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Timestamp: 2019-05-26 17:37:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 35', 'artículo 147', 'artículo 40', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 94', 'artículo 40', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA SIN NÚMERO DE DICIEMBRE 9 DE 1991
SENTENCIA SIN NÚMERO DE 09 DE DICIEMBRE DE 1991
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:242 DE FEBRERO DE 1992, PÁG.87
Sentencia de diciembre 9 de 1991
Santafé de Bogotá, D.C., nueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
Provee la Corte en relación con la acción de tutela incoada por Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, en memorial visible a folios 59 a 62 de este cuaderno.
1. Los ciudadanos Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, en memorial que obra a folios 59 a 62 de este cuaderno, por ellos presentado el 13 de noviembre de 1991 para reconocer sus firmas ante el Notario Noveno del Círculo de Medellín, impetraron acción de tutela con el propósito de que se imparta orden “al señor Juez Trece Superior de Medellín” para “no cumplir por inconstitucional el fallo contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín en la causa contra Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, de agosto del año de 1991, por supuestos delitos de falsedad y estafa, hasta la decisión de la Corte Constitucional en esta acción de tutela que suscitamos, para evitar los graves e injustos perjuicios que la ejecución de tal fallo inconstitucional causaría y, resuelto esto, pasar la actuación ante la H. Corte Constitucional, previa autenticación de la fotocopia que anexamos —dicen los peticionarios— del fallo de la H. Corte de Casación Penal por medio del cual no se accedió a decretar la casación de esa sentencia inhumana, injusta e inconstitucional”.
2. Aducen los peticionarios en el referido memorial que con la sentencia cuyo cumplimiento persiguen suspender se desconocen respecto de ellos los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 21, 28, inciso 2º y 29 de la Constitución Nacional, por cuanto en el proceso en mención se les impone pena privativa de la libertad por el incumplimiento de “simples obligaciones civiles... pues varios de los cargos se refieren a mutuos celebrados” por ellos con varias personas y, a lo largo de la actuación procesal “que fue de siete o más años, se desconoció a los suscritos sindicados todo derecho de pedir pruebas, de conocer dictámenes periciales practicados secretamente, de provocar incidentes de cualquier naturaleza, de conocer los autos del proceso para saber en qué pruebas se fundamentaban las acusaciones” (fls. 59 y 60). Agregan, además que “para la acusación se usaron varios documentos falsificados” (fl. 60), sin que la tacha de falsedad fuese tenida en cuenta, pretextando que se trataba de algo “dilatorio e improcedente”. (fl. 60).
3. Finalmente, expresan los peticionarios que interpuesto por ellos el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal dictada en este proceso, se consumó el atropello a sus derechos fundamentales.
4. Recibido que fue el memorial que aluden los numerales precedentes, el señor Presidente de la Sala de Casación Penal de esta corporación dispuso, en auto de 27 de noviembre de 1991 (fl. 63), dar traslado de la petición de acción de tutela aludida a la Presidencia de la Sala de Casación Civil, decisión a la cual se dio cumplimiento por la Secretaría de la Sala de Casación Penal con oficio 1276 de 28 de noviembre de 1991, recibida en la secretaría de la Sala de Casación Civil el mismo día y que, repartida el 3 de diciembre del año en curso, fue puesta a disposición de este despacho el 4 de diciembre de 1991.
5. Así las cosas, procede ahora la Corte a decidir oportunamente lo que fuere pertinente.
1. Previamente precisa la Sala que, conforme a los mencionados antecedentes, en el citado escrito se promueve una acción de tutela donde los accionistas se duelen tanto de la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que NO CASO el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín citado, así como de este último (confirmatorio del condenatorio del juez de primera instancia), pidiendo su “no cumplimiento hasta la decisión de la Corte Constitucional”. Para lo cual, los endilgan de inconstitucional, en cuanto les violan algunos de sus derechos fundamentales constitucionales.
1.1. Luego, atendiendo a las características de esta acción que imponen la interpretación adecuada correspondiente, entiende la Sala que en dicho memorial se reclama la tutela con relación a las dos sentencias mencionadas, y además, como mecanismo transitorio de ellas.
