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Timestamp: 2016-02-08 19:16:32
Document Index: 165874498

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 39', 'artículo 426', 'artículo 401', 'artículo 138', 'artículo\n393', 'artículo 395', 'artículo 138', 'artículo 149']

Con estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y Maestría en Derecho Penal en
la Universidad San Martín de Porres. Catedrático en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Profesor de la Academia de la
I. Corrupción: Una definición operativa. II. Corrupción, Sistema Político y Código
Penal. III. Administración de Justicia y corrupción. IV. Código Penal y Corrupción. V.
La Imparcialidad: El Bien Jurídico Protegido. VI. Código Procesal Penal y Corrupción.
SISTEMA ACUSATORIO, CÓDIGO PROCESAL
PENAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN EL SISTEMA PERUANO DE
CORRUPCIÓN: UNA DEFINICIÓN OPERATIVA
Este artículo tiene por finalidad mostrar la capacidad de rendimiento del Código Procesal
Penal de 2004 para actuar como línea de enfrentamiento normativo contra los actos de
Resulta difícil obtener un concepto global y de consenso que dé cuenta del contenido,
matices y alcances –por lo mismo también de sus límites– del vocablo “corrupción” dada la
diversidad de culturas (factores ideológicos, políticos e incluso religiosos) que condicionan su
naturaleza; la amplia y diversificada gama de mecanismos, actos y prácticas que pueden ser
ingresadas en su significante en tanto norma jurídica; así como debido a la serie de intereses
políticos que desnaturalizan su contenido y el de las respectivas líneas de su enfrentamiento.
Tómese en cuenta por ejemplo, en este último extremo, la conceptualización cínica que ve
una “corrupción positiva o blanca” en tanto vía de salvamento para quebrar los parámetros y
nudos “insalvables” de las agotadoras trabas burocráticas que imponen las administraciones
públicas o la lentitud ancestral de la administración de justicia de corte inquisitivo.
En dicho contexto de limitaciones adviene urgente la necesidad de dotarnos con un concepto
operativo que a la vez que incorpora sus componentes principales, restringe el universo de sus
expresiones y otorga escaso o nulo valor a su causalidad ética en tanto factor de abordamiento
normativo. Sólo de este modo podemos abstraer un amplio sector de prácticas de corrupción
que resultan de interés jurídicamente hablando y poder, mediante ello, trabajar estrategias de
abordamiento, implicancias y diseños de política penal; ello reconociendo que el derecho
penal y procesal penal son sólo instrumentos de enfrentamiento fragmentarios e insuficientes,
visto su escaso efecto preventivo en esta área de delincuencia.
Con las limitaciones puestas de manifiesto para una lucha eficaz desde la normatividad
penal –en el terreno de la razonabilidad que tal combate supone–, se puede concluir que el
uso abusivo o mal uso funcional (no podría hablarse de un empleo funcional o conforme a
derecho como presupuesto de las prácticas de corrupción en el sector público) de las posiciones
de poder que otorgan los cargos o empleos públicos, con la finalidad de obtener beneficios
patrimoniales –o patrimonialmente equiparables– de alcance personal o grupal y con detrimento
o menoscabo a los valores informante de la administración pública, es sinónimo de corrupción.
Con esta definición se gana en precisión lo que se pierde en denotación, pues separamos la
corrupción pública de la privada, centramos la atención en la posición de poder como núcleo
normativo informante de la posibilidad de corrupción, con prescindencia del mayor o menor
poder que el agente público posea o exhiba; por igual vinculamos el efecto corrosivo de la
práctica corrupta con el bien jurídico administración pública, que se ve afectada en la
disponibilidad de sus valores configurantes.
Tal definición no cubre la puesta en disposición a favor de terceros de las funciones y
servicios públicos con base a etiologías distintas a la patrimonial. Piénsese por ejemplo, el
espíritu de cuerpo, factores afectivos, religiosos o políticos (que no supongan ventajas
equiparables patrimonialmente), no obstante que estos factores lleguen a afectar la actuación
imparcial del sujeto público. Esta abdicación se torna necesaria a fin de no fundamentalizar el
termino corrupción y permitir a otras áreas del ordenamiento jurídico el respectivo
abordamiento de dicha problemática
II.CORRUPCIÓN, SISTEMA POLÍTICO Y CÓDIGO PENAL
La lectura de las prácticas de corrupción tiene distintos significados, ya sea que nos
ubiquemos en el ámbito de influencia de los redactores del Código Penal de 1991, o nos
hallemos en la mira de análisis propia de los años subsiguientes a los del gobierno de Alberto
Fujimori. En el primer contexto, por cuanto no se había presentado motivación suficiente
para someter a presión la capacidad de rendimiento de dicho cuerpo normativo, ofrecía una
relativamente aceptable capacidad formal de respuesta a las atávicas y ancestrales corruptelas
que han asolado las estructuras y dinámicas funcionales de las diferentes reparticiones públicas,
y ello pese a que la corrupción llegó a ofrecer cuotas de alta incidencia en los gobiernos
precedentes. En esta orientación, la corrupción inherente a las negociaciones estatales, aduanas,
deuda externa, concesiones, pese a su larga data republicana, muy pocas veces fue objeto de
escudriñamiento público, y cuando lo fue no llegó a amenazar los cimientos de la corrupción.
Los actos de corrupción al interior de las funciones y servicios públicos de la administración de
justicia rara vez trascendieron la esfera de las fiscalías y juzgados; es más, no alcanzaron
dimensionamiento ni llegaron a posesionarse en el centro de la atención pública. Así, jueces,
fiscales y personal asistencial implicado cumplieron sus cometidos con mayor o menor eficiencia
y decoro profesional, con la tranquilidad que da la ausencia de escándalo, pese a que existiera
casi siempre una peyorativa y suspicaz impresión de los operadores del sistema peruano de
Otra es la perspectiva a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, pues los tipos legales
referidos a los manejos irregulares de fondos y a las prestaciones de funciones y servicios
públicos devinieron en marcadamente limitados para dar cuenta de la intensa y diversificada
eclosión de comportamientos irregulares que trajo consigo la terminación de un gobierno
autoritario que, sumido en su propia lógica de control del Estado, de las instituciones y de los
medios de comunicación, impidió que se liberaran paulatinamente las energías de las fuerzas
políticas, mediáticas y sociales, las que después tomarían la hegemonía en el discurso y el
ordenamiento de la agenda política de rendición de cuentas, con especial fuerza y
direccionamiento. Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de dicho
régimen excedieron, por cierto, las previsiones que para la anormalidad controlada por el
sistema representa la incidencia de corrupción. Este rompimiento del dique de la normalidad
tuvo sus efectos declaradamente corrosivos para la lógica de la función pública, la misma que
tardará años aún en recuperar sus matrices de eticidad y profesionalismo.
Con base a lo anteriormente reseñado, la capacidad de rendimiento del Código Penal tiene
dos referentes de obligado abordamiento: antes de 1991 y después del año 2000, con un interregno
de lasitud normativa y práctica posibilitada por el control de la información. Ni la corrupción
institucionalizada ni la criminalidad organizada en la administración pública fueron realidades con
las que tuvo que lidiar el Código Penal de 1991. Ni el cohecho extorsivo ni el soborno trasnacional
fueron actos penalmente relevantes que preocuparan a los legisladores de 1991.
Por eso cuando haya que referirse a los delitos de corrupción en la administración de
justicia, existe un antes y un después que continúa ampliándose en un ahora en el que aún
no se han saldado cuentas ni se ha producido la debida labor de evaluación de la lucha
anticorrupción, de sus aciertos como también de sus excesos. Porque no es correcto sostener
que el exceso está permitido cuando se trata de luchar con eficacia y autenticidad frente a la
corrupción, dado que hay tantas formas de corrupción y tan diversos modos de abordarla
que las medidas válidas y eficaces en unas sean limitadas o contraproducentes en otras formas
o modalidades.
III.ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CORRUPCIÓN
Las prácticas de la corrupción, por naturaleza versátiles, multiformes, desvaloradas jurídica
legal o éticamente y por lo mismo indeseables, no obstante su alta incidencia, cuando acontecen
en el mundo de los actos de función y de los servicios públicos adquieren una connotación
distinta a si se producen en la esfera de los actos privados, fundamentalmente por sus implicancias
legales y efectos sociales.
En el primer ámbito, la ingerencia punitiva en el Perú y en gran parte de los Códigos del
mundo occidental no ha ingresado a regular punitivamente actos de corrupción en las relaciones
entre las personas naturales o entre éstas y las instituciones privadas, pese al llamado de
atención de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 12) en este
punto, a fin de que cada Estado Parte dé conformidad a su derecho interno, adopte medidas
para prevenir la corrupción y prever sanciones administrativas y hasta penales; disposición
que no ha tenido aún en el Perú la recepción discursiva ni mediática del caso, menos aún su
debido recojo legislativo.
En cambio, lo que suceda en el entramado de las prestaciones inherentes a las funciones y
servicios públicos, tanto en su dinámica interna como en sus efectos prácticos desde la perspectiva
de los destinos de dichos cometidos públicos, ha constituido, con más fuerza después del año
2000, un sensible ámbito de definiciones y decisiones en múltiples sectores: administrativo,
de control interno, legislativo, y ahora como nunca en la mirada visora de la sociedad y en la
proliferación de vías complementarias que toman su fuente de origen en los esfuerzos del
Poder Ejecutivo por brindar atractivas, y casi siempre lamentablemente ineficaces respuestas
proactivas de protagonismo anticorrupción (en esta materia los esfuerzos aparentes, en la
práctica inocuos, localizados en los gobiernos de Fujimori y Toledo son de por sí elocuentes).
Y es que este interés polifacético por ofrecer líneas de abordamiento, argumentos de discurso,
e implementar prácticas de enfrentamiento a la problemática de la corrupción localizada en
Sistema acusatorio, código procesal penal y lucha contra la
corrupción en el sistema peruano de administración de justicia
lo público, se justifica por cuanto la administración pública no sólo es un conjunto de relaciones
calificadas por el destino social de las prestaciones que vincula a agentes públicos con la
sociedad, sino por cuanto ella constituye la integración de un conjunto de valores que necesitan
estar siempre asegurados por la presencia de una fina y acentuada carga ética, con sus ya
conocidos productos de probidad, lealtad, vocación de servicio, primacía del interés público
sobre el particular personal, legalidad en justicia de las decisiones, etc., sin los cuales pierde
sentido la alta valoración positiva de la que deben estar dotados los actos de función y servicio
Adquiere mucho más contundencia este discurso de valoración ética si es que dirigimos la
atención a uno de los sectores de lo público: la administración de justicia, sector en el cual se
resumen los valores o antivalores dominantes en un período concretamente objetivado de
desarrollo histórico, y donde las repercusiones de las prácticas de corrupción son especialmente
deslegitimadoras para la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
La administración de justicia tiene que asegurar condiciones óptimas de funcionalidad basada
en valores. Si bien las argumentaciones positivistas que fundaron el derecho alejado de los
valores representaron una llamada de atención a fin de evitar manipulaciones políticas o ideológicas
desde el poder a través de la presentación ideologizada y consolidada de valores preordenados,
ello no excluye el hecho que los valores dominantes de un sistema social históricamente
determinado, al margen de las eventualidades políticas de hegemonía que se presenten, sean
consideradas las barreras imprescindibles de la conducta funcional de los agentes públicos.
IV.CÓDIGO PENAL Y CORRUPCIÓN.
El Código Penal vigente desde el año 1991 tomó sus antecedentes criminológicos y político–
criminales de valoración legislativa de etapas que no permitieron advertir la vorágine de
acontecimientos delictivos que habrían de acontecer en los lustros siguientes, en los que la
globalización de las actividades delictivas y de las comunicaciones posibilitaron apreciar en
toda su dimensión fenómenos tales como de los delitos de criminalidad organizada (lavado de
activos, tráfico mundial de armas y de drogas, etc.), delitos informáticos, corrupción
institucionalizada, sobornos trasnacionales, etc.; razón por la cual, realidad por lo demás
común al resto de países de la región, los cuerpos jurídicos punitivos nacionales no mostraron
la capacidad de respuesta adecuada a la eclosión de conductas de criminalidad desbordante.
En una mirada rápida de las características de nuestro Código Penal de 1991 antes de la
reforma producida en el año 2004, podemos advertir tres notas distintivas que definen la
actitud político–criminal con relación a las tipologías legales de corrupción y otras modalidades
delictivas de función conexas cometidas en el ámbito de la función pública:
•Presencia de una política criminal de mínima intervención a nivel de criminalización,
mínima criminalización, que se observa en tres niveles: en la ausencia de figuras que
doten de tipicidad, por ejemplo, la conducta del funcionario que soborna a otro
funcionario, el cohecho extorsivo, el tráfico de influencias cometido por funcionario
público, entre otros supuestos; en segundo lugar, en el escaso uso del sistema de
agravantes (excepción dada por los delitos de peculado y malversación agravados); y
en tercer orden, por la no incorporación en el catálogo de tipologías penales de delitos
tales como el soborno transnacional.
•Conminación penal que oscila entre penas benignas e intermedias. Llama la atención
que los delitos de abuso genérico de autoridad e incumplimiento de funciones posean
penas que tienen definido su extremo superior en dos años, los mismos que concordados
con lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, implique la posibilidad de no
aplicación de pena. En otro elenco de mimiedades es de resaltar que el extremo inferior
de las penas, incluyéndose aquí las figuras delictivas de colusión desleal y peculado,
fuera menor a cuatro años (cohecho pasivo propio e impropios, cohecho activo, tráfico
de influencias entre otros). Un tercer nivel de constataciones se produce al advertir la
relativamente estable evolución histórica de las modificaciones de penalidad que observan
los delitos de corrupción; en efecto las figuras de cohecho pasivo propio e impropio,
cohecho activo y tráfico de influencias no sufrieron modificaciones legislativas de
criminalización ni de penalidad desde la vigencia del Código; el resto de figuras fueron
en una o dos oportunidades variadas en un lapso de más de diez años de entrado en
vigor el Código; circunstancias que permiten ubicar este elenco de delitos en el marco
de una decidida orientación minimalista de la política penal del Estado durante los años
1991 al 2004. La reforma producida en el año 2004 alteraría esta constante.
•Un marco legal propio otorgado a la pena de inhabilitación, la que es separada de las
reglas de accesoriedad establecidas en el artículo 39 del Código Penal, para dotarla
de un régimen propio que definió un subsistema de inhabilitación principal privilegiado
a través del artículo 426 del referido cuerpo punitivo y que fijó en un máximo de tres
años la duración de dicha consecuencia jurídica, eliminando con ello la característica
de accesoriedad ya consignada en la norma de parte general en alusión, que indica
que la inhabilitación a imponer tendrá la misma duración que la pena principal cuando
se trate de delitos de abuso de autoridad, de cargo o de violación de deberes inherentes
Cabe señalar también que, pese a las incorporaciones sobre criminalizaciones y aumentos
de pena que trajera consigo la Ley Nº 28355 (octubre de 2004), el Código Penal peruano
sigue revelando, a la lectura crítica, aún notorias y lamentables falencias de criminalización.
Así, pese a las directivas de la Convención Interamericana contra la Corrupción (artículo VIII),
aún no se ha legislado sobre el delito de soborno transnacional; igualmente no se ha previsto,
en tanto figura penal agravada, el cohecho activo cometido por funcionario o servidor público;
tampoco se ha avanzado en el análisis de la inducción al cohecho o al delito de enriquecimiento
ilícito; igual vacío se aprecia con respecto a la figura de cohecho específico agravado cuando
está dirigido a la comisión de otro delito. Finalmente no se ha previsto, legislativamente, la
posibilidad de tipificar algunas inexcusables formas culposas de cohecho.
Con relación al contenido de las ideas enunciada en el párrafo precedente, las mismas no
olvidan ni soslayan el argumento central que el Código Penal tiene evidentes limitaciones para
representar una línea de combate integral contra la corrupción, sin embargo no puede dejarse
de lado el fundamento que, pese a todas las críticas que pueden dirigirse a la injerencia
punitiva en este ámbito tan sensible y de tantas implicancias, la fuerza de la conminación en el
apartado de los delitos funcionales puede llegar a gozar de eficacia si se efectúan correctivos a
la serie de permisiones y privilegios no razonables que el Código Penal sigue aún manteniendo.
Se complementa ello con acciones en vías administrativas de control y, lo que es más importante,
si los órganos encargados de efectuar el filtro de selección de funcionarios y servidores públicos
que se incorporarán a la administración de justicia realizan su trabajo con un cambio de
modelos e indicadores para dicho proceso de búsqueda en la selección de profesionales
dotados de características y perfiles adecuados a los cargos y roles a desempeñar. La función
de selección del Consejo de la Magistratura, de las Cortes Superiores y de la Fiscalía Suprema,
significan aquí variables de enorme importancia, que deben constantemente ser objeto de
evaluación y contrastación en razón a los resultados producidos. El monitoreo de la calidad
profesional y valía ética de los magistrados y personal asistencial seleccionado ya en ejercicio
es una lamentable omisión y descuido apreciable en el país, y cuya evaluación podría resultar
valiosa a fin de corregir deficiencias observables en los patrones conceptuales, normativos–
reglamentarios y de actitud por parte de los miembros que toman la decisión de incorporar
funcionarios magistrados.
V.LA IMPARCIALIDAD: EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Existe consenso en el discurso doctrinario y también en la jurisprudencia que el bien jurídico,
objeto de tutela penal por parte de las normas que regulan las diversas formas de cohecho pasivo
y activo, está dado por el aseguramiento del principio de imparcialidad, núcleo y espectro
fundamental en el quehacer funcional, sobre todo en el ámbito de las decisiones. La imparcialidad
es el centro de atención de la norma penal en las figuras de cohecho no obstante que en los tipos
penales de tráfico de influencias (figura penal anómala en el concierto de los delitos de función) y
de enriquecimiento ilícito se relativice para dar paso a otros objetos de tutela. Junto al principio de
imparcialidad se encuentran otros valores de importancia que lo complementan tales como la
probidad, el principio de lealtad en el servicio a la Nación, entre otros.
Proteger el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las funciones y servicios
por parte de los sujetos públicos se reconduce en la necesidad de asegurar un marco ideal
caracterizado por la ausencia de interferencias en la adopción de las decisiones públicas;
imparcialidad que es, en términos generales, condición esencial de la actividad del funcionario
y servidor público, y que supone neutralidad y objetividad en el tratamiento de los asuntos
sometidos a su conocimiento o en los que intervengan en despliege de sus roles especiales,
cubriendo tanto al cohecho pasivo como al activo, pues en ambos supuestos delictivos con su
gama de variantes, está en juego el ejercicio de actos funcionales libre de presiones o elementos
anómalos que interfieran su normal desenvolvimiento. Discutible es que el principio de
imparcialidad dé cuenta del delito de tráfico de influencias al igual que en el caso del
enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 401 del Código, lo que exige que en cada caso
se tenga que precisar el objeto jurídico de tutela. Con relación al delito de interés ilegal en
negociaciones públicas, es argumentable que se busque, aunque en lejanía, proteger la
imparcialidad en los actos de gestión administrativa.
La imparcialidad ha sido vista, además de constituir un derecho de los justiciables, como el
deber de los funcionarios públicos de obrar en una posición de sustancial desapego,
desprejuiciamiento y ajenidad respecto de los intereses privados, de clase o grupo. Es más, la
imparcialidad se constituye en la actualidad como una de las condiciones y garantías básicas
de la administración de justicia sin la cual ésta deja de tener legitimidad.
VI.CÓDIGO PROCESAL PENAL Y CORRUPCIÓN
El enfrentamiento a la corrupción pública, en su concreción y efectos, no en sus causas
(tarea esta última de escasa eficacia a través de las normas penales), ha sido planteado desde
diferentes frentes a lo largo de la historia reciente, que revela el interés del Estado por sanear
las prácticas de la función y los servicios públicos. Lamentablemente los resultados no son
nada auspiciosos para el caso peruano y de muchos otros países de la región, cuyos pueblos
han visto con alarma que las variadas tipologías de corrupción siguen entronizadas en las
acciones e interacciones internas y/o externas de los agentes públicos, proyectándose con
gran riesgo, en tanto esquemas negativos pero exitosos para obtener metas patrimoniales, en
los amplios sectores de la sociedad no política.
La presente lectura de lucha contra la corrupción pretende ofrecer una alternativa, creo
novedosa en tal orientación –que sorprendentemente no ha sido tomada en cuenta y por lo
mismo no enfatizada por el discurso oficial–, que ha mostrado especial éxito donde se ha
implementado el sistema acusatorio para reducir ostensiblemente los índices de comisión de
tales conductas irregulares de amplio impacto social. Las siguientes reflexiones están dedicadas
así a mostrar las posibilidades reales y prácticas de la nueva normatividad procesal penal para
abordar con éxito el desmontaje de los mecanismos que en las prácticas de la justicia penal
son propiciadores de actos de corrupción.
Debe parecer un poco extraña, novedosa y quizás sugestiva la afirmación de que un
código de normas jurídicas que regula los procedimientos que dan cuenta de la justicia penal
sea presentado como un sistema de normas en lucha contra la corrupción, a lo que hay que
agregar de gran eficacia si es que no se desnaturalizan los enunciados normativos y las prácticas
procesales que contiene el Código Procesal Penal hace ya dos años promulgado.
Expliquémonos, punto por punto.
•En la historia codificadora del Perú la legislación procesal penal sistemática -partiendo
del Código de Enjuiciamientos en Materia Penal de 1863, pasando por el atractivo
Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 para concluir en el de
Procedimientos Penales de 1940, que actualmente rige y todavía lo hará por un
corto (históricamente) pero intensamente amplio lapso de casi siete años, según lo
ha sugerido la Comisión Especial de Implementación, y decretado el Poder Ejecutivo
a través del Decreto Supremo N° 007–2006–JUS, luego de una objetable
postergación-, siempre ha sido inspirada y, en tal concepción, diseñada técnico–
legislativamente bajo el convencimiento de constituir un cuerpo orgánico de normas
adjetivas destinadas a servir de cauce o escenario para que se concreten las normas
sustantivas del Código Penal y leyes penales especiales, en la búsqueda de la verdad
procesal acerca de la consumación o tentativa del delito y de la responsabilidad
penal del agente o agentes culpables (autores y partícipes), vale decir, en íntima
dependencia del derecho penal material.
Por lo mismo, es extraña y hasta puede ser a primera vista extravagante, la tesis que
sostiene que el Código Procesal Penal promulgado en julio de 2004 constituye no sólo
un conjunto de normas para buscar la verdad procesal, viabilizando el derecho sustantivo
sino -allí lo singular de la idea- que por su naturaleza sistémica y las características de sus
instituciones sea de por sí una poderosa propuesta normativa desactivadora de los
mecanismos de corrupción que existen al interior del sistema de la administración de
justicia jurisdiccional y que propician y reproducen extensiva e intensivamente prácticas
corruptas y, lo que es quizás peor, posibilitan el engranaje con el crimen organizado.
•Chocan contra esta perspectiva de enfoque diferentes argumentos: a) por definición,
son los tipos penales especiales del Código Penal, específicamente los delitos de corrupción
o de crimen organizado asociados a la corrupción, igualmente los delitos que
comprometen el manejo de fondos públicos, los que usualmente dan cuenta de esta
lucha oficial; b) los ritos procedimentales son el escenario en los cuales se desenvuelve
esta lucha, a la par que el combate a la delincuencia en general pero no constituyen en
realidad medios de lucha directos contra la corrupción; c) existe ya una extensa red de
dispositivos normativos que han creado instituciones oficiales y oficiosas para dicha
lucha, así como se han implementado una serie de mecanismos de respuesta tanto a
nivel policial en las fiscalías como en el Poder Judicial, al igual que en los sectores
administrativos de control, que reconducen en forma ex profesa la respuesta frente a
los actos de corrupción y las prácticas corrupta; es más se ha desplegado toda una serie
de políticas y planes estratégicos de lucha anticorrupción. El Código Procesal no puede
ser el instrumento jurídico adecuado para una lucha eficaz contra las diversas
manifestaciones de la corrupción.
•Por cierto hay bastante de acertado en las citadas críticas y hesitaciones si es que
tratamos de absolutizar el rol anticorrupción del que se halla investido el Código
Procesal Penal y no precisamos la naturaleza original y los alcances de esta novedosa
misión profiláctica de dicho Código. Es correcto afirmar que el Código Procesal no
ha sido concebido legislativamente en tanto conjunto normativo anticorrupción;
sostener lo contrario sería inargumentable pues, efectivamente, el ordenamiento
normativo ha reservado ámbitos específicos de regulación para tales efectos como
asimismo ha desplegado una serie de esfuerzos de política y de participación múltiple;
más aún se ha adherido a políticas macro de combate a la corrupción (Convención
Interamericana de Caracas 1996, Convención Contra el Crimen Organizado de
Palermo 2000; Convención de las Naciones Unidas de México 2003).
•No se está señalando además que el Código Procesal Penal haya perdido su carácter
instrumentalizador ni su perfil de autonomía funcional en tanto buscador de la verdad
a través del proceso, además de otras características que le vinculan con las normas
sustantivas sino que, por primera vez en la historia legislativa nacional, al haberse optado
por un sistema acusatorio de celeridad y garantías, se ha asumido un modelo procesal
que en todos los momentos del desarrollo de la imputación penal presenta
imperativamente reguladores de la conducta funcional de los operadores del sistema
conforme a los fines del proceso penal o, mejor aún, imposibilita la entrada en juego de
mecanismos de corrupción que el Código de Procedimientos Penales con sus
indeterminaciones, vacíos y ulteriores socavamientos da lugar, y más aún la práctica
policial, fiscal y judicial en todas sus instancias y niveles ha contribuido a formar y
consolidar en una apabullante, extendida e insoportable muestra de cómo pueden las
cosas degenerar hasta un punto abismal del cual no es ya posible salir bajo las reglas de
la ortodoxia y el discurso tradicional de la lucha anticorrupción que enfatiza los aspectos
éticos del funcionario y de la administración pública.
•La novedad radica así no en el dato que el Código Procesal Penal o las partes más
importante del mismo sean instrumentos de lucha contra la corrupción, sino en el
hecho que posibilitan desmontar la mayor parte, sino todos, los mecanismos
propiciadores de corrupción que arrastra el sistema de la administración de justicia y
que se notan con la fuerza de la insoportabilidad y deslegitimación en lo que va de estas
dos últimas décadas, pese a que el problema se viene arrastrando desde la entrada en
vigencia del Código de Procedimientos Penales y, probablemente, se retrotraiga a toda
la historia republicana regulada por la legislación procedimental penal.
Esto es, la existencia del sistema procesal inquisitivo (eufemísticamente, y con retoques,
en el Perú denominado mixto) con sus características principales de reserva, en la práctica
secreto de la investigación, ausencia total de transparencia, avasallamiento de la función
de la defensa del procesado, ausencia efectiva de oralidad; concentración absoluta del
poder en el juez a la par que por el fiscal que permite una discrecionalidad irracional en
el manejo de los plazos de la instrucción, las detenciones, las audiencias y sentencias
(por parte del juez), y de los dictámenes (por parte del fiscal), han generado una
sistemática y secuenciada red de mecanismos generadores de corrupción.
•La naturaleza y alcances del rol anticorrupción del Código Procesal Penal se centra así
en el sector de la administración de la justicia penal. No tiene en los actos de corrupción
su razón de ser ni en la lucha frontal contra la delincuencia funcional, sino en la
cancelación de las oportunidades o momentos de incurrir en actos de corrupción.
Desde una perspectiva estrictamente normativa la atención del Código Procesal no está
puesta en los actos en sentido amplio de corrupción (cohechos, peculados, colusiones
defraudatorias, enriquecimiento ilícito, etc.), sino en las singulares configuraciones
procedimentales reguladas o discrecionales que lo hacen posible; es decir, en los
mecanismos procedimentales, prácticas jurisprudenciales, en las costumbres rituales de
los operadores de la administración de la justicia penal.
La corrupción, más que una cuestión de actitud o propensión humana, más que una
pérdida de valores positivos, vulnerabilidades personales, o un aprovechamiento de las
cuotas de poder poseídas para el enriquecimiento personal o de grupo con detrimento
de los valores que sustentan la administración pública, es vista como una cuestión de
oportunidades ya presentes en la norma procedimental vigente, en las prácticas
discrecionales, en los usos y estilos de la actividad policial, fiscal y judicial y también
forense. No se trata de que el Código Procesal Penal permita desmontar los mecanismos
que propician corrupción en los diversos sectores de la administración pública; plantear
ello sería absurdo porque sus alcances están circunscritos al ámbito del sistema de la
•Al hablar de los mecanismos de corrupción, los que pueden estar presentes en toda las
reparticiones públicas y por lo mismo en la normatividad que regula las funciones y
servicios públicos, hay que puntualizar que con dicha frase se está haciendo mención a
toda regulación administrativa no razonable (trabas burocráticas, altos costos
administrativos) que colisiona con los fines de la función o servicio público; a la ausencia
de regulación cuando debió existir ella (deber de transparencia de los actos de la
administración pública, prohibición de ocultismo) o a las facultades discrecionales
configuradas irracionalmente que desnaturalizan los cometidos funcionales (plazos
excesivos en la decisión de las causas, omisión o desinterés de tomar contacto directo el
fiscal con el procesado).
Por ejemplo, cuando una señal de tránsito colocada en la autopista, sin que existan
las limitantes de zona habitada, cercanía de curvas, declives u otra razón válida,
establece en 60 kilómetros la velocidad máxima, está jugando el papel de un
mecanismo propiciador de corrupción, pues su carencia de razonabilidad la hará
fácilmente desobedecida por los conductores que se conducen por dicha vía de
acceso rápido lo que propiciará arreglos malhadados entre la policía y el conductor.
Cuando la norma procedimental no regula el deber fiscal de notificar los dictámenes
a las partes se está presentando un mecanismo de corrupción; cuando la Sala Penal
Suprema (que ve la causa y la deja al voto) emite la ejecutoria después de dos o
cinco meses se están articulando mecanismos de corrupción con esta forma de
emitir decisión final, pues tales anomalías propician el libre juego de prácticas
incompatibles con la imparcialidad judicial y el correcto desempeño del personal
•Los mecanismos de corrupción no son propiamente actos de corrupción, lo que explica
que no se hallen considerados como prácticas delictivas y que tengan varios de ellos el
estatus de irregularidades administrativas o de situaciones no deseadas, criticadas por la
generalidad de personas pero aceptadas o toleradas con base a diversidad de argumentos
(no hay norma que obligue actuar de otra forma, excesiva carga de trabajo, no se
puede hacer otra cosa, es así el sistema, etc.). Así, a modo de ejemplo, a nivel policial el
no exponer abiertamente las causas o motivos de la citación al imputado a dar
declaración, permitiéndole con entera libertad la lectura de la denuncia y de las
manifestaciones o de los medios de prueba en su contra, constituye un componente
inquisitivo oscurantista que posibilita arreglos para acceder a dicha información.
Igualmente, la anómala práctica de retener el expediente por parte del fiscal hasta el
día del vencimiento del plazo, pese a haber sido posible y exigible que lo remita en el
día o en el término prudencial que la naturaleza de las cosas lo permite. Los mecanismos
de corrupción propician, hacen posible, viabilizan con especial profusión y eficacia los
actos de corrupción, al superar contrafácticamente, o ilegalmente, en la práctica, una
anomalía o vicio del procedimiento que no debió de existir ni concurrir.
•No es argumentable deducir de esto que todo mecanismo, de por sí propiciador de
corrupción, lleva inexorablemente a los actos de corrupción; ello sería por demás
aventurado y desatinadamente incorrecto. No existe aquí una relación de causa a efecto
dado que la etiología de la corrupción delictiva puede presentarse inclusive en ausencia
de mecanismos facilitadores, lo que es apreciable en los casos altamente significativos
de corrupción o en aquellos asociados al crimen organizado, en los que el funcionario
delinque desde puestos claves de poder. La integridad del funcionario, la diligencia,
objetividad e imparcialidad con que conduce los asuntos de su competencia constituyen
pautas de corrección que alejan la corrupción, así como la formación y competencia
profesional alejan el error.
Cabe notar que los actos de corrupción imputables al entorno, conformado por los
servidores que trabajan con el funcionario, proliferan en situaciones de desorden,
lentitud, oscurantismo e incompetencia, lo que encaja perfectamente con la tesis de los
mecanismos propiciadores de corrupción.
•La característica de no estar desvaloradas penalmente o puntualizadas administrativamente,
en tanto deficiencias o irregularidades necesitadas de superación, explica que casi nunca
hayan merecido la atención del discurso anticorrupción. En efecto, las estrategias de dicho
discurso han enfatizado más el aspecto ético del problema o han profundizado los criterios
del costo-beneficio que suponen los actos corruptos, esbozando líneas de acción que
han pugnado por fortalecer valores positivos en los funcionarios y servidores públicos o
han incrementado las penas a los delitos de corrupción a fin de anular la posibilidad de
penas benignas o decisiones (cautelares o de fondo) sin pena efectiva.
Por otro lado, la labor preventiva en vías administrativas de control tampoco han
destacado esta perspectiva de desmontaje de los mecanismos de corrupción en la medida
que los han asumido como parte del sistema de cosas (evalúese las respuestas de OCMA
y las ODICMAS ante las numerosas quejas por la lentitud y demora de los jueces para
sustanciar los casos).
•El diseño normativo establecido en el Código de Procedimientos Penales y en las leyes
que regulan los procesos sumarios son ejemplos paradigmáticos que proveen una
apabullante gama de mecanismos de corrupción frente a los cuales choca, rebota o
resbala cualquier política de enfrentamiento al interior del sistema de la administración
de justicia, y que los policías, fiscales y jueces se han encargado de administrar ritualmente
sin evidenciar mayor muestra de asombro e indignación por tal estado de cosas. Se han
realizado notables esfuerzos sectoriales, aunque no públicamente manifiestos, en los
que se hace un recojo interno y evaluación de las innumerables deficiencias, vacíos,
prácticas anómalas, usos y costumbres incompatibles con el cometidos de la función
que hacen posible los actos de corrupción, sin que a partir de ellos se hayan adoptado
decisiones propositivas para revertir dicho estado de cosas, salvo contadas y puntuales
excepciones; mecanismos que son de dominio de todos quienes interactúan ya como
involucrados directos (procesados, víctimas, abogados) o como operadores oficiales
(policías dedicados a la investigación del delito, fiscales, jueces, y personal auxiliar), pero
que no han podido ser dimensionados en su rol gestor de actos corruptos.
•Una de las mayores novedades del Código Procesal Penal peruano del 2004 es justamente
su poder legal para dar por finiquitados la gran mayoría de mecanismos propiciadores
de corrupción que el procedimiento penal, desde la fase policial hasta las Salas de la
Corte Suprema, exhibe con la actual y vigente normativa del Código de Procedimientos
Penales y leyes procesales especiales.
De esta característica esencial del nuevo Código no se tuvo oportunidad de tomar
conciencia en los trabajos de diseño y elaboración por parte de los integrantes de la
Comisión de Alto Nivel que trabajó el Código Procesal Penal de 2004. Por lo demás ni
en la escueta exposición de motivos ni en los trabajos ulteriores de los comentaristas
(que los hay ya en un buen número) se ha llegado a dar cuenta de esta singularidad. Se
había pergeñado un cuerpo jurídico viabilizador de la justicia penal sin dimensionar la
importancia práctica que este hijo privilegiado había llegado a adquirir de cara al combate
de la corrupción; un mérito más a la novedad que supone implementar un Código que
transforma el modelo procesal que instaura nuevos ritos, que esparce transparencia de
principio a fin, que brinda esperanzas cifradas en el cambio radical. Los frutos que
habrá de recogerse en esta esperanzada expectativa de mejora y cambio radical se
optimizarán con el perfeccionamiento de la normativa, producto de las deficiencias
que se adviertan o deriven de la aplicación parcial y progresiva del Código, al igual que
de la aplicación generalizada en los supuestos procesales que han sido así determinados
•El desmontaje de los mecanismos propiciadores de corrupción que exhibe el actual
sistema procesal inquisitivo que hoy nos rige se inicia con el principio de transparencia
que es puerta de ingreso y principio básico del nuevo modelo acusatorio profesionalizado
y de garantías que nos trae el Código Procesal Penal de 2004. Con base a ella, regla
obligada de conducción del procedimiento penal, la reserva es la excepción y ya no la
constante en el curso de la investigación de los hechos delictuosos denunciados.
La transparencia de las actuaciones opera tanto en sede policial y fiscal como en las
instancias judiciales. El procesado tiene derecho a conocer con precisión y claridad las
razones jurídicas y fácticas que le atribuyen la calidad de imputado o investigado; las
partes tienen derecho a tener copia de sus declaraciones y de los actuados que se
practiquen en la investigación. Ni la policía ni el fiscal pueden escudarse en la inquisitorial
frase “la investigación es reservada” (manido, lamentable e inconsistente argumento
que es formulado hoy en todas las dependencias policiales y judiciales para negar este
derecho de las partes a monitorear y seguir el decurso de la investigación que les involucra
y compromete, salvo honrosas excepciones). Con ello se quiebra el manejo monopólico
de la información por parte de los órganos oficiales de la investigación del delito (Policía
Nacional y Fiscalías Penales, los Juzgados en el sistema acusatorio dejan de tener facultades
de investigación o instrucción), lo que democratiza el procedimiento, desconcentra poder
y, por lo mismo, desmonta un mecanismo propiciador de corrupción.
La transparencia juega así un rol tutelar tanto en las indagaciones preliminares como
en la investigación preparatoria, generando confianza y restableciendo la credibilidad
de la ciudadanía en las reglas claras que debe proyectar la justicia penal a través del
proceso. Su importancia se mantiene en la etapa del juzgamiento y las impugnaciones,
no obstante que ya no sea un derecho a tutelar, pues por definición en la etapa del
juicio oral se haya garantizada por la lógica misma de la oralidad, la confrontación de
argumentos y el control de los medios de prueba por las partes.
La transparencia no está regulada expresamente en el Título Preliminar del Código
Procesal Penal como principio o regla de juego de la investigación y del proceso penal
en general, pero su existencia directriz se halla esencialmente implícita en los principios
de igualdad procesal y derecho de defensa (artículos I.3 y IX respectivamente), pues sin
ella no hay posibilidad de sistema acusatorio moderno, derivándose igualmente vía
interpretación de la serie de instituciones normativas contempladas en el Código Procesal
La presencia del artículo 138 de dicho Código resulta de una importancia capital
para darle sustento normativo ordinario a la transparencia, establecer sus alcances
y necesarias limitaciones externas. La aplicación de este principio implicará haber
superado el oscurantismo de las prácticas de la investigación del delito, la
erradicación del secreto en el manejo de la información, el monopolio y la tiranía
de la concentración del poder así como la desaparición del tráfico de la información.
•La oralidad y la igualdad de armas juegan igualmente un papel de importancia
trascendental en la desarticulación y desmontaje de los mecanismos promotores de
corrupción, al hacer depender de la argumentación y contra argumentación el éxito de
la defensa y no del manejo a discreción del expediente, de las concertaciones dolosas o
influencias extrajurídicas. Al desterrarse los procesos sumarios (culto a la irracionalidad
y extrapolación de los sistemas inquisitoriales a las prácticas procedimentales mayoritarias
de la justicia penal peruana), con sus secuelas de autoritarismo judicial y oscurantismo
probatorio, se supera eficazmente un núcleo duro de circunstancias que se prestan a
situaciones de dudosa objetividad e imparcialidad.
Al ser el fiscal una parte en el proceso (etapa intermedia y juzgamiento) que tendrá que
convencer al juez con argumentos expuestos oralmente y con la fuerza de las razones
probatorias al igual que la defensa del procesado en igualdad de condiciones o quizás
con las mismas dificultades, se coligue de ello que su poder de influencia decae
proporcionalmente a la capacidad de convencimiento y persuasión de sus razones. La
emisión de los dictámenes sin posibilidad de contradicción ni de escuchar al procesado
se convierten en cosas del pasado vergonzante del sistema inquisitivo al perder existencia
La tiranía del expediente principal y de los expedientillos incidentales que han marcado
por largas décadas la historia y el vía crucis de los litigantes, al decaer en importancia el
primero hasta convertirse en actas y desaparecer los segundos, marcan el fin de una
época signada por infinidad de corruptelas.
El régimen de audiencia para dilucidar vía debate y decisión inmediata la serie de
peticiones de las partes (acusación o sobreseimientos formulados por el fiscal,
excepciones, impugnaciones diversas, medidas coercitivas, libertades provisionales)
desestabiliza y corta de raíz las facultades monopólicas del juez para decidirlas a puerta
cerrada, al ser sometidas dichas cuestiones al escrutinio público y a la fuerza de las
argumentaciones. La dualidad del poder que integran fiscal y juez, decisiva para tales
casos en el sistema inquisitivo, se rompe para democratizar la decisión, la misma que
siempre deberá estar suficientemente motivada en el mejor argumento. Como es obvio,
múltiples mecanismos propiciadores de corrupción decaen automáticamente al
desaparecer las altas cuotas de poder concentradas en el juez.
La igualdad procesal entre las partes contendientes, la misma que se aprecia con toda
nitidez en la etapa intermedia y en el juzgamiento, con el allanamiento de las dificultades
o por lo menos la igualdad de condiciones para el debate y la confrontación de posiciones
entre defensa del procesado y el fiscal (abogado de la sociedad) y al establecer la paridad
de estatus, posibilita desmontar los privilegios que se derivan del estatus oficial del fiscal
frente al abogado de la defensa y elimina la búsqueda de favores o ventajas frente al juez
para equilibrar dicha desigualdad de armas.
El principio de objetividad que el Código Procesal Penal establece como norma rectora
de la actividad funcional del fiscal en lo penal a lo largo de todo el proceso penal, incluyendo
la fase de las indagaciones preliminares, preserva el caso de las negligencias, subjetivismos
u omisiones en las que pueda incurrir el representante del Ministerio Público, quien está
obligado por ley a destacar lo que le favorezca al procesado, cuando producto de la
investigación que realiza detecte elementos de atipicidad, autorizaciones legales para cometer
conductas típicas (ausencia de antijuridicidad), o mínima culpabilidad. El fiscal no puede
omitir o desatender estas circunstancias, tiene que asumirlas de oficio para archivar las
investigaciones preliminares o para solicitar al juez el sobreseimiento de la causa a dilucidarse
en régimen de audiencia.
El fiscal, una vez que ha tomado conocimiento de la presencia de alguna causal de
archivamiento, no debe esperar que dicha petición le sea planteada por el procesado,
lo que supondría una inactividad objetable. Los asistentes y fiscales adjuntos tienen
aquí una tarea de primer orden a fin de filtrar la relevancia procesal y sustantiva de la
situación jurídica del procesado, quien no está obligado a solicitar dicho archivamiento
para que recién se active esta conducta funcional del fiscal.
Al haber la norma procesal establecido en forma expresa y en toda circunstancia para
el Fiscal Penal el deber de objetividad, quiebra igualmente omisiones, negligencias,
insensibilidades, exceso de aprensiones o prejuiciamientos en defensa de la sociedad,
que pueden generar mecanismos propiciadores de corrupción; deber de objetividad
que incluso se aprecia en la fase del juzgamiento, cuando la ley le obliga a retirar su
acusación de considerar (el fiscal) que los cargos han sido enervados en el juicio; principio
que igualmente preserva al fiscal de ocasionar con su conducta perjuicios o desigualdades
para con los intereses de la víctima, a la que defiende formalmente.
El nuevo despacho fiscal tiene en el deber de objetividad uno de los ejes rectores para
su reconfiguración con perspectiva a los nuevos retos de profesionalismo que le plantea
•El régimen de audiencia única y continua hasta su culminación en juzgamiento que
concentra los alegatos preliminares, la incorporación excepcional de nuevos medios de
prueba, el examen del acusado, de los testigos y peritos, propicia el contrainterrogatorio,
el análisis de la prueba material, la oralización de la prueba documental, la
argumentación y contraargumentación a través de los alegatos de las partes y que finaliza
con la autodefensa del procesado, constituye el escenario estelar del proceso penal en
el cual se aprecia en toda su magnificencia o debilidad las bondades de la oralidad,
contradicción, publicidad y el carácter adversarial que, en tanto piezas vitales dan vida
al sistema acusatorio y se presenta en un poderoso mecanismo positivo para desarticular
los conciliábulos, tráfico de influencias, cohechos, etc., que suscita el régimen de audiencia
múltiple, actualmente vigente con la normatividad del Código de Procedimientos Penales.
Al haber establecido la ley procesal penal que la audiencia se desarrolla en forma continua
y concentrada (pudiendo realizarse en sesiones sucesivas) se supera la absurda práctica
de las audiencias cortadas, intermitentes y periódicas que rige el actual sistema de juicio
en el Perú, que por su absoluta irracionalidad convierte en un sarcasmo los contradictorios
que se suscitan en su sede, dado que es una parodia considerar diez audiencias que en
siete días pueden llegar a setenta practicadas para retomar al hilo conductor de la primera
audiencia cortada, con el consiguiente avasallamiento de la inmediación, anulación de la
coherencia y razonabilidad del juicio.
La audiencia diferida y múltiple es un mecanismo corrosivo, no del sistema acusatorio
pues es absolutamente contradictorio a su naturaleza, sino de los mínimos básicos del
denominado “sistema procesal penal mixto” ya que al aplicarse el Código gradualmente
por distritos judiciales seguirá imperando en la mayoría de distritos judiciales, cada vez
con menor gravitación por cierto, con sus letales efectos de deslegitimación de una
justicia penal que decide con base al atestado policial, la lectura de las declaraciones y
las instructivas, y de vez en cuando en base a la lectura y análisis documental de medios
de prueba; cuadro esencial de deficiencias que necesita ser superado sin necesidad de
esperar aún la vigencia total del Código Procesal, que en el calendario oficial deberá
producirse en el año 2012 cuando Lima sea la depositaria final de las bondades del
•La inmediatez entre alegatos finales, deliberación y fallo es, a no dudarlo, el más poderoso
antídoto para cortar ese discrecional y muchas veces arbitrario lapso indeterminado de
meses o semanas que se toman lo jueces para decidir las causas penales. No tiene el
más mínimo rasgo de logicidad ni de argumentación razonable diferir el voto de las
causas luego de escuchados los alegatos finales de los abogados, de haberse evaluado
los medios de prueba y de haber estado en inmediación objetiva y subjetiva los Jueces
con los sujetos y la prueba.
El argumento del exceso de carga procesal es aquí deleznable para la lógica de
funcionamiento que plantea el Código Procesal, al encontrarnos en el momento final
en el que sólo la cultura de la inercia, de la postergación, del improntus inquisitorial,
y, de cuando en cuando, inconfesables finalidades, explica esta aberrante práctica
judicial. Y es que justamente este momento, este punto en la historia del proceso
penal es aquel en el que la judicatura se haya en la mejor ocasión y la mayor
oportunidad para decidir y dictar el fallo, no cuando han pasado los meses y sólo
queda un neblinoso recuerdo de los argumentos y de la evaluación de los medios de
prueba, no habiendo más remedio que acudir al expediente y leer las actas de la
audiencia, es decir regresar al imperio de lo inquisitivo. La remisión de la causa al voto
de las calendas griegas expresa el desprecio absoluto al sentido informante del sistema
acusatorio; es retornar a las oscuridades de la inquisición.
El distanciamiento entre alegatos finales, deliberación y fallo es la muestra más obstinada
de la presencia y permanencia de un significativo mecanismo procedimental propiciador
de corrupción, en el que pueden incurrir los jueces como el personal asistencial al
exhibir un espacio de notables vulnerabilidades para los arreglos, la venta de información,
el cambio de considerandos, modificaciones de fallo, y por el efecto mismo de la
postergación que abona el paso del tiempo para las prescripciones o su secuela para
declarar o cancelar derechos.
El Código Procesal hace de la deliberación y dictado de sentencia una secuencia de
actos sin interrupción temporal, de modo que se conserve en la retención e
internalización cognoscitiva de los jueces la inmediación de los debates, los resultados
de la evaluación de los medios de prueba de conformidad a las reglas establecidas de la
sana crítica, la lógica, los referentes científicos y las máximas de la experiencia (artículo
393. 2). Como regula el artículo 395 ”inmediatamente después de la deliberación, la
sentencia será redactada por el Juez o el Director de Debate, según el caso”, deliberación
que acontece al finalizar el juzgamiento cuando se declara cerrado el debate y que no
podrá exceder de dos días (casos normales) o cuatro días (casos complejos), bajo
•El cumplimiento estricto de los plazos procesales. El Código de Procedimientos en Materia
Criminal de 1920, el único que intentó poner en vigencia determinados postulados
acusatorios en el Perú, tenía en su artículo sexto la siguiente regulación ”Los plazos
señalados en este Código se consideran fatales; sólo pueden ser prorrogados cuando
expresamente lo consigna la ley. Incurren en responsabilidad todos los funcionarios
judiciales y del Ministerio Fiscal que no se sometan rigurosamente a ellos”. Cuan sabia
y urgente resulta hoy esta estipulación normativa, hartamente legitimada cuando fue
dictada, reputada de inaplicable con el actual estado de carga procesal de los despachos
fiscales y judiciales, y sin embargo tan necesaria con la nueva realidad que configurará
Los plazos establecidos en la ley deben de cumplirse escrupulosamente bajo el principio
de razonabilidad, esto es no esperando que llegue a término el último día hábil del
plazo para realizar el acto o diligencia sino con la mayor prontitud y celeridad que el
caso y la naturaleza de las cosas posibilita.
El sistema acusatorio peruano brinda una lógica distinta para hacer funcionales y
reales los plazos así como una serie de filtros procedimentales y mecanismos alternativos
para hacer del despacho fiscal y judicial el escenario esperado para hacer realidad
esta cara idea del cumplimiento de los plazos procesales. La perversión de los mismos,
con su consiguiente desnaturalización, es un poderoso mecanismo propiciador de
corrupción, tanto para alargar innecesariamente los procesos tras la búsqueda de la
prescripción de la acción penal como para posibilitar cálculos de diversa ralea que
contaminan el proceso penal.
•Las medidas alternativas de terminación anticipada del proceso que dejan en las
partes la decisión de continuar o acabar la causa penal, las que pueden ser planteadas
(y aprobadas por el juez) incluso en la etapa de la investigación preparatoria o al
inicio de la audiencia del juicio oral, se presenta como una atractiva propuesta de
negociación entre fiscal, procesado y víctima a fin de no transitar por los cauces
normales del procedimiento penal y, por lo mismo, de evitarse las innumerables
desventajas en tiempo, dinero y estigmatización que ello supone, con lo cual se
obtienen también inmejorables estándares para evitar incurrir en actos propiciadores
•Policías, fiscales y jueces han vivido en el Perú desplegando sus atribuciones, cumpliendo
el cometido de sus funciones bajo la idea que sus prácticas procedimentales eran las
únicas y que las mismas eran legítimas.
El Código Procesal Penal les abre los ojos a otra realidad; devela el marco de ceguera
que por siglos y décadas ha exhibido la justicia penal peruana y, les permite legitimarse
socialmente con la plausible idea de que en un futuro cercano los jueces penales peruanos
sean objeto de recuerdo en el colectivo social por su elevada formación profesional,
sabiduría y entereza moral, de modo que no sigan el curso del más lapidario olvido de
Es sintomático que en la historia peruana no se recuerde ni se rememoren los actos
laudables de un juez penal, a diferencia de lo que acontece en otras judicaturas
nacionales. ¿Es qué nunca hubo magistrados en lo penal con los pergaminos suficientes
para ingresar a la historia de la jurisprudencia y la integridad ética? No lo creo, sí los
hubo, sí los hay, el problema es que el sistema de endémica enfermedad de la
administración de la justicia penal en el Perú no permite consolidar estos ejemplos.
•El sistema acusatorio es, a no dudarlo, el mejor antídoto contra la corrupción policial,
fiscal, judicial y forense en general; es la transformación superadora de las viejas prácticas
inquisitoriales del Código de Procedimientos Penales.
Sin embargo sus frutos magníficos exigen de todos quienes intervienen, principal o
accesoriamente en él, que tengan nuevas actitudes, propensiones positivas, deseos de
superación de taras e inercias depositadas por los largos siglos de irracionalidad inquisitiva
en el Perú. Nosotros no podemos darnos el lujo de afirmar que hemos vivenciado
experiencias acusatorias de administración de justicia de modo que podamos afirmar
que el sistema acusatorio puede conducir a la primacía del desorden, que rompa el
principio de autoridad, más aún nuestro sistema acusatorio (el contenido en el Código
Procesal de 2004), es aún tímido si queremos verlo desde la perspectiva comparada, ya
que necesita de mayores aguzamientos y perfeccionamientos como la práctica de su
implementación lo demostrará.
Se requiere en esta orientación, en el marco de uno de sus factores de perfeccionamiento,
de optar por un sistema mixto de jurados. El pueblo depositario de la soberanía en la
administración de la justicia tiene que comenzar el aprendizaje de la administración de
la justicia, de modo que se concrete el enunciado constitucional de que la potestad de
administrar justicia emana del pueblo (artículo 138), como así mismo de brindar una
salida procedimental propia a la justicia comunal (artículo 149 de la Constitución Política)
que sin desnaturalizarla establezca las líneas de contacto entre la justicia oficial y la
En realidad el Código Procesal Penal de 2004 es un texto jurídico permeable a los
mejoramientos, donde una lectura atenta de su normativa permitirá al lector identificar
una variada gama de regulaciones que pueden ser optimizadas, incluso que debe ser
corregida (véase por ejemplo la regulación sobre “Búsqueda de prueba y restricción de
derechos”, artículos 202 al 213).
•El desmontaje de los mecanismos administrativos, procedimentales discrecionales o
preordenados, propiciadores de actos de corrupción en el ámbito de la administración
de justicia penal, naturalmente que preocupará a quienes siempre hicieron de la
administración de las cuotas de poder policial, fiscal o judicial vetas de ilegal provecho.
Es también probable la irrupción de nuevas prácticas de corrupción ajustadas al nuevo
modelo procesal; ello es posible, pero por las características del sistema acusatorio se
tornarán de más difícil concreción.
Son naturales, igualmente, las resistencias al cambio, pero las ventajas de la
implementación terminarán venciendo las naturales y primeras aprensiones. Se trata
de abordar el sistema acusatorio con otras actitudes, con nuevas propensiones positivas,
proactivas. La capacitación es necesaria pero no es suficiente garantía de éxito para
obtener los frutos que prodiga el sistema acusatorio; se hace necesario un involucramiento
personal, una porfiada confianza en la superioridad jurídica de dicho sistema frente al
inquisitivo y a los eufemismo de los sistemas procesales mixtos. Se hace impensable
seguir manteniendo en el modelo acusatorio los obsoletos estilos de trabajo oscurantistas,
negligentes, laxos, autoritarios; es decir, lo que propicia abusos, corrupción y