Source: http://www.pain-initiative-un.org/pain-initiative-es/legal_status.htm
Timestamp: 2017-07-28 16:40:38
Document Index: 157616302

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 12']

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Derechos Humanos y Estado legal del Derecho al Tratamiento del Dolor dentro del Derecho a la Salud. Como ya se ha dicho antes, el derecho al tratamiento del dolor está inmerso en el derecho a la salud y todavía no ha sido reconocido de manera explícita y oficial como un derecho humano. Sin embargo, durante su evolución desde el sentimiento moral hasta la obligación legal, los reclamos aún no reconocidos formalmente como derechos humanos no obstante pueden ser legítimos y tener consecuencias sin estar incorporados en la ley obligatoria [1]. Por este motivo, y dado que hoy en día el dolor es reconocido como una enfermedad en sí misma, resulta apropiado analizar los aspectos más relevantes sobre el derecho a la salud y considerarlos como equivalentes del derecho natural relacionado con la salud a recibir tratamiento para el dolor. La consideración de que la salud es un derecho humano se refleja en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre:“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud de sí mismo y de su familia, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios.” El artículo 12 del Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR-) establece que: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de los niveles más altos de salud física y mental que se puedan alcanzar” [2]. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece que es “un derecho del niño disfrutar del más alto nivel posible de salud que se pueda alcanzar y a centros para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la salud.” El artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- CEDAW-) de 1979 reconoce por escrito “El derecho a la protección de la salud y seguridad en condiciones de trabajo, incluyendo la protección de la función de la reproducción…para eliminar la discriminación en contra de las mujeres en el campo de salud, con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluyendo los que se refieren a la planificación familiar. Igualmente, garantizarle a las mujeres los servicios apropiados que tienen que ver con el embarazo, el confinamiento y el período de posparto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, al igual que una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, como en el derecho a la no discriminación reflejada en la Declaración y Programa de Acción de Durban (Durban Declaration and Programme of Action”. El artículo 5 de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination –ICERD-) de 1965 incluye “el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales”.
El artículo 15 de la Carta Social Europea de 1961, que fue revisada en 1966, menciona la obligación de tomar medidas con el fin de “eliminar en lo posible las causas de enfermedad [3]; suministrar centros de asesoría y educación para la promoción de la salud y para estimular la responsabilidad individual en asuntos de salud; prevenir en lo posible las enfermedades endémicas, epidémicas y las otras enfermedades [4], así como los accidentes”. Igualmente, reconocer el deber de “garantizar que todas las personas que no tienen los recursos adecuados y quienes no pueden obtener estos recursos, bien sea por su propio esfuerzo o por recursos provenientes de otras fuentes, en particular por los beneficios que se obtienen bajo el esquema de la seguridad social, reciban la asistencia adecuada y que, en caso de enfermedad, reciban el cuidado que su condición requiera”. El artículo 16 de la Carta Africana Sobre los Derechos de los Seres Humanos y de los Pueblos (African Charter on Human Rights and Peoples’ Rights) de 1981 menciona” el derecho a disfrutar del mejor estado de salud física y mental posible y la obligación del estado de tomar las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo y garantizar que reciban asistencia médica cuando están enfermos.”
El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como el “Protocolo de San Salvador”), de 1988, establece la necesidad de “disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Garantizar la asistencia médica primaria, es decir, la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; la extensión de los beneficios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del estado; la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, ocupacionales y de otra índole; la educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud; y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y aquellos cuyas condiciones de pobreza los hagan más vulnerables.” En tratados regionales sobre derechos humanos, como en el artículo 14 de “La Carta Africana Sobre los Derechos del Niño” (African Charter on the Rights of the Child). La Constitución de la Organización Mundial de la salud, adoptada en 1946, dice: “Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano el disfrutar del más alto nivel de salud posible [5] sin distingo de raza, religión, creencias políticas ni condición económica o social”. Existen otros instrumentos en los cuales el derecho a la salud se protege de manera indirecta, aunque no se mencione, como en el caso de: La Declaración Americana Sobre los Derechos y Deberes del Hombre. (American Declaration on the Rights and Duties of Man). La Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (American Convention on Human Rights). La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of violence against Women). La Convención Europea Sobre La Protección de los Derechos Humanos y la Libertades Fundamentales (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) y sus protocolos. Vale la pena anotar que a través de las disposiciones legales que se derivan de los instrumentos que se acaban de mencionar, se han reportado y señalado violaciones a la salud, como sucedió en el caso de ICJ contra Portugal, en el cual se violaron los principios de la Carta Social Europea (European Social Charter) cuando se permitió que los niños trabajaran en un ambiente que puede tener consecuencias para su salud y su desarrollo [6]. El derecho a la salud tiene 14 componentes integrales básicos como se mencionan en el Comentario General sobre el Derecho a la Salud por parte del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Se trata de los derechos a [7]: I. Alimentación II. Vivienda III. Trabajo IV. Educación
V. Dignidad Humana VI. Vida VII. No Discriminación VIII. Igualdad IX. Prohibición contra la tortura X. Privacidad
XI. Acceso a la información XII. Libertad de asociación XIII. Libertad de Asamblea XIV. Libertad de Movimiento Vale la pena anotar que la “Dignidad Humana”, como se menciona arriba, es uno de los enunciados sustanciales de la Iniciativa:
“Dado que el dolor y el sufrimiento constituyen una de las mayores tiranías de la humanidad, la sociedad deberá hacer todo lo posible por utilizar cualquier medio disponible, a través de los conocimientos científicos actuales, para evitar dicho sufrimiento y poner al servicio de los seres humanos todas los recursos, disponibles y posibles, con fin de curar su dolor o aminorarlo, proporcionando de esta manera un alivio compasivo y dignidad tanto durante la vida como al momento de morir” La dignidad se usa aquí como el motivo básico, fundamental y filosófico para este derecho humano natural. Una vida con dolor constante y con sufrimiento para el ser humano y para su familia, en un mundo donde el conocimiento científico ha logrado los medios para eliminar o aliviar este dolor, es simplemente un acto de humillación, de discriminación y de maltrato por parte de cualquier sociedad que permite que esto suceda. Cuando mencionamos la discriminación, queremos decir que a una persona que padece este tipo de sufrimiento y su familia se les ha negando el derecho humano fundamental a la igualdad. Este concepto ha estado presente en la historia de los principios filosóficos de los derechos humanos por siglos. Juan Jacobo Rousseau escribió en su Ensayo Sobre el Origen de la desigualdad entre los Hombres (Essay on the Origin on Inequality among Men) “es completamente contrario a la ley de la naturaleza... que unos pocos privilegiados deban herirse así mismos con superficialidades, mientras que la multitud hambrienta anhela satisfacer las necesidades mínimas de la vida” [8]. La no discriminación y el tratamiento igualitario están entre los componentes más críticos del derecho a la salud y de los derechos relacionados con ella, y es obligación de los estados respetar, proteger y cumplir con estos derechos humanos [9]. En consecuencia, las leyes internacionales sobre los derechos humanos proscriben cualquier discriminación en el acceso al cuidado de la salud y a los factores determinantes subyacentes de ésta, por razones prohibidas internacionalmente, incluyendo el status de salud, que tiene la intención o el efecto de menoscabar el disfrute por igual del derecho a la salud [10]. Además, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los centros, bienes y servicios de salud, incluidos los determinantes subyacentes para la misma, deben ser accesibles, aceptables y de buena calidad [11]. El postulado no discriminatorio de la iniciativa encierra los derechos que se acaban de mencionar: “El tratamiento del dolor no debe ser únicamente el privilegio de algunos, sino un derecho fundamental de cada ser humano”. Otro objetivo trascendental de la Iniciativa es promover el disfrute de los beneficios del progreso y de los avances científicos de una manera equitativa para todos los miembros de la comunidad humana [12]. Esto, sin duda, tiene que ver con el derecho al desarrollo, que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, específicamente con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 [13] y también por la Carta Africana sobre los Derechos de los Seres Humanos y de los Pueblos, la cual dice: “un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están llamados a participar, a contribuir y a disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político, en los cuales todos los derechos humanos y las libertades fundamentales puedan ser completamente realizados" [14]. Aparte del derecho al desarrollo, el acceso a los medicamentos ha sido reconocido por una resolución reciente de la Comisión de los Derechos Humanos [15].
