Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654150
Timestamp: 2019-05-24 20:45:45
Document Index: 24470278

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4']

ASPECTOS TÉCNICOS Y COSTO DE APLICACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE MINAS ANTIPERSONALES. INFORME DE COMISIÓN DE DEFENSA
PROHIBICIÓN DE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE CONDUCTOR Y COBRADOR
RESTABLECIMIENTO DE PENA DE MUERTE
LICEO PARA CARELMAPU (DÉCIMA REGIÓN). OFICIO
IMPLICANCIA DE EVENTUAL DECLARACIÓN DE PARQUE PUMALÍN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA. OFICIOS
CIERRE DE CAMINO PÚBLICO EN "EL SALTO", PROVINCIA DE AISÉN. OFICIOS
PROBLEMA HABITACIONAL EN PROVINCIAS DE AISÉN Y COIHAIQUE. OFICIO
PROBLEMA SANITARIO EN "DIVISADERO", PROVINCIA DE COIHAIQUE. OFICIOS
CONFLICTO ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y BUZOS MARISCADORES DE DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES. OFICIOS
Sesión 12ª, en martes 6 de noviembre de 2001
(De 16:23 a 17:59)
SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Informe de la Comisión de Defensa recaído en la solicitud de la Sala del Senado en cuanto a estudiar los aspectos técnicos y de costo de aplicación de la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción" (S 594-10) (se aprueba)................................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos (2291-15) (se despacha)......................................................................................................
Restablecimiento de pena de muerte (observaciones del señor Hamilton).......
Liceo para Carelmapu (Décima Región). Oficio (observaciones del señor Stange).........................................................................................................
Implicancia de eventual declaración de Parque Pumalín como santuario de la naturaleza. Oficios (observaciones del señor Horvath).......................
Cierre de camino público en "El Salto", provincia de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)...............................................................
Problema habitacional en provincias de Aisén y Coihaique. Oficio (observaciones del señor Horvath)...............................................................
Problema sanitario en "Divisadero", provincia de Coihaique. Oficios (observaciones del señor Horvath)..................................................
Conflicto entre pescadores artesanales y buzos mariscadores de Décima y Undécima Regiones. Oficios (observaciones del señor Horvath).
Concurrió, además, el señor Ministro del Interior.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 8ª, ordinaria, en 16 de octubre del año en curso; 9ª, ordinaria, y 10ª, especial, secreta, ambas en 17 de octubre de 2001, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 31 de octubre pasado, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero inicia un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal (Boletín Nº 2.822-07) y, a la vez, lo incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.
Con los tres siguientes retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado (Boletín Nº 2.594-06);
2) El relativo al financiamiento urbano compartido (Boletín Nº 2.651-14), y
3) El referido a la firma electrónica y a los servicios de su certificación (Boletín Nº 2.571-19).
Con el quinto inicia un proyecto de reforma constitucional sobre la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín Nº 2.824-07) y, al mismo tiempo, lo incluye en la convocatoria a la presente Legislatura Extraordinaria de Sesiones.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por el cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Carta Fundamental, comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 8 y 11 del mes en curso, ambos inclusive, con la finalidad de asistir al Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York, y de recibir un doctorado honorario en la Universidad de Carolina del Norte, en la ciudad de Chapel Hill, Estados Unidos de América.
Agrega que durante el período que dure su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el Ministro titular de la Cartera del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que aprobó el proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.814-06).
--Pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, de acuerdo a lo resuelto por los Comités.
Del señor Ministro de Hacienda, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido al proyecto de instalación de un emisario submarino en Puerto Montt.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre estados de pago adeudados a contratistas de aquel Ministerio.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, respecto de la autorización legal necesaria para licitar la formación de un banco de datos relativo a infractores morosos de partes municipales.
Con el tercero da respuesta a sendos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Lagos y Andrés Zaldívar, relativos al transporte de pasajeros en la ciudad de Arica.
Del señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del programa Beca Primera Dama.
Del señor Secretario Regional de Obras Públicas de la Séptima Región , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, atinente a pavimentación de caminos en el poblado de Queri, comuna de San Clemente.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en mociones de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero, y de los Honorables señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, con las que inician sendos proyectos para introducir diversas reformas a la Carta Fundamental (Boletines Nºs. 2.526-07 y 2.534-07).
1.- Abrir nuevo plazo, hasta las 18 del martes 13 de noviembre, para formular indicaciones al proyecto sobre procedimiento y silencio administrativo.
2.- Tratar y despachar mañana el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2002, en la forma que se indica:
a) Citar a sesión extraordinaria para ese efecto, de 12 a 14;
b) Recibir indicaciones hasta el término de ella, y
c) Continuar el debate en la sesión ordinaria, suprimiendo la hora de Incidentes.
3.- Autorizar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para analizar en general y particular a la vez el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social.
4.- Remitir a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que autoriza para efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y para condonar deudas que señala; permitirles funcionar paralelamente con la Sala desde las 17:30 de hoy, y tratar la iniciativa, con informe verbal, en Fácil Despacho de la sesión extraordinaria de mañana.
5.- Respecto del informe de que se acaba de dar cuenta sobre reformas constitucionales, ponerlo en tabla y despacharlo en general en sesiones extraordinarias del miércoles 28 de noviembre, citando a ese efecto también en la mañana. Para ello, en consecuencia, se modifica el calendario de la semana regional pertinente.
La señora FREI (doña Carmen).- Perdón, señor Presidente ...
El señor MORENO.- ¿Eso cambia la próxima semana regional?
El señor MORENO.- ¿Puede repetir el acuerdo, señor Presidente ?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- La última semana de noviembre, del 26 al 30, figura como regional en el calendario que se fijó en marzo último. La idea es sesionar en la mañana y en la tarde del miércoles 28 de ese mes y suspender las sesiones desde el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre, con motivo del proceso eleccionario.
Ése es el acuerdo adoptado por los Comités.
El señor GAZMURI.- Eso no parece muy razonable, señor Presidente, con todo el respeto que nos merecen los Comités, incluido el nuestro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- En el acuerdo respectivo participaron todos los Comités, que lo suscribieron por unanimidad.
Si Sus Señorías instruyen a sus Comités, éstos tienen la posibilidad de revocar el acuerdo. No habría inconveniente.
El señor GAZMURI.- Eso podría ocurrir.
El señor FERNÁNDEZ.- Incluso, señor Presidente , se presenta un problema de quórum: se requieren dos tercios para aprobar en general las reformas, y varios de los colegas son candidatos para las elecciones parlamentarias, que se verificarán en fecha muy próxima.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Por eso se determinó citar únicamente para un día de la referida semana...
El señor MORENO.- ¡Pero no quince días antes de la elección!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-...y evitar sesionar durante la primera quincena de diciembre. En el fondo, se está trasladando la semana regional.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente , los Senadores socialistas no habíamos discutido el asunto. Pero, personalmente, tengo la impresión de que corremos el grave riesgo de no reunir en aquella oportunidad el quórum exigido. Porque es bastante evidente la gran dificultad de alcanzar la asistencia suficiente en un día de una semana regional programada con antelación.
Ello no me parece conveniente ni desde el punto de vista de la discusión de las reformas -que es muy importante- ni desde el punto de vista del Senado. No alcanzar el quórum para votar las reformas ese día, tres semanas antes de la elección, constituye un riesgo que institucionalmente no debemos correr.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Para evitar debatir en la Sala una cuestión procedimental, sugiero que los Comités se reúnan una vez más para resolver el asunto. Porque la Presidencia no puede modificar los acuerdos adoptados por dichos organismos.
El señor GAZMURI.- Cite a reunión de Comités para mañana, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Para revocar acuerdos de Comités, debo citarlos nuevamente.
En todo caso, comunicaré a la Sala la resolución que se adopte en la reunión de mañana, luego de considerar las observaciones formuladas hoy por diversos señores Senadores.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el Ejecutivo calificó nuevamente de "simple" la urgencia del proyecto sobre financiamiento urbano compartido.
La iniciativa fue informada por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, pero durante la discusión en la Sala se pidió que fuese analizada por aquélla y la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas.
En virtud de que se presentaron 115 indicaciones, la mayoría relacionadas con Vivienda, solicito a la Sala que autorice a la Comisión de Vivienda para que siga conociendo el proyecto en lo concerniente a su especialidad y luego lo envíe a la de Gobierno a fin de que analice las materias de su competencia.
Me parece que de ese modo podremos avanzar más rápidamente en el conocimiento de la iniciativa, que es muy importante.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿La proposición concreta de Su Señoría es que ambas Comisiones no funcionen unidas, sino en forma separada?
El señor SABAG.- Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿Hay acuerdo para proceder de esa manera?
Corresponde discutir el informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en la solicitud de la Sala en cuanto a estudiar los aspectos técnicos y de costo de la aplicación de la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción".
--Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se solicita en sesión 41ª, en 3 de mayo de 2001.
Defensa, sesión 9ª, en 17 de octubre de 2001.
La Sala del Senado, en sesión de 3 de mayo del año en curso, al aprobar la Convención, acordó solicitar a la Comisión de Defensa Nacional la realización de un estudio sobre todos los aspectos, tanto técnicos como de costos, relativos a la aplicación del Tratado en el futuro, recabando además los antecedentes sobre la vocación de Chile por terminar con el problema en cuestión.
Dando cumplimiento al mandato de la Sala, la referida Comisión evacuó un informe que, en síntesis, señala lo siguiente:
1.- Se está organizando un Centro Nacional de Desminado, con representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, que se ocupará de dar las directrices del cumplimiento de la Convención en Chile.
2.- Se llevará a cabo un programa de desminado por parte de las Fuerzas Armadas, procediéndose al mismo tiempo a la instalación de los mecanismos sustitutivos para la debida defensa de nuestro territorio.
3.- El costo total del desminado y de los mecanismos sustitutivos de defensa será de aproximadamente 300 millones de dólares, monto susceptible de disminuir, considerando las nuevas tecnologías disponibles en el futuro, así como la eventual cooperación internacional en la materia.
4.- Se contemplarán recursos fiscales extraordinarios para las tareas derivadas del cumplimiento de la Convención, de acuerdo a lo que expresó el señor Ministro de Defensa Nacional , por lo cual no se afectarán los recursos presupuestarios destinados a los programas permanentes de las Instituciones Armadas.
Cabe señalar que analizaron la materia en la Comisión los Honorables señores Canessa, Fernández, Gazmuri y Adolfo Zaldívar.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Gazmuri, Presidente de la Comisión de Defensa.
Señor Presidente , el resumen leído por el señor Secretario es muy completo.
Sólo quiero recordar que, cuando aprobamos aquí la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal", el debate generó un mandato de la Sala a la Comisión de Defensa, pues hubo bastantes inquietudes y dudas acerca del costo de la operación pertinente y de las condiciones en que el país enfrentaría los compromisos que se iban a asumir tras la ratificación de la denominada "Convención de Ottawa".
En cumplimiento de dicho mandato, la Comisión de Defensa Nacional citó al señor Ministro del ramo a una sesión especial para analizar ese conjunto de materias. Acudió el señor Ministro , acompañado del Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y de otro personero de este organismo, y de representantes del Ejército y de la Armada, toda vez que el sembrado de minas producto de los eventuales conflictos bélicos de la década de los 70 correspondió en gran parte al Ejército y en menor proporción a la Armada.
Recibimos un informe muy extenso, parte del cual se declaró reservado, a solicitud del señor Ministro de Defensa . En todo caso, los datos confidenciales pertinentes se encuentran en la Comisión a disposición de los señores Senadores que se interesen en conocerlos. La reserva se refiere básicamente al número y ubicación de las minas antipersonales que el país tuvo que instalar hace bastantes años.
En cuanto a los temas que particularmente interesa informar al Senado, me referiré de manera muy sintética a los siguientes.
Existen sobre la materia tres procesos. El primero corresponde al trabajo de desminado; el segundo, a los dispositivos alternativos a las minas para resguardar en forma debida nuestras fronteras, que son más modernos (básicamente, de detección); y el tercero, la destrucción del stock de minas antipersonal.
Por lo tanto, el costo total de estos compromisos presenta tres ítem. Primero, el costo eventual del desminado mismo, que es de 123 millones de dólares aproximadamente; segundo, el costo de los mecanismos alternativos de defensa, que alcanza a cerca de 126 millones de dólares; y, por último, el costo de destrucción del stock de minas, de alrededor de 80 millones de dólares. Su suma da un total general estimado de 320 millones de dólares.
Pero deben considerarse dos circunstancias.
Primero, no están contempladas eventuales disminuciones de costos, producto de nuevas tecnologías más baratas. En general, éstas están desarrollándose con bastante celeridad. La gran cantidad de países que han firmado la Convención de Ottawa ha impulsado en la práctica la creación de nuevas tecnologías e industrias de desminado a nivel mundial. Entonces, es presumible pensar que en los próximos años estos costos puedan disminuir.
El segundo lugar -lo que también podría implicar una reducción de costos- tampoco se ha considerado que Chile pueda acceder a algún tipo de cooperación internacional, que estaría disponible una vez que los países hayan ratificado la Convención.
Pero, en todo caso, el costo total aproximado para el país -no definitivo- es del orden de los 320 millones de dólares.
El compromiso chileno al firmar la Convención es que la operación debería realizarse en diez años, pudiendo prorrogarse, por la sola voluntad del país, por otros diez. Por lo tanto, el horizonte disponible desde el punto de vista de la plena soberanía de Chile es de veinte años. En todo caso, según la información del señor Ministro , en general la planificación de estos asuntos se ha realizado pensando en cumplir dicho compromiso, en principio, en el plazo mínimo de diez años establecido en la Convención.
El plan de desmontar minas antipersonal implica una primera etapa consistente en la constitución de un Centro Nacional de Desminado, como unidad capaz de dirigir el conjunto de la operación, que tiene aspectos técnicos bastante complejos: uso de tecnología, adiestramiento de personal, establecimiento de campamentos en lugares inaccesibles, materias relativas a seguridad, riesgo, eventual instalación de hospitales, etcétera. Como digo, la operación es muy compleja desde el punto de vista logístico y operativo.
Las dos ramas de la Defensa Nacional involucradas en este trabajo han realizado ya todos los preparativos necesarios y, por tanto, hay un principio de planificación. Para ello se contempla -como manifesté- la creación de un Centro Nacional de Desminado, que se establecería durante el próximo año, para el cual se destinan recursos en el la Ley de Presupuestos del orden de 90 millones de pesos. En consecuencia, el próximo año se organizaría la institucionalidad para efectuar esta tarea y generar un Centro. No habría una operación concreta de desminado, salvo los llamados desminados "simbólicos", que básicamente consisten en la destrucción, como ya lo han efectuado el Ejército y la Armada -incluso públicamente-, de los stocks de minas.
Finalmente, deseo señalar que el señor Ministro , ante numerosas inquietudes que se plantearon en la Comisión respecto de cómo se financiaría esta operación, de montos relativamente considerables, se comprometió a que los recursos financieros necesarios no afectarán los presupuestos normales de los institutos de la Defensa Nacional, toda vez que se entiende que la misión que realizarán no corresponde a sus funciones habituales. En consecuencia, por lo menos el señor Ministro de Defensa Nacional asumió claramente este compromiso con el Senado en su exposición ante la Comisión.
Insisto: el informe está a la vista de los señores Senadores y la información reservada se encuentra en la Secretaría de la Comisión a disposición de quien desee consultarla.
Señor Presidente , con relación a este informe, siento el deber de dejar constancia en la Sala, para los efectos de la historia de la ley, de dos hechos fundamentales.
En primer lugar, en el presupuesto de 2002 sólo se contemplan 90 millones de pesos para poner en marcha el Centro Nacional de Desminado, en circunstancias de que, si se considera la fecha de suscripción del Tratado y su entrada en vigencia, ya se ha perdido un año. Esto adquiere relevancia porque el desminado es un proceso de larga planificación. Así lo acaba de exponer el señor Presidente de la Comisión de Defensa Nacional . El estudio de la adquisición de mecanismos sustitutivos debería ya estar en marcha. No se trata simplemente de localizar minas antipersonal. Además, debo hacer presente que los campos que mantienen minas antitanques o antivehículos o antitransportes permanecen en las mismas condiciones, pues ninguna convención las ha suprimido.
Entonces, surge un aspecto que me merece la mayor preocupación. Probablemente se dirá que estos gastos se encuentran considerados, pero no se ven cosas concretas. En mi opinión, en el presupuesto de la Defensa Nacional debió existir un ítem adicional o completamente independiente del destinado a operaciones, etcétera, considerado en el aporte fiscal libre, tanto en pesos como en dólares, para iniciar los procesos de desminado. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de dólares, sin tomar en cuenta algunos costos. En el informe del señor Ministro del ramo aparece un costo total, incluyendo los mecanismos de defensa sustitutivos, de 210 millones de dólares.
Por lo tanto, deseo manifestar mi claro temor de que, en la medida en que se aproxime el plazo de los diez primeros años, el Gobierno, olvidándose de que se trata de un problema de Estado, principie a cargar a los presupuestos ordinarios de las instituciones de la Defensa, esencialmente al Ejército y la Armada, el proceso de desminado, so pretexto de que los fondos se entregarán posteriormente, en circunstancias de que sus situaciones presupuestarias son dramáticas en cuanto a enfrentar las demandas de modernización del futuro.
Cabe tener especial cuidado con los mecanismos sustitutivos que reemplazarán el efecto de las minas antipersonal en las respectivas áreas donde fueron instaladas. Ello requiere un largo proceso de selección, adquisición, puesta a punto y empleo en Chile. De manera que -insisto- resulta fundamental entender que el desminado es un problema asumido por el Estado y no por el Ejército o la Armada, independientemente de que formen parte de él.
Repito: me interesa dejar claro que la aplicación de esta Convención no puede financiarse sobre la base de los presupuestos ordinarios de las instituciones de la Defensa Nacional.
Lamento que el Gobierno haya perdido un año y que estos gastos no se hayan incluidos en el proyecto de Ley de Presupuestos que se presentó al Congreso.
Señor Presidente , concurrimos a aprobar el proyecto para dar cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y su destrucción, adoptada por nuestro país en 1997, porque creemos que debe darse un paso importante en esta materia.
Sin embargo, en la Comisión señalamos la necesidad de que se otorguen los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo esta misión, que es enormemente costosa y que obviamente no está contemplada en los presupuestos normales de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, hicimos presente que, atendido el avance tecnológico en este tipo de armas defensivas, resulta necesario considerar también la sustitución de minas antipersonal por otros mecanismos que puedan cumplir un objetivo semejante o similar, con otras características; vale decir, se trata del reemplazo de estas minas por otros dispositivos que cumplan con las necesidades de seguridad nacional por las cuales estas minas fueron sembradas.
En la Comisión se indicó que se iban a dar los recursos suficientes para poder cumplir con la prohibición de empleo de las minas y para reemplazarlas por otros elementos que satisfagan objetivos similares. En ese entendido, considerando ambos factores, di mi aprobación al asunto en la Comisión.
Señalo lo anterior para que se tenga presente en la discusión.
Señor Presidente , he sido bastante escéptico respecto a la importancia, viabilidad y conveniencia del contenido de la Convención. Cuando se discutió el tema en esta misma Sala hice ver que las obligaciones internacionales que contraería el país no fortalecerían a la Defensa Nacional y que, por el contrario, se corría el riesgo de debilitar la frontera militar, comprometiendo, de paso, gran cantidad de recursos que podrían ser mejor utilizados por el Estado en el cumplimiento de uno de sus deberes esenciales, cual es el de garantizar la sobrevivencia y la libertad de la nación chilena.
Dicho lo anterior, debo reconocer que, una vez adoptada legalmente la decisión de ratificar la Convención, la autoridad del ramo ha enfrentado las consecuencias de tal hecho con la mayor seriedad y rigor técnico. Esta realidad se refleja en el informe que acabamos de escuchar.
Ahora bien, la tarea que el país tiene por delante en esta materia consiste en levantar y destruir las minas ya emplazadas y las que se encuentran en stock, lo que costará unos 120 millones de dólares, y en reemplazarlas por otros mecanismos defensivos cuyo costo ha sido estimado en una cifra similar. Es evidente que se requerirá una enorme voluntad política del actual Gobierno y del que le suceda para destinar oportunamente los fondos necesarios que permitan financiar esta actividad.
En mi opinión, la mejor señal que podemos dar de nuestra voluntad de tomar en serio una convención internacional como ésta es ir actuando simultáneamente en sus dos movimientos, esto es, levantar los campos minados y desplegar, al mismo tiempo, los mecanismos que las reemplazarán. El Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas han cumplido su rol en esta fase preparatoria, y es de esperar que las agrupaciones políticas, sin distinción, estén también dispuestas a hacer lo suyo en una acción que, para ser eficaz, debe ser sostenida en el tiempo por un lapso bastante largo. Ojalá no permitan que, por obra y gracia de las urgencias, que nunca faltan, se desmantele lo que existe, sin proceder, por ausencia de medios económicos, a su inmediato reemplazo. Si ello ocurriera así, la capacidad de disuasión del sistema defensivo chileno se vería disminuida, y no es eso lo que el país requiere.
Señor Presidente , a mi juicio, es mucho lo que se ha avanzado en esta materia, porque armas como las minas son particularmente inhumanas. Hay que recordar las campañas internacionales que se han llevado a cabo con el objeto de desminar los campos minados. En especial, la Princesa Diana jugó un papel muy importante para sensibilizar a la opinión pública.
Lamento, señor Presidente , que no se encuentre presente el señor Ministro de Defensa , pues me hubiera gustado hacerle una consulta. Sin embargo, tal vez algún señor Senador mejor ilustrado en el tema podría responder mi inquietud.
Me tocó estar en Buenos Aires cuando en la prensa argentina aparecieron algunas denuncias en cuanto a que las Fuerzas Armadas chilenas poseerían armas químicas y biológicas. No sé si eso será efectivo. Sí es verdad que en nuestro país se fabricó gas sarín, que es particularmente mortal, aunque no por un aparato oficial de las Fuerzas Armadas, sino por un aparato paralelo -llamémoslo así- dirigido por el agente Townley. El gas sarín fue usado después en el Metro de Tokio, donde murieron más de cien personas.
Respecto a las armas químicas que fabricó el ingeniero Berríos , también se han hecho algunas consultas, sobre todo por parte de la Senadora señora Carmen Frei .
Pero me llamó la atención que en la prensa argentina se dijera que las Fuerzas Armadas chilenas disponían de armas químicas y biológicas. Si eso fuera así, a lo mejor sería conveniente tener una sesión secreta o que la Comisión de Defensa se ocupara del tema, porque tales armas, aun en poder de instituciones tan respetables como las Fuerzas Armadas, son fuente de peligro para la humanidad, como ha quedado demostrado en Estados Unidos.
Señor Presidente , sólo quiero informar a la Sala que la inquietud manifestada por el Senador señor Viera-Gallo fue planteada en una reunión que tuvimos a raíz de la discusión sobre la Convención de Ottawa. En esa oportunidad, el señor Ministro desmintió de manera categórica que Chile almacene o produzca armas químicas o biológicas, pues ha firmado los acuerdos que las prohíben a nivel internacional.
Ésa es la información que se entregó en la Comisión de Defensa, señor Presidente .
Chile ratificó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal, y su Destrucción, lo que, en consecuencia, nos compromete a respetar todas sus disposiciones. No cabe duda de que ésa es una responsabilidad del Estado y no sólo del Ejército y la Armada, que fueron las instituciones que, en defensa del país, sembraron las minas.
Por lo tanto, el problema radica en los recursos. Se estima que el costo por retirar las minas es cercano a los 294 millones de dólares, de tal manera que todos los años habrá que destinar fondos con esa finalidad en la Ley de Presupuestos. Para el 2002 ya se está proveyendo una primera partida, pero es necesario que todos presionemos para que en los años siguientes se asignen recursos suficientes en dicha Ley para cumplir con nuestro compromiso, que considero un deber moral, sin perjuicio de que se busquen otros mecanismos defensivos que protejan el país. En todo caso, coincido plenamente en que el costo del proceso no debe ser cargado a los ítem correspondientes del Ejército y Armada.
Por supuesto, celebro la ratificación de la Convención, ya suscrita por el Estado chileno.
Señor Presidente , deseo referirme a lo planteado por el Senador señor Viera-Gallo respecto a la potencial existencia de armas químicas en nuestro país. Yo no soy quien debe responder eso, pero puedo asegurar que aquello no ocurre en Chile, de ninguna manera. Sin embargo, creo que toda arma es mortal: las minas, los obuses, las bombas, hasta los mismos aviones, como lo vimos en Nueva York hace poco. Algo tan civilizado, avanzado y tecnológico fue usado en forma tremendamente letal. El problema es de la mente humana.
En el caso de los campos minados, en mi opinión, hay dos o tres aspectos que son esenciales.
En primer lugar, el hecho de levantar los campos minados es un problema de soberanía de Chile. Es necesario limpiar áreas que son muy importantes para el desarrollo de nuestras potencialidades astronómicas, como es el caso del observatorio radioastronómico ALMA, ubicado en la Segunda Región, al este de San Pedro de Atacama, el que se ve enfrentado hoy a serios problemas con los campos minados. Y hay otras áreas declaradas santuarios de la naturaleza, las que obviamente deben ser limpiadas y salvaguardadas en beneficio del desarrollo futuro de esa zona.
Otro punto que considero interesante plantear es que los campos minados no tienen reemplazo, porque son usados para conflictos bélicos puntuales, específicos. Así que no veo cómo se van a reemplazar las minas con otro sistema, por muy electrónico que sea, porque tienen propósitos distintos.
El tercer aspecto dice relación con la responsabilidad de las Instituciones de la Defensa Nacional en cuanto a dar cumplimiento al tratado que ha ratificado Chile, con el cual, por supuesto, estoy plenamente de acuerdo.
En todo caso, espero que esto no afecte el presupuesto, ni el desarrollo, ni los niveles de eficiencia y potencialidad que tienen hoy nuestras Instituciones Armadas.
Señor Presidente , este tema lo hemos discutido en varias oportunidades. El señor Presidente sabe que hace un año el Senado realizó una sesión con la presencia de la Fundación por los Derechos del Niño y de representantes del Estado Mayor del Ejército y de diversas instituciones de la zona norte de Chile, la que es la más afectada.
Sobre el particular, tengo la impresión -y así se lo planteé personalmente al señor Presidente - de que lo único que le cabe al Senado en este momento es tomar nota del punto y conocer los antecedentes que ha entregado la Comisión de Defensa Nacional. Entiendo que sobre la materia no corresponde votar, ratificar, ni tomar ninguna otra decisión, salvo que algún señor Senador -como lo señalé- quiera presentar con posterioridad un proyecto de acuerdo cuestionando lo que aquí estamos conociendo, caso en el cual habría que seguir un mecanismo diferente.
En esas condiciones, señor Presidente, es importante que lo que se diga en esta Corporación quede como el planteamiento de nuestra Institución. Y en este sentido quiero hacer tres reflexiones.
En primer lugar, creo que se ha llegado a un acuerdo razonable acerca de cómo se quiere enfocar el tema. Durante mucho tiempo se planteó como gran discusión que el desminado de alguna manera generaba un conflicto con las Instituciones Armadas, por cuanto lo consideraban una especie de atentado o de lesión a la defensa nacional por los conflictos que Chile pudiera enfrentar con otros países en un momento determinado. Eso quedó obviado. Por lo tanto, hoy no existe tal controversia, ni explícita ni implícitamente.
En segundo término, estimo que esto constituye un gran avance en cuanto a lo que debe ser la posición de los países frente a una actitud especialmente inhumana en materia de guerra. Si bien es cierto que se ha sostenido que ésta es la forma más clásica de defenderse de las naciones más pobres, la verdad es que también todos la definen como una de las formas más inhumanas conocidas hasta la fecha. Porque es probable que, en la locura en que está el mundo, todavía tengamos la oportunidad de conocer peores modos de hacer la guerra o de defenderse.
Francamente, cuando uno ve lo que sucede con las minas, en que el 80 por ciento de los afectados son niños, así como los casos que hemos conocido en la zona norte, creo que el hecho de que Chile asuma una Convención, un informe que hace viable el desminado y de que el Senado adopte como criterio general que estamos en presencia de un avance en lo que debe ser la civilización en nuestros países, representa un paso extremadamente positivo.
En tercer lugar -y lo conversé aquí con algunos señores Senadores-, si bien es cierto que está dentro de los marcos presupuestarios o de costos que habitualmente se han mencionado, tengo la impresión de que 300 millones de dólares es una cifra demasiado alta. Quisiera pedir al respecto a los miembros de la Comisión de Defensa Nacional -no sé si rindieron su informe antes; doy excusas si así fue- la posibilidad de revisar el tema, porque tiene incidencia en un cuarto elemento que ha estado aquí en el debate. Es decir, de dónde se obtienen los fondos para estos efectos, con el objeto de no lesionar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Si eso fuera así, en el plazo de 30 años que contempla el tratado, evidentemente que el cálculo sería relativamente fácil. Bastaría destinar anualmente 10 ó 15 millones de dólares para hacerlo perfectamente tolerable para el Presupuesto nacional. Sin embargo, en lo principal -en lo que a mí me importa-, creo que el desminado no puede realizarse en un plazo tan largo.
Con franqueza, pienso que debemos buscar tecnologías modernas, como la que insinúa el punto 3, para limitar aún más los costos. Pero también el Senado debe tener conciencia -ignoro si será necesario hacérselo saber a quién corresponda- de que no se puede emplear como un simple mecanismo el pensar que demoraremos el tiempo que señala la propia Convención, porque ello significaría aumentar las posibilidades de daño en los próximos años en forma exageradamente grande.
Por lo tanto, respecto de este último punto de vista, deberíamos proceder al desminado a la brevedad, porque 30 años es un plazo muy amplio e incrementa las posibilidades de que más niños y personas queden limitadas por las lesiones que producen estos artefactos explosivos.
Señor Presidente , este asunto fue estudiado por la Comisión de Relaciones Exteriores en su momento, y en diversas oportunidades lo hemos discutido también aquí en la Sala.
Me alegro de que la Comisión de Defensa Nacional haya emitido su informe. Porque nunca hubo críticas -por lo menos de mi parte o de algún señor Senador- respecto de la existencia de estas defensas. Comprendo las razones tenidas en vista por las Fuerzas Armadas en su momento para crear las condiciones defensivas que el país requería ante un riesgo de agresión externa. Pero el hecho es que ese riesgo pasó y Chile firmó un Convenio que elimina las minas -explosivos extremadamente mortales y que son repudiados por la humanidad entera-; sin embargo, quedó pendiente el saber el costo de dicho proceso.
Pues bien, se ha hecho una estimación de su valor. Coincido con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que el costo es alto y que no puede efectuarse en 30 años, como lo estipula el Convenio, porque es un plazo muy extenso. Cualquiera que sea la cifra, el país debe enfrentar esa situación; pero, evidentemente, no puede hacerse con cargo a los presupuestos normales de la Defensa Nacional. Porque no se puede culpar ni castigar a los organismos de la Defensa Nacional por haber defendido a Chile en su oportunidad. Ésta es una obligación que el Estado debe asumir ante la comunidad internacional, porque se trata de respetar los derechos humanos y, sobre todo, de evitar pérdidas de vidas humanas.
Para ello debe contemplarse en el Presupuesto anual una suma correspondiente al total del desminado, que será hecho por los propios especialistas. Según la información que recién he tenido en mi mano, hoy existen los medios técnicos para eliminar las minas con mucho más seguridad y a menor costo, porque es un problema mundial. Países como Canadá han fabricado los elementos suficientes como para hacerlo en términos mucho más baratos y en forma rápida. De manera que éste es el último antecedente que nosotros necesitábamos para poner en marcha un proyecto respecto del cual el Senado no va a tener otra obligación que aprobar, cuando sea del caso, los fondos que el Gobierno precise a fin de que las Fuerzas Armadas puedan iniciar rápidamente el proceso de desminado.
Señor Presidente , ésta es una materia muy sensible en mi Región. Todos saben que vastos sectores de la frontera con Argentina fueron minados de manera excepcional. Existe gran cantidad de minas que, por el tiempo transcurrido, las lluvias, etcétera, se han desplazado de su lugar original, ignorándose su actual ubicación, lo que ha generado accidentes muy dramáticos, en que jóvenes han quedado sin brazos, etcétera.
Éste es un tema que me interesa especialmente, sobre todo porque esa parte del territorio de la Segunda Región, donde se hallan emplazadas las minas, es hoy día un lugar turístico. Más aún, en dicho sector se llevará a cabo el proyecto ALMA, consistente en el observatorio radioastronómico más grande del mundo.
Por eso, es del todo urgente para la Segunda Región el acuerdo que el Senado adopte hoy.
Por supuesto, me asusto cuando se habla de que el costo total del proceso de desminado es de 300 millones de dólares. Sin embargo, con motivo de estos problemas en la Segunda Región, tomé contacto con el Centro de Estudios del Desarrollo, entidad que trajo expertos e hizo un estudio con organismos de cooperación internacional, que contaban con los recursos para realizar el desminado. Desgraciadamente, no era la oportunidad precisa, pues no se había analizado la materia que hoy nos ocupa. En todo caso, a través del CED se podría retomar el contacto con organismos internacionales que se hallan dedicados a realizar esas labores y que cuentan con recursos para tal fin. De este modo, el Estado chileno gastaría bastante menos que lo señalado.
Por lo tanto, pido oficiar, en mi nombre, al Centro de Estudios del Desarrollo , para los efectos antes indicados.
Informo a la Sala que en las tribunas se hallan presentes dos representantes del Congreso de la República de Guatemala, el Diputado y Doctor señor Carlos Rodolfo Wöhlers, Primer Secretario , y el Diputado señor Pablo Duarte, como también asesores legislativos del Parlamento de ese país, a quienes damos la bienvenida.
Señor Presidente , deseo reiterar un par de conceptos. En primer lugar, el costo del que se ha hablado es, inevitablemente, aproximado, toda vez que aún no existe una planificación concreta.
En segundo término, en el informe elaborado por quienes han trabajado en esta materia -personal de los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores- no se han considerado dos elementos acerca de dicho costo: uno, los eventuales abaratamientos que surjan de desarrollos tecnológicos, y dos, la posibilidad de contar con alguna cooperación internacional al respecto.
En tercer lugar, en la Comisión se entregó cierta información que no se puede repetir acá. Sin embargo, deseo señalar que se halla bastante determinada la localización de todos los campos minados. Por lo tanto, es posible hacer un plan de desminado que priorice los terrenos que puedan presentar más riesgos para la población o sean más importantes para otros usos, y dejar para el final, entre comillas, los que se ubican en zonas muy inaccesibles.
Si vamos a seguir el curso de esta materia -que, en mi concepto, es muy importante, como han señalado muchos Honorables colegas-, sugeriría lo siguiente. Dado que el Centro Nacional de Desminado, que se generará el 2002, deberá establecer una planificación más concreta, y que el financiamento del proceso de desminado habrá de ser estudiado anualmente en la Ley de Presupuestos, solicitaría que el próximo año, antes de discutir el Presupuesto de la Nación, el recién creado Centro Nacional de Desminado nos informara acerca de la planificación más específica sobre el tema que nos ocupa -que ha merecido, a mi juicio, con razón, bastante atención del Senado-, a fin de tener ya un cierto conocimiento en cuanto al conjunto del plan del cual hoy, como dije, aún carecemos.
Incluso, respecto de los plazos -que pueden ser muy variables-, es una decisión que el país debe tomar. El lapso mínimo para realizar el desminado es de diez años. Se ha señalado, con razón, que ya se han perdido dos años, porque los desminados en terreno -salvo los simbólicos, que ya se efectuaron- empezarían el 2003.
El país puede, por decisión propia, prorrogar en diez años más dicho lapso, y posteriormente, requerir de los organismos internacionales ante los cuales se firmó el Tratado un plazo mayor. No obstante que dispone de 30 años como máximo para su cumplimiento, el período discrecional es de 20 años.
Por lo tanto, termino proponiendo que, antes de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2003 -sea a través de la Sala o de la Comisión de Defensa Nacional-, se requiera del Centro Nacional de Desminado un informe más en detalle sobre el plan estratégico, sus costos y modalidades, con el objeto de que a finales del próximo año podamos hacer esta discusión con mucho más elementos de juicio.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva, y luego, el Senador señor Bitar. En seguida, se tomará nota del informe en debate, a fin de ocuparnos en el proyecto siguiente.
Señor Presidente , desde luego, concuerdo en la necesidad de que este problema sea resuelto a la mayor brevedad, como señaló muy bien el Senador señor Valdés .
Deseo, sí, hacer presente que no se trata de un asunto nuevo. En 1993 -época en que me correspondió ejercer el cargo de Canciller de la República-, el Gobierno peruano presentó una reclamación al Estado de Chile con relación a las minas existentes en la frontera con dicho país.
En ese período se determinó, después de haber estudiado detenidamente el problema con el Presidente de la República , la necesidad de disponer el levantamiento de las minas allí situadas. En su oportunidad, me correspondió conversar el asunto con el señor Comandante en Jefe del Ejército , quien presentó primeramente una serie de dificultades; pero, en definitiva, se allanó a aceptar la determinación tomada por el Gobierno de Chile en cuanto a solucionar ese problema en dicha frontera.
El número de minas era extraordinariamente inconmensurable. Y la dificultad que existía para levantarlas era el desplazamiento que ellas experimentaron como consecuencia del invierno boliviano, lo cual hacía muy difícil determinar exactamente su ubicación.
En esa época se pidió al Ejército que entregara información acerca del costo de tal operación. Me llama la atención, a pesar de que han transcurrido prácticamente diez años desde la fecha en que ocurrieron estos hechos, las cifras que hoy se dan. En aquella oportunidad el Ejército nos hizo presente que el costo del desminado en la frontera con Perú era aproximadamente de 4 millones y medio de dólares; sin considerar, por supuesto, los seguros, cuyo valor era sumamente alto y elevaba esa cifra. Pero, naturalmente, hace 10 años se trataba de 4,5 millones de dólares, y hoy se habla de 300 millones de dólares. Por cierto, en aquella época -repito- en dicha cifra no se contemplaban los seguros por considerarlos de costo muy alto.
Se nos hizo presente, además, la existencia de gran cantidad de minas antipersonales en todos los pasos cordilleranos entre Argentina y Chile. Entiendo que la aplicación del convenio suscrito por Chile obviamente comprende el desminado total; es decir, la totalidad de las minas diseminadas a lo largo de nuestras fronteras tanto con Argentina como con Bolivia y Perú.
Estoy hablando específicamente del caso peruano. Por eso, estimo necesario aceptar la sugerencia de algunos señores Senadores en cuanto a la importancia de determinar el costo y el modo de financiamiento de esta operación, pero sobre la base de la necesidad -a nuestro juicio, inexorable e impostergable- de aprobar una acción de tal naturaleza.
Señor Presidente , he impulsado permanentemente en una primera fase la aprobación del convenio ya ratificado por el Congreso Nacional -y, por lo tanto, ya vigente-; y, ahora, el estudio de los antecedentes presentados, a fin de saber cuál es el costo requerido para implementarlo, especialmente en la zona norte del país.
Sin embargo, supongo que el costo que se menciona corresponde a una cota máxima. Porque, según la información de que he dispuesto durante mucho tiempo, se trata de cifras menores. Además, debe considerarse que los avances tecnológicos permiten realizar el desminado con bastante menos recursos. Aquí observamos que el grueso de los montos se refieren al desminado y una parte menor a la sustitución de las minas por otros medios de defensa.
Hay algo que extraño en estas operaciones, razón por la cual deseo solicitar que en mi nombre -ojalá cuente con la adhesión de los demás señores Senadores- se oficie al Ministerio de Defensa Nacional para que esta operación se realice dentro del plan conjunto de coordinación que en el último tiempo han desarrollado entre ellas las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
En una de las Subcomisiones del Presupuesto que me correspondió presidir hasta hace unos días, representantes de las instituciones castrenses consultadas sobre la materia expresaron que por primera vez tenían en marcha un plan -que me pareció muy positivo- de coordinación en materia interinstitucional de 60 puntos, los que van, por ejemplo, desde la adquisición en conjunto de helicópteros hasta la formación de pilotos en una sola escuela y no en varias.
A mi juicio, el desminado se debe realizar conjuntamente por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Aquí figuran informes del Ejército y de la Armada. En ambos casos se señala que se estructurarán equipos internos y de gastos fijos en cada una de ellas. Pienso que tales gastos fijos se pueden reducir si se sintetizan en una sola mano.
En consecuencia, quiero consultar a la Cartera de Defensa Nacional si este punto está contemplado como parte del plan de coordinación entre las ramas de las Fuerzas Armadas antes mencionado; y de no ser así solicitar al señor Ministro que lo incluya, con el fin de que por tal vía se reduzcan los costos, lo cual, a mi juicio, es posible.
Por otra parte, consulté en la Subcomisión sobre la posibilidad de obtener recursos de Canadá -como lo señalaron otros señores Senadores- o de otros fondos internacionales con el mismo propósito. La respuesta fue negativa; es decir, que esas averiguaciones no se habían hecho todavía.
Asimismo, durante la visita de la Gobernadora General de Canadá, tuve la oportunidad de sostener conversaciones sobre esta materia con altos oficiales de las Fuerzas Armadas de ese país, quienes me informaron que había disposición por parte de ellos de entregar recursos a Chile que permitieran el desminado, pero a modo de cooperación internacional.
Por lo tanto, señor Presidente , deseo que se oficie al señor Ministro de Defensa Nacional para consultarle, primero, sobre la inclusión de esta materia en una acción coordinada entre las ramas correspondiente; y, segundo, solicitar información acerca del apoyo y cooperación internacional para llevar a cabo esa labor.
Los recursos iniciales de carácter internacional, más en la línea de las donaciones que de los créditos -pienso que es así-, nos permitirían iniciar una acción de despeje en las regiones del país con un potencial de integración más inmediato. Y me refiero a dos regiones específicas.
En primer término, en este momento existen conversaciones con Bolivia para vender energía eléctrica a la mina " San Cristóbal ", ubicada al otro lado de la frontera, frente a Collahuasi, a cambio de proveer mayor cantidad de gas al lado chileno.
Un segundo proyecto, desconocido también por la opinión pública y por los señores Senadores -al menos, en general- corresponde a un gran plan de exportación de gas licuado natural de Bolivia a la costa norteamericana de California desde un puerto chileno. Ambos proyectos suponen tener absolutamente despejada de minas esa zona.
Lo mismo ocurre respecto de los planes en curso respecto de la integración turística con el sur del Perú y con Bolivia. Ello permitiría tener un programa turístico integrado que dé un impulso importante al desarrollo del norte de Chile.
Las informaciones disponibles sobre el particular indican que mientras en el sur del Perú y en Bolivia se reciben aproximadamente 400 mil turistas al año, en el norte de nuestro país la cifra sólo alcanza a 40 mil. Por consiguiente, un plan turístico integrado posee un enorme potencial, el que también requiere un despeje de las minas antipersonales en la zona, al igual que en el Parque Nacional Lauca.
Por lo tanto, las consultas que formulo al Ministerio de Defensa Nacional sobre esta materia van en la línea de adelantar -tal vez con recursos internacionales-, tanto el despeje de dicha zona como la destrucción de las minas en stock, lo cual es más barato, por cierto, que la eliminación de las enterradas. Espero que a partir de tal informe podamos sacar conclusiones positivas. Y más allá del registro de las cifras y opinar que parecen altas, debemos dar pasos tendientes a hacer operativa esta tarea y ejecutarla rápidamente.
Los 90 millones de pesos contemplados en el Presupuesto para el 2002 son insuficientes. Lo cierto es que con esa cantidad es poco o nada lo que se puede hacer. Alcanza sólo para empezar a constituir el Centro Nacional de Desminado.
Estimo que debemos intentar pasos más que simbólicos, como han sido los dados hasta ahora, y entrar a un ritmo de trabajo más intenso para despejar estas zonas de minas antipersonales. Por consiguiente, en el norte chileno hay que desarrollar planes más pujantes de integración con los países vecinos, cuya realización es del mayor y más alto interés nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez, por tres minutos, en su segundo discurso.
Señor Presidente , en primer lugar, hay que remitirse al informe de la Comisión de Defensa Nacional y a lo expresado por el Ministro del ramo, en el sentido de que el gasto acotado asciende a 210 millones de dólares.
En segundo término, he escuchado opiniones que dejan traslucir que las Fuerzas Armadas no serían profesionales en este terreno. ¡Por favor! ¡La Armada y el Ejército de Chile son absolutamente profesionales y saben perfectamente bien cómo realizar un plan de desminado!
Esta situación me preocupa, porque pareciera que se debe pedir ayuda al extranjero para resolver este problema, en circunstancias de que son asuntos que incumben exclusivamente al país. Nuestra gente está capacitada y tiene el mayor dominio para cumplir con la tarea de desminar la zona. Los zapadores y los ingenieros de combate de ambas instituciones están altamente preparados para ello.
Deseo resguardar el prestigio de las instituciones armadas, porque estimo un poco delicado avanzar en este terreno, asumiendo incluso conceptos propios de la planificación operativa, lo cual es un elemento claro que el Senado debe tener presente. A cada institución hay que respetarla en sus funciones y obligaciones.
En consecuencia, se toma debida nota del informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre el tema en referencia.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos, con urgencia calificada de "Simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2291-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 14ª, en 5 de enero de 1999.
En tercer trámite, sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 15ª, en 1º de diciembre de 1999.
Sesión 18ª, en 15 de diciembre de 1999 (se aprueba en general y particular).
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó una modificación al proyecto despachado por el Senado, la que consiste en reemplazar la oración final del inciso segundo del artículo 88 de la Ley de Tránsito.
La Secretaría de la Comisión ha elaborado un texto comparado de tres columnas, en el que se consignan el artículo correspondiente a la Ley de Tránsito, el texto aprobado por el Senado en primer trámite constitucional y la enmienda introducida por la Cámara Baja.
--Se aprueba la modificación introducida por la Cámara de Diputados y el proyecto queda despachado en este trámite.
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A los señores Ministros de Educación , del Trabajo y Previsión Social, de Obras Públicas, de Salud, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura, sobre DIVERSAS ASPIRACIONES DE LOCALIDADES DE PROVINCIA DE PARINACOTA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , tocante a REPOSICIÓN DE PUENTE DE ASENTAMIENTO "EL MORRO" DE VALLE DE LLUTA, ARICA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas y señores Director Nacional de INDAP y Director Nacional de Aguas, referente a REPARACIÓN DE CANALES DE REGADÍO EN PUTRE Y CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DE PRIMERA REGIÓN.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales , en cuanto a SITUACIÓN DE SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS NO URBANOS "VALLE VERDE" (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional , referente a SITUACIÓN PREVISIONAL DE DIVERSOS TRABAJADORES DE IQUIQUE ADSCRITOS AL INP (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Gerente General de ELIQSA , acerca de MOLESTIAS POR ATRASO EN ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA HUAYCA, MATILLA Y PICA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Salud , sobre AGILIZACIÓN EN TRANSFERENCIA DE TERRENOS DE HOSPITAL DE FREIRINA, EN PROVINCIA DE HUASCO, A UNIVERSIDAD DE ATACAMA (TERCERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , de Transportes y Telecomunicaciones, tocante a TRASLADO DE PEAJE LAS VEGAS Y FINALIZACIÓN DE OBRAS DE ATRAVIESO DE EL PORVENIR, LLAY-LLAY (QUINTA REGIÓN).
En Incidentes, como los Comités Socialista, Institucionales 2 y Mixto no utilizarán su tiempo, en el del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Hamilton.
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que ha estado de particular actualidad, tocante a la decisión del Estado chileno de abolir la pena de muerte en nuestra legislación penal.
1.- Mediante la ley Nº 19.734, publicada en el Diario Oficial de 5 de junio de 2001, nuestro país eliminó la pena de muerte del ordenamiento jurídico, a excepción de los casos de que trata el Código de Justicia Militar para delitos cometidos en tiempo de guerra.
2.- Con ello, se ha dado cumplimiento, entre otros tratados internacionales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Chile y vigente como ley de la República desde el 5 de enero de 1991, fecha en que se publicó en el Diario Oficial el decreto promulgatorio correspondiente.
3.- El artículo 4º de la mencionada convención establece tres reglas relativas a la pena de muerte, a las que deben ajustarse los Estados que la han ratificado o adherido a ella:
-En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que la establezca y que se haya dictado con anterioridad a la comisión del delito.
-En dichos países, la pena de muerte no podrá extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
-No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
II. La posición de la Unión Demócrata Independiente
Con ocasión del esclarecimiento de los atroces delitos cometidos en Alto Hospicio, que han conmovido a la opinión pública y concitan gran sensibilidad popular, la UDI presentó en la Cámara de Diputados una moción para reponer la pena de muerte.
La posición de ese partido puede sintetizarse como sigue:
1.- No obstante las obligaciones contraídas por Chile en virtud de la mencionada convención, promueven la reposición de la pena de muerte para ciertos delitos que causan conmoción pública, argumentando una antojadiza interpretación de las normas internacionales antes descritas.
2.- Básicamente, los promotores de la idea sostienen que la Convención sobre Derechos Humanos no impide restablecer la pena de muerte por las siguientes razones:
a.- De acuerdo a su particular interpretación, consideran que el único caso en que está prohibido el restablecimiento de tal pena, se configura cuando un Estado ha eliminado totalmente la pena de muerte de su estatuto jurídico.
b.- En su opinión, en Chile sólo se habría producido una derogación parcial de la pena de muerte y no una abolición de ella, al mantenerse subsistente para delitos cometidos en tiempo de guerra y regidos por la legislación penal militar.
c.- Agregan que no existirá abolición de la pena de muerte mientras la Constitución Política de la República consigne la posibilidad de establecerla mediante una ley de quórum calificado.
3. Por otra parte, como argumento de mérito, la UDI alega la necesidad de restablecer la pena de muerte para ciertos delitos graves, a fin de lograr el efecto disuasivo que sólo ésta produciría en los potenciales delincuentes.
III. Los argumentos de la Derecha son falsos
Los argumentos esgrimidos por la Derecha para sostener la posibilidad de restablecer la pena de muerte carecen de toda validez, según paso a demostrar a continuación.
1.- La lógica de la convención: propender a la eliminación de la pena de muerte
Las normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos son claramente restrictivas respecto de la pena de muerte y privilegian el concepto del derecho a la vida de toda persona por sobre el derecho punitivo de los Estados.
La constatación anterior obliga a utilizar un criterio restrictivo al interpretar el margen o ámbito para la aplicación de la pena de muerte que sus disposiciones reconocen a los Estados. En consecuencia, una interpretación válida debe necesariamente orientarse a favorecer el derecho a la vida por sobre la potestad punitiva. Dicho de otro modo, las disposiciones de la convención en referencia no pueden interpretarse anteponiendo la potestad punitiva del Estado al derecho a la vida, pues éste constituye precisamente el objeto de protección de dichas disposiciones.
Legislar para restablecer la pena de muerte, o más bien, para imponerla a los delitos a los que hoy no se aplica, constituye una clara contravención al principio pro derecho a la vida que sustenta ese instrumento internacional.
2.- La interpretación de los tratados debe hacerse de buena fe
En el Derecho Internacional, la buena fe constituye un principio interpretativo insoslayable.
Dicho principio impone asumir y aplicar las disposiciones de un tratado conforme a los principios, consensos y orientaciones que lo inspiran y que han sido compartidas por los Estados contratantes. De otro lado, obliga a descartar interpretaciones que se alejen o desconozcan los entendimientos en que un tratado se sustenta.
La interpretación de la prohibición de restablecimiento de la pena de muerte que impone la convención referida, que sostienen personeros de la UDI, claramente atenta contra el principio de buena fe antes reseñado.
En efecto, dicha interpretación desconoce y niega el principio inspirador de la convención, cual es el respeto y garantía de los derechos esenciales de las personas.
En este sentido, Chile está obligado por la convención a "adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.".
Conforme al principio de buena fe, no es posible entender que este compromiso permita a Chile legislar en sentido contrario a los derechos y libertades que la convención protege. Por el contrario, nuestro país está obligado precisamente a dictar las leyes que permitan la plena efectividad de tales derechos y, por lo mismo, a abstenerse de dictar normas que los desconozcan o amenacen.
Legislar para extender la pena de muerte a delitos a los cuales actualmente no se aplica, constituye una clara contravención a los compromisos asumidos de buena fe por los Estados contratantes en ese pacto.
3.- La abolición parcial impide restablecer la pena de muerte en el ámbito respectivo
Abolir es sinónimo de derogar. Dicho término no tiene, en consecuencia, ninguna connotación relativa al alcance o ámbito de su objeto. Es decir, así como se puede derogar total o parcialmente algo, también se puede abolir total o parcialmente.
Nuestro país ha abolido la pena de muerte para todo tipo de delitos, a excepción de los cometidos en tiempo de guerra regulados por el Código de Justicia Militar. Es decir, la pena de muerte está abolida para todo el ordenamiento jurídico penal chileno y sólo subsiste para el ordenamiento jurídico militar, en tiempo de guerra externa.
Esta derogación, aun cuando no sea absoluta o total, constituye una abolición. En tal sentido, no puede desconocerse a la ley Nº 19.734 el real efecto que ha producido en nuestro sistema penal, pretendiendo que no ha abrogado la pena de muerte para todos los delitos contemplados en dicho ordenamiento.
Por lo tanto, en todo el ámbito del ordenamiento jurídico penal en que dicha pena ha sido derogada o abolida, ella no puede restablecerse sin violar el Nº 3 del artículo 4º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
4.- La soberanía cede ante los derechos humanos
El inciso segundo del artículo 5º de la Constitución establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y obliga al Estado a respetar y promover tales derechos, sean los garantizados por la misma Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile.
En consecuencia, para determinar si es posible restablecer la pena de muerte no se puede atender únicamente a la norma constitucional que permite establecerla mediante una ley de quórum calificado, sino que esta disposición debe integrarse con las normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
La potestad estatal para dotarse de las normas jurídicas que soberanamente determine el Poder Legislativo dentro de los márgenes de la Constitución, debe ceder ante la vigencia de una norma internacional que impide restablecer la pena de muerte allí donde se ha abolido o derogado, por aplicación del artículo 5º de la Carta.
5.- Aun si se entendiera que en Chile no está abolida, la pena de muerte no podría extenderse a delitos a los que hoy no se aplica
En todo caso, si se aceptara la ingeniosa interpretación de la Derecha, según la cual en Chile la pena de muerte no ha sido abolida, a pesar de la ley Nº 19.734, la Convención Interamericana impide restablecer la pena de muerte para los delitos a los que actualmente no se aplica.
En efecto, el numeral 2 del artículo 4º del mencionado instrumento internacional establece, perentoriamente, que en los países en que la pena de muerte no se haya abolido, ésta no podrá extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
Conforme a dicha disposición, no es posible legislar para reponer la pena de muerte respecto de los delitos a los que dejó de ser aplicable en virtud de la ley Nº 19.734.
Esta interpretación fue acogida unánimemente por el Congreso Nacional con motivo de la enmienda de la norma que regula el delito de violación con homicidio contemplado en la ley Nº 19.617, de 1999. Esa modificación significó extender el delito de la violación vaginal a la violación anal y bucal, a cuyo efecto se convino que no podría aplicarse la pena de muerte -entonces vigente para la violación vaginal, cuando tenía como consecuencia homicidio-, a las otras formas de violación, en virtud de lo estipulado en el Pacto de San José de Costa Rica.
En el informe unánime de la respectiva Comisión Mixta consta que razonaron de esa manera los Senadores señores Díez , Larraín , Martínez y Viera-Gallo , y los Diputados señores Cristi , Elgueta , Guzmán y Pollarolo . Dicho informe (boletín 1.348-07) fue aprobado unánimemente por el Senado y la Cámara de Diputados.
Más aún, cuando en esta Alta Cámara se discutió la moción para abolir la pena de muerte, varios de sus miembros, entre ellos los Honorables señores Novoa y Horvath , invocaron la irreversibilidad de la abolición, derivada de la aplicación de la referida Convención Americana sobre Derechos Humanos, para votar en contra la iniciativa que eliminaba la pena capital.
6. La ineficacia de la pena de muerte como disuasiva está demostrada
En relación con el supuesto efecto disuasivo que la pena de muerte ejercería sobre los potenciales delincuentes -argumento que también invoca la UDI para intentar restablecer dicha sanción-, debe recordarse que esa afirmación ha sido desvirtuada claramente por la experiencia empírica.
En efecto, este alegato fue analizado y debatido durante la tramitación de la ley Nº 19.734, descartando su relevancia como sustento para la mantención de la pena capital en nuestro sistema penal.
Así como la existencia de la pena de muerte en nuestro ordenamiento no evitó la comisión de crímenes atroces, tampoco fue un disuasivo para los delitos de Alto Hospicio, que se cometieron cuando ella aún se encontraba vigente.
7. La pena de muerte nunca podría aplicarse en los crímenes de Alto Hospicio
Por último, es necesario desacreditar enfáticamente la pretendida vinculación entre la iniciativa de la UDI y las sanciones que podrían aplicarse a los responsables de los crímenes de Alto Hospicio. Con un claro afán propagandístico, los personeros de ese movimiento político que han difundido el discurso que ese partido sostiene sobre el restablecimiento de la pena de muerte, han omitido sistemática y persistentemente señalar o aclarar a la opinión pública que ella nunca tendría aplicación en los delitos mencionados.
En efecto, en el supuesto hipotético de que dicha pena se restableciera en nuestro ordenamiento jurídico, por aplicación del principio pro reo consagrado en la Constitución, los responsables tendrían siempre el derecho a que se les aplicara la sanción actualmente vigente, o sea, la de presidio perpetuo, por resultar menos dañoso para el afectado que la pena de muerte.
Señor Presidente , Carelmapu es una localidad dependiente de la comuna de Maullín, en la Décima Región, que cuenta con aproximadamente 4 mil 200 habitantes y una población flotante cercana a 2 mil personas, quienes se dedican especialmente a las labores de pesca artesanal y el comercio de sus productos hacia el norte del país.
Existe en Carelmapu la escuela básica " Francisco Cortés Ojeda ", que tiene una matrícula de 655 alumnos, y una planta docente de 26 profesionales, incluidos el director, el subdirector y el jefe de la unidad técnica profesional.
Actualmente, el establecimiento funciona en dos jornadas: en la mañana, el kinder y los cursos entre quinto y octavo básico; y en la tarde, el prekinder y los cursos de primero a cuarto año básico.
Este año deberán egresar de octavo básico de la escuela 75 alumnos, los cuales debieran continuar sus estudios en diversos establecimientos educacionales de la región. Un importante porcentaje de ellos lo hará en el liceo de Maullín, distante 20 kilómetros de Carelmapu, único plantel de enseñanza media de la comuna, con una matrícula actual de 467 alumnos. Este año ingresaron 180 al primer año medio, de un total de 200 alumnos egresados de los octavos años de la comuna. De ellos, al menos sesenta viajan diariamente entre Carelmapu y Maullín para asistir al liceo de la comuna, y otros diez son internos o tienen colocación familiar. Todo ello significa gastos que para pescadores artesanales son muy onerosos.
Paralelamente se ha aprobado un proyecto para la construcción de una segunda escuela básica en Carelmapu, que dispondrá de jornada escolar completa, el que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo debido a la baja capacidad en infraestructura, pues se trata de una construcción de muy antigua data. El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 450 millones de pesos y estaría en condiciones de comenzar a funcionar el año 2003.
Consecuente con lo anterior, solicito que se oficie en mi nombre a la señora Ministra de Educación , doña Mariana Aylwin , a fin de que la Cartera a su cargo estudie la posibilidad de dotar, con el presupuesto mencionado anteriormente, de un liceo para Carelmapu, que imparta cursos desde prekinder a cuarto año de enseñanza media, y evitar de esa forma la migración y gastos de movilización, alimentación y otros en que incurrirían los jóvenes de esa localidad ante la obligatoriedad de seguir la enseñanza media fuera del lugar en que habitan.
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
Señor Presidente , en varias intervenciones he señalado la dificultad que produce el proyecto de don Douglas Tompkins en la provincia de Palena, cuyos títulos van desde la frontera con Argentina hasta el mar chileno, y que corta en dos físicamente el territorio nacional.
El planteamiento de fondo es hacer llegar al Gobierno, dentro de sus capacidades, voluntad de negociación y atribuciones, el que ese sector no sea declarado santuario de la naturaleza, a menos que se garantice para el Fisco, pagando los costos correspondientes, las franjas fiscales para tener un camino sin transbordo de Puerto Montt al sur del país.
En este sentido, también hemos hecho llegar los antecedentes a los Ministros competentes, en particular al de Obras Públicas, quien contesta al señor Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, mediante el oficio Nº 2976, de 3 de octubre, que acaba de llegar a mis manos.
En dicho documento el Ministro señor Carlos Cruz Lorenzen informa acerca de los efectos que para el interés del país podría producir un santuario de la naturaleza y, en particular, en el ámbito de la competencia de la Secretaría de Estado a su cargo. En él se señala lo siguiente:
"1. La eventual declaración del Parque Pumalín como Santuario de la Naturaleza , conlleva importantes consecuencias en materia de ejecución de obras públicas viales en los sectores comprendidos en la declaración.
"2. En efecto, por la Declaración de Santuario de la Naturaleza, la zona geográfica afecta queda sometida a un régimen jurídico especial que, lógicamente, se orienta a preservar este tipo de recintos y, consecuencialmente, a establecer restricciones y exigencias adicionales a las obras que se realicen en ellos. De acuerdo con la Ley, la protección y tuición de estos lugares corresponden al Consejo de Monumentos Nacionales.
"3. En lo que interesa a la Dirección Nacional de Vialidad, esto es respecto a la ejecución de obras públicas viales dentro de la zona del Parque Pumalín, es necesario destacar que su potencial declaratoria como Santuario de la Naturaleza hace nacer al Ministerio de Obras Públicas dos nuevas obligaciones, a saber:
"a) Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para labores de construcción y excavación en el Santuario (Ley 17.288, arts. 1º, 31 y 40), y
"b) Autorización del Estudio de Impacto Ambiental que al efecto se elabore para la construcción de caminos públicos que se emplacen en el Parque (Ley 19300, de Bases del Medio Ambiente).
"4. Las exigencias adicionales recién individualizadas, adquieren especial relevancia si se considera que a objeto de integrar la zona austral del país entre las Regiones X" -de Los Lagos- "y XI" -de Aisén (en las cuales se ubican 13 pasos fronterizos)", en los próximos años este Ministerio tiene planificada la construcción y mejoramiento del camino estructurante principal (Ruta 7)" -Camino Austral- "y su red vial básico (caminos transversales al sur de la ciudad de Puerto Montt). La citada Ruta Austral atravesaría el Parque Pumalín.
"5. De este modo, y atendida la trascendencia estratégica que conlleva la ejecución de las obras de la Ruta 7 citada" -Camino Austral-, "resulta de suma importancia en caso que se resuelva favorablemente la declaración del Parque Pumalín como Santuario de la Naturaleza dejar establecidos los mecanismos que, por una parte, tiendan a evitar la frustración de los proyectos viales que en el futuro postule el Ministerio de Obras Públicas en la referida zona, como, por la otra, que impidan el entorpecimiento por trabas burocráticas de las actuaciones de la Dirección de Vialidad en episodios de emergencia acaecidos en los caminos públicos situados dentro del Parque.".
Señor Presidente , solicito que se envíe este documento al señor Presidente de la República , a la señora Ministra de Educación , y al Ministro Secretario General de la Presidencia , a fin de resguardar el interés nacional antes de que se declare santuario de la naturaleza al Parque Pumalín -que es propiedad privada-, sin que ello afecte un proyecto que se ajusta a las reglas del juego.
En la zona austral es posible apreciar muchos ejemplos prácticos de caminos públicos que atraviesan áreas de preservación ambiental, tales como parques nacionales, reservas forestales o monumentos de la naturaleza. Para el caso de un parque privado, los caminos no sólo son compatibles, sino que deseables, ya que permiten a los guardaparques contar con vías de recorrido, establecer las instalaciones respectivas, tener accesos en caso de incendios, y hacer los estudios correspondientes, como ocurre en el Parque Nacional Queulat.
En consecuencia, pido oficiar y remitir este documento a las autoridades antes señaladas, porque a veces no hemos advertido una coordinación oportuna.
Señor Presidente , con la venia del Senador señor Horvath, deseo adherir al envío de oficios respecto de la situación del Parque Pumalín por el problema vial que podría implicar.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión del señor Stange.
Señor Presidente , a propósito de caminos, quiero referirme a un asunto más local.
El pasado fin de semana tuve ocasión de verificar el cierre, con candados, de un camino público en el sector de "El Salto" hacia el lago Riesco, provincia de Aisén, por parte de una empresa nacional y extranjera, que está levantando un gran complejo turístico -iniciativa que aplaudimos-, aprovechando el gran potencial de desarrollo de esta zona, privilegiada en atractivos.
Tal medida, respaldada por guardias, impide a los habitantes del interior del lago y del valle del río Cóndor hacia abajo transitar en forma expedita, como lo garantiza la ley.
Además, cuatro empresas dedicadas en el lago al cultivo de salmones y truchas se han visto afectadas por la misma situación,
Por tales razones, solicito oficiar, en mi nombre, a la señora Gobernadora de Aisén , que es la autoridad competente, para que tome contacto con esa empresa, con el objeto de buscar, en primera instancia, una solución que, a la vez que proteja la inversión y las obras realizadas, salvaguarde la vía de acceso en forma adecuada. En caso de no fructificar esta medida, requerir, por su intermedio, lo que la ley consagra al respecto: el uso de la fuerza pública.
En la comuna de Puerto Aisén, particularmente del sector "La Antena", hay desde hace mucho una ocupación de terrenos de parte de familias de condición social muy precaria, quienes han postulado a distintos programas de vivienda en ese lugar. Pese a vivir en condiciones muy difíciles, ellas se ha organizado y, gracias a una persona que posee un generador, cuentan con suministro de electricidad a ciertas horas. Curiosamente, la red eléctrica pasa cerca del sector, pudiendo hacerse una instalación de emergencia para dotarlas de las mínimas condiciones de vida, tal como debiera suceder con el acceso al agua y a los baños, dando así cumplimiento a las normas sanitarias.
Por ello, pido oficiar al Ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos informe sobre las medidas que podrían adoptarse mientras estas familias -en el mismo caso se encuentran las tomas de terrenos en el "Divisadero", en Coihaique, y el regularizado provisionalmente en el sector de Errázuriz- acceden a una vivienda definitiva, y si ellas se están coordinando con las autoridades locales como la Intendencia, la Gobernación y las municipalidades.
Señor Presidente , en Coihaique, sector del "Divisadero", la toma de terreno no ha podido ser regularizada mediante el acceso a viviendas formales, dando lugar a problemas sanitarios no menores a los descritos.
En ese barrio se carece de luz eléctrica, con las negativas consecuencias para la seguridad de sus habitantes, de un adecuado abastecimiento de agua y, lo que es peor, de acceso a servicios higiénicos, produciéndose el derrame de aguas servidas a las cunetas y, por tanto, condiciones sanitarias de alto riesgo.
En la década de los 60, a raíz de avalanchas en sectores frágiles de la Región de Aisén, como es el cerro Divisadero, el Ministerio de Obras Públicas construyó un muro de roca y un canal desviador para drenar las aguas y evitar que todo eso pase por el centro de la ciudad de Coihaique. Sin embargo, este canal se ha llenado de mugre y basura, y tiene aguas estancadas y servidas proveniente de distintos sectores, transformándose en una zona de alto riesgo para la salud de las personas, en particular, para los niños. Incluso, según cuentan los pobladores, uno perdió la vida debido a esta circunstancia.
Para resolver tanto el problema sanitario como el habitacional que afecta a dichas familias, pido oficiar a la señora Intendenta, a la señora Gobernadora de Coihaique , al señor Secretario Regional Ministerial de Salud y a la autoridad que corresponda en el área habitacional.
Finalmente, quiero referirme --y en la Sala se encuentra mi colega de la Décima Región-- al conflicto producido entre los pescadores artesanales y buzos mariscadores de las Regiones de Los Lagos y de Aisén.
Se trata de una eventual declaración de zonas contiguas para que el mayor número de pescadores artesanales y buzos mariscadores de la Décima Región --donde hay más pescadores y buzos que peces, a la inversa de lo que sucede en la Undécima-- accedan a los recursos de esta última.
Sin embargo, no existen los estudios ni la garantía de fiscalización de que estos recursos sustenten, además de los buzos mariscadores de la Región de Aisén, a los de la vecina Región. Ante ello, los pescadores han señalado, en una forma muy generosa, que están dispuestos a compartir los recursos, en forma solidaria, pero siempre y cuando haya un resguardo en cuanto a la cantidad de extracción y modus operandi de los buzos de la Décima Región.
En tal sentido se firmó un acuerdo entre los representantes de los pescadores y mariscadores de las Regiones de Aisén y de Los Lagos en La Moneda, con la participación de los Subsecretarios de Pesca y del Interior. Pero estos acuerdos no han sido cumplidos, según los antecedentes proporcionados por los sindicatos, gremios y organizaciones de la Undécima Región. No se está realizando pesca de investigación; no hay una fiscalización adecuada (solamente hay un funcionario joven, por media jornada, incluso de dependencia municipal, en el área más cercana a esa frontera interna, comuna de Las Guaitecas); no se han extraído especies bentónicas, y, lo que es peor, tampoco se ha cumplido con las cuotas para la merluza. Nada se ha llevado a cabo para resolver la situación de la actividad de los pescadores artesanales de Aisén.
Dicha Región se ha comportado en forma ordenada; ha cumplido sus cuotas y, en forma pionera, ha establecido un sistema de fiscalización mediante un código de barras para registrar a los pescadores con el objeto de saber exactamente lo que sacan. No obstante, por incumplimiento del Gobierno, ello ha significado una nueva área de conflicto, pues los representantes de la Décima Región culpan a la nuestra por no permitir su ingreso.
La verdad es que este acuerdo estaba suscrito y no fue respetado.
Por ello, pido que todos estos antecedentes sean remitidos a los Subsecretarios de Pesca y del Interior -que, como dije, participaron de las negociaciones en La Moneda- para que hagan llegar las fórmulas que estimen convenientes para cumplir con los acuerdos firmados.