Source: http://otrafuncionpublica.blogspot.com.es/2009/11/
Timestamp: 2017-04-28 16:01:53
Document Index: 278694798

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 23']

CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): noviembre 2009
El Gobierno asturiano incumple sistemáticamente la ley en la ejecución de la oferta de empleo público
El artículo 40 de la Ley asturiana 3/1985 define la oferta de empleo público de la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio correspondiente como el conjunto de plazas vacantes en las plantillas de personal dotadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.Al efecto de ejecutar adecuadamente dicha oferta los artículos 41.1 y 42 imponen al Gobierno asturiano tres obligaciones sucesivas: la primera, que una vez publicada la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, debe ser sometida al Consejo de Gobierno la propuesta de aprobación de dicha oferta; la segunda, que una vez se haya publicado la oferta de empleo público, serán convocadas, dentro del primer trimestre de cada año natural, las correspondientes pruebas selectivas de acceso a las plazas vacantes, y la tercera, que las convocatoria deberán concluir necesariamente antes del 1º de octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos de formación que se establezcan.La práctica administrativa demuestra, de manera reiterada y constante, que una buena parte de las convocatorias de pruebas selectivas se hacen fuera del primer trimestre del ejercicio presupuestario correspondiente, llegando incluso a solaparse convocatorias correspondientes a ofertas de empleo público de diferentes años, y que dichas pruebas selectivas no se concluyen dentro del plazo que fija la ley.Esta situación irregular se produce, sólo y exclusivamente, por una endémica ausencia de medios materiales y personales dedicados a la selección de personal, que genera retrasos inadmisibles en el desarrollo de los procesos selectivos y que contrasta llamativamente con el despliegue de medios que se ha efectuado para la puesta en marcha de una carrera profesional horizontal sin cobertura legal, con la creación de una Dirección General “ad hoc”, ampliamente nutrida de puestos de confianza.Siendo grave esta situación desde el punto de vista del estricto cumplimiento de la legalidad en la gestión de las ofertas públicas de empleo, dicha gravedad se ve significativamente acrecentada si se tiene en cuenta que con estas dilaciones y retrasos inadmisibles se está dando carta de naturaleza a la precarización laboral del empleo público, con la prolongación de las relaciones de interinidad más allá de lo legalmente admisible – el artículo 10.1 de la Ley 7/2007 prevé el nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera sólo por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia -, repercutiendo finalmente en la calidad, eficiencia y legalidad de los servicios públicos afectados. Texto completo del informe - denuncia sobre la situación de la Función Pública asturiana en:http://sites.google.com/site/cofpas/Home/INFORMEGENERAL%5B1%5D.doc?attredirects=0 http://sites.google.com/site/cofpas/Home/INFORMEXENERAL%5B1%5D.doc?attredirects=0
El mantenimiento de nombramientos provisionales o en comisión de servicios por plazos muy superiores a los legalmente establecidos, sin que se convoquen los preceptivos concursos de méritos, está impidiendo a los empleados públicos el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la promoción profesional en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.El artículo 52.1 de la Ley asturiana 3/1985 dispone que los puestos de trabajo vacantes cuya provisión sea considerada de urgente o inaplazable necesidad podrán ser cubiertos provisionalmente por funcionarios que reúnan las condiciones exigidas en cada caso y de residencia mas próxima al puesto, durante un tiempo máximo de un año. Por su parte el artículo 53 establece que la provisión de puestos de trabajo vacantes cubiertos provisionalmente deberá ser convocada, al menos, con periodicidad anual, así como que los puestos de trabajo vacantes con idénticas características esenciales y que exijan iguales requisitos para su desempeño, deberán ser cubiertos en convocatoria conjunta.La práctica administrativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sin embargo, se separa total y absolutamente de las prescripciones legales, de tal manera que los nombramientos provisionales se prolongan en el tiempo durante varios, sin que concurra causa objetiva alguna que lo justifique y, en consecuencia, los puestos de trabajo así cubiertos se sustraen a la preceptiva convocatoria pública conforme al procedimiento normal u ordinario de provisión que es el concurso de méritos.En este sentido, constatamos que el último concurso de méritos resuelto para la cobertura de puestos de trabajo singularizados o de ascenso de jefatura de negociado o similares se remonta al año 1.999 (convocatoria publicada en BOPA de 14 de septiembre de 1.998) a pesar de que existe un elevado número de puestos de esta naturaleza cubiertos provisionalmente o en comisión de servicios por un plazo muy superior al máximo de un año que permite la ley.En parecida situación se encuentran los puestos singularizados de jefatura de sección o similares – letrados, inspectores etc.-, cuyo último concurso de méritos válidamente resuelto se remonta al año 2001 (convocatoria publicada en BOPA de 30 de marzo de 2001), encontrándose una buena parte de estas plazas ocupadas por funcionarios nombrados en comisión de servicios durante varios años consecutivos, o incluso y en no pocos casos, por funcionarios interinos.Tampoco ha sido ajena la Administración asturiana al intento de favorecer en la convocatoria de concursos de méritos esas situaciones irregulares creadas por ella misma, articulando bases en las que se valoraban los méritos específicos acumulados por el desempeño provisional de un puesto de trabajo por un tiempo superior al del tope legal de un año, o excluyendo a determinados puestos de la convocatoria pública. Estas actuaciones, escasamente respetuosas con los principios constitucionales de igualdad , mérito y capacidad, fueron declaradas ilegales por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia en la sentencia de apelación nº 248/07, de 12 de noviembre de 2007 (Anexo 5), en la que se anula un concurso de méritos de puestos de jefatura de negociado y nivel similar. En el fundamento de derecho tercero la Sala pone de manifiesto que “no entra en el margen de discrecionalidad de la Administración el incluir o no incluir las vacantes en el concurso pues ello es contrario a lo que establecen los artículos 2.3 y 7.1 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, así como los artículos 52.1 y 53 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, los cuales son claros y tajantes al ordenar que las plazas que por razones de urgencia hayan de cubrirse mediante comisión de servicios se convoquen en el año siguiente, ya que dichas comisiones de servicio no deben durar más de un año, y ello es obvio que se ha incumplido por la Administración”, mientras que el fundamento derecho quinto declara que “tampoco es conforme a derecho que se puntúe esa experiencia más de un año”.Como, en la práctica, los nombramientos provisionales o en comisión de servicios no se someten a procedimiento objetivo alguno, de tal manera que la Administración designa con total discrecionalidad al funcionario de su confianza personal y al margen de toda valoración de méritos, nos encontramos de “facto” con una situación real en la que la carrera profesional vertical o de ascenso se articula al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad, con grave quebranto del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución española y en el artículo 14 c) de la Ley 7/2007, en el que se reconoce a los empleados públicos el derecho individual a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y conforme a procedimientos objetivos y transparentes de evaluación.Texto completo del informe - denuncia de COFPA sobre la situación de la Función Pública asturiana en :http://sites.google.com/site/cofpas/Home/INFORMEGENERAL%5B1%5D.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/cofpas/Home/INFORMEXENERAL%5B1%5D.doc?attredirects=0
POLÍTICOS EN LA OSCURIDAD ACORDANDO MEDIDAS DE TRANSPARENCIA
PSOE y PP preparan una contraofensiva legislativa ante la oleada de escándalosLos partidos estudian cambiar hasta cuatro leyes y se emplazan a cerrar acuerdos http://www.elpais.com/articulo/espana/PSOE/PP/preparan/contraofensiva/legislativa/oleada/escandalos/elpepiesp/20091101elpepinac_11/Tes/ LAS PROPUESTAS DE LOS DOS PRINCIPALES PARTIDOS- PSOEEstatuto de representantes locales. Se regularán los derechos y deberes de los concejales para reforzar el control de sus patrimonios y su capacidad de fiscalizar contratos y adjudicaciones. También se regulará los requisitos para crear comisiones de investigación.Los contratos y convenios de larga duración deben pasar por el pleno y no por la comisión de gobierno de los ayuntamientos.El pleno fiscaliza también y examina a los responsables de organismos públicos y servicios municipales.Reforma del Código Penal para endurecer las penas y establecer penas de cárcel también para el cohecho impropio.- PARTIDO POPULARCódigo ético interno para dar transparencia a las contrataciones del partido, casi como si fueran de organismos públicos.Reforma de la ley de Financiación de Partidos para que las constructoras no puedan hacer donaciones, se supriman las condonaciones de deudas, se fiscalicen las cuentas locales y las sanciones del Tribunal de Cuentas serán imperativas.Reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos.Nuevo sistema de financiación local para que los ayuntamientos no dependan del urbanismo.Reforma del Código Penal para endurecer las penas. Publicado por
Función pública: ni mérito, ni capacidad ( a propósito de la realidad asturiana)
Rosa CobosFunción pública: ni mérito ni capacidadhttp://rosacobos.wordpress.com/2008/05/08/funcion-publica-ni-merito-ni-capacidad/Voy a hablar en esta ocasión de igualdad; pero no de esa que ya tiene un Ministerio, sino de otra igualdad cuya vulneración no produce daños físicos ni mentales tan graves como los que genera la violencia de género pero que, no obstante, puede llegar a ser muy preocupante si no se detiene a tiempo puesto que la inobservancia de las normas legales que garantizan el tipo de igualdad a que me voy a referir, también atenta contra los principios básicos que sostienen una sociedad democrática como la nuestra. Porque, después de todo, lo peor que puede sucedernos a las personas es acostumbrarnos y aceptar como algo natural determinadas prácticas que fomentan y asientan la desigualdad. Me quiero referir al principio de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas que consagra el artículo 23.2 de nuestra Constitución. Y dentro del ámbito de la función pública, me voy a ceñir a la igualdad de oportunidades de aquellas personas que ya han accedido a la Administración y que quieren promocionar dentro de ella. Los mecanismos que señala la ley para la provisión de puestos vienen recogidos, en término generales, en el reciente Estatuto Básico del Empleado Público; lógicamente habrá que esperar al desarrollo que de este Estatuto haga cada administración y, en todo caso, cada una de ellas deberá ceñir sus convocatorias a aquellos aspectos que previamente haya regulado y sin que la norma menor contradiga a la de mayor rango. Tanto los artículos 78 y 79 del EBEP como el Título III del R.D. 364/1995 están dedicados a la provisión de puestos, reconociendo que las formas normales son el concurso y la libre designación con convocatoria pública, dos instrumentos que garantizan que el acceso sea igualitario. Hasta aquí bien. Pero ¿qué sucede cuando no se utiliza ni el concurso ni la libre designación?, ¿cómo provee puestos la Administración?. En este sentido y si acudimos a los textos legales vemos que existen otras formas de provisión, como son la comisión de servicios y la adscripción provisonal. No quiere esto decir que estos instrumentos de provisión no se puedan utilizar (de hecho, están permitidos por las leyes), lo que ocurre es que estas figuras se deben utilizar únicamente en determinadas condiciones excepcionales y hasta que la Administración provea de forma reglamentaria. Además, la prolongación en el tiempo para la comisión de servicios, por ejemplo, no debe ir más allá de uno o dos años como máximo, y en el caso de la adscripción provisional solamente para casos concretos recogidos en la normativa vigente (arts. 63 y 64 del RD 364/1995). Es decir, prolongar durante más de dos años una comisión de servicios parece, a priori, algo no natural y, en todo caso, discriminatorio para algunos funcionarios.Entonces ¿puede una Administración utilizar durante más de cuatro años la comisión de servicios y la adscripción provisional como formas normales de provisión de puestos?, ¿puede una Administración abusar de su potestad autoorganizativa y proveer puestos como mejor le convenga, utilizando como excusa el logro de la eficacia administrativa?. En otro post de este blog ya se habló acerca de una Administración que en la que el 95 % de los puestos vacantes están ocupados mediante estos sistemas; además, tanto la comisión como la adscripción se utilizan para “colocar” a determinadas personas en aquellos puestos cuyos complementos retributivos son mayores, con lo cual el resto de funcionarios no tiene la opción de demostrar el mérito y la capacidad a que, según las leyes tienen derecho. A partir de aquí es cuando podemos hablar de desigualdad: la que separa a unos funcionarios de otros, la que provoca luchas internas por ocupar un puesto donde se va a cobrar más y, en defintiva, la que todos consentimos y vemos como algo normal porque desde nuestra comodidad cotidiana nos consuela pensar que, a final de mes, tenemos garantizado el sueldo. No nos revuelve las tripas ver cómo otros “más espabilados” que nosotros se comen todo el pastel y no precisamente por ser los mejor preparados o los que tienen más experiencia.Pongamos un ejemplo: el funcionario W es “nombrado” en comisión de servicios para ocupar el puesto de “Jefe de la Unidad de Aplicaciones Ambientales”; el nombramiento se realiza mediante Resolución del órgano administrativo competente, así directamente, sin que se haya convocado el correspondiente concurso de méritos para que puedan tomar parte todos aquellos que cumplan los requisitos legales para hacerlo. Transcurridos 5 años el funcionario W sigue ocupando ese puesto en una comisión de servicios que ya excede del tiempo permitido. Por el motivo que sea, la Administración decide sacarlo a concurso, y lo primero que se nos viene a la cabeza es que W ha acumulado a lo largo de esos 5 años una serie de puntos que utilizará como méritos adquiridos por desarrollar sus funciones en el mismo puesto que se convoca. Y esto tiene su lógica: si una persona ha prestando servicio durante 5 años en el mismo puesto que se convoca ¿quién va a tener más puntos que él en el apartado de servicios prestados?. Pero ahora vamos a plantear otra cuestión: ¿y el resto de funcionarios que en su momento pudieron optar, cinco años atrás, para ocupar ese puesto y no tuvieron la oportunidad porque el órgano administrativo consideró a W como la persona idónea para ocupar el puesto? ¿se podrían sentir aquéllos discriminados por no haber tenido las mismas oportunidades que W?¿Qué podemos hacer? La justicia es cara y lenta y, aunque estemos en posesión de la verdad y de la razón, nunca tenemos la seguridad de ganar un pleito. No obstante, a veces, esa justicia sale a flote de entre tanta chapuza administrativa. En este sentido resulta especialmente alentadora la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander, recaída en el procedimiento abreviado número 459/06, por la que se estima el recurso interpuesto por el sindicato “SIEP Cantabria” contra la Orden PRE/1/2006, de 3 de enero, y contra la Orden PRE /2/2006, de 11 de enero, por la que se convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los grupos A y A/B.De esta sentencia me gustaría resaltar lo siguiente:1.- En el Fundamento jurídico segundo se señala que ” … el derecho de igualdad en el acceso a los cargos y funciones públicas, es una especificación del principio de igualdad ante la ley del art. 14 CE, por lo que en caso de acceso a las funciones públicas, …, es dicho art. 23.2 el que debe ser considerado de modo directo para apreciar si el acto impugnado ha desconocido el principio de igualdad … No corresponde a los Tribunales interferirse en ese margen de discrecionalidad que la ley concede a la Administración … pero sí procede, en aras de propiciar una tutela judicial efectiva, comprobar si no se ha sobrepasado ese límite de libertad creando una diferencia de trato irracional o arbitraria de los concursantes”.2.- El Fundamento jurídico tercero dice que “En virtud de la prueba practicada en el juicio se aprecia la generalizada utilización de la comisión de servicios y de la adscripción provisional como sistemas habituales para hacer frente a las necesidades de personal de la administración demandada. Por otra parte las Ordenes impugnadas utilizan para cubrir los puestos convocados el sistema de concurso de méritos específicos casi en su totalidad. Pues bien, tal combinación de instrumentos, comisión de servicios, adscripción provisional, concurso de méritos específicos puede dar lugar, si no se estrema la cautela y el rigor, a dar una valoración desproporcionada …. a la experiencia acumulada en tales situaciones de forma que dicha experiencia sea “conditio sine qua non” para lograr la plaza ofertada o resulte impedimento insalvable para no lograrlo, según se mire desde la perspectiva de que la ocupa temporalmente o desde la del que no la ocupa transitoriamente. Este simple mecanismo o forma de actuar por parte de la administración puede dar lugar a que bajo la apariencia de un concurso de méritos nominalmente hablando nos encontremos con un sistema de libre designación de hecho …. Estos méritos han de ser ponderados en su justa medida de forma que no resulten impeditivos o excluyentes para quienes no desempeñaron provisionalmente dichos puestos o que resulten absolutamente determinantes a favor de quienes sí lo hicieron“.3.- Por último, del Fundamento jurídico cuarto me gustaría señalar lo siguiente: “Procede ahora abordar la pretensión del recurrente de que debieron ser incluidos en la convocatoria todos aquellos puestos vacantes y todos aquellos ocupados en comisión de servicios por más tiempo del legalmente permitido vulnerando el ordenamiento jurídico … De acuerdo con lo expuesto queda claro que la Administración no puede mantener de forma perpetua o indefinida dicha situación (comisión de servicios) sino que está obligada a convocar dichos puestos transcurrido el plazo máximo legalmente establecido”.Esta Sentencia no tiene desperdicio. Resulta esperanzador comprobar que la justicia, aunque tarde, acaba llegando. Algo de lo que también se hace eco la prensa digital. Publicado por
http://carondio.yolasite.com/La Puela / Pola de Allande — Asturias El propósito de este sitio web es conseguir tu apoyo para la protección de un conjunto de 34 túmulos al pie de Pico Carondio (1.221m). Falto de fondos y escasamente poblado, el gobierno regional asturiano quiere tramitar urgentemente la instalación de un parque eólico en este paraje. Estamos a favor de energías renovables, pero no a este precio. Como sabrás, los parques eólicos necesitan de viales de acceso, así como de líneas de alta tensión que acaban destruyendo el paisaje. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de poder visitar dólmenes como ‘A Llastra da Filadoira’ al pie de Pico Carondio.Firma nuestra petición en http://petitions.tigweb.org/SOScarondioSíguenos en Twitter: http://twitter.com/CarondioParques eólicos y la recesión económica: En septiembre de 2009, el gobierno regional asturiano dio luz verde a un macro-plan para la instalación de 40 nuevos parques eólicos en Asturias, todos ellos en la zona occidental de la región. Desde hace decadas, el occidente asturiano sufre un éxodo rural hacia las ciudades. Pero la naturaleza aquí recuerda a paisajes cámbricos, con una riqueza inmensa de megalitos, castros de la Edad del Hierro, grabados en piedra, minas de oro de época romana y lo que parece ser un campamento militar romano. El conjunto arqueológico del Pico Carondio incluye dólmenes que utiliza el municipio como reclamo turístico (http://www.allande.org/cultura.asp). Pero además de promocionar sus dólmenes, el municipio de Allande se refiere a Carondio como un ‘paisaje protegido’. Un intento previo de instalar aerogeneradores en la zona fue rechazado por el gobierno regional por su alto valor arqueológico. La razón por el cambio actual es la gravedad de la recesión económica en España. Y los que pagan la factura, en Asturias, serán precisamente los concejos del occidente con menor renta per cápita. El proyecto del parque está encabezado por HC Energía, una empresa de electricidad con sede en Lisboa. La infraestructura constaría de 25 aerogeneradores (molinos de viento) de una altura de 60m. El problema al que se enfrenta la empresa (y las autoridades) es como mantener distancias de seguridad a los monumentos prehistóricos. Nosotros creemos que no se puede levantar un parque eólico en zona arqueológica. Los operarios de palas excavadoras no estan preparados para distinguir entre un megalito y un montón de piedras. Pico Carondio A lo largo de 10km, al pie del Pico Carondio, transcurre un camino prehistórico conocido como ‘ La Carreiriega de los Gallegos’. Se han catalogado 34 túmulos funerarios en la carta arqueológica de Allande. La mayoría se encuentra a ambos lados del camino que servía de nexo entre las cuencas del Río Navia y del Narcea. Algunos yacimientos están bien conservados. De otros se conservan agrupaciones de piedras hincadas. A pesar de que el gobierno regional y el municipio se refieren a Carondio como un ‘paisaje protegido’, no tiene ningún vigor legal. Creemos que fue una fórmula del gobierno regional para atraer el turismo hacia el concejo en la década de los 90. La administración regional en Oviedo ahora aprueba la instalación de más parques eólicos con la excusa de que concejos como Allande se auto-financien. Olvidan que los turistas no vienen a nuestras comarcas para admirar paisajes coronados con los últimos modelos de turbinas de Gamesa. Por esta razón, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies (CEA) ha presentado un recurso administrativo en Oviedo contra el proyecto del parque eólico de Carondio, a la que nos hemos unido. Creemos que una política encaminada a conservar nuestro patrimonio y el desarrollo sostenible es la fórmula más acertada para el occidente de Asturias, y no la venta al por mayor de nuestros recursos a empresas de electricidad. También hemos abierto una cuenta en Cajastur para cubrir los gastos del abogado. Los códigos IBAN y Swift son los siguientes: IBAN: ES5520480074173400016282 SWIFT code: CECAESMM048 HC Energía ya está ensanchando carreteras y moviendo más de 10.000m3 de tierra. Sería un verdadero honor para nosotros contar con tu apoyo para Carondio. Muchas gracias,Firma nuestra petición en http://petitions.tigweb.org/SOScarondio*
Albert RecioMientras Tanto, nº 74, noviembre 2009http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/74.htmILa vida económica y política española cada vez se parece más a la italiana. Hace tres décadas Italia era una referencia en ambos planos: los distritos industriales italianos aparecían como un modelo productivo a seguir y la izquierda era un referente claro para muchas de nuestras elaboraciones locales. Después Italia embarrancó. Con años de semi-estancamiento económico, con la autodisolución de la izquierda, con el ascenso del neopopulismo berlusconiano. Tangentópolis, la emersión de la corrupción endémica que puso fin a la era Craxi, constituyó un momento central de esta crisis. Lejos de propiciar una regeneración social y política, dicha crisis favoreció el ascenso de Berlusconi, un empresario que había conseguido despegar (primero en la promoción inmobiliaria y después en los medios de comunicación) gracias al amparo y los favores de Craxi, el político que mejor representaba el tipo de gestión que dio lugar al proceso judicial conocido como Tangentópolis.En los últimos años, el Gobierno español sacaba pecho. Ahora era España quien aspiraba a ser el “tigre mediterráneo”. El PIB per capita español llegó a superar al PIB italiano. Y nuestro país ejercía una cierta fascinación para muchos italianos progresistas. Hoy las cosas vuelven a ponerse en su sitio. La crisis económica ha vuelto a cebarse en España, mostrando que nuestro crecimiento tenía píes de barro (o de cemento y especulación). Y la corrupción, que siempre fue endémica, aparece de nuevo como una cuestión de primera página periodística y afecta al núcleo central de casi todo el arco parlamentario. De la cadena de escándalos locales hemos pasado a los casos “Gürtel”, un cáncer que corroe el núcleo central del Partido Popular, “Millet” (donde Convergència i Unió, una coalición que siempre bordeó el escándalo, sale malparada) y “Pretoria”, que afecta a la vez a parte del núcleo del PSC (el mayor aportador de votos a los gobiernos socialistas) y a Convergència. A parte de la unión por el fútbol, en poco tiempo se ha producido una preocupante convergencia en los planos económico y político.IIPodemos achacar la extensión de la corrupción a factores culturales y estructuras sociales comunes. Algo hay de cierto en todo ello: el mundo mediterráneo ha tenido un desarrollo propio en lo económico y lo político, empezando por el prologando proceso histórico de las dictaduras fascistas y siguiendo por un modelo diferente de industrialización con fuerte presencia de estructuras familiares, cuya influencia no sólo se refleja en el modelo de cuidados, sino en el sistema de relaciones sociales y, posiblemente, en la importancia de las redes de informalidad. Cada sociedad tiene su propia historia, su modelo institucional y ello explica que casi ningún país sea igual a otro (de la misma forma que tampoco hay dos personas idénticas). Pero quedarse solo en la foto fija tampoco ayuda ni a entender los procesos ni a avanzar los cambios. Puede conducir a una sensación de impotencia y fatalismo como la que ahora parece dominar en nuestras sociedades.En el resurgir de la corrupción también hay, a mi modo de ver, aspectos coyunturales, procesos más dinámicos que se entroncan y combinan con las estructurantes históricas y que permiten completar la explicación del fenómeno y generar un diagnóstico más certero. Los aspectos de coyuntura tienen que ver con los procesos que denominamos globalización y neoliberalismo. Fenómenos que han situado a las economías del Sur de Europa en una posición de mayor fragilidad y que han abierto nuevos espacios (o reforzado los existentes) al fenómeno de la corrupción, una sola de las variantes del más extendido delito económico tan prolífico en las últimas décadas.IIILa globalización afecta de forma diversa a territorios con estructuras productivas diferentes. La producción a escala mundial genera ganadores y perdedores tanto en aspectos de clase social como territoriales. Unos espacios, unas empresas, tienen mayor capacidad de adaptación que otras al nuevo contexto. En la producción industrial las ventajas adoptan varias formas: las plantas que producen con grandes economías de escala y pueden abastecer un mercado amplio, los productores de bienes sofisticados que pueden beneficiarse de nichos de mercado particulares y los productores con salarios muy bajos que pueden ampliar su demanda de bienes de poco valor. Los países del Sur de Europa están mal posicionados en las “ventajas” del primer tipo (economías de escala) y del tercero (muy bajos salarios). Gran parte de las deslocalizaciones y pérdidas de mercados se han producido por ese doble proceso: migraciones empresariales a países de bajos salarios y cierre de plantas productivas de pequeñas dimensiones (que en muchos casos han trasladado producción a otras plantas de la Unión Europea). En el caso español se ha contado con el agravante de que en un gran número de casos las plantas productivas eran propiedad de multinacionales extranjeras (instaladas en décadas anteriores o que compraron empresas locales en la década de los 1980s) cuyas decisiones tienen un mínimo anclaje en nuestro país. La “segunda” ventaja es más transitable (y en parte explica el buen funcionamiento de algunas regiones como la Emilia italiana y quizás también de algunos segmentos de la industria vasca), pero requiere un importante esfuerzo tecnológico, organizativo, de formación profesional, de especialización en el tipo de producto adecuado, etc., que sólo se consigue en el largo plazo y exige desarrollar un marco institucional y empresarial coherente. Hay además otro factor que complica el panorama: la moneda única europea apreciada respecto al dólar aumenta aún más las presiones de los productores de bajos salarios sobre la industria local y dificulta sus respuestas: una apreciación del Euro de, pongamos, un 10%, se traduce automáticamente en un encarecimiento de las exportaciones en el mismo porcentaje (y abarata las importaciones).Ante la ausencia de políticas de respuesta bien definidas, y ante un empresariado en muchos caso avezado a la vieja tradición de bajos costes laborales y fiscales, la respuesta de estas economías, especialmente la española, ha sido la de buscar campos de especialización en los que se pudiera continuar la historia de ganar dinero fácilmente. En el caso español, el turismo y la construcción han sido la principal respuesta, especialmente tras la crisis de 1991-1994. Y esta particular especialización productiva lleva en su modus operandi enormes posibilidades de corrupción. Porque la forma más rápida de enriquecerse es mediante el aumento el espacio construido por metro cuadrado de suelo comprado. Y esta es una posibilidad que depende crucialmente de las decisiones políticas a nivel local. La corrupción inmobiliaria es una forma de funcionamiento “normal” de un mercado, a menos que este se haya organizado de tal forma que impida, o minimice, sus efectos. Por ejemplo, mediante la calificación de suelo como bien público y la puesta del mismo en manos de los promotores sin posibilidad de alterar a posteriori el volumen edificable. Sin perder de vista desde luego la promoción pública directa.IVEl neoliberalismo ha ampliado asimismo otro espacio para la corrupción. Aunque la retórica oficial (y en muchos casos el discurso asumido por sectores de la izquierda) se ha centrado en glorificar al mercado como espacio de organización económica, en realidad muchos de los espacios de mayor crecimiento han tenido lugar en el campo mixto de lo público-privado. Con diferencias nacionales, en casi todos los países se han producido privatizaciones y externalizaciones de actividades públicas sin que los estados hayan reducido sustancialmente su peso en la economía. El cambio ha sido más bien el paso de la provisión pública directa hacia la provisión pública por intermediarios privados. Con ello el mercado significativo para las empresas que operan en estos campos no son los usuarios finales de sus servicios sino los organismos públicos que los contratan. No se compite para ganar clientes sino para obtener una contrata. Y ya se sabe que en cualquier competencia siempre está el tramposo y por tanto el problema de las comisiones y los sobornos se convierte en un peligro importante. Un problema tradicionalmente presente en mercados como el del gasto militar (ahí están los casos recientes de Haliburton o BAE Systems en el mundo anglosajón) y que ahora ha multiplicado por diez su área de influencia.“Mercados” que además se desarrollan sobre bienes y servicios no estandarizados y donde por tanto existen buenas posibilidades de fijar precios abultados: cada obra pública es diferente del resto, es difícil determinar detalladamente la valoración de cada servicio público especializado, etc. No es casual que el campo de los “eventos” haya sido un buen coladero de comisiones, ya que muchos de estos actos particulares permitan un camuflaje de sobrecostes más difícil de realizar en servicios más estandarizados.La propia transformación organizativa del sector público bajo la pretendida necesidad de flexibilidad ha propiciado la aparición de organismos de estatus jurídico diverso que han añadido opacidad al control público y han permitido generar sumideros de recursos económicos en beneficio de particulares y de la financiación de los grandes partidos.VLos aspectos estructurales no lo explican todo. Los comportamientos individuales cuentan y estos no sólo están influidos por los incentivos (como dogmáticamente explica la secta económica dominante), cuentan también las percepciones, las influencias culturales, las convicciones éticas... Y también en este sentido la ideología neoliberal ha sido un elemento crucial en pérdida de elementos de control sobre las conductas delictivas. Una ideología que defiende la búsqueda de enriquecimiento personal como único elemento de organización social tiene todo los puntos para convertirse en coartada de todo tipo de abusos. Al fin y al cabo los políticos corruptos no son más que aprendices de esos directivos bancarios que convierten sin rubor parte de las ayudas públicas recibidas en bonus autoconcedidos, o que practican toda suerte de políticas antisindicales, o que generan graves problemas ambientales con el argumento de perseguir la rentabilidad de la inversión, o de los accionistas enriquecidos que cortan alegremente el cupón sin preocuparse del comportamiento social de sus empresas.No se puede consolidar un comportamiento moral solidario allí donde predomina la ideología del “cuanto mayor tajada sacas mejor”, ni se puede pedir racionalidad allí donde se predica que lo mismo vale un esquema de Ponzi que una actividad productiva real.La misma corrupción política es en parte el resultado de un modelo en que el ciudadano y el militante han sido rebajados a la categoría de clientes o fans. Un espacio donde el marketing ha sustituido a la verdadera acción política. Y donde incluso militantes de buena fe pueden ser atraídos a prácticas corruptas con la coartada moral de que no lo hacen en beneficio propio sino para satisfacer las insaciables necesidades financieras de su partido.VIEstamos ante una situación realmente peligrosa. E Italia vuelve a ser un espejo en el que mirarse y reflexionar. Allí la crisis de Tangentópolis lejos de traducirse en una regeneración de la política abrió el paso al berlusconismo y la crisis de la izquierda. En una sociedad con tanta incultura política como la española, con un tan claro predominio de medios de propaganda más que de comunicación, con una malla tan debilitada de instituciones intermedias, el fantasma del populismo está a la vuelta de la esquina. No hace falta que alcance una elevada movilización, le puede bastar para imponerse el complemento de la apatía política de muchas personas desencantadas. Y detrás del populismo está la combinación de demagogia, autoritarismo y corrupción que puede convertirse en endémica.Es hora de levantar un movimiento social que genere otro discurso y otra política. Difícilmente procederá de los partidos, la mayoría inmersos en su propio autismo y sus inercias. Incluso el conglomerado Izquierda Unida-Iniciativa Verds, el único que no ha sucumbido a la atracción fatal del mercado corrupto, está demasiado inmerso en sus propias dinámicas (la defensa de las esencias y el burocratismo de unos, o la pelea fratricida y un cálculo político a menudo más pendiente de alianzas institucionales que de otra cosa) como para pensar que esté en condiciones de liderar una propuesta de cambio. Hay que partir del supuesto de que dependemos de nuestras propias fuerzas, las de todas aquellas personas que aspiramos a que la acción política sea fundamentalmente defensa de los intereses públicos, las de quienes consideramos que el enriquecimiento no es la razón fundamental de nuestra vida social, las de los que aspiramos a una democracia realmente participativa, deliberativa e inclusiva, las de quienes exigimos que se controlen los desmanes que unos pocos realizan a costa de la mayoría.Es hora de que esta legión de activistas y personas de buena ve hagan oír su voz, generen una presión sobre quienes aspiran a ser representantes y exijan cambios, pues la movilización social también influye en los comportamientos individuales (por eso el individualismo anómico es tan funcional al neoliberalismo) y la creación de actitudes morales no es ajena a la forma en que somos vistos, criticados, valorados por nuestro entorno. Las transformaciones suelen surgir cuando la realidad social las hace inevitables.Hay que ser capaces de superar sectarismos y buscar un espacio común que permita cuanto menos introducir algunos elementos de regeneración social. Y mi modesta sugerencia es que éstos no sólo tienen que pasar por exigencias de moralidad pública (insoslayables), de reformas en la esfera política (trasparencia, limitaciones al gasto electoral, financiación de partidos....), sino también por cambios en la esfera económica. Tanto en el funcionamiento del sector público como en la orientación de la actividad productiva. Porque mi hipótesis de partida es que el mismo modelo que nos ha conducido a la crisis y la incertidumbre actuales está en la base de la epidemia de corrupción que se hará endémica… si seguimos prefiriendo ser críticos de sillón antes que modestos activistas por el cambio social.http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/74.htm#1 Publicado por
EL CLIENTELISMO EN EL EMPLEO PÚBLICO FAVORECE LA CORRUPCIÓN
Así, al menos, piensan los autores de este manifiesto titulado “NO DEBEMOS RESIGNARNOS A LA CORRUPCIÓN”, que hoy publica “EL PAÍS”.
En el escrito realizado por Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, integrantes del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España se analizan las causas del avance y expansión de la corrupción en España.
Acertada y significativamente estiman, precisamente, que el elevado clientelismo en el empleo público que existe en España favorece la extensión de la corrupción, toda vez que un empleado público que logró su puesto de trabajo gracias al amiguismo o a la pertenencia o vinculación a un determinado partido político difícilmente adoptará la defensa del interés general como valor prioritario a respetar en el desempeño de sus funciones.
También se denuncia el uso y abuso del sistema de libre designación en la provisión de puestos de trabajo en la Administración, sistema contrario a mecanismos objetivos de selección en función del mérito y la capacidad, y que determina que el funcionario nombrado pueda ser discrecionalmente cesado si no se adapta a los criterios políticos del gestor de turno.
Este artículo convendría que fuese tenido en cuenta por nuestros dirigentes autonómicos que con tanta profusión crean sociedades públicas y entidades instrumentales cuyos procesos selectivos distan de ser transparentes y que tantos varapalos judiciales han recibido, precisamente, por tratar de implantar en la Administración del Principado de Asturias el sistema de libre designación en puestos de trabajo que deben ser cubiertos empleando como únicos criterios de selección el mérito y la capacidad. TRIBUNA: JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA No debemos resignarnos a la corrupción El clientelismo y el deficiente control de la financiación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos recientes. Pero también influyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA 11/11/2009 La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones. Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales. Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad. Leer más
Anulado, por segunda vez consecutiva, el concurso de jefaturas de negociado en el Principado de Asturias
Después de una década sin concursos de méritos para la provisión de jefaturas de negociado, incumpliendo flagrantemente la obligación legal de efectuar convocatorias anuales para la provisión de los puestos vacantes, la Administración del Principado se decidió, por fin, a someter dichos puestos a convocatoria pública - más de 300, que estaban cubiertos mediante nombramiento digital en comisión de servicios - , en el mes de octubre del año 2006.Dicha convocatoria fue recurrida judicialmente y anulada por sentencia de 12 de noviembre de 2007, de la Sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (texto completo de la sentencia en: http://www.csi-csif.es/asturias/mod_agccaa-20071120_sentencia.html), porque puntuaba de manera idéntica los méritos acumulados por los funcionarios en "comisión de servicios", que los de los funcionarios que habían obtenido puestos en propiedad mediante un procedimiento respetuoso con los principios de igualdad, mérito y capacidad.Los razonamientos del TSJA son tajantes: como el nombramiento provisional o en "comisión de servicios" sólo puede durar, por ley, un máximo de un año, no resulta lícito, como hacía la convocatoria anulada, puntuar la experiencia acumulada mediante nombramientos provisionales y discrecionales más allá de ese plazo legal.Invalidado el concurso de méritos convocado en el año 2006, el Gobierno asturiano no tuvo más remedio que repetir la convocatoria, esta vez en el mes de octubre de 2008. Pero lejos de acatar de buena fe el varapalo judicial y ajustarse a lo dispuesto en la sentenca del TSJA, optó por un nuevo despropósito administrativo, que ha motivado ahora una nueva sentencia anulatoria, la que acaba de dictar con fecha 4 de noviembre el Juzgado de lo contencioso - administrativo nº 5 de Oviedo, que vuelve a invalidar la base relativa al cómputo de los méritos específicos (Texto: http://www.usipa.org/attachments/597_SentenciaUsipaConcursoMeritosContenciosoNoviembre2009.pdf)El Juzgado califica de verdadero "disparate" a la ocurrencia de la Administración asturiana de limitar el plazo de experiencia susceptible de valoración para todos los participantes a un año, pues "no se ajusta al principio de proporcionalidad ni equidad el valorar a efectos de adjudicación de destinos como funcionarios, la experiencia adquirida en un año de igual modo que la experiencia adquirida en treinta años de servicios; o como resulta evidente el disparate, en la hipótesis de un funcionario que ocupa un puesto en comisión de servicios tan solo durante un año y que tendrá valorada su experiencia en la misma medida que otro que lo ocupa en comisión de servicios durante otro año y además veinte con destino definitivo"Y es que la Consejería de Administraciones Públicas consumó una trampa manifiesta: como el TSJA había declarado que la experiencia de los funcionarios nombrados en "comisión de servicios" sólo podía computarse por el plazo máximo de un año, entonces hizo tabla de rasa e impuso este límite legal también para el cómputo de la experiencia obtenida en puestos adquiridos en propiedad, lo cual supone una vulneración absolutamente tosca del principio de igualdad.Mientras se digieren las consecuencias de esta debacle judicial, en la práctica resulta que no se ha resuelto válidamente un concurso de méritos de jefatura de negociado en más de una década , con lo que muchos funcionarios y funcionarias alcanzarán la edad de jubilación sin poder ejercer el derecho fundamental, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, a la promoción profesional en condiciones de igualdad.¡ Todo un récord difícil de batir!
¡ Vigile el recibo de la luz! : El Comercio y La Voz de Asturias dieron la noticia
El Comercio Sociedad
Recibo de alta tensión
Al empresario gijonés Valentín Rodríguez le llegó una factura de luz en octubre por importe de más de 25 millones de euros
M. MORÁN GIJÓN
25.661.399,73 no corresponden a ningún número de teléfono de un pub de Sidney. Esos ocho más dos dígitos separados con una coma son euros y es la cantidad con la que se encontró Valentín Rodríguez en el recibo de octubre de la luz. «Me senté, respiré hondo y traté de buscar más comas por si hubiese más digitales», señala el empresario gijonés propietario de Carrocerías Valentín, local al que correspondía el dispendio eléctrico.
El gasto de su pequeño taller que da a empleo a seis personas había sido según el recibo que tenía en sus manos el correspondiente al 1% de la facturación total de HC en los primeros nueve meses del año. Así todo a Valentín, los más de 4.000 millones de pesetas «no me sorprendieron, en septiembre me habían cargado dos recibos de más de 1.000 euros seguidos y pensé que esta vez se les había ido un poco la mano», aclara irónico.A la mañana siguiente de recibir la 'Primitiva eléctrica' se presentó en las oficinas de la compañía con el recibo y el gasto medio de su empresa en los últimos doce meses. De 320 euros, su máximo en febrero, a más de 25 millones en octubre había un trecho tan grande que la única contestación que recibió al otro lado de la mesa fue un «qué te parez, claro que ye un error». Hasta ayer era la única explicación que recibió por parte de la compañía, «por eso me quedé con el recibo y les dije que si lo querían que le hiciesen una fotocopia», asegura.
Las jornadas siguientes las pasó pendiente de su banco en el propio polígono de Porceyo donde está su empresa por si la factura se llegase a colar en su cuenta. «Sólo de pensar en los intereses diarios de una cantidad así me daban sofocos». Ayer desde la propia compañía eléctrica aseguraban que eso nunca hubiese llegado a pasar ya que desde la emisión del recibo hasta la factura pasan diez días. «Todo fue un desgraciado error humano sin mayores consecuencias», confirmaban. La Voz de Asturias http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=521995 contracorriente.
Un ´facturazo´ de 25,6 millones
24/10/2009 E. FERNANDEZ recibo de luz
Valentín Rodríguez muestra la factura millonaria. Debajo, detalle del recibo.Foto:DANIEL MORA
Un empresario gijonés recibe este mes un recibo de luz por importe de 25,6 millones de euros por un consumo de 199 millones de kilowatios
AV Nalentín Rodríguez García es un gijonés, vecino de La Arena, que desde hace 30 años regenta un taller mecánico, de chapa y pintura, en Porceyo, Carrocerías Valentín R. G. Sociedad Limitada . El pasado martes, HC Energía le envió un recibo por importe de 25,6 millones de euros. Se trata de una cantidad que, lógicamente, no ha podido retirar de su cuenta y que no se ajusta a la realidad. Valentín todavía no da crédito a lo que le sucede y, aunque se lo toma con filosofía, en el fondo, está indignado. Piensa que han hecho un complot contra él y que, quizá, la lotería de Navidad le recompense por el calvario que está sufriendo con las grandes compañías.
Rodríguez suele pagar entre 207 y 270 euros de luz al mes. Pero desde hace tres meses, los recibos superan esta cantidad. "Empezaron con 400 euros y el mes pasado me retiraron de la cuenta 1.400 euros que ya reclamé y estoy esperando a ver qué ocurre pero de ahí a 25 millones... Me llamó el director del banco y me dijo que no podía pagar eso, normal. Es una vergüenza lo que está pasando. Cuando abrí la carta de la factura casi me da un mal", afirmó. Rodríguez, harto ya de esta situación, volvió a denunciar el asunto en las oficinas de HC y le comentó lo sucedido al empleado de ventanilla quien tras exhibir la factura entre sus compañeros le constató que era un error.
"Me dijo que iba a anularlo, que estaban cambiando el sistema de facturación y que tenían un lío increíble. De momento, nadie me ha solucionado nada, no sé qué va a pasar ni cuánto me van a facturar el mes que viene. Encima, el empleado de HC, tuvo una actitud prepotente y cuando le amenacé con denunciarlo me dijo que hiciera lo que quisiera porque su empresa era tan fuerte que lo aguantaba todo", explicó. Rodríguez cubrió el impreso de la reclamación expresando su disconformidad con el consumo anotado en el recibo --le facturaron 21 millones por consumo de energía, 56 euros por la potencia, 1,07 millones por el impuesto sobre la electricidad, 12 euros por alquiler de equipos, 3,53 millones por IVA y 35 euros en concepto de energía reactiva--. "Tenía de consumo total 199 millones de kilowatios, un disparate, porque además, en agosto, tuve 20 días cerrado por vacaciones".
Rodríguez exigió a HC que corrijan su situación para el próximo recibo pero no las tiene todas consigo. "Ya no sé que hacer, si acudir a Consumo o qué. Lo que está claro es que es un error de ellos. No hice nada tan extraordinario. Sólo sé que 25 millones de euros de luz no lo paga ni toda Asturias en un año. Ellos tienen la sartén por el mango pero a mí no me van a cobrar más dinero que el real. No es justo", dijo.
Esta no es la primera vez que le sucede algo así. Hace unos meses le ocurrió algo parecido con una de las tres líneas telefónicas que tiene contratada. "Me cobraban llamadas a EEUU y Japón, además de 200 SMS que no había hecho. Y 400 euros de consumo, cuando el realizado eran unos 70 euros. No sé si me copiaron el número o qué pasó, pero el caso es que tuve que pagarlo todo y hasta me seguían cobrando llamadas cuando dí de baja el número, algo surrealista. Por eso digo que hay un complot contra mí y que será un aviso de que la Lotería me recompensará con esos 25 millones de euros que HC me quiere cobrar", dijo. Este diario se puso ayer en contacto con la portavoz de HC y constató que "se trata claramente de un error. Ojalá tuviéramos esos clientes. Lo normal es que lo reclame y se subsane el error". Publicado por
¡ Vigilen el recibo de la luz! ( el grotesco caso de la disparatada factura que HC envió a un empresario gijonés)
El País, 07/11/2009http://www.elpais.com/articulo/opinion/Vigilen/recibo/luz/elpepiopi/20091107elpepiopi_3/Tes/Un modesto empresario gijonés recibió la semana pasada una factura de la luz de 25.661.399,73 euros. Hombre de temple, ni siquiera se desmayó al enterarse de que, según la eléctrica HC (antes HidroCantábrico), había consumido en un mes más de 200 millones de kilovatios. Parece un error, pero mejor no confiarse; el déficit de tarifa no para de crecer y las compañías están que rabian por cobrarlo. Armado con la tranquilidad irónica de quien se sabe sujeto paciente de un error, Valentín Rodríguez, el imputado (por HC) de dilapidar electricidad, se presentó en la dirección comercial de la eléctrica y pidió explicaciones al empleado de la mesa 4 de la oficina. Nada se le aclaró, por supuesto; y cuando sugirió que poner a prueba la salud coronaria de los clientes es una broma denunciable recibió la firme réplica del fiel servidor: "Haga usted lo que quiera, pero sepa que HC es muy fuerte y puede con todo". A partir de ahí, la hilarante peripecia, digna de Gogol, se ha encauzado por sendas más oscuras: HC ha decidido redactar un informe. Mal pintan las cosas para Valentín. Cuando una compañía de servicios con tarifas reguladas se persona en un local para comprobar que en el último mes el propietario no ha consumido 200 millones de kilovatios es que pretende dar una explicación imaginativa al error. Lo propio sería reconocer que el ordenador que imputa los consumos o el que imprime las facturas se ha equivocado y ya está. Se convoca al damnificado a un sarao de baja intensidad, con palmadas y fotos para la posteridad y, si hace al caso, se le regala una semana de luz. Por el susto. Pero si media un informe para la superioridad, eso es que alguien de HC se malicia un engaño. Por ejemplo, que Valentín tenga escondidos en pilas usadas los 200 millones de kilovatios que dice no haber consumido. Al final de La cosa, una voz en off recomendaba a los espectadores que vigilaran los cielos, para prevenir la amenaza extraterrestre. Lo que hay que vigilar constantemente es el recibo de la luz. Entre la caída de beneficios de las empresas y el caos causado por el paso de una facturación bimensual a una mensual, cualquier usuario está expuesto a sobresaltos. Sobre todo si, como a Valentín, después le preparan un informe.
EL GOBIERNO DE ARECES BUSCA LA IMPUNIDAD LEGAL PARA ESCAPAR DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE LA "CARRERA PROFESIONAL"
La anulación judicial de la convocatoria de la falsa “carrera profesional” no fue sólo un problema de forma, como pretenden hacer creer el Gobierno de Areces y sus voceros.Es cierto que se hurtó la potestad legislativa de la Junta General del Principado, como afirma literalmente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo con ello una carga de dinamita en la línea de flotación del principio de “división de poderes”. Pero, además, se perpetró una gravísima discriminación salarial con los trabajadores que decidieron libremente no apuntarse a aquél engendro de “cheque en blanco” que se les ponía a la firma.Esta vulneración del principio de igualdad en materia retributiva también ha sido declarada en resolución judicial del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 5 de Oviedo, que ya es firme y, por tanto, extensible a todos los funcionarios que fueron injustamente agraviados.Con el fin de eludir el cumplimiento de estas resoluciones judiciales, el Gobierno de Areces presenta ahora un proyecto de ley de “carrera profesional” que no hace más que reproducir las discriminaciones salariales ya consumadas y condenadas por la Justicia.Con ello, el Gobierno y sus colaboradores buscan una “patente de corso” legal para evitar el cumplimiento de las sentencias, que recuerda a algunas iniciativas de impunidad legal, más cuando algunos de los protagonistas de este estropicio gritan, un día sí y otro también, que tienen mucho miedo a una futura sentencia del Tribunal Supremo, lo que resulta especialmente impresentable en un estado de derecho.Este blindaje legal para una ilegalidad manifiesta pretende, finalmente, obstaculizar la reacción judicial del colectivo de trabajadores discriminados, a los que se seguirá privando injustificadamente del pago de un complemento salarial que perciben otros compañeros, realizando idénticas funciones y reuniendo los mismos requisitos .No obstante lo expuesto, el proyecto de ley dado hoy a conocer, comporta vulneraciones tan flagrantes del principio constitucional de igualdad y del régimen jurídico establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público que, de consumarse, dejará abiertos enormes boquetes para su impugnación ante la Justicia ordinaria y, llegado el caso, ante el propio Tribunal Constitucional.Con el fin de evitar las consecuencias no deseadas de futuras decisiones judiciales, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies apela a la sensatez de los grupos parlamentarios para introducir las enmiendas imprescindibles en el proyecto de ley, que permitan resolver de una forma justa y definitiva el conflicto de la llamada “carrera profesional”Uviéu, 5 de payares de 2009La Xunta Directiva de COFPAEL GOBIERNU D’ARECES BUSCA LA IMPUNIDÁ LLEGAL NA TEMA DE LA “CARRERA PROFESIONAL”.El desaniciu xudicial de la falsa “carrera profesional” nun foi sólo un problema de forma como quieren facer creyer los voceros del Gobiernu d’Areces, porque si bien ye verdá que se furtó la potestá llexisllativa de la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies, talu qu’afita’l Tribunal Superior de Xusticia d’Asturies, lo gordo foi que se cometió una pergrave discriminación salarial escontra los trabayadores que nun pasaron por roblar el “cheque en blanco” qu’a la trágala-yos punxeron delantre, vulneración del principiu d’igualdá declarada na sentencia del Xulgáu de lo Contencioso-Alministrativo númberu 5 d’Uviéu, anguañu firme y, por ello, estensiva a tolos funcionarios inxustamente agraviaos.El proyeutu de llei de “carrera profesional” que vien de presentar el gobiernu reproduz dafechu la situación d’aniciu ensin otru cambéu que nun seya subir la discriminación de rangu llegal: enantes fízose per Resolución de la Conseyería d’Economía y agora quier facese per Llei de la Xunta Xeneral del Principáu. Con ello, búscase, pel un llau, torgar el cumplimientu de les resoluciones xudiciales anteriores y, pel otru, blindar al executivu asturianu escontra los futuros recursos que quisieren presentar los trabayadores que, nun pudiendo dir direutamente escontra’l conteníu d’una llei, veríense inxustamente condenaos a nun cobrar un complementu salarial que sí reciben otros compañeros por facer el mesmu trabayu. La operación, en pequeña escala, inevitablemente refierta les iniciatives llegales a la gueta de la impunidá, más cuando dellos protagonistes d’esti estropiciu glayen, un día sí y otru tamién, que tienen munchu mieu a una futura sentencia del Tribunal Supremu, lo que ye daqué especialmente impresentable nun estáu de derechu.Con too y con ello, el proyeutu de llei del Gobiernu d’Areces contién tantes y tan clares vulneraciones al principiu constitucional d’igualdá y al réxime xurídicu afitáu pel Estatutu Básicu del Emplegáu Públicu que, de consumase, dexaría resquiebres afayadices pa la so impugnación ente la Xusticia ordinaria y, mesmamente, énte’l Tribunal Constitucional.Pa cortar pela freba con esti alloriante xueu al esconderite cola llegalidá, dende’l Conseyu por Otra Función Pública n’Asturies apelamos a los grupos parllamentarios de la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies pa que pente medies d’enmiendes al proyeutu de llei resuelvan, d’una forma respetuosa col principiu constitucional d’igualdá y les sentencies xudiciales, l’abegosu conflictu de la nomada “carrera profesional”.Uviéu, 5 de payares de 2009La Xunta Directiva de COFPA Publicado por
Antoni Domènechhttp://www.sinpermiso.info/#El texto que se reproduce a continuación es el esquema de una intervención de su autor en el Seminario de cultura socialista que se realiza con profesores de las facultades de Economía y de Derecho de la Universidad de Barcelona.Con Bartomeu Muñoz, el alcalde socialista de la importante ciudad de la conurbación industrial barcelonesa que es Santa Coloma de Gramenet el pasado 29 de octubre, llevamos ya en poco más de tres años diecinueve alcaldes detenidos por corrupción en España: 7 del PP, 5 del PSOE, y otros "independientes" de pequeños partidos o agrupaciones electorales locales o regionales. Tenemos esta semana, además, la imputación en casos de corrupción de un antiguo presidentes del PP de la Comunidad Balear, Cañellas, y la investigación judicial sobre otro presidente balear del PP, Matas, así como los escándalos del "caso Gürtel", que afectan al presidente de la Comunidad valenciana, Camps, y a un creciente rimero de personalidades y altos cargos del PP en buena parte de la geografía nacional, señaladamente en la Comunidad de Madrid.La detención del alcalde de Santa Coloma –una ciudad obrera, en la que su alcalde socialista no se molestaba en dormir: vivía en un barrio alto de Barcelona— forma parte de un caso que afecta también a otros antiguos altos cargos del partido de la derecha nacionalista catalana, CiU y en el que andan de por medio, al alimón, turbios negocios inmobiliarios con blanqueo de capitales a través de una agencia del segundo banco español (el BBVA) que operaba en el paraíso fiscal de la Isla británica de Jersey. Y ese caso catalán ha venido a añadirse al que estalló hace no muchas semanas, conocido por el nombre de "caso Palau de la Música", un caso de espectacular saqueo –más de 20 millones de euros- en beneficio privado de su presidente –un prohombre del patriciado barcelonés, condecorado hace años con la Creu de Sant Jordi— y allegados, así como de partidos afines a los saqueadores, de una entidad cultural emblemática de la ciudad de Barcelona, sostenida con aportaciones públicas y con donaciones privadas altruistas. Nadie espera que la cosa termine aquí. El antiguo presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, se ha avilantado hace unos días, en una entrevista concedida a un programa televisivo de gran audiencia, a aconsejar que no se tirara mucho de la manta, porque el hedor (farum) podría llegar a ser insoportable para todos. (Algo parecido debió pensar en su día el presidente español José María Aznar cuando, ante el caso seguramente más alarmante de corrupción política registrado hasta ahora en España, la compra por parte del negocio inmobiliario madrileño de dos diputados autonómicos madrileños del PSOE para que no votaran la investidura de quien había ganado las elecciones autonómicas de mayo de 2003 (el candidato socialista, apoyado por Izquierda Unida), impidió que el fiscal de Madrid –el socialista Fernández-Bermejo— investigara el asunto. Hubo que repetir las elecciones. Y ganó el PP. Y no hubo más.)Cuatro reacciones del establishment político-mediáticoCuatro son las reacciones más comunes a lo que algunos, acaso sin exageración, llaman ya epidemia de corrupción política extendida por España. Las que siguen, que no son necesariamente excluyentes:1 Está, primero, la reacción miope nacida de la obnubilación política sectaria: sí, nosotros también, pero vosotros más, mucho más.2 Viene, luego, el cierre de filas de quienes aceptan ya sin rubor el formar parte de una "clase política" que, estupefacientemente, se identifica con el conjunto del "sistema democrático" y aun con los valores democráticos mismos: hay que defender del descrédito a un sistema político democrático creciente y peligrosamente amenazado por la pérdida de crédito ante la población. El grueso de la "clase política" es honrada, y el interminable rimero de escándalos de corrupción política afectaría, en realidad, a una minoría. Toda la "clase política" debería olvidar sus (legítimos) enfrentamientos partidistas, para unirse en ese mensaje a la población, si es necesario, con nuevas y más duras medidas legislativas y administrativas.3 Otra reacción común es el escándalo farisaico de la antipolítica. La política como servicio