Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2014-00080-de-octubre-15-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_18813ce004634be18566bb2394034de6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-03-24 16:08:07
Document Index: 111848711

Matched Legal Cases: ['artículo 246', 'artículo 180', 'artículo 125', 'artículo 79', 'artículo 85', 'artículo 203', 'artículo 237', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 4', 'artículo 161', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 161', 'artículo 237', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 164', 'artículo 1', 'artículo 161', 'artículo 275', 'artículo 237']

﻿ Auto 2014-00080 de octubre 15 de 2015
AUTO 2014-00080 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:VINCULACIÓN DE LA REGISTADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL A LOS PROCESOS ELECTORALES ES EXCEPCIONAL. LA VINCULACIÓN DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL DE LA REGISTADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ES ESPECIAL, EN TANTO DEBE SER ANALIZADA DESDE LA COMPROBACIÓN DE QUE INTERVINO EN LA ADOPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ELECCIÓN IMPUGNADO EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE IMPLICAN QUE DEBA CONCURRIR AL PROCESO PARA, ENTRE OTROS, EXPLICAR, DEFENDER, DOCUMENTAR Y PROBAR SU ACTUACIÓN, MAS NO PARA CUESTIONAR LA ELECCIÓN PROPIAMENTE DICHA, CREÁNDOLE UN POSIBLE INTERÉS EN EL RESULTADO DEL PROCESO. SI DE LO PROBADO SE DETERMINA QUE LA REGISTADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NO INTERVINO EN LA ADOPCIÓN DEL ACTO INCOADO, SU CONCURRENCIA AL PROCESO RESULTARÍA INOCUA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SANCIONES A LOS INTERVINIENTES POR DELITO CONTRA EL PROCESO ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL, COMISIÓN COORDINADORA DEL PROCESO ELECTORAL, FUNCIONES DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL PROCESO ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL, TRÁMITE DE LA NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL POR VIOLACIÓN DE LA LEY, TRÁMITE DE LA DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, DELITO CONTRA EL PROCESO ELECTORAL, PERTURBACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL, HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PROCESO ELECTORAL, PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL, NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL, DEMANDA EN PROCESO ELECTORAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL
Auto 2014-00080 de octubre 15 de 2015
Rad.: 11001-03-28-000-2014-00080-00(S)
Actor: Sandra Elena García Tirado y otros
Bogotá D.C., quince de octubre de dos mil quince.
Este recurso es procedente de conformidad con lo previsto por el artículo 246 del CPACA conforme al cual este medio de impugnación “procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto.”; por cuanto el auto que decide las excepciones previas es “susceptible de apelación o del de súplica, según el caso”, de conformidad a lo dispuesto en el inciso último, numeral 6º del artículo 180 del CPACA. Esto armonizado con el artículo 125 ibídem, otorga la competencia a la Sala en los cuerpos colegiados al disponer que será del conocimiento de la Sala, Sección o Subsección el auto que resuelva el recurso de súplica con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.
A. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC.
El recurso de súplica, obrante a folios 1.352 a 1.355 cdno. 1 exp. 00080, reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, consistentes en que conforme los artículos 120 y 266 superiores, el Código Electoral y el Decreto 1010 de 2000, la RNEC se encarga, entre otras competencias, de dirigir y organizar el proceso electoral y, en los escrutinios simplemente cumple funciones secretariales, así que carece de competencia para suspender los efectos de los actos demandados.
Por ello, el Consejo de Estado de tiempo atrás ha manejado la legitimación en la causa de hecho o material y la legitimación en la causa de derecho, permitiendo que la primera condense todas aquellas postulaciones que las partes consideran pueden invocar u oponer a la otra parte —dependiendo de la posición procesal donde se ubique— pues se gobierna por la voluntad del postulante, pero será luego, a partir de la legitimación en la causa de derecho, y posterior al análisis fáctico, argumentativo y probatorio que realice el juez, la que finalmente le otorgue la razón o bien al demandante en sus pretensiones o bien al demandado en sus defensas y podrá decirse entonces que ambas legitimaciones de hecho y de derecho convergen para permitir proferir sentencia de fondo o de mérito y se armonizan en quien la decisión favoreció.
