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Timestamp: 2018-06-21 17:58:02
Document Index: 309544937

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 11']

CON PERFUME DE PARIDAD – Domingo Rondina
Publicado en 10 octubre, 2016 30 noviembre, -0001 por l4000200
Como recordarán nuestros lectores, la Cámara de Diputados santafesina, ante el fallecimiento de una legisladora mujer, decidió incorporar otra legisladora mujer (Robustelli) para asegurar el piso del 30{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de mujeres diputadas.
PROVINCIA DE SANTA FE – AMPARO – (EXPTE. 41/14) S/ RECURSO DE
En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “LÓPEZ, JULIO ROBERTO contra HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -AMPARO- (EXPTE. 41/14) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510300-9). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso
interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que
realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Erbetta, Gutiérrez y Spuler.
1. Surge de autos que el actor interpuso acción de amparo postulando la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia por la cual se aprobó -en fecha 15.8.2013- el dictamen de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General e incorporó como
legisladora a la señorita Mariana Robustelli para cubrir la vacante producida por el deceso de la diputada Silvia De Césaris hasta completar su mandato.
Sostuvo que él debió ser quien cubriera dicha vacante en tanto, como resultado del acto electoral del 24.7.2011, la lista del Frente “Santa Fe Para Todos” quedó conformada
con un orden específico en el cual él ocupaba el siguiente lugar, y el artículo 19 de la ley 12367 establece con claridad que para suplir vacancias los reemplazos se harán
siguiendo el orden correlativo de postulación (corrimiento) de las nóminas de titulares y luego de suplentes.
Previa intervención del Fiscal de Estado y de la diputada Robustelli, la Jueza de primera instancia desestimó la acción de amparo imponiendo las costas en el orden causado
por entender que la cuestión no era justiciable -porque la Cámara de Diputados tenía facultades para interpretar dicha norma como lo hizo, en el sentido de considerar que el cupo femenino establecido por la ley 10802 exigía mantener siempre una integración del cuerpo respetando ese porcentaje-, pero que era posible interpretarla de ambos modos.
Dicha resolución fue impugnada por el amparista mediante recurso de apelación ante la Sala, la que lo desestimó y confirmó -aunque con fundamentos diferentes- el decisorio de
2. Contra tal pronunciamiento interpuso el perdidoso recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario y violatorio de derechos y garantías constitucionales invocando
los incisos 2) y 3) del artículo 1 de la ley 7055 (fs. 12/28v.).
En el escrito recursivo el compareciente expuso la plataforma fáctica que dio sustento al amparo intentado, narrando que fue electo diputado provincial para el período 2011/2015 y fue proclamado por el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe en el lugar 11° de la lista respectiva como diputado suplente a los fines de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la diputada Silvia De Césaris y en atención a que la Honorable Cámara de Diputados decidió incorporar en esa vacante a la diputada provincial suplente elegida con número de orden 17° (Srta. Mariana Robustelli), ocasionando una agresión directa al derecho de asumir como diputado provincial conforme los resultados electorales y la proclamación del Tribunal Electoral de la Provincia al producirse la vacante aludida.
Fundó tal lesión en los artículos 23, inciso 1 c), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos al pleno ejercicio de los derechos políticos; artículo 37 de la
Constitución nacional; y al acceso a los cargos electivos en condiciones de igualdad (art. 30, Const. pcial.).
Afirmó que, conforme las disposiciones legales aplicables (especialmente art. 19, ley 12367), deben cubrirse las vacantes teniendo en cuenta el orden en que están proclamados como candidatos los ciudadanos y la decisión adoptada por la Cámara de Diputados -en violación a lo expuesto- es plenamente justiciable porque el órgano
legislativo no está al margen de la justiciabilidad de las decisiones que toma cuando desconoce el derecho constitucional.
Puntualizó que la Jueza de Primera instancia rechazó la demanda de amparo por entender que dicho instrumento procesal de jerarquía constitucional no era el adecuado para plantear el tema que califica de opinable, apoyándose en que la interpretación integradora que efectuó la Cámara de Diputados para decidir como lo hiciera no era irrazonable.
La Sala confirmó el fallo alzado mediante un pronunciamiento que el recurrente reputa arbitrario por prescindir de las constancias del expediente y sustentarse en afirmaciones dogmáticas sin prueba alguna que las respalde, especialmente respecto a que el actor no había impugnado correctamente los fundamentos expuestos por la Jueza a quo (en particular, respecto a la ilegalidad manifiesta que la decisión recurrida requería para hacerse lugar al amparo y a que se trataba de facultades privativas de la Honorable Cámara y por tanto la cuestión no era justiciable) y por ello la Sala podía tomar la deficiencia en la expresión de agravios como conformidad con las afirmaciones de hecho contenidas en la sentencia alzada. También le achaca a los Sentenciantes arbitrariedad
Ésta comprende la Ley Electoral que se complementa con la Ley de Cupo Femenino, y esta última está destinada a asegurar que un tercio de los candidatos (no de los elegidos) sean
mujeres. En este marco, afirma, la decisión de la Cámara de Diputados fue violatoria de lo establecido en el artículo 19 de la ley 12367 que expresamente dice “Cuerpos colegiados.
Vacancias. En los casos del artículo anterior, producido un fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra causal que imposibilite la asunción o ejercicio del cargo, los reemplazos se harán siguiendo el orden correlativo de
postulación (corrimiento) de las nóminas de titulares y luego suplentes, asegurándose que quien se incorpore al cuerpo, pertenezca al mismo partido político en el cual se produjo la
Por otra parte, reprocha arbitrariedad al Tribunal a quo por no decidir cuestiones planteadas (en el caso, la procedencia o no de los derechos ejercitados) sino que, al
decidir la improcedencia de la vía escogida para hacerlo, la Sala renunció a la decisión en un tema que debió haber resuelto y que afecta gravemente sus derechos constitucionales, y por haber incurrido en exceso ritual manifiesto en una cuestión de gravedad y trascendencia institucional al decir que el amparo no era la vía adecuada en tanto la cuestión requería mayor debate y prueba.
Le achaca a la Alzada grave error al haber afirmado que la Cámara de Diputados actuó dentro de sus facultades adoptando una decisión con mayoría necesaria para ello, en
tanto no es cierto -sostiene- que la misma tenga facultades para desconocer el texto expreso del artículo 19 de la ley 12367 -dictada con posterioridad a la Ley de Cupo Femenino (10802), dentro del marco constitucional y convencional para garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres- y que se expresa con claridad total en cuanto al procedimiento a seguir en casos de vacancias.
Finalmente, invoca la doctrina de los actos propios -reprochándole a la Sala no haberla aplicado para juzgar la decisión de la Cámara de Diputados- según la cual debería
haberse seguido el criterio que en oportunidad de suplir la vacancia de la diputada Bielsa se siguiera, ya que en ese caso se designó como diputado a Tessa (a pesar de que, al
reemplazarla por un varón, el porcentaje de mujeres en la Cámara cayera al 32{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) porque era el que seguía en el orden de corrimiento.
4. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 264, pág. 143, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 84 (del 1.07.2014) dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe por entender que la postulación de la
recurrente -desde la apreciación mínima y provisoria que correspondía a ese estadio- contaba -“prima facie”- con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponía
articular con seriedad un planteo que exigía examinar si la sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la
Constitución nacional y resultaba con idoneidad suficiente para habilitar esta instancia de excepción.
5. En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 -con los principales a la vista- (oído el señor Procurador General -dictamen a fs. 488/491-) resulta imperativo verificar, con carácter previo al examen del remedio extraordinario en análisis, si subsisten en el presente los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte.
Ello es así por cuanto, como reiteradamente se ha sostenido, este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver el recurso de inconstitucionalidad, aunque las mismas sean sobrevinientes a su interposición (cfr., A. y S., T. 113, pág. 260; T. 146, pág. 32; T. 150, pág. 377; Fallos:253:346; 285:353; 290:329; 292:589; 304:984; 308:1489; 313:584; 314:1834; 316:3130), absteniéndose de emitir pronunciamiento cuando el mismo resultaría inoficioso por la desaparición de aquellos requisitos, pues tal hecho -al tornar inútil la sentencia pendiente (A. y S. T. 101, pág. 237; Fallos:243:146)- importa también, como regla, la extinción del poder de juzgar (Fallos:189:245; 248:51; 307:188; 308:1489; 311:787; 316:479), en tanto “…ha de ejercerse en la medida en que
perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un ‘caso’ o ‘controversia’, lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen…”
(Fallos:311:787). Lo dicho obedece a la fundamental trascendencia que el Máximo Tribunal nacional ha asignado a la efectiva comprobación de que la actualidad del interés se conserva, sobre todo en consideración a las transformaciones fácticas que se han operado sobre la realidad, control al que el Sentenciante está llamado a realizar aun de oficio.
7. En ese orden, es menester considerar que, habiendo vencido el mandato electoral para el cual el recurrente procurara resolución judicial, y habiéndose celebrado y concluido un nuevo proceso eleccionario, se configura una situación fáctica que disipa los gravámenes oportunamente planteados ante esta Sede, quedando demostrada, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito (cfr. criterio de Fallos:328:1488; 331:2309).
Verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa (A. y S., T. 118, pág. 217; T. 130, pág. 161; T. 238, pág. 323), lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores.
Al no existir una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (Fallos:329:1854, 1898 y 2733, criterio reiterado en “Morales”, S.C.J.N. del 2.03.2011).
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Coincido con los argumentos y la solución dada por el voto del señor Ministro doctor Netri, principalmente porque la pretensión del actor mediante la acción de amparo consistió únicamente en postular la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución tomada por la Cámara de Diputados mediante la cual aprobó el 15 de agosto de 2013 en la 8° sesión ordinaria el dictámen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General
incorporando como legisladora para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de la Diputada Silvia De Césaris a los fines de completar el período correspondiente a la misma, a la señorita Mariana Robustelli, desestimando implícitamente el dictámen de la minoría que aconsejaba cubrir la aludida vacante con el actor. Como consecuencia de ello, solicitó la nulidad del juramento e incorporación efectiva al Cuerpo de la señorita Mariana Robustelli ordenándose a la Honorable Cámara de Diputados que reciba el juramento de práctica al suscripto y lo reincorpore como Diputado Provincial cubriendo la vacante producida por la diputada fallecida hasta completar el mandato por el que fuera electa ésta última, cesando de inmediato como Diputada provincial la señorita Robustelli, sin tener la presente causa pretensiones económicas.
Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: GUTIÉRREZ – ERBETTA – GASTALDI – NETRI – SPULER – BORDAS (SECRETARIO).
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