Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0228_ES.html
Timestamp: 2020-02-23 09:13:14
Document Index: 21069420

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 52', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 4', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4']

INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo
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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178(2014), de 24 de septiembre de 2014, y 2249(2015), de 20 de noviembre de 2015,
- Vistas las Resoluciones 2195(2014), 2199(2015) y 2253(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
- Vista la Resolución 1373(2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Visto 8 bis (nuevo)
- Visto el comunicado de la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington, de 1 de abril de 2016,
(1) La Unión Europea se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tiene como fundamento el principio de democracia y el principio de Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros.
(1) La Unión Europea se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tiene como fundamento el principio de democracia y el principio de Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros.
(3 bis) El Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo adoptado en 2015 exige a las partes del Convenio que tipifiquen como delito la participación en una asociación o grupo con fines terroristas, recibir adiestramiento con fines terroristas, viajar o intentar viajar al extranjero con fines terroristas, aportar o recaudar fondos para tales viajes y organizar o facilitar de otro modo dichos viajes. La Unión firmó el Protocolo adicional y el Convenio el 22 de octubre de 2015.
(4) La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Los denominados «combatientes terroristas extranjeros» viajan al extranjero con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan plantean una amenaza creciente en materia de seguridad para todos los Estados miembros de la UE. Los combatientes terroristas extranjeros han estado implicados en diversos atentados o tramas recientes, incluidos los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Además, la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a las crecientes amenazas que plantean las personas que reciben inspiración o instrucciones de grupos terroristas situados en el extranjero pero permanecen dentro de Europa.
(4) La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Los denominados «combatientes terroristas extranjeros» viajan al extranjero con fines terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan plantean una amenaza creciente en materia de seguridad para todos los Estados miembros de la UE. Los combatientes terroristas extranjeros han estado implicados en diversos atentados o tramas recientes, incluidos los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y del 22 de marzo de 2016 en Bruselas. Además, la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan a las crecientes amenazas que plantean las personas que reciben inspiración o instrucciones de grupos terroristas situados en el extranjero pero permanecen dentro de Europa.
(4 bis) El apartado 6 de la Resolución 2178(2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves para que se pueda enjuiciar el viaje a un tercer país con el propósito de colaborar en la comisión de actos terroristas o proporcionar o recibir adiestramiento, y la financiación de tales viajes, así como su organización o facilitación. Para evitar lagunas en materia de enjuiciamiento en la Unión es necesaria una aplicación armonizada de la Resolución 2178(2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
(4 ter) La lucha contra el terrorismo sigue siendo esencialmente competencia de los Estados miembros. No obstante, los ataques terroristas registrados en Europa en 2015 y 2016 han puesto de manifiesto la necesidad de una acción coordinada de los Estados miembros para luchar contra el terrorismo y afrontar el peligro que representan los combatientes extranjeros en el territorio de la Unión.
(4 quater) Una clasificación armonizada de sanciones penales en relación con los delitos de terrorismo proporcionaría un marco jurídico común que se podría utilizar como referencia en varias agencias de la Unión. Por lo tanto, se debe implantar un mecanismo eficaz de coordinación entre Europol, Eurojust, el SIS, la OLAF y la RJE.
(4 quinquies) Los Estados miembros deben reforzar la profesionalidad de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas o cuerpos de seguridad y de las instituciones judiciales. También deben garantizar la supervisión y la rendición de cuentas efectivas de dichos organismos, de conformidad con la legislación internacional en materia de derechos humanos y el Estado de Derecho. Esto incluye una formación en materia de derechos humanos destinada a las fuerzas de seguridad en particular sobre el respeto de los derechos humanos en el contexto de las medidas adoptadas para luchar contra el extremismo violento y el terrorismo.
(5) Teniendo en cuenta la evolución de las amenazas terroristas y las obligaciones legales de la Unión y de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional, conviene aproximar en mayor medida la definición de los delitos de terrorismo, incluidos los delitos relativos a un grupo terrorista y los ligados a actividades terroristas, en todos los Estados miembros, de modo que abarque de forma más exhaustiva las conductas asociadas, en particular, a los combatientes terroristas extranjeros y a la financiación del terrorismo. Estos tipos de comportamiento deberían ser igualmente punibles si se cometen a través de Internet, incluidos los medios sociales.
(5) Teniendo en cuenta la evolución de las amenazas terroristas y las obligaciones legales de la Unión y de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional, procede aproximar en mayor medida la definición de los delitos de terrorismo, los delitos relativos a un grupo terrorista y los ligados a actividades terroristas, en todos los Estados miembros, de modo que abarque de forma más exhaustiva las conductas asociadas, en particular, a los combatientes terroristas extranjeros el uso cada vez más frecuente de internet con fines terroristas (por ejemplo, para la captación, la propaganda y el adiestramiento) y a la financiación del terrorismo. Estos tipos de comportamiento deberían ser punibles en todos los casos, ya sea en línea o no, al tiempo que se respetan los principios de proporcionalidad y necesidad
(5 bis) La amenaza del terrorismo nuclear y radiológico sigue siendo uno de los desafíos más importantes para la seguridad internacional. La lucha contra esta amenaza exige una cooperación internacional reforzada y un mayor apoyo al papel esencial que desempeña el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como medidas de seguridad más estrictas.
(6 bis) Las medidas de lucha adoptadas para luchar contra el terrorismo no serán plenamente eficaces hasta que no estén acompañadas de un arsenal eficaz, disuasorio y articulado de medidas de naturaleza penal que se apliquen en todos los Estados miembros. Al penalizar los actos terroristas perpetrados en el extranjero por organizaciones terroristas, los Estados miembros se dotarán de los instrumentos necesarios para abordar la radicalización terrorista de ciudadanos europeos y el fenómeno de los combatientes extranjeros. Las autoridades policiales y judiciales deberán disponer de capacidad suficiente para prevenir, detectar y castigar dichos actos. Sus efectivos deberán recibir una formación adecuada y permanente sobre cómo abordar los delitos asociados al terrorismo.
(6 ter) La presente Directiva no debe suponer la modificación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros y organizaciones en virtud del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario. Las actividades de las fuerzas armadas en períodos de conflicto armado, en el sentido dado a estas expresiones por el Derecho internacional humanitario, que se rijan por dicho Derecho, y las actividades de las fuerzas armadas de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, cuando se rijan por otras normas de Derecho internacional, no se regirán por la presente Directiva.
(6 quater) La prestación de asistencia humanitaria por parte de organizaciones humanitarias imparciales reconocidas por el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario, no debe considerarse como una contribución a las actividades delictivas de un grupo terrorista, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(7) Los delitos relacionados con la provocación a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, el enaltecimiento y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, en particular en relación con las víctimas del terrorismo, con objeto de publicitar la causa de los terroristas o de intimidar gravemente a la población, siempre que dicho comportamiento conlleve el riesgo de que se cometan actos terroristas.
(7) Los delitos relacionados con la provocación a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, el enaltecimiento y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, como modo para recabar apoyo en favor de una causa terrorista o de intimidar gravemente a la población. Dicho comportamiento debe ser punible cuando conlleve el riesgo en un caso concreto de que se cometa un acto terrorista.
