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Timestamp: 2017-10-23 04:05:21
Document Index: 106840024

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 86', 'in fine', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 7']

- Informe Anual 1997
En mi carácter de Defensor del Pueblo de la Nación y conforme los términos del artículo 31 de la ley Nº 24.284, tengo el alto honor de poner a consideración del Honorable Congreso de la Nación el presente Informe Anual, que da cuenta de la labor realizada durante el año 1997.
Me complace pues, informar a los señores legisladores nacionales acerca de las quejas que han sido tramitadas, su número y tipo; las que fueron objeto de rechazo, sus causales; y el objeto de las investigaciones llevadas a cabo, así como el resultado de las mismas (conf. art. 32 ley Nº 24.284).
Conforme lo previsto en el artículo 32 de la ley orgánica de esta Institución, el Defensor del Pueblo de la Nación está facultado para proponer al Congreso de la Nación las modificaciones normativas que permitan su más armónico funcionamiento. Es por ello que, junto al presente Informe Anual, se adjunta un anteproyecto de ley modificatorio de la ley vigente a fin de adecuar esas normas, sancionadas con anterioridad a la Constitución Nacional de 1994, a las facultades que la Institución tiene asignadas por nuestra Carta Magna.
Es esta la cuarta oportunidad en que la Institución constitucional a mi cargo desde el 17 de octubre de 1994, brinda su Informe Anual al Congreso Nacional. Y tal como lo vengo afirmando desde el primer Informe presentado el día 24 de mayo de 1995, lo hago con el objetivo de ilustrar a los señores legisladores acerca del nivel de respeto de los derechos y libertades de nuestra Carta Magna efectuando, al mismo tiempo, una valoración de la actuación de las distintas dependencias administrativas.
Conforme lo pusiera de manifiesto en los citados Informes precedentes, la radiografía que proporcionan estas páginas deparan una imagen de los elementos patológicos, de los comportamientos disfuncionales, abusivos y violatorios de los derechos humanos que aparecen en la actuación de las administraciones públicas. Y al mismo tiempo que esta Institución ha desarrollado la función tuitiva de los derechos humanos prescrita por la primera parte del artículo 86 de nuestra Constitución Nacional, ha actuado firmemente en su tarea de control del ejercicio de las funciones administrativas públicas (artículo 86, primer párrafo, in fine).
El descubrimiento y diagnóstico de la disfunción nos permiten tener un conocimiento del estado de salud del entramado social. En muchos casos, se trata de comportamientos aislados que son superados con la buena voluntad y disposición de las autoridades, tanto nacionales como provinciales; en algunos otros, lamentablemente, nos encontramos ante vicios enquistados en el ejercicio del poder y que, por su carácter sistemático y general, adquieren singular gravedad.
Recuerdo a los señores legisladores que, al constituirme en el primer Defensor del Pueblo de la Nación –u Ombudsman nacional– he asumido, además de las obligaciones que me impone el ejercicio de las facultades atribuidas constitucionalmente, el compromiso de marcar los perfiles, la senda o el rumbo que parece apropiado imprimir a esta figura sobre la base de su larga trayectoria y el sólido prestigio que la institución del Ombudsman tiene en el derecho comparado.
En ese sentido, he predicado desde que asumiera el cargo acerca de cuáles son los rasgos más adecuados para insertar a esta figura en el entramado social e institucional de nuestro país. Para no reiterar cada uno de esos principios esenciales, me remito en lo pertinente a los Informes Anuales de 1994, 1995 y 1996. Ustedes encontrarán allí precisas definiciones respecto del carácter de esta figura.
En el Informe Anual del año anterior agregué una característica adicional que la experiencia cotidiana me demandaba como esencial. En esa oportunidad expresé que “... el Defensor del Pueblo no puede adoptar una actitud conformista ante la patología que llega a su conocimiento. Debe estar comprometido con una visión más justa de la sociedad que permita la dignificación del ser humano y actuar sobre los factores que distorsionan los valores de una comunidad. Debe ser un innovador, casi un rebelde con causa...” (Informe Anual 1996, página 5).
Hoy, nuevamente me veo en la necesidad de precisar aún más las calidades de la figura y por ello sostengo que el Defensor del Pueblo de la Nación es una institución que debe actuar con objetividad, pero con parcialidad. Es que quien convive con la injusticia generada por los excesos o abusos del poder público y del poder privado, económico en la especie, no puede permanecer distante ni imparcial ante esa situación. Así como un fiscal en un proceso penal debe acusar y al hacerlo cumple cabalmente su misión asumiendo una actitud parcial, de la misma forma el Defensor del Pueblo, tal como su propia denominación lo indica condicionando y comprometiendo su labor, debe ponerse en los zapatos del quejoso; debe asumir la posición del insatisfecho, del descreído, del desesperanzado, de aquel cuyos derechos humanos han sido desconocidos, por acción u omisión.
Por ello, y aunque algunas autoridades –afortunadamente, cada vez menos– todavía no comprendan por qué su Titular adopta actitudes de cuestionamiento hacia manifestaciones abusivas de poder, tal vez la lectura de este Informe les abra los ojos acerca de que este Defensor del Pueblo de la Nación no está en contra del poder sino a favor de la gente y no pretende, con sus críticas o impugnaciones judiciales a actos del Poder Ejecutivo, socavar a ese Poder. Muy lejos está eso de mi espíritu; aspiro, en cambio, a ilustrar a quienes tienen la difícil misión de gobernar acerca de cuáles son las insatisfacciones o dolencias más frecuentes que sufren integrantes de nuestra sociedad. Por supuesto que es tarea difícil gobernar; por supuesto que resulta ardua y compleja la labor de conciliar los distintos tipos de intereses que convergen o colisionan, según el caso, en la sociedad; pero no puede ocultarse que la primera o última justificación del Estado –según sea causa fuente o causa fin– es servir de medio para la consecución de una sociedad justa que dignifique al ser humano; así, todos los actos estatales deberían encaminarse hacia el cumplimiento o satisfacción de tan alto objetivo y todos los funcionarios deberían constituirse en virtuales defensores del pueblo.
Conforme lo vengo señalando desde mi Primer Informe Anual y ratificado en los numerosos Informes Especiales que he dirigido al Congreso de la Nación, a través de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, tengo el profundo orgullo de desempeñar la función que se me ha encomendado con total libertad e independencia. No dudo que algunos de los sectores afectados por la labor de la Institución desearían que la letra de la Constitución Nacional cuando en su artículo 86 expresa “...El Defensor del Pueblo (de la Nación) actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad...”, fuera más retórica que efectiva; pero a cambio de eso puedo mostrar al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la dirigencia política, a los medios de comunicación y a la sociedad toda, una Institución que actúa con plena autonomía, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad o sector político y que no ha sufrido presiones o condicionamientos en su labor. Este orgullo que disfruto como titular de esta Institución, quiero compartirlo con todos los sectores de la sociedad argentina ya que constituye, a mi juicio, una sólida muestra del desarrollo de nuestras instituciones.
Para comprender más cabalmente estas palabras, debe tenerse presente que este órgano constitucional, tal como fuera diseñado por los convencionales constituyentes de 1994, tiene caracteres muy especiales que lo singularizan; así por ej.:
1) está dentro del Estado, pero fuera del Gobierno;
2) carece de la coacción jurídica tradicional no encontrándose facultado para aplicar sanciones, revocar, anular o modificar actos jurídicos;
3) actúa, en cambio, en el plano del reproche o cuestionamiento moral de actos, hechos u omisiones del poder público y del poder privado, económico en la especie;
4) no modifica relaciones jurídicas ya que actúa en el plano de la persuasión (por lo menos en sede administrativa) mediante recomendaciones, advertencias y recordatorios de los deberes legales y funcionales; por ello es clásica en la doctrina comparada la afirmación de que “el ombudsman no vence, sino convence”;
5) si bien carece de aquella clásica coacción jurídica cuando culmina su labor de investigación, sí la puede ejercer al requerir informes, actuaciones, expedientes y dictámenes de los funcionarios administrativos y de los responsables de empresas privadas gestoras de servicios públicos, bajo el apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista para el delito de desobediencia (art. 239 Código Penal);
6) la falta de competencia para revocar actos y situaciones jurídicas en sede administrativa, se compensa con la amplia legitimación que le ha otorgado la Constitución Nacional y que le permite, incluso, demandar, por ejemplo, al propio Estado cuestionando, actos, hechos u omisiones administrativas.
Como lo podrán advertir los señores legisladores en los respectivos capítulos de este Informe Anual, se ha ejercitado la facultad de cuestionar judicialmente actos públicos con prudencia, aunque con firmeza, en la inteligencia que, en determinadas circunstancias, la mera recomendación o advertencia no son recursos suficientes para poner freno a actos ilegales o violatorios de la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, tuve necesidad de cuestionar judicialmente, por vía de acción de amparo, el decreto Nº 92/97 por el cual se autorizó el llamado “rebalanceo telefónico”. En esa ocasión, al impugnar los aumentos en las tarifas telefónicas autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, recordé las diversas audiencias públicas en las cuales había advertido, oportuna y anticipadamente, a las autoridades competentes acerca de la injusta medida que propiciaban las empresas monopólicas licenciatarias del servicio. No obstante haber obtenido resoluciones favorables de la Justicia Federal que ordenaron a esas empresas no facturar con aumento y abstenerse de cortar el servicio a los usuarios que no abonaran las facturas si ellas contenían aumentos, hemos asistido a la impune actuación de las LSB quienes desconocieron abiertamente las resoluciones de la Justicia, obviamente con la aquiescencia de las autoridades competentes.
En otra ocasión, y como consecuencia de la citación efectuada por el Juzgado interviniente, el Defensor del Pueblo de la Nación tomó participación en la causa originariamente promovida por diversos legisladores nacionales que cuestionaron la privatización de una treintena de aeropuertos nacionales, instrumentada inicialmente por la vía de un decreto y luego mediante un decreto de necesidad y urgencia. Con la absoluta convicción de que nos encontrábamos ante actos manifiestamente violatorios del orden jurídico, adherí a esa presentación llegando hasta la Corte Suprema de Justicia y haciendo oír nuestra voz en una audiencia que fuera convocada por el más Alto Tribunal de la República. En esa oportunidad, expresé que no me oponía a la decisión de concesionar la explotación, administración y funcionamiento de las estaciones terminales aéreas del país; sí, en cambio, a la forma en que pretendía efectivizarla el Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, con un fallo que fue duramente cuestionado por importantes sectores de la vida política y unánimemente descalificado por la doctrina especializada, la Corte Suprema de Justicia convalidó el acto del Poder Ejecutivo y asestó un duro golpe al control difuso de constitucionalidad.
Con estos ejemplos –cuyo desarrollo y mayor detalle podrán ser apreciados en el capítulo respectivo– he querido poner de manifiesto que esta Institución no ha permanecido al margen de temas de profunda repercusión pública y cuando ha intervenido lo ha hecho en el legítimo ejercicio de sus cometidos constitucionales de tutela de los derechos humanos y de control de las funciones administrativas públicas. Reitero que, en todas y cada una de las ocasiones que he utilizado la vía judicial no me ha movilizado ningún interés desestabilizador ni obstruccionista de la gestión gubernamental. Por el contrario, he tratado de auxiliar al Gobierno señalando las desviaciones que, a mi juicio, muestran en algunos casos actos del Poder Ejecutivo.
Cabe destacar, con singular beneplácito, el amplio reconocimiento que ha alcanzado, durante el año ultimo, la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación por virtud de la jurisprudencia. Numerosos pronunciamientos judiciales, con prescindencia de la cuestión de fondo, han acogido favorablemente esa legitimación y perfilado sus alcances. Un párrafo del pronunciamiento de la sala II de la Cámara Nacional Federal en lo Contenciosoadministrativo, de fecha 26 de agosto de 1997, da una prueba de esa afirmación: “... 7. Que respecto de la legitimación del Defensor del Pueblo (de la Nación), cabe recordar que esta Institución fue consagrada constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994. Es importante transcribir lo expresado por los convencionales constituyentes para comprender la trascendencia de la función que le ha sido encomendada. Valga señalar que se le ha caracterizado como el abogado de la sociedad, investigador objetivo, inspector de asuntos públicos, facto de la opinión pública –Masnatta, miembro informante del despacho de la mayoría, Convención Nacional Constituyente, 13ª. Reunión, 3ª. Sesión ordinaria, 20 de julio de 1994... es un nuevo organismo de control, un organismo no tradicional de control de la Administración Publica, que no viene a sustituir a ningún otro sino a complementarlos... es un medio de participación democrática, porque está al servicio de los ciudadanos en forma directa, sin intermediarios ni formalismos. está para defender y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y de la colectividad...protege al pueblo frente a los hechos irregulares, arbitrarios...violatorios de la ley, realizados por la Administración Pública...–Menem, convencional por la provincia de La Rioja;...Que en el marco referencial hasta aquí expuesto, no puede sino concluirse que, en el caso, el Defensor del Pueblo (de la Nación) posee legitimación activa para intervenir en la presente causa. Tal capacidad le viene atribuida en función de la competencia que tiene constitucionalmente asignada: como defensor y protector de los derechos humanos y como controlador de las funciones administrativas publicas. Respecto de esta última, en tanto importa verificar el regular o irregular ejercicio de las funciones administrativas aún cuando no irroguen violación a los derechos o no se proyecten en ellos –al decir de Bidart Campos–, la legitimación aparece plenamente justificada si se advierte que a través de la presente acción se cuestiona la presunta actuación irregular del Poder Ejecutivo nacional que, mediante el dictado de un decreto habría fijado el marco regulatorio de un servicio público, excediendo así la esfera de su competencia e invadiendo la que constitucionalmente le ha sido asignada a otro poder del Estado...” .
Como se puede apreciar en el capítulo respectivo que da cuenta de la labor realizada a través del Area Legal y Contencioso de la Institución, en numerosas ocasiones el Defensor del Pueblo de la Nación fue convocado voluntariamente a pedido de los propios magistrados que quisieron escuchar su parecer en temas de relevancia institucional o colectiva.
II. DATOS ESTADISTICOS
El total de actuaciones iniciadas durante 1997 ascendió a 25.496, lo que constituye un incremento del 12,33% en comparación con lo actuado durante el año 1996. Cabe destacar que esa cantidad de actuaciones no representa necesariamente a la misma cantidad de quejosos ya que, como es usual, muchas quejas llegan firmadas por cientos y miles de personas. Debe tenerse en cuenta también que cuando el Defensor del Pueblo de la Nación promueve actuaciones de oficio se involucra en temas que, tal vez, atañen a un colectivo importante de habitantes de nuestro país. En ese sentido, durante el año último se promovieron de oficio un total de 196 actuaciones, fundamentalmente a partir de publicaciones periodísticas que daban cuenta de hechos irregulares.
De las actuaciones en trámite, fue concluido el 73,2% tal como se da cuenta en la parte especial del presente Informe Anual.
No se dio curso al 5,70% del total de quejas presentadas en función de temas que fueron planteados por los interesados pero que exceden el marco de competencia constitucional y legal de la Institución.
Evidenciando que la Institución va siendo conocida en su función tuitiva en todo el país, el 66,39% de las actuaciones tramitadas durante el año anterior corresponden al interior de nuestro país, mientras que el 33,61% han tenido su origen en quejas originadas en habitantes de la ciudad de Buenos Aires. La participación mayoritaria del interior del país se ha incrementado en un 4,5% con relación al año 1996.
El 49,8% del total de actuaciones promovidas fueron iniciadas a instancia de mujeres, mientras que el 48,14% respondió a la iniciativa de hombres. Personalmente se presentó el 67,40% de las actuaciones. mientras que por vía postal el 32,60%.
La incidencia temática en función de las áreas que conforman la estructura funcional de la Institución fue la siguiente:
1) el Area de Derechos Humanos y administración de Justicia el 12,80% del total de actuaciones;
2) el Area de Medio Ambiente, Administración cultural y educativa el 9,40%;
3) el Area de Administración sanitaria y acción social el 8,40%;
4) el Area de Administración económica el 40,40%;
5) el Area de Empleo y Seguridad social el 28,80% mientras que el Area Legal y Contencioso intervino en el 0,20% del total de actuaciones tramitadas.
Durante el año 1997 se han mantenido, aunque acentuándose, algunos características vinculadas a las demandas de la ciudadanía. Así, por ejemplo, se está afirmando la tendencia de que la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación ya no está destinada sólo al ciudadano individual sino también a las organizaciones no gubernamentales, a las entidades empresariales e, inclusive, a las propias autoridades públicas provinciales o locales cuando sus reclamos no son escuchados por la autoridad nacional.
Una prueba de esta última afirmación la constituyen, por ejemplo, las quejas promovidas, en dos oportunidades, por el Señor Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero Dr. Carlos Juárez, quien ha demandado nuestra intervención ante el enterramiento ilegal de gamexane en la localidad de La Argentina y ante la contaminación del Embalse de Río Hondo y por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, a través de su Presidente Sr. Jorge Lamelo, con motivo del estado de la Ruta Nacional Nº 33.
El 1,29% del total de actuaciones del año 1997 ha sido iniciado por entidades del sector público (organismos del Gobierno Nacional y Defensores provinciales y municipales) y por entidades del sector privado (empresas y organizaciones no gubernamentales).
En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 31, 2do párrafo de la ley 24.284, que faculta al Defensor del Pueblo de la Nación a presentar informes especiales a la Comisión Bicameral cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen, durante el año último se pusieron a consideración de dicha Comisión, 33 informes especiales.
Fueron emitidas un total de 179 recomendaciones a distintos organismos nacionales y provinciales habiéndose acogido favorablemente, hasta el cierre de este Informe, 95 de esas recomendaciones.
Como lo he señalado anteriormente, el año último fueron dos las áreas que concitaron la mayor demanda de la población y, consecuentemente, la actividad de este organismo.
1. En primer lugar, afirmando la tendencia que se advierte desde los mismos inicios del funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Nación, fue el Area de Administración Económica la que atrajo el 40,4 % del total de las quejas iniciadas. De ese universo antes mencionado, fueron solucionados favorablemente el 81,0% de las problemas planteados.
En este contexto, me veo en la necesidad de volver a llamar la atención de las autoridades competentes acerca de la necesidad de que sean más sensibles y permeables a las demandas de la ciudadanía. Cuando este Defensor del Pueblo de la Nación cuestiona, por las vías administrativa y judicial y utilizando frecuentemente el valioso auxilio de los medios de comunicación masivos, los abusos inferidos a los usuarios de servicios públicos monopólicos, no está inventando alguna irrealidad ni magnificando temas menores; solamente está sacando a la superficie la insatisfacción de ese universo amorfo, inorgánico y disperso integrado por los millones de usuarios de esos servicios.
Toda sociedad está integrada por sectores de personas que conforman lo que se denominan “grupos vulnerables”, en función de que sus derechos se encuentran en una posición más debilitada que otros con un status más fortalecido. Así, por ejemplo, en toda sociedad y no sólo en la nuestra, hay jubilados, aborígenes, discapacitados, asalariados, enfermos internados en hospitales públicos, niños en situación de abandono, procesados y condenados privados de su libertad, etcétera.
Nadie puede discutir, por ejemplo, que los derechos de los discapacitados, en cualquiera de sus manifestaciones, aparecen sabiamente resguardados en las normas positivas; pero tampoco puede negarse que, a pesar de esas declamaciones normativas, la realidad los golpea cotidianamente y les muestra cuán dura es su inserción en la sociedad superando barreras arquitectónicas o reclamando, por ejemplo, en el caso de los hipoacúsicos, el subtitulado de las películas que se proyectan por televisión. Los casos podrían multiplicarse; recordemos la permanente lucha de los aborígenes de nuestro país que pugnan por la vigencia real, y no solamente normativa, de los derechos que les reconoce– y no otorga– la Constitución Nacional; la situación de evidente desamparo que sufren los internados en establecimientos neuropsiquiátricos que, con frecuencia alarmante, hasta padecen el abandono familiar. La circunstancia de que algún lector no se encuentre identificado con ninguno de esos grupos citados no lo convierte en “invulnerable”. Precisamente he dejado para considerar con especial atención la situación de ese universo millonario en cantidad, pero minúsculo en fuerza, constituido por los usuarios de servicios monopólicos.
En el Informe Anual del año 1996 expresé “... el 31,6 % de las quejas se refieren a problemas vinculados a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, destacándose que los cuestionamientos se fundamentan principalmente en los problemas que afectan a los usuarios cautivos de las licenciatarias, quienes en caso de disconformidad con el servicio sólo pueden quejarse en lugar de optar por otra, debido a la índole monopólica de la prestación de los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Teniendo en cuenta que esta tendencia parece afirmarse, pues como en 1995, en 1996 a esta Area le correspondió alrededor del 32 % de las actuaciones, es mi obligación llamar la atención de las autoridades responsables acerca de la necesidad de que el Estado asuma de manera decidida su rol de regulador de (las) actividades económicas desarrolladas por empresas privadas..... el incumplimiento sistemático del precepto previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional –que contempla la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control–, son, entre otras, graves señales que ponen en evidencia el riesgo de encontrarnos frente a un Estado ausente que no asume su rol ante la sociedad. Si bien las nuevas conceptualizaciones en lo social y en lo económico determinan que el Estado de nuestros días no sea el benefactor que conocimos durante décadas, ello no puede implicar, por sí sólo, que se desdibuje su responsabilidad ante los ciudadanos y que ella se transfiera al sector privado y más específicamente, al sector empresario. De esta manera, se corre el riesgo de conformar una sociedad inequitativa, carente de solidaridad, donde se privilegie el individualismo y donde el ser humano resulte postergado por la economía. Debo recordar aquí que esta visión crítica que tiene el Defensor del Pueblo de la Nación no nace de un frío dogmatismo ni la he aprendido en voluminosos tomos de doctrina científica; este diagnóstico surge del contacto con la patología de la sociedad, con el sector de los insatisfechos cuya importancia, aunque se quiera minimizar u ocultar, debería ser un referente inexcusable para quienes tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones que aspiren al bien común. Mi obligación como Defensor del Pueblo (de la Nación) es proteger las microeconomías; es tutelar el derecho de los débiles; de aquellos que no tienen poder; de los ciudadanos que tienen la obligación de votar pero que no tienen voz o no son escuchados; de los contribuyentes a quienes se les recuerda hasta el cansancio sus obligaciones tributarias pero a los cuales no se les recuerda los derechos de los que son titulares; de aquellos usuarios que reconocen algunas bondades de la economía de mercado pero que no alcanzan a comprender cómo, en el marco de una economía liberal, resultan cautivos de empresas monopólicas que son insuficientemente controladas por las autoridades competentes...” (Tercer Informe Anual –1996–, páginas 9 y 10).
Si se me formulara la siguiente pregunta: ¿durante el año 1997, se produjeron cambios que hayan implicado una mejora en la situación denunciada? Mi respuesta, sin hesitar, sería: No. Por el contrario, a mi juicio, se ha agravado, acentuándose la situación de desprotección de esos usuarios.
El solo hecho de comparar las cifras de quejas ante esta Institución, sobre este tema, promovidas durante 1996 en relación con el año último, dan una acabada prueba de la veracidad de aquel aserto; mientras en 1996 las quejas representaron el 31,6 %, durante 1997 crecieron al 40,4 %. Es decir, no sólo se ha mantenido la tendencia de cuestionamiento en el área económica sino que ha aumentado significativamente el número de quejas.
Algunos hechos acaecidos durante el año último agravan el cuadro que fuera denunciado en 1996; así, por ejemplo:
a) se adoptaron decisiones acerca de tarifas de servicios públicos con absoluto desconocimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional (los aumentos en las tarifas telefónicas, en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas, en las tarifas de los peajes, etcétera.);
b) se prorrogó, por dos años, el monopolio de las empresas telefónicas sin la realización de una audiencia pública que hubiera permitido conocer si existían incumplimientos en las obligaciones de las LSB y valorar la labor de control de los organismos reguladores;
c) al mismo tiempo, se estableció, por decreto, un nuevo marco regulatorio para el citado servicio, desperdiciando la oportunidad de corregir cláusulas que a todas luces, hoy se muestran como abusivas; tal el caso del ajuste semestral de las tarifas en función de la inflación estadounidense cuando en el país hay índices deflacionarios o de mínima inflación. No es justo que el usuario argentino vea sus intereses sometidos a los vaivenes de regímenes económicos ajenos por completo a su realidad. Es verdad que ese método fue adoptado en su momento para desactivar expectativas inflacionarias domésticas, cuando todavía estaban frescas en el recuerdo colectivo las traumáticas experiencias de las hiperinflaciones. Pero hoy carecen de todo sentido tales recaudos, puesto que la inflación ha sido dominada de tal forma que en muchos momentos fue totalmente inversa. Debe revisarse, sin la menor duda, este mecanismo de ajuste tarifario para adoptar otro que resulte congruente con la realidad actual del país. Y si bien es cierto que la moneda argentina está atada al dólar estadounidense con iguales valores, de ninguna manera está atado de igual forma el nivel de vida de la inmensa mayoría de los argentinos;
d) se han creado entes reguladores por decreto en abierta violación a la norma constitucional que exige para ello sanción de leyes formales: (art. 42) “... La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control ”; por ejemplo, el decreto 660/96 (que creó la Comisión Nacional de Comunicaciones), y los más recientes 375/97 y sus modificatorios 1467/97 y 16/98, por los cuales se constituyó el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, como entidad descentralizada del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos;
e) se renegocian contratos de concesiones de servicios públicos como si se estuviera viviendo en 1990. Téngase presente lo acontecido con el servicio de agua y cloacas, con la concesión de rutas nacionales por peaje, con el servicio ferroviario, entre otros. Sin excepciones, todas esas renegociaciones han sido o están siendo motivadas por los pedidos de las empresas, las cuales terminan siendo beneficiadas con aumentos tarifarios que gravan insensiblemente los bolsillos de los usuarios. Estos, con sus sueldos congelados desde 1991, no comprenden cómo en una economía estabilizada, han podido incrementarse las tarifas desde el inicio de la convertibilidad en el orden del 75,3%; por qué los funcionarios siempre se esfuerzan por justificar los aumentos tarifarios como si ellos afectaran los bolsillos de habitantes de un país muy distante. Con certeza, los usuarios de servicios públicos tienen la sensación de que sus tarifas gozan de una extraña cualidad: la tendencia permanente al aumento.
La renegociación llevada a cabo con la empresa Aguas Argentinas respecto del servicio de agua potable y cloacas, constituye un reflejo calificado de las anteriores afirmaciones.
En este caso, ya en el mes de mayo de 1997 recomendé al Jefe de Gabinete de Ministros que, con relación a esa anunciada “renegociación”, se adoptaran diversas decisiones: 1) antes de encarar la misma, se verificaran los incumplimientos denunciados por el ente regulador que podrían acarrear la rescisión del contrato con la empresa concesionaria; 2) una vez cumplida la primera condición, se incorporara al Ente Regulador (ETOSS) a la mesa de negociaciones, hasta entonces conformada solamente por dos Secretarías de Estado y la empresa concesionaria; 3) en todo caso, de manera previa a la adopción de cualquier determinación que implicara afectación de los derechos de usuarios y consumidores del servicio, se realizaran audiencias públicas donde esos temas pudieran debatirse con amplitud y la intervención de todos los sectores interesados.
Ninguna de esas recomendaciones fue atendida; el contrato fue renegociado (aunque en realidad se trata de un nuevo contrato) agravándose la carga patrimonial de los usuarios que, sin haber tenido ninguna participación en aquella renegociación, hoy se ven obligados a solventar las inversiones de la Empresa.
Ante esa situación me vi en la obligación constitucional de promover las acciones judiciales pertinentes que, en el curso del corriente año, ya han devenido en una medida judicial que ordena suspender la facturación de los aumentos autorizados. Todo esto se podría haber evitado si la autoridad competente hubiera contemplado los reclamos del Defensor del Pueblo de la Nación quien estaba alertando acerca de la vulneración jurídica que se cernía sobre los derechos de millones de personas.
Frente a la renegociación de otros contratos de servicios públicos formulo una exhortación. Los actores protagónicos de este proceso no deben olvidar que estas renegociaciones se dan en un escenario distinto al que se configuró cuando las empresas fueron privatizadas. Hoy, las condiciones económicas, sociales e, incluso, constitucionales son diversas de aquellas que eran moneda corriente hace siete años atrás. En aquel momento todavía se padecían las secuelas del proceso hiperinflacionario; los sueldos públicos y privados, la economía toda no se desarrollaba en un marco de estabilidad y sujeta a la convertibilidad; los usuarios y consumidores no tenían normativizados y asegurados jurídicamente sus derechos, etc.
Es por eso que, sin vulnerar la seguridad jurídica (concepto que no debe amparar solo a los poderosos sino también a los débiles), hoy las autoridades responsables deben efectuar las correcciones necesarias para superar las falencias que signaron este proceso privatizador y que, por la ausencia de un papel activo del Estado, se han ido acentuando de una manera francamente alarmante. Deben atenderse ya las demandas de los usuarios y consumidores quienes son las más olvidados en este proceso de liberalización de la economía. Ellos, que debieran tener un rol protagónico porque así lo manda nuestra Carta Magna desde su reforma en 1994, son ignorados por quien debe ofrecerles protección. El derecho que les da amparo, todavía se asemeja a un mudo testimonio de un cambio que parece no querer implementarse a fondo y que se conforma con lo cosmético. Allí está reitero, para demostrarlo el artículo 42 de la Constitución Nacional con sus sabios preceptos; sin embargo, la práctica cotidiana, la omnipotencia de las empresas y la complacencia o connivencia de las autoridades se encargan de convertir en letra muerta ese digno precepto constitucional.
Es por ello imperioso que desde el Gobierno Nacional, y aún desde los Gobiernos provinciales (ya que cabe recordar los derechos de la Constitución Nacional rigen para todos los habitantes del país y ante cualquier autoridad que pretenda avasallarlos), se fortalezcan los organismos reguladores para que sean realmente factores de equilibrio entre partes desiguales, superándose de esa forma la sensación generalizada de que ellos son más permeables a los intereses de los concesionarios que a los derechos de los usuarios.
A esos efectos, los entes reguladores deben caracterizarse por ser órganos imparciales, alejados del poder político, integrados por técnicos especializados designados previa selección objetiva y con autonomía funcional y presupuestaria.
Tanto la ley Nº 24. 240 como el artículo 42 de la C.N., prevén la defensa de los usuarios y consumidores en salvaguarda de su salud, seguridad, intereses económicos, obtención de una información certera y libertad de elección. Estas normas imponen al Gobierno una serie de deberes que no han sido cumplidos satisfactoriamente: 1) educación para el consumo; 2) prevenir y erradicar toda forma de distorsión de los mercados; 3) controlar los monopolios naturales y legales; 4) promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos; 5) fomentar la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
En esta etapa de posprivatización y posregulación, al Estado se le plantea la necesidad de velar por el adecuado funcionamiento de los mercados desregulados y por la eficiente regulación de los servicios públicos entregados a empresas privadas, tratando de evitar prácticas anticompetitivas y abusivas. El gran desafío radica en no caer en excesos que afecten los planes de inversión garantizando, al mismo tiempo, los derechos de quienes deben ser el centro de atención: los usuarios y consumidores. Estos, lo reflejan las quejas presentadas ante este Organismo Constitucional, muestran signos de hastío por estar en la periferia de las decisiones cotidianas y sólo en el centro a la hora de elegir sus autoridades.
Resultar oportuno entonces, recordar a los funcionarios competentes que la reforma de la Constitución Nacional, en vigencia desde agosto de 1994, ha implicado un verdadero corte transversal o punto de inflexión en la situación jurídica de los usuarios y consumidores. Antes de esa reforma constitucional sus derechos estaban reconocidos legalmente, tutelados por la jurisprudencia y avalados por la doctrina especializada; a partir de la entrada en vigencia de nuestra Carta Magna, los aludidos derechos tienen rango constitucional y prevén expresos deberes por parte de las autoridades los cuales, en caso de ser omitidos, implican el obvio decaimiento de su ejercicio. Y ya sabemos que en esta materia hay una regla clásica que dice: “derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce y derecho que no se ejerce, derecho que se atrofia”.
Por todo ello es que nuevamente hago un llamado a las autoridades responsables para que en esta época en que se está redefiniendo el papel del Estado, no nos quedemos con un Estado de papel. Las autoridades no pueden ser espectadores pasivos de la situación expuesta; deben asumir su responsabilidad política frente al Estado y la sociedad, evitando el descreimiento de ésta y el desinterés del otro.
Si las grandes mayorías ven resignar sus legítimos beneficios sociales por la tolerancia del poder administrador o por la codicia del poder económico, será difícil que la justicia social sea el patrimonio moral de la República.
2. Aunque con un singular decrecimiento en la cantidad de quejas presentadas con relación al año 1996 (43 % del total), en el transcurso del año 1997 (28,8 %), el Area de Administración de Empleo y Seguridad social continuó siendo la segunda más demandada dentro de la Institución. Es que el Defensor del Pueblo de la Nación se ha constituido, desde 1994, en una presencia familiar y cercana entre los integrantes de la llamada “clase pasiva” que han encontrado un aliado en sus reclamos por trámites atrasados, prestaciones denegadas, reajustes pendientes, etc.
En el respectivo informe sobre el área aludida, se podrá apreciar que, por ejemplo, mediante nuestra intervención se dictó resolución y encauzó el trámite de 1465 actuaciones previsionales, habiéndose obtenido el otorgamiento de 231 beneficios de pensiones, jubilaciones y retiros por invalidez, precisándose la situación de otros 207 peticionarios. En términos porcentuales, el grado de efectividad alcanza el 73,0% de los problemas planteados.
Cabe destacar que, en la generalidad de los casos, se ha contado con la favorable disposición de las autoridades del organismo previsional (ANSES) quienes han comprendido que el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene como misión la búsqueda de responsables sino de soluciones para los problemas que presentan, en su relación con la Administración, los interesados.
3. Una de las áreas de la Institución que viene progresivamente aumentando su protagonismo desde 1994, es la que tiene como ámbito de competencia la tutela del medio ambiente y los temas referidos a la administración educativa y cultural. Mientras en el año 1995, el área aludida sólo ocupó el 4,8 % del total de las actuaciones tramitadas, en 1996 creció al 8,6 % y en el año último – 1997 – trepó hasta el 9,4 % como consecuencia del incremento de quejas presentadas por particulares y por organizaciones intermedias y también por las numerosos actuaciones de oficio que se iniciaron.
Temas tales como residuos patológicos, contaminación por hidrocarburos, problemas derivados de la instalación de electroductos, protección de bosques y cuestiones relativas a la diversidad fueron analizados por los profesionales de nuestra Institución quienes realizaron numerosos viajes al interior del país a los efectos de verificar, sobre el propio terreno, los hechos investigados.
Crece entre la comunidad la conciencia acerca de la necesidad de proteger los valores comunes superándose aquella clásica regla de que “lo que es todos, no interesa a nadie”. Hoy, afortunadamente aunque con dificultades, la sociedad comprende que un ataque a un valor común, como el medio ambiente, ya no implica un agravio intrascendente y lejano a nosotros sino, por el contrario, compromete la calidad de vida de las generaciones futuras.
4. Las restantes áreas de la Institución –Derechos Humanos y Administración de Justicia y Administración Sanitaria y Acción Social– también crecieron cuantitativamente su demanda con relación al año 1996 – DD.HH y Adm. de Justicia en 1996: 10,6 % mientras que en 1997: 12,8 %; Adm Sanitaria y Acción Social en 1996: 5,9 %; en 1997: 8,4 %. Las razones de estos porcentajes radican en que la Institución ha realizado una amplia tarea de cobertura de aquellos sectores de la sociedad que forman parte de los grupos tradicionalmente más vulnerables; así, por ejemplo, las acciones realizadas para la protección de los derechos de los discapacitados, en sus diversas manifestaciones, según lo puntualizaré más adelante y se podrá apreciar en detalle en la sección respectiva de este Informe Anual; en el mismo sentido y en todo el país, se han realizado investigaciones tendientes a verificar las quejas formuladas contra el INSSJP por cortes de servicios por parte de los efectores; falta de provisión de prótesis y ortesis; el traslado de los beneficiados internados en geriátricos; la demora, falta de resolución o denegatoria de pensiones asistenciales por la Secretaría de Desarrollo de la Nación; la negativa de las entidades prestatarias de medicina prepaga a brindar las prestaciones relativas a la cobertura del SIDA; la investigación acerca de la presunta transferencia a terceros de tierras reservadas a comunidades mapuches, en Pulmarí, provincia del Neuquén, entre otras.
Al analizar cada una de las áreas en particular se podrán apreciar los distintos grados de intervención, los organismos generadores de reclamos, la causa de los mismos y las soluciones alcanzadas mediante la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación.
Sin perjuicio del análisis singular, en esta instancia introductoria creo oportuno ofrecer a los señores legisladores algunos ejemplos de actuaciones promovidas y el resultado alcanzado en las mismas.
Podrán apreciar a continuación cómo la actividad cotidiana de nuestra Institución oscila entre los temas que, por su interés colectivo, adquieren difusión periodística y aquellos otros que, no por menor importancia, afectan individualmente los derechos de personas y, sin embargo, no resultan conocidos masivamente. Para el Defensor del Pueblo de la Nación no hay preferencias; todos los temas que se incluyen dentro de la competencia constitucional de defensa de los derechos y de control del poder tienen la misma importancia; ya se trate de una actuación promovida por un particular, por un grupo de particulares o bien iniciada de oficio como consecuencia de una noticia periodística que da cuenta de un hecho irregular.
A) En la actuación Nº 9926, una ciudadana planteó la imposibilidad de acceder al servicio de transporte aéreo, debido a la negativa al uso de un vehículo especial, sin cargo, para posibilitar el acceso de su hijo discapacitado a una aeronave en el Aeropuerto Jorge Newbery. El cuestionamiento se vinculaba al incumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley nacional Nº 24. 314 que prevé la adecuación para la eliminación de las barreras físicas urbanas, las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y privados y las barreras en los transportes, que debían ejecutarse en ciertos plazos máximos contados a partir de su reglamentación. Como hasta el año 1996, la citada ley no había sido reglamentada, se recomendó el 10 de octubre de ese año a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas la promoción de las acciones tendientes a su reglamentación.
Evidenciando una singular comprensión a la recomendación formulada, el Poder Ejecutivo dictó el 11 de setiembre de 1997 el decreto Nº 914/97 que constituye la reglamentación de la ley antes citada.
B) Por la actuación Nº 10408 tramitó una petición formulada por un particular discapacitado que requería se contemplara la posibilidad de aplicar una norma similar a la contenida en el artículo 22 de la ley Nº 22.431, modificada por la ley Nº 24.314, a las personas discapacitadas que transitan en su automóvil por rutas sujetas al pago de peaje que no tengan vías alternativas, para asistir a establecimientos educacionales y/o de rehabilitación. La citada norma prevé que las empresas de transporte colectivo público de pasajeros sometidas al control de la autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación a los que deban concurrir. Frente a la situación de inequidad que se ponía en evidencia, el suscrito recomendó a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas que se previera esa situación.
Como consecuencia de esa Recomendación, formulada el 27 de enero de 1997, la Cámara de Concesionarios Viales informó a esta Institución que estaba dispuesta a contemplar esos supuestos excepcionales, bajo las siguientes condiciones: 1) la respectiva empresa concesionaria instrumentará la forma en que se autorizará el paso del solicitante, detallando horas y días en que regirá esa franquicia; 2) los vehículos llevarán obligatoriamente la oblea oficial que da cuenta de la discapacidad del usuario; 3) la Comisión Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas pondrá a disposición de la Cámara un registro de personas discapacitadas que estén en condiciones de acceder al beneficio, o de los conductores que los transporten; 4) las autorizaciones se entregarán solamente a solicitud del interesado o de su apoderado; 5) sólo se podrá hacer uso de la franquicia si en el automóvil se traslada la persona discapacitada.
Cabe destacar, en este caso, la valiosa colaboración recibida de la Cámara antes citada quien también comprendió la justicia del pedido que formulara el Defensor del Pueblo de la Nación.
C) La actuación Nº 15966/97 fue promovida como consecuencia de la denuncia formulada por una joven hipoacúsica al sentirse discriminada por su discapacidad frente a una decisión del Registro Nacional de las Personas, zona 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien le había impedido ser testigo de un matrimonio civil a realizarse en una oficina del citado Registro. Habiéndose requerido informes al Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas acerca de la existencia de presuntos impedimentos legales para que una persona sordomuda, que sepa darse a entender por escrito, pueda ser testigo de un matrimonio, el aludido funcionario respondió negando la existencia de algún impedimento. Además, gestionó las diligencias pertinentes para la realización de la ceremonia y presentó las disculpas correspondientes a la persona afectada. Informó también acerca de la elaboración de un proyecto de resolución tendiente a evitar la repetición de hechos similares.
D) Se inició una actuación de oficio con motivo de un cable de una agencia noticiosa que daba cuenta de la situación producida en la localidad de Plottier, provincia del Neuquén, por la contaminación ambiental ocasionada por derrame de hidrocarburos producidos por una empresa petrolera que explota yacimientos ubicados en el ejido municipal.
Funcionarios del área respectiva de la Institución concurrieron al lugar habiendo verificado el grave deterioro ambiental ocasionado por los derrames de hidrocarburo. Luego de requerir los informes respectivos, el suscrito recomendó a la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía y Puertos de la Nación la adopción de medidas adecuadas a fin de hacer cesar la contaminación verificada. El citado organismo respondió que estaba realizando la investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos y responsabilidades de la situación denunciada para, posteriormente, afirmar que la empresa estaba cumpliendo con sus obligaciones de remediación. La actuación culminó con una elocuente nota de agradecimiento de las autoridades municipales hacia esta Institución por su decisiva intervención y la información acerca de que la empresa petrolera había cumplido con todos sus compromisos con relación a la remediación del ambiente y a la preservación futura del mismo.
E) En el transcurso del año último se promovió de oficio una actuación destinada a investigar la presunta influencia nociva, en las poblaciones aledañas, de los campos magnéticos producidos por las líneas de alta tensión. La Institución ya había recibido diversas quejas como consecuencia de emprendimientos eléctricos que atraviesan zonas urbanas densamente pobladas, donde se generan conflictos entre esas comunidades, las autoridades y la empresa concesionaria, en ocasión del tendido de líneas de alta tensión o de emplazamiento de bases o liberación de traza. Informes contradictorios dan cuenta, por un lado, de la inocuidad de esos emplazamientos y por otro, de la probada causalidad con determinados tipos de cáncer.
Como consecuencia de un profundo estudio realizado en dicha actuación, donde lucen diversos informes producidos por organismos oficiales y entidades científicas, se decidió recomendar al ENRE, a la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Política y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación la adopción de diversas medidas, tales como: 1) la integración de una Comisión Técnica para el estudio de esa problemática; 2) la participación activa y permanente en esa Comisión del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; 3) la invitación a colaborar en el desarrollo de esos estudios de Entidades Académicas y Universitarias dedicadas a la investigación en el ámbito de la ciencia y la tecnología; 4) la difusión precisa, clara, completa y amplia de las conclusiones de la citada Comisión.
Los Organismos y Entidades referidas respondieron por escrito en tiempo y forma aviniéndose a lo recomendado por el suscrito; en la actualidad, la mencionada Comisión se encuentra abocada al estudio del referido tema.
F) Con motivo de una queja presentada por una persona a quien la Universidad de Buenos Aires le había denegado el ingreso a la misma en los términos previstos por el artículo 7º de la ley de Educación Superior Nº 24.521, se requirieron informes a la citada Casa de Estudios y al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. De la respuesta recibida del Ministerio, se concluyó que la persona tenía el derecho de ingresar en la Universidad ya que el artículo antes citado de la ley de Educación Superior autoriza el ingreso a personas mayores de 25 años que no hayan concluido con los estudios secundarios, previo examen especial ante la institución de nivel superior. Se recomendó entonces a la Universidad Nacional de Buenos Aires, una de las pocas Universidades nacionales renuente a la reglamentación del citado derecho, que adoptara las medidas necesarias para el ejercicio de aquella facultad.
Hacia fines de 1997, el Consejo Superior de la UBA adoptó la medida recomendada, reglamentando en consecuencia el derecho del artículo 7º de la ley Nº 24.521.
G) Varias actuaciones de oficio iniciadas por hechos producidos en el interior del país se refirieron, por ejemplo, a la falta de médico en la localidad de Libertador, departamento de Esquina, provincia de Corrientes y presuntas irregularidades en el Hospital neuropsiquiátrico Diego Alcorta, de la ciudad de Santiago del Estero, provincia del mismo nombre y en la Colonia Campo Contreras, también en dicha Provincia. En esos casos y previas exhortaciones a las autoridades competentes y la derivación a la Procuración General de la Nación para la investigación de las eventuales responsabilidades penales, se dieron por concluidas las actuaciones una vez que fueron superados los hechos que las generaron.
H) Debido a una publicación periodística que daba cuenta de la falta del medicamento llamado “Taxol” destinado a pacientes afectados de cáncer, se inició una actuación de oficio para investigar la veracidad de la denuncia periodística. A través de un informe producido en el mes de setiembre del año último por el Director del Banco Nacional de Drogas Oncológicas, se determinó que la situación había sido superada con la provisión del medicamento faltante. No obstante esa afirmación, decidí no cerrar la actuación promovida a cuyos efectos di instrucciones a los funcionarios competentes para que efectuasen un estricto control y seguimiento del cumplimiento de las metas previstas para el Programa Nacional de Control de Cáncer.
I) Por resolución Nº 1717/97 se exhortó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Jujuy la designación de autoridades provisorias en la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) a fin de que se garantizara el efectivo control del servicio público de energía eléctrica prestado por la empresa EJESA. También se exhortó la convocatoria de una audiencia pública para que se resolvieran, con ese procedimiento participativo, las diferencias surgidas con motivo de los incrementos introducidos en la primera facturación emitida por la empresa concesionaria. En respuesta a esas exhortaciones, el Ministro provincial informó acerca de la designación de los interventores en el organismo de control y de la convocatoria a una audiencia pública; la misma se realizó el día 14 de mayo del año último, habiendo participado en ella el Adjunto II del Defensor del Pueblo de la Nación.
El conflictivo proceso culminó el día 10 de junio de 1997, cuando la SUSEPU adoptó las medidas adecuadas garantizándose el legítimo derecho de los usuarios del servicio de electricidad.
J) Con motivo de la presentación efectuada ante el Defensor del Pueblo de la Nación por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen y numerosos ciudadanos de esa localidad, se comenzó a investigar la situación producida como consecuencia del deterioro de la ruta nacional Nº 33, en el tramo comprendido entre las localidades de General Villegas y Torquinst. Se señalaba en la nota presentada el lamentable estado en que se encontraba el citado tramo afectando la vida, seguridad y actividades económicas de todos los que transitaban por ese corredor cerealero. En una primera ocasión, hacia abril del año último funcionarios de esta Institución comprobaron in situ la gravedad de la situación denunciada; por su parte, el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad respondió al requerimiento formulado reconociendo el estado de “colapso estructural” en que se encontraba esa ruta nacional. Teniendo en cuenta la insuficiencia de las respuestas enviadas a la Institución, el titular de esta Institución se trasladó al lugar verificando los hechos denunciados y manteniendo reuniones con fuerzas vivas de la zona.
Luego de efectuada una recomendación a la Dirección Nacional de Vialidad tendiente a la adopción de urgentes medidas para la reparación provisoria de la ruta nacional Nº 33, en el tramo comprendido entre las localidades de Trenque Lauquen y General Villegas, provincia de Buenos Aires, mediante decreto Nº 1401 del 29 de diciembre de 1997 se otorgó la concesión del corredor COT Nº 31, vinculado a los trabajos a realizarse en el tramo aludido.
Si bien la actuación permanece abierta hasta que se concluyan definitivamente los trabajos necesarios para superar la situación apuntada, se puede adelantar que ya se ha emprendido una tarea permanente de reparación provisoria habiéndose, por lo tanto, superado los motivos que originaron la queja.
K) Con relación a los Bancos Oficiales, muchas quejas pusieron de manifiesto los problemas originados en la relación con el Banco Hipotecario Nacional en lo atinente a la falta de información sobre el estado y evolución de los créditos hipotecarios. A esos efectos y compartiendo las inquietudes manifestadas por los quejosos, se dirigió una recomendación al titular de esa Entidad crediticia a efectos de que procediera a remitir a todos los beneficiarios involucrados (comprendiendo tanto los préstamos ya acordados como los futuros), un detalle de la evolución de los mismos, hasta la culminación del plazo, con indicación de los servicios mensuales que deberán abonar los interesados y las variaciones en el saldo adeudado. La entidad respondió que se implementaría un sistema que, alimentándose de los datos de la Base de Préstamos Minoristas, permitiría visualizar la evolución de las operaciones hasta su finalización estimándose que en un corto plazo podría entregarse, a solicitud de cada cliente, el desarrollo futuro de las cuotas de su crédito.
Otras quejas pusieron de manifiesto los graves inconvenientes producidos a los adjudicatarios de viviendas que sufrían graves defectos de construcción. Sin perjuicio del traslado conferido a la Procuración General de la Nación a los efectos de las eventuales responsabilidades penales, se continúa trabajando junto a los afectados en orden a la búsqueda de soluciones justa y equitativas que aseguren, además, la seguridad e integridad física de los beneficiarios.
L) Como consecuencia de una recomendación efectuada a la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales de Trabajo a fin de que arbitrara las medidas necesarias para la intensificación de los controles relativos al cumplimiento de las horas máximas de labor de los conductores de transporte de pasajeros, fue dictado el decreto Nº 1038/97. Por dicha norma se dispuso que los empleadores serán responsables de asegurar que todo conductor porte la Libreta de Trabajo como condición necesaria para la prestación de sus tareas y además, que dicha libreta deberá tener sus registros permanentemente actualizados, debiendo consignarse la hora de entrada y salida del trabajador al momento del inicio y culminación de las tareas.
M) La actuación Nº 28778 se promovió con motivo de una carta de lectores del diario La Prensa donde una persona daba cuenta que el trámite de su beneficio previsional ya llevaba 26 meses de demora, sin resolución alguna. Habiéndose requerido el pertinente informe al organismo previsional, la respuesta fue recibida a los dieciocho días informándose que, con motivo de nuestra solicitud, el beneficio ya había sido concedido.
N) Un grupo de docentes riojanos requirió la colaboración del Defensor del Pueblo de la Nación atento la falta de reconocimiento y pago de haberes por el Ministerio de Cultura y Educación a docentes del interior de la provincia. Se trataba de la falta de bonificación por zona desfavorable que adeudaba el CONET desde los años 1989 y 1990. Luego de seis años de reclamos, mediante la intervención de esta Institución y previo el pedido de informes al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (sucesor del CONET) y al Ministerio respectivo, se logró la remisión de la pertinente liquidación abonándose los importes adeudados.
O) En otra oportunidad fue un Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social quien solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de obtener, por parte de la autoridad previsional, el cumplimiento de una sentencia judicial. Iniciada la pertinente investigación y efectuado el pedido de informes, el ANSES informó en su respuesta que, respondiendo a nuestro requerimiento, había cumplimentado la sentencia aludida acompañando copia de la resolución por la cual reajustó el haber requerido.
Los ejemplos aquí expuestos son sólo una muestra – pequeña, por suerte, de toda la labor realizada durante el año 1997 y de los beneficios alcanzados en la protección de los derechos individuales y colectivos mediante nuestra intervención. Los casos relatados y los que se podrán apreciar en las páginas siguientes, ponen de manifiesto que el Defensor del Pueblo de la Nación es un instrumento de diálogo entre sectores encontrados o entre los grupos vulnerables y sus autoridades. Se trata de una figura interactiva que actúa entre el pueblo y sus gobernantes; es un mediador entre el poder y la impotencia. Y esa mediación la realiza desde el propio Estado, con medios administrativos y judiciales, con plena autonomía y con una independencia que le permite hasta demandar al propio Estado.
Por ello, es sumamente importante para el crecimiento de esta Institución que, no sólo el actual Gobierno respete a la Institución –como lo hace– sino que éste sea el compromiso irrenunciable de los futuros gobernantes.
Antes de concluir la presentación de este Informe quiero poner en vuestro conocimiento otras actividades que se han realizado durante el año 1997. Así, se han suscripto numerosos convenios de colaboración con diversas instituciones nacionales e internacionales tendientes todos ellos a fortalecer las relaciones entre el Ombudsman nacional e instituciones afines del país y del exterior, a fin de contribuir al fortalecimiento de la justicia y la protección de los derechos humanos.
Entre ellos, en el ámbito nacional, cabe citar los siguientes: 1. Con el Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto; 2. Con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero; 3. Con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA); 4. Con la Asociación de Protección del Consumidor (ADELCO), de la provincia de Mendoza; 5. Con el Comité del Consumidor (CODELCO) de la provincia de Salta; 6. Con el Colegio de Abogados de General San Martín, provincia de Buenos Aires; 7. Con la Fundación Poder Ciudadano; 8. Con la Fundación Universitaria del Once; 9. Con el Instituto de Formación, Investigación y Participación de la Mujer, de la provincia de Mendoza; 10. Con la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.
En el plano internacional, se han firmado los siguientes convenios de colaboración: 1. Con el Centro de Estudios sobre el Ombudsman de la Universidad de Reading, Reino Unido de Gran Bretaña; 2. Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México; 3. Con el Comisionado para la Administración de la República de Chipre; 4. Con el Comisionado para la protección de los Derechos Civiles de la República de Polonia; 5. Con la Inspectoría Estatal de la República Socialista de Vietnam; 6. Con el Protector de los Ciudadanos de Quebec, Canadá; 7. Con el Proveedor de Justicia de Portugal; 8. Con la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; 9. Con la Universidad de Alberta, Canadá; 10. Con la Universidad de Cruzeiro do Sul, Brasil; 11. Con la Universidad Federal de Paraná, Brasil.
Una amplia labor de colaboración con los medios de comunicación de Capital Federal y del interior del país, le permitieron a la Institución llegar con su función tutelar a todos los rincones de la República. Además de las entrevistas radiales y televisivas que fueron requeridas cuando algunos temas circunstanciales demandaban su difusión, la Institución ha mantenido durante el año 1997 una permanente comunicación con los habitantes del interior de nuestro país. Ello ha sido posible merced a la publicación regular de artículos de su autoría en diarios tales como “El Territorio”, de la ciudad de Posadas, Misiones; “La Capital”, de la ciudad de Rosario, Santa Fe; “Norte” y “El Diario”, ambos de la ciudad de Resistencia, Chaco; “Río Negro”, de General Roca, Río Negro; “El Diario”, de Usuhaia, Tierra del Fuego; “Epoca”, de la ciudad de Corrientes en la provincia homónima; “Opinión”, de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; “El Independiente”, de la provincia de La Rioja, entre otros.
En el mismo sentido, semanalmente, el Defensor del Pueblo de la Nación ha ocupado espacios radiales que fueron generosamente cedidos por emisoras provinciales. Así, por ejemplo, en Radio Nihuil, de la provincia de Mendoza; en FM San Martín, de la ciudad de Corrientes; en Radio de la Costa, San Clemente del Tuyú, pcia de Buenos Aires; en FM Eclipse, de la ciudad de Mar del Plata; en Radio Neuquén, de la ciudad capital de la misma provincia; en Radio Emisora del Oeste, de Trenque Lauquen, pcia de Buenos Aires.
Entre los meses de mayo a diciembre de 1997, y tal como se viene haciendo desde 1995 y durante el año en curso, la Institución produjo y puso en el aire el programa “El Pueblo y su defensor”, los días miércoles de 21 a 22 horas por Televisión Argentina (TVA) quien, a su vez, lo retransmitió a todo el país, vía satélite.
Se ha mantenido también, durante el año último, la publicación de la Revista de la Institución denominada “El Pueblo y su Defensor”. De edición trimestral, aspira a cumplir con la doble finalidad de ser vehículo detallado de la actividad del Defensor del Pueblo de la Nación y constituirse, a su vez, en un medio que permita la rápida localización y consulta de las principales intervenciones del Ombudsman nacional.
Invito entonces, a los señores legisladores, a los medios de comunicación y a la sociedad toda a asomarse a estas páginas que siguen con el ánimo de auscultar el pálpito de las necesidades sentidas, apremiantes, de habitantes de nuestro país, de personas insatisfechas por una u otra razón con el poder público, en sus diversas manifestaciones y con el poder privado, expresado fundamentalmente a través de los monopolios prestadores de servicios públicos.
Con toda seguridad encontrarán en demasía, en este Informe Anual, aspectos negativos. Ello es consecuencia de que la función primordial del Ombudsman consiste, precisamente, en hacer las veces de colector que recibe las quejas, el dolor de la impotencia y tantas frustraciones provocados por el abuso de poder. Espero que este Cuarto Informe Anual sirva para que la sociedad sea contemplada más plenamente y de esa forma, comprendida.
Desde esta posición de comprensión, aspira el Defensor del Pueblo de la Nación ser un referente nítido de diálogo, de mediación y de profunda solidaridad entre los seres humanos. Caminar junto a cada habitante que nos conoce y confía en nosotros, haciendo nuestras como propias sus demandas, es la realidad del día de cuantos trabajamos en la Institución. Es duro, lo sabemos, lo vivimos cotidianamente, pero también es muy grata la sensación de estar ejerciendo un poder que hace bien a la gente. Ello implica una tarea casi artesanal de todos los que conformamos este órgano de la República al administrar con especial prudencia, pero sin complacencia, el poder que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene asignado por la Constitución Nacional y por las leyes consecuentes.
Con sus críticas, el Defensor del Pueblo de la Nación no muestra romanticismo del pasado ni es nostálgico de épocas superadas, pero sí pretende colaborar con las autoridades responsables para dar respuesta a las demandas sociales, con una visión promotora de transformaciones en un marco de justicia social.