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Timestamp: 2018-11-14 00:21:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 163', 'artículo 168', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 96', 'artículo 24', 'artículo 117', 'artículo 122']

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Fuentes del ordenamiento jurídico español: fuentes directas e indirectas
Escrito por admin en agosto 22, 2011 . Publicado en auxiliar administrativo, Guardia Civil, Oposiciones del Estado ( Común ), policia nacional, prisiones. Dejar un comentario
Fuentes directas e indirectas del ordenamiento juridico español
El art. 1.1 del Código Civil (C.C.) establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho:
La Ley: toda norma general impuesta por los poderes públicos.
La Costumbre: Sólo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada.
Los Principios Generales del Derecho: están subordinadas a la ley y la costumbre.
La Jurisprudencia: antecedentes en la forma de interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
La Doctrina Científica: medio auxiliar para la comprensión de las normas jurídicas.
¿Qué forma toma su constitución?
La Constitución Española de 1978 (Constitución Española (CE)) es la actual ley suprema en España. Fue aprobada en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada el 31 de octubre. 1978, y ratificado por un referéndum popular español del 6 de diciembre de 1978.
Características generales constitucionales
¿ Sistema de Gobierno Español ?
España es una monarquía parlamentaria, basada en la representación parlamentaria.
El Rey, actualmente, Felipe VI, es el jefe del estado español. Él representa el Estado y la unidad y continuidad de sus instituciones. Sus funciones incluyen la representación internacional y nacional y el arbitraje entre otras instituciones estatales. El Rey también tiene otras funciones relevantes que incluyen:
La designación del Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados.
El nombramiento (según lo propuesto por las autoridades competentes) de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura, los ministros y otros funcionarios pertinentes del estado.
El poder estatal español se divide entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial:
El poder legislativo del estado recae en el Parlamento español (Cortes Generales), que comprende dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Las dos casas tienen las siguientes funciones:
legislativo, que implica la aprobación de la legislación; presupuestario, que implica la aprobación de los ingresos y gastos anuales del estado; y otras funciones establecidas en el CE.
El poder ejecutivo del estado lo ejerce el gobierno, que está compuesto por el presidente, los vicepresidentes (cuando corresponda), los ministros y otros miembros, según lo determine la ley. El gobierno está a cargo de la política nacional e internacional, así como de la administración civil y militar y la defensa del estado.
El poder judicial está compuesto por jueces y magistrados que son independientes, inamovibles y responsables y están sujetos únicamente al estado de derecho.
¿La constitución prevé una separación de poderes?
El CE establece el principio de la separación de los poderes del estado, que se divide en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial .
Hay varios controles y equilibrios establecidos para garantizar que una sucursal no exceda su autoridad:
Las Cortes Generales supervisan la acción del gobierno. Puede formular preguntas formales al gobierno y a cada uno de sus miembros y designar comités de investigación (Comisiones de Investigación). Las Cortes Generales también proponen ciertos altos oficiales del estado nombrados formalmente por el Rey (por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y los miembros del órgano rector del poder judicial).
El Congreso de los Diputados puede desafiar la política del gobierno al aprobar una moción de censura, que se aprueba mediante votación por mayoría absoluta de sus miembros.
Proponer legislación y enmiendas constitucionales;
Presentar una apelación para su declaración como inconstitucional (recurso de inconstitucionalidad);
Disolver las Cortes Generales en ciertas circunstancias.
Además de emitir juicios, el poder judicial puede solicitar la ejecución de sentencias. También está involucrado en funciones gubernamentales y administrativas relacionadas con el control parlamentario y el requisito de responsabilidad del gobierno.
¿ Cuál es el proceso legislativo general ?
El proceso legislativo general está regulado por la CE y completado por las órdenes permanentes de las cámaras de las Cortes Generales.
La legislación puede ser propuesta por (artículo 87, CE):
El Gobierno. El gobierno participa en el proceso legislativo mediante la presentación de un proyecto de ley (Proyecto de Ley). Los proyectos de ley propuestos por el gobierno son aprobados por el Consejo de Ministros, que luego los envía al Congreso de los Diputados, acompañados de una declaración que establece los fundamentos y los hechos necesarios para que puedan tomar una decisión.
El Congreso de los Diputados y el Senado. Estos cuerpos pueden hacer una propuesta de ley (Proposición de Ley). Las propuestas de ley están reguladas en las órdenes permanentes de las casas. Los proyectos de ley no gubernamentales que son considerados por el Senado se envían al Congreso de los Diputados para su promulgación.
Las asambleas de las comunidades autónomas. Las asambleas pueden solicitar que el gobierno apruebe un proyecto de ley o remitir un proyecto de ley no gubernamental al Comité Directivo del Congreso (Mesa del Congreso).
Iniciativa popular. Tal iniciativa requiere al menos 500,000 firmas autenticadas y no puede relacionarse con ciertos asuntos, como impuestos, asuntos internacionales o la prerrogativa de otorgar perdones.
Una vez que un proyecto de ley o propuesta de ley es propuesto y aceptado por una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, los miembros lo discuten para determinar si debe ser aceptado, rechazado o enmendado.
Los proyectos de ley y propuestas se pasan al Comité Legislativo Permanente para su escrutinio. El Comité Legislativo Permanente designa un comité (ponencia), que prepara un informe sobre el texto (Dictamen); esto se discute y se vota en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. Una vez que el texto del proyecto de ley o propuesta de ley es aprobado, es presentado por el Presidente del Congreso de los Diputados al Senado, que luego sigue un procedimiento similar.
El proceso finaliza con la ratificación y promulgación de la ley. Dentro de 15 días, el Rey da su asentimiento a una ley aprobada por las Cortes Generales. Luego promulga la ley y ordena su publicación inmediata.
La ley entra en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿ Existe una doctrina mediante la cual el poder judicial puede revisar las acciones legislativas y ejecutivas?
Una ley que puede ser contraria a la CE puede presentarse ante el Tribunal Constitucional para su examen si se aplica a una sentencia, y la sentencia se basa en que la ley es válida (artículo 163, CE). Esto puede hacerse por iniciativa del juez, el tribunal o a pedido de una de las partes involucradas.
Esto solo se puede hacer al finalizar el proceso y dentro del plazo prescrito para la entrega de la sentencia, o la resolución judicial correspondiente. La solicitud al Tribunal Constitucional debe especificar:
La ley en cuestión y el precepto constitucional que se considera violado.
Con evidencia de respaldo, la medida en que el juicio relevante depende de la validez de la promulgación.
Cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ley, el procedimiento sobre el procedimiento judicial se suspende hasta que el Tribunal Constitucional adopta su decisión.
¿Se reservan ciertos poderes de emergencia para el ejecutivo?
El gobierno, que tiene poder ejecutivo, puede emitir disposiciones legislativas temporales en casos de necesidad extraordinaria y urgente. Estos toman la forma de decretos-leyes (Decretos-Leyes) y no pueden afectar la regulación de:
Las instituciones estatales básicas.
Los derechos, deberes y libertades contenidos en el Título 1 de la CE.
El sistema que rige las comunidades autónomas.
El concepto de “necesidad extraordinaria y urgente” es un concepto jurídico vago, cuya existencia o de otro modo puede ser revisada por el Tribunal Constitucional en casos particulares. La necesidad extraordinaria es un evento inusual, que no se predijo y tiene una gravedad o importancia singular.
El ejecutivo también puede declarar el estado de alarma y / o la presentación a las Cortes Generales de una propuesta para la declaración del estado de emergencia. Tales declaraciones implican restricciones relevantes a los derechos civiles.
¿Los derechos humanos están constitucionalmente protegidos?
Los derechos humanos están protegidos en la CE en la sección titulada “Derechos y deberes fundamentales”, que se divide en cinco capítulos:
El Capítulo I, llamado “Españoles y Extranjeros”, establece las condiciones requeridas para el ejercicio de los derechos fundamentales.
El Capítulo II, titulado “Derechos y libertades”, está dividido en dos secciones:
La sección 1, llamada “Derechos fundamentales y libertades públicas”, que contiene la declaración de los derechos fundamentales; y
Sección 2, llamada “Derechos y Deberes de los Ciudadanos”.
El Capítulo III está dedicado a los “Principios Rectores de la Política Económica y Social”.
El Capítulo IV, llamado “Garantía de los Derechos y Libertades Fundamentales”, establece el sistema para promover y proteger los derechos fundamentales.
El Capítulo V, titulado “Suspensión de derechos y libertades”, establece las situaciones excepcionales en las que se pueden suspender los derechos fundamentales.
Los derechos protegidos por el CE son:
Derecho a libertad y seguridad
Derecho al honor, a la privacidad personal y familiar y a la propia imagen de una persona.
Libertad de residencia y movimiento.
Derecho a la petición.
¿De qué manera se puede enmendar la constitución?
El CE se puede modificar de dos maneras diferentes (artículo 168, CE):
El procedimiento ordinario. Esto puede usarse para una revisión parcial que no afecte asuntos especialmente protegidos. Una enmienda debe ser aprobada por una mayoría de las tres quintas partes de los miembros de cada casa. Una vez que la enmienda ha sido aprobada por las Cortes Generales, debe ser sometida para su ratificación por referéndum, si es solicitada por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, dentro de los 15 días de su aprobación.
El procedimiento compuesto. Esto se aplica en relación con una revisión total de la CE o una revisión de asuntos que están especialmente protegidos. En este caso, el cambio debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros de cada casa, y las Cortes Generales se disuelven inmediatamente. Las casas recién elegidas deben ratificar la decisión y examinar el nuevo texto constitucional, que debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros de ambas cámaras. Una vez que la enmienda ha sido aprobada por las Cortes Generales, debe ser sometida para su ratificación por referéndum.
¿Qué forma toma su sistema legal?
España tiene un sistema de derecho civil basado en códigos legales integrales y leyes enraizadas en la ley romana. El derecho civil se aplica en todo el territorio de España, pero existen comunidades autónomas que tienen su propio sistema de derecho civil, que se aplica en relación con ciertos asuntos legales.
Principales fuentes de la ley
¿Cuáles son las principales fuentes nacionales de derecho?
Las fuentes de la ley española son estatutos, principios jurídicos generales y personalizados. La jurisprudencia complementa el sistema legal ya que la Corte Suprema mantiene la doctrina legal en su interpretación de las diversas fuentes de la ley. Las opiniones de expertos legales también proporcionan interpretaciones y aclaraciones de la ley.
Existe una jerarquía de disposiciones legales (artículo 9.3, CE). Cualquier disposición que contradiga a otra de rango superior es inválida (artículo 1.1, Código Civil Español (Código Civil (CC))). Las aduanas se consideran leyes complementarias, ya que solo se aplican en ausencia de leyes aplicables, siempre que no sean contrarias a la moral ni al orden público. Por otro lado, los principios legales generales se aplican en ausencia de un estatuto o costumbre aplicable, y pueden ayudar a dar forma a la ley.
Existen excepciones al principio de jerarquía en relación con ciertas áreas de la ley. Por ejemplo, la ley comercial establece que las costumbres comerciales tienen un rango más alto que otras leyes no comerciales.
El CE tiene prioridad sobre todas las otras fuentes de derecho porque es la ley fundamental del estado.
¿En qué medida se aplican las fuentes internacionales de derecho?
La jerarquía de la ley española es (en orden descendente):
El CE, que es la ley suprema de España.
La legislación de la Unión Europea, que es directamente aplicable como parte del sistema nacional, una vez aprobada.
Leyes orgánicas y leyes ordinarias, aprobadas por las Cortes Generales.
Decretos-leyes y decretos legislativos, aprobados por el gobierno.
Regulaciones (Reglamentos), que es legislación de un estado más bajo.
Los tratados internacionales forman parte de la ley de España una vez que se publican oficialmente en España (artículo 96.1, CE). Como resultado, las normas legales contenidas en los tratados internacionales no tienen aplicación directa en España hasta que se hayan publicado en su totalidad en el Boletín Oficial del Estado español.
¿ Cuál es la estructura y la jerarquía de las Cortes Generales ?
La estructura del sistema judicial español se basa en:
España está organizada en municipios, circuitos (partidos), provincias y comunidades autónomas, con jurisdicción sobre ellos ejercida por:
Tribunales de Magistrados (Juzgados de Paz);
Tribunales de Primera Instancia (Juzgados de Primera Instancia) y Tribunales de Investigación Criminal (Juzgados de Instrucción);
Tribunales Contencioso-Administrativos (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo);
Tribunales de trabajo (Juzgados de lo Social);
Tribunales de Custodia de Prisiones (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria);
Tribunales de Apelación (Audiencias Provinciales); y
Tribunales superiores de justicia (Tribunales Superiores de Justicia).
El Tribunal Nacional (Audiencia Nacional), el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo), los Juzgados Centrales de Instrucción (Juzgados Centrales de Instrucción) y los Juzgados Centrales Contencioso-Administrativos (Juzgados Centrales de lo Contencioso) tienen jurisdicción nacional.
Además del aspecto territorial, el poder judicial también puede organizarse en cuatro órdenes jurisdiccionales:
trabajo o social.
También hay tribunales militares en España.
Un solo juez se sienta en todos los tribunales, con la excepción del Tribunal Supremo, el Tribunal Nacional Penal y Administrativo, los tribunales superiores de las comunidades autónomas y los tribunales provinciales.
¿En qué medida los tribunales inferiores están sujetos a las decisiones de los tribunales superiores?
Toda persona en España tiene derecho a la protección efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (artículo 24.1, CE). Esto incluye el derecho a presentar apelaciones según lo dispuesto por la ley. Como resultado, una parte que no está satisfecha con el resultado de un juicio puede presentar una apelación para modificar, reenviar o revocar un resultado. El objetivo de las apelaciones es controlar y corregir, en la medida de lo posible, los errores que los tribunales pueden cometer en la interpretación y aplicación de la ley, al aprobar o ejecutar juicios.
En la práctica, los tribunales inferiores están sujetos a las decisiones de los tribunales superiores en el sentido de que, si un fallo de un tribunal inferior entra en conflicto con un fallo anterior de un tribunal superior que recibirá las apelaciones de las partes, es previsible que el tribunal superior modificará el fallo del tribunal inferior.
¿Existen tribunales especializados para ciertas áreas legales?
De acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional, el poder judicial se asigna a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, se han creado tribunales especiales en relación con diferentes materias. Estos incluyen los tribunales que se ocupan de la violencia contra la mujer, los tribunales comerciales y los tribunales con deberes especiales en materia de sentencias penales, así como los tribunales de menores.
Además, la CE proporciona ciertos tribunales que gozan de total independencia e imparcialidad y están plenamente sujetos al estado de derecho. Estos son el Tribunal Constitucional, los tribunales de jurados, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Militar y el Tribunal de Derecho Consuetudinario.
España también está sujeta a la jurisdicción de ciertos tribunales supranacionales de conformidad con los convenios internacionales pertinentes de los que es signatario. Estos tribunales incluyen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Penal Internacional.
¿Se usan comúnmente otras autoridades cuasi legales?
Sí, se deben considerar las siguientes autoridades cuasilegales:
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado del Parlamento responsable de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos mediante el control de la actividad de la administración y las autoridades públicas. Cualquier ciudadano puede solicitar la intervención del Defensor del Pueblo, de forma gratuita, para investigar cualquier presunta falta de ética por parte de las autoridades públicas y / o sus agentes. La oficina del Defensor del Pueblo también puede intervenir de oficio en los casos que se le presenten sin que se haya presentado ninguna denuncia.
Esta institución es parte de la rama judicial, pero tiene autonomía funcional. Su objetivo es:
promover y defender el interés público;
garantizar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia; y
proteger los derechos de grupos específicos, como menores, personas con discapacidades, etc.
El Fiscal General del Estado encabeza la Fiscalía de todo el país. El Procurador General del Estado actúa de acuerdo con los principios de acción unificada, jerarquía e imparcialidad. El Procurador General del Estado es designado en base a una propuesta del gobierno.
¿La constitución prevé un poder judicial independiente?
Los jueces y magistrados deben ser independientes, no descartables, responsables en relación con el desempeño de sus funciones y sujetos únicamente al estado de derecho (artículo 117-1, CE).
El principio de independencia significa que los jueces y los magistrados:
Solo están sujetos al estado de derecho (entendido como el marco jurídico español en su conjunto) en el ejercicio de los poderes jurisdiccionales que se les otorgan.
Son independientes, en el desempeño de sus funciones, de todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del poder judicial.
No están sujetos al principio de jerarquía, ya que los jueces y los tribunales no pueden revisar la interpretación de la ley hecha por jueces o tribunales jerárquicamente inferiores, a menos que esto sea como consecuencia de los procedimientos de apelación previstos por la ley.
No se pueden recibir instrucciones de los órganos administrativos, los jueces jerárquicamente superiores y los tribunales, ni del Consejo General del Poder Judicial sobre la interpretación del marco jurídico establecido durante el ejercicio del poder jurisdiccional.
Para garantizar y proteger dicha independencia, la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio sobre el Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial (LOPJ)) es la única legislación que regula (artículo 122-1, CE) )
La composición, operación y administración de jueces y tribunales.
Jueces y magistrados profesionales (que forman un solo cuerpo).
El personal que sirve a la judicatura.