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Timestamp: 2018-02-23 00:49:57
Document Index: 112516821

Matched Legal Cases: ['Artículo 162', 'Artículo 163', 'artículo 20', 'artículo 5', 'Artículo 164', 'artículo 21']

El Decreto 27/2018 y la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Efectuar un análisis de los principales cambios introducidos por el Decreto 27/2018 del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley 25.246.
A continuación se describen las principales modificaciones introducidas por el Capítulo XX del Decreto 27/2018:
- Artículo 162 del Decreto, modifica el Art. 19 de la Ley 25.246, incorporando el siguiente párrafo: “Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA podrá comunicar su sospecha directamente al Juez interviniente”
- Artículo 163 del Decreto, modifica el inciso c) del Art. 21 de la Ley 25.246, incorporando el siguiente párrafo: “Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la Ley N° 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos”.
- Artículo 164 del Decreto, modifica el Art. 21 bis de la Ley 25.246, en los siguientes aspectos:
- Modifica la definición de cliente, por la siguiente: “Son considerados Clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la presente Ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial”.
- Elimina la descripción taxativa de la información a requerir a los clientes, estableciendo que la identificación se realizará mediante la información y en su caso la documentación que se requiera conforme las normas que dicte la UIF, la que se podrá obtener de los clientes o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido. Esta tarea comprende la individualización del Cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo asociado a éstos y su operatoria
- Establece que para la identificación de los propietarios, beneficiarios finales de las personas jurídicas, se deberán adoptar medidas razonables desde un Enfoque Basado en Riesgo. En tal sentido, se deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final, cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.
- Incorpora la necesidad de adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación.
- Incorpora la obligatoriedad de determinar el riesgo del Cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un Enfoque Basado en Riesgo.
- Permite el resguardo de la información en formato digital.
- Establece un plazo máximo para informar a la UIF, de 15 días corridos contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter de “sospechosa”.
- Incorpora el cumplimiento de formalidades por parte de los Sujetos Obligados, como ser, registrarse ante la UIF, documentar los procedimientos de PLA y FT asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del Sujeto Obligado, y teniendo en cuenta un Enfoque Basado en Riesgo.
- Por último, establece que las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.
Las modificaciones introducidas por el Decreto 27/2018 pretenden alinear y modernizar el marco legal argentino, a los estándares y mejores prácticas internacionales, brindando un enfoque basado en riesgos. Asimismo, busca simplificar y agilizar los procesos judiciales adecuando la normativa a la realidad operativa de la UIF y brindar una mayor transparencia y simplificación de procedimientos que, en definitiva, redundan en una mayor seguridad jurídica. En tal sentido:
- Promueve el intercambio de información entre sujetos obligados con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Flexibiliza la identificación y documentación a requerir de los clientes, y establece la necesidad de identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas, siempre desde un enfoque basado en riesgos.
- Incorpora la posibilidad de implementar medidas de debida diligencia específica de identificación para aquellos productos / servicios que no requieran la presencia física del cliente.
- Habilita el resguardo de la información en formato digital.
En resumen, si bien resta reglamentar el Art. 164 del Decreto 27/2018, la efectiva aplicación de los cambios introducidos por el Decreto, producirían una mejora en el sistema de prevención de LA y FT del país.