Source: http://doczz.es/doc/1698444/los-principios-presupuestarios
Timestamp: 2018-03-17 04:13:33
Document Index: 100972813

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 75', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 134', 'artículo 86', 'artículo 134', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 166', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 147', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 54', 'artículo\n12', 'artículo 173', 'artículo 34', 'artículo 133', 'artículo 38', 'artículo 134', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 136', 'artículo 54', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 22', 'in fine']

CC-BY-NC-ND • PID_00189573
Concepto y clasificación de los principios presupuestarios....
Los principios de unidad, universalidad y no afectación........
El principio de no afectación .....................................................
Origen y regulación actual .........................................................
La anualidad en la aprobación del presupuesto .........................
La prórroga presupuestaria ..........................................................
administraciones públicas...............................................................
Ámbito de aplicación, naturaleza y contenido general del
Instrumentos para la consecución de la sostenibilidad
La finalidad de este módulo se concreta en el estudio de los principios�presupuestarios. En el módulo “Actividad financiera y gastos públicos: aspectos generales” se destacaba la existencia tanto de principios aplicables al gasto sensu
través del que se canaliza, el presupuesto. Estos principios, dada su especificidad e importancia de cara a la conformación del régimen jurídico de la institución presupuestaria, merecen, por tanto, un estudio diferenciado de los del
institución presupuestaria y afectan a las distintas fases del ciclo presupuestario, esto es, a la elaboración, aprobación, ejecución y control del
asignación y ejecución de los recursos públicos.
Su origen puede ser variado, pues encontraremos principios de índole político, contable o económico, convirtiéndose en objeto de estudio del jurista
que nos ocupa. Por esta razón es por lo que se examinan antes de que se haga
lo propio con el ciclo presupuestario, al que se dedicarán el resto de los módulos incluidos en estos materiales.
En función de lo anterior, se comenzará poniendo de manifiesto el concepto
y la clasificación de los principios presupuestarios en general y su proceso de
incorporación al ordenamiento jurídico.
Posteriormente, se irán desgranando de forma sucesiva los aspectos�fundamentales que plantean los principios presupuestarios contemplados en las
normas que disciplinan los ingresos y gastos de los entes públicos según el siguiente orden: competencia, unidad, universalidad, no afectación, especialidad, estabilidad, anualidad y sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
Una vez trabajado este módulo didáctico y realizadas las actividades propuestas, el estudiante tiene que estar en condiciones de alcanzar los siguientes objetivos:
Entender el concepto y la función de los principios presupuestarios.
con carácter previo a su juridificación.
Asimilar el proceso de juridificación de los principios presupuestarios y
Determinar el alcance y el ámbito del principio de competencia o reserva
de ley presupuestaria, así como la relación entre dicho principio y los
diferentes tipos de normas que forman parte del catálogo de fuentes.
afectación y su conexión con las normas reguladoras del contenido del
en la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto.
10. Delimitar el principio de sostenibilidad presupuestaria a través de los instrumentos previstos para su consecución.
1. Concepto y clasificación de los principios
Los principios presupuestarios son un conjunto de reglas que disciplinan la institución presupuestaria y afectan a las distintas fases del ciclo
presupuestario, esto es, a la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, tratando de asegurar sobre todo un adecuado pro-
del gasto público, aunque todos ellos se hayan incorporado
a normas jurídicas.
ceso de asignación y ejecución de los recursos públicos.
Tales principios presupuestarios se�clasifican en:
Principios�políticos. Están dirigidos a determinar la competencia en materia presupuestaria y asegurar el cumplimiento y control del presupuesto.
Principios� contables. Se refieren a la manera de formalizar o presentar
Principios� económicos. Tratan de establecer los criterios de naturaleza
económica que han de inspirar las decisiones presupuestarias fundamentales.
Atendiendo a su clasificación, procede examinar cuáles son los principios presupuestarios, cuál es su significado y cómo se relacionan entre ellos.
El principio�de�competencia en materia presupuestaria. De acuerdo con este principio, las competencias presupuestarias se reparten para conseguir un cierto equilibrio
legislativo. Al Parlamento le corresponde la aprobación y control del presupuesto, y
al Gobierno su elaboración y ejecución.
Los principios�de�unidad�y�universalidad. El presupuesto debe ser uno y recoger la
totalidad de los ingresos y gastos del Estado o del ente público de que se trate.
El principio�de�especialidad. Esta regla obliga a que en la ejecución del presupuesto
El principio�de�temporalidad. Exige que el presupuesto se apruebe y ejecute para
J.�Sánchez�Revenga (2009).
Manual de Presupuestos y Gestión Financiera del Sector Público. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
El principio�de�presupuesto�bruto. Según este principio, los ingresos previstos y los
gastos autorizados deben recogerse por su importe bruto, sin detracción alguna, lo
cual excluye la posibilidad de deducir de los ingresos los gastos que genera su recaudación, así como también deducir del importe de los gastos autorizados los ingresos
que pudiera generar el órgano gestor del presupuesto. La justificación teórica de este
principio está directamente conectada con el principio político de universalidad.
El principio� de� unidad� de� caja. De acuerdo con este principio, conectado con el
principio político de unidad, todos los ingresos y los gastos deben centralizarse en
una tesorería única, a la que corresponde la gestión de todos los caudales públicos.
Corolario lógico de este principio es la no afectación de los ingresos públicos a ningún
tipo específico de gastos públicos.
El principio�de�especificación. Los ingresos previstos y los gastos autorizados deben
principio de especificación es la plasmación práctica o contable del principio político
El�principio�de�ejercicio�cerrado. Según este principio, reflejo de la temporalidad
del presupuesto, este debe referirse a un período de tiempo determinado.
El principio�de�gestión�mínima. El presupuesto ha de reducirse al mínimo, pues este
es el camino que deben seguir también las asignaciones o contribuciones al sector
público. Este principio se formuló en el Estado liberal y se abandonó con el advenimiento del Estado del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a cobrar
fuerza con el pensamiento económico neoliberal, al menos hasta la convulsión económica presente, en la que vuelve a producirse una relevante intervención pública
en la economía. Algo parecido ha ocurrido con los otros dos principios económicos
El principio�de�nivelación�o�equilibrio�presupuestario. De acuerdo con este principio, los gastos presupuestados deben estar financiados en su totalidad por los ingresos públicos ordinarios previstos, sin que puedan elaborarse o aprobarse presupuestos con déficit inicial. Este principio tradicional de nivelación tiene una formulación
más avanzada en la actualidad: el que se denomina principio�de�estabilidad�presupuestaria, que puede exigir el equilibrio financiero del presupuesto pero también el
superávit y, además, esta exigencia no se restringe a las fases de elaboración y aprobación del presupuesto, sino que se extiende también a las fases de ejecución y a la
posterior liquidación del presupuesto. Asimismo, en la actual situación económica
se ha vulnerado este principio que constituía una exigencia para todos los países integrantes de la Unión Europea.
El principio� de� neutralidad. Según este principio, la intervención económica del
Estado no debe interferir en la actividad económica de los particulares, mejorando o
perjudicando, por ejemplo, si se trata de una empresa, su posición en el mercado.
Cualquiera de los principios mencionados puede adquirir la categoría�de�jurídico-presupuestario, lo que se produce cuando ellos mismos o los postulados
que encarnan se incorporan a las normas jurídicas de un Estado (Constitución
o leyes generales) reguladoras de la institución presupuestaria, lo cual significa que los principios jurídico-presupuestarios no son más que la plasmación
en�el�derecho�positivo�de�los�principios�políticos,�contables�y�económicos
más�relevantes. En nuestro país la juridificación de los principios presupuestarios se ha llevado a efecto en la Constitución y en leyes generales como la
Ley de Economía Sostenible. En estas normas se recogen:
no juridificados no tienen incidencia en el régimen jurídico
Los principios de unidad, universalidad y no afectación.
El principio de sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas.
Los principios jurídico-presupuestarios cumplen, además de su función específica, otra muy relevante, la de actuar como criterios�de�coordinación�en�materia�presupuestaria�entre�los�distintos�entes�territoriales del Estado, permitiendo que la aplicación del gasto público en los distintos niveles territoriales
–Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales– sea homogénea y
reflejando los objetivos que deben alcanzarse por todos los entes públicos. Por
ello, los principios están incorporados también a la normativa básica de los
entes públicos citados (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CC. AA. y Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
aprueban sus presupuestos, y que corresponde al Gobierno la elaboración de
enmienda y aprobación1. La consecuencia que interesa subrayar de este reparto
competencial es la vigencia del principio de reserva de ley en la aprobación
del presupuesto, lo cual determina, lógicamente, la ejecución del presupuesto,
ya que los entes públicos solo cuando estén autorizados o habilitados por una
ley podrán realizar gastos públicos (“las administraciones públicas solo podrán
contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes”2).
Puede decirse que este principio de reserva de ley se refiere a dos�momentos
del� ciclo� presupuestario. Por un lado, a la aprobación del presupuesto, al
exigir que las decisiones sobre los gastos públicos, por su relevancia para los
utilización vía gasto requiere
ciudadanos, sean adoptadas por la norma jurídica de mayor rango jerárquico
emanada del órgano de máxima representación de los ciudadanos, asegurando así el control democrático de los gastos. Y por otro lado, a la ejecución del
presupuesto, que exige una ejecución lo más ajustada posible a lo aprobado
por el Parlamento, respetando el grado de vinculación de los créditos presupuestarios establecido por la ley en cada caso, mediante la aplicación del principio de especialidad, que se analiza más adelante.
la necesidad de una ley ordinaria para la aprobación y posterior modificación de los Presupuestos Generales del Estado aprobados, al exigir
una ley para aprobar, respectivamente, los PGE y los créditos extraordinarios y suplementos de crédito3.
PGE y catálogo de fuentes
Quedan excluidas de la regulación de los PGE:
La ley orgánica, puesto que ni el artículo 81 ni ningún otro de la CE se refieren a
Las llamadas Leyes de Comisión, pues según el artículo 75.3 de la CE las cámaras
legislativas no pueden delegar en ninguna de las comisiones permanentes la aprobación del proyecto de ley de PGE.
El decreto legislativo, porque el artículo 82 de la CE exige que la delegación legislativa
al Gobierno se otorgue para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio,
que se puede otorgar mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación
sentido ni se adecua a las características de las leyes de presupuestos.
La iniciativa legislativa popular del artículo 87.3 de la CE.
El decreto-ley, puesto que, entre otros motivos (como el respeto al reparto competencial en materia presupuestaria que impone el artículo 134.1 de la CE, pues se hurtaría
la intervención del Parlamento en la aprobación del presupuesto), el artículo 86.1
materia presupuestaria, puesto que para el supuesto de la no aprobación de los presupuestos antes del primer día del ejercicio en que deban regir, el artículo 134.4 de la
CE prevé la prórroga automática e indefinida de los del ejercicio anterior. Todo ello
sin perjuicio de que el Gobierno, para garantizar la seguridad jurídica, suele aprobar
un decreto-ley de prórroga del presupuesto cuando esta se produce.
Resulta conveniente añadir, para terminar el análisis del principio de competencia, que los Presupuestos Generales de las CC. AA. también deberán aprobarse por ley, en este caso autonómica, pero los Presupuestos Generales de las
CC. LL. no se aprueban por ley, ni estatal ni autonómica, sino por un acuerdo del Pleno de la Corporación local. En todo caso, por una norma aprobada
por el órgano de máxima representación de los ciudadanos en el respectivo
El principio de unidad aparece implícitamente previsto en la CE:
“los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de
los gastos e ingresos del sector público estatal [...]”
contenido que los PGE estarán integrados por :
Los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de los sujetos
que integran el sector público administrativo.
y financieras de las entidades del sector público empresarial y del sector
público fundacional.
Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 2.2 de la LGP.
Este principio de unidad se refiere a la forma de presentación del presupuesto y exige que exista un único documento presupuestario, para
poder conocer con claridad y rapidez toda la información que ofrece
sobre la actividad financiera pública. Por ello, el principio de unidad
se opone a la existencia de presupuestos especiales, anejos y/o extraordinarios, que sustraigan a determinados entes públicos del bloque de
Una�comunidad�autónoma�pretende�tramitar�en�su�parlamento�regional�parte�del
presupuesto�y�prorrogar�otra�parte�del�mismo.
Esta actuación sería inconstitucional por ir en contra, entre otros, del principio de unidad.
No es posible presentar, o pretender aprobar, el presupuesto de forma “troceada”.
La doctrina tradicional ligaba este principio de unidad con la idea�de�la�personalidad�jurídica, de forma que el principio de unidad se identificaba con
la idea de un solo presupuesto por cada ente público dotado de personalidad
jurídica. En la actualidad, esta interpretación sería excesivamente formalista,
puesto que, de seguirse, la proliferación de organismos autónomos y otros en-
tes públicos dotados de personalidad jurídica producida por la descentralización funcional, vaciaría el principio de unidad y dejaría de servir a su finalidad,
la actividad financiera pública.
tivación política, permitir el control�del�legislativo sobre la total actividad
financiera pública. Este control solo es posible con un presupuesto�único�pa-
ra� el� sector� público, independientemente de que en el mismo se integren
Hemos visto los diferentes entes públicos que se integran en
el PGE en el módulo “Las leyes
distintos entes públicos dotados de personalidad jurídica. En el terreno jurídico, resulta necesario dar un contenido a las autorizaciones presupuestarias
para realizar gastos públicos, lo que exige que estén contempladas en un solo
generales de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales no
con poder financiero, puesto que no impide el control político eficaz sobre la
los distintos entes públicos se
el principio de unidad se cumple a través de la figura del
actividad financiera pública en estos ámbitos, sin perjuicio de lo cual, debe
resultar posible su consolidación con los del Estado5.
Por último, en el terreno�contable, el principio de unidad comporta la unidad�de�caja, la unidad�de�cuenta�monetaria y la unidad�de�contabilidad,
lo cual significa que los cobros y pagos deben centralizarse en una única caja,
lo que proporciona flexibilidad para sus flujos y previene contra las irregularidades a que fácilmente pudieran dar lugar las cajas múltiples o especiales;
M.�A.�Martínez�Lago (2002).
Temas de derecho presupuestario: hacienda pública, estabilidad y presupuestos. Madrid:
El principio de universalidad representa un aspecto complementario del principio de unidad, por ello aparece expresamente previsto en la Constitución,
cuando señala que los Presupuestos Generales del Estado “incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal6”, y también en los artículos de la LGP dedicados al principio de unidad, aunque, específicamente,
“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos
por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de
los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso [...]”
sirve para dar concreción al mismo, exigiendo que todos los ingresos y gastos
La regla�del�presupuesto�bruto, según la cual los ingresos y gastos deben
figurar en el presupuesto de forma explícita o expresa, esto es, sin compensaciones o minoraciones entre ellos.
La regla�de�la�no�afectación, que prohíbe que determinados ingresos se
Un�ente�público�elabora�un�presupuesto�con�50.000.000�de�ingresos�y�48.000.000�de
gastos�y�pretende�someter�a�aprobación�solamente�el�resultado�económico�derivado
del�mismo�(+�2.000.000).
bruto), que obliga a presentar por separado y de forma específica los ingresos y gastos
Este principio exige además la inexistencia de actividades financieras extra
presupuestarias y, si esto no fuera posible, su reducción a la mínima expresión.
del patrimonio público, como sucede, por ejemplo, con los pagos que los diferentes ministerios han de hacer a la Hacienda pública por las retenciones que deben practicar a
existe crédito presupuestario específico para atender al pago de estas retenciones, la ejecución de los créditos destinados a gastos de personal obligará al pagador a detraer las
correspondientes cantidades a cuenta del IRPF, así como a ingresar su importe en la Hacienda pública. Otro tanto puede decirse también en el supuesto de ingreso de cantidades
indebidas, en el que la Administración está obligada a devolverlas.
Como operaciones no presupuestarias más conocidas, también pueden incluirse los anticipos de tesorería o los flujos financieros entre administraciones públicas, como los que
en ocasiones acontecen entre España y la Unión Europea o dentro de nuestro país entre
el Estado y las comunidades autónomas y corporaciones locales. No obstante, la tipología
las fianzas y depósitos constituidos, los deudores por organismos de previsión social, los
conceptos imputables a la cuenta Hacienda pública deudora, los impuestos soportados
pendientes de liquidar, los excedentes y movimientos de tesorería, los pagos pendientes de aplicación presupuestaria y las operaciones con valores. Dentro de las segundas
podemos citar las fianzas y depósitos recibidos, los acreedores por organismos de previsión social, los conceptos imputables a la Hacienda pública acreedora, los impuestos repercutidos pendientes de liquidar, los ingresos pendientes de aplicación presupuestaria,
los supuestos de administración de recursos de otros entes públicos y los acreedores por
En todo caso, su carácter no presupuestario no las exime de la aplicación de algunos
aspectos fundamentales del régimen jurídico del gasto público, como la necesidad de
intervención y contabilización y su ajuste a las normas reguladoras de la tesorería de los
El fundamento de la regla o principio del presupuesto�bruto consiste en facilitar la efectividad del control parlamentario. Ese control no sería efectivo presentando un presupuesto neto, pues se hurtaría al Parlamento el conocimiento de algunos ingresos y gastos, todos aquellos que hubieran sido minorados o
J.�J.�Bayona�de�Perogordo;
M.�T.�Soler�Roch (1990). Temas de Derecho Presupuestario.
Alicante: Librería Compás.
torpece el funcionamiento de los servicios públicos que operan con criterios
3.3. El principio de no afectación
La regla o principio�de�no�afectación7 supone que los recursos de las enti-
dades del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Este principio postula, por tanto,
que todos los ingresos públicos se destinen de manera indistinta y global a
la cobertura de los gastos públicos, no pudiéndose otorgar prioridad a una determinada fuente de financiación para la cobertura preferente de unos gastos
La aplicación efectiva de la no afectación resulta fundamental en cualquier Hacienda pública moderna, ya que es una condición indispensable para que el Estado pueda priorizar las necesidades públicas a satisfa-
C.�Palao�Taboada (1987).
I (2.ª ed.). Madrid: Colex.
cer y atenderlas con cargo al fondo común de los ingresos públicos.
Si la afectación rigiera la actividad financiera de los entes públicos, cada colectividad territorial o sector económico o social pretendería que los ingresos públicos que generase se invirtieran en la satisfacción de sus propias necesidades.
En consecuencia, la no afectación tiene una justificación doble:
De carácter político, al configurarse como un componente esencial
De carácter económico-financiero, al permitir a los entes públicos
decidir libremente sobre las necesidades públicas a satisfacer, pudiendo utilizar con ese fin la totalidad de los ingresos públicos.
En ocasiones puede ser conveniente suavizar�la�rigidez que conlleva la estricta
aplicación de la no afectación, puesto que la propia gestión de los ingresos
y de los gastos públicos puede aconsejar, en cumplimiento de los principios
constitucionales de eficiencia y economía, la existencia de excepciones. En
este sentido, junto a la regla general de no afectación se admite la posibilidad
de que la ley contemple excepciones. Por ejemplo, en el ámbito local, este
Afectación e IRPF
La asignación en el IRPF a entidades religiosas y/o a fines de
interés social es un caso de ingreso afectado parcial.
de supuestos de afectación, vinculados con carácter general a los gastos de
inversión, con lo que puede afirmarse que el principio de no afectación regirá
No afectación en las haciendas locales
Consecuencia de ello, con base en la regulación positiva vigente, en la esfera�local se
gastos, tanto en el campo de los ingresos como en el de los gastos públicos. Con relación
a los ingresos tributarios, destaca la posibilidad de que por ley se afecten impuestos, tasas (“los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga
de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente”9), o contribuciones especiales (“las cantidades recaudadas por contribuciones
especiales solo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya
razón se hubiesen exigido”10). Igualmente, respecto a los gastos públicos, existen operaciones presupuestarias que pueden exigir la existencia de un ingreso afectado, como son
los créditos extraordinarios, los suplementos de créditos y las generaciones de créditos.
El catálogo global de ingresos afectados en el TRLHL11 puede sistematizarse como sigue:
Ingresos por enajenaciones patrimoniales (artículo 5).
Cargas de urbanización (artículo 166.2.b).
Ingresos por contribuciones especiales (artículo 29.3).
Subvenciones con destino a obras y servicios (artículo 40).
Subvenciones destinadas a financiar los planes provinciales de cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal (artículo 147.1).
Ingresos afectados para la devolución de recursos obtenidos apelando al crédito público (artículo 49.5).
Un�ayuntamiento�enajena�un�inmueble�que�tiene�la�consideración�de�bien�patrimonial.
Según el artículo 5 del TRLHL, el ingreso obtenido debe utilizarse de forma necesaria para
plado de forma�implícita tanto en las leyes anuales de presupuestos como en
las leyes generales reguladoras de la materia presupuestaria, pero nunca ha llegado a plasmarse explícitamente en un texto constitucional, incluida la Constitución de 1978. No obstante, este principio está implícito en otros mandatos
o competencia, criterios rectores que, como se ha visto, sí aparecen recogidos
forma genérica en la vinculación de los créditos presupuestarios prevista por
“los créditos presupuestarios de [...] las entidades integrantes del sector público estatal
con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para
las modificaciones realizadas conforme a esta ley. El carácter limitativo y vinculante de
dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en
aquellos.”
que partir de la idea de que los créditos presupuestarios suponen una
autorización y a la vez un límite para los entes u órganos encargados de
la realización del gasto público, por lo que el crédito presupuestario debe
jurídicos de los gastos públicos y suponen el nivel de vinculación al que
deben someterse los agentes ejecutorios del gasto público.
El aspecto�cualitativo del principio de especialidad implica que se debe realizar el gasto única y exclusivamente en aquello que autoricen los créditos
que la autorización presupuestaria se realice con una suficiente desagregación,
indicando las líneas o finalidades concretas del gasto; y en sentido negativo,
proscribe la existencia de los denominados créditos presupuestarios globales
o genéricos, en los que no se identifica suficientemente el gasto autorizado y
que la Administración podría utilizar a su arbitrio con el único límite de su
P.�Yebra�Martull-Ortega
(1986). “El principio de especialidad presupuestaria y el
poder financiero de las Cortes Generales”. Revista de Derecho Financiero y Hacienda
Pública (núm. 182). Madrid.
La LGP proclama la vinculación cualitativa de los créditos presupuesta-
rios, al establecer que “los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley”13.
de la actividad de gasto público, exige un nivel adecuado de desagregación del
gasto, resulta necesario que la ley concrete cuál�es�el�nivel�de�vinculación�de
los�créditos�presupuestarios, esto es, resulta ineludible concretar la expresión
legal “ finalidad�específica”. La misma LGP, bajo la denominación contable
del principio de especialidad, esto es, de especificación, establece varias reglas
al respecto, que suponen distintos niveles de vinculación cualitativa de los
créditos del Presupuesto del Estado (Administración General y órganos constitucionales14).
La regla general de la especialidad cualitativa consiste en que “en el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto”. La vinculación se efectúa, pues, a
nivel de “concepto”, lo que supone tomar como referente las clasificaciones por programas y económica de los créditos presupuestarios, puesto que es la clasificación económica la que permite diferenciar dentro de cada programa de gastos y por este orden entre:
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.
Ejemplo:�Créditos�vinculantes�a�nivel�de�concepto
Créditos destinados a intereses de préstamos en moneda nacional (capítulo 3; artículo
Se contemplan tres�excepciones a la regla general de la especialidad cualitativa; dos de
ellas permiten una especificación más amplia de los créditos, y la otra una especificación
más restringida que la establecida con carácter general:
La primera�excepción consiste en que los créditos presupuestarios destinados a gastos de personal y a los gastos corrientes en bienes y servicios tienen dentro de cada
programa un carácter vinculante a nivel de artículo.
Ejemplo:�Créditos�vinculantes�a�nivel�de�artículo
Créditos destinados a reparaciones, mantenimiento y conservación (capítulo 2; artículo
La segunda�excepción consiste en que los créditos destinados a inversiones reales
tienen dentro de cada programa un carácter vinculante a nivel de capítulo. Así pues,
la vinculación de los créditos presupuestarios destinados a estas dos finalidades es más
débil, ya que se establece la vinculación para un nivel menor de desagregación, en
concreto de artículo o capítulo, permitiendo, en consecuencia, variar el destino de los
créditos presupuestarios incluidos en artículos, conceptos o subconceptos inferiores
Ejemplo:�Créditos�vinculantes�a�nivel�de�capítulo
Créditos destinados a inversiones reales (capítulo 6), concepto 600 (inversiones en terrenos).
La tercera�excepción tiene un carácter más restringido que la regla general, pues se
especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica los siguientes créditos:
– Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.
Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta ley.
Como puede deducirse de este precepto, la ley impone para los créditos que se especifican un nivel de limitación más estricto, pues la Administración resulta vinculada
a la finalidad específica con que aparezcan en cada programa del presupuesto y no
en otra, es decir, respetando escrupulosamente el nivel de desagregación que les corresponda según la clasificación económica.
Ejemplo:�Créditos�vinculantes�al�nivel�que�corresponda�según�su�concreta�clasificación�económica
En la PGE para el 2012 se incluyen, entre otros, los créditos 162.00, “Formación y perfeccionamiento del personal”, 162.04, “Acción social”, 221.09, “Labores de la Fábrica
nacional de Moneda y Timbre”, o el crédito 26.18.231A.227.11, “Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico
de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo”.
Conviene advertir que existen reglas�propias de vinculación para los créditos
presupuestarios de los organismos autónomos del Estado y de la Seguridad
Social15, y también que las LPGE de cada ejercicio pueden contener reglas
específicas de vinculación de los créditos presupuestarios.
La consecuencia concreta del nivel de vinculación previsto en cada caso es que
las cuantías detalladas en los estados de gastos por debajo de dicho nivel solo
cumplen una función informativa de la naturaleza del gasto autorizado, de
realizados, se respete la cuantía total del nivel de vinculación previsto legalmente.
Delimitar�si�se�incumple�el�principio�de�especialidad�cualitativa�en�el�siguiente�caso
del�capítulo�I�del�presupuesto�de�gastos�de�un�ente�público:
Si bien en el Concepto 120, “Retribuciones básicas”, se habría gastado una cantidad superior al crédito inicialmente autorizado, no se habría vulnerado el principio de especialidad, pues la suma total de lo gastado en los demás conceptos pone de manifiesto que en
el nivel de vinculación –artículo– se ha gastado una suma (1.600) inferior a la autorizada
(1.800). Esto significa, en definitiva, que la cuantía del crédito vinculante del artículo
12, “Funcionarios”, no se ha utilizado en una finalidad distinta a aquella para la que fue
El aspecto�cuantitativo del principio de especialidad presupuestaria su-
pone una vinculación para la Administración respecto al quantum o cantidades de dinero de que se dispone para la realización de gasto público,
en virtud de la autorización conferida por un determinado crédito presupuestario. Así, los créditos para gastos son limitativos, prohibiéndose
adquirir compromisos de gasto y obligaciones por cuantía superior al
importe de los créditos presupuestarios autorizados en los estados de
limitación16.
La doctrina financiera defiende dos�tesis�diferenciadas respecto de la inter-
pretación de este precepto que, no obstante, debe ponerse en relación con los
que se ocupan del nacimiento y exigibilidad de las obligaciones económicas
de la Hacienda pública17.
Un� sector� doctrinal, partiendo de la distinción entre obligaciones� legales
(nacidas ex lege) y obligaciones�voluntarias (nacidas de actos o contratos administrativos), con diferentes argumentaciones llega a la siguiente conclusión
integradora de los tres artículos citados de la LGP: las obligaciones legales nacen siempre válidamente, exista o no crédito presupuestario para su cobertura
y, en su caso, la carencia de este solo afectaría a la exigibilidad de la obligación
contraída. Por el contrario, respecto a las obligaciones voluntarias, la existencia de crédito presupuestario resulta una condición de validez de las mismas.
Otro�sector�de�la�doctrina sostiene que el nacimiento de las obligaciones de
la Hacienda pública es independiente de su exigibilidad.
De este modo, la existencia o no de crédito presupuestario para su cobertura es un requisito que afecta, en todo caso, a la exigibilidad de la
obligación pero no a su validez.
Esta interpretación, que es más favorable a los derechos de los acreedores, puede entenderse refrendada por el Tribunal Constitucional, ya que este ha reconocido la autonomía de la fuente de las obligaciones de la Hacienda pública
respecto al crédito presupuestario, al afirmar que:
B.�Sesma�Sánchez (1999).
“La aparente nulidad de los
gastos contraídos sin crédito presupuestario: criterios
para una reinterpretación
cuantitativa”. Civitas Revista
(núm. 101). Madrid.
“los créditos consignados en los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado no son fuente alguna de obligaciones; solo constituyen autorizaciones legislativas
para que dentro de unos determinados límites la Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. La fuente de
los negocios jurídicos o en los actos o hechos que, según derecho, las generen [...]” (Sentencias 63/1986, de 21 de marzo, y 146/1986, de 26 de noviembre).
La segunda�interpretación�doctrinal parece más acertada y su seguimiento
La primera es que sin un crédito presupuestario adecuado y suficiente las
obligaciones económicas de la Hacienda pública no son exigibles, pero dicha falta o insuficiencia de crédito no afecta a su validez, pues esta última
solo dependerá de la fuente o título que la haya originado. Todo ello sin
perjuicio de que en algunos supuestos la legislación específica de la obligación condiciona expresamente su validez a la existencia de crédito presupuestario como sucede, por ejemplo, en ámbito de los contratos públicos
o las subvenciones18. Debe subrayarse, además, que el pago de las obligaciones bilaterales o recíprocas no se podrá efectuar hasta que el acreedor
no haya realizado o cumplido con su respectiva obligación (regla del servicio hecho).
La segunda es que la falta de crédito presupuestario adecuado y suficiente determina la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y
disposiciones generales con rango inferior a la ley que incumplan esta limitación.
Es precisamente la validez predicable con alcance general de la obligación
contraída sin crédito presupuestario adecuado y suficiente la que permitirá al
acreedor reclamar su cumplimiento a la Administración, siempre y cuando
haya cumplido su correlativa obligación, fundando su pretensión en el principio jurídico general que no consiente el enriquecimiento sin causa, que en
este caso se produciría a favor de la Administración.
Arts. 26.1.k) de la Ley de Contratos del Sector Público y 36 de la
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos que, en el campo de las haciendas locales, se utiliza para combatir la
práctica habitual de asumir compromisos de gasto de los que no se dispone de crédito
presupuestario para su financiación. La asunción de compromisos de gasto de naturaleza
extrapresupuestaria y la situación de partida –bastante frecuente– de disponer de créditos
presupuestarios de cuantía insuficiente para la adecuada cobertura de los compromisos
básicos realmente asumidos –para seguir con la apariencia de equilibrio presupuestario
inicial–, contradice todos los criterios y principios presupuestarios e incumple lo previsto
en el TRLHL, y en particular con el artículo 173.5 de la misma.
Esta forma de actuación acaba en una ausencia absoluta de disciplina presupuestaria,
sin que la derivación de responsabilidades que se enuncia en el precepto citado, ni la
calificación de nulos de pleno derecho –y por tanto, no susceptibles de convalidación– a
cuantos actos infrinjan la norma legal correspondiente, hayan tenido consecuencia alguna en ningún momento. Los compromisos asumidos extrapresupuestariamente "saltan
de ejercicio" –pasan a ejercicios posteriores–, suponen una mayor tendencia al déficit –
inicial y a la hora de su liquidación–, en muchas ocasiones las operaciones así concertadas alcanzan unos precios claramente excesivos –por la razón financiera del presumible
retraso excepcional en su pago– y, al competir con las obligaciones fijas y establecidas
para su pago, originan retrasos en la liquidación de las obligaciones contraídas.
El aspecto temporal del principio de especialidad establece el período�en�el
que�deben�realizarse�los�contenidos�cualitativo�y�cuantitativo en que consiste la autorización para realizar gastos públicos que todo crédito presupuestario comporta. Este aspecto temporal del principio de especialidad es una
concreción en el ámbito de la ejecución del presupuesto, es decir, de la gestión
En concreto, la anualidad en la ejecución del presupuesto aparece vincula-
da tanto a la eficacia�temporal�de�los�créditos�presupuestarios, como a la
imputación�temporal�de�ingresos�y�gastos a un ejercicio presupuestario19.
En cuanto a la primera de ellas, debe indicarse que con cargo a los créditos
del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones
la imputación de gastos a créditos aprobados para ejercicio distinto.
Por lo que se refiere a la imputación temporal de ingresos y gastos21, los derechos�económicos�se�imputan�al�ejercicio�presupuestario�en�que�se�hayan
no se hayan ingresado en las cajas públicas en dicho ejercicio presupuestario.
¿A�qué�presupuesto�se�imputa�un�impuesto�cuyo�hecho�imponible�se�produjo�el�3
de�marzo�del�2009,�se�liquidó�por�la�Inspección�el�4�de�de�diciembre�del�2011�y�fue
ingresado�el�5�de�enero�del�2012?
crédito se analizará en el módulo “Las modificaciones de
los créditos presupuestarios”.
Y las obligaciones�reconocidas�hasta�el�final�del�mes�de�diciembre�se�imputan�al�ejercicio�presupuestario, siempre que se refieran a gastos públicos efectuados durante el ejercicio con cargo a los créditos presupuestarios aprobados,
aunque todavía no se hayan pagado.
Así pues, la clave para determinar la imputación temporal de un crédito presupuestario es que una determinada obligación esté reconocida
El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo que declara la
existencia de un crédito exigible frente a la Hacienda pública estatal o contra
¿A�qué�presupuesto�se�imputa�un�gasto�de�teléfono�aprobado�para�el�año�2012,�cuya
obligación�se�reconoce�el�día�2�de�diciembre�de�dicho�año�y�se�paga�el�23�de�febrero
del�2013?
obligación correspondiente.
Para terminar el examen de la anualidad en la ejecución del presupuesto, cabe
preguntarse qué�ocurre�con�los�créditos�presupuestarios�que�no�se�hayan
empleado�en�su�totalidad, es decir, que no se hayan utilizado o no se haya
producido el acto de reconocimiento de la obligación en el ejercicio presupuestario. En este caso, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de que puedan
¿Qué�ocurre�con�una�factura�de�luz�correspondiente�a�un�gasto�presupuestado�para
el�2012,�que�no�se�llega�a�reconocer�la�obligación�a�31�de�diciembre�de�ese�año?
El crédito se anula a 31 de diciembre quedando pendiente de aplicación la factura. Se
podrá pagar solicitando en el 2013 la incorporación del crédito o acudiendo al mecanismo previsto en el artículo 34.3 de la LGP, siempre que la obligación hubiera llegado a
la fase del compromiso del gasto antes del 31 de diciembre del 2012 y existiera crédito
Se hará alusión a este aspecto
en el módulo “Las modificaciones de los créditos presupuestarios”.
5.1. Origen y regulación actual
El antecedente� histórico de este principio de estabilidad presupuestaria es
el principio de equilibrio presupuestario, que constituyó, junto al de gestión
mínima, uno de los pilares del pensamiento económico liberal del siglo
puesto que garantizaba la mínima intervención pública del Estado en la vida
económica que entonces se propugnaba. A partir de la Segunda Guerra Mundial perdió gran parte de su importancia a causa de la vigencia de la teoría
económica keynesiana, que propugnaba una decidida intervención del sector
público en la vida económica manteniendo la “demanda efectiva”, lo que se
consideraba un instrumento idóneo para lograr el pleno empleo y superar las
situaciones de depresión económica. El pensamiento económico neoliberal
protagonismo perdido, sin perjuicio de la excepción que significa la grave situación económica actual.
En nuestro país, el equilibrio en las cuentas públicas se encontraba expresamente regulado en la normativa de algunas comunidades autónomas y era de
aplicación general en la esfera local, en la que se exigía que cada uno de los
presupuestos que se integran en el presupuesto general se aprobara sin déficit
inicial24, con lo que identifica el equilibrio con la situación de nivelación estricta, o con el superávit.
En materia de gastos plurianuales, se supedita su autorización a que en cada ejercicio
se apruebe el crédito correspondiente.
Las limitaciones al endeudamiento vía operaciones de crédito.
En materia de modificaciones de créditos (créditos extraordinarios, ampliables, generaciones, etc.), la necesidad de que estén específicamente financiadas y, en algunos
casos, que el ingreso que las cubre esté recaudado o, por lo menos, exista el compromiso firme de su aportación. O las limitaciones a transferir créditos extraordinarios,
La propia existencia de gastos con financiación afectada o de bastantes casos en los
que se exceptúa el principio general de no afectación de ingresos a gastos.
Sin embargo, el tradicional principio�de�equilibrio�presupuestario tiene una
formulación�más�avanzada que el principio�de�estabilidad�presupuestaria.
En efecto, el principio de estabilidad presupuestaria va más lejos que el principio de equilibrio, puesto que reclama el equilibrio financiero o el superávit del
presupuesto, y no se limita a las fases de elaboración y aprobación, sino que
se extiende a la fase de ejecución y a la posterior liquidación del presupuesto.
A.�Navarro�Faure (2003).
“Los principios presupuestarios a la luz de la estabilidad
presupuestaria”. Civitas Revista Española de Derecho Financiero (núm. 119). Madrid.
El origen de la estabilidad presupuestaria se sitúa en los compromisos
asumidos por España en función de su pertenencia a la Unión Europea.
Así, los Estados miembros, con el fin de lograr la unidad económica y
monetaria real, deben evitar déficit públicos excesivos, objetivo que se
tornó ineludible a raíz del Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado
Según el citado pacto, los Estados miembros se comprometen a perseguir, a
medio plazo, el objetivo de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio
o con superávit, de forma que el déficit público se mantenga siempre por debajo del 3% del PIB, a precios de mercado, y que el volumen total de la deuda pública permanezca por debajo del 60% del PIB a precios de mercado. Los
Estados se comprometen, además, a presentar anualmente programas de estabilidad (Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria) o de convergencia (Estados no incluidos en la Unión Económica y Monetaria), que serán
objeto de dictamen por el Consejo, para impedir que se produzcan déficit excesivos e impulsar la supervisión y coordinación de las políticas económicas.
y teniendo en cuenta el nivel de descentralización del gasto público,
en España se acudió al ordenamiento positivo, a las leyes, regulando el
principio de estabilidad presupuestaria a través del Texto Refundido de
la LGEP, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria
a la General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo. Estas leyes dispusieron la aplicación del
principio de estabilidad presupuestaria en todo el sector público español: estatal, autonómico y local.
Además de esta regulación que llevaba vigente en España más de una década,
la situación económica que actualmente soporta nuestro país ha obligado a
constitucionalizar�la�estabilidad�presupuestaria. Ello se ha llevado a cabo
a través de la primera reforma de calado de nuestra Carta Magna25, bastante
vechado el artículo dedicado hasta fechas recientes a la deuda pública exclusivamente, para dotar de rango constitucional el principio de estabilidad presupuestaria, cuyo contenido se desarrolla en el apartado que sigue.
La reforma�de�la�Constitución con relación al principio de estabilidad supone
Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio
El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit
Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas,
en relación con su producto interior bruto. Las entidades locales deberán
Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado
y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de
Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo,
así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en
materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas
de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que
Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y
dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad
A.�Jiménez�Díaz (2012). La
reforma constitucional y la limitación del déficit público.
La introducción con rango constitucional del principio de estabilidad
no ha supuesto grandes novedades respecto de la regulación legal del
mismo, que por otro lado, como normativa básica, ya formaba parte
del denominado bloque de constitucionalidad. Lo más relevante, quizás, está representado por la introducción de un concepto jurídico desconocido hasta ahora en la normativa vigente, cual es el de déficit�estructural, que podemos incluir en la categoría de los indeterminados, y
que debe quedar clarificado, incluida la metodología y el procedimiento
para su cálculo, en la ley orgánica que desarrolle las previsiones constitucionales.
Desde la perspectiva estrictamente económica, el punto de partida del
análisis es la distinción entre déficit� público� total y sus dos componentes: el déficit�estructural y el déficit�cíclico. El total es la diferencia
A partir de esa cifra podemos hacer una estimación sobre qué parte se
debe a una mala coyuntura económica. Esto sería el déficit cíclico. El
déficit estructural se calcula como la diferencia entre el total y el cíclico.
De forma simétrica, cuando la economía va bien, se recauda más, se gasta
menos y surge un superávit, que podemos descomponer, a su vez, en una parte
cíclica y otra estructural.
Respecto a esta última cuestión, no obstante, debe valorarse�de�forma�muy
positiva que, tras la reforma, en la Constitución se indique expresamente que,
como mínimo, la forma de cálculo del déficit estructural se aborde expresa-
S.�Lago�Peñas (23 de nov.,
2011). “Y a pesar de todo, poco de nuevo”. El País.
mente en la normativa legal de desarrollo, para salvar, precisamente, las dificultades que, en orden al principio de seguridad jurídica, está ocasionando la
legislación actual de estabilidad, que no es demasiado clara ni fácil de interpretar, tal y como se va a comprobar a continuación.
Según el tratamiento�legal�vigente26, para el sector administraciones públicas, se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de
superávit estructural, computada en�términos�de�capacidad�de�financiación,
de acuerdo con la definición�contenida�en�el�Sistema�europeo�de�cuentas
nacionales�y�regionales. Por ello, ninguna administración pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de
a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el
conjunto de administraciones públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento
del producto interior bruto nacional expresado en términos nominales, o el
establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión
Estabilidad presupuestaria y administraciones públicas
según el ente público afectado por la misma. Así:
Excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit
estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones
de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas
y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de
los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad
Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
Las administraciones de la Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o
superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en un déficit estructural
reserva de la Seguridad Social. En este caso, el déficit estructural máximo admitido
para la Administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la
Fuera�de�este�concepto�de�estabilidad�presupuestaria�calculada�conforme
al�Sistema�europeo�de�cuentas�nacionales�y�regionales se sitúan las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y los demás entes públicos dependientes de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que se financien mayoritariamente con ingresos comerciales (sector público empresarial), entendiéndose para estos sujetos
por estabilidad�presupuestaria�como�la�posición�de�equilibrio�financiero
en�sus�respectivos�ingresos�y�gastos27.
Como se puede observar, se produce pues una remisión al denominado
estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit
computada en términos de capacidad de financiación, aunque, excepcionalmente, incluso cabe la posibilidad de presentar déficit estructural
De cara a la mencionada interpretación destacan las siguientes cuestiones:
El SEC�95�regula�la�contabilidad�nacional, es de obligado cumplimiento
para todos los países de la Unión Europea y fue aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996, relativo al sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales de la comunidad, y sus modificaciones posteriores. De forma complementaria también debe tenerse en
cuenta la segunda edición del Manual del SEC 95 sobre el déficit público y
la deuda pública, que contiene unas normas adicionales de interpretación.
La razón de la elección del SEC se debió a su naturaleza de sistema�internacional�y�obligatorio para todos los Estados miembros en la elaboración
de las cuentas nacionales, lo que asegura la homogeneidad en la comparación de los resultados obtenidos por los distintos países.
se puede concretar en el equilibrio,� superávit� o� incluso� déficit� del
presupuesto(ingresos�=�gastos,�ingresos�>�gastos�o�ingresos�<�gastos) en
términos de capacidad de financiación según el SEC. Este, en sus puntos
8:46 y 8:47, habla de capacidad y de necesidad de financiación, pudiéndose entender, en un sentido usual, como capacidad para financiar (superávit) o necesidad de serlo (déficit). Sin embargo, técnicamente hablando,
la necesidad o capacidad de financiación se obtiene a través del saldo de
la cuenta de capital, esto es, el saldo de las operaciones no financieras, definidas y valoradas según el SEC. O bien, de forma más sencilla, aunque
menos precisa, habría que analizar el saldo�de�las�operaciones�no�fi-nancieras�de�la�entidad�correspondiente, definido por la diferencia�entre
las�obligaciones�reconocidas (capítulos 1 a 7 de la clasificación económica del estado de gastos) menos�los�derechos�reconocidos�no�financieros
(capítulos 1 a 7 del estado de ingresos) para posteriormente�realizar�los
ajustes�que�procedan, tanto subjetivos, como objetivos.
Ejemplo de ajuste objetivo en el ámbito local
La corporación local X reconoce en el año n autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles por valor de 1.500 unidades monetarias, de las cuales se
en ejercicios anteriores de 200 unidades monetarias. Por otra parte, los derechos reconocidos por tasas ascienden en el año n a 500 unidades monetarias, de las que se recaudan
200 unidades monetarias. Igualmente en el año n se ingresan 150 unidades monetarias
(año n)
(año n-1)
Fuente: Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales. Madrid: Intervención General de la Administración del Estado.
Finalmente, para garantizar� el� cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria se establecen medidas�preventivas,�correctivas�y�coercitivas
y�de�cumplimiento�forzoso28. Entre las preventivas destacan el seguimiento
de los datos de ejecución presupuestaria y la advertencia de riesgo de incumplimiento. Dentro de las correctivas se sitúan la autorización de las operacio-
nes de endeudamiento, el informe favorable para la concesión de subvenciones o suscripción de convenios y los planes económicos-financieros y de reequilibrio. Por último, las medidas coercitivas pueden consistir en la necesidad
de aprobar acuerdos de no disponibilidad de créditos o depósito con intereses
en el Banco de España, convertible en multa, su ejecución forzosa, e incluso,
para las entidades locales su disolución en caso de incumplimiento.
6.1. La anualidad en la aprobación del presupuesto
La anualidad presupuestaria se refiere al período�de�tiempo�en�que�el�pre-
supuesto�despliega�sus�efectos�jurídicos, de manera que “los Presupuestos
Generales del Estado tendrán carácter anual...”; concretándose que el ejercicio
presupuestario coincidirá con el año natural29.
Dentro de la anualidad, es preciso distinguir dos�aspectos conceptualmente
El principio� de� anualidad� presupuestaria, por el que los presupuestos
deben aprobarse cada año.
El principio� de� especialidad� temporal, según el cual los presupuestos
deben ejecutarse dentro del período del año.
Por lo que respecta al primer aspecto, la anualidad�en�la�aprobación
año los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
Esta periodificación anual se considera que es la más acertada, dado el
volumen de ingresos y gastos que contemplan actualmente los Presupuestos Generales del Estado, y que ningún otro período de tiempo, superior o inferior, resulta más adecuado para realizar previsiones de ingresos y aprobar habilitaciones de gastos, y tampoco para controlar su
Ahora bien, la aplicación�estricta�de�la�anualidad en la aprobación del presupuesto suscita básicamente dos�problemas:
Los derivados de la necesidad de efectuar gastos públicos con una duración
“La especialidad temporal” de
este mismo módulo.
historia presupuestaria española las cuentas públicas se aprobaban bianualmente.
Para solventar estos dos problemas se admiten sendas�excepciones en la aplicación de la anualidad en la aprobación del presupuesto: la prórroga�del�presupuesto del ejercicio anterior y el reconocimiento de ciertos gastos� plurianuales.
6.2. La prórroga presupuestaria
Si la regla de la anualidad en la aprobación del presupuesto no fuera flexible
se impediría la realización de gastos públicos en el ejercicio presupuestario si
para ese año. Para solventar este problema está prevista la prórroga�del�presupuesto�del�ejercicio�anterior, como excepción a la anualidad en la aprobación del presupuesto.
“si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del
ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los
presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.”
La prórroga de los presupuestos cubre el vacío normativo que puede
producir la acotación anual de la ley de presupuestos, evitando que se
paralice la actividad económica del Estado, sin perjuicio de lo cual, plantea dos cuestiones relevantes: el plazo para el que se confiere la prórroga
¿Qué�solución�jurídica�existe�si�se�celebran�elecciones�generales�el�20�de�noviembre
del�2012�y�no�es�posible�la�aprobación�de�los�PGE�para�el�2013?
El artículo 133.4 de la CE prevé la prórroga automática de los presupuestos vigentes en
El plazo�de�prórroga aparece precisado en la propia CE “hasta la aprobación
de los nuevos”, esto es, la prórroga es indefinida, lo que resulta más lógico y
correcto que otras posibilidades, como la prórroga trimestral o cuatrimestral.
A pesar del carácter indefinido de la prórroga, no resulta conveniente que los
presupuestos se prorroguen continuamente, en lo que se conoce como prórroga de la prórroga, puesto que esta situación implica un importante déficit
democrático y, de producirse, el Gobierno de turno debería presentar su dimisión, convocando nuevas elecciones, ante la evidente falta de apoyo parlamentario.
La prórroga del presupuesto es, por otra parte, automática, esto es, se produce
en cuanto se alcanza el día 1 de enero del año correspondiente sin que haya
obstante, cuando se produce la prórroga de los presupuestos, es frecuente que
el Gobierno apruebe un Real�Decreto-Ley cuya finalidad no es autorizar la
prórroga, sino simplemente impartir normas complementarias hasta la entrada en vigor de los nuevos presupuestos.
El alcance de lo que se prorroga es más complicado de precisar. Serán los presupuestos del ejercicio anterior, y teniendo en cuenta que los PGE deben incluir la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, podría sostenerse que todos los gastos e ingresos son objeto de prórroga. Esta afirmación
es válida con carácter general pero requiere algunas matizaciones.
Alcance de la prórroga presupuestaria
Por lo que se refiere a los gastos, la única limitación explícita al alcance de la prórroga
se establece en el artículo 38.2 de la LGP, según el cual:
“La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones
que se extingan en el mismo.”
La parquedad de este precepto hace difícil su interpretación y urge por eso una regulación
más concreta, ya que en la práctica puede acarrear muchas dudas e inseguridad jurídica.
No obstante, parece claro que no se prorrogan los créditos para gastos que, por su singularidad, se acometen en el año natural y de una sola vez, como podrían ser los que una
vez producidos no son susceptibles de renovación, como los destinados a una carretera
realizadas al amparo del artículo 134.7 de la CE, porque es lógico pensar que dichas
modificaciones estarán dirigidas fundamentalmente a la consecución del volumen de
ingresos públicos previstos en el presupuesto que se prorroga y, por tanto, si subsiste la
necesidad de obtener el volumen de ingresos previsto, la prórroga del presupuesto debe
alcanzar también a esas modificaciones tributarias.
Por último, respecto de otras normas de la parte�dispositiva de las leyes de presupuestos, aquellas dirigidas a dar explicación y sentido a las previsiones de ingresos y a las
habilitaciones de gastos, habrá que entenderlas siempre prorrogadas. Las demás tendrán
La satisfacción de las necesidades colectivas puede requerir la realiza-
ción de gastos�públicos que se desarrollen temporalmente a�lo�largo
de�varios�ejercicios�presupuestarios, lo que conlleva la exigencia de
abordar el tratamiento presupuestario de los gastos públicos de carácter
plurianual –también llamados compromisos de gasto para ejercicios futuros–, que debe adaptarse a la anualidad presupuestaria30.
Debe tenerse en cuenta que el carácter�plurianual�del�compromiso�de�gasto
no significa necesariamente una duración superior al año, sino que, aun siendo inferior a doce meses, ha de extenderse al menos a parte de dos ejercicios
presupuestarios, es decir, de dos años naturales.
J.�Pascual�García (2009). Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución
y control. Madrid: Boletín Oficial del Estado.
Los de duración� indefinida, respecto de los que puede ser conocido el
importe de la prestación en cómputo anual, pero no el número de anualidades. Este tipo de gastos se han admitido siempre en la práctica administrativa y no son los que considera el artículo 47 de la LGP.
Pueden citarse, por ejemplo, los gastos periódicos necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios, tales como los de personal, contratos de suministros como el
agua, luz, teléfono, etcétera.
Los de duración�e�importe�determinados, que proceden de obligaciones
cuya prestación total, perfectamente determinada, se distribuye en varios
ejercicios también prefijados. La aprobación y el compromiso relativos a
estos gastos se hacen por su importe total por el ordenador del gasto, aunque su ejecución se prolongue en el tiempo.
Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades
El número de ejercicios posteriores a su autorización a los que pueden aplicarse los
gastos no será superior a cuatro (el ejercicio en que se autoriza y los cuatro ejercicios siguientes) y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no
podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario inicial
a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato
el 50%. Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la
carga financiera de la deuda pública y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos
los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.
El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de
los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores
en el caso de que no exista crédito inicial.
Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales, que regulan los artículos 28 y 29 de la LGP, y deberán ser
objeto de contabilización separada.
En todo caso, debe advertirse que el mantenimiento�de�los�gastos�plurianuales depende siempre de su ratificación�por�las�leyes�anuales�de�presupuestos, sin perjuicio del deber de indemnizar a la otra parte contratante por las
pérdidas económicas o de otra índole que el incumplimiento del compromiso
En desarrollo de este precepto, el artículo 5 de la Orden�EHA/657/2007, de 15 de marzo,
sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias
“Para la tramitación de los expedientes de autorización de adquisición de compromisos
de gastos con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.3
de la Ley General Presupuestaria, se seguirán las siguientes reglas:
Las solicitudes de los centros gestores se remitirán a la oficina presupuestaria del departamento ministerial correspondiente, acompañados de una memoria justificativa
de las necesidades planteadas. En dicha memoria, se indicarán, a efectos de determinar el cómputo de los porcentajes recogidos en el artículo 47.2 de la Ley General
Presupuestaria, los compromisos ya adquiridos con cargo al crédito a que deban aplicarse los compromisos cuya autorización de adquisición se solicita.
Cuando no exista crédito inicial en el ejercicio de referencia y/o no exista anualidad
para el ejercicio en el que se autoriza la adquisición de compromisos plurianuales,
deberá tramitarse el expediente conforme a lo indicado en el párrafo anterior, si bien
los porcentajes de compromisos de gastos con cargo a los ejercicios futuros se sustituirán por los importes de las anualidades futuras.
Cuando se trate de adquisición de compromisos de gastos para ejercicios futuros que
conlleven la concesión directa de subvenciones y no exista dotación inicial presupuestaria en el año de adquisición del compromiso, se requerirá la aprobación con
carácter previo de real decreto en el que se establezcan las normas reguladoras de la
Las oficinas presupuestarias elaborarán un informe en relación con la propuesta planteada que se remitirá por el titular del centro directivo del que depende la oficina
presupuestaria junto con el expediente, a la Dirección General de Presupuestos.
En la exposición de la propuesta de acuerdo que la Dirección General de Presupuestos
someta al ministro de Economía y Hacienda, para su elevación al Consejo de Ministros, se hará constar el informe favorable a que se refiere el artículo 47.3 de la Ley
General Presupuestaria.”
El capítulo IV del título I (Mejora del entorno económico) de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible, se ocupa de la sostenibilidad�financiera
del�sector�público. A lo largo de los artículos 32 a 36 se pretende adecuar la
actividad de gasto de los entes públicos a las exigencias del concepto general
de economía sostenible, definido como:
“un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en
una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad
de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.”
A.�Corcuera�Torres (2011).
“Gasto público y sostenibilidad”. En: S. Bello Paredes.
Comentarios a la Ley de Economía Sostenible. Madrid: La
La LOEPSF vincula el cumplimiento de este principio a una serie de limitaciones en materia de deuda pública31:
El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de administraciones públicas no podrá superar el 60 por ciento del producto interior bruto nacional expresado en términos
nominales, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del
producto interior bruto nacional: 44 por ciento para la Administración central, 13 por
ciento para el conjunto de comunidades autónomas y 3 por ciento para el conjunto
de corporaciones locales. El límite de deuda pública de cada una de las comunidades
autónomas no podrá superar el 13 por ciento de su producto interior bruto regional.
La Administración pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar
Los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los
términos previstos en el artículo 11.3 de la ley. En estos casos deberá aprobarse un
plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la
circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.
El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para
La autorización del Estado, o en su caso de las comunidades autónomas, a las corporaciones locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá
Para la consecución de los objetivos generales mencionados, se articulan en la
LES una serie de medidas que afectan a algunos aspectos del régimen jurídico
de la actividad financiera de gasto de ciertos sujetos integrantes del sector público, entre los que destaca la formulación de un nuevo principio32, cuando
indica que todas�las�administraciones�públicas�deben�contribuir�al�logro
de�la�sostenibilidad�presupuestaria�de�las�finanzas�públicas. Para analizar
este criterio se comenzará haciendo una referencia a su ámbito de aplicación,
naturaleza y contenido general, y posteriormente se analizarán los instrumentos previstos para su consecución.
7.1. Ámbito de aplicación, naturaleza y contenido general del
En primer lugar, en cuanto al ámbito�de�aplicación�del�principio, se extiende
a todas las administraciones públicas, yendo más allá del ámbito meramente
estatal y obligando también a las comunidades autónomas y corporaciones
de normativa básica, cuando establece:
“Carácter de legislación básica. La presente ley constituye legislación básica dictada al
amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las ‘bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica’ y, en consecuencia,
son de aplicación general a todas las administraciones públicas y organismos y entidades
dependientes de ellas.”
Disposición Final Primera LES.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la naturaleza y contenido�general�del
principio�de�sostenibilidad�presupuestaria, este debe ser entendido como la
capacidad�para�financiar�los�compromisos�de�gasto�presentes�y�futuros. Se
trata de una referencia más programática que normativa, que permite incluir
al principio entre los de naturaleza económica, pues actúa como elemento
necesita de un impulso especial. Jurídicamente, la definición legal aporta poco
al régimen presupuestario.
En efecto, por una parte, la LES introduce un concepto�difícil�de�interpretar
como es el de capacidad�para�financiar, que no es totalmente ajeno al gasto
público, pues también se utiliza en la normativa de estabilidad presupuestaria. Desde esta perspectiva, podría afirmarse que las finanzas públicas serán
de financiar los gastos a llevar a cabo según el criterio seguido a efectos de
son los compromisos�de�gasto y, de nuevo, la norma que se está comentando
genera confusión al respecto. El compromiso de gasto, en sentido técnico, es
una de las fases del procedimiento de ejecución del gasto público, consistiendo en el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente
LES se refiera a este momento puntual del procedimiento, sino a algo más “filosófico” desde el punto de vista del gasto, tal y como se ha indicado al hablar
Por último, la definición de la sostenibilidad presupuestaria se complica más
si cabe al atribuirse a los compromisos de gasto el carácter de presentes y futuros. Al respecto, aunque tras la introducción del criterio de estabilidad presupuestaria se deban valorar las cuentas públicas con un horizonte plurianual
a corto y/o medio plazo (tres años), sin embargo, no debe olvidarse que en
nuestro país continúa en vigor el régimen del presupuesto anual, por lo que si
ya resulta difícil asegurar la financiación de los gastos del presupuesto en vigor
o del que se tenga que elaborar para el ejercicio siguiente, resultará prácticamente imposible garantizar todos los compromisos de gasto futuros en sentido amplio (tampoco nos aclara la ley hasta cuándo llega el “futuro”).
En este caso, ya existen mecanismos para asegurar�el�cumplimiento�de�gas-
tos�que�pueden�afectar�a�diversos�ejercicios, como la cláusula prevista constitucionalmente34 que se refiere a los créditos presupuestarios destinados al
pago de intereses y a la amortización del principal de la deuda pública, que
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y
no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las
condiciones de la ley de emisión; o como la técnica de los gastos plurianuales
o compromisos de gasto para ejercicio futuros de los artículos, reservada para
la satisfacción de las necesidades colectivas que pueden requerir la realización
de gastos públicos que se desarrollen temporalmente a lo largo de varios ejercicios, aunque adaptados a la anualidad presupuestaria.
7.2. Instrumentos para la consecución de la sostenibilidad
se prevén cuatro�herramientas que se supone coadyuvarán
La política de racionalización y contención del gasto adecuada a la
La actuación de las administraciones públicas y su incidencia en la
La cooperación con otras administraciones públicas.
El Plan de austeridad de la Administración General del Estado.
1) Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las administraciones públicas aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se
adecuarán a los principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los términos definidos en la normativa de estabilidad
presupuestaria36. La primera herramienta, pues, se vincula a la obligación de
aplicar políticas�de�racionalización�y�contención�del�gasto y se articula jurí-
dicamente a través del estricto cumplimiento�de�los�principios derivados de
la normativa�de�estabilidad�presupuestaria. Como es fácilmente comprobable, este primer instrumento al servicio del principio de sostenibilidad presupuestaria se diluye en el de estabilidad y la observancia de sus exigencias, por
2) En segundo lugar, se establecen, respectivamente, dos�medidas que relacionan la actividad�normativa�y�de�aplicación�y�desarrollo�de�las�normas, y la
propia�actividad�de�gasto�de�las�administraciones�públicas con el principio
Así, por una parte:
“las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los
convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las administraciones públicas
deberán valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad
presupuestaria.”
Ello supone que cualquier�actuación�normativa�o�de�aplicación�de�las�normas llevadas a cabo por los órganos competentes deberán incluir una referencia�expresa a que cumplen�con�el�principio�de�estabilidad, y por ende,
con el de sostenibilidad�presupuestaria. Nada dice la ley si esta cautela debe
plasmarse en un informe específico adjunto a los trabajos legislativos o normativos o a los expedientes administrativos, y tampoco se establece que será
causa de nulidad de la disposición o del acto, contrato o convenio la ausencia
de la valoración requerida; por tanto, podemos considerar esta medida dentro
de las calificadas como normas imperfectas, al carecer de sanción específica
Por otra parte, todo�gasto�ha�de�ser�evaluado�atendiendo�a�los�principios
de�eficiencia�y�simplificación�de�los�servicios�prestados , incentivando la
productividad del sector público, y especialmente, el Estado debe promover
la colaboración entre las administraciones públicas para mejorar la eficiencia
en la prestación de servicios públicos. Se trata de dos medidas distintas que
de economía están vigentes con relación a la actividad financiera de los entes
públicos desde la promulgación de nuestro texto constitucional de 1978.
La evaluación a que se refieren los principios citados, y que será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, puede venir por varias vías:
La actuación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios, como organismo público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18
de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos.
El control financiero permanente ejercido por la intervención correspondiente, con
el objeto de verificar de forma continua la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que la rigen y, en general, para comprobar
si la gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y, en particular, al
Y la actividad ordinaria llevada a cabo por los órganos de control externo, tanto del
Estado (Tribunal de Cuentas), como de las comunidades autónomas, en el ejercicio de
Generales, en virtud del artículo 136.2 de la Constitución, que comprenderá el análisis de la cuenta general del Estado y de las demás del sector público, extendiéndose
a la fiscalización de la gestión económica del sector público.
Como se ha podido comprobar, tampoco este segundo instrumento que busca la consecución del principio de sostenibilidad supone ninguna�novedad
sobre el régimen jurídico del presupuesto por vincularse a obligaciones que
los entes públicos ya debían cumplir por la simple aplicación de normativa
vigente, derivada de la propia Constitución o de la legislación de estabilidad
3) La tercera herramienta que según la LES debe cooperar a conseguir la sostenibilidad presupuestaria se basa en la cooperación�del�Estado�con�otras�administraciones�públicas, y en concreto, en dos esferas:
La primera38 consiste en que en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, el Ministerio de Economía y Hacienda informe a las comunidades autónomas y
a las entidades locales, respectivamente, de� las� medidas� adoptadas� en
cumplimiento�de�lo�previsto�en�la�ley�en�el�ejercicio�inmediatamente
anterior. Esta herramienta tiene un valor más didáctico que real, pues por
un lado, el Ministerio de Economía se limita a informar a los órganos de
colaboración con comunidades autónomas y entidades locales mencionados, y por otro, se mira hacia el pasado –medidas adoptadas en el ejercicio
inmediatamente anterior–, con lo cual parece que lo que se pretende es la
adopción de iniciativas por comunidades autónomas y entidades locales,
Y la segunda se refiere a que el Gobierno ha de impulsar la adopción�de
acuerdos de los citados órganos de cooperación y las actuaciones de las
correspondientes administraciones con el fin de adoptar medidas�de�racionalización�y�contención�del�gasto�público en sus respectivas áreas de
competencia, en especial en el marco de los planes económico-financieros
rirá la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres
años, con un contenido y alcance determinado, que supondrá o reducción
4) La última de las herramientas que permite canalizar el concepto de sostenibilidad presupuestaria exige que la política de racionalización y contención
del gasto público de la Administración General del Estado se instrumente a
través de un plan�de�austeridad39, que presenta las siguientes�características:
se trata de un plan que afecta�exclusivamente�al�Estado, al no incluirse
en los preceptos de la ley que tienen carácter básico.
a lo largo del ciclo económico, de acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria, las previsiones del derecho comunitario y los compromisos del Pacto de estabilidad y crecimiento en el ámbito
de la Unión Europea, como la adaptación de los programas de gasto de
la Administración General del Estado a los recursos presupuestarios disponibles a medio y largo plazo, de forma que se garantice la sostenibilidad
Como consecuencia de ello, se deberán adaptar los programas a los recursos
disponibles, con lo que cobra una especial importancia un afinado�cálculo�de
los�estados�de�ingresos del presupuesto del Estado, que es el que condiciona
los recursos disponibles, de manera que el Plan de austeridad conllevará la revisión�y�el�análisis�de�todos�los�programas�y�políticas�de�gasto y, asimismo,
la racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y
del sector público empresarial estatal, con el objetivo de adecuar la estructura
y organización a los principios de eficiencia y economía en la programación
y ejecución del gasto público y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a
Los mandatos contenidos en la ley al respecto deben ponerse en relación sobre todo con
la normativa de elaboración del presupuesto, pues la LES no establece un procedimiento
concreto para la elaboración y aprobación del plan. Dado el reparto ordinario de competencias en la materia y el ámbito de aplicación del plan, corresponderá al Ministerio de
Economía y Hacienda la elaboración y propuesta del plan para su posterior aprobación
la elaboración de los presupuestos (proposición de anteproyectos parciales, formación
del proyecto de ley y aprobación del mismo), y a través de las orientaciones de política
económica, las prioridades formuladas por la Comisión de Políticas de Gasto, los estudios
de asignación de recursos efectuados por las comisiones de análisis de programas y las
y evaluaciones efectuadas por la Comisión de Ingresos.
Por último, el Gobierno�debe�dar�cuenta,�anualmente,�a�las�Cortes�Generales del progreso en la implantación del Plan de austeridad de la Administración General del Estado.
Este es otro ejemplo de control legislativo externo sobre la actuación del Gobierno en
materia presupuestaria, junto a otros casos, como la aprobación por las Cortes Generales
de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito, de la cuenta general del
En conclusión, quizá esta cuarta herramienta sea la de más�relevancia�práctica por su influencia en la elaboración del presupuesto, aunque también es
cierto que la austeridad en el gasto debe ser una virtud consustancial al manejo de fondos públicos y no solo en situaciones de crisis económica como
en la teoría, manteniéndonos a la expectativa en cuanto a las medidas concretas que se deriven de la aprobación sucesiva de los planes de austeridad,
pues al ser un documento complejo técnicamente, puede ocasionar resultados
Casos�prácticos
1. Un órgano de la Administración del Estado tiene los siguientes créditos para la ejecución
Capítulo. 1 Gastos de personal
Artículo�10.�Altos�cargos
Concepto 100. Retribuciones básicas
Artículo�12.�Funcionarios
Concepto 120. Retribuciones básicas
Artículo�15.�Incentivos�al�rendimiento
Artículo�16.�Cuotas,�prestaciones�y�gastos�sociales�a�cargo�del�empleador
Artículo�20.�Arrendamientos�y�cánones
Artículo�22.�Material,�suministros�y�otros
Artículo�60.�Inversión�nueva�en�infraestructura
Artículo�61.�Inversión�de�reposición
Total�presupuestado
ciertos déficits en los conceptos 121, 150, 160.00, 202, 221.03, 226.01 y en el 600. ¿Qué
solución podría sugerirles?
la construcción de una determinada obra con cargo al concepto 611. El contrato de obras no
Año 2010: 240.000
Año 2011: 240.000
Año 2012: 300.000
Año 2013: 210.000
Año 2014: 210.000
En la Ley de PGE 2010, el crédito inicial del capítulo 6 asciende a 1.800.000 euros con el
Artículo�61
Artículo�62
¿Es factible realizar dicho contrato según el art. 47 LGP?
1. Los principios presupuestarios…
a)�solo pueden ser regulados en la Constitución.
b)�pueden ser de naturaleza política, económica o contable.
c)�se aplican preferentemente al Estado.
2. El principio de reserva de ley…
a)�se aplica tanto en la aprobación como en la ejecución del presupuesto.
b)�produce efectos en la aprobación del presupuesto.
c)�produce efectos en la ejecución del presupuesto.
3. El principio de universalidad presupuestaria…
a)�está relacionado con los efectos del presupuesto sobre los gastos públicos.
b)�está relacionado con la estructura del presupuesto.
c)�está relacionado con el contenido del presupuesto.
4. El principio de no afectación…
a)�se aplica con carácter relativo en las CC. LL.
b)�hace imposible de todo punto vincular ingresos y gastos.
c)�incumbe al Estado pero no a las CC. AA.
5. Según la especialidad cualitativa…
a)�los gastos en inversiones reales vinculan a nivel de concepto.
b)�los gastos vinculan, con carácter general, a nivel de subconcepto.
c)�los gastos de personal vinculan a nivel de artículo.
en enero de 2013 se imputa…
a)�al presupuesto de 2012.
b)�al presupuesto de 2013.
c)�al presupuesto de 2011.
7. Una entidad local cumple el principio de estabilidad presupuestaria…
a)�aprobando un presupuesto equilibrado.
b)�elaborando, aprobando, ejecutando y liquidando un presupuesto equilibrado.
c)�liquidando un presupuesto equilibrado, aunque lo aprobara con déficit inicial.
8. En la prórroga del presupuesto…
a)�es necesario publicar una norma específica que la autorice.
b)�no caben sucesivas prórrogas.
c)�se prorrogan las modificaciones tributarias.
9. La sostenibilidad presupuestaria…
a)�se aplica exclusivamente al Estado.
b)�se aplica al Estado y, si fuera necesario, supletoriamente a las CC. AA.
c)�se aplica a todas las administraciones públicas.
10. El plan de austeridad de la Administración General del Estado…
a)�debe afectar solo a los ingresos a obtener.
b)�debe afectar tanto a los ingresos como a los gastos a llevar a cabo.
c)�debe afectar preferentemente a los gastos a llevar a cabo.
1. La primera solución que prevé la normativa presupuestaria para cubrir los déficits que
acudiendo a la denominada “bolsa de vinculación”, o lo que es lo mismo, se trata de analizar
cuál es la vinculación jurídica de esos créditos, para poder aplicar el posible sobrante de
alguno de ellos a aquellos otros en lo que se produce la carencia de crédito. En este sentido,
debe recordarse que la consecuencia concreta del nivel de vinculación previsto en cada caso
es que las cuantías detalladas en los estados de gastos por debajo de dicho nivel solo cumplen
una función informativa de la naturaleza del gasto autorizado, de suerte que pueden ser
rebasadas siempre y cuando, sumados todos los gastos realizados, se respete la cuantía total
del nivel de vinculación previsto legalmente.
De no poderse financiar la carencia de crédito acudiendo a la bolsa de vinculación, no queda
más remedio que solicitar una modificación de crédito, que se analizará en el módulo “Las
modificaciones de los créditos presupuestarios” de estos materiales.
Al respecto, los artículos 42 y 43 de la LGP se ocupan de regular el grado de vinculación de
los créditos, estableciendo lo siguiente:
Regla general: los créditos vinculan a cada programa presupuestario a nivel de concepto.
– Los gastos de personal (capítulo 1) y los corrientes en bienes y servicios (capítulo 2)
vinculan a nivel de artículo.
– Las inversiones reales (capítulo 6), a nivel de capítulo.
– Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos: los destinados a atenciones protocolarias y representativas (subconcepto
conforme a lo establecido en el artículo 54 de la LGP; los que establezcan subvenciones nominativas; los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada
ejercicio, y los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
Concepto 121: Al pertenecer al capítulo 1 vincula a nivel de artículo (12. Funcionarios),
por tanto podrá cubrirse el déficit sin incumplir la LPGE con posibles sobrantes del resto
de conceptos de ese mismo artículo 12 (120. Retribuciones básicas o 123. Indemnizaciones).
Concepto 150: Se aplicaría el mismo razonamiento anterior, lo que ocurre es que en la
bolsa de vinculación no hay más créditos presupuestados (en el artículo 15. Incentivos
Concepto 202: Al ser un concepto vinculante por sí mismo (art. 43.2.b) de la LGP) no
puede ser compensado por ningún otro, a pesar de pertenecer al capítulo 2, que como
regla general tiene una vinculación a nivel de artículo.
Subconcepto 160.00: Se aplicaría el mismo razonamiento que en el primer supuesto y
podría cubrirse la insuficiencia con el subconcepto 160.01 Muface. De haber existido
otros conceptos en el artículo 16, también podrían haberse utilizado.
Subconcepto 221.03: El mismo razonamiento que en el caso anterior. Se podría utilizar
el subconconcepto 221.02, pues es el único no vinculante en el artículo 22. Material,
suministro y otros. Por el contrario, aunque están dentro del mismo artículo 22, no se
podrían utilizar los créditos del concepto 226 (subconceptos 01 y 02), pues ambos son
vinculantes por sí mismos (art. 43.2.a) de la LGP).
Subconcepto 226.01: Al ser un concepto vinculante por sí mismo (art. 43.2.a) de la LGP)
no puede ser compensado por ningún otro, a pesar de pertenecer al capítulo 2, que como
Concepto 600: Al pertenecer este crédito al capítulo 6 (Inversiones reales), cuya vinculación es a nivel de capítulo (art. 43.1 in fine de la LGP), podría utilizarse para cubrir el
déficit cualquiera del resto de conceptos (600) o artículos (61) de ese capítulo, siempre
que no se superara la cantidad total fijada a ese nivel de capítulo (8.000).
2. En este caso resulta procedente aprobar un gasto plurianual. Según el art. 47 LGP el número
de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos no puede ser superior a 4, con unos límites
El crédito inicial del capítulo 6, que es el vinculante, asciende a 1.800.000.
El primer año (2010) no hay ningún límite.
Año 2011 = 70% 1.800.000 = 1.260.000
Año 2012 = 60% 1.800.000 = 1.080.000
Año 2013 = 50% 1.800.000 = 900.000
Año 2014 = 50% 1.800.000 = 900.000
Como podemos comprobar, los importes que se pretende imputar a cada ejercicio presupuestario no superan los límites que acabamos de calcular.
Año 2010: 240.000. No hay límite.
Año 2011: 240.000. Límite: 1.260.000.
Año 2012: 300.000. Límite: 1.080.000.
Año 2013: 210.000. Límite: 900.000.
Año 2014: 210.000. Límite: 900.000.
Además, hay que tener en cuenta el segundo párrafo del art. 47.2 LGP, según el cual: “En los
contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad
de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe
de adjudicación, en el momento en que esta se realice”. Es decir:
Importe de adjudicación: 1.200.000 euros
Retención adicional del 10%: 120.000 euros
El importe a imputar en el 2014 es de 210.000 y se le añade la retención de 120.000.
Por tanto, el importe del año 2014 asciende a 330.000 euros.
Tal y como señala el art 47: “Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo
fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que
se prevea realizar el pago de la certificación final”.
1.�b
2.�a
3.�c
4.�a
6.�a
7.�b
8.�c
10.�b
anualidad presupuestaria f Regla temporal del presupuesto por la cual el órgano competente debe aprobar cada año el presupuesto del ejercicio siguiente.
competencia (reserva de ley presupuestaria) f Principio que rige la distribución de
funciones en el ciclo presupuestario y, según el cual, la aprobación del presupuesto está reservada a la ley.
especialidad presupuestaria f Criterio que exige que el gasto aprobado se encuentre
identificado concretamente desde el punto de vista de su finalidad, cuantía y período de
ejecución en el tiempo.
estabilidad presupuestaria f Principio que reclama el equilibrio financiero o el superávit del presupuesto en el ciclo económico o en la anualidad, no limitándose a las fases de
elaboración y aprobación, sino también a las de ejecución y liquidación del presupuesto.
no afectación de ingresos a gastos f Regla que postula que todos los ingresos públicos
se destinen de manera indistinta y global a la cobertura de los gastos públicos, no pudiéndose
otorgar prioridad a una determinada fuente de financiación para la cobertura preferente de
plan de austeridad m Mecanismo para alcanzar la sostenibilidad presupuestaria que consiste en el mantenimiento del equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico, de
acuerdo con los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria y la adaptación de
los programas de gasto de la Administración General del Estado a los recursos presupuestarios
principios presupuestarios m pl Conjunto de reglas que disciplinan la institución presupuestaria y afectan a las distintas fases del ciclo presupuestario tratando de asegurar sobre
todo un adecuado proceso de asignación y ejecución de los recursos públicos.
prórroga presupuestaria f Mecanismo previsto para cubrir la contingencia de la no
aprobación en plazo del presupuesto y que consiste en la extensión del presupuesto aprobado
para un ejercicio más allá de su período inicial de vigencia y hasta la aprobación del nuevo.
unidad del presupuesto f Principio que se refiere a la forma de presentación del presupuesto y exige que exista un único documento presupuestario a examinar y aprobar por el
universalidad presupuestaria f Principio del presupuesto según el cual todos los ingresos y gastos de un ente público deben figurar en él de forma explícita o expresa y evitando
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