Source: http://daviddossantos.com.ar/proyectos-de-ley-presentados/322-ley-general-de-salud.html
Timestamp: 2018-03-20 09:35:48
Document Index: 251375801

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Home Proyectos de ley presentados Ley General de Salud
Ley General de Salud E-mail
Martes, 20 de Mayo de 2014 10:19
INICIADOR: Senador David Dos Santos
TITULO: Ley General de Salud.
Elevo a consideración de esta Honorable Cámara, el presente proyecto de Ley, mediante el cual se propone un marco general regulatorio, que garantice el efectivo cumplimiento del derecho a la salud, condición indispensable en el desarrollo humano, y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.
La dispersión es, sin duda, la característica fundamental de la legislación sanitaria en nuestro país; cada ley existente en referencia a la salud atiende aspectos parciales, centrados fundamentalmente en la enfermedad o en los servicios, sin la presencia de un marco general o bases estratégicas, que fortalezcan el efectivo goce del derecho a la salud a todas las personas.
La confusión, obsolescencia y contradicción, creadas por la fragmentación de las normas, fomentan la falta de claridad y la carencia de procedimientos definidos que nutren la inseguridad jurídica. Este proyecto es un intento de diagramación del marco legal que direccione el sistema, abarcando desde la formación profesional de quienes tienen a su cargo la atención directa de la salud de la comunidad, hasta las acciones para lograr no sólo una vida más longeva, sino principalmente una vida plena.
Todas las personas tienen derecho a acceder equitativamente a servicios integrales de salud. La protección de la salud es de interés público, por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. La salud no es un asunto meramente personal, sino un patrimonio social.
Teniendo en cuenta el carácter de bien público de la salud antes referenciado, toda libertad individual cede ante los deberes colectivos, y las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas cuando se deriven riesgos para la salud de terceros, esto produce en reiteradas ocasiones tensiones en cuanto a los límites y a la supremacía del interés colectivo por sobre el privado, que el Estado debe resolver siempre en pos del bien general.
En referencia a la salud como derecho humano inexorable, al igual que todos los derechos humanos, impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones: 1) respetar, que significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho (“no perjudicar”), 2) proteger, es decir adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho, y 3) cumplir, lo que se traduce en adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).
En este orden de ideas, el Estado debe adoptar medidas para avanzar con el principio de realización progresiva, prestando preferente atención a los grupos vulnerables o marginados, y garantizando la realización de las decisiones más íntimas de cada persona en orden a su dignidad y autonomía personal o privacidad, hasta el máximo de amparar el derecho a una muerte digna, (sin dejar de reiterar, que obra como único limite el hecho de comprometer la salud o la vida de terceras personas).
Es deber del Estado crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Para alcanzar universalidad con equidad, es decisivo el modelo de atención que se implemente en el sistema de salud, es por ello que resulta necesario atender efectiva y eficientemente las necesidades de la población, insistiendo en la estrategia de atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de riesgos y daños, a partir de un primer nivel de atención resolutivo y de calidad. El objetivo principal de la salud pública no es curar enfermedades, sino preservar el estado de salud general. Hoy sabemos que la prevención y la promoción de la salud resultan esenciales y que, a largo plazo, sus efectos sobre la salud de la población serán los más estables y los de mayor impacto.
El Estado debe garantizar el cumplimiento de todas las acciones fundamentales de la salud: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación; prestando especial atención a la vigilancia en salud, ya que esta debe ser la directriz de todas las políticas públicas a aplicarse. Tener información, datos concretos, oportunos y apropiados es la única forma de poder resolver falencias, y satisfacer las necesidades.
La información es el pilar del desarrollo de cambios de comportamiento, es un medio indiscutible para contribuir al cuidado de las personas. Debe distinguirse la educación para la salud, como el proceso de facilitar el aprendizaje estableciendo conocimientos, actitudes y valores que ayuden al individuo y al grupo a hacer elecciones y tomar decisiones adecuadas para su bienestar.
Siguiendo con el modelo de atención, otro aspecto de considerable importancia es la organización en unidades y equipos de salud multidisciplinarios, estructurados en una red integral que va desde el trabajo con las personas sanas, hasta la curación y rehabilitación, tornándose de este modo imprescindible contar con personal de salud suficiente, distribuido equitativamente a lo largo de la red de servicios, con la calificación y motivación necesarias para desempeñar su trabajo.
Otro aspecto destacable es la infraestructura de salud, las instalaciones y los equipamientos de tecnología médica, aquí el Estado debe velar por la existencia y buen funcionamiento de los servicios públicos, y fiscalizar a los privados, sometidos a su previa habilitación para desarrollar la actividad, todo en ello en pos de garantizar la seguridad de las personas.
En otro orden de ideas, vale señalar que el presente proyecto incorpora entre los principios básicos, el de precaución o precautorio, concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo.
Es preciso distinguir el principio de precaución del de prevención, porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño puede producirse. El principio de "precaución" o también llamado "de cautela" exige la adopción de medidas de protección operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Por supuesto que dichas medidas deben representar las soluciones menos restrictivas, respetar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta riesgos a corto y a largo plazo, y ser reexaminadas frecuentemente de acuerdo con la evolución de los conocimientos científicos.
Otro punto destacable del proyecto es establecer que toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud, atención médico- quirúrgica de emergencia cuando la necesite, luego podrá solicitarse el reembolso de gastos, pero en tanto subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud debe asegurarse la correcta atención y para el cumplimiento de esta disposición se establecen también responsabilidades a los profesionales y establecimientos.
Ahora bien, todo lo reseñado anteriormente es de suma importancia pero no podemos dejar de decir que las políticas de salud solo logran ser exitosas cuando cuentan con la participación de los miembros de la comunidad, cuando la población contribuye y actúa como parte creadora del proceso de salud, dejando el papel exclusivo de usuario o destinatario pasivo. El sistema público de salud de cualquier lugar del mundo pertenece en primera instancia a su población, los usuarios deben poder conocer las opciones de atención, y solicitar la adecuación de los servicios a sus necesidades e intereses. La evidencia empírica es la base para diseñar la estrategia. Es necesario conocer las opiniones, las representaciones sociales y las preferencias culturales. En esta materia la provincia ha logrado avanzar en espacios y modalidades de participación social, pero aún falta mucho por hacer. La creación y funcionamiento del consejo de salud en las diferentes esferas de gestión, es una caución a la participación social.
El gasto público en salud es un buen indicador del compromiso de cada gestión, con este proyecto se intenta garantizar el presupuesto mínimo, sabiendo que la inversión en salud repercute sobre la productividad y el crecimiento económico. El sector sanitario no debe verse únicamente como generador de gasto, si no también como un sector de actividad que ejerce efectos beneficiosos, la buena salud de la población no es sólo una consecuencia, sino también una causa del desarrollo.
Por todo lo aquí expuesto, a efectos de contribuir a la mejora de los niveles de salud de los correntinos, solicito vuestro acompañamiento para la aprobación de este proyecto en los siguientes términos:
ARTÍCULO.1°- Objeto
La presente Ley de orden público tiene por objeto establecer el marco legal y las bases para la tutela del derecho a la salud, como condición indispensable para alcanzar el bienestar individual y colectivo.
ARTÍCULO.2°- Principios básicos
Las acciones de salud están sujetas a los siguientes principios básicos:
a) Universalidad: toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley.
b) Accesibilidad: toda persona tiene derecho al goce efectivo de los servicios de salud.
c) Equidad: toda persona tiene derecho a la salud sin diferenciación a causa de desigualdades económicas o sociales.
d) Solidaridad: el Estado, la sociedad en su conjunto, y cada uno de los individuos, son solidariamente responsables en materia de salud.
e) Integralidad: los diferentes sectores y jurisdicciones, se encuentran articulados en todos los niveles de atención.
f) Calidad: el Estado con la optimización de los procesos, y la utilización racional de los recursos, debe garantizar la atención de la salud bajo estándares de calidad.
g) Precaución: la autoridad de aplicación ante la existencia de indicios de una posible afectación a la salud, determina la inmediata cesación, prohibición o limitación de la conducta riesgosa.
ARTÍCULO 3°- Ámbito de aplicación
La presente ley es aplicable en el ámbito de la Provincia, para el sector público, privado, y de la seguridad social; en los términos y condiciones que se establecen.
Para los efectos de esta ley, entiéndase por:
a) Salud: al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
b) Prevención: al conjunto de actividades específicas, dirigidas a evitar que se produzca la enfermedad o evento epidemiológico.
c) Promoción: a las acciones destinadas a crear condiciones que faciliten a las personas y a la sociedad, optar por acciones saludables, y propiciar actitudes, valores y conductas, que motiven la participación en beneficio de la salud individual y colectiva.
d) Rehabilitación: al proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad, estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico, sensorial, psíquico y social, de manera que sean lo más autosuficientes posible.
e) Expresión anticipada de voluntad: al documento que contenga instrucciones para el momento que quien lo manifestó no se encuentre en circunstancias que le permitan expresar personal y libremente su voluntad.
f) Emergencia: a los casos en que la falta de asistencia y aplicación de primeros auxilios, puede poner en peligro la vida de una persona, o la función de sus órganos.
g) Sistemas de salud: a los recursos de salud interrelacionados y organizados, a través de mecanismos de integración.
h) Niveles de atención: a los distintos grados de complejidad, de tecnología médica y recursos, como respuesta diseñada para satisfacer las necesidades de los individuos y la comunidad.
i) Recursos de salud: a las personas físicas o jurídicas que gestionen, administren, presten servicios, o realicen actividades de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, investigación, docencia, o cualquier otra acción relacionada directamente con la salud.
j) Discapacidad: a la alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
k) Funciones esenciales de la salud pública: a los procesos y acciones que permiten un mejor desempeño de las prácticas de la salud pública para afianzar las capacidades institucionales necesarias.
l) vigilancia en salud pública al conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública.
m) cribado a las actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas.
ARTÍCULO.5°- Autoridad de aplicación.
Es Autoridad de Aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Provincia, con facultades de regulación, y fiscalización del fiel cumplimiento de la presente y su reglamentacion, garantizando la salud como bien de interés público.
ARTÍCULO.6°- Funciones de la autoridad de aplicación.
a) ejecutar las funciones esenciales de la salud pública;
b) establecer políticas de salud;
c) garantizar los derechos de las personas y vigilar el cumplimiento de sus deberes.
d) elaborar programas de prevención y promoción de la salud;
e) dirigir y normar acciones de vigilancia epidemiológica;
f) ordenar la inmediata cesación, prohibición o limitación de toda conducta que pudiera ser riesgosa para la salud de las personas o de la población;
g) determinar las medidas necesarias para proteger a la población en caso de epidemias;
h) fortalecer alianzas intersectoriales;
i) planificar estratégicamente, gestionar y establecer prioridades en salud pública;
j) controlar la calidad de las acciones de salud y normatizar procedimientos;
k) incentivar el desarrollo, la formación y capacitación continua de los RRHH en salud;
l) Incentivar la investigación en salud;
m) fiscalizar los RRHH en salud;
n) encuadrar las conductas en salud en el marco de la bioética;
o) alentar la participación de todos los habitantes de la Provincia en el compromiso por el mejoramiento de la salud;
p) controlar y fiscalizar la infraestructura física de las instituciones;
q) inspeccionar los equipos de tecnología médica;
r) controlar el uso adecuado del medicamento;
s) mantener actualizada la información estadística;
t) desarrollar políticas y acciones de prevención, y respuesta a situaciones de emergencia o desastres que influyan en la salud;
u) priorizar planes y programas destinados a las personas que conforman los grupos prioritarios;
v) crear conciencia en la donación de órganos y tejidos;
w) controlar la salud de frontera;
x) toda otra función que le competa por su rol rector, de regulación, fiscalización, y sanción.
ARTÍCULO.7°- Derechos.
a) al acceso a las prestaciones y servicios de salud;
b) al respeto de su personalidad, dignidad humana, e identidad;
c) a que se respete su intimidad, privacidad y confidencialidad de toda información relacionada con su salud. respetando los principios del secreto profesional.
d) a no ser discriminados por ninguna causa;
e) a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de su salud, cumplan con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales;
f) a ser informado en términos comprensibles, en forma completa y continua, sobre su proceso salud-enfermedad;
g) a participar en actividades de prevención, promoción y capacitación para el cuidado de la salud, en forma individual o agrupada;
h) a realizar propuestas a la autoridad de aplicación;
i) a hacer uso de la posibilidad de la expresión anticipada de su voluntad.
La enumeración precedente es enunciativa y no excluye otros derechos no enumerados, que surjan de la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO.8°- Alcance del derecho a la información.
El derecho a la información permite conocer:
a) los derechos que otorga esta ley, y las vías para ejercitar tales derechos;
b) las actuaciones y prestaciones de salud, y la forma de acceder a las mismas;
c) los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población;
d) las opciones clínicas disponibles y la posibilidad de negarse al tratamiento.
ARTÍCULO.9°- Requisitos para la validez de la expresión anticipada de su voluntad.
Para que la expresión anticipada de la voluntad sea válida y aplicable, deben cumplimentarse los siguientes requisitos:
a) el manifestante debe ser mayor de edad, con capacidad legal suficiente;
b) realizarse ante escribano público;
c) las previsiones incluidas deben estar acordes al ordenamiento jurídico.
El manifestante puede incluir la designación de un representante como interlocutor válido.
ARTÍCULO.10° - Consentimiento informado previo.
Es requisito indispensable para cualquier práctica o intervención, el consentimiento previo por escrito, de la persona implicada o sus representantes, en aplicación del principio de autonomía del paciente, y respeto a sus creencias y preferencias en cuidados médicos.
ARTÍCULO.11 - Excepciones al consentimiento informado previo.
Exceptuase de la obligación médica de obtener el consentimiento informado previo, cuando:
a) la no intervención suponga un riesgo para la salud pública;
b) la demora pueda ocasionar lesiones irreversibles en la persona o exista peligro de muerte.
ARTÍCULO.12- Obligaciones.
Todas las personas están obligadas:
a) a velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud y la de las personas a su cargo;
b) a cumplir las prescripciones, respetar las pautas y acciones sanitarias, que la autoridad de aplicación promueva;
c) a colaborar con los profesionales sanitarios y facilitar información para la atención adecuada;
d) a firmar el documento de no aceptación del tratamiento recomendado y en su caso del alta voluntaria,
e) a respetar las normas establecidas en cada centro sanitario y a cuidar sus instalaciones;
f) a cumplir normas y procedimientos establecidos en la presente Ley y su reglamentación,
g) a colaborar con la prevención, mitigación, preparación o resolución de emergencias o desastres,
La enumeración precedente es enunciativa y no excluye a otras obligaciones no enumeradas que surjan de la necesidad de salvaguardar la salud pública o de terceras personas.
ARTÍCULO.13- Primacía de la salud pública.
La salud pública prima sobre la autonomía y voluntad individual de las personas. Los derechos individuales ceden cuando su cumplimiento atenta contra la salud colectiva.
Ninguna persona puede actuar, o ayudar en prácticas, que signifiquen peligro, menoscabo o daño, para la salud de terceros o de la población
La autoridad de aplicación puede requerir por medio de la fuerza pública, el cumplimiento del deber personal de atender y conservar la propia salud, cuando tal omisión sea susceptible de incidir en la salud pública o en la de terceras personas.
ARTÍCULO 14.- Vigilancia en Salud Pública.
La vigilancia en salud, tiene por objeto mantener un sistema de alarma precoz y respuesta rápida, a situaciones de amenaza para la salud de la población, y abarca:
a) los condicionantes sociales, ambientales, alimentarios, laborales y sus efectos sobre la salud;
b) las enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes,
c) cualquier otro factor que pueda tener consecuencias sobre la salud de las personas.
ARTÍCULO 15.- Prevención de la salud.
La prevención tiene por objeto, eliminar o reducir, la incidencia y la prevalencia de enfermedades, a través de:
a) información,
b) políticas sobre los determinantes de la salud,
c) programas de detección precoz de la enfermedad,
d) acciones de prevención primaria, como la vacunación,
e) programas dirigidos a personas pertenecientes a grupos prioritarios,
f) programas de zoonosis y enfermedades emergentes.
ARTÍCULO 16.- Acciones de cribado.
Las acciones de cribado, con el objeto de detectar riesgos específicos y brindar seguridad, laboral, se implementan a través de las campañas bajo criterios científicos, con exclusión de pruebas indiscriminadas o sin justificación expresa para la salud.
ARTÍCULO 17.- Promoción de la salud.
La promoción de la salud comprende actividades educativas y de difusión dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, para modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.
ARTÍCULO 18.- Protección de la salud.
La protección de la salud se lleva a cabo por medio de actividades y servicios que actúan sobre los riesgos presentes en el medio ambiente, en los alimentos, y en sustancias y productos peligrosos.
Por reglamentación se determinaran las actividades que requieran autorización sanitaria previa e inscripción obligatoria en un registro que se llevara al efecto.
ARTÍCULO 19.- Recuperación de la salud.
Para la recuperación de la salud de las personas, la autoridad de aplicación debe disponer un sistema integrado de prestaciones y servicios de salud, con la conformación de redes de atención, por niveles y capacidad de resolución y respuesta.
ARTÍCULO 20.- Rehabilitación
Para la rehabilitación de las personas con discapacidad, la autoridad de aplicación, debe:
a) promover la identificación temprana e intervención de las discapacidades;
b) apoyar la integración de los servicios de rehabilitación comunitaria al sistema de salud;
c) facilitar el desarrollo de dispositivos apropiados y el acceso a esos dispositivos,
d) difundir los mecanismos de rehabilitación basado en las mejores pruebas científicas disponibles.
RRHH. DOCENCIA E INVESTIGACION
ARTÍCULO 21.- Capacitación formación continua, incentivos
La autoridad de aplicación, promueve la capacitación y facilita la formación continua en el desarrollo profesional, a través de incentivos, estímulos, permisos y licencias.
ARTÍCULO 22.- Formación en disciplinas criticas.
La autoridad de aplicación determina y promueve las disciplinas críticas en las que se requiere la formación de RRHH, pudiendo aplicar incentivos económicos y laborales a ese fin, conforme a las previsiones presupuestarias pertinentes.
ARTÍCULO 23.- Investigación científica.
La realización de cualquier tipo de investigación científica en seres humanos, debe ser previamente autorizada por la autoridad de aplicación, y deben rigurosamente observarse principios científicos reconocidos.
A excepción de lo normado en el artículo 13 de la presente ley, en toda investigación de salud, prevalece el bienestar individual y la integridad física y psíquica de los sujetos sometidos a estudio, por sobre los intereses de la ciencia y de la comunidad.
ARTÍCULO 24 .- Investigaciones con aportes del Estado.
El Estado puede solventar, en todo o en parte, las investigaciones científicas en salud que tengan por objeto examinar los condicionantes de la salud pública y resolver la problemática de patologías propias o de incidencia provincial, y cumplan con los requisitos fijados por la reglamentación.
En estos casos, el Estado goza de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los productos de los estudios realizados.
Facultase a la autoridad de aplicación de la presente a la firma de convenios para la formación de recursos humanos e investigaciones científicas en salud, con Universidades e Institutos especializados reconocidos por autoridad competente.
DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES MÉDICAS
Y DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y AUXILIARES DE LA SALUD
ARTÍCULO 26.- Profesiones.
Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia, o cualquier otra directamente relacionada con la atención de la salud de las personas, se requiere:
a) título habilitante;
b) estar inscripto en la matricula respectiva,
c) no encontrarse inhabilitado,
d) no ejercer actividades incompatibles.
ARTÍCULO 27.- Especialidades.
La autoridad de aplicación conforme a la reglamentación, reconoce las especialidades de salud, de acuerdo a la nomina aprobada por la Autoridad de Salud Nacional, y obtenidas en instituciones u organismos previamente avalados, mediante residencias, carreras de especialistas en universidades públicas y privadas, del país o extranjeras reconocidas, o procesos de capacitación de entidades científicas reconocidas por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 28.- Certificación y recertificación.
Los profesionales de la salud deben someterse periódicamente conforme a la reglamentación, a los procedimientos de certificación y re certificación que imponga la autoridad de aplicación, con el objeto de ratificar la capacidad y calidad profesional, técnica y científica.
ARTÍCULO 29- Compromiso con el Estado Provincial.
Toda persona que para su formación de grado, especialidad, o trabajo de investigación; haya recibido subvención o beca del Estado Provincial, tiene la obligación de prestar colaboración, servicios, o información, si el Estado se lo requiere, y en los términos y condiciones aceptados al momento de recibir el aporte estatal.
ARTÍCULO 30.- Objetivos del sistema de Salud Provincial.
La conformación del sistema provincial tiene por objetivo organizar y regular los recursos, a través de mecanismos de integración, correcta administración y protocolización de procedimientos, para garantizar el cumplimiento de los fines y principios consagrados en esta ley.
ARTÍCULO 31.- Alcances del sistema provincial de salud.
El sistema provincial de salud comprende:
a) las instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por la autoridad de aplicación,
b) los recursos humanos en salud,
c) las personas físicas y jurídicas de la comunidad que realicen acciones de salud.
SUB SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO 32.- Modelo de gestión.
El sub sector público de la salud, se circunscribe a un modelo de centralización normativa, con descentralización administrativa, técnica y de servicios, fundado en la gestión por objetivos, que responde en forma sistemática a la relación entre territorio, población y recursos existentes, en base al enfoque epidemiológico.
ARTÍCULO 33.- Bases del modelo de gestión.
El modelo de gestión del sub sector público se basa en:
a) la optimización de recursos mediante mejoras en la relación costo-servicio resultante y en la relación servicio-demanda cubierta,
b) la aplicación de criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y empleo de los recursos disponibles,
c) el fortalecimiento de sistemas y redes de información y comunicación,
d) la transparencia de la información relativa al uso de los recursos del Estado,
e) la calidad de servicios,
f) la participación y control ciudadano.
ARTÍCULO 34.- Regionalización Sanitaria.
La regionalización tiene como objetivo alcanzar condiciones superiores de salud a través de la accesibilidad y cobertura, atendiendo a las necesidades reales de cada población con servicios adecuados, oportunos y permanentes.
Por reglamentación se delimitarán y actualizarán periódicamente los límites de cada región, en atención a factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climáticos, de vías de comunicación y de instalaciones sanitarias existentes.
ARTÍCULO 35.- Niveles de atención
La autoridad de aplicación determina y categoriza, los servicios de salud por niveles de atención, en base al análisis de las necesidades y demandas, la capacidad tecnológica de respuesta, y recursos del sistema.
ARTÍCULO 36.- Red de Servicios.
La red de salud se conforma con las estructuras de servicios de salud organizadas y vinculadas entre sí, bajo un adecuado sistema de referencia y contra-referencia que permita la atención integrada y de óptima calidad.
ARTÍCULO 37.- Derivaciones
La autoridad de aplicación por reglamentación elaborará y mantendrá actualizados los protocolos de derivación entre establecimientos, conforme a la regionalización sanitaria y al funcionamiento de la red de atención de la salud.
ARTÍCULO 38.- Habilitación de establecimientos y servicios.
Los establecimientos de salud y los servicios médicos del subsector privado, para funcionar deben estar habilitados por la autoridad de aplicación, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en reglamentos y normas técnicas en relación a planta física, equipamiento y tecnología médica, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos.
ARTÍCULO 39.- Evaluación y control.
Los establecimientos de salud y servicios privados, habilitados por parte de la autoridad de aplicación, quedan sujetos a las acciones propias de inspección, fiscalización y control, con la consecuente aplicación de sanciones de corresponder; todo ello de conformidad con la presente ley y su reglamentación.
Los establecimientos de salud del sub sector privado, tienen el deber de informar a la Autoridad de Aplicación:
a) las características de los servicios que prestan,
b) los aspectos esenciales vinculados con los actos médicos,
c) las condiciones económicas de la prestación de los servicios,
d) las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria,
e) toda otra información que disponga la autoridad de aplicación tendiente a evitar la propagación de enfermedades, y asegurar la salud de las personas.
Por reglamentación, se determinara la forma y plazos de presentación de la información que sea requerida y de la documentación que sirva de respaldo.
ARTÍCULO 41.- Padrones de beneficiarios.
Los organismos de seguridad social y los entes financiadores de salud de cualquier naturaleza, deben mantener actualizados los padrones de beneficiarios y adherentes e informar a la autoridad de aplicación conforme a la reglamentación.
ARTÍCULO 42.- Pago de prestaciones al sub sector público.
La seguridad social debe abonar por las prestaciones del subsector estatal de salud brindadas a sus beneficiarios y adherentes, sin necesidad de autorización previa; por los mecanismos y en los plazos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 43.- Auxilio, traslado y atención de emergencia.
Todas las personas tienen derecho a ser auxiliadas por unidades de emergencia, a ser trasladadas a un establecimiento de salud, y a recibir atención médica o quirúrgica de emergencia,
Las unidades de traslado, los profesionales de la salud, y las instituciones; públicas, privadas, o de la seguridad social; deben proceder de inmediato cuando una persona lo requiera y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud.
Una vez que cese el estado de emergencia, los profesionales e instituciones prestadoras del servicio, podrán solicitar el reintegro de gastos y pago de honorarios a quien corresponda.
ARTÍCULO 44.- Negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico
En caso de que la negativa sea en nombre de menores o incapaces, los responsables del servicio o institución obligada, deben proceder en salvaguarda de la vida y la salud y comunicarlo inmediatamente a la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 45.- Expendio, venta y distribución de medicamentos.
El expendio, venta o distribución de medicamentos al público, debe hacerse exclusivamente en farmacias y bajo la responsabilidad de un profesional farmacéutico, con excepción de los programas de salud monitoreados por la autoridad de aplicación, y los medicamentos que se utilicen en instituciones para pacientes internados.
ARTÍCULO 46.- Genéricos
El profesional al prescribir un medicamento debe expresar en la receta el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional, seguida de la formula farmacéutica y dosis, con detalle del grado de concentración.
El farmacéutico es responsable de la dispensación, de brindar información al usuario, y ofrecer alternativa química y farmacológicamente equivalentes al medicamento prescrito en la receta, en igual forma farmacéutica y dosis.
ARTÍCULO 47.- Provisión de medicamentos a personas de escasos recursos.
La autoridad de aplicación debe arbitrar los mecanismos para la provisión oportuna de los medicamentos esenciales a las personas de escasos recursos, conforme a la reglamentación.
ARTÍCULO 48.- Fiscalización de equipos, instalaciones y operadores
La autoridad de aplicación debe fiscalizar el equipamiento médico tecnológico y sus instalaciones, su correcto uso, y la operación de los equipos por personas capacitadas y autorizadas al efecto, a fin de garantizar la seguridad de los pacientes, operadores y terceros, y la calidad de los servicios.
Las condiciones y requisitos para la habilitación y funcionamiento, y las sanciones previstas ante el incumplimiento de esas condiciones serán previstos por reglamentación.
TRASPLANTE DE ORGANOS Y MATERIAL ANATOMICO HUMANO.
ARTÍCULO 49.- Derecho a la implantación de órganos y materiales anatómicos.
Todas las personas tienen derecho a la implantación de órganos y materiales anatómicos, cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente.
ARTÍCULO 50.- Derecho de las personas trasplantadas, en listas de espera y donantes vivos.
Las personas trasplantadas, las que se encuentran en lista de espera para trasplante, y los donantes vivos; gozan de cobertura total para la atención médica integral. Asimismo la autoridad de aplicación debe implementar los mecanismos tendientes a garantizar buena alimentación, vivienda, educación, e inserción laboral de estas personas.
ARTÍCULO 51.- Acciones de la autoridad de aplicación para la procuración, ablación, y trasplante.
A efectos de la procuración, ablación, y trasplante de órganos y tejidos la autoridad de aplicación debe:
a) Implementar programas de formación y actualización continua de los profesionales y técnicos involucrados en los procesos;
b) procurar estructuras hospitalarias adecuadas;
c) conciencizar a la comunidad sobre los beneficios de la donación;
d) detectar potenciales donantes;
e) diagnosticar cuando se produce la muerte encefálica de todo individuo internado en una UTI;
f) iniciar oportunamente el monitoreo y sostén de las funciones orgánicas
g) obtener el consentimiento de familiares para la ablación, si no existe consentimiento personal post mortem;
h) evaluar la viabilidad de los órganos y tejidos;
i) toda otra acción tendiente a favorecer procuración, ablación, y trasplante de órganos y tejidos
UNIDADES Y PROGRAMAS ESPECIFICOS
ARTÍCULO 52.- Accidentes domésticos y de transito
La autoridad de aplicación, en coordinación con instituciones y organismos, públicos y privados; debe fomentar y promover acciones de concienciación a la población, y difusión de mecanismos para la prevención y control, de accidentes domésticos y de transito.
ARTÍCULO 53.- Salud mental y adicciones
El tratamiento y abordaje de la salud mental y de las adicciones, debe llevarse a cabo desde una perspectiva integral, interdisciplinaria y conformando redes de atención, que garanticen la preservación de los derechos y dignidad de las personas afectadas.
La autoridad de aplicación debe disponer todos los dispositivos necesarios tendientes a evitar y combatir el alcoholismo, el tabaquismo, los desequilibrios alimentarios y la droga-dependencia.
ARTÍCULO 54.- Reproducción responsable. Métodos anticonceptivos.
Toda persona tiene derecho a recibir información adecuada sobre los métodos anticonceptivos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos; y elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia. En caso de métodos definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en un documento escrito.
ARTÍCULO 55.- Tratamiento de infertilidad.
Toda persona tiene derecho al acceso equitativo, al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, a través de los mecanismos que establezca la autoridad de aplicación por reglamentación conforme a los recursos disponibles.
ARTÍCULO 56.- Normatización de procesos y evaluación de satisfacción.
La autoridad de aplicación debe regular y normatizar los procesos en la atención de la salud y administración de recursos, y promover la existencia de sistemas de evaluación periódica del desempeño de los recursos humanos, y de valoración de la satisfacción de los usuarios.
ARTÍCULO 57.- Deberes y derechos exhibidos. Libro de quejas.
En todas las instituciones, servicios de salud, y unidades de traslado de emergencias, públicos y privados, deben exhibirse los deberes y derechos reconocidos en la presente, y tener a disposición de los usuarios de los servicios, sus familiares o personas a cargo, un libro rubricado, firmado y sellado, por la autoridad de aplicación, donde se pueda dejar sentado inquietudes y quejas.
ARTÍCULO 58.- Sugerencias, reclamos, y denuncias.
Todas las personas pueden hacer sugerencias, realizar reclamos, y promover denuncias, ante la autoridad de aplicación, que debe activar los procedimientos de fiscalización, auditoría y control, y el procedimiento sancionatorio de corresponder.
ARTÍCULO 59.- Desempeño del Consejo Asesor de Salud.
El Consejo Asesor Salud, órgano con carácter consultivo, ad-honorem, y no vinculante, funciona como ámbito de integración, participación, y consenso de políticas sanitarias, con el objeto de permitir la interactuación de todos los sectores de la salud, y la comunidad.
La autoridad de aplicación garantiza su desempeño previendo los gastos para su funcionamiento.
ARTÍCULO 60.- Inicio del procedimiento sancionatorio.
La autoridad de aplicación debe iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio a las personas físicas o jurídicas responsables de las acciones u omisiones que constituyan infracciones a esta ley o su reglamentación, sin perjuicio de otras sanciones o penas que pudieran corresponder.
ARTÍCULO 61.-. Obligación de denunciar.
En los supuestos que una infracción que diera origen al procedimiento sancionatorio, pudieran constituir un delito el funcionario que tome razón de los hechos debe comunicar inmediatamente a la autoridad jurisdiccional competente.
ARTÍCULO 62.- Penas
La autoridad de aplicación dispondrá las penas en los términos y condiciones que establece la presente y su reglamentación, pudiendo imponerse:
c) suspensión de habilitación
d) clausura de instituciones o servicios.
e) suspensión de la matricula
f) inhabilitación de la matricula.
Las cuantías de las multas serán actualizadas periódicamente por Decreto del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 63.- Calificación de infracciones
Las infracciones a esta ley y su reglamentación, se califican atendiendo a criterios de:
a) riesgo para la salud de la población,
b) gravedad de la alteración sanitaria o social producida,
c) cuantía del eventual beneficio obtenido,
d) grado de intencionalidad,
ARTÍCULO 64.- Medidas cautelares.
Con carácter excepcional, cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, si existen indicios racionales de riesgo para la salud, la Autoridad de Aplicación en el ámbito de su competencia por resolución fundada podrá adoptar las siguientes medidas:
a) la inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias,
b) el cierre preventivo de instalaciones, establecimientos, o servicios,
c) la suspensión del ejercicio de actividades a profesionales ,
d) cualquier otra medida ajustada a la legislación vigente.
FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO
ARTÍCULO 65.- Recursos del sector público
Son recursos del sector público de salud:
a) Las partidas presupuestarias provenientes del presupuesto anual de gastos de la provincia, que no podrá ser menor al 15 % del total de lo presupuestado para cada ejercicio financiero.
b) los ingresos provenientes del arancelamiento hospitalario,
c) las asignaciones especiales con fines específicos en salud,
d) los ingresos provenientes de convenios de cooperación,
e) los préstamos y/o aportes nacionales e internacionales,
f) los aportes que resulten de legados o donaciones.
ARTÍCULO 66.- Fondo de redistribución.
Los ingresos señalados en el inciso b) del artículo precedente, corresponde al efector que lo devengo, excepto un porcentaje que integra un fondo de redistribución presupuestaria destinado a equilibrar y compensar las situaciones de desigualdad de las diferentes áreas y regiones.
ARTÍCULO 67.- Adecuación del presupuesto.
Se establece un plazo de tres años para que el Poder ejecutivo ajuste el presupuesto anual de gastos de la provincia, a lo normado en el articulo 65 inciso a) de la presente ley.
ARTÍCULO 68.- Vigencia
ARTÍCULO 69. Reglamentación
El poder Ejecutivo reglamentara la presente ley en el plazo de noventa días a partir de su promulgación.