Source: https://es.scribd.com/document/100425421/DC-02-03-Tipos-de-Educacion-y-Proyectos-Educativos
Timestamp: 2020-08-13 16:04:56
Document Index: 323857561

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 27', 'Artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 27']

Tipos de educación y proyectos educativos | Libertad académica | Plan de estudios
Tipos de educación y proyectos educativos
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JURISPRUDENCIA DE MEDIOS 3
DC 02-03
Al redactar el artículo 27 de la Constitución se evitó aludir de modo ex- preso al “derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. 1 Sin embargo, la primera de las leyes orgánicas que desarrolló este artículo constitucional se refirió al derecho de los padres o tutores a “ele- gir el tipo de educación que deseen para sus hijos o pupilos”. Ninguna de las leyes posteriores ha sido tan explícita al respecto. 2 La educación de una persona puede tener orientaciones ideológicas distintas, según la concepción de la persona humana, la vida y el mundo. Ésta es la razón que justifica la pluralidad de ofertas educativas que ca- racteriza a las sociedades democráticas, en las que el derecho de todos a la educación debe ser ejercido en un marco de libertad de enseñanza. 3
La Constitución Española proclama el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza, y establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los princi- pios democráticos de convivencia y a los derechos y libertados funda- mentales”. A continuación, atribuye a los poderes públicos la responsabi- lidad de garantizar no sólo el derecho a la educación sino también el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La misma Constitución afirma: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante la programación general de la enseñanza (…) y la creación de centros docentes”. Y también: “Se reco- noce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. 4 En ninguno de sus artículos la Constitución afirma que corresponde a los poderes públicos establecer el tipo de educación que deben recibir todos los ciudadanos.
En este marco constitucional, y como ya habían hecho las leyes anterio- res, la LOE reconoce expresamente que existen dos tipos de centros do- centes, los creados por los poderes públicos, llamados centros públicos, y los creados por la iniciativa social o centros privados. Por ello, la naturaleza jurídica de estos dos tipos de centros es dis- tinta, y se mantiene aunque los centros privados accedan al régimen de conciertos establecido por la LODE. Los centros privados podrán tener un carácter propio que exprese el tipo de educación que ofrecen, y esto les distingue claramente de los centros docentes públicos. 5 Veámoslo con más detalle.
La Constitución no alude expresamente a la diversidad de tipos de educación
Las responsabilidades de los poderes públicos
Dos tipos de centros:
El debate político suscitado en el proceso de elaboración de las primeras leyes orgánicas que regulaban el ejercicio del derecho a la educación motivó varias intervenciones del Tribunal Constitucional, que elaboró una extensa y rica doctrina sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. En particular, justificó las diferencias existentes entre los centros docentes públicos y los privados concertados. En sus sentencias, el TC se refiere al derecho de los centros priva- dos a ofrecer a las familias un determinado tipo de educación, como expresión de la libertad de enseñanza y como único modo de garantizar el ejercicio del derecho de los padres a dar a sus hijos una educación acorde con sus convicciones religiosas y morales. En concreto, el TC explica cómo el derecho de los titulares de los centros privados a “establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución forma parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter u orientación propios”. 6 De hecho, la oferta de un determinado tipo de educación es la razón de ser del carácter pro- pio de muchos centros privados. Por su parte, la LOE reconoce expresamente al derecho de los titu- lares de los centros privados a establecer el carácter propio de los mis- mos, pero no se refiere a la existencia de diversos tipos de educación en ninguno de sus artículos. Da la impresión de que la expresión tipo de educación no es del agrado de todos. Quizá por esta razón, desde la aprobación de la LODE en 1985 todas las leyes orgánicas la han evitado.
En cambio, los centros docentes públicos no pueden ofrecer un tipo de educación que responda a una determinada orientación ideológica, ya que “todas las instituciones públicas, y muy especialmente los centros docentes, han de ser ideológicamente neutrales”. 7 Esta característica esencial de los centros públicos no impide que elaboren sus propios proyectos educativos, aunque éstos deberán necesa- riamente limitarse a aspectos que no supongan una determinada orienta- ción ideológica que dé lugar a un tipo de educación en el sentido descrito anteriormente.
Por la misma razón, al establecer los currículos correspondientes a las diversas etapas del sistema educativo las Administraciones educativas deben limitarse a fijar unos objetivos y unos contenidos de enseñanza que no se inspiren en una determinada orientación ideológica, con el fin de que puedan ser aceptados por parte de todos los ciudadanos. Es decir, los currículos deben ser, necesariamente, ideológicamente neutrales. De este modo, las enseñanzas que se impartan a los alumnos en los centros públicos serán igualmente respetuosas de las convicciones de las familias que “por decisión libre o forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita”. 8 Este principio tendrá particular importancia en el proceso de elabo- ración de los proyectos educativos de los centros públicos y de los cen-
El derecho de los centros privados a ofrecer un determinado tipo de educación
La situación de los centros docentes públicos es distinta
Los currículos establecidos por las Administraciones educativas
tros privados, e incidirá sobre todo en la labor de concreción de los currí- culos establecidos por la Administración educativa, cuyo resultado debe- rá formar parte del proyecto educativo de cada centro escolar.
1 Cf. Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que alude expresamente el artículo 10.2 de la Constitución al establecer el criterio de interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales que la misma Constitución reconoce.
2 Cf. LOECE, 5.1.
3 El artículo 27 de la Constitución Española empieza así: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
4 Cf. Constitución Española, 27. Al redactar el contenido de este artículo de la Constitución se discutió sobre la oportunidad de reconocer explícitamente “la libertad de creación y dirección de centros do- centes”, tal como está proclamada en artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En aquel momento, y en aras del necesario consenso, no se consideró oportuna la inclusión de la palabra dirección en el apartado 27.6. Sin embargo, así se hizo en el artículo 21 de la LODE, que reconoce explícitamente que “toda persona física o jurídica de carácter privado y de na- cionalidad española tiene libertad para la creación y dirección de centros docentes privados, dentro del respeto a la Constitución y a lo establecido en la presente Ley. Este artículo de la LODE sigue vigente. En la sentencia 77/1985 relativa a la LODE, el TC se pronunció en los términos siguientes: “Es forzoso reconocer la existencia de un derecho de los titulares de centros docentes privados a la direc- ción de los mismos, derecho incardinado en el derecho a la libertad de enseñanza de los titulares de dichos centros. Aparte de que el acto de creación o fundación de un centro no se agota en sí mismo, sino que tiene evidentemente un contenido que se proyecta en el tiempo y que se traduce en una potes- tad de dirección del titular, cabe recordar que el cuarto y último párrafo del artículo 13 del Pacto In- ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por España, señala ex- presamente que «nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la liber- tad de los particulares para establecer y dirigir instalaciones de enseñanza» incluyendo así el concepto de «dirección» en un texto con el valor interpretativo que le atribuye el artículo 10, número 2 de la C.E. Este derecho, por otra parte, no se confunde con el de fijar un carácter propio del centro: sino por el contrario es más bien una garantía de éste último, a parte de que tenga otros contenidos” (FJ 20).
5 Cf. LOE, 108.
6 Cf. STC 5/1981, relativa a la LOECE, FFJJ 5-12; STC 77/1985, relativa a la LODE, FFJJ 6-10.
7 El Tribunal Constitucional lo ha expresado en los términos siguientes:
“En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas se seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 Constitución), es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñan- zas se neutralizan recíprocamente. La neutralidad ideológica de la enseñanza en los centros escolares públicos regulados por la LOECE impone a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud com- patible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzadas por las circunstan-
cias, no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y ex- plícita” (STC, 5/1981, FJ 9). Ibid.
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