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Timestamp: 2018-02-21 07:19:52
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Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 18']

VALE LA PENA: Análisis de las Garantías Individuales en Materia Penal. Lic. Francisco Manzanares Sáenz.
Análisis de las Garantías Individuales en Materia Penal. Lic. Francisco Manzanares Sáenz.
En este trabajo abordaremos los derechos de los individuos; dando especial importancia al conocimiento de los derechos que por el simple hecho de ser personas tenemos y están protegidos constitucionalmente para evitar la violación de los mismos por actos de autoridad en forma arbitraria.
Todas las personas desde el momento de la concepción adquirimos ciertos derechos en forma tácita, pues son inherentes a la naturaleza del ser humano.
Con el fin de mantener el equilibrio fomentando la superación social y el equilibrio del orden jurídico, es obligación del Estado, reconocer, respetar y proteger los derechos de los gobernados, mediante la creación de un orden jurídico social que permita el libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia naturaleza individual y social.
Nos enfocaremos a estudiar estas garantías, recientemente llamados derechos humanos, en forma específica en materia penal las cuales son violentadas en forma arbitraria por la autoridad.
2. Análisis de las Garantías Individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Penal
2.1 Artículo 13 Constitucional.
“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”[1]
Del texto previo podemos observar que las diversas prohibiciones y limitaciones que nos refiere el Artículo 13 Constitucional, basan su contenido en el principio de igualdad de los hombres ante la ley, cuya génesis se desprende del Artículo 3º de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que instituyó por vez primera la garantía de la persona humana donde la ley debe ser la misma para todos. Tal y como nos refiere en su obra el Maestro Lara Espinoza.[2]
Es así como podemos observar que el Artículo 13 Constitucional es una de las bases técnicas de todo el Sistema Jurídico Mexicano, por los principios centrales que para éste determinan.
Este precepto señala al respecto el derecho de toda persona a, llegado el caso, ser juzgado por tribunales existentes antes de haberse cometido el acto o el delito materia del juicio. Esto es, no es válida la creación de órganos para conocer y resolver un caso específico.
También establece la prohibición de expedir leyes aplicables a casos producidos con anterioridad a la aprobación de ellas, ni particularizar situaciones específicas.
Asimismo se eliminan los fueros. Con excepción del fuero militar, para los delitos de los miembros de las fuerzas armadas, desprendiéndose de esto que si un civil estuviera involucrado en el ilícito, el poder judicial será competente para conocer del caso.
2.2 Artículo 14 Constitucional.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio celebrado ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”[3]
Podemos observar que del citado precepto se desprende que las garantías que contiene sólo los tres primeros párrafos se refieren a las garantías individuales en materia penal, ya que el último párrafo nos habla en relación a la materia civil.
Es por esto que diremos que el artículo 14 Constitucional vigente se encuentra inscrito dentro de las llamadas garantías de seguridad jurídica, tal como refiere el Maestro Burgoa Orihuela, cuando nos dice: “reviste de una trascendental importancia dentro de nuestro orden constitucional, a tal punto que a través de nuestras garantías de seguridad jurídica que contiene, el gobernado encuentra una amplísima protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho.”[4]
Podemos afirmar que en dicho precepto la no retroactividad es uno de los principios fundamentales del derecho, ya que por elemental sentido de certeza jurídica, la norma debe tener vigencia en el momento en el cual ocurren los actos o hechos que va a regular y de ninguna manera la conducta humana debe quedar sujeta a futuras leyes cuyo contenido se ignore. Dicha disposición constitucional, tal y como está redactada, implica que sí es posible la aplicación retroactiva en beneficio de cualquier individuo, supuesto frecuente en materia penal, donde las consecuencias punitivas de una conducta se ven atenuadas por una ley posterior.
Otras garantías contempladas: tribunales previamente establecidos, leyes expedidas con anterioridad al hecho, juicio ante ellos y conforme a éstas, para ser privado de algún derecho.
En todo caso, habrán de cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, las que consisten, en no dejar en estado de indefensión al particular, es decir, se prevé el derecho de audiencia.
Este mismo precepto establece, por otro lado, que los casos de orden criminal se juzguen con estricto apego a la ley, sin admitir interpretaciones que establezcan semejanzas conductuales, en tanto que para las cuestiones civiles establece la posibilidad de integrar mediante los medios que la ley reconoce.
2.3 Artículo 15 Constitucional.
“No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.”[5]
De este texto podemos observar que consagra dos garantías fundamentales:
a) La prohibición de celebrar tratados de extradición de reos políticos o esclavos y;
b) La primacía constitucional y que las garantías son disposiciones de orden público que no se pueden pactar.
Es así que el artículo 15 de la Constitución Federal vigente, prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Asimismo prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud de los que alteren las garantías y derechos establecidos por la propia Constitución.
2.4 Artículo 16 Constitucional.
Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundado y expresando los indicios que motiven su proceder.
En caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorara el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los poderes judiciales contaran con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las victimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y ministerio público y demás autoridades competentes.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se ha acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
En tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.”[6]
Podemos observar que del texto del ordenamiento antes mencionado, es el principal argumento para la defensa jurídica de los particulares frente al poder público; es así como nos hace referencia a los requisitos de legalidad, competencia, fundamentación, motivación y forma escrita que establece para todo acto de autoridad, constituyen garantías contra los actos de autoridad en el ejercicio ilegal de sus funciones, en forma arbitraria e inoportuna de los servidores públicos. Se pueden precisar dos términos que el constituyente empleó en este precepto: fundamentar un acto señalando que la ley es aplicable al caso y concreto; motivar exponiendo un razonamiento que asocie la hipótesis legal con la situación concreta materia del procedimiento jurídico de cualquier rama del derecho.
En los siguientes párrafos se observan los requisitos para girar una orden de aprehensión, así como quienes pueden ordenarla; se observa que existe una excepción donde el Ministerio Público está facultado para librar dicha orden siempre y cuando se encuentre ante un delito fragante, donde asimismo cualquier persona está facultada para realizar la detención. Se regulan las circunstancias en el cual el derecho a la privacía puede ser limitado. Se contempla el término en el cual es Ministerio Público tiene para consignar ante el juez el cual consta de 48 horas pudiendo solicitar la duplicidad del término en casos de delincuencia organizada.
2.5 Artículo 17 Constitucional.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”[7]
Analizando las garantías que contiene el precepto antes citado observamos las siguientes garantías:
El primer párrafo del artículo 17 constitucional dispone “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”
Donde podemos observar que la impartición de justicia es una facultad exclusiva del Estado. Donde a cambio el poder público tiene la obligación de mantener tribunales gratuitos y donde deberán actuar con celeridad; y la ley fijara los plazos para los procesos.
Asimismo es muy clara que toda persona tendrá la garantía de que no podrá ser privada de su libertad por deudas de carácter puramente civil. Donde también el maestro Burgoa Orihuela nos refiere: “la garantía de seguridad jurídica de que nadie pude ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, nació dentro de los regímenes del derecho paralelamente a la implantación del principio nulla poena, nullum delictum sine lege. En efecto antes de que se considerara como delito el hecho catalogado como tal por la ley, cualquier acto podía ser refutado como delictivo; consiguientemente, en ausencia de la exigencia de su previa y necesaria tipificación legal cualquier hecho o su consecuencia podían ser sancionados penalmente, siendo muy frecuentes los casos registrados en la historia jurídica que deudas puramente civiles eran saldadas no solo con la privación de la libertad sino hasta con la perdida de la vida del deudor. El carácter civil de una deuda, es decir, del aspecto pasivo de una obligación, se debe fijar a posterior en cada caso concreto de que se trate, atendiendo, sin embargo, al criterio general de que su origen o procedencia no se atribuya a un hecho tipificado por la ley como delictivo. De la garantía de seguridad que tratamos, el gobierno deriva directamente un derecho subjetivo público, consistente en la facultad de oponerse jurídicamente a cualquiera autoridad estatal que pretenda privarlo de su libertad a virtud de una deuda civil contraída a favor de otro sujeto. La obligación que se establece para el Estado y sus autoridades, emanada también de dicha garantía, escriba en la abstención que éstos contraen en el sentido de no privar al titular del derecho subjetivo correlativo (gobernado) de su libertad por una deuda que no provenga de un hecho calificado expresamente por la ley como delictivo.
Contrario al criterio anterior, el maestro Jorge Alberto Mancilla Ovando expresa: “Considero que es errónea esta interpretación del distinguido jurista, pues la voluntad expresa del constituyente, fue prohibir que se legislara imponiéndole a las deudas de carácter civil la calidad de delito, situación muy distinta a la que interpreta el Dr. Burgoa, quien pretende igualar el principio clásico punitivo a la legislación civil. Lo dispuesto por el artículo de la ley fundamental que se estudia constituye una restricción a la esfera de competencia al Poder Legislativo Federal y Estatal, impidiendo toda actividad a este poder público negándole las facultades para ejercer su atribución de dictar leyes. La garantía de los gobernadores se establecen de tal forma, que deja al derecho civil el examen de las deudas que puedan originarse en esta materia, y su sanción será el cumplimiento de la obligación, mismo que será potestad del juzgador, examinarla, declararla y al través de su imperio, hacerla efectiva.”[8]
2.6 Artículo 18 Constitucional.
“Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto de que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la república para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjero sentenciados por delitos de orden federal en toda la república, o del fuero común en el Distrito Federal podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los estados podrán solicitar al ejecutivo federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezcan la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de proporcionar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.”[9]
Analizando el citado precepto, podemos decir que en este precepto se fijan los lineamientos para un trato correcto a quienes han sido privados de su libertad por la comisión de un delito. Se sientan las bases para que los sentenciados purguen sus penas privativas de la libertad en sus lugares de origen, incluso si son extranjeros, o en el centro penitenciarios más cercanos al lugar de su domicilio que tuvieron.
También prevé, instituciones para menores infractores en materia penitenciaria, se estatuye la concurrencia competencial de la federación y los estados.
Desde luego que estar confinado en una cárcel cuyas condiciones físicas u operativas no hagan posible la readaptación social al que hace referencia este precepto seria violatoria de las garantías individuales que otorga esta constitución.
2.7 Articulo 19 Constitucional.
A la letra refiere: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
2.8 Articulo 20 Constitucional.
El siguiente precepto legal a la letra nos refiere: “. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
De tal precepto podemos desprender que es un resumen del derecho procesal mexicano y en especial la integración del juicio acusatorio adversarial, llamado también “Juicio Oral” en materia penal ya que en él se estatuyen en sus diferentes apartados las garantías individuales por una parte del inculpado y por otra de la victima u ofendido siendo las siguientes:
a) nos dan las reglas para la obtención de la libertad bajo fianza o caución.
b) Las normas para llevar a cabo la confesión
c) La obligación de dar conocer el nombre del acusador.
d) El derecho a ser careado.
e) Las reglas para las pruebas
f) El juicio debe ser publico
g) El acceso a la información para su defensa.
h) Plazo para dictar sentencia.
i) Acceso a una defensa profesional adecuada
j) Disposiciones para la no prolongación indebidamente la prisión.
Y, para el ofendido:
a) El derecho a la asesoría jurídica
b) Aportar al ministerio público la cooperación idónea.
c) Proporcionarle asistencia médica y psicológica.
d) Derecho a la reparación del daño.
e) La condición de menor de edad donde no tendrá la obligación de carearse con el inculpado de secuestro o violación.
f) Recibir medidas de protección y auxilio.
2.9 Articulo 21 Constitucional.
El siguiente articulo a la letra nos refiere “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
2.10.- Articulo 22 “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Desprendiendo del texto que antecede podemos ver el espíritu de la humanización de las penas, prohibiendo la mutilación, los azotes, el tormento y cualquier otra especie, así como la confiscación de los bienes excepto en los casos que la propia ley prevea, es así como analizamos y observamos como nuestra Carta Magna integra para dar seguridad jurídica en cuanto a la imposición de penas.
2.11 Articulo 23. “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.
Observamos que de este precepto se desprende la garantía del debido proceso, ya que asimismo contempla la existencia indefinida de este y que debe ser resuelto en no más de tres instancias.
Como podemos observar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden dentro de sus primeros veintinueve artículos las garantías individuales a los que todo individuo tiene derecho, pero es importante y así lo exhibo en este trabajo la particular relevancia de las que se refieren a la materia penal contempladas en los primeros veintitrés numerales de la citada constitución y muy acertadamente nos indica las garantías de: debido proceso, certeza jurídica, seguridad jurídica, etc.; ya que con esto podemos obtener la protección de la justicia federal contra abusos de la propia autoridad.
[1] MARTINEZ MORALES I. Rafael. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 4a Ed. Editorial Oxford. México. 2004. P. 18
[2] LARA ESPINOZA Saúl. Las garantías Constitucionales en Materia Penal. Ed. Porrúa. México. 2005. P. 49
[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. Óp. Cit. p. 19
[4] BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías individuales, Ed. Porrúa, México, 1994
[5] Ibídem p. 20
[6] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Óp. Cit. p. 20
[7] Ídem. P. 23
[8] LARA, ESPINOZA Saúl. Óp. Cit. p. 226
[9] Ibídem. P. 23
Publicado por José Manuel Gómez Porchini en 23:30