Source: http://www.revistapersona.com.ar/Persona50/50Varsi.htm
Timestamp: 2017-05-25 12:36:50
Document Index: 231772019

Matched Legal Cases: ['artículo 722', 'artículo 722', 'artículo 402', 'artículo 402', 'artículo 196', 'artículo 402', 'artículo 278', 'artículo 197', 'Artículo 722']

el moderno tratamiento legal
DE LA filiación extramatrimonial
(en razón
de la ley peruana 28457, y la acción intimatoria de paternidad)
5. Del trámite
La diferencia con el proceso de conocimiento, por el que se regía anteriormente esta filiación, es abismal. Por decir lo menos se da un giro de 360 grados que lo hace incomparable con la gestión procesal anterior y con otra existente en razón de su singularidad. Se reducen etapas, actos, plazos.
Cuenta con un trámite que podemos esquematizar de la siguiente forma:
a. a. De la demanda
El proceso se sintetiza en la presentación de una demanda ante el Juez de Paz Letrado que, a pedido de parte interesada, expedirá una resolución declarando la paternidad. Se discute con razón el hecho de que más que una demanda sea una solicitud de paternidad al poder carecer en su contenido de fundamentos de hecho. En esencia, es una solicitud que expone una relación con el presunto padre requiriéndolo al sometimiento a la prueba técnica.
b. De la defensa, oposición y el mandato de paternidad
i) De la defensa
La única defensa del emplazado frente a la demanda es oponerse al mandato de paternidad sometiéndose a la prueba de ADN, en el plazo de diez (10) días siguientes. No cabe otro tipo de sustento que la oposición en sí misma (salvo una excepción como veremos luego). Son impertinentes las tachas, los fundamentos de hecho en un escrito de contestación o cualquier otro argumento tendente a desnaturalizar la efectividad del proceso.
Como medio de defensa del demandado, el proceso no admite expresamente plantear excepciones lo que no implica que esté prohibido, lo contrario significaría legitimar un defecto de forma en el proceso (incompetencia, incapacidad, pleito pendiente, cosa juzgada, por mencionar algunas) resultando incoherente y no ajustado a derecho. Consideramos que sí son viables las excepciones o si se quiere, por utilizar otra terminología, las defensas previas. El tema es discutible.
Hagamos un símil con el proceso de ejecución de garantía el que, como bien es sabido, deja de lado a las excepciones. Con este matiz, el artículo 722 del Código procesal civil trata sobre la contradicción restringiendo su admisibilidad a cinco (5) causales (nulidad del título, inexigibilidad, cancelación, extinción o prescripción)[41]. En opinión de Hinostroza[42] “nada obsta para que el ejecutado pueda plantear excepciones o defensas previas (sobre todo las primeras)”. Si bien la normatividad no contempla la posibilidad de plantear tales instrumentos, tampoco lo prohíbe expresamente siendo valor entendido, entonces, su admisibilidad. Los derechos de la persona solo pueden ser restringidos expresamente, concluye el autor. Continúa, la limitación de causales no se hace extensiva a las excepciones o cuestiones previas dado que éstas son defensas de forma, mientras que las causales de contradicción son defensas de fondo[43]. Compartimos la posición de Hinostroza.
La Corte Suprema asume otro criterio respecto de la admisibilidad de las excepciones en los procesos de ejecución de garantía, teniendo:
- “... A diferencia del proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero que en su Artículo setecientos del código acotado (C.P.C.), permite al ejecutado proponer excepciones o defensas previas, en el trámite de la ejecución de garantía no existe dicha posibilidad...”[44].
- “... De acuerdo al Artículo setecientos veintidós del Código Procesal Civil y a diferencia del Artículo setecientos del mismo cuerpo de leyes, referido al proceso ejecutivo, no se prevé la formulación de excepciones y defensas previas, debido que su naturaleza es sustancialmente especialísima, esto implica que se ha procurado establecer una vía procesal más expeditiva que la del proceso ejecutivo en razón a que lo requerido judicialmente es un título de ejecución...”[45].
- “... La resolución de vista, al confirmar la resolución que declara improcedente su excepción, no contraviene su derecho a la defensa, toda vez, que la norma procesal le permite al recurrente hacer uso de las causales para contradecir el mandato de ejecución, debiendo el recurrente circunscribirse exclusivamente a ellas...”[46].
Un criterio opuesto que afianza nuestra posición:
- No obstante que el artículo 722 del Código Procesal Civil no señala la admisibilidad de las excepciones, cabe proponerlas por que no hay disposición que lo prohíba.
El no permitir oponer dichos medios de defensa supone que en todos los casos son válidos por sí mismos, lo cual es una ficción[47].
Las excepciones, como tales en su esencia, son válidas en el proceso intimatorio de filiación, pues permiten una tutela preliminar del demandado frente a una irregularidad del proceso, sirviendo para denunciar la invalidez de una relación procesal.
La jurisprudencia tiene nuevamente la palabra dejando sentado verdaderos precedentes[48].
ii) De la oposición
La oposición es el ejercicio del legítimo derecho de defensa del demandado. Se realiza de forma expresa y la prueba genética es un requisito para su procedencia. No vale oponerse con argumentos, en todo caso estos deben ser confrontados con la prueba. La calificación de la oposición depende del resultado de la bioprueba, declarándose fundada si el examen descarta la paternidad e infundada si produjera un resultado de inclusión del vínculo, convirtiéndose el mandato en declaración de paternidad.
La norma indica de manera expresa que el costo de la prueba debe ser asumido por la parte demandante que, como sabemos, en la mayoría de los casos es la madre. Una madre soltera que trabaja, cría, educa, mantiene el hogar y que dinero no le sobra --al contrario lo corriente es que sus ingresos estén a la par que sus gastos-- no parece nada justo cargarla con tremendo gasto. Un proceso judicial implica un costo y a este se suma la realización de la experticia, nada barata. En casos especiales deberá pedir auxilio judicial[49] para la defensa de sus intereses situación que poco puede ayudarla pues debe sufragar la prueba en caso de oposición ¿Acaso se tiene la intención que el Estado asuma el valor en casos de indigencia? No es la idea, al menos, no la de ésta ley. Entonces, la solución planteada a través de este proceso especialísimo puede verse truncada por la imposibilidad económica de la parte demandante a lo que nos preguntamos, y ¿Por qué no la paga el que se opone? al final de cuentas es quien está haciendo uso del derecho de defensa a través de la oposición. Punto interesante, la demanda de paternidad implicaría un precio al demandado que sería reembolsado en caso la prueba genética lo descarte. Este interesante punto es tratado por el Presidente de la Corte Superior de Apurimac “el magistrado puede disponer que el demandado abone dicho pago, siempre que la demandante por su condición de indigente intervenga en el proceso con auxilio judicial y no pueda abonarla, lo que constituirá suficiente fundamento para disponer que el demandado abone el costo de la prueba genética del ADN, de lo contrario, se estaría poniendo en estado de indefensión a la demandante y como consecuencia en peligro su subsistencia y la de quienes de ella dependan; vale decir, afectando sus derechos constitucionales. Por estas razones, el juez --aplicando el control difuso-- prefería la norma constitucional ante una norma legal según el segundo párrafo del articulo 138° de la Constitución Política, en este contexto hay que interpretar los alcances del articulo 2° de la Ley N° 28457, para evitar la aplicación literal de que el costo de la prueba del ADN sea abonado en exclusiva por el demandante. Importa recordar que el magistrado no es mero aplicador de la Ley, si no un verdadero creador del derecho a resolver un determinado caso”[50]. Es más el citado formula una modificación a la ley a efectos que se disponga que sea el demandado el que costee la prueba dado que es el se opone a la pretensión.
La no oposición
El demandado puede abstenerse del derecho de defensa: No se opone, restándole solo esperar la notificación de la sentencia que lo certificará como progenitor legal del hijo que en demanda se lo solicitó, en este caso se trata de una oposición ficta. Sigamos. La falta de oposición puede ser expresa mediante recurso de aceptación de la paternidad demandada, formulando allanamiento o reconocimiento de la demanda, sencillamente una forma de terminar un proceso que tiene como respaldo una prueba cuya génesis sólo la conocen las partes.
Sobre el allanamiento y reconocimiento, como variables de no oposición, “revelan que en esta Ley especial la pretensión de filiación es disponible, a diferencia de lo que ocurre con todas las pretensiones relativas a derechos indisponibles (incluida la filiación en los demás supuestos del artículo 402 del Código Civil) y de lo que ocurría con el tratamiento legal previsto en el inciso 6 del artículo 402, antes de su modificatoria por esta ley especial”[51]. Aclaremos. Nada impide, entiéndase con claridad, que en los procesos de filiación la parte demandada pueda allanarse a la demanda, pues lo que se busca es la fijar un vínculo que consagre un derecho a la identidad, por lo que no se aplica el límite de improcedencia entendido por el citado autor. Sirva la presente de reflexión.
Inversión de la carga de la prueba La inversión de la carga de la prueba constituye una excepción al principio "quien alega debe probar", contemplado en el artículo 196 del Código adjetivo. Si bien lo común es que quien alegue un hecho debe probarlo, se ha previsto la posibilidad del traslado de la carga de la prueba al demandado por disposición ex lege, lo que obedece a un fin práctico que facilite a quien alegue un hecho demostrar la verdad o falsedad de este, sin tener la carga procesal de probarlo, en mérito de factores razonables, en este caso la efectividad de la prueba genética, el interés del niño.
Las reglas de la carga de la prueba se resumen en tres principios jurídicos fundamentales: - Onus probandi incumbit actori: el demandante debe probar los hechos que fundan su pretensión; - Reus, in excipiendo, fit actor: el demandado que excepciona simula ser actor debiendo probar los hechos de su defensa; y,
- Actore non probante, reus absolvitur: el demandado será absuelto si el demandante prueba los hechos fundamento de su pretensión.
Para nuestro estudio nos interesa el primero y el último. En el nuevo proceso de filiación extramatrimonial tiene lugar la excepción al principio “quien alega debe probar”, y por ello, es el padre (ya declarado así por mandato del juez) deberá demostrar la no vinculación filial imputada por la madre. En principio, la carga de la prueba le correspondería a la madre e hijo, pero por disposición de la Ley 28457 se invierte y es trasladada al padre. Nos preguntamos ¿cuál es el fundamento por el cual el legislador ha previsto tal inversión de la carga probatoria? La razón no es otra que la ya tan mencionada contundencia de la prueba de ADN. El resultado de la prueba de ADN constituye una verdad biológica que escapa a las presunciones y las debilita. Quien está en mejor posición para el ofrecimiento y actuación de la prueba de ADN es el padre. Sobre ello no cabe la menor duda. Por una cuestión lógica, fáctica, es claro que el hijo se encuentra en una situación de desventaja para probar la relación paterno filial. ¿Cómo demostrar que es su padre sin recurrir a presunciones y de manera certera? Hoy, la prueba de ADN le da la respuesta, pero para ello es necesario el sometimiento del padre a dicho examen.
La carga de la prueba implica una regla de conducta tanto para el juez como para la parte sobre la que pesa la carga. Para el juez, en razón de que le indica cómo fallar a pesar de no tener pruebas sobre los hechos respecto de los que tenga que fundamentar su decisión debido a la inactividad probatoria de una de las partes –-en nuestro caso, del padre--, permitiéndosele un pronunciamiento sobre el fondo. Para la parte sobre la que pesa la carga de la prueba, en tanto le impone los hechos que le compete probar caso contrario, soportará las consecuencias de su inactividad probatoria o de su actividad probatoria deficiente.
En este proceso de filiación corresponde al demandado la incumbencia de probar su no paternidad, mutatis mutandis desdecir la pretensión de filiación extramatrimonial que le es demandada en torno a un sustento probatorio definitivamente categórico que debe ser usado en su defensa. En efecto, en caso de que el demandado incumpla someterse a la prueba de ADN, el mandato del juez se convertirá en declaración judicial de paternidad. El demandado deberá soportar las consecuencias de su inactividad probatoria.
iii) Diferencias entre la negativa y la oposición
Las diferencias de la oposición con la negativa al sometimiento de la prueba biológica que se regulaba en el Código civil en el artículo 402 son saltantes. Sin duda amerita, sobre el particular, esbozar las diferencias entre la actual oposición y la negativa a la bioprueba la que, hasta la entrada en vigencia de la ley analizada, eran aplicables a los procesos de paternidad extramatrimonial.
Acciones de estado filial
Proceso de filiación de la paternidad extramatrimonial
El padre, madre, hijo o tercero
Evitar la realización de la prueba
Controvertir los efectos del mandato de paternidad
Facultativa. Puede ser fundamentada por diversidad de criterios
Facultativa. Pero la ley impone que se fundamente en el aspecto biológico
Como prueba Las partes la pueden utilizar como prueba de su pretensión o defensa
Medio de defensa del requerido en paternidad
Exclusivamente la prueba de ADN
Inmediatamente después de decretada la realización
Diez días siguientes al mandato de paternidad
Negativa justificada.- No se realiza la prueba.
Negativa injustificada.- Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber sido notificado bajo apercibimiento por segunda vez, el Juez evaluará la negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado declarando la paternidad o al hijo como alimentista.
Oposición fundada.- Si la prueba fuera negativa la oposición será declarada fundada, condenándose al demandante a las costas y costos.
Oposición infundada.- Si la prueba fuera positiva, la oposición será declarada infundada, convirtiéndose el mandato en declaración judicial de paternidad y el emplazado condenado en costas y costos.
Oposición improcedente.- Si a los diez días de vencido el plazo el oponente no se realiza la prueba, por causa injustificada, la oposición será declarada improcedente, convirtiéndose el mandato en declaración judicial de paternidad.
Para Céspedes Suzuki, la sola negativa al sometimiento a la prueba del ADN no probaría la paternidad, siendo necesario otros medios probatorios que la acrediten. La negativa, sostiene, sería una prueba tasada, toda vez que no se admiten otros tipos de prueba, lo que sería ilegal por atentar contra el principio de valoración conjunta de la prueba e inconstitucional, pues afectaría el derecho a la prueba como garantía del ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.
La negativa como sucedáneo, es una presunción
No compartimos la opinión de esta autora. Teniendo como sustento criterios procesales afirmamos, en primer lugar, que la negativa a la prueba genética no constituye un medio probatorio. La negativa es una presunción iuris et de iure, (artículo 278 del Código procesal civil) que se encuadra dentro de la categoría de los sucedáneos de los medios probatorios previstos por nuestra normativa procesal (art. 275 y ss del Código procesal civil). Antes de la modificación legal, esta negativa era un indicio. Hoy, la negativa, considerada como presunción, sustituye el valor de la prueba de ADN cuando no es practicada por decisión del requerido. No es una prueba, insistimos, es un sucedáneo. Es una presunción que no admite prueba en contrario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que señala Hinostroza sobre la presunción iure et de iure en general, “es de destacar que resulta inadmisible la prueba en contrario del hecho presumido, pero no de aquella dirigida a acreditar la inexistencia del hecho que constituye el presupuesto para la aplicación de la presunción legal absoluta, esto es el hecho que le sirve de base”[52]. Aplicado a nuestro caso, quiere decir que la única forma de que se desvirtúe la presunción iure et de iure de paternidad por la negativa del requerido, sería necesario que este se someta a la prueba de ADN.
Muy a pesar de ello, Céspedes Suzuki nos dice expresamente que “(…) lo que la Ley 28457 ... ha buscado es darle a la negativa a la práctica de la prueba de ADN un carácter tasado superior y excluyente, toda vez que lleva al juez a declarar de inmediato la paternidad sin considerar otras pruebas. El juez se abstrae de la inexistencia absoluta de prueba y se centra en la negativa del demandado a someterse a la prueba pericial biológica de manera que la sola negativa implica paternidad, lo cual es un claro atentado contra el principio de valoración conjunta de la prueba recogido en el artículo 197 del Código Procesal Civil que sí fue recogido por la Ley N° 27048”[53]. La posición de la autora citada es discutible. La autora al confundir prueba por presunción concluye que se trata de una prueba tasada y por ello ilegal, toda vez que impide la apreciación conjunta de la prueba. Insistimos, la presunción de paternidad por la negativa en sí no es una prueba, mucho menos tasada, sino que es consecuencia de la conducta del demandante de no hacer valer su derecho a la defensa --como lo hemos visto-- sometiéndose a la prueba genética. Como ya hemos referido, la negativa constituye una presunción de tipo iuris et de iure, un sucedáneo que sustituye el valor de la prueba de ADN por la no práctica de ésta por el emplazado a efectos de desvirtuar su paternidad de modo tajante, en razón de la certeza de la prueba de ADN. Valgan verdades, pero actualmente la negativa carece de sentido, no cabe hacer uso de ello, por lo que no es necesario el apercibimiento[54], advertencia, ni exhortación a la realización de actos, como lo era antes. La ley busca de manera directa lo que ayer establecía de manera indirecta. Además, y a ver si queda clara nuestra posición, también se llega a sentenciar paternidad por la no oposición al mandato de paternidad lo que, utilizando el mismo razonamiento de la autora, implicaría que tanto el allanamiento y el reconocimiento sean considerados pruebas tasadas. Y esto, qué duda cabe, no es así; al menos hasta donde sé, no queriendo saber más.
En todo caso compartiríamos el criterio de Ariano. Sí... escribe ella que “Estamos pues ante una nueva fase en la historia del Derecho probatorio peruano: regresamos a la prueba plena legal. Ergo, ya no más apreciación conjunta y razonada de la prueba, ya no más motivación del por qué se resuelve en un sentido o en otro, pues quien decide es el laboratorio.”[55]. Un poco extremista para nuestro gusto pero resulta sustentable su posición.
iv) Del mandato de paternidad
Éste es el acto más importante del proceso, además de ser el primero que dicta el juez sin necesidad de escuchar al demandado, inaudita altera pars, “de esta forma el juez si bien resuelve oyendo a una sola de las partes, lo hará no solo sobre la base del relato fáctico, sino a las pruebas aportadas. Y si el emplazado no formula oposición alguna, la cosa juzgada material no solo es consecuencia de su conducta procesal, el silencio o falta de oposición, sino del relato del demandante y los medios probatorios que aportó para sustentarlo”[56].
Es importante llegar a comprender la esencia del mandato de paternidad. Podemos sostener que más que un requerimiento a reconocer la pretensión de la parte, el mandato es una decisión anticipada del juez en mérito de lo alegado por la parte demandante tomando en cuenta la fuerza de la prueba genética, que ofrece la suficiente certeza de lo demandado.
Tal como sucede en el proceso ejecutivo, el mandato de paternidad es una resolución judicial compleja[57], Es un auto que al notificarse da inicio al proceso. No es un acto de ejecución forzada de la prueba de ADN, todo lo contrario, es una forma de coerción pues el mandato conlleva una exhortación al sometimiento a la prueba biológica, de no realizarse en el plazo indicado se decretará la paternidad. Sus efectos son expectaticios, están sujetos a una condición suspensiva que la prueba no sea realizada en plazo estipulado.
Como acto procesal, el mandato de paternidad debe contener:
- Una parte expositiva, una considerativa y la dispositiva.
- Intimación al sometimiento a la prueba genética.
- Plazo para su realización.
- Apercibimiento de declararse la paternidad.
c. Declaración de paternidad. Sentencia
La sentencias en estos procesos pueden tener varios tipos de fallos.
Declara la paternidad
- En mérito a los resultados positivos de la prueba genética. En esta sentencia la verdad real coincide con la verdad formal. El ADN contribuye eficazmente en el establecimiento de la relación parental.
- En mérito de la no oposición. Transcurrido el plazo y no habiéndose opuesto y llevado a cabo la pericia por causa injustificada el mandato se convierte en declaración de filiación. Sin certeza de paternidad, solo por la no realización de la bioprueba se dicta sentencia. Parece un fallo sin contenido, pero no es así. Es la sanción por no colaborar con la verdad. La filiación en estos casos se establece no por el ADN, sino por una presunción legal. Se elimina la certeza científica que proporciona la prueba genética, subsistiendo la incertidumbre, como dice Martel Chang[58].
No declara la paternidad - En mérito del descarte extraído por la prueba genética actuada a través de la oposición del demandado.
Por otro lado, la sentencia declara el nexo filial teniendo como sustento el aspecto biológico, la esencia genética que se encuentra fundamentada en la prueba de ADN la que, habiéndose o no realizado, es la razón de ser de este nuevo proceso. La motivación de estos fallos no debe ser exhaustiva ni referirse a hechos, que pueden existir, sólo debe merituar los resultados de la pericia y fallar la paternidad. La discreción del magistrado se transforma en convicción. El grado de efectividad de la pericia genética es reconocido unánimemente incluso en los sistemas más tradicionales o conservadores como el boliviano, cuando refiere que las pruebas biológicas representan un “elemento probatorio que otorga al juzgador una convicción plena para dirimir la pretensión y la controversia jurídica de paternidad”[59].
En mérito de la pluralidad de instancia[60] cabe la apelación respecto de la declaración de paternidad en el plazo de tres (3) días, teniendo el Juez de Familia diez (10) días para resolver. Como está redactada la norma, la apelación es una facultad expresa reconocida al demandado a efectos de contradecir la sentencia que lo declara padre. ¿Qué sucede cuando la sentencia es adversa a la parte demandante? En otras palabras, cuando la oposición se declara fundada ¿Cómo queda el principio de doble instancia? Cabría decir que la sentencia que descarta la paternidad (aquella que declara fundada la oposición) es inapelable o es que la contundencia de la prueba genética elimina el derecho de defensa. Misma pregunta se plantea Ariano Deho cuando sostiene que “el legislador en un arranque de “garantismo” establece que la declaración judicial de filiación” es apelable, pero es “garantismo” a medias, pues olvida de la resolución que declara fundada la oposición. ¿Será también apelable?”[61]. Sin duda que sí --lo afirmamos tajantemente-- en razón que como recurso impugnatorio se tiene un legítimo derecho al mismo; el hecho es encontrarle el fundamento para su procedencia.
Varias preguntas saltan a la vista ¿Qué puede alegarse en este tipo de apelación?
- Falta de requisitos formales.
- Falta de requisitos de fondo. - Error en la realización y en la deducción de los resultados.
- Falta o error en la notificación - Margen de subjetividad en la apreciación científica.
- Realización de prueba distinta al ADN de menor grado de efectividad.
- Inexactitud de la filiación por prácticas de procreación asistida.
e. Procedimiento. Resumen
El proceso y sus actos se pueden resumir de la siguiente manera: CLIC AQUÍ
El proceso es sencillo, por demás escueto y de fácil realización. Implica la simplificación de procesos en aquellas pretensiones que ameritan ser defendidas de forma eficaz cuando exista un medio de probanza de garantía.
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[41] CÓDIGO PROCESAL CIVIL. “Artículo 722.- Contradicción.- El ejecutado, en el mismo plazo que tiene para pagar, puede contradecir alegando solamente la nulidad formal del título, inexigibilidad de la obligación o que la misma ya ha sido pagada o ha quedado extinguida de otro modo, o que se encuentra prescrita. La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo.
Para la contradicción sólo es admisible la prueba de documentos. Previo traslado por tres días y, con contestación o sin ella, se resolverá ordenando el remate o declarando fundada la contradicción. El auto que resuelve la contradicción es apelable con efecto suspensivo”.
[42] HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto: Comentarios al Código procesal civil. Análisis artículo por artículo, Lima, Gaceta Jurídica, Mayo 2003, Tomo II, p. 1398.
[43] HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto: Op.cit., p. 1399.
[44] Casación No. 2542-99/Lima, Diario Oficial El Peruano, 18-12-1999, p.4357.
[45] Casación No. 3115-99/Lima, Diario Oficial El Peruano, 19-02-2000, p.4646.
[46] Casación No. 3115-99/Lima, Diario Oficial el Peruano, 19-02-2000, p. 4646.
[47] Exp. N° 1339-94, 4ta. Sala, Ejecutoria de 12 dic. 1994. Vid. LEDEZMA NARVAEZ, Marianella:
Ejecutorias, Lima, Cultural Cusco, 1995, T.I, pp. 156-157.
[48] Claramente en un ensayo publicado se dice acerca del precedente “La doctrina el precedente en el “common law” tiene dos dimensiones, que llamaremos “stare decisis” horizontal y “stare decisis” vertical, la primera se refiere a la obligación de los tribunales de seguir sus propios precedentes, la segunda alude a la obligación de los tribunales de seguir los precedentes de sus superiores jerárquicos”. LEGARRE, Santiago y RIVERA, Julio César (h): “Naturaleza y dimensiones del `stare decisis´”, en: La Ley, Buenos Aires, 31 de octubre de 2005, año LXIX, No.211, p.1.
[49] “SEGUNDO.- Es posible que dentro de este proceso especial se solicite el auxilio judicial y bajo el principio de trascendencia dado el carecer especial del proceso no se formará cuaderno aparte, y en caso de concederse el auxilio, es el Estado el que deberá correr con los gastos de realización de la prueba de ADN”. Acuerdo por unanimidad del Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, 21 de junio de 2005 (las cursivas son nuestras).
[50] OLMOS HUALLPA, René: “Derecho a la identidad de los hijos extramatrimoniales. ¿Realidad o ilusión?, en: Jurídica, Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, Año 2, martes 20 de setiembre de 2005, No.64, p.7.
[51] MARTEL CHANG, Rolando: op. cit., p. 70.
HINOSTROZA MINGUES, Alberto: La Prueba en el proceso civil. Doctrina y Jurisprudencia, tercera edición, Lima, Gaceta Jurídica, 2002, pp. 264.
[53] CÉSPEDES SUZUKI, Erika: “Deficiencias de la Ley N° 28457”, en: Jurídica, Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, Año 2, martes 2 de agosto de 2005, No. 57, p.7. [54] El apercibimiento es un requerimiento hecho por el juez para que uno ejecute lo que manda o tiene mandado, o para que proceda como debe, conminándole con multa, pena o castigo si no lo hiciere (CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L, 1974, tomo I, p. 762). En la Enciclopedia Jurídica Ameba se señala que el apercibimiento constituye una prevención especial porque se concreta en una advertencia conminatoria, respecto de una sanción también especial. En ese sentido, el apercibimiento dado por una autoridad con facultades para ello, tiene por finalidad exigir el cumplimiento de una conducta determinada y aplicar una pena en caso de desobediencia. Enciclopedia Jurídica Omeba, Argentina. Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L., tomo I, p.1033. [55] ARIANO DEHO, Eugenia: Op. cit., p.67. Agrega que “Hemos, pues, entrado en una nueva era. Una era en la que bajo la máscara de la infalibilidad de la “prueba del ADN” se ha regresado a una suerte de prueba ordálica, en donde el juicio de Dios es reemplazado por el juicio de más terrenal (y “científico”) laboratorista”, Op.cit., p.68.
[56] MARTEL CHANG, Rolando: Op. cit., p.69.
[57] Término utilizado por Herrera Navarro refiriéndose al mandato ejecutivo. Vid. HERRERA NAVARRO, Santiago: Proceso de ejecución, Trujillo, Normas Legales, 2002, p.29
[58] MARTEL CHANG, Rolando: Op. cit., p. 70.
PAZ ESPINOZA, Félix: Derecho de familia y sus instituciones, 2ª edición, La Paz, G.G. Gráfica, 2002, p.340.
[60] “TERCERO.- En el proceso de reconocimiento de filiación de paternidad extramatrimonial se cumple con el Principio de Pluralidad de Instancias con el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia respecto a la resolución pronunciada por el Juzgado de Paz Letrado”. Acuerdo por unanimidad del Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, 21 de junio de 2005.
[61] ARIANO DEHO, Eugenia, Op. cit., p.68.