Source: https://www.infopolicial.com/t7733-formacion-los-caracteres-generales-del-principio-non-bis-in-idem
Timestamp: 2018-11-17 23:21:42
Document Index: 391855621

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 25', 'in dubio', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 54', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 10']

(Formación) Los caracteres generales del principio non bis in idem
INFOPOLICIAL el 18.12.13 15:11
Para empezar esta obra, que va a tener como principales referencias la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en algún caso, la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. Debe decirse que el ordenamiento jurídico español la jurisprudencia tiene un importante papel, tal y como dice el artículo 1.6 del Código Civil, que establece que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho". Este precepto hay que unirlo con la prohibición del non liquet establecida en el artículo 1.7 del Código Civil, lo que implica que cada vez habrá una mayor jurisprudencia sobre cualquier tema, aunque es cierto que, en muchos casos, dicha jurisprudencia podrá ser contradictoria.
Según la opinión de algunos autores, la existencia de la potestad sancionadora de la Administración implica una contradicción dentro de la división de poderes. El profesor Eduardo García de Enterría, quien muestra su opinión en obras suyas como el artículo "El problema jurídico de las sanciones administrativas", publicado en la Revista Española de Derecho Administrativo, considera que la potestad sancionadora debería estar, única y exclusivamente, en manos del poder judicial y por ello cuestiona la legitimidad de la mencionada potestad. El profesor Ramón Parada dijo que "ninguna otra Constitución Española, desde 1812 hasta aquí, se había atrevido a reconocer y santificar el poder punitivo de la Administración como lo ha hecho el artículo 25 de la de 1978... Este reconocimiento, insólito en el Derecho Constitucional comparado, ha originado que las sanciones administrativas & hayan salido del régimen de tolerancia constitucional... se trataba antes de un poder administrativo en precario, aceptado como una necesidad transitoria, pero que permitía mantener la esperanza de reconducirlo al Poder Judicial común. Ahora, la Constitución lo ha sacralizado y aquella ilusión se ha desvanecido".
El principio non bis in idem, también llamado ne bis in idem, que significa "no dos veces por lo mismo", es un principio constitucional que ha sido desarrollado por la jurisprudencia (al igual que otros principios, como el principio de proporcionalidad dentro de los procedimientos judiciales y administrativos de naturaleza sancionadora, o como el principio in dubio pro actionen) que resulta básico para configurar el ius puniendi del Estado. Este principio es, sin duda, una garantía propia del Estado de Derecho que no puede ausentarse en ningún ordenamiento jurídico que tenga por objeto la protección de los derechos fundamentales.
La Sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional dice que "en el Estado constitucional de Derecho ningún poder público es ilimitado, por tanto, la potestad sancionadora del Estado, en cuanto forma más drástica de actuación de los poderes públicos sobre el ciudadano, ha de sujetarse a estrictos límites. La limitación de la potestad sancionadora del Estado es condición de legitimidad de su ejercicio en el Estado de Derecho, en el que la libertad es uno de sus valores superiores (art. 1.1 CE) y la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) uno de los principios configuradores del mismo. Así, de un lado, las restricciones permanentes de la esfera de libertad individual inherentes a la situación de inseguridad derivada de la posibilidad de que el Estado pueda reiterar sus pretensiones punitivas por los mismos hechos sin límite alguno, carecen de todo fundamento legitimador en el Estado de Derecho. De otro, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), impone límites a la reapertura de cualesquiera procedimientos sancionadores administrativo o penal por los mismos hechos, pues la posibilidad ilimitada de reapertura o prolongación de un procedimiento sancionador crea una situación de pendencia jurídica, que, en atención a su carácter indefinido, es contraria a la seguridad jurídica". Esta cita refleja claramente la importancia de la interdicción del bis in idem dentro del ordenamiento jurídico español.
Si se desea observar la incidencia de la prohibición del bis in idem dentro de la configuración del derecho a sancionar del Estado puede acudirse a la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981 de 30 de enero, cuyo Fundamento Jurídico 4º establece que "el principio general del derecho conocido por «non bis in idem» supone, en una de sus más conocidas manifestaciones que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración -relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc.- que justificase el ejercicio del «ius puniendi» por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración".
La Sentencia del Tribunal Constitucional 158/1985 de 27 de noviembre, la cual será estudiada en profundidad más adelante, dice que el principio non bis in idem "sí impide el que por autoridades del mismo orden, y a través de procedimientos distintos, se sanciones repetidamente la misma conducta. Semejante posibilidad entrañaría, en efecto, una inadmisible reiteración en el ejercicio del «ius puniendi» del Estado (...)".
La Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005 establece que "(...) en la medida en que el ius puniendi aparece compartido en nuestro país entre los órganos judiciales penales y la Administración, el principio non bis in idem opera, tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal, para regir las relaciones entre el ordenamiento penal y el Derecho Administrativo sancionador (...)". Esta Sentencia habla sobre la interacción existente entre el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal, la cual debe ser correctamente reglada.
La Sentencia 177/1999 del Tribunal Constitucional, la cual fue muy criticada, vinculó claramente, en su Fundamento Jurídico 3º, el principio de legalidad con el principio non bis in idem, al decir que "(...) si la exigencia de la lex praevia y lex certa que impone el artículo 25.1de la Constitución obedece, entre otros motivos, a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho ilícito, ese cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta ilícita. Desde esta perspectiva sustancial, el principio de ne bis in idem se configura como un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un poder público de castigarlo por unos hechos que ya fueron objeto de sanción como consecuencia del anterior ejercicio del ius puniendi del Estado". Dicha relación es muy estrecha, ya que la prohibición del bis in idem es un instrumento de la legalidad sancionadora. A modo de anécdota, se puede comentar que el profesor Eduardo García de Enterría está a favor de dicha conexión, si bien es cierto que hay autores que se oponen a su postura.
Cabe hacer mención de lo dicho por la Sentencia del Tribunal Constitucional 158/1985 de 27 de noviembre en su Fundamento Jurídico 3º. En dicha Sentencia el intérprete supremo de la Constitución dijo que el principio non bis in idem "sí impide el que por autoridades del mismo orden, y a través de procedimientos distintos, se sanciones repetidamente la misma conducta. Semejante posibilidad entrañaría, en efecto, una inadmisible reiteración en el ejercicio del «ius puniendi» del Estado e, inseparablemente, una abierta contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia, porque la coexistencia de dos procedimientos sancionadores para un determinado ilícito deja abierta la posibilidad, contraria a aquel derecho, de que unos mismos hechos, sucesiva o simultáneamente, existan y dejen de existir para los órganos del Estado".
El Tribunal Constitucional siguió dando pasos adelante, a través de las Sentencias que constituyen su jurisprudencia, en lo que se refería a los preceptos constitucionales en los que se encuentra situado el principio non bis in idem. La Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999 realizó una ampliación de los fundamentos sobre los que se sustenta este principio. En esta Sentencia, el intérprete supremo de la Constitución dijo que "la interdicción del bis in idem no puede depender del orden de preferencia que normativamente se hubiese establecido entre los poderes constitucionalmente legitimados para el ejercicio del derecho punitivo y sancionador del Estado, ni menos aún de la eventual inobservancia, por la Administración sancionadora, de la legalidad aplicable, lo que significa que la preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garantía del ciudadano". Es por ello que hay que destacar que el principio sancionador que se está analizando no solo deriva del contenido del artículo 25 de la Constitución Española, sino que también deriva del contenido del artículo 9.3, más concretamente del principio de seguridad jurídica. Lo dicho por el Tribunal Constitucional en esta ocasión tiene una gran relevancia, ya que dota de un contenido más profundo y de mayor fortaleza al principio non bis in idem.
a) Por un lado, el principio de seguridad jurídica al decir que "(...) dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones". Esto queda claro en cuanto que el bis in idem tiene como consecuencia la generación de inseguridad jurídica, ya que cuando un ciudadano que recibe dos sanciones por un mismo hecho mediando el mismo fundamento desconoce completamente cuales van a ser las consecuencias jurídicas de su conducta, así como de las acciones que realice.
b) Por otro, el principio de proporcionalidad al decir que "la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente". Lo dicho en este punto es realmente coherente, ya que, si se permitiera el bis in idem, se obtendría en la práctica un resultado desproporcionado, debido a que la sanción sería mucho mayor que la correspondiente por el ilícito cometido si fuera sancionado una única vez. Debe recordarse que el principio de proporcionalidad no se encuentra expresamente mencionado en la Constitución Española de 1978, sino que se deduce, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, de los artículos 1, 10 y 25 de nuestra Carta Magna.
Esta Sentencia del año 2003 del Tribunal Constitucional pone en relación el principio non bis in idem con el artículo 1.1 de la Constitución cuando afirma que la "prohibición dirigida al Estado de no someter a los ciudadanos a un doble o ulterior procedimiento sancionador por los mismos hechos con el mismo fundamento, una vez que ha recaído resolución firme en un primer procedimiento sancionador administrativo o penal, constituye uno de los límites al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado que la Constitución impone como inherente al derecho a ser sancionado en el marco de un procedimiento sancionador sustanciado con todas las garantías (art. 24.2 CE) en relación con el derecho a no ser sancionado si no es en las condiciones estatuidas por la Ley y la Constitución (art. 25.1 CE). Poderosas razones ancladas en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y en el valor libertad (art. 1.1 CE) fundamentan dicha extensión de la prohibición constitucional de incurrir en «bis in idem»".
Ha de estudiarse el contenido de la Sentencia del Tribunal de Europeo de Derecho Humanos de 10 de febrero de 2009, la cual resuelve el Caso Sergueï Zolotoukhine contra Rusia. Dicha Sentencia, en su apartado "Derecho internacional y derecho comparado aplicables", recoge una serie de preceptos de normas de Derecho Internacional que regulan el principio non bis in idem:
- "El artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas enuncia: «Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país.».
- El artículo 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional enuncia:
- El artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 («CAAS») enuncia: «Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante, no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.»".
Por lo que se puede observar, hay una gran cantidad de Tratados y acuerdos internacionales que recogen el principio non bis in idem, los cuales pueden servir para interpretar la prohibición del bis in idem en virtud de lo recogido en el articulo 10.2 de nuestra Carta Magna. Hay buen ejemplo de la aplicación de la vía interpretativa recogida en dicho artículo, el cual es la Sentencia de la Audiencia Nacional 56/2007 de 28 de septiembre, cuyo Fundamento Jurídico 2º establece que "el principio non bis in idem"se configura como un derecho fundamental del sancionado y que impide castigar doblemente, por un mismo delito, máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española, en relación con el artículo 14.7 del Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, según el cual nadie puede ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y el procedimiento penada de cada país-, se circunscriben a la identidad sustancial del hecho y de \a persona inculpada, así como a la existencia de una resolución firme y definitiva recaída en el procedimiento, todo lo cual como ya se ha indicado, no acontece en el presente caso, por la razón fundamental de no tratarse de una resolución firme y de venir acusado en el presente caso, de un delito de integración y colaboración con organización terrorista, un delito de financiación de actividades terroristas y otro de falsificación de documento público y a mayor abundamiento, ante la imposibilidad material de determinar la identidad sustancial del hecho por ausencia absoluta de la resolución". En esta Sentencia, como puede verse, se acude al artículo 10.2 de a Constitución para interpretar la interdicción de la dualidad de sanciones, si bien hay que decir que esto no suele ser algo muy frecuente.
El Tribunal Constitucional analizó por primera vez el principio non bis in idem en el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia 2/1981 de 30 de enero argumentando, como se ha dicho antes, que "el principio general del derecho conocido por «non bis in idem» supone, en una de sus más conocidas manifestaciones que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración -relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc.- que justificase el ejercicio del «ius puniendi» por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración".
Posteriormente, el Tribunal Constitucional completó el contenido de la interdicción del bis in idem. La Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983, recoge en su Fundamento Jurídico 4º, el doble carácter material y procesal del principio que está siendo objeto de este trabajo al afirmar que "el principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no puede ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado". En este fundamento de la Sentencia del año 1983 pueden encontrarse las dos vertientes del principio non bis in idem:
- La vertiente material, que se explica en la Sentencia cuando dice que "el principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos". El carácter material del principio non bis in idem está constituido por la prohibición de la imposición de dos sanciones, una de naturaleza administrativa y otra de naturaleza pena por el mismo hecho.
- La vertiente procesal, que se explica en la Sentencia cuando dice que el principio non bis in idem "conduce también a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no puede ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado". El carácter procesal del principio non bis in idem está constituido por la prohibición de la existencia dos procedimientos sancionadores, uno del orden administrativo y otro del orden penal, que tengan como fin sancionar un mismo hecho que haya sido realizado por el mismo sujeto por la misma causa.
- Identidad de sujeto: Habrá identidad de sujeto cuando una misma persona vaya a ser sancionada por dos procedimientos sancionadores o este siendo enjuiciado en los mismos, ya sean estos procedimientos, procedimientos penales o procedimientos administrativos por ser autora de hechos que constituyen una infracción penal y una infracción administrativa. Al respecto de este requisito, hay que mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008, la cual afirma en su Fundamento Jurídico 6º que "para aplicar el principio "non bis in idem", no sólo debe existir una identidad de hechos o fundamentos, objeto y causa material o punitiva, sino también de sujetos y ello no sucede en el caso de autos pues la sentencia penal condenó a tres personas (el arquitecto superior y el arquitecto técnico responsable de la obra así como el encargado general de seguridad de la empresa) como responsables de los delitos de los que se les acusaba, mientras que la sanción administrativa recae sobre la empresa por la no adopción de medidas de seguridad en el trabajo de modo que no existe infracción al principio de non bis in idem al no sancionarse por los mismos hechos a idénticas personas".
- Identidad de hecho: Habrá identidad de hecho cuando un mismo hecho esté siendo o haya objeto de dos procedimientos sancionadores por constituir el hecho en cuestión una infracción penal y una infracción administrativa.
- Identidad de fundamento: Habrá identidad de fundamento cuando existan dos procedimientos sancionadores o dos sanciones por la misma razón.
- Inexistencia de una relación de sujeción especial del sujeto con la Administración Pública: Existe una relación de sujeción general cuando un sujeto no está unido por un vínculo a la Administración por el cual este tendría un poder de autoridad y control sobre aquel. En cambio, habrá una relación de sujeción especial cuando un sujeto esté vinculado a la Administración por un nexo por el cual este sería titular de un poder de autoridad sobre el sujeto en cuestión.
Los tres primeros requisitos constituyen lo que se conoce como "triple identidad", a partir de la cual deberá estudiarse en cada caso concreto si hay vulneración del principio non bis in idem. Esto se recoge en la Sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 5º cuando establece que "no podemos eludir que este Tribunal en sus Sentencias 177/1999, de 11 de octubre (FJ 2º) y 152/2001, de 2 de julio (FJ 2º), ha sostenido que la declaración efectuada por los órganos judiciales penales relativa a la existencia de la triple identidad, de hechos, sujetos y fundamentos, no puede ser cuestionada por este Tribunal y constituye el ´obligado punto de partida` para el examen de la alegada vulneración del derecho que reconoce el art. 25.1. CE. Sin embargo, esta afirmación no puede compartirse, pues la triple identidad constituye el presupuesto de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en "bis in idem", sea éste sustantivo o procesal, y delimita el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1. CE, ya que éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores, ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales consisten precisamente en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo fundamento". En la misma linea, la Sentencia 48/2007 de 12 de marzo del mismo Tribunal dice en su Fundamento Jurídico 3º que "por tanto, se han de comparar los ilícitos sancionados, partiendo de la acotación de los hechos realizada por la Administración en la resolución sancionadora y por el órgano judicial penal en las Sentencias, y tomando como base la calificación jurídica de estos hechos realizada por estos poderes del Estado".
Hay que pensar que se pueden dar más problemas cuando se vayan a imponer dos sanciones penales que cuando se va a imponer una sanción penal y otra administrativa, ya que en muchas situaciones en las que se pretenda imponer dos sanciones penales puede haber confusión ..........Artículo completo AQUI