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Timestamp: 2017-06-28 15:56:07
Document Index: 162423178

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 16', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'artículo 91', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 42', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 43', 'artículo 104', 'Artículo 104', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'artículo 52', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 64', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 74', 'artículo 78', 'Artículo 77', 'Artículo 81', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 97', 'Artículo 98']

sentencia condena contra CESAR PEREZ GARCIA Ir al contenido principal
sentencia condena contra CESAR PEREZ GARCIA 1
Artículo 2. Interpretación de esta ley. Esta ley será interpretada conforme a su objeto y finalidad, que es la de garantizar en todo tiempo los derechos fundamentales de las personas que hacen parte de la población civil, el cumplimiento efectivo de los deberes constitucionales de la Fuerza Pública, y la seguridad jurídica de sus miembros.
Artículo 3. Derecho internacional humanitario como ley especial. Si el derecho internacional humanitario regula una situación de manera específica, este será aplicado preferentemente para interpretar las demás normas jurídicas relevantes.
a) Dignidad humana: en todas las actuaciones judiciales y administrativas reguladas por esta ley, en las operaciones, acciones y procedimientos de la Fuerza Pública se respetará la dignidad humana.
b) Trato humanitario: el principio de trato humanitario será respetado en todo momento. Se prohíben específicamente la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes. El principio de humanidad se armoniza con el de necesidad militar, de conformidad con el artículo 16 de esta ley.
c) Humanidad: no se generarán daños superfluos o males innecesarios a las personas que hayan dejado las hostilidades. d) Distinción: los miembros de la Fuerza Pública deberán distinguir entre personas civiles y blancos legítimos, y entre bienes civiles y objetivos militares, de conformidad con los artículos 20, 21 y 26 de esta ley. No podrán dirigir sus ataques contra personas que no sean blancos legítimos ni contra objetos que no sean objetivos militares.
e) Proporcionalidad: los miembros de la Fuerza Pública deberán abstenerse de causar daños a personas civiles y bienes civiles que sean manifiestamente excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa prevista, de conformidad con el artículo 22 de esta ley.
f) Precaución: los miembros de la Fuerza Pública deberán tomar las medidas factibles para, de ser posible, evitar, y en todo caso reducir, los daños a personas civiles y bienes civiles, de conformidad con los artículos 22, 23, 24 y 25 de esta ley.
g) Necesidad militar: Los ataques de la Fuerza Pública deberán prever una ventaja militar concreta y directa que justifique el uso de la fuerza. El principio de necesidad militar justifica las acciones de la Fuerza Pública, pero no podrá ser invocado para convalidar infracciones al derecho internacional humanitario, de conformidad con el artículo 16 de esta ley.
h) Seguridad jurídica. Los miembros de la Fuerza Pública deberán contar con instrucciones claras y precisas sobre el cumplimiento de sus deberes y las limitaciones al uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones constitucionales. No serán responsables por el supuesto incumplimiento de deberes que no han sido establecidos de manera expresa y específica en la Constitución o las leyes.
Capítulo I Finalidad y definiciones para la precisión e interpretación del derecho internacional humanitario
Artículo 8. Grupo armado. Para los efectos de esta ley, en especial para definir blanco legítimo, objetivo militar y las circunstancias de aplicación del derecho internacional humanitario, por “grupo armado” se entiende únicamente el grupo que cumpla los siguientes elementos concurrentes:
a) Que use la violencia contra la Fuerza Pública, la población civil o bienes civiles;
b) Que la intensidad de la violencia supere la que suponen los disturbios y tensiones interiores, y requiera la acción armada de la Fuerza Pública;
c) Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional.
Parágrafo. En su calidad de comandante supremo y en ejercicio de su función de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, el Presidente de la República podrá además ordenar a las fuerzas armadas el uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional humanitario, contra grupos determinados. En todo caso, la Policía Nacional tendrá la responsabilidad primordial en la lucha contra las distintas formas de criminalidad y delincuencia.
Artículo 9. Ataque. Para efectos de este título, por “ataque” se entiende el uso de la fuerza, defensivo u ofensivo, por parte de los miembros de la Fuerza Pública. No se refiere a “ataques contra la población civil” que puedan constituir un crimen de lesa humanidad.
