Source: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=jurisprudencia
Timestamp: 2018-09-18 14:12:51
Document Index: 38530648

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 94', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 94', 'artículo 133']

Jurisprudencia | El Juego de la Suprema Corte
1. Nuevo Sistema Electoral
Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.
Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.
Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].
Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].
Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]
No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].
Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].
La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].
2. Consejos de la Judicatura[7]
Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.
Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.
En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.
3. Debido proceso[8]
En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.
4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]
El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.
La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.
5. Fueros[11]
¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.
Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.
6. Arraigo[12]
El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.
7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]
Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.
Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.
En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.
En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]
Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.
La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.
La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.
El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”
7. La Consulta Popular
La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.
Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]
Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:
1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.
2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.
Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?
Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.
Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]
Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].
Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com
[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.
[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.
[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.
[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.
[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.
[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.
[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.
[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.
[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.
[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.
[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.
[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.
[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.
[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.
[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.
[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.
[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.
[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.
[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
[20] Consultable aquí.
Metodológica y teóricamente no encuentro sustento en la propuesta de Juan Luis Hernández y Gerardo Mata, publicadas en este Blog, según la cual los jueces de menor jerarquía puedan inaplicar jurisprudencia de la Suprema Corte si es que consideraran que ésta es violatoria de un derecho humano.
Me parece fundamental distinguir algunas cuestiones:
1) Inaplicabilidad y no aplicabilidad: en la contradicción de tesis en cuestión se estudió la inaplicación de la jurisprudencia cuando se detecte a través de un control de constitucionalidad (y convencionalidad) que es violatoria de algún derecho humano. Ello no abarca la no aplicabilidad de la jurisprudencia que es de lo que habla Gerardo Mata ni de la aplicación del principio pro persona que es de lo que habla Juan Luis Hernández. La primera, implica distinguir entre casos y, razonadamente, llegar a la conclusión de que la jurisprudencia no es aplicable porque el caso a resolver es distinto. La segunda, es una obligación constitucional desprendida del artículo 1° que implica preferir la interpretación más favorable a la persona, ello no lleva a la inaplicación en el sentido de que se considere violatoria de un derecho, sino que el juez considera que existe otra interpretación (por ejemplo, de la CoIDH) que es más favorable a los derechos de la persona, es decir, se trata de otro caso, y no de uno de no aplicabilidad.
2) El sistema de competencias: aquí hay que distinguir tres cuestiones:
La división de poderes y la competencia para crear normas del poder judicial.
La distribución jerárquica como un sistema de competencias por materia.
La distribución jerárquica como un sistema de competencias por grado.
La creación de normas en el ámbito del poder judicial es un tema bastante amplio. Aquí me refiero únicamente, y de manera escueta por falta de espacio, a la creación de normas a través de la integración de la jurisprudencia. La jurisprudencia es, en efecto, una norma. Pero de una naturaleza distinta a la ley (formalmente legislativa o ejecutiva), la primera pretende aclarar u orientar sobre el sentido que debe tener la interpretación de una ley. La ley pretende ordenar las relaciones humanas y, para ser aplicada, requiere ser interpretada. La jurisprudencia dice a los jueces cómo debe entenderse y aplicarse esa ley en determinados casos concretos. La jurisprudencia concretiza. La ley es general y abstracta. En términos del artículo 94 constitucional las tesis jurisprudenciales se convierten en normas sobre la interpretación de aplicación obligatoria para todos los jueces inferiores del órgano que la crea, no así para los demás operadores jurídicos.
La distribución jerárquica como sistema de competencias por materia y por grado es la forma de organización de cualquier poder judicial ordenado por una Constitución democrática y por el principio de dos instancias. Un Estado constitucional pretende que su Constitución sea la norma suprema y fuente del orden jurídico, para ello instala un sistema de control de la constitucionalidad. En este sentido, dentro del poder judicial mexicano, la Suprema Corte es quien tiene la competencia material de dictar la última palabra (sus sentencias no admiten ninguna revisión), de invalidar normas contrarias a la Constitución y su jurisprudencia (la interpretación reiterada de las normas) es obligatoria para todos los jueces. Esas son sus competencias constitucionales.
El principio de dos instancias garantiza los principios de impugnación y de contradicción; de tal manera que por vía de la competencia por grado, hay jueces jerárquicamente superiores con competencia para revisar las determinaciones de los jueces inferiores, sus resoluciones son obligatorias para ese juez inferior. El sistema de revisión de decisiones en donde los jueces superiores revisan las determinaciones de los jueces inferiores, busca garantizar las partes una resolución a los conflictos justa y apegada a Derecho (que incluye, por supuesto, los derechos humanos).
3) Autoridad y autoritarismo: La obligatoriedad de las decisiones de los jueces superiores para los jueces inferiores está muy lejos del “autoritarismo judicial”. El autoritarismo se refiere a autoridades ilegítimas, que toman decisiones no apegadas al principio de legalidad y que son, básicamente, arbitrarias. La obligatoriedad del Derecho está relacionada con la legitimidad de la autoridad. Asumo que partimos del reconocimiento de que la Corte es una autoridad legítima. Es decir, admitimos que los jueces constitucionales son autoridades legítimas y, en este sentido, tienen el derecho de imponer con sus decisiones restricciones a los comportamientos de los sujetos a un determinado orden jurídico.
Si esto es así, aceptamos que la Corte mexicana es una autoridad jurisdiccional con el derecho de decidir en última instancia las cuestiones constitucionales. Es, constitucionalmente hablando, la autoridad que pronuncia la última palabra con respecto a los conflictos de Derecho nacionales.
Cuando hablamos de la autoridad de la Corte no hablamos de autoritarismo; es decir, de una autoridad ilegítima, antidemocrática, inconstitucional; al menos hasta donde yo entiendo, la percepción sobre la Corte no es ésta. La existencia de una autoridad ¡no es igual a autoritarismo!
4) Diálogo jurisprudencial y control constitucional: Creo que es muy relevante distinguir entre ambas. La primera se trata de la interacción dialógica entre distintas jurisdicciones (nacionales y/o internacionales) que tienen como resultado el robustecimiento de la integración de los derechos humanos y otros principios fundamentales dentro del Estado constitucional (democracia, Estado de Derecho, representación) a través de otras experiencias. Entonces, el diálogo jurisprudencial está lejos de ser un control de constitucionalidad/convencionalidad de las decisiones de otras jurisdicciones. Esto no solamente carece de lógica competencial, sino que no es parte de la definición del concepto de diálogo. El diálogo pretende construir y enriquecer las decisiones tomando en cuenta diversas razones; el control tiene como objeto estudiar la validez de las normas.
5) Estado de Derecho y derechos humanos: Supondría que no es necesario hacer esta precisión, pero pareciera que para los autores los principios de certeza y seguridad jurídica (pilares del Estado de Derecho) son opuestos a los derechos humanos. Basta con afirmar de manera contundente que el Estado de Derecho es la única garantía de los derechos humanos. Sin éste los derechos humanos tendrían el mismo valor moral, pero sin posibilidad alguna de ser efectivos. Hay una relación de necesidad lógica en esta tríada: sin Estado de Derecho, los derechos humanos no serían efectivos, sin derechos humanos efectivos no es posible la participación democrática.
6) El stare decisis[1] y el autoritarismo: Finalmente, la última precisión requiere una referencia al sistema norteamericano del stare decisis o de autoridad del precedente. México, como se sabe, sigue una tradición continental o de derecho escrito. Estados Unidos, por su parte, pertenece al sistema de precedentes o de common law. Cobra sentido referirse a cómo funciona el sistema de precedentes en un sistema como éste. El principio del stare decisis implica que las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales superiores son obligatorias para las inferiores, con la finalidad de garantizar seguridad y certeza jurídica, evitar la arbitrariedad y garantizar el principio de igualdad ante la justicia. Si todo puede cuestionarse, no hay autoridad, no hay una decisión última. En algún sitio debe parar el debate, eso otorga certeza a ambas partes en un conflicto.
7) Infalibilidad, diálogo y Suprema Corte: No he defendido que la Corte por tener la última palabra dentro del poder judicial sea infalible, lo cual sería absurdo. Ni la idea del diálogo se opone a la última palabra dentro del poder judicial. Como sabemos, el dialogo puede ser horizontal y vertical. El diálogo horizontal, con otros poderes, sí requiere por razones democráticas que no haya una última palabra sobre interpretación de la constitución o de la ley. Ahora bien, el diálogo vertical que se da entre las diversas instancias mientras no exista jurisprudencia, requiere de un punto final por seguridad jurídica. Me parece que los autores pierden de vista que todo sistema jurídico necesita prever la toma de decisiones vinculantes, pues a diferencia del discurso moral, el derecho exige tomar decisiones. En ese sentido, la existencia de una autoridad final dentro del poder judicial es parte de una teoría de la autoridad, connatural a cualquier sistema jurídico.
Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace Agradezco a Roberto Niembro y a René González de la Vega las conversaciones y los comentarios sobre el tema que enriquecieron este texto. Ello no les compromete a lo aquí escrito.
[1] “Stare decisis et non quieta movere” (mantener las decisiones y no perturbar lo tranquilo).
En mi intervención anterior y en la respuesta que se le dio, comentábamos la importancia de estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de la contradicción de tesis 299/2013, relativa a si los jueces de todos los órdenes jerárquicos del país pueden inaplicar la jurisprudencia de la Corte vía control difuso ex officio. El resultado de la discusión no fue muy diferente a como se hubiere podido predecir, el tribunal en pleno de la Corte respondió negativamente a la pregunta planteada por siete votos a favor y dos en contra[1]. En este segundo texto expondré los argumentos más importantes del resto de los ministros y explicaré por qué sigo convencido en que la postura de la minoría era la más conveniente.
Esta semana la Suprema Corte discutió una contradicción de tesis (299/2013) que se centró en una cuestión no menor: ¿si la jurisprudencia de la Corte puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho de la Constitución o de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte? Con siete votos, la mayoría de los ministros determinaron que la respuesta a esta interrogante debía ser negativa –sólo votaron en contra los ministros Cossío y Silva.
Ahora bien, partir de la publicación de un texto en El Juego de la Suprema Corte acerca de esta discusión, se ha desatado un interesante debate en redes sociales en donde algunos apelan a la prevalencia del principio pro persona sobre el principio de seguridad jurídica y otros apelamos a que ello contribuiría a la diluir del carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte si sus criterios interpretativos fueran inaplicables por jueces inferiores.
Se critica que la mayoría de los ministros vean al poder judicial de forma vertical y se arguyen que detrás de esta postura existe un inadmisible tufo de infalibilidad. La primera cuestión es obvia. El poder judicial necesariamente se acomoda de forma vertical, donde los criterios de los jueces jerárquicamente superiores se convierten en obligatorios para los jueces jerárquicamente inferiores, no por infalibilidad, sino por coherencia y unidad del sistema. ¿De qué servirían, de otra manera, los recursos y medios de impugnación si los jueces inferiores van a hacer lo que quieran? ¿Para qué se fija, por medio de la jurisprudencia, qué criterio interpretativo de las normas debe prevalecer?
En este sentido, sobra mencionar que la Corte no es infalible, pero en realidad la cuestión tiene que ver menos con un dogma de fe y más con el sistema de control de la constitucionalidad que hemos ido perfeccionando desde la reforma constitucional de 1994. Si el objetivo ha sido crear un tribunal constitucional; una jurisdicción ocupada únicamente de revisar las cuestiones de constitucionalidad y preservar la unidad y la coherencia del sistema, ¿cómo podemos aceptar que sus criterios sean inaplicados por jueces inferiores? En cualquier sistema con control de constitucionalidad concentrado, los criterios del tribunal constitucional son obligatorios[1]; mientras que en sistemas de control difuso, como el norteamericano, existe la institución del stare decisis, según la cual los criterios de la Corte Suprema son obligatorios[2].
México es un sistema mixto: concentrado y, al mismo tiempo, difuso. Gracias al caso Radilla se activó el control difuso de constitucionalidad al interpretar el artículo 133 de manera acorde a la reforma constitucional de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 133 habla de normas formalmente emitidas por el Poder Legislativo (leyes y tratados) y no de normas formalmente emitidas por el Poder Judicial (como la jurisprudencia). En este sentido, el monopolio de la interpretación de la Constitución reside en la Suprema Corte, la cual es el órgano facultado por la propia Ley Fundamental para determinar cuál será el sentido de la Constitución.
