Source: https://es.scribd.com/document/103176392/Proceso-Sumario
Timestamp: 2017-05-28 19:11:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 122', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 138', 'artículo 150', 'in dubio', 'In dubio', 'artículo 123', 'artículo 14', 'artículo 443', 'in dubio', 'artículo 15', 'artículo 12', 'in dubio', 'artículo 3']

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1. Introducción. 1.1. Marco histórico. 1.2. Normativa vigente constitucional e internacional sobre derechos humanos constrascendencia procesal penal. 1.4. Protección de los derechos humanos al margen de la justicia y su significado para el proceso penal. 1.5. Protección de los derechos humanos y proceso penal. Estado doctrinal de la cuestión. 1.6. El reflejo, en los medios de comunicación, del proceso penal y de la persecución pena.l. 2. Evolución del proceso penal. 2.1. Evolución del proceso penal desde la Independencia. 2.2. Reformas de las últimas décadas. 3. El derecho vigente. 3.1. Principios del proceso penal enunciados en el Código. 3.2. Tribunales penales. 3.3. Partes. 3.4. Medidas coactivas. 3.5. Regulación de la prueba. 3.6. Fases del proceso. 3.7. Término del proceso. 3.8. Medios de impugnación. 3.9. Procedimientos especiales. 3.10. Consecuencias económicas del proceso. 4. Proyectos de reforma. 4.1. Principios fundamentales del proyecto. 4.2. Estructura del Proyecto. 4.3. Principios básicos y garantiás constitucionales desarrollados en el Proyecto. 5. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN 1.1. MARCO HISTÓRICO
En l980, las crecientes tensiones sociales y políticas originadas sobre todo por la desigual repartición de los medios de producción, explotaron en El Salvador en una guerra civil. A mediados de 1979 en Nicaragua el dictador Anastasio Somoza Debayle había tenido que abandonar el país ante el inminente triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional; Somoza fue aislado por la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos. En El Salvador algunos militares se percataron de que se hacía necesario e inmediato realizar cambios en la dirección política del país para evitar la guerra. Por eso la fuerza armada misma y la Embajada Norteamericana, decidieron derrocar al Presidente General Carlos Humberto Romero. El 15 de octubre de 1979 algunos cuarteles y destacamentos militares se declararon en rebelión y, sin que se disparara un tiro, el último presidente militar de El Salvador abandonaba el país rumbo a México. Ese mismo día los golpistas se comprometieron a frenar las violaciones de los derechos humanos y la violencia política; también anunciaron medidas para lograr una distribución equitativa de la riqueza nacional, las cuales consistían sobre todo en una reforma agraria y reformas al sistema de la banca y del comercio exterior. Para gobernar se formó la Junta de Gobierno Revolucionaria, integrada por dos militares y tres civiles. En la población se diferenciaron las fuerzas de izquierda y las de derecha. Lo mismo sucedió entre los militares. Varios promotores del golpe del 15 de octubre fueron marginados, y el grupo de oficiales jóvenes comprometidos con el programa de reformas sociales tuvo que subordinarse a los oficiales retrógrados pero de mayor jerarquía que no compartían ideas de reforma. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por medio de sus homilías dominicales transmitidas por radio, hacía constantes llamados a la reconciliación para intentar frenar la espiral de violencia desatada en el país. Las homilías de monseñor Romero se tornaron críticas al gobierno de la Junta y los cuerpos de seguridad, dependientes de la fuerza armada, acusándolos de varios asesinatos y constante persecución de civiles indefensos. * Ex-Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
En su última homilía, Monseñor Romero hizo un llamado a los militares para que en el nombre de Dios, cesara la represión contra el pueblo, y a los soldados para que no obedecieran las órdenes de disparar dadas por los militares. Al día siguiente, lunes 24 de marzo de 1980, el arzobispo fue asesinado mientras oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, en San Salvador. Sus funerales, en la catedral de San Salvador, terminaron en medio del estallido de bombas y balazos que comenzaron desde el Palacio Nacional, custodiado por la Guardia Nacional. A consecuencia del pánico y atropellamiento de la gente y de los disparos de los militares, murieron decenas de personas. Las escenas de ese trágico día fueron transmitidas por la televisión en todo el mundo: Quedaba claro que se había silenciado una de las últimas voces que clamaban por el diálogo y la conciliación en la sociedad salvadoreña. Podemos afirmar que en ese momento se declaró la guerra civil que duró 12 años. Durante los meses restantes de 1980, el país se sumió totalmente en la violencia. El conflicto salvadoreño adquirió importancia continental para luego desbordarse mundialmente. En efecto, Estados Unidos consideraba a Centroamérica como su "patio trasero" y, luego del triunfo sandinista en Nicaragua, la región tomó la categoría de zona de confrontación con la Unión Soviética. La administración del Presidente Jimmy Carter decidió que El Salvador no sería otra Nicaragua, y aprobó una partida de 6 millones de dólares como ayuda militar, pero con la condición de que en ese país se respetaran los derechos humanos. (Al final de la guerra la ayuda norteamericana para la guerra ascendía a más de un millón de dólares diarios). En ese mismo año 1980 fue elegido presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, enemigo declarado de la Unión Soviética, de Cuba, de Nicaragua y de todos los movimientos de liberación nacional. Los asesores y estrategas del Departamento de Estado y del Pentágono vieron como gran peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos la lucha de la izquierda en El Salvador: temían que pudiera generarse el "efecto dominó", pues si Nicaragua había caído en manos de un gobierno revolucionario de tendencias izquierdistas, caería El Salvador y luego Guatemala. La política de Estados Unidos hacia El Salvador durante la administración Reagan buscó de todas formas frenar el avance de la revolución; pretendían que las fuerzas armadas salvadoreñas derrotaran a los guerrilleros sin que fuese necesario usar tropas de combate norteamericanas. Las elecciones de 1984 llevaron a la presidencia de la República al ingeniero José Napoleón Duarte, quien convocó a la primera reunión de diálogo para la paz en La Palma, Chalatenango. Esta reunión entre gobierno y guerrilla, igual que las siguientes, no tuvo resultado alguno en que pudiera visualizarse el final de la guerra. Además, el gobierno norteamericano seguía pensando en que, con el apoyo que le brindaba al ejército salvadoreño, y cortando las fuentes de suministro de armas y munición a la guerrilla, sería posible una victoria militar sobre el FMLN. La guerra se agudizó y llegaron a contabilizarse cerca de 80 mil muertos en el conflicto, la mitad de los cuales la constituían civiles desaparecidos, torturados y asesinados por los llamados "escuadrones de la muerte". En noviembre de 1989, el FMLN lanzó una ofensiva general en todos el país concentrando sus mayores ataques en San Salvador, San Miguel y Usulután. Las poblaciones del área metropolitana Mejicanos, Soyapango, Cuscatancinco y Colonia Zacamil cayeron en manos de la guerrilla. Los ataques se mantuvieron recios cerca de 10 días. Las fuerzas de izquierda creían que el pueblo se insurreccionaría, pero no sucedió tal cosa. El ejército se conmovió y por orden de los militares fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana incluyendo a su rector el padre Ignacio Ellacuría. Este crimen conmocionó mundialmente a la opinión pública. Tanto analistas políticos extranjeros como nacionales llegaron a la conclusión de que la guerra estaba empantanada y empatada. En ese momento la guerrilla había conseguido misiles antiaéreos para combatir la fuerza aérea, lo que vino hasta cierto punto a alterar el ritmo de la guerra y la capacidad ofensiva de ambos bandos. También en el nivel mundial sucedían cambios insospechados en la política de las grandes potencias, en el este de Europa y sobre todo en la Unión Soviética. Entonces los Estados Unidos expresaron su voluntad política de apoyar el final de la guerra por medio de una solución negociada. El 4 de abril de 1990 en Ginebra, Suiza, el Secretario General de la ONU y representantes del gobierno y del FMLN firmaron un acuerdo que estableció la normativa de la negociación de paz, y las
partes se comprometieron a no retirarse del proceso de diálogo. Desde esa fecha, aun cuando la guerra continuaba, se inició un proceso complejo de reuniones y consultas en distintos países que culminó con el documento de Chapultepec, México. En septiembre de 1991 las partes firmaron el llamado Pacto de Nueva York, en el que se dispuso la creación de la Comisión para la Consolidación de la Paz, COPAZ, compuesta por el gobierno, el FMLN y los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Se estableció que COPAZ tendría amplias facultades de supervisión y control sobre el cumplimiento de lo que se pactare. Tras intensas negociaciones y en un acto dramático, la medianoche del 31 de diciembre de 1991 se firmó el Acta de Nueva York, en la que se anunciaba que habían concluido las negociaciones y que el acuerdo final de paz se firmaría el 16 de enero de 1992.1 1.2. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La vigencia y protección de los derechos humanos en El Salvador en la actual etapa de posguerra, gira alrededor de la aplicación de los acuerdos de paz y de su ejecución real en forma sostenida. Para los salvadoreños, el núcleo de los problemas ha residido en la desigual distribución de la riqueza y en el desbordamiento de la violencia con la guerra, sobre todo en las constantes violaciones por parte del aparato militar; este último, precisamente por la actividad bélica, adquirió vida propia e independiente de los otros mecanismos estatales para convertirse en centro generador de los mayores ataques a los derechos humanos. Indudablemente la tortura, las desapariciones forzadas y la muerte estatalizada casi se han erradicado. Aunque existen casos aislados en que las víctimas han aparecido con señales de tortura, se trata de acciones no institucionalizadas. Analizando la situación de los derechos humanos durante el primer trimestre de 1995, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indica que recibió en enero 335 denuncias; en febrero, 342 y en marzo, 374. Lo anterior demuestra que no basta únicamente la sola voluntad de protección, ni disposiciones legales que penalicen o castiguen las violaciones. Así vemos que la responsabilidad judicial en la comisión de las violaciones aumentó, respecto a la totalidad de los presuntos responsables, de un 26,9 % en enero a un 35,1 % en marzo; mientras que la presunta responsabilidad de agentes de la Policía Nacional Civil en la comisión de infracciones a los derechos humanos, se acrecentó del 26,6 % en enero al 31,9 % en marzo. Las denuncias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el primer trimestre de 1995, muestran que aun las instituciones cuya atribución es asegurar el cumplimiento de las normas de protección a los derechos humanos de los salvadoreños, tienen serias deficiencias, tornándose en factores de violación y fuente misma de ataques a tales derechos. En efecto, revisando las denuncias recibidas, aparece que las infracciones a las garantías del debido proceso legal suman 4,40, lo que representa el 41,5 % del total de violaciones. Le siguen 231 violaciones del derecho a la libertad personal, que representan el 21,8 % del total de las violaciones. También en la referida institución se recibieron 174 casos de violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, rubro que constituye el 16,4 % de las violaciones a los derechos de los salvadoreños durante los meses de enero, febrero y marzo de 1995. A partir de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa en 1994 y sobre todo desde marzo de 1995, la reforma para imponer la pena de muerte por delito ha sido públicamente avalada por diputados, alcaldes y gobernadores del partido ARENA, especialmente por la Presidenta del Congreso o Asamblea Nacional, Gloria Salguero Gros. Hace pocos meses, El Salvador reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el art. 4.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". Además, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos,
Alvarenga, Patricia y otros. Historia de El Salvador (Tomo II). El Salvador: Edit. Ministerio de Educación, 1994
realizada en noviembre de 1969, la cual originó la suscripción de la Convención Americana o Pacto de San José, El Salvador junto a otras trece naciones firmó una declaración que dice: ”...declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte..." La delincuencia y su exagerada publicidad ha pasado a ser tema diario de los salvadoreños, lo cual ha originado una sostenida campaña de "ley y orden". La percepción en los medios de comunicación sobre el real o exagerado crecimiento de la delincuencia, ha deformado en algunos sectores las reacciones al fenómeno, llegando incluso a publicitarse una especie de legítima defensa en acciones privadas de castigo a los infractores. Han surgido grupos que, fuera de los mecanismos estatales, reivindican facultades para combatir la delincuencia; se autodenominan "Comando Ejecutivo Antidelincuencial", "Comando Antidelincuencial y de Limpieza Social" o sencillamente "La Sombra Negra”, este último el más temido por atribuírsele más de 50 ejecuciones, y por el anuncio de que ejecutará a los salvadoreños deportados de Estados Unidos que hayan tenido problemas de delincuencia en ese país o que se vistan como "los cholos" de Los Angeles, California. Históricamente, en El Salvador la existencia de organizaciones para combatir el crimen con facilidad ha sufrido un proceso de decantación y politización: comenzaron con acciones de “limpieza” delincuencial que con el tiempo han llegado a ser verdaderos instrumentos de represión política. Es la historia de los comandantes cantonales, honrados campesinos que terminaron formando una organización paramilitar llamada ORDEN, disuelta por los acuerdos de paz. También estos mismos honrados campesinos y agricultores se militarizaron durante la guerra y formaron la base de las llamadas "defensas civiles", bajo el mando de la fuerza armada. A estos grupos ya los vimos amenazar y reprimir la delincuencia, pero luego también los vimos transformar su conducta materializando amenazas contra personas y organizaciones que realizaban actividades cívicas y políticas dentro de la legalidad, pero que no apoyaban al gobierno ni a los militares, sino que se pronunciaban contra ellos. Para los salvadoreños ha sido dolorosa la experiencia alcanzada por el irrespeto a los derechos humanos elementales, en el cual han participado como autores grupos ilegales armados que luchaban para "salvar la patria y salvaguardar los valores supremos de los salvadoreños". La máxima expresión de grupos ilegales fueron los "escuadrones de la muerte", constituidos por elementos de la fuerza armada como ejecutores de disidentes políticos, y cuyo financiamiento provenía de sectores retrógrados de la oligarquía enquistados en el partido ARENA. La realización de ejecuciones arbitrarias, además de causar dolor a las víctimas y a sus familias, produce terror en el vecindario y en las posibles víctimas. Pero también descubre la fragilidad de los mecanismos policiales, que no tienen capacidad para prevenir las acciones de justicia privada. Asimismo, tempranamente hacen aflorar opiniones favorables a la reestructuración de los escuadrones de la muerte, sobre todo cuando son funcionarios del gobierno, diputados y gobernadores quienes expresan aprobación a los actos de la "sombra negra". Estos grupos ilegales surgen sobre la base de una relativa impunidad: creen que pueden violar las leyes y que no existe en el país autoridad capaz de sancionarlos.2 1.3. NORMATIVA VIGENTE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON TRASCENDENCIA PROCESAL PENAL
Este tipo de normas gira sobre las garantías al debido proceso y las llamadas garantías judiciales. Para evitar repeticiones innecesarias de disposiciones legales, se presentan por su nombre las garantías procesales vigentes en El Salvador, relacionándolas con las normas internacionales, pero sin trasladar su texto.3
"Conciencia ", publicación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, año 2, No. 008. San Salvador: 1995. 3 "Instrumentos internacionales sobres derechos civiles y políticos". Selección. El Salvador: Edit. LEA, 1994.
Derecho a que se respete el principio delegalidad del proceso penal Constitución de la República, arts. 13 y 15. Código Penal, arts. 1 y 79. Código Procesal Penal, arts. 2, 3, 8 y 150. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, arts. 14 y 15. Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, art.9. Convenios de Ginebra de 1949, art. 3 n° 1.d. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, art. 6 N° 23.c. Derecho a que se respete el principio de responsabilidad en materia penal Constitución de la República, art. 12. Código Penal, arts. 2, 32 y siguientes; y 44 y siguientes. Código Procesal Penal, arts. 505 y 506. Derecho a la pronta y cumplida justicia penal Constitución de la República, art. 182 N° 5. Código Procesal Penal, arts. 96, 110 y siguientes; 123, 300,395, 405, 407, 505, 713 y 725. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, art. 14. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, OEA, art. XVIII. Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, arts. 8 y 25. Derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales Constitución de la República, arts. 172 y siguientes. Código Procesal Penal, arts. 2, 9, 12, 28, 116, 379 y 383. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, art. 14 N° 1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, art. 8 N° 1. Convenios de Ginebra de 1949, art. 3 N° 1.d. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, art. 6 N° 2. Derecho de igualdad ante la ley y ante los tribunales de justicia Constitución de la República, art. 3. Código Penal, art. 16 y siguientes. Código Procesal Penal, art. 7. Declaración Univerasal de Derechos Humanos, ONU, arts. 1 y 7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, art. 14 N°s. 1 y 3. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, OEA, art. II. Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, art. 8 N° 2. Garantía de audiencia Constitución de la República, art. 11. Código Procesal Penal, art. 3. Declaración Univerasal de Derechos Humanos, ONU, art. 10. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, art. 14. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, OEA, art. XXVI. Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, art. 8. Derecho de petición y respuesta Constitución de la República, art. 18. Declaración Americana de los Derechos del Hombre, OEA, art. XXIV. Derecho a gozar de la irretroactividad de la ley penal Constitución de la República, art. 21. Código Penal, arts. 12, 13 y siguientes. Código Procesal Penal, arts. 2 y 8. Declaración Univerasal de Derechos Humanos, ONU, art. 11.
ONU. 46 N°s 2. 7 y 10. 27. 199. 691 y siguientes.
16. arts. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 302. Código Penal. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. art. 97. 4. Derecho de los detenidos a ser informados de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de los motivos de la detención Constitución de la República. Derecho a no ser enjuiciado más de una vez por la misma causa Constitución de la República. 1. art. art. 376 y 379. OEA. Código Penal. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 218. Declaración Univerasal de Derechos Humanos. arts. art. arts. art. Código Procesal Penal. 170 a 174. Convención Americana sobre Derechos Humanos. art. art. 16. art. XXV y XXVI. art. 4 N° 2 a. y 712. Código Procesal Penal. Convención Americana sobre Derechos Humanos. XXV. arts. art. Código Procesal Penal. ONU. Código Procesal Penal. 9. art. 5 N°s 1 y 5 N° 2. art. 382. 8 N° 4. 8 N° 5. Código Penal. 4. arts. OEA.a.
13. 5b. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. inhumanos o degradantes. Derecho a que las órdenes de detención sean escritas y emanadas de autoridad competente Constitución de la República. art. Derecho a que se abran juicios fenecidos Constitución de la República. Código Procesal Penal. OEA. c. ONU. 139 inciso segundo. y 14 N° 3. arts. 488 y 500. 428. 9. 12.
11. art. Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. art. Código Procesal Penal.
15. XXVI. Derecho a gozar de la publicidad del proceso penal. ONU. arts. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.a. Derecho de protección contra la detención ilegal y arbitraria Constitución de la República. 13. art. 183. 180. art. 195 N° 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. o derecho a disponer de un juicio público Constitución de la República. 9. 241 y siguientes. art. 7 No 4. 225. art. 14 N° 7. arts. art. 691 N° 6.a. 222. art.
12. infamantes o proscriptivas. Declaración Americana de los Derechos del Hombre.e. art. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. OEA. OEA. 12. art. 9 N° 2. OEA. 9. ONU. los tratos crueles. 7 N° 3. Derecho de protección contra la tortura. 11. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. Código Procesal Penal. OEA. 6 N° 2. arts. Convención Americana sobre Derechos Humanos.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 6 N° 2. y las penas perpetuas.
10. 218 N° 1. 17. art. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a que un mismo juez no intervenga en diversas instancias en el mismo proceso penal Constitución de la República. art. 46 N° 5. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 219 y 221.
. así como a ser tratado humanamente y con respeto a la dignidad Constitución de la República. 14 N° 1.
14. art. ONU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. OEA. 15. art. art. 241. ONU. 5 y 11.
art. Código Penal.
18. art. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. art. 218 N° 5. XVIII y XXVI. derecho del reo a ser remitido ante los tribunales competentes en el plazo legal. art. c.f. ONU. XXV. Código Procesal Penal. 8 y 10. OEA. Derecho a ser juzgado por tribunales establecidos por la ley. art. Código Procesal Penal. ni a confesarse culpable Constitución de la República.e. Convención Americana sobre Derechos Humanos. art.g. OEA. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin dilaciones indebidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. arts. 9 N° 3. 14 N° 3. Derecho de los detenidos a no ser obligados a ejecutar trabajos forzados o de otra índole que afecten su dignidad Constitución de la República.d.
20. art. 5 N° 2. 6 N° 2. 46 N° 5b. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 3 N° 1. 12. art. arts. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 6 N° 2.
. OEA. Convenios de Ginebra de 1949.c. 8 N° 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 9 N°s 3 y 4.g. art. 7 N° 6. art. 143. arts. 495 y 498. 46 No 2. derecho de acceso a los tribunales de justicia. 3 N° 1 a. derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve que lo ampare contra actos de la autoridad que violen sus derechos constitucionales Constitución de la República. 7. y 25.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. art. art. arts. arts. OEA. ONU. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. arts. 7 N° 5.Convenios de Ginebra de 1949. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo. y 14 N° 3. OEA. 15 y 181.
19. 222 y 223. 4. ONU. art. 17. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. ONU. derecho a protección judicial. 191. arts. 494.
arts. 14 N° 3.f. Código Procesal Penal. 11. el derecho a participar en partidos políticos y el derecho a gozar de la calidad de salvadoreño naturalizado. están: el derecho a la alimentación básica. Las personas detenidas tendrán. 6 N° 2. art. arts. el derecho a optar a cargos o empleos públicos. 62 y siguientes. Derecho a ser asistido gratuitamente por intérprete en el proceso penal Código Procesal Penal. art. Las mujeres detenidas tendran derecho a estar separadas de los hombres y a estar bajo vigilancia inmediata de personal carcelario femenino. 46 N° 1. N° 2 literal e. arts. ONU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. derecho a estar recluido en condiciones humanas y dignas. entre ellos: el ejercicio de la patria potestad. art.
22. XXVI. ONU. y 27. a gozar de condiciones aceptables de salubridad e higiene. 8 N° 2 c. 12. OEA. Código Procesal Penal. el derecho a participar en el consejo de familia.8 N° 2a
23. 2. 38 y siguientes. al amparo y a pedir la inconstitucionalidad de las leyes Constitución de la República. ONU.
Derecho a la defensa y asistencia de abogado.21. Ley de Procedimientos Constitucionales. ONU.e. 27. con las restricciones propias y naturales de su encarcelamiento legal. 6 y siguientes. OEA. que como parte de la condena tienen restringidos ciertos derechos civiles y políticos. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. art. 7 N° 7.a. y a gozar de protección contra los rigores del clima y los peligros de conflictos armados. Derecho a no sufrir prisión por deudas Constitución de la República. 12 y siguientes. 14 N° 2. Acuerdo de San José. arts. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 183 y 247. art. 3. 12. derecho a la libertad de reunión y asociación. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. ONU. y con la única excepción de las personas condenadas. Convención Americana sobre Derechos Humanos.. derecho al trabajo. 46 N°s 3 y 5 a. arts. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.d. Costa Rica. derecho a la libertad religiosa. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 11. ONU. art. 182 N° 1. arts. 94 y 231.
24. Otros son: el derecho de los procesados a estar separados de las personas condenadas. derecho a la libertad de pensamiento y libre expresión y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. por los tratados internacionales sobre derechos humanos y las leyes secundarias. art.d. 6 N° 2.
Derecho a la presunción de inocencia Constitución de la República. y 378. los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución. Derecho al habeas corpus.
25. art. el derecho al sufragio. Declaración Univerasal de Derechos Humanos. XXV. ya sean procesadas o condenadas. Derecho a estar protegido contra la incomunicación Constitución de la República. art. ONU. art. OEA. art. arts. arts. art. 5 N° 4.d. 11. 14 N° 3 b.
. en la misma medida en que las personas no detenidas. 11. los derechos de ciudadanía. art. art. Declaración Univerasal de Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. y 8 N° 2. art. además. derecho a la salud. Entre los derechos humanos que deben respetárseles a las personas detenidas. OEA. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención sobre los Derechos del Niño. art. OEA. celebrado entre el gobierno y el FMLN en 1990. 37. Declaración Americana de los Derechos del Hombre. OEA. derecho a la educación. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
191 inciso segundo. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Derecho del detenido a ser interrogado por autoridad judicial dentro de las 24 horas de su consignación al tribunal Código Procesal Penal. Derecho del imputado a que el juez le haga saber inmediatamente sus derechos Código Procesal Penal.26.
32. 118. art. 46 N° 4. 200. 4. arts.
28. ONU.
31. art. art. 494 y 495.e. Derecho del imputado a que su declaración judicial indagatoria no sea requerida bajo juramento. 11 y 13. 210 inciso 3. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 6 N° 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 12 inciso último.
Derecho a que no se aplique analógicamente la ley penal Código Penal. arts. art. 8 N° 2.
29. 189. Derecho a estar presente en el juicio respectivo y a que durante la realización de un acto procesal no se impida la libre movilidad del imputado Constitución de la República. OEA. 134. Código Procesal Penal. 121 y 188. Derecho a que se cumplan los requisitos legales para la validez probatoria de la confesión extrajudicial Código Procesal Penal. art. 5 N° 3.b.f.
34. Derecho del imputado a que no se considere como prueba válida en el proceso la confesión extrajudicial obtenida con violencia o coacción Constitución de la República. 218. 119. arts. Convención Americana sobre Derechos Humanos. y a que la pena no trascienda la persona del delincuente Constitución de la República. arts. OEA.9 Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 199 N° 2. 304 y siguientes. 6 N° 2. ONU. promesa o engaño Código Procesal Penal.
27. arts. Código Procesal Penal. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a presentar prueba ya pedir al juez la práctica de diligencias judiciales Código Procesal Penal. OEA. 142 y 496. art. art. Código Procesal Penal. art. 120. Convención Americana sobre Derechos Humanos. art. art. art. 46. 12.
33. 14 N° 3 e. 2. 8 N° 3. art. art. Derecho a gozar del beneficio de la responsabilidad penal individual.
39. 8. indulto. 14 N° 5. Declaración Univerasal de Derechos Humanos. OEA. 499 y 499-A. ONU.
42. 615 y 616. art. 150. conmutación de la pena) Código Procesal Penal. 389 y siguientes. Derecho del imputado a que se garantice el secreto y la libertad de los jurados en su deliberación y decisión Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. art. Convención Americana sobre Derechos Humanos.h. 197. 6 N° 5. y 25. arts. arts.
41. Derecho a que no se consideren como pruebas las declaraciones de coautores y cómplices Código Procesal Penal. art. 488 y 498. arts. 489 y 507. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. arts. art. y 14 N° 6. 563. art. arts. 362 y siguientes. 46 N° 5. Derecho a gozar de indemnización por error judicial y a obtener reparación en casos de detención ilegal Constitución de la República. 9 N° 5. 6 N° 3. la fundamente con toda precisión Código Procesal Penal.
40. Derecho del imputado a estar solo ante el juez y las partes al momento de rendir su declaración judicial Código Procesal Penal. 509 y siguientes. 17.
36. art. art. 389 y siguientes. 195. arts. 520. en toda resolución en que se deba hacer valoración de la prueba. Derecho a solicitar los beneficios de los recursos de gracia (amnistía.
44. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. ONU. extorsión y tráfico de drogas. 550. al momento de la condena. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. arts. 539. Derecho a que el juez. Derecho de las partes a interponer recursos ordinarios y extraordinarios Código Procesal Penal. art. OEA. art. 10.
Derecho del imputado a declarar ante juez competente las veces que sea necesario para su defensa Código Procesal Penal. 7 N° 6. arts. a que los condenados sean informados. La anterior regla tiene como excepciones los delitos de secuestro. de sus derechos a interponer recursos judiciales y de otro tipo. Derecho a que las pruebas sobre la delincuencia sean apreciadas por el juez conforme a reglas de sana crítica Código Procesal Penal. arts. y 509 y siguientes. Convención Americana sobre Derechos Humanos.35. 8 N° 2. Código Penal. así como de los plazos para ejercer esos derechos Código Procesal Penal. 649 y siguientes. ONU.
38. Derecho a disponer de un recurso efectivo y ágil ante tribunales superiores competentes. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra.
. art. 567 y 606.
arts. la Comisión pidió al Alto Comisionado que facilite la ejecución de un acuerdo de cooperación técnica en derechos humanos entre el Centro de Derechos Humanos y el Gobierno de El Salvador.
48. 50. dar por finalizado. Sabemos que existe una tendencia de mejoría cualitativa en la situación de los derechos humanos. el aumento de la delincuencia común. Derecho del ofendido a ejercer la acción civil y al pago de indemnización de perjuicios. Convención sobre los Derechos del Niño. 69 y siguientes. 4 N° 5. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1. 130 y siguientes.4. en algunos casos ante las demoras en el
. Derecho del titular del bien jurídico lesionado a ejercer la acción para acusar por delitos que den lugar a procedimiento de oficio. 89 y siguientes. Derechos de los menores de 18 años. 267 y siguientes. 5 N° 5. Derecho de los menores procesados a un tratamiento judicial especial. OEA. El Estado debe crear y organizar los medios para cumplir con esa obligación. 508. art. ONU. art. Código Procesal Penal. a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 196. Derecho de toda persona a que se respeten las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos inderogables en los estados de excepción Convención Americana sobre Derechos Humanos. Código Procesal Penal. art. y 629 y siguientes. y a ser llevados ante los tribunales de menores con la mayor celeridad posible Constitución de la República. art. arts. Código de Familia. de las personas mayores de 70 años y de las mujeres en estado de gravidez o madres de menores de corta edad.
49. art. 45 y 196. art. directa o indirectamente.
47. Sin embargo. y 125 y siguientes. Es una responsabilidad estatal.45. art. 16. 35. 344 y siguientes. y la fuerte reacción de algunos sectores sociales. arts. Código Penal. arts. sin perder de vista el adecuado funcionamiento del marco institucional previsto por los acuerdos de paz para el logro efectivo de la legalidad en la actuación estatal en materia de derechos humanos. 27 N°2.
En El Salvador la efectiva realización de los derechos humanos depende primordialmente del fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables. 6 N° 4. reparación de daños y restitución Código Penal. y del ofendido o terceras personas a presentar denuncia judicial Código Procesal Penal.
Derecho a que no se aplique la ley penal a los menores de 18 años Ley del Menor Infractor. Este cambio de la situación permitió. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL MARGEN DE LA JUSTICIA Y SU SIGNIFICADO PARA EL PROCESO PENAL
46. ya que durante los primeros meses de 1995 son pocas las denuncias de violaciones de los derechos humanos motivadas politicamente. el mandato de su experto independiente para El Salvador. Protocolo Segundo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. Código Procesal Penal. Ley del Menor Infractor. OEA. OEA. de su protección y defensa. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. después de 14 años. en su cuadragésimo noveno período de sesiones (marzo de 1995). a estar protegidos contra la pena de muerte Convención Americana sobre Derechos Humanos. art.10. art. 85 y siguientes. Al mismo tiempo. la continuación de la violencia organizada en el país. el gobierno tiene que activarse en ese sentido.
la falta de programas de readaptación de los reos. Pero no sólo al Estado corresponde el afianzamiento de los derechos humanos y el control de la legalidad en su protección. el excesivo número de juicios que se tramitan en los juzgados. con el fin de la guerra. se abrieron suficientes espacios para que la sociedad civil organizada en entidades privadas llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). la conclusión del despliegue de la Policía Nacional Civil y de la disolución de la Policía Nacional. colabore con el Estado en la protección de los derechos humanos. ineficiente e inadecuado. la desprotección jurídica del imputado. circunstancia que deriva de la ausencia de un enfoque humanista. De finales de 1994 a 1995 hubo grandes avances en el proceso de consolidación de las instituciones implicadas en la defensa y protección de los derechos humanos. jurista ampliamente reconocida por su compromiso en esta materia. Estas ejercen una efectiva protección al margen de la justicia estatal no sólo en cuanto a la tutela. también al fin. originada por: la tardanza en resolver los conflictos. todo esto repercute indudablemente en el desamparo de los derechos humanos fundamentales. instrumento que otorga a las víctimas de violaciones. la insuficiente infraestructura de laboratorios técnicos forenses. El mismo informe consideraba que. a fin de combatir la impunidad. como son la manifestación de la Corte Suprema de Justicia de llevar adelante el proceso de depuración del Órgano Judicial. con lo que se acepta la competencia del Comité contra la Tortura para efectuar investigaciones y pronunciarse acerca de violaciones sistemáticas. Como dice el XIII Informe del Director de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL al Secretario General de la ONU (marzo de 1995). Todos los demás países de Centroamérica y más de 17 naciones americanas ya habían aceptado la competencia de la Corte. En el mismo sentido tiene vigencia. Inhumanos y Degradantes. único tribunal internacional del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. y la ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sino también por su denuncia sostenida que repercute en prevención. como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. a pesar de que el hombre es el destinatario de la ley. en el país la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. al fin. en la práctica la administración de justicia era sumamente formalista. sobre todo en el área penal. También se ratificó el Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos económicos. la carencia de investigadores especializados. sociales y culturales. nuestro proceso penal resulta lento. sino que es deber de todo ciudadano cooperar por su vigencia. por esta razón.
. En ese documento se hacía notar que los grandes problemas del sistema radicaban en su ineficacia funcional. Recordemos que la institucionalidad en El Salvador sigue siendo frágil y necesita voceros no gubernamentales que tengan credibilidad ante el pueblo y ante la comunidad internacional.5. de cumplimiento obligatorio. conocido como Protocolo de San Salvador. son hechos que han puesto en evidencia la necesidad de un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos y en la coherente consolidación de la institucionalidad que de ellos emerge. Ya desde 1986 la desaparecida Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL) hizo público un documento de "Políticas Generales" para orientar el trabajo de esa Comisión. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCESO PENAL. por considerar esta como fuente principal de violaciones a los derechos humanos. la pena anticipada por medio de la detención provisional. Para completar ese adelantado proceso de consolidación institucional. la posibilidad de interponer denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. una vez agotados los recursos jurisdiccionales domésticos.cumplimiento de los acuerdos de paz aún pendientes. 1. Esa situación contradice los tratados internacionales suscritos. ignora el hecho de que se juzga a seres humanos y que los ofendidos deben tener protección de sus derechos por parte del Estado. de tal suerte que el Estado esté en condiciones de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. Se aceptó. ESTADO DOCTRINAL DE LA CUESTIÓN
En El Salvador nos encontramos en un proceso de reforma del sistema penal. durante marzo de 1995 se eligió. En El Salvador. es urgente acelerar el proceso de modernización y depuración del Órgano Judicial y fortalecer la capacidad de investigación de la Policía Nacional Civil. a la doctora Victoria Marina de Avilés.
la falta de un mejor sistema de control judicial para la ejecución de las órdenes judiciales de captura por parte de la Policía Nacional Civil. aspecto que contradice lo dispuesto en la Constitución de la República. También son notorios los problemas entre fiscales y policías en cuanto a que la Fiscalía carece de una real dirección funcional sobre las unidades de la Policía. que como sabemos. por medio de la Escuela de Capacitación Judicial. como la incapacidad de resumir o la de formular exposiciones. por supuesto. se ha tornado en fuente de violación de derechos humanos de los detenidos. ni contribuye a una adecuada investigación del delito y de los presuntos responsables.4 ONUSAL señala también una serie de irregularidades que generan. en lo que al proceso penal se refiere. Otra acción que la Corte se ha propuesto es la revitalización de la capacidad de jueces y del personal de colaboradores. La Corte Suprema de Justicia ha comunicado sus propósitos de modernizar el sistema judicial. por medio de evaluaciones en actividades de capacitación. la construcción de un nuevo y eficiente sistema de administración de justicia exige la programación y ejecución de un proceso de modernización y profesionalización del Órgano Judicial que permita enraizar fuertemente una nueva práctica judicial. Por ejemplo: la inexistencia de control judicial sobre las actividades de la Policía Municipal. la desprotección de los derechos humanos. la ausencia de su sede de los jueces de paz los fines de semana. lo más inexplicable. que surge tanto de una dificultad para aislar hechos relevantes como de la falta de práctica en el análisis razonado. con el proceso penal. Se rechazó la idea de transformaciones parciales y privó la de una reforma integral de los procedimientos. Lo anterior indica la necesidad de fortalecer la Escuela en el área de formación de jueces y de desarrollar programas de profesionalización en derechos humanos. ha sido la base del sistema penal salvadoreño y de los demás Códigos latinoamericanos. reforma que. su simplificación y su tecnificación. erradicar la corrupción. que prácticamente se traga y anula la fase contradictoria. las leyes de menores. además de que no garantiza los derechos del procesado. en el proceso penal. Por supuesto que todo el sistema penal ha sido objeto de la corriente reformista total. Adelantando cuestionamientos. 1995. deberá orientarse hacia la constitucionalización de la ley procesal penal. Junto a las reformas constitucionales y legislativas establecidas por los acuerdos de paz. las que se refieren a la ejecución de sentencias y su vigilancia y.
. Este. El Salvador: ONUSAL. las cuales abarcan aspectos elementales. Esta carencia de conocimientos sobre las normas se agudiza al apreciar las deficiencias en cuanto a la interpretación y razonamiento jurídicos. llegó a descubrir que los jueces y fiscales carecen de preparación básica en muchas materias. así se ha emprendido con el Código Penal. con su lentitud. ONUSAL destaca que. El problema no solamente es de reforma de las leyes sino que es más sustancial. capacitar a los funcionarios judiciales. las dificultades que afrontan las autoridades para disponer de abogados defensores durante los procesos. podemos afirmar que en el proceso penal vigente se le da mayor importancia y tratamiento a la llamada fase de instrucción. sabemos que no son las meras normas las que cambiarán la ineficiente administración de justicia: además debe modernizarse el Órgano Judicial. y la inexistencia de una interrelación entre jueces y policía que permita a aquellos orientar a los miembros de la Policía sobre la manera de diligenciar los procesos de instrucción penal.Se consideró la necesidad de una pronta reforma de todo el sistema penal. En sus informes.
"XIII Informe del Director de la División de Derechos Humanos al Secretario General". de tipo inquisitivo. También el mismo organismo de la ONU constató la existencia de notorias insuficiencias. expresada en la aplicación literal y desarticulada de la ley ordinaria y el marcado énfasis en los aspectos procesales sobre los sustantivos. especialmente en relación con el derecho internacional de los derechos humanos y. Por eso la reforma procesal penal en El Salvador está encaminada a despojar al proceso de todas las características del sistema inquisitivo. que desconocen y no aplican las normas de la propia Constitución de El Salvador. evitar la tardanza de la justicia y contribuir a la eficacia de los mecanismos de protección social y de los órganos auxiliares.
la prensa salvadoreña no se queda a la zaga en mostrarse reaccionaria. pero no van a contribuir a la defensa ni de los pobladores de los lugares donde las ‘maras’ actúan (. sin lugar a dudas. incluso aquellos de reconocida honorabilidad. pero no dispone. ya que además de la presión que ejerce.) continuamente los jueces están sobreseyendo en favor de delincuentes por errores del procedimiento.. Recordemos que en El Salvador existe el sistema del jurado popular para la mayoría de delitos. En relación con el proceso de reforma. genera miedo en los miembros del jurado que no quieren verse públicamente señalados. por cierto muy pocos. Un sistema penal que pretenda estar en consonancia con su estado de derecho. En los editoriales de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. para pensar que algo anda muy mal en todo este asunto. Basta ver un ejemplo de esa campaña de "ley y orden" publicado en El Diario de Hoy: ".) Lo que ocurre en otros países debe movernos a decretar leyes que detengan ese desligamiento hacia la anarquía en que ha caído buena parte del mundo (. sin contrariar sus deseos ni a sus miembros. uno de los grandes problemas del sistema penal salvadoreño es su gran deficiencia para investigar el delito: potencia que los jueces utilicen la detención provisional.ya se restó valor probatorio a la confesión extrajudicial y se impusieron para los acusados similares ‘garantías’ a las que hay en los Estados Unidos. También el informe observaba que había algunos jueces corruptos que no debían seguir en el Órgano Judicial. Como ya hemos enunciado. Recordemos que acabamos de salir de una guerra en que la sociedad salvadoreña se militarizó y los jueces tuvieron que vivir bajo el miedo de la fuerza armada. como víctima o imputado. cuyas reformas nos están sirviendo de modelo es suficiente ver los programas de televisión o leer lo que sucede con la juventud.
. Luego vino el informe de la Comisión de la Verdad. un miembro de la prensa ha tenido especial interés en que se resuelva en su favor. como contrapartida. tuercen la normal marcha del proceso para condenar a alguien que no goza de su aprecio." Para el caso. Sus propietarios la utilizan para crear confusión y orientar equivocadamente a la ciudadanía acerca de la reforma. y sin poder siquiera expresar el desagrado.... que al interrogar a un presunto ladrón u homicida. publica fotografías con pies de grabado groseros y tendenciosos que. El resultado es que se dificulta la investigación del delito y el procesamiento de los sospechosos o capturados (. sobre todo.. especialmente a la Corte Suprema de Justicia. La prensa escrita.1..) En cuanto a los Estados Unidos. tiene que estar presente un abogado... han ejercido presión sobre los jueces para que resuelvan en determinado sentido. que condenó al Órgano Judicial. pero mayormente por la prensa. Generalmente se ha tratado de casos en que de alguna manera. la confesión extrajudicial y las presunciones de culpabilidad como mecanismos más usuales para violar los derechos humanos. Lo grave es que la publicidad masiva y tendenciosa del caso hace que el procesado se encuentre condenado antes del día del juicio.. Una actitud de crítica o de desobediencia hacia el instituto castrense podía haber sido mortal. La ley establece. la cual tuvo que cargar con los errores tradicionales de las anteriores Cortes. La Constitución no ha sido promulgada para proteger solamente a los delincuentes. Las reformas que se proponen beneficiarán a muchos sujetos involucrados en esas pandillas. que deben (sic) haber médicos y medicinas en los centros de salud para asistir a sus víctimas (. debe funcionar manteniendo adecuado equilibrio entre la eficiencia de la investigación del delito y el respeto a las garantías individuales.
EL REFLEJO.. se ha dicho que con el proyecto de reforma se están trasplantando instituciones de Estados Unidos de América con la idea de homologar nuestras leyes al esquema norteamericano. De aquí procede el desprestigio de que actualmente son víctimas todos los jueces. los periódicos de mayor circulación y con gran tiraje en la República.) Igual sucede con el problema de las ‘maras’ juveniles. DEL PROCESO PENAL Y DE LA PERSECUCIÓN PENAL
Los medios de comunicación social en algunos casos. y este tribunal se conforma con cinco personas legas que son fácilmente influenciables por la oratoria de acusadores y defensores.6. el proyecto de reforma del sistema penal desarrolla a plenitud los derechos y garantías contenidos en la Constitución en favor de todos los salvadoreños. EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
así como suspender la ejecución de las leyes. EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL DESDE LA INDEPENDENCIA Subsistencia y evolución posterior de la estructura colonial
Como es sobradamente conocido. a estos se les prohibía ejercer otras funciones que no fueran las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. regidores y alcaldes auxiliares de barrio que. no tomaran inmediatamente providencias para justificarle la vagancia. mal entretenidos y coimes. de 12 de junio de 1824. Coimes y Mal Entretenidos. aprehenderle o perseguirle como tal vago. en corte plena. En la primera Constitución de El Salvador. Esta declaraba que los jefes políticos. EVOLUCIÓN DEL PROCESO PENAL 2. ni modo de vivir conocido. se estableció que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales. ni avocarse causas pendientes. ni se les permitía hacer reglamento alguno para la administración de justicia. También disponía que la declaración del arrestado fuese sin juramento. que a nadie debía tomarse en materia criminal sobre hecho propio. El Salvador formó parte. previa sumaria que justificara sus malas cualidades. de la Capitanía General de Guatemala. La
. No era preciso realizar esta sumaria para reducirlos a prisión cuando los vagos fueren arrestados por las rondas. Era gobernado conforme a las leyes generales de Indias y por medio de organismos comunes a todos los países colonizados: ayuntamientos. La misma Constitución decía que. El referido decreto autorizaba a los jefes políticos o a los primeros alcaldes de cada población para que. las leyes arreglarán la administración de justicia de tal manera que el proceso se forme con brevedad y sin vicios. El proceso de allí en adelante sería público. que serán uniformes para todos los tribunales. ni tenían algún modo conocido de vivir. Al tomar la confesión al reo se le deberían leer íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos. Debían perseguir a los vagos. El 29 de abril de 1825 se decretó la Ley sobre Vagos. Cámara de Tercera Instancia.1. tutor. con los nombres de estos. ya porque los encontraran ebrios. aunque fuese leve. con el duplo la segunda. realizaran "levas" para recoger a los que no tenían ocupación. y si por ellos no los conociere. por quienes no tuvieran empleo. principalmente. los castigaban con una multa de veinticinco duros la primera vez. o en virtud de queja de padre. 2. para que conociera de todas aquellas causas que. El 24 de julio de 1840 se dictó la primera Ley Reglamentaria para los Tribunales y Juzgados del estado que facultaba a la Corte Suprema de Justicia. al 15 de septiembre de 1821. y la tercera vez se los suspendía del cargo de uno a seis meses. intendencias. curador o maestro de oficio. teniendo noticia de la existencia de algún vago o mal entretenido. con la conveniente frecuencia.1. los alcaldes y regidores de todas las municipalidades velarían. corregimientos y cabildos. muy eficazmente y bajo la responsabilidad más estrecha. pero dentro de 48 horas tendría lugar el proceso verbal para juzgar el delito de vagancia. Había Corte Plena.1. cámaras de segunda instancia. en cuanto a la administración de justicia. holgazanes.Tampoco es cierto lo que dice otro periódico en un editorial. respecto de que las reformas del proceso penal se hayan convertido en trabas para la actuación efectiva de los jueces contra la delincuencia. considerarlos suspensos en los derechos de ciudadanía y reducirlos a prisión. del modo y la forma que determinaban las leyes. alcaldes. 2. Lo cierto es que nuestros jueces carecen de los instrumentos adecuados para coordinar la instrucción de un proceso penal y tomar decisiones basadas en pruebas confiables. se hallaban pendientes en último recurso. así. ni el cuerpo legislativo ni el gobierno podrían en ningún caso ejercer las funciones judiciales. oficio. se le darían cuantas noticias pidiere para venir en conocimiento de quiénes son. ni mandar a abrir juicios fenecidos. a fin de que los delitos reciban un pronto castigo. ni ejercían oficio. El Poder Judicial estaba organizado en la Suprema Corte de Justicia y tribunales inferiores. en materia criminal. ya por haberlos sorprendido in fraganti en algún delito. durante casi todo el período colonial. jueces de primera instancia y alcaldes. A aquellos jefes políticos. También decía que las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso.
a ayudar a las autoridades cuando fuesen interpelados por ellas para el descubrimiento.por acusación o querella. Los jueces de primera instancia conocían de todas las causas civiles y criminales que ocurrieran en sus respectivos territorios. en cuanto la ley no los eximiera. por el juez. debería pronunciar sus fallos en las causas criminales pendientes antes de la publicación del Código Penal (decretado el 13 de abril de 1826). de modo que se pueda dar cierta sentencia. Esta ley posee una especial importancia histórica: por primera vez El Salvador cuenta con un cuerpo ordenado de procedimientos penales que guían a los funcionarios judiciales. sin faltar a la observancia del artículo 52 de la Constitución Federal. Lo anterior también tenía aplicación. Las de segunda instancia se componían de dos magistrados. a las cortes superiores de justicia de los estados. y en San Miguel. con fecha de 2 de abril de 1831. al extender su dictamen. hecho. considerando las circunstancias de la persona. conforme a la práctica recibida en los tribunales. 1956. se les dicto una instrucción. estaban obligados.Cámara de Tercera Instancia la componían el presidente de la Corte y los dos magistrados que no hubieren conocido del negocio en segunda instancia. se hallaban pendientes en último recurso. cuando se los hubiera consultado. el conocimiento de las causas de cualquier clase que. antes del sistema constitucional de España. De esta forma complementado el procedimiento penal. luego de ser citada. por un prudente arbitrio del juez. tuvo vigencia en El Salvador por que lo reconoció así el artículo 122 de la Ley Orgánica del 21 de octubre de 1847. entendiéndose siempre que las causas versaren entre súbditos de un mismo estado. o por el dicho conteste de testigos presenciales. José Isidro. se les compensaría por un prudente arbitrio el tiempo corrido hasta la notificación del fallo que recayera por virtud de esa resolución. Para resolver una situación parecida. al 15 de septiembre de 1821. con apelación al juez de primera instancia.por pesquisa o de oficio. El Salvador: Edit. eran: 1. y que debía conocer en aquella época el Tribunal Supremo de Justicia de España. las cuales seguirían sustanciándose en papel común. Esta ley comenzaba diciendo que todos. A los reos retenidos en las cárceles desde que debió pronunciarse su sentencia y destinárselos a cumplir sus condenas. en similares términos. sin necesidad de previo permiso del jefe o superior respectivo. 3. 2.5 Resulta de suma importancia destacar que el decreto-ley de las Cortes Españolas del 11 de septiembre de 1820 sobre substanciación de las causas criminales en las colonias. y que en los mismos casos correspondiera igualmente a las cortes superiores el conocimiento de los negocios de que.por denuncia. Imprenta Nacional. cuando tuviera que declarar como testigo en una causa criminal. debe terminarse el sumario y procederse al plenario desde luego". y de los negocios criminales por injurias o faltas livianas. Los alcaldes de los pueblos conocían de todas las demandas civiles que no pasaban de 200 pesos. lugar y tiempo. con los jueces de primera instancia y letrados. conocía en última instancia el Consejo llamado de Indias. y conocían en grado de apelación de todas las causas civiles y criminales en que se hubiere otorgado este recurso.
. averiguada que sea plenamente por la comprobación del cuerpo del delito y por la confesión del reo. "Recopilación de las Leyes de El Salvador". es y debe ser la averiguación de la verdad. fuero o condición que haya sido. San Vicente y Santa Ana. cualquiera que fuese la cantidad que se litigara o pena que se impusiera. también conocían en apelación y revisión de las demandas civiles y criminales que hubieren terminado los alcaldes en juicio verbal. a las dos leyes anteriormente mencionadas. a prevención. Después. Entonces. estaba obligada a comparecer para ese efecto ante el juez que conocía de ella. El 17 de diciembre de 1825 se decretó una ley de carácter federal según la cual correspondería. por decreto legislativo de 13 de marzo de 1835 se suprimió el papel sellado que se usaba en las causas criminales. Los modos de proceder en las causas criminales. se dictó el decreto legislativo del 24 del marzo de 1827 sobre la manera de sentenciar las causas criminales anteriores al primer Código Penal. Es valioso señalar que. toda persona de cualquier clase. persecución y arresto de los delincuentes. Se
Menéndez. se indicaba que el juicio criminal tiene por objeto la imposición de la pena en que ha incurrido el delincuente. y se ordenaba así un verdadero cuerpo legal de procedimientos penales. sin distinción alguna. El artículo 10 decía: "Como el único objeto de los sumarios. para el orden de los procedimientos de los juzgados de primera instancia en las causas criminales. Esta venía a complementarlas. Decía que la Corte Superior de Justicia.
las cuales estaban contenidas en multíples decretos. pero sí por los demás delitos. la Asamblea decretó. el 11 de octubre de 1973. se tuvo como ley de la República el Código de Instrucción Criminal. no separaba el procedimiento de los juicios civiles de los procedimientos en causas criminales. eran designados por la suerte. para imponer la pena de muerte a los ladrones famosos. razón por la cual no quedó comprendido en la famosa Recopilación. se prevé que no podrán ser acusados: 1.2. El Código se llamó de Procedimientos Judiciales. Evolución autónoma e importancia del derecho comparado
Por acuerdo del 12 de junio de 1854.1. así como el formato de las escrituras y actas notariales. un decreto-ley que imponía determinados procedimientos para la persecución y el castigo de los ladrones famosos y demás reos de robos o hurtos calificados. se nombró al jurista y cura José Isidro Menéndez para que formara una recopilación de todas las leyes que se encontraban vigentes en El Salvador hasta esa fecha. asimismo entraron en vigencia el Código de Menores y la Ley del Régimen de Centros Penales y de Readaptación. era condición indispensable que la cantidad hurtada o robada pasara de 25 colones. y tres más de los que aparecían con circunstancias más agravantes. escritos. el Código Procesal Penal que no entró en vigencia hasta el 15 de junio de 1974. este derogó el de Instrucción Criminal. Mediante decreto ejecutivo de fecha 3 de abril de 1882. y la vigencia de las leyes que contenía quedó reafirmada el 1 de septiembre de 1855. En esa misma fecha también entró en vigencia un nuevo Código Penal. ni el menor de 10 años y medio.el que por sentencia válida hubiese sido absuelto del mismo delito de que se le acusa. pero si el número era mayor.
. que derogó todos los procedimientos penales contenidos en la Recopilación del padre Menéndez y que tuvo como modelo la Ley de Enjuiciamiento española de esa época. todos debían ser fusilados.el loco. furioso o mentecato. al parecer exigida por el gobierno de los Estados Unidos de América (presidido por Kennedy)
Ídem. el juicio plenario que sigue a este. 2. que dicho jurista elaboró. pero que no se aprobó hasta en enero de 1858. 3. en donde todos los países conocieron una nueva legislación. El Código de Fórmulas constituía un solo cuerpo con el de Procedimientos Judiciales. El gobierno aprobó la recopilación presentada por el padre Menéndez. Luego de una larga enumeración sobre quiénes eran esos ladrones famosos. autos. Por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y del Presidente de la República. Se indicaba que. el 3 de marzo de 1854.definía la acusación como la acción mediante la cual se pide al juez que castigue el delito cometido.6 En 1843 el gobierno había encomendado al mismo padre Isidro Menéndez para que redactara un proyecto de Código de procedimientos judiciales y de fórmulas. pero si todos tenían igual delincuencia. Además contenía modelos (machotes) de demandas. tanto para lo civil como para la materia penal. y también tendía a unificar las fórmulas de las actuaciones en todos los procedimientos. Cuando los reos condenados a muerte pasaban de cuatro. 2. ya en el hecho que se juzgaba o ya en los antecedentes de su vida pasada. principalmente por Centroamérica. decretos e instrucciones vigentes hasta la fecha de su promulgación. que derogó el de 1904 (este último tenía como patrón el español de 1870). sentencias interlocutorias y definitivas. Complementando las anteriores leyes se dictó también. El mismo cuerpo de leyes regulaba que el juicio criminal tenía dos partes: una. de no ser que la primera acusación se hubiese hecho engañosamente para librarlo. el artículo primero de la ley concluía diciendo que a ellos se les debía imponer la pena capital. se ejecutaba la pena capital en el cabecilla o cabecillas. Toda la reforma del sistema penal formaba parte de una misma corriente reformadora que corrió por América Latina. Como ley procesal ese cuerpo normativo era unificador. y otra. es el juicio informativo. así como todas las reformas que había sufrido (cerca de 60). por delitos de lujuria.el menor de 14 años y mayor de 10 y medio. En esa recopilación están todas las leyes.
La reforma se dio en el sentido de agregar "excepciones" a la excarcelación: enumeró más de 40 casos en que. 1990. concuerden con las otras pruebas del proceso (art.cuando no se hubiere proveído de defensor al imputado detenido. La obra de don Luis Jiménez de Asúa tuvo un gran peso en las reformas. también lo es la enajenación o el depósito posterior que de la cosa hurtada o robada realizare el imputado. cuando el delito estuviere sancionado con multa o con pena privativa de libertad que no exceda del límite máximo de tres años de prisión.para poder gozar de los empréstitos y beneficios de la llamada "Alianza para el Progreso". a la defensoría. que agregaron presunciones de culpabilidad. También hubo reformas relacionadas con las nuliudades. hay que destacar las relacionadas con la vigencia o violación de los derechos humanos mediante el procedimiento penal. desde el inicio
. 1986. dos en 1987. el hallazgo de las cosas hurtadas o robadas en poder del imputado o en el lugar donde las hubiere guardado u ocultado. La reforma más voluminosa se realizó el 5 de julio de 1990. Conforme la ley. La ley dice que la excarcelación del imputado contra quien se hubiere decretado detención provisional procederá. Pn). Con claridad dice que a todo imputado se lo considerará inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. 1992 y 1993. en el sentido de que ningún acto procesal se declarará nulo si la nulidad no está determinada por la ley. Pn). Tales presunciones son fuente de violaciones de los derechos humanos (arts. por disposición de la ley. Además. De entre todas las reformas.Pn.) El 23 de mayo de 1980 se reformó la procedencia de la excarcelación. Este sistema es utilizado con frecuencia por los jueces para detener a las personas sin recabar mayores datos. ahora hay dos artículos que regulan las presunciones en hurto y robo y otras presunciones más. las que comenzaron casi inmediatamente después de su entrada en vigencia. el legislador ha utilizado el subterfugio de reformar también el Código Penal. en los casos de secuestro. salvo las excepciones que el Código establece. Está dirigida a los derechos del imputado. para que pase de los tres años y exceda el límite que el mismo Código ha señalado. de conformidad con la ley y mediante juicio público. La reforma más garantizadora para el imputado entró en vigencia el 12 de mayo de 1992. el 15 de junio de 1974. y concuerda con los preceptos constitucionales. Esta situación ha generado el abultamiento del problema del preso sin condena en El Salvador. propiamente salvadoreño. 2. 503 y 504 Pr. aplicando las reglas de la sana crítica. Dice que. pero los cambios efectuados en su mayoría fueron cosméticos. en especial por los trabajos del Código Penal Tipo. Nuestra estrenada legislación penal no tuvo un desarrollo autónomo. ni realizar una verdadera investigación. 1980. En la Asamblea Legislativa también se encuentran pendientes varios proyectos de reforma que posiblemente nunca serán ni siquiera discutidos por hallarse dentro del proyecto total de Código Procesal Penal. Sólo durante ese año se aprobaron cuatro reformas. Para el caso señalamos las del 24 de octubre de 1977. las declaraciones de los coautores o cómplices de un mismo delito son válidas y se apreciarán como prueba cuando. 1981. a la detención en flagrancia y a los motivos de nulidad. REFORMAS DE LAS ÚLTIMAS DECADAS
El Código Procesal Penal vigente ha sufrido varias reformas principales. es presunción legal de culpabilidad en los delitos de hurto y robo. luego vinieron las de 1977. Luego casuísticamente se enumeran más de 16 "presunciones de culpabilidad". constituye presunción legal de culpabilidad en el delito de abigeato. que fueron impulsadas en El Salvador por don Manuel Castro Ramírez. La compra-venta de ganado sin los requisitos que la ley señala. 250 y 251 Pr.2. extorsión y tráfico de drogas. Se agregaron como causas de nulidad las siguientes: 5. Otra reforma entró en vigencia el 22 de abril de 1986. en estudio en la referida Asamblea y con muchas posibilidades de que lo aprueben este mismo año. sino que fue influida por las corrientes doctrinales de su época. 499-A Pr. a la obligación de los órganos auxiliares. aumentando la pena a varios delitos que estaban penados hasta con tres años o menos. no se podía gozar de excarcelación (arts.
ni manifieste expresamente que desiste de ello o no hubiere presentado alegato de bien probado en los casos en que está obligado. 550 y 551 Pr. por conexión con el acto anulado. Estas reformas son producto de las campañas de "ley y orden". al imputado detenido. pero también está presentado un proyecto que reforma todo el Código. La segunda reforma los artículos 550 y 551 Pr. desde el inicio de las diligencias extrajudiciales o del proceso. Esta causal se reformó diciendo que hay nulidad cuando no se hubiere proveído de defensor al imputado detenido en los términos expresados en los incisos tercero y cuarto del art.cuando se dicte sentencia sin someter el proceso al conocimiento del jurado (arts. desde el momento en que el imputado estuviere en detención a la orden de la policía. 6. Las últimas reformas de importancia son dos. 62. Cuando se declare la nulidad de un acto. al establecer que ningún trámite ni acto de procedimiento se declarará nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley. Pn. a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad.). Pn. cuando en el proceso exista la prueba necesaria que hiciere presumible que operará una causal de justificación o de inculpabilidad. Como ya se indicó anteriormente. es decir. cuando sea necesario y posible. y 7. el tribunal determinará. Con esto se abrió un gran margen a ilegalidades de la policía en los momentos anteriores a la detención del imputado. ante la Asamblea Legislativa se han presentado varios proyectos de reforma parcial al proceso penal.
. y ordenará. además. y aun en este caso no se declarará la nulidad si apareciere que el defecto que la motivó no ha producido ni puede producir perjuicio o agravio al derecho o defensa de la parte que la alega o en cuyo favor se ha establecido. la reposición de los actos anulados. La primera dice que la excarcelación procederá por delitos sancionados con pena privativa de libertad que exceda del límite de los tres años. como veremos oportunamente es el mejor de todos los proyectos habidos en esta materia.cuando el juez no hubiere sustituido al defensor cuando este no proponga prueba durante el plenario.de las diligencias extrajudiciales o del proceso. El Código señalaba como causal de nulidad cuando no se hubiere proveído de defensor. Al declararla. siempre que la invalidez sea indispensable para reparar el agravio de la parte que lo alega. esta invalidará sólo los actos posteriores que dependan de él. el cual.
3. Por su propia lectura estos son: a. la detención del imputado y su excarcelación. El primero de ellos determina los órganos que ejercen jurisdicción. podemos afirmar que tal principio no ha tenido plena vigencia en El Salvador. No es del caso discernir en este momento si doctrinalmente. y f. recursos ordinarios y extraordinarios. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL ENUNCIADOS EN EL CÓDIGO Estructura del Código vigente
La Asamblea Legislativa decretó el Código Procesal Penal el 11 de octubre de 1973 y no entró en vigencia hasta el 15 de junio de 1974. También establece la procedencia y regulación de la libertad condicional. indulto y conmutación. EL DERECHO VIGENTE 3. 3. Lo integran cuatro libros. Principio de oficialidad. acción popular. Principios generales del Código vigente
El Código tiene un título preliminar con los principios generales que lo inspiran. b. por lo cual es deficiente también el mantenimiento de la acción. principios procesales penales. En cuanto a la defensoría de oficio. con sus actos iniciales. comprende. El libro tercero trata de los recursos. también podemos afirmar que es deficiente. y la iniciativa de la investigación se halla a cargo de la Policía.1. 3.el de gratuidad de la justicia penal.1.2. c.1. la iniciativa de la acción por parte de la Fiscalía es deficiente.1. y distingue entre lo que debe entenderse por jurisdicción y por competencia. lo que es la prueba del cuerpo del delito y de la delincuencia. Principio inquisitivo y acusatorio
. objeto y clasificación del juicio penal y de los procedimientos especiales. Aunque la función jurisdiccional está a cargo de órganos especiales. sino que no existe la cultura vocacional de servir como defensor gratuito. acción privada
Si por principio de oficialidad debemos entender la administración de justicia penal como una función eminentemente estatal.3. y trata sobre la rehabilitación de los derechos políticos perdidos por sentencia. El libro cuarto contiene las disposiciones relativas a la vigilancia de los centros penales y de readaptación. o no son.los que tratan sobre la naturaleza.1. Luego regula minuciosamente la instrucción. es decir. dependiente de la Procuraduría General de la República. de las sentencias en segunda instancia y de las nulidades. situación que se originó en la falta de preparación técnica de sus miembros. tales enunciados son. sus trámites y de la ejecución de la sentencia. así. ambos recursos son débiles.3.el de singularidad del proceso penal. La defensoría pública aún es deficiente por falta de preparación técnica y porque no alcanza a cubrir el territorio nacional. Si bien es cierto que existe la defensa pública. Estamos ante el hecho cierto de que el Código así lo enuncia. es difícil para el juez encontrar un buen defensor de oficio. sumarios y verbales. 3.4.el de legalidad procesal.el de aplicación en el tiempo de la ley procesal penal. y los que se encuentran no es que no sean buenos.1. en realidad. ordinarios. También falla el principio en cuanto a la defensa. En el libro segundo se comienza con los tres tipos de juicios que contiene el Código.el de igualdad ante la ley procesal penal. y que el juez puede nombrar defensor de oficio llegado el caso. Finaliza con los ocursos de gracia: amnistía. Recordemos que en El Salvador los necesitados de defensa son los más pobres de la tierra. e. d.
como luego señalaremos. puedea ordenar que se practiquen las diligencias que considere conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos. Algunos otros principios que la doctrina ha desarrollado son totalmente desconocidos por la legislación salvadoreña vigente. a que se le informe y oiga acerca de las causas de su detención y de lo que sucede en su proceso. en caso contrario. La ley autoriza al juez para que.5. en cuyo nombre se administra justicia por delegación expresa del mismo órgano. Desde el auto de elevación a plenario. Para evitar la costumbre de llevar testigos al tribunal cuando la parte no está presente. en el término respectivo previo señalamiento de lugar.
. Estamos en presencia de un proceso cuasi inquisitivo que desconoce las garantías del proceso acusatorio. con lo que se pretende hacer creer que tenemos un juicio oral y público. que se llaman jurados. a estos se hará las notificaciones. Además el juez está facultado para iniciar y concluir el proceso sin que otro órgano lo incite a hacerlo. delega también en sus empleados y secretario la facultad de interrogar al imputado y testigos. como lo expusimos anteriormente. como administrador. Durante la fase contradictoria todas las resoluciones se notificarán a las partes personalmente en la oficina del tribunal si concurrieren a él o en el lugar que hubieren señalado. desde el momento de su detención. Otros principios
Existen en la ley ciertos principios doctrinarios reconocidos en el nivel de enunciados programáticos pero sin aplicación práctica. Unido al principio anterior se halla el de la audiencia a las partes. En cuanto a los principios de publicidad y oralidad. aunque él no esté presente. la prueba se recoge en algunos casos sin presencia de ninguna de las partes. en cualquier momento del término de prueba. que se notificarán también personalmente al imputado detenido. llamadas jurados. en El Salvador se tiene tribunal del jurado para conocer de algunos delitos. por su parte. bajo pena de nulidad. es de tipo inquisitivo atenuado por una etapa final que tiene el nombre de contradictoria. Esa delegación de funciones corre desde la cúpula hasta los tribunales inferiores. No obstante. día y hora y cita de las partes con un día al menos de anticipación. todo acto o diligencia se practicará en audiencia pública y previa citación de partes. El imputado tiene derecho. denominada plenario. Esta fase tiene una preponderancia superlativa: se "traga" el juicio y en ella queda decidida la suerte del imputado. en los cuales el juez. el auto de elevación a plenario o el de llamamiento a juicio y la sentencia definitiva. aunque hubieren señalado lugar para que se hagan las notificaciones. salvo el auto de detención. sin que el Ministerio Público o los partes se lo pidan. que como indicamos permite que el juez sin ser instado o excitado por nadie.). es base obligada en el texto de la ley y en la Constitución (arts. tales como el de oportunidad y el de proporcionalidad. pero que casi nadie utiliza porque la prueba viene recogida desde la etapa de instrucción. El Código establece que durante la instrucción las resoluciones se notificarán a las partes.Para algunos la administración de justicia en El Salvador se desenvuelve dentro del marco del llamado proceso penal mixto. bajo pena de nulidad.15 Cn. El principio de inmediación es violado por el peso que en el Código vigente tiene el principio de oficiosidad. de oficio active el proceso. Si las partes tuvieren en el proceso defensor o apoderado. art. el juicio ordinario finaliza con una audiencia oral en la cual cinco personas legas. se hará por edicto. 3. El proceso vigente se caracteriza por la concentración de la jurisdicción en un solo órgano. que en verdad. personalmente si concurrieren al tribunal o por edicto en caso contrario. la Constitución indica que a toda persona a quien se impute un delito. deciden sobre un veredicto de culpabilidad o de inculpabilidad. Toda la importancia del proceso vigente pesa sobre la instrucción. Pn. Por consiguiente. este lo integran cinco personas. el denunciante no está obligado a probar lo que afirma ni a sostener la acusación durante el juicio.1.. el Código impone que toda diligencia de prueba deberá practicarse en el plenario. El principio de legalidad. 2 y 3 Pr. Como también ya se ha dicho. se la presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público.
se necesita mínimamente ser abogado de la República. En todas las poblaciones de la República hay un juzgado de paz a cargo de jueces profesionales a los que corresponde el conocimiento de las faltas de que trata el Código Penal. También los jueces de paz son competentes para practicar las primeras diligencias de instrucción en todos los delitos comunes que se cometan dentro de su comprensión territorial y todas las demás diligencias que les sometan los jueces de primera instancia y demás tribunales de justicia. de hacienda.). de moralidad y competencia notorias. 19 Pr. Los jueces de hacienda conocerán privativamente de los delitos de contrabando y de defraudación de la renta de aduanas. pero aún hay jueces mixtos. En la actualidad se respeta este principio del juez natural o juez legal. los jueces de primera instancia del ramo penal conocerán de todos los procesos por delitos sujetos a la jurisdicción común y. Motivos de recusación y abstención
Según nuestra ley procesal penal. Como dice la ley.2. Son causas legítimas de recusación. falsificación de moneda y valores equiparados a ella.3. en su caso.2. 18 Pr.4. 3. Juez legal
El artículo 15 de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate. Los jueces de paz son los jueces de menor jerarquía (art. y pueden también ser recusados.2. También conocen en primera instancia los jueces de lo penal. pueden estar impedidos para conocer en determinado proceso y excusarse con justa causa.3.2. estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su nombramiento. de inquilinato.
TRIBUNALES PENALES Jueces unipersonales
Son jueces unipersonales los jueces de paz y los jueces que conocen en primera instancia. enriquecimiento ilícito. la Corte Suprema de Justicia y sus salas. el de menor jerarquía en el Órgano Judicial. 16 y 20 Pr.2. Los jueces de paz están comprendidos en la carrera judicial. de lo militar. 3.).2. los jueces y magistrados que conocen en materia penal. malversación. 3.). Desde hace algún tiempo se tiende a la especialización por materia. señas y marcas oficiales. Los jueces de tránsito conocen privativamente de las infracciones culposas resultantes de accidentes de tránsito. de peculado. Pn. de las faltas sujetas a la misma jurisdicción. de lo mercantil. de las conductas de los menores de 18 años comprendidas en la "Ley del Menor Infractor" (art. de excusa o de impedimento. de lo civil. en caso de concurso real el juez militar conocerá de su respectiva competencia. civil y laboral. mercantil. conoce de los delitos y faltas exclusivamente militares. El juez militar (antes eran cuatro jueces.).5. Lo mismo dice el artículo 2 del Código Procesal Penal. de lo laboral. Pn. de inquilinato. en sus respectivas materias. 17 Pr. Pn. y de cualquier otro delito que afecte los intereses del erario nacional o municipal o de las instituciones oficiales autónomas. pero si se tratare de concurso ideal de delitos.2. Y los jueces de menores. falsificación de sellos oficiales. mayor de 21 años. Jueces profesionales y jueces legos
En El Salvador no existen jueces legos. Pn. cualquiera que sea el grado o la naturaleza de la economía (art. después de la guerra solamente hay un juez militar con competencia en toda la República). Son de primera instancia mixtos los que conocen de la materia penal. 3. de familia y de menores. Tribunales colegiados Son tribunales colegiados las cámaras de segunda instancia. y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. las
.1. de tránsito. Para ser juez de paz. del estado seglar. 3. billetes de lotería nacional. conocerá el juez de lo común sin someter la causa al conocimiento del jurado.(arts.
36 Pr.establecidas en las leyes procesales civiles.
.). Será también causa de impedimento o de recusación el hecho de que el funcionario haya intervenido en el proceso como defensor. Pn. fiscal. acusador o perito (art.
el civilmente responsable. adicional de los Convenios de Ginebra art. 192 y 193 Cn.la parte civil. bajo la dirección de la Fiscalía General de la República funcionará un organismo de investigación del delito. 75% realiza trabajos de diligenciador dentro de las unidades y no en el terreno. Corresponde al fiscal general de la República. 1992. 5.). Esto es preocupante de cara a la implementación de un nuevo proceso penal. 3 n°1d. PARTES Fiscalía y órganos de auxilio
En El Salvador son sujetos procesales que intervienen por mandato legal en el proceso: 1.6. 9 Convenios de Ginebra de 1949. art. y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal. OEA. en los términos que defina la ley. 3.
En El Salvador no tienen cabida los tribunales especiales. Para tal fin.el Ministerio Público. 4. Ello no limita la autonomía del juez en la investigación de los hechos sometidos a su conocimiento. ya que el 15% del total del personal esta asignado a tales tareas. pero actualmente no existe ningún tribunal especial (arts.el defensor. 2. la verdad es que el adelanto en captar los conocimientos legales es sumamente lento. b) Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad.. Parte de la deficiencia ha estribado en los bajos sueldos de los fiscales. pero desgraciadamente el Ejecutivo le escamoteó esa estructura y el tal órgano en realidad se halla bajo la dirección de la Policía Nacional Civil. 6 2c. y 7.3. Son prácticamente inexistentes las diligencias que impliquen algún tipo de actividad investigativa por parte de la Policía Nacional Civil.7 Como dice el XIII Informe de ONUSAL. Durante la guerra funcionaron tribunales especiales. A ello debe sumarse la drástica escasez de medios materiales aptos para la investigación del delito. El Salvador: Secretaría Nacional de Comunicaciones. 14 y 15 Convención Americana sobre Derechos Humanos. ONU. pero aún no se ven los resultados. El organismo de investigación del delito practicará con toda diligencia cualquier actuación que le fuere requerida por un juez para los propósitos señalados. 3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. se observa una falta de desarrollo de las actividades de investigación que le corresponden a la Policía Nacional Civil para la persecución del delito.1.3. No obstante toda la buena voluntad y la gran variedad de cursos de capacitación que reciben los fiscales. 3.el imputado. Protocolo Segundo de 1977. Es una constante que no se aporta un relato policial de
"Acuerdos de Chapultepec". además de otras facultades: a) Defender los intereses del Estado y de la sociedad. en que la fiscalía tendrá a su cargo la promoción de la acción penal. quienes son elegidos por la Asamblea Legislativa. En la actualidad los salarios se han mejorado. 6.).3. El Ministerio Público lo ejercerán el fiscal general de la República. así.el acusador. 191. En las unidades de despliegue territorial la labor investigativa es casi inexistente. el procurador general de la República y el procurador para la defensa de los derechos humanos. es decir aquellos no previstos ni establecidos con carácter de generalidad en las reglas de competencia.los cooperadores.2. arts. c) Dirigir la investigación del delito. Posiblemente sea cuestión de tiempo para que la Fiscalía esté a tono con las reformas venideras. y los juzgados militares conocieron de casos de civiles.
. d) Promover la acción penal de oficio o a petición de parte (arts. 13 y 15 Cn. art. al grado de calificarse como deficiente la actuación de los auxiliares del fiscal general. estan prohibidos o se consideran no existentes los jueces ad-hoc. En la actualidad la Fiscalía y los tribunales de justicia tienen como auxiliares a la Policía Nacional Civil y al órgano de investigación del delito que supuestamente debía estar bajo la dirección de la Fiscalía General.
que sepa leer y escribir y esté en el ejercicio de los derechos políticos.la reparación del daño causado. Acusador privado (querellante)
El Código dice que tendrán acción para acusar por delitos y faltas que den lugar a procedimiento de oficio. Cuando se trata de los derechos del imputado. uno como parte civil. como ebriedad escandalosa. todo el que haya sufrido daño que provenga del delito. Acusado
La ley se refiere al acusado con los nombres de "el imputado" o "el procesado". pero eso no es común.la restitución. Pn.las costas procesales (arts. se la utiliza únicamente en la oratoria forense durante el desarrollo de la vista pública ante el tribunal del jurado.2. El Código Penal dice que toda persona responsable de un delito o falta. lo es también civilmente.
. se le conoce con el nombre de "ofendido".) 3. además de que no se relatan los hechos.3. sus representantes legales. 1995. La acusación precisa de una serie de requisitos formales en cuanto a su contenido. 130 y 131 Pn. el Código Procesal Penal dice que a todo imputado se lo considerará inocente mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. La expresión "acusado" no pertenece a nuestro lenguaje procesal.3. apareciere sindicado en las investigaciones de la Policía (art. mientras que las expresiones querella y querellante resultan novedosas.la indemnización de perjuicios y 4.4. sin estar en detención. pues los jueces no pueden ordenar detenciones sin prueba. incluso existen casos especiales en los que ella ha demostrado una ineficiencia casi inexplicable. los que solamente surgen de la declaración del ofendido. 3. Por supuesto que como perjudicado puede utilizar la acción civil. Tiene calidad de imputado toda persona mayor de 18 años. en las primeras leyes patrias sí se las empleaba. En ciertos casos. 45 Pr. 2. prostitución o riña. y a que. Aunque el Código Procesal Penal es claro al prohibir las detenciones por simples faltas. los titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. También se considera imputado a aquel que hubiere sido detenido por atribuírsele participación en un hecho delictivo. Esto repercute negativamente en los procesos judiciales generando impunidad. no obstante. se ha constatado que más de la mitad de las detenciones practicadas por la Policía son por faltas. de "XIII Informe del Director de la División de Derechos Humanos al Secretario General”. y no por delitos. También todo ciudadano mayor de 21 años. Las consecuencias civiles del delito comprenden: 1. Esto muestra que la Policía no centra su atención en los crímenes graves. y el otro que trata de la responsabilidad civil subsidiaria. la Policía ha calificado jurídicamente las conductas sin aportar elementos de juicio al juez. tiene derecho a la reparación e indemnización.).los hechos. que textualmente se transcribe en las diligencias extrajudiciales. a pesar de que en la ley se le dediquen dos capítulos.3.8 3.3. Víctima o perjudicado
En el actual sistema procesal la víctima no tiene categoría de sujeto procesal y se la considera nada más que como titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. su cónyuge y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. mayores de 21 años. tendrá acción para acusar por los delitos oficiales que cometan los funcionarios o empleados públicos y por los que se cometan contra la libertad del sufragio. En el lenguaje común forense se utiliza la palabra acusación. Así. deberá hacerse por escrito detalladamente y mediante apoderado. 3. El Salvador: ONUSAL. contra quien se ha iniciado proceso penal por atribuírsele el haber cometido una infracción penal o haber participado en ella. principalmente.
Hasta junio de 1994. generada desde la Sala de lo Penal de ese entonces. es una nulidad absoluta. quien para su nombramiento designará preferentemente a un abogado o a un estudiante de derecho que reúna las cualidades necesarias. quien en el acto procederá a su designación. También existe la defensoría de oficio. si no pudiere. además. sobre todo el de ser asistido en forma inmediata desde el inicio de las diligencias extrajudiciales por un defensor. 62 Pr. con ello. cuando se presentan casos lìmites.3. En el país pueden ejercer la defensoría los abogados. no quisiere defenderse por sí. según la cual se penaba con nulidad la violación de los derechos del imputado. que los detenidos por narcotráfico o por violación no tenían derechos y había que decretarles la detención con la sola remisión de la Policía y sus actas nulas. La Policía a menudo remite imputados a quienes se les ha violado el derecho relacionado o contra los cuales se ha recogido prueba ilegal. en esos casos. Estos últimos ya habían sido excluidos de poder ejercer la defensoría pero temporalmente. abriendo otro nuevo término de inquirir para reponer las diligencias nulas. por parte del tribunal o del órgano auxiliar o autoridad que realice su captura. so pena de ser sospechosos de corrupción y suspendidos como jueces. la tendencia es que solamente los abogados pueden defender. 3.). el instructor de las diligencias solicitará inmediatamente al juez de turno el nombramiento de un defensor de oficio. que el imputado tiene el derecho irrenunciable a hacerse asistir y defender por persona que nombre. en el art. Pn. pueden hacerlo. 551. claramente dice que las nulidades absolutas no podrán cubrirse ni aun con expreso consentimiento de las partes y deberán declararse a pedimento de estas o de oficio. para lo cual alegan que los defensores entorpecen la
. Asimismo se le deberán asegurar las garantías necesarias para su defensa. intervenga en las diligencias extrajudiciales. principalmente. existía la práctica judicial. Decían.5. en cualquier estado o grado del proceso. por lo que los jueces tienen que declarar nulo lo actuado y poner en libertad al detenido. o este por cualquier causa no se apersonare dentro del plazo de tres horas. Y el art. los jueces ordenaron la libertad. Pero lo decepcionante es que la Corte Suprema de Justicia misma sustente tales criterios al tomar por asalto tales casos y obligar a los jueces a decretar las detenciones. que los jueces eran corruptos. la cual. y previa aceptación. hecha por el juez. 65 Pr. Pn. Si esto no fuere posible. haciéndosele saber sus derechos de manera inmediata y comprensible. Si el imputado fuere persona autorizada legalmente para ejercer la defensoría. podrá defenderse personalmente si así lo pidiere. N° 5. han puesto el grito en el cielo porque en casos de narcotráfico o violaciones sexuales. o querían decir. hasta la aprobación de las próximas reformas. Pn. Ante la persistente campaña de "ley y orden" durante cerca de tres años. además siempre trata de escamotearle los derechos al reo. Algunos diputados y funcionarios públicos del partido ARENA.conformidad con la ley y mediante juicio público. dice que "cuando no se le hubiere proveído de defensor al imputado detenido. ha habido una involución en el tratamiento de algunos derechos del imputado. Abogados defensores y otros asesores de las partes
El Código dispone. el procurador general por sí o por medio de los defensores públicos que él designa y los estudiantes de derecho que han cursado la materia de procesal penal. La defensoría de oficio es gratuita (art. No es una constante que la Policía le conceda de buena gana las garantías al defensor. ya que tal violación no puede subsanarse. segun el tema de la misma disposición citada. no nombrare defensor. en donde se habían violado los derechos mencionados. desde que se encuentre detenido a la orden de un órgano auxiliar de la administración de justicia o desde que se inicie el proceso en el tribunal correspondiente. También la Corte les dio instrucciones para que. El Código Procesal Penal. en el art. No obstante. el órgano auxiliar lo comunicará inmediatamente y por cualquier medio idóneo a la Procuraduría General de la República para que le asigne un defensor público. y el órgano auxiliar le notificará al defensor para que dentro de tres horas. Desde el momento en que el imputado estuviere en detención a la orden de un órgano auxiliar de la administración de justicia. declararan la nulidad pero que no pusieran libre al detenido. desde el inicio de las diligencias extrajudiciales o del proceso" habrá nulidad del proceso.. 552 Pr.
con visible malestar de la Policía. Esto ha dado lugar a muchos choques y malos entendidos entre Policía y defensores.investigación y le aconsejan al imputado que no confiese su participación delictual. y ha llegado a convertirse en fuente de nulidades que obligan al juez a declararlas. que siempre pretende que el juez no conceda libertad a nadie consignado por ella.
13 Cn. 3. dice que los jueces son "corruptos" por no avalar sus actuaciones ilegales. sin temor afirmamos que la detención provisional ha operado en nuestro medio en franca oposición a los derechos humanos y demás garantías constitucionales.) La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas. aun sin orden judicial. autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley. En consecuencia.).ningún órgano gubernamental.2. Es su talón de Aquiles. En cualquiera de los tres supuestos anteriores.."(art. creyendo que ellos son "la autoridad administrativa". en una pena anticipada. dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente.
MEDIDAS COACTIVAS Detención policial
La Policía tiene la función de cooperar con la administración de justicia en la investigación de los delitos perseguibles de oficio. para que dentro de las 72 horas después de la captura sea presentado a la autoridad competente (art.3. Que haya elementos de juicio suficientes para estimar que el imputado tuvo participación en el delito. sin orden de captura. la prisión preventiva es conocida como "detención provisional". para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente (. La Policía podrá proceder a la captura de una persona. Esto genera violaciones a los derechos del imputado que.). dentro de dicho término. 2.. en forma irresponsable.) La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención. 3. En el momento de disponerse a cometer un delito. Por eso. y estas órdenes deberán ser siempre escritas. al tener conocimiento de la perpetración de un delito perseguible de oficio. Lo relatado es un mal endémico en nuestros cuerpos auxiliares de la administración de justicia. Que conste suficientemente probada la existencia de un delito. con las diligencias que hubiere practicado (. Si mediare orden escrita emanada de autoridad no judicial. También sucede a menudo que los agentes de Policía capturan por impulso propio. Los jueces la utilizan indiscriminada y represivamente en todos los delitos. la Constitución enuncia que “.4.. 3. procurando descubrir a los presuntos culpables para ponerlos a disposición de los jueces junto con los elementos de prueba y efectos del delito que se hubieren incautado. puede ser detenido por cualquier persona.1. Prisión preventiva
En el lenguaje procesal penal salvadoreño. y ha llegado a convertirse. También la detención preventiva en El Salvador es la fuente del fenómeno del preso sin condena y de relegar el principio constitucional de la presunción de inocencia a una simple declaración teórica sin aplicaciones prácticas.. traen como consecuencia la libertad del encausado con el consiguiente malestar de la Policía que con gran tranquilidad. 2. lo que provoca un fuerte desequilibrio y una marcada inestabilidad dentro del sistema procesal salvadoreño. deberán proceder a su investigación para reunir datos y allegar pruebas. el miembro del órgano auxiliar que verificare la detención deberá presentar inmediatamente al detenido al cuerpo a que perteneciere. en los casos siguientes: 1. como en otros países. Pn. La ley dice que para decretar la detención provisional se requieren las circunstancias siguientes: 1.4.... a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional. 243 Pr..
. en algunos casos.4. Cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de reclusión. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti. En lo referente a la detención.
hurto.3. Esta cuestión consiste en que. Además. Alternativas a la prisión preventiva
Cuando tocamos el tema de las reformas de las últimas décadas. salvo las excepciones que el Código establece. previo pago del 10% de la cantidad pedida como fianza. se reformó el Código (art. agregando un enorme listado de delitos que ya no serían excarcelables. Entonces los jueces. los cuales sumaban aproximadamente 40 nuevas excepciones. La excarcelación se hará efectiva. ya que por disposición de la misma ley esta procede cuando ". 253 Pr. estafa. que ha generado una de las variantes del fenómeno conocido como "los sacadores" de los jueces. sin mayor acuciosidad ni esmero. mientras tanto. pese a carecer de toda orientación política criminal y ser inepto para encontrar una mejor solución. Pn. secuestro. extorsión y actos de terrorismo (art. 247 Pr.Pn.). precisamente por ser pobres se encuentran imposibilitados de probar su pobreza y buena conducta con "testigos idóneos". mediante fianza personal. el gobierno de la nación tomó esas medidas. como dijimos. mayor es el beneficio
.No obstante. violación.se tratare de persona que viviere de su trabajo diario y estuviere imposibilitada por su estado económico de ofrecer caución. robo. por regla general. Pn.. En mayo de 1980. que son 25. y en determinados casos con caución juratoria. Esta es una pésima costumbre de los jueces de San Salvador que no tiene ninguna base legal. luego de señalar las obligaciones y facultades de la Policía. el juez “deja dormir” tal investigación y mantiene detenido al imputado. hay "amigos del alma" del señor juez que siempre están presentes y aptos para servir de fiadores personales del reo. dice que para decretar la detención provisional. casi siempre. 138 y detienen a todo reo que les presenten con las diligencias de la Policía. bastará con que se cumpla la segunda circunstancia para decretar la detención provisional cuando se trate de los delitos de homicidio doloso o agravado. 3. Luego vinieron las reformas de 1990. Se trata de la siguiente disposición: “Las indagaciones y declaraciones de ofendidos. vecinos del lugar y testigos de importancia serán tenidas por el juez en conjunto. que no camine. siempre que probare su pobreza y buena conducta con testigos idóneos". han inventado el trámite de que se pida informes a los otros tribunales de la ciudad preguntando si el solicitante tiene proceso en ese juzgado. Luego. y que el reo cumpla la pena sin haber pasado por un juicio. sencillamente deciden aplicar el referido inciso penúltimo del art..) en lo que respecta a la excarcelación. en todo caso el juez deberá verificarlas a la mayor brevedad a efecto de confirmar o revocar la detención provisional". Pn. que son la mayoría. La excarcelación procede cuando se ha decretado detención provisional en delitos sancionados con multa o pena privativa de libertad que no exceda del límite máximo de tres años de prisión. que elevaron la penas sobre tres años a algunos delitos para que no fueran excarcelables. Esta normativa ha producido que el proceso se estanque. abordamos el problema de la excarcelación haciendo notar cómo la campaña de "ley y orden" mantenida en El Salvador desde que se vislumbrara el final de la guerra. sin preocuparse de recoger la prueba. Con esa disposición los reos pobres. Para cualquier excarcelación los jueces de San Salvador. hizo que el legislador elevara las penas sobre tres años a muchos delitos para que no gozaran de la excarcelación. La fianza podrá sustituirse por depósito de dinero o en títulos valores o por la Constitución de hipoteca sobre bienes inmuebles (art. Además casi ningún juez concede la excarcelación utilizando la caución juratoria. Y aunque la misma disposición obligue a verificar con la mayor brevedad el contenido de esas actas a efecto de confirmar o revocar la detención decretada. Al final del artículo 138 Pr. el Código deja abierta para el juez una facultad que ha transformado en represivo todo el sistema penal del país. el solicitante sigue detenido. Los jueces contestan más o menos en el término de un mes. 247 Pr.251 Pr. como ya indicamos. Pn. como ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES para el solo efecto de DECRETAR LA DETENCIÓN PROVISIONAL del imputado si de ellas resultare que éste tuvo participación en el hecho delictivo. Cuanto más alta es la cantidad por afianzar.4.. se requiere "que haya elementos de juicio suficientes para estimar que el imputado tuvo participación". estragos. el art. casi en todos los de San Salvador. en muchos tribunales del país.). Entonces los jueces recurren a la fianza personal.
). pero la Policía no se acostumbra a actuar dentro de la legalidad y pretende asimilar cualquier caso al art. 2. el perito requiere un período de observación y el traslado del imputado a un hospital psiquiátrico. No está de más explicar que el “sacador" no solamente se utiliza en las fianzas. secuestro y comiso.467 y 468 Pr. 3. a solicitud del fiscal o de oficio. requisa personal.4. con fundamento razonable a juicio prudencial del juez. Exámenes corporales. El juez de primera instancia. el juez ordenará el traslado bajo custodia y concederá el período de observación por 30 días como máximo. que no pueden confiar en los jueces cuando se trata de narcotráfico. 176 Pr. aquel puede pedir que se practique reconocimiento médico al detenido a efecto de constatar si no ha sido objeto de coacción física o moral desde el momento de su detención (art. estos se efectúan generalmente a petición del procesado cuando comparece ante el juez.)9. en el capítulo segundo. para lo cual aducen.4.económico del fiador. por desorden escandaloso que exija inmediata intervención. el perito psiquiatra llegare a concluir que cuando cometió la acción delictiva padecía de enfermedad mental o de grave alteración de la conciencia o que se trata de un sujeto de desarrollo psíquico retardado. o si durante el curso del proceso fuere informado de ello por el encargado del lugar donde estuviere recluido o así lo manifestare cualquiera de las partes. y. así lo declarará categóricamente y por escrito al juez (arts. También cuando se nombrare defensor en las diligencias de la Policía. cuando se presumiere que en determinado lugar hay armas. El juez podrá proceder personalmente al registro o delegar la diligencia en un juez de paz (art. En resumen. sino también en todas las demás diligencias que puedan interesarle al imputado. en persecución actual de un delincuente.4. Casos en que la
El Salvador. del registro del lugar. municiones o explosivos. No obstante lo dicho anteriormente. Si por los síntomas y antecedentes que presentare el imputado. Si para practicar el examen. Registro. Pn. la Policía podrá proceder al allanamiento sin previa orden judicial y a cualquier hora: 1. además. 4. 66 Pr. puestos de control. este ordenará el examen por un perito psiquiatra para que dictamine sobre la naturaleza de la enfermedad y si esta es anterior o posterior al delito. cuando se tenga conocimiento de que un local se utiliza para prácticas escandalosas y deshonestas de tipo colectivo o para el consumo de drogas. 3. cuando se oigan voces dentro de una casa que anuncien que se está cometiendo un delito o cuando se pida auxilio.). redadas policiales
El Código. al hablar de la comprobación del delito y de la delincuencia (y no como medidas cautelares) trata.5. Código Penal. grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico retardado. Pn. Existen otras situaciones en que no se puede proceder sin orden judicial. observación en puestos psiquiátricos
Cuando el imputado compareciere ante el juez y este notare que presenta síntomas manifiestos de enfermedad mental. Esto ha dado lugar a que se piense que algunos jueces están en el negocio de las fianzas por medio de su "sacador". 181. Pn. En lo referente a los exámenes corporales. podrá ordenar el registro de determinado lugar cuando existan motivos suficientes para presumir que ahí se encuentra el imputado o un condenado o que puedan hallarse objetos pertinentes al delito. 5. para fines subversivos o para cometer delitos contra la paz pública o contra la existencia y organización del Estado.
. 3. el "sacador" es la expresión de la corrupción personal de algunos jueces.
que no han cometido ningún delito. hizo que ONUSAL se presentara ante la Dirección General de la PNC. Las otras medidas para ese fin son exclusivamente personales. pero previamente se los exhibe en televisión y periódicos como delincuentes peligrosos. Realmente es difícil querer romper con toda una época de prepotencia e ilegalidad policial.7.4. o en salones populares donde se expenden bebidas fuertes o cerveza. pero su comprensión no fue muy exitosa. Pero atemoriza a las personas y se legitima a sí misma y ante la alta sociedad haciendo creer que realiza una gran labor de profilaxis social. En efecto. la expresión "medidas cautelares" no es usual.4.policía violó las garantías constitucionales.). 3. Pn. se los remite a los tribunales por contravenciones o faltas. la Constitución de hipoteca o la prestación de fianza a través de institución financiera (arts. A tales detenidos. tales como ejecuciones arbitrarias. en cantidad suficiente para garantizar la responsabilidad civil y el pago de las costas procesales.6. Esto no quiere decir que no se conozcan en particular algunas providencias que constituyen medidas cautelares.
. en especial en aquellos casos relativos a violaciones graves de los derechos humanos. Medidas cautelares
En nuestro lenguaje procesal penal. durante 1994 la Fiscalía General de la República inició 71 procesos penales contra miembros de la Policía Nacional Civil por participación en hechos delictivos. ordenará el embargo preventivo de sus bienes o de los del civilmente responsable. Durante algún tiempo la referida Sala tuvo reuniones con este cuerpo para explicarle la necesidad de la orden judicial para ordenar registros y allanamientos en casos no excepcionales. En El Salvador sigue siendo común la práctica de las redadas en los barrios pobres y de concentración de espectáculos públicos. 267 y 270 Pr. Hasta el momento este compromiso ha sido otra promesa incumplida más. Pero la Unidad de Investigación Disciplinaria de la Policía solamente inició expedientes para la sanción administrativa en ocho de esos casos. En estas redadas la Policía casi nunca captura a verdaderos delincuentes. torturas o malos tratos. y el depósito de dinero o de títulos valores. La falta de celeridad por parte de esa instancia policial. siempre que el juez de primera instancia decretare o confirmare la detención provisional de una persona. En cambio. de los cuales 116 correspondían a faltas graves y muy graves. como veremos oportunamente. El embargo podrá sustituirse mediante consignación de la cantidad fijada. pero el Código las trata en la instrucción como elementos de prueba del cuerpo del delito. fueron declarados nulos por la Sala de lo Penal y los reos fueron puestos en libertad. Medidas cautelares reales para asegurar la ejecución de la sentencia
Las medidas cautelares reales para asegurar el procedimiento son propiamente: la hipoteca. lo que obligó a esa Dirección y al Viceministro de Seguridad Pública. La Policía sigue creyendo que lo que no se acomoda a su ilegal proceder constituye corrupción. a hacer público compromiso de resolver los casos sujetos a investigación. aunque el número de detenidos es alto. el depósito de títulos valores. Pero la medida cautelar real que existe en nuestro sistema para garantizar la ejecución de la sentencia. En marzo de 1995 la referida Unidad tramitaba 780 expedientes. 3. es el embargo.
ni al Procesal Penal. el juez estime que la eficacia de la pena ha sido nula en lo relativo a la readaptación del delincuente. dentro de los delitos contra la libertad. 3. junto con el Procesal Penal. 2. que era un trasplante de aquella al Código que entró en vigencia. 3. A quienes cometieren delito y fueren toxicómanos crónicos o enfermos alcohólicos."10 No obstante la rimbombante declaración constitucional. 232. que son el desarrollo del principio constitucional del art.). 113 Pn. radio y televisión. Antes estaba vigente la llamada Ley de Estado Peligroso. que se dio a la publicidad en periódicos.4. Cuando cumplida la sentencia. se trata de los delitos contra la inviolabilidad del secreto. El Código Penal vigente tomó parte de esa ley y creó un título denominado medidas de seguridad. Imposición provisional de medidas de seguridad El Código Penal dice que podrán aplicarse medidas de seguridad en los casos siguientes: 1. A los semimputables peligrosos. Cuando durante el cumplimiento de la condena el reo observare notoria mala conducta. el 15 de junio de 1974. 5. Esa ley tenía un procedimiento que el Código Penal no trasplantó ni a su cuerpo.
Intervención del correo y del teléfono
En el Código Penal el título cuarto.4. Se prohíbe la interferencia y la intervención de comunicaciones telefónicas. Reciente está el caso.
.9. 233 Pn. 110 Pn. 4.3. que era todo un poema a la violación de los derechos humanos. el servicio secreto de la Fuerza Armada mantiene vigilancia sobre los disidentes políticos y sobre altas personalidades del Estado. Aquí están los relativos a violación de correspondencia e interceptación de comunicaciones telegráficas y telefónicas (arts. 231. de quien grabaron una conversación con el actual Presidente Calderón Sol.). 6. interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación. 7. fundándose para ello en la viciosa conducta del reo. Cuando al sujeto se lo declare delincuente habitual o profesional. por lo cual en la actualidad no existe procedimiento para imponer las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se aplicarán solamente a los sujetos peligrosos que hayan cometido un hecho previsto en la ley como delito(art. de la interferencia de teléfonos del entonces Presidente Cristiani. A quienes fueren declarados inimputables en un juicio penal. Cuando por causa de enfermedad mental del delincuente se interrumpiere la ejecución de la pena. capítulo cuarto.).8. 24 Cn: "La correspondencia de toda clase es inviolable. derogando tácitamente la ley de Estado Peligroso. salvo en los casos de concurso y quiebra. en sus hábitos de vagancia y en cuantos índices pudieran hacer presumir que el régimen penal a que el delincuente estuvo sometido no alcanzó el fin propuesto (art. entonces Alcalde de San Salvador.
día. distinguiendo entre los delitos que dejan señales y los que no dejan señales.11). Se comienza diciendo que la base del procedimiento en materia penal será la comprobación de la existencia de un hecho que la ley reputa delito. pero las diligencias policiales lo presentan como el verdadero autor.
Código Procesal Penal. no obstante. en el título III. 3. Luego se sigue por la inspección. el acusador está obligado a la prueba. el número de testigos y la calidad de estos. Los jueces en estos casos utilizan el recurso de Pilatos: lavándose las manos. por lo que no presencia directamente el ingreso de la prueba. 133 y 129 Pr. y que en los primeros la comprobación de su existencia podrá establecerse por cualquier medio de prueba.2. 3. Entonces. al hacer el requerimiento deberá proporcionar la indicación de las diligencias que considere urgentes para la averiguación del hecho. por lo cual debe desarrollar una amplia investigación y gozar de gran margen de autonomía en sus decisiones.
REGULACIÓN DE LA PRUEBA Principio de la verdad material
Según nuestro Código. que trata de la comprobación del delito y de la delincuencia. averiguar quién o quiénes la cometieron y sancionar o absolver a las personas que resultaren o fueren declaradas culpables o inocentes. denominado “Cuerpo del Delito”. Derechos de petición de prueba
En los delitos de acción privada o cuando se acuse en los que dan lugar a procedimiento de oficio. Pn. Pn. Los medios de prueba están legalmente comprendidos en el Código Procesal Penal a partir del artículo 150. 3. El fiscal.5. si ambas pruebas no son excluyentes del hecho principal sino que se complementan en su conjunto. incluso los mismos parientes de la víctima han declarado ante el juez que tal imputado no es el autor del delito. el juez se abstendrá de sobreseer.3. podrá sobreseer (art. le serán rechazados de oficio todos los escritos y peticiones que presentare con posterioridad a la denuncia (arts. o sea. En cambio. la prueba es el medio determinado por la ley para establecer la verdad de un hecho controvertido. de acuerdo con la sana crítica y tomando en consideración la naturaleza del hecho y de la prueba.). en consecuencia. En las formalidades de la acusación deberá expresarse la relación circunstanciada del hecho. el juez. Igual regla rige para los otros. el denunciante no será parte en el proceso penal. adecuar la realidad ontológica con la noción ideológica que se tiene del hecho cometido. mes y año en que se ejecutó.1. Los jueces son receptores de pruebas e indicios que generalmente provienen de los órganos auxiliares. 56 Pr. capítulo primero. se abstienen de sobreseer y elevan a plenario el proceso. de la Policía. También es corriente que el juez instructor delegue en otro juez la práctica de una diligencia para obtener prueba. El juez en nuestro sistema es juez instructor y juez sentenciador al mismo tiempo. así como las diligencias que deberán practicarse para establecer el hecho o una relación de aquellas con las que ya se hubiere comprobado (art.). es decir. pero la misma disposición dice que. Pn.3. se justificará el cuerpo del delito por cualquier medio legal de prueba. hora.5. al juez le corresponde desentrañar la verdad real de lo sucedido.5. el juicio penal tendrá por objeto establecer la existencia de una infracción penal.
. Medios de prueba
Según nuestro sistema procesal. En algunos juicios de importancia ha sido notorio que los imputados no han tenido participación en el hecho. Desgraciadamente el juez instructor tiene como práctica usual delegar funciones en sus empleados. con señalamiento del lugar. pues indica la ley que cuando las señales hubieren desaparecido. Es normal que el juez no conozca nunca al testigo que declaró ante un empleado del tribunal. en los delitos en que intervenga.5. 279 Pr. apegados a una disposición del Código que dice: cuando en el proceso hubiere suficiente prueba de la delincuencia del imputado y hubiere también suficiente en descargo.
De la violación a los derechos constitucionales no puede haber aprovechamiento de la prueba obtenida. Se prohíbe la intervención de comunicaciones telefónicas (art. en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.4.5. de no ser por la ilegalidad de su obtención.5. También se pena como delito la violación de correspondencia y la interceptación de comunicaciones telegráficas o telefónicas (arts.). se la presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público. desde 1992 al primer semestre de 1994. sin su consentimiento. La Constitución estatuye que a toda persona a quien se impute un delito. será sancionado con prisión de seis meses a un año" (art. 231 a 234 Pn. Prohibición de aprovechamiento de la prueba
Como ambos temas son coincidentes.En nuestro sistema la fase contradictoria está dentro del plenario. A la persona detenida no se la puede obligar a declarar. En el mismo sentido manda que la correspondencia de toda clase es inviolable. en violación de los derechos fundamentales de cualquier salvadoreño. después de transcurridas 72 horas (art. Concordante con lo anterior existe en el Código el delito de incapacidad compulsiva: "El que sin motivo legítimo colocare a otro. se generaron fricciones con la Policía al declarar ilegal el procedimiento de obtener confesiones o allanar viviendas o negar el derecho de defensa. en el entendido de que no existen procesados de primera o segunda clase. la prueba se incorpora al juicio mediante lectura de actas.quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal (art. 219 Pn. Por esa razón. El delito de actos arbitrarios pena al funcionario o empleado público que realizare. Reglas de la prueba.). 227 Pn.). Estamos en presencia de resultados obtenidos mediante violación de los derechos fundamentales del imputado. 24 Cn. en ese orden. sin importar el tipo de delito o delitos. que nadie utiliza. en un estado letárgico o hipnótico o en estado de incapacidad de entender y de querer. y al ordenar la libertad del imputado. porque los elementos de prueba ya se recogieron en la fase de instrucción.) También constituye delito la detención del delincuente in fraganti cuando la autoridad que lo captura no diere cuenta con el detenido a la autoridad judicial.) Según vemos en los informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes. 3. Se enuncia que las disposiciones sobre prueba contenidas en el título correspondiente son aplicables a todos los casos en que se tenga que resolver sobre la existencia
. 428 Pn. o permitiere que un tercero lo hiciere. interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación. quienes están en primer lugar como violadores de los derechos humanos son la Policía y los jueces. bajo el rubro de disposiciones generales de la prueba. las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor. y dentro de este la ley ha incluido un capítulo llamado "La prueba". o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio (art.12 Cn. podrían sustentar una condena. cualquier acto ilegal o arbitrario. Prohibición de realización de prueba. valoración de la prueba
Las reglas sobre la prueba se encuentran propiamente en el Código Procesal Penal. salvo en los casos de concurso y quiebra. sentó jurisprudencia al declar nulas varias sentencias en que se había obtenido prueba prohibida. Como hemos dicho. los trataremos en un solo apartado dedicado a la prueba prohibida.5. resultados que lo incriminan y que. 3.). la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
ya relatadas.6. FASES DEL PROCESO Investigación policial o por el fiscal
. con lo que se hallan. de los artículos 503 y 504 del Código Procesal Penal. para el cual se halla exclusivamente el sistema llamado de la íntima convicción. señalando cuándo alguno de esos medios de prueba debe tenerse por prueba suficiente. pudiendo valorar únicamente las relativas a las circunstancias modificativas de la responsabilidad.de la infracción penal investigada y sobre la delincuencia del imputado. los hechos que deben tenerse por establecidos. creen que la prueba que sirvió para decretar la detención preventiva es la misma que debe utilizarse en la sentencia definitiva. sin hacer valoración sobre la prueba rendida respecto del cuerpo del delito y la delincuencia. se pronunciará sentencia condenatoria cuando en el proceso haya prueba suficiente que demuestre. Pn. no es posible presumir su culpabilidad. salvo las disposiciones especiales consignadas en el Código (art. a la prueba documental.5. El Código ordena que en los juicios de que conozca el jurado. Pese a que las disposiciones legales son claras. con facultad de fijar. el juez en la sentencia únicamente consignará el veredicto diciendo que su fallo se fundamenta en él. El legislador creyó que a la inspección.) En el derogado Código de Instrucción Criminal la prueba ya estaba tasada. En el Código vigente aún subsisten rezagos de la prueba tasada. pero son explicables por la falta de experiencia y. la existencia del hecho punible y lleve al espíritu del juez la certeza de la verdad sobre la participación y culpabilidad del imputado en la infracción penal. por consiguiente. Recordemos que la Constitución y el Código proclaman que a toda persona a quien se impute un delito. 505 Pr.6. 487 Pr. sin dejar duda. se la presumirá inocente mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público. Y condenan. utilizando un sistema racional de deducciones que guarde concordancia con las demás pruebas del proceso. En la sentencia en que conoce el jurado. que dan al traste con el in dubio pro reo.). la que debe pronunciar el juez dentro del término de 30 días a partir de la vista pública de la causa (art. obligados a condenar. 3. Pero este principio se rompe con las famosas presunciones legales de culpabilidad. cuando se trata del fundamento de la sentencia en que no conoce el jurado. los jueces. por contar con el tribunal del jurado para el juzgamiento de los delitos. habiendo conocido el jurado. 3. Las pruebas sobre delincuencia apreciarán según las reglas de la sana crítica. Pn. por consiguiente.1. el veredicto de culpabilidad o inculpabilidad del procesado es la base para la sentencia definitiva condenatoria o absolutoria. También. conocidas como nulidades del veredicto. 488 Pr. Pn. no se presentan mayores problemas porque el veredicto es una verdad jurídica innegable.6. mediante el examen y valoración de estas. cuyas elementales reglas quedaron anteriormente expuestas. sobre todo. a la pericial y a la confesión. Pero en esta situación. había que dotarlas de ciertos mecanismos que guiaran al juez en su mejor aplicación. En los juicios de que no conozca el jurado. falta de práctica por parte de los juzgadores. 3. La llamada íntima convicción es el sistema probatorio que utiliza el tribunal del jurado al emitir su veredicto. pero del contexto de varias disposiciones fácilmente se llega a él. a la prueba instrumental.). In dubio pro reo
Este principio no se encuentra en forma expresa. sólo atacable por medios especiales y causas determinadas. El Código vigente innovó sentando las bases del sistema de la sana crítica. en cada caso. cualquiera que sea su número o entidad (art.
quien deberá conocer inmediatamente el hecho. En la actualidad la Policía Nacional Civil. el juez procede a ordenar y realizar reconocimientos forenses y demás peritajes. en San Salvador. procurará recabar las pruebas y antecedentes necesarios para presentarlos al juez competente. La instrucción estará a cargo del juez competente. decide qué delitos y a qué personas se debe investigar y. 3. 115 Pr. no importa la hora que sea. y. en los casos de delitos contra la vida o la integridad personal. en su caso (art. Pn. todo lo dispuesto en el Código Procesal Penal y en la Constitución no tiene vigencia. Comprenderá todas las diligencias judiciales que se lleven a efecto desde el auto cabeza de proceso hasta que se estime suficientemente depurado el informativo. Tal como están las cosas en la actualidad. atenúen o agraven la responsabilidad del imputado o de los imputados. Esto ha obligado a que los jueces con competencia en lo penal.6. a fin de que siempre esté de turno un juez en la ciudad. es quien dirige la investigación. se decidió poner bajo su mando un órgano especializado en técnicas policiales. En las otras poblaciones. incontinenti de su examen se presentará al juez competente. Si bien este órgano ya funciona. lo maneja exclusivamente la Policía. Como siempre se había alegado que la Fiscalía no estaba preparada para investigar. pero el mismo viejo argumento ha servido de fundamento para que solamente en el papel de la Constitución. La Constitución pone bajo la dirección de la Fiscalía un organismo de investigación del delito. Fulano de Tal. La instrucción tendrá por objeto practicar los actos y diligencias necesarios para comprobar la existencia del delito y establecer quién o quiénes son los responsables.El fiscal general de la República. De ella trata casi la mitad de todas las disposiciones del Código Procesal Penal.. El juez debe trasladarse al lugar donde ocurrieron los hechos haciéndose acompañar de los médicos forenses. aun cuando no se hubiere hecho requerimiento alguno. Estas diligencias servirán como datos en la investigación judicial. hagan turnos de 24 horas. Instrucción judicial
La fase de instrucción es la dominante en todo el proceso penal salvadoreño. es la de colaborar con el juez en la investigación de los delitos perseguibles de oficio. con su aparato especial. la Policía. así como las circunstancias que excluyan. Por consiguiente. La función principal de los órganos auxiliares de la administración de justicia. procurando descubrir a los presuntos culpables para ponerlos a disposición de los jueces junto con los elementos de prueba y efectos del delito incautados. pasó ese órgano a los engranajes de la PNC. por medio de un decreto.). pero la misma ley lo faculta para delegar funciones en otros jueces.3. ya que la Policía Nacional fue disuelta por los acuerdos de paz. En consecuencia. los cuales por ley deberán hacerse en su presencia. Corre desde la iniciación del proceso hasta la parte correspondiente a su clausura por sobreseimiento. por sí o por medio de sus agentes auxiliares. llamamiento a juicio o elevación a plenario.2. Juez de. Y si en tales diligencias apareciere algún testigo presencial del hecho. requerirá por sí o por medio de los agentes auxiliares al juez competente para que inicie la instrucción del correspondiente informativo. la Fiscalía tenga en sus manos esa tarea. la Policía se ha “tragado” a la Fiscalía. 3. pero el Ejecutivo. en casos especiales dirige la investigación por otros cauces y hacia otras metas. Con los grandes cambios políticos operados en El Salvador luego del Acuerdo de Paz de Chapultepequec y del final de la guerra. Fase intermedia
. declaratoria de falta. siempre que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible de oficio. También se conoce con el nombre de "sumario". desgraciadamente. inclusive el auto de sobreseimiento.6. para lo cual hay una redacción ritual en todas las actas y diligencias que el juez realiza: "Ante mí.. los jueces siempre están de turno.". como único órgano auxiliar de la justicia quedó la Policía Nacional Civil (PNC). las reformas a la Constitución entregaron al fiscal la investigación del delito.
sin que sea necesario que la instrucción esté agotada. así como la recepción a pruebas. Esta fase contradictoria tiene un término ordinario de prueba de ocho días. al grado de que la generalidad de los litigantes renuncian al término de prueba para poder llegar a la vista pública. que deberán responder a la siguiente pregunta: "¿Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado es culpable?" (arts. Esta fase del proceso. viere que el hecho investigado constituye falta. 340 Pr. En los juicios sumarios. Si el juez. El juicio oral
En El Salvador aparentemente tenemos un juicio oral y público que se desarrolla en la fase conocida como plenario. El tribunal del jurado lo integran cinco personas legas llamadas jurados. 297 Pr. es corriente decir el juicio plenario. dentro del cual cabe discutir los elementos de juicio recogidos en la instrucción. cuando dentro del plazo del referido artículo 123. El plenario corre desde el auto de elevación hasta la sentencia de primera instancia.).6. 276 Pr. sin coartar el ejercicio legítimo de la acusación y la libertad de la defensa (art. a fin de establecer la culpabilidad o la inocencia del imputado y dictar la sentencia que proceda. al hablar. ordenando la libertad del imputado y la remisión del proceso al correspondiente juez de paz para su tramitación. sobreseer o declarar falta. durante la instrucción. por manifiesta declaración de la ley. dictará auto de elevación a plenario.). en cualquier estado de la instrucción. La vista pública de la causa será presidida por el juez de primera instancia. ordenará las lecturas necesarias y hará las advertencias sobre alegatos no pertinentes al establecimiento de la verdad. la fase intermedia propiamente tal no se encuentra destacada como una etapa. el juez proveerá el auto de llamamiento a juicio (art. Así. quien dirigirá los debates. sin contradicción alguna.
. el juez estimare que se han practicado las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados y no procede el sobreseimiento. o se comprobare la excepción de cosa juzgada. El juez eleva a plenario una causa cuando estima que ya se han practicado todas las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados y no procede el sobreseimiento. dictará resolución motivada declarándolo así.). Cosa parecida sucede con la oportunidad del sobreseimiento.4. pues los elementos y medios de prueba ya fueron ingresados válidamente al proceso. Pn.).Pn. el juez dictará auto de sobreseimiento (art. tiene por objeto discutir contradictoriamente los elementos de juicio recogidos en la instrucción y recibir las pruebas que la acusación y la defensa propongan y las que de oficio estimare conveniente ordenar el juez. o apareciere prueba suficiente de que el imputado obró en estado de inimputabilidad o de que está extinguida su reponsabilidad penal. 296 y 297 Pr. Pn. Pn. pero siguiendo la doctrina procesal nos ubicamos en ella al finalizar la instrucción. si a criterio prudencial del juez se estima suficientemente depurada (arts. el juez tiene que hacer apreciación de toda la fase de instrucción. o por el magistrado presidente de la cámara en su caso. realizando críticamente la valoración de la existencia del hecho punible y de la delincuencia o participación del procesado. al grado de que. quedando al criterio prudencial del juez la estimación sobre la suficiencia de la depuración (art. No es necesario que toda la instrucción esté completamente agotada. Pn. 401 Pr.En el proceso penal salvadoreño. por delitos que no van a jurados pues se hallan sancionados con pena de prisión que no excede de tres años o con multa. 315 y 331 Pr. pues en cualquier estado de la instrucción en que el juez llegare al convencimiento de que el hecho investigado no está tipificado como delito. Pero en la realidad no se discute nada ni se recoge prueba alguna. llamar a juicio. Pn.). cuando en la instrucción constare la prueba suficiente del cuerpo del delito y existiere contra el imputado la prueba necesaria de su participación. Tanto para elevar a plenario. 3.).
En nuestro sistema penal no existe propiamente la cosa juzgada como categoría que afecte al reo en cuanto a su condena inamovible. llena las cámaras de apelación innecesariamente y agrava la situación penitenciaria. Cuando el hecho que hubiere dado motivo al sumario no estuviere tipificado en la ley como delito.7. a nombre de la República de El Salvador. Pn. en cualquier estado de la fase de instrucción en que el juez llegare al convencimiento de que el hecho investigado no está tipificado como delito. el sobreseimiento se proveerá al estar suficientemente depurado el informativo (art. concluirá con la parte resolutiva. la persona que deba percibirla y los obligados a satisfacerla. Si la condena hubiere sido por un hecho considerado como delito por la legislación anterior y la nueva ley no lo sanciona como tal. su libertad o la cesación de las restricciones impuestas. según lo haya resuelto la mayoría. dice que si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resultare favorable al condenado se produjere antes del cumplimiento de la condena. El veredicto absolutorio no impide que el juez en la sentencia se pronuncie sobre la acción civil. 4. 3. si fuere procedente.) El sobreseimiento procede en los siguientes casos: 1. Cuando no hubiere prueba suficiente del cuerpo del delito. Esto causa un enorme atraso en la sustanciación de los procesos. al tratar de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Luego los jurados llaman al juez. También en la sentencia condenatoria el juez resolverá sobre el monto de la responsabilidad civil. Cuando resultare exento de responsabilidad el procesado por estar suficientemente probada cualquiera de las causas que excluyen la responsabilidad. La falta de preparación técnica en los conocimientos penales hace que la Fiscalía apele de todo sobreseimiento apelable. declaran solemnemente y bajo la promesa que han prestado. según el caso. 3. sino que sea justa. lo hace el juez. ordenándose.Concluida la votación se hará constar en acta que. se ordenará la inmediata libertad del reo. aunque la resolución del juez no sólo esté apegada a derecho.7.7. el artículo 14 del Código Penal. el juez dictará auto de sobreseimiento. En los demás casos.1. Si no. o apareciere prueba suficiente de que el imputado obró en estado de inimputabilidad o de que está extinguida su responsabilidad penal. que el imputado es culpable o no es culpable del delito que se le atribuye. 5. se condenará al imputado por el delito que haya sido materia del proceso.3. habiendo deliberado los jurados sobre la pregunta sometida a su decisión. 2. o se lo absolverá de culpa por la acción entablada. TÉRMINO DEL PROCESO Sentencia
En la sentencia el juez. cuando fuere el caso. 3. en la que. quien gozará del derecho de rehabilitación. si quiere. 276 Pr. Por la extinción de la responsabilidad penal o por la excepción de cosa juzgada. lea el veredicto. imponiéndole la pena principal y las accesorias que corresponda. deberá el tribunal competente modificar la sentencia en lo relativo a la pena de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley.2.7. o se comprobare la excepción de cosa juzgada. Cuando no existiere contra el imputado la prueba necesaria de su participación. Sobreseimiento
Como ya se ha indicado. 3. 3. quien a su vez llama a las partes y permite la entrada del público para que el presidente. Con esto termina el "juicio oral" en El Salvador.
. En efecto. de apelar de todo. Hay una orden general del fiscal superior.
Esta gracia. entre los cuales está la conmutación. Pn. o ante la correspondiente cámara de segunda instancia. que también pueden cambiar la sentencia ejecutoriada. Cuando la sentencia se apoye en documentos o dictámenes declarados falsos o en declaraciones de testigos condenados por falso testimonio. Cuando alguno haya sido condenado por rapto con desaparición de la víctima. o si así lo prefiere. El recurso se tramita ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El hábeas corpus y el amparo son juicios constitucionales tratados en la Ley de Procedimientos Constitucionales. 5. si se presentare esta o alguna prueba fehaciente de que vive. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Hábeas corpus. 606 Pr. como realmente tratados.8. 3. que de acuerdo con la Constitución corresponde al Ejecutivo. apelación y su interposición de hecho. De plano hay que aclarar que el amparo en la forma como se lo conoce que es conocido en otros países. queja por retardación de justicia. La Constitución misma dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional. Cuando. 3. 4. si la persona agraviada reside en la San Salvador. para nosotros en materia penal está captado en el recurso extraordinario de casación y en el hábeas corpus. casación y revisión. a saber. del hábeas corpus (art. en materia penal no existe el amparo en El Salvador. cómplice o encubridor real por homicidio de una persona que hubiere desaparecido. Procederá también el recurso de revisión cuando se hubiere dictado una sentencia sin aplicar retroactivamente una ley penal más benigna. siempre que no se hubiere recurrido en apelación o casación (art. 3.). en virtud de la cual la pena principal impuesta por sentencia ejecutoriada puede sustituirse por otra menor. Luego pasa a los recursos extraordinarios.8. Cuando conste de modo indudable que el delito sólo pudo ser cometido por una persona y resultaren dos o más personas condenadas en virtud de sentencias contradictorias por el mismo hecho.En El Salvador existen los llamados ocursos de gracia. revocación. como México. El recurso de revisión en El Salvador está diseñado para casos especialísimos. por la conmutación.
. 2. queja por atentado. El hábeas corpus es una acción en el nivel constitucional destinada a proteger la libertad personal. cuando hay sentencia ejecutoria. en los siguientes supuestos: 1. si después de la condena se encontrare a la persona desaparecida.) El recurso de revisión tal como se encuentra en la legislación salvadoreña es para casos límites que pudieran contarse. 174 Cn. entre otras cosas. Por consiguiente. con los dedos de una mano. A continuación se trata de las nulidades. podrá otorgarse a los condenados de toda clase de delitos por sentencia ejecutoriada. conoce los llamados recursos ordinarios y extraordinarios. Los otros ocursos son la amnistía y el indulto. si reside fuera de la capital. Los ordinarios son: explicación y aclaración. o que el condenado no tuvo culpa de su muerte. El amparo se concede para otras materias. El artículo once de la Constitución declara: "Toda persona tiene derecho al hábeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad". a la cual le corresponde conocer.1. o se demostrare que sobrevivió a la desaparición. amparo
Nuestro sistema procesal en materia de impugnación de las resoluciones y sentencias. sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que hagan evidente la inocencia del condenado o la constatación de la existencia del delito. después de la sentencia. Cuando alguno haya sido condenado como autor.
Como dijimos anteriormente. la Fiscalía apela de toda resolución apelable dictada en favor del reo. Apelación
Entendido como el recurso que se le concede a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior. En ambas modalidades conocerá el tribunal que debiera conocer en apelación o casación. Pn. No existe la apelación en general. Pn. Queja
La queja pertenece a los recursos extraordinarios y se divide en queja por atentado y queja por retardación de justicia. Como vimos al tratar del sobreseimiento. la apelación es un recurso ordinario que causa instancia. 3. 3. Estas resoluciones son taxativas en el sentido de que solamente pueden apelarse aquellas a las que la ley expresamente les concede apelación.8. El motivo que se aduce es el temor de incomodar al juez y convertirlo en un enemigo procesal. También podrá iterponerse contra la sentencia que deniegue la suspensión condicional de la ejecución de la pena (art.
. 572.3. es indispensable que se haya reclamado la subsanación de la falta mediante el recurso de apelación o el recurso de hecho. la Corte en pleno conoce de este. para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. Igual cosa sucede con el motivo de quebrantamiento de las formas del proceso. Se otorga de las sentencias definitivas y de las demás resoluciones apelables. En este caso.8. en las causas seguidas por delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo mínimo sea o exceda de tres años de prisión. 568 Pr. desde julio de 1994 hasta la fecha. se debe al empleo que la Fiscalía hace de él. 3.Hubo una época en que este recurso fue utilizado por la Sala para encargarse de causas pendientes ante los jueces. El motivo de fondo es por violación. El recurso se fundamenta en motivos de fondo o de forma.8. 571. El recurso de casación sólo podrá interponerse contra las sentencias y autos interlocutorios definitivos pronunciados por las cámaras de segunda instancia. aunque esta no tuviere lugar. ya sea para resolver en su favor del procesado o para atrasar el juicio al no devolverlo al tribunal de origen sino hasta haber resuelto el problema. La apelación es el recurso más tramitado en la administración de justicia salvadoreña. salvo que el reclamo hubiere sido imposible (arts. al grado de que. Es un recurso extraordinario. los defensores procuran no utilizar el recurso y prefieren ir al jurado a decidir la suerte del procesado. tres o cuatro meses en resolver.). Por ese motivo.2. aplicación indebida o errónea interpretación de la ley sustantiva en una serie de casos que la ley taxativamente enumera. este recurso se tramita poco debido a las dificultades nacidas de la ley misma.4. para admitir el recurso por quebrantamiento de forma. pero también la Sala de lo Penal es lenta en su tramitación. a pesar de que muchos jueces se caracterizan precisamente por su lentitud en resolver. 570. y en la mayoría su tramitación lleva seis meses o más. pero las cámaras de segunda instancia tardan. en algunos casos. según la ley.). esta solamente ha sentenciado un recurso de casación. o por la Sala de lo Penal en su caso.). generalmente de tipo político. en su caso. tomando por asalto el juicio. pero cuando la Sala ha conocido en segunda instancia. 573 y 574 Pr. Cabe comentar que los litigantes no usan estos recursos. Pn. Parte del hecho de que se lo use normalmente. Casación
La casación es otro de los recursos menos utilizados por las partes. señaladas en el Código Procesal Penal. sobre todo el de retardación de justicia. Lo conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 520 y 521 Pr. Es un recurso cuya tramitación. no debería pasar de unos 30 días. El término para interponerse es dentro de los tres días contados desde el siguiente al de la notificación respectiva (arts.
en 1886. Más de la mitad de todas la detenciones de la Policía en El Salvador. Procedimiento de faltas
Corresponde a los jueces de paz el conocimiento de las faltas en juicio oral y público. cuando no proceda el sobreseimiento y el procesado no hubiere sido capturado o se hubiere fugado antes de nombrar defensor.1. 249 Pr. la Policía alega la actual vigencia de aquella Ley de Policía.9. La tramitación es sencilla: El juez recibe declaración indagatoria al remitido por falta e inmediatamente proveerá de auto de libertad bajo caución juratoria. y más que todo "sospechosos" de delinquir detenidos por sus caras y forma de vestir o por estar en determinados lugares. y aun en este caso.9. que en conjunto tratan los mismos casos. como penas principales. Procedimiento abreviado o acelerado El actual sistema procesal penal no conoce ningún procedimiento abreviado o acelerado. Estas son únicamente la prisión y multa. penado por el Código Penal en el artículo 443. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL PROCESO
3. La ley no autoriza esos cobros por supuestas multas. 290 y 292 Pr. pero si dentro del término de la prescripción fuere capturado o se presentare o nombrare defensor. No está de más recordar que la ley dice que a nadie se le podrá capturar por falta si no es en el acto de cometerla.2. y la inhabilitación. Para algunos jefes policiales las faltas han sido fuente de ingresos económicos ilegales. debe derogarse expresamente la antigua Ley de Policía de 1886 y.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Procedimiento contra ausente
Una vez terminada la instrucción. Las faltas están contenidas en el libro tercero del Código Penal. el juez lo pondrá en libertad (art. No obstante. A las personas capturadas por prostitución. Pn.3. ebriedad o disparo de arma. Pn. sino casi solamente a ebrios o escandalosos. Esta ilegalidad ha bajado un poco.Costas judiciales y de la defensa En El Salvador las costas judiciales no pertenecen a la categoría de penas. Cumplido ese término sin que el imputado hubiere comparecido ni nombrado defensor. que no remite a todos los faltistas.
. de una vez por todas.1. La misión de observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL) en varias oportunidades ha señalado que. 3.10. Los imputados por falta ingresan al juzgado de paz por detención de la Policía. el juez lo declarará rebelde y suspenderá el procedimiento.9.) 3. y también es cometida por muchos jueces de paz. el juez dictará nuevas órdenes de captura y lo emplazará por un solo edicto. trasladar la competencia total de esas faltas a las autoridades judiciales. como accesorias. para que se presente a manifestar su defensa. pues le sirve de base para detener a cualquier persona y cobrar multas que la ley no impone.9. si el imputado diere fianza o caución juratoria. la Policía ha cobrado por ponerlos libres el equivalente a unos 20 dólares por persona. son por faltas.3. 3.). cesará la rebeldía y se continuará el procedimiento (arts. con la finalidad de revertir las prácticas de detenciones arbitrarias por faltas de policía. absoluta o relativa. los cuales en realidad constituyen delito de exacción. se dictó una Ley de Policía que tácitamente está derogada por la Ley de Estado Peligroso y por el Código Penal. con 15 días de término. pero se mantiene.10. Hace cien años. 3.
2. cuando decreta o confirma la detención provisional. para ello ordenará el secuestro de estos cuando sea necesario. 130 Pn.Indemnización a la víctima y al perjudicado La ley dice que toda persona responsable de un delito o falta lo es también civilmente. Pero casi ningún juez fija ese monto. tiene derecho a la reparación e indemnización (art. se realicen en los organismos militares donde hubieren sido remitidas (art.Las costas están tratadas como consecuencias civiles del delito.Devolución de los objetos intervenidos Cuando los objetos secuestrados ya no interesen a los fines del proceso. el juez ordenará su comiso. 3. Pn.). 6 Cn. podrá disponerse el depósito de tales objetos en persona responsable.10. es decir. Se supone que los defensores públicos de la Procuraduría General y los de oficio. 187 Pr.4. Pn. tal el caso de los vehículos de modelos recientes acaparados por la unidad policial contra los narcos y por algunos jueces. En cuanto al costo de la defensa. en depósito y a la orden del tribunal en el Departamento de San Salvador. junto a la restitución. como instrumento del delito. en algunas oportunidades.10. Las costas deberán imponerse en la sentencia condenatoria. Recordemos que en el procedimiento tenemos el embargo como medida cautelar. realizan una función social gratuita. sino que condena en abstracto. Si los objetos secuestrados fueren de uso prohibido o de ilícito comercio.). la imprenta. Las armas de fuego de cualquier clase. en El Salvador no se hace efectivo el pago de las costas procesales. serán remitidas de inmediato. Si no se supiere o no compareciere el presunto dueño o poseedor o mero tenedor.3. Los jueces ordenarán que las diligencias que respecto a los objetos decomisados fuere necesario practicar. puestos por el juez. cada imputado hace arreglo económico con su defensor y no existe límite en la cuantía. resolviendo todo lo relativo a la responsabilidad civil. de los tribunales o de la Policía. que hubieren caído en secuestro o fueren remitidos por los órganos auxiliares y las de dotación legal o reglamentaria de la Fuerza Armada u órganos auxiliares. dándoles un uso personal. 3. la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios. previa su valuación y mediando fianza que el juez determinará en consideración de la valuación e importancia de los objetos. Todo el que haya sufrido daño que provenga del delito. 3. la persona que deba percibirla y los obligados a satisfacerla. Los objetos secuestrados o decomisados han sido distraídos. por eso el juez de primera instancia.267 Pr.).
. se entregarán en cualquier estado de este a quien pruebe tener derecho con obligación de presentarlos cuando se le ordene. art.10. ordena el embargo preventivo de los bienes del imputado en cantidad suficiente para que garanticen la responsabilidad civil y el pago de las costas procesales (art. sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento (inciso 2o.).Confiscación. en el resto del país. y no se devolverán a quien los tenía en su poder aunque no llegare a comprobarse la existencia del delito. al Ministerio de Defensa y. decomiso El juez podrá disponer que se conserven o recojan los objetos o instrumentos del delito o sujetos a comiso o que puedan servir como medio de prueba. La Constitución enfatiza en que en ningún caso podrá secuestrarse. a los respectivos comandantes departamentales. en especial los pertrechos o elementos de guerra.
cuyos principios fundamentales son: a) El principio de oficialidad: Este permitirá entender la administración de justicia como una función eminentemente estatal.
. para tal efecto. Aunque prácticamente no ha tenido repercusiones por no estar desarrollado en ninguna ley. la indemnización de perjuicios y las costas procesales (art. en consecuencia.Pn. tanto la policía de investigación como la representación fiscal están en la obligación de promover y ejercer la acción penal hasta que se agote. la reparación del daño causado. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
Tratamos los dos ítemes en este mismo apartado porque de la sola presentación que seguidamente haremos de nuestra reforma. El Dr. La publicidad del debate: Este funciona como un medio directo de participación y control popular del proceso. es comprensible la influencia del Código procesal modelo. El principio de oficiosidad: La promoción y ejercicio de la acción penal corren a cargo de un organismo estatal. oral y público. Alberto Binder ha sido el redactor principal del proyecto de Código Procesal Penal para El Salvador. incorporando un sistema moderno. 131 Pr. dado que en un régimen democrático las decisiones de los jueces son públicas y supervisadas por los ciudadanos.). La comunidad de la prueba: Todo elemento probatorio que haya sido propuesto por la Fiscalía o por la defensa. debe adecuar la realidad ontológica con la noción ideológica que se tiene del hecho. sino también la investigación (policía represiva). no es necesario.1. La identidad física del juzgador: los Jueces que han recibido y evacuado la prueba durante el debate. además proporciona una mayor agilidad y tramitación del proceso. El principio de la legalidad: Dadas las condiciones mínimas suficientes para considerar que un hecho es constitutivo de delito. debe haber una aproximación inmediata. La inmediación: Todos los medios de prueba deben ponerse en conocimiento de los sujetos procesales directa y simultáneamente. PROYECTOS DE REFORMA 4. al percibir las reacciones falsas del testigo. La Fiscalía General de la República estará obligada a investigar e intervenir en todo hecho delictuoso. es importante que desarrolle una labor de amplia investigación para obtenerla.Hemos visto que las consecuencias civiles del delito comprenden: la restitución. proyecto Julio Maier y el Código Procesal Penal de Guatemala. que sea instada o excitada por otro órgano oficial o por particulares. es decir. La nota mediante la que el Ministerio de Justicia presenta en 1994 el Proyecto de Código Procesal Penal a la Asamblea Legislativa. resulta ilegal que conozca de un delito sin ser requerido formalmente por la Fiscalía. La oralidad: Este principio. cuyos autores principales han sido Julio Maier y Alberto Binder. se refiere a la necesidad de modificar íntegramente el proceso penal salvadoreño. 4. El principio de la verdad real o material: El juez o tribunal debe desentrañar la verdad real de lo sucedido. el Estado indemnizará. 17 Cn. La libertad de prueba: En el proceso penal todo puede probarse y por cualquier medio válido. la Constitución impone que en caso de revisión en materia penal. que rige sistema acusatorio y representa el medio original y natural de la expresión del pensamiento humano.). conforme a la ley. por lo que el juez queda inhibido para actuar de oficio y. permite al juzgador una verificación directa de los testimonios. concretable a través de órganos especiales a cuyo cargo está no solo la aplicación de la ley penal o función jurisdiccional (tribunales o jueces). a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados (art. deben ser los mismos que resuelven el asunto. para ello. la iniciativa y mantenimiento de la acción (Fiscalía General de la República) y la defensa pública o de oficio cuando el acusado no designe voluntariamente a un profesional de su confianza. La concentración y continuidad: Entre la recepción de la prueba y el pronunciamiento o fallo judicial. es común a todos los sujetos de la relación procesal.
La inviolabilidad de la defensa: En el procedimiento penal debe estar consagrado el principio constitucional de la presunción de la inocencia y el derecho de defensa.
4. el Proyecto está organizado y estructurado en cinco fases que cumplen objetivos específicos para encontrar la verdad material y ofrecer una mejor administración de justicia penal: 1. En ella las partes tienen expedito el camino para poder controlar la sentencia por medio de los recursos. Fase intermedia. como la lógica. Fase de control del resultado del juicio. que consiste en analizar o criticar. El Proyecto consta de cinco libros. 3. Libro tercero: Procedimientos especiales. cuyos contenidos se distribuyen de la siguiente forma: ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Libro primero: Disposiciones generales. La fundamentación de la sentencia: La sentencia debe estar fundamentada necesariamente en toda clase de prueba que se haya evacuado durante el debate de la fase oral pública. además. En esta última etapa se procede a ejecutar la decisión final del juicio. tiene el propósito de discutir el objeto de la imputación. El in dubio pro reo: Ni la duda ni la probabilidad son suficientes para emitir juicio de culpabilidad contra el reo. Fase de ejecución de la sentencia. y significa que estas deben ser oídas por el juez en igualdad de circunstancias. Fase de instrucción. Fase del juicio. se requiere la certeza. Libro cuarto: Recursos. Su objetivo principal consiste en la adecuada preparación de la acusación o del juicio. Libro segundo: Procedimiento común. la psicología y la experiencia común.
. al imputado no se lo debe obligar a declarar o actuar en contra de sí mismo. 2.l)
La sana crítica: Supone las reglas del correcto entendimiento humano en la mente del juzgador.2. Esta es la etapa más importante del proceso penal. el resultado obtenido de la instrucción. 4. en forma técnica. se les debe permitir la aportación de pruebas pertinentes y útiles. también denominada fase de investigación o preparatoria. así como argumentar lo que estimen necesario para la defensa de sus respectivos intereses. ni exigírsele protesta de decir verdad o presionárlo para aportar prueba de cargo. La contradicción: Este principio es un mecanismo de control de las partes hacia el juez y de las partes entre sí. Libro quinto: Ejecución. por las cuales el juez valorará en el juicio penal cualquier tipo de prueba con absoluta libertad.
Siguiendo la moderna doctrina. por esto. sin que se deban considerar los elementos de juicio llevados al proceso en la etapa de instrucción. 5.
4. Por ningún motivo los otros órganos del Estado podrán arrogarse el conocimiento de las causas. Convenios de Ginebra de 1949. Por ello urge una real independencia de los encargados de administrar justicia. que debe estar instigado con anterioridad.
Art. Legalidad del juez y del proceso
Art. órdenes o intromisiones de personas o sectores. dictada luego de probar los hechos en un juicio oral y público.3. arts. en una misma causa. aunque se trate del conocimiento de un recurso.). El derecho a gozar de la publicidad en el proceso penal se fundamenta en: el art. 12 de la Constitución.3. 14 y 15. Independencia e imparcialidad del juez
Art. 9. El conocimiento de los hechos punibles y el control de la ejecución de la pena y de las medidas de seguridad corresponderá a jueces independientes e imparciales. llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución. 8 n° 5. El Órgano Judicial es el encargado de proteger los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros órganos del Estado. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. el derecho internacional y en este Código. con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y los derechos del imputado. Nadie podrá ser condenado o sometido a una medida de seguridad sino mediante una sentencia firme. 2 del Proyecto. 14 n° 1. La justicia solamente es posible si quienes la administran son respetados. y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. art. art.3. Nadie podrá ser sometido a procedimiento sino conforme a las leyes preexistentes al delito o falta que se le impute. art. ONU. 1 del Proyecto. lo mismo en cuanto al juez. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 13 y 15. OEA. Nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas personas. XVI.3. El artículo 15 de la Constitución indica que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate. y Protocolo Segundo de 1977. Un juez es independiente cuando goza de libertad de decisión sobre los asuntos que a él se someten. Desde el inicio del procedimiento.
PRINCIPIOS BÁSICOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DESARROLLADOS EN EL PROYECTO Juicio previo
4. adicional de los Convenios de Ginebra.4.2. ante un tribunal competente instituido con anterioridad por la ley. tampoco interferir en el desarrollo del procedimiento. arts. 3 n° 1 D. art. art.1. ni la reapertura de las terminadas por decisión firme. 6 n° 2 C. y por los tribunales que previamente haya establecido la ley (Constitución. al derecho internacional y a las leyes.3. 4. sólo sometidos a la Constitución. La garantía de juicio previo implica que la reacción penal del Estado debe ser producto de un proceso regularmente tramitado. art. 4 del Proyecto. las autoridades administrativas y judiciales consignarán en sus actuaciones y valorarán en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado sino también las favorables a él. OEA. Existe legalidad en el proceso cuando se realiza por hechos previstos como delitos o faltas en la ley penal vigente desde antes de verificarse el hecho. cuando puede resolver una controversia sin atender a influencias o presiones. ONU. OEA. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
La Constitución consagra como una garantía fundamental la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial. Asimismo. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 6 n° 2 D. Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que pende sobre el acusado a partir del auto de apertura a juicio público. adicional a los Convenios de Ginebra art. de donde podemos desprender las siguientes observaciones: a) b) c) d) e) f) g) Sólo la sentencia pronunciada luego de un juicio público tiene la virtud de declarar la culpabilidad de una persona. Esa construcción jurídica implica la adquisición de un grado de certeza. y como tal será tratado en todo momento. Principio de inocencia
Art. Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre art. Declaración Univerasal de Derechos Humanos art. 172 y 174 Cn. Al momento de la sentencia sólo existen dos posibilidades: culpable o inocente.3. El imputado no puede ser tratado en ningún momento del trámite procesal como culpable. No hay terceras posibilidades. La culpabilidad debe ser jurídicamente construida.4.). 86.
. rompiendo su estado de inocencia. 4. Todo imputado será considerado inocente. El principio de inocencia es la base de un sistema penal que pudiera calificarse de democráticogarantista. ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable o brindar información sobre ella en ese sentido a los medios de comunicación social. el tribunal podrá regular la participación de los medios de comunicación cuando la difusión masiva pueda perjudicar el normal desarrollo del juicio. mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. La Constitución lo regula en el artículo 12. (Constitución. No obstante. 11. 5 n° 4 y 8 n° 2. 5 del Proyecto. XXVI. conforme a las reglas establecidas por este Código. No pueden existir presunciones de culpabilidad. art. Convención Americana sobre Derechos Humanos arts. hasta esa declaratoria. 14 n° 2. El imputado no tiene que construir jurídicamente su inocencia. 12. La carga de la prueba corresponde a los acusadores. Protocolo Segundo de 1977. tanto en el orden político como en lo funcional (arts.
7 del Proyecto. esta medida se somete al principio de proporcionalidad mencionado. Dicha detención provisional será proporcional a la pena que se espera.3. Esta figura es completamente novedosa en El Salvador en cuanto a las modalidades de su aplicación. cuando exista duda. 4.3. Tal como ahora está diseñada. Las medidas cautelares deben ser proporcionales a la pena o a la medida de seguridad que resulte del procedimiento. Así una detención provisional no debe sobrepasar nunca la amenaza penal máxima que está prevista en la ley. Por las razones anteriores las presunciones sobre la existencia de un hecho o sobre la culpabilidad del procesado no deben operar nunca.
Duda Art. es una medida excepcional basada en el principio de inocencia. Por esa razón. ya que la prisión provisional sin restricciones ha sido de normal aplicación en todos los casos por nuestros jueces. En ningún caso sobrepasará la amenaza penal máxima prevista en la ley. Privación de libertad
Art.6. así como las costas procesales. entre otros. No se ordenará la detención provisional en los delitos de acción privada. Esas presunciones dan por cierto lo dudoso. ni excederá el plazo de 12 meses para los delitos menos graves o de 18 meses para los graves. Su aplicación será excepcional. y únicamente se la autorizará mediante una resolución judicial razonada y por el tiempo que subsista la necesidad de aplicarla. La restricción de la libertad del imputado durante el procedimiento sólo será admisible si existe peligro cierto de fuga.7. en el caso concreto. en los que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando. el juez tendrá que valorarlo considerando la gravedad del hecho. Medidas cautelares
Art. No se podrá someter a nadie a detención provisional si las condiciones carcelarias no garantizan la mínima afectación de la libertad personal necesaria para evitar la fuga. En todo caso la sentencia debe ser motivada y el juez resolverá condenando solamente cuando tenga la certeza de la existencia del delito y de la participación del imputado.3. y por seguro lo simplemente posible o probable. en la indemnización por daños y perjuicios causados al ofendido. debe aplicarse lo más favorable a él. 4. Única persecución
. 6 del Proyecto.
El principio de in dubio pro reo es un producto del principio de inocencia. y siempre que dichos peligros subsistan. cuya consecuencia es que el proceso penal debe iniciarse y seguirse.3. En cuanto al peligro de fuga. el arraigo familiar y social del imputado. es decir.5. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso. estando libre el imputado. Las únicas medidas cautelares aplicables en contra del imputado serán las que este Código autoriza. La duda favorecerá al imputado.8. sea posible la suspensión condicional de la ejecución de la pena. la entidad de la pena esperada. Significa que en todos aquellos casos en los cuales no se tenga la certeza suficiente para probar algo contra el imputado o para condenarlo.4. Las medidas están previstas como personales y reales. 8 del Proyecto. 4. o cuando su libertad ponga en peligro un acto concreto de la investigación.
Art. ya no puede iniciarse otro por la misma causa. Si se sobresee definitivamente en un proceso. producirá el efecto de cosa juzgada. la Fiscalía o los jueces y. Este el principio del ne bis in idem. podrá ejercer todas las facultades que la Constitución. Si no designa un defensor. 4. La sentencia absolutoria firme dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales.3. 11 del Proyecto. El defensor tiene que ser un técnico en la materia. Inviolabilidad del derecho a la defensa. Sabemos que una sola acción delictiva amerita un solo proceso y un fallo único. como tal. el presunto infractor no puede ser procesado de nuevo por ese hecho aunque se presenten pruebas que lo vinculen como responsable.Art. a la presunción de inocencia. a la pronta y cumplida justicia. Si el imputado está privado de libertad. las peticiones u observaciones que aquel formule. Tendrá calidad de imputado toda persona señalada como autor o partícipe de un hecho punible ante la Policía. Si se dicta sentencia absolutoria. Todo imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del procedimiento penal hasta el fin de la ejecución de la sentencia.12.9. El imputado podrá defenderse por sí mismo. Como sabemos. del mismo hecho y del mismo motivo de persecución. El imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas. un abogado. etc. a no ser obligado a declarar contra si mismo. 12 del Proyecto. en el proceso penal moderno el derecho de defensa es ejercido tanto por el defensor como por su patrocinado. a petición y respuesta. el derecho internacional y este Código establecen. dentro de las 24 horas siguientes. 4. a ser juzgado por tribunales establecidos por la ley dentro de un plazo razonable. se solicitará de inmediato el nombramiento al Procurador General de la República. independientes e imparciales. a ser informado del motivo de su detención y de sus derechos.10. 10 del Proyecto. 4. En este caso el abogado defensor se limitará a garantizar la eficacia de la defensa técnica. Defensa material Art. 4. a la audiencia. a ser juzgado por tribunales competentes.3. Se debe tratar de la misma persona. sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por la autoridad correspondiente. cualquier indicación judicial o administrativa que señale a una persona como posible partícipe de un hecho punible ante alguna de las autoridades encargadas de la persecución penal que este Código establece. el encargado de su custodia transmitirá al juez.3. Toda violación al derecho de defensa producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento en que ella se haya realizado. inhumanos o degradantes. Nadie será perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. a no ser enjuiciado dos veces por la misma causa. cuando perjudique el curso normal de los actos o del procedimiento. y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor. 9 del Proyecto. a la igualdad ante la ley y los tribunales.11. a no ser detenido arbitrariamente. Defensa técnica Art. a la protección contra torturas o tratos crueles. a disponer de un juicio público. desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.3. Se entenderá por primer acto del procedimiento. y el defensor público que se nombre deberá apersonarse dentro de las ocho horas de recibida la solicitud. Derecho a intérprete
. Será inviolable la defensa en el procedimiento. Este derecho será irrenunciable. El imputado puede exigir respeto: al principio de legalidad.
13 del Proyecto. raza. 5. A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. 16 del Proyecto. A participar en la vista pública. Al cónyuge. No se utilizará información obtenida mediante torturas. el derecho internacional y en este Código. su defensor. controlante o vinculada. amenazas. Ella es quien sufre la lesión del bien jurídico. Ahora se le confiere el derecho a ser informada. aun cuando no haya intervenido en el procedimiento. Igualdad Art. tendrán la misma posibilidad de ejercer durante el procedimiento las facultades y derechos previstos en la Constitución. el imputado. 2. 3. en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos.3. A los socios. Legalidad de la prueba Art. administren o controlen. Si el imputado no quisiera o no pudiera nombrar a un intérprete.3. el querellante.13. conforme a lo establecido en este Código. malos tratos. aun cuando no haya intervenido en él. El artículo 3 de la Constitución señala que todas las personas son iguales ante la ley. y a constituirse en actor civil o querellante. Siempre mereció ser reconocida por la ley.15. siendo directamente afectada por el delito. A impugnar el sobreseimiento definitivo o la absolución. siempre que el objetivo de la asociación se vincule directamente con esos intereses. según se estipula en este Código.3. 14 del Proyecto. sexo o religión. 4. Cuando no haga uso de ese derecho. cometidos por quienes la dirigen. respecto de los delitos que afecten a una sociedad. El imputado que no comprenda correctamente el idioma castellano tendrá derecho a elegir a un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista como auxiliar en todos los actos necesarios para su defensa. 4. A las asociaciones. A intervenir en el procedimiento penal. sus representantes y los demás intervinientes. se designará de oficio a un traductor o intérprete dentro del mismo plazo establecido en el artículo anterior. Se considerará víctima: 1. coacciones.
. engaños o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. A ser informada de los resultados del procedimiento. la autoridad que conozca le asignará a un traductor o intérprete desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia. siempre que ella lo solicite. al compañero de vida o conviviente. La víctima tendrá derecho: 1. 4.Art. pues nunca ha sido extraña al proceso. Este derecho es consecuencia directa del principio de defensa técnica. 17 del Proyecto. y que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad. 4. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si se han obtenido por un medio lícito e incorporado al procedimiento conforme las disposiciones de este Código. 2. o por quienes dirijan o administren una sociedad controlada. Derechos de la víctima. Por primera vez en la legislación penal salvadoreña se hace un reconocimiento de la víctima y sus derechos. Art. 4. Al directamente ofendido por el delito. Los fiscales. al hijo o padre adoptivo. a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero testamentario. o sus gerentes.14. 3. La víctima Art. en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. 15.
Por eso el Órgano Judicial debe mantener una sostenida capacitación de los jueces y empleados que administran justicia penal. Indudablemente surgirán problemas y nudos gordianos cuando se trate de echar a andar la ley. por costumbre. 5. Nuevamente resurge el poder de la Policía para orientar el curso del proceso. Es obligación de los involucrados entregarle a la Fiscalía esa función que por decreto le quitó el Ejecutivo y que ocultaba el
. III. ni del Proyecto. Tal como se ha relatado en los principios básicos y garantías constitucionales. que deberá dirigir la investigación de los delitos y promover la acción ante los jueces. no cabe la menor duda de que es un instrumento efectivo que garantiza la protección de los derechos humanos. para quedar tal cual se lo presentado a la Asamblea Legislativa. El derecho de defensa les parece un exceso de magnanimidad de la ley. II. desde antes de que el Código entre en vigencia. CONCLUSIONES I. realizaban investigaciones que atropellaban y afectaban los derechos humanos. Tampoco con recortar las ilegalidades de la Policía. Esta capacitación deberá considerar que todos los jueces han recibido más de una decena de cursos teóricos con maestros de altos conocimientos académicos. por ello. Los cambios se enuncian en los principios que inspiran al Proyecto. Por el momento. o por la forma como ha sido obtenida. de palabras nada más. principalmente en los delitos contra la propiedad. La prueba ilícita acarrea nulidad del proceso. así como en la referencia a la estructura del Proyecto. o por la manera como se la incorporó al proceso. y como lo hemos reseñado anteriormente. No es posible que los jueces de instrucción desde el primer momento capten la dirección del Código y se desacostumbren a no ser ellos los que sentencien en definitiva. Esta disposición impide la ilicitud de una prueba dentro del proceso. GARANTÍA NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO PENAL SITUACIÓN EFECTIVA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO PENAL PROPUESTAS DE REFORMA
Como ya se dijo. sin que se haya movido una sola letra del texto constitucional. pues muchas de las nuevas regulaciones nunca antes se han aplicado. debe arrancarse de inmediato con una capacitación de praxis judicial. pues creen que esta debe seguir siendo dura con los detenidos y tener capacidad ilimitada de investigación. la Fiscalía dirige tal investigación. creen que el Proyecto fracasará. Creemos que es cuestión de pocos días para que el Congreso apruebe el nuevo Código Procesal Penal. la Fiscalía ha perdido la dirección de la investigación del delito. el Proyecto será una "debilidad de la ley". Temiendo quedarnos cortos. Es previsible que algunas innovaciones posiblemente problematicen el desenvolvimiento del proceso. señalamos puntos neurálgicos cuyo remedio debe preverse: a) El ejercicio de la acción penal en manos de la Fiscalía. relatados anteriormente. Se ha discutido el Proyecto en decenas de encuentros y reuniones. por lo que el juzgador inmediatamente debe poner en libertad al imputado detenido. Esta trae cambios que tocan los principios autoritarios de algunos funcionarios públicos que normalmente. ya sea por tener en sí el vicio. en el cual. Para algunos grupos de gran poder económico.Tampoco será utilizable un elemento de prueba obtenido en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito. pero sin práctica judicial. sobre todo cuando se trate de delitos contra la propiedad y la niñez. No estarán de acuerdo con el respeto a los derechos de los imputados. en El Salvador existe la voluntad de todos los involucrados en la administración de justicia para efectuar el cambio. En fin.
2. b) El ejercicio del principio de oportunidad. en compañera de viaje del abuso policial. poseen la cultura de la "oportunidad". la cual posiblemente. 238 Proyecto). a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones. c) La prueba. se presuma que no será posible incorporar durante la vista pública. y mucho menos los fiscales. En lo principal. excepto los prohibidos expresamente por la ley. su presentación y anticipo. Si el juez considera conveniente la aplicación de alguno de estos criterios. se recibirá la prueba comenzando por los dictámenes periciales. Las nuevas concepciones del Proyecto implican un cambio total que rompe con la tradición
. como consecuencia directa del hecho. así como cualquier prueba obtenida a partir de aquella. Esta situación acarreará un quiebre en las relaciones entre los jueces y la Fiscalía. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia. en los casos siguientes: 1. Cuando el imputado haya sufrido. cualquiera de las partes podrá requerir al juez que lo realice. Cuando la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a la pena ya impuesta. sirve para condenar. Cuesta imaginarse a la Fiscalía solicitando el principio de oportunidad. pericia o inspección cuya naturaleza o características los haga considerarse como actos definitivos e irreproductibles. por no poder hacer otra cosa. en cuanto a las diligencias iniciales de investigación referidas a las actuaciones de la Policía. por algún obstáculo difícil de superar. En este momento todos los fiscales tienen orden de sus superiores de apelar de cualquier resolución en favor del reo. El Proyecto trae un cambio total admitiendo ese principio de la siguiente forma: “En las acciones públicas. en definitiva. En seguida se procederá al interrogatorio de los testigos y a presentar el resto de la prueba. el fiscal podrá solicitar al juez que se prescinda de la persecución penal de uno o varios de los hechos imputados. y. lo que. 3. o cuando deba recibirse una declaración que. El juez no aplicará un criterio de oportunidad sin el acuerdo del fiscal. el anticipo de prueba indica que cuando sea necesario practicar un reconocimiento. no afecte el interés público. levantada en acta y remitida a los tribunales con las declaraciones de testigos y demás probanzas. Hasta este día toda la prueba de los procesos penales gira en torno a la confesión del reo. El Proyecto admite todos los medios de prueba. aunque sea de una insignificancia manifiesta. quien dictaminará dentro de los tres días siguientes. Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave. o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. por lo exiguo de la contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad. El Proyecto. solicitará la opinión del fiscal. respecto de uno o algunos partícipes o se limite a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles. 4.hecho de que esa prepotencia policial fue uno de los motivos por los cuales hubo guerra en El Salvador. sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal de quienes las reciban o utilicen (art. después de que declare el imputado. es claro al afirmar que cualquier declaración del imputado ante los policías que contenga una confesión expresa o implícita de los hechos imputados. un daño físico o moral grave. En la vista pública. reconstrucción. así." Ni los jueces. serán absolutamente nulas y no podrán utilizarse en el procedimiento. dará por válidas muchas actividades policiales y se convertirá.
por romper con toda una costumbre de encarcelamientos. autor o partícipe de un delito. los requisitos siguientes: 1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que el imputado es. después de oído el imputado. la reforma procesal penal en El Salvador posibilita la protección de los derechos humanos. Mención especial amerita la detención provisional en el Proyecto. pidiendo anticipos para evitar la presentación de la prueba en la vista del juicio. de un acto concreto de investigación. El auto que autoriza la detención provisional fundará expresamente cada uno de los presupuestos que la motiva. pero en aquellos casos en que el testigo. elementos materiales que le permitan desarrollarse y técnicos en la materia que la activen. en forma conjunta. Estas solo se impondrán mediante resolución judicial fundada y durarán el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación. de la existencia de peligro de fuga o la posible obstaculización. muchas veces ilegales. con probabilidad. por parte del imputado. d) Las medidas cautelares. Precisamente por esa razón su implementación necesitará vocación humana. Para precaver esta posible violación. en que la Fiscalía y la Policía tratarán “de meterse por la ventana de atrás” de la justicia. Por lo expuesto en este documento de trabajo.
. deberá presentarse en la audiencia so pena de no ser válido el anticipo. por apreciación de las circunstancias del caso particular. 2) La presunción suficiente. el allanamiento y las cauciones. principalmente. cuando medien. Tales son todas las clases de detención. deberán tener por válido e incorporado al juicio todo anticipo de prueba que en la audiencia del juicio siga conservando sus motivos. esté en el país o el suceso fatal no suceda. La nueva regulación establece que se podrá ordenar la detención provisional.Especial cuidado deberá tenerse con el anticipo de prueba.
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