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Timestamp: 2019-07-24 00:16:29
Document Index: 410016156

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 444', 'artículo 362', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 371', 'artículo 362', 'artículo 371', 'artículo 448', 'artículo 452', 'artículo 448', 'artículo 418', 'artículo 452', 'artículo 371', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 418', 'artículo 452', 'artículo 362', 'artículo 452', 'artículo 371', 'artículo 3', 'artículo 362', 'artículo 371', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 418', 'Artículo 371', 'Artículo 418', 'Artículo 371', 'Artículo 448', 'Artículo 418', 'Artículo 452', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 8']

C-737 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020047496CC-SENTENCIAC737200823/07/2008CC-SENTENCIA_C_737__2008_23/07/2008200474962008SENTENCIA C-737/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración En la medida en que esta Corporación ya se ha pronunciado a cerca de la constitucionalidad de los artículos 362, 371 y 448 numeral 4° del C.S.T., y tales decisiones han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, en la parte resolutiva del presente fallo la Corte ordenará estarse a lo resuelto en las Sentencias C-617, C-465 y C-466 de 2008, respectivamente INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA- No se estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad FEDERACION Y CONFEDERACION DE SINDICATOS- Función de dirimir controversias entre miembros de un sindicato afiliado no constituye facultad judicial La función asignada a las federaciones y confederaciones, de dirimir los conflictos entre los miembros de un sindicato afiliado, por razón de las decisiones que se adopten, no se enmarca en ninguna de las situaciones que habilitan a los particulares para administrar justicia y, por tanto, no puede traducirse en el ejercicio de una facultad judicial. Se trata, en realidad, de una función a desarrollar en el ámbito privado de la autorregulación, propio de la actividad sindical organizada, y sin perjuicio de que los afectados puedan acudir ante las autoridades judiciales competentes en demanda de justicia y para definir los conflictos que se le presenten en desarrollo de tal actividad. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD- Requisitos en la carga argumentativa La Corte ha dejado sentado que para configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no es suficiente con sostener que la disposición objeto de controversia establece un trato diferente frente a cierto grupo de personas y que ello es contrario al artículo 13, como en este caso lo pretende la demandante. También es necesario que se señalen las razones por las cuales se considera que la supuesta diferencia es inconstitucional, sustentando tal acusación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar directamente el fundamento de la medida Referencia: expedientes D-7071, D-7076, D-7079, D-7136 y D-7137 (Acumuladas).
RODRIGO ESCOBAR GILD7071CONSTITUCIONALIDADCarlos Andrés Camargo de LaValle, Cristian Julián Borrero Avellaneda, Omar Alejandro Granados Orellanos, Alejandra Angulo Pava, Angélica León Martínez, Oscar Mondragón Rinta, Andrea Camila Páez Parra, Diana Carolina Marín Naranjo | Julieth Marianne Laguado Endemann.Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 362, 371, 418 (parcial), 448 (parcial) y 452 del Código Sustantivo del Trabajo.Identificadores20020047497true58071Versión original20047497Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 362, 371, 418 (parcial), 448 (parcial) y 452 del Código Sustantivo del Trabajo.
En sesión del cuatro (4) de diciembre de dos mil siete (2007), la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió acumular los expedientes D-7072, D-7076, D-7079, D-7086, D-7136 y D-7137 ala demanda D-7071, con el fin de que se tramitaran conjuntamente y se resolvieran en la misma sentencia.
"ARTICULO 362. ESTATUTOS. Toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
12. Normas para la liquidación del sindicato."
(…) ARTICULO 418. FUNCIONES ADICIONALES. En los estatutos respectivos de las federaciones y confederaciones pueden atribuirse a éstas las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas;la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o más de las organizaciones federadas.
b)Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 444 de este Código;
c)Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente.
- Para los demandantes, el artículo 362 es contrario al artículo 3 del Convenio 87 de 1948, proferido por la Organización Internacional del Trabajo y ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976, el cual dispone: "Artículo 3.1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal."
A su juicio, dicha contradicción radica en que mientras en el mencionado Convenio se "promueve con amplitud los principios de la autonomía y libertad sindical, y la protección de los mismos, prohibiéndole a las autoridades públicas toda intervención que tienda a limitarlos o a entorpecer su ejercicio legal."[1], la norma acusada constituye una limitación de dichos principios al exigir un contenido mínimo para los estatutos.
- Bajo la misma premisa los accionantes acusan de inconstitucional el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual exige que los sindicatos deban comunicar al empleador y al inspector del trabajo o, en su defecto, al alcalde del lugar, los cambios que se efectúen en la junta directiva de un sindicato, so pena de que éstos no surtan ningún efecto, ya que, a su juicio, "el legislador no está facultado para negarle [al sindicato] la eficacia de sus actos degenerando el principio de autonomía en algo apenas formal"[2].
Adicionalmente, el actor estima que este requisito no constituye un elemento básico de los estatutos, por cuanto los sindicatos pueden administrar sus bienes y fondos como consideren pertinente; por tal razón, considera que esta exigencia resulta "inapropiada", ya que cada vez que se quisieran modificar estos aspectos, sería necesario realizar una reforma estatutaria.
En este sentido, afirma que "la demanda va dirigida a flexibilizar los requisitos legales que se solicitan para la constitución de los estatutos sindicales, por cuanto considero que este requisito en particular no cumple ninguna función. (…) Se transgrede la norma constitucional, en la medida en que para poderse constituir un sindicato es necesaria la intervención del Estado para revisar el cumplimiento de los elementos mínimos que deben contener los estatutos, entre ellos las normas de administración de los bienes y fondos sindicales en cabeza de la asociación sindical, requisito que como plantee con anterioridad no cumple función diferente a limitar el derecho a la libertad sindical y coartar la libre administración de los bienes y fondos sindicales en cabeza de la asociación sindical, por ende considero que la disposición demandada refleja una extralimitación evidente de la actividad del Estado en la órbita de acción sindical y de la libre constitución de los estatutos sindicales (…)"[3].
3. Los ciudadanos Alejandra Angulo Pava, Angélica León Martínez y Oscar Mondragón Rinta (D-7079), demandan que se declare la inexequibilidad de la totalidad del artículo 362; de la expresión "Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto" contenida en el artículo 371; del numeral 4 del artículo 448 y del numeral 1°, literales b) y c) del artículo 452, todas estas normas del Código Sustantivo del Trabajo.
Adicionalmente, estiman que dicha comunicación puede constituir una intervención del Estado e incluso del empleador en la toma de decisiones por parte del sindicato, lo que, a su juicio, va en desmedro de lo que los accionantes denominan "democracia exterior", entendida como la posibilidad de que las organizaciones sindicales puedan actuar en un ambiente desprovisto de violencia o de presiones de cualquier índole.
Adicionalmente y en relación con el artículo 448 acusado, sostienen que esta norma, al establecer que si la huelga se prolonga más allá de 60 días calendario, sin que se haya llegado a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social) podrá ordenar que se dirima el conflicto en un tribunal de arbitramento, establece una restricción al derecho de negociación colectiva, ya que "difiere (sic) la solución del conflicto a un Tribunal de Arbitramento, sabiendo que en muchas ocasiones la huelga se prorroga en el tiempo, no por voluntad y capricho de los trabajadores sino por impedimentos por parte de los empleadores que se niegan a un acuerdo que ponga fin al mismo, y por ende se deja en entredicho el alcance de la huelga como mecanismo de presión.[4]"
En relación con el contenido normativo del literal a) de la norma demandada, la demandante afirma que si bien, en su criterio, es posible que en materia de servicios públicos esenciales el legislador establezca restricciones al derecho a la huelga, lo cierto es que aun en este ámbito no es posible que se restringa la posibilidad de acudir a otros mecanismos de negociación colectiva distintos al proceso arbitral. Por su parte, en relación con los literales b) y c) del artículo acusado, sostiene que las mismas hacen "irretractable" la decisión inicial que se haya adoptado por el sindicato, en el sentido de dirimir su conflicto ante un tribunal de arbitramento, y en el caso del literal c), establece un trato discriminatorio en perjuicio de los sindicatos minoritarios, quienes por razón de la decisión mayoritaria encuentran más restricciones para acudir a otros mecanismos de negociación colectiva.
5. Por último, las ciudadanas Diana Carolina Marín Naranjo y Julieth Marianne Laguado Endemann (D-7137), demandaron la inconstitucionalidad de la expresión "la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten", contenida en el artículo 418 del C.S.T. y del literal c) del artículo 452 del mismo estatuto.
A su juicio, tal y como está prevista dicha facultad, la norma habilita a estas entidades para "componer las situaciones litigiosas (controversias) jurídicas que le sean presentadas en cualquier momento, esto es, la posibilidad de adoptar una decisión con carácter definitivo de una situación de conflicto, generada entre dos partes, con el fin de declarar o reconocer el derecho mediante la aplicación de la ley"[7]. De allí que, en su criterio, se trata de verdaderas funciones jurisdiccionales ya que, en primer lugar, se las habilita para conocer de controversias y para dictar soluciones definitivas a las mismas, lo que las accionantes consideran que puede reconducirse a la función de impartir justicia y, en segundo término, dicha actividad se ejerce de manera permanente.
Además, afirma que el hecho de que se exija a las organizaciones sindicales comunicar al empleador y al inspector del trabajo o, en su defecto, al alcalde del lugar, cualquier cambio que se realice en la Junta Directiva del sindicato, no comporta una vulneración de las normas constitucionales, ya que "la inscripción no es un requisito previo ni determina las decisiones de las agremiaciones sindicales, pues son dos momentos distintos, la inscripción y el cambio que realiza el sindicato, el cual queda consignado en un acta"[10].
Conforme con ello, estima que el artículo en mención es inconstitucional y, en tal sentido, solicitan a la Corte que lo declare inexequible o, en su defecto, que sea expulsada del ordenamiento la expresión "por lo menos", contenida en el primer inciso de la norma en cita, de tal forma que los asuntos allí enlistados sean una orientación para los sindicatos y no un imperativo.
Por tal razón, solicita que sea declarada inexequible la frase "Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto", contenida en el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido de que la primera parte de la norma, cuya inconstitucionalidad no se coadyuva, impone un requisito de publicidad y no de eficacia de la decisión.
En este sentido, el interviniente se refiere a un concepto rendido por el Comité de Libertad Sindical, dentro de un proceso de carácter laboral seguido en contra del Estado Colombiano, en el cual dicha entidad señaló: "el comité pide al Gobierno que tome medidas con miras a la modificación del artículo 448 del Código del Trabajo, de manera que el arbitraje obligatorio sólo sea posible cuando lo pidan las dos partes o cuando se trate de conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término o en la función pública respecto de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado."[12]
El Procurador General de la Nación, en concepto número 4511, recibido en esta Corporación el veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008), solicito a la Corte Constitucional: (i) estarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 115 de 1991, en relación con el numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional; (ii) declararse inhibida para decidir de fondo en relación con los cargos formulados en contra de la expresión "la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten", contenida en el artículo 418 del Código Sustantivo del Trabajo y en contra del literal c) del artículo 452 del mismo estatuto; (iii) declarar la exequibilidad del artículo 362 y del literal b) del artículo 452 del C.S.T. y, por último, (iv) declarar la exequibilidad condicionada de la parte final del artículo 371 del mismo estatuto, en el entendido de que la falta de cumplimiento del requisito de comunicación, implica que la decisión adoptada no surta efectos frente a terceros, pero sí frente al sindicato.
Adicionalmente, estima que la enumeración de los contenidos mínimos de los estatutos sindicales que contiene la norma objeto de reproche, no impide que las decisiones adoptadas sean tomadas de manera libre ni afecta el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, ya que, en todo caso, sus miembros son quienes deciden autónomamente cada uno de los aspectos que se enlistan en el artículo acusado. Por tal razón, considera que se trata de una "norma neutra, que no puede equipararse a una restricción, pues entre los efectos que comporta la libertad sindical está la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones"[14].
Sin embargo, en relación con la última parte del artículo demandado, la cual dispone que "Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto", el Procurador manifiesta que, dado que dicho enunciado puede llevar a la interpretación errónea de que mientras el cambio no sea comunicado éste es inexistente -lo que comportaría una vulneración del artículo 3° del Convenio 87 de la OIT y de los artículos 38 y 39 de la Carta-, es necesario que se declare la exequibilidad condicionada de dicho precepto, de tal manera que se entienda que la falta del cumplimiento de este requisito implica que el acto no sea oponible a terceros, pero no afecta de manera alguna sus efectos en relación con el propio sindicato.
Dentro de dichos supuestos, el literal b) del artículo en mención consagra la posibilidad de que, una vez agotada la etapa de arreglo directo sin que se haya logrado llegar a un acuerdo, los trabajadores opten por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento. De lo anterior, para el Procurador es claro que dicho mecanismo sólo opera "en el evento en que los trabajadores decidan libremente descartar la huelga y recurrir a un tribunal de arbitramento", caso en el cual éste se vuelve obligatorio; así las cosas, a juicio del representante del Ministerio Público la norma resulta acorde con los mandatos constitucionales y, en consecuencia, debe ser declarada exequible.
"PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo".
"SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cargo analizado, en el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad, y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación"
Conforme con tales precisiones, la Corte resolvió declarar inexequible la expresión "en cuyo caso" contenida en el numeral 4 del artículo 448 del C.S.T., procediendo igualmente a declarar la exequibilidad condicionada del resto del numeral, en el entendido de que la obligación que tienen los trabajadores de reanudar las actividades laborales dentro del término allí previsto, se contará a partir de la fecha en que el tribunal de arbitramento profiera el laudo respectivo. Dispuso esta Corporación en la parte resolutiva del fallo:
"CUARTO.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión "en cuyo caso" contenida en el numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo y exequible el resto del numeral, en el entendido de que la obligación que tienen los trabajadores de reanudar el trabajo dentro del término allí previsto, se contará a partir de la fecha en que el tribunal de arbitramento profiera el laudo respectivo".
Así las cosas, sobre la expresión "en cuyo caso" contenida en el numeral 4 del artículo 448 del C.S.T., existe cosa juzgada constitucional en razón a que, como consecuencia de su declaratoria de inexequible, la misma fue retirada del ordenamiento jurídico. El mismo efecto de cosa juzgada constitucional se presenta respecto del resto del citado numeral, sobre el que recae la declaratoria de exequibilidad condicionada, no solo porque en la Sentencia C-617 de 2008 la Corte no limitó el alcance de la decisión, sino además, por cuanto la acusación que en este proceso se formula contra el numeral 4° del artículo 448 del C.S.T. es la misma que motivó el citado fallo. En efecto, en aquella oportunidad como ahora, se cuestionó el citado precepto sobre la base de consagrar restricciones a los derechos de negociación colectiva y huelga proscritas por la Carta Política y algunos convenios y recomendaciones de la OIT (el Convenio 154 y la Recomendación 92), concretamente, al establecer la norma un término máximo de duración de la huelga (60 días), autorizar al Ministerio de Protección Social para someter el conflicto a tribunal de arbitramento, e imponer a los trabajadores la obligación de reanudar labores dentro de los 3 días siguientes a la decisión arbitral.
En punto al requisito que exige señalar las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, ha explicado esta Corporación que el mismo le impone al demandante una carga de contenido material y no simplemente formal, en cuanto no basta con señalar cualquier tipo de razones o motivos, sino que se requiere que tales razones o motivos sean "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[18]. Dicho en otras palabras, para satisfacer tal exigencia es necesario que el demandante estructure un verdadero cargo de inconstitucionalidad, lo cual se satisface a partir de la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los argumentos de que se vale para justificar la solicitud de inconstitucionalidad de la norma que acusa.
Precisamente, en la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte explicó los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia que deben observarse en la formulación de la acusación, señalando que: "existen razones claras, cuando la argumentación sigue un hilo conductor que facilita al lector comprender el sentido de la demanda y las justificaciones en que se fundamenta. Igualmente, las razones son ciertas siempre que recaigan sobre una proposición jurídica contenida en el precepto acusado y no sobre una inferida o deducida arbitrariamente por el demandante, sin correspondencia real con la norma que somete a juicio. Tales razones son a su vez específicas, si definen en forma diáfana la manera como la preceptiva impugnada viola la Constitución Política. Asimismo, las razones son pertinentes siempre que la censura impetrada sea de naturaleza estrictamente constitucional o, lo que es igual, se 'fund[e] en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado'. Finalmente, se entiende que las razones son suficientes, en la medida en que se expongan los elementos de juicio -argumentativos y probatorios- que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad y que, si bien no consiguen 'prime facie convencer al [juez] de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada...'[19]".[20]
En ese orden de ideas, para que exista demanda en forma y la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento de fondo, no basta con el actor señale en la demanda las normas que se acusan como inconstitucionales y las preceptivas superiores que se estiman violadas. También es necesario que formule por lo menos un cargo de inconstitucionalidad y éste se encuentre respaldado en razones "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes". Si se observa que la demanda no cumple las condiciones de procedibilidad mencionadas, la misma es sustancialmente inepta, estando obligado el juez constitucional a abstenerse de fallar de fondo y, en su lugar, a proferir decisión inhibitorio.
1.- En relación con el artículo 418, éste autoriza para que en los estatutos de las federaciones y confederaciones se les pueda atribuir a tales organizaciones, las funciones de: (i) "tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas"; (ii) "la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten…"; y la de (ii) "resolver las diferencias que ocurran entre dos o más de las organizaciones federadas".
Frente al contenido normativo citado, las demandantes sostienen que la función asignada a las federaciones y confederaciones, "de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que adopten", "constituye el ejercicio permanente de funciones jurisdiccionales" por parte de dichos organismos, lo cual resulta violatorio de los artículos 13, 29 y 116 de la Carta Política, en cuanto es una función judicial que sólo privilegia ciertos sectores, no está desarrollada legalmente y tiene un carácter permanente y no transitorio como debe ocurrir cuando la misma es ejercida por particulares.
Estarse a lo resuelto (Sentencia C-465 de 2008 ) Artículo 371 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 418 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Estarse a lo resuelto ... Artículo 371 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Estarse a lo resuelto ... Artículo 448 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 418 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 452 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[5] El mencionado Capítulo dispone: "I. CONCILIACIÓN VOLUNTARIA.
5. Todos los acuerdos que pudieren celebrar las partes durante el procedimiento de conciliación o a la terminación del mismo deberían redactarse por escrito y considerarse equivalentes a contratos celebrados normalmente."
[6]"ARTÍCULO 4. En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional.
(…) ARTÍCULO 8. Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva."