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Google, Imágenes y la Propiedad Intelectual como excusa | Tuesday 14 October 2008
Entre tantas noticias de la crisis económica, hoy se ha mezclado una que dice así: “Google pierde dos juicios en Alemania tras considerarse que los thumbnails de “Google Images” son ilegales”, en donde se relata precisamente eso, que el Tribunal Regional de Hamburgo ha considerado que Google infringía los derechos de propiedad intelectual de un fotógrafo y de un ilustrador de cómics, al mostrar reproducciones en miniatura de sus creaciones en Google Images.
Las sentencias pueden llamar la atención, y los medios americanos que se hacen eco de la noticia se asombran de la misma, pero los que conocemos las leyes y las directivas de nuestro continente no nos sorprende lo más mínimo ya que según nuestras leyes, prácticamente cualquier reproducción que se haga de una obra requerirá el consentimiento del autor de la misma.
Hace un par de semanas comentaba cómo las leyes de propiedad intelectual se usaban para evitar la crítica ajena, y en este caso, se utilizan para evitar el acceso a unas obras que se hallan igualmente disponibles en Internet. Es el problema de utilizar la propiedad intelectual, no para fomentar la creatividad y el progreso de las artes (como prodiga la Constitución americana), sino para dilapidar servicios útiles para la sociedad que no suponen un perjuicio para los creadores.
¿Es diferente EE.UU. de Europa?
Mucho, no sólo porque allí tienen la defensa del “fair use”, sino porque en 2002 hubo allí una resolución (Arriba v. Kelly, que analicé en el podcast hace un par de años) que se estudia en todas las escuelas de derecho, en la que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que el uso por parte de buscadores de thumbnails entraba dentro del “fair use”. Para refrescar la memoria, para que una persona pueda acogerse a esta defensa, el tribunal debe valorar los siguientes extremos:
– La finalidad de la utilización de la obra
– la naturaleza de la obra utilizada
– la cantidad y sustantividad utilizada
– el efecto de dicha utilización en el mercado potencial de la obra utilizada
Gracias a esta section 107 del Copyright Act, se puede garantizar de mejor forma el ansiado equilibrio entre la protección de los autores y el acceso a la cultura por ser éste un mecanismo más dinámico y flexible.
Como decía, en Europa no tenemos esta defensa, y las tasadas excepciones que nos ofrecen las leyes tampoco dan para mucho más, como el artículo 31.1 LPI que, para reproducciones técnicas provisionales dice:
Este límite está pensando en Internet y en las transmisiones que se realizan a través de los nodos de esta Red, pero no creo que el mismo pueda servir para un caso como éste por la exigencia de provisionalidad y transitoriedad de la reproducción.
Google ya ha anunciado que apelará la sentencia, aunque viendo los límites tasados por la Ley y la “regla de los tres pasos” con la que se deben interpretar dichos límites, como digo, poco margen creo que tendrá un tribunal para darle la razón a Google.
Creo que se debería iniciar un debate para adaptar a nuestra legislación la doctrina del “fair use” y así traer “justicia” a los usos razonables en Europa de obras protegidas. Si no, mal nos vemos.
Copyright Derecho Internet Juicios LPI
Telecinco contra todos | Wednesday 1 October 2008
Sé que es algo tarde ya, y aunque lo he intentado, al final la semana pasada no puede publicar mi opinión sobre la Sentencia de Telecinco contra LaSexta, por la que un juez de lo Mercantil de Barcelona ha condenado a esta última a cesar la emisión de extractos de programas de la primera (la noticia, creo, es de sobra conocida).
David Maeztu hizo un acertado análisis sobre la sentencia, incluso cuando aún no la había leído, y además de confirmar todo lo que afirma David sobre los aciertos y fallos del juez, entiendo (con todo mi respeto) que la estrategia tomada por los abogados de La Sexta ha sido parcialmente errónea.
