Source: https://acletomasini.wordpress.com/category/ciudad-de-mexico/
Timestamp: 2019-09-19 02:04:13
Document Index: 400620572

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 16', 'Artículo 1']

Ciudad de México | Alfredo Acle Tomasini
Desde luego que este reconocimiento tácito de lo que se hizo mal, no les devuelve a cientos de miles de ciudadanos el dinero que, al amparo de un error burdo avalado por la Suprema Corte de Justicia, pagaron de más al erario capitalino y, menos aún, nos alienta a pensar que esta sea una especie de oasis en el páramo político en el que está sumido el País.
La mala aritmética no suma en política; carta abierta a Mancera
Aprovecharse de un error para obtener un beneficio a costa de un tercero es un acto deshonesto. Esto es lo que está haciendo su gobierno en el caso del impuesto predial, en detrimento del patrimonio de miles de ciudadanos.
El Artículo 18 del Código Fiscal señala que: “Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos”.
Pese a que la Ley de Ingresos de 2017 estableció dicho factor en 3.99%, miles de ciudadanos, incluso muchos que tenían el beneficio de cuota fija, han observado en sus boletas del impuesto predial incrementos que van de un mínimo de 9% hasta, en casos extremos, rebasar el 1000%
¿Por qué ocurre esto?; las razones son muy simples.
En primer lugar, porque la Asamblea Legislativa modificó errónea y parcialmente la tarifa del impuesto predial que está en el Artículo 130 del Código Fiscal. En síntesis, no ajustó en 3.99% los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral y, en cambio, sí incrementó en este porcentaje, la tasa que se aplica al valor excedente que tenga cada uno con respecto al límite inferior.
Un alumno de sexto de primaria con conocimientos básicos de aritmética, podría deducir con facilidad que estos errores explican porque, salvo en el caso de cuotas fijas, los incrementos en el impuesto predial superan varias veces el factor de 3.99%
En segundo lugar, la Asamblea decidió, al aprobar el Código Fiscal de 2017, reducir el factor de descuento por antigüedad de 1% a 0.8% por año conservando el tope máximo de 40%. Pero se olvidó de precisar que el nuevo porcentaje se aplicaría a partir de este ejercicio fiscal.
Omisión que su gobierno ha aprovechado para aplicarlo ilegalmente de manera retroactiva, lo que eleva el valor catastral de miles de inmuebles muy por encima del factor de 3.99%. Un inmueble de 40 años o más cuyo valor catastral ya contaba con un descuento por antigüedad de 40%, ahora solo lo tiene de 32%. Es evidente que esta ventajosa aritmética, perjudica en mayor medida a las viviendas más antiguas, que son la mayoría.
La suma de ambos errores provoca incrementos en el impuesto predial que son ilegales al no ajustarse al factor establecido en la Ley de Ingresos de 2017 y porque al aplicar criterios de manera retroactiva se eliminan derechos que ya tenían los contribuyentes, son inequitativos porque los afecta de manera desigual sin que ello obedezca a una lógica tributaria, son desproporcionados porque incrementan sensiblemente el valor catastral de inmuebles que no han sido sujetos a ninguna renovación.
Argumentos que dan sustento al recurso de inconstitucionalidad que un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa presentó ante la Suprema Corte de Justicia, haciéndose eco de la molestia de miles de ciudadanos y dada la negativa del Diputado Leonel Luna del Partido de la Revolución Democrática, asumimos por instrucciones suyas, a convocar a un período extraordinario para corregir los errores mencionados.
Vale la pena comparar el gasolinazo con el predialazo.
Ninguno de los dos gustó a la ciudadanía. Pero en el primer caso, el porcentaje de incremento anunciado por el Gobierno Federal, es el mismo que aparece en las bombas al momento de cargar gasolina. En cambio, en el segundo, cuya responsabilidad recae en usted, los ciudadanos no vemos en las boletas prediales lo que anunció la Asamblea Legislativa. Por último, la subida del predial no es, como el gasolinazo, una cuestión de política tributaria que puede debatirse, sino el resultado de un error craso que debe corregirse. Absurdo que su gobierno, con recursos del contribuyente agraviado, patrocine amparos contra el primero y no resuelva lo segundo.
Engaño o error, nos preguntamos. Hasta hoy las respuestas de sus subordinados inclinan la balanza hacia el primero. Lamentable que se limiten a enviar a miles de contribuyentes al callejón sin salida que son las oficinas de la Tesorería, como si su tiempo y recursos fueran infinitos. Peor aún, son aquellos casos donde el incremento al predial, ha colocado a muchas familias ante la disyuntiva de pagarlo o vender su propiedad. ¿Es el desplazamiento de estos grupos uno de los objetivos soterrados del ajuste tarifario?
Los ciudadanos no queremos que se reduzca el incremento al impuesto predial establecido por la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que al ser la segunda fuente de ingresos de la Ciudad es necesario ajustar este gravamen. Lo que exigimos, es que se aplique lo que manda la Ley de Ingresos de 2017 para que el incremento resulte en 3.99%. Esto hace necesario que se corrijan lo errores en la tarifa del Artículo 130 del Código Fiscal y que en él se haga explícito que el nuevo factor de descuento por antigüedad solo aplicará a partir de este ejercicio.
Señor Mancera, sacar provecho de una mala aritmética perjudicando con ello a los ciudadanos, no suma en política. Negarse a reparar errores evidentes abona a la sospecha de que no son casuales sino premeditados. Así, no se construye una ciudad y, menos aún, una candidatura. ¿Por qué esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué drenar recursos que a los ciudadanos, ni al Estado le sobran?
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Derechos universales, negocios particulares
Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.
De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.
Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos. Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.
Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza.
Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?
La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?
Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido. Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.
Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.
Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.
No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social
Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.
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