Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-al3670-2015-71628-de-julio-1-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_aac34b8735934d7fbcaa7c729545b379&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 18:39:01
Document Index: 153219131

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 20', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 241', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 34']

AUTO AL3670-2015 DE 01 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO LABORAL. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN QUE SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003, ESTÁ SUPEDITADO A QUE SE HAYA DECRETADO RECONOCIMIENTO QUE IMPONGA AL TESORO PÚBLICO O A FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA, EL PAGO DE SUMAS PERIÓDICAS DE DINERO O PENSIONES DE CUALQUIER NATURALEZA A FAVOR DE AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES QUE SEAN TRABAJADORES OFICIALES O PARTICULARES O INDEPENDIENTES, RESERVÁNDOSE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA LOS RELACIONADOS CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A LOS QUE SE LES APLIQUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RECURSO DE REVISIÓN, REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDIMIENTO LABORAL, CONDENA LABORAL, CONDENA A ENTIDAD PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:527 DE NOVIEMBRE DE 2015, PÁG.2166
Auto AL3670-2015/71628 de julio 1º de 2015
AL3670-2015
Rad.: 71628
Decide la Corte acerca de la procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, en contra de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2003 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Manuela Jiménez Viuda de Paz Vieira en contra de la aquí recurrente.
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en adelante Fonprecon, a través de apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia ejecutoriada proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Manuela Jiménez Viuda de Paz Vieira en contra de la recurrente, a través de la cual se ordenó a dicha entidad, no de manera transitoria sino definitiva, que reliquidara la pensión que le reconoció el departamento del Atlántico al exsenador Arístides Paz Vieira, para que con fundamento en la sentencia CC C-258/2013, y previa solicitud del gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, se
“(...) invalide el fallo de 14 de octubre de 2003 del juzgado tercero penal del circuito de Bogotá y en su lugar se indique que la accionante no tiene derecho a la protección deprecada y se ordene que la pensión con su reliquidación sean asumidas por el departamento del Atlántico y en consecuencia ordenar a la señora Manuela Jiménez Viuda de Paz Vieira, reintegrar al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República los pagos que se hayan hecho con fundamento en la pensión reconocida por el fallo objeto de revisión”.
Con tal propósito invocó como causal del recurso extraordinario, las contempladas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, “por haberse reconocido por la vía judicial una prestación en una cuantía que excede el monto a que tenía derecho el pensionado y hoy sustituta en aplicación al régimen legal correspondiente”, debido a la aplicación errada del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, “al indicar que la pensión del excongresista debía calcularse tomando como base el salario recibido por los congresistas en la fecha en que se reconoció la prestación y no el promedio del último año de servicios del mismo, que es la única interpretación del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 exequible”.
Señaló que dentro de la acción de tutela promovida por Manuela Jiménez Viuda de Paz Vieira en contra de Fonprecon, que buscaba la protección al derecho fundamental al debido proceso, se solicitó que se ordenara a dicha entidad el reconocimiento y pago a la accionante, y mientras se producía en la jurisdicción administrativa una decisión definitiva, “de una suma que en conjunto con la actualmente liquidada no sea inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año devenguen los congresistas en ejercicio, incluyendo en el cálculo respectivo el sueldo básico, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de Navidad y toda asignación de que gozaren”, junto con el pago de los intereses moratorios, y la “indexación causada (sic) que no fueron liquidados desde la fecha en que le fue reconocido el derecho pensional, (R. 1063/2001, sep. 18) hasta la fecha en que se produzca el reajuste que ordene el fallo de tutela propuesto”.
Para lo anterior afirmó que Manuela Jiménez Viuda de Paz Vieira solicitó de Fonprecon la liquidación y nivelación pensional por el pensionado Arístides Paz Vieira, dada su condición de sustituta; y que la citada entidad le otorgó la reliquidación solicitada, pero aplicando el promedio de los salarios efectivamente recibidos por el ex congresista, “y no el promedio del 75% de un congresista para el año 2001”, decisión que impugnó pero le fue rechazada supuestamente por extemporaneidad.
Indicó que Fonprecon, a través de las resoluciones 1897 y 2064 de 2003, viene cumpliendo la sentencia de tutela, con lo cual le está reconociendo a la Sra. Jiménez sumas de dinero que legalmente exceden lo que en derecho debe recibir, diferencia que a la fecha asciende a $2.067.892.939,05 pesos, a lo que se suma que la susodicha reliquidación debió efectuarla el departamento del Atlántico, dado que dicho ente territorial fue el que le reconoció la pensión cuyo reajuste reclama.
Los artículos 30 y 31 de la Ley 712 de 2001, prevén la procedencia y las causales del recurso extraordinario de revisión en materia laboral, en los siguientes términos:
ART. 30.—Recurso extraordinario de revisión. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios.
La anterior norma fue adicionada con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual determinó:
El texto tachado fue declarado inexequible por la Sentencia CC C-835/2003.
Siguiendo la providencia CSJ AL7028-2014, la admisión del recurso extraordinario de revisión en los términos de la última de las normas transcritas, depende entre otras circunstancias, de que quien lo interponga esté legitimado para ello. Con base en tal premisa, la legitimación en la causa por activa está reservada al gobierno nacional por conducto de las entidades que menciona la norma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación. Sin embargo en el caso concreto el recurso fue interpuesto por Fonprecon, que si bien obtuvo concepto favorable del Ministerio de Trabajo para iniciar la acción, tal autorización se la otorgaron para dirigirla ante la jurisdicción contenciosa administrativa y con base en normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no tenía la legitimación por activa para incoarla.
Además de lo anterior, y si bien en la última de las normas transcrita se hace referencia a “Las providencias judiciales”, se refiere tan solo a las reguladas en el artículo 30 de la Ley 712 de 2001, es decir, a las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito proferidas en procesos ordinarios laborales. Las sentencias de tutela, conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, tienen su propio mecanismo de revisión por la Corte Constitucional, de manera que el recurso extraordinario de revisión previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no es el idóneo para atacar las sentencias proferidas durante el trámite del amparo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política. Acerca de estos dos temas se pronunció la Corte en el auto CSJ AL1556/2013, así:
Es así como esta corporación, ha puntualizado que el mismo no procede contra sentencias proferidas en ejercicio de la referida acción constitucional, toda vez que el D. 2591/ 1991, Arts. 33, 34 y 35, prevé que éstas podrán impugnarse, y en todo caso, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo normado por la C.N., art. 241-9, de donde palmariamente se evidencia que por disposición constitucional y legal, tales decisiones, tienen su propia revisión, que se surte ante la jurisdicción constitucional, tal como lo reseñó en el proveído de fecha 18 de agosto de 2012, Rad. 43583:
“Como el recurso extraordinario de revisión se formula frente a sentencia proferida dentro de una acción de tutela, debe advertirse que el artículo 86 de la Constitución Política consagra dicha acción como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares, en los casos expresamente señalados por la ley, y que “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
El Decreto 2591 de 1991, que reglamentó la aludida acción constitucional, prevé en sus artículos 33, 34 y 35, que el fallo de tutela podrá impugnarse, y en todo caso, deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, según la regla que contiene el artículo 241-9 de la Carta Política, de donde se deduce que por disposición constitucional y legal, la acción de tutela tiene su propia revisión, que se surte ante la jurisdicción constitucional.
Delimitado así el ámbito constitucional y legal de la acción de tutela, y el medio idóneo de la eventual revisión, corresponde precisar que ese mecanismo es distinto del recurso extraordinario de revisión, consagrado en el artículo 28 de la Ley 712 de 2001, que modificó el 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el que, según lo previsto en el artículo 30 ídem, procede “contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”; dicho medio extraordinario de impugnación según el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, también se estableció cuando se trate del “reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública”, por las siguientes causales: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y, b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediera lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
Se advierte entonces, que las sentencias de tutela no son revisables por la jurisdicción ordinaria, así versen sobre temas del derecho al trabajo o de la seguridad social, puesto que el recurso extraordinario de revisión está concebido solamente para examinar, en los eventos de las causales mencionadas, las providencias judiciales proferidas en asuntos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, por la actuación generada en su condición de máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, conforme con los artículos 234 de la Constitución Política y 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000, y no como juez constitucional”.
En el presente caso el recurso se interpuso en contra de una sentencia proferida dentro de una acción de tutela, y además proveniente de un juzgado Penal del Circuito.
Adicionalmente, la competencia de esta Sala de la Corte sobre los recursos extraordinarios de revisión que se desprenden del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, está supeditado a que se hayan decretados reconocimientos que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, el pago de sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza a favor de afiliados al sistema general de pensiones que sean trabajadores oficiales o particulares o independientes, reservándose a la jurisdicción contenciosa administrativa los relacionados con los empleados públicos a los que se les aplique el régimen de transición. En la situación particular que nos ocupa, la pensión de sustitución que disfruta la Sra. Jiménez, se causó por la muerte de su esposo quien obtuvo la pensión al haber cumplido los requisitos del régimen de pensiones del congreso aplicando para ello el régimen de transición, a lo que se añade, como se informa en el recurso, que cursa un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, entre la Sra. Jiménez y Fonprecon ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el mismo propósito u objeto del perseguido en la acción de tutela mencionada.
Por todo lo anteriormente expresado, la Sala rechazará por improcedente el recurso extraordinario de Revisión propuesto por Fonprecon en contra de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2003 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Manuela Jiménez viuda de Paz Vieira en contra de Fronpecon.
Así mismo, por darse las circunstancias previstas en el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, se impondrá multa al apoderado de la parte recurrente, y a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
1. Rechazar por improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fondo de Previsión Social del Congreso, Fonprecon, en contra de la sentencia del 14 de octubre de 2003 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Manuel Jiménez Viuda de Paz Vieira contra la entidad arriba mencionada.
2. Imponer al doctor Alberto García Cifuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 7.161.380 de Tunja, portador de la Tarjeta Profesional 72.989 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, y con dirección en la Carrera 10 Nº 24 - 55, piso 3, Edificio Aseguradora del Valle en la ciudad de Bogotá, en su condición de apoderado de la parte recurrente, y con fundamento en el artículo 34 de la Ley 712 de 2001, una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Copia de esta decisión se remitirá para los fines pertinentes.