Los hechos son conocidos por todos: La Sexta, a través de diferentes programas de televisión (Sé Lo Que Hicisteis…, El Intermedio y Traffic TV), explotaba fragmentos de emisiones de la cadena Telecinco sin su autorización, si bien, entiendo, estas explotaciones se hacían de diferente forma: para entretener, en el caso de Traffic TV, y para criticar o citar, en el caso de “Sé lo que hicisteis…” y “El Intermedio”.
Comenzar recordando que la Ley de Propiedad Intelectual confiere derechos exclusivos a los entes de radiodifusión sobre sus emisiones (art. 126), y a los productores de grabaciones audiovisuales sobre las mismas (art. 120). Por este motivo, un análisis apriorístico sobre la cuestión nos podría llevar a pensar que cualquier utilización de dichos contenidos debía estar sujeta a la previa autorización del titular de los mismos.
Sin embargo, es siempre imprescindible acudir a los límites recogidos en Título III del Libro I para comprobar si alguno de ellos se podría aplicar al caso en cuestión, cosa que hicieron los abogados de la demandada que alegaron estar ante un caso de cita (art. 32), de trabajos y artículos sobre temas de la actualidad (art. 33) y de información de actualidad (art. 35).
Supongo que la defensa de La Sexta alegó los artículos 33 y 35 LPI en un intento de aferrarse a cualquier límite, no dándole al artículo 32 LPI (cita) la importancia que creo que se merece. Tal y como denunciaba David, el límite (o “derecho”) de cita tiene una redacción tremendamente limitada en nuestra Ley, que únicamente permite la inclusión de obras ajenas en una propia siempre que se cumplan fines docentes y de investigación, algo que el juez de este caso rechaza que halla en este asunto.
El Convenio de Berna, en sus artículos 9.2 y 10.1, permitía a los Estados firmantes la facultad de permitir la reproducción de obras, siempre y cuando se realizase en casos tasados, que no afecte a la normal explotación de la obra, y que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga. Nada dice el Convenio de Berna que esta cita se deba realizar en ámbitos o para fines docentes o de investigación.
En el mismo sentido iba la Directiva 2001/29/CE, cuyo artículo 5.3 permite a los Estados Miembros establecer limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos de los autores, y en especial, su punto d) que especifica:
Y finalmente llega la Ley española, artículo 32.1 mediante, que exige que para que exista esta cita, debe haber fines docentes y de investigación, impidiendo que la cita se realice, por ejemplo, para la crítica de la obra en otros ámbitos, por ejemplo en una televisión o en un blog.
Además, y tal y como apuntaba David, existe un conflicto entre el derecho a la propiedad (intelectual, en este caso) y el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (audiovisual, en este caso), todo ello a tenor del artículo 20 de la Constitución. Además, este derecho del 20.1.a) se complementa con el derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información veraz del punto d.) del mismo artículo. El Tribunal tenía la obligación de valorar este conflicto y seguir la tendencia del Tribunal Constitucional de hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información sobre otros derechos como el de propiedad.
Pero me quiero detener un momento en el “derecho de cita”, tan limitado en nuestro país por el legislador, aunque parcialmente ampliado posteriormente por la jurisprudencia. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de octubre de 2002, y otra de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de diciembre de 2003 vinieron a ampliar los fines a los que se refiere el artículo 32.1 LPI, para permitir la cita no sólo para análisis, comentario o juicio crítico, sino también para ilustrar una obra (uno de los casos era un libro de texto en el que se había utilizado el Guernica de Picasso para ilustrar la Guerra Civil Española, no haciéndose una crítica al propio cuadro, y considerando el tribunal que esa inclusión en la obra en concepto de cita).
En este caso, como digo, yo hubiese incidido en este límite a los derechos de propiedad intelectual, alegando que la limitación del 32.1 LPI de fines docentes y de investigación impide el legítimo ejercicio del derecho a la información por no poder criticar obras realizadas por terceros si no es en tales ámbitos tan restrictivos.
Esta explicación tiene cabida para la utilización de las imágenes para su crítica en programas como SLQH; para los típicos programas de “zapping”, entiendo que no cabe la cita (ni debería caber) por el evidente fin comercial de la utilización de la obra, por lo que habría que pedir autorización a cada titular de derecho de cada grabación incorporada a este programa. Esto, lógicamente, es una labor imposible cuando hablamos de programas de 45 minutos, con cientos de fragmentos de imágenes, cada uno con su respectivo titular de derechos.
Este maremagno de autorizaciones se podría solventar a través de una gestión colectiva de las grabaciones audiovisuales, a través de EGEDA, que a día de hoy apenas gestiona la copia privada y unas cuantas obras cinematográficas (no permite gestionar programas de televisión).
A día de hoy, SLQH sigue emitiendo imágenes de Telecinco, aunque menos que antes, y La Sexta ya ha manifestado su decisión de recurrir la sentencia, que como no incida en la amplitud del derecho de cita y a la libertad de información, poco veo que pueda hacer. Además, ayer leí que Telecinco ha decidido retirar la demanda que tenía contra Cuatro, con quien ha llegado a un acuerdo para la explotación mutua de contenidos (supongo que sin permitir la crítica).
Al final, es una lástima que se utilicen estos derechos de propiedad intelectual para evitar la crítica ajena.
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Artículo sobre Redes Sociales y Propiedad Intelectual en la Revista TELOS | Saturday 23 August 2008
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Cablevision y la Realización de Copias Remotas | Tuesday 5 August 2008
Un día después de hablar sobre cómo se pueden llevar las leyes de propiedad intelectual al extremo, todo Internet da cuenta de un caso que, aunque justificable, introduce este tipo de radicalismos que criticaba en el post de ayer.
Ayer se publicó la sentencia del caso Cablevision, un asunto del que he seguido su íter procesal, y por el que diferentes productoras y cadenas de televisión americanas demandaban a un proveedor de cable por poner en el mercado un DVR carente de disco duro ya que el mismo se encontraba en sus instalaciones, lo que le facilitaba ofrecer a sus clientes diferentes ofertas (dependiendo de la capacidad de almacenamiento contratado), así como le permitía sustituir un disco duro defectuoso sin tener que desplazarse al domicilio del abonado. Lo que en principio podía parecer un hecho intrascendente (ya que sólo se produce una traslación de la localización física del disco reproductor), la realidad es que había muchos aspectos de propiedad intelectual implicados, tanto que han dado para un procedimiento judicial realmente interesante.
Los hechos contrastados y descritos en la sentencia son los siguientes: Cablevision implementó un sistema de grabación remota de programas de televisión y películas que eran emitidas en las cadenas que facilitaba a través de su servicio de suscripción, por el cual los decodificadores que tenían en sus casas los abonados no contenían un disco duro donde registrar los programas, sino que los mismos estaban en racks en las instalaciones de Cablevision, lo que, como digo, era más operativo para ésta. El sistema funcionaba así: Cablevision, a través de un sistema denominado Broadband Media Router (BMR), realizaba un registro intermedio (buffer) y reformateaba los contenidos recibidos de las canales de televisión, para enviarlo a un segundo sistema llamado “Arroyo server” que consistía en dos buffers de datos y en un número de discos duros de gran capacidad. Cuando un usuario solicitaba desde su mando a distancia la grabación de un programa, los datos de dicha emisión pasaban del buffer primario al secundario, para después registrarse de forma permanente en una porción de cualquier disco duro. Este sistema garantizaba que el programa se grababa desde el mismo momento que el usuario presionaba el botón de grabación, evitando así el desfase que podría existir entre la acción, la recepción por el decodificador y posterior envío al sistema BMR.
Cablevision notificó a los canales que iba a poner este sistema en marcha, sin que les instase a alcanzar un acuerdo de licencia por entender que dicha actividad no implicaba cuestión legal alguna. Los demandantes parece que no lo entendieron así, ya que presentaron una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en base a los siguientes puntos:
1. Infracción de su derecho de reproducción por las reproducciones intermedias (buffer), ya que la demandada copiaba su señal en el sistema BMR (durante 0.1 segundos).
Aunque el juez del distrito le dio la razón a los demandantes, considerando que existía una reproducción de obras protegidas, la Corte de Apelación lo niega ya que, en base a lo establecido en la Section 101 del Copyright Act, existen copias cuando hay fijaciones de obras, y hay fijaciones cuando, entre otros requisitos, se realizan “por un periodo mayor a una duración transitoria“. Es decir, que como en este caso, la reproducción de forma singular dura apenas 0.1 segundos, no existe esa duración permanente que exige la ley americana.
Entiendo que un tribunal español hubiese llegado a esta misma conclusión en base al nuevo artículo 31.1 LPI, sobre reproducciones provisionales. (Éste es el extremo que nombré al principio del post)
2. Infracción de su derecho de reproducción por las fijación permanente de los registros intermedios. Es decir, como expliqué antes, cuando un usuario solicita una grabación, la copia intermedia pasa a enviar la señal (que contiene el programa audiovisual) a los discos duros de Cablevision, que fijan la obra de forma permanente para que pueda ser accedida por dicho usuario cuando lo requiera.
Este es el punto más interesante del asunto, en el que se debe determinar quién es el “copista” de todo el procedimiento, es decir, si la copia la realiza el usuario o Cablevision, porque de ello dependerá si estamos ante un acto ilícito o no. En primera instancia, el tribunal consideró que el acto lo realizaba Cablevision, aunque a petición del usuario, tal y como podía ocurrir en una copistería. La Corte de Apelación parece estar también en desacuerdo y considera que hay que tener el cuenta la conducta volitiva en todo el procedimiento, diferenciando el caso de la copistería, en la que una persona humana de forma volitiva maneja los equipos para realizar la copia -constituyéndose por lo tanto en “copista”-, del caso de Cablevision, en el que de forma automática obedece determinados comandos, no estando inmersa en conducta volitiva alguna.
Por este enrevesado razonamiento, el tribunal considera que quien efectivamente realiza la copia es el usuario, y no Cablevision, que apenas tiene control sobre la misma como lo podría tener en otros sistemas de video-on-demand. En consecuencia, considera el tribunal que no hay responsabilidad directa de la compañía, y por lo tanto deniega las pretensiones de las demandantes.
En España este asunto también se hubiese resuelto de forma diferente, gracias o por culpa de un Real Decreto parcialmente derogado y olvidado por muchos, el 1434/1992, que establece lo siguiente:
Aunque este artículo estaba pensando en las copisterías y la inexistencia de copias privadas en las mismas, incluso en máquinas utilizadas directamente por los usuarios, creo que podría ser de aplicación al caso y considerar un tribunal que Cablevision realiza reproducción para el público.
3. Transmisión de las grabaciones remotas realizadas. Como dije, una vez fijada la emisión en los servidores de Cablevision, ésta, a petición del abonado, enviaba las mismas a su decodificador, lo que según los demandantes era una vulneración de sus derechos de comunicación pública. En este punto debo hacer un inciso y es que en EE.UU. el término genérico de “comunicación pública” no existe, ya que dichos actos se desglosan en otros diferentes, y el que aquí nos importa es el de “public performances“. Según el Copyright Act, ésta ocurre cuando se transmite una obra a un lugar abierto al público o directamente al público, sin importar que la obra se reciba en un mismo sitio o no.
Cablevision se defendió argumentando que, primero, eran sus clientes y no ellos quienes realizaban la transmisión, y segundo, no había un “público” en los términos de la ley ya que se enviaba a un único subscriptor. Aquí el tribunal de nuevo revoca lo sostenido por el juez del distrito, construyendo otra enrevesada argumentación que diferencia la “transmisión” de la “obra” contenida en ella. Según el tribunal de apelación, la comunicación existente entre Cablevision y el usuario es privada, por lo que no se estaría dentro de la definición de “public performances” de la Section 101 del Copyright Act, lo que va en conexión con el punto anterior ya que considera que al ser el usuario el “copista”, Cablevision no tenía copia que transmitir (lo cual se exige en la definición de “public performance“).
En este punto, nuestro artículo 20 LPI define como comunicación pública “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”, siempre y cuando no “se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo“. El acto que realiza Cablevision no se celebra en un ámbito doméstico y además está conectado a una red de difusión, pero me entran dudas sobre qué diría un tribunal español ya que la obra debe ser comunicada a “una pluralidad de personas”, y en este caso sólo el subscriptor recibiría la misma. Si consideramos cada abonado como una transmisión singular, entiendo que no se cumplen los requisitos de este artículo, pero si apreciamos la actividad como un todo (que es como se hace en la red Internet, con una comunicación de punto a punto), entiendo que sí existe dicho acto.
La sentencia ha sido absolutoria lo que provocará, probablemente, que los demandantes recurran al Supreme Court, que espero que dé unos argumentos más convincentes que los de la Corte de Apelación.
Me consta que un sistema parecido se planteó en España, decantándose finalmente algunos operadores por DVRs con discos duros incorporados u otros como Telefónica, por ofrecer un servicio autorizado por las cadenas por el que el operador de cable realiza directamente y sin petición del usuario, las reproducciones de las emisiones, para que sus abonados puedan acceder a las mismas en el momento que lo deseen.
Podéis consultar una copia de la sentencia aquí, 44 páginas de lectura no recomendada para cualquier tarde de playa.
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Barbie, Bratz y el “work for hire” | Sunday 20 July 2008
Esta semana, tanto la prensa especializada como la generalista han reportado el desenlace de “Barbie v. Bratz“, una batalla que se libraba no sólo por ver quién era la “chica más popular del instituto” (o de la juguetería, mejor dicho), sino por ver quién debía tener los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, si MGA Entertainment Inc. o Mattel. Lo cierto es que leí sobre este caso por primera vez hace unos meses en la versión impresa del Wall Street Journal y he estado esperando a la resolución para hacer un post sobre un asunto que creo que es divertido e interesante.
Los hechos fueron los siguientes: Carter Bryant era un empleado de Mattel encargado de diseñar vestuario para muñecas hasta 1998, momento en el que dejó la compañía y se fue de vuelta a casa de sus padres en Springfield, Missouri; durante el periodo que estuvo en casa de sus padres Bryant estuvo buscando la inspiración para la siguiente “gran muñeca”, llegándole la inspiración al pasar por el Kickapoo High School de su ciudad y comprobar cómo había evolucionado la manera de vestir, de peinarse y de comportarse de las nuevas generaciones de niñas.
Un año más tarde, Bryant regresó a Los Ángeles para firmar un nuevo contrato para Mattel para trabajar en la línea de vestuario de Barbie, aunque mientras tanto seguía con su idea de la nueva muñeca, hasta el punto de que en septiembre de 2000 se tomó un día libre para ir a hablar con MGA, la competencia, para presentarles su proyecto, relación que se materializó un mes más tarde cuando Bryant se fue a trabajar a esta compañía.
Uno de los primeros bocetos de Bryant sobre la Bratz
Las Bratzs salieron a la venta en 2001, siendo el éxito de ventas que todos conocemos; en 2002, un directivo de Mattel recibió una carta anónima que afirmaba que la muñeca Bratz se había concebido y desarrollado mientras Bryant trabajaba en Mattel, con las consecuencias jurídicas que luego veremos. Una vez las ventas de la Barbie empezaron a desplomarse, Mattel decide en 2004 contratar a un servicio de detectives privados para investigar el asunto y posibles pruebas sobre lo afirmado en dicha carta de 2002.
Finalmente, Mattel opta por demandar a Bryant al considerar que los derechos de la muñeca Bratz deberían ser suyos al haberlo creado el último mientras trabajaba para Mattel, existiendo una relación “work-for-hire”. Más adelante, en 2005, Mattel amplía la demanda para incluir a MGA y a su consejero delegado, lo cuales reconvinieron (contra-demandaron, para los legos en derecho) alegando que Mattel había modificado el diseño de sus muñecas para parecerse a la Bratz. Mattel y Bryant llegaron finalmente a un acuerdo, no así MGA y su consejero delegado, que continuaron con el proceso cuyo resultado se conoció esta semana.
Entre todas las diferencias que hay entre el sistema continental de propiedad intelectual y el anglosajón de copyright (especialmente el Americano), la más importante por afectar al núcleo de esta rama del derecho es que para los europeos, sólo una persona física puede ser autor, mientras que según el Copyright Act americano, una empresa puede ostentar la condición de autor por las obras creadas por sus empleados. Es lo que se conoce como el “work made for hire” o “work for hire”.
Mediante una relación “work for hire”, la persona que encomienda la realización de una obra recibe automáticamente la categoría de autor, en detrimento del verdadero autor, como veis, algo inconcebible desde nuestra perspectiva personalísima del derecho de autor. Según la section 101 del Copyright Act, hay dos situaciones en las que nos podemos encontrar ante un work for hire:
Un trabajo realizado por un trabajador dentro de su relación laboral
Un trabajo contratado con un autor independiente (un freelance), siempre y cuando la obra haya sido expresamente encargada por el contratista, que ambas partes pacten antes de empezar la obra que la relación será de work for hire; y que la obra sea una de las siguientes: una traducción, una contribución a una obra audiovisual, una contribución a una obra colectiva, un atlas, una base de datos, y determinadas obras literarias secundarias (test, respuestas a test, etc.)
Aunque generalmente se suele decir que en EE.UU. no existen los derechos morales (lo afirman incluso los profesionales del sector), esto no es del todo cierto ya que este país tuvo que reconocer -aunque parcialmente y sólo para artistas plásticos fuera de una relación “work-for-hire”, lo que en muchas ocasiones deja este derecho moral vacío de contenido- el derecho moral para entrar dentro del Convenio de Berna. Es por este motivo por el que allí es perfectamente válido considerar a un empleador el autor originario de una obra creada por sus empleados, a diferencia de Europa, que sería considerado el titular derivado de los derechos de propiedad intelectual, con la amplitud marcada en la Ley y en el contrato entre ellos.
Esto tiene una repercusión no sólo en quién tendrá el status de autor sino también en quién tendrá los derechos sobre la obra y la duración de la protección de la misma, que será 95 años desde la publicación ó 120 años desde la creación, lo cual ocurra antes.
Volviendo al caso de Barbie vs. Bratz, la clave estaba entonces en probar que existía dicha relación laboral (es decir, el status de “work-for-hire”) cuando Bryant creó los bocetos básicos de la Bratz, ya que, en tal caso, sería Mattel la verdadera autora de la muñeca y no Bryant ni MGA. Y así lo ha considerado el jurado de la Corte del Distrito de Riverside (California), que ha entendido que lo que Bryant hizo fue ir a MGA con las ideas y bocetos que había realizado durante su relación laboral con Mattel, aunque la inspiración le llegase en un periodo anterior.
La situación es ahora compleja, aunque supongo que MGA recurrirá la sentencia. Si no lo hace, tendría que dejar de comercializar las muñecas tal y como se había venido haciendo hasta ahora, pero en ningún momento perdería los derechos sobre la marca “Bratz”, que no podrá ser explotada por Mattel. Es decir, la compañía de Barbie tendrá los derechos sobre las muñecas, los podrá explotar, pero no asociado con la marca “Bratz”, mundialmente famosa, que seguirá siendo de MGA, lo cual entiendo que propiciará un acuerdo para que uno licencie la marca o para que el otro haga lo propio con los dibujos.
Como dice Gonzalo hoy pero relativo a otro asunto, los abogados son al final los ganadores de este multimillonario caso.
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