Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63640
Timestamp: 2018-01-22 09:55:48
Document Index: 365699473

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 291', 'ARTÍCULO 315', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 291', 'Artículo 29', 'artículo 108', 'Artículo 293', 'Artículo 63', 'ARTÍCULO 292']

Sentencia C-533 de 2015 Corte Constitucional
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO- Práctica de la notificación personal
NOTIFICACIÓN PERSONAL DE PROVIDENCIAS-Reglas en cuanto a la entrega de la comunicación
PRACTICA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE PROVIDENCIAS DEL JUEZ- No son iguales los efectos, cuando en el lugar de entrega se rehúsan a recibir la comunicación con los derivados de la comunicación devuelta
NOTIFICACIÓN PERSONAL- Comunicación se entenderá entregada cuando en el lugar de destino se rehúsan a recibirla
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Aplicación del principio pro actione
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO- Modifica aspectos de la notificación personal conservando el uso de comunicaciones como mecanismo de información del proceso/NOTIFICACIÓN PERSONAL- Reglas para cuando se rehúsa recibir la comunicación
IGUALDAD COMO DERECHO- Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE IGUALDAD- Alcance
PRINCIPIO DE IGUALDAD- Criterio de comparación o tertium comparationis
TRATO DISCRIMINATORIO- Determinación de situaciones jurídicas en comparación
EMPLAZAMIENTO DE COMUNICACIONES DEVUELTAS CON ANOTACIÓN DE QUE PERSONA NO RESIDE O NO TRABAJA EN EL LUGAR Y COMUNICACIONES QUE SE REHÚSAN RECIBIR SE ENTIENDEN COMO ENTREGADAS-Tratamiento legal diferente
"ARTÍCULO 291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:
6. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso."
Argumenta que la negativa puede darse porque precisamente la persona a la que se remite no reside o trabaja en el lugar, o porque la persona encargada de recibir correspondencia no la conoce, o porque no tiene trato con ella, o porque tiene enemistad con ella, situación que a su juicio "es muy común en las casas de inquilinato o viviendas multifamiliares que carecen del servicio de portería". Señala que al no recibirse la comunicación por cualquiera de las anteriores razones, el mensajero puede cumplir con su deber de dejar la comunicación "de cualquier manera en el lugar, ya sea tirándola bajo la puerta o poniéndola en algún sitio". En estas circunstancias, considera que la diferencia de trato carece de justificación.
2.2.2. El segundo, que se basa en el derecho a un debido proceso (art. 29 CP), del que hace parte "el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción"1 Se argumenta que la notificación del auto admisorio de la demanda, del mandamiento ejecutivo o del auto que ordena la vinculación de terceros, es el acto procesal que le permite al demandado o a los terceros, según sea el caso, conocer de la existencia de un proceso, a fin de que puedan comparecer a él y defenderse, no puede tener "como único soporte la constancia de la empresa de servicio postal que indique sin más detalles que la comunicación fue rehusada (sic.)", para entender que ha sido entregada y, por tanto, proceder a realizar la notificación por aviso, que se hará en el mismo lugar. Luego de destacar las consecuencias que pueden seguirse de no comparecer al proceso, por ignorar su existencia, dada la forma de notificación empleada, la demanda plantea unas preguntas, con el propósito de mostrar la vulneración del debido proceso. Tales preguntas son las siguientes:
2.2.3. El tercero, que se afinca en el derecho a acceder a la administración de justicia (art. 228 y 229 CP), sostiene que para la concreción de este derecho es necesario "garantizar a toda persona la posibilidad de ser parte en un proceso y de hacer uso de los medios establecidos por la ley para formular sus pretensiones o para defenderse de las pretensiones que sean formuladas en su contra". En este contexto, consideran que tener por entregada una comunicación, como lo prevé la norma demandada, a partir de "la simple constancia de que alguien se rehusó a recibir la comunicación", no brinda la antedicha garantía.
3.1. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho: inhibición y, en subsidio, exequibilidad. Advierte que el concepto de la violación de la demanda no cumple el requisito de pertinencia, "ya que los juicio de constitucionalidad no pueden basarse sobre puntos de vista subjetivos frente a las disposiciones cuestionadas, ni sobre la base de consideraciones casuísticas sobre la conveniencia de las disposiciones demandadas". Para ilustrar su dicho, señala que la comunicación no equivale a la notificación de la providencia judicial, sino que es una herramienta que le permite al interesado, si así lo desea, comparecer ante la autoridad judicial para ser notificado personalmente. En este contexto, advierte que la interpretación de la norma demandada no puede partir de la mala fe de las personas involucradas en su supuesto de hecho, al punto de asumir, como lo hace la demanda, que "el sujeto a ser notificado será víctima del dolo o la culpa de terceros malquerientes que se rehusarán a recibir la comunicación de notificación judicial con la finalidad de perjudicarlo".
