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Timestamp: 2018-10-23 08:10:07
Document Index: 50523864

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 246', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA T-349 DE AGOSTO 31 DE 1996
SENTENCIA T-349 DE 31 DE AGOSTO DE 1996
CONTENIDO:PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL. JURISDICCIÓN INDÍGENA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 246 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, JURISDICCIÓN INDÍGENA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-349 de agosto 8 de 1996
Ref.: Exp. T-83456
Demandado: Asamblea general de cabildos indígenas región-Chamí y cabildo mayor único, CRIR.
Santafé de Bogotá, D.C., agosto ocho de mil novecientos noventa y seis.
La Sala Cuarta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz —este último en calidad de ponente,
Interpone la tutela el indígena embera-chamí Ovidio González Wasorna en contra la asamblea general de cabildos en pleno de la comunidad a la que pertenece y del cabildo mayor único de Risaralda, por vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la vida y a la integridad física, consagrados en los artículos 29, 11 y 12 de la Constitución Política. Intenta a través de este mecanismo judicial que se le permita regresar a su comunidad (en el momento de interponer la tutela se encontraba recluido en la cárcel distrital de Pereira) pues "es viudo y tiene dos hijos de siete y dos años que están con [su] segunda esposa que es muy joven". (fl. 7)
En el mes de septiembre de 1994, el actor y otro indígena de la misma comunidad, fueron capturados por los "auxiliares locales" del cabildo local de Purembará, por su participación en el homicidio de Jesús Edgar Niaza Dobigama, también perteneciente a la comunidad indígena embera-chamí (fl. 116).
El día 15 de febrero de 1995, en la asamblea general de la comunidad (dirigentes y miembros), se resolvió aumentar la condena del sindicado a 20 años de cárcel (fl. 10). En dicha asamblea estuvieron presentes los familiares de la víctima, así como los del sindicado (fl. 33). Hubo consenso general acerca del aumento de la pena, nadie intercedió a favor del sindicado González Wasorna (fls. 33 y 117). La severidad de la condena obedeció, por un lado, a la calidad de la víctima, "(...) Edgar era un muchacho muy joven, honrado, trabajador, no tenía ningún antecedente ante el resguardo indígena (...)" (fl. 32) y, por el otro, a los antecedentes de "rebeldía" del actor con la comunidad (fls. 33 y 118).
En efecto, según la declaración del gobernador del CRIR, José Manuel Sucre Guasirucama, que obra en el expediente, cuando el actor fue dirigente en 1991, "(...) tuvo lesión personal allá irrespetando que él fue autoridad indígena (...) de resto, él incumplió mucho en directiva, no hacía el trabajo y mantenía tomando trago y creándose problemas". (fl. 118) adicionalmente, afirma que "juzgar por muchos puntos, primero maltrato de la mujer, la primera mujer de él dicen que se murió por el maltrato de él, y segundo por haber sido dirigente y asesinar compañero y porque antes de haber sido dirigente ayudó a matar a otro compañero, eso ya es irrespeto en la comunidad" (fl. 118).
Una vez los delegados de la defensoría del pueblo conocieron de la decisión de la asamblea general, programaron nuevas reuniones con los miembros del CRIR, sin obtener resultados favorables, por lo que le informaron al actor que probablemente se interpondría una tutela a nombre suyo (fl. 13). Unos días después, el actor decidió interponer la tutela personalmente (fls. 1º y 13).
2.Sentencia del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató (Risaralda)
a) El actor no dispone de otro medio de defensa judicial, en tanto que contra las decisiones de la comunidad no cabe recurso alguno. (En este punto la sentencia acoge expresamente lo señalado por la C. Const., Sent. T-254/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);
b) De acuerdo con la declaración del gobernador del cabildo, éste es el primer caso de homicidio que la comunidad resuelve, por lo que se concluye que "no hubo (...) ninguna costumbre, ningún uso, que permitiera aplicarse en razón de su constancia, y permanencia, y en acierto de la sabiduría de los conocimientos de esta organización étnica;
c) Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, así como los reconocidos internacionalmente, son límites claros a la autonomía que se les reconoce a las comunidades indígenas. Entre ellos, el derecho al debido proceso y a la defensa;
d) Al actor se le violó flagrantemente su derecho al debido proceso ya que:
— Las normas bajo las cuales fue juzgado no eran preexistentes al caso.
— El actor no estuvo presente en su juzgamiento, lo cual hubiera sido posible, pues se encontraba recluido en la cárcel distrital.
— En el proceso que se adelantó en su contra estuvieron presentes, en calidad de jueces, los miembros de la familia de la víctima.
— Se le negó al actor la posibilidad de presentar pruebas y de controvertirlas; incluso se le negó el derecho a impugnar la decisión, pues no fue notificado de ella.
— El actor fue juzgado dos veces por el mismo hecho. Si por otra parte, la segunda providencia se entiende como resultado de la operación del principio de la doble instancia, entonces, se le violó al actor el derecho a la no reformatio in pejus, puesto que la sanción originalmente impuesta fue agravada considerablemente, y
e) Afirma, finalmente, que a pesar de que es loable el fin que perseguía la comunidad al efectuar el juzgamiento del actor, básicamente lo que se pretendía era evitar una guerra entre las familias; este objetivo no puede ser logrado a costa de los derechos al debido proceso y a la defensa del actor.
2.Consideraciones de fondo.
a) ¿Cuáles son concretamente los límites que la Constitución impone al ejercicio de facultades jurisdiccionales por las autoridades de las comunidades indígenas, específicamente en el caso del juzgamiento de la conducta de uno de sus miembros contra otro, cuando ésta ha tenido lugar dentro del territorio de la comunidad respectiva?, y
b) ¿Fueron rebasados estos límites en el caso objeto de la revisión?
2.1. El principio constitucional de la protección a la diversidad cultural.
En la Sentencia T-380 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte indicó que la comunidad indígena "ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser "sujeto" de derechos fundamentales", pues, "(...) no puede en verdad hablarse de protección a la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes comunidades indígenas que es lo único que les confiere status para gozar de sus derechos fundamentales (...)". La providencia señala, además, que dentro de los derechos que deben reconocerse a las comunidades se encuentra el derecho a la subsistencia y a no ser objeto de desapariciones forzadas.
2.2.El alcance del principio del reconocimiento y la protección a la diversidad cultural.
(...) [es] la conciencia que tienen los miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la vez que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente (1) .
La segunda, por el contrario, se refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo, comúnmente reunidos en el concepto de "cultura". Este término hace relación básicamente al "conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano. (...) el sistema de valores que caracteriza a una colectividad humana." (2) En este conjunto se entienden agrupadas, entonces, características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folklore) y la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos (2) .
Teniendo en cuenta esta definición (que no pretende ser sino una aproximación a lo que puede entenderse por "etnia"), el desarrollo del principio de la diversidad cultural en las normas constitucionales citadas, y considerando que sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural, (4) puede concluirse como regla para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía.
a) Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía (v.gr. la seguridad interna), y
"Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional".
"El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional" (5) .
A juicio de la Sala, este núcleo de derechos intangibles incluiría solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. Dos son las razones que llevan a esta conclusión: en primer lugar, el reconocimiento de que únicamente respecto de ellos puede predicarse la existencia de un verdadero consenso intercultural (6) . En segundo lugar, la verificación de que este grupo de derechos se encuentra dentro del núcleo de derechos intangibles (7) que reconocen todos los tratados de derechos humanos, derechos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en las situaciones de conflicto armado.
En efecto, el artículo cuarto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (aprobado por la L. 74/68), establece que:
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2º [derecho a la vida], salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3 [prohibición de la tortura], 4 (párrafo 1) [prohibición de la esclavitud y de la servidumbre] (...).
También la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (aprobada por la L. 16/72) prevé dentro de los derechos que no pueden ser suspendidos en ningún caso el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de la esclavitud. Su artículo 27 dispone,
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos (...) 4º (Derecho a la vida); 5º (Derecho a la Integridad Personal); 6º (Prohibición de la Esclavitud y la Servidumbre) (...)
Por otra parte, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobado por la L. 78/86) en su artículo 2º, parágrafo 2, dispone:
Finalmente, el artículo tercero común a los 4 Convenios de Ginebra de 1949, relativos al derecho de la guerra (aprobados por la L. 5ª/60), prevé:
De acuerdo con el estudio realizado por los antropólogos Carlos Cesar Perafán y Luis José Azcárate sobre el sistema jurídico de la comunidad indígena a la que el actor pertenece, (8) éste se caracteriza por lo siguiente (sólo se hará mención de los aspectos relevantes para la decisión del caso concreto):
— Existe una clara diferenciación entre un orden humano y un orden mágico religioso. En el primer caso, se trata de normas creadas por los hombres que implican ya sea arreglos o sanciones, derivados de la operación de procedimientos que siguen un sistema segmentario, de compensación o centralizado, según la naturaleza de la conducta realizada o de los intereses en conflicto. En el segundo caso, por el contrario, lo que se persigue es el "control de las fuerzas de la naturaleza"; "entendida esta naturaleza dentro de la cosmovisión embera-chamí, que incluye los sustratos de los tres mundos y de los espíritus que los habitan y que se realiza a través de la práctica del jaibanismo y de la ritualidad" (9) .
De acuerdo con los autores mencionados "lo que es específico de los embera-chamí es la autonomía de cada uno de los sistemas (...), en el sentido en que actúan independientemente, sin mayores intersecciones. En este sentido es notorio que falta en este pueblo la base teológica mágico-religiosa en los sistemas de control de la sociedad que es característica de otros pueblos (...)" (10) .
— El sistema jurídico, por su parte, se distingue por la hibridación de dos niveles procedimentales. En un nivel, se ubicarían los sistemas segmentario y de compensación, de antigua raigambre. En el otro, un sistema centralizado, mucho más reciente e íntimamente ligado a la organización de los cabildos.
El sistema segmentario involucra un acuerdo entre los patrilinajes del ofensor y de la víctima en cuanto a la sanción que deberá purgar el autor de la conducta (11) . El sistema de compensación es aquel en el que la sanción consiste en el pago de una suma de dinero (12) . Finalmente, el sistema centralizado opera a través de las reuniones veredales o generales (‘reuniones de todos’) (13) .
En este punto, tanto en el estudio como en el escrito enviado a la Corte, se enfatiza en la importancia de la articulación de los dos sistemas para que el proceso adelantado cumpla su función preventiva de las venganzas de sangre. De ahí la importancia de que dentro del proceso que se lleva a cabo en las reuniones, ya sean veredales o generales, (sistema centralizado) estén representados los patrilinajes (familias extensas) de todas las partes en conflicto. Representación que conlleva también la posibilidad de ser jueces de la causa (14) . Por esta razón, la decisión se toma en una reunión veredal sólo si todas las partes pertenecen a una misma vereda; de lo contrario, la decisión deberá tomarse en una reunión general. También se deciden en las reuniones generales las faltas muy graves (15) .
— Dentro de la comunidad el homicidio se sanciona con penas que combinan el cepo en las noches y el trabajo forzado (en empresas comunitarias) durante el día, por períodos que oscilan entre los tres y los ocho años, de acuerdo con las circunstancias que rodearon el hecho (16) . De este modo, se castiga con tres años el homicidio que comete un padre en la persona de un jaibaná (hechicero) cuando éste sospecha que su hijo murió por causa del último; con cinco años el homicidio que se comete en estado de embriaguez; con seis años el homicidio del esposo de una mujer del que se está enamorado (a la mujer se le castiga con 3 años de cepo y trabajo forzado por provocadora); y con ocho años el homicidio que comete un jaibaná haciendo uso de sus poderes sobre las fuerzas de la naturaleza (el castigo es particularmente grave por el estado de indefensión de la víctima) (17) .
"En la cárcel se está bien, se come bien, se duerme bien; pero, no se ve la familia y se fuma marihuana, basuco, se aprende de homosexual, se aprende de fechorías y los castigos son muy largos. Cuando la persona sale no se ha rehabilitado, llega vicioso, llega homosexual, llega corrompido. Así, la pena de la cárcel no corrige, antes daña. (...) En cambio, en el cepo, cuando el cepo se aplica solo, el castigo es muy corto —12 o 24 horas—, pero es efectivo. La persona no quiere volver a él. Cuando se trata de penas graves, que llevan tiempo, estos tiempos son mucho más cortos que los de la cárcel porque llevan el cepo -nocturno- que sí es de verdad un castigo, pero, durante el día, aunque no se trabaja en lo propio, se está viendo a la familia, a los hijos, se sabe qué les falta, si están enfermos, disponiendo vender alguna cosa, para llevar al hospital, atendiendo. Además, como se trabaja en terrenos de los comuneros, ellos también están siendo advertidos, que si hacen lo mismo, van a tener que pagar igual, que ellos no quieren esto, por eso hacen también trabajar al condenado suavecito, no vaya a ser que cuando les toque el turno a ellos los hagan trabajar duro" (18) .
— En el caso del homicidio, la comunidad ha utilizado de una manera particular su relación con la justicia ordinaria. A ésta se le remiten para el castigo los casos que la comunidad misma no puede resolver, con el fin de evitar que se desaten guerras intertribales. En este sentido los autores afirman que:
"Si el homicida es muy necio, "muy exagerado" y no se aviene al castigo, se remite a la justicia ordinaria. También cuando los patrilinajes "dolientes" no permiten que se castigue a la persona, bien porque se opongan al castigo, bien porque los familiares de la víctima acudan por cuenta propia a denunciar al victimario a la justicia ordinaria".
—Dentro del estudio se anota además que desde la creación del cabildo mayor único de Risaralda, éste ha venido ejerciendo funciones jurisdiccionales, pasando por alto el procedimiento de las reuniones y sin consultar a los patrilinajes de las partes en conflicto (19) . Esto generó múltiples problemas dentro de la comunidad, hasta el punto de que algunas parcialidades conformaron cabildos autónomos (20) .
2.4.2.Adecuación del proceso adelantado contra el actor.
2.4.2.1. El derecho a la vida.
El ordenamiento jurídico de la comunidad embera-chamí protege el derecho a la vida mediante la tipificación del delito de homicidio, en varias modalidades, (21) y de la sanción a las autoridades en caso de que éstas abusen de su facultades (22) . La pena de muerte no está contemplada para ningún delito conforme a la declaración del gobernador del cabildo, que obra en el expediente (fl. 35) (23) .
2.4.2.2.El derecho a la integridad personal.
Al igual que con el derecho a la vida, la comunidad embera-chamí prevé sanciones penales para los atentados contra la integridad personal (24) y para las actuaciones irregulares de las autoridades frente a los infractores. La existencia de este mecanismo judicial hace improcedente la tutela.
Ahora bien, el actor alega que el castigo del cepo, que es el vigente en la comunidad para la infracción por él cometida, constituye un "trato cruel e inhumano". Sin embargo, se trata de una forma de pena corporal que hace parte de su tradición y que la misma comunidad considera valiosa por su alto grado intimidatorio y su corta duración. Además, a pesar de los rigores físicos que implica, la pena se aplica de manera que no se produce ningún daño en la integridad del condenado. (25) Estas características de la sanción desvirtúan el que sea calificada de cruel o inhumana, ya que ni se trata de un castigo desproporcionado e inútil, ni se producen con él daños físicos o mentales de alguna gravedad (26) .
2.4.2.3.Legalidad del procedimiento.
2.4.2.4. Legalidad del delito y de la pena.
Dentro del ordenamiento jurídico de la comunidad, como se expuso, se prevé una sanción para los homicidios cometidos en estado de embriaguez, al que llaman en su dialecto "Itúa biu’ba bea’si" (un borracho mató al compañero) (27) . Fue por este delito que juzgaron y condenaron al actor.
Aunque el fenómeno de la tipicidad no se da aquí tal como lo entendemos nosotros, pues no existe una ley escrita y estricta, si se verifica una interiorización de la prohibición. Lo que puede predicarse con mayor seguridad en este caso porque ésta es la forma de homicidio más frecuente dentro de la comunidad (28) .
2.4.3.Conclusiones.
1. CONFIRMAR el numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, aclarando que la tutela se concede solamente por violación del principio de legalidad de la pena (referido a su concepción específica), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
2. REVOCAR el numeral segundo del mencionado fallo.
3. DEJAR SIN EFECTOS la decisión tomada por la asamblea general de cabildos el 15 de febrero de 1995.
4. CONSULTAR a la comunidad embera-chamí reunida en pleno, sobre su disponibilidad para juzgar nuevamente al sindicado, conforme a sus prácticas tradicionales, de las que hace parte la pena imponible (que debe purgarse dentro de la comunidad), o si consideran que han de ser los jueces ordinarios quienes lleven a término el juzgamiento. Sobre estas circunstancias deben informar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el término de 30 días calendario, contados a partir de la notificación de la presente providencia.
5. En caso de que la comunidad decida juzgar nuevamente al actor, ORDENAR a la Policía Nacional que tome las medidas tendientes a capturar al actor y entregarlo a las autoridades de la comunidad embera-chamí.
6. ORDENAR que por Secretaría se envíen copias de esta providencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con el fin de que ajuste el proceso penal que adelanta contra el actor a lo dispuesto en la parte motiva de este fallo.
7. LÍBRESE comunicación al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ. Magistrado Ponente,
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. Magistrado,
HERNANDO HERRERA VERGARA. Magistrado,
(1) DE OBIETA CHALBAUD, José A., El derecho humano de la autodeterminación de los pueblos, Edit. Tecnos, Madrid, 1989. p. 43.
(2) Id., p. 39
(3) Id., p. 39
(4) El derecho a la supervivencia cultural encuentra su fundamento en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, reconocido en el artículo 9º de la Carta Política y en el artículo 1º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Como derecho específico de los pueblos indígenas está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991. Así mismo, este derecho ha sido elaborado jurisprudencialmente en las sentencias de la Corte Constitucional T-428 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón); T-380 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-058 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-342 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), entre otras.
(5) Sentencia de la Corte Constitucional C-139 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(6) Abdullahi Ahmed An-na’im, "Toward a cross cultural approach to defining international standards of human rights: The meaning of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment" en Abdullahi Ahmed An-na’im (comp.), Human rigths in cross-cultural perspectives, University of Pennsylvania press, Philadelphia, 1991; y Richard Falk, "Cultural foundations for the international protection of human rights", ibd.
La existencia de un consenso intercultural en torno a estos derechos también sería susceptible de verificación en el contexto colombiano. Por lo menos eso parecen sugerir los estudios relativos al tema, que demuestran que en las comunidades estudiadas se sanciona penalmente el homicidio y no se practican ni la esclavitud, ni la tortura por parte de las autoridades. Carlos César Perafán, Sistemas jurídicos Paez, Kogi, Wayuu y Tule, Instituto colombiano de antropología, 1995.
(7) Frédérick Sudre, La Convention Européenne des Droits de L’Homme, Presses Universitaires de France, Paris, pp.23-25.
(8) Carlos César Perafán y Luis Alejandro Azcárate, Sistema jurídico Chamí, Proyecto sistemas jurídicos Chamí, Guambiano, Tukano y Sikuani, Colciencias, ICAN, Marzo de 1996 (Inédito).
(9) Id., p. 8.
(11) Carlos César Perafán y Luis Alejandro Azcárate, Sistemas jurídicos Paez, Kogi, Wayúu y Tule, op. cit., pp. 22-23.
(12) Id., pp. 28-30.
(13) Carlos César Perafán y Luis Alejandro Azcárate, Sistema jurídico Chamí, op. cit., pp. 88-89.
(14) Id., p. 89.
(16) Id., pp. 71-72.
(17) Id., p. 71.
(18) Id., pp. 82-83.
(19) Id.,pp. 91-93.
(20) En el estudio se cita el caso de las veredas aledañas a Pueblo Rico, de la parcialidad de Docabú. Id., p. 92.
(21) Carlos César Perafán y Luis Alejandro Azcárate, Sistema jurídico Chamí, op. cit., pp. 71-72.
(22) Id, pp. 53.
(23) También id., p. 81.
(24) Id., p. 72.
(25) Id., pp. 81-82.
(26) Manuel José Cepeda, Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Santafé de Bogotá, Temis, 1992.
(27) Id., p. 71.
El reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que lleva al Estado colombiano (C.P. art. 246) a establecer que las autoridades de aquellos podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, no puede abarcar la eliminación total de la participación del sujeto juzgado en el curso de su propio juicio, pues ella, como seguridad de que nadie puede ser juzgado ni condenado a sus espaldas, constituye regla esencial a la idea misma de justicia, anterior a cualquier norma o costumbre.
Otro tanto puede decirse del derecho de defensa, que no existe para ellos tal como nosotros lo entendemos, pues no son valores individuales los que dentro de su cosmovisión se protegen prioritariamente. En cambio, es esencial para ellos el mantenimiento de la paz, bien que se quebranta con un hecho como el homicidio, que puede implicar un conflicto entre familias, el cual sólo puede prevenirse mediante un acuerdo entre los patrilinajes acerca de la intensidad y duración de la pena, condición que se presenta como necesaria para la legitimidad de la misma. (...) Hay que asumir, entonces, que los intereses del sindicado están representados por sus parientes y, de ese modo, su intervención constituye un sucedáneo del derecho de defensa".
Es bien sabido que tanto el Constituyente de 1991 —art. 29— como el legislador han previsto los mecanismos adecuado para garantizar, necesariamente, el adecuado derecho a la defensa, concebido éste como un derecho fundamental autónomo, ligado al debido proceso que permite garantizar la realización de otros derechos como la libertad, la petición y la vida, a través de instrumentos como la posibilidad de ser oído, de impugnar las providencias, de controvertir y presentar pruebas y de hacer valer las propias razones ante quien juzga. Mecanismos estos que han sido reconocidos universalmente, como entre otros por la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en el artículo 8º se dispone que "toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante le proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios aducados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado (...); f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos (...)".