Source: https://mercantil.cat/las-sociedades-de-capital/la-sociedad-de-responsabilidad-limitada/
Timestamp: 2019-04-24 12:51:20
Document Index: 179043391

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 632', 'artículo 108', 'artículo 326', 'artículo 100', 'artículo 175', 'artículo 172']

La sociedad de responsabilidad limitada | mercantil.cat
La sociedad de responsabilidad limitada (S. R. L.) surgió como una forma híbrida entre la sociedad colectiva y la anónima. Se buscaba regular una sociedad con responsabilidad limitada a la aportación (al patrimonio social) pero con pocos socios que mantuvieran relaciones personales entre sí. Actualmente está regulada en la LSC.
“En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales” (art. 1.2 LSC).
Esta forma social toma, de la anónima, la limitación de responsabilidad al patrimonio social, y en este sentido es capitalista; en cambio, toma de la sociedad colectiva elementos reguladores propios de relaciones personales entre pocos socios, unidos por vínculos a menudo familiares o afectivos; y en este punto es personalista. De ello resulta la diferencia fundamental entre la sociedad anónima y la limitada: el capital de ésta se halla dividido en participaciones, que son cuotas abstractas, y constituyen un conjunto de derechos que no se pueden incorporar a títulos-valor. La condición de socio no se “objetiva”, no se incorpora a un título, porque es algo personal. La diferencia no es solamente abstracta. La participación nunca puede sujetarse a un régimen de transmisión libre, e incluso ésta puede llegar a prohibirse; mientras que la acción es, en principio, de libre transmisión. En la sociedad de responsabilidad limitada se busca mantener una comunidad personal; en la anónima eso, en principio, da igual, pues la persona de los socios es irrelevante, lo que importa es el capital.
Esta es la visión teórica del legislador, la anónima responde a una gran sociedad con muchos socios y relaciones impersonales y la limitada, a una sociedad pequeña donde la relación personal es relevante. Lo que ocurre es que, en la práctica, es legalmente posible una sociedad anónima pequeña con comunidad personal entre los socios y una gran sociedad ilimitada. En este sentido, se ha criticado al legislador español que, en lugar de diseñar dos formas sociales con rasgos distintivos claros (una anónima gran empresa, con un capital mínimo más elevado y un régimen societario rígido, y una limitada reservada para la pequeña sociedad, con un régimen societario flexible y dispositivo), haya creado dos formas societarias polivalentes.
A continuación vamos a señalar sólo algunas de las diferencias más relevantes entre ambas sociedades.
Considerada la limitada sociedad de capital por la LSC, al igual que la anónima.
Constitución. Régimen de las participaciones
La constitución de esta forma social requiere un capital social mínimo de tres mil euros (art. 4.1 LSC), que debe estar enteramente suscrito (distribuido entre los socios) y enteramente desembolsado desde un principio (no existen dividendos pasivos; art. 78 LSC).
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, ha introducido la figura de la sociedad limitada de formación sucesiva, sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países de nuestro entorno (Alemania, Bélgica) y su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Para garantizar una adecuada protección de terceros, se prevé un régimen especial para este subtipo societario, hasta que la sociedad no alcance voluntariamente, mediante una o varias ampliaciones de capital, el capital social mínimo de tres mil euros propio de la SRL.
Estas sociedades estarán sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas empresas crezcan a través de la autofinanciación (inversión de los resultados de la actividad empresarial). En particular, se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá dotarse por un 20% del beneficio) y se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para las SRL. Asimismo, se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del beneficio del patrimonio neto. Además, en caso de liquidación, los socios y administradores de estas sociedades responderán solidaria-mente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones.
La creación de la sociedad de responsabilidad limitada exige, al igual que la anónima, otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil; con la inscripción la sociedad adquiere la personalidad jurídica (arts. 20 y 33 LSC), pero, a diferencia de la anónima, cabe realizar los distintos trámites de forma telemática, no presencial.
Un primer intento para permitir la creación mediante trámites telemáticos fue la creación de la sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa, mediante la Ley 7/2003, que ofrecía crear una empresa en 48 horas desde el otorgamiento de la escritura pública (véase 1910-1912); posteriormente, el RD 1332/2006 extendió la posibilidad de utilizar el Documento único electrónico (DUE) en la constitución de todas las sociedades limitadas, y después el art. 5 RDL 13/2010 también intentó agilizar la creación de toda sociedad de capital. La regulación se contiene actualmente en los arts. 15 y 16 de la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores, que establece un doble régimen de constitución de SRL según se sigan o no estatutos tipo (para la sociedad anónima no se fija ningún régimen alternativo al “presencial”).
Para la tramitación telemática se utilizará el Documento único electrónico (DUE) y el sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Em-presas (CIRCE) (respecto al DUE y al CIRCE, véanse la disposición adicional tercera LSC y el art. 13 de Ley 14/2013). El CIRCE consiste en una serie de centros que asesoran y pueden realizar buena parte de los trámites burocráticos de creación de la empresas (los Puntos de Atención al Emprendedor), y la tramitación telemática supone que en vez de llevar “físicamente” los documentos de ventanilla en ventanilla de las diversas administraciones (laboral, fiscal, autonómica, local, etc.), se envía el DUE por vía telemática y se realizan más rápida y sencillamente tales trámites.
a) El art. 15 Ley 14/2013 fija, en primer lugar, el régimen de constitución de sociedades de responsabilidad limitada siguiendo los estatutos tipo que se aprueben reglamentariamente. En estos casos, el trámite se realiza de forma telemática, y mediante un Punto de Atención al Emprendedor, y básicamente consiste en lo siguiente. El Punto, a petición de los fundadores, cumplimenta el DUE y lo envía a cada organismo público que corresponda para realizar su trámite, solicita la reserva de denominación y concierta la fecha de otorgamiento de escritura. En esa fecha los fundadores comparecen ante el notario, que autorizará la escritura, y remitirá copia electrónica de esta al registro mercantil. Como regla especial, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de estas. La calificación e inscripción del registrador se realizará dentro del plazo de las seis horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura (en realidad, no tiene “nada que calificar”, pues al seguirse el modelo de estatutos todas las cláusulas son “legales”), y a continuación el registrador remitirá al CIRCE certificado de la inscripción realizada, y solicitará el NIF definitivo a la Administración tributaria.
El modelo de estatutos orientativos para el régimen del RDL 5/2010 fue aprobado en la OM JUS/3185/2010, de 9 diciembre. Está pendiente de aprobación el modelo que se dicte para este nuevo régimen de la Ley 14/2103.
b) El art. 16 Ley 14/2013 establece, además, el régimen de constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuando no se sigan los estatutos tipo. En estos casos podrá utilizarse el DUE y el sistema de tramitación telemática del CIRCE, o hacer los trámites de forma presencial. El notario procederá de igual modo que en el supuesto anterior, y cuando el registrador mercantil reciba la copia telemática de la escritura inscribirá la sociedad en el plazo de seis horas hábiles, pero indicando exclusivamente los datos relativos a denominación, domicilio y objeto social, además del objeto social y el órgano de administración seleccionado; posteriormente, una vez calificado el resto del documento, realizará la inscripción del resto de los términos dentro del plazo de calificación ordinario, entendiendo que esta segunda inscripción vale como modificación de estatutos, y retrotrayendo los efectos a la fecha del asiento de presentación si se practica durante la vigencia de este.
Igual que en la S. A., únicamente se pueden aportar bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Los arts. 15.4 y 16.2 de la Ley de Apoyo a los Emprendedores (Ley 14/2013) permiten que en esta forma social no sea necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de estas. Y existe un sistema de control de las aportaciones que difiere con respecto al de la anónima en cuanto a las aportaciones no dinerarias, dado que no se realiza un informe pericial sobre el valor del bien, sino que los socios responden solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura (art. 73.1 LSC).
También en la limitada, los estatutos pueden establecer prestaciones accesorias a cargo de algunos o de todos los socios. Normalmente consisten en la prestación de servicios a favor de la sociedad. Pero estas prestaciones nunca dan derecho a obtener participaciones. Las participaciones constituyen la contraprestación que reciben los socios por la aportación que realizan. Las prestaciones accesorias pueden dar lugar a una retribución que se fijará en los estatutos (art. 87 LSC).
Las prestaciones accesorias resultan más lógicas en la sociedad de responsabilidad limitada que en la anónima, dado que, al ser teóricamente pocos socios unidos por vínculos personales, es más fácil establecer una prestación a cargo de un socio en quien se confía.
El régimen de las participaciones es distinto al de las acciones.
“Las participaciones sociales no tienen el carácter de valores, no pueden estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta ni denominarse acciones (art. 92.2 LSC) y en ningún caso tendrán el carácter de valores”.
La RDGRN 21.09.1999 no consideró válida la cláusula estatutaria que permitía documentar las participaciones sociales mediante una única serie de certificados numerados y transmisibles por documento público.
En principio, todas las participaciones otorgan iguales derechos, pero en los estatutos pueden crearse clases de participaciones (art. 94.1 LSC). Contrariamente a lo que ocurre con las acciones de la sociedad anónima, las participaciones pueden otorgar voto plural (alteración de la proporción entre valor nominal y el voto).
En la S. R. L. se pueden crear varias “series” de participaciones, cada una con una numeración correlativa (RDGRN 13.12.2006). La RDGRN 15.09.2008 no admitió una cláusula estatutaria en una S. R. L. que concedía a unas participaciones concretas el derecho a nombrar a uno de los administradores.
La transmisión de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil (RDGRN 11.10.1999).
La titularidad de cada participación consta en un libro registro. En caso de transmisión, ésta debe constar en el libro registro para que el nuevo socio pueda ejercitar sus derechos como tal frente a la sociedad (art. 104 LSC). La LSC admite la creación de participaciones sociales sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social (art. 98 LSC).
Respecto a la adquisición de participaciones propias o de su sociedad dominante, se considera nula de pleno derecho la adquisición originaria (art. 135 LSC). La adquisición derivativa se limita a determinados supuestos.
Estos supuestos son aquellos en los que las participaciones formen parte de un patrimonio adquirido a título universal; sean adquiridas a título gratuito; se adquieran como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad contra el titular de éstas; se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general o como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente de la sociedad en el supuesto de ejecución forzosa; también cuando la adquisición haya sido autorizada por la junta general y se efectúe con cargo a beneficios o reservas de libre disposición y tenga por objeto adquirir las participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad, adquirir las participaciones en aplicación de una cláusula restrictiva de la transmisión de éstas o adquirir las participaciones transmitidas mortis causa (art. 140 LSC). En cualquier caso, las participaciones propias adquiridas por la sociedad deben ser amortizadas o enajenadas y respetar, en este caso, el régimen legal y estatutario de transmisión en el plazo de tres años desde la fecha de la primera adquisición (art. 141.1 LSC). Y mientras las participaciones propias o de la sociedad dominante permanezcan en poder de la sociedad, todos los derechos correspondientes a éstas que-dan suspendidos y la sociedad debe establecer una reserva en el patrimonio neto del balance, equivalente al importe de las participaciones adquiridas, computado en el activo, que debe mantenerse en tanto las participaciones no sean enajenadas (art. 142 LSC).
“Salvo disposición contraria de los estatutos, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto” (art. 188.1 LSC).
Pero lo más característico en materia de participaciones es su régimen de transmisión. Frente al principio de libre transmisibilidad de acciones, en la limitada rige el principio contrario: las participaciones nunca son libremente transmisibles.
La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda y otros derechos reales sobre estas, tienen que constar en documento público. El adquirente de las participaciones podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que esta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen (art. 106 LSC).
“Los referidos motivos tienen que ser estimados por las siguientes razones. El artículo 26.1 de la LSRL exige que la transmisión de las participaciones sociales conste en documento público, formalidad que se ha cumplido en el caso presente si bien mediante la expresión de una causa falsa del contrato, aparentando la celebración de un negocio de compraventa, sin que conste en este documento la aceptación del donatario como exige el artículo 632 del Código civil. En este caso, es aplicable la doctrina establecida por el Pleno de esta Sala (…), que establece la nulidad del contrato de donación dado que no consta por escrito la aceptación del donatario, sin que esta aceptación pueda ser suplida por la suscripción de un contrato de compraventa simulado” (STS 3.02.2010).
No se puede inscribir una prohibición de disponer sobre participaciones sociales ordenada por autoridad judicial (RDGRN 11.10.1999).
El régimen de transmisión voluntaria inter vivos será el que establezcan los estatutos, si bien deberá sujetarse a las reglas del artículo 108 LSC, que declara nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos. De otra parte, establece que únicamente serán válidas las cláusulas que prohibían la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento. No obstante, los estatutos pueden impedir la transmisión voluntaria de las participaciones por actos inter vivos, o el ejercicio del derecho de separación, durante un período de tiempo no superior a cinco años a contar desde la constitución de la sociedad, o para las participaciones procedentes de una ampliación de capital, desde el otorgamiento de la escritura pública de su ejecución.
Si nada disponen los estatutos, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente (art. 107.1 LSC). Por lo que respecta a la transmisión a un tercero distinto de los enunciados, el socio que se proponga transmitir su participación o participaciones debe comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión. La transmisión deberá ser aprobada por la junta general, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria. La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. Los socios concurrentes a la junta general tendrán preferencia para la adquisición. (art. 107.2 LSC)
El precio, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, se convienen y comunican a la sociedad por el socio transmitente.
En caso de que el pago de todo o parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, se exige que previamente una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado (art. 107.2.d LSC tras la reforma de la LAC).
Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos con prorrata de su participación en el capital social. Y cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general podrá acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero aceptado por la junta quiera adquirir. En cualquier caso, el socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.
Es necesario que exista un negocio de adquisición previo pactado con un tercero (STS 21.09.2007 en un caso en que el socio manifestó a la sociedad “Por medio de la presente les comunico que pongo en venta mi participación accionarial de esta empresa). En caso de realizar la transmisión sin comunicación a la sociedad, no cabe negar la condición de socio si no se ha impugnado la actuación como tal en las juntas posteriores (STS 10.04.2007).
El precio para el ejercicio del derecho de adquisición preferente no se puede basar solo en la balanza de la sociedad (RRDGRN 7.06.1994 y 4.05.2005).
“En el supuesto a que se refiere este recurso, con la modificación estatutaria que se formaliza mediante la escritura cualificada se introduce en el régimen de transmisión de las participaciones sociales lo que se denomina «derecho de salida de los socios», según el cual estos podrán vender en cualquier momento, total o parcialmente, sus participaciones a la propia sociedad, y esta queda obligada a comprar según las reglas que se detallan (…). Asimismo, se establece que el precio de las participaciones será el que resulte según la valoración de la empresa que tenga que tener en cuenta en el momento de la oferta de venta. A tal efecto, se pacta en los mismos estatutos que cada dos años la junta general aprobará la forma de valorar, y una valoración de las participaciones sociales, tomando como base la media de los beneficios obtenidos durante los últimos cuatro ejercicios y el valor de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad. (…) Esta consideración sirve especialmente para enjuiciar la única cuestión a la cual se tiene que ceñir este recurso (cf. el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, la relativa a la admisibilidad o inadmisibilidad de la cláusula sobre valoración de las participaciones del socio saliente en un caso como este, que no puede entender incluido en el supuesto normativo del artículo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, puesto que en la cláusula estatutaria debatida se configura un tipo de separación ad nutum, aunque limitada y articulada a través de un derecho del socio a transmitir sus participaciones y el correlativo deber por parte de la sociedad de adquirir, si bien con determinadas cautelas para salvaguardar tanto los intereses de los acreedores (mediante las normas establecidas para la necesaria reducción del capital social) como los de la propia sociedad (evitando así que un ejercicio abusivo de este derecho pueda abocar a la disolución). Por otro lado, se trata de un derecho que se atribuye a los socios además de la facultad de transmitir sus participaciones a otros socios ─libremente─ o a terceros ─con las limitaciones y las disposiciones sobre la valoración de participaciones que se prevén en los estatutos, no cuestionadas en este expediente. Por todo esto, no hay que rechazar la inscripción de la cláusula debatida, puesto que no se puede considerar que sobrepase los límites generales a la autonomía de la voluntad. Asimismo, se trata de una disposición estatutaria en la que el acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo a la norma del artículo 175.2, letra “b”, introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero. A tal efecto, se tiene que concluir que esta cláusula, interpretada en relación con las relativas al régimen estatutario de transmisión entre vivos de las participaciones, no menoscaba la razonable posibilidad de transmitir, sino que comporta para el socio la facultad adicional de imponer potestativamente a la sociedad el deber de adquirir por un valor determinable mediante un sistema que no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, sobre todo si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, se tienen que respetar los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho ─cf. artículos 1 y 57 del Código de Comercio y 7, 1258, 1287 y 1291 del Código civil. Por otro lado, si por las circunstancias del caso concreto, la fijación del valor de las participaciones pudiera implicar para el socio una vinculación excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros, quedará a salvo el eventual control judicial de este extremo, atendiendo a estas circunstancias” (RDGRN 2.11.2010).
En cuanto a la transmisión mortis causa, en principio, el heredero o legatario de las participaciones se hace socio. Pero los estatutos pueden establecer un derecho de adquisición preferente a favor de los demás socios (art. 110 LSC). También se regula la transmisión forzosa. Así, en caso de embargo de participaciones sociales, los socios y, si así se ha previsto, la sociedad podrán subrogarse en lugar del que se las adjudica en la subasta (art. 109 LSC).
Los órganos son, como en la sociedad anónima, la junta general y los administradores. La regulación básica es parecida a la de la sociedad anónima, pero existen algunas diferencias notables.
La junta general no puede otorgar poderes (RRDGRN 24.06.1993 y 2.02.2011 y en cuanto a la sociedad unipersonal RDGRN 4.02.2011. Tampoco puede romper un contrato establecido por los administradores, si bien podrá exigir responsabilidad a estos si incurrieron en negligencia (STS 4.10.1956). Sí que puede dejar sin efecto un reconocimiento de deuda efectuada por los administradores dado su deber de fiscalización de las cuentas (STS 18.12.1956).
La junta general se convoca por los administradores. El régimen de competencias y de la convocatoria de la junta ordinaria, extraordinaria y universal es el visto para la sociedad anónima, dado que la LSC unifica el régimen jurídico de las sociedades capital.
En materia de derecho de información, los socios pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante ella, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los administradores estarán obligados a proporcionárselos, en forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25% del capital social. (art. 196 LSC).
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión tiene que haber un plazo de, como mínimo, quince días en las sociedades de responsabilidad limitada. En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en la que se haya remitido el anuncio al último de ellos (art. 176 LSC).
“Al margen de la solución que tendría que darse en el supuesto de que existiera una expresa previsión estatutaria que contemplara esta posibilidad, legalmente no se puede admitir la validez de una segunda convocatoria puesto que esto supondría atribuir a los administradores unas facultades discrecionales a la hora de señalar segundas, terceras o posteriores convocatorias, sin distinción de quórum requerido para cada una de ellas y en fechas a determinar libremente, con la consiguiente inseguridad jurídica y menoscabo del derecho de asistencia del socio que, presente en el tiempo en que se tendría que celebrar en primera, puede racionalmente presumir que legalmente ya no podrá celebrarse sin ser convocada de nuevo” (RDGRN 11.01.2002).
El complemento de convocatoria previsto en el artículo 172 LSC y que permite a los accionistas que representen el 5% del capital social pedir que se incluya uno o más puntos en el orden del día previsto, no se aplica a la S. R. L. (RDGRN 9.07.2010).
Las decisiones se adoptan sobre la base de todo el capital social; no hay quórums ni segundas convocatorias. El cómputo de votos se establece sobre el total del capital social. El sistema de mayorías se recoge en los arts. 198 y 199 LSC.
La mayoría para tomar acuerdos es mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen por lo menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco. Se excluyen del cómputo, por lo tanto, los votos nulos (no son válidos) y las abstenciones (no se emite voto). Así, debe haber más síes que noes, y esos síes representan un tercio del total de votos.
Por excepción, el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos, correspondientes a las participaciones en las que se divida el capital social, la autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario, género de actividad que constituya el objeto social; la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital; la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
Para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley sin llegar a la unanimidad. Asimismo, los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios (art. 200 LSC).
Tabla 3. Arts. 198 y 199 LSC
Art. 198 LSC. Decisión
Acuerdos ordinarios. Mitad más uno de votos válidamente emitidos, siempre que representen un tercio del total de votos.
Art. 199 LSC. Decisión
Aumento o reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos. Mitad más uno del total de votos.
Autorización a los administradores para hacer competencia. Dos tercios del total de votos.
Supresión o limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital.
Transformación, fusión, escisión, la cesión global de activo y pasivo, y el traslado del domicilio al extranjero.
La STS 28.05.2007 admitió que en los estatutos se pudiera establecer, para todos los acuerdos, la necesidad de conseguir una mayoría superior a la mitad del capital social. El establecimiento de una mayoría reforzada solo es válido si tiene reflejo en los estatutos (RDGRN 24.03.2010). En una sociedad limitada profesional de dos socios no es posible pactar que cada uno de ellos tenga un voto, dado que el voto se fija en función de la participación social (RDGRN 17.01.2009).
Por lo que se refiere a la administración de la sociedad, ésta se puede confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente (no rige aquí la obligación de constituirse en consejo de administración cuando se nombran más de dos administradores de forma conjunta) o a un consejo de administración. En este último caso, los estatutos o, en su defecto, la junta general fijará el número mínimo y máximo de sus componentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres ni superior a doce. (art. 242 LSC). Además, los estatutos establecerán el régimen de organización y funcionamiento del mismo.
Los estatutos podrán establecer distintos modos de organizar la administración al atribuir a la junta general la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria (art. 210.3 LSC).
La duración del cargo difiere también respecto al régimen de la anónima, dado que, en la limitada, los administradores ejercen su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración (art. 221.1 LSC).
En la sociedad de responsabilidad limitada no se admite la modificación de estatutos por los administradores (el llamado capital autorizado). En caso de aumento de capital, existe un derecho de preferencia de los socios a adquirir las nuevas participaciones. Pero este derecho no es transmisible a cualquier tercero (sí lo es el derecho de suscripción preferente de las anónimas), sino sólo a favor de las personas que, conforme al LSC, en su caso, a los estatutos de la sociedad puedan adquirir libremente las participaciones sociales.
Los estatutos podrán además reconocer la posibilidad de la transmisión a otras personas sometiéndolas al mismo sistema y condiciones previstos para la transmisión inter vivos de las participaciones sociales, con modificación, en su caso, de los plazos establecidos en dicho sistema (art. 306.1 LSC).
Por lo que respecta a la reducción de capital, la ley no arbitra un derecho de oposición de los acreedores, sino que los socios a quienes se devuelvan aportaciones responden hasta el límite de lo recibido de las deudas de la sociedad durante cinco años (art. 331 LSC). No habrá lugar a esta responsabilidad solidaria si al acordarse la reducción se dota una reserva por el importe recibido por los socios (art. 332.1 LSC).
La reducción que implica devolución de aportaciones o bien la identificación de los socios receptores (con mención del importe percibido como devolución) o bien que el órgano de administración declare expresamente que se ha constituido la reserva (RDGRN 15.06.2002).
La LSC regula la sociedad nueva empresa en el título XII (arts. 434 a 454).
Cuando la administración se confíe a más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejerce mancomunadamente, al menos por dos de ellos, en la forma que determinen los estatutos (art. 233.2.c LSC).
Se trata de una limitada especial (art. 434 LSC), con un capital que no puede ser inferior a 3.000 euros ni superior a 120.000 euros, que se puede constituir con rapidez utilizando medios telemáticos y que disfrutaba, además, de un régimen de contabilidad simplificado. La inscripción puede lograrse cumpliendo una serie de requisitos a las 48 horas de otorgar la escritura. Estas facilidades, sin embargo, se ven contrapesadas con una serie de reglas especiales más restrictivas que las de la limitada ordinaria. Así, además del límite máximo de capital social:
• la denominación social debe estar formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores, seguidos de un código alfanumérico (art. 435.1 LSC);
• sólo pueden ser socios las personas físicas, y no pueden ser más de cinco al crear la entidad (art. 437 LSC);
• sólo podrán llevarse a cabo modificaciones en su denominación, su domicilio social y su capital social; este último, dentro de los límites máximo y mínimo (art. 450.1 LSC).
Este nuevo tipo social, variante de la limitada, ha tenido muy poco éxito en la práctica, posiblemente porque las especialidades –totalmente innecesarias-que se introducen respecto al régimen de la limitada ordinaria la hacen poco atractiva. Además, el sistema telemático de creación se ha extendido a todas las sociedades de responsabilidad limitada desde el año 2006, como ya dijimos, y el régimen simplificado de contabilidad ha sido derogado en el 2007. Las ventajas inicialmente fijadas, por lo tanto, ya no son tales.
“Las objeciones que manifiesta el registrador no pueden tampoco mantenerse, puesto que, al emplear el mismo sistema en el caso debatido que el previsto legalmente para la obtención de la correspondiente certificación de denominación de una sociedad limitada nueva empresa, es más que palmaria su fiabilidad, seguridad y legalidad. En efecto, en el sistema nueva empresa es el notario quien comprueba todos los aspectos a los que nos hemos referido anteriormente (vid. fundamento de derecho cuarto de esta resolución), siendo así que no hay obstáculo legal, ni de oportunidad, para que el mismo sistema se utilice en el resto de los tipos societarios, cuando de la obtención de la certificación de denominación se trata. Solo a los efectos ilustrativos, en el sistema nueva empresa la comunicación telemática se efectúa entre el servidor del Consejo General del Notariado y el del Registro Mercantil Central a través de la plataforma CIRCE, la certificación en apoyo electrónico utiliza el formato PDF, que está firmado electrónicamente por el registrador mercantil central con su certificado de firma electrónica reconocida, obtenido en conformidad con lo que prevé la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y la Instrucción de este Centro Directivo de 18 de marzo de 2003. Este formato PDF está configurado de forma que, una vez impresa la certificación, es imposible volver a imprimir la misma, cumpliendo con esto lo que prevé el Reglamento del Registro Mercantil y Orden de 30 de diciembre de 1991 y, finalmente, el hecho de la impresión se notifica telemáticamente y con firma electrónica del notario al registrador mercantil central” (RDGRN 11.11.2004).