Source: https://www.slideshare.net/PabloIbarAsoc/estudio-sobre-la-situacion-de-los-ciudadanos-espaoles-sentenciados-o-condenados-a-muerte-en-el-extranjero-61413879
Timestamp: 2018-12-16 11:28:43
Document Index: 309878073

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19']

Asociación Pablo Ibar: Estudio sobre la situacion de los ciudadanos e…
Asociación Pablo Ibar: Estudio sobre la situacion de los ciudadanos españoles sentenciados o condenados a muerte en el extranjero
Asociación Pablo Ibar: Estudio sobr... by Asociación contra... 187 views
Estudio sobre la situacion de los ciudadanos españoles sentenciados o condenados a muerte en el extranjero.Estudio realizado por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” encargado por el Ministerio de Justicia
1. ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES SENTENCIADOS O CONDENADOS A MUERTE EN EL EXTRANJERO Sugerencias para una mejor atención a los condenados a muerte españoles en el extranjero Estudio realizado por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” encargado por el Ministerio de Justicia Estudio realizado durante el primer semestre del año 2008 y hecho público por la Asociación en septiembre de ese año.
2. ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES SENTENCIADOS O CONDENADOS A MUERTE EN EL EXTRANJERO ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. CASOS CONOCIDOS Y ANALIZADOS 2.1 Julio Mora 2.2 Joaquín José Martinez 2.3 Pablo Ibar 2.4 Nabil Manakli Kasaybati 2.5 Paco Larrañaga 3. ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y OTRAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN LOS CASOS DE ESPAÑOLES CONDENADOS A MUERTE EN EL EXTRANJERO 4. SER EXTRANJERO Y SER CONDENADO A MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS 4.1 Negación de derechos consulares en casos de extranjeros condenados a muerte en los EEUU. 4.1.1. El ejemplo de México –Defensa eficaz de sus ciudadanos en casos capitales en los EEUU. El caso de Osvaldo Torres y otros casos similares. 4.2 Falta de garantía de asistencia letrada adecuada en casos capitales en los EE.UU. 4.3 El coste del derecho a una asistencia letrada efectiva en los EE.UU. 4.3.1 Actividades de la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” 4.3.2 Dinero recaudado por la Asociación Pablo Ibar 4.3.3 Dificultades ocasionadas por una Proposición de Ley carente de cobertura presupuestaria 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES 7. FUENTES 8. ANEXOS
3. 8.1 ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES SENTENCIADOS O CONDENADOS A MUERTE EN EL EXTRANJERO 1. INTRODUCCIÓN El objeto del presente estudio es analizar la actuación seguida por el Gobierno de España relativa a la situación de personas con nacionalidad española condenadas a muerte en el extranjero. En tal sentido, se analizan los casos conocidos por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” ocurridos tras la abolición de la pena de muerte en la legislación ordinaria española coincidiendo con la aprobación de la Constitución Española de 1978. También es propósito del presente estudio elaborar una serie de recomendaciones y elevar las al Gobierno de España con el fin de que éste adopte y ponga en práctica una política de protección de sus ciudadanos condenados a muerte en el extranjero coherente con la postura abolicionista del Estado Español seguida desde 1978. 2. CASOS CONOCIDOS Y ANALIZADOS Los casos conocidos y analizados por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” en ese lapso de tiempo son los siguientes: Nombre País Fecha de la condena a muerte Situación actual Julio Mora EEUU 1997 Conmutada la pena de muerte Jaoaquín José Martínez EEUU 1997 En libertad tras ser absuelto tras apelación ante el Tribunal Supremo de Florida Pablo Ibar EEUU En el corredor de la muerte Nabil Manakli Kasaybati Yemen En el corredor de la muerte, pendiente de ser trasladado a España para cumplir pena de prisión. Francisco Larrañaga Filipinas Conmutada la pena de muerte 2.1 Julio Mora El español Julio Mora, condenado a muerte por el asesinato de dos personas en 1997, salió el 3 de septiembre de 2002 del corredor de la muerte, y fue
4. condenado a cadena perpetua en una nueva vista por un juez estadounidense, en un tribunal de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Mora, contaba como 76 años de edad en el momento de la condena. Fue condenado a muerte en 1997 por dos asesinatos, pero el Tribunal Supremo de Florida anuló esa sentencia y ordenó juicio nuevo. Su edad fue un factor clave en dicha decisión. Kenneth Malnik, abogado de oficio de Mora, declaró a la prensa tras culminar la audiencia que la fiscalía desistió de pedir nuevamente la condena a muerte en atención a su avanzado estado de edad y a su aparentemente inestable estado mental. Por su parte, el fiscal Tim Donnelli, declaró que no tenía mucho sentido solicitar la pena capital para Mora ya que la espera en el corredor de la muerte es de aproximadamente de 14 años, con lo cual el español sería ajusticiado a los 90 años. Previamente, cuando el magistrado Backman le preguntó si tenía algo que decir antes de escuchar la sentencia, Mora repitió que tanto el juez como su abogado de oficio eran unos "sinvergüenzas" y que no tenía nada que expresar. Julio Mora fue declarado culpable por el asesinato en 1994 en Fort Lauderdale, al norte de Miami, de su ex supervisor, Clarence Rudolph, y de la abogada Karen Starr Marx, embarazada de cuatro meses. Los asesinatos se produjeron durante una sesión preliminar a una demanda que había presentado Mora por haber sido despedido como profesor de computación en una residencia de jubilados. Mora aseguró en entrevistas con medios de comunicación durante su estancia en el corredor de la muerte que el tiroteo ocurrió en defensa propia, porque Rudolph y un guarda espalda suyo, iban a disparar primero contra él y porque ese día, además, sufría una intoxicación "por los actos terroristas de su ex patrón". De acuerdo con el abogado de Mora, éste podría permanecer en la prisión de Starke, al norte de Florida, o ser trasladado a una cárcel del sur del estado donde recibiría atención médica. Julio Mora tuvo la suerte de contar con un abogado de oficio competente, algo bastante poco habitual en los Estados Unidos, según demostraremos en otro apartado del presente estudio. 2.2 Joaquín José Martinez
5. Joaquín José Martínez, de nacionalidad española, nacido en Guayaquil (Ecuador) el dos de diciembre de 1971, vivió desde los 19 años de edad en Estados Unidos y tiene dos hijas. Fue detenido en enero de 1996, acusado de haber dado a muerte a Douglas Lawson y a Sharrie Mccoy-Ward, homicidios calificados de asesinato en primer grado por el Tribunal1 competente. Douglas Lawson, fue encontrado muerto por tres disparos en el tronco y uno en el cuello. La otra víctima, Sherrie McCoy, se hallaba totalmente vestida cerca de la puerta de la casa. Presentaba un disparo y más de veinte cuchilladas en la zona del cuello además de cortes en las manos producidos durante una pelea. Ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición. El abogado de oficio de Joaquín José Martínez recomienda a éste que se declare culpable, para así poder llegar a la pena de cadena perpetua pactada con el fiscal. Joaquín José Martínez se niega a declararse culpable. El 27 de mayo de 1997 el Tribunal del Juzgado de Tampa le condena a muerte siguiendo la recomendación del Jurado. El 8 de enero de 1999, su nuevo abogado, Peter Raben, presenta un recurso de apelación solicitando la revocación de la sentencia o la celebración de un nuevo juicio, fundándose en que las pruebas fueron manipuladas y que algunos testigos se habían retractado de sus anteriores testimonios. El recurso fue admitido a trámite el 21 de enero por el Tribunal Supremo del Estado de Florida. Varias instituciones y organizaciones realizaron gestiones a favor de Joaquín José Martínez. El Parlamento Europeo, en una resolución de 17 diciembre de 1998, hacía un llamamiento al Tribunal Supremo de Florida pidiéndole anular la condena a la pena de muerte y garantizando su derecho a probar su inocencia en un nuevo juicio. El 8 de enero de 1999 un grupo de Senadores integrado por: Manuel Jaén (Partido Popular), Ignacio Díez (Partido Socialista Obrero Español), Imanol Bolinaga (Partido Nacionalista Vasco) y José Luis Nieto (Grupo Mixto) viajó a Florida para interesarse por el caso y mantuvieron una reunión con el Fiscal General del Estado de Florida. El Senado, aprobó una moción en febrero de 1999, en que instaba al Gobierno español a "continuar interesándose por la situación de Joaquín José Martínez y le instaba a apoyarle a él y su familia con todos los recursos que legalmente le correspondían y a hacer un seguimiento del proceso legal". El día 2 de noviembre de 1999 tuvo lugar la vista oral. Tras ésta, el Tribunal Supremo del Estado de Florida absolvió a Joaquín José Martínez. 1 En el Estado de Florida, el Jurado recomienda la condena pero el Juez no está vinculado por esta recomendación.
6. Los padres de Joaquín José Martínez batallaron incansablemente para que su hijo no sea condenado a muerte, y para que la pena de muerte fuera abolida en Estados Unidos y en todo el mundo. Mas de 20 viajes a España fueron llevados a cabo desde Florida, donde residían, por parte de los padres de Joaquín José Martínez, desde que su hijo fuera condenado a pena de muerte. Sin embargo, los padres de Martínez apenas tuvieron acceso a los medios de comunicación de Estados Unidos para poder explicar su trabajo en contra de la sentencia a muerte que pesa sobre su hijo. El esfuerzo realizado por la familia de Martinez fue descomunal, hasta el punto que tuvieron que vender su casa y gran parte de sus posesiones para poder costear el esfuerzo de librar a su hijo de la condena a muerte. Los fondos necesarios para costear el juicio los obtuvieron principalmente de ayuntamientos y diputaciones que los padres de Martinez fueron visitando uno a uno a lo largo de sus viajes. Desconocemos el presupuesto con que contaba la familia Martínez para contratar los servicios del abogado Peter Raben, pero estimamos que debió de rondar los 150.000 o 180.000 dólares, a juzgar por el presupuesto entregado por este mismo abogado a la familia de Pablo Ibar para realizar una apelación similar ante el Tribunal Supremo de Florida. 2.3 Pablo Ibar Tras su tercer juicio, en mayo de 2000, Pablo Ibar fue hallado culpable, de tres cargos de homicidio en primer grado, y de cargos de robo, robo a mano armada, e intento de robo a mano armada. Estos cargos se producen a consecuencia de tres homicidios que se produjeron en Broward County, Florida, en 1994, cuando el dueño de un bar, Butch Casey, y dos mujeres que le acompañaban, fueron muertos por disparos de arma de fuego. Pablo, que declaró ser inocente, basó su defensa en una identificación errónea de su persona, una completa falta de pruebas físicas que lo vincularan con esos crímenes y el hecho de que disponía de coartada, ya que se encontraba con su novia, con la que se casó posteriormente, cuando se produjeron los disparos. La principal prueba contra Pablo Ibar aportada por la acusación fueron imágenes nada nítidas de video procedentes de una cámara oculta de vigilancia. Siguiendo las recomendaciones a las que llegó el jurado tras una votación de 9 contra 3, el juez procedió a imponerle a Pablo Ibar la condena a muerte. El primer juicio, en el que Pablo Ibar fue procesado conjuntamente con un coacusado, Seth Peñalver, terminó en juicio nulo al no lograr el jurado llegar a un veredicto, ya que si bien los miembros del mismo pudieron visionar el video de la cámara de vigilancia, no pudieron concluir que el hombre que sale en el video fuera Pablo Ibar.
7. En el curso del segundo juicio, junto con Seth Peñalver, concluyó precipitadamente sin llegar a un veredicto cuando el abogado de oficio de Pablo fue detenido por un episodio de violencia doméstica, en el que presuntamente agredió a una mujer embarazada en un caso que fue objeto de una fuerte atención mediática. Peñalver, en cambio, para quien sí prosiguió el juicio, fue hallado culpable, si bien el veredicto fue posteriormente anulado por el Tribunal Supremo de Florida, en base a la admisión inapropiada de determinados testimonios. En su revisión de la condena y del juicio de Pablo Ibar, el Tribunal Supremo de Florida criticó la forma en que se realizó el juicio al no haber admitido los testimonios de varios testigos. No obstante, dictaminó que esos errores eran inocuos y confirmó la culpabilidad de Pablo así como su sentencia de muerte. En la actualidad, tanto el veredicto como la condena a muerte de Pablo son objeto de apelación ante el tribunal que originalmente le condenó a muerte por estimar que Pablo Ibar fue perjudicado al habérsele violado sus derechos constitucionales federales o estatales. Las pruebas presentadas durante el juicio establecieron que durante la noche de autos, Casey había regresado a su domicilio procedente de su bar, Casey's Nickelodeon, acompañado por dos amigas. Una vez en su domicilio, estas tres personas se encontraban bebiendo y fumando marihuana. Posteriormente, tal y como se aprecia en las imágenes, carentes de sonido y nada nítidas, captadas por una cámara de vigilancia que Casey había instalado (porque temía una irrupción en su domicilio por una antigua novia y por su actual novio, el cual comerciaba con drogas), se ve cómo un encapuchado armado con un fusil Tec- 9 asoma por la puerta corrediza de vidrio, tras lo cual penetra en la vivienda con otro hombre encapuchado. Durante los siguientes 20 minutos, los intrusos golpean a Casey y aterrorizan a las dos mujeres, saquean la vivienda y terminan propinando disparos en la nuca a cada una de las víctimas. Aunque no se podía identificar a los perpetradores de estos hechos con las imágenes nada nítidas del video, se extrajo del mismo una imagen fija. Un par de semanas después, un agente de policía vio un folleto con esta imagen que vinculó con Ibar, al cual estaba siendo interrogando en el marco de otra investigación. Ibar inmediatamente negó haber cometido los homicidios y accedió dejarse fotografiar y dio su permiso para proceder al registro de su casa. Posteriormente, la policía localizó a un vecino del señor Casey, el cual identificó a Pablo Ibar como el pasajero que iba en el automóvil Mercedes de Casey, la mañana del día de autos, saliendo del domicilio de la víctima, automóvil que era conducido por otro hombre de complexión latina. (Dicho testimonio fue puesto en duda durante el juicio dado que el testigo sólo pudo ver el automóvil durante breves segundos). El automóvil fue hallado calcinado en el arcén de la autopista a cierta distancia del domicilio de Casey con posterioridad ese mismo dia. Los testigos de la policía atestiguaron que muchos de los amigos y familiares del Pablo, su madre incluida, habían identificado a Pablo Ibar como la persona representada en la imagen del folleto (todo ello a pesar de que, durante el primer juicio, la madre de Pablo Ibar negase que él fuera el hombre que sale en
8. el video de la cámara de vigilancia. La madre de Pablo Ibar falleció antes de que el tercer juicio tuviera lugar.) Un compañero que convivía con Pablo en su domicilio atestiguó que en la mañana del dia de autos, Pablo Ibar y Seth Peñalver habían entrado a toda prisa en casa y habían recogido un fusil Tec-9 que tenían guardado en ese lugar. También hubo testimonios según los cuales Pablo y Seth eran clientes del bar de Casey, Casey' s Nickelodeon, y que habían sido vistos allí durante la semana en que se produjeron los homicidios. No hubo ninguna prueba física, ni huellas digitales, ni pruebas de sangre o de ADN, que pudiera vincular a Pablo Ibar con la escena del crimen. Aunque el video muestra a los intrusos apoderándose de diversos objetos de la vivienda, nunca se encontró objeto alguno que fuera propiedad de Casey en posesión de Pablo Ibar. En el juicio en el que Pablo fue declarado culpable de estos hechos, varios de los testigos repudiaron sus testimonios previos en los que previamente le habían identificado. Tanto Pablo Ibar, como su entonces novia y actual esposa, Tanya Ibar y otros familiares de Tanya atestiguaron que durante la noche de autos, Pablo fue descubierto en la cama con Tanya en el domicilio familiar de ésta última. La hermana de Tanya atestiguó que descubrió a Pablo en la cama con Tanya, cosa que inmediatamente denunció a la madre de Tanya, agente de viajes que se encontraba en Irlanda en ese momento. Se presentaron como pruebas un pasaporte en el que quedaba demostrado que la madre de Tanya y una de sus hermanas se encontraban en Irlanda durante ese fin de semana. El abogado de oficio de Pablo Ibar pasaba por una fase caracterizada por la abundancia de problemas personales mientras representaba a Pablo. Tal y como ya se ha mencionado, dicho abogado incluso había sido detenido por agresión con agravantes de una mujer embarazada durante el segundo juicio de Ibar, acontecimiento que provocó la terminación temporal de los procedimientos judiciales de Pablo. Posteriormente, contrajo una enfermedad grave que requirió otro aplazamiento de tres semanas y al final, el juicio desembocó en el veredicto de culpabilidad y posterior condena a muerte de Ibar. Se da asimismo la circunstancia de que el Colegio de Abogados de Florida ha incoado expedientes disciplinarios contra ese abogado en diversas ocasiones, tanto antes como después del juicio contra Pablo Ibar En la actualidad, Benjamín Waxman, el nuevo abogado de Pablo Ibar, se encuentra preparando una nueva apelación en su favor, ante el tribunal de Broward County. Se trata de una oportunidad de examinar de forma crítica las tácticas y las estrategias utilizadas por el abogado de oficio con el fin de comprobar si cumplían con las normas mínimas de conducta profesional. En esta fase será preciso investigar varias cuestiones. Por ejemplo, ¿se aseguró el abogado de oficio de contar con la asistencia de los peritos necesarios para defensa? En este sentido, un psicólogo podría haber proporcionado asistencia pericial en el análisis de los testimonios fundamentales de identificación, lo que constituye una fuente habitual de revocaciones de condenas. En otro orden de cosas, el
9. abogado de oficio ¿investigó suficientemente la posibilidad de que existieran otros perpetradores que acaso hubieran podido tener motivos y una oportunidad de agredir a Casey (que era dueño de un bar, y que estaba involucrado en tráfico de drogas, mujeriego reconocido que justo antes de su muerte, había pasado por una amarga ruptura de relaciones con la que fue su novia hasta entonces? ¿Realizó el abogado de oficio las protestas pertinentes para preservar argumentos relativos a la inapropiada admisión inapropiada de determinadas pruebas que fueron cuestionadas en la apelación ante el Tribunal Supremo de Florida, cuestionamientos que fueron rechazados en apelación por no haber sido debidamente realizados durante el juicio ante el tribunal de Broward County. Se trata asimismo de una oportunidad de revisar detalladamente los archivos de la oficina del fiscal y la policía y de los funcionarios policiales que investigaron este crimen con el fin de determinar si no entregaron a la defensa (como es su deber según la Constitución de los Estados Unidos) cualquier prueba que hubiera podido exonerar a Pablo Ibar. Esta fase del procedimiento requiere una esmerada revisión de miles de páginas del sumario con el fin de comprobar que hubieran sido plenamente respetados sus derechos constitucionales a un debido proceso y una asistencia legal efectiva. El Presupuesto de la apelación fallida de Pablo Ibar ante el Tribunal Supremo de Florida totalizó 180.000 dólares. La actual apelación de Pablo Ibar ante el Tribunal de Broward County llega a un montante total de 300.000 dólares (unos 237.000 euros al cambio en el momento de la emisión del presupuesto). 2.4 Nabil Manakli Kasaybati Ciudadano de origen sirio condenado a muerte en Yemen, residió durante varios años en España, donde se casó y obtuvo la nacionalidad española. En 1997 fue detenido, acusado de planear actos de sabotaje y asesinatos, por un atentado con bomba ocurrido en Adén en julio de ese año. Fue inculpado junto con 27 personas más, algunas de las cuales, incluido él, fueron torturadas, según informes, para obligarlas a confesar. El tribunal admitió como prueba estas confesiones obtenidas presuntamente con tortura. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte impuesta a Nabil Manakli y el 11 de septiembre de ese mismo año el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, ratificó su condena de muerte. Desde entonces corre riesgo inminente de ejecución. De acuerdo a informes recibidos, el presidente de Yemen manifestó que la decisión de ejecutar a Nabil Manakli no se tomó por motivos políticos y que el sistema judicial de Yemen es independiente y «ninguna parte, sea la que sea, puede intervenir en sus asuntos y decisiones, al igual que en España». Amnistía Internacional ha dado una intensa publicidad al caso y se ha mantenido en contacto con personas de la familia de Nabil Manakli a la vez que
10. sigue las gestiones llevadas a cabo por la embajada española en Riad (Arabia Saudí), que se ocupa también de los asuntos de Yemen. Representantes de esta embajada visitan periódicamente a Nabil para comprobar su estado de salud y atender sus posibles necesidades. El pasado 27 de enero de 2008, el presidente yemení, Ali Abdulá Saleh, ratificó un convenio suscrito con el Gobierno de España para la extradición de personas condenadas, lo que permitirá la entrega a Madrid del ciudadano español de origen sirio Nabil Manakli, condenado a muerte en Yemen por acciones terroristas. Según informaron ese mismo día los medios de comunicación oficiales yemeníes, ese convenio entraba ya en vigor tras su aprobación por Saleh, que iniciaba al día siguiente su primera visita oficial en España desde que llegó al poder en su país en 1978. Fuentes oficiales yemeníes habían asegurado que Manakli, de 53 años, sería entregado a España justo tras la aprobación final del convenio bilateral, firmado en octubre pasado en Madrid, y ratificado dos meses más tarde por el Gobierno de Saná2 . En el momento de redactar el presente estudio esto aún no ha sido así, si bien se espera que el traslado de Manakli se realice en breve. Al estar la pena de muerte abolida por completo en España desde 1995 (fue abolida en la legislación ordinaria por la Constitución de 1978 y fue abolida en la legislación militar para tiempo de guerra en noviembre de 1995), tal traslado supondría una conmutación de facto en el caso de que tal conmutación no se hubiera producido previamente en el Yemen. Este acuerdo prevé facilitar la reinserción en su país de origen de los condenados por un tribunal extranjero, siempre que lo solicite el interesado y ambos estados lo acepten. 2.5 Paco Larrañaga Francisco Juan Larrañaga es un español de 27 años que vive en Filipinas y lleva desde los 19 años en la cárcel. El 5 de mayo de 1999 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de primera instancia, junto con otros seis acusados, por secuestro, violación y muerte de dos mujeres filipinas: Maryjoy Chiong y Jacqueline Chiong (las "hermanas Chiong"). El 5 de febrero de 2004, el Tribunal Supremo de Filipinas revisó la sentencia y aumentó la condena a pena de muerte, condenando a Paco Larrañaga y a otros cinco imputados. La decisión de elevar la pena a seis de los siete condenados fue aprobada por todos los miembros del Supremo, aunque el presidente del Alto Tribunal, Hilario Davide, se vio obligado a no participar en la votación, dado que las víctimas eran familiares de su esposa. En cuanto al séptimo condenado, James Anthony 2 BOE nº 33, 7 de febrero de 2008, pp. 6722 y siguientes, Convenio sobre Personas Condenadas entre el Reino de España y la República del Yemen
11. Uy, se le ha mantenido la cadena perpetua ya que cuando se llevó a cabo el crimen era menor de edad. Según la sentencia del Tribunal Supremo, Larrañaga y los demás condenados secuestraron el 16 de julio de 1997 en un centro comercial de la ciudad filipina de Cebú a las hermanas Maryjoy y Jacqueline Chiong, entonces de 19 y 21 años respectivamente. Los condenados, añade la sentencia, violaron repetidamente a las victimas y el cadáver de Maryjoy, apareció el día siguiente, mientras que el cuerpo de Jacqueline sigue desaparecido. Paco Larrañaga, así como su familia, ha manifestado en todo momento su inocencia, argumentando que en la mañana del 16 de julio de 1997 se estaba examinando en la Escuela de Artes Culinarias en Manila, a 300 kilómetros por mar de la ciudad de Cebú, donde se cometieron los crímenes. Tales hechos fueron corroborados por 15 testigos, entre ellos la profesora de la escuela, sus compañeros de clase, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Manila y los amigos con los que estuvo aquella noche. Además, el juez no permitió declarar a otros 20 testigos que decían poder corroborar la coartada de Paco Larrañaga. Las investigaciones policiales se centraron en un principio en delincuentes habituales de Cebú. Al parecer, la primera pista que los llevó a los siete acusados fue una denuncia anterior de una joven que había señalado a Paco Larrañaga como la persona que había tratado de introducirla en su coche a la fuerza unos meses antes. Pero no fue hasta ocho meses más tarde, ante la presión popular para dar con los culpables que amenazaba a toda la jerarquía policial de Cebú, cuando los investigadores se encontraron con el testimonio de David Valiente Rusia, un delincuente con pequeños delitos pendientes en EE.UU. que aseguraba haber participado en el crimen y señalaba entre los participantes a varios hijos de la elite local, incluido Paco Larrañaga. David Valiente Rusia, hoy en paradero desconocido, recibió inmediatamente inmunidad y se convirtió en testigo protegido a cambio de denunciar lo ocurrido durante el juicio, donde alegó que su conciencia no le había dejado dormir y que arrepentido se decidió a contar la verdad. Fuentes policiales afirman que el testimonio de David Valiente Rusia fue contrastado con numerosos testigos y que sus detalles eran tan concretos que dificilmente podrían haber sido inventados. La familia de Paco Larrañaga y el abogado denuncian que durante las investigaciones y el propio juicio hubo serias irregularidades, entre ellas que a pesar de haberse encontrado restos de semen en una de las víctimas no se haya realizado ninguna prueba de ADN, que el juez no permitió elegir a Francisco su propio abogado cuando el anterior renunció, o que tres de los acusados manifestaron haber sido torturados durante los interrogatorios. En marzo del 2004 los abogados elevaron una moción de reconsideración al Tribunal Supremo con la esperanza de que debido a todas las irregularidades que caracterizaron al proceso, Paco tuviese un nuevo juicio. Sin embargo el 21 de julio 2005, el Tribunal Supremo desestimó la moción y confirmó la pena de muerte por inyección letal. Después de esta decisión del tribunal, su única posibilidad era el indulto presidencial. Si él lo solicitaba, tenía que reconocer culpabilidad pero si lo hacía
12. un tercero, ese requisito no era necesario. Por esta razón Paco manifestó en reiteradas ocasiones que él no iba a pedir clemencia. A finales de septiembre de 2005 el Gobierno español se ofreció directamente a la familia a gestionar la solicitud de indulto. En agosto de 2006 se produjo otra buena noticia en relación a este caso. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó a favor de Paco Larrañaga, diciendo que el juicio fue injusto ya que se violaron varios puntos del Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos. En 1987, Filipinas había marcado un precedente histórico al convertirse en el primer país de Asia que en los tiempos modernos abolía la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, la pena capital volvió a ser introducida a finales de 1993 para 46 delitos. En febrero de 1999 tuvo lugar la primera ejecución en 23 años y, desde entonces, siete personas han sido ejecutadas por el método de inyección letal, la última de ellas, el cuatro de enero de 2000. En marzo de 2000, el entonces presidente Joseph Estrada anunció la suspensión de las ejecuciones con motivo del jubileo cristiano. Sin embargo la presidenta Gloria Macapagal Arroyo levantó en noviembre de 2003 la suspensión de las ejecuciones en los casos de condenados por secuestro y tráfico de drogas. Anteriormente la presidenta había rechazado las peticiones de que se reanudaran las ejecuciones para responder a la preocupación de la opinión pública por el aumento de la delincuencia, sobre todo de los secuestros con petición de rescate, afirmando que la profunda reforma institucional de la Policía Nacional de Filipinas y del sistema de justicia penal ofrecía un medio más eficaz para hacer frente a la delincuencia y disuadir de la comisión de delitos. Tras la investidura de la presidenta Arroyo, celebrada en julio 2004, se recibieron informes que indicaban que en breve se reanudarían las ejecuciones. Sin embargo, la presidenta concedió una serie de aplazamientos a las personas que se enfrentaban a una ejecución inminente. El Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas votaron el 6 de junio de 2006 la revocación de la Ley de la República 7659 que permitía la aplicación de la pena de muerte. Unos meses antes, el 15 de abril, la presidenta Arroyo había conmuta do todas las penas de muerte por cadena perpetua, la mayor conmutación de penas de muerte de los tiempos modernos. Cuatro días después, Arroyo dio carácter de urgencia a la legislación para revocar la pena de muerte. El Congreso de Filipinas aprovechó bien la oportunidad de terminar con la pena capital y ha mostrado con su liderazgo su compromiso con el respeto al derecho fundamental a la vida. Filipinas se convierte así en el país número 25 de la región de Asia y Oceanía que termina con la pena capital en la ley o en la práctica. Casi 1.000 condenados a muerte se han beneficiado de la abolición aprobada este año. Paco Larrañaga es uno de los condenados a muerte que se ha beneficiado de la abolición de la pena capital en Filipinas.
13. El 18 de mayo de 2007, los Gobiernos de España y Filipinas firmaron un acuerdo sobre personas condenadas que permitirá a Francisco Larrañaga ser trasladado desde el país asiático para cumplir su condena en una cárcel española. La entrada en vigor del tratado firmado exige la ratificación de las Cortes Generales y del Senado filipino. Una vez se hallan realizado dichos trámites, Paco Larrañaga podrá cumplir su condena en España. Sin embargo, Larrañaga mantiene que lo que desea es un juicio justo y que no le importaría permanecer en Filipinas si supiera que le fueran a juzgar de nuevo con las debidas garantías. 3. ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y OTRAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN LOS CASOS DE ESPAÑOLES CONDENADOS A MUERTE EN EL EXTRANJERO El 30 de noviembre de 2006 se aprobó en Pleno del Congreso de los Diputados por cuasi unanimidad3 una proposición no de ley relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o acusados de delitos que conlleven la pena capital. Dicha Proposición no de Ley, que previamente había sido tramitada en la Comisión de Justicia y aprobada, establece que “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en defensa del derecho fundamental a la vida de los ciudadanos españoles condenados a muerte, por sobre los que pese solicitud de pena de muerte, adopten cuantas medidas políticas y legislativas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica de calidad, y gratuita, y capacidades suficientes, desde el primer momento posible a partir de la detención, cuando se formule acusación que pueda conllevar la petición de pena de muerte, durante el procedimiento judicial y en la fase posterior a la sentencia, cuando el condenados se encuentre en el “corredor de la muerte”, todo ello a tenor de las disposiciones legales y de los usos jurídicos del país de condena o en qu de se solicita la pena capital”4 . La Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” no fue del todo ajena a la generación del proyecto que desembocó en dicha proposición no de ley. Con la información de que dispone la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” en la mano, cabe resumir la actuación del Gobierno de España y otras autoridades españolas en los casos de Españoles condenados a muerte en el extranjero con la siguiente tabla: Caso País Actuación Julio Mora EE.UU. Asistencia consular. Jose Joaquín Martinez EE.UU. Asistencia consular. Visitas delegación del senado. Pronunciamientos parlamentarios tanto estatales como autonómicos. Recaudación de fondos tanto públicos como privados por la familia. Pablo Ibar EE.UU. Asistencia consular. Visita delegación del 3 Hubo solamente tres votos en contra. 4 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 30 de noviembre de 2006. pp. 7 y 8.
14. senado. Pronunciamientos parlamentarios tanto estatales como autonómicos. Recaudación de fondos tanto públicos como privados por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar”.. Nabil Manakli Yemen Asistencia consular. Gestiones a nivel gubernamental que culminan en un Convenio para la extradición de personas condenadas Paco Larrañaga Filipinas Asistencia consular. Contactos gubernamentales. De este cuadro se infiere claramente que las autoridades españolas ya tienen claramente determinado que no puede reaccionar de igual forma en según qué países. La determinación o no de si los contactos gubernamentales pueden ser eficaces o no y por tanto si vale la pena realizarlos presumiblemente depende en buena medida del sistema político y judicial de cada país. En el caso de Yemen y de Filipinas sabemos, por noticias aparecidas en los medios de comunicación, que las autoridades españolas han realizado contactos gubernamentales que de una u otra forma han contribuido al feliz desenlace de los casos de Nabil Manakli y Paco Larrañaga respectivamente. Así pues, una intervención efectiva en los EE.UU. que sea acorde con lo aprobado en la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados debe tener en cuenta las especificidades del sistema político y judicial de cada país así como los problemas y defectos de dicho sistema. 4. SER EXTRANJERO Y SER CONDENADO A MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS Dado el sistema político y judicial de los EE.UU., está claro que este tipo de contactos no tienen sentido ni recorrido si no es muy al final de un proceso capital, en forma de solicitudes formales de clemencia a los gobernadores de estado cuando ya la condena es firme y se ha fijado fecha de ejecución. Felizmente ninguno de los casos españoles ha llegado por ahora hasta este punto. En los EE.UU. se dan además un condicionante específico –y excesivamente frecuente- de los casos de ciudadanos extranjeros condenados a muerte en ese país, cual es el hecho de que, en la gran mayoría de los casos las autoridades estadounidenses no han informado a estas personas, al detenerlas, de los derechos que les otorga la Convención de Viena sobre Derechos Consulares, de ponerse en contacto con sus consulados para recibir ayuda. Además, los extranjeros condenados a muerte en los EE.UU. comparten con los norteamericanos condenados a muerte otra serie de dificultades, cuales son la falta de garantía de asistencia letrada adecuada –y por tanto efectiva- en casos capitales en los EE.UU. Otro factor a tener en cuenta es el coste excesivo del derecho a una asistencia letrada efectiva en los EE.UU. y más aún
15. si son varias las apelaciones que hay que realizar, como en el caso de Pablo Ibar. Buena parte de este coste se habría ahorrado a las diversas instancias del Estado Español si tanto Pablo Ibar, como en su día Joaquín José Martínez, hubieran contado con asistencia letrada efectiva en los juicios en los que originalmente eran acusados de delitos capitales. 4.1 Negación de derechos consulares en casos de extranjeros condenados a muerte en los EEUU. ¿Cuál hubiera sido la reacción estadounidense si uno de sus ciudadanos fuese detenido en el extranjero, llevado a juicio y condenado a muerte a la vez que le negaban sus derechos consulares acordados internacionalmente? Calificarlo de atropello, presumiblemente. Pero esto es, precisamente, lo que Estados Unidos ha hecho y sigue haciendo a ciudadanos de otros países. Hay más de 100 ciudadanos extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos, Pablo Ibar entre ellos. En la gran mayoría de los casos las autoridades estadounidenses no han informado a estas personas, al detenerlas, de los derechos que les otorga la Convención de Viena sobre Derechos Consulares, de ponerse en contacto con sus consulados para recibir ayuda. Por lo menos son 17, los ciudadanos extranjeros ejecutados en Estados Unidos desde 1977: Ciudadanos extranjeros ejecutados en Estados Unidos desde 1977 Nombre País de origen Estado y fecha de ejecución Leslie Lowenfield Guyana Luisiana, 1988 Carlos Santana República Dominicana Texas, 1993 Ramón Montoya México Texas, 1993 Irineo Montoya México Texas, 1997 Mario Murphy México Virginia, 1997 Pedro Medina Cuba Florida, 1997 Ángel Breard Paraguay Virginia, 1998 José Villafuerte Honduras Arizona, 1998 Tan Nguyen Vietnam Oklahoma, 1998 Karl LaGrand Alemania Arizona, 1999 Walter LaGrand Alemania Arizona, 1999 Jaturun Siripongs Tailandia California, 1999 Alvaro Calambro Filipinas Nevada, 1999 Joseph Faulder Canadá Texas, 1999 Miguel Flores México Texas, 2000 Sebastian Bridges Sudáfrica Nevada, 2001 Sahib al-Mosawi Irak Oklahoma, 2001 En los Estados Unidos de América hay actualmente condenados a muerte más de 70 ciudadanos extranjeros pertenecientes a 22 nacionalidades diferentes. Prácticamente en todos los casos de estos extranjeros, las autoridades que efectuaron la detención no informaron a los detenidos de su derecho a ponerse en contacto con los representantes de su consulado. A consecuencia de esta práctica indebida, los ciudadanos extranjeros, enfrentados a un sistema judicial
16. con el que no están familiarizados, han sido juzgados y condenados a muerte sin poder beneficiarse del apoyo crucial de las autoridades de sus países nativos. En Arizona fueron ejecutados dos ciudadanos alemanes, Karl LaGrand y Walter LaGrand el 24 de febrero y el 3 de marzo de 1999, a pesar de los llamamientos de Amnistía Internacional, del Canciller alemán, Gerhard Schoreder y del Tribunal Internacional de Justicia para que se procediese sin dilación a rever sus casos. Como en el caso de Joaquín José Martínez, al gobierno alemán le preocupaba el hecho de que a Walter LaGrand se le habían negado los derechos que le otorga la Convención de Viena. También a finales del año pasado, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Texas y a la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, que otorgara una audiencia de determinación de indulto a Joseph Stanley Faulder, ciudadano canadiense cuya ejecución estaba prevista para el 10 de diciembre de 1998. La ejecución de Faulder, a quien no se había informado de su derecho a consultar al consulado canadiense, fue aplazada cuando las autoridades acordaron volver a estudiar varios aspectos de su caso. La ejecución de Stanley Faulder se llevó a cabo el 17 de junio de 1999 a pesar de los llamamientos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y el Papa Juan Pablo II para que se le perdonara la vida. El gobernador Bush de Texas, hermano del "otro" gobernador Bush en el estado de Florida y quien puede decidir finalmente la suerte de Joaquín José Martínez, no intervino haciendo caso omiso de los numerosos datos inquietantes del caso Faulder. Por ejemplo el hecho de que las autoridades canadienses podrían haber ayudado a la defensa de Faulder si hubieran tenido conocimiento de que uno de sus ciudadanos se enfrentaba a cargos tan graves o que el jurado se basó en el dudoso testimonio de una psiquiatra que desde el juicio ha sido desacreditado. Elementos de duda y de vulneración de derechos que, con algunas variaciones, se encontraban también en el caso de Joaquín José Martínez. En 1969, Estados Unidos ratificó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, un tratado multilateral que regula las funciones de los consulados en al menos 144 naciones. El artículo 36 b de esta Convención dispone que las autoridades locales informarán sin demora a los ciudadanos extranjeros detenidos de su derecho a recibir ayuda de su consulado. A petición del detenido, las autoridades deben notificar al consulado la detención y permitir que algún miembro del consulado se ponga en contacto con él. Ese mismo artículo 36 garantiza que todos los extranjeros detenidos deben disponer de todos los medios posibles para preparar una defensa adecuada y deben recibir el mismo trato ante la ley que los ciudadanos del país en el que han sido detenidos. Los cónsules se encuentran en una situación única para proporcionar una amplia gama de servicios esenciales a los ciudadanos de su país: pueden brindar asesoramiento y asistencia legal, facilitar traducciones,
17. notificar la detención a los familiares, hacer llegar documentación desde el país de origen y asistir como observadores a las vistas judiciales. El derecho a que el consulado sea informado de la detención de uno de sus ciudadanos y tenga acceso al detenido se reitera también en otras normas internacionales de derechos humanos como el principio 16.2 del Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión o el artículo 38.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Así pues, es de destacar que a Joaquín José Martinez no se le informó de sus derechos consulares en el momento de su detención. Este no fue el caso de Pablo Ibar, ya que en el momento de su detención no tenía la nacionalidad española, nacionalidad que obtuvo posteriormente a su detención, acogiéndose al hecho de que su padre sí tenía dicha nacionalidad. No sabemos si a Julio Mora le informaron de estos derechos en el momento de su detención, pero resulta evidente que los ciudadanos españoles pueden verse expuestos a este tipo de situación en el futuro. Hay países que ya han reaccionado y puesto en práctica mecanismos que contribuyen a paliar esta situación de violación de derechos consulares y posterior vulneración de otros derechos en casos capitales. Un ejemplo claro de ello es México. 4.1.1. El ejemplo de México –Defensa eficaz de sus ciudadanos en casos capitales en los EEUU. El caso de Osvaldo Torres y otros casos similares. El delito por el que Osvaldo Torres había sido condenado a muerte fue el asesinato de Maria Yánez y su esposo Francisco Morales, muertos a tiros en su casa de la ciudad de Oklahoma en julio de 1993. La hija de las víctimas, de 14 años, se despertó al oír los disparos y telefoneó a la policía. De camino a la casa, la policía detuvo a George Ochoa y Osvaldo Torres no lejos del lugar de los hechos. Los dos hombres fueron juzgados juntos por cargos de robo con escalo en primer grado y asesinato en primer grado con intención dolosa. Respecto a este último cargo, la fiscalía tenía que demostrar más allá de una duda razonable que cada uno de los acusados tenía intención de matar a las víctimas. Según la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma, "la teoría de la acusación, respaldada por las pruebas, demuestra que Torres no fue el autor de los disparos". Para obtener una declaración de culpabilidad de asesinato en primer grado, la acusación tenía por tanto que demostrar que Osvaldo Torres “tenía intención personal de causar la muerte a la víctima y colaboró a ello con pleno conocimiento de las intenciones del autor material". La acusación presentó algunas pruebas que, aunque no eran irrefutables, parecían señalar que Osvaldo Torres estaba presente en el lugar del crimen o cerca de él. Sin embargo, las pruebas que respaldaban la teoría de su colaboración en el crimen no eran sólidas, y no se presentó ninguna que demostrara que Osvaldo Torres había cometido, planeado o ayudado a planear los asesinatos, o sabía que su coacusado planeaba matar. George Ochoa permanece en el pabellón de los condenados a muerte, y su fecha de ejecución todavía no se ha fijado.
18. Uno de los testigos de cargo, una niña de 15 años, declaró que el hombre al que había visto con George Ochoa antes del delito llevaba un arma. Pero la pistola que describió en el juicio –y que nunca se halló– no era el arma utilizada en los asesinatos. Desde entonces, esta joven se ha retractado de su testimonio, y ha dicho que la fiscalía la coaccionó para que dijera que había visto un arma. A pesar de su declaración jurada a este respecto, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma se basó en el testimonio que la joven dio durante el juicio para confirmar la declaración de culpabilidad de Torres respecto al delito de asesinato en primer grado con intención dolosa: "Las pruebas circunstanciales respaldan la conclusión de intencionalidad, especialmente teniendo en cuenta las pruebas que señalan que Torres tenía un arma antes de los homicidios" (énfasis añadido). La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito confirmó a su vez la declaración de culpabilidad y la condena de muerte, a pesar de reconocer que las pruebas contra Torres son "susceptibles de ser interpretadas". Uno de sus tres jueces escribió: "No creo que las pruebas sean suficientes para respaldar la declaración de culpabilidad de Torres respecto al asesinato". En la vista para examinar la solicitud de indulto, el embajador de México en Estados Unidos pidió que no se ejecutara la pena de muerte. A Osvaldo Torres se le habían negado los derechos consulares que le otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo artículo 36 establece que las autoridades deben notificar "sin dilación" a todos los ciudadanos extranjeros detenidos su derecho a que se informe a su consulado de su detención. El caso de Osvaldo Torres se incluía en una resolución emitida el 31 de marzo de 2004 por la Corte Internacional de Justicia sobre una causa presentada ante ella por México en favor de los ciudadanos de su país condenados a muerte en Estados Unidos. Dicha resolución concluía que Estados Unidos había violado las obligaciones que ha contraído en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y que debía proporcionar una revisión judicial efectiva y reconsiderar las repercusiones que esa violación había tenido en los casos de los ciudadanos extranjeros en cuestión. En el momento de su detención, Osvaldo Torres era un joven de 18 años sin abogado que había tenido un contacto mínimo con el sistema de justicia penal estadounidense. Estaba registrado ante las autoridades de inmigración como extranjero residente, detalle que la policía tuvo que averiguar al hacer la investigación rutinaria de antecedentes tras su detención. Pese a ello, las autoridades no le informaron en ningún momento de los derechos que le amparaban en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. México no tuvo noticia del caso hasta 1996, cuando su familia se puso en contacto con el consulado mexicano para pedir ayuda. Para entonces, Osvaldo Torres ya había sido declarado culpable y condenado a muerte. Una ayuda oportuna del consulado mexicano podría haber impedido que le impusieran la pena de muerte, ya fuera convenciendo al fiscal de que no pidiera dicha pena o ayudando a la defensa durante el juicio. En la vista celebrada el 7 de mayo de 2004 para examinar la petición de indulto, Osvaldo Torres dijo a la Junta de Indultos y Libertad Condicional: "No voy a sentarme aquí y decirles que no hice nada malo". Reconoció que había
19. tenido intención de robar en la casa en la que murieron las víctimas, pero, según dijo: "No maté a nadie, y no sabía que George fuera a matar a nadie". El gobernador Henry y su predecesor habían rechazado previamente seis de las siete recomendaciones de indulto formuladas por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado en casos de pena capital desde 2001. Por tanto fue un caso sin precedentes cuando, el 14 de mayo de 2004, el gobernador Brad Henry conmutó la condena de muerte del ciudadano mexicano Osvaldo Torres por una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, de acuerdo con la recomendación formulada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado el 7 de mayo. El gobernador hizo constar también que a Osvaldo Torres se le habían negado los derechos consulares que le otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La declaración del gobernador observaba que "ese tratado también es importante para proteger los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero". El gobernador dijo: "He tenido en cuenta el hecho de que Estados Unidos firmó la Convención de Viena de 1963 y es Estado Parte en ese tratado", y añadió que "el Departamento de Estado estadounidense se puso en contacto con mi oficina y nos instó a prestar 'cuidadosa atención' a ese hecho". Entre septiembre de 2000 y junio de 2003, funcionarios consulares y abogados adscritos al programa de asistencia jurídica de México intervinieron con éxito en 45 casos de ciudadanos mexicanos que se enfrentaban a cargos punibles con la muerte en Estados Unidos. En 38 de esos casos, los fiscales accedieron a no pedir la pena de muerte antes del juicio. En cuatro casos, los acusados fueron condenados a cadena perpetua después de juicios con jurado, y en tres casos las penas de los acusados se conmutaron por cadena perpetua. En el caso de Osvaldo Torres, la intervención oportuna de funcionarios consulares podría haber permitido que la pena de muerte no llegara a pedirse, dada la poco sólida naturaleza de las pruebas que en último término condujeron a su declaración de culpabilidad respecto del homicidio premeditado. Desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 15 de agosto de 2000, los funcionarios consulares mexicanos prestaron asistencia a 261 ciudadanos mexicanos implicados en casos de pena de muerte en Estados Unidos. De esos casos, 119 evitaron el procesamiento por delitos punibles con la pena capital, 19 fueron absueltos y se conmutaron dos penas de muerte5 . Si no se hubiera conseguido esto, la asistencia consular podría haber incrementado los recursos y los medios para que el abogado de oficio de Osvaldo Torres preparase una defensa más vigorosa, incluida la facilitación de la investigación de antecedentes para la presentación de pruebas atenuantes en la fase de determinación de la condena. 4.2 Falta de garantía de asistencia letrada adecuada en casos capitales en los EE.UU. 5 Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Informe de Labores, 2000
20. El hecho de que un acusado de un delito punible con la pena capital viva o muera depende normalmente más de su abogado que del delito que haya cometido. Muchos acusados han estado representados durante el juicio por abogados que carecían de conocimientos, la experiencia, los recursos o la dedicación necesarios para manejar casos tan complejos. Por el contrario se enfrentan a fiscales formados en un sistema acusatorio que suelen contar con gran experiencia y persiguen activamente una condena a muerte. En 1984, la Corte Suprema resolvió que los errores cometidos por los abogados no eran motivo suficiente para anular una declaración de culpabilidad o una sentencia a menos que el acusado pudiera demostrar que dichos errores habían influido negativamente en el resultado del juicio, algo muy difícil de demostrar.6 La Corte declaró que "el gobierno no es responsable de los errores de los abogados y, por lo tanto, no tiene capacidad para evitarlos". Esta resolución significa que muchos condenados pueden haber sido ejecutados como consecuencia de los errores cometidos por sus abogados. Por ejemplo, en 1998, un tribunal de apelación de Texas desestimó el recurso de LaRoyce Lathair Smith porque su abogado lo había presentado con retraso: uno de los jueces que manifestaron su disconformidad declaró que esa decisión "se aproxima a la barbarie". Las salvaguardias internacionales exigen que los acusados sobre los que pende la pena capital reciban en todas las fases del proceso una asistencia letrada adecuada, muy superior a la que se proporciona en causas en las que no puede imponerse la pena capital. En Estados Unidos, muchos de estos acusados son demasiado pobres para disponer de su propio abogado y, por eso, son asistidos por un defensor de oficio. Aunque la existencia de abogados incompetentes o sin experiencia ayuda a explicar por qué han sido condenados a muerte tantos inocentes, otro fallo aún más extendido quizá es el que ocurre en la fase de determinación de la sentencia en los juicios por delitos punibles con la muerte. Es en esta fase, después de que el acusado ha sido declarado culpable, cuando el fiscal expone sus argumentos en favor de la ejecución y la defensa, se supone, presenta atenuantes para obtener una sentencia más leve. En un caso tras otro, a pesar de disponerse de factores atenuantes, los abogados defensores han presentado pocos o ninguno de ellos y han dejado al jurado con pocas razones o sin ninguna para mostrarse clementes. Muchas personas que fueron miembros de jurados, más tarde han manifestado no hubieran votado a favor de la muerte si les hubieran presentado los atenuantes que sólo llegaron a conocer después del juicio. Las normas internacionales disponen que los Estados deben garantizar que todos los acusados que no puedan permitirse pagar un abogado de su elección contarán con "abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios". Además, los gobiernos deben garantizar que se facilitarán "fondos y otros recursos 6 Strickland contra Washington
21. suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas".7 Para ganar una apelación argumentada en que se cometieron este tipo de errores, un acusado debe demostrar que de no ser por la actuación de su abogado el resultado del juicio hubiera sido distinto. En 1984, la Corte Suprema de Estados Unidos dio instrucciones a las cortes de apelación para que mostraran «gran deferencia» con la conducta de un abogado y se decantaran por «la presunción del buen hacer» del abogado. Este obstáculo se hizo mayor con la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz de 1996 que limita la revisión judicial federal de decisiones de los tribunales estatales. Por ejemplo, recientemente una corte federal permitió que se mantuviera la condena a muerte de Howard Neal a pesar de dictaminar que la Corte Suprema de Misisipi había errado al decidir que la inadecuada actuación del abogado de Howard Neal no había alterado el resultado del juicio según la Corte Federal. En virtud de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Eficaz, el error de la corte del estado no había sido «irrazonable». Amnistía Internacional ha documentado muchos casos de asistencia letrada inadecuada para los acusados de delitos punibles con la pena de muerte. Este problema se ha visto agravado por dos recientes iniciativas federales. En 1995, el Congreso de los Estados Unidos votó a favor de eliminar la asignación de fondos federales para las organizaciones de defensa de los condenados, creadas en 1988 para proporcionar asistencia letrada a los condenados en espera de ejecución sin recursos económicos. Posteriormente, en 1996, el presidente Clinton firmó la entrada en vigor de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, destinada a reducir el plazo transcurrido entre la sentencia y la ejecución, y que limita gravemente los recursos que los condenados a muerte pueden presentar ante los tribunales federales. La lista que sigue podría ser mucho más larga. En dicha lista pudo estar Joaquín José Martínez. En esta lista aún puede estar Pablo Ibar. Nombre Destino John Young Ejecutado en Georgia en 1985. Su abogado admitió no estar preparado debido a problemas personales. Fue inhabilitado para el ejercicio de la abogacía (al ser condenado por un delito de drogas) días después del juicio. No presentó ningún atenuante en nombre del adolescente a quien defendía. Billy Mitchell Ejecutado en Georgia en 1987. Su abogado no presentó atenuante alguno en la fase de determinación de la pena. Las declaraciones juradas por escrito de personas que hubieran testificado si se lo hubiesen pedido ocupaban 170 páginas del sumario archivado en la corte federal. Earl Clanton Ejecutado en Virginia en 1988. Su abogado pasó ocho horas con Clanton, incluidas las del juicio. Un juez federal estimó que «no haber hecho el menor esfuerzo para obtener atenuantes [...] equivale al total incumplimiento de su 7 Principios 3 y 6 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
22. obligación profesional.» James Messer Ejecutado en Georgia en 1988. Numerosos jueces federales describieron la actuación de su abogado como «irrazonable y perjudicial», «un desmoronamiento completo del proceso de confrontación de pruebas entre las partes» y «egregia falta de profesionalidad». Leonard Laws Ejecutado en Virginia en 1990. Su abogado no presentó atenuantes, incluido el hecho de que Laws sufrió graves daños psicológicos en la guerra de Vietnam. En su opinión disidente, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos describió la conducta del abogado como «claramente deficiente». John Gardner Ejecutado en Carolina del Norte en 1992. Su abogado, que abusaba de las drogas y el alcohol cuando se celebró el juicio y quien prohibieron el ejercicio de la profesión por negligencia profesional, no llevó a cabo ninguna investigación en busca de atenuantes. Jesus Romero Ejecutado en Texas en 1992. Todo el alegato final de su abogado consistió en decir: «Ustedes son un jurado extremadamente inteligente. Tienen en sus manos la vida de este hombre. Se la pueden quitar o no. Es todo lo que tengo que decir.» Un juez federal dictaminó que esta conducta era «patentemente irrazonable» pero su decisión fue revocada en la apelación. Martsay Bolder Ejecutado en Misuri en 1993. Su abogado no presentó ningún atenuante. Un juez federal anuló la condena a muerte pero fue restablecida tras la apelación. En su opinión disidente, uno de los jueces dijo que era «un error judicial» . Joe Wise Ejecutado en Virginia en 1993. Su abogado no había defendido nunca a un encausado acusado de delito penal. Su alegato contra la ejecución duró dos minutos y la defensa de la vida de su cliente quedó comprimida en 22 frases. Carl Johnson Ejecutado en Texas en 1995. En el juicio, el principal abogado defensor se durmió durante «periodos prolongados en numerosas ocasiones», según una declaración jurada del adjunto, abogado sin experiencia, recién salido de la facultad. Larry Stout Ejecutado en Virginia en 1996. Su abogado no presentó atenuantes en la fase de determinación de la pena. Un juez federal dictaminó que tal conducta había sido inadecuada constitucionalmente pero su decisión fue revocada por una corte superior. Durlyn Edmonds Ejecutado en Illinois en 1997. El abogado defensor, de oficio, no investigó ni presentó pruebas de la enfermedad mental de Edmonds a pesar de que a éste le habían diagnosticado repetidamente que padecía esquizofrenia. Victor Kennedy Ejecutado en Alabama en 1999. Su abogado no presentó atenuantes. Se concedió un nuevo juicio pero una corte superior lo anuló argumentando que la alegación de asistencia letrada ineficaz se había elevado demasiado tarde. Cornel Cooks Ejecutado en Oklahoma en 1999. Su abogado no citó a
23. ningún testigo ni presentó durante la fase de determinación de la pena ninguno de los considerables atenuantes a su disposición. Wanda Jean Allen Ejecutada en Oklahoma en el 2001. Su caso fue el primer caso de pena de muerte de su abogado, que la defendió por 800$. El abogado no se enteró de que Allen estaba en el límite del retraso mental. Ronald Frye Ejecutado en Carolina del Norte en el 2001. Su abogado era un alcohólico que se dedicó a beber en lugar de trabajar en el caso de Frey. Varios miembros del jurado declararon que si hubiesen conocido el pasado de Frey no hubieran votado a favor de la pena de muerte. 4.3 El coste del derecho a una asistencia letrada efectiva en los EE.UU. Como se ha visto, el Presupuesto de la apelación fallida de Pablo Ibar ante el Tribunal Supremo de Florida totalizó 180.000 dólares. La actual apelación de Pablo Ibar ante el Tribunal de Broward County llega a un montante total de 300.000 dólares (unos 237.000 euros al cambio en el momento de la emisión del presupuesto). Dicho presupuesto se desglosa como sigue: Concepto Presupuesto en Dólares Presupuesto en Euros Presupuesto en Pesetas Honorarios del abogado para la investigación post declaración de culpabilidad, revisión del juicio, procedimientos de apelación, preparación de la moción sobre la Rule 3851, escritos de alegación en respuesta a las exigencias del tribunal y argumentación incluida la visita inicial de $4000 a Pablo 200.000.- 158.016.- 26.291.650.- Honorarios del abogado para la audiencia de presentación de pruebas, si dicha audiencia se otorga, para presentar las pruebas relativas a la moción sobre la Rule 3851. 50.000.- 39.504.- 6.572.913.- Reserva para gastos de preparación de la moción incluyendo, por ejemplo, contratación de un investigador para entrevistas de testigos, honorarios de peritos-testigos, posiblemente un experto en identificación, un videólogo forense, un abogado de defensa penal, honorarios de consulta a abogados externos, gastos de 50.000.- 39.504.- 6.572.913.-
24. viaje y alojamiento, fotocopiado fuera de la oficina. Dichos gastos se documentarán en su totalidad y podrían exceder la cantidad presupuestada, por lo que ésta es una partida abierta. TOTAL 300.000.- 237.024.- 39.437.475.- La tasa de cambio de dólares a euros se corresponde con la vigente en julio de 2007 En su contrato, la firma de abogados Robbins, Tunkey, Ross, Amsel, Raben y Waxman, P.A., estipuló que, en el caso de que el juez, a la vista de la apelación, orderara la realización de un “evidentiary hearing” (audiencia de presentación de pruebas) sería preciso contar con los servicios de un abogado auxiliar que se presupuestaría aparte. Conviene asimismo recordar que la tercera partida de este presupuesto es una partida abierta y puede por tanto verse rebasada. En el caso de Joaquín Jose Martinez, su padre y su madre hicieron un esfuerzo ímprobo para recaudar el dinero necesario para costear una asistencia letrada efectiva. Tuvieron que vender sus propiedades, que por demás no eran cuantiosas, y tuvieron que realizar más de 20 viajes a España para entrevistarse con ayuntamientos y diputaciones y conseguir el dinero. En el caso de Pablo Ibar, la familia directa de Pablo no podía emular a la de Jose Joaquín Matinez. Su madre falleció durante el proceso en el que fue condenado a muerte. Su padre está casado en segundas nupcias y tiene dos hijos menores de edad de ese segundo matrimonio, por lo que sencillamente no puede abandonarlo todo y dedicarse en cuerpo y alma a conseguir los fondos necesarios para costear un abogado con gartantías. Independientemente de todo ello, no parece razonable que una familia entera tenga que cambiar radicalmente de vida y costear un proceso en el que están en juego derechos fundamentales. Y más cuando en el país de origen, España, la pena de muerte quedó abolida en la legislación ordinaria en 1978 y en la legislación militar para tiempo de guerra en 1995. Así pues, para conseguir los presupuestos descritos anteriormente, se constituyó la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar”. Es preciso destacar que dicha asociación no es una asociación de masas y que no cuenta con un cuerpo social numeroso. A pesar de ello, realizó toda una serie de actividades de concienciación en torno a la pena de muerte y para recaudar fondos para costear la representación legal de Pablo en Estados Unidos. Dichas actividades se desglosan a continuación: 4.3.1 Actividades de la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” Como figura en los estatutos de la asociación, los fines de la misma son:
25. Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a la opinión pública contra la pena de muerte y por el derecho a un juicio justo, además de realizar acciones encaminadas a obtener recursos económicos para pagar la defensa de Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos de América. Primera fase de actividades - actividades previas a la Apelación fallida ante el Tribunal Supremo de Florida: Cabe dividir dichas actividades en 2 grupos: 1. Acciones encaminadas a sensibilizar a la opinión pública contra la pena de muerte y por el derecho a un juicio justo, dando a conocer la situción de Pablo Ibar. 2. Acciones encaminadas a obtener recursos económicos para pagar la defensa de Pablo Ibar. ACTIVIDADES DEL GRUPO 1: Obtención de apoyo a la Asociación de otras ONGs, partidos políticos, instituciones, particulares, etc. Asi en la primera reunión convocada para su creación y celebrada en San Sebastian el 14 de septiembre de 2001 (se adjunta recorte de prensa), contó con la presencia y el apoyo de : • Fundación Ramón Rubial: José Alarcón, Leonor Rubial, Ignacio Díez • UGT: Felipe Javier • Amnistia Internacional: Iñaki Hernando • Movimiento contra la intolerancia: Ainhoa Babiano • PP: Fernando Maura, Fernando Domingo Sanz • PNV: Ricardo Peña, alcalde de Zumaia. • Concejalía Tolerancia San Sebastian: Ibon Arzelus. • Eusko Alkartasuna (E.A.): Nekane Alzelai, Onintza Lasa • Ezker Batua: María Luisa Sánchez • Antonio Valcárcel No pudieron asistir, pero dieron su apoyo a la Asociación: • Movimiento contra la intolerancia: Esteban Ibarra • Amnistia Internacional: Andrés Krakenberger • APDH (Asociación proderechos humanos de España) • Eduardo deVicente, abogado. • Pilar Aresti y Ascensión Pastor (PP) • José Maria Etxeberría (PNV) • Javier Luarizaierdi (primo de Pablo) Se solicita a los Ayuntamientos y al Parlamento Vasco la aprobación de una moción contra la pena de muerte y de apoyo a Pablo Ibar. El Ayuntamiento de Zumaia fue el primero en aprobarla (se adjunta la misma), dicha moción fue posteriormente remitida y aprobada por la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Parlamento Vasco aprobó igualmente una moción con las mismas características.
26. Se obtuvieron igualmente manifiestos contra la pena de muerte y de apoyo a Pablo Ibar por parte de la Fundación Ramón Rubial y de Amnistía Internacional (se adjuntan las mismas). Se organizaron visitas de agradecimiento por parte de la asociación, acompañados por Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, a las instituciones que apoyaron la causa, tanto mediante mociones como económicamente (Parlamento Vasco: Comisión de Derechos Humanos, a cada Grupo Parlamentario, Consejero de Justicia, Lehendakari; Senado: Ponencia sobre Presos en el Extranjero. Ayuntamiento de Zumaia, etc). Se mantuvieron contactos frecuentes con los medios de comunicación tanto estatales como autonómicos, con el fin de mantener informada a la población de la situación de la pena de muerte en el mundo en general y del caso de Pablo Ibar en particular. Se realizó también esta labor con algunos medios de Francia, lográndose cierta repercusión (ver anexo). Se procedió a la creación y mantenimiento de la página web: www.pabloibar.com, en la cual se aporta información y enlaces sobre la pena de muerte, información del caso de Pablo Ibar y solicitud de ayuda, tanto económica como de difusión de la información. Se realizaron charlas en colegios cuando hemos sido requeridos para tratar la situación de la pena de muerte. Charlas y asistencia (bien de miembros de la Asociación como de familiares directos de Pablo) en reuniones o días especiales (como el Día Mundial contra la Pena de Muerte), normalmente organizadas por la Fundación Ramón Rubial y Amnistía Internacional. Creación de una postal de la Asociación que fue distribuida ampliamente por distintas partes de España. (ver anexo), también se realizaron ediciones en euskera y en inglés. ACTIVIDADES DEL GRUPO 2: En una primera fase, tras la condena a pena de muerte, fue preciso realizar una Apelación ante el Tribunal Supremo de Florida con el objeto de anular el juicio en el que fue condenado. Para preparar dicha apelación se contrató al abogado Peter Raben que había realizado previamente y con éxito la apelación de Jose Joaquín Martinez. El presupuesto fue de 150.000 dólares, que en las fechas en las que se realizó ( febrero de 2001) llegó a totalizar unos 180.000 euros debido al cambio en aquel momento desfavorable de la peseta con respecto al dólar. Asimismo se ayudó a la familia en gastos de viaje y estancias realizadas durante esa fase. Para la recaudación de ese dinero se realizaron diferentes acciones:
27. • Solicitud de ayuda a los ayuntamientos del País Vasco a través de EUDEL (se adjunta documento), se obtuvieron unos 39.000 euros. • Se realizó un mailing a 53.000 empresas del Pais Vasco solicitando ayuda económica, se obtuvieron unos 42.000 euros. • Se organizó una rifa de un cuadro al óleo cedido por el pintor Gregorio Arbeloa, se obtuvieron unos 15.000 euros. • Se organizó un festival de pelota vasca en Aizarnazabal, se obtuvieron unos 9.000 euros. • Se montó una “txozna” (bar) en las fiestas de Zumaia, se obtuvieron unos 2.400 euros. • Se obtuvieron aportaciones de particulares a las cuentas abiertas en nombre de la asociación y de Cándido Ibar, por un total de unos 90.000 euros. Segunda fase de actividades - Actividades posteriores a la Apelación fallida ante el Tribunal Supremo de Florida encaminadas a la vista de la apelación ante el Tribunal de Broward County Cabe dividir dichas actividades en 2 grupos: 1. Acciones encaminadas a sensibilizar a la opinión pública contra la pena de muerte y por el derecho a un juicio justo, dando a conocer la situción de Pablo Ibar. 2. Acciones encaminadas a obtener recursos económicos para pagar la apelación de Pablo Ibar contra su condena a muerte en el Tribunal de Broward County ACTIVIDADES DEL GRUPO 1: Se solicita al Parlamento Vasco, y se obtiene, la aprobación de una nueva moción contra la pena de muerte y de apoyo a Pablo Ibar tras la confirmación de su condena a muerte por el Tribunal Supremo de Florida. Se mantiene toda una batería de actividades dirigidas a los medios de comunicación para mantener el caso vivo en la opinión pública (notas de prensa, comparecencias ante los medios cuando lo solicitan). Se mantiene y actualiza la página web de la asociación www.pabloibar.com. Próximamente será reformada por completo. Charlas y asistencia (bien de miembros de la Asociación como de familiares directos de Pablo) en reuniones o días especiales (como el Día Mundial contra la Pena de Muerte), normalmente organizadas por la Fundación Ramón Rubial y Amnistía Internacional. ACTIVIDADES DEL GRUPO 2: Actividades de lobby en el seno del Parlamento Vasco que desembocaron en la donación de 50 euros por cada parlamentario, el 14 de noviembre de 2006. Contribuyeron todos los grupos salvo EHAK
28. Actividades de lobby en el seno del Parlamento Vasco que desembocaron en la aprobación de una enmienda presupuestaria por la que se destinaban 100.000 euros a la asistencia letrada de vascos condenados a muerte en el extranjero y que se destinaron en su integridad al caso de Pablo Ibar, ya que Francisco Larrañaga ya se había beneficiado de la conmutación de su condena en Filipinas. Esta cantidad hizo posible que el abogado Benjamin Waxman empezara a trabajar en el caso. Se organizaron visitas de agradecimiento por parte de la asociación, acompañados por Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, a las instituciones que apoyaron la causa, tanto mediante mociones como económicamente (Parlamento Vasco: Comisión de Derechos Humanos, a cada Grupo Parlamentario, Consejero de Justicia, Lehendakari). Se mantuvieron contactos constantes con el Ministerio de Justicia y posteriormente con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España de cara a averiguar los mejores canales y formas para solicitar ayudas que contribuyeran a cubrir el resto del presupuesto del abogado. Se elaboraron y entregaron sendas instancias a los Ministerios de Justica y Asuntos Exteriores solicitando fondos para dicho fin. Dichas instancias, acompañadas del correspondiente dossier detallado, fueron debidamente registradas en ambos ministerios el 17 de julio de 2007. 4.3.2 Dinero recaudado por la Asociación Pablo Ibar Dinero recaudado por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” remitido a Robbins, Tunkey, Ross, Amsel, Raben y Waxman, P.A. Cantidad en Euros Cantidad en Dólares Procedencia Fecha de envío Destino 3.197,39 4.000 Cuestación pública 13.10.2006 Robbins, Tunkey, Ross, Amsel, Raben y Waxman, P.A. 41.986,17 55.850 Cuestación pública, donativos de parlamentarios vascos 30.03.2007 Robbins, Tunkey, Ross, Amsel, Raben y Waxman, P.A. 100.000 134.000 Gobierno Vasco en cumplimiento de la enmienda aprobada en los presupuestos de la Comunidad 31.05.2007 Robbins, Tunkey, Ross, Amsel, Raben y Waxman, P.A.
29. Autónoma Vasca aprobados en el Parlamento Vasco Nota: las cantidades se corresponden con las tasas de cambio de divisas vigentes en cada fecha. 4.3.3 Dificultades ocasionadas por una Proposición de Ley carente de cobertura presupuestaria Con el fin de recaudar los 79.500 euros que faltan para cubrir el presupuesto de 300.000 dólares. El 17 de julio de 2007 la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” entregó sendas instancias a los Ministerios de Justicia y de Exteriores solicitando esta cantidad amparándose en la Proposición No de Ley aprobada por cuasi unanimidad en el Congreso de los Diputados. Los Ministerios de Justicia y de Exteriores contaban con grandes dificultades a la hora de buscar la forma de cumplir con la Proposición No de Ley, dificultades ocasionadas por la carencia de una partida presupuestaria a la que adscribir el libramiento de las cantidades necesarias. Esto hace que ha sido preciso encajar la voluntad política –de cuya existencia la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” no tiene ninguna duda- con la búsqueda de encajes legales y acordes con derecho en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en las Cortes Generales. El Ministerio de Justicia ha tenido el acierto de encargar a la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” la realización del presente estudio, de forma que a la vez que se dota de fondos a la Asociación, que los utilizará para completar el presupuesto del abogado, y se da un primer paso en allanar el camino para buscar una solución adecuada para este tipo de casos en países como los EE.UU. donde una asistencia letrada efectiva y con garantías depende en su mayor parte de poder contar con medios económicos. En el momento de redactar el presente estudio, la Asociación no tiene un conocimiento definitivo de la solución por la que optará el Ministerio de Asuntos Exteriores en este sentido. 5. CONCLUSIONES 1. El Gobierno de España parece haber actuado con bastante diligencia en aquellos casos en los que la condena a muerte de un ciudadano español o ciudadana española se produce en países en donde el sistema jurídico y político hace posible que los contactos gubernamentales surtan efectos prácticos. Tal parece haber sido el caso de Nabil Manakli en Yemen y, en menor medida, en el caso de Paco Larrañaga, en Filipinas.
30. 2. En sistemas como el norteamericano en el que los contactos gubernamentales simplemente no tienen cabida por el sistema político y judicial del país, el grado de separación efectiva de poderes, etc. los contactos gubernamentales carecen de efecto práctico alguno salvo en lo relativo a peticiones de conmutación de condenas a muerte, muy al final del proceso, cuando ya existe sentencia firme, se ha fijado fecha de ejecución y se ha agotado la vía judicial. Afortunadamente ninguno de los casos españoles de que tiene constancia la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” ha llegado hasta ese punto. Las visitas de delegaciones parlamentarias españolas (como las del Senado en los casos de Joaquín Jose Martinez y Pablo Ibar) tienen el efecto positivo de hacer saber a las autoridades norteamericanas el interés de las instituciones españolas por estos casos sin que se interpreten como injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos. 3. En sistemas como el norteramericano, basados en el derecho anglosajón, la posibilidad de éxito a la hora de garantizar que se observen los derechos del acusado depende en gran medida de la posibilidad de disponer de un buen abogado, con experiencia en este tipo de casos. Disponer de un abogado de oficio en cualquier sistema judicial, si bien con honrosas excepciones, supone disponer de un abogado con poca experiencia y una sobrecarga importante de trabajo. En casos como el de Pablo Ibar incluso ha supuesto directamente disponer de un abogado en una situación personal complicada que propiciaron una actuación incompetente que fue causa directa de la condena a muerte. El propio abogado de oficio ha aportado un testimonio en este sentido en la apelación que Pablo Ibar ha presentado ante el tribunal de Broward County. 4. En sistemas como el norteramericano, los buenos abogados ofrecen sus servicios en el mercado libre. Siendo mucho menor la oferta de buenos abogados que la enorme demanda de los mismos, los presupuestos se disparan. En la actualidad una primera apelación contra una condena a muerte viene a presupuestarse entre 150.000 y 200.000 dólares USA y una segunda apelación, como la de Pablo Ibar, viene costando entre 300.000 y 400.000 dólares. 5. Ante este panorama, las familias de los condenados a muerte españoles en los EE.UU. (es decir, las familias de Joaquín José Martínez y Pablo Ibar – Julio Mora no tenía familia), además de tener que lidiar con la situación, de por sí incalificable, de tener a un miembro de la familia en un corredor de la muerte en los EE.UU., tienen que acudir a España en búsqueda de apoyo. Hasta ahora ninguna de las dos familias han contado con juristas o políticos en su seno, por lo que han tenido que aprender, sobre la marcha, a moverse en los entresijos del Estado Español. 6. Al iniciar los primeros contactos con los políticos, las familias se encuentran con las mejores de las disposiciones que vienen dadas por la oposición radical y absolutamente mayoritaria a la pena de muerte en
31. España. Dicha oposición suele producir resultados favorables, -con mucho tiempo- en aquellos casos situados en países en los que los contactos políticos y gubernamentales tienen sentido dada la estructura política y judicial del lugar, pero no producen resultados apreciables en aquellos casos, como los de EE.UU. en donde sólo un aporte económico importante puede producir resultados favorables. 7. Para conseguir dinero de las administraciones, las familias también han acudido al apoyo político. Este apoyo, dada la opinión unánime del arco parlamentario tanto estatal como autonómico en España, se ha conseguido con relativa facilidad pero no siempre ha generado los instrumentos idóneos. En el caso de la familia Martinez, al no acertar la clase política en abrir una consignación presupuestaria estatal que pudiera ser utilizada para este fin, tuvieron que acudir a multitud de ayuntamientos y diputaciones a lo largo y a lo ancho del territorio español, labor que agotó a la familia tanto física y emocionalmente como económicamente. En el caso de la familia de Pablo Ibar, al no poder el padre dejarlo todo para dedicarse a Pablo por estar casado en segundas nupcias y tener dos hijos menores de edad del segundo matrimonio (Pablo es fruto del primer matrimonio – la madre de Pablo falleció durante el proceso judicial en que fue condenado a muerte) fue preciso crear una asociación con familiares lejanos y algunas pocas personas que han prestado apoyo en mayor o menor medida. Los pasos seguidos por esta asociación en la fase correspondiente a la apelación ante el Tribunal Supremo de Florida fueron idénticos –salvo añadiendo algunas otras iniciativas, por ejemplo el acudir a la iniciativa privada- a los de la familia Martinez, si bien limitándose al País Vasco por la incapacidad de sus miembros de mantener una presencia continuada fuera de su lugar de residencia. En la segunda y actual fase, la asociación ha tenido la suerte de contar con miembros de la clase política vasca lo suficientemente interesados y dotados de voluntad práctica en la cuestión como para establecer una partida presupuestaria que ha cubierto algo más de la mitad del presupuesto. Ese mismo apoyo unánime, sin embargo, en el nivel de las cortes generales ha generado únicamente una proposición no de ley –aprobada por cuasí unanimidad- pero sin consignación presupuestaria, lo que ha dejado en la práctica en manos del Gobierno de España un claro mensaje político pero carente del principal instrumento para su realización. Así pues, a la voluntad política prácticamente unánime ha sido preciso además depender de la buena voluntad de unas personas concretas en la Administración central, buena voluntad que la Asociación nunca podrá agradecer lo suficiente. La Asociación opina, no obstante, y sin mermar para nada ese agradecimiento, que la ejecución de medidas tendentes a garantizar unos derechos fundamentales de españoles en el extranjero, como son el derecho a la vida y el derecho a una asistencia letrada efectiva no pueden depender de la buena voluntad de unas personas. 8. Otra conclusión de capital importancia es el hecho de que si no se cuenta con un abogado capacitado en los procedimientos judiciales penales iniciales en Estados Unidos, el riesgo no sólo implica una
32. posible condena a muerte, sino que además implica unos procedimientos judiciales posteriores costosísimos y muy complejos. España se ahorraría muchísimo dinero del contribuyente si arbitrara unos mecanismos que pudieran facilitar esa asistencia letrada efectiva en las fases iniciales. Tanto en el caso de Joaquín José Martinez como en el caso de Pablo Ibar, de haber contado con asistencia letrada efectiva en las fases iniciales, muy probablemente no se hubieran producido condenas a muerte y el Estado Español –bien sea en sus niveles central, autonómico o local- se habría ahorrado mucho dinero. 9. Hasta ahora, España ha tenido tres casos de condenados a muerte en los Estados Unidos. Se ha dado la circunstancia de que los tres casos se han producido en el Estado de Florida. Sólo un estudio del reparto de españoles en los distintos estados de la unión podrá determinar si esa circunstancia es una casualidad o no. Vistas, no obstante, las características del sistema judicial norteamericano – la frecuente negación de derechos consulares en casos de extranjeros condenados a muerte en los EEUU, la falta de garantía real de asistencia letrada adecuada en casos capitales en los EE.UU. y el elevadísimo coste de una asistencia letrada efectiva con garantías, no se puede en forma alguna descartar que se pudieran producir nuevamente casos como el de Joaquín José Martinez o el de Pablo Ibar, en los que el hecho de no disponer de un abogado competente en las fases iniciales del procedimiento dieron paso a actuaciónes que pueden poner –y de hecho ponen- seriamente en duda lo acertado de un veredicto de culpabilidad. 10.Hay gobiernos, como el de México, que han puesto en marcha sistemas que contribuyen a proteger a sus ciudadanos de estas posibles imperfecciones en el sistema judicial norteamericano. Si bien es cierto que el número de mexicanos residentes en los EE.UU es muy superior al de españoles – y por tanto, de forma alicuota, el número de casos de condenados a muerte también es mayor- el caso de Mexico demuestra que se pueden arbitrar medidas que mejoren la situación. Dichas medidas, no obstante, no han impedido que los EE.UU. ejecutaran a cinco ciudadanos extranjeros desde que se reinstauró la pena de muerte en ese país en 1977. 6. RECOMENDACIONES 1. En orden a evitar que se den más casos de españoles en peligro de condena a muerte en los EE.UU., sería conveniente que el gobierno de España estudiase el sistema establecido con ese mismo fin por México para brindar una asistencia letrada de calidad sus ciudadanos8 . 8 Al 31 de agosto de 2007, la Cancillería atiende 55 casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte y 118 casos de mexicanos en procesos judiciales que pueden derivar en la aplicación de la pena capital. De estos, 59 casos se dieron de alta del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007. Adicionalmente, en ese período ha sido posible evitar que 60 connacionales fueran sentenciados a la pena capital. Como parte del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena de Muerte, en junio de 2007 se realizó en Houston, Texas, un seminario de capacitación, dirigido a especialistas en investigación mitigante. En el mismo
33. 2. Es posible que el Gobierno de España, tras el correspondiente estudio del número de ciudadanos españoles que viven en los EE.UU. llegue a la conclusión de que no sea económicamente viable establecer un sistema que, como el de México, abarcara la asistencia letrada en procesos judiciales que pueden derivar en la aplicación de la pena capital. En ese caso, el Gobierno de España podría estudiar la viabilidad de llegar a algún tipo de acuerdo por el cual los ciudadanos españoles residentes en los EE.UU. pudieran ser incluidos en las prestaciones de servicios del sistema mexicano. 3. En todo caso, se adopte un sistema u otro es de esencial importancia en orden a evitar que se den más casos parecidos entre ciudadanos españoles en los EE.UU y en orden a ahorrar ingentes cantidades de dinero en abogados especialistas en posteriores fases de apelación, que se adopte un sistema por el cual los ciudadanos españoles se vean cubiertos con abogados competentes en las fases iniciales de procesos judiciales que puedan derivar en la aplicación de la pena capital. 4. Si un sistema de estas características ya existiera de hecho, la realidad es que –al menos en los tres casos de ciudadanos españoles condenados a muerte que cubre este informe- dichos ciudadanos no eran conscientes de su existencia y en tal caso procedería adoptar con urgencia sistemas de publicitación de tal posibilidad, de manera que si un ciudadano español se viera en esa posibilidad, supiera que debe ponerse en contacto con el Consulado de España más próximo, independientemente de que las fuerzas de seguridad estadounidenses les informaran o no de que disponen de tal derecho. 5. Son muchos los ciudadanos españoles que, como Cándido Ibar, tienen hijos en los EE.UU. y que no tienen la nacionalidad española. Así pues seguimos en una situación de riesgo de que otra persona pueda verse participó personal de los consulados de México en EU con mayor número de casos de pena de muerte. Bajo el Programa de Asesorías Legales Externas, en el mes de noviembre de 2006 se incrementó el número de abogados afiliados al programa, para sumar 122 actualmente, registrándose además la atención de 5,500 casos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007. Este programa está dirigido a reforzar las actividades de protección a mexicanos a través de la contratación de abogados especialistas en las distintas ramas del derecho estadounidense. Del 1 al 30 de diciembre de 2006, se activó una importante campaña preventiva en las principales ciudades de Estados Unidos, mediante la difusión de spots en radio y televisión que informaban sobre temas como la notificación consular, los derechos laborales y la asistencia a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Se estima que la campaña de difusión alcanzó a más de 2.5 millones de mexicanos en ese país. En septiembre de 2006 se inició el servicio a solicitantes de servicios consulares por medio de un centro único de atención de llamadas - MEXITEL- en el que los usuarios pueden obtener información detallada sobre servicios consulares, específica mente sobre requisitos para obtener pasaporte o matrícula consular y, sobre todo, citas para acudir al consulado que les corresponde a fin de tramitar documentación consular. En sus primeros nueve meses el servicio brindó citas a un total de 985,283 connacionales. Informe de Labores 2007 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos http://www.sre.gob.mx/eventos/docs/1er_inf_lab07.pdf página 74
34. inmiscuida en procesos judiciales que puedan derivar en la aplicación de la pena capital. Es por ello recomendable que se cuente asimismo con unos abogados que asimismo sean capacitados para retomar el proceso judicial en una fase posterior. Una vez más, si se estimara que esto no sería rentable para el Gobierno de España vista la escasa población española afectada, se podría asimismo considerar una adscripción al sistema mexicano mediante el correspondiente convenio. 6. Para casos en los que, como el de Pablo Ibar, sea preciso recurrir a instancias penales superiores o buscar la anulación de juicio por defectos procesales que tengan que ver con los derechos fundamentales, sería preciso que el Gobierno de España contara con una partida presupuestaria de la que poder ir funcionando, al menos en las fases iniciales. Si no fuera así, nos veríamos abocados a volver a tener problemas como el de Pablo Ibar en que se constata la mejor y mayor de las voluntades políticas pero no se dispone de la herramienta presupuestaria idónea, lo que en el mejor de los casos ocasiona retrasos importantes a la hora de conseguir el dinero importante, o en el peor de los casos podría incluso hacer prescribir plazos y provocar una situación en la que el Gobierno de España, al no haber aportado los medios en su momento, se vería enfrentado a presupuestos enormemente mayores al tenerse que acudir al nivel federal de la justicia norteamericana. 7. Es preciso además que toda esta labor sea asumida por el Gobierno de España. El hecho de que en el caso de Pablo Ibar una comunidad autónoma haya podido arbitrar medios para ayudar económicamente en los presupuestos de los abogados no es óbice ni cortapisa para que pudieran darse casos originarios de otras comunidades autónomas, por lo que la experiencia obtenida por la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” sólo podría servir como precedente pero en ningún caso como garantía de que la comunidad autónoma correspondiente acordara librar tales fondos, máxime cuando las relaciones exteriores corresponden al Gobierno de España.
35. 7. FUENTES Amnistía Internacional – Sección Española - ESTADOS UNIDOS: JOAQUÍN JOSÉ MARTINEZ. UN ESPAÑOL EN EL CORREDOR DE LA MUERTE (Las restricciones a su derecho a una asistencia legal efectiva y la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). OCTUBRE 1999 Contenidos de la web http://www.joaquinjosemartinez.com BOE nº 33, 7 de febrero de 2008, pp. 6722 y siguientes, Convenio sobre Personas Condenadas entre el Reino de España y la República del Yemen Amnistía Internacional - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: El experimento fallido - Reflexiones sobre 30 años de ejecuciones 16 de enero de 2007. Índice AI: AMR 51/011/2007 Amnistía Internacional – Acción Urgente - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA La prevista ejecución de Osvaldo Torres, ciudadano mexicano al que se han negado sus derechos consulares (2 de abril de 2004). Índice AI: AMR 51/057/2004 Amnistía Internacional - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Arbitrarias, discriminatorias y crueles: 25 años de ejecuciones judiciales. Índice AI: AMR 51/003/2002 Informe de Labores 2007 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos http://www.sre.gob.mx/eventos/docs/1er_inf_lab07.pdf Experiencia directa del autor en su trabajo en los casos de Julio Mora, Joaquín José Martínez, Francisco Larrañaga y Pablo Ibar dentro de Amnistía Internacional. Experiencia directa del autor en su trabajo en el caso de Pablo Ibar dentro de la Asociación contra la Pena de Muerte “Pablo Ibar” 8. ANEXOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CONTRA LA PENA DE MUERTE, PABLO IBAR CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN
36. Artículo 1.- Con el nombre de "Asociación contra la pena de muerte, Pablo Ibar" se constituye una Asociación sin ánimo de lucro, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 3/1988, de 12 de Febrero, de Asociaciones, aprobada por el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Dicha Asociación se regirá por los preceptos de la citada Ley de Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos validamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio. FINES QUE SE PROPONE Artículo 2.- Los fines de esta Asociación son: Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a la opinión pública contra la pena de muerte y por el derecho a un juicio justo, además de realizar acciones encaminadas a obtener recursos económicos para pagar la defensa de Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos de América. La Asociación, para el cumplimiento de sus fines podrá: · Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo. · Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de todo género. · Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos. DOMICILIO SOCIAL Artículo 3.- El domicilio principal de esta Asociación estará ubicado en la Calle Rekalde nº 1 de Urnieta, 20130, local cedido por el Ayuntamiento de Urnieta. La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria. Los traslados del domicilio social y demás locales con que cuente la Asociación, serán acordados por la Junta Directiva, la cual comunicará al Registro de Asociaciones la nueva dirección. AMBITO TERRITORIAL Artículo 4.- El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende la C.A.P.V. DURACIÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO Artículo 5.- La Asociación se constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria según lo dispuesto en el Capítulo VI o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes. CAPITULO SEGUNDO
37. ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Artículo 6.- El gobierno y administración de la Asociación estarán a cargo de los siguientes órganos colegiados: · La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo. · La Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente. LA ASAMBLEA GENERAL Artículo 7.- La Asamblea General, integrada por la totalidad de socios/as, es el órgano de expresión de la voluntad de éstos/as. Se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Artículo 8.- La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al año, dentro del primer trimestre, a fin de aprobar el plan general de actuación de la Asociación, el estado de cuentas correspondiente al año anterior de gastos e ingresos, y el presupuesto del ejercicio siguiente, así como la gestión de la Junta Directiva, que deberá actuar siempre de acuerdo con las directrices y bajo el control de aquella. Artículo 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son competencias de la Asamblea General, los acuerdos relativos a: • Modificación y cambio de los Estatutos, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. • La elección de la Junta Directiva. • La disolución de la Asociación, en cada caso. • La Federación y Confederación con otras Asociaciones, o el abandono de algunas de ellas. Artículo 10.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o porque lo solicite la cuarta parte de los socios/as, indicando los motivos y fin de la reunión y, en todo caso, para conocer y decidir sobre las siguientes materias: a) Modificaciones Estatutarias. b) Disolución de la Asociación. Artículo 11.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán hechas por escrito, expresando el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como el Orden del Día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, deberán de mediar, al menos 15 días, pudiendo, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre una y otra reunión pueda mediar un plazo inferior a 30 minutos. En el supuesto de que no se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda convocatoria, deberá ser hecha ésta con 7 días de antelación a la fecha de la reunión. Artículo 12.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran
38. a ellas presentes o por representación, la mitad más uno de los asociados/as, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de socios/as concurrentes. Los socios/as podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otro socio/a. Tal representación se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder del Secretario/a de la Asamblea, al menos 30 minutos antes de celebrarse la sesión. Los socios/as que residan en ciudades distintas a aquélla en que tenga su domicilio social la Asociación, podrán remitir por correo el documento que acredite la representación. Artículo 13.- Los acuerdos de las Asambleas Generales, se adoptarán por mayoría de votos. Para que los acuerdos de la Asamblea General sean vinculantes debe haber mayoría simple de los presentes en la Asamblea, en los casos de modificación de los Estatutos o para el supuesto de disolución será necesaria la mayoría absoluta de los presentes en la Asamblea. LA JUNTA DIRECTIVA Artículo 14.- La Junta Directiva estará integrada por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y un/a Tesorero/a. Deberán reunirse al menos una vez al trimestre y siempre que lo exija el buen desarrollo de las actividades sociales. Artículo 15.- La falta de asistencia a las reuniones señaladas, de los/as miembros de la Junta Directiva, durante 3 veces consecutivas o 5 alternas sin causa justificada, dará lugar al cese en el cargo respectivo. Artículo 16.- Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 2 años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección. Dichos cargos se podrán renovar cada 2 años, en su totalidad o parcialmente. Si lo decidiera la Asamblea General y los integrantes de la Junta Directiva accedieran a ello, podría continuar la misma Junta Directiva. Artículo 17.- Para pertenecer a la Junta Directiva será preciso reunir los siguientes requisitos: a) Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos. b) Ser socio/a de la Entidad. c) Ser mayor de edad o menor emancipado/a, y gozar de la plenitud de los derechos civiles. Artículo 18.- El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá libremente cuando, una vez designado/a por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión. Los cargos serán gratuitos, si bien la Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas y gastos. Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos: a) Expiración del plazo de mandato.
Asociación Pablo Ibar: Estudio sobre como mejorar la atencion a ciudadanos es...