Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-232-de-abril-4-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041cdfef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 09:00:45
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 180', 'artículo 180', 'artículo 241', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 45', 'artículo 4', 'artículo 180', 'artículo 45', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180', 'Artículo 189', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 29', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 83', 'artículo 159', 'artículo 180', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180']

﻿ SENTENCIA C-232 DE ABRIL 4 DE 2002
SENTENCIA C-232 DE 04 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:PENA EN EL DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. OMISIÓN DE LA PALABRA "AÑOS" EN EL TEXTO LEGAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY 599 DE 2000 BAJO EL ENTENDIDO QUE EL DELITO ESTÁ SANCIONADO CON PENAS DE PRISIÓN DE 6 A 12 AÑOS, MULTA DE 600 A 1500 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES E INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS DE SEIS A DOCE AÑOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DESPLAZAMIENTO FORZOSO, DELITO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:369 DE SEPTIEMBRE DE 2002, PÁG.1959
Sentencia C-232 de abril 4 de 2002
PENA EN EL DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
OMISIÓN DE LA PALABRA “AÑOS” EN EL TEXTO LEGAL
Sentencia C-232 de 2002
Ref.: Expediente D-3711.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 180 (parcial) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el código penal”.
Actor: Alfonso Ruiz Alegría.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000, subrayándose lo acusado:
“ART. 180.—Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), o multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
“No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional”.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la presente causa.
Corresponde definir a esta corporación si el artículo 180 de la Ley 599 de 2000 —Código Penal—, al establecer las sanciones para el delito de desplazamiento forzado desconoció los preceptos superiores que se citan como infringidos, por cuanto no señaló el término de duración de la pena de prisión en días, meses o años, y porque al referirse a la pena de multa empleó la conjunción disyuntiva “o” posibilitando que esta sanción pueda ser impuesta como pena principal en sustitución de la de prisión.
Según el demandante, a fin de que la punibilidad del delito de desplazamiento forzado esté conforme con el estatuto superior la Corte no sólo debe declarar la constitucionalidad condicionada de las expresiones “incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12)”, en el entendido de que el término de duración de la pena de prisión se debe contar en años, sino también la inexequibilidad de la conjunción disyuntiva “o”, del artículo 180 de la Ley 599 de 2000.
El fiscal, el procurador y el Ministerio del Interior coinciden en que la norma acusada no vulnera la Constitución, puesto que los defectos que ella contiene provienen de un error de transcripción según lo corroboran los antecedentes legislativos del proyecto de ley de Código Penal, en los que quedó plasmada la voluntad del legislador de sancionar el delito de desplazamiento forzado con las penas principales de multa y de prisión, esta última contabilizada en años.
La Comisión Andina de Juristas considera que pese a que la norma contiene errores en su publicación, lo procedente es que la Corte declare la inconstitucionalidad de la palabra “o” por indebida publicación en el Diario Oficial y de la omisión de la palabra años por un error de transcripción, o que en este último caso se declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones “incurrirá en prisión de seis (6) a doce 12”, en la misma forma que lo solicita el actor.
Con el fin de resolver sobre la acusación la Corte hará un recorrido por el trámite del proyecto de ley en lo que atañe al artículo 180 de la Ley 599 de 2000.
3. Trámite legislativo de la norma demandada.
Con el fin de determinar si se incurrió en un error de escritura o “lapsus calami”, en la transcripción de la norma acusada se hace necesario hacer un recorrido por el trámite legislativo en Senado y Cámara hasta su correspondiente sanción presidencial.
a) Ante el Senado de la República el Fiscal General de la Nación presentó el proyecto de ley “Por la cual se expide el Código Penal”, con su correspondiente exposición de motivos, el cual fue radicado con el número 040 de 1998 (1) .
(1) Publicado en la Gaceta del Congreso Nº 139 del 6 de agosto de 1998.
En el artículo 175 de dicha propuesta se reguló el delito de desplazamiento forzado, en los siguientes términos:
“El que de manera arbitraria, mediante violencia o amenazas constriña a otro a migrar del sitio en donde tiene su domicilio, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años”;
b) Previa publicación del informe correspondiente en la Gaceta del Congreso Nº 280 del 20 de noviembre de 1998, en la Comisión Primera del Senado de la República se procedió a rendir ponencia para primer debate con modificaciones al Proyecto de Ley 040 de 1998. En el artículo 175 del proyecto se consagró el delito de desplazamiento forzado en los mismos términos que la propuesta del fiscal (2) ;
(2) Gaceta del Congreso Nº 280 de 1998, página 41.
c) Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 377 de 1998, el proyecto de ley fue aprobado en la Comisión Primera del Senado el día 15 de diciembre de 1998. En el texto definitivo del proyecto aprobado en esta célula legislativa (3) el artículo 175 del proyecto referente al delito de desplazamiento forzado conserva su contenido normativo;
(3) Gaceta del Congreso Nº 010 del 3 de marzo de 1999, página 14.
d) Previa publicación del informe correspondiente en la Gaceta Nº 063 del 23 de abril de 1999, se presentó ponencia para segundo debate donde se recomendó un pliego de modificaciones al proyecto de ley (4) ;
(4) Gaceta 063 del 23 de abril de 1999, páginas 13 y siguientes.
e) Abierta la discusión, la plenaria del Senado (5) procedió a votar el texto del articulado propuesto, incluido su pliego modificatorio, a excepción de algunos artículos que por solicitud de varios congresistas y con la aprobación de la plenaria, fueron sometidos a consideración de una comisión accidental para que rindiera un informe. Entre estas disposiciones se encontraba el artículo 175 del proyecto;
(5) Acta 48 del 12 de mayo del 999, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 113 del 24 de mayo de 1999, página 18.
f) En la sesión plenaria del día 18 de mayo de 1999, y luego de que la mencionada comisión presentara su informe, el Senado aprobó el articulado propuesto (6) .
(6) Gaceta del Congreso Nº 114 del 24 de mayo de 1999, página 25.
El artículo 175 del proyecto, fue aprobado por la plenaria del Senado conservando el mismo texto que había sido adoptado por la Comisión Primera de esa corporación (7) ;
(7) Gaceta del Congreso Nº 126 del 27 de mayo de 1999, página 15.
g) Surtida la actuación en el Senado de la República, y previa publicación del informe correspondiente en la Gaceta del Congreso Nº 432 del 11 de noviembre de 1999, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se presentó ponencia para primer debate al proyecto de ley. En dicha ponencia (pág. 35), el artículo 175 sufrió algunas modificaciones solamente en lo que hace a la descripción de la conducta típica:
“Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia o amenazas u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años”;
h) La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en primer debate el día 16 de noviembre de 1999 (8) . El texto del artículo 175 del proyecto aprobado por esta célula legislativa corresponde al incluido en la ponencia (9) ;
(8) Acta 26 de la Comisión Primera Constitucional, publicada en la Gaceta Nº 104 del 6 de abril de 2000.
(9) Gaceta del Congreso Nº 464 del 24 de noviembre de 1999, página 15.
i) Previa publicación del informe correspondiente en la Gaceta del Congreso Nº 510 del 3 de diciembre de 1999, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia en segundo debate el día 14 de diciembre de 1999 (10) .
(10) Acta 084 de la sesión plenaria, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 599 del 28 de diciembre de 1999.
El artículo 175 del proyecto fue aprobado con la inclusión de un nuevo inciso referente a las situaciones que no configuran desplazamiento forzado:
“Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia o amenazas u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años”.
“No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional” (11) ;
(11) Gaceta Nº 569 del 22 de diciembre de 1999, página 14.
g) (Sic) Como quiera que entre los textos aprobados en el Senado y la Cámara se presentaron diferencias en relación con algunos de los artículos del proyecto de ley de Código Penal, entre ellos el artículo 175 al que la Plenaria de la Cámara le introdujo un segundo inciso atinente a las situaciones no constitutivas de desplazamiento forzado, se integró una comisión accidental de conciliación que, entre otras sugerencias, propuso el siguiente texto para el delito de desplazamiento forzado:
“ART. 180—Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
“No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional” (12) .
(12) Acta 31 del 15 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 605 del 24 de diciembre de 1999, página 68.
Hasta este momento el texto aprobado del delito de desplazamiento forzado conservaba su punibilidad estableciendo como sanciones principales las penas de prisión, multa e interdicción de derechos y funciones públicas. Sin embargo, se observa que respecto de la pena de prisión en el texto que se transcribe aparece suprimida la palabra “años”;
h) (Sic) El informe de la Comisión Accidental de Conciliación fue aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes (13) y del Senado de la República el día 15 diciembre de 1999 (14) ;
(13) Gaceta del Congreso Nº 600 del 28 de diciembre de 1999, páginas 45 y 46.
(14) Gaceta del Congreso Nº 605 del 24 de diciembre de 1999, página 55.
i) En el texto definitivo del proyecto de ley remitido al Presidente de la República para la correspondiente sanción (15) , el artículo 180 del Código Penal presenta el mismo tenor literal de la norma aprobada por la Comisión Accidental de Conciliación, y
(15) Gaceta del Congreso Nº 65 del 17 de marzo de 2000, página 29.
j) Finalmente, el proyecto fue sancionado por el Presidente de la República convirtiéndose en la Ley 599 de 2000. En la publicación oficial de dicha ley el artículo 180 referente al delito de desaparición forzada aparece con el siguiente texto:
“ART. 180—Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), o multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
“No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional” (9) (sic).
(9) Diario Oficial 44.097 del 234 de julio de 2000, página 11. Gaceta del Congreso Nº 309 del 3 de agosto de 2000, página 15.
En este texto se introduce la conjunción disyuntiva “o” la cual no aparece en el artículo original propuesto por el Fiscal General de la Nación ni en ninguno de los textos aprobados por las cámaras legislativas.
El anterior recorrido por el íter legislativo de la Ley 599 de 2000 pone de manifiesto que en relación con el artículo 180 que consagra el delito de desplazamiento forzado, surgen dos situaciones a saber: la primera, que la norma se aprobó finalmente en el Congreso sin la palabra “años” y así fue enviada para sanción presidencial; y la segunda, consistente en la inclusión de la conjunción disyuntiva “o”, ocurrida en la publicación de la Ley 599 de 2000 en el Diario Oficial.
4. Inhibición de la Corte respecto de la conjunción disyuntiva “o”.
Tal como se estableció en el acápite anterior, cuando se publicó en el Diario Oficial la Ley 599 de 2000 se incurrió en un error involuntario de escritura que consistió en incluir la conjunción disyuntiva “o” en el inciso primero del artículo 180 del Código Penal que consagra el delito de desplazamiento forzado.
Advertido este yerro, el Presidente de la República con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sobre régimen político y municipal, expidió el Decreto 2667 del 10 de diciembre de 2001 “por el cual se corrige un yerro en el texto de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal”, que textualmente dispuso (16) :
(16) Diario Oficial. Año CXXXVII. Nº 44.659 del 27 de diciembre de 2001, página 2.
DECRETO NÚMERO 2667 DE 2001
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio sus facultades constitucionales y legales en especial, de las que le confiere el numeral 10 (sic) de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley 4ª de 1913, y
Que mediante comunicación radicada el 19 de noviembre de 2001, en la secretaría jurídica de la Presidencia de la República el jefe de leyes (e) del Senado de la República, remitió el oficio DRA 3030-1840 del 27 de septiembre del año en curso, suscrito por el director de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo, por medio del cual solicita que se corrija un error en el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, por cuanto se incluyó la conjunción disyuntiva (o);
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sobre régimen político y municipal señala que: “los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”;
En virtud de lo anterior, es necesario corregir el artículo 180 “desplazamiento forzado”, por cuanto es claro que el legislador no incluyó la conjunción disyuntiva (o) en el texto final del proyecto de ley que expide el Código Penal que presentó la comisión accidental y posteriormente fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes y la plenaria del Senado de la República;Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas es procedente rectificar la situación planteada,
ART. 1º—Corríjase el artículo 180 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, el cual quedará como a continuación se transcribe: “ART. 180.—Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razonas militares, de acuerdo con el derecho internacional”.
Habiéndose corregido el anotado yerro por medio del procedimiento adecuado, el que era atribuible a la función presidencial de promulgación de las leyes (17) , puede concluirse que no es necesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre la conjunción disyuntiva “o” por cuanto la misma nunca formó parte del texto del artículo 180 de la Ley 599 de 1999 y el error ya fue enmendado, motivo por el cual se declarará inhibida respecto de ella en la parte resolutiva de esta providencia.
(17) Artículo 189 numeral 10 de la Constitución.
5. Análisis constitucional del artículo 180 de la Ley 599 de 2000.
Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la aprobación por parte del Congreso de la República del artículo 180 de la Ley 599 de 2000, sin la palabra años referente a la temporalidad de la pena de prisión para el delito de desplazamiento forzado, vulnera el artículo 29 superior que consagra los principios de legalidad y taxatividad de las penas.
Para despejar el anterior interrogante conviene hacer las siguientes precisiones en torno al debido proceso que comprende el principio de legalidad de las conductas sancionables y de las penas a imponer.
Si bien, sobre el principio de legalidad de la sanción esta corporación ha sostenido que como parte integrante del debido proceso exige la determinación clara, precisa y concreta de la pena o castigo que se ha de imponer a quienes incurran en comportamientos, actos o hechos proscritos en la Constitución y la ley (18) , también ha dicho que no es fácil establecer de manera precisa cuándo una norma deja de contener entre sus prescripciones los ingredientes normativos requeridos para producir la certeza en lo relativo a la definición de la conducta, siendo eso sí claro que “se proscriben las definiciones de una generalidad, vaguedad e indeterminación que no ofrecen la necesaria certeza requerida para hacer exigible las consecuencias sancionatorias que se derivan de la conducta descrita y que le otorgan un amplio poder discrecional a la autoridad encargada de aplicar la respectiva norma” (19) .
(18) Sentencia C-211 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(19) Sentencia C-769 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Lo anterior significa que cuando se presenta una indeterminación insuperable en la descripción de las penas es evidente que se viola el principio de legalidad, lo que no ocurriría cuando el legislador ha señalado elementos básicos de la sanción que no la colocan en situación de desconocer el mencionado principio.
En el caso bajo revisión, la Corte tiene claro que el delito de desplazamiento forzado se encuentra tipificado de manera completa en el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, como quiera que allí la conducta punible está taxativa e inequívocamente definida. En cuanto a su sanción, el legislador señaló su naturaleza —prisión— y sus topes máximos y mínimos —6 a 12— aun cuando no indicó si su temporalidad sería en días, meses o años.
Para la Corte la pena para el delito de desplazamiento forzado no acusa una indeterminación insuperable, toda vez que al haberse señalado por el legislador elementos básicos de la pena como su naturaleza y sus topes mínimos y máximos, la no indicación de su temporalidad no implica violación del principio de legalidad pues para establecerla bien puede acudir la Corte al método hermenéutico de la interpretación sistemática de la ley que considera que el significado y alcance de las normas legales debe fijarse en función del sistema jurídico al que pertenecen (20) , permitiendo que su contenido normativo esté conforme con los dictados del ordenamiento superior, ya que como lo ha precisado esta corporación “cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables”, por lo cual “el intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del conexo global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista” (21) .
(20) Sentencia C-032 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(21) Sentencia C-011 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En el presente caso, la Corte armonizará el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, con la parte general de ese estatuto legal que es el que consagra las normas rectoras de la ley penal colombiana, incluyendo lo concerniente a las consecuencias jurídicas de la conducta punible, pues son estas disposiciones las que contienen la esencia y orientación del sistema penal e informan su interpretación.
En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 3º del Código Penal —Ley 599 de 2000— dispone que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.
Por su parte, el artículo 4º ibídem, al referirse a las funciones de la pena, en su inciso 1º dispone que “la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado” (se destaca).
El título IV del Código Penal se ocupa de las consecuencias jurídicas de la conducta punible y sus efectos, estableciendo en el artículo 34 que las penas que se pueden imponer con arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales. El artículo 35 ibídem prescribe que son penas principales “la privativa de la libertad de prisión”, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial.
El artículo 37 del Código Penal, al señalar las reglas a las que se sujeta la pena de prisión dispone que “la pena de prisión tendrá una duración máxima de cuarenta (40) años”.
A su turno, el artículo 38 contempla la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, y señala como primer presupuesto para que proceda esta medida “que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos”.
El artículo 59 ejusdem establece que toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, y para tales efectos, el artículo 60 señala que para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador deberá fijar, en primer término “los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover”.
Al referirse a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el artículo 63 del Código Penal consagra como requisito para otorgar la suspensión condicional de la ejecución de la pena que “la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años”.
En el artículo 64 ibídem se regula la libertad condicional y al respecto establece que “el juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que...”.
El artículo 83 de la Ley 599 de 2000, dispone que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de veinte (20), salvo el caso de los delitos de genocidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, casos en los cuales “será de treinta (30) años”.
Lo anterior permite concluir a la Corte que cada vez que el legislador tipifique una conducta punible y le imponga la pena principal de prisión, debe entenderse señalada sólo en anualidades en cuanto hace a sus mínimos y máximos de duración, sin que en ningún caso pueda entenderse que dicha sanción tenga una duración en meses o en días.
Obsérvese que el título III del Código Penal que trata de los hechos punibles contra la libertad individual y otras garantías, en el capítulo quinto se ocupa específicamente de los delitos contra la autonomía personal. Una lectura cuidadosa de todos los tipos penales allí contemplados (arts. 165 a 204), pone de presente que todas las conductas punibles allí tipificadas y sancionadas con pena de prisión, en cuanto a sus mínimos y máximos de duración, se encuentran fijadas exclusivamente en años. Aún más, la revisión total del libro segundo, parte especial del Código Penal, que se ocupa de los delitos en particular, en todos los casos, al fijar la pena de prisión para los delitos que así sanciona, lo hace en años.
También conviene destacar que en el título II del Código Penal donde se tipifican los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, el artículo 159 al consagrar el hecho punible de la “deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil”, sanciona este comportamiento con prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
Todo lo anterior permite a la Corte considerar que el delito de desplazamiento forzado consagrado en el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, al que el legislador le señaló una pena principal de prisión de seis (6) a doce (12) sin indicar su temporalidad, debe entenderse que se encuentra sancionado con la pena principal de prisión de seis (6) a doce (12) años, pues es la única interpretación que sin violar el principio de legalidad consigue darle efectividad a la decisión legislativa de tipificar y sancionar el delito de desplazamiento forzado, en consonancia con los preceptos superiores que garantizan un orden social justo fundado en la dignidad y la solidaridad humanas, en el respeto y la primacía de los derechos inalienables de la persona y de la familia como institución básica de la sociedad, pues nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P. Preámbulo y arts. 1º, 5º, 12 y 42).
Por tanto, una interpretación que considere que la pena de prisión para dicho delito tiene una duración en meses o en días, además de ser contraria a los principios rectores del Código Penal, resulta a todas luces inconstitucional por contravenir el principio de proporcionalidad (22) de las sanciones penales toda vez que se dejaría de reprimir adecuadamente un comportamiento delictivo que implica un atentado múltiple a los derechos fundamentales. Sobre este particular esta Corte ha expresado que “no existe discusión acerca de que el desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia”. Además “el desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de asociación. De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse, se presenta un atropello de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales, y frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias” (23) .
(22) Sobre el principio de proporcionalidad en materia punitiva la Corte ha manifestado: “El Estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y entes del ordenamiento. El cambio político de un Estado liberal de derecho, fundado en la soberanía nacional y en el principio de legalidad, a un Estado social de derecho cuyos fines esenciales son, entre otros, el servicio a la comunidad, la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades (C.P. art. 2º), presupone la renuncia a teorías absolutas de la autonomía legislativa en materia de política criminal. La estricta protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de la persona (C.P. art. 5º), tornan la dignidad e integridad del infractor penal en límite de la autodefensa social. El contenido axiológico de la Constitución constituye un núcleo material que delimita el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades (C.P., art. 6º). Con su elemento social, la Constitución complementa, en el terreno de la coerción pública, la voluntad con la razón. Sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas. En consecuencia, la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador (C.P., arts. 11 y 12). Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (C.P., art. 13), juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos”. Sentencia C-070 de 1996.
(23) Sentencia SU-1150 de 2000.
Interpretada la norma en estudio bajo el entendido que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con la pena principal de prisión de seis (6) a doce (12) años, puede aseverarse que la sanción a este delito constituye la respuesta adecuada del poder punitivo del Estado frente a un comportamiento delictivo que lesiona la dignidad y los derechos fundamentales de aquellas personas que se ven constreñidas a abandonar su lugar de residencia.
Entendimiento que guarda consonancia con los distintos instrumentos internacionales, entre los cuales se pueden citar la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 12 consagra el derecho de circulación y residencia; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12); el Protocolo II de Ginebra (art. 17), aprobado por medio de la Ley 171 de 1994 y el estatuto de la Corte Penal Internacional que en su artículo 7º d) considera crimen de lesa humanidad la deportación o traslado forzoso de población.
En conclusión, como los cargos que formula el actor, y que en su sentir hacían la norma inconstitucional, están únicamente fundamentados en la adición de la letra “o” —error que ya fue corregido por el Presidente de la República, y sobre el cual la Corte se inhibirá—, y en la aprobación por parte del Congreso de la República del artículo 180 de la Ley 599 de 2000 sin la palabra “años”, que como ya se advirtió resulta constitucional bajo el entendido que forma parte del citado artículo, puede concluirse que superadas estas inconsistencias tampoco se presenta, por los cargos analizados, violación alguna a los artículos 2º, 5º, 13, y 42 de la Carta Política que invoca el actor.
1. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la conjunción disyuntiva “o” del inciso primero del artículo 180 de la Ley 599 de 2000.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta providencia, el inciso primero del artículo 180 de la Ley 599 de 2000, bajo el entendido que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con las penas de prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.