Source: http://formu.info/sala-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-primera.html?page=3
Timestamp: 2018-11-21 10:27:54
Document Index: 181229243

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 134', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 158', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 15']

II.1.2- - Sala de lo contencioso administrativo seccion primera
RESOLUCIÓN NÚMERO 0634 DE 2006
Corresponde al Gobierno definir el diseño, organización y funcionamiento de
. Decreto Ley 205 de 3 de febrero de 2003
. Decreto 3667 de 8 de noviembre de 2004
. Decreto 1465 de 10 de mayo de 2005
. Ley 100 de 23 de diciembre de 1993
La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores
La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes
“la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes”
II.1.2- La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS, aceptada como tercero impugnante mediante Auto de 7 de abril de 20115, consideró que la demanda carece de fundamentos fácticos y jurídicos, por lo que se deben rechazar las pretensiones.
Señala que el Decreto 1465 de 2005 dispuso en su artículo 1º “Las administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, debían permitir a los aportantes el pago de sus aportes mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes por medio electrónico, la cual sería adoptada mediante Resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social”.
Que de conformidad con la anterior disposición, las administradoras debían establecer los mecanismos necesarios para recibir la información relacionada con sus aportantes y/o afiliados, así como la relacionada con los pagos efectuados y los requerimientos de interconexión descritos en dicha norma, para lo cual el Decreto 1465 de 2005 estableció definiciones, tales como, la del Sistema de la Protección Social, que incluye la operación de los Subsistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del Sistema y el SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar; Subsistema; Administradora y; Operador de Información a quien corresponde suministrar al Aportante el acceso a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, vía electrónica; señala otros aspectos de la operación relacionada con el registro de la información, los recaudos, la validación de la información y demás procedimientos de carácter administrativo y financiero.
Observa que el Decreto 1931 de 2006, señaló las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, destacó que de ello depende la estabilidad financiera y la importancia de controlar el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social, por lo que resultaba conveniente establecer un mecanismo adecuado y eficiente que garantizara los pagos y que permitiera su vigilancia y control, lo cual se hizo realidad con la expedición de la Resolución núm. 0634 de 2006, parcialmente acusada.
Considera que el acto acusado, no vulneró los artículos 11, 13 y 49 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que el Ministerio de la Protección Social obró en ejercicio de la facultad legal y Constitucional de ejercer la potestad reglamentaria, de conformidad con los postulados que gobiernan la Seguridad Social, contenidos en el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, y los Decretos 3667 de 2004, y 187 de 2005 y el artículo 2º del Decreto Ley 205 de 2003.
Que el Legislador le atribuyó al Gobierno la función de definir el diseño, organización y funcionamiento del Sistema que permita la integración de los pagos de cotizaciones y aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, entre otros componentes del Sistema, para lo cual le dejó un amplio margen de acción.
Afirma que con la expedición de la disposición contenida en el acto acusado, no se vulneró el derecho fundamental a la salud o a la vida de los trabajadores independientes, toda vez que el modelo prevé la posibilidad de pagar únicamente el aporte a salud acudiendo a la figura conocida como “cotizante 41”, que permite el pago correspondiente a salud para independientes sin capacidad de pago, de conformidad con el artículo 6º de la Resolución núm. 2377 de 2008.
Señala que la Ley 1250 de 2008, determina qué personas con ingresos mensuales inferiores o iguales a un salario mínimo, registradas en la forma establecida por el Gobierno Nacional, no están obligadas a cotizar al Sistema General de Pensiones durante los próximos tres años a partir de la vigencia de la Ley y además, de que el Gobierno debe evaluar los resultados de la aplicación de la norma y presentar a consideración del Congreso las iniciativas que considere viables, para facilitar el acceso a esquemas de protección económica para la vejez de esta franja poblacional.
El Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo, se muestra partidario de que no se acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto considera que los cargos endilgados no tienen vocación de prosperidad.
Explicó que el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, determinó en cuanto al Registro Único de afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, la responsabilidad del Gobierno Nacional en su gestión, y de conformidad con esta norma y teniendo en cuenta que el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 205 de 2003, determinó como función del Ministerio de la Protección Social la de definir y regular, en coordinación con las entidades competentes, el Sistema de Información del Sector.
Por medio del Decreto 3667 de 2004, el Gobierno Nacional determinó la implementación de un Formulario Único o integrado para la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales, a cargo del Ministerio de la Protección Social, entidad a la cual le fijó el 1º de febrero de 2005 para dar cumplimiento al diseño de un formulario único; que esta norma fue modificada por el Decreto 187 de 2005 en cuanto a la fecha de implementación del modelo de formulario único o integrado, para su utilización obligatoria por medios electrónicos de bajo valor, el 30 de junio de 2005.
