Source: http://www.slideshare.net/justiciayprehistoria/informe-cuestiones-procesales
Timestamp: 2014-10-02 10:16:04
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 217', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 465', 'artículo 24', 'artículo 219', 'artículo219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 360', 'artículo 218', 'artículo 120', 'artículo 24', 'artículo 222', 'artículo 207', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 394', 'artículo 523', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 435', 'artículo 435', 'artículo 427', 'artículo 326', 'artículo 469', 'artículo 376', 'artículo 1248', 'artículo 337', 'artículo 132', 'artículo 134', 'artículo 465', 'artículo 465', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 461', 'artículo 461', 'artículo 461', 'artículo 461', 'artículo 72', 'artículo 1281', 'artículo 1281', 'artículo215', 'artículo 469', 'artículo 24', 'artículo 156', 'artículo 164', 'artículo 6', 'artículo 426', 'artículo 449', 'artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 510', 'artículo 510', 'artículo 147', 'artículo 187']

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GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA PRIMERA RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESALCUESTIONES PROCESALES LEC 2000 GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA PRIMERADOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA PRIMERACUESTIONES PROCESALES LEC 2000 D. ª ALICIA GONZÁLEZ TIMOTEO ------------------ LETRADA GABINETE TÉCNICO. TRIBUNAL SUPREMO D. ª ANTONIA LÓPEZ-MANZANARES SOMOZA--- LETRADA GABINETE TÉCNICO. TRIBUNAL SUPREMO. . DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA PRIMERA CUESTIONES PROCESALES ÍNDICE I.-AUDIENCIA PREVIA1.- AUDIENCIA PREVIA: APORTACIÓN DE DICTÁMENES Y DOCUMENTOS.2.- AUDIENCIA PREVIA: PRESENCIA DEL PROCURADOR. II.- CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN1.-CONGRUENCIA. IMPOSIBILIDAD DE MODIFICAR EN APELACIÓN LOS PRONUNCIAMIENTOSDE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA NO IMPUGNADOS: REFORMATIO IN PEIUS.2.- CONGRUENCIA: OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO. RECHAZO IMPLÍCITO.3.-CONGRUENCIA: PRETENSIÓN PRINCIPAL Y PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.4.- CONGRUENCIA. RELEGACIÓN DEL IMPORTE DE LA CONDENA A LA FASE DE EJECUCIÓN:SÓLO ES ADMISIBLE SE HAN FIJADO CON PRECISIÓN LAS BASES PARA SU DETERMINACIÓN.5.-CONGRUENCIA: SENTENCIAS QUE DESESTIMAN LA DEMANDA6.- CONGRUENCIA: SENTENCIA DICTADA EN JUICIO DE MENOR QUE CONDENA ALPAGO DE LA CANTIDAD QUE SE DETERMINE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA AUNQUEEN LA DEMANDA SE SOLICITÓ LA CONDENA AL PAGO DE CANTIDAD DETERMINADA.7.-INCONGRUENCIA POR OMISIÓN.8.- INCONGRUENCIA ULTRA PETITA [EXCESO DE LO PEDIDO].9.- INCONGRUENCIA ULTRA PETITA [EXCESO DE LO PEDIDO] :PRINCIPIO DE IURA NOVITCURIA.10.-MOTIVACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES III.- COSA JUZGADA1.-COSA JUZGADA FORMAL.2.-COSA JUZGADA MATERIAL: APLICACIÓN DE LA LEC 2000.3.- COSA JUZGADA MATERIAL: EFECTO NEGATIVO O EXCLUYENTE.4.-COSA JUZGADA MATERIAL: EFECTO POSITIVO O PREJUDICIAL.5.-COSA JUZGADA MATERIAL: CUESTIÓN PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, APRECIABLE DEOFICIO.6.-COSA JUZGADA MATERIAL: IDENTIDAD DEL TÍTULO JURÍDICO EN VIRTUD DEL CUAL SERECLAMÓ EN LOS DOS PROCESOS. IV.- COSTAS PROCESALES1.-COSTAS: CONDENA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.2.- COSTAS: LA APRECIACIÓN DE DUDAS DE HECHO O DE DERECHO PARA LA NOIMPOSICIÓN DE COSTAS NO ESTÁ CONDICIONADA A LA PETICIÓN DE LAS PARTES. LAINFRACCIÓN DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN LA IMPOSICIÓN DE COSTAS NO PUEDE SERPLANTEADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.3.- COSTAS: LA INFRACCIÓN DE LOS PRECEPTOS QUE LAS REGULAN NO PUEDE SERPLANTEADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. V.- JURISDICCIÓN1.- JURISDICCIÓN. ACCIDENTE DE TRABAJO.2.- JURISDICCIÓN. ACCIDENTE DE TRABAJO. COMPATIBILIDAD ENTREINDEMNIZACIONES.3.- JURISDICCIÓN. ACCIDENTE DE TRABAJO: SENTENCIA DE PLENO DE 23 DE ABRIL DE2009. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. View slide
4. JURISDICCIÓN. COMPETENCIA DEL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: CRITERIOSDE DECISIÓN5.- JURISDICCIÓN. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS. VI.-LEGITIMACIÓN1.- LEGITIMACIÓN AD CAUSAM.2.-LEGITIMACIÓN: PRINCIPIOS GENERALES VII.-LITISPENDENCIA1.- LITISPENDENCIA. CESE SOBREVENIDO DE FUNCIONALIDAD.2.- LITISPENDENCIA IMPROPIA.3.- LITISPENDENCIA: PRECLUSIÓN RESPECTO DE HECHOS Y FUNDAMENTOS QUE PUDIERONINCLUIRSE EN LA DEMANDA DE UN LITIGIO ANTERIOR VIII.- PRUEBA1.-.-PRUEBA: CARGA Y DISTRIBUCIÓN. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 217 LEC.2.-PRUEBA. DILIGENCIAS FINALES: PRESUPUESTOS PARA ACORDAR SU ADOPCIÓN DEOFICIO.3.- PRUEBA: DICTAMEN PERICIAL.4.- PRUEBA DOCUMENTAL: VALOR PROBATORIO DE UNA DECLARACIÓN TESTIFICALINCORPORADA A UN ATESTADO ELABORADO POR LA POLICÍA LOCAL.5.- PRUEBA DOCUMENTAL: VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS6.-PRUEBA: PRESUNCIONES. ACREDITACIÓN DEL HECHO PRESUNTO Y DEL HECHOINDICIARIO.7.-PRUEBA DE PRESUNCIONES: VALORACIÓN8.- PRUEBA TESTIFICAL: VALORACIÓN.9.- PRUEBA. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES.10.- PRUEBA: RESOLUCIONES Y TESTIMONIOS PROCESALES PROCEDENTES DE LAJURISDICCIÓN PENAL.11.- PRUEBA: VALORACIÓN CONJUNTA. IX.- RECURSO DE APELACIÓN1.- RECURSO DE APELACIÓN: ÁMBITO.2.- RECURSO DE APELACIÓN: EL APELANTE PRINCIPAL NO PUEDE IMPUGNAR EL RECURSODE APELACIÓN FORMULADO POR EL APELADO EN EL SUYO.3.- RECURSO DE APELACIÓN: INEXISTENCIA DE EFECTOS EXPANSIVOS DEL RECURSODE APELACIÓN A LOS CONDENADOS SOLIDARIOS NO APELANTES.4.- RECURSO DE APELACIÓN: PRONUNCIAMIENTO QUE NO FUE OBJETO DE IMPUGNACIÓN. X.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL1.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. ACCESO: FIJACIÓN DE LACUANTÍA. ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE ACCIONES QUE NO PROVIENEN DE UN MISMOTÍTULO.2.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESA. CITA DE PRECEPTOSGENÉRICOS.3.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: CUESTIONES PROBATORIAS,PETICIÓN DE SUBSANACIÓN DE LA IRREGULARIDAD PROCESAL EN LAS INSTANCIAS.4.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: DENUNCIA DEINFRACCIONES SUSTANTIVAS.5.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. INDEFENSIÓN: RELEVANCIACONSTITUCIONAL.6.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. SENTENCIA DICTADAEN APELACIÓN DECLARANDO LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y LA RETROACCIÓNDEL PROCEDIMIENTO AL MOMENTO ANTERIOR A LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS View slide
FINALES EN LA PRIMERA INSTANCIA. SENTENCIA NO RECURRIBLE NI A TRAVÉS DELRECURSO DE CASACIÓN NI POR MEDIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO PORINFRACCIÓN PROCESAL. XI.- OTRAS CUESTIONES1.- ACTOS DE COMUNICACIÓN POR EDICTOS EFECTUADOS A LOS DESCONOCIDOSHEREDEROS DEMANDADOS SIN PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS DIRIGIDOS ASU IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN.2.- ALEGACIÓN EN JUICIO ORDINARIO DE HECHOS NUEVOS O DE NUEVA NOTICIA.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS. IRREGULARIDADESPROCESALES: CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SUSCONSECUENCIAS.4.- CONSIGNACIÓN PARA RECURRIR EN PROCESOS QUE VERSAN SOBRERECLAMACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LAS INDEMNIZACIONESCONSECUENCIA DE ACCIDENTES DE LA CIRCULACIÓN. PONDERACIÓN DE LASCIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.5.- DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: ERROR MANIFIESTO.6.- INTERVENCIÓN COMO LITISCONSORTE. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DELA PARTE DEMANDANTE NO IMPIDE EL SOSTENIMIENTO DE LA ACCIÓN POR QUIENHA INTERVENIDO, SIENDO TITULAR DE LA ACCIÓN, COMO LITISCONSORTE DE LAPARTE DEMANDANTE.7.- RECURSO DE REVISIÓN: CONCEPTO DE DOCUMENTO RECUPERADO.8.- SISTEMA DE GRABACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO DE LAS VISTAS. FALLOS DE SISTEMA.SUPUESTOS DE NULIDAD. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA PRIMERA CUESTIONES PROCESALES I.-AUDIENCIA PREVIA 1.- Audiencia previa: aportación de dictámenes y documentos. En cuanto a la aplicación de los artículos 265.4 y 338.1, inciso primero, de laLEC, y la posibilidad cierta de que el demandante pueda aportar en la audiencia previalos dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuya necesidad o utilidad seponga de manifiesto a causa de las alegaciones del demandado en la contestación a lademanda, requerirá de la ponderación de las circunstancias existentes en cada proceso ydel examen concreto de lo que fue objeto de la demanda y objeto de alegación en lacontestación, sin que dicha aplicación se efectué de modo general y automático. [ Sentencia de 14 de marzo de 2011 (RCEIP 1271/2007), Ponente Excmo.Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Audiencia Previa: presencia del Procurador. La parte puede asistir a la audiencia previa, bien personalmente, o bien medianteprocurador con poder para renunciar, allanarse o transigir. Nulidad de actuaciones.Aplicación del principio de conservación de actos procesales en la medida de lo posible [SENTENCIA DE PLENO de 23 de julio de 2009 (REIP 2486/2004 ), PonenteExcmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández] II.- CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN 1.- Congruencia. Imposibilidad de modificar en apelación lospronunciamientos de la sentencia de primera instancia no impugnados: reformatioin peius. «A) Esta Sala tiene declarado con reiteración que el tribunal de apelación nopuede resolver otras cuestiones que aquellas que le han sido trasladadas, pues, envirtud del principio tantum devolutum quantum apellatum [solo se defiere al tribunalsuperior aquello que se apela] (SSTS de 12 de mayo de 2006, RC n.º 2915/1999, 1 dediciembre de 2006, RC n.º 445/2000, 21 de junio de 2007, RC n.º 2768/2000). »La pretensión de impugnación de la parte apelante queda fijada en los escritosde preparación e interposición del recurso. En el escrito de preparación debenexpresarse los pronunciamientos de la sentencia recurrida que se impugnan, segúnestablece el artículo 457.2 LEC, y en el escrito de interposición deben exponerse lasalegaciones en que se basa la impugnación, según impone el artículo 458.1 LEC, demanera que al exponerse las alegaciones que fundamentan el recurso se configuradefinitivamente el ámbito de la pretensión. En el escrito de interposición del recurso noes posible extender la pretensión impugnativa a cuestiones que no fueron planteadas enel escrito de preparación del recurso –que, por tanto, quedaron consentidas- pero sí esposible en el escrito de interposición del recurso limitar el objeto de éste solo a unaparte de las infracciones indicadas en el escrito de preparación (ATS de 28 dediciembre de2004, RC n.º 1069/2003). La fase de preparación fija el marco más alládel cual no podrá situarse el objeto de recurso en la fase de interposición (AATS de 16de junio de 2009, RC n.º 898/2007, de 8 de septiembre de 2009, RC n.º 1192/2007, STSde 20 de abril de 2009, RC n.º 1019/2004, STC 225/2003, de 15 de diciembre), pero esen la fase de interposición en la que, definitivamente, se fija el objeto de laimpugnación. »B) Con la formulación del recurso de apelación, se traslada al tribunal desegunda instancia el conocimiento de las cuestiones expresamente planteadas en elrecurso y también el conocimiento de aquellas cuestiones que, razonablemente, han deentenderse implícitas en la pretensión del recurso de apelación, por ser cuestionesdependientes o subordinadas respecto al objeto de la impugnación (STS de 10 de marzode 2003, RC n.º 989/2003). »Los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia a los que no seextiende la pretensión impugnativa deben entenderse consentidos por las partes,devienen firmes y no pueden ser modificados en la segunda instancia so pena deincurrir en una reformatio in peius [reforma para peor] que vulnera el derecho a latutela judicial efectiva por incongruencia extra petita [más allá de lo pedido] (SSTS de 17 de abril de 2007, RC n.º 1007/2000, 24 de marzo de 2008, RC n.º 100/2001, 30 dejunio de 2009, RCIP n.º 369/2005, 25 de noviembre de 2010, RCIP). Estos principios seencuentran recogidos en el artículo 465.4 LEC.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 30 de marzo de 2011 (RCEIP1845/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Congruencia: omisión de pronunciamiento. Rechazo implícito. «Cuando la incongruencia por omisión se atribuya, como es el caso, a unasentencia que resuelva un recurso de apelación, deberá la pretensión o la alegaciónfundamental silenciada haber formado parte del debate procesal que imperativamentedeba resolver el órgano judicial. »Por otro lado, la modalidad de incongruencia de que se trata sólo existe –como expone la sentencia del Tribunal Constitucional 73/2.009, de 23 de marzo, eninterpretación del artículo 24 de la Constitución Española – cuando, habiendo dejadoel órgano judicial sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, noquepa interpretar razonablemente el silencio como una desestimación tácita, al poderinferirse que es así del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución,teniendo en cuenta que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exigeuna respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que seaducen como fundamento de la pretensión. »A la luz de esa doctrina el motivo debe ser desestimado, pese a que,ciertamente, el Tribunal de apelación no se pronunció expresamente sobre lascuestiones que en él se mencionan. En primer término no alegan los recurrentes que lasmismas hubieran llegado a formar parte de la materia objeto de cognición del Tribunalde la segunda instancia – lo que, por no ocurrir necesariamente, deberían haberaclarado -. Y, fundamentalmente, porque la interpretación de los argumentos que dansoporte al fallo estimatorio de la demanda lleva a considerarlos implícitamenterechazados.» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 4 de enero de 2010 (RCEIP10/2006), Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel]. 3.-Congruencia: pretensión principal y pretensión subsidiaria. «Constituye doctrina consolidada de esta Sala que si se estima la peticiónprincipal de la demanda en la sentencia de la primera instancia, pero después serevoca la sentencia en apelación, la de segunda instancia debe pronunciarse sobre lapetición subsidiaria formulada en la demanda, porque como afirma la STS de 21noviembre 2002, “[…]en la segunda instancia, la Audiencia, como Tribunalsentenciador, asume toda la jurisdicción sobre todas las cuestiones que surjan de lasposiciones contradictorias mantenidas en la primera [instancia] y en sucontestación[…]”. »La STC 91/2010, de 15 noviembre, en un caso semejante en el que la AudienciaProvincial no había entrado a estudiar la petición subsidiaria, por entender que habíaquedado al margen del debate procesal en la apelación, porque las partes noformularon expresamente la pretensión subsidiaria en la apelación, estimó la demandade amparo por entender que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.El TC alega “la doctrina constitucional relativa al derecho a una resolución judicial noviciada de incongruencia, como la atinente al derecho fundamental a una resoluciónjudicial motivada y fundada en Derecho[…]”. Después de examinar la doctrinarelativa a la incongruencia omisiva y a la falta de motivación, la STC citada dice: “Ensíntesis, afirmar categóricamente que, de pronunciarse sobre la pretensión subsidiariase incidiría en incongruencia extra petita y reformatio in peius, sin exteriorizarrazonamiento alguno que permita conocer que efectivamente el órgano ha constatadola vulneración del principio de contradicción y la concurrencia en el caso deindefensión material es una argumentación irrazonable”, porque había dicho en el FJ 9que “afirmar de forma axiomática que no se conoce de la pretensión a fin de no incidiren incongruencia extra petita y reformatio in peius, permite indebidamente a lasentencia omitir cualquier razonamiento sobre lo relevante a efectos constitucionales,esto es, si debatir en la apelación la pretensión subsidiaria provoca efectivamente, nopotencialmente, en el caso concreto, una privación o minoración sustancial del derechode defensa y un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad delas partes en el proceso”. (Asimismo SSTC218/2003). »Por ello, la STS de 19 febrero 2009 dice que “Tratándose de pretensionessubsidiarias, la doctrina de esta Sala es clara en el sentido de que, estimada lapretensión principal de la demanda, no cabe exigir al demandante que cautelarmenteapele o se adhiera a la impugnación del demandado para que, en caso de prosperaresta, se considere o reconsidere su pretensión subsidiaria, pues la estimación de su pretensión principal comporta que la sentencia de primera instancia no le perjudica ennada y en nada le resulta desfavorable”. »Teniendo, pues en cuenta la anterior doctrina, procede aplicarla al presenterecurso extraordinario por infracción procesal, y así, debe concluirse que: »1º No se produjo indefensión del demandado/recurrente, porque conocíaperfectamente las peticiones de la demanda y se pudo defender de ellas, como enrealidad ocurrió, en la contestación, aportando cuantos datos y documentos consideróconvenientes para su defensa. »2º Optar por la propuesta del ahora recurrente significaría producir unaindefensión de quien había formulado la demanda con una petición principal y otrasubsidiaria, porque se le negaría la tutela judicial efectiva, como señala la STC91/2010.» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA 9 de junio de 2011 (RCEIP14/2008), Ponente Excma. Sra. D. ª Encarnación Roca Trías]. 4.- Congruencia. Relegación del importe de la condena a la fase deejecución: sólo es admisible se han fijado con precisión las bases para sudeterminación. «El artículo 219.2 LEC solo permite relegar a la fase de ejecución de sentenciala determinación exacta del importe de la condena si se fijan con claridad y precisiónlas bases para su liquidación que deberá consistir en una simple operación aritmética,norma que está en perfecta correlación con la imposición que establece el artículo219.2 LEC a la parte demandante. Fuera de este supuesto, según indica expresamenteel artículo 219.3, inciso primero, LEC, no se permitirá al tribunal que al dictarsentencia la condena se efectúe con reserva de liquidación para la fase de ejecución. »Este sistema normativo se completa con lo previsto en el artículo 219.3, incisosegundo, LEC, conforme al cual «se permitirá al demandante solicitar, y al tribunalsentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades oproductos cuando esa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para unpleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades» »De estas normas se sigue que la sentencia que, al margen de los términos enque se ha planteado el debate, relegue para ejecución de sentencia la fijación del importe de la condena, sin fijar las bases para la liquidación de forma que esta consistaen una simple operación aritmética, incurre en incongruencia [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 4 de marzo de 2011 (REIP206/2008), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 5.-Congruencia: sentencias que desestiman la demanda «[…]conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala las sentenciasdesestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada, salvo supuestosmuy concretos, que no son del caso, no pueden tacharse de incongruentes, toda vez queresuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas (SSTS 29 de septiembre de 2003;21 de marzo 2007; 16 de enero 2008; 5 de marzo 2009), sin necesidad de que expresela desestimación de cada una de las peticiones formuladas y menos aun de todas lascuestiones suscitadas en la demanda, y con independencia también de que ladesestimación de una petición puede ser implícita como consecuencia de lo razonadoen general (SSTS 23 de marzo de 2007; 16 de enero 2008).» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA 30 de abril de 2010 (RCEIP118/2004), Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana]. 6.- Congruencia: sentencia dictada en juicio de menor que condena al pagode la cantidad que se determine en ejecución de sentencia aunque en la demandase solicitó la condena al pago de cantidad determinada. «En asuntos sometidos a la LEC 1881, esta Sala ha declarado, en relación conlas sentencias dictadas con reserva de liquidación, que el principio de congruencia noimpide que la respuesta judicial se produzca con flexibilidad (STS de 18 de marzo de2004), de modo que cuando se estima que es imposible la fijación del quantum[cuantía] o incluso de las bases de la liquidación, el artículo 360 LEC 1881 permitedictar la condena a reserva de fijar su cuantía y hacerla efectiva en ejecución desentencia. Es una facultad discrecional del tribunal diferir a la ejecución de sentencialas determinaciones de la cuantía o saldos de liquidaciones que deben practicarse porlas partes, como también lo es la de fijar la cuantía en la propia sentencia si se cuentacon elementos para ello a juicio del tribunal de instancia en el ejercicio de lasfacultades de valoración de la prueba que le son propias. Como declara la STS de 21 de julio de 2000, acordar si una cantidad está determinada, o debe determinarse enperíodo de ejecución de sentencia, pertenece al campo de la quaestio facti [cuestión dehecho] que no tiene acceso a la casación por el cauce de la incongruencia (SSTS de 20de diciembre de 2006, RC n.º 5188/1999, 18 de septiembre de 2009, RC n.º 879/2005).» [Fundamento de Derecho Tercero. Sentencia de 22 de febrero de2011(RCEIP n.º 1443/2007), Ponente Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos] 7.-Incongruencia por omisión. «El principio de la congruencia proclamado en el artículo 218 LEC -que, en sumodalidad llamada omisiva, tiene trascendencia constitucional, por entrañar unainfracción del artículo 120.3 CE y también una conculcación del derecho fundamentala la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 CE- exige que la sentenciaresuelva todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas larespuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente (SSTS 1 de abril de2008, RC n.º 222/2001, 2 de octubre de 2009, RC n.º 2194/2002, 26 de marzo de 2010,RC. n.º 824/2006). Solo cabe tildar de incongruente la respuesta judicial por falta deargumentación concreta acerca de una cuestión cuando no cabe entender que hay unadesestimación implícita derivada claramente de lo razonado en el cuerpo de laresolución (STS de 1 de abril de 2008, recurso 222/2001).» [Fundamento de Derecho Sexto. Sentencia de 26 de octubre de 2010(RCEIP n.º 1951/2006), Ponente Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos] 8.- Incongruencia ultra petita [exceso de lo pedido]. «Constituye doctrina de esa Sala que el deber de congruencia, consistente en laexigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia ylas pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relaciónentre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmentealterada (SSTS de 11 de febrero de 2010, RC n.º 2524/2005, 21 de enerote 2010, RC n.º2349/2005). Hay incongruencia ultra petita [exceso de lo pedido] cuando se concedemás de lo solicitado por la parte litigante (SSTS de 23 de junio e 2004, RC n.º1803/1998, 17 de septiembre de 2008, RC n.º 4002/2001).» [Fundamento de Derecho Quinto. SENTENCIA de 14 de abril de 2011 (RCEIP1725/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 9.- Incongruencia ultra petita [exceso de lo pedido] :principio de iura novitcuria. «En consecuencia, la incongruencia, en la modalidad extra petita [fuera de lopedido], sólo se produce cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepcionesno formuladas por las partes alterando con ello la causa de pedir (entendida comoconjunto de hechos decisivos y concretos, en suma relevantes, que fundamenta lapretensión y es susceptible, por tanto, de recibir por parte del órgano jurisdiccionalcompetente la tutela jurídica solicitada -SSTS 5 de octubre y 7 de noviembre de 2007,RC nº 4514/2000 y 5781/2000, respectivamente, entre muchas más-), fuera de lo quepermite el principio iura novit curia [el tribunal conoce el Derecho], el cual autoriza altribunal para encontrar el Derecho aplicable a la solución del caso aunque la parte nolo haya alegado, pero no para alterar los hechos fundamentales en que las partes basansus pretensiones.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA de 1 de octubre de 2010 (RCEIP1314/2005), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 10.-Motivación. Principios generales «La motivación de las sentencias es una exigencia constitucional establecida enel Art. 120.3 CE. Este deber es inherente al ejercicio de la función jurisdiccional yforma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque está prohibida laarbitrariedad del juez y la forma de controlar la razonabilidad de las decisiones seefectúa por medio de la motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutelajudicial efectiva sufra una lesión (STS 14 abril 1999). La respuesta a las peticionesformuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estarargumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber yentender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como disponeel Art. 1.7 CC, lo que deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el Art.117.1 CE. (STC 77/2000, así como las SSTS 69/1998, 39/1997, 109/1992, entre muchasotras). Esta Sala ha aplicado también esta norma, exigiendo la motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamentode la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinadainterpretación del derecho, así como la de permitir su eventual control jurisdiccionalmediante el efectivo ejercicio de los recursos (SSTS 5 noviembre 1992, 20 febrero 1993,26 julio 2002 y 18 noviembre 2003, entre muchas otras). La obligación de motivaciónde las sentencias está recogida en el Art. 218 LEC, cuyo párrafo 2 establece que “lassentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos queconducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación einterpretación del derecho” y todo ello, “ajustándose siempre a las reglas de la lógicay de la razón”. La falta de motivación de la sentencia constituye un motivo del recursoextraordinario por infracción procesal, tal como aparece en el Art. 469.1, 2º LEC, y suconcurrencia da lugar a la nulidad, con reposición de actuaciones (Art. 476.2.4 LEC).» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 5 de noviembre de 2009(RCEIP 1519/2005), Ponente Excma. Sra. D.ª Encarnación Roca Trías]. III.- COSA JUZGADA 1.-Cosa juzgada formal. «La cosa juzgada material (artículo 222) presupone la cosa juzgada formal,inherente a la firmeza (artículo 207) y si bien ésta alcanza a sentencias y resoluciones,aquélla sólo comprende las sentencias que se pronuncian sobre el fondo u otrasresoluciones equivalentes, como el laudo arbitral y resoluciones que terminan elproceso resolviendo el fondo, como los casos de renuncia a la acción, allanamiento,transacción.» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 13 de septiembre de 2010(RCEIP 739/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz]. 2.-Cosa juzgada material: aplicación de la LEC 2000. «La parte recurrente cita los artículos 222 LEC y 400 LEC para fundar losefectos de cosa juzgada que atribuye a una sentencia dictada en un juicio de menor cuantía anterior al presente litigio, seguido, por tanto, con arreglo a la LEC 1881.Nopuede compartirse la aplicabilidad de la LEC vigente, pues, como ha declarado estaSala en la STS de 6 de mayo de 2008, RC n.º 594/2001, el artículo 2 LEC establece concarácter general el criterio de la irretroactividad de las leyes procesales, sin distinciónentre las normas de procedimiento y las que regulan instituciones procesales de otranaturaleza, y únicamente permite, tal como se desprende a contrario [porcontraposición lógica] del artículo 9.3 CE, y directamente del artículo 2.3 CC, quepueda establecerse otra cosa en disposiciones legales de Derecho transitorio. »Cualquiera que sea el alcance que se atribuya a las disposiciones transitorias2.ª a 4.ª LEC 2000, con arreglo a este principio general de irretroactividad de las leyesprocesales los efectos de cosa juzgada de una sentencia dictada en un proceso iniciadobajo la vigencia de la LEC 1881 se rigen por aquella.» [Fundamento de Derecho Quinto. SENTENCIA de 29 de septiembre de 2010(REIP 594/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 3.- Cosa juzgada material: efecto negativo o excluyente. «La cosa juzgada en sentido material es un vínculo de naturaleza jurídico-pública que impone a los jueces no juzgar de nuevo lo ya decidido. La función negativade la cosa juzgada material supone, según la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de1990, «un efecto preclusivo, traducido en el aforismo no bis in idem, revelado por laexistencia de un anterior juicio sobre el mismo objeto, conducente a la no posibilidadde replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales de Justicia, reflejandola influencia romana del efecto constitutivo de la litiscontestatio». Así, la funciónnegativa se traduce en el principio no bis in idem, esto es -según la sentencia de 24 defebrero de 2001-, «el que proclama la imposibilidad de juzgar dos veces la mismacuestión.»» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 20 de abril de 2010 (RCEIP1896/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller]. 4.-Cosa juzgada material: efecto positivo o prejudicial. «A) Junto al llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material,la sentencia firme tiene también un efecto positivo o prejudicial, que impide que en un proceso ulterior se resuelva un concreto tema o punto litigioso de manera distinta acomo ya quedó decidido en un proceso anterior entre las mismas partes. »El hecho de que los objetos de dos procesos difieran o no sean plenamentecoincidentes no es óbice para extender al segundo pleito lo resuelto en el primerorespecto a cuestiones o puntos concretos controvertidos que constan como debatidos,aunque tan sólo con carácter prejudicial, y no impide que el órgano judicial delsegundo pleito decida sin sujeción en todo lo restante que constituye la litis (SSTS 1 dediciembre de 1997, RC n.º 2936/1993 y 12 de junio de 2008, RC n.º 1073/2001).Elefecto prejudicial de la cosa juzgada se vincula al fallo, pero también a losrazonamientos de la sentencia cuando constituyan la razón decisoria (SSTS de 28 defebrero de 1991, 7 de mayo de 2007, RC 2069/2000). La jurisprudencia de esta Salaadmite que la sentencia firme, con independencia de la cosa juzgada, produzca efectosindirectos, entre ellos el de constituir en un ulterior proceso un medio de prueba de loshechos en aquella contemplados y valorados, en el caso de que sean determinantes delfallo (SSTS de 18 de marzo de 1987, 3 de noviembre de 1993, 27 de mayo de 2003, 7 demayo de 2007, RC n.º 2069/2000). Este criterio se funda en que la existencia depronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte queunos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron es incompatible con el principio deseguridad jurídica y con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce elartículo 24.1 CE (STC 34/2003, de 25 de febrero).» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA de 25 de mayo de 2010 (REIP931/2005), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 5.-Cosa Juzgada material: cuestión procesal de orden público, apreciable deoficio. «En consecuencia ha de estimarse este primer motivo del recurso apreciando laconcurrencia de cosa juzgada material, que impide un nuevo pronunciamiento sobrelas cuestiones ya decididas por sentencia firme entre las mismas partes, sin que puedaacogerse la alegación de que se trata de una cuestión nueva no tratada en la segundainstancia; ya que, por su propia naturaleza, la apreciación de la «cosa juzgada» escuestión de orden público procesal como pone de manifiesto, entre otras, la sentenciade esta Sala de 25 abril 2001 (Rec. Casación núm. 819/1996) al decir que ha deestimarse de oficio «para evitar resoluciones contradictorias que serían contrarias a la seguridad jurídica, cuestión que es de orden público, en atención a la cual el principio"non bis in idem" impide volver a plantear la misma cuestión ya debatida entre lasmismas partes en anterior proceso y obtener una nueva decisión (Sentencias de 16 demarzo y de 27 de diciembre de 1993 y de 20 de mayo de 1994, entre otras)». [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 20 de abril de 2010 (RCEIP1896/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller]. 6.-Cosa juzgada material: identidad del título jurídico en virtud del cual sereclamó en los dos procesos. «La identidad de la acción no depende de la fundamentación jurídica de lapretensión, sino de la identidad de la causa petendi [causa de pedir], es decir, delconjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida porla parte actora (STS de 7 de noviembre de 2007, RC n.º 5781/2000). La calificaciónjurídica alegada por las partes, aunque los hechos sean idénticos, puede ser tambiénrelevante para distinguir una acción de otra cuando la calificación comporta ladelimitación del presupuesto de hecho de una u otra norma con distintos requisitos oefectos jurídicos. Por ello la jurisprudencia alude en ocasiones al título jurídico comoelemento identificador de la acción, siempre que sirva de base al derecho reclamado(SSTS de 27 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2001). Así, no se ha apreciado lacosa juzgada, aun tratándose de los mismos hechos, cuando se ejercitan acciones conpresupuestos y consecuencias jurídicas distintas (v.g., la STS de 30 de enero de 2007,RC n.º 1147/2000, no aprecia cosa juzgada entre un proceso por edificación de buenafe en terreno ajeno por el que se demanda la propiedad del terreno y un procesoposterior en que se demanda indemnización por el valor de lo edificado, la STS de 20de marzo de 1998, RC n.º 241/1994, no aprecia cosa juzgada entre un proceso en elque se pidió la condena a realizar y entregar una determinada obra y otro en el sesolicitaba una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de locontratado que establecía la prestación de la realización y entrega de la obra encuestión.» [Fundamento de Derecho Tercero. Sentencia de 30 de diciembre de 2010(RCEIP 1232/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. IV.- COSTAS PROCESALES 1.-Costas: condena a la Tesorería General de la Seguridad Social. «Atendiendo al principio de igualdad de partes y, por ende, al de igualdad dearmas en el proceso, así como a las normas referidas de la Ley 52/1997, de 27 denoviembre, no puede hallarse justificación a la exoneración del pago de las costas a laTesorería General de la Seguridad Social, en aplicación del mencionado artículo 36.2de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, pues, para empezar, la regulacióndel reintegro económico que se contiene en ese precepto no forma parte del contenidomaterial del derecho, que lo regula aquella ley en otro artículo, concretamente en el 6;siendo por otra parte claro que el reiterado artículo 36. 2 de la Ley 1/1996, tienecircunscrito su ámbito de aplicación a algunas de las personas relacionadas en elartículo 2 de dicha ley, concretamente a las que se exige, para disponer del derecho ala asistencia jurídica gratuita, la acreditación de la insuficiencia de medios paralitigar, y dado que las personas jurídico-públicas, entre ellas las Entidades Gestoras ylos Servicios Comunes de la Seguridad Social, no pueden carecer de dichos medios, nitiene sentido considerar la posibilidad de que puedan llegar a mejor fortuna, no cabeincluirlas en el ámbito del art. 36.2, como también se ha ocupado de señalar el propioTribunal Constitucional al inadmitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad enrelación con ese precepto y con el art. 2 b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero (cfr. ATC311/2000, de 19 de diciembre, en cuestión de inconstitucionalidad 3026/2000).» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA DE PLENO de 16 de marzo de2005 (RCEIP 3864/1997), Ponente Excmo. Sr. D Ignacio Sierra Gil de la Cuesta]. 2.- Costas: la apreciación de dudas de hecho o de derecho para la noimposición de costas no está condicionada a la petición de las partes. La infracciónde los preceptos que regulan la imposición de costas no puede ser planteada en elrecurso extraordinario por infracción procesal. « El principio objetivo del vencimiento, como criterio para la imposición decostas que establece el artículo 394.1, primer inciso, LEC, se matiza en el segundoinciso del mismo precepto con la atribución al tribunal de la posibilidad de apreciar la concurrencia en el proceso de serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no-imposición de costas a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones. Estaprevisión tiene su precedente inmediato en el artículo 523, I LEC 1881 -en el que secontemplaba la facultad de juez de apreciar circunstancias excepcionales quejustificaran la no-imposición de costas- y su acogimiento transforma el sistema delvencimiento puro en vencimiento atenuado (STS 14 de septiembre de 2007, RC n.º4306/2000).Se configura como una facultad del juez (SSTS 30 de junio de 2009, RC n.º532/2005, 10 de febrero de 20101, RC n.º 1971/2005), discrecional aunque noarbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada, y suaplicación no está condicionada a la petición de las partes.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 10 de diciembre de 2010 (REIP680/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 3.- Costas: la infracción de los preceptos que las regulan no puede serplanteada en el recurso extraordinario por infracción procesal. «La condena al pago de las costas tiene naturaleza procesal, según se hareiterado esta Sala, que también han señalado que las normas sobre costas no puedenser invocadas por medio del recurso extraordinario por infracción procesal al no poderincardinarse en alguno de los motivos tasados en el art. 469.1 LEC (STS 10 de junio de2010; ATS de 2 marzo 2009 y todos los allí citados).» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 15 de diciembre de 2010 (RCEIP1159/2007), Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana]. V.- JURISDICCIÓN 1.- Jurisdicción. Accidente de trabajo. «Esta Sala, por tanto, fija la doctrina según la cual y en virtud de lo dispuestoen el artículo 9 LOPJ, las reclamaciones por responsabilidad del empresario que seanconsecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo deben ser competencia de lajurisdicción social[….]Si bien es cierto que se ha producido un incumplimiento del contrato de trabajo, al haber sido demandadas en el presente procedimiento personascompletamente ajenas al mismo, como ocurre con la hoy recurrente sociedad ALVIC,S.A., debe descartarse la declaración de exceso de jurisdicción, y en virtud de la visatractiva de la jurisdicción civil establecida en el artículo 9.2 LOPJ, debe declararse lacompetencia de esta jurisdicción para conocer de la acción de responsabilidadinterpuesta por la demandante por la muerte de su hijo. Al no poder dividirse la causa,esta vis atractiva afectará también a aquellas demandadas, una de las cuales es ahorarecurrente, que ostentaban una relación laboral con el trabajador fallecido.» [Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto. SENTENCIA DE PLENO de 15 de enerode 2008 (RCEIP 2374/2000), Ponente Excma. Sra. D. ª Encarnación Roca Trías]. 2.- Jurisdicción. Accidente de trabajo. Compatibilidad entreindemnizaciones. A )Responsabilidad extracontractual en virtud de los daños físicos y psíquicossufridos por el actor como consecuencia de un accidente de trabajo. Competencia de lajurisdicción civil: cuando el lesionado no tiene relación laboral con una de las empresas B) Compatibilidad de responsabilidades civiles y laborales derivadas de unAccidente de Trabajo: el capital coste constituido para garantizar el pago de los recargospor incumplimiento de las medidas de seguridad no puede ser compensado o restado dela indemnización procedente en virtud de responsabilidad civil extracontractual, porculpa o negligencia de la empresa. [SENTENCIA DE PLENO de 23 de abril de 2009 (RCEIP 2441/2004), PonenteExcmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta]. 3.- Jurisdicción. Accidente de trabajo: Sentencia de Pleno de 23 de abril de2009. Interrupción de la prescripción. A) Accidente laboral. Competencia de la jurisdicción civil para conocer de lasdemandadas iniciadas con anterioridad a la sentencia de 15 de enero de 2008 que fijó ladoctrina relativa a la competencia de la jurisdicción social por demandas deresponsabilidad civil por accidentes de trabajo. B) Prescripción: las diligencias indeterminadas tramitadas por juez competenteinterrumpen la prescripción. [SENTENCIA DE PLENO de 11 de septiembre de 2009 (RCEIP 1997/2002),Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana]. 4. Jurisdicción. Competencia del orden contencioso-administrativo:criterios de decisión «El criterio para decir la competencia de los órganos de la jurisdicción civil essi la cuestión planteada es una cuestión de carácter privado comprendida dentro de lossupuestos a que se refiere el artículo 9.2 LOPJ y atribuida al orden jurisdiccional civil,el cual ostenta vis attractiva [fuerza atractiva] frente a los demás, y también frente alcontencioso-administrativo cuando la cuestión planteada es de ámbito privado y ajenaal desenvolvimiento de actuaciones administrativas aunque presente conexión conestas últimas. »El hecho de que una controversia deba resolverse aplicando normas deDerecho administrativo no comporta necesariamente que estemos en presencia de unacuestión de la que deba conocer la Administración Pública y, por derivación, el ordenjurisdiccional contencioso-administrativo, competente para conocer de laspretensiones que se deduzcan en relación con los actos administrativos sujetos alDerecho administrativo (artículo 9.4 LOPJ), toda vez que el artículo 10.1 LOPJautoriza a cada orden jurisdiccional a conocer de los asuntos que no le esténatribuidos privativamente a los solos efectos prejudiciales y el artículo 42.1 LEC, en elconcreto ámbito del proceso civil, permite a los órganos de la jurisdicción civilconocer de los asuntos que estén atribuidos a los órganos de orden contencioso-administrativo a los solos efectos prejudiciales (SSTS de 6 de marzo de 2007, RC n.º706/2000, 24 de junio de 2008, RC n.º 760/2001). »Así se ha considerado por esta Sala cuando se le han planteado cuestionescomo la competencia del orden civil para conocer sobre las consecuencias de unacesión de crédito derivado de un contrato administrativo (STS 5 de diciembre de 2008,RC n.º 2423/2002), o las que surgen sobre la repercusión del IVA en relación con actosde los particulares (STS 7 de noviembre de 2007, RC n.º 4417/2000). Según estadoctrina jurisprudencial, la competencia de los tribunales del orden civil deriva delhecho de que el litigio, aun con implicaciones administrativas, no versa directamentesobre la naturaleza y los efectos de una cuestión administrativa. Al contrario, cuandolo que constituye verdaderamente la controversia del proceso es una cuestión que, al margen del planteamiento jurídico-privado efectuado por las partes, está sometida alDerecho administrativo y no al Derecho civil o mercantil, esta Sala ha declarado lacompetencia de los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo (STS de 13de diciembre de 2000, RC n.º 973/2000)» [Fundamento de Derecho Tercero. Sentencia de 31 de enero de 2011(RCEIP 1886/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 5.- Jurisdicción. Responsabilidad patrimonial de las administracionespúblicas. «El artículo 9.4 de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial atribuye alos tribunales del orden contencioso-administrativo el conocimiento, entre otrascuestiones, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de lasAdministraciones públicas sujeta al Derecho administrativo y de las que se deduzcan enrelación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y delpersonal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo derelación de que se derive. La enumeración que realiza este precepto –incluso tras lareforma operada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio–, no atribuye un títulocompetencial cerrado y riguroso que permita obtener fácilmente la respuesta de cuálha de ser el orden jurisdiccional que ha de conocer de cada cuestión objeto de debate.Por ello, la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,en su artículo 2, contiene un listado de atribución competencial a la jurisdiccióncontencioso-administrativa más preciso, y, a los efectos del presente recurso, en laredacción que tenía en el momento de presentarse la demanda, su apartado e) asignabaa los tribunales contencioso-administrativos el conocimiento de las cuestiones relativasa “la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que seala naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo serdemandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social”.Actualmente, tras la redacción dada a este apartado por la Ley Orgánica 19/2003, de23 de diciembre, no se ha producido un cambio en la atribución competencial a lostribunales contencioso-administrativos en lo relativo a reclamaciones sobreresponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, sino que se ha precisadoel ámbito competencial de dichos órganos judiciales, aún cuando concurranparticulares en la producción del perjuicio, al asignarles el conocimiento de “la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea lanaturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo serdemandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social,aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con unseguro de responsabilidad”. »Por todo lo anterior, siendo de aplicación dicha normativa al presente caso ypartiendo del hecho indiscutible de que la parte demandada es una Administraciónpública en los términos establecidos en el artículo 2.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común y en el artículo 1.2.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de laJurisdicción Contencioso-Administrativa, por cuanto que estamos ante un ente ocorporación local, siendo evidente que la reclamación efectuada lo es a efectosindemnizatorios –con independencia de los avatares existentes en relación a latitularidad de los bienes secuestrados y posteriormente expropiados– por cuanto que seestá reclamando el importe del valor de uso de unos vehículos utilizados para unservicio público por cuenta de dicha Administración, corresponde entender, conconfirmación de la sentencia recurrida, que existe una clara falta de jurisdicción de lostribunales civiles, lo que acarrea la desestimación del primer motivo del recurso y, porende, también la del segundo porque ninguna falta de tutela judicial efectiva puedederivarse por la estimación de la excepción de falta de jurisdicción. Al contrario, con laapreciación de la falta de competencia de la jurisdicción civil se salvaguarda elprincipio de tutela judicial efectiva y del derecho al juez ordinario predeterminado porla ley, siendo, en su caso, posible por la parte actora solicitar la satisfacción de supetición ante los tribunales competentes.» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 26 de junio de 2009 (RCEIP2252/2004), Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta]. VI.-LEGITIMACIÓN 1.- Legitimación ad causam. «La «legitimatio ad causam» activa, como afirma la sentencia de esta Sala núm.342/2006, de 30 marzo, se visualiza en una perspectiva de relación objetiva, entre elsujeto que demanda y el objeto del proceso; más concretamente entre el derecho osituación jurídica en que se fundamenta la pretensión y el efecto jurídico pretendido.En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho osituación jurídica coherente con el resultado jurídico pretendido en el «petitum» de lademanda. La realidad o existencia del derecho o situación jurídica afirmada no formaparte de la legitimación, sino de la cuestión de fondo, respecto de la que aquélla es deexamen previo. En igual sentido cabe citar, entre otras, las sentencias de esta Sala de28 febrero 2002, 21 abril 2004, 7 noviembre 2005, 20 febrero y 24 noviembre 2006.Por otra parte, también ha declarado esta Sala la necesidad de admitir la legitimación"ad causam" de la parte demandante cuando ésta ha sido reconocida por la partedemandada dentro o fuera del proceso (sentencias de 12 marzo 1955, 30 junio 1958, 15marzo 1982, 7 mayo 2001 y 29 octubre 2004).» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 13 de abril de 2011 RCEIP782/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller] 2.-Legitimación: principios generales «Esta Sala ya declaró en sentencia de 3 junio 1988 que lo que ha de tenerse encuenta en la legitimación «no es la relación jurídica en cuanto existente, sino en cuantodeducida en juicio, lo que significa que basta la mera afirmación de una relaciónjurídica como propia del actor o del demandado para fundar necesaria ysuficientemente la legitimación para obrar, de tal manera que la parte, por el merohecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado que ésta sólo existe comotal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la acción, con lo que elsignificado de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las partes de unproceso concreto»; y, más recientemente, en sentencia de 23 diciembre 2005, que lalegitimación «consiste en la adecuación normativa entre la posición jurídica que seatribuye el sujeto y el objeto que demanda, en términos que, al menos en abstracto,justifican preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, noporque ello conlleve que se le va a otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juezcompetente, cumplidos los requisitos procesales está obligado a examinar dicho fondoy resolver sobre el mismo por imperativo del ordenamiento jurídico material»; doctrina que comprende los conceptos de legitimación activa y pasiva, aunque específicamentese refiera a la primera, pues cuando se plantea el problema de la legitimación enrelación con un proceso determinado lo que ha de resolverse es quién está habilitadopara formular la pretensión y contra quién ha de dirigirse para que el juez pueda dictaruna sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando aquella pretensión.» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 21 de octubre de 2009 RCEIP177/2005), Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller]. VII.-LITISPENDENCIA 1.- Litispendencia. Cese sobrevenido de funcionalidad. «1. Esta Sala ha declarado que la excepción de litispendencia pierde de manerasobrevenida su interés y función cuando se resuelve el pleito anterior pendiente y dejade cumplir la finalidad preventiva y de tutela de la cosa juzgada que le es propia,quedando desprovista de efecto alguno (SSTS de 8 de julio de 2008, RC n.º 664/2001,13 se septiembre de 2007, RC n.º 4424/2000, 18 de junio de 2007, RC n.º 4441/2000 y3 de mayo de 2007, RC n.º 2496/2000). En el recurso, la excepción de litispendencia haperdido de manera sobrevenida su funcionalidad ya que el juicio verbal respecto al quese alegó ha concluido por sentencia firme. »2. La litispendencia, como institución tutelar de la cosa juzgada, y la cosajuzgada despliegan sus efectos en un segundo proceso para evitar que se adoptenpronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales, lo que seríaincompatible con el principio de seguridad jurídica que integra la expectativa legítimade los justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de losórganos encargados de impartir justicia y con el derecho a una tutela judicial efectivaque reconoce el artículo 24.1 de la Constitución Española (STC 34/2003, de 25 defebrero). El cese de la litispendencia puede dar lugar al inicio de los efectos de la cosajuzgada (STS de 25 de septiembre de 2009, RC n.º 423/2004).» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 11 de marzo de 2011 (REIP896/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Litispendencia impropia. «La doctrina jurisprudencial desarrollada bajo el sistema de la LEC 1881 vinoadmitiendo la aplicación de la litispendencia, aunque no concurriera la triple identidadpropia de la cosa juzgada (SSTS 25 de julio de 2003, 31 de mayo de 2005, 22 de marzode 2006), de la que la excepción de litispendencia es una institución preventiva ocautelar. Es la denominada litispendencia impropia o por conexión, que en realidadintegra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren las SSTS de 17 de febrerode 2000, 9 de marzo de 2000, 12 de noviembre de 2001, 28 de febrero de 2002, 30 denoviembre de 2004, 1 de junio de 2005, 20 de diciembre de 2005 y 22 de marzo de2006, en las que se declara que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga elresultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios.» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 25 de febrero de 2011 (RCEIP1264/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 3.- Litispendencia: preclusión respecto de hechos y fundamentos quepudieron incluirse en la demanda de un litigio anterior «El art. 400 LEC , titulado "Preclusión de la alegación de hechos y fundamentosjurídicos" , impone a la parte actora, en su apdo. 1, la carga de aducir en la demanda,cuando lo que se pida pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos otítulos jurídicos, "cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo deinterponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior",todo ello sin perjuicio "de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o denueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a lacontestación". Y como consecuencia de esa imposición el apdo. 2 del mismo artículoestablece que "a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y losfundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que losalegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste". Por su parte laExposición de Motivos de la propia LEC de 2000, al ocuparse del objeto del procesocivil, declara que la materia se regula siguiendo el criterio de la seguridad jurídica y elde "la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos yde provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando lacuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo". Por eso, añade la Exposición de Motivos, se establece una regla de preclusión de alegaciones dehechos y, en la misma línea, se evita la indebida dualidad de controversias sobrenulidad de los negocios jurídicos por vía de excepción y por vía de acción. »Por su parte la jurisprudencia de esta Sala, como señala la sentencia de 3 demayo de 2007 (rec. 2496/00 con cita de otras muchas), ya declaraba bajo la vigenciade la LEC de 1881 el efecto preclusivo de la litispendencia en cuanto destinada a evitarque sobre una misma controversia, ya sometida a enjuiciamiento, se produzca otrolitigio posterior con posibilidad de resoluciones judiciales contradictorias. Pues bien, ala vista de la referida regulación de la litispendencia no cabe reprochar al tribunalsentenciador las infracciones procesales que se denuncian en el motivo.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 14 de julio de 2010 (RCEIP1610/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán]. VIII.- PRUEBA 1.-.-Prueba: carga y distribución. Aplicación del artículo 217 LEC. «La recurrente pretende aquí imponer su particular apreciación de la prueba,por lo que no se ha infringido el artículo 217 LECiv, que recoge el principio de lacarga de la prueba por el que se determina que corresponde al actor y al demandadoreconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente sedesprenda según las normas jurídicas que se deban aplicar a cada uno de ellos (STS de21 mayo 2009 y las allí citadas de 11 marzo y 27 diciembre 2004, 20 julio 2006 y 9mayo 2007). En definitiva, para que se considere que se ha infringido la carga de laprueba "es preciso que la sentencia estime que no se ha probado un hecho básico yatribuya las consecuencias de la falta de prueba a la parte a quien no le correspondíael onus probandi según las reglas aplicables para su imputación a una u otra de laspartes, sin que pueda entenderse producida la infracción cuando un hecho se declaraprobado, cualquiera que sea el elemento probatorio tomado en consideración, y sin queimporte, en virtud del principio de adquisición procesal, quién aportó la prueba ",y noes este el sentido de las impugnaciones presentadas.» [Fundamento de Derecho Quinto. SENTENCIA de 11 de diciembre de 2009(RCEIP 2259/2005), Ponente Excma. Sra. D.ª Encarnación Roca Trías]. 2.-Prueba. Diligencias finales: presupuestos para acordar su adopción deoficio. «A) En el procedimiento ordinario -no así en el verbal, en que las diligenciasfinales no tienen cabida- la práctica de las diligencia finales exige la petición de partesegún impone el artículo 435.1 LEC.La práctica de diligencias finales de oficio por parte del tribunal es excepcional,conforme establece el artículo 435.2 LEC, y solo se autoriza «si los actos de pruebaanteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias yadesaparecidas independientes de la voluntad y diligencia de las partes» (STS de 22 dediciembre de 2009, RCIP n.º 407/2006). Es posible su adopción en la segunda instanciasiempre que se ajuste a lo prescrito (ATC de 24 de marzo de 2009, RCIP n.º 166/2007). »B) En el caso examinado la entidad demandada, durante la primera instancia,no propuso prueba dirigida a acreditar la existencia del pacto verbal con la actora quealegó en la contestación a la demanda. »Sin entrar en consideraciones sobre la relevancia de las diligencias finalesacordadas de oficio en segunda instancia, basta la constatación de que en la primerainstancia no se propuso ni practicó prueba sobre el hecho a cuya acreditación sedirigieron las diligencias finales para declarar que no procedía acordar de oficio lapráctica de dichas diligencias, por no concurrir la situación excepcional deinsuficiencia de pruebas practicadas por circunstancias ya desaparecidas eindependientes de la voluntad y diligencia de la parte sobre el indicado hecho.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA de 30 de noviembre de 2010(REIP 197/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 3.- Prueba: dictamen pericial. «Esta Sala -STS 9 de marzo 2010- ha admitido la impugnación de la valoracióndel dictamen de peritos, cuando la efectuada en la instancia es ilegal, absurda,arbitraria, irracional o ilógica. Quedan fuera las situaciones de duda, inseguridad,vacilación o equivocidad, y por ello no cabe razonar si es mejor o más oportuna unahipótesis valorativa diferente a la acogida por la sentencia impugnada (STS09/02/2006, RC núm. 2570/1999). Como indica la STS de 29 de abril de 2005, RC núm. 420/1998, la casuística jurisprudencial ha permitido plantear objeciones a lavaloración de la pericia efectuada en la sentencia impugnada cuando: (a) se haincurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 8 de noviembre de 1994,10 de noviembre de 1994, 18 de diciembre de 2001, 8 de febrero de 2002); (b) seextraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen losmás elementales criterios de la lógica (SSTS de 28 de junio de 2001, 18 de diciembrede 2001, 8 de febrero de 2002, 21 de febrero de 2003, 13 de diciembre de 2003, 31 demarzo de 2004 y 9 junio 2004), o se adopten criterios desorbitados o irracionales(SSTS de 28 de enero de 1995, 18 de diciembre de 2001, 19 de junio de 2002); (c) setergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, se falsee de formaarbitraria sus dictados o se aparte del propio contexto o expresividad del contenidopericial (SSTS de 20 de febrero de 1992, 28 de junio de 2001, 19 de junio de y 19 dejulio de 2002, 21 de febrero de 2003, 28 de febrero de 2003, 24 de mayo de 2004, 13 dejunio de 2004, 19 de julio de 2004 y 30 noviembre 2004) y (d) se efectúenapreciaciones arbitrarias (STS de 3 de marzo de 2004) o contrarias a las reglas de lacomún experiencia (SSTS 24 de diciembre de 1994 y 18 de diciembre de 2001).» [Fundamento de Derecho Cuarto. Sentencia de 1 de junio de 2011(RCEIP 791/2008), Ponente Excmo. Sra. D. José Antonio Seijas Quintana]. 4.- Prueba documental: valor probatorio de una declaración testificalincorporada a un atestado elaborado por la policía local. «2. Los artículos 216 LEC, sobre los principios de justicia rogada y aportaciónde parte (STS 25-06-2009, RC n.º 978/2004), 217 LEC sobre las reglas de distribuciónde la carga de la prueba (SSTS 2 de marzo de 2009, RC n.º 238/2004, 29 de diciembrede 2009, RC nº. 1869/2005, 4 de febrero de 2010, RC n.º 2333/2005) y 218.2 y 3 LEC,sobre los requisitos de motivación y exhaustividad de las sentencias (SSTS de 15 deoctubre de 2009, RC n.º 1143/2005, 22 de diciembre de 2009, RC n.º 407/2006), nocontienen regla de alguna de tasación de la prueba que permita fundar en ellos unarevisión de la valoración de la prueba efectuada por la sentencia recurrida. »3. Los documentos públicos sólo hacen prueba plena del hecho, acto o estadode cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de laidentidad de los fedatarios y demás personas que intervengan (STS 22 de octubre de2009, RC n.º 552/2005, 16 de diciembre de 2009, RC n.º 1309/2005) y no dan fe de la verdad intrínseca de lo que en ellos se declara (STS de 16 de diciembre de 2009, RC n.º1309/2005). La expresión «prueba plena» no significa que el tribunal no deba valorarsu contenido de acuerdo con las reglas de la sana crítica (STS 15 de junio de 2009, RCn.º 2317/2004). El atestado equivale, en principio, a una denuncia, que puede tenervirtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables, expuestospor los agentes que intervienen en su elaboración con las formalidades exigidas (STC138/1992, de 13 octubre), pero no cabe atribuir eficacia probatoria plena a lasdeclaraciones incorporadas a él, efectuadas ante los agentes, cuando su demostracióntiene otra vía natural de acceso al proceso, con plenitud de garantías para las partes,en la prueba testifical o de interrogatorio de la parte (STS de 6 de abril de 2006, RC n.º3178/1999). »La incorporación del atestado con la demanda y la falta de impugnación de suautenticidad no implica la aceptación de la veracidad de las declaraciones del testigoefectuadas ante los agentes y no supone una modificación de las reglas de distribuciónde la carga de la prueba, porque tales declaraciones no se hallan amparadas porpresunción alguna de veracidad. El artículo 427 LEC no ha sido infringido, porque serefiere a la impugnación y prueba de la autenticidad de los documentos, cuestión queno se ha planteado en el litigio.» [Fundamento de Derecho Quinto. SENTENCIA de 23 de junio de 2010 (RCEIP1423/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 5.- Prueba documental: valoración de documentos privados «La valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con elconjunto de los restantes medios de prueba (STS 30 de junio de 2009, RC n.º1889/2006). Una cosa es el valor probatorio de los documentos privados en cuanto a laautenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretaciónefectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos, puestoque la expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal nodeba valorar el contenido de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica yen el conjunto de las pruebas aportadas (STS de 15 de junio de 2009, RC n.º2317/2004)». [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA de 15 de noviembre de2010(RCEIP 610/2007) Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 6.-Prueba: presunciones. Acreditación del hecho presunto y del hechoindiciario. «Acreditado un hecho mediante prueba de presunciones, tampoco estápermitido, con la excusa de alegar una valoración errónea de dicha prueba en loatinente a la falta de enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humanoentre hecho presunto y hecho indiciario, propugnar una revisión de la prueba de loshechos base o indicios que fueron fijados mediante prueba directa, prescindiendo de losestrechos márgenes que lo permiten. Incluso en la hipótesis más favorable a la parterecurrente de entender utilizado el cauce del artículo 469.1.4º LEC, cuando en lafijación de los hechos base no se ha incurrido en falta de lógica o arbitrariedad, dichocauce posibilita únicamente revisar la inferencia lógica que se extrae de los mismos.Sin embargo, la parte recurrente, en lugar de limitarse a controvertir la citadainferencia, toma la postura de apartarse de los hechos base señalados por la AP comoprobados y realiza además en una improcedente comparación argumentativa de lassentencias de primera y segunda instancia que desvirtúa por completo su denunciaacerca de la no lógica ni razonable conexión entre los admitidos o probados y lospresuntos.» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA de 22 de febrero de 2011(RCEIP2027/2006) Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 7.-Prueba de presunciones: valoración «[…]las infracciones relativas a la prueba de presunciones solo puedenproducirse en los casos en los cuales se ha propuesto esta forma de acreditación dehechos en la instancia o la misma ha sido utilizada por el juzgador, o cuando éste haomitido de forma ilógica la relación existente entre los hechos base que declaraprobados y las consecuencias obtenidas (STS de 11 de octubre de 2005); pero no enaquellos casos, como el presente, en los cuales el Tribunal se ha limitado a obtener lasconclusiones de hecho que ha estimado más adecuadas con arreglo a los elementosprobatorios que le han sido brindados en el proceso sin incurrir en una manifiestaincoherencia lógica. (STS 10 de noviembre de 2005, RC n.º 1187/1999)». [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA de 13 de octubre de 2010 (RCEIP764/2007) Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 8.- Prueba testifical: valoración. «B) La valoración de la prueba testifical no está sometida a regla tasada deprueba. Como establece el artículo 376 LEC, «[l]os tribunales deben valorar la fuerzaprobatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstanciasque en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de laprueba que sobre éstas se hubiere practicado». Esta norma -como ya sucedía conderogado el artículo 1248 CC en el recurso de casación de la LEC 1881- no permite enel recurso extraordinario de infracción procesal la revisión de la valoración de laprueba testifical, salvo en aquellos supuestos en que sea irrazonable o incurra enarbitrariedad o error patente (SSTS 28 de enero de 2009, RC n.º 2497/2003, 15 de juniode 2009, RC n.º 2317/2004, 18 de diciembre de 2009, RC n.º 1530/2005).» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA de 7 de junio de 2010 (RCEIP782/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 9.- Prueba. Plazo para la presentación de dictámenes periciales. «B) En el recurso, el dictamen pericial cuya denegación se impugna se refiere alas alegaciones efectuadas en la contestación a la demanda sobre la existencia dedeficiencias en la vivienda adquirida por la recurrente, en la que se pretendió fundar elincumplimiento de los demandantes y la aplicación de la doctrina del aliud por alio[una cosa por otra], en consecuencia se trata de un informe sustancial para lapretensión de la parte sobre una cuestión alegada en la contestación, cuyo régimen deaportación al proceso viene determinado por los artículos 265.1.4.º LEC y 336.1 LEC y337.1 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, de forma que, anunciadasu aportación en la contestación a la demanda, en la que se alegó la imposibilidad desu aportación en el momento de presentar la contestación, debió aportarse antes delinicio de la audiencia previa. »C) Esta Sala no puede tener en consideración la interpretación flexible quepropone la recurrente porque: (i) la literalidad del artículo 337.1 LEC, en su redacción vigente por razones temporales, no permite una interpretación distinta a la que se haquedado expuesta, (ii) el momento preclusivo que establece este artículo lo es en últimotérmino, pues la exigencia primera del precepto es que la presentación de losdictámenes se realice «en cuanto [las partes] dispongan de ellos», (iii) corresponde ala diligencia de las partes atender a estas previsiones y también le es exigible a losórganos judiciales una especial diligencia cuando se agota el plazo de presentaciónpara evitar la indefensión de la parte contraria que pueda ser generada por situacionesderivadas de la propia organización de de las oficinas de presentación de escritos, (iv)la hipotética falta de indefensión de la parte demandante, que ha sido alegada por larecurrente, no releva de la carga procesal de dar cumplimiento a un plazo preclusivo,que como tal está afectado por lo dispuesto en el artículo 132 y 136 LEC, y que solotendrá las excepciones previstas en el artículo 134.2 LEC, en su redacción vigente porrazones temporales, para los supuestos de fuerza mayor.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 27 de diciembre de 2010 (REIP965/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 10.- Prueba: resoluciones y testimonios procesales procedentes de lajurisdicción penal. «[…]es doctrina de esta Sala que a efectos casacionales, las resoluciones,diligencias y testimonios procesales de la jurisdicción penal, no pueden enervar oinvalidar, prejuzgando, la estimación probatoria que en lo civil compete al juez, guiadopor matizaciones distintas y por una propia apreciación de las pruebas practicadas enel juicio civil (SSTS de 1 de diciembre de 1994, RC n.º 2852/1991, 12 de abril de 2002,RC n.º 3207/1996, 29 de mayo de 2001, RC n.º 1385/1996). Salvo la única excepción deque se haya declarado la inexistencia del hecho enjuiciado, lo que no ocurre en esterecurso, las decisiones tomadas dentro del orden jurisdiccional penal no vinculan a esaSala en cuanto a sus declaraciones estrictamente de índole civil (SSTS de 12 de marzode 1992 y 13 de febrero de 1998).» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 31 de diciembre de 2010 (REIP1886/2006), Ponente Excma. Sra. D ª. Encarnación Roca Trías]. 11.- Prueba: valoración conjunta. «Como señala la sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 2007 "lavaloración probatoria sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casaciónmediante un soporte adecuado, bien la existencia de un error patente o arbitrariedaden la valoración de la prueba en cuanto, según la doctrina constitucional, comporta lainfracción del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTS de 20 de junio de 2006 y 17 dejulio de 2006), bien la infracción de una norma concreta de prueba que haya sidovulnerada por el juzgador (SSTS de 16 de marzo de 2001, 10 de julio de 2000, 21 deabril y 9 de mayo de 2005, entre otras). En defecto de todo ello la valoración de laprueba es función de instancia y es ajena a la casación- y ahora al recursoextraordinario por infracción procesal (SSTS 8 de abril de 2005, 29 de abril de 2005, 9de mayo de 2005, 16 de junio de 2006, 23 de junio de 2006, 28 de julio de 2006, 29 deseptiembre de 2006 y 6 de noviembre de 2009 entre las más recientes)» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA de 13 de abril de 2010 (RCEIP1069/2006), Ponente Excmo. Sra. Dª Encarnación Roca Trías]. IX.- RECURSO DE APELACIÓN 1.- Recurso de apelación: ámbito. A) El recurso de apelación que abre la segunda instancia es una revisio priorisinstantiae [revisión de la primera instancia] que, permite un nuevo examen completo dela cuestión litigiosa (SSTS 5 de mayo de 1997, RC n.º 1294/1993, 31 de marzo de 1998,RC n.º 141/1994, STC 3/1996, de 15 de enero), lo que faculta al Tribunal para valorarlos elementos fácticos y apreciar las cuestiones jurídicas según su propio criterioaunque con los límites que impone la prohibición de la reforma peyorativa, esto es lamodificación de la sentencia apelada en perjuicio del apelante salvo que provenga dela estimación de la impugnación del inicialmente apelado, y el principio tantumdevolutum quantum apellatum [se transfiere lo que se apela], conforme al cual eltribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sidoplanteadas en el recurso, como se regula en el artículo 465.4 LEC. Ambos limites deconocimiento son manifestaciones en la segunda instancia del principio de congruenciade las sentencias, con dimensión constitucional por afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a no sufrir indefensión que seproyecta en el régimen de garantías legales de los recursos (SSTS de 30 de junio de2009, RC n.º 369/2005, 26 de septiembre de 2006, RC n.º 930/2003). [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 28 de septiembre de 2010 (RCEIP3745/2005), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Recurso de apelación: el apelante principal no puede impugnar elrecurso de apelación formulado por el apelado en el suyo. «La preocupación del legislador por delimitar lo que constituye el objeto delproceso se ha trasladado al recurso de apelación; que al ser de cognición plena o deplena jurisdicción permite una revisión total de la sentencia apelada, condicionadaúnicamente a los puntos de disconformidad señalados por cada parte, los cuales debenquedar perfectamente delimitados en el trámite de preparación y de impugnación delrecurso; sin que sea posible introducir cuestiones nuevas o ejercitar pretensionesmodificativas, con prohibición de la reforma peyorativa y plena facultad del Tribunalpara valorar las pruebas sin impedimento alguno. Con esa finalidad, la sustanciaciónde la apelación se articula a través de distintos trámites que van a delimitar el objetodel debate en la segunda instancia, sobre el que deberá pronunciarse en la sentencia elTribunal de apelación, como precisa el artículo 465: » (a) Fase de preparación -artículo 457-, en el que la que el apelante se limitaráa citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir "con expresión delos pronunciamientos que impugna". » (b) Fase de interposición del recurso -artículo 458-, en la que se "expondránlas alegaciones en que se base la impugnación". » (c) Fase de oposición al recurso por el apelado e impugnación de lasentencia en lo que le resulte desfavorable " por quien inicialmente no hubiererecurrido" - artículo 461.2 -. » (d) Fase de traslado de los escritos de impugnación a que se refieren losapartados 1 y 2 del artículo 461 al apelante principal, para que en el plazo de diez díasmanifieste lo que tenga por conveniente -artículo 461.4-. »Fuera quedan los demás puntos o cuestiones que, habiendo sido resueltos enla primera instancia, no hayan sido incluidos en el escrito de preparación. La impugnación a que se refiere el artículo 461 es por tanto un instrumento procesal quela Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia queno le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertarpretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal,evitando el riesgo de que a través del recurso se agrave en su contra esepronunciamiento.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA DE PLENO de 1 de enero de2010(RCEIP n.º 576/2005), Ponente Excmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana] 3.- Recurso de apelación: inexistencia de efectos expansivos delrecurso de apelación a los condenados solidarios no apelantes. «La doctrina jurisprudencial relativa a los efectos expansivos de lo resuelto enel recurso de apelación a los condenados solidarios no apelantes por virtud de lanaturaleza del vínculo solidario entre quienes están colocados en idéntica situaciónprocesal (SSTS de 29 de septiembre de 1966, 26 de septiembre de 1984, 29 de junio de1990, 9 de junio de 1998, RC n.º 1039/1994), no es de aplicación en aquellos casos enlos que la resolución del recurso se basa en causas subjetivas que afectan solo a laparte recurrente (SSTS de 13 de febrero de 1993, RC n.º 2458/1990, 8 de marzo de2006, RC n.º 2586/1999, 24 de noviembre de 2005, RC n.º 1481/1999.» [Fundamento de Derecho Sexto Cuarto. Sentencia de 3 de marzo de 2011(RCEIP 1865/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 4.- Recurso de apelación: Pronunciamiento que no fue objeto deimpugnación. « [L]a interposición de un recurso de apelación contra una parte no impideimpugnar la sentencia, en los aspectos relativos a otra de las partes a la que noafectaba el primer recurso interpuesto, si ésta, a su vez, interpone recurso deapelación.» [Fallo de la SENTENCIA DE PLENO de 13 de enero de 2010(RCEIP 912/2005),Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos] X.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 1.- Recurso extraordinario por infracción procesal. Acceso: fijación de lacuantía. Acumulación subjetiva de acciones que no provienen de un mismotítulo. «A) La normas que rigen el acceso a los recursos son de carácter imperativo,no disponibles para las partes ni para el órgano judicial. El examen de su observanciano está condicionado a la alegación de parte y puede el Tribunal apreciar de oficio laconcurrencia de una causa que impida la admisión del recurso (STS 29-04-2005, RCn.º 4549/1998), por lo que es posible, incluso es obligado, examinar en fase de decisiónla pertinencia de la formulación del recurso en función de la resolución recurrida(SSTS de 12 de junio de 2008, RC n.º 1311/2001). […] »C)En el recurso, nos encontramos ante una demanda con pluralidad dedemandantes que determinan una pluralidad de acciones principales que no provienende un mismo título, por las siguientes razones: (i) la demanda se formula por tresdemandantes cuyas respectivas reclamaciones tienen su fundamento en tres relacionescontractuales distintas e independientes, si por título hay que entender negocio jurídicoen el caso no hay unidad del mismo porque hay tres contratos diferenciados en los quesolo es parte la persona que asume la realización de la obra o del servicio, (ii) laacumulación de estas acciones y la petición de condena conjunta de los demandados alpago de la cantidad a que asciende la suma de cada una de las deudas individuales quese reclaman en la demanda, no modifica el hecho de que cada demandante esgrime untítulo distinto frente a los demandados que, en el caso de estimación de la demanda,solo le dará derecho a percibir las cantidad por él reclamada derivada del concretonegocio que a él afecta, y (iii) no existe ningún elemento de interrelación o conexiónjurídica puesto que las deudas reclamadas responden a actividades con autonomía ysustantividad propia, por lo que si por causa de pedir ha de entenderse el hecho oconjunto de hechos que producen efectos jurídicos, en el caso tampoco concurreidentidad en la causa de pedir. »En definitiva, no hay razón jurídica que justifique la reclamación conjuntaefectuada en la demanda y la circunstancia de que las partes y el órgano judicial hayanconsentido la acumulación -aun no dándose el nexo que por razón del título o la causa de pedir exige el artículo 72 LEC- no puede favorecer la inaplicación de las normas dedeterminación de la cuantía y de aquellas que regulan el acceso al recurso decasación.» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 18 de febrero de 2011(RCEIP 2005/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Recurso extraordinario por infracción procesal. Cita de preceptosgenéricos. «No es posible tampoco la cita heterogénea, dispersa y amplia de normassustantivas y procesales. El art. 218.2 LEC permite interponer el recurso por infracciónprocesal cuando se hayan vulnerado las normas que afectan a la sentencia, es decir,aquellas que procesalmente determinan su forma, no la corrección de los argumentos,que es lo que está planteado la recurrente en este recurso. Por lo tanto, la infracciónrelativa a la interpretación debe ser planteada a través del recurso de casación, no delextraordinario por infracción procesal, referido a cuestiones procesales y nosustantivas (STS 7 de enero 2010), y no hacerlo mediante la cita conjunta de losartículos reguladores de la interpretación contractual, por ser criterio hermenéuticopreferencial el del artículo 1281, párrafo primero, y constituyendo las normascontenidas en los demás preceptos indicados en el motivo criterios interpretativossubordinados y complementarios, sin que sea admisible la cita del artículo 1281, sinexpresar cual de sus dos párrafos es el que se considera infringido (SSTS de 17 dediciembre de 2002; 16 de julio 2009).» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA de 15 de julio de 2010 (RCEIP1990/2006), Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana]. 3.- Recurso extraordinario por infracción procesal: cuestiones probatorias,petición de subsanación de la irregularidad procesal en las instancias. «Señala la sentencia 16 de diciembre de 2.008 que, según la referida norma,sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de serposible, ésta o la vulneración del art. 24 Constitución Española se haya denunciado enla instancia. »En el caso de sentencias que hubieran omitido manifiestamentepronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas enel proceso, el medio de subsanar la falta es el auto de complemento que, a instancia departe, deberá dictar el Tribunal, conforme dispone el apartado segundo del artículo215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. »La recurrente tenía la posibilidad de denunciar en la segunda instancia, parasu subsanación, el defecto procesal de incongruencia omisiva mediante el ejercicio dela petición de complemento de la sentencia que prevé el mencionado artículo.No habiéndose acreditado que la recurrente hubiera acudido a dicho procedimiento, elrecurso era inadmisible y, en el trance de dictar sentencia, en que nos encontramos,debe ser desestimado.» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 16 de noviembre de 2010 (RCEIP137/2007), Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel]. 4.- Recurso extraordinario por infracción procesal: denuncia deinfracciones sustantivas. «La infracción de norma sustantiva y la alegación de criteriosjurisprudenciales relativos a la aplicación de norma sustantiva es una materia ajena alámbito del recurso extraordinario por infracción procesal y tiene su marco dealegación en el recurso casación, cuyo objeto es la estricta función revisora del juiciojurídico. (SSTS 29 de octubre de 2008, RC n.º 3001/2001, 11 de septiembre de 2009,RC n.º 1997/2002, 13 de octubre de 2009, RC n.º 171/2006, 18 de marzo de 2010, RCn.º 1816/2008).» [Fundamento de Derecho Undécimo. Sentencia de 31 de diciembre de2010 (RCEIP 1886/2006), Ponente Excmo. Sr. Dª Encarnación Roca Trías]. 5.- Recurso extraordinario por infracción procesal. Indefensión: relevanciaconstitucional. «La infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del procesosolo pueden constituir motivo de un recurso extraordinario por infracción procesalcuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, según impone el artículo 469.1.3.º LEC (SSTS de 30 deseptiembre de 2009, RC n.º 846/2004, 13 de enero de 2010, RC n.º 2668/2004). »Según ha reiterado el Tribunal Constitucional, para que la indefensión alcancerelevancia constitucional es necesario que sea imputable y que tenga su origen directoen actos u omisiones de los órganos judiciales, esto es, que la indefensión sea causadapor la actuación incorrecta del órgano jurisdiccional. Queda excluida de la proteccióndel artículo 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, errortécnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan(SSTC 109/2002, de 6 mayo, 87/2003, de 19 de mayo. SSTS de 6 de marzo de 2009, RCn.º 204/2004, 23 de marzo de 2010, RIP n.º 1335/2006).» [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 29 de noviembre de 2010 (RCEIP361/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 6.- Recurso extraordinario por infracción procesal. Sentencia dictada enapelación declarando la nulidad de actuaciones y la retroacción del procedimientoal momento anterior a la práctica de diligencias finales en la primera instancia.Sentencia no recurrible ni a través del recurso de casación ni por medio delrecurso extraordinario por infracción procesal. «La Sala Primera entiende que las sentencias dictadas por las AudienciasProvinciales, resolviendo el recurso de apelación formulado contra la sentencia deprimera instancia, que resuelven devolver las actuaciones a primera instancia paraque se dicte una nueva sentencia, no son susceptibles de casación ni de recursoextraordinario por infracción procesal, porque no han resuelto en segunda instancia.» [Fundamento de Derecho Tercero. Sentencia de 31 de enero de 2011(REIP 1916/2007 ), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos] XI.- OTRAS CUESTIONES 1.- Actos de comunicación por edictos efectuados a los desconocidosherederos demandados sin previo agotamiento de los medios dirigidos a suidentificación y localización. A) «El artículo 156 LEC, en concordancia con el artículo 164 LEC, impone lapráctica de diligencias de averiguación del domicilio del demandado cuando eldemandante alega su desconocimiento, contempla sin limitaciones la posibilidad deque el órgano judicial se dirija a entidades públicas y privadas y limita lacomunicación mediante edictos a los supuestos en los que resultaren infructuosas lasaveriguaciones. »La razón de las exigencias impuestas por la LEC a los actos de comunicaciónestá en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia del proceso para que puedaadoptar la conducta procesal que estime convenirle (STS de 25 de junio de 2008, RCn.º 1599/2001), pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputableal justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentrodel proceso, y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción (SSTC64/1986, de 21 de mayo; 98/1987, de 10 de junio; 26/1993, de 25 de enero; 1101/2001,de 23 de abril; 143/2001, de 14 de junio, etc.). »Los criterios expuestos se ajustan a la noción de «proceso equitativo», a quese refiere el TEDH, garantizada por el artículo 6.1 del Convenio, que integra el respetoa la igualdad de medios de defensa que, en materia civil, implica principalmente laobligación de ofrecer a cada parte una posibilidad razonable de presentar su causa,por lo que corresponde a las autoridades nacionales velar, en cada caso, por el respetode las condiciones de un proceso equitativo (SSTEDH 27 de octubre de 1993, casoDombo Beheer B.V. contra Países Bajos, 29 de mayo de 1997, caso Georgiadis contraGrecia, 6 de octubre de 2009, caso Almeida Santos contra Portugal).». [Fundamento de Derecho Cuarto. Sentencia de 3 de marzo de 2011(RCEIP 1865/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 2.- Alegación en juicio ordinario de hechos nuevos o de nueva noticia. «La presentación de la demanda, si después es admitida, produce, entre otros, elefecto de delimitar objetivamente la res in iudicio deducta [cuestión deducida en eljuicio]. La causa de pedir, o conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundarla pretensión, delimitada en el escrito de demanda, no puede ser alterada en el procesopor el demandante, a quien se prohíbe la mutatio libelli [modificación de la petición]para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos por él (v. gr., SSTS11 de diciembre de 2007, rec. 3927/2000; 22 de noviembre de 2007, rec. 4358/2000 ).Puede admitirse que la pretensión procesal, conservando su existencia, experimente uncierto desarrollo durante el transcurso del proceso, producto de lo quemetafóricamente se ha llamado biología de la pretensión procesal. Pero la posibilidadde tomar en consideración hechos posteriores a la presentación de la demanda sólo esposible cuando tienen un carácter complementario o interpretativo. A este requisitodebe entenderse subordinada la aplicación del artículo 426.4 LEC («[s]i después de lademanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentarlas pretensiones de las partes en el pleito, o hubiese llegado a noticia de las partesalguno anterior de esas características, podrán alegarlo en la audiencia»), puesprevalece la imposibilidad de alterar el objeto del proceso establecido en la demanda(412.2 LEC), es decir, los hechos fundamentales que integran la pretensión. » [Fundamento de Derecho Tercero. SENTENCIA 9 de febrero de 2010 (RCEIP175/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 3.- Cómputo de plazos para la presentación de escritos. Irregularidadesprocesales: criterio de proporcionalidad en la determinación de sus consecuencias. A) La presentación de un escrito efectuada antes de las quince horas del díahábil siguiente al del vencimiento del plazo produce los mismos efectos que si sehubiera presentado el última día del plazo y la resolución que dicte el órgano judicialsobre lo interesado en el escrito o sobre el acto procesal a que se refiera ha de ser lamisma que se dictaría si el escrito hubiera sido presentado el último día del vencimientodel plazo. B)La utilización de un mecanismo inadecuado para obtener la interrupción delcurso de un plazo procesal es contrario al principio de principio de improrrogabilidad delos plazos procesales y al buen orden del proceso con quiebra del principio de igualdadde partes, por lo que la aplicación de los criterios de proporcionalidad para establecerlas consecuencias de una actuación irregular de las partes en el proceso, tal y como hareiterado el TEDH, impide, en el caso examinado, retrotraer las actuaciones para que seconceda al recurrente un plazo para realizar un acto procesal pues la parte recurrente noestaba legitimada para ello. La decisión contraria supondría un formalismo favorecedor de la utilización inadecuada de las instituciones que contradice el espíritu de la ley y queno está amparado por la invocación del derecho de tutela efectiva ni por la alegación deindefensión. [SENTENCIA 30 de noviembre de 2010 (RCEIP 674/2007), Ponente Excmo. Sr.D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 4.- Consignación para recurrir en procesos que versan sobre reclamaciónde las indemnizaciones derivadas de las indemnizaciones consecuencia deaccidentes de la circulación. Ponderación de las circunstancias concurrentes. «La carga procesal de consignar para recurrir en los procesos seguidos para lareclamación de las indemnizaciones derivadas de accidentes de la circulación, previstaen el artículo 449.3 LEC, cuyo precedente inmediato se encontraba en la DA primera 4LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal- se enmarca en lastendencias internacionales de protección a la víctima (Declaración 40/34, de 29 denoviembre de 1985 de la Asamblea General de la ONU, Convenio Europeo 116relativo a la indemnización de las víctimas de infracciones violentas, de 24 denoviembre de 1983). Tiene la finalidad de conseguir la agilización de esta clase deprocesos civiles evitando, en lo posible, la formulación de recursos infundados omeramente dilatorios que alarguen, en perjuicio de las víctimas, el abono de lascantidades que les han sido reconocidas por sentencia (STC, del Pleno, 84/1992, de 28de mayo de 1992) de manera que se disminuyan los efectos que en el tiempo ocasionala tramitación de los recursos devolutivos. »Esta función justifica su compatibilidad con el espíritu del artículo 24 CEsiempre que su interpretación sea ponderada atendiendo en cada caso lascircunstancias concurrentes para evitar una mecánica aplicación del mismo que loconvierta en un obstáculo formalista y desproporcionado en sus consecuencias, conrelación a su propia finalidad (SSTC 119/1994, de 25 de abril de 1994, 145/1998, de30 de junio de 1998, 226/1999, de 13 diciembre de 1999).» [Fundamento de Derecho Quinto. Sentencia de 3 de febrero de 2011(RCEIP 1294/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 5.- Derecho a la tutela judicial efectiva: error manifiesto. «El derecho la tutela judicial efectiva resulta vulnerado, según se desprende dela jurisprudencia del TC, cuando el órgano jurisdiccional incurre en un errormanifiesto de carácter objetivo en el momento de fijar las premisas de las que se parteen la argumentación determinante de la conclusión sentada. »En efecto, el TC, partiendo de la concepción del derecho constitucional a latutela judicial como el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho,favorable o adversa, como garantía frente a la arbitrariedad e irracionabilidad de lospoderes públicos, declara reiteradamente que la fundamentación en Derecho «conllevala garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de lalegalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable ni incurra en un errorpatente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una meraapariencia» (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2;87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 deoctubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 325/2005, de 12 de diciembre, FJ 2;61/2008, de 26 de mayo, FJ 4). »La única argumentación que contiene la sentencia de apelación en relacióncon la imposición de los intereses de demora que contempla el artículo 20 LCS es lasiguiente: «En cuanto al interés del artículo 20 LCS, hay que completar el silencio de lasentencia, en el sentido de que se computarán desde la fecha de interposición de lademanda que dio lugar a este procedimiento». »Se aprecia, así, en la sentencia de apelación la existencia de un error que nosoporta la aplicación del canon de racionabilidad impuesto por el derecho a la tutelajudicial efectiva, puesto que la argumentación utilizada -la cual comporta laratificación implícita del juicio de la sentencia de primera instancia sobre laprocedencia de aplicar los intereses del artículo 20 LCS- justifica la determinación dela fecha a partir de la cual se devengan dichos intereses fundándose en una premisainexistente, a saber, la necesidad de «completar el silencio de la sentencia [de primerainstancia]». La sentencia recurrida parte, en efecto, de que la sentencia de primerainstancia no contiene previsión alguna acerca de la fecha de devengo de los intereses.Esta argumentación responde al desconocimiento de la existencia de un auto deaclaración (de 24 de octubre de 2003), en el cual se precisa que la fecha de devengo delos intereses previstos en el artículo 20 LCS es la correspondiente al siniestro (en laparte dispositiva del auto se dice lo siguiente: «En el fallo de la misma donde dice: "...a que abone la cantidad de 137.850,93 euros más los intereses legales del artículo 20 LCS...". Debe decir "a que abone la cantidad de 137.850,93 euros, más los intereseslegales del artículo 20 LCS, desde la fecha del accidente..."». »Debe estimarse, en consecuencia, que este planteamiento comporta lapresencia de un error manifiesto de carácter objetivo que determina que debaconsiderarse vulnerado el derecho la tutela judicial efectiva. La argumentación en quese funda con carácter determinante la conclusión que se sienta sobre la fecha dedevengo de los intereses es inexplicable desde el punto de vista de la racionabilidadobjetiva. De la redacción de la sentencia y del contenido lógico de la proposiciónformulada se infiere que en el caso de que la sentencia de primera instancia hubieracontenido una previsión sobre este punto hubiera sido ratificada o, cuando menos, sehubiera examinado su procedencia. Por el contrario, el pronunciamiento dictado esdiscrepante con el de la sentencia de primera instancia en un extremo de grantrascendencia, pues reduce el período de devengo de los intereses durante varios años.Esta reducción se hace sin motivo aparente, pues se presenta, erróneamente, comoproducto de la necesidad de completar una inexistente omisión de la sentenciarecurrida en el marco de la ratificación de sus criterios.» [Fundamento de Derecho Cuarto. SENTENCIA 12 de mayo de 2009 (RCEIP1840/2004), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 6.- Intervención como litisconsorte. La falta de legitimación activa de laparte demandante no impide el sostenimiento de la acción por quien haintervenido, siendo titular de la acción, como litisconsorte de la partedemandante. «Los terceros legitimados activamente para ejercitar la acción por su propioderecho pueden tanto comparecer en juicio, como parte a todos los efectos, sinnecesidad de llamada alguna, como continuar en el con independencia de la conductaprocesal de la demandante o de la falta de legitimación activa de esta.» [Fundamento de Derecho Cuarto. Sentencia de 24 de febrero de 2011(RCEIP 1791/2007), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos]. 7.- Recurso de revisión: concepto de documento recuperado. « Para que proceda la revisión de una sentencia firme por la causa primera delartículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil – que ha sido la invocada por eldemandante -, es necesario que los documentos recuperados u obtenidos no hubieranpodido ser aportados al proceso en momento oportuno, ya por causa de fuerza mayor,ya por obra de la otra parte litigante.»El cumplimiento de esta exigencia – destacada en las sentencias 1102/2007, de 11 deoctubre, 16/2009, de 27 de enero, 558/2009, de 6 de julio, entre otras muchas –corresponde probarlo a quien demande la revisión.[…] » Por otro lado, para que proceda la revisión por la primera de las causas delartículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es preciso que el documento recobradou obtenido sea decisivo, en el sentido de que su contenido habría influido en ladecisión final del conflicto, de modo que, por decirlo con otras palabras, tienepotencialidad suficiente para modificar el fallo – sentencias 1312/2007, de 20 dediciembre, y 16/2009, de 27 de enero -.» [Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero. Sentencia de 14 de abrilde 2011 (RR 26/2009), Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel]. 8.- Sistema de grabación de imagen y sonido de las vistas. Fallos de sistema.Supuestos de nulidad. «El sistema de grabación y reproducción de imagen y sonido prevista en elartículo 147 de la Ley traslada de forma virtual al órgano judicial de segunda instanciael juicio celebrado en el Juzgado, incluida la inmediación de la que, en principio,adolece el Tribunal de apelación. Ocurre que este sistema novedoso de documentaciónque impuso la Ley de 2000, ha conducido en ocasiones a situaciones indeseadas comolas que se presentan cuando puesto en funcionamiento el CD, la cinta de vídeo o deaudio ninguna de ellas ha reproducido el juicio por encontrase en blanco o ser tandeficiente que no es posible tomar conocimiento del mismo. El problema es evidentepuesto que al hecho de exponer a las partes a un nuevo juicio, con el consiguienteretraso en la solución del conflicto, se suma la eliminación del efecto sorpresa y de laconsiguiente estrategia procesal puesto que ya se conocen los datos de prueba y lasconsecuencias de una determinada actuación. »En estos momentos existe un cuerpo de resoluciones dictadas por lasAudiencias Provinciales que analizan el problema y lo resuelven no tanto de forma contradictoria como adaptada al caso concreto en que se produce la infracción.Algunas de ellas declaran la nulidad de actuaciones dada la situación de indefensiónque produce a las partes el hecho de que no se puede valorar la prueba en otrasinstancias (SSAP de Cáceres de 22 de septiembre de 2001; de Málaga 9 de julio 2002;de Asturias de 13 de diciembre de 2002 y 9 de mayo 2006; de Las Palmas de 17 demayo 2006, entre otras), haciéndolo con base en los artículos 209.3, sobre forma ycontenido de las sentencias, y 218.2, sobre motivación de las mismas, puestos enrelación con los artículos 147 y concordantes de la Ley. Otras reconducen la nulidadsólo a los medios de prueba que han de practicarse en el acto del juicio, no a lasdocumentales, pues ante las mismas se halla en identica posición el Juez de primera yel de segunda, de tal forma que si la solución del litigio puede alcanzarse a partir delanálisis de esta prueba, prescindiendo de las declaraciones practicadas en el acto deljuicio, entienden que ninguna indefensión se produce por el hecho de que no se hubieradocumentado el juicio, lo cual conlleva que no quepa la nulidad de lo actuado (SSAPde Málaga 17 de Julio de 2.001, Asturias 23 de octubre de 2003).Finalmente, un tercergrupo de sentencias admiten que junto a la exigencia de registrar las actuacionesorales en vistas y comparecencias en soporte apto para la grabación y reproduccióndel sonido y de la imagen, bajo la fe del Secretario Judicial, el artículo 187.2 de la Leypermite que la vista se documente por medio de acta realizada por el SecretarioJudicial siempre que los medios de registro no pudieran utilizarse por cualquier causa,rechazando la nulidad, especialmente si esta es suficientemente amplia, pormenorizaday detallada (SSAP de Asturias de16 de diciembre de 2.002; Zaragoza de 11 de abril de2006; Córdoba 12 de enero 2009, entre otras) »La nulidad de actuaciones, que se acoge en alguna de estas resoluciones, esuna medida excepcional y de interpretación restrictiva por lo que es necesario paraapreciarla que se haya producido una efectiva indefensión a las partes en litigio y estaindefensión no se produce cuando, como aquí sucede, existe un acta previa levantadapor la Secretaria Judicial, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 187.2 y 145 LEC,en la que se recoge todo el contenido de las pruebas de tal forma que la fallidagrabación queda suficientemente suplida con su lectura; acta en la que se pudo incluirla protesta, que no hizo, para su incorporación a la misma, por la denegación de laprueba testifical o de la que tenía por objeto un vídeo sobre el desarrollo de la carrera,que no había solicitado ni propuso como prueba.» [Fundamento de Derecho Segundo. SENTENCIA de 22 de diciembre de 2009(RCEIP 1591/2005), Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana]. GLOSARIO DE ABREVIATURAS USADAS • Art.: Artículo. • Arts.:Artículos • ATC: Auto del Tribunal Constitucional • CE: Constitución Española • DA: Disposición Adicional • FJ: Fundamento Jurídico • IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido • LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil • LCS: Ley de Contrato de Seguro • LO: Ley Orgánica • LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial • RC: Recurso de Casación. • RCEIP: Recurso de Casación y extraordinario por Infracción Procesal • REIP: Recurso extraordinario por Infracción Procesal (Sala Primera, si no se indica otra cosa) • RR: Recurso de revisión • SAP: Sentencia Audiencia Provincial • STC: Sentencia del Tribunal Constitucional • STS: Sentencia del Tribunal Supremo(Sala Primera, si no se indica otra cosa) • TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos English