Source: http://borjaventura.com/terra/los-siete-puntos-oscuros-de-la-ley-de-transparencia/
Timestamp: 2017-05-27 07:31:18
Document Index: 225763076

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 8']

Los siete puntos oscuros de la Ley de Transparencia | Blog de Notas
Fuente: Moncloa	Los siete puntos oscuros de la Ley de Transparencia
Análisis, Casa Real, Congreso, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Iglesia católica, Ley de Transparencia, ONG, Senado, sindicatos	0
Los casos de corrupción colapsan tribunales hasta el punto de necesitar jueces asistentes, las instituciones se derrumban en valoración ciudadana y los políticos ocupan puestos de Champions entre las preocupaciones del país ¿El antídoto? Una Ley de Transparencia reclamada por muchos colectivos sociales desde hace años, básica en la concepción democrática de otros países del mundo y prometida en campaña electoral.
Tras unos meses de legislatura empezó el proceso, que se ha demorado más de un año. En general las críticas se centran en las formas de elaboración del texto legal, las limitaciones que se imponen, la figura legal que se confiere a la transparencia y la falta de concreción en muchos puntos que dejan resquicios para hacer ineficaz todo el proyecto.
Lo que piden los partidos en sus enmiendas es conocido ¿Cuáles son las objeciones más repetidas por los expertos y qué ofrece el proyecto de Ley?
Primero llegó una versión que se revisó posteriormente, luego un grupo de expertos constituido por el Ministerio de la Presidencia, 26 comparecencias ante las Cortes, una exposición pública del texto para que la ciudadanía opinara, una versión definitiva del proyecto aprobada por el Consejo de Ministros y luego enviada al Congreso previo dictamen del Consejo de Estado y ahora, tras meses de silencio, el inicio de su tramitación parlamentaria.
Para ser una Ley de Transparencia su tramitación ha sido más bien poco accesible. Para empezar, varios grupos se quejaron de que el texto emanara del Consejo de Ministros en lugar de plantearse desde el inicio como una Ley Orgánica. Para continuar porque, aunque el texto se hizo público y se invitó a los ciudadanos a presentar sus comentarios y sugerencias, esa lista que en apenas unas semanas sumó miles de iniciativas nunca se ha hecho pública. Y para terminar -aunque se podría continuar- porque los detalles internos sólo se han conocido a través de comunicaciones filtradas por los diputados.
Una de las críticas más repetidas ha sido la del rango de la ley: los expertos han pedido que la transparencia tenga rango de derecho fundamental, lo que a efectos prácticos haría que ante cualquier conflicto prevaleciera el derecho del ciudadano a acceder a la información. ¿Por qué puede ser útil? Porque en España hay diversos rangos legales -comunitarios, estatales, autonómicos…- y porque la Ley de Protección de Datos, uno de los claros obstáculos de la Ley de Transparencia, tiene rango de Ley Orgánica y podría inhabilitar muchas facultades del texto que se apruebe.
Un problema reiterado es la falta de concreción en las medidas propuestas. Se habla de “límites al derecho de acceso” en el artículo 11 del texto y “causas de inadmisión” en el artículo 15 bajo cuyos supuestos podría vetarse el acceso a casi cualquier información. Atendiendo a la petición de que la transparencia fuera un derecho fundamental, su cumplimiento debería ser obligatorio, inalienable y generalizado. Actualmente el 54% de las peticiones de información a instituciones públicas se queda sin respuesta.
Los expertos consideran que hay que ir más allá de los sujetos previstos en el artículo 2: la ley debería aplicarse a cualquier institución pública u organismo con subvención pública. En una nueva vía de inconcreción el Gobierno prometió que entrarían en la Ley las empresas con una “considerable” participación pública, pero ¿cuánto es “considerable”? También hay grupos que han retirado sus enmiendas a cuenta de “acuerdos verbales” en este sentido ¿Qué acuerdos y para qué?
Dentro de ese bloque de instituciones públicas deberían entrar Congreso, Senado, tribunales (en la propuesta los estamentos judiciales pueden quedarse al margen), Casa Real y cualquier empresa u organismo público. Pero también organizaciones con subvenciones importantes, tales como partidos políticos o sindicatos, o iglesia católica y ONGs, por citar algunos ejemplos. En ese sentido se han dado algunos pasos, aunque se quiere dotar a Iglesia y Casa Real de “un régimen especial” que no debería tener cabida.
En último término también debería afectar la legislación a aquellas empresas que, pese a no ser públicas, tengan como fuente parcial de ingresos el dinero público, tales como medios de comunicación con publicidad institucional o empresas prestadoras de servicios. En este tipo de contrataciones no sólo deberían conocerse los importes, sino también los motivos que llevan a invertir dinero público en un organismo y no en otro, según algunas peticiones formuladas al Gobierno tras el primer borrador de texto.
Otro de los puntos opacos es el control de la aplicación de la Ley de Transparencia es de quién dependerá su aplicación, más allá de las instituciones judiciales. La vicepresidente ha hablado de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ¿Formado por quién y a instancias de quién? ¿Dependerá del Gobierno, del Congreso, será independiente? ¿Cuáles serán sus atribuciones y capacidades?
El texto no especifica la proactividad de las instituciones a la hora de hacer pública la información, es decir, que la publiquen sin necesidad de que alguien la pida. Se habla en el artículo 4 de una publicación “periódica y actualizada”, pero sin especificar plazos. En el artículo 3 se habla de que las personas vinculadas a las instituciones señaladas (diputados, por ejemplo) deben dar la información, pero sólo “previo requerimiento”.
No se establecen tampoco de forma concreta plazos de cumplimiento o de la necesaria actualización de la información pública, teniendo en cuenta que algunas instituciones que publican sus dictámenes y estudios en la actualidad, como el Consejo de Estado o Ayuntamientos, dan la información con meses o años de retraso.
Lo relativo a la necesidad de identificación de quien solicita la información y la explicación de por qué la pide, recogida en el artículo 14 del texto, tampoco tiene sentido desde el momento en el que la transparencia se contemple como un derecho fundamental.
El texto habla en su artículo 8 de un “portal de la Transparencia” en el que sólo se incluiría “la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”, cuando debería ser toda, para que no sea necesaria la solicitud previa. También se hace referencia a que dicha información se incluiría “en los términos que se establezcan reglamentariamente” sin citar a qué reglamento regularía dicha inclusión.
Muchas de las críticas a la Ley se ejemplifican con información de tipo económico (presupuestos, subvenciones, impuestos, patrimonio, bienes, nóminas, actividades…) La información debería ser accesible de forma retroactiva, para comprobar no sólo cuánto se percibe o se tiene, sino si se ha variado significativamente el patrimonio de algún trabajador o institución pública y por qué.
Y conocer las acciones económicas requiere dos cosas. Por una parte concreción: cantidades exactas, sin redondeos, y a partidas concretas, no como la fórmula de “gastos varios” que aparece frecuentemente en desgloses de instituciones públicas. Por otra, conexión de datos: por ejemplo, el presupuesto asignado a la Casa Real es sólo una parte, porque otras partes las gestionan otros organismos y se imputan a sus gastos (Hacienda pone los vehículos, Interior la seguridad…)
Salvando las limitaciones del propio texto legal y las normativas de las distintas instituciones, como por ejemplo las Cortes Generales, la ley debería obligar también a conocer en detalle las actividades no económicas: la agenda, el registro de quién va a reunirse con quién y por qué, quién visita el Congreso o el Senado para hablar con quién y acerca de qué, qué viajes oficiales hay, a dónde son, cuánto cuestan, qué se va a hacer allí, qué trabajo real lleva a cabo cada cargo electo o funcionario público…
También debería ser accesible, por encima de las normativas que protegen este tipo de nombramientos, la información al respecto del personal contratado con dinero público aunque no sean cargos electos o funcionarios. Por ejemplo, cuánto personal de confianza hay, quiénes son, cuánto cobran, por qué se les contrata a ellos y no a otros, cuáles son sus méritos o aptitudes…