Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43618188
Timestamp: 2020-07-06 13:07:29
Document Index: 272320775

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 364', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 58', 'artículo 291', 'Artículo 379', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 379', 'artículo 1', 'Artículo 401', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 52', 'artículo 401', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 405', 'artículo 405', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 416', 'artículo 55', 'Artículo 408', 'Artículo 408', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 39', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 39', 'artículo 118', 'artículo 16', 'artículo 408', 'artículo 39', 'artículo 359', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 401', 'artículo 408', 'artículo 406', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 2']

Sentencia de Constitucionalidad nº 201/02 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618188
Sentencia citada en: 209 sentencias, 27 artículos doctrinales, una disposición normativa, 5 temas prácticos
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano A.E.B.C. demandó los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
Artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del Trabajo
Resulta conveniente reiterar la jurisprudencia constitucional en relación con el derecho de asociación sindical: Sentencia C-385/00, M.P.A.B.C..
"En la sentencia T-441/92 M.P.A.M.C. la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:
`Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho, que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público'.
`La asociación sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación'.
`Tiene también un carácter relacional o sea que se forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva'.
`Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social'.
En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. (...)
El Preámbulo de la Constitución de la OIT incluye el "reconocimiento del principio de libertad sindical" como requisito indispensable para "la paz y armonía universales".
La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse (...)" Caso B.R. y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Citada por: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional" Volumen II. Bogotá, 2001, Pg. 24.
Como ya se dijo, el artículo 39 de la Constitución, así como el instrumento antes citado, consagran el principio de autonomía sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas organizaciones, según el cual éstas pueden constituirse sin injerencia o autorización previa, así como redactar sus estatutos y reglamentos, sin más limitaciones que el orden legal y los principios democráticos. De igual forma, de tales preceptos se concluye que un sindicato nace a la vida jurídica desde el momento mismo de su fundación, como lo consideró la Corte en sentencia T-784/01 M.P.A.B.S. y como expresamente lo prevé el artículo 364 del C.S.T., modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990: "Toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería." La Corte Suprema de Justicia, al juzgar la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990, que se refiere al efecto jurídico de la inscripción del acta constitutiva del sindicato, señaló lo siguiente:
"Cabe anotar que si bien no se llega al extremo deseado por el actor de que sea la mera manifestación de voluntad de los fundadores la que dé nacimiento inmediato a la asociación, lo cierto es que no se imponen requisitos previos a esa voluntad ni se le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo, y que se reemplaza la concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el que rige el silencio administrativo positivo, lo que, en sentir de la Corte, se acomoda al nuevo principio constitucional ya citado [art. 39 de la Constitución], de que los sindicatos deben poderse formar "sin intervención del Estado" y que "su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acto de constitución", como aquí ocurre, pues no hay un poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos, y éstos siguen sometidos al régimen legal, ya que, en voces de la misma Constitución, "se sujetarán al orden legal y la de principios democráticos" (artículo 39 ibidem) cuya verificación y cumplimiento competen al Estado." (Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991. Gaceta Especial, S. Constitucional, Tomo III).
Sin embargo, lo anterior no significa, como parece concluir el actor, que los derechos fundamentales de asociación y de libertad sindical sean de carácter absoluto. Por el contrario, son relativos y, en consecuencia, pueden sufrir restricciones por parte del legislador, siempre y cuando no se vulnere su núcleo esencial, como lo manifestó la Corte en sentencia C-797/00 M.P.A.B.C.:
En conclusión, se debe reiterar que corresponde al legislador "la responsabilidad de establecer, por medio de la ley, los preceptos que desarrollen la garantía de la libertad sindical en aspectos tales como el número de trabajadores que se requieren para constituir una organización sindical, el domicilio, estatutos, número de representantes y sus fueros, etc., es decir, en aspectos que permitan la realización plena del derecho de asociación sindical y la efectividad de su ejercicio." Sentencia C-567/00 M.P.A.B.S.. (Subrayado fuera del texto)
No obstante lo anterior, la Corte hace énfasis en que el marco regulatorio expedido por el legislador debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de tales organizaciones, a que ya se ha hecho referencia. En efecto, como lo ha manifestado el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O.I.T., "las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleados entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable para las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados." Informe No. 321, en el marco de la 278° Reunión de la OIT celebrada en Ginebra en junio de 2000. Caso 2011, párrafo 215.
En relación con la justificación de dichos procesos de reestructuración, la Corte ha sostenido que "el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc., y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente." Sentencia C-209/97 M.P.H.H.V..
Aunque hacen alusión de manera específica a los empleados de carrera, son aplicables los argumentos expuestos en la sentencia C-954/01, M.P.J.A.R. donde la Corte sostuvo que, "de conformidad con el artículo 58 superior, el interés particular que tiene el trabajador respecto de la estabilidad en su cargo debe ceder ante el interés público o social que comporta la supresión de cargos como consecuencia de los procesos de reestructuración de las entidades", añadiendo luego que "lo anterior no significa que el trabajador quede a merced de la voluntad de las autoridades encargadas de hacer la reestructuración y vean desamparados sus derechos(...)"
Tal como lo señala A.J.C.I., las relaciones de pertenencia y legitimidad que se daban en el Gremio (aprendiz, oficial y maestro) Al punto expresa el autor: "El aprendiz no veía en el oficial ni éste en el maestro un componente de una clase dominadora, sino que contemplaba los otros estamentos como las sucesivas etapas del camino que era preciso recorrer hasta llegar a la condición de maestro con taller abierto, meta lógica y esperada de su vida". "Introducción al Sindicalismo", Barcelona 1971. se desdibujaron y perdieron toda vigencia práctica Sobre el desmonte positivo de los gremios en Francia puede verse L. leC. de 14-17 de junio de 1791. Al respecto se afirma que una de las bases fundamentales de la Constitución francesa fue la abolición de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo estado o profesión. Se prohibía restablecerlas. C.fr. L.E. de la V.G., "Materiales para el Estudio del Sindicato", Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Madrid, 1984, 2ª edición. a partir de la entronización del sistema económico - social que el liberalismo instauraba, destacándose en su lugar un esquema que subrayaba la situación del empresario como algo extraño, excluyente e inaceptable a los ojos de los trabajadores. Por ello mismo, señala el autor:
"(...) el sindicalismo es un resultado natural del tiempo del capitalismo y de la proletarización de las masas industriales y del fin de la vieja corporación profesional. En su origen no fue sino `una asociación puramente de asalariados, con el fin de asegurar la defensa o la mejora de las condiciones de su contrato de trabajo' (según la clásica definición de los Webb)". A.J.C.I., "Introducción al Sindicalismo", Barcelona 1971, pag. 41.
La organización sindical aparece entonces como un "poder compensatorio" de cara al poder de contratación laboral que ab initio asistía al empresario, a cuyos fines convenía establecer un número mínimo de afiliados. ¿Cuál podría ser ese mínimo y con fundamento en qué? Al respecto anota R.F.M.:
"En este sentido, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha opinado que `el número de 20 miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de sindicatos'. Cita OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. "Libertad Sindical. Recopilación de decisiones (...9", párrafo 48. Sobre el mismo tema, expresó dicho órgano que `el establecimiento de un sindicato puede verse sometido a grandes dificultades, e incluso hacerse imposible, cuando la legislación fija en una cifra evidentemente exagerada el mínimo de miembros de un sindicato, tal como ocurre, por ejemplo, cuando estipula que los promotores de un sindicato de empresa deben ser cincuenta como mínimo'.
Con fundamento en lo anterior, la Corte no considera irrazonable el requisito según el cual todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Por el contrario, lo encuentra necesario y proporcionado a la finalidad que se persigue, cual es la de garantizar una estructura y organización mínimas y de carácter democrático del sindicato, órgano de representación por antonomasia de los trabajadores afiliados. Como cualquier organización, se procura que tenga un número mínimo de personas con el cual pueda cumplir cabalmente sus objetivos, hacer efectivo su normal funcionamiento, asignar a los miembros que lo conforman diversas funciones, y garantizar la participación de todos los afiliados en los asuntos que los afecta, tanto los relacionados con el sindicato mismo como los que se refieran a las condiciones laborales en que desarrollan su trabajo. La Corte considera que 25 es un número razonable para tales efectos, más aún si se tiene en cuenta que se trata de un límite mínimo y no de un tope Como sí ocurría en Francia al tenor del antiguo artículo 291de su Código Penal, donde se prohibían las asociaciones de más de 20 personas., esto es, un número máximo de trabajadores que pudieran afiliarse al sindicato.
Artículo 379-e parcial del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 de la ley 584 de 2000
Modificado por el artículo 7 de la ley 584 de 2000. Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores;"
El Procurador solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la expresión "salariales" contenida en el literal e) del artículo 379.
¿Las "obligaciones salariales" a que hace referencia la norma demandada, se refieren exclusivamente a aquellas de carácter económico consistentes en el pago del salario y los respectivos factores salariales a que tienen derecho los trabajadores? En caso afirmativo, ¿es constitucional que la legalidad de la huelga imputable al empleador esté supeditada a que se promueva exclusivamente ante el incumplimiento de esa clase de obligaciones? y
Es abundante la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el contenido y alcance del referido derecho, así como su especial protección dentro del ordenamiento constitucional, incluyendo los instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Cfr. Sentencias C-009/94, C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95, C-075/97, T-568/99, C-663/00, C-1369/00, T-471/01, entre otras. Al respecto, resulta ilustrativa la sentencia C-432/96, M.P.C.G.D.. en la que la Corte sintetizó esquemáticamente los distintos criterios jurisprudenciales sobre este tema, así:
"- El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás. Sentencia T-443/92 M.P.J.G.H.G.
¿Qué se debe entender por la expresión "obligaciones salariales", contenida en la norma acusada?
Teniendo en cuenta que las obligaciones a que alude la norma están calificadas por el adjetivo salariales, es evidente que están restringidas a las que se deriven del incumplimiento del pago del "salario". Sobre este concepto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte, de la cual conviene citar la sentencia SU.995/99: M.P.C.G.D.
"En este orden de ideas, la noción de salario ha de entenderse en los términos del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo - relativo a la protección del salario -, ratificado por la Ley 54 de 1992, que en el artículo 1 señala:
`El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar'.
Como puede verse, el término salario, aunque amplio, tiene una connotación que se circunscribe de manera exclusiva a la remuneración por el trabajo realizado o, en palabras de la Corte, a la "retribución al servicio que se presta a un empleador, representado en el principio a trabajo igual salario igual." Sentencia C-521/95 M.P.A.B.C. En este orden de ideas, la huelga imputable al empleador por el incumplimiento de las obligaciones salariales, a que hace referencia la norma acusada, está restringida a aquellas circunstancias directamente relacionadas con el no pago del salario debido a los trabajadores.
El tratadista M. de la Cueva define esta figura como "la suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono." El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. México, 1979. Pg. 893. La finalidad de este tipo de huelga, de acuerdo con la doctrina, reposa en el supuesto de que, "al generalizarse una suspensión de labores, los patronos afectados buscarán la forma de evitar que se extienda a ellos y presionarán para que el responsable acceda a las demandas de sus trabajadores." BARAJAS MONTES DE OCA, S.. La Huelga: Un análisis comparativo. UNAM, México, 1983. Pg. 45. Aunque también puede suceder lo contrario, esto es, que se adopten mayores formas de represión contra los empleados en huelga.
Artículo 401-e parcial del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 56 de la Ley 50 de 1990
Adicionado por el artículo 56 de la ley 50 de 1990. En el evento de que el sindicato, federación o confederación se encontrare incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Al efecto se seguirá en lo pertinente el procedimiento previsto en el artículo 52 de esta ley."
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión "el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico" contenida en la norma acusada, al no encontrarla contraria a la Constitución, toda vez que las causales de disolución de los sindicatos son señaladas por el legislador y no por el empleador. De tales causales "sólo la última (reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco) podría interpretarse que es el empleador el que puede dar lugar a ella, cuando a través de prácticas ilegales logra la reducción del número mínimo de miembros por debajo de los límites señalados en la ley. Sin embargo, dicha causal es objetiva y otro será el tratamiento que el legislador ha regulado para impedir que sea la conducta del empleador la que dé origen a la configuración de dicha causal (...) Además, no es el empleador y ni siquiera la autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo quien toma la decisión final sobre la disolución del sindicato, la decisión es tomada por el juez laboral, de conformidad con el propio artículo 401 que se demanda."
Artículos 405 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 25 del Decreto 2351 de 1965
Artículo 25. Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren presentado al patrono [hoy empleador] un pliego de petición no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto."
el demandante que el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo viola los artículos 13 y 39 de la Carta, en cuanto se refiere a los empleados públicos, toda vez que el precepto demandado excluye de la protección foral a los empleados públicos, pues dicha norma sólo alude a quienes tienen establecida una relación laboral con su empleador con base en un vínculo contractual, mas no de carácter legal o reglamentario.
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del artículo 405 del C.S.T., por cuanto la expresión "trabajadores" contenida en el artículo 39 de la Constitución es un término que cobija tanto a los trabajadores particulares y oficiales como a los empleados públicos que actúen como representantes de las organizaciones sindicales. Así pues, considera que la interpretación que hace el actor no está acorde con la Constitución ni con el desarrollo jurisprudencial sobre la garantía foral, la cual se predica tanto de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo como a través de una relación legal y reglamentaria.
Por el contrario, el Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 467 del C.S.T. y 25 del Decreto 2351 de 1965, "bajo el entendido que estas normas serán aplicables a los empleados públicos en tanto se regule legalmente la negociación colectiva de éstos y únicamente en lo que corresponda a la naturaleza legal o reglamentaria de esta forma de vinculación."
"Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración." De conformidad con el artículo 1° de la Ley 712 de 2001, que modifica el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, compete a la jurisdicción laboral ordinaria la competencia para conocer los asuntos relativos al fuero sindical, "cualesquiera sea la naturaleza de la relación laboral."
Ahora bien, esta Corte ha encontrado legítima la restricción al derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, a que hace referencia el citado artículo 416, como se consideró en la sentencia C-110/94 M.P.J.G.H.G. al declararlo exequible:
Y en la sentencia C-377 de 1998, M.P.A.M.C. al revisar la constitucionalidad del "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública" y de la Ley 411 de 1997 aprobatoria de dicho instrumento, la Corte consideró acorde con la Constitución la diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos para efectos del ejercicio del derecho de negociación colectiva, señalando que los primeros gozan de este derecho plenamente, mientras que los segundos lo hacen de manera restringida, pues si bien éstos tienen derecho a buscar y alcanzar soluciones concertadas en caso de conflicto, no se puede afectar en modo alguno la facultad que tienen las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. En esa oportunidad la Corte dijo lo siguiente:
Con fundamento en consideraciones similares, la Corte Suprema de Justicia también ha encontrado justificada la restricción al derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, señalando además que aquélla "no se contrapone a los Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las Leyes N° 411 del 5 de Noviembre de 1997 y 524 del 12 de Agosto de 1999 respectivamente, porque en tales instrumentos internacionales se consagra la negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida deseable para que las organizaciones que representan a aquéllos participen con las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales. Por ello, se hace en estos una invitación a los Estados para que, de acuerdo con las situaciones propias de cada nación, se adelanten campañas de estímulo y fomento de tal mecanismo de concertación en el sector público. Lo que, además, por mandato constitucional - inciso dos del artículo 55 de la C.P. - constituye un deber para el Estado colombiano." Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral, sentencia del 5 de junio de 2001. R.. 16788. M.P.G.V.S..
Artículo 408 parcial del Código Sustantivo del Trabajo
"Artículo 408. Modificado por el artículo 7 del decreto 204 de 1957. Contenido de la sentencia. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el patrono [hoy empleador] para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o para trasladarlo si no comprobare la existencia de una justa causa.
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de las expresiones contenidas en las normas acusadas pues, según él, la interpretación del demandante desconoce el carácter protector de las normas demandadas, ya que lo que buscan las disposiciones impugnadas es prevenir que, en el marco del ius variandi, el empleador tome represalias contra los trabajadores o empleados públicos que tienen algún cargo directivo en el sindicato. Así las cosas, el texto acusado no vulnera la Constitución, ya que "debe ser leído a la luz de las normas constitucionales, de los tratados internacionales y de las demás normas laborales que protegen al trabajador contra el desmejoramiento ilegal de sus condiciones de trabajo."
El fuero sindical, institución consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, "es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el derecho de asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos." Sentencia T-326/99 M.P.F.M.D..
Artículo 406 parcial del Código Sustantivo del Trabajo
Dos de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores."
Sostiene el actor que la expresión acusada contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T. vulnera los artículos 16 y 39 de la Constitución ya que, cuando existe más de una organización sindical en cualquier empresa o entidad pública o privada, sólo una de éstas, la que agrupa el mayor número de empleados o servidores públicos, puede designar una comisión de reclamos, sin que las otras organizaciones puedan ejercitar la representación de sus afiliados en esferas constitucionales, legales y estatutarias propias de dichas comisiones. Por otra parte, la disposición impugnada crea jerarquías discriminatorias entre los sindicatos, "cuando ordena que los más importantes son los que gozan del derecho a imponer su propia comisión de reclamos; contrario sensu, los menos importantes deben someterse a los criterios de aquéllos, sin importar las características, problemáticas y autonomías propias de cada uno."
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión "sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos", y la inconstitucionalidad de la expresión "Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores" contenidas en el literal d) del artículo 406 del C.S.T., por las siguientes razones:
Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que los principios pluralistas, democráticos y participativos tienen un alcance extenso, en la medida en que están llamados a aplicarse en los espacios más cercanos a la persona humana, como manifestación del "traslado de la democracia desde el ámbito del Estado hacia la sociedad." LONDOÑO, J.F.. "Aproximación a la democracia participativa". En: Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. FESCOL. 1997. Pg. 17.
En relación con el derecho de asociación sindical, el "uso extensivo de la democracia" Sentencia T-173/95 M.P.C.G.D., citando a H.D.. ¿Qué es el neoconservadurismo? Ed. A.. Barcelona. 1993. p. 48. Sobre el carácter expansivo o universal del principio democrático, la Corte ha dicho:
"...es universal en la medida en que compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encausa a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de aplicarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción." (Sentencia C-089/94. M.P.E.C.M., reiterada en la sentencia C-866/01 M.P.J.C.T.. se concreta en la adecuación de los estatutos del sindicato al orden legal y a los principios democráticos, así como en la oportunidad de todos los trabajadores de participar activamente dentro del mismo. En efecto, "la participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los `principios democráticos' a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución. Siendo el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados, forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento jurídico a los sindicatos." Sentencia T-173/95 M.P.C.G.D.
"...el derecho de asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política". Sentencia C-385/00. M.P.A.B.C..
Impedir que las minorías participen de manera efectiva en la designación de las personas que los representan ante su empleador, como ocurre con la comisión estatutaria de reclamos, constituye sin duda alguna una manera de ignorar los principios democráticos que orientan el ejercicio de los derechos de asociación y libertad sindical. En efecto, la norma acusada desconoce que la ley de mayorías que rige, por regla general, la elección de representantes en los ámbitos político, social o comunitario, en todo caso está sujeta a la participación sin exclusión de las minorías, como sucede con los sindicatos que no agrupan al mayor número de trabajadores dentro de una misma empresa. Al respecto, resulta ilustrativa la sentencia C-866/01, M.P.J.C.T. en la cual la Corte consideró lo siguiente:
Si en el caso de que trata el inciso primero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono [hoy empleador] a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido."
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la norma demandada "bajo el entendido de que la sentencia debe garantizar el resarcimiento integral de todos los perjuicios sufridos, incluidos los morales" o, en subsidio, declarar la inconstitucionalidad de la expresión: "a título de ...los salarios dejados de percibir", de tal manera que se entienda que el juez del conocimiento puede ordenar no sólo el reintegro del trabajador sino el pago de una indemnización por causa del despido, la cual debe ser integral. Para tal fin, el Procurador aduce los siguientes argumentos:
Para garantizar la efectividad de dicha institución, el trabajador aforado y el sindicato al que pertenece Cfr. Sentencia C-381/00 M.P.A.M.C., en la cual se declararon exequibles, entre otras disposiciones, los incisos primero y tercero del artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral, "siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, a través de su junta directiva, podrá también interponer la acción de reintegro prevista por el primer inciso y de restitución prevista por el tercer inciso." cuentan con un mecanismo de defensa -la acción de reintegro -, El artículo 118 del Código Procesal del Trabajo establece:
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención judicial." a través del cual pueden acudir ante el juez del trabajo para que éste se pronuncie sobre la legalidad del despido y, en caso que se demuestre que éste fue realizado sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, ordenará el reintegro del trabajador, así como el pago de los salarios dejados de percibir durante ese lapso, esto último a título de indemnización.Sobre la finalidad de esta acción y la justificación de la brevedad del término de prescripción, la Corte dijo: "El sentido del fuero sindical no es tanto proteger el interés personal del trabajador aforado sino amparar el derecho de asociación. Así, es obvio que las controversias que puedan surgir por un eventual atentado patronal contra un trabajador aforado deben ser resueltas lo más rápidamente posible, pues si se espera demasiado tiempo, el daño ocasionado al sindicato puede ya ser irreversible. La Corte considera que la ley podía abreviar aún más el plazo para interponer las acciones de reintegro, a fin de evitar una dilatación del conflicto, que terminaría afectando aún más al sindicato. Si bien el término de prescripción de dos meses es breve, la Corte encuentra que para este específico tipo de acciones, se encuentra constitucionalmente justificado, debido al interés mismo que es protegido por la figura del fuero sindical. (Sentencia C-381/00 M.P.A.M.C..
Antes de analizar el cargo de la demanda, resulta conveniente traer a colación la jurisprudencia de la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los efectos jurídicos del despido ilegal de un trabajador amparado con fuero sindical:
"El criterio jurisprudencial de tiempo atrás sostenido por esta S. explica que cuando judicialmente se ordena el reintegro a su empleo de un trabajador con fuero sindical despedido sin la previa autorización del juez del trabajo, se parte del supuesto de que la decisión de terminar el contrato de trabajo en esas condiciones no produjo efectos jurídicos por no cumplir con el procedimiento establecido por la ley, por lo tanto deben restituirse las cosas al estado en que se hallaban antes de producirse el despido, lo que conduce a restablecer en su derecho al contratante afectado por la decisión ilegal de quien actuó contra una expresa prohibición de la ley, restituyendo los plenos efectos del contrato de trabajo ilegalmente extinguido.
"Según el criterio jurisprudencial vigente, es precisamente por virtud de esa ficción legal, que permite restablecer el contrato, que se explica no sólo el efecto de ser el trabajador acreedor de una suma equivalente a los salarios que dejó de recibir por causa del despido, sino que, además, el tiempo que media entre el despido anulado y el reintegro efectivo del trabajador a su actividad laboral, se cuente para reconocer el auxilio de cesantía por dicho lapso, e igualmente la jubilación." S. de Casación Laboral. Sentencia del 20 de mayo de 1999. R.. 11654 M.P. Rafael Méndez Arango
Debe advertirse que dicha Corporación, en un primer momento, restringía la referida indemnización al pago de los salarios, con exclusión de cualquier otro valor que contribuyera a reparar el perjuicio causado. Cfr. Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral. Sentencias del 31 de octubre de 1985 y 28 de abril de 1993, entre otras. Posteriormente, en sentencias como la citada, incluyó dentro de dicho concepto, además de los salarios, el pago de reajustes salariales, cesantías y otras prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del despido hasta su reintegro efectivo.
Esta última, además de antitécnica, limita sin justificación alguna el derecho que tiene el trabajador aforado que ha sido irregularmente despedido, como víctima de un daño, a obtener una reparación que atienda los principios de justicia y equidad, pues restringe la indemnización a que pudiera tener derecho exclusivamente al pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta su reintegro a la empresa o entidad. Por el contrario, dicha indemnización debe ser integral pues, como lo ha sostenido la Corte, "el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado," Sentencia C-197/93 M.P.A.B.C. lo que significa que no puede superar ni ser inferior a ese límite, caso en el cual implicaría un enriquecimiento o un empobrecimiento sin justa causa, respectivamente. En este sentido, se puede afirmar que "el daño es la medida del resarcimiento".
Ha de advertirse, sin embargo, que la constitucionalidad de los numerales 2, 3 y 4, en estudio, supone que con las cuantías allí previstas se alcanza la reparación del daño sufrido por el trabajador a causa del despido, y en consecuencia la norma consagra en realidad una fórmula de protección al empleado, a menos que él haya probado o pueda probar un perjuicio más grave del tasado anticipadamente por el legislador, hipótesis en la cual la disposición es exequible solamente si se entiende que en ese evento el patrono está obligado a indemnizar plenamente al trabajador en la medida de lo judicialmente probado; ello resulta evidente a la luz de los artículos 25 y 53 de la Constitución." Sentencia C-1507/00 M.P.J.G.H.G. (Subrayado fuera del texto)
Debe recordarse que, al tenor del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, "dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales." Cuando se conmina al juzgador a considerar los principios de reparación integral y equidad en el proceso de valoración del daño irrogado a una persona para tasar la indemnización, la Corte ha dicho que se pretende alcanzar "una justicia recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto, así como la de evitar que para efectos de la indemnización de los daños en forma integral sea necesaria la tramitación de nuevos procesos." (Sentencia C-487/00 M.P.A.B.C.)
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la S. Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
En el numeral 7º de la parte resolutiva de la sentencia de la cual en ese punto discrepamos se declara la exequibilidad de la expresión "o para desmejorarlo" contenida en el inciso primero del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo.
A nuestro juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 39, inciso cuarto de la Constitución Política, el fuero que allí se reconoce a los "representantes sindicales" para el cumplimiento de su gestión, impone, necesariamente la garantía para los trabajadores amparados por el mismo, no sólo a no ser despedidos ni trasladados sin la existencia de una justa causa debidamente comprobada y con autorización judicial, sino también el derecho a no ser desmejorados, en ningún caso, en sus condiciones de trabajo.
Pese a las consideraciones precedentes, la Corte Constitucional en el numeral 7º de la Sentencia C-201 de 19 de marzo de 2002, declaró exequible la expresión "o para desmejorarlo", por lo cual, con todo respeto, salvamos nuestro voto.
Actor: A.E.B.C.
Aclaración de voto respecto de los artículos 359, 379-e, 401 y 408 del Código Sustantivo del Trabajo
En cuanto al requisito de 25 trabajadores afiliados como número mínimo para constituir un sindicato o para que una vez constituido pueda subsistir (artículo 359 CST), considero que la sentencia no justifica satisfactoriamente por qué tal exigencia respeta el principio de razonabilidad y es, por lo tanto, exequible. No basta afirmar que la Corte encuentra tal requisito necesario y proporcionado a la finalidad que persigue como es garantizar una estructura y organización mínimas y de carácter democrático para el sindicato (página 11 de la sentencia), si no se quiere aplicar un test extremadamente débil, como lamentablemente se hizo en la sentencia. Es indispensable además mostrar por qué un número menor de trabajadores afiliados no cumpliría con tal finalidad. La Corte se limita a sostener que se trata de un límite mínimo y no de un tope o límite máximo, caso en el cual sí sería inconstitucional. Pero tal explicación no contesta el cuestionamiento en torno al número de trabajadores afiliados exigido por la ley, ni la Corte analiza si tal número es o no necesario o desproporcionado en contexto, por ejemplo, en atención al número de trabajadores de la empresa o del respectivo sindicato. Además, la Corte debía determinar previamente al análisis de la razonabilidad la intensidad del test a aplicar, ya que por ejemplo un test estricto llevaría seguramente a la inexequibilidad de la medida por impedir la creación de sindicatos en una empresa pequeña.
En lo relativo a la huelga por solidaridad (artículo 379-e CST), comparto íntegramente el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia en cuando condiciona la exequibilidad relativa a los cargos de la expresión "y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones...con sus trabajadores", en el entendido de que conforme a la Constitución Política, la prohibición aquí establecida no impide promover la huelga por solidaridad" y declara inexequible la expresión "salariales", ambas contenidas en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, considero que se ha debido agregar que el legislador debía reglamentar la huelga por solidaridad para evitar que su reconocimiento sea meramente formal o que haya indefinición sobre los casos en que su legítimo ejercicio merece especial protección.
La Corte declaró exequible la expresión "el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico", contenida en el literal e) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo con fundamento, entre otros, en el siguiente argumento: "Tampoco es de recibo el argumento según el cual el empleador de los trabajadores afiliados al sindicato debe estar impedido para elevar una solicitud al juez laboral en tal sentido, pues la finalidad de esta solicitud radica en hacerle conocer al juez competente, por medio de la demostración de hechos y circunstancias acreditados con las respectivas pruebas, que existen méritos para que declare la disolución de un sindicato, por estar incurso en una de dichas causales. En ese sentido, el empleador, quien tiene un conocimiento cercano de esos factores, no podría verse inhabilitado para solicitar al juez la declaratoria de disolución del sindicato." A mi juicio tal argumentación es inaceptable porque confunde el interés económico o retaliatorio del empleador que busca la disolución y liquidación del sindicato existente en su empresa, con el interés jurídico exigido por la ley para poder solicitar a la autoridad competente la disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical del sindicato que ya no cumple con los mínimos requisitos de ley. Por eso, el fallo ha debido señalar que el patrono, en principio, no está legitimado para solicitar al juez laboral lo establecido en la norma acusada, de forma que se garantice plenamente la autonomía sindical y se impida que por este medio se concrete una persecución, por ejemplo, cuando temporalmente se ha reducido el número de trabajadores por debajo del mínimo establecido en la ley.
En lo que tiene que ver con la expresión "o para desmejorarlo", contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, declarada exequible en relación con los cargos, considero que la Corte ha debido: 1) analizar el derecho jurisprudencial vigente para precisar el alcance de la disposición, en particular si ella cubre sólo el ius variandi o cobija otras desmejoras relativas a las condiciones de trabajo en sentido amplio, que cobija derechos laborales; 2) condicionar la exequibilidad de la norma a unos parámetros de desmejora en todo caso no autorizables por el juez o a unos criterios garantistas que orientaran el juez laboral en la aplicación de la ley.
Salvamento de voto respecto de la decisión de exequibilidad de la expresión "sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos", contenida en el literal d. del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo.
El reconocimiento de los principios y garantías en los que se protege la actividad laboral como un derecho y una función social significativa para la persona y la comunidad (artículos 1, 25, 39 y 53 a 56 C.P., entre otros), no se agota en la afirmación de derechos de carácter individual, puesto que supone, además, la concreción de herramientas jurídicas que consagran derechos colectivos de los trabajadores quienes al asociarse intentan aumentar su poder de representación y negociación frente al empleador, el cual cuenta, usualmente, con mayores recursos económicos El reconocimiento de la desigualdad inherente a las relaciones laborales ha sido uno de los vectores que ha animado la doctrina constitucional de la Corte. En materia de protección salarial a través de su pago oportuno este Tribunal expresó: "esta misma Corporación se ha encargado de desarrollar una doctrina sobre la importancia que tiene en el desarrollo de las relaciones laborales, el pago cumplido de las sumas debidas a los trabajadores. Se llega así, a la postulación de una serie de principios que, partiendo de la necesidad de superar el desequilibrio connatural al intercambio entre empleador y empleado, revelan un instituto jurídico -el salario-, central dentro del desarrollo de una sociedad como la colombiana". Cfr. la citada sentencia SU-995 de 1999. V.. Supra nota 19.. Como se verá a continuación, uno de los ámbitos a través de los cuales se expresa el derecho de asociación sindical tiene que ver con este ámbito colectivo de los derechos laborales.
La doctrina sentada por la Corte Constitucional ha precisado algunas de las particularidades del derecho de asociación sindical señalando su carácter voluntario, dado que su ejercicio depende en todo momento de la autodeterminación del individuo para vincularse, permanecer o retirarse de un sindicato; relacional, pues "de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva" Cfr. Sentencia T-441 de 1992 M.P.A.M.. Aquí se confirmaron los fallos que negaron por improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unión Nacional de Empleados Bancarios contra la Corporación de Ahorro y Vivienda "CORPAVI", por el desconocimiento de la convención colectiva pactada con los trabajadores sindicalizados. Además de definir el contenido del derecho de asociación sindical, se reiteró que para la procedencia de la acción de tutela es necesario que el mecanismo judicial ordinario para la protección de los derechos vulnerados sea idóneo y eficaz, circunstancia que en aquella oportunidad sirvió de justificación para denegar el amparo solicitado, pues se solicitaba que se ordenara al empleador iniciar las negociaciones del pliego de peticiones presentado por el sindicado. ; e instrumental, en la medida que "se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social" Cfr. I.. Sentencia T-441 de 1992..
Ahora bien, la dimensión de protección que se valora aquí, no es la relacionada simplemente con la posibilidad que tiene cualquier trabajador individual de crear o ingresar a un sindicato y demandar por su intermedio la protección de sus derechos, pues dicho ámbito, aunque fundamental para la organización social y también protegido por el artículo 39 de la Constitución, no descubre otra faceta determinante para garantizar la operación de los sindicatos pertinente en este caso: su naturaleza colectiva, esto es, su funcionamiento como unión que se constituye como interlocutor legítimo del patrono dentro de la vida laboral, interlocución de la que depende la efectividad de las garantías de los propios afiliados. Esta dimensión ampliamente reconocida por la Corte -en aplicación de la Carta Política- en todos aquellos casos en los que un empleador ejerce sus atribuciones legales, o simplemente toma decisiones unilaterales, con el propósito de minar el poder de intermediación que en las relaciones laborales tiene un sindicato, ha requerido la intervención del juez de tutela para proteger los derechos constitucionales comprometidos.
Así, la existencia de un sindicato dentro de una empresa genera una serie de deberes específicos emanados directamente de las normas constitucionales que reconocen la dimensión colectiva de los derechos laborales (v.gr. el ya aludido artículo 39 C.P. en materia de asociación sindical y artículo 55 C.P. en materia de negociación colectiva, entre otros), y que se traduce en la obligación genérica en cabeza del patrono de mantener una relación de respeto e interlocución con el sindicatoCiertamente, este deber genera una relación correlativa en cabeza del sindicato. La necesidad de que empleador y sindicato desarrollen una relación de interlocución. El ejemplo más conocido de la trascendencia de esta cooperación se encuentra en el derecho alemán. Pero ya desde 1937, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha respaldado la existencia de regulaciones que desarrollan la forma en que empleadores y sindicatos han de interactuar para desarrollar sus relaciones. En aquél año, por ejemplo, a raíz de la expedición del instrumento jurídico que en el sistema anglosajón se encargó de regular las relaciones laborales colectivas (la Labor Relations Act de 1937) la Corte respaldó la creación del sistema moderno de negociación colectiva, la protección del derecho de los trabajadores para formar e ingresar a sindicatos y el requerimiento hecho a los empleadores para mantener relaciones con ellos (Cfr, entre varias, National Labor Relations Board vs. Fainblatt -306 US 601 1939-). Por su parte, el Preámbulo de la Constitución francesa de 1946 reconoce la posibilidad de todo trabajador a participar por intermedio de sus delegados en la determinación colectiva de sus condiciones de trabajo así como en la gestión de las empresas (numeral 8). Estos principios han sido desarrollados por el Consejo Constitucional de Francia que les ha reconocido expresamente valor de derecho positivo (Cfr. las decisiones del 5 de julio de 1977, 77-79 DC; del 20 de julio de 1977, 77-83 DC; y del 18 de enero de 1978 77-98 DC). que le permita a la unión sindical, al menos, recibir la información sobre las decisiones que le interesan o afectan y tener la oportunidad de representar ante el patrono la posición del sindicato en su proceso de adopción. De esta forma, los sindicatos se convierten en formas efectivas y reales de defensa de las necesidades expectativas y derechos de una comunidad tradicionalmente limitada respecto de la posibilidad de discutir los términos en que ha de cumplir con su relación laboral. Esto es, sin duda, plenamente compatible con el diálogo democrático y es, además, un desarrollo concreto del modelo de democracia participativa que se concreta en el principio, según el cual, las autoridades deben "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan" (artículo 2 C.P.)." Sentencia T-1328 de 2001, M.P.M.J.C.E..