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Timestamp: 2020-02-20 07:34:00
Document Index: 145984849

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'artículo 832', 'artículo 850', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 5']

Sentencia Nº 46 de Secretaría Civil STJ N1, 29-07-2015 - Jurisprudencia - VLEX 819852029
EXPTE. Nº 27320/14-STJ-
///MA, 29julio de 2015.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro doctores R.A.A., E.J.M., L.L.P., S.M.B. y R.G. con la presencia de la señora Secretaria doctora E.E.A., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “PROVINCIA DE RIO NEGRO c/VEGA, D.J. s/COBRO DE PESOS s/ CASACION" (Expte. Nº 27320/14-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la actora a fs. 663/683, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la actora a fs. 663/683, contra la Sentencia N° 74 de fecha 27 de diciembre de 2013, dictada a fs. 647/656 de autos, que resolvió hacer lugar al recurso de apelación formulado por la demandada y en consecuencia revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda articulada por la Provincia de Río Negro.
En sustento de la pretensión recursiva articulada, la Provincia recurrente alega:
I.E. interpretación y aplicación de los artículos 832 y 850 del Código Civil, del artículo 162 del CPCC; violación del Decreto Ley 1/04 y absurda aplicación de la cosa juzgada.
Para fundar este agravio sostiene en lo sustancial que se ha conceptualizado erróneamente la relación entre las partes, aplicando el artículo 832 del Código Civil como si fuera una transacción entre particulares. Considera que se omitió referir a la cuestión de orden público que surge de la aplicación de una norma (Ley L 3868). ///.-
///.- Respecto a la doctrina de la cosa juzgada considera que no resulta de aplicación toda vez que se trata de la repetición de un pago en exceso producto de una irregularidad. Entiende que la alegada cosa juzgada de la liquidación es una conclusión voluntarista pues carece -a su entender- de toda lógica negar la revisión posterior de las liquidaciones por integrar los acuerdos, cuando la cláusula 1.7 expresamente otorga esta facultad. Por ello, considera errónea la aplicación al respecto del artículo 850 del CC.
Señala la omisión en considerar la potestad de revisión de las liquidaciones legalmente establecida por la Ley L 3868 y la sentencia que homologó el acuerdo que contiene esta cláusula.
II. Violación al derecho de propiedad (artículo 17 CN). Enriquecimiento ilícito y sin causa del demandado.
Entiende el recurrente que la sentencia de la Cámara habilita el enriquecimiento sin causa del demandado toda vez que se impide repetir el pago indebido. Señala que por ello se demanda al mandatario, toda vez que es éste quien excedió los límites del mandato liquidando en violación a la propia pauta del convenio y la ley.
Considera improcedente la invocación de la teoría de los actos propios, pues la falta de control en tiempo oportuno de los convenios celebrados no disipa la existencia de un cobro indebido.
III. Violación de la ley adjetiva. Sentencia arbitraria.
Señala que el fallo atacado resulta arbitrario porque no considera las especiales circunstancias del caso y se aparta de la verdad jurídica objetiva. Entiende que carece de motivación suficiente.
3.-Contestación de traslado:
A fs. 686/700 y vta., obra contestación del traslado del recurso por parte de la demandada quien señala respecto al primer agravio que la actora oculta con sus argumentos la ausencia del control previo obligatorio que pesaba sobre ella. Indica que con tales conceptos pretende que los acuerdos transaccionales son obra exclusiva de una parte (el demandado) y se considera un tercero ajeno a los mismos. Reitera que estamos en presencia de verdaderos acuerdos transaccionales en los que las partes pusieron fin a cuestiones litigiosas. ///.-
///2.- Considera que el recurrente confunde objeto de la transacción con liquidaciones en juicios provisorias por naturaleza.
Señala que es falso que haya reconocido la extralimitación que le achaca al apoderado demandado.
En cuanto a la crítica referida a la ausencia de cosa juzgada, considera que ello no es así toda vez que, seguido el procedimiento establecido por la misma Provincia, los acuerdos así concluidos y homologados gozan de los atributos del art. 850 del CC. Una interpretación distinta sería ir contra el orden jurídico y la seguridad jurídica que imponen la estabilidad de las relaciones.
En cuanto a la torpeza del Estado, señalada en la sentencia recurrida y que agravia al recurrente, considera que la misma surge de la ausencia de control suficiente oportuno, única causal del pago tal como se hizo. Asimismo remarca que no existió la reserva sobre la que insiste de revisar sin plazos las liquidaciones que originaron los acuerdos luego homologados.
En lo referido a la violación al derecho de propiedad, entiende que es insostenible pues no todo decrecimiento de patrimonio implica violación al derecho de propiedad. Entiende un absurdo que en un contrato bilateral sea el mandatario el responsable de velar por la corrección de los pagos de la contraparte.
4.-Análisis y solución del caso:
Para una mayor claridad, resulta pertinente un breve relato de los hechos y circunstancias que enmarcan el conflicto traído a resolución.
En ajustada síntesis, corresponde recordar que el aporte extraordinario previsto en el artículo 6º de la Ley 2502 (año 1992), prorrogado por el artículo 5º de la Ley 2990, fue declarado inconstitucional. Ello motivó que fuera dejado sin efecto en el año 2001 por DL 1/01.