Source: https://it.scribd.com/doc/290753022/Interpretacion-Constitucional-Elisur-Arteaga
Timestamp: 2020-06-02 22:26:21
Document Index: 126082077

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 124', 'artículo 9', 'artículo 106', 'artículo 13', 'artículo 29']

Interpretación Constitucional - Elisur Arteaga | Constitución | Federación
Resumen del libro Intepretación Constitucional de Eduardo Ferrer MacGregor. Explicación de las reglas que deben seguirse para la interpretación constitucional según Elisur Arteaga.
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LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL – ELISUR ARTEAGA
Un intento por definir la interpretación constitucional
¿Cómo debe de interpretarse? Principios propios de la interpretación constitucional
Principio de que la Constitución es norma fundamental
Principio de que la Constitución ha sido sólo una, y que es completa en sí y por sí.
Principio de incongruencia constitucional
Principio de permanencia constitucional
Interpretación con base en el principio de la legalidad
Principio de igualdad ante la ley y los privilegios
Principio de generalidad y exclusividad
Principio de que las facultades de los poderes federales son enumeradas
Principio de facultades residuales
Principio que regula la existencia de los derechos humanos y sus limitantes
Principio del silencio de la Constitución
Principio de que todo poder es completo en sí mismo
Principio de que la Constitución es un todo
Principio de que la Constitución es un texto político
Las clases de intepretación
La interpretación constitucional es una parte de la interpretación jurídica; en fondo y forma.
Es una ley como otras que permite y prohíbe, sin embargo es una norma suprema, rígida, escrita y fundamental que fue emitida en un tiempo dado por una razón dada. Consigna derechos, prevé la existencia de poderes y órganos de autoridad, sus facultadas, atribuciones y limitaciones.
Al momento de interpretar la Constitución es menester tomar en cuenta tanto el preámbulo, los artículos transitorios y el texto mismo. Asimismo debemos entender que no sólo regulará un sistema político, sino que irá más allá.
1 Este es un estudio que corresponde al capítulo 4 del libro primerio de “Teoría constitucional y teoría política”. La cita se encuentra en la página 61.
La interpretación jurídica, necesita de personas que hayan dedicado tiempo y estudio a los textos normativos.
Interpretar la Constitución mexicana puede llegar a ser algo complicado y peligroso, pues ha perdido eficiencia, es redundante, poco técnica y contradictoria. Asimismo, con todas las reformas y modificaciones que ha sufrido durante los años, ha perdido su brevedad; característica de toda ley.
Sin embargo, para aquellos estudiosos en los textos normativos, debería ser fácil. El punto está en interpretar que quiso decir el constituyente, así como qué significa o cómo se debe aplicar lo que dijo en momentos actuales.
La interpretación de un texto constitucional sólo es admisible en la medida en que en ésta se tomen en cuenta su redacción, el contexto particular y general en el que se da:
antecedentes históricos, la doctrina, los precedentes, jurisprudencia y la situación particular en que se presentan las relaciones gobernados-gobernantes.
La importancia de la interpretación constitucional radica en la buena aplicación de la ley de los poderes federales, estatales y municipales. Estos van a interpretar la norma dependiendo de su ámbito para aplicarla. Por lo tanto debemos entender como sinónimos los verbos aplicar e interpretar.
Sin embargo, la interpretación oficial es hecha por los entes, poderes y órganos previstos en la Constitución; quienes son conferidos con aquella facultad, sin importar si es infundada o contraria al texto escrito. 2 Ellos con los únicos que cuentan con un elemento coercitivo para imponer un punto de vista, aunque sea equivocado.
Cuando se busca interpretar un texto constitucional es necesario recurrir a la historia (naturaleza histórica y política pues ahí yacen los principios) del federalismo en México para determinar el supuesto en que se colocó el primer constituyente federal.
Tanto la interpretación como la reforma constitucional son actividades que corren paralelamente con la característica de que en el momento en que uno decrece, el otro aumenta, pues el interpretar conlleva a la modificación de los textos elementales para adaptarlos a las circunstancias actuales. Sin embargo si no se interpretan los textos, todo recae en las reformas de los textos fundamentales.
Es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo, en los términos en que está redactado en todo su contexto. 3 Su objeto integral es poner en práctica la intención de los autores del documento y, adicionalmente, la intención del pueblo al adoptarlo.
2 Es importante este punto debido a que esto quiere decir que la norma no es siempre interpretada correctamente y por lo tanto es aplicada erróneamente. 3 Con esto nos referimos al comprender la base de la norma, cómo está redactada (su intención) en un contexto histórico. Podría decirse que buscamos las razones por las que fue hecha la norma de tal modo.
Existen normas completas que no necesitan interpretación, por ejemplo el artículo 83 constitucional: “El Presidente entrará a ejercer su el 1ro de diciembre y durará en él seis años”.
García Maynez afirmaba según Elisur Arteaga que intrepretar la ley es descubrir el sentido que encierra. Sin embargo esto es sólo el problema inicial de todo. El problema principal es saber qué debe entenderse por sentido de la ley.
Una de las soluciones es el voluntarismo jurídico, es decir comprender lo que quiso decir el legislador, pues la expresión de la ley es completamente es suya. Por otra parte se dice que debe de interpretarse lo que se dice en el texto, es decir en su gramática.
“Debemos partir de que es un documento legal, de naturaleza suprema, que prevé la organización de un Estado bajo una forma determinada, específica y propia, con el propósito de lograr una convivencia ordenada y pacífica; dispone la existencia de poderes y órganos de autoridad, especialmente tribunales cuya existencia prevé la Constitución”. 4
Otro punto de vista es el de las autoridades. Ellos parten del supuesto de que la Constitución es un cuerpo normativo que regula las relaciones de dominación y sometimiento.
El equilibrio o desequilibrio entre ambos puntos de vista es lo que determina que se viva dentro de un Estado de derecho, una dictadura o una anarquía. Es función de los tribunales el servir fiel en el juego de pesos y contrapesos.
Sin importar lo que se desprenda del texto, hay que salvaguardar su naturaleza política y organizativa para los fines que persiga el intérprete (ya sea particular o autoridad). La interpretación de la Constitución tendrá siempre dos extremos: buscará sus pretensiones (del texto) o buscará favorecer a los gobernados. Es imposible no caer en ninguno de los dos.
Debemos de tener en cuenta que la organización de la Constitución: capítulos, títulos, clausulas, oraciones y palabras han sido incorporados con el fin de organizar y regular la estructura y el funcionamiento del Estado mexicano.
Para interpretar la Constitución, debemos partir del supuesto de que es esta una ley suprema. Todo lo que existe después de ella: leyes, reglamentos, tratados internacionales, debes estar hechos conforme a esta y sin contravenirla.
Está hecha con el fin de que todos sigan su cumplimiento, ya sea gobernados o gobernantes. Por lo tanto es un cuerpo de normas obligatorio para toda persona. Por lo tanto, el principio de supremacía implica (en la labor interpretativa) que todos los actos y hechos
4 También es importante hacer mención que esta da facultades a esos tribunales, poderes y órganos de autoridad. Y que en este documento se especifican.
que se realicen dentro del territorio nacional, provengan de particulares o de autoridades, deben de estar de acuerdo o fundados en la Constitución. Es por eso que el principio de que una ley posterior derogará a la anterior no aplica en la Constitución, sino que será un acto legislativo viciado y es susceptible a ser anulado.
En los casos en que el principio de supremacía constitucional choque con el de seguridad jurídica, unido al que presume la constitucionalidad de las normas secundarias, prevalecerá este último. Sin embargo por legislación mexicana, cuando una ley viciada no es impugnada en un plazo menor de 30 días naturales al día de publicación de dicha ley, esta quedará firme, yendo en contra del principio quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. 5
Habida cuenta que la sentencia de amparo tiene efectos relativos, el principio de supremacía constitucional tiene también un valor o vigencia relativa.
Es una ley fundamental por el hecho de que determina cómo se regirá el país, es decir, es la base de todo sistema normativo y político. La Constitución nos dice qué poderes existen y sus facultades, atributos y prohibiciones; nos menciona qué personas son las que tienen poder y de qué manera llegan a él.
Todos aquellos que crean leyes tienen que fundamentar la creación de estas en la carta magna. Por ejemplo, los poderes federales, debido a la redacción del artículo 124, han de fundar su actuación de manera expresa invocando la disposición con base en la cual lo emiten.
Será constitucional todo lo que encuentre fundamento en algún precepto de la carta magna. Aquello que no sea fundamentado, no es susceptible de ser reglamentado, y en principio, pudiera haber quedado reservado a los habitantes del país.
Debemos tener en cuenta que todas las Constituciones anteriores han sido derogadas y no abrogadas 6 , por lo tanto siguen en vigor aquellas partes que no contradigan el texto actual y que no atenten contra su naturaleza. 7
5 Esto significa: lo que en un principio es vicioso, no puede prevalecer por el transcurso del tiempo.
6 Según el Diccionario Jurídico Mexicano, abrogar es la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la
obligatoriedad de una ley. En Roma la derogación de la ley era una anulación parcial, cuando era completa se le llamaba abrogación. Es el mismo caso cuando hablamos en lenguaje técnico jurídico. El artículo 9no del Código Civil dice que toda ley quedará abrogada únicamente cuando ésta vaya en contra de una norma superior
o del mismo rango.
7 Es importante mencionar, como dato, que el Proyecto de Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, del 10 de enero de 1822, en su primer artículo abrogaba totalmente la constitución española: “Desde
la fecha que se publique el presente reglamento, queda abolida la constitución española en toda la extensión del
Cuando hablamos de reformas constitucionales, el art. 135 no determina de manera explícita cómo ha de iniciarse ni la forma en que debe actuar el Congreso para su examinación y aprobación. Sin embargo la Constitución de 1824, en el art. 170 decía: “Para reformar o adicionar esta constitución o el acta constitutiva, se observarán además de las reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al presidente en el artículo 106”. Por lo tanto, el presidente queda vedado de hacer observaciones en la actualidad por aquel artículo de la Constitución de 1824.
Es importante mencionar, que sólo es válido eliminar cualquier laguna que pudiera detectarse en la Constitución recurriendo a lo que es su texto, entendido como una universalidad de principios fundamentales que han estado y están en vigor. Sólo después de agotado esa instancia, es válido auxiliarse de otras fuentes que no tengan el atributo de superiores o fundamentales.
Cuando nos referimos a incongruencia Constitucional nos referimos a textos que pueden llegar a ser contradictorios entre sí, o que están mal redactados. Elisur Arteaga dice que “los constituyentes han llegado, en gran número de ocasiones, al extremo de ignorar su idioma”. Sin embargo, cuando hablamos de los textos independientemente, es decir, de forma aislada, suelen ser claros y precisos.
El problema de la incongruencia constitucional cae en el contexto, cuando existen preceptos que son contradictorios o cuando se dan facultades o funciones a dos poderes o entes diferentes.
El principio de incongruencia constitucional dice que cuando existen estas, la interpretación debe hacer de manera que, sin importar que en determinado momentos algunos alguno de ellos deje de ser considerado o que, incluso el intérprete, con apoyo en un texto de la Constitución, tenga que optar por prescindir o sacrificar otra norma fundamental, se haga desconociendo la norma política o socialmente menos valiosa.
La Constitución fue hecha para que esté en vigor de por vida, es decir, tiene una vigencia indeterminada. Aun cuando esta no fuese acatada, tuviera leyes contradictorias o cualquier otra situación, seguiría en vigor.
La acción reformadora permitida al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados en el art. 135 se limita a la posibilidad de introducir reformas, pero nunca supone o puede significar la abrogación o anulación de la Constitución o su sustitución total por otra nueva.
Establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; y que todo aquello que no esté prohibido para los ciudadanos está permitido.
Por esa razón cuando un legislador propone una ley con la intención de legislar, debe citar la norma fundamental que le da la facultad para hacerlo. En caso contrario, debe tomarse como verdad, el hecho de que no está facultado para ello.
Al ser una federación debemos de tomar en cuenta necesariamente el principio que regula la distribución de competencias entre la federación y los estados.
Según el artículo 13, todos somos iguales ante la ley. Sólo pueden existir excepciones, cuando estas se encuentran dentro de la misma Constitución. Un legislador no puede crear nuevas excepciones, aumentar o disminuir excepciones existentes.
Una vez que se ha concedido un privilegio, si existieran dudas en relación a su alcance, al interpretar se debe hacer ampliamente y de forma que más que desvirtuarlo, se haga efectivo.
Cuando una facultad o una atribución se conceden a un poder u órgano en término generales y a otros en forma privativa o exclusiva, debe prevalecer esta última sobre aquella.
Aquellas facultades no otorgadas a los poderes federales, deben suponerse correspondientes a las facultades de los poderes locales. Es decir, en el caso de los poderes locales, el intérprete debe suponer que la facultad la tienen reservada y conferida salvo que, por algún texto expreso lo tengan prohibido o por tratarse de un derecho, individual o social, lo tengan limitado.
Está encaminado a proveer a los estados de una base para actuar en materias confiadas a los poderes federales, cuando estos no actúan. Esto no está especificado en la propia Constitución, sino que se desprende del contexto histórico en que se adoptó el sistema federal de 1824.
La federación por su parte, carece de facultades residuales, pues no puede suplir la no actuación de las autoridades de los estados. En teoría no dotó de facultades a los estados.
En el caso de que un poder federal actúe en una materia que no tiene conferida, el intérprete debe suponer que hay una invasión de competencias. En el caso de un poder local, se debe suponer que se está sobre una actuación supletoria válida.
Toda la interpretación ha de tomar cuenta los siguientes criterios:
 No se puede negar la existencia de derechos cuando no son reconocidos por el documento supremo. Tampoco se desconoce el derecho que se tiene a que se respeten.
 Todas las dudas sobre la libertad deben interpretarse en favor de ella.
 Los derechos individuales no deben ni restringirse, ni limitarse y mucho menos anularlos, mejor dicho, habrá que hacer que se hagan realidad en los términos en los que están consignados en el texto constitucional y si es posible, ampliarlos en favor de los habitantes del país.
 Las limitantes deben interpretarse en forma restrictiva, limitado a lo previsto sin ampliarlo en otras materias (artículos).
 Estas limitaciones son hechas por los legisladores y no le compete a ningún otro órgano establecerlas.
 Los derechos individuales son irrenunciables y por lo tanto no pueden ser derogados.
 Pueden ser suspendidos pero necesitan cubrir las formalidades y requisitos dispuestos en el artículo 29 constitucional.
El silencio, es decir, cuando la Constitución no hace mención sobre algo, debe de interpretarse como una negación por parte de esta cuando nos referimos de autoridad. En el caso contrario, cuando hablamos de particulares, las cosas que no están prohibidas son lícitas.
Se tiene como presunción que cuando se confiere una facultad, el poder tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Es ridículo pensar que se le diera una facultad a algún órgano y la llevase a cabo un tercero, pues este terminaría por absorber la facultad.
Por lo tanto, todos los poderes, sin importar su jurisdicción, aun cuando no tengan facultad de legislación, tienen el poder de hacer sus propios reglamentos que regulen su funcionamiento.
La Constitución es un todo, es decir que todas las normas son parte de ella, aun cuando no estén en el mismo documento. Por lo tanto las leyes deben de tener concordancia entre ellas.
Por ser el documento constitucional de naturaleza política, en caso de duda deberá optarse por un punto de vista que más que desconocer o diluir esas formas y maneras, tienda a afianzarlas y hacerlas operantes.
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