Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VII.html
Timestamp: 2020-04-04 08:45:09
Document Index: 121234309

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'Artículo 105', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 79', 'artículo 4', 'artículo 325', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 79', 'artículo 146', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo123', 'artículo 6', 'artículo 79', 'Artículo 115', 'Artículo 210', 'Artículo 212', 'artículo 115', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 50', 'Artículo 50']

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5477-VII, jueves 12 de marzo de 2020
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a auditar las retenciones de la cuota ejidal reconocidas en ley y las voluntarias durante el actual gobierno de Sinaloa, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a atender de inmediato la restauración de sus sistemas informáticos, de redes y de servicios que provocan la suspensión de plazos de trámites, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a modificar los límites de la zona de seguridad alrededor de pozos, plataformas, instalaciones de proceso, barcos y buques empleados para explotar y extraer hidrocarburos en las zonas marinas a lo largo del litoral del Golfo de México, a efecto de permitir la actividad a las sociedades cooperativas y trabajadores del sector pesquero, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred a indagar sobre las declaraciones y los actos presumiblemente discriminatorios en razón de género de la titular de la SFP, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar tanto a los gobiernos federal y locales como a las autoridades educativas a incluir en las ceremonias cívicas frases en lenguas indígenas para preservarlas y promover su aprendizaje, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a atender mediante acciones concretas la crisis de tratamiento de aguas residuales y la contaminación del líquido potable en los municipios jaliscienses afectados por el río Santiago, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a atender la violencia de género contra las mujeres, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y la Conavi a difundir un informe sobre la aplicación de los recursos del Programa de Vivienda Social asignados en el PEF de 2020, suscrita por integrantes de la Comisión de Vivienda
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a implantar acciones conducentes a reactivar la economía de las regiones centro y carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar un estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad en los penales de su jurisdicción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a llevar a cabo entre la población en general y, en particular, alumnos de educación básica una amplia campaña de difusión sobre enfermedades que puedan presentarse o agravarse por el cambio climático y señalar las acciones preventivas, a cargo del diputado Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a cumplir el artículo vigésimo séptimo transitorio de la Constitución Política local y expedir la legislación en la materia, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a llevar a cabo acciones conducentes a reducir los riesgos de accidentes viales en la autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al TFCA a verificar el respeto de los derechos sindicales y del procedimiento de elección de comités seccionales de NL del SNTE, a cargo de la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a implantar medidas de prevención, detección y, en su caso, restricción de entradas y salidas de puertos marítimos, terrestres y aéreos para atender el brote de coronavirus, declarado pandemia mundial por la OMS, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Michoacán de Ocampo a detener la represión contra integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII de la CNTE y liberar a los 26 profesores del CES detenidos injustamente, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y el Metro a emprender una investigación expedita e integral sobre las causas del choque de trenes en la estación Tacubaya de la línea 1, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Judicial de la Federación a garantizar el derecho de la infancia y de la población en general a la salud y la información, y a permanecer atento al procedimiento judicial que se desarrolla en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobre el amparo donde se otorgó una suspensión provisional del etiquetado frontal, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal y Pemex a hacer pública la información de las coberturas de los ingresos recibidos por la venta de petróleo para 2020, con una descripción del precio o rango de precios asegurados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a detener y posponer hasta la temporada de lluvias la extracción de agua de la presa Don Martín, a cargo de la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Nancy Yadira Santiago Marcos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
De conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la propiedad de predios rústicos destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura son sujetos al impuesto predial, cuya tarifa es el equivalente al 1 por ciento de su producción anual comercializada, tomando como base el precio medio rural, a excepción de la porcicultura y avicultura que pagan el 0.5 por ciento.
Estas contribuciones se consideran cuotas obligatorias y son parte de las medidas recaudatorias por parte del gobierno municipal. De igual manera se aplica un impuesto adicional del 10 por ciento pagadero simultáneamente a la contribución principal, del cual un 80 por ciento del mismo se destinará a la Asistencia Social y/o Pro-Deporte, y el 20 por ciento, se destinará exclusivamente al sostenimiento de los Cuerpos Voluntarios de Bomberos del Municipio respectivo.2
Como podemos observar, estas cuotas son obligatorias y están justificadas dentro de la legislación local de la hacienda municipal, teniendo un sustento legal que el propio Congreso del estado no ha modificado.
Sin embargo, y en contraposición a las cuotas anteriores de uso interno y administrativo, existen otras que, sin ningún fundamento legal, están siendo retenidas por el gobierno local, promocionándolas como “cuotas voluntarias” cuando esto presumiblemente no es así, debido a que no se solicita autorización para su aplicación.
Dichas cuotas son las siguientes:
Cuotas Ejidales: equivalentes al 12.5 por ciento del impuesto principal, aportado por los Ejidatarios Agremiados a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Cuota CAADES: Equivalente al 35 por ciento del impuesto principal, aportado por los pequeños propietarios agremiados a la CAADES Sinaloa, (Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa), con excepción de los productores de Culiacán y Navolato.
Cuota Fundación Produce: equivalente a la sexta parte del impuesto principal, aportado por los ejidatarios y pequeños propietarios.
Cuota a la Pequeña Propiedad: Equivalente al 7 por ciento del impuesto predial, aportada por los pequeños propietarios agremiados a la Federación de la Pequeña Propiedad.
Cuota Granos y Perennes: Solo la pagan los pequeños propietarios de Ciudad de Culiacán y Navolato y equivale al 35 por ciento del impuesto principal.
Las cuotas anteriores se promocionan como “cuotas voluntarias” y son retenidas (sin fundamento legal) a los agricultores al ingresar sus productos a los centros de almacenaje y peso.
Esto tiene un impacto que afecta sus ingresos, aunado a que no puede soslayarse la expresión de su rechazo que, en los hechos no son voluntarias y no existe transparencia en cuanto a la utilización de estos recursos, además de que muchos productores no se sienten representados por este tipo de asociaciones.
Desde el surgimiento de la “cuota liga” (o bien las “cuotas voluntarias” a las que nos hemos referido) en 1993, se ha cobrado el equivalente al 12.5 por ciento adicional al importe que se recauda por concepto del Impuesto Predial Rústico Municipal, que grava a la producción agrícola ejidal.
Dicha cuota se paga en especie y el dinero recaudado por el gobierno del estado lo transfiere a la Liga de Comunidades Agrarias (LCA).
En el caso de la cuota conocida como Pieafes, o cuota de la Fundación Produce, se cobra el 0.166 por ciento sobre el valor de la producción y el dinero va hacia esa Fundación, tras la desaparición del Patronato de Investigación y Experimentación Agropecuaria y Forestal de Sinaloa, en 1996.
La información sobre estas cuotas, ante la falta de trasparencia en cuanto al manejo de los recursos económicos que obtienen, es que históricamente los han utilizado y puesto al servicio de la Liga de Comunidades Agrarias, para los fines político electorales del partido que en su momento les dio origen y también en su momento era hegemónico en el gobierno; lo mismo que a la Fundación Produce, dedicada a la investigación del agro, sin que en este segundo caso exista de igual manera, rendición de cuentas.
A pesar de que se tiene conocimiento que la cuota liga se estableció en 1993, solo se tienen registros a partir de 1998, de los que se desprende que, del periodo 1998 a 2018, la cuota ha recaudado para la LCA un total aproximado de 254 millones de pesos y la cuota Pieafes ha generado un aproximado de 439 millones de pesos.
Entre los acuerdos opacos establecidos para la colaboración administrativa, la Liga de Comunidades Agrarias ha declarado que el establecimiento de la cuota “Liga” sería utilizado para el apoyo de dicha organización campesina, a fin de estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a sus agremiados en: asesoría fiscal, asesoría contable, distribución de insumos y otros servicios, lo cual no solo es muy general, sino ambiguo en términos de lo que realmente realizan y la especificación de los gastos que realizan para tal propósito.
En la actualidad y después de por lo menos más de 20 años, no se tiene certeza de cómo se administran los recursos de estas cuotas, que no forman parte de la legislación local y tampoco se acredita su retención voluntaria, pues los indicios apuntan a que se convirtió en una práctica coercitiva y corporativista de viejos regímenes políticos.
Lo que sí se puede demostrar es que los contribuyentes no reciben las asesorías fiscales, contables y demás servicios por las cuales se crearon estas cuotas. Es notoria la presunta malversación de recursos que podría derivar en la defraudación a las comunidades agrarias por estas organizaciones, y más que beneficiar al sector agrario, se estaría beneficiando a un sector político, que continuaría enriqueciéndose y posicionando a sus dirigentes en cargos relevantes de la administración pública.
Consecuentemente, se presenta este exhorto a fin de evitar las prácticas descritas, que podrían contradecir los principios, valores y avances obtenidos en el país desde el arribo del nuevo gobierno, respecto a la transparencia en el uso de los recursos.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación para que audite las retenciones de la cuota ejidal reconocidas por ley y las retenciones voluntarias conocidas como “cuota liga”, durante la administración del actual gobierno del estado de Sinaloa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel, para que agregue en su sitio oficial los montos y destino de los recursos económicos recaudados por la cuota ejidal y las retenciones voluntarias conocidas como cuota liga, especificando las organizaciones y dirigentes que recibieron dichos recursos, así como las acciones que acrediten la forma en que se ha garantizado a los productores agrícolas la libertad de ceder voluntariamente sus ingresos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel, a pronunciarse en contra de las aportaciones presuntamente forzosas denominadas “cuotas voluntarias” siempre y cuando los agremiados no se sientan representados por su organización y se aplique la ley, así como las sanciones a que haya lugar, en contra de los grupos que presionen, coopten u obstaculicen las actividades de los productores a fin de conseguir sus aportaciones.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que proporcione a los productores agrícolas la orientación y representación necesaria, para que, de ser el caso, prescindan de la tutela de organizaciones intermediarias, o bien, se les brinde asesoría sobre el destino de sus aportaciones, debido a que la recaudación de las mismas es concentrada y administrada por el Consejo Estatal Agropecuario, presidido por el secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado de Sinaloa.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Sinaloa para que, desde el ámbito de sus atribuciones, establezca las modificaciones necesarias a Ley de Hacienda Municipal del Estado, con el propósito de garantizar a los productores agrícolas la libertad de ceder voluntariamente sus ingresos siempre y cuando admitan ser representados por alguna organización y en caso contrario, se apliquen sanciones en contra de los grupos que presionen, coopten u obstaculicen las actividades de dichos productores.
1 Artículo 35, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
2 Artículo 105, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Palacio Legislativo, a 12 de marzo de 2020.
Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)
Raúl Gracia Guzmán, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que atienda, de manera inmediata, la problemática derivada de la suspensión de plazos de trámites.
1. El 24 de febrero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía, el acuerdo establece lo siguiente:
Primero. Se suspenden, por causa de fuerza mayor, los términos de la Secretaría de Economía incluyendo a su órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, hasta que se publique Acuerdo diverso en sentido contrario.
Segundo. Se consideran como inhábiles para todos los efectos legales los días comprendidos durante el periodo referido en el punto anterior, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites seguidos ante la Secretaría de Economía y su órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.1 (DOF, 2020)
2. La Secretaría de Economía informó a través de un comunicado de fecha 24 de febrero, la información que a continuación expongo:
Ayer domingo 23 de febrero, a las 10:30 horas, se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores. La capacidad operativa será reestablecida de forma segura, paulatina y controlada.
La Secretaría de Economía ha contado con la colaboración de la Oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República. Todas las áreas fueron informadas oportunamente para contener posibles afectaciones ulteriores.2 (SE, 2020)
3. Después de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y del comunicado que emitió la Secretaría de Economía, hasta la fecha los servicios que presta la Secretaría no se han regularizado, cabe mencionar que entre los tramites que se ven afectados por el ataque cibernético, se encuentra la atribución para autorizar el uso o cambio de denominación o razón social de las personas morales que corresponde a la Secretaría, a partir del 16 de junio de 2012. Es decir, el ataque cibernético afecta la creación de empresas.
I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El ataque cibernético que afecta a los servidores de la Secretaría de Economía está retrasando todos los servicios que presta la Secretaría, genera un enorme costo a los empresarios quienes deben esperar el restablecimiento de los servicios. Es importante mencionar que en la propia Secretaría no se sabe cuándo se restablecerán los servicios, no es un tema menor considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que el año pasado, la economía mexicana registró una recesión del 0.1 por ciento, lo que significa la menor tasa de crecimiento en los últimos 10 años, es decir, no existe crecimiento económico y se presentan estos problemas que no abonan al crecimiento económico, sino al contrario, van en detrimento de la economía y de los creadores de nuevas empresas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, atienda de manera inmediata la problemática derivada de la suspensión de plazos de trámites.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que atienda de manera inmediata la restauración de sus sistemas informáticos, de redes y los servidores de la misma, que provocaron la suspensión de plazos de trámites de la Secretaría.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que restablezca los servicios que presta para la creación de empresas, conforme a lo que establece el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto a los días y horas habituales para la práctica de actuaciones y diligencias administrativas de las dependencias del gobierno federal.
1. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía, recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587337&fecha=24/02/ 2020/ Revisión hecha el 4 de marzo de 2020.
2. Secretaría de Economía, comunicado de fecha 24 de febrero; recuperado de https://www.gob.mx/se/prensa/controla-secretaria-de-economia-ataque-inf ormatico-235802?idiom=es/ Revisión hecha el 4 de marzo de 2020.
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020.
Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Marina; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; a la de Agricultura y Desarrollo Rural; a la de Comunicaciones y Transportes, y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, para que modifiquen los límites de la zona de seguridad alrededor de los pozos, plataformas, instalaciones de proceso, barcos y buques empleados para la exploración y extracción de hidrocarburos en las zonas marinas a lo largo del litoral del Golfo de México, para permitir la actividad pesquera a las sociedades cooperativas y trabajadores del sector pesquero mexicano, al tenor de las siguientes
Según el primer informe de labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,1 las políticas y programas en materia pesquera y acuícola, en apego a la política de autosuficiencia alimentaria y rescate del campo del Gobierno de México, se han reorientado para apoyar a las comunidades más vulnerables del sector, acciones que se impulsan a través del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, el cual recibió recursos por un total de 1,217 millones de pesos., con los que se dieron apoyos para el fortalecimiento de las capacidades, la adquisición y mejoramiento de sus activos productivos, el fortalecimiento de la infraestructura y la reducción tanto de los gastos de operación, como de los costos de los insumos. Dicho programa cuenta con diversos esquemas de apoyo como Impulso a la capitalización, Desarrollo de la Acuacultura, Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, y Desarrollo de Cadenas Productivas y Fomento al consumo.2
En el primer semestre del 2019, la dependencia informó de un aumento en 9 por ciento en la producción pesquera, con relación al mismo periodo de 2018, cerca de 900 mil toneladas y al final del año se esperaba superarían los dos millones de toneladas, sin embargo, en la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP, consultada a inicios del presente mes de marzo, aún no se encuentran los datos finales de 2019.3
A pesar del impulso que la Sader ofrece a las cooperativas pesqueras y acuícolas del país en general, en el sureste particularmente existe una demanda de muchos años de organizaciones cooperativas y personas que se dedican a esta importante actividad, especialmente quienes habitan en los litorales frente a instalaciones petroleras como plataformas e instalaciones submarinas estratégicas. Esta demanda consiste en solicitar a las autoridades marítimas, de comunicaciones y transportes y de Petróleos Mexicanos, que se les permita llevar acabo su actividad económica dentro de la zona de seguridad estratégica que se contempla en el Acuerdo por el cual se establecen medidas para incrementar la seguridad y protección de las instalaciones petroleras marinas de la sonda de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019.4
En dicho acuerdo, se establece la zona por la que los pozos, plataformas y demás instalaciones o buques empleados para la exploración y extracción de hidrocarburos que se ubiquen fuera de las zonas antes definidas, contarán de manera individual con una zona de seguridad de 2,500 metros de radio alrededor de éstas y de los dispositivos de arrastre o remolque que lleven; esta determinación del Artículo Segundo del mencionado ordenamiento jurídico, inhibe la actividad pesquera, puesto que Pemex y las instituciones responsables de salvaguardar las instalaciones estratégicas como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Medio Ambiente aumentaron el área de prohibición de la pesca alrededor de las plataformas.
Este acuerdo está sustentado en la publicación de diversos ordenamientos que la Organización Marítima Internacional (OMI), emitió mediante su Resolución A.527(13) y Circular SN.1/Circ.309 “Medidas de Organización del Tráfico Distintas de los Dispositivos de Separación del Tráfico ”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho, y el veintinueve de abril de dos mil catorce, donde autorizó al Estado mexicano el establecimiento de un sistema de organización de tráfico marítimo en el Golfo de Campeche y en la terminal marítima petrolera de Cayo Arcas, Campeche, en el cual se establecen zonas a evitar, ejes de circulación, zonas de precaución y de fondeo para el movimiento de buques en esas zonas;5
Ante ello los cooperativistas piden la intervención de autoridades federales para poder realizar la pesca cerca del área, y no se vean obligados a que realicen viajes en distancias más largas para conseguir el producto.
Particularmente es en la zona de la Sonda de Campeche, donde además existe una gran diversidad biológica con importantes recursos para la actividad pesquera ribereña, donde se ha dado principalmente este fenómeno de enfrentamiento entre los pescadores y la industria petrolera nacional y no solo por la baja en la productividad de las cooperativas pesqueras, sino también por el grave daño ecológico que la actividad industrial representa para estas comunidades.
Si bien es fundamental para el Estado mexicano mantener la vigilancia de las instalaciones estratégicas de exploración y producción de Petróleos Mexicanos, deben considerarse los derechos sociales y económicos de los miles de trabajadores del sector pesquero que se afectados por estas determinaciones legales. Ellos y sus familias han construido sus historias de vida mucho antes de que llegara Pemex a sus pueblos y comunidades y mantienen una relación con el mar y el alimento que de él extraen. Es importante entender esa relación de los trabajadores de las cooperativas pesqueras y camaroneras y una obligación del gobierno mexicano respetar el derecho que tiene de mantener su actividad económica en condiciones de seguridad y de una mejora en su bienestar.
Por eso hago un llamado a esta honorable soberanía para que este exhorto al Poder Ejecutivo por medio de sus dependencias responsables resuelva a favor de los miles de trabajadores del sector pesquero en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Artículo Único. Se exhorta a la Secretaría de Marina; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Petróleos Mexicanos, para que disminuyan los límites de la zona de seguridad que actualmente es de 2,500 metros de radio alrededor de los pozos, plataformas y demás instalaciones o buques empleados para la exploración y extracción de hidrocarburos a un valor menor que no afecte la seguridad de las instalaciones y la seguridad de los pescadores y sus embarcaciones, y así, permitir ampliar la zona para realizar la pesca a las sociedades cooperativas y trabajadores del sector pesquero mexicano
1 Primer Informe de Labores, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490156/informe_version_f inal__1_-comprimido.pdf consultado en marzo de 2020.
2 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en https://www.gob.mx/conapesca/prensa/publica-Sader-los-lineamientos-de-o peracion-del-programa-de-fomento-a-la-productividad-pesquera-y-acuicola -193326, consultado en marzo de 2020.
3 https://www.gob.mx/agricultura/documentos/informe-de-labores-2018-2024
4 Diario Oficial de la Federación
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570263&fe cha=23/08/2019, consultado en marzo de 2020.
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570263&fecha=23/08/2019
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 12 de marzo de 2020.
La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a indagar las declaraciones y acciones presumiblemente discriminatorias en razón de género de la secretaria de la Función Pública.
La violencia contra las mujeres se ha venido exacerbando en nuestro país, desencadenando en feminicidios que no son más que producto de la misoginia, el año 2018 cerró con 898 feminicidios por cada 100 mil habitantes1 para 2019 la cifra ascendió a 2 mil 800 mujeres asesinadas contando los casos tipificados únicamente como homicidio aunque tengan indicativos de feminicidio.2
La violencia de género contra las niñas también se ha incrementado, en 98 por ciento desde 2015, cuando hubo registro de 50 niñas victimas de feminicidio y para 2019 se registraron 98 casos.+ 3
Éstas no son cifras vacías, son personas, vidas y familias que se acabaron por la decisión de un asesino que objetivó a una mujer a causa de la degradación social y humana, que le llevo a pensar que era superior y poseedor de otra vida.
En este contexto, las mujeres, independiente de su edad, decidieron salir a las calles para exigir y proponer soluciones en torno a las violencias que viven por cuestiones estructurales y sociales. El oficialismo por temor a perder el control de la agenda mediática, decidió iniciar un discurso polarizante, con el fin de subestimar lo legitimo del movimiento y disfrazado de un falso humanismo por parte del ejecutivo federal.4
En consecuencia, su gabinete alineó las expresiones institucionales con la postura tomada por su jefe político, intentando menoscabar las demandas feministas y su objetivo de lograr un mundo equitativo mediante la igualdad sustantiva, al presentarlas como un objetivo político de oposición.
La secretaria de la Función Pública publicó en Twitter mensajes como el siguiente:
Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz.5
Con tal mensaje refuerza estereotipos de género arraigados en el constructo social que el feminismo busca cambiar, dando paso así a un mensaje discriminador sólo por el hecho de ser mujer.
Posteriormente, en su afán por eliminar la percepción creada por este mensaje, acudió a diversos foros sobre igualdad. En el más reciente habló sobre igualdad económica de género y nuevamente emitió declaraciones discriminatorias en razón de género y por condición socioeconómica: “porque nosotros queremos mujeres científicas, empresarias, líderes. No mujeres que ganen menos, no tortilleras, no personas que estén ganando siempre menos”.6
Posteriormente, se publicó en el periódico Reforma que la secretaría pidió un informe sobre las trabajadoras que se sumaron al paro del 9 de marzo, para incluirlo en su expediente la toma de decisiones laborales.7
Por estas expresiones y la acción de la titular de la secretaría es pertinente que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indague sobre el tinte discriminatorio que existe en la institución por razón de género y opinión.
El Estado mexicano está comprometido a erradicar todas las formas de discriminación y a asegurar la vida libre de violencia para las mujeres, tal como lo establecen los ordenamientos en la materia.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a indagar las acciones y declaraciones presumiblemente discriminatorias de la secretaria de la Función Pública.
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). Indicadores de feminicidio en América Latina. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
2 Animal Político (2019). “Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; sólo 726 se investigan como feminicidios”.
3 México Evalúa (2020). Feminicidio infantil en México: en aumento.
4 El Universal (2020). “‘Soy humanista’, dice AMLO al preguntarle si es feminista”, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-mananera-de-amlo-no-s oy-feminista-soy-humanista-dice
5 Sandoval, I. (2020). Cuenta de Twitter 21 de febrero de 2020.
6 Sandoval, I. (2020). Eréndira Sandoval discrimina a las “tortilleras”, https://laotraopinion.com.mx/video-erendira-sandoval-discrimina-a-las-t ortilleras/
7 Reforma (2020). “Templo Mayor”, 10 de marzo.
Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2020.
La que suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios de la República Mexicana, así como a las autoridades educativas a incluir frases en lengua indígena, durante las ceremonias cívicas para fortalecer su preservación y promover su aprendizaje, al tenor de las siguientes:
Las lenguas indígenas desempeñan un papel crucial en la historia de la humanidad, son patrimonio intangible de la humanidad,1 no solo es un instrumento de comunicación, sino que permite la integración social y desarrollo, al igual que es a través de ella, que los seres humanos nos abrimos al conocimiento del mundo, y forma parte de nuestra memoria, de nuestra cultura, y nuestra identidad.
Actualmente, según cifras de la ONU, los pueblos indígenas representan el 5 por ciento de la población mundial, y el 15 por ciento de la población más pobre.2
Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas siguen relegados, excluidos, discriminados y en los indicadores socioeconómicos, marginados y empobrecidos.
Datos comunicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que en el mundo se hablan alrededor de 7 mil idiomas, de los cuales 6 mil 700 son indígenas y, de ellos, el 40 por ciento corren el riesgo de desaparecer, junto al cúmulo de conocimientos de los pueblos que las hablan.3
La realidad de las lenguas indígenas llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), mediante la Resolución de 19 de diciembre de 2016 (Ref.: 71/178),4 a proclamar el año 2019, como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas” para generar una labor mundial que permitiera coadyuvar a la protección, promoción y revitalización de los idiomas originarios, ayudando con ello a eliminar la discriminación y marginación de sus hablantes.
Fortaleciendo lo dispuesto por Naciones Unidas, a inicios de 2019, el Grupo de Países Amigos de los Pueblos Indígenas, también planteó la necesidad de extender el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a un decenio, argumentando que un año es insuficiente para la recuperación, preservación, fomento y desarrollo de nuestros idiomas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.5
En este contexto, es importante resaltar que México es una de las naciones con mayor diversidad lingüística a nivel mundial , de acuerdo con un censo realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se hablan 68 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas y de las cuales se derivan 364 variantes dialectales.6
Entre las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl, con un millón 725 mil hablantes; seguido del maya, con más de 859 mil; tseltal con 556 mil; mixteco con 517 mil; tzotzil con 487 mil; zapoteco con 479 mil; otomí con 307 mil y el totonaco, chol y mazateco, con más de 200 mil hablantes, solo por mencionar algunas.
Asimismo, contamos con 810 mil monolingües, que pertenecen a los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, siendo entidades con más hablantes de esas lenguas indígenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que el 51.3 por ciento de los 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena en el país son mujeres; y 48.7 por ciento hombres. Misma cifra podrá quedar actualizada a finales de este año.
Diversos factores ponen en riesgo la desaparición de las lenguas indígenas, como el reducido número de hablantes en la dispersión geográfica del país, el predominio de hablantes adultos, la falta de motivación e interés en la transmisión a nuevas generaciones y la ausencia de estrategias gubernamentales.
Es preocupante el ritmo alarmante en el que están desapareciendo las lenguas indígenas en el mundo, tan solo en México el 60 por ciento, de las 68 lenguas originarias, se encuentran en riesgo de extinción. Entre la que destacan:
• El ayapaneco, de Tabasco
• Ixil nebajeño y kaqchikel, de Quintana Roo;
• Ku’ahl y kiliwa, de Baja California;
• Mocho’, de Chiapas,
• Awakateko, de Campeche;
• Zapoteco, de Mixtepec; y
• El ixcateco y zapoteco, de San Felipe Tejalápam, en Oaxaca.
Por ello, destacamos la importancia de reconocer y empoderar a nuestras comunidades indígenas, sumando esfuerzos desde la ruta estratégica para el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032), aprobada el pasado el 28 de febrero de 2020, en la Ciudad de México. “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”.
Por lo anterior, consideramos importante implementar acciones desde las instituciones del Estado para fortalecer el número de los hablantes de las lenguas originarias y se fomente la educación bilingüe o trilingüe en nuestras comunidades y entre los menores de edad, todo con el fin de preservar las lenguas y consolidar en las nuevas generaciones el amor por sus raíces y su cultura. Los gobiernos, son el canal educativo por la que nuestras niñas y niños aprenden valores y hábitos que conducen a la convivencia sana, pacífica e igualitaria. De tal suerte y por los argumentos esbozados se plantea la siguiente proposición soportada en el compromiso del Gobierno de México para detener la extinción de nuestras lenguas originarias.
En este contexto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto a su autonomía, al Gobierno Federal, a las Entidades Federativas y a los municipios de la República Mexicana a incluir frases en lenguas indígenas, durante las ceremonias cívicas para fortalecer su preservación y promover su aprendizaje.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a todas las Autoridades Educativas de los tres órdenes de gobierno a incluir frases en lengua indígena, durante las ceremonias cívicas para fortalecer su preservación y promover su aprendizaje.
1 https://www.gaceta.unam.mx/las-lenguas-patrimonio-intangible-de-la-huma nidad/
2 Agenda 2030. Pueblos indígenas. Consultado en:
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
3 ONU Indígenas. Consultado en:
https://news.un.org/es/story/2019/12/1466781
4 ONU Consultado en: http://notimia.com/la-onu-proclamo-para-2019-como-el-ano-internacional- de-las-lenguas-indigenas/
5 Agenda 2030. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
6 Macehuallahtolpohualiztli nozo Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Consultado en: https://www.inali.gob.mx/clin-inali/index_mexicano_centro.html
Dando en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de marzo de 2020.
Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)
Con fundamento en la facultad que me otorga el artículo 6o., fracción I, así como el artículo 79, en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de su responsabilidad y facultades atienda mediante acciones concretas la crisis de tratamiento de aguas residuales y la contaminación de agua potable en los municipios del estado de Jalisco afectados por el río Santiago, de acuerdo con la siguiente:
México es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de recursos hídricos en el mundo, pero aprovechamiento del agua no ha sido un tema de interés en la agenda pública de los gobiernos que han administrado el país durante varias décadas, un claro ejemplo es la evolución en la contaminación y falta de tratamiento de aguas residuales, que han vuelto los ríos y playas, los focos rojos de cuerpos de agua más contaminados a nivel global.
En la Iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, de las Naciones Unidas, México se encuentra situado en la escala de los países con menos índice de Proporción de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura (%) ubicándose con tan sólo el 50.41% de población total atendida en esta materia al año 2017, lo que nos muestra la falta de atención en la materia, misma que se ilustra en la siguiente gráfica:
La anterior gráfica sitúa a México en el conjunto de países de Latinoamérica y el Caribe con mayor deficiencia en la cantidad de población que está siendo atendida en la materia.
Por otro lado, el día 5 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a raíz de una solicitud realizada por pobladores que viven en las inmediaciones del río Santiago, dictaminó la resolución MC70819 a favor de los solicitantes en la que resolvió lo siguiente:
En consecuencia, la comisión solicita a México que:
Adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco. i
Esta solicitud nos genera un panorama más claro de que existen varias instituciones internacionales solicitando la intervención del gobierno mexicano para la solución la problemática en torno al río Santiago, si bien la agenda en esta materia no es de trascendencia electoral, sí lo es en materia de salud pública mismo que constituye un derecho, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4to de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, mismo que señala en párrafo quinto:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. ii
Con este antecedente podemos resaltar que la problemática no solo ha sido documentada científicamente por organismos internacionales que realizan evaluaciones de la problemática, sino que también hemos dado cuenta de que la población ha tomado cartas en el asunto inclusive con la Corte interamericana de los Derechos humanos por sentir que éstos han sido vulnerados de alguna manera ante la falta de respuestas por parte del responsable en la materia, que de acuerdo con la estructura organizacional del Estado Mexicano la Comisión Nacional del Agua es la responsable directa de atender y garantizar lo que dispone la Constitución en la materia.
La falta de atención en el tratamiento de aguas residuales también constituye una grave problemática en salud pública, según la Conagua en su publicación “Estadísticas del agua en México 2018” el incremento en la cobertura del año 1991 al año 2015 ha ido incrementando lo cual nos muestra un avance en el otorgamiento de este derecho, pero por otro lado, los casos de muertes por contaminación continúan siendo un factor que se necesita mejorar de manera urgente, como se muestra en la siguiente en la tabla:
En razón de lo anterior, la problemática del río Santiago es una de las más reclamadas a nivel nacional e internacional por considerarse uno de los ríos más contaminados del mundo según algunos investigadores, por lo que se deben tomar acciones que reflejen en la realidad de los mexicanos un verdadero cambio en el paradigma del tratamiento de las aguas residuales, este es un problema que debió ser desde hace varias décadas una prioridad en el país y por lo que debemos actuar para colaborar desde las instituciones a la solución que nos lleve a una mejor calidad de vida ya que esta afecta en la salud, el medio ambiente y los derechos humanos al no garantizarse la calidad y la disponibilidad del agua.
Por lo anteriormente expuesto a esta soberanía someto a su consideración el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de su responsabilidad y facultades, atienda mediante acciones concretas la crisis de tratamiento de aguas residuales y la contaminación de agua potable en los municipios del estado de Jalisco afectados por el río Santiago.
i https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/MC7 0819.pdf
ii http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020.
El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes
Primera. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, feminicidio se puede definir como la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”, lo cual actualmente se considera delito grave en el artículo 325 del Código Penal Federal, que a la letra dice: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Segunda. El feminicidio no es algo nuevo, a principios del año 1993 el caso de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez selló el precedente en la visibilidad de este delito tanto en México como a escala internacional. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en el caso conocido como “Campo Algodonero”.
Tercera. El 18 de septiembre de 2017, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH exhortaron a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación efectiva bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en los feminicidios.
Cuarta. En México, en 2019 se tuvo registro de 2 mil 833 mujeres que fueron asesinadas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sólo 726 (25.6 por ciento) son investigados como feminicidios; y los otros 2 mil 107 (74.4) asesinatos, como homicidios dolosos.
Quinta. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, Chiapas se sitúa como el tercer estado con más feminicidios de niñas y adolescentes de 2015 a 2019, situación preocupante a escala nacional, ya que las cifras han ido en aumento.
Fuente: Elaboración con base en la estadísticas sobre incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el caso específico de Chiapas, en los últimos 4 años registró 22 casos, colocándose como la tercera entidad en el país con más registros, solo por debajo de Veracruz con 25 y Estado de México con 44.
El estado mantiene la declaratoria de alerta de violencia de género desde el 18 de noviembre de 2016. Organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres han manifestado que poco se ha avanzado en la mitigación de la violencia feminicida.
Sexta. En la entidad se han documentado 140 asesinatos de mujeres, 53 se investigan como feminicidio; como probables feminicidios se han documentado 9 casos; 2 de feminicidio equiparado, 12 como accidente, 8 como homicidio, 6 como suicidio, 2 como muertes violentas, 48 casos han sido calificados como tentativa de feminicidio; de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En octubre de 2019, autoridades estatales informaron que “sólo hay 16 feminicidios”, cuando el OCNF en Chiapas, a través de la organización Mujeres Libres Colem, AC, tiene documentados 92 asesinatos de mujeres.
Séptima. En lo que va de 2020, en Chiapas se han registrado 18 muertes violentas de mujeres; donde, 9 corresponden a homicidios, 4 feminicidios, 3 suicidios, y 2 casos fortuitos. Por su parte también se han identificado los focos rojos regionales en donde se tiene que poner mayor atención para evitar este tipo de delitos; los focos rojos corresponden a los municipios de Comitán, Escuintla, F. Comalapa, Mapastepec, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, según datos del Observatorio Feminista de Chiapas.
Fuente: Observatorio Feminista de Chiapas.
Focos rojos regionales
Octava. Una de las medidas que se propone en el presente punto de acuerdo para atender este problema de manera efectiva, es seguimiento a cada una de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Las AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida.
Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado
Novena. Para el caso que nos ocupa, la alerta de violencia de género contra las mujeres para Chiapas se emitió la declaratoria el 18 de noviembre de 2016 y de conformidad con artículo 23, la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; II. Implantar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; y V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas por implantar.
Dichas medidas, de acuerdo con el sitio <http://alertadegenerochiapas.org.mx>, en el apartado de seguimiento, estructura las acciones por categoría, de las cuales tenemos
I. Medidas de seguridad;
II. Medidas de prevención;
III. Medidas de justicia y reparación; y
IV. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancias.
Sin embargo, en el desglose del cumplimiento a nivel estatal y municipal por categoría aparecen algunas medidas con estatus de “cumplido” y otras que han sido cumplidas “parcialmente”. En esta lógica de ideas debe quedar claro que las medidas que establece la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres no solo son meros trámites burocráticos que tengan u obedezcan a una temporalidad toda vez que la violencia contra las mujeres es de carácter sistemática y estructural por lo que su implantación y medida debe ser permanente así como la vigilancia de los resultados obtenidos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, a atender de manera pronta y eficiente la creciente violencia de género contra las mujeres en la entidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, a implantar las medidas que establece la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, a coordinar con cada una de las autoridades municipales las medidas establecidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado a efecto de que se ejecuten de manera inmediata, con eficiencia y de forma permanente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2020.
Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)
Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Vivienda de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a hacer de conocimiento público un informe sobre la aplicación de los recursos presupuestales del Programa de Vivienda Social (S177), asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, a cargo de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vivienda.
El pasado 22 de noviembre de 2019 fue aprobado por esta soberanía el Presupuesto de Egresos de la Federación (2020), mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2019. En dicho presupuesto, esta honorable Cámara aprobó un gasto neto por la cantidad de $6,107,732,400,000,1 el cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.
En el mismo sentido, los ramos administrativos del Poder Ejecutivo federal fueron dotados de recursos por una cantidad que asciende a $1,148,400,150,555.00, los cuáles se distribuyeron de tal manera que quedaran satisfechas las necesidades mínimas de cada uno de ellos. Para el caso del ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tuvo una asignación de $10,939,258,622.00, de los cuáles, $1,483,042,873.00 fueron dirigidos al Programa de Vivienda Social, el cual se compone en su mayoría por un subsidio que asciende a $1,474,646,092.00, lo que representa un 99.43 por ciento del total programa.
Dicha distribución al interior del Programa de Vivienda Social (S177) quedó justificada debido a que dentro el Plan Nacional de Desarrollo se señala a la letra que:
“La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit lo que va a beneficiar a miles de familias trabajadoras”.2
En el mismo sentido, el decreto del PEF 2020 señala en su artículo Vigésimo Tercero transitorio lo siguiente:
“Las dependencias y las entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas previstos en la nota del Anexo 25 de este decreto, a más tardar el último día de febrero.”3
Derivado de lo anterior y, como consecuencia de que el Programa de Vivienda Social, aparece en el Anexo 15 del PEF de 2020, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tuvo a bien emitir las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social el pasado 4 de febrero de 2020. En dichas reglas de operación se hace mención del “perfil de la política de vivienda en el marco constitucional”, citando el 4o., párrafo séptimo, donde se señala que:
“toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”
Asimismo, hace referencia a leyes secundarias donde cita la Ley de Vivienda, la cual, en su artículo primero establece que ésta:
“... es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
En cuanto a las estrategias establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social, son señaladas las siguientes:
“Para arribar progresivamente al logro del derecho a la vivienda adecuada se consideran tres estrategias:
Primera . Atender a la población con mayor rezago .- Que las personas habiten una vivienda en condición de rezago es una primera aproximación a que no estén ejerciendo plenamente su derecho a una vivienda adecuada, lo que deriva en la importancia de que el Estado atienda este problema y, sobre todo, priorice sus acciones hacia grupos de población en condición de vulnerabilidad.
Segunda estrategia. Contribuir en la solución de los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social.- Trabajar para dotar de una vivienda adecuada a la población de menores recursos, con mayor rezago socioeconómico , que se encuentre ubicada en zonas de mayor concentración de pobreza, rezagos en infraestructura, servicios y equipamiento urbano y aquellas personas que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad (indígenas, adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad). Prioridad de atención tendrá la población afectada por los fenómenos naturales o que habitan en situación de riesgo.
Tercera estrategia . Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción Social de Vivienda Asistida.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Vivienda, el Programa de Vivienda Social distingue la vivienda promovida empresarialmente, edificada por un constructor en una oferta de “Llave en Mano”, y la producida socialmente, construida por la familia mediante autoproducción o autoconstrucción en donde la persona usuaria mantiene el control del proceso. Para apoyar el esfuerzo de las familias y mejorar la calidad del parque habitacional de bajos ingresos , que por su carácter progresivo requiere acciones personalizadas, la persona beneficiaria del subsidio contará con asistencia técnica integral que garantice su participación en las decisiones para aprovechar óptimamente sus recursos económicos, sociales y en especie, al mismo tiempo que procure una vivienda con mayor calidad estructural, constructiva y de diseño.”4
De igual forma, encontramos que el ejercicio oportuno del presupuesto del programa S177 Programa de Vivienda Social no sólo es un asunto de justicia social y atención a los grupos más vulnerables de la sociedad, sino que ha sido comprobado mediante los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que, durante el año 2019, Conavi, organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargado de la ejecución del Programa de Vivienda Social, cumplió con creces sus metas, pues de los 1,726.1 millones de pesos que tenía asignados al principio del año 2019, se le incrementaron a 1,755 millones, teniendo un avance financiero de enero a diciembre de 2019 de 99.6 por ciento, con lo quedó de manifiesto que dentro del ramo 15 es la entidad que tuvo un subejercicio casi nulo.
Este tema cobra importancia debido a que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó hace una semana la cifra ajustada del crecimiento anual de la economía, donde el producto interno bruto (PIB) se situó en -0.1 por ciento respecto al año anterior, lo cual es un elemento contundente de estancamiento económico. Según Julio Santaella, director del Inegi, “el producto interno bruto tuvo un comportamiento diferenciado durante 2019: por un lado, cayeron la minería (-5.1 por ciento), construcción (-5 por ciento) y corporativos (-3.7 por ciento); por el otro avanzaron los servicios de apoyo a negocios (4.9 por ciento) y comercio al por menor (2.7 por ciento)”.5
En el mismo sentido, para este año, los pronósticos de crecimiento van del 0.6 al 1 por ciento de crecimiento del PIB, en caso de que lo haya, de hecho, diversos analistas coinciden en que el crecimiento económico para el año 2020 será menor al 1 por ciento.
Cabe recordar que la economía mexicana es una economía abierta, donde si se trata de impulsar el crecimiento económico vía deuda pública, es como lanzar dinero a un hoyo negro pues la relación que tiene con el resto del mundo la hace vulnerable tanto a shocks externos como a que los recursos invertidos al interior se fuguen debido a la alta integración que tienen sus cadenas de valor con el exterior. Por ello, es fundamental que se impulse la economía mediante una estrategia de inversión en un sector que no tenga propensión a importar, en este caso, la única que cumple con esa condición es el sector de la construcción, el cual, como se señaló, tuvo una caída del 5 por ciento durante 2019 en relación al año previo. Debido a esto, es importante apuntalar la construcción de vivienda, pues resulta que es una actividad económica de alto arrastre hacia otras actividades, sobretodo intensivas en mano de obra y cuyos insumos intermedios son considerados no transables, es decir, que muchos de ellos son de producción nacional o es muy costoso importarlos. Debido a ello, el impulso del sector de la construcción es importante para conseguir efectos multiplicadores que permitan el crecimiento de la economía mexicana en el corto plazo.
Por otro lado, es importante que los titulares de las dependencias como Sedatu y Conavi, tomen en cuenta las presentes consideraciones, pero además den cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala:
“Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones generales aplicables
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas . Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del Reglamento.”6
Es preciso señalar que sólo con el cumplimiento a la ley y la eficiencia demostrada en el ejercicio del gasto, a diferencia de otras entidades del gobierno federal, podrían dar resultados satisfactorios en términos del crecimiento económico y la justicia social, pues el objetivo principal del Programa de Vivienda Social está dirigido a los mexicanos en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero a la vez, se impulsa un sector de la economía que puede marcar la diferencia en una economía estancada. Es necesario, por todo esto, que la sociedad se entere de la forma en como las dependencias citadas en el presente han estado aplicando los recursos del Programa de Vivienda Social, de tal manera que se pueda hacer un análisis de su avance y en cómo podría impactar a la recuperación económica y el bienestar del segmento de población objetivo.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución:
II. Punto de Acuerdo
Único.– Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) así como a la titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a hacer de conocimiento público un informe sobre la aplicación de los recursos asignados al Programa de Vivienda Social (S177) perteneciente al ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
1 Cámara de Diputados. 11 de diciembre de 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020. Recuperado de www.diputados.gob.mx
2 Gobierno de México. 12 de julio de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de www.gob.mx
3 Cámara de Diputados. 11 de diciembre de 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020. Recuperado de www.diputados.gob.mx
4 Comisión Nacional de Vivienda. 4 de febrero de 2020. Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. Recuperado de www.gob.mx
5 Santaella, Julio. 25 de febrero de 2020. Comunicado de prensa número 110/20. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de www.inegi.org.mx
6 Cámara de Diputados. Última reforma DOF 09-04-2012. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Recuperado de www.diputados.gob.mx
Diputados: Carlos Torres Piña, Samuel Calderón Medina, Alejandro Carvajal Hidalgo, María Chávez Pérez, Gregorio Efraín Espadas Méndez, Lucía Flores Olivo, Ana Lilia Guillén Quiroz, Norma Guel Zaldívar, Miguel Acundo González, Mónica Almeida López, Mónica Almeida López, Socorro Irma Andazola Gómez, David Bautista Rivera, Claudia Báez Ruiz, María Beatriz López Chávez, María Esther Mejía Cruz, Virginia Merino García, Víctor Adolfo Mojica Wences, Jorge Luis Montes Nieves, Zaira Ochoa Valdivia, Verónica Ramos Cruz, Maricruz Roblero Gordillo, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Claudia Tello Espinosa, Irma María Terán Villalobos, Marcela Guillermina Velasco González (rúbricas).
El que suscribe, diputado Luis Fernando Salazar Fernández , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de México a implementar las acciones necesarias para reactivar la economía de las regiones Centro y Carbonífera del estado de Coahuila , al tenor de las siguientes:
El estado de Coahuila se divide en cinco regiones en las que, a partir de sus características geográficas, se han asentado una diversidad de actividades económicas que han hecho posible el desarrollo y crecimiento del Estado de Coahuila.
Entre las principales actividades destacan la producción de lácteos, el ensamblaje de vehículos, la extracción de minerales, industrias manufactureras dedicadas a la construcción, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y al suministro de gas.
En el caso particular de la Región Centro del estado, la industria siderúrgica ha sido el principal motor y fuente de empleo de miles de familias coahuilenses. Sin embargo, la crisis financiera por la que hoy atraviesa la empresa acerera Altos Hornos de México –principal empresa siderúrgica de la región-, así como sus subsidiarias, ha repercutido de manera considerable en la economía de ciudades como Monclova.
A ello, hay que sumar la caída en las compras de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Región Carbonífera de Coahuila dada la falta de renovación de contratos, lo que se ha convertido en un factor adicional a la complicada situación económica que atraviesa la economía local.
Esta situación ha llevado a empresas de Monclova y la región centro de Coahuila a despedir entre 3 mil 500 y 4 mil trabajadores. A esta crisis de desocupación laboral se suma el adeudo de 250 millones de pesos de la empresa AHMSA con sus proveedores locales, especialmente transportistas y empresarios de las industrias de la construcción y el mantenimiento, lo que ha implicado que otras industrias se vean afectadas de manera colateral por estos hechos.
Frente a este escenario resulta urgente y fundamental tomar las medidas necesarias para coadyuvar a la reactivación de la economía local, a través de acciones, exenciones o estímulos que puedan generar condiciones que aporten certidumbre económica a ambas regiones, para con ello, poder recuperar económicamente las zonas y así poder garantizar el bienestar de las miles de familias y coahuilenses que dependen de las industrias previamente señaladas.
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de México para que considere y evalúe la posibilidad de emitir un decreto para declarar las regiones Centro y Carbonífera del estado de Coahuila como zonas de emergencia económica, o en su caso, implementar un programa emergente para recuperar la economía de dichas regiones.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda (SHCP), de la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a implementar las medidas y acciones necesarias que permitan reactivar la economía de las regiones Centro y Carbonífera del estado de Coahuila.
Diputado Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica)
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que realice un estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida que tienen las mujeres privadas de la libertad en los penales bajo su jurisdicción , al tenor de la siguiente
En el Primer Informe1 de Gobierno de la Ciudad de México de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se refiere un apartado sobre los derechos de las mujeres en donde se señala que como parte de la estrategia para lograr los objetivos de la política pública a favor de las mujeres se creó la Red de Mujeres, que atiende la violencia familiar en distintos barrios y pueblos de la ciudad, y la Red de Abogadas, presente en las 71 coordinaciones territoriales, en todos los ministerios públicos, para dar asesoría y apoyo las 24 horas de los siete días de la semana.
En este mismo sentido, señala el informe que el Programa de Coinversión promueve la construcción de políticas con el objetivo de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; erradicar la violencia contra ellas; así como promover la los derechos de las mujeres en reclusión, entre otros.
Sobre este último particular, señala que la atención a mujeres privadas de la libertad está enfocada en apoyar a quienes -por sus condiciones de vulnerabilidad- como una enfermedad crónica o edad avanzada, puedan cumplir su sanción penal en libertad, a través de la figura del artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Agrega el texto que estas mujeres deben tener alternativas laborales, educativas, de salud integral y legal para reintegrarse a su vida cotidiana; el muestreo poblacional de beneficiarias se hace mediante el análisis de cada perfil para determinar el apoyo requerido gubernamental vía programas sociales, pero también con la valiosa colaboración de la iniciativa privada.
Con datos al 31 de diciembre de 2017, el informe revela en su anexo estadístico que hay 13 centros penitenciarios bajo la jurisdicción de la Ciudad de México, con una capacidad instalada de 27 mil 549 con 8 mil 349 camas disponibles para la población sentenciada (mujeres y hombres) y otras 19 mil 200 para quienes están en proceso de recibir su sentencia.
No es de sorprender que la capacidad antes citada sea rebasada y preocupante cuando nos enfrentamos a las siguientes cifras, tomadas del mismo anexo.2
Como se observa, la capacidad de estos centros de 27 mil 549 está rebasada por casi el doble hasta llegar a una población de 45 mil 526 personas, casi el 60 por ciento más de las posibilidades de brindarles condiciones dignas en su estancia de reclusión.
Lamentablemente, esto tiene un impacto alto en las casi 2 mil 300 mujeres que estaban privadas de la libertad hasta 2017 -son los últimos datos brindados en el Informe- por ello, en este mes de marzo, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, conocida también como la Legislatura de la Paridad, tiene interés en conocer el estatus actual de estas mujeres sin voz, sin presencia y en muchas ocasiones, sin derechos humanos ejercidos.
Es loable que la jefa de Gobierno de la Ciudad haya impulsado el pasado 18 de octubre de 2019 que los expedientes de estas mujeres se analizaran por la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de Ciudad de México, para identificar casos susceptibles del beneficio de pre-liberación.
Sin embargo, no sabemos el total de beneficiarias de este derecho; el objetivo de este punto de acuerdo es entonces conocer a cuánto asciende el número total de mujeres que estaban privadas de la libertad y que gozaron del beneficio de pre-liberación, luego del análisis correspondiente y saber cuántas persisten en reclusión, su edad, si ya tienen sentencia, si viven sus hijos al interior, si algunas de ellas están inscritas en la Universidad de la Ciudad de México y si reciben capacitación y otras acciones que les permita llevar su vida con dignidad al interior de los mismos, así como para -en su caso- alcanzar una reinserción social exitosa.
Este 8 de marzo todas las mujeres del mundo tuvieron un objetivo común: erradicar la violencia en su contra. Quienes no tuvieron la oportunidad de salir a las calles a manifestarse o al paro nacional, también deben ser respaldadas, particularmente, por quienes son servidores públicos o representantes populares, puesto que existe una responsabilidad permanente y una ética que cumplir con todas y todos los habitantes del territorio nacional.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que realice un estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida que tienen las mujeres privadas de la libertad en los penales bajo su jurisdicción y haga público sus resultados.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a trasparentar la cantidad total de mujeres que estuvieron privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción y que han gozado del beneficio de la pre-liberación en el periodo que va del 5 de diciembre de 2018 al 8 de marzo de 2020.
1 Gobierno de la Ciudad de México. Primer Informe de Gobierno. Diciembre 2018-Septiembre 2019.
Consultado el 04/03/2020 en: https://primerinforme.cdmx.gob.mx/
El suscrito, Jorge Alcibíades García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una amplia campaña de difusión entre la población en general y, en particular, entre los alumnos de educación básica acerca de enfermedades que puedan presentarse o agravarse por los efectos del cambio climático y señalar las acciones de prevención correspondientes, al tenor de las siguientes
El cambio climático es un tema que tiene implicaciones de gran impacto en el ser humano, representa uno de los mayores desafíos de nuestra época y, ciertamente, estamos en un momento determinante para definir el rumbo que puede tomar el planeta.
Paradójicamente, el cambio climático, resultado del calentamiento global del planeta, es una consecuencia de la actividad humana que se ha ejercido durante muchos años de manera irresponsable sobre los recursos naturales. Sobra decir que, de no tomar medidas drásticas desde hoy, las consecuencias en un futuro nada lejano serán catastróficas, amén de que será más difícil y costoso adaptarse a sus efectos. Las consecuencias del cambio climático van más allá del daño a la tierra, al ecosistema, incluyendo en este la flora y fauna.
El cambio climático tiene un efecto directo en la salud. Las afectaciones que tiene en la salud de las personas es uno de los problemas que mayor atención debe tener, toda vez que es una amenaza latente para la salud pública, por lo que se debe modificar la manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables.
La variabilidad y el cambio del clima causan enfermedades y defunciones debidas a desastres naturales como olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfermedades importantes son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entre ellas figuran enfermedades comunes transmitidas por vectores, por ejemplo, el paludismo y el dengue, pero también otras grandes causas de mortalidad tales como la malnutrición y las diarreas. El cambio climático ya está contribuyendo a la carga mundial de morbilidad y se prevé que su contribución aumentará en el futuro.1
México es uno de los países con mayores posibilidades de resentir los efectos del cambio climático, considerando su vasto territorio y la amplitud de sus zonas costeras, en las que el aumento del nivel del mar, provocado por el calentamiento global, por el aumento de la temperatura que obliga a muchas especies de flora y fauna a tener que migrar o, simplemente, a desaparecer por la alteración de los ecosistemas. Todo esto, en algún momento, impacta directamente en la salud de la especie humana.
Una investigación de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, advierte que la pérdida de biodiversidad favorece la transmisión de patógenos, principales detonadores de enfermedades como dengue; paludismo o malaria; cólera; diarrea; desnutrición; estrés térmico; hipotermia; asma; tracoma (infección ocular que causa ceguera), y enfermedades cardiacas y respiratorias.2
El gobierno de la república reconoce, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en el futuro inmediato se esperan impactos directos e indirectos de mayor magnitud que se sumarán a los “determinantes de salud”, haciendo más compleja la actual situación sanitaria del país, en particular, la que se refiere a las enfermedades sensibles a patrones climáticos, sean estas endémicas, emergentes, re emergentes o nuevas, además, de aquellos efectos directos sobre la morbilidad y mortalidad de la población desencadenados a partir de eventos extremos que materializan la vulnerabilidad existente.
Es indudable que México, igual que otros países, debe estar preparado para enfrentar desde diversas áreas los efectos del cambio climático; contamos con un marco jurídico que atiende este tema en particular, así como un ordenamiento legal relativo a la salud pública, por lo que es necesario instrumentar acciones que involucren ambos temas, a fin de que la población, sobre todo niños y jóvenes, cuenten con información amplia, detallada y actualizada sobre los riesgos que tiene para la salud el cambio climático.
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente la realización de amplia campaña de difusión entre la población en general y, en particular, entre la población escolar de educación básica, acerca de las enfermedades que puedan presentarse o agravarse por los efectos del cambio climático y señalar las acciones de prevención correspondientes.
1 Organización Mundial de la Salud. Cambio climático y salud humana. Consulta en línea:
https://www.who.int/globalchange/climate/es/
2 10 enfermedades que causa el cambio climático. Consulta en línea:
https://www.salud180.com/salud-dia-dia/10-enfermedades-que-causa-el-cambio-climatico
Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)
La que suscribe, diputada María Rosete , integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que cumpla con el artículo Vigésimo Séptimo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, y expida la legislación en la materia , al tenor de las siguientes
El principal compromiso de cualquier gobierno es promover el crecimiento económico sostenido que garantice empleos de calidad y bien remunerados y promueva una distribución equitativa de sus ingresos.
Es triste ver hechos en donde la policía se excede en sus responsabilidades contra la población, y más cuando utiliza la fuerza física para reprimir a la gente y a personas vulnerables.
Durante varios días hemos visto en diversos medios de comunicación y en las redes sociales escenas denigrantes, en donde policías de la Ciudad de México y otras ciudades del país golpean brutalmente a trabajadores y comerciantes en el espacio público ante el asombro de otros policías y de la gente ahí presente.
No queremos esa clase de policía que, supuestamente está para proteger la seguridad de la gente, no para reprimirla, y no utilizan protocolos de acción, sino de reacción ante la indefensión de la gente.
Es momento de que alcemos la voz, de hacer escuchar el sentir y las peticiones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la vida de manera honrada en una actividad autosustentable en el espacio público.
No queremos seguir enfrentando diariamente el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, despojos y robo de sus productos, cobro de cuotas o multas y hasta la fabricación de delitos por parte de las autoridades de gobierno.
¿Dónde queda el respeto a los derechos humanos y a la ley que enfatizan la urgencia de avanzar hacia una visión amplia de trabajo que asegure, promueva y proteja el derecho constitucional de toda persona a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido?
No vamos a permitir que las autoridades criminalicen a la pobreza y evaden su incapacidad y responsabilidad para crear las condiciones necesarias de bienestar social y respeto de los derechos humanos.
Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, para que volteen los ojos hacia esta problemática y ponga un alto a los ultrajes que están cometiendo policías en contra de trabajadores honestos.
La utilización de la fuerza pública se ha convertido en un recurso común, dejando en estado de indefensión a miles de personas y sus familias que se dedican al trabajo y al comercio en el espacio público de manera honrada.
Desde aquí le expresamos al gobierno de la Ciudad de México que no queremos ser parte del problema, sino de la solución, y con el uso de la fuerza policiaca estaremos lejos de llegar a entendimientos y de ir terminando con este tipo de situaciones. La transformación de las políticas públicas se legisla escuchando a los que no han tenido voz y que siempre son marginados de la toma de decisiones.
Si no nos sentamos a encontrar soluciones; si no intercambiamos opiniones, experiencias y necesidades; si no empezamos a legislar sobre esta materia, seguiremos girando en un círculo vicioso lleno de prácticas nocivas que deteriorarán aún más el tejido social.
No bajaremos los brazos. Nos declaramos por el diálogo, no por el enfrentamiento, pero ya no permitiremos más abusos de las autoridades de gobierno.
Todos somos testigos o víctimas de la escasez y precariedad del empleo; de ver cómo profesionistas por necesidad se encuentran laborando en tareas ajenas a sus expectativas; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios, no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo.
Este entorno ha ido mermando al núcleo familiar y a la sociedad. No contar con trabajo ni con los recursos necesarios para vivir o trabajar horas extras o en más de un empleo para sobrevivir, siempre van a orillar a la descomposición y al deterioro.
No podemos ser ajenos al desempleo, al aumento de la pobreza, a la falta de inversión, al crecimiento del comercio ambulante o en vía pública como válvula de escape y a la falta de capacidad y compromiso de los gobiernos para cumplir con su responsabilidad de crear las condiciones para el bienestar de la población.
El fenómeno del trabajo y del comercio en el espacio público se ha convertido en una práctica cotidiana en la vida económica y social local, regional, nacional e internacional.
La mayoría de las personas que se incorporan al llamado “sector informal”, lo hacen por necesidad como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por no contar con los recursos necesarios para vivir.
Estudios y estimaciones señalan que el llamado “comercio informal” aporta más del 23 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional, esto es, por cada 100 pesos generados de PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad y 76 pesos el 42 por ciento de ocupados formales.
Esta actividad se considera como una alternativa para obtener ingresos, sobre todo para la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse al sector formal de la economía, pero no por eso se debe considerar como una opción de sobrevivencia, sino de superación de la pobreza.
Desafortunadamente, este tema no ha sido tratado de forma integral por los gobiernos mexicanos. Por lo regular las políticas y programas se han limitado a la parte más visible del comercio en vía pública, que es el ambulantaje. Las medidas para combatirlo han estado relacionadas con su inclusión al sistema tributario y el pago de impuestos, así como a múltiples programas de desalojo y reubicación, principalmente en zonas urbanas, vialidades importantes, áreas de centros históricos, sin ir más allá del problema.
Este sector es utilizado y manipulado por intereses particulares de las autoridades. Han dejado de lado la compleja red de factores que intervienen en este fenómeno y no dan alternativas reales, o simplemente no dan alternativas.
No existen políticas dirigidas específicamente al trabajo y al comercio en el espacio público, ya sea para buscar su integración al sector formal o bien, mejorar las condiciones de trabajo en ese sector.
El comercio ambulante deriva de una situación a la que se le debe encontrar cause; no se le puede confinar ni hacerlo a un lado, porque se dejarían sin sustento a muchos mexicanos. Los índices de su aumento nos indican que el desafío es grande, y que es necesario aplicar medidas que produzcan resultados sostenibles. Su existencia es incuestionable, incluye gran parte de las actividades económicas y en ese sentido debe ser atendido.
Es momento de actuar, evitemos a tiempo que se generen actos de violencia y violaciones de derechos humanos; el conflicto de intereses debe ser superado, por lo que tenemos que participar en la solución del problema y así, dejar un antecedente para futuros inconvenientes relacionados con el comercio ambulante.
El caso particular de la Ciudad de México es un ejemplo del abuso que han llevado a cabo las autoridades mediante desalojos violentos de espacios públicos que, en ocasiones, se ofrecen al capital privado para su desarrollo, dejando en la incertidumbre económica a los comerciantes ambulantes y sus familias, y sin ofrecerles alternativas para vivir y contar con el sustento necesario.
Además, diferentes cámaras de comercio, algunos sectores de la sociedad y hasta candidatos a cargos de elección popular, de manera ocurrente, han propuesto acciones que aniquilen y desaparezcan por acto de magia a los comerciantes ambulantes.
Asimismo, las autoridades han violado toda formalidad ya que, el desalojo al ser un mandato de una autoridad es un acto administrativo, por lo que los comerciantes tienen derecho a un Juicio de Nulidad ante una autoridad jurisdiccional. No obstante, las autoridades correspondientes emiten desalojos de manera verbal con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes, por lo regular, saquean y confiscan las mercancías de los trabajadores y comerciantes ambulantes.
Comencemos a trabajar, es necesario integrar a los diversos grupos inmersos en el comercio, a las autoridades nacional y locales, a los dirigentes de diversas fuerzas políticas, a los partidos políticos, a los empresarios, al sector privado, a las universidades, a la comunidad estudiantil, a los especialistas, a los grupos vulnerables, a los medios de comunicación, para escuchar y priorizar las demandas de las nuevas estructuras ciudadanas; la política debe ser concebida como la renovación y transformación de sus actores y organizaciones y, sobre todo, ser participe en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones.
Un avance en esta materia se dio con la Constitución Política de la Ciudad de México la cual, en un principio, incluía amplios derechos a las personas que trabajan en la vía pública para no ser presas de las constantes persecuciones que sufren por parte de las autoridades policiacas.
Esta Constitución, aprobada en febrero de 2017 y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, mandata en su artículo 10 que el comercio ambulante debe ser regulado y delimitado.
“Artículo 10 Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación y mediación.
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.
13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
Ahora, solo falta la aprobación de la ley secundaria en esta materia para darle operatividad al marco constitucional y cumplir con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha que venció el pasado 17 de septiembre de 2019, motivo por el cual se presenta este exhorto para que se cumpla con el mandato constitucional:
Vigésimo Séptimo. El Congreso de la Ciudad de México tendrá hasta un año posterior a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la legislación a que se refiere el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13.
Los legisladores locales tienen la oportunidad de aprobar una ley incluyente, exenta de discriminación, respetuosa de los derechos humanos de los trabajadores en el espacio público, además de comprender que el problema no solo es de carácter contributivo, sino de bienestar social, de estabilidad y de crecimiento.
El Congreso de la Ciudad de México tiene material para hacer un trabajo enriquecedor y dirigido a construir, juntos, el camino hacia la inclusión laboral y hacia la creación de un círculo virtuoso entre todos los actores del sistema productivo que incluyan al denominado sector informal, para que se formalice, ya que fueron presentadas siete iniciativas de ley, incluyendo dos ciudadanas.
Debido a la falta de un marco jurídico que contemple a millones de personas, los intentos realizados y los resultados no han sido suficientes ni se ha atendido el problema en toda su magnitud, ya que siguen predominando la discriminación, la violación de derechos humanos, la violencia contra los trabajadores y comerciantes en el espacio público, el hostigamiento, las condiciones de desigualdad social.
Es en este contexto en el que los comerciantes ambulantes necesitan ser considerados y tomados en cuenta, que sean consultados en las negociaciones antes de definir las propuestas, que sean partícipes en la toma de decisiones. Ya no quieren ser catalogados como grupo vulnerable, sino como un grupo productivo.
Si los gobiernos y el sector privado no están generando empleos públicos y privados formales que demanda la población, que nos den oportunidad a los ciudadanos de organizarnos y darle a los gobiernos esos puntos al PIB que se necesitan para crecer.
El trabajo en el espacio público de la Ciudad de México es un sector que ha crecido como parte alternativa para una población que ha sido excluida de la formalidad social, productiva y económica.
Se estima que en la Ciudad de México existen más de cuatro millones de trabajadores formales. Los cálculos establecen que hay más de dos millones de trabajadores en el espacio público. El último padrón del Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) contabilizó oficialmente a sólo 109 mil 186, por lo que únicamente se tiene registrados a 5 por ciento de estas personas que trabajan en las 16 alcaldías.
Las alcaldías donde se reporta la mayor cantidad de trabajadores en el espacio público son: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Miguel Hidalgo.
El comercio en el espacio público de la Ciudad de México aporta más del 40 por ciento del producto interno bruto de la ciudad, recursos que pueden ser empleados en desarrollo social si se avanza hacia la formalización del empleo lícito en el espacio público.
La ciudadanía apostó por la cuarta transformación planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el respeto de los derechos humanos; confiamos en que en la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, se habrán de tener los mejores entendimientos por su susceptibilidad a los temas sociales, y del Congreso local, esperamos su profesionalismo para llevar a cabo un análisis de lo que representa el comercio en el espacio público y dictamine una ley que convierta esta problemática en un círculo virtuoso con los demás sectores productivos de la ciudad a la brevedad, para dar cumplimiento al mandato constitucional y no entrar en desacato.
Es momento de dejar de lado intereses particulares y voltear hacia la población, hacia el desarrollo social, hacia la inclusión laboral de sectores informales en proceso formales.
El Congreso de la Ciudad de México tiene la oportunidad histórica de avanzar en la creación de la primera ley que regule las actividades en el espacio público y sentar las bases para salir de la informalidad y darle cauce a más de dos millones de personas que, día con día, salen a ganarse la vida de manera honesta, siempre con la incertidumbre de que su patrimonio y sus artículos sean decomisados por las autoridades de gobierno, además de exponerse a ser detenidos y encarcelados.
Esta dinámica terminará una vez que exista el marco jurídico correspondiente en la Ciudad de México y se avance, al mismo tiempo, en una legislación laboral federal que regule esta actividad y la sume al desarrollo nacional, de las entidades federativas y de los municipios.
También, se estará saldando una deuda con millones de personas que no tienen la fortuna de contar con un trabajo formal que le garantice derechos y obligaciones por la falta de capacidad de los gobiernos y de la iniciativa privada, de generar los empleos formales que requiere la sociedad.
El Congreso de la Ciudad de México tiene la última determinación y debe dar cumplimiento al mandato legal sin demora.
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México para que cumpla con el mandato constitucional local que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, el cual señala en su artículo Vigésimo Séptimo transitorio, que se contará hasta un año posterior a la entrada en vigor de esa Constitución para expedir la legislación a que se refiere el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta Soberanía para su resolución.
Diputada María Rosete (rúbrica)
El que suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones conducentes para reducir los riesgos de accidentes viales en la autopista “Siglo XXI”, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, con base en las siguientes
Un tema que debiera atraer la atención de las autoridades federales, es el referente a la seguridad de los ocupantes de los vehículos que transitan por las carreteras del país.
Las noticias de numerosos accidentes ocurridos en esas vías de comunicación, son, desafortunadamente, una constante en distintos puntos del país.
Atribuir estos accidentes sólo a fallas mecánicas o la impericia de los conductores, no abona a buscar una solución al problema.
Un factor que ha detonado en muchas ocasiones los accidentes, es la circulación de vehículos pesados, los cuales, ante la falta de una regulación adecuada para su tránsito por la mayor parte de las carreteras del país.
En este contexto, el accidente, como el ocurrido en la primera semana de diciembre del 2019, debido a la volcadura de un contenedor que transportaba amoníaco, con un saldo de cinco víctimas, 21 lesionados y cinco menores intoxicados, revela los constantes peligros que acechan a quienes utilizan la carretera Pátzcuaro-Uruapan, en el estado de Michoacán.
Este percance se suma a muchos más que han ocurrido en ese tramo carretero, sin que se observen visos de solución por parte de las autoridades federales.
Es de tal nivel el peligro que afrontan los automovilistas que transitan por esta vía de comunicación, que ya se le conoce como la “carretera de la muerte”.
Al ser una atribución del gobierno federal, la revisión y diagnóstico de la situación que prevalece en esta carretera, exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que adopte las medidas conducentes para que no se repitan este tipo de hechos lamentables.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a llevar a cabo las acciones conducentes para reducir los riesgos de accidentes viales en la autopista “Siglo XXI”, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica).
La que suscribe, diputada María Guillermina Alvarado Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo:
La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión aprobó hace unos meses las reformas secundarias en materia laboral, las cuales incluyeron la democracia sindical, las cuales contemplan lo siguiente:
Los trabajadores serán consultados mediante voto personal, libre, directo y secreto en los siguientes casos:
• Elección de directivas sindicales. Esta obligación incluye a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado (artículo123, Apartado B).
• Firma de contratos iniciales. Se deberá demostrar respaldo de los trabajadores para obtener la “Constancia de Representatividad”.
• Ratificación de acuerdos negociados sobre el contenido de un contrato colectivo o convenio de revisión.
• Legitimación de contratos colectivos existentes.
Es por ello que la mayoría de los Sindicatos de México están en el proceso de adecuación de estatutos para adaptación a dichas normas en base a lo reformado, así como las reglas establecidas en los artículos transitorios de la reforma.
Derivado de ello como Diputada Federal me he dado a la tarea de transmitir los logros a través de pláticas, coloquios y presentaciones con diferentes trabajadores del país, de los cuales también he escuchado sus experiencias personales relacionadas a su situación sindical.
Estamos conscientes que este procedimiento tiene plazos establecidos y tendrán sus aristas, pero estaremos vigilantes que los mismos seas apegados a lo que el Poder Legislativo ha normado.
Actualmente durante una de mis reuniones tuve acercamiento con trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en mi estado y me han externado que en su sindicato no se han presentado aún las modificaciones de estatutos y a pesar de ello ya han llamado a elecciones para Directivas y Comités seccionales. Lo cual a mi parecer podría ese procedimiento estar fuera de la ley.
Cito aquí la información que me han proporcionado:
“El pasado martes 25 de febrero en la madrugada se dio a conocer una Convocatoria para la elección del comité seccional en el estado de Nuevo León, por parte del SNTE sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente, violentado los derechos de los trabajadores. Bajo el nuevo reglamento de Alfonso Cepeda las actuales dirigencias nacionales tienen todo el control del proceso electoral, también bajo este reglamento, ellos ponen y quitan a los funcionarios electorales, ellos cuentan los votos y dicen qué planilla califica, finalmente ellos resuelven las controversias electorales y deciden quien ganó, en resumen: son juez y parte.
De esta forma, el Comité Ejecutivo Nacional se encargó de realizar un dizque “Congreso” integrado por “representantes” de algunas delegaciones y por miembros del Comité Ejecutivo Seccional todavía en funciones. En este mini “Congreso” se avaló una convocatoria amañada igual que el reglamento que la generó, por cierto, el darlo a conocer en la madrugada habla de una intención mezquina de engañar, de hacer un “madruguete” a la participación democrática. Fue tan deprisa y a escondidas que al magisterio le tomó de sorpresa. Posteriormente se encargaron de sacar firmas a los maestros, a través de engaños, en una hoja que decía “Lista de asistencia” para “avalar” sus mezquinas acciones.
Al cierre de la convocatoria, el 28 de febrero, casi a medianoche, se registra como “Planilla de Unidad” ante el Comité Nacional Electoral, siendo la única planilla inscrita, llamándole planilla de “Unidad” por ellos y para ellos mismos, dejando así al magisterio sin opciones de participación democrática, ésta planilla nace de una imposición y carece de legitimación.
El país está cambiando, las leyes están cambiando y nuestro SNTE sigue sin cambio, con un Estatuto obsoleto, sin modificación alguna en los términos de la legislación laboral, y lo que es peor, el SNTE sigue con las mismas prácticas antidemocráticas con la que se ha conducido a través de los años, mediante las cuales los dirigentes de arriba designan a los de abajo.
Recientemente en ésta Legislación se han realizado exhortos y recomendaciones al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la intervención de los Partidos del PT y Morena, pero se ha hecho caso omiso a éstas solicitudes.
Con éstas acciones totalmente antidemocráticas se continúan violando flagrantemente los derechos humanos laborales y de participación de los trabajadores de la educación, todo acompañado del engaño, la manipulación de conciencia, la extorsión y la amenaza, es decir un hostigamiento sistemático.
Según la convocatoria para la elección de la Directiva Seccional de la Sección 21 del SNTE, ésta se elegirá mediante voto universal, libre, directo y secreto.
• La elección se realizará el 19 de marzo de 2020, en 583 sedes sindicales en las que se celebrarán las Asambleas Delegacionales Electivas.
• Los cargos a elegir serán:
* Para el Comité Ejecutivo Seccional: 55 cargos con sus respectivos suplentes, con excepción de la Secretaría General (total 109).
* Para el Comité Seccional Electoral: 3 cargos con sus respectivos suplentes (total 6).
* Para el Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados: 5 cargos con sus suplentes (total 10).
* Concejales Nacionales: 4 cargos sin suplentes (total 4).
• Requisitos para ser elegibles:
Documentos que deben presentar los candidatos:
* Solicitud de registro de la planilla.
* Credencial de elector o pasaporte mexicano.
* Credencial del SNTE o documento que lo acredite como miembro del sindicato.
* Contar con una antigüedad mínima de 5 años como miembro del SNTE.
* Documento que acredite que ha desempeñado un cargo de representación sindical.
* Escritos firmados bajo protesta de decir verdad, en los que se manifieste que no son ministros de culto religioso, miembros de la Judicatura, dirigentes o candidatos de partido político alguno, ni desempeñar cargos de elección popular.
* Para el cargo de Secretario (a) General, además, tener una antigüedad mínima de 8 años, y haber ocupado un cargo a nivel seccional.
* Los mismos requisitos se exigen para la elección de los otros dos Órganos de Gobierno Sindical, pero además agregan: La constancia de no antecedentes penales y la manifestación por escrito de que gozan de “buena reputación” y “probada honestidad”.
* El padrón de votantes.
* Será el autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.
* El miembro del SNTE que haya sido excluido del padrón deberá acreditar fehacientemente tener derecho a formar parte del padrón para que el Comité Seccional Electoral le expida una constancia de incorporación al padrón.
• La representación proporcional de género en la integración de las planillas no existe en la Convocatoria. Se les olvidó que está prevista en la ley laboral.
La difusión de planillas sólo podrá realizarse a través de los medios proporcionados o autorizados por el Comité Nacional de Elecciones.
• Para votar, el miembro del SNTE deberá mostrar credencial del SNTE, del INE o IFE, talón de pago en donde aparezca el descuento de su cuota sindical y aparecer en el padrón.”
Derivad de lo anterior las y los trabajadores del SNTE en mi Estado me externaron que:
1. Como se puede ver, la Convocatoria está llena de candados, prohibiciones y obstáculos para el ejercicio de la libre y sana participación de los trabajadores de la educación en la elección de sus dirigentes.
2. No todos los miembros del SNTE podrán votar, y mucho menos “ser votados” para ocupar un cargo sindical a nivel seccional. El 80% de los miembros del SNTE de cualquier sección sindical están impedidos por el Estatuto y la Convocatoria para formar parte de un Comité Ejecutivo Seccional y de los otros Órganos de Gobierno Seccional, por su antigüedad en el Sindicato y por no haber ocupado un cargo sindical.
3. Los requisitos para el registro de planilla y de candidatos son inauditos, rebasan con mucho a los que se exigen para ser Diputado, Gobernador o Presidente de la República. La constancia de no antecedentes penales ya se eliminó para cualquiera de estos cargos y el SNTE la revive.
4. La equidad de género para la integración de las planillas no existe.
5. La última criba. Para poder votar se exigen 4 documentos: Credencial del SNTE (que no todos los miembros del sindicato la tienen), credencial del INE o IFE, talón de pago en el que aparezca el descuento de la cuota sindical (los recibos de pago de los jubilados del SNTE en todo el país no tienen ese descuento).
6. Todo esto desvirtúa y burla la esencia del voto universal, libre, directo y secreto.
Por lo expuesto anteriormente, en congruencia con lo establecido en la ley, así como por el respeto a los derechos de las y los trabajadores, me permito someter la siguiente proposición con
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a verificar en el ámbito de sus atribuciones, que sea respetados los derechos sindicales establecidos el marco jurídico en materia de democracia sindical, el procedimiento de elección de Comités Seccionales del estado de Nuevo León del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2020.
Diputada María Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica)
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
El nuevo coronavirus, llamado Covid-19, ha crecido rápidamente para convertirse en una amenaza global. Al tiempo que los países alrededor del mundo han luchado para imponer restricciones a la entrada y salida de personas de su territorio, millones de personas han sido resguardadas en cuarentena, y otras han sido aisladas para tratar de evitar la dispersión del virus.1 Según Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta sería la primera pandemia en la historia de la humanidad que se podría controlar.
Los coronavirus son una familia grande de virus que atacan el sistema respiratorio, algunas veces focalizando las células más profundas de los pulmones.2 Únicamente siete de los virus detectados, incluyendo el Covid-19, SARS y MERS, han evolucionado para infectar a la especie humana.3
A pesar de que aún no existe una explicación precisa sobre cómo se esparcen los virus, existen datos suficientes para afirmar que son transmisibles de persona a persona. Esto es mayormente a través de la exposición a gotas pequeñas, derivadas de toser o sonar la nariz. También, existe nueva evidencia que el Covid-19 se puede esparcir a través de heces fecales; esta dispersión se conoce como “fecal-oral,” por la potencial transmisión de las partículas en el aire y que se pueda contraer desde la interacción con objetos inanimados.
El primer brote fue reportado a la Organización Mundial de la Salud por autoridades chinas el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas en la provincia de Hubei en China.4 Para mediados de enero, a pesar de las medidas de cuarentena implementadas por las autoridades de Wuhan, el virus comenzó a esparcirse de manera acelerada en distintos países del mundo.
La OMS ha establecido que el brote es una emergencia de salud global, lo cual refiere a un riesgo internacional para el bienestar de la población mundial. Al 10 de marzo de 2020, el coronavirus ha dejado más de 117 mil casos de contagio en todo el mundo. En China han muerto 3 mil 646 personas, tras 80 mil contagios desde diciembre del año pasado, mientras que fuera de ese país, se han confirmado casos en más de 100 países.5
La rapidez con la que se extiende la enfermedad ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras con China y también con Irán. También se ha prohibido la entrada a ciudadanos de países europeos con casos, como Italia o España, que tiene restricciones en los viajes a Israel o Irak.
En Italia, que se asume como el epicentro del brote en el continente europeo, el gobierno ha tomado medidas al norte del país para restringir la entrada y salida a más de 60 millones de personas. Esta política se aplica para la población que no tenga que trasladarse por razones esenciales de trabajo, salud o emergencias familiares.6
Todas las reuniones públicas, incluyendo bodas, eventos deportivos y funerales, han sido suspendidas. Los teatros, gimnasios, hoteles y bares han sido cerrados hasta nuevo aviso. La semana pasada, Italia cerró todas las escuelas hasta el 15 de marzo. El lunes 9 de marzo, el gobierno anunció que la medida se podría extender hasta mediados de abril.7
En el continente americano, el país con más casos al momento es Estados Unidos, que acumula 761 casos y 27 muertes. El gobierno federal ha tomado medidas para prohibir la entrada a todas y todos aquellos que hubieran visitado Irán a partir de finales del mes de enero. De igual forma, aerolíneas como American Airlines y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunciaron el 10 de marzo, reducciones temporales en vuelos domésticos que se extenderían hasta el verano, relacionado a las preocupaciones derivadas del brote del coronavirus.8
Entre los afectados, se encuentran 21 personas que han dado positivo en la prueba de coronavirus que llegaron a Estados Unidos a través del crucero Grand Princess, con más de 2 mil pasajeros a bordo,9 y situado desde el 7 de marzo frente a las ciudades de Oakland y San Francisco en el estado de California.10 En Canadá se han presentado 77 casos de infección y 1 muerte.
El Covid-19 también ha comenzado a propagarse por América Latina. El primer país de la región en registrar una muerte fue Argentina, y mantiene 17 casos en tratamiento. La persona fallecida fue una paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa en días anteriores. Los demás países con registro de casos son Brasil con 30, Ecuador con 15, Perú con nueve, Chile con 13, la Guayana Francesa con cinco, Costa Rica con nueve, Colombia con tres, y Paraguay y Panamá con un caso cada uno.11
En México, se mantienen siete casos positivos del virus. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud (Salud), tres de ellos se encuentran próximos a ser dados de alta, sin embargo, suman 12 los casos sospechosos. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de Salud, precisó que se fina en 218 la cantidad de personas que se han hecho la prueba y han resultado como negativos.12
Por lo anterior, se han formulado varias precauciones que se pueden adoptar en todos los países para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar este virus, y que son las siguientes:
• Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Mantener una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre personas y cualquier persona que tosa o estornude.
• Cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
• Permanecer en casa si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, por lo que se deberá buscar atención médica inmediata.
Asimismo, las recomendaciones actualizadas de la OMS para el transporte internacional en relación con el brote del nuevo coronavirus13 señalan que las personas que viajan y desarrollan síntomas agudos, antes, durante o después del viaje, deben solicitar atención médica, a fin de poder frenar su propagación. También se sugiere realizar inspecciones de salida en puertos y aeropuertos internacionales de zonas afectadas por el brote, con el objeto de detectar inmediatamente a viajeros con síntomas para poderlos evaluar y tratar.
Dichas pruebas consisten en comprobar signos y síntomas, como fiebre superior a 38? o tos, entrevistar a pasajeros con síntomas de infección respiratoria para conocer si han estado en contacto con personas de alto riesgo o con animales que podrían haber originado la infección; trasladar a los viajeros con síntomas a un centro médico para que sigan siendo examinados y mantener los casos confirmados bajo tratamiento en régimen de aislamiento.
Otras recomendaciones indican que las inspecciones de entrada, se deben enfocar a crear controles de la temperatura a fin de detectar casos sintomáticos para posteriormente, realizar exámenes médicos y pruebas de laboratorio para confirmar la infección, aunque no siempre sirvan para detectar a viajeros que están incubando la enfermedad o que ocultan la fiebre durante el viaje. Los controles de la temperatura deberán ir siempre acompañados de información sobre el virus, a través de carteles, folletos, boletines electrónicos, entre otros medios, con el objeto de crear conciencia en los viajeros sobre los signos y síntomas de la enfermedad.
De igual manera, se alienta a los países que realizan controles de la temperatura a establecer un mecanismo correcto de recopilación y análisis de datos, por ejemplo, número de viajeros examinados y casos confirmados del total de viajeros examinados, así como el método de cribado.14
También, se sugiere que las autoridades sanitarias refuercen su colaboración con los operadores de líneas aéreas para el tratamiento de casos a bordo de la aeronave y para el suministro de información, en caso de que se detecte a un viajero con síntomas de enfermedad respiratoria, como el caso mencionado en Estados Unidos.
No obstante de las frecuentes emisiones de estas recomendaciones, en México no se han asumido las medidas sugeridas para el cuidado nacional e internacional. A la fecha, únicamente existe una evidencia pública de tratamiento a personas provenientes del extranjero; el caso, sucedió el pasado 28 de febrero en Cozumel, Quintana Roo.15
Ante esta emergencia, es necesario que todas aquellas personas que arriban a México a través de vuelos internacionales a todos los aeropuertos del país, sean revisadas por filtros sanitarios y cuestionadas por una autoridad competente sobre su procedencia y la posibilidad de ser portadores del coronavirus Covid-19; en especial, a aquellos que provengan de países donde el índice de contagio y mortalidad es más elevado. Este patrón se debe repetir en las fronteras de nuestro país, en los puertos marítimos y en las estaciones de transporte público y privado con el objeto de mantener informada a la población sobre los síntomas que traen consigo los portadores de COVID-19, así como de las medidas que se deben tomar dentro los trayectos y evitar contagios.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas de prevención, detección y, en su caso, la restricción en las entradas y salidas de puertos marítimos, terrestres y aéreos para atender el brote del coronavirus covid-19, que ha sido declarado como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud.
1 Referenciado de
https://www.vox.com/science-and-health/2020/1/23/21079069/coronavirus-update-usa-cases-news
2 Consultado en https://www.vox.com/2020/1/31/21113178/what-is-coronavirus-symptoms-tra vel-china-map
4 Con datos de https://www.rtve.es/noticias/20200310/mapa-mundial-del-coronavirus/1998 143.shtml
6 Referenciado de https://www.vox.com/2020/3/9/21171373/italy-coronavirus-quarantine-lomb ardy-conte
8 Con información de
https://www.vox.com/the-goods/2020/3/5/21166359/us-airlines-coronavirus-cancel-flights-waiving-fees
9 Recuperado de https://www.latimes.com/california/story/2020-03-09/
coronavirus-covid-19-grand-princess-oakland-passengers-healthcare-military-facilities
10 Con información de https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51796024
11 Referenciado de https://www.rtve.es/noticias/20200310/mapa-mundial-del-coronavirus/1998 143.shtml
12 Consultado en
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/09/primeros-casos-de-coronavirus-en-mexico-seran-dados-de-alta
13 Disponible en
15 Con información de https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/28/descartaron-coronavir us-y-confirmaron-influenza-en-pasajeros-de-crucero-varado-en-cozumel/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 12 de marzo de 2020.
La que suscribe, diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
En Michoacán los trabajadores de la educación, organizados en la Sección XVIII, nombraron una comisión organizadora del octavo Congreso Seccional de Bases; encabezada por Jairo Cepeda Cerda y Benjamín Hernández Gutiérrez.
El 3 de febrero de 2020, la Comisión de Honor y Justicia del CEN que se conforma con un miembro en cada una de las 22 regiones de la Sección XVIII que dan fe de cualquier irregularidad denunciaron actos de corrupción por parte de algunos miembros de la actual dirigencia de la coordinadora.
En rueda de prensa, Emmanuel Barrera Martínez, representante de la Comisión de Honor y Justicia Central y Ampliada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que los técnicos en gestoría, Gamaliel Guzmán Cruz y José Luis García Jacinto, así como el técnico de organización, Salvador Almanza Hernández y el secretario de Finanzas, Kertis Gregori Vega, incurrieron en actos de corrupción desde el año 2014.
A los expulsados por supuestos actos de corrupción, se les suman el actual secretario general de la CNTE en Michoacán, Víctor Zavala y el técnico de Gestión Popular, Juan Vicente Morisco, quienes son señalados por traición e incitar al divisionismo dentro de la Coordinadora.
Sin embargo, el secretario general, ya expulsado, cobijado por un ciento de profesores, hizo una convocatoria de elección para esta sección, desconociendo al comité organizador nombrado.
El depuesto secretario general y su gente, fue desalojado el 23 y 24 de enero de 2020 de las instalaciones de las oficinas sindicales.
Del 24 al 27 de febrero de 2020, su efectúo el octavo Congreso Seccional de Bases, en donde se presentaron las causales de la expulsión del secretario general y los demás miembros del Comité Ejecutivo que fueron destituidos.
En este Congreso también eligieron su nueva dirigencia, resultando electo como secretario general seccional el profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, de la región Zamora y un fuerte equipo de representantes de 21 regiones.
El 4 de marzo, en una multitudinaria marcha de más de 20 mil trabajadores, se refrendó el respaldo al nuevo Comité Ejecutivo Seccional.
El 9 de marzo de 2020, en la mañana, en un acto de desesperación, los maestros expulsados encabezados por Gamaliel Guzmán Cruz, se introdujeron a las instalaciones sindicales, tratando de apoderarse de las oficinas a golpes, sin embargo, fueron sacados por los profesores comisionados y de base que allí se encontraban.
Sin embargo, en un acto inaudito, ingresó violentamente la Unidad de Restablecimiento el Orden Público (UROP) de la Policía Michoacán, que golpeó y desalojó de las oficinas sindicales a los profesores que integran el nuevo Comité Sindical Seccional, quienes, para evitar confrontaciones, se retiraron en paz.
Los granaderos detuvieron en el lugar a 25 profesores, algunos heridos de gravedad, entre ellos, el nuevo secretario general Benjamín Hernández Gutiérrez, y los demás integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.
La detención de maestras y maestros es muestra flagrante de la intervención del gobierno estatal en la vida interna de la Sección Sindical XVIII de la CNTE. La detención selectiva de los profesores arrestados es prueba fehaciente del abuso de la fuerza pública en beneficio del grupo corrupto de profesores expulsados por corrupción.
Tanto nuestra Ley Federal del Trabajo, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por México sobre la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación reconoce el derecho de los trabajadores a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la libertad de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción.
Asimismo, obliga a las autoridades públicas a abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y obliga a los estados a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.
Dentro del respeto que debe haber a la autonomía sindical, se necesita vigilar y observar el estado de derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que no puede haber un estado de excepción dentro de los sindicatos, todos deben estar dentro de los parámetros legales.
A pesar de esto, hay varios ejemplos de la intervención del gobierno de Michoacán en la vida interna de este sindicato, violando los derechos sindicales de los maestros.
Es necesario, como legisladores, cumplir con el mandato constitucional, así como lo establecido en los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia laboral.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a la liberación inmediata de los 26 profesores detenidos el 4 de marzo de 2020, en donde se incluye al secretario general de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a detener la represión a los maestros de la Sección XVIII de la CNTE, por parte de la Policía Michoacán.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, el alto inmediato a la intromisión del gobierno estatal en la vida interna sindical de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes
El Sistema de Transporte Colectivo Metro constituye uno de los principales medios de movilidad en la Ciudad de México, debido a que diariamente moviliza a millones de personas a sus centros de trabajo, instalaciones médicas y espacios educativos, deportivos y de recreación, o bien a sus hogares, principalmente. Su red comprende más de 226 mil 488 kilómetros que se encuentran en servicio y se divide en 12 líneas y un total de 195 estaciones.
Es importante señalar que el 29 de abril de 1967, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se creó el Sistema de Transporte Colectivo1 , como un organismo público descentralizado; el 19 de junio de 1967, se inició la obra de construcción de la línea 1; siendo inaugurado el primer tramo de 16 estaciones el 4 de septiembre de 1969 y concluyendo con el tramo Zaragoza-Pantitlán el 22 de agosto de 1984.2
La línea 2 se inauguró en su primera etapa el 1 de agosto de 1970, concluyendo el tramo final el 22 de agosto de 1984. Las demás líneas entre la 3 y la 9, fueron construidas entre los años de 1970 al de 1988; las líneas A y B, por su parte, fueron construidas en el periodo comprendido entre1988 y 2000.3
Lo anterior, permite afirmar que se trata de un sistema de transporte con más 50 años de antigüedad en su primer tramo, cuyas instalaciones se han venido deteriorando y que, en general, no han contado con un programa permanente de mantenimiento y supervisión, lo que pone en riesgo la integridad de los usuarios.
El Metro, para su operación, cuenta con un total de 390 trenes asignados (321 neumáticos y 69 férreos), para proporcionar el servicio a los usuarios en horas punta operan 282 trenes y los 108 trenes restantes se encuentran distribuidos en mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales y como reserva.
Lamentablemente, en los últimos años ha registrado múltiples problemas derivados del nulo mantenimiento en rieles, trenes y estaciones que provocan hundimientos, vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformaciones en vías y desgaste prematuro, y en el peor de los casos, el choque de trenes como el que aconteció el pasado 10 de marzo.
El diagnóstico integrado al Plan Maestro del Metro 2018-2030 arrojó que este sistema de transporte presentaba serias dificultades económicas para enfrentar su futuro inmediato. Entre otros problemas acumula el rezago en mantenimiento del material rodante, instalaciones fijas y obra civil; además el término de vida útil de sistemas, equipos de las instalaciones fijas y el material rodante.4
A estas problemáticas, también se suman las fallas estructurales en las líneas, la falta de luminarias, las pocas condiciones de higiene, escasos accesos para las personas con discapacidad y nulos planes o programas de mantenimiento, que los han convertido en un transporte inseguro, caro e ineficiente, que pone en riesgo la seguridad de los usuarios que moviliza, los cuales solo en el 2018 ascendieron a 1 mil 647 millones 475 mil 013 personas.
Los problemas descritos y la falta de atención por parte de las autoridades para subsanarlas pueden derivar en accidentes como el documentado el 10 de marzo de 2020 en la estación Tacubaya de la Línea 1, hecho que ha dejado hasta el momento una persona fallecida y 41 heridos.
De acuerdo con la Dirección del Metro, el accidente fue causado por un deslizamiento de reversa en los que se vieron involucrados el tren número 33 que se impactó contra el tren número 38 sobre la vía dirección Observatorio, hay que destacar que en esa estación existe una pendiente de 7 por ciento, y que al menos fallaron seis sistemas al mismo tiempo, entre ellos, el pilotaje automático.
En cuanto a los heridos, 16 de las 41 personas inicialmente reportadas con lesiones requirieron el traslado a un hospital, las cuales se encuentran en recuperación, de ellos, 11 fueron enviadas a la Clínica Durango, dos personas se encuentran en el hospital Magdalena de las Salinas y uno más en el hospital de la Cruz Roja Polanco y los demás fueron dados de alta.
En 2015 se dio un accidente parecido, ya que un convoy estacionado en la estación Oceanía de la Línea 5 Pantitlán-Politécnico fue impactado por otro tren, dejando como saldo a 12 personas heridas y un fallecido.5
El gobierno de la Ciudad de México no puede ser omiso ante estas problemáticas que afectan la vida cotidiana de los habitantes y que atentan contra su seguridad. Bajo estas consideraciones, es necesario que el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, garanticen apoyos a las víctimas y promueva las medidas necesarias de acceso a la justicia y reparación integral del daño.
Es necesario que a la brevedad se aprueben mayores recursos económicos, humanos y de infraestructura, además se consolide un programa de mantenimiento permanente y se realicen las adecuaciones para garantizar el óptimo funcionamiento del Metro, a fin de asegurar la seguridad e integridad de los usuarios.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos fundamental que se desarrolle una investigación integral, pronta y expedida con el objeto de conocer las causas, emprender las acciones para subsanarlas y llevar a cabo medidas de prevención para garantizar el uso adecuado del Metro en favor de la población.
Debido a los diversos incidentes que han ocurrido recientemente en este transporte público, es urgente que el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implementen de manera urgente una estrategia de revisión de los protocolos de seguridad y mantenimiento de los trenes, de las vías, de los neumáticos y de sus instalaciones en general, a efecto de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad y vida de los millones de usuarios.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que emprendan una investigación pronta, expedita e integral sobre las causas que provocó el choque de trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1, que dejó un saldo de una persona fallecida y 41 heridos, acontecido el pasado 10 de marzo; asimismo, para que lleven a cabo las acciones necesarias de apoyo a las víctimas y garanticen el acceso a la justicia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que destinen mayores recursos económicos a fin de concretar un programa integral de mantenimiento a la red del metro; asimismo, transparente los avances del denominado Plan para Rescate del Metro, debido a que aún presentan irregularidades que derivan en accidentes y que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que actualice los protocolos de actuación y las medidas de seguridad ante el choque de trenes, como el acontecido el 10 de marzo de 2020, que dejó una persona fallecida y 41 heridos.
1 http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4739563&fecha=29/04 /1967&cod_diario=204221
2 https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-1
3 https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-2
4 https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20i nformacion/planmaestro18_30.pdf
5 https://www.sinembargo.mx/11-03-2020/3745826
Érika Vanessa del Castillo Ibarra, diputada a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Primera . El pasado 14 de febrero de 2020, la Revista Dental Británica (British Dental Journal, BDJ por sus siglas en inglés) publicó “Un estudio exploratorio a través de los países para investigar el etiquetado, el contenido energético, de carbohidratos y azúcar de los productos lácteos de fórmula comercializados para bebés”,1 mismo, que entre otros puntos, señala:
“Objetivo . El primer objetivo fue describir el contenido de energía, carbohidratos y azúcar de los productos lácteos en once países. El segundo fue evaluar los métodos de etiquetado utilizados. Con base en los hallazgos, se propusieron enfoques para facilitar la selección de productos lácteos preparados para lactantes.
Antecedentes. El consumo de exceso de azúcar durante la infancia puede aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), como obesidad, diabetes y caries dental. La reducción del consumo de azúcar ha ocupado un lugar destacado en la agenda mundial de salud pública. Aunque la mayoría de los bebés se alimentan con productos lácteos de fórmula además de, o en lugar de, leche materna (con solo 38 por ciento de lactancia materna exclusiva), el contenido de azúcar de estos productos a menudo no se incluye en las estrategias de reducción de azúcar.
Métodos. Se realizó un estudio exploratorio para describir el etiquetado y la composición nutricional de una muestra de productos de fórmula infantil disponibles en 11 países. La muestra, que se recolectó entre mayo y agosto de 2019, incluía productos de fórmula disponibles comercialmente (n = 257) dirigidos a bebés menores de 3 años de edad. Los productos fueron vendidos en supermercados y por otros minoristas importantes en los países de la muestra. Los datos primarios se obtuvieron de las etiquetas en el envase de los productos de fórmula.
Resultados. Los resultados sugieren que la mayoría de los productos muestreados fueron más altos en carbohidratos totales y carbohidratos de los cuales el azúcar y la lactosa, que la leche materna, respaldan investigaciones previas. La información nutricional presentada en los productos a menudo no estaba clara y era inconsistente en los 11 condados muestreados. Ninguno de los productos tenía información nutricional en el frente del paquete (FOP).
Conclusión. Los resultados sugieren que a nivel mundial, los productos de fórmula infantil son más altos en carbohidratos, azúcar y lactosa que la leche materna. El etiquetado no es claro e inconsistente en todas las marcas y entre países. Según los resultados de este estudio, se necesita una regulación obligatoria del contenido de azúcar en los productos de fórmula con información nutricional clara de FOP para ayudar a los consumidores a elegir la opción saludable para sus bebés.”
Segunda . Al respecto debe señalarse que el pasado 8 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en Materia de Sobrepeso, Obesidad y de Etiquetado de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas,2 a fin de incluir diversas disposiciones en la ley que combatan las enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
Con este decreto se reforman los artículos 66, primer párrafo; 111, fracción II; 115, fracción VII; 159, fracción V; 212, primer y segundo párrafos; y se adicionan los artículos 2o., con una fracción VIII; 114, con un tercer párrafo; 210, con un segundo párrafo; 212, con tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercer párrafo para pasar a ser quinto párrafo y 215, con las fracciones VI y VII de la Ley General de Salud. Para el caso es importante puntualizar lo que establecen esta reforma en sus artículos 115 fracción VII, 210 y 212 y que a la letra señalan:
“Artículo 115. ...
Artículo 210. ...
Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, información de las etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.
La Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo considere necesario.”
Es decir, la nueva norma obliga a las empresas a “incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible “, y añadió que, cuando lo considere necesario, la Secretaría de Salud podrá ordenar “la inclusión de leyendas o pictogramas” en los productos alimenticios.
Cabe señalar que la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) celebró la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por tratarse de una manifestación de la prevalencia del interés de la salud pública sobre los intereses comerciales, así como la necesaria separación del poder político del económico.
El etiquetado de alimentos y bebidas pre envasados vigente se basa en las llamadas guías diarias de alimentación. Sin embargo, para interpretar su información se requiere tiempo y un conocimiento matemático mínimo, y el consumidor no dispone de mucho tiempo para hacer cálculos en el momento de la compra; además, emplea términos no específicos y no toma en cuenta a la población no alfabetizada ni a los niños y adolescentes, los cuales difícilmente saben qué son las calorías y cuántas deben consumir al día, por ejemplo.
A partir de estos inconvenientes se ha propuesto en México un nuevo etiquetado frontal de alimentos, inspirado en el que ya se utiliza en Chile, con información más clara sobre el exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y, en su caso, edulcorantes.
Entonces, si determinados productos o bebidas son altos en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y/o sodio, unos sellos dispuestos al frente de los envases se lo informarán al consumidor de manera sencilla y directa.
Tercera . El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés)3 ha señalado que en México la malnutrición es un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes de distintas maneras.
Por un lado, la desnutrición durante la infancia tiene impactos negativos en el resto de la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, repercusiones graves que afectan la calidad y la esperanza de vida. De igual manera señala que:
“1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas.
1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. La desnutrición se presenta principalmente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más que en las urbanas; los más afectados son los hogares indígenas.
Y que, en México, solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. La leche materna es el mejor alimento para los bebés, ya que les proporciona todos los nutrientes que necesitan y ayuda a prevenir muchas enfermedades; además, le brinda beneficios a las madres.”4
Dentro de las posibles soluciones que se proponen a través de estos organismos multilaterales, se encuentran, entre otras, las siguientes:
Para atender la malnutrición en todas sus formas, trabajamos con socios clave como las Secretarías de Salud federal y de Educación federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Salud Pública, para generar evidencia, brindar asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Algunos ejemplos de las acciones que realizamos incluyen:
• Promoción de visitas domiciliarias de voluntarios de salud comunitaria a mujeres embarazadas antes y después del parto, para aumentar su conocimiento sobre los primeros signos de alerta durante el embarazo, atención adecuada y lactancia materna exclusiva.
• Desarrollo de guía actualizada sobre la protección de la lactancia materna e instalación de salas de lactancia en los lugares de trabajo, con el fin de que las empresas y las instituciones gubernamentales cuenten con espacios adecuados para la extracción y resguardo de la leche materna dentro de sus instalaciones.
• Fomento a la innovación para la prevención del sobrepeso y obesidad mediante tecnología móvil que informa a padres y cuidadores sobre hábitos saludables y buena nutrición de niños y niñas.
• Evaluación e identificación de mejoras al Servicio de Alimentación Escolar del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Desde UNICEF, también se recomienda desarrollar e implementar políticas públicas para atender la malnutrición en todas sus formas, por medio de las siguientes medidas:
• Fortalecer las capacidades del sistema de salud para detectar, diagnosticar y controlar todas las formas de malnutrición.
• Promover la lactancia y fortalecer el monitoreo y control de los productos sucedáneos de la leche materna.
• Adoptar un etiquetado frontal de alimentos y bebidas que sea claro y comprensible por los consumidores, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
• Promover entornos escolares saludables, libres de publicidad dirigida a niños y niñas.
• Impulsar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios en niños y niñas.
Cuarta. Sin embargo, a pesar de que el Estado mexicano ha adoptado compromisos internacionales a favor de la niñez y de la salud, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, en materia de combate a las enfermedades que enfrenta la niñez en México, el pasado 26 de febrero de 2020, el juez séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional al amparo presentado por la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) para frenar el etiquetado frontal.
La medida cautelar frenó la implementación del etiquetado frontal para medicinas y alimentos procesados, por lo que la Secretaría de Economía –a través de su Dirección General de Normas– y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentaron dos recursos de queja para solicitar que se revocara la suspensión.
Ante esto la UNICEF México emitió un comunicado5 en el que señala:
“Ciudad de México, 3 de marzo de 2020 –UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, lamentó hoy la suspensión provisional de la NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas e instó al Poder Judicial de la Federación a revisar su decisión con carácter de urgencia.
La emergencia epidemiológica por diabetes y obesidad declarada en México desde 2016 continúa poniendo en peligro la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, y urge priorizar su salud e interés superior, por encima de intereses cuyo objetivo no es el bienestar público.
UNICEF insta al Poder Judicial de la Federación a levantar la suspensión temporal al etiquetado frontal para que siga su curso de aprobación y sea adoptado lo antes posible, con el fin de garantizar el derecho de la infancia en México, y de la población en general, a la salud y a la información. El bienestar de nuestros niños ya no se puede postergar más”. Enfatizó.
El fallo de suspensión temporal argumenta que el etiquetado no fue consultado ampliamente ni estuvo basado en evidencia científica, argumentos que UNICEF rebate.
UNICEF participó en el proceso de formulación del etiquetado y constató que fue un proceso transparente, y acoplado a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía y la de Salud –organismos que lideraron la iniciativa– y en el cual participaron de principio a fin un amplio número de actores de distintos sectores, incluyendo instancias de gobierno, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales, además de representantes de la industria de alimentos y bebidas, y negocios asociados.
Las minutas oficiales de dicho proceso –que aún no están a disposición pública hasta que se concluya el proceso con la publicación de la norma modificada–, permiten comprobar la participación de todos los actores, así como el consenso obtenido en la gran mayoría de los aspectos considerados en la formulación del etiquetado (la forma de los sellos, el exceso de nutrientes e ingredientes que llevarían advertencia, y la prohibición del uso de personajes y dibujos en productos dirigidos a niños, etcétera).
La definición de estos aspectos fue resultado de una cuidadosa consideración de amplia evidencia proveniente de México y de otros países, además de recomendaciones de instancias expertas en salud pública como la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública; todo ello complementado por contribuciones técnicas, por instancias como UNICEF, sobre cómo desarrollar un etiquetado adecuado y de fácil comprensión para la infancia y la adolescencia.
El etiquetado frontal está basado en evidencia sólida, ha sido diseñado por medio de metodologías robustas y va dirigido a orientar objetivamente medidas de salud pública para beneficio de la población.
Un etiquetado adecuado debe proporcionar información clara, veraz y de fácil comprensión tanto para adultos como niños, además de utilizar perfiles nutrimentales validados por expertos en la materia que defiendan intereses de salud pública y una alimentación saludable; el etiquetado propuesto cumple precisamente con estas cualidades y debe ser implementado lo antes posible, reiterando que la propuesta del nuevo etiquetado tuvo en cuenta las mejores prácticas internacionales y evidencia científica reciente, y es una de las medidas más efectivas que pueda adoptar el país para combatir el sobrepeso y obesidad.
El 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para reflexionar sobre las afectaciones generadas por una dieta inadecuada y avanzar con esfuerzos de prevención de esta enfermedad. No ignoremos la gran afectación de la obesidad en México, particularmente en la salud de la infancia y adolescencia, y demos prioridad a su implementación como medida clave de salud pública y, como tal, de protección de los derechos de la infancia”.
Finalmente la UNICEF señaló que México debe tener como antecedentes que:
1 El objetivo del etiquetado frontal es advertir sobre el exceso de nutrientes que contribuyen al desarrollo de sobrepeso y obesidad;
2 México es uno de los países de América Latina con mayor consumo de productos ultra procesados, particularmente en el caso de niños, niñas y adolescentes.
3 En el país, 39 por ciento de las calorías consumidas por preescolares y 34 por ciento de las consumidas por escolares provienen de este tipo de productos, comparado con el 26 por ciento entre los adultos.
4 El sobrepeso y la obesidad tienen consecuencias graves para el bienestar de la infancia; pueden conllevar al desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, depresión, problemas emocionales y estigmatización.
5 Estas enfermedades conllevan además costos muy altos para el país, vinculados a atención médica, por ejemplo, que afectan negativamente la productividad nacional.
6 Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta que, de continuar la afectación del sobrepeso y obesidad en México, el país podría experimentar para 2030 una reducción de hasta cuatro años de la expectativa de vida promedio, la más elevada entre países miembro de la organización.
7 El etiquetado frontal aprobado podría ubicar a México como el país con la regulación más avanzada en esta materia a nivel global.
Quinta. El 6 de marzo de 2020, un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional que un juez federal había otorgado para frenar la nueva norma que impone el etiquetado frontal a la industria de alimentos y bebidas procesadas, informó la Secretaría de Economía (SE).
De acuerdo con el subsecretario de Economía, Alfonso Guati Rojo, el fallo judicial fue dictado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que esa dependencia y la Cofepris podrán continuar con el proceso para publicar la nueva NOM 51.6
Sin embargo, la disputa legal podría llevar años, e incluso llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) toda vez que no se ha resuelto el fondo del asunto, sino únicamente la suspensión provisional. Una controversia legal de esta naturaleza podría suponer obstáculos muy importantes contra la lucha por una mejor nutrición infantil.
Para el Grupo Parlamentario de Morena, debe privilegiarse el interés superior de la niñez, entre lo que está comprendido su salud, al igual que la de todos los habitantes de la República Mexicana, antes que los intereses económicos de cualquier grupo, por muy legítimos que sean.
Cabe recordar que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la salud de todos los mexicanos y habitantes de la nación, y sobre el particular señala:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud . La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Por su parte el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece:
“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
III . Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición , las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes;
VII . Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos ;
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad , así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;
XIX. Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.
XX. Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.
XXI. En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.”
Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Poder Judicial de la Federación, para que en el ámbito de su competencia, privilegie el interés superior de la niñez a fin de garantizar el derecho de la infancia en México, y de la población en general, a la salud y a la información, y permanezca atenta al desarrollo del procedimiento judicial que se desarrolla en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, sobre el amparo en el que se otorgó una suspensión provisional para frenar el etiquetado frontal.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que, en el ámbito de su competencia, a través de la Visitaduría Judicial, se practique una inspección judicial extraordinaria en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a fin de verificar la actuación administrativa de sus integrantes, en particular sobre el amparo en el que se otorgó una suspensión provisional para frenar el etiquetado frontal.
1 British Dental Journal. Research, Published: 14 February 2020. A cross-country exploratory study to investigate the labelling, energy, carbohydrate and sugar content of formula milk products marketed for infants.
https://www.nature.com/articles/s41415-020-1252-0#citeas
2 DOF: 08/11/2019. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578283&fecha=08/11/2019
3 UNICEF es una agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, enfocada en promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo. https://www.unicef.org/mexico/
4 UNICEF. Salud y nutrición. La buena nutrición es la base del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes ya que previene enfermedades y favorece un mejor estado de salud.
https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n
5 UNICEF insta a levantar suspensión temporal de etiquetado frontal. Lamenta la suspensión provisional y pide al Poder Judicial revisar su decisión.https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-insta- levantar-suspensi%C3%B3n-temporal-de-etiquetado-frontal
6 Proceso. Juan Omar Fierrro, 6 de marzo de 2020. Tribunal colegiado revoca suspensión contra etiquetado frontal.
https://www.proceso.com.mx/620772/tribunal-colegiado-rev oca-suspension-contra-etiquetado-frontal
Diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; 79, numeral 2; 106, numeral 1; 175, numeral 1, fracción II, inciso f); 180, numeral 2; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos a emitir un informe detallado de las coberturas de los ingresos que recibe por la venta de petróleo para 2020, el cual contenga una descripción del precio o rango de precios asegurados.
Exhorto al gobierno federal y Petróleos Mexicanos
Hoy tenemos una caída del precio del petróleo, en medio de la crisis por el coronavirus, luego de que Arabia Saudita anunciara un aumento en la producción tras el colapso del acuerdo de recorte de bombeo de Rusia con la Organización de Países Exportadores de Petróleo para estabilizar los mercados petroleros.
El lunes 9 de marzo de 2020 se reportó que la mezcla mexicana disminuyó en 56.5 por ciento en medio de esta situación, ya que cerró en 24.43 dólares por barril desde los 56 dólares de precio promedio en 2019.
Ante el ambiente adverso que se vive en las expectativas del mercado energético internacional, se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos informen si la contratación de coberturas por ingresos petroleros para el 2020 serán suficientes ante la situación actual de volatilidad que se está desarrollando en los precios petroleros mundiales y hasta qué nivel están cubiertas, ya que no se conoce el costo real ni el volumen de barriles cubiertos.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Primero. Exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se haga pública la información de manera detallada respecto de las coberturas de los ingresos que recibe por la venta de petróleo para 2020, el cual contenga una descripción del precio o rango de precios asegurados; así como cuántos barriles y a qué precio están asegurados y qué porcentaje de los barriles se encuentran cubiertos, ante la situación actual de volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
Segundo. Exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer pública la información de las coberturas de los ingresos que recibe por la venta de petróleo para 2020, la cual contenga una descripción del precio o rango de precios asegurados; así como cuántos barriles y a qué precio están asegurados y qué porcentaje de los barriles se encuentran cubiertos, ante la situación actual de volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
Diputados: Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica), María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño (rúbrica), Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Lenin Nelson Campos Córdova (rúbrica), Juan José Canul Pérez (rúbrica), Anilú Ingram Vallines (rúbrica), René Juárez Cisneros (rúbrica), Manuel Limón Hernández, Cynthia Iliana López Castro, Benito Medina Herrera (rúbrica), Luis Enrique Miranda Nava, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Ernesto Javier Nemer Álvarez (rúbrica), Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica), Enrique Ochoa Reza (rúbrica), Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Fernando Galindo Favela (rúbrica), Martha Hortencia Garay Cadena (rúbrica), Isaías González Cuevas, Norma Guel Saldívar (rúbrica), Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Juan Ortiz Guarneros (rúbrica), Claudia Pastor Badilla, Carlos Pavón Campos (rúbrica), Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora (rúbrica), Cruz Juvenal Roa Sánchez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica), María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica), Dulce Marías Sauri Riancho (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Marcela Guillermina Velasco González (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Héctor Yunes Landa (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).
La que suscribe, diputada María Guillermina Alvarado Moreno integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo.
En pasados días la Comisión Nacional del Agua, determinó de acuerdo a sus facultades realizar el trasvase de la presa llamada Don Martín situada en los límites de Juárez Nuevo León y Coahuila, correspondiente al distrito de riego 004.
Dicha acción se ha realizado a fin de poder realizar pagos de agua al estado vecino e incluso para pago de agua a Estados Unidos.
Después de estos hechos, muchos de los ciudadanos que utilizan dicha presa para pesca, agricultura, ganadería y otros, se acercaron a una servidora con la preocupación de que la presa desde hace muchos años no cuenta con suficiente abastecimiento de agua, y realizar la extracción en esta temporada del año traería daños colaterales para el resto del año, pues según trasvase sería por alrededor de 28 días.
La preocupación de los ciudadanos es que por lo bajo del nivel del agua con el que cuenta actualmente la presa, podrían ver dañadas y vulneradas las actividades comerciales con las que han sobrevivido desde hace muchos años. Esto dado a que argumentan que la parte más baja de la presa es únicamente azolve.
Sus demandas al momento se han reflejado con el cierre de las entradas a la presa, sin embargo, esta acción fue derivada de que ninguna de las autoridades responsables en la ciudad les ha brindado información de los sucesos, ellos han estado solicitando reuniones e información y la misma no ha llegado.
Derivado de los cierres, el gobierno ha desplegado elementos de la Guardia Nacional para la protección y resguardo de la presa, acción con la que los ciudadanos se sienten agredidos y afectados.
El sentir en este momento de los ciudadanos es de falta de atención por parte del gobierno, se sienten amenazados y no atendidos, es por ello que considero necesario que se pueda escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía.
Quiero señalar que en las diversas reuniones los ciudadanos no se han pronunciado en contra de la realización del trasvaso, pues ellos entienden que es un procedimiento que pasa de manera anual, su preocupación y demanda principal es que la misma pudiera hacerse en temporadas de lluvia o en su caso cuando la presa cuente con mayor capacidad de agua, a fin de que todas las actividades que de la presa y del vital líquido dependen no se vean afectadas.
Es mi responsabilidad como diputada federal representante de los ciudadanos de mi estado y de todo el país, defender las causas y demandas que nos solicitan.
Por ello es que utilizo los instrumentos a mi alcance y en el ámbito de mis facultades para que la ciudadanía esté segura que con acciones de manera colegiada con el gobierno de México, siempre procuraremos el bienestar social y necesidades de la población.
Por lo expuesto y en congruencia con lo establecido en la ley, me permito someter la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, detenga de manera inmediata la extracción de agua de la presa Don Martín, y posponga hasta la temporada de lluvias el trasvaso del vital líquido a otras entidades federativas, a fin de no afectar a los pobladores que dependen económicamente de dicha presa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que haga público, a través de todos los medios de comunicación y difusión a su alcance, un informe detallado sobre el estado que guarda actualmente la Presa Don Martín, así como el nivel de agua con el que cuenta a la fecha.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que haga público, a través de todos los medios de comunicación y difusión a su alcance, un informe detallado sobre los acuerdos establecidos para la extracción y trasvaso de agua de la presa Don Martín para otros Estados, así como para el pago de deuda de agua a Estados Unidos.