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Timestamp: 2020-06-05 00:04:49
Document Index: 392942079

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 243', 'Artículo 243', 'ARTÍCULO 180', 'ARTÍCULO 232', 'ARTÍCULO 193', 'ARTÍCULO 226', 'ARTÍCULO 236', 'ARTÍCULO 240', 'ARTÍCULO 241', 'ARTÍCULO 276', 'ARTÍCULO 277', 'Artículo 125', 'artículo 243']

C-329 de 2015
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030032831CC-SENTENCIAC329201527/05/2015CC-SENTENCIA_C_329__2015_27/05/2015300328292015Sentencia C-329/15 ( Bogotá D.C ., 27 de mayo de 2015) CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Recurso de apelación de sentencias y autos proferidos por jueces administrativos y tribunales administrativos en primera instancia CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE AL RECURSO DE APELACION DE AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Prevé diferencia de trato a partir de quien sea la autoridad judicial que dicte el auto LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL- Reiteración de jurisprudencia/ CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA- Libertad de configuración del proceso/ LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA DEL CONGRESO- Restricciones LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA ESTABLECER RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA CONTRA ACTOS DE AUTORIDADES JUDICIALES- Reiteración de jurisprudencia /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE RECURSOS- Límites /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE RECURSOS Y PRINCIPIO DE IGUALDAD- Diferencia de trato IGUALDAD COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO- Reiteración de Jurisprudencia/ IGUALDAD COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO- Reconocimiento y regulación/ IGUALDAD- Carácter relacional/ ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD E IGUALDAD- Requiere de una comparación entre dos regímenes jurídicos dado su carácter relacional/ TEST DE IGUALDAD- Herramienta metodológica /IGUALDAD- Trato a partir del grado de semejanza o identidad/ IGUALDAD- Instrumentos internacionales JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD -Etapas/ JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD- Modalidades del test de igualdad según grado de intensidad RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS POR JUECES ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA- Interpretación del Consejo de Estado /RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS POR JUECES ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA- Criterios hermenéuticos aplicados por el Consejo de Estado RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Interpretación sistemática del artículo 243 del CPACA RECURSO DE REPOSICION- Procedencia /RECURSO DE SUPLICA- Factores de procedencia /RECURSO DE APELACION- Procedencia RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA Y JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD- Semejanzas y diferencias para establecer el criterio de comparación RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Distinción en cuanto a la incidencia de las providencias en el proceso /RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Distinción en cuanto al autor que las profiere CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE AL RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Busca descongestionar la jurisdicción especialmente del Consejo de Estado CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Restricción del recurso de apelación de autos que no ponen fin a la actuación procesal ni tienen gran incidencia en el proceso y son proferidos por el tribunal administrativo AUTORIDAD JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA- Competencia en la razón de la cuantía y otros criterios CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Reducción de providencias apelables dictadas por tribunal administrativo en primera instancia reduce carga del Consejo de Estado como tribunal de segunda instancia RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS EN PRIMERA INSTANCIA- Reducción con el fin de descongestionar al Consejo de Estado constituye diferencia de trato justificada
Diego Alejandro Pérez ParraCONSTITUCIONALIDADMauricio González Cuervoartículo 243 de la Ley 1437 de 2011Identificadores20030123519true1216477original30121630Identificadores
Norma demandada: artículo 243 de la Ley 1437 de 2011
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE AL RECURSO DE APELACION DE AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Prevé diferencia de trato a partir de quien sea la autoridad judicial que dicte el auto
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Interpretación sistemática del artículo 243 del CPACA
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA Y JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Semejanzas y diferencias para establecer el criterio de comparación
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Distinción en cuanto a la incidencia de las providencias en el proceso/RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Distinción en cuanto al autor que las profiere
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE AL RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Busca descongestionar la jurisdicción especialmente del Consejo de Estado
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIAS Y AUTOS PROFERIDOS ENPRIMERA INSTANCIA-Reducción con el fin de descongestionar al Consejo de Estado constituye diferencia de trato justificada
Corresponde establecer si las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que regulan el recurso de apelación de providencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y por los tribunales contencioso administrativos, ¿vulneran el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 CP) y el derecho a la igualdad de trato (art. 13 CP), en razón de la diferencia que establecen respecto del recurso de apelación de autos Por razones metodológicas, dado que ambos cargos guardan una estrecha relación, su análisis se hará de manera conjunta.
4. Cargos: vulneración del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución art. 2 CP) y del derecho a la igualdad de trato (art. 13 CP).
79. Sobre el principio de igualdadante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado[41] que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico[42].
¿Por qué razón el legislador limitó las decisiones interlocutorias de que puede conocer el Consejo de Estado en sede del recurso de apelación, de forma tal que sólo lo serán aquellas contenidas en los numerales 1 a 4 del artículo 243, en normas especiales del CPACA o de la legislación general contenida en el CGP La respuesta se encuentra en el propósito de introducir celeridad y eficiencia a la administración de justicia, debido a la congestión y represión de procesos que padece, y que ha sido una de las patologías históricas de la administración judicial en Colombia. Ante este problema, han sido numerosos los intentos legislativos (y administrativos) por mejorar la eficiencia de la justicia, valor constitucional loable e imperativo, para garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder al aparato jurisdiccional, en busca de una solución efectiva y pronta de sus conflictos.
Las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que regulan el recurso de apelación de providencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y por los tribunales contencioso administrativos, ¿vulneran el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 CP) y el derecho a la igualdad de trato (art. 13 CP), en razón de la diferencia que establecen respecto del recurso de apelación de autos
Exequible (EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones: “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 ) Artículo 243 LEY_1437_2011_18/01/2011
El control jurisdiccional de la constitucionalidad, ubica a los jueces como los defensores de la Constitución[1]. Ya lo advertía HAMILTON en los albures de la Constitución de Estados Unidos cuando manifestaba en “El Federalista” que:
“Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, deben preferir, como es natural, (…) la constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios.”[2]
La función de guardián de la Carta ejercida por la Corte Constitucional es guiada por el mismo Texto Superior que debe proteger, es decir, no tiene un fin en si mismo, sino que su objetivo es la eficacia de la Constitución en sentido material[3]. Así, la comprensión de la Constitución, según HESSE, parte de una perspectiva no formal sino material, en la que la “… Constitución es concebida como una unidad material”[4]
Esta concepción exige al intérprete autorizado de la Carta, cumplir su labor con estricto apego a la misma, en un ejercicio hermenéutico correcto a partir de la comprensión y entendimiento de la Constitución como unidad[5]. Así las cosas, el control material de constitucionalidad debe ser integral, lo que implica que la confrontación normativa y su correspondiente juicio de validez, debe asegurar la eficacia sistémica de la norma Superior y no limitarse a un control parcial de la Constitución, determinado por lo que rogadamente le presente la demanda que da inicio al proceso.
Las cuestiones que se debaten en los juicios abstractos de constitucionalidad interesan a la comunidad en general, puesto que al activarse la jurisdicción se abre un escenario de debate sobre materias que importan a la sociedad y que pueden afectar la unidad política del Estado y el orden jurídico[6].
Por esta razón, el proceso de control abstracto de constitucionalidad que se adelanta ante la Corte, permite la participación de cualquier ciudadano interesado en las materias que son de conocimiento de esta Corporación. De esta suerte “… el control judicial no garantiza a los individuos ningún tipo de resultado sustantivo. Pero les brinda la oportunidad concreta y efectiva de ser partícipes en las decisiones que se toman sobre sus derechos.”[7]
En ese orden de ideas, el proceso adelantado en esta Corporación tiene naturaleza participativa y deliberativa o en palabras de KUMM: “… el control judicial jugaría el rol de un interrogatorio de tipo socrático, en el cual el Estado debe dar argumentos que todos podrían razonablemente aceptar, y que- con frecuencia- permitiría descubrir ciertas patologías del sistema político, como las decisiones irreflexivas basadas sencillamente en la tradición, convenciones o simples preferencias, o aquellas basadas en concepciones del bien fuera de los límites de la razón pública.”[8] (negrillas fuera de texto)
[1] Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución En Carl Schmitt y Hans Kelsen, La polémica Schmitt/Kelsen, Editorial Tecnos 2009.
[2] Hamilton, Madison y Jay, El Federalista. Fondo de Cultura Económica, México 1982, 1992. Citado por Garrorena Morales Ángel, Derecho constitucional Teoría de la Constitución y sistema de fuentes. Centro de Estudios Políticos y constitucionales Madrid, 2011. Pág. 104.
[3] Mortati Constantino, La constitución en sentido material. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 2000.
[4] Hesse Konrad. Escritos de derecho constitucional. Centro de Estudios Constitucionales Madrid, 1992. Pág. 5.
[5] Ibídem pág. 17
[6] Hesse, K. Op Cit. Pág. 7.
[7] Elías, José Sebastián, “El control judicial de constitucionalidad”, disponible en “La Constitución en 2020” VVAA, Siglo XXI editores. Colección derecho y política. Argentina 2011. Pág. 298.
[8] Kumm, Mattias, “Institutionalising Socratic Constestation: The Rationalist Human Rights Paradigm, Legitimate Authority, and the point of Judicial Review”, en 1 European Journal of Legal Studies, (2007), citado en Elías, J. Ob. Cit. Pág. 300.
[41]Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supra nota 83, párr. 55.
[42]Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 83, párr. 269.
[56]ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
[57]ARTÍCULO 232. CAUCIÓN. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante.
[58]ARTÍCULO 193. CONDENAS EN ABSTRACTO. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
[59]ARTÍCULO 226. IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE INTERVENCIÓN DE TERCEROS. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo y el que la niega en el suspensivo. El auto que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso de súplica o del de reposición, según el juez sea individual o colegiado, y en los mismos efectos previstos para la apelación.
[60]ARTÍCULO 236. RECURSOS. El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.
[61]ARTÍCULO 240. RESPONSABILIDAD. Salvo los casos de suspensión provisional de actos administrativos de carácter general, cuando la medida cautelar sea revocada en el curso del proceso por considerar que su decreto era improcedente o cuando la sentencia sea desestimatoria, el solicitante responderá patrimonialmente por los perjuicios que se hayan causado, los cuales se liquidarán mediante incidente promovido dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
[62]ARTÍCULO 241. SANCIONES. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
[63]ARTÍCULO 276. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Recibida la demanda deberá ser repartida a más tardar el día siguiente hábil y se decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes.
[64]ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR SU NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:
[68]Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.