Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-04755-26074-de-mayo-29-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fd252085114502a8e0430a01015102a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-23 03:19:03
Document Index: 272534362

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 90', 'artículo 140', 'artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 121', 'artículo 66', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 238', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 115', 'artículo 362']

﻿ Sentencia 1999-04755 de mayo 29 de 2014
SENTENCIA 1999-04755 DE 29 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR ERROR JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, POR EL ERROR JUDICIAL, ES NECESARIO QUE CONCURRAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. QUE DICHO ERROR ESTÉ CONTENIDO EN UNA PROVIDENCIA JUDICIAL2. QUE ESTÁ SEA PROFERIDA POR UN FUNCIONARIO INVESTIDO DE AUTORIDAD JUDICIAL Y 3. QUE EL AFECTADO HAYA INTERPUESTO CONTRA LA CITADA PROVIDENCIA LOS RECURSOS PROCEDENTES. DADO QUE EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA LEY 270 DE 1996 CONCIBEN EL ERROR JUDICIAL DE UNA MANERA OBJETIVA, PARA SU CONFIGURACIÓN BASTA QUE LA PROVIDENCIA QUE LO CONTENGA CAUSE UN DAÑO ANTIJURÍDICO Y QUE ÉSTE RESULTE IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PUES LA NOCIÓN DE CULPA GRAVE O DOLO QUEDA DIFERIDA A LOS EVENTOS EN QUE SE PRETENDA DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL FUNCIONARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUNCIONARIO JUDICIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ERROR EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 1999-04755 de mayo 29 de 2014
Expediente: 50001-23-31-000-1999-04755-01 (26.074)
Actor: Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros.
Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir los recursos de apelación oportunamente interpuestos por la parte demandante, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Satena, contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo del Meta.
Como atrás se mencionó, la parte actora expresó su inconformidad respecto de la sentencia apelada, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de perjuicios susceptibles de indemnización.
Por su parte, Satena consideró que las entidades que deben responder por los perjuicios alegados son la Policía Nacional y la Fiscalía General y éstas, a su vez, pretenden endilgarse la responsabilidad mutuamente y endilgársela también al Consejo Superior de la Judicatura; es decir, pese a que las entidades apelantes rechazan la condena que se les impuso en primera instancia, ninguna cuestionó la existencia de responsabilidad en cabeza del Estado.
Por lo tanto, la Sala no se pronunciará respecto de las demás entidades y llamados en garantía que fueron vinculados al proceso, salvo el Consejo Superior de la Judicatura, pues son aspectos que no fueron controvertidos en los recursos de apelación que pasarán a resolverse.
Esta Sala ha delimitado, en el presente y en otros asuntos, el estudio de los recursos de alzada a los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes, basada en los siguientes argumentos:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(2).
Por lo anterior, para resolver las cuestiones planteadas en los recursos de apelación, la Sala se pronunciará sobre la alegada responsabilidad de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura y de Satena por los hechos objeto de esta demanda, y procederá a analizar si es posible reconocer indemnización por perjuicio morales y por lucro cesante a favor del demandante, pues nada dijo el recurrente respecto del daño emergente.
Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 9’610.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de US $ 2’342.400 o su equivalente en pesos colombianos, que para la época correspondían a $ 2.044’118.784, solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del demandante, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.
La Sala abordará el análisis de imputación de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por los perjuicios que el demandante asegura haber padecido con ocasión de la incautación de la aeronave Cessna, modelo 208, Caravan, de matrícula colombiana HK-3467-P, de su propiedad, y del deterioro que la misma sufrió cuando se encontraba bajo la custodia de las entidades demandadas.
Según la escritura pública 1104 del 9 de marzo de 1989, de la Notaría 31 del Circuito de Bogotá, registrada en el folio de matrícula aeronáutica 3369 del 27 de abril del mismo año, el señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez celebró un contrato de compraventa con Aviones de Colombia S.A. a través del cual le fue transferido el derecho de dominio y posesión sobre la aeronave Cessna, modelo 208, Caravan, de matrícula colombiana HK-3467-P y serie C20800142, completamente nueva (fls. 3 a 4 y 9, cdno. 1).
De conformidad con el acta de incautación que obra a folio 15 del cuaderno 1, siendo la 1:40 p.m. del 23 de agosto de 1989, el comandante de la Sexta Compañía Antinarcóticos de la Policía Nacional confiscó la mencionada avioneta en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, dejando como única observación que el bien aprehendido “se encuentra aeronavegable con 66 horas de vuelo”. Mediante Oficio 711 antin-sexta-C-252, del mismo día, la dejó a disposición de los juzgados especializados de esa ciudad (fl. 14, cdno. 1).
Según Resolución 500 de 1990, “mediante acta sin número, del 23 de agosto de 1989, en diligencia practicada por el Juzgado 3º Especializado de Villavicencio (Meta), se puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes la aeronave de matrícula HK 3467” (fls. 484 a 485, cdno. 2).
El 9 de marzo de 1990, el Juzgado Segundo de Orden Público de Villavicencio dio apertura a la investigación penal en contra de los tripulantes de la avioneta, señores Héctor William Salcedo Velásquez y Vicente Pérez Alvarado, y del propietario de la misma, señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, aduciendo lo siguiente:
“Del escaso material probatorio anexo a la actuación preliminar fácil es inferir de una parte, que ocurrió un hecho sumamente irregular en el cual fue utilizada clandestinamente la aeronave aprehendida, actuación que guarda conexidad con la evidencia de un patrimonio no justificado descrito y sancionado en el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, conducta que tiene señalada sanción punitiva que va de cinco (5) a diez (10) años de prisión y respecto de la cual por su participación directa o en el grado de complicidad aparecen individualizados varios sujetos…” (fl. 43, cdno. 1).
El 5 de abril de 1990 se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento e inspección judicial de la aeronave HK-3467-P, que se encontraba estacionada en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, en la que se observó (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):
“… la parte izquierda, delantera del motor de la aeronave que nos ocupa se encontraba sin los sellos de la Policía Nacional, porque al parecer éste se cayeron por destrucción del agua y aire; y en éste estado el perito manifiesta lo siguiente: ‛Se trata de una aeronave de tipo Cessna, distinguida con la matrícula HK.3467-P, de color, fondo blanco, con rayas azul oscuro en la parte superior, con capacidad para ocho (8) pasajeros y dos (2) tripulantes, tiene el distintivo de la fábrica de ‛Caravan I’, equipado con un motor Marca Pratt-Whitney modelo PT6A-114 - Serie Nº. PGE17279, con un valor aproximado de doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250’000.000) moneda colombiana. El estado de funcionamiento en la actualidad de la aeronave, está para efectuarle un servicio por inactividad de vuelo y una vez efectuado este servicio queda en condiciones aeronavegables… En general se observa que es una aeronave recién ensamblada en el País; por su estado aparente se aprecia que es nueva y según las horas de vuelo, en mi concepto el motor no ha despegado, está virgen’” (fl. 46 a 48, cdno. 1).
El Juzgado Segundo de Orden Público, en providencia del 16 de abril de 1990, resolvió la situación jurídica de los implicados y les ordenó presentarse en el despacho judicial en los momentos en que fueran requeridos; no obstante, ese mismo juzgado, el 11 de mayo del mismo año, ordenó la cesación del proceso y la entrega definitiva de la aeronave HK-3467-P a su propietario (fls. 49 a 54 y 56 a 67, cdno. 1).
La anterior decisión fue consultada por el Tribunal Superior de Orden Público, órgano que, mediante providencia del 22 de agosto de 1990, se inhibió de pronunciarse por considerar que carecía de competencia y devolvió el asunto al juzgado de origen donde, el 27 de diciembre siguiente, se declaró la nulidad de todo lo actuado (fls. 68 a 71 y 77 a 78A, cdno. 1).
El 27 de julio de 1993, la unidad regional de fiscalía declaró la nulidad de las providencias del 11 de mayo y del 27 de diciembre de 1990, dictadas por el Juzgado Segundo de Orden Público y, previo estudio de la situación procesal del asunto, en auto del 25 de enero de 1994, decretó la preclusión de la investigación a favor de los indagados, canceló las órdenes de captura libradas en su contra y dispuso la entrega definitiva de la aeronave HK-3467-P a Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez. Esta decisión fue confirmada, en sede de consulta, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 17 de agosto de 1994 (fls. 95 a 99, 100 a 112 y 114 a 117, cdno. 1).
El 13 de octubre de 1994, estando la aeronave bajo la custodia de Satena, fue objeto de una inspección judicial en la que se observó lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):
“La nave que se observa en el momento esta desmantelada por reparación según informa el técnico empleado de la empresa Satena que nos colabora. Se observa en el empenaje la matrícula FAC 1121 y el logotipo de Satena conformado por las figuras yistapuestas(sic) de medio sol y un pájaro corocora en rojo. La nave no tiene el motor, aparece chato sin nariz, no tiene alas, las alas están separadas del avión sobre bancos, tampoco tiene hélice, no tiene órganos de control o instrumentos de vuelo, no tiene llantas, esta sobre bancos, esta sin sillas, sin ventanas al lado izquierdo, al lado derecho si tiene ventanas, no tiene puerta de acceso de carga, la cual esta desprendida pero dentro de la nave, tiene tres (3) puertas: dos (2) de tripulación y una de acceso a pasajeros, la sección del empenaje está completa exteriormente, las palabras Satena están escritas al lado y lado de la nave sobre el cono del fuselaje trasero aparecen semiborradas con pintura blanca sobre la pintura azul; la aeronave es de color blanco con franjas de extremo a extremo en azul oscuro y azul rey; por el costado izquierdo u occidental de acuerdo a la posición de la nave, la cual es el empenaje hacia el sur la nariz hacia el norte, debajo de donde está escrita la palabra Satena que como ya se dijo esta en azul y borrada parcialmente con blanco, se alcanza a observar sobre la pintura original de la nave, la parte blanca, y entre las letras T y A de la mentada palabra Satena, las letras HK-3467 p; el horometro(sic) de la nave se puede leer el número de horas de vuelo que tiene, el cual es de 2.563 horas” (fls. 158 a 159, cdno. 1).
La diligencia de entrega definitiva de la aeronave se llevó a cabo el 5 de enero de 1995, en la que se dejó la siguiente constancia (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):
“2. Mediante acta suscrita a los 28 días del mes de agosto de 1990 en la ciudad de Villavicencio, se hace entrega provisional de una aeronave, por parte de la Policía Nacional (Departamento de Policía Meta y Llanos Orientales) y Juzgado 77 de Instrucción Penal Militar, al teniente Javier González Díaz, autorizado por el gerente general de Satena, mayor general Luis Ángel Díaz Díaz, para recibir y trasladar el avión tipo C-208, matrícula HK-3467, Cessna, Caravan I, color blanco, con turbina modelo PT-6ª-114, serie PCE-17279, dando cumplimiento a las Resolución 500/90 del Consejo Nacional de Estupefacientes, quien recibe a satisfacción y una vez inspeccionada, se constató que le hacían falta los siguientes elementos:
“a) Generador arrancador
“b) Válvulas de succión
“c) Caja de ignición
“d) FCU (calentador de aire)
“e) Piloto automático
“f) Transponder
“D. Entrega
“Acto seguido se procedió a identificar plenamente la aeronave, arca Cessna, modelo 208 Caravan, s/n c-20800142, matrícula HK-3467 y las demás especificaciones consignadas en los anexos correspondientes, en presencia de los intervinientes; una vez constatado el inventario que se adjunta a la presente acta, teniéndose en cuenta que los elementos o partes relacionados como faltantes en el acta de entrega provisional fueron suministrados por Satena, acarreando costos adicionales como se observa en el documento expedido por Aviones de Colombia S.A. bajo el anexo 4, a fin de que la aeronave en mención y objeto de la presente diligencia, quedara apta para efectuar las pruebas operacionales en tierra, las cuales se realizaron a satisfacción de Satena, según certificación de la división técnica.
“El señor brigadier general gerente general de Satena hace entrega real y material de la citada aeronave, al doctor Gonzalo Enrique Díaz Soto, apoderado especial del señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, quien la da por recibida, manifestando lo siguiente
“Con relación a la constancia dejada por Satena en el numeral 2º del acápite A, manifiesto expresamente mi estado de inconformidad con lo allí expresado, pues tengo conocimiento directo que la aeronave para el día de su decomiso, 23 de agosto de 1989, contaba con los siguientes elementos:
“De acuerdo al concepto suministrado por los señores técnicos que asesoran en esta diligencia, recibo la aeronave con las siguientes anotaciones, recomendaciones y salvedades.
“a. Efectuar prueba boroscópica a la turbina según los manuales del fabricante.
“b. Pintura y tapizados en mal estado.
“c. Ring, soporte del motor, presenta abolladura.
“d. pernos frontal inferior de la bancada del motor, no corresponde.
“e. Hélice, presenta escoriaciones y deterioro en todas sus tres palas.
“f. Gobernador de sobre-velocidad, presenta soldadura en su base.
“g. Perno de sujeción, parte trasera de la barra tirante del tren de nariz, no corresponde.
“h. Falta carena, barra de torsión del tren de nariz.
“i. Falta contratuerca, pasamuro del sistema de DHEICE, raíz del plano izquierdo.
“j. Servo trin eléctrico, piloto automático no opera.
“k. Faltan estáticas alerones.
“l. ADF1 Y 2. fuser.
“m. Radar altímetro. fuser n. Radar. fuser.
“ñ. Falta línea de drenaje FCU a la tolva de escape.
“o. Ducto de refrigeración del generador arrancador, roto.
“p. Falta manguera de refrigeración del generador arrancador.
“q. Luz master caution, fuel sec, permanece prendida.
“r. Bulbo de temperatura de omega, partido” (fls. 167 a 171, cdno. 1).
Analizado el material probatorio y teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, se infiere que los perjuicios cuya indemnización se persigue por el demandante se habrían originado en la incautación de la aeronave HK-3467-P, por el demorado proceso penal que se adelantó en contra del demandante y por el avanzado estado de deterioro en que le fue restituida.
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales, las cuales pueden llegar a comprometer la responsabilidad del Estado, bien a través de decisiones contenidas en providencias judiciales proferidas en ejercicio de sus funciones, o bien a través de acciones u omisiones constitutivas de falla, que se produzcan con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia.
Esta corporación ha sostenido, en múltiples pronunciamientos, que la declaración de responsabilidad patrimonial de la administración es posible siempre que se acredite la concurrencia de los elementos constitutivos de la misma, así: i) el daño antijurídico, patrimonial o moral, que el demandante no tiene porqué soportar, ii) la acción o la omisión de la administración generadora de aquél y iii) la relación o nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores.
Como ya se vio, en el presente asunto está probado que, el 23 de agosto de 1989, el comandante de la Sexta Compañía Antinarcóticos de la Policía Nacional ordenó la incautación de la avioneta HK-3467-P, de propiedad de Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, por estimar que había sido utilizada en un “vuelo dudoso”(3) entre Villavicencio y Gaviotas; una vez realizada la aprehensión, la puso, de inmediato, a disposición de los juzgados especializados de esa ciudad, para que se adelantara el proceso correspondiente.
Transcurrido el proceso penal que se inició en contra de la tripulación de la aeronave y de su propietario, la unidad regional de fiscalía concluyó que el bien confiscado fue adquirido de forma lícita y que con el mismo no se desarrollaron actividades delictivas, por lo que, a través de providencia del 25 de enero de 1994, confirmada el 17 de agosto del mismo año por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, ordenó la entrega definitiva de la aeronave a su dueño.
La Sala ha dicho que la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la retención de bienes por supuesta violación de la Ley 30 de 1986(4), cuando las investigaciones terminan con preclusión de la investigación, encuentra su fundamento en el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas; es decir, en casos como el presente, el hecho de que el bien se retenga sin que se hubiere podido comprobar, por las autoridades competentes, la comisión de una conducta punible genera la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que se trata de una carga que los ciudadanos no están en la obligación jurídica de soportar. Lo anterior no excluye, sin embargo, que si se encuentran razones suficientes que le permitan al fallador declarar probada la existencia de una falla del servicio, éste sea el régimen que fundamente la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada(5).
De esta manera, para determinar la existencia de una falla en el servicio por los hechos objeto de esta demanda, la Sala debe determinar si la vinculación de la aeronave HK-3467-P a la comisión de un delito, por decisión de la Policía Nacional, fue determinante en la producción del daño alegado.
El artículo 1º del Decreto 1856 de 1989(6) dispuso:
“ART. 1º—Mientras subsista el actual estado de sitio (…) los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión del delito de narcotráfico y conexos, serán decomisados u ocupados por las Fuerzas Militares, Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o de entidades de beneficio común instituidas legalmente mientras el juez competente dispone sobre su destinación definitiva”.
En el presente asunto, se encontró que el comandante de la Sexta Compañía Antinarcóticos de la Policía Nacional ordenó la inmovilización de la aeronave del señor Velásquez Rodríguez y la detención de sus tripulantes, fundado en la simple suposición de la existencia de un vuelo dudoso, esto es, sin contar, por lo menos, con indicios que le permitieran asumir que la aeronave estaba siendo utilizada para la comisión de una actividad delictiva relacionada con el narcotráfico.
Según la fiscalía, no había razón alguna para sospechar que se trataba de una actividad ilícita(7), pues, tal como lo afirmó ella misma en primera instancia, la suboficial Piñeros de Rincón “personalmente revisó el (sic) aeronave y sólo se transportaban gaseosas y víveres y que únicamente volaron tanto de ida como de regreso sus dos tripulantes. No olvidemos que el día anterior la mencionada aeronave había sido objeto de sellamiento por parte de las autoridades, entonces mal podría pensarse que en tales condiciones el día siguiente fueran a cargarla con elementos no permitidos por la ley”(8).
Esta aseveración fue confirmada por la misma fiscalía en segunda instancia, al concluir que “el aludido viaje no fue dudoso como lo dijo el oficial en su informe, por cuanto prueba testimonial que incluye desde declaraciones de particulares hasta las de miembros de la misma institución policial … lo desmienten, como también lo hacen el señor Héctor Enrique Ramírez al afirmar que no es cierto que le hubiera informado al coronel Valdés Castro que la aeronave no había aterrizado en Gaviotas, sino que él no la había visto porque para ello tendría que permanecer todo el tiempo en la pista, a menos que las naves sobrevuelen el área urbana que es donde él pasa la mayor parte del tiempo”(9).
Se trató, entonces, de una decisión irresponsable y extralimitada por parte de la Policía Nacional, pues, si bien es cierto que la norma atrás referida facultó a esa institución para decomisar los bienes destinados a actividades ilícitas, también es cierto que el cumplimiento de ese deber debía ceñirse a los límites constitucional y legalmente establecidos. Recuérdese que el artículo 121 de la Constitución Política dispone que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”; sin embargo, ello no fue lo que sucedió en este caso, pues es evidente que la incautación e inmovilización de la avioneta estuvo precedida de una decisión arbitraria del mencionado comandante.
En consecuencia, la condena impuesta a esa institución en primera instancia será confirmada, en la medida en que fue su decisión arbitraria la génesis del proceso penal que se inició en contra del acá demandante y en cuyo marco se sostuvo la medida de inmovilización de la avioneta HK-3467-P.
Dicho lo anterior, la Sala analizará si también cabe responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Al respecto, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, que reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y de los empleados judiciales, la jurisprudencia de esta corporación ya había definido estos títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.
Para que se abra paso la responsabilidad patrimonial del Estado, por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial; ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.
Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(10). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente; además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(11).
No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(12), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegare a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(13).
Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(14).
Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y el segundo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá establecer, por un lado, si la actuación de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la inmovilización de la avioneta, configuró un error judicial, en la medida en que la unidad regional de fiscalía, mediante providencia del 25 de enero de 1994, confirmada el 17 de agosto siguiente por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, ordenó su devolución definitiva por estimar que no tenía procedencia ilegal alguna y que no fue utilizada en la comisión de ningún delito; por otro lado, deberá establecerse si el avanzado estado de deterioro que el bien presentaba al momento de su restitución configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
De conformidad con las pruebas válidamente decretadas y aportadas al plenario, se encuentra acreditado que, una vez incautada la aeronave HK-3467-P por parte de la Policía Nacional, puesta a disposición de los juzgados especializados de Villavicencio(15) y, posteriormente, del Tribunal Superior de Orden Público(16), el Juzgado Segundo de Orden Público, en providencia del 16 de abril de 1990, resolvió la situación jurídica de los implicados y, el 11 de mayo siguiente, ordenó la cesación del proceso y la entrega definitiva de la aeronave a su propietario. En sede de consulta, el Tribunal Superior de Orden Público, en providencia del 22 de agosto de 1990, se inhibió de pronunciarse, por considerar que carecía de competencia y devolvió el asunto al juzgado de origen donde, el 27 de diciembre siguiente, se declaró la nulidad de todo lo actuado, por cuanto concluyó que las conductas investigadas no habían sido tipificadas como delito al momento de la incautación.
El 25 de enero de 1994, la unidad regional de fiscalía decretó la preclusión de la investigación a favor de los indagados, canceló las órdenes de captura libradas en su contra, y dispuso la entrega definitiva de la aeronave HK-3467-P a Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, con fundamento en las siguientes conclusiones (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):
“Siendo lo anterior una realidad procesal, la fiscalía no puede darle la más mínima credibilidad al informe rendido por el teniente coronel Valdés Castro y el cual sirvió de base y fundamento para iniciar ésta investigación penal, toda vez que, ese ‛Dudoso’ vuelo del HK-3467-P sólo existió en su mente.
“De otro lado, por parte alguna se logró establecer que en dicha aeronave los pilotos Vicente Pérez y Héctor William Salcedo, hayan transportado algún tipo de alcaloide o armas o elementos de ilícita procedencia, antes por el contrario, se repite, la suboficial Piñeros de Rincón fue enfática en sostener que ella personalmente revisó el aeronave y sólo se transportaban gaseosas y víveres y que únicamente volaron tanto de ida como de regreso sus dos tripulantes. No olvidemos que el día anterior la mencionada Aeronave había sido objeto de sellamiento por parte de las autoridades, entonces mal podría pensarse que en tales condiciones el día siguiente fueran a cargarla con elementos no permitidos por la ley.
“En estas condiciones considera la fiscalía que debe precluirse la Investigación penal a favor de los vinculados Vicente Pérez Alvarado y Héctor William Salcedo Velásquez, por cuanto está ‛Plenamente comprobado que el hecho no ha existido’
“En relación con el también sindicado Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, tenemos que (…) la Aeronave de matrícula HK-3467-P fue adquirida (…) con fecha nueve (9) de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1.989) y el Punible de ‛Enriquecimiento Ilícito’ fue erigido como conducta punible por particulares a partir del 24 de agosto de ese mismo año, lo que quiere decir que en esa fecha la ley no había establecido como delito tal comportamiento y, por ende, no puede imputársele como punible un hecho acontecido antes de ser considerado por la ley como tal, pues así lo dispone el artículo 1º del Código Penal que trata del ‛Principio de legalidad’.
“Además, no sobra advertir que al proceso se aportaron testimonios de personas que declaran acerca de la solvencia económica de Velásquez Rodríguez procedente de actividades comerciales, como lo son las esmeraldas y las joyas. Tampoco se demostró que éste ciudadano haya estado vinculado con actividades de narcotráfico o ilícitas de cualquier índole (…). Como consecuencia de lo anterior y habida consideración que el señor Velásquez Rodríguez acreditó en debida forma la propiedad de la aeronave HK-3467-P, la Fiscalía dispondrá su entrega definitiva (…)” (fls. 109 a 111, cdno. 1).
Esta decisión fue confirmada, en sede de consulta, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 17 de agosto de 1994, basándose en los siguientes argumentos (se transcribe tal como obra en el expediente, incluso con errores):
“Lamentablemente (…), la congestión de esta instancia con asuntos en los que hay sindicados privados de la libertad no nos permiten despachar con la prontitud deseada expedientes de investigaciones como esta en la que no se encuentra el más mínimo indicio de la realización de un hecho punible y que vino al mundo de la judicatura tanto por la ligereza de un irresponsable oficial de la Policía Nacional como por la falta de análisis de un juez de orden público, seguramente atemorizado por las amenazas de funcionarios públicos (entre ellos un procurador) que creyeron que la cascada de decretos dictado por el ejecutivo al amparo del antiguo instituto del ‛estado de sitio’ y con ocasión del vil asesinato del Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento, habilitaba para cometer toda suerte de arbitrariedades llevándose de calle principios constitucional y legalmente establecidos, tales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“(…). De tal manera que ni se ve lo ‛sumamente irregular’, ni el indicio en virtud del cual se conectaba la avioneta con un posible delito de enriquecimiento ilícito que ameritaran la iniciación de investigación penal dentro de la cual se expidieron órdenes de captura.
“Pero además le asiste razón al a quo cuando sostiene que el aludido viaje no fue dudoso como lo dijo el oficial en su informe, por cuanto prueba testimonial que incluye desde declaraciones de particulares hasta las de miembros de la misma institución policial … lo desmienten, como también lo hacen el señor Héctor Enrique Ramírez al afirmar que no es cierto que le hubiera informado al coronel Valdés Castro que la aeronave no había aterrizado en Gaviotas, sino que él no la había visto porque para ello tendría que permanecer todo el tiempo en la pista, a menos que las naves sobrevuelen el área urbana que es donde él pasa la mayor parte del tiempo” (se resalta, fls. 114 a 117, cdno. 1).
Para la Sala, no hay duda que la apertura del proceso penal por parte del Juzgado Segundo de Orden Público de Villavicencio, la vinculación del señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez al mismo y la decisión de poner a disposición del Consejo Nacional de Estupefaciente la aeronave incautada constituyeron pronunciamientos judiciales injustos, en la medida en que, avanzada la investigación, se pudo establecer que el bien confiscado había sido obtenido por el actor de forma legal y que no fue utilizado para el desarrollo de actividades ilícitas; por lo tanto, el actor no tenía el deber jurídico de soportar las medidas que le fueron impuestas en el trámite de dicho proceso.
Desde esa perspectiva, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le exija al demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los administrados debieran asumir en condiciones de igualdad, la incautación de un bien de su propiedad y de cuya explotación pretendía obtener un beneficio económico. Sin duda, estos errores judiciales son atribuibles, en este caso, a la Rama Judicial, a título de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
No sucede lo mismo respecto de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que este órgano conoció del asunto con ocasión de la expedición del Decreto 2700 de 1991 y fue ésta la que develó la legal procedencia de la avioneta incautada.
El actor pidió indemnización por este perjuicio “derivado de la ganancia legítima que dejó de reportar el demandante por la no (sic) explotación comercial de la aeronave durante el término de su retención, tasado sobre 2.928 horas de vuelo, a razón de US 800 hora vuelo, la cantidad de dos millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dólares (US $ 2.342.400) o su equivalente en pesos colombianos” (fl. 176, cdno. 1).
Militan en el expediente el dictamen pericial del 27 de marzo de 2000 y su aclaración(17), que se transcribirá a continuación, el cual calcula el valor del lucro cesante causado al demandante, con ocasión de la inmovilización de la aeronave de matrícula HK-3467-P. De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 3 de mayo de 2000, corrió traslado del mismo, sin que las partes lo objetaran. Dice el dictamen:
“Determinación del lucro cesante
“Para la determinación del lucro cesante tuvimos en cuenta las horas de vuelo que la aeronave HK 3467 recorrió durante el tiempo que duró inmovilizada, que son las mismas horas de vuelo que, de acuerdo a (sic) nuestro criterio, pueden ser objeto de lucro en una aeronave de las mismas características a través de una mediana y normal explotación económica en un período de cuatro años, es decir un promedio de seiscientas veinticinco (625) horas anuales o cincuenta y dos (52) horas mensuales. No obstante, nos limitamos a las que efectivamente recorrió durante la época de inmovilización (2.497), un poco por debajo al promedio señalado.
“Durante el período de inmovilización, agosto 23 de 1989 a 5 de enero de 1995, la hora vuelo para una aeronave como la HK 3467 se mantuvo en un precio promedio de U$ 800, aclarando que el precio siempre se mide en moneda americana convertida a su equivalente en pesos colombianos. Es de anotar que durante el último año, 1.999, la hora vuelo cambió de precio promedio, debido a la menor oferta de contratación, que se hizo evidente inclusive en actividades distintas a la aeronáutica. Hoy en día el promedio de contratación de hora vuelo es de U$ 700.
“No obstante lo anterior, determinamos que en una aeronave destinada para la explotación económica, del tipo HK 3467, la utilidad neta esperada, es decir la resultante de descontar gastos administrativos, impuestos aerociviles, mantenimiento de línea, combustible, etc. debe ser como mínima (sic) del 25% hora vuelo; en consecuencia, para el caso nuestro sería de U$ 200 dólares. De tal manera que si una aeronave voló 2.497 horas durante el tiempo de inmovilización, su utilidad neta sería de U$ 499.400 dólares.
“De otro lado, también debe ser objeto de consideración la depreciación de la aeronave, cuyo monto se descarga contablemente de los activos del propietario o usufructuario, que en cinco años sería del 90%. Es decir, que de acuerdo al (sic) precio de una aeronave de las mismas especificaciones que la HK 3467, que para el año de 1989 tenían un valor de U$ 996.000 dólares, la depreciación equivale a U$ 896.400 dólares.
“También hace parte del lucro cesante la reserva para el over haul, la cual se calcula técnicamente en este tipo de aviones en U$ 96 dólares por hora de vuelo, como incremento de caja para efectos de reparar la aeronave en circunstancias normales (buen uso, buen mantenimiento, etc.), y que es excluyente con los rubros estimados en el daño emergente. Así las cosas, para un número de horas vuelo de 2.497, el over haul sería de U$ 239.712 dólares.
“En resumen tenemos:
“Utilidad neta dejada de percibir……… U$ 499.400
“Depreciación aeronave…………….......…. 896.400
“Reserva de over haul……………………… 239.712
“Total lucro cesante…………………….U$ 1.635.512
“De acuerdo a (sic) las consultas que efectuamos con abogados, es indispensable mantener actualizada la suma de dinero objeto de indemnización. Consideramos que como el peso colombiano mantiene una constante pérdida de su valor adquisitivo frente al dólar, lo lógico es mantener invariable la suma estimada en dólares por lucrocesante (sic), más en este caso que por ser de tipo aeronáutico todos los rubros se estiman en dólares, es decir los U$ 1.635.512, al momento de efectuarse el pago en caso de prosperar las pretensiones del demandante.
“Así las cosas para el día en que efectuamos la estimación en pesos, 23 de marzo de dos mil como quedó claro en la estimación del daño emergente, la tasa representativa del dólar es de $ 1.959 pesos. Es decir que para una estimación de lucrocesante (sic) de U$ 1.635.512, su equivalente en pesos para el día antes mencionado es de tres mil doscientos tres millones novecientos sesenta y ocho mil ocho pesos (3.203.968.008) mcte.
“Total daño emergente………………………… $ 69.103.509 mcte.
................................................................................U$ 35.274.89
“Total lucrocesante (sic)..…………………….. $ 3.203.968.008 mcte.
U$ 1.635.512”
La Sala reconocerá el lucro cesante que, según el anterior dictamen pericial, sufrió el demandante con ocasión de la imposibilidad de explotación de su avioneta, pues, por un lado, se trata de un experticio rendido por inspectores de aeronavegabilidad de la Aeronáutica Civil, que cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(18), es decir, se encuentra fundamentado y razonado, las conclusiones son claras, precisas, lógicas y convincentes y, además, no fue objetado por las partes; y, por otro lado, si bien es cierto, tal como lo señaló el tribunal a quo, la avioneta HK-3467-P, que no se allegó al expediente ningún elemento que demostrara que la aeronave estaba autorizada para realizar vuelos comerciales, también es cierto que el dictamen recién mencionado no se basó en las horas de vuelo que normalmente haría una aeronave de las mismas características en determinado tiempo, sino que tuvo en cuenta las horas de vuelo durante las cuales, efectivamente, la mencionada aeronave fue explotada por parte del Estado, según surge del mismo concepto de los peritos (fl. 9, cdno. 3).
La renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 3.203’968.008) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual los peritos rindieron el dictamen pericial, esto es, 25 de agosto 2000 (índice inicial).
Ra = $ 6.199’920.779
De otra parte, el Tribunal Administrativo del Meta impuso una condena de ciento treinta millones de pesos ($ 130’000.000), a favor del señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez, por concepto de daño emergente, lo cual no fue cuestionado por ninguno de los recurrentes; por tanto, la Sala actualizará esta suma, teniendo como índice inicial el vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia y como final el que corresponde al mes anterior a la fecha de esta sentencia y aplicando la siguiente fórmula:
Ra= $ 200’786.606
Así, entonces, la suma total a reconocer por concepto de perjuicios materiales a favor de Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez es de seis mil cuatrocientos millones setecientos siete mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 6.400’707.385). Al respecto, se aclara que dicho monto no excede aquél solicitado en la fecha de la presentación de la demanda (mayo 9/95), toda vez que en esa oportunidad se pidieron, por el mismo concepto (daño emergente y lucro cesante), $ 2.194’427.392 que, actualizados, equivalen a $ 8.676’198.641, según surge de la aplicación de la anterior fórmula, así:
Ra= $ 8.676’198.641
3. Responsabilidad de Satena como llamado en garantía.
Desde el momento de la incautación (ago. 23/89), la Rama Judicial, a través del Juzgado Tercero Especializado de Villavicencio y en cumplimiento del atrás mencionado artículo 1º del Decreto 1856 de 1989, puso a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes la aeronave de matrícula HK-3467-P y éste, en virtud del Decreto 2390 de 1989(19), profirió la Resolución 500 del 16 de febrero de 1990(20), por medio de la cual la destinó provisionalmente al servicio del Ministerio de Defensa. Según se indicó en los antecedentes del acta de entrega definitiva de la aeronave, la empresa Satena(21), en cumplimiento de la Resolución 500 de 1990, recibió la aeronave el 28 de agosto de 1990; es decir, desde esta fecha y hasta el 5 de agosto de 1995 aquélla estuvo bajo su custodia.
En ese orden de ideas, comoquiera que la guarda del bien incautado estaba a cargo de Satena, a ésta le correspondía devolverlo al propietario en el mismo estado de funcionamiento y condiciones en que se encontraba al momento de ser puesto a su disposición, salvo los deterioros normales que se generaran con el paso del tiempo; sin embargo, de conformidad con el material probatorio arrimado al proceso, es evidente que Satena no cumplió con tal deber, en tanto que no adoptó medida alguna dirigida a la conservación y cuidado de la avioneta, de manera tal que ésta sufrió serios daños y un gran deterioro causado por la explotación de que fue objeto. Se recuerda que, según el acta de incautación, la avioneta tenía 66 horas de vuelo(22), mientras que para la fecha de la entrega definitiva, según el dictamen pericial, contaba con 2497 horas de vuelo adicionales(23).
Por tal motivo, se condenará a Satena a reembolsar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 80% de las sumas que estas entidades cancelen por concepto de la presente decisión.
MODIFÍCASE la sentencia del 2 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar:
1. DECLÁRANSE administrativa, patrimonial y solidariamente responsables al Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios ocasionados al demandante con la incautación y deterioro de la aeronave de matrícula HK-3467-P, de su propiedad.
2. En consecuencia, CONDÉNASE al Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar, a título de indemnización por perjuicios materiales, seis mil cuatrocientos millones setecientos siete mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 6.400’707.385), a favor del señor Jorge Eduardo Velásquez Rodríguez.
3. CONDÉNASE al Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - Satena, en su condición de llamado en garantía, a pagar a favor del Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 80% de las sumas de dinero que dichas entidades paguen al demandante, conforme a lo decidido en los ordinales anteriores.
6. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Meta cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, expediente 32800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(3) Folio 10, cdno. 1.
(4) “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.
(5) Ver sentencia del Consejo de Estado, del 16 de agosto de 2012, expediente 24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(6) “Por el cual se toman medidas encaminadas a restablecer el orden público”.
(7) Providencia del 25 de enero de 1994 confirmada el 17 de agosto del mismo año (fls. 109 a 11 y 114 a 117, cdno. 1).
(8) Folio 109, cdno. 1.
(9) Folio 116, cdno. 1.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.528
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.
(13) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285.
(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, expediente 14.307.
(15) Folio 14, cdno. 1.
(16) Folio 17, cdno. 1.
(17) Folio 8 a 13 y 74 a 75, cdno. 3.
(18) “ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso…”.
(19) “Por el cual se adiciona el Decreto Legislativo 1856 de 1989 y se dictan otras disposiciones tendientes al restablecimiento del orden público”.
(20) Folio 484 a 485, cdno. 2.
(21) Constituida en ese entonces como una Empresa Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Defensa (D. 2344/71).
(22) Folio 14, cdno. 1.
(23) “Conforme al acta de inmovilización de la aeronave HK-3467, del 23 de agosto de 1989, suscrita por el CT. Luis Alfonso Estupiñán Carvajal, dicha aeronave se encontraba con 66 horas de vuelo. Según acta de diligencia de inspección judicial efectuada sobre la aeronave, de fecha 13 de octubre de 1994, por el Juzgado 46 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, la aeronave tenía 2.563 horas de vuelo, siendo éste el único antecedente que encontramos los suscritos peritos sobre las horas voladas por la aeronave sin estar en poder del demandante, así;
“Horas detectadas en inspección judicial………………… 2.563
“Menos horas al momento de la inmovilización……….....…. 66
“Total horas voladas durante la inmovilización…………... 2.497” (fl. 9, cdno. 3).