Source: https://www.slideshare.net/Irekia/propuesta-informe-institucionalenviadoaddffyeudel18122013
Timestamp: 2017-08-18 21:16:19
Document Index: 186866010

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 37', 'artículo 110', 'artículo 611', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 314', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 5316', 'artículo 57', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 53', 'artículo 17', 'Artículo 57', 'Artículo 14', 'artículo 41', 'Artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 2']

Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad…
Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi
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1. El presente Informe analiza, contrasta y complementa las reflexiones ya presentadas en el marco de la IX Legislatura, haciendo especial énfasis en la delimitación competencial de cada nivel, así como en los puntos de fricción, de duplicidad e ineficiencia observados en la gestión realizada hasta la fecha, con el fin de adecuar nuestro entramado institucional a las necesidades y circunstancias actuales de la sociedad vasca. Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi. -0
2. ÍNDICE INTRODUCCIÓN 4 I ANÁLISIS DE LAS RELACIONES MULTINIVEL EN EL MODELO INSTITUCIONAL VASCO 7 1. EL ENTRECRUZAMIENTO COMPETENCIAL, ELEMENTO CONSUSTANCIAL AL MODELO INSTITUCIONAL VASCO. LA COMPETENCIA: LA MATERIA Y LA FUNCIÓN. 8 1.1. El concepto de competencia como eje articulador del modelo en su vertiente material y funcional. 8 1.2. Clases de competencias 10 1.3. Breve exégesis sobre los modelos federales 14 2. EL FEDERALISMO COOPERATIVO Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA CAPV. LOS PRINCIPIOS ARTICULADORES DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO Y EN PARTICULAR, LA INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE COORDINACION, COLABORACION Y COOPERACION COMO PRINCIPIOS ARTICULADORES DEL SISTEMA. 16 2.1. La importancia de los principios de coordinación, colaboración y cooperación en la articulación de las relaciones institucionales de la CAPV. 16 2.2. La relevancia del principio de coordinación en las relaciones económicas financieras de la CAPV. 21 2.3. La positivización de los principios de colaboración, cooperación y coordinación en el ordenamiento jurídico de la CAPV. 25 2.4. Conclusión: la necesidad de profundizar en la cultura colaborativa. 30 3. LAS DUPLICIDADES EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL VASCO 32 3.1. La noción de duplicidad y sus clases. 32 3.2. Las duplicidades normativas 33 3.2.1. Las duplicidades normativas en el reparto competencia respecto del Estado. 33 3.2.2. Duplicidades normativas en el sistema de reparto competencial interno de la CAPV 34 3.2.3. Instrumentos internos del ordenamiento jurídico de la CAPV para prever duplicidades normativas: 36 3.3. Las duplicidades orgánicas u organizativas 38 3.3.1. Las duplicidades orgánicas con la Administración del Estado 38 1
3. 3.3.2. Las duplicidades orgánicas internas del entramado institucional de la CAPV. 47 52 3.4. Conclusiones: 4. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: ANÁSISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE SU POSITIVACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA CAPV. 54 4.1. Situación actual 54 4.2. Triple vertiente del principio de subsidiariedad 55 5. LOS ENTES LOCALES EN EUSKADI. 58 5.1. El proyecto de Ley Municipal de Euskadi 58 5.2 .La incidencia de la reforma estatal en materia local 59 5.3. La capacidad de fomento. Referencia singular a las provincias. 60 6. CONSIDERACIONES DE LOS COMPARECIENTES Y DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 64 7. CONCLUSIÓN: ARTICULACIÓN DE LA COOPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EUSKADI 69 8. RECAPITULACIÓN DEL ANALISIS DE LAS RELACIONES MULTINIVEL EN EL MODELO INSTITUCIONAL VASCO. PROPUESTAS EJECUTIVAS 80 II ANALISIS DE POLITICAS PÚBLICAS. CONSIDERACIONES DE LOS SECTORES AFECTADOS POR EL INFORME 82 RECAPITULACIÓN DE LAS PROPUESTAS SECTORIALES. RESUMEN EJECUTIVO 84 III FICHAS SECTORIALES 91 1 - POLÍTICA DE IMPULSO ECONÓMICO 92 2 - POLÍTICA DE TURISMO. 105 3 - POLÍTICA DE AGRICULTURA Y PESCA. 113 4 - POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES. 124 5 - POLÍTICA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 138 6 - POLÍTICA DE VIVIENDA. 148 7 - POLÍTICA DE EDUCACIÓN 154 8 - POLÍTICA DE CULTURA 164 9 - POLÍTICA DE JUVENTUD Y DEPORTES 170 2
4. 10 - POLITICA DE SEGURIDAD 173 11 - POLÍTICA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 207 12 - POLITICA DE TRANSPORTES 225 13 - POLITICA DE MEDIO AMBIENTE 240 IV PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL INFORME 249 3
5. INTRODUCCIÓN En la IX Legislatura se presentó en el Parlamento Vasco, bajo la denominación de “Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas”, un amplio trabajo analítico con el que se manifestó querer atender al requerimiento del Parlamento en la anterior legislatura para la identificación de duplicidades en dichas administraciones y la estimación de su impacto económico. Se trató de un informe relevante, que tuvo ya su valioso recorrido en la Cámara, que fue completado con un conjunto también relevante de comparecencias, que repasaron su alcance político y experimental, y que, en suma, suscitó una vez más a lo largo de nuestra historia reciente la reflexiva atención hacia nuestro entramado institucional. Como dijo textualmente el informe, …un entramado institucional complejo donde en una misma geografía conviven distintos niveles y agentes institucionales con competencias y/o capacidades para el desarrollo de funciones y servicios muchas veces similares…, un marco plural de sujetos y relaciones multinivel del que hemos requerido siempre su adecuación dinámica y activa para con las necesidades y circunstancias de la sociedad vasca en todo momento. Una nueva Legislatura como la presente ha de seguir dispensando a tal preocupación una atención preferente, más si cabe por los pronunciamientos políticos que se suceden en torno a la esfera institucional, ligados muchas veces a la regeneración democrática y, en nuestro tiempo, conectados sin duda con la crisis de valores y principios que alumbran los problemas de la economía. Además, resulta una ventaja que dispongamos en el Parlamento de estructuras, en este caso una ponencia parlamentaria, que tiene la misión estratégica de profundizar en estas cuestiones. Pero se debe analizar la estructura institucional sin prejuicios ni apriorismos. Sólo tras un análisis fundado, en su caso, cabrá la necesaria adecuación, total o parcial, del marco regulador a la realidad política, económica y social. De acuerdo con ello, y por otra parte, el presente informe se formula con la pretensión inicial de culminar el estudio que ya se emitió sobre duplicidades y disfunciones. Presentamos ahora por tanto un informe que, contando con audiencia previa del conjunto de instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se encarga de analizar, contrastar y completar las reflexiones ya presentadas en el marco de la anterior legislatura, profundizando y actualizando en definitiva nuestro énfasis en la delimitación competencial de 4
6. cada nivel institucional, así como en los puntos de fricción, de duplicidad o de estricta ineficiencia, observados en la gestión realizada hasta la fecha. Desde esta introducción se propone una aproximación al trabajo teniendo en cuenta que la perspectiva de análisis que comenzamos no supone en ningún caso tener que discutir o en su caso convalidar el informe anterior. El mismo ya es sin duda un referente importante, pero asumiendo que ahora se trata de iniciar una nueva fase de identificación de las consecuencias que asociamos a los estudios previos, a todos, de modo que teniendo en cuenta las reflexiones presentadas en el marco de la pasada legislatura, hagamos un nuevo documento de consenso que se someta a la comisión parlamentaria correspondiente y nos permita reiniciar el debate, esperando en todo caso que nuestras actuaciones alcancen la mejor y más noble operatividad para nuestras instituciones. Se ha elaborado un informe que también distinguirá dos planos, uno más general y más ligado al concepto genérico de las duplicidades, y otro plano, con más contenido y proyección sectorial, que pretende profundizar en un repaso sobre los análisis concretos que se formularon a modo de ineficiencias. Los planos se entrelazan también con la perspectiva de análisis interno, en la que se valoran los referentes que atañen a la intervención multinivel de las instituciones de la Comunidad Autónoma; a lo que se añade la perspectiva de análisis externo, en la que se producen diversos alusiones a los contornos de la intervención multinivel que protagoniza también la administración del Estado, al actuar en la Comunidad Autónoma. Lo iremos repitiendo en muchos supuestos, pero ahora adelantamos que en todo caso, también se entrelazan por último los planos de una visión crítica de los enunciados ya lanzados con la idea de una propuesta de posibles soluciones o de planteamientos de trabajo futuro para investigar el camino de la solución. En el terreno de los conceptos, sugerimos no negar las causas determinantes de las duplicidades que se identificaron, sino situarlas en sus justos términos, como concausas junto con otras muchas más que pudieran explicar un mal funcionamiento del quehacer administrativo, que es aquél productor de ineficiencias e ineficacias. Así, supuestamente podemos estar de acuerdo en que ni la sola complejidad del entramado institucional por sí misma, ni la falta de calidad de los soportes normativos por sí mismos o aislados, son capaces de ser los únicos y excluyentes productores de mala praxis institucional. El resultado de la investigación o estudio constituye un planteamiento que comenzó con las valoraciones hechas por los distintos departamentos de la Administración General, a los que se dio una coherencia de conjunto, pasando 5
7. a ser contrastado con la posición de los principales agentes institucionales, forales y locales, formando un informe final plural y apto para su trabajo y desarrollo en el futuro. 6
9. 1. EL ENTRECRUZAMIENTO CONSUSTANCIAL AL COMPETENCIAL, MODELO INSTITUCIONAL ELEMENTO VASCO. LA COMPETENCIA: LA MATERIA Y LA FUNCIÓN. 1.1.El concepto de competencia como eje articulador del modelo en su vertiente material y funcional. El correcto entendimiento del concepto de competencia, considerado como uno de los ejes fundamentales sobre el que pivota la distribución del poder entre los distintos sujetos públicos de base territorial, resulta clave para comprender el modelo constitucional y estatutario en el que se desenvuelve la actividad de las distintas Administraciones públicas. Recientemente, de manera sintética y como colofón de la cuestión que nos ocupa se ha afirmado, y hemos de estar de acuerdo con ello, que la exactitud lógica de ciertos enunciados que, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Gernika y en la propia LTH, afirman taxativamente la exclusividad de la competencia sobre ciertas materias fue muy tempranamente puesta en cuestión por la doctrina1. Su dicción literal parecía sugerir que el listado que sigue a esos enunciados relacionaba materias que se atribuirían en bloque bien al Estado, o a la Comunidad Autónoma de Euskadi, o a un Territorio Histórico. Sin embargo, basta una lectura algo más a fondo de la totalidad de los preceptos que enuncian competencias para comprobar que esto no es así. En numerosos supuestos, estas reglas reservan a su titular no una materia 1 Ya tempranamente el profesor Viver (“Materias competenciales y Tribunal Constitucional”. Ed. Ariel. Barcelona 1989) se hizo eco de la doctrina mayoritaria que negaba la posibilidad de delimitar las materias como ámbitos excluyentes, basándose en la constatación de que las materias competenciales se refieren, directa o indirectamente, a realidades sociales que en el mundo físico-natural forman un verdadero continuum y que no puede existir ningún poder que goce de una disponibilidad total sobre ninguna de las materias. Es decir, no cabe la posibilidad de realizar una clara distribución de las materias entre los distintos entes territoriales, existiendo siempre entre ellos, solapamientos, interferencias y zonas grises. (pagas. 20 y sgtes.). 8
10. completa, sino sólo concretas y específicas funciones públicas ejercitables sobre las mismas. Por ello, la adecuada comprensión de este sistema requiere la precisa delimitación de los conceptos mencionados de materia y competencia, pero también de otro que, pese a no emplearse por esos artículos atributivos, se deduce de todo su contexto y resulta imprescindible para la comprensión de la cuestión tratada: el concepto de función o potestad. El concepto de materia es utilizado para aludir a cualquier realidad (física, jurídica o económica) sobre el que puede recaer una determinada actividad o función pública. El Tribunal Constitucional, después de haber señalado que se trata de un concepto jurídico esencial en el sistema de distribución de competencias (STC 39/1982) aunque dotado de una gran indeterminación (STC 125/1984), caracteriza la materia como "el conjunto de actividades, funciones o institutos jurídicos relativos a un sector de la vida social”'. (STC 123/1984). Así configurada, la materia puede hacer referencia tanto al ejercicio de unas determinadas actividades (STC 32/1981), como a un complejo relativo a "un sector disciplinar homogéneo" (STC 39/1982), en el que no es posible, sin embargo, fijar a priori reglas generales de delimitación. El segundo de los elementos básicos que estructuran el sistema de distribución competencial es el de las funciones que, sobre las diferentes materias, se atribuyen al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a los Territorios Históricos. La lectura de las reglas distributivas muestra que el constituyente o el estatuyente o el legislador ordinario, además de operar mediante cortes verticales, distinguiendo "materias", actúa también mediante cortes horizontales o transversales de éstas, desglosando diferentes tipos de funciones o potestades públicas que cabe ejercitar sobre una misma materia. Siendo cierto que la mayor parte de los rótulos indicativos de materias parecen basarse en la distinción de dos grandes categorías de funciones, las normativas y las de 9
11. ejecución.2 El concepto de competencia resulta pues, de la síntesis entre los conceptos de materia y función y puede definirse como la titularidad de una determinada función o potestad pública sobre una materia. De este modo, la fórmula "tener competencia", pese a su general utilización, no deja de reflejar una deficiente técnica normativa; en realidad, no se tiene competencia, se es competente. 1.2.Clases de competencias Por ello, y desde los comienzos del desarrollo del Estado autonómico, la doctrina científica y el Tribunal Constitucional han realizado numerosos intentos por reconducir a categorías generales las competencias que corresponden a los distintos entes territoriales, siendo la más exitosa de estas clasificaciones, asumida mayoritariamente por la doctrina, la que distingue las categorías de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. A lo ya apuntado sobre el concepto de competencia ha de añadirse, aunque ya ha quedado apuntado de manera implícita, que la distribución de competencias, salvo casos excepcionales es el resultante3 del juego combinado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, al que habría de añadirse respecto a los entes locales, al legislador ordinario, tanto básico como al sectorial ratione materiae, y respecto a nuestros Territorios Históricos, a la propia LTH. En el sentido que venimos exponiendo, la doctrina general constitucional y administrativa4 sostiene la existencia de pocas competencias exclusivas puras en nuestro sistema, siendo la mayoría concurrentes o compartidas, expresión 2 Carles Viver es sumamente plástico al describir “en suma, la divisa fundamental sería: las materias se comparten, sólo las funciones se distribuyen, y, en consecuencia, se requieren mecanismos de cooperación para facilitar su ejercicio” (obra citada, pág. 21) 3 Como señala, por todos, Fernández Farreres, en “La contribución del Tribunal Constitucional al estado Autonómico” (Iustel.2005). 10
12. esta última que encierra distintos supuestos, bien por proyectarse sobre la misma materia o sector de la actividad pero con criterios distintos: bases/desarrollo/ejecución; por usar como criterio ámbitos territoriales diferentes para proyectar la misma actividad; o por utilizar como criterio de reparto el interés (general, autonómico, provincial-foral, local) o en virtud de otros criterios. En otras ocasiones la distribución de competencias se produce no por referencia a una materia en su conjunto sino en relación con actuaciones administrativas concretas, así una Administración aprueba inicialmente un proyecto y otra Administración lo hace con carácter definitivo (caso de la planificación urbanística). En otros supuestos distintas administraciones tienen competencias sobre distintas materias pero que concurren en el mismo territorio. Sucede también, en algunos supuestos, que las decisiones de una administración en una materia de su competencia producen efectos en la capacidad de otra, véase en este sentido las consecuencias de las decisiones estatales sobre las retribuciones del personal al servicio del sector público. No es infrecuente que el entrecruzamiento competencial se produzca porque los criterios y las expresiones utilizadas para realizar las atribuciones son anfibológicas o no son compartimentos estancos. Ello se produce cuando se emplean expresiones tales como “aguas”, “medio ambiente”, “urbanismo”, “función pública”, siendo en estos casos preciso delimitar tras una exégesis lo que corresponde a cada cual. 5 4 Por todos, la taxonomía que al efecto realiza Miguel Sánchez Morón. Derecho Administrativo Tecnos 2009, págs. 244 y ss. 5 Como acertadamente se manifiesta en el Informe sobre las Relaciones de Colaboración Ministerio de Administraciones Públicas Estado-Comunidades Autónomas. 2004. Dirección General de Cooperación Autonómica (MAP), “resulta nuevamente evidente que existen ámbitos de actuación administrativa en los que se producen fuertes interrelaciones competenciales, de modo que la solución a una determinada cuestión puede que haya que buscarla en un ámbito competencial ajeno, y que puede corresponder a otro nivel de la organización política. Sería el caso, por ejemplo, de las mutuas implicaciones existentes entre las políticas medioambientales y energéticas o industriales; entre las competencias de servicios sociales y 11
13. En otros casos, nos encontramos con competencias indistintas. Así sucede con la materia de cultura o la relativa al fomento de la investigación científica y técnica. También las competencias pueden ser subsidiarias, tales como el auxilio a los entes locales en la prestación de servicios obligatorios. Tampoco es infrecuente encontrarnos con competencias alternativas en función de la trascendencia y relevancia de la actuación, supuesto muy frecuente en el ejercicio de la potestad sancionadora en función del ilícito y/o de la sanción. En fin, también son conocidos en nuestro bloque de constitucionalidad las cláusulas generales de habilitación y las llamadas competencias, o poderes, implícitos o inherentes. Esto último acontece, por ejemplo, con la seguridad privada respecto a la seguridad ciudadana, o con el mismo principio de cooperación que no se encuentra de manera explícita en la Constitución. De lo expuesto debe concluirse, respecto del sistema de atribución competencial, que si en un análisis superficial pudiera parecer que la atribución competencial se halla compartimentada con límites más o menos definidos, en la realidad aparece desdibujada, con barreras en muchos casos difusas que permiten la intervención legítima de todos los niveles institucionales en una materia de competencia de una de las Administraciones. Por ello nuestro modelo de articulación territorial del poder político, el modelo de reparto competencial entre los distintos niveles institucionales (estatal, autonómico, provincial y municipal) del estado español y también dentro de esta Comunidad, se incluye en el llamado federalismo integrado o cooperativo en el que se producen concurrencias legislativas y ejecutivas entre los distintos de seguridad social; o entre las de agricultura y ganadería y la ordenación general de la economía” (pág. 11). 12
14. niveles, frente al modelo clásico o dual en el cada nivel dicta sus propias leyes y las ejecuta encontrándose así ámbitos totalmente separados. Hay que constatar que la fragmentación, la complementariedad, la interdependencia y la interacción caracterizan, en mayor o menor grado, el funcionamiento de todos los sistemas político-administrativos descentralizados cooperativos; siendo potencialmente las fricciones mucho más frecuentes en este último modelo que en el primero. Baste recordar –y la ocasión lo merece- las palabras del profesor Alejandro Nieto 6 “la opción por una filosofía política basada en las relaciones de cooperación y no en las de separación, plantea una serie de dificultades que afectan a la propia noción de colaboración y el resultado final de la misma. (….) lo que realmente sucede, es que no parece vislumbrarse ninguna solución alternativa, pues los principios y técnicas contrarios inspirados en la filosofía del dual federalismo parece ser propio de épocas pasadas”.7 6 informe sobre una eventual reordenación territorial de la CAPV, marzo 1989, pág. 17 y sgtes. Incluso la Administración General del Estado se pronunciaba en este sentido (Informe sobre las relaciones de colaboración Estado-Comunidades Autónomas 2004, MAP): “A pesar de sus peculiaridades, el sistema general de distribución de competencias en la Constitución Española de 1978 puede ser considerado como un sistema de los que académicamente suelen calificarse como dual, puesto que el constituyente identificó una serie de ámbitos materiales atribuidos al Estado y otros a las Comunidades Autónomas. A partir de este principio, e intentando evitar posibles críticas que consideraran la interrelación competencial como una medida intervencionista del Estado, el texto constitucional guarda un absoluto silencio, tanto sobre las mutuas relaciones competenciales como sobre los instrumentos de relación que tienen los diferentes poderes políticos dentro del Estado. Únicamente el artículo 145 abre la vía a este tipo de consideraciones, si bien limitadas a las relaciones entre Comunidades Autónomas y, además, para establecer un régimen cautelar en relación con los posibles convenios que pudieran firmar las Comunidades Autónomas entre ellas. Este tipo de planteamientos no es exclusivo de la Constitución Española, y así en diferentes Estados organizados federalmente puede comprobarse un significativo y similar silencio constitucional respecto de las relaciones que las unidades federadas tienen con el Estado central. No obstante, y desde la práctica, en estos Estados también se ha podido apreciar una paulatina tendencia a asumir e integrar en sus mecanismos institucionales las relaciones de colaboración sin mayor dificultad. En esta línea, la tendencia a la paulatina institucionalización de la colaboración resulta ejemplificada con la reforma constitucional realizada en Alemania en 1969 con la introducción de la figura de la planificación conjunta, en su doble acepción de obligatoria y voluntaria. Es decir, la práctica del desarrollo federal apunta a una paulatina asunción del principio de colaboración” (pág. 5). Y añade: “Ahora bien, esta regla general, que con los debidos matices caracterizan a los diferentes modelos federales o regionales, no siempre puede ser aplicada de forma clara y evita conflictos interpretativos. La razón de esta complejidad, y su frecuente litigiosidad, se debe a que no siempre es posible delimitar compartimentos propios y aislados entre una y otra materia. Más bien al contrario, la 7 13
15. 1.3.Breve exégesis sobre los modelos federales Si nos fijamos en la historia de los modelos federales existentes, nos encontramos con la existencia de federalismos duales, federalismos cooperativos y, en desarrollo en EEUU, un federalismo coercitivo. Así, la forma clásica de federación consideraba que el reparto competencial ideal entre gobiernos de una federación lo constituía la absoluta separación de actuaciones entre los niveles de gobierno, cada uno dentro de su esfera tasada de competencias. Sin embargo, la realidad ha mostrado que las federaciones no han podido evitar solapamientos e interdependencia forzando al sistema a encontrar un equilibrio entre autonomía o independencia e interdependencia de las diversas instituciones implicadas. En Alemania se ha venido desarrollando un denominado “federalismo entrelazado” en el que se intensifican las relaciones intergubernamentales toda vez que una parte considerable de la legislación federal es ejecutada por los estados federados. Por último, en EEUU el papel cada vez más poderoso del gobierno federal y la práctica de la prevalencia federal, ha llevado a una evolución hacia un federalismo coercitivo. Tal y como manifiestan los tratadistas, la importancia de la interdependencia y la necesidad de recurrir a instituciones y procedimientos de colaboración ha supuesto la supremacía del federalismo cooperativo en la mayoría de las federaciones. Este federalismo contribuye a reducir los conflictos y faculta la coordinación. Sin embargo, se viene advirtiendo cierto riesgo de reducción de la libertad de acción o incluso de la elección de propuestas diferentes cuando aquel deriva en el “federalismo entrelazado” que obliga a la decisión conjunta y, consecuentemente, a esa reducción de la autonomía de decisión de los niveles intervinientes. De ahí que se haya extendido la noción de “federalismo competitivo”, en el que la “competitividad entre gobiernos que sirven a unos realidad suele ser más compleja que el diseño constitucional y el resultado es un solapamiento de las diversas materias. Lo que Alemania se ha venido considerando como una situación de politikverflichtung, es decir, de enmarañamiento competencial” (pág. 6). 14
16. mismos ciudadanos va a conseguir con toda probabilidad que se les presten mejores servicios”, si bien, también existe el riesgo de que una competitividad desmedida conlleve el conflicto permanente y la división de la federación 8. Como dice el profesor Haberle no existe una única teoría federal, adecuada para todos los supuestos. A lo largo del tiempo emergen parcialmente elementos referidos a la concurrencia y la separación, pero también a la cooperación y la solidaridad.9 Claro ejemplo de que estamos ante un supuesto del federalismo entrelazado lo representa la referencia a la singular posición que tienen los Entes Locales en relación con su capacidad de fomento, plenamente habilitada en el ordenamiento. Sin duda estos supuestos operativos permiten clasificar el modelo institucional vasco en alguna de las modalidades descritas. 8 Así lo analiza R.L. Wats en “Sistemas federales comparados” (Marcial Pons. Madrid, Barcelona 2006) 9 Peter Häberle, “Comparación Constitucional y cultural de los modelos federales”. ReDCE, nº 8, JulioDiciembre de 2007, pág. 177 15
17. 2. EL FEDERALISMO COOPERATIVO Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA CAPV. LOS PRINCIPIOS ARTICULADORES DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO Y EN PARTICULAR, LA INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE COORDINACION, COLABORACION Y COOPERACION COMO PRINCIPIOS ARTICULADORES DEL SISTEMA. 2.1.La importancia de los principios de coordinación, colaboración y cooperación en la articulación de las relaciones institucionales de la CAPV. Ciertamente, el entrecruzamiento competencial expuesto y la misma pluralidad de Administraciones actuantes propicia no pocos conflictos de competencia lo que es característica consustancial al llamado federalismo integrado o cooperativo en el que se producen concurrencias legislativas y ejecutivas entre los distintos niveles aunque no siempre motivados por deficiencias normativas. Lo mismo puede decirse respecto del modelo de reparto competencial entre los distintos niveles institucionales (estatal, autonómico, provincial y municipal) del Estado español, y también dentro de esta Comunidad. Ahora bien, esas características de entrecruzamiento, solapamiento y conflictividad competencial propias del modelo federal cooperativo son también tenidas en cuenta por éste y a tal fin, el propio modelo crea instrumentos adecuados para gestionar su propia complejidad. Estos instrumentos no son otros que los principios relacionales de que se dota el modelo dirigidos a lograr una integración ordenada y equilibrada de la pluralidad y complejidad. Entre aquellos principios destacan por su importancia, los principios de coordinación, cooperación y colaboración. Llegando a ser, estos principios, parte de la esencia de la actuación de las Administraciones Públicas en la búsqueda del interés general al que están obligadas (art.103.1 CE), de forma tal que los convenios y acuerdos de colaboración son en ocasiones el instrumento más idóneo para lograr el equilibrio buscado entre la autonomía de decisión propia y la necesidad de decisión conjunta de los entes que integran el sistema, con 16
19. En sentido expuesto, el artículo 22 del EAPV contempla la posibilidad de que esta Comunidad Autónoma pueda celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. Y en este mismo artículo 22, en el apartado 2 se faculta a la CAPV para la celebración de convenios con otro Territorio Histórico Foral para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a las materias de su competencia y en el apartado 3 se prevé que la CAPV pueda realizar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas previa autorización de las Cortes Generales. Por su parte, la Ley 27/1983 de Territorios Históricos, dictada en desarrollo del artículo 37 del Estatuto de Autonomía, LTH, cuyo objeto esencial es la distribución de las competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su artículo 110, delimita el ámbito de actuación de la Administración General de la CAPV y la de los Territorios Históricos sobre la base del principio de competencia, siguiendo un modelo de reparto propio de los sistemas federales, si bien residencia el fondo de poder, ex artículo 611, en las Instituciones Comunes de la CAPV. Del reparto material de competencias previsto en los artículo 8 a 10 se deduce que se basa de un lado en criterios históricos como el “contenido esencial de la foralidad”, conjugado con un incipiente criterio de proximidad. 10 ARTÍCULO 1 LTH 1. La delimitación de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio, se regulará por la presente Ley, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.2. De acuerdo con su tradición histórica, son Órganos Forales de los Territorios Históricos sus respectivas Juntas Generales y Diputaciones Forales. 11 ARTÍCULO 6 LTH 1. Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 2. En todo caso, la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento. 18
20. Asimismo, consagra como principios de actuación de las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales los de colaboración y solidaridad, artículo 2.112, y asienta en los principios de eficacia y coordinación el ejercicio por las Administraciones Públicas del País Vasco de las competencias que tienen atribuidas, ex artículo 2.2 13, incorporando así técnicas de los modelos cooperativos de federalismo, tal y como ha venido sucediendo en nuestros días en federalismos competitivos (tendencia de la última reforma constitucional alemana) o de voluntad, como el Suizo (donde se hace primar la idea de estabilidad institucional articulada a través de mecanismos de consenso y la de integración de la diversidad y protección de las minorías). El artículo 314 reconoce el principio de autonomía local y el artículo 4 introduce un límite a la potestad normativa de la CAPV prohibiendo la discriminación entre Territorios Históricos. También la LTH contempla de forma expresa la posibilidad de que el Gobierno y las Diputaciones Forales, y estas entre sí, puedan realizar convenios de prestación de servicios en el ámbito de sus respectivas competencias ,art.5.1.Singularmente, en su artículo 5 apartados 1 y 3, regula las relaciones horizontales entre Instituciones Forales y obliga a éstas a informar de los convenios que suscriban al Gobierno Vasco; es decir, introduce un principio de información que puede ser una manifestación de otro principio de carácter federal como el de lealtad y solidaridad mutua, que se halla tácitamente 12 Artículo 2.1 LTH. 1. Las relaciones entre las Instituciones Comunes del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos se basarán en los principios de colaboración y solidaridad. 13 Artículo 2.2 LTH. 2. En el ejercicio de sus respectivas competencias, las Administraciones del País Vasco actuarán de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación. 14 Articulo 3 LTH. Las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma no podrán establecer discriminación alguna entre los Territorios en relación al reconocimiento o atribución de facultades y competencias. 19
21. reconocido en el carácter de interdependencia que se atribuye al sistema institucional vasco15. Se constata con ello que los principios de colaboración, eficacia y coordinación actúan de referentes en las relaciones entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y de estos últimos entre sí y se identifica el instrumento de los convenios como herramienta para hacer efectiva esa colaboración interinstitucional. Por su parte, la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, recoge como función del Gobierno Vasco la de autorizar y, en su caso, aprobar convenios de la Comunidad Autónoma con los Territorios Históricos Forales para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas, artículo 18.e. Y, además, destaca este mismo texto legal en su artículo 5316 que la actuación de la Administración de la CAPV se adecuará a los principios objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, desconcentración y al de coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con los de los Territorios Históricos. Por su parte, el artículo 57 también prevé un principio de eficacia en la medida que establece un control presupuestario del 15 Artículo 5 LTH: 1. En el ámbito de sus respectivas competencias, el Gobierno con cada una de las Diputaciones Forales, y éstas entre sí, podrán realizar convenios de prestación de servicios. 2. Para los convenios de prestación de servicios que suscriba el Gobierno con una o varias Diputaciones Forales regirá, respecto de aquél, la garantía de control parlamentario que previene el artículo 1 8.e) de la Ley de Gobierno. 3. De los convenios que entre sí realicen las Diputaciones Forales, sin perjuicio de las competencias y facultades de las Instituciones Comunes, se dará cuenta al Gobierno Vasco. 16 Artículo 53 Ley de Gobierno: La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con responsabilidad jurídica única y su actuación se adecuará a los principios de objetividad, publicidad, eficacia, descentralización, descentración y coordinación entre sus órganos y, en todo caso, con los de los Territorios Históricos. 20
22. gasto de carácter parlamentario sobre los proyectos de ley presentados por el Gobierno Vasco al Parlamento17. 2.2.La relevancia del principio de coordinación en las relaciones económicas financieras de la CAPV. En cuanto a las relaciones financieras entre las instituciones comunes y forales, estas disponen de regulación específica en los artículos 1418 y siguientes de la ya citada LTH y entre los principios que lo articulan (principio de autonomía financiera y presupuestaria, principio de austeridad del gasto público, principio de solidaridad…) juega un especial papel el principio de coordinación, que además de estar previsto expresamente como tal se ha articulado de un lado a través del Consejo Vasco de Finanzas, donde los acuerdos se adoptan por mayorías absolutas de sus miembros por lo general o mayoría cualificada en determinados supuestos (art. 28) y de otro a través de mecanismos de coordinación específicos previstos en la Ley, como los previstos en el artículo 17 Artículo 57.-Mecanismos de control de gasto público 1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos, así como de una evaluación previa del impacto en función del género y de las medidas correctoras correspondientes. Asimismo, habrá de hacerse constar si dicho proyecto supone o no gravamen presupuestario. 2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley. 18 Artículo 14 1. La Comunidad Autónoma del País Vasco y cada uno de los Territorios Históricos que la integran gozarán de autonomía financiera y presupuestaria para el ejercicio de sus competencias, en el marco del Estatuto de Autonomía, de las disposiciones contenidas en la presente Ley y las demás leyes que les sean aplicables. 2. La actividad financiera de los Territorios Históricos y de su sector público se ejercerán en coordinación con la Hacienda General del País Vasco. 3. Sin perjuicio del ulterior desarrollo por el Parlamento Vasco de las normas de armonización fiscal, coordinación y colaboración entre los Territorios Históricos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.2. a) del Estatuto de Autonomía, las disposiciones que dicten sus Órganos Forales competentes, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto Económico, regularán de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos. 21
23. 2419 (la necesidad de ajustarse los TTHH a la planificación del Gobierno Vasco, la sujeción financiera y presupuestaria a la previsión de las leyes de delegación y transferencia o las transferencias condicionadas de fondos…). Se observa, por tanto, que en materia financiera el principio de coordinación posee un importante papel. Otras Leyes como la Ley 2/2007, de 23 de marzo, sobre la Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad 19 Artículo 24 LTH. Instrumentos de coordinación del sistema: 1. Las magnitudes de gastos atribuidas a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y a los Órganos Forales de los Territorios Históricos, conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, operarán a los exclusivos efectos de la distribución de la capacidad financiera conjunta, definida en el artículo 20 de esta ley, pudiendo desarrollar, en consecuencia, unas y otros su propia política presupuestaria con dicho potencial financiero, el resto de ingresos ordinarios y sus respectivos ingresos extraordinarios y decidir libremente la cuantía de sus inversiones y el nivel de prestación de los servicios públicos de su competencia, con las reasignaciones de recursos que estimen convenientes, sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes de este artículo. 2. En los supuestos en que corresponda a las Instituciones Comunes la facultad de planificación de la inversión pública en un servicio cuya competencia de ejecución corresponde a los Órganos Forales, éstos vendrán obligados a ajustar su política de inversiones a las directrices y programas que, en su caso, contengan los Presupuestos Generales del País Vasco, dando cuenta anualmente al Gobierno, para su traslado al Parlamento Vasco, del desarrollo de su gestión. 3. Cuando se trate de competencias asumidas por los Órganos Forales al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, su régimen financiero y presupuestario se ajustará a lo que en cada caso disponga la correspondiente Ley de transferencias o delegación. 4. Los Presupuestos Generales del País Vasco podrán contener transferencias condicionadas de fondos, para financiar la realización por las Diputaciones Forales de inversiones o servicios en que la titularidad de la competencia corresponda al Gobierno. De la utilización de estos recursos se dará cuenta anualmente al Gobierno, para su traslado al Parlamento Vasco, en la forma que se determine. 5. Asimismo se aplicará lo dispuesto en el número anterior en aquellos casos en que el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales formalicen acuerdos para la realización conjunta de inversiones públicas en materias en que la titularidad de la competencia corresponda a esta última. Estos presupuestos tendrán carácter excepcional y se referirán a inversiones que, por su elevada cuantía, interés general para el País Vasco o incidencia en más de un Territorio Histórico, exijan la colaboración en su financiación por parte del Gobierno Vasco. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas emitirá informe preceptivo previo a la formalización de tales acuerdos, de los que se dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco. 22
24. Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011, también introducen principios de relación institucional como la obligación de información que recae sobre la Diputaciones Forales para con el Gobierno Vasco y mecanismos de coordinación, como los previstos en la Disposición Adicional Tercera. 20 Por último la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de Mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, en su Exposición de Motivos expresa la necesidad de la coordinación y colaboración en el ámbito de las relaciones tributarias haciendo recorrido sobre el asunto tal y como se contiene en la legislación institucional vasca, en la que se “(pone) de manifiesto la necesidad práctica de abordar esta materia dando así cumplimiento, a su vez, a las previsiones legales contenidas en las diferentes leyes que han ido configurando, por otra parte, el entramado institucional de la Comunidad Autónoma. También se pone de manifiesto otro hecho fundamental a los efectos de la regulación en este campo, cual es el de la necesidad de que dichas normas sean dictadas por el Parlamento Vasco.” Continua la Exposición de Motivos relatando lo complejo de la misión que ha de afrontar cuando expone “(La necesidad de abordar el tema de manera delicada y respetuosa con las competencias de las diferentes instituciones, así como la búsqueda de un mecanismo ágil y adaptable a la propia dinámica de la normativa tributaria ha aconsejado la adopción de la vía de una ley marco como fórmula más 20 Disposición Adicional Tercera Ley de Aportaciones: 1.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas determinará por unanimidad la forma de financiar las cantidades correspondientes a la ejecución de determinados planes y proyectos que, bien por incidir en competencias de la Administración del Estado, bien por tener una relevancia capital para la promoción y el desarrollo económico del País Vasco, precisen de una asignación de recursos muy importante y afecten al conjunto de todas las instituciones. 2.- Cuando la financiación de los planes y proyectos aprobados al amparo de esta disposición adicional se realice mediante su consideración como deducción especial al modelo de distribución vertical, se actuará conforme a lo establecido en los artículos 3 y 8 de la presente metodología, siendo su cuantía inicial y final la que determine el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. A estos efectos para la aprobación de los futuros proyectos de cooperación se establecerá el criterio de adhesión voluntaria de los tres niveles institucionales. En todo caso deberán respetarse las cuantías que a la entrada en vigor de la presente metodología hubieran sido aprobadas por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 23
25. idónea para abordar con garantías este proceso de armonización, coordinación y colaboración.21 21 Exposición de motivos de la Ley 3/1989 de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal: “La necesidad de proceder a la armonización, así como a la coordinación y colaboración en el ámbito de las relaciones tributarias en lo que respecta a las instituciones competentes de los territorios históricos se puso de manifiesto desde la propia aprobación del Estatuto. Esta necesidad se tradujo en la práctica en unas relaciones estrechas entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las instituciones competentes de los territorios históricos. Se puede decir, pues, que estas labores se han venido realizando por la vía práctica, lo que ha permitido avanzar por el camino de la configuración de unas relaciones estables que venían propiciadas por el espíritu de colaboración de las instituciones afectadas. Se ha recorrido asimismo un camino, el de estos primeros años, que ha venido poniendo de manifiesto las dificultades para articular la armonización y la coordinación, dentro de ese espíritu general de colaboración. Asimismo la experiencia acumulada permite abordar en estos momentos la articulación legal del marco en que deben desenvolverse con las suficientes garantías de éxito como para propiciar una regulación ajustada a las necesidades concretas de la Comunidad. Ha llegado así el momento adecuado para materializar el mandato recogido en este ámbito en las sucesivas leyes que han ido configurando el entramado legal de nuestro país. Por un lado el artículo 41.2.a), del Estatuto de Autonomía, señala cómo las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. Asimismo la Ley de Concierto Económico, en su artículo 3.1.4 establece como uno de los principios del sistema tributario de los territorios históricos la coordinación, armonización fiscal y colaboración entre las instituciones de los territorios históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco. La Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, también conocida como Ley de Territorios Históricos, recoge en su artículo 14, apartado 3 estos dos elementos a los que hace referencia de forma permanente. Por un lado la necesidad de que las disposiciones que dicten los órganos forales competentes, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto Económico, regulen de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos. Por otro la previsión de que el Parlamento Vasco proceda al desarrollo de las normas de armonización fiscal, coordinación y colaboración entre los territorios históricos. Se pone pues de manifiesto la necesidad práctica de abordar esta materia dando así cumplimiento, a su vez, a las previsiones legales contenidas en las diferentes leyes que han ido configurando, por otra parte, el entramado institucional de la Comunidad Autónoma. También se pone de manifiesto otro hecho fundamental a los efectos de la regulación en este campo, cual es el de la necesidad de que dichas normas sean dictadas por el Parlamento Vasco. Como se puede fácilmente apreciar cabían dos formas de abordar esta materia. Una de ellas la de regular todos y cada uno de los aspectos llegando en una sola Ley a la regulación concreta y expresa de todas las materias susceptibles de ser recogidas en la normativa a desarrollar. La otra fórmula alternativa consiste en la elaboración de una ley marco para el posterior desarrollo de los aspectos más concretos y específicos. La necesidad de abordar el tema de manera delicada y respetuosa con las competencias de las diferentes instituciones, así como la búsqueda de un mecanismo ágil y adaptable a la propia dinámica de la normativa tributaria ha aconsejado la adopción de la vía de una ley marco como fórmula más idónea para abordar con garantías este proceso de armonización, coordinación y colaboración. Si entendemos la colaboración como la acción por la cual se obra juntamente con otros para la consecución de un mismo fin y la coordinación como la manera de concertar esfuerzos para una acción común coincidiremos en que no hay mayor dificultad en articular estos procesos que la que se derive de la 24
26. 2.3.La positivización de los principios de colaboración, cooperación y coordinación en el ordenamiento jurídico de la CAPV. El entramado normativo descrito anteriormente, expresa la positivización del principio de colaboración como principio rector que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas. Se trata, en definitiva, de favorecer la intervención sobre un mismo espacio físico, sobre una actividad o sobre un sector determinado de distintas Administraciones dotadas de distintos niveles competenciales haciendo compatibles los principios de unidad y diversidad (STC 214/1989, de 21 de diciembre- FJ. 20) con el fin de prevenir las disfunciones derivadas del sistema de distribución de competencias, puesto que, a juicio del TC, cada uno de los sujetos que integran el Estado autonómico forman parte de un todo, lo que impide el ejercicio independiente de las respectivas competencias (STC 27/1987, de 27 de febrero. FJ.2). materialización de los mismos. Son pues procesos que en sí mismos denotan una unidad de objetivos a alcanzar. (…) Como ya se ha señalado, regular todas estas materias en una misma Ley no parece apropiado por la constante variación de la normativa tributaria y por la complejidad que entrañaría, por lo que se recurre al mecanismo de Leyes dictadas por el Parlamento que regularán determinados aspectos relativos a uno o varios tributos, lo que hará que las normas de armonización, así como la adaptación de la normativa vigente de los territorios históricos se vaya aplicando escalonadamente. Para garantizar que las disposiciones que dicten las instituciones competentes de los territorios históricos se ajusten a lo dispuesto en las normas armonizadoras se establece la emisión de un informe preceptivo por parte del Órgano de Coordinación Tributaria que se crea en la Ley, que deberá ser emitido en un tiempo determinado, entendiéndose el silencio como positivo. Respecto a la coordinación se dispone la confección de planes conjuntos de inspección, sin perjuicio de los propios de cada Diputación Foral que permitan una mejor asignación de recursos personales y materiales para la represión del fraude fiscal, evitando duplicidad de actuaciones o carencia de las mismas en alguno de los territorios. También se determina que las consultas vinculantes deberán ser objeto informe previo a su evacuación así como de inscripción en un registro creado al efecto con lo que se evitará disparidad de criterios en la aplicación de la normativa. Las normas que se dictan en cuanto a colaboración son básicamente referidas a la colaboración en materia informática de tal forma que se puedan complementar las normas tendentes a la coordinación. Para la materialización de estas acciones desde un punto de vista operativo la ley crea un Órgano de Coordinación Tributaria en el que están representados el Gobierno y las Diputaciones, estableciendo su composición y funciones. Este órgano se configura como un elemento clave sobre el que deben pivotar las acciones a desarrollar en este ámbito. Se trata pues de un órgano específico con unas funciones concretas, de manera que pase a formar parte del conjunto de órganos, cada uno con sus funciones propias, que configuran el soporte de la acción operativa en diferentes ámbitos de la Comunidad Autónoma”. 25
27. El TC ha llegado a configurar al principio de colaboración como un deber que “se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que se implanta en la Constitución”. Así lo expone por primera vez en su STC 18/1982, de 4 de mayo. FJ.14 (entre otras muchas más, las SSTC 152/1988, FJ 6; 96/1996, FJ 8; 118/1996, FJ 66), aunque su vulneración no tenga consecuencias prácticas si no va acompañada de la infracción de un precepto perteneciente al bloque de constitucionalidad. En materia de relaciones entre las Administraciones Públicas se suelen citar conjuntamente los términos colaboración, cooperación y coordinación en la medida en la que son susceptibles de ubicarse de forma natural en el marco de las relaciones interinstitucionales e interadministrativas. Ahora bien, aun cuando esos tres términos pertenezcan a ese amplio ámbito de las relaciones entre Administraciones Públicas, su alcance material presenta algunas particularidades. Así, la colaboración puede hacerse efectiva bien por medio de la cooperación o bien a través de la coordinación. En el primer caso, lo que caracteriza a la colaboración/cooperación es la voluntariedad y supone el ejercicio de competencias de forma mancomunada. En este sentido, las relaciones surgidas en ejercicio de la colaboración/cooperación tienen como finalidad la toma de decisiones conjuntas que faciliten el ejercicio de una actividad más eficaz en los asuntos que afecten a las competencias compartidas entre las instituciones o administraciones que cooperan, para lo que resulta indispensable la confluencia de voluntades políticas que son las que otorgan operatividad a este instrumento de relación administrativa. Para el TC el principio de cooperación impone que se arbitren mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin de evitar interferencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria (STC 159/2012. FJ.5). 26
28. Uno de los instrumentos habituales en el que se hacen efectivas las relaciones interadministrativas son los convenios de colaboración. Una de las características esenciales de los convenios de colaboración, su flexibilidad, constituye también el motivo principal que dificulta su categorización jurídica, habida cuenta que es frecuente que bajo la denominación de convenio de colaboración se incluyan una variedad de actuaciones difícilmente clasificables en una única categoría. Esto obliga a atender al contenido concreto de cada uno de estos instrumentos de colaboración con el objetivo de fijar el régimen jurídico aplicable. En sentido estricto, los convenios de colaboración deben contener compromisos jurídicamente vinculantes (exigibles judicialmente), lo que les distingue de otras figuras que más que acuerdos obligacionales recogen compromisos de carácter político o propuestas de actuación no exigibles judicialmente. Esta diferenciación viene avalada por el TC al resaltar la diferencia existente entre los convenios y aquellos otros supuestos “que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declaraciones conjuntas de intenciones, propósitos sin contenido vinculante o la mera exposición de directrices o líneas de actuación” (STC 44/1986, de 17 de abril. FJ.3). En cualquier caso, una de las características que fortalecen la figura de los convenios de colaboración es, precisamente, su flexibilidad lo que les permite adaptarse y responder a las necesidades de quienes los suscriben favoreciendo, en el caso de las Administraciones Públicas, sus relaciones interadministrativas o interinstitucionales, ello con independencia de que adopten la figura genuina de convenios de colaboración o se plasmen en acuerdos de cooperación, protocolos de actuación u otras figuras en las que el compromiso político juega un papel determinante. Mediante la formalización de convenios de colaboración interinstitucional e interadministrativa se hace efectiva una posición de respeto al ejercicio de las competencias de otras Administraciones Públicas que obliga a las partes suscribientes a la adopción de criterios de ponderación al gestionar las tareas 27
29. objeto el convenio, así como a preservar los intereses públicos situados en el ámbito competencial de los demás; todo ello en el marco de la deliberación, la consulta y la audiencia recíprocas en la fase de propuesta del convenio de que se trate. Ejemplo próximo y actual de colaboración interinstitucional en el que han interactuado diversas administraciones públicas con diferentes niveles competenciales, tanto en su aspecto material como en intensidad, es la Sociedad Pública Bilbao Ría 200022, organismo sin duda de exitoso funcionamiento y que ha venido recibiendo un apoyo político mayoritario, tal y como quedó patente en el curso de la tramitación de la proposición no de ley presentada en el mes de septiembre de este año 2013 en el Parlamento Vasco por el grupo parlamentario Socialistas Vascos- Euskal Sozialistak23. Por lo que respecta a la coordinación, el TC ha entendido que “persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectivamente la realidad del sistema”, debiendo 22 BILBAO RIA 2000, sociedad para la regeneración urbanística de Bilbao y su entorno, es una Sociedad Anónima de capital público constituida a partes iguales por la Administración del Estado, a través de empresas dependientes de la misma: SEPES- Entidad Pública Empresarial de Suelo-, Autoridad Portuaria de Bilbao y ADIF, así como por las Administraciones Vascas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, y los Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo). 23 La referida propuesta de proposición no de ley presentada para su debate en el Pleno del Parlamento Vasco, en solicitud de culminar los proyectos de esta sociedad pendientes, argumentaba la justificación de su tramitación en base a los siguientes argumentos: El grupo parlamentario Socialistas Vascos entiende que Bilbao Ría 2000 es un ejemplo de colaboración interinstitucional (Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Barakaldo) y trabajo en común, que tiene entre sus éxitos la transformación urbanística de Bilbao. A nuestro entender, lejos de ser un modelo agotado, es un ejemplo de trabajo en pro del desarrollo de Bizkaia al que le quedan por realizar actuaciones importantes en municipios como Barakaldo o Basauri. Bilbao Ría 2000 ha supuesto para Bizkaia regeneración urbanística y transformación de su capital, pero también riqueza y desarrollo económico. Por ello creemos que se tiene que trabajar en buscar alternativas que nos permitan financiar los proyectos pendientes de la sociedad para continuar con la regeneración urbanística de Bizkaia, pero también como instrumento que nos permita impulsar el crecimiento económico. 28
30. entenderse como “la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema” (STC 32/1983, de 28 de abril.FJ.2). En todo caso, el TC entiende que la coordinación implica imposición (distinta de la voluntariedad propia de las relaciones de cooperación), ya que conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de la situación de superioridad en que se encuentra el que coordina frente al coordinado (STC 214/1989, de 21 de diciembre. FJ.20 f), pero sin que ello implique jerarquía, puesto que “los medios y técnicas de coordinación deben respetar un margen de libre decisión o discrecionalidad a favor de las Administraciones sujetas a la misma (coordinación), sin el cual no puede existir verdadera autonomía” (STC 27/1987, de 27 de febrero. FJ.6). La doctrina24 ha perfilado algunos criterios teóricos para el deslinde de esta figura. En primer parte se distingue entre coordinación jerárquica y coordinación voluntaria de cooperación o de colaboración, que responde al libre esfuerzo de los entes que están realizando una tarea similar. Diferencia, asimismo, entre fórmulas orgánicas de coordinación y técnicas de actuación coordinadora (información, planificación), bajo cuyo paraguas, tal y como ha señalado el TC, no caben actividades de autorización, control, inspección ni homologación. La coordinación es, en fin, una actividad que tiene como objetivo evitar las contradicciones en las actuaciones parciales que realizan varios entes, 24 Alejandro Nieto. Estudio sobre cuestiones a tener en cuenta para una eventual reordenación territorial de la CAPV, marzo 1989, págs. 127-144. Constata este autor que existen variedades en las que la colaboración es coordinada voluntaria e internamente por los propios cooperadores, así como casos en los que la coordinación lleva consigo una cierta colaboración. 29
31. pudiendo lograrse bien de manera coactiva (a través de una instancia superior) bien de manera voluntaria, mediante la colaboración o cooperación. 2.4.Conclusión: la necesidad de profundizar en la cultura colaborativa. De lo expuesto, cabe concluir que al menos teóricamente existen elementos suficientes para sostener que el ordenamiento vigente pone a disposición de las Administraciones públicas vascas mecanismos para la colaboración interinstitucional e interadministrativa, tales como órganos colegiados consultivos con representación interinstitucional, conferencias sectoriales, órganos gestores de concentración institucional y competencial, cuya finalidad es evitar eventuales solapamientos de actuaciones materiales a la hora de gestionar diversos ámbitos de la actividad pública persiguiendo de forma paralela la eficiencia en la gestión del gasto público. Aunque también es preciso constatar la ausencia de una cultura de colaboración arraigada en todos los niveles de las distintas Administraciones, siendo ésta una de las razones que frenan, en ocasiones, la consecución de servicios integrados y de calidad lo que el ciudadano percibe como la prestación de un único servicio, con independencia de las Administraciones participantes. Es por ello que la participación de múltiples sujetos en la política pública debe venir avalada por una coordinación adecuada y por un diseño planificado conjuntamente de los objetivos públicos. En definitiva, la materialización de las políticas públicas no es ajena a los principios de eficacia y de eficiencia, y en tal sentido, ha de contarse con un instrumento principal que los haga posible; se trata de la coordinación, capaz de eliminar duplicidades y en donde la mejora en la comunicación entre los distintos sujetos redunda en procesos sin duda más eficaces y económicos. Y que nos adentra en un modelo cooperativo que, sin renunciar a una evaluación continuada del reparto competencial, genera y profundiza en institutos jurídicos más realistas a fin de evitar ineficiencias en el 30
32. sistema, teniendo en cuenta no sólo parámetros económicos sino la propia realidad, de todo orden, en la que se asientan las instituciones públicas. Desde esta perspectiva se debe incidir en los procedimientos participativos pluriinstitucionales para el diseño, planificación o ejecución de determinadas políticas públicas. Singularmente en aquellos supuestos de ejercicio de competencias con un acusado carácter horizontal (la competencia ambiental sería un buen ejemplo) así como en casos de entrecruzamiento competencial generado por la proyección sobre un mismo ámbito físico de diversas acciones por distintos titulares Las situaciones descritas legitimarían la participación de todos los niveles institucionales en sectores de actividad, planificando, normando, implementando programas y acciones,… etc. lo que provoca, con frecuencia, interferencias en las relaciones interinstitucionales. Por otra parte, el carácter horizontal de determinadas competencias genera o puede generar, a su vez, conflictos intersectoriales; si una determinada competencia se adentra en varios sectores, la planificación de cada área no puede concebirse aisladamente de las demás; si esto se produce, no es difícil que las disfunciones aparezcan y, en definitiva, que los conflictos surjan. Existen cada vez más espacios intersectoriales que precisan de la intervención pública que habrá de ser capaz de ofrecer una planificación igualmente intersectorial. Lo dicho anteriormente pondría de manifiesto la necesidad de superar, incluso, la premisa de "cada institución su política" en beneficio de un diseño más complejo en el que se conjugue el modelo participativo en cuanto a los sujetos actuantes -que favorezca la intervención de todos los niveles institucionales- e interactivo en cuanto al objeto, que preste atención a la interacción entre las distintas decisiones sectoriales. En ese mismo sentido, también, la necesidad de superar la expresión “cada administración una competencia” que ha venido utilizándose en los últimos tiempos Por ello se hace necesario imprimir al quehacer público las características de la interinstitucionalidad y de la intersectorialidad; en vez de unificar, 31 erróneamente, bajo grandes
33. organizaciones uniformes y jerárquicas todas las funciones públicas cómo tiende a hacer la tradición administrativa lejos de reflejar aquellos otros conceptos más cercanos al más moderno concepto de red. 3. LAS DUPLICIDADES EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL VASCO Una vez analizados los instrumentos que ofrece el marco jurídico para articular las relaciones interinstitucionales en la CAPV de una manera equilibrada, procede a continuación reflexionar sobre los aspectos precisados de mejora. Para ello, a continuación se partirá de la noción de duplicidad, en sus distintas vertientes o manifestaciones, para a continuación analizar los instrumentos de los que el sistema se ha dotado a fin de evitarlas o, en su caso, corregirlas. 3.1.La noción de duplicidad y sus clases. Las duplicidades pueden producirse en el ámbito de la ejecución de competencias, en el ámbito normativo, así como en el organizativo. Las duplicidades ejecutivas son las producidas con ocasión de la actuación de distintas Administraciones públicas cuando prestan servicios idénticos a destinatarios idénticos pudiendo el administrado optar entre una u otra de manera indistinta. Las duplicidades normativas se producen cuando dos o más entes aprueban normas sobre las mismas materias con coincidencia territorial. Por último, las duplicidades orgánicas se producen cuando existen entes u órganos iguales con cometidos iguales y que actúan sobre los mismos sujetos. Hemos de tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha aceptado la duplicidad normativa como característica del sistema de distribución de competencias vigente (así por ejemplo, en los ámbitos materiales compartidos 32
34. concurren la normativa básica y la de desarrollo) y de ello, deducimos que las ineficiencias en este campo de las duplicidades normativas se producen generalmente por falta de coordinación y colaboración. 3.2.Las duplicidades normativas Entendemos que existe una duplicidad normativa cuando dos o más entes territoriales –Estado, Comunidad Autónoma y Territorios Históricos- ejercen las mismas funciones normativas sobre las mismas materias competenciales en un mismo territorio. En esta primera aproximación, anticipamos ya, que deben hacerse precisiones de interés, puesto que pueden ejercerse funciones normativas sobre la misma competencia y territorio pero mediante una densidad normativa o mediante instrumentos normativos diferentes (basesdesarrollo; ley-reglamento) variando considerablemente, hasta desaparecer en muchos casos, la caracterización de duplicidad que hemos apuntado. 3.2.1.Las duplicidades normativas en el reparto competencia respecto del Estado. Es preciso constatar que el legislador estatal actúa en cualquier ámbito material de competencia e interviene en el diseño de cualesquiera políticas públicas. No hay excepción a esta afirmación, ni siquiera en aquellos ámbitos en los que las CCAA tienen atribuidas competencias exclusivas, el legislador estatal ha dejado de actuar. Ello significa, consecuentemente, que se da una duplicidad normativa entre el Estado y la CAPV en todos aquellos ámbitos materiales en los que la CAPV tiene competencia legislativa. El Tribunal Constitucional, salvo contadas excepciones, ha avalado la constitucionalidad de la extensión material atribuida 33
35. por el legislador estatal a sus competencias25 y, como consecuencia, ha aceptado la duplicidad normativa generalizada que caracteriza el sistema de distribución de competencias vigente.26 Esta realidad se plasma en cualquier ámbito material y a través de los títulos de la CE “transversales” que, como tales, han sido interpretados: 149.1.1; 149.1.13 y 135; así como mediante la utilización de la supraterritorialidad en el alcance de las competencias estatales, unido, últimamente, a la defensa de la unidad de mercado y la evitación de la fragmentación del mismo. No debe olvidarse, tampoco, la extensión –mediante la técnica de la pormenorizaciónde la normativa básica que cada vez con mayor intensidad utiliza el legislador estatal en las materias en las que la Constitución ha diseñado un modelo compartido de bases-desarrollo. 3.2.2.Duplicidades normativas en el sistema de reparto competencial interno de la CAPV Esta situación, sin embargo, raramente se produce en la escala interinstitucional vasca (Parlamento Vasco-Juntas Generales) donde el deslinde competencial en la función normativa es más cerrado: el art. 25 del EAPV dispone que “el Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos....todo ello sin perjuicio de las competencias de las Instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente Estatuto”, obviamente, por referencia a las competencias integrantes del núcleo intangible de la foralidad, ex art. 37.3: organización, régimen y funcionamiento de sus propias 25 STC 30/2011 (FJ 8), sobre el Estatuto de Andalucía anuncia la necesidad de que la normativa autonómica tenga siempre "como presupuesto imprescindible la garantía de la unidad última del ordenamiento a partir de un denominador común que corresponde garantizar al Estado" mediante el ejercicio de sus competencias legislativas. 26 La STC 31/2010, Estatut Catalunya, aduce que, el hecho de que el Estatuto atribuya a la Generalitat la competencia exclusiva y defina la exclusividad en un sentido muy estricto, no impide que el Estado pueda también dictar la normativa que el propio legislador estatal, con plena libertad, considere incluida en sus competencias estatales. 34
36. instituciones; presupuestos; demarcaciones supramunicipales; régimen de los bienes provinciales y municipales; régimen electoral municipal y aquellas especificadas en el Estatuto (claro ejemplo de competencias explicitadas en el Estatuto son las derivadas de su art. 41 referidas al régimen del concierto o las previstas en el art. 10.1.y 327). En parecido sentido el art. 6 de la LTH cuando dice que es competencia de las Instituciones Comunes la legislación y ejecución de las materias de competencia de la CAPV que no se atribuyan expresamente en el Estatuto o en las leyes a los órganos forales de los TTHH. A continuación el art. 7 lista las competencias tanto exclusivas como de desarrollo y ejecución de los Territorios Históricos. Cierto es, que al margen del ámbito definido como núcleo intangible de la foralidad, art. 37.3 EAPV, en el resto de las competencias que se atribuyen a los TTHH puede darse una mayor facilidad de solapamiento normativo si bien la propia Norma Institucional Vasca ofrece un instrumento adecuado para la evitación de disfunciones normativas: la Comisión Arbitral. Solapamientos que se producen en los casos del art. 37.4 y competencias transferidas –con carácter general a través de la LTH- así como en aquellos otros supuestos en 27 STC 76/1988: “El contenido de esa garantía foral, que aparece así como punto de referencia obligado para la aplicación e interpretación de las disposiciones del Estatuto de Autonomía, viene expresado en su art. 37, apartados 3 y 4. Y esto se lleva a cabo en forma que en manera alguna puede considerarse «meramente enunciativa» o ejemplificativa, como mantienen los recurrentes. Por el contrario, viene a precisar dos tipos de competencias que corresponden a los territorios históricos: a) Competencias exclusivas que derivan directamente del Estatuto: Se trata de las especificadas nominalmente en el apartado 3, subapartados a) a e), y de las comprendidas en el primer inciso del subapartado 1), «todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto». b) Competencias que habrán de precisarse a través de la actuación concreta de los poderes de la Comunidad, y que comprenden, tanto competencias exclusivas «que les sean transferidas» [art. 37.3 f)], sin que el Estatuto precise por parte de quién, como «el desarrollo normativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las materias que el Parlamento Vasco señale» (art. 37.4). Aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral -y que resulta por tanto ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad- y, además, un ámbito de expansión de ese régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos.” 35
37. los que el Parlamento, en ámbitos sectoriales concretos, posibilite el desarrollo por los Territorios Históricos de su legislación. 3.2.3.Instrumentos internos del ordenamiento jurídico de la CAPV para prever duplicidades normativas: a)La Comisión Arbitral Efectivamente, el artículo 39 EAPV crea la Comisión Arbitral para resolver los conflictos de competencia que se puedas suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y las de cada uno de sus Territorios Históricos 28. Como se vislumbra en la comparecencia de su Presidente ante la Comisión parlamentaria creada con motivo del estudio de las duplicidades en la IX Legislatura29, la aportación de la Comisión al fin institucional que la motiva, está guiado por “el principio de paz jurídica y fundado en la relevancia del discurso jurídico en la resolución de los eventuales conflictos entre poderes públicos motivados por discrepancias competenciales”. Exponía el Sr. Ibarra Robles las debilidades del modelo instaurado con el órgano arbitral, de las que es la última la que nos interesa al objeto de este informe: “la insuficiente previsión en la Ley de Territorios Históricos de las atribuciones de coordinación , de la creación de órganos de coordinación y del empleo de técnicas de coordinación y, diferenciadamente, de técnicas de cooperación para la garantía del principio de lealtad institucional en el ejercicio de las competencias de alcance compartido o concurrente entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de los Territorios Históricos”. 28 A la Comisión Arbitral, según la Ley 13/1994, se le confían los conflictos de competencia que se suscitan en relación con disposiciones, resoluciones o actos de los ejecutivos (Gobierno Vasco o Diputaciones Forales) y las cuestiones de competencia que se formulan respecto las proposiciones y proyectos bien de ley bien de norma foral en tramitación en las respectivas Cámaras legislativas (Parlamento Vasco o Juntas Generales de cada Territorio Histórico). 36
38. Particular importancia tiene, en el sentido de las palabras del Presidente de la Comisión Arbitral, la contundencia con que requiere la necesidad de un desarrollo de los principios enumerados en el artículo 2 de la LTH, desarrollo que conllevaría materializar funciones preventivas respecto de los conflictos de competencia. Por último, en lo que a la Comisión Arbitral se refiere, de este análisis se ha vislumbrado la posibilidad de que su labor pudiera extenderse a los textos enmendados en las respectivas cámaras legislativas, de tal forma que la resolución de los eventuales conflictos competenciales se realice, también, frente a los textos que, tras su tramitación parlamentaria o en Juntas Generales, sean los que se aprueben en la ponencia correspondiente; es decir que se dé un paso más y la Comisión analice no sólo los textos iniciales que se presentan en las cámaras sino, también, los que resulten de las modificaciones introducidas vía enmiendas. b)Los mecanismo de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal. Un segundo mecanismo de cooperación normativa dentro del modelo institucional vasco lo encontramos en la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, tal y como se ha descrito en otro lugar de este trabajo. En dicha Ley se pone de manifiesto el marco normativo de armonización, coordinación y colaboración en el que las instituciones de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular su régimen tributario. Marco normativo que ya fue anticipado por la LTH (art. 14.3) cuando advierte de la necesidad de que las disposiciones que dicten los órganos forales en el ejercicio de la potestad normativa regulen de modo 29 Comparecencia del Presidente de la Comisión Arbitral, Ibarra Robles, el día 16 de enero de 2012, ante la Comisión parlamentaria de estudio sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco. 37
39. uniforme los elementos sustanciales de los impuestos así como la previsión de que sea el Parlamento quien plasme las normas de armonización, coordinación y colaboración fiscal. Finalmente, la Ley crea un Órgano de Coordinación Tributaria, como órgano clave en el que se materializa el soporte de la acción cooperativa y armonizadora, dado que, entre sus funciones, emite informe preceptivo para garantizar que las disposiciones que dicten las instituciones forales se ajusten a las normas armonizadoras. 3.3.Las duplicidades orgánicas u organizativas Abordaremos, a continuación, las duplicidades orgánicas u organizativas -cuando existen entes u órganos iguales con cometidos iguales y que actúan sobre los mismos sujetos- en tanto que su análisis resulta fundamental para cualquier visión que, sobre las duplicidades institucionales, se quiera tener. El ejercicio de funciones ejecutivas por dos o más niveles de gobierno tiene, entre otras, una clara manifestación en la creación de organismos para la realización de dichas actividades. 3.3.1.Las duplicidades orgánicas con la Administración del Estado La situación de duplicidades orgánicas la podemos encontrar en relación con la Administración del Estado ya que hay muchos casos de duplicidades que se producen mediante la creación por parte del Estado de organismos estatales dotados de una cierta autonomía organizativa y funcional respecto del ministerio correspondiente, y la atribución a éstas organismos de funciones ejecutivas –aunque con alcance supraautómico -perfectamente duplicadas con las autonómicas. 38
40. Para realizar un correcto estudio en este ámbito, toda vez que el informe elaborado en la IX Legislatura no lo contiene, nos remitimos a un análisis de los presupuestos generales del Estado, identificando por sectores las estructuras estatales (bien dentro de los ministerios bien las configuradas como organismos independientes) que realizan actividades en materias en las que el Estado no tiene funciones ejecutivas.30 Respuesta a esta situación la ha dado el Informe CORA que desde un planteamiento recentralizador recomienda “tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros”.31 Asimismo el Gobierno del Estado ha dispuesto mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 la aprobación del Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector público Empresarial y Fundacional Estatal, que entre disoluciones, fusiones, desinversiones y liquidaciones afecta a 86 sociedades y fundaciones públicas.32 30 Un completo trabajo en este sentido fue realizado por la Generalitat de Cataluña en su INFORME SOBRE LAS DUPLICIDADES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS ENTRE EL ESTADO Y LA GENERALITAT DE CATALUNYA: PROBLEMAS COMPETENCIALES Y DE EFICIENCIA (octubre 2012) 31 Resumen ejecutivo, pág. 15 del Informe sobre las Administraciones Públicas realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 2013 32 Como resultado del análisis efectuado en el seno de la CORA se han planteado (ver Resumen ejecutivo págs. 17 y 18) las siguientes medidas en el ámbito de la AGE: — Organismos autónomos que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial correspondiente, que asume las funciones que tienen atribuidos: Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y Consejo de la Juventud de España. 39
41. — Organismos autónomos que se fusionan e integran en otros existentes, con fines más generales y que aportan mayor volumen de recursos y actividad: Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (se integra en el INTA); Servicio Militar de Construcciones (se integra en el INVIED); e Instituto Nacional del Consumo (se integra en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). — Organismo autónomo que asume las funciones y medios de un Centro directivo adscrito hasta el momento a la organización ministerial. Instituto de la Mujer, que asume las funciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. — Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que se fusionan en una única entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). — Supresión de las Entidades mancomunadas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. — Consorcios que se suprimen: Consorcio Solar Decathlon; Consorcio para la Construcción del Auditorio de Málaga; Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2); unificación de los 8 Consorcios Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en una sola persona jurídica y centralización de la gestión económico-administrativa, para priorizar y optimizar la inversión en investigación. — Fundaciones que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial, en otros entes públicos o en otras Fundaciones: F. Colegios Mayores MAEC-AECID, se integra en la Fundación EOI; F. Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR), se extingue y liquida; F. AENA, se integra con la F. Ferrocarriles Españoles en la nueva Fundación del Transporte; F. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), se integra en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos; Fundación Taller Juan José, se extingue y liquida; F. Centro Nacional del Vidrio, su gestión es asumida por la Fundación EOI, en los términos que se precisen; F. Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO), se integra en ICEX; F. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información (CENATIC), se integra en el Ente Público Red.es; F. Ciudad de la Energía (CIUDEN), se integra parcialmente en el IDAE, salvo las actividades museísticas; F. Española para la Innovación de la Artesanía, se integra en la Fundación EOI; F. Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR); F. Observatorio Español de Acuicultura (OESA), se integra en la Fundación Biodiversidad o en la organización empresarial; y F. ENRESA, se integra en la sociedad mercantil ENRESA. — Fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones públicas: F. de Aeronáutica y Astronáutica Españolas, F. Museo do Mar de Galicia, F. Canaria Puertos de Las Palmas y F. General de la UNED. — Fundación que cambia de Ministerio de adscripción y, en su caso, de protectorado: F. Víctimas del Terrorismo pasa al Ministerio del Interior. — Fundación que se convertiría en organismo público para hacer efectiva la participación e integración de los medios disponibles que las CC.AA. tienen en la misma materia: Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA). — Entidad pública que se suprime, integrándose sus medios en la organización ministerial, que asume las funciones públicas que pudiera desarrollar: Gerencia del Sector de la Construcción Naval. — Sociedades mercantiles que se extinguen. Además de las afectadas por el Acuerdo de Consejo de Ministros referido anteriormente, se plantea la extinción de la Sociedad Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF); la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de La Gomera, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de La Estaca, del Hierro; Sociedad Mercantil Programas y Explotaciones de Radiodifusión, S.A. (PROERSA); y la Sociedad Mercantil La Almoraima, S.A. — Organismos autónomos y agencias estatales que integran sus servicios comunes: i. Actividades formativas: Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO). ii. Actividades de investigación: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); Instituto de Estudios 40
42. En relación con la Administración periférica del Estado, no puede dejar de citarse, siquiera de forma somera, el solapamiento33, - y en muchos aspectos ineficiencia- que se produce en la aplicación de la distribución competencial CAPV-Estado, bien por exceso en el ejercicio de sus potestades por parte del Estado bien por la falta de transferencia de funciones y servicios vinculadas a materias estatutariamente atribuidas a la CAPV. Como marco de contraste nada más cercano que las funciones que desarrolla el Estado a través de los servicios de la Administración periférica del Estado, identificada comúnmente como la Delegación del Gobierno en la CAPV34. Como es sabido, la Delegación del gobierno es un órgano con reconocimiento expreso constitucional– art. 154 CE-35 y estatutario –art. 23 EAPV-36 al que se le encomienda la dirección de los servicios estatales en el territorio de cada Comunidad Autónoma así como la coordinación entre ambas administraciones. Pese a tal afirmación, se puede plantear una primera incertidumbre sobre la delimitación entre las funciones asignadas a dicho Delegado y el papel de representante ordinario del Estado en cada Comunidad Autónoma que corresponde a su Presidente (art. 152.1 CE) o Lehendakari ex art. 33.2 EAPV. Oceanográficos (IEO); Instituto Geológico y Minero de España (IGME); Instituto de Salud Carlos III; e Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 33 Con carácter general respecto de las duplicidades orgánicas u organizativas referidas al Estado en su conjunto nos remitimos al completo estudio al que hemos hecho referencia anteriormente realizado por la Generalitat de Cataluña en su Informe sobre las Duplicidades Funcionales y Organizativas entre el Estado y la Generalitat de Catalunya: Problemas competenciales y de eficiencia (octubre 2012) en el que se realiza un análisis contrastado por departamentos sobre las áreas en las que se dan duplicidades orgánicas, tales como consumo, cultura, deporte, juventud, medio ambiente, espacios naturales y meteorología, políticas de género, régimen local, servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias; Trabajo y relaciones laborales y Turismo. 34 Funciones detalladas en: funciones administración periférica del Estado. Delegación del Gobierno 35 El art. 154 de la Constitución señala que “un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad”. 36 Con referencia expresa al art. 154 CE, el art. 23.2 EAPV prevé la figura de un Delegado nombrado por el Gobierno que dirigirá la administración civil del Estado en territorio vasco, y la coordinara, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad Autónoma. 41
43. Asimismo sorprende en relación con las atribuciones de coordinación asignadas, que las mismas se desarrollan habitualmente entre las administraciones estatal y autonómica, no por el Delegado del Gobierno, sino a través de órganos bilaterales y órganos multisectoriales, o bien a través de direcciones específicas (dirección general de coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que ya denota una clara duplicidad a resolver. Ahondando más en el entramado de las Delegaciones, hemos de referirnos a los servicios que presta la Administración periférica del Estado y de la estructura organizativa que presentan: Las Delegaciones se integran por los siguientes órganos: Subdelegaciones en las provincias (en la actualidad existen 44 Subdelegados del Gobierno en el Estado). Secretaria General que actúa como órgano para la gestión de los servicios comunes (en la actualidad existen 59 secretarias generales en todo el Estado). Áreas funcionales para la gestión de servicios integrados Gabinete de apoyo al Delegado (además las funciones de asistencia jurídica y control financiero se ejercen por personal del servicio jurídico del Estado y de la Intervención General) Los servicios de la Administración periférica pueden ser servicios integrados y servicios no integrados. Debe tenerse en cuenta que la gran mayoría del personal de los servicios periféricos corresponde a los servicios no integrados que abarcan, entre otros y como más destacables, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Delegaciones de Economía y Hacienda, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, Instituciones Penitenciarias, Archivos 42
44. Estatales; Inspección de Trabajo y Seguridad Social, SEPE, INSS, Agencia Estatal de Meteorología, el IMSERSO o el INGESA. Nuestro enfoque, para este informe, comprende tanto solapamientos reales como ineficiencias derivadas de la falta de transferencia de medios y servicios en una competencia que corresponde a la CAPV, pero que todavía se encuentra ejercida por dichos órganos del Estado y sin traspasar a esta Comunidad Autónoma, impidiendo el desarrollo estatutario pleno de ésta. Dependientes de la Secretaria General llamamos la atención sobre los servicios de secretaria de los Jurados Provinciales de Expropiación, Unidades de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer, y algunas actuaciones de la unidad de derechos ciudadanos y seguridad ciudadana. Los jurados provinciales de expropiación, previstos en el art. 32 de la Ley de Expropiación Forzosa (de 16 de diciembre de 1954), en sus funciones, puede producir ineficacias con los Jurados territoriales de expropiación creados y regulados por ley autonómica (DA 12ª Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco sigue el esquema de la primera ley reguladora de los jurados territoriales de 20 de noviembre de 1987), puesto que, dada la categorización y respaldo otorgado a éstos últimos por el Tribunal Constitucional37, puede darse la circunstancia de que unos mismos bienes expropiados por dos administraciones diferentes puede ser valorados por jurados distintos y con criterios diferentes. Las actuaciones en relación con la violencia de género, sin duda se encuentran debidamente cumplimentadas en el territorio de esta CAPV por los órganos de la Comunidad (en concreto, Lehendakaritza y Emakunde), suponiendo una duplicidad el servicio de la Delegación del Gobierno. En cuanto a la unidad de derechos ciudadanos y seguridad ciudadana, los servicios relativos a procedimientos sancionadores y autorización en materia de 37 Por todas SSTC 251/2006 y 364/2006 43
45. seguridad privada son claramente transferibles, puesto que se encuentran dentro del haz competencial de la CAPV. En las Áreas Funcionales se gestionan la mayoría de los servicios integrados: Fomento; Industria y Energía; Agricultura y Pesca; Sanidad y Política Social; Alta Inspección de Educación y Trabajo e Inmigración. En cuanto a los servicios no integrados, son de destacar por su importancia, los del Ministerio de Interior: guardia civil, cuerpo nacional de policía, instituciones penitenciarias; del área de cultura: archivos estatales; del área de empleo y seguridad social: la inspección de trabajo y seguridad social, el servicio público de empleo estatal, el instituto nacional de la seguridad social; la Agencia Estatal de Meteorología o el IMSERSO. Muchos de los servicios citados o bien han sido ya transferidos o son transferibles a la CAPV por afectar a competencias atribuidas a esta Comunidad Autónoma, situación de falta de traspaso que provoca una clara disfuncionalidad. Sin ánimo de ser exhaustivos en materia educativa, algunos de los servicios prestados por las Delegaciones del Gobierno han quedado transferidos a la CAPV por Decreto 135/201138, de 28 de junio, se asumieron las funciones y servicios de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias. En virtud de dicho traspaso la CAPV ha asumido las funciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, de acuerdo con las tablas de equivalencia vigentes en cada momento o, en su caso, de los criterios generales y tablas de correspondencia elaboradas por el Ministerio de Educación. 38 DECRETO 135/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 22 de junio de 2011, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre en materia de enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias) 44
Informe de observacion y práctica esc Josefa O
La enseñanza de la lectoescritura en niños con problemas de aprendizaje
Análisis y desarrollo institucional: La escuela de Bloomington