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Timestamp: 2019-05-21 16:46:18
Document Index: 301012259

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 55', 'artículo 113', 'Artículo 113', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 137', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 9']

Resolución Vinculante de DGT, V0075-11, 18-01-2011 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0075-11 de 18 de Enero de 2011
TRLIS RDLeg 4/2004 art. 9 Y 121
Si la entidad consultante está totalmente exenta del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo al artículo 9.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo. En su caso, cual sería el régimen fiscal aplicable.
El consultante es un consorcio promovido y constituido de conformidad con una ley autonómica.
La finalidad de la entidad consultante es promover y facilitar la preservación, el uso y el desarrollo de las lenguas del mundo, como vehículo de comunicación, civilización y diálogo, como patrimonio cultural de la humanidad, y como derecho de las personas y las comunidades lingüísticas.
En la actualidad la entidad consultante está integrada por la comunidad autónoma y un ayuntamiento.
Recientemente el Interventor General del Estado ha incluido a la entidad consultante en el sector público de la comunidad autónoma.
El artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone:
"Artículo 6º. Convenios de colaboración.
5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, está podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil.
Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas."
Del mismo modo, el artículo 55 de la Ley 13/1989, de 14 de Diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad de Cataluña, dispone:
"1. El Gobierno podrá acordar la constitución de consorcios entre la Generalidad y otras administraciones públicas para finalidades de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes con las de la administración.
4. Los órganos de decisión de los consorcios estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los estatuos respectivos."
Los apartados 2, 3 y 4 trascritos ha sido derogados por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, ley autonómica que regula el carácter de los consorcios (art. 113), su naturaleza y el contenido de sus estatutos, (art.114) y el procedimiento de su constitución (art.115)
Así, el artículo 113 de la citada ley autonómica dispone:
"Artículo 113. Carácter.
2. Los consorcios son entidades de derecho público, tienen carácter asociativo, naturaleza voluntaria, personalidad jurídica propia y capacidad para crear y gestionar servicios y realizar actividades y obras en los términos que establece la normativa de aplicación a administraciones, organismos y entidades públicas consorciados."
El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo (BOE de 11 de Marzo), dispone que serán sujetos pasivos del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español, las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles. Dado que la entidad consultante tiene personalidad jurídica propia será sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
"1. Estarán totalmente exentos del impuesto.
e) El Instituto de España y las Reales Academias Oficiales integradas en aquél y la instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
f) Los restantes organismos públicos mencionados en las disposiciones adicionales novena y décima apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales."
La letra a) del artículo 9.1 del TRLIS reproduce la calificación de las Administraciones territoriales en que se organiza el Estado de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española que contempla a los municipios, provincias y las Comunidades Autónomas.
En definitiva, el alcance y finalidad de la norma tributaria señalada, artículo 9.1 del TRLIS, se acota a las Administraciones mayores de carácter general y territorial y no al conjunto de entidades que integran los sectores públicos respectivos y que tienen carácter instrumental y no general y territorial. Por tanto, no cabe incluir a los Consorcios que puedan constituirse entre órganos de las Comunidades Autónomas y de la Administración General de Estado en la letra a) del artículo 9.1 del TRLIS.
A su vez, de acuerdo con la letra b) del artículo 9.1 del TRLIS, están totalmente exentos del Impuesto sobre Sociedades los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, "los Organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y se les encomienda en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos." Por su parte, el artículo 61 de la misma Ley dispone que "la creación de los Organismos Autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley."
En definitiva, la entidad consultante no tiene la condición de organismo autónomo o entidad de análogo carácter de una Comunidad Autónoma, sino que se trata de un consorcio constituido por una Comunidad Autónoma, e integrado, actualmente, por ésta y un Ayuntamiento.
En el escrito de consulta se plantea si el consorcio consultante es una institución, de una Comunidad Autónoma con lengua oficial propia, que tenga fines análogos a los de la Real Academia Española, en cuyo supuesto le resultaría de aplicación lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 9 del TRLIS. Al respecto se observa que el fin de la consultante es promover el conocimiento y respeto de la diversidad lingüística a fin de propiciar un orden lingüístico mundial equitativo, fin que contrasta con el de la Real Academia Española, recogido en su artículo primero de sus estatutos:
Como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantendrá especial relación con las Academias Correspondientes y Asociadas."
Por último, se observa que la entidad consultante tampoco tiene análogo carácter a ninguno de los organismos públicos estatales a que alcanza la exención prevista en la letra f) del citado artículo 9.1 del TRLIS.
En consecuencia, el referido consorcio no disfruta de exención subjetiva plena, al no estar comprendido entre las entidades enumeradas en el artículo 9.1 del TRLIS.
A su vez, el apartado 2 del artículo 9 del TRLIS dispone que estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho título.
El Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, (BOE de 24 de diciembre) de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho texto legal, se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de dicha Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su artículo 3, las siguientes entidades:
"a) Las fundaciones.
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores."
Ahora bien, dado que la entidad consultante es un ente consorcial, no se adecua al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 49/2002, por lo que no podrá aplicar el régimen fiscal especial contenido en la misma.
Finalmente, el apartado 3 del artículo 9 del TRLIS, considera como entidades parcialmente exentas a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que no resulte de aplicación el Título II de la Ley 49/2002.
En este punto cabe señalar que la entidad consultante ha sido constituida con la finalidad de promover el conocimiento y respeto de la diversidad lingüística a fin de propiciar un orden lingüístico mundial equitativo. Con arreglo a lo anterior, en el supuesto de que la entidad consultante careciese de ánimo de lucro, al no reunir los requisitos necesarios para que le resulte de aplicación la Ley 49/2002, tendría la consideración de entidad parcialmente exenta a la que le resultaría de aplicación el régimen especial previsto en el capítulo XV del título VII del TRLIS.
- Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.
- Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto social o finalidad específica cuando el importe obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica.
En definitiva, las rentas obtenidas por la entidad consultante, estarían exentas siempre que procedan de la realización de su objeto social o finalidad específica y no deriven del ejercicio de una explotación económica.
Ley 23/1998 de 7 de Jul (Cooperación Internacional para el Desarrollo) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 162 Fecha de Publicación: 08/07/1998 Fecha de entrada en vigor: 09/07/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Ley 26/2010 de 3 de Ago C.A. Cataluña (Regimen juridico y de procedimiento de las administraciones publicas) VIGENTE
Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número: 5686 Fecha de Publicación: 05/08/2010 Fecha de entrada en vigor: 05/11/2010 Órgano Emisor: Departamento De La Presidencia
Sentencia Civil Nº 360/2008, AP - Barcelona, Sec. 13, Rec 365/2007, 09-06-2008
Orden: Civil Fecha: 09/06/2008 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Gomis Masque, Maria Dels Angels Num. Sentencia: 360/2008 Num. Recurso: 365/2007
Sentencia Civil Nº 414/2013, AP - Granada, Sec. 3, Rec 558/2013, 20-12-2013
Orden: Civil Fecha: 20/12/2013 Tribunal: Ap - Granada Ponente: Aguado Maestro, Angelica Num. Sentencia: 414/2013 Num. Recurso: 558/2013
Resolución Vinculante de DGT, V1190-14, 29-04-2014
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 29/04/2014 Núm. Resolución: V1190-14
Resolución Vinculante de DGT, V2382-10, 04-11-2010
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 04/11/2010 Núm. Resolución: V2382-10
Resolución Vinculante de DGT, V1401-08, 07-07-2008
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 07/07/2008 Núm. Resolución: V1401-08