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Timestamp: 2019-10-16 19:23:16
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 88', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 7', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 551', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 36']

Ley sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley 34/2006, de 30 de octubre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 81807358
Ley sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley 34/2006, de 30 de octubre)
CAPÍTULO II. Obtención de la capacitación profesional - arts. 3 a 6
CAPÍTULO III. Acreditación de la capacitación profesional - art. 7
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Libertad de establecimiento
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Ayudas y becas
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Adaptación de las normas colegiales a lo previsto en esta ley
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Accesibilidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Consejos autonómicos
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Grado en Derecho y licenciatura en Derecho
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Licenciados en Derecho
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Títulos extranjeros homologados
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de título profesional
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación reglamentaria
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor de esta ley
Norma citada en: 326 sentencias, 54 artículos doctrinales, 18 disposiciones normativas, un tema práctico, 13 resoluciones administrativas, 42 noticias
La regulación del régimen de acceso a la profesión de abogado en España es una exigencia derivada de los artículos 17.3 y 24 de la Constitución: estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía.
ARTÍCULO 1 Objeto y finalidad de la ley.
Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.
La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.
La obtención del título profesional de procurador de los tribunales en la forma determinada por esta ley es necesaria para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.
La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.
Artículo citado en: 9 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 2 Acreditación de aptitud profesional.
Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley.
La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Artículo 2, apartado 3, modificado por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de Marzo de 2012.
Artículo 2, apartado 3, modificado por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.
Artículo 2, apartado 3, declarado inconstitucional y nulo, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 10 de la Sentencia 170/2014, de 23 de octubre de 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de Noviembre de 2014.
Artículo citado en: 212 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
CAPÍTULO II Obtención de la capacitación profesional Artículos 3 a 6
ARTÍCULO 3 Formación.
Los cursos de formación para abogados y procuradores podrán ser organizados e impartidos por universidades, públicas o privadas, y por escuelas de práctica jurídica.
Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente capítulo.
ARTÍCULO 4 Formación universitaria.
Los cursos de formación para abogados podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y deberán ser acreditados, a propuesta de éstas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos.
Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6, y que incluyan la realización de la evaluación regulada en el capítulo III.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.
Lo previsto en este artículo será de aplicación a los cursos de formación para el acceso a la procura de acuerdo con la específica regulación que al efecto se establezca en sede reglamentaria.
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, una resolución administrativa
ARTÍCULO 5 Escuelas de práctica jurídica.
Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine.
Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas externas en la abogacía o en la procura, según estén orientados a la formación profesional de los abogados o de los procuradores, en los términos del artículo siguiente, y la realización de la evaluación regulada en el capítulo III.
ARTÍCULO 6 Prácticas externas.
Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogacía o en actividades propias de la procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios.
Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado o procurador, según se dirijan a la formación para el ejercicio de la abogacía o de la procura. Los tutores serán abogados o procuradores con un ejercicio profesional superior a cinco años. Los respectivos estatutos generales de la abogacía y de la procura reglamentarán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria.
En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2, deberá haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados o un colegio profesional de procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de éstas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.
Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de práctica jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y deberá dictar resolución motivada en relación con la misma.
Artículo citado en: 5 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Acreditación de la capacitación profesional Artículo 7
ARTÍCULO 7 Evaluación.
La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales.
Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, oídas las comunidades autónomas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía o el Consejo General de los Colegios de Procuradores.
Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía y de la comisión evaluadora para el acceso a la procura, que serán únicas para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación y Ciencia, y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española; asimismo, en la comisión evaluadora para el acceso a la procura habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El número de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y de la correspondiente corporación profesional será el mismo.
Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, señalándolo así en la convocatoria.
Tanto la evaluación para el acceso a la abogacía como la evaluación para el acceso a la procura tendrán contenido único para todo el territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.
Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un número limitado de plazas.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán también materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación, de modo diferenciado para la abogacía y la procura, de acuerdo con la diferente capacitación necesaria para el desempeño de una y otra profesión.
Artículo citado en: 10 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, una resolución administrativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Libertad de establecimiento
El ejercicio permanente en España de la profesión de abogado o procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regulará por su legislación específica.
Disposición adicional primera modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de Diciembre de 2009.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Ayudas y becas
El Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador; a tal efecto se establecerán ayudas y becas para aquellos licenciados en Derecho que quieran obtener cualquiera de las titulaciones a que se refiere la presente ley, de conformidad con el sistema nacional de becas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Ejercicio profesional de los funcionarios públicos
La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta ley.
Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Adaptación de las normas colegiales a lo previsto en esta ley
Los colegios profesionales de abogados y procuradores adaptarán su normativa a lo previsto por esta ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Accesibilidad
Al objeto de favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en el diseño y realización de los cursos y evaluaciones a que se refiere el artículo 2.2 de la presente ley, se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Consejos autonómicos
Las referencias al Consejo General de la Abogacía o al Consejo General de la Procura, o a sus respectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la ley, se entenderán hechas, en su caso, a los respectivos consejos autonómicos o a su normativa reguladora, de conformidad con lo que disponga la legislación aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Grado en Derecho y licenciatura en Derecho
A los efectos de la presente ley, la referencia al grado en Derecho se entenderá hecha a la licenciatura en Derecho, cuando así corresponda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA Licenciados en Derecho
Disposición citada en: 3 sentencias, una resolución administrativa, una noticia
Disposición adicional octava, añadida por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de Marzo de 2012.
Disposición adicional octava, añadida por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Títulos extranjeros homologados
Disposición adicional novena, añadida por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de Marzo de 2012.
Disposición adicional novena, añadida por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de título profesional
Los títulos profesionales regulados en esta norma no serán exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores, como ejercientes o no ejercientes, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.
Los títulos profesionales regulados en esta ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un año, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria.
Disposición Transitoria Única, apartado 3, modificado por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de Marzo de 2012.
Disposición Transitoria Única, apartado 3, modificado por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.
Las disposiciones contenidas en esta ley, dictadas al amparo del artículo 149.1. 1.ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución y de acuerdo con el artículo 36 de la misma, serán de aplicación en todo el territorio nacional.
Se faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia y al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Entrada en vigor de esta ley
Esta ley entrará en vigor a los cinco años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de octubre de 2006.
Ley 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura.
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Real Decreto 775/2011, de ...
Reglamento número 66 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de gran capacidad para el transporte de personas respecto a la resistencia mecánica de su superestructura, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y piezas de vehículos de motor.
DECRETO 179/1991, de 12 de marzo, por el que se establece el Reglamento Orgánico del Departamento de Agricultura y Pesca.