Source: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/es/12009
Timestamp: 2020-01-20 05:40:47
Document Index: 274952591

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3']

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se archiva la investigación sobre la reclamación 640/2011/AN contra la Comisión Europea | Decision | European Ombudsman
A. Alegación sobre la no publicación del Documento de consulta en todas las lenguas oficiales de la Unión y demanda de que la Comisión debería, por norma general, publicar sus documentos de consulta en todas esas lenguas o facilitar traducciones a los ciudadanos previa solicitud
Análisis del Defensor del Pueblo que lleva a los proyectos de recomendaciones
Argumentos presentados ante el Defensor del Pueblo tras su proyecto de recomendación
Evaluación del Defensor del Pueblo tras sus proyectos de recomendaciones
B. Comentario crítico del Defensor del Pueblo
1. La presente investigación tiene su origen en una reclamación relativa a una determinada consulta pública publicada por la Comisión solamente en inglés. No obstante, la reclamación llamó la atención del Defensor del Pueblo sobre las cuestiones generales subyacentes, a saber, la política lingüística de la Comisión en relación con las consultas públicas. Este asunto fue objeto de una Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de junio de 2012.
2. El 7 de octubre de 2010, la Comisión Europea publicó una comunicación[1] en la que exponía ideas para la futura fiscalidad del sector financiero. Posteriormente, el 22 de febrero de 2011, la Comisión inició una consulta pública relativa a la fiscalidad del sector financiero (la «Consulta»). El anuncio de la Consulta[2] se publicó en francés, inglés y alemán, mientras que el documento de la Consulta (el «Documento») solo estaba disponible en inglés[3]. Se invitó al público a presentar sus observaciones sobre el Documento antes del 19 de abril de 2011.
3. El 9 de marzo de 2011, el demandante, un abogado español, escribió a la Comisión para preguntar cuándo estaría disponible la traducción española del Documento.
5. Además, la Comisión mencionó que, debido a su naturaleza técnica, la Consulta se dirigía principalmente a las partes interesadas en el sector financiero. Por todas estas razones, la Comisión calificó su publicación en inglés como una «mera solución práctica, dadas las circunstancias», pero aclaró que las partes interesadas podían presentar sus contribuciones en cualquier idioma de la UE.
6. El demandante no consideró satisfactoria la posición de la Comisión y recurrió al Defensor del Pueblo el 11 de marzo de 2011.
7. El Defensor del Pueblo inició una investigación sobre la alegación y la demanda siguientes.
9. Por último, el Defensor del Pueblo informó a la Comisión de que agradecería que su informe hiciese una referencia específica a los principios de igualdad y proporcionalidad y comentase la pertinencia del artículo 10, apartado 3,[4] y el artículo 11, apartado 3,[5] del Tratado de la Unión Europea («TUE»).
10. En otra carta enviada al Defensor del Pueblo el 18 de mayo de 2011, el demandante propuso que el Defensor del Pueblo pidiese a la Comisión que facilitase información sobre su política general en materia de consultas públicas y preguntase si existen directrices generales al respecto, en especial desde el punto de vista lingüístico. El Defensor del Pueblo consideró que estas cuestiones estaban comprendidas en el ámbito de la investigación ya anunciada al demandante y a la Comisión.
13. La Comisión presentó su informe en inglés el 15 de julio de 2011, y el 1 de agosto de 2011 facilitó al Defensor del Pueblo su traducción al idioma de la reclamación, es decir, al español. El 2 de agosto, el Defensor del Pueblo remitió al demandante la traducción al español del informe, invitándole a presentar sus comentarios al respecto. El demandante lo hizo el mismo día.
14. El 24 de noviembre de 2011, el Defensor del Pueblo envió un proyecto de recomendación a la Comisión. El 27 de marzo de 2012, la Comisión presentó su informe detallado sobre el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo. El 3 de abril de 2012, el demandante remitió observaciones sobre el informe detallado de la Comisión.
15. En su reclamación, el demandante exponía que la Comisión, al publicar el Documento únicamente en inglés, infringió su propia Declaración de gobernanza de 2007[6], y en particular su punto cuarto, que establece lo siguiente: «La Comisión tiene el compromiso de trabajar de manera abierta, y se esfuerza por dar a conocer su trabajo y las decisiones que adopta. Antes de comenzar a legislar y elaborar políticas, la Comisión debe realizar numerosas consultas: la calidad de la política de la UE es el resultado de una amplia participación por parte de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y todas las partes interesadas en el ámbito político. La Comisión tiene el compromiso de poner en práctica un enfoque inclusivo a la hora de desarrollar y ejecutar las políticas, y ha aprobado una serie de normas mínimas internas para la consulta a las partes interesadas.» A la luz de esta declaración de la Comisión, el demandante consideraba que las políticas que afecten a todos los ciudadanos deberían someterse a una amplia consulta pública, es decir, a una consulta dirigida a todos los ciudadanos y en todas las lenguas oficiales de la UE.
