Source: https://secretosdebellezacr.com/category/derecho/
Timestamp: 2019-02-16 19:27:19
Document Index: 306334667

Matched Legal Cases: ['artículo 1068', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 37', 'artículo 66', 'Artículo 193', 'artículo 36']

Derecho – Secretos de Belleza Costa Rica
El Ministerio de Hacienda pretende transformar el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA); esto con el objetivo de fortalecer la recaudación tributaria y extender el pago del impuesto a la prestación de servicios.
El impuesto de ventas siempre ha sido uno de los grandes pilares para la recaudación del Gobierno; el problema que se ha presentado en los últimos años es que su tasa de crecimiento ha disminuido, y por el contrario, ha aumentado la evasión del pago de este impuesto.
Lo que espera el Ministerio de Hacienda, es que este proyecto inicie el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, en los primeros días de mayo, y de ser aprobado, entre en vigencia en el 2016.
De acuerdo con el contador público autorizado, Lic. Alejandro Hidalgo, actualmente la ley no cobra impuesto de ventas sobre la canasta básica ni los servicios. Sin embargo, lo que este proyecto de ley pretende es que todos aquellos que ofrezcan servicios, como contadores, abogados, ingenieros, estilistas y demás profesionales, cobren un impuesto de ventas que podría ir del 13% y hasta el 15%.
“Por ejemplo, si yo como contador le hago una certificación de ingresos y le cobro 30.000 colones, entonces ahora le voy a cobrar eso más el 13 o 15%. Al final, el pueblo es que sale perjudicado, porque termina pagando más; porque si ya de por sí un servicio es caro, ahora con ese impuesto, todavía más”, explica Hidalgo.
Por su parte, Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda, esclarece que hay servicios que están expresamente exonerados en el proyecto, como la salud, educación y transporte público.
Es importante aclarar que el IVA está dirigido al consumidor final; es decir, éste impuesto no grava al prestatario del servicio, sino al que lo consume. “El dueño de un salón de belleza podría decir: Yo no les voy a cobrar más, voy a cobrar el mismo monto con el impuesto incluido y de ahí saco el impuesto. También podría decir: Yo les cobraba 10.000 colones por “X” servicio, ahora les voy a cobrar el impuesto del 15% y serían 1.500 colones más, entonces ahora va a costar: 11.500 colones. Esto va a depender del salón, los clientes que tenga y la actividad que posea”, expone.
Según el viceministro de ingresos, la decisión que tome el dueño del salón de belleza va a depender del lugar en dónde se encuentre, si tiene mucha competencia alrededor, etc. Eventualmente, las condiciones del mercado que existan en los diferentes lugares del país, van a permitir ajustar o trasladar todo el impuesto al consumidor, o no.
1. Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios realizados en el territorio de la República. Se establece una tarifa del 15% en sustitución al actual 13%.
2. Se establece una definición de Habitualidad* como componente esencial del hecho generador de esta obligación tributaria.
3. Se establece una tarifa diferenciada del 5% para la adquisición de cierto tipo de bienes (embalaje, empaque) y servicios utilizados para la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, pesca, siembra y cosecha, entre otros.
4. Se amplía la definición de contribuyente: Personas físicas, jurídicas o entidades que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, distribución o venta de bienes o prestación de servicios.
5. Se gravan los servicios prestados en el exterior cuyo beneficiario en Costa Rica sea contribuyente del IVA.
6. El proyecto modifica el impuesto a la transferencia de la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones usados, pasando de un 2.5% sobre el valor del bien a un 5%.
7. Se disponen como no sujetos a IVA una serie de servicios entre los que destacan los siguientes:
a. Los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permiso o concesión otorgada por el Estado.
b. Las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades financieras que sean reguladas (SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, SUGESE)
c. Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas.
d. Los servicios de educación privada.
e. Los servicios de salud privados (salvo servicios de hospitalización y cirugía).
f. Los traspasos de bienes inmuebles y muebles registrales gravados con el impuesto a la transferencia.
