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Timestamp: 2014-11-24 17:35:21
Document Index: 386704705

Matched Legal Cases: ['artículo 325', 'artículo 701', 'artículo 693', 'artículo 693', 'artículo 697', 'artículo 530', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 701', 'artículo 302', 'artículo 701', 'artículo 1953', 'artículo 701']

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LA INSCRIPCION DE LOS EMBARGOS EJECUTIVOS NO CADUCAN.POR Liliana Gimenez de Castillo
LA INSCRIPCION DE LOS EMBARGOS EJECUTIVOS NO CADUCAN.
LILIANA GIMENEZ DE CASTILLO
Asesora de la Dirección General de los Registros Públicos
El Código de Organización Judicial, Ley No. 879/81, en su artículo 325 faculta a la Dirección General de Registros Públicos a elevar consultas al Presidente del Tribunal de Apelación en lo Civil, sobre cualquier duda que se le presente sobre la interpretación de las leyes y reglamentos de aplicación en los registros públicos.
En ese sentido, ha consultado sobre el artículo 701 del Código Procesal Civil relativa a la caducidad de las medidas cautelares registrables a los cinco años de la fecha de su anotación en el registro respectivo, y si esta caducidad es o no aplicable a los EMBARGO EJECUTIVOS.
Me pareció interesante compartir con todos Uds. el dictamen, que paso a transcribir a continuación, por considerarlo importante para la labor registral que nos toca desempeñar.
“CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR
Resulta claro e indiscutible que la citada normativa procesal hace relación única y exclusivamente con las medidas cautelares, razón por la cual a los efectos de evacuar la consulta formulada por la Dirección General de los Registros Públicos, se toma necesario definir el concepto de “medida cautelar” y determinar con carácter previo si el embargo ejecutivo constituye o no una medida cautelar. En tal sentido, cabe afirmar que por principio, la medida cautelar (denominada también precautoria) es la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, antes o después de iniciado un proceso, con la finalidad de garantizar o asegurar el cumplimiento de las resoluciones o sentencias judiciales a ser pronunciadas en los respectivos procesos y, consiguientemente, impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener en dichos juicios pierda su eficacia al tiempo de pronunciarse la sentencia definitiva y, concretamente, que pueda convertirse en ilusoria la eventual condena que ponga fin a los procesos.
NATURALEZA DEL EMBARGO EJECUTIVO
No obstante, el concepto de medida cautelar o precautoria, no le es aplicable al EMBARGO EJECUTIVO por los siguientes fundamentos:
1) Las medidas cautelares que por su naturaleza procesal deben ser conceptuadas como restrictivas, se encuentran legisladas en los artículos 691/730 del Código Procesal Civil. Entre tales medidas precautorias se encuentran: el embargo preventivo, la inhibición general de enajenar y gravar bienes, el secuestro, la anotación de litis, la prohibición de innovar y contratar y la intervención y administración judicial, sin perjuicio de las medidas de igual carácter que se encuentran legisladas en la ley de Marcas y las de urgencia que pueden ser decretadas en el juicio de amparo constitucional. El embargo ejecutivo no se encuentra enumerado legalmente en ninguna de las normas relativas a las medidas precautorias o cautelares, constituyendo tal circunstancia un argumento de relevancia (concretamente el argumento “SEDES MATERIAE”) para entender que la figura del embargo ejecutivo no pertenece a la categoría de las medidas cautelares.
2) Por principio, todas las medidas cautelares deben ser decretadas, previo cumplimiento de los presupuestos genéricos de la medida cautelar, legislados en el artículo 693 del CPC (verosimilitud en el Derecho, peligro en la demora y contracautela, salvo que esta última condición no sea requerida por la naturaleza de la medida solicitada). Empero, a los efectos del decreto del embargo ejecutivo el acreedor no necesita acreditar tales presupuestos genéricos puesto que la naturaleza del título presentado en juicio le exime por completo del cumplimiento de tales obligaciones. Si los presupuestos genéricos legislados en el artículo 693 del CPC son exigibles únicamente a las medidas cautelares, y si para obtener el embargo ejecutivo el interesado no requiere acreditar tales presupuestos, la conclusión que se desprende de tales premisas es que el embargo ejecutivo, no constituye una medida cautelar.
3) Las medidas cautelares en general pueden ser decretadas antes o después del juicio principal del cual dependen como medidas accesorias e incidentales, siendo todas ellas provisionales de conformidad con el artículo 697 del CPC. En cambio, el embargo ejecutivo constituye un trámite perteneciente a la estructura del juicio ejecutivo que debe ser decretado necesariamente (salvo prohibición de la ley o renuncia del interesado o deudor) con la iniciación del juicio ejecutivo y practicado inmediatamente después de la intimación de pago en el supuesto de que el deudor no pague la suma reclamada en dicho acto que debe ser diligenciado por el oficial de justicia. La diferencia, entonces, es radicalmente clara: las medidas cautelares constituyen medidas accesorias y provisionales de un juicio principal, que ya se inició o que debe ser promovido dentro de un plazo determinado, las cuales pueden ser o no solicitadas por la parte interesada. El embargo ejecutivo no constituye una medida accesoria, incidental o provisional, sino, como se dijo, parte de un trámite propio y permanente del juicio ejecutivo puesto que una vez trabado solamente puede ser levantado cuando el bien es inembargable o como consecuencia de haberse desestimado la ejecución, figura, por otra parte, que no podría llega a término (pago al acreedor ejecutante) si no existiera un embargo de carácter ejecutivo, sin perjuicio, obviamente, que pueda también solicitarse el levantamiento parcial (reducción) del embargo ejecutivo, o su substitución, por la vía incidental cuando hubiese sido trabado en forma excesiva en detrimento de los intereses patrimoniales del presunto deudor. Un caso especial lo constituyen las demandas contra el Estado cuyos bienes son inembargables y en las cuales debe darse observancia obligatoria a lo dispuesto en el artículo 530 del CPC, modificado por el artículo 1 de la Ley 1493/2000 en concordancia con el artículo 2 de la citada ley que imponen ejecutar la suma reclamada incluyendo el monto respectivo en el presupuesto del Estado, o en el de las Gobernaciones o Municipalidades, según corresponda.
A todo lo dicho cabe agregar que la norma del artículo 701 del CPC debe ser concordada con la contenida en el artículo 302 del COJ por la cual las inscripciones hipotecarias y prendarias, las anotaciones preventivas, embargos e inhibiciones “caducan automáticamente a los diez años de su presentación si antes no fueran reinscriptas”. Sin perder de vista que tal disposición legal se encuentra derogada tácitamente (art. 7 CC) en cuanto establece el plazo de diez años en relación a los embargos, anotaciones preventivas e inhibiciones cuyas inscripciones caducan a los cinco años, cabe señalar dos extremos: a) Que las medidas precedentemente anunciadas, como medidas cautelares, caen en el ámbito de aplicación de la norma del artículo 701 del CPC; b) Que las hipotecas y las prendas no son medidas cautelares, sino derechos reales de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1953 del CC. Los derechos reales, por una parte, y las medidas cautelares que se inscriben, por la otra, no son figuras asimilables o equiparables sino únicamente en cuanto ambas son registrables y, por tanto, sujetas a caducidad.
Las consideraciones y fundamentos que anteceden conducen, consiguientemente a la siguiente CONCLUSION: Que el EMBARGO EJECUTIVO no constituye una medida cautelar y, por tanto, no se encuentra sujeta al plazo de caducidad legislado en el artículo 701 del CPC”.
<><> Esta entrada fue publicada
el Miércoles, 3 de octubre de 2007 a las 12:00 am	y está clasificada bajo: Artículos Doctrinales.
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