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Timestamp: 2019-01-18 19:33:48
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Documento BOE-A-2014-7042
«BOE» núm. 162, de 4 de julio de 2014, páginas 52394 a 52418 (25 págs.)
BOE-A-2014-7042
https://www.boe.es/eli/es/o/2014/06/30/iet1158
La Orden de 17 de diciembre de 2001, estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la inversión empresarial en las zonas mineras del carbón, con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2005, de conformidad con lo contemplado en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Como consecuencia de la firma del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, fueron aprobadas las Ordenes ITC/2170/2006, de 6 de julio, e ITC/1044/2007, de 12 de abril, mediante las que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo en las comarcas mineras, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2012.
El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 contempla, también, la aprobación de medidas de reactivación en las comarcas mineras, destinadas a financiar nuevas instalaciones y a ampliar las existentes. Por tanto, resulta necesario establecer y aprobar las bases reguladoras que permitan la puesta en marcha de dichas medidas.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen como finalidad la de contribuir al desarrollo de regiones desfavorecidas como son las comarcas mineras del carbón, mediante el apoyo a la inversión; por ello tienen la condición de ayudas de finalidad regional, para impulsar la ampliación y diversificación de las actividades económicas de las empresas ya situadas en las comarcas mineras y apoyar la creación de nuevos establecimientos para el desarrollo alternativo de éstas, dentro de la estrategia de desarrollo regional contemplada en el citado plan nacional. Asimismo, el régimen de ayudas permite el establecimiento de prioridades entre los proyectos de inversión en función de su interés para la zona en que se vayan a desarrollar, de forma que puedan destinarse, también, mayores recursos a aquellas que necesiten un mayor impulso en su proceso de reactivación económica alternativa a la minería del carbón, y así alcanzar los objetivos de cohesión económica, social y territorial que recomienda el Comité de las Regiones de la UE.
El régimen de ayudas que se aprueba se adapta a las especificaciones contenidas en el citado Marco de Actuación, así como a la Comunicación de la Comisión Europea (2013/C/209/01) referida a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, especialmente a lo establecido en el apartado 6 relativo a la aplicabilidad de las normas de ayudas de finalidad regional, y a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común, en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 constituye el plan estratégico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En él se establecen los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. En el Marco se contiene el compromiso de financiar las ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Constituyen, pues, el marco normativo de esta orden, las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2014-2020 (2013/C209/01); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así como la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las demás normas que resulten de aplicación.
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018.
2. Las ayudas reguladas en esta orden tendrán como finalidad promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de los ya existentes en dichas zonas, para incentivar su desarrollo considerando su condición de regiones desfavorecidas, y de esta manera promover un desarrollo armonioso y equilibrado, de conformidad también con las recomendaciones del Comité de las Regiones de la Unión Europea.
1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que se localicen en los municipios recogidos en los anexos I y II de esta orden. Todos ellos deben figurar en el Mapa de Ayudas de Estado con finalidad regional para España 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea. No obstante, para establecer los criterios de prioridad entre los proyectos de inversión, los municipios se clasifican, en función de la diferente intensidad que la reestructuración de la minería del carbón tiene sobre su economía, en los siguientes grupos:
a) Grupo 1: Municipios mineros muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón. Su composición se recoge en el anexo I.
b) Grupo 2: Resto de municipios afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón. Su composición se recoge en el anexo II.
2. A todos ellos les serán de aplicación los límites máximos de intensidad correspondientes establecidos en el Mapa de ayudas de Estado de finalidad regional para España 2014-2020.
1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria aplicable, exceptuando las del sector del acero y de las fibras sintéticas, así como las de pesca y acuicultura, la agricultura y el sector del transporte, en los términos y condiciones establecidos en las normas comunitarias aplicables a ellos. La transformación y comercialización de productos agrícolas en productos no agrícolas no están incluidas en esta excepción y serán, por tanto, susceptibles de ayuda.
2. No serán susceptibles de ayuda las actividades relativas a los sectores energéticos y aeroportuarios.
3. Así mismo no podrán concederse ayudas a empresas en crisis, según el concepto utilizado por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas.
4. En los supuestos de ayudas solicitadas por grandes empresas solo podrán concederse para inversiones iniciales que atraigan nuevas actividades a esas zonas o para la diversificación de establecimientos existentes en nuevos productos o nuevos procesos innovadores. A los efectos de clasificación de las empresas, en el anexo III se recoge la definición de las PYME, según se establece en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
5. No podrán ser objeto de ayudas los proyectos comprendidos en el sector servicios, excepto aquellos cuya actividad esté destinada a facilitar servicios industriales a las empresas, y actividades relacionadas con el turismo rural, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre, así como aquellos proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías.
6. Se excluirán, en todo caso, las actividades de: bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despachos profesionales y consultoría, empresas de promoción de viviendas o suelo, inmobiliarias, de construcción, agencias de colocación, agencias de trabajo temporal, empresas de apuestas.
7. No serán subvencionables los proyectos para financiar actividades relacionadas con:
a) La exportación hacia terceros países o Estados miembros, en los supuestos en que las ayudas estén vinculadas a las cantidades exportadas, y al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución.
b) La utilización de productos nacionales en lugar de importados.
a) Grado de realización de la inversión. Como requisito general, los proyectos no deberán iniciar los trabajos antes de la presentación de la solicitud de ayuda y de que, una vez presentada ésta, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras haya confirmado por escrito al solicitante que, en espera de una verificación detallada, el proyecto cumple en principio los requisitos establecidos para que pueda ser subvencionado (informe de elegibilidad). Si los trabajos comienzan antes de haberse cumplido las condiciones establecidas en este apartado, la totalidad del proyecto no podrá optar a ayudas.
Este criterio será objeto de comprobación en el momento de procederse a la verificación del cumplimiento de la realización de la inversión subvencionable aprobada por el Instituto. La presentación y justificación de partidas de inversión con fecha anterior a la autorización por el Instituto del inicio de las inversiones, conllevará la pérdida total de la ayuda aprobada, al entenderse incumplido este requisito.
A estos efectos, el criterio para determinar el «inicio de los trabajos» se atendrá a lo establecido en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional.
b) Inversión mínima. Para los proyectos presentados, cualquiera que sea su forma jurídica, la inversión prevista mínima que resulte subvencionable deberá ser de 100.000 euros.
c) Creación de empleo. Todos los proyectos objeto de ayudas deberán generar como mínimo tres puestos de trabajo, entre la fecha de notificación de la autorización para el inicio de inversiones (informe de elegibilidad) y la fecha máxima que se establezca en la resolución de concesión, que deberán mantenerse durante un período mínimo de tres años.
El número de trabajadores corresponderá al número de unidades de trabajo/año (U.T.A.), es decir, al número de asalariados a jornada completa empleados durante un año, constituyendo el trabajo a tiempo parcial o el trabajo estacional, fracciones de la U.T.A. Se entenderán aquí incluidos los contratos fijos discontinuos. Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán a estos efectos, así como tampoco la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.
Con carácter excepcional, en la resolución de cada convocatoria, podrá reducirse el compromiso mínimo de creación de empleo exigible, en proyectos a ejecutar en los municipios que integran el anexo I, al que se hace referencia en el artículo tercero de esta orden.
A los efectos del cómputo de la plantilla existente a la fecha de notificación de la autorización para el inicio de inversiones (informe de elegibilidad), se considerará como tal la plantilla media mantenida durante los seis meses naturales anteriores a dicha fecha. Para acreditar este extremo deberá acompañarse a la solicitud de ayuda un Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta referido a dicho período, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. A efectos de verificar el cumplimiento de la obligación de mantenimiento del nivel de empleo resultante, en su momento se aportarán otros Informes de plantilla media referidos al período mínimo establecido.
En aquellos proyectos de creación de empresas, claramente vinculadas, en virtud de los tenedores de capital o propiedad de las empresas, a la extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con similar razón social o actividad de producción y localizadas en el ámbito territorial de aplicación de las ayudas reguladas en esta norma, se computará como empleo nuevo generado, la diferencia entre el empleo generado por el proyecto de inversión y el destruido previamente como consecuencia de la extinción o disolución de empresas o sociedades. En este sentido, podrá tenerse en cuenta la posible destrucción de empleo que tenga lugar en sociedades de idénticas características que mantengan su actividad durante el desarrollo de los proyectos por la entidad beneficiaria de la ayuda, salvo que pueda apreciarse la justificada concurrencia de razones que evidencien la inexistencia de vínculo causal.
d) Inicio del proyecto. Todos los proyectos objeto de ayudas deberán ejecutar y haber pagado, al menos, un 10 por ciento de la inversión que se considere subvencionable antes del transcurso de los seis meses naturales siguientes a la fecha de recepción de la resolución definitiva que apruebe la ayuda solicitada para el proyecto. A estos efectos no se computarán las inversiones y gastos que puedan ser considerados necesarios para la preparación del desarrollo del proyecto, tales como, por ejemplo, los destinados a diseño y elaboración del mismo, o aquellos gastos destinados a la solicitud de licencias y/o autorizaciones administrativas.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que fundamenten la concesión de la ayuda. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni quienes estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europa, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
1. Clase de ayudas. Las ayudas reguladas en esta orden complementarán y serán compatibles con las concedidas, por otras instituciones o Administraciones públicas para instrumentar las políticas de desarrollo regional, independientemente de las generales derivadas de los programas de inversión, de medidas horizontales y de las específicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
2. Cuantía de las ayudas. Las ayudas reguladas en esta orden no podrán superar los límites de intensidad máxima establecidos en el mapa de ayudas regionales para España 2014-2020, en función de los municipios que integran el ámbito territorial de aplicación de este régimen de ayudas. En todo caso, no podrán considerarse completas dichas ayudas, en tanto la Comisión no haya adoptado una decisión por la que se apruebe el mapa de ayudas correspondiente a España.
Para la estimación del límite de intensidad, todas las ayudas deberán calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor de la ayuda expresado en porcentaje del valor de los costes de inversión subvencionables, calculado en el momento de la concesión de la ayuda.
Los límites máximos previstos en el párrafo anterior podrán incrementarse en 20 puntos porcentuales para las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 10 puntos porcentuales para las ayudas concedidas a medianas empresas.
En el caso de proyectos de inversión será exigible el requisito de notificación previa del artículo 88, apartado 3, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, si el importe total de ayuda de todas las fuentes es superior al 75 por ciento de la cantidad máxima de ayuda que puede recibir una inversión con unos gastos subvencionables de 100 millones de euros, aplicando el límite máximo estándar de ayuda vigente para grandes empresas en el mapa español de ayudas regionales 2014-2020.
4. En función del número de proyectos y solicitudes presentadas en cada convocatoria, se podrá fijar una cuantía máxima de subvención por puesto de trabajo comprometido, que podrá ser diferente en función del municipio de implantación del proyecto empresarial, de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo tercero de esta orden.
Dichas cuantías máximas podrán ser superiores en los siguientes supuestos:
e) Compromiso de empleo para trabajadores excedentes procedentes de empresas mineras afectadas por la reestructuración de la minería del carbón o de sus subcontratas.
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará por resolución del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, mediante las correspondientes convocatorias. Las solicitudes de subvención se presentarán en el plazo de dos meses a partir de la publicación de las convocatorias.
2. Las solicitudes deberán ser dirigidas al Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y podrán ser presentadas en los Registros Generales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Paseo de la Castellana, 160, 28071– Madrid, así como en los registros de las Agencias de Desarrollo Regional, o Comunidades Autónomas, con las que el Instituto haya firmado un Convenio en la forma establecida en el artículo 16 de esta orden o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Así mismo, podrán llevarse a cabo mediante presentación electrónica, conforme establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
d) Declaración responsable del solicitante del no inicio de las inversiones hasta que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras le haya confirmado por escrito que, en espera de una verificación detallada, el proyecto cumple en principio los requisitos establecidos para que pueda ser subvencionado (informe de elegibilidad).
f) Declaración del promotor, de que la empresa no está en crisis, a tenor de lo establecido en las Directrices comunitarias de salvamento y reestructuración.
g) Declaración sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado, explicando que ocurría si no hubiera recibido ayuda.
h) Documentos justificativos de que el solicitante, o solicitantes, no están incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en la forma que se determina en su apartado 7, así como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo; y de que tampoco estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del citado artículo 13, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos. Y, cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención, o ante la entidad colaboradora que haya firmado el preceptivo convenio de colaboración para la gestión de las ayudas, o bien ante notario público.
i) Cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. Las entidades sin obligación legal de depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de sociedades o, en su caso, certificado de exención.
j) Documentación acreditativa de los puestos de trabajo de la empresa a la fecha de solicitud de la ayuda, mediante la presentación de un Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido a los seis meses anteriores a dicha fecha, en la que figuren relacionadas todas las cuentas de cotización correspondientes a los diferentes centros de trabajo.
Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos que señala el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y los exigidos por esta orden o por la resolución que publique la convocatoria de ayudas, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que en el plazo de 10 días, que no podrá ser ampliado al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley, pudiéndose prescindir, en este supuesto, del trámite de audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 84.4 de la referida Ley y en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Se establece una fase de preevaluación dirigida a la verificación de que los solicitantes de ayudas han formulado su petición en plazo y los proyectos que presentan cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras para su concesión en los Artículos 4, 5, 6, 7 y 8 y, por tanto, cumplen los requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Aquellos promotores cuyas solicitudes se considere que no cumplen alguna, o algunas, de dichas condiciones, deberán ser notificados mediante la correspondiente propuesta de resolución provisional para denegar la ayuda, que deberá expresar con claridad cuál es la condición que no se cumple y que constituye la causa de la misma. Con la notificación de la propuesta se abrirá el trámite de audiencia para que los interesados puedan efectuar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al día en que se realice dicha notificación. Una vez resueltas deberán formularse las correspondientes propuestas de resoluciones definitivas. En el caso de que no se produjesen alegaciones, se elevarán a definitivas las propuestas provisionales y se notificará la resolución correspondiente.
Las solicitudes de ayuda que hayan sido preevaluadas, y cuyos proyectos se considere que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras, y no hayan sido consideradas desistidas, serán evaluadas y el comité de evaluación deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En éste informe deberá incluirse la puntuación obtenida por cada uno de los proyectos evaluados, aplicando los criterios de priorización que se establecen en el artículo siguiente, así como la propuesta de cuantificación de las ayudas a conceder. El comité de evaluación considerará, como condición previa para la concesión de las ayudas reguladas en esta orden, la viabilidad de los proyectos referida a sus aspectos técnicos y/o económicos y/o financieros. En los casos en que proceda la denegación de la ayuda por no poder verificarse dicha viabilidad, se harán constar en la propuesta de resolución provisional los motivos que justifiquen esta decisión, continuándose el procedimiento hasta la resolución en igual forma que el descrito en el apartado anterior para la fase de preevaluación de las solicitudes.
2. El régimen jurídico del Comité será el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Podrán asistir a sus reuniones, en calidad de invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas que designe el Presidente del Comité. En el caso de que éste no pueda presidir una reunión, le sustituirá el responsable de proyectos empresariales.
Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en esta orden figurarán en el presupuesto de gastos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Para los diferentes ejercicios presupuestarios se publicará, mediante resolución de la Presidencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la correspondiente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La convocatoria estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
1. Las agencias de desarrollo de las comunidades autónomas en que se encuentran las comarcas mineras afectadas por la reestructuración del sector del carbón, y dentro de cuyo territorio se encuentran los municipios que constituyen el ámbito territorial de aplicación de esta orden, y también las propias comunidades autónomas, en su defecto, podrán ostentar la condición de entidad colaboradora en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley General de Subvenciones, colaborando en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos. Para ello, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras deberá suscribir con las agencias de desarrollo de las comunidades autónomas, o con éstas en su caso, los preceptivos convenios de colaboración, en los términos legales establecidos en el artículo 16 de dicha Ley, que deberá regular las condiciones y obligaciones asumidas en su calidad de entidades colaboradoras, cuyo contenido deberá recoger como mínimo los siguientes extremos:
1.º Verificación del cumplimiento del requisito exigido a los proyectos relativo al grado de realización de la inversión, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de esta orden.
h) Activos inmateriales. Se consideran incluidos en este apartado de activos inmateriales los gastos ligados a patentes, o licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados o conocimientos técnicos no patentados.
d) Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco años, o bien de tres años si se trata de una PYME.
4. La inversión subvencionable considerada a efectos de ayuda deberá materializarse en activos de primer uso o de primera adquisición, y deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años, o de tres si se trata de una PYME, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008. (A estos efectos, debe entenderse siempre que la inversión deberá mantenerse productiva).
6. El 25 por ciento al menos del total de los costes subvencionables tendrá que ser financiado por el beneficiario con fondos exentos de cualquier tipo de apoyo público.
3. Las notificaciones, para los supuestos señalados en el apartado anterior, darán inicio al trámite de audiencia, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, se formulen las alegaciones que se estimen oportunas, y se presenten, cuando sea necesario, los documentos o justificantes pertinentes. La falta de alegaciones o de aceptación expresa, en el plazo establecido, se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución provisional notificada y, en este caso, la propuesta de resolución provisional se elevará a definitiva.
La resolución de concesión contendrá los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes que aun habiendo sido informadas favorablemente no obtienen finalmente la subvención por falta de aceptación de la propuesta definitiva, o bien por renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. Asimismo, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
El empleo mantenido se determinará considerando los puestos de trabajo existentes a la fecha de notificación de la autorización para el inicio de inversiones de la solicitud de la ayuda (informe de elegibilidad), y el compromiso de creación de nuevos empleos que plantea el proyecto. En aquellos proyectos que se presenten como ampliaciones de otros ya subvencionados por el Instituto, deberá considerarse, en todo caso, también como empleo a mantener, el número de puestos de trabajo que ya fueron objeto de ayuda con la financiación del correspondiente proyecto de inversión.
2. No obstante lo anterior, para aquellos proyectos de inversión cuya ejecución exceda de un período de doce meses, los beneficiarios podrán solicitar pagos a cuenta (del 25, 50 o 75 por ciento) sobre las inversiones realizadas.
Con carácter general, cuando se solicite un pago a cuenta, se presentará además una certificación parcial acreditativa del valor de la obra ejecutada, extendida por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras o, en su defecto, por la entidad colaboradora que haya firmado el convenio a que se refiere el artículo 16 de esta orden siendo, no obstante, válida la certificación que haya sido utilizada para la percepción de otros incentivos de la Administración General del Estado o de la Administración de la Comunidad Autónoma para el mismo proyecto.
En los supuestos de pagos a cuenta por el 25 por ciento de la inversión subvencionable, este pago deberá ser garantizado en los mismos términos establecidos para los pagos anticipados, en el primer párrafo del artículo 25.2. La garantía prestada será liberada tras la firma del acta de comprobación a que se refiere el apartado 5, siempre que la ayuda final resultante sea de importe igual o superior a la cantidad previamente pagada. En caso contrario, se procederá a su devolución una vez se haya hecho efectivo el reintegro procedente. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En los supuestos de pagos a cuenta por el 50 por ciento o por el 75 por ciento, los beneficiarios quedarán exceptuados de la presentación y depósito de las garantías exigidas en el artículo 24.2 siempre que se haya verificado la ejecución y el pago de dichas inversiones.
5. Una vez realizada la correspondiente verificación técnico-económica del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, se extenderá el acta de comprobación de realización del proyecto, que firmará un representante del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un representante de la entidad colaboradora, y otro del beneficiario de la subvención.
6. Firmada el acta de comprobación de realización del proyecto, deberá acreditarse que el beneficiario se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como aportarse una nueva declaración de otras ayudas, junto con la documentación acreditativa de la solicitud o concesión de las mismas, a los efectos de que el Instituto realice la actividad de control sobre límites de intensidad máxima de las ayudas previsto en el artículo 7 de la orden.
1. Las cantidades pendientes de pago de las ayudas aprobadas, conforme a esta orden, podrán ser anticipadas hasta un máximo del 85 por ciento del importe de la ayuda concedida, mediante resolución del Presidente del Instituto, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, previa petición de los interesados, que no se encuentren en los casos en que el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prohíbe su realización.
2. En el supuesto de concesión del pago anticipado, el beneficiario deberá presentar el original del resguardo de constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en las disposiciones reguladoras de la citada Caja (Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y demás normativa de aplicación), y con los requisitos establecidos para las mismas, suficiente a juicio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por el importe de la ayuda concedida y anticipada, y los intereses de demora, desde el momento de la concesión del anticipo hasta el final del plazo establecido para el mantenimiento del empleo comprometido. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria.
La garantía prestada será liberada tras la firma del acta de comprobación del proyecto a la que se refiere el artículo 21.5, siempre que la ayuda final resultante sea de importe igual o superior a la cantidad previamente pagada. En caso contrario, se procederá a su devolución una vez se haya hecho efectivo el reintegro procedente.
3. Para el cobro del resto de la ayuda, una vez deducido el anticipo máximo del 85 por ciento regulado en el párrafo anterior, el beneficiario deberá presentar ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la documentación que se señala en el artículo 21 de esta orden, siguiendo el procedimiento establecido en sus apartados 3, 5 y 6.
a) Si se trata de modificaciones de plazos, para la finalización de la inversión o para la creación del empleo, las solicitudes deberán ser formalizadas antes del vencimiento del plazo que se pretenda modificar. En estos casos, el Instituto revisará, si es preciso, las cuantías de las cantidades garantizadas mediante el depósito del aval en la Caja General de Depósitos, al objeto de requerir la aportación de una nueva garantía complementaria que cubra la posible ampliación del plazo establecido.
b) Si se trata de modificaciones en la composición de las partidas de inversión subvencionable establecidas, no será necesaria la autorización del Instituto, y las entidades colaboradoras podrán recoger en sus certificados de cumplimiento de condiciones aquellos supuestos en que las modificaciones de los diversos capítulos no superen el 10 por ciento de cada capítulo y que, en su conjunto, no incrementen la inversión subvencionable total aprobada. En todo caso, deberán respetarse las normas establecidas para la determinación de la inversión subvencionable. En el resto de supuestos, las solicitudes deberán ser expresamente autorizadas por el Instituto concedente de las ayudas.
d) Cualquier otra modificación de condiciones o de la titularidad de los beneficiarios deberá ser autorizada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, previa solicitud del interesado. En ningún caso, como consecuencia de modificaciones aprobadas se podrá aprobar una inversión subvencionable y una ayuda superior a las inicialmente aprobadas.
e) Una vez firmada el acta de comprobación de los proyectos sólo serán susceptibles de modificación las fechas de finalización del compromiso de mantenimiento del empleo y/o de las inversiones subvencionables, sobre la base de la existencia de circunstancias que justifiquen la ampliación del período establecido, para facilitar su cumplimiento y asegurar la continuidad del proyecto.
1. El beneficiario de la subvención estará obligado a justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la realización de la actividad que determinó la concesión de la ayuda. La justificación se realizará mediante cuenta justificativa, ajustándose a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y los documentos acreditativos deberán ser presentados, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. Asimismo, quedará sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
2. La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión y modificatorias, en su caso. La justificación de los gastos subvencionables deberá adecuarse a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cuando el beneficiario de la ayuda haga referencia al proyecto subvencionado en cualquier forma o medio, deberá expresar que el mismo ha sido subvencionado con cargo al Programa de reactivación económica de las zonas de la minería del carbón, desarrollado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En caso de incumplimiento de esta obligación, se deberán aplicar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen corresponder en aplicación del título IV de la Ley General de Subvenciones, las reglas contenidas en el artículo 31.3 del Reglamento de la referida Ley General de Subvenciones.
Artículo 28. Compatibilidad de las ayudas con artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión Europea.
El régimen de ayudas cuyas bases reguladoras se aprueban mediante esta norma, está exento de la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, en aplicación de lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) hoy artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Disposición adicional única. Limitación de dotaciones.
Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Empresa: Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Mediana empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Pequeña empresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Microempresa: Se considerará como tal a una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
• Localización inversión máxima 25.
– Municipios muy mineros (ANEXO I) = 25.
– Municipios ANEXO II = 15.
– Municipios ANEXO III = 5.
• Creación de empleo en todos los municipios con priorización del municipio con mayor pérdida de empleo minero. Se aplica una formula con tres tipos de límite en función del Municipio.
– Municipios muy mineros (ANEXO I) = 20.
– Municipios ANEXO III = 10.
La fórmula a aplicar = 3 x empleo a crear / inversión subvencionable (en millones de euros).
• Inversión/pto trabajo < 60.000 euros = 20.
• Inversión/pto trabajo > 60.000 y < 120.000 euros = 15.
• Inversión/pto trabajo > 120.000 y < 240.000 euros = 10.
• Inversión/pto trabajo > 240.000 = 5.
• Arrastre del proyecto, Bº inducidos en zonas asistidas por la realización de la inversión.(hasta 4 puntos).
• Orientación exportadora.(hasta 2 puntos).
= 2 x porcentaje de ventas al exterior (nueva empresa).
= 2 x incremento en el porcentaje de ventas al exterior (ampliación o modernización).
• Dimensión de la empresa y del proyecto (hasta 2 puntos).
• Grado de desarrollo de la actividad (hasta 6 puntos).
• Incremento de la productividad facturación anual/por persona empleada, (con un mínimo de incremento por ejemplo el 10%) (para proyectos de ampliación). (hasta 4 puntos).
• Valor añadido/ VENTAS para los de nueva creación/nueva actividad (hasta 4 puntos).
• Carácter innovador del proceso o producto en la zona (hasta 3 puntos).
• Utilización de nuevas tecnologías, gastos en I+D, Informatización proceso, etc. (hasta 2 puntos).
• Sistema de calidad y de medio ambiente (hasta 4 puntos).
= 8 x porcentaje de materias primas de la zona / 100 y/o productos semielaborados de la zona.
a) Terrenos:
* M = 270,46 €/m2.
* K = número de estrellas:
c) Bienes de equipo:
d) Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto y dirección facultativa de los trabajos:
e) Otras inversiones en activos fijos materiales:
f) Activos inmateriales:
SE CORRIGEN errores, por Orden IET/1471/2014, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2014-8472).
DE CONFORMIDAD con los arts. 8 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20977).