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Timestamp: 2017-12-13 10:10:20
Document Index: 186164813

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 25', 'artículo 47', 'artículo 24', 'artículo 12', 'in fine', 'Artículo 12', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 17', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 22', 'Artículo 29', 'artículo 18', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 33', 'Artículo 39', 'artículo 45', 'Artículo 40', 'artículo 37', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 39', 'Artículo 46', 'Artículo 50', 'artículo 149']

STC 53/2017, sobre la Ley de Evaluación Ambiental: se mantiene el esquema procedimental común y se anulan o reinterpretan algunos preceptos (incluye cuadro explicativo) - Lexology
La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, vino a sustituir a las dos leyes estatales básicas reguladoras de los procedimientos de evaluación ambiental: la Ley 9/2006, que regulaba la evaluación de los planes y programas, y el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008.
Esta nueva ley no tuvo como objeto transponer una directiva (de hecho, no se esperó a la Directi‑ va 2014/54/UE, entonces de inminente aprobación y actualmente en proceso de transposición). No, el objetivo declarado de la Ley de Evaluación Ambiental fue el de lograr una mayor armoni‑ zación y simplificación de estos procedimientos: al tiempo que unificaba en una sola norma las dos leyes precitadas y dotaba de un esquema muy similar a la tramitación de los dos tipos de evaluaciones, regulaba de forma muy completa y con carácter de legislación básica su procedi‑ miento (salvo determinados plazos: los enumerados en la disposición final octava) con el propósi‑ to, reconocido en la exposición de motivos, de dotar de un marco jurídico «básico y común —con STC 53/2017, sobre la Ley de Evaluación Ambiental: se mantiene el esquema procedimental común y se anulan o reinterpretan algunos preceptos (incluye cuadro explicativo) Blanca Lozano Cutanda Catedrática de Derecho Administrativo Consejera académica de GA_P Análisis | Julio 2017 2 las especificidades estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma—» a este sistema de control ambiental previo. Para enjuiciar la adecuación de la nueva ley al sistema constitucional de distribución de compe‑ tencias, la Sentencia 53/2017 parte del criterio de que «no son lo genérico o lo detallado, lo abs‑ tracto o lo concreto de la norma las piedras de toque para calificarla como básica, o no», sino el hecho de que posea «la característica técnica de normas mínimas de protección» exigidas para la protección del medio ambiente; en este caso, que se trate de preceptos que «tiendan directamen‑ te a dotar de efectividad a la evaluación ambiental y sean esenciales a tal fin». Siguiendo este criterio, en el fundamento jurídico 5b no se consideran propios de la legislación básica estatal los preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental que sean: i. «meras remisiones o reiteraciones de las reglas de procedimiento administrativo común o de las bases dictadas por el Estado en el ámbito del art. 149.1.18 que no tengan una especial vo‑ cación tuitiva del medio ambiente»; ii. o «normas complementarias o accesorias de aquellas que regulan los trámites y requisitos esenciales de la evaluación ambiental», las cuales pueden ser aprobadas por las comunidades autónomas respetando en todo caso las reglas básicas del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Pues bien, aplicando estos criterios, la sentencia anula determinados preceptos de la ley que considera que exceden del ámbito de lo básico y reinterpreta otros. Con la única excepción del procedimiento para la resolución de discrepancias entre el órgano ambiental y el sustantivo, el esquema procedimental se mantiene intacto, y lo que se anula o reinterpreta son diversos apartados, párrafos o incisos que se considera que invaden competencias autonómicas. Al final de este comentario incluimos un cuadro con los preceptos que han sido objeto de anulación o reinterpretación parcial. Ahora comentaremos brevemente algunos aspectos que nos resultan destacables de la sentencia. En primer lugar, es a nuestro juicio encomiable que la sentencia haya preservado, con la excepción señalada, el esquema procedimental común, pues como he tenido ocasión de decir en otro lugar, el «desordenamiento jurídico ambiental» que padecemos en España, resultante de la falta de una mínima homogeneidad normativa en las diecisiete comunidades autónomas, es contrario al prin‑ cipio fundamental de la seguridad jurídica y a los propios postulados ambientales, ante la falta una «regulación de mínimos» homogénea sobre la protección ambiental1 . En el «debe ambiental» podría señalarse que, constreñida por los preceptos impugnados y por los criterios que utiliza para su enjuiciamiento, la sentencia apenas contiene pronunciamientos 1 «Derecho ambiental: algunas reflexiones desde el derecho administrativo», Revista de Administración Pública, número especial 200, págs. 409 y ss. Análisis | Julio 2017 3 que otorguen margen a las comunidades autónomas para adoptar «normas adicionales de pro‑ tección». El más destacado en este sentido es quizás la posibilidad que ofrece a las comunidades autónomas de eliminar la voluntariedad para el promotor de la solicitud del documento de alcan‑ ce del estudio de impacto ambiental, al reinterpretar en este sentido los artículos 33.2a y 34. Una crítica aparte merece, a nuestro juicio, el fundamento jurídico 11 de la sentencia, que resul‑ ta sorprendente y contradictorio, salvo que se lleve a cabo una interpretación sistemática de su pronunciamiento a la luz del conjunto de la sentencia. Y decimos esto porque ésta ha anulado los incisos de cinco preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental (18, 24, 29, 40 y 45) que establecían que, contra determinadas resoluciones, «podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso». La razón de la declaración de inconstitucionalidad es la señalada en el fundamento jurídico 5b.i, esto es, que se trata de una mera reiteración de las normas básicas procesales dictadas por el Estado en el ámbito del artículo 149.1.18 que no tiene una especial vocación tuitiva del medio ambiente. Ahora bien, si afirmar que un acto es recurrible se considera una mera reiteración de la legislación procesal básica estatal: ¿por qué el citado fundamento jurídico 11 no aplica el mismo criterio a los preceptos (apdo. cuarto del art. 25 y apdo. sexto del art. 47) que establecen el carácter irrecurrible de la declaración ambiental, de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental y del informe ambiental estratégico? Sobre todo cuando la propia sentencia afirma que el «carácter irrecurrible de forma autónoma» de las citadas resoluciones se deriva de su propia naturaleza, por lo que dichos preceptos no hacen sino recoger «lo dispuesto con carácter general para esta clase de actos tanto en el marco del procedimiento administrativo común (art. 112 de la Ley 39/2015, antes art. 107 de la Ley 30/1002, LPC), como de la jurisdicción contencioso‑administrativa (art. 25 de la Ley 29/1998, LJCA)». Parece olvidarse, sin embargo, que estos preceptos de la legislación básica estatal sí permiten que los actos de trámite sean recurribles cuando se den determinadas condiciones: que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, o que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legíti‑ mos. La concurrencia, en cada caso concreto, de estas condiciones es algo que sólo a los tribunales corresponde apreciar. De hecho, la jurisprudencia venía reconociendo el carácter de acto de trámite cualificado —y, por ende, recurrible— a la decisión de someter o de no someter a evaluación ambiental a un proyecto, que es la resolución ahora sustituida por el informe ambiental, por entender los tribunales que se trataba de un acto que «decide directa o indirectamente el fondo del asunto» (SSTS, entre otras, de 13 de marzo del 2007, rec. núm. 1717/2005, y de 26 de junio del 2007, rec. núm. 8536/2003). Y así sigue ocurriendo con el informe ambiental y con el informe ambiental estratégico. Porque, por poner un caso muy claro: ¿cuándo y de qué manera puede recurrirse el informe ambiental que de‑ clara que un proyecto ha de someterse a evaluación ambiental ordinaria una vez que ésta ya se ha llevado a cabo? Y, del mismo modo: ¿cómo puede un particular recurrir la decisión de no someter a Análisis | Julio 2017 4 evaluación ambiental estratégica un plan elaborado por la Administración, pero que luego se va a tramitar en vía legislativa y aprobarse con rango de ley? Hay que entender por lo expuesto que, dado que el apartado cuarto del artículo 25 y el apar�� tado sexto del artículo 47 de la Ley de Evaluación Ambiental no hacen sino reproducir —y así lo dice expresamente la sentencia— lo dispuesto en la legislación básica procesal para los actos de trámite, las resoluciones en ellos citadas han de considerarse recurribles cuando concurran las cir‑ cunstancias para ello según dicha legislación básica, algo que únicamente compete determinar a los tribunales caso por caso. Entenderlo de otra forma resultaría contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española y a la Directiva 2011/92/UE, de eva‑ luación ambiental de proyectos, tal como la ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que expresamente se ha pronunciado sobre la necesidad de habilitar vías de re‑ curso cuando se trate de proyectos incluidos en su ámbito de aplicación (vid., entre otras, la STJUE de 30 de abril del 2009, as. C‑75/08). Otra cuestión que merece la atención por cuanto resultó muy debatida en la deliberación de la sentencia es la relativa al procedimiento para la resolución de discrepancias entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo contenido en el artículo 12 de la ley, cuestión sobre la que se han emitido tres votos particulares (del magistrado Pedro González‑Trevijano, por un lado, y de los magistrados Ricardo Enríquez y Encarnación Roca, por otro lado). De este precepto úni‑ camente habían sido objeto de recurso sus apartados segundo, tercero y cuarto, por lo que no se cuestiona ni por tanto anula el apartado primero, que establece que, cuando existan discre‑ pancias entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental «sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe am‑ biental estratégico, o del informe de impacto ambiental resolverá según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno u órgano que la comunidad autónoma determine». La sentencia declara inconstitucional y anula, sin embargo, el procedimiento que contienen los tres apartados siguientes para la resolución de la discrepancia por aplicación del citado criterio del fundamento jurídico 5b.ii, salvando únicamente la frase que dispone que «en tanto no se pro‑ nuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, se considerará que la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, o en su caso, el informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental mantienen su vigencia». Compartimos la crítica formulada a este pronunciamiento en los dos votos particulares que, de forma sustancialmente coincidente, ponen de manifiesto que no cabe sostener, por todas las razo‑ nes que exponen, que el mecanismo de resolución de discrepancias arbitrado en estos apartados suponga una aplicación de trámites genéricos sin conexión con la finalidad tuitiva del medio am‑ biente que justifica la intervención estatal ex articulo 149.1.23 de la Constitución española. Y, por último, nos parece interesante comentar el fundamento jurídico 18, que declara inconstitu‑ cional y nula de la disposición final undécima in fine, en la que se preveía que «las comunidades Análisis | Julio 2017 5 podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de la aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria». El abogado del Estado, aun reconociendo que el Estado no puede dictar normas con eficacia meramente supletoria en materias sobre las cuales carece de título competencial, argumentaba que la disposición se limitaba a señalar la po‑ sibilidad de que las comunidades autónomas optasen, en el ejercicio de sus competencias, por la aplicación en su territorio de las disposiciones no básicas de la ley a través del mecanismo de una remisión recepticia. La sentencia parece asumir esta interpretación, pero aun así la anula por considerar que no era necesaria una «invitación» o «habilitación» al respecto, dado que las comunidades autónomas pueden recurrir a dicho mecanismo si así lo consideran conveniente2 . El Tribunal Constitucional considera, por ello, que si se trataba de una mera invitación sin contenido técnico jurídico, el lugar idóneo a tales efectos hubiera sido, en todo caso, el preámbulo de la Ley de Evaluación Ambiental. Nótese, sin embargo, que esta recomendación adquiría pleno sentido si se enlazaba con el primer párrafo de dicha disposición final undécima, no recurrida y por tanto vigente, en la que se establece que «las comunidades autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta ley, salvo los no básicos, a todas las comunidades autónomas». Ante este pretendido «efecto directo» de la ley básica estatal, claramente inspirado en el de las directivas europeas, y enfrentadas a la lentitud que imprime el procedimiento legislativo al proce‑ so de desarrollo autonómico de la Ley de Evaluación Ambiental, algunas comunidades autónomas han optado por seguir la recomendación del precepto y llevar a cabo una remisión recepticia con algunas exclusiones expresas en las materias de su competencia3 . 2 Las comunidades autónomas ya lo han hecho así en otras ocasiones, como cuando la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 declaró que, por afectar a materia de urbanismo, la mayor parte de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal de 1992 no tenían ni siquiera carácter supletorio de la legislación autonómica; algunas leyes autonómicas optaron entonces por aprobar una remisión recepticia a la ley estatal que permitía «revivir» sus preceptos. 3 Vid., p. ej., la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que derogó gran parte de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental, para aplicar directamente en su ámbito territorial la ley básica estatal, sin reproducir su contenido. No obstante, reguló en su disposición transitoria primera las especialidades que, de acuerdo con la habilitación estatal, serían de aplicación en la Comunidad de Madrid, en tanto se aprobara una nueva ley autonómica. Con posterioridad, estos preceptos han sido complementados por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Análisis | Julio 2017 6 Cuadro de los preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental anulados o reinterpretados Nota: Lo anulado por inconstitucional se destaca en negrita y lo que es objeto de un pronunciamiento interpretativo del Tribunal Constitucional se subraya y explica. Art. 12 Artículo 12. Resolución de discrepancias. […] 2. El órgano sustantivo trasladará al órgano ambiental escrito fundado donde manifieste las razones que motivan la discrepancia junto con toda la documentación, incluyendo cuantos informes y documentos estime oportunos, en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental. 3. Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el citado plazo, se entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la declaración ambiental estratégica, de la declaración de impacto ambiental, o en su caso, del informe ambiental estratégico, o del informe de impacto ambiental formulado. 4. El órgano sustantivo elevará la discrepancia al órgano competente para su resolución, quien se pronunciará en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados desde su recepción. En tanto no se pronuncie el órgano que debe resolver la discrepancia, se considerará que la declaración ambiental estraté‑ gica, la declaración de impacto ambiental, o en su caso, el informe ambiental estratégico, o el informe de impacto ambiental mantienen su eficacia. Análisis | Julio 2017 7 Art. 18 Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. [...] 4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones: a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiesta‑ mente inviable por razones ambientales. b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes. c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado. Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión. La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso. Nota: El contenido subrayado se declara conforme a la distribución constitucional de competencias «si se interpreta en el sentido de que establecen unas causas sustantivas mínimas en las que procede declarar la inadmisibilidad», sin que se excluya que las comunidades autónomas puedan adoptar normas de desarrollo o establecer otros supuestos de inadmisión. Análisis | Julio 2017 8 Art. 19 Artículo 19. Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 1. El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el pro‑ cedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio ambiental es‑ tratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas competentes que resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del ór‑ gano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto en el artículo 17.2. Art. 23 Artículo 23. Propuesta final de plan o programa. [...]. No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en los artículos 21 y 22. Análisis | Julio 2017 9 Art. 24 Artículo 24. Análisis técnico del expediente. 4. [...] Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación adicional solicitada, o si una vez presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso. [...] 5. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica. Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara algu‑ no de los informes de las Administraciones Públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto en el artículo 22, y el órgano ambiental no dispusie‑ ra de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental. Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el procedimiento. En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso‑Administrativa. Nota: El apartado 3 de este precepto, que no fue objeto de recurso y no ha sido por tanto anulado, contiene un último inciso idéntico al del artículo 24.4 que sí ha sido anulado. Análisis | Julio 2017 10 Art. 27 Artículo 27. Vigencia de la declaración ambiental estratégica. 2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior. 3. A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación ambiental estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Art. 28 Artículo 28. Modificación de la declaración ambiental estratégica. 4. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de que emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización de la consulta. Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las Administraciones Públicas afectadas, y de las personas interesadas, el pro‑ cedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con ele‑ mentos de juicio suficientes para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para con‑ tinuar con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen reci‑ bido los informes de las Administraciones Públicas afectadas, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá per‑ sonalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la remisión de los infor‑ mes en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el ór‑ gano ambiental se pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica. [...]. Análisis | Julio 2017 11 Art. 29 Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones: a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiesta‑ mente inviable por razones ambientales. b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes. Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión. La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso. Nota: Al igual que ocurre en el artículo 18 en relación con la evaluación ambiental estratégica ordinaria y en los artículos 39 y 45 para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, el contenido subrayado se declara conforme a la distribución constitucional de competencias «si se interpreta en el sentido de que establecen unas causas sustantivas mínimas en las que procede declarar la inadmisibilidad», sin que se excluya que las comunidades autónomas puedan adoptar normas de desarrollo o establecer otros supuestos de inadmisión. Análisis | Julio 2017 12 Art. 30 Artículo 30. Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas 2. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos re‑ sultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo. [...]. Art. 33 Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. 2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto am‑ biental ordinario se establecen las siguientes actuaciones: a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres meses». Nota: El artículo 33.1 ha de interpretarse en el sentido de que «no excluye la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan normas en las que se exija en todo caso que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, con independencia de la solicitud del promotor». Análisis | Julio 2017 13 Art. 34 Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental. 1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto am‑ biental ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del documento de alcance es de tres meses contados des‑ de la recepción de la solicitud del documento de alcance. [...] 4. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas consulta‑ das deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la documentación. Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar el documento de alcance del estudio de im‑ pacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas competentes que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del ór‑ gano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimien‑ to efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto para la elaboración del documento de alcance. En el caso de no haberse recibido informe transcurrido el plazo anterior, el órgano ambiental lo notificará al promotor, quien podrá elaborar el estudio de impacto ambiental y continuar con la tramitación del procedimiento. [...]. Nota: El artículo 34.1 ha de interpretarse, al igual que el artículo 33.2a, en el sentido de que «no excluye la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan normas en las que se exija en todo caso que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, con independencia de la solicitud del promotor». Análisis | Julio 2017 14 Art. 39 Artículo 39. Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. 4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones: a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente invia‑ ble por razones ambientales. b) Si estimara que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes. c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración de impacto ambiental desfavorable en un proyecto sustantivamente análogo al pre‑ sentado. Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión. La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso. Nota: Al igual que en los artículos 18 y 29 en relación con la evaluación ambiental estratégica y que en el artículo 45 para la evaluación de impacto ambiental de proyectos simplificada, el contenido subrayado se declara conforme a la distribución constitucional de competencias «si se interpreta en el sentido de que establecen unas causas sustantivas mínimas en las que procede declarar la inadmisibilidad», sin que se excluya que las comunidades autónomas puedan adoptar normas de desarrollo o establecer otros supuestos de inadmisión. Análisis | Julio 2017 15 Art. 40 Artículo 40. Análisis técnico del expediente. 2. [...] Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expedien‑ te subsanado, o si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso. [...] 4. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental. Si en el expediente de impacto ambiental no constara alguno de los informes preceptivos a los que se refiere el artículo 37.2 y el órgano ambiental no dispu‑ siera de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente su‑ perior de aquel que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental. [...]. Análisis | Julio 2017 16 Art. 43 Artículo 43. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. 2. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior. La solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de cuatro años del apartado anterior. [...] 3. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto. [...]. Análisis | Julio 2017 17 Art. 44 Artículo 44. Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental. 5. Para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de im‑ pacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas previamente consultadas. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días. Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido informes o alegaciones, el pro‑ cedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con ele‑ mentos de juicio suficientes para ello. En este caso, no se tendrán en cuenta los informes o alegaciones que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar con el procedimiento de modificación, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental. [...]. Análisis | Julio 2017 18 Art. 45 Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. 4. En el plazo de veinte días desde la recepción de la solicitud de inicio de la eva‑ luación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resol‑ ver su inadmisión por algunas de las siguientes razones: a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente invia‑ ble por razones ambientales. b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes. Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la inadmisión. La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso. Nota: Al igual que en los artículos 18 y 29 en relación con la evaluación ambiental estratégica y que en el artículo 39 para la evaluación de impacto ambiental de proyectos simplificada, el contenido subrayado se declara conforme a la distribución constitucional de competencias «si se interpreta en el sentido de que establecen unas causas sustantivas mínimas en las que procede declarar la inadmisibilidad», sin que se excluya que las comunidades autónomas puedan adoptar normas de desarrollo o establecer otros supuestos de inadmisión. Análisis | Julio 2017 19 Art. 46 Artículo 46. Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. 2. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pro‑ nunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe de impacto ambiental. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. [...] 3. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerár‑ quicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. Art. 50 Artículo 50. Consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental. 1. Cuando un Estado notifique que un plan, programa o proyecto previsto en su territorio puede tener efectos ambientales significativos en España, el Minis‑ terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la voluntad de participar o no en la evaluación ambiental correspondiente. Nota: En este precepto ha de entenderse que en las consultas previas se incluyen, a pesar de no mencionarse, a las comunidades autónomas. Disp. final octava Se declara inconstitucional su apartado primero, en cuanto invoca indebidamente el artículo 149.1.23 como título competencial que habilita al Estado para declarar básicos los preceptos expuestos de la Ley 21/2013 que la sentencia estima que no revisten este carácter y anula. Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Julio 2017 20 Disp. final undécima Disposición final undécima. Entrada en vigor en relación con la normativa autonó- mica de desarrollo. Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos de lo dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y nove‑ na, y de la aplicación de la presente ley como legislación básica, las comunidades autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación am‑ biental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta ley, salvo los no básicos, a todas las comunidades autónomas. No obstante, las comunidades autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria.