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Timestamp: 2020-01-28 16:44:40
Document Index: 157149534

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 155', 'artículo 221', 'artículo 96']

Orden Ministerial de 22 de marzo de 1991, por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Publicado en BOE de 13 de Abril de 1991
Vigencia desde 14 de Abril de 1991
Artículo 2 Iniciación del expediente de devolución
Artículo 3 Iniciación a instancia de interesado
Artículo 7 Ejecución de la devolución
Artículo 8 Imputación presupuestaria
Artículo 9 Medios de pago
Artículo 10 Devolución de ingresos indebidos realizados mediante efectos timbrados
En cumplimiento del mandato del artículo 155 de la Ley General Tributaria, el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, establece las líneas básicas del procedimiento en las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, añadiendo la disposición adicional quinta de dicho Real Decreto que sus artículos 11, 13 y 14 serán asimismo aplicables a las devoluciones de naturaleza tributaria, distintas de las devoluciones de ingresos indebidos, y estableciendo igualmente la aplicación supletoria del Real Decreto citado a las devoluciones de otros ingresos de derecho público. En la actualidad, véase el artículo 221 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («B.O.E.» 18 diciembre).
La presente Orden tiene como objetivo precisar el desarrollo del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución y de las formas de ejecución de ésta, insistiendo en aspectos que por su índole o especial interés en los procesos internos de gestión de la Administración tributaria no podían desarrollarse plenamente en aquella disposición reglamentaria. Al mismo tiempo es preciso dar cumplimiento al propio Real Decreto en la medida en que éste prevé que por el Ministro de Economía y Hacienda se concreten diferentes aspectos de la competencia de los órganos de la Administración Tributaria en el procedimiento de las devoluciones de ingresos indebidos o, en general, de las de naturaleza tributaria.
3. En particular, deberá iniciarse de oficio un expediente de devolución:
a) En los casos en que se haya reconocido el derecho a la devolución en la resolución de un recurso o reclamación administrativa, en una sentencia o resolución judicial o en cualquier acuerdo o resolución que suponga la revisión o anulación de actos administrativos que hubieren dado lugar al ingreso de una deuda tributaria en cuantía superior a la que legalmente procedía.
c) Cuando se haya acordado la condonación graciable de una sanción pecuniaria ya ingresada.
4. Podrá solicitar la devolución de un ingreso indebido, según los casos, quien realizó dicho ingreso o cualquier interesado al que las normas reconozcan tal derecho, por errores de hecho o de derecho o en los demás casos reconocidos por las leyes.
a) Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, número de identificación fiscal y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que le represente.
c) Justificación del ingreso indebido.
1. Transferencia bancaria, indicando el número de cuenta y los datos identificativos de la entidad bancaria.
2. Cheque cruzado contra la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España.
3. Compensación, en los casos en que proceda, según el Reglamento General de Recaudación.
f) Dirección General de Tesoro y Política Financiera o Delegación o Administración de Hacienda o de Aduanas, órgano, Organismo o Ente al que se dirige.
Si el escrito de iniciación no reuniera estos datos, se requerirá al interesado para su subsanación en un plazo de diez días.
a) Practicar, en su caso, una nueva liquidación o rectificar las liquidaciones o actos administrativos afectados, según lo que se derive de dichos acuerdos.
b) Comunicar a la Dependencia de Recaudación o al órgano de recaudación que haya de proponer el pago, la nueva liquidación o la rectificación efectuada, cuando de ella resulte una devolución, o, si el acto o liquidación inicial hubiere sido plenamente anulado, remitir a dicha Dependencia u órgano testimonio de la resolución judicial o copia certificada del acuerdo administrativo en que se reconozca el derecho a la devolución, junto con los justificantes del ingreso realizado, si constan en las actuaciones.
En los casos de condonación de deudas, se cumplimentará el trámite b) anterior.
a) A la Dependencia de Recaudacion o a la Unidad de Recaudación de la Delegación o Administración de Hacienda en que se haya producido el ingreso indebido, o bien al órgano de recaudación del Ente u Organismo de que se trate, cuando el ingreso indebido proceda de una duplicidad o exceso en el pago, del pago de deudas prescritas o de errores de hecho o de derecho padecidos en la gestión recaudatoria que no afecte a la liquidación o acto administrativo que originó la obligación de ingresar.
b) Al órgano liquidador competente, cuando el ingreso indebido haya sido producido por una declaración-liquidación o autoliquidación o por otra causa que afecte a la liquidación o acto administrativo que constituyó al interesado en la obligación de ingresar la correspondiente deuda.
c) A la unidad competente de una Administración de Aduanas cuando el ingreso se produjo en ésta.
d) A la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuando el ingreso se produjo en la Caja de este Centro Directivo.
2. El órgano instructor comprobará los siguientes extremos:
a) Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido.
c) Realidad del ingreso y su no devolución anterior. No procederá la verificación de la realización o no de los ingresos en el Tesoro por retenciones cuando la devolución deba hacerse a favor de persona distinta del retenedor.
d) Titular del derecho y cuantía del mismo.
e) Cuantas otras cuestiones se planteen en relación con el derecho a la devolución.
3. Podrán solicitarse de los órganos y Entidades competentes los informes que se consideren necesarios para el fin perseguido. Dichos informes deberán emitirse en un plazo de diez días.
5. Finalizadas las actuaciones, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución y la elevará al órgano competente. Podrán formularse propuestas colectivas que comprendan grupos de expedientes, cuando lo disponga el Delegado de Hacienda o la Autoridad Superior del Centro, Organismo o Ente que corresponda.
6. Cuando la Intervención manifestara desacuerdo con la propuesta de devolución a través de la correspondiente nota de reparo, el órgano proponente podrá conformarse o no con el reparo. De persistir la discrepancia continuará el procedimiento, sin perjuicio de la facultad interventora de interponer los recursos o reclamaciones que procedan, con fundamento en el apartado 2 del artículo 96 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. La interposición de dichos recursos o reclamaciones suspenderá el procedimiento
b) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento, cuando el ingreso indebido se hubiese realizado por vía de apremio.
c) El interés legal aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la de la propuesta de pago. El tipo de interés legal aplicable será el vigente el día en que se efectuó el ingreso indebido.
3. Asimismo, el acuerdo decidirá el titular del derecho a la devolución, que será la persona que realizó el ingreso declarado indebido o aquella que, según las normas, resulte beneficiaria de dicho derecho.
a) El Director general del Tesoro y Política Financiera, si el ingreso se hubiese efectuado en la Caja de dicho Centro Directivo.
b) El titular del órgano que haya de dictar la correspondiente liquidación provisional o deba rectificar el acto de gestión que dio lugar al ingreso indebido.
c) El titular del Ente u Organismo cuando la instrucción del expediente haya correspondido a un órgano no integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda.
d) El Administrador de la Aduana, o en su defecto, el jefe de servicio correspondiente.
e) El Jefe de la Dependencia de Recaudación o el Administrador de Hacienda, en los demás casos.
5. La resolución que ponga fin al expediente será notificada al interesado en un plazo no superior a diez días.
Cuando la intrucción del expediente haya correspondido a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a un Ente u Organismo dotado de presupuesto diferenciado, la ejecución de las devoluciones corresponderá a los mismos.
2. Cuando el derecho a la devolución haya sido reconocido en una resolución judicial o administrativa ajena al expediente de devolución, una vez recibida en la Dependencia u órgano de Recaudación la resolución o el testimonio o la copia certificada de la misma, o la liquidación que haya debido efectuarse, según se dispone en el apartado 1 de esta Orden, procederá a expedir la orden o mandamiento de pago. Si no consta en el expediente, comprobará previamente la realidad del ingreso, que la cantidad a devolver no ha sido antes devuelta y que no ha prescrito al derecho a exigir el pago de la devolución.
Corresponderán también en este caso a la Intervención las actuaciones señaladas en el apartado quinto.5.
3. La orden o mandamiento de pago se expedirá a favor de la persona a la cual se haya reconocido el derecho según lo dispuesto en el apartado sexto. 3 de esta Orden y se justificará con el original de la resolución, quedando copia certificada del acuerdo en el expediente.
a) Al Director general del Tesoro y Política Financiera, respecto de las devoluciones por él acordadas o aquellas otras que le sean expresamente atribuidas.
b) A los Delegados de Hacienda, respecto de las demás devoluciones con cargo al presupuesto del Estado.
c) Al ordenador de pagos del Ente u Organismo correspondiente, respecto de las devoluciones con cargo a su presupuesto.
5. Los pagos ordenados se remitirán a la Intervención a efectos contables y de intervención de la ordenación del pago.
Cuando el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución se hubiera iniciado a instancia del interesado, se atenderá a la declaración hecha por éste en el escrito presentado.
3. Si el pago es colectivo, por transferencias bancarias, se ordenarán éstas con cargos a la cuenta habilitada para dicho fin en el Banco de España.
El Banco de España justificará a la Delegación de Hacienda las transferencias abonadas y no abonadas. Las transferencias que no puedan ser abonadas serán anuladas y sustituidas por cheques para su pago según el apartado nueve. 4 siguiente.