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Timestamp: 2019-08-18 19:55:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 63', 'artículo 37', 'artículo 18', 'artículo 85', 'artículo 93', 'artículo 106', 'artículo 191', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 192', 'artículo 3', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 209']

﻿ LEY 1285 DE ENERO 22 DE 2009
LEY 1285 DE 22 DE ENERO DE 2009
CONTENIDO:RAMA JUDICIAL. SE REFORMA LA LEY 270 DE 1996 - ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN LO RELACIONADO ENTRE OTROS ASPECTOS CON LA CELERIDAD Y ORALIDAD, GRATUIDAD, MECANISMOS ALTERNATIVOS AL PROCESO JUDICIAL, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR LA RAMA JUDICIAL, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES, FUNCIONES DE LAS SALAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RÉGIMEN DE LOS JUZGADOS, INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO, MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO Y DE LA REGULACIÓN DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS, PODERES DEL JUEZ, PLAN Y MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN EN LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DEL ORDEN NACIONAL, Y CON RESPECTO A LA PERENCIÓN EN PROCESOS EJECUTIVOS, Y SE MODIFICA LA LEY 66 DE 1993, EN LO REFERENTE A LOS DEPÓSITOS JUDICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE GRUPO, ACCIÓN POPULAR, PROCESO ADMINISTRATIVO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE CELERIDAD, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, DEPÓSITO JUDICIAL, PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROCEDIMIENTO LABORAL, IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD, LEY DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1352 DE FEBRERO 15 DE 2009, PG.125
LEY 1285 DE 2009(*)
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia”.
(Nota: Véase Corte Constitucional Sentencia C-713 del 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALEY ESTATUTARIAPRINCIPIO DE CELERIDADPRINCIPIO DE ORALIDAD ART. 1º—Modifíquese el artículo 4º de la Ley 270 de 1996:
"ART. 4º—Celeridad y oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.
PAR TRANS.—Autorízase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del producto interno bruto de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión.
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPRINCIPIO DE GRATUIDADADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALEY ESTATUTARIA ART. 2º—Modifíquese el artículo 6º de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
"ART. 6º—Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASLEY ESTATUTARIAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ART. 3º—Modifíquese el artículo 8º de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:
“ART. 8º—Mecanismos alternativos. La ley podrá establecer mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIALRAMA JUDICIALLEY ESTATUTARIA ART. 4º—Modifíquese el artículo 11 de la Ley 270 de 1996:
“ART. 11.—La rama judicial del Poder Público está constituida por:
PAR. 1º—La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los tribunales superiores, los tribunales administrativos y los consejos seccionales de la judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local.
PAR. 2º—El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
PAR. 3º—En cada municipio funcionará al menos un Juzgado cualquiera que sea su categoría.
PAR. 4º—En las ciudades se podrán organizar los despachos judiciales en forma desconcentrada”.
FUNCIÓN JURISDICCIONALADMINISTRACIÓN DE JUSTICIACONTROL JURISDICCIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONALRAMA JUDICIALLEY ESTATUTARIA ART. 5º—El artículo 12 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
"ART. 12.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria.
Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”.
ART. 6º—Modifíquese el artículo 13 de la Ley 270 de 1996:
"ART. 13.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:
ART. 7º—El artículo 16 de la Ley 270 de 1996, quedará así:
SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA "ART. 16.—Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los presidentes de cada una de las Salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados.
Las Salas de Casación Civil y Agraria Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como tribunal de casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos”.
ART. 8º—El artículo 22 de la Ley 270 quedará así:
"ART. 22.—Régimen de los juzgados. Los juzgados civiles, penales, de familia, laborales, de ejecución de penas, y de pequeñas causas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria. Sus características, denominación y número serán los establecidos por dichas corporaciones.
El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que a partir del 1º de enero del año 2008, por lo menos una quinta parte de los juzgados que funcionan en las ciudades de más de un millón de habitantes se localicen y empiecen a funcionar en sedes distribuidas geográficamente en las distintas localidades o comunas de la respectiva ciudad.
A partir del 1º de enero del año 2009, el cuarenta por ciento (40%) de los juzgados que funcionan en las ciudades de más de un (1) millón de habitantes y el treinta por ciento (30%) de los juzgados que funcionan en ciudades de más de doscientos mil habitantes (200.000) deberán funcionar en sedes distribuidas geográficamente entre las distintas localidades o comunas de la respectiva ciudad.
ART. 9º—Modifíquese el artículo 34 de la Ley 270 de 1996, el cual quedara así:
"ART. 34.—Integración y composición. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 10.—Modifícase el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
"ART. 36.—De la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la corporación y estarán integradas de la siguiente manera:
PAR. TRANS.—Los nuevos despachos que por medio de esta ley se crean para la integración de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrán la misma organización y estructura que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa sección”.
ART. 11.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del capítulo relativo a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:
"ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.
PAR. 1º—La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se refiere el presente artículo también se aplique en relación con procesos originados en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará todos los aspectos relacionados con la procedencia y trámite de la revisión eventual, tales como la determinación de los plazos dentro de los cuales las partes o el Ministerio Público podrán elevar sus respectivas solicitudes; la insistencia que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección; la posibilidad de que la revisión eventual pueda concurrir con otros recursos ordinarios o extraordinarios.
PAR. 2º—La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
ART. 12.—Modifícase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adiciónase un parágrafo:
PAR.—Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo tribunal administrativo serán decididos por el correspondiente tribunal en pleno”.
ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
"ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.
ART. 14.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
"ART. 60A.—Poderes del juez. Además de los casos previstos en los artículos anteriores, el juez podrá sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o abogados, en los siguientes eventos:
3. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o injustificadamente no suministren o portunamente la información o los documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección judicial, o mediante oficio.
ART. 15.—Modifícase el artículo 63 de la Ley 270 de 1996:
"ART. 63.—Plan y medidas de descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
"ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.
PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
PAR. 2º—El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus Salas y sus secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.
PAR. 3º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la rama judicial”.
ART. 17.—Adiciónase el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 con los siguientes numerales:
ART. 18.—Modifíquese el siguiente parágrafo al artículo 93 de la Ley 270 de 1996:
PAR.—Los magistrados auxiliares del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura podrán ser comisionados para la práctica de pruebas para adoptar decisiones relacionadas con asuntos de trámite o sustanciación para resolver los recursos que se interpongan en relación con las mismas”.
ART. 19.—El artículo 106 de la Ley 270 de 1996, quedará así:
“ART. 106.—Sistemas de información. Con sujeción a las normas legales que sean aplicables, el Consejo Superior de la Judicatura debe diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento unos adecuados sistemas de información que, incluyan entre otros, los relativos a la información financiera, recursos humanos, costos, información presupuestaria, gestión judicial y acceso de los servidores de la rama, en forma completa y oportuna, al conocimiento de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como internacionales.
ART. 20.—Modifíquese el artículo 191(sic) de la Ley 270 de 1996, de la siguiente manera:
“ART. 191(sic).—Los dineros que deban consignarse a órdenes de los despachos de la rama judicial de conformidad con lo previsto en la presente ley y en las disposiciones legales vigentes se depositarán en el Banco Agrario de Colombia en razón de las condiciones más favorables en materia de rentabilidad, eficiencia en el recaudo, seguridad y demás beneficios a favor de la rama.
PAR.—Facúltese al juez de la causa para que a través del trámite incidental ejecute la multa o caución dentro del mismo proceso”.
(Nota: Véase Resolución 1185 de 2014 artículo 1° de la Superintendencia Financiera de Colombia)
(Nota:Véase Ley 1743 de 2014 artículo 8°)
ART. 21.—Modifíquese el artículo 192, de la siguiente manera:
"ART. 192.—Créase el Fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia, como una cuenta adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, integrado por los siguientes recursos:
PAR. 1º—El fondo no contará con personal diferente al asignado a la dirección ejecutiva y a la Sala Administrativa. Para su operación se podrá contratar a una institución especializada del sector financiero o fiduciario.
PAR. 2º—Cuando se trate de condenas contra el Estado o entidades oficiales, el pago se realizará una vez se haga efectiva la sentencia. La entidad respectiva hará la retención pertinente y girará la suma al fondo dentro de los diez días siguientes.
PAR. 3º—Las personas y particulares que realicen aportes al fondo a título de donación tendrán los beneficios fiscales que determine la ley”.
(Nota:Véase Ley 1743 de 2014 artículo 3°)
ART. 22.—Artículo nuevo. Habrá un artículo 209 Bis de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
"ART. 209 Bis.—Aplicación gradual de las políticas judiciales. Los planes y programas de descongestión, la creación y funcionamiento de los jueces administrativos, de los jueces de plena jurisdicción, se hará en forma gradual y en determinadas zonas del país, de acuerdo con las necesidades de la administración de justicia determinadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PAR.—Se implementará de manera gradual la oralidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal consistente con el marco fiscal de mediano plazo”.
ART. 23.—Adiciónase el artículo 209A.
ART. 24.—Adiciónase el artículo 209B.
Créase una Comisión del proceso oral y justicia pronta, integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, quien la presidirá; los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; un senador y un representante a la Cámara miembros de las comisiones primeras, elegido por las respectivas comisiones constitucionales; dos representantes de la academia y un representante de la sociedad civil, vinculados a los temas de la administración de justicia, para tratar, entre otras, las siguientes materias: procesos orales y por audiencias en todos los órdenes de la jurisdicción; un estatuto general de procesos judiciales que los unifique y simplifique, a excepción del proceso penal; proyectos de desjudicialización y asignación de competencias y funciones a autoridades administrativas y a particulares habilitados para ejercer funciones públicas. La secretaría técnica quedará en cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de a Judicatura.
ART. 25.—Artículo nuevo. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas.
ART. 26.—Deróguense los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley 66 de 1993, 203 de la Ley 270 de 1996, y las demás normas que le sean contrarias.
ART. 27.—Para la financiación de los costos que demanda el cumplimiento de la presente ley, la rama judicial hará los ajustes presupuestales internos a que haya lugar.
ART. 28.—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de enero de 2009.