Source: http://psicolog.org/informe-de-fondo-v5.html?page=5
Timestamp: 2020-04-05 09:24:27
Document Index: 247508884

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 19']

Aplicación de los anteriores estándares al caso concreto
Sobre la declaratoria de estado de abandono de los hermanos Ramírez y los recursos presentados
Sobre el proceso de adopción y los recursos presentados
Tomando en cuenta lo dicho hasta el momento, la Comisión pasará a analizar si en el presente caso el Estado cumplió con sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, las cuales deben ser interpretadas conforme a los estándares descritos hasta el momento que dotan de contenido concreto a sus disposiciones, en particular, al deber de especial protección de la niñez y el principio de interés superior del niño. En ese sentido, la CIDH examinará si en el procedimiento de declaración de estado de abandono de los hermanos Ramírez, en el recurso de revisión, en el trámite de adopción y en la continuidad del recurso de revisión, las autoridades estatales actuaron con la debida diligencia para asegurar que las salvaguardas sustantivas y procesales que deben regir en este tipo de actuaciones estuvieran satisfechas antes de disponer la adopción internacional de los niños.
Procedimiento de declaratoria de estado de abandono
En el presente asunto, la CIDH observa que desde el 18 de diciembre de 1996, fecha de la denuncia anónima sobre la alegada situación de abandono de los hermanos Ramírez, hasta el 8 de enero de 1997, fecha de la solicitud judicial a la Procuraduría para acudir al domicilio de la señora Ramírez, la autoridad judicial no realizó ninguna acción para investigar la situación de los niños, lo que constituyó un primer incumplimiento de la obligación de determinar, a la brevedad posible, las medidas de protección que pudieran ser necesarias conforme al interés superior de los niños Ramírez.
Asimismo, la CIDH nota que en la resolución judicial de 8 de enero de 1997 el juzgado solicitó a la Procuraduría que en caso de que se constatara la situación de abandono de los hermanos Ramírez, éstos fueran llevados al Hogar Asociación de los Niños de Guatemala. La Comisión nota que en dicha resolución se indica como medida automática la institucionalización en el Hogar Asociación sin referencia alguna a la posibilidad de adoptar medidas de apoyo a la señora Ramírez en caso de establecer otras circunstancias o necesidades atendibles mediante otras respuestas, por ejemplo, que la carencia de recursos fuera la causa del presunto abandono. Tampoco se considera la posibilidad de buscar a otros familiares a fin de determinar sus condiciones para hacerse cargo de los niños antes de considerar la institucionalización. La Comisión considera que la referencia a la inclusión de los hermanos Ramírez en una institución, sin la motivación debida y sin el análisis previo de otras opciones menos lesivas que, conforme a los estándares descritos deben tomarse en consideración antes de considerar tal posibilidad, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales ya descritas.
Como se observa de los hechos probados, esta situación continuó teniendo lugar a lo largo del resto del proceso de declaratoria de abandono, incluyendo los recursos respectivos. Si bien más adelante se efectuaron algunas determinaciones sobre la familia ampliada, ello tuvo lugar únicamente debido a que dos tías y la abuela materna comparecieron al proceso y no como una medida de oficio del Estado, como era su deber conforme al deber de especial protección. Esta omisión generalizada en buscar alternativas menos lesivas a la institucionalización y posterior adopción, se demuestra en el hecho de que en ningún momento se adoptaron medidas para buscar al señor Gustavo Tobar, padre de uno de los niños, a fin de que expresara si deseaba y se encontraba en condiciones de asumir su custodia y cuidado.
Adicionalmente a que no se exploraron alternativas menos lesivas a la institucionalización y posterior adopción, la Comisión observa que desde la visita de la Procuraduría al domicilio de la señora Ramírez hasta la declaración de estado de abandono de sus dos hijos, se presentaron numerosas irregularidades, omisiones probatorias y falta de diligencia de las distintas autoridades estatales. La Comisión destaca la relevancia que tenía la determinación del estado de abandono y el serio impacto de la misma en la situación jurídica de los niños, lo que hacía especialmente importante que dicha determinación fuera efectuada con la mayor seriedad y minuciosidad y con las garantías necesarias de independencia e imparcialidad.
En primer lugar, la Comisión observa que el 9 de enero de 1997 funcionarios de la Procuraduría se acercaron al domicilio de la señora Ramírez y tras ver a ambos niños sin acompañamiento, procedieron a llevarlos al Hogar Asociación. La CIDH constata que, más allá de una referencia a que no habían desayunado, en dicha diligencia no consta que se haya consultado a Osmín Tobar Ramírez sobre su situación y la de su hermano ni sobre la veracidad de la denuncia anónima recibida.
En segundo lugar, la CIDH nota que el mismo día la señora Ramírez acudió ante el juzgado a efectos de solicitar la entrega de sus hijos, explicando que pagaba a su vecina para que cuidara a sus hijos mientras ella trabajaba. La Comisión observa que dicha solicitud no fue considerada por el juzgado y no se dispuso de ninguna diligencia a efectos de verificar los alegatos presentados por la madre biológica. Es más, la Comisión nota que desde dicha fecha transcurrieron dieciocho días sin que el juzgado realizara diligencia alguna a efectos de determinar la situación de los hermanos Ramírez, en particular a la luz de los alegatos de señora Ramírez y el hecho de que estaban institucionalizados.
En tercer lugar, la Comisión observa que la resolución de 27 de enero de 1997 mediante la cual el juzgado confirmó el internamiento de los hermanos Ramírez en el Hogar Asociación no subsanó las deficiencias mencionadas. En esta resolución tampoco se analiza lo informado por la señora Ramírez ni se exploran medidas distintas a la institucionalización de los niños, como la posibilidad de investigar más a fondo la situación de la señora Ramírez para evaluar la pertinencia o necesidad de brindarle apoyo de ser necesario, buscar al padre de al menos uno de los niños, buscar a la familia ampliada o evaluar las condiciones para un restablecimiento del vínculo durante la institucionalización.
En cuarto lugar, la Comisión nota que la autoridad judicial dispuso que fuera el Hogar Asociación el que realizara estudios sociales sobre la señora Ramírez, sin que resulte claro de qué manera dicha institución era técnicamente idónea para efectuar determinaciones de esta naturaleza conforme al interés superior de los niños. Tampoco se cuenta con información que indique que dicha entidad, que contaba con un programa de adopciones, podía actuar con independencia e imparcialidad en la realización de estudios tan fundamentales para la situación de los niños. Por el contrario, la falta de idoneidad técnica y de independencia e imparcialidad se vieron reflejadas en la manera en que el Hogar Asociación realizó los estudios sociales.
Sobre el estudio social realizado el 3 de febrero de 1997, la CIDH observa que las conclusiones de dicho informe se basan exclusivamente en la realización de entrevistas sin que ni siquiera se haga referencia en el mismo a los nombres de las personas que habrían brindado su testimonio. Por otra parte, llama la atención que el informe indique que los niños tenían moretones y cicatrices, sin que se cite prueba documental o pericial alguna que corrobore dicha situación y sin referencia a una evaluación médica. Cabe mencionar que esta determinación, no sustentada en prueba alguna, resulta contradictoria con el informe de la Procuraduría de 9 de enero de 1997, en donde se indicó que los niños “no presentaban signos de agresión física”. Ni la evidente falta de motivación sobre el sustento probatorio de este informe, ni la contradicción entre el mismo y el de la Procuraduría sobre un tema tan esencial como la presencia de signos de agresión física, fueron corregidos por autoridad judicial alguna a lo largo del proceso de declaratoria de abandono.
La Comisión observa además que en la realización de este informe el Estado incumplió con su obligación de garantizar que los niños fueran oídos, en particular Osmín Tobar Ramírez, quien tenía siete años de edad en ese momento y cuya opinión debió ser tomada en cuenta y valorada conforme a su madurez. La CIDH observa que en dicho informe no consta que Osmín Tobar Ramírez hubiera sido escuchado sobre su situación familiar. Tampoco consta que para la realización de este informe se hubiera solicitado la declaración de la señora Ramírez ni del señor Gustavo Tobar, padre de Osmín Tobar Ramírez, ni de ningún otro miembro de la familia a fin de que la valoración fuera efectuada con todos los elementos necesarios.
La Comisión nota que el informe recomendó que se declare en estado de abandono a los niños “para que puedan ser incluidos dentro del programa de adopciones” de la propia institución que lo elaboró. La Comisión recuerda que, conforme a lo descrito en el presente informe, la figura de la adopción, que es una medida de protección de carácter excepcional, implica una separación permanente de un niño o niña de su familia biológica, por lo que la misma debe estar justificada en su interés superior determinado conforme a los estándares mencionados que derivan del corpus juris de los derechos de la niñez. Al respecto, además de las falencias probatorias y de motivación mencionadas, el informe no contiene mención alguna a posibilidades distintas a la adopción o indagación a fin de considerar la viabilidad de otras opciones. Este informe tampoco contiene una motivación sobre las razones por las cuales la adopción constituía la medida más apropiada.
En quinto lugar, la Comisión observa que los dos informes de la Procuraduría de mayo de 1997 también presentaron diversas falencias. Por un lado, se indica que debido a “la situación económica tan inestable de la madre” no es capaz por el momento de cuidar a sus hijos. Además de que la situación económica no daría lugar a la separación de un niño o niña de su familia y que más bien tal situación debería activar un deber de apoyo por parte del Estado conforme a sus obligaciones reforzadas de protección de la niñez, la CIDH observa que en dicho informe no se evidencian las bases que llevaron a dicha conclusión. Por otro lado, se concluye que la señora Ramírez maltrataba a sus hijos, nuevamente con base en declaraciones de los vecinos. Sin embargo, al igual que el anterior informe, este tampoco identifica a las personas que declararon ni el contenido concreto de sus declaraciones. Tampoco se señala en este informe que se hubieran realizado otras pruebas de corroboración tales como estudios de medicina legal a los niños, una entrevista a los mismos o estudios psicológicos. De este informe tampoco resulta que se hubieran tomado declaraciones a la señora Ramírez, al señor Tobar o a los propios niños.
En sexto lugar, la Comisión considera que el informe de 19 de mayo de 1997 del Hogar Asociación sobre la solicitud de las dos tías de los hermanos Ramírez para encargarse de su cuidado también presentó serias irregularidades. Así, al igual que los primeros informes, se reitera la inexistencia de garantías de idoneidad técnica, independencia e imparcialidad. Por otra parte, se destaca que no es posible identificar las pruebas que llevan a varias de las conclusiones de este informe. La CIDH observa que tratándose de un estudio sobre la posibilidad de que asumieran el cuidado de los niños, las tías no fueron ni siquiera entrevistadas ni se les efectuó un estudio psicológico. Además, aunque se hace referencia a una presunta declaración de Osmín Tobar Ramírez, la misma no se encuentra sustentada en prueba documental alguna que indique que fue efectivamente entrevistado y que la entrevista tuvo lugar con las garantías establecidas en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Niño, relevantes para aplicar el artículo 8.1 de la Convención Americana cuando se trata del derecho de los niños a ser oídos, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana. La Comisión no deja de notar que esta es la única referencia en todo el expediente a que alguno de los hermanos Ramírez hubiera sido escuchado a lo largo de proceso de declaratoria de abandono.
En séptimo lugar, la Comisión observa que luego de la solicitud de la abuela materna de los hermanos Ramírez para asumir su cuidado, la Unidad de Psicología del Organismo Judicial realizó un informe en el que, además de deficiencias en la metodología y contenidos, es posible identificar ciertos estereotipos discriminatorios. En dicho informe se indicó que “como recurso familiar hay que tomar en cuenta que un adulto con preferencias homosexuales estará transmitiendo esta serie de valores a los niños que tenga a su cargo”. La CIDH recuerda que en el Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, la Corte señaló que una decisión de separación de un padre o madre con su hijo o hija basada en un estigma social sobre su orientación sexual no es acorde conforme al principio del interés superior de la niñez281 ni con el principio de no discriminación. Esto resulta aplicable a la determinación de falta de idoneidad de la abuela materna con base en su posible orientación sexual.
La Comisión nota que si bien se mencionaron otros aspectos en este informe, como la supuesta adicción a las drogas y al alcohol de la abuela materna, al igual que todos los informes analizados hasta el momento, la motivación del mismo es tan escueta que no permite entender las pruebas en que se basaron estas conclusiones. Las supuestas pruebas no figuran en el expediente ante la CIDH, no obstante la relevancia de este informe que iba a permitir evaluar si los niños Ramírez podrían ser cuidados por alguien de su familia biológica.
Finalmente, la decisión del Juzgado que efectuó la declaratoria de estado de abandono de los niños Ramírez, no efectuó consideración alguna sobre todas las falencias descritas en esta sección ni tampoco dispuso escuchar a los niños. Por el contrario, omitiendo revisar judicialmente la idoneidad de los informes presentados, los tomó como la base de la determinación del estado de abandono, haciendo suya la recomendación de inclusión en el programa de adopciones de la propia entidad que efectuó la mayoría de los informes.
En virtud de todas las consideraciones expuestas, la Comisión concluye que tanto la decisión inicial de institucionalización como la declaratoria judicial del estado de abandono no cumplieron con las obligaciones sustantivas y procesales mínimas para poder ser consideradas acordes con la Convención Americana. Como consecuencia de dicho incumplimiento, la Comisión concluye que en este procedimiento el Estado: i) violó el derecho a la libertad personal, los derechos a la protección de la familia y vida familiar y el derecho a ser oídos, establecidos en los artículos 7, 8.1, 11.2 y 17 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los hermanos Ramírez; y ii) violó los derechos a la protección de la familia y vida familiar y el derecho a ser oídos, establecidos en los artículos 8.1, 11.2 y 17 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Flor Ramírez y el señor Gustavo Tovar.
ii) Recurso de revisión hasta la declaración de estado de abandono
En este punto la Comisión analizará si el recurso de revisión interpuesto por la señora Ramírez contra el auto de declaratoria del estado de abandono, cumplió con las garantías judiciales u protección judicial para responder a las violaciones declaradas en la sección anterior.
La señora Ramírez presentó un recurso de revisión, el cual fue declarado inicialmente improcedente mediante decisión del juzgado de 23 de septiembre de 1997. La Comisión observa en primer lugar que la tramitación de dicho recurso adoleció de diversas irregularidades, tomando en cuenta lo previsto por la normativa interna.
La CIDH destaca que conforme a los artículos 138 y 139 de la Ley del Organismo Judicial, el juzgado debía convocar a una audiencia y en caso de que el incidente se refiriera a cuestiones de hecho, debía ordenar la recepción de pruebas. Sin embargo, dicha convocatoria no fue realizada y el juzgado no solicitó ninguna prueba. Por el contrario, no obstante el reclamo de la señora Ramírez se vinculaba necesariamente con cuestiones de hecho sobre las bases de la declaratoria del estado de abandono, el juzgado únicamente citó a la Procuraduría para escuchar su posición y se limitó a hacer referencia a información que ya constaba en el expediente relacionada con la declaración del estado de abandono y cuya incompatibilidad con la Convención Americana ya fue establecida.
El juzgado tampoco solicitó la declaración de la señora Ramírez o la comparecencia del señor Tobar. Del mismo modo, la Comisión observa que el juzgado tampoco solicitó el testimonio o valoración de ninguno de los niños, en particular de Osmín Tobar Ramírez quien contaba con siete años de edad.
Asimismo, el juzgado se abstuvo de valorar la documentación presentada por la señora Ramírez durante el procedimiento de estado de abandono de sus hijos, la cual se refería a la atención médica, estado de salud y educación de sus hijos. El juzgado tampoco se pronunció sobre el alegato de falta de credibilidad de los testimonios de los vecinos, incluyendo las acciones de su vecina Delmy Arias y su alegado vínculo con una red de adopciones irregulares. La Comisión observa que no se realizó ninguna diligencia a efectos de subsanar las omisiones probatorias de los informes anteriores, como por ejemplo determinar el nombre de los vecinos que presuntamente habían declarado. Tampoco se citó a la señora Delmy Arias para investigar los alegatos de la señora Ramírez. La CIDH también observa que el juzgado no se pronunció sobre la solicitud de la señora Ramírez para visitar a sus hijos mientras permanecían institucionalizados, a fin de remover cualquier restricción innecesaria al derecho de los niños a mantener el vínculo con su familia.
Además de estas omisiones, la Comisión nota que la señora Ramírez no fue notificada de la resolución de 25 de agosto de 1997, la cual abrió a trámite su recurso de revisión y convocó únicamente a audiencia a la Procuraduría. La CIDH resalta que el propio juzgado reconoció dicha omisión y afectación a su derecho a ser oída al señalar que “se cometió el error de no notificar a la interponente del recurso”. Asimismo, el juzgado reconoció que se “afectó el derecho de defensa” de la señora Ramírez por lo que se resolvió dejar sin efecto todo lo actuado hasta dicha fecha.
Al respecto, la Comisión observa que a pesar de que los tribunales reconocieron la vulneración del derecho a la defensa de la señora Ramírez, las autoridades continuaron sin brindar una adecuada protección judicial frente a las violaciones incurridas en la determinación de la situación jurídica de los hermanos Ramírez. Ello se corrobora en tanto después de dicho reconocimiento el juzgado no convocó de oficio a una audiencia para escuchar la posición de los padres de los hermanos Ramírez ni solicitó la realización de las pruebas omitidas. Por el contrario, la CIDH nota que el juzgado rechazó la solicitud de la señora Ramírez para que pudiera presentar pruebas. La Comisión también observa que al menos dos jueces intentaron excusarse de los procesos sin una debida fundamentación, lo cual contribuyó a la demora en la tramitación del recurso.
Frente a las distintas solicitudes de la señora Ramírez, la nueva jueza a cargo del proceso declaró sin lugar el recurso de revisión mediante resolución de 6 de enero de 1998 y posteriormente solicitó el archivo del mismo. La Comisión reitera las mismas irregularidades que se dieron en la resolución de 23 de septiembre de 1997 puesto que i) no se realizó una audiencia ni se abrió el proceso para recibir pruebas; ii) la decisión se motivó exclusivamente en información que constaba en el expediente de declaración de estado de abandono de los niños; iii) no se tomó en cuenta los distintos alegatos de la señora Ramírez en relación con la situación de sus hijos, la falta de credibilidad de los testimonios de vecinos y las irregularidades de los informes sociales presentados por la Procuraduría y el Hogar Asociación; y iv) la falta de toma de declaración de la señora Ramírez, el señor Tobar y de los hermanos Ramírez a fin de que fuera valorada a la luz de su madurez.
En virtud de lo indicado la Comisión concluye que el recurso de revisión hasta el momento de la adopción permitió que continuaran las violaciones declaradas y no constituyó un recurso efectivo ni cumplió con garantías mínimas de debido proceso, por lo que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Osmín Tobar Ramírez y J.R.. Asimismo, la Comisión concluye que en la tramitación del referido recurso, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Flor Ramírez y Gustavo Tobar.
La Comisión remarca la preocupación que los distintos órganos internacionales mostraron respecto a la legislación vigente en la época de los hechos sobre el proceso de adopción de niños y niñas. En particular, la CIDH resalta que el proceso extrajudicial de adopción no requería de mayor investigación, trámites y diligencias, ni estaba sujeto a una revisión judicial obligatoria. Por el contrario, el proceso no contaba con las salvaguardas mínimas ni procesales para asegurar que se exploraran todas las alternativas posibles antes de proceder a la adopción y que la presencia o declaración de consentimiento de los padres fueran efectuadas conforme a los estándares descritos. Además, dicho trámite no exigía que los niños fueran escuchados o su opinión fuera valorada conforme a su madurez. Tampoco se preveía una valoración individualizada de la idoneidad de los potenciales adoptantes en relación con las específicas necesidades del niño o niña.
La Comisión observa que estos problemas en la regulación y prácticas existentes en materia de adopción en la época de los hechos se vieron claramente reflejados en el presente caso.
La CIDH toma nota de que el proceso de adopción extrajudicial se inició a través de la solicitud de los abogados de las familias adoptantes y los notarios en Guatemala. La Comisión observa que el informe de la Procuraduría indicó que la adopción no procedía debido a que se encontraba pendiente un recurso presentado por la señora Ramírez. No obstante, luego de que las familias adoptantes recurrieron dicha decisión ante el Poder Judicial, el juzgado a cargo declaró con lugar la adopción de los hermanos Ramírez.
La Comisión observa que dicha resolución judicial no cumplió con los estándares mínimos para garantizar los derechos de los niños Ramírez conforme a su interés superior.
En primer lugar, el juzgado no analizó si es que existían recursos pendientes en el proceso, tal como indicó el informe de la Procuraduría. El juzgado se limitó a indicar que conforme a una certificación judicial el recurso de revisión habría culminado con la resolución de 6 de enero de 1998. No obstante, la CIDH resalta que conforme a las pruebas presentadas por ambas partes, la señora Ramírez había presentado distintos escritos cuestionando las irregularidades presentadas durante el procedimiento de declaración de estado de abandono de sus hijos, así como del propio proceso en el marco del recurso de revisión.
En segundo lugar, el juzgado no dispuso ningún tipo de diligencia a efectos de analizar la situación de la señora Ramírez. La CIDH nota que en el informe de la Procuraduría se indicó que sería conveniente analizar posteriormente la situación de la señora Ramírez a efectos de determinar qué medida debía adoptarse respecto de sus hijos. Sin embargo, dicha consideración no fue tomada en cuenta por el juzgado. El juzgado tampoco tomó en cuenta la situación de Ricardo Tobar como padre de Osmín, tomando en cuenta el deber del Estado de adoptar las medidas de apoyo necesarias para que los niños permanezcan con sus progenitores, salvo que ello sea contrario a su interés superior.
En tercer lugar, el juzgado tampoco valoró la posibilidad de decretar el cuidado de los hermanos Ramírez a su abuela materna o tías, quienes habían solicitado estar a cargo de su cuidado. Además, en este proceso las autoridades judiciales continuaron omitiendo investigar sobre otros posibles familiares maternos o paternos que pudieran estar a cargo de la custodia de considerarse que, efectivamente, sus padres no eran aptos para ello. De esta forma, en el proceso de adopción, el Estado también incumplió su deber de explorar adecuadamente la posibilidad de que los niños pudieran estar a cargo de su familia extensa.
En cuarto lugar, la CIDH recuerda que conforme a los instrumentos internacionales previamente señalados que hacen parte del corpus iuris sobre derechos de la niñez, la adopción internacional debe darse de manera excepcional y únicamente cuando la adopción a nivel nacional no sea posible. Sin embargo, en el presente asunto el juzgado tampoco analizó la posibilidad de explorar una adopción en Guatemala sino que tramitó de manera acelerada la solicitud de adopción de los niños Ramírez a familias que vivían en Estados Unidos.
En quinto lugar, el juzgado tampoco valoró la idoneidad de las familias adoptantes en relación con las necesidades específicas de los hermanos Ramírez, quienes fueron a su vez separados. La CIDH nota que en la resolución sólo se mencionada que ambas familias “acreditaron su solvencia moral y económica” sin hacer ninguna referencia específica a cómo se llegó a dicha conclusión.
Finalmente, no se constata que los señores Gustavo Tobar y Flor Ramírez ni los hermanos Ramírez, hubieran sido escuchados durante el proceso de adopción, lo que constituyó una nueva violación a su derecho a ser oídos y a que las opiniones de los dos niños fueran tomadas en cuenta conforme a su edad y madurez.
La Comisión no deja de notar que tanto el Poder Judicial como la Policía Nacional Civil reconocieron, tiempo después de concluido el proceso de adopción de los hermanos Ramírez, que éste tuvo diversas irregularidades (véase supra párrs. 98 - 110).
En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión considera que el Estado de Guatemala violó el derecho a ser oídos, a la vida familiar libre de injerencias arbitrarias y a la protección de la familia establecidos en los artículos 8.1, 11.2, 17 y 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19, 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Osmín Tobar Ramírez y J.R.. Asimismo, la Comisión considera que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos a ser oídos, a la protección de la familia y a la vida familiar libre de injerencias arbitrarias, establecidos en los artículos 8.1, 11.2 y 17 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Flor Ramírez y Gustavo Tobar.
ii) Recursos de revisión y amparo
La Comisión observa que luego del registro de adopción de los hermanos Ramírez, el señor Tobar presentó un escrito al juzgado en donde alegó que existían distintas solicitudes pendientes en el marco del recurso de revisión interpuesto por la señora Ramírez. Asimismo, cuestionó las diversas irregularidades presentadas durante el procedimiento de declaración de estado de abandono y adopción de los hermanos Ramírez, incluyendo su no intervención en el proceso como padre biológico. Agregó que debió contar con posibilidad de defenderse respecto de la declaratoria de abandono y/o otorgar consentimiento para proceder a la adopción.
La CIDH considera que la decisión del juzgado de declarar sin lugar la solicitud del señor Tobar adoleció de una motivación insuficiente. La Comisión observa que el juzgado indicó que su solicitud era extemporánea sin indicar en qué plazo se basaba ni el fundamento legal respectivo. Asimismo, el juzgado señaló que el señor Tobar no había sido parte del proceso, lo cual, lejos de considerarse como una causal de improcedencia, debió ser analizado como una violación a su derecho de defensa respecto de su vida familiar y, por lo tanto, debió ser inmediatamente corregido. La Comisión reitera que el señor Tobar, como padre biológico de Osmín, tenía el derecho de participar y ser escuchado en todos los procesos relativos a su vínculo familiar con su hijo. Asimismo, la CIDH recuerda que el Estado debe agotar los procesos de localización de los progenitores y de mantenimiento del vínculo familiar previo a cualquier decisión definitiva sobre la situación de los niños.
La Comisión observa que aunque en varias ocasiones las autoridades judiciales reconocieron las irregularidades en los procesos de declaratoria del estado de abandono y de adopción, no se adoptaron medidas para corregir los errores en el sentido de retrotraer la adopción recientemente materializada y asegurar que los procesos declarados irregulares a la luz del debido proceso, no continuaran teniendo efecto en la situación jurídica de los niños.
Así, la Comisión resalta que la falencia del juzgado frente a la participación del señor Gustavo Tobar fue reconocida posteriormente por la Sala de la Corte de Apelaciones quien, tras un recurso de amparo presentado por aquél, consideró que su falta de participación en el proceso “viola el derecho de defensa del postulante pues le impide hacer valer su calidad de padre del menor Osmín (…) para lograr que el mismo le sea entregado”.
Luego de que en el marco del recurso de revisión se realizara una audiencia en la cual tanto el señor Tobar como la señora Ramírez pudieron presentar sus alegatos, el juzgado solicitó a la Procuraduría un informe sobre la situación de los padres de los niños Ramírez. La Comisión considera que la Procuraduría presentó un informe que no cumplió con los estándares internacionales mencionados en tanto no analizó i) la situación específica e individualizada de los padres para que pudieran cuidar a sus hijos; ii) la posible adopción de medidas de apoyo a los padres para que pudieran asumir sus responsabilidades; o iii) la posibilidad de que la familia extensa de los niños pueda hacerse hacer cargo de ellos. Por el contrario, la CIDH observa que la Procuraduría se limitó a presentar una copia del informe realizado por el Hogar Asociación.
Como otro reconocimiento de irregularidades, la Comisión resalta que en su resolución de 20 de junio de 2000 en el marco del recurso de revisión, el juzgado concluyó que “en la tramitación del presente expediente se cometieron múltiples errores sustanciales, que perjudicaron los derechos y garantías constitucionales correspondientes a la señora Flor de Maria Ramírez Escobar, como parte procesal dentro de este expediente; así como también se violaron las formalidades legales del debido proceso”. En ese sentido, la CIDH nota que el propio juzgado reconoció algunas de las falencias presentadas durante el procedimiento de revisión, en particular i) la falta de oportunidad de presentar pruebas luego de que la señora Ramírez presentó el recurso de revisión; ii) la falta de notificación de distintas resoluciones entre 1997 y 1999; y iii) la existencia de varios memoriales presentados por la señora Ramírez que no fueron resueltos. Al respecto, la Comisión considera que ello atenta contra los derechos de los niños Ramírez, considerando el principio de diligencia excepcional que debe regir todo procedimiento respecto del cuidado de un niño.
La Comisión recuerda que el 7 de noviembre de 2000 el juzgado declaró con lugar el recurso de revisión. El juzgado nuevamente reconoció la vulneración del derecho de defensa de los padres de los niños Ramírez al indicar que no se les “brindó suficiente oportunidad para demostrar que constituyen recurso familiar, emocional y psicológico idóneo para sus (…) hijos”. Dicha situación generó la grave afectación del derecho de los niños a vivir en su familia.
Frente a esta decisión, a los múltiples reconocimientos a nivel interno de irregularidades y a los nuevos informes psicológicos y sociales del Poder Judicial que consideraban que la señora Ramírez y el señor Tobar podían estar a cargo del cuidado de sus hijos, la Comisión observa que el Estado no adoptó las medidas necesarias para determinar seriamente y con la diligencia excepcional requerida en este tipo de casos, la viabilidad y pertinencia de reunificar de los hermanos Ramírez con su familia biológica.
En primer lugar, la Comisión nota que el 31 de agosto de 2001 el juzgado decidió llamar a declarar a las dos familias adoptivas, incluyendo a los hermanos Ramírez. No obstante, fue recién casi cuatro meses después que el juzgado fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que la solicitud debía ser enviada a Estados Unidos y no a la embajada de dicho país en Guatemala.
En segundo lugar, la CIDH observa que el 20 de junio de 2000 el juzgado solicitó al señor Tobar que cancelara los gastos a efectos de materializar las declaraciones de los padres adoptivos pues de lo contrario se ordenaría el archivo del expediente. Al respecto, la Comisión considera que el Estado, luego de que sus propias autoridades judiciales reconocieron las irregularidades presentadas durante el proceso de revisión de la declaración de estado de abandono y posterior adopción de los niños, tenía la obligación de responder frente a las mismas en la mayor medida posible, con diligencia excepcional, conforme al interés superior de los niños y sin imponer cargas económicas o de otra naturaleza a las propias víctimas de las irregularidades reconocidas.
Finalmente, la Comisión observa que no existió una participación permanente y efectiva de entidad especializada alguna para proteger los derechos de los hermanos Ramírez. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado lo siguiente:
(…) el Tribunal considera que en aras de facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, es relevante la participación de otras instancias y organismos estatales que puedan coadyuvar en los procesos judiciales con el fin de garantizar la protección y defensa de los derechos de dichas personas282.
Además, la Corte reitera que si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías procesales son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños y las niñas el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores de edad, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías283. El tipo de medidas específicas son determinadas por cada Estado Parte y pueden incluir una representación directa o coadyuvante284, según sea el caso, del menor de edad con el fin de reforzar la garantía del principio del interés superior del menor285.
La Comisión considera que lo anterior resulta plenamente aplicable a los procesos tanto de declaratoria de abandono como de adopción, en los cuales se estaban efectuando determinaciones cruciales sobre la vida y el futuro de ambos niños.
En virtud de lo dicho hasta el momento, la Comisión concluye que el recurso de revisión, luego de la adopción de los hermanos Ramírez, continuó perpetuando las violaciones ya declaradas en el presente informe y tampoco constituyó un recurso efectivo frente a las mismas. En consecuencia, la Comisión considera que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Osmín Tobar Ramírez y J.R.. Asimismo, la Comisión declara la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Flor Ramírez y Gustavo Tobar.
iii) Plazo razonable del proceso de revisión
El artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. En este sentido, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales286, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular287.
En ese sentido, la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento288. Según los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana, la Comisión tomará en consideración, a la luz de las circunstancias concretas del caso, los cuatro elementos que ha tomado la Corte en su reciente jurisprudencia, a saber: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las autoridades judiciales; y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 289. En el presente caso, el proceso de revisión duró desde el 25 de agosto de 1997 hasta el archivo del caso el 19 de septiembre de 2002, esto es, cinco años y casi un mes.
La Comisión observa que el Estado no invocó la complejidad del asunto como justificación para la demora en el recurso de revisión. En cuanto a la participación de los interesados, la Comisión observa que el señor Tobar y la señora Ramírez han contribuido activamente en el proceso, procurando obtener protección judicial frente a la vulneración de sus derechos y los de sus hijos, sin que su actuación pueda entenderse como un factor que contribuyó a la demora en la resolución de este recurso. Respecto de la conducta de las autoridades a cargo y la naturaleza de los intereses en juego, la Comisión destaca que la misma no respondió a la diligencia excepcional que debe regir en casos en los cuales se está resolviendo la situación jurídica de un niño o una niña con impacto en su vida familiar, especialmente cuando el paso del tiempo puede ser un factor en la determinación de su interés superior.
Con base en todo lo anterior, la Comisión concluye que la duración total del procedimiento de revisión sobrepasa excesivamente un plazo que pudiera considerarse razonable, por lo que constituyen una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los niños Ramírez, el señor Tobar y la señora Ramírez, así como en relación con el artículo 19 de la misma en perjuicio de los niños.