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Timestamp: 2020-08-03 20:32:34
Document Index: 222287380

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 22', 'artículo 84', 'artículo 104', 'artículo 339', 'artículo 22', 'artículo 84', 'artículo 104']

Sentencia nº 111-2012 de Tribunal Superior Administrativo de 15 de Agosto de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 505808966
Fecha de Resolución: 15 de Agosto de 2012
la República Dominicana, a los QUINCE (15) días del mes de AGOSTO del año dos mil doce (2012), año 169 de la Independencia y 149 de la Restauración.
LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, ubicada en la calle J.S.R., No. 1-A, esquina S.S., del sector de Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, J.P.; F.F. DE LA CRUZ, J.; D.Y.V.G., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de Tribunal de Amparo y en audiencia pública la sentencia que sigue:
CON MOTIVO DE LA ACCION DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO interpuesta por: 1) El LIC. A.A.P.V., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1324795-1, Abogado de los Tribunales de la República; 2) DR. R.P.J., dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales de la República, matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados con el número 23303-197-01,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0141965-3; 3) MAREDI ARTEAGA CRESPO, dominicana, mayor de edad, soltera, Abogada de los Tribunales de la República, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1154332-8; 4) LIC. H.G.B., dominicano, mayor de edad, soltero, Abogado de los Tribunales de la República, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 001-1368271-0, con matrícula 27879-224-04; 5) A.M.R., dominicano, mayor de edad, soltero, Abogado de los Tribunales de la República, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1785240-0; 6) A.J.C.D., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1339503-2, político; 7) MOVIMIENTO CIVICO TOY JARTO, Organización No Gubernamental, formalmente incorporada de conformidad con la Ley No. 122-05, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 430082074, debidamente representado por su Presidenta la señora E.M.P., dominicana, mayor de edad, soltera, Abogada de los Tribunales de la República, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1788829-7, actuando en su doble calidad de peticionante y presidenta del Movimiento Cívico "Toyjarto"; 8) R.E.C.C., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0003392-9, sindicalista; 9) CENTRAL INSTITUCIONAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (CITA), Organización Sindical constituida de conformidad con la Ley No. 16-92, Registro Sindical No. 23-95, representada por el señor R.C., dominicano, mayor de edad, casado, sindicalista, portador de la cédula de identidad y electoral No. 023-0055961-0, quien actúa en su doble calidad de ciudadano peticionante y representante legal del sindicato "CITA", todos con domicilio para todos los fines y consecuencias del presente acto en la suite 401 de la cuarta planta de la edificación denominada T.P., ubicada en la intersección de las avenidas G.M.R. esquina A.L., del E.P. de este Distrito Nacional, para todos los fines legales de la presente acción judicial; CONTRA el Estado Dominicano (Presidencia de la República).
En fecha 24 de julio de 1997, el Poder Ejecutivo mediante artículo 1 del Decreto Presidencial 322-97, instituyó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa con la finalidad de perseguir, prevenir y procesar penalmente ante la justicia penal todos los actos de corrupción del que tenga conocimiento ya sea mediante denuncia, querellas, clamor público, actuaciones de oficio y auditorias de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Que en fecha 19 de marzo del año 2009, mediante el Decreto Presidencial No. 223-09, el Presidente de la República procedió a designar como incumbente de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa al Procurador General Adjunto Dr. H.B.G..
En fecha doce (12) diciembre del año 2011, fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva de la Acción de Amparo, instrumentada por el LIC. A.A.P.V. Y COMPARTES, contra el Estado Dominicano (Presidencia de la República);
Que le sea aplicada al Lic. H.B.G., Procurador Adjunto y actual Director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) la sanción disciplinaria establecida en el artículo 84, acápite 2 de la Ley No. 41-08 de Función Pública por haber cometido faltas de tercer grado al permitir atentados contra el patrimonio público o del Estado y de esa manera eliminar una traba en la lucha contra la corrupción lo cual beneficiará el interés público.
Que durante su gestión como director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa ha sometido algunos casos de corrupción administrativa, pero ha dado aquiescencia para que muchos otros casos queden impunes mediante la inactividad procesal de los mismos a los tribunales del orden judicial. Que producto de dicha impunidad, el Estado Dominicano ha perdido mucho dinero que pudieron invertirse en asuntos prioritarios en pro de la población, no obstante a esto, dicho dinero se ha quedado en posesión de diversos corruptos que no han sido procesado penalmente y solicitan: "PRIMERO: Declarar bueno y válida la presente acción de amparo, tanto en la forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas legales y constitucionales, particularmente en atención a los requerimientos y presupuestos establecidos por la Ley No. 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales; SEGUNDO: Declarar por sentencia la violación del artículo 22, acápite 4 de la Constitución de la República, violaciones estas ocasionadas por la Presidencia de la República contra los accionantes en justicia; TERCERO: Que se le ordene de manera inmediata a la Presidencia de la República a contestar a la Instancia Introductiva de Petición de Medidas de Interés Público en pro de los accionantes de amparo; CUARTO: Que se le ordene a la Presidencia de la República aplicar el artículo 84, acápite 2 de la Ley No. 41-08 de Función Pública en contra del P.A.H.B.G. con el debido proceso legal establecido en la susodicha ley, en virtud de lo establecido en al artículo 104 de la Ley No. 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por todas las razones y argumentos jurídicos invocados en el desarrollo de la presente acción judicial de amparo; QUINTO: Que mediante el control difuso de la Constitución, este tribunal constituido en tribunal de amparo, proceda a declarar la inconstitucionalidad por omisión del referido silencio administrativo del Presidente de la República por no dar pronta respuesta a los requerimientos de los hoy accionantes en amparo; SEXTO: Que en virtud de lo que dispone la Ley 137-11 que Instituye el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, se le dicte un astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), por cada día de retardo en que incurra el Estado Dominicano a través de la Presidencia de la República, en contestar la petición incoada por los hoy accionantes en amparo, ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el tribunal cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho; SEPTIMO: Que se dicte Auto en donde se autorice a los accionantes en justicia a emplazar a la parte accionada a los fines que se conozca el presente proceso judicial de amparo."
Hechos y argumentos del interviniente voluntario
El interviniente voluntario L.. J.T.T.R. depositó por secretaría en fecha 12/1/2012, su escrito de intervención en la acción de amparo, mediante el cual solicita:"PRIMERO: declarar bueno y válido el presente Escrito Formal de Intervención interpuesto por el señor J.T.T., por haber sido interpuesto en virtud de los requerimientos establecidos en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil; SEGUNDO: Declarar por sentencia la violación del artículo 22, acápite 4 de la Constitución de la República, violaciones estas ocasionadas por la Presidencia de la República contra los accionantes amparo; TERCERO: Que se le ordene de manera inmediata a la Presidencia de la República a contestar a la instancia introductiva de Petición de Medidas de Interés Público en pro de los accionantes en amparo; CUARTO: Que se ordene a la Presidencia de la República aplicar el artículo 84, acápite 2 de la Ley No. 41-08 de Función Pública en contra del P.A.H.B.G. con el debido proceso legal establecido en la susodicha ley, en virtud de lo establecido en el artículo 104 de la Ley No. 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, por todas las razones y argumentos jurídicos invocados en el desarrollo de la presente acción judicial de amparo; QUINTO: Que mediante el control difuso de la Constitución, este tribunal constituido en tribunal de amparo, proceda a declarar la inconstitucionalidad por omisión del referido silencio administrativo del Presidente de la República por no dar pronta respuesta a los requerimientos de los hoy accionantes en amparo".
I) Accionante
Acto de Alguacil No. 79-12, de fecha 6 de enero del 2012, instrumentada por C.R., Alguacil Ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;