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Timestamp: 2018-12-14 03:56:37
Document Index: 347961336

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'artículo 95', 'artículo 12', 'artículo 202', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 83']

ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.064/18
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD C/ LOS ARTS. 3° Y 12° DE LA LEY N° 5061/13”. AÑO: 2015 - N° 213”.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, doctores MIRYAM PEÑA CANDIA, ANTONIO FRETES y GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCQNSTITUCIONALIDAD: “CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD C/ LOS ARTS. 3° Y 12° DE LA LEY N° 5061/13”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Jorge Antonio Díaz Rojas, en nombre y representación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad.
A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El Abog. Jorge Antonio Díaz Rojas, en nombre y representación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, promueve acción de inconstitucionalidad en contra de los artículo 3° y 12° de la Ley N° 5061/13 “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO”, alegando la conculcación de los artículos 95 y 137 de la Constitución.
Las disposiciones atacadas expresan cuanto sigue:
“Artículo 3°.-Modifícame los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”, modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
Art. 83.- Exoneraciones. Se exoneran:
4) Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas.
La exoneración prevista en el presente numeral no se aplicará en los casos de enajenaciones de bienes o de prestación de servicios relativos a la realización de las actividades económicas mencionadas en los incisos a), d), e)y f) del Artículo 2° de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO” y sus modificaciones, así como tampoco en las actividades reguladas por la Ley N° 1034/83 “DEL COMERCIANTE”, salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita.
Artículo 12.- “A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones o exenciones del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades Agropecuarias, Renta del Pequeño Contribuyente, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Selectivo al Consumo...”
Por su parte nuestra Ley Suprema establece en su artículo 95 que: “De la seguridad social.
Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio".
El accionante manifiesta que su representada es una entidad autárquica, pública y de seguridad social, creada con el objeto de cumplir una función social, cual es, la concesión de jubilaciones y pensiones para el trabajador de la ANDE y subsidios para sus causahabientes. Expone que la Caja sobrevive con dificultades, debido a que sus ingresos están limitados por los aportes de sus afiliados y de la ANDE y que la aplicación de los artículos impugnados generaría perjuicios al patrimonio de su mandante, por un lado al tener que adicionar el 10% en concepto de IVA sobre los intereses devengados, en los préstamos otorgados a sus afiliados, y por otro lado, sus ingresos se verán disminuidos por aplicación de los artículos 3 y 12 de la Ley 5061/13, puesto que van de contramano con lo preceptuado en su Carta Orgánica, lo que dificultaría la inversión para generar los recursos que aseguren el cumplimiento de sus fines. Finalmente solicita se haga lugar declarando la inaplicabilidad de las disposiciones respecto a su representada.
En este sentido, el recurrente pretende la declaración de inaplicabilidad de disposiciones legales de rango impositivo al interpretar que las mismas inciden sobre las actividades de su mandante, gravándolas en este caso con el impuesto al valor agregado. De las constancias de autos y según lo manifestado por el representante convencional de la entidad accionante, la misma desarrolla actividades (préstamos en dinero) que a su criterio deben enmarcarse en la categoría de exoneradas de tal gravamen, por constituir una entidad pública de naturaleza asociativa, que no persigue fines de lucro. Ante estas actividades, se erige la modificación de la Ley N° 125/91 - con la modificación introducida por Ley 2421/03 - hecha por la Ley N° 5061/13 que establece nuevos parámetros a ser tenidos en cuenta a objeto de estimar como exonerado o no cierto tipo de actividades. Ante tales consideraciones expresadas en la ley modificatoria demanda la actora alegando que de persistir la aplicación impositiva perjudicaría los fines principales de la Caja, situación que pretende evitar en base a los argumentos esgrimidos.
En efecto, lo que hace la normativa atacada, en su primera parte, es reafirmar la protección establecida en la Constitución, por ello al inicio del numeral 4 comienza citando las entidades y las condiciones para que sus actividades sean consideradas exoneradas. No hay más que observar el contexto general del artículo en estudio para percatarse que de sus términos surge la clara intención del legislador de allanarse a los preceptos constitucionales, aunque haciendo una salvedad encaminada a limitar el otorgamiento de exenciones a las actividades que efectivamente no persigan fines de lucro, independientemente de las instituciones que las realicen, por el simple hecho de mencionarlo en sus estatutos. Lo que persigue la modificación realizada por la Ley 5061/13 es la salvaguarda de la correcta aplicación del precepto constitucional y establece los parámetros dentro de los cuales debe operar la institución, más específicamente cuando establece "salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita”. Por tanto, estarán gravadas las actividades no circunscriptas a dichos parámetros cuya naturaleza constituya la persecución de lucro.
Finalmente, con relación a la impugnación del artículo 12, vemos que el mismo establece la derogación de ciertas disposiciones que guardan relación con las modificaciones realizadas. Sobre este punto en cuestión, una norma que establezca derogaciones es una atribución propia y constitucional del Poder Legislativo en base a lo que establece la Ley Fundamental en su artículo 202: “Son deberes y atribuciones del Congreso:... 2) Dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución”, por lo que no se observa conculcación de norma constitucional, correspondiendo el rechazo en este sentido.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las consideraciones realizadas, a las disposiciones constitucionales y legales citadas y visto el parecer del Ministerio Público, considero que la presente acción no puede prosperar. ES MI VOTO.
A su tumo la Doctora PEÑA CANDIA dijo: La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, representada por el Abg. Jorge Antonio Díaz Rojas, impugna de inconstitucionalidad los Arts. 3° y 12° de la ley N° 5061/2013, “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO”.
El accionante reputa inconstitucionales las normas impugnadas por ser supuestamente lesivas del Art. 95 de la Constitución, concretamente, en cuanto este artículo estatuye que: “...los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para éste objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”. En ese aspecto, explica el accionante que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad -en adelante, la Caja- se trata de una entidad autárquica, pública y de seguridad social, creada con el objeto de cumplir una función social de gran relevancia, como lo es la concesión de jubilaciones, pensiones y subsidios a sus afiliados. Señala el accionante que si ya de por sí es difícil la situación económica por la que atraviesa la Caja para cumplir con los fines de su creación, las disposiciones impugnadas de inconstitucionalidad empeoran esta situación, al no exonerar del pago de tributos a los préstamos concedidos por la Caja a sus afiliados, lo que ocasiona un graves perjuicio económico y operativo a ésta, dado que, según refiere, actualmente están vigentes varios contratos con sus afiliados, en los que no se adicionó el IVA sobre los intereses devengados por dichos préstamos y que, al convertirse, según los artículos impugnados, en una actividad gravada por el mencionado impuesto, los ingresos de la Caja disminuirán considerablemente y resultarán insuficientes para los compromisos futuros que deba afrontar la Institución y, concretamente, para el cumplimiento de su finalidad social. Por todo ello, solicita a ésta Sala que haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declare inaplicables, con relación a la Caja, los artículos impugnados.
El Fiscal Adjunto, Augusto Salas, recomienda a esta Sala Constitucional el acogimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, en los términos del Dictamen que obra a fs. 14.
En cuanto a las disposiciones impugnadas de inconstitucionalidad -Arts. 3° y 12° de la ley N° 5061/2013- debe hacerse notar que el artículo 3 de dicha ley es modificatorio de varios artículos de la ley 125/92 (Arts. 83, 85, 87, 88 y 91),y, si bien el accionante no especifica que parte de la norma es atacada, de los términos en que fue planteada la presente acción, se advierte que los agravios del mismo se circunscriben a la modificación normativa dispuesta por el artículo impugnado concretamente con respecto al Art. 83 de la ley 125/92, en cuanto guarda relación con gravar con tributos las actividades de prestación de servicios o enajenación de bienes que realice la Caja y que no se hallen comprendidas en las exoneraciones dispuestas. Pues bien, en lo pertinente a los agravios del accionante, el Art. 3 de la ley 5061/2013, expresa:
“Artículo 3°. Modifícanse los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO”, modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
La exoneración prevista en el presente numeral no se aplicará en los casos de enajenaciones de bienes o de prestación de servicios relativos a la realización de las actividades económicas mencionadas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2° de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO” y sus modificaciones, así como tampoco en las actividades reguladas por la Ley N° 1034/83 “DEL COMERCIANTE”, salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita.
La reglamentación establecerá los términos y condiciones aplicables al presente numeral.”.
Por otra parte, el Art. 12 de la Ley N° 5061/2013 -también impugnado- dispone:
“Artículo 12. A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones o exenciones del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades Agropecuarias, Renta del Pequeño Contribuyente, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Selectivo al Consumo, excepto las exenciones contempladas en:
1) La Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” y en la presente Ley.
2) Las Leyes especiales de emisión de bonos u otros documentos similares destinados a la obtención de recursos económicos para el Estado y sus reparticiones o entes descentralizados o autónomos.
3) Los acuerdos, convenios y tratados internacionales, suscriptos por el Estado Paraguayo aprobados y ratificados por el Congreso de la Nación, debidamente canjeados.
4) La Ley N° 302/93 “QUE EXONERA DEL PAGO DE TRIBUTOS LAS DONACIONES OTORGADAS A FAVOR DEL ESTADO Y OTRAS INSTITUCIONES Y MODIFICA EL ARTICULO 184 DE LA LEY N° 1173/85”.
5) La Ley N° 110/92 “QUE DETERMINA EL RÉGIMEN DE LAS FRANQUICIAS DE CARÁCTER DIPLOMATICO Y CONSULAR”.
6) La Ley N° 438/94 “DE COOPERATIVAS”.
7) La Ley N° 3180/07 “DE MINERÍA”.
8) Las Leyes que establecen beneficios e incentivos fiscales para fomentar la industria nacional, vigentes a la fecha de la promulgación de la presente Ley, señaladas a continuación:
a) Ley N° 523/95 “QUE AUTORIZA Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS”.
b) Ley N° 60/90 “QUE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, EL DECRETO - LEY N° 27, DE FECHA 31 DE MARZO DE 1990, “POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL DECRETO - LEY N° 19, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1989 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA INVERSIÓN DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO”.
c) Ley N° 1064/97 “DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN”.
d) Ley N° 4838/12 “QUE ESTABLECE LA POLÍTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL”.
e) Ley N° 4427/12 “QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO O ENSAMBLAJE DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA”.
f) Ley N° 4903/13 “DE PARQUES INDUSTRIALES”.
g) Ley N° 4601/12 “DE INCENTIVOS A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ELECTRICOS”.
En atención a las alegaciones del accionante, con relación a la impugnación del Art. 3 de la Ley N° 5061/2013 “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1991 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO”, debemos realizar el enjuiciamiento de constitucionalidad de dicha norma a la luz de los Principios Constitucionales de la Tributación.
Al respecto, y previo al estudio de fondo de la cuestión particular, tenemos que las principales normas constitucionales que delimitan la potestad tributaria del Estado son las contenidas en los Arts. 44, 179, 180 y 181, que, respectivamente, establecen: Art. 44 “Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas”; Art. 179 “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario Art. 180 “No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad”; y el Art. 181 “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país” (lo subrayado es mío).
Es sabido que el Derecho Tributario se ubica, en el ordenamiento jurídico, dentro del Derecho Público, en el cual la máxima vigente es que el interés general prima sobre el de los particulares (Art. 128 C.N.).
El deber de contribuir -dispuesto por las normas constitucionales arriba transcriptas- está dirigido a proporcionar ingresos económico-financieros al Estado, y ello fundamenta la constitucionalización de ese deber. Es así que el deber de los habitantes de la República de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no es más que el deber de sujeción a las leyes y al ordenamiento jurídico. Los tributos, por tanto, derivan de un vínculo obligacional de Derecho Público. Al decir de García Añoveros “Cuando se establece el deber de contribuir en una Constitución se está estableciendo unas limitaciones al ejercicio del poder tributario del Estado. Limitaciones que tienen su base en la idea de capacidad contributiva”*1.
En consecuencia, la regla es que todos los habitantes contribuyan al Fisco sobre la base de la igualdad (Art. 181 C.N.); por lo que la exoneración es siempre una excepción a la regla y responde a diferentes razones, ya sea a mecanismos para garantizar la igualdad de las personas al exonerar del tributó a aquellas que no posean capacidad económica, o bien a políticas de Estado de diversa índole. Dicho deber de contribuir es configurado, en lo tocante a la materia imponible, a los sujetos obligados y al carácter del sistema tributario, por medio de la ley ordinaria, de acuerdo a la capacidad contributiva y dentro de los límites constitucionales de un sistema tributario justo (Arts. 44 y 179 C.N.). El Principio de Legalidad es, pues, el eje cardinal y el soporte de todo el sistema tributario, al determinar el sujeto acreedor, los sujetos obligados o deudores, el hecho imponible y el objeto de la
*1 GARCÍA AÑOVEROS, J. "Una nueva Ley General Tributaria. Problemas Constitucionales". P. 220.
obligación tributaria. De allí que, en materia tributaria, la Constitución Nacional establece los principios rectores estáticos del sistema tributario, pero deja reservada a la ley, que es dinámica y eminentemente modificable, la regulación del mismo.
En efecto, cuando la Constitución Nacional pretende establecer un blindaje tributario o inmunidad fiscal a una respectiva actividad -que en condiciones ordinarias estaría gravada, por constituir un hecho generador del tributo- o a un determinado sujeto -que en condiciones normales sería contribuyente o sujeto obligado al pago del tributo-, lo establece en sus propias disposiciones.
Constituye un ejemplo de ello el Art. 64 de la Ley Suprema, que estatuye: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo...” (lo subrayado es mío).
Ahora bien, cuando en el sistema tributario se desea establecer una exoneración de determinados tributos a favor de una actividad o persona, para su fomento y desarrollo, la norma constitucional deja este mecanismo reservado a la ley. Cabe en este punto recalcar que las leyes tributarios son modificables conforme la política económica-financiera que se persiga.
Una manifestación del principio de reserva de ley con relación a las exoneraciones, lo encontramos en el Art. 84 de la Carta Magna, que dispone: “El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la lev. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales” (lo subrayado es mío).
Ahora bien, profundizando en lo relativo a de las exoneraciones tributarias, los beneficios en materia tributaria constituyen aquellos tratamientos normativos mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o parcial, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación.
Esta capacidad de beneficiar a determinados sujetos o situaciones con la exoneración del pago de uno o varios tributos se origina en la propia potestad tributaria que tiene el Estado, facultad que debe ser ejercida de conformidad con los principios establecidos en la Constitución. Así, el otorgamiento de los beneficios tributarios debe hacerse respetando los principios de reserva de ley, de no confiscatoriedad, de igualdad tributaria y de protección de los derechos fundamentales. Más aún, siendo estos beneficios auténticos privilegios tributarios, es evidente que pueden generar afectaciones al principio de igualdad tributaria. Y es que con tales beneficios se configura una excepción al deber de contribuir con los gastos públicos, como ya se ha dicho.
En suma, así como las obligaciones tributarias deben respetar los principios tributarios, las normas que establezcan beneficios tributarios también deben hacerlo. Por lo que debe establecerse expresamente en qué consiste el beneficio tributario, a fin de no permitir que se delegue a la Administración la facultad de determinar ello.
Ahora bien, con respecto al fondo de la cuestión particular debatida en la presente acción - exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en las enajenaciones de bien y prestación de servicios a favor de entidades con personería jurídica sin fines de lucro dedicadas a brindar prestaciones de seguridad social-, ella debe ser estudiada a la luz de lo dispuesto por el Art. 95 de la Constitución Nacional, que prescribe: “El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”.
En términos claros y concisos, lo que pretende el accionante es que su mandante -en su carácter de entidad autárquica, pública y dedicada al cumplimiento de fines en el marco de la seguridad social- se vea beneficiada por la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) al realizar actividades económicas, concretamente aquellas enunciadas en la Ley N° 125/91 como actividades comerciales, industriales y de servicios, y en la Ley N° 1034/83 “Del Comerciante” como actos de comercio.
Al respecto, la norma constitucional autoriza en modo expreso la constitución de entidades privadas que presten servicios de seguridad social, cuya constitución y funcionamiento serán con supervisión del Estado y en respeto de las normas vigentes en la materia. Asimismo, manda que los recursos financieros de estas entidades no podrán ser desviados de sus fines específicos y deberán ser destilados al cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas, esto es, fines estrictamente relativos a la prestación de servicios de seguridad social.
Ahora bien, la Constitución Nacional, en el in fine del artículo transcripto, establece una salvedad a la regla de la indisponibilidad de los recursos económicos para otros fines que no sean los propios de las instituciones en cuestión: permite que ellas, sean públicas o privadas, puedan realizar las inversiones lucrativas que consideren provechosas para acrecentar su patrimonio. Entonces, la misma Ley Suprema establece que se le dará un tratamiento diferente a esas inversiones realizadas por las mentadas entidades, respecto de la generalidad de sus recursos económicos que deben ser destinados indefectiblemente a los fines de seguridad social.
En este orden de ideas, debe ponerse de relieve que el Art. 95 de la Constitución no dispone ninguna exoneración tributaria, ni en forma expresa ni reservada a la ley, a favor de instituciones tanto públicas como privadas de seguridad social.
En el caso de la accionante, es el Art. 3 de la Ley N° 5061/2013 el que establece una exención tributaria a su favor y bajo ciertos requisitos, al establecer que: “Se exoneran: ...4) Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas ” (las negritas son mías).
Esta norma dispone una exoneración objetiva a favor de entidades sin fines de lucro, siempre que las enajenaciones de bienes o las prestaciones de servicios de que se trate estén destinados únicamente al cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas. No obstante, ello no implica que las operaciones de inversión realizadas por tales entidades estén beneficiadas con las mismas exenciones, puesto que la norma es clara al disponer que no se exonera del tributo al sujeto obligado sino en cuanto realice ciertas actividades en particular.
En este punto vale recordar que dichas exoneraciones genéricas, contenidas en la anterior norma (Ley N° 125/92), han sido consagradas por ley y no tienen rango constitucional, por lo que cualquier ley posterior puede derogarlas o modificarlas como ha ocurrido con la ley impugnada -que discrimina qué actividades estarán exoneradas y qué otras no-. Ello permite al Estado que las exoneraciones sean sometidas a revisión periódica, si se quiere, para constatar si cumplen sus propósitos, y si siguen siendo necesarias o si se transformaron en simples e injustificados privilegios.
Al no existir tal inmunidad tributaria en la Constitución Nacional para las entidades dedicadas a la seguridad social, sino una exoneración dispuesta únicamente por ley, entra en aplicación la potestad tributaria del Estado, entendida ésta como "la posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción"*2, hallándose aquellas comprendidas dentro de lo que conocemos como sistema tributario general, en cumplimiento del deber de contribuir que alcanza a todos los miembros de la sociedad (personas físicas y jurídicas).
Respecto a los alcances de la exención del Impuesto al Valor Agregado, establecido por la Ley N° 5061/2013, con relación a las inversiones lucrativas realizadas por la entidad accionante, debemos decir que la duda interpretativa que propone y que pretende despejar por esta vía se plantea a nivel infraconstitucional, sin que pueda inferirse siquiera una posible afectación de normas, principios o garantías de rango constitucional, por lo que no aparece así ser de competencia de esta Sala dilucidar el posible conflicto interpretativo.
La cuestión así planteada no involucra la interpretación o aplicación de preceptos constitucionales, y en definitiva, no reviste trascendencia a nivel constitucional. En efecto, el accionante únicamente plantea un supuesto conflicto de aplicación de ley, sin que aparezca comprometida la supremacía constitucional.
No está demás recalcar, que cuando la situación de duda o incertidumbre se plantea a nivel infraconstitucional, en relación a la interpretación de normas ordinarias, son los juzgadores ordinarios los que tienen competencia para ejercer la labor de exégesis y aplicación de una u otra al caso concreto sometido a su decisión. Ello, salvo que involucre algún posible conflicto entre la norma ordinaria y un precepto de rango constitucional, en cuyo caso es competente esta Sala para ejercer el control de constitucionalidad. Se habilita igualmente la competencia de esta Sala cuando la cuestión hermenéutica involucra cláusulas constitucionales, de conformidad con lo que prescribe el Art. 542 in fine del C.P.C.
Ninguna de estas situaciones se presenta en este caso.
Finalmente, en cuanto a la impugnación del Art. 12 de la ley 5061/2013, no se observa conculcación alguna de normas constitucionales, considerando que derogar leyes mediante otras es facultad privativa del Congreso, conforme con el Art. 202 numeral 2) de la Constitución.
Por tanto, de conformidad con los fundamentos expresados, propongo el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Voto en ese sentido.
A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: El Abogado Jorge Antonio Días Rojas, en nombre y representación de la “Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad”, según testimonio de Poder General que acompaña, promueve acción de inconstitucionalidad contra los Arts. 3 y 12 de la Ley N° 5061/13 ‘‘Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “que establece el nuevo régimen tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”.
Sostiene el accionante que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad al ser una entidad autárquica, pública y de seguridad social regida por leyes especiales, fue creada con el objeto de cumplir una función social de gran relevancia en el país, consistente en la concesión de jubilaciones y pensiones para el trabajador de la ANDE. Que del ordenamiento jurídico del país, surge que la seguridad social es una garantía de los trabajadores, consagrada por la Carta Magna, que establece en su Art. 95 que los recursos financieros de los seguros sociales sólo pueden aplicarse a los fines establecidos en las respectivas leyes de creación y se autoriza realizar inversiones con el solo objetivo de acrecentar el patrimonio, para poder cumplir con los fines específicos.
Prosigue manifestando que la Ley N° 5061/13 modificó el artículo 83 de la Ley N° 125/91 (en su redacción dada por la Ley N° 2421/04) al establecer en su título “Exoneraciones” que éstas no serán otorgadas cuando las entidades beneficiarías, como la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, se dediquen a la enajenación de bienes o prestación de servicios relativos a la realización de actividades económicas mencionadas en los incisos: a), d), e), y f) del Art. 2 de la Ley N° 125/91 y sus modificaciones, o actividades reguladas por la Ley del Comerciante.
*2. JARACH, Dino. "Curso de Derecho Tributario". P. 23.
Así las cosas, y del análisis del escrito de presentación se observa que el principal agravio gira en torno a que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad ha celebrado contratos con numerosos afiliados, y en los mismos no se ha establecido que sobre los intereses devengados en los préstamos otorgados, se adicionará el 10 % ( diez por ciento) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que a la luz de dichas convenciones, la Caja no puede alterar arbitrariamente cláusula alguna.
En atención al caso planteado, es preciso traer a colación lo dispuesto en el Art. 95, último párrafo de la Constitución Nacional: “...los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos, y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”.
Al respecto, el Convencional Constituyente Tadeo Zarratea expresaba sobre la norma en cuestión: “Nosotros propugnamos que el Estado intervenga todo tipo de seguro privado que tenga carácter social, como la jubilación y la salud. Estamos abogando, pues, por un sistema de dos vertientes, una pública obligatoria y otra privada y voluntaria, y estamos también negando terminantemente la posibilidad de que, de la caja del seguro público obligatorio, se basan prestaciones a sectores carenciados de la sociedad, porque ese dinero es dinero particular y no del Estado” (Plenaria, Diario de Sesiones N° 18 del 06/V/1992. Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Horacio Antonio Petit, Tomo I, Parte Dogmática, Editorial La Ley Paraguaya).
Vemos pues que la intención de los convencionales constituyentes era que los fondos de los sistemas de seguridad social no sean utilizados para cubrir otras situaciones de necesidad del Estado que no sean aquellas exclusivas de los fines propios de la institución, pero eso no significa ni puede entenderse que las instituciones encargadas de la seguridad social no deban pagar impuestos como erróneamente sostiene la parte accionante. Nuestra Constitución Nacional cuando otorga las inmunidades tributarias lo hace expresamente tal como podemos ver por ejemplo en los Arts. 83 (De la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos) y 84 (De la promoción de los deportes), delegando la reglamentación de dichas exoneraciones al Poder Legislativo, situación que no se vislumbra en el Art. 95 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, es también menester recordar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto de carácter indirecto al consumo, puesto que es el consumidor final quien en definitiva soporta la carga del impuesto al momento de la adquisición del bien o de recibir el servicio, en este caso, al momento de la concesión del préstamo, y no quien enajena el bien o presta el servicio, por efecto de la “traslación” del impuesto. Es decir, que los que accedan a los préstamos y refinanciaciones de la entidad recurrente son los que deberán soportar el peso del gravamen. De hecho, la propia recurrente reconoce expresamente en su escrito de presentación que la aplicación de la Ley N° 5061/13 le “ocasionaría graves perjuicios en el patrimonio de su mandante”, lo cual confirma que no existen agravios actuales y concretos como exige el Art. 550 del C.P.C. para procedencia de la acción de inconstitucionalidad.
En efecto, es un principio fundamental del derecho procesal que el interés es la medida de la acción y que por lo tanto no puede haber acción cuando no ha existido una lesión a los derechos de los demandantes. (Alsina, Derecho Procesal, Parte General, Tomo I, 2da. Ed. Pág. 392). Por su parte, el Art. 12 de la Ley N° 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone que: “No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precisé la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria”, lo cual quiere decir que sólo el sujeto afectado se halla legitimado para promover la inconstitucionalidad.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sostuvo: “El escrito mediante el cual se promueve la acción de inconstitucionalidad debe contener una adecuada fundamentación, formulada en términos claros y concretos de manera que se baste a sí mismo. La proposición de la cuestión constitucional debe ser inequívoca y específica" (CS, Ac. y Sent. N° 85 del 12 de abril de 1996).
El “agravio atendible” por esta vía excluye la consideración de ciertos perjuicios, como los inciertos, los derivados de la propia conducta del recurrente, o los ajenos al promotor del recurso. El agravio que sustenta una acción de inconstitucionalidad deber ser: 1) propio: el perjuicio en cuestión debe afectar personalmente a la parte que lo invoca, excluyéndose los agravios ajenos. Solamente el titular del derecho que se pretende vulnerado puede solicitar el ejercicio del control de constitucionalidad; 2) jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual (Vide: SAGÜES, Néstor Pedro; Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, 4ta. Edic. actualizada y ampliada, Buenos Aires, Edit. Astrea, 2002, Tomo I, pág. 488 y ss.).
En consecuencia, y por todo lo expuesto, voto por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por anta mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Abog. Julio C. Pavón. Secretario