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Timestamp: 2020-08-03 12:37:13
Document Index: 390974250

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'artículo 7', 'Artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 4']

Ley 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción. | Col·legi de Notaris de Catalunya
Ley 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 10/1997, de 3 de julio, de la Renta Mínima de Inserción.
Los problemas de la pobreza y la marginación evolucionan a lo largo del tiempo y presentan hoy en día un perfil diferente al del pasado inmediato. Este perfil varía también según el espacio físico y social donde vive la persona afectada.
El Parlamento de Cataluña, el 17 de noviembre de 1989, aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno de la Generalidad a continuar y completar los estudios y consultas que deben permitir incluir en los presupuestos de la Generalidad para el año 1990 las partidas que aseguren la renta mínima al mayor número posible de familias necesitadas y les faciliten unas posibilidades mayores de inserción.
La renta mínima de inserción es una acción de solidaridad de carácter universal hacia los ciudadanos y ciudadanas con graves dificultades económicas y sociales que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley. Además, tiene el propósito de resolver los problemas personales que motivan algunas de las situaciones de dificultad; es decir, con las actuaciones de inserción procura que las personas atendidas puedan alcanzar la plena autonomía personal, familiar, económica y social.
a.	La renta mínima de inserción es un instrumento de inserción mediante un tratamiento integral, y no sólo pecuniario, de las situaciones de pobreza y marginación. Este tratamiento global queda configurado por la concurrencia de cinco bloques de prestaciones: primero, prestaciones de urgencia y resarcimiento; segundo, acciones de apoyo a la integración social, acciones de información y orientación y acciones de apoyo para la colaboración cívica; tercero, acciones de formación de adultos; cuarto, acciones de apoyo a la inserción laboral, y quinto, concesión de una prestación económica.
b.	La renta mínima de inserción, por su naturaleza de actuación integral y por la necesidad de un tratamiento personalizado y contextualizado en el entorno comunitario de las personas destinatarias, conlleva la responsabilidad y colaboración fundamental de los servicios sociales de atención primaria de los Ayuntamientos y Consejos Comarcales. También es necesario, sin embargo, que intervengan muy activamente las entidades de iniciativa social que ya trabajan en el campo de la exclusión social.
c.	Uno de los objetivos de la prestación económica de la renta mínima de inserción es atender las necesidades básicas. Tiene un carácter subsidiario y complementario respecto a otros sistemas de protección pública u otros ingresos. Se concede únicamente por carencia o como complemento de otras ayudas establecidas en la vigente legislación y de ingresos o rentas personales de las personas destinatarias.
d.	La prestación económica trata de atender las condiciones peculiares de cada núcleo familiar, distintos, obviamente, por razón, no sólo del número de personas que lo componen, sino también de muchos otros factores. La percepción de esta prestación debe mantenerse mientras dure la situación de necesidad que la motivó y se cumpla el resto de requisitos.
e.	De conformidad con las directrices del Consejo de Europa y de la Resolución 217/1988, de 16 de septiembre, del Parlamento Europeo, se considera muy conveniente que las personas en situación de exclusión social contribuyan a superar sus problemas llevando a cabo diferentes actividades encaminadas a la inserción o reinserción. Se considera también indispensable que, además de la inserción social, y en los casos en que sea posible, se intente lograr la inserción laboral, que contribuye a recuperar la autoestima, la autonomía personal y la consideración del entorno social y familiar.
f.	Para el seguimiento de los resultados de la renta mínima de inserción se establece un sistema coordinado por la Generalidad que cuenta con la participación de los distintos entes que están objetivamente interesados en la lucha contra la pobreza: Ayuntamientos, Consejos Comarcales, entidades de iniciativa social y organizaciones profesionales, sindicales, empresariales y cívicas.
La Ley de la Renta Mínima de Inserción se estructura en cinco capítulos. El capítulo I comprende las disposiciones directivas de la renta mínima de inserción, fija su objeto y contenido y define los conceptos básicos relativos a las personas destinatarias y otros como los de unidad familiar, núcleo de convivencia familiar y hogar independiente.
El capítulo II de la Ley indica que requisitos deben cumplir los solicitantes y titulares de la renta mínima de inserción, así como las obligaciones que son exigibles a las personas titulares para seguir siendo destinatarias.
El capítulo III, bajo el título Gestión y organización, determina que la renta mínima de inserción sea gestionada por la Comisión Interdepartamental, que es un órgano de dirección y coordinación de las funciones de los Departamentos de Trabajo y de Bienestar Social. Establece las funciones de esta Comisión, la dota de un órgano técnico administrativo y establece mecanismos de coordinación que permitan una implicación más directa de otros Departamentos de la Generalidad, tales como los de Enseñanza, Sanidad y Seguridad Social o Justicia. Igualmente, la Comisión debe contar con un órgano asesor, el Comité de Seguimiento, en el que deben estar representadas las administraciones locales y las entidades y organismos relacionados con la renta mínima de inserción. En este capítulo también se regulan el contenido y tramitación del Plan individual de inserción y reinserción social y laboral.
DISPOSICIONES DIRECTIVAS.
Artículo 1. Principios y objeto de la Ley.
La presente Ley, basándose en los principios de igualdad, solidaridad y subsidiariedad, regula la renta mínima de inserción (RMI) como derecho de carácter universal garantizado por el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
1. La finalidad de la renta mínima de inserción es prestar el apoyo adecuado a todas las personas que lo precisen para atender las necesidades básicas para vivir en la sociedad, con los recursos convenientes para su mantenimiento, así como para favorecer su inserción o reinserción social y laboral.
1. La renta mínima de inserción alcanza sus objetivos mediante la elaboración de un Plan individual de inserción y reinserción social y laboral (PIR), establecido en el artículo 9, que puede comprender la aplicación coordinada de todas o algunas de las siguientes actuaciones y prestaciones:
a.	Prestaciones de urgencia y resarcimiento.
b.	Apoyo a la integración social, información y orientación, y apoyo para la colaboración cívica.
c.	Formación de adultos.
d.	Apoyo a la inserción laboral.
e.	Prestación económica.
f.	Cuantas se establezcan en el futuro.
a.	Se entiende por titular la persona a cuyo favor se ha aprobado un Plan individual de inserción y reinserción social y laboral.
b.	Se entiende por beneficiario la persona o personas que están a cargo de un titular y que forman parte del Plan individual de inserción y reinserción social y laboral como miembros de la unidad familiar.
c.	Se entiende por destinatario la persona titular y las beneficiarias.
Artículo 5. Unidad familiar, núcleo de convivencia familiar y hogar independiente.
1. En la aplicación de la renta mínima debe tenerse en cuenta a las personas destinatarias de las ayudas, tanto si viven solas como en calidad de miembros de una unidad familiar, entendida como grupo de convivencia por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado. La relación de parentesco cuenta a partir de la persona titular. En los casos en que se justifique debidamente su necesidad, la Comisión Interdepartamental puede pronunciarse para autorizar motivadamente la consideración de miembros de la unidad familiar a personas con un grado de parentesco más alejado.
REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS DESTINATARIOS.
Artículo 6. Requisitos para ser titular de las prestaciones de la renta mínima de inserción.
1. Tienen derecho a las prestaciones que establece la renta mínima de inserción todas las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:
a.	Que estén empadronadas o se empadronen en el momento de hacer la solicitud de prestación en cualquiera de los municipios de Cataluña.
b.	 En el caso de las mujeres que sufren violencia machista o que superan una situación de violencia machista y que cumplan los requisitos exigidos por esta Ley, únicamente deben tenerse en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la mujer solicitante, y no se computan en estos casos las rentas o ingresos de otros miembros de la unidad familiar que convivan con la misma.
c.	Que constituyan un hogar independiente, como mínimo, un año antes de la fecha de presentación de la solicitud. Quedan exentas de tales requisitos las personas que tengan menores o personas con disminución a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.e.
d.	Que tengan una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cinco años, o bien que no alcancen los veinticinco años en los siguientes casos: que tengan menores o personas con disminución a su cargo, o bien que estén en situación de desamparo o riesgo social, de acuerdo con las condiciones que se determinen por Reglamento.
e.	 Que no dispongan de los medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida. Se consideran en esta situación las personas o las unidades familiares que no obtengan durante los seis meses anteriores unos ingresos superiores a la prestación económica de la Renta Mínima de Inserción que corresponda al mismo periodo. Se computa como ingresos de la unidad familiar sólo la parte de las pensiones de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad que perciba cada miembro de la unidad familiar que no sea el titular, que exceda el importe de la prestación económica básica de la Renta Mínima de Inserción. En el caso de convivir dos o más unidades familiares, los ingresos conjuntos de las personas que forman parte del núcleo de convivencia familiar no pueden superar, por cada miembro, la prestación básica de la Renta Mínima de Inserción y éstos no pueden disponer de bienes muebles o inmuebles que, por sus características, indiquen de forma notoria que hay bienes materiales suficientes para atender la subsistencia. En el supuesto de percepción de ingresos irregulares, tanto con respecto a la cuantía como con respecto a la periodicidad, se debe tener como referencia la media de los obtenidos los seis meses anteriores a la solicitud.
f.	Que se comprometan a participar en las actividades que deben formar parte del PIR, diseñadas, a ser posible, con su colaboración, y que deben articular fórmulas de inserción o reinserción social y laboral adaptadas hasta donde sea posible a la situación, capacidad y recursos de las personas o familias, a fin de restablecer su plena autonomía personal y familiar. Dichas actividades deben recogerse en el convenio de inserción, que debe ser firmado por el titular y demás beneficiarios de la unidad familiar que sean mayores de edad, susceptibles de recibir medidas de inserción, una vez aprobado el PIR.
a.	La persona solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar con derecho a percibir otras prestaciones públicas cuyo importe supera la prestación económica de la renta mínima, calculada de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y la correspondiente disposición reglamentaria.
b.	La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar que han causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de la renta mínima.
c.	La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar que están en situaciones derivadas de despidos laborales, expedientes de regulación de empleo u otras similares que se hallan en trámite judicial o administrativo, y se comprueba que la cuantía que deben recibir por razón de las citadas situaciones puede ser superior al cómputo anual de la renta mínima. En todo caso, tiene derecho a la concesión provisional, y, en el supuesto de que la demanda prospere, el beneficiario, desde la ejecución de la sentencia, queda obligado a devolver una cuantía igual a la obtenida hasta el límite de la prestación económica que haya percibido.
d.	La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar que perciben o han percibido de forma indebida, en los últimos cinco años, por causas comprobadamente atribuibles al titular, cualquier tipo de prestación pública. Para poder volver a tramitar la renta mínima en tales circunstancias debe haber transcurrido, como mínimo, un año desde la presentación de la solicitud. Se exceptúan las irregularidades que se mencionan en el artículo 24.1.c.
e.	La persona solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar que tienen bienes muebles o inmuebles que, por sus características, indican que existen bienes materiales suficientes para atender su subsistencia. La titularidad o usufructo de la vivienda habitual no implica necesariamente la denegación de tal prestación.
f.	Las personas solicitantes cuyo núcleo de convivencia familiar tiene otros destinatarios de la renta mínima.
g.	La persona solicitante que legalmente tiene derecho a percibir una pensión alimentaria de su cónyuge u otros parientes y no la recibe, pero no ha interpuesto la correspondiente reclamación judicial, excepto en los casos que se determinen por Reglamento.
Artículo 7. Obligaciones de los destinatarios.
Los destinatarios quedan obligados a:
a.	Aplicar las prestaciones a las finalidades correspondientes.
b.	Comunicar a la entidad gestora que corresponda, en el plazo de un mes, los cambios de situación personal o patrimonial que de acuerdo con la presente Ley puedan modificar, suspender o extinguir la prestación.
c.	Firmar y cumplir el convenio de inserción que se establezca en cada caso y llevar a cabo todas las demás actividades que deriven de la finalidad de la renta mínima.
d.	Facilitar la tarea de las personas que deben evaluar su situación y colaborar con las mismas.
e.	Reclamar cualquier derecho económico que pueda corresponderles por cualquier título y ejercer las correspondientes acciones para hacerlo efectivo.
f.	No rechazar una oferta de empleo adecuada en los términos establecidos en la correspondiente normativa.
g.	Participar, de acuerdo con el PIR y en función de su disponibilidad, en actividades de colaboración social y cívica.
h.	No mendigar ni inducir a ello a ningún miembro de la unidad familiar.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN.
Artículo 8. Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción y Comité de Seguimiento.
1. La renta mínima de inserción se gestiona mediante la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción, que actúa como órgano de dirección y coordinación de las funciones de los Departamentos de Trabajo y de Bienestar Social.
a.	Impulsar la aplicación de la prestación de la renta mínima de inserción en todos sus aspectos.
b.	Emitir informes vinculantes sobre los proyectos presentados en los términos establecidos en los artículos 9 y 11.
c.	Coordinar, con carácter general, las actuaciones relativas a la renta mínima de inserción de los servicios sociales de atención primaria de los Ayuntamientos y de los Consejos Comarcales que tengan asumidas dichas competencias, así como coordinar las colaboraciones de las entidades de iniciativa social que participen en la misma. Con estas finalidades, la Comisión puede dictar las instrucciones necesarias.
d.	Emitir un informe vinculante de homologación de las entidades de iniciativa social, previo dictamen de los Ayuntamientos y Consejos Comarcales afectados, oídas las entidades de iniciativa social ya homologadas que actúan en el correspondiente territorio.
e.	Evaluar periódicamente la prestación de la renta mínima de inserción en conjunto para valorar su grado de desarrollo y los resultados de su aplicación. A tal fin, al menos cada tres años, debe encargar las estadísticas e investigaciones que considere necesarias, así como emitir su correspondiente informe. Cada año debe informar al Parlamento de Cataluña de la gestión del programa y la valoración del desarrollo y los resultados de su aplicación.
f.	Proponer al Gobierno las modificaciones que considere oportuno introducir en la normativa reguladora de la renta mínima de inserción.
g.	Realizar el seguimiento y coordinación de otras actuaciones que estén relacionadas con la renta mínima. A tal efecto, debe coordinarse con los Departamentos de la Generalidad que correspondan.
h.	Planificar, coordinar, diseñar, elaborar y mantener las estadísticas relativas a la renta mínima de inserción.
i.	Las demás establecidas en la presente Ley.
a.	Conocer la aplicación de la renta mínima y el desarrollo de otras actuaciones que estén relacionadas con la misma.
b.	Valorar periódicamente los resultados de la renta mínima y demás actuaciones que estén relacionadas con la misma, así como formular observaciones, propuestas y proyectos de modificación de la normativa y de aplicación de la renta mínima de inserción.
c.	Emitir informe sobre las consultas que le formule la Comisión.
d.	Las demás establecidas en la presente Ley.
Artículo 9. Plan individual de inserción y reinserción social y laboral (PIR).
1. La renta mínima de inserción se concede a los solicitantes, que pueden ser personas solas o formar parte de una unidad familiar, y se aplica a los destinatarios mediante los Planes individuales de inserción y reinserción social y laboral (PIR).
Artículo 10. Presentación de las solicitudes.
Los proyectos de los PIR deben ser presentados por los entes locales al Departamento de Bienestar Social, el cual debe realizar los correspondientes trámites para someterlos a la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción.
Artículo 11. Aprobación del Plan individual de inserción y reinserción social y laboral.
1. La Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción debe emitir informe vinculante, con un pronunciamiento de aprobación o desestimación de cada proyecto. La aprobación puede ser total o parcial. El informe debe ser trasladado a las Direcciones Generales competentes a fin de que adopten las resoluciones que en cada caso procedan.
Contra la resolución de aprobación, denegación, modificación, suspensión o extinción de la renta mínima de inserción, la persona solicitante puede interponer recurso ante el Departamento competente.
Artículo 13. Confidencialidad de los datos.
1. Los datos personales e informes sociales necesarios para acceder a la renta mínima de inserción deben limitarse a los imprescindibles.
Artículo 14. Coordinación de las actuaciones, evaluación y formación.
1. Para coordinar y racionalizar todas las actuaciones que derivan de la aplicación de la renta mínima de inserción en el campo de la atención social primaria, pueden constituirse organismos de coordinación, de ámbito municipal, comarcal o regional, cuya composición y funcionamiento deben fijarse por Reglamento. Tales organismos deben disponer de la información necesaria para gestionar adecuadamente la coordinación y favorecer la racionalización de la renta mínima de inserción en el campo de los servicios sociales de atención primaria.
ACTUACIONES Y PRESTACIONES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
Artículo 15. Prestaciones de urgencia y resarcimiento.
1. Las prestaciones de urgencia y resarcimiento tienen por objeto cubrir las carencias materiales concretas, tanto las preexistentes como las que aparezcan durante la aplicación del PIR.
Artículo 16. Apoyo a la integración social.
1. Las actuaciones de apoyo a la integración social son las siguientes:
a.	El apoyo y la motivación personal para la integración de carácter psicológico, social y educativo, a fin de superar desestructuraciones y carencias personales y familiares de los destinatarios. Siempre que sea posible, tales actuaciones deben realizarse intentando recuperar el apoyo de la familia.
b.	La información y orientación para que las personas afectadas conozcan los servicios que normalmente pueden obtenerse de las administraciones, la iniciativa social y la red comunitaria.
c.	El apoyo para la colaboración cívica a fin de fomentar la autoestima e integración de los destinatarios en el ámbito comunitario. Deben determinarse por Reglamento las actividades de colaboración.
d.	Las demás actuaciones de apoyo a la integración social que puedan resultar necesarias.
Artículo 17. Acciones de formación de adultos.
1. Las acciones de formación de adultos consisten en actuaciones formativas dirigidas a las personas adultas para que logren la formación básica, que debe permitirles la inserción o reinserción social o laboral y su realización personal, a través del Departamento de Bienestar Social.
Artículo 18. Apoyo a la inserción laboral.
1. Las actuaciones de motivación, orientación laboral y formación ocupacional y de apoyo para la inserción laboral son ejercidas por el Departamento de Trabajo, el cual, dentro de sus posibilidades, debe adecuar la oferta formativa ocupacional a los colectivos más necesitados.
Artículo 19. Prestación económica.
1. La prestación económica de la renta mínima de inserción tiene carácter periódico, está sujeta al correcto desarrollo del PIR y su cuantía está en función de las cargas familiares de la persona perceptora. Tiene como finalidad atender las necesidades de alimentos y subsistencia y es gestionada por el Departamento de Trabajo.
Artículo 20. Financiación de la renta mínima de inserción.
1. Los gastos administrativos del funcionamiento de la Comisión Interdepartamental y su órgano técnico administrativo son a cargo de los Departamentos de Trabajo y de Bienestar Social.
a.	Los gastos de las actuaciones de apoyo a la integración social, que deben financiarse de acuerdo con la normativa o convenio vigentes.
b.	Los gastos de las acciones de formación de adultos.
a.	El abono de la prestación económica de la renta mínima de inserción.
b.	Los gastos de motivación y orientación laboral, de formación ocupacional y de inserción laboral.
c.	Los correspondientes gastos de las subvenciones a las empresas, entidades de inserción, administraciones locales y demás instituciones públicas que participen en el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a los titulares de un Plan individual de inserción y reinserción social y laboral de la renta mínima de inserción.
Artículo 21. Importe de la prestación económica.
1. El importe de la prestación económica básica y de los complementos debe revalorizarse anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) previsto para el año. Si el IPC acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización es superior al previsto para el mismo período, debe procederse a la correspondiente actualización, de acuerdo con lo establecido en la respectiva Ley de Presupuestos de la Generalidad. A tal efecto, los titulares cuyas prestaciones hayan sido objeto de revalorización en el anterior ejercicio deben recibir la diferencia en un pago único, antes del día 1 de mayo del ejercicio posterior. Si el IPC previsto para un ejercicio por la Ley de Presupuestos Generales del Estado resulta superior al realmente producido en el período de cálculo de referencia, las diferencias deben ser absorbidas en la revalorización que haya que aplicar en el siguiente ejercicio.
Artículo 22. Modificación y suspensión.
1. El cambio de las situaciones personales y económicas o patrimoniales de cualquiera de los componentes de la unidad familiar puede motivar la reducción o aumento de la prestación económica en la forma que se determine por reglamento.
1. El abono de la prestación económica debe efectuarse una vez acordada la concesión de la prestación, con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el correspondiente Registro de la Generalidad o de la fecha en que se haya completado toda la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de los requisitos. El pago de tal prestación económica debe realizarse por meses vencidos y directamente al titular. No pueden producirse atrasos en el pago superiores a un mes. El pago de los atrasos en ningún caso puede superar el importe de una mensualidad además de la corriente. Excepcionalmente, dicho pago puede hacerse a la entidad que atienda a la persona destinataria, cuando ello pueda asegurar su finalidad.
Artículo 24. Extinción de la prestación.
1. La prestación económica se extingue:
a.	Por pérdida de alguna de las condiciones exigidas para su concesión.
b.	Por muerte o ausencia no justificada del titular.
c.	Por la comisión de irregularidades comprobadas, encaminadas a su obtención o conservación. En tal caso, no puede volverse a solicitar la prestación hasta transcurrido, como mínimo, un año desde el acuerdo de extinción.
d.	Por traslado de la residencia a un municipio situado fuera del ámbito territorial de Cataluña.
e.	Por incumplimiento reiterado, por causa imputable al titular, de las obligaciones establecidas en el artículo 7.
Artículo 25. Conservación de otras actuaciones.
La suspensión o extinción del pago de la prestación económica no implica necesariamente el mismo efecto respecto a las demás actuaciones establecidas en la presente Ley. Los destinatarios pueden seguir disfrutando de las demás medidas encaminadas a la inserción social y laboral y a la prevención de nuevas situaciones de pobreza o marginación, si sus circunstancias lo requieren.
1. A partir del 1 de junio de 2010, y para el periodo de un año, el número de meses a computar para determinar los ingresos para tener derecho a las prestaciones que establece la Renta Mínima de Inserción a qué hace referencia el artículo 6.1, apartado e de la presente Ley, será de cuatro meses. Esta medida se puede prorrogar en función de la evolución de la situación socioeconómica, que debe ser valorada previamente por el Comité de Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción.
Por Reglamento puede eximirse parcialmente del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley a las personas a que se refiere el artículo 4.a y b de la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de Relaciones con las Comunidades Catalanas del Exterior, a efectos de que puedan acceder a las prestaciones de la renta mínima de inserción.
Palacio de la Generalidad, 3 de julio de 1997.
Ignasi Farreres i Bochaca,
Consejero de Trabajo.
dijous, 3 juliol, 1997