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Timestamp: 2017-08-17 04:14:53
Document Index: 25267012

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Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz)
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Diego Camacho Vargas
1 Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz) Miriam Elsa Contreras López RESUMEN: La posibilidad o más bien el derecho de los gobernados para ser oídos en juicio antes de resentir algún acto de privación que afecte alguno de sus bienes jurídicos, es una de las garantías de seguridad jurídica más importantes en todo estado de derecho; sin embargo, existen hipótesis en la ley que la vulneran. Tal es el caso de la legislación civil para el estado de Veracruz, donde se prevé como impedimento para contraer matrimonio el adulterio habido entre quienes pretenden celebrarlo, cuando el mismo se haya acreditado judicialmente, lo cual afecta a una persona ajena al juicio donde se tuvo por demostrado. Asimismo, lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles para la entidad veracruzana, donde se hace condena solidaria al abogado, de hasta el cincuenta por ciento de las costas que se impongan a su cliente, en caso de condenación; lo cual afecta a un sujeto ajeno al juicio, pues si bien tiene intervención, solamente lo hace en su calidad de abogado, pero no de parte. La reflexión sobre estos casos es el objeto del presente artículo. ABSTRACT: The possibility or rather the right of citizens to be heard in court before resenting any act of deprivation affecting any of their legal property, is one of the guarantees of legal certainty throughout the most important rule of law, but there are assumptions that infringe it. Such is the case of civil law for the state of Veracruz, where adultery committed among those seeking to celebrate it, is foreseen as an impediment to marriage, when it has been proven in court, which affects a person outside the trial where it was demonstrated. Also, the provisions of Article 101 of the Code of Civil Procedure for the entity of Veracruz, where the lawyer is solidarily condemned, for up to fifty percent of the costs being imposed on his client, in case of condemnation, which affects a subject unrelated to the trial, although it is intervention, it does so only in his capacity as a lawyer, but not part. Reflection on these cases is the subject of this article. Key words: Acts of deprivation. Prior trial. Guarantee hearing. Doctora en Derecho Público, Maestra en Ciencias Penales, Investigadora Nacional Nivel I del SNI y catedrática de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana
2 Miriam Elsa Contreras López Palabras claves: Actos de privación. Juicio previo. Garantía de audiencia. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Dos casos de actos de privación sin juicio previo en la legislación civil de Veracruz. 3. Vulneración a la garantía de audiencia. 4. Necesaria derogación de las disposiciones analizadas. Reflexión final. Bibliografía 1. Introducción Una de las garantías de seguridad jurídica más relevante en el derecho mexicano, es la contenida en el artículo 14 constitucional que señala que, Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Como sabemos, las garantías de seguridad jurídica implican que el Estado, a través de sus autoridades, cumpla con los requisitos, trámites, acciones, etcétera que establece la ley para poder afectar de alguna manera, la esfera jurídica de los gobernados como sujetos activos de dichas garantías. En la hipótesis general contenida en el artículo 14 constitucional, la afectación consiste en el acto de privación; en tanto, los requisitos a cumplir se concretan en que se siga un juicio ante los tribunales previamente establecidos, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y se dicte ese auto de privación conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, debemos coincidir en que para resentir un acto de privación, todo gobernado tiene el derecho de ser oído y vencido en juicio; que se le permita contradecir lo que se le impute o reclame y se le permita defender sus intereses. Así tenemos, por ejemplo, que si en un juicio civil se demanda a una persona la acción reivindicatoria y es vencida conforme a las reglas legales, válidamente podrá ser privada de la posesión del bien de que se trate. Inclusive si se obtiene una sentencia favorable en cuanto al reclamo de un divorcio necesario, el demandado será debidamente privado de los derechos que derivan del matrimonio. Lo mismo si alguien pierde su derecho al ejercicio de la patria potestad, por mencionar algunos casos. En este sentido en la legislación civil de Veracruz existen dos casos que no cumplen con esa lógica que expreso en los párrafos precedentes; uno en la parte 2
3 Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz) sustantiva que se refiere a un impedimento para contraer matrimonio, y otro en la adjetiva, respecto a la condenación al pago de costas del juicio; el planteamiento y reflexión sobre éstos, es lo que abordo en los siguientes apartados. 2. Dos casos de actos de privación sin juicio previo en la legislación civil de Veracruz La vulneración al derecho de audiencia, implica una grave afectación a la esfera jurídica del gobernado, aún más cuando esto implica un acto de privación de derechos sin un juicio previo. Como he mencionado, en la legislación civil veracruzana, existen algunos casos al respecto. En este momento comentaré dos de ellos. El primer caso lo ubico en el artículo 92 fracción V del Código Civil para el estado de Veracruz (CCV), que se refiere al impedimento para contraer matrimonio consistente en el adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. Supongamos que Juan se encuentra casado con María, y ésta le demanda el divorcio necesario fundado en la causal relativa al adulterio debidamente comprobado (art.141 CCV). Juan es condenado al divorcio por adulterio, ya que en la sentencia se concluyó que lo actualizó con Laura. Juan es declarado cónyuge culpable y sancionado a la disolución del vinculo matrimonial, pudiera ser también a la perdida de la patria potestad o custodia sobre los hijos menores (art.157 CCV), a la devolución de las donaciones (art.160 CCV), a pagar alimentos si fuera el caso (art. 162 CCV) y a esperar dos años para volver a casarse (art.163 CCV). Sanciones legalmente aplicables a Juan porque se le oyó y venció en juicio, 1 permitiéndole oponer excepciones y defensas, contradecir hechos, ofrecer pruebas y alegar en su defensa, entre otros actos procesales. Además como una sanción posterior, con la cual, dicho sea de paso, no estoy de acuerdo, se actualiza para Juan un impedimento para contraer matrimonio específicamente con Laura; aunque sí puede casarse con cualquiera otra mujer (salvo por algún impedimento distinto). Y esto se actualiza, interpretando gramaticalmente el artículo 92 fracción V del CCV, sin importar el tiempo transcurrido a partir del divorcio o alguna otra circunstancia, pues no se marca excepción alguna al respecto y ni siquiera se exige que en la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial con María, se condene a Juan al impedimento que señalo. 1 Siendo la verdad legal que cometió adulterio con Laura, aunque en la realidad pudiera no haber sido así. 3
4 Miriam Elsa Contreras López Aunque esto me parece incorrecto, no es el punto medular del problema que planteo como violatorio del artículo 14 constitucional y que se refiere, en este caso, a la situación de Laura. En nuestro ejemplo, Laura no es parte en el juicio de divorcio promovido por María en contra de Juan; ni siquiera se exige que sea llamada al litigio; no se le da la posibilidad de contradecir las imputaciones que la involucran en una relación adúltera con Juan; mucho menos pudo aportar alguna prueba e inclusive, es posible que no se haya enterado del juicio y menos aún de la sentencia respectiva. No obstante, Laura tiene un impedimento directo y específico para contraer matrimonio con Juan; se le priva de su derecho para decidir libremente con quién contraer matrimonio, se le sanciona sin haber sido oída ni vencida en juicio y en fin, se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues ha sido privada de un derecho sin haber tenido un juicio que la condenara a ello y donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento; y además, podemos considerar que se le aplica una pena trascendental, con violación además, a lo previsto por el artículo 22 de la CPEUM. El segundo caso se refiere a lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles parar el Estado de Veracruz (CPCV) que establece que los procuradores y los abogados patronos serán responsables solidariamente con las partes que representen o patrocinen, hasta del cincuenta por ciento de las costas y multas, en caso de condenación, cuando actúen con temeridad, negligencia o torpeza notorias, probadas en el incidente respectivo. 2 2 Cuando inicié la redacción de estas líneas, consulté lo que se expresa como texto en las ediciones comerciales del Código de Procedimientos Civiles que jueces, abogados o estudiantes, cotidianamente utilizamos y en esas ediciones, el texto del artículo 101 sólo expresa Los procuradores y los abogados patronos, serán responsables, solidariamente con las partes que representen o patrocinen, hasta del cincuenta por ciento de las costas y multas, en caso de condenación. Sin embargo, al consultar la página del Congreso del Estado de Veracruz (http://www.legisver.gob.mx/leyes/nintroduccionleyes.htm), el texto que se presenta como vigente añade a lo anterior que cuando actúen con temeridad, negligencia o torpeza notorias, probadas en el incidente respectivo, y señala que dicho texto fue reformado en la Gaceta Oficial. de 3 de Septiembre de 1974 y para mayor certeza, en las oficinas de la Editora de Gobierno, con ayuda de la C. Liliana Hernández, localicé una copia de la gaceta respectiva y efectivamente el texto mencionado deriva de la Ley número 262 que reformó los artículos 101 y 107 del CPC. Igual texto aparece en y en la página electrónica 20DE% doc de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica un problema relevante, como es el caso de que algunas ediciones comerciales de la legislación pasen por alto las reformas que en algún momento han existido y que con base en ese texto se trabaje inclusive por los 4
5 Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz) Es decir, se le hace extensiva una parte de la condena que la sentencia imponga a su representado. 3 Por ejemplo, pensemos que el licenciado Pérez recibe en su despacho a Esteban, quien fue emplazado con una demanda instaurada en su contra por Teresa, reclamándole el pago de la cantidad de un millón de pesos que le adeuda por virtud de una operación de compraventa que celebraron, así como el pago de las costas del juicio de conformidad con un contrato de prestación de servicios que celebró con su abogado y donde se fijó como pago de honorarios el importe equivalente al veinte por ciento de la suerte principal, es decir doscientos mil pesos. Esteban le explica al licenciado Pérez que si bien adeuda una parte del precio, sólo es la cantidad de ochocientos mil pesos, pues efectuó un abono por doscientos mil pesos y además, el acreedor le dio verbalmente un plazo para pagar su adeudo y aún no ha vencido. El licenciado Pérez acepta patrocinar a Esteban en el juicio y celebran un contrato de prestación de servicios profesionales, ya que el licenciado cuenta con su título y cédula profesionales, paga impuestos y ejerce legalmente su profesión, por lo que además cumple con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 89 del CPCV y como abogado honesto, le señala a Esteban que debe pagar lo que adeuda, pero tiene derecho a demostrar el importe del abono y el plazo que se le otorgó para pagar. Se sigue el juicio y finalmente, a pesar de las pruebas aportadas por el licenciado Pérez, Esteban es condenado al pago de la cantidad de un millón de pesos, de gastos y costas, y a otras prestaciones. Señalando el juez, como uno de los fundamentos para la condena en costas, el artículo 101 del CPCV. Es decir, que como deudor solidario, el Licenciado Pérez está condenado a pagar cien mil pesos (el cincuenta por ciento del importe de los honorarios pactados entre Teresa y su abogado). Con qué justificación? El licenciado Pérez cumplió con diligencia su función de abogado patrono, defendió los intereses de su cliente, ofreció pruebas, etcétera. Inclusive, fue contratado por Esteban con posterioridad a que fue demandado y a que Teresa, a su vez, contratara los servicios de su abogado. 3. Vulneración a la garantía de audiencia jueces que conocen de los casos concretos que se tramitan en los tribunales. Sin embargo, este problema no es el objeto de este artículo, aunque por su relevancia lo dejo puntualizado como un dato de interés. 3 En el caso utilizaré el término abogado para hacer el análisis del caso que señalo, aunque sin desconocer que existen diferencias entre los procuradores y los abogados patronos; sin embargo, en este momento no es un aspecto trascendente y por ello, para mayor claridad sólo aludo al abogado, sin hacer ninguna distinción al respecto. 5
6 Miriam Elsa Contreras López En los casos antes indicados, se priva de un derecho a una persona sin que se le otorgue la garantía de audiencia, que es uno de los mayores sustentos del estado de derecho y que se reconoce en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Cito como ejemplo el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a las garantías judiciales y señala que, Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 4 En el caso del impedimento para contraer matrimonio, es claro que esa tercera persona (Laura) a quien se prohíbe casarse con quien fue declarado cónyuge culpable en un juicio de divorcio, es totalmente ajena a la litis en ese asunto, pues no tiene intervención alguna en el mismo. En el otro caso relativo a la condenación solidaria del abogado al pago de las costas del juicio, estamos hablando de que se le atribuye responsabilidad por el hecho de un tercero; no hay relación de causa a efecto entre la actividad del abogado y las costas erogadas por la parte contraria (contraparte de su cliente, no de él), ni se precisa la existencia y menos aún la demostración de alguna conducta dolosa o negligente por parte del profesionista. Además, aunque el abogado sí tiene participación en el juicio, lo hace como prestador de un servicio para alguna de las partes; sin embargo, en lo personal no se le puede atribuir la litis en ese juicio y mucho menos el resultado del mismo; a no ser en lo relativo a su responsabilidad hacia quien lo contrató, pero no en relación al proceso, sino a las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios celebrado, es decir como una obligación contractual, y básicamente por alguna actuación negligente. Como señala Galindo Garfias, El abogado como defensor o prestador de servicios o patrono, según sea el caso, en su condición de profesional del derecho está obligado a hacer valer a favor de su cliente los medios jurídicos de quien es experto o perito en la materia; pero no está obligado ni debe hacerlo a asegurar el resultado de su gestión Estamos jurídicamente en presencia de una obligación de medios y no de una obligación de resultados. 5 4 HUERTAS DÍAZ, Omar, et. Alt. (Comp.), Convención Americana de Derechos Humanos (Doctrina y Jurisprudencia ), Universidad Autónoma de Colombia y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2005, p El papel del abogado, 4ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1999, p
7 Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz) Lo anterior es lógico, pues lo contrario implica sancionar al abogado por ejercer su actividad profesional; de tal modo que el prestador del servicio pudiera optar por no representar a las personas con pocas posibilidades de obtener una sentencia favorable, como ocurre por ejemplo en el caso del deudor alimentario, lo cual pone a los sujetos que se encuentran en esos extremos, en riesgo de no contar con el patrocinio que les permita ser debidamente oídos y en su caso, vencidos en juicio. Esto se genera por el riesgo que corre el profesionista de ser condenado en forma solidaria al pago de un porcentaje de las costas del juicio, a pesar de que al abogado se le puede imputar responsabilidad por actuar en contra de los intereses de su cliente, o un comportamiento procesal abiertamente contrario a los principios fundamentales de la deontología profesional, 6 pero no por el resultado del juicio. Lo anterior a pesar de que el texto del artículo 101 señale que esa condena se hará cuando actúe con temeridad, negligencia o torpeza notorias, probadas en el incidente respectivo. Lo cual no resuelve el problema de la vulneración al artículo 14 Constitucional, entre otros, sino que genera nuevas incoherencias procesales, ya que de conformidad con el artículo 539 del CPCV, se pueden promover como incidente las cuestiones que tengan relación con el negocio principal si no hay trámite específico, así como la intervención judicial que no amerite la tramitación de un juicio. Sin embargo, en el caso, el abogado no tiene carácter de parte en el juicio y por lo tanto, no debe tenerla en el incidente; además de que el artículo 101 mencionado, no señala qué intervención, si la tiene, se atribuye al abogado en dicho incidente. Por otra parte, el hecho de condenar a una persona (en este caso al abogado), a pagar en forma solidaria una deuda ajena, de ninguna manera puede imponerse legalmente si no existe un juicio previo. Asimismo, surge la problemática de la ambigüedad de las palabras empleadas en la parte in fine del artículo 101 que se analiza, es decir: temeridad, negligencia, torpeza y notorias. El significado de estos términos no se precisa, lo que implica que su interpretación será totalmente subjetiva; además, tampoco se indica en contra de quién o respecto a qué, se va a calificar la temeridad, negligencia o torpeza de que se habla. 6 VISINTINI, Giovanna, Tratado de la responsabilidad civil, Tomo I., Trad. Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p
8 Miriam Elsa Contreras López E insisto, en todo caso, el abogado debe responder frente a su cliente, que es con quien tiene una relación contractual; o bien, frente al Estado, para el caso de que con su conducta actualice algún delito. Pero no es ajustado a derecho pretender que sin ser oído y vencido, se le imponga una condena en un juicio en el que no es parte. Los dos casos que se analizan son violatorios de las garantías de seguridad jurídica, entendidas como, el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de sus derechos subjetivos. 7 De ahí que ambos tengan relación con el ámbito procesal, aunque uno de ellos se ubica en la parte sustantiva, toda vez que también en éste, se genera la omisión del trámite procesal, es decir, el juicio previo, con todas las formalidades que se requieren para legitimar los actos de privación o de molestia. Dentro de estas garantías de seguridad jurídica ubicamos, entre otras, la de audiencia que como ya indiqué, se encuentra regulada por el artículo 14 Constitucional y se refiere a la existencia de un juicio previo al acto de privación, que se siga ante autoridades previamente establecidas, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento y con base en leyes vigentes con anterioridad al hecho; ya que, la garantía de audiencia, en tanto garantía de seguridad jurídica, impone a las autoridades estatales la obligación, frente al particular, de evaluar todos sus actos, conforme a las exigencias implícitas en el derecho de audiencia. 8 Además, la garantía específica de juicio previo, implica que para que un acto sea violatorio de la garantía de audiencia, debe ser precedido de un procedimiento en el cual el sujeto afectado tenga plena injerencia Necesaria derogación de las disposiciones analizadas La inclusión de mayores requisitos para la aplicación de las hipótesis legales comentadas, no solucionaría el problema. Creo que la única posibilidad para evitar estas incoherencias legales, no sólo al interior de la propia legislación (sustantiva y adjetiva) civil, sino incluso respecto a la Constitución, es la derogación de la fracción V del artículo 92 del CC y el artículo 101 del CPCV. 7 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, 34ª ed., Ed. Porrúa, México, 2002, p BARQUÍN ÁLVAREZ, Manuel, Voz: Audiencia, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 7ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1994, pp , p Idem. 8
9 Vulneración al artículo 14 Constitucional en el ámbito procesal (dos casos en la legislación Civil de Veracruz) Lo anterior no implica restarle importancia a la comisión del adulterio, sino que no se prive de un derecho a una persona a quien se le atribuye una conducta indebida sin que tenga siquiera la oportunidad de contradecir este hecho y mucho menos de ejercer su derecho de defensa en toda su amplitud. Tampoco significa liberar al abogado de la responsabilidad en que pueda incurrir, sino evitar que un profesionista sea sancionado por ejercer su labor e imponerle una obligación derivada de un juicio en el cual no es parte y por lo tanto no ha tenido, en lo personal, la posibilidad de aportar pruebas en el caso, ya que la litis no le es aplicable a él en lo particular, sino a su cliente. Lo que no obsta para que deba responder frente a quien lo contrata, por las conductas negligentes en que pueda incurrir, o frente al Estado por la comisión de delitos o faltas que actualice con su conducta. Reflexión final Las hipótesis previstas en los artículos 92 fracción V del CCV, así como en el artículo 101 del CPCV, constituyen claros ejemplos de vulneración al artículo 14 de la CPEUM, ya que con su aplicación se generan actos de privación de derechos: uno en cuanto a la libertad de casarse con una persona específica, y el otro, en cuanto a la esfera patrimonial al ejecutarse la condena respectiva. Los legisladores pasaron por alto que para que un acto de esta naturaleza sea válido, se requiere dar la posibilidad a quien resiente la sanción, de contradecir lo que se le impute, defenderse en juicio, aportar pruebas, además de que exista algún motivo por el cual se pueda generar, válidamente, dicha afectación a la esfera jurídica del gobernado. Sin embargo, en los casos analizados nada de esto se cumple, por lo que la solución a estas incoherencias legales nos lleva a proponer la derogación de los mismos, a pesar de que son disposiciones que tienen muchísimos años de vigencia e inclusive, como en el caso del impedimento comentado, tanto la legislación federal, como la de múltiples entidades federativas, incluyen en su texto legal este obstáculo para contraer matrimonio. Mantener vigentes disposiciones que vulneran las garantías constitucionales, afecta la seguridad jurídica de los gobernados y el respeto a los principios fundamentales del estado de derecho. 9
10 Miriam Elsa Contreras López Bibliografía BARQUÍN ÁLVAREZ, Manuel, Voz: Audiencia, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. Porrúa-UNAM, 7ª ed., México, BURGOA O., Ignacio, Las garantías individuales, 34ª. ed., Porrúa, México, El papel del abogado, 4ª ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, HUERTAS DÍAZ, Omar, et. alt. (Comp.), Convención Americana de Derechos Humanos (Doctrina y Jurisprudencia ), Universidad Autónoma de Colombia y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, VISINTINI, Giovanna, Tratado de la responsabilidad civil, Tomo 1., Trad. Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Astrea, Buenos Aires, Legislación Código Civil Federal Código Civil para el Estado de Veracruz-Llave Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz-Llave Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Gaceta Oficial del estado de Veracruz de 3 de Septiembre de 1974 Paginas Web %20SEPTIEMBRE%20DE% doc 10
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