Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1794533
Timestamp: 2020-02-18 09:51:21
Document Index: 79482151

Matched Legal Cases: ['Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 9', 'Artículo 77', 'Artículo 74', 'Artículo 78', 'Artículo 10', 'Artículo 75', 'Artículo 79', 'Artículo 76', 'Artículo 80', 'Artículo 13', 'Artículo 77', 'Artículo 12', 'Artículo 81', 'Artículo 78', 'Artículo 12', 'Artículo 79', 'Artículo 82', 'Artículo 80', 'Artículo 14', 'Artículo 83', 'Artículo 81', 'Artículo 84', 'Artículo 19', 'Artículo 85', 'Artículo 267', 'Artículo 218', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 10', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 898', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 140', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

LEY7932002200212 script var date = new Date(27/12/2002); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45046. 27, DICIEMBRE, 2002. PÁG. 49.CONGRESO DE LA REPUBLICApor la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.VigentefalsefalseJusticia y del DerechofalseAdministración de justicia|PenalfalseLEY ORDINARIA27/12/200227/12/2002450464949
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45046. 27, DICIEMBRE, 2002. PÁG. 49.
Arts.: [1] [2] [2] [3] [3]
Arts.: [4] [5] [5] [6] [6] [7] [7]
Arts.: [8] [9] [9a] [9a] [9a] [10] [10] [10a] [10a]
Arts.: [11] [11] [11] [12] [12] [12] [12] [12a] [12a] [12a] [12b] [12b] [13] [13] [13] [14] [14a] [14a] [14a] [15] [16] [16] [17] [18] [19] [19c] [19c]
Arts.: [21] [22] [23] [24]
Modificado Artículo 72 LEY 1453 de 2011
Modificado parcialmente (inciso 2 ) Artículo 73 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 74 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 75 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 76 LEY 1453 de 2011
Artículo 9a:
Modificado Artículo 77 LEY 1453 de 2011
Adicionado Artículo 74 LEY 1395 de 2010
Derogado Artículo 78 LEY 1453 de 2011
Artículo 10a:
Adicionado Artículo 75 LEY 1395 de 2010
Modificado Artículo 79 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 76 LEY 1395 de 2010
Modificado Artículo 80 LEY 1453 de 2011
Adicionado Artículo 13 LEY 1151 de 2007
Modificado parcialmente (inciso 1 y 2 ) Artículo 77 LEY 1395 de 2010
Artículo 12a:
Modificado Artículo 81 LEY 1453 de 2011
Adicionado Artículo 78 LEY 1395 de 2010
Artículo 12b:
Adicionado Artículo 79 LEY 1395 de 2010
Modificado Artículo 82 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 80 LEY 1395 de 2010
Artículo 14a:
Modificado parcialmente Artículo 83 LEY 1453 de 2011
Adicionado Artículo 81 LEY 1395 de 2010
Modificado Artículo 84 LEY 1453 de 2011
Artículo 19c:
Adicionado Artículo 85 LEY 1453 de 2011
Modificado Artículo 267 LEY 1450 de 2011
Declarado exequible (en relación con el cargo formulado por no haberse sometido al trá... ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible salvo la expresión ... (numeral 7 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarada exequible la parte ... (inciso 1 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible en el entendido ... (parágrafo 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-1065 de 2003
Declarada exequible la expresión ... (inciso 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible en el entendido ... (inciso 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible (parágrafo ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible salvo la expresión ... Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-1096 de 2003
Declarado exequible en el entendido ... (numeral 9 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-149 de 2005
Declarada inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible en el entendido salvo la expresión ... Sentencia de la Corte Constitucional C-740 de 2003
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-1118 de 2004
Derogado parcialmente Artículo 218 LEY 1708 de 2014
Adicionado LEY 1330 de 2009
Artículo 1º.Concepto. La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la presente ley.
Artículo 2°.Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:
Parágrafo 1°. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición y el origen lícito de los bienes.
Parágrafo 2°. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:
Artículo 2º.Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:
7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien perseguido en el proceso.
Parágrafo 1º. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición.
Parágrafo 2º. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:
Vigente desde: 27/12/2002 y hasta el: 23/06/2011
Artículo 3º.De los bienes. Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a extinción del dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda recaer derecho de propiedad. Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y rendimientos de los mismos.
Artículo 4º.De la naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.
Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previsto en el artículo 2º.
Artículo 5°.Iniciación de la acción. La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación o a solicitud de cualquier persona, cuando se considere que existe la probabilidad de que concurra alguna de las causales previstas en el artículo 2° de la presente ley. También se iniciará la acción de extinción de dominio cuando los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal, y el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido no se hubiese tomado sobre ellos, por cualquier causa, una decisión definitiva.
Parágrafo 1°. La Dirección Nacional de Estupefacientes desde la fase inicial podrá intervenir como parte dentro del proceso de extinción de dominio. Estará facultada para aportar y solicitar la práctica de pruebas dirigidas a demostrar la existencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 2° de la presente ley, la identificación de los bienes o la de bienes equivalentes, solicitar medidas cautelares sobre estos, impugnar las decisiones, que se profieran en el trámite de extinción de dominio, así como impugnar la providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado, cuando a ello hubiere lugar.
Parágrafo 2°. En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente comprobado que no se estructura alguna de las causales invocadas, o que se incurrió en un error en la descripción del bien, o que la acción no puede iniciarse o proseguirse, el operador judicial que lo advierta, decretará de manera extraordinaria la improcedencia de la acción. Esta decisión deberá ser consultada.
Artículo 5º.De la iniciación de la acción. La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación, cuando concurra alguna de las causales previstas en el artículo 2º de la presente ley.
Parágrafo. La Dirección Nacional de Estupefacientes, podrá intervenir como parte dentro del proceso de extinción de dominio, que de oficio inicie la Fiscalía General de la Nación, cuando le asista interés jurídico para actuar. Estará facultada para presentar y solicitar la práctica de pruebas dirigidas a demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar medidas cautelares sobre los mismos, impugnar la resolución de improcedencia de la acción, y la providencia que no reconozca el abandono de los bienes a favor del Estado, cuando se cumplan los requisitos del artículo 10 de la presente ley.
Artículo 6°.Retribución. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, recibirá una retribución de hasta el 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación y venta de tales bienes, o del valor comercial de los mismos cuando el Estado los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias. Esta tasación la hará el juez en la sentencia, de oficio, o a petición del fiscal, teniendo en cuenta la efectividad de tal colaboración.
Artículo 6º.Retribución. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, olas aporte, recibirá una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de los mismos, dependiendo de la colaboración; cuando el Estado los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias. Esta tasación la hará el Juez en la sentencia, de oficio, o a petición del Fiscal.
Artículo 7°.Normas aplicables. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de procesos.
Artículo 7º.Normas aplicables. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Penal o del Código de Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de procesos. Una vez que el expediente entre al despacho para fallo, tendrá prelación sobre los demás procesos que en el mismo se adelanten, salvo sobre aquellos en los que fuere preciso resolver la situación jurídica de un detenido.
Artículo 8º.Del debido proceso. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso que le es propio, permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes, y ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Política consagra.
Artículo 9º.De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los afectados, y en particular los siguientes:
Artículo 9A.Medios de prueba Son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.
Articulo 9A. Adicionado.
Vigente desde: 27/12/2002 y hasta el: 11/07/2010
Vigente desde: 12/07/2010 y hasta el: 23/06/2011
Artículo 10. Derogado.
Artículo 10.De la comparecencia al proceso. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparecieren por sí o por interpuesta persona, la autoridad competente ordenará su emplazamiento, en los términos del artículo 13 de la presente ley.
Articulo 10A. Adicionado.
Artículo 11.De la competencia. Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación, directamente, o a través de los fiscales delegados que conforman la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos o en su defecto los fiscales delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializado. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal podrá conformar unidades especiales de extinción de dominio.
Artículo 11.De la competencia. Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación, directamente, o a través de los fiscales delegados ante los jueces competentes para dictar la sentencia de extinción de dominio. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal podrá conformar unidades especiales de extinción de dominio.
Corresponde a los jueces penales del circuito especializados, del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare la extinción de dominio. Si se hubieren encontrado bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez, determinado por reparto, de aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del circuito especializados, La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la investigación, no alterará la competencia.
Artículo 12.Fase inicial. La fase inicial será adelantada por el fiscal competente. Esta fase tendrá como finalidad identificar los bienes sobre los cuales podría recaer la acción, recaudar los medios de prueba que evidencien cualquiera de las causales previstas en el artículo 2° y que quebranten la presunción de buena fe exenta de culpa respecto de bienes en cabeza de terceros. La fase inicial terminará con la resolución de inicio o inhibición, según fuere el caso.
Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, quien podrá enajenarlos, directamente o a través de terceras personas, de acuerdo con las normas aplicables a la venta de bienes con extinción de dominio. Mientras no se produzca la enajenación, la Dirección Nacional de Estupefacientes deberá proveer por su adecuada administración de acuerdo con los sistemas previstos en la Ley 785 de 2002 y en sus normas reglamentarias.
Parágrafo 1°. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Parágrafo 2°. La Dirección Nacional de Estupefacientes, con cargo a los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, Frislco, y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con cargo a los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, podrán efectuar los gastos que sean necesarios para la protección, administración, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.
Parágrafo 3°. El pago de las obligaciones tributarias relacionadas con los bienes que administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social-Fondo para la Reparación de las Víctimas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 785 de 2002.
Parágrafo 4°. La enajenación de los bienes sujetos a registro, se efectuará mediante acto administrativo el cual una vez inscrito en la oficina correspondiente, constituirá título traslaticio de dominio suficiente.
Parágrafo 5°. En lo relacionado con el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, continuarán vigentes los artículos 23 de la Ley 793 de 2002 y 70 de la Ley 915 de 2004.
Artículo 12.Fase inicial. El fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, iniciará la investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo 5º de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 2º.
Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos financieras que valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.
Parágrafo. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas porel Consejo Nacional de Estupefacientes.
Vigente desde: 27/12/2002 y hasta el: 23/07/2007
Parágrafo 1°. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas porel Consejo Nacional de Estupefacientes.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las causales de inexistencia del acto o contrato a que se refiere el artículo 898 del Código de Comercio, la administradora de bienes incautados, o con extinción de dominio o comiso, o entregados para la reparación de las víctimas, podrá ordenar su enajenación o disposición cuando su naturaleza, uso o destino amenace deterioro o se imposibilite su administración.
Parágrafo 3°. La Dirección Nacional de Estupefacientes, con cargo a los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, Frisco, y la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con cargo a los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, podrán efectuar los gastos que sean necesarios para la protección, administración, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.
Parágrafo 4°. El pago de las obligaciones tributarias relacionadas con los bienes que administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social-Fondo para la Reparación de las Víctimas, que sean improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:
Parágrafo 5°. La enajenación de los bienes sujetos a registro, se efectuará mediante acto administrativo el cual una vez inscrito en la oficina correspondiente constituirá título traslaticio de dominio suficiente.
Vigente desde: 24/07/2007 y hasta el: 11/07/2010
Artículo 12A. Durante la fase inicial y de investigación con el propósito de recaudar pruebas que fundamenten el trámite de extinción, el fiscal podrá utilizar las siguientes técnicas de investigación:
Articulo 12A. Adicionado.
Articulo 12B. Adicionado.
Artículo 13.Procedimiento. El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:
1. El fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que propondrá los hechos en que se funda la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes. Contra esta resolución no procederá recurso alguno. Si aun no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar al juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de notificada la resolución de inicio a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
6. Transcurrido el término anterior, se decretarán, las pruebas solicitadas que se consideren conducentes y las que oficiosamente considere oportunas el investigador, las que se practicarán en un término de treinta (30) días, que no será prorrogable.
Artículo 14.De las notificaciones. La única notificación personal que se surtirá en todo el proceso de extinción de dominio, será la que se realice al inicio del trámite, en los términos del artículo 13 de la presente ley. Todas las demás se surtirán por estado, salvo las sentencias de primera o de segunda instancia, que se notificarán por edicto. Ninguna decisión adoptada por el fiscal es susceptible de recursos.
Artículo 14A.Recursos. En los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra las siguientes providencias:
Articulo 14A. Adicionado.
Artículo 15. De las nulidades. Cualquiera nulidad que aleguen las partes, será considerada en la resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento.
Artículo 16.Causales o nulidad. Serán causales de nulidad únicamente las establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y su trámite será el señalado en el artículo anterior.
Artículo 16.Causales de nulidad. Serán causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, las siguientes:
3. Negativa injustificada, a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una prueba oportunamente decretada.
Artículo 17.De las excepciones e incidentes. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar a la presentación y al trámite de excepciones previas ni de incidentes salvo el de objeción al peritazgo por error grave. Todos serán decididos en la resolución de procedencia o en la sentencia definitiva.
Artículo 18.De la sentencia. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
Artículo 19.De los gastos procesales y de administración. Los gastos que se generen con ocasión del trámite de la acción de extinción del dominio, así como los que se presenten por la administración de los bienes en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado a dicho fondo, salvo que la sentencia declare la improcedencia de los bienes.
Parágrafo. Corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes la destinación de los rendimientosfinancieros, de acuerdo con los soportes que para el efecto presenten las entidades miembros de dicho órgano.
Artículo 19C.Requerimientos. Las entidades públicas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Catastro departamental, Instrumentos Públicos, Notariado y Registro, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otras; así como entidades privadas que sean objeto de requerimientos por parte de policía judicial, en razón de su objeto social, deberán atender dichos requerimientos de manera inmediata, oportuna y gratuita, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles una vez radicado el requerimiento.
Artículo 19C. Adicionado
Artículo 20.De los procesos en curso. Los términos y recursos que hubieren empezado a correr se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, en todo lo demás se aplicará esta ley.
Artículo 21.De la cooperación. Los convenios y tratados de cooperación judicial suscritos, aprobados y debidamente ratificados por Colombia, serán plenamente aplicables para la obtención de colaboración en materia de afectación de bienes, cuando su contenido sea compatible con la acción de extinción de dominio.
Artículo 22.De la derogatoria. Deróganse todas las normas ydisposiciones que le sean contrarias a esta Ley, en especial la Ley 333 de 1996.
Deroga LEY 333 de 1996
Artículo 23.Bienes y derechos ubicados en San Andrés. Los bienes y los rendimientos y los frutos que generen los mismos localizados en la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la presente ley, deberán destinarse, a la financiación de programas sociales en el Archipiélago.
Artículo 24.Vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de, supromulgación. No obstante la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. En todo caso se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro a la moral social y es conducta con efectos permanentes.