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Timestamp: 2019-11-17 15:46:06
Document Index: 376796992

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 11', 'Artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23']

Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. TITULO III. Infracciones y sanciones.
a) El incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental previstas en la normativa de seguridad minera del que no se derive riesgo laboral.
b) La inobservancia de las advertencias de la Inspección de Minas, siempre que se refieran a condiciones de seguridad minera que no hayan supuesto daño derivado del trabajo.
a) El incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental que impidan conocer a la autoridad minera las condiciones de seguridad existentes en la explotación.
b) La inobservancia de las advertencias de la Inspección de Minas referidas a condiciones de seguridad minera que hayan supuesto riesgo laboral grave u ocasionado daño derivado del trabajo.
c) La demora en el cumplimiento total de las condiciones de seguridad legal o reglamentariamente exigibles, según el tipo de explotación de que se trate.
d) La demora en la instalación completa de los elementos correctores que hubieran sido impuestos adicionalmente por la inspección minera que ocasione daño derivado del trabajo.
e) La negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes a su función por parte de los directores facultativos.
f) No dar cuenta, en tiempo y forma, al órgano competente en materia de seguridad minera de los accidentes de trabajo ocurridos en las explotaciones que tengan la clasificación de graves, muy graves o mortales, así como de los incidentes tipificados como graves.
g) La explotación de recursos mineros, cualquiera que sea su clasificación, sin que previamente se haya obtenido la preceptiva autorización.
h) La comisión simultánea de tres infracciones leves, cualquiera que sea su naturaleza.
i) La reincidencia en la comisión de tres infracciones leves.
j) Cualquier otra acción u omisión que vulnere la normativa en materia de seguridad minera y que hayan supuesto riesgo laboral grave u ocasionado daño derivado del trabajo.
a) La explotación clandestina.
b) El incumplimiento de las condiciones de seguridad legal o reglamentariamente exigibles que haya supuesto riesgo laboral muy grave u ocasionado daños derivados del trabajo de carácter muy grave.
c) El incumplimiento de la obligación de instalación de los elementos correctores impuestos adicionalmente en Resoluciones emanadas del órgano competente en materia de seguridad minera o en Actas de Prescripción firmes.
d) La obstrucción o negativa a colaborar con la Inspección de Minas.
e) El incumplimiento de los deberes inherentes a su función por parte de los directores facultativos.
f) La comisión simultánea de dos infracciones graves, cualquiera que sea su naturaleza.
g) La reincidencia en la comisión de dos infracciones graves.
h) Cualquier otra acción u omisión que suponga una vulneración de la normativa en materia de seguridad minera que haya supuesto riesgo laboral muy grave u ocasionado daños derivados del trabajo de carácter muy grave.
Artículo 13 Prescripción de las infracciones
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
1. Las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán:
1.1. Las infracciones leves, con:
b) Multa de 50.000 a 500.000 pesetas.
1.2. Las infracciones graves, con:
b) Suspensión de las actividades de la empresa con clausura de la explotación por un plazo no superior a dos meses.
1.3. Las infracciones muy graves, con:
a) Multa de 5.000.001 a 100.000.000 de pesetas.
b) Suspensión de las actividades de la empresa con clausura de la explotación por plazo de dos a seis meses.
c) Clausura definitiva de la explotación.
2. Cuando el sujeto responsable sea el director facultativo, se le sancionará:
2.1. En caso de infracción leve, con:
b) Multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
2.2. En caso de infracción grave, con:
a) Multa de 50.001 a 150.000 pesetas.
b) Suspensión de funciones en la dirección facultativa por plazo no superior a seis meses.
2.3. En caso de infracción muy grave, con:
a) Multa de 150.001 a 500.000 pesetas.
b) Suspensión de funciones en la dirección facultativa por plazo superior a seis meses y hasta dos años.
c) Inhabilitación permanente para el ejercicio de las funciones de director facultativo de industrias extractivas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Artículo 15 Suspensión temporal de la actividad de la empresa
La sanción de suspensión temporal de la actividad de la empresa se entenderá sin perjuicio de los intereses de los trabajadores, que continuarán adscritos a la misma percibiendo la totalidad de sus remuneraciones, calculándose el importe de los conceptos variables según el promedio de las devengadas en el trimestre natural anterior a la fecha de cierre temporal.
Durante el período de suspensión temporal, la empresa sancionada seguirá obligada a cotizar a la Seguridad Social con arreglo a las remuneraciones que satisfaga a los trabajadores de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior. Además, la empresa quedará obligada a realizar un mantenimiento eficaz de la explotación a su cargo.
Artículo 16 Criterios de graduación de las sanciones
1. Las sanciones imponibles se graduarán en cada caso considerando los siguientes criterios:
d) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.
e) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.
f) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
g) El número de trabajadores afectados.
h) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.
i) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Minas.
j) La inobservancia de las propuestas realizadas por los Delegados Mineros de Seguridad o los Comités de Seguridad de la empresa o del centro de trabajo para la corrección de las deficiencias legales existentes.
k) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención.
2. A los efectos del apartado anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, i), de esta Ley, habrá reincidencia cuando en el término de un año se cometa una infracción de la misma naturaleza que otra que haya sido sancionada mediante resolución firme.
Artículo 17 Graduación de las multas
1. Las sanciones consistentes en las multas previstas en el artículo 14.1 se graduarán como sigue:
1.1. Infracciones leves:
Grado medio: De 100.001 a 250.000 pesetas.
Grado máximo: De 250.001 a 500.000 pesetas.
1.3. Infracciones muy graves:
Grado mínimo: De 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas.
Grado medio: De 25.000.001 a 50.000.000 de pesetas.
2. Las sanciones consistentes en las multas previstas en el artículo 14.2 se graduarán como sigue:
2.1. Infracciones leves:
Grado mínimo: Hasta 20.000 pesetas.
Grado medio: De 20.001 a 35.000 pesetas.
Grado máximo: De 35.001 a 50.000 pesetas.
Grado mínimo: De 50.001 a 83.000 pesetas.
Grado medio: De 83.001 a 116.000 pesetas.
Grado máximo: De 116.001 a 150.000 pesetas.
2.3. Infracciones muy graves:
Grado mínimo: De 150.001 a 267.000 pesetas.
Grado medio: De 267.001 a 384.000 pesetas.
Grado máximo: De 384.001 a 500.000 pesetas.
3. De apreciarse reincidencia, la cuantía de las multas podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso del tope máximo de 100.000.000 de pesetas.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de lo previsto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, así como en el Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador general en la Administración del Principado, el procedimiento sancionador en materia de seguridad minera en el ámbito del Principado de Asturias se ajustará a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 20 Atribución de competencias sancionadoras
La competencia para sancionar las infracciones en materia de seguridad minera corresponderá:
a) Al titular de la Dirección Regional competente en materia de seguridad minera, las infracciones leves.
b) Al titular de la Consejería competente en materia de seguridad minera, las infracciones graves.
c) Al Consejo de Gobierno, las infracciones muy graves.
Artículo 21 Principios de tramitación
a) Se iniciará por providencia del órgano competente en materia de seguridad minera, en virtud de las actuaciones practicadas por la Inspección de Minas de oficio, por propia iniciativa o mediante denuncia, o a instancia de persona interesada.
b) La providencia, complementada con el acta de la Inspección de Minas, será notificada al sujeto responsable, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y proponer la prueba que estime pertinente en defensa de su derecho ante la autoridad competente para dictar resolución.
c) Transcurrido el plazo de alegaciones y previas las diligencias que el instructor del expediente estime necesarias, se dará nueva audiencia al interesado por término de diez días, siempre que de las diligencias practicadas se desprenda la existencia de hechos distintos a los incorporados en el acta de la Inspección de Minas.
d) A la vista de lo actuado, el órgano competente dictará la resolución que proceda.
Artículo 22 Concurrencia de sanciones
Artículo 23 Prejudicialidad penal
1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración del Principado de Asturias lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
2. La tramitación del expediente sancionador quedará en suspenso cuando por los mismos hechos se inicie causa penal.
3. Cuando en el orden jurisdiccional penal no se haya estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador con vinculación a los hechos declarados probados por los Tribunales en resolución firme.
Los expedientes sancionadores en materia de seguridad minera iniciados al amparo de la Ley del Principado de Asturias 2/1985, de 11 de diciembre, sobre infracciones en materia de seguridad en las explotaciones mineras, continuarán tramitándose con arreglo a la misma hasta su resolución definitiva, sin perjuicio de la retroactividad de la presente Ley en cuanto favorezca al presunto infractor.
Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, la Ley del Principado de Asturias 2/1985, de 11 de diciembre, sobre infracciones en materia de seguridad en las explotaciones mineras, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma se opongan a lo dispuesto en la misma.
La cuantía de las sanciones establecidas en esta Ley podrá ser actualizada por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente.