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Timestamp: 2017-09-24 12:22:59
Document Index: 119362207

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 55', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 229']

STSJ de Madrid 90/2016, de 17 febrero. Despido. Contratación temporal. RTVE. Proceso Social. Comunicaciones. Sociedades públicas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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STSJ de Madrid 90/2016, de 17 febrero. Despido. Contratación temporal. RTVE. Proceso Social. Comunicaciones. Sociedades públicas
NIG : 28.079.00.4-2014/0046293
Procedimiento Recurso de Suplicación 729/2015
ORIGEN: Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid Despidos / Ceses en general 1077/2014
Sentencia número: 90/16-FG
En Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 3 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,
En el Recurso de Suplicación 729/2015, formalizado por el Abogado del Estado, en nombre y representación de CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA, contra la sentencia de fecha 19/05/2015 dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 1077/2014, seguidos a instancia de Dña. Fermina frente a CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA, en reclamación por Despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. JOSÉ IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
PRIMERO. Dª Fermina ha prestado servicios para CORPORACION DE RADIO TELEVISION ESPAÑOLA, con categoría de Profesor de Coro especialidad alto.
La actora ha prestado servicios suscribiendo los contratos de trabajo que se mencionan en el escrito de ampliación y subsanación de demanda presentado el 20 de febrero 2015 obrante en folios 21 a 27 y se da por reproducido.
Los distintos contratos han tenido la duración que se expresa en cada contrato y se han suscrito como contrato de carácter artístico, al amparo del RD 1435/1985 ( RCL 1985, 2023 ) . Se pactaban como objeto del contrato los conciertos en los que participa.
La actora ha percibido, por el periodo 1 de septiembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013, 6.061,53 euros y, por el periodo uno de enero a 31 de agosto de 2014, 8.779,84.euros.
El salario mensual con parte proporcional de pagas es de 2.670,33 euros.
La fecha del despido es 11 de septiembre de 2014, al no ser llamada para celebrar nuevo contrato.
SEGUNDO. Varias personas, entre ellas la actora, presentaron en enero de 2008 una demanda frente a CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLSA, S.A. y, por Sentencia del Juzgado de lo Social número 30, se desestimó la demanda de petición de declaración de los contratos de duración indefinida.
Se ha interpuesto recurso por los trabajadores y se desestima por STSJ de Madrid de fecha 25 de noviembre de 2008 .
TERCERO. La demandante presentó papeleta de conciliación ante el SMAC el 09/06/2014, contra la CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, en reclamación de Derechos y Cantidad, y presentó demanda ante los Juzgados de los Social el día 3 de julio de 2014 solicitando se declare indefinida la relación laboral y se abonen las diferencias retributivas que señala en la demanda .
Presentaron también similar demanda tres empleados del Coro y ninguna de las cuatro personas que reclamaron fueron llamadas en septiembre de 2014 y sí fueron contratados el resto del personal que no formuló reclamación.
CUARTO. En la CORPORACIÓN DE RTVE existe un Banco de Datos de Selección y Contratación de Cantores de Coro para cubrir necesidades de refuerzo, en el que figuran tres personas para la especialidad de Contralto, no estando incluida en el mismo la demandante.
En el Banco de Datos, el listado de las personas que habían pasado las pruebas específicas está obsoleto, se convocó como última vez en año 2009.
Constan registrados en el Banco de Datos de Selección y Contratación como Cantor de coro en la especialidad de contralto Dª Matilde , Dª Penélope y Dª Salome . Dª Vicenta , Dª María Teresa (están en excedencia voluntaria desde 1 abril de 2008) y Dª Angelica (falleció en 2011) forman parte como personal fijo de CRTVE como cantor de Coro.
En junio de 2014, se publicó y convocó una audición porque se quería ver nuevos valores y renovar el coro y elegir a personal flexible en función de cada obra.
QUINTO. La actora realizó una audición cuando se la contrató la primera vez; para los contratos posteriores no se vuelve a realizar audiciones a nadie.
SEXTO. La contratación de personal de refuerzo para cumplir la programación es una práctica habitual.
La actora ha participado, desde septiembre del 2008, en casi todas las actuaciones del coro, a través de los contratos celebrados que sólo han sufrido interrupciones en el mes de agosto y en diciembre de 2010.
Si no era llamada para un concierto, lo era porque la obra era de coro reducido o por el tipo de voz.
De las 53 personas en plantilla, 47 personas tienen contrato de trabajo ordinario y no de artistas, incluido el directo, ayudante de dirección archivero y excedente.
SEPTIMO. La actora realizaba el mismo horario que los demás componentes del coro. La temporada oficial del Coro es de septiembre a mayo, realizando en junio y julio grabaciones, festivales. Con un año de antelación, se realizan los programas y en septiembre se tiene que conocer el personal con que cuenta el coro.
OCTAVO. A la actora y las personas que reclamaron la consideración de trabajadoras indefinidos, no se las contrató para la temporada que comenzaba en septiembre de 2014. Se opuso a que fueran llamadas estas personas para la nueva temporada la anterior Gerente (Dª Consuelo , quien cesó en noviembre de 2014), porque habían demandado.
Las vacantes de las cuatro personas que no se contrató en septiembre, por haber demandado, fueron cubiertas con personas que participaron en la audición del mes de junio.
En marzo de 2015, Dª Catalina dijo que se podía contratar a la actora.
NOVENO. Causaron baja por estar incluido en un ERE:
- Dª Micaela - Baja ERE: 31/7/2007
- Dª Salvadora - Baja ERE: 31/7/2007
- Dª María del Pilar - Baja ERE: 31/5/2007.
Estas plazas no han sido convocadas.
Los contratos celebrados como Profesor de coro especialidad Alto, desde el 1.9.2014, son los que se reflejan en doc. 96 de la prueba de la empresa y se da por reproducido.
DECIMO. La actora no ha presentado solicitud de inscripción para las categorías publicadas en la Convocatoria de Empleo celebrada por CRTVE 1/2007, convocatoria 2009 y anuncios convocatoria 201o y 2011.
DECIMO-PRIMERO. La actora estaba convocada para un concierto a celebrar el 7 de marzo y no acudió.
Dª Catalina pidió explicaciones al Sr. Fausto sobre las causa de la ausencia de la actora al concierto de 7 de marzo 2015, contestando éste el 18 de marzo. Se da por reproducido doc. 99.
La demandada envió por burofax una comunicación a la actora porque no se presentó a la actuación del concierto del 7 de marzo de 2015 y le proponen nuevas colaboraciones. Se da por reproducido el doc. 88 de la prueba de la empresa. La actora contesta con el escrito obrante como folio 89 y se da por reproducido, y la demandada vuelve a contestar con el escrito obrante en folio 90 y se da por reproducido.
El uno de abril de 2015, la actora manifiesta que, de acuerdo con el burofax de 25 de marzo de 2015, confirma que no tiene inconveniente en la prestación de servicios que se propone.
DECIMO-SEGUNDO. El 30/09/2014, se firmó un CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Corporación RTVE, S.A.U. y el INAEM, en que ambas partes se comprometieron, esencialmente: a organizar dos actuaciones anuales en las que cada parte solicitaría la colaboración de la otra; a colaborar, a través del CORO DE RTVE, con los coros dependientes del INAEM (CORO NACIONAL DE ESPAÑA y CORO DEL TEATRO DE LA ZARZUELA), y viceversa, en dos actuaciones anuales organizadas por cada una de las partes; y a proceder a RTVE a la grabación audiovisual y en su caso radiofónica de las cuatro actuaciones en las que colaborara el CORO DE RTVE y los coros adscritos al INAEM, favoreciendo el INAEM que RTVE llevara a cabo la tarea de retransmisión.
DECIMO-TERCERO. Se han practicado diligencias finales con intervención de parte.
DECIMO-CUARTO. La papeleta de conciliación se presentó ante el SMAC el 16 de septiembre de 2014, habiéndose tenido por intentado dicho acto sin avenencia el 30 de septiembre de 2014.
Estimando la demanda formulada por Dª Fermina frente a CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA, S.A., declaro nulo el despido de la actora y condeno a la empresa a la inmediata readmisión de la actora con abono de los salarios dejados de percibir de percibir desde la fecha del despido (día siguiente a su fecha de efectos) a la de la readmisión, a razón del salario declarado probado, con descuento de los períodos en que haya podido permanecer en situación de incapacidad temporal y/o de los salarios que haya podido percibir en posteriores empleos y/o prestaciones de desempleo que hayan podido percibir para su reintegro al Servicio Público de Empleo hasta el límite del salario diario declarado probado.
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por el Letrado D. José Luis González Martínez, en nombre y representación de la demandante.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 24/09/2015, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 09/02/2016 para los actos de votación y fallo.
.- Frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda formulada por la demandante que declaró que había sido objeto de un despido nulo se interpone el presente recurso de suplicación por la CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA que tiene por objeto: a) la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, y; b) el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas por la referida resolución.
. - Mediante los tres primeros motivos del recurso formulados al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa la recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, concretamente los ordinales, primero y tercero.
4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicos, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.
Sentado lo anterior se examinarán cada uno de los hechos que se pretende modificar.
Por lo que se refiere al ordinal primero, concretamente, el último párrafo, interesa el recurrente que se suprima la palabra "despido", por entender que el discutirse que el cese de la demandante no constituye un despido, la calificación como tal del cese contiene una valoración jurídica y ello efectivamente es así, por lo que procede la sustitución de esa palabra por la de "cese".
En cuanto al párrafo segundo del mismo ordinal cuarto, pretende el recurrente que se ajuste al siguiente tenor literal: "la actora ha celebrado un total de 79 contratos artísticos con CRTVE:", lo que basa en los documentos 1 a 79 aportados por la empresa.
Se accede a esta pretensión, pues se desprende de los reseñados documentos.
Finalmente, pretende que se le incorpore un párrafo del siguiente tenor literal: "Tras la presentación de la papeleta de conciliación de derechos y cantidad, la actora suscribió dos nuevos contratos artísticos en fechas del 16/06/2014 al 13/07/2014 y del 255/08/2014 al 31/08/2014 para la clausura veranos de la villa 2014 para prestar servicios como Profesor de Coro de aumento." , lo que basa en los documentos 78 y 79 aportados por la demandada.
Se accede a esta pretensión, pues también se desprende de los reseñados documentos.
- El motivo cuarto del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la infracción del artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores .
Sostiene, en síntesis, que no existe fraude en la contratación temporal, al tener los contratos suscritos cobertura en el Real Decreto 1435/1985 ( RCL 1985, 2023 ) , conociendo la actora cuando finalizaba su contrato, lo que aconteció en la fecha indicada como de hecho había ocurrido en otras ocasiones, lo que se desprendería de los numerosos contratos artísticos celebrados, pretendiéndose con la reclamación de fijeza que previamente había instado preconstituir los indicios de nulidad del despido, negando así lesión a la garantía de indemnidad , y añade que con posterioridad al cese se hicieron ofertas a la actora para volver a prestar servicios para la demandada, lo que a su entender acreditaría la inexistencia de una voluntad represora por parte de la empresa.
Lo primero que debemos resaltar es que el ordinal octavo del relato fáctico recoge que no fue solo la actora la que no fue contratada para la temporada de 2014 que se iniciaba en el mes de septiembre, sino que eso también ocurrió con las personas que reclamaron la consideración de trabajadoras indefinidos, habiendo dictado dos sentencias esta Sala referidas a otros dos de estos trabajadores afectados por esta falta de contratación, el 30 de octubre de 2015 (ROJ: STSJ M 12875/2015 ) y el 20 de enero de 2016 , que han declarado los despidos a los que se referían las sentencias como nulos, reseñando la primera de las sentencias citadas: " SEGUNDO .- El siguiente motivo, ordenado como segundo, denuncia en sede del Derecho aplicado infracción del art. 55.5 ET ( RCL 1995, 997 ) y doctrina judicial asociada, sosteniendo, en síntesis, no existe fraude en la contratación temporal, al tener los contratos suscritos cobertura en el Real Decreto 1435/1985, pretendiéndose con la reclamación de fijeza preconstituir los indicios de nulidad del despido, negando así lesión a la garantía de indemnidad , y subsidiariamente entiende la relación que une a las partes es indefinida no fija y discontinua.
La sentencia de instancia funda la nulidad del despido, por una parte, en el carácter fraudulento de la contratación, ya que aunque existe una multiplicidad de contratos temporales (más de 50) suscritos al amparo del Real Decreto 1435/1985, la actora se encuentra incardinada en el Coro de forma permanente, erigiéndose el Coro en una parte estructural de RTVE, sin el cual no se podrían desarrollar las representaciones esenciales que caracterizan a una unidad de producción especializada en representaciones líricas, estando la actora sometida al mismo régimen, funciones, jornadas y horarios que los componentes fijos del Coro , aportándose por ella un indicio sólido de ser represaliada con su no contratación en la temporada 2014-2015 que deriva de haber demandado con carácter previo la indefinición del contrato.
El art. 5.1 del citado Real Decreto 1435/1985 establece que el contrato podrá celebrarse por una duración indefinida o determinada, y que el contrato de duración determinada podrá ser para una o varias actuaciones, por un tiempo cierto, por una temporada o por el tiempo que una obra permanezca en cartel, pudiendo acordarse prórrogas sucesivas de los contratos de duración determinada, salvo que se incurriese en fraude de ley. Y el artículo 5.2 del Real Decreto 1435/1985 dispone que los contratos de los trabajadores fijos de carácter discontinuo y las modalidades del contrato de trabajo se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
En lo no regulado por el presente Real Decreto, señala el artículo 12.1 del citado Real Decreto 1435/1985 , será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos.
La actividad desempeñada por la actora para la demandada, en su calidad de profesor del Coro , es, como correctamente interpreta la sentencia recurrida, permanente y estructural de la CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A, realizada prácticamente sin interrupción desde 2011, en un periodo de tiempo que juzgamos muy dilatado, debiéndose entender la contratación del trabajo artístico bajo las modalidades temporales previstas en el art. 5 RDA es posible si, efectivamente, se respeta el principio objetivo de causalidad respecto de cada obra. Es decir, hasta la efectiva realización total de la obra o el espectáculo, de manera que no cabe si, como en el caso presente acontece, la actividad desarrollada se representa antes, durante y después de la extinción del contrato de la trabajadora, de manera estructural y permanente. La solución dada por la sentencia recurrida es la que juzgamos más acorde al espíritu y la letra de la Directiva 1999/70/CE ( LCEur 1999, 1692 ) del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (Diario Oficial n° L 175 de 10/07/1999) que tiene primacía sobre nuestro Derecho Interno y que no está reñida en su aplicación (ver cláusula 2) con el Real Decreto 1435/1985, regulador de la relación laboral especial de artistas, a cuyo amparo se formalizaron los contratos de la actora, garantizando con ello la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada y evitando los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración temporal. Norma comunitaria en cuya cláusula 4 se dispone no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables, por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Tampoco el art. 15.5 del ET ha introducido modalización alguna de su contenido en relación con las singularidades que sin duda concurren en la relación laboral especial de artistas, pues solamente se excluyen, de conformidad con la Directiva, los contratos formativos, de relevo o de interinidad. Por todo ello hay que entender que esta regulación, que constituye la forma de trasposición al ordenamiento interno de la repetida Directiva, y que viene a establecer un criterio objetivo de limitación de contratos temporales a un tope máximo sin necesidad de que haya que apreciar circunstancias indiciarias de abuso ni menos de fraude de ley, debe aplicarse a los contratos temporales de los artistas, ya que de otra manera se llegaría al resultado inadmisible de que el Estado español no habría dado cumplimiento a la Directiva en cuanto a estos trabajadores temporales. (Véanse a este respecto las sentencias de esta Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 18-10-13, rec. 1457/13 y 28-10-13, rec. 1494/13 ).
