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Timestamp: 2020-07-06 21:46:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 24', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 16', 'Artículo 28', 'Artículo 33', 'artículo 30', 'artículo 30', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 82']

BOE.es - Documento BOE-A-1992-174
Documento BOE-A-1992-174
Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 3, de 3 de enero de 1992, páginas 150 a 154 (5 págs.)
BOE-A-1992-174
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/1991/12/09/13
La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución, goza de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. El Estatuto de autonomía, en su artículo 44, establece entre otros recursos el rendimiento de sus propias tasas por aprovechamientos especiales y por la prestación de servicios directos de la Comunidad Autónoma, sean de propia creación o como consecuencia de traspasos de servicios estatales.
Conforme a la nueva redacción del artículo 4.o, 1, de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades autónomas (Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril), constituyen recursos de dichas Comunidades sus propias tasas, considerándose como tales tanto las establecidas por la Comunidad Autónoma como las transferidas a ésta por el Estado o corporaciones locales como consecuencia del traspaso de funciones, así como sus propios precios públicos.
El carácter de precios que a estos recursos atribuye la referida Ley Orgánica determina la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia para el establecimiento y regulación de los mismos.
Las deficiencias tradicionales de la estructura financiera de la Hacienda central han acompañado a las transferencias de servicios a la Comunidad Autónoma de Galicia. Los ingresos por precios y tasas suponen así para la Hacienda comunitaria una porción mínima del total de sus ingresos, lo cual resulta aún menos justificado. En consecuencia, una razón fundamental de esta Ley ha de encontrarse en la necesidad de adecuar tales instrumentos financieros, abriendo la posibilidad de que ocupen el lugar que les corresponde en la Hacienda autonómica.
La presente Ley tiene tres aspectos que constituyen motivos claros para su promulgación. En primer lugar, se restituye al concepto de precio todo lo que injustificadamente hubiese venido perdiendo. Durante los últimos años se le ha venido llamando tasa prácticamente a cualquier ingreso por contraprestación que obtuviese una entidad pública, olvidando que la tasa no es tanto por la naturaleza de la entidad perceptora como por la coacción que le es consustancial.
Esta extensión fáctica de las tasas, junto con las cautelas y requisitos legales que conlleva su modificación, ha provocado la mayor parte de las veces una extrema rigidez en su utilización que no conviene en absoluto a una Hacienda moderna. Por tanto, una de las piezas clave de la Ley consistirá en configurar instrumentos financieros distintos de la tasa, como son los precios, que son de utilización más flexible, aunque, por supuesto, no desprovista de las garantías necesarias.
En segundo lugar, la Ley lleva a cabo una tipificación de las tasas en un doble sentido. Primeramente, proponiendo tan sólo tres categorías de tasas, con sus modalidades, las cuales han de dar cabida a la multiplicidad de figuras actualmente existentes. Con ello habrá de ganarse en coherencia y sencillez.
Pero también el propósito tipificador tiene que llegar a las tarifas, la actual multiplicidad de tarifas es extraña a la naturaleza de la tasa. En este instrumento, cuando se determina la tarifa, debe prevalecer un principio de equivalencia o compensación, y el de capacidad económica cuando las características del tributo lo permitan. Y si ello es así, no cabe, ni mucho menos, la enorme disparidad de tarifas para un mismo acto o proceso administrativo que existe actualmente.
La tercera nota distintiva de la Ley consiste en separar claramente las decisiones, digamos, de índole privada de aquellas otras netamente públicas, de forma que las mismas puedan efectuarse con conocimiento y responsabilidad.
Por ello, siempre que exista producción u oferta pública de un bien o servicio, habrá de existir paralelamente un precio de oferta que no tiene por qué coincidir con el satisfecho por el consumidor, puesto que entre ambos se situará, precisamente, la decisión pública. Así, si el consumo del bien o servicio en cuestión se entiende que debe favorecerse o, en otros términos, que dicho bien tiene una dimensión pública importante, entonces deberá reducirse el precio a pagar por el consumidor, consiguiendo un precio político para el cual, inevitablemente, se deberían utilizar fondos públicos para cubrir la diferencia en forma de subvención.
Habitualmente, cuando tal decisión se adopta, el único precio que suele manejarse es el satisfecho por el consumidor, difuminándose en los presupuestos la cuantía del gasto público que, de hecho, se está aplicando. Para la presente Ley, por el contrario, el precio de producción habrá de resultar explícito, lo cual permitirá valorar la eficacia de dicha producción, e igualmente explícita la subvención.
A veces resulta paradójico ver el conjunto de garantías formales que rodean el establecimiento de una tasa como elementos de protección para los sujetos pasivos, mientras no existe protección frente al auténtico riesgo de las ineficacias, puesto que, si éstas se producen, acabaran pagándolas bien directamente, a través de la cuantía de la tasa, o bien indirectamente, a través de la cobertura de los gastos generales del presupuesto.
En definitiva, pues, la normativa actual que regula los precios y tasas no define adecuadamente el papel de estas instituciones, haciendo un uso desmesurado de la denominación tasa, lo cual, si bien comporta una gran rigidez de regulación y gestión, no aporta garantías frente a las posibles ineficacias.
A diferencia del planteamiento actual, en el cual la caracterización de los instrumentos financieros se hace básicamente atendiendo a la naturaleza del perceptor, su configuración en la presente Ley se lleva a cabo teniendo en cuenta las características tanto de la oferta como de la demanda, pues no se puede olvidar que lo característico de estas instituciones es que constituyen contraprestaciones como consecuencia de una demanda efectuada por los sujetos.
Así, en lo que se refiere a la demanda, ésta se distingue según su origen sea voluntario u obligatorio en virtud de alguna norma legal. Y, en lo que concierne a la oferta, la distinción relevante es si se trata de una situación de concurrencia o, por el contrario, de un monopolio legal. Atendiendo a las características de uno y de otro lado se definiría cada institución.
El nivel de coacción máxima está ocupado por la tasa que se corresponde con una situación de demanda obligatoria y monopolio legal de la oferta. En el extremo opuesto hay que situar los precios privados, resultado de enfrentar una demanda voluntaria con una oferta concurrente.
A pesar de que hay casos en que la demanda es obligatoria, la Ley se inclina por calificar de precio privado toda situación en que exista concurrencia de oferta. Finalmente, si la demanda es voluntaria, pero si la oferta se lleva a cabo a través de un monopolio legal, estaremos ante la gama de los precios públicos.
Independientemente de las decisiones en cuanto al régimen de producción de un bien o servicio determinado, decisiones que suelen incorporar valoraciones de otros ámbitos a los aquí considerados, la actividad financiera pública frecuentemente pretende influir sobre la cantidad consumida de determinados bienes o servicios atendiendo a motivos, digamos, de carácter público o colectivo. Pues bien, sin que se haya de renunciar a la institución del precio y, es más, separando ambas decisiones de naturaleza distinta, en la presente Ley se crean los instrumentos reguladores, exacciones o subvenciones, según sea el signo o resultado pretendido, mediante los cuales se puede influir sobre el precio público o privado, según sea el caso de determinados bienes o servicios. De este modo, los dos indicadores relevantes resultaran siempre explícitos, sin que la dimensión pública de un bien o servicio pueda constituir un factor de distorsión capaz de disimular simples ineficacias en el proceso de producción.
El proyecto de Ley, por tanto, se decide por una profunda y total revisión de los instrumentos financieros actuales que cubren el área de los bienes públicos individualizables. A tal fin se otorga una delegación legislativa para que el Ejecutivo pueda efectuar una adaptación de las tasas vigentes a las normas y criterios de la presente Ley, cuyo marco facilitara, en lo sucesivo, una notable simplificación de esta área tributaria.
En definitiva, pues, el presente proyecto de Ley no se limita a ofrecer unas bases para la regulación de las tasas, sino que ofrece un marco, unos criterios, que permitirán afrontar racionalmente y con eficacia la financiación de los bienes públicos individualizables, bienes, como se señaló, de especial relevancia en toda Hacienda moderna, especialmente si, como es el caso, se trata de la Hacienda de una Comunidad Autónoma.
Por otra parte, con este Proyecto de Ley se incorpora a la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia la nueva configuración jurídica de las tasas establecidas por la Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril, por la que se da nueva redacción a los artículos 4.o, 1, y 7.o, 1 y 2, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó, y yo, de conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de Galicia, y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de Tasas, Precios y Exacciones de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 1. Contenido de la Ley.
La presente Ley regula los aspectos financieros de la actividad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en cuanto dicha actividad pretende determinar o influir en el consumo o utilización de ciertos bienes o servicios individualizables. A estos efectos se entenderá que el consumo de un bien o servicio es individualizable cuando exista una demanda definida del mismo, tanto si esta es de carácter voluntario como si tiene su origen en una obligación legal.
Artículo 2. Tipos de instrumentos.
a) Los instrumentos financieros, que son las contraprestaciones percibidas como consecuencia del suministro o utilización de bienes o de la prestación de servicios demandados por los sujetos. Son instrumentos de tipo financiero los precios y las tasas.
b) Los instrumentos reguladores, que son los medios utilizables para alterar los precios de aquellos bienes o servicios ofrecidos por los órganos, Entes y Organismos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo. Son instrumentos reguladores la exacción y la subvención reguladora.
Artículo 3. Régimen presupuestario y aplicación obligatoria.
Los ingresos derivados de la aplicación de los instrumentos regulados en la presente Ley y percibidos por los órganos de la Administración, Entes y Organismos autónomos, estarán destinados a satisfacer el conjunto de sus obligaciones respectivas, salvo que excepcionalmente y por medio de ley se establezca su afectación para fines determinados.
El rendimiento proveniente de los mismos se aplicara íntegramente al presupuesto de ingresos que corresponde, debiendo realizarse su ingreso en las cajas del Tesoro de la Hacienda gallega o, a través de entidades financieras colaboradoras, en las cuentas autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda.
A este fin, todo proyecto de creación de una Entidad o incluso de oferta de un nuevo bien o servicio, independientemente de otros requisitos, deberá ir acompañado de una Memoria económica elaborada por la Consejería correspondiente en la que, ademas de valorar la conveniencia del proyecto, se propondrán los instrumentos financieros que, en su caso, sean de aplicación. Idéntico procedimiento se exigirá para los supuestos de modificación de tarifas. Sobre dicho estudio emitirá informe la Consejería de Economía y Hacienda.
Son precios privados las contraprestaciones que obtengan los órganos de la Administración, Entes y Organismos autónomos como consecuencia de la cesión o enajenación de bienes o de la prestación de servicios siempre que exista oferta privada concurrente.
Artículo 6. Fijación.
Los precios privados serán fijados por las Consejerías correspondientes, previo informe favorable de la de Economía y Hacienda, atendiendo a las condiciones y circunstancias del mercado en el que operen, sin perjuicio de que excepcionalmente se puedan aplicar subvenciones reguladoras. Dichos precios serán publicados en el «Diario Oficial de Galicia».
Los órganos de la Administración, Entes y Organismos autónomos que perciban precios privados deberán:
Los actos, negocios y, en general, relaciones jurídicas que se deriven de las actuaciones económicas de las Entidades oferentes que tengan una contraprestación que deba calificarse como precio privado de acuerdo con el artículo 5 se regirán por las normas de ordenación jurídica privada que resulten de aplicación.
1. Son precios públicos las contraprestaciones percibidas por órganos de la Administración, Entes y Organismos autónomos como consecuencia:
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:
En todo lo no previsto en la presente Ley los precios públicos objeto de la misma se regularán por lo dispuesto en la Ley de Gestión Económica y Financiera Pública de Galicia y por las demás normas que resulten de aplicación.
Artículo 11. Cuantía de los precios públicos.
1. Los precios públicos se fijaran en la cuantía que cubra como mínimo los costes económicos derivados del servicio o de las actividades prestadas o que resulte equivalente a la utilidad derivada de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público.
Artículo 12. Fijación de precios públicos.
1. Los precios públicos serán fijados por decreto, a propuesta de la Consejería de la que dependa el órgano o entidad oferente. Dicha propuesta incluirá necesariamente una memoria económica que deberá contener como mínimo lo siguiente:
b) Justificación de la política de precios, propuesta, la cual deberá en todo caso resultar suficiente para cubrir los costes totales, sin perjuicio de la posible subvención reguladora correspondiente.
2. Sobre la propuesta a que se refiere el apartado anterior deberá emitir informe favorable la Consejería de Economía y Hacienda.
1. La gestión de los precios públicos corresponde a los órganos de la Administración, entes y organismos autónomos perceptores de los mismos, quedando asimismo sometidos a las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente Ley.
También podrá exigirse la anticipación o depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos en la forma que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, se determine reglamentariamente.
4. El pago de los precios públicos se realizará en efectivo o mediante empleo de efectos timbrados u otros instrumentos de pago que autorice la Consejería de Economía y Hacienda.
5. La Consejería de Economía y Hacienda, previa solicitud del obligado al pago, podrá conceder el pago aplazado o fraccionado del precio público en la forma y con los requisitos y garantías que se establezcan reglamentariamente.
Contra los actos de gestión se podrá recurrir en la vía económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo de Galicia, sin perjuicio del derecho a interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto. La resolución de las reclamaciones económico-administrativas agotará la vía administrativa y podrá ser, en todo caso, objeto de recurso contencioso-administrativo.
Son tasas los tributos creados por Ley y percibidos por los órganos de la Administración, entes y organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Galicia como contraprestación por la entrega de bienes o prestación de servicios que sólo pueden suministrar las dichas entidades, cuya demanda o recepción se produce en virtud de una obligación legalmente establecida.
Las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán por las normas de la presente Ley, por las disposiciones legales de cada tasa y por las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas, por la Ley de gestión económica y financiera pública de Galicia y, en su defecto, por la Ley general tributaria y demás disposiciones generales en materia tributaria en cuanto resulten de aplicación.
Artículo 17. Principio de capacidad económica.
En cuanto a la fijación de las tasas, se tendrá en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo cuando las características del tributo lo permitan.
Artículo 18. Reserva de Ley.
El establecimiento de las tasas y la regulación de sus elementos esenciales se harán mediante Ley. La aplicación de una tasa establecida a supuestos concretos de venta de bienes, realización de actividades o prestación de servicios se podrá hacer en la Ley de presupuestos de cada año.
Artículo 19. Clases de tasa.
Artículo 20. Exenciones y bonificaciones.
1. Podrán gozar de exención de las tasas el Estado, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia y los Entes públicos o institucionales.
Artículo 21. Cuantía de las tasas.
1. El rendimiento total previsible de la tasa no podrá exceder del coste total de producción del bien o servicio prestado. Asimismo, la tarifa se determinara atendiendo al coste medio previsto para la prestación del bien o servicio de que se trate. En otro caso, deberá señalarse la correspondiente subvención reguladora.
2. Las tarifas así establecidas se revisarán como mínimo cada cinco años, basándose en los registros de gastos e ingresos y en la correspondiente memoria económica-financiera sobre el coste y la actividad realizada. No obstante, estas tarifas podrán ser objeto de actualización anual en la Ley de presupuestos en función de índices representativos de la depreciación monetaria.
1. Las tasas se devengaran según la naturaleza del hecho imponible:
2. Cuando las tasas se devenguen periódicamente, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán publicarse las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en el «Diario Oficial de Galicia».
1. El pago de las tasas se podrá exigir bien en cualquier momento entre la solicitud y el devengo o bien en el momento de la solicitud cuando ésta coincida con el devengo.
Artículo 24. Gestión.
1. Con carácter general la gestión y liquidación de cada tasa corresponderá a los órganos de la Administración, entes u organismos autónomos que suministren el bien o servicio demandado.
2. La fiscalización, control contable y funciones de inspección financiera y tributaria, así como las relativas a los procedimientos de recaudación, corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda. Reglamentariamente y a propuesta de dicha Consejería podrá establecerse la participación de los Órganos de la Administración, Entes u organismos autónomos que presten el servicio en los procedimientos de recaudación de las tasas.
3. Reglamentariamente, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, se determinarán los supuestos en que de forma obligatoria los sujetos pasivos deberán practicar la operación de autoliquidación de las tasas y el consiguiente ingreso en el Tesoro de la Hacienda gallega.
La normativa legal reguladora de cada tasa podrá señalar la responsabilidad solidaria o subsidiaria de aquellas personas físicas o jurídicas que, distintas del sujeto pasivo, estén interesadas o relacionadas con la prestación del servicio o realización de la actividad de que se trate.
Artículo 26. Reclamaciones y recursos.
Artículo 27. Prescripción y régimen sancionador.
En todo lo relativo a prescripción, infracciones y sanciones regirán las disposiciones enunciadas en el artículo 16 que sean de aplicación por razón de la materia.
Sección 2.a Tasa por servicios administrativos
Artículo 28. Ámbito objetivo.
La tasa por servicios administrativos podrá aplicarse por la prestación de los servicios indicados a continuación en cada una de las modalidades siguientes:
Constituye el hecho imponible de la tasa por servicios administrativos la prestación por parte de la Administración del servicio solicitado por el sujeto pasivo.
Artículo. 30. Sujeto pasivo.
1. Es sujeto pasivo de la tasa por servicios administrativos, y queda por tanto obligado al pago de la misma, la persona física o jurídica que solicite la prestación.
Las tarifas de la tasa por servicios administrativos se establecerán según el coste medio de cada autorización o documento expedido en la modalidad de autorizaciones, por inscripción realizada en la modalidad de registros y por certificaciones o documento similar en la modalidad de certificaciones.
Sección 3.a Tasa por servicios profesionales
Tasa por servicios profesionales es la contraprestación percibida por la Administración Pública por los servicios prestados, previa solicitud del sujeto pasivo, por profesionales facultativos que trabajan al servicio de aquella.
Artículo 33. Ámbito objetivo.
La tasa por servicios profesionales será de aplicación en las modalidades y servicios que a continuación se indican:
Constituye el hecho imponible de la tasa por servicios profesionales la prestación por parte de la Administración pública de los servicios que dan origen a la misma.
1. Es sujeto pasivo de la tasa por servicios profesionales la persona, física o jurídica, que solicite el servicio prestado y, en su caso, los entes carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 30.2 de la presente Ley.
Las tarifas de la tasa por servicios profesionales se establecerán atendiendo a sus modalidades en los siguientes términos:
Sección 4.a Tasa sobre la venta de bienes
Podrá aplicarse la tasa sobre la venta de bienes en los casos en que la Administración suministre, en régimen de monopolio, bienes a los sujetos pasivos demandados por éstos como consecuencia de un mandato legal.
Constituye hecho imponible de la tasa sobre la venta de bienes la entrega por parte de la Administración de los bienes solicitados.
Es sujeto pasivo de la tasa sobre la venta de bienes la persona natural o jurídica y, en su caso, los entes mencionados en el artículo 30.2 solicitantes del bien en cuestión y en cuyo beneficio se hace la entrega.
Las tarifas de la tasa sobre la venta de bienes se determinarán por unidad del bien suministrado, estableciéndose su cuantía en cada caso.
2. La aplicación de una exacción reguladora determinara un precio para el consumidor o usuario superior al importe normalmente percibido por la institución o entidad oferente del bien o servicio de que se trate. Por el contrario, la utilización de una subvención reguladora permitirá aplicar a los consumidores precios o tarifas inferiores al coste de producción de los bienes o servicios.
Artículo 42. Establecimiento de instrumentos reguladores.
1. El establecimiento de cualquier exacción o subvención reguladora deberá hacerse mediante norma con rango de Ley., en la Ley de creación de las exacciones reguladoras se recogerán los elementos esenciales de las mismas, así como la finalidad de intervención que se pretende.
2. En la Ley de presupuestos de cada año podrán modificarse los elementos determinantes de la cuantía de las exacciones reguladoras siempre que no se altere su propósito o naturaleza. En esta misma Ley se ofrecerá información global respecto de las compensaciones o subvenciones que pudiesen llevar pareja la venta de bienes y prestación de servicios cuando el oferente sea un órgano de la Administración, ente u organismo autónomo a los que son de aplicación los instrumentos regulados en la presente Ley.
Artículo 43. Reclamaciones y recursos.
Las exacciones reguladores tienen naturaleza tributaria y, en consecuencia, los actos administrativos derivados de su aplicación serán recurribles en vía económico-administrativa como previa a la interposición, en su caso, de los recursos contencioso-administrativos.
b) El reconocimiento o liquidación por Autoridades u Organismos de la Consejería de Economía y Hacienda de obligaciones del Tesoro y de la Hacienda gallega y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por dichos órganos con cargo al mismo.
2. El tribunal a que se refiere el apartado anterior quedará adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda y tendrá su sede en la de los órganos centrales de la misma.
3. Se autoriza al Consejo de la Junta para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias sobre su organización, competencias, composición y funcionamiento.
4. El plazo para su plena reglamentación y aprobación por el Consejo de la Junta será de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente Ley en el «Diario Oficial de Galicia».
Se modifica el artículo 10 de la Ley 3/1984, de 3 de abril, de gestión económica y financiera pública de Galicia, que quedara redactado de la siguiente forma:
Los instrumentos financieros que correspondan a servicios que, en un futuro, transfiera el Estado a la Comunidad Autónoma se adecuaran a la presente Ley a medida que se produzcan dichas transferencias.
1. De acuerdo con el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Galicia, se delega en la Junta la potestad para que antes de transcurridos seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el «Diario Oficial de Galicia», a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, elabore un decreto legislativo que contenga el texto articulado de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Los preceptos contenidos en el capítulo tercero del título II de esta Ley tendrán, a los efectos del artículo 82 de la Constitución, el carácter de bases para la regulación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. La Junta, así que haga uso de la delegación prevista en el apartado 1 de esta disposición, dirigirá al Parlamento la correspondiente comunicación conteniendo el texto articulado objeto de aquella.
La Junta de Galicia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, desarrollará reglamentariamente las normas de la presente Ley dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 1991.–El Presidente, Manuel Fraga Iribarne.
(Publicada en el Boletín Oficial de Galicia número 241, de 13 de diciembre de 1991)
Fecha de disposición: 09/12/1991
Fecha de entrada en vigor: 14/12/1991
Publicada en el DOG núm. 241, de 13 de diciembre de 1991.
SE DEROGA salvo las disposiciones adicionales 1 y 2 y SE MODIFICA la disposición la disposición adicional 1, por Ley 6/2003, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-741).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el texto articulado de las Bases del capítulo 3 del título II, por Decreto Legislativo 1/1992, de 11 de abril (Ref. BOE-A-1992-22926).
MODIFICA en el art. 10 de la Ley 3/1984, de 3 de abril (Ref. BOE-A-1985-4886).