16. El demandante consideraba asimismo que la Comisión vulneró los principios de apertura, transparencia, buena administración y no discriminación, y que limitó la participación de los ciudadanos. El demandante ofreció un ejemplo de otra consulta pública de la Comisión, relativa al Libro Verde sobre el IVA[7], con prácticamente el mismo grupo destinatario que la Consulta y cuyos documentos, sin embargo, estaban disponibles en todas las lenguas del Tratado.
17. Además, el demandante consideraba que las razones aducidas por la Comisión para publicar la Consulta exclusivamente en inglés no eran válidas. Las evaluaciones de impacto deben planificarse con la antelación suficiente para ser lo más amplias, abiertas y transparentes posible. Es inaceptable que la Comisión alegue «soluciones prácticas» que van en contra de los principios de apertura y transparencia. Por último, el hecho de que la Consulta tuviera un «carácter técnico» tampoco era una justificación válida, puesto que, en realidad, el propósito de la misma era político (revisión de la fiscalidad de las transacciones financieras) y afectaría en última instancia a los consumidores de productos financieros.
18. Mediante correspondencia ulterior, el demandante informó al Defensor del Pueblo acerca de varias nuevas consultas públicas iniciadas por la Comisión sobre diferentes temas. En particular, el demandante se refirió a las consultas públicas relativas a i) la revisión de las Directrices sobre la financiación pública de las redes de banda ancha[8], ii) la reforma del gobierno corporativo[9], iii) las mejores prácticas de cooperación entre las autoridades nacionales de competencia de la UE en el ámbito de las fusiones[10], iv) la reducción del uso de bolsas de plástico[11], v) las pequeñas y medianas empresas[12], vi) las posibilidades de pesca[13], vii) las obligaciones de informar sobre las ayudas estatales[14], viii) la libertad de circulación de los trabajadores[15], ix) la evaluación de las ayudas estatales a las obras audiovisuales[16] y x) la Directiva sobre las cualificaciones profesionales[17].
19. El demandante hizo especial hincapié en el hecho de que las lenguas utilizadas por la Comisión no eran las mismas en todos los casos[18]. Afirmaba que los ejemplos facilitados al Defensor del Pueblo «demuestran la política errática y arbitraria que sigue la Comisión en materia de las consultas públicas, que pone en entredicho y en peligro los principios de apertura, transparencia, buena administración y no discriminación». En opinión del demandante, ello es prueba de que la Comisión no cuenta ni con una política, ni con directrices claras sobre las cuestiones lingüísticas en los procedimientos de consulta.
20. El demandante adujo (i) que todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a participar en las políticas públicas previstas por la Comisión y (ii) que los ciudadanos no pueden ejercer este derecho a menos que tengan «conocimiento efectivo de la consulta». Ello no es posible si las consultas solo se encuentran disponibles en uno o en unos pocos idiomas. Las excepciones al principio general de que todas las consultas deben publicarse en todas las lenguas de la UE deben interpretarse y aplicarse estrictamente. Es contradictorio afirmar que una consulta pública está dirigida «al público» y al mismo tiempo facilitarla únicamente en una lengua.
21. En su informe, la Comisión reconoció que «las barreras lingüísticas pueden constituir un obstáculo para la participación de los ciudadanos en sus consultas públicas». La Comisión está comprometida con el multilingüismo en las consultas públicas y trabaja constantemente para mejorar la situación en este sentido. Sin embargo, el objetivo sólo puede lograrse «dentro de los márgenes permitidos por la disponibilidad de recursos» y, en ciertos casos, «[dentro de] ciertas limitaciones de tiempo». La Comisión se refirió a su Comunicación sobre las consultas públicas[19] y declaró que, en su opinión, refleja de forma suficiente los principios de igualdad y proporcionalidad y el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 3, del TUE. La Comunicación no incluye el requisito de que los documentos de consulta deban traducirse a todas las lenguas oficiales de la UE.
22. En cuanto a la Consulta, el tema de la misma fue anunciado en la página web «Tu voz en Europa»[20] en todas las lenguas oficiales de la UE. La invitación a presentar contribuciones también se realizó en todas las lenguas oficiales de la UE. Esto se consideró suficiente para indicar que se aceptan comentarios redactados en todas las lenguas oficiales de la UE. Además, la página de la Consulta está disponible en inglés, francés y alemán.
24. La traducción del Documento a todos los idiomas oficiales de la Unión habría retrasado de forma considerable su publicación y habría hecho imposible la ultimación de la evaluación de impacto para el verano. Esta era también la razón por la que el Documento no se tradujo a petición de los ciudadanos.
25. En este contexto, la publicación en inglés únicamente se consideró una solución práctica, teniendo en cuenta que las partes interesadas podían presentar sus contribuciones en sus respectivas lenguas de la UE. La Comisión recibió contribuciones en otras lenguas, como español, francés, alemán y portugués. Todas las contribuciones se procesaron y reflejaron por igual en el análisis de la consulta, sin que hubiera discriminación por razones lingüísticas.
26. En sus observaciones, el demandante afirmó que mantenía su posición inicial y que las razones aducidas por la Comisión eran «inaceptables». Señaló que es absurdo esperar que los ciudadanos respondan a las consultas públicas en cualquier lengua oficial de la UE si previamente no han podido leer o entender el Documento de consulta pertinente por no estar redactado en su lengua. El demandante también se declaró en desacuerdo con el punto de vista de la Comisión de que el Tratado no impone la obligación de traducir los documentos de consulta a todas las lenguas de la UE. En su opinión, se trata de una interpretación errónea, teniendo en cuenta el derecho fundamental a la participación pública en los asuntos de la Unión.
27. Además, el demandante señaló que el dictamen de la Comisión solo se refería a la Consulta concreta sobre la fiscalidad de las transacciones financieras, pero no respondía a «las preguntas del Defensor del Pueblo sobre las consultas públicas en general». Afirmó que, como muestran los ejemplos facilitados al Defensor del Pueblo en su correspondencia, la política lingüística de la Comisión es muy restrictiva, limita el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de la Unión y es claramente discriminatoria. El demandante consideraba que la política de la Comisión equivale a una mala administración sistémica.
28. La posición que mantiene el Defensor del Pueblo desde hace mucho tiempo es que, en lo referente a la comunicación externa de las instituciones europeas con los ciudadanos, lo ideal sería que el material previsto a tales efectos se publicase en todas las lenguas oficiales. Para que esta comunicación externa sea eficaz, es necesario que los ciudadanos entiendan la información que les facilitan las instituciones[21].
34. Por un lado, es imposible determinar el número de ciudadanos que se vieron disuadidos de presentar contribuciones por el hecho de que el Documento no estaba disponible en su lengua. Por otro lado, según la investigación del Defensor del Pueblo[22], de las 16 contribuciones de los ciudadanos a esta Consulta, 11 estaban en inglés (aproximadamente el 70 %) y el resto en alemán o francés, es decir, las lenguas en las que se ofrecía información adicional en la página web de la Consulta. Ninguna de las contribuciones del público en general recibidas parece estar redactada en las demás lenguas citadas por la Comisión. Lo que es más, el Defensor del Pueblo leyó varias contribuciones a las Consultas y pudo constatar que algunos de los que habían contribuido expresaron su desacuerdo con la decisión de la Comisión de publicar el Documento de consulta únicamente en inglés.
36. En el apartado 82 de la sentencia en el asunto Kik[23], el Tribunal de Primera Instancia (ahora, Tribunal General) sostuvo que las referencias del Tratado al uso de las lenguas no pueden considerarse la expresión de un principio general del Derecho de la Unión que garantice a todo ciudadano el derecho a que todo lo que pueda afectar a sus intereses se redacte en su lengua, sean cuales fueren las circunstancias[24]. Se desprende que puede haber circunstancias en las que el derecho no pueda aplicarse. Esas circunstancias, pero, son limitadas y han de estar justificadas en cada caso[25]. En otras palabras, se permite un trato desigual si existe una justificación razonable y objetiva para ello. En el caso que nos ocupa, la Comisión invocó a) el carácter técnico de la Consulta y b) su urgencia como motivos para publicar el Documento únicamente en inglés. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es si las razones aducidas por la Comisión son suficientes para justiciar las restricciones lingüísticas en el presente caso.
37. Con respecto al carácter técnico de la consulta, el Defensor del Pueblo señaló que la Comisión había mencionado este aspecto en su respuesta al demandante con fecha 11 de marzo de 2011, pero no lo había reiterado en su informe. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no adoptó una posición al respecto, considerando que la Comisión había abandonado este argumento.
38. La Comisión se refirió, en su dictamen, a «los recursos disponibles» que limitan sus esfuerzos por mejorar el multilingüismo en las consultas públicas. El Defensor del Pueblo no consideró que estos términos tan vagos fuesen suficientes para justificar las posibles limitaciones financieras de la Comisión a la hora de aplicar el principio del multilingüismo en el presente caso.
39. En la medida en que la Comisión había invocado razones de urgencia para apoyar su posición, el Defensor del Pueblo estimó que dichas consideraciones tampoco eran suficientes para facultar a la Comisión a ignorar completamente los objetivos de participación y transparencia contemplados en los artículos 10, apartado 3, del TUE y 11, apartado 3, del TUE, a menos que las dificultades a las que se hubiese tenido que enfrentar al dar pleno efecto a estas disposiciones fuesen insalvables. En opinión del Defensor del Pueblo, no se ha demostrado que este sea el caso. En cualquier caso, y aunque así fuera, la decisión de la Comisión de no traducir cualquier documento en cualquier idioma y cualquier fase del proceso de Consulta resulta claramente desproporcionada.
40. De hecho, aunque la publicación del Documento fuese urgente y tuviese que hacerse tan pronto como se alcanzase un acuerdo sobre el texto inglés, algo que el Defensor del Pueblo no rebatió, la Comisión hubiese podido garantizar que los ciudadanos no angloparlantes participasen en ella. En particular, la Comisión podría al menos haber facilitado a los ciudadanos una traducción de las partes esenciales del Documento de consulta en todas las lenguas del Tratado, aunque fuese tras la publicación, pero siempre dentro de un límite de tiempo suficiente para permitirles enviar respuestas. Como mínimo, la Comisión podría haber proporcionado la información básica disponible en inglés, francés y alemán en la página web de la Consulta en todas las lenguas del Tratado. Otra solución hubiese sido facilitar a los ciudadanos una traducción previa solicitud.
41. De cualquiera de estas formas, la Comisión podría haber evitado retrasos en el inicio de la Consulta, puesto que la traducción se habría facilitado a posteriori. Además, proporcionar traducciones previa solicitud habría minimizado los esfuerzos necesarios, en términos de costes y recursos humanos, puesto que sólo se habrían facilitado en aquellas lenguas en las que se hubiesen pedido. Del informe de la Comisión no se deducía que hubiese tenido en cuenta ninguna de estas alternativas. Al contrario, en respuesta a la primera parte de la pregunta ii) del Defensor del Pueblo, la Comisión afirmó que «[la C]onsulta no se traduce a petición de los ciudadanos», debido a las limitaciones temporales mencionadas anteriormente. Lamentablemente, la Comisión no aclaró, como le había pedido el Defensor del Pueblo, si recibió realmente alguna solicitud de traducción.
42. Además, el Defensor del Pueblo no tuvo ninguna duda de que la publicación del Documento únicamente en inglés excluyó automáticamente de la participación en la Consulta a un número significativo de potenciales participantes, puesto que no la entendían. Ello podría resultar discriminatorio. El Defensor del Pueblo señaló que la Comisión no había respondido, en su informe, al argumento del demandante al respecto, sino que se había limitado a afirmar que no hubo discriminación entre las contribuciones por razones lingüísticas. Sin embargo, el objeto de esta reclamación no es una supuesta discriminación de las contribuciones, sino de los potenciales participantes, en una etapa muy temprana del proceso de consulta.
43. En opinión del Defensor del Pueblo, lo anterior demostraba que la Comisión limitó i) injustificadamente y ii) desproporcionadamente el derecho de los ciudadanos no angloparlantes a ser consultados, al no haber facilitado el Documento de consulta en otras lenguas además del inglés. Esto constituye un caso de mala administración.
44. Teniendo en cuenta que al término de su investigación sobre esta reclamación la Consulta ya se había cerrado, el Defensor del Pueblo ya no pudo buscar una solución que eliminase el caso de mala administración mencionado y satisficiese al demandante, en virtud del artículo 3, apartado 5, del Estatuto del Defensor del Pueblo[26]. Sin embargo, puesto que la cuestión analizada tenía claras consecuencias generales que, como tales, podrían remediarse para el futuro, el Defensor del Pueblo emitió un proyecto de recomendación.
45. Con carácter preliminar, el Defensor del Pueblo recordó que el Tratado de Lisboa ha reforzado el derecho de los ciudadanos y las asociaciones a participar en la vida democrática de la Unión[27]. Tener un "diálogo regular" implica, a los ojos del Defensor del Pueblo, involucrarse en un auténtico debate político con la sociedad civil. El primer paso hacia esa meta es informar y consultar a la sociedad civil acerca de las iniciativas potenciales. La Comisión está llamada a jugar un papel esencial precisamente en esta fase, a través de sus consultas públicas.
47. Aunque la Comisión no ofreció una respuesta clara y precisa a la demanda incluida en la investigación del Defensor del Pueblo, del contenido general de su informe el Defensor del Pueblo dedujo que, para la Comisión, el principio de multilingüismo en las consultas públicas se aplica en función de «la disponibilidad de recursos» y «las limitaciones de tiempo». Sin embargo, ni el contenido del informe de la Comisión ni los ejemplos de consultas públicas analizados por el Defensor del Pueblo durante su investigación habían aclarado i) en qué circunstancias se pueden aplicar estas supuestas excepciones y, lo que es más importante, ii) con qué garantías para los ciudadanos.
51. En segundo lugar, el Defensor del Pueblo pudo constatar que el portal de Tu voz en Europa, que es «el “punto de acceso único” de la Comisión Europea a una gran variedad de consultas, foros de debate y otras herramientas» que permite a los ciudadanos «participar activamente en el proceso europeo de toma de decisiones», tampoco incluye explicaciones completas sobre por qué los documentos de consulta no están disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE.
52. Si bien es cierto que la página de inicio contiene una sección titulada «¿Por qué no está en mi lengua toda la información?», la única referencia a las consultas señala que «[e]n particular, los documentos de consulta, por destinarse a un público especializado, no siempre se publican en todas las lenguas oficiales. No obstante, se aceptan respuestas en cualquiera de ellas, salvo que en los propios documentos se indique expresamente lo contrario». Las explicaciones restantes, disponibles a través de un enlace a preguntas frecuentes sobre el portal Europa[28], son genéricas y se refieren principalmente a la lengua de la información que figura en esa página web. Sin embargo, no se ofrece información específica sobre las consultas.
53. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo dudó de que la Comisión tuviese realmente una política lingüística clara en materia de consultas públicas. Esta duda venía reforzada por los ejemplos de consultas proporcionados por el demandante en su correspondencia con el Defensor del Pueblo. Los ejemplos demuestran que la Comisión utiliza una variedad de combinaciones lingüísticas en sus consultas públicas que no siguen necesariamente un patrón previsible.
54. En efecto, si bien el tema (es decir, el título) de la consulta siempre está disponible en todas las lenguas de la UE en Tu voz en Europa, solo 1 de las 11 páginas web de consultas facilitadas por el demandante está disponible en todas las lenguas del Tratado (la del gobierno corporativo). En cuanto a las demás, tres están disponibles en inglés, francés y alemán (las consultas sobre el futuro del IVA, la libre circulación de los trabajadores y las cualificaciones profesionales) y siete únicamente en inglés. Esta situación claramente no está en consonancia con la posición constante del Defensor de Pueblo[29] de que la buena administración exige, en la medida de lo posible, que las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE proporcionen información a los ciudadanos en su propia lengua.
55. Además, no está claro que únicamente las consultas dirigidas a un público específico se publiquen en un reducido número de lenguas de la UE, como se afirma en el portal Tu voz en Europa. Por ejemplo, el documento de consulta sobre la libre circulación de los trabajadores solo estaba disponible en inglés, aunque se refiere a un aspecto fundamental de la ciudadanía de la UE y, por lo tanto, afecta por su propia naturaleza a todos los ciudadanos de la UE. Del mismo modo, la consulta sobre la reducción del uso de bolsas de plástico, dirigida específicamente «al público» y en la que se preveía que participasen muchos ciudadanos por tratarse de un asunto de «sentido común», solo se publicó en inglés. Lo mismo sucedió con la consulta sobre las pequeñas y medianas empresas, mientras que el documento de consulta sobre la financiación pública de las redes de banda ancha, cuyo grupo destinatario eran «los Estados miembros, las autoridades públicas, los operadores de comunicación electrónica, los inversores de redes de banda ancha» se publicó en todas las lenguas de la UE.
56. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo concluyó que los criterios utilizados por la Comisión para reducir el número de lenguas de la UE en las que publica sus consultas públicas no son claros.
57. De ello se desprende que, en lo que respecta a la política de la Comisión en materia de consultas públicas, las reiteradas restricciones de los principios de participación democrática de los ciudadanos en el proceso decisorio y de amplia consulta de la Comisión, contemplados en el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 3, del TUE, no son, o no demuestran ser, objetivas, justificadas y proporcionadas. Esto constituye un caso de mala administración.
58. Habida cuenta de que es responsabilidad de la Comisión poner fin a un caso de mala administración constatado por el Defensor del Pueblo, que afecta al conjunto de ciudadanos, el Defensor del Pueblo emitió el segundo proyecto de recomendación que figura a continuación.
El Defensor del Pueblo formuló los proyectos de recomendaciones siguientes:
«1. La Comisión, por principio, debería publicar sus documentos de consulta en todos los idiomas oficiales de la Unión, o facilitar a los ciudadanos su traducción previa solicitud. Al actuar de esa manera, la Comisión debería tener en cuenta que el Tratado de Lisboa ha dado una importancia particular al derecho de la sociedad civil a participar en la vida democrática de la Unión.
2. Además, la Comisión debería elaborar unas directrices claras, objetivas y razonables sobre el uso de las lenguas del Tratado en sus consultas públicas, teniendo en cuenta que cualquier restricción de los principios de participación democrática de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y de amplias consultas de la Comisión, contemplados en el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 3, del TUE, debe estar justificada y ser proporcionada. Estas directrices deberían ser públicas y de fácil acceso. La Comisión podría incluirlas entre sus excelentes principios generales y normas mínimas para la consulta de las partes interesadas o, al menos, en la página web Tu voz en Europa.»
Informe detallado de la Comisión
59. En su informe detallado sobre los proyectos de recomendaciones, la Comisión indicó que tenía que establecer prioridades en su actividad de traducción a la luz de la importancia y la urgencia de sus diferentes actividades y de los recursos presupuestarios y humanos disponibles. El presupuesto de traducción está congelado y es probable que siga estándolo. Una vez satisfechas las obligaciones legales, como la traducción de textos legislativos, la Comisión continúa fijando prioridades para su actividad de traducción entre las necesidades en conflicto, a fin de hacer el mejor uso posible de los recursos de que dispone. Aunque ni los Tratados ni el Reglamento nº 1/1958[30] por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea establecen la obligación legal de traducir todos los documentos públicos, la Comisión tomó la decisión política de aumentar la transparencia y reforzar el proceso decisorio traduciendo «amplias partes de su trabajo más allá de la esfera legislativa».
60. La Comunicación de la Comisión sobre consultas públicas traza una distinción entre las consultas iniciadas por la Comisión antes de la adopción de una propuesta legislativa y el subsiguiente procedimiento formal y obligatorio de adopción de decisiones de conformidad con los Tratados. El propio Tribunal de Justicia sostiene que no existe un principio general en el Derecho de la UE en virtud del cual cada ciudadano deba disponer en todas circunstancias de una versión traducida de cualquier documento que pueda afectarle. Además, la publicación de una consulta no equivale a «enviar» a los ciudadanos un documento en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 1/1958. Los ciudadanos, no obstante, sí tienen derecho a presentar sus contribuciones en cualquier idioma oficial.
61. Se plantea una situación similar en relación con la información publicada en la página web de la Comisión. La Comisión trata de que esta información esté disponible en el mayor número de idiomas posible, a la vez que intenta mantener el equilibrio entre los costes y los beneficios de estas traducciones, que no está legalmente obligada a proporcionar. La elección del idioma depende de varios factores, como la naturaleza de la información, su urgencia, su pertinencia y la audiencia a la que está destinada. Ya en la Comunicación de la Comisión sobre consultas públicas se establece que el método utilizado y el alcance de la consulta deben guardar proporción con su impacto y con las limitaciones de cada caso.
62. En cuanto a la sugerencia del Defensor del Pueblo de que se faciliten traducciones previa solicitud, la Comisión sostuvo que no resultaría eficiente ni económico traducir documentos de consulta, dirigidos a una gran audiencia, a petición de un solo ciudadano. Además, ello supondría dar prioridad a un idioma concreto con respecto a otro. La elección del idioma compete a la institución y se llega a ella con arreglo a cierto número de factores relacionados con la consulta. No puede depender de solicitudes individuales. Además, la Comisión está trabajando en un nuevo servicio de traducción automática que, para finales de 2013, podría contribuir a los servicios que la Comisión ofrece a los ciudadanos y los Estados miembros.
63. En pocas palabras, la Comisión consideró que su actual política en materia de traducción no restringe en modo alguno el derecho de los ciudadanos, consagrado en el Tratado, a participar en la vida democrática de la Unión. Los ciudadanos disponen de igualdad de acceso al proceso decisorio, pues las propuestas de la Comisión se publican en el Diario Oficial en todas las lenguas oficiales. Los documentos preparatorios internos se facilitan al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales en la versión lingüística utilizada por la Comisión. Por lo que se refiere al derecho a consultas amplias, el TUE especifica «las partes interesadas», lo que es una restricción expresa que permite a la Comisión no dirigir todas sus consultas a todos los ciudadanos. Finalmente, la transparencia en lo relativo al acceso público a los documentos funciona del mismo modo, es decir, se concede acceso siempre a las versiones lingüísticas existentes de los documentos solicitados.
64. La Comisión, no obstante, tomó nota de las observaciones del Defensor del Pueblo relativas a incongruencias en el uso de las lenguas oficiales en consultas públicas. Para poner remedio a esta situación, la Comisión se comprometió a trabajar en pro de una política lingüística más coherente, con arreglo a las prioridades establecidas en la Comunicación en relación con las traducciones[31].
65. En sus comentarios sobre el informe detallado de la Comisión, el demandante recordó los principios democráticos consagrados en los artículos 9[32], 10, apartado 3, y 11, apartado 3, del TUE, e indicó que la Comisión no puede prevalerse de meras razones económicas para apartarse de ellos. Si hay un problema de dinero, la Comisión podría plantearse eliminar posibles costes superfluos.
66. El Defensor del Pueblo ha leído atentamente el informe detallado de la Comisión, pero los argumentos expuestos siguen sin convencerle. El Defensor del Pueblo está de acuerdo con la Comisión en que la publicación de las propuestas legislativas en todas las lenguas es necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su «derecho a participar en la vida democrática de la Unión» (artículo 10, apartado 3, TUE). Sin embargo, el Defensor del Pueblo no puede admitir que esta publicación sea suficiente para garantizar tal derecho. Al contrario, es en la etapa precedente, es decir, cuando la Comisión aún no ha llegado a una conclusión y todavía no han sido adoptadas sus propuestas, cuando debe llamarse a los ciudadanos a participar y a expresar sus puntos de vista sobre la futura legislación, contribuyendo así a la adopción de decisiones en la UE. La legislación de la UE y los derechos que garantiza a los ciudadanos de la UE no deben quedarse letra muerta. Es difícil concebir cómo pueden disfrutar los ciudadanos en la práctica de un derecho garantizado por el Tratado y cómo pueden hacer oír directamente su voz en los asuntos de la Unión si no conocen la posición de la Comisión hasta que ésta ya se ha establecido y cuando ya se ha iniciado el procedimiento legislativo formal. Esto puede resultarles posible, en cierta medida, a los grupos de presión que representan intereses específicos y disponen de importantes recursos, pero no a la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes.
67. El Defensor del Pueblo tampoco encuentra convincentes las referencias de la Comisión a sus obligaciones legales en este contexto. El Defensor del Pueblo reconoce que el artículo 11, apartado 3, del TUE efectivamente se refiere a consultas con las «partes interesadas» y que, en algunos contextos, esta frase hace referencia a grupos específicos y no a todos los ciudadanos. No obstante, como se indica en los proyectos de recomendaciones del Defensor del Pueblo (véase el apartado 55), en algunas consultas públicas las «partes interesadas» son, desde el punto de vista de la propia Comisión, los ciudadanos europeos en general. Y sin embargo, estas consultas a veces se publican en un solo idioma oficial o en unos pocos idiomas oficiales.
68. Además, en la opinión del Defensor del Pueblo, los requisitos específicos del artículo 11, apartado 3, no deben interpretarse como restrictivos de las disposiciones más generales del título II del TUE, en particular los artículos 9, 10, apartado 3, y 11, apartado 1, que expresan claramente la intención de reforzar la democracia y la participación pública en los asuntos de la Unión. Por lo tanto, la obligación de la Comisión de hacer posible que todos los ciudadanos se informen sobre los asuntos objeto de sus consultas públicas emana directamente de los principios democráticos en los que se basa la Unión.
69. Desde esta perspectiva, además, las carencias de recursos y presupuestarias no pueden justificar que sistemáticamente se cargue a los ciudadanos el coste de traducir los documentos de las consultas si desean participar en la vida democrática de la Unión a través de las consultas públicas de la Comisión. El Defensor del Pueblo, por lo tanto, mantiene su opinión, expresada en los proyectos de recomendaciones, de que «la Comisión debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales».
70. A la luz de lo expuesto, el Defensor del Pueblo lamenta llegar a la conclusión de que la Comisión (i) no ha mostrado una disposición real a garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan entender sus consultas públicas, que, por principio, deberían publicarse en todas las lenguas contempladas en los Tratados, y (ii) no ha expuesto ninguna justificación convincente y aceptable para limitar el uso de las lenguas contempladas en los Tratados en sus procedimientos de consulta. La Comisión, por consiguiente, perpetúa los casos de mala administración constatados en los apartados 43 y 57 de la propuesta de recomendación del Defensor del Pueblo.
71. Habida cuenta de que el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos de la Unión Europea es un aspecto fundamental del funcionamiento democrático de la Unión, de su apertura y transparencia y, en último extremo, de la ciudadanía europea como tal, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que el caso que nos ocupa merecía ser objeto de un informe especial al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 3, apartado 6 del Estatuto[33]. No obstante, el Defensor del Pueblo señala que, el 14 de junio de 2012, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las consultas públicas y su disponibilidad en todas las lenguas de la Unión Europea[34] en cuyo apartado 2 «[i]nsta a la Comisión a que garantice que se aplicará y respetará plenamente el derecho de todos los ciudadanos de la UE a dirigirse a las instituciones de la UE en cualquier lengua oficial de la Unión asegurando que las consultas públicas estén disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE, que todas las consultas reciban el mismo trato y que no exista discriminación lingüística de las consultas». La reciente Resolución del Parlamento cubre, pues, el ámbito de los proyectos de recomendaciones del Defensor del Pueblo a la Comisión. En estas circunstancias, resulta innecesario un informe especial en el presente caso.
74. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo da por concluida su investigación sobre la presente reclamación con el siguiente comentario crítico.
El Defensor del Pueblo da por concluida su investigación sobre la presente reclamación con el siguiente comentario crítico:
La Comisión debe garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan comprender sus consultas públicas, que, por principio, deben publicarse en todos los idiomas oficiales. No obrar de este modo constituye un caso de mala administración.
El demandante y la Comisión serán informados de la presente decisión. El Defensor del Pueblo enviará asimismo una copia de la decisión al Presidente del Parlamento Europeo a fin de que el Parlamento pueda tenerla en cuenta al evaluar la respuesta de la Comisión a su Resolución de 14 de junio de 2012. Informará asimismo al Parlamento del seguimiento que la Comisión dé a su comentario crítico.
Estrasburgo, 4 de octubre de 2012
[1] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Fiscalidad del Sector Financiero (COM/2010/549), disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:ES:PDF
[2] http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2011_02_financial_sector_taxation_en.html
[4] «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos».
[5] «Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.»
[6] Declaración de gobernanza de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2007, disponible en: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/governance_statement_es.pdf
[7] Libro Verde sobre el futuro del IVA – Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0695:FIN:ES:PDF
[9] http://ec.europa.eu/news/business/110427_es.htm
[11] Consulta sobre las opciones para reducir el uso de bolsas de plástico y para mejorar los requisitos de biodegradabilidad de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y la visibilidad de los envases biodegradables frente a los consumidores. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.html
[12] Consulta pública: Pequeñas empresas, gran mundo – Una nueva asociación para ayudar a las PYME a aprovechar las oportunidades globales, disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-stakeholders/public-consultation-sme-support/index_en.html
[13] http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm
[14] Consulta sobre la modificación de las obligaciones de informar sobre las ayudas estatales, disponible en: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_reporting_obligations/index_en.html
[15] Consulta sobre las iniciativas de la UE para la aplicación de las normas de la UE relativas a la libre circulación de los trabajadores, disponible en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId
[17] Consulta: Modernizar la Directiva sobre las cualificaciones profesionales, disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm
[18] Las lenguas utilizadas por la Comisión fueron las siguientes: i) anuncio en inglés, documento de consulta en todas las lenguas de la UE; ii) anuncio en inglés, documento de consulta en todas las lenguas de la UE; iii) anuncio y documento de consulta en inglés; iv) anuncio y documento de consulta en inglés; v) anuncio y documento de consulta en inglés; vi) anuncio en inglés, documento de consulta en todas las lenguas de la UE; vii) anuncio en inglés, documento de consulta en todas las lenguas de la UE; viii) anuncio en inglés, francés y alemán, documento de consulta en inglés; ix) anuncio en inglés, documento de consulta en todas las lenguas de la UE; x) anuncio en inglés, francés y alemán, documento de consulta en todas las lenguas de la UE.
[19] Comunicación de la Comisión: Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo - Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas (COM(2002)704), 11 de diciembre de 2002.
[20] http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2011/index_es.htm
[21] Véase la decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 871/2006/(BB)MHZ, párrafo 2.9.
[23] Asunto T-120/99 Kik contra OAMI [2001] Rec. II-2235, apartado 64. El Tribunal de Justicia confirmó esta sentencia en la apelación: Asunto C-361/01, Kik contra OAMI [2003] Rec. p. I-8283, apartado 83.
[24] El Tribunal General reiteró la opinión mencionada en sus sentencias más recientes en el asunto T-205/07 Italia contra la Comisión, sentencia de 3 de febrero de 2011, apartado 50, aún no publicada en la Recopilación, y los asuntos acumulados T-156/07 y T-232/07 España contra la Comisión, sentencia de 13 de septiembre de 2010, apartado 45, aún no publicada en la Recopilación (en el original francés): «…ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour, les nombreuses références dans le traité CE à l’emploi des langues ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances.»
[25] Conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto C-160/03, apartado 38.
[26] «En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscará con la institución u órgano afectado una solución que permita eliminar los casos de mala administración y satisfacer la reclamación del demandante».
[27] Al respecto, véase la Presentación del Defensor del Pueblo Europeo al Desayuno Informativo sobre Política organizado por el Centro Europeo de Política (European Policy Centre), que tuvo lugar en Bruselas el 23 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu
[28] http://europa.eu/abouteuropa/faq/index_es.html
[29] Véanse las decisiones del Defensor del Pueblo en los asuntos 939/99/ME, 1146/2001/IP y su informe especial al Parlamento Europeo elaborado tras el proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea en el asunto 1487/2005/GG, todos disponibles en http://www.ombudsman.europa.eu
[30] Reglamento nº 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, DO 17, 6.10.958, p. 385.
[31] Comunicación a la Comisión titulada «Translation in the Commission - Responding to the challenges of 2007 and beyond» (SEC(2006)1489).
[32] «La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos».
[33] Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (94/262/CECA, CE, Euratom), DO L 113 de 1994, p. 15. El tenor del artículo 3, apartado 6, es el siguiente: «Cuando el Defensor del Pueblo constatare un caso de mala administración, se dirigirá a la institución u órgano afectado formulando, en su caso, proyectos de recomendaciones. La institución u órgano a que se haya dirigido le transmitirá un informe motivado dentro de un plazo de tres meses».
[34] Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2012, sobre las consultas públicas y su disponibilidad en todas las lenguas de la Unión Europea (2012/2676(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0256&language=EN