Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510608.html
Timestamp: 2019-03-21 11:52:22
Document Index: 214574199

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in fine', 'in dubio', 'in dubio', 'in fine']

as201510608
AUTO SUPREMO N� 608/2015-RRC
Expediente�� � � ��� � � � :�La Paz 61/2015
Parte Acusadora�� � � � :�Blanca Campos Mariscal
Parte Imputada�� � � � :�Mayra Alejandra Ari��z Vera y otra
Delito�� � � ��� � � � :�Alzamiento de Bienes o Falencia civil
Por memoriales presentados el 19 y 20 de marzo de 2015, cursantes de fs. 1185 a 1193 y 1195 a 1203 vta., Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta, interponen recursos de casaci�n impugnando el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero, de fs. 1124 a 1132 vta., y su Auto Complementario de fs. 1151 y vta., pronunciados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Blanca Campos Mariscal contra las recurrentes, por la presunta comisi�n del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, previsto y sancionado por el art. 344 del C�digo Penal (CP).
a) En m�rito a la orden de reenv�o de la causa, por Sentencia 11/2014 de 4 de septiembre (fs. 1065 a 1073 vta.), la Juez Quinto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declar� a Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta, absueltas de la comisi�n del delito de Alzamiento de Bienes y Falencia Civil, tipificado por el art. 344 del CP; por otra parte, dispuso el pago de da�os, perjuicios y costas a calificarse en ejecuci�n de sentencia.
b) Contra la referida Sentencia, la acusadora Blanca Campos Mariscal, interpuso recurso de apelaci�n restringida (fs. 1082 a 1087), resuelto por el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero (fs. 1124 a 1132 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declar� admisible el recurso, procedente las cuestiones planteadas y revoc� la Sentencia apelada; en consecuencia, declar� a las imputadas, autoras del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, tipificado por el art. 344 del CP, conden�ndoles a la pena de cuatro a�os de reclusi�n, m�s costas y reparaci�n del da�o en favor de la querellante; por otra parte, el Auto de 6 de marzo de 2015, rechaz� la solicitud de Complementaci�n de las imputadas; motivando con ello a la interposici�n de los recursos de casaci�n que son motivo de examen de fondo.
De los recursos interpuestos y del Auto Supremo 365/2015-RA de 11 de junio; por el que, se admite el recurso de casaci�n, se tiene que ambos recursos fueron expuestos con similar redacci�n y argumentos coincidentes respecto a cada denuncia, cuyas variaciones en el texto, �nicamente corresponden a la forma de cada memorial, y no as� al fondo de las reclamaciones; por lo cual, al ser m�nimas las diferencias, este Tribunal, con la finalidad de emitir fallo de fondo, de forma ordenada y no redundante, considera acertado consignar los motivos expuestos por cada una de las recurrentes en sus respectivos recursos, de forma conjunta; puesto que, no existe variaci�n alguna en cuanto a las pretensiones.
Ambas recurrentes, Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta, alegaron vulneraci�n a sus derechos y garant�as constitucionales, citando entre ellas, el debido proceso y los principios in dubio pro reo, inmediaci�n y contradicci�n, afirmando que el Tribunal de alzada, sin la debida fundamentaci�n y revalorizando prueba, cambi� sus situaciones jur�dicas, de absueltas a culpables, aspecto que se encontrar�a prohibido; al efecto, argumentaron como sigue:
1) Denuncia Lourdes Vera Zabaleta, que el Tribunal de alzada, despu�s de haber vencido el plazo para dictar el Auto de Vista,� en forma arbitraria e inoportuna, dispuso que la recurrente subsane los defectos formales en el plazo de tres d�as, situaci�n que nunca ocurri�, pues se repiti� el memorial presentado anteriormente. Sin embargo, no obstante haber perdido competencia y retardando la justicia dict� Resoluci�n revocando la Sentencia,� en desmedro de sus derechos y principios constitucionales�in dubio pro reo, el debido proceso, inmediaci�n y congruencia, dando lugar a la nulidad de obrados; aspecto que fue mencionado por Mayra Alejandra Ari��z Vera, en su memorial de casaci�n.
2) Las recurrentes, transcribiendo las partes que consideraron pertinentes del Auto de Vista impugnado, denuncian que dicho fallo, al resolver la denuncia relativa al efecto de Sentencia descrito en el inc. 1) del art. 370 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP) (inobservancia o err�nea aplicaci�n de la ley sustantiva), habr�a dispuesto, sin fundamentaci�n ni motivaci�n suficiente y revalorizando prueba, cambiar su situaci�n jur�dica de absueltas a condenadas, haciendo el papel de Juez de instancia, actividad que estar�a prohibida; puesto que, el Tribunal de apelaci�n, al analizar el tipo penal descrito en el art. 344 del CP, revalorizando prueba al se�alar en �SU QUINTO CONSIDERANDO, PUNTO 1.4, P�RRAFO 4� (sic), manifest� que existi� dolo y actos preparatorios de fraude u ocultaci�n de los bienes que fueron otorgados en garant�a en el accionar de ambas imputadas; al respecto, aclara Mayra Alejandra Ari��z Vera, que dichos bienes eran de propiedad de sus padres (Lourdes Vera Zabaleta y su esposo), aspecto que constituye -dicen- defecto absoluto por infracci�n al principio de igualdad de las partes, el derecho a la defensa y el debido proceso; puesto que, una era estudiante y no contaba con bienes propios y la otra era comerciante, aspecto probado con abundante prueba.
Afirman, que los de alzada se�alaron que el delito puede ser cometido por cualquier individuo, incluso los comerciantes, contradiciendo as� el contenido del art. 344 del CP y el principio de legalidad, dado que el tipo penal no es aplicable a los comerciantes.
3) Acusan que el Auto de Vista impugnado, a tiempo de resolver el supuesto agravio denunciado con base en el art. 370 inc. 5) del CPP, afirm� que la Sentencia incurri� en fundamentaci�n contradictoria,�defecto que habr�a sido subsanado por el Tribunal, sin explicar cu�les ser�an las contradicciones subsanadas, se habr�a remitido de forma reiterativa, inconexa y ambigua a lo referido en el punto anterior sobre la supuesta inobservancia o err�nea aplicaci�n de la ley sustantiva. Aducen que el Ad quem, no tom� en cuenta que la Sentencia estaba ampliamente fundamentada, siendo la misma amplia, clara, positiva y entendible.
4) Alegan, que el Tribunal de apelaci�n al resolver la denuncia vinculada al art. 370 inc. 6) del CPP, estableci�, que la Jueza de m�rito, equivoc� su razonamiento al se�alar que; lo que se discute es el pr�stamo de dinero, y no la desaparici�n de las garant�as, argumento que consideran funesto; puesto que, los de alzada se refirieron al Tribunal Penal como si fuera Civil; por lo que, se acus� el il�cito descrito en el art. 344 del CP, cuyos supuestos jur�dicos debieron ser demostrados, lo que no se dio; toda vez, que el tipo penal no hace referencia a demostrar el pr�stamo de dinero, y s� el ocultamiento de bienes del deudor. Agregan que con falta de idoneidad, el Tribunal de alzada dej� claro que no ten�a competencia para revalorizar prueba; y se�al�, que se estar�a obrando conforme a la prueba producida en juicio y valorada por la A quo, rectificando y readecuando el entendimiento de contenido de la Sentencia, subsanando las omisiones encontradas, sin modificar los hechos analizados en la causa, sino adecuando la conducta de las acusadas al tipo en concreto; que sin embargo -las recurrentes sostienen que- el Tribunal de alzada resolvi� el motivo revalorizando prueba, cambiando sus situaciones procesales, sin explicar si la Sentencia se bas� en hechos inexistentes o no acreditados o en valoraci�n defectuosa de la prueba.
5) Finalmente, citando partes del Auto de Vista, refieren con relaci�n al defecto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP, que el Tribunal de alzada reiter�, como elementos del tipo penal acusado, los hechos que consideraron probados, haciendo referencia a la existencia de un contrato de pr�stamo de dinero suscrito entre las partes en litigio, una Sentencia ejecutiva civil, el recojo del capital de anticresis, cuyo titular ser�a una tercera persona ajena al proceso y una m�quina de gigantograf�a, actualmente paralizada por falta de repuestos. Alegaron igualmente, que el Tribunal de alzada acogi� la denuncia formulada por la parte contraria en apelaci�n, sin explicar en qu� consist�an las contradicciones entre la parte considerativa (hechos probados) y la parte resolutiva, la cual les llev� a concluir, que el fallo de absoluci�n deb�a ser corregido conforme el art. 413 del CPP, con relaci�n al art. 414 del mismo cuerpo legal, revel�ndose la actitud parcializada asumida con relaci�n a la apelante y la Resoluci�n recurrida, que pese a la prohibici�n, revalorizando prueba, les cambi� su situaci�n procesal.
Mayra Alejandra Ari��z Vera, solicita la remisi�n de obrados al Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala Penal de turno, determine la existencia de contradicci�n en el Auto de Vista recurrido, se disponga la admisi�n del recurso y dicte Auto Supremo �CASANDO EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO� (sic.); en tanto, que Lourdes Vera Zabaleta, pide se admita el recurso y se remita ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde se disponga dejar�n sin efecto el Auto de Vista impugnado.
Conforme el Auto de admisi�n 365/2015-RA de 11 de junio, el an�lisis de fondo de la presente Resoluci�n, se circunscribir� a la verificaci�n de las denuncias contenida en los memoriales de casaci�n, cuyos motivos admitidos se encuentran expuestos en el apartado �I.1.1.� de la presente Resoluci�n, vinculadas a la infracci�n de derechos y garant�as constitucionales infringidos.
El Juez Quinto de Sentencia de La Paz declar� la absoluci�n de las imputadas Lourdes Vera Zabaleta y Mayra Alejandra Ari�ez Vera, del delito de Alzamiento de bienes y Falencia Civil, al establecer que si bien la segunda firm� un documento de pr�stamo de $us. 25.000.- en calidad de deudora, nunca recibi�, us� ni usufruct� dicha cantidad de dinero, ya que por las declaraciones voluntarias prestadas por las imputadas as� como los testigos de descargo y las documentales presentadas como prueba, en esa �poca contaba con 19 a�os y se dedicaba �nica y exclusivamente a estudiar, es decir no era comerciante ni siquiera atend�a o dirig�a la empresa de imprenta de propiedad de su madre, por lo que el tipo penal acusado no se acomoda a su conducta, toda vez que no se prob� que ella ten�a bienes muebles ni inmuebles a su nombre de los que pod�a disponer libremente, menos la m�quina de impresi�n ni el anticr�tico dados en garant�a eran de su propiedad, ya que la primera era herramienta de trabajo de propiedad de la acusada Lourdes Vera Zabaleta y los $us. 10.000.- pertenec�an a sus padres, por lo tanto no pod�a alzarse, ocultar, trasladar, vender o hacer desaparecer un bien mueble que no era de su propiedad.
Respecto a Lourdes Vera Zabaleta estableci� que tiene actividad comercial traducida en una empresa gr�fica o de impresi�n, que generaba lucro para el sostenimiento de su familia, lo que hace que su conducta no se adecue al tipo penal de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, que exige que el sujeto activo del delito no sea comerciante, adem�s de que la maquinaria conforme los testigos sufri� desperfectos que originaron su paralizaci�n por lo que fue trasladada a Trinidad.
La acusadora particular interpuso recurso de apelaci�n restringida denunciando los siguientes defectos: a) Inobservancia o err�nea aplicaci�n de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP. b) No exista fundamentaci�n en la Sentencia o sea insuficiente o contradictoria, art. 370.5) del CPP; c) La Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoraci�n defectuosa, art. 370.6) del CPP; y, d) Que exista contradicci�n en su parte dispositiva o entre �sta y la parte considerativa, art. 370 inc. 8) del CPP.
II.3. Auto de Vista.
Conforme se desprende del fallo recurrido, el Tribunal de alzada, luego de resumir las pretensiones de la recurrente Blanca Campos Mariscal (acusadora particular), as� como los memoriales que responden a dicha impugnaci�n (imputadas), concluy� lo siguiente:
a) En cuanto al vicio descrito en el inc. 1) del art. 370 del CPP, luego de consideraciones respecto al tipo penal acusado, concluy� que la juzgadora de m�rito incurri� en inobservancia y err�nea aplicaci�n del art. 344 del CP.
b) Al resolver la denuncia relativa al defecto de Sentencia establecido en el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal recurrido, luego de establecer los aspectos, que la Sentencia consider� como hechos probados, se�al� que no se habr�a aplicado correctamente la subsunci�n de los hechos al tipo penal, incurriendo el fallo de m�rito en inobservancia y err�nea aplicaci�n del art. 344 del CP; agreg�, que se habr�a advertido, que la Sentencia ingres� en fundamentaci�n contradictoria, circunstancia que habr�a sido subsanada al resolver el primer agravio.
c) En lo que respecta al defecto establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, el Tribunal el alzada sostuvo, que en aplicaci�n vinculante de los Autos Supremos, el Tribunal de apelaci�n no tiene facultad para revalorizar prueba producida en juicio, facultad que estar�a reservada para los Jueces y Tribunales de Sentencia, en cuanto a la declaraci�n testifical que se reclam� como defectuosa, no puede ser considerada por los fundamentos ampliamente esgrimidos al resolver el primer motivo; aclar� que ese Tribunal, obr� conforme a la prueba producida en juicio y valorada por la juzgadora, rectificando y adecuando el contenido de la Sentencia, subsanando omisiones encontradas, sin modificar los hechos analizados.
d) Sobre la denuncia vinculada al defecto de Sentencia descrito en el inc. 8) del art. 370 del CPP, los de alzada concluyeron que, habi�ndose establecido en la Sentencia, como hechos probados, la existencia de un contrato de pr�stamo de dinero suscrito entre las partes en litigio, la existencia de una Sentencia en un proceso civil ejecutivo, con base en un documento de pr�stamo, el hecho de haberse recogido los dineros por concepto de un contrato de anticresis, en la suma de $us. 10000 (diez mil d�lares americanos); que Froil�n Flavio Ari��z y Lourdes Vera Zabaleta, son padres de la coacusada Mayra Alejandra Ari��z Vera, que el monto de dinero mencionado y una m�quina impresora fueron dados en garant�a, que esta �ltima fue retirada de su lugar de dep�sito con destino a otro distrito; circunstancias que los de alzada, consideran que configuran el delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, y que pese a ello se determin� la absoluci�n de las imputadas, estableci�ndose as� la contradicci�n existente entre la parte considerativa con la parte resolutiva del fallo: por lo que, consideraron que correspond�a su correcci�n en aplicaci�n de lo establecido por el art. 413 relacionado con el 414 del CPP.
Con los argumentos se�alados, el Tribunal de alzada emiti� Auto de Vista, en el que se declar� procedente en parte el recurso de apelaci�n restringida, revocando la Sentencia impugnada y resolviendo en el fondo, declar� a las imputadas, Autoras del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, contemplado y sancionado por el art. 344 del CP, condenando a ambas a la pena de cuatro a�os de reclusi�n, m�s costas y reparaci�n del da�o en favor de la acusadora particular, a ser fijada en ejecuci�n de Sentencia.
Corresponde a continuaci�n, la verificaci�n de las denuncias relativas al cambio de la situaci�n procesal de las imputadas, de absueltas a condenadas, con base en la revalorizaci�n de la prueba y sin la debida fundamentaci�n, en infracci�n a los principios de inmediaci�n,�in dubio pro reo, contradicci�n y la garant�a del debido proceso; sin embargo, con car�cter previo, este Tribunal considera necesario hacer algunas precisiones.
III.1.Precisiones legales y doctrinales.
III.1.1. Debida fundamentaci�n.
Por mandato del art. 124 del CPP, toda Resoluci�n debe encontrarse debidamente fundamentada, mandato que fue reflejado en la abundante doctrina legal emitida por este Supremo Tribunal de Justicia, cuando se�ala: �El derecho a la debida fundamentaci�n de las resoluciones judiciales, componente del debido proceso, se plasma en la exigencia procesal y constitucional a toda autoridad que emita una resoluci�n, de fundamentarla motivadamente en sujeci�n a los par�metros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jur�dicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes, lo contrario ocasiona incertidumbre e indefensi�n; en ese entendido, se establece la falta de fundamentaci�n en el Auto de Vista cuando de sus fundamentos se observa la falta de respuesta puntual y espec�fica a todas y cada una de las alegaciones planteadas en el recurso de alzada y, contrariamente acude a argumentos evasivos para evitar cumplir con su obligaci�n de pronunciarse sobre el fondo de uno o m�s cuestionamientos, omisi�n que vulnera los arts. 124 y 398 del C�digo de Procedimiento Penal e infringe el derecho a los recursos, a la tutela judicial efectiva y la garant�a al debido proceso, lo que constituye defecto absoluto inconvalidable al tenor del art. 169 inc. 3) De la norma legal precitada, ameritando en consecuencia la aplicaci�n del art. 419 de la Ley adjetiva penal.� (A.S. 368/2012 de 5 de diciembre).
En concordancia con lo anterior, estableci�: ��Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentaci�n la obligaci�n de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivaci�n, el deber jur�dico de explicar y justificar las razones de la decisi�n asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, se�al� que: ‘Este deber se halla sustentado en el�principio l�gico de la raz�n suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicaci�n�‘Motivaci�n como argumentaci�n jur�dica especial’, se�ala:�‘El derecho contempor�neo ha adoptado el principio de la Raz�n Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resoluci�n judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontol�gico cuanto como principio l�gico. La aplicaci�n o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisi�n judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisi�n en la concatenaci�n de inferencias), sino tambi�n una garant�a procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificaci�n consistente en las razones determinantes de la decisi�n del magistrado. Decisi�n que no s�lo resuelve un caso concreto, sino que, adem�s, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resoluci�n de casos futuros y an�logos. Por lo tanto, la observancia de la raz�n suficiente en la fundamentaci�n de las decisiones judiciales contribuye, tambi�n, vigorosamente a la explicaci�n (del principio jur�dico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jur�dica.
En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qu�, para qu�, c�mo, qu�, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentaci�n de una decisi�n judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la raz�n suficiente y de los dem�s principios l�gicos, as� como de las reglas de la inferencia durante la argumentaci�n de una resoluci�n judicial, determina la deficiencia en la motivaci�n, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisi�n que deb�a corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisi�n arbitraria, (injusta).’
Por otra parte, la fundamentaci�n y motivaci�n de Resoluciones implica el deber jur�dico de explicar y justificar de forma l�gica y con base en la Ley, las razones de la decisi�n asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlaci�n total entre la pretensi�n de quien recurre y la decisi�n de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisi�n asumida por el Juez o Tribunal, pero adem�s, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resoluci�n y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resoluci�n podr�a incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.� (A.S. 396/2014-RRC de 18 de agosto).
De la doctrina se�alada, se establece que ninguna autoridad que emita un fallo puede omitir la fundamentaci�n y motivaci�n en la Resoluci�n que emita, toda vez que la misma adem�s de brindar explicaci�n l�gica y coherente de su razonamiento y la decisi�n all� asumida, �sta debe vincularse de forma directa con la normativa, doctrina y/o jurisprudencia aplicable al caso en concreto, brindando as� la validez legal que exige el debido proceso, que busca efectivizar la vigencia de los derechos fundamentales, frente al aparato estatal, a trav�s del control de la actividad jurisdiccional.
III.1.2. Prohibici�n de revalorizar prueba
El art. 407 del CPP, establece que corresponde al Tribunal de alzada, el control respecto a la inobservancia o err�nea aplicaci�n de la Ley; desprendi�ndose del texto precitado, que el actual sistema recursivo de la materia, no admite la doble instancia, raz�n por la cual, la facultad de valorar la prueba, �nicamente corresponde al Tribunal o juzgador de m�rito, por ser la etapa del juicio oral, la destinada a la comprobaci�n de la existencia del hecho, la participaci�n del o de los imputados y su consiguiente responsabilidad penal; por ello, es la fase reservada para la producci�n de la prueba en presencia de todas las partes (inmediaci�n) y sometida al contradictorio (contradicci�n) y su consiguiente valoraci�n por la autoridad de conocimiento, aplicando las reglas de la sana cr�tica (art. 173 del CPP) sobre todo lo acontecido en el juicio oral; labor intelectiva sobre la cual recae el control del Tribunal de apelaci�n, sin que le est� permitido modificar (suprimir, cambiar o agregar) las conclusiones plasmadas en la Sentencia en aplicaci�n del principio de intangibilidad de los hechos probados en juicio, que limita la competencia de los de alzada; sino, establecer de forma fundamentada y motivada, si la labor del Tribunal inferior en grado, se encuentra acorde a las exigencias del actual sistema procesal penal.
Respecto a lo anterior, este Tribunal emiti� copiosa jurisprudencia, como la plasmada en el Auto Supremo 308/2013-RRC de 22 de noviembre, que se�al�: �Este Tribunal de manera invariable argument� en diferentes y reiterados Autos Supremos, que la facultad de valorar la prueba introducida en el juicio oral, es de competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales de Sentencia, en raz�n a los principios de contradicci�n, inmediaci�n e intangibilidad; en el �ltimo caso, respecto a las pruebas que no pueden someterse a una nueva valoraci�n, as� como a los hechos, que no pueden alterarse, pues su valoraci�n y fijaci�n corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia; doctrina legal traducida en el Auto Supremo 277/2008 de 13 de agosto, de la siguiente manera:�‘La funci�n principal del Tribunal de alzada es pronunciarse respecto de la existencia de errores�‘injudicando’�o errores�‘improcedendo’�en que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsi�n del art�culo 414 del C�digo de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenv�o puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero�sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significar�a desconocer el principio de inmediaci�n que se constituye en el �nico eje central en la producci�n probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales.
Que, si el Tribunal de apelaci�n advierte error injudicando en la sentencia, en la fundamentaci�n de la resoluci�n que no haya influido en la parte resolutiva, en aplicaci�n a lo previsto por el art�culo 414 del C�digo de Procedimiento Penal, podr� corregir sin necesidad de reenv�o del proceso, empero, si el error en la fundamentaci�n es determinante para el cambio en la situaci�n jur�dica del imputado, observando lo dispuesto por el art�culo 413 del mismo C�digo Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso espec�fico y ordenar la reposici�n del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio’.�(Las negrillas son nuestras).
Asimismo, los Autos Supremos 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 249/2012-RRC de 10 de octubre, emitidos por esta Sala, entre otros, refirieren que:�‘El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelaci�n restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoraci�n de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana cr�tica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorizaci�n y en consecuencia cambiar la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocer�a los principios rectores de inmediaci�n y contradicci�n que rigen la sustanciaci�n del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidaci�n emergente de la vulneraci�n de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que:�‘Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolver� directamente’, el alcance de la referida disposici�n legal,�no otorga facultad al Tribunal de apelaci�n de hacerlo respecto a temas relativos a la relaci�n de los hechos o a la valoraci�n de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediaci�n y contradicci�n, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano,�resultan intangibles.’�(Las negrillas son nuestras).�
III.1.3. El tipo penal, la tipicidad y la correcta subsunci�n
Toda conducta penalmente reprochable (acci�n u omisi�n), debe encontrarse debidamente descrita en la norma sustantiva penal (tipo penal), que detalla presupuestos imaginarios, en los cuales, ciertas conductas no condicen con el orden p�blico, por ello el legislador, categoriz�ndolas por su gravedad, estableci� sanciones que llegan a penas privativas de libertad para castigarlas; consecuentemente, toda conducta que no se adec�e a alguna descripci�n contenida en la norma sustantiva de la materia, es at�pica, en aplicaci�n del principio de legalidad.
El tipo penal, est� compuesto por elementos, tanto objetivos como subjetivos, pero adem�s, en algunos casos normativos y descriptivos.
a) Elemento objetivo, es el aspecto objetivo o material de la conducta calificada como il�cita; es decir, es la manifestaci�n externa del comportamiento humano, que puede consistir en una acci�n u omisi�n y que es perceptible por los sentidos; entonces, son las exigencias de car�cter material que se encuentran descritas en el tipo penal, como ser: despojar, matar, ofender, apropiarse, sustraer, etc.
b) Elemento subjetivo o volitivo, es el elemento intangible, que pertenece al mundo ps�quico, por responder a cuestiones internas del agente, como lo son su voluntad y la motivaci�n al momento de cometer un il�cito, que adem�s de estar constituido por el dolo y la culpa, incluye otros elementos de car�cter subjetivo, o elementos subjetivos del injusto, que son requisitos de car�cter intencional y que el legislador ha incluido en el texto de la norma como: �el �nimo de, con la finalidad de, con la intenci�n de, etc.�, elemento subjetivo, que adem�s de constituirse en una exigencia de car�cter subjetivo, describe la finalidad de la acci�n, pero adem�s, incluye elementos que deben ser demostrados a partir de su naturaleza intelectual (conocimiento de ciertas condiciones del autor o de la v�ctima), afectivos (motivado por emociones) o volitivas (intenci�n direccionada de llegar a un resultado).
c) El elemento normativo, es un elemento valorativo, no material, requiere para su comprensi�n, un juicio o una valoraci�n jur�dica complementaria por pate del juzgador, por cuanto la descripci�n realizada por el legislador, no resulta satisfactoria, obligando a la autoridad a realizar diversas interpretaciones de la situaci�n con la finalidad de concretar el hecho, como la situaci�n cultural o la significaci�n jur�dica de alguna circunstancia descrita en el tipo, sin que corresponda a la acci�n propiamente dicha, ya que no es realizada por el actor, teniendo como funci�n, especificar la antijuricidad de la conducta descrita en el ordenamiento legal, de forma estricta, con el objeto de aplicar la pena.
d) Elemento descriptivo, pertenece al mundo f�sico y al ps�quico, por cuanto al describir acciones, personas, lugares, cosas, etc., tienen naturaleza material objetiva, pero adem�s es comprobable a trav�s de un procedimiento cognoscitivo, toda vez que describe elementos perceptibles por los sentidos (acciones) como: da�ar, apropiarse, matar, etc.; as� como, objetos del mundo s�quico como: �nimo de perjudicar, con el objeto de, con el �nimo de etc.
La tipicidad y la correcta subsunci�n
La tipicidad, conforme se�ala Mu�oz Conde, es: ��la adecuaci�n de un hecho cometido a la descripci�n que de ese hecho se hace en la ley penal� (MU�OZ C., Francisco y GARCIA A., Mercedes.�Derecho Penal. Parte General, Valencia, Espa�a: Tirant lo Blanch, 2004, p�gina 251.); entonces, corresponde al juzgador realizar juicio de tipicidad objetivo, para establecer de forma cierta e inequ�voca, que la acci�n desplazada por el sujeto activo del delito, se adec�a en todas sus partes a los presupuestos o elementos espec�ficos (objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos) contenidos en el delito atribuido, sin obviar ning�n elemento requerido para su configuraci�n (subsunci�n).
Sobre la tem�tica, este Tribunal Supremo de Justicia, estableci� abundante doctrina legal, se�alando: �Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisi�n del hecho punible que determine en su caso la absoluci�n o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposici�n de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360 inc.�3) del C�digo de Procedimiento Penal (CPP). En este �mbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunci�n, es una labor l�gica del aplicador, para determinar si el hecho espec�fico legal, o la consecuencia jur�dica establecida por la norma coincide o difiere; consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho espec�fico concreto en el hecho espec�fico legal.
Por tal raz�n, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operaci�n se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho,�se ocupa de la labor de subsunci�n del mismo en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la denomina juicio hist�rico o fundamentaci�n f�ctica y la segunda es conocida como juicio jur�dico o fundamentaci�n jur�dica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentaci�n. Esta exigencia de la motivaci�n tiene un fundamento de car�cter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; adem�s, de exteriorizar una ineludible convicci�n judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicci�n del juez no puede basarse en la intuici�n o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. S�lo una convicci�n derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicci�n que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivaci�n sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas �nicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio.
En cuanto al control de la subsunci�n jur�dica, corresponde precisar que la exteriorizaci�n del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelaci�n.
Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinaci�n del hecho que sirve de sustento a la calificaci�n jur�dica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretaci�n de los conceptos jur�dicos que integran la ley sustantiva y a la subsunci�n jur�dica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelaci�n al realizar la labor de control de la subsunci�n debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo adem�s importante interpretar los conceptos jur�dicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casaci�n podr� cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicaci�n del principio de seguridad jur�dica. Adem�s, cabe recordar la necesidad de que las resoluciones en general y las judiciales en particular, est�n debidamente motivadas, por ser este un principio b�sico que informa el ejercicio de la funci�n jurisdiccional; y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los �rganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los jueces o tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, est�n obligados a expresar la argumentaci�n jur�dica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeci�n a la ley; pero tambi�n, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.
Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulaci�n de recurso de apelaci�n restringida, corresponde al Tribunal de apelaci�n en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez�a quo efectu� una adecuada subsunci�n del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivaci�n.� (A.S. 25/2014-RRC de 24 de marzo)
III.1.4. El delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil
En cuanto al precitado delito, el Auto Supremo 241/2014 de 27 de agosto, emitido por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, desarroll� amplia doctrina que se�ala: �Con el fin de establecer la doctrina legal vinculante en relaci�n al delito de alzamiento de bienes o falencia civil, es necesario analizar los elementos del tipo penal objetivo, subjetivo, la antijuricidad de la acci�n y compatibilizar la interpretaci�n judicial con la legislaci�n vigente. El delito se tipifica por el art�culo 344 del C�digo Penal:�‘El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el prop�sito de perjudicar a sus acreedores�’�El alzamiento de bienes consiste en transferir los bienes propios y evitar de esta forma la acci�n de los acreedores, impidiendo a �stos a cobrar sus cr�ditos. Este derecho de los acreedores se basa en la responsabilidad universal consagrado por el art. 1335 del C�digo Civil Boliviano que se�ala:�Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garant�a com�n de sus acreedores. Se except�an los bienes inembargables. Las obligaciones pecuniarias que se generan en un contrato civil, no pueden ser sancionadas por la v�a penal, porque existe una prohibici�n constitucional expresa se�alada por el art�culo 117 numeral III de nuestra Constituci�n que indica:�‘No se impondr� sanci�n privativa de libertad por deudas u OBLIGACIONES PATRIMONIALES, excepto en los casos establecidos por la ley.’��Estas excepciones determinadas por la Ley son las que determina la Ley 1602 de 15 de noviembre de 1994 (Ley de Abolici�n de prisi�n y apremio corporal por obligaciones patrimoniales), y son �nicamente las referidas en su art�culo 11 sobre la asistencia familia y art�culo 12 en materia de seguridad social y sentencias laborales.� En general la prohibici�n de perseguir penalmente el cumplimiento de� obligaciones patrimoniales, definido por el art�culo 117 numeral III de la Constituci�n, encuentra su fundamento en la revoluci�n francesa y la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este principio, encuentra su fundamento constitucional por derivaci�n al ser parte del Bloque de Constitucionalidad del art�culo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos que establece: ‘nadie ser� encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligaci�n contractual’; y por el art�culo 7.7 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos que se�ala:�‘Nadie ser� detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios’. De esta forma se garantiza que las personas no sufran restricci�n de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La �nica excepci�n a dicha regla es el caso de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, inclusive es discutible el apremio en relaci�n a obligaciones derivadas de sentencias laborales y de seguridad social.
CONCEPTO DE INSOLVENCIA.�La sistematizaci�n propuesta por Marisol Murcia Ramos (Diciembre, 2012) considera que el elemento central y que da autonom�a al delito y no lo convierte en una forma de cobro de deudas por la v�a civil es la ‘insolvencia dolosa’ entendida como: ‘toda acci�n del deudor, encaminada a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, de modo que el acreedor no encuentra medios a su alcance para poder satisfacer su cr�dito en el patrimonio del deudor’.� El tipo penal no se agota con la ocultaci�n material de los bienes, sino que abarca a todos los medios jur�dicos, incluyendo en general todo aumento ficticio del pasivo y toda disminuci�n del activo destinada a entrar en insolvencia.� Se trata por ello de un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce la insolvencia dolosa y siempre que este provocada con el prop�sito de frustrar el cobro de los acreedores y por tanto causarles perjuicio, a�n si esa intenci�n dolosa no cumple su objetivo de defraudar. Reiteramos que el n�cleo central de la insolvencia que la convierte en delito es la disposici�n dolosa.� Nunca ser� delito la insolvencia que tiene un origen fortuito, porque es necesario que el deudor se coloque en una situaci�n de insolvencia voluntariamente. Por ello no es punible la conducta del autor que transfiere sus bienes para cubrir otras deudas. No existe autor�a si la situaci�n de insolvencia se produce por la acci�n de acreedores leg�timos y se da por una sentencia, de un juicio ejecutivo o coactivo, sin embargo existir� delito si el imputado voluntariamente burla las medidas de afianzamiento, embargos e hipotecas realizados en dicho proceso. El Balance de la situaci�n del deudor para ver si tiene o no solvencia, no requiere de la ejecuci�n civil fallida. Lo que se exige es la efectiva identificaci�n de la sustracci�n, que obstaculice razonablemente el cobro de la deuda, el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecuci�n, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situaci�n tal que no es previsible la obtenci�n de un resultado positivo en orden a la satisfacci�n del cr�dito. El concepto de insolvencia debe referirse siempre a los casos en los que la ocultaci�n de elementos del activo del deudor produce un impedimento o un obst�culo importante para una posible actividad de ejecuci�n de la deuda, de modo tal que sea razonable prever un fracaso del juicio de cobranza.
TIPO OBJETIVO DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES O FALENCIA CIVIL.� Los elementos del tipo objetivo exigen:�(1)�Que el imputado no actu� como comerciante, esto porque el legislador sanciona la misma acci�n de los comerciantes bajo el delito de quiebra fraudulenta. El C�digo de Comercio, en su art�culo 4 sostiene que es comerciante la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro; en concordancia con esta norma los art�culos 7 y 9 nos refieren a los actos comerciales por conexi�n y los actos comerciales mixtos. El an�lisis a realizar por el derecho penal, debe ser realizado por exclusi�n si la acci�n de fraude no puede ser perseguida bajo el tipo penal de quiebra, ser� posible perseguir al imputado por el delito de alzamiento de bienes.
El derecho penal se rige por el principio de legalidad y taxatividad de la norma penal, por ello no es posible acudir a las normas comerciales, civiles o tributarias para sancionar el delito. El ciudadano frente a la lectura de la norma debe tener certeza de la acci�n que no puede realizar. Bajo esa premisa se debe tener presente que en nuestro pa�s esta proscrito el cobro de deudas por la v�a penal, el delito de alzamiento de bienes no puede sustituir al sistema civil de cobro de deudas, por ello es central precisar que el tipo objetivo exige la insolvencia de un deudor que no sea comerciante. La insolvencia y la calidad personal de no ser comerciante, ser�n afirmadas por el querellante (pues se trata de un delito de acci�n privada) y deber�n probarse en el juicio simult�neamente. No es evidente que el imputado deba actuar como no comerciante en el acto fraudulento y ser comerciante en otras actividades (como ocurre en el presente caso); determinada la insolvencia ser� necesario que el querellante acredite que los actos de defraudaci�n, que llevan a la insolvencia no fueron realizados en el marco de una actividad comercial que pueda ser sometido a un proceso de quiebra fraudulenta; situaci�n que se presenta con el imputado en este caso���(2)�Debe existir un derecho de cr�dito por parte del acreedor-querellante, el cr�dito puede corresponder a una persona natural, jur�dica privada o p�blica; en este caso existe una relaci�n jur�dica validad que ha sido sometida por las partes a acciones por estelionato y acci�n pauliana; las cuales son objetivamente posibles debido a que este tipo penal no es incompatible, ni requiere que la v�ctima concluya con el juicio que defina sus derechos���(3)�El contenido de la obligaci�n debe ser una prestaci�n econ�micamente evaluable, la obligaci�n no puede entenderse derivada �nicamente de un contrato de pr�stamo, la obligaci�n y la calidad de acreedor es la que se genera conforme a los art�culos 291, 293 y 294 del C�digo Civil; en consecuencia la relaci�n existente por mandato del art�culo 614 del C�digo Civil genera el contenido de obligaci�n, el cual ha sido probado en la causa y evaluado adecuadamente bajo las reglas de la sana critica tanto por la sentencia como por el Auto de Vista,�...�(4)�La ocultaci�n, enajenaci�n real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes (los bienes deben ser de propiedad del deudor), simulaci�n fraudulenta de cr�ditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes del pago al acreedor, ��Para que este tipo penal no se convierta en una forma de cobrar deudas por la v�a penal y por tanto su uso y juzgamiento sea inconstitucional, conforme expresamos anteriormente. Por ello es necesario que exista dolo directo y no eventual, el imputado debe tener conocimiento de que los bienes ocultados est�n sujetos al cumplimiento de obligaciones y que su conducta es id�nea para causar el perjuicio al acreedor. La conciencia de alzarse, de ocultar sus bienes y adem�s la voluntad de quedar como insolvente.� El elemento subjetivo espec�fico, es la intenci�n de causar perjuicio al acreedor y defraudar su leg�timo derecho de cobro. El delito no puede ser cometido dolosamente si es que el deudor directamente obligado paga otras deudas, ya que el modo de pago es una decisi�n estrat�gica, libre y voluntaria que esta definida por sus mejores intereses, en otras palabras solo el deudor es responsable del pago, su forma, tiempo y prioridad; decir lo contrario ser�a expropiar su derecho a la libertad contractual y el ejercicio de su libertad de decisi�n en el manejo de sus negocio y su vida.� Esta afirmaci�n solo encuentra un l�mite en que a las personas que pague sean acreedores leg�timos, y que no exista una orden legal de prelaci�n, grados, preferidos o legal establecida para el pago.� Por ello si bien las acciones del tipo objetivo configuran el tipo penal y el imputado los ha cometido, no podemos olvidar que tambi�n la ley protege al deudor para los casos en que realmente su conducta no constituya el delito de alzamiento de bienes, por no existir el dolo o intensi�n de defraudar��.
Conforme se desprende del art. 344 del CP, as� como del fallo que antecede, el hecho punible, consistente en que el deudor, finge su insolvencia patrimonial, oculta o transfiere ficticiamente sus bienes, ya sean en parte o la totalidad, con la finalidad de eludir el pago al que estaba destinado, o que los mismos sean embargados y ejecutados por constituirse en una garant�a.; de lo que se extrae, que deben existir, un deudor y un acreedor, de cuya relaci�n se genera un derecho de cr�dito; por el cual, se le reconoce al acreedor, el derecho a satisfacer el cr�dito otorgado, con el patrimonio del deudor, quien no debe realizar actos encaminados a frustrar la efectivizaci�n del derecho del acreedor, generando la posibilidad de perjuicio. En caso de que el deudor realice actos destinados a lesionar las expectativas de cobro del acreedor, su conducta puede ser sancionada.
Ahora bien, con la finalidad de otorgar mayor claridad al fallo, corresponde hacer hincapi�, en lo siguiente: i) El sujeto activo, es cualificado; por cuanto, el delito s�lo puede ser cometido por el deudor y propietario de los bienes; adem�s, la norma exige, que el sujeto activo no sea comerciante (elemento normativo del tipo penal); puesto que se�ala: �El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o�� (Las negrillas son nuestras). Es importante tomar en cuenta, que para las personas dedicadas al comercio, la norma sustantiva penal establece los presupuestos del il�cito de Quiebra en el art. 343 del CP, que se encuentra regulado por el C�digo de Comercio (CC); entonces, para establecer la calidad o no de comerciante del deudor y as� establecer si su conducta es o no culpable, es necesario remitirse precisamente a dicho C�digo, que establece en el art. 5 la noci�n de comerciante, los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 33, que regulan la actividad comercial, as� como las obligaciones de los comerciantes y la constancia de la matr�cula.
Cabe aclarar, que si bien el delito del Alzamiento de Bienes o Falencia Civil es un delito de mano propia; por lo que, solo puede ser cometido por el deudor, ello no implica que no se pueda dar otras formas de participaci�n en la comisi�n del il�cito, como el cooperador necesario, el c�mplice, el instigador, ello conforme el grado de participaci�n en el hecho; ii) El sujeto pasivo, es el acreedor leg�timo (la deuda no debe ser ficta), cuyas expectativas se encuentran frustradas por el accionar del deudor; iii) La conducta t�pica, se encuentra constituida por las acciones de alzarse con sus bienes (colocarse en estado de insolvencia real o aparente o adrede), ocultarlos o cometer alg�n fraude (elementos objetivos del delito), con la finalidad de perjudicar a los acreedores (elemento subjetivo del tipo penal). El tipo penal, no exige la concurrencia de todos los presupuestos, sino, basta con que el deudor realice una de las acciones se�aladas, castig�ndose la conducta fraudulenta del deudor, tendiente a impedir o frustrar el derecho del acreedor, de cobrar la deuda, en virtud de la obligaci�n que tiene todo deudor de responder con todo su patrimonio (bienes habidos y por haber); iv) El objeto de protecci�n jur�dica o bien jur�dico protegido, es el derecho del acreedor de satisfacer el cr�dito con el patrimonio del deudor, as� como el buen funcionamiento del sistema econ�mico crediticio; v) Causas de justificaci�n, se entiende como tal, la buena fe en el accionar del deudor, quien ante la existencia de m�s de un acreedor, se coloca en estado de insolvencia al honrar uno de los cr�ditos en desmedro de otro acreedor, siempre que no exista orden de prelaci�n en el pago.
III.2 An�lisis del caso en concreto y justificaci�n del fallo
Toda vez, que las denuncias se encuentran vinculadas a la vulneraci�n de derechos y garant�as constitucionales, citando entre ellas, el debido proceso y los principios in dubio pro reo, inmediaci�n y contradicci�n, afirmando que el Tribunal de alzada, sin la debida fundamentaci�n y revalorizando prueba, cambi� sus situaciones jur�dicas, de absueltas a culpables, aspecto que se encontrar�a prohibido; al efecto, argumentaron como sigue:
En cuanto al primer motivo, se tiene que las recurrentes denuncian que los de alzada, emitieron el Auto de Vista revocando la Sentencia, luego de haber vencido el plazo para ello, emitiendo el fallo, pese a haber perdido competencia, otorgando a la querellante -fuera de plazo- tres d�as para subsanar las observaciones, quien repiti� el memorial de alzada, en desmedro de sus derechos y principios constitucionales�in dubio pro reo, el debido proceso, inmediaci�n y congruencia.
Analizado el argumento, este Tribunal advierte que el reclamo carece de respaldo legal que haga viable su pretensi�n; toda vez, que de manera reiterada y uniforme, estableci� que en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea p�rdida de competencia, mucho menos nulidad de lo actuado, sino la aplicaci�n del art. 135 del CPP, que se�ala que el incumplimiento de los plazos establecidos en dicho cuerpo normativo, amerita responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (A.S. 259 de 06 de mayo de 2011); consecuentemente, no se advierte vulneraci�n a ning�n derecho o garant�a constitucional vinculada a la denuncia; por lo que, corresponde declarar infundado el motivo analizado.
Ahora bien, conforme se desprende de los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto, se advierte que las denuncias se encuentran vinculadas a la supuesta revaloraci�n de la prueba en el Auto de Vista, motivando con ello el cambio de la situaci�n procesal de las imputadas, de absueltas a condenadas, sin la fundamentaci�n y motivaci�n suficiente en dicha Resoluci�n, al resolver las alegaciones de alzada, realizadas por la parte contraria, respecto a la inobservancia o err�nea aplicaci�n de la norma sustantiva; que no exista fundamentaci�n de la Sentencia o que �sta sea insuficiente o contradictoria; que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoraci�n defectuosa de la prueba; y, que exista contradicci�n en su parte dispositiva o entre �sta y la parte considerativa; vicios establecidos en los incs. 1), 5), 6) y 8) del CPP, vulnerando con ello, el principio de igualdad de las partes, el derecho a la defensa y el debido proceso, correspondiendo en consecuencia, verificar si efectivamente el Tribunal de alzada incurri� en revalorizaci�n de la prueba y en falta de fundamentaci�n, como afirman las impetrantes.
Analizado el Auto de Vista, se verifica que el mismo realiz� cita del delito acusado, acudiendo a doctrina para apoyar sus argumentos; y al resolver la denuncia relativa a la inobservancia o err�nea aplicaci�n de la norma sustantiva, expuso de forma amplia las conclusiones a las que arrib� la Sentencia, en cuanto a los hechos probados, realizando la descomposici�n del delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, adecuando el accionar de las imputadas a dicho il�cito, se�alando en el punto 4 del quinto CONSIDERANDO, que la juzgadora de m�rito, habr�a establecido la existencia de un documento de pr�stamo de dinero por la suma de $us.- 25000 (veinticinco mil d�lares estadounidenses), suscrito entre Blanca Campos Mariscal en calidad de acreedora, adem�s de Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta como deudoras, concurriendo de ese modo uno de los elementos del delito acusado, que ser�a la existencia de deudoras y una acreedora.
Se�al� tambi�n, que la Juez de Sentencia, tuvo como hechos probados: que en el documento de 28 de diciembre de 2009, se habr�a consignado como garant�as, un capital de contrato anticr�tico por la suma de $us.- 10000 (diez mil d�lares estadounidenses) as� como una impresora Zhonye ZY3206-720 dpi, en calidad de prenda sin desplazamiento, los que al ser dados en garant�a, debieron ser conservados por las deudoras con la finalidad de cumplir lo pactado, en aplicaci�n del art. 1335 del C�digo Civil (CC); que se inici� acci�n ejecutiva en contra de las acreedoras, hoy imputadas, logrando Sentencia ejecutoriada; que conforme se�alan los hechos probados en la Sentencia, la Suma de $us.- 10000 (diez mil d�lares estadounidenses) correspondiente al capital anticr�tico, habr�a sido devuelto a Froil�n Flavio Ari��z y Lourdes Vera Zabaleta (co-deudora), padres de la acusada Mayra Alejandra Ari��z Vera, siendo que las dos �ltimas habr�an comprometido dicho monto de dinero como garant�a de la obligaci�n contra�da con la acusadora particular Blanca Campos Mariscal, sum�ndose a ello que la m�quina impresora, constituida tambi�n en garant�a, habr�a sido trasladada al Departamento del Beni para solucionar un desperfecto, constituy�ndose as� otro de los elementos del delito acusado, puesto que las garant�as habr�an sido retiradas sin autorizaci�n de la acreedora, impidiendo �recaer� sobre las mismas.
Con base en lo precedente, el Tribunal de alzada concluy�, que se habr�an configurado todos los elementos del il�cito acusado, se�alando: �En suma, siendo la condici�n del il�cito juzgado la desaparici�n de los bienes dados en garant�a o la simple ocultaci�n de los mismos, situaciones preparadas y determinadas por las deudoras con el prop�sito de hacer ineficaz la acci�n y derecho de la acreedora, se tiene que se hallan integrados todos los elementos del il�cito analizado, lo que orienta a afirmar que evidentemente en los de la materia se ha incurrido en inobservancia y err�nea aplicaci�n de la norma sustantiva� correspondiendo a este tribunal de alzada corregir directamente dicho defecto, acorde al �ltimo p�rrafo del Art. 413 del CPP, subsumiendo la conducta de las acusadas al il�cito e juzgado, m�xime si se toma en cuenta el juicio de imputaci�n subjetiva y el tipo subjetivo como el dolo y sus componentes, la existencia de acci�n con la intenci�n de no cumplir con una obligaci�n para lo que se procede a dejar el contrato sin uno de sus elementos como son las garant�as otorgadas, en detrimento de la acreedora; la relaci�n de causalidad entre el resultado y la conducta de las deudoras, ahora acusadas, lo mismo que en relaci�n a la intenci�n de las agentes de realizar dicha conducta, encaminada hacia un fin, para lo que se desarrolla un plan para su consecuci�n, seleccionando los medios y considera las eventualidades que pueden suceder, luego entonces quien quiere privar de la acreencia a otro se fija ese fin y necesita planear como llegar a ese resultado que ahora es de conocimiento. Por lo que en base a todo el an�lisis llevado adelante se ha acreditado la inobservancia y err�nea aplicaci�n del Art. 344 del CP.� (sic.) - las negrillas son nuestras).
Adem�s, refiri� que no se constitu�a en excusa, que la m�quina hubiera necesitado ser reparada, traslad�ndola al Beni, sin proporcionar direcci�n exacta de su ubicaci�n, constituyendo as� otro elemento del delito de Falencia Civil o Alzamiento de Bienes. Tampoco excluye de la responsabilidad penal, la afirmaci�n de que Mayra Alejandra Ari��z Vera, que no habr�a recibido dinero, que no era comerciante; toda vez, conforme dispone el art. 344 del CPP, cualquier persona comete dicho delito, incluso un comerciante de acuerdo a lo aclarado por el Auto Supremo 245/2013, a�adiendo que se expuso que existe fallo ejecutoriado sobre una acreencia a favor de la acusadora particular, por parte de las ahora imputadas.
En cuanto al defecto descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP, concluy� que, habi�ndose establecido en la Sentencia como hechos probados que el 28 de diciembre de 2009, la acusadora particular suscribi� documento de pr�stamo de dinero por la suma de $us.- 25000 (veinticinco mil d�lares estadounidenses), con Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta; la existencia de un proceso ejecutivo civil con Sentencia ejecutoriada; sin embargo, los de alzada habr�an advertido incorrecta subsunci�n de los hechos al tipo penal en concreto, habi�ndose incurrido en la inobservancia y err�nea aplicaci�n del art. 344 del CP; se�al� tambi�n: �Asimismo se ha advertido que evidentemente en el fallo apelado se ingres� en fundamentaci�n contradictoria, lo que ha sido subsanado, al resolver el primer agravio� (sic- las negrillas nos pertenecen).
Al resolver el defecto contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, aclar� que dicho Tribunal no ten�a facultad para revalorizar prueba producida en juicio, por no existir doble instancia en la normativa procesal penal; que la testifical cuya defectuosa valoraci�n fue reclamada en alzada, no pod�a ser considerada, sino �nicamente en los fundamentos plasmados en el primer motivo del Auto de Vista, en cuyas conclusiones se dej� establecido que el Tribunal actu� conforme la producida en juicio y valorada por la autoridad de conocimiento: �rectificando y readecuando el entendimiento del contenido de la Sentencia, subsanando las omisiones encontradas en dicho fallo, sin modificar los hechos analizados en la causa desde la imputaci�n, la acusaci�n, el auto de apertura de juicio y la misma sentencia, solo adecuando la conducta de las acusadas al tipo penal concreto.� (sic).
Finalmente, respecto a las denuncias por existencia de contradicci�n en la Sentencia, prevista en el inc. 8) del CPP, reiterando los hechos que la Resoluci�n tuvo como probados, mismos que configurar�an el delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil; la Sentencia, determin� la absoluci�n, acredit�ndose as� la contradicci�n entre la parte considerativa del fallo, relativa a los hechos probados, con la resolutiva, correspondiendo su correcci�n en aplicaci�n de lo dispuesto por la parte in fine del art. 413 con relaci�n al art. 414 del CPP.
Ahora bien, de lo precedentemente revisado, se establece que el Tribunal de apelaci�n, si bien advirti� la existencia de err�nea aplicaci�n del art. 344 del CP, en su labor de control, incurri� en revalorizaci�n de los hechos al analizar y resolver el primer motivo del recurso de alzada, plasmando conclusiones propias, que no son parte del fallo de m�rito, respecto al elemento subjetivo del il�cito acusado, al afirmar que las imputadas, prepararon y determinaron situaciones con el prop�sito de �hacer ineficaz la acci�n y derecho de la acreedora�� (sic), de igual modo, estableci� la existencia de acci�n con el prop�sito de no cumplir con la obligaci�n, para lo que dej� el contrato sin uno de sus elementos, consistente en la garant�a, en menoscabo de la acreedora, la existencia de relaci�n de causalidad entre el resultado y la conducta de las deudoras y en relaci�n a la intenci�n de realizar dicha conducta, encaminada a un fin, desarrollando un plan para su consecuci�n, seleccionando los medios y considerando las eventualidades, etc.; texto del que se desprende que los de alzada, concluyeron cosa distinta al Tribunal de Sentencia; puesto que si bien, plasm� las conclusiones de la Resoluci�n de m�rito, de la lectura de la Sentencia, no es posible establecer la existencia del elemento volitivo al que hace referencia el Auto de Vista impugnado; consecuentemente, habiendo incurrido el Tribunal de alzada en actividad prohibida, vulnerando con ello el debido proceso, as� como la seguridad jur�dica, corresponde declarar fundado el motivo analizado.
En cuanto a la denuncia por indebido cambio de situaci�n procesal o jur�dica, Tanto la extinta Corte Suprema de Justicia como este Supremo Tribunal, estableci� basta doctrina legal, enfatizando en la prohibici�n de incurrir en dicha actividad, con base en una nueva valoraci�n de la prueba; sin embargo de ello, tambi�n emiti� doctrina legal aclarando, que cabe la posibilidad de realizar dicho cambio, sin que el Tribunal de impugnaci�n revea hechos o revalore prueba, aspecto que es posible, conforme se expres� en varios fallos, como el Auto Supremo 660/2014 de 20 de noviembre, cuya doctrina legal aplicable estableci�:�...este Tribunal entiende que no siempre la modificaci�n de la situaci�n jur�dica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuaci�n o concreci�n de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo conden� no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acci�n, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que l�gicamente no implique modificaci�n de los hechos mediante la revalorizaci�n de la prueba, o por el acusador que, ante la absoluci�n del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, s� se subsumen en alguna conducta prohibida por el C�digo Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le est� vetado), por cuanto los hechos ya est�n establecidos en sentencia y no son objeto de discusi�n, correspondi�ndole �nicamente verificar si el trabajo de subsunci�n o adecuaci�n del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurri� en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absoluci�n o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometi� en la operaci�n l�gica del juzgador y no en la valoraci�n de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio �nicamente para que otro juez realice una correcta subsunci�n del hecho.
En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente subregla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 �lltima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situaci�n del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorizaci�n de la prueba, menos a la modificaci�n de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediaci�n que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no est� eximido de dar estricta aplicaci�n del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinaci�n, ya sea para la absoluci�n o condena del imputado y respectiva imposici�n de la pena�.
Ahora bien, habi�ndose constatado que el Tribunal de alzada efectu� una valoraci�n de los hechos, de forma integral; por cuanto, no se�al� de forma espec�fica cu�l de las pruebas habr�a dado cuenta de la existencia del elemento subjetivo del tipo penal, mucho menos, qu� parte de las conclusiones de la Sentencia se encuentra vinculada a las afirmaciones realizadas por los de alzada respecto a las acciones asumidas por las imputadas, en cuanto a la planificaci�n, selecci�n de medios y la consideraci�n de eventualidades, todo encaminado a ocasionar detrimento a la acreedora, se establece que, en el presente caso, no puede ser aplicada la doctrina precitada, precisamente porque el Tribunal de alzada, incurri� en vicio absoluto no susceptible de convalidaci�n, correspondiendo en este caso, declarar fundada la alegaci�n.
En cuanto a la afirmaci�n que habr�a realizado el Tribunal de apelaci�n, respecto al sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona, inclusive los comerciantes, este Tribunal estableci� sobre la tem�tica, en el apartado �III.1.4.� de este fallo, que comete delito de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, cualquier persona que no ostente calidad de comerciante, es decir, que las acciones a adecuarse al tipo penal, no deriven de un acto de comercio; puesto que, dichas actividades se encuentran reguladas por el C�digo de Comercio (CC) y en la norma Sustantiva Penal, encuentran su marco normativo en el art. 343; consecuentemente, se establece que el fallo carece de una adecuada fundamentaci�n y motivaci�n que expres� el porqu� y con qu� base legal afirma, que las imputadas adec�an su conducta al tipo penal, cuando la Sentencia tuvo como hecho probado que Lourdes Vera Zabaleta era comerciante; por lo que, no existe razonamiento l�gico jur�dico plasmado en el fallo en revisi�n, que permita entender, el porqu� dicha actividad, no influye de forma negativa en la adecuaci�n al tipo penal acusado; por lo que, corresponde declarar fundada la alegaci�n.
Por otra parte, se establece que el Tribunal de alzada, al momento de resolver la denuncia relativa a la existencia de fundamentaci�n contradictoria en la Sentencia, defecto descrito en el art. 370 inc. 5) del CPP, se verifica que efectivamente, se remite a lo resuelto en la denuncia por inobservancia o err�nea aplicaci�n de la norma sustantiva, para luego concluir de forma simple y llana, en la �ltima parte del argumento, que se ha advertido que el fallo apelado evidentemente ingres� en fundamentaci�n contradictoria, aspecto que habr�a sido subsanado en la Resoluci�n del motivo anterior; sin embargo, de lo expresado por el Tribunal de alzada, no es posible advertir las contradicciones a las que hace referencia; puesto que, como ya se manifest�, a m�s de hacer referencia a un motivo anterior resuelto, emiti� directamente sus conclusiones sobre la alegaci�n, infringiendo con ello el art. 124 del CPP y el debido proceso en su vertiente debida fundamentaci�n, correspondiendo en consecuencia, declarar fundado el motivo alegado.
Respecto al defecto descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, se establece que el Tribunal de alzada, al emitir pronunciamiento sobre dicho motivo, primeramente recalc�, que en alzada no existe facultad para revalorizar prueba producida en juicio, dejando asentado que la defectuosa valoraci�n de la prueba denunciada respecto a una prueba testifical, no puede ser considerada, sin establecer la raz�n por la que no ejerci� control, sobre la valoraci�n solicitada, limitando su argumento a recalcar, que el Tribunal de alzada obr� conforme a la prueba producida en juicio y a los hechos probados, rectificando el entendimiento errado de la A quo, subsanando las omisiones advertidas en la Sentencia, sin modificar los hechos; argumento, que resulta esquivo; por cuanto, no ingres� a revisar la denuncia planteada, que si bien en el caso presente, la apelaci�n restringida fue presentada por la acusaci�n particular, lo expresado por los de alzada, al no brindar explicaci�n clara del porqu� una vez m�s se remiten al primer motivo resuelto, sin analizar la denuncia, deja en estado de incertidumbre a todas las partes, m�s cuando se advierte un incorrecto pronunciamiento, que vulnera el art. 124 del CPP, el debido proceso, en su componente debida fundamentaci�n; por lo que, corresponde declarar fundada la pretensi�n.
Por otra parte, las recurrentes, de manera confusa, alegan en el mismo motivo, que el Tribunal de impugnaci�n, se�al� que la Jueza de m�rito, equivoc� su razonamiento al se�alar que; lo que se discute es el pr�stamo de dinero, y no la desaparici�n de las garant�as; para luego se�alar de forma incoherente que fue el Tribunal de alzada el que se refiri� al de m�rito como si fuera un Tribunal Civil; al respecto, de la lectura del Auto de Vista (fs. 1130 vta.), se verifica que esa afirmaci�n fue realizada por la acusadora particular en su memorial de alzada, al se�alar que hubo defectuosa valoraci�n de la prueba con referencia a una testifical de cargo; y al respecto, la juzgadora equivoc� su razonamiento al mencionar que; lo que se discute es el pr�stamo y no la desaparici�n de las garant�as; toda vez, que en el proceso penal se discuten los elementos constitutivos del delito de Alzamiento de Bienes, y no montos de dinero. De lo se�alado precedentemente, se establece que las imputadas (recurrentes), confundieron los argumentos del recurso de alzada, con los fundamentos del Auto de Vista, demostrando as� que su pretensi�n carece de logicidad que viabilice su pretensi�n.
Por �ltimo, al resolver la denuncia relativa a la existencia de contradicci�n en la parte dispositiva de la Sentencia; o entre �sta y la parte considerativa, defecto establecido en el art. 370 inc. 8) del CPP, el Tribunal de alzada, haciendo referencia (reiterada) a los aspectos, que la Sentencia tuvo como probados, estableci� que hab�an concurrido todos los elementos de tipo penal de Alzamiento de Bienes o Falencia Civil; raz�n por la cual, consider� que, siendo parte de las consideraciones de la Sentencia, cada hecho acreditado, resultaba contradictorio que se hubiera dispuesto la absoluci�n de las imputadas, considerando que dicha falencia en la Sentencia, deb�a ser corregida, aplicando la parte final del art. 413 concordante con el art. 414, ambos del CPP.
De lo se�alado por el Tribunal de alzada, se evidencia que resolvi� de forma puntual la denuncia, explicando el porqu� consider� que el fallo de conocimiento incurri� en el defecto se�alado; argumento respecto al cual, este Tribunal, en apego al mandato expresado en el art. 17 p�rrafo II de la LOJ, en cuanto a la pretensi�n recursiva (indebida fundamentaci�n), considera suficientemente comprensible; en consecuencia, corresponde declarar infundado el motivo en examen.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casaci�n interpuestos por Mayra Alejandra Ari��z Vera y Lourdes Vera Zabaleta, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicaci�n del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6/2015 de 27 de enero (fs. 1124 a 1132 vta.) y su Auto Complementario (fs. 1151 y vta.), disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resoluci�n.
En aplicaci�n del art. 17.IV de la LOJ, por Secretar�a de Sala, of�ciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo, para que sea arrimado a los antecedentes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a los efectos que correspondan.