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Timestamp: 2017-12-14 22:48:02
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10 de noviembre de 2009 | Autor:
El hombre que se había destacado como un buen gobernante, con una gerencia efectiva en los límites territoriales del Zulia, rompió barreras y mediante un consenso democrático logró convertirse en el primer símbolo de unidad política en el país
Los intereses personales quedaron de lado y todas las tarjetas se volcaron a apoyar la candidatura que saco a los venezolanos de la sombra de la abstención devolviéndole al país la confianza en el voto como arma democrática.
Su trabajo con las comunidades lo hizo dar la vuelta al mundo, visitando cada rincón motivándolos a volcar sus miradas ante la amenaza que sufre a diario la democracia venezolana, por esto Manuel Rosales, es hoy un perseguido.
Presentación OEA
Quién suscribe, Manuel Rosales, Gobernador del Estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, líder del partido político nacional Un Nuevo Tiempo y Excandidato Presidencial de la Unidad Nacional de Oposición en las elecciones Presidenciales 2006, en ejercicio de sus derechos y de los iguales derechos cuyo respeto y tutela reconocen y aseguran a todos los venezolanos la Carta de Bogotá, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos, y que a los fines de la presente representación se concretan en el derecho a la democracia consagrado por la Carta Democrática Interamericana en su artículo 1, cuyos estándares ha hecho propios la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dirige a Ud. y por su digno intermedio al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, para imponerlos de lo siguiente:
En Venezuela, por acción del Presidente de la República, Teniente Coronel (Ejército) Hugo Chávez Frías, se encuentra afectada de manera grave la separación e independencia de los poderes constituidos, que es elemento esencial de la democracia representativa a tenor del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana mencionada.
El 31 de enero próximo pasado, la Asamblea Nacional, absolutamente controlada por diputados afectos al Gobierno, sancionó una “Ley que autoriza al Jefe del Estado para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley”; Ley Habilitante que, desbordando los cánones constitucionales y la misma ortodoxia democrática, implica en la práctica, de acuerdo al contenido textual de la mencionada ley cuyo texto se acompaña, una transferencia virtual y plena de las potestades legislativas en beneficio del Poder Ejecutivo.
Lo que es más grave, la autorización otorgada al Presidente para que actúe como una suerte de legislador sumo, por un término de diez y ocho meses, no responde a situación extraordinaria alguna o a cierta emergencia económica o social que acuse el país y que de manera alguna lo justifique, sino que, tiene el propósito específico de favorecer la modificación de las instituciones fundamentales del Estado y del Estado de Derecho, de suyo incidentes en los elementos dogmáticos y orgánicos de la constitucionalidad en vigor y ello esto con el fin de construir lo que se ha dado en llamar Socialismo del Siglo XXI.
No sólo eso. Al desprendimiento y desplazamiento citados que de sus competencias ha hecho la Asamblea Nacional, ésta, además, recién ha herido de muerte al Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del Poder Judicial, agravando su menguada independencia.
No se trata, en efecto, del hecho ocurrido a inicios del Gobierno actual, hace ocho años, cuando la Asamblea Nacional Constituyente controlada por los seguidores del mandatario venezolano, al declarar la Emergencia Judicial removió sin fórmula de juicio a los magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia y suspendió la estabilidad de todos los jueces de la República, provocando una provisionalidad que aún afecta en su autonomía a la Administración de Justicia.
Tampoco es el caso del aumento irregular y posterior de 20 a 32 miembros del Tribunal Supremo de Justicia, ocurrido en 2004 a instancias del Presidente de la República y dispuesto por la Asamblea mediante ley; magistrados éstos quienes, más luego, fueran electos por una mayoría simple de los diputados oficialistas bajo la idea, no oculta, de incorporar jueces comprometidos con la Revolución. Tanto fue así que, el penúltimo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, al tomar posesión de su cargo afirmó públicamente que “todo juez que emita juicio en contra de los principios revolucionarios, será destituido y anulada su sentencia”.
Acerca de estos particulares ha dado cuenta reiterada, mutatis mutandi, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Informes sobre Venezuela y también la conocida ONG America’s Wacht, cuyo informe cursa en anexo 1.
Con vista a lo anterior no reparamos, así mismo, en otro hecho reciente y grave, como lo fuera la designación por el Presidente Chávez de la actual Presidenta de la Asamblea Nacional, Diputada Cilia Flores, como Presidenta del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a su vez Presidenta de la Sala Constitucional de ese Órgano, Magistrada Luisa Estela Morales, como Secretaria Ejecutiva. Lo que es más grave, en el artículo segundo del Decreto Presidencial señala: “El Consejo Presidencial informará permanentemente al Presidente de la República sobre sus avances, los cuales se realizarán de conformidad con los lineamientos del Jefe de Estado en estricta confidencialidad”. (Se anexa: Decreto Presidencial, anexo 2).
Esta vez se trata, peor aún, de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional el pasado 23 de marzo cuestionando los fueros del máximo tribunal de la República y censurando sus competencias para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de los poderes públicos.
A raíz de una sentencia dictada por la Sala Constitucional en 27 de febrero de 2007 (Gaceta Oficial Nro. 36.635), que interpreta y restringe en su aplicación una norma jurídica de carácter fiscal, la Asamblea, en abierto desacato a la autoridad de las sentencias judiciales, ordenó la investigación y enjuiciamiento de los siete magistrados de la citada Sala del TSJ.
No bastando con tal ruptura de la institucionalidad democrática, el Presidente de la República, en alocución que hizo desde el Teatro de la Academia Militar el pasado 24 de marzo, afirmó sin ambages ni comedimientos que “neutralizar decisiones gubernamentales a través de un juez, del Tribunal Supremo de Justicia, es traición al pueblo, traición a la revolución, si se hace a espaldas del líder de la revolución”.
Ha lugar en Venezuela, en consecuencia, a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a su democracia y que conculca el derecho a la democracia de los venezolanos, por ser la separación e independencia de los poderes públicos uno de sus elementos esenciales, sino el más esencial. Y también por la fractura concurrente habida en los otros elementos esenciales que, a tenor del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana citado, han de conformarla para que ella – la democracia – no deje de ser tal, como consta de los antecedentes que siguen:
(1) El respeto a los derechos y libertades fundamentales ha cedido aceleradamente en el país.
El derecho a la vida, de hecho se encuentra suspendido.
Según lo muestran las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MDSD) las muertes acumuladas por homicidios y disparos entre 1999 y el 2005 (Periodo gubernamental del Presidente Chávez) fue 71.628 muertes. Nuestro país, en efecto, es el de mayor violencia hemisférica y Caracas, en lo particular, la segunda ciudad más violenta del Continente.
El atentado abierto a los derechos a la libertad personal y a la libre expresión del pensamiento se ha hecho recurrente, agravándose por la existencia de presos políticos y de persecuciones judiciales reiteradas por motivos políticos, que son del dominio y conocimiento públicos nacional e internacional. Deben citarse por emblemáticos y dentro de los muchos que hoy se cuentan, los casos del ex Gobernador del Estado Yaracuy, Eduardo Lapi, quien junto a otros compatriotas condujera la Mesa de Negociaciones y Acuerdos auspiciada por la OEA y el Centro Carter que tuvo a su cargo encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis venezolana entre 2002 y 2004; del General retirado Francisco Usón, ex ministro del Gobierno de Chávez, condenado por su disidencia y a raíz de su explicación pública y técnica en televisión de cómo funcionaba un lanzallamas, en relación a “los soldados quemados en Fuerte Mara”; el caso de los comisarios Simonovis, Forero y Vivas, así como, los Alcaldes de oposición con jurisdicción dentro del área metropolitana de Caracas, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky.
La pobreza extrema, en otro orden, creció durante el mismo período. La desnutrición avanzó del 15% al 18% entre el período constitucional previo y el actual período constitucional de Gobierno, según la FAO. Y así como durante el último Gobierno democrático (1994-1999), con ingresos muy magros y debido a la crisis de los mercados petroleros, se construyeron 340.000 unidades de vivienda, luego de 8 años de mandato el Presidente Chávez, quien ha contado con ingresos fiscales sin precedentes en la historia, hubo lugar a la construcción de 146.000 unidades de vivienda.
(2) Sobre el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho basta la ilustración introductoria anterior, en cuanto a la forma y medios dispuestos para la concentración y el monopolio del poder por el Presidente venezolano.
(3) Nada hay que agregar acerca de la celebración de elecciones periódicas, libres, justas como elemento esencial de la democracia, que no sea remitir al informe reciente de la Unión Europea sobre el sistema electoral venezolano, que va anexo y en el cual consta lo siguiente:
“Las leyes que gobiernan los procesos electorales presentan inconsistencias y vacíos… La MOE-UE recomienda, … que se investigue y sancione, de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, … Sería positivo que el CNE mantuviese de forma sistemática planes de gestión de calidad con expertos técnicos externos, tanto para el Registro Electoral Permanente como para el sistema automatizado de voto. Esto aumentaría la confianza en el sistema… La MOE-EU observó que muchos de los problemas del REP identificados por las distintas organizaciones de la sociedad civil tienen su origen en el sistema de registro civil y de cedulación”.
Pero en relación a lo último, al problema de la cedulación como base de un sistema electoral transparente, es reveladora la confesión hecha por el Presidente Chávez luego del referendo revocatorio presidencial de 2004:
“Si no hubiéramos hecho la cedulación, ¡hay Dios mio! yo creo que hasta el referéndum revocatorio lo hubiéramos perdido… En la nueva estrategia electoral, la cedulación tiene mucha importancia. Hay que continuar con la Misión Identidad”. (Cf. La Nueva Etapa, cit.)
(4) El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, como elemento sustantivo de la democracia, no encuentra espacio propicio en Venezuela desde cuando se aprobara la Constitución de 1999, que omite el reconocimiento expreso de éstos y prohíbe su financiamiento público; a pesar de que, como lo indica el artículo 5 de la Carta Democrática en cuestión, dicho régimen es “prioritario para la democracia”.
No bastando lo dicho, en La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana, expuesta por el Presidente Chávez en 2004 y cuyo contenido reiterara a inicios de este año, a propósito del llamado encendido de Los Cinco Motores de la Revolución Socialista, se ha dispuesto el establecimiento de un sistema de partido único. Y en cuanto a los opositores, basta recordar el mandato presidencial expreso:
“Esto que estoy planteando acá es la continuación de la ofensiva, para impedir que se reorganicen [los opositores], hablando en términos militares, y si se reorganizaran: para atacarlos y hostigarlos sin descanso” (Vid. La Nueva Etapa, cit, Caracas, Palacio de Miraflores, noviembre 2004).
Dado todo lo anterior no es del caso abundar sobre el coetáneo deterioro extremo de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia en Venezuela.
(5) A todo evento, en lo atinente a la transparencia gubernamental debida es de mencionar la reciente disposición del Presidente venezolano de mantener bajo pacto de confidencialidad las discusiones sobre el proyecto de reforma constitucional, que situaría al país en los predios citados del Socialismo del Siglo XXI y que realiza la Comisión presidencial designada al efecto. Nada saben los venezolanos, además, de los proyectos de leyes que en uso de su habilitación y mediante Decreto dictara el Presidente Chávez.
(6) La probidad gubernamental, en adición, queda en grave entredicho como componente fundamental de nuestro ejercicio democrático, una vez como se contabilizan los ingresos fiscales dispuestos en demasía por el actual Gobierno, el quantum de su dispendio para la exportación de la revolución hacia América Latina, y al relacionarse tales cantidades sea con el producto per capita (PPP), que cayó desde US$ 5.584 – cifra correspondiente a 1994-1998 – hasta US $ 5.121 durante el período 1999-2005, sea con el escandaloso incremento habido de la deuda pública nacional es de 76 mil millones de dólares, un poco más de tres veces de la que encontró el presidente Chávez.
(7) La responsabilidad del gobierno por su gestión pública errática y por violatoria de los elementos esenciales de la democracia como de los componentes fundamentales mencionados, no ha tenido lugar durante los últimos años, por ausencia de autonomía en el órgano de control de cuentas – la Contraloría General de la República – y por su manifiesto compromiso político con el Presidente Chávez y su Revolución. No hay presos por corrupción en Venezuela, salvo cuando se trata de perseguir a los “contrarrevolucionarios”.
(8) No ha habido respeto por los derechos sociales, de acuerdo a las cifras sobre la pobreza enunciadas en este documento y por la misma intervención gubernamental y del Estado sobre la vida de los sindicatos de trabajadores, como consta en los informes de la OIT sobre Venezuela.
(9) La sujeción de la Fuerza Armada al poder civil, que es crucial para el desempeño democrático, ha sido desvirtuada por expreso mandato constitucional y bajo la excusa de la Seguridad Nacional: léase, de la defensa de la revolución.
El Presidente de la República dispuso, bajo su mando directo, la organización en cada empresa, sindicato, unidad educativa, dependencia de la administración pública central o descentralizada, de la llamada reserva o milicia popular, en paralelo a la Fuerza Armada institucional. Es lo que él mismo refiere como “el pueblo en armas” y para hacer buena su consigna: “la Revolución es pacífica pero armada”.
(10) La libertad de expresión y de prensa, que es columna vertebral de la democracia en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido abiertamente conculcada por el Gobierno del Presidente Chávez.
No contento con el dictado de una Ley Mordaza o Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, que acota los contenidos informativos, promueve la autocensura, y sobrepone la propaganda ideológica oficial en dichos medios, y tampoco satisfecho con la reforma del Código Penal para la “criminalización” de la disidencia, recién ordenó, por razones políticas hechas públicas por el mismo mandatario, no renovar la señal del espectro radioeléctrico que permite las transmisiones de Radio Caracas Televisión, el canal privado de mayor antigüedad y tradición en Venezuela, 53 años hecho éste atentatorio de la libertad de pensamiento y expresión, así como, de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando éste expresamente señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enceres y aparatos usados en la Difusión de Información o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
(11) Finalmente, dada la violencia e impunidad reinante en el país, la misma falta de pesos y contrapesos necesarios entre los poderes públicos constituidos y demás instituciones del Estado, el ejemplo disolvente que de la disciplina social significa el verbo hiriente, discriminatorio y agresivo del Presidente de la República y del que bien conoce la misma comunidad internacional, viene de suyo la anomia que caracteriza a la vida venezolana y el incremento de la indiferencia frente a ese otro componente fundamental del ejercicio de la democracia: “el respeto a la propiedad privada y al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”.
Es importante destacar que la Carta Democrática Interamericana no es una simple Resolución de la Asamblea General de la OEA, tanto que fue adoptada por consenso. Se desprende, que dicha Resolución es interpretación auténtica de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y también desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos, como puede corroborarlo la jurisprudencia reiterada de San José de Costa Rica, y posee carácter vinculante a la luz de la jurisprudencia constante de la Corte Internacional de Justicia.
Apelo al Secretario General de la OEA y al Consejo Permanente para que hagan propia la iniciativa que tienen “ante situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático en un estado miembro”, de acuerdo al artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, por lo tanto, no se requiere de un mandato u autorización por el estado concernido, salvo para la realización de visitas a un territorio y las gestiones que se requieran para hacer un análisis de la situación cuando ello fuere menester.
En este sentido, es importante que el Secretario General asuma tal iniciativa, todavía más cuando “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente [el] orden democrático” en un Estado miembro de la OEA, como en el supuesto a que se contrae la presente representación, tal y como puede colegirse del artículo 20 ejusdem.
Por consiguiente, en nombre propio y de los venezolanos, en la condición arriba señalada, quien suscribe, le insta respetuosamente a que proceda de conformidad con sus deberes como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
En Caracas, a los 19 días del mes de abril de dos mil siete.
Publicado en Luchando por Venezuela