Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp12974-2016-43726-de-septiembre-14-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_8ae3003a05834513866f30c797929fca&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 20:26:03
Document Index: 136179419

Matched Legal Cases: ['artículo 413', 'e contrario', 'artículo 36', 'artículo 175', 'artículo 28', 'artículo 308', 'artículo 308', 'artículo 307', 'artículo 313', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 356', 'artículo 425', 'artículo 356', 'artículo 10', 'artículo 356', 'artículo 381', 'artículo 356', 'artículo 10', 'artículo 356', 'artículo 354', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 357', 'artículo 375', 'artículo 8', 'artículo 350']

﻿ SENTENCIA SP12974-2016/43726 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016
SENTENCIA SP12974-2016 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:DEMOSTRACIÓN DEL DOLO EN EL DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN. SI BIEN LA JURISPRUDENCIA HA SIDO PACÍFICA EN SEÑALAR QUE EL DOLO ES UN ELEMENTO DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN, EN LA MEDIDA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN EL FUERO INTERNO DE LA PERSONA, EN SU PSIQUIS, POR LO CUAL NO ES FÁCIL DE DESENTRAÑAR, ES LA DEMOSTRACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL FUNCIONARIO LO QUE PERMITE CONCLUIR LA EXISTENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO Y LA INTENCIÓN DE PRODUCIR UNA DECISIÓN MANIFIESTAMENTE CONTRARIA A LA LEY. POR LO TANTO, SE HACE EVIDENTE QUE PROCESADO SABE PERFECTAMENTE QUE SU ACTUAR CONTRADICE LA NORMATIVIDAD, Y SE APARTABA DE LA LEGALIDAD Y QUE CON LA MISMA SE PUEDE CAUSAR UN GRAVE PERJUICIO A OTRA PERSONA, PERO NO OBSTANTE SE QUIERE OBTENER UN RESULTADO QUE SURTA EFECTOS NOCIVOS EN EL MUNDO FENOMENOLÓGICO. CABE RESALTAR QUE EN LA ACLARACIÓN DE VOTO SE EXPONE DE FORMA AMPLIA Y PRECISA GENERALIDADES RESPECTO DE LAS ESTIPULACIONES PROBATORIAS. ENTRE OTRAS PRECISIONES, SE EXPLICA QUE MEDIANTE LA ESTIPULACIÓN SE DA POR CIERTA LA AFIRMACIÓN QUE SOBRE UN HECHO CONVIENEN LAS PARTES, PERO HAY QUE SEÑALAR TAMBIÉN QUE ESA FACULTAD NO PUEDE SER CONTRARIA A LA RAZONABILIDAD, EL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE DEFENSA, A LA BUENA FE Y LEALTAD, COMO TAMPOCO A LA IGUALDAD NI A LOS SUPUESTOS QUE RIGEN EL CARÁCTER DISPOSITIVO DE LA PRUEBA NI LAS REGULACIONES QUE EN ESTA ÚLTIMA MATERIA DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA CUANDO SOBREVENGAN RENUNCIAS A SITUACIONES QUE AFECTAN DE MANERA SUSTANCIAL LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPLICADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, DOLO, RECURSO DE APELACIÓN, PREVARICATO, PREVARICATO POR ACCIÓN, ESTIPULACIÓN DE LA PRUEBA, PROLONGACIÓN ILÍCITA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Sentencia SP12974-2016/43726 de septiembre 14 de 2016
Rad.: 43726
Pues bien, el procesado fue condenado por los delitos de prevaricato por acción y prolongación ilícita de privación de la libertad. El primero lo tipifica el artículo 413 del Código Penal en los siguientes términos:
Pacífica ha sido la jurisprudencia al señalar que este es un tipo de mera conducta, cuya comisión es eminentemente dolosa y demanda la presencia de un sujeto activo calificado, esto es, que solo un servidor público puede ser el autor de la misma, la cual se concreta en la expedición de una resolución, dictamen o concepto contrario a la ley, es decir, ha de existir una contradicción evidente e inequívoca entre lo resuelto por el funcionario y lo dispuesto por la norma.
La contrariedad manifiesta de la resolución con la ley, alude a las decisiones que ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o la normatividad que deben regir el asunto, al punto que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico.
Implica lo anterior que entre lo resuelto por el funcionario y lo estipulado por la norma positiva para el caso concreto, debe existir una oposición ostensible, que surja de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la Ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a una expresión auténtica de lo “manifiestamente contrario a la ley”.
Significa ello que no tienen cabida las simples diferencias de criterio respecto de un determinado punto de derecho, especialmente en materias que por su complejidad o ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, porque no es posible ignorar que suelen ser comunes las discrepancias inclusive en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad.
Tampoco es factible admitir como constitutiva de prevaricato la disparidad o controversia en la apreciación de los medios de convicción, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta la sana crítica, toda vez que la persuasión racional le permite al juzgador una libertad relativa en esa labor. Por eso, en el prevaricato el juicio que se hace no es de acierto sino de legalidad de la providencia.
Ahora bien, en lo relacionado con la motivación y demostración del dolo, se tiene que tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala, el mismo debe deducirse de factores demostrados en el proceso, que generalmente son de carácter objetivo.
“(…) La conducta dolosa, conforme al artículo 36 del Código Penal, se acredita comprobando que el sujeto agente tuvo conocimiento de la ilicitud de su proceder y que se orientó con libertad a su ejecución, independientemente de que obre en el proceso la prueba del motivo que determinó al sujeto activo a actuar, o de sí se propuso causar perjuicio, pues los tipos penales en los que se adecuaron las conductas ilícitas aparte del dolo no exigen ninguna finalidad especial.
La intención se debe deducir de los factores demostrados, generalmente los objetivos, pues no se puede ocultar la dificultad que existe para obtener pruebas directas sobre el aspecto subjetivo (...)” (CSJ SP del 3/08/2005 Rad. 22112).
“(…) El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la vertiente interna del sujeto, en su universo mental. En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización (…) el dolo se integra de dos elementos: Uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal respectivo. Y otro volitivo, que implica querer realizarlos” (CSJ SP del 25/08/2010 Rad. 32964).
Y en cuanto al delito de prolongación ilícita de privación de la libertad, esta conducta típica se encuentra consagrada en el artículo 175 del Código Penal, norma que a su tenor señala:
“ART. 175.—Prolongación ilícita de privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y pérdida del empleo o cargo público”.
En relación con este comportamiento la Sala ha sostenido:
“Mediante este tipo penal se sanciona penalmente un atentado contra la libertad de locomoción individual de las personas, y en esencia, tiene lugar cuando a pesar de que una persona ha sido privada legalmente de su libertad, esto es, bajo los lineamientos del artículo 28 de la Carta Política, no se cumplen los presupuestos formales y sustanciales posteriores, tendientes a mantener ese estado de legalidad; o, cuando habiendo cesado las causas que dieron lugar a la privación lícita de la libertad, se mantiene tal situación, no permitiendo que se recupere dicha libertad. En el primer supuesto, caben aquellos casos en que no se formaliza la captura, o cuando no se recepciona dentro del término legal la indagatoria, o se resuelve la situación jurídica, o como cuando no se acude a legalizar una captura en flagrancia. En el segundo supuesto, caben aquellos casos en que el reo ha cumplido la pena y no obstante ello, el estado de privación de la libertad es extendido indebidamente por el servidor público” (CSJ SP del 15/02/2012 Rad. 33149).
En la misma providencia se precisó lo concerniente al elemento subjetivo del tipo, en los siguientes términos:
“El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad, es esencialmente doloso. Conforme ya se ha dicho por la Corte, “El dolo en esta conducta, se concreta entonces en el conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención originariamente legítima de una persona, sin justificación legal, y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guío la acción del funcionario” (resaltado fuera de texto).
Sentadas las anteriores premisas, se abordará el estudio del caso en concreto, con el fin de determinar si al apelante le asiste razón en sus reproches o por el contrario la sentencia impugnada se ajusta a los lineamientos lógicos y legales que permitan mantener su presunción de acierto.
De entrada encuentra la Sala que desde el punto de vista objetivo la conducta cometida por el entonces fiscal 38 Seccional de Buenaventura, encuadra en la descripción típica de los reatos por los cuales fue acusado y condenado en primera instancia.
En efecto, la providencia del 16 de mayo de 2007, por medio de la cual definió la situación jurídica de M. P. S. dentro del radicado 38109790, contiene un estudio fáctico, legal y jurisprudencial que le permitió concluir que tal implicado no era merecedor de una medida de aseguramiento, y que por lo tanto se le debía conceder su libertad inmediata, dado que el delito que cometió tenía señalado una pena mínima de 4 años.
Dicha providencia se fundamentó en el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia el 20 de octubre de 2005, radicado 24152, en la cual realiza un estudio sobre la contradicción existente entre los artículos 313-2 y 315 de la Ley 906 de 2004 y al efecto señaló:
“2.2. En el caso concreto, dos son las normas que han suscitado la problemática que amerita el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, dando por sentado que no hay réplica alguna en torno a la viabilidad de aplicación de la norma más favorable, a propósito de la expedición y vigencia progresiva de la Ley 906 de 2004, tal como esta corporación lo ha venido haciendo.
‘ART. 313.—Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
‘ART. 315.—Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda de cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307 literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas’.
Esta situación, bajo la lupa de la exégesis normativa, no arroja a otra conclusión, en aplicación de simple lógica y racionalidad en el entendimiento de la disposición, que el límite de 4 años o 48 meses, se encuentra evidentemente inmerso en las dos disposiciones, lo que genera un contrasentido.
En efecto, un meridiano entendimiento lógico lleva a concluir que 4 años está incluido cuando el legislador dice que por ese monto o uno superior procede la detención preventiva (sea o exceda) y, al mismo tiempo, cuando dice que la medida de aseguramiento no privativa de la libertad procede para delitos que su pena mínima no exceda de 4 años, pues si exceder es propasarse, superar, pasar de algo, ir más allá(1), no exceder es lo contrario, no propasarse, no superar o no pasar de 4 años. Para concretar, exceder es sencillamente 4 años y 1 día y no exceder es 4 años.
En otras palabras, al mismo tiempo el legislador sostiene que la privación de libertad procede para la pena de 4 años y que para esa misma pena es procedente una medida restrictiva de la libertad personal”.
(…) 3. Corolario de lo anterior, debe interpretarse que en la interrelación de los artículos 313-2 y 315 de la Ley 906 de 2004, cuando ambas disposiciones coinciden en el límite punitivo de 4 años, debe entenderse que prevalece lo normado en la segunda de las disposiciones, como quiera que comporta una menor limitación y restricción que la primera a un derecho fundamental, pues permite que se imponga medida de aseguramiento no privativa de libertad a una pena cuyo mínimo es de 4 años.
En estas condiciones, contrario sensu, en esta labor de interpretación, es posible concluir que la detención preventiva, en el evento del artículo 313-2, solo procede, entonces, para cuando el delito tiene una pena mínima que excede de 4 años de prisión”.
Pese a lo anterior, el 25 de mayo siguiente el acusado dentro del mismo asunto y luego de recibir la indagatoria de C. V. V., procedió a emitir una resolución en donde nunca abordó los estudios legales y jurisprudenciales que realizó 9 días antes cuando decidió sobre la libertad de P. S., de modo que finalmente dispuso que el procesado era merecedor de la medida de aseguramiento intramural.
Estas posiciones abiertamente disímiles, proferidas en el marco de un mismo expediente y en un lapso tan corto, logran estructurar objetivamente el delito de prevaricato por acción, toda vez que no existe justificación alguna por parte del procesado para haber actuado así, cuando se trataba de los mismos supuestos fácticos.
La anterior situación fue admitida tanto por la defensa técnica como por el propio procesado, quienes se han excusado en el exceso de trabajo que tenía a su cargo el fiscal P. G., uno de los dos fiscales dedicados al trámite de procesos bajo la Ley 600 de 2000 en la ciudad de Buenaventura, y en la falta de tiempo para realizar análisis juiciosos de los procesos que se encontraban bajo su dirección.
Considera la Sala que los argumentos expuestos por el defensor y el procesado no persuaden y mucho menos explican su comportamiento, pues el exceso de carga laboral no justifica en este caso particular el desconocimiento de la ley y la jurisprudencia al momento de resolver la situación jurídica de C. V. V., máxime si tan solo 9 días antes de emitir la providencia generadora del prevaricato, profirió otra donde a pesar de la carga laboral, sí pudo realizar un juicioso estudio normativo y jurisprudencial que lo llevó a concluir que el procesado M. P. S. no era merecedor de medida de aseguramiento.
Por supuesto, debe destacarse que el proceso se adelantaba bajo la égida de la Ley 600 de 2000, que implementaba un procedimiento primordialmente escrito y por ende las providencias hacían parte de los expedientes, luego en esas condiciones y dado el tiempo que medió entre una decisión y otra, era sumamente fácil que el procesado se percatara de la disparidad de ambas, sobre todo que la primera era la que se ajustaba a la interpretación jurisprudencial adecuada como terminó por aceptarlo tiempo después al decretar la libertad de V. por las razones esgrimidas en su inicial determinación.
Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que al confrontar las estipulaciones probatorias 5 y 6, valga decir las resoluciones por medio de las cuales se decide la situación jurídica de los procesados, se tiene que las mismas son idénticas en su estructura y discurso, es decir, la una es una copia textual de la otra, salvo porque la de C. V. V. fue cercenada en su estudio del principio de favorabilidad y concluye con la imposición de medida de aseguramiento.
Así las cosas, si hubiera sido verdad que la resolución de la situación jurídica del últimamente citado fue fruto de un trabajo intelectivo diferente al realizado con Panameño Sinisterra, las palabras, el orden de los párrafos y en sí la distribución de la providencia, hubiera sido absolutamente diferente, pero ello no fue así, lo cual lleva a concluir que en efecto el fiscal J. E. P. G. quiso un resultado diferente en el caso del aludido sujeto y por ello suprimió el estudio correspondiente a la concesión de la libertad por aplicación del principio de favorabilidad, hecho que devela su actuar doloso y malintencionado encaminado a causar un perjuicio al procesado.
Si bien la jurisprudencia ha sido pacífica en señalar que el dolo es un elemento de difícil comprobación, en la medida que el mismo se encuentra en el fuero interno de la persona, en su psiquis, por lo cual no es fácil de desentrañar, es la demostración de este tipo de actuaciones lo que permite concluir la existencia del elemento subjetivo del tipo y la intención de producir una decisión manifiestamente contraria a la ley, para hacer prevalecer la voluntad del procesado, su capricho, cuando días antes había decidido de modo diferente, ajustado a los parámetros legales. Pero además, no obstante la cantidad de trabajo que existiera, esa inicial decisión hacía parte del expediente y por lo mismo tenía la posibilidad de considerarla, de actualizar su conocimiento.
Así las cosas, es evidente que el fiscal procesado sabía perfectamente que su actuar contradecía la normatividad vigente, que su resolución se apartaba de la legalidad y que con la misma iba a causar un grave perjuicio a otra persona, pero no obstante quiso obtener un resultado que no era otro distinto a propiciar que la misma surtiera efectos nocivos en el mundo fenomenológico, en orden a prolongar la privación de la libertad de C. V., quien tuvo que soportar una medida de aseguramiento por 127 días, tiempo este que debió haber estado en libertad, independientemente de si era o no responsable del delito por el cual se le acusaba.
No obstante que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que no se necesita demostrar un móvil específico que hubiera determinado al funcionario a obrar con franca y notoria oposición al ordenamiento jurídico, de todas formas nadie se aparta del contenido de la ley por el solo anhelo de hacerlo, sino que en el fondo siempre hay un propósito que lo induce a ello.
En este caso el tribunal acogió lo expuesto por C. V. V., en cuanto a que escuchó por un lado a P. S. haber cancelado la suma de tres millones de pesos para ser dejado en libertad, en tanto que a él le exigieron tres millones setecientos mil pesos, pero no tuvo la capacidad económica para pagarlos, y por eso fue detenido intramuralmente, exigencia que manifestó le fue hecha en presencia del acusado, el abogado que éste le designó para el caso, su hermano G. V. V. y él, la cual si bien no atribuye directamente al procesado sino al profesional del derecho que estaba presente, lo cierto es que el Fiscal la cohonestó al punto que no se opuso a la misma.
Adicionalmente, el testigo adujo que para recuperar su libertad un hermano del procesado le exigió que tenía que votar por él en unas elecciones que próximamente se iban a llevar a cabo, lo cual efectivamente hizo, e igualmente su esposa L. R., un hermano suyo, G. y “C.”.
Esta versión en criterio de la Sala no puede desestimarse simplemente con el argumento de que es por “venganza”, porque tal y como sucedieron los hechos, es una razón lógica que hubo un acto de corrupción que desencadenó la conducta atribuida a P. G., pues se insiste, no de otra forma se entiende que nueve días después, cuando ya existía una providencia en el expediente que definía el mismo problema jurídico, se profiera otra que la contradice abiertamente en lo sustancial, tanto más si no militaba ninguna circunstancia que permitiera otorgar un trato disímil a los dos eventos, de modo que no es un despropósito afirmar que la providencia no fue más que la respuesta a la negativa a entregar la suma de dinero requerida.
Por supuesto, lo que ocurrió después para lograr la libertad, es demostrativo de que el acusado en este caso particular adoptó como patrón de comportamiento exigir dádivas a las personas que estaban a su disposición, para favorecerlas o no con el beneficio de libertad.
Lo anterior desvirtúa lo alegado en cuanto a que se actuó en el peor de los casos de manera descuidada, argumento que definitivamente se explica dentro del contexto de una estrategia defensiva, pero que no es admisible en atención a los aspectos mencionados en esta providencia.
Así las cosas, se tiene que las alegaciones del apelante no logran afectar la argumentación y solidez de la sentencia recurrida.
Por el contrario, la Corte estima que objetiva y subjetivamente se incurrió en las conductas típicas endilgadas, pues en cuanto al delito de prevaricato se emitió una decisión manifiestamente contraria a la ley, de forma dolosa por cuanto el acusado tenía conciencia de los elementos objetivos del tipo penal respectivo y quiso su realización; lo que igualmente aconteció frente al delito de prolongación ilícita de privación de la libertad.
Por lo demás, se trata de comportamientos antijurídicos que lesionaron sin justificación de ninguna índole los bienes jurídicos de la administración pública y la libertad individual, siendo finalmente culpables, toda vez que hallándose el acusado en capacidad de comprender la antijuridicidad de los mismos y de obrar de manera diferente a como lo hizo, aun así optó por llevarlos a cabo.
En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia objeto del recurso de apelación.
Confirmar la sentencia, por medio de la cual se condenó a J. E. P. G. por los delitos de prevaricato por acción y prolongación ilícita de privación de la libertad.
Contra este fallo no procede ningún recuso.
1 Según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Vigésima Primera Edición.
En el proceso de la referencia, presento los argumentos que me llevan a aclarar el voto del criterio mayoritario adoptado por la Sala en el auto de segunda instancia de la referencia, pues a mi juicio, se autorizaron estipulaciones ilegales, recayeron sobre pruebas y no sobre hechos, o temas que no podían ser objeto de pactos, con lo cual se afectaron garantías del acusado.
Para sustentar la afirmación que se hace en el párrafo anterior, expongo algunas reflexiones al amparo de la Ley 906 de 2004, dogmática con base en la cual estimo que la decisión de la Sala mayoritaria no se ajusta a la regulación que la ley procesal permite tener como fundamento probatorio de una decisión.
1.1 Precedente jurisprudencial.
“No es entonces, para clarificar con un ejemplo, que si las partes dan por demostrada la causa violenta de la muerte con arma de fuego e incluso el tipo de artefacto utilizado para el efecto, se estipule el informe de necropsia o la diligencia de inspección judicial del cadáver, o el informe de hoplología, sino el hecho concreto, vale decir, que el occiso pereció consecuencia de dos disparos infligidos con un arma de fuego del calibre 38 recogida en el lugar de los hechos, y ello se sustenta con los informes en cuestión, que para el efecto se anexan a la estipulación introducida como prueba en la audiencia del juicio oral (subraya fuera de texto).
Por lo tanto, si en este particular evento se estipuló como hecho probado que el acusado R.A.A.R. se encuentra en profundas situaciones de marginalidad y extrema pobreza, es claro que los anexos que soportan dicho aserto que, valga repetirlo, se entiende probado y aceptado por las partes, no son susceptibles de valoración probatoria alguna por parte del juzgador, por la potísima razón que en sí mismos no tienen entidad o virtualidad probatoria y las partes ya, dentro de su capacidad consensual, establecieron en la estipulación cuál es el efecto concreto, en punto de hechos trascendentes para el proceso, que se estima demostrado, sin importar si esos elementos de juicio abordan otros aspectos, que, desde luego, resultan intrascendentes para lo efectivamente asumido por los sujetos procesales como objeto de estipulación específica”.
“El juez de primer grado absolvió al procesado con el argumento de que “(...) no aparece en su contra una prueba directa o indirecta que lo vincule a los hechos juzgados, solo que fue retenido en compañía del menor de edad C. P. y en el inmueble donde fuera capturado había un arma [sic] sin que se hubiesen realizado los estudios correspondientes para determinar que él la portaba (...)”; no obstante, además de la imprecisión que señaló el tribunal (eran dos armas las que había en un balde, junto a los capturados), la Sala advierte cosa diversa en materia de pruebas de cargo:
6. La norma rectora, artículo 10, inciso 4º, de la Ley 906 de 2004, marca el derrotero que debe seguirse cuando de estipulaciones probatorias se trata, en el entendido de que los acuerdos o estipulaciones pueden versas sobre aspectos (…).
Ese es el único límite impuesto por el legislador a las estipulaciones (…) de donde se deriva que existe libertad plena al respecto, siempre que lo convenido por las partes no traspase, al punto de vulnerar, aquellas garantías”.
En la dinámica del procedimiento de enjuiciamiento criminal establecido en la Ley 906 de 2004, que consagra un sistema adversarial y dispositivo, al recaer la iniciativa probatoria con exclusividad en las partes, resulta admisible —además de aconsejable— que la Fiscalía y la defensa, a efectos de simplificar el proceso, acuerden expresamente tener por acreditado aspectos de la investigación penal, esto es, uno o más hechos, no todos, respecto de los cuales no existe para aquellos disenso, prescindiendo de su controversia a través del debate probatorio en el juicio oral.
Es así que, de acuerdo con el inciso 4º del artículo 10º de la Ley 906 de 2004 las estipulaciones deben versar sobre “aspectos” que no susciten controversia sustantiva para las partes y que no impliquen renuncia a los derechos constitucionales, y según el artículo 356, numeral 4º, de la citada Ley, en la audiencia preparatoria las partes pueden manifestar “si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias”, agregándose en el parágrafo que “se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias”.
En efecto, cuando la Fiscalía y la defensa acuerdan excepcionar la regla de mejor evidencia respecto de un documento, ello significa únicamente que el Juez podrá otorgar valor demostrativo a la copia como si del original se tratara. Es algo que tiene que ver exclusivamente con la idoneidad de la prueba documental, pero en todo caso a la parte interesada en la introducción de ese medio le corresponde demostrar que el documento cuya incorporación (en copia) pretende es auténtico, es decir, que “se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento” (artículo 425, L. 906/2004), para lo cual debe agotar el procedimiento previsto en el canon 426 de la codificación en cita.
La palabra “aspectos” no comprende el contenido o los alcances que corresponden al concepto de prueba en el proceso penal, esta categoría, sustantivo masculino, que proviene del latín aspectus, se refiere a las particularidades, apariencia, rasgos, características o propiedades captadas por los sentidos respecto de una persona, cosa, hecho, situación o acción verbal, para expresar formas, tiempo, materialidad, figura, etcra, supuestos predicables de los hechos o sus circunstancias y no de los medios probatorios.
Que los “aspectos” corresponde solamente a los hechos y no a las pruebas es conclusión que se soporta en el artículo 356 ibídem, disposición que expresamente establece que se entiende por estipulaciones “los acuerdos celebrados (…) para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias”, únicamente por vía excepcional se consagró la posibilidad de estipular la regla de mejor evidencia a que se ha hecho alusión en otro acápite de este escrito.
Ahora, las estipulaciones son pactos celebrados por el ente acusador y la defensa para tener por probados uno o más hechos respecto de los cuales aquellas no tienen controversia sustantiva. Por tal razón y como lo tiene discernido la Sala, resultan inadmisibles las estipulaciones de las partes dirigidas a demostrar los supuestos fácticos sustraídos de controversia (presunción juris tantum, hecho notorio), a ratificar o cuestionar de cualquier manera la misma circunstancia fáctica cuya realidad fue acordada(5) (estipulación sobre lo estipulado o acreditación con otro medio de lo pactado como probado.
Las estipulaciones no pueden comprometer derechos fundamentales, pues el artículo 10º de la Ley 906 de 2004 expresamente dispone que “el juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales”.
Además, por cuanto el ordenamiento adjetivo penal consagra los mecanismos e institutos para que el procesado, si esa es su voluntad, acepte su compromiso penal y reciba, a cambio de ello, los descuentos punitivos y beneficios que, según el caso, le correspondan por razón de la colaboración con la administración de justicia. En ese entendido, si lo que se quiere es lograr la terminación anticipada del trámite como consecuencia de la admisión de responsabilidad del incriminado, lo pertinente es acudir a las figuras del allanamiento a cargos o preacuerdos, que en la lógica de la justicia premial comportan beneficios correlativos para aquel.
“(…) se debe desechar la posibilidad de que mediante esta herramienta (las estipulaciones probatorias) se den por establecidas todas las circunstancias fácticas que conforman el comportamiento del acusado, del tipo penal, de la antijuridicidad y de la culpabilidad (…)
A modo de síntesis, las estipulaciones probatorias, de acuerdo con la normatividad procesal vigente, pueden ocuparse de i) hechos directamente relacionados con el objeto del proceso o indicadores de este, no excluidos legalmente en los términos explicados en esta aclaración de voto, y ii) la no aplicación de la regla de mejor evidencia respecto de un documento en copia.
Se trata, pues, de actos jurídicos bilaterales(8), originados en la voluntad concurrente de las partes, es un acto de disposición de estas, cuyo efecto es el de tener por probado y sustraer de la controversia probatoria uno o más hechos jurídicamente relevantes (o atribuir a la copia de un documento el valor demostrativo del original). Esto es, la estipulación es una excepción a la necesidad de probar.
La prueba en sí en materia penal ofrece el conocimiento de un hecho para sustentar la teoría del caso de una de las partes y el medio son los instrumentos a través de los cuales se lleva la información. El objeto o la fuente lo constituyen los hechos del proceso penal.
El parágrafo del numeral 4º del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal establece que la estipulación celebrada entre la fiscalía y la defensa conlleva “aceptar como probados” los hechos que son objeto de aquella, estableciéndose así una excepción a la actividad probatoria de las partes en el juicio oral.
El artículo 381 del C.P.P. solo permite sustentar la sentencia en el conocimiento que haya superado la duda, el que debe obtenerse a través de las pruebas debatidas en juicio.
El parágrafo del numeral 4º del artículo 356 del C.P.P. y el desarrollo que la jurisprudencia le ha dado a esta disposición, precisa que el hecho estipulado no requiere ser probado en el proceso penal porque por mandato legal se le tiene como demostrado, por eso en el texto legal se lee que se aceptan “como probados”.
La regulación que se hizo de las estipulaciones no fue la de una prueba, su referencia no está en el capítulo del Código de Procedimiento Penal que corresponde a estas, y el examen de su estructura y alcance solo permite asignarles la naturaleza a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior: es una excepción a la necesidad de probar.
La estipulación no es una confesión ni se le puede equiparar a esta, porque el momento procesal y la forma en que se produce para vincularla a la actu ación penal no cumplen con todas las formalidades que la ley exige para la prueba de confesión.
Esta etapa, por expresa disposición legal compete solo a la Fiscalía, al defensor y el procesado, están excluidos los intervinientes.
La formación jurídica de las estipulaciones comienza en la audiencia preparatoria con la comunicación de la voluntad de las partes de estipular y proceden a hacer la enunciación y descubrimiento de los supuestos fácticos que integran el pacto (o en su caso de la regla de mejor evidencia de la copia respecto del original) y se obtiene el decreto, se consolida la existencia jurídica de aquellas con su incorporación en el juicio oral.
La ley procesal penal se refiere a quienes están legitimados para celebrar estipulaciones en los siguientes términos: El artículo 10º del C de P.P. señala que las estipulaciones pueden ser celebradas entre las “partes” y el artículo 356 ídem las faculta para que manifiesten si tienen ese interés en particular, para luego aludir a los “acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa”.
La estipulación es un acto de disposición del fiscal y el procesado, el pacto puede afectar en ciertos casos derechos personales de este último, como cuando se renuncia a través de ellas a la controversia probatoria sobre aspectos que afectan de manera sustancial la situación jurídica del implicado, dado que aquellas pueden comprender la aceptación de la autoría, la materialidad del delito, o un supuesto trascendente con la conducta punible que no involucre la responsabilidad u otras garantías fundamentales, casos en los cuales se requiere la anuncia del procesado.
El consentimiento del procesado debe ser expreso en las estipulaciones que conllevan actos de disposición sobre la autoría o materialidad de la ilicitud o la antijuridicidad de la conducta; en las demás eventualidades, las que no tienen esa trascendencia, las que recaen sobre hechos secundarios, los pactos pueden generarse con el defensor, como cuando se acepta que las circunstancias ocurrieron en un lugar determinado, en una fecha u hora específica, el documento de identidad del procesado o la fecha de nacimiento de este, ectra (sic).
La validez de la estipulación, además, demanda la asesoría jurídica correspondiente del defensor (artículo 354 del C de P.P.) en protección del derecho de defensa técnica de su representado, por tanto resulta inexistente e inoponible cualquier pacto del fiscal con el procesado sin la intervención del representante judicial de este.
La Ley 906 de 2004, en el artículo 356 recién transcrito, restringe a favor de la Fiscalía y la defensa la posibilidad de “hacer” estipulaciones probatorias, de suerte que aquellas, de manera exclusiva y excluyente, pueden convenir tener ciertos hechos por demostrados, en los términos ya explicados.
Agotado ese estadio procesal, cualquier discusión sobre pertinencia y conducencia de las pruebas ha de ser decidido en la sentencia que ponga fin al proceso, tal como lo tiene discernido la Sala como regla(11), a menos que en el juicio oral de manera excepcional se imponga la necesidad de resolver sobre tales tópicos, habida consideración del daño que represente su incorporación al proceso, riesgo que se debe conjurar con base en lo dispuesto en los artículos 10º y 376 del C de P.P.
Conforme lo establece el numeral 4º del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, en desarrollo de la audiencia preparatoria, “el juez dispondrá (…) que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias”, y de ser afirmativa la respuesta, “decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto”.
En efecto, la estipulación i) tiene origen en un acuerdo de voluntades celebrado entre la Fiscalía y la defensa; ii) por ello mismo, el hecho estipulado no puede ser controvertido por aquellas; iii) su incorporación al acervo probatorio procede por vía de su simple presentación e introducción en la vista pública, previa aquiescencia de las partes, sin que se requiera la intervención de un testigo de acreditación para tal fin; iv) su incorporación no está sometida a la contradicción de las partes, porque se cimienta en el consenso sobre el hecho estipulado.
En contraste, los medios de conocimiento autorizados por la ley procesal como pruebas i) son practicadas en la vista pública a instancia de una de las partes o intervinientes; ii) solo adquieren la condición de pruebas luego de practicadas en el juicio oral, con el cumplimiento de los principios de publicidad, contradicción e inmediación, y; iii) son susceptibles de controversia por la parte contra la cual se aducen.
Además, si las partes e intervinientes no pueden pedir la práctica de pruebas para demostrar supuestos de hecho que han sido sustraídos del debate, es claro que ya en la audiencia preparatoria debe quedar decidido cuáles son las estipulaciones celebradas que serán incorporadas en el juicio, porque solo así será posible para el juzgador establecer si algunas de las pretensiones probatorias presentadas por la Fiscalía, la defensa, el Ministerio Público y la víctima son inadmisibles por ocuparse de hechos que han sido objeto de convenio.
Lo anterior implica que en la audiencia de preparación del juicio las partes no solo deben anunciar si tienen la intención de celebrar estipulaciones probatorias, sino que tienen también la carga de identificar su contenido para que los intervinientes y el funcionario de conocimiento tengan elementos de juicio suficientes para ejercer el control material de pertinencia y legalidad que les compete, con base en los supuestos aludidos anteriormente.
Igual sucede, desde luego, con la prueba testimonial, habrá de rechazarse la que sea solicitada para probar supuestos fácticos estipulados, pero si un declarante, además de tener conocimiento personal y directo de aquellos, aprehendió con sus sentidos circunstancias de hecho que resultan relevantes para la solución del caso y distintas de las que fueron sustraídas del debate, podrá practicarse la prueba en lo que no guarde identidad con el objeto de las estipulaciones.
Con todo, lo anterior no puede entenderse en el sentido de proscribir cualquier estipulación dirigida a que se tengan por demostrados hechos que de alguna manera se relacionen con la estructura típica de los delitos atribuidos al acusado o con su participación en los hechos investigados, atendidas las particularidades del caso concreto. Nada obsta para que, verbigracia, la Fiscalía y la defensa acuerden tener por acreditado que el imputado disparó el arma homicida, o para que convengan admitir la realidad de la conducta punible, pues por vía de tales estipulaciones no en todos los casos se compromete la responsabilidad penal de la persona investigada ni se configura la renuncia del derecho a defenderse.
Ahora, la existencia material o el contenido y alcance fáctico de los pactos probatorios, según lo tiene dicho la Sala,(13) solo pueden decidirlos la Fiscalía y la defensa, son las partes las legalmente facultadas para suscribirlos y precisar qué es aquello que desean tener por acreditado, legitimación que no tienen el Ministerio Público ni la víctima.
“(…) deben ser introducidas en el juicio oral, y al ser admitidas por el juez de conocimiento se tornan en irretractables y no al momento de su anunciación en la audiencia preparatoria, por constituir el juicio oral el escenario natural para introducirlas a fin de que surtan sus efectos procesales”(16).
El criterio jurisprudencial señalado implica entonces que, a partir de la incorporación de la estipulación al juicio oral, el contenido del convenio no es susceptible de variación o desistimiento.
2.9.1 La jurisprudencia de marras no distingue entre la retractación unilateral y la de común acuerdo y, por lo tanto, avala tanto la una como la otra.
No se ofrece problemática la situación cuando son ambas partes las que de consuno resuelven rescindir una estipulación en el juicio oral antes de que sea incorporada, porque las posibles consecuencias que de esa conducta se sigan para sus respectivas teorías del caso deben ser asumidas por ellas.
Sin embargo, cuando una sola de las partes resuelve desdecirse de una estipulación en el juicio oral, la parte contraria queda desprovista de prueba que le permita acreditar el hecho que se había acordado tener por demostrado, porque sobre este, a la luz de la estipulación anunciada, no resultaba posible solicitar ni decretar medios de conocimiento adicionales en la audiencia preparatoria.
Quienes concurren al proceso penal tienen derecho a probar, esto es, a pedir y obtener el decreto de pruebas que requieran para sustentar sus respectivas teorías del caso en condiciones de igualdad, y ese derecho no puede verse limitado o menoscabado por circunstancias ajenas a su voluntad, se reitera, situación esta última que se presenta cuando luego de fenecida la oportunidad para elevar solicitudes probatorias una de las partes se desdice de lo estipulado.
En ese escenario, admitir la retractación unilateral de las estipulaciones hasta su incorporación en el juicio oral, podría comportar la violación a la defensa —si el perjudicado es el acusado—, y de igualdad de derechos, facultades y obligaciones para el Fiscal —si el lesionado es esta parte—; quien se arrepiente de introducir el acuerdo menoscaba la postura probatoria de la contraparte y aquel concurriría al debate en condición de ventaja.
Para evitar la situación procesal indicada, de la que, se insiste, se sigue la violación de las garantías de las partes y la lesión de principios subyacentes a la estructura del proceso, podrían plantearse como hipótesis las siguientes, de las que solo una de ellas resulta viable aplicar:
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios (...).
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos (…)”.
En efecto y, a modo de ejemplo, al acusado debe preguntársele si desea allanarse a los cargos luego de que conozca las pruebas pedidas por la Fiscalía y la sustentación de pertinencia, conducencia y utilidad ofrecida para cada una de ellas, porque solo de esa manera puede adoptar una decisión informada sobre el particular, sustentada en el potencial material probatorio que será incorporado en la vista pública, que le permite evaluar la solidez del caso de la acusación y las probabilidades de ser vencido en juicio.
“Cuando ya las partes conocen los elementos materiales probatorios y evidencia física de su contraparte, dan a conocer, conforme su particular teoría del caso, evidentemente planteada también con base en lo que se sabe ha recogido esta, cuáles serán las pruebas que aducirán en el juicio —vale decir, las que allí se practicarán, por lo general de carácter testimonial, y los elementos materiales probatorios y evidencia física a aportar—, sin establecer respecto de ello ningún tipo de argumentación de conducencia o pertinencia, sencillamente porque el objeto de la enunciación no es otro distinto a permitir el conocimiento de la contraparte, que faculte la etapa siguiente de estipulaciones probatorias.
Ya decantado, por ocasión de las estipulaciones probatorias, qué de todo lo enunciado anteriormente, efectivamente habrá de llevarse al juicio para soportar la teoría del caso de las partes, estas tienen la obligación de solicitar al juez de conocimiento su aducción —artículo 357 de la Ley 906 de 2004—, con mención expresa de su pertinencia —artículo 375 ibídem— (…)”(20).
Siendo así, las solicitudes probatorias deben naturalmente presentarse y sustentarse luego de celebrados y anunciados los acuerdos probatorios, y aquellas no pueden ocuparse de supuestos fácticos que han sido objeto de estipulación(21), porque sobre estos no puede existir controversia de las partes.
En ese entendido, permitir que las estipulaciones se celebren y anuncien luego de efectuadas las solicitudes probatorias de las partes, con el propósito de que la eventual retractación unilateral de una de estas no le genere perjuicios a la otra, tampoco se ofrece como una alternativa interpretativa ajustada a la legislación procesal penal.
Esta es la fórmula interpretativa por la que se propugna, pues se ajusta a la normatividad vigente, consulta la naturaleza jurídica de las estipulaciones probatorias y los principios rectores de lealtad procesal y buena fe, y garantiza los derechos de las partes.
2.9.2. Las pruebas, en general, solo ingresan al acervo probatorio luego de practicadas en juicio oral y de ser incorporadas por las partes con la venia del Juez de conocimiento, y antes de ello la parte que las pide puede desistir de ellas(22); pero aunque las estipulaciones son, según quedó visto, pruebas de los hechos que se dan por acreditados, existen diferencias relevantes entre estas y los demás medios de conocimiento que imponen otorgarles tratamiento jurídico diferenciado en lo que al desistimiento o retractación respecta.
En contraste, las estipulaciones probatorias surgen como consecuencia de la iniciativa conjunta de la Fiscalía y la defensa, nacen de un convenio procesal, se vinculan con la teoría del caso de los dos e interesan a ambas partes, no solo a una de ellas. En este caso el desistimiento de una de ellas afecta los intereses de la otra.
Se insiste, cuando la Fiscalía o la defensa deciden de manera voluntaria desistir de la práctica de una o más pruebas propias en el juicio oral, ningún perjuicio se sigue de ello para el contrario, porque, como quedó dicho, aquellas tienen un marcado interés de parte(23); en cambio, las estipulaciones por definición no interesan a una de las partes sino a ambas, y por ende, la retractación de la Fiscalía puede perjudicar significativamente a la defensa y viceversa.
2.9.2.1. Es principio general del derecho universalmente reconocido y aplicable en sus distintas especialidades —constitucional, administrativa(24) y civil(25), entre otras— que “las cosas se deshacen como se hacen”, exteriorizado tradicionalmente con el aforismo latino “in iure sicut fit ita solvitur res”. Es también una regla de hermenéutica para la interpretación de la Ley, según lo señala el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.
En este sentido, resulta importante reiterar que, como lo ha sostenido la Sala en relación con el allanamiento a cargos, pero con criterio en buena medida aplicable al caso aquí examinado, “el mensaje para los diferentes intervinientes en el proceso penal, debe ser que los compromisos han de asumirse con plena libertad y voluntad, pero que precisamente por ello no es posible, salvo vulneraciones graves y evidentes de derechos (…) retractarse de los mismos, con ostensible afrenta de los principios de lealtad, celeridad y economía procesal”(26).
En la decisión adoptad con el radicado 43726, las instancias y la Sala lo prohíja, aceptaron y valoraron como prueba estipulaciones que recayeron sobre documentos y que se utilizaron para fundar la responsabilidad del acusado. Desde luego que las estipulaciones no fueron la única prueba en ese sentido, al proceso se allegaron otros medios que soportan la materialidad y la subjetividad de la conducta por la que se condenó a P. G.
A mi juicio y la aclaración de voto consiste en que se ha debido excluir de la valoración probatoria las estipulaciones Nº 5 y 6, pues recayeron sobre documentos y como el supuesto pactado afectaba derechos de los que solo puede disponer personalmente el procesado se requería de la anuencia de este.
Se transcribe a continuación el aparte correspondiente de la sentencia de la Corte Suprema en el que se da cuenta que las estipulaciones fueron e4stimadas probatoriamente:
“Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que al confrontar las estipulaciones probatorios 5 y 6, valga decir las resoluciones por medio de las cuales se resuelve la situación jurídica de los procesados, se tiene que las mismas son idénticas en su estructura y discurso, es decir, la una es una copia textual de la otra, salvo porque la de C. V. V. fue cercenada en su estudio del principio de favorabilidad y concluye con la imposición de medida de aseguramiento.
Así las cosas, si hubiera sido verdad que la resolución de la situación jurídica del últimamente citado fue fruto de un trabajo intelectivo diferente al realizado con P. S., las palabras, el orden de los párrafos y en sí la distribución de la providencia hubiera sido absolutamente diferente, pero ello no fue así, lo cual lleva a concluir que en efecto el fiscal J. E. P. G. quiso un resultado diferente en el caso del aludido sujeto y por ello suprimió el estudio correspondiente a la concesión de la libertad por aplicación del principio de favorabilidad, hecho que devela su actuar dolosos y malintencionado encaminado a causar un perjuicio al procesado”.
Y es precisamente, una de las razones por las que protesta la defensa, el que no se estipularon los contenidos probatorios sino la existencia de unas providencias, precisión bien importante que ha debido resolverse porque de ser así ello implicaba un vicio en el consentimiento en la formación de la estipulación.
En estos términos refiere la providencia de la Corte que se manifestó el defensor:
“La defensa del procesado, a su turno aseguró que las estipulaciones probatorias dieron cuenta de la existencia de unas providencias, pero no que las mismas hubieran sido contrarias a la ley o a los criterios jurisprudenciales.
Afirma que los hechos contenidos en las decisiones emitidas por el fiscal investigado, no fueron objeto de estipulación y que los mimos debieron ser probados en juicio”.
Los anteriores argumentos son la razón de mi aclaración de voto.
1 Así, por ejemplo, el Código Procesal Peruano (CPP04), cuyo artículo 350, numeral 2º, dispone que “los sujetos procesales (…) podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba”. Al efecto, véase Aguirre CH, Javier. “Convenciones o estipulaciones probatorias. Su aplicación en el Perú”. En http://www.incipp.org.pe.
2 Cfr. CSJ AP, 29 jun. 2007, rad. 27608; CSJ AP, 8 agosto 2007, rad. 27962; CSJ AP, 14 nov. 2007, rad. 28635; CSJ AP, 28 nov. 2012, rad. 40171; CSJ SP, 30 ene. 2013, rad. 40.336. En sentido opuesto se decidió en el rad. 39.475.
3 CSJ AP, 18 sep. 2014, rad. 42.720.
4 CSJ SP, 6 feb. 2013, rad. 38.975.
5 CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 28.212.
6 Así, CSJ AP, 11 sep. 2013, rad. 41.505. Igualmente, CSJ AP, 13 jun. 2012, rad. 36.562.
7 Cociña Cholaky, Martina. “La dinámica entre la búsqueda de la verdad y las convenciones probatorias en el proceso penal”. En Revista de Estudios de la Justicia. Universidad de Chile, Nº 18. P. 151.
8 Colombo Campbell, Juan. “Los actos procesales”. Ed. Jurídica de Chile, 1997. Tomo I, página 88.
9 CSJ AP, 11 sep. 2013, rad. 41.505.
10 Sentencia de 27 de noviembre de 2008, caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia.
11 CSJ SP, 30 nov. 2011, rad. 37.298.
12 CSJ AP, 19 ago. 2008, rad. 29.001. Reiterado en CSJ AP, 13 jun. 2012, rad. 36.562.
13 CSJ AP, 13 jun. 2007, rad. 27.281. Reiterado en CSJ AP, 11 sep. 2013, rad. 41.505.
14 CSJ AP, 11 sep. 2014, rad. 41.505.
15 Art. 293, L. 906/2004.
16 CSJ AP, 18 sep. 2014, rad. 42.720. Igualmente, CSJ SP, 11 sep. 2013, rad. 41.505.
17 CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 28.212.
18 CSJ AP, 12 nov. 2015, rad. 41.198.
19 CSJ AP, 20 ago. 2014, rad. 43.749.
20 CSJ AP, 29 jun. 2007, rad. 27.608.
21 CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 28.212.
22 CSJ AP, 3 Jul. 2013, Rad. 40.620.
23 CSJ AP, 25 Feb. 2015, Rad. 45.011.
24 Corte Constitucional, sentencias C–028 de 1997, C–983 de 2010, C–630 de 2011.
25 CSJ SC, 13 jul. 2005, rad. 00126.
26 CSJ SP, 13 feb. 2013, rad. 40.053.
27 Corte Constitucional. Sentencia T–191 de 2009.