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Timestamp: 2018-05-21 22:37:06
Document Index: 3227849

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 172', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'e contrario', 'artículo 172', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 17', 'Artículo 53', 'Artículo 54']

Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Art. 3. Medidas de protección
Capítulo II. De las relaciones entre administraciones públicas (Arts. 4 a 6)
Art. 4. Relaciones con la Administración General del Estado
Art. 5. Relaciones con Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
Art. 6. Relaciones con las Corporaciones Locales
Capitulo III. De los derechos de los menores sujetos a medidas de protección (Arts. 7 a 17)
Art. 7. Coordinación administrativa
Art. 8. Institucionalización mínima
Art. 9. Plan de integración
Art. 10. Trato respetuoso
Art. 11. Trato personalizado
Art. 12. Información y audiencia
Art. 13. Relaciones personales
Art. 14. Intimidad e imagen
Art. 15. Salud
Art. 17. Defensa jurídica
Capítulo IV. Del desamparo (Arts. 18 a 33)
Sección 1.ª Del desamparo (Arts. 18 a 20)
Art. 18. Atención inmediata
Art. 19. Situaciones de riesgo
Art. 20. Desamparo
Sección 2.ª Del procedimiento de desamparo (Arts. 21 a 319
Art. 21. Información previa
Art. 22. Iniciación
Art. 23. Denuncias
Art. 24. Alegaciones y actuaciones
Art. 25. Prueba
Art. 26. Audiencia
Art. 27. Propuesta de resolución
Art. 29. Notificación
Art. 30. Oposición
Art. 31. Ejecución
Sección 3.ª De la declaración provisional de desamparo (Arts. 32 a 33)
Art. 32. Causas
Art. 33. Procedimiento
Capítulo V. De la tutela administrativa (Arts. 34 y 35)
Art. 34. Ejercicio de la tutela
Art. 35. Duración de la tutela
Capítulo VI. De la guarda administrativa (Arts. 36 a 40)
Art. 37. Régimen de la guarda
Art. 38. Iniciación e instrucción del procedimiento
Art. 39. Terminación del procedimiento
Art. 40. Oposición
Capitulo VII. Del seguimiento, modificación y extinción de las medidas de protección (Arts. 41 a 44)
Art. 41. Seguimiento
Art. 42. Información a la familia
Art. 43. Modificación de las medidas
Art. 44. Extinción de las medidas
Capítulo VIII. Del registro de tutelas y guardas de Andalucía (Arts. 45 a 49)
Art. 45. Objeto
Art. 46. Acceso al Registro
Art. 47. Gestión
Art. 48. Organización
Art. 49. Procedimiento
Capítulo IX. De la organización administrativa (Arts. 50 a 54)
Art. 50. Competencia
Art. 51. Desconcentración
Art. 52. Comisiones Provinciales de Medidas de Protección
Art. 53. Funciones de las Comisiones
Art. 54. Funcionamiento de las Comisiones
Primera. Constitución de las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección
Segunda. Constitución del Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía
DECRETO 42/2002, DE 12 DE FEBRERO, DEL RÉGIMEN DE DESAMPARO, TUTELA Y GUARDA ADMINISTRATIVA (BOJA DEL 16)
La protección de los menores es un principio rector de la política social que debe informar la actuación de los poderes públicos, según disponen los
Art. 53. Ejercicio y tutela de los derechos reconocidos en este Título
artículos 39 y 53.3 de la Constitución.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejercicio de las competencias asumidas en el artículo 13, apartados 22 y 23, del Estatuto de Autonomía, aprobó la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, en la que se regula, de conformidad con la legislación civil, el desamparo, la tutela y la guarda administrativa, como instrumentos de protección de los derechos de los menores.
No obstante, es necesario proceder al desarrollo reglamentario de dichos mecanismos de protección al objeto de establecer procedimientos que garanticen la efectividad de los derechos de los menores, a través de una intervención administrativa que cumpla dos objetivos: Por una parte, evitar y, en su caso, poner fin a situaciones de maltrato y de desprotección, y, por otra, colaborar con la familia de los menores para proporcionarles una asistencia que ésta no pueda asumir de forma temporal.
Asimismo, la especificación de los derechos de los menores cuando éstos se hallan sujetos a medidas de protección debe contribuir a prevenir que la desasistencia de la familia no se sustituya por un maltrato institucional. Para ello, se establece, como criterio prioritario, que las resoluciones que hayan de adoptarse en los diversos procedimientos de protección no se tomen prescindiendo de la intervención de los menores, sino teniendo en cuenta su opinión, porque éstos, antes que meros sujetos pasivos de la actuación administrativa, deben ser reconocidos como auténticos partícipes y protagonistas de cuantas decisiones afecten a su situación personal, familiar y social.
Finalmente, aun cuando el interés de los menores es la razón de ser de los procedimientos de protección que se regulan, no puede obviarse los derechos que asisten a los padres en relación con sus hijos, de forma que las limitaciones que se impongan sobre los mismos han de encontrar una fundamentación razonable. Por ello, en dichos procedimientos cobran especial relevancia, a fin de garantizar que no puedan producirse situaciones de indefensión, la información a los padres, la posibilidad de éstos de realizar alegaciones y pruebas con el conveniente asesoramiento jurídico, y la práctica de una audiencia previa a la adopción de la resolución administrativa.
No obstante, se prevé una declaración provisional de desamparo para el desarrollo de una actuación administrativa de carácter inmediato en los casos en que se halle en grave riesgo la integridad física o psíquica de los menores.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la Disposición Final Primera de la Ley 1/1998, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de febrero de 2002, dispongo:
Artículo 1. Objeto.—El presente Decreto tiene por objeto regular la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en los procedimientos de desamparo, tutela y guarda de menores.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—Las disposiciones de este Decreto serán de aplicación a los menores que se hallen en el territorio de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que, por razón del domicilio o la residencia, puedan corresponder a otras Administraciones Públicas.
Artículo 3. Medidas de protección.—La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar, para la protección de los menores, las siguientes medidas:
Artículo 4. Relaciones con la Administración General del Estado.—La Administración de la Junta de Andalucía solicitará la colaboración de los órganos competentes de la Administración General del Estado para el desarrollo de su función de protección de menores, especialmente en los ámbitos siguientes:
Artículo 5. Relaciones con Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.—1. Con carácter previo a la adopción de alguna medida de protección a favor de los menores que se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y cuyo domicilio o residencia se halle ubicado en otra Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, se realizarán las siguientes actuaciones:
2. En caso de urgencia, se adoptará inmediatamente la medida de protección, sin perjuicio de que posteriormente se proceda a requerir y a proporcionar a la Administración correspondiente la información adecuada para el desarrollo de una actuación coordinada.
3. El traslado de residencia o de domicilio a otra Comunidad o Ciudad Autónoma, de menores cuya situación esté siendo evaluada para la adopción de una medida de protección, será comunicado a la Administración de aquélla para que pueda acordar el seguimiento de las actuaciones emprendidas.
Artículo 6. Relaciones con las Corporaciones Locales.—1. Las Corporaciones Locales de Andalucía, en ejercicio de sus competencias y a través de sus órganos y servicios pertinentes, desarrollarán una labor de detección y averiguación de aquellos casos en que aparezcan indicios de desprotección de menores, comunicando sus resultados a la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Detectada una situación de desprotección de menores por la Administración de la Junta de Andalucía, podrá ésta solicitar de la Corporación Local en cuyo ámbito territorial residan aquéllos información en torno a su situación personal y familiar.
3. La Administración de la Junta de Andalucía mantendrá informada a las Corporaciones Locales que hayan contribuido a la detección o evaluación de una situación de desprotección, comunicándoles las medidas de protección adoptadas, a fin de que aquéllas puedan realizar un adecuado seguimiento de la situación personal y familiar de los menores.
De los derechos de los menores sujetos a medidas de protección
Artículo 7. Coordinación administrativa.—Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a que las Administraciones Públicas que intervengan en su caso actúen de forma coordinada, en beneficio de su situación personal y familiar.
Artículo 8. Institucionalización mínima.—1. Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a no estar institucionalizados más que el tiempo estrictamente necesario para la aplicación de una medida alternativa.
En todo caso, el ingreso en un centro residencial, o la integración en una familia acogedora, deberá ser cuidadosamente planificada, dando apoyo a los menores para las fases de preparación al ingreso, acoplamiento y adaptación a la nueva situación.
2. En los casos en que el Ministerio Fiscal, en aplicación de los
Art. 3. Régimen de los menores de catorce años
Art. 18. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar
artículos 3 y 18 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, remita a la Administración de la Junta de Andalucía testimonio de los datos que considere preciso respecto a determinados menores, y ésta, previa valoración de las circunstancias concurrentes, asuma su guarda o tutela, podrá acordar asimismo la aplicación de programas específicos para dichos menores, así como proceder a su institucionalización por el período y con las condiciones que se estimen más beneficiosas para producir un cambio positivo en su conducta.
Artículo 9. Plan de integración.—1. Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a disponer de un plan personalizado de integración familiar y social, en el que estén previstos los plazos de duración de las diversas etapas y las medidas alternativas.
Artículo 10. Trato respetuoso.—1. Los menores sujetos a medidas de protección y sus familias tienen derecho a ser tratados de modo respetuoso para con su intimidad, etnia, valores religiosos y culturales, orientación sexual y diversidad familiar.
2. En los casos en que proceda la retirada de los menores del hogar familiar, ésta se realizará por los profesionales adecuados de modo que no constituya una experiencia especialmente traumática. A tal fin, se explicará de forma comprensible a los menores y a sus padres o tutores las razones de la retirada de aquéllos y el objetivo perseguido con la misma.
Artículo 11. Trato personalizado.—A los menores sujetos a medidas de protección se les asignará un profesional al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor en el procedimiento correspondiente, en el establecimiento de las medidas y en su ejecución y seguimiento.
Artículo 12. Información y audiencia.—1. Los menores tienen derecho a ser informados de los motivos que justifiquen la adopción de cualquier medida de protección y de la finalidad que se pretenda conseguir con su aplicación.
3. La información y audiencia a los menores deberá realizarse de manera adecuada a su edad y grado de madurez.
Artículo 13. Relaciones personales.—1. Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a relacionarse con sus padres, tutores o guardadores, parientes y allegados, tanto de forma directa como a través de medios orales y escritos. Se procurará, especialmente, mantener la convivencia entre los hermanos y preservar sus vínculos afectivos.
3. La Administración de la Junta de Andalucía instará judicialmente, previo informe del equipo técnico correspondiente y con audiencia de los menores, la supervisión, limitación e incluso suspensión de las relaciones de éstos con sus padres, tutores, guardadores, parientes y allegados, cuando les cause un perjuicio físico o psíquico.
Artículo 14. Intimidad e imagen.—1. Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a que sea preservado su honor, intimidad e imagen, especialmente, en caso de haber sido objeto de malos tratos, agresiones sexuales o cualquier otra experiencia traumática.
2. Todos los que participen en el proceso de protección de los menores, incluidos el personal de los centros de acogimiento residencial y los acogedores familiares, guardarán estricta confidencialidad acerca de la historia personal y familiar de aquéllos, evitando las valoraciones peyorativas sobre las circunstancias que han provocado la actuación protectora, o sobre la familia biológica.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el ejercicio de las acciones legales pertinentes, a fin de evitar y perseguir la divulgación, a través de los medios de comunicación social y sistemas informáticos de uso general o cualesquiera otros derivados de la aplicación de nuevas tecnologías, de la imagen de los menores y de información sobre la situación personal, familiar y social de éstos que permita su identificación. A tal efecto, se procederá a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la comunicación de tales hechos al Ministerio Fiscal.
Artículo 15. Salud.—1. Los menores sujetos a medidas de protección tienen derecho a que las exploraciones, estudios y tratamientos médicos, psicológicos y educativos se practiquen con el mayor respeto y sensibilidad a sus circunstancias, evitando exploraciones repetitivas e intrusivas.
2. Cuando los menores hayan sido objeto de abusos sexuales o de cualquier otro tipo de maltrato, las exploraciones serán realizadas por personal especializado en estas prácticas, y se les aplicará un tratamiento psicoterapéutico para minorar el daño producido.
Artículo 16. Educación.—1. En el ámbito educativo, el menor sujeto a medidas de protección tiene los siguientes derechos:
2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas específicos para los adolescentes sujetos a medidas de protección, dirigidos a mejorar su formación profesional y a facilitar su capacitación e inserción laboral.
Artículo 17. Defensa jurídica.—1. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los menores, asumirá la representación y defensa de éstos en juicio, a través de los Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
3. Los menores sujetos a medidas de protección deberán contar con el asesoramiento y con la preparación y ayuda psicológica necesarias, cuando deban prestar declaración en procedimientos administrativos o judiciales. En el caso de los menores objeto de abusos sexuales, se proporcionará los medios adecuados para prestar testimonio evitando la revictimización.
4. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Fiscalía y el Defensor del Menor de Andalucía, pondrá a disposición de los menores sujetos a medidas de protección los medios adecuados para que puedan plantear directamente ante aquéllos sus problemas y necesidades, o presentar, en su caso, las quejas y reclamaciones que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
SECCIÓN 1.ª DEL DESAMPARO
Artículo 18. Atención inmediata.—1. La situación de desprotección en que se hallen los menores dará lugar a la inmediata intervención de la Administración de la Junta de Andalucía a fin de prestarles la atención que precisen.
2. Cuando la situación de desprotección se deba a la pérdida temporal de contacto de los menores con sus padres o representantes legales, se realizarán las gestiones oportunas para comunicarles la situación en que aquéllos se encuentran.
En estos casos, no procederá la declaración de desamparo hasta que no se constate la imposibilidad de determinar la filiación de los menores o se verifique que esa situación viene provocada por el incumplimiento por los padres o representantes legales de los deberes que la Ley les asigna. En los supuestos de menores extranjeros, se recabará la colaboración de la autoridad consular del Estado del que sean nacionales.
Artículo 19. Situaciones de riesgo.—En los casos en que se detecte la existencia de circunstancias que impliquen un riesgo para el desarrollo personal o social de los menores, la Administración de la Junta de Andalucía y la Local, colaborarán utilizando los recursos disponibles para evitar que se produzca la situación de desamparo, promoviendo, en su caso, un cambio positivo y suficiente en el comportamiento y actitud de los padres, tutores o guardadores.
Artículo 20. Desamparo.—1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 172 del Código Civil, se considerará como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa de incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
SECCIÓN 2.ª DEL PROCEDIMIENTO DE DESAMPARO
Artículo 21. Información previa.—1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento de desamparo, podrá ordenar el órgano competente la práctica de una información previa, a fin de determinar la existencia de indicios de desasistencia de los menores que justifiquen tal iniciación.
Artículo 22. Iniciación.—1. El procedimiento de desamparo se iniciará de oficio, por acuerdo del titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección de menores, cuando de forma directa, por comunicación de otro órgano administrativo o mediante denuncia, tuviera conocimiento de la situación de desasistencia en que pudiera hallarse un menor.
Artículo 23. Denuncias.—1. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona que las formula, los datos que permitan la identificación y localización de los menores, así como de sus padres, tutores o guardadores, y el relato de los hechos que motivan su presentación.
No obstante, la falta de identificación de los denunciantes no impedirá la investigación de los hechos denunciados cuando éstos presenten indicios de veracidad.
2. No se dará acceso a los interesados en un procedimiento a los datos de identificación de los denunciantes cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, ello pusiera en riesgo la seguridad de éstos.
Artículo 24. Alegaciones y actuaciones.—1. Los padres, tutores o guardadores dispondrán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la iniciación del procedimiento, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. Asimismo, se les informará acerca de la posibilidad de intervenir por medio de representante, y sobre los requisitos y trámites a cumplir para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a fin de que puedan actuar durante el procedimiento asistidos de letrado en defensa de sus intereses. Si los interesados manifestasen su intención de solicitar la asistencia jurídica gratuita, el plazo de alegaciones se suspenderá durante diez días hábiles.
2. Cursada la notificación a que se refiere el apartado anterior, el órgano competente para la instrucción del procedimiento realizará de oficio y a la mayor brevedad posible las actuaciones precisas para la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre el estado real de los menores, que reflejará, al menos, su situación sanitaria, psicológica, socio-familiar y legal. A tal fin, podrá solicitarse la información necesaria de los Servicios Sanitarios, Educativos y Sociales de la zona correspondiente y, cuando sea preciso, se podrá recabar la colaboración de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del presente Decreto.
Artículo 25. Prueba.—1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
2. Será admisible cualquier medio de prueba que sirva para acreditar la situación real de los menores.
Artículo 26. Audiencia.—1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los padres, tutores o guardadores de los menores, por término de diez días hábiles, a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen conveniente.
3. Los menores deberán ser oídos en este trámite en la forma adecuada a su edad y grado de madurez, garantizándose en todo caso que en su desarrollo se cumplan las condiciones de discreción, intimidad, seguridad y ausencia de presión.
Artículo 27. Propuesta de resolución.—1. Finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor elaborará una propuesta de resolución sobre la procedencia o no de la declaración de desamparo, y, en su caso, de la forma de ejercicio de la guarda, designando la medida adecuada para ello.
Artículo 28. Resolución.—1. La resolución deberá estar debidamente motivada, con relación de hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la decisión adoptada. No obstante, podrá servir de motivación a la resolución la aceptación de los informes que se hubieran incorporado al procedimiento durante su instrucción, y que se refieran a la situación real de los menores.
2. La parte dispositiva de la resolución deberá expresar la procedencia o no de declarar la situación de desamparo, y, en su caso, la asunción de la tutela de los menores, la designación de las personas, Entidades o Centros a los que se atribuya el ejercicio de la guarda mediante acogimiento familiar o residencial, y el régimen de relaciones personales de los menores con sus padres, parientes y allegados.
Artículo 29. Notificación.—1. La resolución deberá ser notificada a los padres que no se hallen privados de la patria potestad, a los tutores y guardadores, así como a los menores, según su grado de madurez, y en todo caso, cuando ya hubieren cumplido doce años.
Si la resolución declarase la situación de desamparo de los menores, habrá de ser comunicada asimismo al Ministerio Fiscal, a la autoridad consular del Estado del que sean nacionales en el caso de que fueran extranjeros, y a quienes vayan a recibirlos en acogimiento familiar o al Director del centro o institución donde vayan a ingresar.
2. En los supuestos en que se estime contrario al interés de los menores que sus padres, tutores o guardadores conozcan a los acogedores y, en su caso, adoptantes seleccionados, se mantendrá en la notificación a aquéllos la conveniente reserva sobre los datos que puedan permitir la identificación de éstos últimos.
3. La notificación de la resolución se llevará a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que ésta se dictó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Código Civil.
5. En los casos en que no se pudiera practicar la notificación a los interesados, debiendo sustituirse por la inserción de anuncios y la publicación, el contenido de ésta se limitará a expresar una somera indicación del contenido de la resolución y del lugar en el que los interesados podrán comparecer, en el plazo de diez días hábiles, para conocer el contenido íntegro de la misma.
Artículo 30. Oposición.—Los interesados en el procedimiento podrán impugnar la resolución ante el órgano jurisdiccional competente, sin que sea necesaria la interposición de reclamación previa en vía administrativa.
Artículo 31. Ejecución.—1. Las resoluciones administrativas que declaren la situación de desamparo de los menores y la asunción de su tutela serán ejecutivas desde la fecha en que se dicten.
4. En todo caso, las resoluciones se ejecutarán de oficio por los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, recabando, si fuere necesario, el auxilio de las Fuerzas de Seguridad, principalmente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.
SECCIÓN 3.ª DE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL DE DESAMPARO
Artículo 32. Causas.—Cuando existan circunstancias que pongan en grave riesgo la integridad física o psíquica de los menores, se podrá declarar como medida cautelar, la situación de desamparo provisional por el titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección de menores.
Artículo 33. Procedimiento.—1. El órgano competente podrá acordar la declaración provisional de desamparo inicialmente o en cualquier momento de desarrollo del procedimiento antes de su finalización.
3. Asumida la tutela de los menores por la Administración de la Junta de Andalucía, proseguirá la instrucción del procedimiento conforme a lo establecido en la Sección 2.ª del presente Capítulo, hasta que se dicte la resolución correspondiente, que dispondrá la ratificación, modificación o revocación del acuerdo que haya declarado como medida cautelar la situación de desamparo provisional.
De la tutela administrativa
Artículo 34. Ejercicio de la tutela.—1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de los órganos competentes, asumirá la tutela de los menores cuando éstos sean declarados en situación de desamparo o así lo determine una resolución judicial, debiendo comunicarlo al Registro Civil para que proceda a su inscripción.
2. La guarda de los menores tutelados se ejercerá preferentemente a través del acogimiento familiar, y cuando éste no sea posible o no convenga al interés de aquéllos, mediante acogimiento residencial.
4. En el caso de que los menores tutelados tuvieran bienes, se procederá a la elaboración de un inventario, y se promoverá el nombramiento judicial de un tutor de tales bienes cuando resultare conveniente por la naturaleza o el volumen de éstos.
5. El ejercicio de la tutela por la Administración de la Junta de Andalucía tendrá carácter gratuito.
Artículo 35. Duración de la tutela.—1. La tutela administrativa derivada de la declaración de desamparo se mantendrá sólo durante el tiempo imprescindible para evitar la situación de desasistencia de los menores.
2. En el caso de que se constatase la desaparición de las circunstancias que dieron lugar a la asunción de la tutela de los menores, los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía promoverán, de oficio o a instancia de parte, las actuaciones precisas para la extinción de la misma y la reintegración de aquéllos a su ámbito familiar.
Artículo 36. Causas.—La Administración de la Junta de Andalucía asumirá la guarda de los menores, a consecuencia de la declaración de la situación de desamparo, a petición de los padres o tutores, y por resolución judicial.
Artículo 37. Régimen de la guarda.—1. La Administración de la Junta de Andalucía asumirá la guarda de los menores, a instancia de quienes tengan su patria potestad o tutela, cuando concurran circunstancias enfermedades u otras circunstancias graves que, objetivamente valoradas, les impidan cuidar de los mismos.
Artículo 38. Iniciación e instrucción del procedimiento.—1. El procedimiento podrá iniciarse mediante solicitud conjunta de los padres, cuando ambos compartan la patria potestad de los menores, o a instancia de los tutores. No obstante, en defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, o en situaciones de urgente necesidad, bastará la solicitud de uno solo de los progenitores.
4. Antes de la redacción de la propuesta de resolución, se dará audiencia a los menores en todo caso, en la forma más adecuada a su edad y madurez, y a los solicitantes, concediéndoles un plazo de diez días tras la vista del expediente, salvo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por éstos.
Artículo 39. Terminación del procedimiento.—1. El procedimiento podrá finalizar con la celebración de un convenio entre los solicitantes y los órganos administrativos competentes, en el que se establecerá:
3. El convenio por el que se acuerde la guarda de los menores o la resolución por la que se desestime la misma serán notificados a éstos de forma personal, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, y de manera que comprendan claramente el significado y consecuencias de la decisión adoptada.
La constitución de la guarda será comunicada asimismo al Ministerio Fiscal.
Artículo 40. Oposición.—Contra el convenio que acuerde la guarda o la resolución administrativa que desestime la misma podrán formular los interesados su oposición ante el órgano jurisdiccional competente, sin que sea necesaria la interposición de reclamación previa en vía administrativa.
Del seguimiento, modificación y extinción de las medidas de protección
Artículo 41. Seguimiento.—1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de los órganos competentes, realizará un seguimiento personalizado de la situación y evolución de los menores y de sus familias, y evaluará los efectos de las medidas de protección aplicadas.
Artículo 42. Información a la familia.—1. Los padres, tutores y familiares podrán solicitar información sobre el estado de los menores a los órganos administrativos competentes, que deberán facilitársela de forma comprensible y precisa, salvo que haya circunstancias que justifiquen la reserva de datos, en beneficio de los menores.
Artículo 43. Modificación de las medidas.—1. Cuando a consecuencia del seguimiento efectuado, se hubiera constatado que la medida protectora o el plan establecido empleado no se adaptase al actual desarrollo psicosocial de los menores, podrá acordarse su modificación, o promoverse judicialmente su cambio, según proceda, mediante resolución motivada de los órganos administrativos competentes, previa audiencia de los menores y de sus padres o tutores.
Artículo 44. Extinción de las medidas.—Las medidas de protección se dejarán sin efecto en los siguientes casos:
Del registro de tutelas y guardas de Andalucía
Artículo 45. Objeto.—1. Se constituye el Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía, que tendrá por objeto la inscripción de los datos relativos a la identificación y seguimiento de los menores sujetos a medidas de protección por la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 46. Acceso al Registro.—1. Los datos obrantes en el Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía tendrán carácter reservado, garantizándose la confidencialidad, seguridad e integridad de los mismos y su utilización para los fines que constituyen su objeto, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Ministerio Fiscal, los Jueces y Tribunales, y las personas que aparezcan inscritas en el Registro, tendrán acceso a los datos contenidos en el mismo, y podrán solicitar las certificaciones correspondientes, si bien para éstos últimos sujetos tal acceso quedará restringido a sus propios datos.
Artículo 47. Gestión.—El Registro será único para toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de su gestión descentralizada en los órganos provinciales competentes.
Artículo 48. Organización.—1. El Registro se dividirá en tres Secciones, del siguiente tenor:
a) Sección Primera, "De los menores sujetos a medidas de protección", en la que se inscribirán sus datos personales, filiación, nacionalidad, vecindad y domicilio, así como los datos de carácter personal de los padres o tutores.
b) Sección Segunda, "De las tutelas", en la que se inscribirán las resoluciones administrativas o judiciales que las constituyan y modifiquen; los actos y resoluciones que determinen su extinción; los datos identificativos de las personas, Entidades y Centros que asuman el acogimiento de los menores; el inventario de sus bienes y, en su caso, los datos personales de los tutores de tales bienes.
c) Sección Tercera, "De las guardas", en la que se inscribirán los convenios y las resoluciones judiciales que las constituyan y modifiquen; los actos y resoluciones que determinen su extinción, y los datos identificativos de las personas, Entidades y Centros que asuman el acogimiento de los menores.
3. La intervención administrativa con relación a un menor dará lugar a que se abra a éste un folio registral, sin perjuicio de la apertura del folio correspondiente a la tutela y a la guarda, cuando éstas se constituyan, y del relativo a cada persona, Entidad y Centro que asuma un acogimiento.
Artículo 49. Procedimiento.—1. Las inscripciones, cancelaciones y notas marginales se practicarán de oficio por los órganos administrativos competentes.
Artículo 50. Competencia.—La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará sus competencias en materia de protección de menores a través de la Consejería a la que se atribuya el ejercicio de las mismas.
Artículo 51. Desconcentración.—1. El ejercicio de las competencias en materia de protección de menores se desarrollará por las Delegaciones Provinciales de la Consejería a que se atribuya dicho ejercicio, a través de Servicios especializados, a quienes les corresponderá las siguientes funciones:
Artículo 52. Comisiones Provinciales de Medidas de Protección.—1. En cada Delegación Provincial se constituirá un órgano administrativo colegiado, denominado Comisión Provincial de Medidas de Protección, que estará compuesto por:
2. La Comisión Provincial de Medidas de Protección estará asistida por un/a Letrado/a del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, pudiendo, asimismo, participar como asesores, con voz pero sin voto, los/as técnicos/as y profesionales que el/la Presidente/a considere oportuno.
3. Los/as profesionales a que se refieren las letras e), f) y g) del apartado 1 serán nombrados por el/la titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en el ámbito de protección de menores, a propuesta, respectivamente, de los titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías que asuman las competencias en materia de salud, y de educación, y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
4. Los suplentes de los miembros de la Comisión serán designados conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, según pertenezcan o no a la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 53. Funciones de las Comisiones.—Las Comisiones de Medidas de Protección asumirán en sus ámbitos respectivos las siguientes funciones:
b) Asunción de la tutela de los menores, cuando éstos sean declarados en situación de desamparo o así lo determine una resolución judicial.
Artículo 54. Funcionamiento de las Comisiones.—1. Las Comisiones se reunirán, al menos, semanalmente, y para su válida constitución se requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a y la de la mitad al menos de sus miembros.
Disposición adicional primera. Constitución de las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección.—1. Las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección se constituirán en cada provincia en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.
2. Los miembros de las Comisiones Provinciales de Medidas de Protección, así como los/as técnicos/as y profesionales invitados/as a las mismas, que siendo personal ajeno a la Administración de la Junta de Andalucía asistan a sus sesiones, tendrán derecho a la correspondiente indemnización por dietas y gastos de desplazamientos, conforme a la normativa aplicable para la Junta de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Constitución del Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía.—El Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía deberá estar en funcionamiento en el plazo de seis meses desde el inicio de la vigencia de este Decreto.
Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.—1. Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto se regirán desde esa fecha por las normas establecidas en el mismo.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.