(7 bis) Los Estados miembros deberán garantizar que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se invoque la responsabilidad del prestador de servicios en relación con los datos transmitidos o almacenados, de conformidad con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
1 bis.Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
(7 ter) Un modo eficaz de lucha contra el terrorismo en internet es eliminar el contenido terrorista ilícito en la fuente. En ese sentido, las disposiciones de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de la acción voluntaria emprendida por las empresas de internet para evitar un uso indebido de sus servicios, o de cualquier apoyo a una acción de estas características por parte de los Estados miembros como, por ejemplo, detectar y advertir de los contenidos ilegales. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o bloquear el acceso a las páginas web que inciten públicamente a la comisión de delitos de terrorismo. Cuando se adopten tales medidas, deberá hacerse de conformidad con procedimientos transparentes y sobre la base de garantías adecuadas, bajo el control de autoridades independientes. Los Estados miembros deben esforzarse al máximo por cooperar con terceros países al objeto de garantizar la eliminación de dicho contenido de los servidores ubicados en su territorio. No obstante, si la eliminación del contenido terrorista ilícito en su fuente no fuera posible, los Estados miembros deberán tener la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a bloquear el acceso desde el territorio de la Unión a las páginas de internet que contengan o difundan contenido terrorista. Los Estados miembros deberán examinar la posibilidad de incoar acciones legales contra las empresas de internet y de redes sociales y los prestadores de servicios que se nieguen deliberadamente a cumplir una orden judicial relativa a la supresión de contenidos ilegales que hagan apología del terrorismo en sus plataformas en línea tras haber sido debidamente informados sobre dichos contenidos. Toda negativa será castigada con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se garantizará a las empresas de internet y de redes sociales y a los prestadores de servicios el derecho a presentar un recurso de revisión.
(8) En vista de la gravedad de la amenaza y de la particular necesidad de frenar el flujo de combatientes terroristas extranjeros, es preciso tipificar como delito el hecho de viajar al extranjero con fines terroristas, que comprenden tanto la comisión de delitos de terrorismo, el adiestramiento de terroristas y la recepción de adiestramiento como la participación en las actividades de un grupo terrorista. Asimismo, debe tipificarse como delito toda conducta que facilite tales viajes.
(8) Si bien no es indispensable tipificar como delito el acto de viajar en sí, en vista de la gravedad de la amenaza y de la particular necesidad de frenar el flujo de combatientes terroristas extranjeros, es preciso tipificar como delito el hecho de viajar al extranjero con fines terroristas, que comprenden tanto la comisión de delitos de terrorismo, el adiestramiento de terroristas y la recepción de adiestramiento como la participación en las actividades de un grupo terrorista. Dicho acto debe tipificarse como delito bajo condiciones muy específicas y únicamente cuando el propósito de viajar con fines terroristas se demuestre a partir de circunstancias objetivas. Asimismo, debe tipificarse como delito la facilitación u organización de tales viajes.
(9) La tipificación penal del hecho de recibir adiestramiento con fines terroristas complementa el delito ya tipificado de adiestramiento y aborda específicamente las amenazas que plantean las personas que se preparan activamente para cometer delitos de terrorismo, incluidas las que en última instancia actúan en solitario.
(9) La tipificación penal del hecho de recibir intencionadamente adiestramiento con fines terroristas, incluida la obtención de conocimientos, documentación o competencias prácticas, independientemente de que adopte la modalidad de aprendizaje autónomo o no, complementa el delito ya tipificado de adiestramiento y aborda específicamente las amenazas que plantean las personas que se preparan activamente para cometer delitos de terrorismo, incluidas las que en última instancia actúan en solitario. Por consiguiente, debe ser tipificado como delito.
(9 bis) Los ataques cibernéticos efectuados con fines terroristas o por una organización terrorista deben ser punibles en los Estados miembros.
(10) La financiación del terrorismo debe ser punible en los Estados miembros y abarcar no solo la financiación de actos y grupos terroristas, sino también la de otros delitos ligados a actividades terroristas, tales como la captación y el adiestramiento o los viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que facilitan la comisión de delitos de terrorismo. También deben ser punibles la complicidad o la tentativa en relación con la financiación del terrorismo.
(10) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, la financiación del terrorismo debe ser punible en los Estados miembros y abarcar no solo la financiación de actos terroristas, sino también la financiación de grupos terroristas y de otros delitos ligados a actividades terroristas, tales como la captación y el adiestramiento o los viajes con fines terroristas, con objeto de desarticular las estructuras de apoyo que facilitan la comisión de delitos de terrorismo. También deben ser punibles la complicidad o la tentativa en relación con la financiación del terrorismo.
1 bis Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2016, p. 73).
(10 bis) La convergencia y nexo, cada vez mayores, entre terrorismo y delincuencia organizada y la conexión entre los grupos delictivos y terroristas constituye una amenaza creciente en materia de seguridad para la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que sea punible la financiación de los delitos de terrorismo y el apoyo a dichos delitos por medio de la delincuencia organizada, y que las autoridades de los Estados miembros competentes de los procedimientos penales consideren de manera más explícita los vínculos entre la delincuencia organizada y las actividades terroristas y la financiación del terrorismo.
(10 ter) El comercio ilícito de armas de fuego, petróleo, estupefacientes, cigarrillos, mercancías y obras de arte y otros objetos culturales falsificados, así como la trata de seres humanos, el chantaje y la extorsión se han convertido en formas muy lucrativas de obtención de financiación por parte de los grupos terroristas. Por ello, para combatir la financiación del terrorismo deberá atajarse también el proceso que proporciona recursos financieros a las organizaciones terroristas.
Al tiempo que se evita una carga administrativa innecesaria para los agentes económicos, los Estados miembros deben adoptar las medidas que se impongan para velar por que los grupos terroristas no puedan beneficiarse de la comercialización de mercancías. Unos requisitos adecuados y proporcionados en materia de diligencia debida, control e información podrían tener efectos preventivos ya que obstaculizaría materialmente las actividades comerciales de los grupos delictivos organizados y grupos terroristas y contribuirían a hacer un seguimiento y enjuiciar de manera más eficaz la delincuencia organizada y otras actividades comerciales de las organizaciones terroristas. Cuando proceda, los Estados miembros deben prever sanciones en caso de incumplimiento de estos requisitos.
(10 quater) Las investigaciones financieras son fundamentales para sacar a la luz la facilitación de delitos de terrorismo y las redes y estructuras de las organizaciones terroristas. Estas investigaciones pueden ser muy fructíferas, en particular cuando las autoridades tributarias y aduaneras, las unidades de información financiera y las autoridades judiciales participan en una fase temprana de la investigación. Los Estados miembros deben tener como objetivo convertir la investigación financiera en un componente estándar de todas las investigaciones antiterroristas e intercambiar información de inteligencia financiera pertinente con todas las partes relevantes. En el marco de sus esfuerzos con miras a prevenir, investigar y luchar contra la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben aprovechar al máximo las capacidades de Europol en materia de información financiera y de lucha contra la financiación del terrorismo. Además, deben esforzarse por garantizar un planteamiento más eficiente y coordinado, por ejemplo mediante la creación de unidades especializadas a escala nacional que traten las investigaciones de carácter financiero relacionadas con el terrorismo que pudieran tener un valor añadido importante y contribuir de manera sustancial a garantizar el éxito de las actuaciones judiciales.
(11) Además, la prestación de ayuda material con fines terroristas a través de la participación o la intermediación en el suministro o la circulación de bienes, servicios y activos, incluidas las operaciones comerciales que conlleven la entrada a la Unión o la salida de esta, deben ser punibles en los Estados miembros como complicidad en el terrorismo o como financiación de este si se realizan a sabiendas de que tales operaciones o sus productos están destinados a ser utilizados, total o parcialmente, para fines terroristas o beneficiarán a grupos terroristas.
(11) La prestación de ayuda material con fines terroristas a través de la participación o la intermediación en el suministro o la circulación de bienes, servicios y activos, incluidas las operaciones comerciales que conlleven la entrada a la Unión o la salida de esta, deben ser punibles en los Estados miembros como complicidad en el terrorismo o como financiación de este si se realizan con la intención clara o a sabiendas de que tales operaciones o sus productos están destinados a ser utilizados, total o parcialmente, para fines terroristas o beneficiarán a grupos terroristas.
(14) Por otra parte, deben preverse para las personas físicas y jurídicas que cometan o sean responsables de tales delitos penas acordes con la gravedad de los mismos.
(14) Deben preverse para las personas físicas y jurídicas que cometan o sean responsables de tales delitos penas acordes con la gravedad de los mismos.
(15) Conviene establecer normas sobre competencia jurisdiccional para garantizar que pueda enjuiciarse eficazmente cualquier delito de terrorismo. En particular, se considera necesario determinar la competencia jurisdiccional respecto de los delitos cometidos por los adiestradores de terroristas, sea cual sea su nacionalidad, en vista de las repercusiones que pueden tener tales conductas en el territorio de la Unión y de la estrecha relación sustancial existente entre los delitos de adiestramiento de terroristas y recepción de adiestramiento con fines terroristas.
(15) Conviene establecer normas sobre competencia jurisdiccional para garantizar que puedan enjuiciarse eficazmente los delitos de terrorismo. En particular, se considera necesario determinar la competencia jurisdiccional respecto de los delitos cometidos por los adiestradores de ciudadanos de la Unión y de personas que residen en la Unión con fines terroristas, sea cual sea la nacionalidad de los adiestradores, en vista de las repercusiones que pueden tener tales conductas en el territorio de la Unión y de la estrecha relación sustancial existente entre los delitos de adiestramiento de terroristas y recepción de adiestramiento con fines terroristas. Todo enjuiciamiento de un nacional de un tercer país debe respetar los acuerdos de extradición y de cooperación policial y judicial en materia penal con los terceros países afectados.
(15 bis) La información relevante para detener, prever, investigar o enjuiciar los delitos a los que se hace referencia en la presente Directiva afecta frecuentemente a más de un Estado miembro y puede exigir medidas urgentes. Con objeto de prevenir y combatir el terrorismo se requiere una cooperación transfronteriza más estrecha entre las autoridades competentes nacionales y las agencias de la Unión por lo que respecta al intercambio rápido de toda la información pertinente de los registros de antecedentes penales o judiciales u otras fuentes de información disponibles sobre las personas radicalizadas o extremistas violentas sospechosas de un delito penal o que son o han sido objeto de un procedimiento penal o de un embargo de bienes debido a alguno de los delitos recogidos en la presente Directiva, incluidas aquellas a las que se haya denegado el acceso al territorio de un Estado miembro o que hayan sido deportadas por ser sospechosas de estar implicadas en algún delito contemplado en la presente Directiva. En este contexto, las autoridades competentes a escala nacional y de la Unión deberán intercambiar esta información de manera eficaz y oportuna, así como respetar la legislación aplicable en materia de protección de datos. Por otra parte, los Estados miembros y sus autoridades competentes deberán reforzar el uso que hacen de los sistemas y bases de datos existentes que ponen a disposición las agencias interesadas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, para aumentar sus capacidades en materia de prevención y de lucha contra el terrorismo. Esto deberán hacerlo compartiendo toda la información relevante y llevando a cabo análisis estratégicos y operativos de manera sistemática, de conformidad con la legislación aplicable y las garantías asociadas.
(15 ter) Para garantizar el éxito de las investigaciones y del enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados con un grupo terrorista y los relacionados con actividades terroristas, las autoridades competentes para investigar y enjuiciar dichos delitos deben tener la posibilidad de utilizar instrumentos de investigación eficaces, como los que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. Teniendo en cuenta, entre otros, el principio de proporcionalidad, el uso de dichas herramientas, de conformidad con el Derecho nacional, ha de ser proporcionado y realista de acuerdo con la naturaleza y gravedad de los delitos investigados.
(15 quater) Los Estados miembros deben reforzar el intercambio oportuno de toda información relevante disponible relativa a personas que viajan al extranjero con fines terroristas. Asimismo, deben tener en cuenta sistemáticamente todos los casos relacionados con los delitos definidos en la presente Directiva para introducir una descripción en el Sistema de Información de Schengen como adecuados, pertinentes e importantes en el sentido del artículo 21 de la Decisión 2007/533/JAI1 bis. Por otra parte, los Estados miembros deben, como norma general, tener en cuenta todos los casos relacionados con los delitos definidos en la presente Directiva como pertinentes y necesarios en el sentido del artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo1 ter con objeto de compartir los resultados del procesamiento de los datos PNR con los demás Estados miembros interesados de conformidad con dicha Directiva.
1 bis Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
1 terDirectiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DO L 119 de 4.5.2016, p. 132).
Considerando 15 quinquies (nuevo)
(15 quinquies) El hecho de que las organizaciones terroristas recurren en gran medida a diversas herramientas electrónicas, a internet y a las redes sociales para comunicar, promover o instigar actos terroristas, captar combatientes potenciales, recaudar fondos o procurarse otras formas de apoyo a sus actividades plantea retos en las investigaciones y los procedimientos penales relativos a delitos de terrorismo. Por consiguiente, los Estados miembros deben cooperar entre sí, especialmente a través de Eurojust y Europol, y con la Comisión, para garantizar un enfoque coordinado respecto para abordar la recopilación, el intercambio y la admisibilidad de pruebas electrónicas.
(16) Los Estados miembros deben adoptar medidas específicas de protección, apoyo y asistencia que respondan a las necesidades especiales de las víctimas del terrorismo, mediante una mayor concreción y profundización de los derechos ya contenidos en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28. Se entenderá por «víctimas del terrorismo» las definidas en el artículo 1 de la Directiva 2012/29/UE, en relación con los delitos de terrorismo contemplados en el artículo 3. Las medidas que han de tomar los Estados miembros deben garantizar que, en caso de producirse un atentado terrorista, las víctimas del terrorismo obtengan un apoyo emocional y psicológico que comprenda ayuda para la superación del trauma y asistencia psicosocial, así como cualquier otra información y asesoramiento pertinente de carácter jurídico, práctico o financiero.
(16) Los Estados miembros deben garantizar que la posición de las víctimas del terrorismo se reconoce adecuadamente antes, durante y después del procedimiento penal, y deben adoptar medidas específicas de protección, apoyo y asistencia, prestando un trato respetuoso y justo para las víctimas, que respondan a las necesidades especiales de las víctimas del terrorismo, mediante una mayor concreción y profundización de los derechos ya contenidos en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28. Se entenderá por «víctimas del terrorismo» las definidas en el artículo 2 de la Directiva 2012/29/UE, en relación con los delitos de terrorismo contemplados en la presente Directiva. Las medidas que han de tomar los Estados miembros deben garantizar que, en caso de producirse un atentado terrorista, las víctimas del terrorismo obtengan un apoyo emocional y psicológico que comprenda ayuda para la superación del trauma, así como cualquier otra información y asesoramiento pertinente de carácter jurídico, práctico o financiero y ayuda adecuada. Los Estados miembros deben promover una formación específica para las personas encargadas de ayudar a las víctimas de actos terroristas, y garantizar los recursos necesarios a tal efecto. Además, todos los Estados miembros deberán tener en cuenta los riesgos de intimidación y represalias de los que pudieran ser objeto las víctimas y las personas que puedan prestar testimonio en los procesos penales relacionados con delitos de terrorismo. Se deberá brindar ayuda jurídica a las víctimas del terrorismo en todos los Estados miembros cuando sean parte de procesos penales u otros procedimientos jurídicos para obtener una decisión en materia de compensación.
28 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).
28 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).
(16 bis) Los Estados miembros deben crear y desarrollar una ventanilla única para la información y el asesoramiento de las víctimas del terrorismo, no solo para cubrir la necesidad que tienen las víctimas de conseguir información y asesoramiento, sino también para ofrecerles primeros auxilios psicológicos y posibilidades de interconsulta, así como asistencia y apoyo para hacer frente a la atención que reciban por parte de los medios de comunicación.
(16 ter) Los Estados miembros, en el marco del respeto de la libertad de expresión, deben intercambiar mejores prácticas sobre cómo tratar a los medios de comunicación y a los periodistas para proteger la vida privada de las víctimas y a sus familiares, así como cooperar con los servicios especializados que prestan ayuda y apoyo a las víctimas para ayudarles a hacer frente a la atención que reciban por parte de los medios de comunicación.
(17 bis) Los Estados miembros deben cooperar entre sí para garantizar el acceso a todas las víctimas del terrorismo a la información sobre los derechos de las víctimas, los servicios de apoyo y los sistemas de indemnización. Además, los Estados miembros deben velar por que las víctimas del terrorismo tengan acceso a servicios de apoyo a largo plazo en su país de residencia, aun cuando el delito de terrorismo se haya cometido en otro Estado miembro.
(17 ter) Una mejor cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo debe caracterizarse, asimismo, por una cooperación e intercambios intensivos entre las autoridades judiciales y con Eurojust. Es necesario reforzar los recursos del centro de coordinación de Eurojust, que debe desempeñar un papel fundamental en la promoción de acciones conjuntas de las autoridades judiciales de los Estados miembros para la recogida de pruebas. Por lo tanto, se debe recurrir en mayor medida al instrumento de los equipos conjuntos de investigación, tanto entre Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países con los que Eurojust haya establecido acuerdos de cooperación.
(17 quater) La prevención de la radicalización y de la captación de ciudadanos de la Unión por organizaciones terroristas implica una estrategia a largo plazo, proactiva y de carácter global que combine medidas en el ámbito de la justicia penal con políticas en el ámbito de la educación, la inclusión social y la integración, así como la elaboración de programas eficaces de desradicalización y de salida. Los Estados miembros deben intercambiar buenas prácticas sobre medidas y proyectos eficaces en este ámbito. Por otra parte, los Estados miembros deben intercambiar buenas prácticas en materia de utilización de medidas eficaces y alternativas en el ámbito de la estrategia judicial que impidan a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión abandonar la Unión con fines terroristas o que controlen su regreso a la Unión desde zonas conflictivas. Deben intercambiar estas prácticas no solo entre sí sino también, si procede, con países terceros, así como con las agencias pertinentes de la Unión.
(17 quinquies) Los Estados miembros deben proseguir sus esfuerzos para prevenir el terrorismo mediante la coordinación de sus estrategias y el intercambio de la información y las experiencias de que dispongan, mediante la aplicación de buenas prácticas, tanto a escala de la Unión como nacional, y mediante la actualización de sus políticas nacionales de prevención de conformidad con la estrategia de la Unión de lucha contra la radicalización y la captación de terroristas. Cuando proceda, la Comisión deberá prestar ayuda a las autoridades nacionales, regionales y locales en la elaboración de políticas de prevención.
(18) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros unilateralmente y que, por consiguiente, debido a la necesidad de normas armonizadas a escala europea, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en el citado artículo 5, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dichos objetivos.
(18) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros unilateralmente y que, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en el citado artículo 5, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dichos objetivos.
(18 bis) La lucha contra el terrorismo es un esfuerzo integral y de alcance global que exige una respuesta internacional y que obliga de este modo a la Unión a actuar en cooperación con terceros países.
(19) La presente Directiva observa los principios reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y se atiene a los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI, que engloban, entre otros, el derecho a la libertad y la seguridad; la libertad de expresión y de información; la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo; el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal; los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan asimismo los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad en el Derecho penal; la presunción de inocencia y la libertad de circulación tal como se establece en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/38/CE. La presente Directiva deberá aplicarse con arreglo a estos derechos y principios.
(19) La presente Directiva y su aplicación observa los principios reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y se atiene a los principios consagrados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI, que engloban, entre otros, el derecho a la libertad y la seguridad; la libertad de expresión, incluida la libertad de palabra y de información; la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo; el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal; los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan asimismo los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad en el Derecho penal; la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, el resultado del cual estará determinado por las circunstancias particulares de cada caso y los principios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), y la libertad de circulación tal como se establece en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/38/CE1 bis, reconociendo que se puedan aplicar exenciones por motivos de políticas públicas o de seguridad nacional. Cualquier limitación del ejercicio de estos derechos y libertades dependerá del respeto de las condiciones recogidas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
1 bis Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(19 bis) La presente Directiva no podrá tener por efecto el de exigir a los Estados miembros la adopción de medidas que puedan dar lugar a algún tipo de discriminación.
(19 ter) Ninguna disposición de la presente Directiva podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar el acervo de la Unión en lo que se refiere a los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales, incluida la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. Las personas sospechosas de haber cometido algún delito enumerado en la presente Directiva no tendrán que soportar la carga de la prueba.
1 bis Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).
(19 quater) Ninguna disposición de la presente Directiva podrá interpretarse como un intento de reducir u obstaculizar la difusión de información para expresar una opinión o con fines científicos, académicos o informativos ni la expresión pública de opiniones polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas sensibles.
(20) La aplicación de las tipificaciones previstas en la presente Directiva debe ser proporcional a la naturaleza y las circunstancias del delito, habida cuenta de los objetivos legítimos perseguidos y de su necesidad en una sociedad democrática, y debe excluir cualquier forma de arbitrariedad o discriminación.
(20) La aplicación de las tipificaciones previstas en la presente Directiva debe ser proporcional a la naturaleza y las circunstancias del delito y de cada caso, habida cuenta de los objetivos legítimos perseguidos y de su necesidad en una sociedad democrática, y debe excluir cualquier forma de arbitrariedad o discriminación.
(21) La Directiva debe sustituir a la Decisión marco 2002/475/JAI29 por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
(21) La presente Directiva sustituye a la Decisión marco 2002/475/JAI por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
29 En su versión modificada por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión marco 2002/475/JAI (DO L 330 de 9.12.2008, p. 21).
(21 bis) Los Estados miembros no utilizarán, bajo ninguna circunstancia, las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, de los delitos relativos a un grupo terrorista y de los delitos ligados a actividades terroristas como motivo para eludir sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967.
La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, de los delitos relativos a un grupo terrorista y de los delitos ligados a actividades terroristas, así como medidas específicas de protección y asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo.
d bis) «víctima»,
ii) los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que hayan sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona;
b) obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,
b) utilizar la violencia o la amenaza de la violencia para obligar o intentar obligar a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,
a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte o daños;
b) atentados graves contra la integridad física y psicológica de una persona;
f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas radiológicas, nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas nucleares, biológicas y químicas;
Artículo 3 – apartado 2 – letra g
g) liberación, o la amenaza de liberación, de sustancias peligrosas, incluido material radiológico o biológico, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas o provocar pánico y alarma generalizados;
h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental, mediante ataques cibernéticos u otros tipos de ataque, cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
Artículo 3 – apartado 2 – letra h bis (nueva)
h bis) ataques contra los sistemas de información tal y como se definen en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
1 bis Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
i) amenaza de ejercer cualquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).
i) amenaza seria de ejercer cualquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h); esta amenaza se establecerá sobre la base de circunstancias factibles y objetivas.
Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los actos que figuran a continuación constituyan delitos punibles cuando se cometan ilegal y dolosamente:
b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, a sabiendas de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.
b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, a sabiendas de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista, tanto si dichas actividades tienen lugar en un Estado miembro como si se producen en otro país.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la distribución o difusión pública, por cualquier medio, en línea o no, de mensajes destinados a inducir a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a h), cuando dicha conducta, que preconice la comisión de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión en un caso concreto de uno o varios de dichos delitos, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la comisión de un delito penal enumerado en los artículos 6 o 7 contra personas físicas vulnerables, incluidos niños, se considere una circunstancia agravante.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la incitación a otra persona para que cometa o contribuya a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a h), o en el artículo 4, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el hecho de recibir formación o adiestramiento, incluida la obtención de conocimientos, documentación o competencias prácticas, sobre la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos, con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a h), constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Viaje al extranjero con fines de tipo terrorista
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cualquier viaje a otro país o Estado miembro, ya sea directamente o haciendo escala en uno u otros Estados miembros, constituye un delito punible cuando se cometa dolosamente, cuando pueda demostrarse objetivamente que la finalidad prevista de dicho viaje era cometer o colaborar en la comisión de cualquiera de un acto terrorista contemplado en el artículo 3, o participar en las actividades de un grupo terrorista mencionadas en el artículo 4, teniendo constancia de que dicha participación contribuiría a la actividad criminal de ese grupo, o impartir o recibir adiestramiento con fines terroristas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Organización o facilitación de viajes al extranjero con fines de tipo terrorista
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el hecho de aportar o recaudar fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos, o a sabiendas de que serán utilizados, o a sabiendas de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión o la participación en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 a 10 y 14, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
2. Cuando la financiación del terrorismo prevista en el apartado 1 se refiera a alguno de los delitos contemplados en los artículos 3, 4 o 9, no será necesario que los fondos lleguen a utilizarse, íntegramente o en parte, para cometer o participar en la comisión de cualquiera de los citados delitos, ni será necesario que el infractor tenga conocimiento de la infracción o infracciones concretas para las que se van a utilizar dichos fondos.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por el embargo y decomiso y la confiscación de los fondos y otros bienes utilizados o consignados para cometer o intentar cometer alguno de los delitos a los que se hace referencia en la presente Directiva.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el hurto o robo con agravantes perpetrado con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3 y el artículo 4 constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el chantaje con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3 y el artículo 4 constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Libramiento, posesión o utilización de documentos administrativos falsos con el fin de cometer un delito de terrorismo
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el libramiento, la posesión o la utilización de documentos administrativos falsos con el fin de cometer cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a h bis) y en el artículo 4, letra b), así como en los artículos 9 y 10, constituya un delito punible cuando se cometa dolosamente.
Medidas contra los contenidos terroristas ilícitos en internet
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la rápida retirada de los contenidos ilícitos que inciten públicamente a la comisión de delitos de terrorismo, enumerados en el artículo 5, albergados en su territorio. Procurarán obtener, asimismo, la retirada de dichos contenidos albergados fuera de su territorio. En caso de que no sea posible, los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para bloquear el acceso a dichos contenidos.
2. Dichas medidas deberán ser conformes a procedimientos transparentes y ofrecerán garantías adecuadas, en particular con miras a garantizar que la restricción se limite a lo necesario y proporcionado, y que los usuarios estén informados del motivo de la restricción. Las medidas relativas a la retirada y el bloqueo serán objeto de control judicial.
Para que los delitos mencionados en el artículo 4 y el título III sean punibles, no será necesario que se consume un delito de terrorismo, ni que exista relación , en lo que se refiere a los delitos contemplados en los artículos 5 a 10 y 12 a 14, con otro delito específico contemplado en la presente Directiva.
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea punible la complicidad en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 a 8 y 11 a 14.
1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea punible la complicidad en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 a 7 y 11 a 14.
2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea punible la inducción a la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 a 14.
2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea punible la inducción a la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3 y 6 a 14.
3. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sea punible la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 3, 6, 7, 9 y 11 a 14, excepto la tenencia prevista en el artículo 3, apartado 2, letra f), y el delito a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra i).
Artículo 18 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria
b) proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información que estas no habrían podido obtener de otra forma, y que las ayude a:
b) proporciona a las autoridades competentes información que estas no habrían podido obtener de otra forma, y que las ayude a:
Artículo 18 – párrafo 1 – letra b – punto 2
(2) identificar o procesar a los demás autores del delito,
(2) identificar o procesar a otros autores del delito,
Artículo 20 – letra e bis (nueva)
e bis) embargo y decomiso de bienes utilizados para cometer alguna de las infracciones contempladas en la presente Directiva o que sean producto de la comisión de dichas infracciones, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/42/UE1 bis.
1 bis Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
Artículo 21 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
d bis) el autor del delito es nacional de la Unión e imparte adiestramiento en el exterior a nacionales de terceros países;
Artículo 21 – apartado 1 – letra f
f) el delito se haya cometido contra sus instituciones o ciudadanos, o contra una institución, órgano u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.
f) el delito se haya cometido contra sus instituciones o ciudadanos, o contra una institución, órgano u organismo de la Unión que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate, entre otros medios mediante la captura de una aeronave, buque u otro medio de transporte de personas o mercancías, o en caso de que un nacional de un tercer país reciba adiestramiento en el exterior con la intención de perpetrar un ataque dentro de ese Estado miembro.
1 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su competencia en relación con las infracciones contempladas en el artículo 4 en los casos en que el autor de la infracción se encuentre en su territorio.
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria
2. Cuando un delito sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera de estos Estados pueda legítimamente emprender acciones judiciales por los mismos hechos, los Estados miembros interesados cooperarán para decidir cuál de ellos enjuiciará a los autores del delito con el objetivo de centralizar, en la medida de lo posible, el proceso en un solo Estado miembro. A tal efecto, los Estados miembros podrán recurrir a Eurojust con el fin de facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y la coordinación de sus actuaciones. Se tendrán en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos:
2. Cuando un delito sea competencia de más de un Estado miembro y cualquiera de estos Estados pueda legítimamente emprender acciones judiciales por los mismos hechos, los Estados miembros interesados cooperarán para decidir cuál de ellos enjuiciará a los autores del delito con el objetivo de centralizar, en la medida de lo posible, el proceso en un solo Estado miembro. A tal efecto, los Estados miembros recurrirán a Eurojust con el fin de facilitar la cooperación entre sus autoridades judiciales y la coordinación de sus actuaciones. Se tendrán en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos:
Artículo 21 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis. Los Estados miembros garantizarán la cooperación y el intercambio de información con el Estado miembro que estableció su jurisdicción sobre los delitos mencionados en los artículos 3 a 14 y 16 a través de los canales establecidos, incluidas las agencias de la Unión.
1. Cuando se informe a un Estado miembro de que el autor o el presunto autor de un delito previsto en la presente Directiva podría encontrarse en su territorio, el Estado miembro de que se trate adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su legislación interna, para investigar los hechos que se hayan puesto en su conocimiento.
2. Si considera que las circunstancias lo justifican, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el autor o el presunto autor del delito adoptará las medidas oportunas en virtud de su legislación interna para garantizar la presencia de esa persona a efectos de emprender actuaciones penales contra ella o para su extradición.
1. Las sanciones punitivas deben complementarse con políticas a largo plazo para prevenir la radicalización y la captación de ciudadanos de la Unión por organizaciones terroristas.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas apropiadas, también en línea, como, por ejemplo, facilitar información y educación, realizar campañas de sensibilización y elaborar discursos alternativos para contrarrestar la propaganda terrorista. Cuando proceda, estas medidas se adoptarán en cooperación con las empresas privadas, las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, las comunidades locales y otras partes interesadas. Su objetivo será aumentar la sensibilización y reducir el riesgo de radicalización y captación por las organizaciones terroristas.
3. Los Estados miembros promoverán formación periódica dirigida al personal que pueda entrar en contacto con personas vulnerables a la radicalización, incluidos los agentes de policía y los agentes de prisión que se encuentran en primera línea, con objeto de capacitarlos a identificar señales de radicalización y de captación por parte de organizaciones terroristas y a hacerles frente.
Artículo 21 quater (nuevo)
Obligación de intercambiarán información relativa a delitos de terrorismo
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias que permitan que sus autoridades competentes transmitan a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión cualquier tipo de información cuando haya razones para pensar que podrá contribuir a la detección, prevención, investigación o el enjuiciamiento de delitos enumerados en la presente Directiva. Esta información se transmitirá de modo eficaz y oportuno sin que sea necesaria una solicitud previa.
2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que su punto de contacto designado de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 2005/671/JAI1 bis transmita a Europol y Eurojust la información recogida en dicha Decisión de modo eficaz y oportuno
3. Los Estados miembros introducirán de forma sistemática al Sistema de Información de Schengen una descripción de toda persona sospechosa de haber cometido al menos uno de los delitos contemplados en los artículos 3 a 14 de la presente Directiva o condenada por ello.
4. Los Estados miembros velarán por que, en lo que se refiere a las personas identificadas de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/681 en relación con los delitos enumerados en la presente Directiva, su Unidad de Información sobre Pasajeros transmita sistemáticamente el resultado del procesamiento de dichos datos a la Unidad de Información de Pasajeros de otros Estados miembros.
5. Los Estados miembros notificarán de forma sistemática a Europol las personas sospechosas de haber cometido al menos uno de los delitos enumerados en los artículos 3 a 14 de la presente Directiva o que han sido condenadas por ello.
6. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la legislación vigente de la Unión en materia de intercambio de información.
1 bis.Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (DO L 235 de 29.9.2005, p. 22)
Artículo 21 quinquies (nuevo)
Controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen
Los Estados miembros deberán velar por que los guardias de fronteras y los guardacostas tengan acceso a las bases de datos pertinentes, en particular el sistema de información de Europol.
Artículo 21 sexies (nuevo)
Artículo 21 sexies
De conformidad con la legislación nacional, y sobre la base de unas garantías adecuadas, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o del enjuiciamiento de los delitos contemplados en los artículos 3 a 14 dispongan de instrumentos de investigación eficaces, tales como los que se utilizan contra la delincuencia organizada y en otros casos de delincuencia grave.
Artículo 21 septies (nuevo)
Medidas dirigidas a luchar contra la radicalización y la incitación al terrorismo en línea
Los Estados miembros colaborarán con la Comisión y los proveedores de servicios de internet para elaborar una estrategia europea común de lucha contra la radicalización y la incitación al terrorismo en línea. Dicha estrategia se actualizará con regularidad.
1 bis. Los Estados miembros deberán garantizar que se dispongan medidas para la protección de las víctimas del terrorismo y de sus familiares, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE. En el transcurso de un procedimiento penal, se prestará especial atención al riesgo de intimidación y de represalias, así como a la necesidad de proteger la integridad física y psicológica de las víctimas del terrorismo, incluso durante el interrogatorio y la declaración.
Además, los Estados miembros deberán velar por que se ponga a disposición de las víctimas del terrorismo que sean parte de procesos penales asesoramiento jurídico gratuito y, si procede, otros procedimientos judiciales para obtener una decisión en materia de compensación.
2. Los Estados miembros velarán por que se implanten servicios específicos de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo. Estos servicios deberán tener la capacidad y la estructura organizativa necesarias para prestar asistencia y apoyo a tales víctimas inmediatamente después de que se produzca un atentado y, posteriormente, durante el tiempo necesario, en función de las necesidades específicas de cada víctima. Los servicios serán confidenciales, gratuitos y de fácil acceso para todas las víctimas del terrorismo y comprenderán, en particular:
2. Los Estados miembros velarán por que se implanten servicios específicos de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo, también mediante el recurso a las organizaciones de ayuda a las víctimas o a los expertos en la materia existentes. Estos servicios deberán tener la capacidad y la estructura organizativa necesarias para prestar asistencia y apoyo a tales víctimas inmediatamente después de que se produzca un atentado y, posteriormente, durante el tiempo necesario, en función de las necesidades específicas de cada víctima. Los Estados miembros establecerán un centro de coordinación para reunir a estas organizaciones y expertos competentes para facilitar información, apoyo y servicios prácticos a las víctimas y a sus familias y parientes. Los servicios serán confidenciales, gratuitos y de fácil acceso para todas las víctimas del terrorismo y comprenderán, en particular:
-a) tratamiento médico y físico, incluidas medidas de respuesta a los ataques nucleares, biológicos o químicos;
a) apoyo emocional y psicológico, como, por ejemplo, ayuda para la superación del trauma y asistencia psicosocial;
b) facilitación de información y asesoramiento sobre cualquier asunto jurídico, práctico o financiero pertinente.
b bis) apoyo a la víctimas al volver a su Estado miembro de residencia en aquellos casos en que el ataque se produjo en otro Estado miembro.
2 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias en el marco de sus infraestructuras de respuesta a las emergencias para incluir en los planes de emergencia a especialistas en el apoyo a las víctimas para facilitar y mejorar el proceso de identificación de las víctimas inmediatamente después del ataque terrorista, teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas. En concreto, los Estados miembros desarrollarán y coordinarán un mecanismo de asistencia común que se desplegará previa solicitud. Los Estados miembros deberán garantizar apoyo in situ a las investigaciones y establecer un sitio web único a través del cual se pueda acceder a la información pública relacionada con un ataque terrorista en el Estado miembro en cuestión. También deberán establecer un sitio web con acceso privado para informar a las víctimas y a los familiares sobre sus derechos y en la que se recoja toda información relevante sobre el ataque.
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. La Comisión estudiará si es necesario que todas las disposiciones legislativas en materia de protección, apoyo y derechos de las víctimas del terrorismo se recojan y desarrollen en un único acto legislativo relativo a las víctimas del terrorismo.
Artículo 23 bis (nuevo)
1. Al transponer y aplicar la presente Directiva, los Estados miembros garantizarán que la tipificación sea proporcional a los objetivos legítimos perseguidos y necesaria en una sociedad democrática y excluirán cualquier forma de arbitrariedad y discriminación.
2. La presente Directiva no podrá tener por efecto modificar la obligación de los Estados miembros de respetar los consagrados en los artículos 2 y 6 del TUE y en la Carta, así como en el CEDH y el Derecho internacional humanitario, y se implementará e interpretará de acuerdo con estos derechos y principios.
Situaciones de emergencia y derechos fundamentales
En tiempo de guerra u otra emergencia pública que amenace la vida de la nación, los Estados miembros pueden adoptar medidas para derogar determinados derechos, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional. Estas circunstancias no eximen a las autoridades de demostrar que las medidas adoptadas se aplican con el único propósito de combatir el terrorismo y están directamente relacionadas con el objetivo específico de combatir el terrorismo.
Artículo 23 quater (nuevo)
La presente Directiva no podrá tener por efecto el de exigir a los Estados miembros la adopción de medidas que contradigan principios fundamentales relativos a la libertad de expresión, en particular las libertades de prensa y de expresión en otros medios de comunicación, sin perjuicio de las normativas nacionales que regulen los derechos y las responsabilidades de la prensa o de otros medios de información, así como sus garantías procesales, cuando esas normativas se refieren al establecimiento o a la limitación de la responsabilidad.
Artículo 23 quinquies (nuevo)
1. La presente Directiva no podrá tener por efecto el de exigir a los Estados miembros la adopción de medidas que contradigan sus obligaciones de conformidad con el Derecho de la Unión en lo que atañe a los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales.
2. Toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violadas indebidamente como consecuencia de la aplicación de la presente Directiva tendrán derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como se establece en el artículo 46 de la Carta.
1. A más tardar [transcurridos veinticuatro meses desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
1. A más tardar [transcurridos doce meses desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Este informe abordará, asimismo, la eficacia de las acciones que han adoptado los Estados miembros para alcanzar el objetivo de la presente Directiva. Con arreglo a esta evaluación, la Comisión Europea decidirá el seguimiento adecuado. La evaluación regular de la aplicación de la Directiva deberá incluir la evaluación de un impacto desproporcionado potencial de las medidas sobre grupos determinados de población, y procedimientos de recurso para corregir prácticas discriminatorias.
2. A más tardar [transcurridos cuarenta y ocho meses desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará el impacto y el valor añadido de la presente Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. La Comisión tendrá en cuenta la información facilitada por los Estados miembros en virtud de la Decisión 2005/671/JAI.
2. A más tardar [transcurridos doce meses desde la fecha límite de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará el valor añadido de la presente Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. Este informe abordará, asimismo, el impacto de la Directiva sobre los derechos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho y el nivel de protección y ayuda facilitada a las víctimas del terrorismo. La Comisión tendrá en cuenta la información facilitada por los Estados miembros en virtud de la Decisión 2005/671/JAI y cualquier otra información relevante relativa al ejercicio de competencias en virtud de leyes antiterroristas relacionada con la transposición y aplicación de la presente Directiva.
Los recientes atentados terroristas en suelo europeo y más allá de sus fronteras, y sobre todo, los ataques terroristas perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015, con más de 130 muertos, han puesto de relieve la necesidad de incrementar significativamente nuestros esfuerzos en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. El artículo 3 de la Carta garantiza el derecho de toda persona al respeto de su integridad física o mental, lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado en reiteradas ocasiones. Si los ciudadanos europeos ya no están en condiciones de sentirse seguros en su país, la estabilidad de la sociedad está en peligro y debe restaurarse mediante todos los cauces legales posibles.
Con más de 5 000 ciudadanos de la Unión actualmente sospechosos de haberse incorporado a los combates en Irak y Siria, la cuestión de los denominados «combatientes extranjeros» y su posible regreso a la Unión es muy real. El coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión, Gilles de Kerchove, declaraba recientemente que: «Es probable que en los próximos años se mantenga la amenaza que plantea la radicalización de europeos, muchos de los cuales viajan además al exterior para luchar.» «Una respuesta eficaz a estas cuestiones precisa un planteamiento global y un compromiso a largo plazo».
Además, los llamados «lobos solitarios» también pueden causar una enorme cantidad de estragos y terror. Este tipo de posibles infractores supone una amenaza especial para la seguridad pública porque los lobos solitarios actúan con frecuencia de manera anónima con modus operandi susceptibles de modificarse rápidamente. Sus acciones son menos predecibles que las de los grupos terroristas conocidos, que a menudo actúan con arreglo a un cierto patrón. Con el auge del Dáesh, Al Qaeda y otras organizaciones extremistas islamistas, así como con su eficaz propaganda a través de Internet y de otros medios de comunicación, el número de lobos solitarios ha aumentado y no está previsto que se detenga en un futuro.
Europol recientemente señalaba que «existen razones fundadas para esperar que ... un grupo terrorista de inspiración religiosa lleve a cabo de nuevo un ataque terrorista en algún lugar de Europa, con la intención de causar cuantiosos daños personales entre la población civil. Todo ello se suma a la amenaza de los ataques de los lobos solitarios, que no ha disminuido»(1).
Un problema considerablemente grave adicional, en la lucha contra el terrorismo es la creciente convergencia entre el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. De hecho, la distinción entre los delitos cometidos por ambos es cada vez más complicada y artificial en la medida en que la relación entre el terrorismo y la delincuencia organizada es cada vez mayor. En muchos casos, las organizaciones terroristas y las redes de delincuencia organizada cooperan o se fusionan para beneficiarse de sus respectivos servicios, herramientas y otros activos. Otras veces, los simpatizantes de organizaciones terroristas son adiestrados para cometer delitos organizados a gran escala para la financiación de acciones terroristas (por ejemplo, la extracción y el tráfico ilegal de órganos en combinación con el homicidio, el tráfico de seres humanos, la prostitución forzada, el abuso sexual de niños y bebés, la esclavitud y el trabajo forzado, la extorsión, el tráfico de drogas y los productos falsificados). Por lo tanto, para tipificar no basta con la comisión de un acto terrorista, ni tampoco basta con la existencia de un nexo de causalidad directo entre la acción preparatoria o de financiación y la comisión de un acto terrorista específico, útil para la prevención efectiva de atentados terroristas. Si la complicidad o la incitación en la comisión de ataques terroristas o la preparación de atentados terroristas prestando o recibiendo adiestramiento, la provocación pública, el reclutamiento, los viajes al extranjero con fines terroristas o la organización / la facilitación de dichos viajes no estuvieran penalizados, aunque solo presentasen un nexo de causalidad indirecto con la comisión de un delito terrorista, las redes de captadores, de responsables, de puntos de contacto y de especialistas de la comunicación podrían escapar de los cuerpos de seguridad europeos y nacionales y de los tribunales encargados de la instrucción y de las actuaciones judiciales. Las víctimas de esta incapacidad jurídica para actuar serían la sociedad civil dentro y fuera de Europa, tanto en las zonas de conflicto como en las zonas ajenas a los conflictos. El peligro que representan las redes terroristas no es teórico sino real. Los ataques terroristas dejan profundas heridas en las víctimas, en sus familias y en las regiones donde se han producido los ataques. La crueldad de las organizaciones terroristas y la brutal de competencia entre ellas, lleva a un número considerable de migrantes a huir del terrorismo en sus países, exponiéndose a sí mismos a una situación de gran vulnerabilidad durante su huida, durante la cual también se hallan a merced de las redes criminales.
La lucha contra el terrorismo exige una estrategia global y completa que abarque numerosos ámbitos de acción diferentes, incluida la prevención, la lucha contra la radicalización y la desradicalización. El Parlamento Europeo y el Consejo han subrayado recientemente, en varias ocasiones, la necesidad de este planteamiento global en la lucha contra el terrorismo(2). La respuesta de la justicia penal es solo una parte de este planteamiento general.
La lucha contra el terrorismo es una lucha global que la Unión no puede abordar y ganar por sí misma. La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2014 impone a todos los Estados miembros la obligación jurídica de tipificar ciertas infracciones vinculadas con el terrorismo como el viaje con la intención de planificar, o la perpetración de actos terroristas, el hecho de recibir adiestramiento terrorista, o la organización, la facilitación y la financiación de tales desplazamientos o adiestramientos con fines terroristas. Dicha Resolución ha sido objeto de transposición en el Protocolo adicional sobre los combatientes extranjeros del Consejo de Europa.
Evaluación general de la propuesta por parte del ponente
De modo general, el ponente es favorable a la propuesta. El ponente desea destacar que los elementos siguientes de la propuesta ya forman parte del acervo de la Unión desde 2002 a través de la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (modificada en 2008):
Las definiciones de los delitos de terrorismo y de los delitos relacionados con un grupo terrorista constan ya en la Decisión marco 2002/475/JAI (artículos 1 y 2). La tipificación penal de la financiación del terrorismo también ha sido ya prevista en el artículo 2, apartado 2, letra b de la Decisión marco 2002/475/JAI. El artículo 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI tipifica como delito el hurto o robo con agravantes, la extorsión, y la estafa para la comisión de delitos de terrorismo. Por otra parte, la Decisión marco 2002/475/JAI incluye disposiciones relativas a las sanciones para las personas físicas (artículo 5 de la Decisión marco 2002/475/JAI), a las circunstancias atenuantes (artículo 6 de la Decisión marco 2002/475/JAI), a la responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 7 de la Decisión marco 2002/475/JAI), a las sanciones mínimas para las personas jurídicas (artículo 8 de la Decisión marco 2002/475/JAI) y al enjuiciamiento y a la competencia (artículo 9 de la Decisión marco 2002/475/JAI).
El artículo 3 de la Decisión marco 2008/919/JAI, ha añadido a los delitos ligados a actividades terroristas la «provocación a la comisión de un delito de terrorismo», la «captación de terroristas» y el «adiestramiento de terroristas». El artículo 3, apartado 3 de la Decisión marco 2008/919/JAI establece que para los delitos ligados con un grupo terrorista o a actividades terroristas, no será necesaria la comisión efectiva de un delito de terrorismo. Por lo que tampoco es necesario establecer un vínculo con un delito terrorista concreto. Por otra parte, el artículo 4 de la Decisión marco 2008/919/JAI, amplió el ámbito de aplicación de las actividades que deben tipificarse como delito en materia de complicidad, inducción o tentativa. La Decisión marco 2008/919/JHA deja a los Estados miembros la facultad de adoptar medidas necesarias para tipificar como delito la tentativa del adiestramiento de terroristas y de captación de terroristas. La mayoría de los Estados miembros ya han tipificado dichas actividades. Todos los Estados miembros aplican las disposiciones de las Decisiones marco.(3)
Entidades internacionales como las Naciones Unidas, las agencias europeas y los cuerpos de seguridad nacionales han analizado, constatado y observado la evolución de la amenaza. La parte dispositiva la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido aprobada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, los apartados 4 a 6, que tienen carácter vinculante. Así pues, los Estados miembros deben garantizar que la tipificación de los delitos penales en su legislación interna permite perseguir y sancionar los viajes, el adiestramiento, la financiación y el resto de actos preparatorios ligados con el terrorismo. El Consejo de Europa ha adoptado la Resolución de las Naciones Unidas en un Protocolo adicional. En lugar de dejar que cada Estado miembro transponga individualmente la resolución de las Naciones Unidas a su Derecho nacional, el ponente estima que la adopción de una Directiva presenta un valor añadido porque crea un marco armonizado en materia de Derecho penal, en el que la legislación nacional habrá de basarse, de modo que los actos jurídicos de los Estados miembros contra el terrorismo resulten coherentes, sistemáticos y eficaces, evitando así la disparidad en materia de enjuiciamiento. Además, la adaptación de la actual Decisión marco del Consejo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa implica que esta última está a sujeta a la Carta de los derechos fundamentales, a las prerrogativas de la Comisión Europea en materia de infracciones, así como al control judicial del Tribunal de Justicia. El principio de legalidad exige que la legislación penal sea precisa y previsible. Por lo tanto, es muy importante que, tanto en la ejecución como en la aplicación concreta, la necesidad y la proporcionalidad sean los principios rectores, y que en cada caso sea posible demostrar y probar claramente la gravedad y el carácter intencional de la infracción, basándose en tantas circunstancias y hechos concretos como sea posible.
Es de vital importancia actualizar el marco jurídico de la Unión sobre la lucha contra el terrorismo y las redes terroristas con arreglo a los siguientes puntos:
1) el hecho de recibir adiestramiento con fines terroristas, por los autores de infracciones, bien sea en campos de entrenamiento o por Internet;
2) los viajes de los denominados «combatientes extranjeros» a zonas de conflicto con fines terroristas, así como la organización o la facilitación de tales viajes;
3) la inclusión de la recomendación nº 5 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la financiación del terrorismo y la financiación de acciones preparatorias que conduzcan a una actividad con fines terroristas;
4) la inclusión de nuevos tipos de delitos en el ciberespacio, en particular a través de la llamada «red oscura» (Darknet);
5) la adaptación a las nuevas amenazas del artículo sobre la complicidad, la inducción y la tentativa;
6) el establecimiento de la competencia judicial respecto a la infracción consistente en dispensar adestramiento en materia de terrorismo;
7) el refuerzo de los derechos de las víctimas y la mejora de la protección, asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo dentro de la Unión.
Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks (Cambios en el modus operandi de los ataques terroristas del Estado Islámico), 18 de enero de 2016.
Véase, por ejemplo: Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (P8_TA(2015)0410), la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 2015 sobre las medidas de lucha contra el terrorismo (P8_TA(2015)0032, Resolución del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2015 sobre la Agenda Europea de Seguridad (P8_TA(2015)0269). Conclusiones del Consejo en materia antiterrorista de 20 de noviembre de 2015, las conclusiones del Consejo Europeo de 12 de febrero de 2015, la Declaración conjunta de Riga de los días 29 y 30 de enero de 2015.
Véase también el informe de la Comisión, de 5 de septiembre de 2014, sobre la aplicación de la Decisión marco 2008/919/JHA del Consejo (COM(2014)554).
Lucha contra el terrorismo y sustitución de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo