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Timestamp: 2016-12-06 22:37:36
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Francisco Javier Mora Rojo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 En Colombia la unión de hecho es una realidad social que engloba una parte significativa de la población y cuyas motivaciones crecen diariamente con la urbanización del país, la incorporación masiva de la mujer a la vida económica, los procesos de migración inducidos por las distintas manifestaciones de violencia y el cambio de valores de la sociedad. Las familias que surgen de estas relaciones se mantienen en un situación de desprotección e injusticia, que debe ser corregida por el legislador con el cubrimiento de vacíos legislativos que generan desconcierto e incertidumbre y que desde luego contienen los larvados problemas sociales que afectan a la comunidad en su conjunto. La familia como34 núcleo social es por naturaleza un grupo solidario que busca atender sus necesidades primordiales de alimentación, techo y educación. Elementos que la sociedad ha erigido en derechos y por cuyo cumplimiento debe velar, incorporando en su cuerpo normativo, las formas cambiantes con las cuales se configura la familia. En el estadio actual de desarrollo de la humanidad para el desarrollo de una familia concurre la voluntad libre y espontánea de un hombre y una mujer, aspectos que recoge explícitamente la Constitución Nacional, al establecer que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla artículo 42 CN. Lo que indica que si la ley de leyes reconoce como fuente de la familia el vínculo natural y la voluntad responsable de conformarla, non existe razón para continuar con vacíos en la legislación sobre las uniones maritales de hecho, en aspectos tan importantes como los derechos sucesorales y de alimentos. Máxime si se tiene en cuenta que la Constitución en cuanto a deberes e inhabilidades equipara al compañero permanente con el cónyuge Si bien es cierto que la ley 54 de 1990 en parte terminó con una injusticia de desprotección legal a los compañeros permanentes en el aspecto patrimonial, no podemos desconocer que no tocó aspectos tan importantes como el derecho a alimentos y sucesorales, ya que si lo que quería frente a esta institución era reglamentar una situación de facto de carácter social, se debió legislar sobre estos aspectos. Es injusto que al cónyuge se le deban alimentos por ley y al compañero permanente no. Que un cónyuge tenga derechos sucesorales en la sucesión abintestato, así como la asignación forzosa de porción conyugal y el compañero permanente carezca de estos derechos. En este sentido se hace necesario y urgente una modificación a la normatividad sustantiva para que el compañero permanente adquiera los citados derechos, razón por la cuál y para solucionar esta injusticia se propone este proyecto civil que entraría a reformar las leyes civiles en materia sucesoral así como de alimentos, de tal suerte que reivindique al compañero permanente 13 Es indudable el valor que tiene en la ley colombiana la expedición de la ley 54 de 1990 principalmente en sus aspectos jurídicos, sociales y económicos. En lo jurídico porque se rompe con toda la tradición de desconocimiento a un hecho que a pesar de ser fuente de formación de familia ni se le daba el estatus que merecía, ni se establecían derechos y deberes entre los compañeros, dejando que este silencio se constituyera en causa de múltiples injusticias. En lo social, porque la falta de legalización de este hecho se convertía en un estigma o negación, para que los unidos sin matrimonio, fueran aceptados socialmente sin 1335 miramientos acusadores ni discriminatorios. En lo económico, porque al concebir un sistema de sociedad patrimonial entre los compañeros, impide que injustamente se desconozca el aporte de estos en la generación de un patrimonio y hace que al terminarse la unión, ambos tengan participación igualitaria en los bienes adquiridos durante el tiempo de la unión marital, sin importar en cabeza de quien estén. No obstante su inmenso valor podemos encontrar en la ley 54, imprecisiones y vacíos que es necesario corregir, y que con fundamento en el análisis de su articulado y haciendo un balance de lo no reglamentado por ella, proponemos una reforma que reforme la unión marital de hecho, sin desconocer que es un hecho y no un acto jurídico de la forma más parecida al matrimonio; así mismo, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, por semejanza con la sociedad conyugal, guardando prudentemente las diferencia para no afectar la dignidad del matrimonio pero elevando la categoría de unión marital de hecho como fuente natural de la familia Nuestro proyecto de reforma, retomando y reproduciendo los aspectos importantes de la ley 54, modificará aquellos que hemos considerado inconvenientes y adicionará algunos nuevos como vacíos que dejo la ley. Dejando vigentes las denominaciones: unión marital de hecho y compañeros permanentes, las cuáles consideramos dignificantes y que además comprenden complementos de lo que se quiere regular, en el artículo 1 del proyecto se eleva la calidad de compañero permanente a la categoría de estado civil. Otra innovación que trae el proyecto se refiere a la presunción de paternidad que en forma semejante a la que opera para el matrimonio ampara a los hijos que han nacido o han sido concebidos durante el tiempo probado de vigencia de la unión marital de hecho. Se insiste en la obligación alimentaria adicionando el articulo 411 del Código Civil, confiriendo alimentos en su numeral 1º en igualdad de condiciones al cónyuge o compañero permanente, esa obligación alimentaria como es lógica va a existir mientras dure la unión, es decir mientras tengan la calidad de compañeros, o terminada esta mientras tengan hijos comunes menores de edad, pues consideramos que es un derecho de los hijos, tener a su progenitor, padre o madre, en buena situación económica. Otra situación que consideramos desde el punto de vista humanitario y de justicia, necesario regular, son los alimentos a favor de compañeros que son abandonados en situación de imposibilidad física o síquica. Así mismo se contemplan en este proyecto la posibilidad de otros vacíos jurídicos dejados por la ley 54 de 1994, en temas tales como: registro de la unión marital de hecho, capitulaciones maritales, coexistencia de uniones, derechos hereditarios entre compañeros permanentes, medidas cautelares, la fusión con la sociedad conyugal, deberes entre los compañeros, causales de separación, etc36 37 38 39 40 41 La ley 90 de 1946 consagró el derecho de pensión de invalidez o muerte en favor de la concubina, en ausencia de la viuda, siempre que se demostrara que la mujer había hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del trabajador. Posteriormente, la ley 12 de 1975 creó una pensión especial para sobrevivientes consistente en reconocer a la cónyuge o a la compañera permanente la pensión del trabajador que teniendo derecho a esta prestación falleciere antes de cumplir la edad requerida por la ley. El legislador42 extendió a la compañera permanente la protección antes restringida a la viuda (L.33 de 1973) y colocó al cónyuge legítimo y a la compañera permanente en un mismo pie de igualdad respecto del derecho a la pensión de jubilación, pero en un orden de precedencia excluyente, de manera que a falta de la primera - por muerte o abandono atribuible a la cónyuge - la segunda pasa a ocupar su lugar para efectos de la sustitución pensional. Finalmente, la ley 113 de 1985 extendió a la (el) compañera (o) permanente el derecho a la sustitución pensional por muerte del trabajador pensionado o con derecho a jubilarse. De esta forma se puso fin a la discriminación en materia prestacional contra las personas que conviven en unión de hecho y sobre esta realidad erigen una familia. Con especial interés me permito rendir ponencia sobre el proyecto de ley presentado por la Honorable Representante María Isabel Mejía Marulanda, el cual recoge numerosas iniciativas que durante los último años han pretendido reconocer un hecho social existente, como es el de las familias o uniones maritales de hecho, así como corregir una fuente de injusticias para un número creciente de compatriotas que, a falta de protección legal, ven desaparecer el fruto del esfuerzo compartido para la consolidación de un patrimonio con su compañero o compañera permanente. (...) Existen argumentos que tocan con la justicia conmutativa y que señalan la necesidad de reconocer un derecho a los miembros de una unión de hecho que, como resultado de la convivencia y de la división del trabajo que de ella se deriva, han contribuido a la formación de un haber patrimonial 25 2543 "a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familias constituídas 'por vínculos naturales o jurídicos', es decir, a la que surge de la 'voluntad responsable de conformarla' y a la que tiene su origen en el matrimonio. "b) 'El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia', independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato. "c) Por lo mismo, 'la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables', sin tener en cuenta el origen de la misma familia. "d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio. "En conclusión: según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o constituídas al margen de éste. "En apoyo de esta tesis, está el inciso primero del artículo 13 de la Constitución: 'todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica'. Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado. "Desde múltiples perspectivas el matrimonio se distingue de la unión marital de hecho. La conformación del matrimonio exige una serie de formalidades legales y da lugar, por mandato legal, a un catálogo de derechos y obligaciones correlativos libremente aceptados por las partes contrayentes. Por su parte, la unión marital de hecho se configura por la unión de un hombre y una mujer que,44 sin formalidad alguna, dan lugar a una comunidad de vida permanente y singular, sin que sea su voluntad asumir los derechos y obligaciones que la ley impone a los cónyuges45 En efecto, por regla general el derecho de alimentos se deriva del parentesco, y comprende no sólo el sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la recreación en el caso de los menores de edad. De este modo, la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos.. se ha señalado que "dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria 34 Temas que no pueden ser desconocidos en un Estado social de derecho y por ello, cualquier tipo de discriminación respecto de las relaciones por medio de matrimonio y unión marital de hecho deben ser rechazados, aunque la desigualdad se plantee por el mismo legislador46 47 48 La Constitución Política de 1991 estableció dentro del catálogo de principios fundamentales (Art. 5) la protección de la familia como institución básica de la sociedad y en concordancia con ello el artículo 42 Superior prescribió que ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Así esta norma establece el deber de protección integral de la familia a cargo del Estado y de la sociedad De esta manera, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos como la formada al margen de éste es igualmente digna de respeto y protección por parte del Estado Es bien sabido que la igualdad ante la ley se encuentra garantizada desde el mismo Preámbulo de la Constitución, y se encuentra consagrada en el artículo 13 de la Carta Política como uno de los fundamentos del Estado social de derecho que fueron concebidos como primordiales en la estructura del ordenamiento superior, con el carácter de derecho constitucional fundamental. De esta manera, el derecho a la igualdad, que a la vez constituye un principio fundamental, se traduce en la garantía a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas que en justicia, deben ser relevantes para el derecho. 36 La protección material del derecho la igualdad alude al compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho, las cuales se oponen al disfrute efectivo del derecho, lo que hace necesaria la configuración de medidas que puedan compensar y sean defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad mediante el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades públicas. La discriminación implica entonces, la violación del derecho a la igualdad, por lo que su prohibición constitucional se encamina a impedir que se restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación objetiva y razonable 3649 Una interpretación de los artículos 5 y 42 de la Carta Política permite afirmar que la igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que prescribe: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica (..)" (Subraya la Corte).50 La disposición del numeral 1º acusado del Código Civil, expedida en el año de 1873, adolece de una inconstitucionalidad sobreviniente puesto que a la luz del nuevo orden superior infringe el principio de igualdad que debe existir entre la familia surgida de un matrimonio válidamente celebrado y la originada en vínculos naturales (uniones de hecho) y, por ende, vulnera los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 5, 13 y 42 del estatuto superior. En efecto, el precepto impugnado otorga la calidad de sujeto pasivo de la obligación alimentaria al cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio por la fecha en que se instituyó dicha normativa, el mismo derecho para quienes son integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, es decir, para los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional por cuanto la Carta Política consagra la igualdad de derechos y deberes entre las parejas o familias conformadas por vínculos jurídicos y las fundadas en vínculos naturales. De este modo, una interpretación conforme a la Constitución del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil obliga concluir que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar, más aun teniendo en cuenta la expresa prohibición que hace el artículo 13 Superior. Una interpretación en sentido contrario permitiría presumir que las personas que constituyen una unión marital de hecho pretenden evadir responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido incluso judicialmente. Sin embargo, debe precisarse que los compañeros permanentes sólo podrán exigir el derecho alimentario, hasta que esté demostrada su condición de integrantes de la unión marital de hecho, puesto que debe existir certeza que quien dice ser compañero permanente lo sea en realidad. Demostrada la inconstitucionalidad del numeral acusado habría lugar a declarar su inexequibilidad, caso en el cual la Corte Constitucional actuaría como un simple legislador negativo y no como el órgano a quien el Constituyente en el Estado social de derecho confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Por ello en aplicación del principio de conservación del derecho y en aras de respetar el principio democrático y garantizar la seguridad jurídica, se proferirá una sentencia integradora 40, que permita mantener en el ordenamiento jurídico dicha disposición del Código Civil pero condicionando su 4051 exequibilidad a una interpretación que respete los valores, principios y derechos consagrados en el ordenamiento superior. Esto es, que el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil se ajusta a la Constitución, siempre y cuando se entienda que dichas normas también se aplican a los compañeros permanentes 41 4152 53 54 55 56 57 58 59 - Doctrina -SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Tomo I. Editorial TEMIS. Bogotá NARANJO OCHOA, Fabio. Parte civil personas y familia. Librería jurídica. Medellín PARRA BENITEZ, Jorge. Manual de derecho civil: personas, familia y derecho de menores. Editorial TEMIS. Bogotá, VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho civil. Parte general y personas. Editorial TEMIS. Bogotá, GARCIA, Álvaro y ROCA, Luz Estela. Hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes. Us. N. Medellín, LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de familia: unión marital de hecho. Ley 54 de Librería del profesional. Bogotá, JARAMILLO, Gustavo León. Derecho de familia y de menores. Ediciones Universidad de Antioquia. Medellín, BERNAL GONZALEZ, Alejandro. Los Alimentos. Bernal Gómez Editores. Medellín, PINILLA PINEDA, Álvaro. Alimentos entre cónyuges. Universidad Javeriana. Bogotá, 1988.60 -VILALTA, A Esther y MENDEZ, Rosa M. Acciones sobre parejas de hecho. Ed Bosch S.A., segunda edición, España, MARTINEZ RODRIGUEZ, Nieves. La obligación de alimentos en las parejas de hecho. Matrimonio y uniones de hecho, Pág , Ediciones Universidad de Salamanca, España, MEJIA, Maria Isabel. Exposición de motivos ley 54 de Bogotá, Cámara de Representantes En: Anales del Congreso, miércoles 31 de agosto de MARTINEZ GALLEGO, Eva María. Matrimonio y uniones de Hecho. Salamanca: Universidad de Salamanca, p. -LOPERA HEHAO, Álvaro. Derecho de Familia en notas de clase: Medellín, Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas FONTALVO GARCIA, José Abelardo. De la prueba general y especial del derecho de familia. Jurídica Radar. Ed 1ª Págs. 56 y Legislación: - Constitución Política de Colombia. - Ley 54 de Ley 45 de Ley 90 de Ley 90 de Decreto 1848 de Decreto 2623 de Decreto 2690 de Decreto 1848 de El acuerdo 536 del 20 de Mayo de 1974 emanado del ISS - Ley 12 de Ley 33 del 73, - Las leyes 12 de 1976 y 113 de 1985 Jurisprudencia: - Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional T de Sentencia Corte Constitucional T- 266 de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional C de 1998.61 - Sentencia Corte Constitucional T de Sentencia Corte Constitucional T de Sentencia Corte Constitucional T de Sentencia Corte Constitucional C de Sentencia Corte Constitucional T de Sentencia Corte Constitucional C 919 de Sentencia Corte Constitucional T 1098 de Sentencia Corte Constitucional C 1033 de 2002.62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Documentos relacionados
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