Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-319-08.htm
Timestamp: 2019-06-16 11:08:43
Document Index: 223055006

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 168', 'artículo 12', 'artículo 41', 'artículo 9', 'artículo 164', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 4']

T-319-08
Sentencia T-319/08
ACCION DE TUTELA-Requisitos que se deben acreditar para el reembolso de dineros por asunción de gastos médicos
ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional para reembolso de dineros por asunción de gastos médicos
ACCION DE TUTELA-Procede en el caso sub judice el reembolso de gastos médicos por cuanto la EPS se negó a cubrir los tratamientos médicos exigiendo periodos mínimos de cotización en la atención de urgencias
En el caso concreto si resulta procedente la acción de tutela para obtener el reembolso de los gastos médicos, puesto que la EPS Famisanar se negó a cubrir los tratamientos médicos que se le dieron por urgencias al menor desde el día 23 de abril de 2007 hasta el 28 de abril de 2007 en la IPS. Así las cosas, esa conducta desconoce el artículo 12 del Decreto 783 de 2000, que obliga a las EPS a garantizar desde el momento mismo de la afiliación la atención inicial de urgencias durante los 30 primeros días. De modo que el argumento de la EPS Famisanar al exigir períodos mínimos de cotización en la atención inicial de urgencias no es de recibo, en la medida que dicha posición es contraria al propósito de la norma, el cual busca preservar la vida humana sin ninguna limitación.
ACCION DE TUTELA-EPS deberá cubrir la atención inicial de urgencias dada al menor y prestar el tratamiento integral psiquiátrico que se requiera
Referencia: expediente T-1.656.204
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil ocho (2008)
En la revisión de la única providencia proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá D.C. el veinticuatro (24) de mayo de 2007, en el proceso de Feliz Eberto Orjuela Lemus contra Famisanar EPS.
2. Narra que el día 23 de abril de 2007, al intentarse quitar la vida José Merardo Orjuela Laiton consumió un veneno que le causo una grave intoxicación, la cual requirió ser atendida de emergencia en la Clínica Partenón de Bogota D.C., donde el médico tratante dictaminó “Intoxicación Exógena Voluntaria”.
4. Expresa, que la EPS Famisanar sólo cubrió la atención médica por un periodo 24 horas en la Clínica Partenón.
5. Asegura que la EPS Famisanar autorizó la atención médica en la Clínica Partenón Ltda., únicamente por las 24 horas iniciales desde su ingreso. Está medida se debió a que la afiliación del menor es reciente y no tiene periodos mínimos de cotización.
7. Afirma que los procedimientos médicos que se adelantaron después de las 24 horas iniciales fueron asumidos por él. Agrega que al no tener dinero con que pagar firmó un pagare, el cual aún debe y no cuenta con ingresos económicos para cumplir con esa obligación.
Indica que el señor Félix Eberto Orjuela Lemus se afilió a Famisanar EPS el 6 de octubre de 2006 y sólo el día 23 de abril de 2007 reportó como beneficiario el menor Josué Merardo Orjuela Laiton.
“ Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta que el procedimiento quirúrgico requiere para su cobertura total, haber cotizado un mínimo de 26 semanas, por tanto, dado que el menor a la fecha se encuentra como NUEVO, el porcentaje que le corresponde le será autorizado el servicio, y el porcentaje restante deberá se asumido por la familia del menor”
Por último, agrega que la solicitud de tratamiento integral, versa sobre hechos futuros, y no existe formula médica que demuestre la necesidad actual de un procedimiento.
“Pregunta: Sobre sus datos civiles y personales. Respuesta: Mis nombres y apellidos son como han quedado escritos, me identificó de igual forma, natural de Saboya (/ Boyacá) de 46 años de edad, estado civil casado con Irma Laiton tengo 5 hijos son de 21, 20, 19, 15 y 13 años de edad, grado de estudio primero de primaria, se leer y escribir lentamente. Ocupación obrero de construcción.”
Respuesta: Porque se negó, se negaba a pagar, o sea por estar recién afiliado el muchacho entonces no pagaban el costo de la estadía de él en la clínica, entonces como yo no tenía plata para pagar, entonces como el niño tenía que hacerle tratamiento psiquiátrico, y como yo no tenía para pagar allá en la clínica, entonces no le hacían la remisión a alguna parte donde le den el tratamiento de psiquiatría. A la final me entregaron el niño pero entonces quedé yo con una deuda, me hicieron firmar el pagare, allá me dijeron que es mas de novecientos mil pesos la deuda, yo había dado trescientos mil pesos, entonces lo que alegan ellos es que por estar recién afiliado, se afilió en el momento de la crisis.”
“Pregunta: Diga al despacho que pretende usted con esta acción de tutela. Respuesta: Que Famisanar pague la deuda que tengo allá en la clínica Partenón.”
Respuesta: No. Allá eso si lo atendieron bien. Lo que no pudieron hacer fue la remisión, o sea me exigían un dinero para hacer una remisión al principio a cuidados intensivos después a lo de la salud mental.”
“Pregunta: Diga al despacho de cuantos son sus ingresos mensuales. Respuesta: Pues yo me gano diecisiete mil pesos el día.”
“(…) me permito informarle que el día 23 de abril del presente año se respondió interconsulta de psiquiatría, atendiéndose al menor Josué Orjuela Laiton en el servicio de observación de urgencias de la Clínica Partenón y cuyo informe de atención reposa en la respectiva Historia Clínica.
“El menor de 13 años, natural de Marquetalia, procedente de Bogotá, estudiante de 6° grado ingresó tras ingerir una cantidad de raticida con fines suicidas, acto que fue desencadenado según lo informó por conflictos familiares y dificultades escolares. Refirió igualmente que presentaba desde hacía varios meses cambios en la conducta con oposicionísmo, evasiones escolares, bajo rendimiento escolar, mentiras frecuentes, continuamente haciendo alusiones a sensación de rechazo por parte de amigos y profesores, con sentimientos de vacío, y soledad y desesperanza. Manifestó que el intento suicida surgió luego de recibir castigo físico por parte de su madre. Al examen mental de ingreso se encontró el pensamiento tangencial, evasivo, negativista, con afecto triste. Se estableció una impresión diagnóstica inicial de TRASTORNO DE LA ADAPTACIÓN, TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y LAS EMOCIONES, DISFUNCIÓN FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL.
“El menor permaneció en el servicio de observación hasta el día 28 de abril de 2007, en donde además del tratamiento instaurado por pediatría y medicina general fue objeto de intervención psicoterapéutica realizada por el suscrito, en donde igualmente se involucró al padre del menor en dicha intervención. (…)”
“El objeto del contrato consiste en la prestación de los servicios de salud que la IPS se compromete y obliga para con Famisanar a prestar en forma directa, oportuna y continua a los afiliados de Famisanar debidamente acreditados. Los servicios de salud a que se obliga la IPS son, sin limitarse a ellos, los siguientes: Urgencias, Hospitalización Médica y Quirúrgica, Procedimientos Quirúrgicos, Servicios de Apoyo Ambulatorio y Diagnóstico y Terapéutico, Unidad de Cuidado Intensivo Adultos y Neonatal y Atención Obstétrica y del Neonato.
“La presente se expide a solicitud de La Corte Constitucional –Secretaría General- en Bogotá, el día veintiséis (26) del mes de octubre del año 2007.”
3. Pruebas allegadas a esta Corporación
Mediante oficio del 23 de noviembre de 2007 la Secretaria General de esta Corporación, allegó al despacho del suscrito magistrado, escrito del señor Félix Eberto Orjuela Lemus con las siguientes pruebas:
1. Copia de la factura por concepto de servicios médicos prestados a Josué Merardo Orjuela Laiton en la Clínica Partenón Ltda. por un valor total de un millón trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos ($1.335.460).
2. Copia de recibo de caja por un valor de trescientos mil pesos. ( $300.000).
3. Copia de la solicitud hecha por el acciónate ante Famisanar EPS el 6 de junio de 2007, en la cual solicita que se cubra el saldo que garantizó con la firma de un pagare en la Clínica Partenón Ltda.
1. Providencia única de instancia
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la única sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá el 24 de mayo de 2007.
Para resolver la controversia, la Sala abordará: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reembolso de dineros, ii) que constituye la atención inicial de urgencias de conformidad al artículo 168 de la ley 100 de 1993 y el artículo 12 del Decreto 783 de 2000 y iii) los fundamentos jurisprudenciales que declaran que el derecho a la salud en el caso de los niños, es en sí mismo un derecho fundamental autónomo.
La Corte ha dicho que al eliminar la indeterminación de los derechos programáticos y materializar situaciones concretas exigibles al Estado, es posible que los afectados demanden su cumplimiento mediante el mecanismo de amparo constitucional, “por cuanto el derecho a la salud, en su dimensión de derecho subjetivo, es de naturaleza fundamental, en virtud de su estrecha relación con el principio de dignidad humana, vínculo que responde al criterio fijado por la Corte Constitucional como parámetro funcional de definición de derechos fundamentales”[1].
Así, la negación de un tratamiento o un servicio médico que incluya la ley activa los mecanismos constitucionales que existen para proteger el goce de los derechos fundamentales. [2]
Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado que puede proceder la acción de tutela en casos excepcionalísimos, en los cuales por las condiciones especificas del solicitante y las circunstancias en que desarrollaron los hechos, se presenta un desconocimiento flagrante de las normas que regulan el Plan Obligatorio de Salud y, como se explicó, de ello resultaría una vulneración del derecho fundamental a la salud, por ser este ya no un derecho de tipo prestacional indeterminado, sino un derecho plenamente exigible, especifico y plenamente descrito en la Ley.
“De acuerdo a lo anotado, una conclusión se impone: la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que por regla general, la acción de tutela no procede para ordenar el reembolso de dineros que los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, han tenido que invertir en tratamientos, medicamentos o elementos, prescritos por sus médicos tratantes[3], y en general para reclamar el pago de acreencias de contenido económico. Empero, de manera excepcional se ha aceptado que este medio de defensa judicial es procedente para ordenar el reembolso de dineros asumidos para la obtención de medicamentos, a manera de indemnización en abstracto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991), cuando la actuación de la entidad demandada no tenga asidero jurídico, con la consecuente vulneración de derechos fundamentales de sus usuarios, avalada en gran medida por los jueces de tutela, quienes desconocen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, referida a que los contenidos de los Planes Obligatorios de Salud integran el ámbito de protección del derecho fundamental a la salud, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia, además de no asumir su papel de garantes institucionales de hacer eficaces de los derechos fundamentales de las personas (art. 2 C.P.)”
En esa misma línea y de manera reciente, la Sentencia T-070 de 2008[4] tuteló el derecho fundamental a salud en conexidad con la vida de un individuo que ingresó por urgencias a la Clínica AMI, por presentar una “hemorragia de vías digestivas alta”, la cual requirió una serie de tratamientos para su atención, que fueron costeados por la familia del actor, porque la EPS demandada los negó por no estar dentro del POS.
En esa ocasión se indicó: “En el presente caso se reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para ordenar el reembolso de gastos, ya que se constató que tres de los cuatro servicios médicos ordenados por el médico tratante, negados por la EPS, sí se encontraban incluidos en el POS, además, dichos procedimientos fueron ordenados al ingresar por el servicio de urgencias a la Clínica AMI, bajo la advertencia del médico tratante de que no podía posponerse su realización, razón por la que se vio obligado a cancelar su costo.”(Negrillas y subrayado por fuera del texto)
Como se puede observar, la acción de tutela procede excepcionalmente para el reembolso de gastos médicos, siempre y cuando i) la EPS niegue algún servicio médico de los que incluye el POS sin justificación legal, ii) que aquellos sean ordenados por un médico tratante perteneciente a una institución prestadora del servicio de salud, la cual debe estar adscrita a la red de salud de la EPS, y iii) que haya un aval del juez de instancia para desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es enfática en definir que, cuando no se otorga un tratamiento médico cubierto por el Plan Obligatorio de Salud y sus normas reglamentarias, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.[5]
1. Que la atención de inicial de urgencias constituye una obligación de todas las entidades públicas y privadas que presten el servicio de salud,
“(…) En concordancia con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1406 de 1999, durante los primeros treinta días a partir de la afiliación del trabajador dependiente se cubrirá únicamente la atención inicial de urgencias, es decir, todas aquellas acciones realizadas a una persona con patología de urgencia consistentes en:
c) La definición del destino inmediato de la persona con la patología de urgencia tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud.(…)”
(…)Una vez se estabilice la persona y se defina su destino inmediato, será requisito indispensable para la realización de los siguientes procedimientos la autorización por parte de la Entidad Promotora de Salud.(…)”
A su vez , la atención inicial de urgencias no requiere periodos mínimos de cotización, puesto que eso constituye una restricción totalmente contraría al fin que se persigue, el cual es salvaguardar la vida de la persona que sufre de una alteración física o psíquica urgente, de conformidad al artículo 9 de la Resolución 5261 de 1994 que define:
“Urgencia: Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.”
