Source: http://legislacion.derecho.com/ley-48-2002-del-catastro-inmobiliario
Timestamp: 2016-10-21 09:49:06
Document Index: 309329440

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 8', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 116', 'Artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 105', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 111', 'artículo 112', 'Artículo 16', 'artículo 82', 'artículo 235', 'artículo 149']

LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario	LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario Mis Leyes
LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario Estado	:
48/2002	Boletín Oficial	:
BOE 307/2002	Fecha Disposición	:
24/12/2002	Órgano Emisor	:
JEFATURA DEL ESTADO	EXPOSICIÓN DE MOTIVOSTíTULO ÚNICO De la regulación del Catastro InmobiliarioArtículo 1. Definición principios, contenido y competencia en materia de catastro.Artículo 2. Bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.Artículo 3. Titulares catastrales.Artículo 4. Incorporación en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones.Artículo 5. Procedimientos de incorporación mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.Artículo 6. Procedimientos de subsanación de discrepancias.Artículo 7. Inspección catastralArtículo 8. Valor catastral.Artículo 9. Ponencias de valores.Artículo 10. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos.Artículo 11. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial.Artículo 12. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.Artículo 14. Actualización de valores catastrales.Artículo 15. Deber de colaboración.Artículo 16. Infracciones y sanciones.Disposición adicional primera. Ámbito de aplicación.Disposición adicional segunda. Referencia catastral de los bienes inmuebles de características especiales.Disposición adicional tercera. Competencia para la resolución del recurso de alzada en materia de acceso a los datos catastrales.Disposición adicional cuarta. Comisión Técnica de Cooperación Catastral.Disposición adicional quinta. Acceso a los datos catastrales.Disposición transitoria primera. Clasificación de bienes inmuebles y contenido de las descripciones catastrales.Disposición transitoria segunda. Valoración catastral de bienes inmuebles rústicos.Disposición transitoria tercera. Normativa preexistente.Disposición transitoria cuarta. Procedimientos en tramitación.Disposición derogatoria única.Disposición final segunda.Disposición final tercera. Desarrollo dela Ley.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
La historia del Catastro en España discurre pareja al nacimiento y evolución del Estado moderno, y sus momentos de mayor o menor significación han sido, generalmente, un eco nítido de las distintas situaciones por las que ha atravesado la Hacienda Pública. Así lo demuestra la posición alcanzada por el Catastro a lo largo de los siglos XVIII y XIX, siempre marcada por los sucesivos intentos de reforma de nuestra Hacienda entre los que es preciso destacar la magna averiguación catastral emprendida por el Marqués de la Ensenada, a mediados de aquella centuria, para dotar a la Nación del instrumento imprescindible para la justa exacción del impuesto territorial.
En paralelo a esta evolución, las normas que regulan el Catastro han ido sucediéndose en el tiempo hasta llegar, el 23 de marzo de 1906, a la promulgación de la Ley del Catastro Topográfico Parcelario, último texto autónomo de este rango que reguló, y aún lo hace parcialmente, esta institución. Desde entonces, sus principios rectores quedaron unidos a diversas leyes reguladoras de distintas figuras tributarías, vínculo lógico si se tiene en cuenta que el origen y principal uso del Catastro en nuestro país es, sin duda alguna, el tributario.
Sin embargo, junto a su finalidad tributaria, el Catastro ha visto surgir en los últimos años la necesidad de que la información que contiene sea utilizada para otras muchas actividades, tanto públicas como privadas, evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy: una gran infraestructura de información territorial disponible para todas las Administraciones públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general, cuya presencia en la sociedad y cuya complejidad demanda la existencia de una ley propia que regule su configuración y actividad. Se garantiza con ello que la institución catastral estará eficazmente no sólo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria, sino también capacitada para facilitar la asignación equitativa de los recursos públicos, principios constitucionales en cuya aplicación material es ya hoy notable la colaboración del Catastro, como lo prueba su utilización por las diversas Administraciones para la gestión o el control de subvenciones nacionales o comunitarias, o la paulatina incorporación de la información gráfica y de la identificación catastral de las fincas al Registro de la Propiedad.
Dicho Registro, institución a la que el ordenamiento jurídico atribuye la esencial función, propia de todo Estado moderno, de garantizar la protección de los derechos inscritos y, con ello, del tráfico jurídico-inmobiliario, es el único registro que tiene efectos de fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles.
Los tres lustros transcurridos desde la publicación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, última que, a su vez, disciplina también el Catastro, han sido testigos de la creciente percepción de la importancia de coordinar y unificar todas las tareas relacionadas con su elaboración o, lo que es lo mismo, con el mantenimiento actualizado de la base de datos que constituye su principal activo. En este contexto, han sido numerosas las disposiciones de diverso rango que han modificado o completado la normativa inicialmente contenida en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Entre ellas, es forzoso referirse a la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como a las Leyes 42/1994, de 30
de diciembre, 13/1996, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de 29 de diciembre, 14/2000, de 29 de diciembre, y 24/2001, de 27 de diciembre, todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La utilización múltiple de la información catastral no desvirtúa, sino todo lo contrario, la naturaleza tributaria de la institución, al servir aquélla como elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarías de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. Así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 16 de diciembre de 1999, cuando indica que, al tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de alguno de los impuestos estatales más relevantes, el Catastro ha de incardinarse, sin lugar a dudas, en la Hacienda general del artículo 149.1.14.' de la Constitución Española. Es en esta justificación donde se apoya la adscripción que la Ley hace del Catastro al Ministerio de Hacienda y su atribución como competencia exclusiva del Estado y, por derivación de ello, la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos del Estado para la revisión de los actos resultantes de los procedimientos catastrales.
La regulación del Catastro Inmobiliario que la presente Ley contiene recoge, en términos generales, la parte nuclear de la normativa anterior, incluidas algunas de las modificaciones legislativas citadas, procurando, por una parte, sistematizarla y enriquecería a la luz de la experiencia adquirida y, por otra, acomodarla al marco básico y común que regula los procedimientos administrativos.
Singularmente, y sin perjuicio de la competencia estatal, se han tenido en cuenta en la nueva regulación las aspiraciones de los Ayuntamientos en orden a desempeñar un mayor protagonismo en la gestión del Catastro, extendiendo el ámbito de la colaboración municipal a nuevos aspectos que deben redundar en mejoras sustanciales tanto para ambas esferas de la Administración como para los ciudadanos.
La Ley contiene, ante todo, una definición objetiva del Catastro como lo que realmente es, un registro administrativo, proclamando su disposición al servicio de los principios constitucionales ya citados y, por ende, del conjunto de las Administraciones públicas, fedatarios y ciudadanos, todo ello sin perjuicio de la competencia y funciones atribuidas al Registro de la Propiedad. Un correlativo esfuerzo se realiza, de igual forma, para configurar de manera precisa los conceptos catastrales de bien inmueble y de titular, ambos piezas fundamentales de la institución y, por consecuencia, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y ofrece, respecto de tal titular, una regulación de su posición ante la Administración que podría calificarse de auténticamente estatutaria.
Novedosa también es la regulación de los procedimientos de incorporación de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario, que pasa a erigirse en piedra angular de la nueva normativa, con eficacia inmediata, en particular, en el sistema tributario local. Para su realización, la Ley establece una serie de procedimientos que se caracterizan, principalmente, y, por un lado, por su adecuación a la normativa general contenida en las Leyes General Tributaria y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por otra parte, por el singular interés mostrado en establecer modalidades simplificadas o abreviadas, en buena medida basadas en la colaboración municipal, con el objetivo claro de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones, continuándose así con la línea emprendida por la repetida Ley 13/1996, por cuya virtud la actualización de las titularidades catastrales quedó en gran parte residenciada en la fructífera cooperación de las Notarías y de los Registros de la Propiedad. Nos encontramos así, por ejemplo, con la serie de procedimientos que la Ley denomina comunicaciones, así como con el que permite rectificar de oficio, en determinados supuestos, la información catastral, prestándose igualmente la necesaria atención a cuestiones como la efectividad de los diversos actos de gestión catastral y su régimen de notificación.
De precisa y sistemática debe calificarse también la regulación que la Ley contiene del valor catastral, concepto sobre el que en la anterior normativa recaía el principal acento y que ahora, aun manteniendo su singular importancia, pasa a integrarse en el más amplio de descripción catastral. Manteniendo en lo esencial los aspectos más arraigados, las innovaciones se han dirigido, también aquí, a sistematizar y simplificar los distintos mecanismos necesarios para la determinación de los valores y a reforzar el principio de legalidad, y consagrar el de moderación, en su configuración.
Otros aspectos que son objeto de atención y regulación en la Ley son la referencia catastral, la actualización de valores por grupos de municipios atendiendo a su homogeneidad inmobiliaria, el deber de colaboración y el régimen sancionador.
Por último, debe destacarse el carácter parcial del texto contenido en esta Ley, que no abarca todas las facetas catastrales que deben ser reguladas con una norma de este rango, y que ahora se encuentran dispersas en distintas leyes. Es por ello por lo que en la disposición final se faculta al Gobierno para refundir en un solo texto diversas normas que están relacionadas con la materia contenida en la presente Ley, refundición que comprenderá la aclaración y armonización de dichas disposiciones.
TíTULO ÚNICO De la regulación del Catastro Inmobiliario
Artículo 1. Definición principios, contenido y competencia en materia de catastro.
3. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las
construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. A los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos.
4. La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directo a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
Artículo 2. Bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.
1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito ' cualquiera que sea su dueño, y con independencia dé otros derechos que recaigan sobre el inmueble.
Tendrán también la consideración de bienes inmuebles
4. Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano el que, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la Ley citada. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica.
6. A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones
b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícoles de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.
e) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones.
e) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
Artículo 3. Titulares catastrales.
1 . Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre un bien inmueble, la titularidad de alguno de los siguientes derechos
2. Cuando el derecho de propiedad concurra con alguno de los restantes derechos mencionados en el apartado 1 de este artículo, se incorporará también como
titular al propietario que lo solicite conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 5 de esta Ley.
4. En sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales ostentan los derechos reconocidos en el capítulo 1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, con las especialidades previstas en la presente Ley.
Artículo 4. Incorporación en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones.
1. La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso la asignación de valor catastral, es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos
Los actos citados en el párrafo anterior son susceptibles de ser revisados en los términos establecidos en el capítulo VI del título 111 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, sin que la interposición de la reclamación económico-administrativa suspenda su ejecutoriedad, salvo que excepcionalmente sea acordada la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, ordenando, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la resolución impugnada.
4. Los procedimientos a que se refiere este artículo tendrán naturaleza tributaría y se regirán por lo dispuesto en esta Ley, siendo de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 5. Procedimientos de incorporación mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
2. Son comunicaciones
b) Las que formulen los Ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en cono
cimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.
3. Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza establecida en el artículo 116 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributario, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente.
6. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, y tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.
Artículo 6. Procedimientos de subsanación de discrepancias.
1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral
de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar a que se refiere el artículo 5. La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de esta Ley, concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
Artículo 7. Inspección catastral
Dichas actuaciones tendrán naturaleza tributaría y se regirán por lo dispuesto en esta Ley, siendo de aplicación supletoria la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, y la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, así como sus disposiciones de desarrollo.
2. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas en esta Ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o negocios que
no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente.
Artículo 8. Valor catastral.
1. El valor catastral esel determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.
2. Para la determinación del valor catastral se tendrán en cuenta los siguientes criterios
b) El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones.
Artículo 9. Ponencias de valores.
1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 2, párrafo e) del artículo 12 de esta Ley, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, que recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
Dentro de su ámbito territorial, las ponencias de valores podrán ser
5. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores totales o parciales se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el "Boletín Oficial del Estado" o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.
Artículo 10. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos.
3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser
4. Toda incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario practicada en virtud de los procedimientos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de esta Ley lincluirá cuando sea necesario, la determinación individualizad¿ del valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características. Dicho valor catastral se determinará mediante la aplicación de la ponencia de valores vigente en el municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del catastro o, en su caso, mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento de valoración colectiva simplificada.
Artículo 11. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial.
1. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Los valores catastrales resultantes de estos procedimientos se notificarán individualmente a los titulares catastrales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, a cuyo efecto se podrá recabar la colaboración de las Corporaciones locales o de otras Administraciones y entidades públicas.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente en atención al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" o en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso la comparecencia se deberá producir en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
3. Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en que se
produzca su notificación. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9. 1 de la presente Ley, los acuerdos surtirán efectos el día uno de enero del año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del momento en que se produzca la notificación del acto.
Artículo 12. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
2. Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas
3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, y tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento, sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.
Artículo 13. Procedimiento de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Artículo 14. Actualización de valores catastrales.
Artículo 15. Deber de colaboración.
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está sujeta al deber de colaboración establecido en el artículo 111 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.
2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos concretos.
En particular, las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán suministrar a la Dirección General del Catastro, en los términos que reglamentariamente se determinen, aquella información que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaría del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones parcelarias, deslindes administrativos y expropiación forzosa.
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1 . Constituirán infracción tributaría simple los siguientes hechos o conductas, siempre que no operen como elemento de graduación de la sanción
3. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los criterios señalados en los párrafos a), b), e), e) y f) del número 1 del artículo 82 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, conforme a las reglas de aplicación que se determinen reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Referencia catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Lo establecido en la sección 4.' del capítulo IV del Título 1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para los bienes inmuebles que con arreglo a la normativa anterior tuvieran naturaleza rústica o urbana, será de aplicación a los bienes inmuebles de características especiales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición adicional tercera. Competencia para la resolución del recurso de alzada en materia de acceso a los datos catastrales.
El Director general del Catastro será el órgano competente para resolver el recurso de alzada establecido en la sección 2.' del capítulo 11 del Título Vil de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se interponga contra las resoluciones susceptibles del mismo dictadas en aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Disposición adicional cuarta. Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
Se crea la Comisión Técnica de Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa dependiente de la Dirección General del Catastro, que será presidido por el Director general del Catastro o funcionario en quien delegue y se integrará por seis representantes del citado centro directivo y otros seis de la asociación de Entidades Locales de ámbito nacional con
mayor implantación, cuyas funciones serán de estudio y asesoramiento en materia catastral y de cooperación en el desarrollo de las fórmulas de colaboración en la gestión catastral y en la gestión tributaría del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se establezcan. Su régimen de funcionamiento será el previsto para los órganos colegiados en el capítulo 11 del Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional quinta. Acceso a los datos catastrales.
Se da nueva redacción al párrafo b) del apartado tres de la disposición adicional segunda de la Ley 24/2001, de27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado como sigue:
"b) Para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y, en general, para la identificación de las fincas, por los notarios y registradores de la propiedad."
Disposición transitoria primera. Clasificación de bienes inmuebles y contenido de las descripciones catastrales.
Disposición transitoria segunda. Valoración catastral de bienes inmuebles rústicos.
Disposición transitoria tercera. Normativa preexistente.
Disposición transitoria cuarta. Procedimientos en tramitación.
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, quedan derogadas las disposiciones siguientes
b) El inciso final del segundo párrafo del apartado 2.' del artículo 235 del Decreto de 12 de enero de 1973, que aprueba el texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.14.' de la Constitución Española.
Se autoriza al Gobierno para refundir en el plazo máximo de un año y en un solo texto las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro Inmobiliario y, especialmente, la normativa sobre la materia contenida en la presente Ley, así como en la Ley de 23 de marzo de 1906 que establece el Catastro Parcelado Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La refundición comprenderá la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.
Disposición final tercera. Desarrollo dela Ley.
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2003, de la Dirección General del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial de CádizORDEN HAC/2318/2003, de 31 de julio, por la que se determina la atribución de las Funciones Inspectoras en el ámbito de la Dirección General del Catastro y se aprueba el contenido y especialidades de los documentos de la Inspección CatastralLEY 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones PúblicasLEY 43/2003, de 21 de noviembre, de MontesORDEN HAC/3521/2003, de 12 de diciembre, por la que se fija el coeficiente de referencia al mercado (RM) para los bienes inmuebles de características especialesLEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden socialRESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para el establecimiento de cauces estables de colaboración entre la Dirección General del Catastro y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de intercambio de información y acceso directo a las respectivas bases de datosRESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban los modelos de actas de inspección catastral y el de diligencia de colaboración en la inspección catastralREAL DECRETO 125/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el Programa anual 2004 del Plan Estadístico Nacional 2001-2004RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica el Anexo a la Orden de 23 de junio de 1999REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro InmobiliarioRESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Segorbe, don José María Salgado Vallvey, contra la negativa del Registrador de la Propiedad, número dos, de Nules, don José Ramón Fraguas Solé, a inscribir una escritura de compraventaREAL DECRETO 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzoLEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscalRESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban los modelos de actas de inspección catastral y de documentos a utilizar en el procedimiento de inspección conjuntaAprobación definitiva de diversas ordenanzasAprobación definitiva de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas, sobre vehículos de tracción mecánica, sobre construcciones, instalaciones y obras, sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de la tasa por expedicion de documentos administrativos, por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler, por licencias urbanísticas, por recogida de basuras, por instalación de quioscos en la vía pública, de la tasa de quioscos y terrazas de veladores, por utilización privativa y aprovechamiento especial por el ejercicio de la venta fuera de un establecimiento comercial y permanente ( mercadillo), por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con puestos, casetas, barracas, etcétera, por retirada de vehículos de la vía pública, de la tasa por rodaje cinematográfico, televisión y vídeo, de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase; tasa por cementerio municipal, conducción de cadáveres y otros servicios funerarios; tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública; Precio público por la expedición de documentos no administrativos; Precio público por escuelas municipales deportivas, participación en competiciones deportivas y por la utilización de instalaciones deportivas de propiedad municipal; Precio público por la prestación del servicio de la escuela municipal de músicaAprobación de la imposición, ordenación, modificación y aprobación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2008Aprobación definitiva de las modificaciones de diversas ordenanzas fiscales	Cerrar PDF
LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario	Trámites