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Timestamp: 2017-05-30 05:19:00
Document Index: 317413986

Matched Legal Cases: ['artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'ARTÍCULO 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 367', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 475']

CON EL DIVORCIO CESA LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA ENTRE MARIDO Y MUJER. La regulación de la pensión de alimentos por Indigencia - Documents
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CON EL DIVORCIO CESA LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA ENTRE MARIDO Y MUJER. La regulación de la pensión de alimentos por Indigencia
by joseph-cieza
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CIEZA MOSTACERO Christopher Joseph1 Asociación Civil AGERE PER IUSTITIA
Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas; VIII ciclo; Universidad Nacional de Trujillo. Asociado Fundador y actual Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil AGERE PER IUSTITIA. 1
CON EL DIVORCIO ¿CESA LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA ENTRE MARIDO Y MUJER?.
“La regulación de la pensión de alimentos por Indigencia” Dandy del Derecho I. INTRODUCCIÓN: Siempre se ha aceptado, más aún en la cátedra del Derecho de Familia de la mayoría de universidades del Perú, que uno de los efectos del divorcio es el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, por ello que la legislación regula, en su artículo 350 del Código Civil, tan importante efecto. Como anota el maestro Cornejo, “si antes de casarse, un varón y una mujer, legalmente extraños entre sí, no estaban vinculados, ni podían estarlo, por una relación alimentaria, de modo que precisamente el hecho de su matrimonio lo que dio origen a tal relación, parece caer de su peso que, terminado el matrimonio por obra del divorcio, acabe también, junto con los demás efectos, el alimentario”.2 Además, el deber alimentario de los cónyuges deriva de otro que es esencial al matrimonio: el de asistencia, de ahí su reciprocidad.3 Sin embargo, la disolución del vínculo matrimonial no regresa las cosas al estado anterior, es decir, tal como estaban antes de la unión matrimonial, sino que debido a su existencia todo varía en la vida de las personas pudiendo traducirse, quizás, en un estado de necesidad; ello sería la razón por la que el legislador consideró necesaria la subsistencia, después de producido el divorcio, de una relación alimentaria eventual.4
CORNEJO CHÁVEZ, Héctor; “Derecho Familiar Peruano”; Lima; Gaceta Jurídica; 1999; Décima edición; p. 341. 3 Borda, Guillermo A.; “Tratado de Derecho Civil – Familia”; Tomo II; Buenos Aires; Abeledo-Perrot; 1993; p. 342 4 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor; “Derecho Familiar Peruano”; Ob. Cit.; p. 341. 2
Es por ello que se recogió la pensión por indigencia en nuestro ordenamiento legal, en un principio en el derogado Código Civil de 1936 más benigno con la mujer que con el varón, y luego, a razón del principio constitucional de la igualdad, en el vigente código civil de 1984 se reguló la referida pensión de modo igualitario para ambos. En consecuencia, de modo general, se tiene que la pensión de alimentos al ex-cónyuge en estado de indigencia, en el vigente contexto legal (art. 350 del Código Civil), la fija el juez cuando el cónyuge inocente careciera de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio; sin embargo, también se establece el deber de socorrer al indigente aún cuando éste hubiera dado motivos para el divorcio. Sentido igualitario de la norma que nadie discute y que sin embargo es aceptado ampliamente en los tribunales peruanos. II. APROXIMACIONES AL PROBLEMA: El punto que pretendo discutir: ¿cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer con la declaración del divorcio? y, adicionalmente determinar si dentro de nuestro sistema constituye una excepción el proporcionar al cónyuge inocente una pensión de alimentos después de disuelto el vínculo matrimonial. Difícil aproximarse a un tema que muy superficialmente ha sido tratado por la doctrina nacional, pese a las evidentes contradicciones con el sistema en su conjunto, pues, si se fija como regla el cese de la obligación y como, aparente excepción, la continuación en los casos ya glosados, entonces cómo queda el orden preferente de obligados que establece el código civil.
Y quizás, porqué se reguló la pensión de indigencia, si con ella sólo se contribuyó a una confusión total en nuestro sistema dada la existencia de un precepto que otorga pensión de alimentos después del divorcio y aparte la regulación del estado de indigencia de cualquiera de los cónyuges, poniéndose en duda si la regla es el cese de la obligación luego del divorcio y además, no dilucidando en que situaciones procede la pensión de indigencia, y si es sólo a favor del cónyuge culpable. Es evidente que el legislador no pretendió generar esta confusión sino proteger a quien en teoría es el más perjudicado luego de un divorcio, por ello es que se legislaron supuestos en los que procedía mantener una pensión de alimentos aún después de la disolución del vínculo matrimonial. Pero el grave error es introducir líneas más abajo, en el mismo artículo, la situación de indigencia de cualquiera de los ex–cónyuges, la misma que se dio atendiendo al principio de igualdad de modo tal que cualquiera de los cónyuges que atravesara dicho estado debe ser socorrido por su ex–cónyuge, aún cuando haya dado motivos para el divorcio. Sin embargo, ¿Dónde está la contradicción? En el hecho que la referida norma preceptúa el cese de la obligación y a su vez obliga al cónyuge culpable a pasar una pensión de alimentos bastando únicamente demostrar tres supuestos: carecer de bienes propios o gananciales suficientes, imposibilidad de trabajar o imposibilidad de subvenir las necesidades por otros medio. Nótese que cualquiera de los supuestos de modo independiente puede sustentar la decisión judicial de asignar los alimentos a favor del cónyuge culpable, y así lo entienden los magistrados del Poder Judicial (en su mayoría vocales supremos). Asimismo, nótese también que dichos supuestos constituyen verdaderos supuestos de estado de necesidad, el
cual sustenta, principalmente, los requisitos para solicitar alimentos de quienes están obligados preferentemente por Ley, llámese en primer término el cónyuge, luego los descendientes, los ascendientes y finalmente los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad. Con ello, es fácil demostrar que el ex–cónyuge, primero no debería estar obligado a suministrar pensión alguna a quien ya no tiene vínculo matrimonial alguno con él. Por ello, es necesario precisar, además, qué circunstancias conllevan a un estado de indigencia y cuál es la principal diferencia con un estado de necesidad. Según lo descrito, se entiende que sólo si se interpreta las normas teleológicamente, es decir, de acuerdo a su finalidad, atendiendo a la ratio iuris de las mismas, se concluirá que el código nacional al referirse a las circunstancia que el cónyuge inocente careciera de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, trata de precisar que se debe entender por verdadera indigencia, tal es así que todas estas circunstancias no se pueden analizar por separado sino todas en conjunto, pudiendo presentarse una o varias, pero lo determinante es que ellas se dan en razón a que la persona no tiene posibilidad razonable de procurarse los alimentos. Argumentar lo contrario y buscar interpretar cada supuesto independiente de los demás supondría que si otorgar pensiones a ex–cónyuges que pueden proveerse su sustento por medio de su trabajo o por otros medios, tales como emplazando a quien preferentemente está obligado por Ley. Entonces es claro, que se delimita la posibilidad de fijar pensiones por indigencia a que los obligados por ley no estén en posibilidades de prestar
asistencia al indigente, razón por la cual se debe recurrir al ex– cónyuge. Pero hasta este momento, se ha analizado la pensión de indigencia para el cónyuge inocente, sin embargo, también se regula la pensión de indigencia para aquél que dio motivos para el divorcio. En este caso, la indigencia debe ser entendida en el mismo sentido, tanto tomando en cuenta las circunstancias que se describen para la cónyuge inocente como la imposibilidad de proporcionar los alimentos por los obligados preferentemente por ley. Sin embargo, el deber ser de la norma, no siempre obedece con lo que es, es decir con su vida y eficacia en la realidad social, por ello incidiré una vez más en la pensión de indigencia a la cónyuge inocente, toda vez que, de la redacción del artículo 350 del Código Civil pareciera que basta acreditar uno de los supuesto del referido artículo para que el juez asigne la referida pensión. Es decir, si se acredita, en modo general un estado de necesidad (en puridad los supuestos que recoge el referido artículo 350 constituyen un estado de necesidad de parte del cónyuge inocente) entonces el ex–cónyuge se verá obligado a pasar una pensión de alimentos con quien no posee vinculo alguno. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los fallos judiciales interpretan erróneamente el precepto contenido en el artículo 350 de modo tal que si la cónyuge inocente se ampara en cualquiera de los supuestos ya mencionados el juez normalmente le asigna la pensión sin repara en ningún momento porque otorga la misma, sin analizar en lo mínimo qué sentido tiene qué protección está brindando y por último sin atender siquiera a que de no brindar dicha pensión no se está desprotegiendo porque nuestro sistema en su articulado
correspondiente prevé los mecanismos necesarios para que el estado de necesidad, que en puridad demostraría la cónyuge, sea atendido y sólo en defecto de ello se pueda, configurada ya la indigencia, obligar al ex–cónyuge. En resumen, se debe observar cuidadosamente la cesación de la obligación alimenticia, procurando que la interpretación se incline a optar siempre por hacer prevalecer el estado de necesidad en función del orden de obligados preferente establecido por Ley y dejando el caso de pensión de indigencia para el caso que estos no pudieran prestar asistencia a quien la necesita. Con las razones descritas, se evitaría llegar a afirmaciones insostenibles y arcaicas como que por ejemplo, en el caso de la mujer, al divorciarse quedara imposibilitada de sobrevivir a menos que el ex marido la asista con una pensión, o en otro caso, afirmar que una persona es indigente sólo por el hecho de no poseer bienes propios o gananciales suficientes luego de su divorcio y que en razón a esto merezca una pensión de su ex cónyuge. Todo ello es insostenible y no basta para III. LA PENSIÓN POR INDIGENCIA: LA REGULACIÓN DEL
ARTÍCULO 350 DEL CÓDIGO CIVIL. La doctora Cabello Matamala anota que “el régimen alimentario entre los cónyuges durante la vigencia del matrimonio es una obligación legal, recíproca y eminentemente asistencialista, mientras que tal una vez disuelto legal el vínculo los matrimonial, dos casos desaparece obligación excepto
mencionados por el artículo 350 del Código Civil, concluyendo la obligación alimentaria con la declaración de divorcio, excepto que de modo expreso los cónyuges convengan que se asigne a uno de ellos una pensión alimenticia que rija también a
posteriori de la disolución matrimonial o por un acto de liberalidad de parte del cónyuge que cumple la prestación”5 El maestro argentino Zanonni en relación al estado de indigencia afirma que “se traduce en un estado de indigencia, o insolvencia que impide la satisfacción de los requerimientos alimentarios. Se trata de una cuestión de hecho sujeta a la apreciación judicial. Se ha resuelto, p.ej., que el goce de una jubilación o la existencia de bienes de capital que no producen rentas son situaciones incompatibles con el estado de necesidad a que se refiere el art. 370 (entiéndase del Código Civil argentino). En otras palabras, lo fundamental es que se carezca de medios económicos que permitan sufragar las necesidades”.6 En el mismo sentido, Fonzolato dice “el divorciado indigente sólo podrá exigir los alimentos necesarios a su ex consorte en grado disinencial, es decir, cuando no tuviera otros familiares obligados, o cuando éstos no se hallasen en condiciones de prestarlos, porque sólo en tales casos extremos "no tiene posibilidad razonable de procurárselos". La asistencia en semejantes situaciones se limita a lo estrictamente indispensable para la vida {alimenta naturalia)”7 Es así que tomando com0 fundamento una realidad tan similar a la nuestra, como es la argentina, se tiene fundamentos para guiar la interpretación judicial e impedir que nuestros magistrados sigan otorgando pensiones de alimentos en base al
CABELLO MATAMALA, Carmen Julia; “EFECTOS DEL DIVORCIO: Comentario al artículo 350 del Código Civil”; en: “Código Civil Comentado por los 100 mejores juristas”; Tomo II – Derecho de Familia (Primera Parte); Lima; GACETA JURÍDICA; 2003; p. 559. 6 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo; “Manual de Derecho de Familia”; Buenos Aires; ASTREA; 2004; Sexta edición actualizada; p. 50 7 FANZOLATO, Eduardo Ignacio; “Comentario al artículo 367 del Código Civil argentino”; en: FERRER, Francisco A. M.; MEDINA, Graciela y MENDEZ, María Josefa. CÓDIGO CIVIL – Doctrina, Jurisprudencia, Bibliografía: Derecho de Familia: Artículos 264 a 494. 1ra ed. Tomo II. Rubinzal-Culzoni Editores. Argentina. 2004.; p. 306. 8
artículo 350 pese a que se dispone como generalidad la cesación de la obligación alimenticia y en excepción la pensión de indigencia interpretada en base a los argumentos mencionados in extenso.
imposibilidad de proveerse por sí mismo los alimentos indispensables para la subsistencia, en tanto que el estado de indigencia se configura, en base a un estado de necesidad pero rodeado de circunstancias peculiares, en las cuales, el factor determinante es la imposibilidad de recurrir a terceros para conseguir asistencia.
2. La indigencia requiere primordialmente que quienes están
obligados preferentemente por Ley no puedan asistir a quien se encuentra en estado de necesidad.
3. Los supuestos del artículo 350 se interpretan en conjunto
enmarcando además de supuesto de estado de necesidad del ex–cónyuge, supuestos de indigencia.
sistemáticamente con el orden de obligados preferente que regula el artículo 475, debiendo indicarse en dicho orden como obligado final, y por excepción el ex–cónyuge, no pudiendo en ningún caso exigirse primero al ex–cónyuge sin antes recurrirse a los primero obligados, salvo que en el proceso que se emplaza al ex – cónyuge se demuestre que lo primero obligados no existen o no están en posibilidades de brindar la asistencia alimenticia a quien la necesita.
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