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Timestamp: 2019-09-23 19:07:42
Document Index: 331260919

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 54', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 267', 'artículo 57', 'artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 54']

﻿ Sentencia 2003-00477 de mayo 27 de 2014
SENTENCIA 2003-00477 DE 27 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:LLAMAMIENTO EN GARANTÍA- PROCESO ADMINISTRATIVO. LA FIGURA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA NO TIENE UNA REGULACIÓN ESPECIAL EN LA NORMATIVA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES NECESARIO REMITIRSE A LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CUANTO A TRÁMITE Y REQUISITOS. POR TANTO, EL INTERESADO EN LA VINCULACIÓN DEL LLAMADO EN GARANTÍA DEBE APORTAR PRUEBA SIQUIERA SUMARIA DEL VÍNCULO LEGAL O CONTRACTUAL, PARA QUE EL JUEZ PUEDA VERIFICAR Y CONCLUIR LA EXISTENCIA DE DICHA RELACIÓN Y, POR ENDE, DECLARAR COMO PROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRÁMITE DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, REQUISITOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
Sentencia 2003-00477 de mayo 27 de 2014
Ref.: Expediente 2003 00477 02.
Recurso de apelación contra el auto de 8 de julio de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Actora: Emgesa S.A. ESP
Bogotá D.C., veintisiete de mayo de dos mil catorce.
Corresponde a la Sala examinar si proceden los llamamientos en garantía efectuados por Interconexión Eléctrica S.A. ESP —ISA—.
El llamamiento en garantía en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.
El llamamiento en garantía es una figura procesal que tiene por objeto exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el demandado, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.
Sea lo primero advertir que la Sección Primera del Consejo de Estado, en un asunto similar al que aquí se examina, mediante providencia de 24 de julio de 2008 (Exp. 2002-04710-02, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno) sostuvo, en relación con la figura del llamamiento en garantía, que:
“El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, se encuentra ubicado en el título XXVI, que regula todo lo relativo a los procesos especiales, específicamente los procesos referentes a las controversias contractuales y los de reparación directa, dicha norma prevé:
“ART. 217.—Denuncia del pleito, llamamiento en garantía y reconvención. Subrogado por el artículo 54 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 27 de enero de 1995 (Exp. AR-008, C.P. Yesid Rojas Serrano) concluyó que la figura jurídica del llamamiento en garantía es procedente cuando se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, la Sección Segunda, del Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos:
“En lo concerniente al llamamiento en garantía debe primeramente estarse a lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta Política, por cuya virtud los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo., antes que invalidarse, mantienen todo su contenido y alcance, máxime si se considera que con la incursión de los agentes privados en las funciones públicas, la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos no es exclusivamente estatal.
En este sentido, claro es que la salvaguarda de los principios de justicia y con ello de los derechos y prerrogativas de las personas, implica un ineludible reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, sin perjuicio de las formas propias del debido proceso que justamente tienden a reivindicar las bondades del Estado social de derecho en todas las actuaciones judiciales y administrativas.
Por ello mismo, conviene a la economía procesal y por ende a la efectividad del derecho conculcado, la comparecencia de los eventuales responsables ante la jurisdicción contenciosa, independientemente de la nomenclatura que reviste la vía procesal de acceso del tercero. A tales efectos, demostrada la autoría del daño antijurídico y la culpabilidad del sujeto activo (dolo o culpa grave), procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial a que haya lugar. De suerte que nada impide que bajo una misma cuerda se pueda probar que la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal haya sido la causa eficiente del daño censurado por el sujeto lesionado.
Así las cosas, claro es que al amparo de tales patrones jurídicos bien podía decretarse la comparencia del agente responsable, como en efecto ocurrió, siendo pertinente reconocer que merced a las probanzas allegadas al plenario la conducta dolosa del nominador quedó perfectamente acreditada, y por tanto, allanado el camino jurídico para que la entidad demandada repita contra este a partir del momento en que satisfaga las condenas impuestas en sentencia...”(1).
Por su parte, el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, precisó este asunto, de la siguiente forma:
Y el artículo 19 ibídem, prevé:
Estas disposiciones claramente explican que las personas jurídicas o naturales que tengan una vinculación legal o contractual con el Estado pueden ser llamados en garantía en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho”.
Así las cosas, es claro, de acuerdo con el planteamiento jurisprudencial aludido, que procede el llamamiento en garantía en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho(2).
Del llamamiento en garantía de ISA S.A. ESP a los agentes del mercado de energía.
La controversia originada en el llamamiento efectuado por ISA S.A. ESP, frente a las sociedades de energía con las que celebró contratos de mandato, en virtud del cual se obligó a realizar la liquidación de transacciones en la bolsa de energía, ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos(3) por la Sección Primera del Consejo de Estado, en los cuales se ha concluido que la vinculación de las empresas de energía resulta procedente, a la luz de lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, en providencia de 18 de febrero de 2013 (Exp. 2002-01640-02, C.P. María Elizabeth García González), se precisó:
“La figura del llamamiento en garantía no cuenta con regulación especial en el Código Contencioso Administrativo, ni en la Ley 678 de 2001(4), por lo que en virtud de lo normado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, es menester remitirse a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su trámite y requisitos.
El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil señala:
“Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores” (subrayado fuera de texto).
Por su parte, los artículos 55 y 56 ibídem, a los que se remite la norma transcrita, que regulan la figura denominada denuncia del pleito, prevén:
“ART. 56.—Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.
La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que este comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
Surtida la citación, se considerará al denunciado litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de este.
En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este”.
Respecto a la vinculación legal o contractual entre el demandado y el llamado en garantía, la Sección Tercera, en sentencia de 12 de agosto de 1999(5), precisó que debe presentarse prueba siquiera sumaria del mencionado vínculo, pues dicha exigencia contemplada en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, para la figura de la denuncia del pleito, es igualmente predicable a la del llamamiento en garantía.
La providencia citada expresó:
“La exigencia de que en el escrito de llamamiento se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene un doble propósito: Por una parte, establecer los extremos y elementos de la relación procesal que se solicita sea definida por el juez, y por otra, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se formula, en orden a que el uso de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable, y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición al proceso; de allí que, si bien la remisión que para efectos del trámite se hace en la parte final del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil está referida tan solo a los artículos 55 y 56 ibídem, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 del mismo es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada.
Por lo tanto, quien solicita el llamamiento en garantía debe cumplir con la carga procesal de acompañar prueba siquiera sumaria del derecho para tal actuación, esto es, del derecho legal o contractual que le permita exigir del tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reintegro del pago que tuviere que hacer en virtud de la sentencia condenatoria que se profiera en su contra” (resaltado fuera del texto).
Es claro entonces que por disposición expresa de los artículos 54 a 57 del Código de Procedimiento Civil, el interesado en la vinculación del llamado en garantía debe aportar prueba siquiera sumaria del vínculo legal o contractual con este, para que en esa medida, el juez pueda concluir que al existir tal relación, sea procedente para el llamante la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir con ocasión de una condena”.
En el caso sub judice, se observa que en el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de Interconexión Eléctrica S.A. ESP —ISA—, solicitó llamar en garantía a 20 sociedades, con las que suscribió contratos de mandato, en virtud de los cuales surge su derecho de exigirles el reembolso del pago al que eventualmente pueda resultar condenada, con motivo de la sentencia que se profiera en este proceso. Las sociedades son las siguientes (...)
Al expediente se aportó copia de los contratos de mandato celebrados por Interconexión Eléctrica S.A. ESP —ISA— (mandatario) con cada una de las sociedades citadas (mandantes), con su respectivo certificado de existencia y representación legal, lo cual prueba el requisito del vínculo contractual.
De los mencionados contratos se resaltan las siguientes disposiciones:
“1. Objeto. Encomendar a Interconexión Eléctrica S.A. ESP —ISA—, Centro Nacional de Despacho CND, en su calidad de administrador del sistema de intercambios comerciales —ASIC— la realización de los siguientes actos en nombre del mandante: 1. Realizar la liquidación de la energía, potencia y servicios complementarios de energía, de las transacciones realizadas en el mercado mayorista de energía, efectuadas por medio del SIC, las cuales para efecto de este contrato se denominarán transacciones en la bolsa de energía”.
La cláusula tercera dispone lo siguiente:
“3: Obligaciones del mandante. (...) 3. Suministrar al administrador del sistema de intercambios comerciales la información que este requiera para la liquidación, facturación y recaudo de dineros producto de las transacciones de energía, potencia y servicios complementarios de energía”.
De la lectura de las anteriores cláusulas se advierte que la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP —ISA—obra como mandante de las empresas llamadas en garantía y que con base en la información que le es suministrada por estas, elabora la respectiva facturación del servicio de energía.
En consecuencia, de declararse que ISA S.A. es responsable de la indebida liquidación del monto del cargo por capacidad reconocido en los actos demandados, eventualmente puede que también resulten involucradas las sociedades mandatarias, dado que son ellas las que le proporcionan la información para realizar las transacciones en la bolsa de energía”.
Frente al llamamiento de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., se observa que ISA aportó la póliza 0037435-0 de 25 de octubre de 2001, “póliza responsabilidad civil directores y administradores y recibo de prima” (fl. 262, anexo 1); y la póliza 1200093-7 de 9 de octubre de 2001, “póliza responsabilidad civil extracontractual y recibo de prima” (fl. 239, anexo 1).
La cobertura principal de la póliza 1200093-7, señala:
“Condición primera: cobertura objeto del seguro:
1. Amparos.
1.1. Las reclamaciones formuladas por primera vez contra el asegurado o contra la Compañía Suramericana durante la vigencia de esta póliza y que no hayan sido presentadas con anterioridad a la iniciación de la misma, con motivo de los perjuicios que causen los asegurados y de los cuales sean responsables civilmente de acuerdo con la ley, en virtud de haber incurrido en uno o varios errores profesionales, como consecuencia del manejo del centro nacional de despacho de energía y del mercado de energía mayorista.
2. Actividad asegurada.
La actividad profesional asegurada comprende las funciones tareas y servicios definidas en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas que las adiciones o modifiquen, las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los acuerdos del Consejo Nacional de Operación y demás disposiciones asignadas a:
2.2. Mercado de energía mayorista:
2.2.1. Administrar la operación del mercado de energía mayorista, incluyendo las transacciones comerciales de los agentes del mercado.
2.2.2. Determinar los precios de la bolsa de energía.
2.2.3 Liquidar y cobrar las transacciones comerciales en el mercado de energía, de contratos a largo plazo y transacciones en bolsa, liquidar el cargo por capacidad, desviaciones y restricciones; generar información de soporte e información de liquidación de contratos a largo plazo”.
Por su parte, la póliza 0037435-0 dispone lo siguiente:
“1. Responsabilidad civil del tomador:
Suramericana asegura a la sociedad tomadora por la responsabilidad en que incurra frente a sus socios o frente a terceros, como consecuencia de un acto u omisión culposa, así sea por culpa grave, realizado por sus directores o administradores en el desempeño o con ocasión de sus funciones (...).
2. Responsabilidad civil de los directores y administradores.
Igualmente y bajo las mismas condiciones, asegura a los directores y administradores por la responsabilidad en que ellos incurran frente a la sociedad tomadora, frente a los socios o frente a terceros (...) con ocasión de sus funciones relacionadas con:
2.2. Incumplimiento de sus funciones como directores o administradores.
2.3. Extralimitación de sus funciones como directores o administradores”.
Las condiciones de las pólizas transcritas permiten apreciar que la demandada cumplió con el requisito aludido en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la presentación de la prueba sumaria del vínculo contractual, en virtud del cual reclama de Compañía Suramericana de Seguros S.A. la indemnización de los perjuicios que eventualmente llegare a sufrir si se profiere sentencia condenatoria”.
Con la contestación de la demanda, Interconexión Eléctrica S.A. ESP, solicitó llamar en garantía a las siguientes sociedades:
1 Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP
2 Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP
3 Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP
4 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP
5 Aes Chivor & Cía. S.C.A. ESP
8 Emgesa S.A. ESP.
9 Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. ESP
10 Empresa Urrá S.A. ESP.
11 Empresas Públicas de Medellín ESP
12 Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP
13 Electrificadora de Santander S.A. ESP
14 Flores Iii S.A. & Cía. ESP
15 Isagen S.A. ESP
16 Merilectrica S.A. & Cía. S.C.A. ESP
17 Proeléctrica & Cía. S.C.A. ESP
18 Termocandelaria S.C.A. ESP
19 Electrificadora del Tolima S.A. ESP
20 Termocartagena S.A. ESP
21 Termotasajero S.A. ESP
22 Compañía Suramericana de Seguros.
Como pruebas, que respaldan la solicitud, aportó:
— Póliza 00374350 de 25 de octubre de 2001: póliza responsabilidad civil para directores y administradores de empresas de servicios públicos.
— Póliza 1200093-7 de 9 de octubre de 2001: póliza de responsabilidad civil extracontractual.
— Contratos de mandato y certificado de existencia y representación: suscritos por los agentes del mercado.
De lo precedente, se concluye que, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Sala, se cumplen los requisitos para aceptar el llamamiento en garantía, efectuado por Interconexión Eléctrica S.A. —ISA—, pues, en principio, existe para ellala posibilidad de reclamar a las sociedades garantes, la indemnización o el pago de la suma a la que eventualmente resulte condenada.
Ello, sin perjuicio de que el juzgador, en la sentencia que ponga fin al proceso, determine si se produjo o no el daño y si, en virtud del vínculo contractual probado, el tercero está llamado a responder, analizando para el efecto, las cláusulas de los contratos de mandato, el alcance de la cobertura de las pólizas, la vigencia de las mismas, el pago de la prima, etc.; razón por la cual, se confirmará el proveído impugnado.
(1) Sentencia de 26 de noviembre de 1998. Expediente 1210/98, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Sección Segunda del Consejo de Estado”.
(2) Véase también la sentencia de 29 de julio de 2010, Expediente 2003-003387-01. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sobre el mismo asunto.
(3) Ver, entre otros, expedientes 2002-01640-02, 2002-01642-02, 2002-02074-02, 2002-02538-01, 2002-04722-01.
(4) “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
(5) “Expediente 15871. Actor: Juan Carlos Garcés Castrillón y otra. C.P. Germán Rodríguez Villamizar”.