1.2. Sin embargo, como quiera que la acción de tutela del artículo 86 de la Constitución es un instrumento de las personas para reclamar del Estado, preferente y sumariamente, “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales ... vulnerados o amenazados ...”, resulta pertinente determinar, conforme al estado de derecho que organiza dicha Carta política, las ramas y órganos a quienes se le atribuye dicha función tutelar, ya que ésta no puede tenerse ni ejercerse sino dentro de sus precisos límites (arts. 113 y 6º de la C.N.).
2. Ahora bien, como la función de administrar justicia que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, como órgano de la Rama Judicial (art. 116 C.N.), debe ejercerse dentro de estrictos límites constitucionales y legales, la Sala de Casación Civil de esta corporación advierte que la referida función, desde hace mucho tiempo sólo puede tenerse y ejercitarse de manera separada entre las Salas.
2.1. Cuando la atribución de competencia en la Carta de 1886 no correspondía “a los magistrados individualmente, sino a la corporación entera” (Samper, José María. Derecho Público Interno. Editorial Temis Bogotá. 1982, págs. 540 y 541), fue modificada inicialmente por el artículo 35 del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 (que dispuso que, “... la ley la dividirá en Salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que debe intervenir toda la Corte”) y posteriormente por el Acto Legislativo Nº 1 de 1924 (que prescribió que “... la ley dividirá la Corte en Salas, una de las cuales será para la casación en materia civil, otra para la casación en asuntos criminales y otra de negocios generales; señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que debe intervenir toda la Corte” ), y finalmente por el art. 48 del Acto Legislativo Nº 1 de 1945, correspondiente al artículo 147 de la anterior codificación (que disponía: “La Corte Suprema de Justicia se compondrá del número de Magistrados que determine la ley. La misma ley dividirá la Corte en Salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que debe conocer separadamente, y determinará aquellos en que debe intervenir toda la Corte”), tuvo por objeto primordial establecer como límite constitucional, imperativo para la ley y para la Corte, la titularidad y el ejercicio de funciones separadas, principio que en la actualidad se encuentra reiterado y perfeccionado por las exigencias constitucionales sobre su autonomía funcional, jerarquía máxima jurisdiccional ordinaria, separación de conocimiento de asuntos y tribunal de casación (C.N., arts. 228, 234 y 235, num. 1º).
2.2. Pues, entiende esta Sala que los mencionados preceptos constitucionales organizan ( se repite, constitucionalmente) la atribución y ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde a la Corte, mediante Salas, unas parciales o especializadas, y otra en pleno, bajo el principio de la separación, esto es, de la diversidad igualitaria.
2.2.1. Cuando la Carta, de un lado, ordena que son unos “los asuntos que deba conocer separadamente” cada una de las Salas especializadas, y, del otro, preceptúa que son otros “aquellos en que debe intervenir la Corte en pleno”, está sin lugar a dudas señalando el límite exacto que la ley debe tener en cuenta para la conformación de las Salas, esto es, de “competencias separadas” (o como dice el texto “que deba conocer separadamente” ), lo cual se configura con la atribución del conocimiento de asuntos distintos o diversos, que, desde luego, deben desarrollarse autónomamente, lo que significa con decisión propia y no dependiente de otra Sala.
2.2.2. Pero cuando la Carta Política de 1991, en desarrollo del principio jerárquico, organizativo y funcional de la Rama Judicial (art. 116 C.N.), dispone que la Corte Suprema de Justicia sea “el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria” (art. 234 C.N.) y que actúe, entre otras cosas, “como Tribunal de casación” (art. 235, num . 1º C. N . ), señala con absoluta claridad, que las funciones jurisdiccionales que se les atribuye y ejerce separadamente cada una de las Salas especializadas y la Sala en pleno, tienen igualmente el carácter máximo, y, por lo tanto, al ser iguales o pares en esta consideración, se concluye en la inexistencia, al interior de la Corte, del principio de superioridad jerárquica. Razón por la cual, en la titularidad y ejercicio de sus funciones una Sala especializada no es superior jerárquico de otra, ni la Sala Plena tampoco lo es, en su propia y autónoma competencia, superior de aquella.
De lo anterior se concluye en la imposibilidad constitucional de que unas Salas puedan recibir el poder para conocer posteriormente lo que precedentemente se ha conocido por otra, lo que, además de violar la separación mencionada, le quitaría el carácter máximo a esta última para volverla dependiente o subordinada de aquella. Luego, no hay superioridad jerárquica entre las Salas. Ni tampoco éstas, en su función jurisdiccional, tienen organismo externo superior, porque la Corte Suprema de Justicia, a través de sus Salas, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son organismos autónomos y máximos en sus respectivas jurisdicciones, cuyo ejercicio es separado y, en caso de conflicto, solucionado por el Consejo Superior de la Judicatura (arts. 228, 234, 236 y 239 C.N.), pero sin superioridad, ni interferencia recíprocas.
2.2.3. Siendo lo expuesto la forma como a la Corte se le atribuye y debe ejercer su función jurisdiccional, no puede menos que entenderse que a ella debe sujetarse la distribución de las competencias que la ley haga entre “los jueces” para el conocimiento de las acciones de tutela y entre “los jueces competentes” pertinentes para el conocimiento de las impugnaciones (art. 86 C.N.). Luego en la atribución de competencias para acciones y fallos de tutela, la Corte Suprema de Justicia, no puede menos que asumirlas de la siguiente manera: externamente, como superior jerárquico de los Tribunales que así mismo tengan que conocer de dichos asuntos. E internamente, sin poder superior jerárquico alguno de una Sala respecto de otra. De allí que si bien que esta Corporación, por medio de sus Salas especializadas, es (sin perjuicio de lo que corresponda separadamente a la Corte Constitucional) el “máximo Tribunal” para las decisiones de fondo de las tutelas que sean procedentes, no lo es menos que una Sala especializada carezca, conforme a los mandatos constitucionales mencionados, de competencia para conocer de las acciones de tutela impetradas respecto de decisiones judiciales proferidas por otra Sala especializada. Porque en este caso, de una parte, se quebranta la separación exclusiva de la materia de cada Sala, pues el objeto propio respecto del cual se predica la reclamación de tutela (frente a una acción amenazante o vulneradora de un derecho constitucional fundamental) es precisamente una decisión de una Sala diferente, que a ella sola compete; y, de la otra, se quebranta el principio de igualdad entre las Salas, pues si existiera la posibilidad (en caso de prosperidad de la tutela) de que una Sala especializada ordenara a la otra (respecto de quien se solicita protección tutelar) que “actúe o se abstenga de hacerlo” (como lo indica el art. 86, inc. 2º de la C.N.), estaría señalándole derroteros para la decisión, haciendo a esta última Sala dependiente o inferior a la primera, en abierta contradicción con la igualdad máxima entre las Salas de la Corte Suprema de Justicia prescrita por la Constitución, y su sometimiento directo a ésta y la ley (art. 230 C.N.). Más bien, aquella orden judicial tutelar guarda plena armonía cuando dentro de la organización de la Rama Judicial, se desarrolle el principio jerárquico, orgánico y funcional.
Además, la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal máximo, también carece de superior jerárquico externo, en el sentido orgánico y funcional mencionado, sin perjuicio de las separadas y eventuales revisiones de la Corte Constitucional que establezca la ley. (Arts. 86, inc. 2º y 241, num. 9 C.N.).
3. Por lo tanto, esta Sala de Casación Civil, órgano diferente de aquel que profirió la providencia respecto de cuyo acto se solicita tutela (Sala de Casación Penal), advierte clara contradicción e incompatibilidad entre los preceptos constitucionales mencionados, y lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 40 del Decreto Legislativo Especial Nº 2591 del 19 de noviembre de 1991 (reglamento de la acción de tutela), puesto que, en lo que atañe a la Corte Suprema de Justicia, atribuye intersalas competencia tutelar judicial, en los siguientes términos: “Tratándose de sentencias emanadas de una Sala o sección, conocerá la Sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la Sala Plena correspondiente de la misma Corporación”.
3.1. Ahora bien, en casos como el sub examine no puede el órgano o funcionario judicial desatender semejante incompatibilidad, de una parte, porque la Constitución al no permitirle tener y ejercer ese tipo de competencia, mal puede con fundamento en ella desplegar la función judicial que se le ha confiado; y porque, del otro, se abriría paso a una tutela sin respaldo constitucional. Pues admitir que, so pretexto de establecer una eventual protección a derechos fundamentales constitucionales amenazados o vulnerados, pueda un órgano cualquiera, aun incompetente, entrar a su análisis y estudio de fondo, no sólo quebrantaría las garantías constitucionales de la competencia debida en todo proceso y el principio de la institucionalización de la organización de la jurisdicción (arts. 29 y concordantes antes citados), sino que también (desatendiendo el estado de derecho) estimularía y provocaría la justicia tutelar por órgano de facto (art. 22).
Ello, en acatamiento a los mencionados preceptos constitucionales, impide a una Sala especializada y a cualquier órgano externo (pues no hay superior) conocer de las acciones de tutela apoyadas en el inciso 1º del art. 86 de la C.N., respecto de decisiones judiciales proferidas por otra Sala de la misma Corte, sin que pueda esta corporación adoptar, motu proprio, los mecanismos constitucionales adecuados que le permita conceder dicha protección.
3.2. En el anterior orden de ideas, esta Sala no puede menos que advertir la incompatibilidad entre la Constitución y el decreto-ley mencionado, lo cual la autoriza inaplicar esta última y, a su turno, dar cumplimiento al deber de aplicar las normas constitucionales mencionadas (art. 4º, inciso 1º, C.N.), en virtud de las cuales no se permite tener y ejercer responsablemente (art. 6º) la referida competencia para el conocimiento de la acción de tutela de la que dan cuenta los antecedentes.
Lo anterior, es suficiente para no dar trámite a la mencionada solicitud de tutela respecto del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4. Con todo, de entenderse que el memorial aludido también contempla una solicitud de tutela contra el fallo del Tribunal, y una de carácter transitorio “hasta la decisión de la Corte Constitucional”, la Sala de Casación Civil tampoco encuentra procedente dicha acción.
4.1. En efecto, cuando el artículo 86 de la C.N. estatuye la acción de tutela como una institución especial, de un lado, la caracteriza, entre otras, por su naturaleza judicial (en virtud de su estructura de “acción” ante “los jueces” para la obtención de “una orden” ), su objeto protector “inmediato” o cautelar (en razón de su función policiva de amparo o de interdicción, sin que implique juzgamiento del derecho en sí mismo controvertido, ni constituya una tercera instancia o revisión adicional, ni medida sustitutiva o adicional de las demás), su causa típica (por cercenamiento o amenaza de derechos fundamentales constitucionales) y su “procedimiento” especial (“preferente y sumario” dentro del “debido proceso” ). Pero, del otro, le atribuye su carácter subsidiario y eventualmente accesorio, cuando en el inciso 3 º del artículo 86 expresa que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
4.1.1. En efecto, en la primera parte de la disposición transcrita aparece claramente como condición de procedibilidad, además del interés (por encontrarse el sujeto afectado), la de que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Lo que indica que no es, como diría aisladamente el inciso 1º, cualquier “acción u omisión de cualquier autoridad pública”, sino aquella, en armonía con el inciso tercero, en que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Ahora bien, esta condición, en un sano y razonable sentido, significa que la Constitución y la ley no le hayan consagrado expresamente a la acción u omisión infractora, cualquier otro medio para su defensa en el proceso (como ser oído, promover incidentes, formular excepciones, interponer recursos, etc.) y que, por lo tanto, no haya podido disponer de ellos. Este sentido guarda plena armonía con el carácter excepcional expuesto anteriormente y reiterado en dicho inciso (la expresión “solo” así lo deja ver), con su carácter de garantía de defensa judicial supletoria a la de defensa judicial común u ordinaria (consagrada en el art. 89 de la C.N.), así como con su posibilidad de ejercerse en “todo momento” .
Pero ello no ocurre cuando habiéndose tenido, también se han agotado algunos de estos medios de defensa judicial, o teniéndose algunos de ellos, se encuentran pendientes, porque resulta entonces improcedente aquella tutela constitucional. Ya que, en el primer caso, se ha tenido, dispuesto y gozado de la protección ordinaria para defensa del respectivo derecho de defensa que ha concluido en una sentencia o decisión que ha decidido definitivamente sobre los derechos, aun los constitucionales fundamentales sin que dicha decisión (como se verá más adelante) pueda ser objeto de tutela posterior, pues se trataría entonces de una garantía adicional y no subsidiaria, de una instancia adicional y no una actuación sumaria, de un medio de impugnación judicial definitivo y no una medida cautelar, todo lo cual resulta contrario a las anteriores características. Y en el segundo caso, también sería improcedente la tutela porque aún se tienen pendientes medios de defensa, sin que pueda alegarse, por contrariar las anteriores características, que aquella sustituye, reemplaza o acelera o deja pendiente la última. Y lo anterior no podía ser de otra manera, porque en dicha preceptiva, conforme lo indican claramente sus antecedentes, guarda perfecta armonía con el principio universal, no escrito (pero respaldado no sólo con los principios universales del derecho, sino también con el artículo 94 de la C.N.), de la cosa juzgada en los fallos judiciales, unido a los principios constitucionales expresos de las instancias máximas en número dos (art. 31), el carácter instrumental para la paz, la correcta administración de justicia (art. 95, numerales 6 y 7) y del sometimiento de los jueces “solo” al imperio de la ley (art. 230 de la C.N.).
De allí que, conforme con lo dicho primeramente, se concluya incuestionablemente en la no procedencia de dicha tutela contra sentencias ejecutoriadas que, como “decisiones judiciales” debe “vigilar el cumplimiento” el Procurador General de la Nación (art. 277, num. 1º, C.N.). Lo que, además, coincide con lo expuesto en su oportunidad por el informe sustentatorio de la ponencia en que fuera aprobado, cuando dice:
“Debe recalcarse el carácter transitorio de la decisión del juez y el hecho de que en la misma no se define el fondo del asunto. Estamos frente a un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de los derechos, dejando a salvo la posibilidad que tienen las partes para recurrir a las vías ordinarias cuando ello sea necesario para la definición del derecho controvertido(...)”.
Y por último la comisión expresa:
“Con el criterio de simplificar el artículo en la comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como la referencia a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares. Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada.
En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos, bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una decisión definitiva de autoridad competente sobre la materia objeto de la controversia y la acción de tutela no tiene —como en ocasiones sí ocurre con el llamado recurso de amparo—, el carácter de una instancia adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmente. Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la comisión ...”. (Gaceta Constitucional Nº 77 págs. 9 y 10 y Nº 109 pág. 5. Lo subrayado es de la Sala).
4.1.2. No obstante lo anterior, el inciso 3º antes mencionado señala la posibilidad de una acción de tutela cuando existe defensa judicial, porque esa es la excepción que trae (cuando dice “salvo que”) después de señalar la procedencia general (condicionada a que “no se disponga de otro medio de defensa judicial” ). Lo que quiere decir que dicha acción también resulta procedente, cuando, de conformidad con la ley, se dispone de otro medio de defensa judicial, ella “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Sólo en este evento la acción de tutela es adicional y concurrente con el medio de defensa judicial que se tenga.
Pero si la acción respecto de la cual se reclama protección tutelar transitoria fuera una sentencia o providencia que pone fin al proceso, aún no ejecutoriada, que también tuviera medio legal de defensa judicial, debería tenerse en cuenta que, por su carácter transitorio y cautelar (que es el de “evitar”) y su objeto central (obtener la definición del derecho), dicha acción de tutela solo y forzosamente tendría que ser accesoria al medio de defensa que se tenga y ejercerse conjuntamente ante el mismo órgano, todo a fin de que éste cautelarmente pudiera decidir sobre la tutela solicitada mientras se adopta la decisión final sobre la defensa principal alegada. Luego, esta acción de tutela no podría ejercerse sin aquel medio de defensa. Además, sólo podría emplearse como mecanismo transitorio, esto es, como medio provisional y no definitivo; y sólo podría ejercerse para evitar un perjuicio irremediable, es decir, para prevenir el perjuicio futuro proveniente de una decisión judicial manifiestamente arbitraria que también se habría impugnado, y no para remediar o revisar supuestos perjuicios ya consumados. Luego, constitucionalmente se trataría de una tutela de ejercicio forzoso conjunto con el medio de defensa judicial ordinario o extraordinario que se tenga, aunque de carácter provisional y cautelar. Todo lo cual excluye, de una parte, el carácter autónomo de su existencia e independencia de su ejercicio (previa o separadamente de la acción que se tenga), como está consagrado para la jurisdicción ordinaria en el inciso 1º del art. 8º del Decreto 2591 de 1991; y, de la otra, también impide que, después de agotados dichos medios defensivos, y habiendo concluido en sentencia definitiva, pueda ejercerse dicha tutela, que, como se dijo, por sus caracteres, no podría alterar aquella providencia.
4.2. Luego, cuando el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 incluye dentro de su contenido, como susceptibles de objeto posibles de reclamación de tutela “las sentencias y las demás providencias que pongan término al proceso” (inciso 1º), incluyendo las que “hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial” (inciso 1º del parágrafo primero del citado art. 40), y el artículo 11 que autoriza la tutela de sentencias o providencias que le ponen fin al proceso ya ejecutoriadas, se infringe el mandato constitucional de la no tutelabilidad de dichos actos judiciales excluidos en el art. 86 de la C.N. Y cuando el artículo 8º, inciso 1º, permite el ejercicio de la acción de tutela con independencia del ejercicio del medio de defensa, también resulta incompatible con aquel precepto constitucional.
4.2.1. Ahora bien, frente a esta incompatibilidad tampoco puede el órgano o funcionario judicial entender incluida esa posibilidad de tutela en el citado precepto, cuando realmente no lo está; ni admitir su adición por la vía legal, porque siendo una acción constitucional, debe corresponder a la Carta Política su total consagración. Pero la sustracción constitucional de las sentencias ejecutoriadas del control de tutela, en el sentido antes mencionado, en vez de negar defensas, supone, por el contrario, haberlas tenido y haber gozado de ellas (incluyendo, los recursos extraordinarios y otras defensas), y garantizar, con sus efectos vinculantes, la seguridad jurídica y la convivencia de los ciudadanos. Además, con esta ausencia de tutela de los fallos ejecutoriados, no se desamparan los derechos constitucionales fundamentales, porque ellos quedan bajo la protección judicial ordinaria antes y después de la conclusión del proceso, tal como lo establece la Constitución (art. 89 C.N.).
4.2.2 De allí que en dicho evento deban inaplicarse los mencionados preceptos legales, para, a su turno, darle aplicación al artículo 86 citado, que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, no consagra la tutela para las sentencias ejecutoriadas, sean irrecurribles o tengan los recursos ya agotados, razón por la cual no habiendo acción de tutela, ninguna de las Salas especializadas de la Corte, ni aun la Sala de Casación Penal (como superior funcional), tendrían competencia para conocer de la correspondiente solicitud. Ni tampoco consagra acción de tutela transitoria para sentencias definitivas. Por lo que, ello será suficiente para abstenerse de admitir también esta última.
5. Finalmente, siendo así las cosas, la Sala se abstiene de exigir la manifestación bajo juramento del art. 37 del decreto citado, por contrariar la economía procesal y la celeridad de la decisión correspondiente. Ahora bien, estima la Sala procedente entrar a proveer negativamente, porque la mencionada incompatibilidad tiene, como se dijo, incidencia incuestionable en la competencia y la existencia de la acción de tutela, como presupuesto, para el conocimiento y decisión de la solicitud impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Denegar las solicitudes de tutela formuladas por Julián Peláez Cano y Luis Arias Castaño con relación a la sentencia de la Sala de Casación Penal, al fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y su protección transitoria, de que dan cuenta los antecedentes, por las razones allí expuestas.
Cópiese y notifíquese oportunamente por telegrama en la dirección indicada por los interesados (art. 30 Decreto 2591 de 1991).