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Timestamp: 2018-09-26 01:19:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 27', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 28', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 29', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 30', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 60', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 31', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 29', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 32', 'Artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 34', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 170', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 170', 'Artículo 32', 'artículo 18', 'artículo 32', 'artículo 170']

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. TÍTULO II. Régimen de autorización ambiental o de autorización sustantiva con evaluación de impacto ambiental
Régimen de autorización ambiental o de autorización sustantiva con evaluación de impacto ambiental
Régimen de autorización ambiental con evaluación de impacto ambiental
Rúbrica del Capítulo I redactada por el artículo 26 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 12 Actividades sometidas a una autorización ambiental
1. La actividad o las actividades, con las instalaciones o las partes de las instalaciones correspondientes, que están ubicadas en un mismo centro o en un mismo establecimiento y que están relacionadas en los anexos I.1 y I.2, se someten a la autorización ambiental con la evaluación de impacto ambiental del departamento competente en materia de medio ambiente.
2. Las modificaciones sustanciales de las actividades mencionadas en el artículo 12.1 se someten igualmente a la autorización con evaluación de impacto ambiental.
Artículo 12 redactado por el artículo 27 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 13 Finalidades de la autorización ambiental
Las finalidades de la autorización ambiental son las siguientes:
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo que producen las actividades y, a la vez, fijar las condiciones para gestionar correctamente estas emisiones, además de tomar en consideración el consumo de los recursos naturales y la energía, y, particularmente, en cuanto a las actividades del anexo I.1, mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
Letra a) del artículo 13 redactado por el artículo 28 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
b) Establecer todas las condiciones, mediante un procedimiento que asegure la coordinación de las diferentes administraciones públicas que intervienen en el otorgamiento de la autorización, para garantizar que las actividades sometidas a la Ley cumplen su objeto.
c) Disponer de un régimen de prevención y control de la contaminación que integre en un solo acto la evaluación y la declaración de impacto ambiental, las autorizaciones sectoriales en materia de producción y gestión de los residuos; de vertido a las aguas continentales, incluidos los vertidos al sistema público de saneamiento de aguas residuales, y los vertidos desde tierra hacia el mar; las determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación atmosférica, y la autorización de emisiones de gases con efecto de invernadero.
Artículo 14 Ponencia ambiental
1. La Ponencia Ambiental es el órgano colegiado adscrito al departamento competente en materia de medio ambiente que, con la participación de todos los sectores ambientales de este departamento y, si procede, de los departamentos que se requiera de acuerdo con la actividad sectorial de que se trate, formula la declaración de impacto ambiental y garantiza el carácter integrado de la autorización ambiental.
Número 1 del artículo 14 redactado por el artículo 29 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
2. La composición, las funciones y el régimen de funcionamiento de la Ponencia Ambiental deben determinarse reglamentariamente.
Artículo 15 Oficinas de gestión ambiental unificadas
1. La Ponencia Ambiental está apoyada por las Oficinas de Gestión Ambiental Unificada (OGAU), que actúan como órganos territoriales.
2. La composición, las funciones y el régimen de funcionamiento de las OGAU deben determinarse reglamentariamente.
Artículo 15 bis introducido por el artículo 30 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 16 Procedimiento y trámites
1. La solicitud de las autorizaciones ambientales de actividades, junto con la documentación preceptiva, debe dirigirse a la OGAU correspondiente.
2. La solicitud de autorización ambiental se somete a los trámites siguientes:
b) Análisis de la suficiencia y la idoneidad del proyecto, del estudio de impacto ambiental y demás documentación que debe acompañar la solicitud.
c) Información pública e informes preceptivos.
d) Declaración de impacto ambiental y propuesta de resolución provisional.
e) Trámite de audiencia.
f) Propuesta de resolución.
i) Publicación de la declaración de impacto ambiental.
j) Publicación de la resolución de la autorización ambiental de las actividades del anexo I.1.
3. Cuando la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Administración General del Estado, no puede otorgarse la autorización ambiental sin que se haya formulado esta declaración, de acuerdo con los instrumentos de colaboración interadministrativa establecidos entre este órgano y el departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia de medio ambiente.
1. La solicitud de autorización ambiental debe ir acompañada de la documentación siguiente:
a) Estudio de impacto ambiental del proyecto, que debe contener, como mínimo, la información que se detalla en el artículo 18, firmado por el personal técnico competente.
b) Proyecto básico, firmado por el personal técnico competente, que contenga la descripción detallada y el alcance de la actividad y de las instalaciones. Las normativas sectoriales de las diferentes administraciones con competencias de intervención administrativa y, si procede, las normas técnicas que establecen el contenido del proyecto de la actividad, determinan su contenido específico.
c) Documentación preceptiva sobre accidentes graves que determine la legislación sectorial correspondiente.
d) Informe urbanístico del ayuntamiento donde debe ubicarse la actividad, establecido por el artículo 60, que acredite la compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico, y la disponibilidad y la suficiencia de los servicios públicos que exija la actividad.
e) Características del suelo en el que se emplaza la actividad proyectada, siempre y cuando esta actividad esté definida como potencialmente contaminante del suelo por la normativa específica de aplicación.
f) Designación, por parte de la persona titular de la actividad, del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto.
g) Declaración de los datos que, a criterio de la persona que lo solicita, gozan de confidencialidad de conformidad con la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental, aprobada por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y demás legislación sobre la materia.
h) Cualquier otra documentación que se determine reglamentariamente o que sea exigible por la legislación sectorial de aplicación a la actividad.
2. En el caso de que, junto con la autorización ambiental, también se solicite la autorización de emisiones de gases con efecto de invernadero, es preciso adjuntar a la solicitud la documentación que establece la Ley del Estado 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto de invernadero.
3. En el caso de una modificación sustancial en una actividad ya autorizada, la solicitud y la documentación han de referirse a la parte o a las partes de las instalaciones, en relación con toda la actividad, y a los aspectos del medio afectados por la modificación, siempre y cuando la modificación parcial permita una evaluación ambiental diferenciada del conjunto de la actividad porque no se producen efectos aditivos en el conjunto de las emisiones.
4. La documentación necesaria para solicitar la autorización o las modificaciones que se efectúan posteriormente deben presentarse en el formato y el soporte informático que fija el departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 18 Estudio de impacto ambiental
1. El estudio de impacto ambiental del proyecto ha de incluir, como mínimo, los siguientes datos:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y demás recursos naturales. Estimación del tipo y la cantidad de los residuos vertidos y las emisiones de materia o energía resultantes, y descripción del medio receptor.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada, atendiendo al uso y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles y a los efectos ambientales.
c) Evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, tanto terrestres como marítimos, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. Igualmente, debe atenderse a la interacción entre todos estos factores y los posibles efectos transfronterizos, entre municipios o entre comunidades autónomas.
d) Medidas establecidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
f) Estudio de impacto acústico.
g) Descripción de las características de iluminación exterior.
h) Resumen del estudio y las conclusiones en términos fácilmente comprensibles, y, si procede, de las dificultades informativas o de las técnicas encontradas en el proceso de elaboración.
2. Las administraciones públicas han de facilitar a la persona o a la empresa solicitante la información ambiental y cualquiera otra documentación que sea útil para realizar el estudio de impacto ambiental.
3. La persona o la empresa solicitante, previamente a la presentación de la solicitud, puede requerir a la Ponencia Ambiental que se manifieste sobre el contenido mínimo, la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, del proyecto y de la información básica necesaria para hacer la evaluación ambiental. La Ponencia debe consultar las administraciones afectadas y, si procede, otras personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. La Ponencia Ambiental debe dar una respuesta en el plazo máximo de tres meses.
4. En el caso de que la actividad forme parte de un plan o de un programa evaluados previamente bajo el punto de vista ambiental, el estudio de impacto ambiental debe recoger y respetar la información y las determinaciones contenidas en el plan o en el programa y, especialmente, las especificadas en la memoria ambiental.
5. El estudio de impacto ambiental caduca a los cuatro años de haber sido formulado, sin que se haya llevado a cabo la declaración de impacto ambiental, siempre y cuando no haya causas no imputables a la persona o a la empresa solicitante.
Artículo 19 Verificación formal y suficiencia del estudio de impacto ambiental y del proyecto
1. Una vez recibida la solicitud, se procede a verificar formalmente la documentación presentada.
2. El órgano ambiental competente debe pronunciarse, en un plazo máximo de treinta días, sobre la suficiencia y la idoneidad del estudio de impacto ambiental, del proyecto y de la demás documentación presentada en la consulta previa a las administraciones competentes.
3. Puede acordarse la insuficiencia o la no idoneidad del estudio de impacto ambiental, del proyecto o demás documentación presentada a trámite, si se considera que:
a) El proyecto, el estudio de impacto ambiental o la documentación presentada, debido a las insuficiencias o a las deficiencias detectadas, debe volverse a formular.
b) Estos documentos no son idóneos para tramitarlos porque no se adecuan al objeto o a las finalidades de la autorización solicitada, o bien cuando la solicitud no es admisible por razones legales o de planificación sectorial, territorial o por incompatibilidad urbanística.
Número 3 del artículo 19 redactado por el artículo 31 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
4. La resolución que acuerde la insuficiencia o la no-idoneidad debe adoptarse motivadamente y con la audiencia previa a la parte interesada. Esta resolución pone fin al procedimiento administrativo y se produce el archivo de las actuaciones.
5. En el supuesto de que en el proyecto o en la documentación presentada se detecten insuficiencias o deficiencias que sean enmendables, es preciso informar a la persona o a la empresa solicitantes para que las enmiende. Transcurrido el plazo de tres meses, o el que se determine atendiendo a las características de la documentación requerida, sin que se hayan resuelto las insuficiencias o las deficiencias, debe declararse la caducidad del expediente y han de archivarse las actuaciones.
Artículo 20 Información pública
1. Una vez efectuada la verificación de la suficiencia y la idoneidad del estudio de impacto ambiental, del proyecto y de la otra documentación presentada, es preciso someter esta documentación a información pública por un período de treinta días, mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y debe notificarse a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. También ha de difundirse por medio de las redes telemáticas de información. Asimismo, en la publicación debe hacerse constar el derecho de los ciudadanos a acceder a toda la información disponible sobre el procedimiento concreto y, especialmente, a la información gestionada por la unidad responsable de información ambiental del departamento competente en materia de medio ambiente.
2. Simultáneamente, el estudio de impacto ambiental y el proyecto se ponen a disposición del ayuntamiento del municipio en el que se quiere ubicar la actividad, que debe someterlos a exposición pública, y también a información vecinal durante un período de diez días, y tiene que informarse al órgano del departamento competente en materia de medio ambiente sobre el resultado obtenido.
3. En el caso de que el impacto ambiental del proyecto pueda tener efectos significativos en el medio de otros municipios u otras comunidades autónomas, debe comunicárseles y adjuntarse una descripción del proyecto y los posibles efectos sobre el medio ambiente, a fin de que, en un plazo de treinta días, puedan manifestar si quieren participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental mediante el establecimiento de consultas bilaterales en la tramitación de este procedimiento. Las alegaciones formuladas en este proceso de participación deben considerarse motivadamente en la declaración de impacto ambiental.
4. Si el impacto ambiental del proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio de otro Estado, se sigue el procedimiento establecido por la legislación básica en la materia, y debe comunicarse, por medio del ministerio competente en materia de asuntos exteriores, para abrir un período de consultas bilaterales. Los plazos fijados para conceder la autorización ambiental y, si procede, la licencia ambiental, quedarán en suspenso hasta que termine el procedimiento de consultas transfronterizas.
5. Los datos de la solicitud y de la documentación que la acompaña amparadas por el régimen de confidencialidad se exceptúan de la información pública.
6. Las alegaciones recibidas en el trámite de información pública, que deben ser valoradas en la propuesta de resolución, se comunican a la persona que ha solicitado la autorización ambiental, que dispone de un plazo de diez días para manifestar lo que considere oportuno.
Artículo 21 Intervención en materia de accidentes graves
1. En el supuesto de que la actividad esté afectada por la normativa en materia de accidentes graves, el órgano ambiental competente debe requerir un informe de carácter vinculante al departamento competente en la materia.
2. El órgano competente en materia de accidentes graves ha de emitir los informes en el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud.
Artículo 22 Informe municipal
1. El ayuntamiento, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de la solicitud, debe enviar al órgano ambiental un informe preceptivo y vinculante de todos los aspectos ambientales sobre los que tiene competencia y, específicamente, sobre ruidos y vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal.
2. El ayuntamiento, cuando el sistema público de saneamiento del municipio en el que se quiere ejercer la actividad esté a cargo de un ente diferente al propio ayuntamiento o a la administración hidráulica de Cataluña, solicita directamente a este ente el informe sobre el vertido de aguas residuales a este sistema de saneamiento o al alcantarillado municipal. El informe debe emitirse en un plazo máximo de treinta días.
Artículo 23 Otros informes
Deben solicitarse todos los demás informes preceptivos por la naturaleza de la actividad y los que sean necesarios para resolver el procedimiento. Estos informes deben emitirse en un plazo de treinta días.
Artículo 24 Simultaneidad en la solicitud de los informes
Los informes requeridos de acuerdo con los artículos 20 a 23 han de solicitarse simultáneamente, para evitar que haya desajustes temporales al tramitarlos o al emitirlos.
Artículo 25 Evacuación de los informes
Transcurridos los plazos establecidos sin que se hayan enviado los informes correspondientes, pueden proseguirse las actuaciones, sin perjuicio de que los informes emitidos fuera de plazo, pero recibidos antes de que se dictase la resolución, deben incorporarse al expediente.
Artículo 26 Declaración de impacto ambiental y propuesta de resolución provisional
1. A la vista de las alegaciones efectuadas en el trámite de información pública, de los informes emitidos y de la evaluación del impacto ambiental que comporta la actividad, la Ponencia Ambiental formula la declaración de impacto ambiental, que se incorpora a la propuesta de resolución provisional que elabora la propia Ponencia.
2. La declaración de impacto ambiental ha de tener el contenido mínimo siguiente:
a) Descripción sucinta del proyecto y del estudio de impacto ambiental.
b) Relación de los trámites efectuados.
c) Relación de las entidades, las instituciones, las organizaciones y las personas que han participado en el procedimiento.
d) Relación de los escritos de alegaciones formuladas en el expediente y la consideración correspondiente que hace la Ponencia Ambiental.
e) Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que formula la declaración de impacto ambiental.
f) Calificación del impacto ambiental.
g) Recomendación sobre la autorización del proyecto en un sentido favorable o desfavorable.
h) Medidas correctoras o compensatorias que es preciso aplicar.
3. En la propuesta de resolución provisional se incluyen los contenidos determinados por el artículo 29, y también aquellos que puedan establecerse reglamentariamente.
4. Si la propuesta de resolución provisional determina la necesidad de hacer modificaciones significativas en el proyecto y en la demás documentación presentada, hay que requerir a la parte solicitante que presente un proyecto u otros documentos reformados en los términos y en el plazo indicados en la propuesta de resolución atendiendo a las características de la documentación requerida. En el supuesto de que no se cumpla el requerimiento en el plazo fijado hay que declarar la caducidad del expediente.
Artículo 27 Trámite de audiencia
1. Debe informarse de la propuesta de resolución provisional a las personas interesadas que constan en el expediente, a las administraciones afectadas y al ayuntamiento del municipio donde se proyecte emplazar la actividad, y darles audiencia y vista del expediente, para que en el plazo máximo de quince días hagan las alegaciones que consideren oportunas.
2. A la vista de las alegaciones recibidas en el trámite de audiencia y, si procede, del proyecto o los documentos modificados, la Ponencia Ambiental debe pedir informe, cuando sea procedente, a los órganos competentes para emitir informes vinculantes para que en un plazo máximo de quince días se pronuncien. Finalizado este trámite, el informe se eleva al órgano del departamento competente en materia de medio ambiente para que elabore la propuesta de resolución definitiva.
3. Si no se presentan alegaciones a la propuesta de resolución provisional o no se han introducido modificaciones en el proyecto, esta propuesta de resolución se convierte en definitiva automáticamente y se eleva al órgano competente para que la resuelva.
Artículo 28 Plazo para resolver
1. La resolución que dicta el órgano ambiental del departamento competente en materia de medio ambiente sobre la solicitud de autorización, con el contenido establecido por el artículo 29, pone fin al procedimiento.
2. La resolución del procedimiento de autorización ambiental de las actividades del anexo I.1 debe dictarse y notificarse en un plazo máximo de diez meses.
Número 2 del artículo 28 redactado por el número 1 del artículo 32 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
3. La resolución del procedimiento de autorización ambiental de las actividades del anexo I.2 debe dictarse y notificarse en un plazo máximo de ocho meses.
Número 3 del artículo 28 derogado por el número 2 del artículo 32 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
4. El plazo para resolver queda suspendido en el supuesto de que se pida una enmienda o una mejora de la documentación, ya sea en los trámites de verificación formal y de suficiencia o en la fase de propuesta de resolución provisional. El cómputo del plazo se reanuda cuando las enmiendas de documentación se presentan a la Administración.
5. La no resolución y la notificación en el plazo establecido en este artículo permite a la persona solicitante entender desestimada la solicitud de autorización y le permite interponer el recurso administrativo o el contencioso-administrativo que sea procedente.
6. La Administración ha de informar en todo momento del estado de la tramitación del procedimiento administrativo.
Artículo 29 Contenido de la autorización ambiental
1. La autorización ambiental tiene el contenido mínimo siguiente:
a) Los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, determinados de conformidad con los parámetros definidos por el artículo 9, las prescripciones de las normas europeas y, si procede, los parámetros o las medidas técnicas equivalentes que los complementan o los sustituyen.
b) Las determinaciones de la declaración de impacto ambiental.
Letra b) del número 1 del artículo 29 redactada por el artículo 33 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
c) Los sistemas de tratamiento y control de las emisiones, y, si procede, de autocontrol, con la especificación del régimen de explotación y de la metodología de medición, la frecuencia, el procedimiento de evaluación de las mediciones y la obligación de comunicar al órgano ambiental competente, con la periodicidad que se fije, el control con los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización.
d) La determinación de las medidas relativas a condiciones de explotación diferentes de las normales que pueden afectar al medio ambiente, como pueden ser la puesta en funcionamiento, las fugas, los errores de funcionamiento, los paros momentáneos y el cierre definitivo de la explotación.
e) La determinación, si es preciso, de las prescripciones que garantizan la protección del suelo y de las aguas subterráneas, y las medidas relativas a la gestión de las aguas residuales y de los residuos generados por la actividad.
f) La fijación, si procede, de medidas para minimizar la contaminación a larga distancia.
g) El importe de la garantía que es necesario constituir, de acuerdo con la magnitud y las características de la instalación, para responder de las obligaciones derivadas de la actividad autorizada, de conformidad con las normativas de responsabilidad ambiental u otras normativas específicas.
h) Cualquier otra medida o condición que, de acuerdo con la legislación, sea adecuada para proteger el conjunto del medio ambiente afectado por la actividad.
2. En el caso de que la normativa ambiental requiera condiciones más rigurosas que las que puedan alcanzarse mediante las mejores técnicas disponibles, la autorización ha de exigir la aplicación de condiciones complementarias.
3. La autorización ambiental puede incluir excepciones temporales a los requerimientos especificados por la letra a del artículo 29.1 para los valores límite de emisión, siempre y cuando la persona titular acredite documentalmente que el medio receptor puede asumirlas. A tal efecto la persona titular de la actividad debe presentar alguna de las medidas que se indican a continuación, que deben ser aprobadas por el órgano ambiental del departamento competente en materia de medio ambiente y han de ser incluidas en la autorización:
a) Un plan de rehabilitación que garantice el cumplimiento de los valores límite de emisión en el plazo que fije la autorización, con un máximo de seis meses.
b) Un proyecto que implique una reducción de la contaminación, en un plazo máximo de seis meses.
4. En el caso de actividades sujetas a la Ley del Estado 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases con efecto de invernadero, la autorización ambiental no ha de incluir valores límite para las emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), salvo que sea necesario para garantizar que no se provoca contaminación local significativa.
5. Se incluyen en la autorización ambiental las determinaciones preceptivas sobre ruidos, vibraciones, calores, olores, o los condicionantes referentes a los vertidos al sistema de alcantarillado y saneamiento, u otras medidas ambientales, sobre las que tiene competencia, que haya establecido el ayuntamiento, o bien las que, si procede, establece la Ponencia Ambiental por falta de un informe municipal.
6. La autorización ambiental también incluye los informes emitidos por los órganos competentes en materia de accidentes graves, con las condiciones, las medidas correctoras y el régimen específico de controles periódicos.
Artículo 30 Notificación y publicidad
1. La resolución por la que se otorga o se deniega la autorización ambiental se notifica a las personas interesadas, y se comunica al ayuntamiento del término municipal en el que se proyecta emplazar la actividad y a las administraciones que hayan emitido un informe.
2. La parte dispositiva de la resolución a través de la cual se otorga o se modifica la autorización ambiental de las actividades del anexo I y en todos los casos además la declaración de impacto ambiental, se publican en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y se incorporan en la base de datos ambientales de actividades, con la información determinada reglamentariamente.
Número 2 del artículo 30 redactado por el artículo 34 de la Ley [CATALUÑA] 9/2011, 29 diciembre, de promoción de la actividad económica («D.O.G.C.» 30 diciembre).
3. El contenido íntegro de las autorizaciones ambientales es de acceso público, con las limitaciones establecidas sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente y demás normativa de aplicación.
Régimen de declaración de impacto ambiental con una autorización sustantiva
Artículo 31 Declaración de impacto ambiental de actividades sometidas a una autorización sustantiva
1. La intervención ambiental en las actividades del anexo I.3 se integra en el procedimiento correspondiente de autorización sustantiva, en el que deben tener en cuenta las determinaciones siguientes:
a) La persona o la empresa solicitantes, previamente a la presentación de la solicitud de la autorización ante el órgano del departamento competente para otorgar la autorización sustantiva, puede requerir a la Ponencia Ambiental que se pronuncie sobre el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental, y sobre la amplitud y el nivel de detalle que ha de tener, del proyecto y de la información básica necesaria para llevar a cabo la evaluación ambiental. La Ponencia debe consultar previamente las administraciones afectadas, a pesar de que la consulta puede ampliarse a otras personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. La Ponencia debe pronunciarse en un plazo de tres meses.
Letra a) del número 1 del artículo 31 redactada por el número 3 del artículo 170 de la Ley [CATALUÑA] 2/2014, 27 enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» 30 enero).
b) Una vez la Ponencia Ambiental ha tomado una determinación sobre la suficiencia y la idoneidad del estudio de impacto ambiental y de la demás documentación presentada a trámite, el órgano del departamento competente para otorgar la autorización somete la solicitud a información pública, por un plazo mínimo de treinta días, especificando que esta exposición pública también tiene efecto en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
c) Transcurrido el plazo de información pública, el órgano del departamento competente en la materia envía las alegaciones a la Ponencia Ambiental, que formula la declaración de impacto ambiental, de conformidad con lo establecido por el artículo 26.2.
d) El desarrollo reglamentario de este procedimiento debe tener en cuenta, asimismo, las determinaciones que para la declaración de impacto ambiental se establecen en el capítulo primero de este título.
2. Si la declaración de impacto ambiental fija limitaciones en cuanto a las emisiones, las prescripciones técnicas y los controles periódicos, el órgano del departamento competente por razón de la materia las tiene que incorporar en el otorgamiento de la autorización sustantiva.
Número 2 del artículo 31 redactado por el número 4 del artículo 170 de la Ley [CATALUÑA] 2/2014, 27 enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» 30 enero).
3. El Gobierno resuelve, en caso de discrepancias entre el órgano del departamento competente por razón de la materia y la Ponencia Ambiental, sobre la conveniencia, a efectos ambientales, de ejecutar un proyecto o sobre el contenido de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.
4. Reglamentariamente pueden incorporarse en el anexo I.3 otras actividades del anexo I.2 que estén sujetas a una declaración de impacto ambiental y, asimismo, a una autorización sustantiva.
Artículo 32 Declaración de impacto ambiental de actividades de producción de energía eólica y fotovoltaica, y de actividades extractivas
1. Las actividades de producción de energía eólica y fotovoltaica sometidas a declaración de impacto ambiental se rigen por las determinaciones que se establecen en la regulación específica sobre el procedimiento y los órganos competentes. Las actividades de producción de energía eólica que no están sujetas a la declaración de impacto ambiental, quedan sujetas al informe de la Ponencia Ambiental que se determina en la regulación específica.
2. Las actividades extractivas deben someterse a declaración de impacto ambiental, y han de presentar un estudio de impacto ambiental con el contenido establecido por el artículo 18.1. A los efectos de la declaración de impacto ambiental de las actividades extractivas, los planes de restauración establecidos por la legislación específica forman parte de los documentos de evaluación de impacto ambiental que han de presentarse con el informe de impacto ambiental. En este caso es preciso presentar el informe urbanístico que contempla la presente ley.
Número 2 del artículo 32 redactado por el número 5 del artículo 170 de la Ley [CATALUÑA] 2/2014, 27 enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» 30 enero).