Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/806
Timestamp: 2019-10-17 21:11:07
Document Index: 1704571

Matched Legal Cases: ['Artículo 520', 'Artículo 440', 'Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 711', 'Artículo 758', 'Artículo 231']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 74/1987
SENTENCIA 74/1987, de 25 de mayo
ECLI:ES:TC:1987:74
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 194/1984, planteado por el Letrado don Santiago Aranzadi Martínez Inchausti, en nombre del Gobierno Vasco, contra la Ley 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el art. 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los arts. 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha comparecido el Abogado del Estado en representación del Gobierno de la Nación y ha sido Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expone el parecer del Tribunal.
1. El 23 de marzo de 1984 se presentó en este Tribunal escrito del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, don Santiago Aranzadi Martínez Inchausti, en nombre del Gobierno Vasco, por el que se planteaba recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 14/1983, de 12 de diciembre, que desarrolla el art. 17.3 de la Constitución en lo que se refiere a la asistencia letrada al detenido, y reforma los arts. 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Cr.). En el escrito comienza la representación del Gobierno Vasco afirmando su legitimación para interponer el presente recurso. Tras recordar los arts. 162.1 a) de la Constitución y 32.2 de la LOTC, señala dicha representación que en el recurso de inconstitucionalidad se legitima a las Comunidades Autónomas en un doble aspecto: La defensa de los intereses propios (art. 137 de la Constitución) y la defensa de los intereses generales, que les corresponde como entes constitucionales. Entre esos intereses figuran el conjunto de valores expresados en la Constitución y los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Las Comunidades Autónomas actúan, en este sentido, como codefinidoras y correalizadoras del interés general cuando éste les afecta o les puede afectar. Se invoca en este aspecto el art. 9.2 a) y d) del EAPV.
12. Trata a continuación el Abogado del Estado de las alegaciones de la demanda relativas a la supuesta infracción del principio de igualdad (art. 14 de la Constitución) y señala que la cuestión es considerada en la demanda bajo un doble punto de vista: En cuanto la Ley impugnada no atiende a la situación de los ciudadanos del País Vasco desde la perspectiva del uso de la lengua propia, y en cuanto dicha Ley supone un desigual tratamiento de los españoles y extranjeros. En el primer aspecto es difícil hablar de infracción del principio de igualdad. La demanda parece dirigir su reproche a un no reconocimiento de la igualdad de tratamiento entre las lenguas, siendo así que dicho principio se aplica a las personas, y no existe desigualdad de trato entre personas por razón de lengua ya que la finalidad de la norma es garantizar al detenido la comprensión de las razones de su detención y la norma no establece diferencias en función de esa comprensión. Tampoco hay vulneración del principio de igualdad en el segundo aspecto (el trato a los extranjeros), pues el art. 520.2 e) de la L.E.Cr., que reconoce el derecho de intérprete de los extranjeros que no comprendan o hablen el castellano, no puede ser entendido a contrario sensu como negación de ese derecho a los españoles que se encuentren en las mismas circunstancias. Al contrario, para tales españoles la Constitución, las Leyes procesales en vigor y los Pactos Internacionales le reconocen igual derecho. La mención especifica de los extranjeros en el citado artículo de la L.E.Cr. se explica porque al respecto cabe una presunción de ignorancia del castellano no aplicable a los españoles que tienen, además, el deber de conocerlo (art. 3.1 de la Constitución), por lo que es más bien aplicable la presunción contraria, que se desvirtuará cuando el detenido no lo conozca, en cuyo caso será aplicable el art. 17.3 de la Norma fundamental. Por las mismas razones rechaza el Abogado del Estado la invocación del art. 27 del Pacto de Derechos Sociales y Políticos que se refiere al derecho de las minorías lingüísticas a emplear su propio idioma, que es independiente a ser informado en una lengua comprensible como lo demuestra que este último derecho es reconocido autónomamente en los Tratados Internacionales (art. 6 del Convenio de Roma).
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 194-1984
Fecha de resolución 25/05/1987
Promovido por el Gobierno Vasco contra la Ley 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el art. 17.3 C.E. en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los arts. 520y 527 de la L.E.Cr
El Tribunal Constitucional ha declarado ya, interpretando el art. 32.2 LOTC, que la esfera de interés de la Comunidad Autónoma que justifica su legitimación no se identifica con la defensa de sus competencias y que basta para tal legitimación con que esos intereses se vean afectados por la regulación estatal de una materia sobre la cual también la Comunidad dispone de competencias propias (SSTC 84/1982 y 26/1987).
El derecho a ser asistido de un intérprete deriva del desconocimiento del idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y formular las manifestaciones que considere pertinentes ante la Administración policial. Este derecho debe entenderse comprendido en el art. 24. 1 C.E. en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse indefensión. Y aunque es cierto que este precepto parece referirse a las actuaciones judiciales, debe interpretarse extensivamente como relativo a toda clase de actuaciones que afectan a un posible juicio y condena y, entre ellas, a las diligencias policiales cuya importancia para la defensa no es necesario ponderar.
La atribución de este derecho a los españoles que no conozcan suficientemente el castellano, y no sólo a los extranjeros que se encuentren en ese caso, no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación prohibida por el art. 14 C.E. No cabe objetar que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla (art. 3.1 C.E.), ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho fundamental cual es el de defensa. Ciertamente, el deber de los españoles de conocer el castellano hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o preso alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales.
El derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castellano a usar de intérprete en sus declaraciones ante la Policía, deriva directamente de la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración legislativa, aunque ésta puede ser conveniente para su mayor eficacia.
La norma contenida en el art. 520.2 e) L.E.Cr. es, con toda evidencia, constitucional siempre que no se interprete en sentido excluyente, es decir, en el sentido de que al reconocer el derecho a intérprete del extranjero se le niega ese derecho al español que se encuentra en las mismas circunstancias.
El derecho a intérprete, en cuanto nace única y exclusivamente del desconocimiento del castellano y de la imposibilidad subsiguiente de relacionarse en forma comprensible con la Administración policial, es aplicable con independencia del lugar en que se producen las diligencias, es decir, para el caso aquí examinado, fuera o dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. La asistencia del intérprete ha de ser gratuita para los españoles que la necesiten, como lo es para los extranjeros, según el art. 520.3 e) L.E.Cr.
Artículo 520.2 e) (redactado por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre) (interpreta)
Artículo 440, f. 3
Artículo 520.2 c) (redactado por la Ley 14/1983, de 12 de diciembre), f. 2
Artículo 520.2 e), f. 4
Artículo 711, f. 3
Artículo 758.2, f. 3
Artículo 231.5, f. 3
Derecho a la asistencia de intérpreteDerecho a la asistencia de intérprete, ff. 3, 4
Derecho aplicable en todo el territorio nacionalDerecho aplicable en todo el territorio nacional, f. 4