TERCERO. - Respecto a la negación que hace la Abogacía del Estado de la violación de garantía de indemnidad por considerar ha sido constituida la prueba por la actora, la Sala una vez más no comparte esta tesis.
La garantía de indemnidad , como recuerda nuestra sentencia de 5-12-2014 ( AS 2015, 555 ) , rec. 691/2014 , es un derecho con un doble carácter reparador y preventivo. De un lado, busca restituir en la integridad de su derecho al trabajador represaliado por el legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que entronca con la doctrina general sobre la nulidad de las medidas empresariales discriminatorias o lesivas de derechos fundamentales iniciada con la STC 38/1981 . Pero, por otro lado, la garantía de indemnidad tiene también una clara faceta preventiva, frente al eventual uso de los poderes empresariales como instrumento de coacción para disuadir a los trabajadores del acceso a los jueces y tribunales; se muestra como un instrumento muy eficaz para ahuyentar en el ámbito de las relaciones laborales las reticencias de los trabajadores a hacer valer los derechos que les asisten en sede judicial por temor a las represalias.
En relación con las reclamaciones extrajudiciales, no ya las planteadas ante autoridades administrativas sino ante la propia empresa, a las que, en principio, no alcanzaría la tutela propia de la garantía de indemnidad el TC ha abierto una interesante línea de interpretación ampliatoria o extensiva del ámbito amparado por aquélla, en su Sentencia 55/2004, de 19 abril . En la misma, el TC ha considerado que también deben quedar amparados por la garantía aquellos actos previos al propio proceso judicial que, sin venir impuestos por el ordenamiento laboral y no siendo necesarios para abrir el proceso, son realizados por el trabajador para tratar de evitar la judicialización del conflicto y encontrar una solución amistosa.
Es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a la garantía de indemnidad , bastando con invocar al respecto, por todas, la Sentencia 54/1995 de 24 de febrero (y las que en ella se citan), en cuyo fundamento 3º se razona que: « como recuerda la STC 14/93 , la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no solo se produce por irregularidades producidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que puede verse lesionado tal derecho también cuando de su ejercicio resulte una conducta ilegítima de reacción o de respuesta a la acción judicial por parte del empresario. Por ello, una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos, de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y nula por contraria a este mismo derecho fundamental ( STC 7/93 de 18 enero ,) ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 4.2 apartado g ET ), mientras que el Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo en su art. 5 c) dispone que no podrá darse por terminada la relación de trabajo por haber presentado una queja o un procedimiento contra el empleador por vulneraciones legales, aun las supuestas o que no puedan ser comprobadas finalmente». Y en el propio fundamento se señala que « como afirma la STC 14/93 , el derecho de tutela judicial no se satisface solamente mediante la actuación de jueces y tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad , en virtud de la cual del ejercicio de la acción judicial no pueden derivarse para el trabajador consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas. Así, en el ámbito de la relación de trabajo, la citada garantía se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por parte del trabajador de su derecho a pedir la tutela de los jueces y tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos ».
En palabras de la Sentencia del TS 28-2-2008, Recurso 1232/2007 :" Son muchas y muy conocidas las sentencias del Tribunal Constitucional y de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo que recogen la consolidada doctrina sobre la garantía de indemnidad que integra el art. 24 de la Constitución , y que se traduce en que nadie, en este caso los trabajadores, puede en ningún momento resultar perjudicado por el hecho de haber reclamado en juicio lo que considera su derecho -por todas SSTC 90/1997 o 29/2002 - pues como resumió la STC 55/2004, de 19 de abril ( RTC 2004, 55 ) , con cita textual de otras anteriores, en concreto la STC 7/1993, de 18 de enero ( RTC 1993, 7 ) , "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no solo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos previos o preparatorios al proceso, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario", pues "el derecho a la tutela judicial efectiva no solo se satisface... mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza ".
Para apreciar la concurrencia del indicio, como ha señalado nuestra jurisprudencia, tendrán aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquellos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar, por tanto, más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. Esto es, son admisibles diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la parte actora, pero deberá superarse inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá pretender el desplazamiento del onus probandi al demandado (por todas, SSTC 111/2003, de 16 de junio ( RTC 2003, 111 ) , FJ 4 ; 79/2004, de 5 de mayo ( RTC 2004, 79 ) , FJ 3 , 216/2005 , FJ 6).
La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental ( STC 38/1981, de 23 de noviembre ( RTC 1981, 38 ) FF.JJ. 2 y 3), finalidad en torno a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental ( STC 38/1986, de 21 de marzo ( RTC 1986, 38 ) , FJ 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 114/1989, de 22 de junio ( RTC 1989, 114 ) , FJ 5 , y 85/1995, de 6 de junio ( RTC 1995, 85 ) , FJ 4). Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.
Existe en el caso enjuiciado un indicio contundente y serio de vulneración de la garantía de indemnidad , cual es la proximidad temporal entre la presentación de la papeleta de conciliación en reconocimiento de una relación de carácter indefinido (11-4-14) y posterior demanda ante el Juzgado de lo Social nº 37 y la reclamación por despido (30-9-14) que ha dado lugar a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 35 de los de Madrid de 20-4-15 , cuyo recurso de suplicación se somete ahora a nuestra consideración. No es casual los trabajadores que no demandaron en solicitud de indefinición de sus contratos fueran todos ellos contratados para la temporada 2014-2015, y sin embargo la actora, que sí reclamó, al igual que aconteció con las que plantearon su queja, no fue contratada para la temporada 2014-2015.
Nuestro Tribunal Constitucional ha ido todavía más lejos. Si reparamos en su Sentencia 6/2011, de 14 de febrero , apreciaremos el giro copernicano dado por el Tribunal cuando señala que la vulneración del art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836 ) se puede producir en un doble plano: las lesiones intencionales y las lesiones objetivas contrarias a la garantía de indemnidad . Ello conduce a afirmar que el análisis que a tal efecto corresponde realizar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el primer plano (voluntad de represalia) pues, de quedar descartada la lesión desde este prisma, será preciso adicionalmente ponderar y valorar el derecho fundamental en juego examinando si se ha causado un daño al patrimonio jurídico del trabajador, aunque no se aprecie ánimo lesivo. Para el máximo intérprete de nuestra Constitución es preciso un análisis que descarte también la vulneración en el segundo de los planos esbozado. A su juicio, al margen ahora del fundamento de dichos argumentos y de que permitieran, en su caso, excluir la intencionalidad lesiva, la cuestión planteada no puede resolverse únicamente con tal aproximación. Es necesario añadir un análisis sobre la conexión causal entre el ejercicio del derecho y el perjuicio denunciado, pues puede concurrir una lesión objetiva, no intencional del derecho fundamental. Basta al Tribunal con analizar el relato fáctico de la Sentencia para acreditar la conexión causal entre el ejercicio del derecho y la exclusión de la bolsa de contratación. Vemos pues como en esta evolución el TCO en una imparable tenencia expansiva entiende ha considerado la garantía más allá de la represalia, superando el perfil « represivo» o de « respuesta », elemento que se había considerado hasta ahora como definidor de la propia figura.", por lo que siguiendo el referido criterio debemos confirmar la sentencia dictada en la instancia, máxime cuando en el relato fáctico -ordinal octavo- figura que después de que formularan la reclamación previa la entonces gerente de la empresa se opuso a que fueran llamadas estas personas para la nueva temporada por ese motivo, lo que por sí solo acreditaría la represalia, aunque posteriormente y una vez que hubo un cambio de gerente la actora fuera nuevamente llamada a prestar servicios como invoca la recurrente, observándose además que existen otros elementos que permitirían concluir el acierto de la sentencia de la referida resolución como es que en el ordinal cuarto figura que en la demandada existe un Banco de Datos de Selección y Contratación de Cantores de Coro para cubrir necesidades de refuerzo, en el que figuran tres personas para la especialidad de Contralto, no estando incluida en el mismo la demandante, figurando, sin embargo, en la especialidad de contralto la de la actora- "Dª Matilde , Dª Penélope y Dª Salome . Dª Vicenta , Dª María Teresa (están en excedencia voluntaria desde 1 abril de 2008) y Dª Angelica (falleció en 2011) , por todo lo cual desestimamos la pretensión principal.
Respecto a la petición subsidiaria, consistente en que de aceptarse que se ha vulnerado el principio de garantía de indemnidad se rechace la afirmación que realiza la sentencia de instancia conforme la relación que vinculaba a las partes era indefinida y se califique como de indefinida no fija y discontinua, debemos reseñar que la demandada tal y como refleja el ordinal octavo no fue contratada para la temporada que comenzaba en septiembre de 2014 y que según el ordinal séptimo "La temporada oficial del Coro es de septiembre a mayo, realizando en junio y julio grabaciones, festivales...", debemos concluir que efectivamente la relación laboral de la actora no sería propiamente indefinida, sino indefinida discontinua o indefinida no fija discontinua al tratarse de un contrato celebrado con la Administración, pues no fue llamada a la temporada que se iniciaba en septiembre de 2014, sin que se puedan tener en cuenta en el presente caso otras actuaciones que se realizan en distintas fechas, pues cada anualidad variarán dependiendo de los contratos de grabación o de los festivales en que participe el Coro y los contratos a suscribir con la actora se deberían realizar al amparo del Real Decreto 1435/1985 y en el momento de no ser llamada en la temporada 2014 todavía no se habrían producido estos eventos, por lo que estimamos el recurso en los referidos términos y en su consecuencia, manteniendo la nulidad del despido que fue objeto al no ser contratada para la temporada 2014, condenamos a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a readmitir a la trabajadora en la temporada correspondiente y a abonarle los salarios dejados de percibir durante los periodos que se correspondan a las temporadas en los que no ha sido contratada con las condiciones económicas que fija la sentencia de instancia que no han sido impugnadas.
Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA, frente a la sentencia de 19 de mayo de 2015 del Juzgado de lo Social nº 18 de los de Madrid , dictada en los autos 1077/2014, seguidos a instancia Fermina contra la empresa recurrente y en su consecuencia mantenemos la nulidad del despido que fue objeto la trabajadora al no ser contratada para la temporada 2014 y condenamos a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a readmitir a la trabajadora en la temporada correspondiente y a abonarle los salarios dejados de percibir durante los periodos que se correspondan a las temporadas en los que no ha sido contratada con las condiciones económicas que fija la sentencia de instancia que no han sido impugnadas. Sin hacer expresa declaración de condena en costas. Procédase a la devolución del depósito constituido para recurrir, lo que se hará efectivo una vez haya adquirido firmeza la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2828-0000-00-0729-15 que esta Sección tiene abierta en BANCO SANTANDER sita en Paseo del General Martínez Campos 35, 28010 Madrid, o bien por transferencia desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:
4. En el campo OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento. MUY IMPORTANTE: Estos 16 dígitos correspondientes al procedimiento tienen que consignarse en un solo bloque. Es importante que este bloque de 16 dígitos este separado de lo que se ponga en el resto del campo por espacios. Si no se consignan estos dieciséis dígitos o se escriben erróneamente, la transferencia será repelida por imposibilidad de identificación del expediente judicial y será devuelta a origen . Pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art. 230.1 L.R.J.S ).
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día
por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.