Source: http://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/genocidio-y-crmenes-de-lesa-humanidad-en-curso-el-caso-de-los-pueblos-indgenas-de-colombia
Timestamp: 2015-12-02 02:29:11
Document Index: 195955706

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 15']

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ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en Curso: El Caso de los Pueblos Indígenas de Colombia Paulo Ilich Bacca Analista de Derechos Humanos y DIH Organización Nacional Indígena de Colombia1. IntroducciónEl presente informe constituye un esfuerzo de la Consejería de Derechos Humanos yPaz de la Organización Nacional Indígena de Colombia por evidenciar el genocidio encurso que están padeciendo los pueblos indígenas del país. Se trata del primer reportetendiente a construir el Informe de Derechos Humanos y DIH sobre Pueblos Indígenasdel año 2012; una iniciativa, que se empezó a gestar desde el pasado mes de abril, y quese ha articulado a través de un intenso itinerario de visitas a terreno, que ha llevado alequipo de la Consejería a los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Quindío,Chocó y Guaviare.El propósito de este primer reporte es poner en contexto la discusión jurídica sobre eldelito de genocidio contra pueblos indígenas, articulándola con el caso particular deColombia; y corroborando de paso, que el Sistema de Información de la ONIC haestado dando cuenta de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Básicamente,pretendemos esclarecer las razones que justificarían la intervención inmediata de laFiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Oficina del Asesor Especial delSecretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio. En consecuencia,desde ahora mismo, adquiere carácter de denuncia formal frente a las instancias penalesdel orden nacional e internacional. El reporte estadístico del presente informe fue realizado por Diana Torres -investigadora de laConsejería de Derechos Humanos de la ONIC- E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEn la primera parte del reporte, se analizan las competencias del Foro Permanente paralas Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, después de la entrada en vigor de laDeclaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Seguidamente, seevalúan las consecuencias de la iniciativa del Foro de realizar un estudio para evaluarlas conexiones entre el derecho penal internacional y la protección efectiva de losderechos de los pueblos indígenas; y del pasado, presente y futuro del delito degenocidio contra estos pueblos.En un segundo momento, se evalúan las talanqueras penales que se han impuesto paraimpedir la plena eficacia del delito de genocidio perpetrado contra pueblos indígenas yse hace referencia a los peligros de separar conceptualmente el genocidio físico delcultural. Enseguida, tocamos los cambios que trae el Estatuto de la Corte PenalInternacional, resaltando que el delito de genocidio dejó de ser un asunto exclusivo delos Estados; y que hoy, además, el asesinato selectivo, la desaparición provocada, eldesplazamiento forzoso, la reclusión y el confinamiento colectivos, entre otros, seconsideran delitos de lesa humanidad internacionalmente protegidos.En una tercera parte, explicamos las implicaciones del estudio de Derecho PenalInternacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaboradopor el Relator Especial del Foro Permanente, profesor Bartolomé Clavero. Nosconcentramos en la mención del estudio al caso colombiano, indicando que para el ForoPermanente, en el Auto 004 de 2009 se encuentran los indicios de genocidio y crímenesde lesa humanidad.En un cuarto momento, damos cuenta de la intervención de la ONIC en la denuncianacional e internacional sobre el genocidio a los pueblos indígenas; y señalamos lascausas estructurales que lo configuran como un delito en curso. Apelando a los informesde derechos humanos de la Organización, demostramos la conexidad entre las repetidasviolaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y la consumación de estedelito de lesa humanidad. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazFinalmente, presentamos el reporte y monitoreo de violaciones a los derechos humanose infracciones al DIH contra los pueblos indígenas entre enero y mayo de 2012.Fundamentados en el artículo 15.1 y 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional yteniendo en cuenta que las cifras no muestran una tendencia a la mejoría, le solicitamosal ente internacional asumir un papel activo respecto al contexto presentado; y analizaren detalle la información que quedará consignada en el Informe Final de lainvestigación. Es importante resaltar, que este primer avance tiene apenas lascaracterísticas de un borrador, y que el Informe Final, analizará en detalle elmaterial cuantitativo y presentará análisis de casos que irán corroborando nuestrahipótesis.2. La Nueva Configuración de los Derechos Indígenas en el Derecho InternacionalLos períodos de sesiones octavo y noveno del Foro Permanente para las CuestionesIndígenas de Naciones Unidas, correspondientes a los años 2009 y 2010, tienen singularimportancia dentro del marco internacional de los derechos humanos de los pueblosindígenas. En el período del año 2009, el Foro se pronunció sobre el valor vinculante dela Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 –en adelante laDeclaración-. Según la observación del Foro, el artículo 42 de la Declaración1, le habíaotorgado un mandato que se sumaba al que le confirió el Consejo Económico y Socialde Naciones Unidas, y que esta vez, provenía de la Asamblea General2.1 Recordemos: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las CuestionesIndígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados,promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velaránpor la eficacia de la presente Declaración”.222 Los antecedentes de dicho informe pueden verse en tres documentos oficiales del Foro: Estructuras,procedimientos y mecanismos que existen actualmente o que pueden establecerse para abordar coneficacia la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Documento preparado por dos miembrosdel Foro, E/C.19/2008/2 (19 de diciembre de 2007) [Informe Littlechild-Nicolaisen]; Nota sobre elalcance del mandato contenido en el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los PueblosIndígenas y el mejor modo de satisfacerlo por parte del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,presentado por Bartolomé Clavero, Miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,E/C.19/2008/CRP.6 (26 de marzo de 2008); e Informe a la reunión de expertos sobre le rol del ForoPermanente en la implementación del artículo 42 de la DDPI. Comentario sobre el artículo 42 como unabase legal para un ‘Comité de Tratado’ de la Declaración, presentado por Carsten Smith, Miembro delForo Permanente para las Cuestiones Indígenas, PFII/2009/EGMI/2. Para los intríngulis del asunto véase,Bacca, Paulo Ilich. Los Derechos Indígenas en la Era del Reconocimiento. Bogotá, Universidad Nacional E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEntre las consecuencias derivadas del nuevo orden del Foro, vale la pena resaltar, ellugar preeminente que le ha dado la Declaración en la salvaguarda de su propiomandato, siguiendo su tenor literal, en la defensa de su plena aplicación. En términostécnicos, el Foro determinó que la garantía de dicho mandato, suponía que la AsambleaGeneral le había atribuido funciones equivalentes a la de los Comités de derechoshumanos de los Pactos y las Convenciones o Tratados internacionales. Según determinóel Foro, La Declaración no es un tratado y, en consecuencia, no tiene la fuerza vinculante de un tratado. No obstante, ello no significa en absoluto que la Declaración deje de tener efecto jurídicamente vinculante alguno. Al aprobar los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se aspira a que tengan cierto efecto vinculante. El valor vinculante de la Declaración debe verse en el contexto normativo más amplio de las innovaciones ocurridas en los últimos años en las normas internacionales de derechos humanos3.La observación general del Foro presentó a la Declaración como un desarrollo de lasnormas universales de derechos humanos. Ello explicaría la identidad entre los axiomascontenidos en la Declaración y los principios de los pactos de derechos humanos másimportantes. Así por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a la libredeterminación consagrado en el artículo 3 de la Declaración no es más que lareformulación del artículo 1 de los dos pactos internacionales de 1966 4 . El aparatonormativo de la Declaración estaría inscrito en el marco más general de normasinternacionales vinculantes que se fundamentan en otros instrumentos y costumbres,independientemente de su inclusión en la carta de derechos de los pueblos indígenas; enconsecuencia, “[s]e podría sostener que la Declaración en su conjunto ya ha adquiridoun lugar como parte del derecho internacional vinculante. En efecto, tal es el caso devarios de sus artículos”5.de Colombia, 2010, p.p. 100-139. Disponible en:http://www.bdigital.unal.edu.co/2767/1/697318.2010.pdf3 Artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas(publicado en el Informe sobre el Octavo Periodo de Sesiones, 18 a 29 de mayo de 2009:E/C.19/2009/14), Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, párr. 6.4 Ibid, párr. 7.5 Ibid, párr. 12. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEn el período del año 2010, una vez determinado el lugar de la Declaración en elderecho internacional, el Foro adoptó la decisión de designar a Bartolomé Clavero, unode sus miembros, como Relator Especial para la realización de un estudio sobreDerecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los PueblosIndígenas 6 . Es importante precisar que dicho trabajo, tuvo como antesala tresdocumentos jurídicos sobre el caso colombiano, que alertaron sobre la existencia de ungenocidio en curso, perpetrado contra los pueblos, comunidades y personas indígenas.En primer lugar, el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, en el queel Alto Tribunal identificó al menos 34 pueblos indígenas en estado de alto riesgo deexterminio por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado. En segundainstancia, el informe que la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, lepresentó al Foro en 2010. Dicho informe, señaló la ineficacia de las medidas deprotección emitidas por instancias nacionales e internacionales a favor de los pueblosindígenas; además, advirtió de manera categórica que “el genocidio [seguía]constituyéndose en la expresión de la política agenciada estatalmente y de la imposiciónde un modelo económico en el que la desterritorialización se [convertía] en camino fácilpara acceder a los recursos existentes en los territorios indígenas”. Finalmente, la alertaque lanzó el actual Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,profesor James Anaya, en su Informe La situación de los pueblos indígenas enColombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior(profesor Rodolfo Stavenhagen).En el aspecto particular que venimos tratando, la recomendación no pudo haber sidomás concluyente: “invitar al Asesor Especial para la prevención del Genocidio de lasNaciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que seencuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico, según la CorteConstitucional en su Auto 004. Asimismo, [instó] al Estado a continuar su cooperacióncon el Fiscal de la Corte Penal Internacional” [énfasis original]7.6 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Documentopresentado por el Relator Especial del Foro, Bartolomé Clavero, E/C.19/2011/4 (8 de febrero de 2011).7 La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por elrelator especial anterior, presentado por James Anaya, A/HRC/15/34/, (8 de Enero de 2010), párr. 64. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz3. Contexto del Estudio sobre Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial delos Derechos de los Pueblos Indígenas.La iniciativa del Foro Permanente de realizar un estudio para evaluar las conexionesentre el derecho penal internacional y la protección efectiva de los derechos de lospueblos indígenas, nació de la necesidad de analizar las implicaciones jurídicas dedichos campos, en el contexto del derecho internacional que llegó con la Declaración.Una vez determinada la fuerza normativa del instrumento internacional, el Foro se hapreocupado por ir señalando líneas de interpretación, capaces de dar eficaciainstrumental a los derechos de los pueblos indígenas. En el caso particular del derechopenal internacional, el Foro quiso sacar conclusiones sobre las implicaciones delartículo 7.2 de la Declaración8, y por tanto, del pasado, presente y futuro del delito degenocidio contra pueblos indígenas.La tipificación del delito de genocidio en el marco del derecho penal internacional seencuentra en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de1948. Según el artículo 2 de la Convención, podría ser víctima del delito de genocidioun grupo nacional, étnico, racial o religioso. Formalmente, si nos atenemos a lacualificación de la Convención, el derecho de los pueblos indígenas a vivir dignamentese estaría protegiendo en el mencionado Estatuto.Sin embargo, si pasamos revista a las evidencias de hecho, descubriremos que tanto ladoctrina como la jurisprudencia predominantes han tendido a excluir a los pueblosindígenas de la cualificación normativa. Como pasaremos a mostrarlo, ello haobedecido a cuestiones políticas ligadas de manera directa con las empresas coloniales9.En primera instancia, es importante señalar que el Secretario General de NacionesUnidas presentó en 1947 un proyecto oficial de Convención con un concepto degenocidio que incluía de manera explícita a los pueblos indígenas; contemplandoademás, supuestos de agresión, que para ese momento, Estados de diferentes latitudesseguían aplicando como regla. Brasil arguyó que con dicha cualificación se8 Recordemos: “los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridadcomo pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio (...)”.9 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, párr.3-4. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Pazdesvanecería cualquier posibilidad de construir Estados, debido a que las minorías,terminarían fracturando los valores necesarios para erigir ciudadanías. Dicho propósitofue secundado por Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá; y reafirmado por los Estadosamericanos y Estados europeos como Gran Bretaña, Francia y Bélgica, para eseentonces, aún metrópolis coloniales en ultramar10.En segundo término, es igualmente relevante precisar, que una vez la Convención entróen vigor, nuevas talanqueras prácticas sobrevinieron. Estados Unidos dilataría suratificación luego de que una asociación de derechos civiles demandara el caso de ladestrucción parcial intencionada del grupo afroamericano. Sintomático resultabatambién que dicho caso no tuviera ningún eco en Naciones Unidas. De otra parte,sobrevenía el limitante estatutario de la legitimación, otorgado a los Estados; únicosentes facultados para denunciar casos de genocidio contra otros Estados ante la CorteInternacional de Justicia, el Tribunal competente, por disposición de la propiaConvención.Finalmente, la cláusula de la empresa colonial de los países ya mencionados, quedóimpresa: la Convención no protegía a los pueblos indígenas afectados, pues su vigenciase limitaba al territorio de los Estados ratificantes, y sólo por petición expresa de losEstados con dominios coloniales a la Secretaria General de Naciones Unidas, losterritorios bajo su “responsabilidad” quedarían incluidos (art. 12). La historia colonialse repetía: los pueblos indígenas debían fundirse a la ciudadanía del Estado pero conderechos diferentes a los de sus ciudadanos no-indígenas. Desde el punto de vistaestrictamente penal los Estados, con Brasil a la cabeza, habían logrado que el texto finaleludiera la alusión a lo que posteriormente se llamaría genocidio cultural, un conceptoque para la ortodoxia penalista, representaba una categoría distinta de genocidio 11 .Importante señalar, en precisos términos penales nuevamente, como lo hizo el ForoPermanente en su estudio que,10 Ibid, párr. 5-6.11 Ibid, párr. 5-8. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz [e]l genocidio cultural o, más en general, el genocidio por medios no directamente sangrientos tan sólo permaneció en la Convención para supuestos extremadamente graves de dichas políticas de homogeneización de ciudadanía: “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”, “traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”... En todo caso, el genocidio sin más, tout court, quedó tipificado no sólo como “matanza de miembros del grupo” perpetrada “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, sino también por supuestos no sangrientos de destrucción intencionada total o parcial de un grupo que podía ser perfectamente un pueblo indígena, todo ello según la tipificación contenida en el artículo segundo de la Convención [énfasis por fuera de texto]12.Resulta clave para este informe, subrayar que la inoperancia del delito de genocidio parapueblos indígenas, conllevó al planteamiento de nuevos conceptos capaces de mitigarlas políticas que impulsaban la desaparición de estos pueblos como tales. El concepto deetnocidio resulta paradigmático13. Pretendiendo superar el estado de destipificación delgenocidio cultural no hizo cosa diferente a reproducirlo; dejando el concepto degenocidio reducido a genocidio físico. Como indica el Foro Permanente: “[a]sí se haterminado creando un nuevo problema sin resolverse ninguno”.Pese a las buenas intenciones de los teóricos que acuñaron el concepto de etnocidio,desde el punto de vista jurídico, es imperioso tener en cuenta que se trata de unconcepto sin fuerza operativa en la defensa judicial de los pueblos indígenas. La propiaConvención da un sentido más amplio que el exterminio físico al genocidio y lacategoría de etnocidio conlleva el riesgo de que dicho sentido se diluya. Para evitar elriesgo de cubrir y encubrir impunidad resulta más razonable llamar a los delitos por sunombre. A decir del Foro Permanente, El auge reciente de la calificación como limpieza étnica de políticas que pudieran resultar genocidas, según la tipificación del genocidio por el derecho internacional, ha sido una forma de eludir responsabilidades e incluso de amparar impunidad. Limpieza étnica puede ser un óptimo descriptor, por expresivo, a efectos periodísticos e incluso científicos, pero resulta un pésimo sintagma, por inoperativo, en el campo del derecho”.12 Ibid, párr.6.13 “Se recupera el término de etnocidio decididamente al cabo de un par de décadas para cubrir huecosdejados no tanto por la Convención misma, sino por la forma restringida como se le iba entendiendo. Amedida que se reduce el concepto de genocidio, el de etnocidio va ampliando su campo. Todo lo queparece lo primero, pero que no se considera como tal por parte del derecho, viene a calificarse comoetnocidio. El uso se extiende. De la antropología pasa a la historiografía y a la ciencia política. Sólo ladoctrina jurídica más estricta se resiste. Para ella, genocidio es genocidio y el resto que se asimila nomerece un calificativo que suene también a delito internacional”. Clavero, Bartolomé. Delito degenocidio y pueblos indígenas en el derecho internacional. Disponible en:http://clavero.derechosindigenas.org/?p=109 E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz Lo mismo cabe decir de etnocidio y de genocidio cultural como expresiones completamente diferenciadas del genocidio penalmente tipificado. No raramente se utilizan alguna de esas expresiones o ambas para rehuir los efectos jurídicos del empleo de la palabra genocidio cuando se está ante la evidencia14.Si bien es cierto que el Estatuto de la Corte Penal Internacional recoge en su artículo 6exactamente la misma tipificación del artículo 2 de la Convención para la Prevención yla Sanción del Delito de Genocidio, no es menos cierto, que el Estatuto trae novedadesde vital importancia para la protección internacional de los pueblos indígenas y susderechos. En primer lugar, desde el punto de vista procesal, el delito de genocidio dejóde ser un asunto exclusivo de los Estados. La era de la Corte Penal Internacional superóel paradigma que restringía la competencia de presentar denuncias formales y asumirresponsabilidades penales en cabeza de los Estados. Hoy, después de más de mediosiglo, el artículo 6 de la Convención15 ha adquirido fuerza operativa -precisamente conla creación de la Corte- respecto a la posibilidad de juzgar a individuos. Dadas lasdificultades de probar la responsabilidad penal de la cabeza visible de los Estados en laCorte Internacional de Justicia, la posibilidad de que los individuos como tales –gobernantes y funcionarios incluidos-, puedan ser acusados de delitos de ordeninternacional, es ciertamente una buena noticia16.La segunda novedad resulta nuclear para los cometidos del presente informe, enconsecuencia, la citaremos en extenso: Por virtud del mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya no sólo el genocidio es delito internacionalmente tipificado. También ahora, conforme al inciso primero del artículo séptimo del Estatuto, pueden ser delitos internacionales, como verdaderos crímenes de lesa humanidad, el asesinato selectivo o la desaparición provocada, por ejemplo, de líderes o lideresas indígenas; el desplazamiento forzoso u otra forma de privación del territorio del pueblo o de sus recursos vitales; la reclusión o el confinamiento colectivos; la denegación del derecho de participación como pueblos; las políticas o las acciones inhumanas que les causen sufrimientos sin necesidad de llegar a producir daños físicos o mentales permanentes, inclusive desde luego las agresiones14 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, párr.12.15 Recordemos: “Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados enel artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fuecometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partescontratantes que hayan reconocido su jurisdicción”.16 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, párr.15. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz sexuales, etc. En suma cabe decir que toda forma de “ataque generalizado o sistemático” contra un pueblo indígena, de cualquier forma y por cualquier agente que se cometa, puede constituir un crimen de lesa humanidad y, como tal, denunciable ante la Corte Penal Internacional o perseguible por la misma sin necesidad ahora de la formalización de denuncia17.Finalmente, según el artículo 15.1 y 2 del Estatuto, la Corte Penal Internacional puedeactuar de oficio. Sin lugar a dudas, se trata de un avance cualitativo y cuantitativorespecto a las limitaciones competenciales de la Corte Internacional de Justicia. Elcallejón sin salida al que ha venido siendo sometida la persecución de delitosinternacionalmente tipificados, con el de genocidio a la cabeza, podría venir a corregirsesi la Corte y su Fiscalía empiezan a tomarse en serio el marco jurídico que trae suEstatuto. Ya se ha sentado el primer precedente, siendo posible afirmar, que se estánempezando a superar las “interpretaciones selectivas” respecto a la redacción taxativaque trae el artículo 6 del Estatuto. “[E]l 14 de julio de 2008, la Fiscalía de la Corte PenalInternacional interpuso una acusación contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir,Presidente de la República de Sudán, por genocidio, crímenes contra la humanidad ycrímenes de guerra en Darfur”18. El 4 de marzo de 2009, la Sala Primera de CuestionesPreliminares de la Corte cursó orden de detención contra Al Bashir por crímenes contrala humanidad y crímenes de guerra sin mención del delito de genocidio.Para dos de las tres magistradas que conformaron la Sala, resultaba clave probar laintención específicamente genocida en lo que se refiere a la voluntad y determinaciónde asesinar en masa. Para la Fiscalía y la magistrada Anita Usacka, jurista que disintióde la opinión de sus compañeras de Sala, la tipificación del genocidio en el artículosexto del Estatuto de la Corte señala de manera enfática que el delito puede cometersepor medios diferentes al asesinato en masa19. El artículo sexto dispone: “A los efectosdel presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actosmencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total oparcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza demiembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembrosdel grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan17 Ibid, párr. 16.18 Clavero, Bartolomé. A propósito del Perú: derecho penal internacional. Disponible en:http://clavero.derechosindigenas.org, p.3.19 Bacca, Paulo Ilich. Los Derechos Indígenas en la era del Reconocimiento, op.cit, p.p. 129-132. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Pazde acarrear su destrucción física, total o parcial (…)”. La interpretación de la Fiscalíay de la magistrada Usacka le recordó a la posición mayoritaria de la Sala que elgenocidio no es sólo a), sino también b) y c)20.Ahora bien, para el caso particular de los pueblos indígenas, el panorama del derechopenal internacional no estaría completo sin referencia a la Declaración sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas. El Estatuto de la Corte Penal Internacionalidentifica a los sujetos protegidos como todo “grupo nacional, étnico, racial oreligioso”, subyaciendo la dificultad, de que el apelativo de grupo no puede ser ubicadocomo categoría jurídica de identificación de un sujeto colectivo en el marco del derechointernacional de los derechos humanos. La Declaración, por su parte, viene a enmendardicho error. Según el Foro Permanente, Un sujeto colectivo cuyos derechos fundamentales han de ser internacionalmente protegidos incluso por medio del derecho penal internacional es el pueblo indígena. Comenzando por la Fiscalía, la Corte Penal Internacional ha de tomar muy especialmente en cuenta dicha identificación a los efectos y en los términos de protección penal de la existencia y la dignidad de pueblos en cuanto que tales pueblos, los pueblos indígenas conforme a la Declaración de sus derechos21.La Declaración ha dado un paso trascendental al consagrar en su artículo 7.2 que “[l]ospueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad comopueblos distintos [sin ser] sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto deviolencia…”; y en su artículo 8.1, el “derecho a no sufrir la asimilación forzada o ladestrucción de su cultura”. Clave señalar, que incluso en el evento de que se quisieraargüir que tal derecho no se protege en la tipificación del genocidio, lo estaría por laidentificación de los crímenes de lesa humanidad, una adición del Estatuto de la CortePenal Internacional. Es igualmente importante indicar que a efectos del derechointernacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, la Declaraciónsobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Estatuto de la Corte PenalInternacional, deben interpretarse de manera complementaria. El Estudio sobre DerechoPenal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas delForo Permanente señaló con acierto que tras la Declaración, no podría interpretarse20 Clavero, Bartolomé. A propósito del Perú: derecho penal internacional, op.cit.21 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, párr.22. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz“exclusión o reducción de la protección internacional penal de los derechosfundamentales de los pueblos indígenas frente a políticas o acciones que pudieranincurrir en genocidio o en algún crimen de lesa humanidad”22.4. El Caso de Colombia: Laboratorio de Lesa HumanidadNo es circunstancial que el Relator Especial sobre Derecho Penal Internacional yDefensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Foro Permanente deNaciones Unidas, profesor Bartolomé Clavero, habiendo trabajado en detalle los casosde Panamá, Paraguay, México, Chile y Perú 23 ; dentro de la investigación que hadenominado genocidios cotidianos, haya escogido precisamente el caso de Colombia,para denunciar los indicios de genocidio y crímenes de lesa humanidad sobre lospueblos, comunidades y personas indígenas. Se trata del primer documento oficial deNaciones Unidas que saca las consecuencias jurídicas del derecho internacional de losderechos humanos y el derecho penal internacional aplicado a los pueblos indígenas. Siun estudio de tal envergadura eligió al caso colombiano para alertar sobre lasposibilidades de un genocidio en curso, es precisamente, porque se trata de un caso conevidencias probatorias palmarias.La primera alerta de Naciones Unidas se gestó dentro del mandato del Relator Especialanterior sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, profesor Rodolfo Stavenhagen,quien en su Informe oficial de 2004 sobre Colombia, calificó en términos penales lasatrocidades que estaban padeciendo los pueblos indígenas del país. Las conclusiones delInforme fueron terminantes: “Numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatosselectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios,que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar y desorganizar a lascomunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de lasmismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblosindígenas”. La segunda, hecha por el actual Relator, profesor James Anaya, tuvo comofundamento el Auto 004 de la Corte Constitucional de Colombia; documento que según22 Ibid, párr. 22-24.23 Clavero, Bartolomé. Genocidios Cotidianos. Disponible en: http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2009/08/genocidios-cotidianos-completo.pdf. Igualmente, ¿Hay Genocidios Cotidianos?y otras perplejidades sobre América Indígena. Copenhage, IWGIA, 2011. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Pazel estudio del Foro Permanente, constituiría la base probatoria para la intervencióninmediata del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y del Fiscal de la CortePenal Internacional. Para el Foro Permanente, en el Auto 004 se encuentran los indiciosde genocidio y crímenes de lesa humanidad.Las especificidades jurídicas de dicho Auto, a diferencia de la teoría del derecho penalinternacional predominante; constata que el exterminio de algunas comunidadesindígenas no sólo se da desde el punto de vista físico sino también desde el punto devista cultural24.Las conclusiones que saca el Foro Permanente sobre el caso colombiano soncontundentes. Su alerta, parte de las recomendaciones del Relator Anaya al Estadocolombiano –la de invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de lasNaciones Unidas; y la de seguir cooperando con el Fiscal de la Corte PenalInternacional-. Por su importancia, las citamos en extenso: La alerta la lanza el Relator Anaya en base al mencionado Auto 004/2009 de la Corte Constitucional de Colombia. Ahí, en un documento de tal autoridad, se encuentran los indicios de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional constata “la vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales” de las comunidades indígenas e identifica hasta treinta y cuatro pueblos “en riesgo de extinción” por “el exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”, tal es “la enorme gravedad de su situación” provocada en gran parte por agentes no difícilmente identificables. La Corte Constitucional presenta evidencia de crímenes de lesa humanidad y hasta de genocidio sin identificarlas como tales. En esto se basa el Relator Anaya para sus recomendaciones, la más directa al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y la más indirecta al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Dadas las evidencias judiciales del Auto 004/2009 de la Corte Constitucional de Colombia, lo que puede sorprender es que de momento el toque de atención del Relator Anaya no haya tenido mayor efecto que sea público. Tampoco interiormente la justicia24 “Durante años ningún Estado tuvo interés en presentar ningún caso frente a otro Estado. El primero hasido en los susodichos años noventa por iniciativa de Bosnia-Herzegovina contra la Antigua República deYugoslavia (Servia y Montenegro a la sazón). En 2007, la Corte por fin emite su sentencia y lo hacedesechando dicha acusación de genocidio a un Estado. Por una parte, no se toma en consideración otroconcepto de este delito que el que lo identifica con matanzas. Por otra parte y en consecuencia, serequiere prueba de la intención genocida consistente en la decisión misma de proceder al exterminiofísico como política de Estado. Se exige este specific intent o dolus specialis en dichos términos dedeterminación para la comisión de asesinatos en masa, lo cual resulta prácticamente imposible de probar.Con tal grado de identificación entre delito de genocidio y muerte intencionada, ni siquiera se concibe quela prueba de la intención criminal pueda consistir en la evidencia de políticas, por ejemplo culturales oeconómicas, contrarias al grupo o pueblo del caso y lesivas para el mismo, lo que ya sería de por sígenocidio, aparte de constituir usualmente el caldo de cultivo de las eventuales matanzas”. Clavero,Bartolomé. Delito de genocidio y pueblos indígenas en el derecho internacional . op.cit, p.4. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz penal colombiana ha reaccionado ante el susodicho Auto constitucional mediante los consiguientes procesamientos. La falta de eco inmediato y operante de la alerta de genocidio en Colombia hace temer que no se han superado completamente los referidos hándicaps de la segunda mitad del siglo veinte, los que hacían prácticamente invisibles los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, éstos los de derecho por entonces consuetudinario, perpetrados contra pueblos indígenas. Tan inquietante sospecha debe especialmente dirigirse a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El caso colombiano dista mucho por supuesto de ser el único ni siquiera en la región. Los pueblos indígenas siguen siendo vulnerables por doquier al genocidio y a crímenes de lesa humanidad entre otras razones porque los respectivos Estados no los previenen o, de prevenirlos, no los persiguen ni sancionan con eficacia. Esto precisamente marca el supuesto de intervención de la Fiscalía internacional25.5. La Estructura del GenocidioSi bien es cierto que a lo largo de sus treinta años de historia la Organización NacionalIndígena de Colombia ha denunciado y ha aportado pruebas sobre el genocidio a lospueblos indígenas del país, es importante señalar, que los documentos oficiales de suúltimo período de gobierno, han sido las hojas de ruta a nivel nacional –particularmenteen el caso de la Corte Constitucional- e internacional –en el caso del SistemaInteramericano y del Sistema de Naciones Unidas- para evidenciar el más execrable detodos los delitos. En primera instancia, es importante indicar que la ONIC ha señaladolas razones estructurales que dan pie para que el genocidio avance. Aunque haymotivaciones coloniales, particularmente del llamado derecho colonial de conquista26,que resultan determinantes para entender el fenómeno; en este informe, nosdetendremos en aquellas que arrojan luces sobre el proceso de genocidio que se cierne alo largo y ancho de los territorios indígenas.25 Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, op.cit, párr.28-30.26 Con noticias del invento europeo, Williams, Robert A. The American Indian in Western LegalThought: The Discourses of Conquest. Oxford University Press, 1990. Para el caso colombiano,sin ser el único, por supuesto, Bacca, Paulo Ilich. Tiempo y espacio de las reparacionescolectivas para los pueblos indígenas víctimas de la violencia. En Rodrigo Uprimny Yepes. et. al.Reparaciones en Colombia: análisis y propuestas, p.p. 169-217. Bogotá, Universidad Nacional deColombia, 2009. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEn el informe que la ONIC le presentó al Relator Especial sobre los Derechos de losPueblos Indígenas en 2009 27 , se especificaron al menos cuatro causas, que estaríanviabilizando el genocidio de los pueblos indígenas en nuestros días:a.- Usurpación del Control Territorial. El derecho de libre determinación de lospueblos indígenas depende del control y mantenimiento de sus territorios ancestrales.En las últimas dos décadas, el Gobierno Nacional ha venido sosteniendo que lospueblos indígenas son el sector social con mayor número de hectáreas tituladas,llegando a sobrepasar, el número de treinta millones. No obstante, jamás precisa quemás de veinticinco millones de hectáreas, fueron tituladas antes de la expedición de1991; y que del total de hectáreas tituladas, “el 79% se encuentra en la Amazonía yOrinoquia, región donde se asienta una población de 71.000 habitantes, que representael 5% del total de la población indígena nacional”28. Por tanto, es mentiroso afirmar,como se ha venido haciendo, que el área titulada garantizaría el mantenimiento físico ycultural de las comunidades indígenas.b. Relación entre Modelo Económico y Crisis Humanitaria. El Sistema Unificado deInformación sobre Pueblos Indígenas Onic-Cecoin demuestra que hay una relacióndirecta entre el asentamiento de Empresas de Extracción Minera o de Hidrocarburos y elincremento en la violación de los derechos humanos colectivos e individuales de lospueblos indígenas. Es también evidente, que para el Gobierno Nacional, los modelos dedesarrollo de los pueblos indígenas representan un obstáculo para la implementación desu modelo económico, enfocado a favorecer la inversión extranjera mediante elfortalecimiento de políticas públicas de flexibilización normativa, a la medida de losestándares de la seguridad jurídica corporativa.27 Estado de los Derechos Humanos y Colectivos de los Pueblos Indígenas de Colombia: Etnocidio,Limpieza Étnica y Destierro. Informe al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los PueblosIndígenas. ONIC. 2009.28 Ibid, p.5. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazDe otra parte, el Sistema Unificado de Información da cuenta del nexo causal entre laocupación de los territorios indígenas por Empresas Extractivas; la colonizacióndesencadenada por ese tipo de actividades –con violencia armada, desplazamientoforzado y asesinato de indígenas-; y el genocidio a que están siendo sometidos estospueblos. Finalmente, hay una relación directamente proporcional entre la llegada de lasEmpresas Extractivas y el control militar de la Fuerza Pública, actor esencial, paragarantizar el flujo inversionista transnacional. Las áreas potencialmente explotables sesuperponen en un 69.5% con territorios de resguardos; y el 55% de las zonas donde seestá produciendo hidrocarburos, se sobrepone de hecho con resguardos indígenas29.Los efectos del conflicto armado en los territorios indígenas tienen especificidadescontextuales, sin embargo, la imposición del modelo de desarrollo que estamosreseñando, en el que el control territorial por parte del ala paramilitar y paraestatal esotra constante, obedece a una lógica estructural relacionada con los siguientes procesos: - El Control al acceso de los recursos naturales disponibles en los territorios indígenas, los cuales en algunos casos se convierten en rentas de guerra que usufructúan directamente los actores armados, o en otros casos, los ejércitos se convierten en intermediarios al servicio de empresarios y comerciantes asociados con la extracción forestal, la minería, la pesca y las redes de mercado de ciertos productos. - La expansión de la frontera agrícola con el establecimiento de cultivos de coca en áreas de resguardos y la consecuente inserción de la población en ese tipo de economía, pero también, la presión sobre territorios indígenas asociados a las zonas identificadas por el gobierno como sitios donde potencialmente se pueden establecer cultivos como palma aceitera u otros que sirvan para la producción de agrocombustibles. - La política estatal en el dominio de lo minero y lo energético orientada a concesionar amplios territorios indígenas a empresas transnacionales, sin que se cumpla la normativa constitucional de realizar la consulta previa o que ésta se lleve a cabo de forma instrumental. Siendo la vía del control armado del territorio el camino fácil para dar garantías a las empresas mineras y petroleras. - La ampliación de infraestructura, especialmente de vías de comunicación, orientada a generar competitividad en la perspectiva de la firma de tratados de libre comercio, especialmente con Norteamérica y con Europa30.29 Ibid, p.p.16-24.30 Ibid, p.p.18-19. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Pazc. Homicidio Selectivo de la Dirigencia Indígena. La conexidad entre el ModeloEconómico que acabamos de reseñar –al que se superpone la economía del narcotráfico-y la violencia que lo constituye, se reafirma a través de un orden cultural y político. Losdistintos ejércitos alimentan el conflicto armado a partir de una intervención bipolar:intentando ganar el control de los territorios estratégicos desde el punto de vista military/o económico; y conquistando el control de los cultivos de coca, sus centros deprocesamiento y las rutas para asegurar su comercialización. Dicho orden se haimpuesto por la fuerza en los territorios indígenas y, en consecuencia, la figura de lasautoridades indígenas, representantes por antonomasia del derecho de libredeterminación, se ha convertido en blanco de ataques homicidas. En el genocidio encurso al pueblo Kankuamo, por citar uno de los casos más documentados, losvictimarios han acudido al homicidio político, para avanzar en sus objetivos de fracturarlos procesos de resistencia, afectar la seguridad alimentaria, desplazar por la violencia yganar el control territorial de su espacio de vida. El hecho de que el 95% del asesinatopolítico de este pueblo haya tenido lugar entre 1998 y 2012 es un indicador del vínculocausal entre el nuevo modelo económico, la crisis humanitaria y la violación sistemáticade los derechos humanos de los pueblos indígenas31.d. Las Paradojas de la Globalización de los Derechos Indígenas. Entre las múltiplesparadojas que cruzan al edificio conceptual de los derechos indígenas en su era dereconocimiento, al menos dos de ellas, resultan claves para analizar el delito degenocidio para los pueblos indígenas. Aunque la invocación de los estándaresinternacionales de derechos humanos, incluido el de libre determinación, han sidoeficazmente reapropiados por los pueblos indígenas, logrando reconocimiento delEstado y autonomía relativa –en los dos casos en grado disímil dependiendo delcontexto particular-; la transnacionalización de los recursos naturales en la era delcalentamiento global ha supuesto que las regiones Amazónica y Pacífica, olvidadas porlustros, pasen a ser vistas desde el punto de vista geoestratégico.31 Ibid, p.p. 19-23. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEl interés transnacional de controlar los recursos naturales y la biodiversidad, haprovocado un profundo déficit instrumental de las normas internacionales de derechoshumanos. Mientras los Estados aceptan taimadamente dichas preceptivas, aplican dehecho, el catálogo normativo paralelo del Modelo Corporativo. De otra parte, y estasegunda paradoja se conecta de manera directa con la intención soterrada del Estado queacabamos de anunciar, la jurisprudencia colombiana, ejemplo hemisférico en el tema dederechos humanos indígenas; es producto de la constante violación del EstadoColombiano de las normas internacionales sobre derechos indígenas. El casoparadigmático es la omisión repetida de la Consulta Previa a los Pueblos indígenas32.6. El Genocidio en CursoComo puede observarse, el riesgo de genocidio de los pueblos indígenas obedece acondiciones estructurales, por una parte, de una economía política de usurpaciónviolenta del territorio; de otra, del reavivamiento de políticas etnocéntricas encubiertasen el discurso de los derechos. Es lucido el Relator Especial sobre Derecho PenalInternacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas del ForoPermanente, profesor Bartolomé Clavero, al señalar que un genocidio para configurarsecomo tal, no tiene que ser megagenocidio; irracional sería, que a estas horas del partidose exijan los diez millones de víctimas que dejó la intervención Belga en la Cuenca delCongo o el proyecto de Hitler en la Alemania Nazi, para que el delito de genocidiotenga lugar: No hace falta que el proyecto sea megaproyecto. La Convención sobre el Genocidio habla de grupo nacional, étnico, racial o religioso, no de megagrupos, y de destrucción total o parcial del grupo en cuanto tal, no de la eliminación de todas y todos, de cada uno y cada una de los miembros del grupo hasta el hallazgo del último de los cadáveres por Panamá o por el Perú, por Chile o por Colombia. Las respectivas élites políticas andan ansiosas de desarrollo. ¿Es que no cabe sin atropello de derechos y sin genocidio de indígenas?32 Sólo algunos ejemplos: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-039 de 1997 M.P. AntonioBarrera Carbonell; Sentencia T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia T-380 de 1993 M.P.Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-342 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-634 de1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia T-737 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre lassentencias referidas a la consulta de medidas legislativas véase: Sentencia C-030 de 2008 M.P. RodrigoEscobar Gil; Sentencia C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza; Sentencia C-175 de 2009M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ibid, p.5. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz Habla también la Convención de la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo, de esta simple intención. La Corte Internacional de Justicia requiere que haya intencionalidad específicamente exterminadora, pero esto no lo dice la Convención. Hay intención en la negativa a cumplir unas medidas cautelares de gravedad y urgencia cuando éstas revelan la constancia de que unas políticas ponen en peligro la subsistencia de unas comunidades en cuanto tales. Naturalmente que ni Panamá ni Perú, ni Chile ni Colombia, quieren extinguir a grupos indígenas, sino que su intento es tan sólo el de privarles de territorio y recursos, pero el genocidio sucede ante sus ojos con conocimiento tanto de causa como de efectos y, por tanto, con intención bien acreditada33.En la misma línea argumentativa, la concesión de tierras indígenas, sea paraaprovechamiento público o privado, como si se trataré de tierras fiscales, además de seruna violación al debido proceso -como actualización de un derecho de conquista hoycaduco en el derecho internacional y como violación de las garantías de propiedadindígena que aparecen en la Constitución-; configura complicidad genocida de la parteaquiescente en perfeccionar el traspaso, particularmente en el caso colombiano, dondela Corte Constitucional ha establecido un lazo inescindible entre desplazamientoforzado y riesgo de extinción de al menos 34 pueblos indígenas. El Relator Clavero, esnuevamente vehemente, a la hora de señalar la responsabilidad de Estados eInstituciones Internacionales en calidad de cómplices del genocidio en curso: Los mismos Estados latinoamericanos que han votado por dicha Declaración –la de los Derechos de los Pueblos Indígenas-, todos tras que Colombia ha retirado formalmente su abstención inicial, siguen disponiendo expeditivamente de territorios y recursos indígenas tal y como si la excepción de tracto colonial siguiera sobrentendiéndose por encima ahora no sólo de las propias Constituciones, sino también de un derecho internacional que es tan específico y categórico. En los últimos años los mismos estándares constitucionales e internacionales están degradándose a ojos vistas. La mayoría de los Estados latinoamericanos han emprendido políticas legislativas de disposición de recursos que sistemáticamente ignoran y atropellan derechos indígenas consignados en Constituciones y en instrumentos internacionales. Son leyes que parecen responder a una misma plantilla. No es moda ni casualidad. Hay instituciones internacionales, particularmente las financieras, que están inspirando, impulsando y respaldando34.Tal como precisamos arriba, al analizar una de las novedades del Estatuto de la CortePenal Internacional, hoy, los delitos internacionalmente reconocidos desbordan laclasificación del genocidio. La tipificación del asesinato selectivo, la desapariciónprovocada, el desplazamiento forzado u otras formas de privación del territorio del33 Clavero, Bartolomé. ¿Hay Genocidios Pequeños? El Caso Charco La Pava. Disponible en:http://clavero.derechosindigenas.org/?p=210034 Clavero, Bartolomé. ¿Hay Genocidios Meramente Potenciales? Empresas, Gobiernos, Indígenas.Disponible en: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=2205 E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Pazpueblo o de sus recursos vitales, por sólo mencionar algunas de las primicias penales delinciso primero del artículo séptimo del Estatuto 35 , constituyen crímenes de lesahumanidad. Importante mencionar, como se desprende del Estudio y la obra del RelatorClavero, que generalmente, la consumación del genocidio viene antecedida de otroscrímenes de lesa humanidad, muchas veces, tal como ha sucedido en el casocolombiano, con vocación de permanencia.En el año 2009, la ONIC presentó un informe a la Oficina del Sr. Francis Deng, AsesorEspecial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, en el quese evidenciaron indicios del más atroz de los crímenes de lesa humanidad, en contra delos pueblos indígenas 36 . En el año 2010, la ONIC avanzó nuevas conclusiones, quecorroboraban lo evidenciado por los Relatores Especiales sobre los Derechos de losPueblos Indígenas y por la Corte Constitucional. De una parte, presentó su informe alForo Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas37; de otra, lanzó lacampaña internacional Palabra Dulce Aire de Vida, empresa que pretende detener elgenocidio que se cierne sobre los pueblos indígenas de Colombia e insta a disponertodos los esfuerzos necesarios en la búsqueda de una salida negociada al conflictoarmado, en la que se incluya de forma integral a la sociedad civil, en especial, a lasautoridades indígenas38.35 Recordemos: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemáticocontra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c)Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave dela libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g)Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquierotra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad conidentidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, degénero definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables conarreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo ocon cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimende apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandessufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”36 Situación de las Comunidades en Riesgo de Extinción. Informe presentado a la Oficina del AsesorEspecial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. ONIC. 2009.37 Los Pueblos Indígenas de Colombia y su Pervivencia en Medio del Conflicto Armado Interno. Informepresentado al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. ONIC.2010.38 Entre otros, puede verse, “Palabra Dulce Aire de Vida”. Forjando Caminos para la Pervivencia de losPueblos Indígenas en Riesgo de Extinción de Colombia. ONIC. 2010. Disponible en:http://issuu.com/adminonic/docs/palabra_dulce_aire_de_vida E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazLos informes presentados a las dos instancias más importantes del Sistema de NacionesUnidas sobre derechos indígenas –el Relator Especial y el Foro Permanente-, así comola campaña Palabra Dulce Aire de Vida, constituyen elementos probatorios adicionalessobre la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Los reportes del SistemaUnificado de Información sobre Pueblos Indígenas Onic-Cecoin, la fuente másautorizada por recibir reportes periódicos de las 46 Organizaciones Regionales adscritasa la ONIC, ha arrojado cifras contundentes, para corroborar que en Colombia, se vienefraguando un genocidio contra los pueblos indígenas. Remitiéndonos de maneraexclusiva al período 2009-2012, etapa en que han aparecido indicios del genocidio endocumentos oficiales que, por su autoridad, constituyen material probatorio 39 , elSistema de Información demuestra que el riesgo de genocidio no sólo se mantiene sinoque se acentúa 40 . Entre 2009 y 2011, tomando únicamente los indicadores dehomicidios y desplazamiento forzado41, resulta evidente, que nos encontramos en unescenario de lesa humanidad: 348 homicidios y más de 15.000 personas indígenasdesplazadas de forma masiva.39 La autoridad jurídica del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional y el Estudio de Derecho PenalInternacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Foro Permanente,constituyen piezas probatorias imprescindibles, tanto para la Justicia Penal Colombiana como para laFiscalía de la Corte Penal Internacional. En los próximos boletines analizaremos las implicaciones denuevos elementos probatorios, particularmente, de los Autos 382 de 2010 y 174 de 2011 de la CorteConstitucional; y del Informe Situación de los pueblos indígenas en peligro de extinción en Colombia delForo Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.40 “De manera paradójica los pueblos indígenas que han sufrido mayores niveles de victimización seencuentran entre aquellos a favor de quienes se ha ordenado Planes de Salvaguarda desde el año 2009:Nasa ubicados en el Cauca, Awá ubicados en Nariño, Emberá ubicados en varios Departamentos, Zenú enAntioquia Córdoba y Sucre; y Nukak Makú en Guaviare, lo cual pone en evidencia que a pesar del ampliomarco normativo y jurisprudencial que ordena al Estado colombiano su protección, no se han tomado lasmedidas adecuadas, principalmente en cuanto a la prevención de violaciones a sus derechos individualesy colectivos”. La Protección Efectiva de los Pueblos Indígenas frente al Conflicto Armado en Colombia.Una Tarea Pendiente. Informe de la Consejería de Derechos Humanos, DIH y Paz. ONIC, 2011, p.2.41 La ONIC ha venido insistiendo en la conexidad de las violaciones a los Derechos Humanos einfracciones al DIH que sufren las personas, comunidades y pueblos indígenas. Generalmente,los homicidios y desplazamientos masivos, tienen lugar en contextos que buscan privar delterritorio y de sus recursos vitales a los pueblos indígenas. En conjunto, se trata de espaciospotenciales de lesa humanidad y, consecuentemente, de genocidio: “Respecto a los homicidioscontra integrantes de pueblos indígenas se puede identificar como causas el ánimo de intimidar a lascomunidades para generar desplazamiento, retaliaciones por oponerse a la presencia de grupos armadosen el territorio o al reclutamiento, o por el desarrollo de actividades de reivindicación territorial frente adiversos actores”. Ibid, p.9. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz7. Reporte y Monitoreo del Año 2012En lo que va corrido del año 2012, las violaciones a los derechos humanos einfracciones al DIH perpetradas contra pueblos indígenas, mantienen los índices de losaños anteriores; lo que indica, que no hay perspectivas de que la situación humanitariamejore. A continuación, reportamos los hechos que han tenido lugar entre enero y mayodel año en curso. Con fundamento en el artículo 15.1 y 2 del Estatuto de la Corte PenalInternacional 42 , la ONIC se dirige de manera formal a esta Institución y le solicitaasumir un papel activo respecto al contexto presentado en este reporte; de igual manera,la requiere para analizar en detalle la información que quedará consignada en el InformeFinal de esta investigación43. A. HOMICIDIOSEn el período que comprende enero a mayo de 2012, se han presentado 24 homicidioscometidos contra miembros de Pueblos Indígenas. Entre los Pueblos Indígenas másafectados en lo corrido del año, se encuentran los pueblos: Nasa (15), Awá (3), Emberá(3), Makaguán (1), Inga (1) y Jiw (1) de acuerdo con las cifras que se observan acontinuación: Tabla 1. Homicidio Indígena por Tabla 1. Homicidio Indígena por Pueblo 2012 Pueblo 2012 Número de Víctimas 20 Número de víctimas Pueblo identificadas por Indígena Nasa; 15 pueblo 15 Nasa 15 Awá 3 10 Número de Víctimas Embera 3 5 Embera; 3 Inga; 1 identificadas… Makaguán 1 Awá; 3 Jiw; 1 Inga 1 0 Makaguán; 1 Jiw 1 0 2 4 6 8 TOTAL 24 Pueblo Indígena42 Recordemos: El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acercade un crimen de la competencia de la Corte. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida.Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, lasorganizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considereapropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.43 La Consejería de Derechos Humanos y Paz de la ONIC entregará su estudio definitivo en el mes dediciembre de 2012. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz Tabla 2. Homicidio Indígena por Departamento Tabla 2. Homicidio Indígena por Departamento 2012 2012 Número deDepartamento Valle del Cauca víctimasCauca 14 AraucaNariño 4Caldas 2 CaldasAntioquia 1Arauca 1 CaucaMeta 1 0 5 10 15Valle del Cauca 1 Número de víctimasTOTAL 24 Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y PazEn cuanto al análisis geográfico de homicidios, el Sistema de Información reporta losdepartamentos de mayor victimización en los siguientes términos: el departamento delCauca concentra el 53.8% de los homicidios, seguido de Nariño con el 23.3% yCaldas con el 15%.Hasta el período monitoreado se reporta un homicidio contra una mujer lideresa,Adarme Chasoy, la cual pertenecía al pueblo Inga de la comunidad El Pedregal, enel departamento de Nariño. La lideresa fue encontrada el 2 de abril en jurisdicción delmunicipio de Tablón de Gómez con signos de tortura, el reporte médico indicó que sudeceso se produjo por asfixia. La comunidad lamentó el asesinato y pidió a lasautoridades investigar y castigar a los autores (Diario del Sur, 2012). Tabla 3. Homicidio Indígena por Sexo y Edad 2012 Número de víctimas identificadas Número de víctimas Hombres; identificadas 19 Mujeres 1 Hombres 19 Menores de Menores de edad; 4 edad 4 Mujeres; 1 Total 24 0 1 2 3 4 Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazEn la tabla 4 se evidencia el presunto responsable de los hechos que atentó contra lavida de miembros y líderes de los pueblos indígenas. En la mayoría de los casos, por lamanera como se dieron los sucesos, no se pudo determinar el móvil ni la autoría delacto. Por otro lado, los casos de víctimas de minas-antipersona, acusan comoresponsable al grupo armado ilegal Farc-EP. Tabla 4. Presunto responsable Homicidios Indígenas 2012 Tabla 4. Presunto responsable Homicidios Indígenas 2012 Número de 8% Presunto víctimas responsable 75% 75% Combates- 4 17% Ejército y grupo armados ilegales Farc-EP 2 Sin identificar 18 Combates-Ejército y grupo armados ilegales Farc-EP TOTAL 24 Sin identificar Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y PazEl 14 de marzo de 2012 el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC reportó una (1)masacre ocurrida en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao (Cauca),que cobró la vida de cinco personas, todas ellas pertenecientes a comunidadesindígenas. Los nombres de las víctimas corresponden a Edwin Carrillo Alzate, DavidGómez Puyo, Gildardo Yandi Sánchez, Lizer Eider Becoche Zambrano y una personasin identificar; los cuerpos fueron encontrados con las manos atadas, evidentes signosde tortura y tiros de gracia en la cabeza.La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Pazllama la atención por el siguiente hecho que dejó como víctimas a dos (2) menores deedad que habían sido reclutados y posteriormente fueron dados de baja en mediode las hostilidades :  La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca-Orivac reportó que desde el mes de febrero de 2012 han llegado a territorio de la comunidad Nasa en el Resguardo Cañón Río Pepitas del municipio de Dagua (Valle del Cauca) E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz grupos armado ilegales denominados Bacrim o "Rastrojos". Dichos grupos ilegales han reclutado forzosamente y mediante ofrecimiento de dinero a niños, niñas y adolescentes indígenas. La comunidad reportó que los grupos ilegales buscaban el manejo de los cultivos de coca, pero debido a la erradicación de estos por parte del Ejército, se presentaron enfrentamientos, que originaron la muerte de dos (2) indígenas menores de edad que habían sido reclutados previamente por estos grupos insurgentes. Homicidios de líderes, lideresas y autoridades tradicionales y miembros prominentes de las comunidades indígenas Tabla 3. Homicidios Líderes Indígenas 2012 PRESUNTONo. FECHA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PUEBLO SEXO CARACTERÍSTICAS VÍCTIMA AUTOR Jeremias Ipia Cauca Buenos Aires Nasa M Líder Indígena Sin identificar1 Mestizo Milciades2 12/01/2012 Cauca Jámbalo Nasa M Guardia Indígena Tróchez Conda Sin identificar Embera- Alexander de3 14/01/2012 Caldas Río Sucio Chami M Líder Indígena Jesús Zamorra Sin identificar Embera- Hemirson de4 14/01/2012 Caldas Río Sucio Chami M Líder Indígena Jesús Zamorra Sin identificar Juan Bautista5 31/01/2012 Meta Mapiripán Jiw M Autoridad tradicional Ladino Farc-EP6 11/02/2012 Nariño Tumaco Awá M Guardia Indígena Giovanni Rosero Sin identificar Tablón de Aurelina Adarme7 02/04/2012 Nariño Gómez Inga F Lideresa Indígena Chasoy Sin identificar Fredinson Yafue8 26/04/2012 Cauca Caldono Nasa M Líder Indígena Cayapu Sin identificar Monte Julio Dagua9 16/05/2012 Cauca Redono Nasa M Líder Indígena Corpus Sin identificar Yeison Campos10 21/05/2012 Arauca Tame Makaguán M Líder Indígena Cucubana Sin identificar Comunicador Yamit Bailarin11 27/0572012 Antioquia Medellín Embera M indígena Suescún Sin identificar E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz B. DESPLAZAMIENTO FORZADOHasta mayo de 2012 se registran en el Sistema de Información 14 eventos dedesplazamiento masivo y multifamiliar de pueblos indígenas en todo el territorionacional. En consonancia con la información reportada en el Sistema de Información dela ONIC para este corte, se habían desplazado de manera masiva 2.967 personas y680 familias pertenecientes a comunidades indígenas, como consecuencia decombates entre la fuerza pública y grupos armados insurgentes, acciones violentas porparte de grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de MAP/MUSE,restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas. Tabla 5. Reporte de desplazamiento por departamento Enero a Mayo de 2012 Número de personas Cauca; 820 Nariño; 845 Risaralda; 437 Antioquia; 300 Chocó; 365 Putumayo; Meta; 100 100 0 2 4 6 8 Fuente:(Mayo 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y PazEn lo que va corrido del año los pueblos indígenas afectados de maneradesproporcionada por el desplazamiento forzado son Awá (945); Nasa (820); Emberá(865); Wounaan (237) y Jiw (100), tal como lo evidencia la Tabla 6. Reporte dedesplazamiento por Pueblo: Tabla 6. Reporte de desplazamiento por Pueblo Indígena Enero a Abril 2012 1200 Cientos de personas 1000 Awá; 945 Embera; 865 Nasa; 820 Número de 800 personas 600 400 Wounaan; 237 200 Jiw; 100 0 0 2 4 6 Pueblo Indígena E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz C. CONFINAMIENTOHasta el 30 de Mayo de 2012, el Sistema de Información de la ONIC reporta cinco (5)eventos de confinamiento de comunidades indígenas ocurridos en Antioquia (1); Chocó(2); Nariño (1); y Putumayo (1). Se puedo determinar que, tres (3) de losconfinamientos reportados desencadenaron en actos de desplazamiento forzado. Losactos se produjeron a causa de minado del territorio, amenazas y combates en territorioindígena entre el Ejército Nacional, las Farc-EP y grupos de Autodefensas.Los casos reportados son los siguientes: 1. (Enero 31 a 2 de febrero de 2012) Departamento del Chocó, municipio de Lloró. Resguardo Indígena Emberá Dobidá. Aproximadamente, 100 personas de un resguardo indígena Emberá Dobidá del municipio de Lloró están confinadas por combates entre el Ejército y las FARC. En medio de las hostilidades se produjeron daños a las viviendas de la comunidad. 2. (Febrero 13 de 2012) Departamento del Chocó, municipio de Carmen de Atrato. Comunidad Indígena de la Puria - Pueblo Embera Katío. Líderes de la región reportaron a la ONIC que en horas de la mañana un grupo de 30 hombres armados acorralaron a la comunidad indígena Chamí de la PURIA, para solicitarle que les entregaran a cincos (5) líderes para matarlos, hecho que provocó miedo y riesgo en la comunidad. 3. (Marzo 25 de 2012) Departamento de Nariño, municipio de Ricaurte - Resguardo Integrado Milagroso-Cuaiquer Viejo. La Organización Indígena Camawari reportó el confinamiento de 845 indígenas de su pueblo, los cuales se refugiaron en las instalaciones de los Centros Educativos de las Unidades Isipú, 307 personas que representan 60 familias (92 son niños y 8 mujeres en estado de embarazo); La Esperanza, 271 personas que representan 59 familias (90 niños y 8 mujeres embarazadas); Cuesbí Montaña, 267 personas que representan 49 familias (154 niños y 10 mujeres embarazadas), todos en una lamentable situación de hacinamiento, falta de alimentos, frazadas y colchonetas. 4. (Marzo 27 de 2012) Departamento de Antioquia, municipio de Chigorodó - Pueblo Emberá Eyabida. La Organización Indígena de Antioquia-OIA, reportó E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz que 260 emberas de la comunidad de Guapa Alto, en el municipio de Chigorodó, se encuentran en situación de confinamiento por enfrentamientos entre las FARC y las Autodefensas Gaitanistas. 5. (Abril 20 de 2012) Departamento del Putumayo - Valle del Guaméz - Pueblo Awá. La Agencia de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios alertó sobre la posibilidad de un confinamiento en la zona a causa de contaminación por MAP.MINAS ANTIPERSONA MAP Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR MUSE Tabla 7. Reporte de víctimas de MAP-MUSE por departamento 2012 Tabla 7. Reporte de víctimas de Número de personas MAP-MUSE por departamento Número de Cauca; 7 Departamento personas Valle del Cauca; 5 Meta 1 Cauca 7 Meta; 1 Valle del Cauca 5 TOTAL 13 0 1 2 3 4 Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz Tabla 8. Reporte por muerte o herida a causa de MAP-MUSE Tabla 8. Reporte por muerte o herida a 2012 causa de MAP-MUSE 2012 Número de Hecho violento víctimas TOTAL Herido-Víctima de mina 9 Muerte-Víctima de Mina… Acto antipersona Herido-Víctima de mina… Muerte-Víctima de Mina 4 antipersona 0 10 20 Número de víctimas TOTAL 13 Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y PazTabla 9. Reporte de víctimas de MAP- MUSE Tabla 9. Reporte de víctimas de MAP-MUSE por edad 2012 por edad 2012 Número de Edad víctimas 3,5 9 años 1 3 12 años 3 2,5 15 años 1 2 17 años 1 1,5 18 años 1 1 21 años 1 30 años 2 0,5 34 años 1 0Adulto(a) mayor 2 TOTAL 13 Número de víctimas 2 per. media móvil (Número de víctimas) Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz Tabla 10. Reporte de víctimas de MAP-MUSE por edad 2012 Presunto Número de responsable víctimas Farc-Ep 5 Sin identificar 8 TOTAL 13 Fuente:(Mayo, 2012) Sistema de Información de la Consejería de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz D. INSEGURIDAD ALIMENTARIAEntre enero y Mayo de 2012 el Sistema de información de la ONIC reporta siete (5)eventos sobre inseguridad alimentaria que hasta la fecha han dejado (17) menoresde edad muertos a causa de enfermedades respiratorias, diarrea o falta de atenciónmédica oportuna e integral. Los casos se han presentado en Arauca, Casanare, Cesar,Chocó, Quindío y Meta. A continuación, se describen los eventos de manera detallada: 1. (Enero 25 de 2012) Departamento de Casanare, municipio de Hato Corozal - Resguardo Caño Mochuelo. Muerte de cinco (5) menores a causa de desnutrición. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz2. (Febrero 3 de 2012) Departamento de Arauca, municipio de Puerto Rondón - Comunidad Cuiloto Marrero - Pueblo Hitnü. Esta comunidad desplazada se encuentra albergada en las instalaciones de la escuela de la vereda Corocito desde hace 3 años, donde permanecen 75 personas (18 familias) de las cuales 18 tienen integrantes con un rango de edad de 0 a 11 años. El gobernador de la comunidad, señor Nuber Contreras, reportó que desde el mes de diciembre de 2011, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dejó de hacer presencia en la zona. Según reportó el gobernador, hasta el mes noviembre de 2011, la entidad se había encargado de brindarles mercados para su alimentación diaria; la situación de desatención, ha generado inseguridad alimentaria en la comunidad y casos de desnutrición en menores de edad. Otra situación que enfrenta la comunidad son los frecuentes casos de embarazos prematuros. La psicóloga del Hospital San Juan de Dios en Puerto Rondón, la señora Eucaris Suárez Peña, reportó dos casos: - Hace cuatro meses, Carolina Tejada Escalante, indígena Hitnü de 15 años de edad, dio a luz a gemelas. Su embarazo fue prematuro y una de las niñas murió, mientras que la otra, presentó problemas del corazón. - En la noche del 2 de febrero de 2012, Nery Rocío Contreras, indígena de 19 años de edad, dio a luz a un menor, que murió horas después a causa de malformaciones en su cuerpo. La psicóloga advirtió que “la falta de una atención médica adecuada y oportuna por parte de la EPS Dusakawi hubiera podido evitar la muerte de los niños, pues los funcionarios de la EPS no han brindado de manera eficaz servicios para la garantía de un embarazo sano”.3. (Febrero 15 de 2012) Departamento de Cesar, municipio de Soledad - Resguardo Iroka de los Yukpas. El Hospital Materno Infantil del departamento reportó tres indígenas menores de edad, con cuadros avanzados de desnutrición. E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA-ONIC Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, DIH y Paz Los niños habían permanecido en el casco urbano del municipio sin recibir la atención adecuada por carencia de recursos económicos de sus padres. 4. (Marzo 1 de 2012) Departamento del Meta, municipio de Mapiripán - Asentamiento de población desplazada “Zaragoza” - Pueblo Jiw. El medio local “Llano 7 días” reporta la muerte de una pequeña de dos años de edad a causa de un alto grado de desnutrición, resultado del hacinamiento y la falta de una respuesta de atención oportuna por parte de las entidades del estado para reparar integralmente los derechos de la población indígena en condición de desplazamiento. 5. (Marzo 1 de 2012) Departamento del Chocó, municipio de Medio San Juan - Noanamá, Comunidad de Macedonia - Pueblo Wounana. El día 12 de Abril de 2012, aproximadamente a las 2:15 p.m., la enfermera de la comunidad de Noanamá se comunicó vía telefónica con el secretario general y de gobierno, para informarles que debido al grave estado de salud que padecen los habitantes de la comunidad, sus autoridades habían decidido transportar a los niños y adultos enfermos hacia la cabecera municipal Andagoya. El Centro de Salud atendió a 36 niños y 25 adultos. Según información suministrada por el señor EDUARDO MEPAQUITO GUATICO, docente y líder comunitario, la situación se venía presentando hace 15 días y dejó un saldo de 4 víctimas mortales registradas por las autoridades indígenas en las siguientes fechas: 27-03-2012, 04-04-2012, 10-04-2012, 12-04-2012 respectivamente. Entre las víctimas se encontraba un niño de 6 meses de nacido y los otros entre 2 y 4 años de edad.Otros casos de niñez indígenaEn el departamento de Armenia la Organización Regional Indígena del Quindío -Oriquin alerta sobre la grave situación de vulnerabilidad y riesgo de la niñezindígena desplazada en el departamento, donde en lo corrido del año, según laorganización, se han reportado 260 personas desplazadas. Casos: a. (Mayo 4 ,2012) Menor indígena de dos años de edad del pueblo Embera-Chamí que murió ahogado en la quebrada Buenavista del municipio de Quimbaya E-mail: onic@onic.org.co Página Web: www.onic.org.co Bogotá, D.C.; Colombia
Colombia: Un Silencioso Etnocidio en la Altillanura