Source: http://caara.com.ar/sao-mag-n15/
Timestamp: 2018-04-19 09:39:14
Document Index: 331112082

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'Artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10']

SAO.Mag n°15
DUPLICAN EL FACTOR DE CORRELACION DEL MMAES PARA INSTALACIONES FIJAS Y DEFINEN LA FÓRMULA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Mediante una Resolución Nº 177/13, la SAyDS elevó a $ 800 el Factor de Correlación que incide en la determinación del monto mínimo asegurable del Seguro Ambiental Obligatorio y determinó la fórmula para calcular el correspondiente al transporte vial y ferroviario de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) definió la fórmula para el Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMAES) para la actividad de transporte vial y ferroviario de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, que se encuentra obligada a contratar un seguro por su carácter riesgoso para el ambiente en los términos de la Resolución SAYDS 177/07. Asimismo, elevó el Factor de Correlación –que integra tanto la fórmula polinómica de determinación del monto mínimo asegurable para las instalaciones fijas como la correspondiente al transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos-, llevándolo de $ 400 a $ 800, valor que será actualizado anualmente.
Ambas medidas fueron adoptadas mediante la Resolución 177/2013, dictada el 27 de febrero, y publicada el pasado 6 de Marzo en el Boletín Oficial de la Nación, que incluye un Anexo donde se detalla el MMAES para el transporte vial y ferroviario de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, cuya fórmula contempla diversos factores como el nivel de complejidad ambiental, el factor de correlación, la sensibilidad del área donde se realiza el transporte, las características de la carga y el tiempo de respuesta de la brigada de emergencia.
La SAyDS funda su iniciativa en lo dispuesto por el Art 22 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que establece que quienes realicen actividades riesgosas para el ambiente, ecosistemas y elementos constitutivos, deberán contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudieren producir, y por la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, que establece que los responsables del transporte de residuos peligrosos, para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, deberán acreditar, conforme el artículo 23 inciso e), póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, establezca la autoridad de aplicación, requisito homólogo al establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
En relación con las instalaciones fijas, la Resolución 1398/08 la SAyDS estableció los montos mínimos de entidad suficiente que aseguren la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido por un siniestro contaminante. El monto mínimo allí establecido, alcanza solo a las instalaciones fijas de actividades con un Nivel de Complejidad Ambiental igual o superior a 14.5 (valor establecido por la Resolución SAyDS Nº 481/ 2011).
La ecuación de estimación del MMAES está constituida por: 1- Un Monto Básico, 2- Factores que representan la Vulnerabilidad de los medios restaurables (elemento representado como “V”), y 3- Factores de existencia de materiales peligrosos (representado como “D”). Así, el MMAES es igual al monto básico x V x D. Conforme la Resolución SAYDS Nº 1398/08, el monto básico surge del cálculo de: a) el Nivel de Complejidad Ambiental Inicial del Establecimiento al cuadrado, b) un Factor de Correlación en pesos moneda nacional (fijado en esa oportunidad en $ 400), y c) un Valor de Ajuste.
Ahora, mediante la Resolución Nº 177/13, la SAyDS resolvió actualizar ese Factor de Correlación en base a la experiencia de siniestralidad, la opinión recabada de expertos en materia de recomposición ambiental, los avances tecnológicos en materia de recomposición de medios restaurables y los costos de las acciones correctivas según el estado del arte, así como someterlo a una revisión anual con los mismos criterios de ajuste.
En cuanto al MMAES para la actividad de transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, la SAyDS consideró que las particularidades de este transporte obligan necesariamente a adoptar una fórmula diferente a la correspondiente a las instalaciones fijas. Esta fórmula quedó definida en el Anexo de la Resolución Nº 177/13.
La norma, que lleva la firma del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan J. Mussi, establece en su Artículo 1° el valor del Factor de Correlación, elemento constitutivo de las fórmulas polinómicas determinadas en la Resolución de la SAYDS Nº 1398/08 y en el Anexo de la Resolución Nº 177/13, en la suma de $ 800. Define en el Art. 2°que este Factor de Correlación será objeto de revisión anual; a cuyo efecto se contemplará la experiencia de siniestralidad, los avances tecnológicos en materia de recomposición de medios restaurables y los costos de las acciones correctivas según el estado del arte. Además, aprueba en su Anexo I los alcances y metodología para determinar los Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente para la actividad de transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, en función de lo previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675.
Confirman la cautelar que dejó en suspenso al decreto y la resolución que habían modificado al SAO original
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la apelación interpuesta y confirmó la medida cautelar de suspensión del Decreto 1638/12 y de la Resolución SSN 37160/12 a la que había hecho lugar el juez de primera instancia. Esas normas, ahora suspendidas, modificaban sensiblemente el régimen del Seguro Ambiental Obligatorio.
La Cámara, integrada por los jueces Dres. Luis M. Márquez, Jose Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernandez, sostuvo que “ni una resolución ministerial ni un simple decreto del Poder Ejecutivo podrían limitar válidamente los alcances del seguro previsto en el artículo en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente y que debe garantizar la obligación consagrada en el artículo 28 de la mencionada ley, es decir, el restablecimiento irrestricto del daño ambiental de incidencia colectiva al estado anterior a su producción”.
El juez de primera instancia había ordenado “a la Superintendencia de Seguros de la Nación que adopte los procedimientos necesarios para requerir, previo a la emisión o comercialización de pólizas -en los términos del art. 22 de la Ley General del Ambiente- la conformidad ambiental otorgada por la SAyDS, y que se haya acreditado la capacidad técnica para remediar, mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados, conforme lo establecido en el régimen vigente, hasta el dictado del decreto cuya suspensión se resuelve”.
En ese sentido la Cámara opinó que “si la cobertura obligatoria exige -en los términos previstos por la normativa sustancial- asegurar el cumplimiento del deber de restablecimiento, no parece coherente con el diseño del sistema, un régimen de seguro que a través de las condiciones generales de las pólizas por emitirse, omita prever y establecer en cabeza del asegurador, la obligación de adoptar las medidas necesarias y conducentes para satisfacer aquél deber de prevención y remediación, mediante la contratación de aquéllas entidades que por su organización empresarial, especialización profesional e implementación de los medios materiales y humanos pertinentes, se encuentren en condiciones de llevar adelante las acciones concretas que sean necesarias y apropiadas para arribar a dicho resultado.-
Asimismo el tribunal de alzada consideró que las normativas impugnadas, que incluían cláusulas limitativas del riesgo y excluían a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la aprobación de las pólizas “cuando es obligación y tarea primordial de ésta su aprobación, así como la determinación del monto mínimo asegurable”, vulneran el espíritu que la ley de medio ambiente y la Constitución Nacional intentan resguardar.
Por otra parte, el fallo de Cámara señala que el juez de primera había destacado el peligro que configuraría la circulación en el mercado asegurador de instrumentos que no alcancen a cubrir los mínimos legales exigidos por la legislación aplicable en la materia.-
El gobierno de la provincia de Córdoba ordenó mediante el Decreto 1130/12, publicado el pasado 21 de diciembre, exigir el requisito de cumplimiento de la contratación del “Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” (SAO) a los establecimientos que deban obtener o renovar las respectivas licencias, habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga la Secretaría de Ambiente provincial, a los titulares de establecimientos con Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) mayor a 14,5 puntos y a los que así se lo solicite la autoridad ambiental por razones sitio-específicas. Asimismo incluyó en la exigencia de contratar el SAO, en un plazo de 90 días, a los establecimientos con licencia ambiental vigente.
La medida fue dictada en observancia con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y sus resoluciones nacionales reglamentarias.
El decreto aclara que sólo serán aceptadas las pólizas de SAO “emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en virtud de haber acreditado capacidad técnica operativa para realizar de manera efectiva las acciones de recomposición del ambiente dañado mediante contratos con empresas inscriptas en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.”
Por lo tanto, la Secretaría de Ambiente provincial sólo admitiría como válidas las pólizas de aquellas aseguradoras que acrediten contar con capacidad suficiente para cumplir con la garantía de la póliza que es la de recomponer cumpliendo con la previsto en la Ley de Ambiente.
La empresa ARG group S.A. se incorporó en abril pasado como Socio Adherente de CAARA. Arg Group interviene en la intermediación de seguros y resaseguros a nivel internacional. Desde sus inicios participó activamente en el desarrollo de la actividad aseguradora de aviación, por entonces embrionaria de la Argentina, para constituirse en uno de los referentes del mercado de reaseguros internacional.
El gobierno de la provincia del Chubut exigirá el SAO a las empresas industriales de hidrocarburos alcanzadas por la obligación, según surge del Decreto 91/13, publicado el pasado 13 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia, que reglamenta la Ley de Hidrocarburos Nº 102.
En lo referente a garantías por daños ambientales, el decreto establece, textualmente, lo siguiente:
“Artículo 1º.- Reglaméntase los siguientes Artículos de la Ley XVII N° 102 «Ley de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut»:
Artículo 6.- A los efectos establecidos en el Artículo 6 de la Ley XVII N° 102, será suficiente el cumplimiento por el concesionario o permisionario de las obligaciones establecidas en la Ley XI N° 35 «Código Ambiental de la Provincia del Chubut», su normativa complementaria, concordante y reglamentaria, sin perjuicio de la normativa nacional aplicable en materia ambiental.
Artículo 7.- Las garantías establecidas en el Artículo 7 de la Ley XVII N° 102 serán requeridas para los Proyectos, entendiendo por tales a las obras o actividades a ser desarrolladas durante las etapas, de exploración, prospección y explotación contempladas en el Anexo V del Decreto 185/09 que deben presentar a los fines de su evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la guía contenida en el Anexo IV que forma parte del mismo Decreto 185/09. Las garantías deberán ser específicas para cubrir las contingencias ambientales ocurridas durante las etapas de construcción y puesta en marcha del Proyecto. Las cauciones se conformarán a las reglas generales de la Superintendencia de Seguros de la Nación por el monto de la inversión prevista para el Proyecto. Será devuelta dentro de los ciento ochenta (180) días de puesta en marcha del Proyecto sin haberse verificado ninguna contingencia ambiental no remediada.
A su vez, la Ley 102 establece lo siguiente:
“Artículo 7.- En todas las etapas del proyecto las empresas titulares deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación Ambiental los instrumentos que garanticen la adecuada implementación de las medidas formuladas en el Plan de Gestión Ambiental, de acuerdo con lo estipulado a continuación:
a) Para las etapas de prospección y exploración, las empresas titulares de proyectos deberán presentar depósitos en garantía o acreditar la contratación de seguros de caución por daño ambiental. Los depósitos en garantía podrán ser presentados en concurrencia con el seguro ambiental.
b) Para la etapa de explotación, las empresas titulares de proyectos deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación Ambiental los instrumentos que acrediten la contratación de seguro de caución por daño ambiental y/o abandono de pozos.
Artículo 8.- La modalidad y procedimientos técnicos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 7, serán dispuestos por la reglamentación de la presente ley. Los ajustes de las garantías se basarán en la revisión de los nuevos niveles de alteraciones al ambiente detectados en la documentación ambiental exigible, al realizarse las actualizaciones de la Declaración de Impacto Ambiental respectiva.
Artículo 9.- Los depósitos en garantía se integrarán mediante la presentación de títulos y/o valores al efecto de afianzar la obligación, los que serán depositados en el Banco del Chubut Sociedad Anónima.
Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación Ambiental dictará las normas y reglamentaciones necesarias para la definición de las inversiones ambientales anuales, y para la administración y eventual disposición de los depósitos en garantía.”
Una Corte de Apelaciones de Chile ordenó suspender en su territorio el emprendimiento minero Pascua Lama por presuntas infracciones ambientales denunciadas por comunidades indígenas. Pascua Lama es un proyecto binacional de una empresa canadiense que se lleva a cabo en la frontera entre Chile y la República Argentina, en territorios de ambos países.
La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó frenar la iniciativa minera de la empresa canadiense Barrick Gold por infracciones ambientales denunciadas por comunidades indígenas diaguitas vinculadas con la destrucción de glaciares y la contaminación de recursos hídricos.
Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina de oro que comparten Chile y Argentina, ubicada sobre la frontera cordillerana, entre Huasco, en Chile, y San Juan, en la Argentina. El proyecto contempla la construcción de una mina a rajo abierto, a más de 4000 metros de altura.
El abogado Lorenzo Soto, quien representa a las comunidades diaguitas, explicó que ante la corte se denunció “la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera”. Soto destacó que además la contaminación “de los recursos hídricos, fruto del depósito de estériles sin que esté operativa la planta de drenajes de ácidos de roca que lo impediría”.
Pascua Lama está en la fase en que se saca la tierra superficial para crear el rajo que será explotado. El cronograma previsto apuntaba al inicio de la producción en el segundo semestre de 2014, con una producción anual de entre 750.000 y 800.000 onzas de oro durante los primeros cinco años de explotación.
Después del fallo del tribunal chileno Barrick analiza alternativas que van desde acelerar el inicio de las operaciones en la Argentina, donde las obras siguen en marcha, o directamente abandonar el proyecto de US$ 8.500 millones en el que –sólo en el lado sanjuanino– ya están trabajando cerca de 13.000 personas.
“La empresa se encuentra en la fase inicial de la evaluación de un plan alternativo que consiste en acelerar el desarrollo de un tajo más pequeño en la Argentina que había sido programado para ser minado con posterioridad, con el fin de contar con una fuente de mineral para la producción inicial”, indicó la firma al presentar sus resultados. “Esta alternativa –agregó– podría proporcionar mineral por cerca de 6 meses, tras lo cual la mina dependería de un suministro permanente de Chile”. La empresa podría mantener su plan de arrancar en el segundo semestre de 2014, si Chile da vía libre al proyecto.
Sin embargo, la compañía advirtió que “si la reanudación de las actividades de construcción en el lado chileno se retrasa más allá de fines de 2013, o si se determina que esa alternativa (argentina) no es factible, podría haber un cambio significativo en el plan de minado, costos de capital y calendario de producción del proyecto”.
Numerosas actuaciones de la autoridad ambiental en Santa Cruz
La Dirección Provincial de Medio Ambiente Zona Norte, de la provincia de Santa Cruz, informó que durante el año 2012 efectuó unas 6000 actuaciones en relación con la actividad que desarrollan empresas hidrocarburíferas en esa provincia y que desde el año 2004 ha realizado 17.283 actas de inspecciones y 1.423 actas de clausuras.
La información indica que durante el año 2012 se efectuaron 5.729 actas de inspecciones, 118 actas de clausuras y 521 actas de constataciones. Estas últimas comprenden monitoreos y liberaciones de acuíferos y suelos saneados.
Todas estas actas representan tareas de campo por parte de la autoridad de aplicación. Se han cateado y abierto 2.224 piletas de pozos de Sinopec Argentina por la Ley 3.117 y 1.384 piletas de pozos de Pan American Energy dentro de la Ley 3.122.
A la Empresa YPF S.A. ya se le habían abierto en el año 2011 un total de 1.700 piletas como monitoreo, a extrapolar sobre el total de piletas existentes y que se incluirán en el inventario de pasivos ambientales como marca la legislación.
En el cumplimiento de la disposición de control de recuperación secundaria se hicieron pruebas de hermeticidad a 912 pozos inyectores en la cuenca del golfo San Jorge. De un total de 2.154 tanques de almacenamiento de hidrocarburos existentes en nuestra provincia y en cumplimiento de la disposición 343/08 se han efectuado 662 auditorías técnicas y 383 auditorías ambientales, y este año se están incrementando las actuaciones para cubrir la totalidad de los tanques. Santa Cruz es la única provincia que efectúa un control propio de estas instalaciones; el resto del país es monitoreado desde la Secretaría de Energía de la Nación.
Con respecto a la Ley 2.658 de Evaluación de Impacto Ambiental, desde el año 2007 que entró en vigencia la reglamentación de la ley hasta el año 2012 se ha estudiado y emitido dictamen a 1.486 estudios presentados. En el año 2012 se ha emitido dictamen técnico a 325 estudios de impacto ambiental.
Procesan por contaminación al propietario y a un ejecutivo de un ingenio tucumano
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, procesó al propietario del ingenio y destilería La Florida de la provincia de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, y al gerente general de la empresa, José Ramón Coronel por contaminar y por desobediencia judicial en la denuncia interpuesta a raíz de los vuelcos de vinaza en la zona norte de la provincia de Santiago del Estero que afectaron a la localidad de El Palomar. La Justicia Federal también le trabó un embargo por $ 200.000 al empresario tucumano.
Ambientalistas tucumanos objetan que el ingenio La Florida inicie la zafra correspondiente a este año, por la falta de realización de las obras previstas para evitar la contaminación de la cuenca de los ríos Salí y Dulce y el embalse de Río Hondo.
Luego de la última denuncia de derrame de vinaza contra el ingenio La Florida, se habría llegado a un compromiso formal para detener la contaminación durante enero pasado. La empresa se había comprometido a retirar un remanente de 8 millones de litros de vinaza que quedaban en el troncal Virginia a través de un sistema de riego por surco. Además, prometió derribar los taludes ubicados en los distintos afluentes que se conectan con el canal interprovincial del Este.
El ingenio La Florida se había comprometido a comenzar esta zafra disponiendo de sus desechos de vinaza a través de un sistema de evaporación forzada.
El defensor del Pueblo de Santiago del Estero indicó que se pretende que #el canal vuelva a ser realmente un canal, ya sea para riego o desagüe pluvial; se rompan los taludes y no se estanque más vinaza y menos que se afecte a una población santiagueña como pasó con El Palomar”.
Durante el último derrame, 80 millones de litros de vinaza llegaron a contaminar a esa localidad santiagueña, lo que provocó la intervención de la Justicia Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Nuevo ministro en Chubut
El abogado Marcelo Jones fue designado nuevo Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut en tanto que fueron ratificados en sus cargos los dos subsecretarios de la cartera que estaban en funciones: Ariel Gamboa y López Arrúa.
El Dr Jones adelantó que se actualizará la normativa ambiental (se proyecta modificar el Código Ambiental provincial) y que habrá más controles en la materia de su competencia.
El nuevo ministro designado por el gobernador Martín Buzzi anticipó que se profundizarán los controles ambientales y confirmó que se actualizará y modificará toda la legislación que sea necesaria para potenciar el trabajo del organismo en toda la provincia. Se “tratará de avanzar en todo lo que es el control ambiental cumpliendo la competencia que nos asigna la Ley de Ministerios y lo que surge de ser autoridad de aplicación de la normativa ambiental dentro del territorio provincial”, dijo el funcionario, y resaltó que “para cumplir la competencia que tenemos designada efectivamente estamos hablando de más controles”. En este marco, reconoció que “se va a trabajar en el mismo sentido” respecto a solicitar mayores exigencias a las consultoras ambientales.