Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0293&language=ES
Timestamp: 2018-07-21 21:31:13
Document Index: 303447008

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 228', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 41']

INFORME sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT - A7-0293/2010
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sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT
Ponente: Chrysoula Paliadeli
– Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(1), modificada en último lugar por la Decisión 2008/587/CE del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2008(2),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141)(3),
I. Considerando que los servicios del Defensor del Pueblo Europeo llevaron a cabo una inspección de las tres cartas de Porsche AG, así como del intercambio de correos electrónicos entre la Comisión y Porsche, en que la Comisión informaba a Porsche de que no tenía el propósito de divulgar las tres cartas, y considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, sobre la base de la citada inspección, concluyó que la Comisión había denegado indebidamente el pleno acceso a las cartas de Porsche AG basándose en el artículo 4, apartado 2, primer inciso, y el acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 1049/2001(5), y que se trataba de un caso de mala administración,
4. Indica que, en el contexto de las consultas previstas en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1049/2001(6), la Comisión debe establecer un plazo para que el tercer autor de un documento pueda responder, y subraya que la Comisión debe ejercer esa facultad de manera que le permita cumplir sus propios plazos;
DO L 189 de 17.7.2008, p. 25.
DO C 244 de 10.10.2002, p. 5.
El artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 dispone lo siguiente: «En el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás partes se divulgarán.».
El artículo 5, apartado 5, de las Disposiciones relativas a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001, publicadas como anexo en la Decisión de la Comisión 2001/937/CE, dispone que «El tercer autor del documento al que se haya consultado dispondrá de un plazo de respuesta que no podrá ser inferior a cinco días laborables, pero que deberá permitir a la Comisión respetar sus propios plazos de respuesta.».
Los informes especiales son el último recurso del Defensor del Pueblo Europeo. Las decisiones del Defensor del Pueblo Europeo no son jurídicamente vinculantes y, por tanto, se basan en la persuasión, en la capacidad de convencer a través de una argumentación razonada y, de vez en cuando, en la publicidad y la fuerza de la opinión pública. El pequeño número de informes especiales que el Defensor del Pueblo Europeo ha tenido que presentar al Parlamento Europeo (diecisiete desde 1995) es una prueba de la cooperación que existe entre las instituciones de la UE en la inmensa mayoría de los casos.
Una parte del contexto de dicha cooperación, sin embargo, es la existencia de la facultad de presentar un informe especial al Parlamento Europeo. Especialmente cuando se elabora un proyecto de recomendación, el conocimiento de que el siguiente paso podría ser un informe especial contribuye con frecuencia a que la institución u órgano en cuestión modifique su posición. Por tanto, sólo deben presentarse informes especiales para cuestiones importantes, cuando el Parlamento pueda contribuir a que la institución u órgano en cuestión modifique su posición.
Como órgano político, el Parlamento Europeo es soberano para abordar los informes especiales del Defensor del Pueblo Europeo, tanto en materia de procedimiento como de enfoque y actuaciones. Al tratar de un informe especial, el Parlamento siempre tiene en cuenta que el derecho de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, junto con el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, es un derecho fundamental de la ciudadanía, que está firmemente consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales, que ahora, en el marco del Tratado de Lisboa, tiene valor jurídico.
En marzo de 2007, una organización no gubernamental que actúa en el ámbito de la protección del medio ambiente, pidió el acceso a determinados documentos en virtud del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Los documentos trataban de las reuniones entre la Comisión Europea y los fabricantes de automóviles, en que se debatió la cuestión del enfoque de la Comisión sobre las emisiones de dióxido de carbono por los automóviles.
En noviembre de 2007, la Comisión Europea permitió el acceso a 15, de un total de 18 cartas, enviadas al entonces Comisario Günter Verheugen. Sin embargo, en el caso de 3 cartas enviadas por el fabricante alemán de automóviles Porsche, se denegó el acceso alegando que su divulgación afectaría a la protección de los intereses comerciales de la empresa. Entonces, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo Europeo. En septiembre de 2008, los servicios del Defensor del Pueblo Europeo llevaron a cabo un examen de las cartas en los locales de la Comisión. Sobre la base de este examen, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó, el 27 de octubre de 2008, que la Comisión había denegado indebidamente el acceso a esas 3 cartas. Por ello, elaboró un proyecto de recomendación indicando a la Comisión que debía conceder acceso a esas cartas en su totalidad, o considerar su divulgación parcial.
De conformidad con el artículo 3, apartado 6, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo establecido por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea tenía tres meses para dar una opinión detallada sobre su proyecto de recomendación. El plazo en que debía responder la Comisión vencía, por tanto, el 31 de enero de 2009. La Comisión no respondió y pidió una prórroga de este plazo el 30 de enero de 2009. Posteriormente, solicitó nuevas prórrogas de este plazo el 23 de febrero de 2009, el 26 de marzo de 2009, el 29 de abril de 2009, el 29 de mayo de 2009 y el 26 de junio de 2009.
Tras haber concedido a la Comisión Europea todas las prórrogas solicitadas, el Defensor del Pueblo Europeo escribió a la Comisión, el 3 de julio 2009, para indicar que no estaba claro por qué la elaboración de la opinión de la Comisión tardaba tanto, pues necesitaba seis prórrogas de un plazo que de por sí era amplio. La Comisión respondió el 17 de julio, declarando que no estaba en condiciones de dar una respuesta sobre el fondo, ya que todavía estaba celebrando consultas con el tercer autor (Porsche).
El 30 de septiembre de 2009, 10 meses después del proyecto de recomendación, la Comisión Europea informó al Defensor del Pueblo Europeo de que había decidido conceder un acceso parcial a estas cartas y había elaborado una versión retocada a tales efectos. También indicó su intención de informar a Porsche de su decisión. El 27 de octubre de 2009, la Comisión explicó que la decisión de informar a Porsche se había enviado para su traducción al alemán, y que se enviaría a la empresa a principios de noviembre. El 9 de noviembre de 2009, el Defensor del Pueblo Europeo envió otra carta a la Comisión, en la que solicitaba una copia de la carta de notificación enviada a Porsche, y pidió ser informado sobre la conclusión del procedimiento para la concesión de acceso a las cartas. El 4 de diciembre de 2009, la Comisión informó a los servicios del Defensor del Pueblo Europeo, por teléfono, de que la carta de notificación se enviaría en breve a Porsche.
A fecha de la presentación de su Informe especial al Parlamento Europeo el 24 de febrero de 2010, no se había comunicado al Defensor del Pueblo Europeo ni el escrito de notificación, ni la concesión de acceso a las cartas. La nueva Comisión, tras asumir sus funciones y después de que el Defensor del Pueblo presentase su Informe especial, permitió el acceso a las cartas. Esto, sin embargo, ocurrió más de 15 meses después de la elaboración del proyecto de recomendación, en lugar de los 3 meses que dispuso el Parlamento Europeo en el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y que prevé el artículo 228 del TFUE.
En sus distintas comunicaciones sobre el asunto, la Comisión Europea explicó que no podía cumplir con su obligación de responder al proyecto de recomendación a causa de las consultas en curso con Porsche sobre la propuesta de divulgación de los documentos en cuestión. La Comisión justificó la duración de dichas consultas con dos argumentos: en primer lugar, que existía la posibilidad de lograr un resultado positivo en las negociaciones con Porsche en cuanto a la divulgación propuesta y, en segundo lugar, que era necesario dar a Porsche un plazo razonable para emprender acciones legales contra la decisión de la Comisión de divulgar los documentos en cuestión.
En cuanto al primer argumento de la Comisión Europea, debe recordarse que, en el marco de las consultas previstas por el Reglamento 1049/2001, la Comisión debe establecer un plazo para que el tercer autor de un documento pueda responder. Pero la Comisión debe ejercer esta facultad de manera que le permita cumplir sus propios plazos. Por lo que respecta al segundo argumento de la Comisión, debe indicarse que la necesidad de permitir a Porsche ejercer sus derechos legales no puede justificar la tardanza extraordinaria de la Comisión en responder al proyecto de recomendación y, posteriormente, en llevar a cabo su decisión de informar a Porsche de su intención de divulgar los documentos.
A este respecto hay que recordar la jurisprudencia relativa al principio de cooperación leal (artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea), según el cual las instituciones de la Unión deben cooperar lealmente en sus relaciones mutuas. El nuevo artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea establece claramente esta obligación.
