Source: https://www.scribd.com/document/134069424/Memorias-del-Proceso-Legislativo-pdf
Timestamp: 2018-05-21 07:35:29
Document Index: 150670158

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 73', 'Artículo 27', 'Artículo 19', 'artículo 13', 'Artículo 7316', 'Artículo 117', 'Artículo 124', 'Artículo 73', 'artículo 123', 'Artículo 102', 'Artículo 4', 'artículo 50', 'artículo 389', 'artículo 401', 'artículo 10', 'Artículo 104', 'Artículo 50', 'artículo 102', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 20', 'Artículo 10', 'artículo 20', 'Artículo 19', 'in fine', 'in fine', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 430', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 430', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 430', 'Artículo 430', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 430', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 430', 'artículo 116', 'artículo 50', 'artículo 430', 'artículo 116', 'artículo 50', 'Artículo 430', 'Artículo 431', 'artículo 73', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 73', 'Artículo 73', 'artículo 50', 'Artículo 113', 'Artículo 123', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'Artículo 430', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 85', 'artículo 194', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'Artículo 430', 'artículo 6', 'Artículo 431', 'Artículo 432', 'artículo 85', 'Artículo 85', 'artículo 430', 'artículo 194', 'Artículo 194', 'artículo 430', 'ARTÍCULO 73', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'ARTÍCULO 73', 'Artículo 73']

S A I R O M E M LEGISLATIVO
O PARA CON
O S E A C I C O N R E P T del UE SE DA COMPE ES L
R R P T E N D O D C A T R E EN B I L A L E D
IO C I C R E J E POR
POR EL Q RIDADES FEDERA IDOS O T T E U M A O C S S A O T I L AL E D S O L ER DE
S A T S I D O I R E P E AD ENSA
El presente documento fue elaborado por ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
Agradecemos el generoso apoyo de la Embajada Británica en México para la realización del presente documento.
INDICE.................................................................................................................................................. 3 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 5 SOBRE LA MATERIA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO....................................................................... 8 FUNCIÓN SOCIAL DE QUIENES EJERCEN EL PERIODISMO.................................................................... 9 CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS EN MIRAS A UNA FEDERALIZACIÓN................................... 11 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN........................ 15 REQUISITOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS POR LA FEADLE........................................... 19 ACTORES EN EL PROCESO DE DISCUSIÓN EN TORNO A LA FEDERALIZACIÓN.................................... 21 DEBATE SOBRE LA PERTINENCIA DE UNA PROPUESTA PARA FEDERALIZAR LOS DELITOS................. 23 DISCUSIONES DEL FORO..................................................................................................................... 25 PROCESO DE REDACCIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE INICIATIVA............................................. 29 PROCESO DE DICTAMINACIÓN........................................................................................................... 35 APROBACIÓN PARCIAL DEL DICTAMEN-INICIATIVA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS....................... 39 PROCESO LEGISLATIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.............................................................................................. 43 ANALISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS........................................... 45
El derecho humano a la libertad de expresión es uno de los pilares sobre los que se construyen las democracias modernas y es una de las ideas políticas profundamente más arraigadas en el imaginario político de las sociedades contemporáneas. La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogos y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, lo que a su vez, permite el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado democrático de derecho1. En años recientes México ha sido señalado como el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. El incremento sostenido de agresiones contra las y los trabajadores de la comunicación en los últimos años da cuenta del escenario de censura hacia quienes ejercen la libertad de prensa. Tan sólo de 2009 a septiembre de 2012, fue posible documentar 708 agresiones de distinto tipo contra periodistas y medios. Un total de 71 periodistas han sido asesinados y 13 más permanecen desaparecidos desde el año 20002; esta cifra resulta alarmante en cuanto que el objetivo último de estas agresiones es quebrantar el libre flujo de ideas e informaciones. Es decir, las agresiones contra quienes ejercen el periodismo son violaciones al derecho a la libertad de expresión. Más aún, estos ataques no sólo son una agresión en lo individual, sino que tienen una dimensión que afecta a la sociedad en su conjunto en tanto que tienen “…un efecto intimidante sobre el libre flujo de información, ya que propagan el miedo a informar sobre el abuso de poder en actividades ilegales y otras actividades indebidas contra de la sociedad”3. La omisión del Estado mexicano en adoptar todas las medidas para dictar las disposiciones legislativas y de otra índole necesarias para detener, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas deviene en la impunidad que impera sobre estas violaciones y la consecuente autocensura que genera entre quienes ejercen el periodismo como medida de autoprotección. La falta de voluntad política para adoptar medidas efectivas por parte del Estado mexicano para garantizar el derecho a la libertad de expresión ha tenido como consecuencia la creación y permanencia de una Fiscalía Especial en Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) —hoy llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE)—,4 la cual carece de facultades y voluntad política para investigar y perseguir los delitos cometidos contra periodistas; la aprobación parcial de un tipo penal para proteger el derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística; y primordialmente la falta de un marco jurídico integral adecuado que otorgue facultades a las autoridades federales para investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables de estas agresiones. La impunidad e ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno de México han sido evidenciadas ante distintos organismos internacionales, los cuales han emitido recomendaciones puntuales para hacer frente a la
1	Discurso sin Resultados, Informe sobre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, ARTICLE 19, Febrero 2009, p. 3. 2	Informe 2011, Silencio Forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México, ARTICLE 19, Febrero 2012, p. 11. 3	Declaración Conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión Mandatos especiales de la libertad de expresión 2006. http://www.article19.org/pdfs/igo-documents/four-mandates-dec-2006.pdf 4	Para efectos del presente trabajo se hará referencia como “Fiscalía special” cuando se aborden cuestiones que involucren tanto a la FEADP como a la FEADLE.
situación de violencia. Como parte del Examen Periódico Universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con diversas misiones de organizaciones internacionales recomendó que era indispensable para México “federalizar los delitos cometidos contra de la libertad de expresión”. Ello facultaría a las autoridades federales a investigar los ataques y homicidios contra periodistas y otro tipo de comunicadores y comunicadoras, que las autoridades locales han permitido que permanezcan impunes. Además de la previsión de un delito federal por ataques a la libertad de expresión, el Consejo de Derechos Humanos recomendó a México que se fortaleciera la Fiscalía Especial y se le otorgaran mayores facultades para investigar. Sin embargo, el gobierno ha fallado en cumplir la recomendación hecha por la comunidad internacional. En marzo de 2010 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó la revisión de México en su 98° periodo de sesiones y cuestionó al gobierno sobre estos temas5, las mismas observaciones fueron realizadas durante la audiencia temática sobre agresiones a periodistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrollada también en dicho mes. Al intentar justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno mexicano asegura encontrarse limitado o carecer de facultades, argumentando cuestiones de derecho interno, particularmente respecto de la falta de investigación y sanción de quienes perpetran las agresiones contra quienes ejercen el periodismo. El Estado ha argumentado que la Federación carece de competencia para conocer sobre los delitos de la jurisdicción local. Bajo la legislación vigente, la mayoría de los delitos cometidos contra periodistas, entre los que se encuentran las amenazas, lesiones, homicidio y abuso de autoridad, resultan competencia de las autoridades del orden local y no del federal. Uno de los problemas más serios de la impunidad sobre estos casos deriva del hecho que de un 53.62% de las agresiones cometidas contra quienes ejercen el periodismo provienen de agentes estatales y de ese porcentaje el 67.65% son cometidas por agentes del ámbito municipal o estatal. Dado que la mayoría de los casos de agresiones a periodistas encuadran en los delitos del orden común y muchos de ellos son permitidos o generados por las autoridades locales, la justicia se hace inaccesible a las víctimas. Es necesario destacar que los ataques contra quienes ejercen la labor periodística atentan contra la democracia y el libre ejercicio de la libertad de expresión, pero también abren el paso a la violación a otros derechos fundamentales, por los cuales también el Estado es responsable. Es decir, en un contexto de impunidad como el que se vive en México las violaciones a la libertad de expresión y prensa abren el paso a la conculcación de otros derechos fundamentales también reconocidos en distintos instrumentos internacionales suscritos por México como son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, a la protección judicial y el derecho a la participación política6. En el derecho internacional, un Estado no puede excusarse de cumplir con sus obligaciones internacionales invocando el derecho interno7. Es decir, la obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos es del Estado mexicano en su conjunto y no sólo de la Federación por lo que no se exime de responsabilidad a los gobiernos locales para atender de manera diligente estos casos. Reconociendo que México es un Estado federado, pero atendiendo a la importancia de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como a la necesidad de hacer frente a la realidad sobre la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la impunidad que prevalece sobre estos casos, instituciones, organizaciones y legisladores discutieron y plantearon la posibilidad de “federalizar” los delitos contra periodistas para que fueran
5	98° periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 8 al 26 de marzo de 2010, Nueva York, Estados Unidos de América. 6	Respectivamente Derecho a la vida (Art. 4), Derecho a la integridad personal (Art. 5), Derecho a la libertad personal (Art.
7	Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de la que México es Estado Parte.
7.1), Derecho al debido proceso (Art. 8), Derecho a la protección judicial (Art. 25) y el Derecho a la participación política (Art. 23) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, es importante evocar la contribución de la Declaración de Teherán (1968), aprobada por la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, para alcanzar acuerdos sobre el carácter interdependiente de todos los derechos humanos, principio universalmente reconocido en nuestros días.
investigados y sancionados en el ámbito federal. Las múltiples discusiones centradas en analizar la pertinencia o de federalizar estos delitos, determinar al sujeto o sujetos de protección y las normas procesales para hacer efectivas las investigaciones, se desarrollaron en el marco de un proceso abierto y transparente. El resultado de estas discusiones derivó en un proyecto de decreto que contemplaba una serie de reformas integrales para establecer un marco jurídico adecuado. Es así, que en el presente texto se analizan aspectos (de estructura y de proceso) relacionados con la problemática que impacta en el mantenimiento de impunidad ante los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión ejercida mediante la libertad de prensa, así como las propuestas existentes para remover dichos obstáculos.
SOBRE LA MATERIA Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Aunque un sinnúmero de derechos está relacionado con el ejercicio del periodismo y la seguridad de quien ejerce esta actividad, en el centro de éstos se encuentra el derecho a la libertad de expresión. Este derecho está garantizado en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos8. Basta mencionar el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que:
Dos características resaltan sobre este derecho: la obligación negativa del Estado, que consiste en no interferir en el ejercicio de la libertad de expresión; y el aspecto positivo, por el cual los Estados deben actuar efectuando las medidas necesarias para asegurar su respeto. Así se han pronunciado los mandatos especiales sobre la libertad de expresión en una declaración conjunta publicada en 2000: Los Estados tienen la obligación de tomar las medidas adecuadas para terminar con el entorno de impunidad, y tales medidas deben incluir el destinar suficientes recursos y prestar atención para prevenir ataques contra periodistas y otros que ejercen la libertad de expresión investigando tales ataques cuando ocurren, llevando a los responsables a la justicia y compensando a las víctimas. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar en su totalidad el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es obligación del Estado mexicano prevenir, investigar y castigar todas las violaciones a los derechos humanos dentro del territorio nacional9. El incumplimiento de esta obligación respecto al ejercicio de la libertad de expresión a través de los ataques en contra de quienes ejercen el periodismo y medios de comunicación, contribuye a la conformación de una peligrosa espiral de violencia, impunidad y autocensura, que termina afectando el sistema democrático de México al impedir un ambiente en el que las ideas e información estén aseguradas para la población.
8	Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración de Chapultepec, Declaración de Principios de Libertad de Expresión (CIDH), Resolución 59(1)de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros. 9	Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 28, párrafo 3. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/13b02776122d483880 2568b900360e80?Opendocument
FUNCIÓN SOCIAL DE QUIENES EJERCEN EL PERIODISMO
Para entrar al análisis de quién es periodista debemos partir del reconocimiento de la función social que cumplen las y los periodistas. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al publico a través de la aplicación de unos conocimiento de capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión, que es inherente a todo ser humano.”10El derecho a la libertad de expresión tiene una naturaleza dual bajo el entendido de que no sólo se tiene el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene un alcance y un carácter especiales11. La dimensión individual se refiere a que la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios […] de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella”12. La dimensión social de la libertad de expresión se refiere a los sujetos pasivos del derecho, es decir, los que tienen el derecho de recibir informaciones e ideas que no son otros que los miembros de una colectividad. La libertad de expresión implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno,13 donde los que ejercen la labor periodística y los comunicadores sociales juegan un papel fundamental: Las personas dedicadas al ejercicio del periodismo en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Por esto, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Bajo esta lógica, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte que:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
10	Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-5/85, 13 de noviembre 1985 11	Corte I.D.H, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 30. 12	Ibídem párr. 31. 13	Corte I.D.H, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5, párr. 70. Apud. Eduardo A. Bertoni, El Derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el Sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en Claudia Martin, Diego RodríguezPinzón y José A. Guevara B., Derecho internacional de los derechos humanos, México, UIA- Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington College of Law, American University- Distribuciones Fontamara, 2004, pp. 408-409. 771pags.
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.14
Es así que los ataques contra los y las trabajadoras de los medios no sólo atentan contra la persona que ejerce la actividad periodística, sino que atentan contra los derechos de la sociedad en su conjunto. Los ataques contra periodistas además de significar ataques hacia un individuo, son un intento para negar el acceso a la información. De ahí la importancia del respeto del derecho a la libertad de expresión, medio natural de las y los periodistas y comunicadores para ejercer su función, esto es: buscar, transmitir y difundir ideas, opiniones e informaciones. Ello no significa que las y los periodistas tienen un derecho especial para difundir ideas e informaciones, pero juegan un papel clave para asegurar el derecho de todos a recibir información, que hace que puedan reconocerse ciertas protecciones específicas para ellas y ellos. En general la ley internacional no les brinda protecciones especiales, sólo en ciertas excepciones se reconoce una protección especial, como el derecho de las y los periodistas para proteger la confidencialidad de sus fuentes de información. Lo anterior evidencia la necesidad de salvaguardar el ejercicio de la función social de las y los periodistas adoptando las medidas necesarias; la federalización es una de las acciones necesarias para evitar el incremento de la impunidad y los mensajes que pretenden silenciar la libertad de expresión.
14	Principio 9 http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS EN MIRAS A UNA FEDERALIZACIÓN
FACULTAD DE LEGISLAR LOS DELITOS FEDERALES La federalización de la investigación, persecución y enjuiciamiento de crímenes cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística, al tratarse de un tema que implica la sanción penal, requiere se establezcan las conductas que han de sancionarse a través de una ley emitida por la autoridad facultada (principio de legalidad), donde se señalen de forma clara y precisa las cuestiones que serán sancionadas penalmente. Para cumplir con la exigencia de legalidad en México —al tratarse de un Estado Federal— es indispensable precisar en primer término a qué nivel de gobierno (federal o estadual) le compete emitir la ley por la que se establecen los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística, y sólo así se cumplirá con la exigencia del Principio de legalidad (nullum crimen sine lege) establecido en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Convención Americana), 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP o Pacto Internacional) y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitución). En México se optó por un sistema de distribución de competencias mediante el cual se señala que las autoridades estaduales estarán facultadas en todas aquellas materias que no estén expresamente concedidas a la Federación.15 Lo anterior nos obliga señalar las materias en las que la federación es exclusivamente competente, aspecto desarrollado casuísticamente en el Artículo 7316 de la Constitución, donde se establecen los casos en los que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar,17 y que es complementado por el Artículo 117 de la misma CPEUM donde se precisan los casos en los cuales los Estados no están facultados. La facultad expresa que tiene la federación para legislar en materia de delitos, se encuentra en la fracción XXI del citado art. 73 de la CPEUM:
15	Artículo 124 de la CPEUM. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 16	Artículo 73. El Congreso tiene facultad: admisión y formación de nuevos Estados a la Unión Federal; cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación; contribuciones y empréstitos de la Nación; comercio de Estado a Estado; hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; empleos públicos de la Federación; guerra; derecho marítimo de paz y guerra; Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales; Guardia Nacional; nacionalidad y extranjería; vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, aguas de jurisdicción federal; moneda y sistema de pesas y medidas; terrenos baldíos y el precio; Cuerpo Diplomático y Consular mexicano; delitos y faltas contra la Federación; secuestro y delincuencia organizada; conocimiento federal de los delitos del fuero común en caso de conexidad con delitos federales; amnistías por delitos de conocimiento por tribunales de la Federación; coordinación de seguridad pública en materia federal; fiscalización superior de la Federación y gestión, control y evaluación la Federación; educación; contabilidad gubernamental; uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales; concurrencia en materia de asentamientos humanos; planeación nacional del desarrollo económico y social, información estadística y geográfica de interés nacional; abasto y producción de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios; inversión, transferencia de tecnología, conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; concurrencia en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; tribunales de lo contencioso-administrativo federales; coordinación en materia de protección civil, deporte, turismo; concurrencia en materia de pesca y acuacultura; seguridad nacional; sociedades cooperativas; coordinación en materia de cultura; datos personales en posesión de particulares; y expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 17	El Congreso de la Unión también llamado Congreso federal, es donde se deposita el Poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos (Federación) y que se divide en dos Cámaras una de Diputados y otra de Senadores (art. 50 CPEUM) y sigue un proceso específico para la creación (formación) de leyes de acuerdo al art. 72 de la CPEUM.
“Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales; En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;” (resaltado nuestro)
Por lo anterior, los estados pueden legislar respecto a los delitos que no invadan las facultades de la Federación, lo cual queda de manifiesto en la facultad otorgada expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (órgano legislativo) de legislar en la materia penal.18 Dar el carácter de delitos federales a los crímenes contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística, responde justamente a un intento por poner orden ante la diversidad de competencias ocasionada por un extremoso federalismo. Una vez señalado que la competencia para emitir leyes mediante las cuales se criminalice una conducta (ley penal) que atente contra la Federación corresponde al Congreso de la Unión, y que lo relativo a criminalizar las demás conductas que no estén reservadas expresamente a la Federación corresponde a las legislaturas estatales, es necesario establecer a qué nivel de gobierno le corresponde la investigación y a cuál el enjuiciamiento de los delitos federales.
FACULTAD DE INVESTIGAR DELITOS FEDERALES
De acuerdo con el Artículo 102, inciso A, párrafo segundo19 de la CPEUM en relación al Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR),20 incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal. Lo anterior nos lleva a señalar qué debe entenderse por delitos federales, los cuales además de ser regulados por el Congreso General (Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos), son los señalados en el artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF):
a)	Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción; b)	Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;21 c)	Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;
18	Art. 122, C, BASE PRIMERA inciso h) de la CPEM. “h) Legislar en las materias civil y penal; (…)” 19	Art. 102, A. “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine”. 20	Art 4. “Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 21	Aquellos donde el fórum delicti commisi se halle fuera del territorio nacional y cuando se den casos de persecución de delitos perpetrados en territorios bajo jurisdicción federal o fuera del territorio nacional.
d)	Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; e)	Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; f)	Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; g)	Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; h)	Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; i)	Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; j)	Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; k)	Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal; l)	Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y m)	Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.
Es decir, no es suficiente que un delito señalado en el Código Penal Federal sea cometido sino que debe ajustarse a los supuestos arriba referidos. Así, resulta evidente que para que pueda investigarse y en su caso sancionarse una conducta señalada como delito federal, no basta con que la conducta se describa en una ley, sino que será necesario se cometa por las personas a quienes se dirige dicha normatividad (ámbito personal de validez) y/o dentro del territorio señalado (ámbito espacial de validez). El Ministerio Público de la Federación conocerá de los delitos federales (crímenes federales), y aplicará el Código Federal de Procedimientos Penales22 (CFPP) y el Código Penal Federal (CPF) en su actuar junto a lo establecido el leyes especiales o tratados internacionales en cuanto a la materia criminal.23 Otro supuesto de conocimiento del Ministerio Público de la Federación es en el caso de concurso de delitos;24 de acuerdo al artículo 10 párrafo segundo del CFPP, será competente para conocer de los delitos del fuero común (Estados y Distrito Federal) que tengan conexidad25 con delitos federales.
22	Arts. 1 y 2 del Código Federal de Procedimientos penales. “1. El presente Código comprende los siguientes procedimientos: I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;” y “2. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo, la averiguación previa, en su caso, la acción penal ante tribunales”. 23	Art. 6 del Código Penal Federal. “Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo”. 24	Art. 18 y 19 CPF señalan que existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos y, concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos, sin que exista la posibilidad de concurso de delitos cuando las conductas constituyen un delito continuado –art. 7 fr. III cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal-.
FACULTAD DE ENJUICIAR POR DELITOS FEDERALES En cuanto a las facultades de enjuiciamiento de los delitos federales (crímenes federales), éstas quedan depositadas en los tribunales de la Federación, de acuerdo al Artículo 104 fracción I de la CPEUM,26 y sólo podrán conocer de las controversias del orden criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 50 de la LOPJF, arriba mencionado, serán los Jueces de Distrito en materia penal quienes conozcan de los delitos del orden federal, y para su conocimiento aplicarán las disposiciones tanto adjetivas (CFPP), como sustantivas (CPF) y especiales (leyes especiales y tratados internacionales) establecidas a nivel federal.
25	De acuerdo al art. 475 del CFPP. Los delitos son conexos: I.- Cuando han sido cometidos por varias personas unidas. II.- Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas. III.- Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad. 26	I. Art. 104 fr. I “Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal.”
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
A la fecha de elaboración del presente, la investigación y persecución de los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la Federación (artículo 102, inciso A y 21 de la Constitución) así como en los casos de conexidad con delitos del orden común (artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo de la Constitución), no obstante la publicación de la reforma a dicho artículo 73 en su fracción XXI ya que la misma entrará en vigor una vez publicada la legislación secundaria aplicable. Mediante el A/145/10 se creó la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dejando sin efecto al Acuerdo A/031/06 por el que se dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP). A diferencia de la FEADP,27 la FEADLE es competente28 para “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística”, pudiendo ejercer la facultad de atracción cuando concurran los siguientes requisitos: I.	Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión; II.	Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior; III.	Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales, y IV.	Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena provativa de la libertad. Las competencias otorgadas al titular de la FEADLE son:29 –	Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la FEADLE y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren pertinentes; –	Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito Federal, en términos de los Convenios de Colaboración celebrados en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades locales en la investigación de los ilícitos materia del Acuerdo que crea la FEADLE; y –	Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás normas relacionadas.
27	Creada para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características lo ameriten. 28	cfr. Numeral segundo del Acuerdo del Procurador General de la República A/145/10, publicado el 05 de julio de 2010. 29	cfr. Numeral cuarto del Acuerdo del Procurador General de la República A/145/10, publicado el 05 de julio de 2010.
Debido a su carácter especializado en delitos contra periodistas, cometidos en razón del ejercicio de la libertad de expresión, le corresponde a la FEADLE guiar las investigaciones, así como establecer las acciones necesarias requeridas para el trabajo conjunto de diversas instancias e inspeccionar las acciones tomadas en toda investigación y persecución de delitos contra la libertad de expresión. En tanto no se expida la legislación secundaria relativa a la reforma constitucional, la FEADLE para lograr efectivamente su objetivo requiere ejercer de forma proactiva la facultad de atracción en los casos de conexidad30 entre delitos comunes y federales. De esa forma ampliará su margen de actuación y en consecuencia se procurará la realización de investigaciones y persecuciones especializadas en materia de agresiones a la libertad de expresión ejercida por periodistas. El Artículo 10 párrafo 2 del CFPP dice que en caso de concurso de delitos31, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común (Estado y Distrito Federal) que tengan conexidad con delitos federales, y se establece que, los jueces federales tendrán la competencia para juzgarlos. A fin de extender el panorama de posibilidades de conexidad del delito deberá analizarse la conducta como un hecho complejo que afecta una diversidad ilimitada de posibles hechos delictivos, para lo cual será de utilidad hacer un escrutinio amplio de la fase externa del iter criminis o camino seguido en la realización del crimen. FASE EXTERNA Proposición, conspiración, provocación, incitación, inducción: el sujeto busca coordinarse con otros para poder llevar a cabo la acción delictiva. Amenazas: es un caso especial de la manifestación verbal de la intención delictuosa en que se da a entender que se producirá un cierto daño en contra de una persona determinada. Actos preparatorios: es la manifestación externa del propósito delictivo por medio de actos materiales adecuados para cometer la acción delictiva, cuando no son adecuados se presenta la preparación putativa. Tentativa: en este momento se requiere ya que la ejecución de los actos idóneos sean inequívocamente tendientes a la producción de un delito, pero sin llegar a su consumación por circunstancias propias o ajenas a la voluntad del agente, por lo que la no realización del resultado delictivo es su condición y su esencia es la realización del principio de ejecución del mismo. Tentativa inacabada (delito intentado): se da cuando el agente suspende por propia voluntad los actos de ejecución que consumarían el delito. Generalmente no es punible. Tentativa acabada (delito frustrado): cuando el sujeto activo realiza todos los actos de ejecución tendientes a la producción del resultado antijurídico, pero por causas ajenas a su voluntad éste no se lleva a cabo.
30	De acuerdo al art. 475 del CFPP. “Los delitos son conexos: I.- Cuando han sido cometidos por varias personas unidas. II.- Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas. III.- Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad”. 31	Al no distinguirse entre concurso ideal de concurso real se entendería que aplica para ambos, la explicación de cada uno se encuentra en el art. 18 y 19 CPF donde se señalan que existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos y, concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos, sin que exista la posibilidad de concurso de delitos cuando las conductas constituyen un delito continuado (entiéndase por delito continuado de acuerdo al art. 7 fr. III del CPF, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal).
Delito consumado: la acción ya ha reunido todos los elementos que integran el tipo penal, se adecua perfectamente a él, violando la norma de cultura juridizada (delito perfecto) y puede además de haber alcanzado esta objetividad jurídica, producir todos los efectos dañosos consecuencia de la violación a los que tendía el agente y que ya no puede impedir (delito perfecto agotado).
De acuerdo con el sistema jurídico mexicano en materia criminal, la dirección, coordinación y supervisión de las investigaciones tendrán como aspecto medular acreditar32 por cualquier medio probatorio señalado por la ley:33 –	El cuerpo del delito, –	La probable responsabilidad penal, y –	Reparación del daño. El cuerpo del delito al ser el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del delito, así como de los elementos normativos requiere que la investigación se efectúe se deberá dar respuesta de forma mínima a los cuestionamientos: Qué Cuándo Cómo Dónde Quién Con qué
Es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar La probable responsabilidad penal, al ser la deducción sobre la participación o la comisión del delito, sin que se demuestre alguna causa de licitud o de excluyente de responsabilidad se deberá responder a mínimamente a los siguientes aspectos: Por qué Para qué Es decir, la circunstancias de razón o motivo En cuanto a la reparación del daño se tendrán que allegar de los elementos sobre la afectación material e inmaterial tanto presente como futura a fin de restituir y/o indemnizar integralmente por el daño ocasionado.
32	Arts. 2º fr. II y 168 del CFPP 33	Confesional, inspeccional, pericial, testimonial, documental, confrontación, careo o cualquier otro medio. Ver arts. 206 al 278 del CFPP,
Cambio de perspectiva del sujeto protegido al bien jurídicamente tutelado
1. El debate en torno a una definición: distinción entre una colegiación, una profesión o actividad
Durante el foro se abundó sobre la importancia de determinar el alcance de la protección en cuanto al sujeto. Es decir, definir quiénes desempeñan la función del periodismo, mismos que en su caso podrían resultar víctimas de las agresiones con objeto de inhibir o limitar el flujo de ideas, informaciones y opiniones., La discusión se centró en considerar un espectro amplio e incluyente de quienes ejercen el periodismo, poniendo énfasis en el bien jurídicamente tutelado, es decir, el derecho a la libertad de expresión. Al momento de evaluar la procedencia o no de definir quién ejerce la actividad periodística, ARTICLE 19 consideró necesario realizar las siguientes consideraciones: a.	Definir quién es periodista con la intención de restringir el acceso a quienes han cursado una carrera o con objeto de instrumentar una colegiación obligatoria, es ilegítimo. La definición puede tener un fin legítimo, si acaso, para acreditar que una persona labora para un cierto medio. b.	Tener presente que promover esta discusión tiene como fin establecer un conjunto de disposiciones y las más acordes para proteger a quienes han sufrido o pueden sufrir ataques en virtud de su actividad periodística y que tienen por objeto silenciarles. Esto es, que atentan contra la libertad de expresión tanto en la dimensión individual, de quien ejerce el periodismo, y en su dimensión colectiva, en tanto que la sociedad tiene derecho a recibir las informaciones e ideas. Las personas más identificables tanto por el agresor como por las autoridades y la sociedad en su conjunto son las y los periodistas en tanto que hacen del periodismo su quehacer. Sin embargo, personas involucradas en procesos de la comunicación también han sido y pueden ser víctimas de ataques. Por ejemplo, las y los propietarios de medios, distribuidores, editores, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, voceros, medios independientes, entre otros, que no deben quedar desprotegidos ante una legislación que pretende salvaguardar la libertad de prensa. c.	En cuanto al análisis de los efectos de definir quién es periodista, debe tenerse presente que la regulación que tiene por objeto brindar una “protección especial” será marco de referencia para otros ámbitos, por ejemplo, el laboral. Algunos de los factores a evaluar en la búsqueda de una definición de periodista con miras a establecer una protección efectiva sobre las violaciones a la libertad de expresión son los siguientes: •	Generalmente la existencia de remuneración económica es tomada como criterio para establecer si tanto de medios como personas realizan trabajo periodístico, lo que deja fuera en principio a blogueros y por ejemplo en el caso de México, bajo la normatividad vigente en materia de radio y televisión, a las y los comunicadores de radios comunitarias, así como de cualquier otra persona que lo logre acreditar realizar el ejercicio derivado de una compensación económica. •	Han de considerarse a las personas involucradas en las nuevas tecnologías, medios independientes, blogs, foros de discusión, radios indígenas y comunitarias y universitarias. •	Definir al periodismo como una acción y no un estatus laboral o profesión. No puede determinarse quién es periodista basados en una profesión o grado académico.
De esta forma la FEADLE podría obtener más datos atendiendo a las características especiales de este tipo de agresiones, por lo que podría complementar la investigación con:34 –	Información de medios de comunicación; –	Acciones urgentes emitidas por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil; –	Sistema de alerta IFEX; –	Pronunciamientos de instancias de derechos humanos. –	A efecto de contextualizar la información se tendría que verificar la: –	Correlación de fuerzas políticas; –	Línea editorial del medio en el que colaboraba la víctima; –	Naturaleza y orientación de actores relevantes (económicos, políticos y sociales) ; –	Agenda de los medios de comunicación en la región; –	Antecedentes del medio donde labora la víctima (existencia de publicidad oficial, financiamiento, tipo de medio, perfil de notas, etc.); –	Otro tipo de agresiones a la libertad de expresión en la región.
Asimismo se puede complementar con: –	Informes de derechos humanos; –	Fuentes periodísticas; –	Información oficial (informes, reportes, comunicados de prensa, etc.). Atendiendo específicamente a la actividad periodística de la víctima: –	Tipo de labor periodística (tipo de nota de cobertura). Así con una investigación adecuada se logrará el objetivo de la no impunidad, reuniendo elementos suficientes para determinar el ejercicio de la acción penal, evitando la posibilidad de declarar la reserva de la averiguación. La FEADLE en virtud de su especialización para la realización de las investigaciones de delitos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística, podrá garantizar la aportación de pruebas y realización de diligencias solicitadas por las víctimas u ofendidas del delito con una perspectiva acorde a la trascendencia del esclarecimiento de crímenes contra la libertad de expresión practicada por periodistas.
34	VV. AA. Protocolo para el registro, documentación y seguimiento de agresiones a periodistas. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, y el Centro Nacional de Comunicación Social, p. 43 y s.s.
REQUISITOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS POR LA FEADLE
Los casos específicos de conocimiento de la FEADLE son cuando: I.	Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión; II.	Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior; III.	Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales, y IV.	Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la libertad. No obstante, se establece la obligación de declinar la competencia en favor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada35 “cuando se tenga acreditado que están relacionados sujetos activos del delito, asociados a la delincuencia organizada, y que con motivo de dicha actividad éstos efectuaron las conductas materia del Acuerdo de creación de la FEADLE”.
Dicha obligación de declinar la competencia no se adecua a una visión garantista de los derechos de la víctima establecida en la CPEUM,36 y en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,37 al no ubicarse a la víctima de los delitos en el centro de la atención ministerial. Es decir, la actual fórmula para declinar la competencia ubica a quien comete el crimen (delincuencia organizada) como el centro de sus acciones, y no a los afectados por el crimen, que en este caso son las personas que ejercen la actividad periodística. Actualmente la actuación de la FEADLE tiene la limitante de que las conductas que investigue se relacionen con delitos federales, esto es, los establecidos en las leyes especiales de carácter federal, en los tratados internacionales y en el Código Penal Federal. Lo anterior repercute directamente en la unidad de las investigaciones y por tanto en una adecuada investigación y persecución criminal. Es más, respecto de los delitos previstos en el Código Penal Federal no basta la existencia de la conducta, es decir que se cometa en contra de periodistas en razón del ejercicio de su derecho a la información o libertad de prensa, sino que requiere que se cumplan situaciones específicas de acuerdo con lo establecido en el artículo. 50 fracción I incisos b) a l) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como son realizarse: –	Por servidoras/es públicos o empleadas/os federales en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
35	Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 36	Reformas al artículo 20 constitucional publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre del 200 y del 18 de junio de 2008, relacionadas a las garantías o derechos de la víctima en todo proceso de orden penal. 37	http://www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm
–	Por agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; –	En contra de servidoras/es públicos o empleadas/os federales en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; –	En contra de la Federación; –	Con motivo del funcionamiento de un servicio público federal; –	En contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio; –	Para atacar, dificultar o imposibilitar el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; –	En fraude relacionado con prometer o proporcionar un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal; –	En contra de funcionarios/as electorales federales o funcionarios/as partidistas en cumplimiento de funciones electorales; y –	En el territorio38 señalado en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal. La federalización o en su caso facultar a la federación de conocer de cualquiera de los delitos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística cumple la función de, eventualmente establecer el derecho sustantivo (delitos, penas y medidas de seguridad) y adjetivo (procedimientos) propicios para la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos señalados.
38	Casos en los que el fórum delicti commisi se halle fuera del territorio nacional y cuando se den casos de persecución de delitos perpetrados en territorios bajo jurisdicción federal o fuera del territorio nacional.
ACTORES EN EL PROCESO DE DISCUSIÓN EN TORNO A LA FEDERALIZACIÓN
ARTICLE 19 ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión, es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza el derecho de toda persona a expresarse libremente y a recibir información. Consideramos que el pleno goce de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información facultan a la sociedad al ejercicio de sus libertades individuales, fortalecen la democracia, previenen la represión, el conflicto, la guerra y el genocidio. La Oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica ha tenido una participación activa en el proceso de federalización. Desde el inicio de las discusiones, la necesidad de brindar facultades a la Federación para que pudiese investigar fue planteada como parte de una reforma integral necesaria a fin de contar con el marco jurídico adecuado para investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar a los responsables de las agresiones cometidas contra quienes ejercen la actividad periodística. Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas.
Sus principales objetivos son: Defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas; Proteger los intereses de la prensa en las Américas; Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo; Alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial; Promover el intercambio de ideas e información que contribuya al desarrollo técnico y profesional de la prensa; Alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación El 19 de diciembre de 2006, durante la LX legislatura del Congreso de la Unión se publicó39 el acuerdo del 18 de diciembre de 200640, mediante el cual se formó la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a
39	http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/09/asun_2591671_20090923_1253727830.pdf y http://archivos.diputados. gob.mx/Programas_anuales/informes/informe_agresiones_periodistas_ene-jun_2009.pdf 40	Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Diario de los debates, correspondiente a la sesión 35 del año 1 de la LX Legislatura, del lunes 18 de diciembre de 2006. Páginas 46 a la 48. Véase: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/60/1er/1P/Ord/dic/00L60A1P135.html
Periodistas y Medios de Comunicación, con el objetivo contar con un órgano parlamentario especial41 que atenderá el tema específico ante las agresiones contra periodistas. Al tratarse de una comisión especial, su duración no era indefinida42 por lo que se acordó existiría hasta el 31 de agosto de 2009 y se integraría de 15 diputados y/o diputadas.43 Si bien en la Legislatura LXI se instaló44 nuevamente la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, el tema de la federalización fue tratado por la anterior Comisión. La Comisión que sesionó por primera ocasión el 14 de febrero de 2007,45 generó presencia amplia en medios de comunicación y creó un Consejo Consultivo integrado por especialistas en derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales, academia, directivos de medios de comunicación, entre otros.46 También generó un espacio de diálogo sobre la necesidad de federalizar los delitos contra periodistas, y se evidenció que era un tema de interés social, pues el bien jurídico a proteger no es tanto la defensa del periodista, sino el derecho a la información, que es un derecho humano fundamental así como un derecho social. Se señaló que con la federalización se reduciría la impunidad al existir en principio, cierta independencia del Ministerio Público Federal así como la eliminación de la limitante de competencia por territorio permitiéndole a la PGR concentrar los esfuerzos en el seguimiento de casos.47 Entre las principales acciones se encuentran la determinación de priorizar la promoción de iniciativas de ley para la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación;48 la celebración del foro denominado “Discusión sobre la federalización de los delitos contra periodistas”;49 y la presentación de la iniciativa con proyecto de reforma que adiciona el Título Vigésimo Séptimo y los artículos 430 del Código Penal Federal, el 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 50 fracción I de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.50 Libertad de Información México A.C. (LIMAC) Asociación civil sin fines de lucro constituida en 2002 cuyo objeto principal era contribuir a la construcción del marco del derecho de acceso a la información pública y normas complementarias en México, así como formar organizaciones estatales filiales que coadyuven al cumplimiento de su cometido. Así como la promoción, monitoreo y tutela del derecho a la información de acuerdo a los estándares democráticos internacionales dictados en la materia.
41	De acuerdo al art. 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), el Pleno de la Cámara de Diputados (Pleno) tiene la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales, mismas que, de acuerdo al art. 34 numeral 1, inciso C) de la LOCGEUM corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno. 42	Art. 42 de la LOCGEUM 43	Numerales cuarto y quinto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. 44	Gaceta parlamentaria de la LXI Legislatura, Año XIII, número 2952, del jueves18 de febrero de 2010. Página 17. Véase: http://gaceta. diputados.gob.mx/PDF/61/2010/feb/20100218.pdf 45	Gaceta parlamentaria de la LX Legislatura, Año X, número 2247, del lunes 7 de mayo de 2007. Véase: http://gaceta.diputados.gob.mx/ Gaceta/60/2007/may/20070507.html#Actas 46	[S]e constituyó con la intención de integrar las inquietudes de ciudadanos involucrados directamente en los asuntos que competen a la comisión, para complementar y conocer más a fondo cuáles son los retos y las dificultades del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México. En la sesión se decidió la participación de algunos de los integrantes de dicho consejo, dentro de los que destacan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (sic), la AMEDI, la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, Artículo XIX (sic), la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIRT, la Fundación Buendía, además de instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, , el Tecnológico de Monterrey, entre otras. http://archivos.diputados.gob.mx/Programas_anuales/informes/informe_agresiones_periodistas_ ene-jun_2009.pdf 47	Asuntos tratados durante la 7ª sesión plenaria de la Comisión. Véase: http://archivos.diputados.gob.mx/Programas_anuales/informes/ informe_agresiones_periodistas_ene-jun_2009.pdf 48	2ª sesión del Consejo Consultivo realizada el 13 de agosto de 2008. Véase: http://archivos.diputados.gob.mx/Programas_anuales/informes/ informe_agresiones_periodistas_ene-jun_2009.pdf 49	Realizado del 9 al 11 de febrero de 2008. Véase: http://archivos.diputados.gob.mx/Programas_anuales/informes/informe_agresiones_ periodistas_ene-jun_2009.pdf 50	Presentada el 27 de noviembre de 2008. Gaceta parlamentaria de la LXI Legislatura, Año XII, número 2644, del viernes 28 de noviembre de 2008. Véase: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/nov/20081128.html#Ini20081128-1
DEBATE SOBRE LA PERTINENCIA DE UNA PROPUESTA PARA FEDERALIZAR LOS DELITOS
El proceso para consensar un proyecto para “federalizar” los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo se caracterizó por ser abierto y sujeto a discusión de manera transparente. Durante 2008 se realizaron diversos foros y discusiones sobre la federalización de los delitos cometidos contra periodistas en los que se analizó y discutió la pertinencia de “federalizar” y los alcances jurídicos. En el mes de abril de 2008, tuvo lugar el foro Responsabilidad del Estado Mexicano en las Agresiones a Periodistas y la Federalización de los Delitos contra Periodistas51 en el cual se abordó la pertinencia y alcances de las propuestas en materia de federalización hasta entonces presentadas al Congreso de la Unión, considerando la situación de violencia hacia quienes ejercen el periodismo. En septiembre de 2008, se llevó a cabo el Foro Discusión sobre la Federalización de los delitos contra Periodistas en la Cámara de Diputados convocado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación a petición de distintos actores interesados en el tema. Fueron tres días de discusión sobre la posible necesidad de definir quién es periodista, así como la pertinencia de federalizar los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo y las implicaciones jurídicas en caso de realizarse. La asistencia e intervenciones en el foro fueron por parte de expertos en temas de derechos humanos, particularmente en materia de libertad de expresión, juristas, periodistas, trabajadores y trabajadoras de la comunicación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y legisladoras y legisladores. A continuación se establece el “programa” del primer foro donde se puede apreciar la discusión inicial y las especialistas involucradas:
Martes 9 de septiembre 9:00 – 9:30 Bienvenida y Presentación Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión para dar Seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación 9:30 – 11:30 Mesa 1. Definición de periodista o función periodística Temas indicativos •	La importancia de definir el trabajo del periodista •	Que actividades deben de ser consideradas como periodismo •	A quienes se debe considerar periodistas Miércoles 10 de septiembre 9:30 – 13:30 Mesa 3. Implicaciones jurídicas para la federalización de los delitos en contra de periodistas Temas indicativos •	Los límites y alcances de la PGR en materia de investigación de delitos cometidos en contra de periodistas •	Reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación •	Análisis de la importancia de calificar como graves de acuerdo al art. 194 CFPP los delitos cometidos en contra de periodistas. •	Legislación comparada •	Conexidad de competencias federal y local •	Tipificación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión e información
51	El foro fue organizado por Libertad de Información México A.C., Revista Zócalo, Fundación Manuel Buendía y auspiciado por ARTICLE 19, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C.
Expositores: Roberto Piñón María del Rocío Torres Contreras Darío Ramírez Roberto Rock Ernesto Villanueva Moderador: Dip. Israel Beltrán
Expositores: Eréndira Cruz Villegas Perla Gómez Roberto Piñón Juan Carlos Gutierrez Eva Reyes Ibañez Octavio Orellana Javier Corral Moderador: Dip. Gerardo Priego
11:30 – 14:00 Mesa 2. Justificación de la federalización de los delitos cometidos contra periodistas Temas indicativos •	Razones para federalizar los delitos contra periodistas •	Eficacia y eficiencia de las procuradurías estatales y federal en la investigación de delitos contra periodistas •	Análisis y comentarios relativos a las propuestas presentadas en el Congreso de la Unión, relativas a la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas. •	Comentarios relativos a las reformas aprobadas por el congreso del estado de Coahuila en materia de delitos contra periodistas. Expositores: Fernando Batista Jiménez Ramón Antonio Marín Luis Raúl González Pérez José Vargas Elizarraráz Ignacio Soberano Dip. José Ignacio Maynez Moderador: Dip. Victorio Montalvo
Jueves 11 de septiembre 9:30 – 13:30 Mesa 4. Redacción y presentación de Iniciativas Relatores e invitados
•	Asegurar que se consideren a personas nacionales y extranjeras bajo esta protección. •	Contemplar a las personas que ejerzan la actividad periodística de manera regular o esporádica, de manera remunerada o no, pero que haya intervenido en procesos de comunicación o información. •	Que las disposiciones sean tales que protejan a las personas por causa de opiniones o ideas que deseen publicar o que hayan publicado a través de un medio de comunicación.
2. Bien jurídicamente tutelado: Derecho a la libertad de expresión
La discusión sobre la pertinencia o no de legislar sobre el término periodista deviene del hecho de que se han implementado criterios restrictivos que han descalificado la función de algunas de las personas que ejercen la labor periodística cuando éstas han sido víctimas de agresiones o ataques. Estas agresiones, que motivan el discernimiento sobre la federalización de los delitos contra periodistas, son llevadas a cabo contra aquellas personas que ejercen el periodismo o están involucrados en el circuito de la información cuando tienen como motivo precisamente atentar contra la libertad de prensa. Los mandatos especiales sobre libertad de expresión han descrito los ataques como “censura por homicidio” en tanto que la finalidad de estos ataques tiene como objetivo final callar al individuo sujeto del ataque, pero también mandar un mensaje a quien sea que denuncie sobre cuestiones que implican riesgo, con el propósito de sembrar pánico en el debate público52. En este contexto, la persona o sujeto atacado no lo es por el hecho de ser reconocido como periodista perteneciente a algún determinado grupo social o por contar con una formación o haberse graduado de una carrera, sino por la información investigada, divulgada o por divulgar. Esto es, por el hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
La protección a la que se hace referencia en del análisis de la federalización tiene como objetivo la protección del ejercicio de la libertad de expresión, no a una persona o personas identificadas o identificables definidas a partir de su profesión o labor. Lo que precisamente se intenta es proteger el ejercicio de esta labor, es decir el derecho de expresarse, sea quien sea el sujeto y de la sociedad a recibir información. Por ello, en el marco del foro se planteó un cambio de perspectiva: del sujeto de la protección, periodista, al bien jurídico tutelado: el derecho a la libertad de expresión. Esto es un cambio fundamental de la perspectiva del problema de fondo. Los ataques a periodistas tienen una intención que es silenciar o violentar cualquier expresión. Por tanto, lo que debe protegerse es el ejercicio de la libertad de expresión y de información en el ejercicio periodístico.
Necesidad de dotar de facultades a las autoridades federales para investigar y sancionar El consenso entre los participantes del foro sobre la impunidad existente en los casos de agresiones contra periodistas fue patente. La importancia y gravedad de las violaciones a la libertad de expresión y la amenaza que representa para la sociedad y democracia, requieren que la Federación cuente con facultades para conocer de estas violaciones/ delitos contra quienes ejercen la actividad periodística.
52	Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle. asp?artID=142&lID=2
Durante las discusiones del foro se evaluaron los alcances y repercusiones de la federalización. Los principales argumentos esgrimidos en miras a evaluar la pertinencia de federalizar los delitos contra quienes ejercen la actividad periodística son los siguientes: 1.	La mayoría de los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo, entre los que se encuentran las amenazas, lesiones, homicidio, abuso de autoridad, entre otros, son de competencia del orden local por lo que las investigaciones y el proceso penal corresponden a las autoridades locales, de manera que sólo bajo ciertos supuestos la Federación puede conocer de ellos. Debe considerarse que cuando el perpetrador es la autoridad local, como lo es en la mayoría de los casos registrados, las víctimas no acuden a las instancias locales por desconfianza e incluso por razones de seguridad. 2.	Durante la documentación de agresiones a periodistas y trabajadores de la comunicación que realiza ARTCILE 19, de manera recurrente las víctimas admiten que no confían en las instancias locales, en razón de que las autoridades locales en la mayoría de los casos registrados fueron las perpetradoras o están coludidas con los perpetradores. Con base en lo anterior, en varios de los casos optan por no presentar una denuncia, ante la falta de garantías de que se realice una adecuada investigación o por temor a mayores represalias, lo que conduce a la impunidad. 3.	El Diputado Gerardo Priego, Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación cuestionó el hecho de que los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, Oaxaca y Veracruz “actúan con cinismo”, porque ante las solicitudes de información y colaboración responden con “constantes evasivas y con gran descaro hasta rechazan el respeto a la libertad de expresión”53. Lo anterior no obstante que desde 2006, se creó la entonces FEADP y que para la realización del foro, se desconocía la cifra exacta de denuncias por delitos cometidos contra periodistas o trabajadores de la comunicación ante instancias locales y así como la competencia para que la FEADP investigue sobre estos casos. Además de que la FEADP no cuenta con facultades para poder exigir a los Estados, ni los Estados tienen la obligación de informar a la Fiscalía sobre estos casos. 4.	Al prevalecer la impunidad sobre las agresiones contra quienes ejercen la actividad periodística, el Estado mexicano ha incumplido con sus obligaciones internacionales de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos consagrados en los tratados, y de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, particularmente del derecho a la libertad de expresión en tanto que las agresiones tienen como objeto mermar el libre flujo de ideas e informaciones. Así también ha incumplido en sus obligaciones frente a otros derechos humanos consagrados en instrumentos como la Convención Americana como lo son el Derecho a la vida (Art 4); Derecho a la integridad personal (Art. 5); Derecho a la libertad personal (Art. 7.1); Derecho al debido proceso (Art. 8); Derecho a la protección judicial (Art. 25); Derecho a la participación política (Art. 23). Como Estado parte de la Convención Americana, el Estado mexicano está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por este instrumento internacional. De manera particular, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”54 En este sentido, la propuesta de federalizar los delitos contra quienes ejercen el periodismo resulta no sólo en una alternativa, sino en una necesidad para eliminar obstáculos de derecho interno en los que el Estado se ha
53	Disponible: http://www.jornada.unam.mx/2007/07/13/index.php?section=politica&article=009n1pol, julio 2007. 54	Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 175.
excusado para lograr la investigación, procuración y enjuiciamiento de las personas responsables de estos delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo y por tanto violentando el derecho humano a la libertad de expresión. Dentro de la ponderación de los distintos argumentos presentados en relación con la federalización, se advirtió el riesgo de vulnerar la soberanía de los Estados. Sin embargo, ante los argumentos que prevalecieron a favor de dotar de facultades a las autoridades federales para conocer de los delitos cometidos contra quienes ejercen la actividad periodística y la posibilidad bajo el sistema jurídico mexicano de reservar la materia a la Federación, se concluyó que era pertinente elaborar una propuesta para federalizar de los delitos cometidos contra la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo.
Las conclusiones derivadas del foro apuntaron lo siguiente: •	La necesidad de realizar un proyecto de iniciativa que estableciese la facultad de las autoridades federales de conocer sobre los casos del fuero común, principalmente en razón de que las autoridades locales en la mayoría de los casos registrados fueron las perpetradoras o están coludidas con los perpetradores, lo que conduce a la impunidad. •	Que la protección a brindar debía ser amplia y centrada en el bien jurídicamente tutelado, la libertad de expresión, no centrada en el sujeto “periodista”. Lo anterior a fin de evitar el riesgo de caer en la colegiación obligatoria y con propósito de no violentar el principio de igualdad y no discriminación.
PROCESO DE REDACCIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE INICIATIVA
Como parte del seguimiento a las conclusiones resultado del foro Discusión sobre la Federalización de los delitos contra Periodistas, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados en consenso con el Consejo Consultivo, solicitó al experto jurista, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl González Pérez, a que a título personal contribuyera en la asesoría técnica de la redacción del proyecto de iniciativa que concentrara las visiones derivadas de las distintas discusiones e iniciativas presentadas. La premisa era la redacción de una propuesta integral dentro del marco de la ley, que efectivamente incidiera de manera positiva en la problemática sobre impunidad que impera en los casos de agresiones contra quienes ejercen el periodismo en México.
▶	A partir del acuerdo de iniciar la redacción de una propuesta, se integró un Secretariado Técnico del mismo Consejo Consultivo para redactar los borradores. Esta instancia se integró por legisladores y representantes de las siguientes instituciones, organizaciones y expertos y expertas:
•	Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación •	Asesoras y asesores de las distintas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados •	Universidad Nacional Autónoma de México •	Comisión Nacional de los Derechos Humanos •	Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal •	ARTICLE 19 •	Fundación Manuel Buendía •	Perla Gómez
▶	El proyecto de iniciativa fue redactado en sesiones de trabajo regulares por el Secretariado Técnico y comentado
por el abogado general de la UNAM. Una vez finalizado, fue presentado y consensuado entre los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Especial de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, es decir, entre los legisladores miembros de la Comisión Especial y diversas organizaciones de la sociedad civil, periodistas, dueños de medios, académicos.
Contenido del proyecto Con base en las conclusiones de los foros, el contenido del proyecto de decreto se delimitó en función de las reformas y adiciones necesarias para abordar de manera integral la problemática en la investigación y sanción de las violaciones a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo. Por ello se incluyen los siguientes aspectos:
Contenido del proyecto de decreto –	Tipificación de los delitos contra la libertad de expresión. A partir de la tipificación adecuada de estos delitos en el Código Penal Federal, la instancia encargada de la persecución y procuración de justicia, es decir la Fiscalía Especial de la PGR, tendría claramente delimitadas las facultades y competencias sobre los delitos sobre los que se debe perseguir. –	Establecimiento de la competencia federal para la investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción de los delitos contra la libertad de expresión. La competencia federal permitiría que la Federación cuente con facultades de investigación y sanción de las agresiones cometidas contra quienes ejercen el periodismo a efecto de que éstas no permanezcan impunes. Se eliminarían también los obstáculos que limitaban a la Fiscalía, instancia federal especializada en investigar y perseguir estos delitos. –	Adiciones necesarias a la legislación procesal. A efecto de lograr la efectividad en la investigación de los delitos contra la libertad de expresión, se establece la obligación de que cualquier delito que probablemente involucre ataques a la libertad de expresión, debe hacerse del conocimiento al Ministerio Público Federal quien deberá agotar las líneas de investigación a efecto de confirmar o descartar que se trate de uno de estos delitos. –	Creación de una Subprocuraduría para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. En virtud de la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para restructurar y fortalecer la FEADP (hoy FEADLE), y ante el acotado marco jurídico con el que fue creada esta Fiscalía y que limita en su actuación, se promueve la creación de una Subprocuraduría para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas a efecto de garantizar su debía independencia presupuestal, autonomía de gestión y facultades suficientes para investigar. El resultado del proceso de redacción es el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO VIGESIMOSÉPTIMO Y EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que a continuación se transcribe:
PROYECTO DE DECRETOOR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO VIGESIMOSÉPTIMO Y EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ASÍ COMO SE REFORMA EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo Primero.- Se adiciona el Título vigésimo séptimo y el artículo 430 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Título Vigésimo Séptimo De los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión Artículo 430.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa al que, con el propósito de coartar el derecho de una persona a expresarse y difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e informaciones perpetre en su contra algún acto tipificado como delito en este Código. Igual sanción se impondrá a quien, con idéntico propósito, atente por medios tipificados como delito, en contra de las instalaciones de cualquier persona moral dedicada a la comunicación. Si el sujeto activo del delito fuese servidor público, la pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una mitad. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro hasta por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de la que corresponda por el delito o delitos cometidos sin menoscabo y perjuicio que la ley federal de servidores públicos establece.
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: I. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal: a) … b) Los señalados en los artículos 2 a 5 y todos aquellos que se mencionan en el 430 del Código Penal; c)… a m)…
Artículo tercero.- Se adiciona el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 116.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía. Tratándose de delitos referidos en el artículo 430 del Código Penal Federal que probablemente involucren ataques a la libertad de expresión, la autoridad que conozca del asunto lo pondrá del inmediato conocimiento del Ministerio Público de la Federación.
TRANSITORIOS Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre de 2008. Proyecto de decreto para crear la Subprocuraduría para la atención de delitos cometidos en contra de periodistas.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 2 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue: Artículo 2.- Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales; Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; Subprocuraduría para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de los Periodistas Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; Oficialía Mayor; Visitaduría General; Agencia Federal de Investigación; Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional; Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías; Coordinación General de Delegaciones; Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud; Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos; Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; Unidad de Operaciones; Dirección General de Comunicación Social; Dirección General de Asuntos Jurídicos; Dirección General de Constitucionalidad; Dirección General de Normatividad;
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica; Dirección General de Cooperación Internacional; Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; Dirección General de Control de Procesos Penales Federales; Dirección General de Amparo; Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección; Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos; Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Coordinación, Desarrollo e Innovación Gubernamental en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales; Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Dirección General de Telemática; Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales; Dirección General de Servicios Aéreos; Dirección General de Visitaduría; Dirección General de Inspección Interna; Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación; Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución; Dirección General de Planeación Policial; Dirección General de Investigación Policial; Dirección General de Análisis Táctico; Dirección General de Despliegue Regional Policial; Dirección General de Operaciones Especiales; Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol; Dirección General de Intercepción; Dirección General de Erradicación; Dirección General de Planeación e Innovación Institucional; Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional; Dirección General de Formación Profesional; Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales;
Órganos Desconcentrados: –	Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; –	Centro de Evaluación y Desarrollo Humano; –	Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal; –	Delegaciones, y –	Agregadurías. El Órgano Interno de Control en la Procuraduría se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de este Reglamento.
Transitorios Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra los Periodistas, pasaran a formar parte de la Subprocuraduría para la Atención de los Delitos Cometidos en Contra de los Periodistas. Tercero.- Se deroga el Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación 15 de febrero de 2006 y todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo previsto en el presente acuerdo.
Dado en el salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Recepción del proyecto de decreto en la Cámara de Diputados
▶ El 26 de noviembre de 2008, la Comisión Especial y los miembros del Consejo Consultivo entregaron el proyecto
de decreto por el que se adiciona el Título vigesimoséptimo y el artículo 430 del Código Penal Federal, y el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como la reforma al artículo 50, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde líderes de todas las bancadas manifestaron su apoyo al proyecto.
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título vigésimo séptimo y el artículo 430 del Código Penal Federal y el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en torno a la federalización de delitos contra periodistas55.
▶ El 27 de noviembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de integrantes de la Comisión para dar
▶ En el mismo acto, el proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su dictaminación.
55	Diario de los Debates, Poder Legislativo Federal, LX Legislatura, Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/60/3er/1P/Ord/nov/20081127.html#CODIGO
El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Justicia para su aprobación. Esta Comisión, previo a sostener una reunión con el presidente de la Comisión Especial y miembros del Consejo Consultivo, elaboró un documento, base del dictamen que estimaba emitir sobre el proyecto de decreto. En este borrador de dictamen se preveía únicamente la adición de un título con los delitos cometidos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación en el Código Penal Federal que incluía una pena de prisión y multa a quien “atente contra el libre ejercicio de expresión de los periodistas o de los medios de comunicación...” y establecía que los términos periodista y medio de comunicación se entenderían tal como ya estaban establecidos en la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Es decir, no contemplaba el otorgamiento de facultades a las autoridades federales para conocer de estos delitos. El borrador de este dictamen fue hecho del conocimiento de los miembros del Consejo Consultivo por lo que se solicitó una audiencia con el presidente de la Comisión, el entonces diputado César Camacho Quiroz, quien reconoció la gravedad de la violencia contra quienes ejercen el periodismo, sin embargo, manifestó no estar de acuerdo con el texto del proyecto de decreto presentado, razón por la cual determinó la elaboración del “documento proyecto de dictamen”. Principalmente expresó su posición en contra de la federalización de los delitos y de la técnica legislativa para a ese respecto. Ante la postura de la Presidencia de la Comisión de Justicia y la posición de miembros del Consejo Consultivo en contra del “documento proyecto de dictamen” realizado por la Comisión, se acordó realizar reuniones de trabajo técnicas con los representantes que cada organización o miembro del Consejo Consultivo para trabajar sobre el texto, con el propósito de finalizar una propuesta de dictamen en el mes de enero de 2009 y presentarla al pleno. Reuniones de trabajo
▶	Las reuniones de trabajo se celebraron semanalmente para llegar a acuerdos y en su caso exponer los desacuerdos y así manifestar las posturas a las y los legisladores.
▶	En las reuniones de trabajo participaron representantes:
•	La Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión de Justicia, asesores del presidente de la Comisión,
asesores y asesoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y asesores y asesoras de la Presidencia de la Comisión Especial, principalmente del Partido Acción Nacional.
Por parte del Ejecutivo Federal
•	La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra Periodistas. Por parte de la sociedad civil56
•	ARTICLE 19.
56	La falta de asistencia regular de otras ONG fue una constante.
▶	Durante las reuniones se expusieron las motivaciones sobre la pertinencia de una reforma integral en la que se
facultara a las autoridades federales para investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar los delitos contra quien ejerce la actividad periodística. A saber, que: a.	La Federación pueda conocer de casos de delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo que caen en el ámbito local. b.	La trascendencia de las agresiones contra periodistas y comunicadores y comunicadoras c.	El hecho de que las investigaciones a nivel local se ven mermadas, ya sea por dilación, omisión o falta de diligencia, porque las autoridades locales en la mayoría de los casos son las perpetradoras o están coludidas con los perpetradores. d.	A reserva de que la Fiscalía cuenta con un marco jurídico acotado que la hace ineficaz y que se debe restructurar, existe una instancia especializada en el tema a nivel federal.
▶	Las principales discusiones versaron sobre los siguientes puntos:
a.	La postura de las y los asesores de la Comisión de Justicia y autoridades de la PGR era establecer sanciones a un delito que protegiese de manera limitada a quien es considerado periodista o medio de comunicación, contrario a tipificar delitos contra la “libertad de expresión”. Acuerdos Después de evaluar todos los posicionamientos, se acordó dictaminar sobre la inclusión de un delito en el Código Penal Federal que protegiera a todo aquel que ejerza la actividad periodística en una definición amplia y reconocer que se protege el derecho a la libertad de expresión haciendo este señalamiento dentro del Título del Código Penal que establece de estos delitos.
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DENOMINADO “DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” Artículo Único. Se adiciona un Título Vigésimo Séptimo, al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado “De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la actividad periodística”, para quedar como sigue: TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la actividad periodística Artículo 430. A quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa. Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán con independencia de la que corresponda por la comisión de otro u otros delitos. Artículo 431. Para efectos de este Título, se entenderá por actividad periodística el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas. Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.
Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las sentencias emitidas y los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto no serán afectados. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes expedidas con anterioridad. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.
b.	En relación con la federalización de los delitos, las autoridades expresaron dos grandes preocupaciones en el sentido de que estos delitos se reservaran a la Federación: –	Recientemente, el Congreso había rechazó federalizar el delito de secuestro. –	Políticamente, los Estados podrían alegar que se atenta contra su soberanía y el proyecto podría ser rechazado. –	Aun cuando se intentara “federalizar” los que nos ocupan, se tendría que reformar la Constitución. Acuerdos Como resultado de las reuniones de trabajo, la Comisión de Justicia se comprometió a presentar una reforma constitucional que estableciese ciertos supuestos en las que la Federación podría conocer de delitos que en circunstancias normales, serían sólo de competencia local. Con base en el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal,57 en las reuniones de trabajo se discutió este proyecto y se acordó un texto para el dictamen en el que se establece la facultad de atracción por parte de la Federación. En marzo de 2009, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen sobre la reforma al artículo 73 fracción XXI de la Constitución que establece la facultad de atracción por parte de la Federación para conocer los delitos que impacten en el ejercicio de la libertad de expresión, el cual había sido propuesto en las mesas de trabajo con la Comisión de Justicia y el que debía ser aprobada también por la Comisión de Justicia.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. a XX. … XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.
57	Proyecto de Decreto presentado por el Ejecutivo Federal el 28 de octubre de 2008 a la Cámara de Diputados.
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales; o cuando por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; XXII. a XXX. … Artículos Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Al entrar en vigor el presente decreto, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y locales que corresponda. Tercero. La facultad de las autoridades federales a que se refiere el presente decreto, sólo podrá ser ejercida respecto a los delitos del fuero común que por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, que se cometan después de la entrada en vigor del mismo.
c.	Sobre las demás propuestas procesales incluidas en la iniciativa de la Comisión de Agresiones contra Periodistas, argumentaron que las disposiciones ya se incluyen de manera general, aunque no necesariamente se refieran al tema del periodismo. d.	Durante todas las reuniones, ARTICLE 19 reiteró la necesidad de restructurar y fortalecer la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, hoy Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
APROBACIÓN PARCIAL DEL DICTAMEN-INICIATIVA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados El 2 de abril de 2009, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que adiciona el título XXVII al Código Penal Federal denominado “De los delitos cometidos contra la libertad de expresión”.58 Sin embargo, se consideró que el dictamen estaba incompleto, debido a que no se incorporó la facultad de la Federación para conocer de estos delitos ni las disposiciones procesales correspondientes. No obstante, el dictamen de la Comisión de Justicia fue enviado al Senado para su discusión y fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera para su dictaminación.59 En este contexto, se presentaron diversas propuestas, como la del 13 de enero, que expide la “Ley de Periodismo de Alto Riesgo”, suscrita por los senadores Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI misma que se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores Con la iniciativa se propone incorporar el concepto de “periodismo de alto riesgo”, concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión. En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas que sean considerados “de alto riesgo” deben de tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas contarán con la prestación de servicios médicos por parte del sistema nacional de salud.60 ARTICLE 19 reconoció la aprobación del Dictamen de la Iniciativa con dicho Proyecto de Decreto, pues ésta representó un primer avance en la protección del derecho a la libertad de expresión al establecer que este derecho fundamental es el bien jurídico a tutelar y prever un espectro de protección incluyente de toda y todo aquel que ejerce el periodismo. Sin embargo, ARTICLE 19 señaló la importancia de subrayar que resultaba insuficiente para proteger la libertad de expresión y a quienes ejercen la actividad periodística por las siguientes razones: •	No faculta a la Federación para investigar y sancionar los delitos contra quienes ejercen la actividad periodística y cuyos casos son competencia del fuero local. •	No se contemplan las modificaciones y adiciones procesales respectivas.
58	De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el Título Vigésimo Séptimo, “De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”, al Código Penal Federal. Aprobado en la Cámara de Diputados con 263 votos en pro, el jueves 2 de abril de 2009. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2728-IV, martes 31 de marzo de 2009. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ 59	Síntesis de la sesión ordinaria del martes 14 de abril de 2009, Minutas: Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, Denominado “De Los Delitos Cometidos Contra La Libertad De Expresión”. Se Turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1&lg=60 &sesion=2009/04/14/1 60	Disponible en: http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=1816&lg=61
Es decir, la sola aprobación de la adición del título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal no federaliza los delitos cometidos contra periodistas. Con esta reforma, las autoridades federales sólo podrán investigar los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo bajo las mismas circunstancias en las que investigan en la actualidad con fundamento en las reglas de competencia, particularmente lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con dicha reforma por la que se adicionaban los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la actividad periodística, bastaría la comunicación de la policía al Ministerio Público y sus auxiliares para que estos iniciaran de oficio la investigación, o en el caso de informaciones anónimas se ordenaría a la policía que investigue su veracidad y una vez confirmada se iniciará la averiguación previa correspondiente (Artículo 113 Código Federal de Procedimientos Penales). Lo anterior considerando que no se tratase de delito que requiera querella o cubrir algún requisito previo (Artículos 113 y 114 Código Federal de Procedimientos Penales). E incluso ante el conocimiento de la probable existencia de un delito cometido contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística o de un delito federal contra periodista en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa, se deberán dictar todas las medidas y providencias necesarias para (Artículo 123 CFPP): –	Proporcionar seguridad a las víctimas y testigos –	Proporcionar auxilio a las víctimas y testigos, –	Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, con apego a la salvaguarda de la cadena de custodia61 –	Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, objetos o productos del delito, con apego a la salvaguarda de la cadena de custodia62 –	Saber qué personas atestiguaron el hecho delictuoso,
–	Evitar que el delito se siga cometiendo –	Impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención de quienes intervinieron en su comisión al tratarse de casos de flagrancia –	Registrar inmediatamente el hecho delictuoso. A fin de lograr una investigación y persecución adecuada no sólo es necesario el establecimiento de los aspectos sustantivos del delito, es decir, del objeto (bien jurídico protegido), sujetos (pasivo y activo) y sanciones, sino que además es necesaria la adecuación de los aspectos adjetivos (procedimientos) al mismo tiempo que los orgánicos (facultades y competencias), de esa forma una reforma integral –como la que derivará de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012-, impactará en el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamentos. La llamada federalización de los delitos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística cumple la función de establecer el derecho sustantivo (delitos, penas y medidas de seguridad) y adjetivo (procedimientos) propicios para la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos señalados.
61	Para ampliar información relativa a la cadena de custodia, ver: art. 123 bis al 124 del CFPP 62	Para ampliar información relativa a la cadena de custodia, ver: art. 123 bis al 124 del CFPP
Iniciativa Presentada por el Senador Carlos Sotelo
*Se reforma el artículo 50 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la adición de un inciso “n” quedando como sigue: Artículo 50. Los Jueces penales federales conocerán: I.- De los delitos del orden federal Son delitos del orden federal: a) a m) n) los cometidos en contra de periodistas o con el propósito de interferir o limitar el ejercicio de la actividad periodística Adiciona un título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal. TITULO VIGÉSIMO SÉPTIMO De los delitos en contra de las libertades de Expresión y de Prensa Artículo 430. Se impondrá prisión de 5 a 10 años y de trescientos a tres mil días multa, al que, por cualquier medio, obstaculice el libre ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por las vías de hecho, físicas, sicológicas, o económicas inclusive, en contra de los medios de comunicación o periodistas en el desempeño de su labor profesional, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha sanción se impondrá sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa.
Proyecto de iniciativa de la PGR
Artículo Único.- Se adiciona una fracción al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue: Artículo 50 Los jueces federales conocerán: I. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal:
Proyecto de Iniciativa SIP
Proyecto LIMAC
Reforma que adiciona el título vigésimo séptimo de los delitos contra la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas al Código Penal Federal, un inciso a la fracción I del artículo 85 del mismo ordenamiento, un inciso a la enumeración de delitos contenida en la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y un inciso al listado de delitos federales contenida en la fracción primera del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Artículo 50 Los jueces federales conocerán: I. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal:
A)	a M)…
N) Los cometidos en contra de periodistas Se reputa periodista, aquella persona que presta sus servicios de manera principal, habitual y retribuida, en publicaciones diarias o periódicas y agencias noticiosas, incluidas las empresas radiotelefónicas, de cobertura local. Nacional o internacional. En este último caso, siempre y cuando su estancia en el país se acredite como tal.
N) Los señalados por el Código Penal Federal en el título vigésimo séptimo, de los delitos en contra de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, ya que los bienes jurídicos quebrantados corresponden, también, a derechos humanos y sociales fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información. TITULO VIGÉSIMO SÉPTIMO De los delitos contra la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas Artículo 430. Para los efectos de este capítulo de acuerdo con lo previsto en el libro primero, Título Preliminar, artículo 6º del presente código, quienes incurran en los delitos de homicidio, secuestro, o intimidación contra periodistas o comunicadores con motivo del ejercicio de su profesión u oficio, recibirán, además de las penas que este Código señala por los ilícitos cometidos, hasta una tercera parte más, si el delito es,
Comentarios al proyecto de la PGR. 1.- Hace falta adecuar sistemáticamente otras normas como lo son el código penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. 2.- Si la Competencia no va acompañada de facultades que permitan su implementación pronto esta se convertirá en letra muerta 3.- el Concepto de periodista es restrictivo, ya que deja fuera muchos aspectos de la actividad que dejarían en estado de indefensión a quienes desempeñan actividades diversas dentro del periodismo. 4.- hacen falta mecanismos que inhiban a los presuntos agresores ante la intención de amedrentar el trabajo periodístico. PROPUESTA CIUDADANA Se perfila en tres líneas generales. 1.- Competencia y concepto de periodista: Debe ser una definición abierta que permita integrar el cúmulo de actividades que se desempeñan en el ejercicio periodístico “periodista es quien hace del periodismo su ocupación, remunerada o no”, considerando que todo lo que actualice este supuesto se considerará periodista, salvo prueba en contrario, siendo esta última la excepción. En cuanto a la Competencia Federal, debe integrarse también a las reformas la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
precisamente, contra quienes practican la tarea de informar a la sociedad. Artículo 431. Quienes causen daño en propiedad ajena que produzca deterioro o destrucción de objetos, equipos o instalaciones, así como quienes accedan ilícitamente a sistemas y equipos de informática, en perjuicio de la seguridad de los periodistas y de la libertad de expresión, serán sancionados con las penas que este código señala a los delitos cometidos hasta con una tercera parte más si la infracción es, precisamente contra quienes ejercen la libertad de expresión. Artículo 432. Al servidor público que haya participado en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en este capítulo, además de la sanción que se le imponga, se le destituirá del empleo y se le inhabilitará de uno a quince años para desempeñar cualquier cargo o comisión. Se adiciona un inciso a la fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal en los términos siguientes:
2.- Línea de investigación en función de la actividad periodística. De acuerdo a los artículos 1, 113 y 123 del CFPP., se debe abrir una línea de investigación por libertad de expresión, esto es revisar el antes, el durante y el después de la actividad periodística, a fin de determinar que se trató de un incidente que no tuvo vinculación con su actividad. El capítulo I del CFPP referente a las disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción, en la que se manifieste textualmente que en caso de de que la víctima u ofendido sean periodistas, se deberá abrir una línea de investigación forzosa para correlacionar los reportes. 3.- Agravante en la consecuencia cuando se trate de delitos contra periodistas como resultado de su actividad. Propone modificaciones al CFPP en sus apartados referentes a sanciones, con la finalidad de incrementar la penalidad hasta en un 30% mas del previsto para el delito de que se trate. Propone: 1.- abrir el debate para valorar los alcances de una definición de periodista. 2.- modificar no solo la LOPJF, sino también los CPF y CFPP, para evitar la deficiencia legislativa. 3.- considerar como agravante el que se vulnere la libertad de Expresión
Artículo 85. No se concederá libertad preparatoria a: a)… j)… k) Delitos contra la seguridad de prensa y la seguridad de los periodistas, previstos en artículo 430 de este Código. Se adiciona un inciso a la enumeración de delitos contenida en la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos penales, para quedar en la forma siguiente: Artículo 194. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, por quebrantar de manera importante valores y derechos fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes I.	Del Código Federal de Procedimientos Penales los siguientes: 1… 35… 36) Los previstos en el artículo 430.
PROCESO LEGISLATIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El 25 de junio de 2012 se publicó la reforma constitucional al artículo 73 de la siguiente forma:
Artículo 73... XXI... Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta
El proceso inició en octubre de 200863 mediante la presentación de una iniciativa a cargo del Ejecutivo Federal (GACETA 2624-I) y otra a cargo de un diputado del grupo parlamentario del PAN (Gaceta 3112-II), cuyas propuestas fueron:
Ejecutivo Artículo 73. ... I. a XX. ... XXI... Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la liberad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal, en los términos que establezca la ley. … XXII. a XXX. … Artículo 73. ... I. a XX. ... XXI... Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se relacionen contra violaciones a la liberad de expresión. ... XXII. a XXX. ... Diputado
63	Gaceta No. 2624 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=220&nIdPL=1&cTitulo=CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS&cFechaPub=25/06/2012&cCateg=DECRETO&cDescPL=EXPOSICION DE MOTIVOS
Derivado de lo anterior el 11 de noviembre (Gaceta 3388-II) en la Cámara de Diputados se emitió el siguiente proyecto64 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I a XX XXI (…) Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando esto tengan conexidad con delitos federales o cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o del distrito federal, en los términos que establezca la ley; (…)
El 11 de noviembre de 2011 se discutió� en la cámara de origen el dictamen arriba señalado, aprobándose con un total de 362 votos a favor, 2 abstenciones y ninguna en contra, contando con mayoría calificada y en consecuencia pasó al Senado para sus efectos constitucionales. El 13 de marzo de 2012 (Gaceta No. 359) la Cámara de Senadores en su calidad de cámara revisora dictaminó a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el siguiente proyecto:65
I. a XX. … XXI… Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. .… XXII. a XXX. …
El 13 de abril de 2012 se discutió66 en la Cámara de Senadores el dictamen anterior, aprobándose con 95 votos a favor, 0 abstenciones y sin ningún voto en contra. Finalmente la declaratoria67 por el que se informó la aprobación de la reforma ocurrió el 6 de junio de 2012, al haberse computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales.
64	http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=220&nIdPL=2&cTitulo=CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS&cFechaPub=25/06/2012&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICTAMEN/ORIGEN 65	http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=220&nIdPL=5&cTitulo=CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS&cFechaPub=25/06/2012&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICTAMEN/REVISORA 66	http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=220&nIdPL=6&cTitulo=CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS&cFechaPub=25/06/2012&cCateg=DECRETO&cDescPL=DISCUSION/REVISORA 67	http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=220&nIdPL=7&cTitulo=CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS&cFechaPub=25/06/2012&cCateg=DECRETO&cDescPL=DECLARATORIA
ANALISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El 25 de junio de 2012 se publicó la reforma constitucional de la siguiente forma:
Artículo 73... XXI... Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Y en los artículos transitorios del decreto de reforma se estableció que el Congreso de la Unión debe realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses, situación que se cumple la última semana de diciembre de 2012 a fin de evitar se genere una omisión legislativa. Por lo anterior, ARTICLE 19 celebró la aprobación de la reforma, reconociendo que la misma obedece a múltiples recomendaciones de la comunidad internacional, incluidos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. En cuanto a las implicaciones de la reforma aprobada, se tiene que: •	Faculta a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. •	La federación podría atraer y conocer cualquier caso de competencia del orden local, ya no estar sujeto a la existencia de conexidad de un delito local y uno federal para poder atraerlo. •	La facultad para atraer los casos será parcial y discrecional en tanto no se aprueben reformas a la ley secundaria que acoten la facultad discrecional de atraer los casos, incluidos: a.	Los supuestos bajo los cuales la federación tenga obligación de atraer los casos para su investigación y enjuiciamiento. ARTICLE 19 ha señalado que estos supuestos deberán referirse por lo menos en los siguientes casos: 1. Delitos graves: asesinatos, desapariciones, ataques contra instalaciones de medios; o 2. Cuando haya inacción, omisiones o falta de diligencia por parte de las autoridades locales para investigar; o 3. Cuando se presuponga que el/la responsable es una autoridad local. b.	Reformas necesarias a legislación secundaria correspondiente para una efectiva implementación de la reforma, incluidos al:
1.	Código Penal Federal (mediante creación del delito específico o la alternativa de agravantes); 2.	Código Federal de Procedimientos Penales (adecuación de los supuestos de “atracción” o conocimiento de autoridades federales; artículos 10, 18, 19, 465, entre otros); 3.	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (adecuación de la competencia de Jueces federales -art. 50-); 4.	Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (adecuación para establecer a un organismo especializado de investigación que podría ser la FEADLE -art. 11-); 5.	Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (establecer formalmente al órgano desconcentrado, fiscalía, o unidad especializada a fin de fortalecer al organismo encargado -FEADLEa través del fortalecimiento de atribuciones y dotación de recursos económicos, humanos y materiales necesarios; art. 3). El último aspecto (reforma a la Ley orgánica de la PGR y su reglamento) resulta esencial ya que es indispensable fortalecer la FEADLE para procurar una efectiva investigación por esta fiscalía., y en consecuencia se debe reforzar su estructura, ampliar su mandato y asegurar recursos humanos y financieros suficientes. Por lo anterior, ARTICLE 19 hizo un llamado al: Congreso Federal, •	A aprobar las reformas a la legislación secundaria sin dilación en un proceso abierto y transparente. •	A asignar recursos suficientes a la FEADLE para investigar los delitos cometidos contra quienes ejercen la actividad periodística. Ejecutivo Federal, •	A realizar las reformas necesarias para incorporar formalmente a la FEADLE en la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República •	A dotar a la FEADLE con recursos humanos y financieros suficientes para garantizar investigaciones efectivas.
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