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Timestamp: 2020-07-06 10:00:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 582', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 1445', 'artículo 1444', 'artículo 1545', 'artículo 1560', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 122', 'artículo 51', 'artículo 905', 'artículo 2465', 'artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 582']

Principios del Código Civil Chileno
Principios del Código Civil Chileno. Aprende de forma fácil que principios e ideologías inspiran el Código Civil de Andrés Bello.
Principios o ideologías que inspiraron a Andrés Bello
Principios fundamentales del Código civil
Son varios los principios que subyacen en el Código, sea porque le sirvieron de inspiración a su redactor, o bien, porque guían o informan las diversas instituciones que él regula.
Creemos, entonces, a diferencia de la mayoría de la doctrina, que hay que hacer una distinción entre principios inspiradores o ideologías (A), principios fundamentales (B) plasmados en el Código y otros principios fundamentales que de él se extraen (C).
Principios o ideologías que inspiraron a Andrés Bello.
Mencionemos algunas de ellas y analicémolas someramente.
Principios canónicos o castellanos antiguos.
En materia de familia, subsistió una buena cantidad de disposiciones que, provenientes del Derecho castellano tenían su origen común en el Derecho Romano. Así, la familia estaba constituida a partir de una estructura piramidal, fundada por el marido como jefe de familia, que ejercía una potestad económica y personal sobre la mujer (potestad marital) y sobre los hijos (patria potestad y potestad paterna).
En materia sucesoria, el fenómeno es similar, por cuanto se siguió la tradición española de las asignaciones forzosas y de disposición limitada de los bienes del causante.
Principios de la Ilustración y de la Revolución Francesa.
Fundamentalmente, el Código civil ha sido inspirado por los principios de la ilustración y de la Revolución francesa, donde impera el individualismo como eje o motor de los actos jurídicos. Se consagran, de ese modo, los principios individualistas de la libertad, la igualdad y la voluntad, que no siempre tienen una convivencia pacífica en el Código, pues muchas veces se encuentran en conflicto.
La libertad, como nos dice el profesor Tapia, es la filosofía esencial del Código civil.
Es cierto que en materia sucesoria y de familia esta libertad se presenta más restringida que en materia patrimonial, pues se encuentra bien encerrada en el molde del orden público que lo regula, pero, de ninguna manera, podemos aseverar que es inexistente.
Tómese en cuenta solamente que el Código civil niega el divorcio vincular (la definición que se mantiene del matrimonio en el artículo 102 es una prueba de ello, no obstante su consagración en la nueva Ley de Matrimonio Civil), los hijos se encontraban sujetos a una larga tutela de los padres, sobre todo del padre, la mujer se encontraba sometida al marido, la facultad de pactar regímenes de bienes en el matrimonio era restringida y en materia sucesoria, la libre disposición de los bienes del causante era sólo marginal.
En materia patrimonial en cambio, el espíritu libertario es claramente apreciable. El dominio o propiedad es más que un derecho, una libertad, pues está limitada (artículo 582) al propio arbitrio del titular.
En materia contractual, rige ampliamente el principio de la autonomía de la voluntad, autonomía que veremos es tanto de forma (para celebrar la convención nominada o innominada que se quiera) como de fondo (para fijar el contenido del contrato, mediante la inclusión libre de elementos accidentales a la convención).
En materia de responsabilidad civil, la libertad es la justificación de sus reglas, pues sólo el hombre libre de gobernar sus actos puede ser declarado responsable de las consecuencias perjudiciales que su actuación pueda provocar a terceros.
La noción unitaria de persona es una muestra de ello (artículo 55).
Se consagra la igualdad entre chilenos y extranjeros, Andrés Bello fue realmente innovador en este punto. Este principio lo vemos consagrado en el artículo 57.
Cuando se dicta el Código, casi todos los países hacían distinción entre nacionales y extranjeros; nuestro Código establece el principio general de la igualdad, bien que en ciertas materias se permite hacer distinciones odiosas, por ejemplo, en derecho de familia, pues tanto la mujer como los hijos naturales o nacidos fuera del matrimonio recibían un trato sumamente discriminatorio, lo que hoy sólo persiste entre hijos de filiación determinada o no determinada.
En materia sucesoria, las asignaciones forzosas permiten una igualdad de trato entre los diferentes asignatarios de un mismo grado.
En materia patrimonial, los contratantes se encuentran casi siempre (salvedad hecha en los contratos de adhesión) en igualdad de condiciones para discutir el contenido del contrato.
En el Código civil, el hombre no es un cuerpo humano (éste es una cosa), el hombre es esencialmente una voluntad, un ser capaz de tomar decisiones libres.
La voluntad, en efecto, atraviesa todo el Código civil y, en definitiva, la vida del hombre, como lo señala Mauricio Tapia. El matrimonio se contrae por voluntad de los cónyuges, los contratos se forman por el concurso de voluntades, se ejecutan e interpretan según la voluntad de los contratantes, la responsabilidad supone una voluntad libre del agente, y el testador puede voluntariamente disponer de una parle de sus bienes, por no citar sino algunos ejemplos.
Principios fundamentales del Código civil.
Algunos principios no están formulados de una forma precisa, pero, después de un proceso inductivo, se puede llegar al principio general que se encuentra en las raíces de la norma civil.
Más que un principio, según nos dice Jean Carbonnier, es una teoría de filosofía jurídica, según la cual la voluntad humana tiene en ella a su propia ley, ella se crea su propia obligación, pues si el hombre se encuentra obligado por un acto jurídico, especialmente por un contrato, es porque él lo ha querido. El contrato es el principio de la vida jurídica y la voluntad individual, el principio del contrato.
En plena discusión contractual, es decir, antes que el contrato sea formado, en el período de negociación, el individuo tiene una doble libertad: contratar o no contratar, entrar o salir libremente de la negociación, más todavía, él puede determinar a su gusto el contenido del contrato. Esta libertad de contenido es la que se denomina corrientemente libertad contractual, donde se ve la esencia de la autonomía de la voluntad.
El individuo puede contratar no sólo la oferta de contratos que se encuentran en las leyes (se les llama contratos nominados o típicos), también puede crear sus propias convenciones. Ciertamente, no le está permitido eliminar todas las reglas legales, pues hay algunas que son imperativas o de orden público; el orden público, lo veremos más adelante, es un límite a la libertad contractual.
Recordemos que uno de los axiomas del liberalismo y que inunda el derecho privado es el contenido en la Declaración de Derechos del hombre de 1789, en el artículo 5°, que dice que “todo lo que no está prohibido está permitido”.
Podemos decir, sin temor a equivocamos, que el principio de la autonomía de la voluntad y su corolario en materia de contratos, el de la libertad contractual, inundan todo el Código civil y, en general, nuestro derecho privado.
Una vez el contrato es firmado, cada parte se puede cobijar o atrincherar en lo pactado impidiendo que cualquiera autoridad, incluido el juez, pueda inmiscuirse en su contenido libremente pactado.
Sólo las partes pueden modificar, de común acuerdo, ese contrato, pero ya no será el mismo contrato sino uno nuevo, y por lo mismo, un nuevo triunfo de la autonomía de la voluntad.
Es a la vez, la existencia del contrato y su interpretación los que se encuentran en causa.
En efecto, el contrato tiene existencia jurídica por la sola fuerza de la voluntad, sin que ella requiera un beneplácito de autoridad alguna. Por otro lado, la interpretación de las partes oscuras del contrato debe hacerse buscando lo que los contratantes han querido en lo más profundo de su voluntad.
El Código civil chileno comienza a configurar desde temprano la preeminencia de este principio. Es visible desde el artículo 12 del Código, que establece la renuncia de los derechos conferidos por las leyes, siempre que los derechos que se renuncian miren al solo interés del renunciante y su renuncia no esté prohibida por ley. El artículo 1445, ya analizado, establece que “para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad es necesario: 2° que consienta en dicho acto o declaración...”; el artículo 1444 también analizado, que faculta a las partes para introducir expresamente elementos de la naturaleza y accidentales por medio de cláusulas consentidas mutua y libremente por las partes; el artículo 1545, que determina el efecto de las obligaciones, señalando que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales'’, con lo que se establece que la forma de deshacer el contrato libremente consentido es de la misma forma como éste nació a la vida del Derecho, por consentimiento mutuo.
Este último artículo nos retrata la fuerza de la declaración de voluntad, ella es una ley para los contratantes, en su efecto relativo, ella es similar al efecto universal que tiene una ley emanada de la potestad legislativa. A tal punto es completo el alcance de la ley del contrato que procede el recurso de casación en el fondo, que sólo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción de ley. Vemos que la infracción de la ley del contrato es asimilada por la Corte Suprema a la infracción de una ley de normativa corriente, emanada de la potestad legislativa.
Al interpretar los contratos, el artículo 1560 del Código establece como regla primera que “conocida claramente la intención de los contratantes debe de estarse más a ella que a lo literal de las palabras”.
Es cierto que los flujos publicitadores son fuertes en materia de contratación imponiendo, por ejemplo, en ciertas áreas del Derecho un contenido mínimo de justicia en la relación que surja entre los contratantes, es el caso del contrato de trabajo. En otras situaciones, como el de los contratos de adhesión, se permite que el contenido del contrato no sea libremente debatido, sino que impuesto en su integridad por uno de los contratantes, pero ello no es la regla general. En el caso de los contratos de adhesión, subsiste la libertad del contratante que no ha propuesto el contenido de contrato de no consentir, y al hacerlo surgiendo problemas de interpretación, esas cláusulas serán interpretadas en contra del contratante que las impuso.
Los límites del principio de la autonomía de la voluntad.
El primer límite que conoce la autonomía de la voluntad es la propia ley.
La ley se presenta como límite en dos aspectos: a) el acto voluntario no puede transgredir la ley, y b) por el acto voluntario no se puede renunciar a aquellos derechos que la ley declara irrenunciables.
En el primer caso, vemos los ejemplos del objeto y de la causa ilícita. En el segundo, el señalado artículo 12.
El segundo límite que conoce la autonomía de la voluntad es la protección del orden público y las buenas costumbres.
Según Carlos Ducci, debemos entender por orden público el respeto de “ese espíritu general de la legislación a que se refiere el artículo 24 del Código civil”. Las buenas costumbres, según el mismo autor, “corresponden a aquellos usos y costumbres que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social”.
El tercer límite está dado por la protección de los derechos legítimos de terceros.
Se entiende que se afectan derechos de terceros cuando se abusa del Derecho propio. En otras palabras, el uso legítimo de un derecho termina donde el abuso comienza.
Nuestro Código civil es ejemplarizador al proteger la buena fe de los contratantes y al sancionar o castigar duramente la mala fe. Más de 40 disposiciones de nuestro Código, nos dice don Carlos Ducci, se refieren a la buena y a la mala fe.
Ya comienza el Código señalando, en su título preliminar, lo que se entiende por dolo: “La intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". La mala fe aquí está asociada a una intención positiva, aunque a veces se actúa de mala fe a través de una actitud meramente culpable (sin intención) o sin mediar actitud alguna, es decir, sin hacer nada u omitiendo una información esencial, como es el caso de la reticencia dolosa.
El respeto de la buena fe se encuentra en todas las regulaciones de la vida civil que contiene el Código, en la ejecución de los contratos (los contratos deben ejecutarse de buena fe), en materia posesoria, en materia de familia con la institución del matrimonio putativo (ex artículo 122, hoy artículo 51 Ley de Matrimonio Civil), que produce los mismos efectos civiles que el válido respecto de cónyuges que de buena fe y con justa causa de error lo hayan contraído, en el arrendamiento o la venta de cosa ajena, etc.
En general, podemos decir que existe una presunción general de buena fe en todo el ámbito del derecho privado, es la mala fe la que no se presume y, por lo tanto, debe de probarse en cada oportunidad.
Regularmente, se habla de enriquecimiento sin causa como una infracción a un orden que es causal en materia de obligaciones, se trata de que toda obligación, todo acto jurídico más generalmente hablando, debe de tener una causa, en términos amplios, una razón de ser o de deber ser, lo que en derecho anglosajón se denomina consideration. Así, todo aquello que enriquezca o aumente el patrimonio de una persona debe de situarse en una relación causal con la disminución o el empobrecimiento patrimonial del otro, esta relación es además correlativa, aunque no necesariamente de equivalencia.
Como el Código civil es el Código de derecho privado común, este principio se encuentra en numerosas disposiciones de su texto, en la accesión (artículos 658 y ss.), en las prestaciones mutuas (artículo 905 al 917), en la nulidad de los actos de un incapaz o en la nulidad del pago (artículos 1688 y 1578), en la lesión enorme dentro de la compraventa (artículos 1889 y ss.), entre otras.
Todo aquello que es recibido sin causa o inmotivado no se entiende que es donado, debe, por lo tanto, ser restituido: “El que da lo que no debe no se entiende que lo dona”, así la víctima tiene acciones para reclamar su restitución (acción in rem versa).
Pero atención, hay casos en los que la ley permite el enriquecimiento sin causa, esta situación es excepcional y la encontramos en el contrato de esponsales.
La responsabilidad es un principio transversal del Derecho, que abarca temas de derecho público (la responsabilidad de los agentes del Estado, se habla de responsabilidad política y administrativa), la responsabilidad de los jueces por sus conductas ministeriales (se habla de responsabilidad ministerial o funcionaria), en el ámbito del derecho privado, de responsabilidad civil y penal, distinción esta última que se recoge con claridad a partir del Código de Napoleón.
Hoy, la diferencia entre la responsabilidad penal que acarrea la comisión de un delito y la responsabilidad civil, que consiste en la reparación de un perjuicio o de un daño ilícitamente causado, se encuentra claramente establecida en nuestro ordenamiento jurídico.
En materia civil, el Código la distingue en dos áreas fundamentales: la responsabilidad contractual, es decir, en la que incurren aquellas personas que han incumplido una obligación derivada de un contrato, y la responsabilidad extracontractual, aquella en la que incurren aquellos que, dolosa o culposamente, han cometido un hecho ilícito civil que causa daño a un tercero.
Los partidarios de la unicidad de la responsabilidad dicen que, en ambos casos, hay incumplimiento de una obligación; dentro de la primera, es la obligación contractual la que se incumple, mientras que dentro de la segunda, es la obligación genérica de no causar daño injusto a otro la que se encuentra violada.
Dentro de esta última, se suele incluir la responsabilidad precontractual, que es aquella que se produce precisamente antes que nazca el vínculo contractual personal, es decir, en el periodo de negociación del contrato. Se la incluye dentro de la responsabilidad extracontractual, pues no hay aún contrato, sin embargo, no se trata de la violación dolosa o culposa de la obligación genérica de no causar daño a otro, hay aquí la infracción específica de deberes morales o precontractuales que han sido incumplidos, nos referimos a los deberes de lealtad, buena fe, fidelidad, de información, etc.
A falta de responsabilidad extracontractual y de responsabilidad precontractual, se le aplican a las situaciones dañosas producidas en la etapa de la negociación del contrato, las reglas de la responsabilidad contractual, que es la regla general.
En materia de responsabilidad, no podemos dejar de asociar esta al derecho de prenda general de los acreedores (artículo 2465) por cuya virtud, “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre lodos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables"’. Sin esta institución, el derecho de los daños o de la responsabilidad sería letra muerta.
Además de los antes señalados, es posible encontrar otros principios presentes en el Código civil, tales son:
El culto o la omnipotencia de la ley.
En el Código se aprecia gran fervor por la ley escrita, al punto que se ha sostenido que la ley escrita, para Andrés Bello, vino a reemplazar la voluntad del rey.
Variadas manifestaciones de este principio se encuentran en su articulado, por ejemplo, se rechaza la costumbre y sólo se acepta cuando la ley se remite a ella, con lo cual Andrés Bello se aparta del Derecho Canónico; el artículo 1° se refiere a la ley. Dándosele a ésta una vigencia indefinida, a la que sólo puede dejársela sin efecto por la derogación y, por lo mismo, el desuso (la ausencia de vigencia social) no basta para dejaría sin efecto. Se rechaza la ignorancia de la ley, se establece una presunción de conocimiento: una vez que la ley entra en vigencia, nadie puede alegar ignorancia. Sólo se permite a la propia ley interpretarse a sí misma, de manera general y obligatoria.
Constitución cristiana de la familia.
Señalamos, anteriormente, que todo el Código civil fue estructurado sobre este principio que encuentra su principal fuente formal en el Derecho Canónico. Son manifestaciones de ello, el matrimonio indisoluble (hasta hoy vigente), el matrimonio monógamo, entre un hombre y una mujer.
En el proyecto original se trataba con mucha restricción todo lo relacionado con la filiación. Bello fue sumamente rígido, sólo eran hijos legítimos aquellos concebidos dentro del matrimonio. Se estableció en el artículo 76, una presunción de derecho para determinar cuándo el hijo es concebido. Se regulaban los hijos adulterinos, los hijos incestuosos, los hijos sacrílegos. En el texto original no se regulaba la adopción, pues Andrés Bello la consideraba como filiación artificial.
Consideraba Andrés Bello, como consecuencia de que lo inspiraba el individualismo de la época, que la propiedad privada era uno de los derechos más importantes del hombre. Una manifestación de ello es el artículo 582, que define el derecho de dominio o propiedad, en términos que “permite gozar y disponer de una cosa arbitrariamente...”. Clara influencia obtiene Andrés Bello del Derecho francés en este aspecto. La definición, lo veremos más adelante, es prácticamente la misma que la del Código Civil francés.
El principio de la libre circulación de los bienes.
Este principio es fundamental y consecuencia lógica del individualismo que impregna a su redactor, se manifiesta, por ejemplo, en las normas que regulan la comunidad, a la que Andrés Bello pone trabas, lo mismo respecto de la constitución de fideicomisos y usufructos sucesivos, entre otros.