Source: http://carlosaguinaga.com.ar/2013/10/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
Timestamp: 2018-12-13 05:45:16
Document Index: 212353671

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 7']

Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Carlos Aguinaga
← Ley Anticorrupción. #EsAhora
Ley de Oficiales Ejecutores →
Expte. Nro.: 0000064487
Ponemos a consideración de los Sres. Senadores el siguiente Proyecto de Ley con el objeto de regular el principio de transparencia de la función pública.
La democracia moderna no puede ser concebida ni funcionar correctamente, sin que la misma esté impregnada de instituciones que le permitan al ciudadano ejercer sus derechos de la mejor forma.
El sistema representativo debe irse consolidando mediante mecanismos que le permitan al ciudadano conocer lo que pasa dentro de la administración pública, como una forma de control republicana que mejore la prestación de servicios y la calidad de vida del pueblo.
Pretendemos con el presente proyecto que la Administración Pública incorpore mecanismos de transparencia tanto en la Administración Central, como en la Descentralizada, en los Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
También en el Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa que les compete, y a la Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Dirección General de Escuelas, Departamento General de Irrigación, y Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El principio que se establece es que son públicos los actos y resoluciones de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictado; salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.
La información se categoriza en: a) pública obligatoria; b) pública requerible; y c) reservada.
Se crea un Consejo de la Transparencia, funciones de fiscalizar el cumplimiento de la ley, aplicar sanciones en caso de infracción, resolver reclamos por denegación de acceso a la información, promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, entre otras.
Por los fundamentos expresados, es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del siguiente Proyecto de Ley.
Artículo 1º- Funcionarios sometidos al deber de informar – La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado provincial, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Dirección General de Escuelas, Departamento General de Irrigación, Tribunal de Cuentas de la Provincia; como así también los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
Art. 2º – Principio de transparencia – La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Las autoridades, cualquiera que sea la denominación conque las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y promover la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.
Art. 3º – Actos públicos – En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictado, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se considera como información a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido.
Art. 4º – Acceso público a la información – Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que tengan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado. Especialmente deberán consignarse en los sitios web de cada repartición, empresa o dependencia los datos de los funcionarios jerárquicos responsables de la misma, las normas esenciales referidas a la actividad o servicio que presta, cantidad de empleados permanentes, transitorios o contratados con que cuenta esa repartición.
Art. 5º – Tipos de información – A los fines de esta ley se considerarán tres categorías de información: a) La pública obligatoria; b) La pública requerible y c) La reservada.
Art. 6º – Información pública obligatoria – La información pública obligatoria es la que todos los entes referidos en el artículo 1° deberán permanentemente publicar en las páginas web institucionales, siendo obligación de cada entidad actualizar los datos que publiquen al menos una vez por mes. Deberá publicarse en los sitios institucionales la siguiente información:
d) La planta del personal y el personal contratado, con las correspondientes remuneraciones.
k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuesto de cada año.
ñ) Nómina de viáticos entregados, con designación del funcionario, empleado o persona que los recibe, motivo que fundamenta esos viáticos y la posterior rendición de cuentas de los gastos efectuados.
En el caso de la información indicada en la letra e) anterior, tratándose de adquisiciones y contrataciones sometidas al sistema de compras por licitaciones públicas, cada institución incluirá, en su medio electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del cual deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u organismo. Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.
Art. 7º- Información pública requerible – La información pública requerible es aquella descripta en el artículo 3º de la presente, cuya publicidad no resulte obligatoria por medios electrónicos según lo ordenado en el artículo anterior. Cualquier ciudadano mayor de edad y en ejercicio de su plena capacidad tiene el derecho de requerir en forma gratuita de las autoridades la información que necesite y que obre en poder del órgano requerido. Los gastos que demanden las copias de instrumentos que se peticionen como así también cualquier otro medio de reproducción que sea menester para dar cumplimiento a lo peticionado correrá por cuenta y cargo del requirente, debiendo el órgano emitir las copias previo pago de las mismas. Quien requiera información a un órgano del Estado no deberá justificar ni el fin que persigue al solicitar la información, ni la relevancia que la misma pudiera tener. Si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
Art. 8º – Información reservada – No se suministra información:
a) Que afecte la intimidad de las personas, ni Bases de Datos de domicilios o teléfonos. Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos son públicas.
b) De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario o fiscal.
c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la que se defiendan los intereses del Estado, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.
Art. 9º – Formalidades del pedido de información – El pedido de información deberá contener:
a) Nombre y apellido, número de documento nacional de identidad y dirección postal o electrónica del solicitante y de su apoderado, en su caso.
c) Firma del solicitante.
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada.
El órgano requerido no podrá en forma alguna exigir otra condición que las enumeradas en éste artículo. A cada requerimiento de información que reciba un órgano público se le atribuirá un estricto orden de presentación y se entregará constancia al interesado de la recepción del requerimiento, su número de orden y fecha en la que corresponde ser evacuado.
Art. 10º – Plazo para evacuar el pedido de información – El informe debe ser evacuado en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la interposición del pedido de informes. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de quince (15) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.
En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.
Art. 11º – Denegatoria – Fundamentación: La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director, en forma fundada explicitando la norma que ampara la negativa.
Art. 12º – Denegación tácita. Fin de las vías administrativas – Si una vez cumplido el plazo previsto por el artículo 10 –y su prórroga en su caso-, la demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, o se hubiere denegado a los términos del artículo 11, se considera que existe negativa en brindarla, pudiendo el requirente recurrir ante el Consejo de la Transparencia. La resolución que en definitiva dicte el Consejo de la Transparencia pondrá fin a la vía administrativa, quedando habilitada la acción de amparo ante la Justicia Ordinaria de la Provincia.
Art. 13º – Consejo de la Transparencia – Créase el Consejo de la Transparencia de la Provincia de Mendoza, el que funcionará en el ámbito del Poder Legislativo Provincial. Los recursos para atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, provienen de las partidas asignadas por las leyes de presupuesto provincial, integradas por fondos provenientes de los ingresos generales de la Provincia de Mendoza, donaciones o subsidios efectuados por entidades públicas o privadas y del producido de la venta de publicaciones que sobre temas de su competencia elabore. A los efectos operativos el Consejo de la Transparencia contará con servicio administrativo financiero propio.
Art. 14º – Consejeros – El Consejo de la Transparencia estará integrado por tres (3) Consejeros designados uno por cada una de las tres fuerzas políticas que más votos hayan obtenido en las últimas elecciones legislativas provinciales. En caso de que una de las fuerzas políticas deje de ser una de las tres más votadas, su representante en el Consejo de la Transparencia cesará automáticamente en su mandato, debiendo ser reemplazado por el que designe el que resulte ser el tercer partido más votado en las elecciones legislativas. Los Consejeros no podrán ejercer ningún otro cargo en el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Su remuneración será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la dieta de un Diputado Provincial y el presupuesto para el funcionamiento del Consejo de la Transparencia no podrá exceder del uno por ciento (1 %) del total atribuido al Poder Legislativo.
Art. 15º – Funciones – El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicarlas sanciones en caso de infracción a ellas.
d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación.
f) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial, a los Municipios y a la Honorable Legislatura, en su caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información.
g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso ala información.
h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia.
j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado.
k) Dictar su propio reglamento de acuerdo a la presente ley.
l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 16º – Resoluciones. Mayorías – Las decisiones del Consejo de la Transparencia se tomarán por Simple mayoría de votos. Las resoluciones que impongan sanciones por violaciones a las disposiciones de la presente ley deberán ser fundadas y dejarse también constancia de los fundamentos de los votos en disidencia.
Art. 17º – Recurso – Cuando se produjera el supuesto de denegatoria de información a los términos del artículo 12º de la presente ley, el requirente podrá presentar recurso jerárquico directamente ante el Consejo de la Transparencia –sin necesidad de interponer previamente el recurso de revocatoria-, el que deberá contener en lo pertinente las formalidades previstas para los recursos por la Ley Provincial N° 3.909.
Art. 18º – Remedios para las resoluciones del Consejo de la Transparencia – Las resoluciones del Consejo de la Transparencia que avalen una denegación de información por cualquier causa, sólo podrán ser atacadas por medio de amparo ante la Justicia Ordinaria de la Provincia. Las que imponen una multa o suspensión a un funcionario por haber denegado indebidamente información a un requirente sólo podrán ser impugnadas por vía de acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Art. 19º – Sanciones – El funcionario que no cumpliera con su obligación de mantener publicada y actualizada la información a que se refiere el artículo 6º de la presente ley, será apercibido por el Consejo de la Transparencia cuando fuera su primer incumplimiento. De persistir la falta o en caso de reincidencia, podrá el Consejo de la Transparencia aplicar multa que se fijará entre el veinte por ciento (20 %) y el cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración neta mensual que le correspondiere por su función. Si el incumplimiento se mantuviera por un lapso superior a los cuatro meses, podrá el Consejo de la Transparencia suspender al funcionario sin goce de haberes por el término de quince (15) días hábiles, lapso en el que el funcionario que lo reemplace deberá dar cumplimiento a la publicación o actualización de los datos.
El funcionario que hubiera denegado injustificadamente información requerida a los términos del artículo 7º de la presente ley, será sancionado por el Consejo de la Transparencia con una multa que se fijará entre el veinte por ciento (20 %) y el cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración neta mensual que le correspondiere por su función. En la misma resolución sancionatoria se le fijará un plazo –que no puede exceder de quince días hábiles- para dar cabal cumplimiento al requerimiento de información injustificadamente denegado. Si el funcionario persistiere en la denegación el Consejo de la Transparencia procederá a suspender al funcionario sin goce de haberes por el término de quince (15) días hábiles, lapso en el que el funcionario que lo reemplace deberá dar cumplimiento al requerimiento. El Gobernador y el Vice Gobernador no podrán ser suspendidos en sus funciones.
Art. 20º – De forma.
Ernesto Corvalan Catrlos Aguinaga
Senador Provincial Senador Provincial
Nuestro primer proyecto va a ser una Ley Anticorrupción para terminar con un flagelo que se come nuestros hospitales, nuestras...