Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/12/01/si-bien-procede-el-pago-de-una-indemnizacion-no-se-admite-el-dano-punitivo-reclamado-por-los-cortes-de-electricidad-pues-no-cualquier-incumplimiento-hace-proceder-tal-sancion/
Timestamp: 2019-09-21 10:52:05
Document Index: 333214142

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'artículo 242', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 52', 'artículo 68', 'artículo 68']

Si bien procede el pago de una indemnización, no se admite el daño punitivo reclamado por los cortes de electricidad pues no cualquier incumplimiento hace proceder tal sanción – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Migotti Stella Maris c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-107408-AR | MJJ107408 | MJJ107408
Si bien procede el pago de una indemnización, no se admite el daño punitivo reclamado por los cortes de electricidad pues no cualquier incumplimiento hace proceder tal sanción. Cuadro de rubros indemnizatorios.
1.-Corresponde incrementar la indemnización del daño moral pues la interrupción del suministro de fluido eléctrico, al alterar la vida de las personas, atenta contra la dignidad de los usuarios, derecho este que la Constitución y la ley mandan preservar (art. 8 bis de la ley 24.240 y art. 42 de la CN.); máxime siendo que también causa padecimientos psíquicos de distinta índole que genéricamente se engloban bajo el rótulo de stress pero que trascienden la magnitud del daño que vulgarmente se asocia a ese término.
2.-Se juzga que la indemnización del daño moral por los perjuicios ocasionados a raíz de la interrupción del suministro de fluido eléctrico debe incrementarse toda vez que la deficiente prestación del servicio altera significativamente la vida de las personas pues todos los restantes dependen de él.
3.-No corresponde admitir el daño punitivo reclamado pues si bien la norma que lo prevé (art. 52 bis de la Ley 24.240) alude únicamente a la mera inobservancia de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción, pues lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe el incumplimiento del contrato conclusión que es notoriamente irrazonable.
4.-Toda vez que cuando se trata de obligaciones de carácter continuo la mora se produce a partir de la interrupción del servicio, los accesorios se deben desde ese momento.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Migotti Stella Maris c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Guillermo Alberto Antelo dijo:
I. La señora Stella Maris Migotti demandó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Sur Sociedad Anónima (“EDESUR”, “Distribuidora” o “empresa”, indistintamente) por el cobro de $60.000, con más los intereses correspondientes y las costas del juicio, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los cortes del suministro de energía eléctrica ocurridos intermitentemente durante los diez años anteriores a la iniciación de este pleito. Destacó -por su intensidad- los acaecidos en los meses de diciembre del año 2013, enero y febrero del 2014 y los meses subsiguientes hasta la actualidad (ver fs. 8/14vta.).
Afirmó que se domicilia en el inmueble ubicado en Inclán 4230, piso 15, departamento “I” de esta Ciudad donde EDESUR le proveía energía eléctrica. Describió los variados padecimientos causados por la interrupción del servicio, los cuales se habían visto agravados por su avanzada edad. Aunque admitió que había recibido $870 de la accionada en concepto de la reparación fijada por Ente Nacional Regulador de la Electricidad -conforme Resolución 1/14 dictada por ese organismo-, sostuvo que la cantidad no alcanzaba a enjugar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales experimentados por el incumplimiento de la Distribuidora.
Detalló los rubros pretendidos así: daño material $5.000; daño moral $20.000 y daño punitivo -$35.000-.
II. EDESUR compareció, contestó el traslado de la demanda en los términos del escrito de fs. 52/73vta. pidiendo su rechazo y solicitando la citación en garantía de HDI Seguros S.A.
III.El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a EDESUR al pago de $7.000 -$ 2.000 por daño material y $ 5.000 por daño moral- más los intereses computados desde el día siguiente de la mediación y de acuerdo a la tasa que percibe el Banco de la Nación en sus operaciones de descuento a treinta días. En cambio, rechazó el daño punitivo porque juzgó que el incumplimiento de la empresa no tenía la entidad suficiente para justificarlo (fs. 136/138).
Contra dicho pronunciamiento apeló la actora (fs. 143/146vta. y auto de concesión de fs. 148), quien expresó agravios a fs. 154/160vta., dando lugar a la réplica de fs. 162/166vta.
Median también recursos contra las regulaciones de honorarios que serán tratados, según sea el resultado al que se arribe, al finalizar el presente Acuerdo.
La demandante se agravia del punto de partida fijado para el cómputo de los intereses pues entiende que -de conformidad con lo establecido en el Plenario “Barrera”- ellos deben correr desde el incumplimiento de la Distribuidora. También se queja del rechazo del daño punitivo y de la cantidad fijada para enjugar el daño moral por considerarla insuficiente.
IV. Al contestar el traslado de ley, la demandada planteó la inadmisibilidad formal del recurso con apoyo en el artículo 242 del Código Procesal (ver, fs. 162 y vta.).
De acuerdo con dicha norma, son inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, en las que el monto cuestionado sea inferior a veinte mil pesos ($20.000). La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó esa cantidad mediante la Acordada 16/14 (B.O. 19/05/14) fijándola en $50.000. Como las presentes actuaciones fueron iniciadas con posterioridad a la publicación de la Acordada (ver cargo de fs. 14vta.), cabe atenerse a esta última cifra.
Yendo al sub lite, recuerdo que la actora reclamó $60.000 y el Juez admitió el reclamo por $7.000.El monto de su gravamen equivale a la diferencia entre lo pretendido en la demanda -esto es el incremento del daño moral, el acogimiento del daño punitivo y los intereses calculados desde el dies a quo propuesto por ella-, todo lo cual supera el mínimo legal vigente. Por lo tanto, la apelación es formalmente admisible a la luz del artículo 242 del Código Procesal y de la Acordada 16/14 de la CSJN.
V. Dado que los hechos generadores de responsabilidad tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, la controversia está regida por el Código Civil (art. 7 de ese cuerpo legal y art. 7º de la ley 26.994 -B.O. 8/10/14- y esta Sala, causa nº 2121/05 del 16/9/15).
Especifico a continuación los agravios vinculados con la cuantía del resarcimiento (capital e intereses).
a) Daño moral.
La usuaria reclamó $20.000, pero el a quo le otorgó $5.000.
La interrupción del suministro de fluido eléctrico altera significativamente la vida de las personas pues todos los servicios restantes dependen de él; ante todo atenta contra la dignidad de los usuarios, derecho este que la Constitución y la ley mandan preservar (artículo 8 bis de la ley 24.240 y artículo 42 de la Constitución Nacional); también causa padecimientos psíquicos de distinta índole que genéricamente se engloban bajo el rótulo de “stress” pero que trascienden la magnitud del daño que vulgarmente se asocia a ese término (conf. causa n° 9785/08 del 5/08/2014 y sus citas).
La recurrencia en la deficiente prestación del servicio y la experiencia adquirida en incontables situaciones juzgadas anteriormente que son análogas a las del sub lite, ha llevado al Tribunal a tener por acreditado el daño moral in re ipsa y a superar el rígido molde originalmente establecido para atender a su reparación (conf.causas n° 114/01 del 3/02/11, n° 13.724/06 del 20/03/12, n° 8361/09 del 15/05/12 y n° 1122/12 del 21/09/15).
Aclarado lo anterior, destaco que en su escrito inicial la usuaria aludió a los cortes sufridos durante los diez años anteriores al litigio; sin embargo, sólo probó los ocurridos entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015 (cuadro de fs. 117) por lo que a ellos me circunscribiré para examinar su agravio.
En atención a ello, la entidad del incumplimiento, la edad y condiciones en las que se hallaba la señora Migotti en la coyuntura (fs. 8/9 punto III) -todas ellas previsibles para la empresa (arts. 904 del Código Civil) considero pertinente elevar la suma para enjugar el daño moral fijándola en $15.000.
Aunque la norma que lo prevé (artículo 52 bis de la ley 24.240, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) alude únicamente a la mera inobservancia de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción. Lo contrario implicaría que el daño punitivo deba ser automáticamente aplicado cada vez que se pruebe el incumplimiento del contrato conclusión que es notoriamente irrazonable (esta Sala, causas n° 1122/12 citada y n° 2321/14 del 2/02/17).
En el contexto de autos, comparto el criterio del juez en desestimar el rubro (considerando 7, tercer párrafo, fs. 137vta.). Empero, el texto legal pudo inducir a la demandante a creerse con derecho a reclamar este capítulo. Por esa razón, su rechazo no repercutirá al momento de distribuir los gastos causídicos (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
c) Intereses (punto de partida)
Como expliqué anteriormente, la apelante critica la decisión del juez de reconocer los accesorios sólo a partir del día siguiente al de la mediación (considerando 9, fs.138).
Cuando se trata de obligaciones de carácter continuo -tal el caso que se examina- la mora se produce a partir de la interrupción del servicio. Consecuente con ello, los accesorios se deben desde ese momento (esta Sala, causas n° 12.721/08 del 19/12/13 y n° 8.254/09 del 30/12/13).
Por lo tanto, también cabe admitir este agravio y modificar el diez a quo de los intereses fijándolo en el 24 de diciembre de 2013, fecha en la que se produjo el primer corte acreditado en autos (fs. 117).
Por ello, juzgo que la sentencia debe ser modificada en los términos señalados precedentemente y confirmada en lo restante. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada por haber sido vencida en lo sustancial (artículo 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal y considerando V, apartado b, segundo párrafo).
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo en los términos ya señalados y confirmarlo en lo restante. Costas del juicio a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo del Código Procesal).
Por la manera en que se resuelve corresponde fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art. 279 del Código Procesal).
Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -$17.000, con más los intereses, calculados prudencialmente a los fines regulatorios-, la naturaleza del proceso (fs.15), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas cumplidas, se establecen los honorarios de los letrados de la parte actora, doctores Sebastián Correa Crovetto, Héctor José Fairstein y Sebastián Abolsky, en las sumas de ($.), ($.) y ($.), respectivamente (arts. 6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432 y Plenario “La Territorial” -causa nº 21.961/96 del 11/9/97).
Segunda instancia: atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado de la parte actora, doctor Héctor José Fairstein, la suma de ($.) (arts. 6, 7 y 14 de la Ley de Arancel).
En l o que concierne a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes por la demandada corresponde señalar que la relación de dependencia implicada en sus presentaciones conducen a tener por configurada, prima facie, la hipótesis prevista en el art. 2 de la ley 21.839, lo que exime al Tribunal de expedirse sobre el particular, salvo prueba en contrario por parte del interesado (arts. 9, 14 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la 24.432).
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