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Timestamp: 2019-08-23 13:07:04
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 2']

ACCESO A LA JUSTICIA - Amparo directo en revisióN 3466/2014
3. De justicia imparcial .
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO
(entendido como la posibilidad de investigar y aportar pruebas)
III). ACCESO A LA JUSTICIA PARA PERSONAS INDIGENAS.
(posibilidad de investigar y aportar pruebas)
INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO.
(vía partidas presupuestales)
PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN.
-juez, ministerio público, defensor, testigos, etc.
-anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho
–se reitera, ya sea público o privado
IV). EL CONCEPTO INTÉRPRETE EN EL
Esta prerrogativa fundamental ha sido considerada como el Derecho Humano de mayor trascendencia que, aunado al de libertad, se ha convertido en los pilares de nuestro sistema de defensa de los Derechos Humanos, dado que su tutela, aplicación y respeto, constituyen las fuentes primigenias en el ejercicio de los Derechos Fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del texto del artículo 17 constitucional, se desprende que toda persona tiene el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y a que, desde el inicio del procedimiento, la justicia que se imparta cumpla con los términos establecidos en la misma. Esto es, el Derecho Fundamental in examine se basa en los siguientes principios:
1. De justicia pronta. Que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
2. De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
3. De justicia imparcial. Que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
4. De justicia gratuita. Que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
Luego, si la citada prerrogativa constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, tal y como se precisó con antelación, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.
Se estima aplicable la tesis jurisprudencial en materia constitucional 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sentido y alcance se comparte, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve que textualmente establece:
“ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales”.
Ahora bien, del análisis de los mencionados preceptos, se desprende una variante del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, consistente en que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa planteadas y, en su caso, se ejecute esa decisión, radicándose de forma esencial, en el hecho de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, que existan como mínimo los siguientes aspectos en cualquier procedimiento de índole judicial: 1) Que la parte afectada sea llamada ante la autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; 3) La oportunidad de ofrecer alegatos y que esos alegatos sean tomados en cuenta por la autoridad; y, 4) La obligación del órgano público de dictar una resolución que dirima las cuestiones efectivamente planteadas por las partes.
Así lo estableció la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 47/95, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres que ad literam establece:
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”.
De manera que todo juicio debe cumplir, al menos, con esas formalidades mínimas, cuestión que ha sido considerada se reitera, como la garantía de Tutela Jurisdiccional Efectiva, entendiendo por tal, aquélla en la que se cumple con los principios constitucionales establecidos en esos artículos, entre los que se cuenta el de acceder a un proceso sin dilaciones injustificadas y en el que se respeten todos los Derechos Fundamentales que otorga nuestra Constitución.10
Lo anterior, en aras de lo que se ha estipulado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14)11, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8)12, los que reconocen el derecho de toda persona acusada a un conjunto de garantías mínimas, entre las que destacan las siguientes:
“Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.
“Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.”13
En el caso particular, las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, se encuentran protegidas además por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo14, el cual, establece en su artículo 12, que los Estados que hayan ratificado dicho Convenio:
“(…) Deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”
Criterio que ya ha sido recogido en diversas jurisprudencias y tesis aisladas15 emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Igualmente lo confirman las REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD; tales reglas establecen que:
“El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. - - - Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. - - - Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.”16
Luego, el acceso efectivo a la justicia, incluye entonces, la posibilidad de acudir ante el sistema judicial o mecanismo institucional competente para atender algún reclamo legal; acceso a un servicio que brinde un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudente; y por último, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos.
III). ACCESO A LA JUSTICIA PARA
PERSONAS INDIGENAS.
Es indudable que en los últimos años, el marco constitucional también reconoce el derecho de los indígenas y su diferencia cultural en el espacio de la justicia. Sin duda, los cambios legales y la reforma del Estado, en estos temas, han generado transformaciones en las dinámicas del campo jurídico y en las maneras de pensar el derecho indígena y la diversidad, en lo cual, ha incidido también el nuevo contexto internacional de defensa y promoción de los derechos indígenas.
En efecto, en el caso de la población indígena, la referencia expresa contenida en el artículo 2°, apartado “A”, fracción VIII, de la Constitución Federal, consagra a su favor el referido derecho humano de “Acceso Pleno a la Jurisdicción del Estado”. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, nuestra Carta Magna establece que se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, pero además, que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
“INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO. Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los siguientes derechos: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de condiciones”.17
Respecto a la interpretación de la precitada disposición constitucional, existe consenso en que las personas indígenas sometidas a procesos penales cuenten con la asesoría de “alguien” que conozca su lengua y cultura; sin embargo, en lo que no existe consenso, es en la calidad que deben tener las personas a las que se les encomienda dicha asesoría; esto es, existe duda sobre si, además del intérprete, el defensor debe contar también con conocimiento de la lengua y cultura del sujeto activo indígena.
Por ello, es necesario analizar en este apartado, con mayor detenimiento, el sentido de la porción constitucional que dispone: “los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.” El ejercicio resulta útil porque, como se dijo, hasta ahora los impartidores de justicia han planteado, como duda interpretativa, si la validez de los procesos instaurados contra indígenas está condicionada a que, tanto defensor como intérprete tengan conocimiento de la lengua y cultura del inculpado; o si por el contrario, basta con que éste cuente con la asistencia de un intérprete que conozca su lengua y cultura, aunque su defensor no necesariamente comparta tal conocimiento.
Consecuentemente, este Alto Tribunal procede a realizar la interpretación respectiva, para lo cual, conviene traer a colación algunos fragmentos de la exposición de motivos que hizo el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quezada, cuando envió al Congreso de la Unión su iniciativa de ley, que a la postre concluyó en los trabajos de la reforma constitucional en materia de indígenas. Al respecto, mencionó el citado Mandatario:
“Sé que la solución integral a esa situación no puede, ni debe, limitarse a reformas jurídicas. Es indispensable seguir avanzando para poner fin a la situación de discriminación y marginación de los indígenas, así como para hacer realidad y darle plena eficacia a la superación de las diferencias impuestas por el propio orden jurídico. - - - Por ello, de manera paralela a la reforma constitucional propuesta, el Estado debe adoptar una política integrar tendiente a que los indígenas, considerados individual y colectivamente, tengan acceso a nuevas oportunidades de superación.”
Ahora bien, el citado artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución, al final señala:
Asimismo, en el posterior apartado B, el artículo 2º de la Carta Magna, dispone:
“B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. - - - Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: - - - I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. - - - II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. - - - III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. - - - IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. - - - V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. - - - VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. - - - VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. - - - VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. - - - IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. - - - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. - - - Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”
Sin embargo, paralelamente, la propia Constitución estableció una serie de cargas para las instituciones que integran los distintos niveles de gobierno, las cuales, no eran susceptibles de modificación inmediata, por lo que el propio legislador advirtió que para ello, se requerían de programas, estrategias y la inyección de recursos económicos (vía partidas presupuestales), para cumplir cabalmente con los postulados constitucionales.
Con base en lo anterior, esta Primera Sala considera que la duda planteada puede ser despejada a partir de una interpretación sistémica y teleológica del precepto.
Ello representaba un problema de magnitud incalculable, toda vez que afectaba directamente a su Derecho Fundamental de defensa, en franca violación a las prerrogativas que prevé para todo inculpado el artículo 20 constitucional, pues su lengua hablante le impedía ejercer a cabalidad tales derechos.
Sin embargo, se insiste, con la trascendental reforma al artículo 2º de la Carta Magna, se logró reconocer, entre otras cosas, la necesidad de que este histórico sector vulnerable, fuera asistido en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. Así pues, el obstáculo que representaba la lengua de origen del indígena, para que pudiera ejercer sus derechos plenamente dentro del proceso penal, fue superada constitucionalmente con la citada reforma.
No obstante, esta Primera Sala es consciente de la complejidad que impone en la práctica la arquitectura del mencionado artículo 2º Fundamental, incluso, al resolver el amparo directo en revisión 1624/2008 hizo patente dicha circunstancia, al expresar que dicho numeral prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual, el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas.
Al respecto, se emitió la tesis aislada CCXII/2009, del rubro y texto siguientes:
“PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 28/2007 y 1851/2007, las dificultades que enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los "pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.”18
Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
De igual modo, esta Primera Sala al resolver el diverso amparo directo 9/2008, consideró que para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los siguientes derechos: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias en los centros de reinserción social más cercanos a sus comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de condiciones.
Tales consideraciones dieron vida a la tesis aislada CXCVII/2009, del rubro y texto que reza:
“INDÍGENAS. DERECHOS MÍNIMOS QUE LES ASISTEN EN EL JUICIO. Para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que los pueblos, comunidades e individuos indígenas tienen los siguientes derechos: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura para comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales; cumplir sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus comunidades; cuando se les impongan sanciones penales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento; iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes en igualdad de condiciones.”19
Con base en lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala determina que la inscripción en el texto constitucional de la prerrogativa a que la persona indígena sea asistida por “un intérprete y defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, NO debe interpretarse en su sentido literal copulativo.
Efectivamente, es mandato constitucional que la defensa adecuada en materia de indígena se lleve a cabo por un intérprete y un defensor. Ambos, a partir de la reforma en comento, deben estar unidos pues participan de los intereses de la misma persona, en el caso, el indígena sujeto a proceso penal.
Así, el intérprete realizará su función constitucionalmente encomendada cuando explica a otras personas, en la lengua que entiende, lo dicho en otra que les es desconocida. En este supuesto, desde luego, es indispensable que el intérprete tenga conocimientos amplios y profundos de la lengua y la cultura tanto de origen como de destino. A través de esta persona, es como el indígena acusado por la posible comisión de un delito, puede ser escuchado plenamente en todos los actos y por todos los actores del proceso penal -juez, ministerio público, defensor, testigos, etc.- y ello permite que su voz no permanezca nunca más en silencio, por lo que se salvaguarda su derecho de acceso a la justicia.
Al ser esto así, se explica porque el legislador, en el artículo en estudio de la Carta Magna, instituyó conjuntivamente que “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores…”, pues el Derecho Fundamental de acceso pleno a la justicia en materia de indígenas, no podría entenderse si faltara alguno de ellos, dado el aporte indispensable e indisoluble a que están obligados ambos de proporcionar al inculpado, pero desde luego, cada uno desde el punto de vista de su quehacer jurisdiccional. En suma, el primero debe dedicarse a interpretar lo dicho por el acusado; mientras que el segundo, a asesorarlo bajo los principios que rigen en la abogacía.
Aunado a lo anterior, es menester destacar que el propio artículo 2º constitucional, en la fracción examinada, al decir que: “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”, se refiere sólo a los “defensores”, sin hacer distinción alguna en lo tocante a si se trata del público de oficio o el particular.
Generalidad del texto constitucional que robustece el criterio de esta Primera Sala, en el sentido de que no es indispensable que “el defensor” tenga además del intérprete, conocimiento de la lengua y cultura del indígena, pues de haberla acuñado el legislador como una idea medular, tendría que haber reparado en cuanto a los derechos, también constitucionales, que le asisten a todo inculpado para la designación del defensor ya sea de oficio o privado.
Efectivamente, en nuestro sistema jurídico, la representación del defensor puede recaer tanto en uno público como en uno privado. Esto genera una diferencia importante que debe dilucidarse, de la siguiente manera.
En primer término, es necesario acudir a lo dispuesto en el propio texto constitucional, artículo 20, apartado A, fracción IX -anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho- que consagra a favor del inculpado, entre otros derechos fundamentales, los siguientes:
“IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,
Según se advierte, es un derecho constitucional reconocido que desde el inicio del proceso se le prevendrá al imputado para que haga la designación de defensor, y si no quiere o no puede nombrarlo, el juez le designará un defensor de oficio.
En el caso del defensor de oficio, el Estado es el directamente responsable en proporcionarlo y para ello están instituidas las Defensorías Públicas, en los ámbitos federal y estatal. Su designación es gratuita y, por lo mismo, no genera costo alguno para el acusado, según se aprecia, por ejemplo, del artículo 2º, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, que así lo dispone:
“Artículo 2. El servicio de defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de esta Ley.”
De manera que la circunstancia de que el defensor tenga o no conocimiento de la lengua y cultura de su defenso indígena, es irrelevante, puesto que la designación por él efectuada respecto a su persona, debe ser respetada, al derivar de una prerrogativa constitucional, que no se puede desconocerse por parte del ministerio público o la autoridad jurisdiccional.
Siendo esto así, la aparente confrontación de derechos que subyace entre lo dispuesto por el artículo 2º constitucional, en cuya fracción examinada, alude genéricamente a la palabra “defensores” y el diverso precepto 20, fracción IX, que permite a cualquier inculpado hacer uso de la prerrogativa de elección del defensor y sólo exclusivamente a él, corroboran el criterio de esta Primera Sala tocante a que el defensor, ya sea de oficio o privado, no necesariamente debe contar con conocimiento en la lengua y cultura del indígena, puesto que no es indispensable tal cualidad en su persona, dado que el inculpado indígena podrá ser escuchado y se hará sabedor de sus derechos a través de la figura del intérprete.
Por tanto, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha prerrogativa fundamental, en materia de personas indígenas sujetas a proceso penal, la Constitución Federal ha establecido un “binomio” integrado tanto por un intérprete con conocimiento de lengua y cultura, así como por el defensor –se reitera, ya sea público o privado- quien no necesariamente deberá contar con el conocimiento de ambas especificidades.
Sin embargo, es necesario puntualizar que en el caso de la figura del defensor, ha resultado un poco más compleja la tarea de formar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lengua y cultura hablante del indígena sujeto a proceso penal, tal como se constata con el informe que fuera remitido por el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Poder Judicial de la Federación, a petición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho informe, se advierte que actualmente existen sólo diez defensores públicos federales certificados que hablan las lenguas indígenas: Chinanteca, Maya, Purépecha, Rarámuri, Tzeltal y Tzotzil, Triqui, Yaqui, Zapoteco de los valles centrales de Oaxaca y Zoque. La complejidad radica, básicamente, en que no ha sido fácil encontrar a personas hablantes de todas las lenguas y, además, que cuenten con los estudios de licenciado en derecho, titulados, que estén aptos para ejercer la profesión.
Luego, a manera de corolario de los anteriores razonamientos, debe decirse que en tratándose de personas indígenas vinculadas con un proceso del orden penal, el estándar para analizar si ha existido acceso pleno a la jurisdicción del Estado no es igual al que aplica en cualquier proceso judicial. Las especificidades culturales de los indígenas obligan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar y conducir juicios que sean sensibles a tales particularidades. Por ende, la asistencia de un defensor junto con la de un intérprete, este último necesariamente con conocimiento de lengua y cultura, es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia. Es la mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no comparten determinadas minorías culturales.
Entonces, tal como se precisó con antelación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la protección a las personas indígenas sujetas a un proceso penal mediante la asistencia de “alguien” que conozca su lengua y cultura; por lo que tal presupuesto, se satisface cuando se le asigna un intérprete que colme ese requisito; binomio constitucional que se complementa con la presencia de un defensor, ya sea de oficio o privado, aunque éstos últimos no cuenten con conocimiento de su lengua y cultura.
La satisfacción de estos requisitos, constituye una condición ideal para que las personas puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y a una defensa adecuada; y, asimismo, a que se respete el principio de igualdad de medios procesales20.