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Timestamp: 2019-10-23 08:42:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 221', 'artículo 90', 'artículo 221', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 2', 'artículo 115', 'artículo 37']

﻿ Sentencia 15001233100015270-01 (15.432) de octubre 20 de 2005
SENTENCIA (15.432) DE 20 DE OCTUBRE DE 2005
Sentencia 15001233100015270-01 (15.432) de octubre 20 de 2005
Rad.: 15001233100015270-01 (15.432)
Actor: Óscar Reinaldo Espitia Castellanos.
Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
1. La responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada por los perjuicios sufridos por el señor Óscar Reinaldo Espitia Castellanos como consecuencia de la detención que se le impuso en el proceso penal que se adelantó en su contra por el delito “de centinela”, habrá de declararse, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1.1. Está acreditado en el expediente que el señor Óscar Reinaldo Espitia Castellanos fue nombrado auxiliar regular de la Policía, mediante resoluciones 8 de 14 de enero de 1994, proferida por la Escuela de Policía General Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo y orden administrativa de personal 1-052 de marzo de 1994, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional (fls. 20-26, cdno. 2).
1.2. También está acreditado que el mencionado auxiliar de la policía estuvo detenido en el centro de retenciones municipales de Tunja, Boyacá, entre el 15 de julio de 1994 y el 28 de noviembre de ese mismo año, sindicado del delito “del centinela”, según la certificación expedida por el director de ese centro carcelario (fl. 2, cdno. 1).
Se advierte que, de acuerdo con la certificación expedida por el director del centro de reclusión de la Policía Nacional de Facatativá, el señor Espitia Castellanos permaneció detenido en ese centro carcelario, “condenado por el delito de deserción, desde el 28 de noviembre de 1994 hasta el 26 de enero de 1995” (fl. 3).
En consecuencia, no es cierto que el mencionado señor hubiera permanecido retenido por el “delito del centinela”, durante el lapso transcurrido entre el 15 de julio de 1994 y el 26 de enero de 1995, porque desde el 28 de noviembre de 1994 la detención que sufrió correspondió al cumplimiento de una pena por un delito diferente, según las certificaciones que el mismo actor aportó con la demanda.
1.3. De acuerdo con la demanda, la detención preventiva que sufrió el señor Espitia Castellanos le causó daños morales, que valoró en 2.000 gramos de oro.
Considera la sala que de acuerdo con las reglas de la experiencia es simple inferir que la privación de la libertad causa perjuicios morales a quien la sufre. Sin embargo, la existencia de esos daños solo dará lugar su reparación por parte del Estado cuando se pruebe que estos son antijurídicos, porque quienes lo sufrieron no estaban en el deber de soportarlos y además, se acredite que los mismos son imputables a la entidad demandada.
1.4. Para decidir si el demandante tiene derecho a la indemnización que reclama por la detención preventiva que sufrió, deberá establecerse si la medida fue injusta e imputable a la entidad demandada. Para tal efecto considera la Sala oportuno reiterar el criterio jurisprudencial elaborado sobre dicho concepto, para analizar seguidamente si el caso concreto se ajusta al mismo.
Para la fecha en la cual el demandante sufrió la privación de la libertad (entre 15 de julio de 1994 y el 28 de noviembre de ese mismo año), las fuentes formativas relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio judicial lo eran la Constitución de 1991, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y el Decreto 2700 de ese mismo año —Código de Procedimiento Penal— que reguló dos supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad: a) El derecho a la reparación de perjuicios derivados del error judicial como consecuencia de la decisión que exonera de responsabilidad penal en el proceso de revisión (art. 242), y b) El derecho a la indemnización por detención preventiva cuando se dicta sentencia absolutoria o su equivalente en la que concluya que el hecho no existió, el sindicato no cometió el delito o la conducta no constituía hecho punible (art. 414) (1) .