Artículo 10. Blanco legítimo. Para efectos de este título, se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una función directamente relacionada con las actividades hostiles del mismo. También lo son los civiles que participan directamente en las hostilidades, de conformidad con el artículo siguiente.
El blanco legítimo no goza del estatuto de combatiente según el derecho internacional humanitario. En consecuencia, los participantes directos en las hostilidades y los miembros de grupos armados no son prisioneros de guerra y están sometidos al derecho penal nacional.
Artículo 11. Participación directa en las hostilidades. Para efectos de este título, por “participación directa en las hostilidades” se entiende la realización de cualquier acto que cause directamente un daño a la población o bienes civiles o a la Fuerza Pública, y sea conexo con las hostilidades.
También participa directamente en las hostilidades quien realice actos que, inequívocamente, tengan la potencialidad de causar un daño a la población o bienes civiles o a la Fuerza Pública.
Artículo 13. Objetivo militar. Para efectos de este título, por “objetivo militar” se entiende todo bien que por (a) su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuya eficazmente a la acción violenta de un grupo armado, y (b) cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar concreta y directa prevista.
El criterio de “naturaleza” del bien comprende todos los bienes utilizados directamente por los grupos armados.
El criterio de “ubicación” del bien comprende todos los bienes que por su naturaleza no tienen una función militar, pero por el lugar donde están ubicados contribuyen eficazmente a la acción violenta.
Los criterios de “finalidad” y “utilización” del bien comprenden los bienes que por su naturaleza no tienen una función militar, pero son usados, o existe certeza de que serán usados, para contribuir eficazmente a la acción violenta.
Capítulo II Aplicación del derecho internacional humanitario
Artículo 14. Aplicación del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario será aplicado a la investigación, acusación y juzgamiento de la conducta de la Fuerza Pública cuando ésta ocurra en un contexto de hostilidades.
Las siguientes circunstancias, entre otras, son indicios de que la conducta ha ocurrido en el contexto de hostilidades:
a) La conducta ocurrió en un ataque contra un grupo armado.
b) El sujeto pasivo de la conducta era un blanco legítimo.
c) En las condiciones del momento en que se realizó la conducta, el miembro de la Fuerza Pública tenía la convicción de que el sujeto pasivo era un blanco legítimo.
d) La conducta ocurrió en el planeamiento, preparación, ejecución o procedimientos inmediatamente posteriores a la realización de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, dirigida contra un grupo armado.
Artículo 15. Sujeción de manuales operacionales, reglamentos y reglas de encuentro al derecho internacional humanitario. Los documentos internos de la Fuerza Pública, tales como los manuales operacionales, de procedimiento y las reglas de encuentro, se sujetarán a los tratados de derecho internacional humanitario de los cuales Colombia hace parte y, en particular, a las reglas precisadas en este título.
Capítulo III Reglas aplicables a la conducción de hostilidades
1. Proteger a la población civil y las personas civiles de los peligros provenientes de las operaciones militares.
2. Abstenerse de hacer objeto de ataque a las personas civiles, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
1. Todo ataque deberá dirigirse específicamente contra un blanco legítimo o un objetivo militar, tal como se encuentran definidos esos términos en esta ley.
2. Ningún ataque podrá ser realizado cuando sea de prever que causará muertos o heridos de la población civil, o daños de bienes civiles, o ambos, manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
3. No se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas, o una posición táctica ventajosa, frente a un blanco legítimo o un objetivo militar.
a) Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados del 10 de octubre de 1980 y sus protocolos ratificados por Colombia.
b) Convención sobre Municiones en Racimo del 30 de mayo de 2008.
c) Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción del 3 de enero de 1993.
d) Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción del 10 de abril de 1972.
e) Los demás tratados de derecho internacional humanitario vigentes y ratificados por Colombia, en los términos de aceptación hechos por el Estado.
Artículo 25. Suspensión o cancelación de un ataque. Un ataque será suspendido o cancelado si se advierte que lo que está siendo atacado o se proyecta atacar no es un blanco legítimo o un objetivo militar, o cuando sea de prever que el ataque causará muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes civiles, o ambos, manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Los miembros de la Fuerza Pública que, al momento de ejecutar un ataque, adviertan que las circunstancias fácticas son distintas a las que conoció el superior que lo ordenó, y esas circunstancias correspondan al inciso primero de este artículo, podrán suspender o cancelar el ataque. De ser posible, informarán inmediatamente al superior que lo ordenó.
Artículo 26. Prohibiciones absolutas. Se prohíbe, sin excepción, el ataque contra personas por el solo hecho de:
1. Manifestar en público o privado su apoyo a los grupos armados;
2. Participar indirectamente en las hostilidades mediante conductas que no tienen un nexo causal directo con el daño a la Fuerza Pública, la población civil o sus bienes, tal como la propaganda a favor de grupos armados; o
3. Tener cualquier otro nexo con los grupos armados que no permita calificar a la persona como un blanco legítimo.
Artículo 27. Régimen aplicable a los conflictos armados internacionales La presente ley también se aplicará a la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en los conflictos armados internacionales, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a tales conflictos
TITULO SEGUNDO Armonización del derecho internacional y el derecho penal nacional
Debido Proceso y Presunción de Inocencia
Artículo 30. Debido proceso. En la investigación, acusación y juzgamiento de las eventuales faltas disciplinarias o conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública, las autoridades administrativas y judiciales respetarán y garantizarán, en todos los casos, las formas propias de cada juicio, las garantías procesales y la presunción de inocencia, cuya intangibilidad se mantendrá hasta tanto no exista decisión final en firme que declare su responsabilidad.
a) La comisión de un delito ocurra en desarrollo de las hostilidades;
b) El superior militar o policial tenga el mando y control efectivo sobre los autores del delito;
c) El superior militar o policial hubiere sabido, o en razón de las circunstancias del momento hubiera debido saber que se cometió o se iba a cometer un delito;
d) El superior militar o policial omita la prevención del delito o la denuncia del mismo a las autoridades competentes, teniendo la posibilidad fáctica de prevenirlo o denunciarlo, según sea el caso.
Artículo 33. Autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Una persona solo podrá ser declarada responsable como autor mediato a través de aparatos organizados de poder si en un proceso penal se prueba, más allá de toda duda razonable, cada uno de los siguientes elementos concurrentes:
1. La persona lidera una estructura jerárquica ilegal;
2. Los miembros de la estructura jerárquica cumplen automáticamente las órdenes del líder;
3. Los miembros de la estructura jerárquica pueden ser intercambiados en caso de una negativa a cumplir las órdenes del superior;
4. El aparato actúa completa y estructuralmente al margen del derecho;
5. El líder ha ordenado la comisión de una o más conductas típicas a los miembros de la estructura jerárquica.
1. Quien ejecute la orden desconozca que es ilícita, y
2. la orden no fuere manifiestamente ilícita.
Parágrafo 1: No se reconocerá la obediencia debida a favor de miembros de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 91 de la Constitución.
Artículo 37. Ausencia de responsabilidad por legítima defensa en un conflicto armado. La proporcionalidad de la legítima defensa se evaluará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley respecto de la valoración de la conducta militar, teniendo en consideración el nivel de la amenaza.
Las características intrínsecas del resultado de una acción defensiva no bastarán para determinar que la acción fue desproporcionada.
La legítima defensa de bienes esenciales para la supervivencia no podrá eximir de responsabilidad por comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, ni delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexuales.
Artículo 38. Ausencia de responsabilidad por conductas ejecutadas por la Fuerza Pública respetuosas del derecho internacional humanitario, realizadas en un conflicto armado.
(1) Ninguna acción, operación militar u orden de servicio policial que cause daños a blancos legítimos u objetivos militares, y que haya sido planeada en cumplimiento del deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, dará lugar a responsabilidad penal para quienes la planeen o la ordenen.
(2) Ninguna conducta en desarrollo de una acción, operación u orden de servicio que cause daños a blancos legítimos u objetivos militares, y que sea ejecutada de conformidad con la orden de operaciones y en cumplimiento del deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, dará lugar a responsabilidad penal para quienes la ejecuten.
(3) Ninguna conducta en desarrollo de una acción, operación u orden de servicio que cause daños a blancos legítimos u objetivos militares, que sea ejecutada en cumplimiento del deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, comporta afectación a bien jurídico alguno ni dará lugar a responsabilidad penal, así la conducta no se haya ajustado a la orden de operaciones, por la necesidad de proteger a la población o bienes civiles en las circunstancias en que ocurrieron los hechos o de evitar un daño grave al personal militar o policial, o a los bienes militares o policiales ante circunstancias no previstas en la orden de operaciones.
(4) Lo señalado en los incisos anteriores (i) no puede ser invocado para justificar conductas realizadas por fuera del marco de la orden de operaciones violando las prohibiciones y deberes establecidos en esta ley, y (ii) puede ser desvirtuado en cada caso concreto por las autoridades judiciales competentes, sin perjuicio de la presunción de inocencia.
(1) Cuando en desarrollo de una acción, operación militar u orden de servicio policial dirigida contra un blanco legítimo u objetivo militar ocurran daños colaterales o incidentales a bienes o personas civiles, y la planeación de la misma haya cumplido con el deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, la orden de lanzar ese ataque no dará lugar a responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades judiciales competentes asumir la carga de demostrar que tales deberes no fueron cumplidos al ser planeada la operación o al ser dada la orden.
(2) Tampoco dará lugar a responsabilidad penal la conducta realizada en ejecución de dicha orden, si la ejecución cumple con el deber de verificación y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, el daño a objetos o personas civiles es colateral o incidental y es evidente que el ataque fue dirigido específicamente contra un blanco legítimo o un objetivo militar, tal como se encuentran definidos esos términos en esta ley. Corresponde a las autoridades judiciales competentes asumir la carga de demostrar que tales supuestos no se cumplen en cada caso.
TITULO TERCERO Competencia de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción penal militar y policial
Capítulo I Conductas de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria
Artículo 42. Crímenes de lesa humanidad. Se adiciona un Título II Bis al Libro Segundo de la Ley 599 de 2000, que quedará así:
Artículo 135 Bis. Asesinato. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque matare a una persona, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses, multa dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a siete mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 136 Bis. Exterminio. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque matare a una persona mediante la imposición de condiciones de existencia deliberadamente destinadas a causar la destrucción de parte de aquella población, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses.
Artículo 137 Bis. Tortura. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque infligiere graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una persona puesta bajo su custodia o control, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 138 Bis. Actos inhumanos. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque causare a una persona grandes sufrimientos por medio de actos inhumanos, o atentare gravemente contra su integridad física o mental, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses, multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.
Artículo 139 Bis. Esterilización forzada. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque privare a una persona de su capacidad de reproducción biológica sin existir justificación médica o consentimiento informado de la víctima, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a
trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 140 Bis. Esclavitud. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque mantuviere privada de la libertad a una persona para ejercer sobre ella cualquiera de los atributos del derecho de propiedad, la comprare, vendiere, prestare o diere en trueque, o la sometiere a cualquier práctica análoga a la esclavitud, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 141 Bis. Desaparición forzada. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque privare de la libertad a una persona y, con el fin de dejarla fuera del amparo de la ley por un período prolongado, se negare a reconocer el hecho o a dar información sobre la suerte o el paradero de la víctima, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 142 Bis. Encarcelación. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque encarcelare a una persona infringiendo normas fundamentales del derecho internacional, o la sometiere a otra privación grave de la libertad física con inobservancia de dichas normas, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres (1333.33) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 143 Bis. Deportación forzosa. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque deportare a una persona sin que existiere para ello motivo autorizado por el derecho internacional, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 144 Bis. Traslado o desplazamiento por la fuerza. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil trasladare o desplazare por la fuerza a una persona sin que mediare justificación para ello, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 145 Bis. Violación. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque realizare mediante violencia acceso carnal con otra persona, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 146 Bis. Violencia sexual. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque cometiere alguno de los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales contemplados en el Título IV del Código Penal así como los artículos 138, 139 y 141 del Código Penal, incurrirá en las penas previstas en dicho Código.
Artículo 147 Bis. Esclavitud sexual. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque mantuviere privada de la libertad a una persona con el fin de hacerla participar en actos sexuales, o con el mismo fin la comprare, vendiere prestare o diere en trueque, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 148 Bis. Prostitución forzada. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque obligare a una persona a la prestación de servicios sexuales y obtuviere con ello ventajas pecuniarias o de otro tipo, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 149 Bis. Embarazo forzado. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque confinare a una mujer embarazada por la fuerza, con el propósito de modificar la composición étnica de una población o de cometer otra infracción grave del derecho internacional, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses.
Artículo 150 Bis. Persecución. El que en desarrollo de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque y obrando en
contravención del derecho internacional privare a una persona de sus derechos fundamentales por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 43. Ejecución extrajudicial. Se adiciona un artículo 104B a la Ley 599 de 2000 que quedará así
Artículo 104B. Ejecución extrajudicial. El servidor público que con ocasión del ejercicio de sus funciones matare a una persona y puesto con este propósito después de haberla dominado en estado de absoluta indefensión, incurrirá en prisión de trescientos sesenta (360) meses a seiscientos (600) meses, multa dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a siete mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
Artículo 44. Competencia con respecto a la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial, tal como se define en esta ley, será de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Capítulo II Conductas de competencia exclusiva de la justicia penal militar
Artículo 45. Infracciones contra el derecho internacional humanitario. Las infracciones al derecho internacional humanitario serán de competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar, salvo las conductas enunciadas en el capítulo I del Título Tercero de esta ley y las que no tengan relación próxima y directa con el servicio.
Artículo 46. Relación con el servicio. Tienen relación con el servicio las tareas, objetivos, menesteres y acciones que guardan un vínculo próximo y directo con el cumplimiento de la función constitucional y legal del miembro de la Fuerza Pública en servicio activo.
La ocurrencia de un delito o de una infracción de los deberes funcionales del miembro de la Fuerza Pública no rompe, por sí sola, la relación con el servicio.
Artículo 47. Duda sobre la relación con el servicio. En caso de que exista duda sobre la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, y el informe de la
Comisión Técnica de Coordinación de que trata el Título Quinto no haya resuelto esa duda, la competencia continuará radicada en la autoridad judicial que primero haya asumido su investigación, hasta tanto el órgano competente resuelva el conflicto.
La simple ausencia de información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta no configura, por sí sola, una duda sobre la jurisdicción competente. Existe una duda respecto de la competencia cuando, de conformidad con las reglas aplicables no es posible afirmar que los hechos descritos en el informe de la Comisión Técnica de Coordinación tienen relación con el servicio.
Artículo 50. Acceso a la justicia. La ley penal militar o policial garantizará el acceso a la justicia de todos los miembros de la Fuerza Pública, partes intervinientes y a todos los asociados.
Capítulo II Autonomía Administrativa de la justicia penal militar o policial
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial tendrá un Consejo Directivo con un número mínimo de cinco (5) miembros, y su mayoría será siempre civil. El Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional podrán hacer parte de dicho Consejo.
Artículo 53. Definición de la estructura. La estructura de la Unidad Administrativa Especial de justicia penal militar será establecida por el Gobierno Nacional, de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales.
El Gobierno nacional también podrá establecer una Unidad Administrativa Especial de justicia penal policial, separada de la administración de la justicia penal militar. Dicha entidad deberá cumplir con los requisitos de separación y autonomía señalados en el artículo 52 de la presente ley.
Capítulo III Autonomía de los funcionarios de la justicia penal militar o policial
Artículo 55. Autoridad disciplinaria. Los miembros de la justicia penal militar o policial, no estarán sometidos a la autoridad disciplinaria de la línea de mando de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Solo podrán ser disciplinados por la Procuraduría General de la Nación por faltas en el ejercicio de sus funciones. Las demás faltas disciplinarias serán conocidas por la justicia penal militar o policial, conforme a los reglamentos.
Artículo 58. Evaluación. La evaluación de los funcionarios y los empleados de la justicia penal militar o policial será efectuada exclusivamente por la autoridad competente de la justicia penal militar o policial, conforme a los reglamentos.
Artículo 60. Nominación de Magistrados y Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior Militar o Policial. Los Magistrados y Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior Militar o Policial no serán nominados por el mando de la Fuerza Pública; ellos se escogerán de lista de candidatos conformada por quienes cumplan los requisitos generales y especiales que establezca la ley ordinaria, previa reglamentación por el Gobierno Nacional del procedimiento para conformar dicha lista.
a) La no injerencia directa o indirecta del mando de la Fuerza Pública.
b) El ascenso no estará condicionado al sentido de sus providencias.
c) La especialidad en su formación, capacitación periódica y desempeño profesional.
d) La existencia de cupos de ascenso en una planta propia y separada para la justicia penal militar o policial.
