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Timestamp: 2020-07-04 19:54:26
Document Index: 55726221

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 1059', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 4', 'artículo 344', 'artículo 267', 'artículo 8', 'artículo 267', 'artículo 18', 'artículo 83', 'artículo 252', 'artículo 344', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 267', 'artículo 1059', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 267']

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 3 de marzo de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2016, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano (Ponente), Vicepresidente, los Sres. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský y E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot y F. Biltgen, la Sra. K. Jürimäe y los Sres. C. Lycourgos, M. Vilaras y E. Regan, Jueces;
5 Conforme al artículo 1059, apartado 2, del Zivilprozessordnung (Código de Enjuiciamiento Civil), solamente podrá anularse un laudo arbitral si se acredita la existencia de alguno de los motivos de anulación establecidos en esta disposición, entre los que se encuentran la nulidad del convenio arbitral con arreglo a la ley a la que las partes lo hayan sometido o que el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral sean contrarios al orden público.
12 Mediante laudo arbitral de 7 de diciembre de 2012, el tribunal arbitral condenó a la República Eslovaca a pagar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios de un importe principal de 22,1 millones de euros. La República Eslovaca interpuso un recurso de anulación contra este laudo arbitral ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Mein (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso mediante una resolución que fue recurrida en casación por la República Eslovaca ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania).
13 El tribunal remitente recuerda que, desde la adhesión de la República Eslovaca a la Unión, el 1 de mayo de 2004, el TBI constituye un tratado entre Estados miembros, de modo que, en caso de conflicto, en las materias reguladas por el Derecho de la Unión las disposiciones de este tienen primacía sobre las disposiciones del TBI.
16 A continuación, el tribunal remitente observa que el artículo 344 TFUE solo tiene por objeto las controversias relativas a la interpretación y aplicación de los Tratados. Según dicho tribunal, no es este el caso del litigio principal, dado que el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2012 fue emitido únicamente sobre la base del TBI.
17 Por último, el tribunal remitente indica que el artículo 344 TFUE tiene como finalidad garantizar el orden de competencias fijado por los Tratados y, por tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, y es al mismo tiempo una manifestación específica del deber de lealtad de los Estados miembros hacia el Tribunal de Justicia, en el sentido del artículo 4 TFUE, apartado 3. No obstante, de lo anterior no puede deducirse que el artículo 344 TFUE protege la competencia del Tribunal de Justicia por lo que se refiere a toda controversia en la que pueda aplicarse o interpretarse el Derecho de la Unión. En realidad, esta disposición solo protege la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en la medida en que los Estados miembros deban recurrir a los procedimientos, previstos en los Tratados, que han de tramitarse ante él. Ahora bien, según el tribunal remitente, un litigio como el que es objeto del asunto principal no puede resolverse en el marco de un procedimiento desarrollado ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya que los Tratados no establecen ningún procedimiento judicial que permita a un inversor, como Achmea, alegar ante los tribunales de la Unión el derecho a indemnización frente a un Estado miembro que le concede un tratado bilateral de inversión como el TBI.
19 A este respecto, el tribunal remitente señala, en primer término, que el procedimiento arbitral no puede asegurar por sí solo la aplicación uniforme del Derecho de la Unión que el artículo 267 TFUE pretende garantizar. Aun cuando el tribunal arbitral debe respetar el Derecho de la Unión, conforme al artículo 8, apartado 6, del TBI, y, en caso de conflicto, darle primacía, carece de la posibilidad de plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, dado que no puede considerársele un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
22 En tercer lugar, el tribunal remitente constata que, contrariamente a los inversores neerlandeses o eslovacos, los inversores de Estados miembros que no sean el Reino de los Países Bajos y la República Eslovaca no tienen la posibilidad de acudir a un tribunal arbitral en vez de a un órgano judicial estatal, lo que constituye una desventaja considerable que puede constituir una discriminación contraria al artículo 18 TFUE. No obstante, la limitación en un tratado bilateral interno de la Unión del disfrute de una ventaja a los nacionales de los Estados miembros contratantes solo es discriminatoria si los nacionales de los demás Estados miembros que no disfrutan de esa ventaja se encuentran en una situación objetivamente comparable. Ahora bien, según el tribunal remitente, no sucede así en el presente asunto, dado que el hecho de que los derechos y las obligaciones recíprocos solo se apliquen a quienes sean nacionales de alguno de los dos Estados miembros contratantes es una consecuencia inherente a los convenios bilaterales celebrados entre estos.
23 En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
24 A raíz de la lectura de las conclusiones del Abogado General el 19 de septiembre de 2017, los Gobiernos checo, húngaro y polaco solicitaron, mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia, respectivamente, el 3 de noviembre, el 19 y el 16 de octubre de 2017, la reapertura de la fase oral con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
27 Por otro lado, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. A este respecto, el Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 25 de octubre de 2017, Polbud-Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, apartado 24 y jurisprudencia citada).
32 Para responder a estas cuestiones, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un acuerdo internacional no puede vulnerar el orden de competencias fijado por los Tratados ni, por lo tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia. Este principio se encuentra recogido, en particular, en el artículo 344 TFUE, según el cual los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos [dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 201 y jurisprudencia citada].
34 El Derecho de la Unión se asienta, por tanto, en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los demás Estados miembros, y reconoce que estos comparten con él, una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión, como se precisa en el artículo 2 TUE. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por lo tanto, en el respeto del Derecho de la Unión que los aplica. Precisamente en este contexto incumbe a los Estados miembros, singularmente en virtud del principio de cooperación leal, establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, asegurar en sus respectivos territorios la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión y adoptar, con este fin, todas las medidas generales o particulares apropiadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión [dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartados 168 y 173 y jurisprudencia citada].
36 En ese marco, conforme al artículo 19 TUE, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial de los derechos que ese ordenamiento confiere a los justiciables [véanse, en ese sentido, el dictamen 1/09 (Acuerdo por el que se crea un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes), de 8 de marzo de 2011, EU:C:2011:123, apartado 68; el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 175, y la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 33].
40 A este respecto, incluso suponiendo, como alega Achmea, que dicho tribunal arbitral solo sea competente, a pesar de la muy amplia formulación del artículo 8, apartado 1, del TBI, para pronunciarse sobre el eventual incumplimiento de este Tratado, no es menos cierto que, a estos efectos, debe tener en cuenta en particular, con arreglo al artículo 8, apartado 6, del TBI, el Derecho vigente de la Parte contratante afectada y cualquier tratado pertinente entre las Partes contratantes.
44 A este respecto, en el asunto en el que recayó la sentencia de 12 de junio de 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754), el Tribunal de Justicia dedujo que el tribunal de que se trataba tenía la naturaleza de «órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros» del hecho de que aquel constituía, en su conjunto, un elemento del sistema de resolución jurisdiccional de litigios en el ámbito tributario previsto por la propia Constitución portuguesa (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de junio de 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13, EU:C:2014:1754, apartados 25 y 26).
48 Sin embargo, el tribunal arbitral de que se trata en el asunto principal no es un órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros, comparable al Tribunal de Justicia del Benelux. En efecto, mientras que, por una parte, este tiene por misión garantizar la uniformidad en la aplicación de las normas jurídicas comunes a los tres Estados del Benelux y, por otra parte, el procedimiento que se desarrolla ante él constituye un incidente en los procesos pendientes ante los órganos judiciales nacionales, a cuyo término se establece la interpretación definitiva de las normas jurídicas comunes al Benelux, el tribunal arbitral de que se trata en el asunto principal no presenta tales vínculos con los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros (sentencia de 14 de junio de 2011, Miles y otros, C‑196/09, EU:C:2011:388, apartado 41).
49 De lo anterior se deriva que un tribunal arbitral como el establecido en el artículo 8 del TBI no puede calificarse de «órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros» en el sentido del artículo 267 TFUE y no está facultado, por tanto, para solicitar una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
53 No obstante, debe señalarse que dicho tribunal solo puede llevar a cabo tal control judicial en la medida en que se lo permite el Derecho nacional. Por otra parte, el artículo 1059, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil solo prevé un control limitado en relación, en particular, con la validez del convenio de arbitraje, habida cuenta de la ley aplicable, o con el respeto del orden público al reconocer o ejecutar el laudo arbitral.
55 No obstante, un procedimiento de arbitraje como el previsto en el artículo 8 del TBI se distingue de un procedimiento de arbitraje comercial. En efecto, mientras que el segundo tiene su origen en la autonomía de la voluntad de las partes, el primero resulta de un tratado mediante el cual los Estados miembros se comprometen a sustraer de la competencia de sus propios tribunales y, por tanto, del sistema de vías de recurso judicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, les impone establecer en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 34) los litigios que puedan referirse a la aplicación o interpretación de ese Derecho. En estas circunstancias, las consideraciones enunciadas en el apartado anterior, relativas al arbitraje comercial, no son extrapolables a un procedimiento de arbitraje como el previsto en el artículo 8 del TBI.
56 En consecuencia, habida cuenta del conjunto de características del tribunal arbitral establecidas en el artículo 8 del TBI y recordadas en los apartados 39 a 55 de la presente sentencia, procede considerar que, mediante la celebración del TBI, los Estados miembros parte de este han establecido un mecanismo de resolución de litigios entre un inversor y un Estado miembro que puede impedir que dichos litigios sean dirimidos, a pesar de que pudieran referirse a la interpretación o aplicación del Derecho de la Unión, de modo que se garantice la plena eficacia de ese Derecho.
58 No obstante, en el presente asunto, además de que los litigios comprendidos en el ámbito de competencias del tribunal arbitral previsto en el artículo 8 del TBI pueden tener por objeto la interpretación tanto de dicho Tratado como del Derecho de la Unión, la posibilidad de someter estos litigios a un organismo que no constituye un elemento del sistema jurisdiccional de la Unión está establecida por un tratado que no ha sido celebrado por la Unión, sino por ciertos Estados miembros. Pues bien, dicho artículo 8 puede poner en peligro, además del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, la preservación del carácter propio del Derecho establecido por los Tratados, garantizado por el procedimiento de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, por lo que no es compatible con el principio de cooperación leal recordado en el apartado 34 de la presente sentencia.