En relación con la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad prevista en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la jurisprudencia de la Sección Tercera consideró inicialmente que no bastaba con que el proceso terminara con decisión absolutoria, en virtud de uno de los tres supuestos previstos en la norma, para conceder el derecho a la indemnización en forma automática, sino que era necesario acreditar el error a la ilegalidad de la providencia que dispuso la detención, dado que “la investigación de un delito, cuando medien indicios fuertes contra la persona sindicada, es una carga que todas las perdonas deben soportar por igual y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención” (2) .
En decisiones posteriores se consideró, en cambio, que en tales eventos y por disposición legal se estaba en presencia de una detención injusta, con abstracción de la conducta o de las providencias dictadas por las autoridades encargadas de administrar justicia y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios causados con la misma. Posición que ha reiterado la jurisprudencia más reciente sobre el tema:
Cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar” (3) .
En sentencia de 14 de marzo de 2002, agregó la Sala que no solo los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal constituyen detención injusta, pues también debe considerarse como tal la “detención por delitos cuya acción se encuentre preescrita; detención por un delito que la legislación lo sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.” (4) .
Ahora bien, cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado por fuera de los casos que contemplaba el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se ha exigido la prueba de un error judicial, cuando se ha dicho que la privación de la libertad o la medida cautelar se despacho aunque no había ningún indicio que la justificara, es decir, que la medida provisional no tuvo un fundamento legal o razonable, en consideración a las exigencias legales y a la prueba que obraba en el proceso. Por eso, se ha exigido que se acredite que la medida haya sido “abiertamente ilegal” (5) , o que se trate de “actuaciones u omisiones escandalosamente injurídicas” o que el comportamiento del juez haya sido “ostensible y manifiestamente errado” (6) .
La Sala se ha inclinado en algunas providencias por darle un mayor alcance al derecho al resarcimiento de los perjuicios que se causen con la detención preventiva, cuando el proceso no culmina con sentencia condenatoria, aun en los eventos en que el fallo sea absolutorio porque no habiendo suficiente prueba en el proceso, surjan dudas sobre la responsabilidad del procesado, las cuales por mandato constitucional se resuelven a su favor. Se exige, entonces, la demostración de la injusticia del daño causado con la detención, la cual se concluirá por el juez del análisis de las circunstancias específicas del asunto, que muestren que el particular que fue objeto de la medida privativa de la libertad, no estaba en el deber jurídico de soportarla (7) .
En síntesis, considera la Sala que quien haya sido privado de la libertad de manera preventiva y absuelto en sentencia ejecutoriada o en providencia que disponga la terminación del proceso, tiene derecho a la indemnización de perjuicios que la medida le haya causado, siempre que esta haya sido injusta, calificación que puede provenir, entre otros eventos, de cuando la medida se profirió desatendiendo las disposiciones que sobre la materia establece la ley o cuando el proceso termine con absolución o su equivalente porque el hecho no existió, o el sindicado no lo cometió, o el hecho no era constitutivo de delito; o haya sido irrazonable porque el juicio sobre su procedencia según los parámetros de la ley no correspondan con la prueba que obraba con el proceso penal; o injustificada porque aunque se hubiera proferido inicialmente conforme a los parámetros legales, excedió el plazo razonable; o sea desproporcionada su duración en consideración al delito que se trate; o porque, de acuerdo con las circunstancias específicas del asunto, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, el particular que fue objeto de la medida privativa de la libertad no estaba en el deber jurídico de soportarla, conforme se hace evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio (8) . En cada caso corresponderá al actor demostrar la injusticia, ilegalidad o irrazonabilidad de la medida.
Debe advertirse que las fuerzas normativas de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad al momento de ocurrencia de los hechos, lo eran la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, disposiciones aplicables tratándose de los procesos adelantados por la justicia penal castrense, habida consideración de que el Código Penal Militar vigente ese momento —Decreto 2550 de 1988—, no regulaba esa materia, pero sí establecía una cláusula de integración con los códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en cuanto lo previsto en estos no se opusieran a lo establecido en aquel o en leyes especiales (art. 302), y las normas relativas a la privación injusta de la libertad previstas en el Código de Procedimiento Penal no resultaban contrarias a las del Código Penal Militar.
