Source: http://www.tcu.es/searcher/document/Detail.action?objectId=280663
Timestamp: 2018-01-23 18:11:34
Document Index: 241889247

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'e contrario', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 38', 'artículo 176', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 59', 'artículo 576', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 71', 'artículo 394']

SENTENCIA nº 12 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO
Resolution: SENTENCIA nº 12 año 2017 dictada por DEPARTAMENTO PRIMERO
Subject: Procedimiento de reintegro por alcance nº A133/16, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Universidad de Almería), ámbito territorial de Almería
Resolution date: 16/10/2017
Presenter: Excma. Sra. Dña. María Antonia Lozano Álvarez
Current situation: NO FIRME
Sentencia Nº 12/2017, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A133/16 perteneciente al ramo de sector público autonómico (Universidad de Almería), ámbito territorial de la provincia de Almería.
En Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.
Vistos por mí, María Antonia Lozano Álvarez, Consejera del Tribunal de Cuentas los presentes autos seguidos ante este DEPARTAMENTO PRIMERO por el PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE nº A133/16 perteneciente al ramo de sector público autonómico (Universidad de Almería), ámbito territorial de la provincia de Almería, en los que la Universidad de Almería representada por la letrada Dª. Mª Ángeles Piedra Fernández ha ejercitado demanda de responsabilidad contable contra D. F. R. C. F., representado por el letrado D. Jacinto Garrido Montalbán, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- El presente procedimiento de reintegro por alcance fue turnado al Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento por diligencia de reparto de 13 de mayo de 2016. Por providencia de 23 de mayo de 2016, se acordó anunciar mediante edictos los hechos supuestamente motivadores de responsabilidad contable y emplazar a los legitimados activa y pasivamente.
SEGUNDO.- Por escrito de la representación legal del Sr. F. R. C. F. se planteó una declinatoria de jurisdicción, acordándose por diligencia de ordenación de 14 de junio de 2016 devolver el citado escrito al letrado de D. F. R. C. F. por no ser el momento oportuno para su presentación. Contra la citada diligencia se interpuso recurso de reposición por la citada representación, el cual fue desestimado por decreto de 19 de julio de 2016.
TERCERO.- Por diligencia de ordenación 2 de septiembre de 2016 se acordó dar traslado de las actuaciones a la letrada de la Universidad de Almería para que, dentro del plazo de veinte días, dedujese la correspondiente demanda si a su derecho.
CUARTO.- Con fecha 3 de octubre de 2016, la letrada de la Universidad de Almería interpuso demanda de procedimiento de reintegro por alcance contra D. F. R. C. F., solicitando que fuera condenado, como responsable contable directo, al reintegro de los perjuicios causados a los caudales públicos con los correspondientes intereses legales y costas procesales.
QUINTO.- Por decreto de 5 de octubre de 2016 se acordó admitir a trámite la demanda presentada el representante legal de la Universidad de Almería y dar traslado de la misma a D. F. R. C. F., para que la contestase en el plazo de veinte días siguientes a la notificación de la presente resolución.
SEXTO.- En fecha 21 de octubre de 2016 el letrado de D. F. R. C. F. propuso la declinatoria de jurisdicción a causa de la existencia de las Diligencias Previas nº 5529/15 seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería relativas a los mismos hechos que son objeto del presente procedimiento, y, con carácter subsidiario planteaba una cuestión prejudicial penal, solicitando que se decretase la suspensión del proceso una vez que estuviere pendiente de sentencia, cuestiones ambas que fueron desestimadas por auto de 8 de noviembre de 2016.
SÉPTIMO.- La representación legal de D. F. R. C. F. presentó escrito de contestación a la demanda en la que solicitó la desestimación de la misma con imposición de costas a la parte demandante. Planteó dicha representación la prescripción.
OCTAVO.- Previa audiencia de las partes se dictó auto, con fecha 14 de diciembre de 2016, en el que se declaró como cuantía del procedimiento la cifra de 241.128,29 €, acordándose que se siguiera el procedimiento por los trámites previstos en la LEC de 7 de enero de 2000 para el juicio declarativo ordinario.
NOVENO.- Una vez contestada la demanda se citó a las partes intervinientes a la celebración de la audiencia previa, prevista en los artículos 414 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el día 15 de marzo de 2017.
En la citada audiencia previa la Consejera de Cuentas actuante señaló que la representación legal de la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda había alegado la prescripción, señalando que la misma sería analizada en la sentencia que en su día se dictase.
El Ministerio Fiscal planteó a la vista de la contestación a la demanda en la que se alega la prescripción, que era en este momento procesal y no antes cuando fue planteado por la defensa, cuando concurre la excepción de prejudicialidad penal y ello porque la disposición adicional tercera apartado cuarto de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece que, cuando los hechos sean constitutivos de delito la prescripción seguirá las normas correspondientes al delito, y, habiendo señalado la Consejera que en la sentencia tendrá que abordar el tema de la prescripción, y existiendo una causa penal por los mismo hechos, para determinar si existe prescripción deberá valorar si los hechos son constitutivos o no de delito, en este momento, y no anteriormente concurre la excepción de prejudicialidad penal, no teniendo efecto práctico sobre la causa, toda vez que el art. 40.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que el procedimiento seguirá hasta su conclusión hasta el momento de dictar sentencia, en que deberá suspenderse.
La Consejera señaló que el auto de 8 de noviembre de 2016 desestimó la prejudicialidad penal, añadiendo que lo que alega el Ministerio Fiscal sobre la prescripción no cambia la situación anterior porque la misma, alegada o no por la parte la debe examinar el juez de oficio, existiendo o no la prescripción, tanto a fecha 8 de noviembre como a 15 de marzo. Los argumentos están claramente expuestos en el auto de 8 de noviembre y nada nuevo ha ocurrido desde entonces, salvo que se haya alegado en la contestación a la demanda, y por tanto no ha lugar a la estimación de la prejudicialidad penal, reafirmando lo señalado en el citado auto de 8 de noviembre.
