Source: http://carlosramirez2.blogspot.com/2010/10/
Timestamp: 2018-10-18 21:59:53
Document Index: 325942470

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 57']

Indicador Político / Carlos Ramírez: octubre 2010
+ La CIDH sin valor en México
+ Sentencia viola Constitución
En resumen, la iniciativa de reforma legal al código de justicia militar para pasar a tribunales civiles los delitos de tortura, violación y desaparición de personas cometidas por militares se encuentra hundida en un pantano jurídico que estaría llevando a la violación grave de principios constitucionales.
Cuando menos existen tres violaciones con cargo a la Corte Internacional de Derechos Humanos:
1.- La Constitución mexicana reconoce, en el párrafo ocho del artículo 21, la jurisdicción sólo de la Corte Penal Internacional. Por tanto, aceptar la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevaría a un acto inconstitucional, además de la intervención reconocida en tratados pero no en la Constitución que es la norma básica y fuente del Estado de derecho. La clave se localiza en el hecho de que la Constitución sí reconoce a la CIP y no a la CIDH. México firmó la convención como Tratado pero la Constitución es la ley superior.
2.- La violación del principio de no retroactividad de la ley establecida en el artículo 14 constitucional. Pero hay una cosa peor aún: la CIDH, en el caso radilla Pacheco, violó también su propio principio de no retroactividad de la ley, establecida en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Principio de Legalidad y de Retroactividad.- Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. La CIDH aplicó su jurisprudencia para violar su propio principio de no retroactividad de la ley. Ahí se localiza otra aberración jurídica.
3.- La violación de una parte del artículo 15 constitucional que prohíbe la celebración “de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano”. La convención de la CIDH que firmó México como ley no se ascendió al nivel de la Constitución, en la que sólo se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Al colocar a la Constitución por delante el constituyente fijó un criterio de ley superior. Por tanto, sólo la Constitución debe reconocer la jurisdiccionalidad de organismos penales internacionales. Y más cuando la CIDH afecta garantías y derechos de la Constitución mexicana.
El tema, por cierto, fue discutido en el pleno de la Corte Suprema de Justicia de México el jueves 2 de septiembre pasado, a propósito de la sentencia del caso Radilla Pacheco. En esa sesión el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo --recientemente fallecido-- llamó la atención sobre la inconstitucionalidad de esa sentencia de la CIDH.
“El artículo 21 constitucional únicamente reconoce jurisdicción a la Corte Penal Internacional, pero muy condicionada al caso concreto, previa aprobación del Ejecutivo, con aprobación del Senado, de manera discrecional, y leo el artículo, el párrafo correspondiente, dice: “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, “en cada caso” reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. ¿Por qué en esta reforma no se incluyó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No lo sé, aquí sí confieso mi ignorancia.
“¿De dónde resulta entonces la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la respuesta nos la ha dado con toda amplitud y con toda puntualidad el Ministro Cossío: de la Convención que firmó México, con la aprobación del Senado, y bueno, no voy a reproducir toda la explicación que tan puntualmente nos dio él; nada más, que es competencia de este Tribunal Constitucional que es la Suprema Corte, juzgar la constitucionalidad de los tratados internacionales siguiendo todas las normas, no solamente las que se someten a su jurisdicción, sino también de las que tiene que aplicar y yo no encuentro, francamente lo he buscado, ¿de dónde surge constitucionalmente la facultad del Ejecutivo Federal y del Senado, de a través de un tratado internacional subordinar a los tres Poderes de la Unión en que se deposita la soberanía? Yo creo que esto no es un problema de hacer un reglamento, es problema de dar atribuciones constitucionales, como sí se las dio a la Corte Penal Internacional”.
El problema atañe a México. El ministro José Ramón Cossío, en esa misma sesión, señaló que México firmó la Convención y aceptó acatar sus resoluciones, pero dejando la crítica de que “el Estado mexicano no quiso hacer reservas jurisdiccionales”. Este argumento --una falla garrafal de los abogados del Estado mexicano a la hora de firmar la convención de DH que podría llevar a situaciones de violación constitucional-- explica la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias, pero con la puerta abierta dejada por Gudiño Pelayo de que la Corte Suprema puede juzgar la constitucionalidad o no de los tratados internacionales. Si el Estado mexicano no resguardó criterios jurisdiccionales, la Corte estaría obligada a revisar si ese tratado de la Convención es o no Constitucional.
Por tanto, antes de aceptar el acatamiento de la sentencia y reformar el código de justicia militar y con ello lastimar --sin reforma constitucional-- el fuero de guerra reconocido por el artículo 13 constitucional, el presidente de la república debería poner orden en la inconstitucionalidad-anticonstitucionalidad de la sentencia del caso Radilla Pacheco y la Corte Suprema de Justicia de México también debería revisar la constitucionalidad de las sentencias de la CIDH.
Publicado por Carlos Ramírez en 11:53 No hay comentarios:
+ Sentencia de CIDH, aberrante
+ SCJN: sin fundamento jurídico
Antes de dictaminar sobre la iniciativa de restricción del fuero militar en casos de desaparición, tortura y violación, los senadores deberían primero analizar las aberraciones jurídicas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el intervencionismo jurídico contrario al derecho mexicano.
Para ello, los senadores también deberían de releer la transcripción de la sesión de la Corte Suprema de Justicia de México del martes 7 de septiembre del 2010, en cuyo pleno se diseccionó la sentencia de la CIDH y se aportaron elementos con cuando menos tres características: desbordamiento de funciones, incongruencias y dislates.
Así, algunos ministros de la Corte Suprema de México de hecho reprobaron en derecho a los ministros de la Corte Internacional de DH. Pero lo grave radica en las contradicciones y aberraciones jurídicas que el Estado mexicano podría legitimar al modificar las leyes por mandato internacional.
El texto íntegro de la reunión del pleno se puede consultar --si los senadores son flojos en búsqueda de documentos para fundamentar sus decisiones-- en el sitio: http://www.scjn.gob.mx/ActividadJur/Pleno/SecretariaGeneraldeAcuerdos/VerEstenograficas/Documents/2010/Septiembre/pl20100907v2.pdf.
El análisis de la sentencia se dio en el contexto de la votación sobre si la Corte Suprema de México debiera de asumir reformas legales contenidas en la sentencia sin coordinarse con otras instituciones del Estado mexicano. La votación fue de 8 en contra y sólo 3 a favor. El más puntilloso en su crítica a la sentencia de la CIDH fue el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En una larga intervención, detectó fallas en la sentencia que el Senado mexicano debiera de examinar también antes de modificar las leyes mexicanas.
El ministro Aguirre Anguiano encontró puntos polémicos de tipo político y jurídico delicado:
1.- La sentencia enumera a las víctimas colaterales de la desaparición de Rosendo Radilla: su viuda, sus doce hijos y la comunidad donde vivía, es decir, “la comunidad víctima”. Esto, dijo el ministro, “no tiene fundamento jurídico alguno. Las víctimas son las directamente lesionadas por razón del delito o del ilícito”. Hay, agregó, un desbordamiento de facultades en la sentencia.
2.- La violación del principio de no retroactividad: la violación de derechos ocurrió antes de existir una convención. Es decir, la competencia de la CIDH ocurrió después de los hechos denunciados. La CIDH aplicó una decisión jurídica autoritaria. Conforme a su jurisprudencia, no funciona el principio de no retroactividad que consagra la Constitución mexicana. La CIDH, agregó el ministro Aguirre Anguiano, dijo: “no le hace que haya irretroactividad…, considero (la CIDH) que yo lo puedo decir conforme a mi jurisprudencia”. El caso de la jurisprudencia se aprobó en 1982 y la desaparición de Radilla ocurrió en 1974. Por tanto, se aplicó la ley retroactivamente. El principio de no retroactividad en el derecho mexicano se aprobó en función del abuso de poder del autoritarismo de Estado.
3.- En el análisis del caso Radilla, añadió el ministro Aguirre Anguiano, en la sentencia de la CIDH “se pide una cosa, se fundamenta otra y se condena a otra diferente; veo en esto incongruencia y desbordes” de facultades.
4.- La sentencia de la CIDH inventa el criterio jurídico de violación del derecho a la integridad personal de los hijos de Radilla, a los que considera víctimas. Con ironía, el ministro Aguirre Anguiano se pregunta: “¿a la integridad personal de los hijos? Parece ser un dislate, pero no, así lo están considerando”.
5.- En el litigio, el Estado mexicano se reservó el contenido del artículo 13 constitucional que refiere el fuero militar. Sin embargo, ironizó el ministro Aguirre Anguiano al señalar un hecho grave: “¿qué hace respecto a las excepciones (constitucionales mexicanas) el Tribunal (de la CIDH)? Decir: pues fíjense mexicanos, con la mala suerte que tienen de que su reserva no le hago ningún caso, no es válida su reserva y cómo no es válida su reserva debe de hacer las modificaciones legislativas correspondientes, implicando que la Constitución General de la República debe modificarse en su artículo 13 porque esto viola dos situaciones fundamentales”: la práctica común que remite a los militares al fuero común y violenta la jurisprudencia del tribunal internacional. “poco faltó para ordenar (por parte de la CIDH) que se modificara la Constitución, pero ´”para mí el desborde más radical, absoluto y pienso que inaceptable que hace la Corte CIDH) es desechar la reserva expresa” de salvaguardar la Constitución mexicana. El Tribunal de la CIDH dijo: “tus reservas no valen. ¿Por qué? Porque yo no quiero que valgan”.
Lo más grave de la reforma al fuero militar que propuso el presidente de la república radica en el hecho de que atiende una sentencia internacional que fue desautorizada por ministros de la Corte Suprema de México por irregularidades jurídicas. Si el Senado aprueba la reforma al fuero militar por orden de la CIDH entonces estaría avalando una sentencia aberrante, antijurídica y contraria a la doctrina del derecho mexicano.
Publicado por Carlos Ramírez en 6:50 1 comentario:
+ Soberanía nacional sin ejército
+ Corte civil de DH, inservible
La reforma legal al fuero militar para trasladar las violaciones de derechos humanos del ámbito castrense al civil tiene un contexto especial:
1.- La nueva doctrina está basada en la represión de gobiernos dictatoriales de América Latina, todos ellos asesorados por el gobierno de los Estados Unidos: se violaron los derechos humanos para defender el modelo occidental y cristiano en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Venezuela y otros.
2.- La uniformidad de delitos a nivel internacional no es compatible con las circunstancias mexicanas.
3.- Los órganos mexicanos encargados del respeto a los derechos humanos --la CNDH, la PGR y la Corte Suprema de Justicia-- han resultado inservibles para castigar la represión brutal a los derechos humanos en el reinado priísta, sobre todo de 1951 al 2000.
Por tanto, el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obligar a México a reformar sus leyes, incluido el código de justicia militar, resulta una intervención en la doctrina de seguridad nacional y de organización de las fuerzas armadas y de ninguna manera garantiza el respeto a los derechos humanos.
La violación a los derechos humanos en el reinado priísta fue realizada, sin pudor ni conciencia moral, por policías y funcionarios de las oficinas de inteligencia y seguridad nacional. Paradójicamente, los cómplices del Estado en la violación de los derechos humanos han sido los funcionarios del sistema de impartición de justicia a donde se mandan hoy los delitos de represión.
Ahí está, como ejemplo simbólico, el papel del juez Eduardo Ferrer McGregor en los juicios para sentenciar a los presos políticos de 1968 violando todos sus derechos humanos. De entonces a la fecha, la estructura de impartición de justicia es prácticamente la misma. El caso Radilla ocurrió en 1974 y por tanto su invocación para la reforma legal en México implica además una violación al principio de no retroactividad de las leyes. En cambio, los responsables políticos y civiles de la represión contra maestros, médicos, ferrocarrileros, campesinos, estudiantes de 1951 a 2000 siguen libres. Los responsables políticos y policiacos del pasado priísta no sólo gozaron de impunidad, sino que el propio PRI los impulsó a una carrera política con el respetivo fuero constitucional.
El juicio de militares en tribunales civiles no garantiza el respeto a los derechos humanos. En cambio, sí debilitará la fortaleza de la estructura militar y de la disciplina castrense.
El problema del dictamen de la Corte Interamericana de DH no fue producto de un acto de justicia sino que resultó de la incompetencia de los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fundamentar la situación de excepcionalidad de las fuerzas armadas mexicanas.
El acotamiento en la actividad militar se daría en el contexto de la batalla de las fuerzas armadas contra el crimen organizado que le disputa poder y soberanía al Estado. A diferencia de los excesos, abusos y tortura del ejército de los Estados Unidos --que la CIDH se niega a examinar-- contra prisioneros civiles en el Medio Oriente y Guantánamo, en México no se ha documentado ningún caso de violación intencionada de derechos humanos.
Si la mayoría priísta tiene en sus manos la reforma al fuero militar, entonces debería de comenzar por la revisión crítica de la violación intencionada de derechos humanos por fuerzas policiacas y de seguridad durante su hegemonía. Ahí están, por ejemplo, los más de 500 perredistas asesinados por causas políticas y por tanto violatoria de los derechos humanos durante el sexenio de Carlos Salinas. Sin embargo, los priístas han encontrado en el castigo legal a las fuerzas actuales de seguridad una expiación de sus propios excesos.
Una salida que debiera examinarse tendría que ver con reformas que permitan primero el juicio militar contra soldados y oficiales acusados de violar los derechos humanos en función de las leyes actuales, pero crear mecanismos de apelación civil o un juicio posterior como ocurre con los delitos internacionales en tratados de extradición: delincuentes que deben cumplir su condena en un país y luego ser juzgados en otro.
La jurisdicción militar en México obedece a razones de experiencia jurídica nacional. Hoy en día muchas de las resoluciones del fuero militar pueden ser revocadas o modificadas por instituciones civiles. Exigir la modificación del código de justicia militar sería una exhibición de la falta de confianza en las fuerzas armadas mexicanas.
Lo más grave del asunto radica en el hecho de que tribunales civiles internacionales le dedican tiempo y esfuerzo a acotar el funcionamiento de las fuerzas armadas, cuando la impunidad de los tribunales civiles y la situación de guerra convencional del narcotráfico contra las fuerzas de seguridad constituyen cotidianamente una violación a los derechos humanos y derechos ciudadanos de la sociedad. Bastará que los criminales invoquen violación a sus derechos humanos --como ocurre en la actualidad-- para paralizar las acciones de seguridad pública.
En el fondo, la decisión de acotar el fuero militar no tiene que ver con los derechos humanos sino que está directamente relacionado con la intención de acotar a los ejércitos nacionales para permitir la intervención del poderoso ejército de los Estados Unidos, con todo y violadores de derechos humanos y torturadores en la protección de las fronteras estadunidenses de seguridad.
Publicado por Carlos Ramírez en 5:36 No hay comentarios:
+ Fuero: debilitar al ejército
+ Armas legales a delincuencia
La lucha contra la inseguridad ha entrado en una zona de contradicciones: mientras los delincuentes han escalado el uso de la violencia contra civiles y han comenzado a atentar contra ciudadanos inocentes para aterrorizarlos, las presiones políticas están tendiendo a limitar las acciones de las fuerzas de seguridad.
La iniciativa de reforma al fuero militar ha caído en un juego de espejos: la exigencia de la Corte Internacional de Justicia se tomó por el caso Radilla ocurrido en el gobierno priísta de Luis Echeverría por la presunta desaparición de un activista social. Sin embargo, la modificación del fuero militar ocurrirá justo cuando el ejército está ajeno a intervenciones en asuntos políticos y sociales y su tarea fundamental está orientada a combatir a la delincuencia organizada y altamente pertrechada.
Por tanto, los beneficiarios del acotamiento del código de justicia militar no serán los activistas políticos civiles sino los delincuentes. Ya ahora mismo muchas de las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares son alentadas por el crimen organizado como una manera de desprestigiar al ejército.
En todo caso, sería más viable la reforma al código de justicia militar para precisar los delitos de tortura, violación y desaparición forzada de personas. En el fondo, el problema de esos delitos no tiene que ver con la función original, primordial y constitucional de las fuerzas armadas, sino del hecho de que en el pasado el ejército fue usado por funcionarios civiles para enfrentar las ofensivas políticas, sociales y guerrilleras contra el sistema político priísta y en demanda de mayor democratización.
Inclusive, si se revisan las experiencias latinoamericanas, el uso de los militares en labores de contrainsurgencia --casos: Uruguay, Brasil, Argentina, Chile-- fue parte de la estrategia militar del ejército de los Estados Unidos, cuyos asesores arribaron a esos países para asesorar en actividades de lucha contra la guerrilla latinoamericana, entre ellos la tortura. Sigue abierta la herida del secuestro y asesinato del asesor estadunidense del FBI Dan Mitrione, en Uruguay, por fuerzas de Los Tupamaros en 1970. El hecho, por cierto, fue llevado al cine por el extraordinario director Konstantinos Costa-Gavras en su película Estado de sitio.
El fuero militar es parte del escudo de seguridad nacional del Estado mexicano. Como de lo que se trata no es avalar la impunidad, entonces los legisladores estarían en condiciones de reformar el código de justicia militar para endurecer los castigos a los militares que excedan en sus atribuciones y torturen, violen o desparezcan personas. Al final, sería una ingenuidad suponer que los militares presuntamente involucrados en esos excesos serán castigados de manera ejemplar por los tribunales civiles, ahora mismo copados por la corrupción, la ineficiencia y la impunidad criminal.
De acuerdo con la doctrina jurídica, el fuero de guerra no implica beneficios especiales o impunidad. Más aún, los juicios y castigos en los tribunales militares son más estrictos que en los civiles. A diferencia de la Ley Patriótica de los EU que permite el juicio de civiles en tribunales militares, el artículo 13 constitucional mexicano establece lo contrario: “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. El artículo 57 del código de justicia militar es drástico en el señalamiento de delitos cometidos por militares.
Las mismas leyes penales militares establecen ya candados en contra de la impunidad. Las resoluciones de los órganos de justicia militar podrán ser revocadas por autoridades ajenas al fuero militar, es decir, por tribunales civiles, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con ello se facilita la supervisión civil sobre decisiones judiciales militares y se desmiente la acusación de que el fuero de guerra indica un poder autónomo. En consecuencia, la limitación del fuero militar no tiene el propósito de garantizar la justicia sino de dañar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad nacional y su papel fundamental en la seguridad interior.
Lo grave del asunto radica en el contraste: mientras se acotan los espacios de acción de las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia organizada, las bandas criminales escalan la violencia y han enfocado sus agresiones contra la población civil.
El debate debe darse no en función del fuero militar que es la columna vertebral de la disciplina militar y por tanto de la última línea de defensa de la seguridad nacional y la seguridad interior, sino en términos de dotar a las fuerzas armadas de mayor seguridad jurídica en su participación y con reformas que impidan los excesos y abusos pero sin desarticular la estructura de la defensa nacional. El debate de fondo no se localiza en la violación de derechos humanos como consecuencia del combate a la criminalidad, sino la defensa de los derechos ciudadanos y humanos conculcados por la violencia creciente e impune de los cárteles criminales.
Modificar el fuero militar será igual a debilitar el papel de las fuerzas armadas en el combate contra la inseguridad y dañar la soberanía nacional. De ahí que los legisladores que analicen la iniciativa tendrán que decidir en función de los intereses superiores de la sociedad.
Publicado por Carlos Ramírez en 15:23 No hay comentarios:
+ Fuero: Sedena no, políticos sí
+ Hipocresía de Hillary Clinton
A la ética del ejército de llevar un juego limpio y aceptar la limitación del fuero militar que sin duda afectará su margen de maniobra en la seguridad nacional se le debe contrastar cuando menos tres hechos en sentido contrario:
1.- La incongruencia --para decir lo menos-- de los legisladores que exigieron y votarán a favor de la limitación del fuero militar, cuando el PRD legislativo, político y partidista y sus aliados priístas han protegido al diputado (ex) perredista Julio César Godoy acusado con pruebas de vinculaciones con el crimen organizado en Michoacán. Los legisladores, obvio es decirlo, no acotarán su fuero político porque es su escudo de impunidad.
2.- El combate contra el narco sólo tiene un escenario: el Estado para la sociedad vía el gobierno y las fuerzas armadas o el Estado cedido al crimen organizado por la vía del tema de los derechos humanos. Los más activos en el acotamiento de los espacios del combate contra la inseguridad son los priístas, cuya historia de represión política y social marcó el siglo XX mexicano. Todavía el PRI le debe al país el enjuiciamiento de los gobernantes civiles que ordenaron la represión de 1951 al 2000 y que sentaron las bases del involucramiento político y social con el narco. Muchos perredistas en ese tiempo eran priístas y tampoco levantaron la voz.
3.- La hipocresía de la señora Hillary Clinton, secretaria estadunidense de Estado, al criticar duramente a México por los efectos de la violencia pero olvidando que muchos más crímenes contra lesa humanidad ha cometido la Casa Blanca en Irak, Afganistán y antes en Corea y Vietnam. Ahora mismo se difundieron 400 mil documentos vía Wikileaks donde se revela la guerra sucia de Washington en su papel de ejército invasor. La señora Clinton le exige a México cuidado en la guerra cuando existe una larga lista de bajas civiles en Irak y Afganistán por la incompetencia del ejército del país más poderoso del mundo. La ley patriótica de los EU es más violadora de derechos humanos que el fuero militar. Y la ONU ni nadie la condena. Peor aún, los EU juzgan a civiles en tribunales militares. Las muertes de civiles en Irak y Afganistán a manos de soldados de EU también asquean.
El tema del fuero militar ha sido básicamente una agenda del crimen organizado. A diferencia del pasado priísta cuando la violación de los derechos humanos era un instrumento de disuasión política y social, hoy los daños sociales son efecto de la lucha violenta por recuperar los espacios dominados por las bandas de delincuentes. Como nunca antes, el ejército cuenta con una oficina activa de derechos humanos.
La limitación del fuero militar podría considerarse una victoria del crimen organizado. En las estrategias de guerra se comete un gravísimo error táctico y estratégico abrir debates y tomar decisiones que debiliten a las fuerzas armadas cuando se encuentran en combate frontal contra enemigos. Por ello el tema del fuero se debiera posponer para no ayudar a las mafias y, eso sí, trabajar conjuntamente con el ejército en el tema de los derechos humanos.
El tema fundamental ha sido analizado en una reunión privada entre abogados especialistas, a la que asistió Indicador Político. Ahí se llegó a la doctrina de que “la seguridad nacional es una cuestión política no judicializable”. Llevar el tema a tribunales civiles representa un hoyo negro en la seguridad nacional. El congreso tiene las facultades necesarias para vigilar el respeto a los derechos humanos. Pese a las revelaciones de Wikileaks sobre el terror militar de EU en Irak y Afganistán y antes en Abu Ghraib y en las celdas de Guantánamo, no habrá cambios porque debilitarían la fuerza militar.
El tema es sensible. Los derechos humanos son una definición de la democracia. Pero hoy en día los derechos humanos son más violados por el crimen organizado --asesinatos, secuestros, terror, bombas y droga para consumo-- que por las fuerzas militares. Pero en lugar de apoyar a las fuerzas del orden en su combate contra las mafias, sociedad y políticos acotan margen de maniobra judicializando la seguridad nacional.
Si el ejército ya no cuenta con la confianza de la sociedad, de los legisladores y de los políticos, entonces sería mejor que se retirara a sus cuarteles y la plaza fuera ocupada por el crimen organizado y sus cómplices políticos. A la soberanía de la nación, en la doctrina de la seguridad nacional, no le conviene un ejército acotado. Eso sí, en la discusión del fuero militar se debe introducir el fuero del diputado (ex) perredista Julio César Godoy o la forma en que los políticos sí tienen fuero para proteger sus complicidades criminales. No debe extrañar que el PRD haya facilitado a Godoy la obtención del fuero y sea el PRD el que critique la estrategia gubernamental contra la inseguridad. Ahí hay una correlación de hechos que conduce a definiciones de complicidad.
El debate sobre el fuero militar va a ser vital para redefinir la doctrina de seguridad nacional: ¿se quiere un ejército acotado en la defensa de la soberanía del Estado? El debate se debiera dar entre controles políticos o disminución de la fuerza militar del Estado para defender la soberanía nacional.
Publicado por Carlos Ramírez en 6:02 No hay comentarios:
Cesáreo Morales: crítica
de la razón pesimista
Carlos Ramírez (*)
En la conferencia previa a la recepción del premio nobel de literatura 1990, el poeta y ensayista Octavio Paz pronunció un discurso brillante. Ahí contó algunas imágenes de su infancia y sobre todo de cómo podía separar la realidad del momento de los juegos. No tardó el poeta en darse cuenta de que vivía instantes de aislamiento de la realidad. “¿Cuándo se rompió el encanto?, se preguntó. “No de golpe: poco a poco”. Así fue. Una de sus primas le mostró una revista con fotografías de soldados regresando de la guerra, la primera mundial. El poeta llegó a una de sus primeras conclusiones: hubo una guerra y él sólo tuvo algunos datos. Dijo: “me sentí, literalmente, desalojado del presente”.
Cesáreo Morales es, ante todo, un filósofo, un amigo de la sabiduría. Sus dos libros centrales de ideas y de pensamiento --Pensadores del acontecimiento y ¿Hacia dónde vamos?, publicados por la editorial Siglo XXI-- podrían ser revisados y comprendidos como el reclamo de alguien que no quiere sentirse desalojado del presente, de su presente, de nuestro presente. Cesáreo regresa al mundo de las ideas, del pensamiento humanista, para tratar de encontrar algunas salidas a la crisis existencial del presente. Pero no de una crisis existencialista --y lo sabe él como buen lector de la filosofía de Jean-Paul Sartre--, sino de la existencia humana.
Los libros de Cesáreo llegan a llenar un vacío que no es nuevo. En 1956, en plena euforia por el auge del mundo intelectual y el mundo rumbo sin freno a la guerra fría, se decretó el fin de la filosofía política. Años después, con el desmoronamiento del mundo de la Unión Soviética, se formalizó el fin de la historia. Y ahora, en plena euforia cuantitativa que ha olvidado la filosofía, ya se giró el certificado de la muerte de la ciencia política. Pero no, nos dice Cesáreo, el mundo de las ideas y de la indagación sobre las razones de la existencia humana no ha muerto por una sencilla razón: la filosofía, la historia y la ciencia política no son organismos humanos, celulares, vivos, y por tanto no pueden morir. El problema ha sido otro: el pensamiento humano dejó de reflexionar sobre sí mismo, como si la felicidad humana en cualquiera de sus manifestaciones fuera suficiente. Hay otro dato: los certificados de defunción de la filosofía política, la historia y la ciencia política han sido emitidos en los Estados Unidos, donde ciertamente se asienta alrededor del 75% de la capacidad de reflexión. Pero Cesáreo nos viene a reavivar y a revivir el pensamiento filosófico europeo y nos encontramos con un mundo de ideas apenas explorado.
El recordatorio no sale sobrando. El pensamiento político se ahogó en el cuantitativismo. En Pensadores del acontecimiento, Cesáreo nos da la clave con la circulación de un pensador poco conocido en México, al menos para mí: Jacques Derrida. La propuesta de Derrida es asumida con profundidad por Cesáreo: el deconstructivismo como método de análisis y de reflexión, la forma de desarmar una realidad y su interpretación para encontrar nuevas formas de interpretación lingüística. Los dos libros de Cesáreo ofrecen una exhibición de este método de reflexión de la realidad presente.
Las indagaciones filosóficas de Cesáreo son, diríase así, originales pero sobre todo actuales y abiertas, lo que las convierte en desafiantes: ¿dónde nos encontramos y qué se nos ofrece en el corto plazo? Octavio Paz fue muy certero en sus generalizaciones. Y nos puso cuando menos un marco de referencia de la reflexión: el siglo XX fue el de las ideologías y el siglo XXI se perfilaba como el siglo de las religiones. En ¿Hacia dónde vamos?, Cesáreo indaga algunas posibilidades. La pluralidad de sus temas tiene que ver con los problemas de la circunstancia: el pasado autoritario de la segunda guerra, la incertidumbre ante lo desconocido pero no pesimista sino como perplejidad maimónidaica, el conflicto moral de la guerra casi como una maldición de los dioses, la relectura impresionante de Hobbes y en todo el texto la presencia vital de Carl Schmitt más allá de militancia nazi.
Cesáreo convierte la escritura en una reflexión filosófica --otro homenaje a Derrida-- y deja abierta, a mi parecer, uno de los grandes temas no cerrados del siglo XX: el absolutismo nazi. Las referencias a Schmitt llevan, de modo natural, a Hannah Arendt y su mal comprendida tesis del “mal absoluto”. Sí, podría ser que todos fuimos culpables. ¿Cómo escribir después de Auschwitz?, se preguntó Gunter Grass en 1990 en un texto que, por cierto, ya incluía su confesión que provocó el escándalo en el 2006 sobre su participación en la fuerza aérea nazi --dato, por lo demás, registrado por Cesáreo--, pregunta por cierto innecesaria porque Grass escribió El tambor de hojalata.
Pero el fondo era otro. En una conferencia pronunciada en 1992, “El holocausto como cultura”, el escritor húngaro Imre Kertész, premio nobel de literatura 2002, difunde una reflexión pesimista de un prisionero en Auschwitz, en la angustia de la represión y la incertidumbre: “¿qué sabrá de nosotros el mundo su vencen los alemanes?” No importaba la muerte sino el destino. O el dilema existencial --no filosófico sino real: la muerte o la vida-- de Jorge Semprún en el campo de concentración de Buchenwald cuando decidió entre la escritura o la vida. A ello remite el recordatorio de Cesáreo del drama nazi como herida abierta. Y sobre todo, como memoria latente en un mundo que no entendió el holocausto y que enfrenta el olvido o, peor aún, la repetición en las limpiezas étnicas conocidas en Kosovo y Medio Oriente.
¿Hacia dónde vamos? Cesáreo no da respuestas porque filosóficamente no las hay. La crisis de Occidente es moral, de sobrevivencia y, sobre todo, de falta de expectativas. Las respuestas intelectuales son pocas. A la crisis de la filosofía política de 1956 respondió tibiamente en 1971 John Rawls con su Teoría de la justicia. Hoy no parece haber esa reflexión. Por eso es que libros abiertos como los de Cesáreo ofrecen quizá la única salida posible: la reflexión, la duda especulativa, el regreso a la filosofía, la revalidación de las ideas. No es gratuito en que cada crisis nos lleve a los clásicos, a recomenzar de nuevo con Platón y Aristóteles como nuestra de Sísifo. Cesáreo ofrece un camino: a lo mejor no dar la respuesta de un destino desconocido o hasta inexistente, sino la reflexión filosófica de que a lo mejor el destino del hombre es el hombre mismo. Ya lo dijo Protágoras de Abdera: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son.
Cesáreo nos recuerda que el destino del hombre no son los modelos de sociedad sino la equidad y la razón de ser. Los libros de Cesáreo son inaprehensibles en cuanto a algún intento de explicación; por eso es que debe bastar con señalar que son libros abiertos, con un principio y sin conclusión porque no hay final de la historia, pero con una sugerente insistencia en regresar a las ideas. Al final, los libros de Cesáreo, dialécticamente, constituyen una severa crítica de la razón pesimista, aunque sin dejar de reconocer la profundidad de la crisis general de la sociedad y de Occidente mismo. Si se creía que el desmoronamiento de la Unión sería el fin historia y paradójicamente el inicio de la utopía no marxista, en realidad el mundo ingreso en una nueva fase que requiere, ante todo, la revalidación de la filosofía: la justicia, la equidad, las religiones. Y a diferencia de las utopías del pasado, hoy el escepticismo se asume casi como una posición filosófica, no para indagar el corto plazo y el futuro sino para alimentar las angustias. Lo resumió con claridad Lester Thurow en 1980 con su estudio, económico y cuantitativo pero con referentes políticos y filosóficos: la sociedad es un mecanismo de suma cero: lo que gana un grupo lo pierde otro. Por tanto, la administración de la crisis radica en encontrar la forma de acreditar las pérdidas, pero en una sociedad, como hoy la francesa, que ha liquidado todos los espacios de intermediación política y social. Ese enfoque filosófico tiene su referente en la realidad: en efecto, los mecanismos e instancias de intermediación han perdido efectividad y la sociedad ha decidido pasar a la defensa directa de sus intereses. Contra esa realidad de la crisis y la violencia, no ha habido hasta ahora alguna respuesta filosófica, sociológica y política. De alguna manera Cesáreo asume ente enfoque en el contexto de sus libros.
En Pensadores del acontecimiento Cesáreo convoca a “otra política”. En ¿Hacia dónde vamos? establece que “urge la vuelta del Estado”. Pero con profundidad, Cesáreo remite a la relectura de los clásicos. Pero en todo, la aplicación de la metodología de la duda filosófica. Cesáreo lo asume con Derrida en su reflexión:
“¿Qué hacer? Pensar lo que viene. ¿Toca? ¿Y entonces cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Y ¿qué hacer de este imperativo? ¿En qué tono tomarlo? ¿Desde qué altura?”
Queda al final cuando menos la intención de reflexionar el destino. En Contra los académicos, de San Agustín, el narrador inquiere: “¿te parece a ti que los académicos han tenido acerca de la verdad una doctrina bien fundamentada y no han querido manifestarla imprudentemente a los no iniciados o insuficientemente purificados, o bien ellos, en realidad, están de acuerdo con lo que sus controversias sostienen?” A lo que Alipio contestó: “si tú me pides mi opinión personal, pienso que aún no han descubierto la verdad”. Y añadió: “yo creo que la verdad no es posible encontrarla”. El libro de Cesáreo se localiza en este contexto: en efecto, la verdad no puede ser encontrada porque ése hecho sería, ahora sí, el fin de la historia. Pero la labor del filósofo, del pensador, del analista profundo del presente es cuando menos intentar avanzar hacia la verdad y dejar la puerta abierta.
Los libros filosóficos de Cesáreo son, en efecto, abiertos, provocadores, lúcidos. Celebro aquí también al Cesáreo articulista, analista de la coyuntura, siempre con la frase que convierte a la filosofía en la duda de todas las cosas. Y aún más, al Cesáreo amigo, maestro, siempre dispuesto a la discusión. Mis pláticas con él se convirtieron en un detonador de mi inquietud no sólo por la noticia sino por la lectura de los ensayistas. Cada conversación con él me obligaba a profundizar en el estudio de la política en cuanto a ideas, a pensamiento crítico, a la búsqueda de las razones profundas. No es fácil encontrar en las páginas de opinión un pensamiento lúcido, sustentado en el razonamiento, la reflexión de las dudas originales y la búsqueda de las causas últimas. Los textos de Cesáreo nos ayudan a evitar lo que podría llamar la maldición de Octavio Paz y saber que una reflexión de fondo puede evitar que nos desalojen del presente.
Por eso agradezco esta oportunidad para presentar hoy aquí su libro.
(*) Texto leído en la presentación del libro ¿Hacia dónde vamos?, del Dr. Cesáreo Morales, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 20 de octubre del 2010.
Publicado por Carlos Ramírez en 7:45 1 comentario:
+ Barrios Sierra no, Revueltas sí
+ 68: la Belisario y la represión
Con una juagada habilidosa, la bancada del PRI en el Senado encontró la forma de reivindicar su historia en la represión de 1968: otorgarle la medalla Belisario Domínguez al priísta Javier Barros Sierra como rector en el movimiento estudiantil del 68.
Sin restarle méritos propios, Barrios Sierra quedó atrapado entre su militancia priísta como secretario de Obras Públicas del gobierno de López Mateos y su condición de precandidato presidencial priísta en 1963. La defensa de Barrios Sierra a la ola represiva del gobierno de Díaz Ordaz no exime su corresponsabilidad en el análisis de fondo del conflicto del 68: la protesta estudiantil contra la represión priísta.
La verdadera figura simbólica del 68 mexicano fue José Revueltas, uno de los hombres más puros, el escritor que definió la literatura de la posrevolución y sin duda el pensador marxista más brillante. Revueltas fue arrestado por la policía en noviembre de 1968, encarcelado como preso político en Lecumberri, agredido por hordas pagadas por el gobierno priísta y sentenciado a casi 20 años de prisión por su crítica al poder presidencial y su promoción --dijo el MP-- de la “autosugestión universitaria”, cuando el tema era autogestión. Revueltas le dio contenido al movimiento: no una protesta juvenil sino un “movimiento de desenajenación” priísta.
Revueltas encarnó el papel de la víctima del poder político priísta represor. Su alegato de defensa fue una de las críticas más duras, brillantes y de filosofía del derecho que alguien hubiera podido hacer contra la estructura jurídica del estado priísta. Revueltas fue condenado por el juez Eduardo Ferrer McGregor, quien sin duda representó al poder judicial orgánico del sistema priísta. Revueltas acusó al sistema judicial de fabricar pruebas, de defender al Estado priísta y de reprimir la disidencia.
En su ensayo México: una democracia bárbara, publicado en 1958, Revueltas analizó el proceso de sucesión presidencial priísta de ese año con Adolfo López Mateos como el candidato-símbolo de la represión e hizo uno de los análisis críticos más lúcidos de la estructura de poder del PRI. En el equipo de campaña de López Mateos aparecía Javier Barros Sierra como funcionario priísta. Por cierto, Barros Sierra fue después compañero de gabinete de Díaz Ordaz.
De acuerdo con Revueltas, López Mateos representaba la represión priísta como método: como secretario del Trabajo en el periodo 1952-1958 fue el encargado de aplastar a los grandes movimientos obreros de los maestros, los campesinos, los ferrocarrileros y los estudiantes. Por tanto, fue lógica la sucesión a favor de Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación encargado de la represión. Barros Sierra fue secretario de Obras de los gobiernos de Ruiz Cortines y López Mateos, los años más duros de la represión de Estado.
En el prólogo de su ensayo, publicado en 1975, Revueltas hizo una de las aportaciones más lúcidas, brillantes y profundas del marxismo sobre la teoría del Estado mexicano: “el Estado mexicano es un Estado total y totalizador” pero no totalitario y la clave de su poder residía en “la total manipulación del total de las relaciones sociales”. La represión era asumida como la decisión final después de fallar el control estructural y corporativo a través de del PRI como el partido del Estado.
Por tanto, el símbolo de la lucha contra la represión en el 68 no fue Barros Sierra sino Revueltas. Al contrario, la estrategia de Barros Sierra fue la desactivar el potencial político del movimiento para encauzar una solución del conflicto pero funcional a los intereses del sistema político priísta. Como señaló el politólogo Salvador Hernández en su libro clásico que debiera reeditarse El PRI y el movimiento estudiantil de 1968 (1971, El Caballito), la protesta juvenil fue directamente contra el sistema político priísta.
En su alegato de septiembre de 1970, Revueltas acusó a la estructura del sistema político priísta de la represión. Se refirió a la afirmación del presidente Díaz Ordaz en su cuatro informe de septiembre de 1968 --en pleno conflicto estudiantil-- que en México “no existían presos políticos”, cuando las cárceles estaban llenas de disidentes por sus ideas políticas. Y Revueltas acusó a los miembros de los poderes legislativo y judicial de cómplices: “no hubo un solo diputado, un solo senador, un solo magistrado (de la Corte Suprema) que elevara su voz de protesta contra aquel delito del Estado que se perpetraba delante de ellos, delante de sus propias y respetabilísimas narices”.
De ahí que la medalla Belisario Domínguez al priísta Barros Sierra deba a ser considerada como un acto tibio y tramposo de contrición del PRI sobre el 68. La figura emblemática del 68 --por su inteligencia, participación y lucidez-- fue Revueltas. Inclusive, Revueltas fue uno de los críticos más demoledores de las inconsistencias teóricas y prácticas y el aventurerismo del Partido Comunista Mexicano. En la bancada perredista del Senado están algunos miembros de la lucha del 68 que fueron encarcelados por el gobierno priísta. Y ahora aceptan la medalla para Barros Sierra como si la verdadera izquierda de lucha no hubiera existido en el 68.
La defensa de la dignidad de la UNAM no la dieron las autoridades universitarias --que venían del poder priísta y que después regresaron al poder priísta-- sino los estudiantes en lucha que enfrentaron la represión y fueron a la cárcel como presos políticos.
Por ello es que la medalla a Barros Sierra busca la autoexoneración del PRI en el 68, con la complicidad de ex comunistas del PRD.
Publicado por Carlos Ramírez en 11:07 No hay comentarios:
+ Yunes: su pasado lo condena
+ Espías, Chapo, chantaje a Trife
A propósito del narcoexpediente del diputado (ex) perredista Julio César Godoy Toscano y de la red de protección del PRD que le permitió obtener fuero constitucional contra una orden de aprehensión, en ciertos grupos panistas existe preocupación por el dossier del flamante candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, a quien se le escapó Joaquín El Chapo Guzmán.
De hecho, puede señalarse que la fuga del Chapo en enero de 2001 fue el principio de toda la descomposición del mapa del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Fuera de la cárcel de “máxima seguridad” de Puente Grande --conocida desde entonces como Puerta Grande--, el Chapo reconstruyó su cártel, se enfrentó violentamente con otras mafias y se convirtió en el Lord del narco mexicano. Por tanto, su fuga fue el detonador que profundizó el poder del narco y llevó al gobierno de Calderón a una lucha frontal contra las bandas.
La revisión en los Estados Unidos del expediente de El Chapo también registra como punto de partida la fuga del criminal. Y ahí es donde algunos panistas están temerosos de que pronto se reabra el archivo de ese criminal y comiencen a hacerse algunas relaciones de datos sobre su fuga de Puente Grande. El entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal era nada menos que Miguel Angel Yunes Linares, encargado de los reclusorios.
Y el expediente de El Chapo registra también otro dato delicado. En 1991, el criminal entonces en ascenso había caído sin esperarlo en un operativo de la policía del DF en la Delegación Venustiano Carranza y entregó varios cientos de miles de dólares al entonces jefe de la policía capitalina, Santiago Tapia Aceves. Los dos principales superiores de Tapia eran nada menos que Manuel Camacho Solís como jefe del Departamento del Distrito Federal y Marcelo Ebrard Casaubón primero como director general de gobierno y por tanto operador político en jefe y luego como secretario general de gobierno, además de que el delegado en la Venustiano Carranza era una posición directa del regente Camacho. Esa primera fuga de El Chapo había evidenciado el poder de las redes criminales en el DF y su capacidad de impunidad por la corrupción. Tapia Aceves fue detenido y sentenciado por corrupción y por la fuga de El Chapo.
La amnesia de la política ha permitido que los corresponsables del fortalecimiento del poderío criminal de El Chapo como políticos del PRI se hayan pasado a la oposición y no sólo hayan olvidado impunemente de su responsabilidad en la historia criminal de El Chapo sino que desde la oposición se permitan lecciones de pureza: Ebrard y Camacho ahora en el PRD --el partido del narcodiputado Godoy Toscano-- y aliados al PAN y Yunes Linares como representante de los intereses de la señora Elba Esther Gordillo y jefe político del PAN en Veracruz.
El problema de Yunes ahora es la utilización del espionaje político contra funcionarios electorales federales. A través de intercepciones telefónicas ilegales y filtrado el dictamen de legalidad de las elecciones para gobernador de Veracruz, ayer dos representantes de Yunes Linares enviaron un mensaje nada misterioso a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa: datos de que presuntamente su secretario de estudio y cuenta --cargo apenas debajo de la titular-- habría sido “asesor” del PRI veracruzano.
Lo interesante del asunto fue que un desplegado de Yunes Linares afirmó la existencia de conversaciones telefónicas entre el subordinado de la presidenta Alanís Figueroa con un asesor del gobernador de Veracruz. Para que no hubiera duda del chantaje, Yunes Linares mandó publicar el número telefónico que había servido para las relaciones PRI-Trife. Por tanto, el espionaje político de Yunes Linares ha dejado entrever la existencia de grabaciones ilegales y clandestinas. El objetivo está muy claro: chantajear al Trife para que cambie su sentencia de validez de las elecciones por otro en contra del candidato del PRI, mecanismos propios de las mafias del poder que han copiado estilos de las mafias criminales.
De haber llegado al gobierno estatal, Yunes habría repetido el estilo que prodigó cuando fue secretario de gobierno (1992-1998) del gobernador Patricio Chirinos, uno de los más cercanos políticos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En aquellos años, Yunes Linares se llevó a trabajar en el gobierno y algunos después en la delegación del ISSSTE en el DF y Veracruz a varios de los funcionarios estaban en espacios de decisión de reclusorios en enero de 1991 y que por tanto habrían tenido que ver con la fuga de El Chapo.
En una recopilación impresionante de datos, el periodista Raymundo Jiménez publicó en el sitio Imagen del Golfo y el diario Imagen de Xalapa las evidencias de vinculación de Yunes Linares con el crimen organizado: la fuga de El Chapo, los funcionarios penales después en cargos con Yunes, el nombre de Yunes en documentos de la DEA, la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 que relacionó a Yunes con el gobernador Mario Villanueva Madrid y hasta un comunicado del EPR de 2008 denunciando que Yunes “encabeza a la mafia que trafica ilegales y a través de dicho grupo delictivo controla la venta de vino y drogas y es el principal organizador de las bandas paramilitares”. Más aún, el nombre de Yunes aparece vinculado al narcotráfico en un libro de Julio Scherer García.
Publicado por Carlos Ramírez en 6:53 No hay comentarios:
+ Ebrard o el abuso del poder
+ Guerra GDF contra Edomex
Después de haber salido en defensa del narcodiputado perredista Julio César Godoy y justo el día en que aparecieron las primeras anti mantas sospechosas contra el narco en el DF, el jefe de gobierno del DF comenzó una guerra política contra el gobernador del Estado de México.
Como nunca antes se había visteo y violando las reglas electorales mínimas, Marcelo Ebrard llamó a los mexiquenses a votar contra el PRI en las próximas elecciones de gobernador. En domingo pero sin haber solicitado licencia al cargo y por tanto con la representación de jefe de gobierno capitalino, Ebrard mostró su estilo político que aplicará de llegar a la presidencia de la república: la arbitrariedad, el populismo y el abuso del poder.
Que se sepa, los capitalinos eligieron a Ebrard para representar los intereses de los habitantes de la ciudad de México, no para meterse en la vida política de un estado vecino. Con esa actitud, ahora el gobernador priísta del Estado de México o de cualquier otra entidad tiene las razones para venir al DF a hacer campaña en contra del PRD para las elecciones del 2012.
Pero se trata de otra de las veleidades políticas de Ebrard y de sus comportamientos populistas y autoritarios, una mezcla de su priísmo determinado por las figureas de Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. Cuando fue secretario de gobierno de la administración salinista del DF, Ebrard se quejaba que las protestas en la capital eran producto de problemas no resueltos en las entidades de la república. Ahora Ebrard como jefe de gobierno del DF se inmiscuye en asuntos políticos, sociales y electorales locales del Estado de México.
Con toda tranquilidad política y sin preocuparse por la violación a las leyes electorales, Ebrard está usando con impunidad recursos públicos del GDF para su campaña por la candidatura presidencial del PRD. Por ejemplo, la página internet del GDF incluye sus actividades políticas privadas como parte de su gestión de gobierno, información de su fundación político-electoral se distribuye desde correos electrónicos firmados por funcionarios del GDF y actividades político electorales han sido realizadas por Ebrard en días miércoles y jueves y en horas de trabajo.
En la misma línea, las recientes contrataciones de Ebrard de funcionarios del GDF no se hicieron para mejorar el funcionamiento caótico de la ciudad sino para que le operen negociaciones que tienen que ver con su precandidatura presidencial del PRD. A pesar de que se tratan de actos de campaña adelantados, el IFE aparece ajeno a esas actividades. La razón es simple: el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, es una posición directa del PRD y por tanto responde a sus intereses.
Los comportamientos políticos autoritarios de Ebrard han comenzado a preocupar en algunos sectores sociales y políticos. Por ejemplo, la forma en que ha comenzado a manipular a los seguidores de Martín Esparza y sobrevivientes del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas para que realicen acciones en contra del gobierno federal de Calderón pero que no afecten la vialidad de la ciudad de México. Y la forma en que ha impuesto algunas decisiones de construcción urbana, a pesar de las quejas ciudadanas.
Si al principio había señalado que realizaría giras de fin de semana en horas de no-oficina, ahora resulta que Ebrard atiende con mayor intensidad la asociación civil que creó como parte de su campaña por la candidatura presidencial. El asunto carece de una explicación racional: si se atiende a su contrato como jefe de gobierno --determinado por unas elecciones--, a Ebrard se le fichó de tiempo completo, a menos que los viernes por la noche solicite licencia por 48 horas y retome el lunes a primera hora.
Lo grave de este argumento de fines de semana es que Ebrard considera a los capitalinos como subnormales a quienes puede tomarles el pelo con el argumento de que los fines de semana la ciudad de México puede quedarse sin el titular del gobierno. Si tiene tiempo los fines de semana, debería dedicarlos a atender los siete pecados capitales del DF que definen la personalidad política de Ebrard: los ambulantes como imagen de la ciudad, la piratería ya vinculada a los Zetas, el dominio de los microbuses, el caos en la circulación vial, la falta de control sobre los antros, la inseguridad como vida cotidiana y sobre todo la arrogancia del poder de los funcionarios perredistas.
Ebrard metió a la ciudad de México en una guerra contra el gobierno del Estado de México. Desesperado por un posicionamiento que le permita alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, Ebrard decidió como jefe de gobierno en funciones --no solicitó licencia a su cargo-- atacar al gobernador mexiquense en el Zócalo de Toluca. En el fondo se trata de los indicios del estilo Ebrard: utilizar la estridencia y la confrontación entre poderes y entre entidades para capitalizar puntos personales en encuestas.
Ebrard se encuentra bastante nervioso porque ya se le escapó la candidatura de la Alianza Camacho-PRD-PT-Convergencia. López Obrador ya dividió a ese grupo con la decisión de que habrá un candidato de PT-Convergencia para el gobierno del Estado de México, aunque el mensaje final es otro: el tabasqueño demostró en los hechos que no se ajustará a la encuesta de popularidad mediática para definir al candidato presidencial perredista del 2012. Como Cárdenas en el 2000, López Obrador primero será candidato del PT y esperará a que el PRD se sume o decida romper la alianza.
Y en su desesperación Ebrard ha dejado el mensaje político de que ya no le interesa el gobierno del DF y le dedica todo su tiempo de jefe de gobierno del DF a la campaña por la candidatura presidencial del PRD. Así, el DF ha quedado al garete.
Publicado por Carlos Ramírez en 11:17 No hay comentarios: