Source: https://3ta.cl/fallos/
Timestamp: 2018-01-19 08:04:25
Document Index: 20572806

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 40', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 60', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 50', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 54', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 73', 'artículo 84', 'artículo 47', 'artículo 17', 'artículo 182', 'artículo 17', 'artículo 56', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 65', 'artículo 11']

Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental | Tercer Tribunal Ambiental de Chile Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental – Tercer Tribunal Ambiental de Chile
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Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental
Con la finalidad de ofrecer a la comunidad un acceso rápido, ordenado y simple a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Ambiental, hemos diseñado este espacio que contiene las Sentencias definitivas dictadas en reclamaciones de ilegalidad, demandas de reparación por daño ambiental, solicitudes de autorización de medidas provisionales de la Superintendencia del Medio Ambiente, y resoluciones de inadmisibilidad, con el acceso a su texto íntegro.
Este espacio, que constituye un nuevo esfuerzo por facilitar el acceso a la jurisprudencia de nuestra institución, será constantemente actualizado, esperando sea de especial interés para abogadas y abogados a nivel nacional e internacional, así como para la ciudadanía.
La columna “Rol” contiene un link al expediente electrónico de cada causa. La columna “Carátula / Sentencia” contiene un resumen de cada fallo, un link al texto de la respectiva sentencia y un link al fallo de casación correspondiente, en caso de que este recurso haya sido interpuesto por alguna de las partes.
Se hace presente que los textos incluidos en cada una de estas secciones son sólo referenciales, pues los únicos textos oficiales son los documentos foliados en el expediente de cada causa.
Carátula / Sentencia
Ministro/a redactor/a
1 R 2-2014
Expediente electrónico Montoya Villaroel Carlos Javier con Superintendencia del Medio Ambiente.
Síntesis Sentencia R-2-2014
Tribunal acogió la reclamación, ya que al considerar lo establecido en los artículos 1 y 31 de la Ley N° 17.288, en relación con el Decreto Supremo Supremo N° 2.734, de 03 de junio de 1981, del Ministerio de Medio Ambiente, determinó que en la actualidad es el Ministerio del Medio Ambiente, con acuerdo del Consejo de Monumentos, el organismo del Estado competente para definir y modificar, mediante acto administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, los límites del Santuario de la Naturaleza.
Por tanto, a juicio de este Tribunal, la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el procedimiento de fiscalización llevado a cabo en contra del reclamante, y que terminó con la dictación de la Resolución reclamada, debió consultar al Ministerio del Medio Ambiente –sumado al acuerdo con el Consejo de Monumentos Nacionales- sobre los límites del Santuario, cuestión que no ocurrió en este caso; en consecuencia, la ausencia de dicho trámite vicia la Resolución reclamada, decidiendo este Tribunal anular dicha Resolución, por haber sido dictada sin la consulta de rigor a la autoridad competente –recientemente señalada-, única autorizada para definir si el Predio se encontraba o no dentro del Santuario.
Sentencia R 2-2014
Rol Corte Suprema: 16706-2014
Sentencia Casación.
Sentencia de reemplazo. 30 de mayo de 2014 Michael Hantke Domas
2 R 3-2014
Expediente electrónico I. Municipalidad de San Fabián de Alico con Dirección Regional del Biobío, Servicio de Evaluación Ambiental.
Síntesis Sentencia R-3-2014
Tribunal rechazó la reclamación, fundamentalmente porque la reclamante no agotó previamente la vía administrativa, de conformidad a lo establecido en los artículos 20 y 25 Quinquies de la Ley N° 19.300, y artículo 17 N° 5 de la Ley N° 20.600, ya que interpuso la acción en contra de la Resolución dictada por la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación de la Región del BíoBío, y no en contra de Resolución dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental o por el Comité de Ministros.
Sentencia R 3-2014
Rol Corte Suprema: 1631-2015
Audiencia de alegatos.
06 de enero de 2015 Pablo Miranda Nigro
3 R 6-2014
Expediente electrónico Empresa Nacional de Electricidad S. A. con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-6-2014
Tribunal rechazó íntegramente la reclamación interpuesta por ENDESA, en contra de la Resolución Exenta N° 421, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente; respecto de la reclamación presentada por la parte Marisol Ortega y Otro, en contra de dicha Resolución, el Tribunal acogió parcialmente la acción, solo respecto a la sanción de 977 UTA impuesta en la infracción D.1, consistente en la operación de todo o parte del proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, que modifica el proyecto “Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, ordenando a la Superintendencia del Medio Ambiente modificar dicha sanción, debiendo considerar la circunstancia establecida en la letra d) del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -la intencionalidad en la comisión de la infracción- al momento de la determinación de la sanción específica.
Sentencia R 6-2014
Rol Corte Suprema: 5838-15
Audiencia de alegatos , realizada en dependencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción el 6 de noviembre de 2014. 27 de marzo de 2015 Roberto Pasten Carrasco
4 R 9-2014
Expediente electrónico Girardi De Esteve, Ricardo con Dirección Regional, Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Los Lagos.
Síntesis Sentencia R-9-2014
Tribunal rechazó la reclamación, al determinar que respecto del Acto administrativo reclamado, dictado por el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Los Lagos, el que se pronunció conforme con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central de Pasada Mediterráneo”, se generó el decaimiento administrativo, considerando que los presupuestos de hecho que motivaron el acto reclamado, sufrieron una variación a raíz de las opiniones y pronunciamientos de los otros Servicios del Estado con competencia ambiental, los que se incluyeron en el primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones, originando en este caso la Adenda I por parte del titular, mediante la cual modificó el contenido del Acto administrativo reclamado.
Sentencia R-9-2014
Audiencia de alegatos. 30 de abril de 2015 Jorge Roberto Retamal
5 R 5-2014
Expediente electrónico Comunidad Coyan Mapu y Otra con Comisión de Evaluación Ambiental, Región del Bíobio.
Síntesis Sentencia R-5-2014
Tribunal rechazó la reclamación, ya que la reclamante no cumplió con el requisito procesal de agotamiento previo de la vía administrativa; además, carecía de legitimación activa, considerando que solicitó directamente la invalidación respecto de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del BíoBío, no configurándose ninguna de las hipótesis que otorgan competencia a este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 20.600, particularmente respecto a lo señalado en los numerales 6° y 8°.
Sentencia R-5-2014
Rol Corte Suprema: 7776-2015
Sentencia R-5-2014 de Corte Suprema
Audiencia de alegatos. 14 de mayo de 2015 Jorge Roberto Retamal
6 R 10-2015
Expediente electrónico Beltrán Buendía, Carlos y otros con Comisión de Evaluación Ambiental Los Lagos y Servicio de Evaluación Ambiental Los Lagos
Síntesis Sentencia R-10-2015
Tribunal rechazó la reclamación, declarándose incompetente para conocer y fallar la acción interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° 316/2012, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, que calificó ambientalmente favorable el proyecto “Piscicultura Rupanco”, ya que en ninguno de los numerales contemplados en el artículo 17 de la Ley N° 20.600, se establece la posibilidad de reclamar directamente ante este Tribunal en contra de la Resolución de Calificación Ambiental de un Proyecto.
Respecto de la reclamación interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° 278/2014, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, que resolvió no acoger a trámite la solicitud de invalidación deducida en contra de la Resolución Exenta N° 316/2012, referida precedentemente, este Tribunal, considerando que la solicitud de invalidación presentada en sede administrativa, fue interpuesta solamente faltando 13 días para el vencimiento del plazo de 2 años que la Ley N° 19.880 contempla para el ejercicio de la potestad invalidatoria, determinó que si bien dicha potestad se encontraba vigente en la fecha en que se solicitó la invalidación, no puede considerarse que dicha solicitud se haya interpuesto de manera que permita a la Comisión de Evaluación Ambiental referida, el ejercicio razonable de la potestad invalidatoria; teniendo presente que de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, la actuación de la potestad cuyo ejercicio se solicitó, implica para la Administración cumplir con una serie de trámites, entre ellos el dar audiencia a los interesados, además de disponer de un plazo razonable para determinar la procedencia o no de la invalidación, lo que a juicio de este Tribunal no parece razonable concluir en el plazo referido.
Sentencia R-10-2015
Rol Corte Suprema: 11512-15
Audiencia de alegatos. 21 de julio de 2015 Pablo Miranda Nigro
7 R 11-2015
Expediente electrónico Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-11-2015
Tribunal acogió la reclamación, dejando sin efecto la sanción de 358 UTA, por la infracción correspondiente a “Construir un pretil a base de piedras, generando la modificación del cauce del Río Calle Calle en la ribera sur de éste y causando socavación hídrica en propiedades ubicadas a 100 metros del lugar”.
El Tribunal anuló parcialmente la Resolución Reclamada, al estimar que ésta adolece de un vicio esencial de procedimiento que la afecta en forma parcial, consistente en la imposibilidad que tuvo la reclamante, durante el procedimiento administrativo sancionatorio, de acceder al principal medio de prueba en que se fundó la Resolución Reclamada, recaído en el informe policial N° 311/01099 (o informe BIDEMA), contenido en la carpeta de investigación de la Fiscalía Local de Valdivia.
Sentencia R-11-2015
Rol Corte Suprema: 13317-15
Audiencia de alegatos. 04 de agosto de 2015 Sibel Villalobos Volpi
8 R 12-2015
Expediente electrónico Inversiones Los Inkas S.A con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-12-2015
Tribunal rechazó la reclamación, determinando que la Superintendencia del Medio Ambiente al dictar la Resolución reclamada, ha actuado conforme a derecho, rechazando la solicitud formulada por la reclamante, ya que no se reunían los requisitos establecidos en el artículo 3°, letra h, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente –LOSMA-, los que habilitan a dicho organismo para decretar la suspensión transitoria de las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, considerando que el titular del proyecto denominado “Central Hidroeléctrica Los Lagos” solo ha acreditado el inicio de la ejecución de su proyecto, para efectos que no opere la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 ter de la Ley N° 19.300, pero que sin embargo, no ha ejecutado obras materiales que autorizarán a la Superintendencia del Medio Ambiente a ejercer la facultad establecida en el artículo 3° de la LOSMA, ya que al no haberse iniciado la ejecución u operación del proyecto, no es posible sostener que el titular del proyecto solo mediante simples gestiones administrativas, hubiere generado efectos no previstos en la evaluación.
Sentencia R-12-2015
Audiencia de alegatos. 30 de septiembre de 2015 Jorge Retamal Valenzuela
9 R 17-2015
Expediente electrónico Aguas Araucanía S.A con Servicio de Evaluación Ambiental
Síntesis Sentencia R-17-2015
Tribunal acogió la reclamación, determinando que en este caso procedió el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, en relación con las 3 Resoluciones reclamadas, que fueron dictadas por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que éste demoró aproximadamente 3 años en resolver los recursos jerárquicos interpuestos por la reclamante, plazo que excede largamente al determinado de conformidad a la Ley N°19.880, el que otorga a la administración un plazo de 2 años para invalidar sus propios actos.
A mayor abundamiento, este Tribunal sostuvo que la tardanza excesiva e injustificada por parte de la reclamada al resolver los recursos jerárquicos, contradice ciertos principios del derecho administrativo que le son aplicables, específicamente el principio del debido proceso, considerando que para que un procedimiento sea racional y justo, la decisión final, debe ser oportuna.
Sentencia R-17-2015
En cumplimiento a lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de casación dictada con fecha 07 de septiembre de 2016 (causa Rol N° 1562-2016), el Tribunal se pronunció respecto a las solicitudes de prescripción de la acción y de la pena, en relación con la acción sancionadora de la Administración y las sanciones impuestas.
En primer lugar, y no obstante que la Reclamante cometió los hechos infraccionales en fechas (años 2007, 2008 y 2009) donde no existía norma que regulara la prescripción de la persecución administrativa ni de la sanción, el Tribunal estimó que igualmente la prescripción debe ser aplicada en este caso, al constituir un principio general de derecho, la que no es aplicable sólo cuando la Ley así lo disponga, o cuando la naturaleza de la materia implique la imprescriptibilidad de la acción –criterio seguido por la Corte Suprema-.
Ahora, teniendo presente la ausencia de norma respecto al plazo especial de prescripción en materia administrativa, el Tribunal determinó que a la sanción administrativa ambiental se le debe aplicable la norma de prescripción general establecida en el Código Civil (5 años), y no las normas sobre prescripción de las faltas establecidas en el Código Penal (6 meses), fundamentalmente en consideración a que las sanciones administrativas –ambientales- si bien tienen con el Derecho Penal el mismo origen, los fines son totalmente diversos. Para argumentar lo anterior, el Tribunal sostuvo –en síntesis- que en la potestad sancionadora de la Administración Pública destaca el rol preventivo y disuasorio, a diferencia de lo que ocurre con el Derecho Penal, donde el rol de la sanción es esencialmente retributivo. A mayor abundamiento, en caso de aplicarse plazos breves de prescripción en las materias ya señaladas, la Administración no sería eficaz al reprimir las conductas infraccionales, además, no se lograría la finalidad preventiva general de las sanciones administrativas.
En concreto, el Tribunal concluyó que no operó la prescripción de la acción respecto de los diversos hechos infraccionales, teniendo presente que los plazos de dicha prescripción se suspendieron, ya que luego de la comisión de los diversos hechos infraccionales, las autoridades administrativas adquirieron conocimiento formal de dichos hechos poco tiempo después de su comisión (días; en otros casos, un par de meses),a través –por ejemplo- del Levantamiento de Acta de Inspección Ambiental, teniendo el efecto –dicha actuación- de suspender inmediatamente el plazo de prescripción de la acción. A mayor abundamiento, la Reclamante no alegó la prescripción de la acción el evacuar sus descargos en sede administrativa, ni tampoco lo hizo al ejercer los recursos administrativos en contra de la resoluciones sancionatorias, impidiendo al Tribunal acoger dicha alegación, ya que se vulneraría el principio de congruencia.
Respecto al plazo de prescripción para el cobro de multa (5 años según lo ya señalado), y considerando la presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad que gozan los actos administrativos –artículo 3° Ley N° 19.880-, el Tribunal estimó que dicho plazo se cuenta desde la notificación de las Resoluciones Exentas que impusieron las multas (08 de octubre de 2010), no obstante de que se interpusieron recursos administrativos en contra de dichas Resoluciones, no suspendiéndose el plazo de prescripción referido. Sin perjuicio de lo anterior, la Reclamante al interponer su reclamación –año 2014- en sede civil solicitó orden de no innovar respecto de los actos sancionatorios, la que fue concedida por el Juzgado Civil, y reconocida a su vez por este Tribunal en el año 2015. En conclusión, el Tribunal determinó que no operó la prescripción alega, ya que el plazo se suspendió cuando el Juzgado Civil acogió la solicitud de no innovar, por ende, no transcurrió el plazo de 5 años para que operará la prescripción extintiva.
Por todas las consideraciones señaladas precedentemente, el Tribunal rechazó la Reclamación deducida por Aguas Araucanía S.A, determinando que las multas impuestas siguen vigentes, y que no ha operado la prescripción de la acción ni de la pena.
Rol Corte Suprema: 1562-2016
Sentencia de reemplazo. 9 de diciembre de 2015
27 de octubre de 2016 Sibel Villalobos Volpi
Sibel Villalobos Volpi
10 R 21-2015
Expediente electrónico Empresa Nacional de Electricidad S.A con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-21-2015
Tribunal rechazó la reclamación, estableciendo que la Superintendencia del Medio Ambiente, al denegar la prueba testimonial solicitada por la reclamante durante el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de esta última, ha actuado conforme a derecho, ya que dicho medio de prueba –en este caso- resulta ser redundante y sobreabundante, considerando que la reclamante pretendió que uno de los profesionales que elaboró un informe técnico, el que fue presentado durante el procedimiento administrativo, declare sobre dicho informe y los méritos técnicos de éste ante el Fiscal Instructor, incluso a título de testigo experto, solicitud que este Tribunal ha estimado innecesaria, ya que en el mismo informe técnico deben incluirse las metodologías e informaciones utilizadas, así como los análisis técnicos y sus respectivas conclusiones, por tanto, no se requiere que el autor del informe técnico declare sobre el mismo en calidad de testigo.
A mayor abundamiento, este Tribunal sostuvo que el Fiscal Instructor, en caso de dudas, puede ejercer las facultades establecidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Sentencia R-21-2015
Rol Corte Suprema: 5328-2016
Sentencia Casación. 24 de diciembre de 2015 Roberto Pasten Carrasco
11 R 16-2015
Expediente electrónico Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-16-2015
Tribunal rechazó la reclamación, estableciendo que la Superintendencia del Medio, al rechazar la solicitud de caducidad, interpuesta con fecha 27 de mayo de 2015, respecto de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA- del proyecto “Línea de Alta Tensión 2x220 KV San Fabián-Ancoa y Obras Asociadas”, ha actuado conforme a la normativa legal vigente, considerando que la notificación de dicha RCA se efectúo con fecha 06 de julio 2009; en consecuencia, y de conformidad a lo establecido en el artículo 25 ter de la Ley N° 19.300 y artículo 4° transitorio del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Titular de dicho Proyecto debía acreditar el inicio de la ejecución de éste antes del 26 de enero de 2015, obligación legal que fue cumplida por el Titular, ya que mediante la Resolución Exenta N° 51, de 14 Enero de 2015, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, resolvió tener por acreditado el inicio de la ejecución del Proyecto referido, no operando de esta manera la caducidad establecida en el artículo 25 ter de la Ley N° 19.300.
Sentencia R-16-2015
Audiencia de alegatos. 30 de diciembre de 2015 Michael Hantke Domas
12 R 15-2015
Expediente electrónico Eagon Lautaro S.A con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-15-2015
Tribunal acogió parcialmente la Reclamación interpuesta por la empresa Eagon Lautaro S.A, en contra de la Resolución Exenta N° 111, de 13 de febrero de 2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que impuso a la Reclamante una multa que asciende a 808 UTA, producto de la comisión de 5 infracciones.
En síntesis, el Tribunal determinó que la SMA al imponer sanciones a la Reclamante respecto de las infracciones N° 2 –Construcción de sistema de recirculación de residuos líquidos distinto a lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental- y N° 3 –No ejecutar la recirculación del 100% de los residuos líquidos, al no tener un sistema de recolección adecuado para captar agua de riego en cancha de acopio y contar con piscinas de recirculación sin impermeabilización- , ha infringido el inciso 2° del artículo 60 de la LOSMA, vulnerando de esta manera el principio non bis in ídem establecido en dicho precepto, considerando que las referidas sanciones se han impuesto por los mismos hechos.
En este orden de ideas, el Tribunal sostuvo que aparentemente se estaría frente al incumplimiento de diversas medidas, sin embargo, es razonable concluir que dichas –medidas- son especies de una medida general, por ende, el cumplimiento de una medida general acarrea el cumplimiento de todas ellas y, en consecuencia, el incumplimiento de una o más de una de ellas, implica el incumplimiento de la medida general, no siendo necesario para lograr dicho efecto, que se agregue uno o más incumplimientos.
Respecto de la infracción N° 5 –Iniciar la ejecución de obras de construcción y operación sin contar con Resolución de Calificación Ambiental favorable- , el Tribunal determinó que la SMA no ponderó adecuadamente las circunstancia de las letras a) y c) del artículo 40 de la LOSMA.
En cuanto a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado –letra a) artículo 40 de la LOSMA-, se determinó que la Resolución sancionatoria solamente realizó una breve descripción y valoración del peligro –en abstracto-, sin siquiera señalar cuáles son los riesgos comprometidos y su posibilidad de ocurrencia, careciendo la Resolución sancionatoria –en este punto- de la debida fundamentación.
Respecto al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción –letra c) artículo 40 de la LOSMA-, se concluyó que la fundamentación del cálculo del beneficio económico es inconsistente, principalmente porqué la SMA tuvo en consideración niveles de producción distintos a los permitidos por la autoridad –mediante la respectiva RCA- a la empresa, influyendo esta circunstancia en la determinación del beneficio económico, distorsionando su resultado.
Sentencia R-15-2015
5 de febrero de 2016 Pablo Miranda Nigro
13 R 13-2015
Síntesis Sentencia R-13-2015
Tribunal acogió la Reclamación interpuesta por ENDESA en contra de la Resolución Exenta N° 404, de 20 de mayo de 2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que cumpliendo con lo ordenado por este Tribunal mediante Sentencia Definitiva dictada en causa R 6-2014 (R 7-2014 acumulada), de fecha 27 de marzo de 2015, modificó la Resolución Exenta N° 421, de 11 de agosto de 2014, dictada por la SMA, sólo en cuanto a considerar el elemento “intencionalidad” –artículo 40 letra d) de la LOSMA- respecto a la infracción D.1, consistente esta última, en haberse realizado la operación, por parte de la Reclamante, de todo o parte, del proyecto “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental.
Específicamente, el Tribunal determinó que la SMA al dictar la Resolución Reclamada, no ha actuado conforme a derecho, ya que al considerar el elemento “intencionalidad” respecto a la infracción referida, no ha fundamentado ni justificado el incremento en la sanción –infracción D.1- equivalente a 500 UTA, y tampoco ha dado argumentos del porqué este incremento es el que se debe aplicar y no otro.
A juicio del Tribunal, se debió aplicar lo establecido en la Resolución Exenta N° 1002, de 29 de octubre de 2015, dictada por la SMA, la que establece la metodología de cálculo de sanciones, aun cuando dicha Resolución es posterior a la Resolución Reclamada, ya que es razonable presumir que dicha metodología ha sido utilizada por la SMA al momento de determinar la sanción referida, aun cuando dicha Resolución no hubiere sido pública.
Sentencia R-13-2015
Rol Corte Suprema: 17736-2016
Audiencia de alegatos. 12 de febrero de 2016 Roberto Pasten Carrasco
14 R 22-2015
Expediente electrónico Municipalidad de Temuco con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-22-2015
Tribunal rechazó íntegramente la Reclamación deducida por la I. Municipalidad de Temuco en contra de la Resolución sancionatoria –N° 944-, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, confirmando de esta manera la multa equivalente a 320 UTA que impuso dicho Organismo a la Reclamante, producto de nueve incumplimientos a la normativa ambiental en los que incurrió ésta respecto de la Resolución de Calificación Ambiental –N° 51/2009- dictada por la COREMA de la Región de La Araucanía, que autorizó la ejecución del proyecto “Plan de Cierre del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos” del Vertedero Boyeco, ubicado en la ciudad de Temuco.
Sentencia R-22-2015
Rol Corte Suprema: 24422-2016
Audiencia de alegatos. 23 de marzo de 2016 Michael Hantke Domas
15 R 20-2015
Expediente electrónico Importadora y Comercializadora Floka Ltda con Servicio de Evaluación Ambiental
Síntesis Sentencia R-20-2015
Tribunal acogió parcialmente la Reclamación interpuesta por la Sociedad Importadora y Comercializadora Floka Ltda en contra de la Resolución Exenta N° 0856, de 08 de julio de 2015, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó la reclamación administrativa presentada por la Reclamante en contra de la Resolución Exenta N° 485, de 12 de agosto de 2014, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, que calificó como ambientalmente desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoras en Planta de Valorización de Materiales Residuales”.
El Tercer Tribunal Ambiental resolvió dejar sin efecto tanto la Resolución Reclamada como la Resolución de Calificación Ambiental dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental referida; además, ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental que dio lugar a esta última resolución, al momento anterior a la presentación de la primera adenda.
La sentencia en comento determinó que en el procedimiento de evaluación ambiental a que se sometió el proyecto de titularidad de la Reclamante, no era aplicable lo establecido en el Decreto Supremo N° 189 del año 2005, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento sobre condiciones sanitarias y seguridad básica en los rellenos sanitarios.
El Tribunal fundó su decisión principalmente al considerar que durante el procedimiento de evaluación ambiental que dio lugar a la Resolución de Calificación Ambiental ya referida, se vulneró el principio de contradicción consagrado en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, ya que los organismos del Estado con competencia en materia ambiental -específicamente la Seremi de Salud-, solamente se pronunciaron respecto de la aplicación del Decreto Supremo N° 189 del Ministerio de Salud, después de la segunda adenda, de forma inmediatamente anterior al acta de evaluación y al último informe consolidado de evaluación, por tanto, la Reclamante no tuvo la oportunidad para presentar sus descargos, aducir alegaciones y/o presentar prueba, con el objeto de discutir la aplicación de dicha normativa. En este sentido, el Tribunal determinó que esta circunstancia ocasionó un vicio esencial de procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880.
Respecto a la alegación formulada por la Reclamante, consistente en que la Resolución Reclamada no se habría pronunciado sobre todas las peticiones contenidas en la reclamación administrativa, la sentencia en comento determinó que la Resolución Reclamada no se pronunció expresamente respecto a la alegación de la Reclamante relativa al amparo legal y técnico de la intervención del Seremi de Medio Ambiente durante el procedimiento de evaluación ambiental.
Respecto de la aplicación del Decreto Supremo N° 189 al proyecto de titularidad de la Reclamante, este Tribunal determinó que dicha normativa no resulta aplicable en este caso, ya que consta en el expediente de evaluación ambiental del proyecto, que éste ingresó al SEIA conforme al literal o) –específicamente o.8)-, tanto de la Ley como del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que contempla los “Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales sólidos”. Considerando que durante la evaluación ambiental del proyecto, ninguno de los organismos con competencia ambiental se opuso a que el proyecto de la Reclamante ingresara bajo esa tipología, el Tribunal determinó que el proyecto no realiza disposición final de residuos sólidos domiciliarios, por tanto, no es aplicable el Decreto Supremo N° 189 del Ministerio de Salud.
A mayor abundamiento, el Tribunal estableció que tanto la Resolución Reclamada como la Resolución de Calificación Ambiental, han incurrido en errores e ilegalidades, ya que en ambas se determinó que el proyecto no cumplía con lo establecido en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 189 del Ministerio de Salud, en circunstancias que –tal como ya se expresó- dicha normativa no era aplicable al caso descrito.
Sentencia R-20-2015
Rol Corte Suprema: 27821-2016
Audiencia de alegatos. 07 de abril de 2016 Pablo Miranda Nigro
16 R 31-2016
Expediente electrónico Comunidad Mapuche Sucesión Quiñimil Pirul y otros con Comisión de Evaluación Ambiental VIII Región
Síntesis Sentencia R-31-2016
Tribunal rechazó la reclamación interpuesta por cinco comunidades y asociaciones indígenas en contra de la Resolución Exenta N° 58, de 02 de febrero de 2016, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que rechazó la solicitud de invalidación presentada en sede administrativa en contra de la Resolución de Calificación Ambiental –dictada por la misma Comisión- que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco”, de titularidad de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.
A grandes rasgos, la sentencia del Tribunal Ambiental adoptó la tesis seguida por la Excelentísima Corte Suprema (voto concurrente en causa Rol N° 23.000-2014; y causa Rol N° 11.512-2015) , determinando que las Reclamantes al tener la calidad de terceros en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto referido, ya que no intervinieron en él, sólo tienen un plazo de 30 días para solicitar la invalidación –en sede administrativa- respecto de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva.
Considerando que la Resolución de Calificación Ambiental fue dictada con fecha 07 de febrero de 2014, y la solicitud de invalidación –administrativa- se presentó con fecha 02 de diciembre de 2014, el Tribunal determinó que dicha solicitud fue presentada de forma extemporánea, ya que fue interpuesta fuera del plazo de 30 días señalado en el párrafo anterior, lo que conlleva el rechazo de la reclamación deducida ante el Tribunal Ambiental.
Sentencia R-31-2016
Rol Corte Suprema: 47629-2016
Audiencia de alegatos. 01 de julio de 2016 Pablo Miranda Nigro
17 R 23-2015
Expediente electrónico Exportadora Los Fiordos Limitada con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-23-2015
Tribunal acogió parcialmente la reclamación deducida por Exportadora Los Fiordos Ltda. en contra de la Resolución Exenta N° 994 (Resolución reclamada), de 28 de octubre de 2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que impuso a dicha empresa una multa equivalente a 4.143 Unidades Tributarias Anuales (UTA), producto de diversas infracciones leves (artículos 35 y 36 de la LOSMA) cometidas a raíz del funcionamiento y operación de 18 Centros de Engorda de Salmones (CES), ubicados en la Región de Aysén. En definitiva, se resolvió rebajar la multa a 1958 UTA, en consideración a lo que se señalará a continuación.
En primer lugar, el Tribunal determinó que se vulneró el principio ne bis in ídem, ya que la SMA al formular cargos respecto de diversos CES por “apozamiento de redes” (letra a) del artículo 4 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura –RAMA-, también formuló cargos por “no seguimiento del procedimiento obligatorio para el transporte, limpieza y desinfección de redes” (artículo 9 número 1 letra a) del RAMA), es decir, un mismo hecho, relativo a la constatación de redes usadas en contacto con el fondo marino, fundó las infracciones mencionadas, vulnerándose el principio referido, ya que para este Tribunal existe identidad subjetiva, fáctica y de fundamentos. En consideración a lo anterior, se eliminaron siete cargos y sus respectivas multas, que ascienden en total a 1001 UTA.
En cuanto al cargo D.3 –“no se realiza el retiro diario de las mortalidades de peces de cada unidad de cultivo”- respecto del CES Valverde 1, el Tribunal resolvió absolver a la empresa, eliminándose la multa respectiva (105 UTA), teniendo en consideración que de las fotografías acompañadas por Sernapesca al procedimiento sancionatorio, no fue posible observar mortalidad alguna, en forma de peces. A mayor abundamiento, se estableció que la empresa entregó a Sernapesca los registros de retiro de mortalidades, cumpliendo de esta manera con el Reglamento Sanitario respectivo (RESA), por tanto, debe considerarse la veracidad de dichos registros, en circunstancias que dicha veracidad no fue cuestionada por Sernapesca.
Respecto al cargo E.1 (CES Seno Vera), de igual contenido que el cargo D.3, el Tribunal determinó que la empresa dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 22A del RESA, en relación con la mortalidad no registrada o mortalidad no extraída por condiciones climáticas u otra circunstancia, ya que se encuentra acreditado suficientemente las condiciones del CES Seno Vera al momento de la fiscalización realizada. En consecuencia, se absolvió a la empresa de dicho cargo, y se eliminó la multa respectiva (79 UTA).
En relación al cargo N.3 –“Sobreproducción CES Bahía Anita, 4.358,8 toneladas de salmónidos”-, el Tribunal resolvió absolver a la empresa, eliminándose la multa que asciende a 1000 UTA, al estimar que la empresa no sobrepasó el máximo nivel de producción anual de 2.500 toneladas anuales, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 973, de 11 de diciembre de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XI Región de Aysén. Para determinar lo anterior, el Tribunal tuvo en consideración fundamentalmente la inspección realizada por la SMA, de fecha 27 de noviembre de 2013.
Sentencia R-23-2015
Rol Corte Suprema: 38340-2016
Audiencia de alegatos. 26 de mayo de 2016 Roberto Pasten Carrasco
18 R 35-2016
Expediente electrónico Yolanda Casanueva Fuentes y otros con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-35-2016
Tribunal rechazó la reclamación interpuesta por seis habitantes de la comuna de Ránquil (Región del Biobío) en contra de la Resolución Exenta N° 4/D-008-2016, de fecha 10 de marzo de 2016, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Dicha resolución rechazó las medidas provisionales (art. 48 LOSMA) y suspensiones (art. 3 LOSMA) solicitadas por los Reclamantes el 01 de marzo de 2016, respecto del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, cuya titularidad pertenece a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Los Reclamantes señalaron que la Resolución reclamada fue dictada en forma ilegal, ya que -a su juicio-, la SMA contaba con antecedentes suficientes e idóneos para estimar que existía un peligro inminente de daño al medio ambiente y a la salud de las personas, y consecuencialmente, haber dictado la medida provisional pertinente; dichos antecedentes constarían en el Informe de Fiscalización Ambiental realizado por la SMA en el Complejo Nueva Aldea, el que daría cuenta respecto de la emisión de gases, almacenamiento de lodo cal y manejo no informado de residuos líquidos.
En términos generales, el Tribunal estimó que la SMA –al dictar la Resolución reclamada- consideró y ponderó adecuadamente los antecedentes que formaban parte del expediente administrativo, permitiendo a dicho organismo descartar la existencia de riesgo inminente para la salud de las personas (fuga de dióxido de cloro y disposición de cal en el Depósito de Residuos Industriales).
Desde otro punto de vista, se determinó que aun cuando la SMA al formular cargos en contra de Celco por el funcionamiento del Complejo Nueva Aldea, haya estimado o considerado una infracción como grave, está sola circunstancia no justifica la adopción de una medida provisional, considerando que los criterios específicos para adoptar este tipo de medidas no guardan relación con aquellos criterios adoptados a la hora de clasificar la gravedad de una infracción.
En relación a la motivación de la Resolución reclamada, el Tribunal determinó que la SMA no actúo debidamente al rechazar la solicitud de los Reclamantes bajo la razón de que éstos no acompañaron prueba, no fundaron la solicitud y no especificaron una medida provisional en particular, situación que vulnera las normas que regulan la intervención de los terceros en los procedimientos administrativos, ya que en caso de que SMA rechace la adopción de una medida provisional en particular, debe hacerlo considerando el riesgo, su inminencia y el correspondiente análisis de proporcionalidad, y no por falta de pruebas o antecedentes en la solicitud.
A mayor abundamiento, y teniendo presente que las denuncias formuladas por los Reclamantes ante por la SMA debido a la generación de olores y ruidos molestos, se realizaron durante los años 2014, 2015 y principios del 2016, el Tribunal determinó que dichos hechos al no ser actuales y ante la inexistencia de la urgencia necesaria, las circunstancias y antecedentes del caso no cumplían los requisitos legales necesarios para la adopción de una medida de carácter cautelar.
Sentencia R-35-2016
Audiencia de alegatos. 15 de julio de 2016 Sibel Villalobos Volpi
19 R 36-2016
Expediente electrónico Víctor Alejandro Barría Oyarzo con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-36-2016
Tribunal acogió parcialmente la reclamación deducida por don Víctor Alejandro Barría Oyarzo en contra de la Resolución Exenta N° 6, de 29 de febrero de 2016, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, la que aprobó el Programa de Cumplimiento y suspendió el procedimiento administrativo sancionatorio llevado a cabo en contra de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A, en relación al proyecto “Transformación de lagunas de estabilización de lodos, en lodos activados, de la comuna de los Muermos”.
A grandes rasgos, el Reclamante fundó su acción argumentando que la Resolución reclamada aprobó ilegalmente el Programa de Cumplimiento presentado por ESSAL, considerando que dicho Programa no se habría hecho cargo de los efectos que se derivan de las infracciones que forman parte de la formulación de cargos realizada por la SMA en contra de ESSAL (Resolución exenta N° 1 de 30 de noviembre de 2015). Además –sostuvo el Reclamante-, dicho Programa no cumplió el con el criterio de integridad establecido en la letra a) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 30 del Ministerio del Medio Ambiente, el que establece el Reglamento de programas de cumplimiento, autodenuncias y planes de reparación.
Considerando fundamentalmente el contenido de los dos Informes sobre diagnóstico ambiental, realizados por la Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud, y el SAG (todos de la Región de Los Lagos) –documentos acompañados por el Reclamante-, el Tribunal determinó que ESSAL incumplió la Norma chilena de requisitos de calidad del agua para diferentes usos (Nch N° 1.333, Of. 78/87), no sólo respecto de los requisitos para aguas destinadas a la vida acuática, sino que además en lo relativo a todos los usos para la cual fue creada (en relación al cargo N° 3).
Además, el Tribunal estimó que la SMA al aprobar el Programa de Cumplimiento, no consideró debidamente lo establecido en los Informes referidos, ya que en dicho Programa sólo se establece la obligación por parte de ESSAL de efectuar labores de limpieza en el Estero El Clavito en una distancia de 150 metros desde el punto de descarga de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, en circunstancias que los Informes dieron cuenta de la existencia de diversas sustancias dañinas tanto para la salud humana como para animales, en una extensión igual o mayor a 600 metros desde el punto de descarga de la Planta referida.
A mayor abundamiento, y conforme a prueba documental acompañada por la SMA –fotografías del lugar-, el Tribunal estimó que no existe una imposibilidad material para que ESSAL efectúe labores de limpieza más allá de la distancia de 150 metros desde el punto de descarga.
Sentencia R-36-2016
Rol Corte Suprema: 67418-2016
Audiencia de alegatos. 19 de agosto de 2016 Pablo Miranda Nigro
20 R 25-2016
Expediente electrónico Corporación para el desarrollo de la Región de Los Ríos con Ministerio del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-25-2016
En este caso, tanto la corporación Codeproval como las empresas Celulosa Arauco y Forestal Calle Calle, presentaron recursos de reclamación de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley N° 19.300 y el artículo 17 N° 1 de la Ley N° 20.600, en contra del Decreto Supremo N° 1/2015 (Decreto reclamado) del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2015, el que estableció normas secundarias de calidad ambiental (NSCA) para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Valdivia.
A modo de contexto, cabe tener presente que en el año 2004 la CONAMA dio inicio al procedimiento administrativo para establecer la NSCA del río Cruces, y en el año 2005 inició el procedimiento para la NSCA del río Valdivia. Posteriormente, en el año 2010 la CONAMA decidió acumular ambos procedimientos. En el año 2013 (27 de diciembre), el Ministerio del Medio Ambiente (continuador legal de la CONAMA) dicta el Decreto Supremo N° 55/2013 (Decreto archivado), que es tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 10 de marzo de 2014. A pesar de lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente no publicó el Decreto referido, y considerando la elaboración de un informe técnico desfavorable, se efectúo un nuevo proyecto definitivo de NSCA del río Valdivia, el que fue aprobado mediante el Decreto reclamado.
En términos generales, el Tribunal determinó que los 2 AGIES (Análisis General de Impacto Económico y Social) que constan en el expediente administrativo de elaboración de la NSCA –uno de ellos recaído sobre el proyecto definitivo del Decreto archivado, y el otro respecto del proyecto definitivo del Decreto reclamado-, adolecen de serias deficiencias técnicas y errores manifiestos e inexplicables, acarreando la vulneración del Decreto Supremo N° 93/1995 MSGP –Primer reglamento procedimental de dictación de NSCA- y del Decreto Supremo n° 38/2012 MMA –Segundo reglamento procedimental de dictación de NSCA- que modificó al primer Decreto mencionado, que imponen a la Administración la obligación de considerar los costos para el establecimiento de normas de calidad ambiental.
En síntesis, las deficiencias técnicas de los AGIES se manifiestan en diversos aspecto, por ejemplo, en los AGIES se presentaron cifras finales de costos, sin embargo, se omitió argumentar cómo se llega a un resultado específico, ni tampoco se señalaron los hechos fundantes en base a los cuales se determinaron costos y beneficios.
Respecto a las deficiencias de los AGIES, la sentencia comentada dejó en evidencia que solo consta en el expediente administrativo un resumen del AGIES 1 y no propiamente un AGIES como lo exige la normativa ambiental, además, dicho AGIES se elaboró teniendo como base un documento elaborado por la Fundación Chile que no consta en el expediente administrativo (“Estimación de costos de abatimiento de contaminantes en residuos liquídos”).
Otro aspecto que cabe mencionar, en relación a la valorización de los beneficios que deben incluir los AGIES, dice relación con el rechazo que hizo el Tribunal respecto de la alegación de la Reclamada consistente en la supuesta imposibilidad de valorar los beneficios generados por la norma debido a la ausencia de metodologías para valorizar los servicios ecosistémicos y la calidad del agua, considerando que en la actualidad existen diversas bases datos –por ejemplo SCOPUS- de importancia a nivel científico que permiten efectivamente realizar esta valorización.
Desde otro punto de vista, se determinó que tanto el AGIES 1 como el AGIES 2 no fueron incorporados al expediente administrativo en la etapa o período establecido en la normativa Reglamentaria, que establece que deben ser incorporados en la etapa de elaboración del anteproyecto de la NSCA, antes del pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. A mayor abundamiento, se determinó que los integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no tuvieron conocimiento de los AGIES 1 y 2, previo a los votaciones, ya que no constaban en el expediente administrativo, siendo incorporados con posterioridad a las decisiones adoptadas por dicho Consejo.
En definitiva, y considerando las deficiencias –entre otras- de los AGIES mencionadas precedentemente, el Tribunal consideró que el Decreto reclamado adolecía motivación suficiente, por ende, ordenó –en síntesis- anular dicho Decreto, y que el Ministerio del Medio Ambiente reanude el procedimiento administrativo, a partir de la elaboración de un AGIES respecto de las normas contenidas en el anteproyecto que dicho Ministerio determine.
Sentencia R-25-2016
Rol Corte Suprema: 83344-2016
Audiencia de alegatos. 29 de Septiembre de 2016 Roberto Pasten Carrasco
21 R 30-2016
Expediente electrónico José Horacio Cayún Quiroz con Comité de Ministros
Síntesis Sentencia R-30-2016
Tribunal acogió la reclamación deducida por don José Horacio Cayún Quiroz (Reclamante), en contra de la Resolución Exenta N° 105, de 29 de enero de 2015, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental –que ejecutó el Acuerdo N° 16/2015 del Comité de Ministros-.
Dicha Resolución rechazó el recurso de reclamación (sede administrativa) presentado por el Reclamante en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) –dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos- que calificó favorablemente el proyecto “Central de Pasada Mediterráneo”.
Para fundar su reclamación, el Reclamante argumentó que ni la Resolución Reclamada ni la RCA consideraron debidamente la observación ciudadana formulada por él durante el período de participación ciudadana llevado a cabo durante la evaluación ambiental del proyecto referido. A juicio del Reclamante, previo a la ejecución del proyecto, se tendría que haber realizado el proceso de consulta indígena conforme a los estándares y exigencias del Convenio N° 169 de la Organización del Trabajo, considerando fundamentalmente la envergadura del proyecto, y los efectos adversos que éste producirá en las comunidades indígenas que habitan en lugares cercanos o próximos a la ubicación del proyecto.
En síntesis, el Tribunal determinó que el Estudio Antropológico (y su ampliación) presentado por el Titular del proyecto en la ADENDA 2 y ADENDA 3, posee serias y graves deficiencias metodológicas, destacando entre ellas, la aplicación de una técnica de muestreo poco idónea, la falta de una descripción sobre las técnicas de muestreo utilizadas para seleccionar la muestra lograda durante los dos trabajos de campo siguiente, entre otras.
A juicio del Tribunal, el Estudio referido fue lo único que tomó en consideración la Autoridad Ambiental para concluir que el proyecto no generaría los efectos establecidos en la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, y consecuencialmente, descartar la susceptibilidad de afectación directa de las comunidades indígenas que habitan en el lugar donde se emplazará la Central de Pasada. La situación anterior, determinó que no se efectuará el proceso de consulta indígena.
Considerando –fundamentalmente- las deficiencias metodológicas del Estudio, el Tribunal no aceptó ni dio valor a las conclusiones fácticas contenidas en él, por tanto, estimó que ni la Comisión de Evaluación Ambiental ni el Comité de Ministros pudieron razonablemente determinar la existencia o inexistencia de los efectos del artículo 11 –letra d)-de la Ley N° 19.300, impidiendo a su vez que la Autoridad Ambiental contará con información confiable y suficiente para determinar la procedencia o improcedencia de llevar a cabo el proceso de consulta indígena.
En definitiva, se determinó que la Resolución reclamada carece de motivación, resolviendo este Tribunal anular dicha Resolución y también la RCA.
Sentencia R-30-2016
Rol Corte Suprema: 100805-2016
Audiencia de alegatos. 17 de noviembre de 2016 Michael Hantke Domas
22 R 28-2016
Expediente electrónico Corporación Puelo Patagonia con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-28-2016
En este caso, la Corporación Puelo Patagonia (Reclamante) presentó reclamaciones en contra de las Resoluciones Exentas N° 1/2015 y 4/2016, dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), dentro del procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-073-2015, seguido en contra de la empresa Inversiones y Rentas Los Andes S.A (IRLA).
En términos generales, la Resolución Exenta N° 1/2015 formuló cargo a la empresa IRLA por la construcción de un camino rural privado en una Zona de Interés Turístico (ZOIT), en la comuna de Cochamó (Región de Los Lagos), eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Respecto a la Resolución Exenta N° 4/2016, ésta aprobó el Programa de Cumplimiento (PDC) –y suspendió el procedimiento administrativo sancionatorio- presentado por la empresa IRLA, en relación a la infracción señalada en el párrafo anterior.
En relación a los argumentos esgrimidos por la Reclamante, ésta sostuvo que la Resolución Exenta N° 1/2015 no explicó las razones que motivaron el rechazo de la solicitud principal contenida en la denuncia realizada ante la SMA (año 2015), traduciéndose la pretensión en formular cargos a la empresa Mediterráneo S.A por fraccionamiento del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, al no incluir en dicho proyecto el camino (privado) que uniría la ruta V-721 con la Central referida.
En síntesis, el Tribunal rechazó la alegación referida precedentemente, al estimar que conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), la SMA tiene en forma exclusiva e incondicional la potestad sancionatoria respecto de las infracciones señaladas en la LOSMA, en consecuencia, si bien la denuncia formulada por la Reclamante relataba hechos que a juicio de ésta debían ser subsumidos en un tipo infraccional determinado (fraccionamiento del proyecto), esto no es obstáculo para que la SMA considere los hechos de una manera distinta, y los subsuma en un tipo infraccional distinto (elusión al SEIA).
Respecto de la Resolución Exenta N° 4/2016, la Reclamante sostuvo que el PDC vulneró el criterio de eficacia establecido en el Decreto Supremo N° 30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, ya que no habría señalado expresamente que la construcción del camino debía someterse al SEIA mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además, argumentó que el PDC vulneró el criterio de eficacia establecido en mismo Decreto, ya que no habría incluido la manera en que se abordarán los efectos generados por la infracción imputada a la empresa IRLA.
A grandes rasgos, considerando que la empresa IRLA declaró judicialmente que su proyecto (construcción del camino) ingresara al SEIA mediante un EIA, resulta innecesario anular la Resolución referida por no contener una mención expresa en este sentido. A mayor abundamiento, y teniendo presente que dicho proyecto deberá someterse a evaluación ambiental dentro del SEIA, el Tribunal estimó que la SMA –al aprobar el PDC- no tiene competencia para decidir aspectos técnicos que deberán resolverse por el Servicio de Evaluación Ambiental al evaluar el proyecto.
En definitiva, el Tribunal rechazó las dos reclamaciones interpuestas por la Corporación Puelo Patagonia.
Sentencia R-28-2016
Rol Corte Suprema: 177-2017
Audiencia de alegatos. 28 de noviembre de 2016. Roberto Pasten Carrasco
23 R 40-2016
Expediente electrónico Etelvina del Carmen Sepúlveda Alegría y Otros con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-40-2016
En primer lugar, cabe señalar que la reclamación deducida tuvo por objeto impugnar la Resolución Exenta N° 11/D-008-2016, de 11 de julio de 2016, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Dicha Resolución aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A, relativo al funcionamiento del proyecto Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, ubicado en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, Región del Biobío.
Los Reclamantes argumentaron –en lo medular- que el Programa de cumplimiento aprobado mediante la Resolución reclamada es ilegal, ya que no cumple con el criterio de integridad establecido en la letra a) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, en relación con el cargo N° 6 establecido en la formulación de cargos –“la realización de venteos de gases TRS que, debido a su habitualidad, no son de emergencia”. En este orden de ideas, sostuvo que el PDC no se hace cargo de los efectos del cargo N° 6 referido, ya que no establece condiciones, medidas y normas respecto de la infracción del Decreto Supremo N° 37 del año 2012 –norma de emisión de compuestos TRS generadores de olor asociados a la fabricación de pulpa kraft o sulfatos generadores de olor-, del Ministerio del Medio Ambiente, a pesar de que la formulación de cargos declaró infringida dicha norma.
A mayor abundamiento, los Reclamantes sostuvieron que la Resolución reclamada carece de fundamentación, ya que no señala adecuadamente la manera en que el PDC cumple con los requisitos del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, sino que simplemente da por cumplidos dichos requisitos, sin ahondar ni explicar mayormente su decisión.
Considerando que los Reclamantes no impugnaron oportunamente la Resolución que estableció la formulación de cargos realizada en contra de la empresa, este Tribunal estimó que no es pertinente que se obligue a la empresa a hacerse cargo de los eventuales efectos –salud de la población y/o sobre el medio ambiente- que fueron determinados por informes del órgano fiscalizador, en circunstancias que la Resolución-formulación de cargos- que tomó en consideración dichos informes no fue reclamada.
Desde otro punto de vista, el Tribunal determinó que el PDC sí se hace cargos de los efectos de la infracción –cargo N° 6-, ya que contempla 7 acciones o medidas destinadas a minimizar la ocurrencia de los venteos o descargas directas a la atmósfera –no de emergencia- de gases TRS.
A mayor abundamiento, el Tribunal consideró que la Resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y contiene razonamientos y explicaciones que respaldan la aprobación del PDC, ya que dicha resolución contiene –por ejemplo- los observaciones formuladas por la SMA a la empresa con el objeto de cumplir con el artículo 42 de la LOSMA, además, contempla expresamente las medidas y acciones que deberá efectuar la empresa para cumplir con los criterios del Decreto Supremo N° 30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Por último, recalcó –el Tribunal- que la Resolución reclamada no necesita reiterar todas las condiciones necesarias para aprobar un PDC, ya que éstas precisamente se encuentras incluidas en dicho PDC, el que es parte de la Resolución reclamada.
Considerando todo lo anteriormente expuesto, se rechazó en todas sus partes la acción de reclamación interpuesta ante el Tribunal.
Sentencia R-40-2016
Audiencia de alegatos. 23 de diciembre de 2016. Pablo Miranda Nigro
24 R 38-2016
Expediente electrónico Luis Alberto Araneda Necuman con Comité de Ministros
Síntesis Sentencia R-38-2016
Tribunal acogió las reclamaciones deducidas por la Comunidad Indígena Benancio Huenchupán y por don José Ignacio Donoso y otros, al estimar –en lo medular- que durante la evaluación del Proyecto “Central Hidroeléctrica Doña Alicia” la autoridad ambiental no consideró debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por aquellas personas.
Cabe mencionar que las reclamaciones se interpusieron en contra de la Resolución Exenta N° 322, de 28 de marzo de 2016, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental –ejecutando el Acuerdo N° 17/2015 del Comité de Ministros-, que acogió la reclamación administrativa deducida por el Titular del Proyecto, resolviendo –en definitiva- calificar favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto ya referido.
En primer lugar, el Tribunal determinó que los Reclamantes sí contaban con la debida legitimación activa para deducir la acción de autos, a pesar de no haber ejercido la reclamación administrativa en contra de la RCA que calificó desfavorablemente el Proyecto Central Hidroélectrica Doña Alicia; en relación con lo anterior, se consideró que los reclamantes presentaron sus observaciones ciudadanas respecto de dicho Proyecto, y al calificarse desfavorablemente éste, sus pretensiones fueron acogidas por la RCA, por tanto, sólo el Titular presentó la correspondiente reclamación administrativa, sin embargo, igualmente se debe estimar agotada la vía administrativa, ya que los artículos 20 y 29 de la Ley N° 19.300, en relación con el artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, deben ser interpretados armónicamente, de manera de no producir un perjuicio a los recurrentes a la hora de entablar la correspondiente acción judicial.
Pronunciándose sobre el fondo de la controversia, se estableció que la autoridad ambiental dio respuesta a las observaciones ciudadanas formuladas por los reclamantes teniendo como base el pronunciamiento emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y el Informe de Inspección Antropológica aportado por el Titular durante la evaluación ambiental del Proyecto. Sin embargo –sostuvo el Tribunal-, tanto el Informe de la CONADI como el Informe Antropológico no permiten descartar –entre otros- la no generación de efectos adversos significativos sobre las comunidades indígenas, principalmente porque el Informe de la CONADI carece de fundamentación a la hora de justificar su pronunciamiento favorable respecto del Proyecto; además, el Informe Antropológico al presentar serias contradicciones, falta de argumentación y deficiencias metodológicas, impidieron a la autoridad ambiental descartar fundadamente la no generación de los efectos referidos.
Sentencia R-38-2016
Rol Corte Suprema: 3971-2017
Audiencia de alegatos. 28 de diciembre de 2016 Sibel Villalobos Volpi
25 R 45-2016
Expediente electrónico Canteras Lonco S.A con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-45-2016
En primer lugar, cabe señalar que la empresa Canteras Lonco S.A compareció ante el Tercer Tribunal Ambiental, interponiendo reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 9/Rol D-048-2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Dicha Resolución rechazó el recurso de reposición presentado por la empresa referida en contra de la Resolución Exenta N° 8/D-48-2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, la que acogió una solicitud de aumento de plazo realizada por la Reclamante, y modificó de oficio el Programa de Cumplimiento que debe llevar a cabo dicha parte.
La Reclamante sostuvo que la Resolución reclamada incurre en una ilegalidad, al modificar de oficio el Programa de Cumplimiento en su resultado esperado N° 2 del Objetivo N° 1, impidiendo a la Reclamante operar la cantera para las actividades de extracción de áridos, hasta la Resolución de Calificación Ambiental favorable; dicha situación –a su juicio-, acarrea en perjuicio en su contra, ya que la Resolución que aprobó el Programa de Cumplimiento autorizó la extracción de áridos por debajo del umbral de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Considerando que la Superintendencia del Medio Ambiente dejó sin efecto tanto la Resolución reclamada como la Resolución que dio origen al recurso administrativo de reposición –situación que consta en el informe evacuado por dicho organismo-, el Tribunal estimó que la reclamación deducida no tiene un objeto litigioso producto de la situación descrita anteriormente, en consecuencia, no existe el presupuesto que habilita al órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre el fondo de la controversia. En virtud de lo anterior, el Tribunal rechazó la reclamación interpuesta por Canteras Lonco S.A.
Sentencia R-45-2016 01 de febrero de 2017 -
26 R 43-2016
Expediente electrónico Aguas Araucanía S.A con Comisión de Evaluación Ambiental IX Región
Síntesis Sentencia R-43-2016
En este caso, el Tribunal acogió la reclamación interpuesta por la empresa Aguas Araucanía S.A en contra de la Resolución Exenta N° 146/2013, de fecha 11 de julio de 2013, dictada por la Comisión Evaluadora de Proyectos de la Región de la Araucanía. Dicha Resolución –en lo medular-, impuso a la Reclamante una multa equivalente a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
La COEVA impuso la multa referida teniendo en consideración la fiscalización realizada por la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía, efectuada en la Planta de Tratamiento de Aguas de servidas de propiedad de la Reclamante, determinando el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (N° 94/2001 de la COREMA de la Región de la Araucanía) que autorizó el funcionamiento de la PTAS, ya que la fiscalización realizada en el efluente y cuerpo receptor arrojó como resultado para el parámetro de Sólidos Suspendidos Totales un valor de 225,6 mg/l, valor que –según la Resolución reclamada- excede el máximo de 40 mg/l de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental citada.
En síntesis, el Tribunal sostuvo que constituye normativa ambiental aplicable al funcionamiento de la PTAS lo establecido en el Decreto Supremo N° 90 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociadas a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, el que –en lo que interesa- establece una metodología específica para determinar los diferentes parámetros que deben medirse en el efluente de la PTAS.
En relación con dicha normativa, el Tribunal determinó que la Seremi de Salud no efectúo –en la PTAS- el muestreo compuesto establecido en el D.S N° 90, sino que sólo realizó un muestreo puntual, acarreando un error metodológico grave que no habilita al órgano jurisdiccional para determinar la vulneración del parámetro máximo de 40 mg/l (Sólidos Suspendidos Totales) establecido en el considerando 3.3 de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva. En consecuencia –recalcó el Tribunal-, los antecedentes considerados por la COEVA al determinar la sanción no permitían acreditar fehacientemente la vulneración a la RCA.
Sentencia R-43-2016
Rol Corte Suprema: 10235-2017
Audiencia de alegatos. 20 de febrero de 2017 Pablo Miranda Nigro
27 R 41-2016
Expediente electrónico Comunidad Indígena Tralcao Mapu y otros con Comisión de Evaluación Ambiental Los Ríos
Síntesis Sentencia R-41-2016
A modo de contexto, cabe mencionar que en este caso cinco Comunidades y Asociaciones indígenas de la comuna de San José de la Mariquina (XIV Región de Los Ríos), interpusieron ante el Tribunal reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta N° 62, de 25 de julio de 2016, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos. Dicha Resolución rechazó la solicitud de invalidación administrativa presentada por las Comunidades referidas, la que se presentó en contra de la Resolución de Calificación Ambiental dictada por la Comisión mencionada, la que autorizó el funcionamiento del Proyecto “Pulpa Textil”, ubicado en la comuna de San José de la Mariquina (XIV Región), cuyo titular es la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.
En términos generales, las Comunidades reclamantes alegaron que el Proyecto “Pulpa Textil” fue aprobado a través de una Declaración de Impacto Ambiental, en circunstancias que debió ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental, considerando que –a su juicio- el Proyecto generará alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
Desde otro punto de vista, sostuvieron que el área de influencia definida para el Proyecto impidió que se evaluarán debidamente los impactos ambientales que a su juicio se producirán.
A mayor abundamiento, señalaron que en forma previa a la aprobación del Proyecto “Pulpa Textil”, se debió efectuar el proceso de consulta indígena conforme a lo establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El Tribunal rechazó la reclamación deducida por las Comunidades y Asociaciones Indígenas, determinando que la solicitud de invalidación –sede administrativa- fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de 30 días hábiles administrativos que tienen los terceros ajenos al procedimiento de evaluación ambiental para deducir dicha solicitud, conforme a la interpretación que en este sentido ha realizado tanto este Tribunal (causa R-31-2016) como la Excelentísima Corte Suprema (causas 11.512-2015 y 16.263-2015).
El Tribunal arribó a esta conclusión, considerando que la RCA que aprobó el Proyecto “Pulpa Textil” fue dictada el 05 de marzo de 2015, y las Comunidades presentaron la solicitud de invalidación ante la Dirección del SEA el día 28 de enero 2016, es decir, 225 días hábiles administrativos desde la publicación de la RCA.
Sin perjuicio de lo anterior, es relevante tener presente que las Comunidades también presentaron recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, el día 04 de abril de 2015, en contra de la RCA del Proyecto “Pulpa Textil”. Ahora bien, el Tribunal estimó que el plazo para deducir la solicitud de invalidación en sede administrativa se suspendió durante el transcurso de la tramitación del recurso de protección (desde el 04 de abril al 10 de noviembre del año 2015), a raíz de que la Administración durante ese período se encontraba inhibida para conocer y resolver la solicitud de invalidación, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, desde el período que transcurrió entre la publicación de la RCA y la presentación del recurso de protección, sumado al período que va desde que se resolvió el recurso de protección –Corte Suprema- hasta la presentación de la solicitud de invalidación, transcurrieron 54 días hábiles administrativos, por ende, de todas maneras la solicitud de invalidación se consideró extemporánea.
Sentencia R-41-2016
Rol Corte Suprema: 10229-2017
Audiencia de alegatos. 03 de marzo de 2017 Michael Hantke Domas
28 R 44-2016
Expediente electrónico Chile Seafood S.A con Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
Síntesis Sentencia R-44-2016
El Tribunal rechazó la reclamación deducida por la empresa Chile Seafood S.A en contra de la Resolución Exenta N° 1020, de fecha 06 de septiembre de 2016, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Cabe mencionar que dicha Resolución confirmó la determinación adoptada por la Comisión de Evaluación de la Región Aysén, de fecha 24 de diciembre de 2015, la que calificó desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Modificación Proyecto Técnico Centro de Canal Darwin, al este de Punta Scogliasa, Isla Italia, comuna de Aysén, provincia Aysén, región Aysén, N° Pert. 2141119019”.
Como alegación principal, la Reclamante sostuvo que la Resolución reclamada no fue dictada conforme al ordenamiento jurídico vigente, ya que se fundó en preceptos no ambientales y se pronunció sobre materias relacionadas con títulos concesionales, las que no son – a su juicio- de competencia ni del Servicio de Evaluación Ambiental ni del Tribunal Ambiental.
Respecto a las conclusiones adoptadas por el Tribunal, en base a las cuales se rechazó la reclamación, cabe mencionar –en primer lugar- que dicha Magistratura determinó que la Gobernación Marítima de Aysén efectivamente sí contaba con competencia para emitir su pronunciamiento y realizar observaciones durante la evaluación ambiental del Proyecto. Para fundar lo anterior, el Tribunal se basó fundamentalmente en lo establecido en el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que en lo medular, otorga competencia a los organismos de administración del Estado para participar en la evaluación ambiental de un proyecto, siempre que cuente con atribuciones relativas –en lo que aquí interesa” al uso y manejo de algún recurso natural. Ahora bien, y considerando que el Proyecto sometido al SEIA se trataba de una ampliación de la producción de un centro de cultivo ubicado en una concesión acuícola, es evidente que la Gobernación marítima contaba con la competencia necesaria para emitir su pronunciamiento sectorial, considerando que dicho organismo le corresponde la administración de un bien nacional de uso público, específicamente –en este caso- la porción de fondo y columna de agua donde se emplaza el Proyecto y donde se pretende emplazar la infraestructura de apoyo de la concesión acuícola.
Respecto al segundo punto controvertido, el Tribunal concluyó que los artículos 69 y 74 de la Ley General de Pesca y Acuicultura sí tienen el carácter de normativa ambiental, por ende, rechazó la alegación esgrimida en este sentido por la Reclamante. A modo de contexto, tuvo presente el Decreto Supremo N° 2/2015 –Reglamento para Concesiones Marítimas-, determinando que las concesiones acuícolas se rigen por las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, su reglamento y sus respectivas. Ahora bien, respecto a la LGPA, determinó que su artículo 1° al tener como objetivo la conservación y uso sustentable de los recursos marinos –fundamentalmente-, es posible inferir que dicha Ley tiene claramente un carácter ambiental. Lo anterior se refuerza por las materias reguladas en los artículos 69 y 74 de dicha Ley, los que regulan el funcionamiento, potestades y restricciones de las concesiones acuícola, y los privilegios que sobre ellas tienen los propietarios de dichas concesiones, vale decir, disposiciones que revisten carácter ambiental.
Por último, el Tribunal concluyó que el Titular del Proyecto no específico adecuadamente el área de influencia de aquel, ya que no modificó la ubicación de las instalaciones conforme a las observaciones realizadas por la Gobernación Marítima. Para complementar lo anterior, determinó que la modelación de la dispersión de los residuos orgánicos –llevada a cabo durante la evaluación ambiental y para efectos de determinar el área de influencia del Proyecto- careció de utilidad de práctica, ya que las infraestructuras de apoyo –pontón de alimentación y sistema de ensilaje- que formaban parte del Proyecto ingresado al SEIA por el Titular, implicaban un rediseño de las dimensiones y ubicación de las instalaciones de la concesión acuícola, lo que el Titular del Proyecto no efectúo, por ende, la modelación de la dispersión de los residuos orgánicos no pudo ni debió ser considerada durante la evaluación ambiental del Proyecto.
Sentencia R-44-2016
Rol Corte Suprema: 27932-2017
09 de mayo de 2017 Sibel Villalobos Volpi
29 R 46-2017
Expediente electrónico Comité Bulnes sin Termoeléctrica con Comité de Ministros
Síntesis Sentencia R-46-2017
En este caso, el “Comité Bulnes sin Termoeléctricas” representada por el abogado Sr. Álvaro Toro Vega, interpuso ante el Tribunal reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta N° 1499, de fecha 22 de diciembre de 2016, dictada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Para un mejor entendimiento del caso, cabe mencionar que dicha Resolución rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Comité en contra de la Resolución Exenta N° 1301, de fecha 10 de noviembre de 2016, dictada por la misma autoridad ambiental, la que no admitió a trámite –por extemporánea- la reclamación administrativa (fundada en la falta de consideración de las observaciones ciudadanas) deducida en contra de la Resolución de Calificación Ambiental, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la VIII Región, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central El Campesino”, ubicado en la comuna de Bulnes, Región del Bío-Bío.
A grandes rasgos, la Resolución reclamada confirmó la decisión adoptada en la Resolución Exenta N° 1301, en el sentido de determinar que la reclamación deducida por el Comité -en sede administrativa- en contra de la RCA que aprobó el funcionamiento del Proyecto, fue interpuesta de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de 30 días establecido en el inciso 4° del artículo 29, en relación con el artículo 20, ambos de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Dentro de las principales materias que resolvió el Tribunal, destaca el rechazo de las alegación realizada tanto por el Reclamado (SEA) como por el Tercero (Titular del Proyecto), consistente en la incompetencia del Tribunal, y la falta de legitimación activa del Reclamante, estimando –el Tribunal- que el Reclamante interpuso reposición administrativa en contra de la Resolución Exenta N° 1301 (que declaró inadmisible por extemporánea la reclamación administrativa) producto de un error de la propia autoridad ambiental, ya que en dicha resolución se consignó la posibilidad para el Reclamante de interponer el recurso de reposición conforme a lo previsto en los artículos 15 y 59 de la Ley N° 19.880, cuestión que en realidad no correspondía, ya que el Reclamante debió interponer reclamación judicial en contra de la R.Exenta N° 1301, conforme a lo previsto en el artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en relación con el inciso 4° del artículo 29 y artículo 20 de la Ley N° 19.300. En este orden ideas, y fundándose en la protección de la buena fe procesal, a la doctrina de los actos propios, y a la prohibición de beneficiarse de los errores propios, el Tribunal descartó las alegaciones referidas, ya que la situación descrita anteriormente se produjo exclusivamente a raíz de la actuación negligente de la propia Administración. A mayor abundamiento, sostuvo que en caso de interpretarse restrictivamente las normas sobre competencia y legitimación activa, bastaría que la Administración declarará inadmisible una reclamación por extemporánea o por requisito formal para concluir el Tribunal Ambiental carece de competencia para conocer y resolver una determinada reclamación, cuestión que no es aceptable jurídicamente, ya que el particular estaría en una situación de indefensión, y se vulneraría la garantía de constitucional (art. 19 N° 3) consistente en la igual protección en el ejercicio de los derechos mediante el acceso a la jurisdicción independiente e imparcial.
En un segundo aspecto relevante, relativo a la caducidad del plazo para la interposición de recursos en sede administrativa, el Tribunal determinó que las Leyes N° 19.300 y 19.880 al no regular la hora de expiración para la presentación de los recursos allí establecidos, rige plenamente lo establecido en los artículos 48 y 49 del Código Civil, referentes a que los plazos (días, meses o años) se entienden que son completos, y rigen hasta la medianoche del último día del plazo. Conforme a lo anterior, se estimó que la reclamación administrativa pudo ser presentada hasta las 24:00 horas del día 17 de octubre de 2016, y no hasta las 14:00 horas de dicho día como esgrimió el Reclamado. En este sentido, concluyó que las normas legales y reglamentarias sobre el horario de funcionamiento de los servicios públicos no derogan ni dejan sin aplicación las normas sobre cómputo de los plazos establecidas en el Código Civil, ya que regulan materias diferentes, por una parte, se regula la jornada laboral de los funcionarios públicos, y por otra parte, se regula la hora de expiración para considerar válida la realización de determinadas actuaciones.
Por último, el Tribunal consideró que la reclamación administrativa fue presentada –por el Reclamante- en dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental de la VIII Región, el día 18 de octubre del año 2016, es decir, fuera del plazo del legal. Para fundar lo anterior, se sustentó en los antecedentes acompañados tanto por el Reclamado como por el Titular, tales como copia de la reclamación administrativa en la que consta el timbre de ingreso, figurando el 18 de octubre de 2016; declaración jurada del funcionario encargado de la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental; y diversas publicaciones realizadas en medios de comunicación y redes sociales, constando en dichas pruebas que la reclamación fue presentada en las Oficinas del SEA el día 18 de octubre de 2016. En consideración a lo anterior, se descartó la afirmación del Reclamante relativa a que habría presentado la reclamación –en dependencias del SEA- el día 17 de octubre de 2016 aproximadamente a las 21:00 horas, “procediendo a deslizar materialmente el texto de la reclamación por debajo de la puerta…”, ya que no acompañó ningún antecedente o prueba que acreditarán tal hecho, es más, los antecedentes que sí obran en autos –ya descritos- acreditan que la reclamación administrativa fue deducida en forma extemporánea. A mayor abundamiento, y conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, se estimó que la constancia administrativa que se encuentra materializada en el timbre de ingreso (18 de octubre de 2016) del escrito que contiene la reclamación administrativa, es un acto administrativo, y como tal goza de la presunción de legalidad conforme a la norma referida, presunción que no ha sido desvirtuada en autos –concluyó-.
Considerando todo lo ya expuesto, el Tribunal decidió rechazar la reclamación deducida por el “Comité Bulnes sin Termoeléctricas”.
Sentencia R-46-2017
Rol Corte Suprema: 36140-2017
15 de junio de 2017 Sibel Villalobos Volpi
30 R 50-2017
Síntesis Sentencia R-50-2017
En este caso, la empresa Eagon Lautaro S.A, ubicada en la comuna de Lautaro, IX Región de la Araucanía, interpuso reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 099, de fecha 13 de febrero de 2017, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Preliminarmente, es necesario mencionar que el Tribunal al dictar sentencia definitiva en la causa Rol R-15-2015, acogió parcialmente la Reclamación deducida por Eagon Lautaro S.A, y ordenó a la SMA enmendar la Resolución Exenta N° 111, de 13 de febrero de 2015, mediante la cual sancionó a Eagon Lautaro por la comisión de 5 infracciones. En cumplimiento a dicha sentencia definitiva, la SMA dictó la Resolución reclamada en la causa en comento, la que en definitiva, determinó sancionar a la empresa con una multa equivalente a 648 Unidades Tributarias Anuales.
Respecto al fondo de lo decidido por el Tribunal, destaca el rechazo de la alegación esgrimida por la empresa relativa al supuesto decaimiento del acto y de las sanciones impuestas por la SMA, considerando que dicho organismo dictó la Resolución reclamada fuera del plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativo. El Tribunal estimó, fundándose en jurisprudencia emitida por la Excelentísima Corte Suprema (ej: Rol 1562-2016), que el plazo recientemente señalado no tiene el carácter de fatal, es decir, la Administración Pública no está obligada estrictamente a finalizar un procedimiento dentro del plazo de 6 meses, sino más bien debe tramitar expeditamente los procedimientos que sean de su competencia. A mayor abundamiento, determinó que la Resolución reclamada tuvo como principal objetivo dar cumplimiento o ejecución a lo resuelto por el Tribunal en causa Rol R-15-2015, rigiéndose dicho cumplimiento por el Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que permiten que la ejecución de la sentencia (en este caso, a través de la dictación de la resolución administrativa) pueda realizarse en plazos más extensos a los que transcurrieron en este caso.
Por otra parte, el Tribunal determinó que la SMA actúo arbitrariamente al fundamentar las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en relación con la infracción N° 5 (ejecución de obras de construcción y operación de su planta, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental). En este orden de ideas, cabe señalar que el Tribunal al dictar sentencia definitiva en causa Rol R-15-2015, ordenó que la SMA –en lo que aquí interesa- justificará adecuadamente la circunstancia establecida en letra a) del artículo 40 de la LOSMA, específicamente respecto al “peligro concreto” generado a raíz de la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Considerando que la SMA (en la Resolución reclamada) fundamentó la aplicación la sanción (infracción N° 5) en base a lo establecido en la letra i) del artículo 40 de la LOSMA…”importancia de la vulneración al sistema de control ambiental”, el Tribunal estimó que dicha decisión resulta totalmente desproporcionada y arbitraria, teniendo presente que la Administración –al dictar la Resolución reclamada- debió someterse a lo requerido por el Tribunal, cuestión que no ocurrió en el presente caso, ya que la SMA fundamentó una sanción en base a una circunstancia no requerida por el Tribunal, no ajustándose al principio de congruencia, ni al de reformatio in peius, consagrado en el inciso 3° del artículo 41 de la LBPA. A mayor abundamiento, estimó –el Tribunal- que de aceptarse la postura contraria, se afectaría el derecho del administrado para impugnar una resolución administrativa en la oportunidad procedimental y procesal correspondiente.
En síntesis, el Tribunal solo confirmó parcialmente la Resolución reclamada, ya que ordenó a la SMA a rectificar la infracción N° 3, rebajándola de 178 UTA a 135 UTA; además, ordenó descontar la suma de 335 UTA respecto de la infracción N° 5, ya que dicho valor corresponde a la determinación injustificada de la circunstancia establecida en la letra i) del artículo 40 de la LOSMA.
Sentencia R-50-2017
17 de julio de 2017 Michael Hantke Domas
31 R 47-2017
Expediente electrónico Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural y otros con Comité de Ministros
Síntesis Sentencia R-47-2017
A modo de contexto, cabe señalar que en este caso el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural; el Sr. Mauricio Campos Morales; y las Sras. Elsa Del Carmen Merino Burgos y Katija Ina Siemund, interpusieron reclamación ante este Tribunal en contra de la Resolución Exenta N° 1420, de fecha 13 de diciembre de 2016, dictada por el Comité de Ministros. La resolución reclamada rechazó los recursos de reclamación presentados por los Reclamantes en sede administrativa, los que se interpusieron en contra de la Resolución Exenta N° 550, de fecha 28 de septiembre de 2015, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la X Región de Los Lagos, que calificó favorablemente el proyecto "Parque Eólico Chiloé".
A grandes rasgos, los Reclamantes sostuvieron que la Autoridad Ambiental no consideró debidamente sus observaciones realizadas durante la etapa de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto; versando dichas observaciones fundamentalmente respecto a la ausencia de consideración de los impactos que generaría el Proyecto respecto de los cetáceos que transitan en el lugar de emplazamiento del Proyecto, y además, respecto a la afectación que implicaría el Proyecto sobre el humedal de Quilo.
Respecto a aspectos de forma, el Tribunal rechazó la excepción de incompetencia material planteada por la Reclamada, consistente en que el Tribunal carece de competencia para pronunciarse respecto de alegaciones que los Reclamantes no hayan formulado en sede administrativa (PAC y recursos administrativo), teniendo presente –específicamente- que aquellas no alegaron –sede administrativa- la ausencia de evaluación de impactos sobre cetáceos, por lo que si el Tribunal se pronunciará sobre dicho aspecto causaría indefensión al Comité de Ministros –a su juicio-.
A grosso modo, el Tribunal fue de la opinión que el Comité de Ministros no puede pronunciarse respecto a aspectos de la evaluación ambiental que no estén relacionados con el contenido de las observaciones realizadas durante la etapa de participación ciudadana, respetando así lo establecido en el inciso 3° del artículo 41 de la Ley N° 19.880; sin embargo, estimó que el Comité de Ministros tiene competencia para pronunciarse respecto de los hechos alegados durante la etapa de participación ciudadana, siempre que dichos hechos tengan una conexión significativa con lo alegado en el recurso administrativo; misma lógica que opera en sede judicial, ya que el Tribunal puede pronunciarse respecto a alegaciones esgrimidas en el recurso administrativo, cuando estas tengan dicha conexión con lo alegado en sede judicial, lo que sí ocurrió en el presente caso, ya que si bien los Reclamantes al realizar sus observaciones y al presentar el recurso administrativo no hicieron referencia a la afectación de los cetáceos, sí lo hicieron respecto a la afectación al turismo, específicamente respecto de los impactos significativos en el hábitat de los pingüinos, configurándose la “conexión significativa” entre dichos animales y los cetáceos que comparten el hábitat que forman parte del lugar de emplazamiento del Proyecto.
Sobre el fondo de la controversia, y considerando fundamentalmente la evidencia documental acompañado en el juicio por los Reclamantes y el Tercero coadyuvante (“Centro de Conservación Cetácea”), el Tribunal determinó que los impactos ambientales respecto a los cetáceos se producen en las centrales marinas, específicamente en su etapa de construcción (y no en la etapa de operación), ya que su instalación conlleva el hincado de pilotes que naturalmente genera ruido, el que ingresa por la columna de agua, y se dispersa a través del lecho marino (entre otros efectos). Ahora bien, teniendo presente que la técnica de instalación de las centrales terrestres es distinta a la de las centrales marinas, el Tribunal determinó que es sumamente improbable que se generen impactos en los cetáceos durante la fase de construcción las centrales terrestres, y considerando que en las centrales marinas tampoco se generan impactos –cetáceos- durante la fase de operación, con mayor razón dichos impactos no se generarán en dicha fase en las centrales terrestres.
En cuanto a la alegación recaída en la afectación que generaría el Proyecto respecto al humedal de Quilo, el Tribunal al analizar la evidencia documental que consta en el expediente administrativo, determinó que no hay impacto directo ni indirecto a las aguas subterráneas ni al humedal de Quilo en la fase de construcción de la central terrestre, ya que la profundidad de las excavaciones no es suficiente para generar un impacto de carácter ambiental. A mayor abundamiento, concluyó –el Tribunal- que al no generarse impacto en el humedal, no se incurrió en error al definir la línea de base, ni tampoco al determinar el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente a la fecha de ingreso del Proyecto al SEIA (letra f) del artículo 12 del Decreto Supremo N° 95/2001).
En síntesis, conforme a lo ya expuesto, el Tribunal decidió rechazar la excepción de incompetencia formulada por la Reclamada; además, rechazó en todas sus partes la reclamación deducida.
Sentencia R 47-2017
Rol Corte Suprema: 41449-2017
21 de septiembre de 2017 Roberto Pasten Carrasco
32 R 51-2017
Expediente electrónico Manuel Villalobos Ulloa y otro con Superintendencia del Medio Ambiente
Síntesis Sentencia R-51-2017
En primer lugar, cabe tener presente que en este caso se dedujo reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental (Santiago), la que fue patrocinada por la abogada Sra. Paula Villegas en representación de 156 habitantes de la comuna de Coronel, respecto de la resolución Exenta N° 141, de 23 de febrero de 2017, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente.
La resolución reclamada ordenó archivar la denuncia formulada por los Reclamantes ante la SMA, relativa a que se declarará la caducidad de la RCA N° 176/2007, dictada por la extinta Comisión Regional del Medio Ambiente (VIII Región), que aprobó el funcionamiento del proyecto “Complejo Termoeléctrico Santa María”, de propiedad de Colbún S.A, ubicado en la comuna de Coronel, Región del Biobío. En este orden, alegaron que la unidad N° 2 del Proyecto lleva más de 5 años sin dar inicio a su ejecución contados desde la notificación de la RCA respectiva, por lo que procede la declaración de caducidad de dicha RCA conforme a lo establecido en el artículo 25 ter de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en relación a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Cabe destacar que el Segundo Tribunal Ambiental declaró admisible la reclamación, pero posteriormente, de oficio y conforme a lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, estimó que la reclamación se presentó ante Tribunal incompetente territorialmente, por lo que ordenó remitir los antecedentes al Tercer Tribunal Ambiental.
Cabe destacar que el Tribunal rechazó la reclamación deducida, no pronunciándose sobre el fondo de la controversia, ya que acogió la alegación esgrimida por el tercero coadyuvante (Titular del Proyecto) relativa a la extemporaneidad de la reclamación deducida, la que –en definitiva- fue recepcionada en este Tribunal con fecha 06 de abril del presente año.
Grosso modo, el Tribunal tuvo presente que los artículos 17 y 56 de la Leyes N° 20.600 y 20.417, respectivamente, establecen las materias que son de competencia de los Tribunales Ambientales, y los plazos para recurrir ante ellos, y no existiendo más disposiciones que regulen las materias referidas, hay que recurrir a lo establecido en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la remisión que efectúa el artículo 47 de la Ley N° 20.600. Ahora bien, considerando que el artículo 17 N° 3 de la LTA establece que el Tribunal competente es el “…..del lugar en que se haya originado la infracción”, y que el Segundo Tribunal Ambiental se declaró incompetente de oficio, sin mediar incidente formulado por la parte perjudicada, el Tribunal estimó que la disposición citada (territorio) fue entendida por el Segundo Tribunal Ambiental como una de competencia absoluta.
En otra perspectiva, el Tribunal estimó improcedente aplicar en este caso el artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales, relativo a la prórroga de competencia, ya que esta solo se aplica en primera instancia, entre tribunales ordinarios de igual jerarquía y en asuntos contenciosos civiles, y los Tribunales Ambientales conocen en única instancia, y además son tribunales especiales. A mayor abundamiento, determinó –el Tribunal- que el legislador ha establecido expresamente los casos en que otorga al demandante o reclamante la posibilidad de deducir la acción judicial en el Tribunal que el elija, como ocurre en el artículo 17 N° 1 y 2 de la Ley N° 20.600, por lo que en los demás casos la regla aludida sobre el territorio es una de competencia absoluta.
El Tribunal concluyó que no existió continuidad procesal en sentido sustantivo, ya que si bien la reclamación fue deducida dentro del plazo de 15 días administrativos establecido en el artículo 56 de la LOSMA, aquella fue presentada ante tribunal absolutamente incompetente; reclamación remitida posteriormente a este Tribunal, siendo ingresada el 06 de abril de 2017, es decir, de forma extemporánea, ya que el plazo para presentar la reclamación jurisdiccional vencía el 21 de marzo del presente año.
Sentencia R 51-2017
Rol Corte Suprema: 43049-2017
18 de octubre de 2017 Roberto Pasten Carrasco
33 R 54-2017
Expediente electrónico Agrícola Ancali Ltda. con Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región
Síntesis Sentencia R 54-2017
Grosso modo, Agrícola Ancali Ltda. solicitó –sede administrativa- la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental dictada por la Comisión de Evaluación de la VIII Región, que calificó ambientalmente favorable el proyecto “Central Hidroeléctrica Frontera”, cuya titularidad corresponde a Inversiones La Frontera Sur Spa.
Sin embargo, la Autoridad Ambiental declaró inadmisible la solicitud de invalidación referida precedentemente, y dicha resolución fue impugnada ante esta judicatura conforme a lo establecido en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.
En lo medular, la Reclamante esgrimió que la Autoridad Ambiental –al rechazar la solicitud de invalidación- no consideró debidamente su legitimación activa; además, sostuvo que la resolución impugnada aplicó erróneamente el plazo establecido para solicitar el ejercicio de la potestad invalidatoria de la Administración, respecto de “terceros absolutos” del procedimiento administrativo de evaluación ambiental de un Proyecto. Por último, sostuvo que la Administración no debió pronunciarse -al declarar la inadmisibilidad- respecto de la buena fe del Titular del Proyecto.
En primer lugar, respecto a los asuntos controvertidos, el Tribunal estimó que si bien la resolución reclamada declaró inadmisible la solicitud de invalidación de la RCA, por lo que en principio sería una resolución que no se pronuncia sobre el fondo de la solicitud, limitándose a un pronunciamiento de carácter formal, y por tanto, la resolución reclamada no sería objeto de impugnación judicial, sin embargo, tuvo presente que dicha resolución se pronunció también respecto a aspectos de fondo, tales como la legitimación activa del Reclamante, y la buena fe del Titular (del Proyecto) como límite al ejercicio de la potestad invalidatoria de la Administración. En consecuencia, consideró que la resolución de inadmisiblidad mutó en una resolución “de término”, ya que se pronunció sobre aspectos que sólo deben ser resueltos al término del procedimiento administrativo de invalidación, ergo, la resolución sí es impugnable ante esta judicatura conforme al artículo 17 N° 8 de Ley N° 20.600. A mayor abundamiento, estimó que la actuación de la Autoridad Ambiental violó la regla lógica de la consistencia, ya que se pronunció al mismo tiempo sobre la admisibilidad y respecto a aspectos de fondo, de esta manera limitó el derecho al recurso, y restringió arbitrariamente la tutela judicial de la Reclamante.
En un segundo orden de ideas, y siguiendo el criterio adoptado tanto por la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 11.512-2015) como por la jurisprudencia de esta judicatura (Rol N° R-31-2016 y R-41-2016), el Tribunal estimó que Agrícola Ancali en su calidad de tercero absoluto del procedimiento administrativo de evaluación ambiental del Proyecto, presentó de forma extemporánea (fuera del plazo de 30 días) la solicitud de invalidación –sede administrativa- en contra de la RCA del Proyecto, considerando que la RCA fue dictada con fecha 12 de febrero de 2016, y la solicitud de invalidación fue presentada el 08 de febrero de 2017. Complementando lo anterior, estimó que la limitación establecida en el inciso final del artículo 17 N° 8, y que rige respecto de los terceros absolutos del procedimiento administrativo, sólo es aplicable respecto a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento administrativo de invalidación, no resultando lógico sostener que la invalidación se presente antes de los lapsos señalados en la disposición, y que la Administración deba resolver en ese mismo plazo , ya que lo anterior implicaría una vulneración al principio de efecto útil consagrado en el artículo 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Conforme a lo expuesto precedentemente, el Tribunal decidió rechazar la reclamación interpuesta por Agrícola Ancali Ltda.
Sentencia R 54-2017
Rol Corte Suprema: 44326-2017
08 de noviembre de 2017 Michael Hantke Domas
34 R 56-2017
Expediente electrónico Cultivos Marinos Lago Yelcho Spa con Servicio de Evaluación Ambiental
Síntesis Sentencia R 56-2017
En este caso, la empresa Cultivos Marinos Lago Yelcho SpA presentó reclamación judicial en contra de las Resoluciones (7) dictadas por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación, las que confirmaron las decisiones de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos que calificaron ambientalmente desfavorables las Declaraciones de Impacto Ambiental de 7 proyectos de centros de engorda de salmonídeos que pretenden instalarse en mar abierto en las costas de Valdivia y Mariquina.
Respecto a los asuntos controvertidos, el Tribunal rechazó la excepción de nulidad de las Resoluciones reclamadas, estimando que si bien dichas Resoluciones fueron dictadas fuera del plazo de 30 días establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.300, dicha circunstancia no conlleva la nulidad de los actos administrativos, atendido a que los plazos que establece la Ley para que la Administración resuelva los asuntos de su competencia no son de carácter fatal; además, los actos administrativos solo deben ser anulados en caso de existir un vicio grave y esencial, concluyendo que el exceso de plazo no reúne por sí solo dichas características. Complementando lo anterior, sostuvo el Tribunal que el incumplimiento de la Administración en cuanto al plazo no le ha causado ningún perjuicio a la Reclamante, y que ésta debió solicitar –sede administrativa- que se certificará que su solicitud no había resuelta dentro del plazo legal, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880.
Por otra parte, y teniendo en consideración que las estructuras de cultivos de los proyectos pretenden emplazarse en mar abierto y no en lugares donde tradicionalmente se emplazan (bahías, puertos y fiordos), el Tribunal estimó que la Administración solicitó lícitamente al Titular del proyecto información adicional con el objeto de obtener las condiciones en la zona de emplazamiento de los proyectos respecto a los componentes viento, altura de ola y corriente, con información levantada en dicho lugar, requerimiento que no fue cumplido por el Titular –a juicio del Tribunal-, ya que éste al presentar la Adenda complementarias no acompañó el medio de prueba que exige el Reglamento Ambiental para la acuicultura, ya que solo acompañó informes que no contienen datos obtenidos con información del lugar de emplazamiento de los proyectos, incumpliendo de esta forma lo solicitado en el ICSARA.
En consecuencia, el Tribunal estimó que la evidencia aportado por la Reclamante impidió que la Administración pudiera tener por cumplida la normativa ambiental aplicable, específicamente el artículo 4° letra e) del Reglamento Ambiental para la acuicultura, concluyendo que los proyectos no aseguraron que las condiciones de seguridad de los módulos de cultivos y fondeo estuvieran diseñados conforme a las características geográficas y oceanográficas del lugar donde se pretenden instalar dichos proyectos.
Desde otro punto de vista, el Tribunal estimó que el Titular del proyecto no determinó correctamente el área de influencia de los proyectos, ya que éstos pretenden emplazarse en mar abierto y los datos utilizados en la modelación correspondían a proyectos emplazados en fiordos y canales, situación que impide a la Administración determinar con precisión el área de influencia de los proyectos respecto a la dispersión de biosólidos, en consecuencia, la autoridad ambiental tampoco estuvo en condiciones de descartar la no producción de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300.
En razón de todo lo señalado, el Tribunal rechazó la reclamación en todas sus partes.
Sentencia R 56-2017
02 de enero de 2018 Michael Hantke Domas
35 R 57-2017
Síntesis Sentencia R 57-2017
A modo de contexto, es necesario tener presente que la empresa Cultivos Marinos Lago Yelcho SpA impugnó ante el Tribunal Ambiental 2 resoluciones dictadas por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, las que confirmaron la calificación ambiental desfavorable adoptada por la Comisión de Evaluación de XIV Región respecto de 2 Declaraciones de Impacto Ambiental relativas a proyectos de centros de engorda de salmonídeos, que pretenden instalarse en mar abierto en la Provincia de Valdivia.
Respecto a las decisiones adoptadas por el Tribunal, destaca el rechazo a la excepción de nulidad de las Resoluciones reclamadas, considerando –el Tribunal- que el plazo que tiene la Administración para resolver las materias de su competencia no es de carácter fatal, por tanto, si bien la autoridad ambiental no se pronunció dentro del plazo de 30 días establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.300, esta circunstancia no implica la nulidad de los actos administrativos reclamados, ya que la nulidad solo opera como último remedio en casos excepcionales, frente a vicios trascendentes, graves y esenciales, primando el principio de conservación del acto administrativo; estimó el Tribunal que el incumplimiento en el plazo por sí solo no cumple estos requisitos, sumado a que dicho plazo no causó ningún perjuicio para la Reclamante, por lo que ésta debió solicitar en sede administrativa que se certificará que la solicitud no fue resuelta dentro del plazo legal, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880.
Por otra parte, el Tribunal estimó que el Titular del proyecto incumplió con los requerimientos efectuados durante el procedimiento de evaluación ambiental, ya que se solicitó al Titular información adicional respecto de las condiciones de la zona de emplazamiento de los proyectos en cuanto al viento, altura de ola y corrientes, atendido a que los centros de engorda pretenden ubicarse en mar abierto y no en lugares donde tradicionalmente se emplazan este tipo de estructuras (bahías, fiordos y canales), sin embargo, dicha información no fue proporcionada correctamente por el Titular, incumpliendo lo establecido en el Reglamento Ambiental para la acuicultura, ya que los informes acompañados no contienen datos obtenidos in situ (en el lugar de emplazamiento de los proyectos).
Así las cosas, el Tribunal consideró que la autoridad ambiental no estuvo en condiciones de tener por cumplida la normativa ambiental aplicable, atendido la precariedad de la evidencia aportada por el Titular del proyecto.
Además, el Tribunal estimó que el Titular del proyecto incumplió con el numeral 25 de la Resolución Exenta N° 3612/2009 SUBPESCA, ya que las filmaciones acompañadas durante el procedimiento de evaluación ambiental carecen de buena luminosidad y foco adecuado, en consecuencia, impidieron que la Administración pueda evaluar adecuadamente el impacto sobre el componente bentos.
Desde otra perspectiva, el Tribunal determinó que el Titular determinó incorrectamente el área de influencia de los proyectos, ya que éstos pretenden emplazarse en mar abierto y los datos utilizados en la modelación correspondían a proyectos ubicados en fiordos y canales, por lo que la autoridad ambiental no pudo conocer el área de influencia en relación con la dispersión de biosólidos, en consecuencia, dicha autoridad no estuvo en condiciones de destacar la ocurrencia de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal decidió rechazar íntegramente la reclamación interpuesta.
Sentencia R 57-2017
36 R 42-2016
Expediente electrónico Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén con Comité de Ministros
Síntesis Sentencia R 42-2016
En este caso, la reclamación fue ejercida por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Corporación por la Defensa de la Flora y Fauna, y por Sr. Hugo Díaz Márquez, en contra de la Resolución adoptada por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental –en ejecución del acuerdo 01/2016 del Comité de Ministros-, la que resolvió las reclamaciones administrativas interpuestas por los Reclamantes en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”, de titularidad de la empresa Energía Austral SpA.
Grosso modo, los Reclamantes argumentaron que la autoridad ambiental no consideró debidamente sus observaciones realizadas durante la etapa de participación ciudadana del Proyecto, ya que –a su juicio- la evaluación ambiental no se hizo cargo de manera efectiva de los impactos que genera el proyecto, relativos a la línea de base geológica y sismológica, ausencia de consideración del cambio climático, insuficiencia de las medidas de compensación de bosques y humedales, etc.
Respecto al fondo de la controversia, el Tribunal consideró insuficientes las medidas de compensación relativas a bosques y humedales propuestas por el Titular; en este orden, el Tribunal tuvo presente que durante la evaluación ambiental del Proyecto, Conaf efectúo observaciones al plan de reforestación propuesto por el Tribunal, ya que según este Servicio el plan solo cumple con la normativa legal, pero no está destinado a minimizar los efectos adversos significativo que generaría el Proyecto; déficit que –a juicio del Tribunal-no fue subsanado durante el transcurso de la evaluación ambiental.
Complementando lo anterior, el Tribunal arribó a la conclusión que las medidas de compensación propuestas –bosques- no aseguran la generación de un efecto positivo y alternativo respecto al efecto adverso significativo identificado, ya que dichas medidas sólo aseguran una compensación en cuanto a las hectáreas, sin embargo, frente a impactos significativos, no basta –según el Tribunal- con la mera conservación de la superficie forestada, sino que en lo posible se debe replicar el ecosistema que se pretende destruir, cuestión que no ocurrió en el caso en comento, ya que la evidencia aportada por el Titular no permite acreditar de manera cualitativa ni cualitativa que los bosques a compensar sean equivalentes.
Respecto a los humedales, el Tribunal hizo referencia a las observaciones realizadas por el SAG durante la evaluación ambiental, Servicio que efectúo reparos a las medidas de mitigación –propuestas por el Titular- respecto a los humedales, deficiencias que –según el Tribunal- tampoco fueron subsanadas, ya que al presentar las Adendas el Titular apenas esbozó una línea de base, la que ni siquiera contiene la existencia de fauna, como se puede apreciar en la RCA del Proyecto.
Conforme a la evidencia aportado por el Titular del proyecto, el Tribunal estimó que no existe peligro del humedal propuesto para compensar respecto de aquellos que serán inundados, concluyendo que la compensación no es equivalente, ya que existen riesgos que los beneficios del humedal propuesto no puedan compensar la pérdida del humedal a inundar.
En virtud de lo anterior, el Tribunal resolvió acoger parcialmente la reclamación deducida respecto a la compensación de bosques y humedales; y ordenó al Comité de Ministros reabrir el procedimiento administrativo en su fase recursiva, y adoptar todas las medidas probatorias pertinentes, con el objeto de analizar si las compensaciones de bosques y humedales propuestas por el Titular del proyecto cumplen con la normativa ambiental aplicable.
Sentencia R 42-2016
04 de enero de 2018 Roberto Pasten Carrasco
Un comentario en “Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental”
Álvaro Núñez dice:
Muy buena iniciativa del Tercer Tribunal Ambiental, se agradece contar con una plataforma que consolida todos los fallos y autorizaciones; ¡y además con una síntesis!