Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69763
Timestamp: 2018-01-24 01:57:52
Document Index: 34946250

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 8', 'artículo 276', 'artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 12']

Gaceta: LXIII/2SPO-105/69763
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ARMANDO RÍOS PITER, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, JESÚS CASILLAS ROMERO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, LILIA MERODIO REZA, BLANCA ALCALÁ RUIZ, JORGE TOLEDO LUIS, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA,ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARTHA TAGLE, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZAY HÉCTOR YUNES LANDA, EN MATERIA DE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.
Los suscritos, los Senadores YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ARMANDO RÍOS PITER, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, JESÚS CASILLAS ROMERO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, LILIA MERODIO REZA, BLANCA ALCALÁ RUIZ, JORGE TOLEDO LUIS, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, MARTHA TAGLE, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y HÉCTOR YUNES LANDA, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la presente Proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, al tenor de la siguiente:
El contexto político y social que ha marcado el advenimiento del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América, significa un reto para política y diplomacia de México, particularmente para la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos residentes en territorio extranjero y cuya situación irregular dentro del marco jurídico estadounidense, los sitúa en una posición de vulnerabilidad e indefensión. Múltiples son las aristas que convergen en los vértices de la relación política y social entre nuestro país y los Estados Unidos, una de ellas es la creciente criminalización de los migrantes irregulares y sus familias, que conlleva a escenarios de posibles separaciones familiares, donde los padres migrantes irregulares, perderían la patria potestad y la custodia de sus hijos. Es decir, los padres serían eventualmente deportados al territorio nacional y sus hijos menores de edad, permanecerían bajo custodia de los servicios de trabajo social norteamericano sin posibilidad de reunificación familiar en alguno de los dos países.
Más aún, en recientes declaraciones del titular del Departamento de Seguridad Nacional John Kelly de Estados Unidos planea separar a las familias de migrantes que ingresen de manera irregular a territorio norteamericano, [*] adultos y menores de edad serían eventualmente divididos y los padres perderían la custodia y decisión sobre el futuro de sus hijos, no se ha especificado cuál sería su destino, si permanecerían bajo custodia de los servicios sociales norteamericanos o serían devueltos a México. El funcionario expresó que:
“Haría casi cualquier cosa para disuadir a la gente de América Central a lanzarse en manos de esas redes tan peligrosas que los llevan a través de México hacia Estados Unidos” [*]
La simple idea de separar a las familias, como un mecanismo de disuasión preventiva de la migración puede considerarse una violación a los derechos humanos fundamentales, particularmente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En este orden de ideas, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y firmada por los Estados Unidos de América el 16 de febrero de 1995, pendiente de su respectiva ratificación por dicho país, señala con respecto a la separación de los menores de edad de sus padres, lo siguiente:
Esta disposición legal es clara, los menores de edad no podrán ser separados de sus padres, salvo que exista una orden judicial que lo justifique. En el caso de los Estados Unidos de América, las órdenes ejecutivas y directivas del Presidente Donald Trump podrían resultar violatorias de esta disposición de derecho internacional, en caso de que los niños mexicanos o estadounidenses de padres mexicanos sean separados sin contar con una orden judicial emitida previamente al acto de la detención con fines de deportación.
Por tal motivo, México debe solicitar en los foros internacionales, principalmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que Estados Unidos ratifique dicha Convención con el objeto de crear obligatoriedad en el cumplimiento de dicha disposición, en caso contrario, podría tratarse de responsabilidad internacional del Estado, en este caso de los Estados Unidos de América, en agravio de los derechos de los niños mexicanos.
Por otra parte, la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos ronda los 11 millones, de acuerdo al Centro de Estudios Pew, con sede en Washington D.C. Durante el gobierno del expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2015 Obama deportó más que ningún otro presidente, cerca de 2,5 millones de personas.
Sin embargo, desde la puesta en vigencia de las nuevas directivas de Trump, prácticamente los 11 millones en situación irregular pasan a estar en riesgo de ser deportados.Y aunque no significan que todos los indocumentados serán expulsados durante el mandato de Trump, sí que cualquiera de esas personas pueden ser perseguidas y deportadas por una infracción menor como un incidente de tráfico o incluso por ser sospechosa de cometer alguna ilegalidad.
Por otra parte, 66% de los indocumentados lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de acuerdo al Centro Pew. Es común que el estatus migratorio de los diferentes miembros de una familia no sea el mismo y eso también puede acarrear dificultades.
Se estima que son 5 millones de menores los que corren el riesgo de perder a sus padres o supervisores debido a las nuevas normativas de Trump. Esto puede ser uno de los mayores impactos de la política migratoria vigente. Para los menores que corren el riesgo de quedarse sin padres o familias esto puede traer efectos psicológicos, educativos y también económicos.
Las nuevas directivas gubernamentales no afectaron al DACA, sin embargo expertos en política migratoria de Estados Unidos señalan que este grupo permanece en la incertidumbre, mucho más considerando que los dreamers deben renovar sus permisos de trabajo cada dos años y su residencia en Estados Unidos permanece prácticamente en suspenso.
Por último, las expulsiones inmediatas se pueden incrementar gracias a las últimas directrices de Trump. En la anterior administración, las denominadas deportaciones expeditas se aplicaban dentro de un límite de 160 kilómetros de distancia de la frontera para aquellos que llevaban menos de 14 días en suelo estadounidense.
Para poder dimensionar las posibles violaciones a los derechos humanos a las que conllevan las acciones políticas de la administración del presidente Donald Trump, se expone lo siguiente:
1.- De acuerdo con el documento titulado Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de atención a mexicanos deportados desde Estados Unidos(Velasco y Coubes 2013), se tiene que en el 2012 se registraron aproximadamente 352,188 deportaciones, de hecho, en el periodo comprendido entre 2003 y 2012 las autoridades norteamericanas realizaron un poco más de 4.6 millones de deportaciones de migrantes a México. La mayoría de los deportados son varones, 87%, con una edad promedio de 31 años, primordialmente jefes de familia o conyugues 67%, con escolaridad promedio de secundaria, el 70% tenía un trabajo al momento de ser deportados, el 33% tenía más de un año de residir en EU. Los principales estados de donde provienen los deportados son California, Texas y Arizona. Un dato altamente relevante es que, del total de personas deportadas en 2012, el 77% fue deportado sin sus familiares, mientras que, en 2012, el mismo indicador reportó 20%, y el 55% declaró que, al momento de ser deportado, tenía hijos menores de edad en Estados Unidos. Los datos anteriores demuestran en número la problemática a la que se enfrentan estas familias, primero al quedar aisladas y en muchos de los casos sin jefatura y sostén económico y en segundo lugar con severos conflictos emocionales y personales que se expondrán más adelante.
2. El artículo titulado Separación familiar por las políticas y prácticas migratorias en los EUA y su impacto en México(Kline 2012), expone que entre 2010 y 2012, aproximadamente 205,000 madres y padres de niñas y niños nacidos en EU, fueron deportados, es decir sus hijos son nacidos en territorio norteamericano, sin embargo no se tienen reportes confiables por acoso y vulnerabilidad de personas que pudieran tener hijos con situación migratoria irregular, por lo que puede representar un número mayor. En este conjunto se reporta que niñas y niños, son dejados bajo la custodia del otro padre, de la familia o amigos y en muchos de los casos sobre la custodia de los servicios de trabajo social de Estados Unidos. Son poco conocidos los procesos de apoyo para madres y padres intentando recuperar la custodia de sus hijos una vez que han sido deportados hacia México. El artículo reporta un estudio sobre tres poblaciones específicas:
Niñas o niños que quedan bajo la custodia de tutores (el otro padre o madre, familiares, amigos), cuyos padres han sido deportados a México. Quienes desean retornar a EU, pero se enfrentan a la política migratoria, en este caso no existen arreglos formales o legales en torno a la custodia y cuidado de niñas y niños.
Niñas o niños que se quedan en custodia en las oficinas estatales de protección al menor de edad, cuando sus padres o madres han sido deportados o retornados a México. En ocasiones estas niñas y niños pasan a ser custodiados por el Estado, quien alega abuso.
Familias completas que retornaron a México y están unificadas, pero no pueden integrarse a las comunidades debido a problemas de documentación de identidad, acceso a servicios escolares o de salud y sobre todo el detrimento de su capacidad económica y por ende del nivel de vida anterior. Quienes en ocasiones envían de vuelta a sus hijas e hijos con ciudadanía norteamericana y enfrentan las dificultades relativas a su custodia.
Con datos del artículo, citando al Pew Hispanic Center, hay aproximadamente 5.5 millones de niñas y niños viviendo en Estados Unidos, 4.5 millones de estas niñas y niños, han nacido en Estados Unidos y sus familias enfrentan decisiones complicadas respecto a su futuro.
Finalmente, el estudio señala la participación de la Secretaria de Relaciones Exteriores en este tipo de casos, de acuerdo al siguiente proceso:
La SRE se involucra por una petición de protección consular. Si una madre o un padre están en México, la delegación local de la SRE hace un oficio escrito sobre la situación y se pone en contacto con el consulado para canalizar el caso. El consulado se encarga nominalmente del proceso. Empieza o sigue, si ya había empezado, la comunicación con las autoridades y trabajadores sociales del departamento de protección a la infancia, se comunica con la familia en México a través de la delegación de la SRE. Según las entrevistas este proceso puede variar entre delegaciones y consulados, dependiendo de su nivel de conocimiento del proceso, sus actitudes hacia los padres y la situación por la cual están los niños en la custodia del departamento de protección infantil.
La SRE normalmente maneja la comunicación entre las autoridades de los EUA y el DIF en México, para asegurar la participación del DIF en la provisión de servicios durante el plazo en que los padres tienen que cumplir un plan reunificación. El DIF responde al oficio presentado por la SRE, o a veces llega directamente de las autoridades de EUA, que dirige cómo se tiene que involucrar el DIF. (Kline 2012)
De lo anterior se hace evidente la necesidad de contar con un Protocolo Único de Asistencia Humanitaria para las Familias Migrantes Indocumentadas, a través del cual, se homologuen todos los protocolos existentes en el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales, para una mejor atención y comprensión de esta problemática por parte de las autoridades.
En concordancia con los artículos 9 [*] y 10 [*] de la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente y vinculante en nuestro país y adoptada como un tratado internacional de Derechos Humanos, los Estados Unidos de América, están obligados a respetar y conducirse bajo su mandato, como una consecuencia ética, moral, jurídica y política de su Constitución, en particular de su XIV enmienda, en su numeral 1 [*], dado que un principio del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 2 [*], es la aplicación equitativa de la Ley y el respeto de la dignidad inherente por el simple hecho de ser reconocido como persona independientemente de su nacionalidad o procedencia y su participación en el contexto internacional como una democracia garante de los Derechos Humanos.
3. A efectos de la exposición de motivos se exponen algunos datos relevantes del estudio A child alone and without papers, a report on the return and repatriation of unaccompanied undocumented chidlren by the Unitied States(Thompson 2008)[Un niño solo y sin papeles, un reporte sobre el retorno y la repatriación de niños no acompañados e indocumentados por los Estados Unidos] [*], de acuerdo con la investigación:La gran mayoría de niños no acompañados que han sido retornados por los Estados Unidos proceden de México y Canadá, países fronterizos de EU. En 2007, alrededor de 35,000 niños fueron retornados a México. Estos niños no fueron registrados en el sistema de inmigración. En cambio, ellos fueron retornados generalmente por la frontera más cercana, por la dependencia Customs and Border Protection (CBP), sin la oportunidad de apelar ante un juzgado o reunificarse con alguna familia dentro de Estados Unidos. En otras palabras, los niños no acompañados indocumentados provenientes de las fronteras vecinas no tuvieron la oportunidad real o recurso legal alguno para requerir asilo. Incluso si estos niños están huyendo de la violencia o persecución en su país de origen, en cualquier circunstancia ellos fueron devueltos a su país de origen. (Thompson 2008)
Muchos de los niños no acompañados procedentes de países no fronterizos con Estados Unidos son transferidos a la custodia de la Office of Refugee Resettlement (ORR), una dependencia de EU, perteneciente al Department of Health and Human Services, agencia responsable de garantizar el interés de los niños, mientras su situación migratoria se procesa. A los niños bajo custodia de la ORR se les da la opción de solicitar una petición de asistencia inmigratoria, como una solicitud de asilo, o de forma particular, una visa o estatus especial, un caso de Special Inmigrant Juvenile Status. Si su petición de asistencia inmigratoria no se concede, o si ellos no tienen razones para su petición, estos niños son consultados para escoger su método de retorno. (Thompson 2008), Lo anterior demuestra que existe una aplicación de las leyes norteamericanas, distinta y discriminatoria, mientras que niñas y niños que ingresan por la frontera con México, son devueltos sin una audiencia previa; niñas y niños que no ingresan por esta vía tienen opciones legales de solicitar asilo y protección. Esto es una violación sistemática a los derechos humanos, al diferenciar por nacionalidad y procedencia fronteriza, incluso por razones étnicas, económicas y culturales. Es necesario que el sistema jurídico internacional conozca y se pronuncie en contra de estas prácticas discriminatorias.
De acuerdo a los estándares de protección y cuidado de la infancia de Estados Unidos, en los casos que involucran niños no acompañados indocumentados, se pueden ofrecer diversas soluciones a sus problemas derivados de las complicaciones en el tratamiento migratorio de estos niños. Si los niños son retornados a sus países de origen en un sistema que involucre su seguridad y bienestar principalmente, el proceso debe desahogarse de forma práctica por varios medios. Primero, los niños deben ser representados por un abogado en una corte no acusatoria, donde la corte determine si es elegible o no para solicitar un estatus de protección o la petición de asistencia inmigratoria. A continuación, un especialista en cuidado infantil deberá determinar si las formas o procedimientos de retorno suponen un riesgo para el niño. La detención solo puede ocurrir con la menor restricción posible y en caso de que sea completamente necesaria. (Thompson 2008), en cualquier caso, la intervención de la autoridad debe velar por los derechos de las niñas y niños, particularmente de tener acceso a la protección de la justicia, tanto del país de recepción, como de las autoridades consulares mexicanas. Haciendo énfasis, en el derecho a ser tomado en cuenta y expresar su voluntad de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 2 numeral 1 [*] , 3 numerales 1 y 2 [*] y 12 numerales 1 y 2 [*] ciertamente en el caso de los Estados Unidos no ha ratificado dicha Convención, las instancias internacionales deberán pronunciarse al tenor de que la no ratificación de la Convención, no excusa a los Estados Unidos de América, de realizar acciones consentidas que impliquen una violación a los derechos humanos de niñas y niños. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y traducido en una forma de trato digno y recíproco entre los pueblos.
4. De acuerdo con el estudio Paying the price: the impact of inmigration raids on America’s Children [Pagando el precio: El impacto de las redadas migratorias en los niños norteamericanos] (Capps, y otros 2007), niñas y niños ciudadanos norteamericanos están expuestos a una importante carga psicológica que inevitablemente afecta su desarrollo personal y su proyecto de vida al verse sometidos a acciones de justicia acusatoria y la separación familiar, además de ser señalados y perseguidos por la sociedad y las autoridades.
[En Estados Unidos] se considera que la razón entre niños y adultos trabajadores indocumentados es del 53% en 2005, es decir existen alrededor de 9.3 millones de adultos trabajadores indocumentados y 4.9 millones de niños (edades de 0 a 17 años), viviendo con esos adultos. Alrededor de la mitad (48%) de los adultos trabajadores indocumentados tienen hijos. Tres cuartas partes de las familias indocumentadas con niños tienen a los dos padres en el hogar y se tiene un promedio de 2 niños por familia. (Capps, y otros 2007)
La mayoría de los niños de familias indocumentadas son ciudadanos de los Estados Unidos, entonces, las acciones de inmigración están afectando a un gran número de ciudadanos norteamericanos además de migrantes indocumentados. […] En 2005 al menos dos terceras partes (64%) de los niños con padres trabajadores indocumentados nacieron como ciudadanos norteamericanos. (Capps, y otros 2007).
El impacto inmediato en los niños: Las acciones de detención y procedimientos del Inmigration and Customs Enforcement (ICE) hacen difícil el cuidado de los niños cuando sus padres son arrestados. Muchos arrestos conducen a una deportación voluntaria y abandono del país antes de que ellos [los padres] puedan contactar a abogados de migración, a sus familias, o en algunos casos sus consulados del país de origen. Los migrantes detenidos tienen muchas limitaciones para acceder al teléfono y comunicarse con sus familias, y muchos son llevados a centros de detención lejanos a los estados donde fueron detenidos previamente. Algunos padres solteros y otros cuidadores primarios son retornados por la tarde el mismo día en el que ocurren los operativos, pero otros son mantenidos incomunicados y escondidos por varios días. Muchos de los padres tienen miedo de hablar a sus hijos por el miedo a que el ICE pueda tomar la custodia de sus hijos. (Capps, y otros 2007).
En los días y semanas siguientes a los operativos, la familia extendida y las redes comunitarias asumen roles significativos en cuanto a las responsabilidades de cuidado y soporte económico de los niños. Las familias sufren de una mayor inestabilidad económica y sus ingresos disminuyen como consecuencia de la detención de los padres, usualmente los principales proveedores del hogar. Las necesidades más importantes son comida, fórmulas lácteas para bebés, pañales, ropa y otras necesidades. Las familias usualmente no recurren a la ayuda y asistencia del estado o agencias privadas, por el temor latente de ser detenidos, sean adultos o menores de edad. Muchas familias se ocultan en sus hogares – en algunos casos sótanos, áticos o armarios – por días o semanas.
En los días de operativos, las autoridades escolares trabajan para que los niños no sean abandonados en casas vacías o dejados olvidados fuera de turno en escuelas o sitios públicos, sin embargo, algunos niños tienen que ir de la escuela a hogares abandonados solos. Empero, pese a estos esfuerzos de las autoridades escolares, familias extendidas y redes comunitarias, algunos niños pequeños son abandonados en las escuelas, o en sus casas sin la supervisión y cuidado de adultos, o incluso puestos en cuidados de hogares temporales. Algunos adolescentes, permanecen en compañía de otros jóvenes y niños por días o semanas. Incluso algunos infantes son dejados bajo el cuidado de niñeras por semanas o meses. (Capps, y otros 2007)
Impacto a largo plazo: Muchos padres son deportados en días posteriores a su detención y en esos casos las familias tienen que hacer ajustes dependiendo de la situación del padre arrestado quien planea eventualmente regresar a Estados Unidos de manera legal o enfrentando los graves riesgos que representa el reingreso en algún momento en el futuro [de forma ilegal]. Otros padres son retenidos en centros de detención por meses y solo liberados después del pago de multas sustanciales (por encima de $ 10,000.00 dólares), o no son liberados antes de su deportación. Durante el tiempo en que los padres son detenidos, sus hijos y otros miembros familiares experimentan adversidades, tales como la dificultad de vivir con estrés económico y psicológico derivado por el arresto y la incertidumbre de no saber cuándo o si el padre será deportado.
La adversidad se incrementa con el tiempo, tal como los ahorros y fondos de los pagos anteriores son gastados. La asistencia privada usualmente dura dos o tres meses, pero algunos padres son detenidos por cinco o seis meses, y otros son retornados después de esperar muchos meses para una comparecencia final ante un juez de migración, tiempo durante el cual no puede trabajar. La adversidad se extiende a familias y redes no familiares quienes adquieren mayor responsabilidad al cuidar a los niños de padres detenidos.
Después del arresto o desaparición de los padres, los niños experimentan sentimientos de abandono y muestran signos de traumas emocionales, coacción psicológica y problemas de salud mental. Existen muchas carencias en cuanto al cuidado y supervisión de los niños. Las familias se mantienen escondidas y temerosas por el arresto si se aventuran a salir, incrementando el aislamiento social con el tiempo. Las comunidades inmigrantes se enfrentan al miedo de futuros operativos, señalamientos de personas no inmigrantes y el estigma de ser señalados como “ilegales”. La combinación de miedo, aislamiento y adversidad económica conduce a problemas de salud mental como la depresión, desordenes de ansiedad por la separación, estrés post traumático y conductas suicidas. Más aún, por razones culturales, el miedo como consecuencia de solicitar asistencia social y las barreras para acceder a servicios de salud, afectan severamente a la salud mental de los inmigrantes y sus hijos. (Capps, y otros 2007)
Conclusiones y recomendaciones. Los niños son miembros vulnerables de la sociedad, los Estados Unidos, como otras naciones, han desarrollado sistemas para protegerlos. Estos sistemas están diseñados para solventar las necesidades básicas de los niños, tales como comida, acogimiento y cuidado de la salud, y mantenerlos protegidos de daño físico y psicológico. Aun, estos sistemas son incapaces de reemplazar a los padres cuando han sido separados de sus hijos. Las políticas actuales de inmigración de los Estados Unidos conllevan al arresto de padres indocumentados y por consecuencia la separación de padres e hijos.
El gobierno de Estados Unidos ha mantenido un silencio extendido acerca del impacto de estos operativos en los niños y el ICE no ha sido capaz de esclarecer cuanto y de qué manera son dañadas las familias de los inmigrantes a largo plazo, como consecuencia de su trabajo. Más aún, el ICE no ha hecho públicas las directrices o regulaciones relativas al tratamiento de los padres durante su arresto, detención y deportación.
Más allá de lo concerniente a la ausencia de medidas de protección para los niños después de los operativos de detención, los investigadores han encontrados muchas cuestiones específicas acerca del trabajo de las autoridades en los operativos y la forma en como las comunidades se defienden ante ellos. Por lo que se sugieren las siguientes recomendaciones:
El Congreso debe proveer seguimiento y transparencia en las acciones de inmigración para asegurarse que los niños están protegidos durante las acciones de detención y otras operaciones.
El ICE debe asumir que los niños generalmente niños muy pequeños son afectados siempre que los adultos son arrestados en operaciones de arresto y detención y debe desarrollar una policía consistente en la liberación de los padres. Los padres solteros son los principales cuidadores de niños pequeños, los cuales deben ser liberados en el día para que sus hijos no sufran interrupciones en su cuidado; ellos no deben ser liberados pasada la noche.
El ICE debe proveer acceso irrestricto e inmediato a los servicios de asistencia consular y notificar a los detenidos de sus derechos relativos a comunicarse con el consulado de su país de origen. El acceso debe considerar el uso del teléfono en cualquier momento y que sus conversaciones se mantengan privadas.
Las escuelas deben desarrollar sistemas para ayudar a que los niños cuenten con un sitio seguro para alojarse durante un operativo y reducir el riesgo de que los niños sean abandonados sin la supervisión de un adulto, en cuanto termine la jornada escolar.
Los servicios sociales deben preparar planes para responder a los operativos de inmigración y desarrollar otras estrategias de reacción que permitan a los padres y otros cuidadores la seguridad para solicitar asistencia y abastecimientos humanitarios para los niños que viven estas circunstancias.
Las Iglesias y otras congregaciones religiosas pueden ser consideradas como puntos centrales de comunicación, distribución de asistencia y reacción de las familias afectadas por los operativos de inmigración.
Los servicios sociales y la asistencia económica necesitan ser distribuidas a lo largo de extensos periodos de tiempo, incluso durante varios meses, hasta que los padres son liberados de las detenciones y su situación migratoria ha sido resuelta. Terapias psicológicas en el largo plazo deben ser consideradas para reducir el impacto en la salud de padres e hijos.
Familiares, amigos, líderes comunitarios y servicios de asistencia social deben desarrollar planes para familias inmigrantes en el caso de que un padre soltero o un cuidador primario sea arrestados y proveer al ICE la documentación necesaria para la liberación del padre.
Abogados de inmigración, líderes comunitarios y otros deben ser honestos con los migrantes arrestados acerca de sus oportunidades de permanecer en Estados Unidos y la estrategia para defenderse en los tribunales. Los inmigrantes arrestados no deben de pagar cuentas altas, si su caso tiene pocas probabilidades de ganar, especialmente cuando pasen por severas adversidades económicas. (Capps, y otros 2007)
El estudio anteriormente citado describe ampliamente los daños, algunos de ellos irreversibles que causan las separaciones familiares, algunas de ellas conducidas por la violencia y la discriminación, además de que propone una serie de acciones recomendadas a las autoridades norteamericanas, pero que perfectamente pueden adaptarse como directrices para desarrollar un protocolo de asistencia humanitaria para las familias migrantes indocumentadas, antes, durante y posterior a un evento de arresto, detención o deportación,
Lo anteriormente expuesto concluye en lo siguiente:
Las políticas migratorias de Estados Unidos de América dirigidas a la comunidad mexicana residente, son discriminatorias y violatorias de los Derechos Humanos fundamentales, al separar familias, tratar de forma diferenciada a los niños migrantes no acompañados de procedencia mexicana, producir daño psicológico y físico a los menores de edad residentes en su territorio de padres indocumentados y criminalizar la migración de los connacionales denotándolos como “ilegales”.
A pesar de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual no conduce a someterse a los instrumentos que dispone dicha Convención para hacer exigibles en su territorio dichos derechos, no puede ser omiso ante las prácticas y directrices descritas en el tratado en comento, debido a la aspiración moral, ética y política de conducirse como una democracia garante de los Derechos Humanos, no puede ser omiso ante tales violaciones a la dignidad humana.
Las autoridades mexicanas deben desarrollar un Protocolo de Asistencia Humanitaria para las Familias Migrantes Indocumentadas, el cual tiene que considerar acciones puntuales para informar, proteger y asistir a los connacionales que estén en riesgo de ser separados de sus hijos, en ambos lados de la frontera y que involucren a las autoridades competentes. Dicho protocolo, deberá contener como elementos indispensables, lo siguiente:
Establecer y difundir un Protocolo Único de Asistencia y Asesoría Jurídica para los padres que han sido separados de su familia y deportados a territorio nacional, cuyos hijos permanecen en territorio norteamericano, que conlleve a su reunificación.
Diseñar un Plan de Reacción y Asistencia Humanitaria, para las familias que sean separadas, durante el tiempo de la detención y retorno de los padres a México, que considere la provisión de alimento, acogida y servicios de salud para los niños abandonados por sus padres.
Promover acciones de resiliencia y sororidad entre la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, que involucren la construcción de redes de apoyo comunitario, para resistir la separación de familias.
Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ciudadanos norteamericanos descendientes de padres mexicanos deportados, principalmente en sus necesidades básicas.
Coordinar en conjunto con el Sistema Nacional DIF y el Sistema Nacional de Protección de la Infancia, la creación de un Sistema de Defensa Legal, que permita a los padres separados de sus familias, mantener un vínculo de comunicación con sus hijos, recibir asesoría jurídica y atención psicológica, denunciar prácticas violatorias de sus derechos humanos y los de sus hijos y buscar por los medios legales la reunificación familiar.
Investigar y denunciar la existencia de políticas migratorias de trato diferenciado contra niños migrantes mexicanos no acompañados indocumentados, protegiendo sus derechos humanos y representándoles jurídicamente en territorio extranjero. Así mismo, investigar si existen las condiciones para que regresen a su lugar de origen, sin que su vida o integridad corra peligro.
Por lo tanto, es el Interés de la Proposición con Punto de Acuerdo y en armonía con los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a Estados Unidos de América a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, firmada por ese país el 16 de febrero de 1995.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a velar por el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de protección internacional que viajan no acompañados o separados. Previendo para ello que el diseño y la implementación de los instrumentos de política pública estén supeditados al interés superior de la niñez y la unidad familiar.
Tercero. El Senado de la República, conforme al Principio del Interés Superior de la Niñez, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para homologar los protocolos existentes de protección a menores y adultos migrantes indocumentados, y emitir, por conducto de las Secretarías de Estado competentes, un Protocolo Único de Asistencia Humanitaria para las Familias Migrantes Indocumentadas.
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 16 días del mes de marzo de 2017.
[*]Nota de Prensa del Sitio informador.com.mx, disponible en: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/710550/6/hijos-y-padres-podrian-ser-separados-en-la-frontera-kelly.htm
[*]Nota de Prensa del Sitio Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/03/inmigrantes-indocumentados-padres-hijos-kelly/
[*]Artículo 9.1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
Artículo 9.2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
Artículo 9.3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Articulo 9.4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Convención sobre los Derechos del Niño. ONU, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
[*]Artículo 10.1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
Artículo 10.2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
[*]XIV.1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos. Constitución de los Estados Unidos de América, disponible en: https://www.archives.gov/espanol/constitucion.html
[*] Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en:
[*]Traducción al español en fuente Times (TIMES).
[*]Artículo 2.1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Convención sobre los Derechos del Niño. ONU, disponible en:
[*]Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Artículo 3.2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Convención sobre los Derechos del Niño, ONU. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.spx
[*]Artículo 12.1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
Artículo 12.2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Convención sobre los Derechos del Niño, ONU. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69763