Como ya se mencionó, los 14 componentes básicos que integran el derecho a la salud contemplan muchos aspectos para el cumplimiento de este derecho. Además, como sucede con todos los otros derechos humanos, el derecho a recibir tratamiento para el dolor debe ser mirado con el prisma de muchos otros elementos del ámbito humano y de sus circunstancias. Por esta razón, la Conferencia Mundial Sobre los Derechos Humanos (World Conference on Human Rights) en Viena, de junio de 1993, expresó: “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. La comunidad internacional debe abordar los derechos humanos globalmente y de una manera justa e igualitaria, con las mismas bases y con el mismo énfasis. A pesar de que el significado de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos debe ser tenido en cuenta, es deber de los estados - sin importar cual sea su sistema político, económico y cultural - promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales [16]. El derecho a recibir tratamiento para el dolor no significa que las personas tienen derecho al alivio del dolor, al igual que el derecho a la salud no significa que las personas tienen el derecho a estar sanas, pues estar sano está determinado en parte por los cuidados médicos, pero también por predisposiciones genéticas y factores sociales. Lo que tiene una enorme importancia para la realización de vidas saludables es el grado al cual el respeto por otros derechos humanos tenga una relación directa sobre el derecho a la salud o sobre los factores sociales que contribuyen a una vida saludable [17]. En este contexto, el “alivio” se mira como la consecuencia del “tratamiento”, en su significado más amplio. En el tratamiento del dolor, y especialmente en las condiciones dolorosas crónicas, es de suprema importancia el grado al cual el respeto por otros derechos humanos u otros factores sociales tenga un efecto directo sobre esas condiciones y el sufrimiento y discapacidad resultantes tengan una relación directa. Por lo tanto, desde la perspectiva de los derechos humanos, debemos concentrarnos en el tratamiento del dolor como uno de los derechos del ser humano. El alivio óptimo que podemos lograr está inmerso dentro del concepto de tratamiento como asunto de ética y principios, donde los resultados obtenidos en la forma de alivio no pueden constituir una obligación legal de los estados miembros. Si existe la posibilidad de que, pese al mejor de los tratamientos, aún en un mínimo porcentaje de personas no se pueda obtener un alivio del dolor, los tratadistas en derecho se opondrán y aconsejarán a sus gobiernos o a sus instituciones no embarcarse en ese compromiso legal. Por otra parte, el derecho a recibir tratamiento para el dolor, así como el derecho a la salud, tiene que ser visto como la integración compleja y cumplimiento de todos los derechos humanos que portan un significado directo para su realización. La palabra tratamiento es un término amplio que puede significar “cuidar de.” En el tratamiento de la salud de las personas, la prevención de la enfermedad es crucial. En este caso, el concepto de prevención encaja mejor dentro del concepto de tratamiento (cuidar de) que dentro del concepto de alivio (asistencia, apoyo). Es entonces fundamental resaltar que el derecho humano a recibir tratamiento (cuidar de) de condiciones dolorosas tiene que incluir como un concepto sin e qua non el aspecto de la prevención, al igual que la condena universal a infligir dolor ilegalmente a cualquier ser humano en violación a otras leyes sobre los derechos humanos, a las leyes penales internacionales o a las leyes sobre el derecho internacional humanitario, como lo será la ejecución de delitos internacionales, tales como el genocidio, la tortura, la esclavitud, la discriminación racial y el terrorismo. Cuanto antes, se debe promover una conferencia global de las Naciones Unidas con el fin de colocar el problema del tratamiento del dolor como un derecho humano dentro de los primeros temas que se van a tratar en la agenda global, y ejercer influencia en los procesos de elaboración de políticas en el orden nacional e internacional sobre lo que hoy se denomina “derechos relacionados con la salud”. Estos Derechos ya están incluidos en varias constituciones alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha delegado en la Comisión Internacional de Juristas la labor de adelantar una encuesta entre las constituciones nacionales que involucran el derecho a la salud y los derechos relacionados con ésta [18]. De acuerdo con los hallazgos preliminares de este estudio, el cual todavía está en sus fases iniciales, más de 60 disposiciones constitucionales incluyen el derecho a la salud o el derecho a los cuidados médicos, mientras que más de 40 disposiciones constitucionales incluyen los derechos relacionados con la salud, tales como la asistencia material a los discapacitados [19] y el derecho a un medio ambiente saludable. Además, un gran número de constituciones exponen los deberes del estado con relación a la salud, tales como el deber que tienen los estados de desarrollar servicios de salud, de los cuales se pueden inferir varios derechos o prerrogativas en este campo. Más aún, en algunas jurisdicciones, las disposiciones constitucionales sobre el derecho a la salud han generado jurisprudencia importante [20]. Todas las leyes y decisiones legales a nivel nacional, regional e internacional confirman la justificación del derecho a la salud, con el derecho al tratamiento del dolor inmerso dentro de la ley mayor. Esta última aseveración es de particular relevancia porque se ha establecido que el derecho a la salud es un derecho incluyente, que comprende no sólo el cuidado oportuno y adecuado de la salud, sino además todos los determinantes subyacentes de la salud [21]. El derecho a la salud contiene libertades y prerrogativas o derechos. Las libertades incluyen el derecho al control de la propia salud. Las prerrogativas o derechos incluyen el derecho a un sistema de protección de la salud (por ejemplo al cuidado de la salud y los determinantes subyacentes de la misma) que suministre igualdad de oportunidades para que las personas disfruten de los niveles de salud más altos que se puedan obtener [22].
El derecho a la salud ha sido divido en prerrogativas o derechos específicos [23]: El derecho a la salud materna, de los niños y reproductiva; El derecho a lugares de trabajo y un medio ambiente saludables; El derecho a la prevención, al tratamiento y al control de las enfermedades, incluyendo el acceso a los medicamentos esenciales; El derecho a disfrutar de agua segura y potable. Es nuestro parecer que se debe incorporar un nuevo derecho o prerrogativa dentro del derecho a la salud denominado: El derecho a la prevención, al tratamiento y al control del dolor, incluyendo el acceso [24] a los medicamentos esenciales y a la tecnología relacionada. La Iniciativa menciona el derecho a recibir tratamientos de salud: “... la sociedad deberá hacer todo lo posible para utilizar cualquier medio disponible a través del conocimiento científico actual con el fin de evitar el sufrimiento...”
…que es un derecho o prerrogativa ya establecida como parte del derecho humano a la salud y a los derechos relacionados con ésta [25].
El cumplimiento y el respeto del derecho a recibir tratamiento para el dolor debe ser, como lo es en el derecho a la salud, no sólo una responsabilidad del gobierno, sino también la responsabilidad de los individuos, de los profesionales de la salud en general, de las asociaciones para el tratamiento del dolor, de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad como un todo [26]. El reconocimiento de la nueva prerrogativa sobre el derecho a la salud, es decir el derecho al tratamiento del dolor, impondrá a las sociedades las mismas obligaciones inmediatas que ya han sido reconocidas como obligaciones que se derivan del derecho a la salud. Aunque estas obligaciones están sujetas a una realización progresiva y a las limitaciones de los recursos, ellas incluirán las garantías para que se dé un tratamiento equitativo y no discriminatorio, y la obligación de tomar medidas concretas y puntuales hacia el cumplimiento cabal del derecho a recibir tratamiento para el dolor, como la preparación de una estrategia nacional de salud pública y un plan de acción. La realización progresivo denota que los estados tienen la obligación continua y específica de tomar acciones de la manera más rápida y efectiva hacia el cumplimiento cabal del derecho a la salud [27], lo cual se debe garantizar por medio de una vigilancia efectiva, transparente y accesible y a través de acuerdos de responsabilidad, que son una característica esencial del planteamiento de los derechos humanos. Es una obligación de los estados miembros implementar los derechos humanos, como sucede en el caso del derecho a la salud, y así debe ser también en caso del derecho al tratamiento para el dolor. Esa obligación también significa la cooperación con otros estados para proteger estos derechos, así como garantizar que ningún acuerdo o política internacional los impacte de manera negativa. Además, la obligación de los estados es cooperar con otros estados hacia el mejoramiento de los derechos humanos que se han mencionado [28]. Presento el concepto disidente del juez Weeramantry en la Opinión de Tribunal de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares, en la cual el citó el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y dijo, con relación a este artículo, que “ se debe anotar aquí que el reconocimiento por parte de los estados del derecho a la salud es en términos generales que ellos reconozcan el derecho de “toda persona” y no simplemente el de sus propios ciudadanos. En consecuencia, cada estado está en la obligación de respetar el derecho a la salud de todos los miembros de la comunidad internacional [29]. En relación con el derecho al tratamiento del dolor, este hecho será de particular importancia y trascendencia para la cooperación entre los países, con el fin de compartir los recursos humanos y tecnológicos con el propósito de proteger y promover este derecho y asegurar que ningún acuerdo o política internacional lo impacte de manera adversa. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los centros, bienes y servicios de salud, incluidos los determinantes subyacentes de la salud, deberán estar disponibles y accesibles y deberán ser suficientes y de buena calidad. Dicho comité determina las dimensiones de cada término; como tal “accesible” tiene cuatro dimensiones: accesible sin discriminación, físicamente accesible, económicamente accesible (pagable) e información accesible [30]. El derecho a recibir tratamiento para el dolor es de vital importancia para todos los seres humanos, pero como sucede con otros derechos humanos, este derecho tiene un especial interés para aquellos que viven en la pobreza. La buena salud y el tratamiento de las condiciones que llevan a la discapacidad, como el dolor crónico, no son sólo el resultado del desarrollo, también es una forma de lograr el desarrollo. Por esta razón, los asuntos de la salud son importantes en la Declaración del Milenio y en las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas [31]. Cuatro de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs) están relacionadas con la salud: dos se relacionan con la mortalidad materna e infantil; una con el medio ambiente; y una cuarta con el VIH/SIDA, la malaria y las otras enfermedades importantes que afligen a la humanidad. Aquí, la importancia del dolor como una enfermedad principal de la humanidad no se puede enfatizar demasiado.
Los datos relevantes de las estadísticas mundiales sobre el tratamiento del dolor se deben separar, para obtener información sobre las condiciones de los grupos que tienen desventajas específicas, como las mujeres pobres, las minorías, los pueblos indígenas, etc. Esta dispersión ayudará a identificar las políticas que entregarán la promesa de la Declaración del Milenio para todos los individuos y grupos. El derecho a recibir tratamiento para el dolor debe ser parte de las estrategias para reducir la pobreza, a través del reconocimiento de que el dolor crónico y la consiguiente discapacidad tienen un impacto particular en los pobres, y que se deben diseñar políticas específicas para llegar a dicha población y tratar sus condiciones de dolor crónico. Una de estas políticas, por ejemplo, puede estar dirigida a reducir las cargas financieras que ocasiona el tratamiento del dolor en las personas más pobres. La contribución específica sobre el derecho al tratamiento del dolor, como medio para reducir la pobreza, siempre debe ser considerada dentro de la contribución general de los derechos humanos – por ejemplo, no discriminación, participación, cooperación internacional, responsabilidad- para la reducción de la pobreza. Es importante mencionar que un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud en 10 disertaciones y en 3 ensayos provisionales sobre estrategias para reducir la pobreza encontró que ninguno de esos documentos mencionaba la salud como un derecho humano [32]. Se debe advertir que debido al dolor crónico y a la discapacidad que éste ocasiona, los pobres se empobrecen aún más y que el acceso a los avances en el tratamiento, bien sea a los medicamentos o a las tecnologías avanzadas, se vuelve muy limitado como consecuencia de su poca capacidad adquisitiva. En los países pobres, el nivel de investigación y de desarrollo es extremadamente limitado, como se mencionó por parte de la Comisión para la Investigación y el Desarrollo de la Salud en 1990 que expresó el desequilibrio 10/90, indicando que sólo el 10% del gasto que se dedica a la investigación y al desarrollo se dirige a los problemas de salud del 90% de la población mundial. Es de fundamental importancia y trascendencia que cualquiera de los nuevos acuerdos comerciales internacionales reconozca que existe una epidemia de discapacidades como resultado de las condiciones dolorosas crónicas y las profundas consecuencias en el bienestar social y económico de las sociedades, especialmente aquellas en los países más pobres. Los países ricos deben dar incentivos económicos, como alivios tributarios a los fabricantes de los medicamentos y tecnología diseñada para el tratamiento de las condiciones dolorosas crónicas, de tal manera que estos elementos o instrumentos de tratamiento sean tan baratos, o incluso más, en los países pobres como lo son en muchos casos en los países ricos donde se fabrican; sin embargo, tristemente el escenario opuesto es el caso que se da con frecuencia. La Comisión de los Derechos Humanos reconoció que: “el acceso a los medicamentos en el contexto de las pandemias, como el VIH/SIDA (obsérvese aquí que el dolor crónico ha sido reconocido como la peor epidemia de nuestros tiempos), es un elemento fundamental para lograr de manera progresiva el cumplimiento cabal del derecho que tienen todas las personas a disfrutar los niveles más altos de salud física y mental que se puedan alcanzar”[33]. La Declaración de Doha [34] reconoce “la gravedad de los problemas de salud pública que afectan a muchos países en vías de desarrollo y subdesarrollados, especialmente los problemas que resultan del VIH/SIDA, de la tuberculosis, de la malaria y de otras epidemias” (nuevamente, el dolor ha sido reconocido como la peor epidemia de nuestros tiempos). Es importante recordar aquí la obligación que tienen los miembros de la Organización Mundial del Comercio de “proteger la salud pública y, de manera particular, promover el acceso a los medicamentos para todos” [35]. Además, la Comisión de los Derechos Humanos en su resolución 2002/32 exhortó a todos los estados a “garantizar que sus acciones como miembros de organizaciones internacionales tomen debida cuenta del derecho que tienen todos los seres humanos a disfrutar de los niveles más altos de salud física y mental que se pueda alcanzar, y que la aplicación de los acuerdos internacionales es sustento de las políticas de salud pública, las cuales promueven un amplio acceso a las tecnologías médicas y a los medicamentos curativos y paliativos, que son seguros, efectivos y asequibles”. Se deben identificar los determinantes sociales de las condiciones dolorosas crónicas, como la discriminación en razón del género, la raza, la etnia y otras desigualdades sociales, dado que éstos se suman a las inequidades ya experimentadas por las personas afectadas y significan un fracaso en el respeto a la dignidad humana. Se deben considerar cuidadosamente las poblaciones especiales, tales como las personas con discapacidad, las minorías étnicas y raciales y las mujeres. Se ha reconocido que “la carga de la mala salud es llevada por los grupos vulnerables y marginados de la sociedad” [36]. En este aspecto, el Pacto Internacional Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales “proscribe cualquier discriminación en el acceso al cuidado de la salud y a los determinantes subyacentes de la misma, así como a los medios y derechos esenciales para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, nacionalidad u origen social...”[37]. Resulta entonces de capital importancia que el tratamiento del dolor se vuelva accesible para todos los miembros de la sociedad. Los estados tienen la obligación de asegurar que todos los centros, bienes y servicios de salud, incluyendo los determinantes subyacentes de la misma, sean accesibles para todos, especialmente para los sectores más vulnerables o marginados de la población sin discriminación [38]. La Organización Mundial de la Salud debe elaborar un informe sobre el impacto global del dolor crónico, como se hizo en la Defensa Global contra la Amenaza de las Enfermedades Infecciosas. Tal iniciativa demostraría que las condiciones dolorosas crónicas también representan enfermedades descuidadas cuyos resultados probablemente serán peores que los encontrados en las personas afligidas con enfermedades infecciosas. Los estudios indican que “el impacto en la salud de estas enfermedades descuidadas se mide por las discapacidades y deformidades graves y permanentes en casi mil millones de personas…Aunque tienen una alta morbilidad, su baja mortalidad las coloca cerca al punto más bajo en las tablas de mortalidad y, en el pasado, se les ha dado una baja prioridad”[39]. Se ha demostrado de manera reiterada que las condiciones dolorosas crónicas y la discapacidad que ellas ocasionan representan una pérdida económica astronómica para las sociedades, lo cual es el resultado final de una enfermedad a la cual no se le presta atención. La enfermedad del dolor crónico que ha sido descuidada constituye el peor fenómeno epidémico de nuestros tiempos y, en consecuencia, es altamente recomendable y obligatorio reconocer que el concepto del tratamiento del dolor como un derecho humano reciba la mayor consideración por parte de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de los Derechos Humanos y de cualquier otro órgano de la comisión, institución o individuo que estén involucrados en la consecución de la salud y el bienestar de los seres humanos. [1] Health from a Human Rights Perspective, Stephen P. Marks, entry on “Human Rights”, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition [2] WHO “Health” definition, Preamble of the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. Te Definition has not been amended since 1948. [3] Se agregó negrilla. [4] Se agregó negrilla
[5] Se agregó negrilla
[6] Complaint 1/1998, ICJ v. Portugal, ECSR, 1999 [7] CESCR, General Comment 14:The Right to the highest attainable standard of health, UN Doc. E/C.12/2000/4, 4 July 2000, para. 3 [8] Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses (1762), tr. By G.D.H. Cole, rev. and augmented by J. H. Brumfitt and John C. Hall, updated by P.D. Jimack (1973), p. 117. [9] CESCR General Comment No. 14, para. 33 and passim. [10] CESCR General Comment No. 14, paras. 18-21 and A/54/38/Rev.1, CEDAW General Recommendation 24, 1999. Also Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt E/CN.4/2003/58 para 26 [11] A/57/387, pqra. 48 [12] International Covenant on Economical Social and Cultural Rights, Article 15 [13] Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of December 4, 1986. [14] African Charter of Human and Peoples’ Rights, Article 1. [15] 2002/32 [16] World Conference on Human Rights. The Vienna Declaration and Programme of Action, June 1993, para. 5 [17] Health from a Human Rights Perspective, Stephen P. Marks, entry on “Human Rights”, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition [18] ICJ, Right to Health Database, Preliminary Proposal, 2002 [19] Se agregó negrilla
[20] Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt, submitted in accordance with Commission resolution 2002/31. CHR [21] CESCR General Comment No. 14, (E/C.12/2000/4),para. 8. [22] CESCR, para. 11., and, same as 16 [23] CESCR, paras. 14-17 and CESCR General Comment No. 15 (E/C.12/2002/11).
[24] A/57/387, para. 48: i.e. “…without discrimination, physically accessible, economically accessible (i.e. affordable), and accessible information”. [25] Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of December 4, 1986. [26] UDHR, preamble, and CESCR General Comment No. 14, paragraph 42. [27] CESCR General Comment No. 14, paras. 30-31. “Core Obligations”; General comment para 43-45. Also see Chapman and Rusell (eds), Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rigths, Intersentia 2002. See also reference 12 para. 27 [28]CESCR General Comment No. 14 ., paras. 38-39. [29] ICJ Reports, 1996, col. I, p. 144 [30] A/57/387, para. 48. [31] General Assembly resolution 55/2. Also 14, para. 46 [32] Dodd and Hinshelwood, PRSPs: TheirSignificance for Health, draft presented to the WHO Meeting of Interested Parties, October 2002, p. 9 [33] Commission resolution 2002/32, para. 1. [34] WT/MIN(01)/DEC/2, 2001, para. 1
[35] WT/MIN(01)/DEC/2, 2001, para. 4. [36]Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt, submitted in accordance with Commission resolution 2002/31. CHR , para. 59 [37] CESCR General Comment No 14, para. 18. [38] CESCR General Comment No 14, para. 12 (b) (i). [39] WHO, 2002, p. 96 www.pain-initiative-un.org
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