Y aquí vienen tres distinciones muy relevantes que introdujo el ministro Zaldívar a la discusión del martes (taquigráfica): a) la distinción entre disposición y norma[3], b) la diferencia entre jurisprudencia de legalidad, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia sobre constitucionalidad de normas y c) la diferencia entre inaplicar o desaplicar y no aplicabilidad.
Estas distinciones aportan claridad al debate, pues la primera distinción alude a la diferencia formal entre las normas a las que se refiere el artículo 133, que permiten el control difuso y las del artículo 94 que no lo admiten. La segunda, habla concretamente de la jurisdicción constitucional y se relaciona con la tercera en cuanto a que los jueces –como en el caso colombiano- pueden determinar razonadamente la no aplicabilidad de una jurisprudencia de legalidad cuando el caso que resuelven tiene diferencias relevantes con el caso por el que se sostuvo la tesis o cuando un juez considere que un criterio de la Corte Interamericana es más protector y, por ello, deberá preferirlo sobre el criterio jurisprudencial nacional, aquí tampoco inaplica la jurisprudencia sino que no la aplica porque hay otra más adecuada. (Esta distinción fue rechazada por el ministro ponente por considerar que podría generar confusión. La consulta se limitaba a cuestiones sobre derechos humanos, es decir, a jurisprudencia constitucional).
El punto clave de la inaplicación de normas es que exige un análisis de constitucionalidad/convencionalidad y esta facultad está vedada para todos los jueces inferiores respecto de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte. No así respecto de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, pues ello está exigido en el artículo 133 constitucional y se realiza hoy a través de esa actividad que hoy llamamos control difuso ex officio.
La verticalidad de los precedentes jurisdiccionales no es una cuestión autoritaria, tiene que ver con la naturaleza de un sistema en el que el órgano de cierre es una Corte que tiene, dentro del poder judicial, la última palabra en cuestiones de constitucionalidad. Nuestro sistema es ciertamente mixto, pero el monopolio de la declaración de invalidez de las normas pertenece a la Corte y sus interpretaciones preceden sobre las de los jueces inferiores.
Así, la jurisprudencia, como criterio con que se decidió un caso particular, construye una regla conforme a la cual los órganos jurisdiccionales, todos, deberán resolver. Ello está directamente relacionado con los principios que sostienen el Estado de Derecho: seguridad jurídica, certeza y previsibilidad sobre las decisiones de los jueces en casos iguales.
Los principios de coherencia y unidad del sistema se garantizan a través de los recursos y medios que tienen las personas para reclamar decisiones con las que no están de acuerdo y que, eventualmente, si presenta una cuestión que es competencia de la Corte, serán dirimidos por ésta. En el mismo sentido, si los jueces consideran que existen criterios contradictorios, contrarios a la Constitución o a los derechos fundamentales, existen vías para que la Corte lo resuelva: solicitud de atracción, de modificación de jurisprudencia o la denuncia de contradicción de tesis.
En suma, no creo que la decisión de esta semana haya sido regresiva; al contrario, va acomodando las piezas de este nuevo sistema de control de constitucionalidad en México, entre las cuales, está naturalmente la seguridad jurídica.
Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace
[1] Ha circulado una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana (C- 836/01) pero me parece que la Constitución de Colombia no establece la obligatoriedad de los criterios de la Corte y la cuestión que decide en esta sentencia es si los jueces inferiores pueden apartarse de criterios que emite como tribunal de casación. Es decir, la cuestión es si los jueces pueden apartarse de las decisiones de la Corte Constitucional en su función uniformadora de la jurisprudencia, que realiza por la vía del recurso extraordinario de casación. La sentencia, me parece habla sobre la posibilidad de que los jueces se aparten del precedente cuando adviertan que el caso que deben resolver es diferente que el caso resuelto anteriormente.
[2] La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene “la última palabra” sobre la interpretación de la Constitución y en este sentido, su interpretación es obligatoria para los tribunales.
[3] La disposición se refiere a la cláusula textual que contiene la norma; la norma es el significado de ese texto.
Afirma con tino Manuel Atienza[1], que el formalismo no es el único mal que acecha en estos tiempos a quienes interpretan y aplican el Derecho, pero sí es quizás la característica más distintiva —y además nociva— de la cultura jurídica latina.
Ayer, 13 de octubre, la Suprema Corte comenzó a discutir en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. La disyuntiva es si los jueces mexicanos, de cualesquiera órdenes jerárquicos, pueden inaplicar la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte por considerarla inconstitucional o inconvencional en los términos en que el expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, los obliga.
Dado que la polémica suscitada entre ambos Tribunales Colegiados deriva en un cuestionamiento abstracto, omitiré el análisis de las razones que cada juzgado esgrimió para efectos de agilidad en la exposición, y me abocaré —consciente de las limitaciones en las que incurro— a los argumentos que el ministro ponente y el ministro Cossío expresaron en la sesión pública del día de ayer.
El ponente afirma que no es deseable que los jueces de cualquier orden jerárquico sometan a un test de regularidad ex officio a la jurisprudencia de la Corte, ya que ello desvirtuaría el carácter unificador de la jurisprudencia. Lo cual devendría en un caos e inseguridad que terminarían por sufrir los justiciables, al encontrarse ante la incertidumbre que —dicen— la jurisprudencia unificada evita. Finalmente, el ministro Pardo afirma que si algún tribunal advierte la irregularidad de la jurisprudencia de la Corte, no debe inaplicarla, sino hacer uso de los medios que la propia Ley de Amparo prevé para la sustitución y abandono de criterios jurisprudenciales. En conclusión, cualquier inconformidad que controvierta la jurisprudencia de la Corte, debe resultar inoperante, pues su aplicación es inexcusablemente obligatoria.
Así, el ministro Cossío se pronunció en contra del proyecto por estimar que la jurisprudencia de la Corte si bien goza de una presunción de constitucionalidad —al igual que las normas jurídicas emitidas por el legislador democrático—, esta presunción es derrotable en el caso concreto. De ahí que el criterio unificador pueda ser falible e inacabado ante la imposibilidad de que éste abarque todos los supuestos de hecho. Igualmente argumenta que negar la facultad de los jueces para inaplicar estos criterios sería continuar con la construcción de un sistema formalista y vertical de aplicación sistémica de normas, ello sin detenerse a pensar si éstas benefician o perjudican al justiciable.
Los argumentos del ministro Cossío me parecen suficientemente razonables, excepto por la última aclaración que hace. Y donde afirma que el caos e inseguridad a la que alude el ministro ponente no es un tema de preocupación, pues finalmente el sistema permite que la abrumadora mayoría de estas decisiones acaben en manos de los juzgadores de amparo y, en algún momento, el sistema piramidal los lleve a las salas y al pleno de la Corte.
Ahora bien, esta disyuntiva ya ha sido ventilada anteriormente en la primera y segunda sala. Si el lector es asiduo auscultador de la actividad de la Corte, ya podrá adelantar que se trata de criterios discordantes. Tengo noticia de al menos dos: el de la primera sala bajo la ponencia del ministro Cossío, el cual citó ayer en su intervención y donde traza las razones que expuse en líneas anteriores, es decir, está a favor de la inaplicación difusa de la jurisprudencia. Por supuesto, dicha inaplicación no está exenta de la argumentación que para ello se requiere, ni de los parámetros que las tesis del Caso Radilla exigen paso a paso.[2] Valga decir, que este proyecto fue desechado en la sala por votación de cuatro contra uno.
El segundo, por parte de la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos fue el amparo directo en revisión 2126/2012. En esa resolución se dijo que no existe norma alguna que faculte a un juez inferior a poner en tela de juicio la jurisprudencia de la Corte, entre sus líneas puede deducirse que dicha inaplicación supone una falta de respeto a la palabra de la Suprema Corte. Igualmente se afirma que de ser irregular debe acudirse a los parámetros legales de sustitución de jurisprudencia, lo cual tampoco parece muy conveniente, pues persistiría el carácter vertical de la polémica. Y enviaría la Corte un mensaje no menor: si hay dudas sobre mis criterios, yo misma resolveré sobre ello. Por si no fuese suficiente, lo que más resalta de aquella sentencia es que el último resolutivo da vista al Consejo de la Judicatura para la investigación de una probable responsabilidad disciplinaria.
Muchas instituciones decimonónicas son las que todavía venimos arrastrando en el diseño judicial mexicano, y los remiendos que se les ha hecho terminan por mezclar ideas que me parece son incompatibles. Cuando en México no existía la independencia judicial, la jurisprudencia servía muy bien para un propósito: limitar la creatividad y discreción de los jueces. El ideal constitucional que hoy se propone, con facultades de control difuso en todos los jueces aplicando las disposiciones del artículo primero constitucional, ya no parece concordar con esos fines.
El argumento toral del proyecto no parece resistir un análisis riguroso. Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.
La Corte Suprema de Estados Unidos suele lidiar con este tipo de problemas haciendo uso de lo que ellos llaman percolation, que consiste en dejar que los jueces de todas las jerarquías digan todo lo que tengan que decir sobre un tema. En esta actividad participa también el foro con los planteamientos que lleva a los propios tribunales y también la academia con sus puntos de vista respectivos. Una vez ventiladas y maduradas todas las razones y argumentos, entonces, la Corte Suprema emitirá su resolución. No obstante, quizás sea el diseño tan vertical lo que en México no nos permite tener estos experimentos. Ni hablar del abuso del foro por la suplencia de la queja o la indiferencia de buena parte de la academia.
Es cierto que el Derecho no sólo se conforma por razones sustantivas sino también por las formales, esto es lo que lo distingue de otros instrumentos de control social como la moral. El Derecho es también un fenómeno de autoridad, empero, la alusión a la autoridad es —como cualquier otro— un principio derrotable, que puede ceder ante otros que en el caso concreto resulte más conveniente priorizar. Así, formalista no es aquel que aplica las normas, sino quien lo hace sin detenerse a analizar las razones que a éstas subyacen.
Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com
[1] Atienza, M., “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de 2011, pp. 199-201.
[2] Véase: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Décima Época, tomo 1, diciembre de 2011, P. LXIX/2011, p. 552, cuyo rubro reza: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Novedad editorial: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español
Acaba de salir publicado el libro “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español”, que tiene como objetivo reflexionar, criticar y dar a conocer la doctrina de dicho Tribunal sobre algunos temas de actualidad. El trabajo es fruto de la iniciativa de los analistas de doctrina (2010-11) y del desinteresado apoyo de algunos letrados del Tribunal Constitucional español, así como del director de la biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer. Los analistas del Tribunal se renuevan cada año y son seleccionados a través de un concurso público abierto en el que puede participar gente de cualquier procedencia. Nuestras tareas consisten básicamente en estudiar y analizar la doctrina del Tribunal. Durante el período 2010-11 tres de los seis analistas fuimos mexicanos.
Este libro nació con el fin de compartir nuestro trabajo con los lectores mexicanos que están interesados en el derecho constitucional comparado, pero sobre todo contribuir a la discusión teórica en nuestro país. Desde este punto de vista, esta obra no pretende ser una difusión acrítica de lo hecho en otras latitudes, sino un instrumento más para llevar a cabo nuestros propios debates.
A continuación, usando las palabras del ministro Fernando Franco y que se pueden leer en el prólogo que amablemente escribió para la obra, se resume el contenido de la misma.
“En lo que atañe a las funciones sustantivas, la obra se integra con:
La contribución que realiza Ana Ylenia Guerra para comprender el fascinante y complejo espectro que se abre con la evolución científica en materia de bioética, particularmente en el campo de la Biología y de las Ciencias de la vida y sus aplicaciones tecnológicas (en temas tan polémicos como son los relativos a derechos reproductivos –reproducción asistida-, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, entre otros), para el análisis y protección de los derechos humanos;
El trabajo de Luis Felipe Nava Gomar, el cual se ocupa de los problemas de la interpretación a la luz de los métodos seguidos por la suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y del Tribunal Constitucional español, pronunciándose en el sentido de considerar como la más adecuada actualmente a la que se ha denominado “interpretación evolutiva”, que según el autor consiste en una adaptación de la norma constitucional a la realidad social por parte del juez constitucional. Permite la plena eficacia de la Constitución y dota de contenido vacios jurídicos (generados en casos concretos) que pueden generar una desprotección en los derechos y libertades del ciudadano que son considerados como fundamentales para una sociedad en un momento y lugar determinados.; y
El estudio que realiza Nuria Sangüensa sobre los conflictos jurídico constitucionales que presenta la protección del derecho a la libertad personal, así como las libertades de residencia y circulación en el caso de los extranjeros, que aunque referido al caso español, se universaliza en cuanto a las consideraciones que formula en relación con la extensión de la protección de derechos fundamentales que atañen a las minorías cuyos integrantes no se encuentran representados de la forma ordinaria en el proceso de formación de la Ley.
En lo que está vinculado a las funciones sustantivas de la jurisdicción constitucional en el ámbito de la estructura estatal y la relación entre poderes, se encuentran:
Respecto de la jurisdicción internacional, el estudio elaborado por Cristina Izquierdo sobre los enfrentamientos entre las jurisdicciones constitucionales en materia de derechos fundamentales, a la luz de la experiencia española frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que presenta los casos de tensión entre esos dos órganos de control, particularmente cuando el tribunal internacional pretende imponer un estándar de protección menor en materia de derechos fundamentales que el que ha adoptado jurisprudencialmente el órgano límite de control constitucional nacional.
En lo que atañe al orden interno, Amuitz Garmendia y Luis Alberto Trejo aportan el interesante estudio sobre el Federalismo Judicial en Estados Compuestos, en el que analizan los modelos de España y México bajo el presupuesto de que los requisitos que tipifican el federalismo judicial en esos esquemas estatales son: que tanto el Estado como las entidades territoriales (así llamadas por los autores) tengan competencias sobre lo que se denomina autonomía institucional en lo judicial; que cada sistema judicial (el estatal y los regionales) tenga autonomía jurisdiccional, y la necesaria existencia, en lo que afecta al ejercicio de la jurisdicción, de articulaciones entre el sistema central y los subsistemas territoriales que eviten lagunas y soluciones, las contradicciones o las discriminaciones que pueden darse en aplicación del derecho por los órganos judiciales de las entidades territoriales; y
Roberto Niembro escribe sobre la teoría del diálogo constitucional entre los jueces y los legisladores, que considera que el juez es parte de una práctica racional y comunicativa en la que escucha y a la vez responde por tanto, pretende ser un modelo alternativo en el que ninguno de los actores constitucionales puede prevalecer en todos los casos por lo que se identifica como un proceso compartido en que los interlocutores discuten sus respectivas visiones, bajo la premisa de que lo que esta teoría sugiere es cooperación, intercambio y, principalmente, moderación mutua.
En el segundo bloque, referido a trabajos relacionados con aspectos procesales, se ubican:
El de Ignacio Torres que desarrolla el tema de la legitimación en los procesos constitucionales en España, en el que después de hacer un análisis de los criterios que ha sostenido el Tribunal Constitucional en ese país, concluye que la tendencia en los últimos años ha sido poco proclive a explorar nuevas legitimaciones y que, cuando no ha hecho una interpretación estricta y restrictiva de la ley, ha sido porque se trataba de confirmar líneas jurisprudenciales muy consolidadas, explicando tal tendencia en el contexto de evitar el desbordamiento de la justicia constitucional por el crecimiento de las cargas de trabajo, fenómeno que es común a todos los tribunales constitucionales; y
El análisis pormenorizado que Luis Pomed realiza sobre el trámite de admisión de la Cuestión de Inconstitucionalidad en el régimen español -que es dable en un sistema de control concentrado de constitucionalidad-, por lo que España ha desarrollado esa figura como una cuestión de colaboración entre jurisdicciones, dado que a través de esta institución los jueces y Tribunales que consideren que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución Española, tienen expedita la facultad para plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, para que éste resuelva sobre la inconstitucionalidad planteada.”
Roberto Niembro O. Investigador de la ELD.