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Timestamp: 2018-11-19 20:51:43
Document Index: 99450210

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￼ Sor Juana Inés de la Cruz
Las verdaderas razones de la
privatización del petróleo
Modificar la Constitución con el fin de que empresas privadas nacionales y extranjeras inviertan en la cadena productiva del petróleo es, en los hechos, privatizarlo. De acuerdo con las declaraciones de connotados priístas, la propuesta que enviará Peña Nieto al Congreso de la Unión mantendrá los hidrocarburos en manos de la nación y no privatizará Pemex, pero permitirá que los privados compitan con Pemex en la exploración, explotación, transporte y transformación de petróleo. Así que aun cuando el petróleo y el gas natural contenidos en el subsuelo del territorio nacional declarativamente le pertenezcan a la nación, el permitir que la ganancia derivada de la cadena productiva de este bien público sea apropiada por privados es de facto privatizar el recurso.
Los argumentos para la modificación constitucional con objeto de privatizar el petróleo no son nuevos: México produce cada vez menos petróleo, Pemex no tiene dinero, Pemex requiere de nuevas tecnologías para explotar nuevos yacimientos que no tiene. Veamos cada uno de ellos.
En cuanto al primer argumento la pregunta más obvia es: ¿necesita México producir más petróleo? La respuesta es no. Veamos por qué: a) El petróleo es un recurso no renovable. Por ese solo hecho, la explotación de este recurso debería hacerse de forma racional y limitada. b) El petróleo es una fuente de energía fósil que produce gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático global. Por este motivo a escala internacional el debate central es cómo disminuir el consumo de estos combustibles y no cómo aumentarlo. c) México no requiere más petróleo para su consumo nacional. Actualmente México produce cerca de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, 900 mil barriles menos que en 2004, el año de mayor producción histórica de petróleo en México. Pero hoy por hoy, México necesita, para cubrir la demanda nacional de petrolíferos (producidos nacionalmente e importados), entre 1.9 y 2.0 millones de barriles diarios de crudo (considerando incluso pérdidas). Es decir, producimos 2.5 millones de barriles diarios y necesitamos 2 millones para el consumo nacional. Hacia el futuro, si contenemos el crecimiento de la demanda de petrolíferos a través de una verdadera estrategia de eficiencia energética y uso de otras fuentes de energía (como lo propone la propia Estrategia Nacional de Cambio Climático), la producción de petróleo podría inclusive disminuir. d) A pesar de que México exporta menos crudo recibe más dinero. En 2004 se exportaron casi 1.9 millones de barriles diarios, frente a 1.1 de 2013. En particular, la exportación de crudo a Estados Unidos pasó de 1.5 millones de barriles diarios a 950 mil barriles diarios. Sin embargo, a pesar de esta disminución, por concepto de exportación de crudo México recibió 21 mil 258 millones de dólares en 2004 y 46 mil 788 millones de dólares en 2012, ¡más del doble y récord en su historia!, debido al incremento internacional del precio del barril de petróleo. ¿Entonces, para qué necesitamos producir más? La respuesta resulta obvia frente a estos datos. No es una necesidad nacional, es una necesidad de Estados Unidos.
El segundo argumento es que Pemex no tiene recursos. Veamos los datos. Además de los 46 mil millones por exportaciones, Pemex recibió por ventas internas de petrolíferos cerca de 60 mil millones de dólares. Si descontamos 30 mil millones de dólares que eroga por importaciones, el ingreso neto en 2012 es de cerca de 80 mil millones de dólares. Por supuesto, parte de este recurso se va a los gastos de operación y mantenimiento y alrededor de 52 por ciento en impuestos y derechos. Sin embargo, para 2013 Pemex recibió un presupuesto de cerca de 39 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 70 por ciento tiene programado para inversión (como 30 mil millones de dólares). En comparación y de acuerdo con la información en Internet de la petrolera Shell, ésta tiene programados para este mismo año cerca de 49 mil millones de dólares de inversión en todo el mundo. Considerando las necesidades nacionales, el monto de Pemex es sumamente considerable. Por supuesto podría ser más, si las grandes empresas privadas nacionales pagaran impuestos, y podría usarse más eficientemente si disminuyera la corrupción. En realidad, el dinero de las empresas petroleras multinacionales proviene de una sola fuente y es la misma de Pemex: las ventas de crudo y de petrolíferos.
Finalmente el argumento de que Pemex no tiene tecnología no sólo es patético sino es una falta de respeto a instituciones públicas como la UNAM, el IPN y el IMP, que por años han formado algunos de los mejores ingenieros civiles, petroleros y químicos del mundo. Por si fuera poco, el desarrollo, transferencia y compra de tecnología se ha hecho en Pemex por décadas.
Las razones de fondo de la privatización del petróleo podrían ubicarse más bien de la siguiente manera: a) un dogmatismo religioso de la clase gobernante hacia el neoliberalismo. Aun cuando el modelo ha demostrado su fracaso, los hijos pródigos mexicanos de la escuela de Chicago no pueden reconocerlo; b) la presión del gobierno de Estados Unidos (copado por las trasnacionales petroleras) para recibir más petróleo de México y la ideología de los gobernantes mexicanos de que mientras más cercanos estemos a Estados Unidos, mejor; y c) la avaricia y corrupción de la clase política mexicana, aliada con la gran oligarquía, para quedarse con parte del negocio.
Por ello, la defensa del artículo 27 constitucional es hoy por hoy la defensa de la soberanía nacional y la oportunidad de un proyecto nacional diferente. En 2008 las llamadas Adelitas en defensa del petróleo gritaban una consigna: “No, no me da la gana ser una colonia norteamericana. Sí, sí me da la gana ser una nación libre y soberana”.
Cantinflas, la Estrategia Nacional de Energía y la privatización
El pasado 28 de febrero, Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso de la Unión la Estrategia Nacional de Energía 2013-2026 (ENE), la cual debe ser aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores. El documento es, verdaderamente, un digno representante de quien lo suscribe. La ENE 2013-2026 es un documento mal escrito, con escaso conocimiento de los sistemas energéticos y su sustentabilidad de largo plazo, con objetivos contradictorios y una falta de visión sobre el futuro de la energía en México. Sería bochornoso que un documento así fuera aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Al menos, la ENE debe ser un documento coherente y bien escrito y no el panfleto desordenado con frases cantinflescas (sin la gracia y astucia de Cantinflas) que presentó Peña Nieto y que ya aprobó el Consejo Nacional de Energía (tal para cual).
Eso sí, más allá de la pobreza argumental, la pésima redacción y la carencia de estrategias coherentes, lo único que queda claro a lo largo del documento es la necesidad de “fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura”, por supuesto que sin decir que eso significa transferirles jugosas ganancias.
La ENE se compone de 22 “temas estratégicos”, de los cuales doy algunos ejemplos de la riqueza del lenguaje con el que está escrito: El “Tema estratégico 22: Suficiencia en las competencias de cada eslabón del sector” (sic); o el “Tema estratégico 21: Alcanzar la autosuficiencia del sector”, cuyo significado es “… La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético” (sic), es decir, ni sí ni no sino todo lo contrario (vieja demagogia del nuevo PRI). O el “Tema estratégico 17: Desarrollar soluciones y productos para nuestros retos”, cuyo contenido subrayado más importante es “La ciencia y tecnología sobrepasan las fronteras del sector energético” (sic), o el “Tema estratégico 16: Definir el alcance del programa nuclear si se opta por ampliar la capacidad nuclear en México” (sic). O sea, si sí, pues sí, y si no, pues no.
Por otro lado, el documento está lleno de graves contradicciones y de una visión arcaica de la energía. Veamos como ejemplo lo que ocurre con los dos primeros “temas estratégicos”. Como contexto, es importante explicar que uno de los grandes consensos y objetivos mundiales de la relación entre el desarrollo económico y el consumo de energía en el mundo es su desacoplamiento. Es decir, que no es necesario que el consumo de energía crezca para que haya desarrollo económico. Por el contrario, por los impactos ambientales del uso de la energía, particularmente los combustibles fósiles, el objetivo es que el consumo de energía por unidad de PIB sea cada vez menor, es decir, más eficiente y con patrones de consumo más racionales, por supuesto, incrementando el bienestar. Esto se ve reflejado en el hecho de que desde los años 70 del siglo pasado, la intensidad energética (el consumo de energía entre el PIB) de los países industrializados ha venido decreciendo. Para China, por ejemplo, uno de los principales objetivos de su política energética es la reducción de la intensidad energética (menor consumo de energía por unidad de PIB).
Este, que es un paradigma para los países industrializados desde las crisis petroleras de 1973 y 1981, resulta que no existe en la ENE. Por el contrario, el “Tema estratégico 1” es satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento económico. Seguramente alguno de los redactores de la ENE nos diría: sí, pero existe un “Tema estratégico 2: Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores”.
Sin embargo, para cualquier mediano conocedor del tema energético en cualquier lugar del mundo, es claro que si el “Tema estratégico 2” tuviera sentido, entonces el “Tema estratégico 1” no debiera plantearse de esa forma.
Lo cierto es que hay un solo eje claro en todos los “temas estratégicos” de la ENE: la participación privada en el petróleo, en el gas y en la electricidad. El colmo es el “Tema estratégico 4: Ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas”, donde nunca mencionan el papel del Estado en esta provisión y sí la necesidad de “Promover una amplia participación del sector privado en el suministro de energía en las áreas que permita la regulación vigente”. En pocas palabras, lo único legible en la estrategia de energía presentada por Enrique Peña Nieto es que quiere promover la participación privada en las diversas áreas de la industria energética nacional.
México requiere una estrategia energética sólida, sustentada en promover la seguridad y la soberanía energética, la diversificación de sus recursos, la provisión de servicios de calidad y accesibles a toda la población, la disminución de los impactos ambientales, promoviendo el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables de energía. Para ello, es necesaria la incorporación de investigación científica y tecnológica, la honestidad en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento de las entidades públicas. Mayor participación de las empresas privadas en las áreas estratégicas del sector atenta contra la Constitución, la riqueza de la nación y el desarrollo soberano. La ENE presentada muestra que no les interesa el desarrollo del sector: por lo que van es por la riqueza nacional. No lo permitamos.
¿El pueblo no tiene interés jurídico
sobre su patrimonio?
El otorgamiento de contratos para la explotación petrolera a empresas privadas en México es una flagrante violación a la Constitución y a las leyes en la materia. En los hechos se han concesionado 312 kilómetros cuadrados del territorio nacional a empresas extranjeras y nacionales privadas para la explotación petrolera, por una duración de 25 años, por cierto, territorio y duración que pueden ser ampliados, de acuerdo con los propios contratos. Además, la concesión incluye una sesión de cerca de 10 por ciento de la renta petrolera correspondiente a la explotación de la zona.
El artículo 27 constitucional señala: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Como hemos señalado en artículos anteriores, las leyes relacionadas con la explotación de los hidrocarburos, inclusive las aprobadas en 2008, señalan explícitamente que “en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante”.
En el momento que se emitió la licitación de estos contratos, cuatro presidentes municipales de Tabasco y la propia Cámara de Diputados, presentaron controversias constitucionales contra los mismos. En ambos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que los promoventes no tenían “interés jurídico”. En el caso de la discusión acerca del interés jurídico de la Cámara de Diputados (el 16 de agosto pasado), los ministros que votaron por desechar la controversia argumentaron que los contratos integrales de Petróleos Mexicanos son actos administrativos y que la Cámara no tiene atribución. Es decir, de acuerdo con los ministros, ¡los actos administrativos no están regulados ni por la Constitución ni por las leyes que emite la Cámara de Diputados! Algunos ministros que solicitaron que se discutiera el fondo de la controversia y no se desechara por mero trámite, argumentaron que sólo al discutir el fondo de la controversia, es decir, si los contratos violan la Constitución y las leyes, podría saberse si la Cámara tenía o no, interés jurídico.
A pesar de esta obviedad, para fines prácticos la SCJN decide: ¡Viólese la Constitución y las leyes!, total, la venta del patrimonio de la nación, el otorgamiento de la renta petrolera a privados ¡es un asunto administrativo! Según la Corte, los dueños del petróleo, los mexicanos, vía su representación popular, no tienen “interés jurídico” sobre su patrimonio, es decir, ¡que la soberanía no reside en el pueblo ni en su representación, sino en funcionarios administrativos designados!
Más allá de ello, tanto los funcionarios como las empresas que firmen estos contratos, deben saber que nuestra Constitución establece con toda claridad no sólo la prohibición expresa de concesiones y contratos, sino que no tendrán validez legal los que se hayan firmado. Es decir, que a sabiendas están participando en un fraude y que dichos contratos son nulos de origen.
Neciamente pretenden desconocer que la soberanía reside en el pueblo, no sólo porque así lo marca nuestra Constitución, sino porque así lo demuestra una y otra vez nuestra historia. La realidad tiene una tenacidad muy superior al interés de quienes hoy violan la Constitución y desprecian la soberanía nacional.
Los contratos ilegales de Pemex
Hace unos días, con bombo y platillo, el director general de Pemex, acompañado por el secretario de Energía y el senador Francisco Labastida, anunció que a partir del 1º de marzo están a la venta las bases de licitación para contratar, mediante los llamados contratos integrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), los servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en la región de los campos maduros de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur del país. En el anuncio “explican” que la licitación es factible gracias a la reforma legislativa de 2008.
Nada más falso. Los contratos integrales, entre otras violaciones a las leyes aprobadas en 2008, promueven la constitución de un consorcio entre Pemex y la iniciativa privada para la explotación de hidrocarburos y establecen el pago a los privados mediante una fórmula dependiente de la producción y el precio internacional del petróleo. Con ello, se viola claramente la Ley de Pemex y por supuesto el artículo 27 constitucional, pues al final disfrazan como contratos de servicios, lo que verdaderamente son: contratos de explotación petrolera.
En 2008, amplios grupos de la sociedad mexicana participamos en un movimiento contra la privatización de las áreas estratégicas de la industria petrolera, cuya actividad está reservada para la nación en el artículo 27 constitucional, sin posibilidades de concesión ni contratos. Calderón había lanzado una iniciativa a principios de 2008, que, pactada con los legisladores del PRI, pretendía aprobar semanas después de su presentación.
Producto de aquellas movilizaciones y del amplio debate nacional que estas mismas abrieron se logró que en el texto de las leyes aprobadas en octubre de 2008 quedara explícitamente planteado que la iniciativa privada no podía participar en la refinación y transporte de hidrocarburos, y se definieron algunos límites en la contratación de empresas privadas por Pemex.
En aquel momento, el Movimiento en Defensa del Petróleo denunció que la reforma legislativa al régimen de Pemex no había incluido claramente la prohibición, tanto de la contratación de bloques o áreas de explotación, como de tiempos largos de contratación, lo que abría la puerta para la participación de la iniciativa privada en la explotación de hidrocarburos a través de contratos que comprometen la renta petrolera y que, por tanto, son violatorios de la Constitución. Y que al no haber quedado en el texto de las leyes la prohibición expresa a los bloques de explotación, se estaba buscando disfrazar la explotación petrolera privada como “contratación de servicios”.
Aun así, y quiero hacerlo notar, en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la Ley de Petróleos Mexicanos quedaron redactados varios artículos que claramente están siendo violados por los llamados contratos integrales. Revisemos, por ejemplo, el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y en contraparte los contratos integrales de Pemex y sus bases de licitación.
En las fracciones cuatro y seis del artículo 60 de la Ley de Pemex dice: (cuatro) “Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, observando para dicho efecto lo dispuesto en el artículo siguiente”, y (seis) “No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación señaladas en el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.”
Sin embargo, en el anexo tres de los contratos integrales queda establecida la fórmula matemática para el pago o remuneración por Pemex Exploración y Producción a los contratistas. En esa fórmula aparecen entre otras, dos variables: la producción petrolera y la tarifa que de forma indirecta está asociada al precio internacional del petróleo. Esto viola claramente el inciso cuatro del artículo 60 de la Ley de Pemex.
Por otro lado, en las bases de licitación de los contratos integrales de Pemex (http://contratos.pemex.com/portal/files/content/licitaciones/18575062-512-11/20110301-reglas_de_licitacion.pdf), en la página 23, bajo el título de “Formato 3: Convenio de participación consorcial con participación de Petróleos Mexicanos” se establecen las bases del consorcio entre los contratistas y Pemex. En el numeral cuatro de este formato puede leerse que las partes (Pemex y el contratista) “toman conocimiento de la voluntad de Pemex en el sentido de participar en el contrato”. Esto viola el numeral seis del artículo 60 de la Ley de Pemex.
De esta forma, el referido contrato integral es legal y moralmente aberrante. Se pretende que Pemex forme una asociación ilegal con un agente privado y pague al contratista bajo un esquema prohibido por la ley, cometiendo un delito constitucional, pero eso sí, afirmando que actúan conforme a derecho.