Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47461&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2019-08-25 00:37:17
Document Index: 381989306

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 58', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58']

Consulta NO VINCULANTE n° 587
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Fecha salida: 04/03/2002
- Artículo 8.2.1º Ley 20/1991 Artículo 10.3 Ley 20/1991 Artículo 58 bis Ley 20/1991;
Texto consulta: La sociedad consultante es una entidad mercantil que desarrolla la actividad de concesionario de determinadas marcas de vehículos en la isla de Tenerife, consistiendo básicamente dicha actividad en la comercialización de vehículos nuevos o usados y de recambios y accesorios para los mismos, así como la prestación de servicios de postventa (principalmente servicios de reparación).
A efectos del aprovisionamiento de los vehículos, recambios y accesorios que constituyen sus existencias comerciales, las mismas son adquiridas, salvo muy limitadas excepciones en que eventualmente se adquiere a otros proveedores establecidos en el Archipiélago, al importador oficial para Canarias de las correspondientes marcas, que es empresa matriz de la consultante, y sujeto pasivo establecido en las Islas Canarias.
El consultante manifiesta que el procedimiento aplicado en su aprovisionamiento es el siguiente:
a)	Los vehículos son objeto de importación en Canarias por el importador oficial, quien realiza dicha importación situándolos en un depósito fiscal autorizado que determina la exención de dicha importación a efectos de los tributos aplicables a la misma, en esta caso exclusivamente IGIC.
b)	Posteriormente, el importador oficial realiza la venta de los vehículos a la sociedad consultante, operación exenta de IGIC debido a que se realiza en el depósito autorizado del importador oficial y tener los vehículos como destino el depósito autorizado de la compareciente.
c)	Finalmente, en el supuesto habitual en que dichos vehículos tienen como destino su venta en Canarias, los mismos son objeto de solicitud de autorización para su despacho a consumo por parte de la consultante y, consecuentemente, liquida el IGIC por dicho despacho que, de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 20/1991, tiene la consideración de importación a efectos del IGIC. En la liquidación del IGIC la base imponible se determina de acuerdo con la regulación vigente a partir de la factura de compra del vehículo al importador oficial que, por tanto, tiene un importe superior al valor del vehículo en el momento de su introducción física en Canarias por incorporar el margen comercial (valor añadido) del importador oficial.
En relación con su actividad comercial, el consultante manifiesta igualmente que, respecto a las realizadas en el pasado año 2001, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 20/1991, ha adquirido en el presente ejercicio 2002 la condición de comerciante minorista.
Conforme a lo expuesto, el consultante cuestiona la aplicación en su actividad del régimen especial de comerciantes minoristas regulado en el artículo 58bis de la Ley 20/1991, cuya argumentación se centra en las siguientes circunstancias:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.27) de la Ley 20/1991, y aún cuando la consultante no realiza importaciones en Canarias de los bienes que comercializa y a los que afecta la nueva condición de ¿minorista¿ en el sentido de lo señalado en el artículo 8.1 de la Ley 20/1991 ¿es decir, no introduce bienes corporales en el ámbito territorial del IGIC ¿ dado que sí es cierto que lleva a cabo el despacho a consumo de los bienes (vehículos) que almacena en su depósito autorizado, y que ello constituye una importación de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 20/1991, el consultante manifiesta que parece que le correspondería satisfacer el recargo.
No obstante lo anterior, cuando se acude al artículo 58bis de la Ley 20/1991 resulta claro que el citado régimen especial consiste meramente en determinar la forma de realizar la exacción del recargo sobre las importaciones efectuadas por comerciantes minoristas. El recargo regulado en dicho artículo (y en el régimen especial que consiste meramente en ello) resulta de la aplicación a las importaciones de bienes sujetas y no exentas que realicen los comerciantes minoristas para su actividad y por el margen mayorista que se incorpore en la venta posterior de tales bienes.
Así, la consultante entiende que dicho recargo no resulta de aplicación a las importaciones (autorizaciones para el consumo de bienes situados en depósito solicitadas por ésta) de vehículos que realiza dado que, si bien se trata de ¿importaciones¿ sujetas y no exentas, no existe margen mayorista alguno que se incorpore en la venta posterior de dichos vehículos. Inexistencia de margen mayorista que resulta claro a la consultante atendiendo a las siguientes circunstancias:
a)	El margen mayorista que existe es el que obtiene el importador oficial en su venta a la consultante, y que el mismo es objeto de gravamen por el IGIC con ocasión del despacho a consumo que realiza la consultante al constituir base imponible del impuesto en dicha ¿importación¿. De forma que la exacción del recargo con motivo de la ¿importación¿ que realiza la consultante supondría un claro supuesto de doble imposición no adecuado a la normativa del IGIC y contrario a los principios del sistema tributario español.
b)	El hecho de que el importador oficial y la consultante hagan correcto uso de un depósito autorizado, cuya naturaleza no es otra que la de un régimen de diferimiento del devengo de los tributos de importación, puede determinar la modificación de la tributación por IGIC aplicable en relación con las mismas operaciones económicas que eventualmente fueran realizadas sin utilización de los referidos depósitos. Así, caso de no utilizarse los referidos depósitos, es evidente que la consultante estaría adquiriendo los vehículos a través de una venta interior, realizada por el importador oficial y, por tanto, no estaría sujeta en modo alguno al recargo ¿ por no llevar a cabo importación ni material ni formal ¿y, lo que es más significativo, no habría duda alguna de que la totalidad de su margen es ¿minorista¿ a efectos del gravamen por IGIC.
Interpreta la consultante que el recargo antes referido tiene la finalidad de gravar el margen mayorista cuando existiendo un solo operador en Canarias (puesto que importa materialmente sus mercaderías y las vende al consumidor final) se entiende que en dicho operador confluyen los márgenes mayorista y minorista; siendo el recargo la vía decidida para gravar el primero de ellos ¿ en base a una estimación ¿ y limitar la exención al margen mayorista como reflejo de la franquicia al consumo contemplada en nuestro tradicional régimen económico fiscal. Así, el citado recargo constituye claramente, a juicio del consultante, una medida equivalente pero opuesta a la establecida en el párrafo cuarto del precitado artículo 10.1.27) de la Ley 20/1991 y que tiene como objetivo en este caso garantizar la exención del margen ¿minorista¿ en las ventas a consumidores finales realizadas por comerciantes que no tienen la condición de minoristas precisamente en la asunción de que en tal caso confluyen en un solo operador los márgenes mayorista y minorista.
En tal sentido, se argumenta que este Centro Directivo se ha manifestado repetidas veces sobre la naturaleza del recargo indicando su carácter de ¿una especie de pago anticipado de la cuota de IGIC que habrá de devengarse en la entrega posterior del bien importado, margen minorista excluido¿, dándose la circunstancia de que en este caso la exclusión es del total del margen al no existir más margen en la consultante que el minorista. En tal sentido se citan las consultas resueltas por este Centro Directivo que constan en el libro ¿IGIC Consultas, Doctrina de la Dirección General de Tributos¿ editado en 1999, páginas 573 y 574 bajo la referencia 125-01-00-01.
Sobre la base de lo planteado con anterioridad, se afirma que tampoco será aplicable a la consultante lo dispuesto en el artículo 58 bis, apartado 8, de la Ley 20/1991, en cuanto a la liquidación e ingreso de la cantidad resultante de aplicar al valor de adquisición de las existencias inventariadas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, en la parte que corresponda a las importaciones de bienes realizadas desde el día 1 de enero de 1993, los tipos del citado impuesto y del recargo vigentes en la fecha de iniciación, ya que todas sus existencias de vehículos han sido adquiridas en la forma ya indicada al importador oficial en Canarias de las correspondientes marcas. Conforme a lo expuesto, se manifiesta que si la razón del régimen especial de comerciantes minoristas es la exacción del recargo sobre importaciones y el mismo no se aplica a la consultante, parece que no tiene sentido la inclusión de la consultante en dicho régimen especial.
Por último, asumiendo el consultante la no aplicación del recargo minorista en sus importaciones, cuestiona la forma en que, a efectos de la liquidación de los despachos a consumo de los vehículos situados en el depósito autorizado de la consultante, se instrumentará en la práctica la no exigibilidad del recargo regulado en el artículo 58 bis de la Ley 20/1991, ya que, en función de la respuesta a la cuestión enunciada en el apartado anterior, procedería la realización de alguna de las dos siguientes acciones por parte de la consultante:
a)	Comunicar la inclusión formal de la consultante en el régimen especial de comerciantes minoristas ¿ mediante la correspondiente declaración censal de modificación que notifique la iniciación del mismo ¿ si así parece correcto a este Centro Directivo.
b)	Presentar declaración censal de modificación que notifique la condición de comerciante minorista adquirida por la consultante ¿ de no considerarse procedente su inclusión en el régimen especial de comerciantes minoristas.
Respuesta: Es aplicable el Régimen Especial del Comercio Minorista, y, por tanto, están sometidas al recargo a que se refiere el artículo 58 bis de la Ley 20/1991 las importaciones de bienes sujetas y no exentas que realicen los comerciantes minoristas para su actividad comercial, incluidas aquellas importaciones consistentes en el despacho a consumo de bienes previamente incluidos en un régimen suspensivo de los derechos a la importación.