Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9202
Timestamp: 2019-09-22 16:42:01
Document Index: 317937305

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 137', 'artículo 400', 'artículo 472']

Sentencia: CSJ-SPENAL-17765-2003
Incurre en el tipo penal de peculado culposo el funcionario público que expide resoluciones en las que reconoce y ordena el pago de un contrato, sin haber previamente verificado el cumplimiento del objeto contrato
CSJ-SPENAL-17765-2003
SEGUNDO SALVADOR LASSO GÓMEZ, EX GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
El Gobernador del Departamento del Putumayo, Segundo Salvador Lasso Gómez, celebró contrato de prestación de servicios con Jorge López Palacios, cuyo objeto era la realización de un pre estudio de desarrollo institucional de descentralización educativa para el Valle de Sibundoy, por $3.500.000, suma que se cancelaría contra la presentación de la cuenta de cobro y de la constancia de cumplimiento del servicio prestado. El pago se realizó con base en la cuenta de cobro.
Igualmente, el 1º de julio de 1994 el Gobernador Lasso Gómez suscribió el contrato de prestación de servicios con Edgar Eduardo Portilla, el cual tuvo por objeto el pre diseño del programa de ordenamiento urbano de Coló n, por valor de $3.700.000, cuyo pago estaba sujeto a las mismas condiciones del convenio antes mencionado, y que se hizo mediante la cuenta de cobro.
Se determinó que los servicios contratados no se prestaron, que las personas que figuraron como contratistas no realizaron trabajo alguno para el Departamento, que tampoco suscribieron los contratos, ni recibieron los pagos relacionados, y que los dineros terminaron, en manos de quien por entonces fungía como Secretario de Planeación Departamental, Luis Armando Sáenz Zambrano, procesado por los delitos de hurto y falsedad en documento público en otra actuación.
¿El Gobernador de un Departamento es responsable por el tipo de peculado culposo, cuando suscribió contratos de prestación de servicios con particulares cuyo objeto no se realizó, pero emitió resoluciones en las que reconoció y ordenó el pago del contrato, sin previa verificación del cumplimiento del objeto contratado, circunstancia que dio lugar a la pérdida de dinero proveniente del erario público?
« (…) Del mismo modo tenía asignada la facultad de ordenación del gasto, toda vez que la Asamblea del Departamento, mediante la Ordenanza 033 del 15 de noviembre de 1993, artículo 55, lo había autorizado para la celebración de los contratos y convenios necesarios para la ejecución del presupuesto, atribución que también está fijada en el artículo 11.3.b) de la Ley 80 de 1993.
Pero es esa determinación personal de asumir la administración de la cosa pública la que unge al mandatario de especiales deberes de cuidado respecto de los asuntos que son de su competencia. Entonces, si la mentada transformación en la naturaleza del ente territorial que gobernó LASSO GÓMEZ implicaba una falta de conocimiento cabal de las normas que regían los diferentes procesos contractuales como lo pregona el defensor, era de cargo de aquél, estaba dentro de su ámbito de competencia, extremar los cuidados y examinar con sumo celo todo lo que se relacionaba con el trámite de celebración de la clase de negocios jurídicos de que aquí se trata.
Por el contrario, cuando tuvo en sus manos los contratos 318 y 319, el primero para realizar un pre estudio de desarrollo institucional de descentralización educativa en el Valle de Sibundoy, y el segundo para llevar a cabo el pre diseño en el programa de ordenamiento urbano de Colón, se limitó a suscribirlos. Si hubiese cuestionado al secretario que se los llevó, al parecer el de Planeación -quien había obtenido de modo fraudulento las firmas de los contratistas-, sobre cómo se había ponderado aquellos factores, cuál era la procedencia, profesión, capacidad, experiencia, trayectoria e idoneidad del contratista, y por qué razón era necesario hacer esos preestudios, habría advertido que se trataba de un contrato aparente, ficticio.
Así las cosas, cabe señalarse que si valorada la situación ex ante se ubica a un administrador cuidadoso y diligente en la labor de celebrar esos contratos, que actúa conforme a las pautas de administración de bienes ajenos y de acuerdo a los postulados de la ética y la justicia, el resultado que se produjo, la pérdida de $7.200.000,oo del patrimonio público, no habría tenido lugar, pues en virtud del cumplimiento de los deberes de examen previo se hubiese detectado oportunamente la naturaleza ficticia de los contratos.
Expresado de otro modo, aquí la causa para que se esquilmara el patrimonio público fue la conducta imprudente del procesado originada en la desatención de su deber objetivo de cuidado contenido en la normativa que atrás se dejó detallada, vale decir, no se afinca la imputación del resultado en la mera causalidad. De esta manera se concretó la relación de determinación.
El enjuiciado incurrió en esa misma desatención negligente de los deberes de cuidado en la vigilancia de la ejecución de los contratos, asignada por el artículo 14-1 de la Ley 80 de 1993, pues al momento de presentársele las respectivas cuentas de cobro, se limitó a constatar que figurara la correspondiente certificación de los alcaldes de los municipios beneficiados sobre la realización del objeto del contrato, la cual se extendió en una especie de formato –obtenido de modo irregular, al parecer, por la persona que se apropió de los dineros-(…)»
El Gobernador de un Departamento que suscribió contratos de prestación de servicios con particulares cuyo objeto no se realizó, pero emitió resoluciones en las que reconoció y ordenó el pago del contrato, sin previa verificación del cumplimiento del objeto contratado circunstancia que dio lugar a la pérdida de dinero proveniente del erario público, es responsable por el tipo de peculado culposo el, porque:
Su negligencia en la verificación de la realización del objeto contrato fue la que permitió la pérdida del dinero proveniente del erario público.
Su ejecución descuidada en las funciones de administración y custodia y el incumplimiento a sus deberes como ordenador del gasto, permitieron que terceros se quedaran con los recursos del Departamento.
Como Gobernador tiene la disponibilidad jurídica de los recursos públicos que se perdieron a raíz de la emisión de dichas resoluciones, ya que como máxima autoridad del Departamento es responsable de la dirección y coordinación de la gestión administrativa.
En la celebración y ejecución de los contratos, el servidor público incumplió el deber objetivo de cuidado que le era exigible
PRIMERO CONDENAR al procesado SEGUNDO SALVADOR LASSO GÓMEZ, de notas civiles y condiciones personales destacadas al comienzo de esta sentencia, a las penas de multa de dos mil pesos ($2.000,oo) e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de ocho (8) meses, en vista de que ha sido hallado responsable del delito de peculado culposo previsto en el artículo 137 del Decreto 100 de 1980 (artículo 400 de la Ley 599 de 2000).
SEGUNDO CONDENAR a SEGUNDO SALVADOR LASSO GÓMEZ a pagar a favor del Departamento del Putumayo, por concepto de indemnización de los perjuicios causados con la conducta punible y dentro del término de seis meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, la suma de $7.200.000,oo, actualizada a la fecha de su cancelación en la forma atrás expuesta, con la aplicación del interés legal del 6% anual.
TERCERO No hay lugar a la condena en costas judiciales, expensas y agencias en derecho.
CUARTO La Secretaría de la Sala enviará copias del fallo que prevé el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
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