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Timestamp: 2017-03-28 23:27:02
Document Index: 188999813

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246']

Crysol: febrero 2014
Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@yahoo.com.arHorario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.45 en adelante. Cuota social: $ 120.- martes, 25 de febrero de 2014
Durante el año 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento. Lo hizo actuando en
el marco del Estado de derecho que
caracteriza a la sociedad uruguaya. El hecho ha sido ampliamente difundido por
los medios de comunicación. Ha dado lugar a numerosas columnas de opinión de
talante opositor, en un año pautado por la realización de elecciones generales
y de campañas con tales propósitos.
La cobertura mediática fue empleada, incluso, en algún caso, para desvirtuar ante la opinión
pública el sentido del pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial.
Nos referimos en particular al fallo en torno a la inconstitucionalidad de los
artículos 2 y 3 de la ley 18 831. Dicha norma, de gran trascendencia para la
seguridad democrática e institucional, restableció plenamente la pretensión
punitiva del Estado con respecto a las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el proceso cívico militar.
Aunque en ningún momento lo fue, con aviesas intenciones, se
ha señalado que la SCJ declaró inconstitucional la ley “interpretativa” de la
Caducidad y se ha insistido en forma machacona e insidiosa en calificarla de
ese modo. La ley 18 831 de octubre de 2011 no fue una norma interpretativa de
la Ley de Impunidad. Lo ha señalado incluso el exintegrante de dicho cuerpo, el
Dr. Leslie van Rompaey, en entrevista concedida a “Búsqueda”. Esencialmente, la
ley 18 831, en su artículo 1, restableció plenamente la pretensión punitiva del
Estado, barriendo con los obstáculos legales para el accionar de la justicia
que había impuesto la Ley de Caducidad aprobada, ante la presión de los mandos
militares y el peligro de desacato, en diciembre de 1986.
Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana
de DDHH (CIDH) en el caso Gelman vs Uruguay, que declaró la nulidad fáctica de
la misma por contravenir resoluciones y compromisos asumidos internacionalmente
por Uruguay, con la Ley 18 831, el Parlamento procedió a restablecer la
pretensión punitiva del Estado para que la justicia pudiera desempeñar sus
cometidos específicos en el marco de las disposiciones constitucionales
En base al artículo 1 de la Ley 18 831, el Parlamento no sólo
restableció la pretensión punitiva para los crímenes de la dictadura sino que
al mismo tiempo devolvió la plena independencia al Poder Judicial que había
quedado supeditado al Poder Ejecutivo en base a lo dispuesto por la Ley de
Desde diciembre de 1986 a octubre de 2011, en Uruguay, el
Poder Judicial no fue un poder independiente en lo referido al “pasado
reciente”. Estuvo condicionado y supeditado a las decisiones adoptadas por el
Poder Ejecutivo. Durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad,
promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti, no existió plenamente la
separación de poderes de acuerdo a las disposiciones constitucionales. En los
hechos prevaleció lo político sobre lo jurídico. Así lo señaló la propia SCJ en
su pronunciamiento Nº 365 de 22 de octubre de 2009 en el caso Nibia
Sabalsagaray, lo cual posibilitó el enjuiciamiento y la condena posterior del
Gral. Julio Dalmao.
Desde el momento en que la SCJ ratificó la constitucionalidad
del artículo 1 de la Ley 18 831, el Estado uruguayo no defiende más la impunidad
para los criminales, civiles y militares, de la dictadura. No existe ningún obstáculo
legal para que los magistrados de todo el país puedan instruir y procesar las denuncias que las víctimas o sus familiares
han presentado. Pueden investigar, incluso, todas las denuncias que en su
momento fueron archivadas al amparo de la Ley de Caducidad.
De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia 365 de la SCJ de
22 de octubre de 2009, el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no
puede ni debe, jurídicamente hablando, computarse a los efectos del cálculo
prescripcional de los delitos. No existió en dicho tiempo un poder judicial
independiente y las víctimas, al igual que lo que sucedió durante la dictadura,
no pudieron ejercer sus legítimos derechos.
Con la mirada puesta en el futuro del país, afirmar y
profundizar hasta sus últimas consecuencias la transición democrática iniciada
en marzo de 1985, es una necesidad imperiosa de carácter estratégico, para que
los hechos no vuelvan a ocurrir. Para los expresos políticos, la Resolución
60/147 de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, es el estándar
de calidad para evaluar el proceso vivido hasta el momento y definir los
desafíos por delante para que la libertad y la democracia tengan bases sólidas
Tanto en Argentina como en Chile, hace años ya, las fuerzas
armadas han asumido ante la ciudadanía su responsabilidad por los crímenes
cometidos. La Suprema Corte de Chile ha pedido públicas disculpas por sus
omisiones durante la dictadura de Pinochet. En la actualidad, en Mendoza,
Argentina, se enjuicia públicamente a quienes desde el poder judicial
participaron de la represión. A 29 años del retorno a la institucionalidad
democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y
represores activos han sido enjuiciados
y juzgados. Protagonistas emblemáticos y públicamente conocidos del terrorismo
de Estado, dentro y fuera de fronteras, nunca han pisado una sede judicial en
el país hasta el momento. Este hecho no es una señal de fortaleza,
precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las
disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el
pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y
A instancias de las organizaciones de DDHH, en el ámbito del
Ministerio del Interior se ha creado una Unidad de Investigación Especial al
servicio del poder judicial para colaborar en la investigación de las causas
vinculadas a la dictadura. Los magistrados tienen las manos libres para actuar,
para investigar, esclarecer y sancionar. Para afirmar la justicia y la
Opinando Nº 4 – Año 3 – Martes 25 de febrero de 2014
Nada desprestigia tanto a un órgano del Estado como el no
cumplimiento de sus obligaciones y cometidos básicos. Con respecto a las aberrantes violaciones a los
derechos humanos ejecutadas durante la noche dictatorial, hasta el día de hoy,
la justicia uruguaya no ha logrado estar a la altura de sus responsabilidades
ante la opinión pública nacional y ante
los ojos del mundo.
Durante más de dos décadas, debido a la Ley de Caducidad de
la pretensión punitiva del Estado, que supeditó todas las actuaciones
judiciales a las decisiones del Poder Ejecutivo, la justicia no pudo cumplir
con las disposiciones establecidas en la Constitución. En el año 2009, ante un
recurso presentado por la exfiscal Dra. Mirtha Guianze, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de
dicha norma. En un fallo memorable y lapidario, silenciado en forma sistemática
por la prensa seria, la SCJ señaló que la Ley de Caducidad era inconstitucional
porque interfería, ilegítimamente, con sus potestades jurisdiccionales para
ejercer justicia en forma independiente. Además, como ley de amnistía fue
aprobada sin contar en la Asamblea General con los votos necesarios para ello.
El castigo de los delitos y de sus responsables es el pilar
básico de una convivencia pacífica y civilizada. Se sanciona a quienes los
cometen para que reciban el castigo que merecen por sus acciones y para
desalentar dichas conductas en la sociedad. También para evitar la justicia por
mano propia por parte de las víctimas, para educar y para generar las condiciones que impidan que
los hechos vuelvan a ocurrir. En la actualidad, el castigo de los delitos
figura en la agenda electoral de la ciudadanía. En los próximos meses habrá un
plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. En aras de la seguridad
ciudadana, paradojalmente, es impulsado por sectores políticos de la derecha que
han sido, históricamente y hasta el día de hoy, defensores ardientes, de la Impunidad con letras mayúsculas.
A diferencia de los delitos que cometen los particulares, las
violaciones a los derechos humanos, son siempre delitos graves. Algunos de
ellos, desapariciones forzadas, crímenes políticos, privación agravada de la
libertad, torturas, son imprescriptibles e, incluso, inamnistiables. Las
violaciones a los derechos humanos son cometidas solamente por los agentes y funcionarios del Estado.
Las cometen representantes del Estado que, entre sus obligaciones, tienen la
responsabilidad de respetar, de asegurar y de garantizar el ejercicio de las
libertades y derechos fundamentales a todos los ciudadanos, sin distinción de
raza, sexo, edad, orientación sexual o creencia religiosa. Muy especialmente comprende
a los militares y policías que son en todas las sociedades ciudadanos
“privilegiados”. Ellos son los únicos que poseen, entre otras prerrogativas, el
porte de armas en forma monopólica y exclusiva.
Durante el proceso iniciado el 13 de junio de 1968 que
desembocó en la larga dictadura cívico militar, cuando Jorge Pacheco Areco
incendió la pradera, Uruguay tuvo, según cifras oficiales y provisorias, 178
ciudadanos detenidos desaparecidos, centenares de ciudadanos ejecutados en
presuntos enfrentamientos, decenas de asesinados, cruelmente, mientras eran
sometidos a torturas. Uruguay fue una gran cárcel. Miles de uruguayos fueron sometidos
en forma masiva, sistemática y generalizada a torturas físicas, sicológicas y
morales que incluyeron, incluso, los abusos y las violaciones sexuales en
dependencias de las fuerzas armadas y de la policía. Hasta el momento, a pesar de la gravedad de lo ocurrido,
tanto en términos cualitativos como cuantitativos, de que la mitad de la
población se ha expresado explícitamente a favor de que actúe la justicia,
ninguna causa ni investigación de los hechos ha sido impulsada o promovida por
operadores judiciales. Todas las causas que se han tramitado han sido iniciadas
por las víctimas directas o sus familiares. La inoperancia del poder judicial
es digna de alarma pública a nivel nacional e internacional. Quienes en base a
su propio esfuerzo, dolor y sacrificio han promovido las causas judiciales no
han contado con el apoyo del Estado en ningún momento. Han sido públicamente
calumniados, intencionalmente, para presionar a la justicia, por operadores
políticos de primer nivel como el expresidente Julio María Sanguinetti.
A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en
Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y terroristas
estatales han sido juzgados y condenados. Este hecho no es una señal de
fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las
pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante.
Tampoco habla bien del poder judicial que no ha cumplido, salvo dignas
excepciones, con sus obligaciones y que en los hechos ha desamparado a quienes
Cuando los expresos
políticos criticamos la inoperancia del Poder Judicial y sus fallos lo hacemos
para profundizar la transición institucional iniciada en marzo de 1985,
para consolidar y extender la democracia.
Ejercemos nuestros legítimos derechos ciudadanos. Junto a todo el pueblo
pagamos un altísimo precio para reconquistarlos y acceder a ellos. La dictadura
fue una auténtica tragedia nacional que no debe volver a repetirse. Por ello
reclamamos que se cumpla a cabalidad con la normativa de DDHH, con la
Resolución 60/147 de la ONU y la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs
Uruguay. Que el vocero contumaz de los golpistas, de quienes
pisotearon la Constitución y las libertades, primero siempre, elogie la labor
de la SCJ es un síntoma realmente alarmante. Debería serlo para los señores
Opinando Nº
3 – Año 3 – Martes 18 de febrero de 2014
Esta semana se cumple un año del traslado de la jueza Dra.
Mariana Mota de la órbita penal a la civil, dispuesta por la Suprema Corte de
Justicia, burdamente fundada en “razones de mejor servicio”, sin cumplir con lo
previsto por el Artículo 246 de la Constitución. Se produjo en momentos en que
varias causas de DDHH que ella venía tramitando ingresaban en instancias
decisorias. Tal el caso de Aldo Perrini, asesinado mientras era torturado en el cuartel de Colonia en el año
El traslado de la jueza Mota, de acuerdo a procedimientos
habituales en el poder judicial pero no por ello acordes con las disposiciones
constitucionales, supuso, en los hechos, que las investigaciones con respecto a
las graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura se enlentecieran peligrosamente.
A tal punto es así que aún no ha podido ser procesado el Gral. ® Raúl Barneix
seriamente implicado en el crimen de Aldo Perrini, tal como lo demostró la
documentación de la justicia militar de la época que fuera descubierta casualmente.
Lo mismo ocurre con decenas de causas que la jueza Mariana Mota tenía en sus
manos mientras cumplía con el resto de las obligaciones ordinarias y
permanentes en un juzgado penal.
La remoción de la jueza Mariana Mota fue ampliamente rechazada,
en forma militante por todos los sectores de la sociedad uruguaya que realmente
están comprometidos con la institucionalidad democrática y que tienen sólidas
credenciales y compromisos de vida que
las avalan.
La protesta pacífica que algunas centenas de ciudadanos
indignados con el proceder de la SCJ llevaron a cabo en la sede de la misma fue
distorsionada, amplificada y demonizada convenientemente por los medios de
comunicación una vez que el senador Bordaberry la calificó de “asonada”,
retomando términos jurídicos y penales habituales durante el gobierno de su
padre para calificar las protestas populares en defensa de la democracia y la
A instancias de la propia SCJ se formalizó una denuncia penal
que derivó en el procesamiento de algunos expresos políticos y de otros
ciudadanos participantes cuando se procedió al desalojo de la sede mediante un prepotente accionar de los efectivos
policiales intervinientes.
Al adoptar la sanción encubierta y de “guante blanco” de la
jueza Mariana Mota, la SCJ no solamente enlenteció casi hasta el paroxismo la
investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado que ella tramitaba,
desamparando a las víctimas que reclaman justicia. La SCJ envió un mensaje
amedrentador para todos los jueces y operadores judiciales que en el cumplimiento
de sus obligaciones constitucionales debieran actuar en la temática. Quienes
investiguen las desapariciones forzadas, los asesinatos, los secuestros, las
torturas, los abusos sexuales, serán sancionados adecuadamente y sus carreras
profesionales se verán truncadas.
Desde hacía más de dos años la jueza Mariana Mota venía
siendo seriamente cuestionada y criticada en una campaña orquestada y
organizada por los centros militares tal como lo denunció en su momento el
periodista Roger Rodríguez. El Dr. Gonzalo Aguirre y el expresidente Jorge
Batlle habían presionado a la SCJ abogando por su sustitución en una entrevista
solicitada a tales efectos. Los medios de comunicación, liderados por El país y
el oligopolio televisivo, en forma frecuente y reiterada, difundían notas
informativas alarmistas y catastróficas sobre su actuación. Las columnas de
opinión de los defensores vocacionales de la impunidad, cuestionando a la Dra.
Mota, eran ardientes y efusivas.
A los pocos días de adoptar la sanción encubierta de la jueza
Mariana Mota, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de
la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El
vocero de la SCJ, Dr. Raúl Oxandabarat, se apresuró a informar que dicha resolución
significaba “el punto final” para todas las causas referidas a la dictadura y
sus crímenes. El ministro de la SCJ, Dr. Julio César Chalar, recomendó a las
víctimas y a los familiares de ellas recurrir al ámbito civil para obtener reparaciones
económicas. El Dr. Ruibal Pino, presidente de la SCJ en ese momento, señaló
gráficamente que la Verdad y la Justicia encontrarían en la actual integración
de la misma “una muralla”.
Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores
seriales han sido juzgados y condenados debido a la influencia ideológica,
política y al poder real que aún detentan para impedirlo. Este hecho no es una
señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia
de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que
son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y
Para los expresos políticos, civiles y militares,
sobrevivientes del terrorismo de Estado, la lucha por la plena implementación,
en todos los planos, de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones
Unidas, Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Satisfacción, para continuar la
transición democrática, es un compromiso de honor con nuestro pasado de lucha y
resistencia. Por el presente. También mirando al futuro del país: para afirmar
la democracia, el Estado de derecho e impedir que los hechos vuelvan a
Brecha - 7 2 14 - Por Ricardo Scagliola
día de su mandato, el nuevo comandante en jefe del Ejército advirtió que “no
hay más nada para decir sobre los desaparecidos”. El mensaje chocó de bruces
con el intento de Aguerre de convertir al Ejército “en una fuerza aceptada por
su pueblo”. El ex comandante habló con Brecha sobre los cambios en la fuerza,
el tribunal de honor a Gregorio Álvarez y la relación con los retirados. Más
silencio. Así podría resumirse el grueso del mensaje que el general Juan
Villagrán pronunció el sábado pasado, en el Comando General del Ejército, tras
su asunción como nuevo comandante en jefe. Minutos antes, bajo la lluvia que
bañaba la Plaza de Armas y ante la atenta mirada de sus camaradas, Villagrán se
comprometió con “el apego a las tradiciones” del Ejército, y destacó algunos de
“los principios y bases axiológicas” que guiarán su mandato al frente de la
fuerza, que finalizará dentro de un año. Son, dijo, “aquellos que han regido
toda mi vida: honor, lealtad, disciplina, abnegación”. Anunció que ejercerá el
comando “en forma justa y enérgica, sin por ello dejar de ser digno”, y,
sostuvo, sus prioridades serán “mantener y acrecentar” la moral de los
soldados. Villagrán hizo guiños a los retirados cuando sopesó “su experiencia y
conocimiento” como “un capital que no se puede desperdiciar”. Se quedó corto el
comandante. Poco después, consultado por la prensa sobre la posibilidad de que
los militares aporten nueva información sobre los casos aún no cerrados del
período de la dictadura, agregó que en las Fuerzas Armadas “no hay mucho más
que decir”. Y alegó que “un 96 por ciento de los integrantes actuales de las
Fuerzas Armadas” ingresó después del año 1985.
Las reticencias del nuevo comandante a aportar nueva información son, por lo
menos, contradictorias. Meses atrás, fuentes militares reconocieron a Brecha
estar trabajando en un nuevo informe que no incluiría datos sobre
enterramientos sino información sobre las circunstancias en que fallecieron
varios ciudadanos detenidos desaparecidos. En diciembre, el presidente se
refirió al punto durante una conferencia sobre derechos humanos organizada por
la embajada argentina. “El proceso va a continuar. Siempre aparece algo, y se
va asomando”, señaló Mujica. Tras un período de “cambios importantes” en el
Ejército, según reconoció el propio Pedro Aguerre a Brecha, las primeras
señales dadas por Villagrán parecen indicar para buena parte de la izquierda un
retroceso. Con algunos cambios simbólicos, como la modificación del paso
militar “de disuasión”, herencia de la dictadura, y otros más palmarios
–vinculados al despliegue territorial del Ejército–, los riesgos de la
designación del nuevo comandante trascienden a la izquierda. Y radican en que,
al calor del clima imperante en la fuerza de tierra, donde varios oficiales han
manifestado cierto fastidio por algunos de los cambios impulsados en los
últimos años, el Ejército recupere espacios político-institucionales que se le
habían constreñido. La tendencia ahora, desde adentro, es a ampliarlos. Hombre proveniente del arma de caballería, Villagrán fue ascendido en 2007,
mientras desempeñaba funciones como agregado militar en Madrid. En noviembre de
2010 fue designado jefe de la División III con asiento en la ciudad de
Tacuarembó. Antes, en abril de 2008, el gobierno de Tabaré Vázquez lo había
nombrado mandamás de los espías al confiarle la titularidad de la Dirección
Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
“LA TAREA NO
ESTÁ TERMINADA.” No comprarse problemas. Para varios expertos en defensa
consultados por Brecha, esa parece ser la estrategia de Villagrán durante los
365 días que ejercerá el comando del Ejército. Lejos de remar contra la
corriente, para un militar que se aproxima al retiro el objetivo suele ser
buscar la complacencia de sus camaradas de armas, el aplauso, el honor, los
galones. La elección del ex titular de la Dinacie, orientada a “dejarle las
manos libres” al próximo gobierno –que en la Torre Ejecutiva, descuentan,
ocupará el ex presidente Tabaré Vázquez–, tiene su contracara: la de un general
que no enfrentará a sus pares. Para la izquierda es un dolor de cabeza. Para el
Ejército, un alivio: durante su mandato al frente de la fuerza de tierra,
Aguerre había ordenado levantar los “pactos de silencio” en torno al destino de
los desaparecidos, y había advertido: “El Ejército no encubrirá delincuentes ni
homicidas dentro de sus filas”. Hacia el final de su período, Aguerre acompañó
la decisión del Poder Ejecutivo de conformar tribunales de honor para aquellos
militares que, procesados por delitos de lesa humanidad, tuvieran sentencia
firme de la justicia, empezando por el dictador Gregorio Álvarez. Esas señales, impensables tiempo atrás, generaron movimientos –embozados y no
tanto– de algunos militares retirados que aún hoy reivindican el terrorismo de
Estado. Las escaramuzas y murmuraciones por el porte de apellido de Aguerre –a
quien endilgaron un tratamiento “demasiado permisivo” hacia su padre, el
general Pedro Aguerre, preso durante la dictadura– completaron el cuadro. Y lo
llevaron incluso a presentar, el 11 de marzo de 2013, su renuncia al Centro
Militar. “Desde mi renuncia, el relacionamiento con todas las instituciones
sociales que nuclean a efectivos retirados es normal y en los términos que
corresponde”, explicó a Brecha, frío como el acero, Aguerre.
Sobre las transformaciones llevadas adelante durante su período, el ex
comandante en jefe reconoció que “es cierto que se han realizado cambios
importantes”. En particular, Aguerre destacó la mejora en la operatividad de la
fuerza. “Hemos colocado en un lugar central del país nuestros medios blindados
y dispuesto el despliegue conjunto de unidades de las diferentes armas. Los
blindados se desplegaron próximos a unidades de artillería autopropulsada e
ingenieros de combate y a una de las principales bases de la Fuerza Aérea
Uruguaya”, explicó. Esto permite, sostuvo, un rápido desplazamiento de las
unidades del Ejército hacia cualquier punto del país. Aguerre se refería así al
emplazamiento de una brigada blindada en el departamento de Durazno, que ahora
reúne al Regimiento de Caballería Blindado número 2, históricamente asentado en
el centro del país, y al Regimiento de Infantería Blindado número 13. Sin
embargo, no fue la operatividad sino las implicancias doctrinarias del cambio
las que irritaron a los más jurásicos. Estratégicamente ubicadas en la periferia de Montevideo, esas unidades militares
fueron históricamente funcionales a la represión durante la última dictadura
militar. La combinación de varias armas, inédita en el Ejército, también
provocó molestias: con este tipo de fusiones Aguerre rompió con determinados
círculos sociales en el Ejército. En su momento este tema también incrementó
las actividades subterráneas de los retirados, reticentes al nuevo despliegue.
En diálogo con Brecha, Aguerre justificó estos cambios en “un mejor empleo” y
“una mejor y más económica preparación para el cumplimiento de nuestras
misiones”. A la hora del balance, el ex comandante sopesa: “La tarea no está
terminada. De hecho, no es un camino fácil para una institución del Estado con
las complejidades inherentes a la misma (…). Intenté dejarle al general Villagrán
un Ejército direccionado hacia el objetivo marcado, con la finalidad de mejorar
los niveles de profesionalidad de la institución, siendo a su vez sustentable y
creíble; pero por encima de todo, convertirse en una fuerza aceptada por su
pueblo”. A juzgar por el día cero del nuevo comandante, no se equivoca Aguerre:
lo suyo fue sólo un intento. Un frustrado intento de lavarle la cara al
sobre los tribunales de honor
“No afecta a la interna del Ejército”
comandante en jefe del Ejército Pedro Aguerre, la decisión de juzgar en un
tribunal de honor al teniente general (r) Gregorio Álvarez –y a otros siete
militares con sentencia firme en relación con violaciones a los derechos
humanos– no impacta en la interna del Ejército: “A la fuerza no la afecta
ninguna decisión que esté basada en leyes y reglamentos, por lo que el hecho no
afecta a la interna del Ejército”, subrayó. Aguerre también se refirió a sus
dichos en una entrevista con el Semanario Hebreo, cuando dijo: “Yo no creo en
la teoría de los dos demonios que anda por ahí”. En diálogo con Brecha agregó:
“A esta altura, varios de esos actores, sean ellos internacionales, regionales
o nacionales, se han expedido públicamente asumiendo, con matices que podrían
ser cuestionables, sus responsabilidades. Y todos ellos comienzan
justificándose por el contexto internacional en que los hechos nacionales se
desarrollaron”.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO ANUNCIÓ LA RESTITUCIÓN DE LA NIETA
Página 12 - 7 2 14 - Informe: Cecilia
La nieta recuperada, cuyo nombre aún no se dio a conocer, es
hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña, ambos desaparecidos
desde 1976. “Queremos conocerte, verte, abrazarte, contarte historias de tus
padres”, dijo el tío de la joven.
A pocas horas de tener los resultados de los exámenes de ADN,
la hija biológica de los desaparecidos Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel
Acuña necesita tiempo para dar a conocer su nombre. “Pidió un tiempo mínimo,
aunque hay en ella una enorme disposición por conocer a su familia”, contó
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En el primer piso
de la sede de Abuelas había una enorme alegría, que contrastaba con el
escenario ofrecido a dos cuadras de ahí, donde se velaban los restos de los
bomberos fallecidos en la tragedia de Barracas. Fueron dedicadas a ellos las
primeras palabras de Carlotto: “El país está de duelo y las Abuelas somos parte
de este país, así que rendimos nuestro homenaje y les decimos que la vida
continúa; sus compañeros esconden un poco el dolor, que es lo que venimos
haciendo las Abuelas desde hace 36 años, pero con la alegría de estar vivas y
seguir luchando”.
Acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Martín
Fresneda; el jurista español Baltasar Garzón; Rosa Roisinblit, vicepresidenta
de Abuelas, y Rodolfo Gutiérrez, tío de la nieta recuperada, junto a otros
nietos y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura,
Carlotto hizo oficial ayer, a las 13, la restitución de la identidad de la nieta
número 110. Ella se acercó voluntariamente a Abuelas el 31 de octubre de 2013 a
manifestar las dudas sobre su origen. Allí fue recibida por el equipo de
Presentación Espontánea, el cual la derivó a la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad, para que se le hicieran los exámenes de ADN en el Banco
Nacional de Datos Genéticos, el 8 de noviembre pasado.
“Queremos agradecer a todo el pueblo argentino que nos ha
acompañado y a la prensa por ayudarnos a difundir algo que todavía no está
resuelto, que es la identidad de alrededor de 400 nietos”, remarcó la
presidenta de Abuelas antes de leer el comunicado oficial. Allí se señala que
los padres de la joven restituida, Oscar Rómulo Gutiérrez y Liliana Isabel
Acuña, militaban en Montoneros y fueron secuestrados el 26 de agosto de 1976,
aproximadamente a las 6.30 de la mañana de su vivienda en San Justo. Liliana
transitaba su quinto mes de embarazo cuando doce hombres de civil, portando
armas largas y bajo amenazas de muerte, la metieron a ella y a su marido en un
auto. En el mismo operativo fue secuestrada la hermana de Liliana, Elba Eva
Acuña, y también su esposo, Hugo Alberto Sáez.
Oscar Gutiérrez había nacido en La Tablada el 17 de abril de
1951. Sociólogo e hincha de Independiente, se había anotado en Ciencias
Económicas a la vez que trabajaba en una empresa metalúrgica. Liliana Acuña
había nacido el 30 de mayo de 1952 en la ciudad de Buenos Aires y estudió
Veterinaria por unos años para luego pasarse a Agronomía. Trabajaba dando
clases particulares de matemáticas. Luego de ser secuestrados de su vivienda,
fueron conducidos a la comisaría 4ª de San Isidro, conocida bajo el nombre de
“Las Barrancas”. Cuando ingresaron, ya mostraban señales de haber sido
torturados. Compartían con otras doce personas el sótano de la comisaría. Mientras estuvieron detenidos allí, sus familiares pudieron saber que se
encontraban con vida, aunque en pésimas condiciones, y que el embarazo de
Liliana seguía en curso. La información se las brindaba un agente, el mismo que
les anunció que Liliana había dado a luz a una nena en San Martín, en diciembre
del ’76 o enero del ’77. Cuando en la comisaría se enteraron del contacto de la
familia con el agente, todos los detenidos fueron trasladados y ya no se
volvieron a tener noticias de ellos. Desde entonces permanecen desaparecidos.
Aun así, las abuelas de esa nena no cesaron en la búsqueda.
Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, madre de Oscar, fue una de las fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo. Sus compañeras la recuerdan como “muy lúcida y
suspicaz, dicen que era difícil engañarla con datos o denuncias falsas”, afirmó
Carlotto. Su marido, el médico boliviano Oscar Rómulo Gutiérrez, llegó incluso
a entrevistarse con el dictador Jorge Rafael Videla en Bolivia. Rosa González,
madre de Liliana, se unió a Vilma en la búsqueda de sus hijos y su nieta.
Lamentablemente, ambas fallecieron antes de poder reencontrarse con ella.
La familia con la que se crió le contó a la nieta número 110
que ella había sido entregada por miembros de la Policía Federal, quienes
aseguraban haberla encontrado abandonada en la Ruta 2, en Florencio Varela. “A
pesar del tiempo transcurrido y las huellas que quisieron borrar, la verdad
triunfa sobre la mentira”, dijo Carlotto.
Antes de cerrar la conferencia, la presidenta de Abuelas le
pasó el micrófono a Fresneda. “Este compromiso que tiene el Estado argentino es
el compromiso de la lucha de organismos de derechos humanos, que hoy se han
cristalizado en un Estado presente y en un Estado absolutamente dispuesto a
realizar las políticas necesarias para recuperar hasta el último de nuestros
nietos”, dijo el secretario de Derechos Humanos. A su turno, Baltasar Garzón
afirmó que la recuperación de la nieta 110 es “ver que el trabajo tiene su
recompensa ante la irracionalidad de quienes todavía siguen impidiendo que esa
identidad se recupere”. Denunció que en España “los pasos se están dando a la
inversa”, y llamó la atención a que en su país “se ablanden las conciencias de
quienes tienen la responsabilidad de dar justicia y reparación”.
Casi al final habló Rodolfo Gutiérrez, quien emocionado se
dirigió a su sobrina: “Queremos conocerte, verte, abrazarte, contarte historias
de tus padres. Es una lucha de casi 37 años, una lucha de mis padres, de tu
abuela Vilma, de todas las Abuelas, a las que quiero agradecer, como también al
Gobierno, que desde hace diez años se dedica a tener políticas públicas para
que puedan ocurrir acontecimientos fabulosos como éste, que no es un hecho
individual sino un hecho social, porque una sociedad mejora cuando empieza a
conocerse la verdad”, dijo y destacó el gesto de su sobrina de acercarse por su
propia voluntad a las Abuelas.
“Encontramos un papelito en el archivo de los primeros
tiempos donde decía ‘la abuela tiene un lunar acá y la mamá también, entonces si
era una nena ella lo debe tener’, claro, eso era cuando no teníamos el ADN”, se
sonrió Estela de Carlotto. En la misma línea, Roisinblit agregó que “37 años
atrás no sabíamos si nuestros nietos habían nacido, no sabíamos el sexo, nada,
y no había ningún texto donde aprender todo eso”, remarcó con su nieto
recuperado, Guillermo, parado detrás de ella.
Hacia el cierre, Carlotto invitó a todos los jóvenes que
tengan dudas sobre su identidad a que “se animen a confrontarse con su
historia: les ofrecemos certezas, respeto a sus necesidades, les repetimos que
no están solos, que los espera la libertad”.
MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ ADMITE CRIMENES PERO NO DA
El represor habló en el juicio en el que se investigan las
violaciones a los derechos humanos en La Cacha. “Quiere burlarse del tribunal y
armar provocaciones”, señaló Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes.
Página 12 - 6 2 14 - Por Adriana Meyer
Los represores que están siendo juzgados por delitos de lesa
humanidad cumplen a rajatabla su pacto de silencio respecto de la información
que tanto anhelan los familiares de sus víctimas. Sin embargo, en especial
aquellos que ya acumulan más de una condena a prisión perpetua, aprovechan las
audiencias de los juicios para provocar con palabras. “Por mi cargo y jerarquía
me tocó matar, pero no sé cuánta gente”, dijo ayer Miguel Osvaldo Etchecolatz,
ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura en el
proceso oral y público por los crímenes cometidos en el campo de exterminio La
Cacha. Y agregó: “Tuvimos que dejar la vida para restablecer el orden”. Además,
acusó al desaparecido Jorge Julio López de haber mentido cuando declaró en su
contra en 2006, en oportunidad del juicio donde recibió su primera condena.
“Detrás mío hay una figura de un señor (Jorge Julio) López,
desaparecido después de haber prestado declaración, el señor López, que mintió,
como consta en varios lugares cuando dice que vio que yo mandé a fusilar. Ese
día estuve internado”, declaró el represor ante el Tribunal Oral Federal Nº 1,
en el marco del juzgamiento de quince militares y un ex funcionario civil por
el secuestro y tortura de detenidos alojados en ese centro clandestino de las
afueras de La Plata. López había identificado a Etchecolatz como quien dio la
orden de asesinar a Patricia dell’Orto y su esposo, Marco D’Ambrosio, y también
como partícipe de su secuestro.
“Yo no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era
porque había llamados de vecinos que veían algo raro, les mandaba patrullas y
ahí estaba la vida de uno y otro”, dijo quien fuera estrecho colaborador del
genocida Ramón Camps, ex jefe de la Bonaerense durante el terrorismo de Estado.
Y agregó que le causa risa “estar procesado por homicidio”, ya que todo lo que
hizo durante la dictadura “fue en el marco de la legalidad, con autoridades
legítimas; los terroristas sembraron la discordia, acá en La Plata la lucha fue
cruenta, diaria, dejamos la vida para restablecer el orden”. Luego de admitir
que mató, adujo que “no fueron homicidios, defendimos a la patria y fueron
muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas, en defensa del
hombre civilizado y del derecho a la familia”. Como cierre dijo que “lo haría
de nuevo” y que “sólo este sistema perverso que me juzga desconoce nuestra
batalla”. “Acá hubo una guerra, dicho por los mismos terroristas, no era una
cuestión de antipatía, la policía de la provincia tuvo que ofrecer más de 160
muertos”, dijo Etchecolatz.
En la audiencia de ayer –en este juicio en el que se juzgan
los casos de Laura Carlotto y Antonio Bettini, entre otros, además de la
sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson– hubo
problemas en la declaración por teleconferencia de los represores Eduardo
Gargano y Jorge Di Pasquale.
No fue la primera vez que este genocida pronuncia estos
discursos. “Etchecolatz siempre habla, siempre miente, durante el juicio por
los crímenes cometidos en el circuito Camps daba diferentes versiones sobre el
caso de la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, haciendo una manipulación
perversa”, dijo a Página/12 Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes.
“Estas situaciones son un motivo más para unificar los juicios porque este tipo
de imputados, que ya suman dos o tres condenas a perpetua, aprovechan los
juicios para esto: deslegitimar los procesos, burlarse del tribunal, denostar a
las partes y armar provocaciones como la de hoy (por ayer)”, apuntó la letrada.
Godoy recordó que ya durante las audiencias del juicio por el circuito Camps
había dicho algo similar sobre el desaparecido Jorge Julio López. Y aseguró que
las palabras del represor no tienen efecto sobre los testigos, “en realidad, es
su propio debate, lo hace para quedar bien con sus compañeros” del pabellón de
lesa humanidad, los demás represores presos en Marcos Paz.
Otro de los acusados que hizo uso de la palabra fue el ex
ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Jaime Smart, quien expuso
una comparación entre las víctimas del Holocausto nazi y las del gobierno de
facto del que formó parte, al decir que estas últimas “no fueron víctimas
porque sembraban terrorismo”.
Varios medios de comunicación dieron a conocer el sentimiento
de sorpresa que le causó al doctor Jorge Larrieux, nuevo presidente de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), tomar conocimiento de la mención del traslado
de la jueza Mariana Mota en el informe nacional presentado por Uruguay el 29 de
enero, en el marco de la 18ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
El sentir del ministro, sin un antecedente o explicación
previa, genera en principio algunas interrogantes: ¿cómo un informe de esa magnitud
por parte del Estado uruguayo no incorporó la perspectiva de sus tres poderes?
¿No existen mecanismos interinstitucionales para la preparación de ese tipo de
documentos? ¿Por qué Larrieux se enteró del contenido de dicho informe el día
de su presentación y no durante los más de seis meses que llevó elaborarlo? Y,
por más evidente que pueda parecer, ¿por qué la inclusión del traslado de la
jueza Mota es relevante en un informe sobre derechos humanos?
Antes de responder a esas preguntas vale la pena dar cuenta
de que el informe nacional presentado se elaboró en el marco de un mecanismo
internacional a través del cual el Consejo de Derechos Humanos examina
periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos
en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados miembros de la ONU.
En el primer ciclo del EPU, realizado en 2009, Uruguay recibió 88
recomendaciones, de las cuales tres (las 64, 65 y 66) se referían a los
obstáculos identificados en materia de impunidad y crímenes cometidos durante
Para la preparación del informe del segundo ciclo del EPU,
con vistas a garantizar un proceso interinstitucional y en la medida de lo
posible inclusivo, mediante una resolución presidencial del 25 de octubre de
2011 se creó la Comisión Interinstitucional para la Elaboración de Informes al
Mecanismo de Examen Periódico Universal y los órganos de Monitoreo de Tratados.
Esa resolución otorgó el liderazgo de la comisión a la Cancillería y contempló
la participación de otros ministerios y de los poderes Legislativo y Judicial,
así como la de organizaciones de la sociedad civil y de representantes del
De acuerdo con información relevada entre algunos de los
participantes en la comisión, en las reuniones que se llevaron adelante para la
preparación, discusión y presentación de avances del informe para el EPU, el
gran ausente fue el Poder Judicial. Esto preocupó pero no sorprendió, dado que
-salvo honrosas excepciones- a otros espacios de discusión similares no suele
acudir representación alguna de este poder.
Volviendo a las interrogantes planteadas, sería conveniente
recordarle al doctor Larrieux que el proceso de elaboración del informe no sólo
involucró al Poder Ejecutivo, sino también a otros actores del ámbito estatal
como el Poder Legislativo y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Estaba prevista la participación del Poder Judicial, pero
aparentemente no existió voluntad de que integrara activamente la comisión. En
caso contrario, habría sido posible que la SCJ tomara conocimiento de que la
inclusión del traslado de la jueza Mota en el informe no obedeció a un capricho
del Ejecutivo, sino que se consideró en atención a las recomendaciones 65 y 66
del primer ciclo del EPU y a otras observaciones internacionales recibidas por
el Estado uruguayo acerca de los desafíos nacionales para la eliminación de los
obstáculos que impiden averiguar la verdad sobre lo ocurrido en el pasado
En este sentido, el traslado de Mota no puede igualarse a
otros mencionados por el propio doctor Larrieux. A la luz de los principales
tratados sobre derechos humanos y de la propia doctrina nacional en la materia,
existen dudas razonables que indican el trasfondo autoritario de esa decisión y
el impacto simbólico que tuvo en el proceso de tramitación de causas por
Tal vez resulte incómodo para algunos integrantes de la
corporación aceptar que el proceso de elaboración del informe nacional del EPU
da cuenta, aunque sea tímidamente, de la falta de participación del Poder
Judicial en los espacios vinculados con el seguimiento de las obligaciones que
tiene el Estado uruguayo en materia de derechos humanos.
Estas ausencias contribuyen a que el Poder Judicial siga
pareciendo lejano para la sociedad civil -organizada y no organizada-,
inaccesible, discrecional y, por lo mismo, sustraído por muchos años al
escrutinio público; un poder que mira por encima del hombro y con displicencia
si es llamado a participar en comisiones o espacios interinstitucionales. Un
poder que no habla de su independencia como garantía de imparcialidad sino como
estrategia de defensa corporativa y que, le pese a quien le pese, no ha logrado
consolidarse como un referente en la defensa de los derechos fundamentales.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge
Larrieux, expresó públicamente su sorpresa porque el informe del gobierno para
el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de DDHH de la ONU haya
hecho mención al traslado de la Dra. Mariana Mota del ámbito penal al civil en
febrero del año 2013.
La decisión de apartar a la Dra. Mariana Mota de la
investigación de las violaciones a los DDHH adoptada por la SCJ fue un
acontecimiento muy relevante en la vida del país. Tuvo también importantes
repercusiones fuera de fronteras, muy especialmente en todos los ámbitos
vinculados a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Hasta
la Alta Comisionada de la ONU realizó manifestaciones públicas por lo actuado
por el máximo órgano del Poder Judicial.
El traslado de la Dra. Mariana Mota no se ajustó a lo
establecido por las normas constitucionales. En su caso no se cumplieron los
pasos administrativos que la Constitución señala aunque parece que es habitual
que así sea. Las prácticas habituales no
son fuente de derecho en la normativa uruguaya. El hecho de que dichos pasos no
sean jurídicamente vinculantes no significa que se puedan obviar o eliminar. En todo caso, si ellos
fueran innecesarios, la eliminación de los mismos, reforma de la Constitución
mediante, es un privilegio exclusivo del conjunto de la ciudadanía y no una
atribución de un órgano que, como la SCJ, tiene otros cometidos claramente
Al mismo tiempo, el cambio de destino de la Dra. Mariana
Mota, tal como está regulado para todas las prácticas administrativas del
Estado, Decreto 500/90, no fue debidamente fundamentado. Invocar razones de
mejor servicio no es un argumento serio ni relevante. Sería un absurdo, desde
todo punto de vista, que un órgano del Estado fundara una decisión invocando
razones de “peor servicio” aunque en la práctica ese sea el resultado que se
obtendrá. Como ocurrió.
Cuando la Dra. Mariana Mota fue desplazada del juzgado penal
tenía a su cargo el manejo de unos 50 expedientes vinculados a las violaciones
a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Había llevado a cabo importantes
y exhaustivas investigaciones para un conocimiento profundo de cada uno de los
acontecimientos sobre los cuales debía expedirse. La Dra. Mota desempeñó su labor sin dejar de realizar las
actividades propias y ordinarias de un juzgado penal, múltiples, desgastantes,
agobiantes. Lo hizo, incluso, sin contar con ningún tipo de apoyo por parte de
otras reparticiones estatales, a veces enfrentándose públicamente a mediáticos jerarcas
de las mismas que no colaboraban o ponían piedras en el camino. En función de su trabajo adquirió un conocimiento personal profundo e intransferible del contexto
represivo en que se produjeron los delitos, imprescindible para la ubicación y
comprensión exacta de cada causa. Se había transformado en una conocedora
especializada de la normativa de DDHH en un poder judicial en el cual los
especialistas en la temática no abundan.
En el momento en que la SCJ tomó la decisión de sustituir a
la Dra. Mariana Mota era obvio que su reemplazo significaría, inevitablemente,
un enlentecimiento brutal de la tramitación de esas 50 causas. Su
alejamiento dilataría y postergaría hacia un horizonte lejano en el tiempo,
remoto, la dilucidación de las mismas y la posibilidad de que haya justicia en
el país. Por decir lo menos.
En un sistema democrático todos los ciudadanos tienen
garantizado el derecho de expresar sus ideas, a cuestionar las decisiones de
los gobernantes y de todos los órganos del Estado. La SCJ no tiene privilegios
en este sentido y no debería pretender tenerlos. Los expresos políticos que
como luchadores sociales enfrentamos a la dictadura y contribuimos al
restablecimiento del Estado de derecho reivindicamos el libre ejercicio de
cuestionar lo que a todas luces es cuestionable para afirmar la libertad y la
justicia, para profundizar la democracia, para cumplir cabalmente con las
normas de DDHH.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina y Chile, donde
centenares de represores, militares, civiles, religiosos e, incluso, miembros
del poder judicial, fueron juzgados y condenados, en Uruguay solo un pequeño y
reducido grupo de perpetradores de graves violaciones a los DDHH han sido
sometidos a la justicia por sus crímenes. Hasta el momento, desde el retorno a
la vida democrática, el Poder Judicial no ha cumplido con sus obligaciones
constitucionales y en la actualidad, su máximo órgano en lugar de ser un promotor
del cumplimiento de ellas se ha transformado en un obstáculo, un vergonzoso
obstáculo. La investigación, el esclarecimiento y la sanción penal de las
graves atrocidades cometidas durante la dictadura es el único camino que
asegura que no vuelvan a repetirse. El Dr. Larrieux debería propiciar un cambio
de rumbo y no asombrarse de lo obvio. Y tampoco ponerse en víctima.
Opinando - Año 3 - Miércoles 5 de febrero de 2014 en
SCJ tratará hoy informe ante ONU en el que el Poder Ejecutivo
dice desconocer si traslado de Mota se ajusta a la Constitución.
La diaria - 3 2 14
La mención al traslado de la jueza Mariana Mota en el informe
presentado por el Estado uruguayo en el Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas será abordada hoy en la primera sesión
de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después de la feria judicial, en la que
asumirá como nuevo presidente el doctor Jorge Larrieux. Lo aseguró ayer el
ministro de la corporación Julio Chalar al diario El País, al que aseguró
también que planteará el tema “si otro ministro no lo propone antes”.
El informe que presentó el secretario de Presidencia, Homero
Guerrero, el miércoles en Ginebra, señala que el traslado de Mota de una sede
penal a una civil por parte de la SCJ “tuvo una importante repercusión sobre la
opinión pública uruguaya”. “La jueza Mota tenía bajo su competencia numerosas
causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos. El Poder Ejecutivo no
conoce las razones de servicio que motivaron la decisión” de la SCJ, “ni si las
mismas se ajustaron a los requisitos procedimentales establecidos en el
artículo 246 de la Constitución uruguaya. Sin perjuicio, cabe señalar que el
traslado ha sido impugnado y el caso se está instruyendo de acuerdo a los
mecanismos de la jurisdicción administrativa”, añade el documento presentado
por el Estado uruguayo.
El jueves, Larrieux dijo al semanario Búsqueda que el caso se
encuentra “en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) y
se mostró sorprendido por que en un informe sobre derechos humanos se incluya
el traslado de un magistrado, cuando se realizan “cientos por año”. Mota
presentó primero un recurso de revocación de su traslado ante la SCJ, que fue
rechazado, y posteriormente, en setiembre, presentó un recurso de nulidad ante
el TCA, que se encuentra en trámite.
Chalar también opinó que existen “procesos en trámite” y que
“debe repudiarse todo intento de influir” en la decisión de una sede judicial,
“lo que sería groseramente antirrepublicano y antidemocrático”.
Chalar confirmó que la corporación no informó al Poder
Ejecutivo sobre los motivos del traslado de Mota, pero que “tampoco
correspondería” hacerlo. Para el ministro, las relaciones entre los poderes del
Estado “están precisamente reguladas en la Constitución”, que “no contempla esa
posibilidad”. Chalar opinó también que “el Poder Ejecutivo no está informando a
la Comisión de Derechos Humanos”, ya que esa instancia “desapareció” después de
“las críticas” que recibieran sus miembros de que “ni siquiera garantizaban los
derechos humanos en sus propios países”. “A quien el Poder Ejecutivo le ha
informado ahora es al Consejo de Derechos Humanos, organismo sucesor de la
Comisión y hoy integrado por, entre otros países, China, Cuba, Rusia, Ghana,
cuyo nivel de respeto por los derechos humanos aparece frecuentemente comentado
en los medios y por las organizaciones no gubernamentales, nivel que reflejaría
el que promueve este Consejo, según los antecedentes de su creación, pero
acerca de lo cual no abro juicio”, agregó Chalar. Sobre el párrafo del informe
en que se pregunta si la decisión de la SCJ fue o no ajustada a la
Constitución, el ministro expresó que “ese juicio no es competencia del Poder
Ejecutivo”. El informe hace referencia al artículo 246 de la Constitución, que
sostiene que la SCJ puede trasladar a los magistrados “en cualquier tiempo, de
cargo o de lugar, o de ambas cosas”, pero “después de oído el Fiscal de Corte”
y con “sujeción” al voto de tres ministros de la SCJ “si el nuevo cargo no
implica disminución de grado o de remuneración”, o al voto de cuatro ministros
si el traslado implica lo contrario.
El abogado de Mota, Antonio Rammauro, indicó a la diaria que
actualmente el recurso de nulidad del traslado ante el TCA se encuentra en el
período de “evaluación de la presentación de pruebas de las dos partes”. Esto
significa que ambas partes ya presentaron la primera tanda de elementos
probatorios y que éstos “son evaluados” para su contestación, si se considera
necesario. Rammauro dijo que si bien es posible “acortar los plazos” del
proceso, todos los antecedentes similares “tienen una demora de entre dos años
y dos años y medio” entre la presentación del recurso y el fallo
correspondiente. El abogado agregó que existe “un antecedente de revocación del
traslado” de una magistrada, pero que el caso tuvo “características distintas”
al de Mota. En el recurso presentado por él, se hace hincapié en que existen
“muchos antecedentes” de revocaciones de “resoluciones de la Administración”,
que ocurrieron “sin la explicación de motivos” y por lo tanto “no están
fundadas”. “En este caso, el Poder Judicial es un órgano más de la
Administración, como todos los demás”, concluyó.
El informe del Poder Ejecutivo también se refirió al fallo de
la SCJ del 22 de febrero del año pasado, en el que se considera “que no debe
aplicarse en forma retroactiva la ley que introdujo el delito de desaparición
forzada, a los casos cometidos durante la dictadura militar, permitiendo
entonces los plazos de prescripción”, según lo expuesto por Guerrero. Pero “sin
perjuicio de ello, hay una tendencia jurisprudencial que emana de los
tribunales de primera instancia y de apelaciones que no se ajustan a esa
doctrina” de la SCJ, terminó aclarando el jerarca.
Chalar deberá dejar su cargo en la SCJ este año, ya que
cumple 70 años de edad. Por su parte el ministro Jorge Ruibal Pino dejará la
corporación en junio de 2015, por la misma razón que Chalar, mientras que
Larrieux lo hará a fines de 2016, Ricardo Pérez Manrique a mediados de 2017 y
Jorge Chediak en 2019.