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Timestamp: 2018-03-21 07:02:53
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Perú – Panorama jurídico | observatoriointernacional.com
En la Constitución Política de Perú se otorga una clara centralidad a la persona humana y su dignidad, desde el momento de la concepción. Así, el artículo 1° dispone: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Por su parte, en la enumeración de derechos del artículo 2° se afirma: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
En consonancia con tal disposición constitucional, el Código Civil Peruano dispone en su artículo 1°: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”.
Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes (LEY Nº 27337) comienza definiendo a “niño” como “todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad” (art. I). En ese mismo artículo se reitera la fórmula antes citada[1]: “El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario” (art. I). Por su parte, el artículo II dispone que “El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma”.
En el Libro Primero del mismo Código de los Niños y Adolescentes, dedicado a los Derechos y las libertades, el artículo 1 se refiere al derecho “A la vida e integridad”: “El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental”. El artículo 2, por su parte, agrega: “Artículo 2.- A su atención por el Estado desde su concepción.- Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal. El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a hacer efectivas tales garantías”.
En cuanto a las disposiciones sancionatorias, el Código Penal tipifica el aborto como delito a través de las siguientes disposiciones:
Igualmente, hay que mencionar el artículo 110 del Código Penal referido al infanticidio: “Artículo 110.- Infanticidio. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas”.
También la Ley General de Salud (Ley 26842), se refiere a la protección de la vida desde la concepción. En el título Preliminar se incluye la siguiente disposición: “III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud”.
Finalmente, en la Ley de Política Nacional de Población Ley N° 26530 se reconoce el derecho a la vida desde la concepción: “Art. 4. I. A la vida. El concebido es sujeto de derecho desde la concepción”. En esta ley se excluye al aborto como método de Planificación Familiar: “Artículo VI.- La Política Nacional de Población excluye el aborto como método de Planificación Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales”. En esta ley se establece que “El Estado adopta medidas apropiadas, coordinadas por el Ministerio de Salud, para ayudar a las mujeres a evitar el aborto. Da tratamiento médico y apoyo psicosocial a quienes lo hayan sufrido” (art. 29). Igualmente, el artículo 30 dice: “El Estado adopta medidas para disminuir las causas de la elevada morbi-mortalidad materna e infantil. Comprenden acciones de saneamiento ambiental, la mejora del Estado nutricional, la promoción de la educación sanitaria y acciones de recuperación de la salud”.
La Constitución Política de Perú reconoce al matrimonio entre varón y mujer de manera explícita en el artículo 5: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”. En el artículo 4 se señala que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. Finalmente, el artículo 6 se refiere a la política de población y dispone: “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”.
En concordancia con las disposiciones constitucionales, el Código Civil de Perú establece en el Libro III sobre Derecho de Familia que “La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú” (art. 233). Y luego define el matrimonio: “Artículo 234.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”.
Por su parte, en el Código de los Niños y Adolescentes se dispone: “Artículo 8.- A vivir en una familia.- El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral”.
Las políticas de salud reproductiva en Perú están teñidas por las esterilizaciones forzosas masivas que afectaron a notables grupos poblacionales. En este sentido, la Ley de Política Nacional de Población regula la aplicación de principios generales en la materia. Entre los derechos de la persona humana que garantiza esa ley se encuentran:
“Artículo IV.- La Política Nacional de Población garantiza los derechos de la persona humana:
1. A la vida. El concebido es sujeto de derecho desde la concepción.
2. A formar su familia y al respeto de su intimidad.
3. A la libre determinación del número de sus hijos.
4. A la salud integral y al libre desenvolvimiento de su personalidad.
5. A habitar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
6. Al trabajo y a la seguridad social para alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y al de su familia.
7. A poseer una vivienda decorosa.
8. A elegir su lugar de residencia y a transitar libremente por el territorio nacional.
9. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna.
10. A la educación y la cultura.
11. A los demás reconocidos por la Constitución o inherentes a la dignidad humana”.
Por su parte, en el artículo V se dispone que “el Estado ampara prioritariamente: 1. A la madre, al niño, al adolescente y al anciano; 2. Al matrimonio y a la familia; y 3. A la paternidad responsable”. Como hemos visto, por el artículo VI se excluye al aborto y a la esterilización como métodos de planificación familiar.
En el artículo 1 se señalan los objetivos de la ley: “1. Promover una equilibrada y armónica relación entre el crecimiento, estructura y distribución territorial de la población, y el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta que la economía está al servicio del hombre. 2. Promover y asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas y las parejas sobre el número y espaciamiento de los nacimientos proporcionando para ello los servicios educativos y de salud, para contribuir a la estabilidad y solidaridad familiar y mejorar la calidad de vida. 3. Lograr una reducción significativa de la morbi-mortalidad, especialmente las madres y los niños, mejorando los niveles de salud y de vida de la población. 4. Lograr una mejor distribución de la población en el territorio en concordancia con el uso adecuado de los recursos, el desarrollo regional y la seguridad nacional” (art. 1).
Según el artículo 2, “El estado fortalece la familia como unidad básica de la sociedad, promoviendo y apoyando su estabilidad y constitución formal. Ejecuta para ese efecto acciones que faciliten a las parejas la toma de conciencia sobre el valor y derechos de los hijos sobre su crianza y socialización como responsabilidad tanto del varón como de la mujer, sobre el trato igualitario de ambos sexos como garantía de una mayor armonía y estabilidad en el desarrollo de la pareja, para fomentar los lazos de solidaridad entre todos los miembros de la familia”. Por su parte, el artículo 3 dispone que “El Estado garantiza el ejercicio de la paternidad responsable, entendiendo por ésta el derecho básico de la pareja a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, y el deber que tienen los padres a educarlos y a atender adecuadamente las necesidades esenciales de los mismos”. Los artículos 4 y 5 se refieren a la adopción y a los menores en situación de abandono.
La educación sexual aparece en el Artículo 9: “Los programas de alfabetización, de capacitación laboral, y de educación sexual y familiar, se orientan a elevar los niveles educativos de la población, sobre todo la femenina”. En el Artículo 11: “Se garantiza el desarrollo de programas de educación en materia de población en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que comprendan los aspectos socio-demográficos de educación familiar y sexual y de medio ambiente”. Los objetivos de la “educación en población” son: “a. Contribuir a la capacitación integral de la población para asumir libre y responsablemente sus roles en el mejoramiento de la vida familiar y social. b. Lograr una mejor calidad de vida familiar y social a través de un esfuerzo educativo que permita crear conciencia de la dignidad de la persona humana, y formar actitudes positivas hacia la paternidad responsable, el sentido y valor de la sexualidad, y la comprensión de las causas y efectos de la dinámica poblacional y su relación con el desarrollo del país”.
El Artículo 13 se refiere a los agentes de la educación: “La educación en materia de población se enmarca dentro de una concepción, de educación permanente, cuyo agente primordial es la familia y se garantiza su participación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, formal y no formal. Para ello se adecuarán los contenidos a los distintos contextos regionales, respetando la pluralidad cultural de la población y los principios éticos”.
En cuanto a los aspectos de la educación en población, dispone el artículo 14:
“a. La formación socio-demográfica para subrayar la importancia de las variables poblacionales en el proceso de desarrollo socio-económico del país y del influjo de éste en la dinámica demográfica, enfatizando la participación responsable de todos los individuos en dicho desarrollo. Incluirá igualmente información sobre asuntos demográficos a nivel latinoamericano y mundial.
b. La educación familiar orientada a lograr una verdadera paternidad responsable y relaciones basadas en el respeto mutuo entre todos los miembros de la familia y el trato igualitario entre lo sexos.
c. La educación sexual se orientará a desarrollar un comportamiento personal basado en una concepción integral de la sexualidad humana en sus aspectos biológicos, psicosocial y ético, componente natural del desarrollo personal y de las relaciones humanas, enfatizando la interrelación con la vida familiar.
d. La educación sobre el medio ambiente creará conciencia acerca de los recursos con que cuenta el país a nivel nacional, regional y local, de su explotación racional, de la tecnología utilizada, la salud ambiental, el balance biótico y el equilibrio social para asegurar un mejor nivel y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras”.
En cuanto a las prestaciones de salud en población, el Artículo 23 de la misma ley dispone: “Las acciones de salud incluyen las orientadas a lograr la paternidad responsable; proporcionando la información especializada y los servicios que permitan a las parejas y a las personas ejecutar esta decisión”. Por el art. 24 se establecen los “programas de planificación familiar” y por el artículo 25 se garantiza “a las parejas y a las personas la libre elección sobre el uso de los métodos de regulación de la fecundidad y de la planificación familiar”. En el mismo sentido, el art. 28 excluye “todo intento de coacción y manipulación de las personas respecto a la planificación familiar. Asimismo, se rechaza cualquier condicionamiento de los programas de planificación familiar por instituciones públicas o privadas”.
En el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337), se señala que el Estado garantiza “g) La orientación sexual y la planificación familiar” (art. 15). Luego, el artículo 21 establece: “El niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren enfermos, con limitaciones físicas o mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes de sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su participación en la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades; educar a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los períodos de gestación y lactancia”. Finalmente, entre los “deberes” de los niños y adolescentes, se encuentran “cuidar su salud personal” (art. 24 g).
Por su parte, la Ley General de Salud (26842) incluye en su artículo 6 el derecho de toda persona “a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar. Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del consentimiento previo del paciente. En caso de métodos definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en documento escrito”.
En la ley 26842, reformada por ley 29414, en el artículo 15.4 sobre consentimiento informado, se señala el derecho de toda persona. “a) A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento de salud, en especial en las siguientes situaciones: a.1) En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento así como su interrupción. Quedan exceptuadas del consentimiento informado las situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. a.2) Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital. a.3) Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital”.
Con otro rango, debemos mencionar la Norma Técnica de Planificación Familiar (NT N° 032-MINSA/DGSP-V.01) con el objetivo general de “Establecer los procedimientos para lograr un manejo estandarizado, efectivo y eficaz de las actividades de planificación familiar por parte del personal de salud contribuyendo a que la población peruana alcance sus ideales reproductivos, basados en el respeto irrestricto de los derechos humanos, promoviendo la equidad de género y elevando la calidad de vida del (a) usuario(a), así como de su familia, su comunidad y el país”. Sus objetivos específicos son: “Establecer criterios para la atención integral en planificación familiar, respeto, promoción de derechos, prevención de violencia y el enfoque de género en los servicios de atención; Mejorar la prestación del servicio, mediante procedimientos estandarizados en aspectos técnicos para la mejora de las competencias del personal en la atención en Planificación Familiar; Establecer las responsabilidades y procedimientos administrativos y logísticos para asegurar la disponibilidad de insumos y medicamentos; Contribuir a mejorar la libre e informada elección de las personas a los métodos anticonceptivos de acuerdo a su opción reproductiva; Fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos y reproductivos en los servicios de planificación familiar”.
En la Ley general de Educación (28044) se dispone: “La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias.
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativo” (art. 5).
La ley 28628 tiene por objeto “regular la participación de los padres de familia y de sus asociaciones en las instituciones educativas públicas y en otros niveles de la gestión del sistema educativo, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa” (art. 1). Se dispone en el artículo 3: “Los padres de familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo directo; también lo hacen de manera institucional, a través de las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas públicas y los consejos educativos institucionales. Los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación, direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local así como el personal directivo y jerárquico de las instituciones educativas apoyan a las asociaciones de padres de familia sin interferir en sus actividades; salvo que éstas pongan en peligro el normal funcionamiento de las instituciones”.
En cuanto a la Educación Sexual Integral, hay que mencionar los Lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación de Perú en Abril de 2008 y que ofrecen un diagnóstico, un marco conceptual, los principios rectores de la ESI, los objetivos, las necesidades y aprendizajes necesarios y las formas de implementación en el sistema, los responsables, las acciones de seguimiento y monitoreo y la evaluación.
El tema de las biotecnologías aparece en el Código de los Niños y Adolescentes (ley 27337), especialmente en el articulo 1 que establece el derecho a la vida e integridad: “El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental”. Por su parte, hay que mencionar el artículo 6 referido al derecho a la identidad, que puede verse afectado por las técnicas de fecundación artificial que disocian la paternidad y la maternidad. Dispone la norma: “Artículo 6.- A la identidad.- El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su personalidad. Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”. Por su parte, el artículo 7 impone la inmediata inscripción de los recién nacidos.
En cuanto a las técnicas de fecundación artificial, sólo encontramos una referencia en la ley General de Salud (26842), cuyo artículo 7 dispone: “Artículo 7. Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos”. El Código Civil de Perú, en la parte respectiva de filiación, no trae normas sobre las técnicas de fecundación artificial.
En la ley 26842 se dispone sobre el consentimiento informado el derecho de toda persona “a que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos. El consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital” (art. 15.4.b).
Finalmente, cabe mencionar la ley 27104 de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología que dispone en su artículo 4: “Actividades no incluidas en la Ley. La presente Ley excluye a las actividades en genoma humano, a todo tipo de vacunas aplicadas a seres humanos, a los organismos cuya modificación genética se obtenga a través de técnicas convencionales y métodos tradicionales: fertilización in vitro, conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural; inducción poliploide, mutagénesis, formación y utilización de células somáticas de hibridoma animal; siempre y cuando no impliquen la manipulación de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante o la utilización de OVM como organismos vectores, receptores o parentales”.
El Código Penal de Perú incorpora una norma específica sobre el llamado “homicidio piadoso”: “Artículo 112.- Homicidio piadoso. El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
En cuanto a las normas sobre derechos de los pacientes, tenemos que mencionar la ley 26842, reformada por ley 29414, que en el artículo 15 habla del derecho de toda persona “A ser informada sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa negativa. La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad” (art. 15.2.g). Por su parte, en el artículo 15.3 inciso e se menciona el derecho “a que se respete el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad. El Código Penal señala las acciones punibles que vulneren este derecho”.
En relación a este tema, es decisiva la ley 29635 de libertad religiosa y transcribimos las normas más relevantes:
Artículo 1. El Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado peruano. El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos.
Artículo 2: Toda persona natural es igual ante la ley. Se prohibe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas. El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios”.
a. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembro os, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú.
El reconocimiento oficial de los títulos académicos expedidos por estos centros puede ser objeto de convenio entre el Estado, a través del Ministerio de Educación, y la correspondiente entidad religiosa, siempre que ésta cumpla con los requisitos académicos establecidos por la ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Asimismo, aquellas que cumplen con los requisitos de la Ley 23733, Ley Universitaria, pueden acceder a entregar dichos títulos.
La ley 29635 fue reglamentada por el D. S. Nº 010-2011-JUS. En esta reglamentación podemos destacar algunas normas:
Artículo 3º.- Del ejercicio de la libertad religiosa en condiciones de igualdad
En su dimensión individual, corresponde el Estado garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 3º de la Ley 29635, bajo el principio de que, en igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos y obligaciones.
En su dimensión colectiva la libertad religiosa se ejerce bajo el principio de que, en igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios, como lo establece el último párrafo del artículo 2º de la Ley así como el marco previsto en el artículo 50º de la Constitución Política del Perú.
El acceso a la educación, a la salud, empleo o toda otra circunstancia referente al ejercicio de un derecho fundamental, no podrá ser condicionado por razones religiosas, salvo en los casos en que la entidad con la cual se interactúe, al ser parte de una entidad religiosa, haya establecido previamente en sus estatutos, que su ámbito de actuación está referido únicamente a personas que pertenezcan a dicha entidad o que se comprometan a respetar los principios derivados de la misma.
Artículo 4º.- Del ejercicio individual de la libertad religiosa
La mención de derechos contemplada en el artículo 3º de la Ley, es de naturaleza enunciativa y en ningún modo podrá interpretarse de manera restrictiva.
El ejercicio de una creencia religiosa, el cambio en las mismas o la ausencia de ellas, se da en un marco de respeto mutuo y no son motivo para discriminar, ni ser discriminado.
Las entidades públicas no podrán exigir en sus formularios o en los modelos de currículos que las personas expresen su convicción religiosa. Dicha información tampoco podrá ser criterio de evaluación para admitir a una persona en una institución, salvo que se encuentre en el ámbito de lo establecido por el artículo 3º precedente.
Artículo 5º.- De la asistencia religiosa
A fin que se provea la asistencia religiosa a que se refiere el literal c) del artículo 3º de la Ley, los responsables o autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, establecimientos de salud, centros de readaptación social, institutos penitenciarios y otras instituciones de asistencia social de las entidades del sector público, y siempre que el ejercicio de este derecho no altere el normal funcionamiento de las mismas, y de conformidad con sus atribuciones y competencias:
a. Dispondrán las medidas conducentes para que su personal, internos o usuarios que expresamente lo requieran, reciban asistencia espiritual de sus respectivas entidades religiosas por parte de las personas encargadas y autorizadas por dichas entidades para brindar asistencia espiritual. Para este fin, la entidad religiosa debe encontrarse inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, la misma que debe designar formalmente a las personas encargadas y autorizadas para brindar asistencia espiritual.
b. En el caso de personas que requieran asistencia espiritual por encontrarse en grave estado de salud o riesgo de muerte, se autorizará el ingreso y se dispondrán las facilidades respectivas en el momento y oportunidad que sea requerido, a efecto que las personas encargadas y autorizadas para brindar la asistencia espiritual respectiva lo realicen de manera efectiva, aún cuando la entidad a la que pertenezca no se encuentre inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. La persona encargada y autorizada para brindar la asistencia espiritual deberá contar con la acreditación emitida por la entidad a la que pertenezca.
Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo las entidades religiosas y las personas encargadas y autorizadas de brindar asistencia espiritual, deberán observar las normas de organización y funcionamiento así como las medidas de seguridad y salubridad, aplicables a dichos establecimientos de salud, centros de readaptación social, institutos penitenciarios y otras instituciones de asistencia social. El encargado y autorizado para brindar la asistencia espiritual deberá ser presentado por la autoridad competente de la entidad religiosa al establecimiento, centro o instituto antes indicados, a fin que se proceda a expedir un documento de identificación para su ingreso.
Artículo 6º.- De las fiestas de guardar y el día de descanso en el ámbito laboral
Los empleadores, de los sectores público y privado, garantizan el derecho de los trabajadores a conmemorar las festividades y guardar el día de descanso que éstos consideren sagrado, siempre que el ejercicio de este derecho no resulte incompatible con la organización social del trabajo y se garantice el cumplimiento de la jornada laboral a que se refiere la normatividad vigente.
Artículo 7º.- De las fiestas de guardar y el día de descanso en el ámbito educativo
Los responsables de las entidades educativas estatales brindarán las facilidades necesarias a sus estudiantes, a efectos que en el ejercicio de su derecho a conmemorar sus festividades y guardar el día de su descanso y siempre que el ejercicio de este derecho no afecte el normal funcionamiento de las actividades curriculares de la entidad.
Artículo 8º.- Del juramento
Cuando se requiera prestar juramento o asumir públicamente un compromiso, se efectuará de acuerdo a las convicciones religiosas de quien lo realiza. Asimismo, respetando el derecho a la libertada religiosa de la persona encargada de tomar el juramento y de no existir otra alternativa viable, se limitará a demandar que el interesado se acoja a la alternativa promisoria, debiendo realizarla conforme al texto que elabore la entidad pública correspondiente.
e respeta el derecho de quienes no profesen creencia religiosa, a no efectuar juramento alguno de acuerdo a fórmulas o con símbolos religiosos. En dicho caso, se acogerá a la alternativa promisoria, debiendo realizarla conforme al texto que elabore la entidad pública correspondiente.
Artículo 9º.- Exoneración del curso de Religión
En las instituciones educativas estatales los padres o apoderados, cuando corresponda, podrán solicitar la exoneración del curso de religión cursando una comunicación expresa en ese sentido.
Respecto de los alumnos debidamente exonerados del curso de Religión, su promedio académico se tomará considerando solamente las materias cursadas.
Artículo 10º.- De las manifestaciones de culto público
Los actos de culto público se realizan de manera ordinaria en los inmuebles o locales destinados para dicho fin.
Artículo 11.- Del derecho a recibir sepultura
Para la sepultura de los miembros de las Entidades Religiosas se deberán observar las normas y medidas de seguridad y salubridad vigentes.
La ley 27270 se ordena a prevenir y sancionar los actos de discriminación. Esta ley incorporó un capítulo al Código Penal conteniendo el siguiente artículo: “Artículo 323º.- El que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas. Si el agente es funcionario público la pena será prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas e inhabilitación por tres años, conforme al inciso 2) del Artículo 36º.”
En el artículo 2 de la ley 27270 se modifica la ley de responsabilidad administrativa (Nº 26772), en los términos siguientes: “Artículo 1º.- La oferta de empleo y el acceso a centros de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato. Artículo 2º.- Se entiende por discriminación, la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato, en los requerimientos de personal, a los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional, que impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier índole. Artículo 3º.- Las personas naturales o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad a través de sus funcionarios o dependientes, incurran en las conductas que impliquen discriminación, anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato, en las ofertas de empleo, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social; y cuando se refieran al acceso a centro de formación educativa, serán sancionadas por el Ministerio de Educación. La sanción administrativa será de multa no mayor de 3 Unidades Impositivas Tributarias o cierre temporal del local que no excederá de un año. En los casos antes mencionados se podrá sustituir la sanción de cierre temporal por el doble de la multa impuesta, si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo justifican. La sanción se aplica sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar a favor de la persona afectada.” Artículo 3º.- De la sanción de clausura temporal El Juez podrá aplicar la clausura temporal a que se refiere el Artículo 105º del Código Penal, en los casos del delito tipificado en el Artículo 323º, por el término que sumado a la sanción administrativa no exceda de 5 (cinco) años”
Desde otra perspectiva, la ley 28983 tiene por objeto “establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad” (art. 1). En esta norma se define discriminación: “Artículo 2º.- Del concepto de discriminación Para los efectos de la presente Ley, se entiende por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano”. Entre los principios de la ley encontramos: “igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, vida humana, así como el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la nación peruana” (art. 3.1).
En relación a la violencia familiar, la ley 26260 establece “la política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas de protección que correspondan”. Se define violencia familiar como “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre: a) Cónyuges. b) Ex cónyuges. c) Convivientes. d) Ex convivientes. e) Ascendientes. f) Descendientes. g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia” (art. 2)
En la ley 27337 (Código de los Niños y Adolescentes), encontramos normas para prevenir y atender a los que son maltratados o victimas de violencia sexual: “Artículo 38.- Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual.-El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico o de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral mediante programas que promuevan su recuperación física y psicológica. El servicio está a cargo del Sector Salud. Estos programas deberán incluir a la familia. El Estado garantiza el respeto de los derechos de la víctima en todos los procedimientos policiales y judiciales. El PROMUDEH promueve y establece programas preventivos de protección y atención, públicos y privados, tendentes a prevenir, atender y reducir los efectos de la violencia dirigida contra el niño o el adolescente”.
[1]En el Código de los Niños y Adolescentes se introduce una norma sobre interpretación que dispone: “Artículo VII.- Fuentes.- En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable. Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se observará, además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden público”.