Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84316
Timestamp: 2019-12-08 01:45:40
Document Index: 289316164

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 123', 'Artículo 123', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 115', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 73', 'Artículo 76', 'Artículo 123', 'artículo 73', 'Artículo 123']

Gaceta: LXIV/1PPO-25/84316
Propone una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno. Por lo anterior, pretende crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública, como órgano encargado de reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual será auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales, a las instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local.
Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad Pública, se propone su integración por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección. El consejo elegirá de entre sus miembros a su presidente, el cual durará en el cargo tres años sin posibilidad de reelección inmediata.
El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Además, los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta. Si el segundo nombramiento es objetado nuevamente por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.
Se faculta al Congreso de la Unión para establecer, además de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos, así como las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad pública del país.
Las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Constitución de la República para establecer en su texto, disposiciones que contribuyan a recuperar la seguridad en todo el territorio nacional, con policías más capacitadas y coordinadas entre sí. Queremos un fortalecimiento de los cuerpos policiacos para contar en todo el país con policías capaces, honestos, bien pagados y comprometidos con su comunidad, que brinden seguridad y no se alíen a los criminales.
En ese contexto, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa, la cual integra diversos elementos que constituyen la postura del Partido Acción Nacional sobre el tema, en la que se ha tomado igualmente en consideración tanto la iniciativa presentada anteriormente por Senadores del Partido Acción Nacional, como la opinión de diversas organizaciones civiles, académicas y de profesionales expertos en la materia.
El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo presentó ante el Senado de la República, una iniciativa para reformar sustancialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reestructurar entre otros aspectos, al Poder Judicial de la Federación, al Ministerio Público y para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 1994, la exposición de motivos de la iniciativa refería la necesidad de otorgar la seguridad que demandan los mexicanos. Por ello se propuso establecer las bases legales para la creación de un sistema nacional de seguridad pública que permita la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno.
Ya se hablaba de la urgencia de mejorar el sistema de justicia y la seguridad. Era evidente que las policías estaban al servicio de la delincuencia o que eran la misma cosa. Los ciudadanos ya expresaban su desconfianza en las instituciones responsables de la impartición y procuración de justicia y de la seguridad pública.
Se precisó que el objetivo de la iniciativa era definir a nivel constitucional las bases sobre las cuales debe regirse la seguridad pública en todo el país y desde una perspectiva doctrinal-filosófica se establece por primera vez la obligación del “Estado” de velar por la seguridad pública de los gobernados; estableciendo la obligación de la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, para coordinarse en la materia. Técnicamente, también se incorporan conceptos como la profesionalización policial, evaluación permanente del desempeño profesional, régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de la labor.
La reforma constitucional también faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que fije las bases para la Coordinación entre los tres niveles de gobierno, en el marco de un Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa ley fue el producto de la reforma constitucional de 1994.
El objeto de la ley era establecer las bases de coordinación entre la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Precisaba que dicho Sistema se integraba con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la ley, tendientes es a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.
La ley definía a la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme al artículo 21 constitucional.
Se obligaba al Estado a combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.
Precisaba que la función de seguridad pública se realiza en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.
La vigencia de la ley fue efímera. En la exposición de motivos de la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 30 de septiembre de 2008, en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se señala que tanto la reforma constitucional de 1994 como la ley, cumplieron parcialmente las necesidades para las cuales fueron legisladas. Se añade que cumplieron en su momento con sus planteamientos, pero que a catorce años de su creación la realidad de nuestro país es otra y que los escenarios en el ámbito de la seguridad pública son otros.
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversos artículos de la Constitución para incorporar el sistema penal acusatorio. En ese contexto, se reforma nuevamente el artículo 21 de la Carta Magna. En su noveno párrafo se cambia nuevamente de concepción doctrinal respecto a la seguridad pública; textualmente dicho párrafo dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. Agrega que la actuación de la policía se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
En ese contexto, se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la exposición de motivos de la iniciativa que propone su expedición, el Titular del Ejecutivo señala que esta iniciativa, como instrumento jurídico derivado de esa reforma constitucional (2008) tiende a perfeccionar aquellos que, derivados de la reforma de 1994, han sido rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación. Es importante destacar que la iniciativa señala puntualmente que la ley que se pretende derogar tuvo poco éxito, debido al escaso interés de fortalecer las instituciones policiales.
El 4 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal Preventiva, que establecía que era reglamentaria del artículo 21 constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de la Federación y que su objeto era regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva.
En el aspecto operativo, se buscó que la Policía Federal Preventiva fuera el modelo a seguir en cuanto a la organización y gestión de todas las policías del país. A pesar de los intentos que se realizaron para lograr un servicio policial de carrera, no hubo éxito.
En un proceso paralelo, en los Estados y el entonces Distrito Federal, atendiendo el mandato de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se crearon leyes de seguridad pública locales cuyo principal objetivo fue la organización de los propios sistemas estatales de seguridad pública. Aspectos como las reglas de ingreso, asignación de grados, promociones, ascensos, capacitación, desarrollo y baja de sus integrantes fueron relegados a reglamentos. Lamentablemente en la gran mayoría de las policías estatales y municipales, siguieron recurriendo a las viciadas prácticas de lealtad, mérito calificado únicamente por los jefes y prebendas.
PROPUESTA DE ACCIÓN NACIONAL
Es necesario modificar los modelos de policía actuales para que la sociedad recupere la confianza en ellos. Por ello consideramos oportuno y adecuado relanzar nuestra propuesta de construir un mando mixto policial, cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiariedad.
De acuerdo con los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, subsidiariedad es complementariedad y ayuda escalonada de una comunidad superior a los individuos y comunidades menores. La comunidad debe ayudar más ahí donde hay más necesidad y por la otra, no debe suplantar o sustituir a la libre iniciativa de los particulares o de grupos, sino garantizar su funcionamiento. La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite.
En ese tenor, las y los Senadores del Partido Acción Nacional partimos de tres hipótesis principales:
1) Combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales es un problema complejo que requiere soluciones integrales. No se ha demostrado que el mando único sea un remedio infalible contra la infiltración del crimen. Tampoco lo es la concentración de funciones en el orden de gobierno estatal;
2) Mantener a las fuerzas policiales federales, estatales y municipales, siempre que cumplan con los parámetros mínimos indispensables para el desempeño de su labor. Mantener policías locales sólidas es deseable, porque garantiza la seguridad y confianza de la ciudadanía y, contribuye a formar policías con vínculos dentro de la comunidad que protegen; y,
3) Para combatir con eficacia la delincuencia es necesario reconocer todos sus ángulos. No todos los delitos pueden, ni deben, ser combatidos con policías paramilitares ni con militares en funciones de policía. Es necesario ponderar los perfiles policiales requeridos en para enfrentar a los distintos tipos de delitos que ocurren en el país.
Con base en estas hipótesis, proponemos ocho ejes que sustentan nuestro modelo policial:
1. Preservar a las corporaciones policiales municipales. Preservar las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento.
2. Crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública. Este órgano se encargará de reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno. También:
a. Regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual reglamentará la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Establecido este sistema nacional, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en él.
b. Estará encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.
c. Estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación ciudadana.
3. Diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno. Se implementarán esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de seguridad pública de una entidad o de un municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.
4. Crear modelos de control interno y externo. Los controles internos se centrarán en el cumplimiento de los principios de legalidad, disciplina y ética, mientras que los externos vigilarán el desempeño e interacción con la ciudadanía con alianzas y participación de la sociedad civil organizada.
5. Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Su objetivo será, auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales, a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local.
6. Establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad y procuración de justicia. Se busca la homologación del régimen laboral y de seguridad social para todo el personal civil de las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia. Igualmente, se establecerá la portabilidad de rango, antigüedad y prestaciones, entre el personal de seguridad y procuración de justicia de municipios, estados y federación. Se faculta al Congreso de la Unión para determinar la o las instituciones de seguridad social para el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, consolidando un régimen complementario al de derechos de los trabajadores del estado. Se establecerá, además, una nueva legislación que conozca y atienda las problemáticas sociales, económicas, familiares y de salud particulares del personal dedicado a tareas de seguridad y de sus familias.
7. Establecer contrapesos institucionales. En vista de que la amenaza de retirar subsidios federales, no ha constituido un incentivo eficiente para dirigir el uso de recursos hacia la mejora de las corporaciones policiacas en el orden estatal y municipal, nuestra reforma propone facultar al Instituto Nacional de Seguridad Pública para determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal. Este órgano será garante del destino exclusivo de dichos recursos para tales fines. Asimismo, estará facultado para llevar a cabo evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.
8. Regular la certificación de distintos perfiles de agentes en un mismo orden de gobierno. Más allá de una distinción entre mandos por órdenes de gobierno, cualquier modelo policial debe comprender un catálogo de perfiles de corporaciones y elementos policiales ad hoc: sus necesidades operativas y formativas, así como su movilidad. El Servicio Nacional de Carrera Policial tendrá la facultad de establecer distintos perfiles de agentes de seguridad pública con base en los requerimientos de formación y certificación establecidos por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.
Ya referimos los ocho ejes de nuestro modelo policial. A continuación explicaremos las propuestas concretas que integran esta iniciativa.
La iniciativa que sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, propone modificar los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se propone una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se constituirá por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno.
Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la ley de la materia.
El Instituto Nacional de Seguridad Pública será el órgano encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria. Para ello, dicho Instituto regulará, a través de sus reglamentos, los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a dichas bases de datos. En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional será responsable de mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.
El Instituto Nacional de Seguridad Pública tendrá como una de sus encomiendas principales la regulación y gestión del Servicio Nacional de Carrera Policial. Este Servicio será el encargado de la reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. La operación y desarrollo de dichas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. De este modo, este sistema garantizará que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado por él.
Se faculta al Instituto para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias. Para ese efecto, se utilizarán mecanismos de participación ciudadana como medio de acercamiento entre la ciudadanía y la función estatal de seguridad pública. De igual modo, bajo esta premisa, se propone la participación de la comunidad en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, como medio democrático de control de dichas instituciones.
Asimismo, se propone garantizar en el texto constitucional una distribución equitativa, eficiente y eficaz de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, para las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Se propone que el Instituto Nacional de Seguridad Pública sea el órgano del Estado encargado de determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos, como también para llevar a cabo las evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.
Para ser designado consejero del Instituto se requiere: ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con, por lo menos, 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. Se estima que la pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública debe ser observada. De igual modo, que los aspirantes no deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo señalado, a fin de garantizar una mayor objetividad, imparcialidad y profesionalización en el ejercicio de su encomienda. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Además, los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta. Si el segundo nombramiento es objetado nuevamente por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.
Con el establecimiento de este Instituto Nacional, se añade en los artículos transitorios de esta iniciativa que los actuales Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en términos de lo establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, a fin de que su patrimonio y recursos pasen a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.
En términos de la autonomía municipal y del pacto federal, es necesario afinar los elementos con que cuenta el Estado para poder hacer frente a las más variadas crisis y emergencias en materia de seguridad pública, sin romper con la normalidad constitucional. Es por ello, que se propone un conjunto de medidas complementarias, graduales y subsidiarias para poder intervenir en una institución de seguridad pública desde las primeras señales de problemas de gestión, hasta en las grandes crisis de corrupción o abusos policiacos o penitenciarios.
La reforma establece las bases para el ejercicio de la función de seguridad pública, sujeta a las capacidades de las instituciones municipales, estatales o federales para efectivamente llevar a cabo dicha función, así como para justificar la existencia de una institución de seguridad pública o administración penitenciaria de cualquier orden de gobierno. Se prevé el mecanismo para la coordinación interinstitucional, los mecanismos de intervención para la evaluación y fortalecimiento de capacidades y su acreditación. Del mismo modo, se faculta al Instituto Nacional de Seguridad Pública para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución, ya sea su absorción por otra, la subrogación temporal del servicio de seguridad pública en otra institución, así como los procedimientos para determinar el destino de sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.
La iniciativa plantea los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de patrones sistemáticos de corrupción para justificar la disolución de una institución de seguridad pública o de administración penitenciaria, a fin de cortar de tajo el problema y evitar la perpetuación de estados de cosas inconstitucionales o riesgosos para el pleno goce y garantía de los derechos humanos de la población en general.
El destino del patrimonio y personal de una institución en proceso de subrogación o disolución se remite al cumplimiento de requisitos, así como a la capacidad y necesidad de la institución que interviene en la localidad, a fin de dar garantías de continuidad y consolidación del estado de cosas resultante.
Se propone que en los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.
También se contemplan los mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución de una institución de seguridad pública o de administración penitenciaria. En los casos de instituciones municipales y locales la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad Pública será de los Congresos de las entidades federativas, mientras que la intervención de la Federación en una entidad federativa, o la disolución de una institución federal, corresponderá ratificarlas al Senado de la República.
Un problema que afecta a todos los niveles la implementación del nuevo sistema de justicia penal y su relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el de los servicios periciales y de ciencias forenses. A lo largo y ancho del país existen laboratorios y expertos, pero la calidad, confiabilidad y pericia de sus expertos es variada y responde a las realidades culturales e institucionales de cada entidad federativa.
Como una respuesta al problema de la diversa calidad y relativa confiabilidad de todos y cada uno de los laboratorios y unidades de servicios periciales del país, es que se propone la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargue de satisfacer las necesidades de servicios periciales, ciencias forenses y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos del país.
A través de mecanismos de certificación de unidades, expertos y procedimientos, el Instituto será el encargado de garantizar la calidad, confiabilidad y certeza de los dictámenes que nutran al sistema de justicia y de protección a los derechos humanos mexicano.
Se faculta al Congreso de la Unión para establecer, además de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos, así como las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad pública del país. Como consecuencia del esfuerzo de homologación de capacidades y perfiles del personal de dichas instituciones, es necesario que la ley que regule a nivel nacional la materia de seguridad pública, establezca también los requisitos organizacionales y procedimientos mínimos para la adecuada prestación del servicio de seguridad pública.
Se establecen los criterios y supuestos para la evaluación e intervención en las instituciones, quedando salvaguardado el Estado de Derecho y la normalidad constitucional en los casos de intervención necesaria dentro de un orden de gobierno por otro.
Aunque la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 es muy clara en establecer para los policías, ministerios públicos y peritos, derechos de seguridad social complementarios, es decir, superiores a los reconocidos en el Apartado B a todos los trabajadores del Estado, en la práctica, las condiciones de los policías a nivel nacional es insuficiente en términos del respeto a sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social más básicos: malos salarios, discrecionalidad en el ascenso y en la permanencia en las instituciones; corrupción al interior de las instituciones; una cultura paupérrima de respeto a las condiciones mínimas de trabajo; falta de regularidad salarial y los castigos corporales y económicos parecen una constante en toda la República y en todos los niveles de gobierno.
La percepción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, sobre todo a nivel estatal y municipal, es de incertidumbre por sus derechos humanos, laborales y de seguridad social. La transición en muchos estados hacia un mando único ha buscado crear incentivos laborales complementarios, aunque en muchos casos, sólo ha sido meramente superficial, pues los policías tienen aún graves conflictos laborales con las instituciones municipales o estatales.
En términos de los compromisos internacionales de nuestro país, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, su Protocolo, y las Convenciones Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, es menester que el Estado mexicano reconozca explícitamente derechos y sus garantías al personal de las instituciones de seguridad a nivel nacional. Condiciones laborales mínimas, prestaciones laborales y de seguridad social, contempladas en dichos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es fundamental para extender la normalidad constitucional y convencional al régimen sui generis que en materia administrativo/laboral rige en las instituciones de seguridad.
Por esta razón, se propone establecer un nuevo Apartado C del Artículo 123 Constitucional, en el cual se sistematice y establezca de manera explícita el catálogo de derechos y obligaciones laborales y prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos del personal de las instancias de seguridad del Estado Mexicano, mismo que deberá ser desarrollado en la ley y que mínimamente deberá contener:
1. El desarrollo de sistemas nacionales de carrera para policías, ministerios públicos, peritos y personal penitenciario que sean los responsables de realizar el reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas, a fin de separar de las responsabilidades operativas del día a día de las instituciones de seguridad pública el cúmulo de responsabilidades en materia de recursos humanos, homologando criterios, estándares y capacidades.
2. Un régimen diferenciado y gradual en términos de la permanencia en una institución de seguridad pública, cuidando la solidez del sistema en términos de confianza y cumplimiento de requisitos en ley, así como acotando los supuestos de no reinstalación a procesos de responsabilidad para promover la estabilidad laboral y el desarrollo de un robusto sistema nacional de carrera.
3. Establecer dentro de la relación jurídica especial que existe entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad, garantías de tipo laboral mínimas, tales como jornada máxima, prestaciones mínimas, un tabulador homologado a nivel nacional, y los estímulos y recompensas desde la propia ley, a fin de acotar al máximo la discrecionalidad y arbitrariedad de mandos para reconocer y respetar estándares laborales mínimos en todo el país para todos y cada uno de los miembros de estas instituciones.
4. Ampliar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones de seguridad, no sólo a exámenes de control de confianza, sino también a la acreditación de conocimientos, competencias y habilidades
5. Delinear la formalización de un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre los integrantes de las instituciones civiles de seguridad, así como entre distintos servicios nacionales de carrera, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de derechos del personal adscrito a estas instituciones.
6. Establecer en la ley la o las instituciones de seguridad social que atenderá o atenderán las necesidades en la materia del personal civil de las instancias de seguridad nacional, seguridad pública, administración penitenciaria y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.
7. La ley deberá establecer los mecanismos de protección de las condiciones mínimas de trabajo y derechos del personal de las instituciones de seguridad, verifique el cumplimiento de sus obligaciones, y se establecerá una jurisdicción especializada para atender los conflictos entre el personal de instituciones de seguridad y dichas instituciones, así como los medios de impugnación efectiva en contra de sus determinaciones.
8. En términos de la propuesta de adiciones al artículo 21 constitucional, se establece continuidad y salvaguarda de derechos laborales de policías acreditados en instituciones en vías de subrogación o disolución.
Artículo 21.-…
“Artículo 21.-…
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, la ejecución de las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La participación de los órdenes de gobierno federal en funciones de seguridad pública estatal o municipal, y estatal en funciones de seguridad pública municipal, será temporal y se sujetará en todo momento al principio de subsidiariedad. El funcionamiento y, en su caso, la existencia de las instituciones de seguridad pública estará condicionada al cumplimiento de estándares y capacidades establecidas por la ley de conformidad con las siguientes bases:
I. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. El Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes condiciones mínimas:
a) El Instituto Nacional de Seguridad Pública reglamentará, supervisará y evaluará el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno, y promoverá la generación de capacidades institucionales. Asimismo, regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial.
b) La reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública será establecida por el Servicio Nacional de Carrera Policial de acuerdo a lo establecido en la ley. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) El Instituto Nacional será el encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria; reglamentará los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las mismas. Asimismo, será responsable de mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.
d) El Instituto Nacional estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación y consulta ciudadana.
e) Se garantizará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
f) Los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. El Instituto Nacional determinará las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos y llevará a cabo evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación.
II. Para fortalecer y consolidar el desarrollo integral de capacidades institucionales, la eficacia en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, y la sustitución y colaboración subsidiaria entre órdenes de gobierno, el instituto gestionará, en los términos de esta Constitución y las leyes respectivas, los siguientes mecanismos de intervención:
a) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Instituto Nacional podrá emitir observaciones y recomendaciones para la corrección o mejora de capacidades y procesos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.
b) Cuando la institución evaluada o auditada incumpla las recomendaciones y observaciones mencionadas en el inciso anterior, el Instituto Nacional podrá designar un interventor encargado de supervisar la implementación de las medidas correctivas. El Instituto podrá, en su caso, determinar la interdicción de la corporación o un área de ella cuando incumpla de manera reiterada las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La interdicción consistirá en la remoción de mandos, así como en la reestructuración organizacional y de procedimientos. La ley establecerá las bases y reglas para la ejecución de esta competencia.
c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la subrogación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública, por incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la prestación de dicho servicio, ante el Instituto Nacional, al que deberá acreditar la causa de la solicitud. El Instituto determinará la pertinencia de la solicitud, las condiciones de coordinación subsidiaria, las responsabilidades de los órdenes de gobierno y la temporalidad de la subrogación. El Instituto podrá ejercer de oficio esta competencia, con independencia de la facultad de los congresos de los Estados prevista en el inciso d) de la fracción II del artículo 115 de esta Constitución.
d) A solicitud del titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno o de oficio, el Instituto Nacional podrá iniciar el procedimiento de disolución de una corporación de seguridad pública por patrones sistemáticos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos determinadas por autoridad competente. En el caso de disolución de una corporación a nivel municipal, la legislatura del Estado de que se trate deberá confirmar esta decisión. Tratándose de la disolución de una corporación estatal, y la Federación deba asumir funciones de seguridad pública local, será el Senado de la República quien deba confirmar la resolución del Instituto Nacional. La determinación de disolución de una corporación federal deberá ser aprobada igualmente por el Senado. La ley regulará los supuestos, funciones y procedimientos de esta facultad.
El personal que cumpla con los requisitos de permanencia, asi como el patrimonio de una institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de disolución, se integrará a la institución de seguridad pública que asuma las funciones en la localidad afectada.
e) En los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantendrá a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública. La ley establecerá las reglas y mecanismos para, en su caso, la retención o descuento en las participaciones respectivas.
III. El Instituto Nacional de Seguridad Pública contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será determinado en la ley. Con independencia de las facultades expresamente establecidas en esta Constitución, el Instituto Nacional no tendrá funciones operativas.
El Instituto Nacional se integrará por cinco consejeros que durarán en su encargo siete años con posibilidad de reelección. Cada tres años, el consejo del Instituto elegirá de entre sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Para ser designado consejero, los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con por lo menos 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. La pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública deberá ser observada. No deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación.
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación.
Los consejeros se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o privados, con excepción de los académicos.
IV. La Ley establecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como el órgano que tendrá a su cargo auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local. Este Instituto será un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y se regirá por los principios de independencia, ética, objetividad e imparcialidad sobre la base de los conocimientos científicos.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses será presidido por un profesional titulado en alguna de las ciencias objeto de la materia de este instituto. Deberá tener experiencia y reconocido prestigio durante al menos diez años anteriores a su nombramiento. Durará en su encargo 7 años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
I a XXII. …
XXIV a XXXI….
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sistema nacional de carrera policial, así como a las instituciones de seguridad pública en materia federal;
II a XIII…
XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública establecido en el artículo 21 de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá? expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
C. Entre el Estado y las instituciones siguientes:
I. Los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI del apartado B del este artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones;
II. Los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones civiles de policía se ajustarán a las bases siguientes:
a. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, ministerial, pericial y de administración penitenciaria, mismos que serán los responsables del reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas.
b. El personal de instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración penitenciaria de la federación, las entidades federativas y los municipios, podrán:
I. Causar baja de la institución de seguridad o ser puesto a disposición del sistema por pérdida de confianza, a juicio de la autoridad política que ostente el mando de la institución;
II. Ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos previstos en la ley para permanecer en dichas instituciones;
III. Ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, en cuyo caso no procederá su reinstalación.
c. La ley establecerá las condiciones de las relaciones entre el Estado y el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de naturaleza civil. La ley deberá establecer la jornada laboral, el tabulador salarial nacional, las prestaciones laborales, los estímulos y recompensas.
d. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia se someterá a la acreditación de los respectivos exámenes de control de confianza, así como a las pruebas de conocimientos, habilidades y capacidades que determine la ley.
e. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la adscripción y transferencia del personal civil y sus mandos entre las instituciones de seguridad, salvaguardando su antigüedad, rango y demás prestaciones.
f. La ley determinará las instituciones de seguridad social que atenderán las prestaciones del personal civil sujeto a este Apartado y de sus dependientes económicos a nivel nacional.
g. La ley establecerá las reglas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la protección de sus derechos y condiciones de trabajo, así como para la resolución de los conflictos que surjan entre las instituciones a las que se refiere este apartado y su personal. Para tal efecto, la ley establecerá tribunales especializados, así como los medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones.
III. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes.
Por las razones antes expuestas, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la siguiente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ÚNICO. Se reforma el párrafo nueve, y adicionan las Bases I, II y III del Artículo 21; se reforma la fracción XXIII del Artículo 73; se adiciona la fracción XIV y recorre la numeración del Artículo 76; y se reforma la fracción XIII del Apartado B y adiciona un Apartado C al Artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El personal que cumpla con los requisitos de permanencia, así como el patrimonio de una institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de disolución, se integrará a la institución de seguridad pública que asuma las funciones en la localidad afectada.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá:
a) Realizar las adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública relativas a los artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, establecer el Instituto Nacional de Seguridad Pública y reglamentar sus facultades en los términos del mismo artículo.
b) Expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y las adecuaciones normativas para su funcionamiento.
c) Expedir la ley reglamentaria del Apartado C del Artículo 123 Constitucional en materia de condiciones laborales y seguridad social del personal ministerial, pericial, policial y de administración penitenciaria a nivel nacional, así como la ley orgánica de la institución de seguridad social para servidores públicos de seguridad a nivel nacional.
TERCERO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en términos de los establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto. Su patrimonio y recursos pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.
CUARTO.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal se constituirá a los 30 días de entrada en vigor de la presente reforma.
QUINTO.- La reinstalación del personal de instituciones de seguridad pública en ningún momento o circunstancia tendrá carácter retroactivo a la entrada en vigor de esta reforma. La posible reinstalación estará sujeta a la acreditación de los exámenes de competencia y confianza que establezca la ley para el primer ingreso a una corporación de seguridad pública.
SEXTO.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán solicitar, de acuerdo a lo que establezca la Ley General derivada de esta reforma, la intervención del Instituto Nacional de Seguridad Pública para sujetarse voluntariamente a los esquemas de subrogación y disolución de sus corporaciones de seguridad pública.
SÉPTIMO. Las corporaciones de seguridad pública que no hayan sido objeto de intervención o subrogación voluntaria se someterán a una evaluación de capacidades que aplicará el Instituto Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley de la materia. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo dentro del plazo de un año.
OCTAVO. Derivado de las evaluaciones realizadas, el Instituto Nacional determinará si las corporaciones de seguridad pública podrán permanecer en sus términos, o bien, si éstas deberán ser intervenidas, interdictadas, subrogadas o disueltas. A partir del ejercicio de su facultad de interdicción, el Instituto Nacional de Seguridad Pública podrá determinar la remoción y cambio de mandos de las distintas corporaciones de seguridad pública.
NOVENO. La Federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán los fondos y recursos necesarios para la implementación del presente decreto, para lo cual realizarán de forma inmediata los ajustes y previsiones presupuestales a efecto del cumplimiento de sus obligaciones.
DÉCIMO. Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de procuración de justicia en materia de servicios periciales y ciencias forenses pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A 11 DE OCTUBRE DE 2018