Source: https://www.gtt.es/boletinjuridico/la-regularizacion-catastral-2/
Timestamp: 2019-07-19 16:42:43
Document Index: 113758789

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 116', 'artículo 102', 'artículo 108', 'artículo 2']

La regularización catastral | GTT
En la fiscalidad de los inmuebles es esencial el concepto de «valor catastral» referido al suelo y a las construcciones (art. 20 TR Ley del Catastro). El artículo 23 del texto refundido de la citada ley señala los criterios para determinar el valor catastral: a) la localización, las circunstancias urbanísticas y su aptitud para la producción; b) el coste de ejecución, el beneficio de la contrata y los costes inherentes, el uso, la calidad y antigüedad de la construcción, su carácter histórico...; c) los gastos y beneficios de promoción; d) las circunstancias y valores de mercado; d) cualquier otro factor relevante. El valor catastral no puede superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable en el que se podría vender entre partes independientes un inmueble libre de cargas.
Finalmente, se debe recordar el procedimiento de regularización catastral 2013-2016. A estos efectos establece la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (LA LEY 356/2004), que aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004): «1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de este Texto Refundido, la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, podrá realizarse mediante el procedimiento de regularización catastral". Dicho artículo 11 TR LCI establece que la incorporación de bienes y sus alteraciones se hace por alguno de los siguientes procedimientos: declaraciones, comunicaciones, subsanación de discrepancias y rectificaciones, inspección catastral y valoración, por lo que la regularización catastral es un procedimiento excepcional limitado en el tiempo, según la Disposición Adicional que aquí se considera.
En la determinación del valor catastral tiene especial relevancia la motivación de los criterios a que se refiere el artículo 23 TR LCI: a) la localización, las circunstancias urbanísticas y su aptitud para la producción; b) el coste de ejecución, el beneficio de la contrata y los costes inherentes, el uso, la calidad y antigüedad de la construcción, su carácter histórico...; c) los gastos y beneficios de promoción; d) las circunstancias y valores de mercado; d) cualquier otro factor relevante. Y también es preciso explicar que se cumple el requisito según el cual el valor catastral no puede superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable en el que se podría vender entre partes independientes un inmueble libre de cargas.
Sobre la «presunción de certeza» de las declaraciones es conveniente recordar el cambio que ha supuesto la LGT/2003 respecto de la LGT/1963, en cuanto que ésta establecía en su artículo 116: «Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 102 se presumen ciertas, y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo mediante prueba de que al hacerlas incurrió en error de hecho». En cambio, el artículo 108.4 LGT/2003 establece: «Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario». Y añade el precepto: «Los datos incluidos en las declaraciones o contestaciones a requerimientos... de información... que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados... cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos...».
Establece el artículo 2 LGT/2003, después de la reforma de la Ley 2/2011, de 4 de marzo: «Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados o no se presten o realicen por el sector privado."
En la Ciencia de la Hacienda, tradicionalmente, se estudiaba la clasificación de los ingresos públicos a partir de un gráfico en el que se señalaban atendiendo a su importe en relación a los costes, a la importancia del beneficio individual y colectivo y a la coactividad directa (ingresos derivados: tributos, posible apremio) o indirecta (ingresos originarios: precios) en su exigencia. Así, aparecían las correspondientes barras (coloreadas) en el gráfico, que ordenaban los ingresos: 1) precios privados (importe elevado, superando el coste, con altísimo beneficio individual, con coactividad indirecta); 2) precios quasiprivados (menor importe, superando el coste, con cierta relevancia del beneficio colectivo, con coactividad indirecta: explotaciones forestales, de minas, de aguas termales...); 3) precios públicos (menor importe, cercanos al coste, alta relevancia del beneficio colectivo, coactividad indirecta); 4) precios políticos (menor importe, sin cubrir costes, altísima relevancia del beneficio colectivo, coactividad indirecta); 5) tasas (menor importe, sin cubrir costes, esencial el beneficio colectivo, coactividad directa); 6) contribuciones especiales (mínimo importe, sin cubrir costes, esencial beneficio colectivo, coactividad directa); 7) exacciones fiscales e impuestos (sin referencia al coste, todo beneficio colectivo, coactividad directa). Y, a partir de esa primera aproximación, se desarrollaban las precisiones: la coactividad indirecta por referencia a la obligada aceptación del gasto público por la creación y mantenimiento de la empresa que establecía y cobraba los precios); la difícil distinción entre precios públicos y políticos (transporte, enseñanza...); la compleja diferencia entre precios políticos y tasas; la inevitable excursión a la teoría del beneficio en los tributos y a la justificación de los impuestos de recaudación afectada (sobre los carburantes para el mantenimiento de las vías de comunicación) y la explicación de la capacidad económica como criterio constitucional (art. 31 CE) en la configuración del sistema tributario.
— Se trata de una regulación jurídicamente inquietante. Con el mismo fundamento se puede establecer y exigir una tasa por cualquier otra regularización tributaria y, por tanto, como consecuencia de cualquier procedimiento de aplicación de los tributos (regularización censal, devolución, declaración para liquidar, comprobación de valores, verificación, comprobación limitada, cada inspección cualquiera que sea su alcance,...). Y, puestos a dar ideas, aunque no se necesiten, también se podría aplicar a cualquier actividad pública que afecte a un particular, desde el medio ambiente a la circulación de vehículos y, desde luego, la persecución de actos delictivos.