Source: http://absta.info/el-delito-de-estafa-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-supremo.html?page=6
Timestamp: 2019-03-25 12:19:34
Document Index: 315848527

Matched Legal Cases: ['artículo 563', 'artículo 563', 'artículo 535', 'artículo 529', 'artículo 529', 'artículo 528', 'artículo 250']

2.2.5.10.- ESTAFA MEDIANTE CHEQUE - El delito de estafa en la jurisprudencia del tribunal supremo. Antonio pablo rives seva
La jurisprudencia vino diferenciado el supuesto de libramiento en pago de un cheque en descubierto, que se castigaba como delito en el artículo 563 bis b) del anterior Código Penal y que fue destipificado en el de 1995, del propio delito de estafa. De sumo interés al respecto es la STS de 6 de mayo de 1987 (Aranzadi 3013), en relación al derogado artículo 563 bis b): “La protección penal del cheque en nuestro ordenamiento jurídico se ha venido actuando en dos frentes: el clásico de la estafa que atiende primordialmente al perjuicio patrimonial causado mediante la entrega del cheque con apariencia de provisión de fondos y, por ende, con ficción de crédito o solvencia, y el que se ha ido abriendo paso en las legislaciones modernas, entre ellas la nuestra, que atiende en primer término a proteger la seguridad del tráfico mercantil con intervención del título valor a fin de garantizar su poder liberatorio en las transacciones que lo reclamen, con lo que la barrera de protección queda adelantada puesto que en esta segunda modalidad delictiva ya no es necesario que la emisión del cheque sea causal del daño patrimonial, sino que basta que se dé en pago de deuda preexistente sin la necesaria cobertura; paralelismo protector del cheque que no surgió hasta la reforma del CP de 1963 en que instauró con carácter general el delito de cheque en descubierto (artículo 535 bis) como una forma de defraudación, pero sin que ello implicara la desaparición de la correlativa figura de estafa que seguía perviviendo en el artículo 529.1º CP como delito de lesión patrimonial y no de simple actividad que se otorgaba a la nueva figura delictiva, si bien para evitar toda sombra de duda al respecto, la Ley de 15 de noviembre de 1971, con mejor técnica, de una parte radió del Capítulo de las defraudaciones al delito de cheque en descubierto, ubicándolo en Capítulo separado, el IX bis y último de los delitos contra la propiedad, y de otro lado incluyó en el artículo 529.1º, como forma específica de estafa al aparentar saldo en cuenta corriente como medio defraudatorio (alusión que tuvo un antecedente fugaz en el Código de 1928); mención especial que suprimió la reforma de 1983 de acuerdo con su criterio de suprimir el sistema casuístico anterior de enumerar las distintas modalidades de estafa, sustituyéndolo por un concepto genérico que las abarca todas (artículo 528), de suerte que aplicada tal noción a la emisión de cheque en descubierto, si éste se da como contrapartida de otra prestación jurídica, de suerte que ésta no se hubiera llevado a cabo de no mediar la entrega del cheque, es obvio que se dan todos los requisitos del delito de estafa, puesto que hubo dolo en la entrega de un medio de pago que no era tal por faltarle el encaje metálico necesario que tal apariencia de pago movió a error a la parte receptora, hasta provocar el acto de disposición que al quedar sin contraprestación, evidencia el ánimo de lucro con el consiguiente perjuicio o lesión patrimonial para el tomador o sucesivos tenedores del documento...”.
La STS de 28 de enero de 1986 (Aranzadi 192), ratificando la correcta calificación jurídica de estafa, señala que la entrega de talones contra la cuenta corriente entraña una ficción o apariencia de capital o solvencia, que movió a los vendedores a la entrega de sus productos -engaño y relación de causalidad con el desplazamiento patrimonial-, siendo consciente el comprador acusado de la inexistencia, tanto en ese momento como en fechas posteriores, de saldos bastantes para que fueran atendidos los pagos -intención defraudatoria-. En este sentido también las SSTS de 24 de noviembre de 1989 (Aranzadi 8722), 1051/2006, de 30 de octubre y 419/2010, de 7 de mayo; y el ATS 257/2013, de 31 de enero.
También aprecia estafa la STS 512/2012, de 10 de junio, en el ingreso en cuenta de cheque sin fondos que no obedecía a operación alguna, para, antes de que el banco pudiera advertirlo, hacer extracciones en metálico y realizar otras operaciones; existió desplazamiento patrimonial, aunque parte del dinero obtenido siguiera en manos del banco al realizarse meramente traspasos contables; la STS 1501/2001, de 26 de julio, en el hecho de arrendar un local entregando un cheque de cuenta corriente cancelada meses antes, lo que constituye el medio de engaño; y la STS 1311/2011, de 12 de diciembre, en la entrega de un cheque sin fondo como pago de suministro.
Por el contrario, no se apreció estafa en la STS de 1 de junio de 1990 (Aranzadi 4955), por cuanto que la entrega de cuatro talones sin fondos, aun cuando implique ficción de solvencia, no fue lo que movió la voluntad de la vendedora que días antes ya había formado su voluntad de vender como lo prueba la firma entonces del documento privado de venta. Tampoco se apreció en la STS 21/2008, de 23 de enero, en la compra de ganado con cheques sin fondos, pues sería necesario probar que el acusado, con anterioridad al acuerdo con los vendedores, tuviera conciencia de tal ausencia de fondos.
2.2.5.10.2.- COBRO DE CHEQUE SIN LEGITIMACIÓN.
La STS 205/2011, de 24 de marzo, trató el caso del cobro de un cheque al portador por quien no lo es legítimamente. La Sala no comparte la tesis del Tribunal de instancia cuando erige en razón de la absolución por el delito de estafa que el acusado "en modo alguno se atribuyó una titularidad o posesión legal del referido cheque", añadiendo que "no efectuó engaño alguno". Lo que el hecho probado predica es que el acusado "ingresó el citado cheque en su libreta de ahorro de la entidad La Caixa, abonándosele el importe".
Desde luego debe advertirse que tal enunciado es poco afortunado en cuanto a la deseable precisión. El acusado no puede realizar un ingreso en sentido propio, por más que coloquialmente se comprenda lo que la sentencia quiere decir. Por ingreso no puede entenderse otra cosa que el comportamiento complejo que incluye un acto del acusado -la presentación a empleados de la entidad del cheque instando el abono de su importe- y por otro un acto por parte de dicho empleado -que es la anotación de dicho importe en el haber de la cuenta del presentante-, que es lo que refleja el hecho probado cuando concluye indicando que se hizo el abono del importe.
Pues bien, aquel acto, en la parte que protagoniza el acusado implica que se hace una apariencia o fingimiento de que es el portador físico, pero también que es el jurídicamente legítimo. La sentencia proclama que el cheque había sido sustraído previamente. No dice que el acusado fuese el autor de esa sustracción. Pero sí que el cheque era "ajeno perdido o de dueño desconocido". Con poco plausible laconismo en la declaración de hechos probados, no se afirma que el acusado obtuviera el mismo por entrega de legítimo poseedor.
No cabe pues prescindir de que el acusado, supiera o no que el cheque hubiera sido objeto de un apoderamiento delictivo, lo que no podía ignorar era que él carecía de cualquier título para beneficiarse de su importe.
Ocultar tal circunstancia al empleado de la entidad pagadora es sin duda un fingimiento, que, amén de consciente, es causal del acto de dicho empleado y que supone un desplazamiento patrimonial a favor del acusado y en perjuicio inmediato del titular de la cuenta en la que se efectuó el correlativo cargo, la entidad Colegio C.P.
Tales datos integran la totalidad de los requisitos propios del delito de estafa. Es decir, actuación del acusado que genera engaño en otro, el cual, por tal razón, efectúa un desplazamiento patrimonial, que constituye perjuicio para él o tercero y beneficio para el acusado o tercero.
Esa es la doctrina que en casos semejantes hemos venido manteniendo... STS de 19 de mayo de 2009 resolviendo el recurso 2084/2008, en la que se juzgaba un supuesto de hecho similar, siquiera se excluyó la modalidad agravada del subtipo del artículo 250.1.3º CP, considerando que el cheque fue extendido al portador, por lo que no hizo falta fingir identidad ni se operó sobre el documento manipulándolo.
También mantuvimos la misma construcción en la STS de 24 de septiembre de 2008 resolviendo el recurso 2525/2007, en cuyo caso el acusado halló el talón perdido, y se consideró engaño pues aparentando ser titular legal del talón lo presentó al cobro en la sucursal del Banco Popular, por eso el ejemplo que se cita en favor de la atipicidad de su conducta "...la situación equivale a una cantidad de dinero que el acusado hubiera podido encontrar en la calle..." no es adecuada, porque para obtener el dinero del talón hace falta que el banco le acepte el talón en la creencia de que es titular legítimo y le entregue el dinero. En el presente caso el recurrente efectuó todos los actos de ejecución necesarios para cobrar el talón: lo presentó en una sucursal bancaria y su sola presencia y pretensión de cobro ya supuso la apariencia de titularidad legítima ante el empleado del banco, encontrándose aquí la nota del engaño o ardid, si bien no se culminó el delito por sospechas del empleado”.
2.2.5.11.- OTROS SUPUESTOS.
En el caso de la STS 784/1995, de 19 de junio, “la idoneidad del engaño no puede excluirse pues no se trata de burdas falacias, falsedades o exageraciones tan notorios que a nadie engañan o que constituyen práctica social extendida como podría suceder con la tragicómica figura del «sablista» que pide prestadas pequeñas cantidades con lastimosas historias que a nadie engañan. Se trata de cantidades millonarias (cerca de cuarenta millones de pesetas) obtenidas con una buena técnica mediante una puesta en escena aparentemente simple pero en realidad bien elaborada en la que las razonablemente moderadas cantidades inicialmente percibidas sobre la base de un engaño básico (necesidad inmediata de dinero en efectivo por la enfermedad de su marido y promesa de inmediata devolución con el señuelo de un importantísimo patrimonio en Andorra, en realidad inexistente), se van incrementando mediante el artificio de pretextar que eran precisas nuevas entregas para realizar los trámites necesarios con el fin de conseguir la devolución del dinero depositado en Andorra (cuatrocientos millones de pesetas, según hizo creer la recurrente al perjudicado don Miguel M. o mil cuatrocientos millones, según le hizo creer a don Fernando E.), llevando al convencimiento de los engañados que de no entregar nuevas cantidades «peligraría la devolución de las anteriores, por no poder conseguir dicha supuesta suma», de manera que el natural y lógico afán de los perjudicados de obtener la devolución de lo ya entregado actuaba como cebo para la consecución de nuevas cantidades”.
En la STS 655/1997, de 13 de mayo, “el engaño de la estafa se debe apreciar cuando el autor afirma como verdadero algo que no lo es o cuando oculta algo verdadero para impedir que el otro lo conozca, y tales elementos se dan perfectamente en el caso; en efecto, el recurrente afirmó como verdadero que «tenía influencias y contactos suficientes para solucionar los problemas» de la licencia del perjudicado, aunque esto no era cierto”.
A un supuesto parecido se refiere la STS 132/2007, de 16 de febrero, en que “el recurrente manifestó que solo estudiando no se conseguía nada, y sí, en cambio, pagando, ofreciéndose a facilitar la superación de las pruebas, afirmando como verdadero que «tenía contactos directos con los miembros del Tribunal de la oposición a cambio de una cantidad de dinero del orden de dos millones de pesetas en todo o en parte destinada a aquéllos», aunque esto no era cierto. En consecuencia no cabe duda de que hubo engaño”.
En la STS 1191/1995, de 1 de diciembre, hubo engaño porque el acusado «ofreció vídeos y electrodomésticos a un precio de aproximadamente una tercera parte de su coste, exigiendo el pago por adelantado a sabiendas de que, por la falta de dinero motivada por la diferencia entre lo que pagaba y lo que recibía, no iba a poder entregarlos a los compradores».
Y en el caso de la STS 1057/1996, de 21 de diciembre, el engaño consistió en la apertura simulada de diversas cuentas corrientes que indujeron a error a la entidad bancaria para aceptar unos supuestos descubiertos deudores y unos negocios cambiarios sin ninguna cobertura y así acceder a la concesión de créditos y moratoria de pagos a favor de unos cuentacorrentistas que ni lo eran ni sabían nada del tráfico negocial que ilícitamente se estaba realizando a sus espaldas con el falso empleo de sus nombres y personalidad.
En el caso tratado en la STS 447/1998, de 30 de marzo, “el recurrente engañó a un elevado número de empresas suministradoras efectuando unos pedidos muy superiores a lo habitual, obteniendo mercancías valoradas en más de cuarenta millones de pesetas, alegando para justificar estos inusitados pedidos unas supuestas franquicias, que le permitirían incrementar sustancialmente sus ventas, para inmediatamente después de recibidas las mercancías pero antes de efectuar pago alguno, declararse en suspensión de pagos -solicitud que le fue rechazada- poniendo claramente de manifiesto que el desplazamiento patrimonial se obtuvo engañosamente y sin intención alguna de abonar las mercancías solicitadas, mediante una dinámica delictiva que, como señala el Tribunal sentenciador, se asimila al denominado “timo del nazareno”».
La STS 1452/1997, de 25 de noviembre, se refiere a un caso de «negocio jurídico criminalizado», por cuanto “Plásticos M.S.A. verificó -con la intención de no abonar su precio- una serie de pedidos a las empresas querellantes -proveedoras habituales suyas-, que, confiadas por la seriedad y anterior trayectoria comercial de la compradora, le suministraron las materias primas pedidas, «concurriendo, por tanto, un engaño suficiente y adecuado, para generar un error esencial en las empresas querellantes sobre la verdadera intención que guiaba a Plásticos M.S.A., con el consiguiente enriquecimiento patrimonial para los acusados»... La reiterada referencia, por parte de los recurrentes, a que las empresas querellantes tienen reconocido su crédito en el expediente de suspensión de pagos instado por Plásticos M.S.A. (de lo cual se quiere extraer la inexistencia de perjuicio), carece de toda relevancia a los fines pretendidos por los mismos. De un lado, por cuanto ello supone desconocer que, tanto el mecanismo de la suspensión de pagos -con el que con frecuencia se pretende ocultar todo tipo de quiebras reales-, como, incluso, el órgano judicial encargado de su tramitación -que, por su ubicación geográfica y su conocida carencia habitual de medios personales y humanos, consideraron los acusados especialmente idóneo para ocultar sus propósitos defraudadores y ralentizar los correspondientes trámites procesales-, como el resultado definitivo del mismo -es decir, la parte que los acreedores de la entidad suspensa pudieran recibir finalmente de sus créditos reconocidos-, constituyen unos extremos fácticos totalmente ajenos a la figura penal analizada, ya que únicamente podrían ser relevantes en la esfera de la responsabilidad civil”.
La STS 1387/1997, de 17 de noviembre, condena al perito que elaboró y firmó peritaciones de daños en vehículos absolutamente ficticias, al no haberse producido los accidentes. La dinámica de la estafa a las componías aseguradoras precisaba de la necesaria colaboración del recurrente, en aquellos casos en que se facturaron reparaciones inexistentes, pues para ello era preciso que el perito de la Compañía Aseguradora valorara de visu la realidad del siniestro y el importe de la reparación necesaria, pues sin dicho trámite no les era posible a los estafadores conseguir su propósito.
Existe engaño bastante y por tanto estafa, en el hecho de llevar un automóvil al taller a sabiendas de que no se iba a pagar la reparación, sacándolo posteriormente aprovechando un descuido del mecánico (STS 892/1999, de 2 de junio); en obtener medicamentos simulando ser pensionista de la Seguridad Social (STS 43/2000, de 25 de enero); el Guardia civil que al pasar a la reserva activa simula un traslado de residencia y muebles y logra que la Dirección General de la Guardia Civil le reembolse el importe del ficticio traslado (STS 1321/2000, de 20 de julio); en hacerse pasar por representante de empresa vendedora de aparatos de refrigeración sin serlo, vendiendo una máquina de hielo, recibiendo dinero, pagaré y cambiales, no entregando la máquina ni reintegrando la cantidad recibida (STS 1649/2001 de 24 septiembre); en hacerse pasar por Abogado, aceptando un encargo y solicitando una cantidad de dinero con el pretexto de realizar una gestión, aunque con el ánimo inicial de no llevarla a cabo, apoderándose así del dinero entregado (STS 1855/2001, de 19 de octubre); en el agente de policía municipal que pide una cantidad de dinero para hacer desaparecer una multa inexistente pendiente de cobro por Hacienda a un ciudadano al que había multado, el cual lo denunció antes de pagar, apreciándose el delito en grado de tentativa (STS 52/2002 de 21 enero); o el acusado que tras contratar una póliza de seguro de hogar simula la sustracción de joyas para cobrar el seguro (STS 244/2002, de 15 febrero); en aparentar que se va a crear una compañía aérea privada, obteniendo dinero de terceros con ese fin, cuando no tenía el acusado tal intención (STS 746/2002, de 19 de abril); en falsear una póliza de seguro para que cubriera un accidente de circulación ocurrido con anterioridad (STS 3/2004, de 15 de febrero); en fingir ser titular de una empresa inexistente y que ésta era adjudicataria de una obra, subcontratando con otra empresa para que realizara la misma, no abonando cantidad alguna, siendo en realidad la empresa adjudicataria otra entidad del acusado (STS 868/2006 de 15 septiembre); el ayudante técnico sanitario de centro penitenciario que solicita dinero a dos internas para que éstas obtengan una la libertad y otra un permiso de salida, careciendo de competencias para ello, obteniendo una cantidad de dinero al desconocer la víctimas y sus familiares el funcionamiento interno del centro (STS 883/2006, de 25 de septiembre); también en el caso de la persona que obtiene dinero de internos de un centro penitenciario a cambio de hacer gestiones con funcionarios consistentes en la obtención de permisos de salida e indultos (STS 524/2012, de 27 de junio); la persona que simula ser abogado para realizar trámites de extranjería que cobra siendo gratuitos, aprovechándose de la ignorancia de sus clientes (STS 315/2010, de 12 de abril); en la utilización en cuatro ocasiones de pagarés o cheques para adquirir vehículos y otros objetos sabiendo que carecían de fondos en las entidades bancarias; en alguna ocasión el acusado simulaba identidad falsa y en otras una vinculación con empresas de las que carecía en absoluto (STS 419/2010, de 7 de mayo); en aparentar un procedimiento administrativo de exhumación e incineración de cadáveres o restos, cobrando a los familiares, siendo la práctica absolutamente irregular y sin garantizar la identidad de las cenizas devueltas (STS 1036/2007, de 12 de diciembre); en anunciarse en la prensa para impartir unos cursos teórico-prácticos para la obtención del título de Aviación Civil necesario para pilotar el avión “Short 360”, que no se estaba en disposición de proporcionar, pues la empresa carecía desde el inicio de la infraestructura necesaria para proporcionar prácticas de vuelo a todos los pilotos que contrataron con los acusados (ATS 364/2013, de 14 de febrero); y en captar a varios clientes haciéndoles creer que les puede conseguir viviendas incursas en subastas judiciales, a precios muy ventajosos, consiguiendo que le entreguen grandes cantidades de dinero, de las que se apropia sin hacer gestión alguna, ya que dichas viviendas no existen (ATS 547/2013, de 7 de marzo).