Source: http://abogadopoblete.blogspot.com/2012/04/
Timestamp: 2017-05-26 03:39:29
Document Index: 264627263

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 55', 'artículo 339', 'artículo 84', 'artículo 84', 'in fine']

derecho penal al dia: 1/04/12
Buenos Aires, 26 de abril de 2012. I) Interviene esta Alzada como consecuencia del pronunciamiento del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, titular del Juzgado nro. 3 del fuero, por el cual rechaza la recusación formulada por José María Núñez Carmona (cfr. art. 61 del CPP). Para así resolver, el magistrado abordó y contestó, una por una, las críticas contra él dirigidas. Respecto de los comentarios publicados por el diario “Perfil”, reconoció las incomodidades que podían ocasionar a los justiciables la exposición de aristas de sus procesos en los medios de comunicación masiva, mas reparó en que el recusante no había explicado de qué manera esa publicación demostraba una pérdida de imparcialidad en su perjuicio, sobre todo cuando sus dichos estuvieron dirigidos a relativizar las aseveraciones periodísticas que se efectuaban en contra de ciertas personas. Esas manifestaciones –“estrictamente efectuad(a)s a título informativo”, en palabras del juez- no implicaron prejuzgamiento. En cuanto a la trascendencia pública de ciertas diligencias procesales, el magistrado recondujo la atención a lo obrado en el plano jurídico y a los mecanismos procesales previstos para atacar las decisiones adoptadas a la hora de acceder o denegar las medidas requeridas por el Fiscal. Con relación al testimonio de Laura Muñoz, el juez, posicionado y autodenominado como juez de garantías, remarcó la inexistencia de medidas a él solicitadas por el Fiscal que se hayan basado o fundamentado en aquel testimonio. En ese rumbo, recordó que los desaciertos, vicios o errores de las decisiones o resoluciones judiciales no eran configurativos de causal recusatoria sino que, en todo caso, debían ser atacados por las vías procesales pertinentes. En cuanto a las comunicaciones con Danuzzo Iturraspe y al hecho de que habría sido abogado de Nuñez Carmona desde hacía varios años, el magistrado dijo que ello no le constaba y que se acercó a su despacho “por motivos personales (debido a que se habría ventilado su nombre en un rol puramente formal y secundario en una sociedad que en los medios periodísticos aparecía relacionada con alguno de los hechos objeto de esta causa) y que, luego, ese acercamiento derivó en una suerte de función de lobby que fue desarticulada por el suscripto, a punto tal que entre las alegadas impresiones intercambiadas con éste expresamente figuraría una advertencia de mi parte en cuanto a que éstas –y lo destaco nuevamente- ´no debían tomarse como directivas´”. Agregó que las conversaciones se produjeron dentro de un ámbito privado -por ello evaluaría si impetraba o no una posible acción judicial por “violación a la privacidad de las comunicaciones”- cuando la causa se encontraba en una etapa embrionaria y preliminar. En respuesta a la interpretación de que el intercambio con Danuzzo Iturraspe se realizó para llevar al recusante a cometer yerros procesales, adujo que que se trataba de una “grosera especulación” pues su postura allí era la misma que había evidenciado el diálogo con la periodista del diario Perfil y con la posterior denegación del registro a su domicilio, además de que remarcar que su interlocutor no era parte en la causa –ni las representaba- sino tan sólo un extraño. Para fortalecer esto último, expresó que el legislador había previsto taxativamente quiénes podían considerarse interesados en los términos del inciso 10 del artículo 55 del código de forma (cfr. art. 56 CPP). Respecto de la filtración de información de la causa a los medios de comunicación, negó toda responsabilidad y se apoyó en las explicaciones vertidas por el Fiscal en su escrito obrante a fs. 837/9. Como colofón, el magistrado estableció un paralelismo con la causa 9.900/00 caratulada “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho”, de gran trascendencia pública y tambien instruida por su juzgado, donde también se efectuaron cuestionamientos a su imparcialidad. El recusante informó por escrito ante esta Alzada (cfr. art. 61 CPP). II)
Por lo demás, no es posible pasar por alto que el precedente Schalscha (c. 30621, rta. 15/4/1999, reg. 254), en el que se apoya el Dr. Rafecas para defender una tesis restrictiva, se refiere a la inadmisibilidad de los pedidos de apartamiento basados en cuestionamientos al contenido de las resoluciones o a sus defectos formales, es decir, a supuestos evidentemente distintos al que ahora es objeto de estudio. Dicho esto, es preciso determinar si aquí estamos frente a una preocupación legítima en base a fundamentos serios y razonables que indiquen que el temor de parcialidad está justificado, o bien frente a un intento ilegítimo de remover a quien fuera legalmente designado para investigar los hechos denunciados.
Tampoco cuanto se dice acerca de la responsabilidad del juez en torno a no haber preservado debidamente el secreto de las actuaciones es suficiente para apartarlo, pues, sin perjuicio de las explicaciones brindadas por el fiscal Carlos Rívolo (v. fs. 837/839), no hay ligazón directa entre ese reproche y la pérdida de imparcialidad denunciada. Sólo hasta aquí se comparte el razonamiento del juez.
Cuando el artículo 56 del código de rito dice que se considerarán interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, no está negando la posibilidad de que los consejos o manifestaciones extrajudiciales se formulen a través de terceros, particularmente, letrados que puedan asistirlos. Esa es la interpretación que mejor resguarda el derecho –cfr. art. 2 CPP- y la que distingue razonablemente los casos de vinculación del juez con los interesados, de aquellos de vinculación directa de él con el proceso, dentro de los cuales se incluye el “haber dado recomendaciones acerca de la causa antes o después de comenzada, aconsejando o manifestando su opinión sobre el asunto a alguno de los interesados” (Clariá Olmedo, Jorge A., “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Buenos Aires, 1998, pág. 297). Es de toda lógica que una vez en marcha una causa judicial, tales actos impropios se canalicen por medio de quien conoce la técnica y puede interpretar mejor aquellos consejos u opiniones. De acuerdo a lo testificado por Danuzzo Iturraspe, las manifestaciones del juez no respondían a saciar su simple curiosidas sobre el caso sino a utilizarlo de vía para que cierta información llegase a Nuñez Carmona y, posiblemente, a otros imputados. La finalidad -ya sea ayudarlos, transmitirles tranquilidad o llevarlos a cometer yerros procesales- no es un dato que importe a la hora de encuadrar su conducta dentro de los supuestos del artículo 55 del digesto. En cuanto a esto último, de todos modos, corresponde mencionar que da pábulo a la sospecha del recusante –que unió la conversación a la comisión de eventuales yerros procesales-, la singular manifestación del fiscal Rívolo, efectuada en el expediente con fecha 11 del corriente mes, es decir, con posterioridad a la presentación del Consejero Hernán Ordiales -9 de abril-, pero adelántandose llamativamente al pedido de recusación aquí analizado -16 de abril- (sin tener siquiera conocimiento, como él admite, del tenor de las conversaciones mantenidas con Danuzzo Iturraspe). La lectura de ese escrito fomentó, en el incidentista, la razonable preocupación de haberse alterado la figura triádica del proceso pues, amén de observar que el titular de la acción penal habría aprovechado la ocasión para procurar su propia defensa –aspecto sobre el que no cabe hacer comentarios- (v. punto “V” del escrito de recusación y punto “II” de la presentación del fiscal obrante a fs. 837/839 del expte. ppal.), vió en él una posible actuación coordinada entre esa parte y el juez que, entre otras cosas, explicaría por qué el acusador no exigió su apartamiento pese a la noticia de que habría informado detalles de la causa, o aconsejado, a un abogado ligado a su contraparte. Aun cuando expresamente el Dr. Rafecas aclaró que sus comentarios “no debían tomarse como directivas” –según sus palabras-, no es esa la exigencia de la norma al establecer la causal. A ella le bastan los consejos y opiniones pues el acento está puesto en la trascendencia de que éstos provengan del propio juez de la causa, incluso sin importar su buena fe. Obviamente no exime del mandato de inhibirse por tales procederes la mera circunstancia de haber delegado la instrucción en el fiscal (cfr. art. 196 y ccdtes.CPP). No se deja de ser juez al delegar en el titular de la acción penal la instrucción de la causa. Por el contrario, los rasgos de imparcialidad se acentúan y sus deberés también, ya que no lleva en sus espaldas la difícil tarea de investigar y al mismo tiempo preservar su juicio. Por ello, actuar como juez de garantías no lo posiciona en un mejor lugar para resistir la
Causa n° 1537
“Carrascosa, Carlos Alberto s/ Homicidio calificado o encubrimiento agravado”.
Tribunal en lo Criminal n° 6
En la Ciudad de San Isidro, a los once días del mes de julio del año dos mil siete, se reúnen los Sres. Jueces del Tribunal en lo Criminal n° 6 de este Departamento Judicial, doctores María Angélica Etcheverry, Hernán Julio San Martín y Luis María Rizzi, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, y con la asistencia del Secretario del Tribunal, Abogado Maximiliano E. Nicolás, con el objeto de dictar veredicto, conforme con lo dispuesto por el art. 371 del C.P.P., en esta causa n° 1537 del registro del Tribunal, seguida a Carlos Alberto Carrascosa, nacido el día 13 de diciembre de 1944 en Capital Federal, apodado “Gordo”, D.N.I. nº ..... hijo de Eleuterio y María Teresa Gaetani, con domicilio actual en barrio “El Cazador”, Centro Urbano Bahía Escobar, Unidad 802, propiedad de Héctor Lineiro, estado civil viudo, ex agente de Bolsa –actualmente, sin ocupación-, y con estudios secundarios completos.; en la que intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, los Dres. Diego Molina Pico, John Broyad, Diego Matías Grau y Jorge Ariel Apolo, en representación de la Particular Damnificada, los Dres. Zulema Inés Rivera y Gustavo Hechem, y ejerciendo la Defensa del imputado los Dres. Alberto Néstor Cafetzoglus y Hernán Diego Ferrari. Habiéndose efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término la doctora Etcheverry, y en segundo y tercer lugar los doctores Rizzi y San Martín, respectivamente, procediendo a tratar y votar las siguientes CUESTIONES
PREVIA: Planteos de nulidad.
PRIMERA: La existencia de los hechos en su exteriorización material.
SEGUNDA: La participación del procesado.
TERCERA: La existencia de eximentes.
CUARTA: La verificación de atenuantes.
QUINTA: La concurrencia de agravantes.
VEREDICTO CARRASCOSA HOMICIDIO PDF CLICK
SENTENCIA CARRASCOSA HOMICIDIO PDF CLICK
FALLO CARRASCOSA CASACION COMPLETO
Se cumple hoy, 20 de abril, un nuevo aniversario del deceso de Alfredo Lorenzo Palacios.
No puede producir sorpresa que su tesis doctoral sobre “La miseria” fue rechazada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y reemplazada por otra sobre temas convencionales del Derecho. Tras ser electo primer diputado socialista de América (1904) por el distrito capitalino de La Boca, Palacios comenzó una obra legislativa y política esencialmente dedicada a la preservación de los derechos de los trabajadores, las mujeres, los niños, los jóvenes y la tercera edad. Hitos trascendentes de su vida fueron su adhesión a la Reforma Universitaria de 1918, las leyes de sábado inglés, descanso dominical, pago salarial en moneda de curso legal en lugar de vales, leyes de accidente laboral, trabajo femenino, de la silla y estatuto del docente, entre otras. Palacios creó la asignatura “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” en la Facultad de Ciencias Económicas. También fue Presidente (Rector) de la Universidad Nacional de La Plata fundada por Joaquín V. González. En 1957 como Convencional Constituyente defendió la instauración del Art. 14 bis de la Constitución Nacional a partir del cual se preservan las condiciones dignas y equitativas del trabajo, la jornada limitada, descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo vital móvil e igual remuneración por igual tarea, entre otros derechos.
Según buena fuente, falleció pobre, al extremo de que su casa de Charcas 4741, Buenos Aires, fue salvada de varios remates por el aporte de amigos personales. La evocación de nuestro colega, Alfredo Lorenzo Palacios, rescata una vida ejemplar puesta al servicio de valores personales y sociales que no pueden ni deben ser olvidados y que nos sirve de inspiración para los tiempos que corren.
Esta vez un clásico del cine mudo, en blanco y negro, una de mis películas favoritas.Version cinematografica del cuento de "las mil y una noches", dirigida por Raoul Walsh en 1924. Un lujo, en el que no faltan hechizos y alfombras voladoras. Imperdible.Puede conseguirse en casas especializadas o bajarse del siguiente linkel ladron de Bagdad
El proyecto aborda cuestiones de gran importancia: fertilización asistida, gestación por sustitución o "alquiler de vientres", simplificación del trámite de divorcio, regulación de las convenciones prematrimoniales y cuestiones relacionadas con la adopción, son tan sólo algunos de los puntos en los que ha trabajado la comisión, integrada por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco y Kemelmajer de Carlucci.Esperamos que se genere un amplio debate sobre este proyecto, porque de sancionarse, regulará la mayoria de las interrelaciones jurídicas de nuestra comunidad.Por eso, para quien desee obtener una copia del proyecto oficial, debe hacerclick aqui
Tragedia de Once rechazo al Estado como querellante.-
Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional FederalSala II - Causa n° 31.606 “SANCHEZ AMARO, Cristina I. y otros s/queja apelación denegada”. Juzg. 11 - Sec. 21 - expte. 1710/12 Reg. n° 34.337Buenos Aires, 10 de abril de 2012. VISTOS: Y CONSIDERANDO:I- Que la presente queja por apelación denegada fue presentada por el Dr. Gregorio Dalbón, querellante en representación de Cristina Inés Sanchez Amaro, Marta Laura Ruiz y Nehuen Miqueas Gentiletti, conjuntamente con la asistencia letrada de la Dra. Virginia Marta Cassola, respecto de la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a fs. 1272/3 de la causa principal en la cual resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto contra el decreto obrante a fs. 1042/4 en cuanto dispuso tener por parte querellante al Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en representación del Estado Nacional.II- Que, objetivamente, el remedio articulado no resulta procedente, por cuanto -tal como ha sido afirmado por este Tribunal en reiteradas oportunidades- la herramienta procesal idónea para debatir el apartamiento propiciado es la prevista expresamente por el artículo 339 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, encontrándose la apelación regulada en el artículo 84 del citado ordenamiento dirigida a quien obtiene un resultado adverso a la pretensión de asumir el rol de querellante (conf., entre otras, causa n° 20.593 “Torres de Tolosa”, rta. el 11/12/03, reg. n° 21.866; y causa n° 30.395 “Garber”, rta. el 29/6/11, reg. n° 33.070). Por tales razones, la queja deducida será rechazada. III- Sin perjuicio de ello, al analizar los antecedentes que dieron motivo a este debate, este Tribunal advierte que el decreto a través del cual el instructor dispuso otorgar el rol de acusador privado al Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dr. Rafael Enrique Llorens -quien se presentó a fs. 565/6 en cumplimiento de la Resolución 186 adoptada el 23/2/12 por el titular de dicha cartera-, ha sido dictado soslayando las exigencias contenidas en el artículo 84 del Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto mediante escasas, genéricas y contradictorias afirmaciones, el a quo ha resuelto acceder a la pretensión omitiendo la valoración de circunstancias dirimentes para la solución del caso. Es así que pese a los requisitos de fundamentación que reclama la norma procesal y a las mayores exigencias derivadas de los antecedentes obrantes en los actuados, en el decreto que se analiza el instructor se limitó a señalar que la legitimación del Estado Nacional deriva de su condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión y de su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En rigor de verdad y sentido común mediante, esas mismas cualidades son las que prima facie se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso, con lo cual toda decisión tendiente a superarlos debe hallarse precedida de un adecuado análisis que permita a las partes y a este mismo Tribunal conocer cuál ha sido el sustento argumental de la decisión adoptada. No puede desatenderse que este sumario se encuentra aún en un estado incipiente en lo que hace al proceso cognoscitivo de sus múltiples aristas, con lo cual se torna una exigencia el actuar prudente y la extrema observación de los recaudos procesales a fin de garantizar a la totalidad de las partes una incorporación reflexiva y objetiva de la carga probatoria, priorizando la preservación de la correcta investigación de las hipótesis delictivas denunciadas y su acabada dilucidación. De acuerdo a ello, no caben dudas en cuanto a que dicha tarea resultaría cuanto menos dificultosa si se admite como acusador particular a quien puede ser, por acción u omisión e independientemente de la condición física o jurídica de su personalidad, eventualmente querellado por esos mismos sucesos (ver, al respecto, los dictámenes del representante del Ministerio Público Fiscal glosados a fs. 421/2 y 719/24, y la presentación del Dr. Dalbón agregada a fs. 745/8). La omisión de valoración de tales extremos impiden considerar a lo resuelto como un acto jurisdiccionalmente válido y, por su naturaleza, debe ser de oficio declarado nulo en esta instancia de conformidad con las previsiones de los artículos 167, inciso 2° y 168 del Código Procesal Penal de la Nación, encomendándose al Sr. Juez de grado que proceda a renovar el auto viciado siguiendo las pautas indicadas a lo largo de la presente. Por las razones expuestas, corresponde y por ello este Tribunal RESUELVE: I- NO HACER LUGAR a la queja deducida por el Dr. Dalbón. II- DECLARAR la NULIDAD del decimotercer párrafo del decreto obrante a fs. 1042/4 de la causa principal, DEBIENDO el Sr. Juez de grado renovar el auto viciado de acuerdo a las pautas señaladas a lo largo de la presente. - artículos 167, inciso 2° y 168, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación-. Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y devuélvase, debiendo practicarse en la anterior instancia las notificaciones que correspondan. Fdo: Martín Irurzun- Eduardo G. Farah.- Nota: El Dr. Cattani no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.- Ante mi: Laura Victoria Landro. Secretaria de Cámara.- 0
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:Art. 1. Sustituyese el art. 132 del Código Penal por el siguiente."En los delitos previstos en los arts. 119: 1°, 2°, tercer párrafos; 120 primer párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de proteccion o ayuda a las víctimas."Art. 2. Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DE 2012.REGISTRADO BAJO EL N° 26738.AMADO BOUDOU - JULIAN A. DOMINGUEZ - Juan H. Estrada - Gervasio BozzanoNOTA: la actual redacción de la ley suprime definitivamente el "avenimiento", por lo que los imputados ya no contarán con esa posibilidad de terminar con el proceso.La fecha de promulgación fue el cuatro de abril de 2012 y la publicación en el Boletín Oficial el sábado 7 de abril de 2012.-
Otro accidente de tránsito que termina con la vida de una mujer embarazada, esta vez el culpable es un "famoso".La sentencia de cuatro años de prisión, el arresto inmediato, la furia de los familiares de Yamila González transmitida en directo por los distintos medios de comunicación es algo que he verificado con bastante frecuencia en los Tribunales y que indica claramente que las pautas de la Justicia no son las de los justiciables.Es que resulta imposible que el sistema penal pueda satisfacer dos polos tan opuestos.Por un lado el de las víctimas.Por el otro, el de los imputados.En este caso concreto, la pena de cuatro años de prision por una muerte, parece "barato", porque sabemos que una vida, cualquier vida no tiene un precio, entonces el clamor, la furia de los familiares de las víctimas puede entenderse, pero no justificarse.Para los familiares de las víctimas, las sutiles diferencias entre "culpa con representación", "culpa", "dolo directo" y "dolo eventual", no tienen sentido. Pero para el imputado sí. Ni jueces, ni fiscales, ni abogados, nadie sabrá qué pasó por la cabeza de la "Hiena" cuando vivió lo que motivó su enjuiciamiento. Quizás no lo sepa nunca.Cuatro años por una imprudencia. Algo que tendremos que recordar quienes transitamos, porque este es un caso particular, que más allá de los dolores de sus protagonistas debe servir para el resto, para terminar estas muertes evitables, que al ser "imprudentes" manifiestan el desprecio por el otro, por el semejante y que quizás merecen una pena mayor o similar a la del homicidio simple por el solo hecho del desprecio por el otro.Una comunidad puede clamar por justicia, pero si no tiene apego a las normas básicas de convivencia, siempre vivirá en el sub desarrollo, en el desprecio, la falta de respeto por el semejante. Por el otro. Algo que por muchas leyes, penas duras, confinamientos, no se evita y sí por la educación y la toma de conciencia. 0