Source: https://criminalfact.wordpress.com/2017/03/01/jueces-en-el-punto-de-mira/
Timestamp: 2017-09-23 16:22:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 446', 'artículo 53', 'artículo 446', 'artículo 8', 'artículo 536', 'artículo 53']

Publicado el 1 marzo, 2017 1 marzo, 2017 por criminalfact	Posted in criminalistica, criminologia, derecho, PeriodismoEtiquetado análisis, faceoff, historia, inhabilitación, internacional, jueces, juzgar, legal, mentiras, nacional, penal, política, TEDH, tribunal supremo
No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad. – Aristóteles
Entre las noticias más destacadas de ese día destacamos la siguiente: “La Audiencia condena a seis años de prisión a Besa y a cuatro y medio a Rato por las tarjetas black” (http://www.elmundo.es/economia/2017/02/23/58aede64e2704e0f318b4573.html). En la entrevista otorgada a la cadena Cuatro, concretamente al programa ‘Las mañanas de Cuatro’, se habló con el magistrado Elpidio Silva, quien dijo lo siguiente: “…Son cinco años los que venimos esperando que se desenlace el primer capítulo de la gestión financiera criminalizada de Caja Madrid y Bankia, ya se ha desarrollado el prólogo y el primer capítulo”.
Como podemos recordar el prólogo al que se refiere el ex magistrado es a la fase de instrucción de los casos ‘Blesa’ (diligencias previas 58/2010) y ‘Banco de Miami’ (diligencias previas 3173/2013). Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar al Ilustre Sr. Elpidio Silva y observamos cómo en este país el investigado e imputado sale impune de los delitos cometidos y el juez es inhabilitado por la realización de su trabajo. La condena del Sr. Silva es concretamente la siguiente: “FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al acusado Ilmo. Sr. Don ELPIDIO JOSÉ SILVA PACHECO, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción N° 9 de Madrid, como autor responsable de un delito continuado de prevaricación del artículo 446.3°, y dos delitos contra la libertad individual, ya definidos, y en concurso, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTIUN MESES Y UN DÍA DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE 10 EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP en caso de impago e INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE DIECISIETE AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, para el ejercicio del cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo del que era titular, así como de los honores anejos, e incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la administración de justicia, y en particular, aquellos que conlleven el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno, dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo” [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 228/2015, recurso de casación nº 2196/2014 interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de octubre de 2014].
A estas investigaciones, hay que sumarle la denuncia del sindicato Manos Limpias interpuesta contra Miguel Blesa de la Parra y Gerardo Díaz Ferrán, por un crédito de 26 millones de euros que Caja Madrid –entidad en crisis- había concedido a Díaz Ferrán. Al no dar frutos esta vía de investigación se produce el primer gran parón del ‘Caso Blesa’, pero la causa contra Blesa en el ‘Caso Bank of Miami’ y el propio Caso Blesa continúa hasta la sentencia del 6 de octubre de 2014 donde se inhabilita al Magistrado.
Por lo tanto, tenemos, a dos condenados con penas de cárcel –de momento puestos en libertad sin fianza- y a devolución de parte de lo sustraído –devolución que no ocurrirá, dado que se declararán insolventes antes de lo que menos esperamos- y, la inhabilitación de un juez que hacía su trabajo. Algo falla cuando se inhabilita a un juez y se premia a un delincuente.
“La gente sabe que en las dos causas más importantes que se siguen en este país por financiación ilegal de partidos políticos y por gestión criminalizada de financiación en Caja Madrid y Bankia, los jueces que las instruyeron están fuera de la carrera judicial”
Elpidio Silva, ‘Las mañanas de Cuatro’, 24 de marzo de 2017
En el año 2012 el Tribunal Supremo determina el siguiente FALLO dentro del proceso de la ‘causa de Peláez, Crespo y Correa vs. Garzón’:
“Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3o, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil”. [Sentencia del Tribunal Supremo nº 79/2012, causa 20716/2009]
En el momento de la sentencia, Garzón, llevaba siendo magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional desde el año 88. En esos años, puso en mala posición al Estado español con investigaciones de crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, corrupción política, narcotráfico y delincuencia económica. Desde su inhabilitación, no ha dejado de ser noticia en los medios de comunicación dado que ha ostentado cargos como el de Asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o director de la defensa jurídica de Julian Assange –fundador de Wikileaks-.
Según la opinión de los medios de comunicación y de los partidos políticos, el Sr. Garzón se extralimitó en sus funciones como juez al establecer escuchas en la cárcel mientras el acusado mantenía reuniones con su abogado, obviando el privilegio abogado-cliente. El TSJ de Madrid consideró que “la intervención realizada con las escuchas vulneraba el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”. Pero si lo miramos desde el punto de vista judicial, los jueces tienen libertad para interpretar la legislación existente aplicable al caso del que se está hablando, cosa que en este caso no se le ha permitido al Sr. Garzón. Lo que me lleva a preguntarme ¿dónde está la independencia de decisión y de interpretación legal del magistrado en base a las pruebas obtenidas y presentadas por las partes implicadas en el juicio? En este caso no existe, otro ejemplo de lacra de la corrupción que llega a niveles insospechados por los ciudadanos de a pie.
En ambos casos de inhabilitación, la justicia –por llamarla de algún modo- les está dando la razón cuando antes no lo hacía, condenando a penas de cárcel y de inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos a los acusados. Pero, y ¿qué tal si en vez de darle la razón los readmite dentro de la carrera judicial y les deja hacer su trabajo?
Pero la cosa no ha quedado en la inhabilitación de estos dos magistrados, también existe la parte de las presiones a las que se ha sometido a varios jueces en este país por las causas que estaban investigando. En este aspecto podemos mencionar a la Ilustre Sra. Mercedes Ayala, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, conocida por dos casos mediáticos: la venta del equipo de fútbol Real Betis Balompié y, sobre todo, por el llamado ‘Caso ERE’ o también conocido como ‘Caso de los ERES de Andalucía’. Es en este último, donde la Jueza Ayala inicia una investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades con los expedientes de regulación de empleo, también conocidos como ERE, y con un fondo de ayuda económica a empresas en crisis.
Grande-Marlaska: es el juez instructor del caso ‘Accidente Yak-42’ que costó la vida a 62 militares en el año 2003. Quizás debido a las presiones, a los cuatro meses de recibir el caso archivó la causa atribuyendo las responsabilidades a la tripulación ucraniana, eximiendo al Ministerio de Defensa de cualquier culpa.
Jueces: en el punto de mira – (c) – Adriana Peña Laso
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/Condenas-desde-tres-meses-a-seis-anos-de-prision-a-los-65-acusados-de-las–tarjetas-black-
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2015/04/23/sentencia_elpidio_silva.pdf
La misma se prevé para 2018. Actualmente ha salido la sentencia de la causa Fitur, indenxada dentro del ‘Caso Gürtel’