Ha de recordarse que la Registraduría Nacional del Estado Civil aparece con la Ley 89 de 16 de diciembre de 1948, en la que se creó la Organización Electoral con el propósito de evitar la influencia de los partidos políticos, para evitar que alguno o algunos derivaran ventajas, para garantizar la plena imparcialidad política. Posteriormente, normas como el Código Electoral le otorgan las competencias de organizar y vigilar el proceso electoral y organizar la difusión de los resultados electorales a medida que se vayan conociendo los escrutinios practicados por las comisiones escrutadoras y por los delegados del CNE (art. 26, nums. 2 y 21). En el artículo 79 de este Código Electoral le faculta para dividir en zonas destinadas para facilitar las inscripciones, votaciones y escrutinios en aquellos municipios de más de veinte millones de cédulas aptas para votar; en el artículo 85 se le permite, previo concepto del CNE, fijar el número de ciudadanos que podrán sufragar en las distintas mesas de votación; en el artículo 203 del Código Electoral, le asigna al Registrador Nacional del Estado Civil, la elaboración, simplificación y abreviatura de los modelos de formularios electorales, sobre todo en cuanto a las actas de escrutinio, a fin de garantizar la autenticidad y así impedir alteraciones.
Indiscutiblemente lo que no es de recibo es que la RNEC en este caso en concreto se abstraiga de este asunto, más aún cuando se presentan causales de falsedad en documentos electorales, cuya ilustración y apoyo es de vital desenvolvimiento para el operador de la nulidad electoral en tratándose de causales objetivas.
B. Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Así las cosas, la SALA CONFIRMARA el auto suplicado pero únicamente en cuanto a que el requisito no es para agotar frente a reclamaciones ni causales generales de nulidad del acto administrativo, en tanto constituyen supuestos fácticos autónomos e independientes a los fundamentos y causales de falsedad por irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, pero advirtiendo que la posición mayoritaria y actual se ha decantado por la exigencia del requisito de procedibilidad que se apoya en la plena aplicación del artículo 237 constitucional y su homólogo del numeral 6 del artículo 161 del CPACA.
Siguiendo las generalidades expuestas, a lo largo de las consideraciones frente al presupuesto constitucional de agotamiento del requisito de procedibilidad, en el auto suplicado se indicó que la excepción era impróspera, frente a los siguientes actos: i) formulario E-26CA de la Comisión Escrutadora Departamental que declaró la elección porque el acto se firmó sin que se hubieran resuelto los desacuerdos y solicitudes pendientes, y porque no fue notificado; ii) Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014 del CNE, que se inhibió de asumir los desacuerdos y peticiones y que ordenó notificar en estrados el acto de elección, porque no hubo pronunciamiento sobre asuntos pendientes; iii) Resolución 17 de 29 de marzo de 2014 del CNE, que negó la exclusión de la mesa 99-70-01 del municipio de Montecristo, porque giró en torno a supuestos hechos de violencia, que conforme al artículo 161 num. 6º del CPACA no requiere agotar requisito de procedibilidad;
iv) Resolución 24 de 29 de marzo de 2014 del CNE, por el cual se negó la verificación del escrutinio de las mesas 00-00-10 y 99-29-01 del municipio de San Martín de Loba “porque aunque se discute la veracidad de la votación depositada allí a favor de los candidatos 101 y 102 del Partido Conservador Colombiano, la existencia de ese acto hace evidente el hecho que la irregularidad fue dada a conocer a la comisión escrutadora departamental…”; v) Resolución 3 de 15 de marzo de 2014 de la Comisión Escrutadora de la Zona 4 de Cartagena, y la Resolución 11 de 18 de marzo de 2014 que la confirmó, dictadas por la Comisión Escrutadora Distrital de Cartagena, con las cuales se negó la exclusión de la mesa de votación 04-01-08 por falta de firmas de los jurados en el formulario E-14, porque el supuesto fáctico corresponde a la reclamación prevista en el art. 192-3 del Código Electoral.
El magistrado adujo, adicionalmente, que no era posible aplicar directamente el parágrafo del artículo 237 Constitucional, adicionado por el artículo 8ª del Acto Legislativo 1 de 2009, porque su configuración normativa dejaba más vacíos que precisiones, y que si bien la jurisprudencia había intentado desarrollarlos la reserva de ley estatutaria estaba en contra de ello, lo cual no había sido afortunado por la gran cantidad de fallos inhibitorios que ha dictado la Sección Quinta del Consejo de Estado en los procesos electorales por causas objetivas de nulidad desde que entró en vigor esa reforma constitucional. En suma, en esta oportunidad el Ponente declaró no probada la excepción por aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 161 del numeral 6 del CPACA” (negrillas en el original, fl. 999 cdno. 1-C, exp. 80).
En el proceso 84, el auto suplicado señaló que la excepción resultaba infundada y reiteró las consideraciones realizadas en el capítulo de “Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad” en el que expresamente se analizó la situación relativa al E-26CA, el Acuerdo 2, las resoluciones 17 y 24, todos de 2014, y la falsedad por diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24.
Y agregó “en lo que se refiere a los otros actos impugnados la improsperidad de la excepción persiste porque el magistrado ha dejado sentada su posición en torno a que el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161 numeral 6º del CPACA es inaplicable por violar el ordenamiento constitucional, como ya se explicó, de modo que el hecho de que no se cumpla con esa carga no impide abordar el conocimiento de las irregularidades planteadas con la demanda. El
Ponente se remitió, para fundamentar su posición, a los argumentos expuestos en el auto admisorio de esta demanda” (fl. 1002 C-1. Exp. 2014-00080).
En cuanto a la Resolución 18 de 19 de marzo de 2014, expedida por el CNE, que negó las denuncias efectuadas sobre irregularidades relacionadas con hechos de violencia en el municipio de Montecristo, no se debía agotar el requisito de procedibilidad, de conformidad con el artículo 161 numeral 6º del CPACA. Por otra parte, frente a la Resolución 40 de 29 de marzo de 2014 expedida por el CNE, tampoco era necesario agotarlo porque la censura se enfocó en la falta de firmas de los jurados de votación del E-14 en la mesa 04-01-08 de Cartagena, que constituye supuesto de reclamación y no de falsedad.
En el recurso de súplica: el Congresista Pedrito Pereira indicó que en el auto admisorio de la demanda de 29 de agosto de 2014, dentro de la demanda instaurada por Sandra García Tirado, el Consejero Alberto Yepes Barreiro, resolvió inaplicar el artículo 161 numeral 6º del CPACA en los siguientes términos: “Con base en las anteriores consideraciones, el Despacho concluye que
(i) ante la insuficiente pero al mismo tiempo notoriamente limitante, regulación que trae el CPACA sobre el requisito de procedibilidad en materia electoral; (ii) teniendo en cuenta que era un tema de reserva de ley estatutaria… exigirle hoy por hoy a los ciudadanos que cumplan el mencionado requisito a efectos de acudir ante la justicia electoral con el fin de cuestionar la validez y pureza de unas elecciones, configura una medida desproporcionada que vulnera gravemente los estándares internacionales sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral. Por lo tanto, como quiera que están dados los supuestos requeridos por el artículo 4º superior para hacer operar la excepción de inconstitucionalidad, el Despacho aplicará para este proceso el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 161 numeral 6º del CPACA, medida que por supuesto no vulnera derecho fundamental alguno pues al contrario facilita el acceso a la Administración de justicia, al permitirle a los interesados en salvaguardar la pureza y autenticidad de las elecciones por voto popular llevar directamente al juez electoral las inconsistencias sin necesidad de que previamente las hubiera dado a conocer a las autoridades electorales”.
“La seguridad jurídica y la confianza legítima se pondrían en entredicho si después de que la jurisprudencia de esta Sección ha insistido en exigir y delinear el requisito de procedibilidad, ahora se asume la posición diametralmente opuesta, consistente en que no es exigible ese presupuesto de la acción por falta de un desarrollo legal estatutario. Adicionalmente a ello, se afectaría seriamente el principio de igualdad en la medida que el acceso al medio de control de nulidad electoral sería mucho más engorroso para aquellas personas que durante los escrutinios hicieron las denuncias de irregularidades, que para quienes se mantuvieron al margen, ya que a los últimos les bastará enlistar las inconsistencias en la demanda, mientras que a los otros no solo se les exigirá eso, sino que también tendrían que demandar junto con el acto de elección a las demás decisiones administrativas emitidas al respecto, tanto las de primera como las de segunda instancia, con el agravante de que sus peticiones han debido atender, entre otros parámetros, el principio de la eventualidad o preclusión. En fin, este Despacho no comulga con la tesis de no exigir el requisito de procedibilidad, ya que no solamente está el carácter normativo y vinculante del parágrafo del artículo 237 Constitucional, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, sino porque también se cuenta con el vigor jurídico del artículo 161 numeral 6º del CPACA que llevó al plano legal el citado prerrequisito”. Auto de 4 agosto de 2014. Exp. 20140006000. Actor: Eduin de Jesús Díaz Pájaro. Representantes a la Cámara de Bolívar.
Así mismo se apoya en la tesis mayoritaria de 4 de diciembre de 2014, en Cámara de Bogotá, exp. 2014-00062-00. Actor: Henry Hernández Beltrán, en el que se indicó que con el requisito de procedibilidad, la jurisdicción tiene la certeza de que la organización electoral ha tenido la oportunidad de verificar y sanear la irregularidad en el escrutinio o en la votación, permitiendo así una mayor exactitud en la definición de quienes regirán los destinos del país y se agregó “la previsión constitucional y del requisito de procedibilidad contenida en el parágrafo del artículo 237 constitucional y su homólogo del numeral 6º del artículo 161 del CPACA responde en un todo a la parte sustantiva y a la parte procesal del presupuesto procesal, aplicable en la actualidad por decisión de la Sala de la Sección Quinta desde que fue previsto en la Constitución Política a las demandas de nulidad electoral por voto popular basadas en causales objetivas”.
La SALA EN VIA DE ESTA SÚPLICA, considera pertinente hacer claridad en que en efecto, la posición mayoritaria y actual de la Sala se ha decantado por la exigencia del requisito de procedibilidad, posición en la que el Consejero Alberto Yepes Barreiro ha mantenido su disidencia.
B.2. Concepto y discurso sobre el requisito de procedibilidad.
Así las cosas, y limitándose al recurso de súplica, se declarará próspera la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad respecto de los eventos en que se demandaron hechos constitutivos de reclamación y por la causal de violencia, esta última porque de conformidad con el artículo 161 numeral 6º del CPACA, circunscribe el agotamiento del referido requisito a los numerales 3 y 4 del 275 ibídem, correspondiente a la falsedad en documentos electorales y a la violaciones en el cómputo conforme al sistema constitucional o legal. Y se revocará parcialmente, frente a los procesos 80 y 84 en las mesas que se verifiquen no acreditaron el mentado requisito.
Esa labor de verificación de aptitud de la demanda frente al requisito procesal que debe hacer el ponente, procede a hacerla la Sala a fin de poder adoptar la decisión del recurso de súplica acorde a derecho, así que luego de verificar se evidencia que frente a las siguientes mesas demandadas sí se agotó el presupuesto procesal, siendo imposible revocar el auto suplicado, pero por razones prácticas, debiéndose confirmar el mismo pero por otros motivos que fueron las expuestas anteladamente y en oposición total a la inaplicación del artículo 161 numeral 6 del CPACA.
Procesos 80 y 84
Revisión de procedibilidad expedientes 80 y 084 - Diferencia entre E-14 y E-24
C. Insuficiencia del concepto de violación.
En el expediente 2014000069, actor: Yuri Cristina Buelvas Silva, el Congresista Pedrito Tomás Pereira Caballero, arguyó la siguiente excepción:
2.1.2. Insuficiencia del concepto de violación: En la contestación de la demanda expuso que la parte actora no satisfizo la carga procesal argumentativa del artículo 162 numeral 4º del CPACA, debido a que no precisó las normas jurídicas infringidas ni explicó la forma en que se produjo la vulneración.
El auto suplicado consideró que no le asistía razón al excepcionante, dando lugar a la improsperidad de la excepción, por cuanto el contenido de la demanda da cuenta de los acápites de “13. Fundamento de Derecho” y “14. Normas Violadas”, se precisan las causales de nulidad que se configuran, los artículos constitucionales, del Código Electoral, de la Ley 163 de 1994 y de la Resolución 931 de 27 de febrero de 2014 del CNE, como sustento normativo de la violación y de la pretensión anulatoria electoral. Aseveró, que la demanda es extensa y explica las razones de la violación. En lo que se refiere a la falsedad den los documentos electorales la configuración de la causal se explica en los cuadros incorporados en el acápite “3. HECHOS A”, en tanto identifica la mesa de votación y los votos adulterados frente a los candidatos 101 y 102 del Partido Conservador Colombiano. Así también, en el capítulo “8. Concepto de violación” la parte actora plantea los argumentos para desvirtuar la legalidad presunta del E-26CA, del Acuerdo 2 y de las Resoluciones 17, 24, 3 y 11, todos del 2014.
En el Proceso 2014-00076, actor: Pedro Hernando Gómez Meza. Insuficiencia del concepto de violación: El Representante a la Cámara Pedrito Pereira excepcionó igual argumento con base en el artículo 162 numeral 4º del CPACA, que ordena invocar las normas y explicar el concepto de la violación.
En el recurso ordinario súplica el Congresista Pedrito Pereira indicó que las demandas incumplieron la previsión del artículo 162 num. 4º del CPACA, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido unas reglas tendientes a exigir la suficiencia en la argumentación en la demanda de nulidad electoral, que los actores incumplieron porque las pretensiones no fueron desarrolladas, no se explicó el nexo causal ni la antijuridicidad dentro del concepto de violación, para así desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, presupuesto que corresponde a la característica de rogada de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Magangué Resolución 19 29-mar. 14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Alcides Arrieta M., como apoderado del Centro Democrático, en la que solicitó recuento de votos por error aritmético.
Arjona Resolución 28 29-mar. 14 Comisión Escrutador a Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Luis Guillermo Otoya G., en la que solicitó recuento de votos por error aritmético.
María La Baja Resolución 29 29-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Luis Guillermo Otoya G., en la que solicitó recuento de votos por error aritmético.
Mompós y otros Resolución 30 29-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Resolvió reclamación de Alcides Arrieta por errores aritméticos en Mompós y otros municipios.
Departamento Formulario E-26 30-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por medio del cual se declara la elección de los Representantes a la Cámara.
Magangué Resolución 19 29-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Alcides Arrieta M., como apoderado del Centro Democrático, en la que solicitó recuento de votos por error aritmético.
Arjona Resolución 28 29-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Luis Guillermo Otoya G., en la que solicitó recuento de votos por error aritmético.
Departamento Acuerdo 2 30-mayo-14 Consejo Nacional Electoral Por medio del cual se abstiene de conocer del desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para los Escrutinios de las votaciones para circunscripción de la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, periodo 2014-2018.
Cartagena Resolución 3 15-mar.-14 Comisión Escrutadora Auxiliar Resolvió la reclamación del Ministerio Público y de Diego Zúñiga Ortiz (testigo electoral) Centro Democrático por falta de firmas en el E-14, sin embargo considera que se trató de un olvido de la comisión.
Cartagena Resolución 11 18-mar.-14 Comisión Escrutadora Municipal Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por Diego Zúñiga Ortiz testigo electoral del partido Centro Democrático.
Montecristo Resolución 17 19-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la reclamación presentada por Marcelo Tapia (apoderado de Sandra García Tirado) en busca de agotar vía gubernativa por hechos de violencia en el municipio.
San Martín de Loba Resolución 24 29-mar.-14 Comisión Escrutadora Departamental Por la cual se resuelve la solicitud de saneamiento de nulidad de Sandra García Tirado por diferencias entre E-14 y E-24.
D. Caducidad de la acción.
La improsperidad de esta excepción fue recurrida en súplica por los Representantes a la Cámara Hernando José Padaui Álvarez y Karen Violette Cure Corcione, respecto de las demanda 79 y por el Congresista Pedrito José Pereira, pero frente a los procesos 79, 80 y 84. No obstante la argumentación de los recursos es similar y deviene del comparativo de las fechas entre el E-26CA de 30 de marzo de 2014 y el Acuerdo 2 de 2014 del CNE que ordenó la notificación de ese E-26CA, razón por la cual los recursos serán considerados y decididos bajo una misma cuerda argumentativa.
En el proceso 2014-00079, actor: Luis Guillermo Otoya Gerdts y 2014-00080, el Representante a la Cámara Pedrito Pereira indicó que a la fecha en que se radicó la demanda, es decir, 16 de julio de 2014, ya había operado la caducidad de la acción, pues los treinta días del artículo 164 num. 2º, lit. a) del CPACA, transcurrieron entre el 31 de marzo y el 19 de mayo de 2014, por cuanto el memorialista tomó como fecha de partida el 30 de marzo de 2014 que corresponde a la fecha de expedición del formulario E-26CA en el que se declaró la elección y agregó que el conteo del término no podía efectuarse a partir del Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014 del CNE, que ordenó notificar el acto de elección, pues incluso la aclaración de voto de uno de los miembros del CNE y loa autos de 29 de julio de 2104 (exp. 201400079-00) y el 15 de septiembre de 2014 (exp. 201400076-00) proferidos en procesos adelantados contra dicha elección.
Además, aseveró que el demandante Luis Guillermo Otoya Gerdts antes de que se emitiera el Acuerdo 2, ya se había notificado por conducta concluyente del acto de elección, por cuanto había presentado acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (exp. 201400077) y había radicado ante el CNE peticiones con el mismo propósito, las cuales fueron consideradas en el Acuerdo 2 y el formulario E-26CA se publicó en la página web de la RNEC desde el 1º de abril de 2014.
Indicó el consejero instructor del proceso que incluso en el Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014, el CNE certificó que el acta de declaratoria de elección de los Representantes de la Cámara de Bolívar expedida por la Comisión Escrutadora Departamental está “sin constancia de notificación”.
En consecuencia y, en atención a esas particularidades, consideró que el término de caducidad no se podía computar desde la fecha en que se firmó el formulario E-26CA sino desde el día siguiente a la expedición del Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014, que fue cuando el CNE ordenó notificar en estrados y en audiencia pública el “acto administrativo por medio del cual los Delegados del CNE declararon la elección de los Representantes a la Cámara, por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar, para el período constitucional 2014-2018” (fls. 38 y 39 cdno. 1).
Indicó que en razón a la especialidad no es posible que los actos de elección por voto popular se notifiquen conforme al art. 72 del CPACA, por cuanto el Código Electoral consagra en el artículo 1º numeral 2º el principio del secreto del voto y de la publicidad y lo público del escrutinio, razón por la cual los escrutinios se surten en audiencia pública y las decisiones de las autoridades electorales deben notificarse en estrados (art. 192).
De tal suerte, afirma el formulario E-26CA, que declaró la elección se expidió el 30 de marzo de 2014, el cómputo del término de caducidad solamente puede correr a partir del día siguiente de la emisión del Acuerdo 2 de 30 de marzo del mismo año, porque en éste se ordenó “NOTIFICAR en estrados en la audiencia el formulario E-26CA, suscrito por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar…”, por tanto, el término de caducidad transcurrió entre el 3 de junio y el 16 de julio de 2014 y la demanda se formuló oportunamente el último día que se tenía para ello (cdno. 1º fl. 8).
