Source: http://www.cidh.org/annualrep/90.91sp/Peru10163.htm
Timestamp: 2018-04-24 03:02:02
Document Index: 121056225

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 50', 'Artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 63']

Peru 10.163
INFORME N° 75/90
CASO 10.163
VISTOS los antecedentes obrantes en el caso a saber:
1. La denuncia recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 18 de febrero de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación:
Nuevas detenciones fueron realizadas en el Departamento de San Martín: Tecero Lava Ramírez, de 24 años, el 26 enero de 1988, en Sisa, Lamas, por Ejército Peruano; Julio y Oscar Saboya Pisco el 17 de enero 1988, en Alao, Lamas, por Ejército Peruano; Marcelino de La Cruz Manayay, el 27 enero 1988, en San Martín por Ejército Peruano. El último, dirigente del Comité de Productores de Maíz, fue posteriormente trasladado a la jefatura de la Policía de Investigaciones de San Martín. Asimismo, fueron detenidos y desaparecidos Hilario Puelles Trolles de 40 años, el 27 de enero 1988 en Carachamayo, Lamas, por Ejército Peruano y Julio Campesino Sangama, Teniente Gobernador de Carachamayo, Lamas.
2. La Comisión, mediante nota del 2 de marzo de 1989 inició la tramitación del caso y solicitó al Gobierno del Perú la información pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicación, así como cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, concediéndosele el plazo de 90 días para dar respuesta a dicho pedido.
3. En fecha 22 de febrero de 1990, la Comisión reiteró al Gobierno del Perú su solicitud de información, mencionando que de no recibirse dicha información en un plazo de 30 días, la Comisión entraría a considerar la posible aplicación del Artículo 42 del Reglamento, el cual establece la presunción de los hechos relatados en la denuncia, toda vez que el Gobierno aludido no suministre la información correspondiente dentro del plazo señalado por la Comisión.
4. La Comisión reiteró al Gobierno del Perú, el 18 de mayo de 1990, su pedido de información sobre la desaparición de Tecero Lava Ramírez, Julio y Oscar Saboya Pisco, Marcelino de La Cruz Manayay, Hilario Puelles Trolles y Julio Campesino Sangama bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 42 del Reglamento.
1. Que la Comisión es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4, relativo al derecho a la vida y Artículo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el Artículo 44 de la citada Convención, de la cual Perú es Estado Parte.
3. Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos contenidos en el Artículo 46 de la Convención.
5. Que pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas por la Comisión, el Gobierno del Perú no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relación con el presente caso.
6. Que al no haber dado respuesta el Gobierno del Perú ha incumplido la obligación internacional de suministrar información a la Comisión dentro de un plazo razonable, como lo establece el Artículo 48 de la Convención.
7. Que la Comisión ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que:
... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la víctima.1
8. Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones ha destacado la necesidad de que en los países donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa práctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situación de esas personas. Además, a propuesta de la Comisión, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad.1
9. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de
29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, declaró lo siguiente:
La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención (...), significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención.2
11. Que al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa (Artículo 48. 1. f, de la Convención), por la naturaleza misma de los hechos denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50, inciso 1, de la Convención Americana, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideración.
1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 18 de febrero de 1989, relacionados con la detención y la posterior desaparición de Tecero Lava Ramírez, el 26 enero de 1988, en Sisa, Lamas, por Ejército Peruano; Julio y Oscar Saboya Pisco, el 17 de enero 1988, en Alao, Lamas, por Ejército Peruano; Marcelino de La Cruz Manayay, el 27 enero 1988, en San Martín, por Ejército Peruano; Hilario Puelles Trolles, el 27 de enero 1988, en Carachamayo, Lamas, por Ejército Peruano, y Julio Campesino Sangama, Teniente Gobernador de Carachamayo, Lamas.
2. Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Artículos 4 y 7 de la Convención.
4. Formular al Gobierno del Perú las siguientes recomendaciones (Artículo 50, inciso 3 de la Convención y Artículo 47 del Reglamento de Comisión):
5. Transmitir el presente informe al Gobierno del Perú para que éste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para solucionar la situación denunciada dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de remisión. El Gobierno no está facultado para publicar el presente informe, conforme lo estipulado en el Artículo 50 de la Convención.
6. Si transcurrido el plazo de 3 meses el caso no ha sido solucionado por el Gobierno del Perú, la Comisión podrá emitir su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración en virtud del Artículo 51.1 de la Convención, e incluirá el presente informe en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 63, inciso g, del Reglamento de la Comisión.
1. Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987.
1. Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84).
2. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, párr. 158.