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Timestamp: 2018-01-18 01:56:04
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La expropiación forzosa [12183] | Derecho Administrativo II (UdL) | Unybook
La expropiación forzosa (2015)
D. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA LECCIÓN 11 La expropiación forzosa (I) 1. Introducción. La doble dimensión de la expropiación forzosa. Diferenciación de figuras afines.
Cuando se habla de expropiación forzosa hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una de las potestades administrativas superiores, de modo que estamos ante uno de los mayores poderes que se puede otorgar a una Administración. Es, además, una potestad administrativa necesaria para llevar a cabo las políticas públicas, como la política de obra pública.
También es importante tener presente que debe estudiarse desde el punto de vista del particular que sufre el ejercicio de dicho poder. Ahora bien, este poder está rodeado de muchas garantías, las cuales se encuentran en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a raíz de la regulación del derecho de propiedad. Nuestra Constitución recogió estas garantías en el artículo 33.3. Este determina: - Que siempre debe existir una causa expropiante del bien o del derecho, la cual debe estar justificada por un interés público (causa expropiandi) - Que debe existir la correspondiente indemnización, la cual en España se conoce como justo precio o justiprecio. Esta indemnización se integra por tres elementos, uno de los cuales no existe en ningún otro país:  El valor del bien en el mercado  Los daños y perjuicios causados a consecuencia de la expropiación  El premio de afección, es decir, un premio adicional por el desgarro emocional que produce la privación del bien por el apego que hay por él. Este consiste en el 5% del valor del bien.
Aparte del contenido, el gran dilema de la indemnización es su momento de pago, es decir, cuando van a pagarla: antes de la expropiación o después de que esta se haga efectiva. Constitucionalmente, se admite el pago previo y el pago posterior a la toma de posesión, aunque en la práctica la gran mayoría de pagos se realizan a posteriori.
- Que debe existir un procedimiento expropiatorio en toda expropiación, de acuerdo con las leyes.
En supuestos concretos, alguna de estas garantías puede no cumplirse, pero nunca todas a la vez, pues entonces estaríamos ante un espolio, el cual es ilegal según las leyes.
2. El marco normativo de la expropiación forzosa El marco normativo de la expropiación forzosa comienza en los artículos 33.3 i 149.1.18 de la Constitución Española. Aunque este último determina que la legislación básica sobre esta materia corresponde al Estado, la legislación autonómica ha ido ganando terreno, aunque solo sea en aspectos puntuales. Esta legislación autonómica es muy importante porque en la medida en que las CCAA pueden legislar sobre expropiación forzosa, pueden establecer causas para expropiar. Asimismo, las CCAA también tienen competencia para regular sus jurados de expropiación, de modo que hay algunas CCAA que tienen los suyos propios. En este sentido debe tenerse en cuenta la Ley del Jurado Catalán de Expropiación. Estos jurados no son judiciales, sino administrativos con imparcialidad. Su composición es distinta a la del Estado y, en algunos casos, llamativamente distinta como, por ejemplo, en el caso de Madrid.
El marco normativo de la expropiación forzosa también se encuentra en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Es una ley técnicamente muy elaborada, porque en aquella época las leyes eran muy tecnócratas, pero en muchos preceptos habla de cosas que ya no existen. Otro problema de esta ley son las prácticas que se han instalado, es decir, el modo en que se realiza lo establecido en ella. La ley viene acompañada de un Reglamento de 1957, el cual también está en vigor actualmente.
Hay que tener en cuenta que en la expropiación forzosa hay también una dimensión internacional. España está dentro del Consejo de Europa, del cual depende el Tribunal de Estrasburgo o de Derechos Humanos. El derecho de propiedad es susceptible de recurso ante dicho Tribunal, razón por la que existen un gran nombre de sentencias sobre expropiación dictadas por él. Ahora bien, dicho Tribunal tiene dos idiomas oficiales: el francés y el inglés y, por esta razón, muchas de sus sentencias no se conocen.
3. El objeto y el contenido de la expropiación Son objeto de expropiación todo tipo de bienes y derechos, siempre que tengan contenido patrimonial. En muchos casos, se piensa en bienes inmuebles y, aunque son el prototipo de bien expropiable, también pueden expropiarse bienes muebles, derechos intangibles o secretos industriales.
En relación al contenido de la expropiación, esta puede afectar a la titularidad plena de la propiedad o bien limitarse a algunas de las facultades propias de la propiedad, de modo que no hay una transmisión de la misma.
4. Los sujetos de la potestad expropiatoria: expropiante, beneficiario y expropiado El sujeto expropiante Las Administraciones titulares de la potestad expropiatoria se encuentran en el artículo 2.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Según este, pueden expropiar el Estado, las provincias y los municipios. Este artículo debe reinterpretarse a la luz de la CE y añadir las CCAA. Así, las cuatro administraciones territoriales son titulares de la potestad expropiatoria. Ahora bien, si acudimos al artículo 4 LBRL podemos observar que, además de los municipios y las provincias, se permite que otros entes locales sean titulares de dicha potestad: las comarcas, en función de lo que diga la legislación autonómica, y las mancomunidades, en función de lo establecido en el estatuto de cada una de ellas.
En España, además de la Administración (poder ejecutivo), puede expropiar el poder legislativo a través de una ley de expropiación forzosa ope legis. Dentro de esta cabe distinguir dos modalidades: - La expropiación ope legis con carácter general, es decir, para una categoría de bienes que, normalmente, responden a la demanialización: se convierte una categoría de bienes privados en bienes públicos. El caso paradigmático es el de la Ley de Costas de 1988: antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la gente inscribía las playas en el Registro de la Propiedad como propias. Ahora bien, con su entrada en vigor todas las playas se convirtieron en bienes de dominio público, por lo que desde entonces todas ellas pertenecen al Estado.
- La expropiación ope legis con carácter singular, es decir, para un bien o un grupo de bienes en concreto. Se está en presencia, por lo tanto, de una ley singular, que será legal siempre que se tenga en cuenta la causa expropiandi y el justo precio. El caso paradigmático en España es el caso Rumasa, por el cual esta entidad, formada por un conglomerado de empresas, fue expropiada por el Estado mediante un Decreto-Ley.
El sujeto expropiado Puede ser expropiado cualquier sujeto, sea persona física o jurídica, aunque hay ciertas reglas especiales para algunos sujetos. Sin embargo, a todos ellos se les reconocen una serie de derechos, de los que destacan el derecho a recibir el justo precio y el derecho a la defensa.
Debemos tener en cuenta que la expropiación se concibe como una operación ob rem, es decir, como una operación que se focaliza en el bien o el derecho que se quiere expropiar.
Esto significa que si la cosa que se va a expropiar cambia de propietario o titular, la expropiación no se paraliza, sino que únicamente cambia el sujeto a expropiar. En el caso de que la cosa no tenga propietario o el propietario esté en un litigio para debatir su propiedad con otro sujeto, la expropiación no se paraliza, dado que el papel de defensa lo asume el Ministerio Fiscal.
Cuando la LEF habla del sujeto expropiado hace referencia al propietario. Sin embargo, sobre una misma cosa pueden concurrir otros derechos o intereses además del derecho de propiedad, es decir, los derechos sobre cosa ajena. De estos sujetos titulares de derechos in re aliena cabe distinguir el arrendatario, el cual tiene derecho a un justiprecio aparte del del propietario. Esto significa que los demás sujetos tienen que cobrar del justiprecio que recibe el propietario titular.
El sujeto beneficiario El beneficiario es el portador de la causa expropiandi, es decir, es el depositario del interés público que pretende satisfacer la expropiación. En la mayoría de supuestos el beneficiario y el expropiante son la misma persona, aunque también es posible que sean sujetos distintos. Esto se debe a que la LEF permite que las Administraciones públicas sin potestad expropiatoria y los sujetos privados que colaboran con la Administración (concesionarios), sean beneficiarios, ya que están facultados para instar la expropiación forzosa, es decir, para solicitar a una Administración con potestad expropiatoria que expropie en interés suyo. En este caso, el papel del beneficiario es, fundamentalmente, la negociación del justiprecio y el pago del mismo.
5. La causa expropiandi. La declaración de utilidad pública o interés social La causa expropiandi es la razón de expropiar, es decir, el motivo de interés público que justifica la expropiación forzosa de un determinado bien o derecho. Este motivo de interés público se desdobla en dos categorías: utilidad pública e interés social.
La LEF no incluye un listado de causas de utilidad pública e interés social, sino que determina que estas deben decidirse por el legislador y establecerse en una Ley, de modo que hay que recurrir a las leyes sectoriales. Estas suelen ser bastante generosas, así que establecen un gran número de causas expropiandi. Además, la propia LEF prevé la posibilidad de que existan causas de expropiación implícitas. Esto significa que, en determinados planes y proyectos que aprueba la Administración, se entiende implícita la causa de expropiación.
Estos planes y proyectos son, por ejemplo, los de obras o urbanísticos, teniendo en cuenta que el ejemplo por antonomasia de causa expropiandi son las obras públicas.
LECCIÓN 12 La expropiación forzosa (II) 1. El procedimiento expropiatorio como garantía Para expropiar hay que seguir un procedimiento, ya que este es una de las tres garantías básicas de la expropiación. Que la Administración lo siga nos garantiza dos cosas: que la expropiación será objetiva y, por tanto, va a tener en cuenta todos los elementos del juicio, y que nosotros podremos defendernos.
Si la Administración no sigue el procedimiento expropiatorio y, por consiguiente, se produce un vicio de tramitación, pueden suceder dos cosas: - Si se produce un vicio de tramitación menor, las actuaciones expropiatorias no se invalidan.
- Si se produce un vicio de tramitación esencial, las actuaciones pueden invalidarse y se puede obligar a retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió el vicio, o se puede determinar la existencia de una vía de hecho. Esta última se produce cuando la Administración se equivoca en el procedimiento utilizando un procedimiento urgente cuando debería haber utilizado un procedimiento ordinario, extralimitándose en la expropiación u omitiendo un trámite esencial del mismo.
El derecho administrativo ha creado mecanismos de defensa particulares para la vía de hecho, distintos a los ordinarios, dado que existe un recurso judicial específico contra ella. Una de las ventajas de las que goza el particular es que, en principio, si se solicita la suspensión como medida cautelar, esta deberá adoptarse, salvo que la Administración demuestre lo contrario.
En caso de que la vía de hecho se reconozca hay que devolver las cosas a su estado original, de modo que hay que devolver al expropiado los bienes y derechos tal y como estaban en el momento en que se inició la expropiación. Muchas veces, esto es irrealizable, porque la expropiación ya está consumada y la obra ya está ejecutada. En estos casos, la jurisprudencia reconoce al expropiado una indemnización adicional, por lo que tiene derecho al justiprecio y a un 25% más.
2. El procedimiento expropiatorio general. El acuerdo de necesidad de ocupación.
La LEF, cuando regula el procedimiento de expropiación, regula un procedimiento expropiatorio general/ordinario que se divide en tres fases: - En primer lugar, debe concretarse que bienes son necesarios para la expropiación - En segundo lugar, debe determinarse el justiprecio de los mismos y pagarse - En tercer lugar, deben ocuparse los bienes Luego, a partir de este procedimiento, aparecen una serie de procedimientos especiales que introducen pequeñas alteraciones al procedimiento general.
El acuerdo de necesidad de ocupación El acuerdo de necesidad de ocupación es el acuerdo mediante el cual se determina que es necesario expropiar, de modo que en él se concretan los bienes necesarios para satisfacer la causa expropiandi. En este acuerdo deben describirse detalladamente los bienes que se van a expropiar, tanto en términos físicos como jurídicos. Para realizar esta descripción, la Administración suele consultar el Registro de la Propiedad, el catastro (www.sigpac.com) y otros registros análogos.
Este acuerdo se somete a un plazo de alegaciones mediante la publicación provisional de los bienes afectados en medios oficiales y privados, para que aquellas personas que se vean afectadas por la expropiación puedan hacer sus alegaciones. Su primer objetivo es la corrección de errores, el segundo es la discusión de la oportunidad de la expropiación y el tercero es la posibilidad de solicitar la expropiación total de una finca cuando la expropiación está prevista parcialmente. Esta solicitud solo se acepta cuando se justifica que la explotación de la parte de la finca que queda es antieconómica. En este caso, pueden suceder dos cosas: - La Administración puede expropiar esa parte antieconómica quedándose un bien que no necesita, realizando una expropiación sin causa expropiandi.
- La Administración puede decidir no expropiar esa parte antieconómica. En este caso, el interesado puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Una vez estudiadas las alegaciones, la Administración redacta el acuerdo definitivo. Este se publica en los medios de comunicación y se notifica individualmente a cada uno de los afectados. La Ley prevé que los interesados puedan interponer un recurso contra dicho acuerdo, el cual tiene una característica excepcional que no tiene ningún otro recurso: tiene efectos suspensivos, de modo que paraliza la expropiación hasta que no se resuelve. Por regla general, cuando se interpone un recurso contra la Administración, tanto si es administrativo como judicial, no se suspende el procedimiento en cuestión.
3. La indemnización o justo precio. Naturaleza jurídica, elementos integrantes, criterios de valoración.
El justo precio es un concepto jurídico indeterminado porque la Ley no determina que es y debe determinarse en cada caso concreto. Ahora bien, se compone de tres elementos: El valor del bien o del derecho objeto de expropiación La LEF establece una amplia regulación para calcular el valor del bien, aunque en la práctica estos preceptos no se aplican porque no calculan el verdadero valor del bien en el mercado.
En este sentido, existe un bien cuya valoración siempre ha implicado problemas: el suelo.
Este tiene unas reglas de valoración propias en la Ley del Suelo, la cual diferencia tres categorías diferentes de suelo: - El suelo urbano Se trata de aquel suelo que se corresponde con la ciudad, también entendida como pueblo.
- El suelo no urbanizable Antiguamente, este suelo se denominaba suelo rústico. Por regla general, en este tipo de suelo no se puede construir. Sin embargo, existen ciertas excepciones.
- El suelo urbanizable.
Se trata del suelo comprendido entre las dos anteriores categorías. Aunque en apariencia física es suelo rústico, en el planeamiento urbanístico que determina como va a ser una población en un futuro es suelo urbano. Esto conlleva que dicho suelo tenga una expectativa de valor muy importante. Ahora bien, la Ley del Suelo establece que en el momento de compra el precio se debe determinar de acuerdo al valor actual y no al valor que tendrá en un futuro.
Los daños y perjuicios Se pagan los daños y perjuicios que derivan directamente de la expropiación. La LEF no establece un numerus clausus de los daños y perjuicios que pueden existir, sino que se limita a hacer una enumeración de algunos de ellos. Esto significa que hay que valorarlos en cada caso concreto, acudiendo a la jurisprudencia.
El premio de afección Se corresponde con el 5% del valor del bien. Su función es compensar el daño que produce la pérdida del bien por el valor sentimental y el arraigo al mismo.
4. El procedimiento de determinación del justo precio. El Jurado Provincial de Expropiación.
Los Jurados autonómicos de Expropiación.
La fijación del justo precio se lleva a cabo a través de dos fases: La fase negociada Durante esta fase se intenta llegar a un acuerdo dentro del proceso de expropiación con el objetivo de poner fin al mismo, sin que en ningún caso este acuerdo dé lugar a un contrato.
Este intento de llegar a un acuerdo se realiza mediante las llamadas hojas de aprecio: - El expropiado presenta su hoja de aprecio, donde establece el valor del bien que se le pretende expropiar en base a los tres elementos antes citados. Esta hoja es muy importante porque, como el valor del bien lo determina el propio expropiado, en un futuro no podrá decir que el precio que se pagó era insuficiente. Por esta razón, en la práctica el valor del bien se suele determinar a la alza.
- Esta hoja de aprecio se traslada a la Administración, la cual puede aceptarla o puede redactar la suya propia. Este sujeto tampoco puede ofrecer menos de lo que determine en la misma, de modo que suele ofrecer lo mínimo posible.
- Una vez redactada la hoja de aprecio por la Administración, se traslada al sujeto expropiado para que la acepte o la rechace.
En caso de no llegar a ningún acuerdo, se da inicio a la siguiente fase.
La fase arbitral El árbitro debe intervenir cuando no hay acuerdo entre la Administración y el sujeto expropiado. En España, este árbitro es un órgano administrativo imparcial que puede ser de dos tipos: estatal o autonómico. En el caso de ser estatal (hay uno en cada provincia), este órgano arbitral se llama Jurado Estatal de Expropiación. En el caso autonómico, hay que mirar el Estatuto de cada CA para ver que nombre se le ha dado. En nuestro caso, se llama Jurado Catalán de Expropiación. (En Cataluña, cuando quien expropia es la AGE, quien arbitra es el JEE. En cambio, cuando quien expropia es la Generalitat, quien arbitra es el JCE.) Una vez llevado a cabo el arbitrio, el Jurado dicta una resolución en la que se fija el justo precio teniendo en cuenta lo que han pedido los dos sujetos pero actuando, en todo momento, con libertad e imparcialidad. Una vez dictada esta resolución, la expropiación puede continuar con independencia de que el expropiado o la Administración interpongan un recurso contra la misma. En este caso, no hay efectos de paralización automática por su interposición.
5. El pago y la ocupación El pago consiste en entregar el dinero, de modo que se hace efectivo el justiprecio pactado o el justiprecio señalado por el Jurado correspondiente. La única incidencia que puede producirse con dicho pago es que el expropiado no quiera cobrarlo, caso en que la Administración lo depositará en la Caja General de Depósitos, un órgano del Ministerio de Economía. Este depósito también se realiza cuando se desconoce el titular del bien expropiado.
La ocupación, en cambio, es la toma de posesión del bien o el derecho. En caso de que haya resistencia por parte del expropiado, la LEF determina que se adoptaran las medidas de ejecución forzosa que correspondan, las cuales pueden llegar a la compulsión sobre las personas (uso de la fuerza física).
Leer artículos 8.6 LJCA i 51 LEF (útiles para los exámenes prácticos) 6. El procedimiento expropiatorio de urgencia El artículo 52 LEF regula el procedimiento expropiatorio de urgencia. Este presenta una serie de diferencias en relación con el procedimiento expropiatorio ordinario: - En primer lugar, el acuerdo de necesidad de ocupación se transforma en una declaración de urgente ocupación. Esta declaración, que solo puede redactarla el Consejo de Ministros o sus análogos autonómicos, también debe determinar que bienes son necesarios, detallándolos jurídica i físicamente pero, además, debe justificar los motivos de urgencia que la motivan.
- En segundo lugar, debe pagarse un anticipo del justiprecio. En la LEF se habla de un depósito previo a la ocupación, el cual se integra, básicamente, por los daños y perjuicios provocados por la rápida ocupación. La Ley ordena que también se levante un acta previa a la ocupación en este momento del procedimiento de expropiación, con el fin de que se utilice a efectos de establecer el justiprecio cuando deba fijarse.
- En tercer lugar, se ocupa el bien expropiado.
- En cuarto lugar, se fija el justiprecio y se paga. Cuando este se fija, lo más normal es que el bien ya no exista como existía en el momento del pago previo a la ocupación.
El problema principal de este procedimiento es que se abusa excesivamente de él en la práctica. Una forma en que se materializa este abuso es que hay determinados casos en que la Ley establece la urgencia automáticamente, como es el caso de las obras públicas. Sin embargo, esta debería motivarse caso por caso y no genéricamente. Además, todo el proceso debería ser urgente, es decir, debería ser urgente tanto la ocupación como el pago.
Frente a estas críticas, hay una reacción de la jurisprudencia, pues existen sentencias que anulan resoluciones y acuerdos de urgente ocupación porque la urgencia no ha quedado justificada o no se ha motivado correctamente.
LECCIÓN 13 La expropiación forzosa (III) 1. Las garantías frente a la demora de la Administración: intereses de demora y retasación.
Los mecanismos de paridad temporal se encuentran en la LEF y su finalidad es evitar los perjuicios y los daños que provoca un desfase temporal entre las prestaciones que debe dar la Administración y las prestaciones que debe recibir el expropiado. Aunque estos mecanismos son varios, operativos hay dos: - En primer lugar, los intereses de demora. Para entenderlos, hay que saber distinguir entre el procedimiento ordinario y el procedimiento de urgencia.
Procedimiento ordinario En el procedimiento ordinario hay dos intereses:  El interés por la tardanza en fijar el justiprecio. Este interés se genera si la Administración tarda más de 6 meses desde que se redacta el acuerdo de necesidad de ocupación en fijarlo. Tiene efectos retroactivos, de modo que si la Administración lo fija al cabo de 7 meses, pagará los intereses de 7 meses y no de uno.
 El interés por la tardanza en pagar el justiprecio. Este interés se genera si la Administración tarda más de 6 meses en pagarlo desde que se fija. Sus efectos no son retroactivos, de modo que si la Administración paga al cabo de 7 meses, los intereses son de 1 mes y no de 7.
Procedimiento de urgencia En el procedimiento de urgencia también hay dos intereses:  Un interés que se activa automáticamente desde la ocupación.
 Un interés que se activa por tardar en pagar el justiprecio (caso anterior).
La jurisprudencia recalca que si el expropiado no solicita estos intereses de demora, deben darse igualmente, ya que no es necesario que el expropiado conozca de ellos para exigirlos.
- En segundo lugar, la retasación. En la LEF de 1954, es decir, la original, este derecho nacía a los 2 años de la fijación del justiprecio si este no se había pagado. Sin embargo, con la reforma del artículo 58 LEF a finales del 2012, este plazo de dos años se amplió a cuatro. Así, la propia ley asume que es posible que la Administración tarde 4 años en pagar el justiprecio.
El expropiado que no ha cobrado en 4 años desde que se fija el justiprecio, aunque cobrará las intereses de demora, puede solicitar o no esta retasación. Con ella, se solicita que se realice una nueva tasación, que no es una actualización del justiprecio que se fijó en su día, sino la fijación de un nuevo justiprecio. Así, habrá nuevas hojas de aprecio y una nueva pieza de justiprecio, que no debe estar vinculada por el justiprecio anterior.
La jurisprudencia sobre la retasación es muy importante en España, pues el TS ha determinado que es un derecho y que, en consecuencia, no puede salir un perjuicio para su titular. Esto significa que el segundo justiprecio nunca puede ser más bajo que el primero, de modo que, en el peor de los casos, será de la misma cuantía.
2. El derecho de reversión El derecho de reversión también se denomina derecho de retrocesión. Este derecho se concede al expropiado o a sus causahabientes para solicitar la devolución del bien o del derecho que fue expropiado, después de que se haya puesto en práctica la expropiación forzosa y se dé una de estas tres circunstancias contempladas en la LEF: - En primer lugar, que desaparezca la causa expropiandi.
- En segundo lugar, que se den supuestos de inejecución de la obra - En tercer lugar, que a la hora de ejecutar la obra se compruebe o se verifique que hay parcelas innecesarias, de modo que se haya expropiado más de lo necesario.
La LEF determina que el expropiado tiene derecho a que se le retorne el bien a cambio del justiprecio actualizado, aunque la Administración tiene derecho a solicitar que se fije un nuevo justiprecio cuando considere que la actualización del mismo no es suficiente. La Administración no devuelve el bien hasta que el expropiado ha hecho efectivo el pago del justiprecio actualizado o del nuevo justiprecio.
En la actualidad, este derecho de reversión es difícil de poner en práctica, ya que el artículo 54 LEF fue reformado e introdujo una serie de límites: - En primer lugar, no se puede utilizar este derecho cuando, desaparecida la causa expropiandi original, aparezca, sin solución de continuidad, es decir, de manera inmediata, una nueva causa expropiandi.
Ex. Se expropia un islote con fines militares y desaparecen estos pero al mismo tiempo aparecen unos fines medioambientales porque hay un parque natural.
- En segundo lugar, no se puede utilizar este derecho cuando el bien o el derecho hayan estado vinculados efectivamente a la causa expropiandi durante 10 años. Si las expropiaciones son urbanísticas, el plazo se rebaja a 8 años.
Hay que diferenciarlo del desistimiento de la expropiación, que se da cuando la Administración decide desistir en la expropiación por las causas que ella estime oportunas.
En el derecho de reversión se hace referencia a procedimientos de expropiación que ya han finalizado.
3. El control jurisdiccional frente a la vía de hecho.
La vía de hecho se define como toda actuación material de la Administración pública que afecta a derechos o intereses legítimos de terceros y carece de la cobertura jurídica de un acto o decisión administrativa previa y formalizada.
El artículo 9.4 LOPJ atribuye a la jurisdicción contenciosa-administrativa competencia para conocer los recursos contra las vías de hecho. En este sentido, el artículo 30 LJCA regula dicho recurso como medio de defensa inmediata de la posesión de un bien o un derecho alterados sin la menor cobertura jurídica. Mediante él se puede pretender el cese de la situación o la adopción de medidas cautelares.
Antes de interponer el recurso contra la vía de hecho, el interesado puede formular un requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación.