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Timestamp: 2018-06-22 07:22:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 127', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 253']

Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados, LX Legislatura
Versión estenográfica de la Comparecencia del Procurador General de la República,
Eduardo Medina Mora Icaza, ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente,
del martes 23 de enero de 2007
El Presidente diputado Javier González Garza: Pido al señor Secretario que compruebe la lista de asistencia y la declaratoria de quórum.
El Secretario senador José González Morfín: Con gusto, señor Presidente. Me permito informarle que estamos presentes 10 de los 15 integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias. Se ha repartido el orden del día. Abrimos la sesión en estos momentos.
Vamos a tomar un punto de acuerdo de cómo será la comparencia del señor procurador general de la República. El siguiente punto tiene que ver con cómo vamos a llevar adelante los trabajos. Entonces proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo que normará esta comparecencia.
El Secretario senador José González Morfín: Con gusto, Presidente.
Acuerdo que establece el formato para la comparecencia ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, del titular de la Procuraduría General de la República.
Los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, considerando que el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que durante los recesos del Congreso de la Unión haya una Comisión Permanente integrada por legisladores nombrados por sus respectivas Cámaras.
Que el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.
Que la suscripción de acuerdos tiene el propósito de complementar la normatividad del Congreso de la Unión a fin de contribuir al mejor desarrollo de sus trabajos.
Que en sesión de la Comisión Permanente de fecha 17 de enero del año en curso el Pleno aprobó punto de acuerdo para que comparezcan ante la Primera Comisión de Trabajo los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que informen sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional; de las medidas adoptadas y por implementar para el combate particular del crimen organizado y el narcotráfico y de los operativos especiales realizados en diciembre de 2006 en el estado de Michoacán y enero de 2007 en el municipio de Tijuana, estado de Baja California, incluyendo una evaluación de su costo y resultados obtenidos.
Que la Primera Comisión acordó que compareciera primero el procurador general de la República y que es necesario establecer el formato de dicha comparecencia.
Por lo antes expuesto, la Mesa Directiva de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente adopta el siguiente acuerdo que establece el formato para la comparecencia ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, del titular de la Procuraduría General de la República.
Primero. La comparecencia del procurador general de la República se verificará el martes 23 de enero de 2007 a las 10:00 horas.
Segundo. La comparecencia se desarrollará conforme al siguiente formato:
Primero. La moderación de la comparecencia correrá a cargo del Presidente de la Primera Comisión, quien dirigirá un mensaje inicial.
Segundo. El procurador general de la República tendrá una primera intervención hasta por 10 minutos, para que informe sobre la situación general que prevalece en materia de seguridad pública a nivel nacional; de las medidas adoptadas y por implementar para el combate particular del crimen organizado y del narcotráfico y de los operativos especiales realizados en diciembre de 2006 en el estado de Michoacán y enero de 2007 en el municipio de Tijuana, estado de Baja California, incluyendo una evaluación de su costo y resultados obtenidos.
Tercero. A continuación se abrirán dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas. Los grupos parlamentarios representados en la Primera Comisión intervendrán en el siguiente orden:
Primera ronda. Grupo parlamentario del Partido Verde; grupo parlamentario del PRI; grupo parlamentario del PRD; grupo parlamentario del PAN:
Segunda ronda. Grupo parlamentario del PRI; grupo parlamentario del PRD y grupo parlamentario del PAN.
Cuarta. El desahogo de las intervenciones por grupo parlamentario se dará de la siguiente manera:
A. Cada grupo parlamentario participará hasta por cinco minutos para formular sus preguntas.
B. El procurador general de la República contará hasta con cinco minutos en cada caso para dar respuesta, y
C. La réplica correspondiente del grupo parlamentario podrá ser hasta por tres minutos.
Tercero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique al Procurador General de la República.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2007. Firman los integrantes de la Mesa Directiva de la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor Secretario. Consulte usted, señor secretario a la Asamblea, si es de aprobarse en votación económica el punto de acuerdo.
El Secretario senador José González Morfín: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén de acuerdo en aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano… (votación). Los que estén en contra… (votación). Los que se abstengan… (votación). Señor Presidente, se aprueba por unanimidad el acuerdo.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor Secretario.
Empezaremos. Le damos la más cordial bienvenida al señor Procurador General de la República. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha tenido a bien invitarlo, citarlo, para discutir algunos de los problemas más importantes que hoy tenemos enfrente; tiene que ver con efectivamente los operativos policiales, tiene que ver con asuntos fundamentales para el país, como son la cuestión de derechos humanos, el trato y el maltrato que se ha propiciado en nuestro país en varios de los casos que seguramente serán planteados al señor Procurador.
Nosotros esperamos una discusión clara, absolutamente tranquila, respetuosa, en donde podamos tener todos la convicción de las necesidades que tiene el país para reformular en algunos casos leyes y en otros casos, conductas, y que nos permita después, si los diputados o diputadas, senadores o senadoras de la propia Comisión Permanente quedan con alguna duda o pregunta, podérselas hacer por escrito, manteniendo un diálogo con respecto a la información que todos quisiéramos tener.
Sin más, le doy, insisto, la más cordial bienvenida al señor Procurador y le pido que inicie su intervención.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, señor diputado Javier González Garza, Presidente de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Señor senador José González Morfín, secretario de esta Primera Comisión; señor diputado Emilio Gamboa Patrón. Señores diputados y senadores, integrantes de esta comisión de trabajo. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Es para mí un verdadero honor comparecer ante esta Comisión de la Comisión Permanente, siendo esta la primera ocasión en que en mi carácter de Procurador General de la República tengo la oportunidad de compartir con ustedes visiones, puntos de vista, criterios. Agradezco de verdad la oportunidad.
Comparezco antes ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a la situación general, que en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia prevalece a nivel nacional, así como el papel que en este contexto tienen los operativos conjuntos que se han realizado en diversos estados.
La estrategia del Estado mexicano para combatir el delito tiene una visión integral: La seguridad pública considerara en un sentido amplio en su sistema que comprende la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de los delitos, así como la ejecución de las penas o las medidas de seguridad.
En este contexto, resulta fundamental potenciar los procesos para alinear la acción que el Estado mexicano realiza mediante las instituciones federales, locales y municipales, responsables de proporcionar a los ciudadanos seguridad pública integral, certidumbre, que es al final la obligación más importante que un Estado tiene con respecto a sus ciudadanos.
La evaluación del fenómeno y la identificación de los problemas sistémicos de los procesos y las instituciones en este tema, es la forma de rediseñar la estrategia integral contra la delincuencia y especialmente contra el crimen organizado representado primordialmente por las acciones del narcotráfico.
La estrategia se funda en el análisis de la nueva realidad de la delincuencia organizada en México y se orienta a redefinir un nuevo esquema de atención institucional co-responsable entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno.
Cuando analizamos las circunstancias significativas de violencia inusitada entre bandas de crimen organizado que afectan severamente la tranquilidad pública, el fenómeno puede explicarse a partir de diversas variables.
En primer lugar, un factor muy relevante es el ajuste de mercado por caídas importantes en los ingresos de los participantes. La sustitución de la droga estimulante por elección —durante muchos años— la cocaína, por metanfetaminas en el mercado y en el patrón de consumo de los Estados Unidos, ha generado una disminución en el precio relativo de la cocaína y una consecuente disminución en los ingresos de las organizaciones criminales que se dedican a esta actividad.
Ya que a esto se enfrentan severas dificultades para migrar al tráfico de pseudoefedrina, que es la sustancia activa de las metanfetaminas entre los estimulantes, la nueva droga de elección de los consumidores sobre todo en los Estados Unidos, virtud a que no existe una ruta geográfica natural de paso por nuestro país.
En segundo lugar, la fractura de las hegemonías geográficas tradicionales de los grandes carteles, esto paradójicamente como resultado de las acciones realizadas en los últimos años, en el combate directo a las organizaciones de delincuencia que ha provocado esta fractura de las hegemonías geográficas tradicionales de los grandes carteles mexicanos, a partir de la captura de muy relevantes líderes de estas organizaciones alimentando la circunstancia de violencia que se les asocia.
Ahora bien, el cambio de las condiciones internacionales de mercado no sólo ha provocado un incremento en la violencia asociada a la lucha por el mercado sino que ha orientado las estructuras de la delincuencia organizada también hacia el mercado interno.
Nuestro país, vale la pena subrayarlo reiteradamente, ha dejado de ser solamente un país de trasiego para convertirse cabalmente en un país de consumidores. Por esta razón el narcomenudeo ha sido declarado como una prioridad de política pública nacional en materia de seguridad y justicia, y así lo ratificó el día de ayer el Consejo Nacional de Seguridad Pública, máxima instancia en esta materia en nuestro país en la que participan todas las instancias federales con competencia en esta materia y desde luego centralmente todos los señores gobernadores.
El narcomenudeo en este sentido se convierte en un generador de inseguridad y violencia asociada a los delitos del orden común, un potenciador de los mismos lo cual, sumado a la violencia entre bandas de delincuencia organizada, incrementa también la percepción de violencia generalizada.
Los carteles además, han cambiado ciertamente de enfoque hacia un enfoque de dominio territorial que es una de las principales amenazas a la seguridad, a la tranquilidad de los mexicanos y por que no decirlo también, a la seguridad nacional.
Estos son factores que sostienen la violencia entre participantes de la delincuencia organizada y por consecuencia, la percepción de inseguridad.
Para dar respuesta a este fenómeno…
El diputado José Antonio Almazán González: Voy a interrumpir esta sesión, en mi carácter de diputado federal, porque están conmigo cuatro invitados de la APPO, a los cuales se les impide el paso.
Esto es la Cámara de Diputados. No aceptamos el estado de sitio de la Cámara de Diputados. Están mis invitados afuera, tienen el gafete y exijo su entrada.
El Presidente diputado Javier González Garza: ¿Tienen gafete, perdón?
El diputado José Antonio Almazán González: Tienen gafete de invitados.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muy bien. Hay una instrucción y todo mundo que tenga gafete puede estar dentro. Por favor, diputado Almazán, puede subir con ellos.
El Secretario senador José González Morfin: … que pusiera orden y respeto. No se puede insultar de esa manera a quienes son nuestros invitados el día de hoy.
El Presidente diputado Javier González Garza: Tiene razón, señor senador. Eso lo vamos a hacer. En cuanto regrese, haremos esa intervención. Dígame usted.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Yo quisiera hacer una moción. Usted es el responsable de los trabajos de esta Comisión y se aprobó un punto de acuerdo que da formato a la misma. Yo espero que la presencia de estas personas que están debidamente acreditadas y tienen su derecho a salvo para pertenecer en esta reunión, no vaya a descomponer los trabajos de la misma. Se lo comento con el ánimo de enriquecer el buen término de esta reunión. Gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Coincido con usted. Vamos a intentar una sesión con todo respeto. Lo que evidentemente sucedió es que, trayendo gafetes, no podían entrar. Tomaremos las medidas pertinentes.
Puede usted continuar, señor procurador.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Con su permiso, señor presidente. Decía yo que para dar respuesta al fenómeno, el enfoque de atención tradicional se orientaba exclusiva o primordialmente a la desarticulación de las cadenas de mando y control de los grandes cárteles.
Se asumía, de manera imprecisa, que con el hecho de capturar a los grandes líderes o capos se desarticulaba la estructura criminal. Esto desde luego no era el caso.
El nuevo paradigma de respuesta institucional a la delincuencia organizada es la generación de una estrategia puntual, pertinente, efectiva, a partir del mapeo preciso de las cadenas de valor de la delincuencia organizada, tanto desde el punto de vista geográfico como logístico, identificando los nodos de creación de valor y los nodos de poder de impunidad para estar en posición de dirigir el esfuerzo y los instrumentos a romper la estructura criminal y la lógica de estas cadenas de valor.
En este sentido, sin perjuicio por supuesto del esfuerzo importante de capturar a los grandes líderes de estas organizaciones, el esfuerzo —y en esta línea están los operativos conjuntos—se enfoca a desarticular las zonas de privilegio de creación de valor y de creación de poder que les viene dando permanencia a las organizaciones delictivas en este nuevo enfoque, ahora de dominio territorial.
Este nuevo paradigma de respuesta institucional implica cambiar el esquema de análisis de la delincuencia, diseñar instrumentos pertinentes para atención precisamente a la problemática que se deriva de este nuevo mapeo y usar la estrategia analítica de herramientas de la economía, de la microeconomía, para mapear las cadenas de valor, encontrar las debilidades y atacarlas de manera integral, potenciando procesos transversales de inteligencia, investigación, operación policial y procuración de justicia.
En este contexto, los operativos conjuntos son un componente de la estrategia integral que permite, con un enfoque de rescate territorial, recuperar espacios públicos que, a la percepción de los ciudadanos, se han perdido frente a la delincuencia, generar también inercias y sustento para el fortalecimiento de las instituciones públicas locales encargadas de la seguridad pública y transformar las zonas de privilegio en espacios de bienestar y legalidad.
De lo que se trata, en suma, es de recuperar el derecho de los ciudadanos de esos lugares a vivir en paz y en tranquilidad.
Este domingo pasado, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y el servidor de ustedes dimos a conocer un balance de los resultados concretos de los operativos implementados en Michoacán, Tijuana, Guerrero y el fortalecimiento de la logística institucional en el triángulo dorado Durango-Chihuahua-Sinaloa.
Estos resultados son ya del dominio público y dan cuenta del importante impacto en la erradicación, intercepción, aseguramiento de bienes, liberación de víctimas de secuestro, detenciones y consignaciones ante los tribunales, tanto locales como federales.
Estos operativos nos permiten trabajar en la superación de los problemas de debilidad institucional asociados a este eslabón que es el más próximo a los ciudadanos, que es el municipio.
También a un inadecuado diseño y articulación de las instituciones de seguridad, a la fragmentación de las instituciones públicas responsables de dar este servicio al que está obligado el Estado mexicano, de otorgar certidumbre y seguridad a sus ciudadanos.
A la falta de coordinación entre los cuerpos policiales y a la ausencia de articulación entre los componentes del sistema de seguridad.
En este marco, el rediseño de las estructuras institucionales y especialmente por lo que hace a la Procuraduría General de la República, se trabaja en el fortalecimiento de una nueva visión, una visión integral dirigida a la desarticulación de las cadenas delictivas mediante el desmantelamiento de los nodos de creación de valor y los reductos de impunidad, alineando su participación en los procesos transversales del sistema de seguridad.
En esta línea se trabaja en diversas tareas. En primer lugar fortalecer el apoyo al Consejo Nacional de Seguridad Pública y la coordinación con las Secretarías de Estado, los gobiernos de los estados, los procuradores de los estados, los secretarios de Seguridad Pública y desde luego las instancias municipales.
Simplificar procesos y supervisar de manera permanente, directa y sistemática las actuaciones de sus servidores públicos.
Incorporar el uso de tecnologías e información para poder procesar la misma y aumentar la efectividad.
Definir modelos de operación y administración de procesos para explotar la información delictiva de los procesos penales y sumarla a los sistemas de investigación policial.
Fomentar un contacto permanente con las organizaciones ciudadanas, orientado a construir una cultura de denuncia y de legalidad.
Impulsar también una cultura institucional de respuesta oportuna y eficaz a la ciudadanía y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos.
Integrar en un solo cuerpo a la policía federal, fortalecer sus procedimientos, así como el papel estratégico de los servicios periciales para mejorar el valor técnico y científico de la prueba como expresión de certidumbre esencial para la procuración de justicia.
Fortalecer y profundizar los avances en la profesionalización, así como consolidar los sistemas de evaluación y control de confianza.
Intensificar los mecanismos de intercambio de información, localización de fugitivos, asistencia jurídica, cooperación internacional y extradiciones, y
Consolidar la estrategia de combate al narcomenudeo.
En conclusión, señor Presidente, señores miembros de esta Comisión, los operativos conjuntos constituyen una de las líneas de acción de la política pública que en materia de seguridad y justicia ha definido el gobierno de la República en la lucha que encabeza por recuperar la legalidad, la seguridad y los espacios públicos para los ciudadanos.
Somos conscientes que para lograr este objetivo se requiere de un esfuerzo realmente nacional, pero en especial resulta imprescindible reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, en los tres niveles de gobierno.
La estrategia de respuesta institucional a la delincuencia no se circunscribe al combate directo al delito en las calles. Como dijimos, responde a un enfoque integral de prevención, investigación y persecución del delito que todos los órdenes de gobierno y todos los Poderes del Estado somos corresponsables de construir.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. De nuevo insisto, es un privilegio estar aquí con ustedes para intercambiar puntos de vista.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias. Para dar cumplimiento al segundo punto que acabamos de aprobar, quiero dar lectura a los diputados y senadores que van a hacer uso de la palabra, señor procurador.
En la primera ronda hablarán el diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México; el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI; el senador Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del PRD y el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del grupo parlamentario del PAN.
Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, diputado Presidente. Ciudadano Procurador de la República; compañeras legisladoras y legisladores.
Agradecemos de antemano su presencia, señor Procurador, y le damos una cordial bienvenida, nos congratula su disposición para acudir a esta Primera Comisión de la Comisión Permanente a fin de esclarecer algunas preguntas que los legisladores tenemos sobre los operativos instaurados en los estados de Michoacán, de Guerrero, así como en la ciudad de Tijuana, Baja California, con relación al combate al crimen organizado, y específicamente también contra los cárteles de la droga.
Esta acción ordenada por el ciudadano Felipe Calderón, Presidente de la República, ha sido por muchos sectores de la sociedad, así como también del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, señor Procurador, bien recibida. Consideramos que estas acciones sientan las bases para una nueva forma que el Estado mexicano, a través del Ejecutivo de la Unión, pueda afrontar los problemas de seguridad pública tan demandados por la sociedad en todos estos años.
Las acciones emprendidas por las distintas entidades encargadas de velar por la seguridad pública y el orden social, consideramos también que han comenzado a rendir frutos. Sabemos, pues, que los resultados no van a terminar inmediatamente con los cárteles de la droga. Sí han permitido que los ciudadanos de distintas ciudades, como es el estado de Michoacán y Guerrero, así como la ciudad fronteriza de Tijuana, puedan sentirse que viven en un ambiente de seguridad y tranquilidad, algo que habían perdido hace mucho. Sabemos también que el trabajo es arduo y que apenas comienzan las acciones.
Como bien sabemos, estos operativos ya se han ampliado a otras entidades como Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa, permitiendo también controlar en gran medida la inseguridad en distintas ciudades que estos ciudadanos vienen sufriendo.
Sin embargo, también, señor Procurador, algunos sectores sociales han considerado que estos operativos, Michoacán, Guerrero y Tijuana, sólo han llevado paz y seguridad a algunas zonas y que se ha producido el efecto que comúnmente le denominamos cucaracha; es decir, que aquellos delincuentes que vienen actuando de ordinario en dichos territorios sólo han cruzado la frontera o se agazapan en espera a que las distintas fuerzas de seguridad, ya sean federales, estatales o municipales, terminen con sus operativos para continuar con sus actividades delincuenciales, una vez que las fuerzas de seguridad salen del lugar.
Por ello, señor Procurador, me permito hacerle los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, ¿qué acciones han sido tomadas por los responsables de la ejecución de dichos operativos, a fin de evitar que los delincuentes cambien de identidad, simplemente?
La otra es, ¿qué acciones de prevención se están desarrollando en los distintos niveles de gobierno, a fin de evitar la reincidencia de estas conductas delictivas, una vez que terminen los operativos?
Señor procurador Eduardo Medina, el día de ayer —y me permito señalarlo—, el Presidente de la República dio a conocer cinco puntos, a fin de combatir la delincuencia; en nuestro grupo parlamentario —aunque nos parece un avance en las estrategias como usted lo ha comentado, que toman en cuenta muchos factores científicos y tecnológicos—, en las estrategias contra el crimen organizado también nos parece que la sociedad mexicana nos exige a todos los Poderes mayor eficacia y eficiencia en las acciones y sobre todo, resultados prontos. Nos queda la duda de ¿por qué anunciar los operativos y las acciones que se llevarían a cabo en las distintas entidades de la República? ¿Por qué no guardar secrecía en cuando a la realización de estos operativos? ¿Seguirán anunciándose los operativos subsecuentes aun en contra de una mayor eficacia?
Ahora bien, si bien es cierto que la incidencia y gravedad de las conductas delictiva en estas entidades es alarmante, también lo es que dentro de todo el proceso relacionado al tráfico de drogas existen una serie de delitos conexos, como el tráfico de armas, el secuestro de personas y el narcomenudeo, ¿qué acciones, me permito preguntarle señor Procurador, se han tomado para combatir estas conductas relacionadas?
En particular, nos parece que la estrategia del gobierno federal privilegia el combate a la oferta de las drogas; las medidas implementadas en las últimas semanas así lo demuestran. Sin embargo, deseamos saber ¿qué medida se ha pensado implementar para entender el lado de la demanda? Se ha incrementado el número de personas adictas a las drogas, cada vez son más jóvenes los que caen en este tipo de adicciones, y por las noticias nos hemos enterado que muchas de las detenciones son a personas que están en posesión de drogas pero que se consideran de alguna manera adictos o farmacodependientes, entonces yo le preguntaría al señor procurador que estrategia específica se piensa implementar para la atención de la farmacodependencia.
Por otra parte, también nos hemos enterado de las extradiciones de diversos delincuentes a los Estados Unidos de América, y nos preguntamos acaso si estas acciones son parte integral de los operativos y de la estrategia del Gobierno federal, cierto es que con esto se trata de mandar un mensaje a los delincuentes pero señor Procurador, es necesario que las formas se cuiden y sobre todo que nuestra Constitución sea respetada.
Por lo anterior, me gustaría que comentara sobre la legalidad de las extradiciones. Es todo, muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchas gracias diputado López Adame. Señor procurador, tiene usted hasta por cinco minutos para poder contestar.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchísimas gracias señor diputado Antonio Javier López Adame. Agradezco mucho sus comentarios y sus preguntas.
Quisiera referirme a los puntos que usted ha abordado en su pregunta. En primer lugar, en relación con las acciones complementarias alrededor de estos operativos en cuanto al llamado efecto cucaracha. En segundo lugar, en términos de las acciones de prevención y qué otras acciones se han venido tomando alrededor de este tema.
Estamos enfrentando una circunstancia novedosa en términos de que a partir de los cambios en los mercados que describía yo en mi intervención inicial y en el hecho de que nuestro país se ha convertido ya en un país de consumo, como usted bien lo señala, en el que las adicciones duras vienen aumentando a tasas verdaderamente alarmantes, incluso las encuestas de adicciones pueden llevarnos a concluir que estas aumentan a tasas por encima del 20 por ciento anual y los per-cápita de las drogas duras, lo cual sin duda refleja una circunstancia de gran preocupación.
Sobre esta base, quisiera referirme a este punto primero, desde luego la estrategia de atención al narcomenudeo tiene que ser integral. El narcomenudeo simplemente es una modalidad de narcotráfico, no se le puede considerar como un fenómeno separado de la cadena de valor, es la expresión quizás la más difícil y dolorosa para nuestras comunidades y nuestras familias porque es la que nos afecta directamente.
En este sentido yo convengo con usted en que no hemos hecho lo suficiente, como Estado, para atender la tarea preventiva y la tarea también de rehabilitación de adictos.
No obstante el factor fundamental por el cual ha aumentado estas adicciones, es por el aumento de disponibilidad de drogas en función del producto que originalmente iba destinado a el mercado de exportación y que en razón de esta disminución de volumen en la demanda tiende a quedarse en nuestro país junto con otros factores, como es el pago en especie a todos los que proveen servicios a lo largo de la cadena de valor y desde luego, además, las condiciones sociodemográficas y económicas de nuestro país que hacen de nuestro mercado un mercado muy atractivo, con potencial de crecimiento grande para estas acciones delictivas.
Tenemos que reforzar estas tareas de prevención y rehabilitación. Se va en la estrategia integral que se planteará en próximas fechas, a plantea un programa integral de prevención y ciertamente con componentes de rehabilitación.
Aquí ciertamente tenemos que generar una conciencia de dar mayores recursos a la tarea de prevención y rehabilitación porque en efecto, los recursos económicos que en términos presupuestales se dirigen a estas actividades son muy limitados.
Quisiera después referirme al tema del efecto cucaracha. Nosotros no pensamos que haya propiamente un efecto cucaracha. Es posible en efecto que delincuentes se trasladen a otras entidades para ocultarse o que se agazapen, como usted dice, pero los fenómenos delincuenciales que se presentan en estas entidades donde hay ya una creciente amenaza a la soberanía del Estado, al dominio territorial del Estado sobre estas áreas, no son fenómenos importados, se trata de delincuentes locales que pueden afiliarse de alguna manera a los carteles más importantes.
Pero no se trata de grupos delincuenciales de otros estados que van a generar una presencia propiamente de dominio en zonas que no les correspondían; es más bien cómo se potencia la estructura criminal local en la filiación con estos carteles.
Por esta razón no estamos demasiado preocupados alrededor de este efecto cucaracha, como se ha mencionado en los medios. No obstante, hay dispositivos de control en las fronteras naturales entre las entidades que tienen estos operativos y otras que obviamente pueden ser próximas.
En cuanto a las acciones de prevención y de incidencia, yo diría que el enfoque institucional más importante tiene componentes y secuencias. El operativo, el esfuerzo tendrá que ser permanente, incluso una presencia federal más larga en lugares donde tenemos una mayor penetración, un mayor dominio territorial por parte de estas organizaciones, en detrimento de la presencia del Estado mexicano en los niveles estatal y municipal.
Pero lo que tenemos que hacer aquí es generar una estrategia que fortalezca a las instancias locales para hacer su tarea, una tarea que les es propia, conforme a nuestra Constitución. La mejor respuesta es que la autoridad municipal, la autoridad estatal tengan las capacidades para poder atender a cabalidad estas responsabilidades estatales en materia de seguridad, o sea, de dar certidumbre a los ciudadanos.
Ésta es una tarea corresponsable y quizás la tarea más importante es el fortalecimiento institucional de las policías municipales y, en segundo término, de las estatales. Por el tiempo, es lo que me ha dado oportunidad de contestar, pero tomo nota de sus otras inquietudes, señor diputado. Gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para ejercer su derecho de réplica, el diputado Antonio Xavier López Adame.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Muchas gracias, diputado presidente. Simplemente me quedo sólo con los comentarios que usted expresó al principio. Evidentemente, creo que si ha habido una falta de atención a la cuestión de la rehabilitación. Qué bueno que lo reconoce, procurador, porque es muy importante. Esto afecta a sectores económicos de todos los tipos.
Me refiero porque muchos de los posibles portadores de droga o de los demandantes de droga simplemente no pagan tampoco, no guardan tampoco la responsabilidad ni obtienen alguna sanción que podría ser, por ejemplo, una rehabilitación obligatoria, por este hecho de demandar droga, que finalmente al Estado le cuesta.
Me quedaría simplemente con ese comentario, diputado presidente, y le agradezco mucho sus respuestas.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. Continuando, tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Gracias, presidente. Compañeros legisladores, señor procurador, bienvenido a esta comparecencia a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Bienvenido el grupo de trabajo que hoy lo acompaña.
Nosotros, el grupo parlamentario del PRI y un servidor, siempre hemos insistido en la enorme preocupación que existe — título personal y a nombre del grupo parlamentario del PRI— la inseguridad que se provoca en todo el país.
Desde hace años, los medios de comunicación dan cuenta de la espiral de vivencia que se vive cotidianamente. En sentido inverso, las cifras sobre la delincuencia expuestas en el pasado VI Informe de la administración anterior, señalaban una franca disminución de los delitos del fuero común en un porcentaje del 5.8, en el lapso de entre el 2000 y el 2006.
Sin embargo, la realidad, procurador, es que los hechos confirman que la delincuencia, especialmente la organizada, va en aumento y que las políticas públicas de seguridad no han rendido los resultados prometidos a los ciudadanos. Hoy, los ciudadanos no perciben que haya habido un gran avance, porque cerca del 54 por ciento de los ciudadanos sienten que son personas inseguras.
Pero además, lo que sí es un hecho es que la delincuencia se recrudece, como en los momentos que estamos viviendo hoy en día, en nuestro país.
Por eso le quiero preguntar, señor procurador, en términos generales ¿cuál sería la propuesta del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia concretamente?
Segundo. Sabemos que las políticas públicas para el combate a la inseguridad se enfrentan a factores como el diseño institucional, muchas veces la debilidad institucional, pero lo más importante —como lo ha comentado usted y lo comentó mi compañero legislador— una falta de óptica integral desde la prevención del delito hasta la rehabilitación de los delincuentes. Sumamente difícil la imposibilidad de coordinar los más de mil 600 cuerpos policiacos existentes y la corrupción que impera muchas veces en la policía y obviamente la falta de recursos. Por ello, compañero procurador, todos sabemos que el problema es que las soluciones muchas veces se quedan en la teoría y eso es lo que no queremos nosotros.
Le haría otra pregunta. Si existe la posibilidad real en cifras concretas, de recursos materiales, humanos y sobre todo si existe la voluntad política para verdaderamente unificar la policía preventiva y la de investigación por medio del proyecto de reingeniería de un modelo policial para el combate contra el delito.
Tercero. ¿Cuál sería su visión sobre la estructura y la situación actual de la Procuraduría General de la República y en qué sentido poder trabajar usted y su grupo de trabajo y todos, para que ésta se pueda transformar y ser más eficiente para todos los ciudadanos?
Un comentario muy importante y que preocupa al grupo parlamentario del PRI. El Presidente Calderón puso en marcha ya varios operativos para el combate al narcotráfico, como Michoacán, Tijuana, Guerrero y varios otros. La persecución de los delitos se está realizando muchas veces —a nuestro juicio— de manera facciosa y justamente se ha privilegiado a aquellas entidades donde se van a realizar procesos electorales este año. Por eso le preguntaría a usted, señor procurador, ¿por qué al operativo llamado Tijuana no se le denominó mejor operativo Baja California? ¿Por qué se ha inculpado sin pruebas a la administración municipal de esa ciudad, sin tenerla, cuanto que en los últimos 18 años ha tenido la administración un gobierno emanado del Partido Acción Nacional?
Lo que queremos nosotros, señor procurador, es que todos podamos contribuir desde donde podamos, para convertir este flagelo que atañe al país y que juntos con el apoyo de todos, podamos darle respuesta a la ciudadanía, tener una política eficiente, una política eficaz y no hacer de este tema un tema delicado para el país, como es la procuración de la justicia, hacerlo un tema político en nuestro país y así afectar otros intereses que no corresponden al interés de cuidar la seguridad de los ciudadanos. Por sus respuestas, muchas gracias.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Al contrario.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias. Señor procurador, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, diputado Presidente. Una disculpa por haberme adelantado. Agradezco de verdad la intervención del senador Alejandro Moreno, me parece que toca temas de la mayor pertinencia y comenzaré de atrás hacia adelante, es decir refiriéndome a los últimos puntos.
En primer lugar, desde luego estos operativos, estas acciones del Estado mexicano para rescatar en zonas que han sido particularmente afectadas por la violencia inusitada en esta disputa entre bandas de crimen organizado y que desde luego afectan la capacidad institucional de las autoridades locales para enfrentar un fenómeno de nuevo cuño, de nuevas expresiones, va dirigido precisamente a las áreas y zonas en las cuales los ciudadanos percibimos y vivimos cotidianamente una mayor circunstancia de incertidumbre.
No hay ninguna consideración de orden partidista o faccioso; sí hay una consideración política porque precisamente la tarea del Estado es la de garantizar a los ciudadanos la tranquilidad y donde ésta se ve mayormente afectada es donde se tiene que actuar.
Es claro —muy claro para ustedes, ciertamente para mí— que en el caso de Michoacán, especialmente en la zona de la tierra caliente.
En el caso de Tijuana, yo el año pasado, en mi carácter de secretario de Seguridad Pública, estuve creo que 11 veces en Tijuana, y tuve la oportunidad de conversar ampliamente con diversos grupos ciudadanos, con los partidos políticos, con las autoridades estatales y municipales, y hubo una petición reiterada de un apoyo federal en esta materia, y Tijuana ciertamente tiene una peculiaridad especial que es distinta del resto del estado, y por consecuencia, se concentran los esfuerzos ahí. Ahí hay una evolución involutiva del fenómeno criminal; la desarticulación del cártel de los Arellano Félix, en términos de poder dejar de acceder, digamos, a fuentes tradicionales de ingreso por la exportación de drogas ha obligado… y la incapacidad de este cártel de sostener su estructura criminal; es decir, todas las personas que estaban asociadas a su actividad delincuencial que ha obligado a estas personas a buscar otras actividades delincuenciales, especialmente el secuestro.
Puede ser que el secuestro no sea estadísticamente lo más significativo en términos de la estadística delictiva, pero es quizás el delito que más ofende a la sociedad. Esta es la razón por la cual se determinó hacer este operativo en Tijuana, además ha sido acreditado, así lo ha manifestado la autoridad municipal, una petición de autoridades y desde luego, de los ciudadanos de Tijuana, para poder hacer una tarea de este tipo.
De manera que no hay ninguna consideración facciosa, la consideración sí es política de dar prioridad en todo el país a las áreas donde se genere una violencia inusitada y una afectación más severa, más dura, a la tranquilidad de los ciudadanos.
No hay en la actuación de ninguna autoridad pública federal una inculpación, como usted señala, a la autoridad municipal y menos aún sin pruebas.
Hemos señalado que hay una debilidad institucional, severa, grave, de la policía municipal de Tijuana; hay evidencias, averiguaciones previas abiertas, del involucramiento de estas personas en hechos delictivos, incluso en asesinato de elementos de la AFI, de ataques a la UMAN, de protección a la red de impunidad del cártel de los Arellano Félix. Pero esto tiene, y lo he dicho con reiteración, que traducirse en, en todo caso, el procesamiento de conductas concretas de personas concretas, no en el juicio universal desde el punto de vista de procuración de justicia de una institución.
Sí se puede hacer, claro, un juicio fundado de una debilidad institucional que corresponde hacerse cargo a la autoridad que es responsable directamente de esto. No es suficiente decir: Díganme quiénes están mal para que los quitemos o llévenselos. Necesitamos hacer una tarea de reconstrucción institucional y eso sólo puede hacerlo quien esté a cargo de la institución. Esto lo hemos hablado con toda franqueza con la autoridad municipal, con la autoridad estatal y, ciertamente, con las autoridades federales que estamos involucrados en este tema.
De tal suerte que ninguna autoridad del orden municipal, estatal o federal, puede eludir su responsabilidad de conducir la cosa pública, en este caso fortalecer la institución que se encarga de dar seguridad pública, pero no ha habido una sola imputación injustificada y ha sido la Procuraduría General de la República, pero todas las instituciones, especialmente cuidadosos de no hacer juicios universales ni de personas ni de instituciones. Creo que agoté mi tiempo, señor Presidente.
El Presidente diputado Javier González Garza: Así es, señor Procurador. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el senador Alejandro Moreno Cárdenas.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Le he escuchado con mucha atención, Procurador. Yo nada más le quisiera hacer un breve comentario.
Hoy en día, en ese tema específico, en el caso de Tijuana, hemos vivido también en años anteriores una violencia inusitada que sucedió en Ensenada, en Rosarito, en Mexicali también; entonces, lo que queríamos nosotros es que los resultados de todas estas investigaciones se den a la brevedad y no se dieran en los tiempos flagrantes en los que hay procesos electorales, porque el resultado de estas investigaciones van a venir a darle certeza y certidumbre a todos los ciudadanos del estado de baja California.
Yo nada más para terminar, me gustaría su opinión en torno a la extradición del 19 de enero de los 11 capos que purgarán condena en cárceles mexicanas, para tener la opinión de la Procuraduría General de la República. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias senador Alejandro Moreno Cárdenas. Continuando, tiene la palabra el senador Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El senador Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias presidente. Licenciado Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República. Qué bueno que está usted intercambiando puntos de vista con miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Eso se hace necesario y más en un tema tan delicado que en este momento centra la atención de los mexicanos, que es el asunto de la inseguridad.
Quisiera compartir con usted primero una afirmación, luego una pregunta y finalmente una reflexión que me gustaría su opinión, señor procurador.
Lo primero es que me parece injusto que en los estados de la República donde tenemos una escalada violentísima del crimen organizado, fundamentalmente en su modalidad del narcotráfico, estén cargando políticamente con esta responsabilidad las autoridades estatales y municipales porque creo —sin duda y en eso consiste mi afirmación— que el crimen organizado y el narcotráfico en particular, o delitos contra la salud como lo dice el Código Penal, son delitos federales y que es obligación del Gobierno federal combatirlos y en todo caso, de las autoridades estatales y municipales el coadyuvar, como lo establecen las leyes respectivas.
Por eso, también creo que hay que cuidar afirmaciones como las que se están señalando de que esta violencia sólo es entre bandas y no cuando menos con el número de víctimas que hay. Me parece que no es una afirmación correcta. La muerte de policías, en el caso de Michoacán, niega que este sea un asunto solo de violencia entre bandas sino que están actuando también contra autoridades y hay que eso señalarlo.
Quisiera preguntarle, señor procurador, concretamente sobre el operativo Conjunto Michoacán que inició el 11 de diciembre. Obviamente que los michoacanos deseamos que este operativo tenga éxito porque eso nos ayudaría, y también decirle que esperamos que sea permanente porque un operativo que tenga una temporalidad en el estado, a ese efecto cucaracha que llamaba el diputado, tendríamos un bumerang que regresaría con más violencia la estado de Michoacán.
Le decía que le preguntaba sobre la operación Conjunta Michoacán porque el 11 de diciembre ustedes informaron que iba a haber siete mil elementos en este operativo; que iba a haber 400 vehículos terrestres; que iba a haber 19 aviones y 28 helicópteros.
Yo recorro el estado y no veo ese número de elementos, mucho menos ese número de recursos materiales que refiere. La pregunta la hago porque me gustaría que fuera cierto y si eso fuera cierto pues evidentemente que los resultados serían mayores a las detenciones que ha habido solamente de algunos pistoleros de los que actúan en las bandas que están en el estado de Michoacán.
Por eso quisiera que nos informara, si fuera usted tan amable señor procurador, de esto porque, como abogado, yo creo que este operativo conjunto, por ser delito federal, debería de encabezarlo el Ministerio Público federal y no comandantes policiacos ni mucho menos mandos militares.
En los pocos retenes que yo visto sorpresivos que se ponen, nunca he visto al Ministerio Público federal. Ojalá que sí participe porque eso le daría, sin duda, el elemento constitucional que requieren estos operativos.
Finalmente, le quiero compartir una reflexión que es competencia del Poder Legislativo, pero que me gustaría que la Procuraduría definiera una posición al respecto. Está claro que necesitamos una profunda reforma del sistema de justicia penal, señor procurador, y el asunto, en mi opinión, tiene que ver, en el caso del crimen organizado, con la piedra angular del sistema de justicia penal, que es la pena de prisión, que fue concebida para delincuentes individuales y nosotros, ante el crimen organizado, evidentemente nos estamos enfrentando a personas morales, no a personas físicas.
Hay personas físicas y obviamente para ellas debe de seguir existiendo la pena de prisión. Pero en mi opinión el principal defecto de nuestro sistema de justicia penal, que tiene 300 años, ante este moderno fenómeno delincuencial, es que está previsto para el delincuente individual y no para la persona moral como delincuente, que ahora está actuando.
El asunto es que nosotros consideramos que debe de haber reformas a la Constitución para que, aparte de la pena de prisión, haya una sanción penal económica, que debería de tener varias modalidades: la disolución de las empresas delictivas, la incautación de los bienes, no sólo de los que se consideran responsables directos de esta actividad criminal, viéndolo como un asunto de organización, como sucede con cualquier sociedad anónima o mercantil.
Darle, pues, un giro en ese sentido al tema de la justicia penal, en el caso de la sanción privativa de la libertad, que me parece no es suficiente ni siquiera para detener este terrible flagelo, que es el crimen organizado.
Finalmente, le quisiera también compartir nuestra posición de que, en el caso del narcomenudeo, nosotros creemos que debe de haber facultades concurrentes. En Michoacán, le decía en su comparecencia ante el Senado, señor procurador, que hay 90 policías de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación. Pues son 113 municipios; no alcanza ni a uno por municipio y el narcomenudeo es un fenómeno nuevo, de unos años para acá en México, que ha explotado terriblemente. Se da en cualquier comunidad, no sólo en las grandes ciudades, y no tendría capacidad la Procuraduría General de la República, para combatir esta modalidad del crimen organizado que es el narcomenudeo.
Por eso nosotros pensamos en las facultades concurrentes, que es obviamente el Ministerio Público federal y Ministerio Público del orden común.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor senador. Licenciado Eduardo Medina Mora, tiene usted cinco minutos para dar respuesta.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera referirme, en primer lugar —lo saludo con todo aprecio y respeto, senador Leonel Godoy; hemos tenido oportunidad de dialogar y también de trabajar juntos en estos temas en más de una ocasión y quiero reiterarle mi respeto y aprecio.
En términos del tema de facultades concurrentes del narcomenudeo, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, el Congreso de la Unión en la Legislatura anterior legisló por unanimidad sobre esta materia. Hubo observaciones del Ejecutivo federal en un tema muy puntual, en términos del tratamiento del consumo, bajo una impresión quizás no deseada y ciertamente no compartida por nadie de que no hubiera consecuencias de ningún tipo para el consumo, que pudiera interpretarse como un incentivo incluso al consumo, cosa que ciertamente no era la intención.
El Senado de la República, la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud están trabajando sobre este particular y yo espero y exhorto al Senado y después a la Cámara de Diputados para que se atienda esto con prontitud, porque esta reforma es la que precisamente da la base jurídica a esta facultad concurrente en materia de atención al narcomenudeo.
El despliegue federal es muy limitado, son 25 mil elementos entre la AFI y la PFP, contra 340 mil que tenemos en policías municipales y policías estatales. De tal suerte que tenemos que poner todos los esfuerzos y todo el despliegue que el Estado mexicano tiene en esta materia y esto ciertamente tiene que ser motivo de prioridad.
Comparto con usted esta reflexión inicial, la afirmación en términos de que la expresión formal del narcotráfico es un delito federal ciertamente. Éste es uno de los valores tutelados que la legislación federal plantea, pero los delitos federales no se dan solos, aislados ni de las comunidades, ni de los delitos del orden común. Para los ciudadanos, la distinción entre un delito federal y un delito del orden común resulta conceptual y ajena.
Los ciudadanos nos sentimos ofendidos en nuestra integridad física, patrimonial, en nuestra certidumbre. Y aquí por esta razón tenemos que construir —y creo que es la única manera de generar efectividad— que es lo que debe orientar nuestro quehacer como Estado mexicano, de construir una respuesta corresponsable entre todos los órdenes de gobierno y ciertamente todos los Poderes. De otra suerte será imposible para el Estado mexicano atender su responsabilidad.
No estoy eludiendo la responsabilidad federal, estoy señalando que sólo sumando esfuerzos podremos ser efectivos y convengo en ese sentido que tenemos que estar cerca de la autoridad local, no eludir nuestra responsabilidad sino al contrario, poner todas nuestras capacidades detrás de estos objetivos compartidos.
En cuanto al operativo Michoacán. Ciertamente hay resultados interesantes. El despliegue más importante es un despliegue militar en la parte de erradicación que ciertamente no se ve en las calles, las ciudades, las carreteras, porque va a las zonas en donde se cultivan las drogas y éste ha sido el componente más importante numéricamente. Por esta razón, si ustedes comparan el operativo Michoacán con el de Tijuana o lo comparan con el operativo Guerrero, hay una diferencia importante en el número de elementos y responde a esta lógica.
Ciertamente hay un despliegue importante de fuerzas federales de diverso orden —desde luego el cuerpo de policía, tanto AFI como PFP— y en ese sentido los elementos que han participado en el esfuerzo están ahí, claro, por secuencias y componentes.
Cuando se termina la tareas de erradicación no tiene sentido que el despliegue siga ahí, porque no tiene tarea que realizar y en cambio la tarea que realiza la gente que hace los filtros, los patrullamientos, evidentemente tiene que permanecer.
Yo convengo con usted, senador, que el esfuerzo tiene que ser permanente. Los operativos —y quizás el nombre no sea muy afortunado porque denota de suyo algo temporal— tienen componentes y secuencias que deben irse articulando para generar realmente efectividad y en este sentido no quisiera desperdiciar o usar el tiempo en repetir los resultados, que me parecen significativos.
En el caso de Michoacán, el número de plantíos destruidos, el número de kilogramos de marihuana en greña destruidos o decomisados —en fin— sí es significativo, son el cálculo alrededor de… si se consideran en el operativo Michoacán el decomiso que se hizo de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, precisamente ya en las operaciones inmediatamente anteriores al inicio del mismo, en los primeros días de diciembre, estaríamos hablando prácticamente de una afectación a los delincuentes de alrededor de 30 mil millones de pesos, que no es ciertamente una afectación menor.
Claro, con este cargamento de pseudoefedrina ocupando una parte significativa de este valor, pero al final de lo que se trata aquí es de comprender cómo se conciben estratégicamente y cómo se articulan y se secuencian.
Estuve en Michoacán, he estado varias veces desde el inicio del operativo con los señores presidentes municipales y con el señor gobernador, con los diputados locales, con los representantes de la sociedad civil, y la reflexión que hacíamos en conjunto es, bueno, desde luego el esfuerzo tendrá que ser permanente, porque aquí hay un problema severo de pérdida de soberanía o de riesgo de pérdida de soberanía en extensiones importantes del estado y por consecuencia, tenemos que hacer un esfuerzo que sea consistente con esta circunstancia, y esto es una tarea de largo aliento, no puede pensarse que será una tarea inmediata aunque haya componentes y secuencias, insisto.
La pregunta es, ¿qué nos toca hacer también a los michoacanos, en términos de generación de fortalezas institucionales que nos permitan una mejor circunstancia? Porque lo que hace el operativo, en términos de ocupación territorial es simplemente recuperar una circunstancia de tranquilidad, pero no reconstruye a las instituciones locales y en su caso, la expresión de las federales que tienen que actuar ahí de manera permanente, y este es el punto que nos ocupa con mayor elemento.
La última cosa que quisiera señalar es que esto tiene que ir acompañado también y necesariamente de una estrategia política, de una estrategia de articulación social. Cuando hay una penetración de policías municipales o una expresión de dominio territorial por parte de expresiones criminales, como la que ocurre en estas zonas del país, implica necesariamente que haya una penetración de la sociedad. No hay una penetración de una policía municipal en lugares donde no haya consistentemente una penetración también de la sociedad, y en este sentido tenemos que generar una estrategia de rescate de nuestras comunidades que implica necesariamente un componente ciudadano central, un componente de inversión pública, de política social, que rescate también nuestro sentido de formar y administrar nuestras comunidades, porque nuestras comunidades son las que se pueden defender de este tipo de agresiones. Una estrategia policial operacional sola, no funciona si no se tiene también un esfuerzo de una estrategia político social, que necesariamente tiene que dirigirse desde el liderazgo local, desde el liderazgo municipal, desde el liderazgo estatal.
Es lo que podría decirle por ahora, senador. Le agradezco de verdad su pregunta y sus reflexiones.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor Procurador. Tiene hasta por tres minutos la palabra el senador Leonel Godoy Rangel, para su réplica.
El senador Leonel Godoy Rangel: Ojalá que en otra ocasión, señor Procurador, pueda usted darnos una opinión sobre esta —a mi juicio necesaria—, reforma profunda del sistema de justicia penal, que sólo di uno de los muchos elementos que la deben de componer.
Quisiera usar estos minutos para dos cosas, señor Procurador. Primero, me parece que los operativos estos conjuntos si no están bajo el mando del Ministerio Público federal, a mi juicio seguirán siendo anticonstitucionales. Creo que esto debería de hacerse, está en manos del Procurador, porque es el que debe de encabezar estos operativos, no las respetables Fuerzas Armadas, que por cierto, también no tienen facultades en este tipo de combates al crimen organizado.
La otra, que creo que también está en manos del Procurador, cuando menos plantearlo legalmente, es el tema del mando único, que a mi juicio es anticonstitucional mientras no se reformen las leyes, porque además, le da el mando a un jefe policíaco de una fuerza policial, que debe de estar bajo el mando directo del Ministerio Público, que así lo establece claramente el artículo 21 constitucional.
Quisiera finalmente, señor Procurador, pedirle que en Michoacán, como en muchas partes del país, hay detenidos que a juicio nuestro son injustos. En el caso de Michoacán, hay un caso que su anterior o el anterior secretario de Seguridad Pública conoció muy bien de pescadores de Janitzio, cuatro, que terminaron por cierto con la intervención, la participación también de una senadora panista, siendo excarcelados porque estaban procesados por delitos federales injustamente, están dos todavía en esta situación.
Señor procurador, yo quisiera que usted tuviera la amabilidad de pedirle a algún funcionario de alto nivel de los que lo acompañan, que se hiciera cargo de atender este asunto porque tiene implicaciones sociales muy importantes. Igual que comuneros de Tingambato, de la comunidad indígena de Tingambato y de la comunidad indígena de Tcheranaztico. Son tres casos que sería conveniente de que aparte de la correcta decisión de la energía de la Procuraduría, dedicarla al combate al crimen organizado, fueran atendidos estos porque son delitos federales por los que están procesados varios de ellos y que no son delincuentes de ninguna manera sino han sido cuestiones de tierra, fundamentalmente y en el caso de los pescadores, por defensa del lago de Pátzcuaro.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, senador Leonel Godoy. Por último, en esta primera ronda, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Gracias. Bienvenido señor procurador. Haciendo un marco de referencia con el tema de los operativos, señor procurador, todos sabemos que en Colombia, Pablo Escobar desató una ola de violencia después de que iniciaron las extradiciones. Asesinaron a más de 40 jueces y a más de 550 policías.
¿Existe, por parte de la dependencia que usted dirige, la probabilidad de que esta situación se presente con el anuncio y la acción de extraditar a delincuentes a Estados Unidos?
En este mismo tema, todos sabemos también que en Colombia al extraditar narcotraficantes, el Gobierno de Estados Unidos ponía a disposición de algunos de los extraditados, la posibilidad de entrar al sistema de protección a testigos, lo que cambiaba substancialmente la pena.
A este respecto, me gustaría escuchar sus comentarios además de dos preguntas más: primero, cuál ve usted que sean los beneficios a largo plazo de los operativos y si han medido y pulsado la inquietud de la ciudadanía ante esta presencia policial que nosotros como fracción parlamentaria de Acción Nacional no sólo avalamos sino que la vemos con optimismo y con buenos ojos.
De antemano, felicitarlo señor procurador por esta contundencia en las acciones que ha llevado al inicio de este sexenio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias señor diputado. Tiene la palabra el Procurador General de la República, hasta por cinco minutos.
El Procurador General de la República. licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias diputado presidente. Muchas gracias diputado Juan de Dios Castro Muñoz por su comentario y pregunta.
Quisiera simplemente robar 30 segundos para decirle al senador Godoy que me dará muchísimo gusto invitarlo a conversar, lo invito a comer para que podamos profundizar en las inquietudes que ha señalado alrededor de la reforma, porque me parece que las reflexiones que hace alrededor, no sé si compartir el concepto de persona moral pero ciertamente la colectividad organizada que constituye la lógica del crimen organizado, para hacer una mayor efectividad en la lucha del Estado contra estas organizaciones y ciertamente, precisamente lo que hemos planteado de una nueva estrategia tiene que ver con ir a afectar las creaciones de valor y desde luego el uso de los recursos.
Eso tiene que extender su alcance más allá de lo que nuestra legislación actual nos permite. Si no incidimos sobre eso, difícilmente vamos a lograr una verdadera desarticulación.
Cuando se atrapa a un líder, pues evidentemente hay un efecto político mediático, incluso de disrupción de la organización, que si se aprovecha en un esquema operacional adecuado funciona. Pero no es suficiente. Ha quedado claro, creo, para todos, a lo largo de todos estos años.
Tenemos que encontrar una perspectiva mucho más integral y en ese sentido la reforma o las reformas posibles alrededor del tema de delincuencia organizada, sin duda revisten una importancia toral. Gracias, senador. Le ruego me disculpe, diputado Juan de Dios Castro, por esta disgregación.
A propósito de las extradiciones. Primero quisiera referirme a la legalidad de las mismas. En primer lugar, a nuestro juicio —y ciertamente por esa razón se tomó la determinación—estas extradiciones están plena y absolutamente apegadas a derecho.
El Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos establece, en su artículo 15, que el Estado requerido, la parte requerida podrá diferir las extradiciones cuando existan procedimientos internos o estén en ejecución penas que hayan impuesto tribunales del orden local. Pero ésta es una facultad potestativa. Por eso el Tratado habla de "podrá"; no es una obligación del Estado. En este sentido, el Estado tiene que tomar la determinación cuando lo estime oportuno y pertinente, en términos de los propios intereses nacionales.
En segundo lugar, la Ley de Extradición no establece ninguna condicionante, salvo el agotamiento de los recursos de amparo en todas sus instancias. No hay en la Ley de Extradición ningún requisito para efectuarla, para actualizarla, salvo haber agotado todas las instancias de los recursos de amparo, cosa que ha sido cabalmente respetada.
Quisiera decir además que la idea, el proyecto, la determinación que se tomó en el gobierno de la República para hacer estas extradiciones en paquete, responde a consideraciones unilaterales y soberanas de México, respondiendo a la tutela del interés nacional.
Quisiera señalar algunos de los conceptos. Desde luego, lo que se ha dicho ya de la señal de firmeza y contundencia del Estado mexicano con respecto a la actividad delictiva de estas organizaciones y ciertamente la expresión de violencia inusitada con la cual se afecta a otros miembros de bandas, pero también a policías, como atinadamente lo señalaba el senador y la determinación del gobierno de la República de no tolerar la violencia y responder con toda la fortaleza del Estado mexicano contra estas organizaciones criminales.
En segundo lugar, coadyuvar a la seguridad y gobernabilidad de los penales. Los penales de alta seguridad tienen evidentemente una mejor estructura para poder acotar la interfase que estas personas tienen con sus organizaciones criminales, sobre todo después de la reforma reglamentaria que se llevó a cabo el año anterior, en donde se acota de una manera muy importante el tiempo que ellos tienen para hacer interacción con sus abogados, que también son conducto para generar órdenes o indicaciones a sus propias estructuras criminales.
Pero en los penales locales, en donde también se alojan personas que pertenecen a estas organizaciones, ciertamente no se tiene esta circunstancia. Y esto genera problemas severos de gobernabilidad.
De hecho, en las estrategias que surgen de la Convención de Palermo de Combate al Crimen Internacional Organizado, esta idea de internacionalizar las prisiones ha ido tomando un elemento importante en el debate, es decir, cuando se separa a los miembros y líderes de estas organizaciones de su entorno geográfico natural, del entorno geográfico en el cual tienen una base social o una base criminal, ciertamente se genera un efecto de mucho mayor efectividad. Esto es parte de las nuevas corrientes del tratamiento internacional en esta materia.
Y ciertamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales en términos del Tratado de Extradición y también de la Comisión de Palermo de Combate al Crimen Transnacional Organizado.
Esta circunstancia de lo que sucedió en Colombia creo que no tiene un paralelismo con lo que sucede en nuestro país, porque nosotros venimos trabajando en términos de extradiciones desde hace tiempo. En Colombia fue la primera vez que se planteó la posibilidad de extraditar a nacionales. No es el caso de nuestro país, hemos venido extraditando nacionales y recibiendo en extradición nacionales de los Estados Unidos y de otros países.
Simplemente quisiera decir, en el año 2005 se extraditaron a 41 mexicanos; en el año 2006 a 63; en el año 2007 llevamos 17, 16 a los Estados Unidos, de manera que el hecho de que se haga en paquete responde a una circunstancia de oportunidad, de cuidado en razón del propio riesgo que estas personas representaban, pero no es una circunstancia nueva.
En cualquier caso el Estado mexicano ha tomado precauciones con respecto a la protección de los jueces que ventilan estos procedimientos en los juzgados federales; ha tomado también determinaciones de fortalecimiento de la seguridad en los penales federales y ha ofrecido la colaboración para fortalecer también la seguridad en los penales locales. Lo mismo en todas las instancias públicas que tienen intervención en esta materia. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor procurador. Tiene hasta por tres minutos la palabra, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz: Señor procurador, compañeros legisladores. Yo nada más quisiera refrendar el compromiso de nuestro grupo parlamentario para entrar de manera contundente a lo que señaló el senador Leonel Godoy; las reformas legales para tener un andamiaje jurídico que dé facultades con eficacia a los órganos encargados de proporcionar seguridad.
Nuestra legislación todos sabemos que es del México postrevolucionario, la realidad ha rebasado el andamiaje de leyes en nuestro país y por supuesto que la responsabilidad de estos operativos no es nada más de usted, señor procurador; es tarea también de los legisladores y creo, como van los trabajos de esta reunión, que hay el ánimo, que hay la voluntad del Poder Legislativo para sumarnos al llamado de unidad que hace el Presidente Felipe Calderón para combatir la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Gracias, señor diputado Juan de Dios Castro Muñoz. Empezamos la segunda ronda.
Hablarán el diputado Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Partido Acción Nacional. Por lo tanto tiene hasta por cinco minutos la palabra, el diputado Raúl Cervantes Andrade, del PRI.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor procurador.
Yo celebro que esta comparecencia esté transformando su camino de la voluntad del Legislativo de hacer evidente que el sistema o el marco jurídico del Sistema de Administración de Justicia Penal es el inadecuado y el único espacio para modificarse, el único espacio en el que se puede discutir, es en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, el cual tiene las facultades constitucionales evidentemente para su modificación.
Se ha discutido muchísimo, más en la prensa que en medios institucionales, la eficacia de los operativos de Michoacán y Tijuana. El PRI lo ve adecuado, la sociedad lo ha visto adecuado, lo que creemos es que pueden hacer lo humanamente posible y legalmente posible, porque el marco jurídico se ha desgastado en las últimas décadas.
Lo mínimo que ha discutido la academia es que se tienen que modificar por lo menos de cinco a seis artículos constitucionales, que son el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que tiene que tener una injerencia directa en la materia penal. Que tenemos que revisar el 73 para las facultades, para ver si es o no es y cómo vamos a generar una Ley de Concurrencia en el Sistema de Administración de Justicia.
Tenemos que discutir también con el que administra la justicia como con usted que procura la justicia. En materia penal es el proceso más hermoso, porque intervienen los tres Poderes en todas y cada una de las etapas y se van intercambiando. Usted se vuelve autoridad y se vuelve parte.
El Congreso genera la conducta específica que la sociedad reprocha, y hemos generado un sistema inadecuado de facultades de la procuración de seguridad pública de los mismos juzgados; hemos generado un sistema en delincuencia organizada inadecuado, en donde no tenemos uno expreso de diferencia con la ciudadanía que podríamos estar hablando de la oralidad, del problema de la prueba, del quitar la presunción de culpabilidad y generar a lo mejor uno de inocencia y distinguir claramente el proceso penal constitucional en los delitos que no son de delincuencia organizada y cuáles en delincuencia organizada tienen que tener facultades, el persecutor, el Procurador en específico como cateos, incomunicación de llamadas, etcétera.
Temas concretos que necesita como instrumento, pero acotarlo en el diseño desde la Constitución hasta los códigos de procedimientos, para poder generar transparencia a la ciudadanía del ejercicio y no del abuso de estas facultades.
Estos operativos, el que se haya perdido parcial o totalmente soberanía en algún estado de la República sólo significa que el Estado mexicano no tiene los instrumentos para hacer efectiva el mandato de la ciudadanía.
Aquí mucho más que hacer eco de la petición o de la reflexión del Presidente de la República para que se unan todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos para resolver el problema, me parece que el mandato viene de la ciudadanía, quien está harta de que haya inseguridad en este país es el pueblo mexicano y quien lo evoca y celebro que aquí el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y todos los que han expresado su opinión, así como el Verde, generan un esquema en el que tendríamos que discutir de manera adecuada si va a haber una iniciativa de unificación o no de la policía; si vamos a generar una ley de concurrencia, para que la administración de justicia penal sea adecuada; si vamos a modificar el procedimiento penal y vamos a escuchar y a revisar y analizar el Libro Blanco que hizo el Poder Judicial federal sobre los procedimientos, amplio, no sólo se refiere a la materia penal, pero lo toca de manera importante y de qué manera podemos hacer eficaz y eficiente este sistema.
Todo indica que el tiempo se está acabando, todo indica que entre más sea una mesa de reflexión y no una mesa de definición, el único que lo va a estar pagando va a ser el pueblo mexicano y no las instituciones en comparecencias o no en comparecencias.
Mi pregunta concreta sería, porque sería muy amplio discutir esto, ¿qué facultades mínimas cree el señor Procurador que constitucionalmente debe de tener él en la lucha de la delincuencia organizada? Exclusivamente en ese tema, porque no quisiera ampliar, si no se perdería.
Segundo. ¿Cómo se garantizaría que esto no se generaría en un abuso, una vez que esté plasmando?
Tercero, ¿Qué eficacia tendría el que tuviera este tipo de facultades? Son varias, insisto, la academia, los grupos parlamentarios hemos discutido, el mismo gobierno federal ha estado abierto para intercambiar puntos de vista.
Y por último, si hay o no la necesidad —yo tengo entendido el INACIPE ha llegado a estas conclusiones—, en que la investigación sea policial y no del Ministerio Público, y otros opinan que no, que la investigación debe continuar con el Ministerio Público y la policía debe ser auxiliar. No es un tema menor, parece que en el tema de delincuencia organizada sería un tema mayor. Por sus respuestas mil gracias, señor Procurador.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Señor Procurador, tiene usted cinco minutos para dar respuesta.
El Procurador General de la República. licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, señor diputado Presidente. Muchas gracias al diputado Raúl Cervantes Andrade, por su siempre educada, cuidadosa, pertinente reflexión.
Ciertamente que todos, creo, convenimos, la academia, los legisladores, los miembros del Poder Ejecutivo, los miembros del Poder Judicial, en que tenemos un esquema jurídico insuficiente, rebasado, en términos de la realidad delictiva que enfrenta nuestro país, y que los ciudadanos, ciertamente, con toda razón, nos reclaman efectividad, nos reclaman eficacia, eficiencia oportunidad en la acción del Estado.
Nosotros podemos hacer explicaciones más o menos lógicas, más o menos fundadas alrededor de por qué sí podemos hacer algo y por qué no podemos hacer algo y por qué no podemos hacer algo.
Yo creo que la divisa que debe dirigir este debate, que es un debate complejo que no se limita sólo al universo de las normas jurídicas sino también al universo de la actuación institucional y de la manera de asignar y compartir responsabilidades entre los tres órdenes de Gobierno, debe ser la de dotar al Estado mexicano en su conjunto, de los instrumentos indispensables para garantizar su eficacia, su efectividad en la seguridad, la procuración y la impartición de justicia.
Sobre esta base es que tenemos que generar nuestro debate para que pasemos, como usted señala, a un debate que no se limite solamente a la discusión teórica doctrinal sino nos lleve a la acción, a la acción que sólo puede pasar como usted claramente señala, por la soberanía del Congreso de la Unión que es la que tiene la responsabilidad junto con ciertamente las legislaturas locales, de reformar la Constitución y después de hacer las leyes federales en esta materia, y ciertamente estos son los temas fundamentales.
Necesitamos asegurar el acceso a los ciudadanos a la justicia y esto obviamente lleva a contar con instancias adecuadas y fortalecidas, a agilizar los procesos para garantizar una justicia confiable, representada realmente en instituciones sólidas que actúan siempre con estricto apego a la legalidad.
Me parece pertinente lo que usted señala de distinguir, digamos, el derecho y la aproximación de atención a la delincuencia común, de la delincuencia organizada. Se habla incluso doctrinariamente del derecho penal del enemigo, es decir hay un régimen especial que da un tratamiento especial a un fenómeno de naturaleza distinta, porque no se puede combatir a un fenómeno de esta naturaleza y esta complejidad con los instrumentos del combate a la delincuencia ordinaria.
De otra suerte, no tendremos capacidad de ser efectivos y sobre esta base me parece que ciertamente necesitamos darle al Estado mexicano más atribuciones, más facultades, en términos de acotar la acción de las organizaciones criminales, de generar procedimientos específicos predeterminados precisamente muy precisos en cuanto a sus puertas de entrada para que no haya un abuso.
El abuso precisamente se acota en definir con toda claridad cuáles son las conductas típicas de esta actividad de delincuencia organizada que pueden ser sujetas a un procedimiento especial, un procedimiento distinto de lo ordinario y sobre esta base, generar mecanismos de construcción de eficacia para que le demos a la sociedad la respuesta que merece.
Ciertamente esto tiene ámbitos de la invasión de la esfera privada de los particulares en términos de comunicaciones, en términos de arraigos, que después puedan tener una corrección, en su caso, puedan decretarse administrativamente y después una corrección jurisdiccional, una revisión jurisdiccional ex-post, en fin, hay muchas ideas que están en la mesa.
En esta materia hay, a partir de esta convicción compartida de que se requiere una reforma estructural del sistema de seguridad pública de justicia, hay muchas propuestas en la mesa que han sido postuladas o puestas incluso a consideración del Congreso de la Unión, al menos cuatro que yo conozca, desde luego la tarea que hizo la Suprema Corte de Justicia que después un ministro en un esfuerzo de síntesis redujo a 33 puntos, los más importantes y ciertamente la reflexión que se ha hecho en los diversos grupos parlamentarios y la interfase al final.
Esta es una responsabilidad compartida. Yo creo que lo que tenemos que lograr es darle proceso a estas inquietudes, definir a partir de una quizás propuesta inicial cuáles son los elementos en los que todos estamos de acuerdo y poder aterrizarlos para que con base en una idea co-responsable, compartida entre diversos grupos parlamentarios, entre diversas instancias, con la participación que corresponde desde luego a la academia, al foro mismo, podamos ser exitosos en una reforma de esta naturaleza que realmente le dé — como decía— al Estado mexicano los instrumentos indispensables para garantizar su efectividad en esta tarea, y ciertamente convengo con usted que hoy no los tenemos a cabalidad.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor procurador. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para su réplica, el diputado Raúl Cervantes Andrade.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Por su respuesta gracias. Es evidente lo que estamos expresando aquí, que es evidente para la sociedad lo inadecuado de nuestro sistema.
Una de las discusiones sobre delincuencia organizada fue que siempre se dijo internacionalmente que un Estado en el que se limitan los derechos individuales, derechos humanos o derechos procesales frente al poder del Estado, se hace un Estado menos democrático, a excepción de esta discusión de la delincuencia organizada.
Lo que no se puede es confundir una con la otra. En mi posición de vicecoordinador jurídico de mi bancada en la Cámara de Diputados y en la búsqueda de estas cuatro propuestas que ha hecho el foro, la academia, las mismas instituciones de procuración de justicia, tendremos que encontrarle rápido una solución.
Nadie tiene la verdad absoluta; lo que tenemos que hacer es acercar posiciones, pero es evidente que si estamos de acuerdo en lo primero: la delincuencia organizada se trata de forma distinta durante todo el proceso. Segundo, no se confunde por ningún motivo con los delitos ordinarios. Tercero, desde el punto de vista político, nunca se mezclará un delito electoral en el tema y a través de una investigación de crimen organizado.
Cuarto. Que la administración de justicia sea revisada a través de quien la va a generar. Quinto. Que el que procura y el que investiga se define si realmente se necesita que la investigación se haga por cuerpos policiacos especializados y que se desprenda de una facultad concreta de la Constitución y que el Ministerio Público sólo sea el que lleve el proceso y aporte las pruebas o que siga el sistema auxiliar.
Estos cinco temas torales nos pueden servir como guía para llegar a una resolución sobre acercamiento de una iniciativa en común, porque lo que necesita la ciudadanía es una iniciativa en común, que ha generado esta última nueva Legislatura de manera importante, y podríamos tener para el pueblo mexicano mejores instrumentos que le garantizarán, a través de sus autoridades y específicamente sus facultades, señor procurador, el que tengamos una mejor vida social y vivamos mejor y en paz. Gracias por su respuesta, señor.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Suárez del Real: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, ciudadano procurador. Es evidente que esta comparecencia es un intercambio respetuoso y franco de información y en ese marco y a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito expresarle lo siguiente.
Nos preocupa que la Procuraduría General de la República se conduzca de la misma manera en la que usted se desenvolvió en su anterior responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
En opinión de muchas organizaciones de derechos humanos, la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos fue el leit motiv de su actuación.
Nos preocupa que usted ha sido señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como uno de los funcionarios con los más bajos niveles de compromiso con el respeto a estos derechos fundamentales.
Fue usted quien rechazó la recomendación originada por los hechos de violencia en el Municipio de Texcoco y de San Salvador Atenco. Fue usted quien dirigió los operativos en Oaxaca y fue usted mismo quien violó la inmunidad de este recinto y sus alrededores, así como el fuero y la integridad física de los legisladores.
En ese orden de ideas, le formulamos los siguientes cuestionamientos. Primero. Consideramos que en el caso de Oaxaca los traslados a penales de máxima seguridad violaron los derechos humanos al estar sustentados en criterios de discriminación y que los motivaron sólo las ideas políticas de los detenidos, violentando con ello sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitamos investigar a los jueces que ordenaron los traslados a diferentes cárceles del país a participantes de estos movimientos sociales.
Dos. ¿Asumirá el compromiso, en su carácter de procurador General de la República, de investigar la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva en los casos de Atenco y Texcoco, ya que como la propia Comisión Nacional lo acreditó, dichos servidores públicos se excedieron en el uso de la fuerza pública y de las armas de fuego en los hechos del 20 de abril del año pasado, cuando usted era titular de Seguridad Pública Federal.
Asimismo, ¿investigará penalmente los abusos de autoridad de tales cuerpos policiacos federales y quienes ordenaron la ejecución de los actos violentos, entre ellos el coordinador de la Fuerza Federal de Apoyo de la Policía Federal Preventiva que comandó tal operativo?
Sólo en Oaxaca, señor procurador, hay más de 250 víctimas de detenciones ilegales, abusos y tortura que quisieran presentar sus denuncias de hechos, sin embargo, existe un conflicto de intereses al haber sido usted el coordinador de la Policía Federal Preventiva al momento de los operativos en los casos, por ejemplo, de…, San Salvador Atenco y recientemente Oaxaca.
Ahora, como titular de la Procuraduría General de la República, le competería precisamente a usted, investigar dichas denuncias tal como son los casos de las averiguaciones previas 154/06/VEIDCSPC4J y la PGR/MEX/TEX/1/135/2006 y como no puede ser juez y parte consideramos sería conveniente nos indicara cómo y en qué plazo resolverá este conflicto de intereses para que esté usted en la capacidad de informar a esta soberanía sobre los resultados de la misma.
Por último, ciudadano procurador. A petición de millones de mexicanos le traigo un tema fundamental para ellos, que si bien es cierto se han tomado algunas medidas —por cierto, poco satisfactorias— para la raquítica economía familiar. El pueblo le exige, señor procurador, castigue severamente y persiga con eficacia a quienes acapararon nuestro maíz para obtener la criminal alza de la tortilla.
Como titular de la Procuraduría, usted reconoce que lo ocurrido cumple con los supuestos previstos por el artículo 28º de nuestra Carta Magna y por lo contemplado en el artículo 253 del Código Penal Vigente.
Tenga presente, ciudadano procurador, que el delito de acaparamiento de un artículo de consumo básico para nuestro pueblo no debe ni puede quedar impune. Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Señor procurador, tiene usted hasta cinco minutos para dar respuesta.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, diputado Presidente. Muchas gracias al señor diputado Alfonso Suárez del Real por sus comentarios y preguntas.
Quisiera señalar en primer lugar que en términos, aunque no corresponda a la responsabilidad que actualmente ocupo, en términos personales como funcionario público me he ocupado especialmente de atender la obligación que corresponde a toda autoridad pública de respetar a cabalidad y a plenitud los derechos humanos y las garantías individuales.
Nosotros hemos señalado, diputado, que la obligación de respetar los derechos humanos y las garantías individuales en la actuación de toda autoridad pública —ciertamente de la policía también, ciertamente del Ministerio Público— no es sólo una exigencia jurídica y una exigencia ética a la que estamos obligados; también es —y hay que subrayarlo— una exigencia de eficacia operacional.
Si la autoridad pública pierde, la autoridad moral frente a los ciudadanos pierde la capacidad de realizar sus actividades que le mandata la ley con eficacia. Y por esta razón nos hemos preocupado especialmente de estos fenómenos.
Yo he dicho que tengo un enorme respeto por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un aprecio personal y un respeto también por la institución, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La razón por la cual la Secretaría de Seguridad Pública Federal entonces a mi cargo, no aceptó las recomendaciones de la Comisión es porque éstas estaban sustentadas en interpretaciones que se expresaban como hechos, cuando no lo eran. No estaban acreditados, como usted señala, esos hechos, cuando menos por lo que hace a los cuerpos de policías federales que intervinieron en esos operativos de Sicartsa, Atenco y desde luego, Oaxaca.
no hay, por ejemplo, en el caso de Sicartsa ningún elemento real, duro, que pueda inferir que la policía federal utilizó armas de fuego, como lo afirmó en una interpretación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esto no obsta para que la Policía Federal Preventiva haya iniciado al interior los procedimientos de investigación y determinación de responsabilidades para los elementos de la misma, que participaron en estos operativos. Pero no hay en ese sentido, no están agotados estos procedimientos y en su oportunidad, si hay conductas delictivas el procedimiento indica que se dará desde luego vista al Ministerio Público, independientemente de averiguaciones previas de oficio, que han sido ya iniciadas por el Ministerio Público federal en relación con estos hechos.
Hay un pleno respeto a la idea de que no puede haber policías eficaces sin un respeto cabal a los derechos humanos y a las garantías individuales, insisto, por eficacia operacional, no sólo porque estamos obligados en términos de ley.
Sobre esta base y por lo que hace a mi responsabilidad como Procurador General de la República, el Ministerio Público que conoce de estas averiguaciones previas es autónomo; el Procurador simplemente tiene una autoridad jerárquica administrativa respecto de estos Ministerios Públicos, pero no puede dirigir el sentido de la averiguación previa que realizan estos ministerios públicos. Esta es la divisa que debe orientar la tarea del Procurador y es la divisa que orienta y es mi compromiso personal. Así es, así será, se lo aseguro, porque soy el principal interesado en que esta circunstancia se aclare.
Lo que no podemos ciertamente atender es una recomendación que ciertamente a nuestro juicio no se sustenta en hechos; las interpretaciones y confundir el mundo de lo fáctico con el mundo de lo interpretativo y poner interpretaciones como hechos y luego sacar conclusiones de responsabilidad a partir de esto, nos parece inadecuado, sin perjuicio, desde luego, como lo hemos dicho de la investigación que tiene que derivarse con puntualidad.
Pero yo estuve presente en estos operativos personalmente, de manera que puedo dar testimonio de la manera en la que la Policía Federal actuó, independientemente de que es evidente que hubo abusos, pero estos no son imputables o acreditables a la Policía Federal, y esta es una tarea de Estado, tenemos que construir policías que tengan la capacidad real de atender expresiones de este tipo, expresiones violentas, que ciertamente rebasan el universo que nuestra Constitución tutela; para que personas puedan hacer valer sus derechos, no se puede bajo ninguna circunstancia recurrir a la violencia para hacer valer estos derechos, por más legítimos que en su caso pudieran ser.
Aquí yo propuse precisamente en la instalación en la Cámara de Diputados de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública de esta Legislatura en la Cámara de Diputados a la que fui invitado, iniciar un debate sobre el uso legítimo de la fuerza, para encontrar los elementos orientadores, no sólo de la Policía Federal, sino de toda la fuerza pública en relación con esta circunstancia.
Aquí hay aprendizajes muy importantes, se puede capacitar perfectamente a los policías para hacer esto. Me atengo, pro ejemplo, al operativo en Oaxaca, no hubo a mi juicio un solo abuso, no hubo uso de armas de fuego por parte de la Policía Federal en este sentido, y el operativo fue en ese sentido muy cuidadoso. Cuando hubo un rebasamiento de las normas de convivencia, es evidente que había una afectación severa muy importante, incluso ya sistemática de las libertades públicas y esto es lo que obliga al Estado, esto es obligación del Estado y un derecho ciudadano, y esta es la tarea que tiene que atender la fuerza pública.
Sobre esta base, yo le digo que estaremos absolutamente cuidadosos, atentos, a que estas averiguaciones previas se desahoguen conforme a derecho, en la autonomía que corresponde a los ministerios públicos. Hay una serie de averiguaciones previas abiertas con respecto a la participación de autoridades federales.
Hay muchas otras en el orden común, estamos atentos a ellas y ciertamente por si se derivaran delitos federales, en mi carácter de procurador, velaré porque esto se lleve con el pleno respeto a la autonomía del Ministerio Público en esas determinaciones.
Reitero mi respeto. Las operaciones de la policía en ese sentido y esto es parte de la doctrina que tenemos que consolidar como Estado mexicano, no van y no pueden ir dirigidas hacia discriminar o aplastar, o acotar con abuso de poder a una expresión social pero sí a conducirla por una vía institucional.
La única manera de resolver conflictos es la que señala nuestra Constitución, que es la vía pacífica. Que estas expresiones se manifiesten con los límites del respeto a los derechos de los terceros, a los derechos de los ciudadanos, a la libertad, al orden y a la paz pública y esta es la obligación que tiene el Estado a través de sus corporaciones policiales y ése es el compromiso que yo asumo y reitero en lo personal y como Procurador General de la República. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Javier González Garza: Gracias. Tiene la palabra hasta por tres minutos, la senadora Claudia Sofía Corichi García.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Señor procurador. Hemos dicho nosotros, ya lo comentó mi compañero diputado "mano dura para Oaxaca, eficacia probada para actuar en contra de los activistas políticos y sociales, y todo el peso de la ley y más allá de la ley".
Me da gusto escuchar esto de que pondrá todas sus fuerzas también en que se lleve a cabo el respeto a los derechos humanos, sin embargo esto tiene que estar manifestado en los hechos y en la realidad ustedes tienen que aceptar tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de Gobernación, todas recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque si no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sus recomendaciones, sus informes preliminares, quedan francamente como un instituto de ornato y no como un espacio real para generar y evitar abusos de poder.
Quiero decirle que la impresión que tenemos en el grupo parlamentario del PRD es poca eficacia en la lucha contra el narcotráfico y por eso quiero hacerle un llamado a que simplemente se cumpla lo que en la Permanente fue un resolutivo de toda la Asamblea Permanente de este Congreso de la Unión que es el informe pormenorizado, por escrito en este caso pero sí le pedimos que sea el informe pormenorizado antes de que termine esta Comisión Permanente, de todos los operativos por un mínimo de respeto a este Pode Legislativo.
Ya lo comentaba el senador Godoy, los números que se expresaban de quiénes y de cómo se participaba no los vemos en los hechos por eso nos interesa mucho, con todo respeto, pedirle este informe pormenorizado.
Nos preocupa esta mano dura en estas situaciones, esta falta de resultados en otras, pero también el exceso de mano suave en la investigación de algunos influyentes.
Señor procurador, es una pena el mensaje de impunidad que estamos enviando a los mexicanos. En el caso de uno de los funcionarios más poderosos del sexenio anterior, del cual usted también fue parte, del señor Francisco Gil Díaz quien se conduce hasta hoy con impunidad. Por lo tanto le solicito y en cumplimiento a los acuerdos que hemos tenido en esta Comisión Permanente, también un informe pormenorizado sobre los siguientes temas.
Resumo nada más algunas de las inquietudes: ¿qué estado guarda la indagatoria iniciada con motivo del homicidio en agosto pasado, de Francisco Villarreal Altello, director operativo de ISOSA y si se ha encontrado alguna relación entre este homicidio y las actividades profesionales en ISOSA?
¿Por qué también usted, con el cumplimiento de sus atribuciones, no ha iniciado de oficio una averiguación previa contra Francisco Gil Díaz por el delito de ejercicio abusivo de funciones, para investigar el otorgamiento de patentes aduanales a sus familiares?
También, ¿cuál es el avance de las investigaciones relativas a los delitos que pudo haber cometido Francisco Gil Díaz al aceptar el cargo de consejero en HSBC?
Señor procurador, esto es parte de lo que hemos discutido en esta Permanente. Como ya se le puso en conocimiento, estos hechos presuntamente constitutivos de delito, le solicitamos se inicien las averiguaciones previas —si es que no están iniciadas— necesarias para investigarlos, pero también se nos rinda un informe al respecto.
En tanto se resuelven las citadas indagatorias, se nos envíe el informe. En esta Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PRD le pide, además de estos informes, del tema de ISOSA, de la lucha contra el narcotráfico, del tema de Francisco Gil Díaz, que justamente fue el presidente de esta Comisión quien presentó el punto de acuerdo en la Comisión Permanente.
Le quiero decir, como senadora y como mujer, que junto con mis compañeras legisladoras estaremos vigilantes de que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, que está adscrita a la Procuraduría General de la República que usted dirige, realice acciones reales para garantizar medidas contra la discriminación, para que asignen en serio presupuestos reales a estos temas que para nosotros no son temas menores.
Asimismo, que estaremos vigilantes, como mujeres, y en mi caso como senadora, pero como legisladores que estamos aquí presentes, de cualquier violación a los derechos de las mujeres detenidas en Oaxaca y en cualquier operativo por parte de la Procuraduría en todo el país.
Le agradezco su atención y con todo respeto le manifiesto que es muy importante que este Poder Legislativo tenga informes pormenorizados, tenga informes permanentes y también sin duda el respeto al intercambio en este ánimo tan cordial que hemos tenido, pero también queremos saber qué estado guarda la procuración de justicia en temas específicos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, senadora Claudia Sofía Corichi García. Por último, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Partido Acción Nacional.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Gracias, señor presidente. Señor procurador Eduardo Medina Mora, antes de iniciar mis cuestionamientos me permito felicitarlo por los resultados obtenidos en los operativos realizados en los estados de Michoacán, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como por las extradiciones de reos a los Estados Unidos de Norteamérica realizadas en días pasados.
Estas acciones muestran la decisión de que la administración pública federal, encabezada por el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, está cumpliendo con el compromiso de combatir la delincuencia organizada, restablecer la tranquilidad y la paz social en nuestro país, así como asegurar condiciones de legalidad que permitan nuestro desarrollo.
En poco tiempo se perciben avances que demuestran la seriedad institucional con la que usted dirige el órgano de gobierno a su cargo, así como el rumbo definido que tiene en el desarrollo de sus funciones.
Ahora bien, me permite formularle algunos cuestionamientos. El primero de ellos, señor procurador es: uno de los principales compromisos que asumió usted cuando tomó esta alta responsabilidad fue mejorar el funcionamiento de la Procuraduría a su cargo, a fin de consolidar un modelo de procuración de justicia más eficaz.
Ahora bien, nos gustaría saber cuáles son las modificaciones necesarias que deben realizarse a la organización, estructura y funcionamiento del órgano de gobierno a su cargo para que pueda desempeñar con mayor eficiencia y funcionalidad la tarea encomendada, en el corto, mediano y largo plazo.
Segundo. Sabemos que en poco más de 45 días a su cargo, ha practicado una serie de acciones tendientes a combatir el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que ha realizado operativos conjuntos que en lo personal considero completamente constitucionales porque tienen su fundamento en los artículos 21 y 89 fracción VI de la Constitución General de la República, 3 y 9 de la Ley General que establece las bases para la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como por diversos instrumentos jurídicos como los convenios de coordinación y colaboración celebrados en la materia.
Ahora bien, qué mecanismos pueden implementarse para mejorar la coordinación, la cooperación y en su caso la concurrencia de funciones con las autoridades federales y locales de nuestro país? ¿Cuál es el modelo de justicia penal que debe tener el Estado mexicano para fortalecer la cultura de la legalidad y la corresponsabilidad de las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y local?
Tercero. El reclamo de todos los mexicanos es justo y claro: hay que poner un alto a las conductas antisociales; hay que poner un alto a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción, porque conducen a mayor impunidad, corrupción y mucha más injusticia. Hay que garantizar hoy más que nunca, que nunca sobre el imperio de la ley pueden estar conductas antisociales.
En tal virtud, el combate al crimen organizado es responsabilidad de todos, autoridades y ciudadanos. ¿Qué acciones considera usted que deben seguirse para estrechar vínculos con la ciudadanía y la sociedad organizada y cómo puede dar la Procuraduría a la población más confianza en las acciones emprendidas por la Procuraduría?
Por último, me gustaría que nos respondiera si existe alguna denuncia penal presentada en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por alguna acción. Gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Señor procurador, tiene usted hasta cinco minutos para dar respuesta.
El Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza: Muchas gracias, diputado Presidente. Muchas gracias a la diputada Violeta del Pilar Lagunes por sus comentarios y preguntas.
Ciertamente que los puntos que usted plantea son a nuestro juicio de la mayor importancia. En primer lugar, a propósito de mejorar el funcionamiento de la Procuraduría General de la República, está claro para nosotros —como hemos comentado antes en el intercambio de puntos de vista con algunos diputados y senadores miembros de esta Comisión— que la solución no puede desde luego ser sino de carácter estructural, estructural en el sentido de generar un nuevo sistema de justicia penal y una nueva articulación institucional que nos permita generar efectividad en la tarea del Estado mexicano para cumplir con esta responsabilidad indeclinable de dar certidumbre a los ciudadanos, certidumbre respecto de su derecho a la vida, a la libertad; de su derecho a vivir en paz y en tranquilidad; de su derecho a que su integridad física y patrimonial sean siempre respetados.
También hay decisiones en el ámbito propio de la Procuraduría, que pueden y deben tomarse de inmediato, incluso en el marco de la legislación que actualmente rige a esta institución y a nuestro sistema.
Queremos transformar a la Procuraduría en una institución efectiva, más eficiente, sólida, transparente y abierta a la sociedad. El Ministerio Público es en última instancia y en primera instancia, una representación social y curiosamente la sociedad lo siente lejano, a veces ajeno y por esa razón necesitamos revertir esta circunstancia.
Me pregunta usted qué tenemos que hacer para que los ciudadanos tengan mayor confianza en la autoridad. Yo diría una cosa fundamental: cómo construimos en esta rearticulación institucional, incluso con la conformación de esta reingeniería del modelo de policía, que las policías tengan un despliegue territorial amplio, que puedan conocer con facultades de investigación, de las denuncias ciudadanas y atenderlas de inmediato; no tener que pasar necesariamente por la concurrencia o ante el Ministerio Público para iniciar estas cuestiones. Y sobre esta base, en un sistema mixto —porque el Ministerio Público no puede ni debe perder la capacidad de conducir y dirigir investigaciones— sí hay ciertamente un espacio para que las policías tengan una mayor capacidad de investigación y por consecuencia una mayor efectividad.
La operacionalización en términos jurídicos de estas investigaciones tiene que necesariamente pasar por el Ministerio Público, que es quien en su caso le puede dar consecuencia jurídica a esa investigación, pero creo que ganaríamos mucho en efectividad, mucho en cercanía con la ciudadanía, en oportunidad de la respuesta.
Hemos dicho que un punto central es la generación de una cultura de la denuncia ciudadana, pero no sirve construir esta conducta reiterada que no se da hoy, quizá por desconfianza frente a la autoridad, si no se tiene aparejada una capacidad de una respuesta oportuna, eficaz, pertinente de la autoridad a esta participación ciudadana. Sin los ciudadanos, es imposible construir un sistema de seguridad que realmente le sirva a la sociedad mexicana.
La solución, en este sentido, tiene que combinar elementos estructurales, que son tarea corresponsable ciertamente de una manera privilegiada con el Poder Legislativo y elementos de rediseño institucional, operacional, de generación de sistemas que nos permitan eficientar nuestra actividad, que nos permitan explotar la información que se genera en la tarea policial, en la tarea de averiguación previa para construir un sistema que nos permita tener mucha mayor efectividad.
Los mecanismos que tenemos que construir son ciertamente complejos, pero tenemos, le aseguro Diputada, claridad en el diagnóstico, claridad en el camino, de qué es lo que tenemos qué hacer, cómo lo vamos a instrumentar cuando menos en lo que hace a la mejoría operativa y de efectividad de la Procuraduría General de la República.
El desafío ciertamente es muy grande, pero también el compromiso es tan fuerte como nos permitan nuestras capacidades y en ello pondremos toda nuestra pasión, todas nuestras capacidades para poder lograr este punto.
Quisiera decir, finalmente, que en términos de los operativos estos son conjuntos con la combinación de todas las capacidades, atribuciones y despliegue que tiene la federación con las autoridades locales. Ciertamente que la participación de las instancias militares está plenamente apegada a la Constitución en términos de su obligación de atender la seguridad interior y las jurisprudencias de la Corte, la Ley de Bases establece con toda claridad que las Fuerzas Armadas tienen una tarea en seguridad interior y la seguridad pública ciertamente es una parte fundamental en esto y así lo ha considerado en diversas jurisprudencias y tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No hay en este sentido una militarización de la seguridad de los operativos; hay un uso cabal de las capacidades que el Estado mexicano tiene para atender esta responsabilidad indeclinable. Esta es la demanda ciudadana y esta es la respuesta que el Estado mexicano tiene al nivel federal y al nivel de las autoridades estatales y municipales.
Ciertamente quisiera yo subrayar mi reconocimiento, el reconocimiento de la Procuraduría a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, a las policías estatales y municipales, que han intervenido en estos operativos. Y todo esto tiene que hacerse necesariamente con una visión corresponsable, una visión de Estado, como es la que nos mandata nuestra Constitución.
Señor Presidente, finalmente quisiera decir que he tomado nota de muchas de las inquietudes y elementos que se han planteado aquí. Procuraremos hacer una respuesta por escrito como se nos ha demandado, en la medida en que la ley nos lo permita, dado que las indagatorias naturalmente son confidenciales y no se puede obviamente compartir la información de las mismas, mientras no se hayan desahogado a plenitud, pero haremos un esfuerzo por este punto.
Y ofrezco que su servidor está en la mejor disposición de reunirse con las bancadas que conforman las diversas Cámaras, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o una combinación para poder desahogar en corto, en reuniones de trabajo, inquietudes específicas que cada una de ellas tengan en relación con los temas de la procuración de justicia, y en general, del tema de la estrategia de seguridad, con el ánimo, señor Presidente, esencialmente, de que lo que yo asumo como oportunidad de estas reuniones es la oportunidad de aprender de ustedes, porque sólo podremos construir una respuesta pertinente realmente efectiva, si construimos consensos alrededor de la manera en la que el Estado mexicano aborda estas tareas y el Estado mexicano somos ciertamente todos nosotros. Es cuanto y le agradezco muchísimo la oportunidad, señor Presidente.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, señor Procurador. Por último, tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Partido Acción Nacional.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Gracias, señor Presidente. únicamente para señalar que comparto las consideraciones de los compañeros que me han antecedido en la palabra, especialmente del senador Leonel Godoy, del diputado Raúl Cervantes y del diputado Juan de Dios, respecto a la co-responsabilidad que tenemos los legisladores en el combate al crimen organizado.
Debemos tener un marco jurídico que vaya avanzando en el perfeccionamiento de los sistemas de impartición y procuración de justicia. Independientemente de los partidos políticos, lo que está en juego es el bienestar de la población, que es nuestra prioridad.
Queremos dejar constancia de una convocatoria respetuosa para desplegar una labor conjunta y solidaria, privilegiando espacios para la conjunción de esfuerzos y sobre todo la suma de responsabilidades porque a nadie conviene un estado en el que no se pueda vivir en paz.
Por eso y tomando a la palabra al señor procurador, me gustaría que nos pusiéramos a trabajar conjuntamente sobre diferentes cuestiones que han estado en la mesa desde hace ya muchos años, para el perfeccionamiento de nuestro marco normativo no solamente de tipo legislativo sino de tipo operativo.
Por ejemplo, revisar el control interno que se sigue en la Procuraduría para los agentes del Ministerio Público, que no sea una cuestión de estadística, que no estén preocupados por el número de averiguaciones que integran sino por el beneficio que se va a obtener en la población.
Muchas veces y lo digo en especial, en lo que me consta que es en el estado de Puebla, están más preocupados por integrar doce averiguaciones, por lo tanto escogen los delitos más sencillos que el combate al crimen organizado.
Tenemos que hacer una revalorización de los delitos graves y del concepto de delincuencia organizada. Tenemos que analizar si al Estado mexicano conviene más la implantación de los juicios orales, ya sea en forma parcial o total. Tenemos que ver también si es mejor la autonomía técnica de los servicios periciales, así como la unificación de policías y en este caso, qué tipo de policías porque actualmente están dispersas en seis secretarías de Estado. Esto nos ayudaría a tener una unidad de mando, unidad de capacitación y unificar los sistemas de información criminal.
Tenemos que analizar también la conveniencia de la certificación de abogados en materia penal. Durante mucho tiempo se ha buscado dar un apoyo a los derechos humanos de los acusados, de los reos, sin embargo debemos buscar un equilibrio también por el derecho de las víctimas u ofendidos.
Tenemos que analizar si se puede implementar y si es en beneficio para la población, la creación de jueces de garantías que permitan que se den los medios alternativos de solución de controversias y no que únicamente todo se haga a través de juicios seguidos cuando a veces la población lo que pretende es la reparación del daño. Sobre esto, obviamente hay muchas cuestiones de tipo administrativo y no solamente legislativo.
Tenemos que analizar cuáles son las garantías que en su caso deben estar vigentes y cuáles no para el caso de la delincuencia organizada y analizar la viabilidad de que se judicialice el sistema de ejecución de sentencias, porque sabemos que se tiene tienen muchos beneficios como el de la pre-liberación por autoridades administrativas, cuando durante todo el procedimiento quien intervino fue la autoridad judicial.
Es una multiplicidad de ejemplos de todo lo que tenemos pendiente por hacer en el sistema enjuiciatorio penal que tenemos actualmente y ojalá podamos ponernos de acuerdo este tiempo para que todo sea en beneficio de la población, para que exista mayor paz y tranquilidad. Gracias.
El Presidente diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Compañeras, compañeros legisladores, señor procurador. Con este último punto terminamos esta comparecencia.
Quiero en primer lugar, agradecer la disposición del señor procurador. Es evidente que seguramente por el tipo de formato, hay preguntas que quedaron sin respuesta, sin ninguna duda. Y agradezco la disposición para poder hacer llegar a esta soberanía las respuestas respectivas.
Por otra parte, queda una serie de inquietudes y problemas que por la misma razón no se pueden discutir. Nosotros le haremos llegar inmediatamente esta solicitud para discutir algunos puntos.
Es importante decir que no hubo respuesta con respecto al caso Gil Díaz. Lo entiendo perfectamente. Habrá seguramente una respuesta y lo veremos. Sin embargo, quiero decir que para nosotros, como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Oaxaca es una herida abierta en nuestra patria y nos va a llevar tiempo y esfuerzo para poder entender y defender la situación que consideramos una injusticia enorme lo que hoy se padece.
Vamos a tener la oportunidad de poderlo discutir y de verdad quisiera agradecerle en todo lo que vale su presencia y sobre todo su disposición al diálogo.
Muchísimas gracias, señor procurador. A los miembros de esta Primera Comisión les pido que podamos hacer un receso de cinco minutos con el propósito de que el señor procurador y sus acompañantes puedan salir. Gracias. Y agradezco la disposición para poder hacer llegar a esta soberanía las respuestas respectivas.
Muchísimas gracias, señor procurador. A los miembros de esta Primera Comisión les pido que podamos hacer un receso de cinco minutos con el propósito de que el señor procurador y sus acompañantes puedan salir. Gracias.