Source: https://es.scribd.com/doc/69040707/DECRETO-2649-DE-1993
Timestamp: 2016-02-13 04:58:58
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REGLAMENTO GENERAL DE LA
(Decreto Reglamentario 2649 de 1993)
En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República
para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 de diciembre de 1993 el Decreto
2649, por medio del cual se fijan los principios y normas contables generalmente
aceptados en Colombia.
El decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad
mercantil de diverso origen que venían rigiendo en el país hasta dicho momento y
efectúa algunas modificaciones, con lo cual quedaron derogados los decretos
reglamentarios 2160 de 1986, expedido con base en los artículos 50 y 2035 del
Código del Comercio; 1798 de 1990 sobre registro y los libros contables; y el 2912
de 1991 sobre ajustes integrales por inflación para efectos contables. En adelante,
las normas aplicables sobre estos diversos aspectos son las que aparecen en el
Decreto Reglamentario 2649 de 1993, el cual rige a partir del 1º de enero de 1994.
En líneas generales, no se aprecian modificaciones sustanciales sino simples
cambios o precisiones en cuanto a la denominación técnica de las normas,
definiciones, conceptos y reglamentaciones condicionadoras, para la comprensión
de las diversas materias que anteriormente aparecían en reglamentaciones
El Reglamento General de la Contabilidad se estructura en cuatro títulos, a
saber: el primero, sobre el marco conceptual de la contabilidad; el segundo,
referido a las normas técnicas; el tercero, de las normas sobre registros y libros; y
el cuarto, sobre disposiciones finales.
El primer título del decreto tiene como fin establecer los objetivos, cualidades y
principios de la contabilidad financiera en Colombia. Este tipo de contabilidad,
denominada financiera, es la que ha experimentado mayor desarrollo a nivel
internacional siendo su mayor impulsor el International Accountig Standards
Board, IASB; los estándares que emite este organismo se denominan IFRS,
El Decreto 2649 de 1993 inicia con la definición de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, tomada del artículo 6º de la Ley 43 de 1990, que
reglamentó la profesión de contador público en Colombia; continúa con los
objetivos y las cualidades de la información contable, para proseguir con la
reglamentación del conjunto de postulados que fundamentan y circunscriben tal
información, recogidos en las normas básicas contables, finalizando este título con
la normatividad referente a los estados financieros.
El uso del término “principios” ha sido criticado por muchos autores, quienes
acusan que de esta forma indebidamente se señalan verdades absolutas en
materia de información contable. Sin embargo, se aprecia que el fundamento del
decreto está respaldado por las modernas doctrinas contables, que ven en los
principios de contabilidad guías de acción para permitir alcanzar en adecuada
forma los objetivos generales de la misma; es decir, identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna, sin considerarlos fundamentos
acabados e inamovibles. En este sentido, en el artículo 138 se prevé la
conformación del consejo permanente para la evaluación de las normas sobre
contabilidad, lo que posibilitaría mantener en consonancia los principios con la
dinámica del entorno socioeconómico.
El reglamento general y los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados deben ser observados por todas las personas a quienes la ley obliga a
llevar contabilidad, entre otros, los siguientes sujetos:
— Los comerciantes, es decir, las personas que profesionalmente se ocupan
directa o indirectamente en algunas de las actividades que la ley considera
mercantiles, en virtud del artículo 19, numeral 3º del Código de Comercio.
— Los comerciantes que se encuentren sometidos a estatutos especiales,
como es el caso de los vigilados por entidades gubernamentales, las
superintendencias. Según el artículo 137 del Decreto Reglamentario 2649 de
1993, las normas especiales dictadas por otras autoridades distintas al Presidente
para regular la contabilidad de ciertos entes, están subordinadas a las
disposiciones contenidas en el título primero y en el capítulo I del título segundo de
este decreto (marco conceptual de la contabilidad y normas técnicas generales).
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-452 del 3 de junio de 2003,
señaló que la facultad de las superintendencias y órganos de control para aprobar
normas en materia contable, está supeditada a la Constitución y a la ley y a las
normas que determine el Contador General de la Nación.
— Las entidades sin ánimo de lucro, por lo dispuesto en la Ley 190 de 1995,
artículo 45 y la Ley 50 de 1984 en su artículo 17, norma ésta compilada por el
artículo 364 del estatuto tributario, y reglamentada por los decretos 1900 y 2500
de 1986, deben llevar contabilidad y, por tanto, se sujetan al Decreto
Reglamentario 2649 de 1993. Se excluyen algunas entidades como, las juntas de
defensa civil, conferencias episcopales, y de superiores mayores, iglesias,
parroquias y seminarios.
Las organizaciones de acción comunal en materia contable deberán aplicar los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y, en lo
que corresponda a su naturaleza, las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 y
demás normas que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con lo señalado en el
Decreto Reglamentario 2350 del 20 de agosto del 2003.
Con respecto a las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y
las asociaciones mutuales, se concluye que se les aplica el mencionado decreto,
debido a que se definen como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de
Las cooperativas, los organismos cooperativos de grado superior, las
instituciones auxiliares del cooperativismo y los institutos de financiamiento,
educación, investigación y desarrollo cooperativo que tengan autonomía
económica y administrativa están obligados a llevar contabilidad, lo mismo que los
Las organizaciones sindicales se rigen por las disposiciones especiales que en
cuanto a registro de libros y exigencias contables les sean aplicables, aunque no
están obligadas a registrar los libros de contabilidad ante las administraciones de
En general, el decreto debe ser observado por todas las personas legalmente
obligadas a llevar contabilidad, y para quienes no estén obligados, pretendan
hacerla valer como prueba.
Un avance significativo en cuanto al ámbito de aplicación, consiste en exigir que
la contabilidad que se desee hacer valer como prueba en trámites judiciales o
administrativos esté sujeta a la observancia del decreto; de no ser así, se genera
una ineficacia probatoria por considerarse que se está ante una contabilidad
irregular que en ningún caso prueba a favor.
Las características cualitativas de la información contable son aquellos atributos
de la misma, que son necesarios para satisfacer sus objetivos básicos. El decreto
establece que la información debe ser:
Comprensible: clara y fácil de entender.
Útil: pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee valor de
retroalimentación, valor de predicción y es oportuna; y es confiable cuando es
neutral, verificable y representa fielmente los hechos económicos.
Comparable: Cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados
financieros de la comisión de estándares internacionales de contabilidad, IASC
(hoy IASB), determina que las características cualitativas son los atributos que
proporcionan a la información contenida en los estados financieros la utilidad para
los usuarios de los mismos. Este marco conceptual establece cuatro
características principales: la comprensibilidad, la relevancia, la confiabilidad y la
Las normas básicas representan el conjunto de postulados, conceptos y
limitaciones que circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce
de las cualidades indicadas anteriormente. En general, estas normas aportan un
avance significativo en las bases teóricas para la generación de información
contable al introducir principios como: ente económico, realización, continuidad,
valuación o medición y mantenimiento de capital.
Reviste singular importancia el principio de revelación plena, mediante el cual el
ente económico debe informar de manera completa todos aquellos aspectos
necesarios para la comprensión de sus estados financieros de propósito general.
La Ley 222 de 1995 abordó el tema de los estados financieros, indicando normas
relativas a los estados financieros certificados y dictaminados, la autenticidad de
los estados financieros, su publicidad, los efectos de su ausencia, la facultad de
las entidades gubernamentales para ordenar su rectificación, la obligación de
prepararlos y difundirlos, el deber de las sociedades matrices o controlantes de
presentar estados financieros consolidados, etc.
Toda vez que los usuarios de los estados financieros tienen necesidades
diferentes, los informes contables deberán prepararse y presentarse considerando
que su propósito final es cubrir dichas necesidades. Aunque muchos de estos
usuarios pueden consultar información adicional a la suministrada en los estados
financieros, generalmente se confía en ellos como principal fuente de información
financiera. La principal responsabilidad, con relación a la presentación y
preparación de los estados financieros, corresponde a los administradores de la
empresa y a ella misma interesa la información que contienen los estados, a pesar
de contar con otras fuentes que le ayudan a llevar a cabo su planificación y
De conformidad con las directrices contenidas en el Decreto 2649 de 1993 los
estados financieros pueden ser clasificados, así:
a. De acuerdo con sus destinatarios o usuarios de la información:
Los estados financieros se clasifican en estados financieros de propósito general
y estados financieros de propósito especial. Los primeros son los que se preparan
para ser conocidos por usuarios indeterminados e incluyen los estados financieros
básicos y los consolidados. Los estados de propósito especial, se preparan para
satisfacer necesidades específicas de información, siendo su uso limitado (el
balance inicial, los estados financieros de períodos intermedios, los de costos, el
de inventario, los financieros extraordinarios, los de liquidación, los presentados a
autoridades con sujeción a sus instrucciones y los estados que se preparan con
bases contables distintas a los principios de contabilidad generalmente
aceptados).
Los usuarios de la contabilidad se pueden agrupar en dos:
Usuarios internos, quienes tienen un interés directo con la empresa como
propietarios y accionistas, directores, gerentes, jefes de departamento, empleados
y sindicatos, etc. Cuentan con otras fuentes adicionales de información y tienen la
posibilidad de determinar, por tener autoridad jerárquica o poder legal, la forma y
contenido de la información financiera de modo que satisfaga sus necesidades.
Usuarios externos, quienes se distinguen por tener un interés indirecto,
relacionado no tanto con la empresa sino con su influencia en el entorno socio-
económico; entre ellos están: los inversionistas, prestamistas, acreedores,
proveedores, clientes, cámaras de comercio, asociaciones gremiales y público en
general. No todas las necesidades de información de estos usuarios pueden
quedar cubiertas por la contabilidad, toda vez que los estados financieros reflejan
los efectos de sucesos y transacciones financieras anteriores y no contienen
información distinta de la financiera.
b. De acuerdo con su comparabilidad:
Los estados financieros de propósito general se deben preparar y presentar
sobre una base temporal (comparar períodos de una misma duración) y, de no
ser posible, con base en una comparabilidad operacional (comparar lapsos iguales
del ciclo de operaciones).
c. De acuerdo con su preparación y examen:
Los estados financieros pueden ser certificados o dictaminados.
Es función de la contabilidad agrupar los hechos económicos que tienen relación
directa o pueden influir de una u otra manera en la estructura financiera de una
entidad; para ello, las transacciones y otros sucesos se pueden agrupar en
categorías, las cuales son denominadas en el decreto “elementos de los estados
Los elementos se pueden clasificar según se relacionen con la medición de la
situación financiera en el balance general, o con la medición de las actividades en
En la primera clasificación se encuentran los activos, los pasivos u obligaciones
y el patrimonio. A la segunda corresponden los ingresos, costos y gastos.
La revaluación o corrección de los activos y pasivos por efecto de la exposición a
la inflación da lugar a un incremento o decremento en el patrimonio neto. Aunque
tal variación cumple con las características de ingreso o gasto, se prefiere hacer
mención de ella como un elemento aparte llamado corrección monetaria, por su
especial relación con el concepto de mantenimiento del capital.
Cuando una partida no cumpla con las condiciones necesarias para ser
reconocida y, por ende, no pueda quedar incorporada al balance general o al
estado de resultados, bien sea porque se aparta de las definiciones de los
elementos, según son consagrados en el decreto, o porque no satisface los
criterios para su reconocimiento, puede ser relacionada fuera del cuerpo del
balance en las denominadas cuentas de orden.
El título segundo del Decreto 2649 de 1993 contiene normas técnicas de carácter
general y particular. El capítulo primero incorpora normas técnicas de carácter
general que regulan el ciclo contable; el capítulo segundo se refiere a normas
técnicas específicas sobre activos, pasivos, patrimonio, cuentas de resultados,
cuentas de orden, operaciones descontinuadas y empresas en liquidación; y, por
último, el capítulo tercero incorpora normas técnicas sobre revelaciones.
Las normas técnicas generales regulan el ciclo contable o proceso que debe
seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y
transmiten en forma correcta a los usuarios de la información, es decir, es un
sistema para el reconocimiento, registro, clasificación y comunicación de
información de contenido financiero. La secuencia de este proceso comprende, en
síntesis, cuatro etapas: recolección, registro, clasificación y resumen. Hasta este
punto, se puede decir que se ha completado el proceso de creación de
información, pero la contabilidad tiene como objetivos no sólo generarla, sino
utilizarla adecuadamente; por esta razón, se encarga de interpretar, analizar y
evaluar la información, concluyendo el ciclo en realidad cuando se transmite al
De acuerdo con las fases generales de los sistemas de información, se pueden
agrupar las normas técnicas básicas, así:
Fase de entrada de la información. A ella están dirigidas las normas de
reconocimiento y causación o acumulación.
Fase de procesamiento. Se regula por las normas de medición de las
transacciones, entre éstas, medición al valor histórico, moneda funcional, ajuste de
la unidad de medida, provisiones, contingencias y por las normas sobre registro
como asignación, diferidos, asientos, ajustes y clasificación.
Resulta de singular importancia la norma técnica de clasificación, pues con base
en ésta se han expedido los planes únicos de cuentas existentes actualmente en
el país, cuyo objetivo es propender por la uniformidad en el registro de las
Fase de salida. Allí se ubican las normas técnicas relacionadas con la función
de informar, como la verificación de las afirmaciones, tratamiento de informaciones
conocidas después del cierre y antes de la emisión de estados financieros.
Cabe resaltar que esta clasificación no es definitiva, el sistema debe ser
entendido con fases interactivas que conllevan en últimas que en cada una se
considere la totalidad de las normas; simplemente, se ha querido agruparlas de
esta forma, teniendo en cuenta su identificación directa con alguna de las fases.
Las normas técnicas específicas son las que están directamente relacionadas
con los elementos de los estados financieros. En este sentido, el Decreto
Reglamentario 2649 de 1993 se refiere a normas relativas a los activos, pasivos,
patrimonio, cuentas de resultado, cuentas de orden y las relacionadas con las
operaciones descontinuadas y empresas en liquidación.
En cuanto a las normas técnicas aplicables a los activos, pasivos y patrimonio,
se hará mención sólo de algunos conceptos y métodos que al respecto fueron
referidos en el decreto.
Con relación al valor contable de las inversiones, la norma correspondiente
señala que en general éstas se contabilizan por su costo histórico, ajustado en
primera instancia por efectos de la inflación y en segunda al valor de realización,
mediante el reconocimiento de provisiones o valorizaciones. No se menciona si la
base para la valuación está conformada por la cartera de inversiones en conjunto,
ya sea el total o por categorías de inversión, o sobre la base de las inversiones
Para las inversiones en subordinadas (C. Co., arts. 260 y 261, modificados por
los arts. 26 y 27 de la L. 222/95, respectivamente; y art. 35, inc. 3º de la misma ley;
art. 61 del D.R. 2649/93), el método de contabilización varía dependiendo de su
destinación, es decir, si se piensan enajenar inmediatamente o no.
En el primer caso se contabilizan bajo el método del costo, de acuerdo con el
cual un inversionista registra al costo su inversión en la compañía en que
interviene. El inversionista reconoce utilidades sólo hasta el importe que recibe de
distribuciones de utilidades netas acumuladas de la compañía en la que ha
invertido, originadas con posterioridad a la fecha de adquisición. Las distribuciones
recibidas en exceso a esas utilidades se consideran una recuperación de la
En la segunda hipótesis, se contabilizan por el método de participación, esto es,
la inversión se registra inicialmente al costo. Después de la fecha de adquisición el
valor en libros se aumenta o disminuye para reconocer la participación del
inversionista en las utilidades o pérdidas de la sociedad en que ha invertido. Las
utilidades recibidas de la compañía en que se invierten, reducen el valor en libros
de la inversión. También se deben hacer ajustes al valor en libros por alteraciones
en el interés proporcional del inversionista en la compañía en la que se invierte,
resultantes de cambios en el capital contable de dicha compañía que no se hayan
incluido en el estado de resultados; esos cambios incluyen los que se originan por
la revaluación de propiedades, planta, equipo e inversiones, por diferencias en la
conversión de moneda extranjera y por el ajuste de diferencias que surgen en las
Las superintendencias Bancaria y de Valores, hoy fusionadas en la
Superintendencia Financiera de Colombia; de Sociedades y de la Economía
Solidaria, han establecido criterios para la clasificación, valoración y
contabilización de inversiones, que deben ser aplicados por sus entidades
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar efectivo y otros bienes
y servicios. Al cierre de cada período debe evaluarse su recuperabilidad y
reconocer las contingencias de pérdida valoradas mediante métodos de
reconocido valor técnico.
Desde el punto de vista fiscal se aceptan dos métodos para evaluar la
recuperabilidad de las cuentas por cobrar, el método individual y el método
general. El primero considera como provisión un 33% de la cartera vencida más
de un año y, el segundo clasifica la cartera por edades y establece, para cada
rango, un porcentaje de provisión sobre el valor de la cartera.
Los organismos de vigilancia y control han establecido criterios para la valoración
de las cuentas por cobrar y cartera de créditos de sus entes vigilados, por ejemplo:
Circ. Externa 002/98, Supervalores*; Circ. Externa 13/2003, Supersolidaria; Circ.
Externa 100/95, Superbancaria*.
Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso
normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de
producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros bienes que
van a ser vendidos.
Para efectos de la valoración contable, el decreto inicialmente había autorizado
cuatro (4) métodos: PEPS (primeras en entrar, primeras en salir), UEPS (últimas
en entrar, primeras en salir), el promedio ponderado, o el de identificación
específica; sin embargo, la misma norma establece qué disposiciones especiales
pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico. Es
así como la Ley 223 de 1995, en su artículo 72, considera el “Retail” como método
de valoración de inventarios aceptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Los métodos tienen en común el uso de costos históricos, a diferencia de
métodos como el SEPS (siguientes entradas, primeras salidas) y el del precio de
la última compra.
La norma establece que al cierre del período los inventarios deben ajustarse a su
valor neto de realización para reconocer en el estado de resultados las
contingencias de pérdida asociadas con los inventarios.
El método para la valuación de los inventarios deberá aplicarse en la contabilidad
de manera uniforme, durante todo el año gravable, debiendo reflejarse en
cualquier momento del período en la determinación del inventario y del costo de
ventas; el cambio del método de valuación, el uso parcial del sistema de inventario
periódico y la adopción de sistemas de reconocido valor técnico, deben ser
aprobados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según lo
señalado por el Decreto 1333 de 1996 y la Resolución 3830 del mismo año
emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Además, según la
primera norma citada, a partir del 1º de enero de 1997 se restringe el uso del
sistema de inventarios periódico para los contribuyentes obligados a firmar su
declaración de renta por contador público o revisor fiscal, situación que ya había
sido contemplada desde la Ley 174 de 1994.
En relación con los ajustes integrales por inflación para los inventarios, la
reforma tributaria de 1998 (L. 488/98), a través de sus artículos 11 y 154, los
eliminó, señalando en su artículo 14 que las modificaciones introducidas a este
sistema tienen efectos contables.
Mediante los artículos 21 y 22 de la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002,
reforma tributaria, se modificaron los artículos 338 (ajuste de los demás activos no
monetarios) y 353 inciso segundo (bases para los ajustes fiscales) del estatuto
tributario, respectivamente.
La modificación al artículo 338 del estatuto tributario, consistió en eliminar la
siguiente frase: “con excepción de los inventarios y de las compras de
mercancías o inventarios”; la modificación al inciso 2º del artículo 353 del mismo
estatuto, fue eliminar la siguiente frase: “lo previsto en este inciso, no se
aplicará en el caso de inventarios”.
Con el Decreto 416 del 21 de febrero del 2003, se reglamentó el artículo 338 del
estatuto tributario; su artículo 1º, en el parágrafo, señaló que el valor del
inventario al final del ejercicio, incluidos los ajustes por inflación, debe
coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la
No obstante lo anterior, las autoridades contables competentes no se han
manifestado expresamente, acerca de los efectos de estas disposiciones
tributarias sobre los artículos pertinentes del Reglamento General de la
Contabilidad y del PUC para comerciantes, con excepción de la Superintendencia
de Sociedades, quien se pronunció sobre el tema mediante la Circular Externa 3
del 18 de junio del 2003, acogiendo lo señalado por el Decreto Reglamentario 416
En este mismo sentido, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante
Sentencia 14129 del 29 de junio del 2006, dejó claro que no es válido afirmar que
por la omisión de la Ley 788 del 2002 sobre el tema de los efectos contables de
los ajustes integrales por inflación para los inventarios, se habría eliminado la
obligación de ajustarlos.
De acuerdo con lo anterior, los textos pertinentes en la presente edición del PUC
se destacan con doble asterisco**, para llamar la atención de los efectos de las
normas de la Ley 788 de 2002, referidas al tema del sistema de ajustes integrales
por inflación, al tiempo que se incluye una nota de advertencia al final de la
Esta nota de advertencia constituye un elemento de análisis en las implicaciones
contables que podrían derivarse de la eliminación de los ajustes integrales por
inflación que prevé el Proyecto de Ley de reforma tributaria 039/06 Cámara -
043/06 Senado, la cual al cierre de la presente edición no había sido sancionada.
Por su parte, las superintendencias Bancaria*, de Valores*, y la de la Economía
Solidaria (Circ. Externa 14/2001, Circ. Externa 6/2002 y Res. 632/2001, de cada
entidad respectivamente), eliminaron los ajustes integrales por inflación para
efectos contables. Con respecto a la Superintendencia de la Economía Solidaria,
cabe anotar que la Circular Externa 13 del 30 de julio del 2003, circular básica
contable y financiera, señala que las resoluciones y circulares externas como las
cartas circulares expedidas por esta entidad, en materia contable y financiera
hasta la fecha de la Circular Externa 13, quedan derogadas.
Igualmente, la Superintendencia de Subsidio Familiar, mediante la Resolución
271 del 2005, suspendió para efectos contables la aplicación de los ajustes por
inflación para las cajas de compensación familiar y demás entidades sujetas a su
vigilancia y control, a partir del 1º de enero del 2006.
En octubre del 2002, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública expidió un
documento acerca de la eliminación de los ajustes integrales por inflación por
parte de las superintendencias, en el cual se aparta del proceder de las mismas,
fundamentándose en el artículo 137 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993,
que señala que el ejercicio de facultades reguladoras en materia contable por
autoridades distintas al Presidente de la República, está supeditado a las
disposiciones contenidas en el título primero y capítulo primero del título segundo
de este mismo decreto, dentro de los que se encuentra la norma de ajuste a la
unidad de medida (§ 0220).
El registro de propiedad, planta y equipo se lleva a cabo sobre la base del costo
histórico incrementado con las adiciones, mejoras y reparaciones ajustados por
inflación al igual que su depreciación acumulada. El valor neto de estos activos así
ajustado debe a su vez también llevarse a su valor de realización, actual o
presente mediante avalúos técnicos. El tratamiento de los gastos financieros
capitalizados también está contemplado en norma separada dentro del mismo
reglamento contable.
Además, la norma permite actualizar el valor del activo entre un avalúo y otro
mediante otros métodos, como la indexación, es decir, con base en indicadores
específicos de precios. La norma no indica un procedimiento específico para el
tratamiento contable de los retiros y bajas de propiedad, planta y equipo; por tanto,
cualquier método que cumpla con las normas básicas es aceptable.
Normas técnicas aplicables a los pasivos
Con respecto a las normas técnicas de los pasivos, se destaca la norma que
señala la obligación de registrar el impuesto de renta por pagar según el método
del diferimiento, descartándose, por consiguiente, el método de pasivo, en el cual
los efectos esperados de impuestos sobre diferencias temporales se determinan y
presentan, ya sea como pasivos por impuestos por pagar en el futuro o como
activos que representan pagos anticipados de impuestos futuros. No obstante, al
definir un método para la contabilización del efecto de los impuestos, no especificó
si debe aplicarse a todas las diferencias temporales o se excluyen algunas,
cuando exista seguridad sobre la no reversión de sus efectos en un período
En relación con los pasivos pensionales, en el año de 1998 se efectúo una
modificación al artículo 77 del Reglamento General de la Contabilidad, mediante el
Decreto Reglamentario 1517, el cual se refirió a la forma de efectuar la
amortización de las reservas actuariales de los pasivos por pensiones de
jubilación; y en el año 2003, el Decreto Reglamentario 51 del 13 de enero adiciona
el parágrafo 4º al artículo 77 del Reglamento General de la Contabilidad,
refiriéndose al tema de la amortización del cálculo actuarial para entes
económicos diferentes a los vigilados por la Superintendencia Bancaria*.
Normas técnicas aplicables al patrimonio
Sobre las cuentas de patrimonio, se resalta la consideración que se hace sobre
la revalorización del patrimonio, en el sentido que dicha cuenta sólo puede
distribuirse como utilidad cuando el ente económico se liquide, o capitalice su valor
de acuerdo con las normas legales. Vale la pena también mencionar la norma
sobre el ajuste por inflación al patrimonio que ha sufrido variaciones por el año
(art. 93), modificada mediante el Decreto Reglamentario 1446 de 1994, artículo 1º,
al precisar la noción del PAAG mensual acumulado y los conceptos que pueden
determinar el ajuste por disminuciones del patrimonio del ente económico.
Un tercer grupo de normas técnicas es el de las normas técnicas sobre
revelaciones como reglas aplicables a los estados financieros de propósito
general. Estas normas se satisfacen con la preparación de las notas a los estados
financieros para las cuales se establece el contenido mínimo y cuya
responsabilidad es del administrador del ente.
La Ley 222 de 1995 en su artículo 36, dispone que los estados financieros y las
notas que los acompañan conforman un todo indivisible y deben prepararse
siguiendo los lineamientos señalados en los principios de contabilidad
Normas sobre registros y libros
En el título tercero del Decreto 2649 de 1993 se incorporan las normas
relacionadas con los documentos en los cuales el ente contable asienta, registra,
deja evidencia o comprobación de sus operaciones para su propio uso o el de
terceros, éstos son los soportes internos y externos que acompañan los
comprobantes de contabilidad.
Desde el punto de vista tributario, la reglamentación más importante en materia
de soportes ha sido la de la factura. Si bien contablemente no se han establecido
unos requisitos mínimos que deben llevar estos documentos, fiscalmente sí existe
una reglamentación clara para que puedan ser aceptados como soporte de costos,
deducciones e impuestos descontables. Al respecto, la legislación fiscal ha
considerado los requisitos de las facturas, expedición de las mismas y casos en
los que no se requiere, no obligados a facturar, documentos equivalentes y
sustitutivos de la factura, requisitos de la factura de venta y de los documentos
equivalentes a la factura, factura electrónica, factura por computador, y sistema
técnico de control a través de la numeración, entre otros.
En cuanto a los libros de contabilidad, medio a través del cual se obtienen los
datos con destino a la preparación de los estados financieros, el reglamento
precisa las normas para su registro, exhibición, conservación, destrucción, pérdida
Aunque ni en la legislación contable, ni en la mercantil, se han establecido cuáles
son los libros de contabilidad que deben llevar los comerciantes, la doctrina y la
costumbre mercantil han señalado algunos libros como necesarios o
indispensables más que obligatorios. Los libros necesarios son: diario, mayor y
balances y, de inventarios y balances.
Ahora bien, con la Ley 222 de 1995, se otorgaron facultades al gobierno nacional
para la reglamentación en materia de establecer los libros que deben elaborarse,
reglas para su utilización, registro, conservación, consulta, reproducción y
destrucción. Sin embargo, ante el fallo de inexequibilidad proferido por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-290 del 16 de junio de 1997, esta
reglamentación se limita a determinar cuáles son los libros, comprobantes y
soportes que deberán elaborarse y sus requisitos mínimos.
Sobre este tema, el CTCP se pronunció mediante la Orientación Profesional 5
del 13 de mayo del 2003 y la Orientación Profesional 7 del 30 de septiembre del
mismo año, la cual se refirió a los libros de contabilidad que deben llevar las
entidades de propiedad horizontal y las unidades inmobiliarias cerradas.
En el título cuarto llamado “disposiciones finales”, se señalan los criterios
considerados en el evento de presentarse conflictos de normas, así como la
integración y función principal del consejo permanente para la evaluación de las
normas sobre contabilidad.
Esta edición incorpora el texto completo del Decreto Reglamentario 2649 de
1993 con las modificaciones de los decretos 1446 de 1994, 2337 de 1995, 1517
de 1998 y 51 de 2003 (0090, 0093, 0095, 0100, 0160, 0176, 0220). En el siguiente
cuadro se presenta un resumen de las modificaciones o adiciones realizadas:
D.R. 2649/93
(arts. modificados o
adicionados)
interno (§)
Ajuste por inflación del patrimonio que ha
sufrido aumentos o disminuciones en el año
1446/94, art.
Norma básica de continuidad
2337/95, art.
Norma básica de valuación o medición
Norma básica de realización
Norma básica de prudencia
Facultades reguladoras en materia contable
Amortización de los pasivos pensionales
1517/98, art.
51/2003, art.
NOTAS: 1. Armonización contable: La Ley 550 de 1999, en su artículo 63, determinó que en
aras de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información, el Gobierno Nacional
efectuará una revisión no solo de las normas contables, sino también de las de auditoría y revisoría
fiscal, con el fin de ajustarlas a los parámetros internacionales, y proponer los cambios pertinentes
al Congreso de la República (§ 0084-2).
Esta ley tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2004 y fue prorrogada por dos años más,
mediante la Ley 922 del 2004. Al cierre de la presente edición del PUC Legis se encontraba en
discusión en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 154 del 2006 Cámara/207 del 2005
Senado, que establece el Régimen de Insolvencia de la República de Colombia. El artículo 122 del
mencionado Proyecto de Ley se refiere a la armonización de normas contables y subsidio de
liquidadores y reproduce el texto del artículo 63 de la Ley 550 de 1999.
En Colombia el debate de adoptar o adaptar los estándares internacionales de contabilidad y
auditoría y sus efectos, ha ocupado la atención de organismos como universidades, entidades
públicas, Consejo Técnico de la Contaduría Pública y agremiaciones profesionales de diferentes
corrientes ideológicas, quienes han estado analizando el tema para llegar a establecer
conclusiones y proponer recomendaciones que favorezcan al país.
2. Reglamentación de los principios de contabilidad: En materia de reglamentación de los
principios de contabilidad, la Corte Constitucional, en Sentencia C-290 del 16 de junio de 1997,
declaró inexequible parcialmente el artículo 44 de la Ley 222 de 1995, por medio de la cual se
otorgaban facultades al Gobierno Nacional entre otros aspectos para reglamentar dichos principios.
Únicamente continúa vigente la facultad reglamentaria para las normas de auditoría de general
aceptación, los libros, comprobantes y soportes, y sus requisitos mínimos.
*3. De acuerdo con el artículo 1º del Decreto 2739 de 1991, la Comisión Nacional de Valores se
denominó en adelante Superintendencia de Valores. A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha
de la publicación del Decreto 4327, se fusionó la Superintendencia Bancaria de Colombia con la
Superintendencia de Valores, originando en adelante la Superintendencia Financiera de Colombia.
[§ 0084] ART. 1º—Definición. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 43 de
1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben
ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y
actividades de personas naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna (§ 0033, 0221).
NOTAS: 1. El inciso primero es reproducción textual del artículo 6º de la Ley 43 de 1990,
reglamentaria de la profesión de contador público (§ 0014).
2. Los PCGA priman y deben aplicarse por encima de cualquier otra norma, salvo las superiores.
Su aplicación es supletiva, si se utiliza una base comprensiva de contabilidad distinta de ellos. Las
cuentas de orden fiscales o de control se usan cuando se requiera su registro por normas distintas
e incompatibles con los PCGA.
[§ 0084-1] L. 222/95.
ART. 44.—Expedición de reglamentos*. Corresponde al Gobierno Nacional expedir la
reglamentación sobre:
1. Las normas de auditoría generalmente aceptadas.
2. Los libros, comprobantes y soportes que deberán elaborarse para servir de fundamento de los
estados financieros, así como los requisitos mínimos que deberán cumplir unos y otros (§ 0206).
*NOTA: Este artículo se transcribe de acuerdo con la redacción contenida en la parte resolutiva
de la Sentencia C-290 del 16 de junio de 1997, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad parcial del numeral 1º y la inexequibilidad total de los numerales 3º, 4º y 5º y del
inciso final del artículo 44 de la Ley 222 de 1995. El texto completo del artículo, antes de las
inexequibilidades, decía:
“ART. 44.—Expedición de reglamentos. Corresponde al Gobierno Nacional expedir la
1. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de auditoría generalmente
aceptadas y las demás normas reglamentarias sobre la materia. Tales principios comprenderán,
entre otros temas, el marco conceptual de la contabilidad, así como disposiciones sobre
reconocimiento, estados financieros, libros, comprobantes y soportes.
estados financieros, así como los requisitos mínimos que deberán cumplir unos y otros.
3. Los libros que deberán registrarse, los requisitos de tal registro y la entidad ante quien se deba
cumplir la diligencia correspondiente (§ 0209).
4. Las reglas que deberán observarse para la conservación, consulta, reproducción y destrucción
de los documentos indicados en el numeral 2º de este artículo (§ 0217).
5. Los casos en los cuales deban presentarse estados financieros comparativos, indicando la
forma de hacerlo, así como los períodos que deberán incluirse en la comparación (§ 0115).
Continuarán vigentes las facultades que en materia de contabilidad e información actualmente
tienen las entidades gubernamentales del orden nacional. Las normas que expidan dichas
entidades deberán sujetarse al marco conceptual y a las técnicas generales que sean expedidas
por el gobierno”.
[§ 0084-2] L. 550/99.
ART. 63.—Armonización de las normas contables con los usos y reglas internacionales.
Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre
a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de
contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los
parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.
NOTA: Mediante la Ley 922 del 2004 se prorrogó la vigencia de la Ley 550 por dos años más,
contados a partir del 31 de diciembre del 2004.
Al cierre de la presente edición del PUC Legis se encontraba en discusión en el Congreso de la
República, el Proyecto de Ley 154 del 2006 Cámara/207 del 2005 Senado, que establece el
Régimen de Insolvencia de la República de Colombia. El artículo 122 del mencionado Proyecto de
Ley se refiere a la armonización de normas contables y subsidio de liquidadores y reproduce el
texto del artículo 63 de la Ley 550 de 1999.
[§ 0085] ART. 2º—Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado
por todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar
Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba (§ 0228).
NOTA: Dentro de las personas obligadas a llevar contabilidad se encuentran los comerciantes
(C.Co., art. 19, num. 3º) y algunas personas naturales y jurídicas sin ánimo de lucro (D.R. 2500/86,
art. 2º; E.T., art. 364; L. 101/93, art. 127; L. 190/95, art. 45; L. 675/2001, art. 51; L. 743/2002, art.
72 , lit. g); D.R. 2350/2003, art. 27, par.).
[§ 0086] ART. 3º—Objetivos básicos. La información contable debe servir
fundamentalmente para:
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad (§ 0099, 0103, 0105 y ss.).
[§ 0087] ART. 4º—Cualidades de la información contable. Para poder
satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la
cual represente fielmente los hechos económicos.
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes
(§ 0101, 0115).
NOTA: Estas cualidades se pueden esquematizar de la siguiente forma:
[§ 0088] ART. 5º—Definición. Las normas básicas son el conjunto de
postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la
información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el
NOTA: En general, las trece normas aportan un avance significativo en las bases teóricas para la
generación de información contable al introducir principios y conceptos tan importantes como: ente
económico, realización, continuidad, valuación o medición y mantenimiento de capital, entre otros.
[§ 0089] ART. 6º—Ente económico. El ente económico es la empresa, esto es,
la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se
predica el control de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma
tal que se distinga de otros entes (§ 0084, 0090, 0092).
NOTA: La Ley 222 de 1995 reforma parcial del Código de Comercio creó un nuevo ente
económico: “la empresa unipersonal” ente que puede ser constituido por una persona natural o
jurídica, mediante la destinación de parte de sus activos a actividades mercantiles.
[§ 0090] ART. 7º—Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben
contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no
funcionando normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico
no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo.
Al evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que
asuntos tales como los que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente
económico no continuará funcionando normalmente:
1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo,
flujos de efectivo negativos).
2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones,
problemas de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes).
3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de
operar, huelgas, catástrofes naturales).
PAR.—Adicionado. D. R. 2337/95, art. 1º. La aplicación del valor de realización
o de mercado definido en el artículo 10 del presente decreto, como criterio de
medición no constituye por sí mismo un indicador de pérdida de la continuidad del
ente económico (§ 0089, 0092, 0098, 0130, 0188, 0198).
[§ 0091] ART. 8º—Unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos
económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida.
La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el
ente principalmente obtiene y usa efectivo (§ 0093, 0133, 0134, 0140).
NOTA: Según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 21 (Efectos de las variaciones en los
tipos de cambio de la moneda extranjera, revisado en marzo del 2004) para determinar la moneda
funcional de una entidad se consideran los siguientes factores: a) La moneda que influye en los
precios de venta de bienes y servicios, b) La moneda del país cuyas fuerzas competitivas
determinan los precios de venta de bienes y servicios, c) La moneda que influye en los costos de
producción de los bienes y servicios (costos laborales, materias primas y otros costos), d) La
moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación, e) La moneda en la
que se mantienen los importes cobrados de las actividades de explotación.
[§ 0092] ART. 9º—Período. El ente económico debe preparar y difundir
periódicamente estados financieros, durante su existencia.
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las normas
legales y en consideración al ciclo de las operaciones.
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico
debe emitir estados financieros de propósito general (§ 0089, 0090, 0102 y ss.,
0143).
NOTA: Los términos período contable y ciclo contable son diferentes; mientras que por el
período contable se entiende el lapso en el cual una organización mide sus resultados
operacionales, el ciclo contable hace referencia al proceso que se sigue en un ente económico,
tendiente a garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan y transmitan efectivamente
a los usuarios de la información contable. El ciclo contable abarca desde el registro en
comprobantes contables hasta la preparación y presentación de estados financieros y su
consignación en libros.
[§ 0093] ART. 10.—Valuación o medición. Tanto los recursos como los hechos
económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos
de la unidad de medida (§ 0091, 0140).
Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de medición aceptados el valor
histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente.
Valor o costo histórico es el que representa el importe original consumido u
obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un
hecho económico. Con arreglo a lo previsto en este decreto, dicho importe debe
ser reexpresado para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el
poder adquisitivo de la moneda (§ 0132, 0134, 0151 a 0153, 0156, 0165, 0175,
0177, 0190 a 0192).
Valor actual o de reposición es el que representa el importe en efectivo, o en su
equivalente, que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar
una obligación, en el momento actual.
Valor de realización o de mercado es el que representa el importe en efectivo, o
en su equivalente, en que se espera sea convertido un activo o liquidado un
pasivo, en el curso normal de los negocios. Se entiende por valor neto de
realización el que resulta de deducir del valor de mercado los gastos directamente
imputables a la conversión del activo o a la liquidación del pasivo, tales como
comisiones, impuestos, transporte y empaque. (§ 0146).
Valor presente o descontado es el que representa el importe actual de las
entradas o salidas netas en efectivo, o en su equivalente, que generaría un activo
o un pasivo, una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada o, a
falta de ésta, a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y
corporaciones financieras para la expedición de certificados de depósito a término
con un plazo de 90 días (DTF), la cual es certificada periódicamente por el Banco
de la República (§ 0132 a 0134, 0144, 0145, 0147).
PAR.—Adicionado. D.R. 2337/95, art. 2º. Para la determinación del valor de
realización o de mercado de que trata el presente artículo, se utilizarán los
sistemas especiales de valoración que prescriban las autoridades competentes en
materia contable distintas del Presidente de la República.
NOTA: El Decreto Reglamentario 2160 de 1986, sólo se refería a la “valuación al costo”,
mientras que el Decreto 2649 de 1993 adiciona 3 nuevos criterios de medición o valuación del
hecho económico: el valor actual o de reposición, el valor de realización o de mercado y el valor
presente o descontado.
[§ 0094] ART. 11.—Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos
deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad
económica y no únicamente en su forma legal.
Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan ser
reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se
debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición sobre
la situación financiera y los resultados del ejercicio (§ 0098, 0130, 0196, 0197,
0199, 0200, 0219).
[§ 0095] ART. 12.—Realización. Sólo pueden reconocerse hechos económicos
realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera
que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos
pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un
sacrifico económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro
caso razonablemente cuantificables (§ 0093, 0100, 0130, 0131, 0140, 0142, 0179
a 0184, 0219).
PAR.—Adicionado. D.R. 2337/95, art. 3º. El beneficio o sacrificio económico, o
el cambio en los recursos a que se refiere el presente artículo, podrá cuantificarse
estimando la variación en el valor de realización o de mercado a que se refiere el
artículo 10 del presente decreto.
[§ 0096] ART. 13.—Asociación. Se deben asociar con los ingresos devengados
en cada período los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos,
registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados.
Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o gasto,
correlativo y se concluya que no generará beneficios o sacrificios económicos en
otros períodos, debe registrarse en las cuentas de resultados en el período
corriente (§ 0117, 0137, 0147, 0149, 0179).
[§ 0097] ART. 14.—Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente
económico obtiene utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de
que su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a
otros entes realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta
evaluación puede hacerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del
patrimonio físico (operativo).
Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se
establece respecto del patrimonio financiero debidamente actualizado para reflejar
el efecto de la inflación (§ 0170).
[§ 0098] ART. 15.—Revelación plena. El ente económico debe informar en
forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para
comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios que ésta
hubiere experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus
operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo (§ 0090, 0196).
La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de
propósito general, de las notas a los estados financieros, de información
suplementaria y de otros informes, tales como el informe de los administradores
sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo adecuado de su
control interno (§ 0102, 0104, 0104-3, 0104-4, 0197).
También contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por
personas legalmente habilitadas para ello que hubieren examinado la información
con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas (§ 0094, 0116,
0140, 0219).
[§ 0099] ART. 16.—Importancia relativa o materialidad. El reconocimiento y
presentación de los hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo
rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los
Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación
al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de
trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda (§ 0103,
0130, 0196, 0199, 0200).
[§ 0100] ART. 17.—Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para
medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe
optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar
los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos (§ 0130, 0135).
PAR.—Adicionado. D. R. 2337/95, art. 4º. Los sistemas especiales de
valoración a precios de mercado con base en los cuales se determina el valor de
realización o de mercado, se tendrán como mediciones confiables y verificables de
los hechos económicos realizados (§ 0095, 0132, 0164).
NOTA: Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios
necesarios cuando se hacen las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal
manera que los activos y/o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones y/o los gastos
no se infravaloren. La norma básica de prudencia también se conoce como principio de
conservatismo o conservadurismo.
[§ 0101] ART. 18.—Características y prácticas de cada actividad. Procurando
en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la contabilidad
debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas por
las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus
operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y
tecnológico (§ 0087, 0136).
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