Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00489-de-mayo-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_de6f88293def00c8e0430a01015100c8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 18:57:45
Document Index: 116502704

Matched Legal Cases: ['artículo 254', 'artículo 103', 'artículo 267', 'artículo 49', 'artículo 1018', 'artículo 1282', 'artículo 1321', 'artículo 1326', 'artículo 1', 'artículo 149', 'Artículo 148', 'artículo 12', 'artículo 254', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 215', 'artículo 25', 'artículo 246', 'artículo 254']

﻿ Sentencia 2001-00489 de mayo 3 de 2013
SENTENCIA 2001-00489 DE 03 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:EL DAÑO CIERTO ES AQUEL QUE CONSISTE EN UN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE QUIEN LO SUFRE. ES ASÍ, COMO EL HECHO DE HABER SIDO DESPOJADO DE UNA CUOTA PARTE DE UN DERECHO DE HERENCIA POR CUENTA DE LAS DECISIONES DE UN FISCAL EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL, NO CONSTITUYE DAÑO CIERTO PUES, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HUBIERA ACREDITADO TENER VOCACIÓN HEREDITARIA, ELLO NO BASTA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE HEREDERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DAÑO, VOCACIÓN SUCESORAL, ACREDITACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO
Sentencia 2001-00489 de mayo 3 de 2013
Exp.: 26 819
Rad.: 170012331000200100489-01
Actor: Guillermo Mejía Llano
8. Obran en el expediente copias simples de los siguientes documentos: registro civil de nacimiento de Guillermo Mejía Llano (fl. 2, cdno. 1), registro civil de defunción de Carmen Tulia Llano de Mejía (fl. 3, cdno. 1), propuesta de partición y adjudicación de los bienes relictos de la señora Llano de Mejía presentada por el apoderado de María Elcira Mejía Llano al juez primero promiscuo de familia de Manizales (fls. 4-6, cdno. 1) y la providencia de 22 de enero de 1993 por la cual dicho juzgado aprobó esa propuesta (fls. 7-9, cdno. 1). Estos documentos no serán tenidos en cuenta pues, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(3), carecen de valor probatorio.
8.1. También obran en el plenario copias simples de varias de las actuaciones surtidas en la etapa de instrucción del proceso penal adelantado en contra de los señores Mejía Llano y Valencia Marín y las decisiones por las cuales el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales (fls. 85-126, cdno. 1) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial (fls. 136-150, cdno. 1) absolvieron a los señores María Elcira Mejía Llano y Néstor Ariel Valencia de los delitos de falsedad documental y fraude procesal. De conformidad con la jurisprudencia de la Corporación(4), éstas pueden ser objeto de valoración pues, en lo que concierne a las copias de los documentos de la etapa de instrucción, la Fiscalía General de la Nación posee los originales y, pudiendo realizar el procedimiento de cotejo, no las tachó de falsas y, en lo que tiene que ver con las decisiones de la etapa de juicio, aquélla fue parte acusadora en el proceso y, por tanto, dichas decisiones se profirieron con su audiencia.
9.1. El señor Guillermo Mejía Llano formuló denuncia penal en contra de Néstor Ariel Valencia Marín para que se investigara la autenticidad de la letra de cambio que este último hizo valer como pasivo en el proceso de sucesión de la señora Carmen Tulia Llano de Mejía. Posteriormente se vinculó a la señora María Elcira Mejía Llano —infra 9.9 y ss.— (copia simple de la denuncia fechada el 15 de junio de 1993 pero sin constancia de radicación, fl. 10, cdno. 1).
9.2. En el marco de la investigación previa adelantada por la Fiscalía, se decretó la práctica de una diligencia de inspección judicial con perito grafólogo para verificar si la firma estampada en la letra de cambio protocolizada en el juicio de sucesión de la señora Carmen Tulia Llano era la de esta última o no. En dicha diligencia el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal, Luis Aurelio Sánchez manifestó: “[e]n conclusión, la señora Carmen Tulia Llano de Mejía no fue la persona que plasmó la rúbrica que, como suya, se aprecia en la aludida letra de cambio”. Al rendir el estudio detallado reiteró: “Con fundamento en lo antes enunciado, se conceptúa que la señora Carmen Tulia Llano de Mejía no fue la persona que confeccionó la firma legible que como suya se vislumbra en la parte aceptada de la letra de cambio…” (fl. 15, cdno. 1) (copias simples de la diligencia adelantada por la Fiscalía 12, unidad previa permanente, y del dictamen rendido el 29 de diciembre de 1993, fls. 12-15, cdno. 1).
9.3. Con base en dichas diligencias, la fiscal 13 de la unidad especializada, grupo 2, profirió resolución de apertura de instrucción el 10 de diciembre de 1993 y, en el marco de la misma, el 8 de noviembre
de 1994, mediante oficio 8587, la secretaría común del fiscal 6 de la misma unidad y grupo solicitó al CTI de Manizales que ordenara al perito grafólogo de la entidad que rindiera dictamen sobre la firma inscrita en la letra de cambio materia de litigio. El 29 de diciembre de 1994, el coordinador de grafística y documentología del CTI —Élmer Mejía González— dictaminó que los caracteres escritos en la letra de cambio ya mencionada, “fueron elaboradas o confeccionadas por el mismo amanuense, es decir, por el señor Néstor Ariel Valencia Marín” (copias simples de la resolución y del dictamen pericial, fls. 16, 19 y 22-24, cdno. 1).
9.4. Después de realizar diligencia de inspección judicial al proceso sucesorio de la señora Carmen Tulia Llano de Mejía, protocolizado en la Notaría Tercera del Círculo de Manizales, la Fiscalía Seis de la unidad especializada, grupo dos, de Manizales, dictó medida de aseguramiento de caución prendaria en contra del señor Néstor Ariel Valencia Marín el 30 de enero de 1995, por considerar que había pruebas suficientes que lo señalaban como el autor de los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal (copia simple de la inspección y de la providencia, fls. 33-43, cdno. 1).
9.5. El 16 de febrero de 1995, el apoderado de los imputados en el proceso penal solicitó que se ordenara un nuevo examen grafológico de la firma que aparece en forma vertical en la letra de cambio “porque la que aparece abajo sí es del sindicado, pero como se dijo desde un principio, la aceptación fue de parte de la señora Carmen Tulia Llano de Mejía” (fl. 185, cdno. 1). La fiscal 6 del grupo 2 de la unidad especializada de Manizales resolvió favorablemente dicha petición por auto de cúmplase de 21 de febrero de 1995 (copias simples de la solicitud y del auto, fls. 185 y 186, cdno. 1).
9.6. El 17 de marzo de 1995, la secretaría común de la unidad especializada, grupo 2, de la Fiscalía de Manizales solicitó al CTI que ampliara el dictamen grafológico con el fin de establecer si la firma plasmada de forma vertical en la letra de cambio fue realizada por la señora Llano de Mejía, por el señor Valencia Marín o por un tercero, solicitud frente a la cual el coordinador de grafística y documentología —Élmer Mejía González— respondió: “se descarta al señor Néstor Ariel Valencia como autor de las firmas cuestionadas” (fl. 30, cdno. 1). En las conclusiones señaló que la firma de la señora Llano de Mejía correspondía al desenvolvimiento gráfico normal de esta última (copias simples de la solicitud y de la ampliación del dictamen rendida el 24 de abril de 1995, fls. 25-30, cdno. 1).
9.7. En resolución de 7 de noviembre de 1995, la unidad delegada ante los jueces penales del circuito de la Fiscalía General de la Nación dejó a disposición de las partes los dictámenes periciales obrantes en el proceso. Esta decisión quedó en firme el 16 de noviembre de 1995 y el 23 de ese mismo mes y año venció el término para objetarlos, sin que aparezca prueba alguna de que las partes se hubieran manifestado al respecto (copias simples de la resolución y de las constancias de notificación, fls. 187-190, cdno. 1).
9.8. El 22 de mayo de 1996, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la decisión de la Fiscalía 17 Seccional por la cual se rechazó la petición de la parte civil consistente en que se practicara una nueva peritación grafológica sobre la letra de cambio materia de litigio. A este respecto consideró:
Examinadas las anteriores explicaciones dadas por la instancia, aunque no son las razones fundamentales legales, éstas no dejan de ser ciertas por cuanto realmente no se llegaría a conclusiones definitivas sino que se sumarían a los dictámenes ya proferidos por otros laboratorios oficiales de grafología lo que conllevaría no a la claridad deseada sino a una mayor confusión y así mismo daría patente para interminables solicitudes de nuevos dictámenes grafológicos cuando no convengan a los intereses de las partes.
Por ello resulta contraproducente y si se quiere ilegal, que los funcionarios accedan a la práctica de diversos dictámenes sobre un mismo punto y por parte de diferentes laboratorios oficiales. Precisamente porque podrían llegar como en el caso que nos ocupa a ser opuestos, creando un caos en el proceso, siendo por ello inaceptable tal admisión (copia simple de la providencia, fls. 127-131, cdno. 1).
9.9. El 3 de diciembre de 1997, la Fiscalía 17 delegada ante los juzgados penales del circuito de Manizales decidió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de María Elcira Mejía Llano y cambiar la de caución prendaria impuesta en contra de Néstor Ariel Valencia Marín, por la de detención preventiva. En la parte considerativa, la fiscal a cargo mencionó:
Es preciso comentar aquí que los dictámenes fueron puestos en conocimiento de las partes, sin que fueran objetados por ellas. Y que los dictámenes en contradicción, en sí mismos considerados, no merecen reparo alguno en cuanto a su fundamentación, idoneidad y honestidad de los peritos, simplemente los resultados de ambos estudios son diferentes.
Atendidas estas circunstancias, considera la suscrita Fiscal que en el análisis del presente caso debe dejarse de lado, o mejor, no debe concederse ningún valor probatorio a los dictámenes grafológicos contradictorios; y en la solución del mismo sólo tener en cuenta las pruebas restantes. Acoger uno u otro dictamen no tendría ninguna fundamentación lógica en orden a establecer la verdad. Esta es una prueba que ninguna claridad daría al asunto tratado.
La prueba documental, testimonial e indiciaria está señalando la inexistencia de deuda contraída por quien en vida llevara el nombre de Carmen Tulia Llano de Mejía y en favor de su yerno Néstor Ariel Valencia Marín y por ende la existencia de letra de cambio en realidad firmada por dicha causante, como garantía del presunto e inexistente crédito.
Así las cosas, quiénes serían en este caso las personas beneficiadas con la creación del título valor falso? Indudablemente, Néstor Ariel y María Elcira y allí reside la razón de ser de su comportamiento (…)
El testimonio de Fabián Ramírez Mejía al igual que el del denunciante Guillermo Mejía Llano, dignos de crédito para el despacho, robustecen aún más la prueba analizada, prueba que milita en contra del matrimonio Valencia-Mejía. Las explicaciones dadas por los sindicados no han sido satisfactorias (fls. 59-60, cdno. 1) (copia simple de la providencia, fls. 44-63, cdno. 1).
9.10. El 24 de febrero de 1998, la Fiscalía 15 de la Unidad Delegada ante los juzgados penales del circuito de Manizales, profirió resolución de acusación en contra de los señores María Elcira Mejía Llano y Néstor Ariel Valencia Marín como coautores de “un concurso de hechos punibles de la falsedad en documento privado y del fraude procesal” (copia simple de la providencia, fls. 64-84, cdno. 1).
9.11. El 8 de febrero de 1999, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales profirió sentencia absolutoria a favor de los acusados por considerar que no se demostró la tipicidad de los hechos. En la parte considerativa quedó consignado:
Lamentablemente el fiscal investigador erró al haber ordenado la ampliación del análisis del folio 47 por intermedio de otro perito, sin motivo alguno, porque quien intervino en aquél no se encontraba dentro de ninguna de las causales de impedimento y recusación previstas en el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, o sea que ello pudo haber hecho perfectamente el primer perito, para así evitar contradicciones. La práctica de otro estudio sobre materia que ya había sido sometida a examen por persona versada en la ciencia, no ameritaba de manera alguna cambio de perito para que conceptuara sobre la autoría de la firma plasmada en el documento. Se contaba con una prueba legítimamente cumplida que adquiría firmeza y seriedad, que únicamente requería ampliación con base en otros medios probatorios, que pudieron haber sido las grafías tomadas al señor Valencia Marín. Y con la posición asumida por el instructor, lo único que se consiguió fueron conceptos distintos o contradictorios, que indiscutiblemente llevaron a determinar que “no debe concederse ningún valor probatorio a dichos dictámenes grafológicos”. Pues el artículo 267 del Estatuto Procedimental Penal reza: “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado…”.
En estas condiciones, se impone un análisis concienzudo de las demás pruebas allegadas al expediente, con miras a establecer si éstas aseguran o no la comisión del delito de falsedad en documento privado y, por ende, el fraude procesal”.//
La prueba grafológica no puede tenerse como demostrativa de la ejecución del delito de falsedad en documento privado, porque resultó contradictoria y precisamente por eso fue que la Fiscalía en la actuación con toda razón expresó: “acoger uno u otro dictamen no tendría ninguna fundamentación lógica en orden a establecer la verdad. Esta es una prueba que ninguna claridad daría al asunto tratado…”; decisión que acepta el juzgado por ajustarse a derecho. Entonces no debe declararse que la versión de Néstor Ariel fue adversa a los dictámenes” (fls. 105-106 y 123, cdno. 1) (copia simple de la providencia, fls. 85-126, cdno. 1).
9.12. El 25 de mayo de 1999, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial confirmó el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales por considerar que “[e]stamos, entonces, en terrenos de la duda, como que en igualdad de condiciones concurren factores para creer y no creer en la autenticidad de la letra de cambio cuestionada” (fl. 149, cdno. 1). Esta decisión quedó en firme el 17 de agosto de 1999 (copia simple de la providencia —fls. 136-150, cdno. 1— y original de la certificación expedida por la juez segunda penal del circuito de Manizales el 25 de mayo de 2001, fl. 151, cdno. 1).
10. Corresponde a la Sala determinar si, contrario a lo decidido por el a quo y como lo estima la parte recurrente, el actor sí acreditó haber sufrido un daño por el hecho de no haber podido demostrar la falsedad de la letra de cambio que se hizo valer como pasivo en el proceso de sucesión de la señora Carmen Llano de Mejía; o si, por el contrario, le asistió razón al fallador de primera instancia al considerar que, en la medida en que el actor no demostró haberse hecho parte en dicho proceso, ni haber instaurado la acción de petición de herencia, el daño invocado, esto es, el despojo de una cuota parte de un derecho hereditario, no puede considerarse como acreditado.
10.1. Previamente debe la Sala establecer si la excepción de ineptitud formal de la demanda por indebida representación, propuesta por la demandada, en el curso de la primera instancia, está llamada a prosperar o no. Adicionalmente y comoquiera que la decisión penal absolutoria a partir de la cual el actor afirma haber perdido una cuota parte de sus derechos herenciales, fue proferida por jueces de la República, esto es, por la Rama Judicial, es indispensable estudiar la legitimación en la causa por pasiva de la demandada.
11. A propósito de la excepción de ineptitud formal de la demanda por indebida representación de la demandada, la Sala concluye que, tal como lo señaló el Ministerio Público en el trámite de la primera instancia, no está llamada a prosperar pues, para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 25 de mayo de 2001, ya estaba vigente la Ley 446 de 1998(5) que en su artículo 49, modificatorio del 149 del Código Contencioso Administrativo, estableció claramente que en los procesos contencioso administrativos la Nación podía ser representada por el Fiscal General(6).
11.1. Así las cosas y dado que, por una parte, el texto de la demanda es perfectamente claro al señalar que la demandada es, precisamente, la Nación-Fiscalía General, por hechos ocurridos en el marco de una investigación penal que estaba a cargo de esta última y, por otra, que fue la jefe de la oficina jurídica de dicha entidad quien, por delegación expresa del Fiscal General, confirió el poder para la representación judicial de la demandada (fls. 195-196, 200, cdno. 1), para la Sala no cabe duda de que la excepción propuesta no está llamada a prosperar y, en ese sentido, habrá lugar a modificar la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en cuanto no se pronunció expresamente sobre ella.
12. En lo que tiene que ver con la legitimación en la causa por pasiva, la Sala aclara que, si bien es cierto que el actor afirma que fueron el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad quienes tomaron las decisiones mediante las cuales se absolvió a los imputados en el proceso adelantado por falsedad en documento privado y fraude procesal en el cual se constituyó en parte civil (supra párr. 9.11 y 9.12), también lo es que el señor Mejía Llano no cuestiona dichas actuaciones.
12.1. En efecto, tanto en la demanda como en el trámite procesal, el actor se circunscribe a atacar la actuación de la fiscal encargada de dirigir la investigación penal consistente en haber ordenado, sobre el mismo punto y a dos peritos diferentes, dictámenes grafológicos cuyas conclusiones fueron contradictorias, pues fue esta decisión la que, a su juicio, implicó que los jueces penales no tuvieron alternativa diferente a la de desechar ambas pruebas y fallar el asunto a partir de los demás elementos probatorios obrantes en el proceso, los cuales resultaron insuficientes para proferir una decisión condenatoria.
12.2. En estos términos y comoquiera que la pretensión del actor se centra en que se declare la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y no la de la Rama Judicial y que las actuaciones que, a juicio de aquél, causaron el daño cuya indemnización reclama, fueron realizadas por la Fiscalía, es claro que esta última sí estaba legitimada en la causa por pasiva.
13. En este orden de ideas y con miras a estudiar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada por los hechos mencionados en el libelo introductorio, le corresponde a la Sala establecer si hay certeza sobre el daño invocado por el actor o no.
13.1. Al respecto es oportuno recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, un daño cierto es aquél que consiste en un detrimento del patrimonio de quien lo sufre. Ahora bien, dicho detrimento puede ser pasado, presente o futuro pero, en este último evento, es indispensable que no existan dudas sobre su ocurrencia. De ninguna manera son indemnizables los daños meramente eventuales, hipotéticos o posibles.
13.2. En estos términos, el daño invocado por el actor, esto es, el hecho de haber sido despojado de una cuota parte de su derecho de herencia por cuenta de las decisiones de la fiscal encargada de una investigación penal, no constituye un daño cierto pues, independientemente de que el señor Mejía Llano hubiere acreditado o no tener vocación hereditaria en la sucesión de la señora Carmen Tulia Llano de Mejía, ello no basta para acreditar su calidad de heredero y, en todo caso, debió utilizar los mecanismos jurídicos tendientes a hacerla valer y a pedir la cuota parte de la herencia que, a su juicio, debía adjudicársele.
13.3. En efecto, tal como lo ha sostenido de manera pacífica la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la acreditación de la vocación hereditaria no es suficiente para que, quien la posee, sea considerado como heredero, pues se requiere, además, la capacidad para heredar, la ausencia de indignidad –artículo 1018 del Código Civil- y, en la medida en que el asignatario tiene la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia –artículo 1282 del Código Civil-, la prueba de la aceptación de la misma. Al respecto, dicha Corporación ha sostenido:
(…) para que el hijo pueda llegar a tener la calidad de heredero de su progenitor premuerto, se requiere, a más de su vocación sucesoral, que acepte la herencia expresa o tácitamente, sin esta aceptación, el llamado a suceder no adquiere el título de heredero, pues como ya se dijo, no basta al asignatario poder suceder, sino que le es indispensable también quererlo. (…) Una cosa es pues el estado civil de suceso y otra muy distinta su título de heredero, aunque éste, en la mayoría de las veces tiene su fuente en la especial situación de parentesco entre él y la persona de cuya sucesión se trata(7).
13.4. Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, es importante recalcar que la concreción económica del derecho de herencia está sujeta a que quien aduce ser heredero haga valer dicha calidad, mediante las vías procesales consagradas expresamente para ello por el ordenamiento jurídico y, en particular, la acción de petición de herencia consagrada en el artículo 1321 del Código Civil(8). Lo anterior por cuanto, por un lado, dicha acción es el mecanismo jurídico idóneo para que el juez natural del asunto pueda verificar el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo precedente y, por otro, según el principio de seguridad jurídica que inspira el sistema jurídico, es a través del ejercicio de las vías procesales consagradas que es posible fijar tanto el contenido como el alcance de ciertos derechos, en particular aquéllos que, como el derecho de herencia, comprenden aspectos de carácter evidentemente patrimonial.
13.5. A lo anterior debe agregarse que, comoquiera que, según el artículo 1326 del Código Civil, el derecho de petición de herencia tiene un término de prescripción(9), no le asiste razón al apelante cuando afirma que, independientemente del ejercicio efectivo de las acciones consagradas a su favor, siempre tendría la posibilidad de hacer valer su derecho de herencia.
13.6. Así las cosas, para la Sala resulta claro que le asistió razón al a quo al considerar que, en la medida en que el señor Mejía Llano no demostró haber sido parte en el proceso de sucesión de la señora Carmen Tulia Llano de Mejía, ni haber instaurado la acción de petición de herencia para hacer valer la calidad de heredero que invoca, y obtener así que se reconociera y determinara el derecho de herencia que, según él, ostenta, el daño consistente en el menoscabo patrimonial de dicho derecho no puede considerarse como cierto.
13.7. Ahora bien, frente a los demás argumentos expuestos en el recurso de apelación, vale la pena aclarar que, contrario a lo afirmado, el hecho de haber instaurado una denuncia penal por falsedad en documento privado y fraude procesal no eximía al actor de la necesidad de hacerse parte en el proceso de sucesión de la señora Llano de Mejía, ni de interponer la acción de petición de herencia, pues dichas acciones persiguen fines diferentes y, como lo señaló el a quo, una sentencia condenatoria en materia penal no hubiera cambiado, por sí sola, la situación jurídica del actor quien, en todo caso, se hubiera visto en la necesidad de acudir a las vías procesales previstas para que se reconociera el derecho del cual afirma ser titular.
13.8. Además, si bien es cierto que lo pretendido con la acción de reparación directa no era el reconocimiento de la calidad de heredero sino la indemnización de los perjuicios que la actuación de la Fiscalía hubiera podido causar, dicha indemnización estaba supeditada a que se acreditara la certeza del daño causado y, como se explicó, en el caso objeto de estudio, esa certeza estaba ligada necesariamente a que el actor acreditara la afectación efectiva de su patrimonio. Así pues y en la medida en que no había ejercido las acciones legales tendientes a que se reconociera y delimitara el contenido del derecho alegado, éste era hipotético y, en consecuencia, no indemnizable.
13.9. En este orden de ideas, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, tal como lo hizo el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de 2003.
MODIFICAR la sentencia de 27 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, la cual quedará así:
1. DECLARAR NO PROBADA la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida representación de la demandada.
(2) Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor Luz Elena Muñoz y otros.
(3) Según esta disposición, modificada por el artículo 1.117 del Decreto 2282 de 1989: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.
(4) Al respecto, esta Corporación ha sostenido que las copias simples pueden ser valoradas en los siguientes eventos: “cuando a) le sea imposible a quien las aporte obtener una copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce conserva el original y se niega, previa solicitud, a allegarla al expediente, sin razón jurídica atendible; b) citadas ambas partes, una concurre a la audiencia de trámite de reconstrucción total o parcial de un exp. y aporta los documentos que obraban en dicho proceso (CPC, art. 133, num. 6º); c) en la audiencia de reconocimiento de un documento privado, la persona citada no concurre a la diligencia, o se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez y con declaración en nota puesta al pie del documento (CPC, art. 274); d) la parte contra quien se aduce tiene el original de las copias y por ende, sin necesidad de una inspección judicial, puede efectuar el procedimiento de cotejo y tacharlas de falsas, de ser el caso, (CPC, arts. 255 y 289) y e) la parte contra quien se aducen y posee los originales, en vez de tacharlas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa” Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 20450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de noviembre de 2011, expediente 22243, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(5) Esta Ley fue promulgada el 7 de julio de ese año y publicada en el Diario Oficial 43335 del 8 de julio de 1998, fecha a partir de la cual empezó a regir.
(6) Esta norma prescribe: “El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: Artículo 148.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan. En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial.” (resaltado propio)
(7) Sentencia de 26 de agosto de 1976, M.P. Germán Giraldo Zuluaga, publicada en la Gaceta Judicial, t. CLII nº 2393, pp. 338-349. Para ver una aplicación reciente: sentencia de 7 de marzo de 2003, expediente 7054, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
(8) Esta norma dispone: “El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños”.
(9) La Ley 50 de 1936 había establecido como término de prescripción 20 años, el cual fue reducido a 10 años por el artículo 12 de la Ley 791 de 2002.
Estando de acuerdo con la decisión adoptaba en tanto que es importante acreditar la certeza del daño causado para estructurar la responsabilidad del Estado, se aclara el voto en consideración a que reiterando el precedente de la sección respecto del valor probatorio de las copias simples, en la sentencia aprobada, se precisa que “obran en el expediente copias simples de los siguientes documentos: registro civil de nacimiento de Guillermo Mejía Llano (fl. 2, cdno. 1), registro civil de defunción de Carmen Tulia Llano de Mejía (fl. 3, cdno. 1), propuesta de partición y adjudicación de los bienes relictos de la señora Llano de Mejía presentada por el apoderado de María Elcira Mejía Llano al juez primero promiscuo de familia de Manizales (fls. 4-6, cdno. 1) y la providencia de 22 de enero de 1993 por la cual dicho juzgado aprobó esa propuesta (fls. 7-9, cdno. 1). Estos documentos no serán tenidos en cuenta pues, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(1), carecen de valor probatorio”.
Así mismo, precisa la sentencia que “también obran en el plenario copias simples de varias de las actuaciones surtidas en la etapa de instrucción del proceso penal adelantado en contra de los señores Mejía Llano y Valencia Marín y las decisiones por las cuales el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales (fls. 85-126, cdno. 1) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial (fls. 136-150, cdno. 1) absolvieron a los señores María Elcira Mejía Llano y Néstor Ariel Valencia de los delitos de falsedad documental y fraude procesal. De conformidad con la jurisprudencia de la corporación(2), estas pueden ser objeto de valoración pues, en lo que concierne a las copias de los documentos de la etapa de Instrucción, la Fiscalía General de la Nación posee los originales y, pudiendo realizar el procedimiento de cotejo, no las tachó de falsas y, en lo que tiene que ver con las decisiones de la etapa de juicio, aquella fue parte acusadora en el proceso y, por tanto, dichas decisiones se profirieron con su audiencia”.
En mi concepto, como lo he venido expresando en anteriores ocasiones, a partir del contenido normativo de la Constitución Política y en virtud de la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior, las copias simples que presenten las partes con fines probatorios pueden ser valoradas, sin perjuicio de que su originalidad pueda ser corroborada a través del cotejo (CPC, arts. 257 y 291), el reconocimiento (art. 273, ibíd.), la exhibición (arts. 283 y ss., ibíd.) y la tacha de falsedad (art. 291, ibíd.).
Sobre el particular, la Corte Constitucional explicó que la presunción de que se trata “consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad”(3).
En este sentido, la Sala de esta corporación(4) determinó en concreto la aplicación material de la presunción de buena fe en las actuaciones judiciales y para el efecto concluyó: “es natural que deba presumirse la buena fe de quienes aporten copias a un proceso disciplinario, por lo cual la exigencia de la autenticación vulnera el artículo 83 de la Constitución, pues cuando se presenta la copia sin autenticación, la autenticidad de la misma puede ser perfectamente establecida, si es necesario, dentro del propio proceso disciplinario para proceder a la valoración de sus alcances probatorios”.
El mismo año, la corporación en cita(5) consolidó como línea jurisprudencial la doctrina que había venido marcando en sus precedentes transcritos y, con mayor claridad, explicó:
En el sentir de la Corte. el principio de la buena fe, plasmado en el artículo 83 de la Carta Política, que representa para las autoridades públicas la obligación de suponer la honestidad de los administrados —a no ser que en forma fehaciente se le pueda demostrar que actúan ilícitamente—, guarda íntima relación con el objetivo de presentar la moralidad en la administración pública, que era precisamente el buscado por el Congreso al expedir la Ley 190 de 1995.
Desde luego, no significa lo anterior que a partir de la Constitución haya quedado el legislador desautorizado para exigir los requisitos y formalidades que juzgue adecuados con miras a lograr ciertos fines en toda clase de asuntos, pues las propias normas constitucionales citadas le otorgan plena competencia para ella. Es claro, sin embargo, que sus exigencias a los particulares no pueden suponer presunción de mala fe y que, en todo caso, las autoridades distintas del legislador tienen expresamente prohibido, y de modo terminante, el establecimiento de cualquier trámite, formalidad o requisito no contemplado por la ley. Se trata, ni más ni menos, de un monopolio del legislador.
Se considera que la supresión de los trámites y requisitos aludidos en los preceptos objeto de demanda, en vez de violar disposición alguna de la Carta, da desarrollo cabal a uno de sus postulados básicos.
Por el contrario, atentan contra la Constitución y lesionan los derechos de los gobernados las conductas renuentes de los servidores públicos que, desconociendo las prohibiciones en vigor, siguen exigiendo documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente, o declaraciones extrajuicio, para lo relativo al trámite de los asuntos a su cargo.
Así las cosas, es claro que si se presume la buena fe, como la Carta Política lo ordena las copias simples aportadas por las partes al proceso tienen que valorarse, toda vez que exigir a priori la autenticación del documento, es tanto como presumir que el particular, en las actuaciones que surte ante las autoridades públicas —en las que están incluidos los servidores judiciales— obra con mala fe.
Con todo, vale la pena señalar que este mandato constitucional no significa la exención de las cargas probatorias y así lo advirtió el tribunal constitucional(6):
En relación con el tema de las obligaciones y de su prueba en el proceso, no es aceptable afirmar que las normas correspondientes contrarían el artículo 83 de la Constitución, basándose en que la presunción general de la buena fe resultaría incompatible con la exigencia de las pruebas. Nada más contrario a la realidad: en todos los sistemas jurídicos, que sin excepción reconocen el principio de la buena fe, han existido las pruebas como una forma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas. Librada solo a la buena fe la demostración de las obligaciones, pretendería el acreedor; basado en su buena fe, que se aceptara la existencia de ellas, exclusivamente por su dicho; y de análoga manera, podría el deudor aspirar a que se admitiera su propia versión, también basándose en su buena fe, para demostrar que nunca existieron las obligaciones o que se extinguieron.
Cabe resaltar que, contrario a los anteriores pronunciamientos, unánimes en cuanto a la aplicación práctica de la presunción de buena fe en las actuaciones procesales, la sentencia que se acaba de citar no fue acompañada por dos de los magistrados, quienes para el efecto resaltaron(7):
Entendemos que el postulado constitucional de la buena fe, plasmado en la Carta Política de 1991 (art. 83), tiene un alcance mucho más profundo y unas repercusiones institucionales considerablemente mayores de las que estimó la ponencia aprobada por la mayoría.
En realidad, nuestra visión acerca de ese principio corresponde al criterio de que su consagración expresa en la Constitución introdujo un cambio trascendental en el esquema de relaciones entre el Estado y los particulares, en todos los ámbitos de actuación de aquél.
Como lo demuestran los antecedentes de su establecimiento y como surge de su letra, y más que todo de su espíritu, el artículo 83 invirtió, a favor de los gobernados, la carga de la prueba en lo concerniente a su conducta frente a las autoridades públicas y en particular —para venir al tema que nos ocupa— en el campo de la autenticidad de los documentos que ante ellas deben presentar. Se pasó de una actitud desconfiada y recelosa, muy acendrada en el sistema jurídico preconstitucional y en la conciencia de los servidores públicos, en cuya virtud el ciudadano se veía precisado a probar documentalmente su honestidad, su pulcritud y su veracidad, a una presunción de buena fe que lo favorece por mandato constitucional y que debe ser desvirtuada por el Estado. De modo que, en tanto no haya prueba fehaciente acerca de la deshonestidad, la ilicitud o el carácter delictivo de la actuación del particular, debe prevalecer, en la teoría y en la práctica, la afirmación y la creencia de que su comportamiento se aviene a las exigencias del ordenamiento jurídico, según principio fundamental que complementa y hace realizable el del debido proceso (C.P., art. 29), que presume la inocencia de toda persona mientras no se le demuestre que es culpable.
Así, a nadie debe exigirse, ni siquiera por la ley, que en cualquier actuación o trámite ante los funcionarios del Estado acredite de antemano que el documento ante ellos presentado es auténtico, pues la autenticidad —en cuanto correspondencia verdadera entre la realidad y lo que se exhibe— debe presumirse. Hay que partir de ella y solamente puede desconocerse sobre la base de desvirtuar la presunción constitucional de la buena fe, demostrando la falsedad.
En el caso de las copias de documentos originales, la autenticidad consiste en la identidad y exactitud de contenidos, consideradas en sí mismas, y, a la luz del enunciado principio, no depende del sello ni de la firma notarial puestos en la copia —fetichismo que a nuestro modo de ver es inconstitucional— sino de la efectiva adecuación entre los dos documentos, la cual, con arreglo a lo dicho, ha de suponerse y tenerse por cierta mientras no pueda probarse la divergencia entre uno y otro, lo que equivaldría a establecer la falsedad.
Por eso, si se atendiera realmente al artículo 83 de la Constitución, la copia de un documento que se allegue como prueba en un proceso judicial debería tener el mismo valor probatorio del original, no derivado de la autenticación notarial sino de la presunción en referencia. Tal presunción de autenticidad debería mantenerse, a no ser que se probara la falsedad de la copia, caso en el cual, obviamente, ningún valor probatorio podría asignársele, además de las sanciones penales correspondientes para quien hubiese pretendido, por ese medio, asaltar la buena fe de la administración de justicia.
Consideramos que exigir la autenticación de la copia como requisito esencial para otorgarle valor probatorio no es otra cosa que presumir la mala fe de quien la presenta, pues se le traslada inconstitucionalmente la carga de probar —por la vía formal de la autenticación— que la copia es igual al original y que, en consecuencia, no pretende engañar al juez ni defraudar a su contraparte.
La normatividad acusada le otorga mayor valor al sello notarial que al contenido del documento y le da mayor importancia y efecto jurídico a la constancia notarial sobre autenticidad que a la presunción de buena fe, y por eso quebranta no sólo el artículo 83 sino el 228 de la Constitución Política, que hace prevalecer, en materia de administración de justicia, el derecho sustancial sobre las formas externas.
Comprendemos que estos nuevos principios constitucionales, que cualitativamente son más audaces que los plasmados en el ordenamiento legal anterior a la Constitución, resultan difíciles de hacer realidad en todo su vigor y con la plenitud de sus efectos en una sociedad acostumbrada al formalismo, que edifica el concepto de seguridad jurídica sobre la base de signos exteriores no necesariamente seguros (obsérvese el procedimiento usado en la práctica en algunas notarías para los efectos de la autenticación de documentos). Pero seguimos considerando acertados los criterios jurisprudenciales que, por unanimidad, sentó la Corte en la Sentencia C-340 del 1º de agosto de 1996, al declarar exequibles varias normas del Decreto 2150 de 1995, mediante las cuales se prohibió a las autoridades administrativas exigir autenticación de documentos. El principio constitucional allí aplicado es el mismo, lo que hacía lógico que se hiciera valer también en materia de procesos judiciales.
Como epílogo de todo lo anterior se tiene que, a partir del postulado constitucional que impone presumir la buena fe de los particulares en las actuaciones que surtan ante las autoridades públicas —incluidas las judiciales—, las copias simples que se presenten en los procesos jurisdiccionales pueden ser valoradas, sin perjuicio de que la contraparte solicite la corroboración de su originalidad.
A lo anterior habría que sumar toda la producción normativa encaminada a desarrollar tal presunción, particularmente lo dispuesto en las siguientes disposiciones: artículo 25 del Decreto 2651 de 1991(8), artículo 21 de la Ley 446 de 1998(9) artículo 26 de la Ley 794 de 2003(10), artículo 215 de la Ley 1437 de 2011(11), artículo 25 del Decreto-Ley 19 de 2012(12) y artículo 246 de la Ley 1564 de 212(13).
En síntesis, conforme a la decisión, las copias simples solo tienen valor probatorio si son rendidas en vigencia de las leyes 1395 de 2010 y 1564 de 2012. En el caso específico se advierte que los documentos inicialmente referidos no serán tenidos en cuenta conforme la aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, mientras que sí son objeto de valoración las copias de los documentos de la etapa de instrucción y las decisiones de la etapa de juicio, por considerar que la Fiscalía General de la Nación posee los originales y, que pudiendo realizar el procedimiento de cotejo, no las tachó de falsas aunado al hecho de haber sido parte en el proceso penal, por tanto, dichas decisiones se profirieron con audiencia; mientras que en mi concepto, a partir de la promulgación de la Constitución Política y de la Ley 446 de 1998 las providencias en copias informales se podrán hacer valer ante cualquier autoridad, se reitera, sin perjuicio de que su originalidad y autenticidad puedan ser discutidas a través del cotejo, la exhibición, el reconocimiento y la tacha de falsedad.
(1) Según esta disposición, modificada por el articulo 1117 del Decreto 2282 de 1989: “las coplas tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.
(2) Al respecto esta corporación ha sostenido que las copias simples pueden ser valoradas en los siguientes eventos: “cuando a) le sea imposible a quien las aporta obtener una copia auténtica porque la parte contra la que se aduce conserva el original y se niega, previa solicitud, a allegarle al expediente, sin razón jurídica atendible; b) citadas ambas partes una concurre a la audiencia de trámite de reconstrucción total o parcial de un expediente y aporta los documentos que obran en dicho proceso (CPC, art. 133, num. 6º); c) en la audiencia de reconocimiento de un documento privado, la persona citada no concurre a la diligencia, o se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez y con declaración en nota pues al pie del documento (CPC, art. 274); d) la parte contra quien se aduce tiene el original de las copias y por ende, sin necesidad de una inspección judicial, puede efectuar el procedimiento de cotejo y tacharlas de falsas, de ser el caso, (CPC, arts. 255 y 289) y e) La parte contra quien se aduce y posee los originales, en vez de tacharlas de falsedad, se remite a la mismas para fundamentar su defensa” Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 20450, consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio y Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de noviembre de 2011, expediente 22243, consejero ponente Danilo Rojas Betancourth.
(3) Sentencia C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Sentencia C-340 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(5) Sentencia C-340 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(6) Sentencia C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
(7) Salvamento de voto conjunto de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero a la Sentencia C-023 de 1998.
(8) “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.
(9) “Se autoriza a los funcionarios del nivel directivo de la oficina de archivo general de la Rama Judicial para expedir copias auténticas o informales, totales o parciales y certificaciones, de los expedientes bajo su custodia los cuales se podrán hacer valer ante cualquier autoridad para los fines pertinentes, excepto para servir de titulo ejecutivo. Igualmente, se les faculta para efectuar los desgloses en los términos del Código de Procedimiento Civil y demás normas al respecto”.
(10) “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad (…)”.
(11) “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. // La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.
(12) “Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento. // Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de pensiones”.
(13) “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original y de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”.