Source: http://memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1983PIG.html
Timestamp: 2018-04-20 09:01:41
Document Index: 202690509

Matched Legal Cases: ['Artículo 69', 'Artículo 115', 'artículo 28', 'Artículo 115', 'Artículo 27', 'Artículo 123', 'artículo 3', 'Artículo 115']

1983 Primer Informe de Gobierno
Miguel de la Madrid, 1o. de Septiembre de 1983
1. En cumplimiento del Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asisto a la apertura de sesiones ordinarias de esta Representación Popular, con objeto de presentar el informe acerca del estado que guarda la administración pública del país. En este momento entrego el documentó por escrito, el cual consta de un texto principal en 275 páginas y 13 anexos, que detallan las acciones realizadas.
2. Inicié mi gobierno con dos marcos de referencia: los compromisos políticos derivados del mandato electoral del 4 de julio de 1982 y la exigencia de enfrentar, con decisión y firmeza, una situación económica crítica que, de no ser controlada, significaba una amenaza para la estabilidad política y social del país.
3. Siete postulados fundamentales sintetizaron la plataforma electoral por la que el pueblo mexicano votó.
4. El nacionalismo revolucionario es el valor primordial de nuestra ideología política. Nacionalismo y Revolución son conceptos inseparables. La historia nos ha hecho nacionalistas por necesidad vital de subsistencia ante las ambiciones y agresiones externas, así como ante las fuerzas de disgregación que nos afectaron en otros tiempos. Somos revolucionarios por la voluntad permanente de construir la sociedad libre, la justicia, y la democracia, el nacionalismo revolucionario está enraizado en nuestra cultura nacional y en nuestro proceso histórico. Es el resultado de la secuencia ideológica de nuestras luchas populares de Independencia,
Reforma y Revolución. Es la filosofía política que arranca con Hidalgo y Morelos; se reafirma con Juárez y los liberales, se plasma con Madero y Carranza en la Constitución de 1917, y se continúa en los regímenes posrevolucionarios. Es la gran fuerza que, con base en la conciencia de un pasado común, nos da la solidaridad en el presente y la inquebrantable voluntad de mantenernos en el futuro como una nación viable y soberana.
La democratización integral surge también de nuestro proceso histórico. El Constituyente de 1917 concibió la democracia como una estructura política, un régimen jurídico y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La democratización integral exige fundar el poder político en el consenso básico de las mayorías y sujetar la autoridad al derecho, para garantizar las libertades de los hombres y orientar la vida nacional hacia un desarrollo equilibrado y justo. La democracia se organiza fortaleciendo el balance y colaboración de los poderes, el federalismo y el municipio libre, organizado la vida política sobre la base del respeto al pluralismo ideológico, ampliando la participación ciudadana mediante el ejercicio de sus derechos y la obligación de los gobernantes de guiar su acción por el mandato popular. La democratización integral requiere también una participación amplia y equitativa de los diferentes grupos sociales, tanto en los procesos económicos, como en los demás aspectos de la vida social.
De ahí que aspiremos a una sociedad igualitaria; esto es, a un orden social justo, ya que las grandes disparidades que hemos sufrido limitan y aun impiden el goce efectivo de las libertades y los derechos sociales, obstaculizando el ejercicio real de la democracia. La sociedad igualitaria es la constante y renovada voluntad 'de seguir persiguiendo la equidad en nuestra vida social.
La renovación moral fue definida como la revigorización de todo lo que propicie y garantice el cumplimiento de nuestros deberes para con la nación. Ofrecí inducir con el ejemplo del gobierno, con el mío propio, el compromiso de todos los mexicanos para fortalecer nuestros valores. Nuestra guía es el derecho.
La descentralización de la vida nacional está íntimamente ligada, a la decisión política fundamental de regimos por el sistema federal. Si la transformación planteada por la Revolución implicó concentrar esfuerzos la complejidad del tejido social y la necesidad de un desarrollo territorial más equilibrado exigen hoy dispersarlos.
El desarrollo sostenido, el empleo y el combate a la inflación, son la propuesta para la transformación económica del país. Ubicando como prioridad al hombre, este criterio sintetiza logros cuantitativos y cualitativos; afirma los principios constitucionales de rectoría del Estado, economía mixta y libertades económicas. Es estrategia fundamental para gobernar, no sólo frente a la adversidad, sino hacia el cambio estructural.
Finalmente, la sociedad exigió que el cambio se orientara de manera racional para usar mejor nuestros recursos, alentando la participación popular en su transformación, para lo cual se planteó la necesidad de la planeación democrática.
Estos criterios han orientado la acción de mi gobierno porque por ellos votó el pueblo. A pesar de la adversidad, han normado y guiarán la acción de mi gobierno en todo momento. Los seguiré aplicando en la práctica de nuestras acciones.
El 1o. de diciembre inicié mi mandato en medio de una profunda crisis económica que conmovía a toda la sociedad. Estábamos en riesgo de confrontación, con un clima interno de gran desconfianza e incertidumbre y con severos problemas con el exterior. Por ello, los aspectos económicos de la crisis amenazaban con transformarse en una seria dislocación social y política. El sistema que nos hemos dado los mexicanos estaba en riesgo. Si nos abandonábamos a la inercia, o por no afectar intereses optábamos por una política gradualista, la patria podría haberse afectado gravemente. La situación era de emergencia.
Ofrecí gobernar con la verdad; decir al pueblo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Me he propuesto explicar con claridad a la Nación la raíz y la razón de la crisis que vivimos. No podía demandar de la sociedad el severo esfuerzo que requiere su solución, sin una cabal comprensión de los problemas.
Factores internos y externos se conjugaron para producir una de las peores crisis en la historia del país.
El nuevo gobierno encontró una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema financiero, devaluación aguda del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de las reservas internacionales, una deuda externa de magnitud sin precedente y la virtual suspensión de pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior.
Esta situación fue acelerándose conforme avanzaba el año de 1982: el producto nacional creció en los primeros meses, pero se desplomó en los últimos, arrastrando en su caída al empleo, mientras la inflación se triplicó en el curso del año. El peso se devaluó en seis veces.
El proceso de desarrollo se había paralizado y se habían deteriorado las bases para lograr mejoras en el bienestar de las mayorías e, incluso, para mantener los niveles ya logrados. Enfrentábamos no sólo una crisis circunstancial, sino una de carácter estructural que rebasaba el ámbito económico, al darse también manifestaciones de encono entre diversos sectores sociales, que implicaban un cuestionamiento de nuestros principios rectores y, en algunos grupos, de la organización misma de la Nación.
Estos elementos de la crisis interna se conjugaban con una situación internacional caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre, el temor y la imposibilidad de mantener la dinámica económica y el empleo en la mayoría de los países, independientemente de que fueran capitalistas, socialistas o de economía mixta. México resintió particularmente la baja en la demanda y en los precios del petróleo en el mercado internacional, el estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en las tasas de interés. Un peso sobrevaluado respecto al dólar indujo fuertes fugas de capital.
No obstante, factores internos agravaron el impacto de la situación internacional en el país. Cada uno de ellos, aisladamente, no puede explicar por sí solo la crisis, pero sumados, provocaron los problemas tan agudos.y severos que vivimos.
Frente.a esta situación, ofrecimos actuar con decisión, firmeza y un claro sentido del rumbo que queremos. Propusimos como objetivo central mantener nuestras instituciones en el marco de las libertades consagradas por nuestra Constitución. El Estado enmarcó su respuesta decidida en un contexto democrático, ante el mandato recibido y reconociendo el pluralismo creciente de la sociedad mexicana. Ello exigía atacar de raíz la crisis económica y llevar a cabo los cambios cualitativos necesarios para reorganizar nuestras instituciones, recobrar la confianza y evitar que se quebrantara la solidaridad social.
El 1º de diciembre puse en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica, planteando en diez puntos las acciones para enfrentar la crisis. Se buscaba recuperar la estabilidad indispensable para el funcionamiento de la economía, mediante decisiones realistas y firmes, por más duras que parecieran.
Nos propusimos atacar, simultáneamente, las raíces de nuestros problemas principales, planteando una estrategia de cambios cualitativos derivada de los siete criterios básicos delineados en mi campaña, que sentaron las bases para transformar la calidad de las estructuras del país. Mi gobierno persigue estabilidad económica y cambio estructural al mismo tiempo.
La sociedad mexicana reclama el cambio sabedora que hay desviaciones y errores que corregir, insuficiencias que superar y nuevas formas y estilos que adoptar. Ello demuestra nuestra vitalidad como Nación joven, pero no por esto olvidamos que somos un pueblo con tradición e historia; no se trata de inventarnos de nuevo y olvidar lo que se ha logrado, con el esfuerzo de las generaciones anteriores.
El cambio que proponemos es revolucionario y progresista; la historia no puede, no debe volver atrás. Es una transformación nacionalista, conducida por nosotros mismos, conforme a nuestra doctrina y experiencia políticas, partiendo de nuestra realidad específica. Proponemos el `cambio a través del derecho y las instituciones, con respecto a nuestros valores fundamentales de libertad, democracia y justicia; un cambio que ajuste y corrija, que supere y construya, que nos lleve a una etapa superior de nuestra historia.
Para dar bases firmes y ciertas a las tareas propuestas el lo. de diciembre, promoví un conjunto de reformas y adiciones a la Constitución General de la República y un importante paquete legislativo. Estos fueron enriquecidos por los legisladores. Continuamos, de esta forma, una de las mejores tradiciones mexicanas: fundar el cambio social en el derecho.
Las reformas de contenido económico modernizaron y actualizaron principios básicos de nuestra doctrina revolucionaria: la rectoría del desarrollo por parte del Estado, el sistema de economía mixta con la coexistencia equilibrada y armónica de los sectores público, privado y social y un sistema de planeación democrática para encauzar el desarrollo integral del país, bajo la conducción responsable y legal del Estado, con respecto a las libertades que garantizan nuestro texto constitucional.
Promovimos una reestructuración radical del Artículo 115 de la Constitución, para. fortalecer las bases del Municipio Libre.
Para enriquecer el catálogo de nuestros derechos sociales, elevamos a rango constitucional el derecho a la salud y los principios básicos de una política de desarrollo rural integral. Asimismo, promulgamos la reforma constitucional del derecho a la vivienda.
Finalmente, con base en la tesis de que la renovación moral de la sociedad debe ser encabezada y ejemplificada por la propia administración pública, se modificó el Título IV de la Constitución, que establece las bases de las responsabilidades de los servidores públicos, disponiendo con mayor claridad y firmeza las normas de su conducta, sus responsabilidades políticas, administrativas y penales y los procedimientos para hacerlas efectivas.
Oportunamente, y en consecuencia con las reformas constitucionales propuestas, promovimos la Ley de Planeación, una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformas a la Ley de la Administración Pública Federal y una nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Asimismo, promovimos varias reformas al Código Civil, relativas a la reparación del daño moral, y al Código Penal, con el fin de aumentar las penas a conductas ilícitas de los servidores plúblicos.
De esta manera, contamos ahora con las bases jurídicas adecuadas para fundar en derecho, a través de las instituciones, la tarea de superar la crisis y dirigir el proceso de cambio cualitativo de nuestra sociedad y economía.
La crisis no paralizó, sino que ha vitalizado el ímpetu renovador que las circunstancias exigen.
Desde las primeras semanas de mi Gobierno, iniciamos los trabajos para la elaboración del PlanNacional de Desarrollo 19831988. Para tal efecto, organizamos 19 foros de consulta popular para la planeación democrática, a los que concurrieron funcionarios públicos; dirigentes campesinos, obreros y populares; representantes de partidos políticos; legisladores; representantes empresariales, organizaciones de profesionistas, periodistas y, en general, personas ligadas a los diversos aspectos de nuestra vida social y económica.
De este proceso, ampliamente participativo, y bajo la responsabilida del Poder Ejecutivo Federal, surgió el Plan que dimos a conocer el 30 de mayo del presente año. En este documento, el gobierno adquiere compromisos explícitos con el país al precisar la definición política de su estrategia de desarrollo.
De esta manera, a las bases jurídicas, hemos agregado un plan para conducir en forma democrática y ordenada el desarrollo del país.
Para vencer la crisis hemos fortalecido las instituciones de la República. A la confrontación destructiva, hemos preferido el llamado a la solidaridad nacional y la negociación legal y pacífica de los conflictos. Mientras que en otras latitudes se responde a la crisis con autoritarismo, México puede ufanarse de preservar su sistema de libertades individuales y derechos sociales. Debemos apreciar y defender celosamente el clima de libertades que hemos forjado a través de nuestra lucha histórica, fruto preciado que debemos tener presente en nuestra conciencia personal y nacional.
Hemos observado estrictamente las libertades de pensamiento y de libre expresión de las ideas, la libertad religiosa, las libertades de asociación y manifestación políticas, las libertades de profesión, industria, comercio, trabajo, libre tránsito y domicilio. Procuramos cumplir,con el máximo esfuerzo,el derecho de petición y las garantías de seguridad jurídica que tutelan la vida, la libertad, las posesiones y los derechos de todos los mexicanos. Respetamos y promovemos los derechos sociales de los obreros y campesinos; orientamos nuestras acciones para hacer efectivos los derechos sociales de las clases mayoritarias.
Sólo hemos moderado el abuso de la libertad cuando se amenaza la de los demás o se prentende romper el orden y la seguridad pública. Procuramos permanentemente ajustar la acción de la autoridad al mandato de la ley. A riesgo de parecer tolerantes frente a fenómenos de desorden social, hemos sido constantes en el diálogo y la negociación para solucionar los conflictos. La autoridad está obligada a buscar siempre la conciliación para evitar la violencia y la discordia entre los mexicanos.
No se ha deteriorado la paz social. Reconocemos que ésta no es plena ni perfecta, que hay fenómenos que la amenazan y eventualmente la interrumpen en hechos aislados, pero México, afortunadamente, se ha mantenido alejado de una tónica generalizada de violencia y desorden.
Afiancemos y perfeccionemos todos la paz de la República. Ello es responsabilidad común. El primer obligado es el poder público.
A través de actos concretos, estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestras instituciones y procesos democráticos. Nos hemos propuesto perfeccionar en la práctica el principio de la división de poderes. El ejecutivo ha procurado mantener informado oportunamente al Poder Legislativo sobre la marcha de los asuntos de la administración pública. En los términos que la ley señala, los funcionarios del Ejecutivo Federal han comparecido ante las Cámaras para presentar o aclarar proyectos y dar informes.
Con frecuencia, los funcionarios del Poder Ejecutivo se reúnen con los integrantes de las comisiones especializadas de ambas Cámaras para proporcionar informes. Por primera vez, se han enviado a la Cámara de Diputados informes trimestrales sobe la marcha de las finanzas públicas y la situación económica nacional, lo cual permitirá seguramente un mejor ejercicio de las facultades financieras del Congreso.
El Senado de la República ha vigorizado su actividad e influencia en la política exterior y, en general me complace reconocer en la Cámara Federal una nueva actitud dinámica y constructiva.
Hemos procurado también dar mayor fortaleza y dignidad al Poder Judicial. La acciónde las leyes tiene efectos limitados si no opera un sistema eficaz y respetable de administración de justicia. En nuestro sistema constitucional, la acción del Poder Judicial, mediante los procesos de control" de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de autoridad, es el medio expedito para asegurar las garantías individuales y equilibrar las conductas de los otros dos poderes.
Por ello, considero que la reforma jurídica y de la administración de justicia, es uno de los cambios cualitativos más importantes que debemos promover en nuestra estrategia de desarrollo integral. Este programa busca servir a los propósitos de democratización integral, sociedad igualitaria y renovación moral de la sociedad.
El Ejecutivo Federal ha apoyado el proceso de modernización administrativa y la revisión de las condiciones de trabajo del Poder Judicial Federal, que se habían rezagado históricamente respecto de los servidores públicos de las ramas legislativa 'y ejecutiva.
Las actividades de los partidos políticos y los procesos electorales se han efectuado conforme al marco legal que los rige. Mi Gobierno ha mantenido un diálogo respetuoso y fructífero con los partidos políticos. En reuniones que he sostenido personalmente con sus dirigentes y a través de diversos funcionarios, se ha mantenido un clima de intercambio libre y respetuoso de nuestras ideas. Sin cortapisas, se han presentado las coincidencias y las diferencias que existen entre nosotros.
En general, me es altamente satisfactorio constatar que, a pesar de las dificiles circunstancias que padecemos, hemos mantenido una política de diálogo y de respeto a las garantías ciudadanas. Se han conservado y ensanchado las formas de expresión y participación políticas de las minorías. Toda asociación, grupo o partido que ha deseado expresarse y criticar al gobierno lo ha hecho libremente, con lo que se ha preservado irrestrica la libertad de manifestación de las ideas. Así lo confirman los hechos diarios y el testimonio del pueblo. La libertad de prensa se prueba por la prensa misma.
Reitero mi convicción de que la consolidación democrática de México exige el más pleno respecto al pluralismo ideológico y al pluripartidismo. Sí bien las reglas de la democracia las fijan las mayorías; es indispensable también el respeto a la expresión y participación de las minorías en la vida política del país. Ello implica que el respeto sea norma de conducta recíproca entre las distintas corrientes políticas y que su acción se ejerza siempre dentro del cauce de las leyes. El pluralismo no puede ser pretexto para quebrantar la libertad, ni para minar la democracia o atentar contra el orden jurídico. Hagamos juntos, gobierno y partidos, un juego político maduro y responsable, a la altura de lo que nos exige, por igual a todos, el pueblo de México.
Se han celebrado elecciones para renovar la gubernatura de jalisco; las legislaturas locales de Jalisco, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Oaxaca y en 448 ayuntamientos de siete Estados de la República. En el Estado de Chiapas y en el de Tlaxcala se celebraron elecciones extraordinarias. El gobierno y las autoridades locales se han apegado al derecho. Hemos cumplido con la responsabilidad del Estado de garantizar la observancia de la ley por parte de todas las organizaciones políticas. Nos seguiremos empeñando en perfeccionar los procesos electorales.
Había que tomar medidas duras, a veces amargas, pero necesarias. El desafio consistía en instrumentar estas medidas con equidad para distribuir con justicia el costo social del ajuste, evitando que el peso del combate a la crisis recayera sobre los grupos más desfavorecidos. Simultáneamente, había que enfrentar la crisis con una visión transformadora: convertir el ajuste económico en oportunidad para actuar sobre las deficiencias estructurales de la economía, introducir cambios de fondo para poder restablecer nuestra capacidad de crecimiento, y fortalecer la economía sobre bases sólidas de permanencia, eficiencia y justicia social.
En el Plan Nacional de Desarrollo 198388 se ha precisado esta estrategia, y la estamos llevando a la práctica con eficacia, disciplina y decisión.
El programa Inmediato de Reordenación Económica constituye la respuesta para enfrentar la crisis y crear las condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la economía. Las acciones que en él se han precisado, están dirigidas a combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria; a proteger el empleo, el consumo básico y la planta productiva, a mantener las fuentes de trabajo e impedir que se destruya lo que se ha creado con tanto esfuerzo. Ello nos llevará a recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes.
El programa propuesto busca erradicar la inflación y, con ella, la desarticulación social. No aceptamos convivir en forma permanente con la inflación, porque ello implicaría dañar las bases de crecimiento y empleo. Hemos sostenido que aceptar los ajustes automáticos en precios y salarios sólo llevaría a perpetuar la inflación, y, lo que sería más grave, deterioraría en forma pemantente el empleo y el salario real, como se ha observado en los países que han establecido estos mecanismos. La inflación crónica sólo puede llevar a la recesión, la pérdida de empleos y la desmoralización social.
Nadie mejor que el pueblo, que las amas de casa, los jefes de familia, las clases medias y las clases laborantes, se han percatado de las terribles consecuencias de la inflación. Esta afecta más a las clases mayoritarias.
Los países que han carecido de la voluntad para combatir la inflación, han caído en esquemas de freno y arranque en su política económica, dañando y distorsionando su proceso de desarrollo.
Política Presupuestal.
En la lucha contra la inflación hemos actuado para poder adecuar el ritmo de la demanda a la capacidad de respuesta de la producción en las condiciones actuales. En este esfuerzo nos hemos propuesto disminuir el déficit del sector público mediante el ajuste selectivo del gasto y el fortalecimiento de los ingresos. La reducción propuesta, como proporción del producto nacional, es de 18 por ciento en 1982 a 8.5 este año.
Estamos logrando esta meta sin precedente a nivel nacional e internacional. A julio, el déficit total del sector público se estima inferior a 500 mil millones de pesos, que representa 33 por ciento de la meta anual y una reducción en términos reales respecto a 1982 de 64 por ciento. Ello ha sido resultado de la escrupulosa puesta en marcha y observancia de la política de gasto público y de ingreso que anunciamos.
Sometimos a la Honorable Cámara de Diputados un presupuesto austero, con criterios de ajuste selectivo y prioridades claras. Estamos decididos a hacer más con menos, a asignar. mejor los recursos, racionalizando su uso y vigilando que el ejercicio del presupuesto corresponda a lo programado. El gasto se ha mantenido dentro de lo programado a pesar de una situación presupuestal más dificil de lo previsto. A julio, hemos ejercido el 55 por ciento del presupuesto autorizado por esta Representación.
El ajuste en el crecimiento del gasto público ha dado prioridad a los programas necesarios para mantener los servicios sociales indispensables educación, salubridad, seguridad social y justicia para apoyar el desarrollo regional, el desarrollo rural y la infraestructura de transpone.
Estas acciones han permitido seguir atendiendo las necesidades más apremiantes de la sociedad; así, la cobertura de los servicios de salud y seguridad social se han mantenido, y abarcan a 63 millones de habitantes, a través de todos los sistemas de salud. `También la matrícula en el sistema educativo pasó de 23 millones 700 mil en 1982 a 24 millones 600 mil en el presente ciclo escolar; ligado sobre todo, a menores expectativas inflacionarias. Los resultados han sido positivos; la captación es mayor que la del año pasado en mas de cuatro veces. Por lo que hace a la concesión de crédito, es mayor en casi dos veces, sobre todo a partir de mayo último.
El primero de diciembre asumí el compromiso de que la Banca Nacionalizada habría de ser del pueblo y no de una nueva minoría de dirigentes. Me propuse garantizar el manejo honesto y eficiente del ahorro de la sociedad y su canalización a las prioridades nacionales.
Se ha avanzado en la definición de su marco jurídico y administrativo con base en el artículo 28 constitucional. Se reglamentó la prestación de este servicio, definiendo las nuevas características de las instituciones bancarias como sociedades nacionales de crédito, y la creación de órganos de gobierno y vigilancia eficientes y participativos para cada una de las instituciones.
Adicionalmente, para racionalizar su operación, se ha iniciado la integración de bancos nacionalizados en organizaciones más compactas para disminuir sus gastos de operación y elevar su productividad.
En el Decreto de Nacionalización de la Banca se planteó el compromiso de pago justo por concepto de indeminización a los antiguos propietarios. Con el más estricto apego a la normatividad vigente en la materia, iniciamos, desde diciembre, la valuación de cada banco. Establecimos públicamente normas, criterios y procedimientos claros para valuar cada renglón de activo y pasivo. Se han escuchado los puntos de vista de los directamente involucradas y se ha cuidado el interés de los ahorradores. El proceso de determinación del monto de la indemnización fue largo y arduo por el cuidado con que se hizo y la magnitud de las operaciones involucradas. Lo hemos ya concluido y se ha iniciado la indemnización. La forma de pago será con bonos gubernamentales a diez años de plazo, con tres de gracia. Los intereses que pagarán estos bonos serán a tasas de mercado, con pagos, trimestrales. Hemos actuado escrupulosamente, con justicia y apego estricto a la ley, evitando desembolsos monetarios inmediatos para proteger las limitadas disponibilidades presupuestales.
Al concluir el proceso de la indemnización bancaria, mi gobierno iniciará un programa de reorganización gradual pero profunda del sistema bancario y financiero mexicanos. Reitero mi compromiso de operar la banca nacionalizada con criterios rigurosamente técnicos y de escrupulosa honradez. El objetivo que nos orientará es el de manejar el ahorro público con absoluta protección para los depositantes y con una canalización acorde con las prioridades de la política nacional, en términos de eficiencia, y sin discriminaciones subjetivas para los usuarios de crédito.
El manejo de los fondos confiados a la banca mexicana será objeto de garantía permanente por el gobierno de la República. Su operación se hará con criterios objetivos y profesionales. Protegeremos y estimularemos a los empleados y funcionarios bancarios. Los Bancos no serán objeto de botín político.
Los lineamientos de política enunciados servirán de base a una legislación bancaria totalmente renovada a cuyo estudio y proyecto nos abocamos ahora, de tal forma, que pueda ser considerada por el Honorable Congreso de la Unión durante 1984.
El arreglo de la deuda externa era indispensable para restablecer relaciones comerciales, turísticas, tecnológicas y, en general, los vínculos económicos con el exterior. Nuestro prestigio en el exterior se había dañado seriamente. Después de una compleja negociación con la comunidad financiera internacional, se logró reestructurar la deuda externa del sector público y se ha avanzado en la del sector privado. El contrato final fue firmado el 26 dé agosto próximo pasado.
La deuda pública externa asciende a mediados del presente año, a 60,009 millones de dólares, en comparación con 58,874 millones en diciembre de 1982. Su ritmo de crecimiento es sustancialmente menor que en el pasado reciente. Ello se explica no sólo por una menor disponibilidad de ahorro externo, sino por nuestra propia decisión y disciplina para mantenernos dentro de los montos de endeudamiento autorizados por este Congreso en diciembre próximo pasado. De ello estamos dando cuenta trimestralmente.
Los esfuerzos de reestructuración han reducido casi en su totalidad los vencimientos a corto plazo, que llegaron a representar más de una quinta parte del total, a fines de 1982. Así, como consecuencia, el país evitará cubrir vencimientos por alrededor de 8 mil millones de dólares durante este año. En 1983, la deuda pública externa crecerá en no más de 5,000 millones de dólares, a diferencia de 1981, cuando el crecimiento fue de 19,600 millones, y de 1982, que fue de 7,719 millones.
El fortalecimiento de los Estados y municipios es también objetivo primario de nuestra estrategia de desarrollo político, con democracia y descentralización administrativa. Por ello atribuyo una importancia destacada a las reformas al Artículo 115 constitucional y al proceso de su reglamentación y puesta en práctica. Hemos convocado recientmente a una amplia consulta nacional para tal objeto. Esta será la primera fase de la revisión del estado que guarda la reforma política.
La comunicación social es fenómeno esencial de la vida política y cultural del desarrollo nacional. La norma fundamental en esta materia es la libertad, tal como lo señalan la Constitución y las leyes.
En el Plan Nacional de Desarrollo se ha definido la política de comunicación social y sus compromisos, después de haber consultado a la sociedad en amplios foros participativos. El gobierno ha reorganizado, con un amplio acento institucional sus propios medios. Para tal efecto, ha reforzado su órgano periodístico oficial El Nacional y ha establecido, como organismos descentralizados, los Institutos Nacionales de Radio, Televisión y Cinematografia, buscando dar mayor congruencia, efectividad y mejor servicio a la comunidad.
En las relaciones del Gobierno con los medios particulares de comunicación, la política está fijada en la Constitución y en las leyes respectivas.
El Consejo Nacional de Población ha adoptado un programa de desarrollo demográfico que atiende equilibradamente los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los programas de planeación familiar merecerán particular impulso, respetando en todo momento la libertad de decisión de la pareja y su dignidad personal. En lo cualitativo, el criterio demográfico tenderá a elevar la calidad de la vida y el bienestar general de la población.
La renovación moral no es persecución, no se mide por acciones penales ni está al servicio de actitudes revanchistas de personas y grupos; constituye un esfuerzo por volver a la sobriedad y austeridad propias del régimen republicano y a supeditar todo interés personal o de grupo a los intereses de la nación.
La responsabilidad de renovarnos moralmente es común, pero la obligación de encabezar esta tarea corresponde al gobierno, por ser el conductor de la sociedad.
Hemos ajustado nuestra legislación al imperativo de garantizar la eficacia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos.
Hemos modificado la organización administrativa del Estado para propiciar un control de la gestión pública que garantice racionalidad, eficiencia y honestidad en el quehacer cotidiano del Gobierno. Con tal objeto, promovimos la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y auspiciamos reformas para ordenar las funciones y delimitar las responsabilidades de varias Secretarías de Estado a fin de corregir errores y ratificar aciertos.
El gobierno de la República cumple su parte en la renovación moral de la sociedad no sólo mediante las actividades de la nueva Secretaria, sino a través de cada una de las dependencias y entidades del Sector Público.
Estamos instrumentando el Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Evaluación que contribuirá al uso racional y transparente de los recursos que maneja la administración pública, para que el patrimonio social no se dilapide por ineficiencia o deshonestidad. Este sistema de control interno del Ejecutivo dará mejores bases al Poder Legislativo para vigilar, evaluar y exigir responsabilidades a los funcionarios del primero.
Eficiencia y honestidad no son términos que se excluyen; no sacrificaremos una por la otra. Necesitamos que ambas características sean inherentes al ejercicio de la función pública.
Mediante reformas al Código Fundamental, se establecieron los criterios que norman la administración del patrimonio nacional y claras disposiciones para el uso, adquisición y venta de bienes públicos para evitar que estos actos queden sujetos a la arbitrariedad del servidor público.
Los recursos patrimoniales del país son para servir al pueblo, no para servirse de ellos. Es inmoral la confusión de las finanzas del Estado con las propias; la función pública no se compagina con los negocios privados, y menos aún cuando éstos se benefician del ejercicio de aquélla.
Por una parte, fijamos el marco jurídico que regula el manejo de los recursos públicos, y establece la responsabilidad de los servidores que en ello intervienen. Por laotra, alentamos, mediante las reformas legales pertinentes, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, habiendo iniciado sistemáticamente la instauración de un servicio civil que auspicie la superación personal de quienes se dedican a servir a la sociedad. Se consagra así una demanda sentida de los trabajadores del sector público y se revitaliza el pacto entre éstos y el Estado sobre las bases de justicia, honestidad y eficiencia.
Del empeño de los servidores públicos depende el éxito de los programas de gobierno. Quiero, en este momento, hacer un llamado a todos los que han elegido servir al pueblo desde la administración y las empresas públicas, para que asuman esta vocación con la alta conciencia que la Nación reclama de todos nosotros.
Reforma jurídica y administración de justicia.
Hemos utilizado el proceso de consulta popular para analizar las condiciones que guarda nuestro sistema jurídico y las circunstancias en que actúan los órganos encargados de la seguridad pública y la administración de justicia. Sobre estas bases impulsaré una reforma jurídica e institucional que tendrá un gran impacto en la vida cotidiana del pueblo y tiende también a dar mayor calidad a nuestra vida social.
Después de realizar una consulta de amplitud sin precedente en materia de administración de justicia y seguridad pública, se dispone ya de planteamientos precisos y concretos que abarcan el conjunto del derecho nacional y que proponen reformas profundas en materia de amparo y justicia penal, civil, familiar, administrativa, laboral, agraria, mercantil y de policía y buen gobierno, así como en la organización para la seguridad pública. Se ha venido trabajando en estas reformas con el propósito de someterlas a la consideración de este Honorable Congreso, una vez que los proyectos sean debidamente afinados. Se hl dado a concer, en un proceso de amplia consulta, un anteproyecto de Código Penal; de acuerdo a la respuesta de la opinión pública, se formulará oportuna y meditadamente la iniciativa que corresponda.
Nos hemos empeñado en modernizar y sanear la organización de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. Para ello, se ha puesto énfasis en las tareas de selección, formación, capacitación y desarrollo del personal a ellas adscrito, ya que de él depende la calidad y limpieza de sus servicios.
Los Institutos Técnicos y de Formación Profesional de las Procuradurías actúan en forma coordinada. El Instituto Nacional de Ciencias Penales se adscribió a la promoción y apoyo de la Procuraduría General de la República.
En los casos que ha sido necesario se han tomado medidas de depuración. Se han revisado y actualizado las normas interiorgs, y, se promueve una actuación profesional y justa en las acciones del Ministerio Público. Sólo se ha procedido a consignar con base en investigaciones que hacen presumir, con hechos y razones jurídicas, la presunta responsabilidad de los inculpados.
En los próximos días, enviaré a la consideración de este H. Congreso sendas iniciativas de Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la del Distrito Federal.
Moralizar y modernizar los cuerpos de policía es un reclamo nacional y figura, por lo mismo, entre los principalesempeñosde mi gobierno. Continuaremos esforzándonos para lograr que las corporaciones policiales sean garantía de seguridad y tranquilidad ciudadana y que actúen con suficiencia técnica y apego a la Ley. Hemos empezado a actuar en las Policías Preventiva y Auxiliar del Distrito Federal, así como en las Policías Judiciales Federal y del Distrito Federal.
Hemos desaparecido cuerpos policiacos sin fundamentación jurídica, depurando mandos y elementos indeseables y consignando a personas cuando se ha determinado su presunta responsabilidad. Pero al lado de estas acciones sancionadoras, estamos reforzando los sistemas de capacitación, enseñanza, selección y ascenso de personal. Hemos iniciado la ampliación de los sistemas de seguridad social para los policías y sus familias, retabulando sus niveles de ingreso, aumentando y mejorando sus equipos de trabajo y estimulando y recompensando a los muchos policías que actúan como auténticos servidores de la sociedad. Están en preparación diversos proyectos legislativos y reglamentarios para una nueva normatividad de los cuerpos policiacos.
Lo alcanzado aún no es satisfactorio. Cuesta mucho trabajo mejorar lo que por años, por muchos años, descuidamos o toleramos. Seguiremos con la tarea de dotar a la sociedad de cuerpos de policía profesionales y honestos. Ratifico mis compromisos.
Mi obligación ha sido y es hacer guardar la Camión y las leyes que de ella emanen: ese ha sido mi mandato. Desde la más alta tribuna nacional me comprometo a perseverar en este camino hasta el fin de mi gobierno.
Me es honroso expresar, como Jefe Supremo de las Fuerzas Aunadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea siguen cumpliendo con honor, patriotismo y lealtad su alto encargo de velar por la seguridad de la nación.
Nuestras fuerzas armadas son un ejército de paz y de trabajo incansable por el bienestar y tranquilidad de los mexicanos. Nos sentimos orgullosos de nuestros soldados y marinos.
Las fuerzas armadas están efectuando un encomiable esfuerzo para aprovechar óptimamente los recursos materiales y financieros que la nación les ha asignado para el cumplimiento de sus objetivos y d mejoramiento de la condición de sus integrantes.
Están trabajando para actualizar sus planes estratégicos para la seguridad y defensa nacionales, así como para capacitarse mejor en sus tareas de apoyo a la población civil y al desarrollo nacional.
Quiero destacar, particularmente, la cont ón del Ejército en la campaña contra la producción y tráfico de estupefacientes; así como la vigilancia y salvaguarda de nuestros mares nacionales por la Armada Nacional.
La seguridad de la nación descansa en su fortaleza interna y en la búsqueda de paz en el exterior. Este principio es parte de las normas que rigen nuestras acciones en las relaciones internacionales.
La civilización de nuestros días se caracteriza por una creciente interreladón de las naciones. Lo que sucede en cualquier parte del mundo afecta a todos los países. Hoy, más que nunca, es imposible d aislacionismo ola indiferencia en las relaciones intencionales.
La situacion internacional es preocupante. Se han acentuado los conflictos y las guerras regionales. La paz del mundo se encuentra sujeta a graves amenazas. Las tensiones se multiplican y la actitud negociadora se ha dementado. Los gastos en armamento y preparativos. bélicos son insensatos a la luz de la razón y se han constituido en la causa principal de la crisis económica y social que azota a todo el mundo: al Este y al Occidente, al Norte y al Sur
La situación económica internacional es, en buena medida, parte de nuestros problemas: subsiste el desorden financiero y comercial, resurge el proteccionismo al contraerse eI comercio internacional, se presentan fluctuaciones erráticas en los precios de las materias primas, las monedas son inestables, el costo del dinero se mantiene alto, los intercambios petroleros se contraen. Observamos falta de voluntad política para la cooperación económica internacional. Como consecuencia, cada país pretende resolver su propia crisis sin atender su interrelación con el resto de las naciones.
En este medio internacional, hostil y poco favorable, la política exterior de México se sigue fundando en la claridad de propósitos y acciones y en los principios permanentes que hemos estructurado durante más de 150 años de vida independiente: autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de los Estados, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los Estados y cooperación internacional para el desarrollo. La política exterior que conducimos tiene por fin primordial la defensa y promoción de los intereses de México, sin descuidar nuestras obligaciones como miembros responsables de la sociedad de naciones.
Participamos activamente en los diferentes foros de la Organización de las Naciones Unidas. Destaco particularmente nuestra acción en el Consejo de Seguridad y en los organismos encargados de procurar acuerdos de desarme, así como los que se abocan a cuestiones económicas, sociales y culturales.
América Latina y el Caribe han ocupado un lugar destacado en la política exteriór de México. En particular, nuestra intensa actividad diplomática para coadyuvar a una solución política en los conflictos de países hermanos de Centroamérica ha estado orientada por los principios históricos y los intereses soberanos de la nación. Hemos concentrado nuestras principales acciones en torno a los esfuerzos del Grupo Contadora integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela. En la reunión de Presidentes que tuvimos en julio pasado, convinimos las directrices generales de un programa para la paz que hemos propuesto a los países centroamericanos. El programa supone, además del estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las relaciones internacionales, la celebración de acuerdos y compromisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un efectivo control de la carrera armamentista, la eliminación de asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas, la proscripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar acciones políticas o militares de desestabilización en otros, la erradicación del tráfico de armas y la prohibición de otras formas de agresión o injerencia en los asuntos internos de cualquiera de los países del área.
Los presidentes del Grupo Contadora trasmitimos mensajes a los Jefes de Estado de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, convocándolos a contribuir con su voluntad política para que las propuestas contenidas en la Declaración de Cancún, destinadas a la pacificación del área, puedan alcanzar plena aplicación. Sólo mediante la cooperación y el diálogo será posible consolidar una paz firme y duradera en la zona.
Nos dirigimos también a los mandatarios de Estados Unidos de América y de Cuba, invocando su apoyo a los empeños a favor de la paz que realiza el Grupo.
Desde la reunión del Grupo de Contadora nuestras acciones han contribuido a detener los peligros inminentes y reducir los riesgos de una confrontación generalizada en la región, que seguramente podría afectarnos.
En testimonio de nuestra indeclinable voluntad en favor del proceso de desarrollo del área, renegociamos recientemente el programa de Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe.
En mi entrevista con el Presidente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo, en Cancún, tuvimos importantes coincidencias respecto al desarme, a la situación centroamericana, a la revitalización del diálogo Norte Sur y sobre la colaboración latinoamericana. Se establecieron bases para la cooperación de los 2 países, principalmente en los ramos de bienes de capital, siderurgia y petroquímica.
Hemos procurado establecer relaciones directas con los jefes de Estado de aquellas naciones con las que compartimos problemas y aspiraciones comunes. Tuve la oportunidad de mantener conversaciones con los Presidentes de Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y con la Reina de la Gran Bretaña. Recientemente recibí la visita del Primer Ministro de Belice.
En nuestras relaciones con los Estados Unidos hemos mantenido Un diálogo digno, cordial y sistemático. Los temas relevantes han sido las relaciones bilaterales en materia comercial y financiera, la atención a los problemas de la frontera común y la protección de los intereses de nuestros ciudadanos en esa nación.
En un ambiente de proteccionismo creciente hemos insistido, en especial con los Estados Unidos, sobre la necesidad de encontrar soluciones que permitan un mayor intercambio comercial entre nuestros países, El dinamismo de las relaciones comerciales tendrá que darse necesariamente a partir de mayores exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, a otros países desarrollados y de la región latinoamericana, fundamentalmente.
En mi reciente entrevista con el Presidente Reagan, en La Paz, pude expresarle el sentir de México respecto a los problemas bilaterales que nos atañen y de otros de la región. Reafirmamos el clima de cordialidad y respeto en nuestras relaciones, el diálogo sistemático y de buena fe para superar problemas y ampliar la colaboración, y convinimos en seguir negociando un conjunto de asuntos de importancia de nuestra amplia y compleja relación. El objetivo de estas negociaciones es superar diferencias y ampliar coincidencias, en beneficio recíproco y equitativo de nuestros pueblos. La madurez de nuestra relación nos permite tratar nuestras divergencias con serenidad y franqueza.
El prestigio que ha ganado la actividad diplomática de; México se ha afianzado en los principales foros internacionales. Tuvimos una importante participación en la reunión del movimiento de países no alineados en carácter de observadores, dentro del Grupo de los 77, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y en las comisiones bilaterales con todos los países del mundo, enfatizando la solidaridad latinoamericana.
La fuerza de nuestra política exterior radica en nuestros principios y en la capacidad que estamos demostrando para enfrentar nuestros problemas. Seguimos reforzando la soberanía nacional a partir y a favor de nuestra consolidación y unidad interna y perseverando en la búsqueda de la paz en el exterior.
La política económica se ha enfrentado a un reto sin precedente en nuestra historia, por la magnitud y complejidad de los desafios. Frente a las presiones demográficas y sociales, las bases materiales para generar oportunidades de creci
A pesar de la restricción de recursos, hemos mantenido selectivamente un programa de inversión con criterios explícitos de apoyo a la creación de empleos, la generación de divisas y ahorro, y la terminación de obras que tenían un alto grado de avance y cuyo potencial de apoyo a la producción era importante.
En una sociedad como la nuestra, de agudos contrastes y enormes necesidades sociales por atender, no podemos pretender ajustar el déficit público por la vía exclusiva de la restricción del gasto. Entonces sí, el costo social sería intolerable. Por ello, en la tarea de reordenación de las finanzas públicas, hemos dado un paso importante al fortal€cimiento de los ingresos.
Con este propósito, sometí a este Honorable Congreso medidas fundamentales para profundizar en la reforma fiscal, al tiempo que adoptábamos una política de precios y tarifas realista.
Para repartir más equitativamente la carga fiscal se ha modernizado y actualizado el sistema recaudatorio. A la tributación directa se le imprimió una mayor progresividad y equidad, perfeccionando los métodos de globalizacióny fiscalización de los ingresos de las personas fisicas y de las empresas. Se estableció para este año una sobretasa de 10 por ciento para los contribuyentes con ingresos anualizados superiores a cinco veces el salario mínimo y una desgravación de la tarifa para Ios estratos más bajos. Con ello se busca que los grupos de mayores recursos contribuyan con una mayor proporción a los costos del ajuste.
En los ingresos de capital se eliminó el anonimato en la tenencia de acciones y otros títulos al portador, elemento central de una verdadera reforma fiscal que hará más equitativo el sistema tributario, ya que elimina una de las fuentes principales de evasión.
En materia de impuestos indirectos, único renglón tributario con capacidad real de generación de ingresos en el corto plazo, se aumentó. la tasa general del IVA del 10 al 15 por ciento. No obstante, para hacer más equitativo este esfuerzo, se estableció, una tasa de 20 por ciento para bienes y servicios de lujo, se mantuvo su exención en los alimentos de la canasta básica y la renta de casahabitación, y se redujo la tasa para la mayoría de los alimentos industrializados y las medicinas. Así, la mitad del consumo de las familias de bajos ingresos quedó exento del pago de este impuesto.
También, se han tomado decisiones para incrementar los precios y tarifas del sector público, principalmente en los bienes que inciden relativamente más en el consumo de los grupos de mayores ingresos, eliminando así subsidios que han provocado una mayor concentración del ingreso y la riqueza. Estos incrementos, si bien representan presiones inflacionarias en el corto plazo, son necesarios para poder reducir la inflación. Se reconoce que no siempre se entiende esta paradoja. La adecuación de los precios y tarifas públicas significa aumentar los ingresos en forma selectiva. Si el estado no dispone de estos ingresos para cubrir los requerimientos de gasto que la sociedad demanda, debe entonces recurrir al financiamiento inflacionario de su déficit, alentando de manera permanente el ritmo de crecimiento de los precios. Esto daña a toda la sociedad indiscriminadamente, en lugar de afectar a aquéllos con mayor capacidad para absorber la inflación.
Para no perjudicar a los grupos más desfavorecidos o debilitar la capacidad de producción, retroalimentando el fenómeno inflacionario, estamos encontrando las modalidades de un financiamiento sano y más justo, a través de impuestos, precios y tarifas realistas.
La estrategia de ingresos adoptada ha permitido un fortalecimiento de los ingresos públicos, que ha hecho posible mejorar el financiamiento de los programas de gasto. A junio, los ingresos presupuestales totales fueron de 2 billones 965 mil millones de pesos, que representan un crecimiento de 124 por ciento: esta evolución es _ligeramente superior a lo previsto, a pesar de que algunos rubros de ingresos han tenido una evolución menos dinámica que lo esperado, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado. Ello ha sido compensado por mayores ingresos en otros rubros, principalmente el Impuesto Sobre la Renta y en Ingresos por Ventas Internas y Externas del Petróleo.
El circulante monetario, que crecía a tasas de 75 por ciento en noviembre de 1982, registró un crecimiento de 55 por ciento en promedio hasta agosto. En ello ha incidido de manera fundamental la sustancial disminución del déficit para cuyo financiamiento no se ha recurrido a la creación artificial de dinero.
Con el propósito de fortalecer la intermediación financiera y retener el ahorro interno, se ha mantendio una política flexible y realista de tasas de interés. Se trata de aleñtar al ahorrador para disponer de recursos de crédito, así como conciliar los efectos de la inflación con la política cambiarla y los rendimientos financieros reales que se ofrecen en otras economías. En las últimas semanas se aprecia ya un ligero pero sostenido descenso en los niveles de tasas de interés, y objeto de un manejo prudente y escrupuloso, de tal forma que represente una proporción descendente del financiamiento total. Seguiremos acudiendo al crédito dgl exterior como factor complementario, para proyectos de larga maduración y que requieran un elevado contenido de importación, pero no cabe duda que el desarrollo económico futuro deberá darse en base principal al esfuerzo interno.
La reestructuración de la deuda externa hace posible disponer de recursos suficientes para adquirir las importaciones más esenciales y seguir un proceso selectivo de compras externas, en función de las necesidades básicas y urgentes. Se ha evitado, así, la interrupción de las corrientes comerciales hacia nuestro país, que habría ocasionado daños irreparables en nuestra estructura productiva. Las importaciones del sector privado, que fueron de 161 millones de dólares en enero de este año, ascendieron a 407 en julio último.
Para recuperar el control nacional y estabilizar el mercado cambiarlo, así como para superar la virtual suspensión de pagos con el exterior que se produjo a partir de agosto de 1982, pusimos en operación una nueva política cambiaría. Se simplificó el control de cambios y se creó un mercado controlado para las importaciones prioritarias, las exportaciones de mercancías y los pagos correspondientes a la deuda externa pública y privada; para el resto de las operaciones, se estableció un mercado libre. El nuevo sistema ha funcionado. Recuperamos la soberanía monetaria, lo que ha permitido aumentar la disponibilidad de divisas para pago de importaciones y reiniciar el servicio puntual de la deuda:
El ajuste del sector externo ha superado a todas las expectativas y si bien ha sido inicialmente producto de una drástica contracción en las importaciones, en los últimos meses se empieza a notar la reacción de las exportaciones, especialmente de las manufacturas, que han crecido de 189 millones de dólares en enero a 330 en julio.
Estos resultados de la cuenta corriente.han permitido generar un superávit de 2,657 millones de dólares a junio, lo que ha permitido dar servido puntual a nuestras obligaciones financieras con el exterior y fortalecer las reservas internacionales en el Banco de México, que al 31 de agosto ascendieron a 3,552 millones de dólares, mientras que al 30 de noviembre del año anterior ascendieron a sólo 1,771 millones, con un excepcionalmente reducido monto de liquidez. La reserva actual, aún insuficiente para una situación normal, significa, sin embargo, un margen más amplio de maniobra para el manejo de situaciones imprevistas, que no teníamos hace unos meses.
Tal situacion hi tenido y seguirá teniendo efectos positivos sobre la estabilidad de los mercados cambiarios, la situación financiera de las empresas, la disponibilidad de divisas y la confianza en la capacidad de nuestro país para hacer frente a sus obligaciones internacionales.
Precios y Abasto.
La estrategia de combate a la inflación incluye también acciones para mantener y, en lo posible, incrementar la oferta. La reorientacion del gasto público, los programas para defender la planta productiva y el empleo, y la moderación en la negociación obreropatronal, que ha buscado proteger el empleo, son los principales factores que han permitido contener la caída de la producción que se observó a finales de 1982.
Tenemos que aceptar que los precios se ajusten gradualmente en relación a sus costos de producción y a la rentabilidad razonable del productor. Si pretendiéramos congelar por decreto los precios, lo que obtendríamos sería no sólo una mayor inflación sino un freno drástico a la producción y una caída sustancial del abasto.
Lo que el gobierno se ha propuesto es mantener el control de precios, sobre todo en los bienes y servicios básicos. Nos proponemos combatir los abusos y las maniobras especulativas. Esta política será invariable y la mantendremos con firmeza. Mi gobierno solicita la colaboración del pueblo y de las organizaciones de consumidores para estas tareas.
Los consumidores son el principio y el fin de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, y es en beneficio de ellos que se aplica la estrategia para la modernización de la actividad comercial. En el corto plazo, apoyamos el abasto y el poder adquisitivo del salario a través del Programa para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico; en el mediano plazo, racionalizaremos las diversas fases y servicios de abasto, en particular de alimentos de origen agrícola, animal y pesquero, a través de la conformación del Sistema Nacional de Abasto.
A pesar del esfuerzo realizado, la oferta de productos del paquete de consumo ha sido insuficiente en algunas de sus lineas. Estamos emprendiendo acciones para lograr el abasto suficiente en todos los renglones importantes de la dieta popular.
En respuesta a la iniciación de las acciones del programá para la producción, abasto y control del paquete básico de consumo popular, el sistema Conasupo incrementó los niveles de producción de básicos industrializados y reforzó suscanales de distribución y concertación de acciones para el abasto del mismo con los diferentes sectores del país.
El esfuerzo realizado se empieza a reflejar en la evolución de los precios. Se ha logrado evitar que su crecimiento siguiera acelerándose. Se ha abatido el proceso hiperinflacionario y las tasas mensuales han iniciado una tendencia a la baja. Así mientras que en 1983, la inflación subió de 30% a más del 100%, en el curso del año las tasas mensuales de la misma han descendido durante 1983, de más de 10% en enero a menos: del 5:%4 en julio. Recordemos que había quien pronosticaba a principió del año que tendríamos durante 1983 tasas anuales de inflación de entre 150 a 200%.
Desafortunadamente, tenemos que admitir que el combate a la inflación no puede tener efectos espectaculares en el corto plazo. ¡Qué más quisiera el Gobierno! El objetivo es que los precios aumenten cada vez menos y esto lo estamos logrando. Perseveraremos con firmeza en el esfuerzo ordenado y equitativo.
La acción, sin embargo, no se ha limitado a atender los problemas más urgentes. Hemos planteado e iniciado acciones para inducir cambios cualitativos en la estiuctura económica, revisar actitudes y renovar estilos para mejorar la orientación y calidad del desarrollo y para convertirlo en un proceso firme y satenido.
Se trata de sentar bases para mejorar la distribución de los frutos del desarrollo: producir con mejor calidad y oportunidad lo que necesitamos internamente, de acuerdo a las demandas de las mayorías y con menor dependencia del exterior, y distribuir sin excesivos intermediarios, para beneficiar al consumidor y al productor. El cambio estructural propiciará una más equilibrada distribución territorial de las actividades productivas, fortaleciendo la provincia y reduciendo el crecimiento excesivo de la zona metropolitana de la ciudad de México.
Esto significa que habremos de financiar nuestro desarrollo sobre bases firmes, sanas y perdurables, apoyados fundamentalmente en el esfuerzo interno y convirtiendo el gran potencial de México en un proceso permanente de transformación y crecimiento.
Es propósito de mi administración promover una política de desarrollo científico y tecnológico que posibilite un mayor dominio sobre nuestros recursos materiales y mejore la capacitación de absorber conocimientos útiles provenientes del exterior. Pretendemos lograr una mayor integración de la investigación con la solución de los problemas que enfrenta nuestro aparato productivo. Para ello se inició un recuento de los recursos humanos, financieros y materiales dedicados a la investigación. Se ha reorientado la formación de recursos humanos, fijándose áreas de prioridad y favoreciéndose en instituciones nacionales. Nos proponemos inducir la demanda interna hacia el uso de tecnologías nacionales. A la fecha se cuenta con 27 paquetes tecnológicos para ser transferidos al sector privado y al sector público esoá aspectos productivos. Se han tomado diversas medidas para dar a la industria apoyo técnico en la solución de Ios problemas que dificultan la sustitución de importaciones.
El cambio estructural que buscamos significa también integrar más eficientemente la participación de los sectores social y privado, bajo la rectoría del Estado, para que cada sector asuma plenamente su responsabilidad en las tareas del desarrollo, considerando siempre la supremacía de interés nacional.
El cambio cualitativo supone la recuperación de las bases del desarrollo social, que no sólo depende del fortalecimiento de los sectores primarios, sino de la capacidad que alcance la planta industrial para satisfacer las necesidades básicas de la población, lograr una integración creciente del aparato productivo y vincularse al exterior con eficiencia. Para ello, es necesaria la ampliación del mercado interno y la congruencia entre la política económica general y la de fomento industrial, que dará impulso definitivo al sector. Las prioridades del desarrollo industrial y del comercio exterior son impulsar la producción para el consumo popular, apoyar el crecimiento económico autosostenido, fomentar las exportaciones, coadyuvar la descentralización territorial y propiciar la consolidación de un empresariado nacional dinámico y eficiente.
Nuestro país figura consistentemente entre los primeros 15 países del mundo, según diversos indicadores de infraestructura social y productiva. Ello revela un gran potencial que es necesario preservar y transformar en capacidad de desarrollo y en bienestar crecientes.
Se está avanzando en este sentido: hemos canalizado la protección de la planta productiva a renglones clave como bienes básicos, de capital, productos químicos, petroquímicos y de exportación.
Para contribuir a la reactivación de la rama productiva de bienes de capital, se han establecido o fortalecido las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento en las principales empresas públicas, a través de las cuales se concierta la compra de maquinaria y equipo, favoreciendo la compra de productos mexicanos. Así, por ejemplo, se firmaron con los representantes de la industria nacional, un programa de compras para Pemex por 265 mil millones de pesos, de los cuaIes casi el 70 por ciento será adquirido interiormente.
El desarrrollo industrial se encuentra estrechamente relacionado a la magnitud y estructura del intercambio con el exterior. Por ello, la política de protección efectiva se orienta a una vinculación eficiente con la economía internacional, a través de la promoción de las exportaciones, en particular las no petroleras. Así, además de mantener un tipo de cambio realista, se puso en operación el paquete de acciones inmediatas de apoyo a las exportaciones. Dentro de este programa se eliminó el permiso previo de exportación en el 94 por ciento del total; se ha simplificado la importación temporal para exportación donde sólo quedan sujetas a permiso 186 fracciones.
Para mejorar la situación del comercio exterior se instrumentó un paquete de acciones inmediatas de apoyo a las exportaciones. Se ha buscado simplificar y agilizar los trámites requeridos, así como fortalecer el apoyo financiero y crediticio a este sector. Exportar es ahora tarea de la más alta prioridad.
El Programa de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior, en la perspectiva del cambio estructural, busca elevar el grado de articulación de la industria, así como mejorar su competitividad. La estrategia del programa dará prioridad a las ramas con una amplia demanda final, que incorporen recursos nacionales abundantes y que generen una demanda de bienes de capital susceptibles de ser producidos eficientemente en el país.
En el corto plazo, se ha buscado conservar los niveles de producción y empleo. Con gran esfuerzo y por la actitud responsable y solidaria de los trabajadores y el empeño de los empresarios, las acciones del programa han comenzado a mostrar resultados. Se ha logrado contener el deterioro progresivo de la producción, aunque se observa una contracción importante en algunas ramas productivas, entre las que destaca la industria de la construcción, la siderúrgica, y algunos rubros de la actividad manufacturera. Ello incidirá este año en una baja de las cifras de la producción nacional.
Las empresas públicas constituyen un importante instrumentos para el logro de los objetivos nacionales; refuerzan la rectoría del Estado en la vida económica y social, son baluarte de nuestro nacionalismo, operan mayoritariamente en sectores estratégicos y constituyen una avanzada de modernización tecnológica.
Su campo de operación está fijado en la Constitución y en las leyes, o bien se ha definido por las necesidades de nuestro desarrollo. En la mayoría de los casos, la envergadura de sus proyectos y los requerimientos de capital consecuentes, su baja rentabilidad económica a corto plazo y la necesidad de que estas actividades se mantengan bajo el control nacional, han hecho y siguen haciendo imposible la participación de capital de los particulares.
De la actividad y resultados de nuestras empresas públicas depende en mucho la marcha del desarrollo nacional.
De ahí que se ha iniciado una labor de reordenación de las empresas del Estado. Se han acordado disposiciones generales para la actuación de esas entidades, en materia económica y administrativa, donde se les fijan las reglas generales a que deberán ajustarse sus responsabilidades en los distintos niveles, precisando las facultades de los Coordinadores de Sector y de las dependencias con funciones globalizadoras de planeación, presupuestación, financiamiento y control. En materia económica, la estrategia de la empresa pública descansa en la reestructuración de su situación financiera; en la racionalización en el uso de divisas; en la elaboración y aplicación de programas para incrementar la productividad y el empleo; y en la eficaz vinculación de sus acciones con la política económica y social general, que coadyuva a la transformación estructural de la economía.
Mi administración mantendrá y profundizará el desarrollo de la industria paraestatal en la medida en que sea necesario para la economía del país, y aplicando criterios altamente selectivos. El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo y da prioridad a los bienes de capital y sus componentes, a insumos estratégicos y ramas de interés primordial para sostener el bienestar de la población de menores ingresos.
En cambio, se está revisando la presencia estatal en las actividades no comprendidas en las prioridades anteriores. Se trata de empresas medianas y pequeñas con escasa influencia en el comportamiento de sus ramas productivas. En su adquisición tendrán preferencia los nacionales, protegiéndose la subsistencia de la planta productiva y el empleo.
Son tantas las tareas que tiene el Estado por delante; son tan grandes las necesidades de inversión, organización y administración de lo que el Estado ya tiene y no puede abdicar, que resulta irracional pretender abarcar idefinidamente más ramas de actividad.
170. No pretendemos estatizar la economía: tenemos un sistema de economía mixta que exige equilibrio entre la actividad del Estado y la de los particulares. Preferimos un Estado fuerte y eficiente a un Estado obeso e incapaz.
Cumplir los objetivos que se le han asignado a las empresas públicas, significa ahora el reto de una administración responsable y moderna. En los puestos de dirección se han designado a profesionales y técnicos experimentados, evitando improvisaciones que han significado una onerosa carga para el pueblo de México; fomentaremos su incorporación a un servicio público de carrera, que dé permanencia y garantice la contribución de la empresa pública al desarrollo nacional.
Se ha requerido la revisión profunda de las políticas y estrategias del desarrollo rural. En el campo estamos reorientando la estrategia para conciliar el aumento sostenido de la producción con la consecución de mayores niveles de justicia y bienestar para la población campesina. El sector agropecuario presenta serios rezagos en relación con otros segmentos de nuestra economía. Tiene bajos índices de productividad: su producción ha sido insuficiente para el crecimiento de la demanda y nos ha obligado a fuertes importaciones. El bajo nivel de ingreso de los campesinos es la causa principal de la desigualdad social.
Con la convicción de que la organización y participación de los campesinos es indispensable para realizar los cambios cualitativos que se requieren, nos hemos propuesto otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, realizar una reforma agraria integral que mejore los términos de intercambio entre el campo y la ciudad, reorganizar los apoyos a la producción y articular eficientemente las actividades agrícolas entre sí y con el sector industrial y comercial. Esta orientación se apoya en el mandato de la nueva adición al Artículo 27 Constitucional, que establece la responsabilidad del Estado de promover el desarrollo rural integral. Para ello, hemos iniciado acciones en las diferentes políticas relacionadas con el campo, primero para mantener la actividad productiva del sector agropecuario, después revertir la descapitalización que lo ha caracterizado e incrementar el nivel de vida de sus habitantes.
Repartir la tierra a los campesinos carentes de ella es un elemento de justicia social; estamos dando paso a un enfoque más amplio y moderno que vincula el reparto con la certidumbre en la tenencia de la tierra, la organización campesina y los apoyos a la producción, con esta política integral se avanzó en la entrega de la tierra legalmete afectable, la cual cada vez es menos y más dificil de localizar. Con estricto apego al derecho y sin crear falsas esperanzas se está procediendo y actuando con celeridad: así, he firmado 147 resoluciones que benefician a 16,423 campesinos con 704 mil hectáreas. La mayoría de estas resoluciones derivan de trámites rezagados. Aceleramos su expedición al tener la certeza de la disponibilidad efectiva de la tierra.
Para que haya producción en el campo es necesario que haya certidumbre y confianza: por ello hemos dado prioridad al otorgamiento de los documentos probatorios de derechos a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. En el catastro rural, elemento esencial para la identificación de predios y situación legal, hemos alcanzado ya una cobertura de 23 millones de hectáreas, que corresponden a una tercera parte de los estados, y se ha regularizado la tenencia en más de 9 millones de hectáreas, entregándose la documentación respectiva.
También estamos actuando para agilizar los porcedimientos agrarios, para lo cual se han integrado comités estatales mediante convenios con los gobiernos respectivos en 16 Estados de la República. Con estos comités ha sido posible reducir el número de trámites que anterioremtne ascendían a 43 instancias a sólo ocho donde se realiza todo el proceso, con lo que se ha acortado el tiempo, considerablemete: a toda promoción agraria deberá de seguir un trámite fluido, expedito y honesto, que culmine con una resolución positiva o negativa. Promoveremos los derechos agrarios pero no daremos esperanzas demagógicas; mucho menos, permitiremos la violación de derechos legítimos.
En materia de organización agraria básica, se está apoyando y fomentando la integración de unidades de desarrollo rural. Con ellas se atacará frontalmente el grave problema del minifundio, ya sea ejidal o de pequeña propiedad, facilitando la reorganización de los apoyos a la producción. Con este propósito han sido iniciados formalmente los trabajos correspondientes en 3,500 ejidos para convertirlos en auténticas unidades de desarrollo rural.
Para fomentar la producción y aumentar las retribuciones de los campesinos, se elevaron los precios de garantía, algunos de ellos en forma muy sustancial, como el trigo en (103%), el maíz en (81%) y la cebada en (180%). Reconocemos la necesidad de seguir revisando los precios agrícolas para que no se rezaguen en función de los costos y para mejorar los términos de intercambio en favor del campo. También hemos puesto en ejecución programas de investigación y de introducción de nuevas tecnologías para modificar patrones de cultivo aprovechando mejor las características y potencialidades del suelo. No obstante la restricción de recursos, hemos impulsado la creación y conservación de la infraestructura agrícola; así, se han abierto al riego 117 mil hectáreas, rehabilitado y mejorado 51 mil en distritos de riego y 178 mil de temporal.
El esfuerzo realizado y la respuesta de los campesinos permiten prever que este año agrícola será bastante mejor que el pasado. Las lluvias de invierno fueron mejores y la temporada de aguas de este año se ha iniciado en la mayor parte de la República en buenas condiciones.
Nos esforzamos por mejorar la programación para el campo. En el mes de abril se dio a conocer el Programa Nacional Agropecuario y Forestal de 1983. El Programa considera una superficie a sembrar de 19 millones 696 mil hectáreas, de las cuales 4 millones 534 mil correspondieron al ciclo invernal 8283 y 15 millones 162 mil al primaveraverano de 83. El 77% de la superficie total se destina a once cultivos principales: maíz, frijol, arroz, trigo, ajonjolí, algodón, cártamo, soya, girasol, cebada y sorgo. En este programa la agricultura de temporal tiene una participación del 73% del total y sólo un 27% cuenta con el auxilio del riego para su explotación. Por esta razón es dificil hacer pronósticos exactos, ya que el resultado fmal depende del comportamiento de las lluvias y, en ciertas regiones, de la oportunidad de las granizadas o heladas.
Los campesinos están cumpliendo con sus tareas y el Gobierno los apoya, al máximo de sus posibilidades, con recursos y servicios. Las tierras están sembradas y en proceso de cultivo, de tal manera que, con los condicionantes apuntados, puede estimarse la cosecha de 1983 en 27.5 millones de toneladas. Complementaremos el abasto popular con 8.5 millones de toneladas de importaciones de maíz, sorgo y soya. Somos autosuficientes en trigo, arroz, frijol, ajonjolí, algodón, cártamo y cebada. Exportamos frutales y hortalizas. Los resultados del programa ganadero obtenido durante el primer semeste de este año son, en general, satisfactorios. Sólo en leche se observa un decremento del 17% en relación a las metas. Por lo que se refiere a carne en canal, se alcanzó el 38% de avance de la meta anual. Las metas de huevo y miel han sido superadas, así como en la carne de cerdo y pollo.
En materia forestal estamos haciendo un renovado esfuerzo para aprovechar mejor bosques y selvas. Apoyamos la organización de productores y su capacitación en los procesos de extracción, industrialización y comercialización, se refuerza el combate a los incendios forestales, y se da impulso a la reforestación con 8 millones de árboles en 1583 hectáreas. En ambas tareas colabora eficazmente el ejército.
Se han tomado una serie de medidas para mejorar la administración y operación de las empresas, paraestatales en el ramo forestal.
Conscientes de que las instituciones de la administración pública agropecuaria han registrado bajos índices de eficiencia y productividad desde hace varios años, hemos procedido a promover su revisión y organización. Se trata de lograr en este sexenio un avance sustancial en los niveles de eficiencia y honestidad de este sector de la administración pública, ya que de ella depende, en buena parte, lo que pasa en el campo. Pido a los funcionarios y empleados del sector su más entusiasta cooperación, así como a los gobiernos de los Estados y a las organizaciones campesinas, también la vigilancia y la participación. Todos hemos de cumplir esta exigencia que nos demanda la nación.
En la estrategia para aumentar la oferta de productos básicos hemos reconocido el importante papel que puede desempeñar la pesca. Desarrollar su potencial requiere de la participación integral y equilibrada de los sectores público, social y privado. Por ello, continuaremos apoyando el auténtico cooperativismo y estimulando la participación del sector privado, para que junto con las empresas pesqueras del Estado coadyuven a un mejor desarrollo del sector.
Así, se han emprendido acciones conjuntas en las distintas fases de la pesca, entre las que destacan la operación de 80 barcos en asociación con cooperativas y armadores; la operación de 14 plantas camaroneras en copropiedad con cooperativas; la construcción de una plánta procesadora en Guaymás, donde están asociadas las cooperativas y el gobierno estatal, y en asociación con el capital privado local, la construcción y operación de otra planta en Yavaros, Sonora.
Para mejorar el conocimiento de nuestros recursos pesqueros iniciamos un programa nacional de prospección, evaluación e investigación de los recursos de la zona económica exclusiva, con la participación de la comunidad científica, centros de educación superior, cooperativas y particulares.
Por ser un recurso natural de interés público, hemos planteado una política integral de agua que asegure su óptima utilización de acuerdo a las prioridades del desarrollo. He dado instrucciones para revisar y avanzar lo más posible en el Programa Nacional Hidráulico, con un horizonte de mediano y largo plazos, pues el agua es una de las principales limitantes de nuestro desarrollo.
Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para abastecer a los centros del país y hemos realizado acciones para racionalizar su empleo y evitar el desperdicio. Destacan, por su importancia, las obras de los acueductos Cutzamala y Linares, así como el sistema hidráulico del lago de Chapala. Están en construcción 44 sistemas de agua potable y la conclusión del anillo de transferencia de Monterrey. Se revisa, por otra parte, la legislación sobre el uso del agua y se estudia la estructura actual de las tarifas para los diversos usos tomando en cuenta la capacidad de pago del usuario y las prioridades nacionales.
Se busca que los energéticos constituyan un resorte más efectivo para avanzar en el proceso de integración industrial. Se han emprendido acciones para garantizar la autosuficiencia en la materia, promover su desarrollo en términos de una mejor integración y elevar la productividad, la eficiencia y el manejo honesto de las empresas del sector.
En hidrocarburos y petroquímica básica, la estrategia se orienta, fundamentalmente, a garantizar la autosuficiencia y reorientar la demanda de bienes de capital e insumos hacia el mercado nacional; a sanear financieramente a Pemex mediante revisiones periódicas de precios y en el incremento de su productividad, y a procurar un mayor valor agregado a las ventas externas.
Se ha mantenido la plataforma de producción de hidrocarburos para garantizar el abastecimiento interno y un volumen de exportación promedio de petróleo de un millón y medio de barriles diarios.
La producción de petróleo crudo de enero a agosto fue de 2.661,000 barriles diarios y la de gas natural de 4,109 millones de pies cúbicos por día.
Reafirmo el compromiso de renovar el orden administrativo de Pemex para elevar su eficiencia y productividad y vigorizar la honestidad en sus operaciones. El nuevo Pemex, la empresa pública más importante del país, tiene que ser motivo de orgullo para los mexicanos. Así lo exige el espíritu de la nacionalización de Lázaro Cárdenas.
Por lo que respecta a nuestra participación en el mercado petrolero mundial, la actitud responsable adoptada al limitarlas exportaciones de petróleo a lo que realmente se demanda en forma sostenida y al modificar los precios de las variedades Istmo y Maya, en atención a las condiciones reales del mercado, ha sido reconocida como importante factor para la preservación de la estabilidad del mercado mundial. Hemos mantenido una política de diálogo con todas las partes involucradas, coadyuvando a imponer racionalidad en el mercado.
El desarrollo del sector eléctrico sigue mereciendo una atención prioritaria. Los retos principales que estamos abordando en el sector son su deterioro financiero, la necesaria integración administrativa y su consolidación técnica. La superación de estos retos es indispensable para culminar el proceso de nacionalización de la industria.
Para fórtalecer las finanzas del sector y reducir su dependencia excesiva del crédito externo estamos implantando austeridad en el gasto, tarifas realistas en función del costo del suministro, capitalización de la deuda y asignación presupuestal para promover la industria nacional. Adecuamos los sistemas administrativos y de organización para elevar la productividad y los índices de eficiencia operativa. En el aspecto técnico hemos procedido a la rehabilitación de las plantas temoeléctricas para elevar su disponibilidad en un 15 por ciento; se preparan proyectos para aprovechar mejor el potencial hidroeléctrico del país, seguir el adelanto de la geotermia, utilizar más el carbón para la generación de electricidad e incorporar la nucleoelectricidad al panorama energético del país, en condiciones de eficiencia.
En la minería se fincan importantes expectativas de apoyo al desarrollo nacional. A la tradición minera del país se suma su capacidad probada en esta industria fundamental.
Se han fortalecido los programas de fomento a la pequeña y mediana minería en materia de créditos, expansión de la capacidad de plantas regionales y asistencia técnica.
La estrategia de exploración, instrumento fundamental para la conducción de la actividad, se ha reorientado concentrando regionalmente los esfuerzos en los prospectos de mayor posibilidad de desarrollo inmediato para la producción de minerales que cuentan con mercados internacionales establecidos o de aquellos de los que hemos sido importadores tradicionales.
El saldo favorable de la balanza comercial minerometalúrgica se ha incrementado en 103 por ciento en el período enero/abril respecto al año anterior.
En la industria siderúrgica la meta de producción para 1983 se fijó en 4 millones 300 mil toneladas, lo cual permitirá mantener en operación la planta productiva. Esta industria y los proyectos de ampliación se han visto seriamente afectados por la situación interna. Se está realizando un gran esfuerzo de exportación para mantener la operación de la planta. A la fecha, se ha logrado exportar 115 millones de dólares de estos productos que significa un incremento de más de 3 veces. Dentro de las restricciones, se habrá de producir 2 millones de toneladas de acero líquido para adecuar su ritmo a las nuevas condiciones y se amplía la capacidad de Altos Hornos de México a 4 millones 200 mil toneladas. Estos proyectos permitirán satisfacer las necesidades previsibles durante la actual administración.
Para 1983 se fijó a la industria de fertilizantes una meta de producción de 4 millones de toneladas, 6 por ciento mayor que el nivel alcanzado en 1982. El retraso en la temporada de lluvias en algunas partes del país y las restricciones financieras han repercutido en una reducción en la demanda de fertilizantes de cerca de 10 por ciento, que se traducirá en una disminución de las importaciones programadas. En materia de proyectos para esta actividad, se prosigue el de la planta de urea en Pajaritos, Veracruz, que entrará en operación en marzo de 1984, y la de fertilizantes fosfatados, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas primeras instalaciones se concluirán en 1984; ello permitirá elevar la capacidad instalada de producción a 6 millones y medio de toneladas y lograr la autosuficiencia en fertilizantes nitrogenados y fosfatados.
Esta administración contrajo el compromiso de revertir la tendencia negativa que había venido registrando la industria azucarera; con tal propósito se inició la reestructuración de la industria con la creación de Azúcar, S.A., que aglutina las funciones que realizaban la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y la Unión Nacional de Productores de Azúcar. El esquema racionaliza el aparato administrativo y reubica las decisiones de fondo en el gobierno federal. En el año en curso, se logró la producción de azúcar más alta en la historia, 2 millones 893 mil toneladas, cantidad 21 por ciento mayor a la meta fijada, y que nos permite avanzar hacia la autosuficiencia en materia de azúcar.
En un marco de integración y racionalización de la industria naval, se inició la construcción de 5 buques tanque de 45 mil toneladas, así como de chalanes y remolcadores para Pemex. Se botó el primer barco granelero de 22 mil toneladas y se da atención a las necesidades de embarcaciones del sector pesquero.
Las empresas paraestatales de la rama del papel elevarán su producción a 325 mil toneladas, 12 por ciento más que el año pasado; en 1983 se ampliará la capacidad de producción en 100 mil toneladas, lo que permitirá elevar la participación de las empresas estatales en la producción de celulosa y papel de manera considerable.
El sector industrial paraestatal ha protegido y reordenado su planta productiva dando prioridad a las industrias que revisten un carácter estratégico y prioritario; se han continuado los proyectos que se consideran relevantes para el desarrollo industrial del país; se están llevando a cabo las acciones necesarias para reorganizar el sector industrial paraestatal a fm de definir las políticas sectoriales y subsectoriales, coordinando la operación de esas empresas.
Las acciones del sector transporte han recibido atención prioritaria, por su impacto en el empleo. Se ha dado preferencia a las obras que contaban con un alto grado de desarrollo y que pudieran ser puestas en servicio en el corto plazo, postergándose aquellas recién iniciadas, con excepción de las que se estuvieran realizando en zonas económicamente deprimidas y tuvieran un efecto directo en la conservación o creación de empleo productivo.
Se ha destinado un volumen importante de inversión para mantener y modernizar el sistema carretero nacional, que constituye una necesidad ineludible. Destaca la construcción de caminos en zonas donde la sequía afectó severamente a los campesinos y sus economías.
En el programa de modernización de la red troncal de carreteras se propuso el mejoramiento sustancial de 800 kilómetros concentrando recursos en los tramos en proceso con mayor avance, que pueden rendir beneficios a corto plazo y que mejoren las condiciones de circulación en los ejes más importantes.
Se continúan las obras en el puente de Coatzacoalcos yen el de Tampico.
Para 1983, se presupuestó canalizar a las tareas de construcción y conservación de los caminos rurales $ 12,250 millones, con los que se harán mejoras a una red que sobrepasa a los 75,000 kilómetros de caminos de este tipo y se construirán cerca de 6,000 kilómetros adicionales, beneficiando principalmente a campesinos de Ios Estados de Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca.
El esfuerzo realizado en materia ferroviaria permitió mejorar su coeficiente de explotación en casi 8 por ciento con respecto al período anterior y se avanzó en la construcción de la doble vía MéxicoQuerétaro y QuerétaroIrapuato y en la rectificación de la vía MéxicoVeracruz. Se continúa el esfuerzo en el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria vía, patios, telecomunicaciones y en la adquisición de equipo de tracción y arrastre.
La transportación marítima continúa siendo el principal medio para el comercio internacional, ya que la mayor proporción de su movimiento es efectuado en buques. Ello representa un estímulo al crecimiento de nuestra flota, la cual se ha incrementado en 34 por ciento. Se han continuado las obras portuarias en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, y Ciudad del Carmen, y en Guaymas, Manzanillo y Salina Cruz. En materia de puertos industriales, hemos concentrado el esfuerzo en Lázaro Cárdenas y Altamira.
En la operación de las dos lineas aéreas nacionales se ha buscado dar racionalidad y congruencia a la explotación de las rutas. Se ha incrementado su flota con objeto de hacer frente a la demanda de sus viajes nacionales y apoyar los programas de promoción y captación del turismo extranjero.
Se ratificaron los convenios que permitirán, en 1985, contar con un sistema propio de satélites, con los que se recibirán y trasmitirán señales a todo el territorio nacional.
Se continúa ampliando la rea de telecomunicaciones. Se incorporaron 83 comunidades rurales a la red de telefonía alámbrica y 153 poblaciones a la red de radiofonía. Se ampliaron los servicios de la red nacional de Microondas, de télex, de correos y telégrafos. Se instaló el teléfono número 6 millones.
La importancia del sector turismo en el desarrollo económico y social radica en su capacidad para captar divisas, generar empleos productivos, contribuir al desarrollo regional equilibrado, estimular a gran parte del resto de los sectores económicos y fortalecer la identidad cultural de nuestro pueblo. Dentro de estos propósitos, determinamos una estrategia general basada en el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada, la implantación de una política de precios que permita mantener la competitividad en el mercado internacional e incrementar la demanda interna, en especial el turismo recreativo de la población de ingresos medios y bajos, y la asignación óptima de los recursos financieros. Se ha reestructurado administrativamente el sector. Se liquidó el Banco Nacional de Turismo, por considerar que sus.funciones crediticias las puede cubrir adecuadamente Fonatur y se integró el Consejo Nacional de Turismo a la Secretaría del Ramo.
La nueva situación cambiaria y el manejo eficiente y armónico del sector han propiciado un repunte importante en la actividad turística del país, con un benéfico efecto en el empleo, el desarrollo regional y el ingreso de divisas. Nos proponemos ahora fortalecer las políticas de fomento a nuevas inversiones.
El crecimiento económico no es un fin en sí mismo. Sólo se justifica éticamente si tiene como propósito permanente el desarrollo social.
El proceso de desarrollo sólo es auténtico y firme si es de naturaleza integral. Nuestro proyecto nacional así lo exige. El desarrollo implica el aprovechamiento y plena realización de la potencialidad del ser humano y de su comunidad. De ahí que nuestra Constitución, al lado de las garantías individuales de libestad y seguridad jurídica, haya establecido los derechos sociales que obligan al Estado a conducir y promover el desarrollo nacional en tal forma que se den las condiciones materiales y sociales que den sustento real a una vida digna y justa. Por ello, la responsabilidad del Estado se orienta a hacer efectivos los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil con el aseguramiento de las garantías mínimas del trabajo dependiente, que establece el Artículo 123.
De ahí que en México la política social tenga el más alto rango político y matice y condicione los aspectos puramente económicos de la política de desarrollo.
En mi discurso de toma de posesión destaqué la desigualdad y postulé al desarrollo social como un elemento esencial en la estrategia de cambio. Pero reconocí explícitamente que mientras subsistiera la crisis no podríamos avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social. Ofrecí, como primer paso, frenar el deterioro acelerado en que se encontraban los índices principales de bienestar, particularmente el empleo. Pero también a evitar que la crisis y su combate deteriorara los servicios públicos y los programas de gobierno destinados al desarrollo social en aspectos tales como alimentación, educación, salud y vivienda. Aún dentro de la crisis, hemos planteado y estamos ejecutando una política ecológica y de calidad de la vida.
La crisis estaba deteriorando los niveles de ocupación: no solamente se dejó de absorber a la nueva población que se incorporaba al mercado laboral, sino que muchos de los que estaban empleados perdieron sus fuentes de trabajo. El desempleo abierto subió en 1982, de 4 a 8%. Mantener la tendencia hubiera significado un problema social de dimensiones insospechadas.
Con la estrategia que hemos seguido este año se logró detener la caída del empleo. Ello fue posible gracias a las acciones fundamentales puestas en marcha dentro del Programa Inmediato de Reordenación Económica. Destaca el programa de defensa de la planta productiva y con ella de los empleos existentes. Para apoyarla, se reorientó el gasto público hacia el interior del país, lo que representó un impulso adicional de demanda, y se abatió el contenido importado de la inversión pública, que de representar en algunos sectores más del 70% ya no rebasa el 15% en promedio. Se apoyó a las empresas productivas con problemas de liquidez o de endeudamiento excesivo con el exterior a través del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que sin otorgar subsidios en las tasas de interés o en el tipo de cambio, permite sostener a la planta productiva del país frente a la sextuplicación del tipo de cambio en 1982.
Sin embargo, el apoyo más importante a la protección de los empleos existentes provino de los propios trabajadores y de los empresarios.
En el marco de un cambio cualitativo fundamental en las relaciones obreropatronales, se evitaron las medidas generales e indiscriminadas para solucionar demandas de aumentos salariales. Con ello se reconoció la situación particular de cada empresa, habiendo otorgado cada una de ellas lo que les era posible. Se evitó así un estímulo más a la espiral inflacionaria y, lo que hubiese sido peor, el cierre de empresas. Las modificaciones salariales, en consecuencia, al ajustarse a las posibilidades reales de la planta productiva permitieron mantener el nivel de empleo existente, apoyando decisivamente a los otros elementos de estímulo. Esta nueva modalidad en las relaciones entre trabajadores y patrones se reflejó en el Pacto de Solidaridad firmado entre ambos en el mes de agosto. Este elemento de conciliación, que no limita el ejercicio de los derechos de ninguna de las partes, conforma un bloque eficaz contra la crisis.
Estas consideraciones enmarcaron la solución a los emplazamientos a huelga presentados durante los meses de mayo y junio del presente año. El diálogo y la concertación entre las partes determinaron los ajustes salariales. En medio de la crisis se mantuvo el elemento básico de los asalariados: su fuente de ingreso. Y para aquellos que perdieron su empleo, el Seguro Social aumentó a 6 meses la prestación de servicios médicos, tanto para ellos como para sus familiares. La política laboral conservó como propósito central la más cabal observancia de las garantías y los derechos esenciales de los trabajadores.
Dentro de los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, el Ejecutivo a mi cargo decidió otorgar en el mes de junio beneficios salariales a los trabajadores al servicio del Estado que devengaban el salario mínimo. Se integró el paquete con criterios de equidad, beneficiando más a los que menos ganan y acercando, dentro de un proceso gradual, los tabuladores de los trabajada res con los mandos medios: se reestructuraron las tasas de sobresueldos; se nivelaron los tabuladores a partir del lo. de julio; y se otorgaron prestaciones en materia de quinquenios, así como la nivelación para los maestros foráneos. Asimismo, se resolvió positivamente la petición de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en el sentido de incrementar en 100 por ciento el seguro de vida para los servidires públicos.
Dentro de este paquete general, he expedido un Acuerdo que incrementa, a partir del día de hoy, los sueldos del personal al servicio del Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, del Departamento del Distrito Federal y los haberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante un incremento absoluto de 3 mil pesos mensuales en su sueldo presupuestal más la correspondiente repercusión al sobresueldo conforme a la zona de su ubicación, que en promedio representa alrededor de 1,200 pesos adicionales. En el caso de los maestros que trabajan por el sistema horasemanames, el aumento será de 85 pesos. Los recursos para cubrir este Acuerdo están comprendidos dentro del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Cada año, alrededor de 800 mil personas demandan un empleo nuevo: todavía existen elementos que impiden la dinámica de la inversión y la ampliación de las fuentes de trabajo. Una de las características innovadoras del Programa de Reordenación consistió en crear empleos productivos que, si bien son de naturaleza temporal, han logrado evitar que el problema del desempleo adquiera un carácter más agudo, proporcionando un ingreso adicional para los habitantes del medio rural y del urbano y aumentando, al mismo tiempo, activos de la comunidad.
Para ello, se reorientaron 300 mil millones de pesos del programa normal y adicionalmente se asignaron alrededor de cien mil millones provenientes de las reservas presupuestales para programas especiales. Destaca, en el medio rural, el programa de mantenimiento y construcción de carreteras y caminos así como el de fomento a cooperativistas. Se mantendrán estas acciones en el medio rural que han permitido ya alcanzar 40% de la meta propuesta.
En las zonas urbanas críticas hemos dado un fuerte impulso a la creación de empleos con programas de servicios públicos municipales y de obras de beneficio social, para lograr una generación de 350 mil empleos. El avance actual es de 155 mil.
Finalmente, y reconociendo que es entre los jóvenes donde se observa el principal problema del desempleo, se ha puesto en marcha un programa social de pasantes, en coordinación con los centros de educación superior. Para esta fe cha ya se alcanzó la meta anual de generar 47 mil oportunidades de empleo, lo que permitirá redoblar nuestra acción para aumentar la generación de oportunidades de trabajo a los jóvenes mexicanos.
Acciones emprendidas en educación, salud, alimentación, desarrollo urbano y medio ambiente, complementan los resultados alcanzados en materia de empleo.
Para ordenar las acciones en materia de alimentación y nutrición que realiza el sector público y estimular la participación de los sectores privado y social, está por ponerse en marcha el Programa Nacional de Alimentación, que con un enfoque integral atienda los diferentes aspectos de la alimentación y nutrición del pueblo. Se busca incidir sobre las distintas capas de la cadena alimentaria, desde la producción de alimentos de origen agropecuario y pesquero, hasta su procesamiento, su distribución a precios accesibles y la orientación a los consumidores para lograr su mejor aprovechamiento.
Nuestro Proyecto Nacional se transmite y recrea en la conciencia de las nuevas generaciones. La educación.y la cultura son las vías para fortalecer nuestra identidad, preservar los valores y garantizar nuestra independencia. Con base en nuestro artículo 3o: educaremos para la independencia, la libertad, la democracia y la justicia social.
Hemos hablado de revolucionar la educación, convencidos firmemente que el sistema educativo nacional, desde le sistema preescolar al superior, exige más que reformas y mucho más que parches y remiendos. Demanda una reestructuración cabal que parta de la educación para los que van a educar y arribe a la investigación cultural y científica.
Hay que admitir que la educación nacional se enfrenta a una dura crisis. Esto no supone negar los avances obtenidos. La expansión educacional lograda, la ampliación de su cobertura, significan un progreso evidente. Sin embargo, este énfasis en la expansión no ha sido acompañado de una preocupación similar en la calidad. De aquí que haya áreas degradadas que tenemos que sanear y enderezar, y otras que promover y seguir elevando pues de la educación depende la riqueza más importante de toda la nación: la humana.
México precisa de científicos y técnicos. A pesar de ello la matrícula ha bajado en estas ramas del conocimiento y quizá una causa radique en la enseñanza básica que cubre superficialmente la cultura científica y técnica. Por lo tanto, tenemos que examinar estos aspectos de la enseñanza primaria, secundaria y propedéutica para estimular las carreras requeridas por el país y remunerativas para quienes las estudien.
Ciertamente que hay un compromiso de la nación con la educación y ésta es el principal servicio público que presta el Gobiernto Federal; más, en reciprocidad, existe también un compromiso de la educación y los educandos para con la nación. Los niveles educativos han bajado dramáticamente. Elevarlos es tarea dificil, pero indispensable, y libraremos cuantas luchas sean necesarias para lograrlo.
El sistema educativo debe contemplar la posibilidad de que los educandos puedan acceder al empleo desde sus etapas intermedias, como respuesta a la capacidad socioeconómica de todos los. sectores sociales. Para tal efecto, se está llevando a cabo un ensayo piloto de 30 escuelas terminales y 16 propedéuticas del área metropolitana, de manera que quienes finalicen estudios en ellas puedan optar por el empleo como técnicos especializados o proseguir sus estudios en el ciclo superior.
La renovación moral en que estamos empeñados se reducirá a nuestros días si no logramos, a través de la sustancia ética que informa y conforma a la educación, convertirla en directriz y principio del mañana de México. Corresponde a la escuela insistir en la enseñanza de nuestros valores nacionales.
Los medios masivos de comunicación tienen en nuestros días influencia creciente en el fenómeno educativo. Necesitamos incorporarlos plenamente al reto educativo de hoy.
Convoco a todos los mexicanos a participar activa y entusiastamente en esta nueva revolución educativa: a los maestros y pedagogos principalmente, pero también a los padres de familia, a la comunidad universitaria y de educación superior, a la científica y tecnológica, a los comunícadores sociales, a los intelectuales y a los artistas. Que nadie se evada de esta nueva etapa de la educación y la cultura en México para elevar la calidad de los mexicanos de hoy y de mañana a través de la educación. La educación no se limita a la escuela; es responsabilidad de todos.
Mi Gobierno parte de una concepción amplia de la cultura, entendiéndola como el proceso de enriquecimiento, afirmación y difusión de los valores propios de nuestra identidad nacional y como el proceso de participación democrática de los individuos, de los grupos y de las comunidades en la creación y disfrute de los conocimientos. Es por ello que la cultura es un puente de conexión entre nuestra ideología y la esencia del proceso democrático que es la participación y la comunicación entre gobierno y pueblo. En este ámbito específico hemos emprendido acciones para intensificar las actividades de rescate y difusión de las culturas étnicas, populares y regionales. Están en marcha el Programa Cultural para las Fronteras, el de Protección y Estímulo a las Artesanías, el Progrma de Estímulo a la Creatividad en las Comunidades Etnicas y el Programa para Enriquecer los Contenidos Culturales de la Educación Básica que alcance a todos los niños de México. Se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Bibliotecas.
No obstante las condiciones económicas adversas, se han realizado esfuerzos significativos para evitar el deterioro de los niveles de bienestar en salud y seguridad social. Se han sentado las bases para organizar sectorialmente a las instituciones involucradas y modernizar su administración para integrar un sistema nacional de salud, con el cual se tiende a una cobertura nacional de los servicios, garantizando un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes del país. Tres estrategias están en marcha: la organización sectorial de las instituciones involucradas; la descentralización de las mismas, y su modernización administrativa. Estos propósitos son ciertamente ambiciosos pero están a nuestro alcance en el período de nuestra responsabilidad.
Con la descentralización se está incrementando la participación de las entidades federativas y los municipios en la prestación y administración de servicios médicos de primero y segundo nivel. A la fecha se han descentralizado 19.
El sistema educativo federal ha caído en una peligrosa hipertrofia que es inaplazable combatir. Volviendo al espíritu del Constituyente de 1917 y de nuestro federalismo, hemos planteado la necesidad de descentralizar la educación y dado los primeros pasos en este sentido. La descentralización será un proceso gradual para atender las necesidades y modalidades de las distintas entidades federativas, respetando los derechos de los trabajadores, sin olvidar las realidades de la nación en su conjunto.
Con fecha 8 de agosto se decretaron las bases para proceder, con los criterios antes señalados, a la descentralización educativa. Se prevé la creación de un comité consultivo en cada estado de la República para ir analizando y determinando la transferencia de la educación primaria, secundaria y normal proporcionada por la federación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación forma parte de estos comités, que deberán, asimismo, escuchar a asociaciones voluntarias interesadas en la educación o que participen en ella. Se instituye una coordinación general, que será el órgano de la Secretaría de Educación Pública para la descentralización. La revolución educativa la haremos aliados con los maestros.
Todos nuestros planes pedagógicos parten de continuar alfabetizando, para que la pirámide educativa disponga de una amplia base de sustentación. Investigación, cultura y educación superior, resultan precarias si no están sostenidas por un extenso cimiento de población alfabetizada.
La revolución en la educación debe ser un esfuerzo participativo de alcance nacional que abarque la totalidad de la educación que se imparte en México. Renovar supone efectuar cambios en programas; en métodos e instrumentos usados en el proceso de enseñanzaaprendizaje; en la estructura de sistemas y ciclos de estudio y en las poblaciones atendidas; en las escuelas y otros locales dedicados a la educación; en el tipo de profesiones e instructores y en los mecanismos de administración y organización.
El sistema nacional de educación es el principal empleador del país; atiende y da acceso directo al tercio más joven de la población. Además, es el espacio donde se preserva la cultura nacional. Todo ello hace imperativo que el sistema educativo sea un. modelo de eficiencia, organización y congruencia.
Postulamos la coordinación o agrupamiento de universidades y centros de educación técnica de diversos Estados de la República, ya que la dispersión de recursos debilita las posibilidades de educación superior e investigación al incrementar costos y dificulta el trabajo coordinado y genera falsa escasez de laboratorios y equipos. Se han puesto en marcha investigaciones conjuntas en varias universidades. Este es un método práctico de demostrar los efectos fructíferos de la suma de esfuerzos y lo contraproducente del aislamiento y la dispersión.
Hemos de conciliar en las universidades y centros de estudios superiores cantidad y calidad. No es posible asumir una actitud de desdén hacia la masa que ingresa y seguirá ingresando a los centros de estudios superiores. Es preciso implantar modelos de enseñanza e investigación que permitan lograr máximas calidades para un número creciente de estudiantes e investigadores.
En cuanto a las universidades y, en general, centros de estudios superiores, no tememos a la crítica que hagan a la sociedad, al Estado o al Gobierno mexicanos. Deseamos que esta crítica sea fundada, racional y objetiva. El subjetivismo conduce a la equivocación. Les pedimos que no se reduzca únicamente á la crítica hacia afuera, sino que se efectúe también la crítica hacia adentro. Por ello saludamos con entusiasmo la actitud de reflexión y autoanálisis que ha anunciado la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya está realizando la Asociación Nacional de Universidádes e Instituciones de Educación Superior.
Todavía estamos a tiempo para evitar que la crisis del sistema educativo se imponga a la sociedad y la exponga a peligrosos riesgos. Si permitimos que continúe y se agrave esta situación estaremos dilapidando nuestro futuro. Una buena educación asegurará.a mediano y largo plazo, el progreso continuo y justo.
Vamos a revisar y repensar las múltiples partes de nuestro sistema educativo para planear estudios y profesiones que concilien la libre vocación con las necesidades nacionales; es indispensable integrar, hasta donde sea posible, el sistema educativo con la demanda de empleo.
Nos enfrentamos a un grave problema de profesores normalistas desempleados. Para neutralizar y corregir esta situación, y dado que la gran demanda de profesores es federal y estatal, se ha implantado una política tendiente a restringir, por una parte, la formación de maestros en especialidades saturadas, y por otra, estimularlas en aquéllas que aún lo requieren.
Al mismo tiempo, es preciso mejorar la educación en la mayoría de los hospitales pertenecientes a la red federal, así como 8 unidades siquiátricas. El día 30 de agosto expedí las bases para el programa de descentralización de los servicios de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se pone así en marcha otro de los cambios cualitativos de esta Administración.
Si la atención a las necesidades más apremiantes de la población es un imperativo de justicia social, en el medio rural estas acciones son impostergables, por los niveles críticos en los que se desenvuelven los habitantes de estas zonas. Por ello, para satisfacer las necesidades de atención médica de estos compatriotas dimos continuidad institucional al Programa de Seguridad Social para Zonas Rurales.
Con el fin de vigilar el abastecimiento de medicamentos, materiales y suministros se han coordinado todas las dependencias gubernamentales involucradas para diseñar estrategias que liberen divisas, a efecto de cubrir las necesidades de importación de la industria químicofarmacéutica y promover la producción nacional, lo que ha permitido satisfacer las necesidades de casi todos los materiales requeridos. En lo relativo a acciones preventivas se está formulando el Programa de Orientación a la Población en el Uso de los Servicios de Salud.
En materia de seguridad social, los propósitos se orientan a promover acciones que permitan que la totalidad de la población con una relación formal de trabajo se incorpore al Sistema de Seguridad Social, así como a fomentar el mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Se busca también ampliar la cobertura de los servicios, integrando en forma paulatina a los trabajadores no asalariados. Se llevó a cabo la incorporación a la seguridad social de 75 municipios y la ampliación de la cobertura existente en 193. Se han firmado convenios para proporcionar servicios de salud y saneamiento ambiental a la población indígena de 23 Estados de la República.
Está en proceso un profundo programa de reorganización administrativa y financiera del ISSSTE con el propósito de darle solidez y mayor eficacia operativa en la prestación de sus servicios a los trabajadores al servicio del Estado.
El DIF, dentro del marco y bajo la coordinación institucional del sector salud, se rige actualmente, dentro de la política de sectorización y bajo las normas de programación, presupuestación, evaluación y control del Gobierno Federal.
Las funciones del DIF se han concentrado en los diversos campos de la asistencia social para atenuar las diferencias sociales entre los mexicanos:
•	Buscar en la familia el punto de apoyo de nuestra madurez social.
•	Proteger a quienes carecen de la capacidad biológica, social o económica para hacer frente a sus necesidades ingentes.
•	Educar a la población, para que asuma las responsabilidades de la salud individual y colectiva.
•	Dar al minusválido la posibilidad de ser partícipe del desarrollo nacional.
•	Ofrecer al anciano la satisfacción de haber vivido y,
•	Pugnar para que los niños cuenten con lo. necesario para sentirse orgullosos de ser mexicanos.
Mi señora esposa colabora honoríficamente en esta labor, presidiendo el Patronato de esta Institución con pleno respeto a sus órganos ordinarios de administración y a las normas establecidas para la función pública. Asimismo quiero manifestar mi reconocimiento por las tareas sociales gratuitas que lleva a cabo el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios, en apoyo a los programas institucionales del Gobierno.
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología
La morada del hombre no es sólo su vivienda sino comprende también el medio que la rodea y las condiciones de calidad de tierra, agua, aire y recursos naturales. Ello nos indujo a integrar las políticas de desarrollo urbano, con las de vivienda y ecología en una nueva dependencia del Ejecutivo con atribuciones en esta materia.
Un cambio cualitativo de importancia será el reordenamiento de la relación del ser humano con su entorno. Para lograr lo anterior se busca consolidar a las ciudades medias y pequeñas dentro de una estrategia con dos vertientes: una que reduzca y oriente los fenómenos migratorios, evitando la concentración en las metrópolis y otra que induzca a los habitantes de los poblados dispersos a su concentración, para atender prioritariamente los problemas de desajuste entre la oferta y demanda de servicios, infraestructura y equipamiento.
En materia de suelo se persigue regular el mercado inmobiliario y tutelar los intereses mayoritarios. Para ello se han instalado 18 Comités de Reservas Territoriales para el desarrollo urbano e industrial a efecto de regularizar la tenencia de la tierra, con objeto de facilitar su acceso a los más necesitados. La Federación ha aportado a los estados 23millones de metros cuadrados, de terrenos de propiedad federal destinados a desarrollo habitacional, con objeto de iniciar recursos y fuentes fiscales propias y de facultades para regular la creación de reservas territoriales, la tenencia del suelo urbano, la administración de los servicios públicos y la definición de las políticas de desarrollo de las ciudades.
Se han iniciado las acciones para luchar contra la contaminación mediante la firma de dos convenios interinstitucionales; el primero enfrentará el problema de residuos sólidos en Guadalajara y Zapopan, así como la contaminación en el Río Santiago y el Lago de Chapala, beneficiando a 2.5 millones de personas en 40 municipios. El segundo se concertó para controlar la contaminación ambiental y el agua de la ciudad de México, uno de los problemas de mayor preocupación para mi Gobierno. Asimismo, en las zonas petroleras del Sureste se inició un progrma de restauración ecológica y control de la contaminación.
Está en marcha también un programa para controlar y abatir la contaminación generada por los ingenios azucareros.
Finalmente, en fecha reciente se firmó con el Gobierno de los Estados Unidos de América un Convenio de Cooperación para el saneamiento ambiental de nuestras zonas fronterizas, que abarcará acciones ecológicas para mejorar y preservar las condiciones de tierra, agua y aire.
En todas las regiones se ha fortalecido la confianza y la voluntad de obtener una mayor participación en el desarrollo del país. La descentralización de la vida nacional es un reclamo y un imperativo del México actual que habrá de suponer un proceso gradual, pero profundo, que la impulse en los órdenes político, administrativo, económico y cultural, y propicie el desarrollo equilibrado en nuestro territorio.
Reconociendo que la fortaleza de nuestra democracia depende en buena medida, de la participación política en la vida de los municipios, emprendimos las reformas y adiciones al Artículo 115 Constitucional. Con ellas los dotamos de recursos y fuentes fiscales propias y de facultades para regular la creación de reservas territoriales, la tenencia del suelo urbano, la administración de los servicios públicos y la definición de las políticas de desarrollo de las ciudades.
Como quedó asentado, hemos iniciado el proceso de descentralización de las actividades de la administración pública en materia de educación y de salud. Habremos de afianzarlo y proseguirlo en otras áreas, propiciando el fortalecimiento simultáneo de la capacidad administrativa de las autoridades locales, conscientes de que ello permitirá conseguir los resultados económicos y sociales que la descentralización persigue.'
Con pleno respeto a la soberanía de los Estados, a principios de este año propusimos y suscribimos con los gobiernos locales eI Convenio Unico de Desarrollo, como vía idónea para coordinar nuestros esfuerzos dentro del propósito de promover el desarrollo integral de las entidades federativas.
El proceso de descentralización política, administrativa y cultural tiene que fundarse en una sana estructura económica que le dé permanencia y viabilidad; no tendría sentido la descentralización por la vía del subsidio. Hay que fundar la política regional en un mejor equilibrio de la actividad económica. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto modificar la relación entre el campo y la ciudad, lograr una mejor integración del sistema de abasto y localizar la nueva actividad económica en aquellos lugares donde cuente con mejores posibilidades y se evite incurrir en costos económicos, ecológicos y sociales excesivos. Todo este proceso es parte de un fortalecimiento general del desarrollo de los Estados.
Hemos dado pasos importantes dentro de la política de desarrollo regional con programas que atienden las regiones estratégicas. Hemos puesto en marcha el Programa de Desarrollo del mar de Cortés, con el propósito de fortalecer la soberanía e integrar esta región al desarrollo regional. Se han dado los primeros pasos en la definición del Programa del Sureste con el Plan Chiapas y el Plan Estatal de Tabasco. Asimismo, están en funcionamiento el Programa de Apoyo a las Franjas Fronterizas y Zonas Libres que integrará sus acciones al Programa Integral de Desarrollo de la Frontera. Norte. Hemos actualizado el Plan de Desarrollo de Colima y realizamos una tara análoga en las demás entidades federativas, en coordinación estrecha con los gobiernos locales.
En 37 ocasiones he visitado la provincia mexicana, llevando a cabo 22 giras de trabajo en igual número de entidades federativas, con el propósito fundamental de mantener una comunicación sistemática con todo el país y de integrar las aspiraciones, los problemas y las prioridades de cada uno de los Estados y de los sectores sociales de cada localidad en los diversos programas de la Administracion Pública Federal.
Estamos dentro de un proceso de reestructuración de los equilibrios regionales que atiende las nuevas realidades, fuerzas y aspiraciones para conjuntar acciones en beneficio de la comunidad y para el auténtico engrandecimiento de la Nación.
Es en la diversidad de culturas étnicas y regionales de México donde encontraremos nuestra mayor riqueza espiritual. Ante las tendencias que buscan la homogeneidad social sobre la base material del consumo como valor en sí mismo, el pueblo debe oponer y desarrollar los frutos particulares de cada una de las culturas que componen el mosaico mexicano, enriqueciéndose mutuamente y conformando la cultura nacional en la pluralidad de identidades diversas y de gran vitalidad. Hago un llamado a los habitantes de las regiones con mayor atraso económico y social para que renueven sus esperanzas y se sumen al esfuerzo de todo el país. Tengan la certeza de que mi gobierno encamina sus principales proyectos a una distribución regional más acorde con los principios de justicia social que hemos heredado y con los que estamos plenamente comprometidos.
En breve, enviaré a este Congreso iniciativas de ley para actualizar la legislación urbana, incluyendo la adecuación de la Ley General de Asentamientos Humanos para incorporarla al Sistema Nacional de Planeación Democrática y dar vigencia a los programas ya elaborados; se establecerán modalidades de regulación del desarrollo urbano en coordinación con los Estados y municipios y se expedirán normas para el mejoramiento, aprovechamiento y conservación de los centros de población.
A su vez, un proyecto de adiciones a la Ley General de Bienes Nacionales busca agilizar los procedimientos para la constitución y aprovechamiento de las reservas territoriales de propiedad federal.
En materia de agua potable y alcantarillado ha sido preocupación fundamental racionalizar al máximo la aplicación de Ios recursos. Su distribución se orienta al beneficio del mayor número posible de personas y a la generación de empleo productivo, canalizándose para tal efecto, 36 mil millones de pesos.
Estamos enfrentando el problema de la vivienda, necesidad generalizada y apremiante en todo el país, con el aprovechamiento de las reservas territoriales, el uso de nuevas tecnologías de construcción, el aumento de los fondos para el financiamiento, el apoyo a la autoconstrucción y la modernización administrativa del sector. Por su impacto social para fomentar la construcción masiva de vivienda popular, se exentó el pago de cuotas de seguridad social a la autoconstrucción y se redujeron de manera sustantiva tas cuotas a los propietarios de pequeñas obras de construcción. Mediante la Ley de Vivienda, cuya iniciativa enviaré próximamente para su consideración al Honorable Congreso de la Unión, estaremos en condiciones de normar todas las acciones de los agentes que intervienen en el mercado habitacional y ampliar eI acceso de la población a una vivienda digna.
A través del Infonavit se otorgará el financiamiento a la vivienda por un orden de 53 mil millones en todo el año de 1983. A esto se agregan los recursos del Programa Financiero de Vivienda, Fovissste, Fondo Nacional de Habitaciones Populares y otros hasta por 87,000 millones de pesos. El programa global comprende la realización de 163 mil viviendas, llevándose a agosto un avance del orden de 110 mil.
Con respecto al mercado de tierra para vivienda, las acciones más destacadas que se han desarrollo son relativas a previsiones para regular la oferta y demanda de tierra de propiedad federal, y a la promoción del aprovechamiento de áreas urbanas subutilizadas aptas para vivienda. Son medidas para iniciar el control de crecimiento de las ciudades y para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, controlando la especulación.
Finalmente, dentro del programa de vivienda de acción inmediata, durante el presente año se pusieron en marcha programas piloto para poblaciones de bajos ingresos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México y en el Distrito Federal.
La magnitud de los problemas ambientales comprometen seriamente el destino de los recursos naturales y la calidad de la vida. Por ello, el Plan Nacional incorporó criterios ecológicos y del medio ambiente en la estrategia del desarrollo.
En la reciente consulta popular se evidenció que el aspecto ecológico en México ha dejado de ser preocupación exclusiva de científicos o investigadores, conviertiéndose en demanda cotidiana de la comunidad. Las acciones que desarrolla el gobierno para corregir y prevenir el deterioro del medio ambiente, así como conservar y enriquecer los recursos naturales renovables, sólo alcanzarán resultados significativos si se promueve y fortalece la responsabilidad de la población.
En política ecológica, se han sentado las bases para atacar de fondo el deterioro de nuestros recursos naturales a través del control y previsión de la contaminación, el equilibrió ecológico regional, la preservación y aprovechamiento de recursos naturales y la reestructuración ecológica con una perspectiva regional. Para su instrumentación, se han seleccionado zonas y problemas prioritarios; se han elaborado paquetes de actividades intersectoriales, regionales y microrregionales que incluyen la ejecución de obras y la'aplicación del marco jurídico vigente en materia ambiental.
Los problemas del Distrito Federal son enormes. Dentro de un esfuerzo de austeridad y de cuidadosa programación en el ejercicio del gasto público, se ha dado una ubicación prioritaria a la atención directa de las demandas sociales que plantea la comunidad capitalina, aun en el marco de una severa situación financiera caracterizada por un impresionante nivel de endeudamiento. Se ha hecho mi gran esfuerzo para atender de la mejor manera posible las. necesidades de abasto de agua potable, mismas que tienden a agravarse en los períodos de estiaje. Para ello, se rehabilitaron pozos y acueductos y se procuró distribuir de manera proporcional el insuficiente caudal con que cuenta la zona metropolitana.
Para reducir los perjuicios de las inundaciones, se desazolvó una parte importante de la extensa red de drenaje, los recolectores y las coladeras pluviales de la ciudad. No obstante lo anterior, el intenso volumen de lluvia que se ha registrado durante la presente temporada ha ocasionado en varias partes de la ciudad, saturamiento temporal de la red e inundaciones graves en el Suroriente de la ciudad donde no existe drenaje. Se han desarrollado acciones emergentes de ayuda a la ciudadanía y, mediante transferencias presupuestales por 2,500 millones, se iniciaron las obras que en los próximos años solucionarán este problema vital.
Con el propósito de mantener los servicios públicos se buscó mejorar la eficiencia del sistema de transporte. Se pretende establecer un sistema integral de transporte colectivo, favoreciendo a las zonas de alta densidad habitacional y a los centros de trabajo. Por ello se creó la Comisión Mixta del Transporte que tiene como fin articular estos servicios, de la manera más adecuada posible, e incrementar la productividad, tanto de las redes como del equipo de transporte.
Las unidades disponibles de autotransporte urbano en operación, que en diciembre del año pasado eran sólo 3,800, han aumentado a 4,600 al mes de agosto. Nos proponemos incrementarlas a 6,000 para el mes de diciembre. Hace unos días, inauguramos la extensión de la ruta 3 del Metro, con lo que ahora es posible viajar por dicha línea de los Indios Verdes a Ciudad Universitaria.
Para el mejoramiento de la seguridad pública se están impulsando programas de capacitación al personal de las corporaciones policiales, de educación ciudadana y de una reestructuración orgánicofuncional. Se han incrementado los efectivos de la policía, tanto al reincorporar el personal comisionado como a los 1,658 egresados de la Academia de Policía. Se proseguirá haciendo un esfuerzo para acrecentar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, que reconocemos es un problema grave.
Con objeto de atender las necesidades crecientes de una población en expansión se consolidó el funcionamiento de la Central de Abastos. En materia de vivienda, se creó un programa especial para sectores populares.
Se ha elaborado un programa integral de colaboración ciudadana que contempla la recolección programada de basura, rellenos sanitarios en basureros y plantas incineradoras de desechos contaminantes.
Pronto contaremos con el Programa de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, que a partir de la coordinación entre las autoridades competentes de orden federal y local, contendrá definiciones fundamentales;para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua potable, uso del suelo, contaminación, transporte y vialidad, y descóncentración del crecimiento industrial. Encauzaremos las acciones del gobierno de manera ordenada para que, a partir de las posibilidades económicas del país, enfrentemos a fondo y de manera congruente los graves problemas que afligen a la capital de la República.
Es de vital importancia que los habitantes de esta enorme aglomeración humana comprendan la magnitud de sus problemas y de los esfuerzos que se requieren para su solución. Es necesario crear imaginativamente nuevos mecanismos de solidaridad a nivel de vecinos, manzanas, colonias, delegaciones y municipios. El gobierno no escatimará esfuerzos, en la medida de sus posibilidades, pero éstos darán los resultados esperados sólo si contamos con la participación solidaria de la ciudadanía. Quienes tienen más deberán! entender que las acciones prioritarias se encaminen al bienestar de los que tienen poco o nada. Es la única manera como haremos de este espacio urbano un lugar no opresivo ni enajenante, sino un ámbito propicio para el desarrollo de las potencialidades humanas.
Honorable Congreso de la Unión: Mexicanos:
La presentación del informe de los primeros nueve meses de esta administración a mi cargo, no es un mero relato del estado que guarda la administración pública del país. Implica, en mucho, la narración de una etapa de la historia del pueblo de México. La acción de un gobierno sólo se explica en el contexto de la realidad social que le toca afrontar, orientar y vivir.
Lo que se ha logrado en este lapso no es obra exclusiva del Gobierno. Sólo se explica por nuestra historia, que nos ha dado valores, ideología, instituciones y reciedumbre como Nación.
Hemos probado, pueblo y gobierno, que somos una comunidad nacionalista, vigorosa y madura, con capacidad de respuesta frente a situaciones críticas, con voluntad indomable para superar la adversidad y reencauzar positivamente nuestro desarrollo. Ante la magnitud de nuestras dificultades, afirmo, sin duda alguna, que es mayor la fuerza y el carácter del gran pueblo de México.
Las adversidades que hoy nos azotan no pasarán de ser sino un incidente de nuestra vida nacional. ¡México saldrá adelante! Construiremos solidarios una nueva y mejor etapa de nuestra historia.
Estoy orgulloso de ser el Presidente de los mexicanos. Considero un privilegio servirlos en tiempos dificiles. Diariamente me he sentido alentado por mis compatriotas para seguirlos sirviendo, sin más límite que mi propia capacidad. Mi fuerza es México.
Hemos decidido afrontar la crisis mediante la plena restauración de los principios esenciales de la Revolución, de nuestra Revolución, y el fortalecimiento de nuestras instituciones republicanas y demócratas. Mucho tiempo nos ha llevado construirlas, y aunque susceptibles aún de un amplio proceso de perfeccionamiento, son nuestros mejores instrumentos para superar los desafios y seguir realizando nuestro destino. Seguimos aferrados al nacionalismo como fuerza vital, amamos nuestras libertades y no estamos dispuestos a arriesgarlas sino a ampliarlas y consolidarlas; creemos en la democracia como estilo de vida y rechazamos cualquier forma de autoritarismo o dictadura; seguimos considerando a la justicia como el valor que debe guiar la ejecución de nuestro proyecto nacional..
La crisis no nos ha abatido ni desorientado. Por el contrario, está ampliando y profundizando la conciencia de nosotros mismos. La crisis no ha paralizado el pensamiento y la acción de los mexicanos. De ella tenemos que salir mejores.
No rebasaremos la crisis para volver al punto anterior a ella o para lograr que nada cambie y todo siga igual a como era. La crisis es oportundiad de cambio y transformación. Cambio cualitativo y estructural que debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida en común, a partir del cambio en cada uno de nosotros.
Cambios cualitativos en la vida política; nuevas formas en nuestra vida democrática que se basen en una mayor participación de todos, en los diversos aspectos de nuestra vida social. Un nuevo estilo de relación entre gobernantes y gobernados basado en la comunicación y la consulta popular permanente. Nuevas actitudes de los partidos políticos, de las asociaciones civiles, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y populares, para representar mejor los intereses sociales, articular racionalmente sus demandas y orientar y organizar eficazmente su acción constructiva. Mejores actitudes de los participantes en los fenómenos de la comunicación social y la opinión pública, para informar verazmente a la sociedad, analizar críticamente nuestro acontecer, contribuir positivamente al sistema educativo.
La renovación moral es otro gran cambio cualitativo. Anteponer el interés nacional al personal o de grupo, ajustar nuestra conducta a los valores de la República y al derecho, es tarea que nos compete a todos. A ello tienden los nuevos sistemas de control de gestión en la administración pública, las reformas al derecho y a la administración de justicia, la moralización y profesionalización de los cuerpos policiacos y un severo marco legal y administrativo de los servidores públicos. Pero la tarea es de todos; que cada quien asuma su compromiso.
La lucha por una sociedad igualitaria es otro formidable reto. Se trata de combatir privilegios injustificados y de lograr una mayor justicia en nuestras relaciones sociales, al distribuir más equitativamente los frutos del esfuerzo común y apoyar a nuestros hermanos rezagados a elevar su nivel de vida
Descentralizar la vida nacional nos dará un desarrollo más equilibrado y firme, fortalecerá la democracia y aumentará la eficiencia del esfuerzo de todos. El fortalecimiento de los Estados y municipios y el combate del centralismo con tribuirán a los cambios cualitativos de manera decisiva. Seguiremos impulsando el esfuerzo de la provincia.
La estrategia de desarrollo del Plan Nacional establece diversas vertientes de cambios estructurales para la economía y,la sociedad: generación de mayor empleo asociado al crecimiento; una mejor distribución territorial del desarrollo; más y mejor alimentación para todos; vivienda digna y decorosa; revolución educativa; ampliación de los servicios de salubridad y seguridad sociales; protección al medio ambiente; más eficiencia y productividad en el aparato productivo; disminución de la dependencia externa en comercio, finanzas y ciencia y tecnología; incremento del ahorro público y privado; corrección del desequilibrio de las finanzas públicas, con disminución del endeudamiento; control efectivo del gasto público; carga fiscal equitativa; precios y tarifas realistas; revisión de subsidios; mayor competitividad de nuestras exportaciones y del turismo; tipo de cambio que impulse el crecimiento de la economía y propicie el equilibrio del sector externo; desarrollo sectorial diversificado; una política de desarrollo rural integral; modernización del comercio y disminución del intermediarismo excesivo.
Este es el cambio cualitativo que propongo a la Nación. No podremos, desde luego, lograrlo en un día. Su alcance nos obliga a un esfuerzo serio, perseverante y disciplinado. Es un proceso, no una promesa de resultados súbitos. Esuna convocatoria, no una oferta de ilusiones. Si queremos, lo podemos hacer.
Pero estos grandes cambios cualitativos o de estructura, que representan una nueva forma de diseño y estilo en la ejecución de nuestro proyecto nacional, sólo podrán avanzar y consolidarse si combatimos y vencemos la crisis que nos afecta.
No hay ¿pción. El enemigo a vencer es la inflación. Esta se ha producido por un importante desequilibrio entre lo que demandamos y lo que producimos. Hemos gastado más de lo que teníamos, y por mucho tiempo pedimos prestado para cubrir la diferencia.
Estoy consciente de que la crisis no está todavía superada. Lo único que afirma mi gobierno es que sus aspectos más agudos y graves están bajo control. Ya no seguimos cayendo en picada. Pero no podemos bajar la guardia; debemos mantenernos alejados de complacencia y triunfalismos prematuros.
Quiero reconocer a la gran mayoría de los mexicanos el mérito de lo logrado. Se debe a los campesinos, que no han olvidado su amor a la tierra y que, a pesar de la incertidumbre de los elementos del clima y agua, cultivan año con año sus tierras. Se debe a los obreros, que han respondido con sensatez, equilibrio y sentido de responsabilidad al moderar legítimas demandas de salarios en aras de mantener las fuentes de producción y empleo. Se debe a los profesionistas y técnicos, a los miembros de nuestras diversas y dinámicas clases medias; que se adaptan a las dificiles circunstancias del reajuste y reiteran su contribución a la lucha común del pueblo de México; se debe a los'empresarios, a los que realmente desempeñan la importante función de emprender, de organizar los elementos de la producción y distribución de los bienes y servicios que requiere el país, con un auténtico sentido de responsabilidad social; se debe a los trabajadores al servicio del Estado y de sus empresas públicas, que están cobrando nueva conciencia de su responsabilidad como servidores de la Nación; se debe a las fuerzas armadas que cumplen con patriotismo y lealtad su noble tarea.
Pero la crisis sigue presente: el aumento de los precios dementa el nivel de vida; las amas de casa se angustian ante la persistencia de la inflación; subsisten las dificultades en las empresas; el crédito es caro; no estamos generando nuevos empleos; el servicio de la deuda es pesado; no tenemos suficientes divisas para importar; nos queda mucho por corregir en las finanzas públicas y privadas. La perspectiva internacional no es alentadora: las economías no se recuperan con firmeza, trabas en el comercio exterior, finanzas internacionales erráticas. El desafio sigue siendo enorme; es análogo, en lo económico, a tiempos de vena. El destino de la Nación está en juego.
De ahí que México nos siga exigiendo a todos el esfuerzo solidario y entusiasta como formidable palanca que nos saque de la hondonada de nuestras dificultades y nos ponga otra vez en marcha en la ruta de construcción de nuestro gran destino histórico.
Convoco a todos los mexicanos: a las mujeres y a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos; a los campesinos, a los obreros, a los profesionistas, a los técnicos, a los empresariosindustriales y comerciantesaque mantengamos a México en pie de lucha, a que de la tribulación saquemos fuerza y vigor, a que triunfemos sobre la adversidad, a que reiteremos una inquebrantable fe en nuestro propio destino. ¡Que nadie se quede al márgen de esta actitud! ¡Que cada quien luche desde su propia trinchera!
Sigamos construyendo un país cada día más libre y democrático. Queremos un país que preserve y amplíe las libertades de que disfrutamos; queremos seguir viviendo sin miedo, con libertad para pensar, con libertad para creer, con libertad para expresar nuestro pensamiento, con libertad para dedicarnos al trabajo, profesión, comercio o industria que nos acomode; queremos un país más justo e igualitario, un país donde moderemos opulencia e indigencia, donde vayamos superando las diferencias sociales que ofenden la solidaridad y arriesgan la concordia y la paz entre los mexicanos.
A estas tareas, a las que me indique el pueblo, seguiré dedicando mi tarea como Presidente de la República, como Presidente de todos los mexicanos. Seguiré informando con verdad, seguiré consultando y dialogando con todos, me empeñaré en construir la unidad y combatir la discordia. Concibo a la Presidencia como pieza de unión entre todos mis compatriotas.
Ratifico mi compromiso de ejercer mi encargo con serenidad y firmeza, sin angustia ni titubeos, con la decisión y perseverancia que me reclama el pueblo. El ejercicio del mando en tiempos críticos obliga tomar medidas a veces amargas y duras, a afectar intereses creados, a omitir beneficios halagüeños que la Nación no está en condiciones de otorgar; a pedir más que a dar. Pero los intereses y el destino de la Nación así lo exigen.
Saldremos fortalecidos de esta lucha. Cumpliremos frente a nosotros mismos y frente a nuestros hijos. Debemos trabajar, producir y ahorrar con mayor intensidad y calidad que nunca. Seguiremos corrigiendo lo torcido y desviado. Continuaremos con vigor la renovación moral de la sociedad. Desechemos inmoralidad e ineficiencia, consumismo y desperdicio, irresponsabilidad y pereza.
Frente a la historia, afirmemos con vigor la confianza en la grandeza nacional y en su futuro indestructible. Construyamos la grandeza en el nacionalismo, la libertad, la democracia y la justicia. Construyamos nuestra grandeza en el trabajo productivo y honrado, en la sobriedad de nuestra vida, en la responsabilidad social de nuestra conducta. Seamos dignos frente a la gesta de nuestra historia. Seamos firmes y apasionados en la construcción de nuestro destino.