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Timestamp: 2019-09-23 15:14:29
Document Index: 242921325

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 139']

STS, 8 de Febrero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 593665238
Número de Recurso: 3772/2009
Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 3772/2009 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Marta Franch Martínez, en nombre y representación de LABORATORIOS INDAS , contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) de fecha 8 de junio de 2009 , dictada en el procedimiento ordinario núm. 138/2008, sobre resolución del TEAC declarándose incompetente para revisar una liquidación derivada de la Disposición Adicional Novena de la Ley del Medicamento ; es parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se interpuso el recurso contencioso-administrativo núm. 138/2008 contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC) de 19 de diciembre de 2007 en materia de liquidación de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que el mencionado órgano económico-administrativo se declara incompetente por razón de la materia para conocer de la reclamación económico-administrativa deducida frente al acuerdo de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 1 de septiembre de 2006.
La citada Sección dictó sentencia de 8 de junio de 2009 cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal: « Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Marta Franch Martínez, en nombre y representación de LABORATORIOS INDAS, SAU, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 19 de diciembre de 2007, a la que la demanda se contrae, la cual confirmamos como ajustada a Derecho. Sin hacer condena en costas ».
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la Procuradora doña Marta Franch Martínez en representación de LABORATORIOS INDAS, S.A.U., que la Sección Séptima de la Audiencia Nacional tuvo por preparado mediante providencia de 16 de junio de 2009 en la que, al tiempo, ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes y comparecidas en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, la representación de LABORATORIOS INDAS, S.A.U. presentó el escrito de interposición del recurso de casación basado, en esencia, en los siguientes motivos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa (en adelante, LJCA): 1º Por infracción del artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ; 2º Por infracción del artículo 134.7 de la Constitución y solicita que se plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición Adicional 48ª de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ; 3º Por infracción de los artículos 14 y 31.1 de la CE ; 4º Por infracción del artículo 9.3 de la CE y solicita, al amparo del artículo 88.3 de la LJCA , la integración de los documentos números 5 y 6 de su demanda en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia y que fueron omitidos por éste.
Admitido el recurso, se dio traslado al Abogado del Estado, que se opuso al mismo interesando su desestimación.
Por providencia de fecha 11 de octubre de 2011, teniendo en cuenta la pendencia del recurso de inconstitucionalidad núm. 1955/2005, que afecta a la cuestión objeto de debate, se acuerda la suspensión del señalamiento hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia.
Mediante providencia de fecha 22 de abril de 2015 se levanta la suspensión del procedimiento acordada en su día, a la vista de la publicación en el BOE núm. 85, de fecha 9 de abril de 2015, de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 44/2015, de 5 de marzo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 1955/2005 , dando plazo común de diez días a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la incidencia de dicha Sentencia en el presente recurso.
Evacuado dicho trámite por el Abogado del Estado y sin que se efectuasen en el plazo indicado alegaciones por la parte recurrente, por providencia de 18 de diciembre de 2015 se designó ponente al Excmo. Sr. Magistrado don Jesus Cudero Blas y se señaló para la votación y fallo del presente recurso la audiencia del 2 de febrero de 2016, fecha en la que efectivamente se deliberó y votó el mismo con el resultado que ahora se expresa.
El acto originario impugnado en la instancia estaba constituido por una liquidación efectuada a la recurrente, en concepto de descuento sobre el volumen global de ventas, al amparo de la disposición adicional novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento , introducida por la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004 ya citada. La liquidación fue objeto de reclamación económico-administrativa que el TEAC inadmitió por falta de competencia, pues entendió que tal liquidación no tiene naturaleza tributaria por ser el concepto controvertido una prestación patrimonial de carácter público. Lo juzgado en la instancia ha sido, por tanto, solo esa declaración de incompetencia hecha sobre tal base de la naturaleza jurídica de la deducción, pero quedando fuera de su enjuiciamiento la legalidad de la concreta liquidación según la normativa aplicable.
De esta manera, el presente recurso difiere de los resueltos a raíz de nuestra sentencia de 14 de julio de 2015 (recurso de casación núm. 6365/2008 ). En ese caso y en los restantes pronunciamientos recaídos a partir de esa sentencia, esta Sala ha conocido de recursos de casación interpuestos frente a sentencias dictadas respecto de la impugnación de actos de liquidación que habían sido objeto del preceptivo recurso de alzada y no, como ahora sucede, de una reclamación económico-administrativa deducida frente al correspondiente acuerdo liquidatorio. Al margen de que tanto las sentencias allí recurridas como las de esta Sala confirmasen la naturaleza no tributaria del descuento, eso no impidió que se entrase a resolver sobre los motivos de casación referidos a la legalidad de las liquidaciones, pero por razones procedimentales y de contenido, lo que no es el caso de autos donde lo juzgado por la Sala de instancia se ciñó a la incompetencia del TEAC.
Dicho lo anterior, mediante los distintos motivos de casación se impugna la sentencia de instancia en cuanto que confirma la resolución del TEAC basada, a su vez, en apreciar que los descuentos antes indicados no tienen naturaleza tributaria. Tales descuentos concretan los ingresos que deben efectuar los empresarios, grupos empresariales, fabricantes e importadores de medicamentos y sustancias medicinales, tanto en el Tesoro Público como en la caja del Instituto de Salud Carlos III, en función del volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud; según la recurrente, la Sala de instancia, al negar que la deducción tenga naturaleza tributaria, infringe los preceptos constitucionales y de legalidad ordinaria relacionados en el antecedente de hecho cuarto de esta sentencia.
Pues bien, en relación con la naturaleza del descuento controvertido, esta Sala y Sección, a partir de la ya citada sentencia de 14 de julio de 2015 (recurso de casación núm. 6365/2008 ), se ha pronunciado reiteradamente aplicando las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional 44/2015 (FJ.5), a la que habría que añadir también la sentencia 62/2015 .
Tiene dicho así esta Sala, precisamente respecto del carácter del descuento que nos ocupa, que « la reciente STC 44/2015 ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad (...) contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para 2005 , por la que se añadió la disposición adicional 9ª a la Ley 25/1990. El Tribunal Constitucional considera que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE ; pero entiende que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE » .
Tras lo expuesto decaen todos los motivos de casación en cuanto que están basados en la inconstitucionalidad del descuento litigioso. Y decaen también los motivos centrados en cuestionar la naturaleza del mismo, por considerar que se trata de un tributo con base en preceptos de legalidad ordinaria. A estos efectos es significativo que dictada la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 44/2015 , nada haya alegado en el trámite concedido por esta Sala para que se pronunciase sobre la incidencia de la misma en el pleito.
No olvidemos que el objeto del recurso seguido en la instancia estaba constituido por una resolución del TEAC por la que, atendiendo al carácter no tributario del descuento cuestionado, se inadmite, por incompetencia, la reclamación económico- administrativa deducida frente a la liquidación correspondiente. De esta forma, declarado ya por el Tribunal Constitucional y por esta misma Sala que el descuento practicado a la actora no tiene carácter tributario, el acto impugnado en la instancia ha de reputarse conforme a Derecho, como señalaron los jueces a quo , sin que sea ya posible en este proceso cuestionar la legalidad de la resolución liquidatoria, habida cuenta que, insistimos, el objeto litigioso solo estaba constituido por la señalada declaración de incompetencia efectuada por el TEAC.
Debe, pues, desestimarse el presente recurso. Y, en atención a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción , procede imponer las costas de dicho recurso a la parte recurrente en casación, si bien, haciendo uso de la facultad que nos otorga el apartado tercero de aquel precepto, con el límite máximo, por todos los conceptos, de cuatro mil euros.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Marta Franch Martínez, en nombre y representación de LABORATORIOS INDAS, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima) de fecha 8 de junio de 2009 , dictada en el procedimiento ordinario núm. 138/2008, sobre resolución del TEAC declarándose incompetente para revisar una liquidación derivada de la Disposición Adicional Novena de la Ley del Medicamento , imponiendo las costas a la parte recurrente, con el límite señalado en el último fundamento jurídico de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . D. Segundo Menendez Perez Dª. Maria del Pilar Teso Gamella D. Jose Luis Requero Ibañez D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Jesus Cudero Blas PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Jesus Cudero Blas estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que certifico.
STS, 10 de Octubre de 1981