Source: http://federacionuniversitaria.blogspot.com/2008/04/fallo-priebke-erich-s-solicitud-de.html
Timestamp: 2017-05-24 04:08:57
Document Index: 4730469

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FUP: Fallo Priebke Erich s/ solicitud de extradición
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Fallo Priebke Erich s/ solicitud de extradición
Priebke, Erich s/ solicitud de extradición -causa n° 16.063/94-. Buenos Aires, 2 de noviembre de 1995.Vistos los autos: "Priebke, Erich s/ solicitud de extradición -causa n° 16.063/94-".Considerando:1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que denegó la solicitud de extradiciónde Erich Priebke formulada por la República de Italia, el Ministerio Público dedujo el recurso ordinario de apelación previstoen el art. 24, inciso 6° del decreto-ley 1285/58 que fue concedido, el señor Procurador General al expresar agravios enesta instancia solicitó que se revocase la resolución apelada y la defensa, al contestar el traslado que se le corrió, pidió quese confirmara.2°) Que el hecho de haber dado muerte a setenta y cinco judios no prisioneros de guerra, ni absueltos,condenados o adisposición del tribunal militar alemán, ni a disposición de la jefatura de policía alemana, de entre los trescientos treinta ycinco muertos en las particulares circunstancias del caso, configura prima facie delito de genocidio. Ello así, sin mengua, deotras posibles calificaciones del hecho que quedarían subsumidas en la de genocidio.3°) Que, frente a la índole de tal calificación, resulta obvio que el país requirente haya procedido a solicitar la extradiciónsin perjuicio del juzgamiento definitivo incluso sobre la naturaleza del delito por los tribunales del lugar en donde se hacometido (arts. 75incs. 22 y 118 de la Constitución Nacional y arts. II, III,V, VI y VII de la Convención para la Prevención yla sanción del Delito deGenocidio).4°) Que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los estados requirente o requeridoen el proceso de extradición sino de los principios del ius cogens del Derecho Internacional.5°) Que, en tales condiciones, no hay prescripción de los delitos de esa laya y corresponde hacer lugar sin más a laextradición solicitada.Por ello, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la extradición de Erich Priebke por la muerte de las trescientastreinta y cinco personas, por la que fuera solicitada. Notifíquese y devuélvase. NAZARENO (por su voto) - MOLINEO'CONNOR (por su voto) - FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - PETRACCHI (en disidencia) - LEVENE (H)(en disidencia) - BOGGIANO - LOPEZ BOSSERT (por su voto).VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DONEDUARDO MOLINE O'CONNORConsiderando:1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que denegó la solicitud deextradición de Erich Priebke formulada por la República de Italia (fs. 956/978), el Ministerio Público dedujo el recursoordinario de apelación previsto en el artículo 24, inciso 6° del decreto-ley 1285/58 que fue concedido (fs. 981), el señorProcurador General al expresar agravios en esta instancia (fs. 991/995) solicitó que se revocase la resolución apelada y ladefensa, al contestar a fs.1005/1044 el traslado que se le corrió, pidió que se confirmara.2°) Que el pedido de extradición se fundó en la orden de captura dispuesta por el Juez de las Investigaciones Preliminaresante el Tribunal Militar de Roma don Giuseppe Mazzi el 9 de mayo de 1994 (fs. 112/24).Según surge de este documento yde los restantes que se acompañan a esa solicitud, el hecho imputado a Erich Priebke consiste en "...haber -comomiembros de las fuerzas armadas alemanas enemigas del Estado Italiano, en concurso con Kappler, Herbert y otrosmilitares alemanes, con más acciones ejecutivas del mismo diseño criminal y actuando con crueldad hacia las personasprovocadola muerte de n. 335 personas ...en su mayor parte ciudadanos italianos, militares y civiles que no participabanen operaciones bélicas, disparando premeditadamente contra ellos algunostiros. En Roma, en la localidad 'Cave Ardeatine'el 24 de marzo de 1944 durante el estado de guerra entre Italia y Alemania" (confr. fs. 112/113).3°) Que de acuerdo a la reseña formulada en primera instancia y no cuestionada por las partes (confr. fs. 856/857), elhecho habría ocurrido pocos meses después del armisticio firmado por Italia con las naciones aliadas en guerra contraAlemania el 8 de septiembre de 1943. Mientras el ejército alemán ocupaba militarmente la zona septentrional y central deItalia, por iniciativa de grupos civiles y castrenses, nacían organizaciones clandestinas de tipo militar para resistir a lasfuerzas armadas alemanas y liberar el territorio italiano.4°) Que el 23 de marzo de 1944 en el centro de Roma, en la calle Rasella, un grupo de militantes de la resistencia habríahecho explotar una bomba en momentos en que pasaba una compañía alemana del Batallón "Bozen", lo que ocasionó lamuerte instantánea de veintiseis militares alemanes, suma que en las horas posteriores se elevó a treinta y dos comoconsecuencia de las graves heridas recibidas por algunos de los sobrevivientes.5°) Que el Alto Mando Alemán habría dispuesto una sanción colectiva consistente en el fusilamiento de diez ciudadanositalianos por cada alemán muerto, practicándose la ejecución en la denominada "Cave Ardeatine" o "Fosas Ardeatinas", el24 de marzo de 1944.6°) Que trescientas treinta y cinco personas entre civiles y militares, ajenas a las operaciones bélicas, fueron fusiladas. Esenúmero incluyó ciento cincuenta y cuatro que se hallaban detenidas a disposición del Tribunal Militar Alemán por estarsujetas a investigaciones policiales, veintitrés detenidas a disposición de ese Tribunal en espera de juicio, tres condenadasa muerte cuya pena aún no se había ejecutado, dieciséis condenadas a penas de entre 1 y 15 años de privación de lalibertad, setenta y cinco hebreos, cuarenta arrestadas por motivos políticos a disposición de la Jefatura de Policía, diezdetenidas porrazones de seguridad pública a disposición de esa autoridad, diez arrestadas en las cercanías de la calle Rasella, unaabsuelta por el Tribunal Militar Alemán y tres no identificadas (fs. 174/ 324).7°) Que se arribó a ese total por cuanto a las trescientas veinte víctimas originales, resultantes de la decisión de ejecutardiez italianos por cada militar alemán muerto, el Jefe de la Policía de Seguridad Alemana -teniente coronel HerbertKappler- habría resuelto, frente al deceso de otro de los heridos, añadir diez nombres más a la primera lista preparadapara la ejecución, lo que así se habría hecho trasladando a las víctimas en camiones hasta las "Fosas Ardeatinas", donde"....habían sido retenidas y en estado de espera, con las manos atadas detrás de la espalda, en la explanada situadadelante de la entrada de la cantera, desde donde aquéllas oían, mezclados con las detonaciones, los últimos gritosangustiosos de las víctimas que las habían precedido"; "Además, éstas, nada más (al) entrar en la cantera para serfusiladas podían ver, con la luz de las antorchas, los numerosos cadáveres amontonados de las víctimas precedentes...";"Finalmente,.... tenían que subir encima de los cadáveres amontonados y, una vez allí, eran obligadas a arrodillarse con lacabeza inclinada hacia adelante para ser golpeadas a muerte"; "...las víctimas, antes de ser fusiladas,fueron sometidas aun sufrimiento moral grande, inhumano y cruel" (fs. 311/313).8°) Que ellas habrían sido ultimadas en grupos de a cinco con un tiro en la nuca, completándose la ejecución a las siete dela tarde, luego de lo cual se voló la cantera para sellarla. Un día después se habría advertido que, debido a un error, éstoshabían sido trescientos treinta y cinco y no trescientos treinta como se había ordenado.9°) Que para resolver como lo hizo, el a quo consideró que si bien lo concerniente a la aplicación del tratado suscripto conla República de Italia en l886 y ratificado por la ley 3035 se encontraba firme en esa instancia, era correcto lo resuelto porel juez sobre la base del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional). Del mismo modo estimó que lacalificación del hecho como homicidio -efectuada en la instancia anterior- había quedado firme al no ser apelada por elMinisterio Público y que, más allá de que fuese opinable si los crímenes de guerra integraban el derecho positivo argentino,no podía encuadrarse el hecho en esa figura tanto por lo establecido en el art. 15 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos como por la reserva que oportunamente la República Argentina había formulado al segundo párrafo delmencionado artículo. Por último señaló que la acción por el delito imputado a Priebke se encontraba prescriptaindependientemente de que se adopten las disposiciones del anterior o del actual tratado de extradición con Italia. Yagregó que ello era así por cuanto entre la fecha de comisión de los hechos y la de formulación del requerimiento, habíatranscurrido con exceso el término de quince años fijado en nuestra ley penal para la prescripción de la acción aún cuandose computara la sentencia del Tribunal de Roma del 19 de febrero de 1962 -que juzgó el hecho respecto de otrosimputados- como último acto interruptivo de la prescripción.110) Que el señor Procurador General en su expresión de agravios sostuvo que los actos por los que se solicitó laextradición de Priebke participan de la naturaleza de los crímenes que afectan "...a través de su perpetración, principiossuperiores a aquellos tutelados por los ordenamientos estatales: se considera que por ser cometidos contra la humanidaden su conjunto, ofenden las aceptadas normas del Derecho de Gentes." Añadió que tales homicidios configuran crímenesde lesa humanidad y que desde esta comprensión fue efectuado el requerimiento de asistencia internacional. Afirmóasimismo que esas peculiares características, "ínsitas en la noción de lesión universal, involucran el principio deinexorabilidad en su juzgamiento, del cual deriva, como lógico colofón, el de imprescriptibilidad". Expresó, con respecto ala existencia de un tratado bilateral que regula el procedimiento de extradición y en el que no se habría hecho referencia aeste tipo de delitos -crímenes de guerra o de lesa humanidad-, que la falta de inclusión, "dentro de un catálogo depresupuestos en los convenios entre ambas repúblicas, no puede desvirtuar la finalidad del acuerdo, que en definitiva es laasistencia jurídica mutua..." por lo que ante lo no "...expresamente contemplado en el contrato internacional...deberesolverse acudiendo a otros principios que rigen las relaciones internacionales..."(fs. 993). Por último destacó lasupremacía de la ley 23.379 -que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los Convenios de Ginebra del l2 de agosto del949 y sus Protocolos Adicionales del 10 de junio de l977- respecto de las disposiciones del Título X del Libro Primero delCódigo Penal referentes a la prescripción de la acción (fs. 994/994 vta.).11) Que al contestar los agravios formulados por el señor Procurador General la defensa sostuvo la imposibilidad decambiar la calificación del hecho formulada por la autoridad italiana; la insoslayable aplicación del respectivo tratado deextradición firmado entre los países reclamante y reclamado, que a su juicio es el aprobado por ley 3035; el total respetoque debía observarse a la prescripción respecto de los delitos; y la imposibilidad de aplicar al caso normas no vigentes almomento de los hechos pues ello vulneraría el principio de la ley ex post facto reconocido por nuestro derecho penal yconsagrado constitucionalmente después de la reforma de 1994 al asignársele jerarquía constitucional al Pacto de DerechosCiviles y Políticos.12) Que en primer término corresponde determinar el régimen aplicable al presente pedido de extradición. Como principio,esta Corte ha sostenido en diversos pronunciamientos, la mayoría de ellos vinculados con el tratado de extradición conItalia aprobado por ley 3035, que el convenio que corresponde aplicar es el vigente al momento de la solicitud deextradición. Tal temperamento fue el seguido en los precedentes registrados en Fallos: 90:409, pág. 421; 91:130;113:364 y 114:278.En lo que aquí interesa cabe destacar los argumentos vertidos por el señor Procurador General en eltercero de esos casos, en cuanto sostuvo que la causa debía ser decidida con arreglo a las estipulaciones del tratadovigente al momento en que se había presentado la requisitoria sobre la base de que en su artículo 21 se prescribía quecomenzaría a hacerse efectivo desde el día del canje de las ratificaciones, entendiéndose por ello, que a partir de esa fechalos países contratantes se obligaban a la recíproca entrega de los delincuentes que se encontrasen en las condicionespactadas. Agregó que la disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional, no era óbice para tal interpretación, dadoque las convenciones sobre extradición no constituyen leyes penales, sino meras formas de procedimientos para la entregade los procesados o condenados, según la reiterada jurisprudencia de la Corte (Fallos: 110:412), y por consiguiente sondisposiciones de orden público respecto de las cuales no rige el principio de la no retroactividad de las leyes (Fallos:95:201).En lo que atañe al caso, el nuevo tratado aprobado por ley 23.719 establece en su artículo 25,segundo párrafoque "La presente convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de tres mesesdesde la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación", en virtud de lo cual su vigencia se remonta al 1° dediciembre de 1992. Asimismo, el quinto párrafo del citado artículo dispone que a la fecha de entrada en vigor de lapresente convención "terminará la convención de extradición entre la República Argentina y el Reino de Italia, firmada enRoma el 16 de junio de 1886 y su protocolo adicional firmado en Roma el 9 de junio de 1904". Es decir que las razonesexpuestas en la primera parte del dictamen del Procurador General ya citado, son aplicables al sub lite porque el momentode vigencia fue determinado en ambos instrumentos del mismo modo; a lo que cabe agregar que el convenio de 1987 esaún más terminante sobre el punto porque prevé expresamente la imposibilidad de aplicar el tratado anterior, sin que lacláusula que así lo dispone haya sido tachada de inconstitucional por la defensa.En cuanto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el tratado de 1987 debe tenerse presente que las normas sobreextradición no son reglamentarias del artículo 18 de la Constitución Nacional sino del artículo 14 de la Carta Magna, entanto no es la finalidad de estos procedimientos la determinación de la culpabilidad del sujeto requerido por el hecho por elque se lo solicita, sino que importan excepciones a la libertad de entrar, permanecer y salir de pais(doct. de Fallos:311:1925; C.801.XXIV, "Candá, Alejandro Guido s/ extradición", cons. 8°, resuelta el 23 de febrero de 1995 y A.83.XXIV,"Juez de Foz de Iguazú-Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena, fallada el 4 de mayo de 1995, cons.7° del voto de la mayoría y del voto de los jueces López y Bossert, y considerando 3° del voto del juez Petracchi),garantías respecto de las cuales ningún extranjero tiene un derecho irrevocablemente adquirido. Y ello es así porque comoya se sostuvo desde antaño "los tratados de extradición, que mediante la recíproca entrega de los procesados ócondenados, se proponen la represión de la criminalidad, y tienden á la seguridad pública é individual, en las potenciassignatarias, son por excelencia leyes de orden público y el cumplimiento de estas disposiciones, rigen los hechos anterioressujetos á extradición, sin que el refugiado pueda oponer contra ellas ningún derecho adquirido, porque el interés de todos,la justicia y las buenas costumbres exigen la inmediata aplicación de esas leyes, salvo disposición en contrario" (Montes deOca, Juan José, Introducción General al Estudio del Derecho, 1° edición, párag. 121, Ed. C. Casavalle, 1884, Buenos Aires),pues como sostiene Billot cuando esa regla no fuere expresamente pactada, la retroactividad surge de la naturaleza ycarácter de la convención ("Traité de l'Extradition Suivi d'un Recueil de Documents Étrangéres", p.261, E. Plon & Co., París,1874).13) Que precisamente fue este el criterio seguido por el Tribunal en los casos registrados en Fallos: 304:1378 y 305:771,en los cuales en virtud de la cláusula del artículo 22, tercer párrafo, segunda parte, del tratado de extradición celebradocon los Estados Unidos de Norteamérica y aprobado por ley 19.764, se aplicaron, a hechos ocurridos con anterioridad a suentrada en vigor,las cláusulas que por ley 3759 regían las relaciones bilaterales hasta ese momento.14) Que por todo lo expuesto este Tribunal considera que el presente trámite de extradición se encuentra regido por elconvenio celebrado por nuestra república con la de Italia en el año 1987 y aprobado por ley 23.719 y descarta porinadmisible la postura del ministerio público acerca de que la solicitud tramite "según el principio de reci-procidad o lapráctica uniforme de las Naciones" conforme lo prescripto por el artículo 646, inciso 2° del Código de Procedimientos enMateria Penal, frente a la constante y reiterada jurisprudencia que establece que cuando hay tratado el pedido de auxiliointernacional debe regirse por éste (Fallos:32:331; 49:15; 59:146; 96:305; 108:14; 111:35; 114:383; 129:34; 146:388;170:406; entre muchos otros).15) Que esta última hipótesis no determina la exclusión del derecho de gentes, pues en la medida en que éste seaaplicable para la adecuada solución del caso, tal aplicación será inexcusable para el juzgador en función de lo dispuesto porel art. 21 de la ley 48, pues debe contemplarse la circunstancia de que como toda regla de derechointernacional,convencional o consuetudinaria, un tratado no se aplica en "vacío" sino en relación con hechos y dentro de unconjunto más amplio de normas que integran el sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tienelugar y del cual no es más que una parte (conf. C.I.J. Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between Who andEgypt, Advisory Opinion, I.C.J., Reports 1980, pág. 76 y Legal Consequences for States of the Continued Presence ofSouth Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion,I.C.J., Reports 1971, pág. 16 ad. 31, citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opinionesconsultivas OC-3/83, "Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos",párrafo 44, Serie A, n° 3 y OC-10/89 "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombreen el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", párrafo 37, Serie A, n° 10).16) Que por lo expuesto la interpretación del convenio no puede efectuarse tomando a éste como una norma aislada yestática, sino dentro del marco del progresivo desarrollo de la materia de que se trata (M.60.XXIV,"Mangiante, GuillermoEduardo c/AADI-CAPIF Asociación Civil Recaudadora s/cobro de pesos", consid.8° in fine, resuelta el 23 de febrero de1995), computando a esos efectos la legislación vigente, la costumbre internacional y los principios generales del derecho2en ese ámbito, que forman parte del derecho interno argentino (N.70, L.XXIII, "Nadel, León y otro por contrabando", cons.12, párrafo 3° del voto de la mayoría y cons. 9° in fine del voto del juez Boggiano, resuelta el 6 de abril de 1993).17) Que en este contexto normativo se celebró el Tratado de Extradición aprobado por ley 23.719 según fue expuesto porel miembro informante ante la Cámara de Diputados con motivo del debate previo a la sanción de esa ley, al expresar querespondía a las normas más modernas en la materia con el objeto de coadyuvar a hacer más eficaz y estrecha lacolaboración de la República Argentina (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 13 de septiembre de 1989, pág.3235); expresiones cuyo valor a los fines interpretativos de la ley ha sido destacada por esta Corte en Fallos: 182:486;250:507; 296:253; 306:1047 y, más recientemente, en la causa C.373, L.XXV, "Cardinale, Miguel Angel c/ B.C.R.A. s/incidente de ejecución de sentencia", considerando 5°, primer párrafo, fallada el 17 de noviembre de 1994.18) Que el mencionado propósito de colaboración hasido puesto de manifiesto en reiterados pronunciamientos comocriterio rector que debe regir en los trámites de extradición,al sostenerse invariablemente que por razones elementales deorden social de aplicación universal corresponde facilitar la entrega y que, a esos fines el estudio de los tratados y las leyesdebe realizarse con espíritu ampliamente auspicioso al propósito de beneficio universal de perseguir el juzgamiento de loscriminales o presuntos criminales por los tribunales del país en que han delinquido, cuando lo requieren en forma lospaíses con los cuales mantiene vínculos de cooperación, pues así no desmedra su soberanía y facilita el imperio de lajusticia (Fallos: 154:336; 156:169, pág. 180; 166:173, págs. 176/177; 174:325, pág. 330; 178:81, págs. 83 y 85;189:118; 216:285, pág. 290, 236:306, pág. 310; 263: 448, cons. 4°, entre muchos otros).19) Que en este marco y a los fines de cumplir con el requisito de "doble subsunción" o "doble incriminación" contenido enel artículo 2° del tratado, en cuanto a la calificación del hecho que motiva la solicitud cabe señalar que, con arreglo a lajurisprudencia de esta Corte, los tribunales del país requerido no pueden modificar el encuadre legal efectuado por los delrequirente, porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y cualquier discrepancia al respecto debe serresuelta en el proceso penal pertinente (doctrina de Fallos: 284:459 y en especial 305:725). Por tal motivo es ajeno a lafunción de este Tribunal mutar la calificación del delito efectuada por Italia en el momento de introducir el pedido deextradición y que es, precisamente, la que señala el tribunal de la instancia anterior: "participación en violencia conhomicidio continuo agravado por haber provocado la muerte de 335 personas el día 24 de marzo de 1944, actuando enconcurso con otras personas y mediante el uso de armas de tiro (delito previsto y castigado por los artículos 13 y 185 delCódigo Penal Militar, en relación con los artículos 81,110, 575 y 577 del Código Penal ordinario)" (confr. fs. 853y 960).20) Que en la medida en que la "doble subsunción" también requiere que el hecho en que se funda la requisitoria seapunible para el ordenamiento jurídico del país requerido, corresponde destacar que a los efectos de establecer ese recaudola práctica de los estados en la materia tiende a abandonar el criterio de valoración de ese extremo in concreto, que lohace reposar exclusivamente en la denominación del delito y en una estricta interpretación de los elementos típicos que loconfiguran -como parece haber sido el adoptado por el tribunal apelado-, para enrolarse en el criterio in abstracto a partirde la sustancia criminal del hecho con prescindencia del apego estricto al nomen iuris del tipo legal, que evita que laeficacia del instituto de la extradición se vea frustrada u obstaculizada con motivo de las diferencias propias que reconocenlas calificaciones legales de los Estados Parte con apoyo en los distintos sistemas penales de los países que asumen estetipo de cooperación internacional (conf. Gilbert, Geoff "Aspects of International Law", págs. 47/52, Martinus NijhoffPublishers, 1991, The Newrlands).21) Que tal temperamento ha sido el adoptado por este Tribunal al considerar cumplido el recaudo de doble in-criminaciónen los casos en que los tipos penales contenían los mismos elementos que fundaban aquélla, aunque difiriesen enparticularidades en virtud del régimen jurídico propio en el que se insertaban (Fallos: 70:79); a lo cual agregó que eseexamen no ha de realizarse en un mismo plano de análisis, pues mientras que la adecuación del hecho a un tipo legal delpais requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que aquél pretende probar, el encuadre al derecho internodel requerido se realiza sobre la base de que ese mismo hecho, hipotéticamente, cayera bajo su ley (confr. Fa-llos: 315:575, consid. 5°, y sentencia del 20 de diciembrede 1994, recaída en la causa T.275.XXX R.O. "Taub, Luis Guillermo y otros/ extradición", cons. 7°).22) Que, por ende, los tribunales de nuestro país no se encuentran afectados por la calificación efectuada por el requirente(Fallos: 306:67) o el nomen iuris del delito contenido en la solicitud de extradición (Fallos: 284:459),sino que lo decisivo esla "sustancia de la infracción" (confr. fallos citados y Fallos: 314:1132, cons. 7°). En otros términos, lo relevante es elexamen de los hechos descriptos en la requisitoria y su documentación adjunta a los efectos de su subsunción en nuestroordenamiento jurídico.23) Que a partir del contexto fáctico reseñado en los considerandos 2° a 8° de la presente, un examen del ordenamientojurídico vigente que compute la totalidad de los preceptos con contenido penal que lo integran pone en evidencia que sibien los atentados contra la vida se encuentran principalmente contemplados en los Códigos Penal y de Justicia Militar encuanto a él remite en materia de delitos comunes (artículo 870), esta sistematización no es excluyente de otras figuraspenales que protegen el bien jurídico de la vida en circunstancias tales como las ut supra reseñadas.24) Que, en efecto, los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra aprobados pordecreto-ley 14.442, ratificado por ley 14.467, prohíben al "homicidio intencional" u "homicidio adrede" cometido contraprisioneros de guerra y población civil en tiempos de guerra, comprometiéndose las Partes Contratantes "...a tomar todaslas oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personasque hayan cometido, o dado orden de cometer" tales actos (artículos 129 y 130 del Convenio 3 y, 146 y 147 del Convenio4).25) Que esta descripción típica se complementa con la del Protocolo Adicional I de 1977 (artículo 75),aprobado por ley23.379, en cuanto establece que "Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya seanrealizados por agentes o civiles o militares: a) atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de laspersonas, en particular:i) el homicidio... d) las penas colectivas" (artículo 75 de aplicación tanto a los civiles como a losprisioneros de guerra).26) Que el desconocimiento de una prohibición de esta especie constituye "infracción grave" a los conveniosinternacionales sobre derecho humanitario en materia de trato de prisioneros de guerra y de población civil en el marco deun conflicto armado internacional, considerada como "crimen de guerra" por el artículo 85, apartado 5°, de este mismoProtocolo I.27) Que este encuadre legal no desplaza la concurrencia, respecto de los mismos hechos, de los crímenes contra lahumanidad y especialmente del delito de genocidio (ar-tículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delitode Genocidio, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) en la medida en que el accionar que se imputa al requeridoreconoce "el agravante de haber obrado Priebke con crueldad hacia las personas, en relación a las modalidadesdeshumanas con las cuales ha sido cometida la matanza de Fosse Ardeatine", según lo califica el Ministerio del Interior deItalia (fs. 2/4). Asimismo la selección de un número significativo de víctimas pertenecientes a la comunidad judía, traduceun odio racial o religioso en la ejecución de la sanción colectiva o represalia.28) Que la comprensión del caso con tales alcances se impone como consecuencia del deber que compete a este Tri-bunalde decir el derecho vigente aplicable al caso en el ejercicio de su elevada misión de administrar justicia, con la contribuciónque ello importa a la realización del interés superior de la comunidad internacional con la cual nuestro país se encuentraobligado en virtud de formar parte de ella, de los tratados celebrados, cuyo rango establece la Constitución Nacional en suart.75 inc.22 y de la aplicación del derecho de gentes que prevé el art.118 de la Ley Fundamental, ordenamiento quevulneraría si se limitase a subsumir los hechos como homicidios o asesinatos en el marco de las disposiciones del CódigoPenal o, incluso, del Código de Justicia Militar en cuanto a él remite.29) Que ello es así ya que las descripciones típicas contenidas en los preceptos legales que sancionan atentados contra lavida -homicidio- no abarcan íntegramente la "sustancia de la infracción" que se atribuye a Erich Priebke, como sucede -encambio- con las previsiones de los instrumentos internacionales antes mencionados. Estos últimos, a diferencia de aquéllos,permiten contemplar circunstancias tales como que la participación de Priebke en los hechos habría consistido en elasesinato de 335 personas integrantes de la población civil y prisioneros de guerra, en cuya ejecución se utilizaron3métodos de inusitada crueldad, unidos con elementos de selección teñidos de odio racial e inadmisible desprecio por el serhumano.30) Que supuestos como el de autos constituyen atentados contra el derecho elemental de la vida cuyo reconocimiento sepostula por la propia naturaleza humana, de modo tal que aun en tiempos de guerra en que ciertos derechos sufren uneclipse parcial o temporario subsiste siempre la conservación, como intangible, de la protección al bien jurídico vida dentrode un mínimo en el ámbito internacional o de un mínimo de orden jurídico interno admitido internacionalmente y que no sepuede desconocer (conf. Jules Paoli, Contribution a l´Etude des Crimes de Guerre et des Crimes contre l´Humanité enDroit Penal International en Revue Générale de Droit International Public, 3 série, T. 48/49 -1941/1945-, págs. 129/165,Paris).31) Que tales conductas no sólo han sido consideradas como "crímenes de guerra" sino que pueden concurrir –como aquísucede- real o idealmente, con crímenes contra la humanidad, cuyo presupuesto básico común -aunque no exclusivo - esque también se dirigen contra la persona o la condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta,contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho común nacional, sino en la medida en que sea miembro deuna víctima colectiva a la que va dirigida la acción (conf. Jean Graven, Les Crimes contre l´Humanité, Chapitre III,Synthèse et Construction de la Théorie Juridique des Crimes contre L´Humanité, en Recueil des Cours de l´Académie deDroit International,T.76 (1950), págs. 539/601).32) Que es justamente por esta circunstancia de la que participan tanto los "crímenes contra la humanidad " comolostradicionalmente denominados "crímenes de guerra" como los delitos contra la humanidad, que se los reputa como delitoscontra el "derecho de gentes" que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, porque merecen la sanción y lareprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales (conf. Díaz Cisneros,César enDerecho Internacional Público, Tomo I, págs.278/282, Editorial T.E.A., Buenos Aires, 1955 y Cherif Bassiouni,M. enDerecho Penal Internacional. Proyecto de Código Penal Internacional, págs. 68/69, Editorial Tecnos,Madrid, 1984).33) Que, en las actuales circunstancias de las relaciones internacionales a las que la Corte debe atender(M. 817.XXV,Manauta, Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa s/ daños y perjuicios, resuelta el 22 de diciembre de 1994)el Tribunal estima que los crímenes imputados a Priebke, según la modalidad en que han sido encuadradosprecedentemente los hechos de autos, se ajustan en su tipificación, y desde el punto de vista penal, a los caracteres que elderecho internacional general les reconoce.34) Que el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg definió ambos tipos delictivos: calificó como"crímenes de guerra" enel art. 6 inc."a" a las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra, entre las que incluyó el asesinato de poblacióncivil de un territorio ocupado o que se encuentre en él, de prisioneros de guerra y de rehenes. Análoga descripción adoptóel Tribunal Militar Internacional para el juicio de los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente (artículos 6, "b" y5, "b" respectivamente conf. documentos oficiales obrantes en el Compendio citado, págs. 33/56). Asimismo, y en lo queaquí interesa, en el art. 6 inc.c definió los crímenes contra la humanidad en estos términos: "... el asesinato, el exterminio,la esclavización, la deportación y todo acto inhumano cometido contra cualquier población civil antes o durante la guerra, obien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos o persecuciones hayan constituido ono una violación del derecho interno del país donde hayan sido perpetrados, sean cometidos al perpetrar un crimen sujetoa la jurisdicción del Tribunal o en relación con él."35) Que la Asamblea General de las Naciones Unidas mantuvo esta configuración tanto en su Resolución 3 (I) del 13 defebrero de 1946 al recomendar e instar a los Estados, miembros o no miembros, a la extradición y castigo de losresponsables de estos crímenes al aprobar por unanimidad la Resolución 95 (I) que confirmó los principios de derechointernacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nüremberg y sus sentencias (conf. Compendio citado, págs.79/82).36) Que la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec, en los mesesde febrero y marzo de 1945, repudió en su Acta Final los crímenes de guerra acaecidos en la segunda guerra mundialcomo "horrendos crímenes en violación de las leyes de la guerra, de los tratados existentes, de los preceptos del DerechoInternacional, de los códigos penales de las naciones civilizadas y de los conceptos de civilización" en su Resolución VI"Crímenes de Guerra", documento al que adhirió la República Argentina por decreto n° 6945/45, aprobado por ley 12.837.37) Que en el proyecto de Código de Delitos contra la Paz y Seguridad de la Humanidad cuya discusión se inició en 1950en el seno de las Naciones Unidas, aprobado en primera lectura en el año 1994, como así también en el proyecto deEstatuto de un Tribunal Penal Internacional cuya creación se debate en ese ámbito, se recogen los conceptos de crímenescontra la humanidad y crímenes de guerra (art.20 del Estatuto).38) Que como corolario de lo expuesto cabe considerar a los hechos cometidos según la modalidad descripta en estepronunciamiento, como delitos sancionados por el derecho internacional general y, en la medida en que la aplicación delderecho de gentes se encuentra reconocida por el ordenamiento jurídico argentino (artículo 118 de la ConstituciónNacional) corresponde tener por acreditado –al sólo efecto de la "doble subsunción" o "doble incriminación" exigida por elartículo 2° del Tratado de Extradición aprobado por ley 23.719- el carácter delictual de los hechos que motivan el pedidode extradición.39) Que a diferencia de otros sistemas constitucionales como el de los Estados Unidos de América en el que elconstituyente le atribuyó al Congreso la facultad de "definir y castigar" las "ofensas contra la ley de las naciones" (artículoI, Sección 8), su par argentino al no conceder similar prerrogativa al Congreso Nacional para esa formulación receptódirectamente los postulados del derecho internacional sobre el tema en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo,resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional -que así integra el orden jurídico generaldeconformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 48 ya citado.40) Que, en tales condiciones, la aprobación por leyes 14.467 y 23.379 de los Convenios de Ginebra de 1949 y susProtocolos Adicionales de 1977 es parte de la formación del acto complejo federal que importa la celebración de untratado, según las previsiones de la Ley Fundamental, al propio tiempo que importa la recepción de la ley internacionaldentro de la esfera de validez propia del ordenamiento legal argentino ( art.75 inc.22 de la Constitución Nacional,Fallos:202:353, en lo pertinente; Hans Kelsen, La responsabilidad colectiva e individual en derecho internacional,c on especialconsideración a castigo de los criminales de guerra, págs.5, 10/11, 35/36, Imprenta de la Universidad de Córdoba,República Argentina, 1944; Werner Goldschmidt, Derecho Internacional y Derecho Interno argentino, El Dere-cho, T.7,págs. 784/796. Asimismo, en general, National Implementation of International Humanitarian Law, Proceedings of anInternational Colloquim held at Bad Homburg, 17 to 19 of june, 1988, Editado por Michael Bothe, Editorial KluwerAcademic Publishers, The Netherlands, 1990).41) Que para su aplicación ha de atenderse al propósito de los tratados humanitarios modernos - entre los que cabe incluirlos mencionados instrumentos- que no fue el concederse las Partes Contratantes derechos y obligaciones recíprocas con elfin de satisfacer sus intereses nacionales sino establecer un orden público común con el objetivo de salvaguardar suherencia común de tradiciones politicas, ideas y régimen de derecho (Reservations to the Convention on the Preventionand Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion del 28 de mayo de 1951, I.C.J., pág. 12 in fine.De igualmanera, Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982,"Elefecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Serie A y B, n°2, párrafos 29 y 30).De allí que sus cláusulas gozan de la presunción de operatividad y así han sido consideradas por la doctrina por ser, en sumayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de unaimplementación directa (conf. Krzysztof Drzewicki National legislation as a measure of implementa-tion of internationalhumanitarian law en Implementation of International Humanitarian Law, pág. 111 Editors Frzits Kalshoven and YuesSandoz, Martinus Nijoff Publishers, The Netherlands, 1989).42) Que no obsta a esta conclusión que la descripción típica contenida en los mentados instrumentos internacionales noestablezca la naturaleza de la pena ni su monto pues su falta de determinación en los propios documentos responde a lamodalidad de implementación que infracciones de contenido penal de esa naturaleza reconocen en ese ámbito, conforme alestado actual de las relaciones internacionales.443) Que tal circunstancia en modo alguno significa que la incriminación internacional quede librada a la voluntad de losestados particulares expresada convencionalmente, pues ello es el instrumento de cristalización de los principios y usos dela conciencia jurídica de la sociedad mundial de los que ningún Estado podría individualmente apartarse en la medida enque la formulación del derecho internacional general establece, en la materia, una descripción suficientemente acabada dela conducta punible como así también que su configuración merece una sanción de contenido penal.44) Que el hecho de que el legislador nacional no haya implementado "sanciones penales adecuadas" para este tipo dedelitos, no empece a la vigencia de los restantes compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia deextradición toda vez que este tipo de trámites no tienen por objeto determinar la culpabilidad o inculpabilidad del individuorequerido sino sólo establecer, como ya se ha dicho, si su derecho de permanecer en el país debe ceder ante la solicitud decooperación internacional formulada. Desde esa perspectiva, sería irrazonable concluir que la falta de fijación de una penaespecífica para delitos de modalidades tan graves que superan las de los previstos en la legislación común, importa ladesincriminación de tales actos, máxime si se advierte que su tipificación se encuentra incorporada al derecho interno yque su resultado final -homicidio- constituye un delito regulado por las leyes nacionales con penas que -aun en lasmodalidades de menor gravedad- superan ampliamente el límite establecido en el tratado mencionado.45) Que, en consecuencia, el alcance que cabe asignar a la exigencia de pena mínima de dos años privativa de la libertadcontenida en el artículo 2° del convenio de 1987 suscripto con la República de Italia, es el de criterio de fijación de unumbral mínimo por debajo del cual los estados contratantes carecen de interés para poner en movimiento sus mecanismosinternos para la colaboración internacional, debido a la escasa "gravedad" de los delitos así sancionados.46) Que sobre el particular, ya en el precedente registrado en Fallos: 293:64 el Tribunal sostuvo que el propósito deadoptar cláusulas como las contenidas en el artículo recién citado, para delimitar los delitos sujetos a extradición, debíanentenderse como encaminados a"...excluir la posibilidad de reclamos para aquellos delitos de menor gravedad que nojustifican trámites internacionales de este tipo", a la vez que destacó que el juzgamiento en el pais requerido sólo surgecomo obligación frente al rechazo de la solicitud y cuando concurran todos los elementos que la hagan viable, como mediode no amparar delitos de cierta significación (Fallos: 300:996, consid.5° y 6°), entre los cuales consideró incluídos losdelitos contra el derecho de gentes (conf. mutatis mutandi causa P.541, L.XXIV., R.O. "Peyrú" ut supra citada).47) Que este criterio sustituyó al de la enunciación taxativa de delitos extraditables -como era el contenido en el Tratadocelebrado con Italia aprobado por ley 3035- y ha sido considerado, a la luz del desarrollo progresivo de los principios querigen la cooperación internacional en materia penal, como más apropiado y eficiente para delimitar los delitos sujetos aextradición, ya que evita que las partes contratantes tengan que acudir a continuas modificaciones convencionales paraactualizar la enumeración taxativa frente a cambios introducidos en sus ordenamientos jurídicos represivos (conf. GeoffGilbert, ob. cit. págs. 38/39).48) Que es a la luz de estas premisas y por aplicación de las reglas de hermenéutica en materia de interpretación detratados que dan prioridad a la buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del acuerdo,en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados)que deben considerarse incluídos los delitos contra el derecho de gentes -como el que motiva este pedido de extradiciónentreaquéllos consagrados en el tratado como extraditables.49) Que tal conclusión se adecua a la voluntad de las Partes Contratantes reflejada en la letra del convenio toda vez que lasolución contraria conduciría a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, contrario al "principio de efecto útil" alque debe ajustarse su interpretación (conf. Lauterpacht, Hersch en The Development of International Law by TheInternational Court, en especial págs. 282/284, Stevens and Sons Limited, London, 1958 y De la Guardia Delpech en ElDerecho de los Tratados y la Convención de Viena, págs. 315 y 323, nota n° 326 inclusive, La Ley Sociedad AnónimaEditora e Impresora, Buenos Aires, 1970), ya que los crímenes que reúnen la modalidad descripta en autos y calificadoscomo "delitos de derecho internacional más graves" quedarían excluídos del acuerdo mientras que todos los restantesatentados contra la vida consagrados en el ordenamiento jurídico interno, no obstante su menor entidad, quedaríanincluidos en aquél al superar en su mayoría el mínimo de penalidad exigido por el precepto convencional.50) Que, por lo demás, esta inteligencia del tratado bilateral aprobado por ley 23.719 es la que mejor se concilia con lasrestantes obligaciones que en materia de asistencia judicial y extradición asumió la República Argentina, al ratificar lasprevisiones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977, vigentes también para laRepública de Italia, a partir del 17 de diciembre de 1951 y 12 de diciembre de 1977, respectivamente.51) Que en lo que aquí concierne, el III y IV Convenio de Ginebra de 1949 establecen que "Cada una de las PartesContratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, unacualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuese sunacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas paraque sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes" (artículos 129y 146, segundo párrafo, respectivamente).52) Que, en lo atinente al caso, el Protocolo Adicional I de 1977 establece que "1. Las Altas partes contratantes seprestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de losconvenios o del presente protocolo. 2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidas por los convenios y por elpárrafo 1 del art.85 del presente y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes cooperarán enmateria de extradición. Tomarán debidamente en consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometidola infracción alegada. 3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No obstante, lasdisposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas encualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de regir total o parcialmente en el ámbito de laasistencia mutua judicial en materia penal" (artículo 88).53) Que el hecho de que la República de Italia encuadrara el requerimiento dentro del tratado de extradición aprobado porley 23.719 y la República Argentina así lo aceptase, constituye un reflejo de la práctica de ambas partes en elcumplimiento no sólo de los compromisos en que consideran comprometidos intereses recíprocos sino también de aquellosotros que conciernen directamente a la comunidad internacional (conf. artículo 31, inciso 3, apartado "b" de la Convenciónde Viena sobre Derecho de los Tratados) ya que se "...da por supuesto que las partes contratantes abrigan propósitosrazonables y no incompatibles con los principios del Derecho Internacional reconocidos en general, ni con las obligacionesconvencionales contraídas anteriormente con terceros Estados" (conf. Oppenheim, L. ob.cit. Tomo I, Volumen II, págs.548/549).54) Que corrobora esta afirmación la práctica adoptada por la República Argentina en la materia, en la medida en quefrente a cláusulas como las del artículo 2° del tratado consideró los "actos de barbarie y de vandalismo prohibidos por lasleyes de la guerra" y más modernamente los"crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de lahumanidad" como delitos extraditables en el marco del acuerdo de voluntades al excluirlos de la categoría de delitospolíticos (conf. artículo 8° del Tratado de Extradición firmado con Brasil del 28 de octubre de 1896 aprobado por ley 4027y, más recientemente, artículo 5°, apartado 1, "c" del Tratado de Extradición con el Reino de España aprobado por ley23.708).55) Que este fue el criterio que ya siguió el legislador al aprobar por ley 3035 el tratado de extradición anterior alactualmente vigente con la República de Italia, oportunidad en la cual al debatirse el artículo 6° que enunciabataxativamente los delitos sujetos a extradición dejó a salvo que esa lista se consideraba -sin necesidad de explicitaciónintegradapor los delitos incluídos en "convenciones especiales, entre países civilizados" (conf. Diario de Sesiones de laCámara de Diputados, Congreso Nacional, año 1888, págs. 141/147,especialmente pág. 146, Imprenta de Sud América,Buenos Aires, 1889).56) Que estas consideraciones dan debida respuesta a los agravios de la defensa al par que son indicativas de que laaplicación de un precepto contenido en un tratado bilateral de extradición con apego a su literalidad y sin una formulacióncircunstanciada previa conducente a su recta interpretación jurídica, con apartamiento de los criterios de hermenéuticaaquí recordados, atenta contra la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principioscontenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se5compadece con la misión de administrar justicia (doctrina de Fallos: 234:482; 241:277; 249:37; 255:360;258:75;281:146 y 302:1611).57) Que, en cuanto a los reparos de la defensa técnica de Erich Priebke (fs. 365/366; 373/374; 846/847)tendientes aatribuirle carácter esencialmente militar al hecho en que se funda el pedido y por ende excluirlo de la entrega, no cabesino su rechazo sobre la base de que el mismo artículo 6° del acuerdo bilateral de voluntades que consagra esa excepciónexcluye del concepto de delito militar el "delito previsto por el derecho común", entendido éste como opuesto al conceptode delito político o de delito esencialmente militar.58) Que aun cuando se considerara a las leyes 14.467 y 23.379 como "leyes especiales" en el marco de lodispuesto en el artículo 870 del Código de Justicia Militar,no se configura la mentada hipótesis de excepción toda vez quela incriminación de conductas como las atribuídas a Erich Priebke protegen a la persona más que al individuo y es estacalidad, de algún modo génerica, universal, que exige que la protección del derecho de gentes se ajuste, o al decir de JeanGraven, se superponga a la del derecho común (artículo citado Les Crimes contre l´Humanité...., pág. 548).59) Que, en este sentido, esta Corte ha dicho queante crímenes graves desde el punto de vista de la moral ydel derechocomún, ni la alegación de propósitos políticos,ni la de supuestas necesidades militares, puede ser admitida comofundamento para negar la extradición por tratarse de hechos delictivos claramente contrarios al común sentir de lospueblos civilizados dada su específica crueldad e inmoralidad(Fallos: 265:219. Conf. en igual sentido, Oppenheim, ob. cit.,Tomo II, Volumen II, pág. 139, nota 90 y García Mora, Manuel R. Crimes Against Humanity and the Principle of NonExtradition of Political Offenders en Michigan Law Review, Vol.62, págs. 927 y sgtes., April 1964, n° 6).60) Que así fijados los hechos, su calificación legal para el ordenamiento jurídico argentino y su inclusión dentro de lostérminos del tratado de extradición que rige este trámite, resta establecer si la acción penal nacida del delito imputado aErich Priebke se encuentra prescripta. La República de Italia alegó que no lo estaba porque según las disposiciones de suderecho interno correspondía la aplicación de la pena de "ergástolo" -perpetua- declarada imprescriptible. Este extremo nofue objetado, de modo tal que sólo queda por examinar si la acción penal nacida del delito así calificado por el paísrequerido se encuentra prescripta, supuesto en el cual esta Corte se encontraría obligada a declararlo de oficio(Fallos:306:386).61) Que, al respecto, ni el Convenio de Ginebra de 1949 ni su Protocolo Adicional I de 1977 contienen previsionesespecíficas sobre el punto y toda vez que tanto el Código Penal como el Código de Justicia Militar, no contemplan en todasu dimensión el hecho por el que Priebke es requerido, debe recurrirse para resolver el punto a la costumbre internacionaly a los principios generales del derecho internacional, que forman parte del derecho interno argentino (art. 75 inc.22 de laConstitución Nacional,N.70, L.XXIII, "Nadel" antes citado), y que constituyen las fuentes apropiadas para dar una adecuadarespuesta en el ámbito del derecho internacional, en el cual debe examinarse la cuestión planteada y donde rige la tutelade intereses de los más vitales entre los internacionalmente protegidos.62) Que en la declaración firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943 en cumplimiento de la cual se celebró el Acuerdo deLondres del 8 de agosto de 1945 y se establecieron los Tribunales Internacionales de Nüremberg y del Lejano Oriente, seanunció que los autores de tales hechos "serían devueltos al escenario de sus crímenes y juzgados allí por los pueblos a losque habían ultrajado" y que "en caso de que el hecho no tuviera situación geográfica particular, serían castigados por unadecisión conjunta de los gobiernos de los aliados"; declaración a la que adhirió la República Argentina por decreto 6945/45al aceptar la invitación que con ese fin le fue formulada en el Acta Final de la Conferencia Interamericana sobre Problemasde la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec.63) Que en los considerandos del decreto citado –ratificado por ley 12.837- se consignó que los principios enumerados enel Acta Final "como incorporados al derecho internacional de nuestro Continente desde 1890, han orientado en todomomento la política exterior de la Nación y coinciden con los postulados de la doctrina internacional argentina" como asítambién que "el Gobierno de la Nación acepta y se halla preparado para dar ejecución a los principios, declaraciones yrecomendaciones que son fruto de la Conferencia de México".64) Que mientras el interés de la comunidad internacional porque los "crímenes de guerra" y "crímenes contra lahumanidad" fueran debidamente juzgados y sancionados quedó reflejado en las resoluciones de la Asamblea General delas Naciones Unidas 3 (I) del 13 de febrero de 1946 y 170 (II) del 31 de octubre de 1947, la cuestión acerca de laprescripción o no de estos delitos fue recién sometida a debate en los foros internacionales en el año 1965 ante laposibilidad de que algunos estados declararan prescripta la acción nacida de este tipo de delitos contra el derecho degentes por aplicación de sus legislaciones locales y al equipararlos con los delitos del derecho interno.65) Que el debate se suscitó en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas justamente a instancias de aquellosEstados que reaccionaron en forma adversa a esa equiparación y, por ende, a la prescripción y se prolongó año tras año enel más amplio marco de discusión (conf. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre el 21a.Período deSesiones, del 22 de marzo al 15 de abril de1965, Consejo Económico y Social, en Documentos Oficiales,XXXIX Período deSesiones, Suplemento n°8, págs. 135/151,Naciones Unidas; Informe de la Comisión sobre el 22a.Período de Sesiones del 8de marzo al 5 de abril de 1966,Consejo Económico y Social, en Documentos Oficiales, XLI Período de Sesiones, Suplementon°8, págs. 57/74, Naciones Unidas).66) Que como consecuencia de ese movimiento de opinión, fue aprobada la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenesde Guerra y Lesa Humanidad, por Resolución 2391(XXIII) de la Asamblea General del 26 de noviembre de 1968,que entróen vigor el 11 de noviembre de 1970. Esta declaró imprescriptibles, tanto "los crímenes de guerra según la definición dadaen el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, del 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resolucionesde la Asamblea General delas Naciones Unidas 3 (I) del 13 de febrero de 1946 y 95(I) del 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infraccionesgraves" enumeradas en los Convenios deGinebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de víctimas de guerra" comolos crímenes de lesa humanidad entre los que incluyó "el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para laprevención y la sanción del delito de genocidio aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del paísdonde fueron cometidos" (artículo 1°).67) Que esta afirmación convencional se basó en una serie de razones que quedaron plasmadas en su preámbulo, designificación a los fines hermenéutico dado que constituye la expresión del consenso sobre cuestiones que fueronampliamente discutidas en el seno de los debates internacionales (artículo 31.2. ya citado de la Convención de Viena sobreDerecho de los Tratados).Allí se observó que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones parael enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en eltiempo; se consideró que ellos figuran entre los delitos de derecho internacional más graves; que su represión efectiva esun elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, ypuede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad de los pueblosy de la comunidad internacional; que la aplicación a su respecto de las normas de derecho interno relativas a laprescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide elenjuiciamiento y castigo de sus responsables; para concluir que "es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional,por medio de la presente convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes delesa humanidad".68) Que respecto de este último párrafo del preámbulo, cabe señalar que el verbo "enunciar" contenido en el proyectooriginal fue sustituído por "afirmar" a resultas del consenso logrado para consagrar la recepción convencional de unprincipio ya existente en el derecho internacional referente a la imprescriptibilidad tanto de los crímenes de guerra comode los crímenes de lesa humanidad y cuya redacción fue aceptada por la mayoría de los representantes por dieciocho votosa favor, ninguno en contra y tres abstenciones (conf. Documentos antes citados, en especial, Informes citados de laComisión de Derecho Internacional, Resolución 3 (XXII) de la Comisión de Derecho Internacional aprobada por el ConsejoEconómico y Social por resolución 1158 (XLI) del 5 de agosto de 1966 y Resolución 2338 (XXII) de la Asamblea Generaldel 18 de diciembre de 1967).669) Que no obstante la conducta seguida por aquellos estados que ajustaron su derecho interno en favor de aquellosprincipios, como la de otros que ratificaron o adhirieron a la convención antes mencionada, debe reconocerse que noexistía en ese momento ni existe en lasactuales circunstancias del derecho internacional, una norma reconocida y aceptada por las naciones civilizadas como depráctica obligatoria, en favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. En tal sentido, la República Argentina seabstuvo de votar la convención gestada en el ámbito de las Naciones Unidas.70) Que esta limitación de la persecución penal no alcanza a los hechos que motivan el pedido de extradición por laRepública de Italia, pues entre la serie de normas fundamentales que conciernen a los derechos inalienables reconocidospor la comunidad internacional se encuentran la prohibición de genocidio, el principio de no discriminación racial y loscrímenes de lesa humanidad, ofensas todas presentes en los actos cuyo juzgamiento aquélla persigue. Estas reglasestablecidas consuetudinariamente no pueden ser dejadas de lado por tratados ni derogadas sino por la formación de unanorma posterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. El concepto de "jus cogens" fue aceptadopor la Comisión de Derecho Internacional e incorporado a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en1969 (art.53) -ratificada por ley 19.865- estableciendo que: "es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración,esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención,una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidadinternacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificadapor una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".El carácter de "jus cogens" de los delitos contra la humanidad lleva implícita su inmunidad frente a la actitud individual delos estados, lo que implica la invalidez de los tratados celebrados en su contra, y la consecuencia de que el transcurso deltiempo no purga ese tipo de ilegalidades. La función del "jus cogens" es así proteger a los estados de acuerdos concluidosen contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de estados en su conjunto, para asegurarel respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal("Principles of Public International Law", Ian Brownlie, 3rd. ed., Clarendon Press, Oxford, 1985, p.512/514; "InternationalLaw, Cases and Materials", Louis Henkin, Richard C. Pugh, Oscar Schachter, Hans Smith, 2nd. ed, West Publishing Co.,1987, p.467; cita de Jiménez de Aréchaga en p. 470).71) Que, en el caso, la conducta de Priebke que motiva el pedido de extradición presenta las características típicas de los"crímenes contra la humanidad" cometidos contra población civil y prisioneros de guerra durante un conflicto bélico,sancionados en forma unánime por la comunidad internacional. Así surge del mencionado requerimiento del Ministerio delInterior de Italia en orden a las "modalidades deshumanas con las cuales ha sido cometida la matanza de 'FosseArdeatine'"(fs. 2/4).Esas modalidades fueron también expresamente contempladas por el país requirente en la nota cursada al Ministerio deRelaciones Exteriores de la República Argentina con fecha 7/6/94, en la que se expresa que "...se pone en evidencia queen base a las pruebas que resultan de las investigaciones judiciales la conducta criminal de Priebke representa unverdadero caso de 'crimen contra la humanidad', como fue puesto en evidencia en los actos del Fiscal Militar de laRepública ante el Tribunal de Roma..."(fs. 344).72) Que el Tribunal Militar de Roma describió esa conducta, que causó la muerte de 335 personas, como un delitoperpetrado "con repetidas acciones ejecutivas del mismo plan criminal y actuando con crueldad hacia las personas" (fs.33).Destacó asimismo que las 5 personas tomadas de más del número establecido "fueron fusiladas porque el cap. Schutz y elcap. Priebke, responsables de la dirección de la ejecución y del control de las víctimas, en el frenético apuro de efectuar laejecución con la máxima rapidez, no se dieron cuenta que las mismas eran ajenas a las listas hechas con anterioridad"(texto correspondiente a la sentencia del 20 de julio de 1944 del Tribunal Militar territorial de Roma citada en fs. 34).73) Que las constancias que existen en la causa acerca del modo en que fueron cometidos tales crímenes ponen demanifiesto el grado de crueldad, de tortura moral y física que sufrieron los condenados y la absoluta indiferencia por losmás elementales principios de humanidad que demuestran los ejecutores de esos actos. Basta señalar en tal sentido que:"Así pues iniciaban la ejecución: cinco militares alemanes cogían cinco víctimas, las hacían entrar en la cantera que estabadébilmente iluminada por antorchas sostenidas por otros militares colocados a una cierta distancia el uno del otro y lasacompañaban hasta el fondo, haciéndolas pasar a otra cantera que se abría horizontalmente. Una vez aquí obligaban a lasvíctimas a arrodillarse y luego cada uno de ellos tiraba contra la víctima que le correspondía" (fs.224/225) ..."El tristeespectáculo de los cadáveres que después de las primeras ejecuciones se presentaba a la vista de las víctimas cuandoéstas entraban en la cantera y se arrodillaban para ser fusilados, ha sido expresado brevemente por el testigo Amons que,presente en la ejecución, no disparó porque no tuvo la fuerza de hacerlo. El dice (audiencia del 12/6/1948): 'Habría debidodisparar pero cuando fue levantada la antorcha y vi a los muertos me desmayé...'" (fs. 226). "El modo como fue llevada acabo la ejecución, con crueldad, visto que las víctimas que esperaban en la explanada situada delante de la entrada de lacantera oían, mezclados con los tiros, los angustiosos gritos de las víctimas que los habían precedido y después, una vezen el interior, podían percibir con el claror (resplandor) de las antorchas los cadáveres de aquéllas, esparcidos oamontonados..." (fs. 298).74) Que, desde otra perspectiva, resultan evidentes las motivaciones de persecución racial que se manifiesta en elporcentaje de víctimas de determinado origen, pues como resulta del Informe Complementario emitido por la FiscalíaMilitar de Roma: "Había 75 ciudadanos incluidos en la lista de la sanción colectiva por su mera pertenencia a la comunidadisraelita de Roma.La mayor parte de aquellos (57), en el momento de la formación de las listas, estaba detenida sólo enbase a una precedente orden general de batida y estaban en espera de ser enviados a los campos de concentración por supertenencia étnica. Los otros 18 ciudadanos judíos fueron incluidos en las listas para alcanzar el número requerido para laejecución de la sanción colectiva" (fs. 147/148;ver asimismo fs. 135).En el mismo sentido, se patentiza la incidencia del odio racial en el procedimiento seguido cuando se informa que existían290 víctimas, de las cuales 57 "...eran hebreos detenidos sólo en ocasión de la redada y en espera de ser enviados a uncampo de concentración"(fs. 214) y que en la lista "... muchos eran los detenidos por reatos comunes y los hebreosarrestados por motivos raciales" (fs. 218), entre los que incluso se hallaba un menor de quince años "arrestado por serhebreo" (fs. 218).75) Que, en las condiciones descriptas, los crímenes de guerra cuya perpetración se imputa a Priebke, configu-ran delitoscontra la humanidad integrados con elementos de genocidio. Esta calificación explica que el país requirente haya procedidoa solicitar la extradición, sin perjuicio del juzgamiento definitivo incluso sobre la naturaleza del delito por los tribunales dellugar donde se ha cometido (arts.75 inc.22 y 118 de la Constitución Nacional y arts. II, III, V, VI y VII de la Convenciónpara la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio).76) Que tal calificación, que atiende a la comisión de delitos contra la humanidad, responde a los principios del jus cogensdel derecho internacional. En esas condiciones, y dado que dichos delitos son imprescriptibles, corresponde hacer lugar a laextradición solicitada.77) Que en el examen de la conclusión antecedente no puede ahora soslayarse que las dos cámaras del Congreso de laNación han sancionado la ley que aprueba la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad,y aunque dicha ley no ha sido aun promulgada ni se ha efectuado el depósito del instrumento de ratificación respectivo-recaudos necesarios para su entrada en vigencia- los órganos relevantes del Estado Argentino tanto para la conducción delas relaciones exteriores como para la aceptación de los tratados (arts. 99 inc. 11 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional),han expresado su voluntad en sentido coincidente con los principios del jus cogens.Por ello, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la extradición de Erich Priebke por la muerte de las trescientastreinta y cinco personas por la que fue solicitada. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR. ES COPIAVOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERTConsiderando:1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que denegó la solicitud de extradiciónde Erich Priebke formulada por la República de Italia (fs. 956/978), el Ministerio Público dedujo elrecurso ordinario de7apelación previsto en el artículo 24,inciso 6° del decreto-ley 1285/58 que fue concedido (fs.981), el señor ProcuradorGeneral al expresar agravios en esta instancia (fs. 991/995) solicitó que se revocase la resolución apelada y la defensa, alcontestar a fs.1005/1044 el traslado que se le corrió, pidió que se confirmara.2°) Que el pedido de extradición se fundó en la orden de captura dispuesta por el Juez de las Investigaciones Preliminaresante el Tribunal Militar de Roma don Guiseppe Mazzi el 9 de mayo de 1994 (fs. 112/124). Según surge de este documentoy de los restantes que se acompañana esa solicitud, el hecho imputado a Erich Priebke consisteen "....haber -comomiembro de las fuerzas armadas alemanas enemigas del Estado Italiano, en concurso con Kappler,Herbert y otros militaresalemanes, con repetidas acciones ejecutivas del mismo diseño criminal y actuando con crueldad hacia las personas,provocado la muerte de n. 335personas...en su mayor parte ciudadanos italianos ,militares y civiles que no participaban enoperaciones bélicas, disparando premeditadamente contra ellos algunos tiros. En Roma en la localidad 'Cave Ardeatine' el24 demarzo de 1944 durante el estado de guerra entre Italia yAlemania" (confr. fs.3°) Que de acuerdo a la reseña formulada en primera instancia y no cuestionada por las partes (confr. fs.856/857), elhecho habría ocurrido pocos meses después del armisticio firmado por Italia con las naciones aliadas enguerra contraAlemania el 8 de septiembre de 1943. Mientrasel ejército alemán ocupaba militarmente la zona septentrional y central deItalia, por iniciativa de grupos civiles y castrenses, nacían organizaciones clandestinas de tipo militar para resistir a lasfuerzas armadas alemanas y liberar el territorio italiano.4°) Que el 23 de marzo de 1944 en el centro de Roma, en la calle Rasella, un grupo de militantes de la resistencia habríahecho explotar una bomba en momentos en que pasaba una compañía alemana del Batallón "Bozen", lo que ocasionó lamuerte instantánea de veintiséis militares alemanes,suma que en las horas posteriores se elevó a treinta y dos comoconsecuencia de las graves heridas recibidas por algunos de los sobrevivientes.5°) Que el Alto Mando Alemán habría dispuesto una sanción colectiva consistente en el fusilamiento de diez ciudadanositalianos por cada alemán muerto, practicándose la ejecución en la denominada "Cave Ardeatine" o "FosasArdeatinas", el24 de marzo de 1944.6°) Que trescientas treinta y cinco personas entre civiles y militares, ajenas a las operaciones bélicas, fueron fusiladas. Esenúmero incluyó ciento cincuenta y cuatro que se hallaban detenidas a disposición del Tribunal Militar Alemán por estarsujetas a investigaciones policiales, veintitrés detenidas a disposición de ese Tribunal en espera de juicio, tres condenadasa muerte cuya pena aún no se había ejecutado, dieciséis condenadas apenas de entre 1 y 15 años de privación de lalibertad,setenta y cinco hebreos, cuarenta arrestadas por motivos políticos a disposición de la Jefatura de Policía, diezdetenidas por razones de seguridad pública a disposición autoridad, diez arrestadas en las cercanías de la calle Rasella,una absuelta por el Tribunal Militar Alemán y tres no identificadas (fs. 174/324).7°) Que se arribó a ese total por cuanto a las trescientas veinte víctimas originales, resultantes de ladecisión de ejecutardiez italianos por cada militar alemánmuerto, el Jefe de la Policía de Seguridad Alemana –teniente coronel Herbert Kapplerhabríaresuelto, frente al deceso de otro de los heridos, añadir diez nombres más ala primera lista preparada para laejecución, lo que así se habría hecho trasladando a las víctimas en camiones hasta las "Fosas Ardeatinas", donde"....habían sido retenidas yen estado de espera, con las manos atadas detrás de la espalda, en la explanada situadadelante de la entrada dela cantera, desde donde aquéllas oían, mezclados con las detonaciones, los últimos gritosangustiosos de las víctimas que las habían precedido"; "Además, éstas, nada más (al) entrar en la cantera para serfusiladas podían ver, con la luz de las antorchas, los numerosos cadáveres amontonados de las víctimas precedentes...";"Finalmente,.... tenían que subir encima de los cadáveres amontonados y, una vez allí, eran obligadas a arrodillarse con lacabeza inclinada hacia adelante para ser golpeadas a muerte"; "...las víctimas, antes de ser fusiladas, fueron sometidas aun sufrimiento moral grande, inhumano y cruel" (fs. 311/313).8°) Que ellas habrían sido ultimadas en grupos de a cinco con un tiro en la nuca, completándose la ejecución alas siete dela tarde, luego de lo cual se voló la cantera para sellarla. Un día después se habría advertido que, debido a un error, éstoshabían sido trescientos treinta y cinco y no trescientos treinta como se había ordenado.9°) Que para resolver como lo hizo, el a quo consideró que si bien lo concerniente a la aplicación del tratado suscripto conla República de Italia en l886 y ratificado por la ley 3035 se encontraba firme en esa instancia, era correcto lo resuelto porel juez sobre la base del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional). Del mismo modo estimó que lacalificación del hecho como homicidio -efectuada en la instancia anterior- había quedado firme al no ser apelada por elMinisterio Público y que, más allá de que fuese opinable si los crímenes de guerra integraban el derecho positivo argentino,no podía encuadrarse el hecho en esa figura tanto por lo establecido en el art. 15 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos como por la reserva que oportunamente la República Argentina había formulado al segundo párrafo delmencionado artículo. Por último señaló que la acción por el delito imputado a Priebke se encontraba prescriptaindependientemente de que se adopten las disposiciones del anterior o del actual tratado de extradición con Italia. Yagregó que ello era así por cuanto entre la fecha de comisión de los hechos y la de formulación del requerimiento, habíatranscurrido con exceso el término de quince años fijado en nuestra ley penal para la prescripción de la acción aún cuandose computara la sentencia del Tribunal de Roma del 19 de febrero de 1962 -que juzgó el hecho respecto de otrosimputados- como último acto interruptivo de la prescripción.10) Que el señor Procurador General en su expresión de agravios insistió en la postura inicial del ministerio público acercade que los homicidios por los quese había solicitado la extradición de Priebke configurabancrímenes de lesa humanidadequiparables en cuanto a sus efectos con los crímenes de guerra y que desde esta comprensión había sido efectuado elrequerimiento d easistencia internacional. Sostuvo que ello era así en la medida en que la comisión de esos hechosafectaba a la humanidad en su conjunto y a las normas del derecho de gentes, con lo cual quedaba involucrado en autos elprincipio de inexorabilidad de su juzgamiento, del que se deriva como corolario lógico el de su imprescriptibilidad. Afirmó,respecto a la existencia de un tratado bilateral que regula el procedimiento de extradición y en el que no se habría hechoreferencia a este tipo de delitos - crímenes de guerra o de lesa humanidad-, que la falta de inclusión, "dentro de uncatálogo de presupuestos en los convenios entre ambas repúblicas, no puede desvirtuar la finalidad del acuerdo, que endefinitiva es la asistencia jurídica mutua..." por lo que ante lo no "...expresamente contemplado en el contratointernacional...debe resolverse acudiendo a otros principios que rigen las relaciones internacionales..." (fs. 993). Por últimodestacó la supremacía de la ley 23.379 -que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los Convenios de Ginebra del l2 deagosto de l949 y sus Protocolos Adicionales del 10 de junio de l977- respecto de las disposiciones del Título X del LibroPrimero del Código Penal referentes a la prescripción de la acción (fs.994/994 vta.).11) Que al contestar los agravios formulados por el señor Procurador General la defensa sostuvo la imposibilidad decambiar la calificación del hecho formulada por la autoridad italiana; la insoslayable aplicación del respectivo tratado deextradición firmado entre los países reclamante y reclamado, que a su juicio es el aprobado por ley 3035; el total respetoque debía observarse a la prescripción respecto de los delitos; y la imposibilidad de aplicar al caso normas no vigentes almomento de los hechos pues ello vulneraría el principio de la ley ex post facto reconocido por nuestro derecho penal yconsagrado constitucionalmente después de la reforma de 1994 al asignársele jerarquía constitucional al Pacto de DerechosCiviles y Políticos.12) Que en primer término corresponde determinar el régimen aplicable al presente pedido de extradición. Como principio,esta Corte ha sostenido en diversos pronunciamientos, la mayoría de ellos vinculados con el tratado de extradición conItalia aprobado por ley 3035, que el convenio que corresponde aplicar es el vigente al momento de la solicitud deextradición. Tal temperamento fue el seguido en los precedentes registrados en Fallos: 90:409, pág. 421;91:130; 113:364y 114:278.En lo que aquí interesa cabe destacar los argumentos vertidos por el señor Procurador General en el tercero deesos casos, en cuanto sostuvo que la causa debía ser decidida con arreglo a las estipulaciones del tratado vigente almomento en que se había presentado la requisitoria sobre la base de que en su artículo 21 se prescribía que comenzaría ahacerse efectivo desde el día del canje de las ratificaciones, entendiéndose por ello, que a partir de esa fecha los paísescontratantes se obligaban a la recíproca entrega de los delincuentes que se encontrasen en las condiciones pactadas.Agregó que la disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional, no era óbice para tal interpretación, dado que lasconvenciones sobre extradición no constituyen leyes penales, sino meras formas de procedimientos para la entrega de losprocesados o condenados, según la reiterada jurisprudencia de la Corte (Fallos: 110:412), y por consiguiente son8disposiciones de orden público respecto de las cuales no rige el principio de la no retroactividad de las leyes (Fallos:95:201).En lo que atañe al caso, el nuevo tratado aprobado por ley 23.719 establece en su artículo 25, segundo párrafoque "La presente convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente al vencimiento del período de tres mesesdesde la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación", en virtud de lo cual su vigencia se remonta al 1° dediciembre de 1992. Asimismo, el quinto párrafo del citado artículo dispone que a la fecha de entrada en vigor de lapresente convención "terminará la convención de extradición entre la República Argentina y el Reino de Italia, firmada enRoma el 16 de junio de 1886 y su protocolo adicional firmado en Roma el 9 de junio de 1904". Es decir que las razonesexpuestas en la primera parte del dictamen del Procurador General ya citado, son aplicables al sub lite porque el momentode vigencia fue determinado en ambos instrumentos del mismo modo; a lo que cabe agregar que el convenio de 1987 esaún más terminante sobre el punto porque prevé expresamente la imposibilidad de aplicar el tratado anterior, sin que lacláusula que así lo dispone haya sido tachada de inconstitucional por la defensa. En cuanto a la imposibilidad de aplicarretroactivamente el tratado de 1987 debe tenerse presente que las normas sobre extradición no son reglamentarias delartículo 18 de la Constitución Nacional sino del artículo 14 de la Carta Magna, en tanto no es la finalidad de estosprocedimientos la determinación de la culpabilidad del sujeto requerido por el hecho por el que se lo solicita, sino queimportan excepciones a la libertad de entrar, permanecer y salir del país (doctrina de Fallos: 311:1925; C.801.XXIV,"Candá,Alejandro Guido s/ extradición", considerando 8°, resuelta el 23 de febrero de 1995 y A.83.XXIV, R.O. "Juez de Fozde Iguazú-Brasil s/pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena, fallada el 4 de mayo de 1995, considerando 7° delvoto de la mayoría y del voto de los jueces López y Bossert, y considerando 3° del voto del juez Petracchi), garantíasrespecto de las cuales ningún extranjero tiene un derecho irrevocablemente adquirido. Y ello es así porque como ya sesostuvo desde antaño "...los tratados de extradición, que mediante la recíproca entrega de los procesados ó condenados,se proponen la represión de la criminalidad, y tienden á la seguridad pública é individual, en las potencias signatarias, sonpor excelencia leyes de orden público y el cumplimiento de estas disposiciones, rigen los hechos anteriores sujetos aextradición, sin que el refugiado pueda oponer contra ellas ningún derecho adquirido, porque el interés de todos, la justiciay las buenas costumbres exigen la inmediata aplicación de esas leyes, salvo disposición en contrario(Montes de Oca,Introducción General al Estudio del Derecho, 1° edición, n° 121; Roussel, Enciclopedie du Droit, página 101) ..." (de laresolución de primera instancia publicada en Fallos: 58:11, página 29), pues como sostiene Billot cuando esa regla nofuere expresamente pactada, la retroactividad surge de la naturaleza y carácter de la convención ("Traité de l'ExtraditionSuivid'un Recueil de Documents Étrangéres", p. 261, E. Plon & Co., París, 1874).13) Que precisamente fue este el criterio seguido por el Tribunal en los casos registrados en Fallos: 304:1378 y 305:771,en los cuales en virtud de la cláusula del artículo 22, tercer párrafo, segunda parte, del tratado de extradición celebradocon los Estados Unidos de Norteamérica y aprobado por ley 19.764, se aplicaron, ahechos ocurridos con anterioridad a suentrada en vigor,las cláusulas que por ley 3759 regían las relaciones bilaterales hasta ese momento.14) Que por todo lo expuesto este Tribunal considera que el presente trámite de extradición se encuentra regido por elconvenio celebrado por nuestra república con la de Italia en el año 1987 y aprobado por ley 23.719 y descarta porinadmisible la postura del ministerio público acerca de que la solicitud tramite "según el principio de reciprocidad o lapráctica uniforme de las Naciones" conforme lo prescripto por el artículo 646, inciso 2° del Código de Procedimientos enMateria Penal, frente a la constante y reiterada jurisprudencia que establece que cuando hay tratado el pedido de auxiliointernacional debe regirse por éste (Fallos: 32:331; 49:15; 59:146; 96:305; 108:14; 111:35;114:383; 129:34; 146:388;170:406; entre muchos otros).15) Que esta última hipótesis no determina la exclusión del derecho de gentes, pues en la medida en que éste seaaplicable para la adecuada solución del caso, tal aplicación será inexcusable para el juzgador en función de lo dispuesto porel art. 21 de la ley 48, pues debe contemplarse la circunstancia de que como toda regla de derecho internacional,convencional o consuetudinaria, un tratado no se aplica en "vacío" sino en relación con hechos y dentro de un conjuntomás amplio de normas que integran el sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar y delcual no es más que una parte (conf. C.I.J. Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between Who and Egypt,Advisory Opinion, I.C.J., Reports 1980, pág.76 y Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africain Namibia (South West Africa)notwithstanding Security Council Resolution 276(1970), Advisory Opinion, I.C.J., Reports1971, pág. 16 ad.31, citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanosen sus opiniones consultivas OC-3/83,"Restricciones a lapena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobreDerechos Humanos", párrafo 44, Serie A,n° 3 y OC-10/89"Interpretación de la Declaración Americana de los Derechosy Deberes del Hombre en el marco del artículo64 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos", párrafo 37,Serie A, n° 10).16) Que por lo expuesto la interpretación del convenio no puede efectuarse tomando a éste como una norma aislada yestática, sino dentro del marco del progresivo desarrollo de la materia de que se trata (M.60.XXIV,"Mangiante, GuillermoEduardo c/AADI-CAPIF Asociación Civil Recaudadora s/cobro de pesos", considerando 8° in fine,resuelta el 23 de febrerode 1995), computando a esos efec-tos la legislación vigente, la costumbre internacional ylos principios generales delderecho en ese ámbito, queforman parte del derecho interno argentino (N.70.XXIII,"Nadel, León y otro s/ contrabando",considerando 12,párrafo 3° del voto de la mayoría y considerando 9° in fine del voto del juez Boggiano, resuelta el 6 deabril de1993).17) Que en este contexto normativo se celebró el Tratado de Extradición aprobado por ley 23.719 según fue expuesto porel miembro informante ante la Cámara de Diputados con motivo del debate previo a la sanción de esa ley, al expresar querespondía a las normas más modernas en la materia con el objeto de coadyuvar a hacer más eficaz y estrecha lacolaboración de la República Argentina (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 13 de septiembre de 1989, pág.3235); expresiones cuyo valor a los fines interpretativos de la ley ha sido destacada por esta Corte en Fallos: 182:486;250:507; 296:253; 306:1047 y, más recientemente ,en la causa C.373.XXV, "Cardinale, Miguel Angel c/B.C.R.A. s/incidente de ejecución de sentencia", considerando 5°, primer párrafo, fallada el 17 de noviembre de 1994.18) Que el mencionado propósito de colaboración ha sido puesto de manifiesto en reiterados pronunciamientos comocriterio rector que debe regir en los trámites de extradición, al sostenerse invariablemente que por razones elementales deorden social de aplicación universal corresponde facilitar la entrega y que, a esos fines el estudio de los tratados y las leyesdebe realizarse con espíritu ampliamente auspicioso al propósito de beneficio universal de perseguir el juzgamiento de loscriminales o presuntos criminales por los tribunales del país en que han delinquido, cuando lo requieren en forma lospaíses con los cuales mantiene vínculos de cooperación, pues así no desmedra su soberanía y facilita el imperio de lajusticia (Fallos: 154:336; 156:169,pág. 180; 166:173, págs. 176/177; 174:325, pág. 330; 178:81,págs. 83 y 85;189:118; 216:285, pág. 290; 236:306, pág. 310;263:448, considerando 4°, entre muchos otros).19) Que en este marco y a los fines de cumplir con el requisito de "doble subsunción" o "doble incriminación"contenido enel artículo 2° del tratado cabe señalar, encuanto a la calificación del hecho que motiva lasolicitud que, con arreglo a lajurisprudencia de estaCorte, los tribunales del país requerido no puedenmodificar el encuadre legal efectuado por losdelrequirente, porque ese extremo resulta ajeno al trámite dela extradición y cualquier discrepancia al respecto debeserresuelta en el proceso penal pertinente (doctrina deFallos: 284:459 y en especial 305:725). Por tal motivo esajeno a lafunción de este Tribunal mutar la calificacióndel delito efectuada por Italia al momento de introducir elpedido deextradición y que es, precisamente, la que señalael tribunal de la instancia anterior: "participación enviolencia con homicidio continuado agravado por haberprovocado la muerte de 335 personas el día 24 de marzo de1944,actuando en concurso con otras personas y mediante eluso de armas de tiro (delito previsto y castigado por losartículos 13y 185 del Código Penal Militar, en relacióncon los artículos 81, 110, 575 y 577 del Código Penalordinario)" (confr. fs. 853 y960).20) Que en la medida en que la "doble subsunción" también requiere que el hecho en que se funda la requisitoriaseapunible para el ordenamiento jurídico del paísrequerido, corresponde destacar que a los efectos deestablecer ese recaudola práctica de los Estados en lamateria tiende a abandonar el criterio de valoración de eseextremo in concreto, que lo hace reposar exclusivamente enladenominación del delito y en una estricta interpretaciónde los elementos típicos que lo configuran -como parecehaber sidoel adoptado por el tribunal apelado-, paraenrolarse en el criterio in abstracto a partir de la sustancia criminal del hecho con9prescindencia del apego estricto al nomen iuris del tipo legal, que evita que la eficacia del instituto de la extradición se veafrustrada u obstaculizada con motivo de las diferencias propias que reconocen las calificaciones legales de los Estados Partecon apoyo en los distintos sistemas penales de los países que asumen este tipo de cooperación internacional (conf. Gilbert,Geoff "Aspects of International Law", págs. 47/52, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, The Netherlands).21) Que tal temperamento ha sido el adoptado por este Tribunal al considerar cumplido el recaudo de doble incriminaciónen los casos en que los tipos penales contenían los mismos elementos que fundaban aquélla, aunque difiriesen enparticularidades en virtud del régimen jurídico propio en el que se insertaban (Fallos: 70:79); a lo cual agregó que eseexamen no ha de realizarse en un mismo plano de análisis,pues mientras que la adecuación del hecho a un tipo legal delpaís requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que aquél pretende probar, el encuadre al derecho internodel requerido se realiza sobre la base de que ese mismo hecho, hipotéticamente, cayera bajo su ley (confr. Fallos: 315:575, considerando 5°, y sentencia del 20 de diciembre de 1994, recaída en la causa T.275.XXIII, "Taub, Luis Guillermo yotros s/extradición", considerando 7°).22) Que, por ende, los tribunales de nuestro paísno se encuentran afectados por la calificación efectuada por el requirente(Fallos: 306:67) o el nomen iuris del delito contenido en la solicitud de extradición (Fallos:284:459), sino que lo decisivo esla "sustancia de lainfracción" (confr. fallos citados y Fallos: 314:1132,considerando 7°). En otros términos, lo relevante es elexamen de loshechos descriptos en la requisitoria y sudocumentación adjunta a los efectos de su susbsunción ennuestro ordenamientojurídico.23) Que a partir del contexto fáctico reseñado enlos considerandos 2° a 8° de la presente, un examen delordenamientojurídico vigente que compute la totalidad delos preceptos con contenido penal que lo integran pone enevidencia que si bienlos atentados contra la vida seencuentran principalmente contemplados en los Códigos Penaly de Justicia Militar en cuantoa él remite en materia dedelitos comunes (artículo 870), esta sistematización no esexcluyente de otras figuras penales queprotegen el bienjurídico de la vida en circunstancias tales como las utsupra reseñadas.24) Que, en efecto, los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra aprobados pordecreto-ley 14.442, ratificado por ley 14.467, prohíben al "homicidio intencional" u "homicidio adrede" cometido contraprisioneros de guerra y población civil en tiempos de guerra, comprometiéndose las Partes Contratantes "...a tomar todaslas oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personasque hayan cometido, o dado orden de cometer" tales actos (artículos 129 y 130 del Convenio 3,y 146 y 147 del Convenio4).25) Que esta descripción típica se complementa conla del Protocolo Adicional I de 1977 (artículo 72), aprobado por ley23.379, en cuanto establece que "Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya seanrealizados por agentes o civiles o militares: a) atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de laspersonas, en particular: i) el homicidio... d) las penas colectivas" (artículo 75 de aplicación tanto a las hipótesis del artículo73 como del 45).26) Que el desconocimiento de una prohibición de esta especie constituye "infracción grave" a los conveniosinternacionales sobre derecho humanitario en materia de trato de prisioneros de guerra y de población civil en el marco deun conflicto armado internacional, considerada como "crimen de guerra" por el artículo 85, apartado 5°, de este mismoProtocolo I.27) Que este encuadre legal no desplaza la concurrencia,respecto de los mismos hechos, de delitos de lesahumanidad enla medida en que no puede descartarse la satisfacción de un propósito de odio racial o religioso en la ejecución de lasanción colectiva o represalia, evidenciado en que un número significativo de víctimas pertenecían a la comunidad hebrea(artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, artículo 75, inciso 22 de laConstitución Nacional).Sin embargo toda vez que la calificación como"crimen de guerra" abarca la totalidad de atentadoscontra la vida por los que fue pedida la presente extradición, -deviene innecesario examinar la entrega a la luz deaquélencuadre legal y, en consecuencia, el Tribunal adopta- al sólo efecto de determinar la viabilidad del pedido decooperacióninternacional- la calificación de "delitointernacional" o "delito contra el derecho de gentes":específicamente "crimen deguerra", sin perjuicio de laconcurrencia antes mencionada.28) Que tal obrar se lo impone el cumplimiento del deber que le compete de decir el derecho vigente aplicable al caso enel ejercicio de su elevada misión de administrar justicia, con la contribución que ello importa a la realización del interéssuperior de la comunidad, ydel que se apartaría si se limitase a subsumir los hechoscomo homicidios o asesinatos en el marco de las disposiciones delCódigo Penal o, incluso, del Código deJusticia Militar en cuanto a él remite.29) Que ello es así ya que las descripciones típicas contenidas en estos preceptos legales de atentadoscontra la vida-homicidio- no abarcan íntegramente la"sustancia de la infracción" que se atribuye a ErichPriebke, como sucede con lasprevisiones de losinstrumentos internacionales antes mencionados en la medidaen que estos últimos contemplan, a diferencia deaquéllos,circunstancias tales como que su participación en loshechos habría consistido en el asesinato de 335personasintegrantes de la población civil y prisioneros de guerraen un conflicto armado internacional del alcance que tuvolasegunda guerra mundial, privadas de su vida en elalegado marco de la ejecución de una sanción colectiva orepresalia enterritorio ocupado por parte de las fuerzas armadas militares alemanas.30) Que supuestos como el de autos constituyen atentados contra el derecho elemental de la vida cuyo reconocimientosepostula por la propia naturaleza humana, de modotal que aun en tiempos de guerra en que ciertos derechossufren uneclipse parcial o temporario subsiste siempre laconservación, como intangible, de la protección al bienjurídico vida dentrode un mínimo internacional local o de un mínimo de orden jurídico interno admitido internacionalmente y que no sepuededesconocer (conf. Jules Paoli, Contribution a l´Etude des Crimes de Guerre et des Crimes contre l´Humanité en Droit PenalInternational en Revue Générale de Droit International Public, 3 série, T. 48/49 -1941/1945-,págs. 129/165, París).31) Que tales conductas fueron tradicionalmente incluidas dentro del concepto de "crímenes de guerra" y abarcan lasviolaciones a las leyes y usos aplicables para el trato de prisioneros de guerra y población civil en conflictosarmadosinternacionales, sin perjuicio de concurriren algunos casos real o idealmente, con crímenes contra lahumanidad, cuyopresupuesto básico común - aunque no exclusivo- es que también se dirigen contra la persona o la condición humana yendonde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho común nacional, sinoen la medida en que sea miembro de una víctima colectiva a la que va dirigida la acción (conf. Jean Graven, Les Crimescontre l´Humanité, Chapitre III, Synthèse et Construction de la Théorie Juridique des Crimes contre L´Humanité, enRecueil des Cours de l´Académie de Droit International, T. 76 (1950), págs. 539/601).32) Que es justamente por esta circunstancia de la que participan tanto los tradicionalmente denominados"crímenes deguerra" como los delitos contra la humanidad,que se los reputa como delitos contra el "derecho degentes" que lacomunidad mundial se ha comprometido aerradicar, porque merecen la sanción y la reprobación de laconciencia universalal atentar contra los valores humanosfundamentales (conf. Díaz Cisneros, César en DerechoInternacional Público, Tomo I,págs. 278/282, EditorialT.E.A., Buenos Aires, 1955 y Cherif Bassiouni, M. enDerecho Penal Internacional. Proyecto de Código PenalInternacional,págs. 68/69, Editorial Tecnos, Madrid,1984).33) Que en el plano internacional donde no hay estado, ni órganos soberanos comunes, ni legislación propiamente dicha, yno cabe la división de poderes estatales inexistentes, la única salvaguarda posible contralos desbordes de los estadosparticulares para laprotección de bienes esenciales -entre los queindudablemente se encuentra la vida- se halla, precisamente, en losprincipios y usos sancionados por lacomún conciencia jurídica y que se ha ido desarrollandoprogresivamente en laformulación de un derechointernacional general en materia de sanción de actosatentatorios de interesesinternacionalmente protegidos.34) Que, en las actuales circunstancias de lasrelaciones internacionales a las que la Corte debe atender(M.817.XXV,"Manauta, Juan José y otros c/ Embajada de laFederación Rusa s/ daños y perjuicios", resuelta el 22 dediciembre de 1994)10el Tribunal estima que los "crímenes deguerra", según la modalidad en que han sido encuadradoslos hechos de autos, seajustan en su tipificación, y desdeel punto de vista penal, a los caracteres que el derechointernacional general lesreconoce.35) Que tales particularidades han sido resumidasdel siguiente modo: a) la conducta en cuestión es considerada delictivapor las legislaciones nacionales; b) por medio de obras doctrinales y a partir de reuniones internacionales ha surgido laconciencia de la necesidad de su prohibición a nivel internacional; c) se ha elaborado un proyecto o un tratado, en unaprimera fase, únicamente para declarar la conducta como atentatoria o constitutiva de una violación del DerechoInternacional; d) a ello ha seguido generalmente uno o más convenios adicionales, cada uno de los cuales ha añadidodeterminaciones más específicas al precedente y, e)como paso final, se ha declarado que el comportamiento en cuestiónconstituye un delito internacional sometido al principio de competencia universal en su persecución, a cuyo efecto losEstados signatarios se comprometen a tipificarlo en sus Derechos Penales internos y, en consecuencia, a perseguir a susautores o a conceder su extradición (Cherif Bassiouni, obra cit., págs. 68/69).36) Que los "crímenes de guerra" reconocen sus fuentes formales en "las leyes y usos de la guerra" contenidasen buenaparte del derecho de guerra consuetudinario delos siglos XVII y XVIII que, a mediados del siglo XIX, comenzó sucodificación bajo el influjo del positivismo jurídico en el derecho internacional plasmado, en materia de guerra terrestre, enuna serie de instrumentos de esa índole como extradición la Declaración de Bruselas de 1874, recogida por la PrimeraConferencia de la Paz de La Haya del 29 de julio 1899 referente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre a la que,por ley 5082, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo para adherir y, posteriormente, en el Convenio IV aprobadoen la Segunda Conferencia sobre la Paz de La Haya, celebrada en 1907, a las que siguió la Convención de Ginebra de 1929sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, que recibió la adhesión de la República Argentina por decreto 88.315 del 4de abril de 1941.37) Que estos instrumentos internacionales comenzaron por imponer la obligación de que los prisioneros de guerra fuerantratados con humanidad (artículo 4° del Convenio de La Haya de 1889) y, progresivamente, prohibieron las penascolectivas, pecuniarias o de otro género contra las poblaciones por razones de hecho responsables solidariamente (artículo50 de la Convención de 1907) hasta introducir innovaciones al derecho consuetudinario heredado al fijar limitacionesconvencionales a un procedimiento tradicional en la aplicación del derecho de guerra que era el recurso a la represalia(artículo 2 de la Convención de 1929; conf.Oppenheim, L. en Tratado de Derecho Internacional Público,Tomo II, VolumenII, págs. 136/141, Casa Editorial Bosch, España, 1967).-38) Que contemporáneamente a este desarrollo del derecho humanitario internacional surgió la sistematizacióndeinfracciones cometidas en violación de las leyes ycostumbres de guerra y de las leyes de la humanidad queincluyó el"homicidio", "las masacres" y "la imposición depenas colectivas" (conf. documento final aprobado por la Comisión deResponsabilidad y Sanciones en materia de criminales de guerra que se creó después de la Primera Guerra Mundial en lasConferencias Preliminares de la Paz de 1919, receptado por el Comité de Investigación de Crímenes de Guerra de lasNaciones Unidas en Proyecto de Código de Delitos contra laPaz y la Seguridad de la Humanidad, Compendio deinstrumentos internacionales pertinentes, págs. 40/44, Documentos Oficiales de la Asamblea General A/CN.4/368 del 13 deabril de 1983. Asimismo, Yearbook of the International Law Comission 1950, Volumen II, pág. 264).39) Que en ese mismo orden de ideas el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg calificó como "crímenes deguerra" las violaciones de las leyes o costumbres de laguerra, entre las que incluyó el asesinato de población civil de unterritorio ocupado o que se encuentre en él, de prisioneros de guerra y de rehenes y como crímenes de lesahumanidad elasesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación u otros actos inhumanos cometidos contra cual-quier poblacióncivil, antes o durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos para cometer cualquier crimenque sea de la competencia del Tribunal o en relación con ese crimen, implique o no el acto una violación del derechointerno del país donde se haya cometido. Análoga descripción adoptó el Tribunal Militar Internacional para el juicio de losprincipales criminales de guerra en el Lejano Oriente (apartados b y c de los artículos 5 y 6,respectivamente, conf.documentos oficiales obrantes en el compendio citado, págs. 33/56).40) Que la Asamblea General de las Naciones Unidas mantuvo esta configuración tanto en su Resolución 3(I) del 13 defebrero de 1946 al recomendar e instar a los Estados, miembros o no miembros, a la extradición y castigo de losresponsables de crímenes de guerra cometidos durante la segunda guerra mundial como al aprobar por unanimidad laResolución 95 (I) que confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal deNüremberg y sus sentencias (conf. compendio citado, págs. 79/82).41) Que la Comisión de Derecho Internacional de ese organismo formuló esos principios, en virtud de la encomiendarecibida por resolución 177 (I) del 21 de noviembre de 1947 con el fin de estimular el desarrollo progresivo del DerechoInternacional y su codificación de acuerdo al inciso "a", párrafo 1° del artículo 13 de la Carta Orgánica de las NacionesUnidas (conf. texto en Documentos Oficiales, Segundo Período de Sesiones de la Asamblea General, Resoluciones del 16 deseptiembre al 29 de noviembre de 1947, pág. 63, Lake Success, Nueva York).42) Que al efectuar esa enunciación la Comisión mantuvo el mismo nomen juris y descripción de los hechos reputadoscomo "crímenes de guerra" a la vez que los calificó como "delitos de derecho internacional" y "punibles", como tales, enese ámbito (principio VI) especificando que "Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derechointernacional es responsable de él y está sujeta a sanción" (principio I) sin que la circunstancia de que el derecho internono imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional exima de responsabilidad, en eseámbito, a quien lo haya cometido (principio II) (conf. Informe de la Comisión de Derecho Internacional, párrafos 98/102 y119, Período comprendido entre el 5 de junio y el 29 de julio de 1950, Documentos Oficiales de la Asamblea General,Quinto Período de Sesiones, Suplemento n°12 -A/1316-, págs. 11/15, Lake Success, Nueva York, 1950).45) Que la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec, en los mesesde febrero y marzo de 1945, repudió en su Acta Final los crímenes de guerra acaecidos en la segunda guerra mundialcomo "horrendos crímenes en violación de las leyes de la guerra, de los tratados existentes, de los preceptos del DerechoInternacional, de los códigos penales de las naciones civilizadas y de los conceptos de civilización" en su Resolución VI"Crímenes de Guerra", documento al que adhirió la República Argentina por decreto n° 6945/45, aprobado por ley 12.837.46) Que en este contexto internacional y en opinión de la Corte Internacional de Justicia, los Convenios de Ginebra de1949 tienen tanto un carácter consuetudinario como convencional ya que en gran medida expresan los principios generalesbásicos del derecho internacional humanitario (C.I.J. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Reports1986, parágrafo 218) y junto con los Protocolos Adicionales de 1977 que los complementan (artículo 72), constituyen elreflejo del máximo desarrollo progresivo experimentado por el derecho humanitario en el ámbito internacionalconvencional (conf. Draper, Orígenes y aparición del Derecho Humanitario en Las Dimensiones Internacionales del DerechoHumanitario, págs. 81/93, Instituto Henry Dunant, Unesco, Editorial Tecnos, 1990).47) Que el catálogo de "infracciones graves" en ellos contemplado sirvió de fundamento al proyecto de Código de Delitoscontra la Paz y Seguridad de la Humanidad cuya discusión se inició en 1950 en el seno de las Naciones Unidas, aprobadoen primera lectura en el año 1994, como así también al proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional cuyacreación se debate en ese ámbito.48) Que en estos proyectos los atentados a la vida que reúnen las características del hecho que motiva el pedido de autos,son considerados como violatorios de las leyes y costumbres de la guerra y, por ende, calificados como "crímenes deguerra excepcionalmente graves","violación excepcionalmente grave de los principios y normas de derecho internacionalaplicables en losconflictos armados" o "violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados" constitutivos de"crímenes para la ley internacional" o "crímenes sancionados por el derecho internacional general" (conf. Informe de laComisión de Derecho Internacional en Yearbook of the International Law Commission, 1950, Volume II y citado, págs.277/278 -base de discusión n° 1, crimen IX- ysu comentario en págs. 379/380; Anuario de la Comisión de DerechoInternacional 1985, Volumen II, Primera Parte, Documentos del Trigésimo Séptimo período de Sesiones de la AsambleaGeneral, págs. 66/85; Estatuto del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia; Informe de la - Comisión de DerechoInternacional -1994- en Documentos Oficiales de la Asamblea General -A/49/10-, págs. 46/50).1149) Que como corolario de lo expuesto cabe considerar al "crimen de guerra", según la modalidad descripta en estepronunciamiento, como delito sancionado por el derecho internacional general y, en la medida en que los delitos contra elderecho de gentes se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico argentino (artículo 118 de la ConstituciónNacional) corresponde, por lo tanto, tener por acreditado -al sólo efecto de la "doble subsunción" o "doble incriminación"exigida por el artículo 2° del Tratado de Extradición aprobado por ley 23.719- el carácter delictual del hecho que motiva elpedido de extradición.50) Que este criterio encuentra fundamento en que el constituyente, al fijar la jurisdicción internacional penal de laRepública Argentina para el juzgamiento de los delitos iuris gentium, aun cuando fuesen cometidos fuera de los límites dela Nación (confr. P.541.XXIV, "Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición", considerando 6° del voto de los juecesMoliné O´Connor, Bellluscio, Petracchi, Levene, López, Bossert y Boggiano, resuelta el 23 de febrero de 1995) sólo habilitóal legislador para que en este último supuesto determinase "por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio"(artículo 118 de la Ley Fundamental).51) Que a diferencia de otros sistemas constitucionales como el de los Estados Unidos de América en el que elconstituyente le atribuyó al Congreso la facultad de "definir y castigar" las "ofensas contra la ley de las naciones" artículo I,Sección 8), su par argentino al no conceder similar prerrogativa al Congreso Nacional para esa formulación receptódirectamente los postulados del derecho internacional sobre el tema en las condiciones de suvigencia y, por tal motivo,resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdiccionnacional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21de la ley 48 ya citado.52) Que, en tales condiciones, la aprobación por leyes 14.467 y 23.379 de los Convenios de Ginebra de 1949 y susProtocolos Adicionales de 1977 es parte de la formación del acto complejo federal que importa la celebración de untratado, según las previsiones de la Ley Fundamental, al propio tiempo que importa la recepción de la ley internacionaldentro de la esfera de validez propia del ordenamiento legal argentino (confr. Fallos: 202:353, en lo pertinente; HansKelsen, La responsabilidad colectiva e individual en derecho internacional, con especial consideración a castigo de loscriminales de guerra, págs. 5, 10/11, 35/36, Imprenta de la Universidad de Córdoba, República Argentina, 1944; WernerGoldschmidt, Derecho Internacional y Derecho Interno argentino, El Derecho, T. 7, págs. 784/796. Asimismo, en general,National Implementation of International Humanitarian Law, Proceedings of an International Colloquim held at BadHomburg, 17 to 19 of june, 1988, Editado por Michael Bothe, Editorial Kluwer Academic Publishers, The Netherlands,1990).53) Que para su aplicación ha de atenderse al propósito de los tratados humanitarios modernos -entre los que cabe incluirlos mencionados instrumentos- que no fue el concederse las Partes Contratantes derechos y obligaciones recíprocas con elfin de satisfacer sus intereses nacionales sino establecer un orden público común con el objetivo de salvaguardar suherencia común de tradiciones politicas, ideas y régimen de derecho (Reservations to the Convention on the Preventionand Punishment of the Crime of Genocide,Advisory Opinion del 28 de mayo de 1951, I.C.J., pág. 12 in fine. De igualmanera, Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, "Elefecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos",Serie A y B, n°2, párrafos 29 y 30). De allí que sus cláusulas gozan de la presunción de operatividad y así han sido consideradas por ladoctrina por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sinnecesidad de una implementación directa (conf. Krzysztof Drzewicki National legislation as a measure of implementation ofinternational humanitarian law en Implementation of International Humanitarian Law, pág. 111 Editors Frzits Kalshovenand Yues Sandoz, Martinus Nijoff Publishers, The Netherlands, 1989).54) Que no obsta a esta conclusión que la descripción típica contenida en los mentados instrumentos interna-cionales noestablezca la naturaleza de la pena ni su monto pues su falta de determinación en los propios documentos responde a lamodalidad de implementación que infracciones de contenido penal de esa naturaleza reconocen en ese ámbito, conforme alestado actual de las relaciones internacionales.55) Que tal circunstancia en modo alguno significa que la incriminación internacional quede librada a la voluntad de losestados particulares expresada convencionalmente, pues ello es el instrumento de cristalización de los principios y usos dela conciencia jurídica de la sociedad mundial de los que ningún Estado podría individualmente apartarse en la medida enque la formulación del derecho internacional general establece, en la materia, una descripción suficientemente acabada dela conducta punible como así también que su configuración merece una sanción de contenido penal.56) Que el hecho de que el legislador nacional no haya implementado "sanciones penales adecuadas" para este tipo dedelitos, no empece a la vigencia de los restantes compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia deextradición toda vez que este tipo de trámites no tienen por objeto determinar la culpabilidad o inculpabilidad del individuorequerido sino sólo establecer, como ya serecordó en el considerando 12, si su derecho de permanecer en el país debeceder ante la solicitud de cooperación internacional formulada.57) Que, en consecuencia, el alcance que cabe asignar a la exigencia de pena mínima de dos años privativa de la libertadcontenida en el artículo 2° del convenio de1987 suscripto con la República de Italia, es el del criterio de fijación de unumbral mínimo por debajo del cual los estados contratantes carecen de interés para poner en movimiento sus mecanismosinternos para la colaboración internacional, debido a la escasa "gravedad" de los delitos así sancionados.58) Que sobre el particular, ya en el precedenteregistrado en Fallos: 293:64 el Tribunal sostuvo que elpropósito de adoptarcláusulas como las contenidas en elartículo recién citado, para delimitar los delitos sujetos a extradición, debían entendersecomo encaminados a "...excluir la posibilidad de reclamos para aquellos delitos de menor gravedad que no justificantrámites internacionales de este tipo", a la vez que destacó que el juzgamiento en el pais requerido sólo surge comoobligación frente al rechazo de la solicitud y cuando concurran todos los elementos que la hagan viable, como medio de noamparar delitos de cierta significación (Fallos: 300:996, considerandos 5° y 6°), entrelos cuales consideró incluidos losdelitos contra el derecho de gentes (conf. mutatis mutandi causa "Peyrú" ut supra citada).59) Que este criterio sustituyó al de la enunciacióntaxativa de delitos extraditables -como era el contenidoen el Tratadocelebrado con Italia aprobado por ley 3035- yha sido considerado, a la luz del desarrollo progresivo delos principios querigen la cooperación internacional enmateria penal, como más apropiado y eficiente para delimitar los delitos sujetos aextradición, ya que evita que las partes contratantes tengan que acudir a continuas modificaciones convencionales paraactualizar la enumeración taxativa frente a cambios introducidos en sus ordenamientos jurídicos represivos (conf. GeoffGilbert, ob. cit. págs. 38/39).60) Que es a la luz de estas premisas y por aplicaciónde las reglas de hermenéutica en materia de interpretacióndetratados que dan prioridad a la buena fe conforme alsentido corriente que haya de atribuirse a los términos del acuerdo,en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados)que deben considerarse incluidos los delitos contra el derecho de gentes -como el que motiva este pedido de extradiciónentreaquéllos consagrados en el tratado como extraditables.61) Que tal conclusión se adecua a la voluntad delas Partes Contratantes reflejada en la letra del conveniotoda vez que lasolución contraria conduciría a unresultado manifiestamente absurdo o irrazonable, contrarioal "principio de efecto útil" alque debe ajustarse suinterpretación (conf. Lauterpacht, Hersch en The Development of Internacional Law by The InternationalCourt, en especialpágs. 282/284, Stevens and Sons Limited,London, 1958 y De la Guardia-Delpech en El Derecho de losTratados y laConvención de Viena, págs. 315 y 323, nota n°326 inclusive, La Ley Sociedad Anónima Editoria eImpresora, Buenos Aires,1970), ya que los "crímenes deguerra" que reúnen la modalidad descripta en autos ycalificados como "delitos de derechointernacional másgraves" quedarían excluidos del contrato mientras que todoslos restantes atentados contra la vidaconsagrados en elordenamiento jurídico interno, no obstante su menorentidad, quedarían incluidos en aquél al superar ensumayoría el mínimo de penalidad exigido por el preceptoconvencional.62) Que, por lo demás, esta inteligencia del tratado bilateral aprobado por ley 23.719 es la que mejorse concilia con lasrestantes obligaciones que en materiade asistencia judicial y extradición asumió la RepúblicaArgentina, al ratificar lasprevisiones contenidas en losConvenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de1977, vigentes también para laRepública de Italia, a partir del 17 de diciembre de 1951 y 12 de diciembre de 1977, respectivamente.1263) Que en lo que aquí concierne, los Convenios 3 y4 de Ginebra de 1949 establecen que "Cada una de lasPartesContratantes tendrá la obligación de buscar a las personasacusadas de haber cometido, u ordenado cometer,unacualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlascomparecer ante los propios tribunales, sea cual fuesesunacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según lasdisposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas paraque sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes" (artículos 129y 146, segundo párrafo, respectivamente).64) Que, en lo atinente al caso, el Protocolo Adicional I de 1977 establece que "1. Las Altas partes contratantesseprestarán la mayor asistencia posible en lo querespecta a todo proceso penal relativo a las infraccionesgraves de losconvenios o del presente protocolo. 2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidas por los convenios y por elpárrafo 1 del art.85 del presente y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes cooperarán enmateria de extradición. Tomarán debidamente en consideración la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometidola infracción alegada. 3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No obstante, lasdisposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas encualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de regir total o parcialmente en el ámbito de laasistencia mutua judicial en materia penal" (artículo 88).65) Que el hecho de que la República de Italia encuadrara el requerimiento dentro del tratado de extradiciónaprobado porley 23.719 y la República Argentina asílo aceptase, constituye un reflejo de la práctica de ambaspartes en el cumplimientono sólo de los compromisos en queconsideran comprometidos intereses recíprocos sino tambiénde aquellos otros queconciernen directamente a lacomunidad internacional (conf. artículo 31, inciso 3,apartado "b" de la Convención de Vienasobre Derecho de losTratados) ya que se "...da por supuesto que las partescontratantes abrigan propósitos razonables y noincompatibles con los principios del Derecho Internacional reconocidos en general, ni con las obligaciones convencionalescontraídas anteriormente con terceros Estados" (conf. Oppenheim, L. ob. cit. Tomo I, Volumen II, págs. 548/549).66) Que corrobora esta afirmación la práctica adoptada por la República Argentina en la materia, en la medida en quefrente a cláusulas como las del artículo 2° del tratado consideró los "actos de barbarie y de vandalismo prohibidos por lasleyes de la guerra" y más modernamente los "crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de lahumanidad" como delitos extraditables en el marco del acuerdo de voluntades al excluirlos de la categoría de delitospolíticos (conf. artículo 8° del Tratado de Extradición firmado con Brasil del 28 de octubre de 1896 aprobado por ley 4027y, más recientemente, artículo 5°, apartado 1, "c" del Tratado de Extradición con el Reino de España aprobado por ley23.708).67) Que este fue el criterio que ya siguió el legislador al aprobar por ley 3035 el tratado de extradición anterior alactualmente vigente con la República de Italia, oportunidad en la cual al debatirse el artículo 6° que enunciabataxativamente los delitos sujetos a extradición dejó a salvo que esa lista se consideraba -sin necesidad de explicitaciónintegradapor los delitos incluidos en "con-venciones especiales, entre países civilizados" (conf. Diario de Sesiones de laCámara de Diputados, Congreso Nacional, año 1888, págs. 141/147, especialmente pág. 146, Imprenta de Sud América,Buenos Aires, 1889).68) Que estas consideraciones dan debida respuesta a los agravios de la defensa al par que son indicativas de que laaplicación de un precepto contenido en un tratado bilateral de extradición con apego a su literalidad y sin una formulacióncircunstanciada previa conducente a su recta interpretación jurídica, con apartamiento de los criterios de hermenéuticaaquí recordados, atenta contra la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principioscontenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no secompadece con la misión de administrar justicia (doctrina de Fallos: 234:482; 241:277; 249:37; 255:360; 258:75;281:146 y 302:1611).69) Que, en cuanto a los reparos de la defensa técnica de Erich Priebke (fs. 365/366; 373/374; 846/847) tendientes aatribuirle carácter esencialmente militar al hecho en que se funda el pedido y por ende excluirlo de la entrega, no cabesino su rechazo sobre la base de que el mismo artículo 6° del acuerdo bilateral de voluntades que consagra esa excepciónexcluye del concepto de delito militar el "delito previsto por el derecho común", entendido éste como opuesto al conceptode delito político o de delito esencialmente militar.70) Que aun cuando se considerara a las leyes 14.467 y 23.329 como "leyes especiales" en el marco de lo dispuesto en elartículo 870 del Código de Justicia Militar, no se configura la mentada hipótesis de excepción toda vez que la incriminaciónde conductas como las atribuidas a Erich Priebke protegen a la persona más que al individuo y es esta calidad, de algúnmodo genérico, universal, que exige que la protección del derecho de gentes se ajuste, o al decir de Jean Graven, sesuperponga a la del derecho común (artículo citado Les Crimes contre l´Humanité...., pág. 548).71) Que, en este sentido, esta Corte ha dicho que ante crímenes graves desde el punto de vista de la moral y del derechocomún, ni la alegación de propósitos políticos, ni la de supuestas necesidades militares, puede ser admitida comofundamento para negar la extradición por tratarse de hechos delictivos claramente contrarios al común sentir de lospueblos civilizados dada su específica crueldad e inmoralidad (Fallos: 265:219; conf. en igual sentido, Oppenheim, ob. cit.,Tomo II, Volumen II, pág. 139, nota 90 y García Mora, Manuel R. Crimes Against Humanity and the Principle of NonExtradition of Political Offenders en Michigan Law Review, Vol. 62, págs. 927 y sgtes., April 1964, n°6).72) Que así fijados los hechos, su calificación legal para el ordenamiento jurídico argentino y su inclusión dentro de lostérminos del tratado de extradición que rige este trámite, resta establecer si la acción penal nacida del delito imputado aErich Priebke se encuentra prescripta. La República de Italia alegó que no lo estaba porque según las disposiciones de suderecho interno correspondía la aplicación de la pena de "ergástolo" -perpetua- declarada imprescriptible. Este extremo nofue objetado, de modo tal que sólo queda por examinar si la acción penal nacida del delito así calificado como "crimen deguerra" por el país requerido se encuentra prescripta, supuesto en el cual esta Corte se encontraría obligada a declararlode oficio (Fallos:306:386). Al respecto, ni el Convenio de Ginebra de 1949 ni su Protocolo Adicional I de 1977 contienenprevisiones específicas sobre el punto y toda vez que tanto el Código Penal como el Código de Justicia Militar, nocontemplan en toda su dimensión el hecho por el que Priebke es requerido, sus normas sobre la materia no son aplicablesal caso ni siquiera por reenvío de aquéllos a estas últimas.73) Que por lo tanto debe recurrirse para resolver el punto a la costumbre internacional y a los principiosgenerales delderecho internacional, que forman parte delderecho interno argentino (N.70.XXIII, "Nadel" antescitado), y que sepresentan como las fuentes más adecuadaspara dar una respuesta si se tienen en cuenta las condicio-nes en que seformulan este tipo de delitos en el ámbitointernacional para tutelar intereses de los más vitalesentre los internacionalmenteprotegidos.74) Que los "crímenes de guerra" originaron, yaal finalizar la Primer Guerra Mundial, expresiones decondena y ladeterminación de llevar ante la justicia a susautores y partícipes según el artículo 228 del Tratado deVersailles del 28 dejunio de 1919 (conf. Compendio deInstrumentos Internacionales pertinentes antes citado, pág.12; asimismo, Jean Graven,Concepto de crimen de lesahumanidad y caracteres en Recueil des Cours de l´Academiede Droit International, págs.450/453, 1950).75) Que, más tarde y en igual sentido se pronunciaron los países aliados, durante el transcurso de la segunda guerra, el 7de octubre de 1942 y el 17 de diciembre de ese mismo año, como así también el 31 de julio de 1943 en notas dirigidas alos gobiernos de Argentina, Suecia, Suiza, España, Portugal, Turquía y la ciudad del Vaticano exhortándoles a negar asilo acualesquiera criminales de guerra de las potencias del Eje y al describir tal conducta como contraria a los principios por losque habían combatido las Naciones Unidas (conf. Oppenheim, ob. cit., Tomo II, Volumen II, pág. 139, nota90).76) Que en la declaración firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943 en cumplimiento de la cual se celebró elAcuerdo deLondres del 8 de agosto de 1945 y se establecieron los Tribunales Internacionales de Nüremberg y delLejano Oriente, seanunció que los autores de tales hechos"serían devueltos al escenario de sus crímenes y juzgadosallí por los pueblos a losque habían ultrajado" y que "encaso de que el hecho no tuviera situación geográfica particular, serían castigados por unadecisión conjunta de los gobiernos de los aliados"; declaración a la que adhirió la República Argentina por decreto 6945/45al aceptar la invitación que con ese fin le fue formulada en el Acta Final de la Conferencia Interamericana sobre Problemasde la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec.1377) Que en los considerandos del decreto citado -ratificadopor ley 12.837- se consignó que los principiosenumerados en elActa Final "como incorporados al derechointernacional de nuestro Continente desde 1890, han orientado en todo momentola política exterior de la Nación y coinciden con los postulados de la doctrina internacional argentina" como así también que"el Gobierno de la Nación acepta y se halla preparado para dar ejecución a los principios, declaraciones y recomendacionesque son fruto de la Conferencia de México".78) Que mientras el interés de la comunidad inter-nacionalporque los "crímenes de guerra" fueran debidamentejuzgados ysancionados quedó reflejado en las resoluciones dela Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) del 13 defebrero de1946 y 170 (II) del 31 de octubre de 1947, lacuestión acerca de la prescripción o no de estos delitos fue recién sometida adebate en los foros internacionales en el año 1965 ante la posibilidad de que algunos estados declara ran prescripta laacción nacida de este tipo de delitos contra el derecho de gentes por aplicación de sus legislaciones locales y alequipararlos con los delitos delderecho interno.79) Que el debate se suscitó en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas justamente a instanciasde aquellosEstados que reaccionaron en forma adversa a esaequiparación y, por ende, a la prescripción y se prolongóaño tras año enel más amplio marco de discusión (conf.Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre el21a. Período de Sesiones,del 22 de marzo al 15 de abril de1965, Consejo Económico y Social, en Documentos Oficiales,XXXIX Período de Sesiones,Suplemento n° 8, págs. 135/151,Naciones Unidas; Informe de la Comisión sobre el 22a.Período de Sesiones del 8 demarzo al 5 de abril de 1966,Consejo Económico y Social, en Documentos Oficiales, XLIPeríodo de Sesiones, Suplemento n°8, págs. 57/74, NacionesUnidas).80) Que como consecuencia de ese movimiento de opinión, fue aprobada la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenesde Guerra y Lesa Humanidad, por Resolución 2391(XXIII) de la Asamblea General del 26 de noviembre de 1968,que entróen vigor el 11 de noviembre de 1970. Esta declaró imprescriptibles, tanto los crímenes de guerra según ladefinición dadaen el Estatuto del Tribunal MilitarInternacional de Nüremberg, del 8 de agosto de 1945, yconfirmada por las resolucionesde la Asamblea General delas Naciones Unidas 3 (I) del 13 de febrero de 1946 y 95(I) del 11 de diciembre de 1946, sobretodo las"infracciones graves" enumeradas en los Convenios deGinebra del 12 de agosto de 1949 para la protección devíctimas de guerra como los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz,según la definición dada en el mismo estatuto y en las mismas resoluciones de ese organismo internacional así como eldelito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aún si esosactos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos (artículo I).81) Que esta afirmación convencional se basó en unaserie de razones que quedaron plasmadas en su preámbulo,designificación a los fines hermenéuticos dado que constituyela expresión del consenso sobre cuestiones quefueronampliamente discutidas en el seno de los debates internacionales (artículo 31.2. ya citado de la Convención de Vienasobre Derecho de los Tratados).Allí se observó que en ninguna de las declaracionessolemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigode los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo; se consideró queellos figuran entre los delitos de derecho internacional más graves; que su represión efectiva es un elemento importantepara prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza,estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad de los pueblos y de la comunidadinternacional; que la aplicación a su respecto de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitosordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide elenjuiciamiento y castigo de susresponsables; para concluiren que en que "es necesario y oportuno afirmar en derechointernacional, por medio de lapresente convención, elprincipio de la imprescriptibilidad de los crímenes deguerra y de los crímenes de lesa humanidad".82) Que respecto de este último párrafo del preámbulo, cabe señalar que el verbo "enunciar" contenido en el proyectooriginal fue sustituido por "afirmar" a resultas del consenso logrado para consagrar la recepción convencional de unprincipio ya existente en el derecho internacional referente a la imprescriptibilidad tanto de los crímenes de guerra comode los crímenes de lesa humanidad y cuya redacción fue aceptada por la mayoría de los representantes por dieciocho votosa favor, ninguno en contra y tres abstenciones (conf. Documentos antes citados, en especial, Informes citados de laComisión de Derecho Internacional, Resolución 3 (XXII) de la Comisión de Derecho Internacional aprobada por el ConsejoEconómico y Social por resolución 1158 (XLI) del 5 de agosto de 1966 y Resolución 2338 (XXII) de la Asamblea Generaldel 18 de diciembre de 1967).83) Que en favor del desarrollo de este principio de derecho internacional como costumbre debe reconocerseque no existíaal momento de la Convención ni existe en lasactuales circunstancias del derecho internacional, unprincipio general dederecho de las naciones civilizadasque se oponga a aquél y que pudiera ser receptado en eseámbito (conf. C.I.J. BritishNorweagian Fisheries, I.C.J.Reports 1951). En este sentido, cabe destacar que no todaslas legislaciones locales tieneninstituida la prescripción como una causa de extinción de la acción penal, o en muchos casos, este instituto no alcanzaciertos delitos o puede ser dejado de lado bajo determinadas circunstancias.84) Que tanto la conducta seguida por aquellos estados que ajustaron su derecho interno en favor de aquel principio comola de otros que ratificaron o adhirieron a la Convención antes mencionada constituye una aceptación inequívoca de esapráctica y, por ende, la contribución más clara para su establecimiento como regla de costumbre.85) Que ese proceder fue acompañado por los estadosque ratificaron o adhirieron a la Convención EuropeadeImprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra firmada el 25 de enero de 1974 en el senodel Consejo de Europa, que adoptó análoga práctica en la materia y contó con la firma de Austria, Bélgica, Chipre,Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega,Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (conf. European Convention on the nonapplicabilityof statutory limitation to crimes against humanity and war crimes en European Treaty Series n° 82, págs. 2/9,Edition February 1974).86) Que en concordancia con estos antecedentes, eproyecto de Código de Delitos contra la Paz y Seguridad de laHumanidad aprobado en primera lectura en el año 1994 en el ámbito de las Naciones Unidas, consagralaimprescriptibilidad para estos delitos en su artículo 7°(conf. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 43a. Período de Sesiones -1991-,DocumentosOficiales A/CN.4/L.469 del 29 de enero de1992, págs. 32/73, especialmente pág. 41).87) Que aprobada la Convención, la Asamblea Generalinvitó en sucesivas oportunidades a los Estados que nola hubieranfirmado ni ratificado a hacerlo con laesperanza de que aquéllos que no pudieran votar a su favorse abstuvieran decualquier acto que fuera contrario a losobjetivos fundamentales de esa Convención; más tardeexhortó a cumplir el "deberde observar estrictamente" susdisposiciones y, por último, afirmó que "la negativa de unEstado a cooperar en la detención,extradición,enjuiciamiento y castigo de los culpables de crímenes deguerra o crímenes de lesa humanidad es contraria alospropósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,así como a las normas de derecho internacionaluniversalmente reconocidas" (conf. Resoluciones de laAsamblea General n° 2583 -XXIV- del 15 de diciembre de1969, n°2712 -XXV- del 15 de diciembre de 1970 y n° 2840 -XXV- del 18 de diciembre de 1971 relativas a la "Cuestióndel Castigode los Criminales de Guerra y de las Personasque hayan cometido crímenes de lesa humanidad").88) Que finalmente, la Resolución 3074 (XXVIII) de ese mismo organismo internacional del 3 de diciembre de1973 aprobólos "Principios de Cooperación Internacional enla Identificación, detención, extradición y castigo de losculpables decrímenes de guerra o de crímenes de lesahumanidad". En el acto de ese debate la República Argentinase opuso a laredacción del artículo 1° en cuanto entendióque el declarar que tales crímenes serían objeto de investigación "dondequieray cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido" suponía reconocer su imprescriptibilidad. Sin embargo, al momentode la votación, se abstuvo (conf. Tema 60 del Programa tratado en Sesión Plenaria 2187a. de la Asamblea General del 3de diciembre de 1973, Vigésimo Octavo Período de Sesiones de la Asamblea General, Documentos Oficiales páginas 1/7 yAnexos Documento A/9326 del 20 de noviembre de 1973, páginas 1/17. Asimismo, Sesiones de la Tercera Comisióndel 19de septiembre al 5 de diciembre de 1973, DocumentosOficiales del mismo período, A/C.3/SR. 1976 a 2050).1489) Que a la luz de estos antecedentes cabe concluiren que la práctica de la República Argentina basada ensuconocimiento del deber contenido en las directivas impartidas por la Asamblea General, importó una innegable contribuciónal desarrollo de una costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad (Caso Lotus, PCIJ, Series A 10, p.18).90) Que ello es así toda vez que la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencionalno esexclusiva a los efectos de determinar la existenciadel jus cogens. En la mayoría de los casos, se configura a partir de laaceptación en forma tácita de una práctica determinada ya que si un Estado no reacciona abiertamentecontra ella,especialmente cuando ese proceder seríaesperable la presunción surge de que está conforme con lapráctica o, por lomenos, que es indiferente a ella y a susconsecuencias legales y esto es lo decisivo para la formación de una costumbreinternacional y, en consecuencia, para el establecimiento de una regla de la costumbre (conf. Wolfke, Karol en Custom inPresent International Law, 2nd. Revised, págs. 44/51 -en especial págs. 47/8- y págs. 61/64, Editorial Martinus NijhoffPublishers, The Netherlands, 1993 y Lobo de Souza, I.M. The Role of State Consent in the Customary Process enInternational and Comparative Quarterly Vol. 44, págs. 521/539, july, 1995).91) Que esta presunción no aparece desvirtuada -alos fines que aquí conciernen- en la medida en que si bienel EstadoNacional se abstuvo de votar la Convencióngestada en el ámbito de las Naciones Unidas tampoco adoptóen el ordeninterno ni en el internacional una conductacontraria a la del desarrollo progresivo en favor de laimprescriptibilidad. Por elcontrario, los Poderes Ejecutivo y Legislativo han expresado ya su voluntad concurrente con lo aprobado en dicho texto-incluida la adopción de todas las medidas internas que sean necesarias para hacer posible la extradición, de conformidadcon el derecho internacional,de las personas que cometieren alguno de los crímenes de guerra o de lesa humanidadmencionados en su artículo I (artículo III)- ya que aquél envió en su oportunidad la Convención al Parlamento para suratificación, lo que ya ha ocurrido a través de la aprobación obtenida en ambas cámaras legislativas.92) Que, por último, y reiterando expresionesvertidas por el Tribunal al resolver en el año 1894 elpedido de extradición deJabez Spencer Balfour caberecordar que ninguna ley, ninguna doctrina u opiniónautorizada se conoce que incluya entre losmodos de extinguirse la responsabilidad criminal el refugio del culpable en el territorio extraño; por consiguiente no esposible fundar una negativa de extradición en derecho alguno de inmunidad del delincuente, derivado del hecho de suarribo al país (Fallos: 58:11).93) Que, más bien, por razones elementales del orden social de aplicación universal, corresponde facilitar, en lo posible, laentrega de los procesados consagrando así,en la práctica, los altos fines de la justicia penalinstituída en todos los paísescivilizados para garantía desus habitantes (Fallos: 150:316; 154:157, pag. 162; 154:333, pag. 336; 156:169, pag. 180;166:173, pag. 177; 212:5; 236:306) máxime que "....tratándose de crímenes de guerra, la solidaridad de todos losestados se impone ya que son actos que quiebran el fundamento mismo sobre el cual se apoya la comunidad internacional,actos que ponen en peligro la coexistencia pacífica de los pueblos" (Vespasien V. Pella, La Guerre-Crime et les criminels deguerre, pág. 106, Ed. de la Baconniere, Neuchatel, Suisse, 1964).Por ello, se revoca la sentencia apelada y se hace lugaral pedido de extradición de Erich Priebke formulado por laRepúblicade Italia en estas actuaciones. Notifíquese ydevuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.ES COPIADISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTOCESAR BELLUSCIO Y DON RICARDO LEVENE (H)Considerando:1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que denegó la solicitud deextradición deErich Priebke formulada por la República deItalia, el Ministerio Público dedujo el recurso ordinariode apelación previsto enel artículo 24, inciso 6°, deldecreto-ley 1285/58, el que fue concedido, expresandoagravios en esta instancia el señorProcurador General.2°) Que la solicitud de extradición se fundó enla orden de captura dispuesta por el juez encargado de lasinvestigacionespreliminares del Tribunal Militar de Roma,en relación al delito de "concurso en violencia conhomicidio continuo a daño deciudadanos italianos" (sic)previsto en los artículos 81, 110, 575 y 577 del códigopenal italiano con arregloa los arts. 13 y185 del códigopenal militar de guerra, por haber provocado con crueldad -como miembro de las fuerzas armadas alemanasy en concursocon otras personas- la muerte de 335 personas el 24 demarzo de 1944, durante el estado de guerra entreItalia yAlemania.3°) Que los agravios del señor Procurador Generalse fundan en que: a) Que los hechos imputados a Priebkeconstituyencrímenes de guerra de acuerdo a la definicióndel título II, art. 6°, inc. b, del Estatuto del TribunalMilitar Internacional deNüremberg, clase de hechos, ésta,que por ser cometidos contra la humanidad en su conjunto yofender normas aceptadasdel derecho de gentes, configurandelitos de lesa humanidad cuyo juzgamiento es inexorable y, por consiguiente, la acciónpenal, imprescriptible; b) Que el tratado de extradición que vincula a nuestro país con Italia no hace referencia a este tipode delitos, lo que no puede desvirtuar la finalidad del acuerdo, que es la asistencia jurídica mutua, por lo que, al no estarcontemplado en él pero afectar a toda la humanidad, debe resolverse acudiendo a otros principios que rigen las relacionesinternacionales; c) Que, aun cuando la cuestión se rigiera por el tratado bilateral con Italia, sobre las normas del códigopenal argentino que establecen la prescripción de la acción penal tendría supremacía la ley 23.379, que incorpora al ordenjurídico argentino los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 y 1977 relativos a la protección de lasvíctimas de los conflictos armados internacionales y conflictos armados sin carácter internacional, respectivamente.4°) Que desde antiguo esta Corte ha concedido extradicionespor hechos anteriores a la entrada en vigor de tratados bilaterales que la regían (Fallos: 90:409, 91:130, 113:364,114:278), ya que éstos no constituyen leyes penales cuya aplicación retroactiva violaría el art. 18 de la Consti-tuciónNacional sino acuerdos tendientes a asegurar la cooperación judicial entre las naciones que, por tal carácter, resultan deaplicación inmediata. Por lo tanto, la extradición solicitada por la República de Italia en 1994 se rige - contrariamente a losostenido por la defensa- por la convención de extradición entre la República Argentina y la República Italiana celebrada enRoma el 9 de diciembre de 1987 y aprobada por ley 23.719.5°) Que, conforme al art. 2° de la referida convención, la extradición se admite exclusivamente por los delitos puniblessegún las leyes de ambas partes con penaprivativa de la libertad personal cuyo máximo no seainferior a dos años; y,según el art. 7°, inciso b, laextradición no se concederá "si de acuerdo a la legislaciónde la parte requirente o de la parterequerida, la acciónpenal o la pena se encontrara prescripta". Es obvio que,por tratarse de homicidios, el primero de esosrequisitosse encuentra cumplido; pero no lo es menos que, de acuerdoa lo prescripto en el art. 62 del código penalargentino,el plazo para la prescripción de la acción se halla cumplido con creces, lo que constituye un obstáculoinsuperablepara la concesión de la extradición solicitada.6°) Que no empece a esa conclusión ni la calidadde crímenes de guerra ni la de delitos de lesa humanidadque,promiscuamente, el Ministerio Público asigna a los he-chos que motivan la solicitud italiana. En efecto, si se los calificasecomo crímenes de guerra entrarían en la prohibición de represalias contra la población civil o las personas civiles queprohibe el art. 51, párrafo 6°, del protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a laprotección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, aprobado por ley 23.379. Pero no existe convencióninternacional que sancione a dichos hechos con una determinada pena aplicable por las naciones adheridas, ni hay normaen la legislación italiana ni en la argentina que los prevea con pena diferente a la reservada para el homicidio o que regulede algún modo el carácter prescriptible o imprescriptible dela acción o de la pena. Si, por el contrario, se los consideraracomo delitos de lesa humanidad -calificación que no queda cubierta en suintegridad por la descripción de los hechosefectuada en la orden de captura-, menos todavía resultaría posible acudir a principios indefinidos supuestamentederivados del "derechode gentes", pues falta la norma específica -por supuesto, que vincule a la República Argentina- queestablezca una determinada sanción, o bien la imprescriptibilidad de las sanciones previstas en los derechos nacionales. LaConvenciónsobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea de laOrganización de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, no ha entrado aún en vigor para la República Argentina,ya que no se ha producido la circunstancia prevista en su artículo VIII, párrafo 2°.157°) Que la circunstancia de que estos delitos no seencuentren contemplados en el convenio con Italia no puedetener lasignificación que le atribuye el señor ProcuradorGeneral, pues no implica que queden al margen de ese acuerdo sino querijan para ellos -como para cualquier otro delito - el requisito de la doble punibilidad del art. 2° y la aplicación de la normamás favorable en materia de pres-cripción del art. 7°, inc. b.8°) Que el indiscutible carácter aberrante de losdelitos imputados a Priebke no puede servir de excusa para elapartamiento del orden jurídico vigente. Tanto o más interesa a éste la observancia de sus normas que la persecu ción dequienes han incurrido en hechos de aquelcarácter. Muchos siglos de sangre y dolor ha costado a lahumanidad elreconocimiento de principios como el nullapoena sine lege consagrado en el art. 18 de nuestraConstitución para que puedadejárselo a un lado medianteuna construcción basada en un derecho consuetudinario queno se evidencia como imperativo,y que, si hoy fueseaceptada por el horror que producen hechos como los imputados a Priebke, mañana podría serextendida acualquier otro que, con una valoración más restringida omás lata, fuese considerado como ofensivo para lahumanidadentera, y no para personas determinadas, un grupo de ellas,o la sociedad de un país determinado. Elloimplicaríamarchar a contramano de la civilización, sujetando laprotección de la libertad personal de aquel cuya conductanopuede ser encuadrada en ley previa al arbitrio de unaseudo interpretación que puede llevar a excesos insos-pechados.Porello, se confirma la sentencia apelada en cuantono hace lugar a la extradición solicitada. Notifíquese ydevuélvase.AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - RICARDO LEVENE (H).ES COPIADISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGOPETRACCHIConsiderando:1°) Que no coincido con la posición de la mayoría. Considero que corresponde confirmar la sentenciade cámara que no hizolugar a la extradición solicitada.2°) Que tanto la antigua Convención de Extradición con Italia de 1886 (aprobada por la ley 3035 de1893), como la nuevaConvención suscripta con aquel país en1987 (aprobada por la ley 23.719 de 1989), condicionan laprocedencia de laextradición al cumplimiento de dosrequisitos: que exista delito punible para el derecho deambos países y que la acciónpenal correspondiente no seencuentre prescripta en el Estado requirente ni en el Estado requerido.La primera condición -es decir, la exigencia depunibilidad- resulta claramente del art. 2° de la nuevaConvención queestablece "La extradición se admitiráexclusivamente por los delitos punibles, según las leyes deambas partes, con unapena privativa de la libertadpersonal no inferior en su máximo a dos años, o con unapena más severa..." También ellosurge -implícita peroinequívocamente- de la antigua Convención, que, en su art.6°, efectúa una enumeración taxativa delos delitosextraditables, agregando dicha norma que no corresponderála extradición cuando al delito le correspondiese"una penasimplemente correccional" (art. cit. última parte).La segunda condición: que no debe estarprescripta la acciónpenal para ninguno de los dos países,surge, en la vieja Convención, del art. 8°, y en la nueva del art. 7°, inc. b).3°) Que los hechos por los que Italia solicita laextradición de Priebke encuadran prima facie, y claramente, en el delito dehomicidio previsto en el código penal argentino. Tal emplazamiento acarrea la ineluctable consecuencia de que nocorrespondería la extradición por hallarse prescripta la acción penal correspondiente (conf. art. 62 de dicho Código Penal).4°) Que esta conclusión pretende ser obviada por lamayoría con el argumento de que la conducta por la que sequiereextraditar a Priebke no sólo está reprimida en la legislación penal ordinaria -con la consecuencia ya señalada supra- sinotambién en el "derecho de gentes". Conforme a este último aquélla configuraría un "crimen de guerra" o, en su caso, "delesa humanidad", cuya fuente formal sería, no el derecho penal ordinario, sino los usos y costumbres internacionales yciertos instrumentos (tratados, convenciones, declaraciones) producidos en dicho ámbito. Un ejemplo de dicha regulaciónlo constituye laConvención concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (La Haya 1899, aprobada por la ley5082 de 1907), la cual dispone en su art. 50: "Ninguna pena colectiva, pecuniaria o de otro género podrá ser dictadacontra las poblaciones por razones de hechos individuales de los cuales no podrían ser considerados como responsablessolidariamente". Entre los tratados internacionales recientes esta conducta aparece asimismo catalogada como "crimen deguerra". Así, por ejemplo, en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que en suartículo 51, inc. 6°, establece: "Se prohiben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personasciviles" (aprobado por la ley 23.379,promulgada el 9 de octubre de 1986). Esta clase de normas parecen corresponder a laconducta que se imputa a Priebke y, por lo tanto, autorizarían a concluir que, bajo el derecho argentino, aquélla escontraria a derecho.5°) Que sin embargo -y esta es la diferencia fundamental que tengo con la mayoría- dicha criminalidad lato sensu no essuficiente para entender reunidos los requisitos impuestos en las convenciones suscriptas con Italia. En efecto, éstasexigen, además, que las conductas correspondientes sean punibles, es decir, que tenganprevista una pena en los derechosde ambos países(requirente y requerido). En este punto los citados tratados no han sido innovadores pues dicho requisitoes habitual en los convenios de extradición. Si se quisiera prescindir de él habría que demostrar inequívocamente que lospaíses signatarios decidieron autorizar la extradición aunque las conductas en cuestión no estuvieran amenazadas por unasanción penal. Es decir que, a la luz de lo ordenado en las citadas convenciones, el Estado argentino debería estar encondiciones de afirmar que la conducta imputada a Priebke, aunque para el derecho penal ordinario no pueda ya ser objetode persecución penal (conf. art. 62 del Código Penal), sería punible a la luz del "derecho de gentes" (sobre la base, porejemplo, del art. 50 de la Convención de La Haya de 1899, ya citado) si Priebke pudiera ser juzgado y condenado ennuestro país.O sea que para resolver el caso hay que preguntarsesi un juez argentino podría hipotéticamente, con indepen-dencia de lodispuesto en el art. 80 del Código Penal, condenar a Priebke con base en normas, por ejemplo, como el nombrado art. 50de la Convención de 1899 u otras disposiciones análogas citadas en el voto mayoritario y que también reprimen el "crimende guerra". Si la respuesta es positiva, la conducta será -conforme los términos de las convenciones suscriptas con Italiasujetaa pena y su autor, por lo tanto, pasible de extradición.En caso contrario, esta última no será posible.6°) Que empero, la respuesta negativa se impone,por el simple hecho de que las conductas descriptas como"crimen deguerra" -o, para el caso, "delitos de lesa humanidad"-por el "derecho de gentes", hasta hoy no tienen prevista pena. Eljuez argentino del ejemplo no podría condenar pues el principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la ConstituciónNacional "exige indisolublemente la doble precisión de la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar" (Fallos:311:2453, entre muchos otros). Tampoco se podría llenar el vacío de la ausencia depena con una remisión a la legislaciónpenal ordinaria,combinando la pena de ésta -cuya acción, cabe recordarlo, se encuentra prescripta- con un tipo del"derecho de gentes". En dicho supuesto se estaría inventando una tercera categoría de delito -por así llamarla "mixta"- loque, obviamente, no está dentro de las facultades de los jueces de la República. En suma: que para el derecho argentinopuede y debe sostenerse que conductas configurativas de "crímenes de guerra" (y también los de "lesa humanidad") soncontrarias a derecho, pero no son autónomamente punibles. Lo que he expuesto hace innecesario el examen del temaatinente a la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la acción penal relativa a los "crímenes de guerra" (o "de lesahumanidad"), previstos en el "derecho de gentes". Ello es así pues la cuestión de la prescripción presupone una conductapunible que, como he señalado, no advierto que surja del "derecho de gentes".Además -y ya en el ámbito del derecho penal común- no podría argumentarse que se ha operado una parcialo totalabrogación del art. 62 del Código Penal, queconvirtiera en imprescriptible la persecución penal de lasconductas típicasprevistas en el Código Penal que fueranafines con aquellas reprobadas por el "derecho de gentes".Ello es así pues laConvención sobre la imprescriptibilidadde los crímenes de guerra y de lesa humanidad (adoptada porla Asamblea de laO.N.U. en su resolución del 26 de noviembre 1968) sólo ha sido aprobada -hasta el presente-por la Cámara de Diputadosde la Nación, tal como se señalaen uno de los votos que concurren para formar la mayoría.7°) Que así, la aplicación de la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema según la cuál si existe tratado entre el Estadorequirente y el requerido, entonces la extradición está condicionada al cumplimiento de los requisitos prescriptos en él(caso "Martinelli", Fallos: 313:120 ysu cita; entre otros), lleva a concluir que -al no reunirseen el caso los requisitosexigidos por las convenciones deextradición suscriptas con Italia- no procede hacer lugar asu pedido.168°) Que por fin, tal obstáculo no sería válidamenteremovible con el argumento de que el pedido de extradición no podríaser juzgado a la luz de las citadas convenciones -por no ser éstas aplicables a un delito de las características que posee elque se imputa a Priebke- sino conforme a la "práctica uniforme de las naciones". Subyace a ese argumento la idea de quelos tratados de extradición se aplicarían a los delitos "comunes" y no a los hechos atroces y aberrantes como serían los"crímenes de guerra" o "delitos de lesa humanidad". En primer lugar, habría que demostrar acabadamente que los tratadosde extradición tienen la apuntada limitación, lo cual no parece fácil si se advierte que esos convenios se celebran-justamente- para facilitar la persecución y condena de los delitos de cierta importancia. Pero, aunque por hipótesis sedescartara en el caso la aplicación de los tratados de extradición, para recurrir a la práctica uniforme de las naciones, elexamen de esta última revela que existe una fuerte tendencia en el derecho internacional en el sentido de exigir la "dobleincriminación", aún en los supuestos en que este requisito no aparece previsto expresamente en los tratadoscorrespondientes. Se ha dicho que la esencia de la doble incriminacion es que el fugitivo no deba ser retornado a menosque su comportamiento pueda ser perseguido, tanto en el Estado requirente cuanto en elEstado requerido (conf. Gilbert,Geoff "Aspects of Extradition Law", Martinus Nijhoff Publishers 1991, pag. 47).En este sentido, el Tribunal FederalSuizo ha re-suelto, en el caso "M. v. Federal Departament of Justiceand Police", que la "double criminality" eraunaprecondición tácita para todos los casos de extradición,aun cuando el tratado no fuera expreso sobre el punto (op.y loc.cit.). En forma similar, la justicia irlandesa decidió en el caso "The State (Furlong) v. Kelly", que dicho requisito era"fundamental en la extradición" . La doctrina también acuerda sobre el punto (op. y loc. cit.).Se advierte, entonces, que -aún desde una perspectiva que prescindiera de los tratados de extradición- habría que concluiren la imposibilidad de aquélla, desde que la falta de pena prevista para los delitos del "derecho de gentes" en los quehabría incurrido Priebke impediría tener por configurado el requisito de la "doble incriminación".Por ello, habiendo dictaminado el señor ProcuradorGeneral, se confirma la sentencia apelada. Notifíquese ydevuélvase.ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.ES COPIA17 Publicado por
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