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Timestamp: 2017-02-22 03:58:57
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 58', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 85', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 94', 'artículo 18', 'artículo 51', 'Artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 18', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 24', 'Artículo 87', 'Artículo 91', 'artículo 74']

LEY 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía	LEY 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía Mis Leyes
LEY 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA	EXPOSICIÓN DE MOTIVOSTÍTULO ICAPÍTULO IObjeto, ámbito de actuación y definiciones Artículo 1. Objeto.CAPÍTULO II Derechos de los consumidores Artículo 4. Derechos de los consumidores.Son derechos de los consumidores, en el ámbito de la aplicación de esta Ley:CAPÍTULO IVDerecho a la protección de los intereses económicosCAPÍTULO VDerecho a la indemnización y reparación de dañosArtículo 13. Reparación de daños.CAPÍTULO VI Derecho de informaciónArtículo 16. Medidas de protección de la información.CAPÍTULO VIIDerecho a la Educación y a la Formación Artículo 24. Programas de educación y formación.CAPÍTULO VIII Derecho de participación, representación y audienciaArtículo 27. Formación en medios de comunicación.CAPÍTULO IX Situaciones de inferioridadArtículo 36. Actuación frente a situaciones de inferioridad.CAPÍTULO X Órganos de consulta, mediación y participaciónArtículo 38. Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de Consumo.TÍTULO IICAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 40. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los consumidores.CAPÍTULO II Control e inspecciónArtículo 42. Inspecciones de las Administraciones Públicas con incidencia en Consumo.CAPÍTULO III Medidas administrativas preventivasArtículo 58. Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridad.CAPÍTULO IV Régimen sancionadorSECCIÓN 1.a INFRACCIONESArtículo 71. Tipos de infracciones.SECCIÓN 2.a SANCIONESArtículo 73. Tipos de sanciones.SECCIÓN 4.a CONCURSO DE INFRACCIONES Y DE NORMASArtículo 85. Concurso de infracciones.SECCIÓN 6.a EJECUCIÓN, EFECTOS Y CONDONACIÓN Artículo 91. Ejecución de las sanciones.Las sanciones impuestas serán objeto de ejecución con arreglo a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas aplicables.Todas las Administraciones Públicas prestarán la debida colaboración para hacer efectiva la exacta ejecución de las sanciones.Artículo 92. Difusión de las sanciones y otras medidas sobre los infractores.SECCIÓN 7.a COMPETENCIA SANCIONADORAArtículo 94. Órganos competentes en la Junta de Andalucía.TÍTULO III
LEY [Comunidad Autónoma de Andalucía] 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 18.1.6.a, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y la legislación sobre defensa de la competencia, y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado. En el ejercicio de esta competencia, Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autónomas en aprobar su propia Ley en esta materia. La Ley [Comunidad Autónoma de Andalucía] 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, ha sido una norma cuyos preceptos han enmarcado y guiado la actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía para hacer efectivo el principio rector de la política social y económica que consagra el artículo 51 de la Constitución.
El título I se ocupa de las disposiciones generales y de los principios informadores de los derechos de los consumidores. Su referente directo es la Ley [Comunidad Autónoma de Andalucía] 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios, de la que incluso se respeta la literalidad de gran parte de su articulado, con modificaciones de detalle que en nada afectan al fondo. El punto de partida lo constituye la proclamación de una serie de derechos básicos de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes: el derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, el derecho a la información y el derecho a la participación. Junto a estos derechos básicos se recogen otros que no son sino complemento o instrumento de aquéllos: el derecho a la indemnización y reparación efectiva de daños, el derecho a la educación y formación y el derecho a la especial protección en situaciones de inferioridad.
Por su parte, el capítulo VI se ocupa del derecho
a la información. En principio, éste es un derecho distinto a los dos anteriores, pero, en muchas ocasiones, se convierte en un mero medio o complemento, bien para garantizar la salud y seguridad de los consumidores, bien para proteger sus legítimos intereses económicos y sociales. Los medios a través de los que se pretende garantizar esta información a los consumidores son muy variados: desde el establecimiento de mandatos a los propios poderes públicos hasta la imposición a los sujetos responsables de la producción, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios del deber de informar veraz, suficiente y comprensiblemente a los consumidores sobre las características de los mismos. A este respecto, ha de destacarse la regulación que se contiene en el marco de la legislación europea y estatal de este deber en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información.
Se ocupa también la Ley de algunos aspectos organizativos de la inspección. Entre las novedades a este respecto debe destacarse el relevante papel que ha de
desempeñar la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, órgano interdepartamental que habrá de canalizar la coordinación y la colaboración entre distintas Consejerías y hasta de varios servicios de una misma Consejería.
Junto a ello, se pretende que la potestad sancionadora sirva también con eficacia a la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo, como novedad, la de los consumidores concretos víctimas de la infracción reprimida, de manera que se cumpla más adecuadamente su función de retribución proporcional a la concreta lesión sufrida por el ciudadano y de prevención especial y general. Para ello, entre otras cosas, se introducen algunas modificaciones en el cuadro general de las sanciones, entre las que destaca la previsión del comiso del beneficio ilícito obtenido. Aunque esta modalidad de comiso no está prevista en la legislación estatal de protección de los consumidores, su introducción aquí no supone una divergencia notable. Entre otras razones, porque esto mismo lo trata de conseguir el Derecho estatal de consumo con el incremento de las multas y porque en otros sectores el mismo Derecho estatal ha consagrado esta misma sanción de comiso del beneficio ilícito. Lo mismo puede decirse de la nueva sanción de apercibimiento o de las concreciones que se hacen sobre la sanción de cierre de establecimientos, toda vez que, de una parte, la legislación estatal de consumo ni siquiera establece un mínimo para las multas correspondientes a las infracciones leves y, de otra, el cierre
de establecimientos propiamente dicho no tiene sentido cuando, como es cada vez más frecuente, las actividades infractoras no se realizan en un establecimiento físico.
Esta atribución de competencias locales, muy por encima de lo establecido en la legislación estatal supletoria, se quiere, no obstante, que quede limitada a los asuntos de consumo más específicamente locales. Así, respetando al máximo la autonomía local y teniendo en cuenta la diversa capacidad de los municipios, se establece un sistema que no impide la ágil actuación de
la Administración autonómica, que, según los casos, se desarrollará en su ámbito propio o completará o suplirá a la local, sin necesidad de complejos y formales mecanismos de sustitución o subrogación. En el fondo, late en el sistema que se instaura el principio de subsidiariedad, pero buscando sobre todo la simplicidad, la eficacia y la rapidez, articulándose mediante una fórmula de competencias concurrentes e indistintas que permitirá en todo caso que la Administración autonómica garantice un nivel homogéneo de protección en Andalucía.TÍTULO I
de los derechos de los consumidores
Objeto, ámbito de actuación y definiciones Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta Ley la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española y del ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 18.1.6.a del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
CAPÍTULO II Derechos de los consumidores Artículo 4. Derechos de los consumidores.
Derecho a la protección de la salud y la seguridad Artículo 6. Seguridad de bienes y servicios.
La claridad en los costes y comisiones que se deriven de toda clase de operaciones financieras que, siempre
que sea posible y sin perjuicio de otros medios de publicidad legalmente establecidos, habrán de ser advertidos al consumidor con carácter previo a la realización de cada concreta operación, incluso cuando ésta se realice a través de cajeros automáticos.
h) El derecho a la entrega del documento original
	copia acreditativa de las transacciones comerciales
 de la correspondiente factura, contraseña, recibo, justificante, sellados y firmados, extendidos con claridad y sencillez, y debidamente desglosados. En caso de venta
 contratación de bienes y servicios con carácter masivo y ordinario, se vigilará, controlará e inspeccionará la entrega de billetes mecanizados en los que han de constar necesariamente los datos identificativos del negocio
	establecimiento y los signos o claves de los bienes
	servicios contratados o adquiridos.
CAPÍTULO VI Derecho de información
3. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, para los efectos de lo previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, o normativa vigente en su caso, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que en materia de información se establezcan reglamentariamente.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de protección
a los consumidores, coordinará la labor de las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública y podrá prestar a las mismas el apoyo técnico y económico necesario para su implantación y funcionamiento, en los términos que reglamentariamente se determine.
Derecho a la Educación y a la Formación Artículo 24. Programas de educación y formación.
CAPÍTULO VIII Derecho de participación, representación y audiencia
Los medios de comunicación social de los que sea titular la Junta de Andalucía dedicarán en sus respectivas
programaciones espacios no publicitarios, destinados a la educación y formación de los consumidores, en la forma que reglamentariamente se determine, pudiéndose contar para ello con colaboración las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
2. No podrán disfrutar de los beneficios a los que alude el apartado anterior, en los términos que reglamentariamente se determine, las organizaciones o asociaciones de consumidores que incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, perciban ayudas
 subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas suministradoras de bienes o servicios a los consumidores, o efectúen publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios.
5. Percibir las ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento, que desde las distintas Administraciones Públicas se destinen, en cumplimiento de las obligaciones que les competen en el marco de la protección de los consumidores y fomento de sus organizaciones
	asociaciones representativas.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pudieran incurrir las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, será causa de supresión del apoyo oficial que reciban y de suspensión temporal
 definitiva en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía la divulgación, por parte de éstas, de informaciones erróneas, producidas por dolo o negligencia, y que ocasionen a los fabricantes, productores o distribuidores daños o perjuicios.
CAPÍTULO IX Situaciones de inferioridad
CAPÍTULO X Órganos de consulta, mediación y participación
d) Cuantas otras funciones se le asignen reglamentariamente.TÍTULO II
CAPÍTULO II Control e inspección
Los Servicios de Inspección en materia de consumo, tanto de la Administración de la Junta de Andalucía
como de las Corporaciones locales, actuarán coordinadamente, colaborarán entre sí y prestarán la asistencia que les requieran los órganos de cualesquiera Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias en defensa del consumidor cuando se trate de realizar diligencias que les correspondan por razón de la materia o del territorio.
b) Exigir la exhibición de los documentos que sean obligatorios según las normas cuyo cumplimiento vigilan, así como obtener copias y reproducciones. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifiquen, los inspectores de Consumo podrán examinar toda la documentación mercantil, industrial o contable de la empresa inspeccionada y sacar notas o copias, así como solicitar de terceros datos o antecedentes útiles para
la investigación. En particular, podrán requerir información de los datos transmitidos, las actividades realizadas y la identificación de los destinatarios de sus servicios a los intermediarios de servicios de la sociedad de la información. Dichas actuaciones tendrán, en todo caso, carácter confidencial.
1. Se creará, por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de la que dependa
la defensa de consumidores, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía para garantizar la necesaria coordinación de las actividades y colaboración entre los distintos servicios de inspección de la Junta de Andalucía, que asegure la eficaz y eficiente utilización de los recursos disponibles en beneficio de los consumidores.
CAPÍTULO III Medidas administrativas preventivas
2. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la seguridad de los consumidores, los órganos de defensa
de los consumidores deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir, en su caso, dicho riesgo. Estas medidas podrán consistir en:
2. Estas advertencias y los consecuentes requerimientos los podrán realizar los órganos competentes en materia de defensa del consumidor y los inspectores
de Consumo sin más requisito que dejar constancia escrita de su contenido y de la fecha en que se pone en conocimiento del sujeto afectado. A estos efectos, bastará la entrega de copia del acta de inspección en la que consten.
3. Los órganos de defensa del consumidor podrán indicar los cambios que deban introducirse en los bienes
 servicios para que se levanten las medidas o el destino distinto del inicialmente previsto al que puedan dedicarse los bienes afectados sin comportar ningún otro riesgo.
SECCIÓN 1.a INFRACCIONES
1.a Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes
 servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de los medios previstos para tal información.
2.a Utilizar indebidamente marcados, marchamos, troqueles o distintivos similares, no emplear los obligatorios o emplear los que no cumplan las condiciones reglamentarias en cuanto sea susceptible de perjudicar los intereses de los consumidores, salvo que constituya fraude.
3.a Elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuando su composición, características técnicas
 calidad no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o anotada en el correspondiente registro.
4.a Elaborar, distribuir u ofertar al público bienes prohibidos o con componentes o envases no permitidos
 sin contar con las autorizaciones preceptivas u otros controles administrativos impuestos para la protección de los consumidores.
5.a Desviar para consumo humano y poner a disposición de los consumidores bienes no aptos para ello
	destinados específicamente para otros usos.
6.a Vender o poner a disposición de los consumidores bienes destinados exclusivamente a un uso empresarial o profesional, siempre que ello sea susceptible de perjudicar los intereses de los consumidores.
7.a Incumplir las condiciones de las instalaciones, establecimientos o vehículos en que se elaboren, conserven, distribuyan o vendan bienes o se presten servicios, o su utilización o apertura sin los preceptivos controles administrativos previos cuando aquellas condiciones o estos controles estén impuestos para la protección de los consumidores.
8.a Ofertar o prestar servicios al público que estén prohibidos o que no se hayan sometido a los controles administrativos previos o periódicos impuestos para la protección de aquellos.
9.a Incumplir las exigencias de personal cualificado
 de los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los consumidores.
10.a Prestar servicios incumpliendo las condiciones que impongan las disposiciones de aplicación cuando puedan causar un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores, así como cortar el suministro de servicio público de prestación continua sin respetar las garantías a que aquellos tienen derecho.
11.a Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada, así como el incumplimiento por quien en cada caso esté obligado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos en las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos.
12.a Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin servicios de asistencia técnica para su reparación o siendo éstos manifiestamente inadecuados, así como incumplir la obligación de mantener tales servicios.
13.a Realizar otras acciones u omisiones que, incluso sin infracción de normas de obligado cumplimiento, produzcan riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los consumidores, si se realizan por falta de las precauciones exigibles en la actividad de que se trate.
14.a Construir, vender o alquilar viviendas que incumplan las Normas Básicas de la Edificación o reglamentación equivalente, cuando se produzca un perjuicio real en alguno de los derechos reconocidos al consumidor en esta Ley.
1.a Defraudar en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar por:
2.a Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad de los bienes ofertados o destinados a ello; así como en las condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a la calidad, cantidad, intensidad, continuidad
	otros elementos relevantes según su naturaleza o categoría.
3.a Manipular los aparatos o sistemas de medición de los bienes o servicios suministrados a los consumidores.
1.a Negarse a extender recibo justificante, factura o documento acreditativo de las transacciones realizadas
 servicios prestados cuando sea preceptivo o lo solicite el consumidor, así como cobrar o incrementar el precio por su expedición.
2.a Cobrar o intentar cobrar a los consumidores precios superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados o impuestos por la Administración o comunicados a ésta.
3.a Ocultar a los consumidores parte del precio mediante formas de pago o de prestaciones no acordadas.
11.a No entregar a los consumidores las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa correspondiente, a los efectos de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.
12.a No formalizar los seguros, avales u otras garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los consumidores.
1.a Realizar acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio por los consumidores o por sus organizaciones o asociaciones de las facultades de reclamación o denuncia.
2.a No disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que lo soliciten u ocultar
	alterar las reclamaciones realizadas por este medio.
6.a Imponer injustificadamente a los consumidores el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares,
 exigir de forma abusiva la cumplimentación de impresos y la aportación de datos que impongan molestias desproporcionadas, así como obstaculizar, impedir o dificultar que los consumidores puedan ejercer sus derechos.
8.a Incumplir las específicas prohibiciones de venta
 suministro de bienes, acceso a establecimientos, prestación de servicios o publicidad a menores cuando suponga riesgo para su salud, seguridad o legítimos intereses económicos y sociales como consumidores.
a excepción de la infracción 5.a del apartado 2, infracciones 2.a y 3.a del apartado 3, infracción 12.a del apartado 4, infracción 2.a del apartado 6 e infracción 4.adel apartado 7, que inicialmente tendrán la calificación de graves.
SECCIÓN 2.a SANCIONES
2. En su caso, además de la multa, se impondrán
las sanciones complementarias de cierre o no utilización
del establecimiento, suspensión del servicio o comiso.
3. Las sanciones se establecerán de conformidad
con lo dispuesto en los siguientes artículos y sin perjuicio
de las demás medidas no sancionadoras que procedan.
b) Infracciones graves: Entre 5.001 y 30.000 euros. c) Infracciones leves: Entre 200 y 5.000 euros.
1.o Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.
2.o Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.
3.o Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas otras circunstancias de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior.
4.o Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.
SECCIÓN 3.a RESPONSABLES
b) Los gestores, directores o administradores de empresas y organizaciones cuando su conducta dolosa haya sido necesaria en la comisión de la infracción grave
	muy grave por la entidad en la que prestasen sus servicios profesionales.
2. Estos sujetos serán sancionados, independientemente del autor, con multa o amonestación y comiso del beneficio ilícito obtenido. La cuantía de la multa estará entre el mínimo y el máximo de las infracciones leves
 graves según la infracción del autor sea grave o muy grave.
SECCIÓN 4.a CONCURSO DE INFRACCIONES Y DE NORMAS
2. En el caso de que un solo hecho constituya dos
	más infracciones o cuando una de ellas sea medio
para cometer la otra, las sanciones se impondrán en proporción a la gravedad real de la conducta.
SECCIÓN 5.a EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Artículo 87. Prescripción de las infracciones.
SECCIÓN 6.a EJECUCIÓN, EFECTOS Y CONDONACIÓN Artículo 91. Ejecución de las sanciones.
SECCIÓN 7.a COMPETENCIA SANCIONADORA
3. Cuando los servicios municipales tengan conocimiento de infracciones en esta materia no localizadas exclusivamente en su término municipal, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de defensa del consumidor de la Administración autonómica, remitiendo todo lo actuado y cuantos antecedentes
obren en su poder. Además, no obstante tener competencias para sancionar, en todo caso los órganos municipales podrán limitarse a poner los hechos en conocimiento de la Administración autonómica para su persecución y sanción.
Las infracciones tipificadas en esta Ley se entenderán cometidas en cualquiera de los lugares en que se localicen las acciones u omisiones en que consistan y, además, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos, instalaciones o personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los derechos de los consumidores protegidos por la ley.TÍTULO III
Queda derogada la Ley [Comunidad Autónoma de Andalucía] 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.
El Consejo ,de Gobierno actualizará, conforme a la evolución del Indice de Precios al Consumo, la cuantía de los límites sancionadores a que hace referencia el artículo 74 de la presente Ley"
La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".
ORDEN de 26 de septiembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usuarios de AndalucíaBases que regiran la convocatoria para la provision en propiedad mediante el sistema selectivo del concurso oposicion libre de una plaza de tecnico de grado medio, vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamientoORDEN de 11 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en Centro Residencial de Personas Mayores en situación de exclusión socialRESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Viceconsejería por la que se aprueba la Carta de servicios del Conjunto Arqueológico de Baelo ClaudiaRESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Viceconsejería, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Conjunto Arqueológico de ItálicaDECRETO 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellasOrdenanza reguladora del servicio turístico de coches de caballosOrdenanza reguladora del Comercio Ambulante de Valdepeñas de JaénORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se regula su organización y funcionamientoOrdenanza Reguladora del Mercado de Abastos de LucenaOrdenanza fiscal servicio abastecimiento de agua potable mediante concesionarioOrden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas sobre las instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios destinados a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y conservación de los mismosCitaciones para ser notificadas por comparecencia; relación nº 11/10Orden de 8 de marzo de 2010, por la que se aprueba el Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la regulación de contratos de gestión de servicios públicos por concierto, mediante procedimiento negociado, para la prestación de asistencia sanitaria por centros hospitalarios homologadosLEY 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado InteriorOrden de 6 de julio de 2010, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Vocalías titulares y suplentes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de AndalucíaOrden de 14 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, y se efectúa su convocatoria para 2010Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010Orden de 14 de abril de 2011, por la que se aprueban los modelos 751 de Autoliquidación Trimestral y 752 de Declaración Anual, se determina el lugar de pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía	Cerrar PDF
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