Que por medio del Decreto 1465 de 2005, el Gobierno Nacional, entre otras, reglamentó el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, y en observancia de lo dispuesto en los Decretos 3667 de 2004 y 187 de 2005, señaló como misión del Ministerio de la Protección Social la adopción de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por medio de Resolución, lo cual realizó mediante el acto parcialmente acusado.
Con el fin de establecer si en realidad la expresión “y pensión” tiene la suficiente entidad como para vulnerar los derechos fundamentales aludidos por el actor, observa que el literal a) del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que enumera las características del Sistema General de Pensiones, determina que la afiliación al Sistema es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes, y que la afiliación obliga a efectuar unos aportes establecidos en el literal d) ídem; anota que la Corte Constitucional mediante sentencia C-259 de 2009, declaró exequibles el literal a) del mencionado artículo 2º y la expresión “los trabajadores independientes” del numeral 1º del artículo 3º de la Ley 797 de 2003.
Que, asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-1089 de 2003, declaró la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 797 de 2003 y del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, condicionada para el caso de los trabajadores independientes, a que la obligatoriedad de los aportes surja de la percepción de un ingreso que permita efectuarlo, y que la exigencia de cotizar a partir de un ingreso base, que no podrá ser inferior al salario mínimo, guarde correspondencia, pues de lo contrario se afectaría el principio de igualdad.
Continúa el Procurador Delegado mencionando normas, tales como el Decreto 3085 de 2007, el artículo 2º de la Ley 1250 de 2008, el artículo 2º del Decreto 4465 de 2011, y concluye que los contenidos normativos que regulan la afiliación de los trabajadores independientes y su acceso al Sistema General de la Protección Social, se fueron adaptando a la fuerza y dinámica de las circunstancias, sin otro propósito diferente de dar cumplimiento a los postulados superiores que gobiernan la seguridad social integral.
Que de lo expuesto se observa que si bien en un principio la norma era tajante en determinar la obligatoriedad por parte de los afiliados de cotizar al Sistema General de Pensiones, en su evolución normativa, tanto el Legislador como la Administración, atendiendo las consideraciones que al respecto emitió la Corte Constitucional, han morigerado dicha posición, de tal forma que actualmente se consagra la posibilidad de que al afiliado que se encuentre en la situación descrita en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 100 de 1993, le esté permitido mantener su vinculación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud o bien afiliarse al régimen subsidiado, dejando abierta la opción de cotizar al Sistema General de Pensiones u optar por acceder al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS- de que trata el artículo 2º del Decreto 4465 de 2011.
Que como quiera que el Consejo de Estado en anteriores pronunciamientos consideró procedente eliminar del ordenamiento jurídico una interpretación de las normas reprochadas contraria al mismo, resolviendo decretar una nulidad condicionada de la expresión, considera que la disposición enjuiciada se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico, siempre que se interprete de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional.
En primer lugar, la Sala aclara que pese a que el acto acusado fue demandado en acción de nulidad por inconstitucionalidad, el asunto corresponde a una acción de simple nulidad, por implicar una comparación no solo con normas Constitucionales sino también con las de rango legal que le sirven de fundamento, como lo expresó en el auto de 4 de septiembre de 20086, por medio del cual admitió la demanda y denegó la suspensión provisional de los efectos de la disposición acusada.
En cuanto al asunto de fondo, el problema jurídico consiste en dilucidar, si la expresión “y pensión” contenida en el artículo 1º de la Resolución núm. 0634 de 2006, “Por la cual se adopta el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes”, expedida por el Ministerio de la Protección Social, fue emitida con transgresión de los artículos 11, 13 y 49 de la Constitución Política y demás normas superiores, en razón a que, como lo plantea el actor, la entidad careciendo de competencia Constitucional y legal que la habilitara para hacerlo, impuso una carga adicional a los trabajadores independientes, que les restringe el acceso a la salud como derecho fundamental y, en consecuencia, el derecho a la vida.
“RESOLUCIÓN NÚMERO 0634 DE 2006
En ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 de 2004 y 187 de 2005, en especial de las conferidas por el numeral del artículo 2º del Decreto Ley 205 de 2003,
Artículo 1°. Adóptase el siguiente diseño y contenido para el Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. El formulario único o Planilla Integrada está conformado por los siguientes archivos:
Si el tipo de cotizante es Independiente, está obligado a aportar a salud y pensión, la afiliación a Riesgos Profesionales y a caja de Compensación es voluntaria, no se cotiza a Sena, ICBF, Ministerio de educación y ESAP. El I)BC mínimo para los riesgos de salud y pensión es 1 smlmv.
En esta categoría van aquellos independientes que no son agremiados o asociados. … .” (la Sala subraya es de la parte demandada)
Para resolver el asunto sometido a consideración de la Sala, es del caso hacer referencia al marco normativo en virtud del cual se habilitó al Ministerio de la Protección Social7 para adoptar e implementar el Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por medio de la Resolución núm. 0634 de 2006.
. Ley 797 de 29 de enero de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
“Artículo 158. Sistema de registro único. Corresponde al Gobierno definir el diseño, organización y funcionamiento de:
Parágrafo. El Gobierno Nacional expedirá dentro de un término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los decretos necesarios para desarrollar el sistema a que se refiere el presente artículo”.
. Decreto Ley 205 de 3 de febrero de 2003, “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones”.
“ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. El Ministerio de la Protección Social tendrá, además de las funciones que las disposiciones legales vigentes hayan asignado a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, las siguientes:
. Decreto 3667 de 8 de noviembre de 2004, “Por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”.
“Artículo 1°. Formulario Integrado. A más tardar el 1° de febrero del año 2005 la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales deberá realizarse mediante en un formulario único o integrado.
Artículo 2°. Contenido del formulario único o integrado. El Ministerio de la Protección Social señalará el diseño y contenido del formulario único o integrado, bajo su coordinación se establecerá un Comité, integrado por las Superintendencias Bancaria, Nacional de Salud y del Subsidio Familiar, así como por las entidades acreedoras y recaudadoras de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, el cual realizará recomendaciones sobre el diseño y contenido del formulario.
Artículo 3°. Presentación. El formulario único o integrado podrá ser presentado en forma física o por medios electrónicos. En este último caso, debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999 y a las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten, así como a los requisitos tecnológicos y de seguridad que pueda señalar el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 4°. Pago de aportes a través entidades autorizadas para efectuar recaudos en sistemas de pago de bajo valor. El pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales podrá realizarse a través de los sistemas de pago de bajo valor que funcionen de acuerdo con las normas que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, pero en cualquier caso mediante formulario único o integrado”.
. Decreto 187 de 31 de enero de 2005, “por medio del cual se modifica el Decreto 3667 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.
“Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 3667 de 2004, quedará así:
. Decreto 1465 de 10 de mayo de 20059, entre otras, reglamentó el artículo 15 de la Ley 797 de 2003.
“Artículo 1°. Obligatoriedad. En desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 de 2004 y 187 de 2005, las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, deberán permitir a los aportantes el pago de sus aportes mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, por medio electrónico, la cual será adoptada mediante resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social”.
Del anterior recuento se colige, sin lugar a dudas que el Ministerio de la Protección Social sí tenía la competencia para adoptar el diseño y contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales, lo cual hizo mediante la Resolución núm. 0634 de 6 de marzo de 2006.
Ahora bien, señala el actor, que el Ministerio de la Protección Social, al incluir la expresión “y pensión” en el artículo 1º de la Resolución núm. 0634 de 2006, transgredió el derecho fundamental a la vida, el derecho al acceso a la salud y el derecho a la igualdad consagrados en la Constitución Política.
. Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, sobre el particular dispone:
“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-259 de 2 de abril de 200910 declaró exequibles las expresiones “la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes” y “los trabajadores independientes” contenidas, en su orden, en el literal a) del artículo 2º y en el numeral 1 del artículo 3º de la Ley 797 de 2003. En esta oportunidad el demandante cuestionó que el Legislador no precisó el tipo de trabajadores independientes que están obligados a cotizar a pensión, por lo que omitió exceptuar a los trabajadores independientes que sólo pueden aportar a la salud por falta de recursos para cotizar en pensión. La Corte Constitucional en su sentencia manifestó:
“4.1. El impugnante hace residir la inconstitucionalidad del literal a) del artículo 2º y del numeral 1º del artículo 3º (parciales) de la Ley 797 de 200, en que el legislador omitió regular la situación de cotización obligatoria a pensiones, de aquellos trabajadores independientes sin capacidad de pago - aquellos que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente -.
4.2. La modificación establecida recientemente en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1250 de 2008, que dispone que las personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores o iguales a un (1) salario mínimo legal mensual no estarán obligadas a cotizar para el Sistema General de Pensiones - durante los próximos 3 años a partir de la vigencia de tal ley -, resuelve la queja del actor respecto de la obligación de cotizar para el sistema pensional por quien dispone tan solo de ingresos correspondientes a menos de un salario mínimo legal. Reza la norma en mención: …”
Además, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1089 de 19 de noviembre de 200311 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 3º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993,