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Timestamp: 2014-09-16 23:29:11
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Arturo Zaldívar | El Juego de la Suprema Corte
Arturo Zaldívar	febrero 4, 2014
Diversos medios de comunicación, han publicado en las últimas semanas, a propósito del tercer informe de labores del ministro Juan Silva Meza, que el sucesor de éste en la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2015, se definirá en una contienda entre tan sólo dos ministros: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar.
En este sentido, el presente artículo no pretende aseverar de forma tajante cuál de estos ministros será el próximo presidente de la Suprema Corte, sino solamente realzar ciertos aspectos relevantes para tal sucesión. Esto en base a los candidatos que durante los últimos meses han sido mencionados de forma más recurrente en medios de comunicaciones y pasillos del mundo jurídico.
En efecto, nos encontramos en un momento de enorme trascendencia y que ha sido poco estudiado en nuestro país: los meses previos a la elección del ministro presidente, mismo que si bien es electo de forma exclusiva por los ministros de la Corte, lo cierto es que la discusión de tal situación impacta de forma directa en una sociedad cada vez más interesada e involucrada en la impartición de justicia de nuestro país.
Una vez dicho lo anterior, es pertinente recordar que el ministro presidente preside justamente la Suprema Corte pero también el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que es pertinente dividir el análisis en función de este par de instituciones.
Suprema Corte: Zaldívar, independencia; Aguilar, moderación Respecto la Suprema Corte, nos encontramos frente a un escenario peculiar, ya que ambos ministros ingresaron a ésta en diciembre de 2009. De tal manera que llevan exactamente el mismo tiempo en el cargo y, por tanto, ello facilita la comparación entre sus respectivos mandatos.
Es por todos sabido que ambos ministros poseen perfiles bastante disímiles: Aguilar ha forjado una sólida carrera en el Poder Judicial de la Federación, en el que a lo largo de varias décadas ha ocupado prácticamente cada uno de los peldaños de la carrera judicial. Por su parte, Zaldívar se formó en la práctica privada del derecho, en la cual destacó como abogado litigante en materia constitucional y académico en diversas instituciones.
Respecto a su perfil en la Suprema Corte, ambos ministros también poseen perfiles sumamente diversos: Aguilar Morales se ha caracterizado por una postura moderada; a partir de la cual, logra consensos y acercamientos entre diversas posiciones. Por su lado, Zaldívar ha destacado por ser el ponente en algunos de los asuntos de mayor relevancia mediática de los últimos años –Guardería ABC, Florence Cassez, Bloque de constitucionalidad, entre otros)- en los cuales ha demostrado una alta independencia judicial.
En principio, por tanto, sus compañeros ministros deberán analizar qué resulta más conveniente para la próxima presidencia de la Corte: una administración encaminada a la moderación y construcción de consensos entre sus integrantes o, por su parte, una gestión marcada por una agenda de derechos fundamentales con el ánimo de apuntalar su independencia judicial, misma que puede dificultar justo la viabilidad de los consensos. La decisión no es sencilla y, por ello, el debate en torno a la misma es de enorme relevancia.
Otro dato a considerar por parte de los ministros al momento de elegir a su próximo presidente es que, hasta diciembre de 2013[1], la Corte había emitido 183 tesis provenientes de asuntos en los cuales el ministro Aguilar fue ponente (3.81 tesis por mes). Mientras que se habían emitido 465 tesis provenientes de casos en los cuales el ministro Zaldívar fue el encargado del caso (9.68 tesis por mes). Tal dato resulta interesante, en función de la habilidad de los ministros para impulsar criterios y precedentes, sobre todo si consideramos que a todos los ministros se les turna en promedio el mismo número de asuntos.
Consejo de la Judicatura: Aguilar, experiencia; Zaldívar, incógnita
En torno al Consejo de la Judicatura Federal nos encontramos a su vez frente a un escenario muy diverso entre ambos ministros. No hay que olvidar que el ahora ministro Aguilar, justo antes de arribar a la Corte, tenía el cargo de Consejero de la Judicatura –electo precisamente por la Suprema Corte, habiendo ejercido el cargo de 2004 a 2009-.
Es decir, resulta claro que Aguilar Morales cuenta con una amplia experiencia en torno al funcionamiento del Consejo de la Judicatura y, en caso de presidir este órgano, su gestión no tendría que asumir el costo propio de la “curva de aprendizaje” que resulta inherente a tales cargos. Sin embargo, en este punto y a partir de lo anterior, es necesario poner a discusión algunos temas no menores.
En primer término, el hecho de que el ministro Aguilar haya laborado en el Consejo de la Judicatura, abre la posibilidad de evaluar precisamente su desempeño en tal cargo, siendo ello un indicador importante que deberán tomar en consideración el resto de sus compañeros en la Corte. En otras palabras, el hecho de que Aguilar Morales haya laborado en tal órgano, no implica per se que su función haya sido adecuada, sino que existen datos objetivos para evaluar su desempeño como consejero.
Por su parte, será importante evaluar las propuestas concretas que en su momento realice Arturo Zaldívar en torno al Consejo de la Judicatura: cuál es su visión en torno a dicho órgano, qué elementos considera que requieren de continuidad y qué otros requieren de un cambio de enfoque.
Por último, si bien Aguilar Morales representa continuidad y experiencia en la Judicatura, también resultaría interesante evaluar la dirección que de tal órgano podría emprender un abogado formado en el litigio como Zaldívar. Es decir, un jurista “externo” a la función jurisdiccional, que por lo mismo podría resultar más objetivo en temas de vigilancia y sanción a jueces y magistrados, lo cual es una de las principales asignaturas pendientes del Consejos desde hace varios años.
Como se habrá advertido, el presente artículo no pretende ser un estudio acabado sobre la situación planteada. Su propósito es tan sólo poner énfasis en el proceso que actualmente se encuentra en gestión en el Poder Judicial de la Federación, en aras de fomentar una discuisón en torno al mismo. Ojalá no se trate de una elección más entre los ministros reducida a rencillas palaciegas, sin el indispensable debate público que exige.
Jorge Rodríguez Torres. Estudiante de 9º semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
[1] Según los datos obtenidos de la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación.
Seguramente la primera imagen que se les viene a la mente cuando escuchan sobre un juicio de reconocimiento de paternidad involucra a un padre desconsiderado y a un menor en situación de desamparo que tiene que luchar contra cielo, mar y tierra para que se le reconozca como su hijo.
Hace algunos meses la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo directo en revisión distinto del común denominador de casos que en materia civil se llegan a discutir y ciertamente muy diferente de lo que uno se imagina tratándose de juicios de reconocimiento de paternidad[1].
Los hechos La quejosa de este amparo en revisión, es una señora de casi 70 años de edad que durante mucho tiempo creyó que su padre era otra persona.
En el año de 1976, su madre le confesó que su padre en realidad era otra persona distinta (en lo sucesivo “El Finado”) a quien la había registrado con su nombre. Ante tal noticia recibida la quejosa decide confrontar a “El Finado” y éste le confiesa que efectivamente es su padre biológico.
“El Finado” siempre prometió que la reconocería como su hija, ya sea en su testamento o en el Registro Civil. Pero pasaron los años y desafortunadamente en el año 2007 falleció sin nunca reconocer formalmente a la quejosa como su hija a pesar de su promesa.
El gran obstáculo para su reconocimiento La quejosa decide en el año 2010 iniciar una acción de reconocimiento de paternidad en contra de la sucesión de “El Finado”. No era un planteamiento sencillo, teniendo un gran obstáculo legal que vaticinaba una no admisión de la demanda y un camino muy largo de recursos y juicios de amparo.
El artículo 388[2] del Código Civil establece que las acciones de reconocimiento de paternidad deben intentarse durante la vida del padre y sólo en el caso de que el padre hubiere fallecido durante la menor edad de los hijos se les permite intentar esta acción antes de que cumplan 22 años, supuesto en el que ciertamente no se encontraba la quejosa.
Tanto el juzgado como la Sala Familiar desecharon la demanda realizando una aplicación rígida del artículo 388 y determinando que su acción de reconocimiento de paternidad ya había caducado hace mucho tiempo.
La llegada del caso a la SCJN La inconstitucionalidad del artículo 388 del Código Civil fue planteada en el amparo directo interpuesto contra la sentencia de la Sala Familiar que negaba la admisión de la demanda.
Pero para el Tribunal Colegiado los conceptos de violación planteados no fueron suficientes para declarar la inconstitucionalidad del artículo y mucho menos ordenar la admisión de la demanda. En una sentencia de poco más de 400 hojas, el Tribunal Colegiado validó la actuación de la Sala Familiar, argumentando entre otras cosas que la razón de ser de artículos como estos es la de proveer de seguridad jurídica a los gobernados para que sepan los términos y condiciones en que pueden ejercer este tipo de acciones. De esta manera se evita un uso injustificado de esta acción, permitiendo al padre del que se reclama la paternidad tener una oportunidad razonable para defenderse.
Lo que el Tribunal Colegiado no valoró, es que lejos de la posibilidad de defensa del padre, o en este caso de la sucesión de “El Finado”, estaban también en juego otra serie de derechos de la quejosa, que fueron desestimados con argumentos muy formales y en defensa de la seguridad jurídica de los terceros involucrados.
El caso llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la admisión del amparo directo en revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado. El asunto fue asignado a la ponencia del ministro Zaldívar quien presentó su proyecto de sentencia el 26 de Octubre de 2011, y contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, la Sala y el Juzgado Familiar, proponía el amparo a favor de la quejosa y por ende la admisión de la demanda de reconocimiento de paternidad, aunque con algunas restricciones.
El conocimiento de los orígenes biológicos como un componente fundamental del derecho de identidad y derecho a la salud
El proyecto del ministro Zaldívar, realizó un análisis de la constitucionalidad del artículo 388 del Código Civil a la luz de cuatro derechos que se le podrían estar vulnerando a la quejosa. Derecho a la identidad
Derecho a acceso a la justicia
La Primera Sala de la Corte reconoce que el derecho a la identidad es un derecho que puede ser plenamente ejercitado por una persona adulta, aún cuando su contenido y las acciones de reconocimiento de paternidad se encuentran principalmente reconocidas en tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, enfocados en defender el derecho que tiene un menor para conocer sus orígenes y forjar una identidad.
Pero también el concepto de “identidad” se puede desprender de nuestra propia Constitución, en específico de la prohibición de realizar cualquier tipo de discriminación que atente contra la “dignidad humana” que determina el artículo 1º constitucional. De aquí se puede desprender un derecho de identidad, entendido como el conjunto y resultado de todas esas características que permiten diferenciar a una persona de otra y generar una proyección hacia el exterior.
Una acción de reconocimiento de paternidad permite a una persona satisfacer su derecho a la identidad y conocer entre otras cosas sus orígenes biológicos.
Este conocimiento de sus orígenes puede permitir a una persona estar sana tanto física como mentalmente, consecuentemente satisfaciendo su derecho a la salud, si se entiende este como un derecho a tener un bienestar físico, mental y social.
Para la Primera Sala de la Suprema Corte el artículo 388 del Código Civil puede ser un artículo que vulnere los derechos de identidad y salud de la quejosa. Pero al mismo tiempo se trata de un artículo que tiene entre otras finalidades, cómo proteger las situaciones filiales preexistentes, tanto de la persona que intenta el reconocimiento de paternidad, quien puede que ya haya tenido un reconocimiento legal previo, así como de las personas que pudieran conformar el núcleo familiar del padre al que se le exige el reconocimiento.
Derechos de identidad y salud vs derechos a paz familiar y seguridad jurídica de terceros En el caso particular, no pasaba desapercibido que la quejosa era una señora de casi 70 años de edad con conocimiento previo de la posible relación de paternidad que tenía con “El Finado”. Ella ya tenía toda una vida familiar previa que había sido reconocida legalmente y generado consecuencias en terceros ajenos.
A través de un juicio de ponderación, la Primera Sala ubica como medida idónea para conceder el amparo, permitirle a la quejosa conocer sus orígenes biológicos con la finalidad de que no se vean vulnerados sus derechos a la identidad y salud. Esta medida permite preservar la seguridad jurídica de los terceros frente a los que se ejercerá esta acción así como de su propia familia, sin atentar contra la finalidad del artículo 388.
Permitirle a la quejosa que de este reconocimiento pueda ejercer otros derechos que surgen con la filiación, sería irrumpir con este balance y perjudicaría irremediablemente a los terceros antes mencionados.
Con una mayoría de tres votos (Zaldívar Lelo de Larrea, Ortiz Mayagoitia y Sánchez Cordero) la Primera Sala de la Suprema Corte, decidió conceder el amparo a la quejosa con la finalidad de que pueda conocer sus orígenes biológicos pero sin que este reconocimiento le permitiera exigir aquellos derechos derivados de una relación de filiación, como el caso de un derecho al nombre y el reconocimiento de los derechos sucesorios
Los derechos de acceso a la justicia e igualdad desde el voto de los ministros disidentes Los ministros Cossío Díaz y Pardo Rebolledo formularon un voto de minoría para este caso. En su voto particular, ambos consideran que la norma impugnada si era inconstitucional y violaba el derecho de acceso a la justicia de la quejosa.
En principio, el propio artículo 388 limita el ejercicio de esta acción a un plazo determinado en el que omite considerar el momento en que una persona se entera de una posible relación de filiación. Si un mayor de edad se entera que otra persona es su padre, pero este ya falleció, se encuentra impedido de ejercer una acción de reconocimiento de paternidad y por ende se le esta negando el acceso a la justicia.
Por otro lado, para ambos ministros el proyecto pasa por alto el concepto de “vida familiar”, entendiendo que el concepto de familia no sólo se limita a las relaciones que surgen del matrimonio y exige en muchas ocasiones que la realidad biológica y social pueda prevalecer sobre una presunción jurídica que contradice los deseos de las personas afectadas[3]. Una limitación a la acción de reconocimiento de paternidad que se justifica a través de los derechos de terceros afectados vulnera los derechos humanos del que intenta la acción de reconocimiento y provoca una distinción marcada entre los derechos que tiene un hijo nacido dentro y fuera del matrimonio.
No existe en ninguna parte del Código Civil algún artículo o sección en la cual se hable de hijos “dentro y fuera de matrimonio” sino que simplemente se habla de “hijos”[4]. Basta con que se pruebe la relación filial para que inmediatamente y por mandato de ley surjan toda una serie de consecuencias jurídicas y derechos que no pueden limitarse, como por ejemplo el derecho a tener un nombre, que es un derecho indispensable para el desarrollo de la personalidad e identidad de una persona.
Todas estas consecuencias se encuentran establecidas en el propio Código Civil[5], sin que exista una justificación para limitar los efectos del reconocimiento de paternidad a sólo conocer los orígenes biológicos y consecuentemente darle un trato distinto al hijo nacido fuera de matrimonio.
Conclusiones La sentencia de la Primera Sala abre una puerta interesante para el ejercicio de esta acción, aún cuando los efectos por los que se permitió iniciar este juicio pueden ser muy discutidos. También es de llamar la atención el estudio y análisis que se hace del artículo 388 del Código Civil a la luz de los derechos humanos de la quejosa que pudieran verse vulnerados.
Actualmente el caso se encuentra de regreso en el juzgado familiar que primeramente conoció la demanda. Para preservar la materia del juicio, fue admitida una medida provisional para efectos de que no se dilapide u oculte el cuerpo de “El Finado” durante el desarrollo del juicio y por ende no se pierda todo lo ya logrado por la quejosa.
Oscar Fernando Vázquez Cardozo. Licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Pablo R. García Reyes. Licenciado en Derecho por el ITAM (twitter: @pavasoo). Ambos son abogados de Vázquez Cardozo Abogados S.C, despacho encargado de la representación de la quejosa.
[1] Amparo Directo en Revisión 2750/2010. Ponente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Engrose de la Sentencia disponible en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
[2] ARTÍCULO 388. LAS ACCIONES DE INVESTIGACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD, SOLO PUEDEN INTENTARSE EN VIDA DE LOS PADRES.
SI LOS PADRES HUBIEREN FALLECIDO DURANTE LA MENOR EDAD DE LOS HIJOS, TIENEN ESTOS DERECHO DE INTENTAR LA ACCION ANTES DE QUE SE CUMPLAN CUATRO AÑOS DE SU MAYOR EDAD.
[3] En el voto particular se cita la sentencia del caso “Backlund Vs. Finlandia”, caso llevado ante la Corte Europea de Derechos Humanos en el que sí se reconoció que el ejercicio de una acción de paternidad sujeto a un límite de temporalidad resulta violatorio del derecho de identidad y vida privada del peticionario, a reserva del resultado y protección a la seguridad jurídica de los terceros involucrados en la relación familiar.
[4] ARTÍCULO 338 BIS. LA LEY NO ESTABLECE DISTINCION ALGUNA ENTRE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA FILIACION, CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN.
[5] ARTÍCULO 389. EL HIJO RECONOCIDO POR EL PADRE, POR LA MADRE, O POR AMBOS TIENE DERECHO:
IV. LOS DEMAS QUE SE DERIVEN DE LA FILIACION.
** No puede ser elegido ya que no es posible la reelección inmediata para el cargo de presidente de la Suprema Corte, además de que su periodo como ministro concluye en noviembre del 2015. *** Sí podría ser elegido. Sin embargo, él mismo, en una carta publicada en octubre de 2010, consideró que el cargo de presidente de la Suprema Corte se reducía en buena medida a tareas administrativas y protocolarias, con poco espacio para realizar el trabajo que a él más le interesa: la tarea jurisdiccional. Entradas recientes	Homicidio, emoción violenta y un controlador aéreo
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