Source: http://grupoonce.com/2015/01/22/boletin-informativo-diciembre-2014/
Timestamp: 2018-02-21 11:25:22
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BOLETÍN INFORMATIVO: DICIEMBRE 2014 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: DICIEMBRE 2014
Jueves, 22 enero 2015 / Publicado en Boletin
Grupo ONCE es una Firma de líderes en Asesoría Legal, que proporciona servicios integrales en el sector público y privado, conformados con experimentados especialistas en las ramas del Derecho Administrativo y del Derecho Fiscal, que cuentan con la visión empresarial necesaria para enfocarlo al éxito de su negocio.
Somos también una empresa de Consultoría generadora de sinergias empresariales, gracias al amplio portafolio de servicios estratégicos, enfocados a la protección y optimización de recursos con el fin de incrementar su rentabilidad en las empresas Mexicanas.
La preparación académica así como la experiencia profesional, son elementos esenciales que nos han permitido proporcionar a nuestros clientes la solución de problemas específicos relacionados con la Defensa Fiscal.
Proporcional una mejor capacidad de adaptación a la empresa con las constantes reformas fiscales.
Estar preparados para sugerirle y adoptar con éxito cualquier cambio de la legislación fiscal que pueda producir consecuencias negativas y una afectación o perjuicio económico a las empresas Mexicanas de todos los sectores de la Economía.
PRIMERO.- Nueva plataforma para presentación de la Declaración Anual 2014 de personas morales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó la nueva plataforma para que las personas morales puedan presentar la Declaración Anual 2014.
Entre las bondades de este nuevo sistema, está la posibilidad de guardar la información hasta por 30 días sin necesidad de hacer la entrega, el pre llenado que facilitará las declaraciones complementarias al modificar sólo los rubros necesarios, la consulta de la declaración en línea, la compatibilidad con cualquier tipo de computadora incluido tipo MAC, entre otros aspectos.
SEGUNDO.- Gradualidad en la obligación de presentar contabilidad electrónica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó la regla que formaliza el mandato del Legislativo expresado en la Ley de Ingresos 2015, en la que se señala la recepción de información contable a partir del año próximo.
La publicación de la regla es producto del trabajo consensuado entre la autoridad fiscal, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la sociedad civil organizada, a través del empresariado, los contadores públicos y los desarrolladores de la industria de la tecnología de la información.
En el caso de la información de las pólizas y auxiliares, cuando el Servicio de Administración Tributaria necesite verificar información contable o la procedencia de devoluciones y compensaciones, el periodo inicial para el envío es el siguiente:
Finalmente, cabe señalar que los contribuyentes que así lo deseen, podrán presentar su información a través de terceros autorizados, conocidos como auxiliares de facturación.
TERCERO.- Análisis Sistémico 11/2014 PRODECON. Emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una recomendación a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que se actualice el “Catálogo de actividades para determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo”.
Al emitir el Análisis Sistémico 11/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente examina la constante problemática a la que se enfrentan los patrones con respecto a la clasificación de las actividades que realizan. Dado que el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización contiene el catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo, el que no ha sido actualizado desde 1998, presentando un desfasamiento con las actividades productivas, comerciales e industriales que efectivamente se realizan hoy día en el país. Lo anterior, ha provocado que el IMSS en las revisiones que efectúa esté clasificando a múltiples empresas conforme a actividades que no son las que exactamente realizan; o bien, que las empresas no puedan auto clasificarse conforme a las mismas.
Sobre el tema, la Procuraduría destacó que el catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo, tuvo su antecedente en el catálogo incluido en el hoy abrogado Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 1998; posteriormente, se incluyó en el artículo 196 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo vigente, publicado en el mismo medio oficial el 1 de noviembre de 2002, observándose que han transcurrido 16 años sin que se haya realizado alguna actualización acorde con la diversidad de las actividades económicas que hoy día se realizan en nuestro país.
En ese sentido, resolvió que al no emitirse un nuevo catálogo de actividades, subsiste el estado de inseguridad e incertidumbre jurídica de los patrones en su calidad de contribuyentes con relación al seguro de riesgos de trabajo; por lo que formuló la siguiente recomendación:
“Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sugiere al Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizar el catálogo de actividades contenido en el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, para que se contemplen las diversas actividades que hoy día se realizan en el país.”
Por el momento, debemos esperaremos la respuesta por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con esta recomendación emitida.
Registro: 2008077
Tesis: 1a./J. 72/2014 (10a.)
COMPRAVENTA DE INMUEBLES. EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE UNA PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE BIENES RAÍCES Y UN PARTICULAR QUE ADQUIERE EL BIEN PARA SU USO, TIENE UNA NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE DE UN ACTO DE COMERCIO PARA EL PRIMERO Y UNO CIVIL PARA EL SEGUNDO. De la legislación mercantil deriva la existencia de relaciones unilateralmente mercantiles, también denominadas por la doctrina como actos de naturaleza mixta, las cuales se actualizan cuando, al surgir el acuerdo de voluntades entre las partes, el acto es mercantil para una y civil para la otra. A ese tipo de actos corresponde el supuesto previsto en el artículo 75, fracción II, del Código de Comercio, que prevé que la ley reputa actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se realizan con el propósito de especulación comercial, en aquellos casos en los que sólo uno de los contratantes busca esa finalidad. En efecto, la distinción entre la “compra” y la “venta” de inmuebles, aunada al elemento subjetivo, relativo al propósito de los que intervienen en el acto, permite afirmar, por un lado, que dicho acuerdo de voluntades puede ser para uno de los contratantes un acto mercantil, si acaso su celebración tuvo el propósito de una especulación comercial para la obtención de un lucro y, para el otro, civil, si su suscripción se verificó para satisfacer una necesidad personal, sin que dicho acto jurídico, como unidad, deba encuadrarse en una u otra clasificación. Consecuentemente, el contrato de compraventa de inmuebles celebrado entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un particular que adquiere el bien para su uso, tiene una naturaleza mixta, al tratarse de un acto de comercio para el primero y uno civil para el segundo.
Contradicción de tesis 170/2014. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 15 de octubre de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
Tesis de jurisprudencia 72/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce.
COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON IMPRESOS POR ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS QUEDA SUJETO A LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD. Conforme a la línea argumentativa desarrollada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2013 (10a.) (*), tratándose de comprobantes fiscales, la obligación del contribuyente en términos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se limita a verificar que: a) el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes sean correctos; y b) contengan impreso el número de folio, el lugar y las fechas de impresión y de expedición, así como los datos del impresor autorizado. Lo anterior, en virtud de que el cercioramiento del cumplimiento material de la obligación de que aquéllos sean impresos por un establecimiento autorizado constituye una obligación a cargo del tercero que los expide que no puede trascender a la esfera jurídica del contribuyente, pues su deber se reduce a verificar los datos contenidos en el comprobante. Así, el valor probatorio del comprobante impreso en un establecimiento no autorizado queda sujeto a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, la que podrá requerir información adicional para determinar la realización efectiva de la operación, así como la autenticidad y legalidad del comprobante que la respalda.
Registro: 2008078
Tesis: 1a./J. 56/2014 (10a.)
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO PREVISTO EN LA LEY. El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de actualización de las cantidades en moneda nacional referentes a las contribuciones, los aprovechamientos y las devoluciones a cargo del fisco federal, que realiza el Servicio de Administración Tributaria tomando en consideración la inflación entre otros factores; actualización que se publica en el Diario Oficial de la Federación a través del anexo de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente y que en forma periódica incide en el contenido de las fracciones I a III del numeral 108 del citado código que permiten determinar el monto del perjuicio ocasionado al fisco y, con base en lo anterior, fijar la pena de prisión a imponer dentro de un mínimo y un máximo. Ahora bien, es cierto que en términos del artículo 14 constitucional, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de lo que se deduce que excepcionalmente sí puede tener ese efecto en su beneficio, sin embargo, respecto de las cantidades referidas, no es aplicable el principio de retroactividad antes mencionado a favor del sentenciado, porque la citada actualización deriva de una miscelánea fiscal que no es una norma legislativa o reglamentaria, sino que sus disposiciones son administrativas que una específica autoridad hacendaria puede emitir, esto es, en sentido formal no se trata de una ley aunado a que debe tenerse presente que el numeral 92, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que la fijación de la pena de prisión que corresponde a los delitos fiscales, de acuerdo con los límites del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, será conforme al establecido cuando se efectúe la conducta ilícita de que se trate; en ese tenor, para la referida actualización no opera el mencionado principio, porque el delito se consuma desde el momento en que se realiza la descripción típica, en consecuencia, para establecer el quántum de la pena para la obtención de los beneficios de la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro previsto en la ley, debe estarse a la norma vigente al momento de la consumación del hecho delictivo.
Contradicción de tesis 5/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 22 de enero de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto de minoría. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jesús Rojas Ibáñez.
FACTURA ELECTRÓNICA COMERCIAL OBTENIDA VÍA INTERNET. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PARA DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO A FAVOR DE LA PERSONA QUE EN ELLA SE INDICA, AUNQUE SEA EXHIBIDA EN COPIA SIMPLE. Dicho documento fiscal digital que se extrae de Internet, produce los mismos efectos que los documentos tradicionales impresos y tiene similar valor probatorio, pues contiene información y escritura generada, enviada, recibida o archivada a través de esos medios o de cualquier otra tecnología, acorde con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, por contener, entre otros datos: clave del Registro Federal de Contribuyentes, tanto de quien la expide, como de la persona a favor de la que se consigna, número de folio fiscal y digital del Servicio de Administración Tributaria, así como la descripción y clase del bien que ampara, cumpliendo así con los requisitos que prevé el numeral 17-E del citado código. Aunado a que, conforme a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Por ende, la citada factura electrónica comercial es idónea para demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en aquélla se indica, aunque sea exhibida en copia simple, pues se presume, salvo prueba en contrario, auténtica.
Registro: 2008068
Tesis: 1a./J. 86/2014 (10a.)
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 16, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Si bien es cierto que para determinar la tasa del impuesto causado por la enajenación de gasolina o diésel, el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios prevé variables como: el precio de referencia; el costo de manejo del transporte; el costo neto del transporte a la agencia de ventas que corresponda; el margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos; y las reglas de carácter general por las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina los precios de referencia; también lo es que dicha circunstancia no significa que la determinación de la tasa se fije con el resultado de actos de particulares o de autoridades administrativas, vulnerando así el principio de legalidad tributaria. Lo anterior es así, porque los elementos para determinar dicha tasa sí están precisados en la ley, como lo sustentó esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en la cual sostuvo que el procedimiento previsto en el citado artículo 2o.-A, fracción I, no es contrario a la garantía de legalidad tributaria, porque los supuestos normativos contenidos en el mencionado numeral brindan un marco jurídico que de manera razonable, atendiendo a la naturaleza del fenómeno a cuantificar, permite a los sujetos pasivos del tributo tener conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su conducta en el caso de enajenación de combustibles.
Amparo en revisión 208/2014. Amadeo Dolores Rosales y otros. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Amparo en revisión 270/2014. Paulina Martina Páez Herrera. 2 de julio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Amparo en revisión 332/2014. Daniel Romero Páez. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Amparo en revisión 359/2014. Abel Elvira de Jesús. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.
Amparo en revisión 388/2014. Ángel José Manuel Ortiz Ubaldo y otros. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Tesis de jurisprudencia 86/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce.
Registro: 2008069
Tesis: 1a./J. 85/2014 (10a.)
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN LA MECÁNICA PARA OBTENER EL SUBSIDIO POR EL PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SIN DISTINGUIR ENTRE CUOTA Y BASE DEL TRIBUTO. El estímulo previsto en el artículo 16 apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, se otorga sobre las cantidades que cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios trasladaron a los particulares que adquirieron el combustible para consumo final, cantidades, las cuales pueden acreditar o solicitar en devolución y cuyo resultado surge de la aplicación de la tasa prevista en el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, la citada fracción I establece el procedimiento para la determinación de la tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas y diésel; así, una vez determinada la tasa, ésta se aplica al valor del combustible y se desglosa de forma expresa y por separado en el respectivo comprobante. Por su parte, la fracción II del precepto citado, señala las cuotas vigentes a la venta final al público de gasolinas y diésel, y para tales efectos establece que quienes realicen la venta de combustibles al público en general, trasladarán la cuota que corresponda, pero no lo harán de forma expresa y por separado, sino que la incluirán en el precio correspondiente. Por lo tanto, la única forma de que exista la causación del impuesto, en el supuesto previsto en la fracción I del artículo 2o.-A citado, es que dicha tasa sea positiva, es decir que efectivamente se pague el impuesto, ya que una tasa cero o negativa no representa pago alguno, derivado de lo cual el enajenante del combustible no trasladará dicha contribución al consumidor final; de ahí se evidencia la razonabilidad de que los estímulos fiscales previstos en la Ley de Ingresos sólo procedan cuando exista una tasa positiva, pues sólo en este caso existe un pago del impuesto, porque en caso de que se aplique una tasa cero o una tasa negativa no existe tributo alguno que corresponda al consumidor final de combustible. Ahora bien, los agravios que suponen que la posibilidad de obtener la devolución del impuesto pagado al adquirir combustible como consumidor final, es un derecho que nace por la sola compra de diésel, resultan inoperantes, toda vez que el estímulo previsto en el referido artículo 16, apartado A, fracción III, sólo es aplicable respecto del impuesto que el enajenante del combustible causa y traslada al aplicar la tasa que resulta del procedimiento previsto en el citado artículo 2o.-A, fracción I, situación que no acontece cuando se asume de forma errónea que dicho estímulo está previsto para que los consumidores finales de diésel puedan solicitar la devolución del impuesto que se les trasladó por la aplicación de la cuota, lo cual no es así, porque el estímulo fiscal está dirigido a las cantidades que se obtienen por la aplicación de la tasa; además, porque el argumento en esos términos se construye bajo la premisa de no hacer una distinción entre cuota y tasa del tributo.
Tesis de jurisprudencia 85/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce.
ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN VIII, 10, 43 Y 50 DE LA LEY ADUANERA, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD JURÍDICA, LA PRACTICADA EN EL MISMO RECINTO FISCAL Y MOMENTO EN QUE EL PARTICULAR SE SOMETIÓ AL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO Y OBTUVO LUZ VERDE. De acuerdo con los artículos 2o., fracción VIII, 10, 43 y 50 de la Ley Aduanera, la revisión de las mercancías y el equipaje de los pasajeros se llevará a cabo en el lugar o lugares autorizados para ello (recintos fiscales); quienes deberán declarar si traen consigo mercancías diversas de su equipaje y, en caso afirmativo, tendrán que cubrir las contribuciones determinadas; posteriormente, hayan o no hecho el pago de éstas, activarán el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero. De lo anterior se advierte que el legislador tuvo como objetivo esencial, establecer que la revisión de las mercancías de comercio exterior o de personas que transiten por los recintos fiscales, se realice aleatoriamente, bajo un criterio de razonabilidad que determinará dicho mecanismo, a fin de que sólo aquellas personas o mercancías que se sometan a éste y obtengan como resultado el reconocimiento aduanero (rojo), sean sujetas a revisión, lo que revela, a su vez, el derecho que reconoce la ley a los particulares de que no sean sujetos a revisión en su persona o mercancías en forma generalizada, sino aleatoriamente. En estas condiciones, si al activar dicho mecanismo se enciende la luz verde, que significa desaduanamiento libre, ello otorga un derecho en favor del particular, quien puede abandonar el recinto sin mayor revisión y sin quedar conminado a otras facultades aduanales en ese mismo lugar y momento, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad del legislador al establecer el mecanismo referido, además de que la eficacia de éste resultaría inocua, pues se anularía la razón de su existencia, que es la revisión aleatoria. Por tanto, si el particular se sometió al mecanismo de selección automatizado y obtuvo luz verde, es violatoria de dichas normas, en relación con el derecho humano de seguridad jurídica, la orden de verificación de mercancías de procedencia extranjera, en el mismo recinto fiscal y momento, ya que, en observancia a ese derecho, no puede sujetarse indefinidamente a una persona al ejercicio de las facultades de comprobación, ni debe quedar al libre arbitrio de la autoridad hacerlo en el mismo instante y lugar, si la propia ley prevé que este mecanismo determinará si se realiza o no el reconocimiento aduanero.
Registro: 2008158
Tesis: PC.I.A. J/34 A (10a.)
REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, ORDENA INAPLICAR UN PRECEPTO, AL ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS DE “IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA” PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Los requisitos de “importancia y trascendencia”, para efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, se actualizan cuando éste se interpone contra una sentencia definitiva en la que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad del acto impugnado al desaplicar una norma por una cuestión de fondo, en ejercicio del control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, y el examen preliminar del contenido de la sentencia recurrida y del escrito de expresión de agravios evidencie que la materia del recurso incide en la confrontación entre un tratado o instrumento internacional y una ley secundaria que implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie: a) Fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; o, b) Exija la interpretación directa de una norma convencional que fije a su vez las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; lo anterior, siempre que la autoridad recurrente haya razonado la importancia y trascendencia y que no exista jurisprudencia que resuelva la problemática respectiva.
Contradicción de tesis 21/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de octubre de 2014. Mayoría de diez votos de los señores Magistrados Gaspar Paulín Carmona, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Ma. Gabriela Rolón Montaño, Homero Fernando Reed Ornelas, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Jorge Ojeda Velázquez, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, María Simona Ramos Ruvalcaba, Guadalupe Ramírez Chávez, Norma Lucía Piña Hernández y Carlos Amado Yáñez. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Secretario: Mario Antonio Medina González.
VII-J-2aS-51
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- NO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS CUALES SE PLANTEE QUE EL ACTO IMPUGNADO SE FUNDA EN UNA NORMA JURÍDICA QUE VULNERA UN DERECHO HUMANO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS O EN UN TRATADO INTERNACIONAL.- En términos de las jurisprudencias P./J. 73/99 y P./J. 74/99 emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, agosto de 1999, páginas 5 y 18, registros ius 193558 y 193435, cuyos rubros son “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN” y “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”, los Órganos Jurisdiccionales y Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debían declarar inoperantes los argumentos en los que se planteara la inconstitucionalidad de la ley, reglamento o norma jurídica de carácter general, bajo la consideración de que sólo los Tribunales del Poder Judicial Federal podían analizar y resolver ese tipo de planteamientos. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del veinticinco de octubre de dos mil once, emitida en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 536, dejó sin efectos ambas jurisprudencias, en virtud de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional. De ahí que también ha quedado sin efectos la jurisprudencia 2a./J. 109/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 219, registro ius 180679, cuyo rubro es “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA fiscal Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A UNA REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA”. Claramente, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo dicha jurisprudencia ya no es obligatoria a los Magistrados de este Tribunal, porque se sustenta en la jurisprudencia P./J. 74/99, la cual fue dejada sin efectos por el propio Pleno del Alto Tribunal al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011. Por tales motivos, en el nuevo orden constitucional, los Magistrados de este Tribunal están facultados para pronunciarse sobre el control difuso de constitucionalidad.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/9/2014)
Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el once de septiembre de dos mil catorce.- Firman el Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.
VII-J-2aS-54
VISITADORES FISCALES.- SON AUTORIDADES COMPETENTES QUE EJERCEN LAS FACULTADES ESTABLECIDAS DIRECTAMENTE POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Aun cuando el Código Fiscal de la Federación y los diversos ordenamientos fiscales no definen la figura del Visitador, su legal existencia está determinada por el reconocimiento que el propio Código en sus artículos 43 y 44 hace de la existencia de dichos servidores públicos cuya denominación no necesariamente debe establecerse específicamente en un Reglamento Interior para que sus actuaciones sean consideradas válidas, puesto que se trata de una autoridad competente que tiene a su cargo hacer una visita por instrucciones expresas de la autoridad ordenadora, estando sus atribuciones y competencia determinadas, limitadas y acotadas por las disposiciones legales aplicables y por lo dispuesto en cada caso en particular, por la orden de visita que se le extienda para practicar esta.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/10/2014)
VII-J-2aS-55
DEDUCCIONES, SU RECHAZO POR NO EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA Y POR NO ESTAR REGISTRADA EN CONTABILIDAD.- EL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD DEBE DESVIRTUAR LOS DOS SUPUESTOS.- Si en la resolución que se impugna en el juicio de nulidad, se rechazó una deducción en razón de que el contribuyente no exhibió la documentación que la amparara, así como por no estar registrada en su contabilidad, entonces, la parte demandante está obligada a controvertir y demostrar la ilegalidad de ambos supuestos, expresando los razonamientos lógico jurídicos para ello, y exhibiendo las pruebas que considere pertinentes. Lo anterior, ya que si la actora controvierte uno de los motivos que tuvo la autoridad para rechazar la deducción, aun cuando lograra demostrar su ilegalidad, pero es omisa en controvertir el otro supuesto, entonces, su agravio es insuficiente para demostrar la ilegalidad del rechazo de la deducción referida, pues dicho rechazo se motiva en ambos supuestos.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/11/2014)
VII-J-2aS-63
VALOR EN ADUANA, DE LA MERCANCÍA IMPORTADA. ELEMENTOS PARA SU DETERMINACIÓN.- De lo dispuesto por los artículos 64, 65, 67 y 71 de la Ley Aduanera, se desprende que la base gravable para determinar el impuesto general de importación es el valor en aduana de la mercancía, mismo que será el valor de transacción de la misma, cuando se cumpla con las siguientes circunstancias: 1.- Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador con las excepciones ahí anotadas. 2.- Que la venta para exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. 3.- Que no se revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuadas por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de la propia Ley, y 4.- Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. Asimismo se establece, que en caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas, para determinar la base gravable del impuesto general de importación deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de la Ley, que establece los métodos que se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión, para calcular la base gravable del impuesto general de importación cuando no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas, por lo que es necesario que la autoridad indique de manera expresa en su resolución cómo determinó el valor en aduana de la mercancía importada.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/19/2014)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26685/12-17-08- 1/366/14-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
VII-P-1aS-1034
DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS INVERSIONES, NO IMPORTA SU DENOMINACIÓN SINO LOS EFECTOS DERIVADOS DE ELLAS.- Si bien es cierto, las remodelaciones constituyen una erogación; también lo es, que independientemente del servicio que otorguen, su implementación continúa a través del tiempo; es decir, subsisten por varios periodos y por ende no pueden desvincularse del valor o de la vida útil del activo fijo. En esa medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción I, y 37 primer párrafo, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las remodelaciones constituyen inversiones que se prolongan a través del tiempo alargando la vida útil del bien o, en su defecto, aumentando la cantidad y calidad de la producción o la reducción de los costos operativos en beneficio de los contribuyentes. Por lo tanto, para determinar su naturaleza como inversiones, no importa la denominación que se asigne a dichas mejoras, sino los efectos derivados de ellas.
VII-P-1aS-1035
INVERSIÓN Y GASTOS EN ACTIVOS FIJOS. LAS MECÁNICAS PARA SU DEDUCCIÓN SON DISTINTAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Los conceptos “inversión” y “gastos” cuando se aplican en activos fijos generan efectos sustancialmente diferentes; es decir, la “inversión” va encaminada a prolongar la vida útil del bien, a aumentar la cantidad y calidad de la producción y/o a reducir los costos de operación en beneficio del contribuyente; mientras, que los “gastos” por mantenimiento, reparación o conservación no elevan ni la calidad ni la cantidad de la producción, pues van dirigidos al mantenimiento, reparación o conservación del activo fijo. Por lo que, fiscalmente se encuentran sujetos a mecánicas de deducción diversas; pues, la “inversión” al generar beneficios prolongados a través del tiempo se encuentra sujeta a lo establecido en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; es decir, su deducción procede vía depreciación (de forma progresiva) mediante la aplicación en cada ejercicio fiscal de los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre el monto original de inversión; pues, constituye una erogación que podrá deducirse a partir del ejercicio en que se inició la utilización de los bienes, o desde el ejercicio siguiente, a elección del contribuyente. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción I segundo párrafo, en relación con el diverso 31, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los “gastos” por su naturaleza pueden deducirse de manera total e inmediata a su erogación; es decir, dentro del ejercicio fiscal en que fueron efectuados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el último precepto legal referido.
VII-P-1aS-1036
INVERSIONES. LAS CONSTITUYEN LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS A INMUEBLES ARRENDADOS.- Las mejoras implementadas a un bien inmueble arrendado de manera alguna deberán considerarse como gastos, pues en términos del artículo 42 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las reparaciones, así como las instalaciones adaptadas a dichos inmuebles, tienen la naturaleza de inversiones, pues constituyen adiciones o mejoras al activo fijo. En esa medida, las mejoras son consideradas inversiones, siempre y cuando conlleven a un mejor y mayor funcionamiento de las actividades desarrolladas por los contribuyentes para su beneficio. Por tanto, independientemente de la naturaleza jurídica del inmueble en que se realicen, ello no influye para la determinación de la naturaleza de las inversiones, las cuales se deberán deducir en términos del artículo 37 párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no tener la naturaleza de gastos.
VII-P-1aS-1037
VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR LA LEGAL PROPIEDAD, POSESIÓN, ESTANCIA, TENENCIA O IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS, DEBE PRECISAR SU ALCANCE TEMPORAL.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2a./J. 7/2008, determinó que tratándose de la orden de visita domiciliaria que tiene por objeto verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las diversas obligaciones relacionadas con ellas, no requiere la precisión de un periodo de revisión; ya que, si la visita tiene como finalidad verificar la existencia en el domicilio del gobernado visitado de mercancías de procedencia extranjera, la autoridad emisora de la orden de visita desconoce si encontrará o no ese tipo de mercancías, si se generaron o no obligaciones a cargo del visitado y, con mayor razón, el periodo al que pudo estar sujeto a obligaciones con motivo de las mismas; por lo que, exigir que en la orden de visita se precise el alcance temporal de la misma, llevaría a imposibiitar el ejercicio de las facultades verificadoras de la autoridad en esa materia, ya que la autoridad fiscalizadora desconoce si encontrará o no ese tipo de mercancías, si se generaron o no obligaciones a cargo del visitado y el periodo al que pudo estar sujeto a obligaciones con motivo de la importación, tenencia o estancia en el país de mercancía de procedencia extranjera; razón por la cual, en ese tipo de órdenes de visita domiciliaria resulta suficiente el señalamiento de que la verificación se realizará respecto de mercancías de procedencia extranjera que se encuentren en el domicilio del visitado a la fecha de notificación de la orden y de las obligaciones con ellas relacionadas, para considerar por satisfecho el requisito de determinación de su objeto. En ese sentido, se tiene que la autoridad fiscalizadora en las órdenes de visita domiciliaria que tiene por objeto verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las diversas obligaciones relacionadas con ellas; cumplirá con el requisito de motivación señalando que la verificación se realizará respecto de mercancías de procedencia extranjera que se encuentren en el domicilio del visitado a la fecha de notificación de la orden; satisfaciéndose así el requisito de la debida motivación prevista en los artículos 16 constitucional y 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la determinación de su objeto y alcance temporal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1015/13-10-01- 9/572/14-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de mayo de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de noviembre de 2014)
VII-P-1aS-1038
DERECHOS FIDUCIARIOS.- SU ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE EL DERECHO QUE SE TIENE SOBRE ELLOS.- De conformidad con el artículo 14 fracción VI inciso a), del Código Fiscal de la Federación, la enajenación de bienes lo es, la cesión de derechos que se tenga sobre bienes afectos al fideicomiso en el momento en que el fideicomisario designado ceda sus derechos, siendo que el fin del comisario adquiere los bienes en el acto de su designación en los términos pactados en el contrato de fideicomiso, y que los enajena en el momento de ceder sus derechos. Por lo que, para que el fideicomisario pueda realizar la enajenación de los derechos fiduciarios, deberá acreditar tener derecho sobre los bienes en los términos pactados en el fideicomiso; es decir, la propiedad, pues solo en este caso podrá realizar la enajenación de dichos bienes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 773/12-06-01- 4/1471/12-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de mayo de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
VII-P-1aS-1039
PÉRDIDAS FISCALES.- TRATÁNDOSE DE UNA ESCISIÓN PARCIAL LA ESCINDIDA DEBE TENER LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS AMPARE.- De conformidad con el artículo 15-A inciso b), del Código Fiscal de la Federación, cuando se esté ante una escisión total, la escindida que sea designada por la escindente, deberá conservar la contabilidad. Por su parte, el artículo 30 segundo y sexto párrafos, del Código Fiscal de la Federación, establece que las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; siendo que en caso de que la autoridad fiscal despliegue sus facultades de comprobación respecto de los ejercicios fiscales en que se hubieran disminuido pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, los contribuyentes deberán proporcionarle la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se hubiera originado la misma. Por lo que, en caso de que la autoridad fiscal despliegue sus facultades de comprobación sobre una contribuyente que tiene el carácter de una sociedad escindida al provenir de una escisión parcial de sociedades que disminuyó pérdidas fiscales, y no tiene obligación de conservar la contabilidad que las ampare; no obstante ello, al no estar obligada a llevar contabilidad respecto de dicho concepto, sí debe conservar la documentación que la ampare con independencia del ejercicio en que se hubieran originado las mismas, a efecto de demostrar ante la autoridad fiscalizadora el origen y la procedencia de las pérdidas fiscales.
VII-P-1aS-1040
CONTABILIDAD. ANTE SU DESTRUCCIÓN TOTAL, INUTILIDAD, PÉRDIDA O ROBO, CORRESPONDE AL CONTRIBUYENTE SU REPOSICIÓN.- De conformidad con el artículo 33 segundo párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando exista destrucción o inutilización total, pérdida o robo de los libros, registros o colecciones de hojas foliadas de la contabilidad del contribuyente, corresponde a este asentar en los nuevos libros o en los registros de contabilidad de que se trate, los asientos relativos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose realizar por concentración, a efecto de que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades de comprobación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7449/12-11-02- 8/1216/13-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de junio de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.
VII-P-1aS-1045
DEDUCCIÓN INMEDIATA DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS.- Cuando los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios en términos de lo establecido por el artículo 225 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, opten por deducir el costo de adquisición de los terrenos que obtengan en dicho ejercicio, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el precepto legal referido; a saber: 1) Que los terrenos adquiridos se destinen a la construcción de desarrollos inmobiliarios, para su enajenación; 2) Que los ingresos acumulables del ejercicio en que se efectúe la deducción provengan al menos en un 85% de la realización de desarrollos inmobiliarios; 3) Que se consideren al momento de la enajenación del terreno como ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 20 fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 4) Que consideren adicionalmente como ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido, en cada uno de los ejercicios que transcurran desde el ejercicio en el que se adquiera el terreno, hasta el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se enajene el mismo; 5) Que el costo de adquisición de los terrenos no se incluya en la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el artículo 36 de la mencionada ley; 6) Que en la escritura pública en la que conste la adquisición de dichos terrenos, se asiente la información que establezca el Reglamento de la materia; y, 7) Que la aplicación de dicha deducción se realice respecto de todos los terrenos que formen parte de su activo circulante, por un periodo mínimo de 5 años contados a partir del ejercicio en el que ejerzan la opción; entonces, si los contribuyentes no cumplen con alguno de los requisitos antes apuntados, dicha deducción será improcedente.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1444/11-03-01- 5/670/14-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de agosto de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-1aS-1065
ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE. ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE SE LLEVE A CABO DICHA VERIFICACIÓN.- De los artículos 46 y 150 a 153 de la Ley Aduanera, se desprende que las autoridades aduaneras cuentan con facultades para llevar a cabo la verificación de mercancías en transporte, a fi n de comprobar la legal estancia o tenencia de mercancías que transiten en territorio nacional; para lo cual, es válido que se solicite el traslado de la mercancía de procedencia extranjera en transporte al recinto fiscal, en donde se hará el correcto análisis de las mismas y el subsecuente levantamiento del acta de verificación e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera; sin embargo, ello no significa que la autoridad esté en aptitud legal de trasladar la mercancía al recinto fiscal, sin hacer constar ese hecho en un documento, habida cuenta que a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la autoridad atendiendo al principio de inmediatez, debe levantar en el momento mismo de la verificación en la que haga constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, con independencia de que al día siguiente o subsecuentes se levante el acta en la que se hagan constar las situaciones detectadas por la autoridad y que dan origen al procedimiento aduanero.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27015/13-17-02- 2/1194/14-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de octubre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.
VII-P-2aS-613
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIR LA VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE SU EJERCICIO.- Del numeral en cita, se colige que la intención del legislador no fue limitar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sino regular la suspensión del plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por la autoridad, estableciendo como plazo máximo de la suspensión el de un año, por lo tanto, aun cuando el plazo para concluirla se encuentre suspendido por no haberse atendido el requerimiento formulado, las autoridades fiscales están facultadas para continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que dicho precepto, no se refiere a la suspensión de las facultades de comprobación, sino a la del plazo para la conclusión de la visita o revisión de gabinete cuando el contribuyente no atienda el requerimiento referido, atento a que la referida consecuencia legal se actualiza por causas no imputables a la autoridad, encontrándose imposibilitada para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, por tanto, la autoridad para realizar un nuevo requerimiento, no tiene la obligación de esperar a que fenezca el plazo de un año.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25036/10-17-06- 8/1122/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de febrero de 2014, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 1° de julio de 2014)
VII-P-2aS-614
PLAZO DE SUSPENSIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE COMPUTARSE DE MANERA CONSECUTIVA.- De acuerdo con el referido artículo 46-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el plazo de doce meses para concluir la visita domiciliaria se suspenderá cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado para cumplimentar el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda al mismo, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses; y en el supuesto de existir dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión, los cuales en ningún caso podrán exceder de un año. En este orden de ideas, cuando existan dos o más requerimientos de la autoridad fiscalizadora y el contribuyente sea omiso en contestar o atender a dichas solicitudes, el plazo de suspensión correrá a partir del día siguiente a aquel en que concluya el periodo otorgado para cumplimentar el primer requerimiento y fenecerá una vez transcurrido un año, es decir, se computa de manera ininterrumpida, adicionando el tiempo que transcurra mientras el particular actualiza la hipótesis legal prevista por el artículo 46-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, con la limitante de que la multicitada suspensión no exceda de un año.
VII-P-2aS-615
SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIR LA VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE LEVANTA AL EFECTUAR Y NOTIFICAR UN NUEVO REQUERIMIENTO.- En términos del precepto legal referido, se establece como supuesto para la suspensión del plazo para concluir las visitas domiciliarias o revisión de gabinete, el hecho de que el contribuyente no conteste o atienda los requerimientos de información por un periodo de hasta seis meses; siendo que en el desarrollo de la visita pueden presentarse varios requerimientos, atento a que no se prohíbe a la autoridad fiscalizadora a efectuar un nuevo requerimiento por el hecho de estar suspendido el plazo para la conclusión de la visita domiciliaria, en cuyo caso, la suspensión por ese motivo no puede exceder de un año. Al respecto es categórico el numeral 46-A en análisis, al señalar que la suspensión termina cuando el contribuyente atiende el requerimiento o simplemente conteste, aun sin proporcionar la información solicitada, por lo que no puede considerarse que dicha suspensión se levante al efectuarse y notificarse un nuevo requerimiento por parte de la autoridad, sino únicamente cuando el contribuyente, con su actuación se aparte del supuesto de ley.
VII-P-2aS-619
CRÉDITOS INCOBRABLES, CUANDO EXISTE NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO, EL MOMENTO EN QUE PUEDEN DEDUCIRSE PARA EFECTOS FISCALES ES LA FECHA DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCURSO MERCANTIL NO ASÍ SU FECHA DE RETROACCIÓN.- El artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006 menciona que las deducciones autorizadas en ese Título deberán reunir los requisitos que ahí establece. En la fracción XVI, indica que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Para los efectos de ese artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los casos que precisa en sus diversos incisos, destacando el inciso c) que se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. Por otro lado, el artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que la sentencia de declaración de concurso mercantil, contendrá entre otros, en su fracción X, la fecha de retroacción. Dicha ley no define lo que debe entenderse por retroacción, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en diversa tesis consideró que la “retroacción es entendida como la época en que se considera que, en el estado patrimonial del concursado, ya existía el incumplimiento generalizado de pagos (estado de impotencia patrimonial, no transitorio, que impide al deudor cumplir regularmente con sus obligaciones líquidas y exigibles, mediante recursos genuinos”. Es decir, con la retroacción de efectos de la sentencia que declara el concurso mercantil tiene como finalidad el presumir que los actos realizados por el deudor han sido consumados en perjuicio de los acreedores, a fi n de eliminar las consecuencias dañosas que para ello tales actos pudieran eventualmente haber producido. Sin embargo, para efectos fiscales el acto que detona la posibilidad legal de deducir un crédito incobrable por imposibilidad práctica de cobro se da cuando el acreedor comprueba que existe una declaración de concurso mercantil por parte del juez competente, respecto de su deudor, ello porque el artículo 31, fracción XVI, inciso c) de la ley en cita, únicamente refiere a la existencia de la sentencia que declare por concluida la quiebra, no así su fecha de retroacción.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3243/12-17-04- 5/1244/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de junio de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE LE FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DE TENER “FECHA CIERTA”, PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El artículo 2389 del referido ordenamiento establece que consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte, el artículo 1796 de dicho código indica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica: “DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS”; ha considerado “que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes”. Por lo que, dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante ser documento privado, no es aquella de las que la legislación exija para su existencia, validez y eficacia su registro o certificación notarial, entonces, el mismo puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si además existe correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables y los citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de crédito y los acuerdos de voluntades aludidos.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE DICIEMBRE 2014