Source: https://es.scribd.com/document/71226884/07-Tribunal-Constitucional-1
Timestamp: 2019-04-24 16:31:29
Document Index: 116640190

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 81', 'artículo 92', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 54', 'artículo 26']

Cargado por Simei Ataí
El Congreso como interprete de la Constitución.
Control de Constalidad
Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello - Hugo Tórtora Aravena – 2011
VII UNIDAD TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUMARIO: I. Del control de constitucionalidad; II. Aspectos Orgánicos del Tribunal Constitucional; III; Control de Constitucionalidad; IV. Las Sentencias del Tribunal Constitucional; V. El Modelo de Control de Constitucionalidad en Chile; VI. Nociones de Interpretación Constitucional I. Del Control de Constitucionalidad (Concepto – Clasificación – Modelos de Control en Derecho Comparado)
 Concepto
A partir del principio de Supremacía Constitucional (uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho), se entiende que al ser la Constitución, la norma máxima dentro del ordenamiento jurídico interno, ninguna otra norma (ley, reglamento, etc.) puede vulnerar las normas contenidas en la Carta Fundamental. Con el objeto de hacer efectiva dicha supremacía constitucional, y para evitar vulneraciones de la Constitución, casi la totalidad de los sistemas jurídicos prevén mecanismos de control de constitucionalidad de las normas. El control de constitucionalidad puede ser definido como un procedimiento por el cual se evalúa, mediante un examen comparativo que puede hacerse de un precepto jurídico, de un proyecto de tal, o de la aplicación del mismo a un caso concreto, en relación con la Constitución, de manera de establecer su conformidad o disconformidad, tanto en el fondo como en la forma, con dicha Constitución. El control de constitucionalidad pasa a ser, por lo tanto, una actividad indispensable para asegurar el principio de Supremacía Constitucional, de modo de verificar que, efectivamente las normas sean constitucionales tanto en el fondo como en la forma. Este control debe ser desarrollado por uno o más órganos del Estado, según el modelo de justicia constitucional que de adopte por las Cartas fundamentales de cada Estado, y que revisaremos oportunamente.
 Clasificación
La doctrina reconoce, constitucionalidad, a saber:
(a) Control de constitucionalidad Preventivo (también llamado “ex – ante” o “a priori”). Es aquel que se realiza antes que la norma examinada entre en vigencia, por lo que se analiza en rigor, un proyecto de ley o de otro precepto. Procede, por ejemplo, en el caso de una ley, antes que sea promulgada y publicada. El control preventivo puede a su vez, ser: - Obligatorio. Corresponde a la situación que experimenten determinadas normas que, por mandato constitucional, deben pasar por este control preventivo.
Eventual. Es aquel que sólo se realiza a petición de algún sujeto legitimado para ello.
(b) Control de Constitucionalidad Represivo (también conocido como “ex – post” o “a posteriori”). Es aquel que se realiza una vez que la norma ya ha entrado en vigencia. En el caso de la ley, una vez que ella ha sido promulgada y publicada. El control represivo, por su parte, puede ser: Concreto. Es aquel que mide el grado de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aplicación de una norma en un caso específico. Tiene efectos particulares (por regla general), y puede ocasionar la inaplicabilidad de dicha norma para el caso concreto. Acá no se mide si la norma es constitucional o no, sino si su aplicación en un caso determinado. De esta forma, por ejemplo una ley que puede ser perfectamente constitucional, puede generar efectos inconstitucionales en cierto caso. Por lo mismo, al declararse en control concreto que una norma es inaplicable a dicho caso, no significa en ningún caso que ello signifique la expulsión o derogación de la misma para las demás situaciones. Abstracto. Es aquel que se realiza analizando, en forma ideal, lo preceptuado por la Constitución, y el contenido o la forma de la norma analizada. A diferencia del caso anterior de demostrarse la inconstitucionalidad, esta declaración tiene efectos generales, y se debe decretar su expulsión del ordenamiento jurídico respectivo. De esta manera, como se aprecia, lo que se compara no es “a aplicación de una norma infraconstitucional con la Constitución” sino que derechamente lo que se compara “es la norma infraconstitucional misma con la Constitución”  Los grande modelos de control de constitucionalidad En derecho comparado se aprecian diferentes modelos de control de constitucionalidad, los cuales se distinguen fundamentalmente por si este control es desarrollado por cualquier Tribunal de Justicia que integre el poder judicial (modelo norteamericano), o bien, por un órgano único, normalmente denominado “Tribunal Constitucional” (modelo europeo continental). a) El Modelo norteamericano o de control difuso Este modelo, según Héctor Fix-Zamudio se caracteriza “en forma abstracta, [por] la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Constitución y con efectos sólo para las partes que han intervenido en esa controversia”. En especial, de lo que trata este sistema es que cualquier tribunal ordinario de un Estado, independiente de su jerarquía, pueda resolver directamente la cuestión de inconstitucionalidad de las leyes, ya sea que así lo solicite alguna de las partes, o bien de oficio por el propio órgano jurisdiccional. Aquí, un juez que conoce del asunto conocerá también de esta cuestión adicional que se le plantea, en lo que podríamos llamar un “incidente procesal” que requerirá
necesariamente pronunciamiento por parte del Tribunal. Por lo tanto, al resolver el Tribunal un incidente dentro de un caso específico, los efectos de su fallo sólo podrán ser restringidos, y referidos a dicho caso concreto. Vale decir, lo que operará es una desaplicación de la ley impugnada en el caso concreto. La explicación de este sistema radica en comprender que la Constitución debe ser comprendida como la obra máxima del pueblo norteamericano, titular original y supremo del poder político. Desde allí, claramente los representantes del pueblo no pueden tener un poder superior que el de su mandante. Los representantes jamás podrán tener más atribuciones que quien les da sus encargos. Como el poder de los legisladores –en su calidad de representantes- se ve limitado por la Constitución, son los Tribunales de Justicia quienes tendrán que resolver y sancionar cada vez que se produzca una trasgresión a dichas fronteras funcionales. Dice Alexander Hamilton en su Carta Nº 78 de “El Federalista” (1788): “La afirmación –según la cual los tribunales deben preferir la Constitución a las leyes- no implica de ninguna manera una superioridad del Poder Judicial sobre el cuerpo legislativo. Sólo supone que el poder del pueblo está por encima de ambos; y que cuando la voluntad de la legislatura declarada en sus leyes, esté en oposición con la del pueblo declarada en la Constitución, los jueces deben regirse por la última más que por la primera. Ellos deben basar sus decisiones en las leyes fundamentales, antes que en aquellas que no son fundamentales” Agregando luego que “limitaciones de este tipo sólo pueden ser preservadas, en la práctica, mediante los Tribunales de Justicia, cuyo deber tiene que ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al tenor manifiesto de la Constitución. De lo contrario, todas las reservas de derechos o privilegios particulares equivaldrían a nada”. Esta doctrina planteada por los Padres Fundadores de la democracia norteamericana, fue discutida durante algunos años en los estrados judiciales, y no fue sino hasta 1803 cuando el presidente de la Corte Suprema norteamericana, John Marshall dicta su fallo en el célebre caso Marbury vs. Madison , y fija concretamente la doctrina del control difuso de constitucionalidad. En principio, el sistema difuso de control de constitucionalidad muestra como falencia, el hecho de sufrir de una gran incerteza jurídica, puesto que puede no haber uniformidad entre los distintos jueces, acerca de lo que es y de lo que no es, en definitiva, constitucional. Esta falta de certeza, sin embargo, se atenúa con la doctrina del precedente anglosajón, según el cual, los tribunales de inferior jerarquía deben ajustar sus sentencias a las decisiones que previamente hubiere adoptado la Corte Suprema. En general, este sistema ha sido principalmente adoptado por Estados Federales, como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, o Canadá (aunque algunos otros, como Austria o Alemania tienen un modelo concentrado a pesar de ser también Estados Federales). b) El Modelo austriaco, europeo continental, o de control concentrado Se trata de un modelo donde el control de constitucionalidad es desarrollado por un órgano especializado de control, “extra poder”, dotado de autonomía e independencia frente a los llamados poderes tradicionales del Estado. De esta manera, nacen los denominados Cortes o Tribunales constitucionales, los cuales se caracterizan por ser órganos que matizan y mezclan caracteres jurídicos y políticos. Jurídicos, por cuanto su competencia esencial es la de realizar un control de
sin que pueda liberarse de ella. como verdaderos “legisladores negativos”. Así. sin que los demás órganos estatales puedan presentar válidamente sentidos diferentes a los que ha expuesto la jurisprudencia de este Tribunal. atributo que sí posee el legislador formal.debe relacionarse con los órganos que pueden provocar vulneraciones a la misma. Editorial Lexis Nexis. lo resolveremos luego de estudiar a nuestro Tribunal Constitucional. no sólo producirán la desaplicación de la norma en cuestión. podría ordenar la expulsión de la norma objetada. una misma posición jerárquica dentro de la institucionalidad del Estado. por cuanto la manera de enfrentar dichas cuestiones no es sólo con criterios de la hermenéutica puramente jurídica. ni siquiera al descubrir incoherencias entre ésta y la propia Constitución. incorpora juicios relacionados con los valores y los principios. HUMBERTO (2005): “La Justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la Alborada del Siglo XXI”. los Tribunales Constitucionales aparecen como “el máximo intérprete de la Constitución”. Por lo mismo. Este modelo es defendido principalmente por Hans Kelsen en su “Teoría Pura del Derecho” (1935) y en el artículo “¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?” (1930). emite un acto similar a la promulgación pero de “signo negativo”. es totalmente recomendable que en aquellos ordenamientos donde existen Tribunales Constitucionales. fundamentalmente). Santiago de Chile.Hugo Tórtora Aravena – 2011 constitucionalidad de las normas infraconstitucionales (leyes y normas administrativas. toda vez que tienen poder para anular una ley. ya que sólo actúa en los casos y con las facultades que el ordenamiento jurídico interno. se vuelve un verdadero esclavo de la ley. y no con libertad para dictar normas sobre cualquier materia y en cualquier momento1. del ordenamiento jurídico. la principal dificultad que podríamos mencionar a este modelo es que impide que los Tribunales Ordinarios puedan cuestionarse acerca de la constitucionalidad de las normas. 1 NOGUEIRA ALCALÁ. c) ¿Cuál es el modelo existente en Chile? Acerca de si Chile usa o no un sistema de control concentrado. o sea. lo que Kelsen postula es la existencia de un Tribunal especial. emitir un acto de contraria potestas o de contrario imperio. es que le da estabilidad al sistema. El juez ordinario. Según este autor. De esta manera. que van mucho más allá de la actuación que normalmente tendría un juez ordinario de derecho. Y políticos.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . sino porque además. que también con carácter general o erga omnes. que desarrolle el control en forma concentrada. que impide el surgimiento de interpretaciones divergentes o contradictorias. Por lo mismo. 57 4 . no debe ser parte de éstos. Sin embargo. debe tener al menos. y segundo. con atribuciones para ejercitar un control abstracto con independencia a casos concretos. Una de las principales ventajas de contar con un único órgano llamado a desarrollar el control de constitucionalidad de las leyes. De esta manera. los Tribunales Constitucionales aparecen según Kelsen. Pág. sino que más grave que eso. La gran crítica a la figura del “legislador negativo” se realiza a partir de entender que no goza de discrecionalidad. las sentencias que dicte. da seguridad a los justiciables al existir una única interpretación oficial. desde dos perspectivas: primero. los jueces ordinarios puedan recurrir a éstos para obtener de aquéllos una declaración de inconstitucionalidad. aplicando también la prudencia y el respeto por los poderes públicos y las sensibilidades ciudadanas. entonces. el órgano llamado a defender la Constitución –para poder desempeñar correctamente su función.
agregándose generalmente la protección extraordinaria de los derechos fundamentales. en el capítulo VIII (artículos 92 a 94). que actúan en base a razonamiento jurídicos y cuyas sentencias tienen valor de cosa juzgada.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . (c) Es un órgano de origen constitucional ya que se encuentra regulado directamente en la Carta Fundamental. (e) Su función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los 5 . cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales. No es posible concebir una multiplicidad de órganos de esta clase al interior de un Estado. No obstante el peso académico de las definiciones antes expuestas. situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de este como de los poderes públicos”. a través de procedimientos contenciosos constitucionales referentes como núcleo esencial a la constitucionalidad de normas infraconstitucionales y la distribución vertical y horizontal del poder estatal. y de ejercer las demás funciones conservadoras e institucionales que no sean de competencia de los Tribunales pertenecientes al Poder Judicial”. Louis Favoreau señala que “un tribunal constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente de lo contencioso constitucional. podemos concluir lo siguiente: (a) El Tribunal Constitucional siempre es uno sólo. de origen y competencia constitucional. entenderemos por Tribunal Constitucional: “el órgano autónomo. (d) Es un órgano de competencia constitucional. independientes e imparciales. lo define como “Órganos Supremos Constitucionales de única instancia. según lo estudiado anteriormente. En este contexto. intentaremos trabajar con un concepto algo más simple. Aspectos orgánicos del Tribunal Constitucional (Concepto – Funciones Básicas)  Concepto El Tribunal Constitucional es sin lugar a duda uno de los órganos más importantes en un Estado de Derecho. Así por ejemplo. por lo tanto goza de las mismas prerrogativas y está sujeto a los mismos deberes que los demás componentes del Estado. caracterizado entre otros principios por el de Supremacía Constitucional. el profesor Humberto Nogueira. ya que su atribución esencial es la de defender la supremacía de la Constitución. A partir de este concepto. el Tribunal Constitucional puede ser definido de distintas formas. asignándosele a su vez estas funciones en el mismo Código Político. de carácter permanente. pudiendo expulsar del ordenamiento jurídico las normas consideradas inconstitucionales”. centrado esencialmente en las características y funciones básicas del Tribunal constitucional. En este sentido. que tienen por función esencial y exclusiva la interpretación y defensa jurisdiccional de la Constitución. (b) El Tribunal Constitucional es un Órgano del Estado.Hugo Tórtora Aravena – 2011 II.
lo cual también será de competencia del Tribunal Constitucional..-Conocer de determinadas inhabilidades e incompatibilidades de ciertos funcionarios públicos. 53 Nº 7. Así.Hugo Tórtora Aravena – 2011 preceptos legales. sino que también al resguardo por los límites funcionales de cada órgano. 93 Nº 12 de la CPR. cuenta con las siguientes funciones básicas: 1. 3. el Tribunal Constitucional es el principal organismo encargado de realizar este control de constitucionalidad. deberá informar al Senado. 4. cuando éste declare la inhabilidad del Presidente de la Republica o del Presidente electo (art.Ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales y otras normas infraconstitucionales.. 93 Nº 11.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . recordemos que las Funciones Conservadoras no se refieren solo a la protección de los Derechos Fundamentales. 2. Esta función se encuentra consagrada en el art. destacamos: 6 . (f) Además. en conexión con el art. Es el caso de: (a) Ministros de Estado (art. 93 Nº 13 CPR) (b) Diputados y Senadores (art. norma que debe ser concordada con la del art. y se refiere a las “contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales de Justicia. y en algunos países. Sin perjuicio de las facultades que la Carta Fundamental reconoce en otros órganos del Estado (como la Contraloría General de la República o el propio Poder Judicial).Asumir las demás competencias que reconozca el propio texto fundamental..  Funciones Básicas El Tribunal Constitucional Chileno. de inhabilidades e incompatibilidades de algunos servidores públicos. le compete ejercitar las demás funciones conservadoras e institucionales que la Constitución le asigne. que no correspondan al Senado”. 93 Nº 14 y 15 CPR) Además. Esta función se desarrolla a través de las vías que estudiaremos más adelante. Dentro de éstas. el que es desarrollado a través de los distintos mecanismos que estudiaremos a continuación. 53 Nº 3 de la CPR. Al respecto. conocerá de las ciertas contiendas de competencia. a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la CPR. ambos de la CPR).Resolver determinadas cuestiones de competencia. de acciones constitucionales protectoras de derechos.
podemos establecer como elementos fundamentales en lo que a composición de un Tribunal Constitucional se refiere.  Principios Inspiradores del Tribunal Constitucional Más allá de las funciones que se le asigne al Tribunal Constitucional. ante todo es un Tribunal. base fundamental de esta clase de instituciones.. 75 del Código Político. 3. Así. Nogueira) El método de designación de los jueces constitucionales deberá tomar en consideración el debido respeto por el principio de imparcialidad de sus integrantes. 93 Nº 10 de la CPR). 93 Nº 8 de la CPR). donde participen dentro de los posible todos los poderes del Estado. Declarar la inconstitucionalidad de organizaciones y de los movimientos o partidos políticos. favorece a la independencia. por ejemplo a través de un adecuado sistema de elección e sus integrantes.Hugo Tórtora Aravena – 2011 (a) (b) (c) La declaración de inconstitucionalidad de una convocatoria a plebiscito (art. Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda (art..Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .La colegialidad del Tribunal Constitucional Entendemos que es de la esencia también de todo Tribunal Constitucional. que es la que fija las reglas relativas a la promulgación de las leyes. sino sólo una mera apariencia de Tribunal. los cuales no pueden ser calificados de tales si carecen de la debida autonomía. el hecho 7 . un Tribunal que no es independiente.La Independencia del Tribunal Constitucional No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional. derechamente no es un Tribunal. como asimismo la responsabilidad de las personas involucradas (art.. la inmovilidad de sus miembros. entendida ésta como “el desinterés objetivo sin intereses comprometidos en la resolución del conflicto” (H. Además. de sus titulares o integrantes deberá esperarse la debida imparcialidad. También.La Imparcialidad de sus integrantes Así como del órgano jurisdiccional debe predicarse su independencia. la cual debe atender a determinados principios básicos que servirán como directrices fundamentales para fijar los criterios conforme a los cuales se estructurará este órgano. 93 Nº 5 CPR). no es indiferente la composición del mismo. Esta independencia se forma. los siguientes: 1. y como tal debe obedecer al principio de Independencia. sino que siempre de los generales de la Nación. los ministros del Tribunal no podrán actuar en defensa de sus intereses particulares. sin que se encuentren a merced de mecanismos de destitución impulsados por los entes a quienes su labor controla. 2. norma que debe concordarse con la del art. En otras palabras. durante el período en que les corresponda ejercer el cargo.
no debemos olvidar que las labores propias del Tribunal Constitucional tienen un doble carácter. En cuanto al número mismo de integrantes. un documento jurídico y político (“Nunca olvidar que la Constitución es el más jurídico de los textos políticos y el más político de los textos jurídicos. ya sea formalmente en el texto constitucional o. la cantidad de magistrados dependerá.La mixtura en la integración del Tribunal Constitucional A su vez. como además. como máximo intérprete de la Carta Fundamental. por lo que un Tribunal con competencias abundantes deberá contar además con un cuerpo mayor de miembros. Cea en “Derecho Constitucional Chileno”). para algunos autores. en “Dogmática Constitucional”). de las atribuciones que se le asignen. como criterio que usen quienes deben hacer las designaciones de los ministros del TC 5. al hecho que “el material” con el que se trabaja tiene esta doble característica. traerá consecuencias políticas concretas para la Nación. la posibilidad de dejar constancia de sus análisis minoritarios o complementarios. es que los jueces que lo formen deben contar con la capacidad suficiente para poder resolver.L. ya sea en el ejercicio libre de la profesión. y considerando además que sus sentencias no son apelables. como “fuentes indirectas” (J. vale decir. con suficientes herramientas técnicas. que le permita hacer frente con suficiente dedicación a cada una de estas atribuciones. en la comprensión que cada decisión jurídica que adopte este órgano. finalmente. y por el rol clave que juega el Tribunal Constitucional dentro de la vida jurídico-política del país. uno eminentemente jurídico y otro de carácter político o institucional. como punto de partida.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .Hugo Tórtora Aravena – 2011 que éste sea un órgano colegiado. por cuanto la Constitución es a la vez. Y esto se debe. los diferentes asuntos sometidos a la decisión del Tribunal. mientras que para otros. al menos.. parece del todo conveniente que a este supuesto esencial puedan agregarse otros. en verdad es una cuestión que cada ordenamiento debe definir. con cierta antigüedad en el ejercicio de la profesión. los cuales puedan expresar sus diferentes visiones e interpretaciones de los hechos y las normas. Por lo mismo. De todos modos. en la docencia o la magistratura. En este sentido. mediante los votos disidentes o concurrentes que enriquecen la lectura del Texto Fundamental. promoviendo además. y como el más básico de los presupuestos ha de ser que los integrantes de este órgano sean letrados. en calidad de “fuentes directas” y “de rango constitucional” (H.La idoneidad de sus integrantes La trascendental relevancia de los fallos de este Tribunal. Nogueira. Esto se expresa tanto en la asignación de competencias específicas en cada una de estas ramas. naturalmente. donde el diálogo y el debate en los asuntos constitucionales se den en aras de un consenso que logre legitimar las decisiones que se adopten. siendo recomendable siempre una formación impar. máximo intérprete de la Norma Fundamental lleva a concluir que ellos forman parte del elenco de fuentes formales del Derecho Constitucional. Creemos que. se vuelve imprescindible que esté integrado por un número plural de magistrados.. Sin embargo. realzando así que el intérprete tiene que asumir 8 . abogados. 4.
y que eran designados: 9 . institución fundamental para la defensa nacional. El día 5 de Noviembre de 1973. “la existencia del Tribunal Constitucional es innecesaria”. En este sentido. habrá mayores probabilidades que las decisiones que se adopten sean a la vez.. el que algunos jueces sean nombrados por el Poder Judicial. la Junta de Gobierno acuerda disolver el Tribunal Constitucional. Pero a su vez. Esta reforma. incorporado por la reforma constitucional del año 1970. valientes pero prudentes. El Tribunal original. que en plena democracia. creemos sin embargo.. se estableció que cesaban en sus funciones los actuales miembros a contar de esa misma fecha. que no es obstáculo a este principio. Y es que los magistrados constitucionales no son elegidos democráticamente. la composición del Tribunal Constitucional debe ser de carácter mixta. provengan tanto del mundo jurídico propiamente tal como del mundo político. el día 4 de Noviembre del mismo año. el que de por sí goza del respeto de la ciudadanía.  Antecedentes Históricos 1. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la misma ley. que defiendan con decisión el principio de supremacía constitucional.”. pero sus decisiones tienen una trascendencia total.284 de 1970. con posibilidad de reelección. como tampoco a la pura fenomenología del Poder. sin embargo.La legitimidad en la composición del Tribunal Constitucional Tanto la legitimidad. por el debido cuidado por mantener la estabilidad política y la paz social. con las funciones que dicha carta estableció. incorporando este nuevo órgano. José Luis Cea). lo que justifica el mayor cuidado al momento de definir quiénes y de qué forma tendrán la atribución para designar a sus miembros.Origen Histórico El Tribunal Constitucional Chileno aparece históricamente a partir de la ley de Reforma Constitucional Nº 17. nace en su origen por el hecho que sus miembros sean designados por autoridades políticas de elección popular.Hugo Tórtora Aravena – 2011 ambas dimensiones y no restringirse a una concepción jurídica. En este sentido. argumentó que. sus funciones en septiembre de 1971. integrado por jueces que.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . pero de nula capacidad de representatividad popular. como la auctoritas del órgano analizado proviene sin perjuicio de aquélla que proviene en forma natural del prestigio que pueda haberse ganado el Tribunal por un historial de defensa de los valores constitucionales. Para ello. al haberse disuelto el Congreso Nacional. De este modo. cumpliendo con los requisitos de idoneidad antes expuestos. algunos de los ministros del Tribunal Constitucional fuesen designados por el Consejo de Seguridad Nacional. hoy ilustrada con la moda de lo políticamente correcto. por lo cual además. comenzando en definitiva. entró en vigencia. y en atención a que la función primordial del Tribunal Constitucional era resolver los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. menos formal o positivistamente entendida. no era razonable. que modificó la Constitución Política de 1925. 6. y diríamos también “cultural” ya que debe ser expresión del sentir del Pueblo que le dio origen. se encontraba integrado por cinco miembros. los cuales durarían cuatro años en sus cargos.
y dos por la Corte Suprema. a) b) Designaba dos de nueve jueces. de entre sus miembros. los cuales duraban ocho años.997. no pueden ignorarse una gran cantidad de deficiencias que hacían urgente una modificación a dicha normativa. en 1990. otros. significó en muchos aspectos. y uno por el Senado. y con posibilidades de reelección. Así. modificada en 2009. Dicha norma corresponde a la Ley Orgánica Constitucional Nº 17. relativos a la correcta composición del Tribunal Constitucional. por la LOC 20.. uno por el Presidente de la República. por mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio (antes de la instalación del Senado. establecida en la Carta de 1980. se arrastraban desde el texto constitucional anterior. quienes. elegidos por ésta. 3. a pesar de no tener sustento constitucional (pero sí en la LOC). por la Corte Suprema. por el Presidente de la República. del año 1981.Hugo Tórtora Aravena – 2011 tres. Estos ministros eran designados: tres. asumían como jueces de ambas instituciones. este Tribunal generó diversos autos acordados referidos a asuntos procesales y administrativos. elegidos por ésta en una sola votación secreta y unipersonal. 10 . en 1981 vuelve a entrar en funcionamiento el Tribunal Constitucional. desde siempre. con acuerdo del Senado.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . serían determinados por Ley Orgánica Constitucional. así como su organización y funcionamiento. 23ª Disposición Transitoria) La planta. 2. el de asesorar a los demás órganos del Estado.381. un avance relevante en lo que se refiere al cumplimiento de los principios antes enunciados. las principales críticas a dicha conformación podrían resumirse en: Existía simultaneidad de funciones en lo que se refiere a los Ministros del Tribunal Constitucional designados por la Corte Suprema. cuya regulación orgánica básica se encontraba en el artículo 81 de la Carta Fundamental.Constitución de 1980 Luego de un largo receso de casi ocho años. Este nuevo Tribunal se encontraba formado por siete miembros. Además. dos por el Consejo de Seguridad Nacional. por votaciones sucesivas y secretas. de entre sus ministros. órgano cuyo sentido real debiera haber sido. especialmente al Presidente de la República. esta designación era realizada por la Junta de Gobierno. remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional. el Consejo de Seguridad Nacional. se incorporaron directamente en la Carta del ’80. en materias de la Defensa y Seguridad del país. mencionada anteriormente. Algunos de estos defectos.Necesidad de una nueva reforma Si bien la regulación constitucional del Tribunal..
Al ser sucesivas. provocaba que una misma tendencia o ideología al interior de ella. con acuerdo del Senado elegirá dos Ministros suplentes. el cual designaba otros dos. quien no podía hacerse parte. el Presidente de la República además de designar directamente un ministro.Duración y posibilidad de reelección (2005): Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos. cuatro elegidos por el Congreso Nacional. y solo podrá ser reelegido por el período siguiente (art.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .. designados de la siguiente forma: tres. se produce una asimetría del poder en la designación de los magistrados constitucionales. también participa del COSENA. 3. presidiéndolo. sin posibilidad que se vieran manifestadas las diferentes posiciones en la elección de estos tres jueces. Así. 15 de la LOC del TC) 2. sólo designaba un ministro. De entre los miembros. órgano que puede hacerse parte en los procesos que tengan lugar en el TC. el Tribunal Constitucional se compone de diez miembros. Dos nombrados por el Senado directamente. Muchas de estas deficiencias fueron subsanadas por la Reforma Constitucional de 2005 (Ley Nº 20. se renovarán por parcialidades cada tres. sobre la base de una nómina de siete nombres propuestos por el propio Tribunal Constitucional.. pero sólo cuando en caso que no alcance el quórum suficiente para sesionar (art. en una sola votación secreta que se celebrará en una sesión especialmente convocada al efecto. designaba dos. según lo veremos a continuación.  Situación actual 1. Los suplentes subrogarán a los titulares cuando éstos no puedan integrar sala o comisión. designados por el Presidente de la República.. el Presidente de la República. 5º de la LOC del TC) Además. y tres elegidos por la Corte Suprema. mientras que el Consejo de Seguridad Nacional. A su vez.050). Cada votación se realizará en votaciones únicas y requerirán del voto favorable de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. d) Tal como lo indica el profesor Lautaro Ríos. y no podrán ser reelegidos salvo los que hayan asumido como reemplazantes y que hubieren ejercido el cargo por un período menor a cinco años. se realizaba en votaciones sucesivas y secretas. deberá elegirse al Presidente del Tribunal por la mayoría simple de sus integrantes. cada tres años.Requisitos para ser designado Ministro del TC (2005): 11 .Número e Integrantes del TC (2005): De conformidad con el actual artículo 92 de la Constitución Política.Hugo Tórtora Aravena – 2011 c) La designación de los tres miembros hecha por la Corte Suprema. y dos previa propuesta de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. el Congreso Nacional. el cual durará en su cargo por dos años.
Sin embargo. por aplicación del inciso tercero del art.. Además. salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará conforme a derecho (ej: 93 Nº 7 CPR). y en el segundo de. Además. 60. el quórum para sesiona será de.Hugo Tórtora Aravena – 2011 Los Ministros del Tribunal deberán: tener a lo menos quince años de título de abogado. o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. 6.Funcionamiento (2005): El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. No podrán aceptar ser director de banco o sociedad anónima. 60 inciso segundo y tercero del art. se les aplicarán las incompatibilidades establecidas para los parlamentarios. sus cargos cesarán por: cumplir 75 años de edad. por aplicación del artículo 58 (art. por aplicación del inciso tercero del mismo artículo y del 92 inciso tercero CPR). El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría. En el primer caso.. 92 CPR).. incluyendo la judicatura (art.. Tampoco podrán.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . haberse destacado en la actividad profesional. 13 de la LOC del TC. no podrán ejercer la profesión de abogado. naturalmente por expiración del plazo para su nombramiento. por aplicación del artículo 59 de la Constitución (art. a lo menos.Causales de Cesación del cargo (2005): Los ministros del Tribunal Constitucional serán inamovibles. a lo menos.Incompatibilidades (2005): A los miembros del Tribunal Constitucional. 4. universitaria o pública.Incapacidades (2005): También les son aplicables las incapacidades que existen respecto de los senadores y diputados. 60 CPR. ocho miembros. 92 inciso segundo CPR). ni actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco. el art. ni ejercer cargos de similar importancia en estas actividades (art. asumir alguna de las actividades señaladas en el inciso segundo del art. 92 inciso segundo CPR) 5. en la provisión de empleos públicos. por sí o por interpósita persona. consejerías. cuatro. 12 . 7. cesarán por renuncia aceptada por el Tribunal y. y no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. funciones o comisiones de similar naturaleza. 92 inciso segundo CPR). celebrar o caucionar contratos con el Estado.
Regulación supletoria (2005): De acuerdo al inciso final del artículo 92 de la Carta Fundamental. funcionamiento.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . la regla que se puede advertir. según lo estudiado en la Unidad sobre Congreso Nacional (revisarla). 25 C Y 25 D de la LOC del TC). corresponderá a una ley orgánica constitucional.  Apéndice: constitución actual del Tribunal Constitucional (Agosto de 2011) Actualmente. procedimiento.. Marcelo Venegas Palacios (Presidente) 2. las suspensiones del procedimiento.Hugo Tórtora Aravena – 2011 La Constitución indica las materias que necesariamente deberán ser conocidas por el pleno (art. que regula materias propias de ley. debemos entender por preceptos legales:”toda norma de carácter general y obligatoria. la que además fijará la planta. Las demás funciones las desarrollará en pleno o en sala. Marisol Peña Torres 5. 8. como las admisibilidades que no correspondan al pleno. José Antonio Viera-Gallo Quesney 9. Hernán Vodanovic Schnake 4. interpretando armónicamente las normas constitucionales y legales. modificada por la Ley 20. Carlos Carmona Santander 8. Enrique Navarro Beltrán 6. 92 inciso 5º de la CPR). serán conocidas por las Salas.997 de 1981. determinar su organización. es que todas las resoluciones de fondo son conocidas por el Pleno. y todas las demás de similar naturaleza. el Tribunal Constitucional cuenta con la siguiente integración: 1. Control de Constitucionalidad en el Tribunal Constitucional (Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales – Control de Constitucionalidad de Auto Acordados – Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos)  Control de Constitucionalidad de Preceptos Legales Recordemos que. En general. y que se encuentra ubicada 13 . Gonzalo García Pino III. Francisco Fernández Fredes 7. según lo determina la LOC del Tribunal Constitucional (arts. Esa Ley corresponde a la N° 17. Raúl Bertelsen Repetto 3. Las resoluciones de mera tramitación. régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. Iván Aróstica Maldonado 10.381 de 2009. salvo las contiendas de competencia.
Control Preventivo Obligatorio de Preceptos legales. En este caso. Procede respecto de: Leyes Interpretativas de la Constitución Leyes Orgánicas Constitucionales Normas de un Tratado que versen sobre materias propias de Ley Orgánica Constitucional.Control Preventivo Eventual de Preceptos Legales. El control respecto de este tipo de normas. tanto a nivel preventivo (obligatorio y eventual) y represivo (concreto y abstracto).. (2) cualquiera de las Cámaras. por motivos graves y calificados. 1.1. 1.Hugo Tórtora Aravena – 2011 jerárquicamente en una posición inmediatamente inferior a la Constitución Política”. no se aplica a la ley de presupuesto ni a la aprobación de la declaración de guerra).  El requerimiento respecto de este tipo de normas sólo podrá ser presentado por: (1) el Presidente de la República. En relación con los efectos del requerimiento: (a) éste no suspende la tramitación del proyecto. se desarrolla. y podrá ser obligatorio o eventual. Sólo podrá ser interpuesto antes de la promulgación de la ley respectiva. 14 .Control Preventivo de Preceptos Legales.2. Se produce antes que le precepto legal entre en vigencia. sin embargo. Consiste en: Artículo 93 Nº 1 de la CPR.. o (3) una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de éstas.  1. Se refiere a: Artículo 93 Nº 3 de la CPR. Puede recaer respecto de: Leyes Simples y de Quórum Calificado Leyes de Reforma Constitucional Normas de un Tratado que no versen sobre materias de Ley Orgánica constitucional. o antes de la remisión de la comunicación de la aprobación del tratado por parte del Congreso Nacional. la Cámara de Origen deberá enviar al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. pero nunca después del quinto día posterior al del despacho del proyecto. salvo que decida prorrogarlo hasta por 10 días más. no podrá ser promulgado hasta la expiración del plazo referido (esta última regla.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .. (b) sin embargo. El Tribunal Constitucional deberá resolver el requerimiento en un plazo de 10 días.
ya que no lo menciona expresamente el art. Una vez ingresado el recurso al Tribunal Constitucional. El objeto de este recurso es obtener la inaplicabilidad de un precepto legal. y d) cumple los demás requisitos que establezca la ley. y 6.Control Represivo de Preceptos Legales. Corresponde a lo que se conoce como “Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de Preceptos Legales”:  Este recurso podrá ser interpuesto en cualquier gestión que se siga ante un Tribunal ordinario o especial. Según esta norma. algo más detallada. 5. Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación. Cuando carezca de fundamento plausible (el Tribunal Constitucional ha entendido que cuando la ley habla de fundamento plausible. aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto (es virtualmente una reiteración de un requisito constitucional).Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . 3. Tiene lugar una vez que el precepto se encuentra en vigencia. sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento. Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal (es un requisito legal y no constitucional). Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal. Estos requisitos legales son los que indica el art. debe 15 . del requisito establecido en la Constitución). o por el juez que conoce del asunto. o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada (es una reiteración.1. el TC debe declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: “1. Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado (este requisito es efectivamente un requisito legal.Control Represivo Concreto de Preceptos legales. cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en la gestión judicial antes señalada. mediante el cual se comprobará si: a) existe gestión pendiente. 2. 84 de la LOC del TC. la sala respectiva realizará el examen de admisibilidad respectivo. y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva (también es un requisito legal y no constitucional). c) la impugnación que esté fundada razonablemente.. Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión. 4. Consiste en: Artículo 93 Nº 6 de la CPR. 93 de la Constitución) 2.Hugo Tórtora Aravena – 2011 2. sólo por: (1) (2) cualquiera de las partes. b) la aplicación del precepto legal pueda resultar decisivo en la resolución del asunto..
Hoy.Control Represivo Abstracto de Preceptos Legales. por estimarlo inconstitucional. quien podrá declarar la inaplicabilidad en el análisis de fondo. en las materias de que conozca. en estricto rigor.. con pulcritud la atribución que tenía la Corte Suprema no es exactamente la misma que la que tiene hoy el Tribunal Constitucional. analizaba “norma contra norma”). la Inaplicabilidad era conocida por la Corte Suprema. La declaración de inadmisibilidad no será susceptible de ulterior recurso. podrá requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.” Luego de la Reforma de la Ley 20. podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Declarada la admisibilidad. 80 de la Constitución: “Art. Consiste en el conocimiento de requerimientos que cuestionen la constitucionalidad de un Decreto con Fuerza de Ley.2. o sea. y dentro de un plazo de 10 días contados desde la resolución de la contraloría. de oficio o a petición de parte.Hugo Tórtora Aravena – 2011 entenderse que el recurso debe estar fundado razonablemente. No obstante ello. La Corte Suprema. el recurso será conocido por el pleno del Tribunal. pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . El procedimiento correspondiente exige distinguir dos situaciones diferentes:  Si la Contraloría General de la República ha representado (rechazado) un Decreto con Fuerza de Ley. Como se aprecia. o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal.050. (1) (2) Si la Contraloría General de la República ha tomado de razón 16 . La Corte Suprema hacía un curioso control abstracto de constitucionalidad con efectos particulares (lo que analizaba era si la norma era constitucional o inconstitucional. rol 1288 del 25 de agosto de 2009. Se refiere a: Artículo 93 Nº 4 de la CPR. considerandos 102º a 105º)”. o sea ya no analiza la relación “norma contra norma” sino que la relación entre la “aplicación de la norma legal contra la norma constitucional”). no si su aplicación era o no constitucional. ya que el DFL aún no ha entrado en vigencia. ya que eso es lo que establece la Constitución. por cuanto lo que le compete es declarar inaplicable cuando “su aplicación” resulte contraria a la Constitución. en cambio. se trata de un control preventivo y no represivo. 80. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión. para que resuelva la respectiva cuestión de constitucionalidad. 2. esta competencia se traslada al Tribunal Constitucional. el Presidente de la República. Hasta el año 2005. Esta misma sala podrá conceder la suspensión del procedimiento que haya originado este recurso. de acuerdo a lo establecido en el antiguo art. el control que realiza el Tribunal Constitucional es efectivamente concreto y de efectos particulares (ello.
Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . Efectivamente. 93 de la LOC del Tribunal Constitucional. como así mismo. También. se deberá contar con el voto favorable de los cuatro quintos de los integrantes en ejercicio del Tribunal Constitucional. de la acción pública de inconstitucionalidad: a) Cuando no exista sentencia previa que haya declarado la inaplicabilidad del precepto legal impugnado. podrá ser ejercida de oficio por el propio Tribunal Constitucional. en lo que se refiere a la Inconstitucionalidad de Oficio. y dentro de un plazo de 30 días desde su publicación en el Diario Oficial. regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. Este requerimiento. en el caso que se ejerza la acción pública. un precepto legal cualquier persona podrá presentar esta acción ante el Tribunal Constitucional. En cumplimiento a dicho mandato constitucional. indicando la sentencia de inaplicabilidad previa en la que se sustenta y los argumentos constitucionales que sirvan de apoyo. Además. respecto de un tratado internacional. Para decretar la inconstitucionalidad del precepto en cuestión. De acuerdo con el inciso 12° del art.  Esta acción tiene por objeto obtener del Tribunal Constitucional la declaración de incostitucionalidad de un precepto legal que haya sido declarado inaplicable en forma previa. que individualizará la sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento y las disposiciones constitucionales transgredidas”(art. señala que no podrá promoverse una inconstitucionalidad. y b) Cuando la cuestión se funde en un vicio de inconstitucionalidad distinto del que motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto legal impugnado. señala que “En los casos en que el Tribunal proceda de oficio. en tal caso cualquiera de las Cámaras o la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. a diferencia del anterior. podrá interponer el respectivo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Se refiere a la Acción Popular de inconstitucionalidad de Preceptos Legales previamente declarados inaplicables. Artículo 93 Nº 7 de la CPR. 95 establece que los actores deberán fundar razonablemente la petición. de acuerdo al procedimiento del artículo 93 Nº 6 de la CPR. por lo mismo. puesto que el DFL ya ha entrado en vigencia. Esta persona no requiere comprobar interés alguno en la acción y. Finalmente. 94 de la LOC del TC).Hugo Tórtora Aravena – 2011 (aprobado) un Decreto con Fuerza de Ley. sí constituye control represivo. 93. 97 establece que se declarará la inadmisibilidad. mientras que el art. se señala que se trata de una “Acción Popular”. 17 . una vez declarado inaplicable por el procedimiento antes señalado. el art. la única norma especial que establece la LOC respectiva. así lo declarará en una resolución preliminar fundada. la Ley Orgánica Constitucional respectiva deberá establecer los requisitos de admisibilidad. el art. sin ulterior recurso.
en ciertos casos también puede revisar la constitucionalidad de algunos actos administrativos. perderá su vigencia. por cuanto si la causa de la representación del acto presidencial no es la inconstitucionalidad. En este caso.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . el que dispone que “son atribuciones del Tribunal Constitucional. que sólo procede el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del Presidente cuando el Decreto o resolución ha sido objetado por la Contraloría en razón de su inconstitucionalidad. el camino que puede tomar el Presidente de la República es insistir ante la propia Contraloría. Decretada la incostitucionalidad del Auto Acordado. el Jefe de Estado podrá interponer el requerimiento ante el Tribunal Constitucional dentro de un plazo de 10 días contados desde el dictamen del órgano contralor. en cuyo caso este órgano deberá dar curso al respectivo  18 . no se busca la mera inaplicabilidad del Auto Acordado. resolución que no será susceptible de ulterior recurso. o desde la primera actuación del procedimiento penal. o cualquier persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un Tribunal ordinario o especial.Hugo Tórtora Aravena – 2011 En caso de ser declarada la inconstitucionalidad. Decimos esto. cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo Auto Acordado. será necesario diferenciar dos situaciones diferentes: Artículo 93 Nº 9 de la CPR. Ingresado el requerimiento o recurso ante el Tribunal Constitucional. sino su eliminación del ordenamiento jurídico.  Control de Constitucionalidad de Auto Acordado El control de consitucionalidad de Auto Acordados se encuentra consagrado en el artículo 93 Nº 2 de la CPR. 2º resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los Auto Acordados dictados por la Corte Suprema. Dejamos en claro. El requerimiento respectivo podrá ser presentado por: (1) (2) (3) el Presidente de la República. aún en el caso en que haya sido presentado por algunas de las partes dentro de un juicio.  Control de Constitucionalidad de Actos Administrativos El Tribunal Constitucional. con la firma e todos sus ministros. el precepto legal se entenderá derogado. O sea. en la sala respectiva procederá a realizar un examen de admisibilidad. Por este motivo. cualquiera de las Cámaras o 10 de sus miembros. sino que su ilegalidad. Se refiere a las cuestiones de constitucionalidad de un Decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República ha representado por ser inconstitucional. las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”.
99 de la CPR) Artículo 93 Nº 16 de la CPR. Corresponde al conocimiento de las cuestiones sobre la constitucionalidad de Decretos Supremos. había sido tomado de razón por parte de la Contraloría General de la República.Inconstitucionalidad decretada bajo Control Preventivo. Dentro de ellos destacamos los siguientes: (a) Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional. 3. (b)  No obstante lo anterior. En este caso. sólo podrá ser interpuesto por cualquiera de ambas Cámaras. podrá rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. este Tribunal actúa en única instancia. supone la existencia de un Decreto Supremo que ya ha entrado en vigencia y por lo tanto. Efectos de las Sentencias del Tribunal Constitucional. no procederá recurso alguno. Respecto del titular del requerimiento. 1. a pesar de su representación (art. Las Sentencias del Tribunal Constitucional (Cuestiones Generales – Efectos de las Sentencias)  Cuestiones Generales El artículo 94 de la de la CPR establece algunos Principios fundamentales en relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional. el mismo Tribunal.. al menos a nivel interno. cualquiera sea el vicio invocado. debemos distinguir:  (a) si el vicio se refiere a la violación del Principio de Reserva Legal. “las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o Decreto con Fuerza de Ley de que se trate”. Vale decir. 19 . en el control de constitucionalidad de preceptos legelaes. IV. podríamos distinguir diferentes escenarios: 1. 93 Nºs. El requerimiento respectivo. podrá ser interpuesto dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. Sobre al particular. podrá ser interpuesto por cualquiera de las Cámaras o por a cuarta parte de sus miembros en ejercicio. incluyendo a aquellos que vulneren el Principio de reserva Legal por regular asuntos contenidos en el artículo 93 de la CPR. según art.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . 4 de la CPR Según el inciso 2º del artículo 94 de la CPR. (b) si el vicio se refiere a otra infracción. conforme a la ley. sin que exista la posibilidad que otro órgano pueda revisar dicha sentencia.Hugo Tórtora Aravena – 2011 decreto o resolución.
dicho decreto quedará sin efecto de pleno derecho con el sólo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. como es el Tribunal Constitucional.Inaplicabilidad de un Precepto Legal según art. 4 y 7. Así.Hugo Tórtora Aravena – 2011 2. dentro de los tres días siguientes de su dictación. al contar con un Tribunal Constitucional. se confirmaría en el hecho que en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional no procedería recurso alguno (art.Inconstitucionalidad decretada bajo Control Represivo El inciso 3º del artículo 94 de la CPR. 93 Nºs. seguiría el modelo austriaco o de control concentrado. 2. la inconstitucionalidad del precepto legal. lo que es así también en el plano de América del Sur (…)”2. Ello. por lo demás. por ejemplo Humberto Nogueira asegura que “el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre del ordenamiento jurídico interno. (b) Inconstitucionalidad de Auto Acordados. 3. El Modelo de Control de Constitucionalidad en Chile (Primera opinión: Control Difuso – Segunda Opinión: Control Concentrado – Tercera Opinión: Sistema Mixto de Control )  Primera Opinión: Control Concentrado Aparentemente.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . La existencia de un único órgano. 93 Nº 16 de la Carta Fundamental. de un Decreto Supremo o de un Auto Acorado. independiente y autónomo. HUMBERTO (2005): “La integración y el estatuto jurídico del Tribunal Constitucional después de la 20 .. en quien radica el control tanto preventivo como represivo. Si estas normas han sido declaradas inconstitucionales a través de lo dispuesto en el art. 2 NOGUEIRA ALCALÁ. Decretos con Fuerza de Ley y Preceptos Legales. V. o el propio Tribunal Constitucional de oficio declare. se entenderán derogadas desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo. 93 Nº 6 Una vez declarada la inaplicabilidad de un precepto legal. 94 inciso primero). éste no podrá aplicarse en la gestión judicial específica dentro de la cual se hubiere dictado. abstracto y concreto de constitucionalidad. Chile. de un Decreto con fuerza de Ley. Un segundo efecto consiste en que se abre la posibilidad que cualquier persona solicite. ya que es el intérprete supremo y último de la Constitución. en su caso se publicará en el Diario Oficial. exige distinguir las siguientes situaciones: Inconstitucionalidad de un Decreto Supremo. la que no producirá efecto retroactivo. Si un Decreto Supremo es declarado inconstitucional a través de lo dispuesto en el art. . el inciso final del artículo 94 de la CPR establece que toda sentencia que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley. llevaría a la convicción que nuestro modelo sería concentrado.. (a) En todo caso.
706 del Código Civil.Hugo Tórtora Aravena – 2011  Segunda Opinión: Control Difuso En nuestra doctrina nacional. diferente a la genérica contenida en el antiguo art. y porque el art.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . las normas que no han sido dictadas “conforme a la Constitución” no obligan. Si ellos tienen esa atribución. Ríos cree que no. que “por fortuna la Constitución de 1980 abre un ancho camino al control difuso de constitucionalidad de las normas. al menos hasta la reforma constitucional del año 2005 (Ley Nº 20. brasileños. Santiago de Chile. LAUTARO (2002): “El Control Difuso de Constitucionalidad de la Ley en la República de Chile”. el profesor Lautaro Ríos había sido quien había defendido la tesis del control difuso de constitucionalidad en Chile. pertenece a la esencia de la función jurisdiccional que la propia Constitución reconoce a los Tribunales. sino que además tienen el deber de hacerlo. 223 Nº 1 del Código Penal sanciona al juez que. falla contra ley expresa y vigente.Los Tribunales no sólo tienen la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas contrarias a la Constitución. ¿acaso son “menos” que los jueces de otras latitudes?. a sabiendas.de estos apuntes.El principio de Supremacía Constitucional. “trasladándose” –con algunas puntuales pero importantes variaciones.de la Carta Fundamental.La facultad que posee cada juez ordinario de interpretar las normas. 3 RIOS ALVAREZ.El análisis comparado permite determinar que.. y de decidir “cuáles son aplicables y cuáles no”. Pág. . en Revista Ius et Praxis. En esa ocasión. camino que no parece haber sido descubierto. y no aplicar las normas que no hayan sido dictadas conforme a ella. . .al Tribunal Constitucional. 21 . no deben ser aplicadas por los jueces. los argumentos que nos presentaba en esa época el profesor Ríos se podrían resumir en los siguientes: . por esconderlo la tupida maleza de ciertos prejuicios”3. mexicanos. año 8 Nº 1. significará que todos éstos deberán aplicar con preferencia las normas constitucionales. 602. ¿por qué sostener en Chile que los jueces estarían poco capacitados para desarrollar esa función?. . Recordemos que producto de esa reforma. consagrado en el artículo 6º de la Carta Fundamental4 obliga a todos los órganos del Estado. porque de acuerdo al art. los jueces argentinos.050). Si aplicamos este principio a los Tribunales ordinarios. por lo que no es necesaria ninguna norma que le entregue expresamente alguna competencia especial. Esto. al menos a esa época. el error en materia de derecho hace presumir la mala fe. Editorial Librotecnia. páginas 389-418 4 Ver punto 5. peruanos y venezolanos tienen atribuciones para ejercer el control difuso de constitucionalidad. O sea. lo que implica que todos éstos deben ajustarse a lo que dispone la Constitución “y a las normas dictadas conforme a ellas”. colombianos. desaparece el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en sede de Corte Suprema. comparando la Carta actual con la del ’25.La consideración de existir un recurso autónomo como era el Recurso de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad que la Carta Fundamental entregaba en su Reforma Constitucional de 2005” trabajo publicado en el libro colectivo “La Constitución Reformada de 2005”. y por lo mismo. El autor indicaba en 2002. 73 –hoy 76.
en las materias de que conozca. es una acción que se inicia a solicitud de interesado. anterior a la vigencia de la reforma. Son diferentes porque el recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema. el control de 5 Art. LAUTARO (2005): “Trascendencia de la reforma constitucional en la fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional”. 22 . Pág. 15 a 27. Nº 2. es una declaración que se emite dentro de un proceso. del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. no requiere de paralización del proceso para que sea eficaz. compartido entre dos órganos diferentes. a partir de la reforma constitucional antes citada. Santiago de Chile. cualquiera sea su rango o calidad.– interpretaban la Carta Fundamental6”.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . en: ZUÑIGA URBINA. ley Nº 20. independiente y especializado que asume en plenitud esta delicada función”7.50): “La Corte Suprema. Todo lo anterior a diferencia del control difuso desarrollado por cualquier otro Tribunal. al ser una acción independiente. en virtud de las distintas visiones hermenéuticas con que ambos tribunales –la Corte Suprema y el T. Aparentemente. en Revista Estudios Constitucionales. Editorial Librotecnia. de la Universidad de Talca. no obstante la reforma del año 2005. sosteniendo: “De un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. es una declaración que se emite en única instancia. Editorial Librotecnia. podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución.Hugo Tórtora Aravena – 2011 art.que la aplicación de los principios de Supremacía Constitucional y de Fuerza Vinculante de la Carta Fundamental. mantienen atribuciones para aplicar e interpretar la Carta Magna. este mismo autor abandonaría esta tesis. Santiago de Chile. en esencia diferentes. Hemos avanzado desde un régimen incoherente. en Revista Estudios Constitucionales. pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento”. Y también: “La reforma significa un progreso cualitativo de nuestro sistema de control de constitucionalidad de la ley. porque ambas competencias son. a uno concentrado en un solo Tribunal Supremo. Pág. del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. sólo procede contra preceptos legales. tienen una consecuencia natural en el plano del control de constitucionalidad. o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal. no sólo procede por preceptos legales sino que además por cualquier otro tipo de norma infraconstitucional que aparentemente pudiera vulnerar la Carta Fundamental. y para que sea eficaz. no era obstáculo para seguir sosteniendo el control difuso por parte de los demás tribunales ordinarios. y es que todos los tribunales de justicia. progresamos a un control concentrado en un solo órgano supremo. 80 a la Corte Suprema5. siguen existiendo posturas divergentes que insisten en que en Chile existe un sistema difuso. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión. 76 7 RÍOS ALVAREZ. como la del profesor Miguel Ángel Fernández8 quien sostiene – con sólidos argumentos. Sin embargo. de la Universidad de Talca. Año 3. Año 3. 640 8 También se puede consultar otra posición en la materia. por último. Ello. requiere un nuevo proceso. lo que restablece el principio de unidad de jurisdicción en esta delicada materia y pone término a la indeseable dualidad interpretativa. Editorial Librotecnia. Págs. por lo que es susceptible de los recursos judiciales normales. de oficio o a petición de parte. no requiere de un nuevo proceso sino que necesariamente opera dentro de él. 6 RIOS ALVAREZ.C. por lo que se mantendría en Chile. Nº 1. necesita de la suspensión o paralización del proceso que motivó el recurso. que no opera necesariamente por solicitud sino que también puede operar de oficio. por hallarse compartido y segmentado entre dos órganos jurisdiccionales distintos e independientes entren sí. FRANCISCO (2005): “Control de Constitucionalidad y Casación”. trabajo publicado en el libro colectivo “La Constitución Reformada de 2005”. Santiago de Chile. 80 CPR (antes de la Reforma Constitucional del año 2005. y. LAUTARO (2005): “El nuevo Tribunal Constitucional”. sin posibilidad de impugnarla.
en general. no es menos cierto que no es el único que ejerce el Control de Constitucionalidad de. se familiaricen con la Carta Fundamental que se vive porque es vívida y que impera porque es aplicada cotidianamente. Pág. Cierto es que la jurisprudencia así pronunciada debe ir siendo uniformada. 118 23 . o por la vía del recurso de protección (art. en el control abstracto o eventual”9. del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Nº 1. Pero tampoco con rasgo exclusivo y excluyente. sea que lo haga el Tribunal Constitucional. un verdadero control de constitucionalidad. según este autor. todas las normas jurídicas. Así por ejemplo. MIGUEL ANGEL: (2005): “constitución y Casación: ¿De la falta de aplicación al Monopolio Constitucional”. Año 3. Editorial Librotecnia. en el control y en la interpretación constitucional. Por ello.Hugo Tórtora Aravena – 2011 constitucionalidad difuso. en este caso. debiéramos decir que: 9 FERNANDEZ GONZALEZ. sino con cualidad suprema. en Revista Estudios Constitucionales. la Contraloría General de la República también realiza un control. bien podemos considerar que cada vez que un órgano del Estado dicta una norma jurídica ha de realizar internamente ya sea en el debate (si proviene de un órgano colegiado) o en su elaboración (si proviene de un órgano unipersonal). sino que ello seguirá siendo resorte último de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. cuando sea requerido por el juez o por las partes y. según sea el caso. pero importantedebe llevarla a interpretar las disposiciones constitucionales de manera que oriente el trabajo de los jueces. de los actos de la administración. paralelo a la función del Tribunal Constitucional. sea por la Corte Suprema y para ello el instrumento de la casación –no único.  Tercera Opinión: Control Mixto Pensamos sin embargo. 21 CPR). tanto de legalidad como de constitucionalidad. Santiago de Chile. quienes están llamados a uniformar u homogeneizar los criterios disímiles que pudieren ir apareciendo El profesor lo grafica con estas palabras: “La igualdad y certeza (…) se logran avanzando precisamente (…) fortaleciendo la interpretación y aplicación directa de la Constitución por todos los operadores jurídicos. quien ejerce CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. pero todo ello sin carácter supremo o máximo. En efecto. ello por cuanto si bien en nuestro país existe un Tribunal Constitucional. que el modelo chileno no es propio de controles concentrados ni mixtos. por el valor intrínseco de sus sentencias y por la fuerza legitimante de sus decisiones. y efectuarán legítimamente el Control de Constitucionalidad de las normas. 7° CPR). otros órganos también realizan control de constitucionalidad de otras clases de normas. también. de la Universidad de Talca.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . más que por las declaraciones de vinculatoriedad. En tanto. Por tanto. los Tribunales ordinarios interpretarán y aplicarán la Constitución. de manera que ellos y quienes ante ellos acuden. 20 CPR) o del recurso de amparo (art. los Tribunales Ordinarios pueden declarar la nulidad de una norma administrativa (manifestaciones de la potestad reglamentaria) por la vía de una demanda de nulidad del derecho público (art. o bien. especialmente para la defensa de sus derechos fundamentales. Por último.
Recordaremos primeramente que la interpretación consiste en la labor intelectual que realiza un sujeto público o privado. que ocupa. en Chile existe un sistema concentrado de constitucionalidad. en estricto rigor. que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. no pueden aplicarse de la misma forma como se aplican respecto de normas del derecho privado. La principal interrogante que se presenta en el tema de la Interpretación de la Constitución es si es posible o no. son los siguientes: 1. el Gobierno cuando aplica la Constitución. reconociéndose ciertos matices o características particulares que reviste la hermenéutica constitucional.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . de las normas sobre interpretación contenidas en el Código Civil Si estimamos. destinada a descubrir el verdadero sentido de un texto determinado. VI.Hugo Tórtora Aravena – 2011 - - - Chile no cuenta con un sistema concentrado de constitucionalidad. A pesar de ello. 24 . Al respecto. diferentes a los que establece el Código Civil. sólo en lo relativo a las leyes. aplicar las mismas normas que establece el Código Civil para la interpretación de las leyes (arts. como hemos venido indicando. sino sólo el Tribunal Constitucional. 19 a 24 del Código Civil). Sin embargo. a cargo del Tribunal Constitucional. es también aplicable a los demás órganos. El hecho que en Chile no exista un sistema de control concentrado. por lo que es evidente que lo que analizaremos a continuación. ya que existen diversos órganos llamados a realizar este control sobre diferentes clases de normas. si bien es especialmente importante para el TC. NOCIONES SOBRE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL (Sobre la aplicación de las normas del Código Civil – Elementos de interpretación constitucional) • Sobre la aplicación a la Constitución. ya que no es efectivo que cualquier tribunal pueda declarar inaplicable o inconstitucionalidad los preceptos legales. por lo que no es posible concebir que ellas limiten las posibilidades de interpretación de la norma constitucional. Los fundamentos que permiten establecer que la Interpretación Constitucional posee criterios propios. podríamos decir que Chile cuenta con un sistema de control mixto de constitucionalidad. Porque las reglas de los artículos 19 a 24 del Código Civil están contenidas en una norma de inferior jerarquía que la Constitución. claramente no es el Tribunal Constitucional el único órgano que interpreta la Constitución (también lo hace el Congreso Nacional cuando forma las leyes. debemos revisar algunos de los principales criterios de interpretación de la Carta Fundamental. Por lo anterior. se ha entendido que dichas reglas. el Poder Judicial cuando resuelve por ejemplo cuando conoce de recursos de protección o nulidades de derecho público). tampoco significa que sea difuso. si bien en algunos casos pueden ser útiles. entonces. y que la hacen diferente de la interpretación de la norma civil.
aseguraría fielmente el resguardo por la voluntad inicial del Constituyente y no del intérprete. “democracia”. según Patricio Zapata implica “ignorar el carácter político. puede terminar con resultados absurdos. debemos señalar como primera aproximación. Consiste en interpretar los preceptos constitucionales. “dignidad”. los que incluso pueden primar por sobre las reglas del Código Civil. que debiera ser viva y aplicable a las nuevas realidades sociales11. Antes de ello. que hay ocasiones donde no es posible tener acceso a las deliberaciones (nosotros decimos: pensemos en las actas ocultas de la H. que recurrir en exceso al creador original. Dentro de estas tendencias de interpretación. Se refiere a que toda interpretación debe tender a encontrar la verdadera voluntad del creador de la norma. el respeto por las tradiciones del país. podremos destacar10: El “literalismo”. por lo que se imposibilita notablemente descubrirlas. “indeterminados” o de concepto variable” (nosotros lo podríamos ejemplificar de la siguiente manera: ¿podría un literalista interpretar a partir de las definiciones de diccionario. a partir del tenor literal de las palabras que lo componen.Hugo Tórtora Aravena – 2011 2. resulta ser decisivo. histórico y cultural” de las normas constitucionales. ver: ZAPATA LARRAIN. Porque el texto Constitucional está compuesto en sí mismo por principios y valores especiales. siendo difícil establecer cuál de todas las opiniones primó. habrá que establecer inmediatamente cuáles son dichos criterios de interpretación. 10 11 Al respecto. eso sí. las normas que hacen referencia a términos tales como “honra”. y además. y colaboraría con una máxima certeza jurídica.com/2006/08/sobreinterpretacin-constitucional. Link: http://www. Aplicar este criterio. etc. Por lo mismo.saberderecho. no resuelve los problemas que plantean las palabras con “textura abierta”. es interesante la comparación que nos entrega Ian Galacher entre una interpretación originalista de la Constitución. PATRICIO (2008): Justicia Constitucional. • Los elementos de interpretación constitucional Señalado lo anterior. 3.html (revisado el día 20 de agosto de 2009) 25 . que impiden la actualización de una Constitución.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . es adecuado tener en consideración criterios tales como la prudencia. hay que recurrir a álgidas discusiones en el seno de las comisiones. que no poseen necesariamente las normas inferiores. y una interpretación originalista de una pieza musical clásica. y que ha de aplicar el Tribunal Constitucional. por lo que el criterio de la Historia Fidedigna de la Constitución o de sus reformas. Págs. Estos principios deben ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar la actividad interpretativa. y. criterios que jamás se utilizarán a la hora de interpretar una ley inferior. Porque la trascendencia de la interpretación es mucho mayor que la interpretación de otro tipo de normas jurídicas. Se puede revisar esta tesis en el excelente Blog Jurídico del profesor argentino Gustavo Arballo “Saber leyes no es saber Derecho”. propios del Derecho Constitucional. 179-223 También sobre originalismo. va a depender de ciertas tendencias hermenéuticas a la cual el intérprete se adscriba. que cuando se trata de descubrir dicha voluntad. Junta de Gobierno en las que se discutió el Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión de Estudios). Ello. que necesariamente adoptar un sistema de interpretación. u otro. También Zapata critica esta opción. finalmente. señalando: que no siempre el legislador o constituyente son claros al momento de expresar sus voluntades. “equidad” o “justicia”?) - El “originalismo”.
a veces alejadas al espíritu real de la Constitución. para quien las tres tendencias antes dichas.es/ 26 . deben ir cambiando conforme cambie también el contexto histórico y los nuevos ideales de un pueblo soberano. Nº 2. que se adapte a las nuevas realidades sociales.org/wiki/Activismo_judicial .com/2006/04/qu-es-el-activismo-judicial. el “originalismo” (“intencionalismo”) asocia el Derecho a un acto de autoridad. significará. 12 Vea el significado de “activismo judicial” en Wikipedia: http://es.html 13 No deja de ser atractiva la propuesta de Juan García Amado. El estudio del contexto. 37-74. en Revista jurídica de Castilla y León. subjetivizándose en demasía su labor interpretativa. Esta última tendencia pretende analizar cada precepto. (9) interpretación según prudencia. inmutable. (2) interpretación literal. rígida. En este caso. nos dice Patricio Zapata. el finalismo (axiológica o material). donde el elemento lingüístico es fundamental. está representado principalmente por el recurso a los grandes valores del Derecho. o en las explicaciones de los autores argentinos (nacionalidad de quienes más han desarrollado este concepto): Jorge Peyrano http://bibliotecajuridicaargentina. sin mayor sujeción a un mínimo de razonabilidad y precisión. y que por lo tanto..Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .unirioja. sin instrumentalizarla para fines particulares. Mientras el literalismo supone al Derecho como un conjunto de “mensajes”. Indudablemente que este mecanismo es menos formal. finalmente.html (resumen). promoviéndose que los jueces busquen salidas “originales”. el intérprete confíe más bien en una Constitución Viva. el día que el Constituyente original o derivado manifiesten su voluntad. sino que lo hace discerniendo las relaciones entre esa norma y el resto del articulado de la Carta Fundamental. (4) interpretación finalista o teleológica. por lo que esta interpretación cree en el Derecho como “una razón moral objetiva”. (11) interpretación según certeza o seguridad jurídica. O bien. (6) interpretación con respeto al Derecho Internacional. (7) interpretación pro-homine o favor-libertatis. y que entienda que los conceptos originales que quisieron volcar los padres y madres fundadores de un modelo constitucional. no de forma aislada ni sólo arraigada en su origen histórico. permitirá “descubrir cuál es el papel o función distintiva que cumple dentro del sistema constitucional el precepto cuyo sentido se indaga”. no podemos dejar de mencionar que el finalismo también puede ofrecer dificultades: puede promover un exceso activismo judicial12. analizaremos algunos de los criterios de interpretación más relevantes. pags. (10) deferencia razonada. asumir una concepción en torno a lo que es y lo que se quiere que sea la Constitución misma: El intérprete quizás prefiera una Constitución Estatua. GARCIA AMADO. (3) interpretación axiológica. el argumento originalista y en cierta forma.com/2008/02/sobre-el-activismo-judicial-peyrano.saberderecho. y desprovisto de las ataduras que ofrece una interpretación apegada a las palabras o a la historia. a saber: (1) interpretación de buena fe. Informadas estas tendencias13.blogspot. aunque también compartimos la visión del autor.wikipedia. Finalmente. - Utilizar un sistema u otro. o Gustavo Arballo: http://www.Hugo Tórtora Aravena – 2011 El “finalismo”. De esta forma. el literalista se apega a ese modelo de Constitución. Disponible en: http://dialnet. (5) interpretación sistemática. (8) interpretación histórica. derivan a su vez de tres concepciones diferentes en torno a lo que es el Derecho mismo.Interpretación de Buena Fe La Constitución Política debe ser interpretada lealmente. quede afirme una vez y para siempre. Ahora. JUAN ANTONIO (2004): “La Interpretación Constitucional”. a una orden que emana de quien es el titular del poder y que se lo entrega a los subordinados. 1. el intérprete podrá efectivamente conocer “el sentido más auténtico y genuino”.
siendo insostenible argumentar. partidistas. JOSÉ LUIS (2008): “Derecho Constitucional Chileno”. vez. y será con esta vara que se juzgará su legitimidad. Segunda Edición actualizada. de oportunidad o conveniencia” 16.756 15 El autor se refiere a la Probidad. señala que la Constitución republicana busca crear los mecanismos y controles necesarios que estimulen la buena fe. que dispone: “que el deber del Estado de otorgar la referida enseñanza gratuita ya explicado ha de ser cumplido por iniciativa propia y con diligencia especial. Revista Jurídica de la Universidad de Nuestra Señora de La Asunción. cumplir lo ordenado en él”17. base institucional que exige de las autoridades públicas. quiere decir aquí aceptación transparente de lo mandado por la Carta Fundamental. 739 . consagrada a la fecha de redacción de su trabajo (2003) sólo a nivel legal (arts. mientras que es Infiel cuando “se desentiende del propósito legislativo e instrumenta la norma hacia metas distintas de las programadas”. a su. manipulaciones o tergiversaciones movidas por designios ideológicos. quien habla de Interpretación “Fiel”. En este sentido. actitud que lleva a respetarla o acatarla. Universidad de Talca. Pág. Esta interpretación consistiría en la tarea de explicar o esclarecer una norma constitucional. el mensaje de ordenación social que ella leva”. una adecuada justificación para sostener que la Constitución debe ser interpretada de buena fe. desde el ángulo de la interpretación de buena fe. podríamos decir que en una primera aproximación. entonces. y en este sentido habrá actuación de buena fe de los órganos estatales cuando en verdad y fielmente cumplan con sus funciones en miras a la obediencia de dichos principios y valores. Para José Luis Cea. que el Estado. hagan que no se dependa de la buena fe para su éxito (Ver: Llano Oddone. el profesor paraguayo Rafael Llano Oddone explica que la Buena Fe constitucional consiste en concebir a la Constitución en una herramienta que sólo puede aplicarse para hacer realidad los propósitos verdaderos de la sociedad que la ha establecido. JOSÉ ANTONIO(2003): “Interpretación constitucional y principio de la buena fe”. Disponible en Internet en www. Nº 1. tiene el deber de satisfacer las garantías personales y sociales de la población. la cual se cumple si el intérprete aplica los valores también objetivos que incorpora explícitamente la Carta Fundamental. Santiago. Rafael. y por cierto que hoy debiéramos agregar la norma del art. Asunción Paraguay.rjuca. es aquella “que procura descubrir.com. La probidad15 involucra también una actuación de buena fe. Por último. usarla para fines diferentes a los que efectivamente pretende la Constitución. el que impide a los operadores. se hallen en situación de eludirlo. aunque quien interprete no esté de acuerdo con ellos. la Interpretación Fiel de la Norma es aquella donde existe una intelección sincera. “La Buena Fe Constitucional”. acota el profesor Cea. por no haber sido contempladas acciones y recursos jurisdiccionales de jerarquía constitucional para compeler a los órganos públicos competentes a cumplir ese trascendental cometido. en Estudios Constitucionales. la que debiera extenderse por lo tanto. “La buena fe. quien además cita el considerando 23º de la Sentencia Rol 410 de 2008 del Tribunal Constitucional. 16 CEA EGAÑA. Agrega 14 RAMÍREZ ARRAYÁS. a cumplir fiel y celosamente sus mandatos. la interpretación de buena fe significa que deben respetarse siempre los valores fundamentales incorporados en la Constitución. Por lo tanto. frente y tras el ropaje lingüístico que la recubre.-) 27 . sectarios. Tomo I. Agrega. 8º inciso primero de la Constitución. Ediciones Universidad Católica de Chile.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . aparece una buena fe objetiva. 154 17 En una línea similar. sin salvedad ni omisión. Nunca cabe olvidar lo mandado en el artículo 6º del Código Político. y.Hugo Tórtora Aravena – 2011 José Antonio Ramírez Arrayás14 parece encontrar en los principios de probidad y de bien común. siendo en sí mismo una necesidad. Pág.575). 2002. Una cosa similar ocurre con el principio de bien común. desentrañando su “sentido verdadero”. a la interpretación. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. e irónicamente. Pero podemos descubrir una suerte de Buena Fe subjetiva en la visión del profesor argentino Néstor Pedro Sagüés. o satisfacerlo discrecionalmente. finalista y razonable de la Constitución que. en tanto. 7 y 13 de la Ley 18. sin caer en resquicios. Año 1.
cuando la Constitución fija el mandato presidencial en “4 años”. no nos queda otra opción que hacerlo gramatical o literalmente. e implica una exorbitancia de tal intérprete”18. el Poder Constituyente se compromete realizar dentro de una sociedad. amparadas en la absoluta imparcialidad del juzgador. según sea el caso. como sucumben los héroes. vale la pena morir. 2. No debemos olvidar que la aplicación de una norma jurídica.La Interpretación Literal Hemos dicho que el “literalismo” no es una buena práctica dentro del área de la Interpretación Constitucional. en sentido literal o gramatical. sin entender que existe un contexto y una finalidad que hay que proteger. Págs. Finalmente. se recomienda leer a: CONTESSE SINGH. por lo cual son estimables”. que es un apego extremo al texto. por lo tanto. Infprme en Derecho sobre la inhabilidad constitucional para conocer de un caso en el que se ha vertido opinión pública con anterioridad”. desde Espartaco.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . que ello no impide que. contractual o constitucional. 391-405 20 “Gracias a los valores vale la pena vivir. al literalismo. 28 . 3. ¿cómo vamos interpretar la expresión cuatro años?. sea ésta legal. Pero indudablemente. nosotros propondremos que la Buena Fe más que un método o criterio de interpretación. se puede morir por honor. Año 1. también por ellos. 22ª Edición. como murió Cristo por redimir a la humanidad” (RIOS ALVAREZ. JORGE (2007): “Implicancias y recusaciones: el caso del Tribunal Constitucional. siempre será necesario interpretarlo. estos valores son los que. insistimos. siempre va a requerir previamente interpretación. Se muere por fidelidad a una convicción. jamás va a ser una herramienta útil o eficaz para conocer el verdadero sentido de una norma. Nº 1. Y ello. LAUTARO (2005): “Trascendencia de los valores en las constituciones políticas de Chile y de España”. el cuidado por la veracidad y por los valores cívicos19. como Tomás Moro y como mueren los mártires. Págs. Por clara que sea el precepto. Nº2. opera como un verdadero límite para la actividad interpretativa. NÉSTOR PEDRO (1988): “La Interpretación Judicial de la Constitución”. Se puede morir por amor. resultando ser ellos “el 18 19 SAGUÉS. Y. como Sócrates.. en Roma. consideradas bienes.Hugo Tórtora Aravena – 2011 que la interpretación infiel “desvirtúa la ley. que significa “lo justo” o “lo valioso”) implica descubrir el sentido de las normas constitucionales sobre la base de los valores que establece la propia Carta Fundamental. en Revista Ius et Praxis. en Estudios Constitucionales. Universidad de Talca. quien deberá siempre respetar las fronteras de la honestidad. Santiago. nos parece que debe atenderse al correcto cumplimiento de las normas sobre implicancias y recusaciones al interior del Tribunal Constitucional. agregando que “los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos. Distinto es. actúa acotando la libertad hermenéutica del actor. y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”21. Año 13. 65-71 Por último. por cuanto. La buena fe. como una madre por salvar la vida de su hijo. muchos han muerto por conquistar la libertad. Sobre este particular. se puede morir por abnegación. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Por ejemplo. como un mecanismo que promueva las interpretaciones de buena fe. Ediciones Depalma. Año 2001.Interpretación axiológica20 La interpretación axiológica (palabra que proviene del griego axos. Ello. por cuanto. aunque sea al menos. La vida adquiere el valor de los valores con que se vive. la buena fe por sí sola. Pág 762) 21 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. hasta los pueblos oprimidos de todas las épocas que han jugado la vida para obtenerla. entendiendo por valor según la Real Academia de la Lengua “la cualidad que poseen algunas realidades. Universidad de Talca. Buenos Aires. aplicar la ineludible interpretación gramatical.. en palabras de Cea Egaña.
29 . Santiago. pero sí pueden servir para interpretar a las normas. ¿cuáles son dichos valores constitucionales? En el caso chileno.cit. el orden público. que impide su aplicación por meros procedimientos deductivos o por utilización de silogismos. la libertad.Interpretación Finalista o Teleológica La interpretación teleológica se refiere a que las normas constitucionales deben interpretarse del modo que sea más coherente o fiel con la finalidad de las mismas. y muchas veces pueden recabarse sólo luego de un análisis profundo de las normas. y luego de ello. la solidaridad. para resolver los problemas que surgen a la hora de aplicar los Códigos Políticos. sobre su tenor literal debe predominar la ‘finalidad’ del precepto que la contiene. el sentido que más se ajuste a dicho objetivo. la igualdad. 25 CEA EGAÑA. “en la determinación del sentido de una norma de la Carta Fundamental. será clave para ese esfuerzo intelectual. LAUTARO (2005): “Trascendencia de los valores en las constituciones políticas de Chile y de España”. no es menos cierto que también pueden servir para interpretar todo el resto de la normativa fundamental. Nº 1. interpretación y posterior aplicación. sin necesariamente asociarlos al resto del texto constitucional. sino sólo en el espectro de las ideas o lo abstracto. darle a la norma en cuestión. Por lo mismo.Hugo Tórtora Aravena – 2011 Proyecto Máximo. puesto que las Constituciones no se escriben simplemente porque sí. y contextualizándolas todas ellas en su conjunto. JOSE LUIS (2008). ya que este elemento revela con mayor certeza jurídica su verdadero alcance. Además. el intérprete deberá descubrir primero. exige por cierto un esfuerzo previo. Lautaro Ríos destaca especialmente: la dignidad de la persona humana. Año 1. Pág 757-781 24 Id. cual es el de descubrir cuáles son dichos valores constitucionales. cada precepto que deba ser objeto de lectura. Pág. Recurrir a los valores en una perspectiva constitucional. el supremo objetivo de la comunidad nacional”22. debemos destacar que la interpretación axiológica si bien tiene mucha trascendencia en el campo de las garantías constitucionales.. Por cierto que esa tarea no es fácil. sino que cada una 22 23 CEA EGAÑA (2008): Op. En palabras de quien fuera Ministro del Tribunal Constitucional. José Luis Cea agrega a los anteriores. ya que no existe ningún listado preciso donde se contengas los valores constitucionales. Recurrir a los valores constitucionales. su existencia no pertenece al mundo real y concreto (ontológico). la justicia y el pluralismo político24. sobre Bases de la Institucionalidad y Derechos y Deberes Constitucionales. que se caracterizan por tener lo que la doctrina llama una “textura abierta”. 4.. el objetivo del precepto. también en los capítulos integrantes de la parte orgánica de las mismas.23 Ahora bien. el bien común y la subsidiariedad25. Los valores tampoco pertenecen al mundo de las normas (deontológico). en el caso chileno. Este análisis se debe realizar examinando. op. Finalmente. 155 Al respecto ver: RIOS ALVAREZ. una por una. pág 155. en Estudios Constitucionales. la seguridad humana. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. los Capítulos I y III de la Carta Fundamental. Eugenio Valenzuela Somarriva. Cit. resulta fundamental. extendiéndose también a la interpretación de las partes preliminares o introductorias de las Constituciones. Universidad de Talca.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . para lo cual. y por lo tanto se diferencian de los “Principios”. si bien los valores existen.
deberán preferirse aquellas interpretaciones que resulten armónicas con el resto del texto constitucional. como un todo coherente. ya que en tal caso. HUMBERTO (2006): “Lineamientos de interpretación constitucional y del bloque constitucional de derechos”. Nogueira indica que “el juez constitucional está autorizado para velar por la realización de los propósitos o fines encarnados en la Carta Fundamental. ni los derechos constitucionales aislados entre sí. nuestro propio artículo 54 Nº 1. duración de mandatos. más vinculada con la resolución de los problemas sociales y su solución práctica”27 La finalidad. De esa manera. 30 . se refiere al fin u objetivo concreto que posee la norma. La interacción de ambas disposiciones nos obliga a sostener que las normas 26 VALENZUELA SOMARRIVA. Por lo mismo. deben siempre tener en cuenta todo el contenido dogmático que es contenido en otras zonas de la Carta Fundamental. Los artículos transitorios no pueden ser interpretados sin conexión con las disposiciones permanentes. la a veces amplia configuración que la Constitución le da a las atribuciones de ciertos órganos (ej: arts. 88 y 89. o formalismos. Editorial Librotecnia. el criterio a usar.Interpretación Sistemática. y desecharse aquellas que sean incompatibles con otras normas contenidas en la Constitución. Santiago de Chile. ya que tales elementos formalistas deben ceder ante la realización del fin perseguido por la norma interpretada conduce a las consecuencias deseadas. 5. inciso 5º de la Carta Fundamental.. por lo tanto. 24 ó 76). Pág.Hugo Tórtora Aravena – 2011 de sus disposiciones tiene su ‘ratio legis’ y su propia finalidad”26 De una forma similar. 25 27 NOGUEIRA ALCALÁ.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . A su vez. “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. EUGENIO (2005): “Criterios de hermenéutica constitucional aplicados por el Tribunal Constitucional”. Cuadernos del Tribunal Constitucional. modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional”.. aun cuando deba sacrificar eventualmente la historia. será el axiológico. y no a los valores que ella encarna.Interpretación con respeto al Derecho Internacional De acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. tampoco puede interpretarse sin armonizarlas con las facultades que son propias de los demás órganos. y ello porque la Norma Fundamental debe entenderse como una Unidad. consiste en asumir que las normas que integran la Constitución deberán interpretarse de tal modo que todas ellas guarden armonía entre sí. 6. lo cual constituye una aplicación antiformalista en derecho. establece que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas. sin vacíos ni contradicciones. Págs. Este método de Interpretación. los preceptos que impongan meras reglas constitucionales. A su vez. se pueden acotar esas expresiones amplísimas y evitar conflictos severos de competencia. referidas por ejemplo a procedimientos. la gramática o la lógica. Desde este punto de vista. Por último. los pasajes dogmáticos no pueden ignorar el contexto real y práctico que se expresa en los capítulos.
Por lo mismo. sino también al consuetudinario (costumbre internacional) y a los principios de ius cogens (normas imperativas de derecho internacional general). El respeto de las normas internacionales implica también interpretar las normas internas (incluidas dentro de éstas. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (a) permitir a alguno de los Estados Partes. Este criterio se vincula directamente con lo que dispone el art. en atención a que si entendemos que el respeto de éstos es un límite al ejercicio de la soberanía nacional. 8. si una norma constitucional. sino que en muchos casos bastará que la interpretación que se efectúe de la disposición constitucional. cuando se trata de normas internacionales en el área de los Derechos Humanos. Por lo mismo. grupo o persona. Y hablamos también de “otras normas propias del derecho internacional” por cuanto este límite para la actuación del intérprete no sólo está representado por el apego al derecho internacional convencional. Ello no siempre requiere introducir modificaciones de texto vía reformas constitucionales. sea compatible con un tratado u otra norma propia del derecho internacional. suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. es a través de los mecanismos previstos en el propio derecho internacional. siempre deberá preferirse aquélla que mejor se avenga con la dignidad de las personas y con los derechos fundamentales que de ella deriven.. 7. será necesario siempre armonizar las disposiciones constitucionales con los postulados propios del ordenamiento internacional. y no por decisiones unilaterales de nuestro país. incluidos aquellos llamados a ejercer el control de constitucionalidad de las normas. ofrece dos o más interpretaciones. con prescindencia de su origen o jerarquía: si la norma que mejor protege es internacional.. la única manera de poner término a una obligación internacional. sino que además la norma que mejor proteja a la persona. Por su parte. indagando la voluntad del creador de la referida norma.Interpretación conforme al principio pro-homine o favor-libertatis Este criterio consiste en que siempre deberá preferirse aquella interpretación que mejor proteja los Derechos de las personas.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . También el principio pro-homine incluye el deber de los órganos de aplicar con preferencia no sólo la interpretación que mejor proteja a la persona. entonces también limita –y con un especial y adicional énfasis– la actividad interpretativa de los órganos estatales.Interpretación Histórica La interpretación histórica implica descubrir el sentido de un precepto constitucional. a las normas constitucionales) “a la luz” del derecho internacional. (b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.Hugo Tórtora Aravena – 2011 internacionales deberán ser respetadas siempre y por todos los órganos del Estado. 31 . deberá preferirse a la interna y viceversa. Ello con mayor fuerza aún.
N.Interpretación según Prudencia28 Este criterio es. por ser el Tribunal Constitucional el máximo intérprete del Código Político. No todos los autores coinciden en incorporarlo como método de interpretación. además de dichas actas. 28 Según la Real Academia de la Lengua Española. agrega Valenzuela. moderación. el contexto histórico en que se dictó la norma. a considerar”29. en estricto rigor no representaba al Constituyente Originario. el recurso a las fuentes originales resultará fundamental a la hora de conocer el sentido de las normas objeto de análisis. por cuanto la C. Por lo mismo. y la aplicación misma de la Constitución. las discusiones en el seno del Consejo de Estado y de la Junta de Gobierno acerca del referido anteproyecto de la CENC.E. buen juicio. Prudencia significa “Templanza. la indeterminación o generalidad de ellas hace necesario situarlas. de otra. que si bien la Magistratura Constitucional debe ajustar sus decisiones a Derecho.. págs. consiste en discernir lo que es bueno o malo. y además. no obstante de no haber sido sometidos a su control obligatorio por la Cámara de Origen. con cautela..” 29 Ibid. Es sinónimo de templanza. en su verdadero cauce. El juez constitucional debe asumir que las consecuencias de la interpretación que él haga de las normas fundamentales. También será necesario revisar el contexto de una forma más amplia. cautela. a fin de evitar que interpretaciones destempladas la hieran en su esencia como. radicándose en dicha época. los principios que pudieren aportar las Actas Constitucionales de 1976. cautela. la función constituyente directamente en la Junta de Gobierno. es importante resolver con cautela algunas complejas decisiones del TC. como: “(a) sobre su competencia para conocer de la calificación de preceptos legales como orgánicos constitucionales y entrar de oficio a pronunciarse sobre ellos. es de especial trascendencia dentro de nuestro Estado de Derecho. a veces. de la mayor relevancia que el intérprete está obligado. el elemento histórico no sólo se expresa por las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. quien asumió de facto esta función. discutible. sino sólo a quien preparó un Anteproyecto de Constitución. al momento de aplicar las normas de la Ley Suprema. además de la ejecutiva y la legislativaPor lo tanto. la discusión de las reformas constitucionales posteriores. para seguirlo o huir de ello. (b) la de abstenerse de declarar la inconstitucionalidad de una norma. 72-73 32 . Eugenio Valenzuela lo señala: “La prudencia. En el caso chileno. con moderación. en aquellos casos en que ella podría engendrar una de mayor envergadura. entonces la labor de este órgano debe asumirse con la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus determinaciones.Hugo Tórtora Aravena – 2011 Por lo mismo. hasta cierto punto.C. es lo cierto que de sus resoluciones derivan consecuencias políticas. de acuerdo a su sentido natural y obvio. ya que de una parte. A mi juicio. esta virtud constituye un elemento de gran importancia que deben considerar los Tribunales Constitucionales. Bajo la idea de que dichas interpretaciones ingresan a engrosar el catálogo de fuentes formales del derecho constitucional. moderación y mesura.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . la interpretación histórica ha de incluir: la evolución normativa constitucional apreciable en los distintos textos fundamentales. 9. Sensatez.
225-289 33 . donde las decisiones respecto a la dirección de los asuntos públicos deben ser adoptadas por quienes son electos libremente por la ciudadanía. 92 de la CPR). esto es.Hugo Tórtora Aravena – 2011 posición que digamos de paso no ha sido siempre cabalmente entendida por la doctrinba dando origen a críticas inmerecidas. también le corresponde administrar justicia. con el objeto que se legisle sobre ellos para una debida aplicación del respectivo cuerpo legal”. Nos referimos específicamente a la semejanza con la justicia penal. de complementar y detallar libremente las instituciones que la Carta Fundamental perfila sólo en sus líneas más gruesas.Cit. deben procurar dentro de lo posible. deberá respetarse “la autonomía del legislador”. Allí nos señala: “se postulará la deferencia razonada como modelo para la actitud que ha de tener [el Tribunal Constitucional Chileno] frente a quienes son objetos de su control. tal como en el proceso penal la existencia de “dudas razonables”31 impedirá al Tribunal condenar a alguien. a juicio de Zapata. por lo que “existiendo sólo dudas respecto a la constitucionalidad de un acto de otro poder del Estado. en principio. siendo fieles a la Constitución. el Tribunal Constitucional debe. así también las meras sospechas de inconstitucionalidad tampoco serán 30 ZAPATA LARRAÍN. en fin (d) las relativas a sus exhortaciones en determinados proyectos de ley.. no puede incorporar criterios que se acerca más bien a criterios políticos más no jurídicos. Decimos que este criterio no siempre es bienvenido por parte de la doctrina. mediante la fórmula de aprobar preceptos ‘en el entendido que’ señala la sentencia. Los jueces. se explica dentro de un contexto republicano democrático como es el modelo chileno. En efecto. le parezcan necesarias o convenientes para la mejor consecución del bien común”. tampoco procederá declarar la inconstitucionalidad de un acto. 10. a fin de evitar la declaración de inconstitucionalidades inncesarias. la doctrina de la Deferencia Razonada se explica en virtud de la “Presunción de Constitucionalidad de los Actos del Legislador”. el legislador y el administrador. por tanto. desarrollándola fundamentalmente en su texto “Justicia Constitucional”30. puesto que se estima que si el Tribunal Constitucional ha de fallar “conforme a derecho” (inciso quinto del art. A su vez. presumir su constitucionalidad y abstenerse de anular las disposiciones sospechosas. la voluntad de los órganos democráticamente elegidos. Tal presunción se destruiría únicamente cuando la oposición entre el acto sospechoso y la Carta Fundamental fuera concluyente”. No deja de llamarnos la atención una doble semejanza de estos planteamientos con lo que se puede exigir a cualquier Tribunal cuando. ajustadas a la Carta Fundamental. así como ningún imputado podrá ser condenado si no se prueba su culpabilidad –presumiéndose por tanto su inocencia-. Esta actitud que deberá asumir el Tribunal.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello . Págs. (c) las que hacen uso frecuente del principio de presunción de constitucionalidad. En otras palabras. respetar en la mayor medida factible. PATRICIO: Op. Desde esta perspectiva específica. Por otra parte. en otro plano. la deferencia consiste en reconocer al órgano responsable de la producción de preceptos jurídicos la potestad de buscar la manera flexible las fórmulas normativas que. si no se demuestra fehacientemente el referido vicio – puesto que lo que se presume es su apego al texto fundamental-.Interpretación según la doctrina de la Deferencia Razonada Quien desarrolla esta idea es el profesor Patricio Zapata. y. y finalmente lo que se logra es profundizar la crítica democrática en contra de este órgano.
ya que eso sería un atentado contra el dinamismo de la actividad del Tribunal. 173-184 33 Eugenio Valenzuela (op.Hugo Tórtora Aravena – 2011 suficientes para invalidar un acto del Estado. 81/1998. se hace necesaria cierta dosis de previsibilidad de las resoluciones del Tribunal.32 11. 111/1999. DANIELA (2007): “Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales” Segunda Edición. en Revista Estudios Constitucionales. 17-29.Interpretación según Certeza o Seguridad Jurídica33 Este criterio es especialmente aplicable en el ámbito de las garantías constitucionales. Nº1. sino sólo cuando tal vicio sea evidente. y consiste en que las personas deben tener una cierta dosis de certeza jurídica acerca de lo que el Tribunal va a fallar cuando tenga que resolver algún asunto asociado a sus derechos. cit. por cierto que la interpretación según certeza jurídica no es un término u objetivo absoluto. 124/2001. no ha sido especialmente desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional. 34 Interesante resulta una versión diferente de esta temática en: ACCATINO SCAGLIOTTI. Págs. que no respondan coherentemente a una línea habitual de resolución. 43/2003. entre otras) 32 Sobre Deferencia Razonada: también se puede revisar: PEÑA TORRES. 31 La noción de “duda razonable” en sede penal. Santiago de Chile. Ahora bien. 34 . Págs. 123/2002. Por lo mismo. MARISOL (2006): “El precedente constitucional emanado del Tribunal Constitucional y su impacto en la función legislativa”. pero sí por su par español (Sentencias: 174/1985. Pág 66) indica que el Tribunal Constitucional hace sinónimas las expresiones seguridad jurídica y certeza jurídica. Editorial Lexis-Nexis . manteniendo siempre el órgano su legítimo derecho a resolver sin estricto apego a los precedentes. provocan serios trastornos a la comunidad jurídica. así como también del carácter vivo que han de asumir las Constituciones34.Teoría de la Constitución – Universidad Andrés Bello .. Decisiones extravagantemente creativas. Editorial Librotecnia. Año 4. de modo que la jurisprudencia del mismo gane en prestigio y legitimidad frente a los justiciables.
Documentos similares a 07 - Tribunal Constitucional (1)
Briseyda Juliette