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Timestamp: 2019-06-16 17:48:32
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BOE.es - Documento BOE-A-2005-1840
Documento BOE-A-2005-1840
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho «ad referendum», en Madrid el 16 de junio de 2003.
«BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2005, páginas 3961 a 3968 (8 págs.)
BOE-A-2005-1840
El Reino de España y la República del Perú, en adelante Partes Contratantes,
En lo que se refiere a la República del Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Economía y Finanzas.
c) «Institución»: Organismo o Autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2.
d) «Institución competente»: Institución responsable, de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes del reconocimiento del derecho y del abono de las prestaciones o, en su caso, alternativamente de la administración y aplicación de uno o más regímenes de la Seguridad Social.
e) «Organismo de enlace»: organismo de coordinación e información entre las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo.
f) «Trabajador»: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia, está, o ha estado sujeta, a las legislaciones enumeradas en el artículo 2.
g) «Pensionista»: toda persona que, en virtud de la legislación de una o de ambas Partes Contratantes, reciba pensión.
h) «Miembros de la familia y derechohabientes»: las personas reconocidas como tales por la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes.
i) «Residencia»: la estancia habitual legalmente establecida.
j) «Estancia»: la estancia temporal.
k) «Período de Seguro»: los períodos de cotización obligatorios o voluntarios tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro.
l) «Prestación de Asistencia Sanitaria»: la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud en casos de enfermedad común o profesional, maternidad o accidente, cualquiera que sea su causa.
m) «Prestación Económica» y «Pensión»: todas las prestaciones en dinero y pensiones previstas en la legislación que de acuerdo con el artículo 2, quedan incluidas en este Convenio, así como las mejoras por revalorización, complementos o suplementos de las mismas.
n) «Prestaciones Familiares»: prestaciones en dinero de pago periódico que se conceden, en su caso, dependiendo del número de hijos, de su edad, de la condición de minusvalía de alguno de ellos o de los ingresos familiares.
o) «Emergencia Médica»: la situación en que la prestación de asistencia sanitaria no pueda ser diferida sin que se ponga o se pueda poner en grave peligro la vida o la salud del interesado.
p) «Sistema Privado de Pensiones»: Sistema de Seguridad Social peruano de cotizaciones definidas basado en principios de capitalización individual, administración privada, supervisión estatal y cuyos beneficios están vinculados a las aportaciones realizadas por el afiliado. Los beneficios son los de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
Artículo 2. Campo de aplicación objetivo.
A) Por parte del Perú:
a) A la legislación relativa al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y de otros regímenes de Seguridad Social en lo que se refiere a prestaciones sanitarias y económicas.
b) A la legislación relativa al Sistema Nacional de Pensiones, así como a sus regímenes especiales en lo referente a prestaciones económicas de invalidez, jubilación y sobrevivencia.
c) A la legislación relativa al Sistema Privado de Pensiones, en lo referente a las prestaciones económicas de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
a) Asistencia sanitaria, en los casos de enfermedad común o profesional, accidente sea o no de trabajo y maternidad.
b) Incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral.
c) Maternidad y riesgo durante el embarazo.
d) Incapacidad permanente, jubilación y supervivencia.
e) Prestaciones familiares por hijo a cargo.
f) Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
g) Subsidio de defunción.
Artículo 3. Campo de aplicación subjetivo.
El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores y pensionistas que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones enumeradas en el artículo 2, en una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de sus familias y derechohabientes.
Los nacionales de una Parte Contratante y los miembros de su familia estarán sometidos y se beneficiarán de la Seguridad Social en el territorio de la otra Parte en las mismas condiciones que los nacionales de la misma, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este Convenio.
1. Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y económicas de carácter contributivo al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a la legislación de la primera Parte, siempre que no se superpongan.
c) Cuando coincida un período de seguro voluntario acreditado en una Parte Contratante, con un período de seguro equivalente, acreditado en la otra Parte, se tendrá en cuenta el período de seguro voluntario.
d) Cuando en una Parte Contratante no sea posible precisar la época en que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cumplidos en la otra Parte.
3. Si se exigen períodos de seguro para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del seguro, los períodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de la legislación de una Parte Contratante, se totalizarán, si fuera necesario, con los períodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la otra Parte, siempre que no se superpongan.
Artículo 6. Pago de prestaciones económicas en el extranjero.
1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones económicas no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte Contratante y se le harán efectivas en el mismo.
3. Las pensiones reconocidas en base a este Convenio a los interesados que residan en un tercer país se harán efectivas, teniendo en cuenta los apartados anteriores, en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país, siempre que la legislación de este país así lo permita.
Artículo 8. Normas particulares y excepciones.
El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes, así como el personal al servicio privado de los miembros de aquellas, podrán optar entre la aplicación de la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes siempre que sean nacionales del Estado de envío o hayan estado sujetos a su legislación.
Artículo 9. Prestaciones de asistencia sanitaria en casos de estancia temporal.
Artículo 10. Reintegro de los gastos de asistencia sanitaria.
Artículo 11. Ampliación de las prestaciones de asistencia sanitaria.
Artículo 13. Determinación del derecho y cálculo de las prestaciones económicas.
Artículo 14. Cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario.
Artículo 15. Períodos de seguro inferiores a un año.
Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por la Institución de la otra Parte Contratante para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía de la pensión según su propia legislación, pero esta no aplicará lo establecido en el apartado 2 b) del artículo 13.
2. A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, los períodos inferiores a un año acreditados bajo la legislación de ambas Partes Contratantes podrán ser totalizados por aquella Parte en la que el interesado reúne los requisitos para acceder a la prestación económica. De tener derecho a la misma en ambas Partes, esta solo se reconocería por aquélla en la que el trabajador acredite las últimas cotizaciones. En estos supuestos no sería de aplicación para la liquidación de la pensión lo dispuesto en el apartado 2, b) del artículo 13.
Artículo 16. Condiciones específicas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas.
2. Si la legislación de una Parte Contratante exige para reconocer la prestación económica que se hayan cumplido períodos de cotización en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si estos se acreditan en el período inmediatamente anterior al reconocimiento de las prestaciones económicas en la otra Parte.
3. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de una de las Partes Contratantes en el caso de pensionistas que ejerzan una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan esta en el territorio de la otra Parte Contratante.
Artículo 17. Cómputo de períodos de cotización en Regímenes Especiales o en determinadas profesiones.
Si la legislación de una de las Partes Contratantes condiciona el derecho a prestaciones económicas o la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión sometida a un Régimen Especial o, en una profesión o empleo determinado, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte solo se tendrán en cuenta, para la concesión de tales prestaciones o beneficios, si hubieran sido acreditados al amparo de un régimen de igual naturaleza, o a falta de este, en la misma profesión o, dado el caso, en un empleo similar.
Artículo 18. Determinación del grado de incapacidad.
Artículo 19. Base reguladora de las prestaciones económicas.
Sección 3.ª Aplicación de la legislación de la República del Perú
Artículo 20. Base reguladora de las prestaciones económicas.
Artículo 21. Sistema Privado de Pensiones.
2. No obstante lo anterior, cuando dicha cuenta no permita financiar un beneficio jubilatorio equivalente a un monto de pensión predeterminada y establecida por la legislación peruana, esta será garantizada por el Estado, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 del presente Convenio.
Artículo 22. Reconocimiento del derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Artículo 23. Determinación del derecho a prestaciones económicas.
Artículo 24. Agravación de las secuelas de un accidente de trabajo.
Artículo 25. Enfermedad profesional.
1. Las prestaciones económicas por enfermedad profesional se regularán de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante que fuera aplicable al trabajador durante el tiempo que estuvo ejerciendo la actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional, aun cuando esta se haya diagnosticado por primera vez estando sujeto el trabajador a la legislación de la otra Parte.
Artículo 26. Agravación de la enfermedad profesional.
Artículo 27. Consideración de secuelas por anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Para valorar la disminución de la capacidad derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el trabajador, aunque estos se hubieran producido estando sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante.
Artículo 28. Asignaciones por sepelio o subsidio por defunción.
Artículo 29. Atribuciones y obligaciones de las Autoridades competentes.
Artículo 30. Instituciones competentes peruanas del sector privado o que se sujeten a reglas de derecho privado.
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio que involucren a las entidades provisionales de capitalización individual, Instituciones competentes del sector privado o que se sujeten a reglas de derecho privado, se regularán específicamente en el Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 29 de este Convenio.
Artículo 31. Presentación de documentos.
Artículo 32. Ayuda administrativa entre Instituciones.
Artículo 33. Exenciones en actos y documentos administrativos.
Artículo 34. Actualización o revalorización de las prestaciones económicas.
Artículo 35. Modalidades y garantía del pago de las prestaciones económicas.
1. Las Instituciones competentes de cada una de las Partes Contratantes quedarán liberadas de los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, cuando estos se efectúen en la moneda de curso legal de su país.
Artículo 36. Regulación de las controversias.
2. Si las controversias no pudieran ser resueltas mediante negociación en un plazo de seis meses a partir del comienzo de la misma, estas deberán ser sometidas a una comisión arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre las Partes Contratantes. La decisión de la comisión arbitral será obligatoria y definitiva.
Artículo 37. Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio.
Artículo 38. Hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio.
2. Las pensiones que hayan sido liquidadas por una o ambas Partes Contratantes o los derechos a pensiones que hayan sido denegados antes de la entrada en vigor de este Convenio, podrán ser revisados al amparo del mismo y de acuerdo con el procedimiento legal establecido en cada Parte, a petición de los interesados. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición más favorable de la legislación de esa Parte.
Artículo 39. Vigencia del Convenio.
Artículo 40. Término del Convenio y Acuerdo Administrativo entre Perú y España.
A la entrada en vigor del presente Convenio, queda sin efecto el Convenio concertado entre los Gobiernos del Perú y España sobre Seguridad Social firmado el 24 de julio de 1964 y el Acuerdo Administrativo Peruano Hispano de Seguridad Social, suscrito entre el Gobierno del Perú y el Reino de España el 24 de noviembre de 1978 y su Acuerdo Complementario.
El presente Convenio garantiza los derechos adquiridos al amparo del Convenio de 24 de julio de 1964 y del Acuerdo Administrativo de 24 de noviembre de 1978 y su Acuerdo Complementario.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al mes en que cada Parte Contratante haya recibido de la otra Parte notificación escrita de que se han cumplido todos los requisitos reglamentarios y constitucionales para la entrada en vigor del Convenio.
En fe de lo cual, los representantes autorizados de ambas Partes Contratantes, firman el presente Convenio.
Hecho en Madrid el 16 de junio de 2003 en dos ejemplares en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.
El presente Convenio entra en vigor el 1 de febrero de 2005, primer día del segundo mes siguiente a la fecha de acuse de recepción de la última notificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios y constitucionales, según se establece en su artículo 41.
Madrid, 18 de enero de 2005.—El Secretario General Técnico, Francisco Fernández Fábregas.
Entrada en vigor: 1 de febrero de 2005.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 18 de enero de 2005.
SE MODIFICA el art. 8.1, por Enmienda de 28 de febrero de 2019 (Ref. BOE-A-2019-7341).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 29.1, estableciendo normas de aplicación: Acuerdo de 18 de abril de 2007 (Ref. BOE-A-2008-11098).
Acuerdo Internacional de 24 de noviembre 1978 (Ref. BOE-A-1985-10828).
Acuerdo Internacional de 24 de julio de 1964 (Ref. BOE-A-1969-1061).