En ese contexto lo hizo ver la Corte Constitucional en la Sentencia T-582 de 2000[6] al decir:
“Para determinar si la actitud de la EPS. demandada se ajusta o no a los postulados y preceptos constitucionales, es pertinente recordar que la Corte, como puede verse en la Sentencia C-112 del 25 de marzo de 1998 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, por medio de la cual declaró la exequibilidad del artículo 164 de la Ley 100 de 1993, no ha admitido, frente a la prevalencia de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas, que en casos de urgencias o de extrema gravedad, los períodos mínimos de cotización se constituyan en obstáculos insalvables para que las EPS. nieguen la atención en salud.”
De igual forma el servicio de salud implica tanto la prestación efectiva, (tratamientos, medicamentos, cirugías y demás procedimientos que incluye el Plan Obligatorio a Salud), como los costos que de ellos se ocasionen. Por tanto, cuando a un usuario de la seguridad social en salud se le suministre un tratamiento de los que incluye el POS, la misma suerte debe seguir su costo y ser cubierto por la EPS correspondiente.
En esa línea de argumentación la Sentencia T-594 de 2007[7] determinó:
“Ahora bien, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional sobre el tema, el derecho fundamental a la salud en materia de los servicios médicos consagrados en el Manual de Procedimientos del POS. y demás normas complementarias, comprende dos dimensiones: (i) de una parte, el derecho a obtener la prestación real, efectiva y oportuna del servicio médico incluido dentro del POS. y, (ii) de otra, la asunción total de los costos del servicio, por cuenta de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los mismos. En efecto, es claro que las prestaciones establecidas en el POS. no solamente implican la concreción material del servicio mismo, sino también el cubrimiento de los costos que éste genere, obligación que de ninguna manera puede ser traslada al afectado. Por tal razón, respecto de la segunda de las dimensiones señaladas, esta Corporación ha sostenido que “aun cuando las controversias en torno a la responsabilidad patrimonial respecto de los servicios incluidos dentro del Manual de procedimientos del POS., parecieran de índole netamente económica y por tanto ajenas a la esfera de competencia de la acción de tutela, ello no es del todo cierto, por cuanto la cobertura económica del servicio, cuando éste se encuentra incluido en el plan de atención médica correspondiente (v.g. el POS), hace parte de la dimensión iusfundamental del derecho a la salud.”[8]
Ahora bien respecto a la doctrina jurisprudencial que define el derecho a la salud de los niños como un derecho fundamental autónomo, cabe señalar que el constituyente determinó en el artículo 44 de la Constitución una protección especial para este grupo de la población, con el objeto de armonizar los contenidos de los tratados internacionales referentes a los derechos de los niños, la Ley 12 de 1991 por medio de la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia.
“(...)b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;(...)”
“1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.”
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que los derechos fundamentales de los niños consagrados en el Título II Capítulo 2, son de naturaleza especial y tienen carácter fundamental. Además, por su contenido explícito, se entiende que el derecho a la salud es exigible de manera independiente de otros derechos, es decir, como un derecho autónomo que no requiere para su aplicación la concurrencia de otro derecho fundamental. La Corte respecto de los derechos fundamentales de los niños ha insistido que cuando un menor se encuentra en una situación que pueda verse en riesgo o se afecte el derecho a la salud, se está frente a una vulneración de una derecho fundamental por mandato expreso de la Constitución.
Sobre el tema la Corte Constitucional en la Sentencia SU-819 de 1999[9] señaló lo siguiente:
Esa misma postura ha sido reiterada por esta Corporación en varias ocasiones: por ejemplo en la Sentencia T- 1314 de 2005[10] se tuteló el derecho fundamental a la salud de unas gemelas prematuras que tenían el riesgo de adquirir un virus y era necesaria la aplicación de una vacuna que la EPS Sánitas se negó a suministrar por no estar contemplada en el POS. En dicha ocasión la Sala Cuarta de Revisión consideró que el derecho a la salud de los niños era en sí mismo un derecho fundamental autónomo y, por esa característica, puede ser sujeto de aplicación por vía de la acción de tutela. Al respecto se dijo lo siguiente:
“(…) sobre el derecho a la salud, cuando se trata de menores de edad “es en sí mismo un derecho fundamental”. Principio reiterado en la sentencia T-1279 de 2001[11], en los siguientes términos:
En concreto cuando, de la aplicación taxativa de una norma que rige la seguridad social en salud se incurra en la vulneración del derecho fundamental a la salud de un menor, se debe inaplicar la norma de conformidad a lo consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política[12], cuando se cumplan los presupuestos establecidos por esta Corporación para la inaplicación de la ley.
En el caso objeto de revisión el menor Josué Merardo Laiton Orjuela de 13 años ingresó el 23 de abril de 2007 de urgencias a la Clínica Partenón Ltda. al intentar quitarse la vida y tomarse un veneno. En dicha institución médica fue atendido por el médico tratante Ricardo Tamayo Fonseca quien le diagnosticó “trastorno de la adaptación, trastorno mixto de la conducta y las emociones, disfunción familiar y maltrato infantil”. En consecuencia, el médico ordenó la hospitalización del menor hasta su recuperación. No obstante la EPS Famisanar únicamente autorizó cubrir las primeras 24 horas de tratamiento, por no tener el menor un mínimo de semanas de cotización. Por lo anterior el padre del menor debió asumir los gastos que se ocasionaron en la Clínica Partenón Ltda. desde el día 24 de abril hasta el 28 de abril de 2007, por un monto total de un millón trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos ($1.335.460). Está deuda se garantizó con un abono por trescientos mil pesos ($300.000) y la suscripción de un pagare para obtener la salida del menor de la institución médica.
En ese sentido, y como lo expresó la jurisprudencia de esta Corporación para que proceda de manera excepcionalísima la acción de tutela con el fin de obtener el reembolso de gastos hechos en la atención médica, es necesario que aquellos tratamientos no cubiertos por la EPS o ARS y asumidos por el paciente sí estén dentro de los servicios médicos que contempla el Plan Obligatorio de Salud. Así mismo debe verificarse que los tratamientos médicos “sean ordenados por un médico tratante perteneciente a una institución prestadora del servicio de salud, la cual debe estar adscrita a la red de salud de la EPS, y a su vez halla un aval del juez de instancia para desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional.”[13]
“Que la Clínica Partenón Ltda. con Nit. 800085486-2 se encuentra vinculada a la Red de Prestadores de Servicios de “Salud de la EPS Famisanar Ltda., mediante contrato vigente desde 1996 con duración de un año y prórrogas por periodos iguales.
“La presente se expide a solicitud de La Corte Constitucional –Secretaría General- en Bogotá, el día veintiséis ( 26) del mes de octubre del año 2007”.
“El menor de 13 años, natural de Marquetalia, procedente de Bogotá, estudiante de 6° grado ingresó tras ingerir una cantidad de raticida con fines suicidad, acto que fue desencadenado según lo informó por conflictos familiares y dificultades escolares. Refirió igualmente que presentaba desde hacía varios meses cambios en la conducta con oposicionísmo, evasiones escolares, bajo rendimiento escolar, mentiras frecuentes, continuamente haciendo alusiones a sensación de rechazo por parte de amigos y profesores, con sentimientos de vacío, y soledad y desesperanza. Manifestó que el intento suicida surgió luego de recibir castigo físico por parte de su madre. Al examen mental de ingreso se encontró el pensamiento tangencial, evasivo, negativista, con afecto triste. Se estableció una impresión diagnóstica inicial de TRASTORNO DE LA ADAPTACIÓN, TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y LAS EMOCIONES, DISFUNCIÓN FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL.
“Por las características del cuadro clínico se recomendó inicialmente remitir para manejo intrahospitalario en la Unidad de Salud Mental, remisión que fue rechazada según se informó por razones administrativas. Igualmente se indicó poner en conocimiento del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar el caso para lo cual se ofició al Centro Zonal Suba.
En esa medida, es necesario definir que en el caso concreto si resulta procedente la acción de tutela para obtener el reembolso de los gastos médicos, puesto que la EPS Famisanar se negó a cubrir los tratamientos médicos que se le dieron por urgencias al menor Josué Merardo Orjuela Laiton desde el día 23 de abril de 2007 hasta el 28 de abril de 2007 en la IPS Clínica Partenón Ltda. Así las cosas, esa conducta desconoce el artículo 12 del Decreto 783 de 2000, que obliga a las EPS a garantizar desde el momento mismo de la afiliación la atención inicial de urgencias durante los 30 primeros días.
Ahora bien, respecto a que el tratamiento sea dado en una IPS perteneciente a la red de servicio de salud de una EPS y prescrito por un médico tratante que este adscrito a la IPS, cabe decir lo siguiente.
Con las pruebas aportadas se demuestra que la Clínica Partenón Ltda. es una IPS perteneciente a la red de salud de famisanar EPS, la cual tiene un contrato para la atención específica de urgencias, lo que permite deducir que el diagnóstico del psiquiatra Ricardo Tamayo Fonseca es de un médico tratante adscrito a la EPS demandada. En esos términos la atención inicial de urgencias a la cual se sometió al menor requería más de 24 horas y así lo indicó el médico al decir: “Por las características del cuadro clínico se recomendó inicialmente remitir para manejo intrahospitalario en la Unidad de Salud Mental, remisión que fue rechazada según se informó por razones administrativas.”
Frente a los periodos mínimos de cotización en urgencias, es necesario observar que el artículo 9 de la Resolución 5261 de 1994 define la urgencia como “alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.”
Referente las afirmaciones hechas por el actor sobre su situación económica no han sido desvirtuadas y por tanto debe considerarse que está demostrado su necesidad económica.
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en auto del 18 octubre de 2007, con el fin de resolver el presente asunto.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá D.C. el veinticuatro (24) de mayo de 2007, por las razones expuestas en la presente providencia.
TERCERO. CONCEDER la tutela al derecho fundamental de los niños a la salud del menor Josué Merardo Orjuela Laiton.
CUARTO. ORDENAR a Famisanar EPS que cubra la atención inicial de urgencias dada al menor Josué Merardo Orjuela Laiton desde el día 23 de abril de 2007 hasta el día 28 de abril de 2007 en la IPS Clínica Partenón Ltda., por estar incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud de conformidad al artículo 12 del Decreto 783 de 2000, y ordenados por un médico tratante adscrito a una IPS vinculada a red de salud de la EPS Famisanar.
QUINTO. ORDENAR a Famisanar EPS otorgar tratamiento integral al menor Josué Merardo Orjuela Laiton para la atención de la enfermedad psiquiatrita que padece.
SEXTO. Se reconoce el derecho a la EPS Famisanar de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud FOSYGA por el valor de los gastos en los que incurra por el suministro de tratamientos médicos para la atención Psiquiatrita del menor Josué Merardo Orjuela Laiton no incluidos en el POS y ordenados por un médico tratante adscrito a la EPS Famisanar.
SEPTIMO. LÍBRESE por Secretaría la comunicación que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] Sentencia T869 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[2] Sentencia T-594 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Se dijo: “En ese orden de ideas, la prestación de los servicios médicos incluidos en el POS, son la materialización de derechos definidos y de carácter fundamental y autónomo, en tal medida, son susceptibles de protección constitucional por vía de la acción de tutela de manera directa, lo que implica que no se requiere establecer su conexidad con otros derechos fundamentales.”
[3] Sentencias T-414 de 2001, T-385 de 2002, T-05 de 2003, T-489 de 2003, T-590 de 2003, T-342 de 2004, T-616 de 2004, T-835 de 2005, T-703 de 2005 y T-1306 de 2005.
[5] Sentencia T-1066 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[6] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[8] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-662 y T-869 de 2006, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[9] M.P. Álvaro Tafur Galvis,
[11] Entre otros fallos pueden verse los siguientes: T-075/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-286/98 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-046/99 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-887/99 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-414/01 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-421/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En todos ellos la respectiva Sala de Revisión consideró que el derecho a la salud de los niños es fundamental.
[12] Constitución Política de Colombia artículo 4: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
[13] Sentencia T-1066 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto