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Timestamp: 2017-07-24 00:51:35
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Xavier Rius Sant: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO VARELA POR UN DEFECTO DE FORMA Y LA PRÓXIMA REFORMA DEL 510 POR EXIGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO VARELA POR UN DEFECTO DE FORMA Y LA PRÓXIMA REFORMA DEL 510 POR EXIGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Efectivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a pagar 13.000
euros (8.000 por daños morales y el resto por costas) al propietarios de la Librería Europa, Pedro Varela, al considerar que vio mermado su derecho de defensa durante un proceso iniciado en 1996.
Varela fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona a cinco años de prisión por negar el Holocausto y provocar la discriminación, el odio y la violencia. Ante un recurso de su abogado, la Audiencia de Barcelona planteó en el año 2000 una cuestión de constitucionalidad sobre el artículo 607.2 del Código Penal,
al entender que podía entrar en conflicto con la libertad de expresión. Siete años más tarde, el Constitucional sentenció que la negación del genocidio no es un delito (Leer artículo mío sobre el caso en El País). La Audiencia entonces rebajó la condena de Varela a siete meses de prisión
y cambió la calificación, condençandolo por justificar el genocidio a través de los libros, revistas y panfletos que Varela vendía y distribía en la librería.
Posteriormente su abogado, José María Ruiz Puerta, defensor también de Josep Anglada y Juan Carlos Fuentes por los falsos panfletos islamófobos editados por PxC en Vic durante la campaña de las municipales de 2007 e impulsor del proyecto de expansión de PxC, Plataforma X La Libertad, apeló El Tribunal de Estrasburgo que ha considerado que, tras el cambio de criterio,
Varela no tuvo la “posibilidad de ejercer su defensa de una manera concreta y efectiva, y en un plazo razonable”. Según El País “La sentencia nos deja un
mal sabor de boca porque aprecio el primer motivo [indefensión], pero no valora la vulneración la libertad de conciencia y expresión”, lamentó
ayer su abogado. Varela cumplió 15 meses de prisión por una segunda sentencia de la Audiencia y está en libertad desde marzo del año pasado.
El librero pedía una indemnización de 125.000 euros. No obstante como publiqué hace unos meses en el proyecto de reforma del Código Penal el Gobierno ha incluído la Decisión Marco de la Unión Europea que dará mayor contenido al artículo 510 (incitación al odio, la violencia y discriminación por motivos de...) y recupera con otro redactado el 607 (apología, justificación y negación de delitos de genocidio) .
REFORMA DE LOS DELITOS DE XENOFOBIA I LA DECISIÓN MARCO 913/2008, DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Entre los artículos a modificar del Código Penal
incluidos en el anteproyecto presentado el 11 de octubre por el ministro Ruiz
Gallardón, hay uno, la reforma de los delitos de incitación al odio, a la
discriminación o la violencia por motivos de raza, origen, religión, minusvalía
u orientación sexual, así como el de apología del genocidio que, a diferencia
de otros artículos que se pretende reformar, es totalmente necesaria. Y posiblemente
por el hecho que lo más noticiable del anteproyecto fue la creación de la
prisión permanente, la reforma de los delitos de odio ha pasado casi desaperciba.
reforma de los artículos 510 (provocación al odio, la violencia y la discriminación
por los motivos antes citados) y el 607-7 (apología y justificación del
genocidio) era más que urgente dado que, tras diversas sentencias del Tribunal
Supremo, la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Constitucional, se estaba
generado un jusrispudencia que, en base a la ambigüedad del redactado de los
mismos y al derecho a la libertad de expresión, dejaba impunes dichos delitos,
yendo en sentido contrario de lo que legislan nuestros vecinos europeos. Sin ir
más lejos el pasado junio la Audiencia de Barcelona revocó la condena de
prisión dictada por el Juzgado de Manresa contra el que fuera Secretario
General de la xenófoba Plataforma X Catalunya, Juan Carlos Fuentes, por la
impresión y difusión de miles de panfletos en Vic durante la campaña de las
elecciones municipales de 2007. Dichos panfletos, firmados por un falso colectivo
magrebí, pedía a los autóctonos que votarán a CiU dado que desde el ayuntamiento
les daba comida y vivienda gratis y les eximía de impuestos, o que se votara a
los socialistas que desde el gobierno central les daba papeles, o a ERC, la CUP
o Iniciativa que tenían musulmanes en las listas, pero que en modo alguno,
decía el panfleto falso, se votará a PxC ya que les retiraría los privilegios y
les prohibiría convertir en mezquita la Plaza Mayor. La sentencia inicial
absolvió a Anglada, presidente del partido dado que Fuentes, que había
encargado las octavillas, le eximió de toda responsabilidad. Pues bien, en
junio de la Audiencia de Barcelona absolvió a Fuentes dado que, sin negar la
autoría de los hechos, “nos encontramos ante unos panfletos de contenido
irónico que deben ser tomados por la población en general como un ejercicio de
reflexión hacia los extranjeros y que denota un alto grado de madurez
democrática”. En dicha sentencia repetía lo que había dictaminado la Sección
Segunda del Supremo un año antes, que la conducta que se perseguiría con dicho
artículo era “provocar”, cosa que debía implicar acto seguido “que otros
discriminen o provoquen una conducta peligrosa”, pero no se cometía delito si
no se podía demostrar que nadie hubiera actuado inmediatamente en consecuencia.
Razonamiento absurdo que haría innecesario la existencia de este tipo penal,
pues toda incitación a un delito ya es en si misma punible si alguien actúa y
Y es que fue dicha sentencia 259/2011
de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo que revocaría una anterior sentencia
condenatoria de la Audiencia de Barcelona, absolviendo a unos condenados del
Círculo de Estudios Indoeuropeos, por los delitos de apología del genocidio (artículo
607-2) y provocación al odio y la violencia por motivos de raza, etc. (artículo
510), la que devaluó a la nada dicho artículo. Así el Supremo argumentó que sólo
era punible si se demostraba que acto seguido a la difusión de las opiniones
alguien hubiera actuado en consecuencia. Y puesto que de sus actividades o
documentos que difundían no podía demostrarse que hubieran sido responsables de
que nadie hubiera actuado violentamente o provocado discriminación, el Supremo,
creando doctrina, decidió absolverlos. Así devaluaba el articulo 510 que
establecía en su apartado primero que “Los que provocaren a la discriminación,
al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas,
antisemitas u otros” referentes a la religión, etnia, origen, orientación o
minusvalía con una pena de prisión de uno a tres años. Y en su segundo apartado
castiga con la misma pena “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o
asociaciones en relación” a su religión, origen, etc.
Dicho artículo se
había aprobado en 1995 para evitar el vacío que permitió la absolución de actos
inmigrantes. Así en la reforma parcial del Código Penal de dicho año se
tipificó ya la difusión de ideas y opiniones xenófobas en el artículo 165 ter,
después. También se creó el 607-2, que castigaba “La difusión por cualquier
genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes” que los practicaren. Pero
sorprendentemente el Tribunal Constitucional anularía parcialmente el 607-2 revocando la condena al propietario de la
librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, con la sentencia 235/2007 al dictaminar
a este traspiés la Fiscalía del Estado creó en el seno de la Fiscalía de Barcelona
la figura del Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación. Pero la tarea de este
fiscal tropezó con un artículo 607-2 devaluado y con la posterior sentencia del
Supremó que vació de contenido el 510. Vacío que contradecía no solo el artículo
20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que “toda
la Decisión Marco 913/2008, del Consejo de la Unión Europea que debían aplicar
los estados en noviembre de 2010 y exige dar un enfoque penal al racismo y la
cometieran. Ahora el anteproyecto da un nuevo
contenido al 510, imponiendo penas de uno a cuatro años a quienes “fomenten,
promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo o contra una persona” y a “quienes
lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos o personas a que
se refiere el apartado anterior” sin ser necesario que quede probado que
alguien ha actuando en consecuencia. Además recupera con un nuevo redactado la
negación del Holocausto, castigando a “quienes nieguen, hagan apología, o
trivialicen gravemente los delitos de genocidio” que hubieran sido declarados
probados por los Tribunales de Nüremberg u otros tribunales internacionales
posteriores. Dicho redactado no ampara la persecución de lo que muchos regímenes
islámicos definen como blasfemia religiosa –hacer humor sobre Mahoma o
cuestionar el Corán-, ni prohibir la venta y el estudio académico de ningún
libro. Sencillamente, es un instrumento para luchar contra la difusión de
mentiras sobre ciertos colectivos y de incitación al odio, la violencia y la
discriminación que, en estos tiempos de incertidumbres, rentabilizan hábilmente
en nombre de la libertad algunos líderes populistas que no creen en ella. Xavier
Rius es periodista y autor del libro “Xenofobia en Catalunya”
913/2008,
DECISIÓN MARCO,