público y como representación fiduciaria de los distintos y encontrados intereses de la vida social sería pura ilusión. No habría tal. La política sería, siempre, un negocio, y quienes a ella se dedican, necesariamente, unos negociantes que están ahí "para forrarse" (como dijo textualmente una vez en una conversación privada que acabó transcendiendo públicamente el expresidente de la Generalitat valenciana y exminisro de José María Aznar Eduardo Zaplana).4 Cuarta reacción, y última aquí inventariada: el recurso al cinismo antropológico; la corrupción estaría en la "naturaleza humana". Lo dijo Alan Greenspan, acaso el principal responsable político de una de las eras de codicia y corrupción económica más desapoderadas del último siglo. Ahora lo están repitiendo muchos comentaristas políticos en España.Esas cuatro reacciones, tan distintas, tienen, sin embargo, en común la pretensión de despolitizar el problema de la corrupción política:1 La obnubilación sectaria, por la vía de una hipermoralización partidista elemental: los nuestros son necesariamente más honrados: o porque, siendo de "izquierda", se les suponen valores morales incompatibles con la puesta en almoneda de sus actos de servicio público; o porque, siendo gentes de viso y de "derecha", se les supone con suficiente patrimonio personal como para resistir al soborno.2 La despolitización dimanante del cierre de filas viene de suponer, acaso sin advertirlo, que la política democrática es algo más que, y acaso metafísicamente superior a, la representación fiduciaria de intereses y voluntades existentes en nuestra vida social, y de intereses y voluntades las más veces pugnaces y encontrados. Viene, esto es, de ignorar que lo único que tienen en común los representantes políticos es la obligación de defender los intereses y las voluntades de sus representados en el marco de una deliberación pública realizada con argumentos dimanantes de razones públicamente defendibles y atenidos al interés general (nadie puede proponer una ley con el argumento, dimanante de una razón privada, de que esa ley le favorecería en sus negocios o favorecería a sus amigos y parientes). Y parte esencial del interés general en una sociedad escindida en clases y grupos de interés es el reconocimiento político, con todas sus consecuencias, de esa escisión social de base y de la legitimidad de sus expresiones y manifestaciones en la vida política. Patentemente, es la ignorancia de eso lo que permite a muchos políticos aceptar hoy con un donaire digno de mejor causa el constituir nada menos que una "clase política", es decir, un grupo de individuos unidos por intereses privados propios, y en esa medida, seccionados, desgajados como casta o como "clase", del pueblo supuestamente "soberano".3 El escándalo farisaico niega directamente la posibilidad de la política democrática. O bien porque cree que el mejor modo de promover el interés público es tener políticos codiciosos y corruptibles –no han faltado voces en España en estos últimos años que han sugerido que la corrupción política es también un saludable índice de dinamismo y prosperidad económicos—, una versión posmoderna del viejo ideologema de Mandeville: vicios privados, virtudes públicas. O bien porque, y tal vez en el otro extremo, ha llegado a creer que la representación política fiduciaria de intereses y valores socialmente existentes es tarea de antemano condenada al fracaso: la "política" es y será siempre una mierda, y los políticos, sea cual fuere su signo ideológico, un hatillo de hipócritas y mangantes; de gentes que, ¡qué diablos!, como todo el mundo, van a la suya.4 El cinismo antropológico despolitiza el específico fenómeno de la corrupción política por la vía de la banalización inespecífica: no hay un problema de corrupción política, distinto del problema de la corrupción administrativa, distinto del problema de la corrupción económica privada, etc., sino que la naturaleza humana, en general, sería pronta al soborno. Consuelo para políticos corruptos o irresponsables y pretexto para las protestas de agudeza de tertulianos y columnistas de grandes absolvederas, el planteamiento político del problema de la corrupción política es substituido por la reafirmación de la doctrina paulina de la corrupción general de la naturaleza humana como consecuencia de la caída de nuestros padres en el pecado original:"Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. / Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo que aborrezco, aquello hago. / Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. / De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. / Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. / Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago. / Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. / Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal está en mí." (Pablo, Romanos, 6, 14-21)Corrupción, política, administrativa y económica [El fenómeno de la corrupción política, visto políticamente]Para ver políticamente el fenómeno de la corrupción política, lo primero es distinguirla de otras formas de corrupción socialmente significativas, como la corrupción económica privada y la corrupción administrativa.La corrupción económica privada afecta a las instituciones y a los agentes económicos privados, y a las relaciones de agencia fiduciaria entre ellos, entre los que actúan como agentes propiamente dichos y los que actúan como principales: un ejecutivo es un agente fiduciario de su principal, que son los accionistas propietarios de la empresa; un abogado de empresa es un agente fiduciario de su principal, que son los directivos de la empresa; un bróker financiero es un agente de su principal, que es el inversor financiero o bolsístico. Las relaciones entre principales y agentes están marcadas siempre por una asimetría informativa que hace que, objetivamente, las posibilidades de que el agente traicione la confianza puesta en él por el principal sean enormes, es decir, que hay un amplio espacio para que el agente se deje interferir en su labor por intereses propios o de que se deje corromper y sobornar por intereses privados que no son los de su principal. La regulación pública de la actividad económica privada tiene en buena medida que ver con la yugulación legislativa de aquellas posibilidades, con la restricción radical del espacio social e institucional que permite el fraude en las relaciones de agencia. No hará falta insistir en que el incremento espectacular de la corrupción económica en el mundo en las pasadas décadas, señaladamente en el sector financiero, tiene que ver con la desregulación pública de la actividad económica privada. La corrupción administrativa afecta a los funcionarios públicos, es decir, a agentes que, a diferencia de los representantes políticos, guardan con el "pueblo soberano" una relación muy mediata. O bien son cargos de confianza de políticos electos (así pues, agentes fiduciarios del político electo, que es su principal, el cual, a su vez, es agente fiduciario del "pueblo soberano"), o bien son funcionarios de carrera, y entonces la relación de agencia con la ciudadanía es aún más remota: en general, viene dada por los criterios legalmente establecidos de selección para entrar en la carrera del servicio público y por los criterios, legalmente establecidos también, para sancionar al funcionario público que falta a su deber de probidad. El descrédito de la función pública que ha acompañado al auge del "neoliberalismo" en las últimas décadas ha jugado un papel de primer orden en la degradación de ambas cosas: ha habido una bien documentada relajación en los criterios de selección de funcionarios (con la admisión de zorros como guardianes del gallinero: como el estafador Madoff presidiendo el Comité de directores de la agencia regulatoria NASDA): culpa in eligendo; y ha habido una política de gestión y de sanciones, importada del mundo de la empresa privada e impropia del sector público (todos serían corruptos y holgazanes, hasta que se demuestre lo contrario), como el llamado New Public Management, que ha traído consigo, entre otras cosas, una desmoralización general de los trabajadores públicos: culpa in vigilando. Huelga decir que el caso más interesante de corrupción administrativa es el que trae su origen causal en la vida económica privada, es decir, la corrupción de funcionarios públicos por grandes (o pequeñas) empresas privadas. El incremento de la corrupción administrativa en las pasadas décadas, señaladamente en los países en vías de desarrollo, ha sido sencillamente espectacular. También porque ha sido instrumento capital del saqueo de esos países por las grandes empresas del hemisferio norte en el orden neoliberal de la "globalización". Peter Eigen, el fundador de Transparency International, con sede en Berlín, lo resumía así en enero de 2000:"La magnitud de los sobornos pagados por corporaciones internacionales en los países en desarrollo es a gran escala. Las acciones emprendidas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados para luchar contra la corrupción internacional son modestas. Los resultados se traducen en mayor pobreza en los países pobres, un persistente socavamiento de las instituciones democráticas, y cada vez más distorsiones en el comercio internacional honrado." La corrupción política es particularmente lacerante, porque afecta a una relación de agencia fiduciaria directa entre el supuesto "pueblo soberano", como principal, y los partidos y los representantes políticos como meros agentes suyos, formadores y canalizadores de las voluntades y los intereses populares. No suele observarse que los distintos partidos políticos no sólo representan distintos intereses sociales –lo que es una obviedad—, sino que las relaciones fiduciarias de los distintos partidos con sus bases sociales (y más en general, con los intereses sociales que supuestamente representan) son también muy distintas. El marxista Gramsci popularizó la idea de que los intelectuales y los políticos de un determinado signo social, político o ideológico pueden ser más o menos "orgánicos en" sus respectivas bases. Y observó con gran perspicacia que para los dirigentes y representantes de las clases y estratos subalternos de la población la "organicidad" en, es decir, la miríada de vínculos capilares de retroalimentación con, sus bases sociales es mucho más difícil de mantener que en el caso de los representantes y los agentes fiduciarios de las elites sociales y económicas tradicionales. No sólo porque resulta harto más difícil encontrar buenos representantes y calificados dirigentes entre quienes están obligados a vivir por sus manos, y desde luego, no de renta; no sólo porque, una vez encontrados, es más difícil substituirlos por otros, lo que da a esos agentes un gran margen de chantaje autoritario sobre sus bases ("si no os gusta, me voy": como Felipe González, cuando obligó a un PSOE mayoritariamente reluctante a "abandonar el marxismo" en 1979; o como el propio Felipe González, cuando en 1986 obligó a un pueblo abrumadoramente pacifista como el español a entrar en la OTAN); también porque, una vez con cargos y aupados al núcleo del funcionamiento del sistema político, con todas su pompas y vanidades, tienden espontáneamente a desarrollar una nueva identificación con los hábitos de sus colegas bienhabientes, tienden, esto es, a sentirse más "clase política" que representantes de su fábrica, de su barrio o, en general, de las gentes menudas de cuyas filas proceden o a las que, al menos, declaran representar. Así que, en punto a corrupción política, el partido de izquierda que no sea especialmente sensible a esas realidades, va listo: quien no vive según piensa, termina pensando según vive. El alcalde de Santa Coloma detenido por corrupción la pasada semana –dicen que un socialista aficionado a los buenos restaurantes, a los buenos automóviles y a las buenas compañías de gente con estilo—, que regía con mayoría absoluta una de las ciudades obreras más importantes del cinturón industrial de Barcelona, ni siquiera vivía en Santa Coloma, sino en uno de los barrios altos de la Ciudad Condal. Eso no quiere decir que las elites políticas o ideológicas de la derecha hayan de tener siempre mayor "organicidad en" sus bases, o más facilidad para lograrla. Los numerosos casos –en realidad, ampliamente mayoritarios— de corrupción política de la derecha tradicional en la España de estos últimos años son buen ejemplo de ello. Pero es interesante observar que la pérdida radical de organicidad en sus bases sociales de las elites ideológicas y políticas conservadores se da fundamentalmente en momentos históricos dominados por la mentalidad rentista, es decir, en épocas de hegemonía social y cultural de los estratos y capas sociales que viven fundamentalmente de rentas: de rentas inmobiliarias, de rentas dimanantes de grandes patrimonios financieros y de rentas monopólicas desapoderadas, derivadas de posiciones de abuso de poder en los mercados. El rentista no produce nada, no crea nada, no genera valor, ni riqueza, sino, a lo sumo, apariencia de ella; el rentista es, básicamente, un saqueador; un expoliador de bienes comunes y de bienes privados ajenos; y un activo buscador de rentas a través de mecanismos políticos, que no puede ver en la vida política representación de interés social alguno, sino oportunidad de negocio y cabildeo. Lo que en Alemania ha dado en llamarse "puerta giratoria" entre la política y el mundo de los negocios (el hecho de que grandes fortunas entren como si nada en el juego de la vida política –Berlusconi— y, a la inversa, grandes dirigentes políticos vayan a parar al mundo de los negocios luego de abandonar su cargo –Schröder con Gazprom, Felipe González con Carlos Slim, Aznar con Rupert Murdoch—), un fenómeno relativamente reciente, expresa bien esa realidad.No es por casualidad que uno de los clásicos de la ciencia social contemporánea, La teoría de la clase ociosa (1898), del economista noruego-estadounidense Thorstein Vebblen se escribiera en plena Era de la Codicia norteamericana, un período, por tantos conceptos, muy semejante al que hemos vivido en las últimas décadas. En Veblen puede encontrarse un atisbo de explicación al hecho de que precisamente políticos sin la menor organicidad en intereses sociales objetivos de ningún estrato social relevante –basta ver la pinta, involuntariamente cómica, de un Ricardo Costa, el de los relojes de 6.000 euros y los coches de 60.000—, y enfangados hasta el cuello en asuntos de corrupción política, como en Madrid, como en Valencia, o como en Santa Coloma de Gramanet, puedan jactarse de lograr una y otra vez mayorías absolutas:"… la institución de una clase ociosa opera en el sentido de hacer conservadoras a las clases inferiores al privarles, hasta donde es posible, de los medios de subsistencia, reduciendo así su consumo, y, por ende, de la energía de que pueden disponer, hasta el punto de hacerlas incapaces del esfuerzo exigido para el aprendizaje y adopción de nuevos hábitos mentales. La acumulación de riqueza en el extremo superior de la escala pecuniaria implica privaciones en el extremo inferior. (…) El efecto inhibitorio directo de la desigual distribución de la riqueza está secundado por otro indirecto que tiende al mismo resultado. (…) El mantenimiento del consumo ostensible como uno de los elementos principales del patrón que mide el decoro en todas las clases, no es, desde luego, atribuible por entero al ejemplo de la clase ociosa adinerada, pero la práctica y la importancia que se le da se robustecen, sin duda, por el ejemplo de la clase ociosa."La percepción de la corrupción económica, administrativa y política. El caso de España.A pesar de la epidemia de corrupción política que aparentemente se ha abatido sobre España, es muy notable que, en la percepción de los españoles –y como saben todos los estudiosos del fenómeno de la corrupción, suele haber, ceteris paribus, una elevada correlación positiva entre la percepción de la misma y su realidad objetivamente medida— la corrupción económica del sector privado resulta ser mucho más importante que la corrupción de los partidos y de los representantes políticos. Según el informe de 2009 de Tranparency International, mientras que en países como Argentina, Grecia, Israel, Italia o Reino Unido lo más destacado en la percepción ciudadana es la corrupción de los partidos políticos; mientras que en países como los EEUU, Indonesia y Panamá se destaca la corrupción de todo el poder legislativo (las cámaras parlamentarias); mientras que en países como Chequia, Japón y Rusia se destaca la corrupción administrativa; en España, en cambio –como en Hong Kong, Islandia, Países Bajos y Noruega—, se destaca la corrupción empresarial. En contra de los sermones casi unánimes de los políticos españoles de estos días, el crédito popular de la "democracia", del sistema de partidos políticos y de los representantes políticos electos no está por ahora gravemente amenazado, a pesar de la que está cayendo. Diríase, en cambio, que la población española tiene una percepción bastante clara del origen causal de los males de la política en los males de una vida económica –de un "modelo de crecimiento", como se dice con tecnocrática unción— fundada, no en la creación de riqueza o de valor, sino en la inflación de activos (inmobiliarios y financieros), en la inclemente destrucción del patrimonio común natural (el caso de las costas españolas es particularmente llamativo, y ahora ha saltado dramáticamente a la luz el caso de los humedales de las Tablas de Daimiel), en el saqueo y privatización de patrimonio público del Estado (una política de privatizaciones iniciada por Felipe González y seguida luego por Aznar, pero a la que, inicialmente, se oponía hasta la derecha política tradicional), en la asombrosa sobreexplotación de una mano de obra calificada (el 63% de los asalariados españoles es "mileurista"), en un Estado social raquítico, en el volumen de desempleo estructural más crecido de los países de la OCDE y en el insostenible endeudamiento de las empresas y de los trabajadores españoles. Si comparamos con Italia, el contraste es notable. Mientras en España un 29% considera que el sector más corrompido es el de la empresa privada, en Italia sólo un 7% cree eso. Es verdad que en España un 27% creen ya que son los partidos el sector más corrompido (cerca, pues, de la empresa privada), pero en Italia tenemos un abrumador 44% de ciudadanos que lo cree. Ese 27% registrado en 2009 podría crecer; visto lo visto estos días, y lo cierto es que si la pregunta es cuán corrompido está un sector (no qué sector es el más corrompido), en España ganan ya los partidos políticos con una puntuación de 3,4 (en contraste con el 3,3 que se da a las empresas, el 3,1 que se da al parlamento, o el moderado 3,0 –el más bajo— que se da a los funcionarios. (Por seguir con el contraste: en Italia la puntuación más alta de descrédito en materia de corrupción se la llevan también los partidos, pero con un 4,1, seguidos de los funcionarios, 3,9, del poder judicial, 3,5, y de los medios de comunicación, 3,4; la empresa privada queda en un 3,3, al mismo nivel que el Parlamento). Y si la izquierda institucional no reacciona políticamente a esos males básicos de la vida económico-social de nuestro país, si no logra al menos acompasar sus percepciones básicas a las percepciones del común de la ciudadanía, entonces sí podría empezar a temerse muy en serio en España una generalización à la italiana de la antipolítica.Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Publicado por