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Timestamp: 2020-04-04 16:58:57
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 41', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 84', 'ARTÍCULO 29']

Ley de Calidad Agroalimentaria de La Rioja (Ley 5/2005, de 1 junio) - Normativa de la Rioja - Legislación - VLEX 73643853
Ley de Calidad Agroalimentaria de La Rioja (Ley 5/2005, de 1 junio)
TÍTULO II. Organización del sistema de figuras de calidad agroalimentaria en La Rioja - arts. 5 a 10
TÍTULO III. Registros - arts. 11 a 13
TÍTULO IV. Régimen de inspección - arts. 14 a 17
TÍTULO V. Régimen sancionador - arts. 18 a 29
Norma citada en: una sentencia, 7 artículos doctrinales, 24 disposiciones normativas
Estas circunstancias han sido bien entendidas por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, que en los últimos años ha fomentado y desarrollado distintas figuras de calidad agroalimentaria, tales como "RC", "Agricultura Ecológica", y "Producción Integrada de La Rioja" y desea seguir fomentando la creación de nuevas figuras en base a los Reglamentos (CE) 2.081/92 y 2.082/92, y a la nueva legislación del Estado en materia vitivinícola.
Sistemas de protección de la calidad agroalimentaria o figuras de calidad agroalimentaria: cualquier protección sobre productos agrarios y alimentarios, basada en un diferencial de calidad debido a sus características específicas, a su origen geográfico o a métodos y técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Operador agroalimentario: cualquier persona física o jurídica que desarrolle, con o sin ánimo de lucro, una actividad relacionada con alguna de las etapas de producción, transformación o comercialización de productos agroalimentarios. Se entienden por etapas de la producción, transformación y comercialización, entre otras, las siguientes: producción primaria, fabricación, elaboración, manipulación, procesado, preparación, tratamiento, acondicionamiento, envasado, embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, conservación y venta.
Entidades de Control: entidades independientes, públicas o privadas, e imparciales que realizan el control de los procesos de producción, transformación y comercialización y de las características físico-químicas, organolépticas y específicas que definen un producto acogido a una figura de calidad, en base a su reglamento.
Entidades de Certificación: entidades independientes, públicas o privadas, e imparciales que realizan la certificación de productos en base a los procesos de producción, transformación y comercialización y de las características físico-químicas, organolépticas y específicas que definen un producto acogido a una figura de calidad, en base a su reglamento.
Marca colectiva: cualquier signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado productos de los miembros de una asociación titular de la marca. Estas marcas sólo pueden solicitarse por asociaciones de productores, fabricantes o comercializadores que tengan capacidad jurídica, de acuerdo a la legislación vigente. La solicitud deberá acompañarse además de un reglamento de uso.
Marca de garantía: cualquier signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo que concierne a su calidad, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto. No podrán solicitar marcas de garantía quienes produzcan, fabriquen o comercialicen productos idénticos o similares a aquellos para los que fuera registrada la marca, de acuerdo a la legislación vigente. La solicitud deberá acompañarse de un reglamento de uso.
Artículo 2, letras c) y d), modificadas por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 4 Los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria en La Rioja.
El elemento común de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria es la existencia de un doble mecanismo de control, que garantiza a los consumidores el seguimiento de un producto agroalimentario desde su origen hasta el consumidor final. Por un lado, se llevará a cabo un autocontrol por parte de los operadores que intervengan en el sistema y, por otro, un control externo realizado por un organismo independiente inscrito en el correspondiente registro público. Sin perjuicio de los controles anteriores, la Administración Pública con competencias en materia de calidad agroalimentaria podrá efectuar, en todo caso, aquellos controles complementarios que se consideren convenientes tanto sobre los operadores como sobre la entidad de control y/o certificación independiente habilitada.
Las entidades independientes habilitadas para la actividad de control podrán estarlo también para la actividad de certificación.
Los sistemas de protección se articulan en dos niveles:
Figuras de calidad en base a reglamentaciones europeas o nacionales de carácter específico del sector agrario. Comprende las figuras de calidad basadas en los Reglamentos Europeos 2.092/91, 2.081/92 y 2.082/92, ó la legislación del Estado en materia de vitivinicultura u otras diferenciaciones que pudieran existir basadas en normas de carácter agrario, y en concreto las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) Y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.), la Agricultura Ecológica y las Indicaciones Geográficas de Vinos de la Tierra, así como cualesquiera otras que pudieran aprobarse conforme a las referidas normativas.
Figuras de calidad en base a reglamentaciones de carácter general: comprende en concreto las figuras de calidad denominadas Marcas de Garantía y las Marcas Colectivas, así como cualesquiera otras que pudieran establecerse conforme a la normativa vigente.
Artículo 4, apartados 1 y 2, modificados por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
TÍTULO II Organización del sistema de figuras de calidad agroalimentaria en La Rioja Artículos 5 a 10
ARTÍCULO 5 Principios rectores.
La organización de los sistemas de protección de la calidad agroalimentaria en La Rioja se basa en la separación de funciones de los dos actores principales del sistema, operadores y entidades externas de control y en su caso certificación, todo ello con la coordinación, superior inspección y potestad sancionadora que ejerzan los órganos competentes de la Administración.
Los operadores serán los promotores principales del sistema y serán quienes, con sus buenas prácticas, provean las materias primas y productos para comercializar. Asimismo, gestionarán la promoción y orientación de futuro de la figura de calidad, todo ello con el apoyo de las distintas administraciones.
ARTÍCULO 6 Estructuración y funcionamiento de los sistemas.
Figuras de calidad incluidas en el artículo 4.3.a) de la presente Ley.
La gestión de cada figura de calidad a las que se refiere el apartado primero del artículo cuarto del presente texto legal, será realizada por un único órgano de gestión, autorizado o constituido por la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería.
Estos órganos de gestión tendrán personalidad jurídica propia, naturaleza pública o privada, plena capacidad de obrar y funcionarán en régimen de derecho público o privado. Para alcanzar sus fines, podrán participar, constituir o relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones, y sociedades civiles o mercantiles, estableciendo entre sí, en su caso, los oportunos acuerdos de colaboración.
Cuando el órgano de gestión sea de naturaleza pública, será una Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. La corporación de derecho público ajustará su actividad al derecho privado con carácter general, a excepción de la actuación derivada de la llevanza de los registros, todas aquellas actuaciones que impliquen el ejercicio de las potestades, facultades y funciones públicas que tenga encomendadas o se deleguen por la Administración y también los actos y acuerdos relativos a la constitución del órgano de gestión como Corporación de derecho público y en la formación de la voluntad de sus órganos, cuyas actuaciones se sujetarán al derecho público. La Consejería con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, fijará las condiciones de establecimiento de cuotas de pertenencia y derechos por prestación de servicios en los términos que por la normativa correspondiente se determinen, y ejercerá la tutela administrativa sobre la corporación de derecho público.
En el supuesto de órganos de gestión de naturaleza privada, todo operador agroalimentario inscrito en los registros correspondientes de la figura de calidad establecidos en la norma específica reguladora, podrá pertenecer a la asociación privada que se constituya para alcanzar la finalidad de ser órgano de gestión. Si bien la pertenencia a la misma es de carácter voluntario, solo quienes se integren en la misma participarán en el órgano de gestión de la figura de calidad.
Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, en sus normas de desarrollo, en la normativa específica de cada figura de calidad, así como en sus normas de creación y estatutos particulares.
Reglamentariamente se establecerá la estructura y funcionamiento de los órganos de gestión, manteniendo como principio básico su funcionamiento sin ánimo de lucro y la representatividad de los intereses económicos y sectoriales implicados en la figura de calidad correspondientes, debiendo existir paridad en la representación de los diversos intereses en presencia.
Los órganos de gestión podrán denominarse "Consejo Regulador", sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.10 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.
Las entidades externas de control y/o certificación podrán negociar y ejecutar acuerdos privados con los órganos de gestión, para realizar el control y certificación externos. La relación entre unas y otras será de tipo mercantil, ejerciendo las entidades externas la prestación de servicios para la que hubieran sido contratadas y en todo caso garantizando la objetividad y confidencialidad.
Los acuerdos y decisiones del órgano de gestión se harán públicos de forma que se garantice su conocimiento por los interesados y por las entidades de control y/o certificación que operen en el ámbito de la figura de calidad.
Figuras de calidad incluidas en el artículo 4.3.b) de la presente Ley.
En el caso de Marcas de Garantía cuyo titular sea la Comunidad Autónoma de La Rioja, la gestión dependerá íntegramente de la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, o de sus entes o empresas públicas adscritas.
Las entidades externas de control y/o certificación, podrán negociar y ejecutar acuerdos privados con las agrupaciones o asociaciones de operadores si existieran, o con cada de uno de los operadores, para realizar el control y certificación externos. La relación entre unas y otras será de tipo mercantil, ejerciendo las entidades externas la prestación de servicios para la que hubieran sido contratadas y en todo caso garantizando la objetividad y confidencialidad.
En el caso de Marcas Colectivas de carácter agroalimentario, cuando el ámbito de la marca se corresponda con el de aplicación de esta Ley, el pliego de condiciones de cada una de las marcas deberá haber sido autorizado mediante Resolución por el titular de la Dirección General con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería. En todo lo no regulado expresamente en esta Ley, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Artículo 6, apartado 1, letra h) y apartado 2, letra a) segundo párrafo, modificados por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 7 Órganos de gestión: fines y funciones.
Los órganos de gestión, definidos en el artículo 6.1, deberán tener como mínimo los siguientes fines: la representación, defensa, garantía, investigación y desarrollo de mercados y promoción tanto del nivel de protección como de los productos amparados en cada caso.
Para el cumplimiento de sus fines los órganos de gestión deberán desempeñar, al menos, las siguientes funciones:
Proponer a la Consejería con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, para su aprobación, los reglamentos o normas técnicas y sus posibles modificaciones.
Orientar la producción y calidad y promocionar e informar a los consumidores sobre la figura de calidad de que se trate, y las características que configuran su diferencial de calidad basado en características específicas, en el origen geográfico o en métodos y técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Promocionar los productos acogidos a la figura de calidad.
Velar por el cumplimiento del Reglamento o Norma Técnica, debiendo denunciar cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
Adoptar el establecimiento para cada campaña, en base a criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los límites fijados por las normas correspondientes, límites máximos de producción y de transformación, rendimientos máximos y cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en la producción, transformación o preparación para la comercialización.
Llevar los registros definidos en las normas de aplicación.
Realizar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos amparados por las protecciones, tanto para uso interno como para su difusión y general conocimiento.
Gestionar las cuotas que en las normas internas se establezcan para la financiación del órgano de gestión.
Proponer a la autoridad competente los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador inscrito para cada una de las fases de producción, transformación y comercialización y, en su caso, los mínimos de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.
Colaborar con las autoridades competentes en el mantenimiento de los registros, así como con las entidades de control y/o certificación.
Reglamentariamente en el supuesto de órganos de gestión de naturaleza jurídico privada, se determinará el procedimiento para la concesión de la autorización necesaria para el ejercicio de su actividad y en caso de incumplimiento de los fines y funciones definidos en los apartados anteriores para su revocación.
Cuando los órganos de gestión tengan naturaleza jurídico pública, los fines y funciones vendrán determinados en su norma de creación, debiendo respetar los contenidos mínimos recogidos en los apartados primero y segundo del presente artículo, adaptándolos a las características propias de su naturaleza jurídico pública.
Con independencia de la naturaleza jurídica pública o privada de los órganos de gestión, las resoluciones que adopten respecto a las funciones enumeradas en las letras e), f) y h) del apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la Consejería competente en materia de calidad Agroalimentaria en la forma que la normativa determine.
Artículo 7 apartado 5 adicionado por Artículo 41 de la Ley 6/2007, de 21 diciembre, de Medidas de La Rioja 2008, publicado en BO. La Rioja el 27 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 8 Entidades de Control y/o Certificación.
Las entidades de control y/o certificación externas, o en su caso el órgano competente del Gobierno de La Rioja, serán los encargados de controlar y/o certificar los sistemas en base a sus reglamentaciones concretas.
Será necesaria la inscripción en el Registro de entidades de control y/o certificación de la Comunidad Autónoma de La Rioja o, en su caso, estar habilitado para el desarrollo de la actividad en otra comunidad autónoma o Estado de la Unión Europea, siendo requisito para el desarrollo de la actividad, en todo caso, el cumplimiento de la Norma UNE EN ISO 17020 y/o UNE-EN 45.011 para el producto correspondiente, o normas que las sustituyan.
En caso de que las entidades de control y/o certificación incumplan las funciones que tienen asignadas serán advertidas para que enmienden las irregularidades detectadas.
En caso de persistencia de un incumplimiento de las funciones de una entidad de control y/o certificación o de que, de dicho incumplimiento, resulte un control insuficiente o una certificación incorrecta la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería podrá acordar su baja en el Registro de entidades externas de control y/o certificación.
Mediante Reglamento se determinarán los procedimientos a que se refieren los apartados 3 y 4, en los cuales, en todo caso, deberá darse audiencia a las entidades.
Artículo 8, apartado 2, modificado por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 9 Atribución de competencias.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, la supervisión y superior inspección del correcto funcionamiento de estos sistemas, bien mediante el control y certificación directa, bien mediante el seguimiento y control de entidades externas, públicas o privadas, de control y certificación.
Dicha Consejería ejercerá las tareas de coordinación entre las distintas figuras de calidad, así como el asesoramiento y apoyo a cada una de ellas en base a sus directrices y a las demandas de los distintos sectores interesados. Además ejercerá las competencias de apoyo a la promoción de estas figuras en colaboración con los interesados.
Ejercerá asimismo la potestad sancionadora regulada en el Título V de esta Ley en virtud de la protección que corresponde a las figuras de carácter público.
La Administración, a través de sus Consejerías, entes o agencias competentes, ejercerá las competencias derivadas del control de fraudes agroalimentarios, calidad y seguridad agroalimentarias, salud pública, calidad ambiental y protección de los consumidores
Artículo 9, apartado 1, modificado por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 10 El Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria.
Existirá un Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria, como órgano colegiado superior de consulta y asesoramiento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la materia objeto de la presente Ley.
Dependerá orgánicamente de la Consejería que tenga atribuidas competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería y estará presidido por el Consejero titular de la misma.
Su composición será representativa y proporcional, de acuerdo con la realidad de las figuras agroalimentarias en La Rioja y de los agentes públicos y privados implicados.
Reglamentariamente se regulará su creación, composición, régimen de funcionamiento y atribuciones.
TÍTULO III Registros Artículos 11 a 13
ARTÍCULO 11 El Registro de órganos de gestión de figuras de calidad agroalimentaria.
Se crea el Registro de órganos de gestión de figuras de calidad agroalimentaria que comprenderá todos aquellos órganos de gestión que hayan sido autorizados o constituidos previamente por la autoridad competente.
Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento y la adscripción de este registro.
ARTÍCULO 12 Los Registros de marcas colectivas.
Se crea el Registro de marcas colectivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de carácter interno, que comprenderá todas aquellas marcas cuyos pliegos de condiciones hayan sido autorizados por la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, sin perjuicio de las competencias que en esta materia correspondan a la Administración General del Estado.
ARTÍCULO 13 El Registro de entidades externas de control y/o certificación.
Se crea el Registro de entidades de control y/o certificación en el ámbito agroalimentario, en el cual deberán estar inscritas las entidades que vayan a realizar el control y certificación de figuras de calidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En este registro existirán tantas secciones como figuras de calidad existan en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El funcionamiento y adscripción de este registro y sus secciones serán fijados reglamentariamente.
La inscripción en el Registro de entidades externas de control y/o certificación se producirá mediante una declaración responsable en que la entidad solicitante indique que cumple los requisitos normativos de la Norma UNE EN ISO 17020 y/o UNE-EN 45.011 para el producto correspondiente, o normas que las sustituyan, acompañando la documentación acreditativa del cumplimiento del referido requisito.
Artículo 13, apartados 1 y 2, modificados por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
Artículo 13, apartado 3 añadido por la Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 29 de Diciembre de 2014.
TÍTULO IV Régimen de inspección Artículos 14 a 17
ARTÍCULO 14 La Superior Inspección.
Corresponde a la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, la superior inspección del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente norma, y en particular:
Podrá en cualquier momento, a través de técnicos cualificados del órgano administrativo competente, realizar inspecciones en campo e instalaciones de los operadores.
En relación a las entidades de control y/o certificación externas, podrá reclamar en cualquier momento todo tipo de documentación relativa al cumplimiento de las normas EN-45.004 ó 45.011 ó normas que las sustituyan, y a la información concerniente a la figura o figuras de calidad de que se trate. Asimismo, verificará que por parte de las entidades externas se lleve a cabo el programa de control basado en las propias normas de la figura de calidad, reglamentos o pliegos de condiciones, y siempre de acuerdo a los límites mínimos de control aprobados por la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería.
En base a las actas e informes correspondientes de los citados técnicos, la autoridad competente podrá iniciar de oficio los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la legislación vigente por incumplimiento de lo establecido bien en los reglamentos correspondientes, bien en sus manuales de calidad y/o procedimientos, respectivamente.
ARTÍCULO 15 Control por las Entidades Externas.
Las actuaciones de control desarrolladas por la entidad externa de control y/o certificación, deben efectuarse a los efectos de la comprobación de la adecuación a la normativa de aplicación de los productos agroalimentarios, especialmente en lo concerniente a los siguientes aspectos:
Propiedades de los productos: naturaleza, identidad, cualidades sustanciales, composición, contenido, especie, origen y procedencia.
El uso adecuado de las figuras de calidad.
La actividad e identidad de los operadores.
El personal de las entidades externas realizará entre otras las siguientes funciones:
Comprobar las condiciones en que se efectúa la producción, la transformación y comercialización con incidencia en la calidad agroalimentaria.
Controlar e inspeccionar la designación, denominación, presentación e inscripciones de cualquier naturaleza de los productos, envases, embalajes, los documentos comerciales, la publicidad y la documentación de los sistemas de garantía de la trazabilidad.
Detectar fraudes, adulteración o falsificación perjudiciales para el sector agroalimentario o para los consumidores.
Verificar la fiabilidad de los sistemas de trazabilidad de los productos utilizados por los operadores agroalimentarios.
Comunicar a la Administración las posibles infracciones detectadas en los controles.
ARTÍCULO 16 Obligaciones de los operadores.
Los operadores estarán obligados, a los efectos de las actuaciones de control llevadas a cabo tanto por las entidades externas de control y/o certificación como por la Administración competente a:
Suministrar la información que se solicite y permitir el acceso a los locales, a los vehículos, y a la documentación correspondiente.
Permitir la toma de muestras del producto objeto de la inspección sobre los productos agroalimentarios que elaboren, distribuyan o comercialicen y sobre los materiales utilizados.
ARTÍCULO 17 El Autocontrol.
TÍTULO V Régimen sancionador Artículos 18 a 29
ARTÍCULO 18 Infracciones administrativas.
ARTÍCULO 19 Tipificación de infracciones.
Falsear u omitir los datos o comprobantes que en cada caso sean precisos en los Registros que se establezcan en cada figura de calidad.
No comunicar inmediatamente al órgano de gestión de la figura de calidad cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los Registros que se establezcan en cada figura de calidad.
La obstrucción a las labores de inspección. Se consideran como actos de obstrucción: la negativa a la entrada o permanencia de los inspectores en la finca o establecimiento, la negativa a presentar la documentación, o impedir o perturbar el reconocimiento de las mercancías, maquinarias, productos de proceso, las instalaciones o cualquier otro elemento que sea objeto de inspección.
El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de manipulación, elaboración, conservación y transporte del producto.
Realizar cualquier acción, tanto por parte de los operadores como de los miembros de los órganos de gestión, que cause desprestigio o perjuicio a la figura de calidad.
El empleo de materias primas o productos producidos fuera de la zona autorizada en los supuestos de figuras de calidad vinculadas al ámbito geográfico.
La expedición, circulación o comercialización de mercancías o productos amparados en envases de características y formatos no aprobados por los respectivos reglamentos de uso de las figuras de calidad.
El uso de la figura de calidad en productos que no hayan sido producidos de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente y por los diferentes reglamentos reguladores de las figuras, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas que han de caracterizarlos.
La reincidencia por la comisión de más de una infracción leve en un mismo año.
Incumplir las medidas cautelares.
El uso de etiquetas no aprobado por los órganos de gestión.
La utilización de prácticas expresamente prohibidas por los distintos reglamentos que regulen las figuras de calidad.
La expedición de mercancías o productos que no correspondan a las características de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.
Efectuar el etiquetado en locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas por el órgano de gestión.
Tener, negociar, utilizar indebidamente o falsificar documentos, etiquetas y demás elementos de identificación propios de las figuras de calidad.
Negarse absolutamente a la actuación de los servicios de inspección.
A las infracciones contra las disposiciones de la presente Ley les corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
Infracciones leves: sanción de 150 euros a 3.000 euros.
Infracciones graves: sanción de 3.001 euros a 15.000 euros, pudiendo rebasarse dicho importe hasta el quíntuplo del valor de las mercancías no conformes.
Infracciones muy graves: sanción de 15.001 euros a 500.000 euros, pudiendo rebasarse dicho importe hasta el décuplo del valor de las mercancías no conformes.
En los supuestos de las sanciones calificadas como graves, podrá acordarse, como sanción accesoria, la suspensión temporal del funcionamiento de una empresa, o en su caso, de un área o elemento de la misma, siempre en el ámbito de actuación de esta Ley, y por un período máximo de un año. En el caso de infracciones muy graves el período máximo será de hasta cinco años.
No tiene carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se cumplan los requisitos exigidos.
En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas por personas inscritas en los registros de cualquiera de las figuras de calidad agroalimentaria, puede acordarse como sanción accesoria la suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca o su baja definitiva en los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas u otros documentos de la figura de calidad. La baja definitiva en los registros de cualquiera de estas figuras implica la exclusión de los infractores, y como consecuencia la pérdida de sus derechos inherentes a la denominación o marca.
En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y materias o elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias relacionados con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador debe acordar su destino y puede decomisar las mercancías que, por sus circunstancias no puedan ser objeto de utilización o comercialización, debiendo determinar el destino final que ha de darse a la mercancía decomisada.
Los gastos ocasionados por las actuaciones relacionadas en el presente apartado corren a cargo de los infractores.
En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones que se les imponen como sanción o que las cumplan de forma incompleta, pueden imponérseles multas coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente la sanción.
Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción, son independientes de las sanciones pecuniarias correspondientes como sanción por la infracción cometida, compatibles con las mismas, y el importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 6.000 euros.
La naturaleza de los perjuicios causados o que podrían haberse causado, especialmente el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir a los operadores agroalimentarios o a los consumidores.
La reincidencia en la comisión de faltas relativas a la misma figura de calidad. Se considerará reincidencia la comisión en el plazo de 3 años de más de una infracción, siempre que así se haya declarado por resolución firme.
El valor y el volumen o cantidad de las mercancías y productos afectados por la infracción.
ARTÍCULO 22 Concurrencia de infracciones.
ARTÍCULO 23 Efectos de las sanciones.
Los plazos de prescripción de las infracciones son de 5 años para las muy graves, de 3 años para las graves, y de 1 año para las leves, a contar desde la fecha de comisión de la infracción.
Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 1 para las respectivas infracciones, a contar desde la fecha en que la resolución sancionadora se convierta en firme.
En caso de concurrencia de más de una infracción o de que alguna de ellas sea el medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción será el de mayor tiempo que corresponda a cada infracción individualmente considerada.
ARTÍCULO 25 Actas de control y toma de muestras.
En el caso de las actuaciones de control llevadas a cabo por la entidad externa de control y/o certificación, las actas de control se levantarán por triplicado y serán suscritas con carácter general por el inspector de la entidad externa de control y/o certificación, y un representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.
En el caso de las actuaciones que en el marco de la superior inspección realice la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, las actas se levantarán por triplicado y serán suscritas por el funcionario correspondiente y un representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.
En ambos casos, los firmantes podrán consignar en el acta cuantos datos y manifestaciones consideren convenientes para la estimación de los hechos que se consignen en la misma, así como de cuantas incidencias ocurran en el acto de la inspección o levantamiento del acta.
Si de las actas de control realizadas por la entidad externa de control y/o certificación hubiera indicios de vulneración de la normativa aplicable a la figura de calidad, la entidad externa de control y/o certificación dará traslado de las actuaciones practicadas al órgano de la Administración con competencias en materia de inspección por si procediera, en su caso, la apertura de un procedimiento administrativo de inspección y sanción.
En las actuaciones que lleve a cabo el órgano de la Administración con competencias en materia de inspección, las circunstancias que el inspector consigne en el acta se considerarán hechos probados, salvo que por la otra parte se demuestre lo contrario. Si el interesado objeto de la inspección se negara a firmar el acta, lo hará constar así el inspector, procurando la firma de algún testigo.
En el caso de que se estime conveniente, se tomarán muestras del producto objeto de la inspección. Cada muestra se tomará, al menos, por triplicado, en cantidad suficiente para su examen y análisis y se precintará y etiquetará, quedando una en poder del operador inscrito o su representante.
ARTÍCULO 26 Medidas cautelares.
En ejercicio de la función de inspección de calidad, pueden adoptarse las medidas cautelares determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la correspondiente acta, en la que deberán constar sus motivos. Estas medidas cautelares deben guardar proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la no conformidad sea subsanable, durante el tiempo necesario para la eliminación de lo que motivó su actuación, lo que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones inspectoras.
Las medidas cautelares pueden consistir en las siguientes actuaciones:
La paralización de los vehículos en los cuales se transporten los productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias.
Las medidas cautelares adoptadas por el personal de la Administración que realiza funciones inspectoras no pueden durar más de quince días y deben ser confirmadas, modificadas, o levantadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
Las medidas cautelares pueden ser objeto de los recursos administrativos que procedan.
Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares corren a cargo de la persona responsable o titular de derechos sobre las mercancías.
ARTÍCULO 27 Inicio del procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador podrá iniciarse en virtud de las actas levantadas por los técnicos cualificados del órgano administrativo competente, por comunicación de alguna autoridad u órgano administrativo, o por denuncia formulada por particulares sobre algún hecho o conducta que pueda ser constitutivo de infracción.
El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo del titular de la Dirección General con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería.
ARTÍCULO 28 Instrucción de expedientes.
En todo caso, tanto si el infractor está inscrito en alguno de los registros de operadores de sistemas de protección, como si las infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta Ley por personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, será la Consejería con competencias en materia de denominaciones de origen la encargada de incoar e instruir el expediente.
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora será tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 3/1995 de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública o norma que la sustituya.
ARTÍCULO 29 Resolución de los expedientes.
La resolución de los expedientes sancionadores, recaerá en el órgano competente de la citada Consejería.
La instrucción y resolución de los expedientes por infracciones cometidas fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponderá a la Administración General del Estado o a las Administraciones Autonómicas, según determine el ejercicio de sus competencias.
De las infracciones en productos envasados será responsable la firma o razón social cuyo nombre figure en la etiqueta; de las que se hayan cometido en productos a granel, el tenedor de los mismos; y de las que se deriven del transporte de mercancías, las personas que determina al respecto el vigente Código de Comercio y disposiciones complementarias.
En todos los casos en que la resolución del expediente sea con sanción, el infractor deberá abonar los gastos originados por la toma y análisis de muestras o por el reconocimiento que se hubiera realizado y demás gastos que ocasione la tramitación y resolución del expediente.
Las multas y los gastos a que hace referencia el apartado anterior deberán abonarse según lo dispuesto en la normativa que sea de aplicación.
En Logroño a 1 de junio de 2005.