8. Se introducen modificaciones a la base imponible en la venta de bienes en el caso en que se trate de operaciones entre partes vinculadas: Se debe sujetar la base al Precio Neto de Venta que pactarían partes independientes.
9. Para poder hacer uso de los créditos fiscales, la normativa propuesta establece la obligación de que el contribuyente cuente con comprobantes fehacientes que sustenten el pago del impuesto correspondiente y que, además, las adquisiciones de bienes y servicios estén relacionadas con la actividad llevada a cabo por el contribuyente.
10. Se establece un capítulo adicional a la Ley vigente que regula las transacciones llevadas a cabo por revendedores de bienes usados.
* La Habitualidad se calificará en base a la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad de las operaciones, conforme a lo que establezca el Reglamento. Se considera habitualidad a la reventa.
Análisis realizado por: Luis Diego Garro, gerente de impuestos de Deloitte Costa Rica.
Si desea leer el Proyecto de Ley completo, puede visitar el siguiente link: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13217-propuesta-de-reforma-a-la-ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-a-la-ley-del-impuesto-general-sobre-las-ventas-para-consulta-publica
Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda
Lic. Alejandro Hidalgo, contador público autorizado
Luis Diego Garro, gerente de impuestos de Deloitte
Una de las modalidades de trabajo que se utiliza mucho dentro de los salones de belleza, y en este tipo de actividad comercial, es el alquiler de un espacio para trabajar. Este espacio puede ser para realizar distintas tareas, como manicure y pedicure, o peluquería; sin que estas personas sean trabajadoras del local.
No existe una regulación expresa al respecto dentro de nuestra normativa legal. Sin embargo, por la naturaleza de la contratación, le es aplicable la figura del arrendamiento.
El arrendamiento es un contrato de dos partes, en cuya virtud una de las partes se compromete, mediante un precio que la otra se obliga a pagarle, a procurar a ésta, por cierto tiempo, el uso y disfrute de una cosa. El arrendamiento es un contrato consensual, o sea, de voluntad de ambas partes, que se perfecciona por el mero consentimiento, es un contrato donde hay dinero de por medio por un espacio, pues entraña intercambio de atribuciones patrimoniales.
La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos indica: “Existe arrendamiento o locación cuando dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar un precio cierto y determinado. Quien cede el uso y goce de la cosa se denomina arrendador o locador y el que paga el precio, arrendatario, locatario o inquilino. El precio se llama alquiler o renta”.
Con base a lo citado anteriormente, se puede determinar que el contrato de arrendamiento corresponde a un contrato bilateral en donde debe prevalecer el consentimiento, y ambas partes se obligan una a la otra a pagarse una suma de dinero determinada por el disfrute y uso de una cosa. Son obligaciones recíprocas.
Además, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece: “Puede tomar en arriendo todo el que posea capacidad jurídica o esté legalmente representado. Para tomar en arriendo a nombre de un tercero se requiere poder especial o generalísimo, o tener el ejercicio de una facultad legalmente conferida por una autoridad competente”.
“En el arrendamiento, son de aplicación las prohibiciones contenidas en el artículo 1068 del Código Civil o las de cualquier otra disposición legal imperativa. La contravención a estas normas producirá la nulidad del contrato, con derecho a la reparación por daños y perjuicios”.
Según lo estipula la ley, las obligaciones del arrendatario son:
Pagar el precio del arrendamiento, en la fecha convenida.
Servirse de la cosa exclusivamente para el destino convenido.
Conservar la cosa arrendada en buen estado.
Restituir la cosa al arrendador al final del contrato.
Acatar las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al uso de la cosa o la actividad a la que se destina.
Las demás que se indican en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos o en el contrato de arrendamiento.
Sobre el arrendador o locador, es decir, quien cede el uso y goce de la cosa, la Ley establece: “Pueden dar en arriendo el propietario, el poseedor del bien por cualquier título legítimo, siempre y cuando no sea el de arrendamiento, y quien actúe en el ejercicio de un poder especial o generalísimo o de una facultad legalmente conferida por autoridad competente. El copropietario de una cosa indivisa no puede arrendarla sin el consentimiento de los demás partícipes. La contravención a estas normas producirá la nulidad del contrato, con derecho a la reparación por daños y perjuicios.”
Dentro de sus obligaciones, aunque no exista pacto expreso, están:
Garantizar la legitimidad de su derecho y el uso y goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato.
Entregar al arrendatario el bien objeto del arrendamiento, con sus instalaciones, servicios, accesorios, espacios sin construir y muebles no fungibles convenidos, en buen estado, seguridad y salubridad, según el contrato, el destino del bien y la naturaleza de las cosas, excepto si en el contrato el arrendatario asume la obligación de restaurar las cosas en mal estado.
Conservar la cosa en buen estado, conforme a las disposiciones de esta ley y el contrato de arrendamiento.
No perturbar, de hecho ni de derecho, al arrendatario; tampoco estorbar ni incomodar de manera alguna el uso y goce de la cosa arrendada, de no ser por reparaciones urgentes o necesarias.
Las demás obligaciones indicadas en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos o en el contrato de arrendamiento.
Aspectos importantes del contrato de arrendamiento
Con respecto al contrato de arrendamiento, es importante destacar que puede ser escrito o verbal. Si es verbal, las características de la relación arrendaticia se podrán demostrar por todos los medios de prueba de la legislación civil. El recibo del pago del alquiler servirá para demostrar la existencia del contrato y del precio arrendado.
Ahora bien, de igual manera puede hacerse el contrato de arrendamiento conviniendo un porcentaje de la ganancia por cliente atendido. Lo importante es tener las reglas claras desde el inicio, acordar un precio, un plazo y las condiciones. Saber que hay una normativa legal que protege y hacerla respetar. Esta modalidad tiene como ventaja que es más barata que alquilar un local comercial completo, y que la mayoría de las cargas las lleva el dueño del local.
Finalmente, recuerde que es importante asesorarse correctamente antes, si desea evitar problemas con su arrendante.
Los derechos de la trabajadora embarazada en Costa Rica
CUANDO UNA DE LAS COLABORADORAS QUEDA EMBARAZADA, MUCHAS VECES SURGEN DUDAS DE SUS DERECHOS Y DEBERES, DEPENDIENDO DE SU RELACIÓN LABORAL. EN COSTA RICA EXISTE UNA PROTECCIÓN LEGAL ESPECIAL TANTO A LAS MADRES COMO AL NIÑO, POR LO QUE DEBEN OBSERVARSE SITUACIONES ESPECIALES CUANDO ESTAMOS ANTE UNA EMPLEADA EMBARAZADA
En el código de Trabajo encontramos los artículos 94, 94 bis, 95 y 100, en donde se consagran los derechos de las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, es importante que la trabajadora dé aviso al empleador de su estado de embarazo, aportando la certificación o constancia de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Una vez que se le notifica al empleador sobre el estado de embarazo, la empleada embarazada tiene derecho a una licencia remunerada por maternidad durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él, pero puede ser prorrogado mediante prescripción médica.
Si la trabajadora adopta un menor de edad, disfrutará de los mismos derechos, iniciando el día siguiente de la entrega del menor de edad.
Para gozar de esta licencia debe entregar la certificación extendida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o el Juzgado de Familia sobre los trámites de adopción.
Si hay despido
En caso de despido de una trabajadora en estado de embarazo, procede únicamente si es por una falta grave, de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo, y se deberán seguir los procedimientos administrativos requeridos ante el Ministerio de Trabajo.
Si la trabajadora tiene un contrato por tiempo indefinido y queda embarazada, no puede ser despedida, pero si el contrato es por un trabajo temporal y la trabajadora queda embarazada, no existe un despido, sino un vencimiento del contrato.
¿Qué debo hacer si me despiden estando embarazada?
En caso de despido, la trabajadora puede gestionar ante el Juez de Trabajo su reinstalación, o bien la liquidación de sus labores, que en caso de estar embarazada, deben incluir la indemnización por cesantía, daños y perjuicios, el subsidio de pre y post parto, los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento de su despido hasta completar los ocho meses de embarazo.
Si es el caso de una trabajadora en estado de lactancia, tendrá derecho de cesantía, daños y perjuicios, y diez días de salario.
¿Qué hago si no me dan las horas para poder dar lactancia?
El período de lactancia debe entenderse como el tiempo durante el cual la madre alimenta a su hijo por medio de leche materna. Se dispone que los tres meses de licencia otorgados después del parto se consideran como el período mínimo de lactancia. Este período podrá ser ampliado por dictamen médico, presentado por la trabajadora a la persona empleadora, hasta por el tiempo que el médico correspondiente determine necesario.
Es importante señalar, además, que dentro del período de lactancia la trabajadora tiene derecho a que se le conceda 15 minutos cada tres horas o media hora dos veces al día; o como se acostumbra en la mayoría de los casos, una hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria, para amamantar a su hijo.
Cuando se trabaja por servicios profesionales, la mujer embarazada no tiene los derechos explicados en este artículo, ya que los mismos son sólo para personas con una relación laboral, aunque tengan menos de tres meses de trabajo.
En caso de que no se le otorgue el periodo de lactancia, la trabajadora puede acercarse a la oficina de trabajo más cercana para poner la respectiva denuncia, o bien denunciar en el Juzgado de Trabajo sobre la forma en que sus derechos están siendo violentados. También el Código de Trabajo menciona que el patrono que en su establecimiento posea más de treinta mujeres, debe acondicionar un local a propósito para que las madres amamanten sin peligro a sus hijos, el cual debe estar acondicionado dentro de las posibilidades económicas de dicho patrono.
La trabajadora embarazada cuenta con un fuero de protección muy amplio con el fin de evitar que sus derechos y los de su bebé se vean afectados, por esta razón el patrono no la puede despedir sin contar con la autorización correspondiente.
Independientemente de que esté en período de prueba, la trabajadora goza de toda la protección de la ley, siendo ilegal que sea despedida. Lo procedente sería que el patrono plantee la solicitud de autorización de despido ante la Dirección Nacional e Inspección de Trabajo de este Ministerio, aportando las razones objetivas por las cuales considera que esta trabajadora no aprobó el periodo de prueba y que se le autorice la terminación del contrato de trabajo.
Dra. Angie A. Arce Acuña. Abogada y Notaria. Doctora en Derecho Penal
Asesora Corporativa. Bufete Arce Acuña y asociados
Tel. 2551-4891 Mail: aangiearce@gmail.com
Paso a paso para abrir su propio negocio
LA LEY ESTABLECE UNA SERIE DE REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN COSTA RICA. ¿SABE USTED CUÁLES SON? ¿SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN “REGLA” CON LA LEY?
Cualquiera persona física o jurídica puede crear una empresa en Costa Rica, ya sea manteniendo su perfil propio o bien creando una entidad jurídica. Es por esto que para la creación de una empresa se debe acudir donde un notario público para que realice la escritura pública de constitución de la empresa, y debe presentarse en el Registro Público para que este emita la cedula jurídica correspondiente.
Es indispensable cumplir con una serie de requisitos para establecer la empresa, por lo cual después de constituirse, debe presentarse al Ministerio de Hacienda para registrarse como contribuyente.
El primer impuesto al cual se debe someter es el impuesto sobre la renta, ya que la Ley General del Impuesto sobre la renta indica: “Artículo 2º.- Contribuyentes. Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los contratos, son contribuyentes todas las empresas públicas o privadas que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país: a) Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado y las cuentas en participación que halla en el país”. Por lo que una vez constituida la empresa, debe ser contribuyente y cancelar los pagos correspondientes del impuesto de la renta según sean sus ganancias.
