Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10595
Timestamp: 2018-01-20 18:51:57
Document Index: 398955011

Matched Legal Cases: ['artículo 251', 'artículo 26', 'artículo 127', 'artículo 139', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 365', 'artículo 31']

Exposición de Motivos 527 de 1999 Nivel Nacional
Fecha de Expedición: 24/04/1998
Fecha de Entrada en Vigencia: 24/04/1998
Ver la Ley 527 de 1999
El desarrollo tecnológico que se viene lográndose en los países industrializados, permite agilizar y hacer mucho más operante la prestación de los servicios y el intercambio de bienes tangibles o intangibles, lo cual hace importante que nuestro país incorpore dentro de su estructura legal, normas que faciliten las condiciones para acceder a canales eficientes de derecho mercantil internacional, en virtud a los obstáculos que para éste encarna una deficiente y obsoleta regulación al respecto.
Este proyecto de ley que hoy dejamos a su consideración, busca dotar de fundamento jurídico a las transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos y darle fuerza probatoria a los mensajes de datos que tengan relevancia jurídica en esa materia.
Respecto a los antecedentes de esta iniciativa, vemos que fruto del acercamiento con los organismos internacionales interesados en el tema y de la investigación realizada por la Comisión Redactora del Proyecto, en donde tuvieron asiento representantes de organismos públicos y privados, se pudo concluir que las leyes modelos en el ámbito internacional son el instrumento adecuado para su incorporación al derecho interno.
Ahora, nuestra legislación impone restricciones con respecto al uso de medios de comunicación modernos, en virtud a que no existe un régimen específico para el intercambio electrónico de informaciones (llamado por sus siglas en inglés "EDI") y otros medios conexos de comunicación de datos, originando incertidumbre acerca de la validez jurídica de la información presentada de manera diferente al documento, tal como se le califica en nuestro régimen procedimental.
El Comercio, en su aceptación más simple es la negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías, definición que involucra todos los medios para comercializar.
El comercio electrónico es de carácter mundial por su propia naturaleza, y abarca una amplia gama de actividades en su mayoría totalmente nuevas. Impulsando la revolución del internet, se expande aceleradamente y experimenta cambios radicales incluyendo nuevos negocios, mercados y organismos comerciales innovadores, en definitiva, se están creando modernas funciones y nuevas fuentes de ingresos. Bajo la denominación de comercio electrónico indirecto (pedido electrónico de bienes tangibles) como el directo (entrega en línea de bienes intangibles).
El comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales a través de mensajes de datos, incluidos texto, imágenes y video, así, comprende actividades muy diversas, como comercio electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, compraventa electrónica de acciones, conocimientos de embarque electrónicos, subastas, prestación de servicios en línea, comercialización directa al consumidor y servicios posventa, etc.
Por comercio electrónico se debe entender la "técnica que consiente en llevar a cabo el contrato mediante el intercambio de una propuesta y de una aceptación entre personas distantes evitando el tradicional intercambio de documentos escritos, dando lugar así al llamado contrato electrónico, pero que en realidad sería más correcto llamarle contrato informático, o para ser todavía más precisos, contrato telemático, dado que de esto se trata: el intercambio de propuesta y aceptación se lleva a cabo mediante un intercambio de documentos redactados sobre soportes informáticos y enviados con métodos de transmisión telemática a distancia".
En tal virtud, el comercio electrónico, representa la aplicación de la categoría más amplia del EDI – intercambio de informaciones por vía electrónica – en el mundo de los negocios, ofreciendo con esto la multiplicidad de opciones para realizar intercambios comerciales a través de la transferencia de informaciones de un computador a otro sin necesidad de la utilización de documentos escritos en papel.
El comercio electrónico en el régimen jurídico colombiano
En nuestro país, la normatividad relativa al comercio electrónico es limitada, es así como en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, encontramos la definición de documentos, los cuales son considerados como los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares, definición que no contradice los conceptos telemáticos.
En el año de 1995, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2150, "por medio del cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios, existentes en la administración pública", y en su artículo 26 señala que las entidades de la Administración Pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración y que en ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares, sin perjuicio de sus estándares tecnológicos.
A manera de ilustración, se cita el Decreto 663 de 1993, "por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración", para señalar que en él encontramos únicamente el numeral 6 del artículo 127 y el artículo 139, que mencionan el uso de los sistemas electrónicos y por ende el intercambio electrónico, lo que crea la necesidad de dotar a este sistema, como a otros, de instrumentos jurídicos ágiles y acordes con el desarrollo tecnológico y la dinámica mercantil del mundo y no dejar fuera de la ley colombiana, a las transacciones por medio telemáticos.
"Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el teles o el telefax". (Artículo 2 literal b).
La noción de "mensaje" comprende el de información obtenida por medios análogos en el ámbito de las técnicas de comunicación modernas, bajo la configuración de los progresos técnicos que tengan contenido jurídico.
Así mismo cuando el contenido de un mensaje de datos sea completo y esté inalterado, pero exista algún anexo inserto, éste no afectará su condición de "original". Esas condiciones se considerarían escritos complementarios o serían asimiladas al sobre utilizado para enviar ese documento "original".
El Proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes funcionales" .... que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas.
2. Firmas digitales.
"... un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave criptográfica privada del iniciado, permite determinar que este valor numérico se ha obtenido exclusivamente con la clave criptográfica privada del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación".
(Artículo 2 literal h).
Mediante el uso de un equipo físico especial, los operadores crean un par de códigos matemáticos, a saber: una clave secreta o privada, conocida únicamente por su autor, y una clave pública, conocida del público. La firma digital es el resultado de la combinación de un código matemático creado por el iniciador para garantizar la singularidad de un mensaje en particular, que separa el mensaje de la firma digital y la integridad del mismo con la identidad de su autor.
Dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar;
Asociar a esa persona con el contenido del documento.
Por lo tanto, quien realiza la verificación debe tener acceso a la clave pública y adquirir la seguridad que el mensaje de datos viene encriptado corresponde a la clave privada del firmante; son las llamadas entidades de certificación que trataremos más adelante.
4. Entidades de certificación.
Uno de los aspectos importantes de este proyecto, es la posibilidad de que en unte público o privado con poderes de certificar, proporcione la seguridad jurídica a las relaciones comerciales por vía informática. Estos entes son las entidades de certificación, que una vez autorizadas, están facultados para: emitir certificados en relación con claves criptográficas de todas las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales.
El artículo 365 de la Constitución Política hace referencia al tema de los servicios públicos, los cuales pueden ser prestados tantos por las entidades públicas como las privadas o conjuntamente. Esta norma permite que este servicio lo presten los particulares, si reúnen los requisitos exigidos por la ley y cuenta con la aprobación de las (sic) Superintendencia, organismo rector para todos los efectos.
El proyecto de ley señala que podrán ser entidades de certificación, las Cámaras de Comercio y en general las personas jurídicas, tanto públicas como privadas autorizada por la Superintendencia respectiva que cumplan con los requerimientos y condiciones establecidos por el Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 31 del proyecto.
5. La Superintendencia de Industria y Comercio.
Es así como de conformidad con el Decreto 2153 de 1992 por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión Redactora consideró que este organismo es el ente de primer orden que deberá ejercer esta actividad, en virtud a que dentro de sus funciones se encuentra la de velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción a la competencia, imponer sanciones a las empresas oficiales o privadas que presten los servicios públicos cuando estos atenten contra los principios de libre competencia, velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y ejercer el control y vigilancia de las cámaras de comercio.
Bajo este entendido, la Superintendencia acreditará y supervisará las entidades de certificación y verificará el cumplimiento de las disposiciones legales en esa materia y se encargará de su auditoría con el fin de evaluar su cumplimiento y desempeño, desempeño que será calificado de acuerdo con las tablas de evaluación que fije el Gobierno y en el evento de una calificación deficiente, aquella podrá revocar la autorización para operar. Así mismo se establece un régimen sancionatorio con la observancia del debido proceso y del derecho de defensa.
Con lo anterior terminamos nuestra exposición convencidos de que el honorable Congreso de la República sabrá entender la importancia del tema, y estará de acuerdo en que Colombia participe en las nuevas tendencias del derecho internacional privado, una de cuyas principales manifestaciones ha sido la adopción de normas como la que hoy presentamos.