán negociar su liberalización o eliminación.
b. Liberalización futura: las Partes realizarán negociaciones futuras tendientes a la liberalización del comercio de servicios. A la vez, cada Parte elaborará una lista de sus compromisos para liberalizar restricciones cuantitativas y otro tipo de medidas no discriminatorias.
D. Otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias: las Partes procurarán garantizar que las medidas que mantengan en relación con los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias a los nacionales de otra Parte no constituyan barreras innecesarias al comercio.
E. Reconocimiento de títulos y otorgamiento de licencias profesionales: nada obliga a las Partes a reconocer o revalidar los títulos obtenidos en el territorio de la otra Parte, pero si una Parte reconoce o revalida, de manera unilateral o por acuerdo con otro país, los títulos obtenidos en otro país que no sea Parte, proporcionará a la otra Parte oportunidad para celebrar un acuerdo equivalente.
Cada Parte eliminará en un plazo de 2 años cualquier requisito de nacionalidad o de residencia permanente que mantenga para el reconocimiento de títulos y otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional a los prestadores de servicios profesionales de la otra Parte. Si una Parte incumple con esta obligación en un sector particular, la otra Parte podrá, en el mismo sector y mientras dure el incumplimiento, mantener un requisito equivalente.
F. Prácticas comerciales: las Partes reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de servicios pueden limitar la competencia y restringir el comercio de servicios, por lo que, a petición de una Parte, se comprometen a entablar consultas con miras eliminar tales prácticas.
G. Excepciones: siempre que no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países o una restricción encubierta al comercio, las Partes podrán adoptar medidas para proteger la moral y el orden público, la vida y la salud de las personas, animales o para preservar especies vegetales o para la puesta en prácticas de acuerdos de conservación del ambiente, impuestas para la protección de los tesoros nacionales, por razones fiduciarias o para cumplir las leyes y reglamentos que no sean inconsistentes con el TLC. Asimismo, podrán establecer excepciones para proteger sus intereses esenciales de seguridad.
H. Anexo en materia de servicios profesionales
Las Partes reconocen que el proceso de mutuo reconocimiento o revalidación de títulos y otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional en su territorio se hará sobre la base de elevar la calidad de los servicios profesionales a través del establecimiento de normas y criterios para el reconocimiento o revalidación de títulos y otorgamiento de licencias, protegiendo a la vez a los consumidores y salvaguardando el interés público. Con ello en mente, alentarán a los organismos pertinentes -dependencias gubernamentales y asociaciones y colegios profesionales- para que elaboren dichos criterios y normas y para que formulen recomendaciones en esta materia. Si tales recomendaciones son congruentes con el TLC, las Partes alentarán a las autoridades competentes para que las adopten. Las Partes deberán intercambiar información en este campo.
CAPITULO X - ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS
Facilitar la entrada temporal de personas de negocios -visitantes de negocios, inversionistas y personal intracorporativo-, sin menoscabo de la protección del trabajo de sus nacionales y el empleo permanente en sus territorios.
Este Capítulo consta de ocho artículos en los que se establecen las obligaciones que las Partes asumen para facilitar la entrada temporal de cierto tipo de personas, y dos anexos, uno en el que se incluyen ciertas definiciones y otro en el que se especifican las categorías de personas de negocios y las condiciones bajo las cuales podrán ingresar bajo este Capítulo.
De acuerdo con las disposiciones del capítulo, cada Parte autorizará la entrada temporal a las personas de negocios que cumplan con las medidas aplicables relativas a salud y seguridad públicas, así como con las referentes a seguridad nacional. La entrada temporal de una persona de negocios no autoriza el ejercicio profesional.
Las Partes podrán modificar sus medidas migratorias, siempre que las modificaciones no alteren los compromisos contraídos en este Capítulo.
Las Partes adquieren obligaciones de intercambio de información en esta materia.
Sólo se podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias del TLC en este campo cuando el asunto se refiera a una práctica recurrente y cuando se hayan agotado los recursos administrativos existentes.
B. Anexo sobre entrada temporal de personas de negocios
De conformidad con el Capítulo, tres categorías de personas de negocios podrán beneficiarse del trato estipulado en el mismo: visitantes de negocios, inversionistas y personal intracorporativo, en las condiciones estipuladas en este Anexo.
En ninguna de las tres categorías podrán las Partes exigir procedimientos previos de aprobación, peticiones, pruebas de certificación laboral u otros similares, ni tampoco imponer ninguna restricción numérica. Las Partes podrán solicitar de previo a autorizar la entrada temporal la obtención de una visa o documento equivalente.
a. Visitantes de negocios: a petición previa de una empresa inscrita en un padrón que llevarán las Partes, éstas autorizarán la entrada temporal de los visitantes de negocios que cumplan con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada temporal y que exhiban una serie de documentos, a efectos de realizar alguna de las siguientes actividades: investigación técnica, científica o estadística; personal de compras y de producción, a nivel gerencial, que lleve a cabo operaciones comerciales para una empresa ubicada en territorio de la otra Parte; investigación o análisis, incluyendo análisis de mercado y personal de ferias y de promoción que asista a convenciones comerciales; compradores que hagan adquisiciones para una empresa ubicada en territorio de la otra Parte; agentes aduanales que brinden servicios de asesoría en lo tocante a facilitar la importación o exportación de bienes; operaciones de transporte de bienes o pasajeros a territorio de una Parte desde territorio de la otra, o de carga y descarga de bienes o pasajeros desde territorio de una Parte a territorio de otra, sin realizar operaciones de carga ni descarga en el territorio de la Parte al cual se solicita entrada; personal de instalación, reparación, mantenimiento y supervisión en ciertos casos; y ciertos servicios generales especificados en el Apéndice de este Anexo.
b. Inversionistas: cada Parte autorizará la entrada temporal a la persona de negocios que pretenda establecer, desarrollar, administrar o prestar asesoría o servicios técnicos claves, en funciones de supervisión, ejecutivas o que conlleven habilidades esenciales, para llevar a cabo o administrar una inversión en la cual la persona o su empresa hayan comprometido, o estén en vías de comprometer, un monto importante de capital, siempre que la persona cumpla además con las medidas migratorias aplicables a la entrada temporal,
c. Transferencias de personal dentro de una empresa: cada Parte autorizará la entrada temporal a la persona de negocios empleada por una empresa de las enlistadas en el padrón que pretenda desempeñar funciones gerenciales, ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados en esa empresa o en una de sus subsidiarias o filiales, siempre que esa persona y esa empresa cumplan con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada temporal.
CAPITULO XI - MEDIDAS DE NORMALIZACION
Disciplinar los procesos nacionales de elaboración, adopción y aplicación de las normas y los reglamentos técnicos, así como de los procedimientos de evaluación de la conformidad y la metrología, con el objetivo de garantizar que esas medidas relacionadas con la normalización no constituyan obstáculos innecesarios al comercio entre Costa Rica y México y manteniendo la libertad de cada país de determinar el nivel de protección no discriminatoria que se le quiera dar a los objetivos legítimos.
Este Capítulo consta de veinte artículos, que tratan aspectos conceptuales, procedimentales, derechos y obligaciones de fondo sobre los procesos de normalización en ambos países, cooperación técnica, consultas y solución de disputas y aspectos institucionales. También consta de un anexo de cuyo contenido se hará referencia adelante.
El Capítulo abarca las medidas de normalización aplicables a todos los bienes y servicios (con excepción de los servicios excluidos del capítulo de servicios), así como los aplicables a los procesos y métodos de producción conexos. Se excluye la normalización relacionada con las medidas fitosanitarias y zoosanitarias.
B. Medidas de Normalización
El capítulo reconoce la existencia de reglamentos técnicos y de normas. El elemento diferencidor de ambas categorías es básicamente la obligatoriedad de su aplicación. Igualmente, reconoce los procedimientos de evaluación de la conformidad de un bien o servicio con una norma o reglamento técnico. Estas tres categorías conforman las medidas relacionadas con la normalización.
a. Reglamento técnico: es un documento de observancia obligatoria, en el que se establecen las características de los bienes o servicios o sus procesos y métodos de producción conexos, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje o etiquetado aplicables a un bien, servicio o proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
b. Norma: es un documento de observancia no obligatoria aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido reglas, directrices o características para los bienes o servicios o los procesos o métodos de producción conexos. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un bien, servicio o proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
c. Procedimiento de evaluación de la conformidad: es cualquier procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplan los requerimientos pertinentes establecidos por los reglamentos técnicos o las normas, incluido el muestreo, pruebas, inspección, evaluación, verificación, aseguramiento de la conformidad, acreditación, certificación, registro o aprobación, empleados con esos propósitos.
C. Obligaciones Sustanciales
La elaboración, adopción y aplicación de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad está sujeta a dos obligaciones fundamentales:
- las Partes deben velar por que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos o normas que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio recíproco
- cuando haya necesidad de establecer reglamentos técnicos o normas, y siempre que hayan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, las Partes deberán utilizar esas normas internacionales o sus elementos pertinentes como base de sus reglamentos, cuando sean apropiados.
Los reglamentos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta el riesgo que implicaría el no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son: imperativos de seguridad, prevención de prácticas engañosas o que puedan inducir a error, protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente.
Respecto de las medidas de normalización, se otorgará a los bienes y servicios importados del territorio de la otra Parte "trato nacional y no menos favorable que el otorgado a bienes y servicios similares provenientes de cualquier otro país.
D. Compatibilidad y Equivalencia
Sin que ello implique la reducción de la protección otorgada a los objetivos legítimos, las Partes se comprometen a trabajar juntos en la compatibilización de los reglamentos técnicos y de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Se podrán aceptar los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad del otro país si se logra. demostrar la equivalencia que existe en la protección de los mismos objetivos legítimos. El capítulo crea una disciplina rigurosa para que los procedimientos de evaluación de la conformidad no constituyan obstáculos innecesarios al comercio bilateral.
E. Transparencia
Cada vez que una Parte vaya a adoptar una medida relacionada con la normalización, deberá publicar un aviso en ese sentido, notificarlo a la otra Parte y otorgar un plazo especificado a las personas interesadas, antes de la puesta en vigencia de la medida, para familiarizarse con ella. Se establecen otras reglas para que la información se transfiera en forma clara, expedita y a costos razonables y no discriminatorios. Igualmente, cada Parte deberá informar anualmente a la otra sobre sus planes y programas de normalización. Para la ejecución de estos compromisos, cada Gobierno deberá señalar una oficina administrativa encargada de ello y comunicarlo a la otra Parte. Se deberá notificar al afectado del otro país cada vez que se rechace un embarque por razones relacionadas con la normalización.
Las Partes deberán establecer un Centro de Información para que responda a las peticiones de información provenientes de la otra Parte y que suministre los documentos necesarios relativos a todos los procesos de normalización. La información se deberá proveer a reserva de proteger intereses esenciales de seguridad nacional o intereses comerciales legítimos de las empresas.
F. Metrología
El Capítulo incluye la obligación de compatibilizar al mayor grado posible, los patrones metrológicos de ambas Partes, cuando esos patrones puedan constituir un obstáculo innecesario al comercio. El Anexo del capítulo señala que, en lo que concierne a Costa Rica, tal obligación no se aplicará durante los tres primeros años de vigencia del Tratado.
G. Bienes Tóxicos, Peligrosos o Relacionados con la Salud
Se mantendrán los sistemas registrales relacionados con medicamentos, equipo e instrumental médico, fármacos, bienes y sustancias tóxicas o peligrosas de cada país. Se utilizará un sistema nacional único, de carácter central y obligatorio. Las certificaciones emitidas por las autoridades competentes serán aceptadas en el otro país.
H. Cooperación Mutua
Se dispuso la obligación de establecer sistemas de cooperación técnica mutua, en áreas relacionadas con la normalización y especificadas en el Capítulo. Igualmente, el Capítulo incluye la prestación de cooperación técnica en general, a cargo de una Parte, y a solicitud de la otra.
1. Evaluación de Riesgo
Para efectuar la evaluación de riesgo se deberán considerar los métodos de evaluación desarrollados por organismos internacionales. Al realizar la evaluación, se deberán tomar en cuenta una serie de factores especificados. Cuando se evalúe el riesgo, una vez definido el nivel de protección a la seguridad que se estime apropiado por la Parte, no se harán discriminaciones arbitrarias o injustificables entre bienes y servicios similares de la otra Parte.
J. Etiquetado
Se establece el compromiso de desarrollar requisitos comunes de etiquetado. El Subcomité para Medidas de Normalización en Etiquetado, Envasado y Embalaje deberá desarrollar un sistema común de simbología, terminología y definiciones, presentación de la información y otros asuntos relacionados.
K. Aspectos Institucionales, Consultas y Solución de Diferencias
Se crea el Comité para Medidas de Normalización, y se establecen sus funciones, representación y reuniones, así como los órganos subalternos: subcomités y grupos de trabajo. El Comité tendrá igual número de representantes de cada país, y tomará sus decisiones por la vía del consenso. Deberá emitir su reglamento propio. Las consultas serán auspiciadas por el Comité y las diferencias se regularán por el mecanismo de solución de controversias del tratado. No se puede acudir simultáneamente a consultas o solución de diferencias ante ambas instancias. Sin embargo, si no se lograre dirimir la diferencia ante el Comité, se podrá acudir ante el mecanismo de solución de controversias del Tratado.
Cada país deberá correr con sus gastos de ejecución de los compromisos de este capítulo.
CAPITULO XII - COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO
Establecer un marco de normas y principios generales que garantice el acceso de los mercados públicos a los productos y proveedores de la otra Parte, en condiciones no discriminatorias, de transparencia y de igualdad de oportunidades, como medio para promover, en este campo, el intercambio económico.
Este Capítulo consta de veinticuatro artículos, divididos en cuatro secciones, y once Anexos. Las cuatro secciones se refieren al Ambito de Aplicación y Trato Nacional, Procedimientos de Licitación, Procedimientos de Impugnación y Disposiciones Generales. Los Anexos contienen las Listas de Entidades y Empresas Públicas de cada Parte cubiertas por el Capítulo, las Listas de Bienes y Servicios a los que se aplica el Capítulo, la Indización y Conversión del Valor de los Umbrales, los Mecanismos de Transición, Notas Generales y Publicaciones.
A. Ambito de aplicación y trato nacional.
El Capítulo establece una serie de reglas que delimitan sus condiciones de aplicación. Estas reglas son, en esencia, las siguientes:
a. Ambito de aplicación: este Capítulo se aplica a las medidas adoptadas por las Partes en relación con las compras de determinados bienes, servicios o servicios de construcción, que realice una entidad de gobierno central o federal, una empresa gubernamental o entidad descentralizada, o una entidad de gobiernos estatales o municipales, siempre que su valor sea igual o superior a los umbrales establecidos.
b. Valoración de los contratos, el valor del contrato, a efecto de determinar si al mismo le resultan aplicables las disposiciones del Capítulo, será el estimado al momento de la convocatoria y deberá contemplar todas las formas de remuneración, incluidas primas, derechos, comisiones e intereses.
c. Trato nacional y no discriminación: cada Parte otorgará a los bienes y a los proveedores de bienes y servicios de la otra Parte, trato nacional y trato de NMF. Quedan a salvo las medidas relativas a aranceles aduaneros u otros aspectos relacionados con la importación. No podrá una Parte discriminar a un proveedor establecido en su territorio, en razón del grado de afiliación o de propiedad extranjeras o por ser los bienes o servicios ofrecidos de la otra Parte.
d. Reglas de origen: las normas de origen a aplicarse a los bienes importados de la otra Parte deberán ser congruentes con las definidas en el Capítulo V del Tratado.
e. Denegación de beneficios: en algunos casos, una Parte podrá negar las ventajas del Capítulo a un prestador de servicios de la otra Parte.
f. Prohibición de condiciones compensatorias especiales: quedan prohibidas las condiciones compensatorias especiales en la calificación y selección de proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de ofertas o en la adjudicación de contratos.
g. Especificaciones técnicas: las especificaciones técnicas no pueden contener obstáculos innecesarios al comercio o impedir la competencia.
B. Procedimientos de Licitación
Se establecen una serie de obligaciones que deberán observar las entidades de las Partes, que tienen como propósito garantizar la transparencia de los procedimientos de compra, así como la efectiva aplicación de las ventajas del Capítulo. Estas obligaciones son las siguientes:
a. Procedimientos de licitación: tramitar las compras mediante licitación abierta o licitación selectiva, procurando promover, en condiciones no discriminatorias, la máxima Competencia posible. Como excepción, se admite la licitación restringida.
b. Calificación de proveedores: realizar la calificación de los participantes en los procesos de compra, sobre bases objetivas, procurando garantizar que no se discrimine en perjuicio de los proveedores de la otra Parte, ni entre proveedores nacionales y de la otra parte.
c. Invitación a participar: dar la debida publicidad a los procedimientos de compra para incentivar la más amplia participación
d. Procedimientos de licitación selectiva: este procedimiento se contempla como un medio para tramitar los contratos, en aquellos casos en los que, por las condiciones especiales en que se presenta la necesidad a satisfacer, el procedimiento de licitación abierta suponga una amenaza respecto del funcionamiento eficiente del sistema de compras de la entidad; garantizando siempre el respeto a una serie de principios, así como de los beneficios que se derivan de este Capítulo en favor de los proveedores o de los bienes de la otra Parte.
e. Plazos para la licitación y la entrega: se establecen una serie de regulaciones a efecto de garantizar que, atendiendo a la naturaleza del objeto del requerimiento y a los requisitos por cumplir, los proveedores cuenten con plazos suficientemente amplios para preparar y presentar sus propuestas.
f. Bases de licitación: las bases de licitación contendrán la información necesaria que le permita a los proveedores conocer las reglas del concurso y elaborar y presentar debidamente sus ofertas.
g. Presentación, recepción y apertura ofertas y adjudicación de contratos: las ofertas se presentarán por escrito o, en los casos en que el cartel lo admita expresamente, por otros medios que permitan tener constancia física de la intención inequívoca de contratar con la Administración. El acto de adjudicación deberá recaer sobre la oferta que, además de cumplir con los requisitos estipulados, resulte comprobadamente más ventajosa. El resultado del concurso será comunicado a los participantes y publicado.
h. Licitación restringida: este procedimiento, en el que únicamente pueden participar aquellos proveedores a quienes la Entidad haya invitado directamente, es procedente solo en aquellos casos en los que ha debido declararse desierta una licitación (abierta o selectiva) por falta de oferentes; exista un único oferente en condiciones de atender el requerimiento administrativo; medien razones de extrema urgencia; se trate de entregas adicionales derivadas de un suministro inicial, o de la adquisición de prototipos dentro de un contrato de investigación o experimentación, o de bienes adquiridos en un mercado de bienes básicos cuyo precio se cotice en un mercado internacional, o de compras en condiciones excepcionalmente favorables o de contratos adjudicados al ganador de un concurso de diseño arquitectónico; se requieran servicios de consultaría relacionados con aspectos de naturaleza confidencial.
C. Procedimientos de impugnación
Con el fin de garantizar procedimientos de contratación justos, abiertos e imparciales, el Capítulo prevé una serie de mecanismos por los que los proveedores que consideren ilegítima determinada actuación de una entidad dentro de un proceso de compra, pueden impugnar los diferentes aspectos de los procesos de compras, ante una autoridad revisora especializada.
a. Excepciones: ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar medidas esenciales para la seguridad nacional o para fines de defensa nacional; o que resulten necesarias para proteger la moral, el orden o seguridad públicos, la salud, la propiedad intelectual; o relacionadas con los bienes o servicios provistos para minusválidos, instituciones de beneficencia o trabajo penitenciario.
b. Suministro de información: las Partes o las Entidades, según sea el caso se comprometen a brindar información sobre las prácticas y procedimientos de compra del Sector Público o sobre los contratos individuales adjudicados, así como a cumplir ciertos requisitos de intercambio de información.
c. Cooperación técnica: se garantiza información y acceso a los programas de capacitación y orientación relativos a los sistemas de compras del sector público de cada Parte.
d. Programas de participación conjunta para la micro, pequeña y mediana industria: se establece un Comité para promover oportunidades en compras del sector público para las micro, pequeñas y medianas industrias de cada una de las Partes.
e. Rectificaciones o modificaciones: las rectificaciones o modificaciones a la cobertura de este Capítulo, no referidas a la reorganización de las entidades del sector público cubiertas por este Capítulo o a rectificaciones de orden formal o enmiendas menores, procederán en situaciones excepcionales y con ajuste a determinadas condiciones.
f. Enajenación de entidades: una Parte podrá enajenar una entidad cubierta por este Capítulo. Si la entidad deja de estar sujeta al control gubernamental, la Parte podrá eliminarla de su lista y retirar a la entidad de la cobertura de este Capítulo.
g. Negociaciones futuras: las partes iniciarán negociaciones con el fin de lograr la liberalización ulterior de los respectivos mercados de compras del sector público, cuando así lo determine la Comisión. En dichas negociaciones se evaluará la operación de los sistemas de compras y se buscará ampliar la cobertura del capítulo.
E. Anexo 1 al artículo 12-02
Se establece la lista de entidades del gobierno central, en el caso de Costa Rica, 0 federal, en el caso de México.
G. Anexo 2 al artículo 12-02
Se establece la lista de Empresas paraestatales, entidades descentralizadas y empresas públicas de ambas Partes.
H. Anexo 3 al artículo 12-02
Se establece la lista de entidades de los gobiernos estatales, en el caso de México, o municipales, en el caso de Costa Rica.
I. Anexo 4 al artículo 12-02 Lista de bienes
a. Disposiciones generales: El Capítulo se aplicará a todos los bienes, excepto los de carácter estratégico.
b. Lista de ciertos bienes: Se detallan los bienes estratégicos no cubiertos por el Capítulo.
J. Anexo 5 al artículo 12,02 Lista de Servicios
Este Capítulo regulará las compras de servicios a partir del momento en que cada Parte prepare su lista de reservas conforme a los compromisos y plazos acordados en el Capítulo IX. Asimismo, las Partes elaborarán un sistema común de clasificación para servicios.
K. Anexo 6 al artículo 12-02 Servicios de construcción
Este Capítulo se aplicará a las compras de servicios de construcción a partir del momento en que cada Parte elabore su lista de reservas conforme a los compromisos y plazos acordados en el capítulo IX. Asimismo, las Partes establecerán un sistema común de clasificación para servicios de construcción.
L. Anexo 7 al artículo 12-02 Indización y conversión del valor de los umbrales
Se establece el método para el cálculo y ajuste del valor de los umbrales que determinan la cobertura del Capítulo de Compras del Sector Público
M. Anexo 8 al artículo 12.02 Mecanismos de transición
México podrá reservar de las obligaciones de este Capítulo, un porcentaje de las compras que tramite Pemex o CFE, o que tengan por objeto la construcción para el sector no energético. Dicho porcentaje inicia en el año 1995 con un 45%, disminuyendo en un 5% cada dos años, para llegar a un 0% en el año 2003.
N. Anexo 9 al artículo 12-02 Notas generales
Se establecen una serie de disposiciones que delimitan la aplicación de las normas del Capítulo.
0. Anexo al artículo 12-19 Publicaciones para medidas de acuerdo con el artículo 12-19
Se establecen los medios en los que deben publicarse la información relacionada las disposiciones, prácticas y procedimientos sobre compras del sector público.
P. Anexo al artículo 12,11 Publicaciones para las convocatorias de compra de acuerdo con el artículo 12,11
Se establecen los medios en los que deberán publicarse las convocatorias que contendrán las invitaciones a participar.
CAPITULO XIII - INVERSION
Establecer una serie de disposiciones sustantivas específicas que las Partes se comprometen a aplicar en relación con las inversiones y los inversionistas de la otra Parte, así como establecer un mecanismo para solucionar por la vía arbitral los conflictos que puedan surgir entre una Parte y un inversionista de la otra como consecuencia de la aplicación de este Capítulo.
Este Capítulo consta de treinta y nueve artículos, divididos en dos secciones, una relativa a las disposiciones de fondo que se aplicarán a las inversiones provenientes del territorio de la otra Parte y la otra referente al mecanismo para la solución de controversias en esta materia. Asimismo, cuenta con tres anexos que aclaran algunas disposiciones del Capítulo.
A. Disposiciones de fondo (Sección A , Inversión)
a. Trato nacional: cada Parte brindará a los inversionistas de otra Parte y a las inversiones de inversionistas de otra Parte trato nacional.
b. Trato de nación más favorecida: cada Parte brindará a los inversionistas de otra Parte y a las inversiones de inversionistas de otra Parte trato de nación más favorecida (NMF), salvo cuando se otorgue un trato especial a los inversionistas o inversiones provenientes de un país que no sea parte en virtud de tratados bilaterales de inversión o convenios que establezcan zonas de libre comercio u otras instituciones de integración económica similares.
c. Trato en caso de pérdidas: cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte, respecto de las inversiones que sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, caso fortuito o fuerza mayor, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantengan en relación con esas pérdidas.
d. Requisitos de desempeño: ninguna Parte podrá imponer u obligar a una inversión de un inversionista de la otra Parte al cumplimiento de ciertos requisitos de desempeño especificados en el Capítulo, ni tampoco podrá requerir de ello para el otorgamiento de un incentivo, salvo cuando se trate de requisitos para la calificación de bienes con respecto a programas de promoción de las exportaciones y de ayuda externa.
Las Partes pueden imponer requisitos de localización geográfica de unidades productivas, de generación de empleo o capacitación de mano de obra o de realización de actividades en materia de investigación y desarrollo.
En los casos en que ciertos requisitos especificados en el Capítulo afecten negativamente el flujo comercial o constituyan una barrera significativa a la inversión a juicio de una Parte, el asunto será considerado por la Comisión Administradora del TLC, la que, en caso de que estime que así es, adoptará las disposiciones necesarias para suprimir tal práctica.
e. Alta dirección empresarial: ninguna Parte podrá exigir que una empresa de una Parte de, signe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección en esa empresa, aunque sí podrá exigir que la mayoría de los miembros de los órganos de administración sean de cierta nacionalidad, siempre que el resultado no menoscabe materialmente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su empresa.
f. Reservas y excepciones: las disposiciones relativas a trato de NMF, trato nacional, requisitos de desempeño y alta dirección empresarial no se aplican a cualquier medida incompatible que mantenga o adopte una Parte, según la lista que elaborará cada Parte en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del TLC. Las Partes no podrán aumentar el grado de disconformidad de alguna medida que se reforme. Adicionalmente, el trato de NMF no se aplicará a los sectores que las partes enlisten en el mismo plazo. Adicionalmente, el trato de NMF, el trato nacional y los requisitos de desempeño no se aplicarán a las compras gubernamentales, ni a los subsidios o aportes realizados por el Estado.
g. Transferencias: cada Parte permitirá que las transferencias relacionadas con una inversión de un inversionista de otra Parte, tales como las ganancias, dividendos, intereses, pagos de capital, etc., se hagan libremente y sin de, mora, así como que se realicen en divisas de libre convertibilidad al tipo de cambio vigente de mercado en la fecha de la transferencias.
No obstante ello, las Partes podrán impedir la realización de transferencias en casos tales como quiebras, infracciones penales o administrativas, etc.
Adicionalmente, en casos de dificultades excepcionales o graves de balanza de pagos, las Partes podrán limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados.
h. Expropiación y compensación: ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar una inversión de un inversionista de otra Parte si no es por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada. La indemnización deberá pagarse sin demora y será completamente liquidable.
i. Medidas relativas a medio ambiente: nada en el Capítulo se interpretará como impedimento para que cada Parte mantenga o establezca cualquier medida consistente con el Capítulo para asegurar que las inversiones en su territorio observen la legislación ecológica o ambiental. Las Partes no utilizarán estándares de salud, de seguridad o relativos a la ecología o al medio ambiente más laxos, ni eximirán de los mismos a ninguna inversión como forma de atraer inversiones.
j. Intercambio de información: las Partes intercambiarán información en esta materia.
k. Doble tribulación: las Partes convienen en iniciar negociaciones tendientes a la celebración de convenios para evitar la doble tributación.
B. Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otra Parte (Sección B)
a. Objetivo: establecer un mecanismo para la solución de controversias jurídicas en materia de inversión que se susciten como consecuencia de la violación de una obligación establecida en la Sección A de este Capítulo y que surjan entre una Parte y un inversionista de la otra Parte.
b. Procedimiento: el inversionista de una Parte podrá, por cuenta propia o en representación de una empresa de otra Parte que sea una persona moral de su propiedad o bajo su control directo o indirecto, someter a arbitraje una demanda cuyo fundamento sea el que otra Parte haya violado una obligación establecida en este Capítulo, siempre que el inversionista o su inversión hayan sufrido pérdidas o daños en virtud de la violación o a consecuencia de ella. Si el inversionista así lo prefiere, podrá recurrir a los tribunales nacionales.
Las partes intentarán primero dirimir la controversia por vía de consulta o de negociación. Transcurridos seis meses desde que tuvieron lugar las medidas que motivan la reclamación, el inversionista podrá someter la demanda a arbitraje, de acuerdo con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), si la Parte contendiente y la Parte del inversionista son parte del mismo; de acuerdo con las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI, cuando sólo una de las Partes sea parte del convenio de CIADI; o de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, si ninguna de las Partes es parte del convenio de CIADI.
La sede del procedimiento arbitral se ubicará en el territorio de la Parte contendiente, salvo que las partes contendientes acuerden algo distinto.
El tribunal arbitral establecido para estos propósitos decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con el TLC, las reglas aplicables del derecho internacional y, supletoriamente, la legislación de la Parte contendiente.
Cuando un tribunal establecido conforme a este Capítulo dicte un laudo desfavorable a una Parte, ese tribunal sólo podrá otorgar daños pecuniarios y los intereses correspondientes o la restitución de la propiedad.
El laudo dictado por el tribunal será obligatorio sólo para las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.
El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que sobre ejecución de sentencias o laudos estuvieron en vigor en los territorios en que esa ejecución se pretenda. El inversionista podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al convenio de CIADI, la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York) o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Cuando una Parte incumpla un laudo, la Comisión Administradora del TLC, a la recepción de una solicitud de una Parte cuyo inversionista fue parte en el procedimiento de arbitraje, integrará un panel conforme al Capítulo de solución de controversias del TLC.
CAPITULO XIV - PROPIEDAD INTELECTUAL
Establecer disposiciones sustantivas en materia de marcas, indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen, protección de la información no divulgada, y derechos de autor y derechos conexos, tendientes a lograr un fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual en estos campos, así como fijar una serie de disposiciones de procedimiento, tanto en sede administrativa, como judicial, que pretenden garantizar el respeto de las normas sustantivas establecidas.
Este Capítulo consta de treinta y dos artículos: los primeros veintiséis de ellos relativos a disposiciones sustantivas en las áreas de marcas, indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen, protección de la información no divulgada, y derechos de autor y derechos conexos, mientras que los restantes seis se refieren a disposiciones generales de procedimiento, aspectos procesales en los procedimientos civiles y administrativos, medidas precautorias, procedimientos y sanciones penales, medidas en frontera y señales de satélite. Asimismo, cuenta con tres anexos que aclaran algunas disposiciones del Capítulo.
a. Disposiciones sobre la materia: las Partes aplicarán las disposiciones del Capítulo y las disposiciones sustantivas de tres convenios internacionales -de los que Costa Rica es parte-: el Convenio de Bema, el Convenio de Ginebra y la Convención de Roma. Asimismo, Costa Rica se compromete a adherirse al Convenio de París y al Arreglo de Lisboa en un plazo determinado.
b. Trato nacional: cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales, con algunas excepciones.
c. Trato de nación más favorecida: cada Parte otorgará toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de otro país a los nacionales de la otra Parte, salvo algunas excepciones.
a. Materia objeto de protección: se protegen las marcas, incluyendo las de servicio y las colectivas, aun cuando cierto tipo de marcas, por ejemplo, las que incorporen símbolos nacionales, pueden ser excluidas por una Parte, de conformidad con su legislación. Cada Parte podrá supedir al uso la posibilidad de registro.
b. Derechos conferidos: el titular de la marca registrada tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión.
c. Marcas notoriamente conocidas: cada Parte rehusará o invalidará el registro y prohibirá el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. También procederá de esa forma cuando se trate de signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, si el uso de la marca puede crear confusión o riesgo de asociación o constituya un aprovechamiento injusto o sugiera una conexión que pueda lesionar los intereses de quien usa la marca notoria.
d. Marcas registradas en la Parte: en los casos en que no se exige el uso, se podrá cancelar o anular el registro de una marca previamente registrada en otra Parte, por falta de originalidad.
e. Excepciones: cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca.
f. Duración de la protección: el registro inicial de una marca tendrá una duración de 10 años, renovables por períodos iguales.
g. Uso de la marca: cada Parte podrá exigir el uso de una marca para mantener el registro.
h. Licencias y cesión de marcas: cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas. No se permiten las licencias obligatorias de marcas.
C. Indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen
a. Protección: las denominaciones de origen protegidas en una Parte no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir un bien mientras subsista su protección en el país de origen.
Cada Parte denegará o invalidará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica o denominación de origen respecto a bienes no originarios del territorio indicado, si ello puede inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
D. Protección de la información no divulgada
a. Protección: cada Parte concederá protección a los secretos industriales o comerciales. Las personas tendrán los medios legales para impedir que tales secretos se revelen, adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, cuando la información reúna una serie de condiciones. Mientras la información reúna estas condiciones, no se podrá limitar la duración de la protección para los secretos.
Cada Parte protegerá la información que requiera como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos.
Ninguna Parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos.
a. Protección: cada Parte protegerá las obras comprendidas en el Convenio de Bema, incluyendo obras como los programas de cómputo o ciertas compilaciones de datos.
Cada Parte otorgará a los autores o a sus causahabientes los derechos enunciados en el Convenio de Bema con respecto a las obras protegidas.
Al menos respecto de los programas de cómputo, las Partes conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras protegidas.
Cada Parte dispondrá que los derechos de autor y los derechos conexos puedan transferirse y ejercitarse libremente.
Los derechos de autor son permanentes durante la vida de éste, pudiendo disfrutarlos sus causahabientes por un término mínimo de 50 años después de fallecido el autor. El mismo principio es aplicable cuando la duración de la protección se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física.
F. Derechos conexos
a. Artistas intérpretes o ejecutantes: cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes una serie de derechos, todos ellos contemplados en el Tratado de Roma.
b. Productores de fonogramas: cada Parte otorgará al productor de un fonograma una serie de derechos, todos ellos contemplados en el Tratado de Roma.
c. Organismos de radiodifusión: cada Parte otorgará a los organismos de radiodifusión una serie de derechos, todos ellos contemplados en el Tratado de Roma.
d. Plazo de protección: la duración de la protección a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en que se hizo la fijación o tuvo lugar la interpretación o ejecución. En el caso de los organismos de radiodifusión, tal protección no podrá ser inferior a 20 años, contados a partir del final del año en que haya tenido lugar la radiodifusión.
e. Limitaciones o excepciones: la protección concedida a los titulares de derechos conexos no afectará la protección del derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas. Las Partes circunscribirán las limitaciones o excepciones a los derechos establecidos a lo circunscrito en Convención de Roma.
f. Disposiciones varias: cada Parte podrá conceder protección a los derechos sobre toda publicación o difusión periódica, personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas, etc., por el plazo que su legislación determine.
G. Aplicación de los derechos de propiedad intelectual
a. Disposiciones generales: cada Parte garantizará que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este capítulo, sobre la base de una serie de principios, como la justicia, la equidad, debida audiencia, etc.
b. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos: cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo, previendo que haya debida notificación de la reclamación, representación por abogado, sin excesivos requisitos de comparencias personales obligatorias, con posibilidades de que todas las partes sustancien sus pretensiones y que se proteja la información confidencial.
Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan una serie de facultades dentro del procedimiento que, en el caso en que no existan en la legislación procesal costarricense, Costa Rica se compromete a implementar en un período de 7 años a partir de la entrada en vigencia del TLC, tales como la posibilidad de que el juez orden a la contraparte aportar pruebas de interés para la parte y que consten en su poder, de que dicte resoluciones cuando una parte niegue el acceso a pruebas, para ordenar que se desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso y para ordenar al infractor pagar el daño que haya sufrido el titular del derecho como consecuencia de la infracción así como las costas del proceso.
Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar el retiro de los circuitos comerciales o, en ciertos casos, la destrucción de los bienes utilizados para infringir los derechos de propiedad intelectual o para producir bienes infractores.
Cada Parte preverá que, cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a principios equivalentes a los señalados.
c. Medidas precautorias: cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual o conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, incluso sin dar audiencia a la contraparte en ciertos casos.
Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales puedan ordenar a un solicitante de medidas precautorias que presente la prueba a la que tenga acceso para determinar la probabilidad de la infracción, así como que aporte fianza o garantía equivalente para proteger los intereses del demandado y evitar abusos. Cada Parte preverá que las medidas precautorias se dejen sin efecto en ciertos casos específicos.
Cuando las medidas precautorias se revoquen, caduquen o cuando se comprobaré posteriormente que no hubo infracción, cada parte dispondrá que la autoridad judicial pueda ordenar al solicitante el pago de los daños causados.
Cada Parte preverá que cuando pueda ordenar. se una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, éstos se ajusten a principios equivalentes a los señalados.
d. Procedimientos y sanciones penales: cada Parte preverá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala comerciales. Asimismo, podrá prever tales procedimientos en casos de infracción de otros derechos de propiedad intelectual cuando se cometan con dolo y a escala comercial.
e. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en frontera: cada Parte adoptará, de conformidad con una serie de principios establecidos en el Capítulo, los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos para sospechar que pueda producirse la importación de bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas -u otros derechos de propiedad intelectual, si la Parte así lo estima-, solicitar a las autoridades competentes que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. Costa Rica tendrá un plazo de 7 años para implementar esta disposición.
f. Protección de señales de satélite portado, ras de programas: dentro del año siguiente a la entrada en vigor del TLC, cada Parte contemplará como causa de responsabilidad civil la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal.
CAPITULO XV - INFORMACION, PUBLICACION Y GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD
Favorecer la transparencia de los regímenes de cada país y facilitar el flujo de información entre ellos.
Este capítulo está compuesto por cuatro artículos: centro de información, publicación, notificación y suministro de información y garantías de audiencia, legalidad y debido proceso legal.
A. Centro de Información
Cada Parte deberá designar una dependencia u oficina como centro de información para facilitar la comunicación entre las Partes y, cuando sea del caso, indicar el funcionario responsable del asunto.
Cada Parte asegurará que su legislación, procedimientos y resoluciones administrativas relacionadas con este Tratado se publiquen a la brevedad y se pongan a disposición de las Partes o de cualquier interesado.
C. Notificaciones y suministro de información
En la medida de lo posible, cada Parte notificará a la Parte que tenga interés, toda medida vigente o en proyecto cuando considere que podría afectar los intereses de esa Parte. Además, dará respuesta pronta a las preguntas relativas a esas medidas.
D. Garantías de audiencia, legalidad y debido proceso
Las Partes reafirman las garantías de audiencia, de legalidad y del debido proceso consagradas en sus legislaciones y se comprometen a mantener los tribunales y procedimientos judiciales o administrativos para la revisión o corrección de los actos definitivos relacionados con este Tratado.
CAPITULO XVI – ADMINISTRACION DELTRATADO
Determinar el establecimiento y funciones de la Comisión Administradora y del Secretariado y enunciar los Comités que existirán en las diferentes áreas.
Este capítulo está compuesto por dos artículos y tres anexos. Los artículos se refieren a la Comisión Administradora y al Secretariado respectivamente, y los anexos señalan quienes serán los funcionarios de esa Comisión Administradora, cuales comités existirán y como se hará la remuneración y pago de gastos de los árbitros, expertos y sus ayudantes.
A. Comisión Administradora
Estará integrada por el Ministro de Comercio Exterior y el Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Sus principales funciones serán, entre otras, velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones del Tratado, contribuir a la solución de controversias que surjan con ocasión de su aplicación y supervisar la labor de los comités. Asimismo, podrá establecer y delegar responsabilidades en comités, grupos de trabajo y expertos, solicitar asesorías y adoptar cualquier otra acción para el ejercicio de sus funciones.
Esta Comisión establecerá sus reglas y procedimientos, todas sus decisiones se tomarán de común acuerdo y se reunirá por lo menos, una vez al año o en cualquier momento a petición de una Parte.
B. Secretariado
Será establecido por la Comisión y estará integrado por secciones nacionales.
Cada Parte establecerá la oficina permanente de su sección nacional y notificará a la Comisión de su domicilio, se encargará de su operación y de sus costos así como de la remuneración y de los gastos que deban pagarse a los árbitros, expertos y sus ayudantes y designará al Secretario, quien será el responsable de su administración.
Como funciones del Secretariado están proporcionar asistencia a la Comisión, brindar apoyo administrativo a los tribunales arbitrales, apoyar la labor de los comités y otras que se le encomienden.
C. Comités
Los habrá para los siguientes asuntos:
Medidas de Normalización y Comercializción Agropecuarias, Comercio Agropecuario, Azúcar, Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias, Reglas de Origen, Integración Nacional de Insumos, Procedimientos Aduaneros, Coordinación Aduanera, Entrada Temporal, Medidas de Normalización (Salud / Etiquetado, Envasado y Embalaje), Micro, Pequeña y Mediana Industria.
CAPITULO XVII - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Establecer las reglas que regirán los procesos de solución de las controversias que puedan surgir entre las Partes cuando no se opte por recurrir al mecanismo previsto en el GATT.
El Capítulo está compuesto por dieciocho artículos y un Anexo. En los artículos se detallan los supuestos que pueden dar origen a un proceso de solución de controversias, las funciones de la Comisión, los procedimientos para la integración del tribunal arbitral, el contenido básico de las decisiones preliminares y finales y los supuestos en los que procede la suspensión de beneficios,
En el anexo se enuncian los casos que pueden dar lugar al mecanismo aún cuando se originen en medidas que no contravienen el Tratado pero que anulan o menoscaban los beneficios que pudieron haberse esperado de su aplicación. Estas posibilidades están circunscritas a las diferencias que surgiesen en los capítulos de principios generales sobre el comercio de servicios, medidas de normalización, compras del sector público, propiedad intelectual y la segunda parte de comercio de bienes, salvo las excepciones expresamente previstas.
El procedimiento de solución de controversias se aplicará a la prevención o solución de las controversias entre las Partes relativas a la aplicación o a la interpretación de este Tratado y en aquellos casos en los que una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de la otra Parte es incompatible con las obligaciones del Tratado o pudiera causar anulación o menoscabo.
B. Solución de controversias conforme al GATT
Las controversias que surjan entre las Partes con ocasión de este Tratado o del GATT podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la Parte reclamante. No obstante, una vez iniciado el procedimiento, el foro seleccionado será excluyente del cualquier otro. Se considerará iniciado el procedimiento conforme al GATT cuando una Parte solicite la integración de un panel o la investigación por parte de un comité.
Cualquier Parte podrá solicitar por escrito a la otra Parte la realización de consultas dentro del ámbito de aplicación de este Tratado. En ellas, las Partes aportarán la información pertinente y darán a la información confidencial el mismo trato que le de la Parte que la haya proporcionado.
D. Intervención de la Comisión, buenos oficios, conciliación y mediación
Cuando un asunto no se resuelva mediante consultas dentro de los 45 días siguientes a la entrega de la solicitud de las mismas o cuando éstas se hayan realizado de conformidad con los artículos 4-25 (Agricultura), 5-25 (Reglas de Origen) y 11-20 (Normalización), cualquier Parte podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión señalando en su solicitud el asunto objeto de la reclamación y las disposiciones del Tratado que considere aplicables. Dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la solicitud, la Comisión se reunirá y con el objeto de procurar una solución a la controversia podrá convocar asesores y crear grupos de trabajo, recurrir a otros procedimientos de solución de controversias o formular recomendaciones.
E. Constitución del tribunal arbitral
Si habiéndose reunido la Comisión el asunto no se hubiese resuelto dentro de los 45 días posteriores a esa reunión, cualquier Parte podrá solicitar por escrito a la Comisión el establecimiento de un tribunal arbitral. Para esos propósitos, la Comisión integrará una lista de hasta 20 personas que cuenten con las cualidades especificadas para ser árbitros. Los miembros de la lista serán designados de común acuerdo por las Partes por períodos de 3 años y podrán ser reelectos. Esa lista incluirá expertos no nacionales de las Partes.
El tribunal arbitral se integrará por 5 miembros. El presidente del mismo deberá preferentemente ser nombrado por consenso pero si se presentase algunos de los supuestos contemplados en este apartado y correspondiese a una sola de las Partes designarlo, éste no podrá ser de la nacionalidad de esa Parte. Dentro de los 15 días siguientes a la elección del presidente, cada Parte seleccionará dos árbitros, preferentemente de la lista, que sean nacionales de la otra Parte y si no lo hace, se seleccionará por sorteo. Si no estuviesen en la lista, podrán ser recusados sin expresión de causa.
F. Reglas de procedimiento
La Comisión establecerá Reglas Modelo de Procedimiento en las que se garantice el derecho a una audiencia ante el tribunal arbitral, la oportunidad de presentar alegatos y réplicas por escrito y la confidencialidad.
La misión del tribunal arbitral contenida en el acta de misión será la de examinar la controversia sometida a su consideración a la luz de las disposiciones del Tratado y emitir decisiones preliminares o definitivas. Además, en el acta se indicará si el asunto ha sido causa de anulación o menoscabo de beneficios y, si alguna Parte lo solicitase, los efectos adversos que haya generado para la Parte la medida incompatible con el Tratado o que haya causado anulación o menoscabo de beneficios.
G. Decisión preliminar
La emitirá el tribunal arbitral dentro de los 90 días siguientes al nombramiento del último árbitro y estará basada en los argumentos y comunicaciones presentados por las Partes, así como en cualquier otra información que haya recibido.
Esta decisión contendrá las conclusiones de hecho, la determinación de si la medida es o puede ser incompatible con el Tratado o es causa de anulación o menoscabo y el proyecto de decisión. Por su parte, los árbitros podrán formular votos particulares sobre cuestiones respecto de las cuales no exista decisión unánime.
Una vez emitida la decisión preliminar, las Partes tendrán 14 días para hacer sus observaciones por escrito con posterioridad a los cuales el tribunal arbitral podrá realizar cualquier diligencia que considere apropiada o reconsiderar su decisión preliminar.
H. Decisión final
El tribunal arbitral presentará a la Comisión una decisión final acordada por mayoría, o los votos particulares si los hubiese, en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la decisión preliminar. Esta decisión será obligatoria para las Partes en los términos y dentro de los plazos que éste ordene. Si esa decisión señalase que la medida es incompatible con este Tratado, la Parte demandada se abstendrá de ejecutar la medida o la derogará y si declarase que es causa de anulación o menoscabo, podrá sugerir los ajustes mutuamente satisfactorios para las Partes.
I. Suspensión de beneficios
La Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada si el tribunal resuelve que la medida es incompatible con el Tratado y la Parte demandada no cumple con la decisión final en los términos en ella fijados, o que la medida es causa de anulación o menoscabo y las Partes no llegan a un acuerdo mutuamente satisfactorio dentro del plazo fijado por el tribunal. Esta suspensión durará hasta que la Parte demandada cumpla con la decisión o hasta que las Partes lleguen a un acuerdo.
Para determinar los beneficios a suspender, en primera instancia, la Parte reclamante procurará que pertenezcan al mismo sector o sectores afectados por la medida. No obstante, si considerase que esto no es factible ni eficaz, podrá suspender beneficios en otros sectores.
A solicitud escrita de una Parte, la Comisión instalará un tribunal arbitral que determine si los beneficios suspendidos resultan manifiestamente excesivos. Este tribunal se regirá igualmente por las Reglas Modelo de Procedimiento presentará si decisión final dentro de los 60 días siguientes a la elección del último árbitro.
J. Instancias judiciales y administrativas
Una Parte puede intervenir en los procedimientos judiciales o administrativos internos de la otra Parte cuando surja una cuestión de interpretación o de aplicación de este Tratado o cuando un tribunal u órgano administrativo así lo solicite.
K. Medios alternativos para la solución de controversias entre particulares
Las Partes promoverán y facilitarán el recurso a otros medios alternativos de solución de controversias y dispondrán de procedimientos adecuados para la observancia y ejecución de los laudos arbitrases. Se entenderá que las Partes cumplen con esto si son parte y se ajustan a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.
La Comisión podrá establecer un Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas el cual presentará informes y recomendaciones de carácter general sobre la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos de solución de controversias.
CAPITULO XVIII - EXCEPCIONES
Establecer las condiciones por las cuales no se aplicarían las disposiciones del Tratado, cuando existan motivos que de acuerdo al interés público sean superiores al mismo.
Este Capítulo esta dividido en tres artículos, los cuales se refieren a excepciones generales, seguridad nacional y excepciones a la divulgación de información.
A. Excepciones generales: se incorporan al Tratado el Artículo XX del GATT y sus notas interpretativas para la segunda parte (comercio de bienes), salvo si se aplica a servicios o a inversión; y a la cuarta parte (barreras técnicas al comercio), salvo si se aplica a servicios. Sin embargo, las Partes pueden adoptar o hacer efectivas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes o reglamentaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este Tratado, siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio.
B. Seguridad nacional: las Partes pueden establecer excepciones para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.
C. Excepciones a la divulgación de información: las Partes pueden establecer excepciones para proporcionar o dar acceso a la información que impida o sea contraria al cumplimiento de la Constitución Política o de las leyes.
CAPITULO XIX - DISPOSICIONES FINALES
Establecer aquellas disposiciones que brindan el marco final de aplicación para el Tratado.
Este Capítulo esta dividido en siete artículos, los cuales se refieren a anexos, enmiendas, entrada en vigor, reservas, accesión, denuncia y evaluación del Tratado.
A. Anexos: los anexos constituyen parte integral del Tratado.
B. Enmiendas: Se pueden acordar modificaciones y adiciones siempre que aprueben los procedimientos jurídicos y sean parte integral del Tratado.
C. Entrada en vigor: el Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 1995.
D. Reservas: no se harán reservas ni declaraciones al momento de ratificarse el Tratado.
E. Accesión: podrá incorporarse al Tratado un país o grupo de países de Centroamérica siempre que se sujeten a los términos convenidos. No tendrá vigencia si al momento de accesión el país o grupo de países no otorga su consentimiento. La adhesión entrará en vigor en el momento en que las formalidades jurídicas concluyan.
F. Denuncia: La denuncia surtirá efecto 180 días después de comunicarla a la Parte. Si se ha dado la adhesión de un país o grupo de países, en caso de denuncia el Tratado permanecerá en vigor para las otras Partes.
Programa de desgravación arancelaria de Costa Rica
Número de subpartidas arancelarias por Sección y Capítulo del Sistema Armonizado, según período de desgravación.
Programa de desgravación arancelaria de México
Número de subpartidas arancelarias por Sección y Capítulo del Sistema Armonizado, según período de desgravación
Indicadores básicos y sinopsis estadística de Costa Rica y México
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