En efecto, el derecho de quien hubiera sido injustamente privado de la libertad a obtener la reparación de los daños que la misma le hubiera causado no se opone a la existencia del régimen penal especial previsto para el juzgamiento de delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en razón de los actos cometidos en el mismo servicio (9) , porque tal derecho no se deriva de la calidad de la persona que sufre el perjuicio ni de la autoridad que ordene la medida, sino que tienen su fuente en la antijuridicidad del daño siempre que le sea imputable al Estado, en los términos del artículo 90 de la Carta Política, norma que sin excepción alguna comprende las actuaciones de todas las autoridades del Estado.
En el artículo 221 de la Constitución se reconoce la existencia del fuero especial a los miembros de la Fuerza Pública, en atención de la calidad de los sujetos, los bienes jurídicos protegidos y a las condiciones especiales que se derivan de la función que les corresponde cumplir. En razón de dicho fuero se ha establecido un procedimiento especial y se ha asignado el juzgamiento de los mismos a un órgano jurisdiccional especializado, independiente, autónomo e imparcial (10) . La existencia de esa regulación genera diferencias con la codificación ordinaria que por ese solo hecho no vulneran ningún mandato constitucional. Por el contrario, obedece a un criterio de especialidad que la misma Constitución otorga a la justicia penal militar (11) .
No obstante, el Código Penal Militar debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y además, estar acorde con los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario. Por ello, las diferencias existentes sobre esos aspectos deben estar debidamente justificadas (12) .
En el caso de la indemnización por privación injusta de la libertad no hay ninguna razón para justificar una diferencia de trato entre quienes hubieran sido injustamente privados de la libertad por la justicia ordinaria y quienes lo hubieran sido por la justicia penal militar, de tal manera que los primeros tuvieran derecho a la indemnización de perjuicios que la medida les causó porque la norma legal que les reconocía tal derecho estaba contenida en el Código de Procedimiento Penal, pero los segundos no tuvieran tal derecho porque el Código Penal Militar guardó silencio al respecto, dado que tal derecho estaba previsto en el artículo 90 de la Constitución, de la cual la ley no constituía más que un desarrollo.
Cabe agregar que aunque la jurisdicción penal militar no fue incluida dentro de los órganos que componen o integran la Rama Judicial, la función que ejerce el funcionario que adelanta un proceso penal militar al imponer una medida de aseguramiento es de naturaleza jurisdiccional, por haberse conferido tal atribución en el artículo 221 de la Constitución Política, y siempre que se ejerza una actividad jurisdiccional se deben respetar los derechos fundamentales que amparan a todas las personas que sean sometidas a un proceso, en particular, para los efectos de este fallo se destaca el derecho a la libertad (13) .
En síntesis, independientemente de la calidad del funcionario que impusiera la medida de aseguramiento en un proceso penal ordinario o militar y también al margen de la calidad del sujeto pasivo de la medida, siempre que la misma deviniera antijurídica por haber causado un daño que el afectado no estaba en el deber jurídico de soportar, la entidad a la cual pudiera imputársele dicho daño debía repararlo, por haberlo dispuesto así el artículo 90 de la Constitución, que en la época de ocurrencia de los hechos a que se refiere este proceso había sido desarrollado legalmente en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, el cual, por lo tanto, resultaba aplicable en los eventos en que el proceso lo hubiera adelantado la justicia penal militar.
4. En el caso concreto la privación de la libertad que sufrió el señor Óscar Reinaldo Espitia Castellanos fue injusta, en los términos que lo estableció el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente en el momento de ocurrencia de los hechos (D. 2700/91), había consideración de que el proceso culminó con sentencia absolutoria porque su conducta no constituía hecho punible.
