Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14781
Timestamp: 2018-07-16 14:35:20
Document Index: 370623178

Matched Legal Cases: ['Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 42', 'artículo 26', 'artículo 229', 'artículo 30', 'artículo 145', 'artículo 42', 'e contrario', 'artículo 260', 'Artículo 380', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 45', 'artículo 241', 'Artículo 82', 'Artículo 16', 'Artículo 171', 'Artículo 3', 'Artículo 185', 'Artículo 55', 'Artículo 299', 'artículo 309', 'artículo 30', 'artículo 145', 'artículo 26', 'artículo 299', 'artículo 42', 'artículo 260', 'artículo 26', 'artículo 42']

Sentencia C-571 de 2004 Corte Constitucional
Lizbeth Adriana Camargo.
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
La ciudadana Lizbeth Adriana Camargo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda de inexequibilidad contra los artículos 26, 30 y 42 del Decreto 1222 de 1986, "por el cual se expide el Código de Régimen Departamental".
"Artículo 26. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral."
"Artículo 30. El congreso en pleno, las cámaras y las comisiones de estas podrá abrir sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros. Pero las decisiones, sólo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación, salvo que la constitución determine un quórum diferente."
"Artículo 42. Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial."
-Respecto del artículo 26 del Decreto 1222 de 1986, la demandante sostiene que éste es inconstitucional, en cuanto le reconoce a las Asambleas Departamentales un número mínimo y máximo de miembros distinto al previsto expresamente por el artículo 229, inciso 1° de la Constitución Política. Aduce que, mientras el precepto acusado señala que tales corporaciones estarán integradas por no menos de quince (15) ni más de treinta (30) miembros, la disposición constitucional citada establece que estarán integradas por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31).
-Sobre el artículo 30 del mismo ordenamiento legal, aduce que es contrario a la Carta ya que consagra un quórum deliberatorio para el Congreso en Pleno, las Cámaras y las Comisiones, distinto al previsto en el artículo 145 del Texto Fundamental. Afirma que mientras la norma constitucional citada prevé que el Congreso en Pleno, las Cámaras y las Comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros, la disposición acusada indica que las sesiones podrán abrirse con la asistencia de la tercera parte de los mismos.
Finalmente, en punto al artículo 42 acusado, señala que éste es manifiestamente contrario al artículo 260 Superior, toda vez que a partir de la constitución del 91 desaparecieron de la organización territorial del Estado las Intendencias y Comisarías y, por tanto, no es posible la elección popular de los consejeros Intendenciales y Comisariales como lo prevé la norma acusada. También la norma ignora que, además de los servidores públicos citados en el texto, también el Vicepresidente de la República, los Gobernadores, los miembros de las Juntas Administradoras Locales y los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se eligen por voto popular.
Por otra parte, indica que conforme lo ha preceptuado esta Corporación, la regla de aplicación inmediata de la actual Constitución, encuentra fundamento en dos circunstancias específicas (1) la derogatoria expresa de la Constitución de 1886 con todas sus reformas y (2) la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 "a partir del día de su promulgación". Ello implica que la actual normatividad constitucional se aplica en forma inmediata y hacia el futuro, extendiendo sus efectos tanto a los hechos ocurridos durante su vigencia como aquellos iniciados bajo el imperio de la Constitución anterior y ejecutados con posterioridad a su ejecutoria. (Sentencia C-335/99).
"Cabe resaltar que la Carta de 1991, salvo la derogatoria de la Carta de 1886 con todas sus reformas que ordena el Artículo 380, no estableció una cláusula expresa de derogatoria especial o general ni en bloque de la legislación ordinaria anterior a la nueva regulación constitucional, como sí ocurrió dentro del especifico proceso de cambio constitucional en el caso de la Constitución Española de 1978…" (Sentencia C-434 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz).
"Al respecto, reitera esta Corporación que la Carta Constitucional actualmente vigente no ha derogado en bloque el ordenamiento inferior preexistente, sino que en relación con él produce un efecto retrospectivo, como bien lo ha entendido la jurisprudencia constitucional." (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
3.2. En ese sentido, ha de entenderse que el tránsito constitucional no conduce a la desaparición de las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada y, por tanto, que "la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que no se oponga a los dictados de la nueva Carta Política"1. En palabras de la Corte, tal criterio de interpretación también va en la dirección de satisfacer el principio de seguridad jurídica y certidumbre, en cuanto constituye una "exigencia ineludible de la necesidad de evitar traumatismos que en algunos casos bien podrían conducir al caos del ordenamiento o, cuando menos, a una manifiesta incertidumbre acerca de la vigencia de sus normas"2.
3.3. Siguiendo el anterior criterio, ha precisado esta Corporación que para definir si una ley anterior es compatible con la Constitución del 91, la diferencia entre una y otra "debe llegar al nivel de una incompatibilidad real, de una contradicción manifiesta e insuperable entre los contenidos de las proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente"3. De lo que se deduce que no es suficiente con que exista una simple diferencia entre la disposición preconstitucional y los fundamentos del nuevo Estatuto Superior, sino que es necesario que se trate de proposiciones antinómicas e irreconciliables para que se entienda que el texto legal ha desaparecido del ordenamiento o debe desaparecer. Dicha posición es la que mejor interpreta el mandato contenido en el artículo 9° de la Ley 153 de 1887, el cual, reconociendo el valor normativo de los textos constitucionales, prevé que "La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente", y que toda preceptiva legal anterior a la Carta se desechará como insubsistente, cuando "sea claramente contraria a su letra o a su espíritu". (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
3.8. Según lo enseña la hermenéutica constitucional4, aún cuando en principio los fenómenos de la derogatoria y la declaratoria de inexequibilidad de una ley guardan cierta similitud, consecuencia de los efectos erga omnes y pro futuro, en realidad se trata de instituciones jurídicas diferentes. Según lo dispuesto por la Corte, mientras la derogatoria se origina en un acto de voluntad política donde el Constituyente, el Poder de Revisión o el Legislador optan por eliminar -expresa o tácitamente- la capacidad regulatoria de una disposición jurídica o un conjunto de ellas, la declaratoria de inexequibilidad es un acto de control jurídico que se activa como consecuencia de un conflicto normativo entre la Constitución y la ley, el cual debe ser resuelto por el organismo a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política (C.P. art. 241). A lo anterior se agrega que, en tanto los efectos que produce la derogatoria tácita es la limitación en el tiempo de la vigencia de las normas y no su invalidez, la declaratoria de inexequibilidad produce la anulación automática del precepto sin que sea posible su reproducción, por lo menos mientras se mantengan las causas constitucionales que originaron su retiro del ordenamiento jurídico (C.P. art. 243).
Tratándose de la declaratoria de inconstitucionalidad, cabe precisar que esta Corporación, en la Sentencia C-113 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), al retirar del ordenamiento jurídico el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, dejo en claro que, aun cuando en principio las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional rigen hacia el futuro, solo dicho órgano es el llamado a fijar el alcance de sus propios fallos, con lo cual los efectos de éstos "pueden ser diversos según lo entre a determinar la propia Corte al analizar cada caso en particular"5. Este criterio de interpretación aparece consignado en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo artículo 45 consagra que: "Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la constitución política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario".
De acuerdo con este mandato, ha concluido la jurisprudencia constitucional que: "[l]os efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremacía de la Constitución -que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es retroactivos- y el respeto a la seguridad jurídica -que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc, esto es únicamente hacia el futuro".
4.1. Los artículos 26, 30 y 42 acusados, hacen parte del Decreto 1222 de 1986, "Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental", dictado por el Presidente de la República con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, esto es, durante la vigencia de la Constitución Centenaria de 1886, y en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 3ª de 1986.
"Artículo 82. El Congreso pleno, las Cámaras y las Comisiones de éstas podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros.
Pero las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente (Artículo 16 del Acto Legislativo No. 1 de 1968)."
"Artículo 171. Todos los ciudadanos eligen directamente Concejales, Consejeros Intendenciales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes, Senadores y Presidente de la República. (Artículo 3° del Acto Legislativo No. 1 de 1975)."
"Artículo 185. En cada Departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará Asamblea Departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. Para ser Diputado se requieren las mismas calidades que para ser Representante.
La ley fijará la fecha de las sesiones ordinarias y el régimen de incompatibilidades de los Diputados (Artículo 55 del Acto Legislativo No. 1 de 1968)."
"Artículo 299. Modificado. Acto Legislativo 01 de 1996, art. 1°. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2003, art. 16. En cada departamento habrá una Corporación de elección popular que ejercerá el control político sobre los actos de los Gobernadores, Secretarios de despacho, Gerentes y Directores de Institutos Descentralizados y, que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por siete (7) miembros para el caso de las Comisarías erigidas en departamentos por el artículo 309 de la Constitución Nacional y, en los demás departamentos por no menos de once (11) ni más de treinta y un (31) miembros. Dicha Corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio."
- Sobre el artículo 30 del Decreto 1222 de 1986, se tiene que fue modificado por el artículo 145 de la Constitución del 91, al exigir este último un quórum diferente al previsto en la citada norma para que el Congreso en pleno, las Cámaras y las Comisiones puedan abrir sesiones y deliberar. Ciertamente, en tanto la preceptiva impugnada prevé para la apertura y deliberación un quórum de la tercera parte de los miembros, la norma constitucional citada establece que ello no es posible con menos de una cuarta parte de sus miembros. En lo que se refiere a la toma de decisiones, a pesar de que podría considerarse que las dos disposiciones mantienen el mismo quórum, lo cierto es que el mismo es expresado en diferentes términos jurídicos, ya que mientras la norma preexistente consagra que las decisiones sólo podrán adoptarse "con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación", la actual preceptiva constitucional dispone que las decisiones se toman "con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación", con lo cual esta última le reconoce al quórum decisorio una identidad distinta a la contenida en la ley impugnada. El aludido precepto constitucional consagra:
"ARTICULO 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente."
"ARTICULO 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale."
- Del artículo 26, se declarará exequible la expresión: "En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental…", al no contradecir los mandatos de la Carta Política, e inexequible la expresión "integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral", por encontrarse en manifiesta oposición con el artículo 299 Superior.
- Del artículo 42 se declarará exequible la expresión: "Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial", al no contrariar el Estatuto Fundamental, e inexequible la expresión "Consejeros Intendenciales y Comisariales", como quiera que esta última resulta incompatible con el artículo 260 Superior y demás disposiciones del mismo ordenamiento que se refieren a la organización del actual régimen territorial (C.P. arts. 285 y siguientes).
PRIMERO: Del artículo 26 del Decreto 1222 de 1986, declarar EXEQUIBLE la expresión: "En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental", e INEXEQUIBLE la expresión: "integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral".
TERCERO: Del artículo 42 del Decreto 1222 de 1986, declarar EXEQUIBLE la expresión: "Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial", e INEXEQUIBLE la expresión: "Consejeros Intendenciales y Comisariales".
1 Sentencia C-1174 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
2 Sentencia C-014 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
4 Cfr. Las Sentencias C-145 de 1994, C-055 de 1996, C-618 de 2001 y T-824A de 2002.
5 Sentencia T-824A de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias C-113 de 1993 y C-055 de 1996, entre otras.