Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00110-de-agosto-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_fd0c02d8ce164476bcb81fa413863dfb&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-26 08:09:10
Document Index: 289950278

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 179', 'artículo 179', 'artículo 17', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 11', 'artículo 252', 'artículo 17', 'artículo 250', 'artículo 179', 'artículo 176', 'artículo 179', 'artículo 106', 'artículo 13', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 270', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 250', 'artículo 252', 'artículo 17', 'artículo 188', 'artículo 250', 'artículo 188', 'artículo 250', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 110', 'artículo 29', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 2015-00110 DE AGOSTO 1 DE 2018
SENTENCIA 2015-00110 DE 01 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:NO SE VULNERA EL DEBIDO PROCESO CUANDO SE DECIDE BASADO EN LA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL MAYORITARIA DE UNA SECCIÓN DEJANDO A UN LADO UNA TESIS CONTRARIA QUE ES AISLADA. EL RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS QUE DECRETEN LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE UN CONGRESISTA. SU FINALIDAD ES INVALIDAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA PROVIDENCIA Y QUE SE DENIEGUE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA. ASÍ, AL DECIDIRSE EL RECURSO DE APELACIÓN DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, EL APELANTE ADUJO QUE SE TRANSGREDIÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PORQUE LA PROVIDENCIA VULNERÓ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PORQUE NO APLICÓ LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL QUE ESTABA VIGENTE PARA EL DÍA DE LAS ELECCIONES, QUE ERA VINCULANTE PARA LA CORPORACIÓN Y EN AQUELLA SE SOSTENÍA DE ACUERDO CON LOS HECHOS QUE NO SE CONFIGURABA LA INHABILIDAD IMPUTADA. EN ESTE SENTIDO, ESTABLECE LA SALA QUE SE CONCLUYÓ QUE SÍ HABÍA PRONUNCIAMIENTOS EXPRESOS POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO QUE CALIFICABAN LA CONDUCTA O EL HECHO REPROCHADO COMO CONSTITUTIVA DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADESES DECIR, DECIDIÓ CON BASE EN UNA SUB REGLA JURÍDICA DE FORZOSO ACATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PLANTEADA POR EL ÓRGANO DE CIERRE TANTO DE LOS PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES CUANDO RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, SIN QUE EN SUS DECISIONES DEBA ESTAR VINCULADA A LA INTERPRETACIÓN QUE HACE UNA SECCIÓN SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO. POR TANTO, NO ES CIERTO QUE EL FALLO RECURRIDO ACOGIÓ LA INTERPRETACIÓN MENOS MÁS FAVORABLE, COMO LO ADUCE EL CARGO, PUES LA SENTENCIA ARGUMENTA QUE LA TESIS ADOPTADA CORRESPONDE A LA EXPUESTA EN REITERADAS OCASIONES POR SALA PLENA DESDE HACÍA VARIOS AÑOSPOR ESTA RAZÓN, CONCLUYE QUE NO ES VINCULANTE LA POSICIÓN AISLADA QUE SOBRE EL MISMO TEMA EXPUSO LA SECCIÓN EN ALGÚN MOMENTO, QUE ADEMÁS NO FUE PACÍFICA AL INTERIOR DE ESTA SECCIÓN. ASÍ, SE REITERA LA REGLA CONSISTENTE EN QUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ORDINAL 5.º DEL ARTÍCULO 179 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, TODO ASPIRANTE A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA POSTULARSE Y SER ELEGIDO COMO TAL SI TIENE VÍNCULOS POR MATRIMONIO, O UNIÓN PERMANENTE, O DE PARENTESCO EN TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMERO DE AFINIDAD, O ÚNICO CIVIL, YA SEA CON PERSONAS QUE EJERZAN AUTORIDAD CIVIL O POLÍTICA EN UNA ENTIDAD DEL ORDEN DEPARTAMENTAL POR EL CUAL SE SURTE LA ELECCIÓN, O CON AQUELLAS QUE EJERZAN ESTA MISMA AUTORIDAD EN UNA ENTIDAD DEL ORDEN MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO HAGA PARTE DEL DEPARTAMENTO POR EL CUAL ASPIRA A SER CONGRESISTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, INHABILIDADES DEL CONGRESISTA, RECURSO EXTRAORDINARIO, VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA, PÉRDIDA DE INVESTIDURA, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, REGLAS DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
Sentencia 2015-00110 de agosto 1 de 2018
Radicación: 11001-03-15-000-2015-00110-00(REV-PI)
Como sustento fáctico adujo que en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes que se llevaron a cabo el 14 de marzo de 2010 el señor García Guerrero aspiró a una curul como parlamentario del Partido de Integración Nacional, PIN, para la circunscripción territorial del departamento de Magdalena y fue electo como Representante a la Cámara para el período 2010-2014. Afirmó que para la fecha de la citada a elección el señor padre del congresista se desempeñaba como alcalde del municipio de Fundación, Magdalena.
La sentencia se fundamentó en que se demostraron los presupuestos de la inhabilidad prevista en el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia, necesarios y suficientes para que se configure la causal de pérdida de investidura invocada.
La Sala Plena no aceptó el argumento de defensa según el cual, la circunscripción electoral no es sinónimo de circunscripción territorial como división política y que la coincidencia parcial geográfica de ambas no debe entenderse comprendida dentro de la inhabilidad constitucional según tesis esbozada en algún momento por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Sostuvo la corporación que si el municipio está incluido en el departamento que conforma la circunscripción electoral, este hace parte de la misma circunscripción territorial y por ello se configura la causal de inhabilidad. Para el efecto ratificó precedentes sobre la materia, proferidos por la plenaria de la corporación.
El recurso se sustentó en las causales de los literales a) y b) del artículo 17 de la Ley 144 de 1994 y en el ordinal 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, CCA(4), con los siguientes argumentos:
iii) Causal contemplada en el ordinal 6º del artículo 188 del CCA. Señaló que la providencia carece completamente de motivación, toda vez que no se pronunció sobre algunos argumentos de defensa expuestos en la contestación y centró su análisis en la responsabilidad objetiva. Con ello omitió el análisis subjetivo de la conducta. Este argumento también fue esbozado como sustento de la primera causal.
El recurso extraordinario especial de revisión fue admitido por medio de auto del 20 de mayo de 2016(8), en el que se determinó que su trámite se guiaría por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA. No hubo pronunciamiento alguno por parte de los sujetos procesales que fueron notificados(9).
La Sala Plena del Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso, según lo previsto en el ordinal 7º del artículo 11 del CPACA(13).
Dado do(sic) su carácter excepcional frente al principio de cosa juzgada, la procedencia del recurso se encuentra condicionada por los siguientes requisitos: i) De tiempo. Ha de presentarse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia; ii) De forma. El escrito debe cumplir con los parámetros contemplados en el artículo 252 del CPACA; y iii) De fondo. Al recurrente le corresponde demostrar la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 y artículo 250 de CPACA(14).
Los dos primeros requisitos fueron analizados al momento de admitirse el recurso extraordinario(15), por lo tanto, procede la Sala a estudiar las causales invocadas.
Con el fin de resolver el recurso la Sala Plan abordará la siguiente temática: (i) Debido proceso; (ii) Derecho de defensa; (iii) Causales de nulidad de la sentencia y violación al debido proceso; y (iv) Precisión final: Sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional.
Previo a ello, la corporación recuerda que conforme a la naturaleza del recurso extraordinario especial de revisión este mecanismo no puede ser utilizado para reabrir el debate objeto del proceso ordinario, ni para controvertir o mejorar los argumentos expuestos en contra de la sentencia recurrida, comoquiera que no es una instancia adicional(16). En efecto, Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado que “(...) no se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez (...)”(17).
a) Desconocimiento del precedente. Arguyó que se le debió aplicar la línea jurisprudencial de la Sección Quinta del Consejo de Estado(20), que interpretó el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia en el sentido que la circunscripción electoral no es sinónimo de la territorial, y por lo tanto no incurrió en la causal de inhabilidad establecida en la Constitución. Esto porque su padre era alcalde en una circunscripción territorial municipal que no es concurrente ni comparable con la circunscripción electoral del Representante a la Cámara (departamental), consagrada en la norma inhabilitante.
“(...) la Sala Plena de esta corporación, ha sido enfática en señalar que de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política la Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales; y que para la elección de Representantes a la Cámara cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial, de donde ha concluido que los municipios que integran un departamento hacen parte de la misma circunscripción territorial y, por ello está inhabilitado para inscribirse como Representante a la Cámara quien tenga vínculos por matrimonio, unión permanente, o parentesco, en los términos señalados por la ley, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política en municipios del mismo departamento por el cual se inscribe (Sent. mayo 28/2002 - Expedientes núms. (sic) PI-033 y PI-034, C.P. Jesús María Lemos Bustamante).
Esta postura también fue recogida y ratificada en sentencia de 15 de febrero de 2011 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que ahora se prohija (sic) (...).
De lo que ha quedado reseñado se concluye que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que es la competente para dirimir las controversias relativas a la pérdida de investidura de congresistas, dejó plasmada su postura con antelación a la fecha en que se llevaron a cabo las elecciones en las que resultó elegido el congresista demandado por la circunscripción territorial del Magdalena, esto es, el 14 de marzo de 2010, circunstancia que enerva los argumentos de la parte demandada, en el sentido de que de manera abrupta la corporación cambió de criterio frente a la causal en estudio y de contera que se vulneraron los derechos a la igualdad, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica, al debido proceso, al ejercicio de los derechos políticos y de acceso a los cargos de elección popular que se invocan en la contestación de la demanda (...)”.
La Sala Plena enfatizó que la Sección Quinta tenía dos posturas divergentes frente a la inhabilidad consagrada en el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución Política: una de ellas la que esboza el señor García Guerrero, mediante la cual se sostiene que las circunscripciones electorales departamental y municipal no son coincidentes(22) y por tanto no se configura inhabilidad; la otra tesis sustenta que los hechos imputados al recurrente sí la estructuran(23). Esta última posición concuerda con la que tenía la Sala Plena desde el año 2002(24), que además fue reiterada por la plenaria tanto en la sentencia objeto de recurso, como en providencia del año 2012 con la cual decidió la demanda de nulidad electoral contra el hoy impugnante y anuló su elección como Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena(25).
En decir, la Sala Plena actuó dentro de los límites del respeto de su propio precedente judicial en el proceso de pérdida de investidura objeto de este recurso y explicó claramente la razón por la cual no aplicaba la posición aislada de la Sección Quinta, que avalaba la tesis contraria. Es decir, decidió con base en una subregla jurídica de forzoso acatamiento y cumplimiento planteada por el órgano de cierre tanto de los procesos de pérdida de investidura, como de los procesos electorales cuando resuelve el recurso extraordinario de revisión, sin que en sus decisiones deba estar vinculada a la interpretación que hace una sección sobre un mismo punto de derecho(26).
“(...) si bien es cierto que para el 14 de marzo de 2010, fecha en la cual se realizaron las elecciones, el padre del demandado estaba en uso de sus vacaciones, que fueron concedidas mediante Resolución 41 de 22 de febrero de 2010, entre el 23 de febrero y el 15 de marzo de ese año, no lo es menos que de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, si la falta es temporal, con excepción de la suspensión, el alcalde “encargará de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el secretario de gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios. El... encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático”.
De lo anterior, forzoso es concluir que en las faltas temporales, con la excepción ya anotada, el alcalde mantiene las facultades que la Constitución y la ley le otorgan, por lo que tampoco resulta de recibo este argumento que adujo el demandado en su defensa (...)”.
En relación con este aspecto, la Sala Plena recuerda que el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, se analiza desde dos perspectivas: (i) la formal o ante la ley(28) y (ii) la material o de trato(29). Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la igualdad, bien sea en su modalidad formal o material, es necesario precisar si ante situaciones iguales se otorga un trato diferente sin justificación alguna; o por el contrario, si a personas o circunstancias distintas se les brinda un trato igual pese a que debe prohijarse uno diferenciado acorde con el mandato constitucional.
Ahora bien, es evidente que el recurrente no indica cuales son las demás personas cuya igualdad de trato predica. No hay referencia del caso o casos en que dentro de un proceso de pérdida de investidura se haya aplicado la inhabilidad consagrada en el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución Política en forma distinta a como se hizo en este proceso. Por el contrario, en la sentencia objeto de reproche se da cuenta de la línea jurisprudencial utilizada de manera uniforme en todos los procesos de pérdida de investidura que habían sido estudiados por la misma causal. Por lo tanto no está acreditado un trato desigual entre iguales.
Ahora bien, pretende el recurrente que se declare un trato desigual porque en procesos de nulidad electoral la Sección Quinta del Consejo de Estado asumió posturas acordes con su planteamiento defensivo, pronunciamientos que ya fueron objeto de cita en esta providencia. Frente a ello debe concluirse que ambos procesos (nulidad electoral y pérdida de investidura), son asuntos de naturaleza disímil, proferidos en contextos argumentativos diferentes y por distintas instancias. La Sección Quinta adoptó esta tesis en diferentes casos de nulidad electoral y mantuvo posiciones divergentes sobre la materia en otros, lo que demuestra que no hubo postura pacífica. Por el contrario, la Sala Plena de la corporación aplicó en este caso el criterio adoptado desde el año 2002, reiterado incluso en procesos posteriores a la decisión objeto de recurso y en aquel que declaró la nulidad de la elección del hoy recurrente(33), sin que se pueda predicar un trato desigual entre iguales.
(ii) Derecho de defensa:
El único aspecto que se relaciona con una indebida valoración probatoria es el que hace alusión a la prueba sobre el periodo de vacaciones del padre del accionado(38) para la fecha de las elecciones. Según el recurrente, este acredita que su padre no ejerció autoridad civil o política en el mismo lapso inhabilitante(39). Sin embargo, es claro que este documento fue tenido en cuenta por la sentencia recurrida —como se transcribió en capítulo anterior—(40), y la corporación refirió que dicha situación administrativa constituye una separación temporal del cargo que no le restó autoridad civil o política al funcionario público al interior de la administración municipal, razón por la cual se configuró la inhabilidad objeto de reproche.
El recurrente afirmó que la sentencia proferida por la Sala Plena dentro del proceso de perdida de investidura está afectada de nulidad (causal contemplada en el ord. 6º del art. 188 del CCA, hoy art. 250 ord. 5º del CPACA). Esta normativa contempla como causal de revisión de las sentencias, la siguiente:
“(...) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (...)”.
La falta de motivación(42) como causal de nulidad alegada dentro del recurso extraordinario de revisión, requiere demostrar que la sentencia presenta un vicio grave o insaneable que afecta su validez. La jurisprudencia de esta corporación(43) así lo ha concretado al concluir que procede “(...) únicamente [por] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión (...)(44). De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (...)” (negrillas fuera de texto).
“(...) Por lo demás, en la búsqueda de precedentes jurisprudenciales que se hizo en el software de gestión de la corporación, en los últimos cuatro años y medio la Sección Quinta no se ha ocupado de la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 179, numeral 5º, constitucional, frente a acciones de nulidad de actos de elección de representantes a la Cámara, argumento este que también descarta la violación del principio de confianza legítima, seguridad jurídica, cuya protección reclaman la parte demandada y el Ministerio Público, además, es evidente que frente a la interpretación del requisito en comento no se han presentado criterios encontrados en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pues, por el contrario, como quedó visto, ha mantenido su postura jurisprudencial (...).
Tales consideraciones, que ahora se prohíjan, resultan aplicables al caso sub examine, teniendo en cuenta que el aquí demandado también consideró que su conducta se ajustó a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado - Sección Quinta; y además, sirven de fundamento para desestimar la solicitud de la agente del Ministerio Público a favor de una aplicación condicionada del criterio actual de la corporación, con base en los principios invocados de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y el principio “pro homine”, los cuales, a juicio de la Sala, no han sido quebrantados, dado que la tesis de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo frente a la inhabilidad analizada está acorde con los mandatos constitucionales y legales que la regulan (...).
Inclusive, no tuvo en cuenta la posición de la Sala Plena en este mismo asunto, que es a quien le corresponde resolver los procesos de pérdida de investidura, en cuyo evento habría encontrado providencias —citadas atrás— que estiman lo contrario al concepto emitido (...)”(46).
Lo anterior porque “(...) el ciudadano —entiéndase toda persona— debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar (...)”(49), y por lo tanto prever en que cualquier discusión sobre su actuar será resuelta con base en el significado viviente del derecho, vigente para la época de la realización del acto(50).
(iv) Sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional.
El apoderado del señor Libardo Enrique García Guerrero, por medio del escrito del 8 de febrero de 2017(51), presentó copia de la sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 2016, por cuanto allí se resolvieron dos casos idénticos al del recurrente. Esto para prohijar que la posición planteada debe ser aplicada en este recurso porque considera que su caso es análogo a los allí resueltos.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado considera indispensable recordar y reiterar en esta providencia con fines de unificación previstos en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011(54) que el criterio sostenido en relación con la inhabilidad prevista en el artículo 179 ordinal 5º de la Constitución Política respecto de los aspirantes a ser representantes a la Cámara es aquel que fue expuesto con ocasión de la declaratoria de nulidad de la elección del hoy recurrente, en providencia del 20 de febrero de 2012, el cual trae a colación in extenso:
“(...) En tratándose de representantes a la Cámara, por circunscripción departamental valga la aclaración, el debate se ha suscitado en torno a si para que se estructure tal inhabilidad es preciso que esa autoridad deba cumplirse en una entidad del ámbito departamental o si también se presenta cuando se desarrolla en un cargo o empleo del ámbito municipal (...).
De otra parte, toda vez que las inhabilidades son prohibiciones que restringen el derecho político a ser elegido, tales inhabilidades deben estar taxativamente consagradas y no existe ninguna norma de rango legal ni constitucional que establezca esta inhabilidad para los representantes a la Cámara, por lo tanto, en el presente caso, no es de recibo la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 de la Carta Político, a la cual nos hemos venido refiriendo”(55).
No obstante los precedentes que sobre este asunto tenía la Sección en su conformación de otrora, es preciso que ahora la Sala Plena, en vista que el presente caso hace parte de los primeros que la Sección Quinta en su conformación actual tiene a su cargo como proceso de nulidad electoral atinente a esa causal, unifique la línea de pensamiento que sobre el tema ha desarrollado vía procesos de pérdida de investidura, en el sentido de acoger una línea de pensamiento que se ajuste más al verdadero sentido y alcance de esta inhabilidad (negrilla fuera de texto).
Con el primero de ellos queda en claro que la inhabilidad en examen, por matrimonio o por parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad se cumple cuando dicha potestad se materializa o desarrolla “... en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”. De suerte que si se trata de un Representante a la Cámara la prohibición de postularse y ser elegido como tal opera tanto si el cónyuge o pariente ejerce autoridad en una entidad del nivel departamental por el cual se surte la elección, como si el ejercicio de autoridad se lleva a cabo en una entidad del nivel municipal, siempre y cuando este último haga parte del departamento por el cual se aspira a ser congresista, pues de esta manera precisamente tiene lugar “en” la circunscripción del departamento que es a la cual corresponde la elección de Representantes a la Cámara (resaltado fuera de texto).
En síntesis, la Sala reitera la regla consistente en que en virtud de lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución Política, todo aspirante a la Cámara de Representantes se encuentra inhabilitado para postularse y ser elegido como tal si tiene vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, ya sea con personas que ejerzan autoridad civil o política en una entidad del orden departamental por el cual se surte la elección, o con aquellas que ejerzan esta misma autoridad en una entidad del orden municipal, siempre y cuando este último haga parte del departamento por el cual aspira a ser congresista.
Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Stella Jeannette Carvajal Basto—Milton Chaves García—Stella Conto Díaz del Castillo—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—William Hernández Gómez—Sandra Lisset Ibarra Vélez—María Adriana Marín—Carlos Enrique Moreno Rubio—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque—Hernando Sánchez Sánchez—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Roberto Augusto Serrato Valdés—Rafael Francisco Suárez Vargas—Gabriel Valbuena Hernández—Marta Nubia Velásquez Rico—Alberto Yepes Barreiro—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(1) Folios 1 a 22 del cuaderno principal del proceso de pérdida de investidura, radicado 2011-00515.
(2) Folios 443 a 513 ibídem.
(3) Folios 74 a 173.
(4) Conforme al auto del 20 de mayo de 2016 (fls. 180 y 181) el recurso fue admitido a la luz de lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, ello no afectó la causal alegada, por cuanto esta se encuentra en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA.
(5) Adujo que esta misma posición la expresaron en el caso concreto tanto el Consejo Nacional Electoral al negar la nulidad de su inscripción como candidato, solicitada por los mismos hechos, y fue compartida por la Procuraduría General de la Nación a través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales.
(6) Como tales menciona algunas sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado, así como los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación durante el trámite de las impugnaciones ante la autoridad electoral
(7) Esta parte de la sustentación del cargo se esbozó en el ordinal 1.8 del recurso, que se refiere a la primera causal, sin embargo, se adosa al cargo segundo por tener relación directa con este.
(8) Folios 180 y 181.
(9) El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Representantes fue enterado de la providencia el 25 de mayo de 2016, por medio del oficio ACCR-50835 (fl. 183); el procurador 1º delegado ante el Consejo de Estado se notificó personalmente el 25 de mayo de 2016, según consta en el acta visible a folio 185 del expediente; y el señor Misael Elías Núñez Ochoa quedó notificado el 16 de junio de 2016 (fl. 197).
(10) Folios 254 a 271.
(11) Folios 272 a 277.
(12) Folio 282.
(13) Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones:
7. Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho (Nota: El texto resaltado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sent. C-450/2015.)
(14) Ver las sentencias de la Sala Plena del Consejo de Estado: i) de fecha 4 de agosto de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00070-00(REV), demandante: Jesús Enrique Vergara Barreto; y ii) de fecha 12 de junio de 2001, radicación 2001-006(REVPI).
(15) Se estableció que fue presentado en tiempo oportuno porque la sentencia objeto del recurso fue proferida el 16 de noviembre de 2011, la cual quedó ejecutoriada el 25 de enero de 2012 y el recurso se formuló el 21 de enero de 2015. Así mismo, se cumplieron los parámetros formales del artículo 252 del CPACA y se sustentó en las causales previstas en el artículo 17 de Ley 144 de 1994, literales a) y b), y la señalada en el artículo 188 ordinal 6º del CCA, hoy comprendida en ordinal 5º del artículo 250 de CPACA.
(16) Sentencias del Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 11 de octubre de 2005, radiación: 11001-03-15-000-2003-00794-01(REVPI).
(17) Sentencia de la Sala Plena del 11 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2003-00794-01 (REVPI), dentro de la cual se citó las siguientes providencias de la misma Sala: del 11 de mayo de 1998, expediente de revisión 93; del 13 de abril de 2004, expediente de revisión 132; y del 1º de junio de 2005, radicado interno 62.
(18) Ver sentencias de la Sala Plena del Consejo de Estado: i) de fecha 12 de febrero de 2002, radicación: REVPI-002; ii) de fecha 27 de enero de 2004, radicación: REVPI-2003-0631; iii) de fecha 26 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-15-000-2008-01027-00 (REVPI) demandante: Iván Díaz Mateus; y iv) de fecha 4 de agosto de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2013-00070-00(REV), demandante: Jesús Enrique Vergara Barreto.
(19) Ver Sentencia C-379 de 2008 de la Corte constitucional.
(20) Enuncia que esta línea está contenida en las siguientes providencias: sentencia del 11 de marzo de 1990, radicado 1847; sentencia del 6 de mayo de 1999, radicación 1845, 1851, 1856, 1857 y 1868 (acumulados); sentencia del 18 de septiembre de 2003, radicación 2889-2907; y sentencia del 23 de febrero de 2007, radicado 1982-3951.
(21) Hoy medios de control.
(22) A ella se hizo referencia en la sentencia de la Sala Plena del 15 de febrero de 2011, que evocó la sentencia de la Sección Quinta: del 18 de septiembre de 2003 Expediente 11001-03-28-000-2002-0007-01 (2889-2907). Actor: Jaime Alberto Alzate Cárdenas y otro. Demandado: Representante a la Cámara por Boyacá. Al respecto también pueden consultarse: 1. Fallo del 6 de mayo de 1999. Expediente: 1845, 1851, 1857 y 1868. Actor: Víctor Julio Gutiérrez Jiménez y otros.
(23) A ella se hizo referencia en la sentencia de la Sala Plena del 15 de febrero de 2011, que evocó las sentencias de la Sección Quinta: del 14 de diciembre de 2001, Exp. 2773, del 24 octubre de 2002, radicado 11001-03-28-000-2002-0014-01(2904); del 20 de enero de 2004 radicado 11001-03-15-000-2003-1024-01 (PI); del 2 de octubre de 2008, radicado 07001-23-31-000-2007-00086-02; del 17 de marzo de 2005, radicado 47001-23-31-000-2004-00014-01 [3505]; del 8 de septiembre de 2005, radicado 18001-23-31-000-2003-00396-02 [3660]; y del 3 de marzo de 2006, radicado 18001-23-31-000-2003-00384-01 [3661].
(24) Sentencias de la Sala Plena del 28 de mayo de 2002, expedientes PI-033 y PI034.
(25) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 20-02-2012 Expediente acumulado 11001032800020100063-00, Radicado 2010-00063 (acumulado con 2010-00067 y 2010-0060), actor: Jorge Eduardo Durán Galindo y otros acción electoral(sic).
(26) Sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 11 de agosto de 2016.
Sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2015 (rad: 11001-03-15-000-2013-00070-00[REV]) y del 6 de febrero de 2018 (rad: 11001-03-15-000-2017-00558-00).
(27) Ver folios 501 a 506 del proceso de pérdida de investidura.
(28) Que hace alusión a que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por ende, deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación. Sentencia T-629 de 2010.
(29) Según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Corte Constitucional. Ibídem.
(31) Consulta realizada en la página webhttp://www.consejodeestado.gov.co/relatoriacde.php, link consulta de jurisprudencia (http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml). Fecha de consulta 14/03/2018.
(32) Sentencias: i) del 28 de mayo de 2002, radicación: 11001-03-15-000-2001-00249-00 y 11001-03-15-000-2001-00262-00 (acumulados PI-033 y PI-034); ii) del 15 de febrero de 2011, radicación: 11001-03-15-000-2010-01055-00(PI); iii) del 21 de agosto de 2012, radicación: 11001-03-15-000-2011-00254-00(PI); iv) del 21 de julio de 2015, radicación 11001-03-15-000-2014-02130-00(PI); y v) del 3 de mayo de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-02058-00(PI).
(33) Sentencia citada Expediente acumulado 11001032800020100063-00. Radicado 2010-00063 (acumulado con 2010-00067 y 2010-0060).
(34) Sentencias de la Corte Constitucional C-025/2009 y C-617 de 1996.
(35) Ver sentencias de la Sala Plena del Consejo de Estado: i) de fecha 26 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-15-000-2008-01027-00 (REVPI), demandante: Iván Díaz Mateus; y ii) de fecha 4 de agosto de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2013-00070-00(REV), demandante: Jesús Enrique Vergara Barreto.
(36) En cuanto a las providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, sí las estudió y valoró - como se indicó en el aparte (ii), a) de esta parte considerativa, frente a lo cual el fallo señaló: (...) Por último, es menester hacer énfasis en que fue la Sección Quinta del Consejo de Estado la que se apartó, en las decisiones a que se hizo mención en la contestación de la demanda, del criterio mayoritario de la Sala Plena (...). Folio 500 del cuaderno principal del proceso de pérdida de investidura.
(37) A folios 503 a 506 ibídem la sentencia indicó lo siguiente: “(...) Aplicadas estas ideas al caso concreto, la Sala advierte enormes diferencias en relación con la teoría de la confianza legítima, pues de entrada se aprecia que no aplica, sencillamente porque los conceptos jurídicos en los que el demandado se apoya para aducir que confiaba en su contenido, y que por eso le produjeron seguridad jurídica y tranquilidad personal, no provienen de esta corporación sino del Consejo Nacional Electoral. Y es sabido que los actos de confianza deben proceder de la entidad de quien se reclama su respeto y observación, lo que no ocurre aquí (...)”.
(38) Alcalde del municipio de Fundación.
(39) Folios 117 y 118 del cuaderno principal del proceso de pérdida de investidura.
(40) Ver folios 508 y 509 ibídem.
(41) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV), demandante: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali.
(42) Los jueces deben motivar las decisiones que adoptan. Con ello se busca garantizar que las providencias estén fundadas en la Constitución y la ley y que las partes puedan conocer las razones que llevaron a que sus pretensiones fueran concedidas, o no. De esta forma los sujetos procesales pueden ejercer su derecho de contradicción y defensa a través de los recursos procedentes.
(43) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de abril de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV).
(44) Causal del artículo 188 del CCA hoy es el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA.
(45) Adujo el accionado lo siguiente: (...) 2.1. Aplicación de los principios de la buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima (...) el doctor García Guerra, al estudiar su posible participación en el proceso electoral del año 2010 como candidato a la Cámara de Representantes, previas consultas de asesores jurídicos y del mismo partido político PIN, lo que encuentra es una línea jurisprudencial reiterada y sólida en virtud de la cual se fija como precedente jurisprudencial la inexistencia de inhabilidad para ser elegido Representante a la Cámara para el departamento de Magdalena en virtud a su parentesco con el doctor Libardo Sucre García Nassar, Alcalde del municipio de Fundación, por no tener la misma circunscripción electoral en los términos señalados (...). De modo tal que, el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado al que nos hemos referido, otorgó a mi mandante la tranquilidad y seguridad jurídica de que su inscripción y elección como Representante a la Cámara por el departamento de Magdalena era legalmente válida (...). No sobra anotar que el Consejo Nacional Electoral, por Resolución 400 de 1º de marzo de 2010, resolvió la solicitud de anulación de inscripción del doctor Libardo Enrique Guerra García y, si bien se inhibió de decidir sobre el asunto particular que ahora nos ocupa por falta de prueba en sus considerandos sobre esa inhabilidad en particular destacó: “De tal suerte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en determinar que la circunscripción del orden departamental no coincide con el municipal, razón por la cual no existe impedimento o inhabilidad a ser elegido Representante a la Cámara a un ciudadano que alguno de sus parientes en el grado de consanguinidad o afinidad que determinar el numeral 5º del artículo 179 superior ejerce un cargo inhabilitaste del orden municipal” (resaltado fuera del texto) (...)”. Resaltado del texto. Folios 124 a 135 del cuaderno principal del proceso de pérdida de investidura.
(46) Folios 501 a 506 ibídem.
(47) En efecto, puede ser analizado desde diversos puntos de vista v. gr., como derecho a que la interpretación jurídica no cambie repentinamente sin razones que la justifiquen, derecho a que el ordenamiento jurídico se mantenga estable y no se varíen las condiciones creadas para la realización de una actividad por las personas, derecho a ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado, derecho a que cualquier cambio de posición o normativa respete derechos adquiridos o expectativas legítimas, y sea debidamente justificada bajo criterios objetivos y proporcionales, etc.
(48) Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional este principio “(...) Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme (...)” (Sent. C-836/2001).
(49) Corte Constitucional Sentencia C-131/2004.
(50) A voces de la Corte Constitucional este principio “(...) propende por la protección de los particulares para que no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa (...)” (Sent. T-472/2009).
(51) Folio 201.
(52) Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-970 de 2012 indicó las condiciones para aplicar un precedente a un caso análogo, y concluyó que debe verificarse: “(...) (i) la existencia de una semejanza entre los hechos relevantes característicos de los dos casos, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada en el caso anterior resulta adecuada para el presente caso, y (iii) si la regla fijada en el pronunciamiento anterior ha cambiado o evolucionado o si por el contrario se mantiene como la doctrina sostenida por esta corporación judicial en la materia (...)”.
(53) Expediente 11001-03-15-000-2017-00558-00, actor Carlos Nery López Carbonó y otro, demandado Issa Eljadue Gutiérrez, recurso extraordinario de revisión de sentencia de pérdida de investidura, de fecha 27 de febrero de 2018.
(54) ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado (...) al decidir los recursos extraordinarios (...).
(55) Fallo del 18 de septiembre de 2003. Proceso electoral 110010328000200200007-01 (2889-2907). Actor: Jaime Alberto Alzate Cárdenas y otro. Demandado: Representante a la Cámara por Boyacá. Al respecto también pueden consultarse: 1. Fallo del 6 de mayo de 1999. Expediente: 1845, 1851, 1857 y 1868. Actor: Víctor Julio Gutiérrez Jiménez y otros. 2.
(56) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 20-02-2012 Expediente acumulado 11001032800020100063-00. Radicado 2010-00063 (acumulado con 2010-00067 y 2010-0060), actor: Jorge Eduardo Durán Galindo y otros Acción Electoral.
1. La sentencia contiene un extenso análisis sobre el precedente judicial para desestimar uno de los cargos formulados contra el fallo de desinvestidura (fundamento jurídico 5.3, lit. a). Al respecto considero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (C.N., art. 230), no es posible trasplantar figuras del common law a un sistema de derecho legislado.
2. En cuanto a la relevancia de la culpabilidad para el estudio de la configuración de las causales de pérdida de investidura, me remito al numeral 2º de la aclaración de voto 11001-03-15-000-2014-03886-00/16.
Como se expuso en los antecedentes, el señor García Guerrero fue elegido Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena en las elecciones para el Congreso de la República correspondientes al periodo 2010-2014. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación decretó la pérdida de investidura del entonces Representante a la Cámara, tras considerar que, efectivamente, se configuraba la inhabilidad alegada en la demanda.
El pleno arribó a dicha decisión dado que el padre del señor García Guerrero fungía como alcalde del municipio de Fundación (Magdalena) para el momento en que se realizaron las elecciones y, a pesar de encontrarse en vacaciones para esa fecha, ejercía autoridad civil y política en la misma circunscripción electoral por la que resultó electo su hijo. La providencia se fundamentó en que se demostraron los presupuestos de la inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución, configurándose la causal de pérdida de investidura invocada, por violación al régimen de inhabilidades.
Esta corporación resolvió declarar infundado el recurso extraordinario especial de revisión instaurado por el apoderado del exparlamentario, tras pronunciarse en relación con cada una de las causales invocadas en el escrito. Con todo, previo al análisis de dichas causales, en el fallo se consignaron unas breves consideraciones relativas a la naturaleza del recurso, respecto de las cuales discrepo. La Sala indicó que “conforme a la naturaleza del recurso extraordinario especial de revisión este mecanismo no puede ser utilizado para reabrir el debate objeto del proceso ordinario, ni para controvertir o mejorar los argumentos expuestos en contra de la sentencia recurrida, comoquiera que no es una instancia adicional(1). En efecto, la Sala Plena del consejo de Estado ha precisado que: ‘(...) no se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada, sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez (...)’”(2).
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la materia en diversas ocasiones y ha señalado, de manera unívoca, que el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, lejos de ser un recurso meramente formal para controvertir la sentencia de única instancia adoptada por el Consejo de Estado en un proceso de pérdida de investidura, permite que en sede de revisión se reabra la controversia inicialmente planteada en el trámite de instancia, cuandoquiera que el mismo haya dado lugar a una decisión violatoria del derecho al debido proceso. Así lo señaló la Corte en la Sentencia SU-858 de 2001(3):
“En general, el recurso extraordinario de revisión no es una vía para que el afectado por una sentencia nuevamente plantee las cuestiones que fueron dilucidadas en el curso del proceso. El ámbito de la revisión está estrictamente demarcado por las causales taxativamente enunciadas en la ley. De manera que, por fuera de esas causales, el afectado no puede pretender la reapertura de controversias ya superadas. No obstante, en el recurso extraordinario especial de revisión que la ley ha previsto para la pérdida de la investidura, la causal de violación del debido proceso claramente permite que en sede de revisión se controviertan los asuntos, que no obstante haber sido planteados durante el trámite de la instancia, comporten una decisión violatoria del debido proceso” (resaltados añadidos).
Considero de la mayor relevancia indicar las razones por las cuales me aparto de esta perspectiva de análisis, esto es, del examen subjetivo de la conducta desplegada por el parlamentario demandado en acción de pérdida de investidura. Lo anterior, sin desconocer que la posición así señalada por el pleno de esta corporación halla su fundamento en el artículo 1º de la Ley 1881 de 2018, a partir del cual, “el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva”, por manera que esta acción pública solo será procedente cuandoquiera que el congresista hubiere incurrido en una de las causales consagradas en la Constitución por “su conducta dolosa o culposa”.
Como se dejó dicho atrás, la Carta Política regula íntegramente el juicio de desinvestidura, de suerte que la ordenación por parte del legislador se lee y entiende conforme el constituyente lo dispuso. En consecuencia, ninguna aceptación puede traer consigo el riesgo de atenuar las exigencias establecidas en el esfuerzo por dignificar la institución congresual para favorecer o beneficiar los intereses individuales de los elegidos. Por ello, como la propia Corte Constitucional lo ha enfatizado, la ley se restringe a “reglamentar y desarrollar los mandatos constitucionales, siendo muy reducido el espacio que tiene (el legislador) para regular temas al margen de la Constitución(9)”.
Algo que tanto el legislador como los jueces no pueden pasar por alto es que, como ya atrás se señaló, el constituyente estableció la acción de pérdida de investidura con el propósito de depurar “la dinámica congresual” y al paso garantizar “la transparencia en la forma de acceso o en la gestión que realicen sus miembros” así como revitalizar la democracia(10). Tuvo en la mira, concretamente, (i) hacer respetar de forma estricta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades; (ii) evitar el conflicto de intereses (art. 183.1); (iii) impedir el abandono de funciones (arts. 183.2 y 183.3); y (iv) conjurar la utilización de la investidura para fines egoístas (C.N., arts. 183.4, 183.5, y 110)(11). En este orden, se propuso:
“[A]segurar que los representantes de la sociedad colombiana accedan al cargo de manera limpia, esto es, respetando el ordenamiento jurídico en su conjunto y que, una vez elegidos, puedan desempeñar su cargo con imparcialidad, libres de presiones o intereses personales que les impidan un correcto desempeño de su cargo. Con esto se aspira a que los congresistas actúen como verdaderos representantes de la voluntad popular y no de intereses egoístas o ajenos al bienestar general”(12) (resaltados añadidos).
Por estas consideraciones y como Ponente me permito proponer un pliego de modificaciones sobre dos aspectos: la culpabilidad en el juicio de pérdida de investidura y el non bis in idem, en relación con los procesos de nulidad electoral donde se juzgan los mismos hechos del proceso de pérdida de investidura.
El segundo cambio que se propone está relacionado con el establecimiento de la cosa juzgada entre los procesos de pérdida de investidura y el de nulidad electoral cuando la causal en ambos procesos sea la misma, esto es, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Lo anterior con la finalidad de no violar el non bis in idem y evitar que se tomen decisiones opuestas en dos procesos en los que se juzgan los mismos hechos, con las mismas pruebas y bajo el tamiz de la misma norma jurídica.
PAR.—Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal” (resaltados añadidos).
ii) Aunque inicialmente se cuestionó si la consecuencia debía ser la inexistencia —de iure e ipso facto— del acto de elección, de inmediato se destacó la necesidad de un pronunciamiento, pues no podía negársele al accionado “la posibilidad de un proceso sumario(13), en el que se dejara un ‘mínimo margen de apreciación al juzgador para evitar politizar el juicio y conferir plenas garantías al accionado”(14) (se resalta).
“Este proceso tiene un gran cometido de carácter general, cual es la depuración de la dinámica congresual mediante la transparencia en la forma de acceso o en la gestión que realicen sus miembros; por este camino se alcanzará otro objetivo, cual es la legitimación del Congreso de la República y, con ello, la revitalización del sistema democrático. Por otra parte, existen propósitos concretos que se expresan en cada una de las casuales(sic) de pérdida de investidura que establece la Constitución: el respeto del régimen de incompatibilidades; evitar que se actúe cuando exista conflicto de intereses —art. 183.1—; evitar el abandono de funciones —art. 183. 2º y 3º—; y la utilización de la función de congresista para fines egoístas —183.4 y 5º y artículo 110 de la Constitución—.
Es importante también señalar que el legislador ordinario no podía válidamente apoyarse en una sentencia fallada en sede de revisión de tutelas (SU-424/2016) cuyos efectos se restringen al caso concreto o a asuntos idénticos o similares (inter pares), para borrar de un tajo lineamientos sentados por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad sobre los alcances del artículo 29 de la Carta en el marco de los procesos de pérdida de investidura(18).
Magistrada: Stella Conto Díaz del Castillo.
(1) Sentencias del Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 11 de octubre de 2005, radiación: 11001-03-15-000-2003-00794-01(REVPI) (nota a pie de página 16 en la sentencia).
(2) Sentencia de la Sala Plena del 11 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2003-00794-01 (REVPI), dentro de la cual se citó las siguientes providencias de la misma Sala: del 11 de mayo de 1998, expediente de revisión 93; del 13 de abril de 2004, expediente de revisión 132; y del 1º de junio de 2005, radicado interno 62 (nota a pie de página 17 en la sentencia).
(3) M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por un ciudadano a quien el Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura como congresista, por considerar que el accionante no agotó el recurso extraordinario especial de revisión, como mecanismo idóneo para controvertir el fallo. En suma, la Corte Constitucional encontró que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En igual sentido, ver, entre otras, sentencias T-193 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-965 de 2002 y SU-1159 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(5) Sentencia SU-858 de 2001. Ver nota a pie de página 1.
(6) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En aquella ocasión, la Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda contra la expresión “en única instancia” contenida en el artículo 1º de la Ley 144 de 1994 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas”. La Corte declaró exequible la expresión demandada, tras concluir que “la decisión sobre la única instancia en materia de pérdida de investidura es una competencia exclusiva del legislador y cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para su consagración, por lo cual no vulnera las garantías fundamentales de las personas que hayan sido objeto de la medida”.
(7) Página 15 del fallo.
(8) La criminología crítica, por ejemplo, parte de un análisis que toma al derecho penal como herramienta de cambio social y no desde la perspectiva tradicional que lo asume únicamente como herramienta de control social. Para la primera corriente, es por ello que la política criminal debe consultar cuestiones macrosociológicas como la asimetría de las distribuciones del poder y de recursos en la definición del crimen y el castigo. A este respecto, se puede ver: Marcela Abadía Cubillos, Feminismos y sistema penal. Retos contemporáneos para una legitimación del sistema penal, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2018. Si bien la obra aborda el tema desde la criminología crítica para los feminismos, contiene un amplio estudio de las principales categorías de esta corriente.
(9) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 2012. En la Sentencia C-179 de 2005, sostuvo la Corte sobre el punto: “[l]a jurisprudencia también ha sido enfática en señalar que el diseño de las inhabilidades e incompatibilidades no puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente al respecto, y en todo caso debe respetar parámetros de razonabilidad, y subordinarse a los valores y principios constitucionales; en especial debe respetar el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión y oficio, y el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Ha agregado que la regulación legal de tales inhabilidades e incompatibilidades solo respeta la Carta si tiene como finalidad asegurar la trasparencia, moralidad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública”.
(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 2012.
(13) “[P]orque siempre puede haber lugar a una equivocada información, a una mala apreciación de parte de quien debería resolverlo y siempre tiene que haber alguien que produzca un acto administrativo, diciéndolo, anulando una credencial; entonces se vuelve prácticamente imposible, que haya la inexistencia de pleno derecho”. Ponencia ante la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente.
(14) En las distintas intervenciones se constata este propósito. Así, por ejemplo, el delegatario Mejía sostuvo: “[y]o pienso que en tratándose de estos temas que estamos hablando, de los congresistas, debería quizás establecerse una tarifa o una tabla con motivos de recusación. Porque dejarlo completamente abierto pues puede ser una cosa excesivamente amplia tan generalizada que se pueda convertir en un momento dado en un semillero de situaciones incómodas, de recusaciones muchas veces no bien fundamentadas. Siento pues que la investidura del congresista está bien que la protejamos de que, en el sentido de que no esté envuelta en el fenómeno de conflicto de intereses, pero tampoco podemos llegar al extremo de poner al congresista en la picota pública para que cualquier malqueriente, en cualquier momento pueda estarle formulando recusaciones por cosas que se le ocurren, se diría que el tribunal de ética resuelve, pero de todas maneras me parece a mí que se instituye una vía demasiado abierta para que se genere una serie de fenómenos de ataque muchas veces intencionadamente políticos etc., extremo al cual no podemos llegar, está bien que protejamos la investidura del congresista, pero tampoco ponerlo en una situación en que por cualquier cosa tiene que estar sometiéndose a unos procedimientos de análisis sobre su conducta ética, de todas maneras pensemos en que la inquietud es esa y veremos a ver cuál es la opinión del doctor Luis Guillermo y de los demás miembros de la comisión”.
(15) Cfr. sentencias C-319 de 1994; C-247 de 1995; C-028 de 2006; C-1056 de 2012; C-237 de 2012; C-254 A de 2012. Jurisprudencia reiterada en sede de tutela hasta la Sentencia SU-424 de 2016. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-1285 de 2005; T-086 de 2007; T-147 de 2011.
(16) Mediante esta providencia, la Corte se pronunció sobre la solicitud de declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 144 de 1994.
(17) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-247 de 1995; C-237 de 2012; C-254A de 2012; jurisprudencia reiterada en sede de tutela. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-1285 de 2005; T-086 de 2007; T-147 de 2011. La Corte Constitucional en la Sentencia C-247 de 1995 sostuvo sobre este extremo: “las normas constitucionales sobre pérdida de la investidura tienen un sentido eminentemente ético. Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a conductas que puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura, inhabilitándolo para volver a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido hallado penalmente responsable. Lo que el Consejo de Estado deduce en el curso del proceso correspondiente es la violación, por parte del implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al congresista que a las demás personas: no solamente está comprometido a no delinquir sino a observar una conducta especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean constitutivas de delito, no es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la disciplina que su ejercicio demanda”. Jurisprudencia reiterada constantemente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
(18) Cfr. sentencias C-319 de 1994; C-247 de 1995; C-028 de 2006; C-1056 de 2012; C-237 de 2012; C-254A de 2012. Jurisprudencia reiterada en sede de tutela. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-1285 de 2005; T-086 de 2007; T-147 de 2011
(19) Ossa Arbeláez. Jaime. Op. cit., pág. 245.
(20) Véase, por ejemplo, las sentencias C-710 de 2001, C-432 de 2004 y C-1169 de 2004.
(21) Véase, entre otras, las sentencias C-921 de 2001 y C-992 de 2001.
(22) Véase, entre otras, las sentencias T-181 de 2002, C-506 de 2002, C-948 de 2002, C-1076 de 2002, C-125 de 2003, C-252 de 2003, C-383 de 2003 y T-1093 de 2004.