Source: https://inoponible.cl/derecho-procesal/
Timestamp: 2019-02-19 19:34:24
Document Index: 40226152

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 19', 'Artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 93', 'Artículo 19']

Derecho Procesal | Inoponible
Definición de Derecho Procesal.
El Derecho Procesal es una rama de la ciencia del derecho que estudia las atribuciones, competencia, funcionamiento y organización de los tribunales de justicia, además de las normas de procedimiento que deben ser utilizadas por las personas en el planteamiento de sus pretensiones y contra pretensiones ante los órganos jurisdiccionales.
Definiciones doctrinales de Derecho Procesal.
En primer lugar, Jaime Galté Carré define al Derecho Procesal como aquel derecho que regula las formas más o menos solemnes con que se proponen, discuten y resuelven las cuestiones que se someten al tribunal.
Según Manuel Urrutia Salas, Derecho Procesal es aquella rama o ciencia del derecho que determina las normas legales y los principios jurídicos que regula a los tribunales y las personas.
Para el jurista italiano Giuseppe Chiovenda, Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan la actuación de la ley en el proceso y, particularmente, la relación procesal.
Finalmente, Eduardo Couture Etcheverry establece que el Derecho Procesal es la rama del saber jurídico que estudia de forma sistemática la naturaleza del proceso civil, su constitución, desenvolvimiento y eficacia.
Su fuente emana de la soberanía del Estado y su finalidad es mantener la paz social mediante la regulación de las relaciones de los órganos estatales, investidos de una potestad jurídica pública y las personas que se hallan sujetos a dicha potestad.
Es un Derecho Instrumental.
El propósito del Derecho Procesal es reparar el orden jurídico vulnerado por un conflicto de intereses de relevancia jurídica, empleando las soluciones proveídas por el derecho sustantivo.
Es un Derecho Formal.
A consecuencia de su carácter instrumental, el Derecho Procesal es esencialmente formal, es decir, solo regula el modo o forma de realizar la actividad jurisdiccional y no el contenido o materia discutida. Estos últimos son propios del derecho material de naturaleza civil, penal, comercial, laboral, constitucional, etc.
Se trata de una rama de la ciencia del derecho que posee normas jurídicas, instituciones y principios propios y distintos a los del derecho sustantivo. Si bien es cierto que, se relaciona con las demás ramas del derecho, su existencia no depende de ellas.
En atención a las normas procesales que lo componen, podemos establecer que el Derecho Procesal se divide en dos vertientes, ellas son el Derecho Procesal orgánico y Derecho Procesal funcional.
Es aquella rama de la ciencia del derecho consagrada al estudio de las normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia, comprendiendo el análisis de la jurisdicción, normas de competencia y los órganos jurisdiccionales.
Es aquella rama de la ciencia del derecho dedicada al estudio de las normas jurídicas que regulan los procedimientos a los que deben someterse tanto los tribunales de justicia como las personas que concurren ante ellos a fin de plantear sus pretensiones procesales.
El Derecho Procesal Funcional, a su vez, permite ser subclasificado en Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, según si en el proceso respectivo se requiere de la aplicación de una ley civil o penal.
Son fuentes del Derecho Procesal aquellos antecedentes de donde emana o brota esta rama de la ciencia del derecho. Podemos dividir a las fuentes del derecho en dos grandes grupos, las directas e indirectas.
Fuentes directas o inmediatas.
Son aquellas que contienen un mandato jurídico general, abstracto y coactivo. Tales son, la Constitución Política de la República, Tratados internacionales, Ley procesal y los Autos Acordados.
Fuentes indirectas o mediatas.
Son aquellas que contienen hechos o actos jurídicos que sirven de fundamento para el Derecho Procesal. Tales son, la jurisprudencia y la doctrina.
La jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia y que dicen relación con un determinado asunto formal o material.
La doctrina es el trabajo de estudio procesal llevado adelante por los autores del derecho y en los cuales se expresa la creación, interpretación y sistematización de las normas jurídicas de carácter procesal.
La Constitución Política de la República de Chile, como ley fundamental estatal, posee especial trascendencia para el Derecho Procesal pues cumple la función de constituirse en una fuente directa de derecho, aportando con una serie de normas y principios procesales esenciales para la rama en estudio. Además, consagra la supremacía de la carta fundamental por sobre las demás normas procesales en el sentido de que el juez, al momento de resolver un asunto controvertido, no debe aplicar normas legales que vayan en contra de lo establecido por el texto constitucional.
Poder Judicial y Función Jurisdiccional.
En primer término, la Constitución consagra la función jurisdiccional estatal (artículo 76 de la Constitución Política de la República de Chile) y la conformación del Poder Judicial en su capítulo VI referido al “Poder judicial”, estableciendo ciertos principios básicos de la organización judicial tales como, legalidad, independencia, inexcusabilidad, responsabilidad, inamovilidad, cosa juzgada, ejecución forzada, etc.
La Constitución establece dentro del capítulo III, en el artículo 19 numeral tercero y séptimo, una serie de instituciones fundamentales de carácter procesal que aseguran el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Entre ellas están la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas ante la justicia; derecho a la defensa jurídica; el debido proceso legal; el principio de inocencia y; la libertad personal y seguridad individual.
La carta fundamental, además, nos entrega una serie de acciones constitucionales de índole procesal. Tales son, la acción de reclamación por pérdida de la nacionalidad (Artículo 12 CPR); acción de protección (Artículo 20 CPR); la acción de amparo (Artículo 21 CPR); acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley (Artículo 93 numeral sexto CPR); la acción indemnizatoria por error judicial (Artículo 19, numeral séptimo, letra i CPR); acción o denuncia de amparo económico (Ley número 18.971) y la acción de nulidad de derecho público (creación doctrinal y jurisprudencial basada en el artículo séptimo de la Constitución Política de la República).
Para concluir, en el capítulo VII del “Ministerio Público”, la Constitución consagra la institución del Ministerio Público, el cual se concibe como un órgano administrativo autónomo y jerarquizado que cumple con la tarea de llevar adelante, de forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delito. En consecuencia, es el titular no exclusivo de la acción penal pública.
Por Jorge Castro Barros 2 enero, 2018