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Timestamp: 2018-04-20 06:39:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 17', 'Artículo 32', 'Artículo 17', 'artículo 26', 'artículo 17', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'Artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 287', 'artículo 191']

Nota Tributaria - Decreto 2253 de 2017. - Por el cual se reglamenta el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 y se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, en relación con las inversiones con el incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería. Impuesto sobre la Renta - Incentivos Tributarios - Incentivo al incremento de las Inversiones en Exploración y Explotación de Hidrocarburos y Minerales a través de CERT Certificados de Reembolso Tributario - Ámbito de Aplicación - Características Generales del CERT - Definición del Cupo y Acto Administrativo de Apertura - Limitación para el Otorgamiento del CERT - Requisitos de Presentación de los Proyectos de los Contratos Petroleros en Fase de Exploración y Proyectos de los Campos Comerciales - Ingreso No Constitutivo de Renta ni Ganancia Ocasional. - Ministerio de Minas y Energía. - - - - Las inversiones en el sector de hidrocarburos que darán lugar al otorgamiento del CERT serán exclusivamente aquellas que tengan por objeto el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos, la adición de reservas probadas o la incorporación de nuevas reservas recuperables, ya sea mediante actividades de exploración o mediante actividades dirigidas al aumento del factor de recobro en proyectos de cuencas en tierra firme, incluidas en este último caso las respectivas pruebas piloto. //
Decreto 2253 de 2017. Ministerio de Minas y Energía. Por el cual se reglamenta el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 y se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, en relación con las inversiones con el incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería. Impuesto sobre la Renta - Incentivos Tributarios - Incentivo al incremento de las Inversiones en Exploración y Explotación de Hidrocarburos y Minerales a través de CERT Certificados de Reembolso Tributario - Ámbito de Aplicación - Características Generales del CERT - Definición del Cupo y Acto Administrativo de Apertura - Limitación para el Otorgamiento del CERT - Requisitos de Presentación de los Proyectos de los Contratos Petroleros en Fase de Exploración y Proyectos de los Campos Comerciales - Ingreso No Constitutivo de Renta ni Ganancia Ocasional. Las inversiones en el sector de hidrocarburos que darán lugar al otorgamiento del CERT serán exclusivamente aquellas que tengan por objeto el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos, la adición de reservas probadas o la incorporación de nuevas reservas recuperables, ya sea mediante actividades de exploración o mediante actividades dirigidas al aumento del factor de recobro en proyectos de cuencas en tierra firme, incluidas en este último caso las respectivas pruebas piloto. //
Decreto 2269 de 2017. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el cual se fija el Salario Mínimo Legal Mensual. Se fija a partir del 1o de enero de 2018, como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de: $781.242 pesos.
Decreto 2270 de 2017. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por el cual se establece el Auxilio de Transporte para el Año 2018. Se fija a partir del 1o de enero de 2018, el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente en la suma de: $88.211 pesos, que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicio de transporte.
Sentencia C-052 de 2016. Expediente D-10887. Corte Constitucional. Impuesto sobre la Renta - Ingresos - Ingreso por Diferencia en Cambio - Ajuste por Diferencia en Cambio de los Activos en Moneda Extranjera - Principios Constitucionales Tributarios - Equidad Tributaria - Justicia, Progresividad y Razonabilidad Tributarias. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejando Linares Cantillo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Aclaración de Voto de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 17 de la Ley 49 de 1990 “Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones”. La Corte debía decidir en este caso si la norma acusada (Artículo 32-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el Artículo 17 de la Ley 49 de 1990) viola los principios constitucionales de equidad, justicia, progresividad y razonabilidad tributarias (arts. 95-9 y 363 de la C.Po.), en tanto clasifica como un ingreso la diferencia positiva en cambio, para quienes tienen activos en moneda extranjera y llevan contabilidad de causación. Tras examinar la aptitud de la acción pública, la Corte advirtió que la pregunta constitucional provocada por la demanda no debía plantearse en términos de si la diferencia en cambio constituye o no un ingreso, en el sentido técnico previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario, toda vez que la Constitución no recoge esa definición, ni tampoco otra caracterización conceptual cerrada de lo que debe entenderse por ingreso gravable en el impuesto de renta. Por lo cual, si bien puede haber discusiones económicas, contables y de técnica fiscal, en torno a si la diferencia en cambio es en sentido estricto un ingreso, el problema que planteaba la acción pública se refería a si vulneraba o no los principios constitucionales citados.// La diferencia positiva en cambio representa un incremento en la capacidad económica del sujeto pasivo del impuesto y, por lo mismo, se ajusta al orden constitucional que el legislador la considere como una realidad gravable. La Sala Plena de la Corte Constitucional advirtió que (i) la diferencia positiva en cambio representa un beneficio para el contribuyente porque, al incrementarse objetivamente el valor en pesos de sus activos en moneda extranjera, mejora su capacidad de endeudamiento y aumenta la prenda general de los acreedores; (ii) al formar parte de la propiedad privada, los activos en una moneda sujeta a la revaluación se pueden presumir rentables, según la jurisprudencia constitucional; (iii) el ordenamiento prevé que la diferencia positiva en cambio se compute como un ingreso, pero si la situación cambiaria es la inversa, y la diferencia en cambio es negativa, el contribuyente puede registrar un gasto, a fin de depurar su renta conforme a la ley, por lo cual no es una mera ficción legal sino una realidad económica variable; (iv) la diferencia positiva en cambio, con independencia de si incrementa el poder adquisitivo inmediato del sujeto y se traduzca en liquidez, representa la posibilidad –todo lo demás constante- de adquirir más unidades del peso colombiano con la moneda extranjera en que están sus activos, por lo cual sí equivale a un fortalecimiento de su capacidad contributiva; (v) en la medida en que la diferencia positiva en cambio acrece el poder de contribución del sujeto, no desconoce la justicia y la equidad que correlativamente se incorpore en la renta para efectos fiscales.//Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se apartaron de la decisión anterior, por cuanto consideran que el artículo 17 de la Ley 49 de 1990 es inconstitucional. A su juicio, al establecer que el ajuste por diferencia en cambio de los activos en moneda extranjera constituye un ingreso, el legislador desconoció los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como el de eficiencia en materia fiscal, en la medida en que grava una expectativa que puede o no hacerse realidad cuando se enajene el activo o se liquide la inversión. Observaron que el ingreso por diferencia en cambio no se ajusta al concepto de causación del ingreso, en tanto no le da derecho al contribuyente el derecho a exigir un pago, ni constituye un flujo de recursos desde la perspectiva contable, ni una manifestación inmediata de la capacidad de pago. De esta forma, la ley establece una presunción de enriquecimiento que no consulta la capacidad contributiva, ya que si bien es cierto que en el futuro el ingreso puede que sea real, también lo es que en el momento en que se hace efectiva la obligación tributaria puede ocurrir que el contribuyente no cuente con recursos para cancelarla, por lo que resulta inequitativo gravarlo, cuando no hay una generación efectiva de riqueza. // La magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado expresó su aclaración de voto, en cuanto no está de acuerdo en que la Corte no se pronuncie sobre cargos nuevos que planteen los intervinientes, toda vez que el control de una norma debe hacerse frente a toda la Constitución.
Sentencia C-155 de 2016. Expediente D-10911. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Contribuciones Especiales - Contribución Especial del Servicio de Alumbrado Público - Elementos de la Contribución - Sujetos - Hecho Generador - Suministro de Energía Eléctrica - Determinación del Método para la Determinación de los Costos por la Prestación del Servicio - Destinación Específica de la Contribución - Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" - Ley 1753 de 2015 - Principios Constitucionales Tributarios - Potestad Tributaria del Congreso de la República - Autonomía Tributaria de las Entidades Territoriales - Fallo Inhibitorio respecto del Parágrafo del artículo 191. Con Salvamentos y Aclaraciones de Voto. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones: “Con destinación específica para la financiación de este servicio” y “en todo caso, el recaudo de la contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo de prestación del servicio a partir de la expedición de la presente ley”, contenidas en el inciso segundo del literal f, numeral 4, y en el parágrafo 2º del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 , “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”. // Segundo.- INHIBIRSE, por ineptitud formal de la demanda, respecto del cargo formulado contra la expresión “Contarán con un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adoptar la contribución en los términos establecidos por este artículo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición de esta ley tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado público la actividad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual se financiarán los costos y gastos de la actividad de semaforización a partir de la terminación del período de un (1) año al que se refiere este parágrafo transitorio”, contenida en el parágrafo transitorio del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”. NORMA DEMANDADA: Artículo 191 Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país. El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte en esta oportunidad, consistió en definir si el Congreso al fijar en el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, la destinación específica de la contribución especial prevista para cubrir los costos generados con la prestación del servicio de alumbrado público, vulnera el derecho de las entidades territoriales a administrar los recursos y de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (art. 287.3 C. Po.), así como el principio de autonomía territorial (arts. 1, 121, 150.12, 287, 300.4, 313.4 y 338 C.Po.). En relación con el cargo de violación de la igualdad para equiparar el alumbrado público con la semaforización, la corporación encontró que carecía de claridad y certeza, razones por las cuales, se inhibió de emitir un decisión de fondo sobre el mismo. // La Corte reiteró que el ámbito de configuración del legislador en materia tributaria es amplio, aunque no ilimitado y que algunos de sus límites están dados precisamente, por el principio de autonomía territorial consagrado en la Carta Política. Sin embargo, observó que cuando se trata de la creación de tasas y contribuciones del nivel territorial, el elemento de destinación específica de los recursos recaudados no lleva consigo per se la inconstitucionalidad de la norma, ya que es consustancial a la naturaleza del tributo elegida por el legislador. Advirtió que si se admitiera lo contrario, en el sentido expuesto en la demanda, se restringiría la facultad legislativa al hacerle imposible al Congreso la creación de una tasa o una contribución sin infracción de un principio de autonomía territorial. // En el presente caso, la contribución especial creada por el artículo 191 de la Ley del Plan 2014-2018, financia la prestación del servicio público esencial de alumbrado público a cargo de los municipios y distritos, establecido originalmente en la Ley 97 de 1913 para Bogotá y posteriormente en la Ley 84 de 1915, para los demás municipios. El citado artículo 191 regula el servicio de alumbrado, al fijar unas condiciones mínimas para su prestación y unos principios rectores. Entre estas condiciones, está la de la sostenibilidad fiscal, para lo cual la autoridad prestadora puede cobrar por este servicio en su área de influencia, siempre y cuando efectivamente lo haya prestado. Dado que es necesario recuperar los costos y gastos de prestación de servicio, la norma acusada prevé que el municipio o distrito puede recuperarlos a través de una contribución especial destinada específicamente a ese propósito. // Para la Corte, el solo hecho de que el legislador haya tomado la opción para financiar el servicio de alumbrado público, de crear una contribución especial para el nivel territorial, no implica automáticamente el desconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales, toda vez que con ello simplemente está escogiendo, en ejercicio de su potestad de configuración, uno de los tipos de tributo –impuestos, tasas y contribuciones- previstos en la Constitución (arts. 150.12 y 338 C.Po.). Uno de los rasgos característicos de las contribuciones especiales, es que tienen como propósito, recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen a los obligados a pagar la contribución. Es decir, que por principio, tienen una destinación especial, son una renta que se establece y recauda para cumplir una finalidad específica, que las identifica y caracteriza, que representa un elemento de su esencia. Si el legislador no pudiera optar por esta modalidad de financiación cuando se trata de servicios a cargo de los entes territoriales, conduciría a que solo podría establecer impuestos, lo que reduciría injustificadamente los mecanismos para obtener recursos al alcance de los municipios. A juicio de la Corte, el principio de autonomía territorial no debe entenderse como contrapuesto a la facultad de configuración legislativa sino en concordancia con esta, que en el caso concreto, busca asegurar los recursos para asegurar la prestación eficiente del servicio de alumbrado público. Además, recordó que la soberanía tributaria es, en tiempo de paz, un atributo concurrente del legislador, ya que como lo dispone el artículo 287 de la Constitución, el derecho de las entidades territoriales para “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” es una atribución que se ha de ejercer “dentro de los límites que imponen la Constitución y la ley”. En todo caso, los municipios y distritos conservan autonomía para optar por otros mecanismos de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, como quiera que tienen discrecionalidad de adoptar o no la contribución, respetando la destinación de origen legal. // Por consiguiente, la Corte declaró exequibles, por el cargo analizado, las expresiones demandadas del artículo 191 de la Ley 1553 de 2013, excepto el aparte del parágrafo transitorio, respecto del cual se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud formal de la demanda.
Registros 16 a 20 de 87