Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0112_ES.html
Timestamp: 2019-12-09 19:01:47
Document Index: 21340329

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 208', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 54', 'artículo 8']

INFORME sobre la aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y arquitectura futura a partir de 2020
Procedimiento : 2017/2280(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0112/2018
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sobre la aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y arquitectura futura a partir de 2020
Ponente: Marietje Schaake
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y OBSERVACIONES
Durante el período de siete años comprendido entre 2014 y 2020, la Unión dedicó 51 800 millones EUR a su acción exterior. Una parte importante de esta financiación (32 000 millones EUR) se desembolsa a través de los denominados instrumentos financieros exteriores (en lo sucesivo, «los instrumentos»), integrados por nueve instrumentos temáticos y geográficos diferentes y un Reglamento de ejecución común (REC).(1)
• Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II),
• Instrumento Europeo de Vecindad (IEV),
• Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD),
• Instrumento de Colaboración,
• Instrumento en pro de la estabilidad y la paz,
• Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
• Instrumento de cooperación en materia de Seguridad Nuclear,
• Instrumento para Groenlandia,
• Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Cinco de estos instrumentos están sujetos al control parlamentario de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo. La Comisión AFET realiza las labores de control mediante la celebración periódica de reuniones de su Grupo de trabajo sobre los instrumentos financieros (presidido por la ponente), así como de diálogos estratégicos con la Comisión Europea (en lo sucesivo, la Comisión) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
En el REC las instituciones acordaron la realización de una revisión intermedia de la ejecución de los distintos instrumentos. La revisión intermedia se basa en parte en las conclusiones de los evaluadores externos y fue publicada por la Comisión en diciembre de 2017.
De manera paralela al proceso de revisión intermedia, todas las instituciones entablaron la preparación del próximo marco financiero plurianual (MFP). Uno de los temas de calado que se plantearán durante las negociaciones del MFP es la organización de la financiación de la acción exterior de la Unión después de 2020.
El objeto del presente informe es contribuir a ese debate con una postura clara del Parlamento Europeo. Además de analizar la revisión intermedia llevada a cabo por la Comisión y los informes publicados por los evaluadores externos, este informe se basa en un estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. La información utilizada incluye: hechos y recomendaciones procedentes de intercambios periódicos en el Grupo de trabajo sobre los instrumentos financieros exteriores de la Unión y los diálogos estratégicos con los servicios de la Comisión y del SEAE, así como la información remitida por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que sean o hayan sido beneficiarias de la financiación de la Unión a través de los instrumentos.
En estos últimos años la Unión ha tenido que hacer frente a una serie de desafíos tanto internos como externos que están estrechamente relacionados entre sí. A lo largo de las fronteras europeas estallaron conflictos que permanecen abiertos. La situación en Yemen y Siria, los continuos combates en Ucrania y la inestabilidad (política) y el caos en Libia son solo algunos ejemplos. Dirigentes como Erdogan en Turquía y Al Sisi en Egipto han afianzado el férreo control al que someten a la sociedad y la población. Al mismo tiempo, los Gobiernos de países como Rusia, China e Irán no escatiman esfuerzos a la hora de hacer valer sus intereses en la escena internacional. Tanto sus modelos de gobernanza como los valores en los que se cimientan a menudo están en contraposición con los valores e intereses de la Unión, sus Estados miembros y su ciudadanía. Por otra parte, los principios democráticos y liberales sobre los que se fundó la Unión están sometidos a una presión interna cada vez mayor.
Las incoherencias en las actuaciones de la Unión a la hora de interactuar con terceros países amenazan con socavar nuestro prestigio como modelo normativo y nuestra capacidad de impulsar cambios positivos. Lo que ocurre en Europa tiene una repercusión directa en nuestra credibilidad para ser líderes mundiales.
Con demasiada frecuencia, las metas y los objetivos de las relaciones exteriores, según lo establecido en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, han quedado supeditados a intereses cortoplacistas o nacionales. Necesitamos con urgencia una visión clara y una estrategia global sobre la política exterior de la Unión y la manera de asignar recursos a objetivos concretos. El Parlamento Europeo debe realizar su función a la hora de garantizar una supervisión y evaluación adecuadas para determinar si las metas fijadas se están alcanzando en la práctica y de manera rigurosa.
La arquitectura actual de los instrumentos carece de una visión estratégica y global y su gestión recae en diferentes servicios tanto de la Comisión como del SEAE, lo que en ocasiones ha entrañado una falta de eficiencia y coherencia. Al mismo tiempo, los obstáculos jurídicos y las estructuras institucionales han impedido la flexibilidad, reduciendo la capacidad de la Unión para reaccionar con rapidez ante desafíos nuevos y emergentes.
Debido a los diferentes actores y procedimientos implicados, la ejecución se centra más en los requisitos de los propios instrumentos que en las necesidades políticas o la obtención de resultados. La transparencia y la rendición de cuentas son innecesariamente enrevesadas. La situación se complica aún más por la falta de mecanismos de evaluación coherentes y rigurosos, así como de sistemas que permitan medir los progresos y ajustar las políticas y objetivos estratégicos en consecuencia.
El nuevo MFP, que entrará en vigor en 2020, brinda la oportunidad de mejorar como mínimo la estructura institucional actual de la financiación exterior de la Unión. Asimismo, debería contribuir a mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la transparencia de las relaciones exteriores de la Unión con objeto de afianzar sus valores e intereses en todo el mundo.
Actualmente el FED no forma parte del presupuesto de la Unión.
– Visto el Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad(1),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)(2),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz(3),
– Visto el Reglamento (UE) 2017/2306 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, que modifica el Reglamento (UE) n.º 230/2014 por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz(4),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 234/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países(5),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos a escala mundial(6),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020,(7) (Reglamento ICD),
– Visto el Reglamento (UE) n.° 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior(8),
– Vista la Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior(9),
– Visto el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS(10),
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(11),
– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores de 18 de abril de 2017 para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión («Reglamento sobre el procedimiento de comité»)(12),
– Vistas las Decisiones de la Comisión C(2014)9615, de 10 de diciembre de 2014, relativa a la creación de un Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria («el Fondo Madad») y C(2015)9691, de 21 de diciembre de 2015, por la que se modifica la Decisión de la Comisión C(2014)9615,
– Vistas las Decisiones de la Comisión C(2015)7293, de 20 de octubre de 2015, relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos de personas en África y C(2017)0772, de 8 de febrero de 2017, por la que se modifica la Decisión de la Comisión C(2015)7293,
– Vistas las Decisiones de la Comisión C(2016)9500, de 24 de noviembre de 2015, sobre sobre la coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados(13), C(2016)0855, de 10 de febrero de 2016(14), y C(2017)2293, de 18 de abril de 2017(15), sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía C(2015)9500,
– Vistos los distintos informes del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la financiación exterior de la Unión, en particular el Informe Especial n.º 18/2014 sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid,
– Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 15 de diciembre de 2017, titulado «Informe de revisión intermedio sobre los Instrumentos de Financiación Exterior» (COM(2017)0720) y los documentos de trabajo adjuntos sobre la evaluación del Reglamento de ejecución común (SWD(2017)0606), del Instrumento Europeo de Vecindad (SWD(2017)0602), del Instrumento de Ayuda Preadhesión (SWD(2017)0463), del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (SWD(2017) 0607), del Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (SWD(2017)0608) y del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) (SWD(2017)0604),
– Vistas las evaluaciones externas de los Instrumentos de Financiación Exterior(16),
– Vistos los procedimientos en curso en el Parlamento Europeo sobre el futuro marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020,
– Vista la evaluación europea de la aplicación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada «The EU external financing instruments and the post-2020 architecture» (Los instrumentos de financiación exterior de la UE y la arquitectura a partir de 2020),
– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de noviembre de 2015, titulado «Informe Anual de 2015 sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en 2014» (COM(2015)0578),
– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 19 de diciembre de 2016, titulado «Informe anual de 2016 sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior en 2015» (COM(2016)0810),
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 7 de junio de 2017, titulada «Un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE» (JOIN(2017)0021),
– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común(17),
– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo(18),
– Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la Unión en un entorno mundial en mutación: un mundo más conectado, disputado y complejo(19),
– Vista su Resolución, de 3 de abril de 2014, sobre el enfoque integral de la UE y sus implicaciones para la coherencia de la acción exterior de la UE(20),
– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la política europea de vecindad(21),
– Vista su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017(22),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía(23),
– Vistas sus Resoluciones, de 15 de febrero de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Albania(24) y sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina(25),
– Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Montenegro(26),
– Vistas sus Resoluciones, de 14 de junio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo(27), sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia(28) y sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia(29),
– Vista la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),
– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible(30),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018(31),
– Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea presentada en junio de 2016(32),
– Vista la estrategia «Comercio para todos» de la UE,
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio de la UE (SWD(2017)0364),
– Vistas las competencias de su Comisión de Asuntos Exteriores, comisión competente en relación con toda la legislación, la programación y el examen de las acciones llevadas a cabo en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II), el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP) y el Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (IC), así como las políticas que los sustentan (anexo V, sección I, de su Reglamento interno),
– Vista la declaración de la Comisión Europea adjunta a los Reglamentos por los que se establecen los instrumentos de financiación exterior, en la que se compromete a entablar diálogos estratégicos con el Parlamento sobre la programación de la Comisión,
– Vistos los reglamentos internos de los comités del IEV, el IAP II, el IEDDH, el IcSP, el IC y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Presupuestos (A8-0112/2018),
A. Considerando que la Unión sigue siendo el mayor proveedor de ayuda exterior del mundo;
B. Considerando que los instrumentos de financiación exterior son el principal mecanismo para respaldar la acción de la Unión en el panorama mundial y que la acción exterior de la Unión reviste una importancia cada vez mayor para los ciudadanos europeos;
C. Considerando que, debido a la escasez de recursos, los instrumentos de financiación exterior han alcanzado su límite en frecuentes ocasiones;
D. Considerando que, en su informe de evaluación intermedio, la Comisión considera que, en términos generales, la arquitectura actual de instrumentos externos sirve adecuadamente a su fin;
E. Considerando que una fusión de instrumentos no puede ser un fin en sí misma;
F. Considerando que la Unión ha hecho frente a numerosos desafíos en sus países vecinos y también en el panorama mundial;
G. Considerando que la acción exterior de la Unión debe dar prioridad a retos mundiales fundamentales, como la paz y el desarrollo sostenible, y reconocer que la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, en especial la igualdad de género y la justicia social, así como el apoyo a los defensores de los derechos humanos, son esenciales para la consecución de estos objetivos;
H. Considerando que la ayuda financiera exterior de la Unión es un instrumento esencial para apoyar las reformas económicas y la consolidación democrática, política e institucional en los países socios;
I. Considerando que no se ha establecido un control parlamentario equitativo y sólido de todos los instrumentos;
J. Considerando que es urgente aumentar la visibilidad de la ayuda de la Unión dirigida tanto a los ciudadanos de los países socios como a los de la Unión, a fin de informar mejor sobre los beneficios de dicha asistencia; que, a este respecto, invertir en proyectos concretos y tangibles de visibilidad más accesible para el público en general, al tiempo que se desarrolla una estrategia de comunicación integral, eficaz y sistemática dentro de cada instrumento, puede aportar un valor significativo;
K. Considerando que la comunicación estratégica a menudo se enfrenta a problemas externos, como por ejemplo las campañas de desinformación contra la Unión y sus Estados miembros, que requieren esfuerzos adicionales; que, por tanto, promover la divulgación de información objetiva, independiente e imparcial al tiempo que se tienen en cuenta los aspectos jurídicos del entorno mediático en el que se aplican los instrumentos y acciones de la Unión reviste una importancia fundamental;
L. Considerando que el comercio internacional es un instrumento fundamental de la UE para ayudar a los países en su desarrollo social y económico, así como para defender y promover los derechos humanos, los valores fundamentales y el Estado de Derecho;
M. Considerando que, de acuerdo con los Tratados, la política comercial debe contribuir al logro de los objetivos de la política exterior de la UE, incluido el desarrollo sostenible;
N. Considerando que la suma de la asistencia programada en el marco del IEV (15 400 millones EUR), el IAP II (11 700 millones EUR), el IcSP (2 500 millones EUR), el IEDDH (1 300 millones EUR) y el IC(1 000 millones EUR) asciende a 32 000 millones EUR para el periodo 2014-2020;
O. Considerando que el IAP II se ha utilizado en la gestión de la migración;
P. Considerando que el IEDDH y, en particular, el IcSP están sujetos a la base jurídica de los artículos 209 y 212 del TFUE y los dos se refieren a lo dispuesto en el artículo 208 de dicho Tratado que recoge que: «[e]l objetivo principal de la política de la Unión en este ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza»;
Q. Considerando que la Comisión es responsable de la determinación, formulación, aplicación, supervisión y evaluación de la ayuda de la Unión en el marco de estos instrumentos; que el SEAE es responsable de garantizar la continuidad y coherencia de las políticas exteriores de la Unión, entre otras cosas, por medio de los instrumentos; que el Parlamento Europeo es responsable de la supervisión y control democráticos y como colegislador en el marco de los procedimientos de codecisión;
R. Considerando que la doble naturaleza del cargo de Vicepresidente de la Comisión y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) implica que su titular debe desempeñar una función clave en la coordinación política de la asistencia que presta la Unión en el marco de estos instrumentos;
S. Considerando que varios de los proyectos y las subvenciones inscritos en los instrumentos vigentes no pueden ser objeto de una evaluación completa ya que se encuentran en una fase inicial de aplicación; que algunos objetivos son de carácter cualitativo y están relacionados con la legislación, así como con prácticas y comportamientos que no son fáciles de medir cuantitativamente;
T. Considerando que, en su revisión intermedia, la Comisión señala que es difícil medir la capacidad de los instrumentos en su conjunto para lograr sus objetivos, en parte debido a la complejidad que entraña la definición de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación para cada uno de ellos (p. 10), y recordando que, en su Informe Especial n.º 18/2014, el Tribunal de Cuentas señala la existencia de deficiencias graves en el sistema de evaluación de Europe Aid;
U. Considerando que el Reglamento de ejecución común contiene disposiciones clave sobre los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo, como la desvinculación de la ayuda y la utilización de las instituciones, los sistemas y los procedimientos de los países socios;
V. Considerando que los actuales procedimientos administrativos a menudo conllevan una carga burocrática excesiva para los posibles candidatos a receptores, que dificulta que las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales de menor escala participen en la concepción y ejecución de proyectos, ya que a menudo carecen de los conocimientos técnicos y de la capacidad administrativa para presentar propuestas admisibles y eficaces;
W. Considerando que el Reglamento ICD establece que deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 y que también prevé que la Comisión estará asistida en esta tarea por los comités del IEV, del IAP II, del IEDDH, del IcSP, del IC y del ICD;
X. Considerando que los proyectos de actos de ejecución deben remitirse al Parlamento Europeo y al Consejo cuando se transmiten a los miembros de los comités del IEV, del IAP II, del IEDDH, del IcSP, del IC y del ICD, y que el artículo 3 del Reglamento interno del Comité del ICD establece que los proyectos de actos de ejecución deben remitirse a los miembros de los comités del IEV, del IAP II, del IEDDH, del IcSP, del IC y del ICD al menos 20 días naturales antes de la reunión del Comité correspondiente; que, por consiguiente, los proyectos de actos de ejecución deben transmitirse al Parlamento al menos 20 días naturales antes de la reunión del Comité del ICD, y que los procedimientos escritos para la adopción de los proyectos de actos de ejecución constituyen una excepción a esta norma en casos debidamente justificados;
Y. Considerando que la elaboración de actos de ejecución implica una fase preparatoria interna en el seno de la Comisión (que incluye la consulta entre servicios) de una duración considerable, que por lo general se extiende varios meses;
1. Señala que la revisión intermedia de la Comisión estableció que los instrumentos actuales se ajustan de manera general al uso previsto;
2. Lamenta que la cantidad de fondos de la Unión en la rúbrica 4 del actual MFP y la falta de flexibilidad y coherencia de los mismos hayan evidenciado la limitada ambición de la Unión para actuar como un auténtico actor mundial; observa, no obstante, que muchos de los países socios y de los temas que han atendido los instrumentos de financiación exterior (IFE) de la Unión han experimentado progresos positivos, lo que es testimonio de la pertinencia y la importancia de los instrumentos de financiación exterior;
3. Manifiesta, sin embargo, su preocupación por algunas constataciones, como la falta de orientación política y de una visión global, las incoherencias en la aplicación de los valores de la Unión y los principios de asociación, la lentitud o la falta de progresos en relación con los objetivos de la reforma social y jurídica en la gran vecindad, la carencia de mecanismos sólidos de control y evaluación y la limitada flexibilidad;
4. Lamenta la ausencia de un documento con una única visión clara en el que se aclaren las sinergias entre los instrumentos y cómo contribuyen a una estrategia de política exterior global e integral para la Unión;
5. Manifiesta su preocupación por los importantes desafíos a los que se enfrentan la Unión y sus instrumentos, como las concesiones políticas entre la promoción de valores y derechos y los intereses de seguridad a corto plazo, la aparición de nuevos actores en el ámbito de la gobernanza mundial y las instituciones financieras internacionales, la multitud de conflictos violentos en el mundo, en particular la volatilidad en los países vecinos más próximos a la Unión, tanto en el Este como en el Sur, así como la política cada vez más agresiva y firme de Rusia;
6. Señala que los fondos fiduciarios de la Unión se crearon para hacer frente a las causas fundamentales de la migración; lamenta que las contribuciones del presupuesto de la Unión a los fondos fiduciarios de la Unión y al Mecanismo para los refugiados en Turquía hayan reducido la coherencia general, la visión a largo plazo y el impacto de la acción de la Unión; destaca una vez más que las nuevas prioridades deben financiarse con nuevos créditos; lamenta profundamente que no se haya consultado oficialmente al Parlamento ni se haya solicitado su aprobación en ninguna de las fases del proceso de toma de decisiones sobre la Declaración de Turquía;
7. Reitera la necesidad de que estos instrumentos sean complementarios, se adapten al contexto local y permitan reaccionar con rapidez y eficacia ante desafíos nuevos e imprevistos, sin perder de vista sus objetivos originales;
8. Lamenta que los instrumentos no contengan ninguna referencia explícita a la posibilidad de suspender la ayuda cuando un país beneficiario conculque los principios fundamentales de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos (en particular, cuando se haya empleado la gestión indirecta con el país beneficiario);
9. Señala que la ayuda de la Unión para el desarrollo (ayuda oficial para el desarrollo, AOD) no ha alcanzado el objetivo de las Naciones Unidas del 0,7 %; pide, por consiguiente, que se incrementen los recursos disponibles para la ayuda al desarrollo a fin de hacer honor a los compromisos de la Agenda 2030;
IAP II
10. Apoya los esfuerzos realizados para conferir al IAP II un carácter más estratégico a largo plazo y orientado a la obtención de resultados concretos mediante una planificación específica por beneficiario y un planteamiento sectorial; Considera que este enfoque podría contribuir a reducir la enorme acumulación de fondos del IAP I y II no utilizados en Turquía a causa de la falta de eficacia de la gestión indirecta con el país beneficiario y de la escasa capacidad de absorción;
11. Expresa su profunda preocupación ante el deterioro de la situación en Turquía en lo que se refiere al Estado de Derecho y la democracia, a pesar de los 4 500 millones de euros de ayuda programada en el marco del IAP II para el periodo actual del MFP; reconoce que la actual perspectiva de adhesión de Turquía alimenta una incertidumbre generalizada sobre el valor del IAP II en el país; señala que se han utilizado fondos del IAP II para financiar compromisos en el marco de la Declaración de Turquía;
12. Observa los diferentes niveles de progreso alcanzados en varios países de los Balcanes Occidentales en el marco de la ayuda a largo plazo procedente del IAP II; señala que, en algunos casos, la ayuda del IAP II ha logrado escasos resultados en lo relativo al estímulo de las reformas, en especial en ámbitos como el Estado de Derecho, la administración pública y la lucha contra la corrupción;
13. Observa que todavía existen deficiencias en cuanto a la calidad de los indicadores en los programas por países y los documentos de los programas de acción;
14. Hace hincapié en que es necesario poder suspender o reasignar fondos del IAP II en aquellos casos en los que un análisis exhaustivo de la Comisión determine que los países socios han incumplido sistemáticamente sus compromisos o muestran un grave deterioro político; lamenta que hasta ahora estas medidas se hayan visto obstaculizadas por la incapacidad sistémica y política para actuar;
15. Toma nota de la existencia del marco de rendimiento; lamenta, no obstante, que no se hayan considerado ni concedido recompensas al respecto; pide, en este contexto, que se redoblen los esfuerzos para seguir mejorando el marco, teniendo también en cuenta los casos de rendimiento negativo y la consiguiente reducción de los fondos;
16. Reitera la importancia del IAP II como principal instrumento de la Unión para la financiación de la ayuda de preadhesión destinada a reformas sociales, económicas y políticas de importancia fundamental para que los países se adapten al acervo de la Unión; observa que estas reformas pueden contribuir también a la seguridad regional a largo plazo; acoge con satisfacción el enfoque cada vez más estratégico del IAP II, pero subraya que la financiación en el marco del IAP II debe ser ambiciosa y con proyección de futuro y debe adaptarse a las verdaderas necesidades, obligaciones y aspiraciones relacionadas con el proceso de adhesión y la pertenencia a la Unión; recuerda, a este respecto, que estos fondos se deben utilizar de conformidad con los objetivos específicos propios del instrumento;
17. Reconoce que el IAP II proporciona una ayuda fundamental a las organizaciones locales de la sociedad civil (OSC); hace hincapié en que los compromisos no se corresponden con las necesidades reales sobre el terreno; pide, en este contexto, una mayor complementariedad del IAP II con las acciones de otros instrumentos, en particular el IEDDH y el IcSP; señala que para ello es necesaria más coordinación durante las fases de planificación y programación;
18. Considera que el planteamiento sectorial es válido pero lamenta que no esté clara la titularidad de los proyectos debido a la fragmentación de responsabilidades; señala que la gestión indirecta ha mejorado en general la titularidad de los programas pero también ha disminuido su eficiencia debido a los prolongados retrasos en su aplicación;
19. Celebra las iniciativas encaminadas a establecer sistemas para mejorar la supervisión y la medición de resultados, en particular a través de los comités de seguimiento sectoriales, las directrices internas y el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la información (OPSYS);
20. Acoge con satisfacción el apoyo a las reformas estructurales prestado mediante asistencia programada y subraya el carácter especial del IEV que permite a la Unión concebir políticas a medida y adaptadas a las necesidades específicas de los países socios;
21. Coincide con el análisis de la Comisión Europea de que la existencia de un instrumento financiero específico para la vecindad es una prueba concreta de la importancia política que atribuye la Unión a las relaciones con sus vecinos y a la intensificación de la cooperación política y de la integración económica con la región y dentro de la misma;
22. Reconoce que los retos y las necesidades actuales en los países vecinos así como las discrepancias entre objetivos, intereses y recursos financieros han supuesto una gran tensión para el presupuesto y los recursos humanos del IEV, y destaca la necesidad de una mayor flexibilidad;
23. Considera motivo de preocupación que la financiación del IEV haya sido menos eficaz en los países socios menos comprometidos con las reformas y siga resultando problemática pero necesaria en situaciones políticamente sensibles y de conflicto, especialmente en lo relativo a la promoción de los valores comunes de la democracia y los derechos humanos; lamenta que el enfoque «más por más» y los enfoques basados en incentivos no se hayan utilizado eficazmente y que países que incumplen manifiestamente sus compromisos con los derechos humanos y las reformas democráticas hayan disfrutado de una asistencia financiera creciente durante el periodo de programación más reciente;
24. Reitera que los países vecinos se han enfrentado a retos sin precedentes desde 2014 debido al creciente número de retos de larga data y de nuevos desafíos emergentes, como son la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia y el conflicto en Ucrania oriental, la crisis siria, la radicalización y el terrorismo, el desempleo juvenil y la crisis de la migración;
25. Considera preocupante que estos acontecimientos, así como las discrepancias entre los objetivos, los intereses de la Unión y de los países socios y los recursos financieros disponibles produzcan tensiones extremas en la capacidad financiera de este instrumento, a la vez que destaca la necesidad de más flexibilidad;
26. Subraya que los valores y principios de la Unión, en particular la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y unas instituciones públicas eficientes, responsables y transparentes son beneficiosos tanto para las sociedades vecinas como para las nuestras en términos de estabilidad, seguridad y prosperidad; Acoge con satisfacción el apoyo a las reformas estructurales mediante la asistencia programada; considera que la aplicación del principio de diferenciación ha permitido a la Unión adaptar su ayuda a las necesidades y las ambiciones de los países vecinos;
27. Toma nota de las contribuciones en el marco del IEV al Fondo Madad y al Fondo Fiduciario de Emergencia para África;
28. Subraya la necesidad de una mayor coordinación entre los programas regionales y bilaterales y los mecanismos de inversión para apoyar y fomentar mejor el desarrollo del sector privado; señala que las deficiencias relacionadas con la falta de programación conjunta con los Estados miembros se han mejorado levemente;
29. Acoge con satisfacción el seguimiento de la ayuda del IEV por medio del sistema de seguimiento orientado a los resultados; lamenta que no existan sistemas de evaluación y seguimiento coherentes a nivel del instrumento;
30. Hace hincapié en que el apoyo técnico y la asistencia económica en materia comercial que presta la política europea de vecindad (PEV) a los socios más próximos de la UE en las fronteras meridionales y orientales contribuyen de forma importante a la evolución democrática de esas regiones; observa que los fondos del IEV pueden emplearse para facilitar el comercio y, como tales, pueden complementar la actual financiación de la UE para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, lo que garantizaría en mejor medida la estabilidad política a medio y largo plazo;
31. Reconoce que el principal valor añadido del IcSP es su celeridad y flexibilidad a la hora de abordar conflictos y la amplia variedad de actores civiles con los que la Unión puede entablar asociaciones; recuerda que el IcSP es el único instrumento de la Unión para la prevención de conflictos civiles que incluye iniciativas en materia de mediación, diálogo y reconciliación;
32. Toma nota de las complicaciones que plantea la recopilación de datos y la medición de resultados de las actuaciones del IcSP debido a las dificultades para evaluar los resultados políticos, atribuir los resultados a las actuaciones del IcSP cuando van seguidas de acciones paralelas en el marco de otros instrumentos, y acceder a las zonas afectadas por los conflictos;
33. Señala que la necesidad de prevenir conflictos y dar respuesta a los retos en materia de seguridad ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos; considera que hay necesidad de iniciativas de reconciliación, mediación y diálogo en muchos países en crisis de posguerra; subraya la necesidad de que se actúe con prontitud en situaciones de crisis y conflicto; destaca la necesidad de aumentar significativamente los fondos disponibles para tales iniciativas; observa que la modificación del IcSP de noviembre de 2017 aspira a reforzar las capacidades de seguridad de terceros países para continuar fomentando la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible; observa que el IcSP funciona como medida de último recurso o como precursor de acciones a largo plazo financiadas por otros instrumentos;
34. Observa que el IcSP se encuentra en la fase inicial de lucha contra las ciberamenazas a nivel mundial; insta a que se preste más atención a la ciberseguridad, en particular a través de una estrategia coherente aplicable a todas las acciones exteriores de la Unión; pide que esto vaya acompañado de un incremento de los fondos asignados a la ciberseguridad en el marco del IcSP puesto que es el instrumento adecuado para hacer frente a tales amenazas;
35. Señala que se han intensificado la cooperación con las actuaciones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y las operaciones y misiones de la Política de Seguridad y Defensa Común (PCSD) y la prestación de ayuda humanitaria de la Unión;
36. Hace hincapié en el valor añadido que aporta el enfoque holístico mundial del IEDDH, a pesar de su presupuesto relativamente reducido, y la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para lograr su objetivo, así como su característica singular de ser el único instrumento a través del cual la Unión puede apoyar las actuaciones de la sociedad civil con independencia de que den o no su consentimiento las autoridades del Estado afectado por tales actuaciones;
37. Observa que la utilización del IEDDH en el periodo actual ha sido más flexible y complementaria que en el periodo anterior y que ha respondido con más rapidez a las crisis de derechos humanos y democráticas emergentes; acoge con satisfacción la complementariedad con la financiación de otras fuentes, como por ejemplo la Dotación Europea para la Democracia, lo que aumenta la eficacia de la financiación del IEDDH en casos urgentes; celebra que se preste más atención a los defensores de los derechos humanos, en particular a través del fondo de emergencia disponible a nivel de las delegaciones de la Unión, y el establecimiento y buen funcionamiento del mecanismo de la Unión para la protección de los defensores de los derechos humanos (ProtectDefenders.eu); destaca que el proceso de convocatoria de propuestas es largo, incómodo y excesivamente competitivo;
38. Toma nota asimismo de los beneficios del mecanismo ProtectDefenders.eu, puesto en práctica por la sociedad civil, que ha proporcionado un apoyo fundamental a un gran número de defensores de los derechos humanos; insta a que se sigan apoyando mecanismos de este tipo;
39. Manifiesta su preocupación ante las dificultades para integrar los derechos humanos y los valores democráticos en los programas geográficos y ante la disminución de la ayuda proporcionada por los Estados miembros a las organizaciones de la sociedad civil, lo que da lugar a una mayor presión sobre el IEDDH en un momento en el que se reducen los espacios reservados a la sociedad civil en todo el mundo;
40. Considera que la Unión debe demostrar su liderazgo y ambición empleando una política global para integrar el apoyo a la democracia en todas sus relaciones exteriores; opina, por lo tanto, que la financiación asignada al apoyo a la democracia debe incrementarse en consecuencia, en particular a la vista de los actuales ataques contra la democracia en todo el mundo; insiste en la necesidad de garantizar que el gasto destinado al objetivo n.º 1 del plan de apoyo por país llegue con eficacia y eficiencia a los defensores más amenazados de los derechos humanos; insta a que las delegaciones de la Unión utilicen todo el apoyo necesario a este respecto;
41. Reconoce que es difícil evaluar las acciones del IEDDH debido a la ausencia de indicadores estratégicos y operativos; señala que surgen dificultades para la evaluación también como consecuencia de que volúmenes significativos de la ayuda a las OSC y a los defensores de los derechos humanos se proporcionan, comprensiblemente, de forma confidencial para proteger las identidades y la seguridad de los beneficiarios;
42. Reitera el valor añadido de las misiones de observación electoral de la Unión, ámbito en el que esta es líder a escala mundial; celebra que haya aumentado el número de misiones de observación y de seguimiento de las recomendaciones de las misiones de observación electoral;
43. Subraya que el Instrumento de Colaboración está destinado específicamente a hacer valer los intereses temáticos tanto de la Unión como de los compartidos con terceros países a fin de establecer alianzas y fomentar la cooperación con los socios estratégicos actuales y futuros; señala que, en la práctica, el Instrumento de Colaboración se emplea como instrumento de último recurso y se ha utilizado cuando se consideraba que era el único instrumento que podía facilitar la consecución de la agenda política de la Unión y abordar los desafíos mundiales;
44. Señala que, en comparación con instrumentos anteriores, el Instrumento de Colaboración ha permitido trabajar de manera más cooperativa con terceros países, incluidos los socios estratégicos, los países que han dejado de recibir ayuda bilateral al desarrollo y varios foros internacionales, pero opina que se precisan más recursos y una mayor contribución por parte de los servicios encargados de la elaboración de políticas con el fin de que participen plenamente en la concepción, programación y aplicación de las acciones, así como de reforzar el activo papel de las delegaciones de la Unión en la formulación de las acciones y fortalecer el intercambio de información con los Estados miembros;
45. Aboga por mejorar la visibilidad de los objetivos del Instrumento de Colaboración, así como su conocimiento y comprensión, en especial dentro de las instituciones de la Unión;
46. Toma nota con pesar de que la evaluación se ha visto obstaculizada por el hecho de que no se ha creado un depósito central de documentos sobre las acciones, debido a la tardía adopción de un marco de indicadores de resultados y a que la mayoría de los proyectos estaban inacabados;
Reglamento de ejecución común
47. Recuerda que los instrumentos de financiación exterior de la Unión son un conjunto complejo de instrumentos de la UE para apoyar y reforzar su acción en la escena internacional y que su complejidad se coordina mediante el Reglamento de ejecución común; reitera que el Reglamento de ejecución común debe cumplir los criterios de control presupuestario y supervisión democrática; lamenta que la gran complejidad y el carácter restrictivo de dicho Reglamento hayan obstaculizado el uso eficiente de los recursos de la Unión e impidan dar una respuesta oportuna a los nuevos retos y las necesidades de los socios; lamenta que la existencia de normas comunes no haya dado lugar a una programación conjunta de la ayuda entre los instrumentos;
48. Observa que el Reglamento de ejecución común se creó con el objetivo de armonizar, simplificar la aplicación, aumentar la flexibilidad, coherencia, consistencia y eficiencia en el uso de los recursos de la Unión, y de lograr un enfoque adecuado y complementario en relación con la aplicación de la totalidad de los instrumentos;
49. Considera que es fundamental que el Parlamento disponga de tiempo suficiente para poder ejercer debida y adecuadamente sus competencias de control en relación con los proyectos de actos de ejecución; considera que, dada la duración de la fase de preparación de los proyectos de actos de ejecución antes de su remisión a los comités del IEV, del IAP II, del IEDDH, del IcSP, del IC y del ICD, no puede justificarse el incumplimiento del plazo de 20 días para la presentación de los documentos al Parlamento y al Consejo en la fase final de adopción del acto de ejecución; lamenta, por tanto, que el plazo de 20 días naturales no siempre se respete y considera que así se ve perjudicado su derecho de control; pide que todos los proyectos de medidas de ejecución se presenten con un mínimo de 20 días de antelación y solicita a la Comisión que modifique el Reglamento interno de los comités del IEV, del IAP II, del IEDDH, del IcSP, del IC y del ICD con el fin de ampliar este plazo de 20 días para la presentación, facilitando así las competencias de control del Parlamento;
50. Lamenta que la visibilidad de la política de financiación exterior de la Unión siga siendo escasa en un contexto en el que otros actores buscan activamente menoscabar la política exterior de la Unión mediante campañas de desinformación;
Recomendaciones para 2017/2018-2020
51. Pide que los valores universales y de la Unión y los derechos humanos sigan siendo un elemento central de todas las acciones exteriores de la Unión;
52. Insta a que se aumenten las sinergias y la coherencia entre todos los instrumentos contemplados en la rúbrica 4, y propugna una mejor coordinación con los programas de ayuda bilaterales de los Estados miembros y, cuando proceda, de otros donantes; pide, en este sentido, a la Comisión y al SEAE que refuercen su cooperación y coordinación, también con las organizaciones de la sociedad civil y agentes locales, y que cumplan sus responsabilidades con arreglo al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE);
53. Pide la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación sólidos, transparentes y coherentes; insiste en que tales mecanismos permitirían el seguimiento de progresos tangibles con respecto a objetivos cruciales de las reformas en los países vecinos, lo que reviste especial importancia cuando dichas reformas se hayan estancado o retrasado de otro modo;
54. Pide un mayor control parlamentario, así como la creación de procedimientos y sistemas de evaluación coherentes para todos los instrumentos; recomienda que se mejore la transparencia mediante la creación de una única base de datos pública común de proyectos y acciones;
55. Subraya la necesidad de proporcionar recursos financieros adicionales y apoyo de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil; insiste en que se precisan medidas urgentes para seguir reduciendo la carga burocrática y los obstáculos procedimentales a los que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, en especial las de ámbito local; pide que se destinen partidas presupuestarias concretas al desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de mejorar su capacidad para acceder a la financiación; lamenta que la cuestión de la falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la programación y aplicación de los instrumentos exteriores no se haya planteado en el informe de revisión intermedia de la Comisión; pide a la Comisión que integre una implicación más estratégica de las organizaciones de la sociedad civil en todos los instrumentos y programas exteriores, conforme a lo solicitado por el Consejo y el Parlamento Europeo;
56. Está a favor de una promoción más directa y activa de las políticas de la Unión, su ayuda financiera y su visibilidad;
57. Reitera su posición de que debe preverse la posibilidad de prorrogar los fondos no asignados del IEV y del IAP II, dentro de un límite del 10 % de los créditos iniciales para cada instrumento, con el fin de aumentar la capacidad para responder a acontecimientos imprevistos, manteniendo al mismo tiempo los objetivos definidos en los reglamentos pertinentes sobre el IEV y el IAP II;
58. Apoya los principios enumerados en el artículo 21 del TUE y recomienda que se haga mayor hincapié en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción y las reformas de la administración pública, la consolidación del Estado de Derecho y el buen gobierno y la mejora de la aplicación coherente de los derechos humanos y de las minorías; pide un mayor apoyo a las reformas en sectores pertinentes para el proceso de adhesión, así como al fomento de la cooperación regional con el fin de complementar la política de la Unión en materia de ampliación;
59. Recomienda que se permita la transferencia de fondos a la sociedad civil cuando las autoridades públicas se muestren reacias a cumplir los objetivos fijados por la Unión o a cooperar con los objetivos del instrumento; pide a la Comisión que modere o suspenda la financiación de aquellos países que vulneren los valores fundamentales de la Unión, incluidos los criterios de Copenhague básicos; pide que se alivie la carga administrativa para los beneficiarios de las organizaciones de la sociedad civil que solicitan financiación de la Unión;
60. Reclama la participación del Parlamento en caso de que se contemple una suspensión de los fondos o cambios de calado en las asignaciones indicativas máximas;
61. Insiste en una fuerte apropiación por parte de los beneficiarios, desde la programación hasta el seguimiento y la auditoría; pide a la Comisión que preste asistencia específica a las autoridades nacionales de auditoría en relación con la metodología, planificación, formación de personal y supervisión;
62. Recomienda que se preste un mayor apoyo a aquellas autoridades nacionales responsables de la coordinación de donantes que tienen poca capacidad pero demuestran voluntad política para cumplir los objetivos; lamenta la falta de transparencia con respecto a la capacidad de absorción de estos fondos;
63. Insta a que los fondos se canalicen hacia sectores con una trayectoria acreditada y se eviten nuevos retrasos crónicos en el marco de la gestión indirecta con el país beneficiario, principalmente en Turquía;
64. Aboga por una mayor visibilidad del IAP II en la región, habida cuenta de la importancia fundamental de la política de ampliación para la Unión, por ejemplo mediante campañas informativas y de comunicación específicas y adecuadas a través de los medios informativos nacionales, regionales y locales o de cualquier otro medio que se considere adecuado, cuyos requisitos mínimos y supervisión sean definidos por la Comisión en estrecha cooperación con los beneficiarios; apoya las labores específicas de comunicación estratégica y para combatir la propaganda, en especial cuando se atenta activamente contra la imagen y los intereses de la Unión y estos se ven perjudicados;
65. Recomienda la utilización de los fondos del IAP II para crear canales de comunicación para las empresas, en particular las pymes, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos a la adhesión, con el fin de establecer vínculos comerciales sólidos entre las respectivas áreas, lo que sería de gran utilidad a la hora de preparar a los países beneficiarios para la adhesión al mercado único;
66. Reitera la utilidad de recompensar los resultados a los países que logren avances, tal como se prescribe en el Reglamento por el que se establece el IAP II;
67. Considera que la flexibilidad y el uso de financiación para hacer frente a situaciones de crisis específicas deben estar en consonancia con las principales prioridades del instrumento y con los fundamentos de la estrategia de ampliación y del proceso de adhesión, que deben seguir siendo el principal objetivo del IAP II;
68. Pide una mejor coordinación y sinergias adicionales durante las fases de planificación y programación del IAP II con las acciones de otros instrumentos, a saber, el IEDDH y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz (IcSP), con el fin de asegurar la coherencia y favorecer la complementariedad tanto interna entre sus propios objetivos y programas como con respecto a otros instrumentos de financiación exterior;
69. Destaca la necesidad de elaborar un documento estratégico global para la ejecución del IEV que vincule la ayuda al marco político más amplio y de mejorar la coordinación con otros instrumentos; hace hincapié en que las prioridades de la programación del IEV deben incluir también el desarrollo socioeconómico, la juventud y la gestión sostenible de los recursos energéticos;
70. Lamenta que ya se haya efectuado la programación plurianual para la mayoría de los beneficiarios durante 2017 antes de que finalizase la revisión intermedia de la ayuda en esos países; recuerda que el Parlamento formuló recomendaciones sobre la programación durante el diálogo estratégico con la Comisión en abril de 2017;
71. Subraya que el IEV, como instrumento financiero independiente, concede a la Unión visibilidad política e influencia en los países vecinos, tanto del este como del sur;
72. Pide que se mantenga el equilibrio financiero existente en el reparto de los fondos entre la vecindad meridional y la vecindad oriental de la Unión;
73. Destaca la interconexión entre la estabilización, el apoyo a la democratización, la prevención y resolución de conflictos, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, la educación y el desarrollo socioeconómico; subraya la importancia de proyectos que apoyen a los jóvenes para su educación y su aptitud para el empleo;
74. Reitera la importancia que reviste la capacidad de responder con más rapidez a los desafíos;
75. Pone de relieve que la inversión en la estabilización y el desarrollo de los países vecinos también sirve para abordar problemas como la migración, el terrorismo, los conflictos locales y la inestabilidad económica, lo que a largo plazo generará beneficios para toda la Unión;
76. Destaca que la especificidad de los desafíos en los países vecinos requiere un planteamiento integrado y completo que se base en las necesidades y situaciones distintas de los beneficiarios, también mediante sinergias con otros instrumentos de financiación exterior y todas las políticas de la Unión; subraya que una de las principales tareas es aplicar con eficacia y celeridad los acuerdos de asociación y las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y todas las reformas conexas, que deben estar respaldados por recursos financieros suficientes de la Unión;
77. Reitera la importancia de una mayor programación conjunta con los Estados miembros, además de los buenos progresos realizados en materia de análisis conjuntos, coordinación y búsqueda de consenso sobre las prioridades de los donantes; aboga por mejorar la coordinación de los donantes, sobre todo en la asociación con fondos procedentes de otros instrumentos de la Unión, otros donantes e instituciones financieras internacionales para respaldar la transición económica y la estabilidad en los países socios;
78. Manifiesta su preocupación por que la capacidad de respuesta y de financiación del instrumento esté al límite de sus posibilidades; lamenta que en la fase de planificación no se tuvieran lo suficientemente en cuenta los conocimientos técnicos internos plasmados en los análisis de riesgo político y geopolítico;
79. Concluye que puede ser necesario un aumento de las asignaciones financieras indicativas mediante modificación legislativa habida cuenta de los desafíos actuales en los países vecinos;
80. Reitera que los objetivos de los fondos programados en el marco del IEV deben cumplirse cuando tales fondos se desvíen a otras modalidades, como los fondos fiduciarios, y que el control y la supervisión del Parlamento son necesarios y no se deben eludir nunca;
81. Pide una mayor participación de la sociedad civil a la hora de determinar las necesidades;
82. Pide que se utilice plenamente la condicionalidad y un mecanismo basado en incentivos a fin de apoyar las reformas políticas y económicas cuando sea necesario, y que guarden relación con las reformas y los objetivos estratégicos; lamenta que el IEV no haya podido ofrecer incentivos suficientes a aquellos países reacios a emprender reformas políticas; pide una supervisión efectiva del IEV en el ámbito de los instrumentos;
83. Manifiesta su preocupación por la destrucción y la confiscación de la ayuda financiada por la Unión en terceros países; pide que se intensifiquen los esfuerzos para mejorar la comunicación estratégica y la visibilidad de la Unión en los países vecinos;
84. Pide que se redoblen los esfuerzos para aumentar la influencia del Instrumento en pro de la estabilidad y la paz mediante la celebración de diálogos estratégicos periódicos con los socios y las organizaciones internacionales; pide, en este contexto, que se garantice la cofinanciación por parte de otros donantes importantes que tengan interés en el resultado de las acciones pertinentes;
85. Pide que se mejore el marco estratégico y se establezcan sinergias entre el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y las acciones de seguimiento llevadas a cabo mediante otros instrumentos y por otros actores;
86. Pide que se intensifique la cooperación entre otras organizaciones internacionales, gobiernos e instituciones de la Unión en la lucha contra las nuevas amenazas emergentes, por ejemplo en materia de conflictos híbridos y seguridad cibernética, donde se puede aprovechar la experiencia de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA);
87. Recomienda un uso más estratégico de la capacidad de mediación del IcSP no solo en conflictos con una repercusión localizada, sino también para apoyar el proceso de paz y los diálogos en conflictos existentes o emergentes de importancia mundial, y aboga por mejores sistemas de alerta temprana e instrumentos de análisis de conflictos que permitan una mejor prevención y consolidación de la paz;
88. Resalta que, con este instrumento, la Unión puede financiar a partir de ahora acciones de formación, así como el suministro de equipos no letales (como sistemas informáticos, hospitales, etc.), a las fuerzas armadas de terceros países, que deben responder a necesidades urgentes, a corto y medio plazo, en el marco de la realización de los objetivos en materia de desarrollo sostenible;
89. Reitera la importancia fundamental de apoyar y fomentar la democracia y los derechos humanos en terceros países, así como la protección de los defensores de los derechos humanos, con independencia de las interferencias de las autoridades de terceros países;
90. Toma nota de la eficacia y la importancia del IEDDH en este sentido, operando en un contexto de reducción del espacio de la sociedad civil; insiste en la continua necesidad de contar con una financiación específica para los derechos humanos y la democracia, que no disminuya; pide, además, que se estudie la posibilidad de aumentar la financiación para prestar asistencia urgente a los defensores de los derechos humanos, y que se promueva efectivamente la disponibilidad de esos fondos;
91. Reitera que no debe limitarse el alcance del IEDDH ni utilizarse simplemente para colmar las lagunas dejadas por otros instrumentos, sino que la promoción de la democracia y los derechos humanos debe constituir en sí mismo un objetivo claro y estratégico;
92. Insta a la Comisión a que encuentre soluciones a problemas como la reducción de los espacios reservados a la sociedad civil, el aumento de las violaciones de los derechos humanos y la represión, incrementando por ejemplo los fondos disponibles para programas reactivos mundiales, como ProtectDefenders.eu, el mecanismo de la Unión para los defensores de los derechos humanos; pide a la Unión que siga financiando a los defensores de los derechos humanos, en especial aquellos en situación de peligro, y a la sociedad civil, así como a los grupos marginados como mujeres, pueblos indígenas, la población romaní, personas LGBTI, personas con discapacidad, niños y personas de edad avanzada;
93. Recomienda que se incremente tanto la planificación estratégica en relación con las orientaciones políticas de las autoridades de la Unión como la coherencia con otros instrumentos, en particular en aquellos países que sufren un retroceso en materia de derechos humanos y estándares democráticos, a fin de combatir la tendencia mundial hacia el autoritarismo;
94. Subraya la importancia de centrarse en temas de interés internacional que puedan contribuir a corto, medio y/o largo plazo a la globalización de los derechos humanos y al imperio del Derecho internacional y la justicia; pide un mayor apoyo del IEDDH en una serie de temas emergentes, en particular la lucha contra la corrupción, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, los derechos ambientales y los derechos de los migrantes;
95. Acoge con satisfacción el apoyo a los mecanismos de protección de los derechos humanos y de rendición de cuentas internacionales y regionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Corte Penal Internacional (CPI);
96. Recomienda que prosigan los esfuerzos para abolir la pena de muerte en todo el mundo;
97. Reitera el compromiso de la Comisión de seguir apoyando a la sociedad civil y promoviendo un entorno más favorable para las organizaciones de la sociedad civil en los países socios; insiste en que es necesario tomar medidas urgentes encaminadas a reducir las trabas burocráticas a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil locales; anima a las delegaciones de la Unión a acercarse activamente a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones delicadas que requieren financiación, a publicar convocatorias de propuestas en las lenguas locales y a permitir a los solicitantes presentar sus propuestas en dichas lenguas, con lo que se reforzaría también la apropiación local y la integración de los proyectos a largo plazo;
98. Pide que se haga más hincapié en la sostenibilidad de las acciones financiadas por el IEDDH, en particular en el contexto de las misiones de observación electoral, cuando exista un margen significativo para intensificar la transferencia de conocimientos a los actores locales y mejorar el seguimiento de las recomendaciones; pide una mejor coordinación de la planificación de las misiones de observación electoral con las actividades de observación electoral del Parlamento;
99. Pide a la Comisión que proporcione financiación específica para proyectos destinados a combatir el creciente abuso de la tecnología de vigilancia y los ataques en línea por parte de gobiernos represivos y agentes no estatales;
100. Pide que se establezcan sistemas de seguimiento y evaluación en los que se requiera la contribución de los defensores de los derechos humanos;
101. Insta a que se emprendan acciones coordinadas con el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz para la prevención de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidios;
102. Acoge con satisfacción la posición central que ocupan los intereses estratégicos de la Unión;
103. Recomienda un uso más estratégico y consolidado de los escasos fondos disponibles en el Instrumento de Colaboración, de manera que se garantice el carácter incluyente de las aportaciones y que las acciones sean determinadas con la participación de todos los servicios de la Comisión y el SEAE en estrecha colaboración con los Estados miembros, y subraya la importancia de contar con un Instrumento de Colaboración dotado de los recursos necesarios para defender activamente los valores e intereses de la Unión, teniendo en cuenta el declive del consenso transatlántico y el creciente número de países de renta media cuya importancia estratégica aumenta con rapidez, por ejemplo en Asia y América Latina;
104. Recomienda revisar las asignaciones geográficas en el próximo Programa Indicativo Plurianual a fin de adaptarlas a los desafíos; sugiere, en este contexto, aumentar el alcance de la cooperación con terceros países no estratégicos, como los países de renta media, que en la actualidad no están suficientemente cubiertos;
105. Recomienda una mejor alineación con los objetivos del REC y los temas transversales;
106. Recomienda completar su sistema de seguimiento y evaluación, incluidos los indicadores cualitativos pertinentes;
107. Considera que el Instrumento de Colaboración podría ser una herramienta importante para respaldar la aplicación de los acuerdos de libre comercio, en particular mediante el apoyo a la labor de los grupos consultivos internos; subraya la necesidad de evaluar el uso y la distribución de los fondos, así como la eficacia del Instrumento de Colaboración y de los programas «Business Avenue» y «EU Gateway», que deberían complementar las competencias de los Estados miembros en materia de fomento del comercio exterior;
108. Señala que uno de los objetivos del Instrumento de Colaboración es la diplomacia pública, con el fin de generar confianza y comprensión acerca de las políticas de la Unión en países que no pertenecen a ella; destaca que la participación de la sociedad civil es de suma importancia, por lo que acoge favorablemente la asignación de tres millones de euros para apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los grupos consultivos internos;
109. Recomienda una mejor utilización de las normas armonizadas mediante posibles convocatorias conjuntas de propuestas y una optimización de la cooperación entre los servicios de la Comisión y el SEAE;
110. Aboga por la incorporación de la perspectiva de género en las disposiciones del Reglamento de ejecución común;
111. Pide que se sigan intensificando los esfuerzos para aumentar la visibilidad de la financiación de la política exterior de la Unión por medio de una estrategia de comunicación integral y coherente que incluya medidas para combatir la desinformación; pide que se introduzcan mecanismos de condicionalidad con respecto a los socios ejecutores cuando no se cumplan las medidas para mejorar la visibilidad de la Unión;
112. Recuerda la importancia crucial de los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo en la acción exterior, como se pone de relieve en el Reglamento de ejecución común, e insta a la Comisión a que mantenga estos principios en todas las medidas que tome a raíz del informe de revisión intermedio;
113. Señala que se debe tener en cuenta a las pymes de la Unión en lo que se refiere al acceso a los instrumentos de financiación exterior a través de reglamentaciones menos complejas y más favorables, que puedan facilitar un uso más ágil de los fondos y, al mismo tiempo, ayudar a las pymes a adquirir experiencia internacional; pide a la Comisión que evalúe las herramientas existentes destinadas a promover la internacionalización de las pymes en lo que respecta a su coherencia con otros instrumentos de la Unión de apoyo a estas, como por ejemplo COSME, así como en lo relativo a la subsidiariedad, la no duplicidad y la complementariedad en relación con los programas de los Estados miembros; pide a la Comisión que presente propuestas oportunas para la revisión intermedia de dichos programas con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia; subraya la necesidad de mejorar la información y la sensibilización entre las pymes acerca de los instrumentos existentes, en particular a escala nacional;
La arquitectura posterior a 2020
114. Pide que se financien instrumentos en materia de relaciones exteriores que respondan a acciones exteriores ambiciosas y que se incremente el presupuesto de la Unión como actor mundial sin dejar de basarse en valores y en derechos y principios humanos y fundamentales; reitera que las acciones exteriores de la Unión también sirven a los intereses comunes de la ciudadanía de la Unión;
115. Subraya que, en caso de que el Reino Unido abandone la Unión, debería incrementarse la actual proporción del presupuesto destinado a la acción exterior o, al menos, mantenerse en los niveles actuales y aplicarse la misma lógica a los instrumentos, políticas y prioridades existentes;
116. Reitera que la reforma de la actual arquitectura de los instrumentos es necesaria a fin de mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el control público, y que esta además permitiría aumentar la eficiencia, la coherencia y la capacidad de respuesta, así como la eficacia y la flexibilidad; considera que la reforma podría aumentar además la rentabilidad, reducir los solapamientos y conflictos de intereses entre distintos agentes y los servicios de la Comisión, así como contribuir a hacer frente a los actuales desafíos ligados a la estrategia, la programación y la ejecución;
117. Recuerda el papel fundamental del Parlamento como colegislador en el Reglamento por el que se establece el próximo MFP; reitera su voluntad de trabajar con la Comisión, el SEAE y el Consejo a fin de optimizar la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior; subraya, sin embargo, que el objetivo de cualquier reestructuración de los instrumentos debe ser el aumento de la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la coherencia y la flexibilidad; destaca que estos objetivos no se pueden lograr sin una estructura de gobernanza que permita el control político, esté impulsada por estrategias, y sea inclusiva y responsable; subraya que el Parlamento no aceptará ninguna reforma de los instrumentos sin una estructura de gobernanza sólida; insta a la Comisión y al SEAE a que propongan un plan para la reforma de los instrumentos que incluya una estructura de gobernanza de estas características; subraya las discrepancias entre las conclusiones de la revisión intermedia y las propuestas de la Comisión para reformar la estructura vigente; subraya, por otra parte, que debe garantizarse un control democrático y transparente sólido por parte de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo;
118. Pide una mejor integración de los fondos fiduciarios y mecanismos de la Unión en el presupuesto a fin de aumentar la transparencia y el control democrático de los instrumentos de financiación exterior; recuerda el acuerdo, que formaba parte de la revisión más reciente del Reglamento Financiero(33), de consultar al Parlamento y al Consejo antes de establecer un nuevo fondo fiduciario para acciones temáticas; pide, además, a la Comisión que facilite información detallada al Parlamento sobre cualquier transferencia o liberación de créditos autónoma significativa en el marco de la rúbrica 4;
119. Destaca que las delegaciones de la Unión, junto con los Estados miembros, también podrían ayudar a las pymes a utilizar estos instrumentos financieros con vistas a crear relaciones a medio plazo entre las empresas de la Unión y las economías de los países beneficiarios;
120. Insiste en que no es posible que exista un instrumento sin el establecimiento de dotaciones y asignaciones financieras claras y específicas para los distintos objetivos, metas y prioridades de la acción exterior de la Unión, como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el apoyo a la sociedad civil, la resolución de conflictos, los Estados frágiles, la política de desarrollo y la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y social, y la asistencia a los países en distintas fases de adhesión a la Unión y a los países de la vecindad de la Unión;
121. Valora positivamente el compromiso de la Unión respecto a cuestiones como los derechos humanos, la democracia y el apoyo a la sociedad civil, así como los diversos objetivos y el valor político y estratégico concreto de los instrumentos actuales; subraya que la reforma no debe socavar los objetivos políticos de cada instrumento; reconoce la especificidad de los objetivos y la aplicación en lo relativo al IEV, al IAP II y al IEDDH, y considera por ello que deben mantenerse independientes debido a consideraciones estratégicas y políticas;
122. Recuerda que, desde 2006, el IEDDH ha sido la expresión concreta del compromiso de la Unión con el apoyo y la promoción de la democracia y los derechos humanos en terceros países, y ha permitido la intervención de la Unión sin interferencia de los gobiernos a fin de apoyar a ONG registradas y no registradas y en ámbitos que no siempre cubrían los Estados miembros;
123. Insiste en la necesidad de fijar objetivos comunes, incluida la necesidad de reforzar un planteamiento basado en los derechos y de incorporar los derechos humanos con objeto de dar significado al artículo 21 del TUE, que requiere que la Unión busque consolidar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho como un objetivo necesario de las relaciones exteriores;
124. Pide al SEAE y a la Comisión que aseguren unas comunicaciones claras con los países socios sobre las reformas;
125. Pide el establecimiento de procedimientos de evaluación y seguimiento rigurosos y coherentes que permitan proporcionar un análisis cualitativo y cuantitativo y hacer un seguimiento de los avances en la consecución de los objetivos fijados mediante los fondos de la Unión a través de instrumentos distintos;
126. Pone de manifiesto la necesidad de la previsibilidad de la financiación a largo plazo, a la vez que se incluyen importes que se utilizarán de manera flexible; reitera que la flexibilidad requiere la posibilidad de transferir fondos entre dotaciones; recuerda que los fondos destinados a los objetivos de acción exterior no pueden reasignarse a otros fines, como la gestión de la migración y la seguridad interna; hace hincapié en que debe introducirse la posibilidad de prorrogar fondos no asignados del presupuesto total para el instrumento de acción exterior dentro de un límite del 10 % de los créditos iniciales del instrumento con fines de flexibilidad y/o para acciones urgentes, manteniendo al mismo tiempo los objetivos políticos del instrumento;
127. Hace hincapié en que la asignación de ayuda a un país no debe depender de los acuerdos migratorios con la Unión, y que no debe desviarse financiación de los países y regiones pobres a los países de origen de los migrantes o de tránsito a Europa por el simple motivo de encontrarse estos en la ruta migratoria;
128. Recuerda las dificultades a las que se enfrentan los beneficiarios en la actualidad a la hora de obtener financiación procedente de los instrumentos; pide una simplificación de los procedimientos, el alivio de la carga administrativa y, cuando sea posible, la adopción de procedimientos unificados para los diferentes servicios de la Comisión y del SEAE implicados, así como la creación de una ventanilla única para las organizaciones que solicitan financiación de la Unión y, cuando sea posible, el uso de soluciones digitales para racionalizar y reducir las cargas burocráticas, pero no en detrimento de la supervisión, el seguimiento y el control presupuestarios;
129. Subraya la necesidad de que todos los servicios de la Comisión y del SEAE colaboren, a fin de que la financiación exterior de la Unión se centre más en la política que en el instrumento, se eviten discrepancias, incoherencias, costes superfluos, solapamientos y un desperdicio de conocimientos y se alcancen las metas y los objetivos comunes al conjunto de la acción exterior de la Unión;
130. Hace hincapié en que es necesaria una orientación política más estratégica, además de una estrategia general y documentos de acompañamiento elaborados conjuntamente y compartidos por todos los servicios pertinentes de la Comisión y el SEAE, gestionados y supervisados por la estructura de gobernanza que todavía no se ha creado, fijando las metas y los objetivos de la acción exterior de la Unión para el próximo periodo y la manera en que se aplicará el instrumento para alcanzarlos; pide que se recurra tanto a expertos internos como externos para el establecimiento de tales metas y objetivos; recomienda que toda la programación incluya análisis de sensibilidad ante los conflictos, análisis de economía política y evaluaciones de riesgo y medidas de mitigación que se podrían reutilizar de forma flexible cuando se materialicen tales riesgos;
131. Pide que se estudie la forma de aumentar la coordinación y la coherencia con las políticas de financiación exterior de los Estados miembros de la Unión, en particular reforzando la programación conjunta;
132. Pide que las ONG dispongan de mejores oportunidades de financiación básica aclarando y ofreciendo más oportunidades de cofinanciación, mediante la posibilidad de asociaciones plurianuales y la garantía de la sostenibilidad de las actividades;
133. Pide que se mejoren los requisitos para agilizar la toma de decisiones a fin de aumentar la capacidad de reacción de la Unión ante acontecimientos de rápida evolución;
134. Subraya la importancia de aumentar la visibilidad y la sensibilización sobre la acción exterior de la Unión, entre otros, a través de la utilización de su Grupo de trabajo sobre comunicación estratégica, así como su influencia en el mundo; pide que se considere un objetivo político; subraya, por ello, la necesidad urgente de una comunicación estratégica específica para cada país o región en las delegaciones de la Unión, así como una coordinación e intercambio de información notablemente mayores entre las delegaciones de la Unión y los Estados miembros;
135. Destaca que las delegaciones de la Unión desempeñan una función clave en la programación local, la supervisión de la programación, el posible desembolso de fondos y la determinación de los beneficiarios, en particular en el caso de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo su actividad en zonas sensibles; reitera que las delegaciones de la Unión no pueden ser las únicas responsables de las decisiones de financiación debido a su labor y condición en los terceros países;
136. Hace hincapié en que se debe implicar a la sociedad civil de los respectivos países en la programación de los instrumentos y en que su concepción, puesta en marcha y ejecución deben basarse en mayor medida en una cooperación descentralizada con el fin de establecer alianzas sólidas y duraderas, atender a las necesidades concretas de la población y tener en cuenta las realidades sociales de las personas afectadas;
137. Recuerda que, en determinados casos, se atiende mejor a los objetivos y metas políticos de la Unión, como los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo, mediante el desembolso de varias subvenciones más pequeñas a organizaciones de base que ofreciendo una dotación mayor a un único beneficiario;
138. Subraya la importancia de los principios «más por más» y de condicionalidad; considera que deben crearse mecanismos de condicionalidad más rigurosos que permitan suspender el apoyo presupuestario directo a autoridades estatales u organismos públicos y agentes no estatales o, en la medida de lo posible, redistribuirlo a la sociedad civil cuando dichas instituciones incumplan o no se adhieran a la necesidad de los objetivos de los fondos desembolsados o vulneren los derechos humanos y el Estado de Derecho;
139. Solicita transparencia, rendición de cuentas, control, la adicionalidad del desarrollo, el respeto de los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo y sólidas salvaguardias en materia social, de medio ambiente y de derechos humanos a la hora de utilizar la ayuda al desarrollo para apalancar la inversión del sector privado;
140. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de asignar fondos a través de los instrumentos de financiación exterior para la cooperación y la asistencia técnica con terceros países, en particular los países en desarrollo, para fomentar la adhesión al Arreglo de Wassenaar, el Grupo Australia, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el Grupo de Suministradores Nucleares, y para prevenir las violaciones de los derechos humanos, en el marco de la actual refundición del Reglamento sobre productos de doble uso;
141. Destaca que cualquier estructura futura ha de ir acompañada por un sistema de controles y contrapesos adecuado, transparencia, el derecho de control de la aplicación, así como mayores contribuciones en materia de política estratégica y un mayor control de la aplicación por parte del Parlamento, el uso de actos delegados para la revisión de las prioridades temáticas —siempre y cuando figuren en los anexos a un acto legislativo— y la aprobación de importantes elementos adicionales como los documentos estratégicos y de programación plurianual;
142. Está convencido de que la generación posterior a 2020 de los instrumentos de financiación exterior debe respetar los principios presupuestarios de sinceridad y unidad;
143. Opina que la revisión intermedia y los procedimientos de control presupuestario deben ser lo bastante rigurosos y transparentes como para garantizar la máxima absorción de fondos posible y permitir modificaciones adecuadas para aumentar la capacidad de absorción en caso necesario;
144. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a la VP/AR y al Consejo.
DO L 77 de 15.3.2014, p. 27.
DO L 77 de 15.3.2014, p. 11.
DO L 77 de 15.3.2014, p. 77.
DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
DO L 249 de 27.9.2017, p. 1.
DO C 407 de 8.12.2015, p. 8.
DO C 60 de 16.2.2016, p. 3.
DO C 122 de 19.4.2017, p. 4.
publicadas en el sitio web de la Comisión en la dirección siguiente: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493.
DO C 408 de 30.11.2017, p. 21.
DO C 265 de 11.8.2017, p. 110.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0440.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0306.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0036.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0037.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0094.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0262.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0263.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0261.
DO C 208 de 10.6.2016, p. 25.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0408.
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (21.2.2018)
Ponente de opinión (*): Linda McAvan
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
– Visto el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020,(1) (Reglamento ICD),
– Visto el Reglamento (UE) n.° 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior(2),
– Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible(3),
– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 15 de diciembre de 2017, sobre la revisión intermedia de los Instrumentos de Financiación Exterior (COM(2017)0720),
– Visto el Informe Especial n.º 18/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid,
– Visto el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión(4),
– Visto el Reglamento interno del Comité del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (Comité del ICD),
A. Considerando que el Reglamento ICD establece que deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 y que también prevé que la Comisión estará asistida en esta tarea por el Comité del ICD;
B. Considerando que la elaboración de actos de ejecución implica una fase preparatoria interna en el seno de la Comisión (que incluye la consulta entre servicios) de una duración considerable, que por lo general se extiende varios meses;
C. Considerando que los proyectos de actos de ejecución deben remitirse al Parlamento Europeo y al Consejo cuando se transmiten a los miembros del Comité del ICD, y que el artículo 3 del Reglamento interno del Comité del ICD establece que los proyectos de actos de ejecución deben remitirse a los miembros del Comité del ICD al menos 20 días naturales antes de la reunión correspondiente del Comité;
D. Considerando, en este contexto, que los proyectos de actos de ejecución deben transmitirse al Parlamento al menos 20 días naturales antes de la reunión del Comité del ICD, y que los procedimientos escritos para la adopción de los proyectos de actos de ejecución constituyen una excepción a esta norma en casos debidamente justificados;
E. Considerando que, en su informe de evaluación intermedio, la Comisión considera que, en términos generales, la arquitectura actual de instrumentos externos sirve adecuadamente a su fin;
F. Considerando que, en su revisión intermedia, la Comisión señala que es difícil medir la capacidad de los instrumentos en su conjunto para lograr sus objetivos, en parte debido a la complejidad que entraña la definición de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación para cada uno de ellos (p. 10), y recordando que, en su Informe Especial n.º 18/2014, el Tribunal de Cuentas señala la existencia de deficiencias graves en el sistema de evaluación de EuropeAid;
G. Considerando que el Reglamento de ejecución común contiene disposiciones clave sobre los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo, como la desvinculación de la ayuda y la utilización de las instituciones, los sistemas y los procedimientos de los países socios;
H. Considerando que la Unión ha reconocido la importancia de las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de las relaciones exteriores; que ello incluye la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la programación y aplicación de los instrumentos externos; y que este compromiso de mayor carácter estratégico no se ha aplicado aún;
1. Recuerda que los instrumentos de financiación exterior de la Unión son un conjunto complejo de instrumentos de la Unión para apoyar y reforzar su acción en la escena internacional y que su complejidad se coordina mediante el Reglamento sobre las normas comunes de aplicación, que garantiza un enfoque adecuado y complementario en relación con la aplicación de la totalidad de los instrumentos;
2. Toma nota de las dificultades experimentadas por la Comisión para evaluar el cumplimiento de los objetivos; recuerda, en este contexto, las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial n.º 18/2014 sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid; pide a la Comisión que aproveche esta ocasión para mejorar su sistema de seguimiento y evaluación de conformidad con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas; hace referencia a los resultados altamente positivos de los informes especiales del Tribunal de Cuentas sobre los programas de desarrollo de la Unión;
3. Recuerda la importancia crucial de los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo en la acción exterior, como se pone de relieve en el Reglamento de ejecución común, e insta a la Comisión a que mantenga estos principios en todas las medidas que tome a raíz del informe de revisión intermedio;
4. Lamenta que la cuestión de la falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la programación y aplicación de los instrumentos exteriores no se haya planteado en el informe de revisión intermedia de la Comisión; pide a la Comisión que integre una implicación más estratégica de las organizaciones de la sociedad civil en todos los instrumentos y programas exteriores, conforme a lo solicitado por el Consejo y el Parlamento Europeo;
5. Solicita que se incrementen los recursos disponibles para la ayuda al desarrollo, toda vez que destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD es un compromiso de la Unión que hasta ahora nunca ha cumplido y no está a la altura de los recursos financieros necesarios para aplicar la Agenda 2030;
6. Pide que se lleve a cabo un ejercicio que recoja las enseñanzas extraídas al objeto de determinar las lagunas y mejorar la coordinación de los instrumentos de financiación exterior de la Unión y los instrumentos de financiación de otras instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones de desarrollo o financiación, con el fin de crear sinergias y de maximizar el impacto de los instrumentos financieros en los países en desarrollo;
7. Considera que es fundamental que el Parlamento disponga de tiempo suficiente para poder ejercer debida y adecuadamente sus competencias de control en relación con los proyectos de actos de ejecución;
8. Considera que, dada la duración de la fase de preparación de los proyectos de actos de ejecución antes de su remisión al Comité del ICD, el incumplimiento del plazo de 20 días para la presentación de los documentos al Parlamento y al Consejo en la fase final de adopción del acto de ejecución no puede justificarse;
9. Lamenta, por tanto, que el plazo de 20 días naturales no siempre se respete y considera que así se ve perjudicado su derecho de control;
10. Recuerda, ante la próxima revisión del Acuerdo de Cotonú, la importancia de respetar escrupulosamente los plazos para los proyectos de alcance continental previstos en el marco del programa panafricano para apoyar la asociación estratégica entre la Unión y África;
11. Pide que todos los proyectos de medidas de ejecución se presenten con un mínimo de 20 días de antelación y solicita a la Comisión que modifique el Reglamento interno del Comité del ICD con el fin de ampliar este plazo de 20 días para la presentación, facilitando así las competencias de control del Parlamento;
12. Pide, asimismo, que se refuercen los mecanismos de control parlamentario de todos los instrumentos de financiación exterior y de los medios para su aplicación, como los fondos fiduciarios, que permiten que el Parlamento participe realmente en la programación de los fondos y en la evaluación de su aplicación;
13. Solicita transparencia, rendición de cuentas, control, la adicionalidad del desarrollo, el respeto de los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo y sólidas salvaguardias en materia social, de medio ambiente y de derechos humanos a la hora de utilizar la ayuda al desarrollo para apalancar la inversión del sector privado;
14. Pide que se incluyan en el presupuesto de la Unión Europea los fondos fiduciarios que escapan al control del Parlamento Europeo;
15. Señala que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la piedra angular del enfoque de la Unión en relación con la participación del sector privado en el ámbito del desarrollo, y que es fundamental asegurar que las entidades privadas que se benefician de la AOD de la Unión (a través de financiación combinada o garantías) respetan los derechos humanos, las normas sociales y laborales y el medio ambiente;
16. Hace hincapié en que la asignación de ayuda a un país no debe depender de los acuerdos migratorios con la Unión, y que no debe desviarse financiación de los países y regiones pobres a los países de origen de los migrantes o de tránsito a Europa por el simple motivo de encontrarse estos en la ruta migratoria;
El informe de ejecución de la Comisión AFET titulado «Aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y futura arquitectura a partir de 2020» abarca los cinco instrumentos de financiación exterior de la UE que se inscriben en el ámbito de competencias de la Comisión AFET(5), así como el Reglamento sobre las normas comunes de aplicación, que establece disposiciones de aplicación de estos cinco instrumentos y de un sexto, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, que se inscribe en el ámbito de competencias de la Comisión DEVE.
La revisión intermedia del ICD, así como su arquitectura futura a partir de 2020, se aborda en un informe de ejecución aparte elaborado por la Comisión DEVE en calidad de comisión competente para el fondo(6) y queda fuera del ámbito del presente proyecto de opinión.
En lo que se refiere a las disposiciones del Reglamento sobre las normas comunes de aplicación que afectan a los seis instrumentos de financiación exterior o, en concreto, al ICD, la Comisión de Desarrollo está elaborando una opinión de conformidad con el artículo 54. El contenido en el presente proyecto de opinión se refiere exclusivamente a las cuestiones que se derivan del Reglamento sobre las normas comunes de aplicación.
de la Comisión de Comercio Internacional
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional: Bernd Lange (presidente)
La Comisión de Comercio Internacional presenta a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el fondo, las enmiendas siguientes:
Visto 1 bis (nuevo)
Vista la estrategia «Comercio para todos» de la UE,
Visto 1 ter (nuevo)
Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio de la UE (SWD(2017)0364),
Considerando E (nuevo)
E. Considerando que el comercio internacional es un instrumento fundamental de la UE para ayudar a los países en su desarrollo social y económico, así como para defender y promover los derechos humanos, los valores fundamentales y el Estado de Derecho;
Considerando F (nuevo)
F. Considerando que, de acuerdo con los Tratados, la política comercial debe contribuir al logro de los objetivos de la política exterior de la UE, incluido el desarrollo sostenible;
Apartado 3 (nuevo)
3. Expresa su preocupación por los importantes retos a que se enfrentan la UE y los instrumentos de que esta dispone;
Apartado 6 (nuevo)
6. Recomienda la utilización de los fondos del IAP para crear canales de comunicación para las empresas, en particular las pymes, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos a la adhesión, con el fin de establecer vínculos comerciales sólidos entre las respectivas áreas, lo que sería de gran utilidad a la hora de preparar a los países beneficiarios para la adhesión al mercado único;
Apartado 9 (nuevo)
9. Hace hincapié en que el apoyo técnico y la asistencia económica en materia comercial que presta la política europea de vecindad (PEV) a los socios más próximos de la UE en las fronteras meridionales y orientales contribuyen de forma importante a la evolución democrática de esas regiones; observa que los fondos del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) pueden emplearse para facilitar el comercio y, como tales, pueden complementar la actual financiación de la UE para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, lo que garantizaría en mejor medida la estabilidad política a medio y largo plazo;
20 bis. Recomienda la creación de unos mecanismos de seguimiento y evaluación sólidos y coherentes dentro de la arquitectura de instrumentos con el fin de garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia y una mejor orientación de los gastos con cargo a los fondos;
20 ter. Pide que se incluya la perspectiva de género en todos los estudios estratégicos y evaluaciones de impacto ex ante y ex post, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos del artículo 8 del TFUE;
Apartado 35 (nuevo)
35. Considera que el Instrumento de Colaboración podría ser un instrumento importante para respaldar la aplicación de los acuerdos de libre comercio, en particular mediante el apoyo a la labor de los grupos consultivos internos; subraya la necesidad de evaluar el uso y la distribución de los fondos, así como la eficacia del Instrumento de Colaboración y de los programas «Business Avenue» y «EU Gateway», que deberían complementar las competencias de los Estados miembros en materia de fomento del comercio exterior;
Apartado 36 (nuevo)
36. Señala que uno de los objetivos del Instrumento de Colaboración es la diplomacia pública, con el fin de generar confianza y comprensión acerca de las políticas de la UE en países no pertenecientes a esta; destaca que la participación de la sociedad civil es de suma importancia, por lo que acoge favorablemente la asignación de tres millones de euros para apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los grupos consultivos internos;
Apartado 37 (nuevo)
37. Señala que se debe tener en cuenta a las pymes de la UE en lo que se refiere al acceso a los instrumentos de financiación exterior a través de reglamentaciones menos complejas y más favorables, que puedan facilitar un uso más ágil de los fondos y, al mismo tiempo, ayudar a las pymes a adquirir experiencia internacional; pide a la Comisión que evalúe las herramientas existentes destinadas a promover la internacionalización de las pymes en lo que respecta a su coherencia con otros instrumentos de la UE de apoyo a estas, como por ejemplo COSME, así como en lo relativo a la subsidiariedad, la no duplicidad y la complementariedad en relación con los programas de los Estados miembros; pide a la Comisión que presente propuestas oportunas para la revisión intermedia de dichos programas con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia; subraya la necesidad de mejorar la información y la sensibilización entre las pymes acerca de los instrumentos existentes, en particular a nivel nacional;
Apartado 48 (nuevo)
48. Destaca que las delegaciones de la UE, junto con los Estados miembros, también podrían ayudar a las pymes a utilizar estos instrumentos financieros con vistas a crear relaciones a medio plazo entre las empresas de la UE y las economías de los países beneficiarios; destaca la necesidad de que las Direcciones Generales competentes de la Comisión y el SEAE adopten un enfoque más coherente y racionalizado en relación con la creación y aplicación de los instrumentos de financiación exterior;
Apartado 49 (nuevo)
49. Considera que el respeto de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente y los principios de la OMC también deberían tenerse en cuenta a la hora de asignar los fondos;
Apartado 50 (nuevo)
50. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de asignar fondos a través de los instrumentos de financiación exterior para la cooperación y la asistencia técnica con terceros países, en particular los países en desarrollo, para fomentar la adhesión al Arreglo de Wassenaar, el Grupo Australia, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el Grupo de Suministradores Nucleares, y para prevenir las violaciones de los derechos humanos, en el marco de la actual refundición del Reglamento sobre productos de doble uso;
DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 13.
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos; Instrumento Europeo de Vecindad; Instrumento de Ayuda de Preadhesión; Instrumento en pro de la estabilidad y la paz; e Instrumento de Asociación.
Aplicación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (22.2.2018)
Ponente de opinión: Jean Arthuis
1. Lamenta que la cantidad de fondos de la Unión en la rúbrica 4 del actual marco financiero plurianual (MFP) y la falta de flexibilidad y coherencia de los mismos hayan evidenciado la limitada ambición de la Unión para actuar como un auténtico actor mundial; observa, no obstante, que muchos de los países socios y de los temas que han atendido los instrumentos de financiación exterior (IFE) de la Unión han experimentado progresos positivos, lo que demuestra la pertinencia y la importancia de los instrumentos de financiación exterior;
2. Destaca que, para hacer frente a los múltiples desafíos y crisis en su vecindad inmediata y más alejada, incluida la migración y la crisis de los refugiados, la Unión ha recurrido a la creación de fondos fiduciarios y de un Mecanismo específico para los refugiados en Turquía; lamenta que las contribuciones del presupuesto de la Unión a los fondos fiduciarios de la Unión y al Mecanismo para los refugiados en Turquía hayan reducido la coherencia general, la visión a largo plazo y el impacto de la acción de la Unión; destaca una vez más que las nuevas prioridades deben financiarse con nuevos créditos;
3. Está convencido de que la generación de instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 deberá:
– estar al servicio de una estrategia global de la Unión ambiciosa y general, y que se base en los valores de la Unión; responder a las ambiciones políticas de la Unión en altura, flexibilidad de los instrumentos de financiación exterior y entre ellos, y coherencia política general, también cuando la Unión deba conducirse como un actor importante en la reconstrucción tras guerras y conflictos en su vecindad ampliada;
– permitir sinergias claras entre el presupuesto de la Unión y su influencia política en el seno de asociaciones genuinas con terceros países;
– permitir una mayor capacidad de respuesta de la Unión frente al entorno cambiante, respetando al mismo tiempo los compromisos internacionales asumidos hasta la fecha;
– aportar un verdadero valor añadido europeo y garantizar una mejor coordinación y un planteamiento más orientado a los resultados, en particular en lo que se refiere a la información y la comunicación, teniendo en cuenta que la financiación de la Unión no debe duplicar ni solaparse con la financiación de los Estados miembros y que debe ser más sinérgica;
– respetar los principios presupuestarios de sinceridad y unidad;
– reforzar la función de control democrático del Parlamento;
4. Considera que la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior puede simplificarse y debe reflejar unos objetivos políticos claros; destaca que los resultados deben medirse no solo por país y por sector, sino también agregados por instrumento; pide que aumenten la eficiencia, flexibilidad, rendición de cuentas, coherencia y visibilidad de la acción de la Unión; advierte, no obstante, de que una simplificación excesivamente radical de la estructura no estaría exenta de riesgos;
5. Recuerda la necesidad sin precedentes de ayuda humanitaria que ha surgido como consecuencia de catástrofes naturales y antropogénicas impulsadas, entre otros factores, por el cambio climático, la inseguridad de las personas, los conflictos y los desplazamientos forzosos; pide, en particular, que se mantenga un instrumento separado para la ayuda humanitaria, con base jurídica, presupuesto y estrategia de financiación a largo plazo propios para garantizar los cuatro principios humanitarios de «humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia»; pide, además, una reserva sustancial para ayuda humanitaria;
6. Pide una mejor integración de los fondos fiduciarios y mecanismos de la Unión en el presupuesto a fin de aumentar la transparencia y el control democrático de los instrumentos de financiación exterior; recuerda el acuerdo, que formaba parte de la revisión más reciente del Reglamento Financiero(1), de consultar al Parlamento y al Consejo antes de establecer un nuevo fondo fiduciario para acciones temáticas; pide, además, a la Comisión que facilite información detallada al Parlamento sobre cualquier transferencia o liberación de créditos autónoma significativa en el marco de la rúbrica 4;
7. Opina que la revisión intermedia y los procedimientos de control presupuestario deben ser lo bastante rigurosos y transparentes como para garantizar la máxima absorción de fondos posible y permitir modificaciones adecuadas para aumentar la capacidad de absorción en caso necesario.