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Timestamp: 2020-07-16 15:14:30
Document Index: 128603970

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 9']

Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura
Publicado en DOE núm. 252 de 31 de Diciembre de 2018 y BOE núm. 35 de 09 de Febrero de 2019
Artículo 2 Concepto y régimen jurídico
Artículo 4 Servicios y prestaciones objeto de concertación
Artículo 5 Requisitos de acceso al régimen de concierto social
Artículo 6 Régimen de concertación, procedimientos y criterios de preferencia
Artículo 7 Cláusulas sociales y ambientales
Artículo 8 Procedimientos excepcionales de adjudicación directa
Artículo 9 Limitaciones en la concertación
Artículo 10 Planificación y financiación
Artículo 11 Libertad de pactos
Artículo 12 Formalización de los conciertos sociales
Artículo 13 Duración, renovación y modificación
Artículo 14 Extinción de los conciertos
Artículo 15 Régimen de control, inspección y sanción
Artículo 17 Registros de organizaciones prestadoras de servicios concertados
Artículo 18 Resolución de conflictos
Disposición adicional primera De la colaboración entre las diferentes Administraciones públicas y sus entes públicos
Disposición adicional segunda Incompatibilidad con subvenciones
Disposición adicional tercera Compatibilidad con los convenios singulares de vinculación
Disposición adicional cuarta Exención del requisito de acreditación en supuestos excepcionales
Disposición adicional quinta Régimen de acreditación e inspección
Disposición transitoria primera Prórroga de conciertos vigentes
Disposición transitoria segunda Régimen de vigencia del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX)
Disposición final primera Modificación de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura
Disposición final segunda Modificación de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura
Disposición final cuarta Régimen supletorio
L 14/2015 de 9 Abr. CA Extremadura (Servicios Sociales) L 10/2001 de 28 Jun. CA Extremadura (salud)
1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la acción concertada con entidades que no tengan ánimo de lucro como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios de atención social especializada, sanitario y sociosanitarios destinados a la atención directa a las personas en Extremadura, cuando los recursos públicos no resulten suficientes o idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos.
2. La presente ley será de aplicación a la acción concertada que las Administraciones públicas, los organismos autónomos o las entidades públicas sujetas al derecho administrativo, vinculadas o dependientes de las anteriores, desarrollen en el ejercicio de sus respectivas competencias con personas físicas o jurídicas con personalidad jurídica propia sujetas en su funcionamiento al régimen de derecho privado en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, además del régimen de gestión indirecta mediante la modalidad de concertación previsto en esta ley, las Administraciones públicas podrán gestionar los servicios referidos a través de cualquiera de las siguientes fórmulas:
b) Gestión indirecta a través de las modalidades de contratación previstas en la normativa sobre contratos del sector público.
1. El concierto social constituye el instrumento de gestión indirecta a través del cual los servicios sociales de atención social especializada, sanitarios y sociosanitarios de responsabilidad pública dirigidos a la atención directa a las personas cuya financiación, acceso y control corresponde a las Administraciones públicas en el territorio extremeño, pueden organizarse en régimen de homologación y autorización para la consecución de objetivos sociales de interés público, en particular la calidad y sostenibilidad del sistema, en los términos y de conformidad con los principios previstos en esta ley, garantizando, especialmente, un trato igualitario y no discriminatorio a los usuarios, la transparencia y publicidad en la gestión y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
2. El régimen jurídico del concierto social será el previsto en la presente ley, en la normativa sectorial que resulte de aplicación y en su normativa de desarrollo.
h) Calidad asistencial. En la prestación de los servicios se deberá garantizar la atención integral y personalizada, el arraigo y la permanencia de los usuarios en su entorno, la continuidad en la atención y su máximo bienestar con los medios y recursos disponibles.
1. Podrán ser objeto de concertación los servicios sociales especializados que formen parte de la cartera de servicios sociales de esta Administración y los servicios, sanitarios y sociosanitarios de atención directa a las personas definidos en el artículo 2 de esta ley en los que el arraigo de la persona a su entorno, la vinculación terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial que contribuyan a una finalidad social y a la mejora de la calidad del sistema, así como a la prosecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria, justifiquen su provisión a través de este régimen de concertación.
2. La concertación podrá versar sobre la gestión integral o parcial de las prestaciones, programas, servicios o centros que sean competencia de las Administraciones públicas, a excepción de aquellos que, de acuerdo con la normativa en vigor, sea obligatoria su gestión pública directa, así como sobre la reserva y ocupación de plazas para su uso por las personas usuarias derivadas por las Administraciones públicas competentes en la prestación del servicio público.
3. Cuando resulte necesario para la adecuada prestación de los servicios públicos que la gestión integral o coordinada de una pluralidad de prestaciones, servicios o centros recaiga en una o varias entidades por necesidades de vinculación terapéutica o de mejora en los cuidados y la atención a los usuarios, se podrán convocar servicios u otras actuaciones para su concertación conjunta o establecer condiciones de ejecución a las entidades beneficiarias de servicios que hubieran sido concertados de forma aislada para garantizar la adecuada coordinación entre los mismos.
4. En los supuestos en los que prestación conjunta de servicios afecte de forma simultánea al ámbito social, al sanitario y al sociosanitario, las consejerías u órganos competentes por razón de la materia establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para simplificar el procedimiento de concertación y deslindar los ámbitos de actuación correspondientes, en particular en materia de seguimiento y control de las actuaciones objeto de concertación.
1. Las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos para adquirir la condición de entidades prestadoras de los servicios objeto de concertación:
a) Ser entidades sin ánimo de lucro constituidas y registradas como tales, que tengan asumidas estatutariamente la reinversión en sus fines sociales de cualquier posible beneficio.
b) Figurar inscritas en el registro que las habilite como prestadoras de los servicios objeto de concertación antes de la formalización del concierto.
c) Reunir los requisitos de acreditación o autorización que resulten de aplicación de conformidad con la normativa sectorial aplicable para prestar los servicios sometidos al régimen de concertación.
d) Acreditar la disposición de los recursos humanos y medios materiales que se determinen para cada servicio a concertar, con independencia de los que sean exigibles conforme a la normativa aplicable.
e) Acreditar la titularidad de la autorización o habilitación para el ejercicio de la actividad y la disponibilidad de los centros donde se desarrollen las prestaciones mediante cualquier título jurídico válido en derecho y por un periodo no inferior al de la vigencia del concierto social.
f) Acreditar el cumplimiento de la normativa que, con carácter general o específico, les sea aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por las características de las prestaciones o servicios a concertar.
g) Acreditar una experiencia mínima de tres años en la atención a las personas destinatarias del servicio, centro o prestaciones objeto de concertación o a grupos con necesidades de análoga naturaleza que habrán de especificarse en la convocatoria de conciertos. No obstante, podrá exceptuarse o reducirse el período mínimo de experiencia exigido cuando sea necesario por la naturaleza del servicio a prestar o por la escasez de entidades para la provisión de mismo.
h) Acreditar que en su organización la entidad actúa con pleno respeto y cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social, justificando documentalmente tal cumplimiento.
2. El procedimiento de autorización o acreditación de las entidades prestadoras del servicio se establecerá reglamentariamente.
1. Los conciertos sociales se regirán, salvo los supuestos de adjudicación directa, por el sistema de convocatoria pública y concurrencia.
a) Los requisitos de acceso, que no podrán resultar discriminatorios y deberán fijarse de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta misma ley.
b) Los criterios de selección, determinando la ponderación asignada a cada uno y su priorización.
c) El procedimiento de tramitación de solicitudes, distinguiendo la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para participar, que resultará subsanable, y la que será objeto de valoración en el procedimiento de concurrencia, respecto de la cual solo se admitirán subsanaciones formales, en ningún caso su modificación o reformulación.
d) Los derechos y obligaciones de las partes en el supuesto de resultar seleccionadas para la suscripción del correspondiente concierto, sin perjuicio de las especificaciones que fueran necesarias en el documento de formalización.
e) El régimen de vigencia, renovación, modificación y extinción.
f) Las penalidades, bien por retraso, bien por incumplimiento del concierto, y que deberán aplicarse atendiendo a criterios de proporcionalidad.
g) En general, cuantos otros aspectos sean necesarios para garantizar la idoneidad en la concertación.
2. El procedimiento de adjudicación del concierto social se iniciará de oficio por el órgano competente que tramitará el preceptivo expediente en el que se acreditará la necesidad del concierto, conforme a lo estipulado en la presente ley, así como el certificado de existencia de crédito o el documento equivalente y la fiscalización previa de la intervención en los casos en los que esta sea obligatoria, sin perjuicio del resto de documentación que sea preceptiva.
3. La selección de entidades se efectuará previa convocatoria pública de conformidad con los siguientes criterios, teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación a concertar:
a) La continuidad de la atención y calidad prestada a las personas usuarias ya atendidas.
b) El arraigo del usuario en el entorno de atención.
c) El vínculo terapéutico de las personas usuarias.
d) La atención personalizada e integral.
e) La experiencia y trayectoria acreditada de la entidad, cuando no hubiera sido tenida en cuenta como requisito de acceso o cuando se valorase por encima de los mínimos exigidos para el acceso a la concertación.
f) La cualificación y formación del equipo humano que habrá de intervenir en la prestación del servicio.
g) Las características de los medios materiales adscritos a la prestación del servicio.
h) La valoración de los usuarios si ya hubiera prestado el servicio anteriormente.
i) La innovación asistencial o terapéutica en la prestación de servicios.
j) Cualesquiera otros que resulten necesarios para garantizar la idoneidad de las entidades a seleccionar en función de la naturaleza del servicio a prestar.
k) El establecimiento de mecanismos para la implicación efectiva de las personas usuarias en la prestación y evaluación de los servicios.
l) La implantación en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.
4. Reglamentariamente podrán establecerse las especificaciones necesarias relativas a los procedimientos de concertación.
5. La competencia para convocar conciertos, formalizarlos, resolverlos y, en general, para adoptar cuantos actos sean necesarios en materia de concertación corresponderá al titular de la consejería competente por razón de la materia o al titular del organismo autónomo o entidad pública concertante, que podrán delegar dichas competencias.
6. El órgano competente para la adjudicación del concierto social procederá a dictar una resolución, que deberá estar motivada. El plazo para emitir y notificar esta resolución será de cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
1. En las convocatorias de los conciertos objeto de esta ley deberán establecerse, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del servicio, cláusulas de carácter social o medioambiental relativa a la estabilidad en el empleo, a la mejora de las condiciones de trabajo, al fomento de la contratación de determinados colectivos en riesgo de exclusión, a la conciliación en el trabajo, a la igualdad entre las personas, a la mejora de la eficiencia energética de edificios, a la utilización de instrumentos de trabajo respetuosos con el medio ambiente, o cualesquiera otras previsiones que se consideraran de interés para la mejora del entorno social y medioambiental.
2. Las cláusulas previstas en el párrafo anterior se establecerán como condición de ejecución o como criterio de preferencia atendiendo a la naturaleza del servicio y su régimen de prestación y siempre con respecto a la normativa vigente que les resulte de aplicación.
1. Se podrán adjudicar los conciertos de forma directa cuando sea preciso para garantizar la continuidad asistencial de las personas beneficiarias de servicios residenciales y de centros de día u otros, objeto del ámbito de aplicación de la presente ley.
