Source: http://leydemuerte.blogspot.com/
Timestamp: 2017-07-27 08:40:41
Document Index: 192311186

Matched Legal Cases: ['Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 27', 'artículo 127', 'Artículo 127', 'Artículo 28', 'artículo 128', 'Artículo 128', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 115']

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Esto fue lo que se aprobó en la Asamblea de Diputados y no se reformó nada ya que según los diputados los acuerdos de la mesa del dialogo se deben respetar. Para los efectos, es lo mismo que contemplaba la ley 30 . Si un policía se extralimita en el uso de la fuerza no podrá ser detenido por orden expresa de la ley. No quedará al criterio del juez como sucede actualmente. Debemos recordar que la ley de la policía establece claramente cuando se puede usar la fuerza y cuando no se puede usar la fuerza. La ley de la policía permite el uso de la fuerza letal pero establece cuando se puede usar y en qué casos no se puede usar la fuerza letal . Con esta reforma si un policía utiliza la fuerza letal de manera indebida y violando la ley de la policía, el juez no podrá ordenar la detención, ya que deberá esperar la sentencia condenatoria. Estas es una prerrogativa procesal que violenta normas y recomendaciones de convenios internacionales.Aunque se suprimieron los términos fuerza excesiva e injustificada. Estas situaciones están comprendidas en el término uso de la fuerza. Tabla comparativa Ley de la Policía LA LEY 30 o LEY CHORIZO. Propuesta de mesa del dialogo aprobada hoy en primer debate Artículo 127. Cuando por motivo del uso de la fuerza, exista mérito legal para la detención preventiva de algún miembro de la Policía Nacional, por la presunta comisión de un delito ejecutado en actos del servicio o en cumplimiento del deber, no se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte una sentencia condenatoria y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del tribunal competente.PARAGRAFO: Durante la detención preventiva del sindicado, se le asignarán funciones administrativas dentro de las instalaciones policiales respectiva.
Artículo 128. La detención preventiva o la adopción de otras medidas cautelares personales, por la presunta comisión de hechos delictivos ejecutados en actos del servicio o en cumplimiento del deber, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI,Título II, del libro Tercero del Código Judicial.Sin embargo, las medidas de detención preventiva, independientemente de la naturaleza del delito ejecutado en actos del servicio o en cumplimiento del deber, y la ejecución de las penas impuestas por delitos culposos, se cumplirán dentro de las instalaciones policiales,bajo la responsabilidad directa e inmediata del jefe de la sede. Artículo 27. El artículo 127 de la Ley 18 de 1997 queda así:Artículo 127. Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo del uso de la fuerza excesiva e injustificada, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y estasea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente.Mientras dure el proceso, el miembro será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la Fuerza Pública, fuera del área donde ocurrieron los hechos,sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia autorizada en tiempo libre.
Artículo 28. El artículo 128 de la Ley 18 de 1997 queda así:Artículo 128. La adopción de otras medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, por la presunta comisión de hechos delictivos ejecutados en acto de servicio o cumplimiento del deber se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Código Judicial.Sin embargo, el cumplimiento de penas impuestas por delitos culposos, así como por actos de servicio se cumplirá dentro de las instalaciones policiales bajo laresponsabilidad directa e inmediata del jefe de la sede.
Articulo 128. Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, exclusivamente por motivo del uso de la fuerza; no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso con resolución ejecutoriada y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente.Mientras dure el proceso, el miembro será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la Fuerza Pública, fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia autorizada en tiempo libre. 0
Buscando legitimidad pública de la desprestigiada Mesa de Diálogo sobre la Ley Chorizo, frente a los inmurables conflictos que enfrenta el gobierno de Ricardo Martinelli, esta semana dió la apariencia de seder, quedando contra la pared frente a los argumentos de peso jurídico de los sectores ambientales y laborales. Viendo una inminente huelga de los Educadores contra la deshumanización de los contenidos de la Educación y la perdida de la estabilidad laboral del educador, escandolosas pugnas internas, etc, el gobierno intenta una maniobra desesperada para desactivar los conflictos que se ha creado, gracias a una gestión que ha tenido como norte el endeudamiento del país, contrataciones directas, la destrucción del Estado de Derecho y la venta de los recursos naturales a las empresas transnacionales. Los sectores ambientales y laborales se muestran cautelosos, ya que es evidente la actitud siempre esquiva de las tácticas del gobierno de Ricardo Martinelli, que no tiene reglas ni ética en las negociaciones.
Si se derogan todas las disposiciones que afectan los derechos humanos, políticos, laborales y ambientales Ricardo Martinelli verá como los grandes negocios que se ha tejido se le diluyen en las manos, afectando el proyecto político social ultraderechista que viene preparando. Veamos un breve informe propuesto por delegados de la Mesa:
Delegados de la Mesa de Dialogo de la Ley30/2010 El miércoles 29 de septiembre de 2010 los delegados de la Comisión Especial para el Diálogo de la Ley 30 de 2010 acordaron las primeras reformas a la Ley. Según el Acuerdo Concertado Número 6, los delegados acordaron modificar la redacción de los artículos 11 (sobre información al Consejo Nacional de Seguridad por parte de las aerolíneas comerciales) y 27 (sobre disposiciones penales y procesales); igualmente, la Mesa acordó DEROGAR el artículo 28 (sobre disposiciones penales y procesales).
Por primera vez desde que se creó la Mesa se incorporaron a la misma los representantes de la ANAM: Irving Santos, Secretario General y Administrador encargado, Cecilio Camaño Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y Jorge Morales asesor legal.En la sesión del jueves 1 de septiembre exclusivamente se abordaron los 4 artículos ambientales de la Ley 30. En la misma participaron representantes de gobierno facilitada por el Vice Ministro Luis Ernesto Carles y el Director de Tránsito Ricardo Fábrega, y por primera vez desde que se creó la Mesa se incorporaron a la misma los representantes de la ANAM: Irving Santos, Secretario General y Administrador encargado, Cecilio Camaño Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y Jorge Morales asesor legal. Por parte del sector privado se encontraban representantes de CONEP y APEDE; y representantes de los gremios sindicales, el Sr. Chavarría acompañado del Lic. Muñoz, por CONUSI-CONATO, el Sr. Becker y José Staff de Sitraibana (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines; entre otros representantes).
En la foto aparecen Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting y Alida Spadafora como Voceras Designadas por el grupo de ONG de ambiente que aglutina a F. MarViva, ANCON, F. Natura, Sociedad Audubon de Panamá, Conservación Internacional, PROMAR, Asociación Oceánica de Panamá, y más de 40 organizaciones de ambiente , Donaldo Sousa, William Hughes, Jorge Lee y Javier Yap por CAPECAEn el uso de la palabra intervinieron por parte del sector ambiental: Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting y Alida Spadafora como Voceras Designadas por el grupo de ONG de ambiente que aglutina a F. MarViva, ANCON, F. Natura, Sociedad Audubon de Panamá, Conservación Internacional, PROMAR, Asociación Oceánica de Panamá, y más de 40 organizaciones de ambiente , Donaldo Sousa, William Hughes, Jorge Lee y Javier Yap por CAPECA, Raisa Banfield por PASOS. Y por parte de los sindicatos Becker de Sitraibana y un compañero de la comarca Ngöbe Bugle en relación a los aspectos ambientales.
En la foto el Vice Ministro Carles, y junto a él, los representantes del sector privado CONEP y APEDE(10) Sí bien en la Mesa parecía haber una especie de entendimiento, en el caso del artículo 34 relacionado con la derogación del artículo 115 Ley41/1998 que establece que “los ciudadanos que denuncien un delito o infracción ambiental, recibirán los mismos incentivos contemplados en la legislación fiscal para los casos de contrabando y los demás que determinen los reglamentos de la presente Ley”, el sector privado se mantuvo firme en que el 34 debía quedar tal cual, apoyado por el sector gubernamental, entre los argumentos presentados estaban:
Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting de Fundación Mar Viva, Javier Yap de CAPECA y William Hughes, al finalizar la sesión.La reunión finalizó alrededor de las 2 y media de la tarde, cuándo el Viceministro Carles indico que debía salir para Changuinola. Y recordando que en la sesión de viernes se abordarían los siguientes artículos laborales, para reiniciar las sesiones en la Mesa el lunes 4 de mayo.
- HREV constata al menos 405 heridos, 4 muertos y 1 detenido-desaprecido durante la huelga de Bocas del Toro-Las conclusiones del informe de la ONG de Derechos Humanos hablan de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, detenciones sin el debido proceso, torturas, racismo y deficiente atención médica- Entregado el informe a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosAl menos 405 personas resultaron heridas de diversa consideración durante los sucesos ocurridos en Changuinola en la huelga de los trabajadores de las bananeras entre 7 y el 11 de julio; 4 trabajadores fallecieron (sólo hay dos reconocidos oficialmente) y uno se encuentra desaparecido después de que varios compañeros vieran como era detenido. Unos sucesos en los que se produjo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, una deficiente atención medica, detenciones sin el debido proceso y torturas en la subestación de Changuinola, donde a los arrestados se les tuvo sin alimento, se les impidió dormir o acudir al baño y donde se produjeron vejaciones y evidencias de racismo. Las principales causas de las lesiones son el disparo de perdigones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado panameño, el 63% de los casos; un 21% sufrieron afecciones por los gases y hay documentadas 35 mujeres heridas y 12 niños (entre ellos bebes).Son hechos y conclusiones que se desprenden del informe sobre la violación de Derechos Humanos elaborado por Human Rights Everywhere (HREV), una ong sin ánimo de lucro que lleva siete años trabajando en Latinoamérica y que durante 10 días trasladó a Bocas del Toro un equipo de voluntarios que han efectuado algo más de 300 entrevistas personales con los heridos y sus familiares, visitado las fincas bananeras, los centros de salud y la morgue. Entrevistas que han sido contrastadas y completadas con partes médicos oficiales, el trabajo realizado por voluntarios con los 68 enfermos trasladados a Panamá y los informes realizados por otras organizaciones como CEASPA, el Defesor del Pueblo, la ULIP y la Pastoral Indígena.El informe fue presentado hoy en Changuinola ante la prensa y organizaciones sociales, y el pasado lunes le fue entregado a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Kyung-Wan Kang, de visita oficial en Panamá.HREV aporta datos documentales (muertos, desaparecidos, heridos, tipología de las heridas, principales lugares de conflicto, detenciones y uso de fuerza); constata los hechos y analiza el papel del Estado en la crisis, y de otros actores, así como la vulneración de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (al menos 10 derechos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 artículos de la Constitución de Panamá).En base a las entrevistas y a las fuentes documentales, HREV confirma la existencia de 4 muertos, 1 detenido-desaparecido (caso sobre el que aún no hay respuesta por parte del Órgano Judicial pese a mediar una denuncia) y al menos 405 heridos. Asimismo, concluye que queda probada la existencia de una grave vulneración de los Derechos Humanos por parte del Estado Panameño.Las conclusiones del informe también plantean un uso de la fuerza “excesivo” por parte de la Policía; episodios de tortura en las detenciones; una atención medica deficiente y ausencia total de seguimiento a los heridos; y una atención por parte del Gobierno a las víctimas de carácter asistencialista sin que se haya contemplado el impacto psicológico postconflicto. A ello se une una falta de agilidad por parte del Órgano Judicial panameño a la hora de investigar y esclarecer responsabilidades y la difusión de información sobre los hechos insuficiente y parcial, en algunos casos intencionada.Para concluir el informe recoge algunos de los testimonios más relevantes y una serie de recomendaciones que pasan por la creación de una comisión técnica independiente, con personal especializado en derechos humanos y acompañamiento internacional; la agilización de los procesos judiciales iniciados para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos; un plan urgente de atención a las víctimas (médica, psicológica, subsidios por bajas laborales, atención a los discapacitados); que se cree un sistema de monitoreo sobre la situación de Bocas del Toro con un mecanismo de alertas tempranas y en el que participen instituciones nacionales y locales, Defensoría del Pueblo y representantes de ONGs a iglesias. Además, pide la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Erradicación de Todas las Formas de Racismo (CERD) de Naciones Unidas que se hicieron a Estado panameño en 2010. HREV también recomienda que se permita el acceso de defensores de Derechos Humanos, organizaciones y medios de comunicación a las informaciones y las instituciones para que puedan realizar su labor.El equipo de HREV sigue trabajando sobre el terreno y recopilando nueva información, por lo que se presentarán actualizaciones de este informe. Se adjunta un resumen de los datos del informe, para solicitar el doucmento completo, escribir a info@comunasur.orgDescargar el informe aquí
Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.