Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4046-de-mayo-21-de-1991?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414bf3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 02:55:05
Document Index: 42805362

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 17', 'artículo 64', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 23', 'artículo 58', 'artículo 64', 'artículo 23', 'artículo 64', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 64', 'Artículo 21', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 4046 DE MAYO 21 DE 1991
SENTENCIA 4046 DE 21 DE MAYO DE 1991
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN DE PENSIONES OFICIALES, VIUDAS PENSIONADAS TAMBIÉN POR EL SECTOR PÚBLICO
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES DEL TRABAJADOR OFICIAL, DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:235 DE JULIO DE 1991, PÁG.547
Sentencia 4046 de mayo 21 de 1991
SUSTITUCIÓN DE PENSIONES OFICIALES
VIUDAS PENSIONADAS TAMBIEN POR EL SECTOR PÚBLICO
Radicación 4046
Bogotá, D. E., veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno.
La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por Aura Marina González de Galarza contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el juicio que le sigue a la Industria Licorera de Caldas.
El Tribunal conoció de la apelación de quien recurre en casación y confirmó con dicha sentencia la absolución impartida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales mediante la suya de 9 de febrero del mismo año. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de la actora, que inicío el proceso para obtener el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional, pretensión a la cual se opuso la demandada debido a que la demandante disfruta de una pensión pagada por la Caja Nacional de Previsión.
Como fundamento de su pretensión afirmó que estuvo casada con Tiberio Galarza Ossa, quien falleció el 10 de julio de 1988 y al momento de su muerte disfrutaba una pensión mensual de jubilación de $ 50.890.98; dijo igualmente que ella gozaba también de pensión de jubilación por $ 56.385.43 en razón de los servicios personales que prestó como docente. De los hechos aseverados, la Licorera de Caldas únicamente aceptó el de ser una empresa industrial dedicada a la fabricación y expendio de licores y que por comunicación del 13 de marzo de 1989 le negó a la demandante la sustitución pensional que le reclamaba, basándose para ello en el artículo 64 de la Constitución Nacional y en que ella disfrutraba ya de una asignación proveniente del tesoro público, quedando agotada así la vía gubernativa. La demandada propuso las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido, que fue precisamente la que declaró no probada el juez de la causa para absolver.
La demandante lo interpuso, el Tribunal lo concedió y la Corte lo admitió, al igual que lo hizo con la demanda que sustenta el recurso extraordinario (folios 7 a 17), la cual fue replicada (folios 21 a 25).
Según lo declara al fijarle el alcance a su impugnación, persigue la casación total de la sentencia acusada y que luego, en instancia, la Corte revoque el fallo de primer grado y en su lugar condene a la demandada a pagar la pensión impetrada y las costas del proceso.
En procura de su objetivo procesal le formula a la sentencia un cargo en el cual la acusa por infracción directa de los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1973 y 31, 36 y 39 del Decreto 3135 de 1968; por aplicación indebida del literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y de los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 77 y 84 del Decreto 1848 de 1969 y 2º y 4º de la Ley 151 de 1959 y 1º del Decreto 1713 de 1960; y por interpretación errónea del artículo 64 de la Constitución Nacional.
Explica la recurrente que la infracción directa de las normas que señala se debió a que cubriendo la Ley 33 de 1973 la precisa situación ventilada en el proceso, dejó de aplicar sus artículos 1º y 2º, siendo obligatorio hacerlo, por ser ella la cónyuge sobreviviente y no poderse hacer diferencia por la circunstancia de darse la vinculación en el sector privado o en el oficial; e igualmente ser de inexcusable aplicación al caso los preceptos inaplicados del Decreto 3135 de 1968, los cuales no tuvo en cuenta no obstante aludir la sentencia al Decreto 1848 de 1969, que lo reglamenta. Acepta la censura que, aun cuando sin decirlo expresamente, el Tribunal dio aplicación al artículo 27 del mencionado decreto 3135 pues de otra manera no podría haber hecho mención de la pensión discutida en el proceso, pero que no sucede lo mismo con los artículos 31, 36 y 39 del mismo, cuando el primero de ellos establece los casos de incompatibilidad entre distintas pensiones, sin incluir la situación suya, y los otros dos, que ha debido aplicar y sin embargo no aplicó, por regular concretamente lo relativo a la sustitución pensional, conforme posteriormente lo vino también a hacer la Ley 33 de 1973 para darle un alcance vitalicio a dicho derecho.
En cuanto a las que sí aplicó pero de modo indebido, dice la impugnante que en vez de hacerles producir el efecto correcto, les hizo producir uno contrario al haber absuelto cuando debió condenar con base en ellos. Dice por esto que las normas que establecen los casos de incompatibilidad son de interpretación estricta dado su carácter restrictivo, y concluye aseverando que la incompatibilidad que tales disposiciones claramente señalan “supone la presencia de un emolumento o asignación nacida de la prestación de un servicio”, lo que no ocurre en el presente caso.
Y refiriéndose específicamente a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1713 de 1960, dice textualmente lo que sigue:
“... Mal puede pensarse en excepciones que no guarden concordancia con la regla general pues para que sea excepción necesariamente tiene que estar dentro de la misma materia contemplada en la norma general y esa materia es, indudablemente, la percepción de sumas del Estado por dos canales o conductos, de los cuales uno necesariamente nace en el hecho de prestarle un servicio al mismo. Es decir dentro de esta materia, la que configura la prohibición del artículo 64, no está la situación nacida de la percepción de sumas por dos o más canales diferentes, ajenos a la prestación de un servicio como es lo que sucede en este proceso en el cual se trata de la compatibilidad de dos pensiones que por el mismo hecho de serlo suponen la exclusión del factor prestación del servicio ya que el origen de la pensión es precisamente la antítesis de la asignación nacida de la prestación de un servicio. La pensión se genera en favor de quien, precisamente porque no puede prestar un servicio, requiere de una suma que le permita satisfacer sus necesidades” (fl. 14).
Por último, con relación al artículo 64 de la Constitución Nacional, el cual indicó como mal interpretado, sostiene que él constituye “el punto vertebral de la discrepancia con el fallo impugnado”, y para criticar la que califica de equivocada inteligencia dada por el Tribunal al texto constitucional, anota que el fallador —esas son las palabras de la acusadora— ... se encerró en la interpretación del vocablo “asignación” y porque éste reemplazó la voz “sueldo” concluyó, al reconocer una mayor amplitud (que realmente la tiene), que llegaba a cubrir el concepto de pensiones en eventos como el presenté'' (fl. 15).
Y remata así su planteamiento:
“No reparó el ad-quem que esa mayor amplitud del nuevo vocablo buscaba cubrir nuevas formas de retribución o pago de servicios, adicionales al sueldo mismo, como pueden ser honorarios, comisiones y otros, pero no podía llegar hasta imponer un cambio en el concepto u origen de la retribución en forma tal de llegar a asimilarlo con una pensión y particularmente con la que, como en este caso, no se origina en un servicio anterior (que es lo usual en la génesis de una pensión de jubilación) sino en una situación totalmente ajena como es el fallecimiento del pensionado” (fls. 15 y 16).
Por su parte la Licorera de Caldas replica el cargo anotando que se acumulan en él antitécnicamente tres conceptos de violación excluyente, como son la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea de la ley; pese a lo cual se refiere igualmente al fondo de la cuestión planteada para aseverar, con apoyo en la reiterada jurisprudencia sobre el tema, que no resulta legalmente posible recibir dos asignaciones provenientes del tesoro público por así prohibirlo expresamente el artículo 64 de la Constitución Nacional y no hallarse la situación de la viuda pensionada que pretende recibir además por sustitución la pensión de su cónyuge fallecido, entre las excepciones taxativamente previstas por la misma ley.
1. En primer término, debe anotar la Sala que es viable la censura que por interpretación errónea del artículo 64 constitucional se formula en este caso por cuanto esa disposición, a pesar de no estar comprendida dentro del Título III de la Carta, establece directamente y por sí sola la limitación de un derecho sustancial de naturaleza laboral, y en ese preciso sentido fue aplicada por los juzgadores de instancia, además de encontrarse indisolublemente vinculada con las normas legales que la desarrollan específicamente y que también se indican como infringidas en la proposición jurídica.
Por otra parte, es posible que dentro de un mismo cargo, como aquí ocurre, se acuse la transgresión de distintas normas por diferentes conceptos de violación de la ley. Lo que no resulta procedente es acumular en un mismo cargo y respecto de una misma disposición diversos conceptos de quebranto normativo. Se desestima por ello el reproche técnico que a la demanda de casación le hace la opositora.
2. El artículo 64 de la Constitución Nacional. Sentido y alcance de la prohibición constitucional.
La jurisprudencia de esta corporación había entendido hasta ahora, como también lo hizo el Tribunal Superior en la sentencia acusada, que en el sector oficial la viuda no podía acumular a su propia pensión por servicios la sustitución de la pensión de su cónyuge fallecido, por cuanto esta hipótesis no correspondía a ninguna de las expresas “excepciones” consagradas por la ley a la prohibición general establecida en el artículo 64 de la Constitución.
Sin embargo, estima la Sala Plena de Casación Laboral que conviene rectificar su anterior criterio y aceptar como correcta la lectura de los preceptos legales que en esta ocasión propone la censura, por estimar que este entendimiento, y no el que tradicionalmente se ha hecho, es el que mejor se ajusta al espíritu protector del derecho laboral y a la verdadera intención que se tuvo por el constituyente de 1936 al introducir la modificación que consistió en cambiar la palabra “sueldo” que venía en el primigenio artículo 64 de la Constitución de 1886, por la de “asignación”.
En efecto, el mandato original de la Constitución que correspondía exactamente al artículo 64, era del siguiente tenor:
La reforma constitucional verificada mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1936 derogó expresamente dicho ordenamiento y el artículo 23 del acto reformatorio, que correspondió al artículo 58 de la codificación constitucional de ese año, quedó diciendo lo siguiente:
“Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en que tengan parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, los departamentos y los municipios”.
Por virtud de la codificación que el constituyente dispuso en 1945, la norma copiada vino nuevamente a ocupar el artículo 64 de nuestra Carta Política, pero sin que para nada se variase su redacción.
Lo primero que debe hacerse, a juicio de la Sala, para determinar cuál es el verdadero alcance de la modificación introducida por el artículo 23 del Acto Legislativo No. 1 de 1936 al artículo 64 de la codificación constitucional entonces vigente, es ubicar contextualmente el precepto cuyo sentido se quiere desentrañar. Ello permite advertir, a primera vista, que el mismo se encuentra dentro del Título V que trata de las “Ramas del poder público y del servicio público”.
El Título V de la Constitución, en su orden, regula lo atinente a las “ramas del poder público”, consagrando la clásica tridivisión de ellas en legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, contemplando en sus artículos 59 y 60 lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración, función de control que le atribuye a la Contraloría General de la República y regulando igualmente lo relacionado con las “atribuciones”, “responsabilidad de los funcionarios” y las “reglas generales” sobre la función pública.
Esta división de temas que trae el Título V de la Constitución de sus artículos 55 a 67, y dentro del cual está comprendido obviamente el 64 cuyo sentido se quiere hoy precisar, sirve para ilustrar al intérprete acerca del propósito que anima la prohibición, dispuesta en este último, de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o de instituciones en que el Estado tenga parte principal, “salvo lo que para casos especiales determinen las leyes”.
El espíritu innegable del sano precepto que impide la percepción de dos asignaciones del tesoro público o que provengan de empresas o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otro diferente al de impedir, por razones de moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a la que reciben como sueldo, sea que dicha asignación adicional revista el carácter de honorario, dieta o como quiera denominarse; por ello no significa que deba extenderse la prohibición constitucional a casos en los cuales no se transgrede esta norma tendiente a mantener la moral en el servicio público.
Nótese cómo desde el artículo 61, precaviendo la concentración indebida de la autoridad y a fin de preservar la separación de las ramas del poder público en el clásico trípode en el que descansa nuestro ordenamiento jurídico, se prohíbe la acumulación, en tiempo de paz, de “la autoridad política o civil y la judicial o la militar”. Luego sigue el artículo 62 que defiere a la ley la determinación de los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el ejercicio de aquellos empleos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascensos y jubilación y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público. Continúa el artículo 63 ordenando que todos los empleos públicos deben tener funciones detalladas en la ley o el reglamento, para posteriormente establecer la ley fundamental en su artículo 64 la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público.
Que el objeto de la modificación de la palabra “sueldo” por la expresión “asignación” —mucho más comprensiva que la anterior, desde luego— dispuesto por el constituyente de 1936 fue el de evitar la acumulación de cargos remunerados en un mismo funcionario oficial con la consiguiente secuela de moralidad administrativa, resulta de la sola lectura del acta de la Comisión Octava del Senado correspondiente a la sesión del día 14 de noviembre de 1935, en la que se lee lo siguiente:
“Se dispone, como ahora, que ninguna persona devengará más de un sueldo del tesoro público, salvas las excepciones legales. Pero se eleva a categoría constitucional el texto legal de que por tesoro público se entiende el de la Nación, el de los departamentos y el de los municipios, y se agrega el caso de que el sueldo sea pagado por empresa o entidad que controla el Estado o de la cual sea éste el propietario o principal accionista.
El objeto de esta disposición es el de evitar el acaparamiento de las posiciones remuneradas y el de imprimir un sello de austeridad y decoro a las actividades de quienes directa o indirectamente sean funcionarios oficiales.
Análoga finalidad persigue el artículo nuevo que declara incompatible la investidura parlamentaria con el hecho de ser o haber sido durante cierto tiempo apoderado, agente, asesor o intermediario de compañía o contratistas que negocien con la Nación” (Reforma Constitucional de 1936, Tomo I, pág. 348. Colección “Pensadores Políticos Colombianos” Cámara de Representantes - las subrayas son de la Corte).
El texto propuesto mantenía, a semejanza de su homólogo original de la Constitución de 1886, la expresión “sueldo”; y así se mantuvo su redacción hasta el 10 de marzo de 1936 cuando en el Informe de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales de la Cámara de Representantes para el segundo debate del proyecto de Acto Legislativo Reformatorio de la Constitución, se introdujo la palabra “asignación”, con el único propósito de “hacerlo más comprensivo” y “para que no pueda pensarse que excluye la retribución de los Congresistas”. En lo pertinente la correspondiente acta de la sesión de la Cámara recogió así la ameritada propuesta y las razones, según el ponente, para la variación en la redacción del artículo. Así se lee:
“... Artículo 21. Con el simple cambio de la palabra sueldo por el término asignación a efecto de hacerlo más comprensivo, o para que no pueda pensarse que excluye la retribución de los Congresistas, se acoge el artículo del Senado, que tuvo su origen en la comsión de la Cámara ...”.
Y continúa el informe explicando que el objeto de la modificación propuesta es el de evitar los “vicios que adulteran la democracia y lesionan el buen concepto que los gobernados deben tener de los detentadores del poder público, indispensable apoyo moral para el consenso popular a las normas de gobierno” (ob. cit., pág. 270).
Como se ve, pues, fueron razones de moralización de la administración y del poder público las que llevaron a cambiar la palabra “sueldo” por la palabra “asignación”.
Este doble marco de referencia, el contextual y el teleológico, permiten comprender que dentro de la preceptiva del actual artículo 64 de la Constitución Nacional no se debe incluir un fenómeno diferente, cual es el de que dos personas, cónyuges entre sí, hayan cada una de ellas prestado independientemente por muchos años sus servicios al Estado, hasta obtener ambas su correspondiente pensión de jubilación sin que ello implique desde luego violación alguna de la Constitución o la ley.
¿De dónde resulta entonces que por la circunstancia de fallecer uno de los dos perceptores de la asignación, no pueda el otro recibir por sustitución la pensión de jubilación que el fallecido devengaba?
La Sala Plena de Casación Laboral rectifica ahora el criterio según el cual se situó equivocadamente el fenómeno dentro de la regulación del artículo 64 de la Carta, para lugo darse a la tarea de buscar si se estaba ante uno de los “casos especiales” determinados por las leyes como excepciones a la prohibición de recibir más de una asignación oficial. Al proceder así es obvio que no se encontrara la excepción, por la elemental razón de que el caso no correspondía a las previsiones que tuvo en cuenta el constituyente al establecer la regla general.
3. La sustitución de la pensión a la viuda.
Precisado lo anterior, y para reforzar la interpretación que hoy se hace de la prohibición contenida en el artículo 64 de la Constitución, conviene ahora recordar cuál ha sido la evolución legal del instituto de la sustitución pensional.
La primera disposición que estableció la sustitución pensional entre nosotros fue la Ley 22 de 1945 que la dispuso para los extrabajadores de los correos y telégrafos. Su artículo 10 la consagró por el término de un año para los padres, el cónyuge y los hijos menores del pensionado fallecido, dependientes de éste y carentes de lo necesario para su congrua subsistencia.
Posteriormente, la Ley 171 de 1961 (art. 12) estableció la sustitución pensional por dos años en favor de la cónyuge y los hijos menores de 18 años, o los mayores de esta edad incapacitados para trabajar por razones de estudio o de invalidez, que dependieran económicamente del pensionado fallecido. Sólo a falta de cónyuge e hijo se sustituía la pensión por el lapso indicado a los padres, hermanos inválidos o hermanas solteras del pensionado fallecido siempre que dependieran económicamente del jubilado y carecieran de medios para su congrua subsistencia.
El artículo 39 del Decreto 3135 de 1968 mantuvo la sustitución de la pensión por dos años para el cónyuge y los hijos del pensionado en los mismos términos de la Ley 171 de 1961, pero no contempló la hipótesis de sustitución a los padres y hermanos que venían en la Ley 171 de 1961, lo que sí hizo posteriormente, en términos iguales a los de dicha ley, el artículo 1º de la Ley 5a. de 1969.
Viene luego el Decreto 434 de 1971 que extendió el beneficio de la sustitución pensional para los mismos beneficiarios indicados en el artículo 1º de la Ley 5a. de 1969 a un período de cinco años.
La Ley 33 de 1973 (art. 1º) consagró la sustitución pensional para la viuda del pensionado fallecido en forma vitalicia. Esta sustitución a la viuda, sin embargo, concurre con los hijos menores del causante los incapacitados para trabajar por estudios o invalidez que sean sus dependientes y está condicionada a que no hubiera existido culpa de su parte si al momento de la muerte del pensionado los cónyuges no convivían y a que en todo caso permanezca en estado de viudez.
4. Diferente naturaleza de la pensión por servicios y la pensión sustituida.
La evolución legislativa de la sustitución pensional a las viudas demuestra cómo esa institución tiene evidentemente naturaleza diversa de la pensión jubilatoria por servicios. Al establecer la sustitución pensional para la viuda el legislador no se propuso la consagración a cargo del empleador de un beneficio social que fuera simple o exclusivamente la contraprestación por los servicios prestados por un antiguo trabajador. Su intención no fue otra que garantizarle a la viuda que convivía con el pensionado fallecido y que de él dependía, primero por un breve lapso que luego se fue extendiendo hasta hacerse vitalicio, aunque condicionado, el mismo ingreso que éste venía percibiendo y que le permitiría a aquella sobrevivir, desde el punto de vista económico, a la pérdida de su marido.
Sin embargo, no es el simple recuento legislativo de las vicisitudes de la susodicha pensión por sustitución lo que permite advertir su verdadera naturaleza de prestación social diferente a la pensión por servicios. Esta diferencia resulta de distinguir entre el carácter de contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido en el pasado, y lo es en el prsente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón de su viudez se le otorga y mantiene.
Para la Sala tiene extraordinaria importancia y significación, en orden a precisar el genuino sentido de las normas sobre sustitución pensional para la viuda que aquí se interpretan, la circunstancia de que, mientras que existen mecanismos legales que autorizan al pensionado que disfruta una pensión directa por servicios la posibilidad de, si se trata de los altos funcionarios que señala la ley, volver a la función pública y por esta vía reajustar el monto de la pensión, manteniéndose en ocasiones en suspenso el derecho prestacional y en otros disponiéndose la percepción simultánea del sueldo y la pensión (Decreto-Ley 1042/78, art. 42), no exista similar posibilidad en tratándose de la pensión por sustitución, la que no es posible modificar por esta vía.
Otra diferencia, para resaltar que se trata de dos instituciones por completo distintas, es la ya anotada de que la pensión por sustitución de la viuda puede perderse cuando ésta no mantiene su estado de viudez o hace vida marital, mientras que la pensión directa por servicios no puede perderse, salvo, claro está, cuando dicha pérdida se imponga por sentencia judicial.
Para ilustrar aún más la validez de esta nueva interpretación acerca del verdadero alcance del artículo 64 de la Carta y precisar que en verdad no existe impedimento para que la viuda pensionada pueda también recibir por sustitución la pensión de jubilación que su esposo fallecido disfrutaba, cabe pensar en el hipotético caso de la muerte de un pensionado cuya viuda también es jubilada pero con una pensión de cuantía inferior a la de su cónyuge desaparecido. ¿Deberá esta viuda no obstante las evidentes implicaciones que ello tiene sobre su dignidad de antigua trabajadora y su autoestima personal, renunciar a la pensión incondicionada a que se hizo acreedora por sus propios servicios para poder obtener la sustitución condicionada de la pensión de su cónyuge?
Y qué pensar en el caso de la muerte del pensionado cuya viuda es empleada oficial y como tal está devengando un sueldo pagado por el Estado, sueldo cuya cuantía es inferior a la pensión que devengara su cónyuge. ¿Cuál sería el fundamento legal que permitiría que esta empleada continuara trabajando sin percibir a cambio sueldo alguno, renunciando a una remuneración que por ley es irrenunciable, como condición para poder recibir la sustitución de la pensión de jubilación de su cónyuge fallecido?
¿Podría acaso pensarse que alguien pudiera desempeñar un cargo que por disposición de la ley debe ser remunerado sin a cambio devengar la asignación correspondiente a dicho empleo? Esta hipótesis inadmisible para la Sala, sería, sin embargo, la solución que tendría que darse al problema de mantenerse la interpretación que precisamente, en procura de evitar estas incoherencias e injusticias, debe modificarse para darle cabida a la más correcta según la cual, como lo plantea la impugnante, no existe en realidad incompatibilidad constitucional o legal para recibir simultáneamente la pensión oficial por los propios servicios y la sustitución por la muerte del cónyuge.
Cuando el trabajador oficial activo fallece, sus beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago del seguro de vida o seguro por muerte y nadie podría pensar que dicho seguro se pierda por el hecho de que alguno de esos beneficiarios se encuentre percibiendo un sueldo o una pensión a cargo del Estado. Y nadie puede pensar tampoco que el perjuicio económico y la aflicción que sufre la cónyuge del trabajador activo por la muerte de su marido sean mayores o más traumáticos que los que sufre, ante el mismo infortunio, la cónyuge del pensionado. Pues bien, la “asignación” correspondiente al seguro de vida ha concurrido y puede continuar concurriendo con la “asignación” correspondiente al sueldo o pensión de la viuda sin que sea dable pensar que en este caso dicha viuda esté percibiendo, contra la prohibición del artículo 64 de la Constitución, más de una “asignación” pagada por el tesoro público.
Debe anotarse finalmente que el propio legislador al consagrar en el artículo 1º del Decreto 1713 de 1960 los casos especiales exceptivos de la regla general establecida en el artículo 64 constitucional, enumera una serie de situaciones que corresponden todas a hipótesis en las cuales se percibe más de una asginación oficial por prestación de servicios, y que también, al establecer las incompatibilidades para el goce de las pensiones de jubilación y de retiro por vejez, los artículos 77 y 84 del Decreto 1848 de 1969 dispusieron que dichas pensiones eran incompatibles con toda otra asignación oficial otorgada “Para el pago de la contraprestación del servició”.
Nada tiene que ver, entonces, la sustitución a la viuda de la pensión de jubilación como consecuencia de la muerte del pensionado oficial con la prohibición establecida como norma general por el artículo 64 de la Constitución Nacional. Por tanto, mal podía ser éste uno de los “casos especiales” que, por vía de excepción, debiera determinar el legislador. Se rectifica así por la Sala Plena de Casación Laboral la jurisprudencia contenida en las sentencias de la Sección Primera de fecha 14 de agosto de 1986 (Rad. 0309, juicio de María Urania Barrero de Sánchez contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero) y de la Sección Segunda de 15 de octubre de 1986 (Rad. 298, juicio de Matilde Rueda Díaz contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, G. J. CLXXXVI No. 2425, págs. 853 y 1.437).
Prospera el cargo y, en consecuencia, se casará la sentencia acusada. En la sede de instancia sólo procede agregar a las consideraciones hechas para despachar el cargo, las siguientes:
a) Está debidamente acreditado que la Industria Licorera de Caldas, empresa industrial y comercial del Departamento de Caldas, reconoció a su extrabajador Tiberio Galarza Ossa, la pensión de jubilación que venía pagándole directamente y cuya cuantía sin descuentos era en el mes de junio de 1988 de $ 50.890.98 mensuales (fls. 6 y 46).
b) Se acreditó igualmente que Tiberio Galarza Ossa contrajo matrimonio católico con la demandante Aura Marina González el 28 de noviembre de 1984 (fls. 2).
c) Tiberio Galarza Ossa falleció en la ciudad de Pereira el 10 de julio de 1988 según el certificado expedido por el Notario Cuarto de dicha ciudad que obra a folio 3 del expediente.
d) No existe prueba alguna que demuestre que Aura Marina González viuda de Galarza haya perdido el derecho a la sustitución pensional de su cónyuge por ocurrencia de alguno de los eventos previstos en el artículo 2º de la Ley 33 de 1973.
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 21 de mayo de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el juicio seguido por Aura Marina González de Galarza contra la Industria Licorera de Caldas. En sede de instancia REVOCA el fallo dictado el 9 de febrero de 1990 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales y en su lugar CONDENA a la Industria Licorera de Caldas a pagar a favor de Aura Marina González de Galarza, como beneficiaria de la sustitución de la pensión de jubilación de Tiberio Galarza Ossa, la suma de cincuenta mil ochocientos noventa pesos con noventa y ocho centavos ($ 50.890.98) mensuales, con los reajustes legales, a partir del diez (10) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
Las costas correspondientes a la primera instancia del juicio son de cargo de la demandada.
No hay lugar a costas en segunda instancia ni en casación.
Hugo Suescún Pujols—Rafael Baquero Herrera—Manuel Enrique Daza Álvarez—Ernesto Jiménez Díaz—Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde.