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Timestamp: 2017-06-26 20:42:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 43', 'artículo 51', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 25']

Imprimir | Enviar Enmiendas presentadas por IU-ICV Foro por la Memoria | 06 mar 07
Hoy acaba el plazo para presentar las enmiendas parciales a la Ley de Memoria Histórica. Falta por conocer el calendario de debate y tramitación de las enmiendas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds presenta las siguientes enmiendas parciales al proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. (nº de expediente 121/99)
Madrid, 6 de febrero de 2007
Portavoz G.P. IU-IV Presidente G.P IU-ICV
Enmienda nº
A la exposición de motivos De sustitución Sustituir el texto por el siguiente: Setenta años después del comienzo de la guerra civil y a más de 30 de la muerte del general Franco la presente ley pretende abordar seriamente la deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la guerra civil, como oportunidad histórica de la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El derecho a saber el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión franquista, no consiste solamente en el derecho individual que toda víctima, o sus familiares y compañeros, tiene a saber en tanto que derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Esto implica medidas públicas de fomento de la investigación, constatación y divulgación de los crímenes cometidos durante el franquismo así como recolección de datos y publicación de lo mismos a fin de evitar revisionismos históricos que, ante el silencio oficial y la carencia de respuesta institucional sobre la iniquidad franquista, traten de minimizar o incluso negar las aberrantes consecuencias de la Dictadura. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Por tanto, una política pública que promueva dicha recuperación y fomento ha de ir encaminada esencialmente a garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer su pasado, a reconocer la aportación de todos los de todos los que sufrieron daño por su lucha por la democracia y la transforma en patrimonio cultural de la sociedad preservado por el Estado, y a proyectar los valores que guiaron las actitudes resistenciales en el pasado hacia el presente de tal forma que su presencia constituye un elemento central del contemporáneo debate político, social y cultural.
Estas políticas habrán de ir dirigidas no solamente a quienes directamente sufrieron cárcel y persecución, y para aquellos que en modos e intensidades distintas se opusieron a la dictadura, sino también y sobre todo, por una generación joven que desea y necesita saber su pasado político no democrático.
Tales son las finalidades principales del derecho a saber en tanto que derecho colectivo, de conformidad con lo expresado en el documento de la ONU E/CN.4/sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997, “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”.
En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como Argentina y Chile, han visto caer su legitimidad y su legalidad, parece necesario que en nuestro país (en parte responsable de dicho modelos dado que jueces y tribunales han perseguido firmemente este tipo de delitos) asuma su propia problemática de lo que denominamos el “modelo español de impunidad”, y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades y los derechos humanos. Recientemente la presidenta de Chile Michelle Bachelet visitó Villa Grimaldi, uno de los mayores centros de tortura de la dictadura de Pinochet, y anunció su transformación en un “teatro por la vida” así como las medidas que adoptará su gobierno para derogar o anular la ley de amnistía de 1978 por ser incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Otros países de nuestro entorno político y cultural como es Alemania, que sufrió desde 1933 a 1945 la dictadura nazi que sometió a muchos ciudadanos alemanes y no alemanes a la persecución ideológica y racial y perpetro los crímenes más horrendos, promulgó la “ley de derogación de fallos injustos nacionalsocialistas en la asistencia del derecho penal y de las decisiones de esterilización de los antiguos juzgados de salud para anular las sentencias infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos durante la dictadura hitleriana. El axioma jurídico de que “quien niega al negador del Derecho, afirma el Derecho” plantea que la seguridad jurídica estriba precisamente en hacer valer un ordenamiento jurídico constitucional democrático, inspirado en los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, donde la justicia aparece como un primer propósito del Estado Social y Democrático de Derecho de 1978 en aras al respeto de la dignidad humana y las garantías inherentes a la misma y extender sus virtuosos efectos sobre las aberraciones represivas pseudojurídicas inventadas por la Dictadura a fin de exterminar al oponente político desde el día 18 de Julio de 1936.
La Dictadura del general Franco era un régimen ilegitimo ab initio y, por lo tanto ilegal, que tiene su génesis en una sublevación contra un Gobierno legítimo sustentado en un ordenamiento jurídico constitucional democrático: así fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en varias sesiones plenarias durante 1946, muy especialmente la de 12 de diciembre de 1946.
La seguridad jurídica no puede imponerse sobre la justicia para declarar la nulidad de los juicios franquistas en los actuales tiempos, donde las doctrinas jurídicas sobre la plena vigencia de la jurisdicción universal, la anulación de las leyes de punto final, las derogaciones de las autoamnistías, la imprescriptibiidad de los crímenes contra la Humanidad y la creación de Tribunales Internacionales y Cortes de Justicia ad hoc para su persecución no deja de ser un ejercicio de cinismo precisamente en España, cuyos Jueces, Juzgados y Tribunales se han situado a la vanguardia en la persecución de este tipo de delitos y de las mismas dictaduras que los han posibilitado.
Por lo tanto, el restablecimiento de la legalidad democrática tras la Constitución de 1978 enlaza con la legitimidad democrática de 1931 y restituye ese hilo democrático e institucional, dejando la dictadura franquista como un paréntesis no sólo carente de democracia sino, sobretodo, carente de legitimidad y de legalidad: la seguridad jurídica estribaría en nuestro ámbito, por tanto, en anular las consecuencias jurídicas más aberrantes de dicho entramado represor ilegal como son sus sentencias, condenas y sanciones.
El derecho de las víctimas a la verdad histórica exige que el Estado asuma el deber institucional de adoptar las normas necesarias para privar de toda validez a los referidos procesos a través de los cuales se consumó la represión y el exterminio.
En referencia al muy sensible asunto de las exhumaciones, es el Estado quién debe asumir la responsabilidad jurídica que le corresponde. Se debe garantizar y asegurar la intervención pública e institucional – con carácter obligatorio- en la localización de las fosas, las exhumaciones de los restos y la individualización e identificación de las víctimas, todo ello conforme a un protocolo único que garantice la adecuada investigación tanto antropológica y forense sobre las víctimas y sus muertes sino también sobre el contexto histórico en el ámbito local, social, político, etc en que se producen dichas muertes, así como la divulgación de dichos procesos y sus conclusiones a fin de ir reconstruyendo esa historia de la represión sobre la cual -a más de 70 años vista- carecemos de datos concluyentes: es necesario reflejar que la ausencia de dichas labores de exhumaciones institucionalizadas y con intervención pública puede dar lugar a “desenterramientos” realizados con toda buena fe pero sin el más mínimo rigor, que impidan la adecuada recuperación de la memoria, la cual quedará perdida para siempre. Enmienda nº
Sustituir por el siguiente texto: 1. La presente Ley tiene como objeto rendir tributo de honor y reconocimiento a cuantos han sido víctimas y han sufrido la violencia y la represión de la dictadura franquista y de la guerra civil provocada por los militares franquistas con el alzamiento militar de 18 de julio de 1936, contra el legítimo gobierno de la II República Española . 2. La presente Ley obliga al Estado Español a adherirse a la Convención de la ONU de 26 de noviembre de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia regulará todos los aspectos jurídicos relativos a la nulidad de leyes, sentencias, y tribunales ilegales que funcionaron desde el golpe militar (18 de julio de 1936), hasta la proclamación de la Constitución española de 1978; así como, todas las consecuencias económicas, políticas y morales que se derivan de la aplicación de la misma . 3. El día 18 de julio será declarado día oficial de condena a la dictadura franquista como expresión de reconocimiento y solidaridad para ofrecer así, a las víctimas del franquismo, la manifestación más profunda de homenaje y respeto que, sin duda, merece su sacrificio.
Motivación: El objeto de una ley de memoria histórica que realmente quiera hacer justicia con las víctimas del franquismo y resarcir a todos los que sufrieron su represión debe proclamarlo explícitamente. En el mismo sentido el Gobierno debería haberse adherido ya a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo 1 bis con el siguiente texto: Articulo 1 bis. Finalidades y objetivos de la política pública estatal de recuperación y fomento de la Memoria y Cultura Democráticas.
1. La Memoria y Cultura Democráticas constituye una política pública del Estado destinada a su recuperación y al fomento de los valores y principios democráticos.
2. La finalidad de esta política pública se basa en los siguientes enunciados:
a) El conocimiento de la verdad, exacta, completa y rigurosa, como derecho de todos y todas los/as ciudadanos y ciudadanas, como colectivo, a conocer su historia.
b) Preservar y reconocer la memoria de los miles de hombres y mujeres que sufrieron daño por la defensa del legítimo régimen republicano, agredido por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que provocó la guerra civil española, generó la peor tragedia de la España contemporánea y desembocó en la implantación de la dictadura franquista.
c) Divulgar que la democracia actual no hubiese sido posible sin la aportación del antifranquismo, de la lucha de miles de hombres y mujeres contra la dictadura, muchos de los cuáles llegaron a pagar con la vida, con años de cárcel, con torturas, con vejaciones o con la marginación social su compromiso. Por lo que su memoria debe ser preservada y su dignidad restituida.
d) Garantizar el conocimiento del pasado de tal forma que se establezca como un derecho civil irrenunciable de los ciudadanos/as. Para ello es imprescindible la preservación de todos los documentos depositados en los archivos de la administración que tengan relación con este periodo histórico, para que no se destruyan, así como su inventario, catalogación y puesta al servicio público en los casos en que aún no lo estén.
e) Proyectar en el presente, y mirando hacia el futuro, los valores democráticos que identificaron las actitudes resistenciales en el pasado.
f) Crear una red informatizada que permita al ciudadano disponer de información completa sobre la ubicación de la información referente a las personas represaliadas por el franquismo.
g) Disponer de espacios memoriales conmemorativos del antifranquismo y de las víctimas de la guerra civil, en especial, para su preservación, los lugares donde se desarrollaron las acciones y prácticas represivas.
h) Impulsar la difusión de la tradición antifranquista y democrática en los medios de comunicación de titularidad pública y en los planes de estudios de la enseñanza, de acuerdo con una voluntad política de mantener viva su presencia, actualizando además sus contenidos. i) Promover e impulsar estar finalidades a través de un ente de derecho público estatal como centro estable dedicado a la formación, asesoramiento y participación de la sociedad en un espacio destinado al conocimiento de las raíces del sistema democrático actual y al fomento de la cultura y los valores de la democracia. Motivación: Necesidad de llevar a cabo políticas públicas de recuperación de la memoria y de fomento a la Memoria y Cultura democráticas. Enmienda nº
Artículo 2. Declaración de nulidad de las sentencias condenatorias del franquismo.
I.-Se declara la nulidad de pleno derecho de todas y cada una de las resoluciones y, en particular, las sentencias penales dictadas entre el 18-7-1936 y 20-11-1975 por los organismos que se citan a continuación, por razones religiosas, ideológicas y políticas, por razón de su radical ilegitimidad de origen y sus evidentes vicios de forma y fondo que las hicieron absolutamente contradictorias con los principios de derecho internacional que inspiran un juicio justo:
1.	Las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, tanto en procedimientos sumadísimos como ordinarios, constituidos y regulados por los militares que se alzaron en armas contra la 2ª Republica mediante los Bandos de Guerra de 28 de Julio, de 31 de Agosto y, sobre todo, por el Decreto nº 55 de 1 de noviembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, condenando por los delitos de traición militar y de rebelión militar, auxilio o adhesión a la misma tipificados en los artículos 223.6 y 237 del Código de Justicia Militar vigente, cualquiera que fuese el grado de consumación y participación, los asimilados a ellos y conexos, de naturaleza militar o común. 2.	De las sentencias dictadas en Consejos de Guerra, por iguales motivos y procedimientos, por los delitos tipificados en las siguientes leyes :Ley de Seguridad del Estado de 12 de Julio de 1940, Ley de 29 de marzo de 1941, de reforma del código penal de delitos contra la seguridad del Estado; Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; Decreto Ley de 18 de abril de 1947, de definición y represión de delitos de bandidaje y terrorismo; Ley 30 de julio de 1959, de Orden Público y el Decreto de 21 de septiembre de 1960, de refundición de la Ley de 2 de marzo de 1943 y el Decreto Ley de 18 de abril de 1947, sobre rebelión militar y bandidaje y terrorismo. 3.	De las sentencias y resoluciones dictadas por los Tribunales de responsabilidades políticas constituidos y regulados por la Ley de 9 de febrero de 1939 y disposiciones concordantes y las dictadas por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo creado por la Ley de 1 de marzo 1940,en cuanto Organismos carentes radicalmente de las cualidades propias de un Tribunal de Justicia dado que eran órganos administrativos dotados de competencias penales que las ejercían en un procedimiento caracterizado por la radical indefensión del imputado. II.-Asimismo, se declara la nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, creado por la Ley 15/1963, de 2 de diciembre y disposiciones concordantes, en tanto que jurisdicción especial con la competencia especifica y exclusiva de perseguir y sancionar penalmente el mero ejercicio de derechos cívicos y políticos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos de Nueva York. III.-Quedan anuladas todas las consecuencias jurídicas de dichas resoluciones y sentencias.
Motivación: El principio de seguridad jurídica por el que el gobierno y el grupo socialista no admiten la nulidad de las sentencias y resoluciones franquistas no puede estar por encima del principio de justicia y del derecho a saber. El principio de seguridad jurídica estriba - precisamente- en no dar validez a un marco pseudo jurídico como eran las normas franquistas emanadas de un golpe militar que subvirtió por la fuerza y de manera ilegal un previo orden jurídico constitucional democrático. Mantener la validez de dichas sentencias sí es contrario a la seguridad jurídica porque daría legitimidad a normas nulas de pleno derecho, debiendo reestablecerse la seguridad jurídica entre la legalidad constitucional de 1931 y la legalidad constitucional de 1978 y dejando el aparato represivo pseudo jurídico del franquismo como un paréntesis aberrante entre dos legitimidades plenas.
Artículo 3. Las consecuencias económicas de las nulidades a las que se refieren los artículos anteriores, serán las que establece la presente ley. Motivación: El principio de seguridad jurídica por el que el gobierno y el grupo socialista no admiten la nulidad de las sentencias y resoluciones franquistas no puede estar por encima del principio de justicia y del derecho a saber. Enmienda nº
Motivación: En coherencia con enmiendas anteriores y por considerar que el método que plantea el proyecto de ley de declaración de reparación y reconocimiento personal de todas las víctimas de resoluciones y sentencias franquistas no es compatible con el principio de justicia, con el derecho a saber y con la necesidad de resarcir a la víctimas. Además el proyecto de ley reduce la memoria al ámbito privado obviando que el derecho a saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro se reproduzcan las violaciones de derechos humanos, de conformidad con lo expresado en el documento de la ONU E/CN.4/sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997 “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos).”
“Uno. Quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios, en batallones disciplinarios o campos de concentración en cualquiera de sus modalidades, desde el primer día, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala:
Desde el 1er día a 12 meses de privación de libertad …...6.010,12
Por cada seis meses adicionales .................... 1.202,02
El importe máximo al que podrá ascender la indemnización será de doce mil (12.000,00) euros.
Dos. Para las personas privadas de libertad y que posteriormente fueron ejecutadas, se les atribuirá el importe máximo al que podrá ascender la indemnización. Tres. El reconocimiento de este derecho se hace extensible para los voluntarios extranjeros que sufrieron privación de libertad en cualquiera de sus modalidades por participar en actividades de la resistencia contra el franquismo. Cuatro. Si el causante del derecho a esta indemnización hubiese fallecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta años de edad tendrá derecho a la misma el cónyuge supérstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa o que, aun no teniendo esta condición, acredite ser cónyuge viudo del causante.”
Motivación: Hacer extensible el derecho de indemnización para las personas privadas de libertad y que posteriormente fueron ejecutadas, aunque sólo permanecieran privadas de libertad un día porque posteriormente fueron fusiladas. Y ampliar la privación de libertad a campos de concentración en cualquiera de sus modalidades, como ya han regulado algunas CCAA, como por ejemplo Euskadi y Castilla La Mancha. Enmienda nº
Al artículo 10.2
2. Se añade un apartado siete a la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente redacción:
“Siete. Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, ya sean los propios causantes o sus cónyuges supérstites o pensionistas de viudedad por tal causa, deberán solicitarlos expresamente ante la citada Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.”
Motivación: En coherencia con la enmienda anterior. Enmienda nº
Al artículo 12.1 y 12.2
Sustituir en el punto 1 del artículo 12: “… podrán solicitar…” por “…se les aplicará de oficio,…”
Y suprimir en el punto 2 del artículo 12: “…quienes podrán solicitarla.”
Motivación: La compensación de la carga tributaria no debe depender de la solicitud de los interesados sino aplicarla directamente el Estado. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo 12 bis con el siguiente texto: Artículo 12.bis. Consideración de los años de privación de libertad a efectos de la cotizaciones la seguridad social
Los años de privación de libertad en establecimientos penitenciarios, batallones disciplinarios o campos de concentración, en cualquiera de sus modalidades, computarán tanto para la adquisición del derecho a pensión como para determinar el porcentaje aplicable para el cálculo de la misma, tomando en consideración cada día privado de libertad a los efectos de cotización a la Seguridad Social en su escala más alta. Motivación: En coherencia con otras enmiendas. Enmienda nº
Artículo 13. Localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo. 1. Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias llevarán a cabo los procesos de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo así como la divulgación de los resultados, sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles ante la Administración de Justicia. 2. A la entrada en vigor de esta ley el gobierno elaborará, de conformidad con las normas internacionales pertinentes, un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la adecuada intervención pública e institucional en las exhumaciones a los adecuados efectos forenses, historiográficos y judiciales para garantizar la adecuada constatación y divulgación de los hechos, así como los convenios de colaboración con entidades sociales que participen en los trabajos. 3. Asimismo el Gobierno elaborará, junto con el resto de administraciones públicas competentes, un mapa de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo que hayan sido localizadas hasta el momento y de las que la intervención pública e institucional vaya teniendo conocimiento. 4. El Gobierno habilitará anualmente las partidas presupuestarias suficientes para proceder a lo regulado en el presente artículo.
5. Finalmente se realizará un registro dónde quede constancia oficial de las identidades, localizaciones y circunstancias en que los restos hayan sido encontrados. Motivación: Conforme a los Tratados Internacionales las desapariciones forzosas tienen origen y naturaleza delictiva. Entendemos que el Estado debe asumir la responsabilidad jurídica que le corresponde y no dejar el tema en manos de asociaciones y particulares, aunque sólo sea por no mantener un agravio histórico con respecto al trato que el mismo Estado dio a las víctimas de los vencedores. No sólo no es aceptable esta externalización de la labor de exhumación de las víctimas de la violencia franquista sino que se debe garantizar y asegurar la intervención pública e institucional – con carácter obligatorio- en la localización de las fosas, las exhumaciones de los restos y la individualización e identificación de las víctimas, todo ello conforme a un protocolo único que garantice la adecuada investigación tanto antropológica y forense sobre las víctimas y sus muertes sino también sobre el contexto histórico en el ámbito local, social, político, etc en que se producen dichas muertes, así como la divulgación de dichos procesos y sus conclusiones a fin de ir reconstruyendo esa historia de la represión sobre la cual -a más de 70 años vista- carecemos de datos concluyentes: es necesario reflejar que la ausencia de dichas labores de exhumaciones institucionalizadas y con intervención pública puede dar lugar a “desenterramientos” realizados con toda buena fe pero sin el más mínimo rigor, que impidan la adecuada recuperación de la memoria, la cual quedará perdida para siempre. Por otro lado, dicha ausencia de trabajos rigurosos al respecto de las fosas permite la existencia de posiciones negacionistas sobre la represión franquista que, ante la carencia de datos e investigaciones, se atreven a negar a día de hoy la magnitud del exterminio.
Motivación: En coherencia con la enmienda y la motivación al artículo 13. Enmienda nº
Al artículo 17 De modificación
Artículo 17. Los símbolos de la represión franquista.
1. Quedan expresamente prohibidas las menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma.
2. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, realizará un censo completo de vestigios de la dictadura, que se dará a conocer públicamente. A partir de aquí, el Gobierno, Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de forma coordinada y en el ámbito de sus competencias procederán a la retirada de menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como calles, plazas y edificios. Dicha actuación deberá estar finalizada en el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente ley. 3. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, se dirigirá a las instituciones privadas y/o religiosas, especialmente a aquellas que perciben fondos o subvenciones públicas, instando a lo establecido en el párrafo anterior en bienes o ámbitos de su titularidad. En caso de que estas instituciones no procedan a la retirada de la simbología citada en el apartado 1 de este artículo, la administración central intervendrá. 3. El Gobierno elaborará directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimientos relacionados con la guerra civil, la represión franquista y la lucha antifranquista. Así mismo se procederá a su censo y a su preservación patrimonial en términos memoriales, señalándolos adecuadamente y protegiéndolos. De esta forma se impedirá la desaparición o la banalización de dichos espacios y su disgregación en un contexto socio cultural, urbanístico, que se hace ajeno a su pasado.
4. Así mismo, el Gobierno en colaboración con las CCAA y los Ayuntamientos, confeccionará un censo de edificaciones y obras públicas y privadas realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados de Trabajadores, así como prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Motivación: La mayoría de las menciones dedicadas a figuras de la dictadura continúan existiendo. Sólo algunas fueron retiradas al comienzo de la democracia. Pero, la tónica general fue el continuismo. Los perdedores siguieron olvidados, mientras los que vencieron, los fascistas que encarcelaron y masacraron al pueblo durante cuarenta años y sus adláteres siguen instalados en las esquinas de nuestras calles, sólo hace falta levantar la vista un poco y allí les vemos, a los Millán Astray, Yagüe, Arrese, Pemán,... Sus “mártires" y caídos tienen calles y plazas. Con los dedos de una mano se podrían contar las calles de nuestra geografía dedicadas a personas asociadas a los luchadores por la libertad y en defensa del orden legítimo y constitucional de la República. Hoy, en nuestro, sigue existiendo una sola memoria, la de los vencedores. Los “Hijos del Pueblo" siguen ignorados, olvidados, vilipendiados. Pero ya es hora de que cambien las cosas, de recuperar la memoria de los que perdieron, la de los que lucharon por la libertad y de los que fueron víctimas de la cruel dictadura franquista. Enmienda nº
Al artículo 18 De modificación
Artículo 18. Regeneración democrática de las instalaciones y del recinto de Cuelgamuros
1. El Gobierno elaborará un plan de actuación sobre el denominado Valle de los Caídos (Cuelgamuros, San Lorenzo del Escorial) tendente a promover la transformación de este monumento que actualmente glorifica al dictador y que fue construido por miles de presos políticos, debido a su incompatibilidad con nuestra cultura democrática. 2. Se promoverá de manera inmediata, en seis meses desde la aprobación de la ley, la modificación de todos los elementos informativos (web, tablones informativos, revistas, hojas informativas) del Valle de los Caídos con la finalidad de difundir y exaltar los valores democráticos actuales, y en relación al pasado recordar los aspectos fascistas del franquismo, en reconocimiento y homenaje a la memoria de los presos políticos que realizaron su construcción.
3. En el mismo plazo señalado en el apartado anterior se iniciarán las actuaciones tendentes a la transformación del actual recinto del Valle de los Caídos como “Centro del Memorial de la Libertad”, como sede del Instituto de la Memoria Democrática y como “Museo de la Represión”, integrado en los circuitos culturales oficiales. Los elementos o vestigios franquistas recogidos en todo el Estado, se instalaran en el mencionado Museo.
4. El Gobierno impulsará con los familiares herederos del General Francisco Franco y de D. José Antonio Primo de Rivera un acuerdo para trasladar los restos mortales a los panteones familiares que dichos herederos propongan, asumiendo el Estado los gastos originados.
5. Así mismo el Gobierno facilitará la entrega a los familiares que lo soliciten de los restos de las personas inhumadas en la cripta. Motivación: El texto del es muy insuficiente en cuanto al futuro del denominado Valle de los Caídos, donde cada año se ensalza la figura de Franco, que contiene una enorme simbología franquista. Lo ideal sería, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno que también vivieron dictaduras, impulsar un proyecto de transformación que lo redibuje y lo transforme en un Centro del Memorial de la Libertad, sede del Instituto de la Memoria Democrática y Museo de la Represión, como en otros países europeos y latinoamericanos que han realizado la conversión de centros de represión y tortura, en instalaciones de fomento de cultura y tradición democrática. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo 18 bis con el siguiente texto: Artículo 18. bis. Instituto de la Memoria Democrática. Naturaleza y régimen jurídico. 1. Naturaleza. El Instituto de la Memoria Democrática es un Organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El Ministerio de la Presidencia ejercerá respecto del Instituto el control de eficacia en los términos previstos en el artículo 51 de la Ley 6/1997. 2. Régimen Jurídico. El Instituto de la Memoria Democrática se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la presente Ley, y demás disposiciones de aplicación a los Organismos autónomos de la Administración General del Estado.
3. Finalidades del Instituto. Su finalidad es el despliegue de las políticas públicas del Gobierno dirigidas a la recuperación, conmemoración y fomento de la memoria y la cultura democráticas, dentro de los Programas de la “Memoria y Cultura Democráticas”.
4. Ubicación y sede. El Instituto de la Memoria Democrática se ubicará y instalará en el anterior recinto del Valle de los Caídos (San Lorenzo de El Escorial), que se denomina “Centro del Memorial de la Libertad”.
Motivación: En coherencia con la remodelación que se pretende dar al uso de las dependencias del denominado “Valle de los Caídos”. Enmienda nº
Al artículo 20.2 De modificación
2. Pasado un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno a través de un Real Decreto, determinará los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los brigadistas internacionales. Motivación: Agilizar y poner fecha al trámite, dado que las personas beneficiarias de la concesión de la nacionalidad española tienen a día de hoy una edad muy avanzada. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo 20 bis con el siguiente texto
Artículo 20.bis. Reconocimiento de la nacionalidad española de origen a los descendientes del exilio.
Se modifica el punto primero del artículo 20 del Código Civil, que queda redactado en los siguientes términos:
“Tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen, así como las que se hallen comprendidas en el último apartado de los artículos 17 y 19.”
Motivación: Ampliar el derecho de opción de la nacionalidad española a los descendientes del exilio. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 1 con el siguiente texto
Artículo nuevo 1. Reconocimiento del carácter militar de los miembros de la guerrilla antifranquista. 1. Se otorga reconocimiento jurídico y carácter militar a los miembros de la guerrilla antifranquista a los efectos de su equiparación como miembros de las Fuerzas Armadas españolas. 2. El personal a que se refiere el apartado anterior pasa a la situación militar de retirado, con derechos y obligaciones inherentes a la misma.
3. Dicho reconocimiento dará derecho al uso de aquellas distinciones que en atención a su condición reglamentariamente se determinen, así como al cobro de una pensión y al disfrute de los beneficios derivados de la asistencia sanitaria para los interesados y sus familiares. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 2 con el siguiente texto
Artículo nuevo 2. Fuerzas armadas, cuerpos de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
1. Se otorga reconocimiento jurídico y carácter militar a todos los miembros de las fuerzas armadas, cuerpos de orden público y cuerpo de carabineros de la República que se mantuvieron leales al Gobierno tras el 18 de julio de 1936 y que no se vieron reconocidos a través de la Ley 37/1984, de 22 de octubre. 2. En las hojas de servicio de todos los miembros de las fuerzas armadas, cuerpos de orden público y cuerpo de carabineros de la República se realizará una anotación en la que quede constancia de la defensa que realizaron del régimen democrático y de la Constitución de 1931. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 3 con el siguiente texto
Artículo nuevo 3. Reconocimiento a los militares de la Unión Militar Democrática (UMD). 1.	Se reconoce y se rinde tributo al papel que los militares demócratas, en una época y momento singular de nuestras fuerzas armadas y sin parangón con su situación actual y normalidad político constitucional, consideraron que era su deber adoptar para ayudar a devolver la soberanía al pueblo español y contribuir a instaurar la democracia en España, constituyendo a este fin una organización denominada Unión Militar Democrática que procedieron a disolver tan pronto como se celebraron las primeras elecciones democráticas, el día 15 de junio de 1977. 2.	Se procede a su rehabilitación profesional y su incorporación a las Fuerzas Armadas con reconocimiento de todos sus haberes. Motivación: Reconocimiento de la actuación que los militares demócratas tuvieron para defender la legitimidad democrática frente a la sublevación franquista. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 4 con el siguiente texto
Artículo nuevo 4. Planes de estudio y labores académicas y científicas. 1. El Ministerio de Educación y Ciencia, en coordinación con las Comunidades Autónomas, procederá a la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto respecto al tratamiento didáctico sobre la II República como referente de una cultura democrática, así como al enfoque del alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura como referente de intolerancia y autoritarismo.
2. El Gobierno fomentará y dotará con partidas presupuestarias suficientes las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes del franquismo, así como a la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista. Motivación: Es necesario que un pueblo conozca su propia historia. No se puede pasar página sin haberla leído previamente. Hasta hoy en los libros de texto se ha pasado por alto la página más negra de nuestra historia contemporánea y por ello como se señala en algunas encuestas realizadas por el CIS, para muchos de nuestros jóvenes Francisco Franco les es un personaje indiferente. Un dictador no puede pasar a la historia de esta forma, porque significa ignorar las barbaridades cometidas en cuanto a la violación de derechos humanos. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 5 con el siguiente texto
Artículo nuevo 5. Victimas del fascismo y nazismo internacionales.
El Gobierno procederá a reparar jurídica y económicamente a los supervivientes o descendientes de las víctimas de los centros de trabajo forzado al servicio de los estados extranjeros y de los campos de concentración o exterminio nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 6 con el siguiente texto
Artículo nuevo 6. Víctimas del franquismo por su orientación sexual.
El Gobierno establecerá un procedimiento para que se reconozca jurídica y moralmente a los ciudadanos que sufrieron persecución por su orientación sexual. Enmienda nº
Se crea un nuevo artículo nuevo 7 con el siguiente texto
Artículo nuevo 7. Restitución patrimonios incautados a personas físicas y jurídicas.
1. Se reconoce el derecho de restitución de los bienes incautados durante la guerra civil y la dictadura franquista a personas físicas y jurídicas. 2. Reglamentariamente el Gobierno establecerá las condiciones y requisitos para proceder a la restitución, a las personas físicas o sus herederos, del dinero incautado por el régimen franquista que conformó el “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo” por decreto de 27 de agosto de 1938, así como aquel depositado en una cuenta corriente del Banco de España con el título de “Billetes de canje desestimado”, con valor actualizado al año en curso. 3. En cuanto al derecho de restitución a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en la disposición adicional.
De modificación Articulo 25. Derecho de acceso a los archivos
1. Se ha de proporcionar a los ciudadanos los mecanismos necesarios para obtener la información veraz y precisa de los archivos de la memoria histórica reciente que les permita encauzar sus relaciones con la Administración de forma eficaz, en consonancia con el articulo 105 – b) de la Constitución Española. 2. El conocimiento del pasado es un derecho civil irrenunciable. En consecuencia, se debe fijar claramente que el derecho a la publicidad prevalece por encima del derecho a la privacidad y ello conlleva la necesidad de poner en orden el acceso a los archivos judiciales militares, a los archivos militares como tales vinculados con la represión, a los archivos policiales de la Brigada Político-Social, de la Policía Gubernativa, de la Guardia Civil, centros de reclusión y a los archivos judiciales de las distintas jurisdicciones especiales del franquismo. Se procederá a la oportuna catalogación necesaria para su consulta.
3. Se habilitarán las partidas presupuestarias necesarias que garantice el buen estado de preservación de los documentos así como la catalogación de la documentación aún no inventariada de los archivos y depósitos dependientes de la administración. 4. Los archivos no estarán sometidos a la arbitrariedad de la autoridad que los gestiona y se facilitará el acceso a la información de los ciudadanos, de acuerdo con el articulo 105-b) de la Constitución Española, artículos 35 y 37 de la LRJPAC, el Reglamento CE 1049/2001, la Ley Orgánica 1/1984 y el RD 2598/1998.
De adición Se crea un nuevo artículo 25 bis con el siguiente texto: Articulo 25. bis. Conservación y mantenimiento de los archivos
1. Se procederá a la actuación de preservar materialmente la documentación que contienen los archivos militares, policiales, de centros de reclusión y judiciales relacionados con la memoria histórica reciente ya que, en muchos casos, se encuentran en condiciones no idóneas y sometidas a la amenaza de desaparición física. 2. Con carácter inmediato se procederá a preservar los procedimientos sumarísimos de los Tribunales Militares y los archivos de prisiones almacenados en Yeserías, Navalcarnero y distintos centros penitenciarios en lugares que aseguren su óptima conservación y el uso público de sus contenidos. 3. Se adoptaran las medidas de urgencia necesarias, en casos de mayor degradación, para su protección, integridad y catalogación.
Al artículo 25.3
Suprimir desde: “Lo dispuesto en el apartado 3…. “Hasta el final Motivación: El encubrimiento de la identidad de presuntos autores de abusos supondría una amnistía general encubierta. Omitir los nombres de las personas presuntamente responsables de crímenes causados durante la sublevación militar y la dictadura franquista supone un mecanismo de impunidad que podría convertirse en una ley de punto final. Enmienda nº
Se crea una nueva Disposición Adicional
Disposición Adicional Sexta. Restitución o compensación a los Partidos Políticos y entidades sociales y ciudadanas de Bienes y Derechos incautados.
1. El Gobierno procederá a evaluar el proceso de restitución de bienes o derechos de contenido patrimonial a los Partidos Políticos incautados en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939
2. Se modificará la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936/1339, en el sentido de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes y de que la regularización jurídica tenga en consideración la dificultad e imposibilidad de encontrar y presentar los datos de titulación por parte de los partidos políticos, asociaciones y sindicatos, ya que dicha documentación acreditativa fue en muchos casos destruida en el periodo del conflicto, o se encuentra sin catalogar y dispersa en diferentes archivos lo que supone una gran dificultad de acceso a la misma. 3. Se deberá analizar y valorar por el Estado la presunción de titularidades sobre dichos bienes o derechos.
Disposición Adicional Séptima. Solicitud de dictamen al Consejo de Estado
El Gobierno solicitará en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley un dictamen del Consejo de Estado respecto de la posible punibilidad de los actos de apología del nazismo, fascismo y franquismo.
Disposición Adicional Octava. El régimen de subvenciones.
Se modificará el régimen regulador de las subvenciones a entidades privadas o sin ánimo de lucro en el sentido de excluir de dichas subvenciones a las entidades que organicen, programen o promuevan actividades relacionadas con la apología del nazismo, fascismo y franquismo.
Disposición Adicional Novena. Imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad.
Atendida la evolución del Derecho Penal Internacional en el sentido de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, y por la misma actuación de los tribunales españoles en la persecución de éstos referidos a diversos países, el Gobierno dará apoyo a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista.
Disposición Adicional Décima. Creación de Fiscalía Especializada.
En el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente ley, el Gobierno creará una Fiscalía especializada en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la Guerra Civil y de la dictadura franquista, y en particular en las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales que se encuentran en la impunidad, para apoyar al Gobierno y a las administraciones públicas en la atención de las víctimas, y a los tribunales y juzgados en la persecución de las atrocidades del pasado. Así mismo se dotará de recursos apropiados y con un Protocolo de exhumaciones para la búsqueda, localización e identificación de los restos mortales de las víctimas de desaparición forzosa y ejecución extrajudicial de acuerdo con las normas de Naciones Unidas y el llamado Protocolo de Minnesota, para apoyar así las labores de la Fiscalía especializada. Motivación: La Fiscalía especializada sería una forma práctica de contribuir de modo decisivo al esclarecimiento, la sanción y la reparación de los crímenes de la guerra civil y de la dictadura franquista que se encuentran en la impunidad. Enmienda nº
Disposición Adicional Decimoprimera. Investigación de los abusos cometidos durantes la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
El Gobierno creará un órgano oficial temporal de carácter no judicial, con el mandato de investigar y calificar los abusos graves cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista según el derecho internacional y cuyo objetivo debe ser contribuir al esclarecimiento de la verdad publica y a la recuperación de la memoria colectiva, sin afectar o sustituir la actuación de la rama jurisdiccional del Estado ni el derecho de las víctimas a la justicia. Motivación: La creación de una instancia estatal temporal e independiente, que en modo alguno sustituya la acción de la justicia ni reemplace a la obligación del Estado de investigar los crímenes en instancia jurisdiccional y garantizar justicia material e individualizada, puede contribuir de forma importante a la verdad, la justicia y la reparación estableciendo los hechos de los crímenes cometidos en el pasado, y con ello representar una gran ayuda en la búsqueda de la víctimas para hacer efectivos sus derechos, de acuerdo con el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Enmienda nº
Disposición Adicional Decimosegunda. Revisión de distinciones, nombramientos y títulos honoríficos.
Por parte de las instituciones públicas se procederá, en el plazo de un año desde la aprobación de esta ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen, así como a la retirada de placas y todo tipo de referencias a las concesión de dichas distinciones. Enmienda nº
Disposición Adicional Decimotercera. Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles.
A la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, dictará las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles dependientes de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Motivación: Hace pocos años los registros civiles han empezado a plantear dificultades para su consulta, hasta el punto de que actualmente no es posible acceder a los libros de actas de defunciones. Han constituido desde fines de los años 70 la base de los estudios sobre la represión: la única base sólida a la hora de obtener datos fiables (nombres, edades, profesiones, fechas, lugares, causas, :::)
En estos años la Dirección General de los Registros y del Notariado, Centro Directivo del Ministerio de Justicia, daba los permisos de acceso sin problemas, si bien con una serie de condiciones que no eran fáciles de cumplir. Pero desde hace un tiempo empezaron las trabas y aludiendo a una orden de la Dirección General niegan toda consulta. Si se impide el acceso a los libre de defunciones de los Registros Civiles se acaba el estudio de la represión franquista en España. Enmienda nº
Se crea una Disposición Transitoria Disposición Transitoria. Seguimiento y continuidad pública e institucional
El Gobierno creará una Comisión de seguimiento y continuidad pública e institucional de todo el proceso de la recuperación de la memoria histórica, así como de la divulgación de los trabajos que se desarrollen al respecto. Enmienda nº
Motivación: En coherencia con las enmiendas presentadas sobre nulidad de las sentencias y resoluciones del régimen franquista. Enmienda nº
Se crea una nueva Disposición Final Disposición Final Segunda bis. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda a hacer las adaptaciones presupuestarias para dotar de recursos económicos necesarios para las iniciales actuaciones de la propuesta Memoria y Cultural Democrática.