En caso de que el tribunal decida pronunciarse de fondo sobre la demanda, señala que no es aceptable la equiparación que se pretende hacer entre la persona que no rehúsa personalmente el recibo de la comunicación y la persona que sí lo hace, porque: (i) "la norma no realiza expresamente alguna diferenciación entre dos grupos de población", por lo que la supuesta desigualdad no corresponde a la norma, sino a la interpretación que se hace en la demanda; (ii) incluso si se aceptara dicha diferenciación, ella en sí misma no vulneraría el derecho a la igualdad, ya que para que la vulneración ocurra se requiere de la presunta mala fe de quien recibe la comunicación; y (iii) si se aceptara la diferenciación, en todo caso la norma superaría el test intermedio de igualdad, pues persigue un fin importante: reforzar la efectividad y la agilidad de la administración de justicia, el medio empleado no está prohibido por la Constitución y el medio es efectivamente conducente para alcanzar el fin. Agrega que tampoco se vulnera el debido proceso, porque "la limitación impuesta por la disposición acusada (…) tiene una finalidad legítima, es necesaria y es constitucionalmente válida y proporcional en sentido estricto", al punto de que lo desproporcionado e innecesario es sostener, como lo hace la demanda, lo contrario2
3.2. Intervención de la Pontificia Universidad Javeriana: inexequibilidad. Señala que si bien la norma regula el proceso de recepción y conocimiento de la citación o comunicación para la notificación personal y no de la notificación misma, "el fin último o trasfondo termina siendo la notificación personal como tal que se deriva de un acto personalísimo" y, por ende, "se debe garantizar la eficacia del medio para que el ciudadano se entere de las decisiones". En este contexto, la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad y vulnera, sobre todo, el debido proceso, al tratar del mismo modo a quien si fue debidamente citado que a quien no lo fue, y al existir "múltiples eventualidades que podrían desencaminar la efectiva comunicación de la providencia, condenada entonces una de las partes a la suerte del nivel de diligencia, buena fe, idoneidad o rectitud de un tercero". Agrega que también se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia de la persona cuando, al remitir la comunicación, "no se le cumple el principio de publicidad que está relacionado efectivamente con el derecho al acceso a la justicia".
4.3. Dado que la inconformidad de la demanda se centra en la última hipótesis, considera necesario aplicar un juicio de igualdad, en el cual se empleará un juicio débil o flexible. Al aplicarlo, destaca que "las personas cuya situación se pretende comparar sin duda se encuentran en diferente situación de hecho, pues no es lo mismo que la dirección a donde se remita la comunicación no exista o que el destinatario de la misma no resida o no trabaje allí, que el hecho de que la persona que se pretenda notificar, encontrándose en la respectiva dirección, no quiera recibirla". Agrega que la norma demandada tiene como finalidad "combatir la vieja práctica utilizada para dilatar los procesos judiciales que consiste en evitar o aplazar las notificaciones", la cual es razonable, en tanto busca asegurar la justicia y lograr el efectivo cumplimiento de deberes ciudadanos.
4.4. Respecto del debido proceso y del acceso a la justicia, a partir de la base antedicha, destaca que tampoco se vulneran, pues "si la empresa de servicio postal debe dejarla en el lugar de la comunicación, entonces la persona interesada puede y debe proceder a enterarse de su contenido, quedando en libertad para acceder a la administración de justicia mediante la notificación de la providencia respectiva, así como para ejercer su derecho de defensa a través de los medios señalados en la ley para impugnar su decisión".
2.2.1. El argumento por vulneración del debido proceso (CP, 29); no será analizado de fondo por cuanto se erige en interpretaciones confusas y subjetivas del actor que imposibilitan la conformación de un cargo de inconstitucionalidad, y en especial carece de pertinencia al fundamentar el concepto de la violación en los siguientes interrogantes: "¿qué recursos procesales le quedan al demandado o tercero que reside o trabaja en la dirección que se indicó para el recibo de notificaciones, cuando tenga que demostrar que no tuvo conocimiento alguno de la comunicación que se le envió para notificarse del auto admisorio de la demanda o de mandamiento ejecutivo o de la providencia que ordenó vincularlo, porque la misiva fue rehusada, sin saber por quién y por qué? etc" Ante lo cual, es necesario que el demandante señale cómo y en qué medida la comunicación como medio para la notificación personal plantea al menos un problema de relevancia constitucional, y no razones personales.
2.3.1. La Corte ha indicado que en armonía con la naturaleza pública de la acción por inconstitucionalidad, las demandas ciudadanas deben estudiarse bajo la aplicación del principio pro actione3 por cuanto, la exigencia de los presupuestos para la conformación de un cargo, (i) no deben tener tal rigorismo que imposibilite el derecho ciudadano, (ii) es deber del juez constitucional analizar si es posible un fallo de fondo y no uno inhibitorio; y en consecuencia, (iii) la duda debe resolverse a favor del actor. En ese sentido, procede el estudio del cargo por vulneración del derecho a la igualdad (CP, 13) al plantear una posible diferencia de trato legal entre situaciones jurídicas en principio asimilables -no recibir la comunicación-, En cuyo caso, de constatarse su inconstitucionalidad, de contera demostraría la vulneración al acceso a la administración de justicia (CP, 228 y 229).
ARTÍCULO 315. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACION PERSONAL4. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:
4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento5 en la forma prevista en este código.
"4. Conforme a la doctrina jurídica, la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas legales. (Subraya fuera de texto)
Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la Constitución."
4.1. La jurisprudencia de esta Corporación constantemente ha expresado sobre el principio de igualdad, que se manifiesta en distintos planos jurídicos6, siendo la regla general (i) la igualdad ante la ley -entendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas-; (ii) la prohibición de discriminación, -categoría en la que se incluyen criterios definidos como ‘sospechosos’ y referidos a razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica-; y (iii) finalmente, la promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados.
"Especialmente esta Corporación ha señalado que el derecho constitucional a la igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar situaciones diferentes y otorgar un desarrollo disímil, siempre que esta resulte razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales.
Así las cosas, la igualdad termina siendo un concepto relacional que impide aplicarse de forma automática, lo que trae consigo la atención igual a quienes se encuentren en situaciones similares, y en forma desigual a los sujetos que se hallen en situación diferente. Un primer parámetro esbozado por esta Corte para identificar si se está en presencia de una situación diferente es establecer un criterio de comparación o tertium comparationis, donde se puede determinar si los hechos son iguales o no."7
5.1. Conforme a lo expresado por los demandantes, se aduce el desconocimiento del mandato de trato igual entre iguales, consistente en las distintas consecuencias jurídicas aplicadas a situaciones de hecho semejantes, descritas en la norma procesal de la notificación personal -artículo 291 CGP- . Es así como las comunicaciones que son devueltas con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar son sujetas al emplazamiento8, mientras que las comunicaciones que se rehúsan a recibir se entienden como entregadas.
5.2. En un primer análisis se tiene en común que en ambos supuestos de hecho se encuentran en la etapa de entrega de la comunicación, que como se vio en el punto 3.1.3, es un acto procesal -distinto a la notificación- mediante el cual se pone en conocimiento de las partes determinada decisión judicial. No obstante, las situaciones jurídicas entraban supuestos de hecho distintos, pues por un lado, no existe un vínculo real entre la dirección aportada y el notificado, siendo incierto el recibo de la comunicación ante los casos de: (i) no residir o trabajar, o (ii) ante la inexistencia de la dirección. Mientras que en el segundo supuesto, se presume que el notificado se ubica en dicha dirección, pero la misma, no es recibida, tanto así que en el numeral previo al demandado, dispone que si la comunicación es recibida en una unidad inmobiliaria cerrada9 la entrega podrá realizarse a la persona que atienda la recepción.
5.4. No obstante, sea que se trate del primer o el segundo supuesto de hecho, es de aclarar que la comunicación sea recibida o no, no constituye un medio de notificación, pues como se vio en el marco normativo –Supra 3.1.2-, en el caso de no residir y/o trabajar o estar errada la dirección se procederá al emplazamiento y si es el caso posterior notificación mediante curador ad litem, y en el segundo caso, cuando se niega recibir, tiene la opción de acudir al despacho judicial dentro de los 5 días siguientes para notificarse, y de no hacerse se procederá la notificación por aviso10
5.5. Por todo lo visto, se concluye que la norma acusada "Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada" contenida en el inciso segundo, del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, es exequible por el cargo de igualdad, al no constatarse una diferencia de trato frente al supuesto de hecho del primer inciso "Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código" al tratarse de supuestos de hecho no asimilables.
1. La demanda. Se plantean tres cargos por vulneración del derecho a la igualdad (CP, 13); vulneración del debido proceso (CP, 29) y limitación al acceso a la administración de justicia (CP, 228 y 229). Sustentados así: (i) En el primero afirman que la ley trata de manera diferente a dos eventos en los cuales la comunicación no es recibida por su destinatario. En efecto, si la comunicación no se recibe porque la persona no reside o trabaja en el lugar se prevé su posible emplazamiento, mientras que si la comunicación no se recibe porque en el lugar de destino se rehúsan a recibirla se establece que ésta se tendrá por entregada, para todos los efectos legales. Argumenta que la conducta de rehusarse a recibir la comunicación puede darse porque precisamente la persona a la que se remite no reside o trabaja en el lugar, o porque la persona encargada de recibir correspondencia no la conoce, o porque no tiene trato con ella, o porque tiene enemistad con ella, situación que a su juicio "es muy común en las casas de inquilinato o viviendas multifamiliares que carecen del servicio de portería". Señala que al no recibirse la comunicación por cualquiera de las anteriores razones, el mensajero puede cumplir con su deber de dejar la comunicación "de cualquier manera en el lugar, ya sea tirándola bajo la puerta o poniéndola en algún sitio". En estas circunstancias, considera que la diferencia de trato carece de justificación. (ii) En cuanto al debido proceso, centra su argumentación en el planteamiento de varios interrogantes, por lo cual, en el acápite de ineptitud de algunos cargos, se constató la falta de conformación del cargo, y por ello se procederá en ese caso a la inhibición. Finalmente, (iii) respecto del derecho a acceder a la administración de justicia (art. 228 y 229 CP), sostiene que para la concreción de este derecho es necesario "garantizar a toda persona la posibilidad de ser parte en un proceso y de hacer uso de los medios establecidos por la ley para formular sus pretensiones o para defenderse de las pretensiones que sean formuladas en su contra". En este contexto, consideran que tener por entregada una comunicación, como lo prevé la norma demandada, a partir de "la simple constancia de que alguien se rehusó a recibir la comunicación", no brinda la antedicha garantía.
3. Concepto de la violación vs igualdad (CP, 13). El derecho constitucional a la igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar situaciones diferentes y otorgar un desarrollo disímil, siempre que esta resulte razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales. En ese sentido, la norma acusada "Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada" contenida en el inciso segundo, del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, no es asimilable al supuesto de hecho del primer inciso "Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código" al tratarse de supuestos de hecho distintos, consistentes en que en el primer evento se ubica al notificado pero la comunicación no es recibida, mientras que la segunda hipótesis parte de la base de que el citado no vive, labora o la dirección suministrada es inexistente, razón por la cual, las consecuencias jurídicas en ambos casos son diferentes.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el inciso segundo del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones."
1 Para ilustrar su dicho cita la Sentencia C-154 de 2004.
2 Para ilustrar su dicho trae a cuento la Sentencia C-783 de 2004.
3 C-081 de 2014: "No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo."
4 Artículo 29 de la Ley 794 de 2003 declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-783 de 2004.
5 Ley 1564 de 2012, artículo 108. EMPLAZAMIENTO. Cuando se ordene el emplazamiento a personas determinadas o indeterminadas, se procederá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local, o en cualquier otro medio masivo de comunicación, a criterio del juez, para lo cual indicará al menos dos (2) medios de comunicación.
6 C-221 de 2011.
7 C-609 de 2012, reiterada en la C-785 de 2012.
8 Ley 1564 de 2012, Artículo 293. EMPLAZAMIENTO PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Cuando el demandante o el interesado en una notificación personal manifieste que ignora el lugar donde puede ser citado el demandado o quien deba ser notificado personalmente, se procederá al emplazamiento en la forma prevista en este código.
9 Ley 675 de 2001, Artículo 63. UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS. Las Unidades Inmobiliarias Cerradas son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra restringido por un encerramiento y controles de ingreso.
10 Ley 1564 de 2012, Artículo ARTÍCULO 292. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.