Seguidamente, las empresas que se dediquen a la venta de servicios deben inscribirse también en el impuesto sobre las ventas, ya que realizan una actividad comercial que como hecho generador, establecido en la Ley General del Impuesto sobre las Ventas: “Artículo 3º- Hecho generador.- El hecho generador del impuesto ocurre: c) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del servicio, en el acto que se realice primero”. Con este impuesto se cobra un 13%, una vez realizada la inscripción la Administración emitirá la debida constancia de la declaración, y los contribuyentes deben emitir las facturas previamente autorizadas por la Administración.
También se debe cumplir con el requisito de solicitar los permisos de salud. Después de tener este permiso, la empresa puede realizar la solicitud de patentes según la municipalidad correspondiente. Cada municipalidad posee una ley de patentes y un reglamento en donde se indican los requisitos para adquirirla y el impuesto a pagar. Con base en el Código Municipal que establece el artículo 79: “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”. Las empresas no pueden trabajar sin tener la respectiva patente y licencia para hacerlo, ya que si no, la Administración podría realizar el cierre de la actividad a falta de la patente o licencia respectiva según sea el caso.
Otro de los requisitos que debe cumplir la empresa para constituirse es registrarse en
la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde la empresa en el rol de patrono debe cancelar el seguro de invalidez, vejez y muerte, que sería aproximadamente un 26% del monto total de los salarios. El fundamento jurídico de este tema se encuentra en el artículo 37 de la Ley Constitutiva de la Caja, que indica: “Iniciado el funcionamiento del seguro social, los patronos deberán empadronar en la Caja a sus trabajadores dentro del plazo y condiciones que establezca la Junta Directiva”. Asimismo, el artículo 66 del Reglamento del Seguro de Salud dice que el patrono debe asegurar a sus trabajadores en los primeros ocho días en que inicia actividades económicas y se establecen los requisitos que debe cumplir para realizar la debida inscripción.
Para finalizar, se debe contar con un seguro de Riesgos del Trabajo, brindado por el Instituto Nacional de Seguros que, con base a la ley de Riesgos en el Trabajo, establece: “Artículo 193.- Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros”. Este seguro cubre a los trabajadores de cualquier accidente, desde que va de camino al trabajo, hasta en el propio trabajo propiamente.
Para la creación de una empresa es muy importante contar con los requisitos anteriores, ya que son pocas las empresas que realmente, al iniciar, cumplen con todos los requisitos legales. Al no hacerlo, la empresa puede incurrir en sanciones de gravedad que a veces pueden constituir hasta el cierre del l
ocal por no poseer la licencia correspondiente de la municipalidad, o bien la sanción pecuniaria dictada por la evasión fiscal correspondiente a los meses que no había declarado que realizaba la actividad económica.
Las incapacidades: ¡Deberes y derechos!
DESDE CUALQUIER PUNTO DE VISTA, YA SEA SI USTED ES PATRONO O TRABAJADOR, ES FUNDAMENTAL CONOCER QUE SON LAS INCAPACIDADES LABORALES Y CUÁL ES EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS MISMAS.
El primer dato que debemos conocer, es que todo trabajador, sea cualquiera la forma por la que haya sido contratado, debe estar asegurado ante la C.C.S.S. Esta obligación, la establecen los artículos 73 y 74 de la Constitución Política, lo que quiere decir que es un Derecho Fundamental que además, es un Derecho Humano, pues está regulado en múltiples Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
Este aspecto es relevante porque cuando el trabajador requiere de atención a la salud, debe acudir a la C.C.S.S. para que un médico lo examine y, de ameritarlo, le otorgue la incapacidad por los días que requiera para su debida recuperación.
La estructura de responsabilidades del Seguro Social es tripartito, lo que significa que para el aseguramiento de una persona trabajadora contribuyen a la C.C.S.S.: el trabajador, el patrono y el Estado. Es por esto, que cuando el trabajador es incapacitado por más de tres días, según el artículo 36 del Reglamento del Seguro de Salud, recibe un subsidio del 60% de su salario por parte de la C.C.S.S., sin que el patrono deba pagar nada más, a excepción de cuando la incapacidad es por maternidad, que la C.C.S.S. paga un 50% del salario, para que el patrono aporte el otro 50%.
Como lo indica el Máster Eric Briones, en su obra Comentarios de Derecho Laboral, “El término incapacidad puede identificarse como un estado de impedimento psicofísico que impide la realización de tareas o labores con la asiduidad e intensidad requeridas; como obstáculo que determina la imposibilidad de continuar en el trabajo habitual.” Ante este panorama, debemos tener en cuenta que no es lógico ni racional que el trabajador siga laborando en estas condiciones, pues no es conveniente ni para él ni para su patrono, e inclusive, tampoco lo es para sus compañeros de trabajo y para los clientes.
Por ejemplo: En un Salón de Belleza un estilista que se encuentra enfermo con una gripe sumamente seria, de repente sufre un estornudo muy fuerte mientras le está realizando un corte de cabello a una de sus clientes, insertándole las tijeras en su cabeza. Todo esto, traería repercusiones económicas muy fuertes, y esa es una razón más para que los trabajadores cuenten con el derecho a las incapacidades.
En este sentido, debemos contemplar que, así como el trabajador goza de ciertos derechos, también cuenta con deberes; pero que también el patrono cuenta con una serie de prerrogativas y obligaciones.
En cuanto al trabajador, algunos de sus principales derechos son: Acudir a la seguridad social para ser valorado medicamente, recibir y gozar de incapacidades, no ser despedido por incapacitarse y recibir el subsidio por parte de la C.C.S.S. Algunos de sus deberes más importantes son: No simular enfermedades, no procurar incapacidades para realizar trámites personales o viajar por ocio, y reincorporarse a sus labores una vez que haya fenecido el término de la incapacidad.
En lo que respecta al patrono, como obligaciones elementales tiene: No despedir al trabajador en el periodo de incapacidad ni posterior a éste por causa de haber estado incapacitado, no realizar acoso laboral a causa de una incapacidad y permitir que el trabajador sea valorado médicamente. Entre sus principales derechos podemos citar: El despido o la imposición de una sanción a un trabajador que no trabajó y que no contaba con una incapacidad, exigir la presentación del comprobante de incapacidad en un máximo de tres días, y no cancelar más de lo que le corresponde por concepto de salario a los trabajadores incapacitados.
Finalmente, debemos resaltar que el patrono debe cuidar a su trabajador como su más valiosa herramienta de producción, pero debe tratarlo como su homólogo en el goce de la dignidad humana…
Dra. Angie A. Arce Acuña
¡Proteja su salón de las estafas, hurtos o robos!
ACTUALMENTE ES COMÚN ESCUCHAR SOBRE SITUACIONES DELICTIVAS EN LOS SALONES DE BELLEZA O CENTROS DEDICADOS A ESTE TIPO DE COMERCIO, EN DONDE INGRESAN PERSONAS SOLICITANDO UN SERVICIO Y HURTAN O ROBAN ALGO; O BIEN, SOLICITAN UN SERVICIO QUE NUNCA CANCELAN, O HASTA SERIOS HECHOS VIOLENTOS COMO EL ROBO CON VIOLENCIA… LO MÁS IMPORTANTE ES SABER QUÉ PUEDE HACERSE EN ESTOS CASOS Y CÓMO ACTUAR POSTERIOR AL HECHO CUANDO SE HA SIDO VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE SUCESOS.
Quizás uno de los puntos principales es saber la diferencia entre: Estafa, hurto y robo, pues esto es sumamente importante.
Técnicamente, el delito de estafa consiste en que un sujeto, llamado “A”, induce a error o lo mantiene en él a otro sujeto, llamado “B”, mediante la simulación de hechos falsos u ocultando o deformando hechos verdaderos, teniendo como fin obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para otra persona, lesionando así el patrimonio de “B”.
Es importante tener en cuenta que hay estafas menores y mayores. Las primeras, se configuran cuando el valor de lo defraudado no excede en 10 veces al salario base de un Oficinista 1. Las segundas suceden cuando sí se excede en 10 veces el tipo de salario ya indicado. Esta diferenciación tiene relevancia porque gira en torno a la pena de prisión que se le impondrá al criminal acusado, pues en las estafas mayores se le puede privar su libertad de seis meses a diez años; mientras que en las estafas menores, la pena se reduce, pues puede ser desde dos meses hasta tres años. Asimismo, debe tomarse en cuenta que este delito es doloso, lo que quiere decir que el afán de obtener un beneficio patrimonial mediante la ejecución de hechos falsos se realiza de forma intencionada. Es el típico ejemplo de alguien que se acerca al salón de belleza, le ofrece un producto maravilloso, usted le cancela y él se desaparece y jamás le entrega el producto.
Por otra parte, el hurto es el apoderamiento ilegitimo de una cosa mueble (las que son movibles, como una joya), que sea parcial o totalmente ajena. Este delito se puede realizar en varias modalidades, que atenúan o agravan el mismo, por lo que se disminuye o aumenta la posible pena.
Mientras tanto, el delito de robo en su modalidad simple, es un desapoderamiento ilegitimo de una cosa mueble ajena parcial o totalmente, pero con el uso de fuerza sobre las cosas y/o violencia sobre las personas. Al igual que en el hurto, hay comportamientos que agravan el delito, con su consecuente aumento de la posible pena. En resumen, ninguno de los delitos sobre los que hemos hablado, tiene un mismo significado, más que en el lenguaje popular.
¿Fui víctima de Estafa o fue un Incumplimiento Contractual?
Ahora bien, es importante diferenciar la estafa del incumplimiento contractual, pues son muy parecidos a simple vista, pero su debida determinación concluye en cuál vía judicial se reprochan esos comportamientos.
De la estafa ya se indicó qué es y que la misma es un delito, pero el incumplimiento contractual es una figura del Derecho Civil. Este último sucede cuando dos o más personas convinieron en un contrato determinadas prestaciones que cada uno debe realizar; pero se da que alguna de ellas no cumple con lo que prometió. Por ejemplo: “A” pactó venderle una secadora de pelo profesional a “B”, comprometiéndose este último a pagarle por ella ¢100 mil, adelantándole ¢50 mil y quedando obligado a cancelar los otros ¢50 mil en un mes. Al llegar el día en que “B” debía cancelar su deuda, el mismo no honra dicho compromiso, produciendo un incumplimiento del contrato. Este incumplimiento se reclama por la vía civil y no tiene nada que ver con el Derecho Penal.
Ante todo, debe procurar la seguridad de su salón: Cámaras, seguridad privada, protocolos de atención, poner en lugar seguro los objetos de sus clientes, y sobre todo estar siempre atento a situaciones extrañas.
En lo que respecta a los comportamientos citados, sean delitos o figuras civiles, tanto en el ambiente de los salones de belleza como en otros, las medidas que se pueden tomar son las mismas: En primer término, se debe acudir a la asesoría de un profesional en Derecho, pues solo éste podrá determinar si se está en presencia de un delito o de un incumplimiento. De ser un delito de estafa, hurto o robo se debe interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y si se cuenta con el patrocinio de un abogado se puede constituir como querellante y actor civil para poder reclamar las pérdidas patrimoniales sufridas y el daño moral ocasionado.
Si por el contrario, lo que sucede es un incumplimiento contractual, obligadamente se debe recurrir a obtener el patrocinio de un abogado para interponer una demanda y así exigir el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, pudiendo solicitar en este último caso el pago de los daños y perjuicios sufridos.
La información siempre es una de nuestras mejores armas, y más si se trata de delitos en contra su negocio. Por eso, esté siempre atento y no permita que este tipo de situaciones delictivas le afecten.