Source: http://armandovidal.com/index.php/grandes-deudas/237-vivienda/934-suspension-de-ejecuciones-hipotecarias
Timestamp: 2019-08-19 06:45:22
Document Index: 256518777

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 14']

SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS - CONGRESO ABIERTO - armandovidal
Miércoles, 08 Febrero 2012 22:18
Este es un discurso en el recinto cargado de datos y transformado aquí en artículo de un diputado oficialista, un escribano estudioso y respetado en la Cámara, sobre la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, un dilema siempre en suspenso. Al final, el texto de la ley 26.167.
Por Luis Cigogna
Esa historia comienza con la sanción de la ley 23.928, por la que se crea el austral; continúa con la sanción de la ley 24.143, de carta orgánica del Banco Hipotecario y está jalonada luego por la ley 25.798, que estableció un sistema de refinanciación hipotecaria.
En este punto se pensó que de ese modo se ponía fin al problema, ya que se creaba un fideicomiso y se establecían una serie de pautas para ir resolviendo la situación de miles de familias que se veían afectadas por deudas anteriores a la sanción de la ley 25.561.
Pero con posterioridad a ello se dictó la ley 25.062, que suspendió por 120 días todas las ejecuciones de sentencias que tuvieran por objeto el remate de uan vivienda única y familiar.
Luego, mediante la sanción de la ley 26.084, se prorrogó a partir del 4 de marzo de 2006 y por un plazo de 90 días la suspensión de las ejecuciones de las sentencias dictadas en esos juicios, y después la ley 26.103 prorrogó una vez más por 180 días hábiles a partir del plazo establecido en la 26.084 la suspensión de sentencias que tuvieran por objeto esas ejecuciones.
Por fin, llegamos a la ley 26.167, ley de emergencia pública. Esta norma tuvo un trámite muy peculiar. Nunca vi un tratamiento igual en esta Cámara. Se conformó una comisión integrada por representantes de ambas cámaras del Congreso, la Secretaría General de la Presidencia de la República y el Banco Central.
Trabajamos reuniéndonos semanalmente y llegamos a discutir puntos y comas, hasta que finalmente se aprobó el proyecto que se presentó simultáneamente en la Cámara de Diputados y en el Senado. El Senado sancionó primero la norma por lo que nosotros actuamos como Cámara revisora.
Así fue que hicimos lo que los jueces no habían hecho, ya que estos podían haber buscado una solución para esta cuestión dentro de la normativa general de nuestra ley civil. Allí existen instituciones como la imprevisión, el enriquecimiento sin causa, el desequilibrio de las prestaciones, el abuso del derecho, en especial la usura y el anatocismo, los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres, el orden público, la lesión, además de la protección que establece la Constitución para la vivienda familiar.
Pero lamentablemente hubo un sinnúmero de jueces de la República que hicieron caso omiso a toda esta normativa. Si hubieran tenido un mínimo de sensibilidad habrían podido, dentro de la ley de fondo vigente, buscar una solución a este problema. Como no lo hicieron, este Congreso de la Nación se vio obligado a dictar la ley 26.167, que dio pautas para poder resolver esta cuestión dentro de un marco de equidad.
Quiero enfatizar que el Congreso nunca le dio la espalda a la problemática de los deudores hipotecarios que tenían que defender el techo de su familia. Siempre estuvimos buscando una salida, ya sea por la vía de la prórroga de la suspensión de las ejecuciones como por la búsqueda de una solución de fondo, como se hizo por ejemplo con la ley 26.167.
Después dictamos la ley 26.177, que creó la unidad de reestructuración dando pautas y fondos para refinanciar las deudas de quienes estuviesen en las condiciones establecidas. Hablamos siempre de deudores que hubiesen contraído deudas antes del fin de la convertibilidad.
En el año 2007, por ley 26.204 prorrogamos la vigencia de la ley 25.561, sus prórrogas y modificaciones. Por ley 26.262 prorrogamos por noventa días hábiles el plazo a que aludía el artículo 1º de la ley 26.177. La ley 26.339 vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2008 la vigencia de la ley 26.204. Por ley 26.456 prorrogamos hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley 26.204, que había sido prorrogada por la ley 26.339, como he mencionado.
Llegamos así a la ley 26.497, que estableció un sistema de refinanciación hipotecaria fijando recursos y plazos generosísimos para que las familias endeudadas pudieran cancelar sus deudas: 240 meses y en casos excepcionales hasta 30 años para poder refinanciar las deudas. Esta última posibilidad se daba cuando el monto de la cuota superara el 40 por ciento del ingreso familiar.
Quiero decir que desde este Congreso hemos hecho todos los esfuerzos posibles para resolver los problemas de los deudores hipotecarios que tienen afectadas sus viviendas. Siempre quedan casos fuera del marco legal, y esto ha movido la sensibilidad de los diputados Belous, Reyes, Macaluse, Paroli, Beveraggi, Gorbacz, Augsburger y Benas para plantear la nueva suspensión por el término de 180 días de las ejecuciones hipotecarias contempladas en las hipótesis a las que se han referido todas las leyes precedentes a las que he hecho mención.
Repito: buscamos en más de una oportunidad la solución definitiva del problema. Sabemos que las soluciones ideales no existen; las soluciones son humanas. Por lo tanto, difícilmente puedan alcanzar a todas las hipótesis de injusticia que uno pueda imaginar.
No obstante ello, el bloque del Frente para la Victoria está dispuesto una vez más a abrir un compás de espera estableciendo una suspensión por 180 días en la búsqueda de una solución que también contemple los casos marginales, que han quedado fuera de la protección de las leyes anteriores. Por los motivos expuestos, señor presidente, nuestro bloque va a acompañar este proyecto de suspensión de ejecuciones hipotecarias.
Fuente: Versión taquigráfica, sesión de la Cámara de Diputados del 24/11/10.
* TEXTO DE LA LEY 26.167 EMERGENCIA PÚBLICA
Aclaráse e interprétase la aplicación del conjunto normativo de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la Ley Nº 25.561 sus modificatorias, complementarias, prórrogas y aclaratorias, inclusive la Ley Nº 25.798 —Sistema de Refinanciación Hipotecaria —, sus modificatorias y prórrogas. Establécese un procedimiento especial, en protección de los deudores de obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en origen en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras. Requisitos. Procedimiento Especial. Interpretación y Aplicación del Fondo Fiduciario Ley Nº 25.798. Disposiciones Generales. Vigencia.
Promulgada: Noviembre 28 de 2006.
* Del principio de interpretación de las normas de emergencia pública
ARTICULO 1º — La presente ley tiene por objeto aclarar e interpretar la aplicación del conjunto normativo de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiada declarada por la Ley Nº 25.561 sus modificatorias, complementarias, prórrogas y aclaratorias, inclusive la Ley Nº 25.798, sus modificatorias y prórrogas, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 26.084 y establecer un procedimiento especial, en protección de los deudores de obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en origen en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras que reúnan la totalidad de los siguientes requisitos: a) Que las deudas hayan sido garantizadas con derecho real de hipoteca; b) Que el deudor sea una persona fisica o sucesión indivisa; c) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación de vivienda, o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos antes mencionados; d) Que dicha vivienda sea única y familiar; e) La parte deudora deberá haber incurrido en mora entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003; f) El importe en origen del mutuo no podrá ser superior a PESOS CIEN MIL ($ 100.000), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 25.561.
* Del procedimiento especial
ARTICULO 2º — Liquidación del acreedor y deudor: El juez, de oficio o a pedido de parte, intimará al acreedor para que en un plazo de DIEZ (10) días presente una liquidación actualizada de la deuda objeto del litigio, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho. Presentada la liquidación por el acreedor o vencido el plazo, se dará traslado o intimará en su caso, en los mismos términos y condiciones al deudor, para que exprese las observaciones que estime pertinentes y/o presente su liquidación.
ARTICULO 3º — Incumplimiento del deudor y acreedor de presentar liquidación actualizada: Si ninguna de las partes presentara la liquidación actualizada dispuesta en el artículo precedente, el juez procederá sin más trámite a determinar la deuda conforme lo previsto en el artículo 6º de la presente.
ARTICULO 4º — Audiencia de Conciliación: Presentadas las liquidaciones por el acreedor y/o el deudor, el juez de oficio o a pedido de parte, citará a una audiencia obligatoria de conciliación a efectos de procurar un avenimiento.
ARTICULO 5º — Período de Conciliación:En caso de desacuerdo o incomparecencia de alguna o ambas partes a la audiencia de conciliación, el juez fijará un plazo de TREINTA (30) días para que lleven a cabo tratativas tendientes a establecer el importe de la deuda y las condiciones de pago. El plazo deberá ser prorrogado a solicitud del deudor y acreedor. En esta oportunidad y a pedido del deudor se dará traslado al fiduciario para que se presente en autos en los términos del artículo 12 de la presente, a fin de informar la suma a abonar por la inclusión en el Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto en la Ley Nº 25.798, pudiendo ser imputado éste, en forma parcial o total. El juez sólo podrá dar por cumplido el período de conciliación antes de su vencimiento, por la homologación del acuerdo o el desistimiento expreso de las partes a continuar negociando.
ARTICULO 6º — Determinación de la deuda por el juez: Transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente, sin que las partes hubieren acordado, el juez procederá en un plazo de VEINTE (20) días a determinar la suma adeudada. A tal fin, sobre la base del derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y la protección integral de la familia, y teniendo en cuenta las normas de emergencia pública y aquéllas de alcance general que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento indebido, el desequilibrio de las prestaciones, abuso del derecho; en especial la usura y el anatocismo, los límites impuestos por la moral y buenas costumbres, el orden público y la lesión, evaluará y considerará los siguientes aspectos: a) Los intereses y penalidades de cualquier naturaleza aplicados; b) Las cláusulas de caducidad de los plazos; c) Los sistemas de capitalización que pudieren resultar usurarios; d) Los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos; e) Toda otra circunstancia que resultare relevante para la determinación de la deuda que las partes hubiesen aducido en las liquidaciones actualizadas presentadas, en la audiencia y en el período de conciliación. En función de la conversión a pesos y el reajuste equitativo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 25.561 (conforme artículo 3º de la Ley Nº 25.820) y en el artículo 8º del Decreto Nº 214/02, y la actualización por el coeficiente de variación de salarios dispuesta en el artículo 4º de la Ley Nº 25.713 (conforme artículo 1º de la Ley Nº 25.796), la determinación de la deuda por el juez no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso (U$s 1 = $ 1), más el 30% de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación. A la suma resultante deberá adicionársele un interés cuya tasa no podrá ser superior al 2,5% anual por todo concepto, desde la mora hasta su efectivo pago.Queda expresamente prohibida la capitalización de intereses.En ningún caso, será de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.), ni ningún otro mecanismo de actualización que el previsto en el presente artículo.
ARTICULO 7º — Pago:Firme la liquidación de la deuda, el deudor deberá hacer efectivo el pago en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días a partir de su notificación.En caso que el pago, a pedido del deudor, sea realizado, en forma parcial o total, con aportes del Fondo Fiduciario previsto en la Ley Nº 25.798, el plazo podrá extenderse hasta CUARENTA Y CINCO (45) días exclusivamente en relación a dichos importes, a los efectos de llevar a cabo los trámites inherentes al cumplimiento de la subrogación legal prevista en los párrafos siguientes.Los fondos disponibles por la adhesión al Régimen de Refinanciación Hipotecaria, se acreditarán mediante manifestación fehaciente del fiduciario de la disponibilidad del importe a favor del acreedor, presentada en autos. El pago de la totalidad de la deuda importará en relación al acreedor originario, la cancelación total y definitiva de todo lo adeudado y la subrogación de todos los derechos, acciones y garantías a favor del fiduciario en la proporción que correspondiere, de pleno derecho.
ARTICULO 8º — Inaplicabilidad del Título V de la Ley Nº 24.441:No será de aplicación el Título V de la Ley Nº 24.441.
ARTICULO 9º — Suspensión de ejecuciones:A los fines del cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense a partir de la entrada en vigencia de la presente, los trámites: de ejecución de sentencias judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de los inmuebles a que se refiere el artículo 1º de la presente. La suspensión será procedente en todos los casos, con excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se hubiere aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se hubiere realizado la tradición del bien al comprador. La suspensión dispuesta en los párrafos precedentes regirá hasta que se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el procedimiento especial.
ARTICULO 10.— Nulidad:Decláranse nulos de nulidad absoluta los actos y demás trámites procesales que se dicten en contradicción a la suspensión dispuesta en el artículo precedente, sin haber cumplimentado el procedimiento especial aquí previsto.
* De la interpretación y aplicación del fondo fiduciario Ley Nº 25.798
ARTICULO 11.— El Banco de la Nación Argentina tendrá legitimación procesal a todos los fines previstos en la Ley Nº 25.798, en su carácter de administrador del fiduciario y como garante de los intereses inherentes a su creación.
ARTICULO 12.— No será de aplicación el artículo 19 de la Ley Nº 25.798 a las deudas establecidas en el artículo 1º de la presente.
ARTICULO 13.— Aclárase el artículo 21 de la Ley Nº 25.798 en el sentido que operada la subrogación legal, se considerará mora la falta de cumplimiento en el pago de TRES (3) cuotas consecutivas o CINCO (5) alternativas.
ARTICULO 14.— Aclárase el artículo 16 inciso g) de la Ley Nº 25.798, en el sentido que:siempre que no se hubiese producido la subrogación, el fiduciario responderá por los intereses que hubieren sido devengados desde la suscripción del mutuo hasta la fecha del efectivo pago, debiendo readecuar los instrumentos jurídicos pertinentes.
ARTICULO 15.— En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia, en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
ARTICULO 16.— Aplicación:Esta ley regirá en todo el territorio nacional por haberse sancionado en aplicación de los artículos 14 bis y 75 incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional y la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Nº 25.561.
ARTICULO 17.— Efectos:Las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de la entrada en vigencia de las normas de emergencia pública cuyo alcance se aclara por la presente. Sin perjuicio de ello y a todo evento, esta ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados en la presente, salvo que se hubiere perfeccionado la venta en los términos y condiciones del segundo párrafo, del artículo 9º de esta ley y siempre que no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales, por constituir directa derivación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto ordena al Congreso Nacional la protección integral de la familia y el establecimiento del acceso a una vivienda digna.
ARTICULO 18.— Entrada en vigencia:La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil seis, registrado bajo el Nº 26.167.
ALBERTO E. BALESTRINI, JOSE J. B.PAMPURO, Enrique Hidalgo (secretario Parlamentario, Diputados). Juan H.Estrada (secretario Parlamentario, Senado).
Decreto 1711/2006 Bs.As., 28/11/2006 POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26.167 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.