Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-881-de-noviembre-23-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b93022b017e002d2e0430a01015102d2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 00:12:07
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 335', 'in dubio', 'artículo 332', 'artículo 332', 'artículo 332', 'artículo 29', 'artículo 335', 'artículo 56', 'artículo 335', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 56', 'artículo 335', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 56', 'artículo 335', 'artículo 331', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 294', 'artículo 33']

﻿ Sentencia C-881 de noviembre 23 de 2011
SENTENCIA C-881 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PRECLUSIÓN. MARCO DE LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, Y LAS POSTURAS INSTITUCIONALES ASIGNADAS A JUEZ Y FISCAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “EL JUEZ QUE CONOZCA DE LA PRECLUSIÓN QUEDARÁ IMPEDIDO PARA CONOCER DEL JUICIO” CONTENIDA EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 335 DE LA LEY 906 DE 2004, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FACULTADES DEL JUEZ, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, FISCAL
Sentencia C-881 de noviembre 23 de 2011
Sentencia C-881 de 2011
Ref.: Expediente D-8537
Actor: Luis Daniel Mantilla Arango.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 45.658 del primero (1º) de septiembre de 2004, subrayando el aparte demandado:
2.4. Finalmente, hay quienes estiman —Universidad de Ibagué— que el demandante tiene razón al equiparar la posición del fiscal a la del juez, en lo que concierne al deber de objetividad e imparcialidad de uno y otro, pero consideran que una interpretación sistemática de los preceptos legales que regulan la materia permitiría sostener que el legislador hizo extensivo el impedimento que el demandante echa de menos, también al fiscal que solicita la preclusión.
En cuanto al primer aspecto el Procurador censura la falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de las razones expuestas en la demanda para provocar un pronunciamiento de mérito, sin que exponga argumentos relativos a la ausencia de cada unos de esos atributos. Sus reparos se adecuan a una crítica por falta de certeza(2) toda vez que señala que el demandante parte de una interpretación subjetiva y errónea acerca de las posiciones que ocupan el juez y el fiscal dentro de la estructura del proceso penal acusatorio, pretendiendo una equiparación que no se deriva de los postulados de ese modelo.
3.2. Observa la Corte que, contrario a lo que conceptúa la Procuraduría, la acusación del demandante se dirige contra una proposición normativa existente en el ordenamiento jurídico —la regulación de una causal de impedimento para el juez, originada en el trámite de una solicitud de preclusión—. El hecho de que el actor haga referencia a otras disposiciones del propio estatuto relativas a la misma materia (CPP., arts. 56 y 63) obedece a la pretensión de suministrar una hermenéutica apoyada en un criterio sistemático, sin que extienda su censura a esos otros preceptos.
4.1. La Corte ha tenido la oportunidad de hacer referencia, en diversas oportunidades(3), a la dogmática de la figura procesal de la preclusión, regulada en el título VI del Código de Procedimiento Penal, siempre con el propósito de establecer el alcance de un aspecto normativo relacionado con tal figura, a efecto de abordar un reproche de constitucionalidad. Así por el ejemplo en la Sentencia C-920 de 2007(4) (M.P. Jaime Córdoba Triviño), el Pleno de esta corporación definió conceptualmente la institución de la preclusión en el marco del sistema penal de tendencia acusatoria, hizo referencia a sus fines, a los órganos competentes para formular y resolver una solicitud orientada a su aplicación, así como a las causales que la motivan y a las oportunidades procesales para su invocación. Por suministrar un marco contextual adecuado para el análisis del contenido normativo acusado, recordará la Sala el mencionado desarrollo jurisprudencial.
“4.1. La preclusión de la investigación es una institución procesal, de amplia tradición en los sistemas procesales(5), que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada”.
“4.2. La nueva regulación constitucional introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002 (C.P., art. 250.5) separó a la Fiscalía General de la Nación de la facultad de precluir las investigaciones, y asignó de manera expresa tal función al juez de conocimiento. Esta configuración, se armoniza con los rasgos fundamentales del nuevo modelo de investigación y juzgamiento conforme al cual, no obstante radicar en la Fiscalía la titularidad para el ejercicio de la acción penal, la suerte de la misma y la definición del proceso se adscribió al juez, ya sea a través del control sobre la aplicación del principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del proceso, o la sentencia.
Se trata de un claro mandato para el fiscal de formular, ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión, en aquellos eventos en que no hubiese podido recolectar evidencia, o elementos materiales de prueba que le permitan sostener una acusación. Es esta una hipótesis que se funda en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, en los que tradicionalmente se ha inspirado la figura de la preclusión de la investigación”.
“4.3. El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 contempla dos oportunidades en que puede presentarse una solicitud de preclusión, supuestos que se encuentran perfectamente caracterizados por el momento procesal en que operan, las causales en que se pueden fundar y los sujetos legitimados para formularla. La primera oportunidad (arts. 331 y 332 inc. 1º) se presenta (i) durante la investigación (aún desde la fase previa), hasta antes de que el fiscal presente el escrito de acusación(6), (ii) se puede formular con fundamento en cualquiera de las siete (7) causales previstas en el artículo 332(7), y (iii) el legitimado para hacer la solicitud, según lo prevé la ley, es el fiscal.
La segunda, (par. art. 332) puede presentarse (i) durante el juzgamiento, (ii) únicamente con fundamento en dos (1ª y 3ª)(8) de las causales previstas en el artículo 332, y (iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el ministerio público y la defensa.
4.4. Sobre las causales en que se debe funda una decisión de preclusión, indicó:
De otra parte, durante la fase de juzgamiento (...) el legislador limitó a dos, los motivos que, por hechos sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio público y la defensa para solicitar la preclusión durante el juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal(9); y (ii) la inexistencia del hecho investigado”.
4.6. En suma, la preclusión de la investigación es una institución procesal que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación. En la fase de investigación puede ser solicitada por el Fiscal, aún desde la fase previa, con base en cualquiera de las 7 causales previstas en el artículo 332 Código de Procedimiento Penal. En el juicio la iniciativa puede surgir del fiscal, la defensa o el ministerio público, y solo ante la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal o la inexistencia del hecho investigado. En uno y otro caso debe ser resuelta por el juez de conocimiento, mediante sentencia que hace tránsito a cosa juzgada.
5. Los impedimentos y recusaciones, garantía de independencia e imparcialidad del funcionario judicial.
5.1. La jurisprudencia de esta corporación(10) ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial están orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración de justicia, y se traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman parte del debido proceso. Los impedimentos y las recusaciones son los mecanismos previstos en el orden jurídico para garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial. Tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, y en los convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado colombiano(11). Sobre el particular señaló la Corte:
“Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la administración de justicia: la independencia e imparcialidad del juez, que se traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de las esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de acudir ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (C.P., art. 29, en concordancia con diversas disposiciones contenidas en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) ”(12).
“Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (C.P., art. 228), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida(13)”.
5.3. De otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “(...) Las normas legales nacionales e internacionales sobre independencia judicial son imperativas para todo tipo de proceso judicial o administrativo, puesto que se trata de un elemento fundamental del derecho al debido proceso (art. 8.1 Convención)(14).
El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales”(15).
Sobre el alcance y los elementos del concepto de imparcialidad el tribunal internacional ha señalado que este “supone que el tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice(16).(...) Así mismo, la Comisión Interamericana ha distinguido al igual que otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos(17), dos aspectos de la imparcialidad, una aspecto subjetivo y otro objetivo(18).
Con relación al aspecto objetivo de la imparcialidad, la CIDH considera que exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso. Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad(19)”(20).
5.5. Para resolver la cuestión sometida a juicio en esta oportunidad, es preciso indagar acerca de si, tal como están regulados los impedimentos en el sistema procesal penal colombiano, sus causales se aplican a los fiscales, y particularmente, si la prevista en el inciso final del artículo 335 Código de Procedimiento Penal para el juez que niega una solicitud de preclusión, se extiende, de acuerdo a la configuración de legislador, al fiscal que formuló dicha solicitud. A ello se procederá a continuación.
Dentro de ese catálogo de causales se destaca la contemplada en el numeral 14 del artículo 56 según la cual constituye causal de impedimento “Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo”. Como es fácil advertir se trata de una causal de impedimento que reproduce la prevista en el inciso final del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal y que es objeto de esta impugnación.
6.3. Una interpretación de las normas que regulan los impedimentos, suministrada por uno de los intervinientes en este juicio, la Universidad de Ibagué, estima que concordando el contenido normativo acusado (CPP., arts. 335 y 56.14) con el artículo 63 ib., la causal allí prevista se haría extensiva a los fiscales que solicitan la fallida preclusión de la investigación; bajo esta hermenéutica no se configuraría la omisión legislativa que acusa el demandante. Cabe precisar que de conformidad con el artículo 63 “Las causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los fiscales, agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanente o transitorias policía judicial, y empleados de los demás despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y, si hallare fundada la causal de recusación o impedimento procederá a reemplazarlo”.
6.5. No comparte la Sala dicha interpretación, toda vez que la regla amplificadora prevista en el artículo 63 Código de Procedimiento Penal trascrito, debe ser aplicada atendiendo la naturaleza de las causales, así como la especificidad de las funciones que cumplen dentro del proceso penal los empleados y funcionarios que figuran como destinatarios de la norma.
6.5.1. La causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 56 Código de Procedimiento Penal, la cual coincide con la establecida en el inciso final del artículo 335 ib. objeto del reproche, tiene como finalidad preservar la imparcialidad e independencia del funcionario judicial —juez de conocimiento— encargado de adoptar una decisión de particular relevancia dentro del proceso penal como es la preclusión de la investigación. Esta decisión tiene consecuencias de la mayor trascendencia para el proceso comoquiera que da lugar cesación, con efectos de cosa juzgada, de la persecución penal en contra del imputado, y a la revocatoria de todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto. El impacto de una decisión de esta envergadura exige que se encuentre rodeada de todas las garantías adscritas al debido proceso como son la imparcialidad, el equilibrio y la independencia del funcionario que debe adoptar, con carácter vinculante, tal determinación.
6.5.3. No ocurre lo mismo con el fiscal que solicita la preclusión resuelta negativamente. No obstante que se trata de un servidor público perteneciente a la rama jurisdiccional del poder público (C.P., art. 116), su actuación, de manera general, no es típicamente jurisdiccional puesto que dentro del modelo penal acusatorio diseñado por el A.L. 03 de 2002, su posición institucional es la de titular de la acción penal y parte acusadora dentro del esquema adversarial(21). Partiendo de esta concepción, su actuación en el proceso no está precedida de las mismas exigencias de neutralidad, imparcialidad y equilibrio que deben caracterizar la actuación del juez.
El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas: (i) la intervención del juez de conocimiento para la adopción de la decisión; (ii) la exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté fundada en elementos materiales probatorios y evidencia física; (iii) la posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado, hagan uso de la palabra para controvertir la petición del fiscal; y (iv) que esté previsto que contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión proceda la apelación. No obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión”(22).
6.5.4. El hecho de que algunas de las causales previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal hagan explícita referencia al fiscal, y que el artículo 63 ib. establezca un dispositivo amplificador de las causales de impedimento a otros servidores públicos, incluido el fiscal, no autoriza automáticamente a entender que todas las causales en que se haga referencia al juez, deben incluir también al fiscal. Debe tenerse en cuenta, como ya se indicó, la naturaleza de la actuación y el papel institucional que ocupa el órgano en el marco de esa actuación. No se puede asimilar el acto de parte de formular una solicitud de preclusión, con el acto de juez de resolver negativamente esa petición.
6.5.5. El legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia regulatoria que le asigna la Constitución (C.P., art. 150.1 y 2) no estableció como causal de impedimento para el fiscal el haber solicitado una preclusión, rechazada por el juez. Por tratarse de un acto de parte que, no obstante, presenta una significativa relevancia frente a los derechos de las víctimas y perjudicados con el delito, el legislador penal, estableció diversos tipos de controles orientados a preservar el acceso a la justicia de estos sujetos procesales. En este sentido, previó que se trata de una solicitud que está regida por el principio de legalidad, toda vez que debe ser formulada con apego a unas causales (CPP., art.332), acompañada de un adecuado respaldo probatorio, sometida a una amplia contradicción argumentativa y probatoria, comoquiera que debe ser tramitada en audiencia (CPP., art. 333), con la participación de las víctimas, el ministerio público y la defensa, y definida por el juez de conocimiento mediante sentencia, que contará con los recursos de ley.
6.5.7. De otro lado, no puede perderse de vista que si bien no es exigible al fiscal el riguroso grado de imparcialidad que se impone al juez, debido a las diversas posturas institucionales que estos dos órganos asumen dentro del sistema penal acusatorio —juez y acusador—, la actividad investigativa y acusadora del fiscal debe estar guiada por una serie de principios rectores que modulan la actividad procesal como los de lealtad, objetividad y corrección. De acuerdo al primero, “Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe” (CPP., art.12) En virtud del segundo, “La Fiscalía General de la Nación (...) adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución y la ley” (CPP., art.115). Conforme al tercero, “En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia” (CPP., art. 27).
6.5.8. Con fundamento en los imperativos constitucionales que vinculan funcionalmente al fiscal con la obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal, y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo (C.P., art. 250), lo que el orden jurídico espera este servidor público es que una vez su solicitud de preclusión ha sido rechazada por el juez de conocimiento, reconduzca su actividad institucional de investigador y acusador, incorporando los insumos probatorios y jurídicos resultantes de la discusión surtida en la audiencia de preclusión. Asistido por los principios rectores de lealtad, objetividad y corrección procesal debe construir su postura ante el nuevo juez que asumirá el proceso, de acuerdo con la racionalidad que le demarque la evidencia probatoria obrante en el proceso.
6.6. En suma, la causal de impedimento prevista en los artículos 56.14 y 335 del Código de Procedimiento Penal para el juez que negó una solicitud de preclusión formulada por el fiscal, no se aplica a este último, toda vez que se trata de órganos que desarrollan actos procesales de diversa entidad, para los cuales el orden jurídico establece controles distintos. La actuación del fiscal que formula la fallida solicitud de preclusión es controlada por la exigencia de que sea motivada y esté fundada en evidencias; se tramite en audiencia con intervención de la víctima, el Ministerio Público y el defensor del imputado; es resuelta por el juez de conocimiento; se adopta mediante sentencia que puede ser apelada; y debe estar guiada por los principios de lealtad procesal, objetividad y corrección en la actuación procesal.
7.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido los requisitos para que se configure el cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, precisando que deben cumplirse cinco exigencias a saber: (a) la existencia de una norma respecto de la cual se pueda predicar necesariamente el cargo por inconstitucionalidad; (b) la exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma de aquellos casos o situaciones análogas a las reguladas por la norma, que por ser asimilables, debían de estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o la omisión en el precepto demandado de un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (c) la inexistencia de un principio de razón suficiente que justifica la exclusión de los casos, situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados por el precepto en cuestión; (d) la generación de una desigualdad negativa para los casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, frente a los casos y situaciones que se encuentran regulados por la norma y amparados por las consecuencias de la misma, y en consecuencia la vulneración del principio de igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad del trato desigual; y (e) la existencia de un deber específico y concreto de orden constitucional impuesto al legislador para regular una materia frente a sujetos y situaciones determinadas, y por consiguiente la configuración de un incumplimiento, de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador(23).
7.3.1. Respecto del primer requisito (i) sostiene el demandante que la norma de la cual se predica la omisión es la acusada en esta oportunidad. Observa la Corte que aunque el actor no conformó la proposición jurídica completa, toda vez que el mismo contenido normativo, se reproduce en el numeral 14 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, precepto que no fue atacado, verifica la Corte que el demandante señala una disposición existente en el orden jurídico, respecto de la cual predica la omisión que él considera violatoria de la Constitución. De la interpretación sistemática efectuada en esta providencia, se concluyó que en efecto, fue decisión del legislador establecer el impedimento a que alude la norma, únicamente para el juez.
7.3.3. En relación con el tercer presupuesto (iii) el actor sostiene que no existe una justificación objetiva y suficiente que explique el trato diferenciado que la norma prevé en el sentido de permitir al fiscal seguir actuando, pese a su convencimiento de que no hay mérito para acusar, y evitar que el juez lo haga cuando está convencido de que sí lo hay. Al respecto reitera la Sala los argumentos expuestos en el fundamento jurídico 4 de esta providencia en el sentido que el trato diferenciado deviene justamente de las posiciones institucionales diferentes que ocupan tanto el juez como el fiscal dentro del sistema penal de marcada tendencia acusatoria, y de las expectativas también diversas que el orden jurídico tiene respecto de la actuación del juez y del fiscal. De aquel se exige absoluta imparcialidad en la toma de decisiones de clara estirpe jurisdiccional y por ende de naturaleza vinculante, en tanto que de este se espera que recaude la evidencia orientada a desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al imputado, y formule la acusación si hubiere lugar a ello. Esta actuación no resulta afectada por la decisión legislativa examinada, comoquiera que, por el contrario, el debate surtido en la audiencia de la fallida preclusión, contribuye a fortalecer su postura de investigador y acusador, la cual debe, además, estar ceñida a los principios de lealtad procesal, objetividad y corrección.
7.4. No concurren en consecuencia, los presupuestos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una omisión legislativa relativa, ni se está frente a una disposición legal incompleta que vulnere las garantías constitucionales consagradas en los artículos 229 y 250.7 de la Constitución Política, a favor de las víctimas, por lo que tampoco hay lugar a restablecer la voluntad del constituyente, no acatada por el legislador. Así las cosas, con fundamento en las consideraciones precedentes la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio”, contenida en el inciso final del artículo 335 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
(2) Los cargos gozarán de certeza en dos aspectos diferentes: i) en primer lugar, siempre y cuando las acusaciones se realicen respecto de una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, y ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; ii) en segundo lugar, cuando ellos no constituyan inferencias o consecuencias subjetivas derivadas por el actor respecto de las disposiciones demandadas, al extraer de estas efectos o implicaciones jurídicas que las normas no contemplen objetivamente dentro de su ámbito normativo. En este sentido, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. Así las cosas, los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto (Corte Constitucional, Sent. C-539/2001).
(3) En la Sentencia C-591 de 2005, la Corte se pronunció por primera vez sobre la institución de la preclusión en el marco del sistema penal de tendencia acusatoria. En esa ocasión, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “a partir de la formulación de imputación” contenida en el artículo 331 de la Ley 906 de 2004, que determinaba el momento a partir del cual el fiscal debía solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte dicha expresión posibilitaba que en fase previa a la formulación de imputación, fuese el fiscal quien motu propio declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo de investigación que radica en el juez, —de garantías o de conocimiento— las funciones típicamente jurisdiccionales, por lo que declaró su inexequibilidad. En la Sentencia C- 209 de 2007, la Corte examinó la constitucionalidad de la expresión “En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas”, del artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, en relación con un cargo según el cual se estaban vulnerando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, por cuanto el segmento normativo acusado, según el demandante, le impedía a aquellas controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión del fiscal. La Corte declaró exequible el artículo 333 en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal. En la Sentencia C-920 de 2007 la Corte examinó si limitar a dos (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, e inexistencia del hecho investigado), las causales que pueden ser invocadas por el fiscal, el defensor y el ministerio público, para solicitar la preclusión durante la etapa de juzgamiento, violaba el derecho de defensa y la garantía de acceso del acusado a la justicia. La Corte declaró la exequibilidad del precepto tras considerar que “resulta razonable que el legislador, en uso legítimo del margen de discrecionalidad con que cuenta para configurar los procedimientos, optara por establecer una regulación más amplia para la preclusión en la fase de investigación, en lo que atañe a los motivos que la autorizan, y una más restrictiva para la fase de juzgamiento, atendiendo para ello de un lado, la naturaleza misma de las causales, y de otro, las exigencias estructurales del sistema”. En la Sentencia C-118 de 2008 la Corte examinó, entre otras disposiciones, la constitucionalidad de las expresiones “previa solicitud del fiscal” y “el fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004. El actor cuestionó la validez constitucional de la facultad única y excluyente que tiene la Fiscalía General de la Nación para solicitar la preclusión de la investigación y la exclusión de la defensa de la posibilidad de incoar dicha petición ante el juez de conocimiento. Alegó como vulnerados, los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del PIDCP y 8º de la CADH. La Corte consideró que la imposibilidad con que cuenta la defensa para solicitar la preclusión del proceso en la etapa de investigación (salvo el caso de CPP, art. 294), “no vulnera los derechos del procesado, por cuanto aquella cuenta con otros escenarios procesales para desplegarse plenamente”. Finalmente en la Sentencia C-648 de 2010, la Corte inexequible la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, al considerar que constituye una medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del procesado, por cuanto le limita desplegar otras actuaciones más acordes con su papel en el proceso penal.
(4) En esta sentencia la Corte abordó un problema jurídico consistente en establecer si limitar a dos (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, e inexistencia del hecho investigado), las causales que pueden ser invocadas por el fiscal, el defensor y el ministerio público, para solicitar la preclusión durante la etapa de juzgamiento, violaba el derecho de defensa y la garantía de acceso del acusado a la justicia.
(5) Se trata de una figura procesal con amplia ascendencia en los sistemas procesales de tendencia inquisitiva pues parte de la existencia de una investigación judicializada en la que se han producido pruebas, a partir de las cuales se estructuran las causales que permiten terminar el proceso de manera anticipada, prescindiendo del juicio, en razón a la ausencia de mérito para formular una acusación.
(6) Conviene recordar que mediante Sentencia C- 591 de 2005, la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 331 que regula la figura de la preclusión. En aquella oportunidad se pronunció respecto de la expresión “a partir de la formulación de imputación” que determinaba la oportunidad en la cual el fiscal debía solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte dicha expresión posibilitaba una interpretación según la cual en la fase previa a la formulación de imputación, fuese el fiscal quien motu propio declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo de investigación que radica en el juez, —de garantías o de conocimiento— las funciones típicamente jurisdiccionales, por lo que declaró su inexequibilidad. Dijo la Corte: “Ahora bien considera la Corte que en lo concerniente a la preclusión de la investigación, en los términos del artículo 331 de la Ley 906 de 2004, acusa el mismo problema constitucional advertido , en cuanto esta norma prevé la intervención del juez de conocimiento para su adopción sólo a partir de la imputación, existiendo la posibilidad de que aún en la etapa previa esta determinación sea toma da por el fiscal respectivo. Así las cosas para guardar plena armonía con las decisiones adoptadas respecto de la extinción de la acción, considera necesario un pronunciamiento —de inexequibilidad parcial— en relación con el artículo 331 mencionado.
(7) “ART. 332.—Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.3. Inexistencia del hecho investigado.4. Atipicidad del hecho investigado. 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código.
(8) (...) 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. (...) 3. Inexistencia del hecho investigado.
(9) La imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal, durante el juicio, puede surgir debido a un evento sobreviviente a la acusación, como puede ser la consolidación del término de prescripción de la acción, la muerte del acusado, la despenalización de la conducta imputada, la constatación de la existencia de cosa juzgada, el decreto de una amnistía, la rectificación del escrito injurioso o calumnioso, y en general aquellos eventos susceptibles de verificación objetiva, con potencialidad para extinguir la acción penal. (Sent. C-920/2008)
(10) Sentencias T-176 de 2009, T-080 de 2006, T-266 de 1999; Autos A-039 de 2010, y A-169 de 2009.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T- 080 de 2006, reiterada en Auto 169 de 2009.
(12) Corte Constitucional, sentencias T-176 de 2008.
(14) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi vs. Perú (1999).
(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paramana Iribarne vs. Chile (2005). Fundamentos jurídicos 146 y 147.
(16) Ver: Informe No. 17/94, Guillermo Maqueda, Argentina, OEA/Ser. L/V/II.85,Doc. 29, 9 de febrero de 1994, párr. 28. No publicado.
(17) Para la Corte Europea, la imparcialidad del juzgador se compone de elementos subjetivos y objetivos. Sobre este punto la Corte Europea ha desarrollado una extensa jurisprudencia (Casos DE Cubre, Hauschildt, entre otros).
(19) 64). En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea D.H., caso Hauschilt del 24 de mayo de 1989, serie A nº 154, pág., 21, par. 48.
(20) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Malary vs. Haití (2002). Fundamentos jurídicos 74 y 75.
(21) En la Sentencia T-1194 de 2005, la Corte describió así el nuevo papel institucional del fiscal: “A diferencia del sistema de tendencia inquisitiva adoptado por la Constitución de 1991 (...) en el que la Fiscalía ejercía —a un tiempo— función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal el rol del ente de investigación se ejerce con decidido énfasis acusatorio, gracias a lo cual, pese a que su participación en las diligencias procesales no renuncia definitivamente a la realización de la justicia material, el papel del fiscal se enfoca en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del método adversarial. Por ello, al haberse transformado su objeto institucional y al habérsele dado a la Fiscalía la función de actuar eminentemente como ente de acusación, se entiende que el organismo público no esté obligado a recaudar evidencias que pudieran liberar de responsabilidad penal al imputado. La investigación adelantada por la Fiscalía se enfoca primordialmente a desmontar la presunción de inocencia que ampara al individuo objeto de investigación, lo que no significa que, de hallarse evidencia que resulte favorable a los intereses del mismo, esta deba ser puesta a disposición de la defensa”.
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007. En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad del artículo 33 de la Ley 906 de 2004 “en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal”.
(23) Sobre el tema de la omisión legislativa relativa pueden consultarse entre numerosas sentencias, las siguientes: C-539 de 2011, C-936 de 2010, C-192 de 2006, C-073 de 2006, C-045 de 2006, C-833 de 2006, C-1230 de 2005, C-061 de 2005, C-800 del 2005, C-509 de 2004, C-809 de 2002, C-185 de 2002, C-427/2000, C-1549/2000, C-1549 de 2001, C-1255 de 2001, C- 675 de 1999, C-146 de 1998 y C-543 de 1996,