Source: http://ilphabitatge.cat/texto-ilp-catalana-en-castellano/
Timestamp: 2017-10-20 19:44:37
Document Index: 22676052

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 42', 'artículo 121', 'Artículo 5']

ILP Habitatge – Texto ILP catalana [en castellano]
Texto ILP catalana [en castellano] aguetic
ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y a la Pobresa Energètica
Esta situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. El sobre endeudamiento hipotecario, de hecho, es una de las problemáticas más acuciantes. Cataluña se ha convertido en una de las Comunidades Autónomas con mayor número de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el 2008 y el 2013 se iniciaron 98.040 procedimientos de ejecuciones hipotecarias. En muchos casos, este procedimiento supone no sólo la pérdida de la vivienda habitual sino también la adquisición de una deuda exorbitante con las entidades financieras. A la problemática de las ejecuciones hipotecarias se añaden las dificultades para hacer frente al pago del alquiler. Según datos judiciales, el año 2013, un 67% de los 16.008 desahucios, que se produjeron en Cataluña, estaban relacionados con el impago del alquiler.
Según datos de la Asociación Española de Ciencias Ambientales, sólo en el Area Metropolitana de Barcelona, se ha pasado de 27.359 expedientes de suspensión del suministro de agua en 2011 a 72.039 en 2012. Las dificultades para hacer frente al pago de la vivienda y la pobreza energética suponen, incluso, la pérdida de vidas humanas.
El crecimiento de esta situación de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y empresas de suministros. Las cinco entidades financieras más grandes del Estado español –Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Banco Sabadell- cerraron el 2013 con un beneficio de 7.674 millones. Igualmente, es preciso recordar que, desde que comenzó la crisis, las administraciones públicas han transferido alrededor de 165.000 millones de euros a las entidades financieras. El Informe Emergencia Habitacional en el Estado Español realizado cojuntamente por el Observatori DESC y la PAH, mostraba como algunas de las entidades que más desahucian son precisamente las que han concentrado la mayor parte de las ayudas públicas. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha cifrado en 80.000 los pisos vacíos nuevos a estrenar que hay en Cataluña. Este diagnóstico se puede extender, también, a las empresas de suministro energético. Durante los tres primeros trimestres de 2013, el oligopolio eléctrico que opera en el estado español (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España y EDP) obtuvo 7.638 M€ de beneficio, el doble que las empresas europeas del mismo sector. Solamente Endesa, principal empresa distribuidora electrica en cataluña, declaro 1.879 M€ de beneficio el año 2013.
Muchos de estos derechos y de estas obligaciones se encuentran recogidos también en la Constitución española y en el Estatuto Autonómico de Cataluña. El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y la vincula a la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación. Junto al deber de combatir la especulación, los poderes públicos han de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de manera antisocial (artículo 33) y que subordina toda la riqueza (…) sea cual sea la titularidad “al interés general”. Esta obligación es especialmente relevante tratándose de entidades financieras y empresas que prestan servicios económicos de interés general, sobretodo cuando han sido beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas.
También el artículo 5 del Estatuto Autonomico de Cataluña dispone que todas las personas tienen derecho a vivir libres de situaciones “de explotación y maltratos”, como las que, de facto, comportan la falta de una vivienda digna, el sobre endeudamiento o la imposibilidad de acceso a suministros básicos de agua, luz y gas. El artículo 30, de hecho, determina que “todas las personas tienen derecho a acceder en igualdad a los servicios de interés general”. Por su lado, e igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el artículo 42.3 del Estatuto obliga a los poderes públicos a “velar por la dignidad, la seguridad y la protección integral de las personas, especialmente de los más vulnerables”.
1. Las medidas contempladas en este artículo tienen por objeto establecer mecanismos destinados a resolver el sobre endeudamiento de las personas físicas y las familias, y en especial las deudas derivadas de la vivienda habitual. Mediante la regularización de un procedimiento extrajudicial y, si es preciso la de un procedimiento judicial, con tal de dar solución a la situación del sobre endeudamiento en que se encuentre la persona física consumidora por causas sobrevenidas. Esta previsión se basa en el hecho, que el derecho de las personas consumidoras tiene carácter de derecho básico y es objeto de una especial protección, conforme prevé el artículo 121,,1 de la Ley 22/2010 de 20 de julio, reguladora del Código de Consumo de Cataluña. Estos procedimientos se regularán sin perjuicio de lo que establece la legislación hipotecaria y concursal
2. Al efecto de la presente ley, ostentarán la condición de consumidores, las personas físicas que reúnan las condiciones previstas en el art. 111,2ª de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Codigo de Consumo de Cataluña.
3. Las personas físicas consumidoras que se encuentren o se puedan encontrar en una situación de insolvencia derivada del pago de la vivienda, pueden iniciar los procedimientos regulados. Estos procedimientos serán aplicables a todas las personas físicas residentes en Cataluña.
4. La persona física consumidora o cualquiera de los creditores podrá solicitar un procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobre endeudamiento derivadas de una relación de consumo. Este se gestionará por las comisiones de sobre endeudamiento, sujetas al procedimiento administrativo, con amplias facultades de decisión otorgadas (incluyendo la capacidad de establecer un plan de pagos o de reestructuración de la deuda) y sujetas a la revisión de un juez competente. Se regulará reglamentariamente en el término de tres meses el procedimiento y el funcionamiento de las comisiones de sobre endeudamiento. El deudor no podrá solicitar la intervención de la comisión de sobre endeudamiento si se encuentra inmerso en un procedimiento judicial concursal, así mismo el inicio a posteriori de un procedimiento de esta naturaleza deberá de ser comunicado a la comisión que acordará la finalización del procedimiento iniciado ante ella.
5. En el supuesto que no se llegue a un acuerdo por la vía extrajudicial, se iniciará un procedimiento judicial simplificado en el que se buscarán las fórmulas adecuadas para la satisfacción de las deudas. Este procedimiento judicial simplificado sera iniciado por la persona física consumidora, que aportará información completa sobre el activo y pasivo, así como una propuesta de plan de pago. El juez, analizadas las circunstancias del sobre endeudamiento de la persona física consumidora, su buena fe, las razones por las que el procedimiento extrajudicial no finalizo con acuerdo y el plan de pago presentado, podrá instar de nuevo un acuerdo. En caso que no se asuma el acuerdo, si en el término de dos años no se han podido satisfacer las deudas, ni se ha acordado un plan de pago, se iniciará la liquidación de los activos para hacer frente a las deudas. Esta liquidación tendrá una duración máxima de un año y una vez finalizada el juez acordará la cancelación del pasivo no satisfecho.
1. Las administraciones públicas deberán grantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure esta situación y como mínimo durante 3 años.
Artículo 5: Gastos destinados a vivienda.
1. La Generalitat grantizará que, en los supuestos contemplados en los artículos 2 y 3, los gastos en materia de vivienda y de suministros básicos no podrán comportar más de un 30% de los ingresos familiares disponibles.