Source: https://dossiergf.wordpress.com/2013/06/06/cristina-fernandez-avisa-de-proyecto-para-reforma-de-la-justicia-en-argentina/
Timestamp: 2017-06-28 02:04:25
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Reforma judicial en Argentina | Dossier El Gran Fundamento
Venezuela	« La monja que desafía lo prohibido | Colombia acusó hoy a las FARC de contradecir las actitudes de paz »	Reforma judicial en Argentina
Paquete de leyes consigue respaldo
El Consejo de la Magistratura, que es el encargado de elegir y remover jueces, tendrá a partir de ahora 19 miembros en vez de 13 y una docena de ellos se elegirá por voto popular a partir de los candidatos que presenten las fuerzas políticas.
Miembros de la Cámara de Diputados debaten iniciativas del oficialismo (Efe)
Buenos Aires.- La Cámara de Diputados de Argentina sancionó la madrugada del jueves la ley que regula el ingreso de personal al Poder Judicial, que completó la aprobación de las seis normas que conforman una cuestionada reforma judicial en Argentina impulsada por el Gobierno justicialista (peronista) de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Con el apoyo de 130 legisladores del oficialismo y sus aliados, el Gobierno consiguió aprobar el último de los proyectos que restaba para lograr lo que Fernández de Kirchner calificó como “la democratización de la justicia”, aseguró AFP.
La reforma fue rechazada por todo el arco opositor, que entiende que con ésta el poder Ejecutivo pretende avanzar sobre la independencia de los magistrados.
Gabriela Knaul, relatora para la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que hizo hace un mes un “llamado urgente” sobre estas leyes, insistió este jueves en cuestionar algunos aspectos de la misma, como la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, en declaraciones desde Ginebra.
“No es contra la reforma judicial, solamente algunos puntos de la reforma que pueden comprometer la independencia del Poder Judicial… (como) la utilización de los partidos políticos para que los jueces, abogados y académicos puedan candidatearse… al Consejo de la Magistratura. Creo que el problema es la politización que se está creando por ese mecanismo”, dijo Knaul.
La norma recibió una catarata de amparos judiciales para que se suspenda su aplicación, no obstante lo cual los partidos políticos opositores analizan la presentación de una lista común para la elección de los consejeros.
La primera elección de 12 de los miembros del estratégico Consejo se debe realizar el 27 de octubre próximo, cuando la ciudadanía sea convocada a comicios para renovar la mitad de los diputados y un tercio del Senado, en mitad del mandato de Kirchner.
La declaración de la funcionaria de la ONU fue cuestionada por el embajador argentino en Ginebra, Alberto D’Aloto, quien consideró “inaceptable” el procedimiento seguido por Knaul y le reprochó no haber consultado al gobierno antes de hacer su presentación.
El Gobierno argentino rechazó la exhortación a reconsiderar la reforma judicial que le hizo Knaul y consideró “inexactas e incorrectas” sus sugerencias en un comunicado divulgado a comienzos de mayo.
La reforma incluye seis leyes, la última de las cuales fue aprobada esta madrugada. La ley, que ya había sido aprobada en el Senado el 8 de mayo y vuelto a la Cámara de Diputados para una pequeña enmienda, se refiere al ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial a través de concursos públicos de antecedentes.
La Corte Suprema de Argentina prometió hoy resolver con celeridad el aluvión de demandas presentadas ante los tribunales contra la reciente reforma judicial aprobada por el Parlamento.
Fuentes del Supremo argentino citadas por la prensa local aseguraron que la corte dará “máxima celeridad” a estas causas, en particular aquellas que van en contra de uno de los aspectos más polémicos de la reforma, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura en los comicios de octubre próximo.
El Consejo de la Magistratura es el órgano de designación y remoción de jueces en Argentina y, a partir de la reforma aprobada por el Parlamento por impulso del oficialismo, sus miembros pasarán de los actuales 13 a 19 y serán elegidos por voto popular.
Las listas de candidatos al Consejo de la Magistratura para las elecciones de octubre próximo deben presentarse antes del 22 de junio, según el calendario electoral.
La reforma judicial ha motivado una cataratas de presentaciones judiciales en tribunales de todo el país que plantean la supuesta inconstitucionalidad de la norma, promulgada este lunes por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
La oposición también cuestiona fuertemente los cambios en el Consejo de la Magistratura pues, a su juicio, suponen la “partidización y la politización” de la Justicia.
El paquete de normas aprobado por el Congreso también incluye una ley para crear en los Tribunales tres cámaras de casación, otra para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y una ley que pone límites a las medidas cautelares que dejan en suspenso leyes aprobadas por el Parlamento.
Al anunciar en abril el envío de estas iniciativas al Parlamento, Cristina Fernández justificó la necesidad de la reforma en la supuesta necesidad de “democratizar” al Poder Judicial, que ha sido blanco de las críticas de la mandataria en los últimos meses.
“Necesitamos crear mecanismos para que la democracia penetre en el Poder Judicial”, sentenció, mientras pidió modificar los Códigos Penal y Civil, y Comercial.
14/05/2013 | Perfil.com
Alak abrió el Congreso K para defender la reforma judicial y anunció nuevas medidas. | Foto: Télam.
“Este proceso de actualización del Poder Judicial es un paso inédito en la Argentina. Por primera vez se abre un debate sobre un poder que no es electo por el voto popular, que tiene un déficit democrático de origen”, estacó el ministro de Justicia Julio Alak. Fue durante el “Congreso Nacional sobre la Democratización de la Justicia“, del que participan, entre otros, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, Abuelas de Plaza de Mayo y diversos funcionarios del gabinete nacional.
El ministro anticipó que tras la aprobación de las leyes que componen la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, el Gobierno enviará al Congresoreformas a los Códigos Penal y Civil, y Comercial. “Necesitamos crear mecanismos para que la democracia penetre en el Poder Judicial”, resaltó, y sostuvo que “las seis leyes (de reforma judicial) sólo son el inicio”.
Alak anunció también que, tras la aprobación en el Congreso, el Poder Ejecutivo se propone “llevar a la prácticas” las leyes que componen la reforma judicial, entre ellas la reforma del Consejo de la Mgistratura, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la reglamentación del ingreso “democrático” al empleo judicial.
“El poder económico, cuando no pudo parar el aluvión del pueblo, destruyó la democracia, y ahora que no pueden utilizar las Fuerzas Armadas utilizan los medios concentrados de comunicación que son los que descalifican la democratización de la justicia”, dijo Alak en la Universidad Nacional de La Matanza, donde se lleva a cabo el Congreso que organiza su ministerio.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, destacó que “la Presidenta puso en debate una cuestión que hacía 30 años tenía pendiente la democracia argentina“. El diputado destacó que “de lo único que no se hablaba era del Poder Judicial”.
Además del ministro de Justicia, participan distintas figuras del arco oficialista: el ministro de Eduación, Alberto Sileoni; el titular del CELS, Horacio Verbitsky; el vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.
Diario Jornada | Domingo, 28 de Abril de 2013
Referentes políticos y dirigentes agropecuarios insistieron con los cuestionamientos y recordaron que recurrirán a la vía legal para su impugnación.
Legisladores y dirigentes de la oposición renovaron este domingo sus críticas a la reforma judicial impulsada por el Gobierno que se encuentra en el Congreso y que ya cuenta con dos de los seis proyectos convertidos en ley.
El diputado nacional de la UCR Oscar Aguad apoyó a la Corte Suprema de Justicia al manifestar que dio muestras de “mucha honorabilidad intelectual y política” y afirmó que “defendió lo único que podía defender, el tema de los recursos”.
En declaraciones a Radio 10, el legislador aludió a las afirmaciones de su colega de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció que la presidente Cristina Fernández y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, “pactaron cajas”, en el marco del tratamiento de la reforma judicial en el Congreso.
“Lo que hizo la Corte fue salvar que la destruyeran y defender lo único que podía defender, sin que eso fuera jurisdiccional, el tema de los recursos”, sostuvo Aguad por Radio 10.
El economista Roberto Lavagna, en tanto, dijo que “toda la reforma es negativa” y destacó que permitirá a la jefa de Estado “designar jueces sin concursos en estas cámaras de casación que acaban de crearse, lo cual hace aún más grave la reforma que se ha aprobado esta semana”.
“Toda la reforma es negativa, pero dentro de esa negatividad se agrega un elemento más”, expresó el economista y sostuvo que “la presidenta en lugar de tener que esperar los concursos como corresponde, las pruebas de actitud, que implican los concursos, va a poder designar lo que se llama jueces subrogantes, jueces provisorios, a dedo, lo cual hace esta reforma todavía más grave”.
El diputado nacional del Peronismo Federal Eduardo Amadeo aseguró que con la reforma judicial la Presidente “quiere asegurarse la impunidad para Lázaro Báez, Amado Boudou, Ricardo Jaime y todos los amigos de ella” y anunció que ni bien se apruebe en el Congreso concurrirá “a la Corte Suprema para que la declare inconstitucional”.
Amadeo pidió a los ciudadanos que cuando tengan que votar recuerden “que los diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires y otros lugares han votado esta ley que deja a los ciudadanos desprotegidos frente al poder de la política”.
Respecto de la elección de los magistrados expresó que el impacto más importante será que “los jueces de la Argentina van a ser nombrados por la política” y explicó que “hasta ahora los jueces eran nombrados porque eran abogados, personas respetables”.
El diputado Alberto Asseff, del bloque del Frente Peronista Federal, consideró “inconstitucional” la reforma y planteó que “si por las presiones y tretas del Gobierno, el 11 de agosto, en las primarias, debemos votar para elegir candidatos al Consejo de la Magistratura toda la oposición deberá unirse y presentar una lista única”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que el paquete de proyectos de reforma judicial representa “un gravísimo retroceso institucional” porque “lesiona” la división de poderes.
La reforma implica para el ruralista “una gravísima incertidumbre y un gravísimo retroceso institucional, acá más que el tema de las leyes, llama la atención el como sería esto”.
Etchevehere se preguntó: “¿Va a haber jueces haciendo campaña o integrantes del Consejo de la Magistratura diciendo que van a defender determinados ideales para que sean electos?”.
Un abogado constitucionalista radicó una acción “colectiva” por la regulación de las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras de Casación
lunes 29 de abril de 2013 | El Civico
Capital Federal.- El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez interpuso este lunes la primera acción de amparo contra el régimen de reforma judicial impulsado por el Gobierno. La presentación apunta a las leyes que modificaron el sistema de medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.
Gil Domínguez presentó una acción “colectiva” en representación de “todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial”, y reclamó una medida cautelar que le prohíba al Gobierno la promulgación y publicación de ambas normas.
En la presentación, de 50 carillas, Gil Domínguez reclamó que sea declarada “la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial”.
“Los proyectos sancionados por el Congreso que establecen el régimen regulatorio de las medidas cautelares contra el Estado afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina”, dice la presentación.
La causa quedó radicada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 8, a cargo de la magistrada subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, y fue registrada bajo el número 16.339 /13.
Las dos normas, las primeras del paquete de seis enviado por el Poder Ejecutivo, fueron aprobadas el jueves pasado por la Cámara de diputados, tras una maratónica sesión que duró más de 21 horas.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel cuestionó la reforma judicial que avanza rápidamente en el Congreso, no sin escándalos y críticas de varios sectores, y alertó que, de ser aprobada como fue planteada por el Gobierno, puede “coartar la acción democrática”.
En ese sentido, se refirió al proyecto para limitar las medidas cautelares contra el Estado.
“Una democracia significa que los ciudadanos tienen derecho a reclamar al Estado. Me parece que con estas cosas hay que tener mucho cuidado porque si no, no hay democratización, es sometimiento”, expresó el premio Nobel. “Es decir, queda impune cualquier cosa que el estado realice en contra de la sociedad”, completó.
Pérez Esquivel también criticó el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, cuyo artículo más polémico es el de la elección de sus miembros por voto popular.
“Si eso (el Consejo) se somete al poder político, el pueblo pierde, porque no va a ser el poder judicial independiente del poder político”, expresó, y dijo que un ejemplo de esta situación se puede ver en las provincias argentina, que “se manejan como feudos medievales”.
Lunes, 29 de Abril de 2013 – Visión Federal Noticias
Nación – “La fea realidad es que el estado policial venezolano no es ignorado por los argentinos, que ahora se ven amenazados por el intento de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de tomar control de la Justicia, un arrebato de poder que presagia un fin similar de sus libertades”, escribió la periodista Mary A. O’Grady en The Wall Street Jornal.”Kirchner no ha mantenido en secreto su admiración por el modelo de gobierno de [Hugo] Chávez, pero no le ha sido fácil consolidar el poder. La riqueza argentina no está concentrada en las manos del Estado como en Venezuela, donde el gobierno es propietario del monopolio petrolero y, por tanto, controla la economía”, continuó la periodista.
Luego de recordar las peleas del Gobierno con el campo y los medios de comunicación independientes, el artículo se centra en la reforma judicial. “Las elecciones legislativas están programadas para octubre y los kirchneristas están desesperados por ganar una mayoría para poder cambiar la ley con el fin de permitirle a la Presidente postularse a un tercer mandato. Para alcanzar esa meta, el Gobierno decidió que es necesaria una mayor cooperación de las cortes”, destacó O’Grady.
Según el artículo, que detalla los cambios en el Consejo de la Magistratura y el límite a las medidas cautelares que impulsa el Gobierno, “la sociedad civil argentina se ha alborotado por esta agresión”.
O’Grady recuerda que “el 18 de abril, aproximadamente, un millón de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires a protestar contra su gobierno. Los expertos legales, grupos de derechos humanos, el grupo anticorrupción Transparency International y defensores de la libertad de prensa están todos advirtiendo que la ley pondrá fin a la separación de poderes”.
“A menos que el tribunal supremo también declare inconstitucional la reforma judicial de Kirchner, eso podría ser el último suspiro de la República Argentina”, finaliza el crítico artículo de la realidad argentina.
Tras 21 horas de debate, que en parte prosiguió de madrugada, la Cámara aprobó, por 130 votos a favor y 123 en contra, los cambios en la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y destituye a los jueces, que debe superar todavía la tramitación en el Senado, la próxima semana.
Centenares de trabajadores de los sindicatos opositores se congregaron frente a las puertas del Congreso anoche para pedir a los diputados que rechacen la polémica reforma de la Justicia impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández.Foto: EFE en español
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy con un ajustado apoyo y tras una tensa sesión maratoniana varios puntos de la polémica reforma judicial propuesta por el oficialismo.
Para aprobar una ley en la Cámara baja se necesita como mínimo el respaldo de 129 votos.
Además, la Cámara baja convirtió en ley la creación de tres nuevas cámaras de casación y la limitación a las medidas cautelares judiciales que pudieran dejar en suspenso, por algún recurso, leyes aprobadas por el Parlamento.
Avanzada la madrugada, el grupo (bancada) del kirchnerismo necesitó dos votaciones para aprobar el artículo más polémico de la reforma del Consejo de la Magistratura, el que propone aumentar de 13 a 19 sus miembros, después de que la primera fuese negativa y provocase airadas críticas de la oposición y su salida temporal del hemiciclo.
Entre los que se oponen a los cambios figuran también algunos diputados del partido oficialista Frente para la Victoria, como Jorge Yoma, quien aseguró ante los medios haber visto “pocas leyes tan indignas como ésta”.
Además, Domínguez acusó a la oposición de haber intentado “boicotear la sesión” cuando sus diputados abandonaron la Cámara.
La reforma judicial también incluye un proyecto para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y otro para aumentar la transparencia del Poder Judicial.
Los manifestantes marcharon hasta el Parlamento con banderas argentinas, algunas con crespones negros, carteles reclamando por “justicia y respeto a la Constitución” y panfletos pidiendo a la gente que no se “deje confundir” y que defienda sus derechos.
Ciudadanos, partidos de oposición argentina y sindicatos protestaron este jueves frente al Parlamento contra una polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno que se debatía este miércoles en la Cámara de Diputados.
La sesión parlamentaria se prolongará durante toda la noche y la votación de los seis proyectos de ley a debate se alargaría hasta primeras horas de mañana, según analistas políticos.
No obstante, en caso de que el oficialismo logre imponer su mayoría en el Parlamento, la iniciativa debe superar todavía la tramitación en el Senado, previsiblemente la próxima semana.
Miles de personas secundaron durante todo el día las sucesivas concentraciones convocadas por distintas organizaciones frente al Congreso para seguir el debate parlamentario a través de una pantalla gigante.
La oposición ha puesto además en duda que la reforma impulsada por el Ejecutivo sea acorde con la Constitución, por lo que, de ser finalmente aprobada, el paquete de leyes podría finalmente llegar a la instancia de la Corte Suprema para que el máximo tribunal se expida sobre su constitucionalidad.
“Vine porque estoy en contra de la aprobación de esta ley que viola abiertamente la Constitución. Esto es un avasallamiento de la política, que deja a los ciudadanos con las manos atadas”, dijo a Efe Susana Rodríguez, una de las manifestantes que portaba una pancarta con la consigna “Basta ya de violar la Constitución”.
La protesta también contó con el respaldo de los principales partidos de la oposición, que este martes instalaron una carpa frente a la sede del Parlamento para expresar su rechazo a la reforma.
Desde la plaza de los Dos Congresos, una de las intervenciones en el debate más aplaudidas por los manifestantes fue la del diputado Felipe Solá, del peronismo disidente, quien señaló que el “ciudadano común piensa que no hay justicia” y que, a su juicio, “este Gobierno piensa que la justicia es para los otros, para nosotros no”.
Las iniciativas para la denominada “democratización de la Justicia” fueron, entre otros asuntos, blanco de las masivas protestas ciudadanas registradas el jueves pasado en todo el país con apoyo de los partidos opositores.
La reforma, que ya había sido debatida la semana pasada en el Senado, ha llegado al plano de los Diputados con algunas modificaciones por presión de jueces, de la oposición e incluso de algunos legisladores oficialistas.
Los cambios aceptados por el oficialismo son el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura, uno de los más polémicos, aunque las modificaciones no apuntan al corazón de esta iniciativa sino a aspectos de la administración presupuestaria del Poder Judicial.
Debido a esos cambios, de ser aprobado, el proyecto deberá volver a ser tratado en la Cámara alta.
El oficialismo asegura tener los votos necesarios para lograr la aprobación de una reforma que, según la presidenta argentina, Cristina Fernández, pretende “democratizar” al Poder Judicial, que ha sido blanco de las críticas de la mandataria en los últimos meses.
Fernández no hizo mención del debate parlamentario en su única intervención pública de hoy, un acto en una planta de la multinacional Unilever en la periferia de Buenos Aires.
“Es bueno seguir trabajando para que este modelo siga creciendo (…). Nunca hice caso de los agoreros. Tuvimos la inmensa suerte de ser militantes políticos que llevamos a cabo lo que siempre hemos soñado”, dijo hoy la mandataria.
Por Oscar LASKI (AFP)
BUENOS AIRES — La Cámara de Diputados argentina aprobó en general y giró al Senado este jueves de madrugada un proyecto de ley que consagra el voto popular para elegir parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo clave que nombra y remueve a los jueces.
En una maratónica sesión de 17 horas, el bloque del gobernante peronismo impuso su mayoría por un estrecho margen, al sumar 130 votos a favor, mientras 123 diputados lo hicieron en contra.
La reforma del Consejo de la Magistratura eleva de 13 a 19 el número de miembros, 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Esta norma volverá al Senado, que le había dado media sanción, debido a que la Cámara de Diputados le introdujo cambios, entre ellos que la Corte Suprema seguirá manejando los fondos del Poder Judicial, y no el Consejo como se planteaba en el proyecto original. Una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición se produjo antes de la votación en particular de los artículos del proyecto.
A continuación estaba previsto que la Cámara de Diputados vote otros dos proyectos que forman parte de una reforma de la justicia que consta de seis leyes en total. Uno de ellos es la creación de tres cámaras de casación, destinadas a aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el Gobierno. El otro es el que limita a seis meses las medidas cautelares (prevención de un derecho), que está directamente relacionada con el conflicto entre el gobierno y el influyente grupo de medios Clarín.
Estos dos últimos proyectos se convertirán en ley, en caso de ser aprobados. Decenas de militantes de partidos opositores se mantuvieron en vigilia y siguieron la sesión en pantallas instaladas frente a la sede del Congreso. De su lado, el gremio de los empleados judiciales decretó un paro de 72 horas, también en rechazo al paquete de leyes de reforma de la justicia.
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó el miércoles al Congreso a rechazar la reforma al sostener que “le brindaría al partido gobernante de Argentina una mayoría automática en el Consejo (de la Magistratura) que supervisa a los jueces, lo que compromete seriamente la independencia judicial”.
El repudio a esa reforma fue una de las principales consignas de una masiva manifestación que se realizó el jueves pasado en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. “El proyecto de reforma judicial destruye el estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello”, dijo al exponer en el pleno Oscar Aguad, diputado del opositor radicalismo, la segunda fuerza legislativa.
En cambio, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada oficialista Diana Conti, dijo que el voto popular para 12 sitios dará al Consejo de la Magistratura “una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes, como formar las ternas, suspender o enjuiciar” a los magistrados.
La limitación de la duración de las cautelares forma parte de la pelea del gobierno con Clarín, que apeló a esta medida hace más de tres años para evitar la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más poderoso grupo mediático argentino a hacer una fuerte desinversión.
En tanto, el Senado, también controlado por el peronismo, votará en mayo cuatro leyes del paquete de la reforma: la que regula el ingreso a la carrera judicial, la que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura, que vuelve de diputados.
por Agencias – 24/04/2013 – Latercera
© E© REUTERS
Centenares de trabajadores secundaron hoy la convocatoria de los sindicatos opositores y se congregaron frente a las puertas del Congreso parapedir a los diputados que rechacen la polémica reforma de la Justicia impulsada por el gobierno de Cristina Fernández.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por Julio Piumato, protagonizó una movilización desde el Palacio de Justicia hasta la Cámara baja argentina y anunció una nueva huelga de 72 horas de los trabajadores judiciales.
A la convocatoria sindical se sumará por la tarde un abrazo al Congreso organizado a través de las redes sociales por los mismos colectivos que movilizaron a centenares de miles de personas el pasado jueves contra las políticas gubernamentales.
En el interior de la Cámara baja, los diputados empezaron a debatir pasado el mediodía los distintos proyectos de la reforma, ya aprobados por el Senado y cuyo contenido, por presión de los jueces, de la oposición y de algunos legisladores oficialistas será modificado parcialmente.
La reforma incluye un proyecto para crear en los Tribunales tres cámaras de casación, otro para permitir el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones y una iniciativa para poner límites a las medidas cautelaresque dejan en suspenso leyes aprobadas por el Parlamento.
HRW: REFORMA “COMPROMETE GRAVEMENTE” LA INDEPENDENCIA
Human Rights Watch instó hoy al Congreso argentino a “rechazar” la reforma judicial impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al entender que el proyecto “compromete gravemente” la independencia de la Justicia del país sudamericano.
“Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete gravemente la independencia de la justicia”, dijo el director para las Américas de la organización de derechos humanos HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado emitido el mismo día en que la Cámara de Diputados argentina estudiará el proyecto.
Human Rights Watch se une así a las protestas, realizando un llamamiento a “rechazar” las propuestas del gobierno para “limitar las medidas cautelares y reformar el Consejo de la Magistratura” porque, afirma, “obstaculizan el acceso a la justicia”.
La Cámara de Diputados aprobó y giró en segunda revisión al Senado, el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en una tensa sesión especial con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. (Télam)
25/04/13 – Clarín.com
La sesión ya venía caliente. Habían pasadomuchas horas de debate y, tras la aprobación del proyecto en general, oficialismo y oposición acababan de cruzarse en una discusión muy dura en torno a si votaban el articulado particular de la modificación del Consejo de la Magistratura como un todo de una sola vez, como pretendía el kirchnerismo, o, como es usual y como terminó aceptando el oficialismo, votaban artículo por artículo.
Pero el escándalo que se vislumbraba llegó al clímax cuando el tablero de Diputados mostró que el Frente Para la Victoria y sus aliados no habían alcanzado el número necesario para aprobar el artículo 2: 128 votos a favor (necesitaban 129) y 101. Dos diputados -Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el oficialista Juan Forconi- dijeron luego que el sistema electrónico no había tomado bien sus votos a favor y que debía considerarse aprobado el artículo con 130 votos, algo que el oficialismo se apresuró a tomar en cuenta.
Otra vez los cruces, mucho más duros todavía que los de antes y hasta con un Agustín Rossi fuera de sí al que tuvieron que contener sus compañeros de bancada. Hubo un cuarto intermedio. La oposición denunció que se violó el reglamento de la Cámara y se fue del recinto. Adentro quedaron los kirchneristas y sus aliados, que dieron por concluido el cuarto intermedio y, frente a apenas un puñado de no oficialistas (Jorge Yoma, el salteño Alfredo Olmedo, los moyanistas y algunos más), siguieron votando el proyecto artículo por artículo. Al final volvieron a votar y a aprobar el artículo 2, en una clara muestra sobre lo irregular o confuso (depende para quién) de la primera votación.
“El segundo artículo que votaron, lo perdieron. Lo cierto es que el resultado dio negativo y lo dieron por positivo”, se quejó el macrista Federico Pinedo poco después de la votación como justificativo de que la oposición se fuera del recinto.
Tanto Forconi como Comelli se encargaron de asegurar que sus votos habían sido positivos y argumentaron que “a veces” el sistema electrónico “no toma el voto”. Forconi es parte del bloque K. Las miradas de suspicacia de la oposición apuntaron sobre todo a Comelli: como señaló Pinedo, el MPN fue aliado del PRO; y además, en su exposición durante el extenso debate, la diputada había planteado algunos reparos en torno al proyecto que ahora vuelve al Senado modificado por Diputados.
El artículo de la votación del escándalo es central en el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura, ya que es el que establece la nueva composición del organismo encargado, entre otras cosas, de remover a los jueces.
El artículo dos de la iniciativa que aprobó Diputados y que el kirchnerismo convertirá en ley en el Senado dentro de dos semanas fija que el Consejo estará integrado por 19 miembros (en lugar de los 13 actuales), de los cuales 12 (tres representantes del Poder Judicial, tres de los abogados y seis del ámbito académico y científico) seránelegidos por el voto popular; otros seis serán legisladores, y el restante será designado por el Poder Ejecutivo.
La forma de designación que establece el proyecto prácticamente le asegura una mayoría de dos tercios al ganador de las elecciones: de los elegidos por voto popular (en las mismas listas que los partidos políticos y con el particular requerimiento de que sean agrupaciones con idéntica denominación en al menos 18 provincias), quien gane por mayoría simple se queda con dos de los tres representantes del Poder Judicial, con dos de los tres de los abogados y con cuatro de los seis del ámbito académico y científico. A esos ocho lugares debe sumarse que, de los seis representantes del Poder Legislativo (tres por cada Cámara), la mayoría designa a cuatro (dos por Cámara). Y a esos 12 que con mucha posibilidad responderán al mismo partido, se suma el del Poder Ejecutivo, que, en la Argentina, suele ser del mismo partido que gana las elecciones legislativas. En total, así, el partido de Gobierno tiene altísimas chances de tener 13 de los 19 consejeros para imponer su voluntad.
La legisladora, Diana Conti, aseguró que el oficialismo logró juntar los 131 votos a favor necesarios para convertir en ley los proyectos sobre las cámaras de casación y las cautelares y dar media sación a los cambios en el Consejo de la Magistratura El kirchnerismo logró el quórum en Diputados. Foto: LA NACION / Anibal Greco
En una sesión que comenzó ayer al mediodía, atravesada por cruces y enfrentamiento, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados avanza con los proyectos vinculados a la reforma de la Justicia. Luego de la expectativa por los números, el oficialismo consiguió los votos necesarios para convertir en ley dos de los seis proyectos del paquete de cambios en la justicia propuestos por Cristina Kirchner. Así lo adelantó la diputada oficialista Diana Conti en diálogo con LA NACIÓN.
Mientras un nutrido grupo de personas se concentró en la puerta principal del Congreso, en repudio a las reformas que contemplan la modificación del Consejo de la Magistratura (cuya aprobación requiere mayoría calificada de mitad más uno, es decir, 129 legisladores), la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, y la limitación de presentación de medidas cautelares en contra del Estado. Estas dos últimas iniciativas podrían convertirse en ley hoy; mientras que la primera podría recibir media sanción y ser remitida para su votación al Senado, el 8 próximo.
La sesión especial se desarrolla entre acusaciones cruzadas entre el Frente para la Victoria y la oposición, que plantea que el paquete de normas politizará el Poder Judicial.
Desde las 17 de ayer, políticos, militantes, y ciudadanos se reunieron en la puerta del Congreso, en donde una pantalla de unos tres metros de ancho por tres de alto transmite en vivo el debate. A metros, se encuentra una carpa blanca montada por la oposición para juntar firmas en rechazo a la reforma.
En el lugar había ciudadanos con carteles alusivos a Cristina Kirchner, algunos de los que se vieron la protesta del 18A; jóvenes que salieron de la facultad, entre los que se vieron muchos estudiantes de derecho, y algunos militantes de partidos opositores, incluido cierto sector de la izquierda, como el MST y el Movimiento Humanista, que vestían camisetas argentinas y entonaban cánticos alusivos en contra de la reforma.
Con 132 legisladores sentados en sus bancas, comenzó poco después del mediodía una jornada clave y maratónica para tratar la iniciativa. Foto: LA NACION / Anïbal Greco
Entre los políticos estuvieron Hugo Moyano, lider de la CGT disidente; el sindicalista Geronimo “El Momo” Venegas; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna,; los diputados Eduaro Amadeo (Peronismo Federal); Elisa Carrio (Coalición Cívica); Federico Pinedo (PRO); Ricardo Gil Lavedra (UCR); y Patricia Bullrich (Unión por todos).
Una presencia llamativa fue la de Adrían Pérez. El ex candidato a vicepresidente -que se presentó en la derrotada formula junto a Elisa Carrió- estuvo parado a metros de la carpa opositora y adelantó a LA NACIÓN su retorno a la política como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la Coalición Cívica, luego de pasar un año estudiando en EE.UU. auspiciado por la fundación Fullbright .
Durante el debate, el oficialismo volvió hacer su fuerte defensa de la iniciativa impulsada por Cristina Kirchner, mientras que la oposición lanzaba duros dardos.
La diputados kirchneristas Diana Conti y Jorge Landau, reivindicaron el sistema de votación popular de los abogados, académicos, y jueces para integrar el Consejo de la Magistratura, y señalaron que es un paso esencial para democratizar la justicia.
“Queramos a nuestro pueblo y démosle todas las posibilidades de votar lo que legítimamente se merecen”, dijo Conti. En su intervención Landau aseguró que en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura se “reglamenta el procedimiento para adherir la boleta de consejeros a la de legisladores nacionales” que, afirmó “tendrá que tener la misma denominación”, del frente por el que se presenta.
La oposición, por su parte, mostró sus argumentos para rechazar las iniciativas. “Los jueces se convertirán en soldados del pingüino”, lanzó la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. La diputada del FAP Victoria Donda advirtió que “flaco favor se hace a la democracia” con este paquete de leyes “ya que lo único que va a lograr es poner al Poder Judicial de rodillas al Poder Ejecutivo”.
La diputada de Pro Laura Alonso anticipó que el bloque del macrismo rechazará los proyectos y advirtió que “quienes lo voten merecen ser llamados traidores a la Patria”. “Va negar el derecho a juez imparcial que tiene toda persona en la República Argentina y es inconstitucional”, aseguró.
En tanto, la diputada por el GEN Margarita Stolbizer dijo que la reforma del Consejo de la Magistratura es “ineficaz, insuficiente e inconstitucional”. Repudió entonces el llamado “vamos por todo” del oficialismo porque, insistió, “concibe que quien gana una elección puede quedarse con todos”.
Francisco De Narváez denunció: “Basta de tratamientos exprés para leyes centrales como esta reforma judicial, porque está en juego la libertad. El límite son las próximas elecciones para poner un equilibrio en el Congreso y asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. De esa forma vuelve el debate y el Parlamento vuelve a funcionar como tal y no como una escribanía”, señaló el legislador.
A medida que se acercaba la noche, la gente iba llegando al Congreso. Uno de ellos fue Juan Pablo Largente, un ingeniero de 31 años, que salió de trabajar y se acercó a la marcha. “Vine por que no quiero la oyarbidización de la Justicia, como no puede modificar la Constitución, el kirchnerismo quiere ir por la justicia”, manifestó.
Paola Ingrala, una abogada recién recibida de 25 años, que también marchó en la protesta del 18A en Plaza de Mayo y en la del 8N en noviembre del años pasado, dijo: “Vine porque estoy en contra de que quieran que la Magistratura decida por mayoría absoluta, porque para respetar a las minorías no se debe beneficiar a la mayoría”,.
Norma Martinelli y Vicente Ciuti son dos jubilados que viajaron desde el partido de Tres de Febrero para “luchar porque nuestra justicia no se vende”. Ambos coincidieron en señalar que “querían dejarle un mejor país a sus hijos y nietos”, y por eso vinieron “a jugar las últimas cartas para tratar de impedir este avasallamiento”.
La creación de cámaras de casación y la limitación de las cautelares se convertirían en ley esta madrugada, ya que recibieron la media sanción del Senado, mientras que, de aprobarse, el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura debería regresar a la Cámara alta, ya que ayer el kirchnerismo realizó modificaciones menores a pedido de la Corte Suprema de Justicia.
Los cambios, recibidos con sorpresa por los diputados oficialistas y opositores, postergarán al menos dos semanas los planes del kirchnerismo, que tenía previsto sancionar todas las leyes hoy. Mientras tanto, el Senado debatía hoy un proyecto de ley sobre fertilización asistida, a la espera de que avance el proyecto de la Magistratura para ser tratado en la Cámara.
INFORMACIÓN GENERAL | JUEVES 25 ABRIL 2013 | Misiones OnLine
Vea el resumen de los seis proyectos impulsados por la Presidenta.
El lunes 8 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la iniciativa “Democratización de la Justicia” la cual busca, a través de 6 proyectos de ley ya enviados al Congreso Nacional, democratizar y legitimar el sistema judicial nacional. Esta propuesta se enmarca en un camino ya iniciado que procura modernizar un Poder Judicial anacrónico y, muchas veces, cuestionado. En este sentido, la creación del Digesto Jurídico Argentino –orientado a actualizar y simplificar las normas jurídicas-, la redacción del nuevo código Civil y Comercial de la Nación, la renovación del Código Penal y la reforma de los Códigos Procesales, se orientan a actualizar y simplificar el marco normativo desde donde ejercer una justicia más democrática y transparente. Por otro lado, la intervención pública de un numeroso sector del Poder Judicial bajo la consigna “Una justicia legítima” puso en evidencia, desde el lugar de los propios actores del sistema, la necesidad de mejorar y cambiar una institución que, por sus formas, procedimientos y prácticas, había quedado desactualizada y alejada de las necesidades de la sociedad. El reciente anuncio del Poder Ejecutivo Nacional pone en acción una transformación requerida por los argentinos, que permite abrir el debate en torno a lo que significa administrar justicia desde una visión integradora y participativa. Los 6 proyectos de ley que introducirán reformas estructurales en el Poder Judicial son:
Se ampliará la cantidad, procedencia y forma de elección de los de miembros del organismo encargado de administrar y regular el funcionamiento del Poder Judicial. Se sumarán 6 integrantes a los 13 actuales, quienes provendrán del ámbito académico y científico. Además, la totalidad de los miembros será elegida por el voto popular. En cuanto a su funcionamiento, para las grandes decisiones se necesitará la mayoría absoluta. También introduce cambios en el procedimiento y requisitos para la selección de jueces y crea la figura de “concurso previo” para cubrir juzgados vacantes.
Registro Público de Causas
Una base de datos, en línea y de libre acceso, donde los juzgados de todas las instancias y niveles deberán publicar información relativa a las causas: ingreso, números de expedientes, estado procesal y sentencias.
Publicidad y Acceso directo a las Declaraciones Juradas
Cualquier ciudadano podrá consultar vía internet la declaración patrimonial de jueces, fiscales, defensores, funcionarios de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- por igual, pero también la de quienes se postulan como candidatos, aún antes de ocupar cargos electivos.
Ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal
Ingreso por concurso para ser empleado del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo hasta los cargos de secretario y prosecretario letrado. Cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos podrá presentarse a un examen de conocimientos básicos y se conformará una nómina de ingresantes. Entre ellos se hará un sorteo a través de Lotería Nacional en el caso que los postulantes superen la cantidad de cargos.
Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado
La modificación apunta a las medidas cautelares que tramitan contra el Estado y sus entes descentralizados. Esas medidas provisorias tendrán un máximo de vigencia de seis meses y luego el juez tendrá que dictar la sentencia de fondo. El objetivo es evitar que se sigan usando las cautelares para impedir la aplicación de leyes y decretos.
Tres nuevas cámaras de Casación: a la del fuero penal se sumarán una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otra de Trabajo y Seguridad Social. De esta forma, se descomprimirá la tramitación de causas en la Corte Suprema de Justicia y se agilizará el sistema judicial en general, unificando jurisprudencia a nivel federal y nacional.
– Consejo de la Magistratura: fue creado por la reforma constitucional de 1994 con el objetivo confeccionar las ternas de candidatos al Poder judicial a jueces nacionales y federales, para que luego sean designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado; administrar el Poder Judicial; controlar la actividad de jueces e imponer sanciones; y abrir el proceso de juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, ante el cual actúa como acusador. Su creación surge del artículo 114 de la Constitución Nacional y su estructura y funciones se encuentran reglamentadas por la Ley 24.937, sancionada el 10/12/1997, con varias reformas posteriores. Según establece la ley, este órgano multisectorial está actualmente conformado por 13 miembros: 3 del Poder Judicial (jueces), 6 del Congreso Nacional -3 por Diputados y 3 por Senadores, de los cuales 2 provienen de la mayoría y uno por la primera minoría de cada cámara-; 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional y 1 académico.
– Cámara de Casación: El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las formalidades de la ley. Su fallo, en este caso, le corresponde a la Cámara de Casación correspondiente al área del derecho en cuestión (penal, civil, laboral, etc.) y tiene por funciones la aplicación correcta de la ley por parte de los diversos tribunales, como garantía de seguridad o certeza jurídica, y la unificación en la interpretación de las leyes a través de un solo órgano, fijando la jurisprudencia. En el caso que no exista la Cámara de Casación correspondiente, es la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano del Poder Judicial, el encargado de dictaminar sobre este recurso.
– Medida cautelar: es aquella dictada por un juez o tribunal, a partir de la solicitud de una de las partes durante el proceso del juicio para proteger el objeto de la pretensión patrimonial, o para determinar la seguridad de las personas, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de ese derecho en la sentencia definitiva. Para que se dicten, deben cumplirse dos requisitos: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro o riesgo del paso del tiempo (periculum in mora).
El tablero de la Cámara baja marcó 128 votos y el kirchnerismo necesitaba 129. Se volvió a votar argumentando un error. La oposición se enojó y se retiró al grito de “fraude”. Casi hubo trompadas. Los medios internacionales lograron reflejar el escándalo de la retirada de la oposición. Otra vez la Argentina es noticia bajo la lupa de los medios más importantes e influyentes del mundo.
El Mundo (España): La última reforma de Cristina se aprueba de madrugada y entre gritos
El Gobierno de Cristina Kirchner ha dado un paso decisivo en el avasallamiento de la Justicia como poder independiente del Estado tras aprobar la reforma de la Justicia en una noche-madrugada de escándalo.
Tras una aparatosa votación y pasar la noche en vela (18 horas ha durado el debate), los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley más controvertido dentro de la reforma judicial que impulsa el Gobierno.
Se trata de un artículo que cambia por completo la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de designar y quitar a los jueces de la nación, en todos los niveles de la jurisprudencia.
Antes de este cambio, hacía falta una mayoría de dos tercios dentro del consejo, para nombrar a un magistrado o para apartarlo de sus funciones, si se consideraba que no las ejercía como corresponde. Tras la aprobación del “núcleo duro” de la reforma, bastará con una mayoría simple para esas acciones.
Es más, el oficialismo consiguió elevar de 12 a 19 el número de integrantes de esa entidad y que los siete consejeros que se agregan sean elegidos por “voto popular”. Léase, a voluntad de los representantes de la mayoría parlamentaria en el consejo. Dado que el kirchnerismo y sus aliados son mayoría en el Congreso, la presidenta no hallará obstáculos para colocar al frente de los tribunales, a los jueces sumisos que mejor se acomoden a sus designios. Aquellos que no se sometan a su voluntad desaparecerán del mapa judicial.
La mayoría de los académicos, y expertos en asuntos constitucionales opinan que detrás de la consigna de “democratizar la Justicia” se oculta el propósito de garantizar inmunidad a los funcionarios del gobierno o a quienes comulgan con sus dogmas.
Tal es el caso del vicepresidente Amado Boudou, imputado por enriquecimiento ilícito y las más recientes sospechas que recaen sobre el difunto Néstor Kirchner, de haber formado parte de una red de lavado de dinero.
“Bajo la batuta de Cristina, el país avanza a pasos agigantados hacia un régimen similar al de la Venezuela ‘chavista’ o de la Cuba ‘castrista'”, sentenció Elisa Carrió, una de las figuras más combativas del bloque opositor.
Gritos y roturas de cables
La reforma ha dejado una imagen del Congreso dantesca. Los diputados que allí debatían la reforma han chillado, forcejeado y hasta arrancado cables para inutilizar micrófonos.
Primero, el kirchnerismo, de la mano de su jefe de filas, Agustín Rossi, impulsó el debate único, según informa ‘La Nación’. Los opositores clamaron una discusión de artículo por artículo, al grito de “¡fraude!”. Pensaban que el Frente para la Victoria y sus aliados no alcanzaban el número necesario para aprobar cada artículo.
“Cállate, ¡vos viste cómo salió la votación!”, le gritó Rossi a su par radical Miguel Bazze, en referencia a los 130 votos a favor que alcanzaron para aprobar el proyecto en general. Al mismo tiempo, la peronista Graciela Camaño bajaba rauda las escaleras y manoteaba el micrófono del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
Cuando votaron el artículo 2, la pantalla gigante mostró 128 votos afirmativos en lugar de los 129 requeridos. La oposición festejó; el oficialismo se puso nervioso. Rossi se encaminó al sector donde estaban sentados los radicales, tres compañeros de bancada lo contuvieron. Los gritos cruzados parecían los de una fervorosa hinchada en una cancha de fútbol.
Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi aclararon que se pronunciaron a favor, pero que el sistema electrónico “no tomó” sus votos. La oposición, enojadísima, se retiró del recinto. “Están violando el reglamento”, explicaron.
Cuando la oposición abandonó el hemiciclo, el oficialismo continuó con la votación en particular. Hacia el final, volvieron a tratar el artículo 2, cuya primera votación había despertado la furia de la oposición.
A las 6.20 horas de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la norma y devolvió en segunda revisión al Senado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
El País (España): El Congreso argentino aprueba la reforma judicial kirchnerista
El Gobierno logra tras 17 horas de debate y protestas sacar adelante una legislación que la oposición ve como el zarpazo final del Ejecutivo a la independencia judicial. La Cámara de Diputados de Argentina se encaminaba este jueves por la mañana a convertir en ley dos de los seis proyectos de reforma judicial que planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A las 6.20 (hora argentina), después de 17 horas de debate, aprobó con modificaciones una tercera iniciativa que deberá volver al Senado. La reforma ha sido planteada por el kirchnerismo como un paso hacia la “democratización” de la justicia en un país donde muchos delitos quedan impunes y las desigualdades sociales también se manifiestan en los tribunales, pero la fragmentada oposición se ha unido para denunciar el presunto intento del Gobierno de acabar con la “independencia judicial”.
Por 130 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura (órgano de selección y remoción de magistrados) sean elegidos por el pueblo a través de candidaturas por los partidos políticos. Los opositores han criticado que los jueces tengan que alinearse con partidos y que la mayoría gobernante pueda acabar dominando los tres poderes del Estado. El exjuez español Baltasar Garzón, actual asesor de la Cámara de Diputados de Argentina, apoyó los proyectos de reforma judicial, pero sugirió que los candidatos al consejo pudiesen postularse también por fuera de los partidos.
Por petición de la Corte Suprema, esta iniciativa fue modificada por los diputados kirchneristas para que el máximo tribunal mantuviera el control presupuestario de la justicia y no se lo transfiera al Consejo de la Magistratura, como había votado el Senado. La oposición recurirrá a la Corte Suprema para solicitar que declare la inconstitucionalidad de las leyes de la reforma, una vez que sean sancionadas.
La Cámara de Diputados iba a votar esta mañana de jueves otro proyecto que limita a seis meses las medidas cautelares de jueces contra normas del Estado, de modo que se deban expedir rápido sobre la cuestión de fondo de las causas. La norma solo exceptúa de esta restricción temporaria a los litigios que afectan a “sectores sociales vulnerables”, la “vida digna” o cuando se trate de conflictos laborales. Sin embargo, distintas voces criticaron esta iniciativa, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que recordó el pasado domingo que las medidas cautelares son “necesarias para la defensa de la ciudadanía y los derechos humanos frente al Estado”. Pérez Esquivel coincidió con Fernández en la necesidad de una reforma que termine con la “corporación judicial imperante que hace tanto daño al pueblo”, pero disintió con el contenido de algunos proyectos oficiales.
Otra iniciativa que se iba a convertir en ley era la que crea tres tribunales de tercera instancia en los fueros laboral, contencioso administrativo (los litigios que involucran al Estado) y civil y comercial. De este modo, quien apele fallos de segunda instancia en esos fueros no podrá recurrir directamente a la Corte Suprema. Los otros tres proyectos de la reforma judicial, menos polémicos y que apuntan a transparentar el ingreso a la carrera judicial y a difundir las sentencias y los patrimonios de los funcionarios, se convertirán en ley el 8 de mayo, cuando sean debatidos por la cámara alta, donde el kirchnerismo y sus aliados también cuentan con la mayoría absoluta.
El debate de los tres proyectos de ley comenzó el miércoles al mediodía de Buenos Aires y diputados anticipaban que podría extenderse hasta las 9 de la mañana del jueves. Mientras comenzaba la discusión, gracias a que el peronismo kirchnerista consiguió 20 aliados para reunir el quórum necesario, dos de las cinco centrales sindicales protestaron afuera del Congreso contra la reforma judicial. El líder de una de las tres facciones de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), el exkirchnerista Hugo Moyano, deslizó sospechas de compra de votos en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes.
Más tarde, partidos políticos opositores convocaron a otra manifestación contra las iniciativas del Gobierno, pero no consiguieron tanto éxito como la protesta organizada por ciudadanos desconocidos en las redes sociales el pasado jueves. O los partidos carecen de capacidad de movilización o la población no sale a la calle por una cuestión institucional como la justicia. El pasado jueves cientos de miles de argentinos se habían quejado ya de la reforma judicial, pero también de la corrupción, la inseguridad, la concentración de poder o la inflación. Esta vez alcanzaban los 10.000, según el periódico La Nación.
El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la reforma traerá una “justicia más cercana a la gente, que se ponga en el lugar de los humildes”. En cambio, un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR, segunda fuerza parlamentaria) que en 1985 fue uno de los jueces que condenó a los máximos jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), Ricardo Gil Lavedra, calificó los tres proyectos que se discutían este miércoles como “el mayor retroceso desde la restauración democrática”. El diputado Felipe Solá, peronista disidente (tercera fuerza), consideró “triste que el Gobierno haya caído en esa actitud de que la justicia es para los otros, para los giles (tontos)”. Su par Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista (FAP), la cuarta fuerza aunque en vías de extinción por sus peleas internas, advirtió de que “este proyecto democratiza la injusticia”. La diputada Laura Alonso, de la conservadora Propuesta Republicana (PRO, quinto grupo en número), lo calificó de “inconstitucional”.
La Nación (Chile): El Oficialismo logra avance de polémica reforma judicial
En medio de protestas en el exterior, y tras cerca de 20 horas de debate, el kirchnerismo logró la aprobación de rcambios a la composición del Consejo de la Magistratura y aprobó la creación de tres nuevas cámaras de casación.
Tras cerca de 20 horas de debate, el kirchnerismo logró la aprobación de reformas a la composición del Consejo de la Magistratura y aprobó la creación de tres nuevas cámaras de casación.
El debate, que no se interrumpió durante la madrugada, prosigue con la discusión del resto del articulado del proyecto, que debe superar todavía la tramitación en el Senado, la próxima semana.
Miles de personas se concentraron el miércoles frente al Parlamento atendiendo a convocatorias de distintas organizaciones para protestar por la reforma que, según el Gobierno, supone una “democratización” de la Justicia, y que la oposición interpreta como una “politización” del Poder Judicial.
Entre otras medidas, la iniciativa oficialista prevé ampliar de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano de designación y remoción de jueces en Argentina, y que los nuevos integrantes sean elegidos por voto popular.
El País (Uruguay): Votación y escándalo en parlamento argentino
Casi a las siete de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Dos diputados contenían a un jefe de bloque, una diputada arrancaba un cable para deshabilitar un micrófono, decenas de legisladores se levantaban de sus bancas a grito pelado. Pura tensión. A las 6.20, después de casi 18 horas de debate, cuando la reforma del Consejo de la Magistratura ya había sido aprobada en general y los legisladores se prestaban a votar en particular ese proyecto, el escándalo estalló.
La Cámara de Diputados se convirtió, literalmente, en escenario de enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Escándalo en la Cámara de Diputados; gritos y forcejeos en la votación en particular de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Primero, el kirchnerismo, de la mano de su jefe de bancada, Agustín Rossi, impulsó el debate único. Los opositores clamaron una discusión de artículo por artículo, al grito de “¡fraude!”.
Pensaban que el Frente para la Victoria y sus aliados no alcanzaban el número para aprobar cada artículo. “Callate, ¡vos viste cómo salió la votación!”, le gritó Rossi a su par radical Miguel Bazze, en referencia a los 130 votos a favor que alcanzaron en la aprobación en general del proyecto.
Al mismo tiempo, la peronista Graciela Camaño bajaba rauda las escaleras y manoteaba el micrófono del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Cuando votaron el artículo 2, la pantalla gigante mostró 128 votos afirmativos en lugar de los 129 requeridos.
La oposición festejó; el oficialismo se puso nervioso. Rossi se encaminó al sector donde estaban sentados los radicales, tres compañeros de bancada lo contuvieron .
Los gritos cruzados parecían los de una fervorosa hinchada en una cancha de fútbol. Con 132 legisladores sentados en sus bancas, comenzó poco después del mediodía una jornada clave y maratónica para tratar la iniciativa.
“Están violando el reglamento”, explicaron. Luego de que se fueran, el oficialismo continuó con la votación en particular. Hacia el final, volvieron a tratar el artículo 2, cuya primera votación había despertado la furia de la oposición.
ABC Color (Paraguay): Votan en Argentina ley que pondría al Poder Judicial bajo el oficialismo
La Cámara de Diputados debatía ayer tres leyes, que ya cuentan con media sanción del Senado, incluidas en el paquete de la “reforma judicial”, pese a la resistencia de la oposición y de entidades sociales y sindicales que se concentraron en torno al Congreso Nacional para expresar su rechazo a la iniciativa.
El gobernante peronismo intentará imponer su mayoría, junto a aliados, para que se convierta en ley el polémico proyecto, que eleva de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura (que nombra y remueve jueces), 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Al cierre de esta edición, el debate continuaba y se preveía que se extienda hasta bien entrada la madrugada por la cantidad de oradores anotados.
“El proyecto de reforma judicial destruye el Estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello”, dijo ayer al exponer en el pleno Oscar Aguad, diputado de la opositora UCR (Unión Cívica Radical).
Esta medida llevará a la “partidización” de los jueces, además de someterlos a los vaivenes de la política, critican sus oponentes, además de que daría al Ejecutivo el control sobre la Justicia.
En la misma sintonía, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó al Congreso de Argentina a rechazar la reforma judicial, porque, argumenta, socavaría la independencia de los tribunales.
“Esta reforma le brindaría al partido gobernante de Argentina una mayoría automática en el Consejo (de la Magistratura) que supervisa a los jueces, lo que compromete seriamente la independencia judicial”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
En cambio, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada oficialista Diana Conti, dijo que el voto popular para 12 sitios en el Consejo de la Magistratura dará a ese cuerpo “una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes como formar las ternas, suspender o enjuiciar” a los magistrados.
El proyecto contempla otras disposiciones sobre el manejo en la Justicia.
Por ejemplo, la creación de tres cámaras de casación (apelación) destinada a aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el Gobierno.
También otra norma que limita a seis meses las medidas cautelares (prevención de un derecho), que está directamente relacionada con el conflicto entre el Gobierno y el influyente grupo de medios Clarín.
La limitación de la duración de las medidas cautelares forma parte de la pelea del Gobierno con Clarín, que apeló a esta medida hace más de tres años para evitar la aplicación de una cláusula de la ley de medios audiovisuales que obligaría al medio a vender o disolver una serie de filiales que posee en el sector de la comunicación.
Una cuarta norma es sobre la ampliación de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 19 y la elección de 12 de ellos por el voto popular, a la que la Cámara de Diputados introdujo modificaciones y por ello volvió al Senado para su aprobación.
En tanto, el Senado, también controlado por el peronismo, votará en mayo cuatro leyes del paquete de la reforma, entre ellas la que regula el ingreso a la carrera judicial, otra que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y una tercera que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales.
Folha (Brasil): Después de la confusión, los diputados argentinos aprueban la reforma del Consejo Judicial
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el final de la mañana del jueves la reforma del Consejo de la Judicatura, luego de 18 horas de votación. Como despierta las críticas de los grupos de derechos humanos, que acusan a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de abuso de poder y la oposición.
El comité, que está compuesto por abogados y jueces, se encarga de evaluar la conducta de los jueces, así como el Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Con la nueva ley, que tendrá 19 miembros, en contra de la corriente 13, y diez de ellos será elegido por el voto popular.
Los opositores a Cristina Kirchner voto siguieron la reforma del Consejo de la Judicatura en la pantalla en el Congreso de la Nación
El texto principal de la reforma fue aprobada por 130 diputados, de un voto más de lo necesario para que la propuesta sea ratificado. Sin embargo, el resultado fue revelado después de los desacuerdos sobre el recuento de los votos de los diputados.
La Cámara electrónica del panel mostró 128 votos a favor, 101 en contra y 21 abstenciones, después de la final de la votación en el artículo 2, lo que aumenta el número de miembros del Consejo de la Judicatura.
Con los resultados muestran, aumentando el número de miembros del comité sería rechazado, lo que causó la conmemoración de los miembros de los grupos opositores y detractores de Cristina Kirchner que lo vieron sentado en una gran pantalla fuera del Congreso.
Minutos más tarde, sin embargo, dos miembros de la coalición de gobierno dijeron que no tenían los votos escrutados por el sistema electrónico, lo que provocó un escándalo y disputas entre la coalición gobernante y la oposición.
La oposición fue manipulada, dijo, porque no se observó la regulación durante la votación. Después de la aprobación general, el gobierno trató de ratificar todos los elementos estándar de una sola vez, lo que provocó más protesta de la oposición, que dejaron el plenario.
Los miembros restantes nueve oponentes y aliados 130, continuaron a voto y en el artículo 2 se aprobó. La parte que regula la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura volverá al Senado para ser reevaluado.
Además de la elección popular de los miembros del Consejo de la Judicatura, los Miembros también aprobaron el control administrativo y los recursos judiciales del Poder Judicial, el cual será manejado por la Corte Suprema.
Votar en esta granja, otros puntos de la ley ha sido ratificada como la creación de tres tribunales especiales (Cámaras de Casación) para reducir la cantidad de litigios en manos de la Corte Suprema. Sin embargo, los diputados no votaron la medida que limita el tiempo dentro de los seis meses de vigencia de las medidas cautelares.
El proyecto es visto por la oposición como una forma de resolver definitivamente el conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín, que utiliza los tribunales para impedir la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación. De ser aprobado el proyecto, la empresa se verá obligada a disponer de varias licencias de radio y televisión.
El congresista Oscar Aguad radical, que se opone a Cristina Kirchner criticó la ley mediante la destrucción del Estado de Derecho. “Es inconstitucional a los jueces de elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de poner fin a esta atrocidad”, dijo.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, dijo que el voto popular se “legitimidad popular para la toma de decisiones importantes, tales como la forma del trío de jueces encargados de la persecución de los otros magistrados y jueces para suspender y procesar delincuentes “.
La votación en el Senado, donde el gobierno tiene mayoría, será la semana que viene, con la evaluación de cuatro de los seis artículos – la reforma aprobada esta mañana por los diputados, la carrera judicial, la regulación, la publicación de las sentencias del Tribunal Supremo y de los cuentas de resultados de los miembros del poder judicial.
ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 19 ABR 2013 El País.com (España)
Una larga columna de manifestantes se extendía como un río caudaloso por kilómetros en Buenos Aires, desde la esquina de las avenidas Santa Fe y Callao, en el aristocrático barrio de Recoleta, hasta el Congreso de la Nación, pasando por el Obelisco y la Plaza de Mayo. La protesta iba a llegar solo hasta esta última plaza, donde está la Casa Rosada (sede presidencial de Argentina), pero los manifestantes decidieron continuar hasta el Congreso donde se estaba debatiendo la reforma con la que Fernández quiere “democratizar” la justicia. “¡Ladrones, ladrones!”, iban gritando los manifestantes.
En los últimos años la sociedad argentina se ha polarizado entre kirchneristas y antikircheneristas, hasta el punto de que esta división ha ocasionado discusiones entre amigos y familiares. Sin embargo, una reciente encuesta publicada por el periódico La Nación indica que el 45% de los argentinos no se define ni a favor ni en contra del Gobierno. Son los votantes que le propinaron una derrota al kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2009, los que dieron la aplastante reelección a Fernández en 2011 y los que decidirán los comicios legislativos de agosto y octubre próximos.
Minutos antes de que llegaran los manifestantes al Parlamento, el Senado aprobó uno de los seis proyectos de la reforma judicial, aquel que busca limitar las medidas judiciales cautelares contra decisiones del Estado. El miércoles, la cámara alta también había votado dos iniciativas más, una de ellas a favor de la elección democrática de los integrantes del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona y destituye a los jueces. Hasta ahora los integrantes de ese cuerpo son elegidos por el Congreso, el Ejecutivo, asociaciones de magistrados y abogados y los rectores de universidades públicas. La Cámara de Diputados, mientras tanto, había aprobado los otros tres proyectos que completan la reforma judicial.
La manifestación había sido convocada a las ocho de la noche en toda Argentina. Uno de los puntos de encuentro en Buenos Aires era la esquina de Santa Fe y Callao, donde a esa hora solo se escuchaba elcacerolazo, mientras una señora elegante llevaba un cartel casero que pedía “Oposición unida” y un joven con boina, típica del campo argentino, apresuraba el paso. Unas mujeres llevaban la foto de una víctima de la inseguridad, otra portaba uno de los tantos carteles que decían “2015 sin Cristina”. Ese año se celebrarán elecciones presidenciales y los manifestantes procuraban mostrar este jueves que no estaban a favor de un golpe de Estado, como sugerían algunos kirchneristas, sino por un recambio democrático.
“¡Argentina, Argentina!”, gritaban los manifestantes en Santa Fe con Montevideo, mientras dos adolescentes pobres cumplían allí su tarea de todas las noches: revolver la basura para buscar cartones y papeles y venderlos después a intermediarios que los colocan en fábricas para su reciclado. “Está bien que protesten”, dijo Nahuel, de 16 años, que de día sigue yendo a la escuela secundaria en Lomas de Zamora, un municipio de la periferia sur de Buenos Aires. “Se tiene que terminar con la injusticia”, se quejó Nahuel, que dice que este año podrá votar por primera vez y lo hará por el PRO de Mauricio Macri, el alcalde porteño que provee a los cartoneros como este adolescente de autobuses para ir y venir a la capital a hacer su trabajo. No había pobres como Nahuel en la manifestación. Más bien había clases altas y medias, como la mujer rubia que pasó al lado con un cartel que decía “Trabajo digno”, lo que ni Fernández ni Macri le han dado a este joven bonaerense.
En Santa Fe y Uruguay, a pocos metros de la iglesia de San Nicolás de Bari, la misma que fue incendiada por los peronistas en su enfrentamiento contra los católicos antiperonistas en 1955, había cinco monjas, una en silla de ruedas, con sus cacerolas. Su antiguo arzobispo porteño, Jorge Bergoglio, el ahora papa Francisco, había mantenido una mala relación con los Kirchner.
“Cristina Kirchner tirana”, “Basta de korruptos” y “Justicia independiente” decían unos carteles. “No a la re-reelección”, se refería otro a una eventual reforma constitucional para que se permita que Fernández se vuelva a postular en 2015. La jefa de Estado ha descartado cambios de la Carta Magna, pero algunos de sus seguidores los piden.
Varios manifestantes llevaban impresos carteles con el lema de la marcha “Basta #18A”, por la fecha elegida. En el Obelisco, Esther, jubilada de 74 años de Belgrano, un barrio porteño de clase media alta, explicaba a qué le decía basta: “A este gobierno, que se termine cuando corresponda. A la corrupción, a la impunidad, a los que están matando (por la inseguridad). No queremos una dictadura sino democracia con división de los tres poderes. Nadie quiere ser Cuba o Venezuela”. Más de un kirchnerista ha descalificado estas manifestaciones opositoras porque dice que son de una clase acomodada que protesta porque los controles de capitales le impidió desde 2011 seguir comprando dólares para ahorrarlos (los argentinos llevan décadas acumulando en esa moneda) y porque está en contra de la asignación por hijo para trabajadores en paro o en la informalidad. “No me dejan comprar dólares cuando ellos se los roban”, se quejó Esther. “No me parece bien la asignación por hijo, hay que darles trabajo y que no vivan de ayudas sociales”, añadió la jubilada. Cuando se le comentó que a la inmensa mayoría de los beneficiarios de esas subvenciones no les alcanza con ese dinero y también trabaja, Esther viró su posición: “No estoy en contra de la asignación sino del populismo”.
“Salario familiar para todos”, decía el cartel que había impreso Andrea Díaz, empleada bancaria de 40 años, madre soltera de un niño de diez y vecina de Chacarita, un barrio de clase media. Andrea estaba apostada en la puerta del Congreso. Era la primera vez que iba a una manifestación opositora y lo hizo porque desde hace seis años ya no cobra la asignación por hijo y ha empezado a pagar el impuesto a la renta. Andrea dice que no es que gane más sino que las asignaciones y los impuestos no se han ajustado por la elevada inflación que comenzó en 2007. “Pido lo que pide la CGT (Confederación General del Trabajo)”, planteó Andrea, poco antes de que cientos de jóvenes rompieran el cerco del Palacio del Congreso y se apostaran en sus escalinatas.
El que estaba entusiasmado con la rebeldía de aquellos manifestantes, que casi se enfrentan con la Policía, era el diputado socialista Roy Cortina, del FAP. Cortina decía que entre 200.000 y 300.000 argentinos se habían manifestado en todo el país, incluidas las ciudades de La Plata (donde se sumó el enfado por las inundaciones que dejaron más de 50 muertos hace pocas semanas), Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán y Salta. “Hay una agenda pendiente y los actos de corrupción fueron la gota que derramó el vaso”, decía Cortina. “Acá hay clase media, media baja, cansada de la inflación y la inseguridad”, justificaba el diputado su presencia en una manifestación que ha dejado de ser propiedad del PRO y otros grupos de derecha, como las primeras de 2012. Lo que no acepta Cortina es la reclamación de que toda la oposición se una: “No me voy a juntar con Macri sino con los que tengan un sentido progresista”.
A su lado estaba Mario Cafiero, dirigente del izquierdista Proyecto Sur: “Vine porque hay que acompañar a los ciudadanos en demanda de democracia, justicia independiente, el no a la impunidad. Es cierto que el PRO quiso apropiarse de estas marchas, pero lo exceden totalmente. Esto no es antipopular y si lo fuera, con tanta gente hay, tendríamos un problema”. Cafiero opinó que la imposibilidad de comprar dólares para ahorro “es un problema del Gobierno, que había dejado fugar antes millones”, y defendió la asignación por hijo, pero abogó por que se pase “del asistencialismo a la cultura del trabajo”.
Buenos Aires, 18 abr (EFE).- El Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, volvió hoy a ser blanco de masivas protestas en Buenos Aires y varias ciudades del interior del país convocadas a través de las redes sociales y con el apoyo explícito de sectores de la oposición en un año electoral clave.
Como en la multitudinaria protesta del 8 de noviembre pasado, nuevamente las razones esgrimidas por los miles de manifestantes que se volcaron a las calles fueron múltiples, desde el rechazo a las restricciones cambiarias y a la reforma judicial que se aprobó hoy en el Senado hasta reclamos por la inflación y en contra de la corrupción.
También como en noviembre, las redes sociales volvieron a tener un fuerte protagonismo a la hora de convocar a la protesta y de reflejar el clima de indignación que domina a muchos argentinos.
En las calles, el malestar frente al Gobierno de Fernández se expresó con pancartas y banderas argentinas, algunas de ellas gigantes, y también con el batir de cacerolas.
“Los vamos a juzgar”, “respeto a la prensa libre”, “juicio político a CFK”, “sin justicia no hay futuro”, “defendamos la democracia”, fueron algunas de las consignas que se vieron en las calles.
“Es mi deber como ciudadano defender a la república y todas las libertades. Este Gobierno no respeta a los ciudadanos y hay que manifestarse hasta que entiendan que hay que respetar la pluralidad”, dijo a Efe Julio, de 50 años, vecino del barro porteño de Recoleta, para quien la protesta ha hecho “despertar a una oposición que estaba dormida”.
Lidia, de 37 años, de la localidad bonaerense de Avellaneda, dijo que protestaba contra “la inseguridad y la inflación” porque entiende que el Gobierno “no está haciendo nada” y que los ciudadanos “no pueden quedarse con los brazos cruzados”.
“Quiero hacer lo que pueda para contribuir a que las cosas cambien. Estamos muy mal. No tenemos justicia. Vamos cada vez peor. Y el Gobierno sabe que no tiene razón”, dijo Graciela, de 75 años, vecina del barrio de Floresta.
En Buenos Aires, la protesta se inició en los barrios y, desde allí, muchos de los manifestantes marcharon hacia el emblemático Obelisco, en el centro de la capital, hacia la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.
A mitad de la movilización, cuando el Senado aprobó la reforma judicial, miles de manifestantes decidieron llevar la protesta también a las puertas del Parlamento.
También hubo fuertes protestas en distintas ciudades del interior, como Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Santa Fe, Tucumán, La Plata y en la localidad bonaerense de Olivos, cerca de la residencia presidencial.
La novedad de la protesta contra el Gobierno de Cristina Fernández fue ésta vez el apoyo activo que diversos dirigentes de la oposición dieron a las movilizaciones.
En las calles de Buenos Aires puede verse a manifestantes identificados con los colores y las consignas de Propuesta Republicana (Pro), uno de las principales fuerzas opositoras, lideradas por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien ha convocado a la marcha a través de Twitter pero que no participará de la movilización, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.
Otros dirigentes de oposición, como la diputada Patricia Bullrich, el dirigente sindical Gerónimo Venegas, la líder de Afirmación para una República Igualitaria Elisa Carrió y el diputado del Pro Federico Pinedo, se mostraron entre la gente, protestando activamente.
“Hay un reclamo de la población, de que podemos vivir mejor y esto se logra con honestidad y participación de la ciudadanía. Hay muchísimas expresiones de lo que piensa la gente y para nosotros es muy importante leer lo que está diciendo la gente”, dijo en la marcha el líder del Frente Amplio Progresista, el socialista Hermes Binner.
Por su parte, el diputado radical Ricardo Alfonsín, también presente en la movilización, dijo que la presencia de la oposición en la protesta es “producto de la gran preocupación por la degradación de valores fundamentales de la democracia y la república”.
Cristina Fernández, que en la tarde de hoy partió rumbo a Lima para asistir a una cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, inició su gestión en 2007 y fue reelegida para un segundo mandato en 2011 con el 54 por ciento de los votos, pero su imagen positiva ha ido desde entonces en declive, según diversas encuestadoras privadas.
“Al que le gusta protestar, me parece bien, pero sería bueno que además todos podamos ayudar”, dijo hoy la mandataria en un acto en la sede del Ejecutivo, donde no hizo alusión directa a la convocatoria del “18A”.
Argentina celebrará elecciones en octubre próximo, cuando el oficialismo pondrá en juego su mayoría en el Parlamento, comicios clave de cara a las presidenciales de 2015.
La reacción en la Casa Rosada
Hacia la hora en que se escuchó el estruendo de las cacerolas , la Casa Rosada quedó semivacía. El gobierno de Cristina Kirchner hizo un silencio público sobre la multitudinaria protesta. Pero, por primera vez, los funcionarios que quedaron en Balcarce 50 admitieron por lo bajo que fue “masiva” y que demuestra que la sociedad está dividida en dos. A la vez, interpretaron: “El 50% que adhiere al Gobierno reclama que se acelere el proceso de cambio institucional que propone el kirchnerismo”.En buen romance, Cristina Kirchner apurará la sanción de la “democratización” de la Justicia . Los que protestan, dijo un funcionario a LA NACION, son “sólo el otro 50% que está en contra”.En ese clima denso, la Presidenta pretendió ignorar la marcha . No sólo partió a las 18.17, una hora antes de la marcha, rumbo a Perú, escala previa de su destino final: Venezuela. Además de ello, durante todo el vuelo en el avión Tango 01 descargó una batearía inédita de 60 mensajes por Twitter sobre asuntos ajenos al cacerolazo.
POR JULIO BLANCK – Clarín.com
Nada empezó ni nada terminó ayer. Pero la dimensión extraordinaria de la protesta social que se extendió desde el centro de Buenos Aires hacia los barrios, la periferia y los centros urbanos de todo el país, establece un nuevo escenario y nuevos parámetros para los actores de la política y el poder.
El discurso y la acción del Gobierno podrán seguir con su cerrazón, con su ignorancia y desprecio a todo lo que esté ajeno a ese universo en proceso de contracción, voluntaria y a la vez inevitable. Las palabras de los opositores podrán sonar alineadas con la bronca y el hartazgo sin retorno de los millones que encontraron anoche alguna forma para expresar sus razones para protestar. Pero a unos y a otros los sobrepasan y condicionan las multitudes movilizadas desde la convocatoria original en las redes sociales.
Una porción muy grande de la sociedad les acaba de decir a Cristina Kirchner y a su gobierno que no los quiere un día más de lo que marca la Constitución al timón de los asuntos públicos. Esa porción de ciudadanía bien puede ser aún superior al 46% de votantes que hace un año y medio eligió entre desnutridas opciones contra la Presidenta. Quizás sea mayoría: es una posibilidad que pronto llegará el tiempo de comprobar o descartar. Pero lo seguro es que el encono de esos ciudadanos contra Cristina aumentó exponencialmente desde entonces. Es todo mérito de la Presidenta y sus centuriones, obsesionados y a la vez atrapados en esa lógica corrosiva de amigo/enemigo que elimina matices, se priva de enriquecerse con la opinión de otros, amputa discusiones, ataca a lo diferente, contamina el aire que se respira y enferma a la democracia.
Mientras centenares de miles de sus gobernados protestaban anoche en las calles y plazas del país, la Presidenta, en viaje a Perú, fatigaba su cuenta de Twitter con mensajes autorreferenciales. Le gusta hablar de los más de 40 millones de argentinos, de todos y todas, pero le resulta imposible ver al otro.
Por cierto, la fabulosa movilización de anoche, quizás mayor aún que la de noviembre pasado, interpela ya en términos de ultimátum a la dirigencia opositora.
Incluso a aquellos hombres del peronismo que, estando hoy incluídos en el bando oficialista, aspiran a encabezar una etapa distinta desde 2015 en adelante.
Millones de argentinos reclaman ser representados por quienes sean capaces de construir una esperanza y un nuevo liderazgo. Si eso no ocurre, el sueño de perpetuación de Cristina y su modelo todavía puede ser posible.
A la oposición puede gustarle poco o mucho, pero es un hecho comprobable que sus dirigentes no estuvieron, no están todavía, no se sabe si estarán, a la altura de lo que esas franjas tan dinámicas de la sociedad esperan de ellos.
Hasta hoy, la determinación feroz de la Presidenta y sus seguidores por mantenerse en el poder, cerrándose más y más sobre su relato sesgado, encontró un complemento perfecto en la mezquindad y la falta de un proyecto distinto, confiable y superador, que es la gran carencia de la oposición. Las multitudes de anoche parecen haberle dicho basta a esa forma perversa de complementación entre las ambiciones de unos y la cortedad de otros, que sólo hace que nada cambie.
Los acontecimientos recientes confluyeron, de hecho, en la definición de un escenario ideal para esta protesta, tan potente y a la vez anónima porque su rostro es el de la multitud ciudadana.
Si hace un año atrás la tragedia ferroviaria de Once demostraba que la corrupción mata, ahora las decenas de muertes por la inundación en La Plata, y también las víctimas en Capital y el GBA, muestran que la ineficiencia, el discurso vacío y las obras que no se hacen porque el dinero se desvía a otros fines, también matan.
Como mata la inseguridad que golpea a través de toda la escala social y que todos los días agrega nuevos nombres a una lista trágica. Si por fortuna o causalidad no mata, igual la inseguridad nos hace vivir -como ya dijera una de sus víctimas- con la sensación de que todos estamos en lista de espera.
Y como ya no alcanza con dibujar la inflación se congelan los precios, pero todo sigue subiendo. Cae la inversión, se frena la economía, el empleo se degrada y se achica, no cede la economía en negro y se hace difícil sostener el consumo. Y después de una década de un Estado rico y prepotente, una cuarta parte de los argentinos depende de la asistencia social para compensar un ingreso que no alcanza a evitar la pobreza.
Al mismo tiempo, ni la energía ni el transporte salen de sus estados de crisis. Las mejoras, cuando las hay, son homeopáticas. La constante es el contratiempo para los usuarios, la carencia y, eso sí, la propaganda abundante que enmascara la realidad pero nunca la cambia.
La reforma judicial, última criatura salida del laboratorio cristinista, se encamina a ser aprobada en el Congreso por la mayoría parlamentaria del Gobierno. El propósito de “democratizar la Justicia” no resiste un análisis medianamente serio: lo que se busca es acrecentar la injerencia del Gobierno, aumentar el control político sobre los tribunales y someter a los jueces y fiscales que aún estén dispuestos a mantener su independencia.
Después de la decisión judicial que le puso límite constitucional a la ley de medios, el funcionario Martín Sabbatella, comisionado para controlar a la prensa independiente y favorecer a los amigos del Gobierno, lo dijo ayer de modo brutal: “El fallo de la Cámara sobre la ley de medios demuestra que es necesario reformar la Justicia”.
La llamada democratización como herramienta para asegurarse fallos complacientes.O sea, decir una cosa, ocultar su verdadero carácter, y decir otra cosa si es conveniente. Puro relato. El eterno Groucho Marx, autor de la frase “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”, no lo hubiera hecho mejor.
Por último, el escándalo de presunto lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento que tiene como protagonista central a Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, completó el recorrido hacia la gigantesca protesta.
Este próspero empresario es el mismo que admitió ante la AFIP -según reveló el diario La Nación– que para capitalizar una de sus empresas había recibido dinero en bolsas enviadas desde el Uruguay.
Báez, como señaló el periodista Luis Majul en su libro El Dueño, sobre Néstor Kirchner y los negocios del poder, fundó la empresa Austral Construcciones, nave insignia de su emporio, el 16 de mayo de 2003. Nueve días después su amigo Kirchner asumió la presidencia.
Las denuncias sobre dinero ilegal sacado del país por cuenta y orden de Báez, y la posición de extrema cercanía de este empresario con la Presidenta y su familia, abren el interrogante más profundo y tenebroso sobre la década kirchnerista.
Por sus implicancias, es el hecho de corrupción más grave de estos años, superior al que tiene como protagonista al vicepresidente Amado Boudou, al programa de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo o a las innumerables sospechas sobre maniobras con las obras públicas.
En un sistema de poder personalista y ultraconcentrado como el que inició Kirchner y perfeccionó Cristina, las denuncias contra Báez son unimpacto directo al corazón del modelo, sus protagonistas y su relato. También contra eso y por eso se protestó anoche en todo el país.
ASEGURAN QUE LA REFORMA JUDICIAL PODRÍA SER APROBADA
Los Tiempos – 10/04/2013
Cristina Fernández, presidenta de Argentina. – Ap Agencia
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentó este lunes los seis proyectos de ley para concretar su anunciada “democratización del Poder Judicial”.
Las iniciativas prevén la elección por el voto popular de parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura, límites a las medidas cautelares para suspender normas del Estado, el ingreso a la carrera judicial a través de oposiciones, la publicidad de los actos de la justicia y de los patrimonios de sus miembros y la creación de tres tribunales de tercera instancia.
La jefa de Estado había invitado a los legisladores de la oposición a la presentación de los proyectos en un acto en el Museo del Bicentenario, pero ninguno de ellos asistió en señal de rechazo.
El peronismo kirchnerista y sus aliados dominan ambas cámaras del Parlamento, con lo que resulta probable que la reforma judicial se apruebe, consignó el diario El País.
“Esto propone la participación de la ciudadanía de manera tal que jueces como abogados y académicos del Consejo de la Magistratura sean elegidos en base al Artículo 38 de la Constitución Nacional, que consagra los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia. No es politización de la Justicia”, dijo Fernández.
En la actualidad, el Consejo de la Magistratura está compuesto por tres jueces elegidos entre ellos, tres senadores y tres diputados seleccionados por el Congreso, dos abogados votados por los colectivos profesionales, un representante del Ejecutivo y un académico escogido por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Con la reforma, se ampliará la cantidad de consejeros de 13 a 19 y los seis nuevos miembros, que serán jueces, abogados y académicos –estos últimos ya no deberán ser necesariamente graduados en Derecho–, serán elegidos en las próximas elecciones legislativas de agosto próximo.
La unión Cívica Radical (UCR), principal fuerza de la oposición parlamentaria, advirtió de que la reforma del Consejo de la Magistratura “es particularmente preocupante”.
abr. 10, 2013 Espanol UPI.com
BUENOS AIRES, abr. 10 (UPI) — La reforma del Poder Judicial que anunció la Presidenta Cristina Fernández ya genera resistencias entre las organizaciones del mundo judicial, consignó el diario La Nación.
Entidades de jueces y abogados sostuvieron ayer que algunos de los cambios propuesto s van en contra de la Constitución Nacional. Cuestionan, sobre todo, la modificación del Consejo de la Magistratura y el hecho de que los jueces y abogados sean elegidos por el voto popular en elecciones generales, y no por sus representados. En el Colegio de Abogados de la Capital el malestar es tal que anunciaron que ya empezaron a trabajar en la redacción de un amparo por si la reforma se aprueba.
La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, prevé también un escenario de pelea judicial. “La Constitución dice que los jueces y abogados son representantes de sus pares y es el representado quien elige a sus representantes”, sostuvo su presidente, Luis Cabral. Dijo además que la disminución proporcional de jueces en el Consejo “violenta el equilibrio entre los estamentos” previsto en la carta magna. De aprobarse la reforma, el Consejo pasaría de 13 a 19 miembros, pero los jueces seguirían teniendo tres representantes.
Y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que agrupa a jueces del interior, y el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también hicieron cuestionamientos a los proyectos. Fueron la contracara de los elogios de ayer por la tarde de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el grupo Justicia Legítima, que ella lidera, agregó La Nación.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy las iniciativas que forman parte del proyecto de Ley de la democratización de la Justicia
lunes, 08/04/2013 | El Intransigente
BUENOS AIRES.-La Presidenta, Cristina Fernández de Kirchneranunció hoy en un acto en el Museo del Bicentenario el proyecto de ley de reforma judicial destinado a la “democratización, transparencia y agilización” de los actos judiciales, que se elevará al Congreso entre esta noche y mañana a la mañana.Asistieron al acto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak; la presidenta del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, entre otras autoridades.Estos son los puntos de la reforma que se enviarán, algunos al Senado y otros a Diputados, para su análisis y eventual aprobación:Acciones para la democratización de la justicia:• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo porque ya estarán privilegiados.
“Estamos haciendo una apuesta muy fuerte a la democratización y legitimación de la Justicia”, expresó la Presidenta.
(Fuente Prensa Argentina)
El gobernador de Chaco se encuentra en Mendoza. Los mandatarios coinciden en que la Presidenta posee un liderazgo excluyente y que ellos se alinea atrás de cada una de sus decisiones.
La visita del gobernador del Chaco Jorge Capitanich sirvió para que, junto a su par de Mendoza Francisco Pérez, ambos mandatarios se mostraran a favor de la gestión de la presidente Cristina Fernández y reafirmaran su fidelidad al proyecto nacional.
Capitanich llegó a Mendoza para firmar dos convenios. El primero de ellos fue para la presentación de un tractor que se fabrica en Chaco y que es fácilmente adaptable a las fincas mendocinas, explicó Pérez, quien agregó, que compiten a un precio atractivo para los pequeños productores.
En tanto, el segundo convenio es para la cooperación de ambos provincias en sistemas de control y medición.
Pero la visita incluyó palabras de Capitanich a favor de la presidenta y aseguró que tanto él, como Pérez, “pertenecemos a un proyecto y respetamos su voluntad. Ella tiene un liderazgo excluyente y respetamos su decisión”, manifestó el chaqueño, haciendo referencia a una posible reforma constitucional a nivel nacional, que le permita a Cristina Fernández volver a ser candidata a la presidencia.
“Yo creo que el tema central es que cualquier reforma implica la voluntad de quien lidera el espacio político, la del congreso y la del pueblo, soy prudente, nosotros ratificamos el liderazgo de la presidente de la nación y es su decisión política”, explicó Capitanich.
Por último, el gobernador chaqueño manifestó que “es muy prematuro hablar de una eventual candidatura para el 2015, hay una elección de medio término y tenemos que trabajar en nuestras metas territoriales”, y prefirió no responder sobre las posibilidades del gobernador bonaerense Daniel Scioli, en caso de que la mandataria no sea la candidata presidencial del justicialismo dentro de dos años.
Posted on junio 6, 2013 at 8:36 pm in Política - Crisis y acuerdos	| RSS feed
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