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Timestamp: 2018-11-15 06:42:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 20']

﻿ Sentencia T-860 de octubre 29 de 2010
SENTENCIA T-860 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A EMPLEADO CON LIMITACIONES FÍSICAS, SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO. EN EL EJERCICIO DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL LOS PATRONOS PUEDEN OPTAR POR LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LIMITAR POR TIEMPO DEFINIDO SUS CONTRATOS, ESTA FACULTAD SE VE DELIMITADA POR NORMAS CONSTITUCIONALES QUE TUTELAN EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, PARA AQUELLOS GRUPOS DE ESPECIALES CONDICIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, PROTECCIÓN A PERSONA CON INCAPACIDAD FÍSICA, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD PROFESIONAL, PERJUICIO IRREMEDIABLE, PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, PROTECCIÓN A PERSONA EN CIRCUNSTANCIA DE DEBILIDAD MANIFIESTA
Sentencia T-860 de octubre 29 de 2010
Ref.: Expediente T-2711761.
Bogotá D.C. veintinueve de octubre de dos mil diez.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
1. Manifestó el ciudadano Ricardo Santana Beltrán que inició labores en la Ciudadela Comercial Galerías el 1º de febrero de 2006 mediante un contrato a término fijo por un año siendo renovado sucesivamente hasta el 31 de enero de 2010.
4. Explicó que el esfuerzo físico de trasladar las pesadas canecas de 55 galones deterioró su estado de salud, toda vez que el 23 de noviembre de 2009 fue diagnosticado de unas lesiones en las vértebras T-12 y L1, así como una afección en las manos denominada metacarpo falángica y radio carpiana.
El accionante solicitó “el reintegro a mis labores, el pago de la remuneración, prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social a la fecha de despido hasta cuando se produzca el reintegro, teniendo en cuenta que tengo pendiente tratamientos para recuperar mi salud”. (fl.11)
Todo esto por considerar que la disminución de su capacidad laboral fue adquirida en el tiempo que estuvo laborando con la Ciudadela Comercial Galerías por lo que instó que “se ordene el reintegro y ubicación en las condiciones acorde lo dispone medicina laboral”. (fl.11)
• Fotocopia de la historia clínica en el que se indica “valoración por medicina laboral, para determinar incapacidad laboral y definitiva” (fls. 13-20)
• Fotocopia de la solicitud de cita médica con el especialista de dermatología (fl. 21)
• Fotocopia de la atención médica con el especialista en fisioterapia, se dictamina que “El paciente refiere dolor persistente en manos y el cual se exacerba al realizar actividad laboral” (fl. 22)
• Fotocopia de fórmula médica en la que se prescriben ampollas y otros medicamentos (fl. 23)
• Fotocopia de trámite ante la Nueva E.P.S para la solicitud de medicamentos (fl. 24)
• Fotocopia de la comunicación sobre la terminación del contrato de trabajo firmada por la Administradora General de la Ciudadela Comercial Galerías (fl. 26)
• Fotocopia de la orden médica para practicar Electromiografía y Neuroconducción. (fl. 27)
• Fotocopia de la evolución médica realizada por especialista en reumatología. (fl. 28)
• Fotocopia del concepto de rehabilitación del médico tratante para el trámite de la pensión de invalidez.(fls. 29 y 30)
• Fotocopia de cita médica con especialista de reumatología. (fl. 31)
• Fotocopia informe de diagnostico médico en que se indica “Columna Lumbosacra, Osteopenia generalizada de vértebras lumbares, signos de deformación postraumática no reciente de los cuerpos vertebrales T12 y L1, signos de discopatía degenerativa lumbosacra, rectificación de la lordosis lumbar por espasmo muscular.” (fl. 32)
• Fotocopia del contrato de trabajo a término fijo (fls. 33 y 35)
• Fotocopia de la cédula del señor Ricardo Santana Beltrán. (fl. 33)
Consideró el señor Ricardo Santana Beltrán que se desconoció la presunción de veracidad de los hechos descritos en la tutela, cuando la parte accionada no se pronunció sobre los mismos, al respecto mencionó: “Igualmente, el juzgador de Primera Instancia desconoció lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591, por cuanto la accionada no dio respuesta sobre el requerimiento planteado en la presente acción de tutela en lo referente a la presunción de veracidad de los hechos”. (fl.51)
Así, entonces el juez de segunda instancia concluyó, “Por consiguiente, acertó la juez de primera instancia al denegar el amparo solicitado, al no ser evidente la vulneración de derechos fundamentales, reiterando que será al interior del proceso ordinario donde deberá debatirse todo lo relativo a la viabilidad del reintegro, por las causas que expresa el accionante, siendo el Juez laboral el que cuenta con plena competencia para recaudar las pruebas, analizar y resolver acerca del mentado reintegro, pago de salarios y demás prestaciones sociales, si se verifican los supuestos fácticos relatados por el petente.” (fl.13 cdno. 2)
III.(sic) Actuaciones surtidas en sede de revisión
Mediante Auto de veinte (20) de octubre de 2010, con base en lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992 y los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, el suscrito magistrado ordenó la práctica de ciertas pruebas, así:
1. ORDENAR que por la Secretaría General de esta corporación, se ponga en conocimiento de la Nueva Empresa Promotora de Salud - Nueva EPS el contenido del Expediente T-2711761, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, ejerza su derecho de defensa y se pronuncie acerca de las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela.
2. ORDENAR que por Secretaría General se solicite a la Nueva Empresa Promotora de Salud - Nueva EPS que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación, informe de manera detallada y justificada:
(i) Respecto al señor Ricardo Santana Beltrán identificado con cédula 17.321.612 de Villavicencio: (i) diagnóstico completo del paciente; (ii) si actualmente se encuentra afiliado a dicha entidad prestadora de servicios de salud y si se ha continuado la prestación de los servicios médicos a favor del mismo; y (iii) en qué fecha fue última atención médico asistencial que la Nueva EPS brindó al señor Santana y cuál fue su pronóstico médico.
De acuerdo con el Oficio OPTB-1087 del día 25 de octubre de 2010 febrero de esta misma anualidad, emanado de la Secretaría de esta corporación se surtió la notificación a la Nueva Empresa Promotora de Salud - Nueva EPS.
Es imprescindible aclarar aquellos eventos o factores que la jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio irremediable(1). En relación a este tema, esta corporación ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, estos serían:
“La inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados”.(2)
“La posición que al respecto ha adoptado esta corporación, reiterada en un distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”(3).
En términos conceptuales, la estabilidad laboral entraña una doble acepción como principio y derecho al mismo tiempo. Desde su perspectiva deóntica, supone que el trabajo esté dotado de una vocación de permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación, sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido(4).
En este punto, la Corte ha admitido la existencia de ciertos grados de estabilidad en el empleo, entre otras: i) la absoluta, ii) la impropia y iii) la precaria. La primera está dada por la seguridad plena de conservar intacto el vínculo laboral; la segunda permite el pago de una indemnización a cambio de la efectividad del despido o desvinculación; y la última se presenta en el contexto de las relaciones donde el patrono goza de un amplio grado de discrecionalidad, como ocurre en los cargos de libre nombramiento y remoción.(5)
“Estos sujetos de protección especial a los que se refiere el artículo 13 de la Constitución, que por su condición física estén en situación de debilidad manifiesta, no son sólo los discapacitados calificados como tales conforme a las normas legales. Tal categoría se extiende a todas aquellas personas que, por condiciones físicas de diversa índole, o por la concurrencia de condiciones físicas, mentales y/o económicas, se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Asimismo, el alcance y los mecanismos legales de protección pueden ser diferentes a los que se brindan a través de la aplicación inmediata de la Constitución”.
<Inciso declarado condicionalmente exequible> No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. (Resaltado fuera del texto).
Así, las cosas el espíritu del legislador se volcó en favorecer a aquellas personas con algún tipo de limitaciones funcionales y determinó un concepto amplio del término limitación cobijando a todos aquellos que por circunstancias síquicas, psicológicas, intelectuales, físicas y sensoriales se han visto afectados en su derecho a la igualdad en el entorno social que los rodea. Es pero ello que el artículo 2 del mismo cuerpo normativo señala los individuos susceptibles de discriminación por causa de sus: “circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales” (negrilla fuera del texto original).
Al respecto el intérprete constitucional ha evolucionado y considerado que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable para aquellas personas que sufren limitaciones.(6)
“Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez” (negrilla fuera del texto original).
<Inciso declarado condicionalmente exequible> No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
Dentro del análisis de constitucionalidad de la norma realizado en la Sentencia C- 531 de 200 se estableció que la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 resultaba insuficiente a los intereses de esta población porque condicionaba la desvinculación al pago de una prestación económica. Bajo este entendido, se determinó que “existe en la regulación controvertida una omisión relativa del legislador por la falta de señalamiento de una protección suficiente a la discapacidad para que de esta manera armonice con los mandatos superiores (...)”. Sin embargo, se estimó que la declaratoria de inexequibilidad de este aparte —el que trata de la indemnización— generaría mayores perjuicios a los trabajadores con incapacidad que fueren desvinculados, pues los dejaba sin la posibilidad de obtener una sanción indemnizatoria y eliminaría un factor de desestímulo de cualquier determinación en ese sentido. Se resolvió finalmente “integrar al ordenamiento legal referido los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2° y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria”.(7)
El propósito de lograr la reubicación del trabajador afectado de su salud por el desempeño de sus funciones no es más que lograr una justicia retributiva, partiendo del hecho que sobre éste recayó el riesgo por el desempeño de la labor, siendo en últimas el patrono beneficiario de la actividad económica lucrativa. Claro está que este deber de solidaridad del empleador se puede ver afectado en la medida que no tenga la capacidad de hacerlo, le sea imposible o le afecte el desarrollo normal de la actividad, situación que también debe ser demostrada.
“El solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto "expectativa cierta y fundada" del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En esta perspectiva, lo dispuesto activa para el trabajador un mecanismo de protección para su derecho a la estabilidad laboral, pues si como allí se señala el patrono no le notifica la terminación del contrato, éste se entenderá renovado por un término igual. La renovación sucesiva del contrato a término fijo, no riñe con los mandatos de la Constitución, ella permite la realización del principio de estabilidad laboral, pues siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación”.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los empleadores en el ejercicio de su actividad empresarial pueden pactar de mutuo acuerdo la suscripción de contratos a término fijo, les asiste en virtud del principio de solidaridad (C.P., art. 95) y de la estabilidad en empleo (C.P., art. 53) el deber de mantener al trabajador siempre y cuando (i) subsista la materia del empleo, el (ii) trabajador cumpla sus obligaciones contractuales y legales y (iii) no represente una alteración de su actividad económica.
"[E]n los contratos laborales celebrados a término definido en los que esté inmerso un sujeto de especial protección y en los que el objeto jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la prórroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante inspector del trabajo para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le haya dado al vínculo laboral”. (Negrilla fuera del texto original).
Con todo, esta estabilidad no supone que el trabajador sea inamovible, obligando al empleador a una camisa de fuerza y mantenerlo indefinidamente, aún cuando se presenten situaciones de indisciplina, ineficiencia y bajo rendimiento, ya que al presentarse este tipo de hechos el empleador goza de causas legales para terminar el vínculo contractual. Una vez se presenten estas causales objetivas que autorizan a la terminación unilateral del contrato de trabajo, deben ser observadas las reglas propias del debido proceso que son exigibles a los particulares, garantizándose concretamente el derecho a la defensa, que exige del empleador informar los motivos que originaron el despido y reconoce al trabajador la posibilidad de controvertir las razones aludidas. Pero en todo caso como se explicó en el aparte anterior si el trabajador se encuentra en una situación de protección especial debe mediar autorización de la autoridad del trabajo so pena de la ineficacia de tal despido.
La jurisprudencia constitucional ha establecido, en reiteradas oportunidades, que la prestación de los servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS— debe responder al principio de continuidad que consiste en que el servicio de salud debe prestarse sin interrupción y es exigible en el marco de los planes obligatorios, al igual que los ofrecidos a través de planes adicionales.(8)
En la Sentencia C-800 de 2003, la Corte mostró cómo la jurisprudencia ha examinado en cada caso, “si los motivos en los que la EPS ha fundado su decisión de interrumpir el servicio son constitucionalmente aceptables”. En esa oportunidad concluyó que una EPS no puede suspender un tratamiento, un medicamento o la práctica de una cirugía aduciendo entre otras, las siguientes razones:
“(i) porque la persona encargada de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo; (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que se le viene prestando”(9) (resaltado fuera del texto).
De la anterior jurisprudencia se observa que esta corporación ha tutelado aquellos casos en que la suspensión de los servicios de salud a los pacientes se ve afectada porque pierden la calidad de afiliados impactando con esto, la continuidad de procedimientos ya decretados por la Entidad Promotora de Salud. En tales situaciones se ha reconocido el derecho a seguir gozando de los beneficios de un tratamiento médico, “pues suspenderle los servicios súbitamente puede significar peligro para su vida y su integridad física”(10).
“A partir del fundamento jurídico que identifica el principio de continuidad, la jurisprudencia constitucional ha definido el alcance del derecho ciudadano a no ser víctima de interrupciones injustificadas en la prestación de los servicios de salud, fijando los criterios que obligan a las entidades promotoras y prestadoras de salud (EPS, ARS, IPS) a garantizar y asegurar su continuidad. Sobre esa base, ha sostenido la Corte (I) que las prestaciones en salud, como servicio público obligatorio y esencial, tiene que ofrecerse de manera eficaz, regular, permanente y de calidad; (II) que las entidades prestadoras del servicio deben ser diligentes en las labores que les corresponde desarrollar, y deben abstenerse de realizar actuaciones ajenas a sus funciones y de omitir el cumplimiento de obligaciones que conlleven la interrupción injustificada de los servicios o tratamientos; (III) que los usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a engorrosos e interminables trámites internos y burocráticos que puedan comprometer la permanencia del servicio; y (IV) que los conflictos de tipo contractual o administrativo que se presenten con otras entidades o al interior de la propia empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos ordenados”.(11)
En conclusión, se observa que esta corporación ha reconocido la importancia que tiene el principio de continuidad cuando se suspende la atención en salud por parte de las entidades promotoras de salud argumentando entre otros motivos, pérdida de la calidad de beneficiario, falta de pago de los aportes correspondientes del empleador, pérdida del vínculo laboral y ausencia de suministro de un servicio que no se había prestado, etcétera. Reiterando que, cuando se arguyan ese tipo de razones frente a un paciente al cual se venía prestando un tratamiento médico poniendo en peligro su vida o su integridad física, en virtud de la aplicación de dicho principio la entidad debe mantener la asistencia médica y en caso de no hacerlo la tutela es el medio idóneo para preservar los derechos fundamentales involucrados ya que como se ha mencionado el servicio público de la salud envuelve los fines del interés general y esta satisfacción no puede ser discontinua.
En el presente caso, el señor Ricardo Santana Beltrán fue contratado por la Ciudadela Comercial Galerías el 1º de febrero de 2006 mediante contrato a término fijo prorrogable por un año para atender los servicios generales de la ciudadela comercial, como: “barrido, trapeado, brillado, recolección de basuras, limpieza de vidrios, recolección de residuos de comidas”. (fl.1)
En el desarrollo de sus funciones el señor Santana sufrió varios quebrantos de salud, siendo diagnosticado el 23 de noviembre de 2009 en plena ejecución del contrato suscrito con la Ciudadela Comercial Galerías de lesiones en las vértebras T-12 y L1, así como un problema en las manos denominado “metacarpo falángica y radio carpiana”.
En el caso actual, el actor acreditó con suficiente material probatorio que se encontraba inmerso en una situación de vulnerabilidad, con todos los exámenes y órdenes médicas que demostraron hasta la saciedad las afectaciones de salud del trabajador e inclusive el tratamiento médico adelantado para restablecer sus dolencias. El señor Santana cumplió con probar aportando la fotocopia de la historia clínica (fls. 13-20) en el que reposa una anotación del médico tratante solicitando un concepto para incapacidad laboral definitiva, fotocopia de la atención médica con el especialista en fisioterapia (fl. 22), fotocopia orden médica para practicar Electromiografía y Neuroconducción (fl. 27), fotocopia de la evolución médica realizada por especialista en reumatología (fl. 28), fotocopia del concepto de rehabilitación del médico tratante para el trámite de la pensión de invalidez (fls. 20 y 30), fotocopia de cita médica con especialista de reumatología (fl. 31) y fotocopia del informe de diagnóstico médico (fl. 32).
Por otro lado es pertinente mencionar que mediante auto de 20 de octubre de 2010, el magistrado sustanciador exhortó a la parte demanda a remitir “un informe detallado sobre los hechos de la tutela, así como diagnóstico completo del paciente; la fecha de la última atención médico asistencial que la Nueva EPS brindó al señor Santana y su pronóstico médico.” en relación con las enfermedades que el accionante sostiene padecer.
Vencido el término no se recibió respuesta a los requerimientos realizados a la Nueva EPS, por lo que se tienen por ciertos los hechos alegados en la tutela de acuerdo a la presunción que rige en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Por consiguiente y con base en el material probatorio y las consideraciones precedentes, la Sala entrará a determinar si el accionante, en virtud del principio de continuidad, debe ser atendido por la Nueva EPS para que dicha entidad practique los exámenes pendientes al señor Santana.
A la luz de los hechos mencionados en la tutela y de las pruebas a portadas en el expediente se puede concluir que el señor Santana se encontraba en medio de un tratamiento médico estando pendiente una serie de exámenes especializados (fls. 27 y 31) con el fin de aliviar sus problemas de salud, los cuales no se realizaron como consecuencia de su desafiliación al sistema, estando entonces la Nueva EPS entidad prestadora de los servicios de salud del actor en virtud del principio de continuidad en la asistencia médica en la obligación de continuar el tratamiento ya iniciado al afiliado. Esta situación también fue obviada por los jueces de instancia que no tuvieron en cuenta que la carencia de recursos económicos del accionante para subsistir y pagar por su cuenta la atención en la EPS.
Como se expuso en las consideraciones, uno de los supuestos para ordenar la continuidad en la prestación del servicio es que, a la fecha de desvinculación, esté pendiente un tratamiento médico que no pueda ser interrumpido en salvaguarda de la vida e integridad del paciente. Se requiere, entonces, que haya en curso una prestación médica no susceptible de paralización, siendo este el caso de la demanda, por lo que se ordenará a la Nueva EPS que realice los exámenes pendientes de Electromigrafía en cada extremidad (uno o más músculos) y Neuroconducción por cada extremidad (uno o más nervios)”, exámenes requeridos por la Doctora Laridis Castillejo Acosta Médico Cirujano con registro médico 19231349. Así como de cumplimiento a la cita médica asignada a favor del señor Santana, para el 19 de febrero del año en curso con el Doctor Federico Rondón, con el fin de realizar una valoración de medicina especializada en Reumatología.
1. REVOCAR lo resuelto por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá en la sentencia proferida el 21 de abril de 2010, que negó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y mínimo vital incoados por el señor Ricardo Santana Beltrán. En su lugar, TUTELAR esos derechos por las razones y en los término de esta sentencia.
2. ORDENAR a la Ciudadela Comercial Galerías, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al señor Ricardo Santana Beltrán al cargo que venía desempeñando, o a uno de superior jerarquía, siempre y cuando sea compatible con su estado de salud, que será valorado por los médicos de salud ocupacional, entendiéndose para todos los efectos sin solución de continuidad.
3. ORDENAR a la Ciudadela Comercial Galerías, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor Ricardo Santana Beltrán, con ocasión del despido efectuado y la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (art. 26), equivalente ciento ochenta (180) días de salario.
4. ORDENAR a la Ciudadela Comercial Galerías, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, adelante el trámite administrativo correspondiente, con el fin de efectuar el pago de todos los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, desde el momento de la finalización del contrato de trabajo, sin que sea entendida esta orden, como la realización de una nueva afiliación del accionante al Sistema.
5. ADVERTIR a la Ciudadela Comercial Galerías, que una vez reintegrado el accionante al cargo, no podrá emprender medidas represivas o que afecten la dignidad humana, y deberá reubicarlo tantas veces como sea necesario. Adicionalmente, en el futuro deberá abstenerse de incurrir en las acciones que dieron mérito para conceder esta acción de tutela.
6. ORDENAR a la Nueva Empresa Promotora de Salud - Nueva EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, continuar con la práctica de los exámenes especializados, tratamientos y citas médicas requeridas por el señor Ricardo Santana Beltrán.
7. Por la Secretaría General de esta corporación, REMÍTASE copia auténtica de esta sentencia al Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial de Cundinamarca - Bogotá, para que adelante una investigación administrativo-laboral por violación de las normas laborales y de salud ocupacional contra la Ciudadela Comercial Galerías.
(1) Ver por ejemplo las sentencias T-743 de 2002, T-596 de 2001, T-215 de 2000. Estos fallos resuelven casos en los cuales el actor incoaba una acción de tutela en contra de una sanción disciplinaria, por violar, entre otros, su derecho al debido proceso; en cada uno estos procesos existía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para la protección del derecho al debido proceso. Por esto, el criterio utilizado por la Corte para decidir la procedencia de la tutela fue si existía o no un perjuicio irremediable, con el fin de tramitar el expediente de tutela como un mecanismo transitorio mientras que eran decididos los procesos en la jurisdicción contencioso administrativa. En el mismo sentido, ver también las sentencias T-131 A de 1996 y T-343 de 2001. De otra parte, la Corte ha establecido que en los casos en los que “existe violación o amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no cuenta el afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o dentro del trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación del derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de protección del derecho constitucional conculcado”, caso que no es aplicable al presente proceso. (Sent. T-142/95).
(2) Sentencia T-225 de 1993.
(3) Sentencia T-290 de 2005.
(4) Muchas de estas causales de despido corresponden a situaciones que significan un desconocimiento de las obligaciones asignadas a las partes de la relación laboral. Para el caso de los vínculos regidos por el Código Sustantivo del Trabajo —las de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares— los artículos 62 y 64 del mismo plantean una enumeración de varios motivos que representan justas causas para el despido.
(5) Sentencia T-546 de 2000
(6) Esta línea fue marcada por la Sentencia T-198 de 2006 y seguida por otras como la T-819 de 2008, T-603 de 2009 y T-643 de 2009.
(7) Sentencia C-531 de 2000, fundamento jurídico 4.2.2.
(8) En las sentencias T-699 de 2004 y T-060 de 1997 se admitió la continuidad en la asistencia sanitaria prestada a través de contratos de medicina prepagada.
(9) En el mismo sentido véase la sentencia T-170 de 2002.
(10) Sentencia T1278 de 2001.
(11) Entre otras sentencias T-060 de 1997, T-829 de 1999, T-680 de 2004, T-170 de 2002 y T-380 de 2005.