Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-127-2015-an-sala-contencioso-sec-2-rec-10-2013-08-10-2015-47463601
Timestamp: 2018-02-20 13:40:12
Document Index: 274161629

Matched Legal Cases: ['artículo 195', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 179', 'artículo 87', 'artículo 77', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 77', 'artículo 24', 'artículo 77', 'artículo 179', 'artículo 77', 'artículo 179', 'in fine', 'in fine', 'artículo 25', 'in fine', 'in fine', 'artículo 139']

Sentencia Administrativo Nº 127/2015, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 10/2013, 08-10-2015 | Iberley
Sentencia Administrativo Nº 127/2015, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 10/2013 de 08 de Octubre de 2015
Órden: Administrativo Fecha: 18/04/2016 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Zarzalejos Burguillo, Jose Ignacio Num. Sentencia: 431/2016 Num. Recurso: 323/2014
Órden: Administrativo Fecha: 16/02/2016 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Foncillas Sopena, Ramon Num. Sentencia: 169/2016 Num. Recurso: 737/2012
Órden: Administrativo Fecha: 29/05/2015 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Gonzalez Saiz, Jose Antonio Num. Sentencia: 261/2015 Num. Recurso: 87/2014
Ponente: Novoa Fernandez, Angel
Núm. Sentencia: 127/2015
Núm. Recurso: 10/2013
Núm. Cendoj: 28079230022015100357
Núm. Ecli: ES:AN:2015:3443
Núm. Roj: SAN 3443/2015
Núm. de Recurso:0000010 /2013
Núm. Registro General:00035/2013
Demandante:RENTA INSULAR CANARIA, S.A.
Procurador:RAMIRO REYNOLDS MARTINEZ
Madrid, a ocho de octubre de dos mil quince.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 10/2013que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido la Procuradora doña María Reynolds Martínez en nombre y representación de la entidad RENTA INSULAR CANARIA, S.A.frente a la Administración General del Estado (Tribunal Económico Administrativo Central), representada y defendida por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 351.527,59 euros. Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ÁNGEL NOVOA FERNÁNDEZ, quien expresa el criterio de la Sala.
PRIMERO.-La parte indicada interpuso, con fecha 4 de enero de 2013, el presente recurso contencioso-administrativo que, admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, fue entregado a la misma para que formalizara la demanda.
SEGUNDO.-En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 28 de mayo de 2013, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos administrativos impugnados.
TERCERO.-De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la misma mediante escrito presentado el 21 de junio de 2013 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada.
CUARTO.-No habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, presentadas conclusiones, en las que cada una de las partes se reiteró en sus respectivas posiciones, concluso el proceso, la Sala señaló la audiencia del 24 de septiembre de 2015 como fecha para la votación y fallo de este recurso, fecha en la que efectivamente se deliberó y votó el mismo con el resultado que ahora se expresa, habiéndose cumplido todas las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar sentencia.
PRIMERO.-Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo por la representación de la entidad RENTA INSULAR CANARIA S.A.,la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 25 de octubre de 2012 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuestas por la indicada sociedad frente al Acuerdo sancionador de la Inspectora Regional Adjunta de 16 de noviembre de 2010 en relación con el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008, con cuantía de 351.527,59 € por falta grave.
Son datos a tener en consideración a efectos de la correcta resolución del pleito los que a continuación se detallan:
' El acuerdo de imposición de sanción, de 16 de noviembre de 2010, se dicta en relación con la liquidación del impuesto de sociedades ejercicio 2008.
Esta liquidación se deriva del acta de conformidad n° A01-76968775 formalizada con la reclamante el 21 de junio de 2010 en la que se modifica la devolución solicitada inicialmente por el reclamante en su declaración: 262.414,15 €. La propuesta inspectora, por un lado, fija la cantidad a devolver en 306.958,94 € y, por otro, se disminuye la base imponible negativa declarada en 4.463.842,46 €. Dicha propuesta se confirma por el transcurso del plazo de un mes desde la firma del acta.
El inicio de las actuaciones inspectoras se produjo el 26 de enero de 2010 y las mismas tenían carácter parcial limitada a 'Comprobar las operaciones realizadas con activos financieros y procedencia, en su caso, de la devolución solicitada.'
La entidad es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) sujeta a lo dispuesto en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, figurando inscrita en el Registro de la CNMV. Su objeto social es la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros, cotizados o no en Bolsas, para compensar por una adecuada composición de su activo los riesgos y tipos de rendimientos, sin participación mayoritaria, económica o política en otras sociedades.
Según consta en diligencia n° 3, formalizada el 23 de abril de 2010: 'TERCERO.- En cuanto al aumento de las reservas por importe de 4.463.842,46 € en concepto de «ajustes por entrada en vigor de Circular 3/2008» (recogido en el «estado de cambios en el patrimonio neto» correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008), el compareciente manifiesta que, tal y como señaló en la actuación documentada en diligencia n' 2, corresponden a plusvalías latentes de los activos financieros. Adjunta copia de escrito presentado, en fecha 16 de abril de 2010, en el Registro de la Delegación de la AEAT de SC de Tenerife de rectificación de autoliquidación a este respecto. Manifiesta que se trata de un error material - subsanado con el escrito presentado- y que entiende que es un aspecto que se encuentra fuera del alcance de las presentes actuaciones.'
En la declaración rectificativa presentada el 16 de abril de 2010 se manifestaba que era preciso realizar un ajuste extra-contable por importe de 4.463.842,46 € como consecuencia del reconocimiento, con abono contable a reservas, de las plusvalías latentes a finales de 2008, y que dicha rectificación no afecta ni altera el resultado de la declaración pues la cuota continúa siendo a devolver por el mismo importe.
Tal como se indica en el acta de conformidad formalizada el 21 de junio de 2010, la Administración aumenta la base imponible declarada en 4.463.842,46, disminuyendo la base imponible negativa declarada y aumenta los pagos a cuenta al haberse justificado retenciones efectivamente soportadas, lo que determina una cuota del acta a devolver de 306.958,94 €, es decir, superior al solicitado por el reclamante.
Por lo que respecta a la modificación de la base imponible, la Circular 3/2008 de la GNMV, cuyo objeto es modificar el régimen contable de las instituciones de inversión colectiva, tanto financieras como inmobiliarias, para adaptarlo al nuevo marco contable establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre establece una serie de normas contables para las Instituciones de Inversión Colectiva aplicables respecto de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Concretamente, la norma transitoria primera de la misma dispone bajo la rúbrica de 'reglas generales para la aplicación de la Circular en 2008', dispone que:
En relación a la elaboración de las cuentas anuales de las instituciones de inversión colectiva, los criterios contenidos en la presente Circular se aplicarán por primera vez respecto de las cuentas anuales del ejercicio 2008.
Ello no obstante, a partir del día de la entrada en vigor de esta Circular y en adelante, se deberá comenzar a aplicar en la contabilidad de la institución los criterios de registro, baja, clasificación, y valoración de elementos patrimoniales contenidos en la misma. Los ajustes que se pongan de manifiesto ese día deberán reconocerse en una cuenta de reservas'.
La entidad, en aplicación de las normas contables expuestas, incrementó el valor en libros de su cartera de inversiones con abono en una cuenta de reservas al objeto de recoger los cambios de valor razonable (plusvalías latentes) registrados el 31 de diciembre de 2008 por un importe total de 4.463.842,46 €.
SEGUNDO.- La consecuencia de ello para la inspección es que el abono contable a reservas tiene la consideración de ingreso a efectos fiscales, ingreso que, devengado a 31 de diciembre de 2008, debió haberse integrado en base imponible mediante un ajuste extracontable positivo (pues está contabilizado en la cuenta de reservas). En el acta se indica que tanto en la Memoria (nota 11), como en el escrito de rectificación de la auto-liquidación, consta que el efecto impositivo derivado de las plusvalías latentes debía integrarse en la base imponible.
En definitiva, la Inspección incrementa la base imponible declarada en el importe de este ajuste que el contribuyente no reflejó en su declaración inicial y pretende realizarlo vía solicitud de rectificación de autoliquidación presentada el 16 de abril de 2010, esto es, cuando ya se había iniciado el procedimiento inspector, al manifestar haber cometido un error involuntario (Tales extremos quedan recogidos en las diligencias n° 2, 3 y 4).
La Inspección consideró que el sujeto pasivo había acreditado improcedentemente bases imponibles negativas (tipo infractor), apreció culpabilidad en su conducta y calificó de grave la infracción conforme al artículo 195 de la LGT , siendo sancionada en un importe de 669.576,37 € (15%). Aplicadas las reducciones por conformidad e ingreso ( art. 188 1 y 3 LGT ) la sanción queda fijada en 351.527,59 €.
Dicho Acuerdo fue notificado el 23 de noviembre de 2010.
Disconforme con dicho Acuerdo sancionador, el 21 de diciembre de 2010 interpuso frente a la misma reclamación económica administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central incorporando al escrito de interposición las alegaciones que se resumen seguidamente:
1.- Concurrencia de la exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 179.3de la LGT .
2.- Ausencia de culpabilidad.
3.-Vulneración del principio de proporcionalidad.
TERCERO.- Las mimas razones y motivos esgrimidos por la actora en vía administrativa, son de nuevo aducidas en el escrito de demanda y ratificadas en conclusiones.
En primer lugar, se alega la concurrencia de la exención de responsabilidad prevista en el artículo 179.3 de la Ley 58/2003 , General Tributaria (LGT) el cual dispone que:
'Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas'.
Precepto que se completa por el artículo 2 del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (RG 2063/2004 -RGRST) que dispone que: ' Artículo 2° Regularización voluntaria en el orden sancionador 'A efectos de lo previsto en el artículo 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría , se entenderá por regularización voluntaria la efectuada antes de la notificación de un requerimiento para el cumplimiento de la obligación tributaria o de la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación o investigación o de un procedimiento sancionador'.
Y también hay que traer aquí a colación lo dispuesto en el artículo 87.5 del Reglamento General de Gestión e Inspección (RD 1065/2007 - RGGI) a tenor del cual:
'Lasdeclaraciones o autoliquidaciones tributarías que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones'.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, es claro que la solicitud de rectificación de autoliquidación presentada por el interesado el 16-04-2010 se presenta en el curso del procedimiento inspector iniciado el 26-01-2010 razón por la cual no pueden atenderse las pretensiones actoras al respecto.
En segundo lugar, en orden a la culpabilidad, el Tribunal Supremo en relación con la motivación del acuerdo sancionador tiene declarado: 'Para esta Sala es patente la falta de motivación de la culpabilidad de la sociedad infractora, pues no cabe fundarla en afirmaciones genéricas y no conectadas con los hechos acaecidos como lo son las empleadas: (i)'la culpa se caracteriza por la omisión de la diligencia debida', sin explicitar por qué y cuál era la diligencia debida; (ii) 'las normas citadas imponían claramente las obligaciones o deberes incumplidos', sin reflejar qué normas eran, dónde se habían citado y cuáles eran las obligaciones o deberes incumplidos, o que (iii) no se aprecia 'ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 77.4 de la Ley General Tributaria de 1963 ', limitándose a negar -examinando la tipicidad- que la conducta de la entidad no puede ampararse en una interpretación razonable de la norma, con sustento en que el artículo 25 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido y el artículo 13 del Reglamento de dicho tributo son claros respecto a los requisitos que deben concurrir en las entregas intracomunitarias (transporte intracomunitario) para gozar de la exención.
Empezando por el final, debemos recordar, una vez más, que la no concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 77.4 de la Ley General Tributaria de 1963 es insuficiente para fundamentar la sanción, porque el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución española no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el artículo 77.4 de la Ley General Tributaria de 1963 [actual artículo 179.2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre)], entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad. A este respecto, conviene recordar que el artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaria de 1963 establecía que la interpretación razonable de la norma era, 'en particular' [el vigente artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003 dice '[entre otros supuestos'], uno de los casos en los que la Administración tributaria debía entender que el obligado tributario había puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios; de donde se infiere que la circunstancia de que la norma incumplida sea clara o que la interpretación mantenida de la misma no se entienda razonable no permite imponer automáticamente una sanción tributaria porque es posible que, no obstante, el contribuyente haya actuado diligentemente [véanse, por todas, la citada sentencia de 6 de junio de 2008 (FJ 5º, in fine); cuya doctrina reitera, entre muchas más, la sentencia de 29 de septiembre de 2008 (casación 264/04 , FJ 4º)].
Y si la Administración tributaria consideraba que el sujeto pasivo no actuó diligentemente, como aquí acontece, debía haber hecho explícitos los motivos en el acuerdo por el que se imponen las sanciones, porque en el ámbito administrativo sancionador la conclusión de que la conducta reprochada a un sujeto pasivo puede comprenderse en alguno de los tipos establecidos por la ley, debe estar soportada no por juicios de valor ni afirmaciones generalizadas, sino por datos de hecho suficientemente expresivos y detallados, con descripción individualizada, incluso, de las operaciones que puedan entenderse acreedoras de sanción, dado que las sanciones tributarias no pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias [ sentencia de 16 de marzo de 2002 (casación 9139/96 ), FJ 3º), cuya doctrina reitera la antes citada de 6 de junio de 2008 (casación para la unificación de doctrina 146/04 , FJ 5º)].
Ni los Tribunales Económico-Administrativos ni la Audiencia Nacional podían subsanar la falta de motivación de la culpabilidad en el acuerdo sancionador, porque es al órgano competente para sancionar, en este caso la Inspección de los Tributos, a quien corresponde motivar la imposición de la sanción [confróntense las sentencias de 30 de septiembre de 2010 (casación 6428/05, FJ 3 º) y 23 de septiembre de 2010 (casación 6163/05 , FJ 4º)].(Sentencia de fecha 10 de diciembre de 2012 , dictada en el Rec. casación nº 4320/2011).
Pues bien, la Sala considera que, si bien la referencia que la resolución del TEAC hace a la circunstancia de que '' nos encontramos ante una persona jurídica a la que por su finalidad, estructura, organización y funcionamiento le es exigible un especial deber de conocimiento de sus obligaciones fiscales y cuidado en el cumplimiento de las mismas'no es valida al no estar reflejada en el acuerdo sancionador ,ateniéndonos a este último, así como el criterio jurisprudencial expuesto, si está motivada la imputación e imposición de la sanción. En el marco que nos movemos debe considerarse negligente la conducta de no incluir en la base tributaria un ajuste positivo, que conforme a la documentación mercantil de la entidad esta era conocedora. El hecho de que, como alega la entidad, 'el dato erróneo puede ser fácilmente detectable por la Administración' no excluye su falta de mínima diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en las que por su forma jurídica goza de considerables beneficios fiscales y, para los cuales, no puede obviarse el conocimiento y aplicación so pretexto de un error, en cuanto al aumento de las reservas por importe de 4.463.842,46 € en concepto de ajustes, de la Circular 3/2008 que modifica el régimen contable de las instituciones de inversión , especialidad de la que es beneficiada.
En definitiva la actuación de la entidad debió ser más diligente y cuidadosa, ya que los efectos del denominado 'error' cometido en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 tuvo su reflejo expreso en la acreditación improcedente de una base imponible negativa de 4.463.842,46 euros, cifra no solo lo suficientemente importante, sino que además hubo de pasar a reservas al corresponder a plusvalías latentes de activos financieros
En consecuencia, siendo cierto que la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe y que corresponde a la Administración la prueba de la concurrencia de las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor, también lo es que la Administración Tributaria ha llevado a cabo la actividad probatoria necesaria y la constatación de las circunstancias determinantes de la culpabilidad o, al menos, negligencia de la entidad recurrente que se recoge en la resolución sancionadora.
En tercer lugar, se argumenta la vulneración del principio de proporcionalidad sobre la base de que la sanción impuesta asciende al 15% de las cantidades improcedentemente declaradas a compensar en tanto que de haber resultado cuota a ingresar su tipo impositivo habría sido del 1 %.
Como viene señalando reiteradamente el Tribunal Constitucional (en una doctrina que, aunque sentada para el ámbito penal, resulta plenamente aplicable al administrativo-sancionador), corresponde al legislador la potestad exclusiva «para configurar los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo» (por todas, SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6 ; 161/1997,de 2 de octubre, FJ 9 ; y 136/1999, de 20 de julio , FJ 23). Y, en tanto que la cuestión de la proporcionalidad entre pena y delito o, en su caso, infracción y sanción, constituye un juicio de oportunidad que es competencia exclusiva del legislador, a «los Tribunales de justicia sólo les corresponde, según la Constitución, la aplicación de las Leyes y no verificar si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no proporcionados en abstracto», conclusión ésta que se deduce del art. 117 CE ( STC 65/1986, de 22 de mayo , FJ 3, in fine). En consecuencia, «no cabe deducir del artículo 25.1 de la Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito» ( STC 65/1986, de 22 de mayo , FJ 3, in fine) y en los supuestos en que «una condena penal pueda ser razonablemente entendida como aplicación de la ley, la eventual lesión que esa aplicación pueda producir», «será imputable al legislador y no al Juez» (STC 136/1999, de 20 de julio , FJ 21, in fine ).
De esta doctrina constitucional se ha hecho eco, asimismo, el Tribunal Supremo en Sentencias de 12 de noviembre de 2009 (rec. cas. núm. 1398/2004), FD Sexto B ) y de 22 de septiembre de 2011 (rec. cas. núm. 4289/2009 ), FD Quinto D)7 Ahora bien, sin perjuicio de que conforme a esta jurisprudencia constitucional la adecuación o proporción de las condenas o sanciones a las conductas ilícitas ha sido una decisión que ha correspondido siempre al legislador, durante la vigencia de la LGT de 1963 esta Sala había reconocido expresamente que el principio de proporcionalidad en su vertiente aplicativa había servido en la jurisprudencia «como un importante mecanismo de control por parte de los Tribunales del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, cuando la norma establece para una infracción varias sanciones posibles o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria; y, así, se viene insistiendo en que el mencionado principio de proporcionalidad o de la individualización de la sanción para adaptarla a la gravedad del hecho, hacen de la determinación de la sanción una actividad reglada y, desde luego, resulta posible en sede jurisdiccional no sólo la confirmación o eliminación de la sanción impuesta sino su modificación o reducción» [ Sentencia de 24 de mayo de 2004 (rec. cas. núm. 7600/2000 ); doctrina jurisprudencial reiterada en la posterior Sentencia de 14 de enero de 2013 (rec. cas. núm. 1040/2011 )].
Este margen de maniobra que reconocíamos a los Tribunales como mecanismo de control del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, empero -y es aquí donde queremos poner el acento-, ha quedado anulado por el legislador tributario con la redacción de la LGT de 2003, pues como señalábamos en nuestra Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (rec. cas. núm. 4289/2009 ), «en la medida en que la LGT de 2003 ha establecido para cada conducta ilícita una sanción específica, concreta, determinada» no ha dejado «a la hora de imponer la sanción, como hacía la anterior LGT de 1963, margen alguno para la apreciación del órgano competente para sancionar» [FD Quinto D) a)]. A la inexistencia de este margen de maniobra en la aplicación del principio de proporcionalidad se refiere precisamente la resolución recurrida pues se ha limitado a aplicar las normas exigibles, no existiendo margen cuantitativo para la fijación de la sanción, considerando la Sala que no existe la vulneración del principio de proporcionalidad, tal y como recoge la resolución del TEAC combatida.
'No cabe hablar de vulneración del principio de proporcionalidad cuando la sanción impuesta no es otra que la prevista en la norma, la cual no establece excepción alguna en función del tipo impositivo aplicable al sujeto infractor en el ejercicio de comisión del tipo infractor', y es a ello a lo que debemos sujetarnos, no a hipótesis no acontecidas.
Procede, por ello, desestimar los motivos de impugnación y confirmar la sanción impuesta.
CUARTO.- Procede imponer las costas a la actora con arreglo al artículo 139.1, de la LJCA , de conformidad con la regla de vencimiento.
Que debemos desestimar y desestimamosel presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad RENTA INSULAR CANARIA, S.Acontra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 25 de octubre de 2012, a que las presentes actuaciones se contraen, la cual confirmamos por ser conforme a derecho, con imposición de costas a la actora.
Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el art. 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma D. ÁNGEL NOVOA FERNÁNDEZ, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.