No procederá el cambio de cuerpo o especialidad por razones diferentes a la voluntad del funcionario de la justicia penal militar o policial que, de manera expresa, lo solicite.
Artículo 64. Períodos. Los magistrados del Tribunal Superior Militar o Policial y los Fiscales Penales Militares o Policiales delegados ante esta Corporación tendrán un período fijo de ocho (8) años.
TITULO QUINTO Comisión técnica de coordinación
Capítulo I Conformación, funciones y atribuciones
Artículo 69. Composición. La Comisión Técnica de Coordinación estará conformada por cinco (5) comisionados, quienes serán nombrados por períodos personales de tres (3) años así:
a. Tres (3) miembros serán designados por el Fiscal General de la Nación a partir de la lista de miembros de la Fuerza Pública activos o en retiro que le presente el Fiscal General Penal Militar y Policial.
b. Dos (2) miembros serán designados por el Fiscal General Penal Militar y Policial, a partir de la lista que le presente el Fiscal General de la Nación.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, en consideración a las cargas asumidas por la Comisión podrá ampliar o reducir su conformación, respetando en todo caso las reglas previstas en el presente artículo.
Artículo 70. Calidades de los miembros. Para ser designado Comisionado, deberán acreditarse más de diez (10) años de experiencia como fiscal, juez penal o investigador en la jurisdicción penal ordinaria o en la justicia penal militar o policial, o asesor jurídico de la Fuerza Pública.
Artículo 74. Funciones de la Comisión. La Comisión tiene la función de constatar los hechos de las operaciones o procedimientos de la Fuerza Pública, a solicitud de las autoridades indicadas en el artículo 78 de la presente ley.
Artículo 77. Convocatoria de la Comisión. Las siguientes personas tienen la facultad de solicitar la intervención de la Comisión, con posterioridad a la realización de cualquier acción o procedimiento de la Fuerza Pública:
1. El Fiscal General de la Nación.
2. El Fiscal General Penal Militar y Policial.
1. El Presidente de la Comisión designará a dos (2) comisionados relatores, uno proveniente de cada jurisdicción.
2. Los comisionados relatores deberán recopilar toda la información necesaria con la colaboración de los órganos de policía judicial. La Comisión tendrá la facultad de requerir a los órganos de policía judicial para verificar los hechos u obtener información que se derive de la evidencia recaudada, preservando los protocolos de cadena de custodia. Los comisionados relatores deberán visitar e inspeccionar el lugar de los hechos, a menos que la Comisión en pleno lo considere innecesario para constatarlos.
3. Los comisionados relatores redactarán el proyecto de informe de la Comisión, que deberá ser aprobado por la misma.
4. El informe de la Comisión deberá contener:
a) Una constatación de los hechos que la Comisión haya podido establecer.
b) Una relación de los hechos que la Comisión no haya podido establecer.
c) Una relación de las actividades realizadas y de las personas entrevistadas.
d) Una conclusión sobre si hay indicios de la ocurrencia de una conducta punible.
e) Una recomendación preliminar, que podrá ser la iniciación o continuación de una investigación por la Fiscalía General Penal Militar y Policial o la Fiscalía General de la Nación. De no encontrar indicios de una conducta punible, la Comisión podrá recomendar no iniciar una investigación.
Artículo 81. Remisión del informe. El informe será remitido a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General Penal Militar y Policial, y de ser solicitado, al Tribunal de Garantías Penales para la resolución de conflictos de competencia.
TITULO SEXTO Tribunal de Garantías Penales
Artículo 84. Elección. Dos (2) magistrados, uno civil y uno de la Fuerza Pública en retiro serán elegidos por la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia; dos magistrados (2), un civil y uno de la fuerza pública en retiro, por la sala de gobierno del Consejo de Estado; y (4) cuatro, dos (2) civiles y dos (2) de la Fuerza Pública en retiro por la Corte Constitucional en pleno. Los postulados deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y estarán sometidos a las mismas inhabilidades e incompatibilidades.
Artículo 85. Período. Los magistrados servirán por períodos individuales iguales a los establecidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser reelegidos.
Artículo 86. Salas. El Tribunal estará conformado por una Sala Plena y ocho (8) Salas de tres (3) magistrados, cada una de las cuales será presidida por un magistrado, asegurando que cada magistrado pertenezca a tres (3) salas y cada sala tenga al menos un magistrado miembro retirado de la Fuerza Pública y un magistrado civil.
Artículo 87. Conjueces. El Tribunal no tendrá conjueces. Los empates serán dirimidos por los presidentes de las salas subsiguientes. Los empates en la Sala Plena serán dirimidos por su Presidente.
Artículo 88. Poder preferente. El Tribunal de Garantías Penales tendrá poder preferente para ejercer el control de garantías en los procesos penales que se adelanten en cualquier jurisdicción contra los miembros de la Fuerza Pública. En ejercicio de este poder preferente, el Tribunal podrá asumir la función de control de garantías en cualquier momento de la actuación.
Artículo 89. Legislación aplicable. Para el ejercicio del control de garantías, el Tribunal de Garantías Penales aplicará el Código de Procedimiento Penal en los procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria, y el Código Penal Militar en los procesos adelantados ante la jurisdicción penal militar o policial. En caso de existir un código específico a los procesos contra miembros de la Policía Nacional ante una justicia penal policial, se aplicará dicho código en tales procesos.
Artículo 90. Decisión por magistrado en casos urgentes. En caso de que el código procesal respectivo requiera la realización inmediata de una audiencia, esta se celebrará por el magistrado de reparto, quien deberá tomar la decisión respectiva. La decisión deberá ser revisada de oficio y confirmada o revocada por la Sala que este preside en el siguiente día hábil.
Artículo 91. Control formal y material de la acusación. El Tribunal de Garantías Penales, en los casos en que ejerza su poder preferente, deberá presidir la audiencia de formulación de acusación y verificar que el contenido y los anexos del escrito de acusación correspondan a lo previsto en el código aplicable.
El Tribunal de Garantías también deberá verificar que en el caso concreto los elementos probatorios aportados por la respectiva Fiscalía no sean manifiestamente insuficientes para sustentar una acusación a la luz del delito por el que se acusa.
Si los elementos probatorios son manifiestamente insuficientes, el Tribunal se abstendrá de remitir la actuación al juez de conocimiento competente. La respectiva Fiscalía podrá formular una nueva acusación con base en nuevos elementos probatorios o una calificación jurídica distinta.
Contra la decisión del Tribunal no procederá ningún recurso.
1. La Fiscalía General de la Nación.
2. La Fiscalía General Penal Militar y Policial.
3. Los fiscales penales militares o policiales.
4. Los jueces de instrucción penal militar, cuando el proceso verse sobre delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1407 de 2010.
5. Los jueces de conocimiento en los casos adelantados bajo la Ley 522 de 1999 o la Ley 600 de 2000.
Cuando en la jurisdicción penal militar o policial se investigue una operación militar a la que se aplique el derecho internacional humanitario y tenga relación próxima y directa con el servicio, y una o más conductas en el marco de la operación no tengan relación próxima y directa con el servicio, la Fiscalía General de la Nación podrá solicitar a la jurisdicción penal militar o policial la ruptura de la unidad procesal, la cual podrá ser decretada para enviar a la Fiscalía General de la Nación únicamente la investigación relacionada con la conducta que no tiene relación próxima y directa con el servicio.
El Tribunal deberá decidir sobre la competencia en Sala Plena, en un término máximo de quince (15) días. La decisión del Tribunal será definitiva y no podrán plantearse nuevos conflictos de competencia dentro del mismo proceso.
TITULO SÉPTIMO Disposiciones finales
Artículo 97. Fiscalía General Penal Militar y Policial. Mientras es designado el Fiscal General Penal Militar y Policial y entra a operar la Fiscalía General Penal Militar y Policial, los Fiscales ante el Tribunal Superior Militar cumplirán las funciones de nominación de los miembros y de convocatoria de la Comisión Técnica de Coordinación, que según esta ley corresponden al Fiscal General Penal Militar y Policial.
Artículo 98. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.