Tanto ese acto como el Acta de Escrutinios fueron suscritos el 30 de marzo de 2014, día en el que a juicio del recurrente comenzó a correr el término para el conteo de la caducidad. Indicó que no es posible hablar de Desacuerdo en los escrutinios departamentales porque ya existía un acta de declaratoria de elección. El E-26CA se conforma de varios elementos estructurales, entre otros: fecha, hora y sitio en los que se realiza el escrutinio; nombres de candidatos, partido o movimiento político al que pertenecen; circunscripción electoral, total de votación obtenida por cada uno en números y letras; registro del total de la votación ciudadana y concluye la formación de este acto administrativo con la “declaratoria de elección” en la que figuran como elegidos los Representantes a la Cámara para el Departamento de Bolívar: Silvio José Carrasquilla Torres, Pedrito Tomás Pereira Caballero, Hernando José Padaui Alvarez, Karen Viollette Cure Corcione, Alonso José del Río Cabarcas y Marta Cecilia Curi Osorio, acto declarativo que firmaron los tres miembros de la comisión escrutadora y cuya fecha de generación es el 30 de marzo de 2014.
A su juicio, el acto de declaratoria de elección emergió a la vida jurídica el 30 de marzo de 2014, el cual fue notificado en estrados y desde el 1º de abril de 2014 estuvo colgado en la web de la RNEC, tal y como se evidencia en la respuesta del derecho de petición que dice el excepcionante presentó ante dicha entidad, la que certificó lo siguiente: “Sistema Gerencial/ Proceso de Publicación de Documento E-26 en la web. 01/04/2014 5:20 p.m.”.
De tal suerte que el término de caducidad operó entre el 31 de marzo de 2014 y el 19 de mayo de 2014, lo que acompasa con el contenido en la parte considerativa del Acuerdo 2 del 30 de mayo de 2014 “Por medio del cual se abstiene de conocer del desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios de las votaciones para circunscripción de la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar, período 2014-2018 y de las solicitudes presentadas ante dicha comisión”, en el que se concluye que en el caso concreto el E-26CA es el acto último que pone fin a la actuación administrativa del escrutinio, que genera el fenecimiento del proceso administrativo electoral e implica que la autoridad electoral pierda competencia para pronunciarse sobre aquellos documentos, peticiones, reclamaciones y demás escritos presentados a instancias de dicha comisión escrutadora o ante el CNE.
Indicó que en la demanda radicación 201400079, mediante auto de 29 de julio de 2014, se indicó que el Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014 del CNE era un acto de trámite del CNE, pues no declara la elección y se inhibe para conocer del fondo de unas reclamaciones.
La Sala encuentra, luego de observada la argumentación del recurrente, que el auto de 29 de julio de 2014, dentro del proceso 00079, que menciona como apoyo a su planteamiento y mediante el cual la Consejera conductora del proceso rechazó la demanda al calificarlo de acto de trámite (véase fls. 78 a 80 cdno. 1. Exp. 201400079), fue revocada por vía de súplica ordinaria, en providencia de 18 de septiembre de 2015, en el que se advierten las siguientes conclusiones de la Sala: i) existió desacuerdo entre los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental y remitieron al CNE el escrutinio general para que dirimiera el desacuerdo y resolviera ciertas peticiones; ii) simultáneamente, la Comisión Escrutadora Departamental suscribió el E-26CA de 30 de marzo de 2014 que declaró la elección de Representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar; iii) “la sola existencia del acto de elección y el hecho de que éste se haya expedido con antelación a la emisión del Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014 expedido por el CNE, no respaldan la conclusión de que el último no corresponde a un acto pasible de control jurisdiccional, ya que por encima del criterio cronológico debe prevalecer el criterio material o sustancial del acto, que es el que en últimas permite establecer su naturaleza”; iv) el Acuerdo 2 no puede calificarse como acto de trámite, ni como acto previo y menos como acto de ejecución respecto del E26CA que declaró la elección, por el contrario para la Sala es un acto definitivo en cuanto al desacuerdo de los miembros de la Comisión Escrutadora Departamental y a las peticiones que arribaron al CNE “ya que pese a tratarse de un pronunciamiento inhibitorio, que no adopta ninguna decisión de fondo, sí hizo posible continuar la actuación en lo atinente a los asuntos que motivaron su envío a esa instancia” (fl. 96 exp. 201400079).
La Sala agregará que es claro que el Acuerdo 2 de 30 de mayo de 2014, en su artículo segundo dispone en forma perentoria:
Pero, contando con mayores herramientas probatorias, en este estadio del proceso acumulado, sería vulnerador del debido proceso pretender desconocer la orden contenida en el Acuerdo 2 de 2014, sin contar con postulaciones rogatorias que pongan en entredicho la legalidad del acto que ordenaba notificar el acto de elección. Por otra parte, es indiscutible que la Comisión Departamental había quedado en desacuerdo y es claro, que no se puede escindir el acto, como lo pretende el memorialista, al argumentar que la declaratoria de la elección se hizo pero que el desacuerdo era sobre otra materia.
Pues bien, probatoriamente, en el caso concreto y luego de observar el texto del Acuerdo 2 de 2014, encuentra la Sala que le asiste razón al auto suplicado, al haber tomado como base para el conteo de la caducidad, el día siguiente a aquel en que se realizó la audiencia de notificación que ordenara el Acuerdo 2 de 2014, es decir, que el término de los treinta (30) días previstos en la norma sí transcurrieron a partir del día hábil siguiente, esto es, entre el 3 de junio y el 16 de julio de 2014 y que las demandas se presentaron oportunamente.
1. CONFÍRMANSE las decisiones de declarar imprósperas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC; caducidad; inepta demanda por falta de concepto de violación y falta de agotamiento de requisito de procedibilidad contra hechos constitutivos de reclamaciones y de nulidad por la causal de violencia adoptadas en el auto que profirió el C.P. Alberto Yepes Barreiro, dentro de la audiencia inicial celebrada el 24 de junio de 2015.
2 Couture. Eduardo J. Vocabulario Jurídico. 2010. B. de F. Ltda. Montevideo, págs. 468 y 469.
3 Devis Echandía. Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad. Buenos Aires. Reimpresión 2004, págs. 243 y siguientes.
4 En este punto manifiesto mi desacuerdo con el autor al afirmar que en las acciones públicas inexiste la figura de la legitimación en la causa (al respecto véase página 257 y 258 de la edición que se relacionó en la nota al pie número 2).
5 De interés pedagógico resulta la diferencia que el profesor Devis hace entre la legitimatio ad causam y la legitimatio ad processum: “Según hemos dicho, la legitimatio ad causam es un elemento sustancial de la litis y, por lo tanto, no constituye un presupuesto procesal. En cambio, la legitimatio ad processum se refiere a la capacidad jurídica procesal de las partes, que sí es un presupuesto procesal. La ausencia de aquélla impide que la sentencia resuelva sobre el fondo de la Litis, pero no invalida el proceso, y la sentencia inhibitoria es absolutamente válida; la falta de ésta constituye motivo de nulidad que vicia el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse, en el caso de que el juez no caiga en la cuenta de que existe ese vicio. Sería mejor eliminar el término legitimatio ad processum, para hablar simplemente de capacidad general y especial para ciertos actos procesales, y no correr el riesgo de confundir indebidamente las dos nociones” ibídem cita bibliográfica obrante en nota al pie 2, pág. 257.
6 Se afirma de esa forma porque el artículo 161 numeral 6 al consagrar el requisito de procedibilidad para las demandas de nulidad contra el acto de declaratoria de elección en las justas por voto popular, sólo lo impuso para las causales contenidas en los numerales 3 y 5 del artículo 275 del CPACA, ello podría significar que el legislador solo instrumentalizó parcialmente el mandato del parágrafo del artículo 237 constitucional respecto de dos causales, dejando por fuera a otras irregularidades de índole objetivo.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de 2002. Expediente 2828. M.P. Darío Quiñones Pinilla.
8 Sentencia de 25 de agosto de 2011. Exps. 201000045 y 201000046. Actor: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro contra la elección de los Representantes a la Cámara por Boyacá (2010-2014).
9 Solicitud.
10 Resolución.
11 En igual sentido véase auto de 13 de agosto de 2014. Exp. 2014-005700. Actor: Yorgin Harvey Celi Ovalle.