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Timestamp: 2017-02-25 22:57:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 11', 'artículo 36', 'artículo 32', 'artículo 96', 'artículo 11', 'artículo 74', 'artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 23']

Vigencia desde 08 de Febrero de 2008. Esta revisión vigente desde 21 de Febrero de 2014
Concepto de adaptación parcial
Criterios para los ajustes en la clasificación del suelo
Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores
Documentación de la adaptación parcial
Formulación y aprobación del documento de adaptación parcial
Plazo para la adaptación parcial
De las reservas de terrenos
Incorporación al proceso urbanizador de las reservas delimitadas
Procedimiento de urgencia de la tramitación del instrumento de planeamiento
Mecanismos de colaboración previos a la incorporación al proceso urbanizador de los terrenos de reserva
Particularidades de la modalidad de gestión indirecta del sistema de actuación a iniciativa de la Administración
Obligaciones particulares del agente urbanizador en la modalidad de gestión indirecta
Procedimiento abreviado para la aprobación del Proyecto de Urbanización
Especificaciones relativas a la adaptación parcial y las modificaciones
Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Caducidad de los procedimientos de delimitación de reservas de terrenos
Reducción de plazos y manifestación del carácter urgente de la tramitación
Publicación urgente en los Boletines Oficiales
Modificaciones del Decreto 220/2006, de 19 diciembre
D 36/2014 de 11 Feb., CA Andalucía (ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo) Ocultar / Mostrar comentarios Párrafo 2.º del número 2 del artículo 7 redactado por el apartado 1.º de la disposición final primera del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.J.A.» 20 febrero).
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Disposición final única de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el artículo 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de enero de 2008, DISPONGO
Objeto El objeto del presente Decreto es regular los siguientes procedimientos dirigidos fundamentalmente a poner suelo en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas: a) La adaptación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda, regulando su contenido, plazo y alcance.
CAPÍTULO IIDe la adaptación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Concepto de adaptación parcial 1. Se entiende por adaptación la formulación y aprobación de un documento que adecue las determinaciones de la figura de planeamiento general en vigor a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Contenido y alcance 1. La adaptación parcial del instrumento de planeamiento general vigente contrastará la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, respecto a la ordenación estructural exigida para los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.La reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del documento de adaptación parcial al que se refiere este capítulo.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público.Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a: 1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.A los efectos de lo dispuesto en este párrafo c), en el documento de adaptación se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.Para los municipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tendrán carácter preceptivo las siguientes determinaciones: 1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos.
Criterios para los ajustes en la clasificación del suelo 1. A los efectos previstos en el artículo 3.2.a), los criterios de clasificación del suelo urbano serán los siguientes: a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo.
b) El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la consideración de suelo urbano no consolidado.En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores En la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado, las adaptaciones deberán respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico, salvo los suelos urbanizables en transformación que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente.
Documentación de la adaptación parcial La adaptación parcial deberá dar como resultado un documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término municipal, definiendo, en lo sustantivo y documental, la ordenación estructural, a través de los siguientes documentos, como mínimo: a) Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3. Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo de la innecesaridad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos.
Formulación y aprobación del documento de adaptación parcial 1. Las adaptaciones parciales de los instrumentos de Planeamiento General se formularán y aprobarán por los municipios.
Durante dicho trámite de información pública el municipio solicitará valoración sobre el contenido de la adaptación parcial a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esta valoración deberá emitirse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin comunicación expresa al Ayuntamiento, éste podrá continuar la tramitación.
Párrafo 2.º del número 2 del artículo 7 redactado por el apartado 1.º de la disposición final primera del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.J.A.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2014
Plazo para la adaptación parcial De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los municipios podrán, en cualquier momento, llevar a cabo la adaptación parcial de su planeamiento general, durante el período de vigencia y ejecutividad del mismo, con independencia de que en el momento de la formulación se hubiese iniciado el procedimiento de revisión del mismo.
CAPÍTULO IIIDel procedimiento de urgencia para la tramitación, ejecución y gestión de instrumentos de planeamiento en lo relativo a reservas de terrenos con destino a viviendas protegidas
De las reservas de terrenos 1. Las normas contenidas en el presente Capítulo serán de aplicación a las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo destinadas mayoritariamente a la construcción de viviendas protegidas, ya delimitadas o que se puedan delimitar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y estará dirigida a garantizar las reservas de suelos necesarias para satisfacer el derecho a la vivienda.
Incorporación al proceso urbanizador de las reservas delimitadas 1. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la incorporación al proceso urbanizador y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, según la clase y categoría de los suelos: a) Cuando las reservas se delimiten en suelo urbanizable sectorizado o suelo urbano no consolidado calificados con un uso incompatible con el destino de la reserva, la incorporación al proceso urbanizador se producirá por la innovación del instrumento de planeamiento, conforme establece el Capítulo IV del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que habilite la consecución de los fines de la reserva establecida.
Procedimiento de urgencia de la tramitación del instrumento de planeamiento Con independencia del modo de gestión de la reserva utilizado por la Administración, y cuando se requiera la revisión parcial del instrumento de planeamiento general, la sectorización del ámbito de ordenación, o la innovación del mismo, el procedimiento se ajustará a las siguientes reglas: a) Una vez delimitada la reserva, se procederá a la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, que podrá ser simultánea al acuerdo de delimitación de la reserva o bien adoptarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde la adopción de dicho acuerdo. La aprobación inicial se someterá al trámite de información pública por plazo de veinte días, debiendo, además, recabarse los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, que deberán ser emitidos en los plazos que establezca su regulación específica.
Letra a) del artículo 11 redactada por el apartado 2.º de la disposición final primera del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.J.A.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2014
b) La Administración competente deberá resolver sobre la aprobación provisional, en su caso, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la valoración de la Comisión Interdepartamental, transcurridos los cuales la Consejería competente en materia de urbanismo requerirá a ésta la remisión del expediente administrativo en el plazo de cinco días a partir de la recepción de tal requerimiento.En el supuesto de modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, requerirá el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía conforme dispone el artículo 36.2.c).2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) La resolución por la referida Consejería deberá producirse y comunicarse al Ayuntamiento en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción del expediente completo en el registro de dicha Consejería. Dentro de los diez primeros días del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola vez, requerimiento al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias o insuficiencias que presente el expediente aportado.El transcurso del plazo de dos meses para la aprobación definitiva, sin que se haya comunicado al Ayuntamiento la resolución sobre la aprobación definitiva determinará la misma por silencio, en los mismos términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia de dicha aprobación estará supeditada a su publicación.
Mecanismos de colaboración previos a la incorporación al proceso urbanizador de los terrenos de reserva 1. La Administración competente para la delimitación de la reserva de terrenos podrá recabar, con anterioridad o simultáneamente a la redacción y tramitación del instrumento que delimite la reserva de terrenos, un informe previo de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos que pudieran verse afectados por la misma, solicitándose al menos de los siguientes órganos y entidades: a) A la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, respecto del informe de incidencia territorial que haya de emitir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.1.2.ª y disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Particularidades de la modalidad de gestión indirecta del sistema de actuación a iniciativa de la Administración 1. Cuando la Administración actuante decida la gestión indirecta, establecida la reserva de terrenos e incorporados éstos al patrimonio público de suelo, la Administración titular de los mismos convocará el concurso para la adjudicación de la actuación urbanizadora, que se desarrollará con arreglo al correspondiente pliego de condiciones que, además de las establecidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, contemplará las siguientes particularidades: a) Redacción, por parte de los licitadores o licitadoras de un anteproyecto de la ordenación urbanística del ámbito que al menos contenga una memoria, tratamiento de los sistemas generales, zonificación y usos del suelo, así como una propuesta relativa a las mejoras para el interés general que estimen conveniente introducir en la actuación.
Obligaciones particulares del agente urbanizador en la modalidad de gestión indirecta 1. Además de cuantos deberes se expresen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y en los correspondientes pliegos, la condición de agente urbanizador obtenida mediante la adjudicación del correspondiente concurso impondrá a éste el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Presentar en el plazo que se establezca en los pliegos, no superior a treinta días desde la formalización del correspondiente convenio urbanístico, ante la Administración competente para su tramitación, el instrumento de planeamiento urbanístico necesario para la ejecución del ámbito, que contendrá el grado de concreción suficiente conforme a lo regulado en el artículo 96.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Procedimiento abreviado para la aprobación del Proyecto de Urbanización 1. El proyecto de urbanización se presentará, junto con la solicitud de su aprobación, en el plazo estipulado, acompañado de las autorizaciones o informes preceptivos que se hayan recabado conforme a lo dispuesto en el artículo 11.
1. Las modificaciones del planeamiento general en vigor que tengan por objeto dotar al municipio de suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida, suelos dotacionales o suelos industriales, ajustándose al procedimiento establecido para las mismas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
, podrán tramitarse de forma simultánea a la adaptación parcial, siempre de manera condicionada a la aprobación de esta adaptación.
2. Una vez aprobada la adaptación parcial del planeamiento general, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
, los municipios podrán formular modificaciones del mismo que afecten al resto de determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos, que se tramitarán siguiendo el procedimiento previsto para las mismas en la citada Ley.
Disposición adicional primera redactada por el apartado 3.º de la disposición final primera del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo («B.O.J.A.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2014
Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales.
Caducidad de los procedimientos de delimitación de reservas de terrenos Todo procedimiento de delimitación de reservas, salvo cuando ésta se haga mediante algún instrumento de planeamiento o de planificación, caducará por el transcurso del plazo de seis meses desde el inicio del expediente en que tenga por objeto declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, sin que ello impida que se inicie un nuevo procedimiento con el mismo objeto con posterioridad, ya sea a iniciativa de la propia Administración anteriormente actuante o de otra con competencia en la materia.
Reducción de plazos y manifestación del carácter urgente de la tramitación De conformidad con el artículo 74 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se reducen a la mitad los plazos previstos para la tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento para reservas de terreno destinadas mayoritariamente a la construcción de vivienda protegida. Asimismo, cuantas solicitudes, peticiones u oficios se presenten o remitan entre sí las Administraciones públicas y los ciudadanos y ciudadanas para materializar las actuaciones que son objeto de regulación en el Capítulo III de este Decreto, manifestarán clara y expresamente el carácter de urgencia del trámite o actuación que se interesa de acuerdo con la presente norma.
Publicación urgente en los Boletines Oficiales 1. El anuncio, remitido para su publicación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, de cuantas disposiciones y actos de planeamiento o ejecución sean necesarios para materializar las actuaciones previstas en el presente Decreto señalará, a los efectos de su publicación, el carácter de urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2002, de 4 abril, que regula los Boletines Oficiales de la Provincia, y el artículo 11.3 del Decreto 205/1983, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Derogación normativa Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en este Decreto.
Modificaciones del Decreto 220/2006, de 19 diciembre El Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, queda modificado como sigue: Uno. El párrafo c) del artículo 13.2 queda con la siguiente redacción: «c) Informar, en el proceso previo a su aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, los Planes Generales de Ordenación Urbanística, de los municipios de más de 100.000 habitantes, así como sus revisiones.»
Dos. El párrafo b) del artículo 21.3 queda con la siguiente redacción: «b) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones, en el proceso previo a su aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con el artículo 4 y la disposición adicional segunda de este Decreto, en desarrollo del artículo 31.2.A.b). y B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.»
Tres. El apartado 1 del artículo 23 queda con la siguiente redacción: «1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá su valoración en los siguientes supuestos: a) Sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de inversión pública disponible en los supuestos previstos en el apartado siguiente. Esta valoración será previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento general que corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto.
Habilitaciones normativas 1. Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para adaptar el vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 al Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, dictando al efecto las disposiciones que sean necesarias.