Source: http://www.discursoydebate.com/el-primer-clavo-al-ataud-de-la-prohibicion/
Timestamp: 2017-12-14 00:12:46
Document Index: 272785545

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 368', 'artículo 370', 'artículo 378', 'artículo 396', 'artículo 380', 'artículo 382', 'artículo 479', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 29']

El primer clavo al ataúd de la prohibición | Discurso y Debate
Debate principalMéxico Author:	DyDac - noviembre 9, 2015
Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga María Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz protagonizaron la sesión histórica en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo que permite a cuatro ciudadanos la siembra, el cultivo, la cosecha y la posesión de marihuana con fines recreativos.
El proyecto del Ministro Zaldívar fue aprobado por cuatro votos, hubo uno en contra.
> ¿El Estado Tiene Derecho de Decidir lo que Cada Uno de Nosotros Puede Hacer en su Vida Privada?
Discusión de los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Amparo en Revisión 237/2014. Sesión pública ordinaria del 4 de noviembre de 2015:
La sesión pública inició a las 13:25 horas. Foto: SCJN.
La Secretaria de Estudio y Cuenta:
Asunto número 11 Amparo en Revisión 237/2014. Quejosos: **********
Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a los quejosos, personas físicas, en contra de las autoridades, normas y actos precisados en la presente sentencia.
Tercero. La justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa, persona moral, en contra de las autoridades y actos precisados en el primer párrafo de la sentencia.
Cuarto. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.
El Ministro Presidente ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Señor Ministro Pardo Rebolledo.
El Ministro JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO: Gracias señor Ministro Presidente. Quisiera exponer de manera muy breve las razones por las que no comparto el sentido del proyecto.
Desde luego, iniciando con un reconocimiento para el trabajo de la ponencia del señor Ministro Zaldívar y para él en lo personal.
Me parece que su proyecto ha dado lugar a un gran debate sobre un tema que desde luego vale la pena discutir.
Entiendo que en el presente caso el juicio de amparo se presenta en contra de una negativa por parte de la autoridad administrativa a la autorización de diversas conductas con base en una solicitud presentada por los quejosos.
El Ministro Jorge Mario Pardo al exponer su voto en contra. Foto: SCJN.
El primer punto es que hay la solicitud de amparo por parte de cuatro quejosos personas físicas y también como representantes de una persona moral.
El proyecto propone negativa de amparo por lo que hace a la persona moral y concesión de amparo por lo que hace a las cuatro personas físicas.
Se solicita —decía yo— que se autorice por parte de la autoridad competente, diversas conductas que se estiman indispensables para garantizar el autoconsumo del estupefaciente conocido como “marihuana”.
Y dentro de estas conductas, cuya autorización se solicita, se omite incluir la relativa a la adquisición o a la manera como debiera adquirirse la “marihuana” o la “semilla de la marihuana” para proceder a la siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte y finalmente consumo personal con fines lúdicos o recreativos.
También me parece oportuno precisar que en este caso no está a debate el uso medicinal de la “marihuana” sino exclusivamente la autorización para fines recreativos o lúdicos.
“Existe un obstáculo previo que, desde mi punto de vista, impide entrar al análisis de la violación que se alega, porque insisto, se incluyen en la solicitud diversas conductas pero no la relativa a la adquisición”
Bajo esa perspectiva, considero que existe un obstáculo previo que, desde mi punto de vista, impide entrar al análisis de la violación que se alega, porque insisto, se incluyen en la solicitud diversas conductas pero no la relativa a la adquisición, de hecho, en la solicitud que da pie a todo este procedimiento, se manifiesta de manera expresa que no se incluye el comercio dentro de la petición de autorización.
La Asociación de Padres de Familia se manifestó afuera de la Corte en contra del proyecto del Ministro Zaldívar el 28 de octubre, fecha en que inicialmente se iba a discutir el asunto. Foto: Discurso y Debate.
Así es que mi cuestionamiento es cómo podría garantizarse el ejercicio de este derecho al consumo recreativo de la marihuana, es decir, cómo podría garantizarse el ejercicio de ese derecho sin incluir el primer paso de este proceso, que se señala ahí para el autoconsumo, de dónde se va a adquirir la semilla o el estupefaciente para, a partir de ahí, iniciar las siguientes conductas que se solicitan.
El proyecto propone, desde luego, conceder el amparo con base en declarar inconstitucionales los preceptos de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta en relación con autorización respecto de diversas
conductas relacionadas con la marihuana, pero insisto en mi punto, cómo podría garantizárseles el ejercicio de ese derecho como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, si el presupuesto o la parte inicial de esta cadena de autoconsumo sigue estando prevista como delito por el Código Penal Federal, que es la adquisición en su caso de la semilla o del estupefaciente.
No se incluye la adquisición dentro de la solicitud de autorización y, en esa medida, el acto inicial de ese proceso para garantizar el autoconsumo estaría penado por nuestra ley penal porque al no contarse con autorización respectiva, la conducta sería típica y sería prevista como delito.
Yo digo: cómo podría garantizarse este derecho, si el acto inicial para el ejercicio del mismo aún sigue siendo considerado como delito, por no haberse incluido en la solicitud de autorización. Este aspecto a mí me lleva a la conclusión de que no es posible pronunciarse sobre la eficacia de los argumentos que se plantean, en virtud –insisto– de que fue excluida la conducta de la adquisición: ¿Dónde se va a adquirir la droga? ¿A quién o de quién se va a adquirir?
Tendría que haberse establecido una regulación adecuada para garantizar esa adquisición y entonces, a partir de ahí, garantizar las siguientes conductas respecto del autoconsumo, y yo, por este aspecto inicial –insisto– no puedo coincidir con la concesión del amparo, no necesariamente porque no comparta los razonamientos del proyecto sino porque hay una cuestión previa, una cuestión inicial que, desde mi punto de vista, impide –en caso de que proceda– la restitución al ejercicio del derecho que se estima violado.
Por esta razón no comparto la concesión de amparo que propone el proyecto respectivo. Gracias señor Ministro Presidente.
El Ministro Presidente: Al contrario. Señora Ministra Sánchez Cordero.
La Ministra OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias señor Ministro Presidente. En primer lugar –como lo ha señalado el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo– también me uno a externar mi reconocimiento por la labor y por lo que ha implicado para el señor Ministro ponente, para el equipo de sus colaboradores, el estudio, la preparación del proyecto que ahora nos presenta. Me uno también –como lo ha hecho el Ministro Pardo– a este reconocimiento, señor Ministro.
La Ministra Olga Sánchez al exponer que votaría a favor. Foto: discurso y Debate.
En el caso, para mí no se trata de un asunto penal, se trata de la libertad de la persona, de la posibilidad que tiene una persona, de la elección, del destino y del modelo de vida que esta persona desea dentro del marco del derecho.
Al igual que como quienes se han expresado, cabe reiterar que el presente asunto parte de la negativa de la Secretaría de Salud, así lo acaba de mencionar el señor Ministro Pardo, a otorgar autorización a los recurrentes para el empleo de un cannabis con fines lúdicos y recreativos, insisto, no deriva de una cuestión penal en la que se esté analizando una sanción de naturaleza penal.
Si bien se estudia la constitucionalidad de la Ley General de Salud en diversos preceptos relacionados con el empleo del estupefaciente que yo comparto, es en el marco del sistema de prohibiciones administrativos que tales artículos han establecido.
“Este Alto Tribunal ha reconocido el justo alcance de la libertad de la persona para decidir diversas cuestiones tales como la reasignación sexual, tales como el aborto incausado, tales como el matrimonio igualitario; en todos ellos se ha puesto de manifiesto el reconocimiento de diversas formas en que las personas deciden llevar el rumbo de sus vidas”
En este orden de ideas, comparto y suscribo las consideraciones de la consulta, puesto que ellas son el resultado de una larga trayectoria de precedentes en los que este Alto Tribunal ha reconocido el justo alcance de la libertad de la persona para decidir diversas cuestiones tales como la reasignación sexual, tales como el aborto incausado, tales como el matrimonio igualitario; en todos ellos se ha puesto de manifiesto el reconocimiento de diversas formas en que las personas deciden llevar el rumbo de sus vidas asumiendo elecciones que por más que puedan ser bajo una óptima moral cuestionadas a la mejor por la sociedad, encuentran una protección jurídica por su carácter de derechos humanos, su asidero constitucional y también en los tratados internacionales, pero especialmente por su propia naturaleza y la razonabilidad dentro del contexto social.
Así, me parece de lo más acertado y preciso el análisis de proporcionalidad que el proyecto realiza bajo un justo balance con una visión sumamente objetiva, como el caso lo ha requerido.
Especialmente comparto la consulta, en cuando a que la medida es desproporcionada en virtud de que genera una protección mínima a la salud y al orden público frente a la intensa intervención del derecho a las personas para decidir qué actividades lúdicas desean realizar.
Activistas que defienden el consumo de marihuana también acudieron a la Corte el 28 de octubre. Foto: Discurso y Debate.
Por tales razones, mi posición es con el sentido, con las consideraciones del proyecto, así también como con los efectos mismos que atienden a los quejosos y exclusivamente para fines lúdicos y recreativos por lo que no tiene el alcance de autorización para actos de comercio, tampoco para suministro, enajenación o distribución de la sustancia materia del presente asunto, sólo atienden a los quejosos y exclusivamente para fines lúdicos y recreativos.
En estos términos no me reservo ningún voto concurrente, en estos términos estaría de acuerdo con el proyecto con las consideraciones y también como lo señalaba obedecen a la construcción que este Tribunal Pleno ha venido haciendo ya durante muchos años sobre libertades y desarrollo de la personalidad de todas las personas. Gracias.
El Ministro Presidente: Señor Ministro Cossío.
El Ministro JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente, también me quiero sumar a las felicitaciones al señor Ministro Zaldívar y a su equipo de trabajo por este interesante proyecto.
José Ramón Cossío fue el tercer Ministro en participar en la discusión. A la derecha, Arturo Zaldívar, autor del proyecto. Foto: SCJN.
“La experiencia de los últimos 50 años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que por lo mismo la misma requiere un cambio”
La experiencia de los últimos 50 años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que por lo mismo la misma requiere un cambio, sin que haya disminuido la prevalencia de las adicciones en el mundo ni en nuestro país, es claro que la política que limite el acceso a sustancias controladas, ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada, ha lastimado tanto a comunidades como a individuos y ha generado un mercado negro de millones de dólares afectando con todo ello los derechos humanos y la salud de la población mundial y nacional.
En estas circunstancias, urge un debate amplio, incluyente e informado que lleven a cabo todas las autoridades del Estado Mexicano y a la sociedad a replantearse el modelo de aproximación al fenómeno del consumo y la producción de las drogas.
Estoy seguro, que ninguno de los aquí presentes, ni aun los más favorables a la legalización de las drogas, pretenden que ésta se lleve a cabo sin la apropiada regulación.
El proyecto que está sometido a nuestra consideración, nos plantea como pregunta a responder si la negativa de la autoridad administrativa para emitir una autorización a cuatro individuos a fin de que siembren, cultiven, cosechen, preparen, posean y transporten el estupefaciente conocido como Cannabis y el psicotrópico THC para su uso lúdico y recreativo es o no violatorio de sus derechos humanos.
Partiendo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el proyecto propone analizar la proporcionalidad de la medida legislativa que prohíbe realizar diversas actividades relacionadas con la producción y el consumo de mariguana, para concluir que tal medida, no es innecesaria al existir medios alternativos igualmente idóneos que restringen menos el derecho, sino que además es desproporcionada en sentido estricto, toda vez que genera una protección mínima a la salud y al orden público, frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.
Quienes defienden el uso de la marihuana aprovecharon para fumarse un churro. Foto: Discurso y Debate.
Si bien llego a coincidir en que la negativa a otorgar la autorización administrativa a los quejosos resulta violatorio de sus derechos, específicamente de su autonomía personal, difiero de la metodología utilizada para ello, así como de los alcances de los efectos propuestos.
Estoy convencido que nuestra resolución debe conllevar efectos mayores y más específicos, así como hacerse cargo de las medidas necesarias para una concesión integral del amparo. Es más, me parece que de no prever medidas exhortativas de carácter estructural, lejos de estar protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos, los estaríamos poniendo en riesgo.
Me explico: en primer lugar, y toda vez que nuestra decisión implica un pronunciamiento general sobre la política nacional en materia de drogas en las que están involucrados diversos temas, tales como la afectación a la salud de los individuos, la salud pública, el orden público, la violencia, la delincuencia y la corrupción, hubiera sido deseable acudir al conocimiento técnico y científico especializado de manera formal, así como escuchar las opiniones de diversos sectores.
Este modo de proceder lo ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ocasiones anteriores, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en los Acuerdos Generales Plenarios 10/2007, por el que se establecen los Lineamientos Para La Comparecencia de Especialistas y 2/2008 en el que se establecen los Lineamientos Para La Celebración de Audiencias Relacionadas Con Asuntos Cuyo Tema Se Estime Relevante, de Interés Jurídico o de Importancia Nacional.
El Ministro Cossío también es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Foto: Discurso y Debate.
Fue con base en dichos acuerdos que el Tribunal Pleno se allegó de conocimientos especializados y escuchó a la opinión pública en asuntos de relevancia y trascendencia, tales como los relativos a la interrupción del embarazo, ciertos aspectos vinculados con las telecomunicaciones y el sistema de deducciones tributarias conocidos como “costo de lo vendido”.
Recordemos que en las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las leyes que autorizaban la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, un tema particularmente sensible para ciertos sectores de la sociedad mexicana, se realizó un ejercicio amplísimo con la finalidad de que este Alto Tribunal se allegara de la mayor y mejor información posible sobre el tema debatido.
En materia de salud, se requirió a la Secretaría de Salud misma, al IMSS, al ISSSTE y a los institutos o secretarías del ramo de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como al Consejo Nacional de Población.
En materia de administración de justicia se requirió a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y del Distrito federal, a las Procuradurías Generales de Justicia de todas las entidades federativas y del Distrito Federal, a los Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal y Mixta y a los magistrados de tribunales unitarios de circuito y jueces de distrito en las mismas materias.
Asimismo, se ordenó el desahogo de diversas pruebas periciales médicas, bioquímicas y biológicas a cargo de expertos de la Universidad Nacional, del Instituto Politécnico Nacional e incluso de la Universidad Nacional de Colombia; además, se celebraron diversas sesiones de comparecencia, a fin de que asociaciones, agrupaciones y particulares manifestaran sus ideas en audiencias públicas.
Tal ejercicio involucró la participación de aproximadamente ochenta personas de muy distinto origen, formación ideológica, incluso se creó un micro sitio en la página electrónica de la Suprema Corte, de acceso directo al público, con todo el material documental y audiovisual recibido y generado en relación con el asunto.
Desde mi perspectiva, haber realizado respecto del tema de la legalización de la marihuana un ejercicio como el que acabo de mencionar, con la intervención de todos los actores relevantes y de la opinión pública, hubiera permitido esta Suprema Corte no sólo resolver este caso concreto, sino constituirse en el foro nacional para la discusión y futura implementación de una política integral en materia de drogas.
“Al colocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad como premisa mayor de todo el argumento, elimina cualquier posibilidad de intervención estatal”
Un segundo aspecto metodológico que no comparto del proyecto, es que al colocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad como premisa mayor de todo el argumento, elimina cualquier posibilidad de intervención estatal cuando estamos frente a una sustancia que produce una afectación no tan grave en la salud de las personas, como el propio proyecto lo dice.
En la lógica propuesta, no se entiende por qué se requeriría una autorización administrativa para realizar las actividades relacionadas con su consumo, las cuales deberían considerarse siempre permitidas y sin posibilidad alguna de límite.
“Lo que resulta desproporcionado, es que el Estado pretenda utilizar el derecho penal para proteger el derecho a la salud y el orden público”
No coincido en que el Estado aplique su facultad regulatoria simplemente porque una sustancia no sea tan dañina. La obligación constitucional es garantizar positivamente el derecho a la salud, lo que resulta desproporcionado, y en esto concuerdo con el proyecto, es que el Estado pretenda utilizar el derecho penal para proteger el derecho a la salud y el orden público; sin embargo, ello no puede traducirse en un coto vedado para la acción estatal.
Mampara colocada por activistas afuera del edificio de la Suprema Corte. Foto: Discurso y Debate.
En otras palabras, el que el consumo de ciertas sustancias se encuentre permitido no tiene como consecuencia que el Estado esté impedido para regular las conductas asociadas a tal consumo, y prevenir, atender o tratar sus efectos. Si bien el proyecto acepta que las campañas de información y las estrategias de salud pública serían más efectivas que la prohibición misma, al final su construcción argumentativa se centra exclusivamente en la no intromisión estatal frente a las libertades individuales, lo cual –insisto– imposibilita asumir y desarrollar un enfoque de salud pública, indispensable para proteger debidamente los derechos humanos de la población, en general, y el derecho a la salud, en particular.
Asimismo, me preocupa que conforme a la argumentación del proyecto, el único valor a tomarse en cuenta para evaluar la proporcionalidad medida legislativa sea la magnitud del daño generado. Me parece –con todo respecto- que el grado de afectación no es el único criterio que el legislador puede tomar en cuenta, legítimamente para regular una sustancia.
Además, de lo que el proyecto denomina “magnitud del daño”, el legislador puede tomar en cuenta, por ejemplo, las posibles formas de uso y abuso, las posibilidades legales y fácticas de combatir el abuso con éxito; las costumbres de la sociedad, el marco de cooperación internacional para el control y la lucha en contra de las drogas, y de manera muy relevante: la incidencia de la delincuencia organizada que participa en su comercialización.
En este sentido, soy de la opinión que cerrar la discusión a la oposición de libre desarrollo de la personalidad y la magnitud del daño que genera el consumo de ciertas sustancias, es una simplificación de un problema que representa el análisis de la política estatal en materia de drogas, y deja al Estado en una pobre posición para generar la regulación que garanticen los derechos humanos de la población a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables, tal como lo mandata el artículo 1º constitucional.
Tampoco me convence la comparación que realiza el proyecto entre la marihuana con el tabaco y el alcohol, me parece que cada sustancia debe ser regulada conforme a sus especificidades y que, de hecho, sería plenamente justificado a la luz de la Constitución, darle un tratamiento diferenciado a cada una de ellas.
Contrariamente a lo que sostiene el proyecto, el que el tabaco y el alcohol se encuentre regulados y no prohibidos, no se sigue en automático que deba autorizarse la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de la marihuana, máxime que una traslación así obligaría también así aceptar su venta y comercialización, pues no habría justificación para negarlas si el tabaco y el alcohol se venden y comercializan.
En suma, si bien estoy de acuerdo con los resolutivos del proyecto, me parece que el camino propuesto para llegar a ellos resulta problemático y carece del componente fundamental que debiera acompañar una resolución, como la que hoy fallamos; esto es, el enfoque de salud pública, pues la autorización de las sustancias necesariamente conlleva su regulación a partir del eje central de la salud pública.
El Abogado Andrés Aguinaco, uno de los cuatro quejosos y beneficiario del amparo (aunque no fuma marihuana), estaba confiado en que los Ministro fallarían a su favor. Foto: Discurso y Debate.
Por otro lado, el proyecto –como sabemos, me voy a referir ahora a los efectos– propone declarar la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, para el efecto de que la Secretaría de Salud expida a los cuatro quejosos la autorización a la que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la referida ley, para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos, esto es: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar en relación exclusivamente con el estupefaciente cannabis y el sicotrópico DHC, sin que ello implique la autorización –ya lo decía hace un momento el señor Ministro Pardo– para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias.
Quiero llamar la atención en que el proyecto no se refiere a una alternativa de despersonalización general de las conductas relacionadas con la marihuana; únicamente se refiere a la posibilidad de autorizar a los cuatro quejosos que aquí han solicitado un amparo para la realización de las conductas relacionadas con el uso lúdico recreativo de la marihuana.
Las autorizaciones que se pretenden otorgar, no hacen entonces ninguna diferencia para todos aquellos individuos que en el pasado realizaron idénticas conductas, y por lo mismo, se encuentran ya privados de su libertad.
Tampoco permiten la realización de las conductas señaladas por aquellas personas que no tengan el permiso de la autoridad sanitaria responsable, esto es, y en términos de los efectos propuestos en el proyecto para la realización de las conductas indicadas, sería necesario, además de la solicitud de la autorización, la obtención de un amparo por cada individuo consumidor y hasta que en tanto la autoridad legislativa no modifique las disposiciones legales prohibicionistas, los sujetos que no cuenten con las autorizaciones correspondiente, podrán ser eventualmente procesados.
Es por todo ello, que de la manera más franca y respetuosa, no coincido con los alcances de los efectos propuestos. No podemos otorgar una autorización abierta a los quejosos, sin acompañarla de lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de drogas.
El hecho de que no existe evidencia científica concluyente sobre el grado de afectación que cause el consumo de la marihuana –como el propio proyecto lo reconoce– no nos permite considerarla como una sustancia inocua; de ahí que tengamos frente a nosotros un reto enorme en términos de salud pública.
No hay que perder de vista que a nivel mundial la permisión y descriminalización del uso recreativo a la marihuana se ha dado mediante procesos de deliberación democrática y en el seno de congresos y parlamentos.
Los cuatro casos que cita el propio proyecto, esto es, el de los Estados de Colorado y Washington de los Estados Unidos de América, los Países Bajos y Uruguay, han sido producto de amplios procesos legislativos acompañados de la implementación de políticas públicas (inaudible).
Si bien las causas, procesos de implementación, regulación y consecuencia varían de país en país, un elemento común es que dichas medidas se han dado en un marco regulatorio, fuerte, ordenado, integral y consensado democráticamente, pongamos un par de ejemplos: en el caso específico de Uruguay, si bien estaba permitido el consumo personal desde mil novecientos setenta y cuatro, fue hasta dos mil once que se llevó a cabo el primer debate para la permisión del cultivo de marihuana, en el cual el Parlamento Uruguayo discutió la posible despenalización del cannabis y la reforma de la penalización para quienes comercian con dicho producto. Este debate no sólo tuvo resonancia legislativa sino que el sector social, medios nacionales e internacionales participaron y apoyaron dichas medidas.
Francisco Torres Landa, abogado y beneficiario del amparo (aunque no fuma marihuana), señaló que la sociedad está dividida porque hemos vivido en un adoctrinamiento y una desinformación sobre los efectos reales de las drogas. Foto: Discurso y Debate.
En 2013, el Senado Uruguayo aprobó la ley 19.172, mediante la cual se reguló la producción, distribución y venta de cannabis; con esto se estableció que era el Estado quien asumiría el control y regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. Uno de los móviles o fuerzas motivantes de dicha ley, fue la de proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio legal y el narcotráfico. Con este primer ejemplo, quiero destacar que la legalización de la marihuana en Uruguay no se dio como medida aislada sino en el marco de un proceso regulatorio integral.
Por su parte, el Estado de Colorado convocó a una iniciativa popular en 2012, en la que los ciudadanos votaron a favor de la enmienda sesenta y cuatro que reformó la Constitución del Estado, permitiéndose el uso recreacional de la marihuana así como su cultivo comercial y venta.
Este esfuerzo ciudadano tampoco se plasmó como algo aislado, ya que posteriormente a la aprobación de la citada enmienda, el gobernador del Estado firmó un decreto mediante el cual creó un grupo especial encargado de analizar todos los temas relacionados con las políticas públicas y regulaciones de la misma. Este grupo especial tiene la encomienda de entregar cada determinado tiempo un reporte por la implementación y las medidas que se considera deben ser tomadas por el gobierno del Estado al respecto.
Así, lo que inicio a través de un proceso de democracia directa, se reforzó por una política integral del Estado, que busca darle respuesta efectiva a las decisiones de la población.
Contrariamente a las experiencias relatadas, el día de hoy nuestra sentencia está dando inicio a un proceso a la inversa, pues previo a la construcción de un marco regulatorio, se están otorgando autorizaciones administrativas con fundamento en una resolución jurisdiccional.
Ello conlleva una enorme responsabilidad para este Alto Tribunal, por eso me parece que nuestra sentencia debiera precisar de mejor manera posible, no sólo los efectos concretos sino también medidas exhortativas de carácter estructural.
Desde mi perspectiva, esto es técnicamente posible, ya que la nueva Ley de Amparo así lo prevé, y la Constitución así nos lo mandata.
En efecto, los artículos 74, fracción V, 77 y 78, último párrafo de la nueva Ley de Amparo, imponen los juzgadores federales la obligación de establecer no sólo los efectos en que se traduce la concesión de amparo, sino también las medidas adicionales a la inaplicación de las normas declaradas inconstitucionales para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado, esto, en consonancia con el artículo 1º de la Constitución que obliga a todas las autoridades a reparar las violaciones a los derechos humanos.
El importante cambio llevado a cabo en la nueva Ley de Amparo nos ha despojado del carácter de meros legisladores negativos y nos ha impuesto atribuciones propias de un auténtico tribunal constitucional encargado de la más amplia protección de la Constitución y los derechos humanos.
En el sistema interamericano, la Corte ha sido enfática al interpretar que la obligación de reparación contenida en el artículo 63.1 de la Convención, entraña el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y a contribuir a su prevención.
Sobre este punto, puede verse lo resuelto en diversos casos: Cinco pensionistas Vs el Perú, o Bulacio Vs Argentina, por ejemplo.
En un caso como el que hoy analizamos, francamente nos quedaríamos cortos si nos limitáramos a fijar los efectos tradicionales del juicio de amparo.
No olvidemos que nuestra resolución introduce una modificación sustancial en la política estatal en materia de drogas.
En razón de lo anterior, y a fin de prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como tribunal constitucional —me parece— tenemos la obligación de identificar y exhortar a las autoridades del Estado a adoptar las medidas legales administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de los gobernados.
Integrantes del PRD, como Jesús Ortega, también se manifestaron el 28 de octubre. Foto: Discurso y Debate.
Sobre el particular, la Corte Interamericana ha señalado que dicho actuar es el adecuado para cumplir con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos desde el caso Velázquez Rodríguez Vs Honduras, hasta casos recientes como Artavia Murillo Vs Costa Rica o Cruz Sánchez Vs El Perú. Dicha obligación de reparar no debe ser extraña para el Estado Mexicano.
La Corte Interamericana, en todos los casos contenciosos en los que México ha sido condenado, ha ordenado la adopción de medidas de no repetición con el objeto de reparar integralmente el daño causado por las violaciones de derechos humanos en cada situación.
Así, se le ha ordenado a nuestro país modificar la legislación en materia de acceso a la justicia electoral; en el Caso Castañeda Gutman, fortalecer las capaces institucionales del Estado mediante la capacitación de funcionarios de las fuerzas armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos; en Fernández Ortega y Rosendo Cantú, realizar reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar; en el caso Radilla Pacheco, fortalecer el funcionamiento y utilidad del marco del registro de personas detenidas en el país; en el caso de Cabrera García y Montiel Flores; y finalmente, capacitar a operadores de justicia para que puedan identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura; en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre.
No pretendo sostener que lo resuelto por los tribunales constitucionales de otros países nos resulte vinculante, sino simplemente quiero ilustrar que los conflictos planteados ante este tipo de órganos, han generado soluciones como las que actualmente nos otorga nuestro orden jurídico y que son fácilmente recordables por todos nosotros en los casos de Colombia, Sudáfrica, India, Costa Rica y Argentina, por ejemplo.
En mérito de lo expuesto, considero que el día de hoy debemos atender a dos dimensiones de los efectos y medidas propios de la concesión del amparo: La primera corresponde al caso concreto que efectivamente se traduce en el otorgamiento de una autorización administrativa específica para los quejosos; la segunda dimensión, mucho más relevante, pues a través de ella podemos emitir una sentencia exhortativa de carácter estructural que posibilite la creación de una política pública integral en materia de drogas.
Me referiré primeramente a la propuesta de efectos adicionales concretos para fortalecer el amparo otorgado a los cuatro quejosos.
Por lo que hace a los efectos propuestos por el proyecto, y bajo la lógica de lo pedido por los quejosos, no podemos limitarnos a señalar que deben otorgarse autorizaciones, sino que desde aquí debemos tratar de modular la actuación de la autoridad sanitaria administrativa, en este caso la Cofepris.
Los Ministros Sánchez y Pardo durante la sesión pública. Foto: SCJN.
No hacerlo así, implicaría dejar a la autoridad con un amplio margen de discrecionalidad que finalmente impediría el cabal cumplimiento de lo que se le está ordenado en la sentencia, además de que complicaría enormemente el funcionamiento de este órgano.
Al respecto, es importante hacer notar que la sentencia implica el otorgamiento de autorizaciones que hasta el momento Cofepris no podría conceder por no estar reguladas de manera expresa en sus facultades; por ello, es necesario señalar que en el fallo, ciertos lineamientos generales que podría seguir dicha autoridad a partir de lo previsto en la Ley de Salud, Título Décimo Sexto y Décimo Séptimo, relativos a “Autorizaciones y certificados” y “Vigilancia sanitaria”, respectivamente.
Desde mi punto de vista, sólo así se reparará de manera efectiva a los quejosos en el goce de sus derechos, al dotarlos de un marco jurídico certero que satisfaga la seguridad jurídica.
Así, conforme al artículo 368 de la Ley General de Salud, Cofepris deberá otorgar una autorización sanitaria, mediante la cual permita a los quejosos la realización de los actos relacionados con el autoconsumo personal con fines recreativos, insisto, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC”.
Dicha autorización deberá ser otorgada por tiempo indeterminado, en términos del artículo 370, en el entendido de que la misma podrá ser revocada si se incurre en alguno de los casos que la propia sentencia de amparo señala como no permitidos tales como comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias.
De acuerdo con el artículo 378, esta autorización podrá ser revisada por las autoridades sanitarias competentes a través de las visitas de verificación previstas en el artículo 396, fracción I, y 396 bis del mismo ordenamiento legal.
La referida autoridad sanitaria podrá revocar las autorizaciones en diversos supuestos, por ejemplo, cuando el ejercicio de las medidas exceda los límites fijados o se dé un uso distinto a ésta; en caso de que el autorizado desacate de manera reiterada las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos de su autorización, o haga un uso indebido de ésta, en el supuesto de que los objetos o productos dejen de reunir las condiciones o requisitos bajo los cuales se haya otorgado la autorización, o cuando lo solicite el interesado, todo ello en términos de lo previsto en las fracciones II, III, V, IX, X y XI del artículo 380 de la Ley General de Salud, y otorgando la garantía de audiencia, desde luego, establecida en el artículo 382 para que los interesados ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga.
Otro fumador que acudió se manifestó frente a la Corte el 28 de octubre. Foto: Discurso y Debate.
La segunda dimensión a la que me quiero referir es a una propuesta de sentencia exhortativa de carácter estructural que me parece podría recoger el proyecto.
En lo tocante a la segunda dimensión, necesaria de esta sentencia, y con fundamento en los artículos 1º de la Constitución, 74, fracción V, 77 y 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, estimo que los efectos de la resolución que hoy se propone deben incluir —como mínimo— lo siguiente:
“Revisar el modelo prohibicionista, a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública”
Primero, exhortar a todas las autoridades del Estado mexicano involucradas en la política pública nacional en materia de drogas, a revisar el modelo prohibicionista, a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública, así como para ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos delos consumidores y no consumidores.
Este ejercicio implica involucrar al menos a las siguientes autoridades:
“Exhortar al Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus atribuciones realice una revisión de todos los ordenamiento legales relacionados con la política prohibicionista del Estado en materia de drogas”
En cuanto al Poder Legislativo. Exhortar al Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus atribuciones realice una revisión de todos los ordenamiento legales relacionados con la política prohibicionista del Estado en materia de drogas; por ejemplo, tiene que considerar la modificación de la Ley General de Salud, concretamente los artículos 234, 237, 245, 247, 248, 456, 474, 478 y 479 de dicho ordenamiento, con el fin de hacer posible la permisión para el uso lúdico de la “marihuana” como conducta excluyente del delito, con particular relevancia, que las acciones de siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la “marihuana” para fines lúdicos, no pueden estar sujetas a los límites estrictos de la cantidad de 5 gramos establecida en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, prevista en el artículo 479 del aludido ordenamiento.
En caso de que en el nuevo marco legal se estimara necesaria la tramitación de una autorización para realizar estas actividades, se requeriría revisar también los Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a Autorizaciones y Vigilancia Sanitaria.
Debiéramos exhortar también para que respecto del Código Federal Penal, el Congreso modifique los artículos 194, 195, 195 Bis, fracción II, a efecto de incorporar la delimitación de las conductas que comprenden el uso lúdico de la marihuana, a fin de que no pueda ser objeto de persecución penal. Asimismo, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, modificar el artículo 2°, fracción I, para ser congruente el sistema normativo penal y comprender, como excluyente del delito, el uso de la marihuana para fines lúdicos en los términos precisados.
La Ministra Olga Sánchez durante su intervención. Foto: SCJN.
Convendría considerar también –bajo el paradigma de la permisión– la expedición de una ley para regular la producción, consumo, control y vigilancia de dichas sustancias, en la que se determinen cuestiones tales como la cantidad de plantas de cannabis que una persona pueda sembrar para su consumo personal, y los espacios propicios en los que se podrá llevar a cabo el propio autoconsumo.
Adicionalmente, debemos exhortar al legislador a revisar las normas jurídicas que regulan la concesión de los beneficios para el cumplimiento alternativo anticipado de las penas, ello, con el fin de suprimir como requisito para su otorgamiento, la prohibición de consumir el estupefaciente marihuana, ya sea en términos estrictamente lúdicos o porque el sentenciado tenga el carácter de farmacodependiente, restricción que actualmente está reflejada en los artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), del Código Penal Federal.
Finalmente, debemos exhortar a la Cámara de Diputados para que habrá de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, implemente las medidas presupuestarias con el fin de incrementar los recursos necesarios a las autoridades competentes en materia de prevención y control de adicciones. Es importante hacer notar que en el proyecto que se encuentra sometido a aprobación de la Cámara de Diputados, se están proponiendo reducciones importantes a los órganos que tienen a cabo la revisión de la política pública para la prevención y el combate a las adicciones.
En cuanto al Poder Ejecutivo Federal y su Administración Pública, creo que la sentencia de nuestra Sala, debe exhortarlos también para que se elabore un Programa Nacional en que se fijen objetivos, metas, estrategias y prioridades para delinear una política integral en materia de drogas; asimismo, para que lleve a cabo la adecuación de los reglamentos correspondientes, una vez que el Congreso de la Unión haya expedido las reformas relativas con el objeto de incluir el uso recreativo de la marihuana.
En el ámbito de los órganos auxiliares del Poder Ejecutivo, creo que debemos distinguir las siguientes acciones:
En cuanto a las autoridades sanitarias y por lo que hace a la Secretaría de Salud, tomar en consideración las opiniones rendidas por el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para la Prevención y Combate a Adicciones.
Elaborar y expedir por conducto de Cofepris, las Normas Oficiales Mexicanas en materia de regulación, control y fomento sanitarios, vinculado con la producción para el autoconsumo de la marihuana y vigilar su cumplimiento.
Promover, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, las políticas en materia de prevención y promoción de la propia salud, en específico las necesarias para combatir las adicciones, así como coordinar el desarrollo, los centros nacionales para prevención y control de las adicciones y emitir las normas para la evaluación del desempeño de los centros estatales de salud en estas materias.
Finalmente, instrumentar, supervisar y evaluar por conducto del Consejo Nacional contra las Adicciones, las estrategias de comunicación social, materiales didácticos y metodologías para la capacitación del personal que operará los programas para el control de las adicciones.
Así, además de las cuestiones ya referidas, la resolución debe exhortar a tomar en cuenta las disposiciones administrativas aplicables al tratamiento de las adicciones, en especial, las repercusiones que tendrá el fallo en la Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA2-2009, para la prevención de tratamiento y control de las adicciones, la cual, por cierto, se encuentra actualmente en período de revisión, de acuerdo con la Ley de Metrología y Normalización.
Francisco Torres Landa afirmó que el fallo de la Corte es un hecho histórico y fue un triunfo para toda la ciudadanía. Foto: Discurso y Debate.
Adicionalmente, considero que la determinación que tomemos, debe tener repercusiones en otras normas oficiales, como son las relacionadas con salud escolar, vigilancia epidemiológica y las que regulan la prestación de servicios de salud en general.
En lo que hace al Consejo de Salubridad General, creo que debiéramos exhortarlos a emitir las disposiciones generales y las medidas que rediseñen las estrategias de prevención, consejería, tratamiento y control de adicciones y en concreto, las referentes al consumo de marihuana desde el ámbito de la salud pública.
Por lo que hace a las autoridades educativas, insisto, que exhortemos a la Secretaría de Educación Pública, a evaluar en coordinación con la Secretaría de Salud la inclusión en los programas académicos de información detallada sobre el consumo de drogas y sus riesgos, así como la prevención de las adicciones. Igualmente, a realizar campañas de sensibilización sobre los riesgos y daños asociados con el consumo de drogas.
En cuanto a la Secretaría de Hacienda, me parece también que es importante reiterar que para ejercicios fiscales posteriores al 2016, toda vez que ya sometió a consideración del Congreso el anteproyecto o el proyecto de presupuesto de egresos, que ponga las ministraciones de recursos necesarios.
En materia de política exterior, debemos exhortar a la Secretaría de Relaciones a que considere los efectos que el cambio en la política nacional de drogas puede llevar a tener en el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes de la organización de las Naciones Unidas.
Y finalmente, en el ámbito de la administración pública federal, creo que debemos exhortar a la Procuraduría General de la República, y demás autoridades encargadas de la administración de justicia, a realizar una revisión de las investigaciones y procesos penales en trámite así como de los procedimientos de ejecución de penas impuestas derivadas de la comisión de delitos contra la salud, que impliquen estrictamente la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la marihuana para fines lúdicos.
Ofrenda instalada por los por los activistas frente a la Corte el 4 de noviembre. Foto: Discurso y Debate.
Ello para el efecto de que en su caso, se establezca la procedencia del no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, el sobreseimiento de causas penales o la extinción de sanciones, derivada de la actualización de una causa excluyente de delito de conformidad con lo prescrito en los artículos 56 y 117 del Código Penal Federal.
Igualmente, me parece que debiéramos exhortar en esta propuesta que estoy haciendo, a las autoridades estatales del Distrito Federal y de los Municipios a discutir las adecuaciones a sus normas jurídicas planes, programas y presupuestos a fin de garantizar o llevar a cabo las acciones necesarias para regular en el ámbito sus competencias lo necesario para hacer eficaz la implementación de una política nacional sustentada en el paradigma de la salud y su regulación y no así en el de la criminalización.
Finalmente, quiero señalar lo siguiente: si en contra de lo que ha sido la experiencia internacional, esta Suprema Corte está dando un paso tan importante para lograr la legalización de las drogas ─o al menos de algunas de ellas─ propongo que seamos igualmente previsores y responsables para generar una sentencia de la misma magnitud, dada nuestra jerarquía de jueces supremos de la Nación.
Con base en todo lo anterior, mi voto será, repito, a favor de los puntos resolutivos del proyecto, al cual muy respetuosamente solicito se incorporen los efectos particulares y las medidas generales a que me he referido con la lectura de este texto.
En lo tocante al resto de los problemas que aprecio en el mismo proyecto y a los cuales me he referido amplia y respetuosamente, los dejaré señalados en el voto concurrente que habré de emitir y que desde luego anuncio desde ahora. Muchas gracias señor Presidente.
El Ministro Presidente: Señor Ministro Zaldívar.
El Ministro ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente. Agradezco mucho a la señora Ministra y a los señores Ministros sus comentarios en relación con el proyecto que se somete a su consideración.
El Ministro Arturo Zaldívar y su equipo fue felicitado por el resto de los Ministros por el proyecto que elaboró. Foto: SCJN.
El proyecto ha sido ampliamente conocido, al haber sido publicado en la página de esta Suprema Corte, en acatamiento a lo que señala la Ley de Amparo. Por lo cual no tendría caso referirme a los fundamentos de él, pero sí quisiera hacer una referencia a las objeciones que se han planteado, sobre todo en cuanto a la argumentación y la metodología, el argumento que tiene el señor Ministro Pardo para votar en contra, me parece que tiene una lógica técnica que es correcta desde su perspectiva, que no comparto porque me parece que aquí ya estamos en el tema propiamente del autoconsumo, y que no tendríamos por qué hacer un pronunciamiento sobre la adquisición o no de la semilla o de la planta, máxime cuando no está en el planteamiento de los quejosos.
Debo señalar en primer lugar, que en un asunto como éste y en cualquier otro, sobre todo en materia administrativa, tenemos que ceñirnos a la demanda y a lo que fue efectivamente planteado, y esto nos impide quizá hacer enfoque y análisis que vayan más allá de lo que fue solicitado.
“La evidencia científica es tan robusta, es tan grande, y tan evidente que haría innecesario recurrir a la opinión de ¿Quién? ¿Un perito? ¿Un perito específico tendría más validez que toda la literatura científica que se ha construido?”
En primer lugar se ha dicho, que hubiera sido deseable y que hubiera sido adecuado el que hiciéramos toda una gran consulta en donde trajéramos especialistas, en donde abriéramos el debate. Con independencia de que los derechos humanos no pueden ser sujetos a consulta, me parece que en el tema en particular, la evidencia científica es tan robusta, es tan grande, y tan evidente que haría innecesario recurrir a la opinión de ¿Quién? ¿Un perito? ¿Un perito específico tendría más validez que toda la literatura científica que se ha construido? ¿A los institutos de salud pública? ¿Cuando la Secretaría de Salud Pública es autoridad responsable en el amparo?
La Suprema Corte de los Estados Unidos ha utilizado información científica pública en muchas ocasiones para sustentar sus decisiones; siempre y cuando se trate de un número suficiente de estudios, los cuales se traten de publicaciones arbitradas por pares y señalen resultados generalmente aceptados.
Esta Suprema Corte lo ha hecho en un gran número de asuntos; de manera meramente enunciativa voy a señalar algunos: el caso donde vimos epilepsia, para determinar el déficit de atención e hiperactividad, para determinar que es una discapacidad, para establecer las características del asperger, proponer criterios para la realización de autopsias a víctimas de feminicidio, para determinar si el testimonio de un niño se puede valorar con los mismos criterios que los de un adulto, dadas las diferencias cognitivas de unos y otros; también se ha acudido a evidencia estadística y científica, para establecer la situación de desigualdad entre géneros y determinar la situación de vulnerabilidad de las personas de la tercera edad.
En el caso concreto, se consideró necesario incorporar los estudios más relevantes sobre los efectos que produce el consumo de la mariguana en la salud y en la sociedad; para eso se analizaron más de cuarenta estudios, todos ellos de universidades, organismos y académicos prestigiados y fueron publicados en revistas o libros arbitrados por la comunidad científica.
Frente a la Corte el 4 de noviembre. Foto: Discurso y Debate.
“La propuesta nunca afirma que el consumo de mariguana no genere daños a la salud, sino que estos no son tan graves como comúnmente se cree”
Sobre las conclusiones a las que llegó el proyecto con base en dichos estudios, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones: la propuesta nunca afirma que el consumo de mariguana no genere daños a la salud, sino que estos no son tan graves como comúnmente se cree y que por ello la medida de la prohibición absoluta es desproporcionada.
Tampoco se señaló que el consumo de mariguana no generara dependencia, sino que su grado de probabilidad es bajo, ubicado alrededor de 9% y recientemente escuché a algún investigador hablar incluso que era del 7%.
Finalmente, se indicó que los efectos sociales de la mariguana son poco claros, pues el consumo de otras drogas o la comisión de otros ilícitos podría explicarse por una pluralidad de razones contextuales o personales ajenas al simple consumo.
Las conclusiones en los términos indicados, no parecen ser discutidas por la generalidad de la comunidad científica y no podrían invalidarse por la existencia de uno o varios reportes con resultados contrarios; consecuentemente, me parece que la primera objeción metodológica no se sostiene.
“En ningún momento se plantea que, toda vez que se afecta a la libre personalidad, entonces las autoridades están atadas de manos y no pueden regular. Pregunto: ¿No podría haber una regulación para que, por ejemplo, la marihuana no se fume en restaurantes, como sucede con el cigarro?”
Se dice que lo que estamos determinando es que como es el libre desarrollo de la personalidad, entonces no puede haber ninguna intervención de la autoridad en este derecho al autoconsumo. Esto es absolutamente falso, basta leer el proyecto; el proyecto lo que dice es que la medida de la prohibición absoluta es desproporcionada, pero no impide —e incluso lo dice expresamente— que pudiera haber, incluso debiera haber una regulación en el ámbito de las atribuciones de los órganos legislativos y ejecutivos; de tal suerte que, en ningún momento se plantea que, toda vez que se afecta a la libre personalidad, entonces las autoridades están atadas de manos y no pueden regular. Pregunto: ¿No podría haber una regulación para que, por ejemplo, la marihuana no se fume en restaurantes, como sucede con el cigarro? Y a lo largo de todo el proyecto se establece que esto no puede afectar a terceros. Esto es muy importante.
Me parece que el test de proporcionalidad es complejo y también es completo, se sigue la literatura más autorizada en la materia, precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tribunales constitucionales más prestigiados y, por supuesto, también de esta Suprema Corte.
Se habla también que estamos equiparando a la marihuana con el tabaco o el alcohol; esto tampoco es cierto, se estableció en el proyecto como un ejemplo de otras sustancias que pueden generar daños similares o incluso superiores, pero que, no obstante, no están prohibidas, están sujetas siempre solo a ciertas regulaciones, obviamente protegiendo particularmente a terceros y a los menores de edad. No se dice en ningún momento que se equiparan o que son lo mismo.
Y, por supuesto, quiero hacer también énfasis, con independencia de que no se pidió el amparo para realizar actos de comercio, el análisis –en su caso– de los actos de comercio con la marihuana, requerirían un análisis distinto en términos –además de lo planteado en el proyecto– de la libertad de industria o comercio.
Aspecto de la sesión del Pleno de la Primera sala de la Corte. Foto: SCJN.
En relación con los efectos, queremos decir también que están ceñidos, no sólo a la técnica del amparo y al mandato constitucional de la Ley de Amparo, sino a lo solicitado por los quejosos. Los quejosos se duelen y lo reiteran tanto en la demanda como en el recurso de revisión, que lo que piden es que la autoridad les otorgue la autorización para el autoconsumo de la marihuana.
Consecuentemente, si esta es la litis en el amparo, creo que no podríamos otorgar simplemente el amparo sin pasar por la autorización y tampoco –me parece– que podríamos sustituirnos en las políticas públicas en materia de drogas que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
Me parece, hasta cierto punto una contradicción, que se diga y se censure que estamos llegando al tema del autoconsumo de la marihuana a través de una sentencia y no a través de un debate legislativo de una consulta popular, etcétera, como se ha hecho en otras latitudes, y después se pida que nos sustituyamos en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Veo aquí una contradicción metodológica, bastante seria desde mi punto de vista.
“No creo que podamos en una sentencia de este tipo, prácticamente nosotros dirigir la política pública en materia de drogas”
No creo que los precedentes que se han citado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean aplicables, se refieren a reparación del Estado, es otra cosa, y no creo –lo digo con absoluto respeto– que podamos en una sentencia de este tipo, prácticamente nosotros dirigir la política pública en materia de drogas. Obviamente esta sentencia de ser aprobada por esta Primera Sala lo deseable sería que una vez que la Suprema Corte ha determinado que la prohibición absoluta para el consumo de la marihuana es inconstitucional, se genere un debate en el cual se tomen en cuenta las medidas necesarias para avanzar en esa línea, pero no veo –con base en qué– podamos hacer exhortaciones al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados para presupuesto, al Consejo de Drogas, pedir que se elabore una nueva ley, pedir que se revisen todas las leyes habidas y por haber. Me parece que esto desborda completamente la función de un Tribunal Constitucional en un asunto como el que estamos planteando.
Y me parece que también se ignora un tema elemental, estamos ante un amparo por violación a derechos de libertad, no derechos prestacionales. En los derechos prestacionales, obviamente, en ocasiones y dentro de lo que permite el caso, se pueden tomar en cuenta ciertas medidas que van más allá de la simple nulidad y reparación para el quejoso.
Pero creo que en un amparo de este tipo, no sólo no es viable sino no es conveniente. Creo –y el proyecto lo dice claramente– que las autoridades tanto sanitarias como las autoridades legislativas deberán tomar en cuenta los elementos que consideran adecuados para regular, reglamentar esta actividad; pero no me parece que nosotros podamos sustituirnos en la autoridad Legislativa y en el Ejecutivo.
Manifestante frente a la Corte el 4 de noviembre. Foto: Discurso y Debate.
Me parece que la forma más correcta de defender los derechos es dar el amparo en los términos que fue solicitado y no ponerle una serie de candados; y por el otro lado, a partir de esta determinación –si es que así se vota el asunto– de la libre autodeterminación de la persona para el autoconsumo de la marihuana, las autoridades puedan tomar las medidas correspondientes.
Quiero concluir, reiterando lo siguiente: Primero, esta sentencia tiene –o no puede ser de otra manera– efectos relativos para los cuatro quejosos que acudieron al amparo. Segundo, es exclusivamente para el autoconsumo, no autoriza ni podría autorizar actos de comercio. Tercero, entiendo que no podría realizarse –sobre todo la actividad de fumar– frente a terceros sin su consentimiento, y me parece también –repitiendo– que no se ha dicho en modo alguno que la marihuana sea inocua, es una droga, como tal, causa daños.
Lo que se sostiene en el proyecto es que la medida extrema de prohibirla es desproporcional en relación con los daños científicamente comprobados que tiene. En estos términos sostendré el proyecto tal como fue presentado, reservándome para hacer algunos ajustes en el engrose derivados de la discusión. Gracias señor Ministro Presidente.
El Ministro Presidente ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Yo seré muy breve. La verdad quiero felicitar nuevamente al Ministro Zaldívar, a su equipo de trabajo. Me parece que es una sentencia muy buena, muy digna y debería de ser leída y estudiada por los foros especializados en la materia.
“Es inadmisible penar a una persona fármaco-dependiente que posee una cantidad mayor de droga de la permitida legalmente”
Para mí este voto no es un tema nuevo; es decir, de una u otra manera esta Sala ha abordado el tema en consumo de marihuana en múltiples ocasiones. Desde febrero de 2013, a dos meses de haber iniciado mi mandato como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, he votado por la inconstitucionalidad de los límites de consumo incluido la marihuana en la Ley General de Salud, destacando que es inadmisible penar a una persona fármaco-dependiente que posee una cantidad mayor de droga de la permitida legalmente. Me he pronunciado en ese sentido en los recursos de revisión 723/2012, 277/2013, 65/2013, 1303/2014 y 4289/2014. Mis votos en esos asuntos dan cuenta de mi disenso.
El presidente de la Primera Sala de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Foto: SCJN.
La interrogante que hoy surge en el caso que estamos analizando, ahora desde una vista administrativa y no penal como los asuntos que acabo de mencionar, es si es constitucional o no el uso de la marihuana ya no para personas fármaco-dependientes sino para personas que desean usar dicha sustancia para meros fines lúdicos o recreativos, es decir, si es permisible la prohibición absoluta para sembrar, producir y consumir marihuana.
Desde mi perspectiva, la única pregunta que tenemos que responder desde la Constitución, es la siguiente: ¿El Estado tiene derecho de decidir lo que cada uno de nosotros puede hacer en su vida privada respecto de su persona, es decir, cada persona es libre para decidir lo que puede hacer consigo mismo en su ámbito privado o no?
En múltiples asuntos he sostenido que existe en la Constitución Federal una genuina preocupación de proteger la privacidad que se manifiesta en distintos preceptos constitucionales.
El artículo 16, la inviolabilidad del domicilio; el artículo 9, la libertad de asociación; el artículo 14, la protección al goce de bienes, posesiones y libertades mediante el debido proceso, entre muchos otros, y que todas las personas tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de autoridades.
“No sólo el derecho a la intimidad es el que se encuentra involucrado, sino que se trata de un conjunto de derechos incluidos, entre otros, el derecho a la libertad de conciencia, dignidad, e incluso el derecho a la vida”
Ahora bien, no sólo el derecho a la intimidad es el que se encuentra involucrado, sino que se trata de un conjunto de derechos incluidos, entre otros, el derecho a la libertad de conciencia, dignidad, e incluso el derecho a la vida, entendiéndolo desde la perspectiva interamericana a lo que cada quien considera una vida digna y el proyecto de vida que cada individuo desea tomar.
Todos estos derechos pueden ser desarrollados en lo que la doctrina constitucional se ha considerado como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y varios de ellos son, incluso, derechos que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 29 de nuestra Constitución.
Es indudable que el consumo de cualquier droga genera un problema de salud; sin embargo, desde una interpretación constitucional, no existe ninguna razonabilidad en la que la respuesta del Estado al consumo de marihuana sea la reclusión y la prohibición absoluta del consumo de la misma.
Los quejosos en el presente asunto solicitan a la COFEPRIS que autorice y regule su consumo de marihuana.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Foto: SCJN.
Es claro que la Constitución otorga la facultad regulatoria a dicho órgano para establecer condiciones objetivas de cultivo, transporte, cosecha, acondicionamiento y preparación de la marihuana; lo que no permite nuestra Constitución —y esto hay que subrayarlo— es hacer nugatorio un derecho humano, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia.
En razón de lo anterior y como consecuencia lógica de mis votos respecto a la farmacodependencia, estimo que es inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana.
Finalmente, en los efectos del presente asunto, además de revocar la negativa de la autoridad respecto de los quejosos para su cultivo, cosecha, transporte y consumo personal de marihuana, estimo que la COFEPRIS debe regularlo con base en criterios objetivos sobre la mejor forma de contener las externalidades que válidamente deben regularizarse: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento y transporte, de conformidad con las facultades que tiene para ello.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que en el caso concreto de la marihuana, los límites que puede tener el consumo de la misma, como por ejemplo, la edad, tal como se hace con otras sustancias como el caso del alcohol y del tabaco.
En virtud de ello, mi voto es a favor del proyecto por razonamientos distintos en algunas partes y complementarios en otras y anuncio voto concurrente al respecto.
Señor Ministro Cossío.
El Ministro COSSÍO: Muy brevemente, nada más para quedar claro por qué voy a insistir en la posición.
El asunto es muy breve. La ciencia efectivamente —y eso hay que reconocerlo— el proyecto del señor Ministro Zaldívar hace una copia importante de información; sin embargo, cómo sabemos que esa es la información más correcta, más adecuada, más reciente; sobre eso no quisiera abrir un debate, pero me parece que precisamente cuando viene la academia, las instituciones como la Universidad Nacional, la Academia de Medicina, algunas otras que nos han auxiliado en algunos otros casos, podríamos haber cribado esa información.
Los Ministros Cossío y Zaldívar durante la sesión del 4 de noviembre. Foto: SCJN.
En segundo lugar, creo que hubiera sido muy importante que esta Suprema Corte constituyera un foro nacional de discusión no sólo de este asunto concreto, tan relevante, sino de la condición que se está dando en materia de drogas.
“Uno de los problemas centrales que observo, es la ausencia de discusión seria y profunda en el país por parte de muchas autoridades”
Uno de los problemas centrales que observo, es la ausencia de discusión seria y profunda en el país por parte de muchas autoridades, muchas de las que hoy están participando en la discusión de esta sentencia, que durante años no han hecho nada ni han abierto ningún foro de discusión, creo que esto hubiera sido una condición muy importante.
La otra cuestión que creo que sí es importante destacar, es que la Ley de Amparo tuvo una modificación sustancial; tradicionalmente se hablaba de efectos, hoy se habla de efectos y medidas, y creo que hay una diferencia central en el ámbito del derecho internacional y del sistema de responsabilidades, esto está muy explorado, creo que nosotros no sólo estamos obligados a señalar efectos, sino también medidas de reparación.
Y, por otro lado, y esto sí creo que es importante destacarlo, no estoy tratando de que esta Suprema Corte se sustituya en el legislador, sino esta Suprema Corte exhorte a las autoridades precisamente a que se hagan cargo de este conjunto de medidas y de estos efectos; entiendo la posición del proyecto, entiendo la forma en que el proyecto discurre, insisto, no comparto una parte importante de la metodología de los efectos, por ello, insistiendo en que es un proyecto éste importante para discutir, diferiré de algunas cosas que, señor Ministro Presidente, manifestaré en un voto particular, que desde ahora anuncio.
Como su micrófono le estaba fallando, para su última intervención, Cossío Díaz se cambió de lugar. Foto: Discurso y Debate.
“Me parece que sí es esta sentencia el primer uso, la voz, en un diálogo entre Poderes que se da en cualquier democracia madura”
El Ministro Presidente: Sí debo decir que medité mucho sobre este proyecto. Al final del día comparto el sentido, comparto gran parte de los efectos; no consideré necesario ese foro o abrir ese foro, porque este tema lo hemos votado ya en muchas ocasiones, de una o de otra manera en materia penal, y en ninguna de esas materias hubo necesidad de acudir a un foro para decidir sobre el límite permisible para el consumo de la droga, incluida la “marihuana”; por lo tanto, me parece que —siguiendo los precedentes— era lo adecuado, la manera de cómo se llevó a cabo este proceso; y en segunda manera, me parece que sí es esta sentencia el primer uso, la voz, en un diálogo entre Poderes que se da en cualquier democracia madura.
Me parece que el tono de la sentencia es adecuada, me parece que sí va a existir forzosamente una discusión entre Poderes, pero me parece que esta es la manera de cómo dialogan los Poderes en una democracia; por eso creo que los efectos, podría haber alguna u otra discrepancia pero me parece que el alcance de los efectos, es absolutamente adecuado, precisamente dándole una deferencia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que constitucionalmente tiene el mandato para emitir las normas para regular los temas de salud.
Señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El Ministro Zaldívar es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: SCJN
El Ministro ZALDÍVAR: Gracias señor Ministro Presidente. Muy brevemente, una cuestión técnica.
Se ha dicho —el señor Ministro Cossío— y con razón, que la Ley de Amparo vigente establece efectos y medidas, es correcto, pero medidas en relación con los quejosos, en relación con la litis del amparo.
No creo que se puedan hacer medidas exorbitantes de cuestiones que no están en la litis del amparo y que no tienen que ver con los quejosos, y por ello sigo pensando, respetuosamente, en relación con los planteamientos distintos, en sostener el proyecto en los términos, con los ajustes que en su momento haré. Gracias señor Ministro Presidente.
El Ministro Presidente: No habiendo más uso de la palara, tome la votación nominal por favor.
La Secretaria de Estudio y Cuenta: Sí señor Ministro Presidente.
El Ministro Zaldívar: Con el proyecto.
El Ministro Cossío: De acuerdo con el proyecto, anuncio un voto concurrente para expresar todos estos elementos que acabo de señalar.
El Ministro Pardo: En contra del proyecto y anuncio un voto particular.
La Ministra Sánchez: Con el proyecto en sus términos.
El Ministro Presidente Gutiérrez: Con el proyecto. Anuncio voto concurrente.
La Secretaria de Estudio y Cuenta: Señor Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de cuatro votos a favor del proyecto.
El Ministro Presidente: EN CONSECUENCIA, QUEDA APROBADO EL PROYECTO POR MAYORÍA DE CUATRO VOTOS.
Los promotores del amparo celebraron el fallo al final de la sesión de los Ministros. Foto: Discurso y Debate.
Los promotores del amparo y los Ministros desataron el debate sobre la legalización de la marihuana. Foto: SCJN
Tags:Arturo Zaldívar, Marihuana, SCJN
Debate principal	octubre 27, 2015
La marihuana y el derecho a decidir
La Suprema Corte debatirá un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que plantea legalizar la marihuana…
abril 3, 2016 at 5:49 pm - Reply
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Es horrible mencionar la palabra prohibicion, esperemos no sea necesario llegar a ese punto, luchemos
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