Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12047
Timestamp: 2019-06-15 20:32:00
Document Index: 219994211

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 9']

Gratuidad no es menor cuantía
¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente referida a la reglamentación de contratos estatales?
«(...)Para la Sala resulta evidente que esta norma se refiere a los contratos de cualquier tipo que tienen alguna cuantía y, por lo tanto, no es posible entender que en ella quedan comprendidos aquéllos que carecen de cuantía. En ese sentido, debe anotarse que este literal encuentra su justificación –sin duda– en el primero de los factores antes citados, esto es, en el menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, dado su valor.
Y es evidente que esta consideración no podría hacerse, de plano, respecto de los contratos que no implican erogación para la entidad estatal, dado que la gratuidad no constituye, por sí misma, elemento suficiente para concluir que aquélla asume un riesgo menor con su celebración. Frente a tales contratos, entonces, serán otros los elementos que justifiquen el establecimiento de procedimientos especiales para la selección del contratista, o la exoneración de los mismos. Y esto resulta muy claro en el caso de los contratos de intermediación de seguros. En efecto, dado el carácter altamente técnico de los seguros, su contratación aconseja, en la mayor parte de los casos, el recurso a intermediarios especializados y experimentados, que faciliten la importante y cuidadosa labor de selección de los aseguradores, lo cual, a su vez, parece suficiente para justificar la necesidad de escoger a dichos intermediarios mediante concurso.
Ahora bien, no se advierte que los contratos de intermediación de seguros celebrados por las entidades estatales, como tomadores o futuros tomadores del seguro, estén comprendidos dentro de aquéllos a que se refieren los literales b) a m) del numeral 1º del citado artículo 24 (aunque un análisis más profundo sobre la situación que se presenta respecto del literal d) se efectuará en el acápite siguiente), razón por la cual se impone concluir que su contratación directa no se encuentra autorizada por la Ley 80 de 1993, y dada la naturaleza de las actividades que constituyen el objeto de la intermediación de seguros, la selección del contratista debe realizarse siempre mediante concurso, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 30 de la mencionada ley. No prospera, en consecuencia, el cargo formulado por el demandante (...)»
El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente referida a la reglamentación de contratos estatales, porque:
La Ley 80 de 1993 contempla como excepción a la licitación o al concurso público a los contratos de cualquier tipo que tienen alguna cuantía y, por lo tanto, no es posible entender que en ella quedan comprendidos aquellos que carecen de cuantía. Dicha excepción encuentra su justificación en el menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, dado su valor. Esta consideración no puede hacerse, de plano, respecto de los contratos que no implican erogación para la entidad estatal, dado que la gratuidad no constituye, por sí misma, elemento suficiente para concluir que aquélla asume un riesgo menor con su celebración. Frente a tales contratos, entonces, serán otros los elementos que justifiquen el establecimiento de procedimientos especiales para la selección del contratista, o la exoneración de los mismos. Y esto resulta muy claro en el caso de los contratos de intermediación de seguros. En efecto, dado el carácter altamente técnico de los seguros, su contratación aconseja, en la mayor parte de los casos, el recurso a intermediarios especializados y experimentados, que faciliten la importante y cuidadosa labor de selección de los aseguradores, lo cual, a su vez, parece suficiente para justificar la necesidad de escoger a dichos intermediarios mediante concurso.
Los contratos de intermediación de seguros celebrados por las entidades estatales, como tomadores o futuros tomadores del seguro, no están comprendidos dentro de aquéllos a que se refieren las excepciones al principio de transparencia, razón por la cual se impone concluir que su contratación directa no se encuentra autorizada por la Ley 80 de 1993, y dada la naturaleza de las actividades que constituyen el objeto de la intermediación de seguros, la selección del contratista debe realizarse siempre mediante concurso.
Excepciones a la licitación o concurso públicos en contratos estatales. «(...)Las excepciones obedecen, en algunos eventos, al menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, o a razones de urgencia y de seguridad nacional, o a la necesidad de escoger directamente al contratista, dadas sus calidades personales o las condiciones especiales de las actividades a realizar; en otros, a la imposibilidad de finalizar con éxito los procedimientos licitatorios o concursales, y en otros a la necesidad de desarrollar con agilidad los procesos de selección, dado el objeto mismo de la contratación y la inconveniencia de exigir que se adelanten trámites o procedimientos largos, que –por las vicisitudes a que normalmente están sometidos– pueden poner en peligro el cumplimiento de los fines del Estado. (...)»
El concurso público no desvirtúa los contratos de corretaje de seguros
¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratistas en los contratos de corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin desvirtuar el objetivo principal de la intermediación toda vez que el corredor, el agente o la agencia no tendrían injerencia alguna en la contratación del asegurador, en la medida en que su selección se lleva a cabo mediante licitación?
«(...)Sin embargo, debe advertirse que no son pocos los casos en que la labor de los intermediarios se realiza con posterioridad al proceso licitatorio por el cual se adjudica el contrato al asegurador, y tiene por objeto acercar a las partes para facilitar la suscripción y ejecución del contrato, así como para desarrollar otras labores de intermediación dirigidas a facilitar su cumplimiento y, eventualmente, su renovación, si ella se ha previsto.
Ahora bien, si se piensa en la labor que puede realizarse, en tales casos, con anterioridad a la celebración del contrato, para asesorar a la entidad estatal en la elaboración del pliego de condiciones de la licitación respectiva, es claro que ella no podría tener por objeto la intermediación –que resultaría perjudicial e impropia frente a la necesidad de dar cumplimiento al principio de transparencia–, sino la asesoría pura y simple, que, por lo expresado anteriormente, no constituye el objeto de un contrato de corretaje o agencia, sino de prestación de servicios, u otro similar, y el procedimiento para la escogencia del contratista estaría regulado por los literales a) y d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
Así las cosas y teniendo en cuenta que el último inciso del artículo 9º del Decreto 855 de 1994 hace referencia específicamente a la contratación de intermediarios de seguros, es claro para la Sala que dicha norma sólo puede entenderse aplicable a aquellos casos en que el objeto del contrato constituye el acercamiento entre tomador y asegurador, para los efectos ya indicados. La exigencia del procedimiento del concurso no constituye, entonces, sino reiteración de la imposición que, en tal sentido, está contenida en la norma reglamentada, la cual, por la misma razón, no resulta vulnerada. (...)»
El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los contratos de corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin desvirtuar el objetivo principal de la intermediación, porque:
Comúnmente la labor de los intermediarios se realiza con posterioridad al proceso licitatorio por el cual se adjudica el contrato al asegurador, y tiene por objeto acercar a las partes para facilitar la suscripción y ejecución del contrato, así como para desarrollar otras labores de intermediación dirigidas a facilitar su cumplimiento y, eventualmente, su renovación, si ella se ha previsto.
En lo que tiene que ver con los actos que pueden realizarse con anterioridad a la celebración del contrato, para asesorar a la entidad estatal en la elaboración del pliego de condiciones de la licitación respectiva, no podrían tener por objeto la intermediación, sino la asesoría pura y simple, que no constituye el objeto de un contrato de corretaje o agencia, sino de prestación de servicios, u otro similar, y el procedimiento para la escogencia del contratista estaría regulado por los literales a) y d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
De acuerdo el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9º del Decreto 855 de 1994 la contratación de intermediarios de seguros sólo puede entenderse aplicable a aquellos casos en que el objeto del contrato constituye el acercamiento entre tomador y asegurador, para los efectos ya indicados.
Documento: CE SIII E 9840 DE 2001
Gratuidad no es menor cuantía ..
El concurso público no desvirtúa los contratos de corretaje de seguros..