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Timestamp: 2019-09-20 01:13:56
Document Index: 332532421

Matched Legal Cases: ['artículo 404', 'artículo 197', 'artículo 440', 'artículo 176', 'artículo 31', 'artículo 207', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 18', 'artículo 306', 'artículo 310', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 212', 'artículo 35', 'artículo 271', 'artículo 35']

Indice Alfabético Extractos de Jurisprudencia
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2006
Tercer Trimestre de 2006........................................................................1
Tercer Trimestre de 2006........................................................................3
Indice Alfabético Sistema Penal Acusatorio
Tercer Trimestre de 2006....................................................................238
Tercer Trimestre de 2006....................................................................239
Providencias más consultadas durante el
Tercer Trimestre de 2006....................................................................341
Discriminación de providencias proferidas durante el
Tercer Trimestre de 2006....................................................................344
CONGRUENCIA-Acusación y sentencia/ VARIACION DE LA CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL DE LA CONDUCTA PUNIBLE-En la etapa de juzgamiento
1. Tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, que el proceso tiene una estructura formal y una estructura conceptual. La formal guarda relación con el conjunto de actos que lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico-jurídica, y la conceptual con la definición progresiva y vinculante de su objeto. El principio de congruencia es expresión de esta última, y el acto por antonomasia definidor del mismo en sus ámbitos personal, material y jurídico, es la resolución de acusación.
Este acto procesal fija las reglas de juego para el juicio y delimita el terreno dentro del cual debe desarrollarse el debate: Concreta las personas contra las cuales se dirigen los cargos, precisa los hechos y circunstancias constitutivos de la imputación fáctica, y señala los delitos y normas que integran la imputación jurídica. Las precisiones e imputaciones que aquí se hagan constituyen ley del proceso y se erigen en frontera inquebrantable para todos los sujetos procesales, y también para el Juez. Esta es la regla. Cualquier variación o modificación, requiere el cumplimiento de un procedimiento especial, en los términos señalados en la ley y la jurisprudencia.*
2. De acuerdo con el ordenamiento y con la interpretación jurisprudencial que de las preceptivas contenidas en los Arts. 404 y 405 ha realizado la Sala, la variación de la calificación jurídica sólo es procedente cuando se trata de hacer más gravosa la situación del procesado, no sólo en cuanto al género del delito sino en relación con la especie, forma de participación, imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o deducción de una de agravación que modifique los límites punitivos en su contra.
Con las nociones que vienen de precisarse, claro resulta entonces que, dados los términos en que se encuentra concebido el pliego acusatorio, la competencia para conocer del presente asunto radica en el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, no sólo por la naturaleza de los delitos imputados al procesado por la Fiscalía al calificar el sumario, sino también porque en el territorio de su jurisdicción se consumaron los mismos.
Otra cosa es que, en desarrollo del juicio se advierta la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, evento en el cual debe acudirse al procedimiento explicitado en el mentado Art. 404 de la Ley 600 de 2000, porque, como de igual manera lo ha precisado la Sala:
"Para la Corte la controversia suscitada respecto de los términos de la acusación, carece de fundamento, pues si bien, y en ello ha sido persistente la jurisprudencia, la resolución que la contiene constituye pieza fundamental del proceso en cuanto corresponde al pliego de cargos que el Estado formula al procesado para que se defienda en el juicio, por lo que su construcción anfibológica, ambigüedad, oscuridad o doble sentido puede dificultar o imposibilitar la labor defensiva, y, de contera, daría lugar a declarar la nulidad de lo actuado, no puede desconocerse que para que el debate en el juicio oral tenga la amplitud debida sin atentar contra el derecho de defensa, el ordenamiento procesal no exige al funcionario que profiere la acusación fijar en la providencia el tipo penal definitivo -o una de las varias posibilidades de realización que éste ofrezca- y por el cual inexorablemente deba proferirse el fallo, sino la calificación jurídica provisional del comportamiento atribuido que incluya todas las circunstancias genéricas y específicas que lo agraven o atenúen, y los ingredientes objetivos y subjetivos que especifiquen el tipo por cuya realización se acusa.
"El carácter provisional que el Nuevo estatuto procesal otorga a la calificación jurídica de la conducta en la resolución acusatoria, incluso tiene prevista la posibilidad para el acto de juzgamiento su variación una vez concluida la práctica de pruebas, "por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos", como en tal sentido se establece del artículo 404 de la ley 600 de 2000 por la que se rige el asunto en examen.
"Indica ello, que a diferencia de lo que acontecía en el Código procesal derogado (Decreto 2700 de 1991), en el que la calificación jurídica de la conducta era intangible y en tal medida no podía variarse por fuera del capítulo correspondiente sin desquiciar la estructura lógica y conceptual del proceso, y, por tanto, si el Juez consideraba que era necesario variarla por fuera del nomen juris o en disfavor del procesado, no había más remedio que decretar la nulidad, en el nuevo estatuto (ley 600 de 2000) durante el juicio no sólo es posible variar la calificación en cuanto al género de delito sino en relación con la especie, forma de coparticipación (cómplice-coautor), imputación subjetiva (culpa - preterintención - dolo), desconocimiento de una atenuante o reconocimiento de una circunstancia agravante, que modifiquen los límites punitivos en contra del enjuiciado.
"Se explica esto en que el nuevo esquema del proceso cambió la noción de congruencia genérica entre el pliego enjuiciatorio y la sentencia que exigía el anterior sistema, por el de congruencia específica, de manera que el fallo debe proferirse por el núcleo básico de la conducta imputada en la resolución de acusación o sus variaciones jurídicas introducidas durante el juzgamiento y sobre las que se hubiere dado la controversia debida en guarda del equilibrio de las partes y el derecho de defensa, sin que se faculte al juez para agravar la responsabilidad del acusado adicionando hechos nuevos, suprimiendo atenuantes reconocidas en la acusación, o incluyendo agravantes no contempladas en el enjuiciamiento o en su variación, pudiendo sólo, acorde con lo acreditado y debatido en la investigación y el juicio, en ejercicio de la soberanía y como interviniente supraparte en el proceso, declarar el derecho sustancial y condenar en consonancia con la acusación o sus modificaciones, absolver, o degradar la responsabilidad imputada en la acusación y condenar atenuadamente, pero actuando siempre con criterios de lealtad, igualdad, e imparcialidad, y respetando la legalidad y el núcleo central de la imputación que es intangible e indisponible, sin que en todos los casos en que se produzca variación de la calificación jurídica sea necesario acudir al medio extremo de la nulidad, pues su declaración la reserva la ley sólo para cuando no haya otra manera de subsanar el vicio sustancial que afecta el debido proceso." **
* Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 29 de septiembre de 2005, Rdo. 23914.
**C. S. de J., Sentencia de segunda instancia de 26 de febrero de 2002, Rdo. 18874.
DR. SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ
Asigna el conocimiento al Juzgado P.C.
de Chiriguaná - Cesar
Juzgado P.C.E.
ESQUIVEL CUADRADO, JOHN JAIRO
Hurto calificado, Homicidio agravado
Fin extracto providencia 25655
PRESCRIPCION-Técnica en casación: Causal tercera/ EJECUTORIA-Resolución de segunda instancia
1. El censor equivocó la causal en casación para demandar la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, toda vez que se debe postular a través de la causal tercera y no por la primera como lo hizo el censor y por violación del debido proceso. Tal falencia constituye un vicio de estructura, cuya denuncia y demostración ha de postularse con arreglos a los dictados del motivo de nulidad como medio para alcanzar el quiebre del fallo.
Cuando un dislate de semejante dimensión se estructura, es posible encausar las fundamentaciones del reparo, si bien aduciéndose el tercer motivo, a la manera de la causal primera de casación, toda vez que puede ser fruto de un entendimiento equivocado de una norma de derecho sustancial o de la apreciación errónea de los medios de convicción
2. Resultaba claro que el fiscal de segunda instancia tenía la obligación de notificar la decisión y, por lo mismo, descorrer los términos subsiguientes a fin de que la providencia cobrara firmeza y de esa manera delimitar las etapas del proceso penal.
Frente al punto en debate, la Sala anotó:
"...contrario a lo que afirma el defensor la resolución de acusación proferida en segunda instancia no cobra ejecutoria con la suscripción de la decisión, según lo colige de seguir las reglas generales, artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos, sino que en virtud a la trascendencia de la decisión, en la medida en que se separa la etapa instructiva y del juzgamiento y delimita su objeto, además de permitir la concreción del ejercicio del derecho de defensa, debía atender las reglas específicas señaladas por el artículo 440 ibidem, por lo que debió dársele publicidad. Situación distinta la excepción consagrada en el nuevo Estatuto Procedimental Penal, artículo 176, al prever entre las decisiones de segunda instancia que deben ser notificadas la resolución de acusación.
"Sobre el particular ya había tenido oportunidad de pronunciarse la Sala, al afirmar que cuando en segunda instancia se revoca la preclusión de la investigación para en su lugar proferir pliego de cargos, su ejecutoria no se surte con la simple suscripción de la providencia, sino una vez se notifica de conformidad con las previsiones legales. Concluyéndose, entonces, en que cuando la resolución de acusación se profiere en sede de segunda instancia, bien sea en desarrollo del recurso de apelación o por vía de consulta, como en este caso, se impone su notificación. "*
*Ver, entre otras, sentencia de revisión del 22 de septiembre de 2005. Rad. 19822.
DR. JORGE LUIS QUINTERO MILANES
Casa de oficio, declara prescripción, cesa
PEREZ CARDENAS, ORLANDO
Fin extracto providencia 25156
NULIDAD-Defensa técnica/ REFORMATIO IN PEJUS-Técnica en casación: Se puede alegar con base en la causal de nulidad/ INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS
1. Si no hubo actividad judicial durante los diferentes cambios de defensor pues una vez producidos se suplieron enseguida las ausencias, de ahí que los representantes judiciales designados siempre fueron enterados en debida forma de las decisiones adoptadas y oportunamente concurrieron y participaron en las diferentes diligencias a las cuales los convocaron, tal y como conceptúa el Delegado, no se ha conculcado el derecho de defensa técnica por haberse abstenido dichos sujetos de solicitar pruebas y de presentar alegatos al concluir la instrucción, ni por la omisión de sustentación de la última apelación intentada por el defensor, pues sabido es que no son éstas la únicas formas de ejercer los derechos de contradicción y de postulación, sobre todo si se tiene en cuenta que importa fundamentalmente que las partes hayan contado con la posibilidad jurídica de contradicción, que se materiliza, como ocurrió en este caso durante el debate público, al controvertir los planteamientos del ente acusador, al evaluar la legalidad y el mérito de las pruebas obrantes en la actuación y al formular peticiones a favor de la persona a quien se representa.
Específicamente y en relación con el silencio guardado por el defensor durante la audiencia preparatoria ante el rechazo del juez a la solicitud del representante de la sociedad de oficiar al Ministerio de Defensa en busca de información acerca de si a los acriminados se les había otorgado autorización para portar armas de fuego, decisión que fundó el Aquo en la existencia en el proceso de prueba documental sobre tal hecho, no es posible descalificar tal actitud y darle el alcance de violación del mencionado derecho fundamental, en atención a que el interés jurídico afectado con tal respuesta no fue el de la defensa sino el del sujeto procesal que la promovió.
Por tanto, la Sala desestima el reproche que al amparo de la mencionada causal de nulidad eleva el libelista y, además, considera oportuno evocar el siguiente aparte jurisprudencial.
"...tratándose de la causal de nulidad por violación al derecho de defensa técnica no resulta suficiente en casación descalificar la tarea cumplida por otros defensores, pues corresponde demostrar cómo omisiones inexcusables comprometieron la garantía fundamental de la defensa."
2. Es de advertir que si bien esta Sala había venido sosteniendo que cuando el ataque en casación tiene que ver con la vulneración del principio de la no reforma en perjuicio cuando se trate de apelante único, se imponía acudir a la causal primera y no a la tercera, pues se trata de un error in iudicando que nada tiene que ver con el procedimiento, ni con la valoración de los hechos o de las pruebas, y además es de contenido sustancial que afectaría únicamente la legalidad de la sentencia en lo que tiene que ver con todos aquellos aspectos que implican pena , en reciente jurisprudencia fue modulado este criterio así:
"En esencia, cuando se denuncia la vulneración del principio de prohibición de la reformatio in peius, se debe hacer bajo el amparo de la primera parte de la causal primera de casación, violación directa de la ley sustancial, como reiteradamente lo ha expresado la Sala, por ejemplo, en la sentencia del 21 de enero del 2004, dentro del radicado número 19652.
No obstante, si se atiende a la finalidad buscada, no es enteramente reprochable la formulación con base en la causal de nulidad pues, de una parte, se estaría ante la vulneración de un derecho fundamental y, de otra, en estricto sentido, en caso de que prosperara la censura, resultaría afectada la sentencia pues bastaría hacer la reducción correspondiente a la imputación."
Luego establecido el adecuado enmarcamiento del citado reproche se pasará al análisis de la sustentación.
La institución jurídica de la reforma peyorativa ha sido ampliamente alinderada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, especialmente en cuanto a explicar que, a pesar de su constitucionalización, el artículo 31 de la Carta no ha consagrado un derecho absoluto y sin excepción alguna para quienes apelan como parte única la sentencia.
De admitirse tal carácter el superior funcional estaría compelido a confirmar una decisión al margen de normas como el artículo 207, numeral 2° del Código de Procedimiento Penal de 2000, que imponen la consonancia entre la acusación y la sentencia, en evidente desconocimiento del apotegma del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Carta, según el cual, entre otras cosas, nadie podrá ser juzgado sin observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Sin desconocer que el objeto de la segunda instancia es delineado por el impugnante según corresponde al principio lógico de la razón vinculante, inspirador a su vez del reconocimiento constitucional (artículo 31) y legal (artículo 18 y 204 del Código de Procedimiento Penal de 2000) del derecho a la no reformatio in pejus, no resulta legítimo pretender que el Adquem al momento de conocer de un recurso de apelación soslaye irregularidades que afecten la estructura básica del proceso y se abstenga de aplicar el remedio previsto en la ley, es decir, la nulidad (artículo 306, numeral 2° del Código de Procedimiento Penal de 2000), orientada además por el principio de residualidad según el cual su declaración se torna inexorable cuando no haya manera distinta de corregir el yerro (artículo 310, numeral 5° del Estatuto Procesal Penal de 2000).
3. En relación con la normatividad que en materia de la pena accesoria de interdección en el ejercicio de derechos y funciones públicas que por favorabilidad se imponía aplicar en este caso, esto es, la contenida en el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos que guardan identidad con el aquí tratado, según se pasa a rememorar:
"...cuando la pena de interdicción de derechos y funciones públicas se impone como accesoria a la de prisión, su tiempo de duración será igual a ésta, sin que pueda exceder de 10 años, según lo establecen los artículos 44 (modificado por el 28 de la ley 40 de 1993 y luego por el 3° de la ley 365 de 1997) y 52 del Código Penal de 1980 aplicable al caso.
"En relación con este tópico, recientemente la Corte precisó que cuando la pena privativa de la libertad excede los diez años de prisión, no resulta aplicable el artículo 52 del Decreto 100 de 1980. Indicó, además, que, en dicha hipótesis, el artículo 44 ejusdem (modificado por el 28 de la ley 40 de 1993 y luego por el 3° de la ley 365 de 1997), no faculta al juzgador para imponer la interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo menor de diez años, prevalido de la expresión "hasta" allí utilizada.
"La genuina interpretación judicial, dijo la Sala, "conduce a entender que si la pena principal es menor de diez años, la accesoria en cuestión será también menor, pero que si la pena principal es de diez años, por ejemplo, también en ese rango será la accesoria, por contera, si la pena principal supera los diez años, por mandato del artículo 44 precitado, la interdicción será de 10 años, límite máximo, porque, la aplicación de las normas (52 y 44 del Código anterior) en cuestión obedece a un criterio sistemático, en virtud del cual, las normas no pueden obrar aisladamente, sino de manera complementaria, en función de un todo, que, por lo mismo, impide aislarlas para su cabal aplicación" (Cfr. sent. cas. julio 31/03, M. P. Dr. Galán Castellanos. Rad. 15063)" .
Se consignó al iniciar esta providencia que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartago, en la sentencia del 6 de junio de 2002, le impuso a (...............................) como autor penalmente responsable del concurso de delitos integrado por homicidio doble agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, la pena principal de treinta y ocho (38) años de prisión y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años, decisiones que avaló el Tribunal Superior de Buga al desatar la alzada interpuesta contra dicho fallo.
Los artículos 44 y 52 del Código Penal de 1980, vigentes el 3 de febrero de 2001, fecha en que tuvieron ocurrencia los episodios sancionados en este proceso, contienen previsiones más favorables al procesado que las estipuladas en los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000, en cuanto la pena de prisión conllevaba la interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena principal, sin que en ningún caso pudiera superar el límite máximo de diez (10) años.
DR. YESID RAMIREZ BASTIDAS
Casa parcial y de oficio en cuanto pena accesoria
VALLEJO MARIN, LUIS FERNANDO
MORENO MAFLA, ALFREDO
Homicidio agravado, Tráfico de municiones, Fabricación de Municiones, Porte de municiones
Fin extracto providencia 21066
CASACION DISCRECIONAL-Sustentación/ CASACION DISCRECIONAL-Desarrollo de la jurisprudencia/ MINISTERIO PUBLICO-Intervención/ INASISTENCIA ALIMENTARIA-Investigación de oficio
1. La admisión de la casación discrecional está condicionada a que el recurso haya sido formulado contra una sentencia de segunda instancia, que la demanda sea presentada oportunamente por cualquiera de los sujetos procesales legitimados para ello, que cumpla con la técnica que se exige para la casación, de igual manera, exprese los motivos por los cuales el recurrente considera que se hace necesaria su admisión para el desarrollo de la jurisprudencia o por qué estima que se ha violado alguna garantía fundamental en el curso del proceso.
Para el cumplimiento de dicha exigencia no se requiere una formalidad específica, pues de no haberse formulado en capítulo separado, podrá entenderse como satisfecha cuando la sustentación del cargo resulte coincidente con cualquiera de los motivos previstos por la ley para su invocación, como así lo tiene definido la Sala , resulta en todo caso insalvable, ya que de no satisfacerse tal exigencia dará lugar a inadmitir la demanda, al igual que cuando no se observan los requisitos a que se refiere el numeral 3º del artículo 212 del Código de Procedimiento Penal.
Sólo una vez se supera el requisito adicional a que se viene haciendo referencia, podrá examinarse si fueron observadas las reglas de la técnica en la formulación, desarrollo y demostración de los cargos que se planteen contra el fallo de segunda instancia, según la causal a cuyo amparo se presente el recurso y el modo en que se identifique la violación de la ley sustancial.
2.Cuando como justificación de la admisibilidad de la demanda se aduce que se requiere el desarrollo jurisprudencial, el demandante está obligado a exponer de manera ordenada y lógica la finalidad de su pretensión, indicando si lo que se demanda es la unificación de posiciones encontradas sobre un tema específico, la actualización de la doctrina existente o el pronunciamiento sobre un asunto aún no desarrollado por la jurisprudencia, así como demostrar la relación que exista entre lo solicitado como objeto de pronunciamiento por vía jurisprudencial y el asunto que es sometido a consideración de la Corte.
No resulta, entonces, suficiente que se aduzca como fundamento de la casación discrecional el desarrollo de la jurisprudencia frente a un tema sobre el cual se carece de pronunciamientos, o que no existe claridad o se precisa de su desarrollo, sino que el demandante debe abordar y desarrollar las hipótesis específicas sobre cada tópico según el caso, demostrando su relación con los hechos que son objeto del proceso penal en cuestión. Además, poner de presente el grado de dificultad que representa para los jueces su estudio, la complejidad conceptual del tema, la falta de claridad en su definición y los efectos que se lograrían en la definición del caso que se somete a análisis de la Sala, es decir, que justificar y motivar la necesidad de su intervención, pues sólo de esta manera puede valorarse la seriedad de la demanda y concretamente, las razones que justifican el pronunciamiento por vía jurisprudencial.
3.La intervención del Ministerio Público no es obligatoria en todos los casos, sino limitada a aquellos eventos en los que se evidencia cualquiera de las circunstancias que en forma alternativa señala el mandato constitucional. Tampoco, la prerrogativa que se le concede para intervenir en amparo del interés general como representante de la sociedad le otorga un tratamiento preferencial respecto de los demás sujetos procesales, es decir, que debe cumplir con todas las cargas procesales establecidas por la ley para acceder a los recursos, aún cuando su intervención tenga como finalidad la defensa del orden jurídico, el patrimonio público y/o las garantías fundamentales. Luego, se encuentra en igualdad de condiciones a los demás sujetos procesales y su intervención se encuentra sujeta a las oportunidades que autorice la ley para ello.
En consecuencia, para que el Ministerio Público acceda al recurso extraordinario de casación debe gozar de legitimidad, situación que se traduce en la necesidad de haber demostrado su inconformidad con el fallo de primera instancia mediante la interposición del recurso de apelación, excepto en los eventos en los que la Sala ha concluido su viabilidad, como cuando el superior haya desmejorado la situación de un sujeto procesal en desarrollo del recurso de apelación interpuesto por éste, se invoque alguna causal de nulidad o cuando el agravio sea el resultado del grado jurisdiccional de consulta.
4.El discurso argumentativo de la censora se basa en la previsión legal contenida en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal relativa a que el delito de inasistencia alimentaria es considerado como un delito querellable, apreciación que no tiene en cuenta que en este caso particular, no tiene operancia, como quiera que el ofendido es un menor de edad, en cuyo caso, la acción penal tiene carácter oficioso.
En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional, mediante sentencia C-459 del 12 de octubre de 1995, y así lo declara también el artículo 271 del Código del Menor, al prever que "Cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria sea un menor, la investigación se iniciará de oficio". Situación que es atendida por el citado artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, cuando dispone: "para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor,...".
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