Con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».
Desgraciadamente, la experiencia del Defensor del Pueblo demuestra que, con mucha frecuencia, la Comisión no respeta los plazos establecidos por el Reglamento 1049/2001 para responder a las solicitudes de acceso público. Aun peor es la actuación de la Comisión cuando los ciudadanos reclaman ante el Defensor del Pueblo en el caso de acceso a documentos.
De 22 casos de este tipo tratados por el Defensor del Pueblo en 2009, la Comisión respetó el plazo original de respuesta a la reclamación únicamente en cuatro de ellos, es decir en menos de la quinta parte. En la mayoría de los casos (14 de 22) se dio un plazo de más de 30 días. En más de la cuarta parte de todos estos casos (6 de 22), el plazo fue de 80 días o más.
El 4 de mayo de 2010, el Defensor del Pueblo asistió a una reunión de la Comisión de Peticiones y explicó el Informe especial. Durante su intervención, mencionó la existencia de otro caso de acceso a documentos (355/2007(TN)FOR) en el que la Comisión había aplazado tres veces su dictamen detallado sobre un proyecto de recomendación. Es una reclamación presentada por una ONG, la Oficina Europea del Medio Ambiente. El Defensor del Pueblo presentó un proyecto de recomendación para este asunto el 29 de junio de 2009. La Comisión debería haber enviado su dictamen el 31 de octubre de 2009. El 27 de mayo de 2010, la Comisión anunció que necesitaba hasta el 31 de julio de 2010 para enviar su dictamen porque persistía una situación de incertidumbre jurídica.
El hecho de que la Comisión concediese acceso a las cartas en el asunto 676/2008/RT después de que el Defensor del Pueblo presentase su Informe especial debe considerarse un éxito del proceso parlamentario de supervisión de la labor de la Comisión gracias al funcionamiento de las investigaciones del Defensor del Pueblo.
No obstante, el Parlamento Europeo sólo puede concluir que, al retrasar su respuesta al proyecto de recomendación durante quince meses, y al no poner en práctica su compromiso de notificar a Porsche su intención de divulgar las cartas, la Comisión Europea incumplió su obligación de cooperar lealmente con el Defensor del Pueblo Europeo, y que esta actitud de la Comisión es perjudicial no sólo para el diálogo interinstitucional, sino también para la imagen pública de la UE.
En el curso de su investigación, el Defensor del Pueblo Europeo indicó un caso de mala administración, y dio a la Comisión Europea todas las posibilidades de poner remedio a ello. La actitud de falta de cooperación por parte de la Comisión a este respecto puede erosionar la confianza de los ciudadanos en la Comisión y socavar la facultad del Defensor del Pueblo Europeo y del Parlamento Europeo de supervisar a la Comisión de una manera adecuada y eficaz. En sí, contradice el principio mismo del Estado de Derecho en que se basa la UE.
Además, está claro que la Comisión se retrasa con frecuencia a la hora de responder a las solicitudes de acceso. Responde básicamente tarde al Defensor del Pueblo en la mayoría de los asuntos relacionados con el acceso a documentos y, en algunos de ellos, los plazos son muy largos. Esta situación crea un problema sistémico. Así se priva a los ciudadanos de uno de los principales beneficios que pueden esperar del ejercicio de su derecho fundamental de reclamar ante el Defensor del Pueblo Europeo, es decir obtener un resultado más rápido que el que resultaría de acudir a los tribunales.
Por tanto, el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que reconozca que los retrasos excesivos en responder al Defensor del Pueblo Europeo en este caso constituye una vulneración de su deber de cooperación leal, tal como prevé el TUE, y que se comprometa a respetar en el futuro el deber de cooperación leal con el Defensor del Pueblo Europeo. Si la Comisión no se comprometiese en este sentido o persistiese en sus prácticas poco cooperativas respecto del Defensor del Pueblo, el Parlamento podría sancionar a la Comisión. Estas sanciones pueden incluir, entre otras cosas, la puesta en la reserva de una parte del presupuesto para gastos administrativos de la Comisión.
Última actualización: 8 de noviembre de 2010 Aviso jurídico