La Consejera de Cuentas admitió toda la prueba propuesta, documental e interrogatorio de parte, salvo la testifical propuesta por la parte demandada. Contra tal decisión la representación legal de la misma emitió la correspondiente protesta.
DÉCIMO- Recibida la totalidad de la prueba admitida, por diligencia de ordenación 6 de septiembre de 2017 se acordó unir la misma a las presentes actuaciones dando traslado a las partes.
UNDÉCIMO.- Con fecha 20 de septiembre de 2017 tuvo lugar el juicio previsto en los artículos 431 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se practicó la prueba del interrogatorio de la parte demandada y se oyeron las conclusiones de las partes intervinientes. La parte actora se ratificó en su escrito de demanda y la parte demandada en su escrito de contestación. Por su parte el Ministerio Fiscal se adhirió a la demanda presentada.
Finalmente la Consejera declaró el pleito concluso y visto para sentencia.
Los hechos que se declaran probados lo son en virtud de la prueba de interrogatorio de parte demandada y de las pruebas documentales obrantes en las actuaciones previas y en las diligencias preliminares, así como las admitidas en la Audiencia Previa y aportadas en fase de prueba.
PRIMERO.- El día 22 de julio de 2015, la Gerente de la Universidad de Almería fue informada por el Jefe de Servicios de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes, de que en el cotejo de datos sobre volumen de compras a proveedores se había observado la existencia de un desajuste económico en la contabilidad sobre el proveedor Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A y su expediente de contratación correspondiente al 2014. En la contabilidad figuraba mayor volumen de facturación, aproximadamente un importe de 31.140,00€, al que debía estar contabilizado como consecuencia del expediente de contratación para dicho año (documento 2 del expediente de información reservada).
Puestos en contacto con la responsable de Correos, manifestó su total desconocimiento del tema, por lo que sugirió que se hablase con D. F. R. C. F..
El 23 de julio de 2015, se contacta con el Sr. F. R. C. F., el cual admite que se ha apropiado del dinero señalando que: "lo había cogido porque lo necesitaba y que me lo quiten de la nómina que es lo único que tengo".
Ante esta afirmación la Gerencia de la Universidad de Almería ordenó al Jefe de Servicio de Contratación que se investigara desde cuando se podía estar produciendo esa situación, el importe estimado de lo indebidamente apropiado y cómo se había llevado a cabo.
El 24 de julio de 2015 el Jefe de Servicio de Contratación puso en conocimiento de la Gerente que se estaban detectando desajustes económicos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 y que D. F. R. C. F. había reconocido los hechos manifestando que su manera de proceder consistía básicamente en apropiarse de los anticipos para la compra de sellos de Correos obtenidos cada 15 días sin que se realizasen dichas compras (documento 2 del expediente de información reservada).
Estos hechos se reflejan en el informe realizado por la Inspectora de Servicios de la Universidad de Almería de 2 de septiembre de 2015 y que se remiten al Tribunal de Cuentas en virtud de la Resolución del Rector de la Universidad de Almería de fecha 24 de septiembre de 2015 obrantes en los folios 4 a 11 de las diligencias preliminares nº 171/15.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio de 2015 se acordó por el Rector de la Universidad de Almería la apertura del expediente de información reservada en el que se tomó declaración al Sr. F. R. C. F. el cual admitió los siguientes hechos (documento 4 del expediente de información reservada):
Se ha apropiado de una parte del importe del anticipo de la compra de sellos de la Universidad de Almería.
No recuerda el año en que empezó a apropiarse de dichos fondos, pero sí que hace bastante tiempo.
Ha mantenido en el tiempo dicha práctica.
La última apropiación se realizó en el mes de junio o julio de 2015.
No son oficiales todas las facturas presentadas como justificante del anticipo para compra de sello, habiendo manipulado alguna de las facturas.
No ha actuado en colaboración con ninguna persona.
Los justificantes de la compra de sellos los presentaba ante la gerencia.
Se ratifica en que el modo de proceder consistía en pedir el anticipo de una determinada cantidad de dinero para la compra de sellos presentando un justificante emitido por él mismo, no haciendo compra alguna y quedándose con el importe.
TERCERO.- Contrastados los datos disponibles en el Servicio de Contratación de la Universidad con los sellos comprados y el importe recuperado de los centros de gastos desde el año 2002 se establece en el informe de 2 de septiembre anteriormente citado un desajuste por importe de 240.445,04€ con el siguiente detalle (folio 7 de las diligencias preliminares nº 171/15):
SELLOS UAL
GASTO POR GASTO DE SELLOS
SELLOS COMPROBADOS E IMPORTE RECUPERADO
DE C.G.RTE
15.534,61 €
-1.090,61 €
15.752,51 €
4.247,49 €
17.968,38 €
4.131,62 €
11.316,64 €
6.383,36 €
16.050,67 €
4.349,33 €
13.004,43 €
5.695,57 €
11.945,85 €
13.554,15 €
4.707,13 €
24.192,87 €
30.505,00 €
30.482,66 €
31.193,60 €
29.445,00 €
34.195,00 €
346.749,00 €
106.303,96 €
240.445,04 €
CUARTO.- Por los hechos anteriormente mencionados se ha incoado por el Rector de la Universidad expediente disciplinario por resolución de 24 de septiembre de 2015 el cual se haya suspendido por resolución de fecha 13 de noviembre de 2015 a petición del instructor y del secretario del mismo hasta que no recaiga resolución judicial (folios 9 a 23 de las actuaciones previas).
Además la Fiscalía Provincial de Almería acordó, en fecha 19 de octubre de 2015, remitir al Juzgado Decano de los de Almería la documentación aportada dando lugar a las diligencias previas nº 5529/2015.
QUINTO.- En fecha 11 de marzo de 2016 se emite un informe por el Jefe de Sección de la Gestión de Espacios y Servicios Comunes y por el Jefe de Servicio de Contratación, en el que una vez realizado un nuevo cotejo se determina un desajuste en la compra de sellos por importe de 241.128,29 € con el siguiente detalle (folios 42 a 44 bis de las actuaciones previas nº 368/16 y DVD adjunto al folio 44 en el que se contiene la documentación enumerada en los folios 38 y44 bis de las citadas actuaciones previas):
POR ANTICIPOS DE
CAJA CARTERÍA
GASTO POR GASTO
SELLOS COMPRADOS E
IMPORTE RECUPERADO
DE LOS CENTROS DE
15.298,08 €
-854,08 €
16.304,76 €
3.695,24 €
18.191,65 €
12.518,84 €
5.181,16 €
14.708,93 €
5.691,07 €
12.295,03 €
6.404,97 €
11.572,55 €
13.927,45 €
105.620,71 €
241.128,29 €
SEXTO.- En fecha 12 de abril de 2016 ha prestado declaración D. F. R. C. F. en las diligencias previas nº 5529/2015 manifestando que:
Es cierto que el 23 de julio de 2015 admitió que había cogido el dinero porque lo necesitaba, señalando que se lo quitaran de la nómina porque era lo único que tenía.
No tomó dinero todos los años 2012, 2013, 2014 y 2015, pero no recuerda exactamente cuándo lo hizo.
No se apropiaba del importe de los anticipos de la compra de los sellos de correos.
No ha falsificado ninguna factura de la compra de sellos.
Compraba sellos para la universidad, gestionando los fondos de la universidad para la compra de los sellos, no recordando si se apropió de dinero.
No recuerda como cogía el dinero ni el modo en que se apropió del dinero.
No recuerda si cogía dinero o se apropiaba del dinero que gestionaba para la compra de sellos o de otros gastos.
Cuando la universidad le pone de manifiesto los hechos denunciados, pensaba que iba a ser una causa interna, no suponiendo que iba a tener relevancia penal. Además no se encontraba bien de salud, estando todavía en tratamiento.
SÉPTIMO.- En fecha 4 de septiembre de 2017, la Gerente de la Universidad de Almería remite un informe en el que se detalla el procedimiento seguido en la citada universidad por el Sr. F. R. C. F. para los gastos de suministros de sellos de correos con el siguiente detalle:
Presentaba una solicitud de anticipo de caja para la compra de sellos a la Universidad de Almería.
La gerencia daba el visto bueno al anticipo de caja, siendo esta solicitud de forma personal retirada por el solicitante.
El Sr. F. R. C. F., entregaba el anticipo de caja en el servicio de gestión económica, quién emitía un cheque, en un primer momento, o ingresaba en una cuenta corriente el importe del anticipo.
El solicitante presentaba en la gerencia de la Universidad de Almería la factura justificativa de dicho anticipo junto con el impreso de justificación del anticipo de caja solicitado, para que fuese firmado por el gerente.
Conformada la factura e impresos por el gerente, se remitían al servicio de gestión económica de la Universidad de Almería que procedía a la contabilización de la justificación del anticipo y de la factura correspondiente como gasto presupuestario.
OCTAVO.- En el juicio celebrado el 20 de septiembre de 2017, el demandado D. F. R. C. F. manifestó que no recordaba los hechos a que se referían las preguntas de la parte demandante salvo que no había comprado sellos nunca.
PRIMERO.- Corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, de acuerdo con el artículo 2, apartado b) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo de 1982, siendo competente para dictar la presente resolución la Consejera de Cuentas que la suscribe, en virtud de la diligencia de reparto de 13 de mayo de 2016, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
SEGUNDO.- La letrada de la Universidad de Almería presentó demanda contra D. F. R. C. F., solicitando que fuera condenado al reintegro de los daños causados a los fondos públicos con los correspondientes intereses legales e imposición de costas.
Fundamenta su pretensión en que D. F. R. C. F., funcionario encargado de la compra de sellos de la Universidad de Almería, admite haberse apropiado de una parte del anticipo para la compra de los mismos desde el año 2002 a 2015, así como haber manipulado alguna de las facturas presentadas por él como justificante del anticipo para la compra de sellos.
En fecha 11 de marzo de 2016 se emitió un informe firmado tanto por el Jefe de Sección de la Gestión de Espacios y Servicios Comunes como por el propio Jefe de Servicio de Contratación , en el que se constata un nuevo cotejo y que arroja un desajuste en la compra de sellos por importe de 241.128,29 €, que constituye un alcance en los fondos de la Universidad de Almería siendo responsable del mismo el funcionario encargado de la compra de los sellos de dicha Universidad, D. F. R. C. F..
TERCERO.- El representante legal de D. F. R. C. F. presentó escrito de contestación a la demanda en el que alegó la prescripción al entender que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, todos los importes distraídos con anterioridad al año 2011 estarían prescritos, en el caso de que se acreditase que existiese responsabilidad del Sr. F. R. C. F..
Fundamenta la contestación a la demanda en las siguientes alegaciones:
D. F. R. C. F. es un mero funcionario que se dedica a realizar labores propias del servicio de cartería. No tiene estudios superiores, ni conocimientos fiscales, contables ni económicos, siendo sus conocimientos sobre dichas materias más que elementales. Entre sus funciones no está el manejo ni depósito de caudales públicos.
La demanda adolece de una falta de prueba evidente respecto a la realidad del menoscabo económico concreto que se achaca al Sr. F. R. C. F., y, no constando debidamente acreditado el menoscabo, no puede nacer responsabilidad alguna, pues es carga de la demandante acreditar dicho perjuicio.
No puede ser base suficiente para determinar la cifra de 241.128, 29 € un cuadro resumen de datos contables que aparece en el folio 9/15 de la demanda y que adolece de los más mínimos elementos de prueba y del rigor suficiente para determinar cuantía alguna. Se trata de una cuantificación fijada de manera unilateral por la parte demandante y cuyos conceptos y partidas se impugnan expresamente.
El resto de documentación que es señalada de contrario es el expediente administrativo promovido por la propia Universidad de Almería y que poca o ninguna virtualidad debe tener para acreditar la presunta responsabilidad contable al tratarse de un documento confeccionado en su integridad por la demandante y que, por tanto, se impugna en su integridad en cuanto a su contenido y valor probatorio.
Falta de dolo o negligencia grave en la conducta del Sr. F. R. C. F.
No es posible la exigencia de intereses en virtud del principio de “in illiquidis non fit mora”, en cuya virtud cuando se trata de una cantidad que precisa un proceso judicial para determinarla, no caben intereses moratorios, así se desprende también del principio de equidad. Por tanto, el interés solo puede establecerse a partir de la fecha de la sentencia y no desde la fecha en que la Universidad de Almería afirma que supuestamente se produjo el alcance, puesto que la cantidad es necesario que se determine en el proceso.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal en el juicio celebrado el 20 de septiembre de 2017 se adhirió a la demanda presentada por la representación legal de la Universidad de Almería, solicitando una sentencia estimatoria y realizando las siguientes alegaciones:
En relación a la prescripción
Su posición siguiendo lo manifestado en el auto de la Sala de Justicia 28/2015 de 11 de noviembre, se refiere a que cuando se ha planteado una prescripción que depende de si resulta aplicable el apartado 1º de la disposición adicional tercera de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas o la aplicabilidad del apartado cuarto de esta misma disposición legal, lo que procede es aplicar la existencia de prejudicialidad penal y por tanto suspender el dictado de la sentencia hasta que establecida de manera firme la decisión por la jurisdicción penal, se sepa y se determine si procede uno u otro régimen jurídico.
Como la prejudicialidad fue alegada por una de las partes antes de que se hubiera planteado la prescripción, esta cuestión fue resuelta por auto de 8 de noviembre de 2016, que no fue objeto de reposición porque no había causa para ello, y en esa situación el Ministerio Fiscal entiende que, por lo que establece el art. 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se tiene en esta instancia vía para impugnar esa decisión aunque sí se podrá poner de manifiesto esta cuestión ante la Sala de Justicia en segunda instancia.
Entiende que de la interpretación del art. 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se desprende que el órgano judicial tiene de oficio capacidad para establecer la cuestión de la prejudicialidad penal.
Para el caso de que la Sra. Consejera entienda que la posición anterior no deba ser acogida, señala que habiendo sido descubiertos los hechos el 22 de julio de 2015 estarían prescritos los hechos anteriores al 22 de julio de 2010. Por tanto están prescritos los hechos anteriores al adelanto de cajero nº 2610 de 2010 de fecha 22 de julio, con lo que la responsabilidad a exigir al demandado en el año 2010 sería de 10.635 €, que añadidas al resto de las cantidades que constan acreditadas en autos, ascendería a 158.865 € no prescritos.
En relación a la falta de legitimación pasiva que no ha sido alegada formalmente de forma expresa pero sí tácitamente en la contestación a la demanda:
Interesó su desestimación porque aunque como señala el demandado, en las funciones señaladas por la Universidad no estaba el manejo de los fondos públicos, en la declaración del demandado ante el Juzgado de Instrucción obrante en autos, señala que no se apropió del dinero de los anticipos para la compra de sellos cuando compraba sellos para la universidad y gestionaba los fondos de la misma para esa compra.
Además consta en autos que los adelantos de caja eran solicitados por el Sr. F. R. C. F. y además era quien realizaba las justificaciones, y el único titular de la cuenta del Deutsche Bank donde se realizaban los ingresos por los anticipos, lo que unido al reconocimiento de los hechos, explica que el demandado sí gestionaba fondos públicos y por tanto, por aplicación del artículo 49 es cuentadante y legitimado pasivo ante la jurisdicción contable.
En relación al fondo del asunto, considera que se ha acreditado la existencia de una malversación contable del art. 72.2 de la Ley de Funcionamiento, reuniéndose los demás requisitos para la exigencia de responsabilidad contable.
QUINTO.- Una vez enunciadas las pretensiones de las partes, y antes de entrar a conocer del fondo del asunto es preciso analizar la excepción de prescripción planteada por la representante legal de D. F. R. C. F..
Entiende dicha representación que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, todos los importes distraídos con anterioridad al año 2011 estarían prescritos, en el caso de que se acreditase que existiese responsabilidad del Sr. F. R. C. F..
El Ministerio Fiscal alega que cuando se ha planteado una prescripción que depende de si resulta aplicable el apartado 1º de la disposición adicional tercera de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas o la aplicabilidad del apartado 4º de esta misma disposición legal, lo que procede es aplicar la existencia de prejudicialidad penal y por tanto suspender el dictado de la sentencia hasta que establecida de manera firme la decisión por la jurisdicción penal, se sepa y se determine si procede uno u otro régimen jurídico, añadiendo que como la prejudicialidad fue alegada por una de las partes antes de que se hubiera planteado la prescripción, esta cuestión había sido resuelta por auto de 8 de noviembre de 2016, que no fue objeto de reposición porque no había causa para ello.
Esta cuestión planteada por el Ministerio Fiscal ya fue resuelta por esta Consejera en la audiencia previa celebrada el 15 de marzo de 2017 en la que se mencionó que el auto de 8 de noviembre de 2016 desestimó la prejudicialidad penal, añadiendo que lo que alegaba el Ministerio Fiscal sobre la prescripción no cambiaba la situación anterior porque la misma, alegada o no por la parte, la debe examinar el juez, existiendo o no la prescripción, tanto a fecha 8 de noviembre como a 15 de marzo añadiendo que los argumentos están claramente expuestos en el auto de 8 de noviembre y nada nuevo ha ocurrido desde entonces, salvo que se haya alegado en la contestación a la demanda, y por tanto no ha lugar a la estimación de la prejudicialidad penal, reafirmando lo señalado en el citado auto de 8 de noviembre.
Por tanto al no haber lugar a la prejudicialidad penal, y no existiendo sentencia penal que haya declarado la existencia del delito, procede aplicar la prescripción establecida en el apartado primero de la disposición adicional primera anteriormente citada tal y como señala la sentencia nº 15/2007 de 24 de julio que sigue la doctrina establecida en la Sentencia de la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas de 20 de julio de 2001 al declarar que: «La propia dicción literal del apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/88, de 5 de abril, deja claro que para que su contenido pueda aplicarse a un supuesto concreto, los hechos enjuiciados deben ser constitutivos de delito, es decir, deben haber sido calificados como delictivos por la jurisdicción penal, a través de la correspondiente Sentencia». De esta forma, si existiera un delito declarado, en virtud de la Sentencia condenatoria, el plazo de prescripción sería el contemplado en el art. 1964 del Código Civil, esto es, el de 15 años, como ha venido interpretando la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SS. 21-3-1984, 21-6-85, 22-2-1993 y 20-9-1996 entre otras).
Ahora bien, para que dicho plazo de prescripción de la responsabilidad contable fuera aplicable, debería concurrir el requisito de la condena penal, pues, en otro caso, la responsabilidad contable, como especie de la responsabilidad civil, tendría el plazo más breve de prescripción, que es el de cinco años”.
Por tanto, una vez fijado que el plazo de prescripción aplicable es el de 5 años, procede determinar como sostiene la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en la Sentencia 10/2015 de 15 de diciembre, el momento en que debe iniciarse el cómputo de dicho plazo perentorio, y, finalmente, los posibles acontecimientos a los que la legislación concede virtualidad interruptiva del plazo de prescripción.
En este sentido, el apartado tercero de la disposición adicional tercera de la ley 7/1988, de 5 de Abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas señala que: “El plazo de prescripción se interrumpirá desde que se hubiere iniciado cualquier actuación fiscalizadora, procedimiento fiscalizador, disciplinario, jurisdiccional o de otra naturaleza que tuviera por finalidad el examen de los hechos determinantes de la responsabilidad contable, y volverá a correr de nuevo desde que dichas actuaciones o procedimientos se paralicen o terminen sin declaración de responsabilidad”.
En el presente caso, la interrupción del plazo de prescripción se produjo el 22 de julio de 2015, fecha en que la Sra. Gerente de la Universidad de Almería es informada de que en el cotejo de los datos sobre el volumen de compras a los proveedores con el objeto de reducir costes, se observa que existe un desajuste económico en la contabilidad sobre el proveedor Correos y Telégrafos y su expediente de contratación. En dicha fecha, además, puede considerarse acreditado el conocimiento material por el interesado de la investigación de su gestión que exige, para la interrupción del plazo de prescripción, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de febrero de 2016.
Por tanto, todos los importes anteriores al 22 de julio de 2010 están prescritos, en concreto los hechos anteriores al adelanto de cajero nº 610 de 2010 de fecha 22 de julio, con lo que la responsabilidad a exigir al demandado en el año 2010 sería de 10.365 €, que añadidas al resto de las cantidades que constan acreditadas en autos, ascendería a 159.300 € no prescritos, con el detalle que a continuación se describe:
N º adelanto de cajero
Fecha adelanto cajero
Nº justificante de gasto
Importes por años
SEXTO.- El representante legal de D. F. R. C. F., en su escrito de contestación a la demanda, alega que el Sr. F. R. C. F. es un mero funcionario que se dedica a realizar labores propias del servicio de cartería, no estando entre sus funciones el manejo ni depósito de caudales públicos. Por tanto al haber alegado de forma tácita la falta de legitimación pasiva del demandado, procede pasar a analizarla en este momento antes de entrar a conocer del fondo del asunto.
Para resolver esta cuestión hay que partir del artículo 55.2 de la Ley 7/88, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas que regula la legitimación pasiva en los procedimientos contables, al señalar que “se considerarán legitimados pasivamente los presuntos responsables directos o subsidiarios, sus causahabientes, y cuantas personas se consideren perjudicadas por el proceso”, es decir, la legitimación pasiva se atribuye a quienes puedan ser responsables contables y, en consecuencia, se les puede exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública.
La Sala de Justicia en Sentencias, entre otras, de 6 de junio de 2007, 13 de septiembre de 2004, 28 de febrero de 2001 y 29 de julio de 1992, ha manifestado que la extensión subjetiva de la responsabilidad contable se proyecta, de acuerdo con la interpretación sistemática de los artículos 38.1, 15.1 y 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, no a cualquier persona, sino solamente a quienes “recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos”, pudiendo, además, la actividad gestora de bienes y derechos de titularidad pública tener su fundamento en un vínculo jurídico “funcionarial, laboral o administrativo” (Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 13 de diciembre de 2004).
Por tanto, atribuyéndose la legitimación pasiva exclusivamente a los que pueden ser responsables contables es necesario recalcar, en la línea de lo anteriormente señalado, que el ámbito subjetivo de la responsabilidad contable se define en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/82, al señalar que corresponde al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Por otro lado, el artículo 38 de la misma Ley establece que quien por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados y, en este mismo sentido, el artículo 15 de la citada Ley Orgánica señala que el enjuiciamiento contable se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, refiriéndose también el artículo 49.1 de la Ley 7/88 a quienes tengan a su cargo el manejo de dichos caudales o efectos.
De la normativa anteriormente mencionada se desprende que la responsabilidad contable está siempre vinculada al manejo de fondos, bienes o caudales públicos, en cuanto surge de las cuentas que, en sentido amplio, deben rendir quienes los manejan o administran. Por lo tanto, según se desprende de la interpretación literal del art. 15.1 de la Ley Orgánica 2/1982, la condición de cuentadante ante la jurisdicción contable la ostentan quienes, por tener encomendada bajo cualquier título la recaudación, intervención, administración, custodia, manejo o utilización de bienes, caudales o efectos públicos, tienen por ello la obligación, no tanto de presentar los estados económico financieros formales para su aprobación, como de rendir cuenta del destino dado a los bienes, caudales o efectos públicos que les fueron encomendados, por la elemental, aunque no única razón, de ser ajenos y en clara correspondencia con el derecho del titular de los bienes, caudales o efectos a exigir el conocimiento de cuál ha sido su destino; obligación y derecho que tienen especial cualificación por la naturaleza pública de los bienes o derechos afectados. Es la cualidad de cuentadante la que determina la condición de responsable contable y, por tanto la legitimación pasiva ante la jurisdicción del Tribunal de Cuentas (art. 55 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas), sin que haya precepto alguno en nuestra legislación que atribuya dicha aptitud a los que sean gestores públicos, sino es porque, además, están sometidos al deber de rendir cuentas del destino dado a los bienes, caudales o efectos públicos que se les encomendaron (por todas, Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas nº 7/2007 de 25 de abril).
Según consta en la documentación obrante en las actuaciones D. F. R. C. F. presentaba una solicitud de anticipo de caja para la compra de sellos a la Universidad de Almería. La gerencia daba el visto bueno al anticipo de caja, siendo esta solicitud de forma personal retirada por el Sr. F. R. C. F.. Posteriormente entregaba el anticipo de caja en el Servicio de Gestión Económica, quién emitía un cheque, en un primer momento, o ingresaba en una cuenta corriente el importe del anticipo. Una vez obtenido el anticipo, el Sr. F. R. C. F. presentaba ante la gerencia de la Universidad de Almería la factura justificativa de dicho anticipo junto con el impreso de justificación del anticipo de caja solicitado, para que fuese firmado por el gerente. Conformada la factura e impresos por el gerente, se remitían al servicio de gestión económica de la Universidad de Almería que procedía a la contabilización de la justificación del anticipo y de la factura correspondiente como gasto presupuestario.
Del proceso anteriormente descrito se deduce que el Sr. F. R. C. F. efectivamente gestionaba fondos públicos pertenecientes a la Universidad de Almería, y ostentaba la cualidad de cuentadante, pues en todos los supuestos objeto del presente procedimiento adoptaba decisiones con consecuencias económico-financieras y estaba obligado a rendir cuentas de las mismas, en particular del anticipo obtenido para la compra de los sellos. Esta actividad de administración de recursos públicos y de consecuente obligación de rendición de cuentas, le otorga la condición de responsable contable y, por tanto la legitimación pasiva ante la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
SÉPTIMO.- Una vez expuestas las alegaciones de las partes y analizadas las excepciones planteadas, procede entrar a conocer sobre el fondo del asunto, siendo necesario examinar si se ha producido un alcance en los fondos públicos de la Universidad de Almería y si el mismo es o no generador de responsabilidad contable, en los términos previstos en los artículos 49 y 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el 38.1 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo.
El concepto de alcance ha sido desarrollado por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en Sentencias como las de 29 de septiembre de 2009, 22 de febrero de 2006, 30 de junio de 2000, 1 de julio de 2010, 29 de junio de 2011 y 20 de julio de 2011, cuya doctrina se toma en consideración como fundamento de la existencia del alcance en los fondos públicos que se declara en la presente Sentencia.
En el caso enjuiciado, se ha producido un menoscabo patrimonial como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por el Sr. F. R. C. F. consistentes en apropiarse de un dinero que le era entregado para la compra de sellos de la Universidad de Almería, sellos que nunca llegaron a comprarse, siguiendo el método siguiente, antes descrito: presentaba ante la gerencia una solicitud de anticipo de caja para la compra de sellos, dicha solicitud firmada con el visto bueno de la gerencia era entregada en el servicio de asuntos económicos, el cual le entregaba un cheque nominativo para que fuera retirado el dinero por ventanilla o por transferencia bancaria. Una vez cobrado el dinero, hacía su justificante y ponía un sello de correos para justificar ese anticipo, simulando que esos sellos se habían comprado en la oficina de correos de la Cañada. Una vez hecho el justificante lo, volvía a entregar a la oficina de asuntos económicos para justificar el destino de ese dinero.
El importe del dinero apropiado por D. F. R. C. F. asciende a 241.128,29 € según consta en los hechos probados de la presente resolución. Sin embargo, tal como se analiza en el fundamento de derecho dedicado a la prescripción, al haber prescrito los hechos con anterioridad al 22 de julio de 2010, en concreto los anteriores al adelanto de cajero nº 610 de 2010 de fecha 22 de julio, el importe del menoscabo sufrido en los fondos públicos reclamable ascendería a 159.300 € con el detalle que se describe en el fundamento de derecho quinto de la presente resolución.
De acuerdo con lo razonado en el presente fundamento de derecho, los hechos objeto de enjuiciamiento han dado lugar a un alcance en los fondos públicos de la Universidad de Almería cifrado en 241.128,29 €, de los cuales ha prescito la cantidad de 81.828,29 €, por lo que el importe de alcance exigible a D. F. R. C. F. asciende a 159.300 €.
OCTAVO.- Por tanto, acreditada la existencia de un alcance en los fondos públicos gestionados por la Universidad de Almería, es necesario analizar si dicho alcance genera responsabilidad contable para el demandado, en los términos del artículo 38.1 de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del mismo, y atendiendo a la doctrina de la Sala de Justicia Contable recogida en Sentencias, entre otras, de 30 de junio de 1992, 29 de diciembre de 2004, 13 de marzo de 2005, 26 de marzo de 2005, 18 de noviembre de 2010 y 1 de marzo de 2011.
Comenzaremos señalando, tal como consta en los hechos probados de la presente sentencia, que en este juicio no se discute la responsabilidad contable directa de D. F. R. C. F. respecto de los hechos que son objeto del presente procedimiento, que ya que fueron reconocidos por el demandado en la declaración realizada en la información reservada acordada por el Rector de la Universidad, y, aunque en las diligencias previas nº 5529/2015 matizara sus declaraciones y en el interrogatorio de parte practicado en el juicio celebrado en este Tribunal manifestara que no se acordaba de nada por estar tomando una fuerte medicación, de la prueba obrante en autos no cabe ninguna duda a esta Consejera de que las acciones realizadas por el Sr. F. R. C. F. dieron lugar de manera directa a la producción de un alcance en los fondos de la Universidad de Almería. Dichas acciones han quedado identificadas y descritas en el anterior fundamento de derecho.
Por la representación legal del Sr. F. R. C. F. se alega en el escrito de contestación a la demanda, que D. F. R. C. F. no tiene estudios superiores, ni conocimientos fiscales, contables ni económicos, siendo sus conocimientos sobre dichas materias más que elementales. Sin embargo la prueba practicada demuestra, según consta en la documentación obrante, que el demandado conocía perfectamente cuál era el proceso necesario para la obtención de los anticipos para la compra de sellos, presentado en todos los casos la documentación necesaria ante el órgano pertinente para su concesión y posteriormente para la justificación de los citados anticipos, para así poder seguir realizando dicha práctica defraudadora.
Además hay que tener en cuenta tal y como ha señalado la jurisprudencia emitida por la Sala de Apelación de este Tribunal de Cuentas, por todas en las sentencias nº 21/2009 de 29 de septiembre y nº 2/2015 de 26 de mayo, que aceptar y desempeñar un cargo para el que no se tiene una formación especializada suficiente, puede generar responsabilidad contable por negligencia grave.
NOVENO.- Es necesario para la existencia de responsabilidad contable que la acción u omisión esté realizada por la persona o personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos y se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. Estas cuestiones ya han sido analizadas en la presente sentencia al examinar la falta de legitimación pasiva, llegando esta Consejera a la conclusión de que el demandado reunía los requisitos legales y jurisprudenciales para ser considerado administrador de recursos públicos y cuentadante respecto a los mismos.
DÉCIMO.- Asimismo, es preciso para que concurra responsabilidad contable que se haya producido una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del sector público de que se trate. En este sentido se pronuncia el artículo 176 de la Ley General Presupuestaria de 26 de noviembre de 2003 establece que: “Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.”
Pues bien, el demandado, al haber solicitado con dolo o culpa grave anticipos de caja para la compra de sellos, sin haber realizado nunca dicha adquisición, habiéndose quedado con el dinero obtenido e intentando justificar la comprar de los mismos ante la autoridad concedente, ha vulnerado la normativa reguladora de la actividad económico-financiera del Sector Público.
UNDÉCIMO.- También se exige por la doctrina emanada de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que la acción u omisión esté marcada por una nota de subjetividad, es decir, se requiere que exista dolo, culpa o negligencia grave.
Para resolver esta cuestión, es necesario analizar los conceptos de dolo y negligencia grave que ha perfilado la Sala de Justicia de este Tribunal a través de diversas resoluciones (entre otras, Sentencias de 26 de marzo de 1993 y 28 de enero de 2000), según las cuales, para que una acción u omisión antijurídica y productora de un daño en los caudales públicos constituya una infracción contable y genere una responsabilidad que pueda ser así calificada, resulta necesario que el gestor de los fondos haya actuado consciente de que su comportamiento provocaba o podría provocar un perjuicio a los fondos públicos tenidos bajo su cargo o manejo, sin adoptar las medidas necesarias para evitarlo, ya por desear directamente la producción de ese resultado dañoso –en cuyo caso nos encontraríamos en presencia de dolo-, ya, al menos, por puro descuido o falta de diligencia, no obstante dicha previsibilidad del resultado –en el cual nos hallaríamos en presencia de negligencia grave- entendiendo que aquella diligencia obliga a tomar medidas para evitar el resultado dañoso. De esta manera, se concluye que es gravemente negligente quien no ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para evitar el resultado dañoso, a pesar de que éste fuera claramente previsible, aceptándolo en cierto modo, pero sin que, en ningún caso, pueda vislumbrarse una voluntad directamente dirigida a producirlo, pues con ello se entraría en el ámbito de la conducta dolosa.
En el presente caso, tal como ha quedado acreditado con la prueba practicada, la actuación del demandado cabe calificarla como dolosa pues no se solicitaron unos anticipos para la compra de sellos, sin que nunca se destinase el dinero para dicha compra, de manera reiterada y con intento de justificación de la misma, para así poder seguir obteniendo esos adelantos de manera fraudulenta. Esta conducta no cabe si no calificarla de claramente dolosa, por tales razones.
DUODÉCIMO.- Finalmente se exige para la existencia de responsabilidad contable que el menoscabo producido sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente. En este sentido se pronuncia el artículo 59 párrafo primero de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas al señalar que “los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos”.
La Sentencia nº 13 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 11 de abril de 2013 ha manifestado que “en el ámbito de esta jurisdicción contable lo más relevante es que se haya producido un daño en relación a determinados caudales públicos y que, además ese daño sea efectivo y evaluable económicamente.”
En el presente caso se ha producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a los caudales públicos gestionados por la Universidad de Almería cifrado en 241.128,29 €, de los cuales ha prescito la cantidad de 81.828,29 €, por lo que el importe de alcance exigible a D. F. R. C. F. asciende a 159.300 €.
Se dice por la representación legal de la parte demandada que la demanda adolece de una falta de prueba evidente respecto a la realidad del menoscabo económico concreto que se achaca al Sr. F. R. C. F., y, no constando debidamente acreditado el menoscabo, no puede nacer responsabilidad alguna, pues es carga de la demandante acreditar dicho perjuicio, añadiendo que no puede ser base suficiente para determinar la cifra de 241.128, 29 € un cuadro resumen de datos contables que aparece en el folio 9/15 de la demanda y que adolece de los más mínimos elementos de prueba y del rigor suficiente para determinar cuantía alguna. Se trata de una cuantificación fijada de manera unilateral por la parte demandante y cuyos conceptos y partidas se impugnan expresamente.
La prueba obrante en autos determina exactamente cuál es el importe de los perjuicios causados a los fondos públicos y en concreto se encuentra en los folios 42 a 44 bis de las actuaciones previas nº 368/16 y en los DVDs adjuntos a los folios 30 y 44 de las citadas actuaciones previas. Concretamente en la presente resolución, en el apartado en el que se analiza la prescripción se determinan exactamente cuáles son los anticipos que no han prescrito señalando el nº de anticipo de cajero, la fecha de la salida de fondos, el número del justificante de gasto y el importe del mismo, por lo que esta alegación de falta de determinación y prueba del importe del alcance debe ser desestimada.
DÉCIMOTERCERO.- Finalmente, también se exige para que pueda apreciarse responsabilidad contable, que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido.
La Sala de Justicia en Sentencia de 8 de marzo de 2002 señala que “El análisis de la existencia de relación de causalidad es lo que permite imputar un resultado a una persona, y exigirle la correspondiente responsabilidad de resultas de los posibles perjuicios ocasionados”. Por su parte la Sentencia de la Sala de 1 de diciembre de 2008 manifiesta que “existe nexo causal cuando el irregular cumplimiento de sus funciones por el responsable contable desencadena una situación fáctica adecuada para que el menoscabo se produzca”.
De este modo, para determinar si existe una relación de causalidad entre la actuación del demandado y el daño producido es necesario comprobar que el irregular cumplimiento de sus funciones por D. F. R. C. F. desencadenó una situación de hecho adecuada para que el daño se produjera.
En este caso, la irregular actuación del demandado consistente en la solicitud de unos anticipos para la compra de sellos sin que la misma llegara nunca a efectuarse así como el intento de justificación posterior del gasto realizado, es lo que ocasiona un daño efectivo en los fondos públicos que ha quedado perfectamente identificado en la presente sentencia.
Así pues, sobre la base de lo hasta ahora razonado y teniendo en cuenta que la jurisprudencia contable es unánime al exigir la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la responsabilidad contable para declarar su existencia (por todas, Sentencia 11/2010, de 7 de junio), deben estimarse parcialmente las pretensiones de la parte demandante, en cuanto a la estimación de una prescripción parcial, debiendo declararse la existencia de un alcance en los fondos de la Universidad de Almería cifrado en 159.300 € y responsable contable del mismo a D. F. R. C. F., al haber dado ocasión con su actuación, que debe calificarse como dolosa a que se produjera un perjuicio en los fondos de la citada universidad.
La responsabilidad contable exigible al demandado debe ser además la directa, pues su conducta, en los términos que se han descrito a lo largo de la presente resolución, se ajustó a los perfiles exigidos por el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, 2/1982, de 12 de mayo.
DÉCIMOCUARTO.- Por lo que respecta a los intereses exigibles al responsable contable directo, deben calcularse de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.4, e), en relación con el artículo 59.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, no resultando de aplicación por tanto el principio de “in illiquidis non fit mora” alegado por la representación legal de la parte demandada.
Por ello, los intereses devengados hasta la fecha de la presente Sentencia se calcularán con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes los días en los que se fueron produciendo los daños y perjuicios constitutivos de alcance.
En cuanto a los intereses devengados desde la fecha de esta Sentencia hasta la completa ejecución de la misma, se calcularán de acuerdo con lo prevenido en el artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El cálculo de los intereses se practicará en fase de ejecución de Sentencia, de acuerdo con la posibilidad legal contemplada en el artículo 71.4, a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y en los artículos 219 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 71.1, d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supletoriamente aplicables de acuerdo con el artículo 73.2 de la citada Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y con la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Esta posibilidad legal de diferir la fijación de los intereses a la fase de ejecución cuenta además con respaldo jurisprudencial uniforme (así por ejemplo, Sentencias de 22 de abril de 2002 y 28 de julio de 2010, del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Sentencias de 19 de abril de 2002 y de 10 de febrero de 2011, del Departamento Tercero de dicha Sección, y Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 1/2012, de 31 de enero, y 5/2012, de 1 de marzo).
DÉCIMOQUINTO.- En cuanto a las costas, al haberse estimado parcialmente las pretensiones de la parte demandante, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.4.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, en relación con el artículo 394, apartado segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no hacer especial imposición de costas, debiendo abonar cada parte las suyas y las comunes por mitad, sin perjuicio de la exención del pago de costas establecida por la ley respecto al Ministerio Fiscal.
Se estima parcialmente la demanda interpuesta por el letrado de la Universidad de Almería contra D. F. R. C. F. y se formulan en su virtud los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO.- Se cifra en 159.300 € el principal del alcance ocasionado en la Universidad de Almería.
SEGUNDO.- Se declara responsable contable directo de dicho alcance a D. F. R. C. F..
TERCERO.- Se condena a D. F. R. C. F., como responsable contable directo del alcance, a reintegrar el principal del mismo, así como al abono de los intereses devengados desde que se produjeron los hechos hasta la completa ejecución de la presente Sentencia, que se fijarán, en fase de ejecución, con arreglo a lo dispuesto en el fundamento de derecho correspondiente.
QUINTO.- El importe del alcance debe contraerse en la cuenta que corresponda.