Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4925
Timestamp: 2020-03-31 16:33:34
Document Index: 319591052

Matched Legal Cases: ['Artículo 67', 'Artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 38', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 11', 'Artículo 31', 'Artículo 109', 'Artículo 11', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 28']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 150/2003
SENTENCIA 150/2003, de 15 de julio
ECLI:ES:TC:2003:150
a) El recurso contencioso-administrativo que fundamenta la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad tiene lugar con motivo de tres Acuerdos del Tribunal Económico- Administrativo Regional del País Vasco, de 28 de septiembre de 1994, por los que se desestimaban sendas reclamaciones formuladas contra el mismo número de liquidaciones practicadas por la Unidad Administrativa de Vizcaya del Ministerio de Sanidad y Consumo en concepto detasa por servicios sanitarios, por los importes respectivos de 833.390 pesetas, 330.100 pesetas y 420.330 pesetas, como consecuencia de importaciones de miel natural procedente de países no comunitarios europeos. La firma social recurrente plantea, en lo que aquí interesa, si resultaba aplicable la tasa sanitaria en cuestión, conocida con la referencia 25.01, por inspecciones veterinarias relativas a importaciones de productos de origen animal procedentes de países ajenos a la Comunidad Económica Europea por vía marítima o aérea, habida cuenta de las vicisitudes normativas experimentada por tal tasa desde su creación por Decreto 474/1960, de 10 de marzo. A juicio de la demandante dicha tasa fue suprimida por el art. 220.1 de la Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma tributaria y por el art. 109 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1988, concluyendo que, además, el art. 10.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, sanciona el principio de reserva de Ley. Frente a estos preceptos, el art. 11 de la Ley 22/1993 lo que hace es restaurar la mencionada tasa, pero sin satisfacer los principios de equivalencia (entre coste y servicio) y de reserva legal en cuanto a la determinación de los elementos esenciales de la tasa, que quedan remitidos al Decreto 474/1960. Argumenta, además, que, caso de considerar aplicable la tasa en cuestión, el art. 133.1 CE establece también una reserva de ley para la creación de tributos, no pudiendo ser éstos creados por Ley de presupuestos, por lo que las modificaciones de la tasa que se han venido produciendo por tal cauce son nulas de pleno derecho.
a) No le ofrece duda que el sustento legal de la existencia de la tasa es el artículo cuestionado de la Ley 22/1993, pues el art. 109.4 de la Ley 33/1987 había suprimido la citada tasa, y en cuanto constituye la fuente de la cobertura normativa de las liquidaciones tributarias combatidas resulta tanto el precepto aplicable al caso como del que depende el fallo sobre al asunto planteado, toda vez que el sustrato material del mismo es la importación de un producto de origen animal (como es la miel) de países terceros no comunitarios (en el caso, Uruguay y Argentina), que da lugar a las liquidaciones por tasas a causa de la actuación inspectora sanitaria sobre el tráfico marítimo y aéreo.
c) La duda de constitucionalidad expuesta por la Sala promovente se refiere al cumplimiento del principio de reserva de ley tributaria que se establece en los arts. 31.3 y 133.1 CE. En tal sentido apunta que tal duda no se desvanece por el régimen dispuesto por la disposición transitoria primera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que derogó la Ley de 26 de diciembre de 1958 por la que se regían las exacciones parafiscales, disposición transitoria que prorrogaba las exacciones parafiscales hasta que no se operasen las previsiones contenidas en los arts. 10 y 26 de la misma, y el primero de ambos establece que la creación y determinación de los elementos esenciales de las tasas deberá realizarse "con arreglo a la Ley". Tal duda de constitucionalidad se confirma a la vista de la jurisprudencia constitucional en materia de reserva de ley tributaria, resumida en la STC 185/1995, de 14 de diciembre, que, además de lo que cabía denominar teoría general en tal cuestión (reserva de ley relativa con explicación de cuándo procede la colaboración reglamentaria en función de las figuras jurídico-tributarias y sus elementos), establece una doctrina en relación con los precios públicos plenamente generalizable a todos los tributos y también a las tasas.
d) En definitiva, el art. 11 de la Ley 22/1993, si no crea ex novo el tributo toda vez que "éste subsistía residualmente", sí amplía el ámbito de aplicación del mismo con un elemento esencial de configuración o identificación tan relevante como es su aplicación obligatoria a los productos de origen animal señalados en la regulación del Decreto 474/1960, cuando provengan de un país extracomunitario, delegando todos los demás elementos, y particularmente los de cuantificación, en la citada disposición reglamentaria preconstituida, "lo que supone en la práctica una casi completa deslegalización, en tanto que el art. 11 es 'ley meramente habilitadora' y no 'ordenadora' del título, lo que no parece justificable tampoco desde el prisma estrictamente técnico", como demuestra que la Ley de presupuestos generales del Estado para 1985 cuantificara la tasa en cuestión.
b) Además, la disposición transitoria de la Ley 8/1989, sólo explicable en virtud de la irretroactividad de las reservas constitucionales de ley, corrobora la validez del citado Decreto, y el precepto cuestionado a lo que se limita es a alterar el alcance del hecho gravado por la tasa, y justamente porque se altera el alcance del supuesto de hecho imponible se ha incluido en una ley formal, la Ley 22/1993. Contra lo afirmado en el Auto que acuerda el planteamiento de la cuestión, el art. 11 de la citada Ley ni crea ex novo un tributo, ni supone su deslegalización. Lo primero porque el tributo ya estaba creado anteriormente, habiéndose limitado las posteriores Leyes 33/12987 y 22/12993 a modificar el alcance del hecho imponible; la Ley 33/1987, reduciéndolo sólo al caso de que la inspección se realizase a instancia de parte, y la 22/1993 extendiéndolo para abarcar todos los servicios prestados en relación con la importación de productos de origen animal provinientes de países extracomunitarios, se presten a instancia de parte o no, y tal concepción del legislador se corrobora atendiendo a la exposición de motivos de la Ley cuestionada. Frente a esta evidencia no pueden oponerse los argumentos literales del rúbrica del art. 109 de la Ley 33/1987 ("Supresión de tasas y exenciones parafiscales"), que resulta exacta para sus tres primeros apartados, pero no para el cuarto -el que afecta a la tasa que aquí interesa-, "en el cual resulta evidente que el legislador mantiene los tributos para las inspecciones hechas a petición de parte"; ni tampoco la expresión "legalmente establecida" de la disposición final segunda del Real Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre, que no deja de ser una norma reglamentaria y, en cuanto tal, no puede erigirse en criterio interpretativo de una norma de mayor rango jerárquico como, en el caso, la citada Ley 22/1993.
La posibilidad de interpretar que el cuestionado art. 11 de la Ley 22/1993 incorpora el contenido reglamentario al que se remite dotándolo de rango legal, impidiendo así la discrecionalidad de la Administración para variar su contenido y cumpliendo con ello el principio de legalidad, es negada por el Fiscal General, tanto porque como regla general ha de rechazarse tal modo de cumplimiento de dicho principio (interpretación de una norma vacía por mera remisión a una norma reglamentaria preexistente), como porque parece "muy dudoso" entender vigente el Decreto 474/1960. En realidad, el Ministerio Fiscal comparte la conclusión a la que llega el órgano promovente de la cuestión de que tal Decreto fue plenamente afectado por el art. 109 de la Ley 33/1987 al declarar la inexigibilidad de la tasa cuestionada, "lo que ha de ser interpretado necesariamente como una derogación, pues parece incorrecto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, admitir la posibilidad de la suspensión temporal de una forma inmotivada e indefinida".
1. Se cuestiona la conformidad constitucional del art. 11 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo. Este precepto dice lo siguiente: "Las tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo reguladas en el Decreto 474/1960, de 10 de marzo, serán de aplicación obligatoria a todos los productos de origen animal considerados en tal norma, cuando provengan de un país tercero no perteneciente a la Comunidad Europea". La duda de constitucionalidad versa sobre si dicho precepto respeta el principio de reserva de Ley, consagrado por los arts. 31.3 y 133.1 CE en materia de prestaciones patrimoniales de carácter público y de tributos, respectivamente.
La cuestión se plantea por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante Auto de 29 de diciembre de 1997, dictado en el recurso contencioso-administrativo núm. 5162/94. En dicho recurso se postula la declaración de nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulación de tres liquidaciones de tasas por servicios sanitarios practicadas en relación con otras tantas importaciones de miel natural, así como la anulación de las correspondientes resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Regional que desestimaron las reclamaciones económico-administrativas formuladas contra dichas liquidaciones.
Partiendo del entendimiento expuesto, el contenido del precepto legal objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, supone, a juicio del órgano que la propone, una recreación de la tasa suprimida. De ello se concluye que tal recreación deviene inconstitucional por no respetar el principio de reserva de ley tributaria que disponen los artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución. Dicha conclusión se fundamenta en que, de todos los elementos esenciales de la tasa que deberían observar tal principio, solamente lo observa el hecho imponible en cuanto viene establecido en el precepto cuestionado, pero ningún otro más, pues, en virtud de la remisión que efectúa el precepto ahora cuestionado, el resto se regula en el Decreto 474/1960, norma evidentemente infralegal, lo que supone una deslegalización contraria a la Constitución.
"Art. 1. Convalidación, denominación y organismo gestor.- Se convalidan las tasas por servicios sanitarios que quedarán sometidas exclusivamente a la Ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958 y a las normas contenidas en el presente Decreto. Su gestión estará a cargo del Ministerio de la Gobernación, a través de la Dirección General de Sanidad.
Art. 2. Objeto.- Son hechos que motivan la obligación de contribuir los servicios sanitarios que se consignen en las tarifas adjuntas ...
Art. 4. Bases y tipo de gravamen.- Son bases y tipos que determinan la cuantía de la exacción los establecidos en las tarifas unidas a este Decreto, con sus normas específicas de aplicación. ... Derechos sanitarios sobre tráfico marítimo y aéreo ... Sección 4ª.- Reconocimiento o análisis sanitario de sustancias alimenticias en régimen de importación. ... 10.- Miel y sus derivados. La caja, 8 pesetas."
1. Aprobar la numeración de las distintas Tasas y Exacciones Parafiscales actualmente en vigor, clasificadas por Secciones, que como anejo a esta Orden se publica. ..... 3. La entrada en vigor de la presente Orden será a partir de 1 de marzo de 1979.
Sanidad y Seguridad Social. ... 25.01 ... Servicios sanitarios de la Dirección General de Sanidad..."
"Exposición de Motivos: ... La Ley presta especial atención a las tasas y tributos parafiscales, actualizando los tipos fijos por exigencias propias de la naturaleza de tales tributos. .... Capítulo III - Otros tributos
Artículo 67. Tasas y tributos parafiscales. ..... 5. Las tasas por servicios sanitarios incluidas en las secciones 1ª y 4ª de los 'Derechos sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo' se exigirán según las cuantías siguientes: ...
Sección 4ª Reconocimiento o análisis sanitario de sustancias alimenticias en régimen de importación .... 10. Miel y sus derivados: 2,50 pesetas kilogramo."
Uno. A la entrada en vigor de la presente Ley quedan suprimidas las siguientes tasas y exacciones de origen parafiscal: 4.01 'Canon sobre la exportación al interior de pescado fresco'. 4.02 'Exacción sobre la producción de alcohol'. 19.02 'Derechos de las Magistraturas de Trabajo en las ejecuciones gubernativas'. 21.01 'Arbitrajes Agrícolas'. 21.17 'Exacción obligatoria sobre el arroz elaborado'. 21.20 'Exacción sobre el arroz cáscara'. 25.02 'Examen de las cuentas de las Fundaciones Benéfico-Asistenciales'. 26.08 'Exacción sobre la publicidad, venta de cupos de papel de la prensa periódica'.
Tres. A partir de 1 de enero de 1988 se suprime la exacción 'Cuota de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana', tasa 17.13, regulada en el Decreto de convalidación de 25 de febrero de 1960.
Cuatro. Con efectividad de 1 de enero de 1988 no se exigirán por la actuación inspectora a la exportación, importación y cabotaje, salvo que se realice a instancia de parte, las siguientes tasas: - Tasa por gestión técnico-facultativa de los Servicios Agronómicos (tasa 21.09). - Tasa por prestación de servicios facultativos veterinarios (tasa 21.10). - Tasa por indemnizaciones al personal facultativo, auxiliar y subalterno de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial por la prestación de servicios y ejecución de trabajos. - Tasa por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo (tasa 25.01)."
e) Ley 8/1989, de 13 abril, de tasas y precios públicos:
"Artículo 10. Establecimiento y regulación. 1. La creación y determinación de los elementos esenciales de las tasas deberá realizarse con arreglo a la Ley. 2. Son elementos esenciales de las tasas los determinados por la presente Ley en el capítulo siguiente. Con sujeción a lo dispuesto en el mismo, el Gobierno, mediante Real Decreto, podrá acordar la aplicación y desarrollar la regulación de cada tasa. ... Disposición transitoria. 1. Las tasas, incluidas las de origen parafiscal y las denominadas exacciones parafiscales vigentes, continuarán exigiéndose, según las normas aplicables a la entrada en vigor de esta Ley, hasta que operen las previsiones contenidas en los artículos 10 y 26 de la misma."
f) Real Decreto 2022/1993, de 19 noviembre, por el que se establecen los controles veterinarios aplicables a los productos que se introduzcan en el territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Europea:
"El establecimiento, a nivel comunitario, de los principios en materia de organización de controles veterinarios de los productos procedentes de países terceros contribuye a garantizar la seguridad, el abastecimiento y la estabilización de los mercados, armonizando, al mismo tiempo, las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de las personas y de los animales, teniendo en cuenta que la realización del Mercado Interior implica la supresión de los controles veterinarios en las fronteras interiores. ... Por tanto, es necesario incorporar a la legislación española los principios que se establecen en la Directiva del Consejo 90/675/CEE, que se transpone de acuerdo con la competencia estatal contenida en el artículo 149.1.10.ª y 16.ª de la Constitución y artículo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. ...
Artículo 1. Los controles veterinarios de los productos procedentes de países terceros que se introduzcan en el territorio nacional se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.
a) 'Control veterinario': cualquier control físico y/o formalidad administrativa referido a los productos contemplados en el párrafo f) siguiente, destinado directa o indirectamente a garantizar la protección de la salud pública o animal. ... f) 'Productos': los productos animales o de origen animal relacionados en el anexo I de la presente disposición, así como los que puedan incluirse en el futuro en dicho anexo, como consecuencia de Decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas.
Segunda.- El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado', excepto en lo que hace referencia al cobro de las tasas de los controles veterinarios, que entrará en vigor una vez que las mismas hayan sido legalmente establecidas.
Anexo I - Productos animales o de origen animal ... 21- Miel"
"Exposición de motivos ... En materia de tasas, se introducen determinadas modificaciones en las tasas por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear y por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo, y se crea una tasa por expedición del Título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, definiéndose en la Ley las características básicas de su regulación. ...
Artículo 11. Tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo. Las tasas por servicios sanitarios sobre el tráfico marítimo y aéreo reguladas en el Decreto 474/1960, de 10 de marzo, serán de aplicación obligatoria a todos los productos de origen animal considerados en tal norma, cuando provengan de un país tercero no perteneciente a la Comunidad Europea."
El principio de reserva de ley tributaria lo establecen "el citado art. 133 CE para el estricto ámbito de los tributos y el art. 31 CE para las 'prestaciones patrimoniales de carácter público', que, tal y como dijimos en las SSTC 185/1995, de 14 de diciembre (FJ 3) y 182/1997, de 28 de octubre (FJ 15), constituyen una categoría jurídica más amplia en la que se integran los tributos" (STC 63/2003, de 27 de marzo, FJ 4). Afirmamos asimismo en la STC 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5, según recuerda la STC 63/2003, de 27 de marzo, lo siguiente: "Este Tribunal ha dicho ya que la reserva de ley en materia tributaria exige que 'la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo' debe llevarse a cabo mediante una ley (SSTC 37/1981, 6/1983, 179/1985, 19/1987). También hemos advertido que se trata de una reserva relativa en la que, aunque los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre que 'sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley' y siempre que la colaboración se produzca 'en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad' (entre otras, SSTC 37/1981, 6/1983, 79/1985, 60/1986, 19/1987, 99/1987). El alcance de la colaboración estará en función de la diversa naturaleza de las diversas figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas (SSTC 37/1981 y 19/1987)".
En relación con lo expuesto dijimos también en la STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9, también citada por la STC 63/2003, lo siguiente: "Establecido lo anterior, hay que aclarar no obstante que la mayor flexibilidad de la reserva de ley tributaria respecto de las tasas -y, en general, respecto de todas las prestaciones patrimoniales de carácter público a que se refiere el art. 31.3 CE- no opera de la misma manera en relación con cada uno de los elementos esenciales del tributo. Así lo dijimos en la STC 221/1992, de 11 de diciembre, al expresar que 'la reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo. El grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible'. 'Pero la concreción requerida a la ley es menor cuando se trata de regular otros elementos', como el tipo de gravamen y la base imponible (FJ 7). Y, en la misma línea, hemos dicho en la tantas veces citada STC 185/1995 que en el caso de las prestaciones patrimoniales de carácter público que se satisfacen por la prestación de un servicio o actividad administrativa, la colaboración del reglamento 'puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de las cuantías -estrechamente relacionadas con los costes concretos de los diversos servicios y actividades- y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circunstancias de los distintos tipos de servicios y actividades. En cambio, esta especial intensidad no puede predicarse de la creación ex novo de dichas prestaciones ya que en este ámbito la posibilidad de intervención reglamentaria resulta sumamente reducida, puesto que sólo el legislador posee la facultad de determinar libremente cuáles son los hechos imponibles y qué figuras jurídico- tributarias prefiere aplicar en cada caso' (FJ 5)".
4. A la luz de la doctrina que acabamos de exponer, y atendido el concreto caso que nos ocupa, lo primero que ha de ponerse de relieve es que resulta inconcuso, de una parte, que el precepto aquí cuestionado por el órgano judicial promovente de la cuestión (que es el art. 11 de la Ley 22/1993) se contiene en una norma que formalmente tiene el rango de ley, y, de otra parte, que dicho precepto establece directa y explícitamente el principal de los elementos configuradores de la prestación pública en cuestión, a saber, el hecho imponible. Así pues, ningún reproche cabe hacer al precepto en cuestión desde el punto de vista tanto de su rango de fuente del derecho como de su concreto contenido en relación con el hecho imponible.
En primer lugar, es obligado advertir que el Decreto en cuestión es una norma preconstitucional. Por lo tanto no es exigible, respecto de tal norma, la observancia del principio constitucional de reserva de Ley. En efecto, como hemos dicho en la STC 52/2003, de 17 de marzo, FJ 7 (ciertamente en materia sancionadora, pero por ello aplicable, con mayor razón, en la materia que nos ocupa), "debe tenerse en cuenta - como este Tribunal ha sentado expresamente- que no es posible exigir reserva de la Ley de manera retroactiva para anular o considerar nulas disposiciones reglamentarias reguladoras de materias y de situaciones respecto de las cuales tal reserva no existía de acuerdo con el Derecho preconstitucional".
En segundo lugar, el citado Decreto 474/1960 no ha dejado de estar en vigor en la materia que nos ocupa en cuanto al particular referido a las inspecciones realizadas a instancia de parte. Ello comporta la persistencia de la vigencia de la norma en lo relativo a los elementos esenciales configuradores de dicha prestación, elementos que subsistían, por tanto, cuando se publicó la norma ahora cuestionada, es decir, el art. 11 de la Ley 22/1993, y que no fueron modificados con posterioridad a la promulgación de la Constitución. En consecuencia, la precitada remisión lo es a una normativa anterior, cierta y ya conocida salvo, justamente, en lo que se refiere al hecho imponible, establecido por Ley (concretamente, por el cuestionado art. 11 de la expresada Ley 22/1993). En consecuencia, las únicas modificaciones habidas en un elemento esencial de la prestación pública que nos ocupa han tenido lugar mediante ley formal, por lo que -en lo que a las modificaciones se refiere- no puede dudarse de que se ha respetado el principio de reserva de Ley. Como es obvio, hubiera sido cuestión del todo distinta que éstas u otras eventuales alteraciones se hubieran producido una vez vigente el régimen constitucional (y con él, por lo tanto, la reserva de Ley tributaria) mediante normas infralegales; mas no es éste el caso.
6. De lo expuesto se infiere que la cuestión planteada se constriñe en rigor a establecer si es o no constitucionalmente conforme que los restantes elementos esenciales de la tasa discutida permanezcan en una norma preconstitucional infralegal cuando el legislador formal, habiendo tenido oportunidad de regular in toto su régimen jurídico, ha incidido únicamente en uno de dichos elementos, a saber, el hecho imponible. Con independencia de si habría sido o no deseable o conveniente, desde el punto de vista de la exigencia que conlleva el principio constitucional de la reserva de Ley tributaria, que por ley formal se hubiera producido la regulación íntegra de la tasa, una vez vigente la norma fundamental, lo cierto es que perfectamente puede entenderse que con el artículo 11 de la Ley 22/1993 lo que el legislador lleva a cabo es una asunción como propia del contenido del citado Decreto preconstitucional en todo lo demás que no sea lo que dicho art. 11 expresamente establece, a saber, la imposición obligatoria de los servicios sanitarios para todos los productos de origen animal importados de países extracomunitarios por vía marítima o aérea.
7. Sin perjuicio de la exposición precedente, en la que se expresa cuál sea la ratio de la desestimación de la cuestión planteada, es oportuno señalar que tal conclusión resulta confirmada por un dato ciertamente revelador en la materia que nos ocupa, no aludido por el Auto de planteamiento de la cuestión ni por las partes intervinientes en el presente proceso, al que nos referimos a continuación. Un año después de promulgada la Ley 22/1993 se promulga la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, Ley que en su art. 27 regula las "Tasas por controles de sanidad exterior realizados a carnes y productos de origen animal de países no comunitarios" con sus elementos esenciales (hecho imponible, devengo, sujetos pasivos, exenciones y cuantías). Dicha Ley establece en el concreto apartado 6.1.2.L del citado artículo 27 la tasa correspondiente a "miel y productos apícolas", y el mismo artículo 27 en su apartado diez procede a la derogación expresa de la "Sección 4ª de los 'Derechos sanitarios sobre tráfico marítimo y aéreo' de las tasas por servicios sanitarios, convalidados por Decreto 474/1960, de 10 de marzo", o sea, de la normativa preconstitucional reguladora de la prestación patrimonial pública aquí objeto de atención.
Del mismo modo, dos años más tarde, por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, vuelven a regularse íntegramente, y de un modo prácticamente idéntico, las mismas tasas (art. 28), excepto en la cuantía, que sufre el pertinente incremento (art. 28.6.1.4.f). Esta Ley deroga también otro concepto de las tasas por servicios sanitarios convalidados por el Decreto 474/1960 (en este caso "el concepto 2, de la Sección 1ª, Derechos Sanitarios sobre Tráfico Marítimo y Aéreo") que, si bien no afecta al objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, sirve para confirmar, ad abundantiam, la conclusión alcanzada, según lo que a continuación se razona.
Ciertamente dichas leyes no son de aplicación al presente caso, pues son posteriores a los hechos objeto de devengo en la causa de la que trae su origen la presente cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien, es de interés señalar que, siendo de diciembre de 1994 el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y de 11 de enero de 1995 el Auto que suspende la ejecutividad de los acuerdos impugnados del Tribunal Económico- Administrativo, en este último mes, enero de 1995, ya estaba vigente la primera de las Leyes que se acaban de citar, la 42/1994, en la que se plasmaba tanto la nueva regulación íntegra de la tasa aquí en cuestión como la derogación expresa de la concreta sección del Decreto 474/1960 que concernía a la misma. Y cuando se promueve la presente cuestión de inconstitucionalidad, también se había producido ya la nueva regulación citada de 1996, que vuelve a contener la regulación de la tasa que aquí interesa.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 403-1998
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el art. 11 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, que regula la tasa sanitaria por importaciones de miel y otros productos
No es posible exigir reserva de la Ley de manera retroactiva para anular o considerar nulas disposiciones reglamentarias reguladoras de materias y de situaciones respecto de las cuales tal reserva no existía de acuerdo con el Derecho preconstitucional (STC 52/2003) [FJ 5].
Con el artículo 11 de la Ley 22/1993 lo que el legislador lleva a cabo es una asunción como propia del contenido de un Decreto preconstitucional en todo lo demás que no sea lo que dicho art. 11 expresamente establece, a saber, la imposición obligatoria de los servicios sanitarios para todos los productos de origen animal importados de países extracomunitarios por vía marítima o aérea, con lo que no cabe entender quebrantado el principio de legalidad tributaria [FJ 6].
La reserva de ley en materia tributaria exige que la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo debe llevarse a cabo mediante una ley, aunque resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley y siempre que la colaboración se produzca en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad (SSTC 37/1981, 185/1995, 63/2003) [FJ 3].
En el caso de las prestaciones patrimoniales de carácter público que se satisfacen por la prestación de un servicio o actividad administrativa, la colaboración del reglamento puede ser especialmente intensa en la fijación y modificación de las cuantías y de otros elementos de la prestación dependientes de las específicas circunstancias de los distintos tipos de servicios y actividades (STC 185/1995, 221/1992) [FJ 3].
La promulgación de las Leyes 42/1994 y 13/1996 evidencia que cuando el legislador quiso establecer un nuevo régimen legal de la prestación patrimonial pública así lo hizo, mostrando inequívocamente su voluntad en tal sentido mediante una nueva regulación de los elementos esenciales de la misma y sobre todo derogando de forma expresa el régimen preconstitucional anterior, y en consecuencia, en tanto no tuvo lugar esta innovación del ordenamiento afectante al objeto del litigio, había de considerarse vigente dicho régimen [FJ 7].
Decreto 474/1960, de 10 de marzo. Convalidación de las tasas que reciben los hospitales de la beneficencia general del Estado
En general, ff. 1, 3 a 5, 7
Artículo 31.3, ff. 1, 3, 7
Artículo 109.4, ff. 1, 3
Real Decreto 2022/1993, de 19 de noviembre. Controles veterinarios aplicables a los productos que se introduzcan en el territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Comunidad Europea
Artículo 11, ff. 1 a 7
Artículo 27.6.1.2 l), f. 7
Artículo 27.10, f. 7
Artículo 28.6.1.4 f), f. 7
Cuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, ff. 1, 3, 4, 5, 6
Prestaciones patrimoniales de carácter públicoPrestaciones patrimoniales de carácter público, ff. 1, 3, 7
Prestaciones patrimoniales de carácter públicoPrestaciones patrimoniales de carácter público, Concepto, f. 3
TasasTasas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Juicio de vigenciaJuicio de vigencia, ff. 5, 7
Normas preconstitucionalesNormas preconstitucionales, ff. 1, 3, 5, 6
Rango de leyRango de ley, ff. 1, 3 a 6
Reserva de leyReserva de ley, ff. 1, 3, 5, 6, 7
Reserva de ley tributariaReserva de ley tributaria, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Reserva de ley tributariaReserva de ley tributaria, Doctrina constitucional, ff. 1, 3, 5, 6