Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/00142-3211-2011-2009-1014.html
Timestamp: 2017-03-27 02:47:51
Document Index: 165552164

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 93', 'artículo 91', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo\n111', 'artículo 178', 'artículo 111', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 91', 'artículo 102']

EXP. N° 2009-1014
Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, remitió a esta Sala Político-Administrativa
Tribunal), contentivo de la apelación
ejercida el 16 de septiembre de 2009 por la abogada Alejandra Pacheco Vargas, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el Nro. 63.572, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL; contra la
remitente, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto
conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por el ciudadano Juan Carlos Coronel
Duarte, titular de la cédula de identidad Nro. 9.138.215, actuando con el carácter
de representante legal de la sociedad de
comercio CARROCERÍAS UREÑA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 29 de octubre de 1993,
bajo el Nro. 8, Tomo 6-A, asistido por la abogada Mariela Pascuas Gómez,
aludido recurso contencioso tributario fue incoado contra el acto contenido en la Providencia Administrativa distinguida con letras y números SNAT/INTI/GRI/RLA/DR/DF/PROV/3027/2008/02 del
5 de noviembre de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual se declaró la pérdida
del beneficio de exoneración del impuesto sobre
la renta otorgado por Decreto del Ejecutivo Nacional Nro. 3.027 y la obligación
el que se produjo el incumplimiento, es decir, el ejercicio fiscal coincidente
con el año civil 2005. Según
se aprecia en auto del 9 de noviembre de 2009, el Tribunal a quo oyó en ambos
efectos la apelación ejercida por la representación fiscal, y remitió el
expediente a esta Sala Político-Administrativa, adjunto al precitado Oficio Nro. 3458-09 de la misma
El 24 de noviembre de 2009 se dio cuenta en Sala y se ordenó
aplicar el procedimiento de segunda instancia, previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable ratione temporis. Asimismo, se
designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz y se fijó un lapso de
quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
En fecha 19 de enero de 2010 la abogada María Alejandra
González, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 88.077, actuando con el
carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, conforme se desprende de documento poder
autenticado ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta de Caracas del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital en fecha 14 de diciembre
llevados por esa Notaría, consignó escrito de fundamentación de la apelación. Por
de febrero de 2010 se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviera lugar
el acto de informes y, posteriormente, fue diferida su celebración para el día 7 de
octubre del mismo año. En
fecha 13 de julio de 2010, por encontrarse vencido el lapso de contestación a
la apelación, la causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, según consta en documento poder
llevados por esa Notaría, solicitó se dicte sentencia en la presente causa. Vista la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de diciembre del mismo
año, la Sala quedó integrada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada
Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y
Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Trina Omaira Zurita.
Asimismo, se ratificó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.
Providencia Administrativa distinguida con letras y números SNAT/INTI/GRI/RLA/DR/DF/PROV/3027/2008/02 de
fecha 5 de noviembre de 2008, la Gerencia Regional de Tributos Internos Región los Andes del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), declaró la pérdida del beneficio
de exoneración del impuesto sobre la renta
otorgado a la sociedad mercantil Carrocerías Ureña, por incumplimiento de
deberes formales verificados en Resoluciones de Imposición de Sanción dictadas
en los años 2005 y 2007, en los siguientes términos:
como ha sido el incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeta la contribuyente
CARROCERIAS UREÑA, C.A., (...)
tal como se evidencia de Resoluciones de Imposición de Sanción distinguidas
con las siglas y números GRTI/RLA/DF N° 5055000197 y 198 de fecha 28 de
en las que se sancionó por el incumplimiento del deber Formal establecido en
los artículos 145 numeral 2 del Código Orgánico Tributario y por contravención
a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Impuesto Sobre (sic) la Renta de fecha 28 de diciembre de 2001, por lo que se aplicó sanción de conformidad con el
artículo 101 numeral 4 y 102 numeral 2, Segundo aparte del citado Código
Información Tributaria (SIVIT) el pago de la sanción impuesta por la Administración, lo que determina la aceptación tácita del incumplimiento.
la pérdida del beneficio de exoneración del Impuesto Sobre la Renta conforme a las previsiones establecidas en el Decreto (sic) 3027, otorgado a la contribuyente CARROCERIAS
UREÑA, C.A., (...) a través de la Providencia Administrativa N° RLA-DRBF-PROV-A-3027-04-31 de fecha 30 de noviembre de 2004,
esto de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Primera del Decreto de exoneración antes citado, como causa de los
incumplimientos señalados supra. Razón por la cual la contribuyente deberá
en el que se produjo el incumplimiento, es decir, el ejercicio 2005, así como
los obtenidos en los sucesivos ejercicios fiscales (...)”. (Resaltado del
de diciembre de 2008 el ciudadano Juan Carlos Coronel Duarte, actuando con el carácter
y asistido por la abogada Mariela Pascuas Gómez, ambos antes identificados, ejerció ante el Tribunal
Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, el recurso contencioso tributario contra la Providencia distinguida con letras y números SNAT/INTI/GRI/RLA/DR/DF/PROV/3027/2008/02.
Expone que su representada se encuentra dentro de los parámetros considerados por
el Ejecutivo Nacional para el otorgamiento del incentivo fiscal de exoneración
del impuesto sobre la renta y cumplió a cabalidad con lo previsto en el Decreto Nro. 3.027
obstante, “en virtud de una publicación aparecida el año pasado en un
periódico de amplia circulación, en el cual se les informaba a un listado de
contribuyentes de una manera ajena a cualquier procedimiento que se iniciaría
la apertura de (sic) verificación y sanción con la exclusión de la
exoneración contenida en el decreto (sic) 3027 por estar incurso en el
incumplimiento del referido decreto” le fue notificada la Providencia impugnada, en la que le revocan el beneficio de exoneración del
defensa y en violación al debido procedimiento.
que las sanciones aplicadas en las Resoluciones de Imposición de Sanción distinguidas
con las siglas y números GRTI/RLA/DF/5055000197 y GRTI/RLA/DF/5055000198
fueron pagadas por la contribuyente Carrocería Ureña C.A, para mantenerse
que dicha actuación no comporta una confesión. Finalmente, solicita se declare la nulidad de la Providencia impugnada por la aplicación de un falso supuesto en cuanto a los efectos
lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, mediante sentencia definitiva Nro. 535-2009 de fecha 17 de julio de
2009, declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido en fecha 18 de diciembre de 2008 por el representante legal
de la sociedad mercantil Carrocerías Ureña,
C.A., asistido de abogada, sobre la base de los argumentos que a continuación
expediente administrativo se desprende que la administración tributaria
interpretó que los incumplimientos a los deberes formales verificados en los
ejercicios fiscales comprendidos en los años 2005 y 2006, por cuanto emitió
cuales se impuso al contribuyente sanciones de conformidad con el artículo 101
obligaciones que establece el artículo 2, capítulo 2 del Decreto (sic) 3.027 es decir, que debía cumplir todos los
reglamento y el Código Orgánico Tributario, el incumplir uno de ellos acarrea
la pérdida del beneficio de exoneración. ...omissis...
beneficiarios de la exoneración en materia de Impuesto sobre la Renta, como es la realización de inversiones anuales a partir del año 2006, así como crear un
mínimo de tres empleos directos anuales a partir de los seis (6) meses
siguientes al inicio del disfrute de la exoneración y como último requisito dar
cumplimiento a todas las obligaciones y requisitos previstas (sic) en la Ley de Impuesto sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables. Pues
bien, del contenido de las actas fiscales específicamente del acta de recepción
presentación de documentos que respaldan las inversiones directas realizadas en
activos fijos durante el ejercicio fiscal 2006 y la relación de nomina que
demuestra que cumplió con el deber material al cual estaba obligado (sic)
según el decreto ut supra. ...omissis...
bien; como es bien sabido mediante el Decreto (sic) 3.027 se exoneró del pago de Impuesto sobre la Renta a los empresarios que radican en la jurisdicción de los Municipios Bolívar, García de
Hevia y Pedro María de Ureña del Estado Táchira, el cual, el espíritu de este
dispositivo legal es estimular la inversión privada en estas zonas
económicamente deprimidas, para así generar la reactivación económica en todos
sus ámbitos, a través del desarrollo empresarial y la generación de empleos
productivos, por lo que el fin parafiscal de estimulación que era la finalidad
de beneficio se cumplió. ...omissis...
el caso de autos claramente se evidencia que el (sic) recurrente incumplió la formalidad de llevar
obligación de todos los contribuyentes, pero su obligatoriedad no lo despoja de
su carácter de ‘formalidad’, y ello a juicio de esta juzgadora no se califica
como una falta de mayor gravedad como es el cometer un ilícito material o el de
disfrutar indebidamente de un beneficio fiscal, de allí que, es preciso evaluar
(...) si en el presente caso se tomó en cuenta la justa proporcionalidad
de la sanción, (...).
tal motivo, la actuación desplegada por la administración de imponer multa por
el ilícito formal y adicional a ello revocar el beneficio de exoneración
juzgadora el ilícito de llevar sin presunto orden cronológico los libros y
registros sin el número en el mes de septiembre del 2005, (folio 149) no se
gozar del beneficio de exoneración, siendo que aparte del incumplimiento en las
formalidades no se evidencia ninguna actuación de su parte que haga suponer que
no es merecedor del beneficio que además se otorga con fines económicos y sociales,
por ello es evidente que debe conservar su beneficio, no sólo en el período
fiscal investigado sino durante los períodos fiscales futuros, más aun cuando
la norma (artículo 2 de decreto (sic) 3.027) generaliza los requisitos y
obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de la exoneración, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta y las demás leyes. Para
concluir, es menester dejar claro que el recurrente (sic) fue sancionado (sic) por su infracción
y acató oportunamente su correctivo, de allí que extenderle la sanción a la
revocatoria del beneficio con efectos hacia el pasado sería sancionarlo dos
veces por el mismo ilícito ya que no se evidencia de actas procesales que haya
está que la administración tributaria lo que hizo fue interpretar la norma
dinero perteneciente al Tesoro Nacional por motivo de pago de Impuesto sobre la Renta sea empleado para el desarrollo empresarial mediante inversiones y la generación de
empleos, el cual, al no ser cumplido dicho objetivo si acarrearía una falta
grave por tratarse de un ilícito material según lo que establece el artículo
111 del Código Orgánico Tributario, que sería razón suficiente para revocar el
beneficio de exoneración.
injusto y desproporcional que un incumplimiento del deber formal que no privó
3.027, como condición para el goce de la exoneración del Impuesto sobre la Renta, el cual, es el acatamiento de las obligaciones materiales, y que el (sic)
recurrente cumplió cabalmente con dicha exigencia, de conformidad al principio
tribunal anular la Providencia Administrativa N° SNTA/INTI/GRI/RLA/DR/DF/PROV/3027/2008/02 de fecha 05 de noviembre de 2008, y así se decide. Es
importante aclarar que la pérdida de un beneficio no se puede hacer sin
procedimiento previo, pues de la interpretación concatenada del artículo 178
del Código Orgánico Tributario y del artículo 111 eiusdem se desprende
fiscalización, el cual garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso a
los contribuyente (sic), si la Administración Tributaria considera que debe revocar un beneficio para poder determinar cuál
es el tributo a pagar legalmente debe seguir el procedimiento de fiscalización
tal como lo realizó en el caso de Pasotini sentencia registrada bajo el Nro.
082-2009, en fecha 18/02/2009, Exp. N° 1672; es evidente que hubo ausencia de
procedimiento y así se decide. En
hermenéutica debe exonerar del pago de costas a la República, y así se decide.
la Sociedad Mercantil ‘CARROCERIAS UREÑA C.A.’ (...). 2. SE ANULA, la Providencia Administrativa N° SNTA/INTI/GRI/ RLA/DR/DF/PROV/3027/2008/02 de fecha 05 de
3. 3.- SE EXIME DE LA CONDENA EN COSTAS, a la República Bolivariana de Venezuela, (...). III
González, ya identificada, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República en representación de Fisco Nacional, presentó escrito de fundamentación de la apelación, en
que la decisión apelada incurrió en falso supuesto de derecho por errónea interpretación
de la Ley, al analizar en forma equivocada el contenido del ordinal 2º del
artículo 2 del Decreto Nro. 3.027 del 27 de julio de 2004 publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.991 del 30 de julio de
revocatoria del beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta previsto
en el señalado Decreto, se requiere únicamente el incumplimiento de las
obligaciones materiales, pues la exoneración no libera a los contribuyentes del
que la sociedad mercantil recurrente perdió el goce del beneficio dispuesto en
el artículo 2, numeral 2 del Decreto Nro. 3.027, porque -tal como se evidencia
de Imposición de Sanción distinguidas con las siglas y números GRTI/RLA/DF/5055000197
del 31 de mayo de 2007- no cumplió el deber formal de llevar los libros
emitía facturas de ventas por medios automatizados que no cumplían con los
requisitos contemplados en los artículos “91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 145 numeral 2 del Código Tributario”.
Finalmente, solicita que se declare con lugar la apelación ejercida y, en caso
contrario se exima de costas procesales a la República de conformidad con el criterio expuesto en la sentencia Nro. 1238 del 30 de
septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz.
apelada, así como de las objeciones formuladas en su contra por la
planteada en la causa bajo análisis se circunscribe a determinar si el Tribunal
a quo incurrió en el vicio de falso
supuesto de derecho por errónea interpretación de la Ley. Asimismo, deberá la Sala evaluar la posibilidad de revisar
por vía de consulta obligatoria, la conformidad a derecho del pronunciamiento
revocatoria del beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta.
Delimitada así la litis, esta
Alzada pasa a decidir y al efecto observa:
la representación judicial del Fisco Nacional que la Sentenciadora de instancia incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea
interpretación de la Ley al analizar en forma equivocada el contenido del
ordinal 2º del artículo 2 del Decreto Nro. 3.027 publicado en Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.991 del 30 de julio de 2004. Sostiene
exoneración del impuesto sobre la renta, previsto en el aludido Decreto, se
requiere únicamente el incumplimiento de las obligaciones materiales, pues la
exoneración no libera a los contribuyentes del cumplimiento de los deberes
tal sentido afirma, que la sociedad mercantil recurrente perdió el goce del referido
condiciones establecidas en las normas correspondientes y emitía facturas de
ventas por medios automatizados que no cumplían con los requisitos establecidos
en los artículos “91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 145 numeral 2 del Código Tributario”, como se evidenció en las Resoluciones
de Imposición de Sanción indicadas en el acto administrativo impugnado. Por
su parte, la Jueza de la causa sostiene en su decisión que “a juicio de esta
recurrente pueda gozar del beneficio de exoneración, siendo que aparte del
incumplimiento en las formalidades no se evidencia ninguna actuación de su
además se otorga con fines económicos y sociales, por ello es evidente que debe
conservar su beneficio, no sólo en el período fiscal investigado sino durante
los períodos fiscales futuros, más aun cuando la norma (artículo 2 de (sic)
beneficiarios de la exoneración, de conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta y las demás leyes”. Sobre
el particular, considera pertinente esta Máxima Instancia hacer ciertas precisiones
acerca del beneficio de exoneración de impuestos. En materia de exenciones,
exoneraciones y demás beneficios fiscales, rige el principio de la legalidad
tributaria según el cual sólo la Ley puede otorgar exenciones, exoneraciones y
demás beneficios fiscales y únicamente en ella se pueden establecer los
términos y condiciones para su procedencia.
A su vez, el artículo 2°, numeral 2 del Decreto Nro
3.027 de fecha 30 de julio de 2004, dispone lo siguiente: “Artículo 2º. Para el
goce del beneficio establecido en el numeral 1 del artículo 1º del presente
Decreto [exoneración del pago del impuesto sobre la renta], los sujetos
pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones: 1. Realizar inversiones anuales a partir del ejercicio fiscal del año 2006
presente Decreto, así como las previstas en el la Ley de Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables”. (Agregado de esta
Por su parte, la primera Disposición Final del
citado Decreto establece: “Primera.- El
incumplimiento de los requisitos y obligaciones previstas en el Capítulo II de
este Decreto ocasionará la pérdida del beneficio de exoneración, considerándose
que se hubiere producido el incumplimiento, así como los obtenidos en los
sucesivos ejercicios, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y de las
sanciones que puedan corresponder de conformidad con las disposiciones del Código
Orgánico Tributario y demás normas aplicables.
Ahora bien, en el caso concreto observa la Sala que el aludido Decreto Nro. 3.027, por el cual se concedió el beneficio de exoneración
gravables obtenidos por personas naturales y jurídicas en jurisdicción de los
Municipios Bolívar, García de Hevia y Pedro María Ureña del Estado Táchira, fue
dictado por el Ejecutivo Nacional el 27 de julio de 2004 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.991 el 30 de julio de 2004.
procedencia de la referida exoneración, específicamente, como antes se citó,
dar cumplimiento a todas las obligaciones previstas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, su Reglamento y demás normas aplicables (vid. artículo 2º,
numeral 2). En este orden de ideas, es oportuno destacar que el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, exige a los contribuyentes llevar en forma ordenada y
registros que esa Ley determine; asimismo, el numeral 2 del artículo 102 del
Código Orgánico Tributario de 2001, cataloga los ilícitos formales relacionados
con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables. Aunado a lo anterior, de las Resoluciones de Imposición de Sanción signadas con letras y números GRTI/RLA/DF/5055000197
del 31 de mayo de 2007, que sirvieron de fundamento de la Providencia impugnada, deriva que la contribuyente incumplió con el deber formal de llevar los libros contables con las formalidades y condiciones establecidas
en las normas correspondientes y emitía facturas de ventas por medios
automatizados que no cumplían con los requisitos exigidos en los artículos “91
de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 145 numeral 2 del Código Tributario”. Sin embargo, esta Alzada estima necesario resaltar que el propósito de la
exoneración establecida en el referido Decreto Nro. 3.027, es promover e
en los Municipios Bolívar, García de Hevia y Pedro María Ureña del Estado
Táchira. En efecto, a través del referido incentivo fiscal el Ejecutivo Nacional
persigue la creación de condiciones favorables, para que los pobladores de los
territorios más apartados de la Capital tengan mejor calidad de vida y empleos
dignos, es decir, acordes a un Estado Democrático y Social de Derecho y de
En sintonía con lo señalado, al ser uno de los fines primarios del Estado
venezolano el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad y la promoción
medidas adoptadas para la consecución de valores tan elevados como los
descritos, deben revestir permanencia y sólo ser revocadas por otras
previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
cumplen con los requisitos establecidos, no puede privar sobre la intención
superior del Ejecutivo Nacional al exonerar del pago del impuesto sobre la
renta a los contribuyentes de los Municipios antes mencionados. Así, a criterio de esta Alzada, la consecuencia jurídica de la conducta
omisiva de la recurrente de autos ya fue sancionada mediante las aludidas Resoluciones de Imposición de Sanción
y números GRTI/RLA/DF/5055000197 y GRTI/RLA/DF/5055000198 de
de 2007; sanciones que fueron pagadas a decir de la propia Administración
razonamientos precedentes esta Máxima Instancia concluye -al igual que lo hizo
mercantil Carrocerías Ureña, C.A., no tiene la suficiente entidad para acarrear la pérdida del
beneficio de exoneración del pago del impuesto sobre la renta que le ha sido
Fisco Nacional, según la cual el Tribunal de la causa interpretó de manera
errónea el Decreto antes señalado. Así se
relación a lo expuesto por la Juez de instancia en el sentido de “que la
pérdida de un beneficio no se puede hacer sin procedimiento previo”, esta
Alzada debe referir que la Administración Tributaria a los fines de anular el beneficio de exoneración otorgado a la sociedad mercantil Carrocerías Ureña, C.A., estaba
de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido procedimiento
declara sin lugar la apelación ejercida por la representante judicial del Fisco
lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes el 17 de julio de 2009, la cual se confirma en cuanto a que incumplimiento cometido por la
recurrente no tiene la suficiente entidad para acarrear la pérdida del
conferido por el Ejecutivo Nacional por el referido Decreto Nro. 3.027. Así se decide.
atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la sentencia número 1238 del 30 de septiembre de 2009 (caso: Julián Isaías
Rodríguez Díaz), dado el régimen de prerrogativas procesales consagradas a favor de
la República. Así se declara.
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representante judicial
Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes el 17 de julio de 2009, que
declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil
CARROCERÍAS UREÑA, C.A., la cual se CONFIRMA. NO PROCEDE el pago de costas procesales al
Fisco Nacional de acuerdo a los términos expuestos en esta decisión.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el
expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días
del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
En tres (03) de febrero del año dos mil once, se publicó
y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00142.