Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-411-97.htm
Timestamp: 2018-01-22 20:21:46
Document Index: 320234037

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 241', 'artículo 68', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 234', 'artículo 235', 'artículo 68', 'artículo 234', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68']

C-411-97
SALA DE CASACION PENAL-Competencia/FUNCIONARIO AFORADO CONSTITUCIONAL
Si la Corte accediera a declarar la inconstitucionalidad de la palabra mencionada, el efecto no sería otro que el de suprimir -contra lo que el demandante dice defender- la acción de revisión y la consiguiente competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando la sentencia ejecutoriada hubiese sido proferida en única instancia. Ahora bien, si lo que busca el impugnante es que allí donde la norma acusada contempla como de única instancia los procesos que se adelantan contra los congresistas esta Corporación introduzca la doble instancia, dando así posibilidad de apelar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en esa clase de procesos, su pretensión está llamada al fracaso, por cuanto la función de definir las instancias procesales en las distintas materias corresponde al legislador.
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No es absoluto/PROCESO DE UNICA INSTANCIA-Señalados por la Constitución Política
El principio de la doble instancia, con todo y ser uno de los principales dentro del conjunto de garantías que estructuran el debido proceso, no tiene un carácter absoluto. Luego está autorizado el legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de revisión, también él puede consagrar, y sobre la base de que, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales afectados por vías de hecho, quepa extraordinariamente, la acción de tutela. Por otra parte, la misma Constitución Política se ha ocupado en definir ciertos juicios como de única instancia, pues los ha confiado a las corporaciones que tienen la mayor jerarquía dentro de la respectiva jurisdicción.
Esta Corte declaró exequible el numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, mediante Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993. No es posible entonces entrar de nuevo a considerar su materia, pues ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, circunstancia que impone obedecer lo ya resuelto.
Referencia: Expediente D-1589
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991).
El ciudadano JAIME RIBERO MEDINA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo 5 del capítulo 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la Comisión Especial,
ARTICULO 68. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
9. Del juzgamiento del Viceprocurador, Vecefiscal, fiscales y procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los tribunales superiores".
Considera el actor que las expresiones demandadas violan flagrantemente tanto la Constitución Política como tratados internacionales, pues se está dando un tratamiento desigual a los miembros del Congreso, frente al ciudadano común.
Manifiesta en primer lugar que la Carta no le ha dado competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento de dichos personajes. La competencia -dice- se la da la Carta en forma clara a dicha corporación en pleno.
De otro lado aduce que el establecerse la única instancia para los procesos adelantados contra los congresistas, se presenta una clara violación al principio constitucional del debido proceso, pues no cuentan con recursos, ni con las garantías judiciales. A su juicio, no existe en el país regulación alguna sobre procedimientos penales de única instancia, debidamente desarrollados en la ley.
Finalmente expone que el demandado artículo 6, únicamente habla del juzgamiento. Por tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no puede válidamente adelantar la investigación previa ni la instrucción de dichos procesos penales.
El ciudadano JUAN CARLOS VILLA CALDERON presenta escrito respaldando los argumentos del actor para solicitar la inexequibilidad parcial del artículo 68.
El ciudadano ALVARO NAMEN VARGAS, obrando en su calidad de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, presenta escrito defendiendo la constitucionalidad de las expresiones acusadas, y advierte que mediante Sentencia C-142 de 1993, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el numeral 6 del artículo 68 demandado, es decir que se da el fenómeno de la cosa juzgada.
Manifiesta que, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia está dividida en salas, cada una de ellas, en los asuntos de su competencia, actúa como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, sin existir jerarquía entre unas y otras, ni estar supeditadas a la Sala Plena. Fue el Constituyente de 1991 quien consagró el procedimiento en única instancia y lo que hizo el legislador fue desarrollar el precepto constitucional.
Expresa que no existe violación al debido proceso ni al principio de igualdad, pues precisamente por las calidades de los congresistas, se otorgó a dicha Sala la competencia de su investigación y juzgamiento (artículo 235 C.P.), teniendo la facultad aquéllos de acudir a la acción de revisión si no estuvieren conformes con la sentencia.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse para decidir sobre los cargos hechos al numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, por existir cosa juzgada, de acuerdo con la Sentencia C-142 de 1993 y que declare la constitucionalidad de los apartes acusados del inciso primero y el numeral segundo del mismo artículo.
Afirma que fue la misma Constitución, debido al fuero de que gozan los congresistas, la que le dio la Competencia a la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar sus actos. Por ello reciben un trato diferente, sin que se viole el principio de igualdad. Así mismo el artículo 234 Ibídem facultó al legislador para asignar a las diferentes salas de la Corte Suprema los asuntos de su competencia, de acuerdo con la especialidad, y eso fue lo que hizo con el Decreto 2700 de 1991.
Tampoco se atenta contra el debido proceso, al establecerse que el procedimiento es de única instancia, pues ha de entenderse que la Corte Suprema, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, no tiene superior jerárquico, citando al respecto el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-142 de 1993.
Demanda el actor la palabra "única", del artículo 68-2 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), referida a la instancia en que hayan sido proferidos fallos de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Nacional o de los tribunales superiores de distrito, cuando se trate de efectuar la revisión de los mismos por parte de la Sala de Casación Penal de la primera de las corporaciones enunciadas.
Esta Corte declaró exequible el numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, mediante Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía).
Primero.- Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, la palabra "única" del artículo 68, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, adoptado mediante Decreto 2700 de 1991.
Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993, acerca de la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal.