Source: https://inoponible.cl/mediacion/
Timestamp: 2019-10-23 07:36:15
Document Index: 66264871

Matched Legal Cases: ['artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 54', 'artículo 54', 'e contrario']

Mediación | Inoponible
Mediación como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos.
La mediación, si bien no es un equivalente jurisdiccional, sí es un mecanismo de resolución de conflictos jurídicos de naturaleza civil en que un tercero imparcial ayuda a las partes del conflicto a buscar por sí mismas una solución de éste por la vía del acuerdo mutuo, de modo que se satisfagan recíprocamente y equitativamente las necesidades e intereses de cada una de ellas.
Mediación en Chile.
Se trata de un mecanismo que tanto los particulares como nuestra legislación procesal progresivamente ha incorporado como una forma de solución de conflictos jurídicos. De tal forma, podemos señalar algunos ejemplos.
En materia mercantil, en los conflictos sometidos a la decisión de jueces árbitros o arbitraje, se acostumbra a llamar a las partes interesadas a una instancia de mediación. Así ocurre, por ejemplo, en materia comercial respecto de controversias nacionales e internacionales llevadas ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago).
También está presente en materia laboral, en donde la Dirección del Trabajo de Chile coloca a disposición de empleadores y trabajadores un sistema alternativo de solución de conflictos laborales colectivos denominado mediación laboral, el cual permite a las partes afectadas por una controversia laboral, generar soluciones auxiliadas por un tercero imparcial, el cual actúa como moderador para facilitar la comunicación entre ellos.
Otro ejemplo de mediación en Chile se da en materia de salud, conforme a la Ley número 19.937, la Superintendencia de Salud está a cargo de un sistema de mediadores privados acreditados e inscritos que actúan como mediador entre los cotizantes o beneficiarios del sistema de salud y las Aseguradoras, es decir, Fonasa e Isapres.
Existe otra manifestación de citado mecanismo de resolución de conflictos en el sistema de Salud, este se presenta a través de la mediación con prestadores privados. Esta mediación es obligatoria, previa a una acción judicial y está establecida en la Ley número 19.966, que procede en aquellos reclamos en contra de prestadores privados (clínicas, médicos y centros médicos) que se funden en la alegación de haber sufrido daños en el otorgamiento de prestaciones asistenciales.
Finalmente, es en materia de derecho de familia en donde la mediación destaca como mecanismo de resolución de conflictos.
Concepto de mediación familiar.
La mediación se define por el artículo 103 de la Ley número 19.698 que crea los tribunales de familia como aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.
Por tanto, para estar frente a una mediación familiar se deben conjugar tres elementos.
Existencia de un conflicto familiar
Presencia de un tercero imparcial que no sea un juez
Presencia de las partes involucradas en el conflicto
El objetivo de este mecanismo de resolución de conflictos es que las partes encuentren una solución a la controversia a través de acuerdos y así evitar llegar a tribunales de familia.
Conforme al artículo 105 de la citada ley, durante todo el proceso de mediación, el mediador debe velar por que se cumplan una serie de principios que sirven de marco regulatorio al ejercicio de su función facilitadora del diálogo entre partes. Los principios son: igualdad; voluntariedad; confidencialidad; imparcialidad; interés superior del niño y opiniones de terceros.
Especies de mediación familiar.
De acuerdo al artículo 106 de la Ley número 19.698, se consagran tres modalidades: obligatoria, voluntaria y prohibida.
Es obligatoria en causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deben someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de la ley y un reglamento. Excepcionalmente, no aplica esta especie de mecanismo de resolución de conflictos si estamos en presencia de algunas de las causales del divorcio por culpa del artículo 54 de la ley número 19.947.
Mediación Voluntaria.
Las restantes materias de competencia de los tribunales de familia, exceptuados los casos en donde se prohíba, podrán ser sometidas a mediación si así lo acuerdan o lo aceptan las partes. Constituye la regla general, pues entrega a la autonomía de la voluntad de las partes interesadas la utilización de este mecanismo resolutivo de conflictos en asuntos del derecho de familia.
Mediación Prohibida.
No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes, y los procedimientos regulados en la Ley número 19.620, sobre adopción. En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la Ley número 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar,este mecanismo resolutivo de conflictos procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de esta ley.
Derivación a mediación y designación del mediador.
Materia sujetas a mediación obligatoria.
Respecto de la mediación obligatoria, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador elegido, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas.
A falta de acuerdo o si las partes manifiestan su decisión de dejar entregada la designación a la resolución del juez, éste procederá a nombrar al mediador mediante un procedimiento objetivo y general, que garantice una distribución equitativa entre los contratados para prestar servicios en ese territorio jurisdiccional y un adecuado acceso a los solicitantes.
Con todo, se hará presente al requirente la posibilidad de recurrir, a su costa, a un mediador registrado. Estas actuaciones pueden llevarse a cabo ante cualquier tribunal de familia y para ellas no se requiere patrocinio de abogado.
Materia sujetas a mediación voluntaria.
Si la acción judicial versa sobre alguna de las materias de mediación voluntaria, el juez ordenará que, al presentarse la demanda, un funcionario especialmente calificado instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a ella, quien podrá aceptarla o rechazarla. Del mismo modo, ambas partes podrán solicitar la mediación o aceptar la que les propone el juez, durante el curso de la causa, hasta el quinto día anterior a la audiencia del juicio y podrán, en este caso, designar al mediador de común acuerdo.
Si no hay acuerdo, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados. La designación efectuada por el tribunal no es susceptible de recurso alguno.
Con todo, debe revocarse y procederse a una nueva designación si el mediador fuere curador o pariente, por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral, de cualquiera de las partes, o hubiere prestado servicios profesionales a cualquiera de ellas con anterioridad, a menos que los hubiese prestado a ambas en calidad de mediador.
Una vez realizadas las actuaciones se debe comunicar al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto.
Citación a la sesión inicial de mediación.
El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación. A ésta citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.
Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial.
Reglas especiales sobre la mediación en causas relativas al derecho de alimentos.
Tratándose de casos que versen, en todo o parte, sobre el derecho de alimentos, el mediador, en la primera sesión, debe informar al alimentario de su derecho de recurrir en cualquier momento al tribunal para la fijación de alimentos provisorios, de acuerdo al artículo 54-2 de la Ley número 19.968. De esta actuación debe dejarse constancia escrita firmada por el mediador y las partes. Sin perjuicio de lo cual, las partes podrán adoptar directamente un acuerdo sobre la materia.
El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia. Con todo, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más.
Acta de mediación familiar.
En caso de llegar a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes. El acta debe ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada.
Si la mediación se frustrare, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de ella, sin agregar otros antecedentes. En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de la misma a aquella parte que la solicite y se remitirá al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo.
La mediación sólo podrá ser conducida por las personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el reglamento.
En dicho Registro, deben individualizarse a todos los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Este deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Además, si corresponde, se señalará su pertenencia a una institución o persona jurídica.
Requisitos para ser mediador familiar.
Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, ni por alguno de los contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.
Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollarla mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación.
Costos de la mediación.
Los servicios de mediación previa serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, puede cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señale el reglamento.
Para las restantes materias, los servidos de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente.
Por Jorge Castro Barros 23 enero, 2018