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Timestamp: 2018-08-16 23:39:31
Document Index: 99013278

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 144', 'artículo 115', 'artículo 16']

﻿ SENTENCIA 2003-03980/47657 DE MARZO 13 DE 2017
SENTENCIA 2003-03980 DE 13 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:ESTADO ES RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA MINA ANTIPERSONA UN CIUDADANO A TÍTULO. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE LOS DAÑOS OCASIONADOS ALA VÍCTIMAS POR HECHOS VIOLENTOS COMETIDOS POR TERCEROS, LA SALA HA SEÑALADO EN DIFERENTES OPORTUNIDADES QUE ELLOS SÓLO SON IMPUTABLES AL ESTADO CUANDO EN LA PRODUCCIÓN DEL HECHO INTERVINIENTE LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE ACCIÓN O DE UNA OMISIÓN CONSTITUTIVA DE FALLA EN EL SERVICIO , COMO EN LOS EVENTOS EN LOS CUALES EL HECHO SE PRODUCE CON LA COMPLICIDAD DE MIEMBROS ACTIVOS DEL ESTADO , O CUANDO LA PERSONA CONTRA QUIEN IBA DIRIGIDO EL ACTO HABÍA SOLICITADO PROTECCIÓN A LAS AUTORIDADES Y ÉSTAS NO SE LE BRINDARON O PORQUE, EN RAZÓN DE LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS QUE SE VIVÍAN EN EL MOMENTO , PUES EL HECHO ERA PREVISIBLE Y NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTUACIÓN DIRIGIDA A SU PROTECCIÓN. ES POR ELLO QUE LA CORPORACIÓN DE MANERA REITERADA, HA PRECISADO QUE EL ESTADO DEBE RESPONDER PATRIMONIALMENTE A TÍTULO DE FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EL DEBER DE PRESTAR SEGURIDAD A LAS PERSONAS, CUANDO: I) SE DEJA LA POBLACIÓN A MERCED DE LOS GRUPOS DE DELINCUENCIA, SIN BRINDARLE PROTECCIÓN ALGUNA, EN ESPECIAL CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE LOS DERECHOS DE ESA POBLACIÓN VIENEN SIENDO DESCONOCIDOS POR GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY M B) SE SOLICITA LA PROTECCIÓN ESPECIAL , CON JUSTIFICACIÓN EN LAS ESPECIALES CONDICIONES DE RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA, C) NO SE SOLICITA EXPRESAMENTE DICHA PROTECCIÓN, PERO ES EVIDENTE QUE LA PERSONA LO NECESITABA , EN CONSIDERACIÓN A QUE EXISTÍAN PRUEBAS O INDICIOS CONOCIDOS QUE PERMITAN ASEGURAR QUE LA PERSONA SE ENCONTRABA AMENAZADA O EXPUESTA A SUFRIR GRAVES RIESGOS CONTRA SU VIDA, EN RAZÓN DE SUS FUNCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES, FABRICACIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES, UTILIZACIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES, RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
Sentencia 2003-03980/47657 de marzo 13 de 2017
Rad.: 05001-23-31-000-2003-03980-01(47657)
Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $332’000.000(5), solicitada en favor de cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (L. 446/1998)(6), para que el proceso se considere de doble instancia.
En el presente asunto, el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 11 de julio de 2001(7), de manera que, en principio, la caducidad de la acción operaba el 12 de julio de 2003; no obstante, como el 7 de julio de 2003 se presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Treinta y Una Judicial Administrativa, a partir de ese día se suspendió el término de caducidad, por el tiempo que restaba para que ocurriera este fenómeno jurídico, es decir, por 5 días, siendo reanudado el 2 de noviembre de 2003, es decir, al día siguiente hábil a la expedición de la constancia a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001(8); así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 4 de noviembre de 2003, puede concluirse que no había operado aún la caducidad de la acción.
1. Copia de la historia clínica de Luis Alejandro Yepes Acevedo, en la que se observa que, a las 3:00 P.M. del 11 de julio de 2001, ingresó al servicio de urgencias del Hospital San Rafael, del municipio de Yolombó, con los siguientes síntomas (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):
“Amputación Traumática de MII a nivel de 1/3 distal de pierna, destrucción de tejidos Blandos, piel, contaminación, fragmentos óseos.
MID: Semiamputación traumática a nivel de 1/3 inferior y pie.
1º. Amputación traumática de MII
2º. Semiamputación Traumática MID” (fls. 21 cdno. 2).
2. Copia del reconocimiento médico RL. 01-7674 del menor Luis Alejandro Yepes Acevedo, en el que el médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Regional Noroccidente —Medellín— consignó (se transcribe tal como obra en el expediente):
“… según consta en la historia clínica 657592 sufrió fracturas con amputación de los miembros inferiores por mina quiebra pata’ por lo que fue necesario intervenirlo quirúrgicamente. Al examen clínico actual presenta amputación de ambos miembros inferiores a la altura del tercio medio de ambas piernas, cuyos muñones están cubiertos con gasas limpias; presenta un ‘pin’ en la articulación de la rodilla derecha. Buena presentación personal, orientada, colaborador, lenguaje normal y pensamiento lógico. Lesiones producidas por artefacto explosivo. La incapacidad médico legal definitiva se conceptúa en —cuarenta y cinco —45 días, queda como secuelas de carácter permanente deformidad física que afecta los contornos del cuerpo por las perturbación funcional del órgano de la marcha por las amputaciones de miembros inferiores” (fl. 20 cdno. 2).
3. Copia del oficio 411 de 19 de diciembre de 2000, en el que el Comandante de la Estación de Policía de Yolombó le informó al Comandante del Departamento de Policía lo siguiente:
4. Certificación de 1º de diciembre de 2001, en la que el Personero Municipal de Yolombó señaló (se transcribe como obra en el expediente):
5. Copia del oficio de 25 de septiembre de 2003, mediante el cual el Personero Municipal de Yolombó certificó que el 19 de diciembre de 2000 un frente del grupo subversivo Ejército de Liberación Nacional —Eln— ejecutó actos terroristas en ese municipio (fl. 78 cdno. 2).
6. Testimonio de la señora Doris del Socorro Acevedo Suárez, quien —ante el Juzgado Promiscuo de Yolombó— señaló (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):
“… el diecinueve de diciembre de dos mil, como a la una y treinta de la madrugada, hubo una incursión guerrillera en el Municipio, en este Municipio, por parte del Ejército de Liberación Nacional, no se cuál frente, eran los llamados Elenos, ellos entraron al Municipio por varias partes entre ellas por el sector la Quinta o Alto del Potrero , que es cerca del área urbana, de donde disparaban a la parte de atrás del Palacio municipal, y de la plaza principal; la incursión duró más o menos como hasta las seis y treinta de la mañana, cuando llegué a la personería, lo primero que observamos en la parte de atrás del Palacio, fueron unos cilindros de gas, o pipetas de gas, que no habían sido explotadas. Se informó a las autoridades, o al Ejército, los cilindros que se encontraron, con el fin de que vinieran a explotarlos o a desactivarlos, esto se realizó al otro día, en esa fecha, martes. En julio de 2001, por la parte por donde entró el grupo guerrillero, por los lados de Alto Potrero o la Quinta, el niño Luis Alejandro Yespes, pisó una mina, cuando se dedicaba a buscar leña me parece, para hacer un trabajo de la escuela. También tengo para recordar, que debido al encontrarse la mina, la Personería informó a las autoridades competentes el encuentro de la mina, con el fin de que vinieran o enviaran equipos especializados para la desactivación de otras minas, llegaron como a los dos meses y en efecto en el mismo sitio donde el niño pisó la mina se encontraron una o dos minas y las desactivaron … Preguntado: Dice usted que cuando hubo la toma informaron al Ejército para que desactivar los cilindros que habían quedado en la parte posterior del Palacio Municipal. Dígale al Despacho si el Ejército el día que desactivó los cilindros, revisó el área donde quedaron los mismos e hizo un desminado de la misma área? Contesto: El Ejército solamente se limitó a explotar los cilindros, más no inspeccionó el área… Preguntado. Dígale al Despacho si con base en la respuesta anterior, si ud. presenció ese hecho de desactivación de las pipetas? Contesto: Sí me tocó presenciar, porque las pipetas se encontraban ubicadas en la parte Posterior del Palacio Municipal, donde trabajo, y por ese mismo sitio vive el niño Luis Alejandro Yepes Acevedo. Preguntado: Dígale al Despacho si la Personería o alguna persona le pidió al Ejército que inspeccionara el área donde habían quedado los cilindros? Contesto Sí, el personero Municipal de ese entonces, el Dr. Fernando Masso Bejarano… Preguntado. —Dígale al Despacho si cuando ocurrió la activación de la mina quiebra patas por parte del menor, se informó al Ejército para que hicieran el desminado del área y si sabe en qué época ocurrió eso? Contesto: ah si, si, se informó, y vinieron a los dos meses, como en septiembre de 2001” (fls. 289 y 290 cdno. 2) (resalta la Sala).
7. Testimonio del señor Fernando Masso Bejarano, quien relató (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso los errores):
8. Copia del acta de 20 de septiembre de 2001, en la que el Comandante Bravo 1 del Batallón Contraguerrilla 47 “Tacines” consignó:
Barrio Alto El Potrero, Sector Los Tanques, El cruce, la Escuela —en el municipio de Yolombó —Antioquia, que hace el Grupo Marte de la Br. 14, con el apoyo del batallón de Contraguerrillas 47 ‘Tacines’, lapso 12 de septiembre al 19, por intermedio de la BR. 14.
“Día 14 de Septiembre: Se inicia con un registro perimétrico en el lugar Barrio Alto El Potrero (…) en donde se registraron 500 mts2 de área; allí se ubicó y destruyó una mina quiebrapatas con las siguientes características (…)
Observaciones: esta mina fue encontrada a 20 mts de distancia del artefacto que activó el niño Luis Alejandro Yepes Acevedo, quien perdió las piernas el pasado 11 de julio” (fls. 70 a 73 cdno. 2).
9. Copia del oficio 0168 de 6 de septiembre de 2003, mediante el cual el Comandante de la Estación de Policía de Yolombó le informó al Personero Municipal, lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso los errores):
Es menester señalar que la Sala dará valor probatorio a los documentos mencionados, toda vez que, por una parte, algunos vienen en copia auténtica y, por otra parte, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación(9), con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en las actuaciones judiciales, avaló la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad(10).
Así, pues, de las pruebas que obran en el proceso se colige que: i) el 19 de diciembre de 2000 un frente del Ejército de Liberación Nacional —Eln— incursionó en el municipio de Yolombó, ii) durante la toma guerrillera unos subversivos disparaban y lanzaban artefactos explosivos desde el cerro donde está ubicado el barrio Alto del Potrero y otros instalaban artefactos explosivos, iii) al día siguiente de la toma guerrillera, tropas del Ejército Nacional desactivaron dos cilindros bomba que fueron abandonados por los subversivos en el barrio Alto del Potrero y, aunque el personero municipal les solicitó que inspeccionaran la zona con el fin de detectar otros artefactos explosivos, el personal militar no hizo registro alguno, aduciendo que no tenían detectores, ni equipos técnicos para hacerlo, iv) el 11 de julio de 2001 el menor Luis Alejandro Yepes Acevedo, en instantes en que se encontraba en el barrio Alto del Potrero, pisó una mina antipersonal, lo cual le produjo en el acto el cercenamiento de la pierna izquierda y, posteriormente, la amputación de la pierna derecha en el Hospital General de Medellín, v) a raíz de este hecho y por solicitud de la comunidad y la Personería Municipal de Yolombó, miembros del Batallón Contraguerrilla 47 “Tacines” de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército realizó un desminado en el área semiurbana del municipio de Yolombó, procedimiento en el que encontraron una mina antipersonal a 20 metros de distancia de la que accidentalmente activó el menor Luis Alejandro Yepes Acevedo.
Obligaciones estatales en relación con las minas antipersonales — Convención de Ottawa—
“ART. 1º.—Obligaciones generales.
“ART. 4.—Destrucción de las existencias de minas antipersonal.
“ART. 5.—Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas.
“Esto hace que las minas antipersonal presenten consecuencias más amplias que las descritas, en tanto interrumpen el desarrollo económico y social de las comunidades bajo su amenaza, pues bajo el terror que imprimen dentro de su radio de acción, impiden que las personas circulen libremente hacia sus lugares de trabajo, escuelas, centros de salud y mercados, o que adelanten labores en los campos relacionadas con el cultivo de las tierras, el levantamiento de ganado, etc”(11).
“Un pacto internacional que prohíba el uso de las minas antipersonal hace también efectivos derechos esenciales del ser humano cuya protección es inaplazable, como ocurre con la vida, la salud, la integridad física y mental, la libre circulación y el ambiente sano. Así mismo, facilita a las autoridades estatales cumplir con la obligación constitucional que les asiste de ‘proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades’ (C.P., arts. 2º. 11, 12, 24, 48 y 79). Como se ha dicho en anteriores oportunidades, nuestra sociedad está llamada a dar solución pacífica a sus conflictos internos e internacionales; sólo así podrá democratizar el tratamiento de las disputas y lograr legitimidad en los acuerdos alcanzados para resolverlas. De esta manera, se abre paso a la obtención de una paz real, derecho y deber de obligatorio cumplimiento (C.P., art. 22), y de una convivencia sin violencia, fin esencial del Estado colombiano (C.P., art. 2º.), bajo los presupuestos de la diferencia y la tolerancia. (…) En este orden de ideas, un instrumento internacional que bajo la guía de los propósitos compartidos en el ámbito de las Naciones Unidas, facilite al Estado colombiano la asunción de compromisos que limiten la forma de adelantar un conflicto armado, no sólo se traduce en una vía segura hacia la humanización de la guerra y la prevención de la misma, sino que logra conducir la resolución de las disputas por vías institucionales, de manera que el conflicto sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática y no se constituya en un mecanismo de vulneración de los derechos de las personas en sociedad. Recordemos que el conflicto es inherente a las relaciones de los seres humanos y, por lo tanto, es imposible desterrarlo de tajo; el objetivo será entonces encontrar la manera más civilizada para resolverlo”(12).
“ART. 144.—De los Archivos Sobre Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Ocurridas con Ocasión del Conflicto Armado Interno. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de Memoria Histórica, (sic) diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones.
Así las cosas y en obedecimiento a la norma transcrita, esta Sala ordenará enviar una copia de esta providencia al Archivo General de la Nación para que, en los términos de la ley de víctimas y restitución de tierras, se empiece a dar un fortalecimiento efectivo de la memoria histórica, fin loable que, sin duda alguna, será crucial en el proceso de reconciliación que debe afrontar la sociedad colombiana en un eventual escenario de desmovilización de las grupos guerrilleros(13).
De la falla del servicio imputable al Ejército Nacional.
Así, pues, es claro que la acción de la subversión no era un hecho nuevo para la fuerza pública, por lo tanto imprevisible, como tampoco el minado de los sitios de los atentados, por lo que una medida mínima de protección para la población civil, era la demarcación de la zona y la erradicación de las armas trampa que se encontraban allí. En el presente caso, quien debía realizar esa demarcación y erradicación era el Ministerio de Defensa —Ejército Nacional— y no hizo ni lo uno ni lo otro, por lo que se configuró una omisión de su parte, perfectamente imputable a título de falla del servicio.
Respecto de los daños ocasionados a las víctimas por hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha señalado en diferentes oportunidades que ellos sólo son imputables al Estado cuando en la producción del hecho interviene la administración, a través de una acción o de una omisión constitutiva de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(14).
Según lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino, además, responsabilidad institucional; por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y de los particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(15).
Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarle protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley, b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona, c) no se solicita expresamente dicha protección, pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(16).
No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que, a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(17), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(18), aunque se destaca que esta misma Corporación, en providencias posteriores, ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(19).
Asimismo, en relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que, para la prosperidad de la demanda, es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(20), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la relación causal entre la omisión y el daño(21).
Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no era la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida que, de haberse realizado, habría interrumpido el proceso causal e impedido la producción de la lesión(22).
En el caso sub lite, es claro que, si bien las lesiones que sufrió el menor Luis Alejandro Yepes Acevedo fueron causadas por un tercero, en este caso, por quienes instalaron la mina antipersonal, lo cierto es que el resultado (daño antijurídico) es atribuible a la administración pública, concretamente, por el desconocimiento del deber de protección y cuidado establecido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución Política(23).
“(…) Debió prevenirse, como debe hacerlo la Policía Nacional dentro de las funciones que le competen y haber efectuado una inspección posterior a los ataques subversivos, por cuanto debe (sic) custodiarse y mantenerse en orden las zonas que fueron objeto de tales enfrentamientos donde se utiliza todo tipo de armamento o artefactos que causan daño en la vida o salud, no solo para los miembros de la fuerza pública, sino también, de los civiles que se encuentran transitando o habitando por tales sectores.”(24) (resalta la Sala)
En un fallo similar, la Sección Tercera declaró la responsabilidad de la Nación—Ejército Nacional—, considerando lo siguiente:
“La apreciación del acervo probatorio, ajustada y ceñida a los lineamientos consagrados en el art. 187 del Código de Procedimiento Civil, permite establecer que los hechos se desarrollaron como se narran en el libelo introductor del proceso y además, con aplicación del régimen de la responsabilidad estatal que se hace derivar del riesgo especial, que la entidad pública está obligada a resarcir a los demandantes, puesto que el daño de que se trata se produjo como consecuencia del riesgo extremo a que se vieron sometidos los habitantes de la región teatro de los acontecimientos al haber quedado, (sic) convertida en vórtice de la guerra fratricida que enfrenta a las fuerzas de la subversión con las tropas regulares.
“(…) Los autos carecen de la necesaria prueba demostrativa que la fuerza pública hubiera informado a la población sobre la existencia, modo de identificar y de evitar hasta lo posible hacer contacto de (sic) esos instrumentos de alto riesgo, o bien, (sic) de cuáles eran los sectores donde se hallaban sembrados y menos, (sic) que hubiera desarrollado prontos y efectivos operativos tendientes a desactivarlas”(25).
En el caso sub examine, es evidente que el menor Luis Alejandro Yepes Acevedo sufrió graves lesiones en sus miembros inferiores, por la explosión del artefacto explosivo (mina antipersonal) luego de una incursión al municipio de Yolombó (Antioquia) por parte de un frente del Ejército de Liberación Nacional —Eln—, cuyos integrantes dejaron explosivos, al parecer, durante la toma guerrillera, para hacer frente a la persecución de la fuerza pública.
Así, pues, forzoso resulta concluir que el daño irrogado a los demandantes por las lesiones causadas al menor Luis Alejandro Yepes Acevedo es jurídicamente imputable a la Nación —Ministerio de Defensa —Ejército Nacional, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de éste por los hechos narrados en la demanda, así como la condena por concepto de perjuicios inmateriales, pues, a pesar de que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera al demandado, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia, en este caso la parte apelante no señaló razones o fundamentos de su disenso con el monto de tal condena, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos de juicio para analizar el tema.
Ahora, es importante señalar que, si bien el a quo reconoció en favor del menor Luis Alejandro Yepes Acevedo la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la vida de relación, la Sala reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aquél (daño a la salud) es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño deviene de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita sicofísica del sujeto y está encaminada a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(26).
1. CONFÍRMASE la Sentencia del 22 de junio de 2012, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, excepto el ordinal tercero que quedará así:
“3: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional- a pagar por concepto de daño a la salud, a favor de Luis Alejandro Yepes Acevedo, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
2. Por Secretaría, ENVÍESE una copia de esta providencia al Archivo General de la Nación, para efectos de su custodia, en los términos del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011.
3. Por Secretaría, ENVÍESE una copia de esta providencia al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, para que sean atendidas las observaciones aquí consignadas.
5 DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 26 de enero de 2017.
5. Suma que resulta de multiplicar por 1.000 el valor del salario mínimo legal vigente en el 2003 ($332.000), año en el que se interpuso la demanda.
6. La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 2003, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $166’000.000.
7. Fecha en la que resultó lesionado Luis Alejandro Yepes Acevedo con una mina antipersonal, según se observa en la historia clínica que obra en los folios 19 a 64 del cuaderno 2.
8. El 29 de octubre de 2003 (viernes), la Procuraduría Treinta y una Judicial II Administrativa expidió la constancia en la que se declaró fallida la conciliación prejudicial (fl. 17 cdno. 2).
9. Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022.
10. Criterio mayoritario que el ponente de esta decisión no comparte, pero acata.
11. Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000.
13. Así lo hizo la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 22 de enero de 2014 (Exp. 28.417), actor: Ana Delia Giraldo y otros.
14. En Sentencia de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo (sic) que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación, se accedió a las pretensiones de los demandantes en Sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996 (Exp. 422) y de la Sección de 11 de diciembre de 1990 (Exp. 5417), de 21 de marzo de 1991(Exp. 5595), de 19 de agosto de 1994 (Exp. 9276 y 8222), de16 de febrero de 1995 (Exp. 9040), de 30 de marzo de 1995 (Exp. 9459), de 27 de julio de 1995, de 14 de marzo de 1996 (Exp. 10.949), de 11 de julio de 1996 (Exp. 10.822) y de 30 de octubre de 1997 (Exp. 10.958), entre muchas otras.
15. “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance” (Sentencia de esta Sección, del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940).
16. Ver, entre otras, Sentencias de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (Exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (Exp. 11.875), de (30 de octubre de 1997 (Exp.10.958) y de 5 de marzo de 1998 (Exp. 10.303).
17. Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585).
18. Así, por ejemplo, en Sentencia de 11 de octubre de 1990 (Exp. 5737), dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente (sic) la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la Sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde señaló: ‘Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio’" (Exp. 1564, actor: Flota La Macarena, Anales, segundo semestre 1977).
19. Al respecto, ver Sentencia de 14 de mayo de 1998, Exp. 12.175.
20. Sentencia del 23 de mayo de 1994, Exp. 7616.
21. Sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.122.
22. “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción’, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño” (Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789).
23. “(…) Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Sobre el particular, la doctrina nacional ha precisado: “Ahora bien, en algunos eventos, la imputabilidad podrá resultar del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce –sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso–; (sic) son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio” (Hernández Alier Eduardo y Franco Catalina: “Responsabilidad Extracontractual del Estado”, Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2007 (Pág. 52).
24. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 25 de julio de 2011.
25. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 1997.
26. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031.