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Timestamp: 2019-01-22 15:23:45
Document Index: 136938035

Matched Legal Cases: ['artículo 1249', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1097', 'artículo 1127', 'artículo 111', 'artículo 4', 'artículo 1249', 'artículo 4', 'artículo 1249', 'artículo 1249', 'artículo 1249', 'artículo 1250', 'artículo 139', 'artículo 1249', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 1249', 'artículo 1249', 'artículo 1249', 'artículo 4', 'artículo 200']

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CAS+2533-2013 IMPRIMIRLO MUY IMPORTANTE
~111111111111111111111111111~ 1~ 1111111
EXP. N. 0 03864-2014-PA/TC
Representado(a) por MARIO LUIS
REGGIARDO SAA YEDRA
En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2016, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Urviola Hani,
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera,
~L~L.-uCI la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados
a os úñez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan, y dejándose constancia que
'strada Ledesma Narváez votará en fecha posterior.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A.
contra la resolución de fecha 10 de junio de 2014, expedida por la Tercera Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, declaró
Con fecha 7 de febrero de 2013, la empresa Telefónica del Perú S.A.A. interpuso
demanda de amparo contra la Resolución N. 0 3, de fecha 28 de noviembre de 2012,
emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco
del incidente tramitado con motivo del proceso seguido en su contra por Santa Graciela
S.A. - Contratistas Generales, Expediente N. 0 6656-2005-44. La citada resolución,
según alega, vulnera sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva (en su
modalidad a la obtención de una resolución fundada en derecho), a la motivación de las
resoluciones judiciales y el principio de interdicción a la arbitrariedad, así como
amenaza su derecho de propiedad, motivo por el que solicita se declare su nulidad.
Sostiene la demandante que en el proceso civil sobre obligación de dar suma de
dinero e indemnización promovido por Santa Graciela S.A. - Contratistas Generales
fue condenada, entre otros extremos, al pago de una reparación de S/. 50,000.00, más
intereses legales, por todo concepto indemnizatorio. Precisa que, sin embargo, y en
etapa de ejecución de sentencia, el Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima dispuso
liquidar los intereses legales de dicha indemnización y encargó al perito Ilter
Wenceslao Romero Dávalos que realice la liquidación correspondiente, la misma que
tras capitalizarse, arrojó la suma de S/. 6'910,267.96 (equivalente al 13,920.53 %del
capital), lo que considera totalmente arbitrario e irrazonable. Ante dicha
circunstancia, y pese a que la recurrente oportunamente observó el citado informe
TRIBUNAL C NSTITUCIONAL
.. OTDA
111111111111~111111111111111111~1111111
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A .
pericial, advirtiendo que la capitalización de intereses legales está prohibida con
carácter general por el artículo 1249 del Código Civil, el Décimo Noveno Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, por Resolución N. 0 80, de fecha 26 de marzo de
12, obó por considerar que la prohibición de capitalización de intereses solo
plicab al marco contractual y no así al judicial, lo cual es totalmente absurdo.
sterio ente, y al resolverse el recurso de apelación que interpuso Telefónica
ont a Resolución N. o 80, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima emitió
esolución de Vista N.0 3 que se impugna en este proceso de amparo, a través de
la cual se declaró la nulidad de la Resolución N. 0 80 por defectos estrictamente
formales , ratificando, no obstante, la supuesta procedencia de la capitalización de
intereses en su parte considerativa. Agrega que, aun cuando el pronunciamiento de la
Cuarta Sala Civil de Lima sea anulatorio y no confirmatorio, la resolución impugnada
resulta firme habida cuenta de que tal decisión es inimpugnable en el proceso
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con fecha 14 de marzo de 2013 , declaró improcedente la demanda por
considerar que la resolución impugnada no es firme en los términos establecidos por el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional al contener un pronunciamiento solo
anulatorio, lo que significaría que los agravios constitucionales alegados no serían
manifiestos, motivo por el que resulta aplicable el artículo 5, inciso 1, de citado cuerpo
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 1O de
junio de 2014, confirmó la apelada y declaró improcedente la demanda de amparo, por
similares fundamentos .
l. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el presente proceso constitucional
tiene por objeto la declaratoria de nulidad de la Resolución N. 0 3, de fecha 28 de
noviembre de 2012, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, en el marco del incidente tramitado con motivo del proceso
seguido en su contra por Santa Graciela S.A. - Contratistas Generales, Expediente
N. 0 6656-2005-44, por considerar que la misma vulnera los derechos
constitucionales a la tutela procesal efectiva (en su modalidad de derecho a la
---~=-~
supone la recomposición total o parcial del proceso. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAAVEDRA obtención de una resolución fundada en derecho). a la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción a la arbitrariedad. N. como se observa. habida cuenta de tratarse de una resolución que anula lo actuado y que. a fin de verificar si la demanda es realmente improcedente y si. inciso 1). En tales circunstancias. comportando asimismo una amenaza sobre el derecho de propiedad de la recurrente. del Código Procesal Constitucional no tenga nada que ver con la exigencia de firmeza exigida a las resoluciones judiciales impugnables por vía de amparo constitucional y que. por tanto. exista un error de concepto en la pertinencia de la causal de improcedencia invocada por las resoluciones de primera y segunda instancia. 0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. de una demanda de amparo contra una resolución emitida en etapa de ejecución de sentencia que se considera lesiva de una de derechos constitucionales. con la consideración de que la resolución objeto de cuestionamiento no habría adquirido la firmeza exigida en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional para la procedencia de demandas de amparo contra resoluciones judiciales y que por tal motivo no se evidenciaría vulneración manifiesta sobre los derechos constitucionales invocados. del contenido de las mismas se aprecia que lo que en realidad resulta el argumento central para desestimar la demanda reside en el hecho de considerar que la Resolución emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 28 de noviembre de 2012 no tendría la firmeza exigida por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Sobre el presunto carácter de firmeza de la resolución judicial cuestionada Se aprecia de las resoluciones que obran en autos que tanto el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional como la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima han rechazado liminarmente la demanda de amparo de autos. . tanto procesales como sustantivos. resulta imprescindible analizar dicho argumento.A. Independientemente de que la invocación al artículo 5.A. se hizo o no uso debido de la facultad de rechazo liminar. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . por tanto. inciso 1). 4. del mismo citado cuerpo jurídico normativo. trcunstancia que exige de manera preliminar verificar los supuestos de procedibilidad para este tipo de casos de acuerdo a lo expresamente previsto por el Código Procesal Constitucional. resultando aplicable el artículo 5.' FOJAS OTDA 1 O~ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL llllllllllll~llllllllllllllllllil~lllll EXP. por consiguiente.
el Tribunal Constitucional ha establecido que "una olución adquiere carácter firme cuando se ha agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario. 0 80. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA 5. continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia. los medios impugnatorios interpuestos. 6'910. sino a la luz de las consecuencias de lo que se resuelve. 8. como se ha dicho. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS 1 Ó~ . y que. Al respecto. En efecto. el Código de Procedimientos Civiles de 1912 aún vigente para dicha fecha.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. En este contexto. por consiguiente. siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada "(STC 2494-2005-AA/TC. inevitablemente. 7. aun cuando el actualmente vigente Código Procesal Civil establece en su Segunda Disposición Complementaria y Final que las normas procesales son de aplicación inmediata incluso a los procesos en trámite. correspondiendo analizar si en el proceso judicial ordinario se encuentra previsto o no algún medio impugnatorio capaz de revertir los efectos de la resolución cuestionada mediante el presente proceso de amparo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11111111111111111111111111111111~ 1~11111 EXP. de una resolución judicial emitida por una Sala Superior del Poder Judicial en revisión de una de primer grado dictada en un incidente de liquidación de intereses. así como los intereses legales devengados de la indemnización de daños y perjuicios determinados en la suma de S/. fundamento 16). conviene recordar que la firmeza de una resolución judicial no se evalúa exclusivamente en función del sentido con el que un determinado órgano jurisdiccional ha resuelto.. la resolución judicial impugnada es. lo supone verificar si los medios impugnatorios existentes permiten a los JUSti ables revertir o no la resolución o las resoluciones que consideran cu tionables. resolvió declarar infundadas las observaciones formuladas y aprobar el informe pericial contable emitido por el perito judicial Ilter Wenceslao Romero Dávalos. los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". De la revisión del citado Código de Procedimientos Civiles se advierte que no . 6. Tomando en cuenta que la demanda del proceso subyacente fue interpuesta el día 18 de septiembre de 1990 (fojas 11 a 16). N. la norma que rige tal proceso resulta. Se trata.267. mediante la cual se resolvió el recurso de apelación que la demandante de amparo interpuso contra la Resolución N.96 (fojas 162 a 168 de los autos).. a su vez. expedida por el Décimo Noveno Juzgado Civil en ejecución de sentencia.A. la Resolución de Vista del 28 de noviembre de 2012 (fojas 172 a 177 de los autos). A este respecto. también hace la precisión de que " .
lo que en la práctica implica que aquello por lo que la recurrente planteó su impugnatorio. sobre la procedencia de la capitalización de intereses. La resolución impugnada mediante el proceso constitucional no se encuentra. d) en los casos en que el Código lo permite expresamente. sin alterar. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS 1 0)0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~1~11111 EXP. b) en los casos del inciso 4 del mismo artículo en el juicio ordinario (autos o decretos que niegan la recepción a prueba. o alguna prueba durante el término del ofrecimiento.A. o la de instrumentos en cualquier estado de la causa). autos que resuelven excepciones y autos de abandono y deserción). y que no es otra cosa que la capitalización de los intereses legales sobre el monto de la indemnización establecida. no niega la recepción ni actuación de una prueba. e) de los autos que resuelven artículos o incidentes promovidos en segunda instancia. 1O. ya que no resuelve excepciones ni es un auto de abandono ni deserción. 9. y. no resuelve un incidente promovido en segunda instancia. sino más bien uno promovido en primer grado. este último tampoco resulta procedente contra ·ones como aquella que se cuestiona vía el presente proceso de amparo. no obstante. pues.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA existe ningún medio impugnatorio regulado para cuestionar resoluciones dictadas por las Salas Superiores del Poder Judicial. en revisión de decisiones de primer grado emitidas en etapa de ejecución de sentencia. Prueba evidente de que la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 no enerva el carácter definitivo del pronunciamiento emitido en primera instancia. establecía la procedencia del recurso de nulidad solamente a) en los casos de los tres primeros incisos del artículo 1097 (esto es. el fondo de lo resuelto. y tampoco existe ninguna norma que habilite la procedencia del recurso de nulidad contra resoluciones como aquella que se cuestiona vía el presente proceso de amparo. Este último dispositivo. Sin embargo. Es decir.A. en ninguno de los supuestos antes descritos. tampoco puede pasar inadvertido es que la resolución judicial materia de cuestionamiento dispone la nulidad de la resolución de primera instancia emitida en vía de ejecución. a juicio de este Colegiado. quedó virtualmente inamovible. N. se ve materializada en lo . como se sabe. que serían apelables en ambos efectos. Aspecto vital a tomar en consideración y que. 11. no ordena una nueva evaluación de aquello que resulta materia central de reclamo (la capitalización de los intereses). vez que la misma no se encuentra dentro de los supuestos previstos en su día or el artículo 1127 de dicho instrumento procesal. sino aspectos estrictamente formales. El único recurso regulado para cuestionar decisiones emitidas en revisión por las Salas Superiores es el recurso idad. sentencias.
12. la aplicación de la figura del rechazo liminar no solo resultará impertinente. al revés de ello. el Juzgado deja claramente establecido que tal extremo ya había sido resuelto de modo definitivo en la Resolución del 28 de noviembre de 2012 y que. el Décimo Noveno Juzgado Civil de Lima emite la Resolu · 'n N. tampoco serían eficaces desde la perspectiva de lo esencialmente perseguido. sino que. y tras plantearse nuevamente por parte de Telefónica cuestionamiento en omo a la capitalización de intereses. Basta con revisar los fundamentos segundo. como se ha visto. es decir.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. por tanto. y si existen elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión. dará paso a la aplicación de principios como el pro actione y el de antiformalismo. Constante jurisprudencia de nuestro Tribunal ha dejado claramente establecido que el rechazo liminar de la demanda de amparo es una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia.A. previstos en el artículo 111 del Título Preliminar del mismo Código Procesal Constitucional. cuando de manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el Código Procesal Constitucional que justifique plenamente el rechazo de la demanda. En tales circunstancias. 0 80. De este modo. de fecha 10 de octubre de 2013. por tanto. N. de fecha 26 de marzo de 2012.A. dicho extremo ya no podría ser objeto de revisión o debate alguno. tercero y cuarto de dicha resolución para corroborarlo (fojas 469 a 470 de los autos). a fin de ~""'vnunci se sobre las observaciones que Telefónica planteó contra el Informe enc1 Ampliatorio que la Cuarta Sala Civil de Lima ordenó realizar. no solo son inexistentes. ya no podía resultar materia de nueva controversia o debate alguno. la actual recurrente tenga que verse obligada a agotar recursos que. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA FOJAS l 6\-' TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~ 1~11111 EXP. . no puede pretenderse que al haberse declarado su nulidad. renovados los actos procesales luego de la declaración de nulidad de la Resolución N. Así las cosas y tomando en consideración que la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 era definitiva respecto del reconocimiento de la procedencia de la capitalización de intereses y que. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA actuado posteriormente en el proceso judicial subyacente. En este o to. de lo que menos puede hablarse es pues de una resolución judicial carente del requisito de firmeza exigido por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Rechazo liminar injustificado y necesidad de pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 13. sino que a su vez. En efecto. 0 17-C-INCIDENTE.
cual es el de saber si en el marco de lo previsto por el artículo 1249 del Código Civil. en este caso. con lo cual quedaron garantizados sus derechos como parte.A. la posición de la judicatura resulta totalmente objetiva y esta se ve reflejada en la propia fundamentación utilizada al momento de emitirse. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA 14. b) cuando el amparo contra resoluciones se promueve contra una resolución judicial. en tanto esta última solo se limitara a una reiteración o reproducción de lo que aparece en la respectiva resolución. este Colegiado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA FOJAS 1 ~'t TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~1111111 EXP. se ha incurrido en un vicio de procedimiento que en · a daría lugar a la declaratoria de nulidad parcial del presente proceso cons · ucional y a su recomposición a partir del momento en que se produjo tal vi ·o· in embargo. la capitalización de intereses legales con alcance general se encuentra prohibida o. cuestionando directamente la postura asumida por la misma sobre determinado asunto de derecho. con lo cual se vuelve imperativo un pronunciamiento inmediato sobre el fondo de la controversia. sino que. considera que aicha alternativa resulta innecesaria en las actuales circunstancias habida cuenta de que a) el debate principal que acarrea el presente proceso se centra en un tema de puro derecho. sin embargo. Como ya se ha señalado. Se ha visto. En tales circunstancias.Contratistas Generales. que la exigencia de firmeza respecto de la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 no solo resulta opinable. tampoco habrá de producirse. con vista de los actuados del proceso stitucional y del estado actual del proceso judicial cuestionado.0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. el presente caso plantea un escenario de cuestionamiento a una resolución judicial emitida en etapa de ejecución de sentencia a la que se . Dilucidación de la controversia 15. es definitiva. la prolongación del proceso constitucional no hará otra cosa que agravar los efectos del acto que precisamente se está cuestionando. al revés de ello. por el contrario. Santa Graciela S.A. al revés de ello. d) visto que la cuestionada Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 deja en claro que la capitalización de intereses no queda enervada. e) la eventual afectación a los intereses de quien fue demandante en el proceso de obligación de dar suma de dinero e indemnización. resulta evidente que al haberse rechazado liminarmente la presente demanda constitucional. no haciéndose obligatoria la participación del procurador de los asuntos del Poder Judicial. sino que. . deviene inviable habida cuenta de los argumentos antes expuestos. pues dicha empresa optó por apersonarse al presente proceso constitucional mediante escrito de fecha 5 de junio de 2013 (fojas 326 a 327). N. permitida.
Frente a tal circunstancia se hace necesario recordar que de acuerdo con nuestra jurisprudencia el amparo contra resoluciones judiciales se encuentra circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa o manifiesta cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución y no solo aquellos estrictamente procesales (Cfr. que abarca diversos componentes tradicionalmente vinculados tanto a la llamada tutela jurisdiccional efectiva como al derecho fundamental al debido proceso (estos últimos indiscutibles derechos constitucionales).A. Establece. N. smo en los presupuestos expresamente establecidos por el derecho. así como amenazado su derecho fundamental de propiedad. habrían sido transgredidos los derechos a la tutela procesal efectiva su modalidad a la obtención de una resolución fundada en derecho). 0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. corresponde responder la controversia de cara a lo que significa cada uno de dichos atributos. 18. . Bajo tal premisa. e ac rdo con lo señalado y tomando en cuenta que. invocado precisamente en la demanda.A. 3179-2004-AA/TC). conviene precisar que por dicha regla debe entenderse la exigencia de que toda resolución judicial no dependa o se fundamente en la libre discrecionalidad del juzgador. en efecto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11111111111111111111111111111111111111111 EXP. STC. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA FOJAS 1 ~C\ . según lo argumentado por la r rrente. cuando adopta la tesis de una capitalización de intereses asumida con carácter general. uno de los cuales es el derecho a la obtención de una resolución fundada en Derecho. 19. un atributo de alcance genenco reconocido en el último párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Sobre la vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva (La exigencia de una resolución acorde a derecho) La tutela procesal efectiva es. el citado dispositivo legal (artículo 1249) que "No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación. y teniendo en cuenta que tiene diversos contenidos. a la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción a la \ arbitrariedad. como se sabe. En dicho escenario y por lo que respecta al caso planteado. resulta evidente que la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012. pues otorga a la norma contenida en el artículo 1249 del Código Civil un sentido totalmente distinto a aquel con el cual fue concebida. incurre en un error. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA imputa el desconocimiento de diversos derechos fundamentales.
Por ello es que la procedencia de esta forma de calcular intereses resulta absolutamente excepcional. el propósito de la regla contenida en el artículo 1249 del tes ci do cuerpo normativo es proscribir la capitalización de intereses con arác r absolutamente general. para la resolución judicial cuestionada. desnaturaliza la propia finalidad del Código Civil. . En este contexto. no termina de entenderse como así. existiría la posibilidad de una capitalización de intereses en una deuda generada entre privados. la práctica que adopta el Banco Central de Reserva que valida la capitalización como fórmula aplicable al ámbito mercantil y bancario es algo que se justifica por la naturaleza de sus propias funciones e incluso de lo previsto a título de excepción por el Código Civil. que reconoce a modo de típica excepción que sin embargo "Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación.A. 22. pues. bancario o de naturaleza similar.A. incorporando como regla expresa su prohibición e marco de las relaciones contractuales.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. debe concordarse con el artículo 1250 del mismo Código Civil. por otra parte. sin la existencia de convenio celebrado por las partes tras el vencimiento del periodo expresamente establecido por la ley. habida cuenta de que capitalizar intereses supone agregar los intereses al capital de manera sucesiva para continuar calculando intereses sobre la base del capital incrementado por interés. caprichosa. pues. sustancial y grave de la deuda. salvo que se trate de vínculos de tipo ercantil. · 1cio el Tribunal. Esta operación genera un crecimiento importante. y no presumirse mediante interpretaciones de suyo forzadas. lo que. La única posibilidad de que fuera de estos últimos ámbitos pueda permitirse la capitalización de intereses en el ámbito civil operaría previo convenio y siempre que exista como mínimo un año de atraso en el pago de los intereses correspondientes. y específicamente para las de tipo contractual. En tal sentido. N. resulta un evidente despropósito. pero que se pretenda extender la misma para todo tipo de relaciones. siendo que las condiciones para su procedencia deben encontrarse expresa y taxativamente establecidas por ley. Dicha norma. que no es querido por el sistema jurídico. bancarias o similares". La razón de este dispositivo no es. cual es la de evitar fórmulas usureras entre los privados. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA salvo que se trate de cuentas mercantiles. como reiteramos. siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses". sino que responde al hecho de evitar la usura. FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111111111~111111111111111111~1 ~ 11111 EXP.
. la protección del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales no implica someter a un nuevo examen de fondo la controversia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS 1 f\ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~1~11111 EXP. ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos" (STC 1480- 2006-AA/TC. ) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso. como es bien sabido. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA .__.. Por lo mismo. y en clave constitucional.. expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.. a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto. prohíbe el abuso el derecho.. porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa. Por lo tanto.u' s.. N. mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.A. sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho.. sino el análisis externo de la resolución. )el análisis de si en una determinada resoluciónjudicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. Este Colegiado ha dejado establecido a través de su jurisprudencia que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces.. sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. 25. 26. Esas razones "( .. bancario y afines. En tal sentido. y como también ha quedado explicitado en posteriores casos. evitando siempre el abuso de alguna de las partes contractuales. que. mientras que los intereses generados de los contratos civiles deben determinarse en los mismos.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. en principio y como regla general.. Sobre la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 24. . Esto. al resolver las causas. . Fundamento 2). "El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso " (STC 1480-2006-AA/TC.A. va de la mano con lo previsto por el 1culo 3 de nuestra propia Constitución. Fundamento 2)... Al respecto. "( . dicha práctica debe reservarse para el ámbito m antil. de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas.
tros. Fundamento 7). justificación de las premisas. por otro lado. en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir.A . e) Deficiencias en la motivación externa. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. es decir. de modo coherente. en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. cuando existe incoherencia narrativa. o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato. N. no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales" (STC 0728-2008-PHC/TC. ente por ello se ha precisado en la antes citada ejecutoria que el do constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión. al fundamentar su decisión: 1) ha . como los identifica Dworkin. sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión. y. TRIBUNAL CONSTITUCION1\L OTDA FOJAS ( \'1? TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~1~11111 EXP.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. Si un Juez. en ambos casos. Se trata. b) Falta de motivación interna del razonamiento. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando esta es solo aparente. las razones en las que se apoya la decisión. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA Sin embargo.A. por un lado. de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal.
sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales. por lo tanto. pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de "X" en tal supuesto. para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. la insuficiencia. d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente. porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia. no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas. desviaciones que supongan . 2) luego. N. ay que precisar en este punto. entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y. y en línea de principio. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAAVEDRA establecido la existencia de un daño. ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X". sin cometer. en consec ncia. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado 1 democrático. actividad que le corresponde de modo exclusivo a este. al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada.. bien tratándose de problemas de interpretación. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez. 0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. que el proceso constitucional no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba. vista aquí en términos generales. básicamente. el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. Si bien. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS 1 '!? TRIBUNAL CONSTITUCIONAL llllllllllllllllllllllllllllilil~lllll EXP. bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos.A.A. solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. Se refiere.. la aparente corrección formal del razonamiento y de la cisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una defici cia en la justificación externa del razonamiento del juez. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas.
resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada. se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139. constituye eración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). optar por una interpretación contraria a la finalidad de la norma es partir de una premisa equivocada que no solo no ha sido contrastada con lo dispuesto expresamente por el ordenamiento jurídico. no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de i ·ato la posibilidad de su control. referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal. En estos casos. prohíben con alcance general la capitalización de intereses. preguntarse de inmediato de qué manera habría sido vulnerado dicho atributo vía la resolución judicial objeto de cuestionamiento. Y es que. cabe. entonces. Ello en puridad se presenta como un típico vicio de motivación externa y. o el desviar la dec · ión del marco del debate judicial generando indefensión.A. N. En el contexto de las exigencias que involucra el derecho a la debida motivación. no omita. la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 resultaría cuestionable tanto por evidenciar deficiencias en la motivación externa como por el hecho de transgredir la exigencia de motivación cualificada. f) Motivaciones cualificadas. El incumplimiento total de dicha oblig ión. como ya se ha indicado. como tal. como producto de la decisión jurisdiccional. A juicio de este Colegiado. debe ser declarado. altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. o cuando. sino que desvirtúa por completo el esquema de mandatos y prohibiciones derivados de los artículos 1249 y 1250 del Código Civil que. Conforme lo ha destacado este Tribunal. . 29. 30. la motivación de la sentencia opera como un doble mandato. Desde luego.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). al momento de pronunciarse sobre una causa determinada. motivada y congruente de las pretensiones efectuadas. En efecto. resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda. es decir. incisos 3 y 5). el dejar incontestadas las pretensiones. FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL illllllllllllllllllllllllllllll~l~lllll EXP. 28. pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez.
si bien el dictado de una resolución judicial per se no vulnera derechos fundamentales. cuando no se justifican en forma debida las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. evid eme e y. y cuyas conclusiones sean ajenas a la lógica. N. La arbitrariedad. En este contexto.000 genere intereses en el orden de los S/. 50. 267. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA 31. que sea más bien fruto del decisionismo que de la aplicación 1 del derecho. Por tanto. injusta y. la exigencia de motivación cualificada aparecía como un inobjetable imperativo.A. lo mínimo que ha debido hacerse es ~ustific de manera cualificada tal decisión. lo que. habrá de generar incidencias sobre el derecho ndame l de propiedad de esta última.A. 34. sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria. 6' 91 O. implica inconstitucionalidad. toda resolución judicial que sea caprichosa. Por otra parte y si como consecuencia de la interpretación asumida por la resolución cuestionada iba a verse limitado algún derecho fundamental. será obviamente una sentencia arbitraria. Y es que dicho órgano jurisdiccional ha decidido establecer la procedencia de la capitalización de intereses legales soslayando apreciar y valorar la finalidad y el propósito de la prohibición contenida en el artículo 1249 del Código Civil al momento de interpretarlo. esto es. en tanto es irrazonable.0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. 35. ulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad Como ya se ha sostenido en diversas oportunidades. no se observa en momento alguno. 33. y ahora se reitera que la motivación asumida por la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 resulta a todas luces cuestionable e insuficiente en relación a lo que en sustancia se está decidiendo. sin embargo y de cara a los fu mentos de la misma. por lo tanto. Si situaciones tan evidentes como las descritas no han sido merituadas en su real . inconstitucional. FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111~1111111 EXP. También se ha visto que la misma resolución ha omitido por completo considerar que la incidencia de tal decisión pueda generar sobre los derechos fundamentales de la recurrente al pretender que la deuda indemnizatoria de S/. por lo mismo. que esté más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón. Ya se ha visto. si la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 ha determinado un incremento exponencial de la deuda reconocida sobre la recurrente que. 96.
el Tribunal Constitucional considera pues que la resolución judicial objeto de cuestionamiento ha vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad al pretender justificar la supuesta procedencia de la capitalización de J intereses legales sobre la base de una interpretación. En dicho contexto. La amenaza sobre el derecho constitucional de propiedad 39. que la existencia de un mandato judicial con características de definitivo. como ya ha sido visto.A. contraria a las previsiones de nuestro propio ordenamiento jurídico. interdiciendo o prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad (artículo 44 de la Constitución Política). El pri i io de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado onstitu onal (artículos 3 y 43 de la Constitución Política) y tiene un doble signifi do: a) en un sentido clásico y genérico. Es decir. . N. no cabe duda de que la inminencia de afectación se encuentra plenamente acreditada. FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111!1~11111 EXP. ni siquiera han sido encaradas desde la perspectiva de una adecuada motivación. debe contrastarse si la resolución objeto de cuestionamiento genera. al respecto. Y siendo que el proceso judicial del cual deriva dicho mandato se encuentra en su fase definitiva o de ejecución. acredita plenamente la certeza de la amenaza. 38. toda alegación respecto de la existencia de una amenaza sobre el derecho de propiedad debe ser cierta y de inminente realización. a todas luces. Este Tribunal considera. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA dimensión y. un estado de amenaza sobre el atributo invocado por la recurrente. en efecto. la arbitrariedad aparece como el rev de la justicia y el derecho. y. En este contexto y si alega la recurrente amenaza sobre el derecho de propiedad. la 1trariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva. por el contrario. A lo dicho debe agregarse que constituye deber primordial del Estado peruano garantizar la plena vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. De acuerdo con nuestra jurisprudencia y lo expresamente previsto por el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. su proceder no puede ser calificado sino como irrazonable y desproporcionado. como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (STC 0090-2004-AA/TC. b) en un sentido moderno y concreto. Fundamento 12). como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. 40.A .0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. 37.
sin la existencia de convenio celebrado por las partes tras el vencimiento del periodo expresamente establecido por la ley. y.A. en el marco del incidente tramitado con motivo del proceso seguido por Santa Graciela S.-Contratistas Generales contra Telefónica del Perú S. en este extremo.A. como ya se ha señalado. N. 0 6656-2005-44. igualmente legítima. ratifica una evidente amenaza sobre el derecho fundamental de propiedad invocado en la demanda.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. Expediente N. 2. puesto que la irregular aplicación de esta capitalización de intereses a una deuda generada entre privados. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado HA RESUELTO l.A. la pretensión contenida en la demanda resulta. Por estos fundamentos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA FOJAS 1 ·}1_ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111111111111 EXP.A. en consecuencia. sobre obligación de dar suma de dinero e indemnización. emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Representado(a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA 41. el Tribunal Constitucional.A. de fecha de noviembre de 2012. la capitalización de intereses aplicada en la forma como lo propugna la Resolución de fecha 28 de noviembre de 2012 produce notorios efectos en el patrimonio de la empresa recurrente. 0 3. Publíquese y Notifíquese SS MIRANDA CANAL URVIOLA HANI BLUME FORTINI RAMOSNÚÑEZ SARDÓNDE AD ESPINOSA-SALDAÑA . En este contexto y si. Declarar la NULIDAD de la Resolución N.. Declarar FUNDADA la demanda de amparo interpuesta.
Sin embargo. la que. cabe indicar que los efectos de la estimación de la presente demanda se circunscriben a establecer la proscripción de la usura como un principio de nuestro ordenamiento jurídico civil. toda vez que el Expediente 6656-200 viene tramitándose en sede ordinaria desde 1990 y hasta la fecha no se ha cumplido ejecutar lo allí resuelto en todos sus términos.A. de fecha 28 de noviembre de 2012.A.A. el referido a los efectos de la presente sentencia. de cumplir con el pago del monto indemnizatorio y los intereses legales correspondientes reconocidos en la sentencia de fecha 26 de marzo de 2008. \~ FOJAS 1 /~ 1~1 ~~ 11~1~~ 111 EXP. que declara fundada la demanda y dispone la nulidad de la Resolución N° 3.A. se pronuncia respecto del informe pericial contable que liquida los intereses legales devengados del monto de indemnización de daños y perjuicios que Telefónica del Perú S. Al respecto. debió abonar a favor de Santa Graciela S. ¡ ' TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA .A. si de autos se advierte que la referida empresa ha incurrido en una evidente falta de diligencia respecto al pago de esta obligación. a su vez. 0 03864-2014-PA/TC TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. ello no enerva en modo alguno la obligación de la ahora demandante. N. Representado (a) por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ Emito el presente fundamento de voto pues si bien coincido con el sentido de la decisión adoptada en mayoría. ( . expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.A.. máxime. considero necesario precisar un aspecto fundamental. Telefónica del Perú S.-Contratistas Generales conforme a lo dispuesto en el Expediente 6656-2005-0.
Al respecto. alcanzo el siguiente fundamento de voto con la finalidad de hacer algunas precisiones y salvedades: l . - Contratistas Generales contra Telefónica del Perú S. elementos del caso que no se encuentran presentes en el caso de autos. en el sentido de declarar fundada la demanda de amparo y nula la resolución n. y reiterando que estoy de acuerdo con el sentido del fallo (en la medida que me parece claro que se ha producido una afectación en los derechos . este Tribunal revolvió que en materia pensionaria el cálculo de los intereses legales no es capitalizable. sino también porque ello requeriría de un mayor de debate.A.A. 0 3 de fecha 28 de noviembre de 2012. es necesario precisar que en aquel caso la respuesta de este órgano colegiado no solo se basó en lo dispuesto por el artículo 1249 del Código Civil. No obstante ello. soy de la idea de que este Tribunal no debería resolver de una vez por todas.A. en el que debería tenerse en cuenta los efectos de dicha decisión. emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Siendo así. 4. j . en el marco del incidente tramitado con motivo del proceso seguido por Sánta Graciaela S.0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.. estábamos ante un asunto que fue en su momento regulado por ley (Ley 29951 ). Además.A. además. N. De esta forma. allí se contaba con pronunciamientos de la Corte Suprema que habían resuelto en el sentido de proscribir la capitalización de intereses en materia previsional. habían entonces algunas propiedades específicas y relevantes del mencionado caso Inocencio Puluche que determinaron la respuesta del Tribunal Constitucional en el sentido indicado. no solo porque un pronunciamiento de esa naturaleza es innecesario para resolver el presente caso. 20). como parece hacerlo. En este contexto. En el ATC 02214-20 14-AA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS r /1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111111111111111111111111~1~11111~1 EXP. que "el propósito de la regla contenida en el artículo 1249 del [Código Civil] es proscribir la capitalización de intereses con carácter absolutamente general" (f. 3. sobre obligación de dar suma de dinero e indemnización.A. j. así como la legitimidad o constitucionalidad de que esta cláusula que proscribe la "usura" (f. sino que. que prohíbe pactar el anatocismo. caso Inocencio Puluche. 21) se considere razonable y garantista cuando se entiende proscrita en la mayoría de actos contractuales. pero que ello no es necesariamente valorado así cuando se trata del ámbito mercantil o bancario. Representado por MAR10 LUIS REGGIARDO SAA YEDRA FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA Estando de acuerdo con el sentido del fallo. t .
caso Banco República. Dicho con otras palabras. en dicha oportunidad se señaló que: a) El control constitucional en la vía del amparo contra resoluciones judiciales ha tenido un tratamiento diverso por parte de este Tribunal en su jurisprudencia. sino que la regularidad de un proceso también se verifica en el respeto de todos los derechos fundamentales . Asimismo.A. sobre la base lo dispuesto en el artículo 1249 y siguiente del Código Civil. e) Es pues. creo que las consideraciones expresadas en la sentencia relacionadas con dotarle de efectos generales a la proscripción de la capitalización de intereses legales. debió tenerse en cuenta lo resuelto en el ATC 03379-2013- AA. Esta postura es la que finalmente fue acogida en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. conforme con el Código Procesal Constitucional. pues se reconoció que no necesariamente debía entenderse un proceso regular a aquellos procesos que solo ha respetado los derechos incluidos dentro de la tutela procesal efectiva (debido proceso y tutela judicial efectiva). en mérito a lo expuesto. caso Apolonia Ccollca se matizó está perspectiva. bajo esta perspectiva. En una primera lectura de la Constitución. en lo que se conoce como la tesis admisoria moderada para el amparo contra resoluciones judiciales. merece un mayor debate y no debe entenderse como una materia zanjada. que en el mismo caso Apolonia Ccollca se dispuso un canon interpretativo compuesto de tres exámenes para regular la intensidad del control constitucional de resoluciones judiciales. la cual exigía establecer nuevos parámetros para determinar sus alcances. solo podía entenderse como la de los procedimientos y los procesos que hubiera seguido las pautas de la tutela procesal efectiva. 5. al tratarse el presente caso de un amparo contra resolución judicial. Se pretendió . N. b) A partir de la STC 03179-2004-AA. considero que. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTOA FOJAS 1 ~· TRIBUNAL CONSTITUCIONAL llllllllllllllllll~llllllllillllllllll EXP.A. se asumió que sólo podían revisarse en amparo aquellas resoluciones que tuvieran un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. En efecto. era necesario establecer criterios para distinguir qué pretensiones pueden ser vistas en amparo contra resoluciones judiciales y los límites de la judicatura constitucional para pronunciarse sobre la vulneración de estos derechos. Representado por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA del demandante). que la acepción de los términos "proceso" o "procedimiento regular" recogida por el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución. en relación con el análisis que corresponde realizar a los jueces constitucionales al revisar la constitucionalidad de las resoluciones .o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. Con ello se consagró una tesis admisoria amplia. Se comprendió.
por lo tanto. entre otras. la fórmula Hece. este Tribunal sistematizó los supuestos que configuran vicios en la motivación y que. En este sentido. la práctica jurisprudencia} no fue uniforme en el tratamiento de estos temas. que bajo cualquier perspectiva puede ser controlada en sede constitucional. toda vez que solo se refieren a los derechos fundamentales que pueden ser demandados. STC 02716-2011-P. Todas estas distintas posturas buscan abordar el mismo problema: distinguir qué aspectos de lo resuelto en una vía ordinaria corresponde revisar al juez constitucional.A. Así. La relevancia de la motivación en el tratamiento del amparo contra resoluciones judiciales responde a que suele ser uno de los derechos alegados en estos casos. la respuesta que este 1 Ver por ejemplo STC 01439-2013-PA. 4 STC 09746-2005-PHC. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OTDA FOJAS 1 '2. en la STC 00728- 2008-HC. e incluso una mezcla de estas últimas 5 . Lo cierto es que. y hasta qué punto desempeña esa labor sin desconocer una necesaria corrección funcional. Y es que si bien el test de intensidad de Apolonia Ccollca fue aplicado en algunos casos 1. 2 RTC 00649-2013-PA. RTC 06524-2013-AA. STC 00978-2012-PA. se requiere contar con pautas claras para conocer qué demandas pueden conocerse en amparo y los alcances del pronunciamiento del juez constitucional en estos casos. e) De igual manera.o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. también se fueron utilizando otros criterios como el de la fórmula de Schneider (con algunas modificaciones) 2.A. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha acogido desarrollos importantes sobre el derecho de motivación. STC 00575-2006-AA. RTC 03767-2012-PA/. STC 02598-2010- PA. al estar inevitablemente relacionado a una resolución judicial y no a otros actos del proceso que podrían no tener base en una resolución. RTC 01871-2008-AA 5 RTC 00345-2010-PA . d) No obstante lo expuesto. vulneran la tutela procesal efectiva. 3 RTC 03820-2011-PA. entre otras. RTC 02239-2012-PA.\ . pero no implica que exista un pronunciamiento sobre todos los problemas existentes en tomo a esta forma particular en que puede utilizarse este proceso constitucional. N. sea cual sea la tesis que se asuma. entre otras. f) Debe entonces quedar claro que la discusión sobre las tesis admisorias del amparo contra resoluciones judiciales apunta a resolver el problema de la procedencia.· TRIBUNAL CONSTITUCIONAL llllllllllllllllll~llllllll~llllllllll EXP. caso Giuliana Llamoja. la fórmula de la cuarta instancia3 . Representado por MARlO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA con ello que en cada caso concreto el juez constitucional determine con qué profundidad debe incidir en lo resuelto por la judicatura ordinaria.
Es así que. FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111111111111111~11111111~ li 11111111 EXP. las vías de hecho o afectaciones de carácter procesal o procedimental que. por exceso o por defecto. que se presenta cuando el caso ha sido resuelto sin tomar en cuenta un derecho fundamental que debía observarse. sobre las cuales incidiremos a continuación. i) En cuanto a las resoluciones judiciales. respetando de esa forma los márgenes de corrección funcional del juez constitucional. considero que en materia de amparo contra resoluciones judiciales también debe promoverse un diálogo que . la identificación de vicios o déficits judiciales que pueden ser objeto de una demanda de amparo parte de revisar en qué recaen las actuaciones judiciales que pueden ser objeto de control constitucional. TRIBU ' . no solo los del Tribunal Constitucional. h) En ese sentido. De otro lado. N. no resuelve en base al contenido del derecho. cuando el juez ha aplicado erróneamente el principio de proporcionalidad. tenemos un amplio espectro de vicios controlables por el juez constitucional que pueden ser vicios de razonamiento o motivación o errores de interpretación constitucional. además de encontrarse asentada en su propia jurisprudencia. Los primeros obligan a realizar un análisis del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 6. En suma: sin perjuicio de estar de acuerdo con el fallo. 0 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. al hablar de errores de interpretación constitucional nos referimos a los déficits que propone Hans Peter Schneider (fórmula Schneider). sin tener correlato necesariamente en una resolución determinada. Representado por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA Tribunal intenfÓ en su momento dar con el caso Apolonia Ccollcca. dichos errores permiten identificar claramente lo que debe conocer un juez constitucional. j) Como puede verse. En mi opinión.A. no ha sido suficiente. de todo este panorama se extraen situaciones que típicamente van a requerir una respuesta de Derecho Constitucional. cuando el juez constitucional. y a la vez. o finalmente. constituyen un límite a su actuación al solo poder referirse al problema de interpretación constitucional. por un lado. tenemos las resoluciones judiciales. g) Lo que entonces debe construirse es una respuesta de este Tribunal que. delimitación. y por otro.A. de ponderación. como aquí se ha visto. esté orientada a las necesidades de la realidad que enfrenta y que suponga un punto de equilibrio en las relaciones entre la judicatura ordinaria y los jueces constitucionales. Estos errores son los de exclusión. afectan de forma manifiesta el debido proceso.
FOJAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL lllllllllllllllllllllllllllllllillllllll EXP. o 03864-2014-PA/TC LIMA TELEFÓNICA DEL PERÚ S. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA . S. debido a que ésta ha afectado los derechos constitucionales invocados por el demandante. considero que el hecho de que se declare nula la resolución cuestionada. 7. NAL .A. Por último. N..A. no significa en absoluto que este demandante quede exonerado de pagar el monto adeudado así como los intereses legales correspondientes. Representado por MARIO LUIS REGGIARDO SAA YEDRA nos permita avanzar hacia criterios que redunden en una mejor impartición de justicia con seguridad jurídica para todos los operadores.
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