En el caso sub examine no era necesario que el demandante demostrara que al momento de dictarse la medida de aseguramiento o durante el término en que permaneció vigente no se reunieron los requisitos legales establecidos para el efecto, es decir, el demandante no tenía la carga de demostrar que hubo falla de la administración de justicia para concluir que la detención que sufrió fue injusta, porque, como ya se señaló en los eventos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, por disposición legal, se está en presencia de una detención injusta, con abstracción de la conducta o de las providencias dictadas por las autoridades encargadas de administrar justicia.
Obra en el proceso la copia auténtica de la sentencia proferida el 25 de enero de 1995 por el Tribunal Superior Militar mediante la cual revocó la sentencia que dictó el presidente del Consejo de Guerra el 28 de noviembre de 1994 y, en su lugar, absolvió al auxiliar Óscar Reinaldo Espitia Castellanos y le concedió la libertad inmediata e incondicional (fls. 15-22), precisamente porque el hecho por el cual se juzgó, no constituía delito.
La parte motiva de esa sentencia fue la siguiente:
“... si bien siempre se ha tenido en cuenta lo delicado del servicio del centinela, por recaer en dicho servicio o en quien lo presta la tranquilidad del personal que en horas de la noche se dedica al descanso, lo mismo que de las seguridades de la unidad, aspecto que en ningún momento se desconoce, el servicio de refuerzo no reunía tales características. Está claro que las diferentes garitas o puestos de centinela para la noche de los hechos estaba debidamente cubiertos como lo disponía la respectiva orden del día; que fue precisamente el ánimo sancionatorio del oficial Peña, quien so pretexto de cobrarle al auxiliar por falta cometida al haberse dormido en turno anterior, le destinara a prestar el servicio de refuerzo, lo que necesariamente y con claridad riñe con el reglamento de guarnición, norma que expresamente lo prohíbe.
Sobre el particular puede agregarse lo comprobado en el sentido de que el auxiliar se alejó de su puesto o labor de refuerzo y en ningún momento el puesto de centinela al cual había sido asignado sufrió mengua o descuido alguno. Diferente sería el caso de que al alejarse del centinela, dejando desprotegida la garita, se hubiera facilitado cualquier incursión guerrillera por dicho lugar y así tal hecho no hubiera sucedido, sí se habría demostrado el grave peligro corrido y el efectivo daño al servicio, representado en el centinela.
No es menos atendible la argumentación de la defensa cuando al referirse a la orden la ubica como marcadamente ilegal, ello en consideración a que por una parte expresamente la norma lo contempla y por la otra, el auxiliar se encontraba franco y no requería de su utilización en términos normales.
Agrega la Sala como en otras oportunidades lo ha expresado, que entratándose de calamidad en la unidad o en la imperiosa necesidad de prestar servicios de guardia o de centinela ante circunstancias claramente observadas, puede recurrir al personal para que excedan en sus servicios, es decir, prolonguen mas allá de lo estrictamente contemplado en la orden del día, el mismo, ello como ya se dijera, por físicas necesidades, pero en ningún momento para atender castigos por faltas cometidas con anterioridad y relacionadas con el mismo servicio.
No debe desatenderse así mismo, la argumentación de la fiscalía cuando consignara que en tratándose del servicio del centinela, este deberá siempre estar preordenado en la orden del día, cosa que no se hizo en el presente caso.
Atendiendo entonces tanto los sólidos argumentos de la defensa como los de la fiscalía que conociera del proceso, deberá la Sala Cuarta de Decisión revocar la sentencia condenatoria apelada y absolver de todo cargo al auxiliar policial encartado, disponiéndose su libertad inmediata e incondicional, por considerar que al agotar la acción el auxiliar Espitia tenía la convicción errada e invencible de que su proceder estaba amparado por una causal de justificación y que su acción no le acarrearía sanción de conformidad con la ley penal”.
Como se advierte de la motivación de la providencia, la sentencia absolutoria se fundamentó en que: i) la conducta en la cual incurrió el sindicado no correspondía con la descripción típica de “delito del centinela”, habida consideración de que el servicio que se la había asignado no era el de centinela sino el de refuerzo, el cual no reunía las características de aquel; ii) la conducta, además de no ser típica, tampoco fue antijurídica, por cuanto no se puso en peligro el bien jurídico tutelado con la norma, cual era la seguridad de los militares que se dedicaban al descanso, pues “en ningún momento el puesto de centinela al cual había sido asignado sufrió mengua o descuido alguno”; c) la orden fue ilegal y d) la conducta del sindicado estuvo amparado por causal de inculpabilidad, que fue “la convicción errada e invencible de que su proceder estaba amparado por una causal de justificación y que su acción no le acarrearía sanción de conformidad con la ley penal”.
Por cualquiera de las razones aducidas en la providencia, hay lugar a afirmar que la conducta en la que incurrió el demandante no constituía hecho punible. En efecto, el artículo 2º del Código Penal Militar vigente en el momento de ocurrencia de los hechos —Decreto 2550 de 1998— establecía que para que una conducta fuera punible debía ser típica, antijurídica y culpable (14) , y como ya se señaló, según la providencia de segunda instancia, la conducta en la que incurrió el entonces auxiliar de policía Óscar Reinaldo Espitia Castellanos no fue típica, antijurídica ni culpable, es decir, no era punible. Por lo tanto, tiene derecho a que se le indemnice el perjuicio moral que le causó la privación de la libertad a la que fue sometido por su actuación.
7. La indemnización del perjuicio.
En cuanto al perjuicio moral sufrido por el demandante, se condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagarle una suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, esto es, $ 19.075.000, valor que en uso del arbitrio judicial, se deduce con fundamento en el tiempo y lugar en que permaneció retenido el demandante y por la ausencia de pruebas que acrediten un daño mayor.
REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de mayo de 1998 y, en su lugar, se dispone:
1. DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Óscar Reinaldo Espitia Castellanos, en el período comprendido entre el 15 de julio de 1994 y el 28 de noviembre de ese mismo año.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar al señor Óscar Reinaldo Espitia Castellanos como indemnización de perjuicios morales, la suma de diecinueve millones setenta y cinco mil pesos m.l. ($ 19.075.000).
4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
(1) A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expediente 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, expediente 13.449.
(2) Sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.
(3) Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente 13.449.
(4) Expediente 12.076.
(5) Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, proceso 10.056.
(6) Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 1992, proceso 7058.
(7) En Sentencia de 27 de septiembre de 2000, expediente 11601, dijo la sala: “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. En este sentido, sentencias de 25 de enero de 2001, expediente 11.413 y de 4 de diciembre de 2002, expediente 13.038, entre otras.
(8) Sentencia ya citada, expediente 11.601.
(9) En Sentencia C-368 de 2000, la Corte Constitucional precisó que “el fuero militar solo opera para conocer y juzgar: a) aquellas conductas delictivas que solo pueden ser cometidas en razón del servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por requerir esos tipos penales de sujetos activos calificados, como es el caso en los delitos del centinela, la insubordinación o la cobardía; y b) otras conductas delictivas que no requieren necesariamente de ese sujeto activo calificado, pero que se relacionan con el servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Armadas, pues constituyen omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas a esas instituciones”.
(10) Sobre este tema puede consultarse la sentencia de la Corte Constitucional C-1149 de 2001.
(11) Así lo declaró la Corte Constitucional al resolver la demanda de inexequibilidad formulada contra varias disposiciones del Código Penal Militar vigente Ley 522 de 1999. Sentencia C-228 de 2003.
(12) Sentencia C-358 de 1997: “La Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que estas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos”.
(13) Sentencia de la Corte Constitucional C-1149 de 2001.
(14) En los artículos siguientes del Decreto 2550 de 1998, se definían los elementos del hecho punible, así “ART. 3º—Tipicidad. Para que la conducta sea típica, debe coincidir con los elementos estructurales del tipo penal”; “ART. 4º—Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado”; “ART. 5º—Culpabilidad. Para que una conducta típica y antijurídica sea punible, debe realizarse con culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.