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Timestamp: 2019-10-22 12:18:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 183', 'artículo 6', 'artículo 368', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 374', 'artículo 374', 'artículo 339', 'artículo 399', 'artículo 95', 'artículo 249', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 250', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 398', 'artículo 101', 'artículo 250', 'artículo 101']

﻿ Sentencia 6791 de abril 8 de 2002
SENTENCIA 6791 DE 08 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:POSESIÓN NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO. ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS INDICIOS. LOS GRAVES, PERO NO NECESARIOS, NO CONSTITUYEN PLENA PRUEBA POR SÍ MISMOS.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:366 DE JUNIO DE 2002, PG.1181
Sentencia 6791 de abril 8 de 2002
Ref.: Expediente 6791
Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil dos.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena —Sala Civil Familia—, proferida el 11 de junio de 1997 en el proceso ordinario incoado por Edgardo Spath Polo contra la sucesión ilíquida de José Spath Spath, la señora Susana Spath de Spath como cónyuge sobreviviente, y herederos indeterminados del mismo.
1. Mediante demanda que por reparto correspondió al Juzgado Cuarto (4º) Promiscuo de Familia de Cartagena, el demandante incoó proceso ordinario de filiación natural con petición de herencia contra los demandados citados, para que, en la sentencia se adoptaran las siguientes declaraciones y condenas:
1.1. Que se declare que el señor Edgardo Spath Polo nacido el 26 de abril de 1937 es hijo natural o extramatrimonial del señor José Spath Spath, concebido con la señora Inocencia Polo López y que en tal condición se le adjudique la cuota herencial en la proporción que legalmente le corresponde.
1.2. Que se comunique la sentencia al proceso de sucesión del señor José Spath Spath si lo hubiere, para los efectos legales a que haya lugar, lo mismo que al notario que corresponda a fin de que proceda a efectuar las correcciones y anotaciones pertinentes.
2.1. El señor José Spath Spath sostuvo relaciones sexuales con la señora Inocencia Polo López en el municipio de Cereté (Córdoba), las que comenzaron en el año de 1935 de las que nació el 26 de abril de 1937 en Cereté (Córdoba), el demandante Edgardo Spath Polo.
2.2. Desde el nacimiento del demandante el señor José Spath Spath empezó a tratarlo como su hijo y en esa calidad lo presentaba a sus amigos y relacionados, a tal punto la señora Inocencia Polo López se trasladó temporalmente a la ciudad de Barranquilla, el presunto padre los visitaba, hospedándose en el Hotel El Prado, donde los mandaba llamar.
2.3. Edgardo Spath Polo curso estudios de Administración de empresas en la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá durante los años 1965-1969 y en este tiempo el señor José Spath Spath no lo desatendió en ningún momento y le mandaba todo lo necesario, como gastos de pensión, vestuario, alimentos, etc.
2.4. Al promediar el año 1978, el actor instalado en el municipio de Cereté, fundó junto con Fernando García Angulo un establecimiento de comercio denominado Central de Granos, que fue objeto de un voraz incendio que lo destruyó totalmente, por lo cual, los dos socios viajaron a Cartagena y explicaron lo sucedido al presunto padre del actor, quien le proporcionó a este último la suma de $ 300.000 para que reactivara el negocio, cantidad que devolvió con intereses, con lo que le produjo satisfacción a su padre por el orden y celo desplegado en la actividad comercial.
2.5. El señor José Spath Spath falleció el 4 de septiembre de 1993, fecha en la cual por mandato de ley se defirió su herencia a sus herederos.
2.6. El trato de padre a hijo entre el causante y el actor duró desde el nacimiento de este último hasta la muerte de aquél.
2.7. Todo parece indicar que el señor Spath Spath no otorgó testamento por lo que el proceso de filiación natural así como la petición de herencia se regirá por las normas de la sucesión intestada.
2.8. El demandante desconoce otros herederos del señor Spath Spath, por lo que la demanda la dirige indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, quienes deben ser emplazados de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.
2.9. El señor José Spath Spath era propietario de diversos bienes ubicados en Cartagena, que relaciona el actor en el libelo y que forman parte de la acción de petición de herencia.
3. Una vez admitida la demanda se ordenó correrle traslado a los demandados. Emplazados la cónyuge supérstite y los herederos indeterminados, a estos últimos se les nombró curador ad litem, quien una vez notificado la contestó manifestando, acerca de los hechos que deben probarse pues no le constan y se atiene a lo que resulte probado en el proceso. El apoderado designado por la cónyuge sobreviviente Susana Spath de Spath y por José Spath Spath, para que los representara en el proceso no contestó la demanda.
4. La primera instancia culminó con sentencia de fecha 15 de octubre de 1996 (fls. 87 a 95, cdno. 1) mediante la cual el Juzgado 4º Promiscuo de Familia de Cartagena acogió las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la parte demandada y ordenó la consulta del fallo.
5. Tramitado en legal forma el grado de consulta, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en sentencia del 11 de junio de 1997 (fls. 7 a 24, cdno. 5) revocó totalmente el fallo consultado.
6. Inconforme con la decisión anterior, el demandante formuló recursos de casación cuya demanda estudia ahora la Corte.
II. Fundamentos del falo del tribunal
Después de hacer un recuento del litigio y de la actuación procesal adelantada, el Tribunal Superior de Cartagena precisa que por no observarse causal de nulidad y concurrir los presupuestos procesales, procede a decidir de fondo.
A continuación señala que la demanda se apoya en las causales contenidas en los numerales 4º y 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, y que respecto de la segunda se deben acreditar sus tres elementos constitutivos: el trato, la fama y el tiempo, los cuales consisten, el primero, en que el presunto padre atendió las necesidades del hijo, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, mediante actos constantes, regulares y públicos; la fama, es decir, que los deudos, amigos y vecindario en general lo reputen como hijo, que las personas relacionadas tengan el convencimiento de la paternidad por hechos positivos del pretenso padre; y el tiempo, requisito según el cual, los actos determinantes de la posesión notorio del estado de hijo, han perdurado por lo menos, durante cinco años. Estos tres elementos deben probarse por un conjunto de testimonios fidedignos que lo establezcan de modo irrefragable.
Pasa luego el ad quem a efectuar un extracto de las declaraciones de los testigos que depusieron en el proceso: Antonio José Argel Argel, Fernando García Angulo, Carmen Mercedes Paternina de García, Gabriel Spath Spath y José Gabriel Jiménez Camargo, pues la rendida por Alfredo Spath Lora no la valora por haber sido solicitada, practicada e incorporada por fuera de la oportunidad legal, de conformidad con el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil.
En sentir del tribunal, de ninguna de las declaraciones anotadas se puede inferir el trato carnal entre el causando José Spath Spath y la señora Inocencia Polo López en la época en que se presume que debió ocurrir la concepción del demandante, pues Antonio José Argel dijo no conocer a la madre del actor, Fernando García, Carmen Mercedes Paternina y José Gabriel Jiménez, la conocieron después de nacido Edgardo por la amistad con éste; Gabriel Spath manifestó no saber nada. Por lo tanto, no aparece probada la primera de las causales de presunción de la paternidad invocada, esto es, las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre para la época en que, de conformidad con la ley, ha debido producirse la concepción.
Respecto a la segunda de las causales aducidas, la posesión notoria del estado de hijo, el tribunal analiza los presupuestos que la estructuran comenzando por el trato, del que indica que para configurar este presupuesto se requiere de la existencia de hechos positivos realizados por el presunto padre, no la simple apreciación personal de los testigos, pues esta demostración debe ser irrefragable, indubitable, revestida de seguridad, por lo que el tratamiento cariñoso, afable, especial “y aún paternal” que un hombre ofrezca a su presunto hijo, no basta por sí sólo para declarar probada la causal, porque faltarían los actos constantes y públicos que tendieran a la subsistencia, educación y establecimiento, que son el verdadero sustento para declarar probada la causal.
En efecto, el testigo Antonio José Argel Argel, dice que el demandante es hijo de José porque los vio juntos en el negocio de grano y su trato era de padre a hijo pero no da hechos indicadores de su apreciación.
Fernando García Angulo, es el típico testigo “de oídas”, sabe lo que le contó el demandante sin que le conste realmente nada, únicamente las buenas relaciones del actor con la familia Spath que vivían en Cereté, quienes “lo reconocían”.
José Gabriel Jiménez Camargo, manifiesta únicamente que el señor Spath trataba al demandante como su hijo, sin indicar ninguna razón de la ciencia de su dicho, sino que, por el contrario al volverle a preguntar si el causante dio el trato de hijo al actor desde su nacimiento hasta la muerte de aquel, dijo no saber nada de eso o del préstamo que se afirma en la demanda, le hizo el presunto padre.
Carmen Mercedes Paternina, es el único de los testigos que da detalles del trato entre padre e hijo cuando era empleada de la Sociedad L. y J. Spath, pero esta declaración se contradice con la afirmación del señor Gabriel Spath Spath, representante y socio de dicha sociedad en algunas ocasiones, quien dijo que la testigo nunca había sido empleada de él o de la empresa, lo que le resta toda credibilidad a su dicho.
En síntesis, considera el tribunal que no se encuentra demostrado el trato inequívoco de padre a hijo a que se refiere el artículo 6º de la Ley 45 de 1936, por cuanto los tres primeros testigos relacionados no señalan hechos concretos que se puedan atribuir al causante, tendientes a proveer las necesidades de su presunto hijo, sus afirmaciones son sólo apreciaciones subjetivas, y la cuarta testigo carece de verosimilitud, y agrega el ad quem que, así se le otorgara credibilidad, no se puede establecer el término mínimo de duración de dicho trato, cinco años por lo menos, pues ella se refiere a un término de dos años y medio aproximadamente.
Agrega el tribunal que aunque la Ley 75 de 1968 hizo más flexible y asequible la investigación de la paternidad extramatrimonial, pudiendo examinarse las pruebas sin excesiva rigidez, la jurisprudencia reiteradamente ha indicado que para evitar caer en la arbitrariedad, la prueba de esta causal, la posesión notoria, debe cumplir las exigencias legales que la regulan, y a continuación cita una sentencia de esta corporación en la que se hace énfasis en que para declarar la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial no bastan el trato y la fama, “...ya que estos necesariamente debían derivarse o provenir de actos manifiestos y precisos que hagan relación con la crianza o establecimiento o subsistencia del hijo, por un período no inferior a cinco años”.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el tribunal revoca la sentencia del a quo y niega las pretensiones del actor.
Dos cargos esgrime el recurrente contra la sentencia compendiada para sustentar el recurso extraordinario de casación, con fundamento en la causal primera prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se despacharán conjuntamente por tener elementos comunes, dada su íntima conexidad por los planteamientos que contienen.
El recurrente acusa la sentencia del tribunal por violación indirecta de la ley sustancial proveniente de error de hecho manifiesto en relación con la prueba testimonial rendida, y en especial por Arsenio José Argel Argel y Carmen Mercedes Paternina de García, por cuya causa dejó de aplicar el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, modificatorio del artículo 4º de la Ley 45 de 1936.
Considera el censor que el tribunal incurrió en el error anotado, al no ver la existencia de las pruebas señaladas, cuando lo cierto es que demuestran que se configuran los presupuestos que, según la doctrina y la jurisprudencia, se requieren para declarar la paternidad extramatrimonial por la causal de la posesión notoria del estado de hijo, como se observa al extractar las declaraciones de Antonio José Argel y Carmen Paternina.
Para sustentar su afirmación, el recurrente cita la sentencia de esta corporación del 26 de septiembre de 1973 en la que se indica que, cuando se trata de la posesión notoria del estado de hijo como causal para declarar la paternidad, de los hechos afirmados en las declaraciones es de donde se pretende deducir la paternidad, por un razonamiento lógico, por cuanto además, no es jurídico exigir que cada uno de los testigos se refiera a un período de tiempo superior a los cinco años, sino que basta que sumados los señalados por cada uno, superen ese lapso. Respecto a la notoriedad de la posesión, cita igualmente jurisprudencia de la Corte que sostiene que “basta que los hechos se exterioricen ante un conjunto de personas por signos inequívocos, para que la filiación, por dejar de ser oculta, se haga notoria...” y por lo tanto no era secreta para el vecindario, aunque no se preocupen por averiguarlo.
Afirma el casacionista que este error fáctico llevó al tribunal a dejar de aplicar el artículo 6º de la Ley 45 de 1936 y el numeral 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, y en consecuencia revocar la sentencia de a quo, y que de no haberse presentado esa violación, el ad quem hubiera confirmado el fallo consultado en el que se reconoce al demandante como hijo extramatrimonial del señor José Spath Spath con todas sus consecuencias.
El recurrente acusa la sentencia impugnada de ser violatoria indirectamente de la ley sustancial, proveniente de error de hecho manifiesto respecto de la prueba indiciaria que existe en el proceso, de la cual se deduce que la parte pasiva integrada por Susana Spath de Spath y José Spath Spath estaban de acuerdo con la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, el tribunal dejó de aplicar el artículo 6º de la Ley 45 de 1936 y el numeral 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 168, modificatorio del artículo 4º de la Ley 45 citada.
El error de hecho manifiesto en que incurrió el tribunal proviene de no haber visto la existencia de una pluralidad de indicios graves, precisos y conexos, de los que junto con la prueba testimonial, era posible deducir los elementos estructurales de la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial del demandante con respecto a José Spath Spath.
Señala el censor que los indicios son una prueba lógica e indirecta y su función únicamente es suministrarle al juez una base cierta de la cual pueda inferir, mediante razonamiento lógico basado en la experiencia o en conocimientos técnicos o científicos especializados, un hecho desconocido que se investiga. Esta prueba tiene una gran importancia para suplir la falta de pruebas históricas del hecho investigado y de su verificación por el juez.
Afirma que en la providencia del tribunal se dejaron de apreciar los siguientes indicios: a) La parte demandada, una vez vinculada al proceso no contesta la demanda. b) Comparecen y no se oponen a las pretensiones. c) Siendo desfavorable para ellos la sentencia de primera instancia, no la apelaron, lo que demuestra su acuerdo tácito con su contenido.
Indica que este error fáctico llevó al tribunal a dejar de aplicar las normas anteriormente señaladas y a revocar la sentencia de primera instancia, decisión que infringió el derecho del demandante de haber sido declarado hijo extramatrimonial, como lo pretendía en la demanda.
Estos cargos se despachan conjuntamente circunscrita la Corte exclusivamente a los temas propuestos por el recurrente y según su fundamentación. Se hace esta advertencia porque el tema de la irrevocabilidad de la sentencia de primera instancia en cuanto se refería a la declaración de filiación frente a los herederos conocidos, por tratarse de un litisconsorcio facultativo, caso en el cual la consulta se debía surtir solamente a favor de los herederos indeterminados, no se trajo a casación.
Dentro de la estructura de la causal 1ª de casación cuando con respaldo en ella se acusa el fallo impugnado por violación indirecta de la ley, como consecuencia de los errores de hecho en la apreciación de las pruebas, le corresponde al impugnante ajustar su proceder a ciertas exigencias técnicas, cuya omisión lleva indefectiblemente al fracaso del respectivo cargo.
Entre dichas exigencias se encuentran las siguientes:
La exposición de los fundamentos de la acusación debe hacerse en forma clara y precisa, como lo señala el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, a lo que se opone el ataque genérico e indiscriminado; es necesario que frente a cada prueba, debidamente determinada, la censura demuestre en dónde se halla el error de hecho manifiesto, pues el ataque no puede limitarse a plantear un análisis crítico sobre las conclusiones fácticas del fallador, sin señalar a su vez, en cuáles medios de convicción se presenta el error, dejando esa labor a la iniciativa del juzgador; igualmente debe determinar qué conclusión sacó el tribunal en relación con dichas pruebas, para enseguida especificar qué es, en su criterio, lo que la prueba demuestra, a fin de verificar el error en que incurrió el sentenciador y que como consecuencia de éste, se violaron las normas de derecho sustancial señaladas y el concepto de la violación.
Estos requisitos de técnica no se cumplen cabalmente en los cargos que se examinan, por el contrario denotan la contraposición señalada anteriormente, como se demuestra a continuación:
1. Se apoya la censura en la causal primera de casación y denuncia la infracción indirecta de distintas normas sustanciales como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
2. Los cargos ostentan una precaria fundamentación, carente de claridad y precisión, lo cual se evidencia con la simple lectura de la demanda, pues el censor se apoya de manera cardinal en las declaraciones de dos testigos Antonio José Argel Argel y Carmen Mercedes Paternina de García, y no trae sino una referencia global e indiscriminada del elenco probatorio en que descansa la sentencia impugnada.
3. En el primer cargo no se especifica con la exactitud debida, en qué consistió la errónea apreciación de la prueba testimonial, sino que se limita a transcribir apartes de dos de las declaraciones rendidas, lo mismo que jurisprudencia de esta corporación, pero sin desvirtuar la apreciación de que dichas pruebas hizo el tribunal con fundamento en la cual desechó las pretensiones de la demanda, y en relación con el segundo cargo, se limita a efectuar un alegato de instancia sin hacer ninguna referencia a lo que el ad quem manifestó en su fallo. Es decir, de conformidad con lo compendiado anteriormente, los cargos no reflejan el empeño suficiente en orden a demostrar los errores de hecho que se le endosan al sentenciador, sino que su hallazgo se deja librado a la iniciativa de la Corte.
Sobre este particular, ha sostenido invariablemente esta corporación que la carga de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 ib., labor que como lo tiene dicho la jurisprudencia, “tiene que concretarse en establecer que el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o ha ignorado la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición) o por cercenamiento del mismo (preterición). Ahora bien, es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el sentenciador por causa de dicho yerro en la apreciación probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba...” (1) , porque si el desacierto corresponde a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos meticulosos y detallados, dejaría de ser evidente o manifiesto como lo exige la ley, evento en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia que se combate, no solamente porque ésta ingresa al recurso de casación precedida de la presunción de acierto, sino porque este medio de impugnación no es una oportunidad adicional para debatir ampliamente las circunstancias fácticas del proceso, como una instancia más. Por otra parte, como se ha señalado, el error de hecho para que se estructure, además debe ser trascendente, es decir, de tanta importancia en los resultados de la decisión, que de haberse apreciado la prueba en la forma como el censor lo muestra, el tribunal hubiese tenido que llegar a una conclusión diferente de la que plasmó en la sentencia.
(1) Cas. Civil. Sentencia de 26 de marzo de 2001.
4. En el caso en estudio, el error de hecho que se atribuye al tribunal se encuadra en la equivocada estimación de la prueba testimonial y en la falta de apreciación de indicios que en concepto del censor, se observan en el expediente. Acerca de lo primero, del conjunto de testimonios rendidos, el ad quem no encontró probadas las causales de paternidad impetradas, por lo que resulta pertinente indicar que a partir de los principios implantados por la Ley 75 de 1968 sobre el derecho de toda persona humana a conocer quiénes son sus progenitores, la Corte ha considerado que la ponderación de los testimonios traídos para acreditar las causales de filiación “tiene que quedar a la cordura, perspicacia y meditación del juzgador, quien tiene que analizarlos con ponderada ecuanimidad de criterio, considerando las circunstancias personales de cada testigo, el medio en que estos actúan; evaluándolos no uno a uno sino en recíproca compenetración de sus dichos, a fin de determinar hasta dónde han de ser pormenorizados los datos que cada testigo aporte, y, en fin, sopesar todos los elementos de juicio que le permitan el convencimiento interior afirmativo o negativo de la filiación deprecada. Y si la sentencia de instancia que así lo deduzca no se sitúa ostensiblemente al margen de lo razonable, o si no contradice manifiestamente lo que la prueba testifical indica, tiene que permanecer y mantenerse inmutable en casación, pues en esas precisas circunstancias a la Corte le queda vedado modificar o variar la apreciación probatoria que el fallo impugnado trae (2) ”.
(2) G.J. Tomo CLXXX, pág. 365.
Respecto a la presunción de paternidad extramatrimonial en estudio, la posesión notoria del estado de hijo, es preciso puntualizar que se estructura cuando durante cinco años continuos por lo menos, el padre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, y que por ese comportamiento los deudos o amigos, y el vecindario en general, reputan a este último como hijo de dicho padre. Lo anterior significa que al aceptar la ley la posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial como una de las causales para obtener judicialmente la declaración de ese estado civil, la enmarca dentro de unas circunstancias muy precisas para su demostración, esto es, que deben probarse los tres presupuestos sobre los que se encuentra edificada, el trato, la fama y el tiempo, de manera “...plena, segura, cierta y convincente...” (3) .
(3) Cas. Civil. Sentencia de 16 de marzo de 1993.
Al descender al presente caso, y en cuanto a la acusación sobre la valoración de los testimonios por parte del tribunal, lo cierto es que no logra el censor, con sus breves comentarios, descalificar el análisis efectuado en relación con esta prueba en la sentencia, no demuestra ni mucho menos hace ver el error de hecho que denuncia, error que como se dejó explicado anteriormente, implicaría que la única inteligencia posible sobre esas pruebas sea aquella de la que el recurrente se sirve, poniendo en evidencia un nítido desacierto en lo dicho por el sentenciador; no siendo así las cosas, la opinión del recurrente acerca de la prueba en cuestión, no constituye base suficiente para casar el fallo.
En efecto: el tribunal estimó que con los testimonios rendidos en el proceso por Antonio José Argel Argel, Fernando García Angulo, Carmen Mercedes Paternina de García, Gabriel Spath Spath y José Gabriel Jiménez Camargo, no se había demostrado el tratamiento inequívoco de que habla la ley, dado por el presunto padre al demandante, como tampoco el tiempo mínimo requerido para poder declarar la paternidad por la causal invocada, conclusiones que no fueron combatidas por el censor en la demanda, sino que, como ya se dijo, se limitó a transcribir apartes de dos de las declaraciones, las de Carmen Mercedes Paternina y Antonio José Argel, y jurisprudencia de la Corte, pero sin efectuar la necesaria la necesaria comparación entre lo dicho por los testigos y lo interpretado por el ad quem, a fin de evidenciar el yerro del juzgador.
Antes de analizar la acusación formulada en el cargo segundo y por cuanto el artículo 339 del Código Civil señala que “la posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable”, considera la Sala necesario rememorar lo que de vieja data ha venido sosteniendo en relación con la prueba de la posesión notoria del estado de hijo: “Por la naturaleza misma de los hechos que configuran la posesión notoria es lógico que la ley se haya referido de modo especial a la prueba de testigos la cual sin embargo no excluye de manera alguna otra clase de pruebas que sean pertinentes y legalmente eficaces para demostrar el trato y la fama, y por ende para constituir el conjunto de testimonios, sino que, antes, por el contrario, lo deseable en que la convicción del juez pueda tomarse no sólo a través de la prueba testimonial... sino también por otros medios que sean corroborantes del dicho de los testigos, en este forma, se logra el propósito del legislador, de que la posesión notoria del estado de hijo haya sido establecido de un modo irrefragable” (4) .
(4) Cas. Civil Sent. de 1º de abril de 1971 citada en sentencia de 11 de febrero de 1987.
Y posteriormente señaló que: “de igual manera, se advierte previsión previsión legal para entender la certeza probatoria de los elementos que estructuran la posesión notoria —el trato, la fama y el tiempo— por el juzgador con un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable” —artículo 399 del Código Civil—, aún cuando doctrinariamente se ha ampliado porque “los otros medios autorizados por la tarifa legal, tales como los antecedentes escritos, cartas, instrumentos públicos, presunciones, etc., no quedan excluidos ya que ellos pueden contribuir a esa certidumbre que debe formarse el juzgador” (5) .
(5) G.J. Tomo CXXXIV, Sentencia de 22 de abril de 1970 citada en Sentencia de 16 de junio de 1987.
Y en jurisprudencia más reciente precisó que: “cabe advertir de otro lado que el sentenciador ad quem no tomó la prueba documental, así como tampoco la pericial a que alude la censura, como principal para arribar a la conclusión a que llegó en punto a las relaciones sexuales alegadas o a la prueba de la posesión notoria, sino apenas como corroborantes de la testifical, luego frente a tales proposiciones decisorias formadas del conjunto, no puede oponerse, con virtualidad para desvanecerlas, el parecer personal del casacionista frente a pruebas aisladas o desarticuladas, todavía con mayor razón si no se acredita, con la claridad indispensable, que se trata de pruebas decisivas que pesan e influyen realmente en el resultado de la litis que se busca descalificar en procura de su infirmación” (6) .
(6) Cas. Civil Sentencia 029 de 5 de mayo de 1998.
Pasa ahora la Corte a estudiar la acusación formulada en el segundo cargo, es decir, la falta de apreciación de los indicios derivados de la conducta procesal de los demandados Susana Spath de Spath y José Spath Spath por no haber contestado la demanda y no haberse pronunciado expresamente sobre los hechos y pretensiones señalados en el libelo, y por no haber apelado la sentencia de primera instancia que les había sido adversa, sobre los que el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil indica que tal conducta “será apreciada por el juez como indicio grave” y a su vez el artículo 249 ib. señala que “el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes”.
Respecto a la prueba de indicios, en donde, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, el fallador debe hallar plenamente acreditado en el proceso el hecho del cual, por inferencia lógica, se deriva con mayor o menor fuerza otro hecho desconocido, juega un papel fundamental el análisis de cada hecho en particular y de todos ellos en conjunto, en donde el juez habrá de utilizar la lógica y su sentido común basado en las reglas de la experiencia, de todo lo cual dejará constancia, al exponer el poder persuasivo que le produce no solamente cada prueba sino todas ellas en su conjunto y que se concreta en el sentido de la decisión que adopta.
De otra parte, esta corporación al dejar definidos los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de que sea apta para demostrar los hechos aducidos en el proceso, ha considerado que esta prueba, fuera de ser conducente, debe excluir la posibilidad de que la conexión entre los dos hechos, indicador e investigado, sea aparente, o que el indicador sea falsificado por un tercero o por una de las partes, que la relación de la causalidad aparezca clara y cierta, que haya pluralidad de indicios si son contingentes y que estos sean graves, concordantes y convergentes, que no haya contraindicios que no puedan descartarse de manera razonable, ni pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios, que se hayan eliminado otras posibles hipótesis, y que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura por el pleno convencimiento de la certeza del juez (7) .
(7) Cas. Civil. Entre otras, sentencias de 5 de diciembre de 1975 y 8 de mayo de 2001.
Por lo demás, si bien el Código de Procedimiento Civil no clasifica los indicios, y sólo en algunos casos los señala como graves, la doctrina en términos generales diferencia entre los indicios necesarios y los contingentes, al considerar que los primeros son aquellos en que probado el hecho indicador éste demuestra la existencia del hecho desconocido de manera inexorable, y los segundos, los que según la fuerza indicadora del hecho conocido o indicador, permiten inferir hechos desconocidos con mayor o menor certeza. Estos últimos pueden ser graves o leves según la probabilidad de conducir al hecho desconocido que se quiere establecer.
Los anteriores razonamientos constituyen guías para el análisis particular de los indicios que el censor afirma que el tribunal no dedujo, tanto sobre la base de que el hecho indicador estaba probado, como también bajo el supuesto de que las inferencias deducidas tenían cierto nivel de gravedad que debieron haber conducido, por conexidad y convergencia a la declaración de paternidad.
Aunque en innegable que el fallador pasó por alto esta prueba de indicios, desde luego sin desdeñar que la conducta procesal de los demandados no es la adecuada, dicha omisión carece de aptitud para infirmar el fallo en este asunto, pues para tal propósito se requiere que su ponderación hubiese llevado al tribunal a resolver el litigio en forma distinta, declarando la paternidad reclamada, trascendencia de la que carece la prueba subestimada, pues estos indicios, calificados como graves, no necesarios, por sí mismos no constituyen plena prueba, dadas las particulares exigencias de la posesión notoria, esto es, la prueba irrefragable de la alegada posesión, es decir no determinan en la forma exigida por la ley, los elementos constitutivos del tratamiento inequívoco del presunto padre para con el hijo, relacionados con su establecimiento, sostenimiento y educación, carga procesal que debe asumir el demandante y sobre los cuales, como lo ha enseñado esta corporación, “nunca, en ningún caso, se ha declarado por la jurisprudencia que la parte interesada en la declaración del estado de hijo natural, pueda probarla de cualquier manera, y mucho menos que esté relevado de acreditar que el presunto padre le dio el tratamiento de hijo, traducido en que proveyó a su subsistencia, educación y establecimiento, por un lapso no inferior a cinco años, y ser tal, que haya generado la fama, ante sus deudos y amigos, o ante el vecindario del domicilio en general, de que ese tratamiento no obedece a cosa distinta del vínculo filial. Ha hecho énfasis, además en que respecto de esos precisos hechos debe recaer plena prueba, pues “mientras no se aporte la demostración idónea de los mismos, no puede el fallador de instancia acceder a las peticiones de la demanda, pues constituyendo indicios de los hechos que configuran los precisos casos en que hay lugar a declarar por la jurisdicción la paternidad natural, para que esos hechos, según el precepto contenido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, puedan considerarse como indicios de paternidad natural, deben estar plenamente probados”" (8) .
(8) G.J. Tomo CCXXII, pág. 458 Sentencia de 23 de abril de 1993.
Por otra parte, como lo ha sostenido esta corporación, para quebrar una sentencia con fundamento en la prueba indiciaria, dada la presunción de veracidad de que viene precedida, es necesario que el recurrente demuestre que el análisis en conjunto del acervo probatorio efectuado por aquel es contraevidente, bien por extraer deducciones de hechos no probados, bien por preterición de los acreditados, suficientes por sí mismos para imponer determinaciones contrarias a las tomadas en el fallo impugnado.
Además de lo anterior, la legislación colombiana desde tiempo atrás ha establecido que los indicios, además de convergentes y contingentes, deben ser plurales, de ahí que el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil determine que el juez debe apreciarlos en conjunto, sin que puedan considerarse, como lo señala la doctrina nacional y extranjera, como indicios distintos los que tienen un mismo origen respecto a su prueba, ni los que constituyan momentos sucesivos de un mismo hecho.
Lo anterior viene al caso por cuanto en el presente proceso, aunque el recurrente señala que el tribunal dejó de apreciar diferentes indicios, lo cierto es que todos se refieren a un mismo hecho: la conducta procesal de la parte demandada, lo que descarta de plano uno de los requisitos exigidos para que esta prueba pueda considerarse apta para declarar en este caso, la paternidad deprecada. Por lo demás, la conducta procesal en principio no es un indicio necesario por cuanto razonablemente puede tener otras causas.
5. Sentados los anteriores criterios, se tiene que el tribunal revocó el fallo de primera instancia luego de valorar en conjunto las pruebas obrantes en el proceso de conformidad con las reglas de la sana crítica, resumiendo en primer lugar lo que consideró destacable de cada uno de los testimonios recibidos y de allí concluyó que “no se encuentra demostrado el tratamiento inequívoco de que habla el artículo 6º de la Ley 45 de 1936, y aunque se le otorgara algo de credibilidad a la testigo Carmen Mercedes Paternina, no se podría establecer el término mínimo de duración del quinquenio, puesto que élla (sic) señala un período de dos años y medio aproximados”, que no es suficiente para establecer la presunción de paternidad impetrada, pues como lo ha reiterado la Corte: “...según el artículo 9º de la Ley 75 de 1968, sustitutivo del artículo 398 del Código Civil, “para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo menos” (9) .
(9) Cas. Civil Sentencia de 5 de julio de 2000.
En síntesis, el tribunal al analizar el contenido de las declaraciones en su conjunto, no las encontró suficientes para dar por establecida la posesión notoria del estado de hijo del demandante con respecto al causante José Spath Spath, apreciación que corresponde al poder discrecional del fallador de instancia para valorar las pruebas, quien no incurrió en arbitrariedad o contraevidencia respecto de lo narrado por los testigos, por lo que ha de concluirse que los reparos invocados no estructuran los errores de hecho que se enrostran en la apreciación probatoria, pues como lo ha reiterado esta corporación, no hay error de hecho cuando la interpretación del juzgador del acervo probatorio resulta razonable y lógica, a pesar de que la que exponga el censor también puede serlo, siempre, claro está, que dicha interpretación se enmarque dentro de los márgenes de la lógica y la razón.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de junio de 1997 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso ordinario de filiación natural y petición de herencia incoado por Edgardo Spath Polo contra la sucesión ilíquida de José Spath Spath, la señora Susana Spath de Spath como cónyuge sobreviviente y los herederos indeterminados del mismo.
Con la deferencia que sin dispensa se ha de profesar por las decisiones mayoritarias, debo explicar ahora las razones de mi apartamiento.
La discrepancia tiene que ver con el análisis probatorio de la sentencia, como que hace afirmaciones que invitan a una profunda reflexión. Allí se manchó, por ejemplo, la prueba indiciaria, con el escueto criterio de que no hace “plena prueba”, y que no sirve entonces para acreditar la posesión notoria del estado civil. Lo que está diciendo la Corte es que hay hechos que admiten la prueba por indicios (caso en el cual poco le importa que no sea “plena prueba”) y otros que no (como el de la posesión notoria). Según eso, que hay procesos de menor rango en los que no es rigurosamente necesario fallar sobre la certeza. Indudablemente que cosas de semejante tenor reclamaban una explicación amplia, sobre todo para descartar la idea de que la otrora tarifa “legal” de pruebas está volviendo por sus fueros a través de las decisiones judiciales. Y tanto más era de esperarse, si allí se hace una clara invitación a subvalorar los indicios, habida cuenta que, según lo revelan varios trozos del fallo, sólo se muestra aprecio por el que se diga necesario.
En efecto, hablar de aquel modo es hacer caso omiso de la evidente reacción que ha experimentado el indicio para abandonar el incómodo lugar que antaño se le asignaba, y granjearse a cambios importantes lugares dentro del elenco probatorio. Hace rato dejó de ser la cenicienta de las pruebas, especialmente porque, acaso como ninguna otra, ha sido la más beneficiada con el avance científico y tecnológico de nuestros tiempos, que sin duda acrecienta su valor desde un doble punto de vista: no solamente tienen a reforzar la relación causal que solía atribuírseles, sino que hasta ha permitido descubrir indicios insospechados en el pasado. La desconfianza que despierta su faz conjetural se ha visto atenuada, precisamente porque ahora se exige que el juzgador, al momento de evaluarlos, eche mano de todos esos adelantamientos, de tal suerte que, como desde siempre se ha referido, aguzando el espíritu crítico y extremado a más no poder su inteligencia, sagacidad, habilidad, ilustración, acuciosidad, la laboriosidad casi de artesano para articularlos y concatenarlos, y sus conocimientos, alcance la verdad necesaria para proferir, no apenas una determinada laya de fallos, sino cualquiera que él fuese. Incluso se estima por algunos que el indicio está llamado a convertirse en la prueba por excelencia, habida cuenta que no padece del grado de subjetividad que acompaña a pruebas como la testimonial. Quizá por esto es que al indicio se le reconozca como el testigo mudo, ese que presencia los hechos silenciosamente y que, por lo mismo, casi nadie advierte de momento; y ni se engaña ni pretende engañar. ¿Qué puede inducir a error? Evidentemente. Pero es que, por dicha, ¿hay algún medio probatorio a salvo de él? Si bien recuerda, es frente a la mismísima prueba testimonial que se predica la proverbial idea de que el testigo exento de error no existe. Por consiguiente, puesto el fallador en camino de alcanzar la verdad, se enfrenta a los mismos peligros en uno u otro medio probatorio; lo que corresponde entonces es forjar jueces atentos a ello, antes que anatemizar tal o cual prueba.
Como dijera Bentham, excluir medios probatorios es excluir justicia. Al ahogado no se le busca río arriba.
No hay entonces argumento racional que justifique descalificar al indicio, o cuando menos para pretender que la testimonial sea prueba de mejor familia. Siendo así, ¿qué puede pretextarse para desatender en un momento dado un conjunto de indicios, muchos si se quiere, que pasados por la criba que viene de referirse persuaden al juzgador de la posesión notoria? Aparte de una añoranza por la tarifa legal de pruebas, ciertamente nada. Luego no se entendería por qué, verbigracia, no contestar la demanda es indicio grave en cualquier proceso menos en aquel que se discuta la posesión notoria. Cuando el legislador reclama bajo apremio que el contendiente responda, lo hace frente a todos sin excepción alguna, y entra a suponer que si a despecho de ello decide no hablar es porque en cierto modo admite los cargos de la demanda; cargos que pueden aun consistir en los supuestos fácticos de la posesión notoria, que dicho al paso nada de particular tienen. Sobra decir, por otra parte, que en los eventos de indicios “legales”, de antemano viene sopesado el nexo causal entre el hecho indicador y el indicado y obviamente que sujeto a él debe quedar el juez. Ese indicio, con la connotación de grave, es de grande utilidad, pues “¿será acaso normal un diálogo (que lo debe ser el proceso) en donde uno de los que participa sea mudo?”, se pregunta agudamente el tratadista Jairo Parra Quijano [tratado de la prueba judicial, indicios y presunciones, tomo IV, segunda edición, pág. 99] cosa respecto de la cual dice la Corte que “la verdad se nutre del lenguaje cruzado de las partes, quienes a buen seguro ingresarán al escenario judicial asumiendo posturas dotadas de tenacidad, y la labor del juez será más hacedera cuando esto suceda. Hablan trascendentemente, si bien no es el ámbito jurídico, jura novit curia, sí en torno a los hechos. Pero a ese propósito no sólo adquiere relieve lo que hagan por medios de actos positivos; lo que dejen de hacer, las omisiones igualmente sirven de guía al juzgador para la indagación y, acaso ejercerá, ante todo dentro de un marco coherente y circunstanciado, alguna influencia persuasiva en el juzgador” (Cas., Civ. de 30 de oct./2000, exp. 5830).
Y la cuestión del caso concreto que se analiza no para ahí. Aun cuando fuera de recibo que el intérprete cuestione al legislador por pensar de aquel modo, el caso es que no lo podría hacer en la causa de ahora, porque la fuerza de la relación de causalidad de tal indicio, lejos de morigerarse, resultó afianzada a lo largo del proceso. Parece que el expediente no se fatiga de así patentizado. En efecto: la demandada no asistió a la diligencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, ni alegó. Y en absoluta armonía con todo ello, y como para que no se le entendiera mal, no apeló del fallo estimatorio de primer grado, en una actitud postrera cuya significación es a mi juicio cimera, como que va mucho más allá de un mero indicio, si en cuenta se tiene el apotegma procesal según el cual quien no recurre denota aquiescencia (con lo cual, de paso, da en tierra con el argumento, traído en la sentencia, de que en el fondo todo se reúne en un único indicio). Empero, para sorpresa suya, el juzgador, que no se puede saber más en el punto que ella misma, se obstina en decirle que toda esa indiferencia por el pleito pudo obedecer a causas distintas a la de reconocer que el adversario tiene razón.
Para la Sala, entonces, por incontables que sean los indicios no acreditan la posesión notoria porque no constituyen plena prueba, a menos que se trate de indicios necesarios. No le interesa, pues, si los indicios contingentes son macizos y reúnen por lo tanto las condiciones previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil. Traducido en términos tangibles, al demandado en tal clase de juicios no le hace (o de pronto le hace es muy bien) que deje de replicar la demanda, que inasista a la audiencia del artículo 101 ejusdem (pues con el mismo criterio no podría tenerse por ciertos los hechos de la demanda, según sanción prevista en la L. 446/98), y que hasta rehúse el interrogatorio oficioso e incluso el de parte (porque los hechos de la posesión notoria no se pueden suponer o fingir mediante confesión ficta, desde que reclaman “plena prueba”), pues tendrá la seguridad, esa sí plena, que jamás sería condenado a punta de indicios. En condiciones semejantes, necio si decide encarar el pleito.
Con todo, si aun así se perseverara en querer tan mal al indicio, añádase que tales indicios aparecen reforzados y vigorizados por otros medios de prueba. Declaraciones testificables hay que, aunque por sí solas no dieran pie a la filiación reclamada, adquieren inusitada relevancia cuando se les asocia en el acervo probatorio, cual es el deber de los juzgadores. Así, José Alfredo Spath Lora, hijo del finado, médico de profesión, manifestó sin titubeos que el aquí demandante, aunque de madre distinta, era también hijo de su padre, que así lo presentaba a sus amistades, que “la ciudadanía de aquí de Cereté lo conoce como tal”, que “ya en el año de 1957 le pagaba los estudios en la universidad de Cartagena”, reiterando al efecto: “porque desde que no conocí a Edgardo era Spath y yo era Spath y mi papá le pagaba los estudios”, y que tales relaciones era notorias y públicas “inclusive dentro de la misma familia y la ciudadanía de Cereté y Cartagena”. He ahí al propio miembro de la familia Spath diciendo que “reconozco a Edgardo Spath como mi hermano”.
Y a fortificar el dicho de su hermano concurren eficazmente otros declarantes. Arsenio José Argel manifestó sin rodeos que “Edgardo era hijo de José, lo sé porque siempre lo vi juntos en el negocio del granero de propiedad de José Spath, el trato de ellos muchas veses (sic) observé que era de padre a hijo y viceversa de hijo a padre. Por su parte, como la que más, Carmen Mercedes Paternina de García asegura que conoció a Edgardo cuando ella era empleada de la firma “L y J Spath” en Cartagena, empresa justamente de los Spath incluido el occiso, pues —dice— Edgardo “iba con frecuencia a la oficina y era hijo de mi patrón [refiérese al presunto padre] pues yo veía la relación afectiva y familiar que había entre ellos, y mi jefe más directo que era don José, don León y don Gabriel”; agrega que “en muchas ocasiones presencié entrega de dinero de don José a Edgardo, y don José trataba siempre que iba Edgardo de atenderle sus necesidades”, “todos mis compañeros de trabajo éramos conocedores del vínculo familiar de don José y de Edgardo y además cuando él llegaba o sea, Edgardo, a la oficina, saludaba a mis patrones con el nombre de tío Gabriel, tío León y eso era algo extraño, todos mis compañeros de trabajo se daban cuenta de eso”, cuestión que respaldaba quedó con el dicho de su esposo Fernando García Angulo.
Y por supuesto que ni de lejos puede aceptarse la manera perdularia como el tribunal echa abajo la honra y la credibilidad de los anteriores testigos, con decir no más que José Gabriel Spath, hermano de José, expresó que Carmen Mercedes nunca fue empleada de dicha empresa. No tomarse siquiera la molestia de examinar que dichas palabras fueron pronunciadas por boca interesada, que por lo demás carecían de responsividad porque hasta al más desprevenido tiene que causarle extrañeza que el declarante no tenga más memoria (casi a todo dijo no recordar, cosa creíble porque es bien entrado en años —frisaba los noventa—) que para decir que ella no había sido empleada de su empresa. En el resto, no asoma por parte alguna razón para que Carmen, y con ella su marido, tuviera interés en desfigurar la verdad, y menos acudir a la aventura de narrar hechos que en un momento dado resultan fácilmente desvirtuables. En fin, no se ve qué clase de balanza utilizó el juzgador para creerle más al interesado que al desinteresado. Difícil imaginar mayor monumento a la candidez.
¿Queríanse más pruebás? No hay duda: el análisis probatorio del sentenciador fue anodino y cicatero; y ya se sabe, para corregir ese tipo de yerros existe la casación.
Conjuntando todo, bien se aprecia que la parte demandada aceptó el fallo estimatorio; éste se vino al piso, a despecho de la abundante prueba, por razón de la consulta que se surtió a favor de los indeterminados. Lo que es decir, los más llamados a resistir la pretensión deben estar perplejos ante el fallo del tribunal. La decisión final, en vez de atender sus veces, o más exactamente su silencio, revelador como el que más de no querer entrar en disputas, se pronunció a través de una consulta para proteger herederos “indeterminados” que acaso ni los haya, y que dicho al paso no es rigor en este linaje de procesos. Es ingenuo intercambiar la actitud y significativa de los directamente interesados, por una vaguedad. No vaya a suceder que resulte siendo uno vigía de fantasmas.
Y queda para la reflexión si el indicio es en verdad un medio probatorio, o no. Porque el despectivismo con que lo trata la sentencia pone en riesgo su propia existencia. Como también habría que sopesar cómo es que para la Corte, según deduce en contraste, la prueba testimonial es “plena prueba”, o lo que es lo mismo, apta para obtener la verdad de la posesión notoria, mas no la indicial. Que dizque se anda más seguro con testigos que con indicios.
En fin, latente queda la terrible paradoja de que por cerrar la puerta a toda posibilidad de error, la verdad se quede afuera.