Source: http://www.cartapolitica.org/opinion/ley-de-informacion-publica/
Timestamp: 2020-02-24 23:36:22
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Ley de información pública : Carta Política
[ 0 ] 6 junio, 2016 | Pablo Tonelli
La nueva ley de Información Pública, recientemente sancionada por el Congreso, salda una vieja deuda de la política con la sociedad. El siguiente es un breve resumen del debate en general y en particular, que puede leerse completo según llamadas al pie de este artículo.
El primer intento por aprobar una ley de acceso a la información tiene su origen en 2004, hace 12 años. Inclusive hubo una sanción de la Cámara de Diputados que nunca fue tratada por el Senado, y una sanción del Senado, que nunca fue tratada por Diputados.
El origen del derecho de acceso a la información habitualmente se ubica en una Real Ordenanza sueca de 1766, de la cual hace muy pocas semanas se cumplieron nada más y nada menos que doscientos cincuenta años de vigencia, de modo que no se trata de algo novedoso.
Más cerca y en el plano regional, el derecho está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En nuestro orden interno, el fundamento del derecho de acceso a la información está claramente establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y reiterado, entre otros y de manera expresa, en el artículo 33.
Además, como se ha visto en muchos otros países, esto tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción. La transparencia en la publicidad de los actos de gobierno es una de las mejores armas para luchar contra la corrupción, porque como todos sabemos allí donde llega el sol desaparecen la oscuridad y los misterios.
La nueva ley contiene una serie de principios básicos: presunción de publicidad ‑es decir que en principio toda la información es pública-, transparencia y máxima divulgación, máximo acceso, apertura, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, la regla in dubio pro petitor ‑es decir que en todo caso se privilegia el derecho de quien pide la información- y buena fe para interpretar la norma.
¿Cómo funciona en la práctica este principio de la información? Toda persona humana o jurídica pública o privada tiene derecho a solicitar y recibir información pública, con el agregado de que no es posible exigir al solicitante que motive o funde la solicitud o que acredite un derecho subjetivo o un interés legítimo. Basta con que pida la información y el único requisito que debe cumplir es el de identificarse, por supuesto, y también precisar la información que se requiere.
El detalle de aquellos organismos estatales obligados a brindar información así también como sus excepciones, puede consultarse como indicamos en los documentos que pueden leerse completos al pié.
Para el caso de que la información sea denegada, la iniciativa contempla dos posibilidades. La primera es el reclamo administrativo ante el mismo órgano que lo solicitó o directamente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. La segunda implica un trámite judicial a realizarse mediante la vía del amparo, es decir, de la manera más rápida y sumaria que nuestro régimen procesal contempla.
Creemos que esta ley es un gran avance que permite cumplir una legítima demanda de toda la sociedad, sin distinción de ideas políticas.
Discurso de Pablo Tonelli sobre el acceso a la información (18/5/2016)
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el dictamen de mayoría.
En este caso no habrá reducción del tiempo ya que hemos acordado que va a ser el reglamentario.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: el proyecto en consideración, que seguramente hoy aprobaremos, permitirá que el Congreso salde una vieja deuda con la sociedad, deuda que ya lleva muchos años.
El primer intento por aprobar una ley de acceso a la información fue en 2004, hace 12 años. Inclusive hubo una sanción de esta Cámara que nunca fue tratada por el Senado, y una sanción de la Cámara de Senadores, que jamás fue tratada por este cuerpo. También hubo decenas de proyectos de distintos diputados y diversos bloques que nunca llegaron a materializarse.
Esa es una deuda que el Congreso tiene con la sociedad, y lo bueno es que con la sanción de este proyecto esa deuda la vamos a saldar entre todos. Si bien el proyecto ha recibido el decisivo impulso del Poder Ejecutivo, lo cierto es que la iniciativa se nutre de muchas otras previamente presentadas en esta Cámara por diputados de distintos bloques. Inclusive, durante el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto recibió aportes de legisladores de varios bloques que sin duda han contribuido a mejorarlo.
Más cerca y en el plano regional el derecho está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En nuestro orden interno, el fundamento del derecho de acceso a la información está claramente constituido por el carácter republicano de nuestro régimen de gobierno. Ello está establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y reiterado, entre otros y de manera expresa, en su artículo 33.
Si algo caracteriza y distingue al régimen republicano de otros regímenes es precisamente la publicidad de los actos de gobierno, la posibilidad de que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del gobierno y la información, no solo la que produce sino la que este posee. Reitero: esta es una de las notas esenciales.
Además, como se ha visto en muchos otros países, esto tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción. La transparencia en la publicidad de los actos de gobierno es una de las mejores armas para luchar contra la corrupción, porque como todos sabemos allí donde llega el sol desaparecen la oscuridad y los misterios. De ahí que el gobierno asigna a esta iniciativa una importancia primordial.
Por eso es que después de muchos años de que en el Congreso se hubieran presentado las iniciativas pero no se consideraran, el actual presidente de la República tomó la decisión de impulsar de manera definitiva el tratamiento de este proyecto de ley.
El proyecto comienza por establecer su objeto, que es precisamente brindar a toda la población el acceso a la información disponible, no solo en el Estado sino en muchas otras entidades y organizaciones a las que luego me voy a referir.
El artículo 1° contiene una serie de principios aplicables al acceso a la información, que debo reconocer fueron sugeridos en la discusión en comisión por diputados de la oposición, y los hemos incorporado al proyecto porque entendemos que lo benefician notoriamente. Esos principios son: presunción de publicidad ‑es decir que en principio toda la información es pública‑; transparencia y máxima divulgación; informalismo, para acceder a la información; máximo acceso; apertura; disociación; no discriminación; máxima premura; gratuidad; control; responsabilidad; alcance limitado de las excepciones -es decir que la ley contiene excepciones y luego me referiré a ellas, pero el alcance debe ser interpretado limitada y restrictivamente-; la regla in dubio pro petitor ‑es decir que en todo caso se privilegia el derecho de quien pide la información-; facilitación, y buena fe, para interpretar la norma. Estos son los principios que se han incorporado en el artículo 1°, merced a la iniciativa de algunos diputados.
A partir del artículo 2° -incluido en el Capítulo I- se establece el régimen general del acceso a la información, y allí nos encontramos con la definición en el sentido de que el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y distribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, que están enumerados a posteriori. Es decir que el régimen es definitivamente amplio.
A su vez, en el artículo 4° se establece la legitimación activa, es decir, se dispone quiénes pueden solicitar o requerir información pública. Y allí la definición no podría ser más amplia, porque lo que ese artículo prevé es que toda persona humana o jurídica pública o privada tiene derecho a solicitar y recibir información pública, con el agregado de que no es posible exigir al solicitante que motive o funde la solicitud o que acredite un derecho subjetivo o un interés legítimo. Basta con que pida la información y el único requisito que debe cumplir es el de identificarse, por supuesto, y también precisar la información que se requiere.
En cuanto al ámbito de aplicación, es decir, quienes están obligados a difundir la información y permitir el acceso a la información pública, ello está establecido en el artículo 7º del proyecto. Allí están comprendidos la administración nacional, conformada por la administración central y todos los organismos descentralizados; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado; las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionaros permisionarios de uso del dominio público en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios del Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual.
En el siguiente inciso se incluyen entre los obligados a informar a las organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le otorguen subsidios o reciban aportes del Estado. Estos últimos también tendrán obligación de informar en relación con ese subsidio o aporte estatal.
Así mismo están obligadas a informar las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional; las personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público y en lo que se refiere a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos; los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios de cooperación técnica o financiera; el Banco Central de la República Argentina, y los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación.
También vamos a proponer en el tratamiento en particular que se agregue ‑no figura en el dictamen de comisión‑ a los concesionarios y permisionarios de juegos de azar y destreza.
En el artículo 8° están previstas las excepciones, porque es lógico y razonable que las haya. La excepción más importante es la del inciso a), que se refiere a la información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.
Aquí hago una breve digresión porque en el tratamiento en comisión muchos diputados propusieron que estableciéramos en la misma ley de acceso a la información un régimen referido al tratamiento de la información reservada o confidencial. No hemos accedido a ese pedido porque hay una norma que regula las actividades de inteligencia del Estado, que es la que dispone el régimen específico y concreto de la información reservada o clasificada, que establece el régimen de acuerdo con el cual esa información puede ser revelada o hecha pública, en qué circunstancias y bajo qué condiciones. Por eso nos pareció que era suficiente con que la ley de acceso a la información estableciera como excepción la de aquella información que es reservada o clasificada. El régimen de la información reservada o clasificada está establecido en otra ley que es específica de la materia y por lo tanto, allí debe figurar.
En todo caso, si llegamos a la conclusión de que ese régimen no es el adecuado, en el futuro podremos discutir una modificación del régimen de la información clasificada o reservada, pero no nos parece razonable incluir ese régimen en esta norma que tiene otro propósito y otro objeto.
También está exceptuada la información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos; la información que comprometa los derechos o intereses legítimos de terceros obtenida en carácter confidencial; la información en poder de la Unidad de Información Financiera, que es la que se ocupa del tratamiento de los posibles hechos de lavado de dinero; la información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras; la información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar o perjudicar la estrategia de defensa; la información protegida por el secreto profesional; la información referida a datos personales; la que pueda ocasionar peligro a la vida o seguridad de una persona; la de carácter judicial y la obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada.
Por sugerencia de algunos diputados de la oposición, al final de ese artículo se incorporó otro párrafo, que es importante. Me refiero al que establece que las excepciones contenidas en este artículo no serán aplicables en caso de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Es decir, las excepciones previstas en el artículo no serán aplicables cuando haya investigaciones judiciales en curso referidas a estas materias.
En el tratamiento en particular voy a proponer el agregado de una excepción referida a las sociedades que hacen oferta pública, que están sujetas a un régimen especial que es precisamente el de oferta pública.
La norma continúa estableciendo cuál es el régimen y el procedimiento. En ese sentido, hay que destacar que el procedimiento es extremadamente sencillo y está regido, entre otros, por el principio del informalismo. Esto quiere decir que basta con que quien desea obtener información de algunos de los sujetos obligados definidos en el artículo 7º de la norma la solicite de manera absolutamente informal y gratuita. No hay ninguna forma preestablecida para requerir esa información.
Sigue la norma con la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que va a actuar como ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo pero con absoluta independencia. Tanto es así que el texto prevé una serie de recaudos no solo para la designación del director sino también para su remoción.
Para la remoción se requiere, entre otras cosas, el dictamen de una comisión bicameral presidida por el presidente del Senado e integrada por los presidentes de determinadas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En relación con la Agencia de Acceso a la Información Pública, la iniciativa también prevé que en aquellos otros poderes del Estado que son independientes del Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo de la Magistratura, se creen organismos similares a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tendrán la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y de resolver los conflictos en esos otros órganos.
Así mismo, la iniciativa contiene normas referidas a la transparencia activa, que no voy a detallar porque se está acabando el tiempo del que dispongo para mi exposición.
En resumen, esta iniciativa es un gran avance. Luego de muchos años de iniciativas frustradas en el Congreso, hoy podemos tratarla gracias al impulso decisivo que le ha dado el Poder Ejecutivo.
Para finalizar, quiero agradecer la colaboración de algunos diputados que han trabajado mucho para mejorar la redacción de la ley. Me refiero a las señoras diputadas Conti y Camaño, a los señores diputados Pedrini, Kosiner, David, y algún otro del que tal vez me esté olvidando. Los aportes que ellos hicieron beneficiaron el texto.
Merced a la iniciativa del Poder Ejecutivo, a los proyectos existentes en esta Cámara y a la discusión que hemos tenido en las comisiones, estamos en condiciones de sancionar un proyecto de ley que representa un gran avance y ‑como dije anteriormente‑ permite que el Congreso cumpla con una deuda que arrastraba desde hace muchísimos años. (Aplausos en las bancas.)
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