2. Con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias urgentes debidamente acreditadas de interés público que imposibiliten o retrasen la formalización o el mantenimiento de un concierto para la prestación de un servicio sometido al régimen de concertación, y por el tiempo estrictamente necesario hasta la formalización del concierto o normalización del servicio, se podrá prorrogar el concierto que venía desarrollándose con la entidad que venía prestando el servicio o formalizar una concertación directa con la que reúna los requisitos para ello, aun cuando no estuviera acreditada autorizada, valorando las circunstancias presentes en cada caso que determinen la idoneidad de la entidad en función del tipo de servicio a prestar.
3. Asimismo, se podrán utilizar procedimientos de adjudicación directa sin publicidad ni concurrencia en los mismos supuestos que los previstos por la normativa de contratación pública en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de los conciertos.
4. Reglamentariamente se desarrollarán las causas habilitantes y los procedimientos que permitan las fórmulas de adjudicación directa previstas en este artículo, que deberán aplicarse con carácter restrictivo garantizando, en todo caso, los principios de transparencia y no discriminación.
5. Se podrá adjudicar de forma directa, cuando sea preciso para garantizar la continuidad asistencial de las personas beneficiarias de los servicios residenciales y de centros de día u otros.
1. Las entidades concertadas no podrán percibir de los usuarios cuantía económica alguna por la prestación de servicios concertados, salvo en los casos que así lo prevea la normativa de desarrollo que les sea de aplicación. En todo caso, la suma de la aportación económica del usuario y de la financiación aportada por la Administración concertante no podrá ser superior al precio o coste publicado para el servicio en cuestión.
2. Los servicios adicionales que la entidad concertada esté interesada en prestar a las personas usuarias, que en ningún caso podrán tener carácter obligatorio, deberán ser previamente autorizados por la Administración concertante en un plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya autorizado el servicio, habrá de entenderse estimada la solicitud de servicios complementarios.
3. La cesión parcial o total de los servicios objeto de concierto social solo será posible cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores o con motivo del cambio de titularidad de la entidad. En todo caso, será preceptiva la autorización previa y expresa de la Administración concertante.
4. La subcontratación con terceros de los servicios objeto de concertación solo podrá efectuarse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Que recaiga sobre el transporte, el servicio de comedor o los servicios accesorios especificados en la convocatoria, no pudiendo exceder del cuarenta por ciento del importe del concierto.
b) Que, tratándose de servicios esenciales que deben ser provistos directamente por la entidad, concurran circunstancias sobrevenidas de naturaleza coyuntural que impidan la provisión directa y sea necesario garantizar la continuidad del servicio en tanto se procede a la normalización del mismo. En estos casos, la subcontratación no podrá exceder del veinte por ciento del importe del concierto.
1. La incorporación de un servicio al régimen de concertación comportará la elaboración previa de estudios o memorias en los que habrán de acreditarse, al menos, los siguientes aspectos:
a) La carencia de recursos personales y materiales propios para la gestión directa de las prestaciones objeto de concertación.
b) Que la naturaleza de la actuación admite su sometimiento al régimen de concertación por tratarse de actuaciones en las que el arraigo de la persona a su entorno, la vinculación terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial o atención justifican su provisión a través de este régimen.
c) La conveniencia de acudir al régimen de concertación para la prestación del servicio.
d) El desglose de los costes que se han tenido en cuenta para fijar el precio o tarifa a aplicar a la concertación y los criterios o parámetros que se consideran idóneos teniendo en cuenta las características del servicio para establecer los parámetros de actualización de precios.
2. La financiación de los conciertos estará destinada a la cobertura de los gastos asociados a los servicios y prestaciones concertados, retribuyéndose los costes totales, que incluirán: los costes variables, fijos y permanentes asociados a los mismos, debiendo, en todo caso, garantizarse el sostenimiento de los servicios y cubrir los costes salariales y de Seguridad Social en los términos previstos en el convenio colectivo sectorial aplicable.
3. Se establecerá reglamentariamente un régimen de actualización de los precios o tarifas de los conciertos para mantener el equilibrio económico del concierto. En todo caso, deberán incluirse fórmulas de actualización que contengan como índice de referencia el IPC, así como que prevean un cambio en las condiciones sociales y en el coste de la prestación de los servicios.
4. La Junta de Extremadura y sus entidades públicas deben consignar en los presupuestos anuales las partidas presupuestarias necesarias para la celebración de los conciertos sociales objeto de adjudicación, con créditos suficientes y adecuados para el sostenimiento de la prestación de los servicios que estén previstos concertar.
1. Los conciertos sociales se formalizarán en un documento administrativo en el plazo de veinte días hábiles desde la notificación de la adjudicación, en el que se recogerán los derechos y obligaciones de las partes y todas las previsiones necesarias para su correcta ejecución y control. En todo caso deberán recogerse los siguientes aspectos:
a) Objeto del concierto.
b) Derechos y obligaciones de las partes, entre ellas las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de
c) Características del servicio, prestación o centro que se somete a concierto.
d) Duración, causas de extinción y procedimiento para su modificación y renovación.
e) Periodicidad y procedimiento de realización de pagos y de justificación de la prestación del servicio.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución, así como de las sanciones y consecuencias en caso de incumplimientos.
g) Los acuerdos a los que hubieran llegado las partes en virtud del principio de libertad de pactos.
h) Cantidad global consignada por la Administración para el sostenimiento del concierto.
1. La duración de los conciertos se efectuará sobre una base plurianual teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesaria estabilidad y continuidad en su provisión. No obstante, en aquellos servicios que nunca hayan sido objeto de concertación, podrá establecerse un periodo de duración no superior al año a fin de determinar la idoneidad del régimen de concertación para el mismo.
2. La renovación del concierto estará supeditada a la valoración previa de la necesidad de mantenimiento del servicio en los mismos términos y condiciones que venía prestándose, a la existencia de una demanda suficiente que justifique su viabilidad para garantizar el principio de eficiencia en la gestión de fondos públicos, a la buena ejecución de la prestación y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar la renovación.
3. Los conciertos podrán ser modificados para adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales de los mismos a las nuevas necesidades siempre que no supongan una modificación sustancial de las condiciones que fueron tenidas en cuenta para la concertación y existan razones de interés público debidamente acreditadas.
1. Serán causas de extinción de los conciertos:
a) El mutuo acuerdo de las partes manifestado con la antelación suficiente para garantizar la continuidad del servicio.
b) La revocación de la acreditación o autorización de funcionamiento o el incumplimiento de los requisitos de acceso exigidos para la prestación del servicio.
c) El incumplimiento grave o la demora reiterada en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto por las partes intervinientes en el mismo.
d) El vencimiento del plazo de vigencia del convenio.
e) La negativa injustificada a atender a los usuarios derivados por la Administración pública competente.
f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del servicio.
g) La negativa a aceptar la modificación del concierto en los casos en los que se haya establecido la obligatoriedad de la misma en la convocatoria.
h) La muerte de la persona física titular del servicio o la extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad.
i) La declaración de concurso de acreedores del titular del servicio.
j) El incumplimiento grave o reiterado de los derechos reconocidos a las personas usuarias.
k) La reversión de la prestación de los servicios concertados a la gestión directa, con medios públicos, de tales servicios.
l) Las que se establezcan expresamente en las condiciones del concierto.
m) La imposición de la sanción de suspensión de la actividad, de un centro, servicio, programa o prestación, con motivo de infracción muy grave en materia de servicios sociales y de atención sanitaria.
n) La reversión de la prestación de los servicios concertados a la gestión directa, con medios públicos, de tales servicios.
o) El incumplimiento grave de las normas de carácter obligatorio a que han de sujetarse los centros y actividades asistenciales y las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.
p) La falta continuada de demanda de un servicio o la desaparición de las necesidades que, en su momento, justificaron el concierto social para la prestación del servicio.
q) El resto de causas de resolución previstas en la legislación de contratos del sector público.
2. Reglamentariamente podrán establecerse otras causas de extinción del concierto en función de la naturaleza del servicio a concertar.
3. En todo caso, la Administración competente, cuando concurra una causa de extinción, deberá garantizar la protección de los derechos de los usuarios a fin de evitar que puedan verse afectados con ocasión de la extinción del concierto.
1. Los servicios prestados mediante la fórmula de concierto social quedarán sujetos a las funciones de control, inspección y sanción de las Administraciones competentes en la materia, que estarán facultadas para comprobar que los servicios se ajustan a lo contemplado en la presente ley, en la legislación sectorial y en la normativa de desarrollo que les resulte de aplicación.
2. Con independencia de lo anterior, los órganos que realizan el concierto deberán designar una persona o unidad responsable del concierto, al que corresponderá supervisar su
3. La persona o unidad responsable del concierto supervisará en cada concierto, de forma periódica, el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales, de igualdad entre hombre y mujeres, medioambientales y relativas a otras políticas públicas, que se hayan establecido por la entidad prestadora del concierto o hayan sido ofertadas por esta, así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes.
4. Los pliegos o bases del concierto deberán prever la imposición de penalidades o la resolución contractual en función de la gravedad, en caso del incumplimiento de las cláusulas socialmente responsables establecidas, con especial incidencia en las relativas al cumplimiento de obligaciones laborales o sociales del adjudicatario en relación con sus trabajadores y sus trabajadoras.
a) La infracción de las limitaciones a la contratación, cesión o subcontratación de los servicios concertados.
b) La solicitud de abono a las personas usuarias de servicios o prestaciones complementarias cuando no hayan sido autorizadas por la Administración.
c) El incumplimiento grave de la legislación fiscal, laboral, de seguridad social o de integración de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales o de la legislación en materia de igualdad.
1. Se constituirá una comisión de seguimiento de los conciertos sociales, que mantendrá al menos dos reuniones anuales, donde se revisarán las actuaciones llevadas a cabo, se
2. Entre sus funciones supervisará la ejecución de los conciertos sociales que serán objeto de evaluación para determinar si procede prorrogarlos y para determinar si se mantiene o no la prestación mediante el régimen de concierto social, pudiendo también servir de base para las valoraciones en el acceso a otros conciertos y para la evaluación de la normativa reguladora de los conciertos.
3. La evaluación tendrá en cuenta los posibles incumplimientos de las condiciones establecidas para cada concierto, los objetivos de calidad establecidos y el grado de consecución de los mismos, y contará también con la participación de las personas usuarias del servicio.
1. Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y, en el caso de la Junta de Extremadura, en el ámbito de cada consejería, podrán crear registros de entidades prestadoras de servicios concertados en función del ámbito material de actuación en los que será necesaria la inscripción para poder concertar servicios.
2. La estructura, contenido y organización de los registros se establecerán en la normativa que resulte de aplicación, debiendo garantizarse, en todo caso, la actualización permanente de los datos obrantes en los mismos.
1. Queda derogada la disposición adicional sexta de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y el capítulo V del título V de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura.
«c) Las entidades privadas que suscriban contratos, conciertos sociales o convenios de colaboración con las Administraciones públicas de Extremadura o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellas para la prestación de servicios sociales».
«3. El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura podrá proveer estos servicios a las personas mediante alguna de las siguientes formas:
b) Mediante el régimen de concierto social.
c) Mediante gestión indirecta, en virtud de alguna de las fórmulas establecidas en la normativa aplicable».
«Artículo 9 bis Acuerdos de acción concertada o conciertos sociales
- En el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, la relación de los servicios que a lo largo del ejercicio se prevea que van a ser objeto de adjudicación por concierto social».