Source: http://taxioviedo.blogspot.com/2012/08/borrador-lott-ley-reforma-del.html
Timestamp: 2017-10-21 04:46:38
Document Index: 332559184

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 44', 'Artículo 44', 'artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 53', 'Artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 54', 'artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 44', 'artículo 59', 'artículo 71', 'artículo 63', 'artículo 67', 'artículo 72', 'Artículo 72', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 74', 'Artículo 74', 'artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 73', 'artículo 42', 'artículo 81', 'Artículo 81', 'artículo 82', 'Artículo 82', 'artículo 72', 'artículo 85', 'artículo 73', 'artículo 83', 'artículo 85', 'artículo 84', 'Artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 85', 'Artículo 85', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 91', 'Artículo 91', 'artículo 94', 'artículo 98', 'artículo 99', 'Artículo 99', 'artículo 102', 'Artículo 102', 'artículo 103', 'Artículo 103', 'artículo 42', 'artículo 104', 'artículo 106', 'Artículo 106', 'artículo 107', 'Artículo 107', 'artículo 108', 'Artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 111', 'Artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 119', 'artículo 120', 'Artículo 120', 'artículo 121', 'Artículo 121', 'artículo 122', 'Artículo 122', 'artículo 123', 'Artículo 123', 'artículo 127', 'artículo 140', 'Artículo 140', 'artículo 43', 'artículo 21', 'artículo 54', 'artículo 141', 'Artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 73', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 38', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 142', 'Artículo 142', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 143', 'Artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 52', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 52', 'artículo 146', 'artículo 11', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 56', 'artículo 149']

TOURS PRIVADOS TAXI ASTURIAS OVIEDO NORTE DE ESPAÑA : ((borrador) LOTT Ley reforma del transporte público en España.
Borrador de Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. ___________________________________________________________________________
A tal efecto, se incorporan al texto de la LOTT las nuevas exigencias introducidas por el Reglamento (CE) 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, en relación con el cumplimiento de los requisitos de establecimiento, competencia profesional, capacidad financiera y honorabilidad de las empresas.
En materia de transporte internacional, se ha optado, básicamente, por remitir a las reglas contenidas en los Reglamentos (CE) 1072/2009 y 1073/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, ambos de 21 de octubre de 2009, por los que, respectivamente, se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera y al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses, así como a las que, en su caso, resulten de aplicación de los convenios internacionales suscritos por España.
Cabe destacar alguna modificación especialmente significativa en relación con determinadas formas de transporte. Así, se adapta el régimen de gestión de los transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera y ferrocarril a las reglas contenidas en el Reglamento (CE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. Se articulan y armonizan, además, las reglas específicas propias de este régimen con la legislación general sobre contratos del sector público, reforzando el carácter contractual de la relación entre el gestor del servicio y la Administración titular de éste.
Se reducen barreras operativas liberalizando plenamente la intermediación en la contratación de transportes de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de viajes en el ámbito turístico, y se flexibilizan los límites que separan la actuación de transportistas y operadores de transporte en el mercado de transporte de mercancías.
Por su parte, la obligación de que las empresas cuenten con un equipamiento informático mínimo, derivada de las previsiones contenidas en el mencionado Reglamento (CE) 1071/2009 en relación con el equipamiento administrativo de las empresas, también contribuirá notablemente a que pueda avanzarse hacia el establecimiento, en el medio plazo, de una tramitación estrictamente telemática de cualquier procedimiento ante los órganos de la Administración Pública competentes en materia de transporte.
1.o Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando el transporte sea público.
2.o Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se realicen mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación y de guiado.
3.o Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales, a los efectos de esta ley, las desarrolladas por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas-distribuidores y las estaciones y centros de transporte por carretera o multimodal de viajeros y mercancías.
Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor.»
Dos. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 2.
La presente ley será de aplicación a los transportes y actividades auxiliares y complementarias de los mismos cuya competencia corresponda a la Administración General del Estado.»
Tres. El artículo 17 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 17.
«1. El régimen tarifario de los servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración vendrá determinado en los correspondientes contratos de gestión del servicio público.
2. La estructura de la tarifa de los transportes señalados en el párrafo anterior se ajustará a las características del servicio de que en cada caso se trate, teniendo en cuenta lo que al efecto se determina en esta ley y en las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y, en su caso, en las normas reglamentarias dictadas para su ejecución y desarrollo.
Las tarifas, así establecidas, deberán cubrir los costes de explotación del transporte en las condiciones señaladas en el correspondiente contrato de gestión del servicio público y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, en circunstancias normales de productividad y organización. A tal efecto, la Administración deberá desestimar, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine, la contratación de tales servicios con quienes oferten prestarlos aplicando precios que no cumplan la referida condición.
3. La Administración podrá revisar individualizadamente el régimen tarifario de un determinado contrato de gestión del servicio público, bien de oficio o a instancia del contratista, cuando las partidas que integran su estructura de costes hayan sufrido una variación que altere significativamente el equilibrio económico del contrato.
En la referida revisión se descontarán, en todo caso, aquellos costes cuya cuantía dependa, en todo o en parte, de la gestión del contratista y superen de forma significativa los que soporta, por término medio, el resto de los contratistas del sector.»
«6. La tarifa de un servicio público de transporte de viajeros de titularidad de la Administración no podrá ser revisada hasta que el contratista que lo gestione no haya cumplido cuantas obligaciones le incumban hasta ese momento en orden a aportar a la Administración aquellos datos estadísticos, documentos contables o informes que resulte preceptivo conforme a lo que reglamentariamente se determine.
Siete. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 20.
De conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar la prestación de un servicio de transporte de viajeros en unas condiciones que no serían asumidas por un operador si considerase exclusivamente su propio interés comercial, o no serían asumidas en la misma medida, sin obtener una compensación por ello.
Ocho. Se suprime el punto 2 del artículo 21, que queda sin contenido. Nueve. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:
No obstante, la prestación de aquellas modalidades de transporte de viajeros que tengan atribuido el carácter de servicio público de titularidad de la Administración sólo podrá ser contratada como porteador por el contratista a quien el órgano competente hubiese adjudicado su gestión o, en su caso, por la empresa, órgano o entidad que la Administración competente haya creado para la gestión o coordinación de esa clase de servicios.
La intervención de agencias de viajes y otros intermediarios en la contratación de cualesquiera modalidades de transporte de viajeros se regirá por la legislación específica de turismo.
Diez. Se suprimen los artículos 23 y 24, que quedan sin contenido. Once. El artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
1. A efectos de esta ley, se considera multimodal aquella operación de transporte mediante la que se trasladan mercancías o viajeros utilizando de forma simultánea o sucesiva más de un modo de transporte, siendo uno de ellos el terrestre, con independencia del número de transportistas que intervengan en su ejecución, siempre que dicha operación se hubiese concebido de forma completa y coordinada por quien
organizó el transporte, ya se trate del cargador, de un transportista o de un operador de transporte.
2. Reglamentariamente podrán establecerse normas especiales destinadas a facilitar la realización de transporte multimodal o promover la comodalidad de los transportes.»
Doce. El artículo 36 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 36.
2. El Consejo estará integrado por expertos designados por la Administración General del Estado a propuesta de las empresas de transporte por carretera y ferrocarril y de otros modos de transporte; de los trabajadores de las empresas transportistas; de los usuarios del transporte y, en su caso, de las empresas de otros sectores de actividad relacionados con el transporte.
Asimismo, la Administración podrá designar directamente a otros consejeros atendiendo exclusivamente a su experiencia o competencia profesional, así como a representantes de propia Administración especializados en materia de transporte terrestre.
4. Los miembros del Consejo no participan en éste en representación del sector que, en su caso, hubiese propuesto su nombramiento, sino a título individual, como expertos en la materia en la que se encuentren especializados. En consecuencia, no podrán ser representados en las deliberaciones del Consejo sino por otros consejeros.
Trece. El párrafo tercero del punto 1 del artículo 38 queda redactado en los siguientes términos:
«Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 12.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado.»
Catorce. Se añade un segundo párrafo al punto 3 del artículo 38 con la siguiente redacción:
Quince. Se suprime el punto 2 del artículo 41, que queda sin contenido. Dieciséis. El artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que la empresa tenga su domicilio, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
b) Transporte de medicamentos, aparatos y equipos médicos y otros artículos necesarios en caso de ayudas urgentes y, en particular, de catástrofes naturales o de origen humano.
c) Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá el transporte a bordo de tales vehículos de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se encuentran destinados.
d) Transporte de viajeros o mercancías realizado utilizando vehículos no matriculados en España, cuando se cumplan las condiciones señaladas para el
transporte de cabotaje en la reglamentación de la Unión Europea sobre acceso al mercado de transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.
Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte que tengan una escasa incidencia en el mercado de transporte, en razón de la naturaleza de la mercancía transportada o de las cortas distancias recorridas.
Diecisiete. El artículo 43 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 43.
El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
c) Cumplir los requisitos de establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y competencia profesional de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, así como en las normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones.
d) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente.
e) Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se establezcan,
atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación, en relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso.
Reglamentariamente se podrá prever, no obstante, algún supuesto en que, a solicitud del interesado, la Administración podría autorizar que una empresa continúe funcionando, aunque transitoriamente incumpla alguna de las condiciones señaladas en el apartado c), por un plazo que en ningún caso podrá ser superior a seis meses.»
Dieciocho. El artículo 44 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 44.
a) Contar con un establecimiento fijo situado en España con locales en los que se conserven, a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.
b) Disponer del número de vehículos matriculados en España que en cada caso resulte exigible conforme a lo que reglamentariamente se determine, que deberán cumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan.
c) Disponer del equipamiento administrativo y técnico y de las instalaciones que reglamentariamente se determinen en los centros de explotación en que la empresa ejerza su actividad en España.
En todo caso, la empresa deberá disponer de dirección y firma electrónica y del equipo informático necesario para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con sus clientes.
No se exigirá cumplir lo señalado en este artículo cuando la autorización habilite exclusivamente a la empresa para realizar su actividad con vehículos de turismo o con vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas.»
Diecinueve. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 45.
A fin de cumplir el requisito de honorabilidad ni la empresa ni su gestor de transporte podrán haber sido condenados por la comisión de delitos o faltas penales ni sancionados por la comisión de infracciones muy graves relacionadas con los ámbitos mercantil, social o laboral, de seguridad vial o de ordenación de los transportes terrestres, de conformidad con lo que, al efecto, se dispone en esta ley, así como con lo que reglamentariamente se establezca en ejecución de lo dispuesto en relación con este requisito en la legislación de la Unión Europea.
No se exigirá cumplir el requisito señalado en este artículo cuando la autorización habilite exclusivamente a la empresa para realizar su actividad con vehículos de turismo o con vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas.»
Veinte. El artículo 46 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 46.
En todo caso, deberá considerarse que incumplen esta condición quienes hayan sido declarados en concurso o insolventes en cualquier otro procedimiento, salvo que ya se encuentren protegidos por el convenio alcanzado en el procedimiento concursal, a partir de que éste resulte eficaz.
b) Disponer, al menos, del capital y reservas que reglamentariamente se determinen en ejecución de lo que, al efecto, se encuentre establecido en la legislación de la Unión Europea.
Veintiuno. El artículo 47 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 47.
A fin de cumplir el requisito de competencia profesional la empresa deberá acreditar que cuenta al menos con una persona física que ejerce las funciones de gestor de transporte y que, a tal efecto, cumple las siguientes condiciones:
c) Estar en posesión del certificado expedido por la Administración que acredite su competencia profesional para el transporte por carretera en la modalidad, viajeros o mercancías, que en cada caso corresponda, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
Veintidós. El artículo 48 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 48.
El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrá carácter reglado por lo que sólo podrá denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello.»
Veintitrés. El artículo 49 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 49.
1. Con carácter general, las autorizaciones de transporte serán intransferibles, salvo a favor de los herederos forzosos del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación o incapacidad física o legal de éste.
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, reglamentariamente podrá establecerse la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte a favor de personas distintas a los herederos forzosos de su anterior titular en supuestos en que el otorgamiento de aquéllas se encuentre sometido a limitaciones por razón de la antigüedad de los vehículos a los que, en su caso, hayan de estar referidas.
Veinticuatro. El artículo 51 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 51.
1. Las autorizaciones de transporte se otorgarán sin plazo de duración prefijado, si bien su validez podrá quedar condicionada a su visado periódico, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
3. No será de aplicación lo dispuesto en los puntos anteriores cuando la empresa se encuentre exclusivamente habilitada para realizar su actividad con vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas, en cuyo caso, la validez de la autorización en que se ampare no se condicionará a la realización periódica de un visado.»
Veinticinco. El artículo 52 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 52.
Si dicha subsanación no tiene lugar con anterioridad a la finalización del más próximo período de visado, la autorización perderá su validez conforme a lo dispuesto en el artículo 51.
Veintiséis. El artículo 53 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 53.
2. La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio, salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario.
4. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial o, en su caso, la resolución administrativa de su inexactitud o nulidad.
La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
5. La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiridos en virtud de acto o contrato basado en la exactitud y validez de un asiento registral.
6. Realizada una inscripción o anotación en el Registro, no podrá realizarse otra de igual o anterior fecha que resulte opuesta o incompatible con aquélla.
b)Publicidad restringida: las anotaciones relativas a un procedimiento sancionador únicamente podrán ser conocidas por la persona o personas a que estén referidas.
Lo dispuesto en este punto se entenderá sin perjuicio de cuanto resulte de aplicación en virtud de los principios y reglas que, conforme a lo que se establece en la
legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, informan las relaciones entre éstas y la coordinación de competencias entre órganos administrativos. Asimismo, serán de aplicación en la gestión y tratamiento de los datos registrales las exigencias derivadas de la reglamentación de la Unión Europea en materia de normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera.»
Veintisiete. El artículo 54 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 54.
Quedan exceptuados de la referida prescripción quienes intervengan en la contratación del transporte de que se trate en funciones de pura intermediación, ya sea al amparo de una autorización de transporte o de operador de transporte.
2. A efectos de lo dispuesto en el punto anterior, únicamente se considerará que los vehículos con capacidad de tracción propia utilizados se hallan integrados en la organización empresarial del porteador cuando disponga de ellos en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario, debiendo en este último caso, cumplir las condiciones establecidas al efecto en esta ley y en las normas dictadas para su desarrollo.
Veintiocho. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 56.
Las comunicaciones relativas a los procedimientos sancionadores regulados en esta ley se realizarán también por medios electrónicos de forma exclusiva.
No será de aplicación lo dispuesto en este artículo con las empresas a las que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, no les sea exigible disponer de equipamiento informático para el ejercicio de su actividad.»
Treinta. Se suprimen los apartados a), b), c) y d) del artículo 59, que quedan sin contenido.
Treinta y cuatro. Se suprimen los artículos 68 y 69, que quedan sin contenido. Treinta y cinco. El artículo 71 queda redactado en los siguientes términos:
Se suprimen el apartado c) del punto 1 y el punto 2 del artículo 63. Se suprime el apartado a) del artículo 67, que queda sin contenido.
Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, debiendo ser admitidas a su utilización todas aquellas personas que lo deseen y cumplan las condiciones reglamentariamente establecidas para ello.
Treinta y seis. El artículo 72 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 72.
1. Los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán por la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen por razones fundadas de interés general.
3. El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración atendiendo a sus características y a los plazos de amortización de los activos necesarios para su prestación y predominantemente utilizados en ésta que hayan de ser aportados por el contratista. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la duración de los contratos no podrá ser superior a diez años.
Treinta y siete. El artículo 73 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 73.
1. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en el que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74.2, todo empresario podrá presentar una proposición.
No obstante, la Administración podrá optar por la adjudicación directa del contrato cuando su valor anual medio, calculado conforme a lo que reglamentariamente se determine, se haya estimado en menos de 100.000 euros anuales.
e) El número mínimo de vehículos que el contratista deberá adscribir a la prestación del servicio, así como sus características técnicas y, cuando resulte pertinente, su límite máximo de antigüedad.
f) El número mínimo de conductores que, en su caso, deberá adscribir el contratista a la prestación del servicio.
g) Las instalaciones fijas que, en su caso, haya de aportar el contratista para la prestación del servicio.
i) El derecho del contratista a retener, en su caso, la totalidad o una parte de los ingresos derivados de la explotación del servicio.
j) Otras compensaciones a las que, en su caso, tenga derecho el contratista por la prestación del servicio, indicando los parámetros sobre cuya base habrán de calcularse. k) El canon o participación que, en su caso, haya de satisfacer el contratista a la
l) Las máquinas o herramientas o, en su caso, los medios electrónicos, informáticos o telemáticos de que deberá proveerse el contratista para facilitar a la Administración el adecuado control de los ingresos generados por la explotación del
del Transporte en relación con cualquier controversia con los usuarios acerca de la prestación del servicio.
Treinta y ocho. El artículo 74 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 74.
Los criterios señalados a tal efecto en el pliego deberán estar relacionados, en todo caso, con el régimen económico, la seguridad, la eficacia o la calidad del servicio objeto del contrato y tendrán en cuenta, especialmente, los factores sociales y ambientales, así como la promoción del transporte colectivo y la mejor integración con la red de servicios públicos de transporte de viajeros que vertebran el territorio.
3. Cuando el objeto de un nuevo contrato sea la gestión de un servicio que ya se venía prestando con anterioridad, se adjudicará al anterior contratista siempre que éste hubiese cumplido satisfactoriamente el anterior contrato y que la valoración atribuida a su oferta resulte equiparable a la mejor del resto de las presentadas, de conformidad con los criterios que, a tal efecto, se determinen reglamentariamente.
Treinta y nueve. El artículo 75 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 75.
1. El contrato de gestión del servicio de que se trate recogerá las condiciones establecidas en el pliego, con las precisiones o modificaciones ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración.
En todo caso, el contratista estará obligado a reservar, a favor de la Administración pública que así se lo demande, un cierto número de plazas en determinadas expediciones para el transporte de estudiantes o trabajadores hasta y desde centros de estudio o trabajo de titularidad pública. En dicho supuesto, la compensación que reciba el contratista de la Administración que reserve las plazas no podrá ser nunca superior a la cuantía que resulte de la aplicación de la tarifa ordinaria del servicio.
No obstante, la Administración contratante, previa audiencia del contratista, podrá modificar el contrato en todo momento por razones de interés general, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine. En este supuesto, el acuerdo de
modificación adoptado por el órgano contratante de la Administración pondrá fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará obligatorio para el contratista.
Muy especialmente, la Administración contratante valorará el interés general de introducir las modificaciones en el itinerario del servicio que resulten precisas para atender necesidades sobrevenidas de transporte de estudiantes o trabajadores a centros de titularidad pública, siempre que ello no afecte a los tráficos integrados en otro servicio.
4. Sin perjuicio de la legislación laboral que resulte de aplicación al efecto, cuando un procedimiento tenga por objeto la adjudicación de un nuevo contrato para la gestión de un servicio preexistente, el pliego de condiciones podrá imponer al nuevo adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en la relación laboral con los conductores empleados por el anterior contratista en dicha prestación.
En este supuesto, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los conductores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese prestando el servicio y tenga la condición de empleadora de los conductores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.
Tal información se suministrará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de Carácter Personal.
A los efectos señalados en este punto, no podrán tenerse en cuenta otros conductores que los expresamente adscritos a la prestación del servicio en el contrato de gestión del servicio público de que se trate, para cuya determinación se debieron tomar como base los que inicialmente se incluían en el correspondiente pliego de condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2.
«1. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser atendidas por los vehículos adscritos a la concesión podrán utilizarse otros vehículos, ya sean propios del concesionario, o bien cedidos con o sin conductor, por otros transportistas a través de cualquier fórmula jurídica válida.
Dichos vehículos deberán estar amparados por la autorización prevista en el artículo 42.1.»
Cuarenta y uno. El artículo 81 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 81.
Cuarenta y dos. El artículo 82 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 82.
2. Los contratos se considerarán cumplidos y, en consecuencia, extinguidos sin necesidad de resolución cuando transcurra su plazo de duración, ya sea el inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de su prórroga acordada conforme a lo dispuesto en el artículo 72.3.
No obstante, cuando finalice el plazo de vigencia de un contrato sin que haya concluido el procedimiento tendente a la adjudicación de uno nuevo para la prestación del mismo servicio, el anterior contratista deberá prolongar su gestión, cuando así se lo requiera la Administración, en los términos previstos en el artículo 85.
f) El incumplimiento por el contratista de las condiciones señaladas en los apartados k) o l) del artículo 73.2, o bien el incumplimiento reiterado, en los términos en que reglamentariamente se determinen, de las condiciones señaladas en los apartados a) o h) del mismo precepto, así como el de cualquier otra condición o requisito al que expresamente se haya atribuido esa consecuencia en el contrato.
l) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el contrato.» Cuarenta y tres. El artículo 83 queda redactado en los siguientes términos:
2. Los supuestos previstos en los apartados b), c), d), e), i), j) y k) del punto 3 del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato.
3. En los casos de muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, siempre que éstos cumplan, o se comprometan a cumplir en el plazo que reglamentariamente se determine, los requisitos exigidos al contratista inicial.
4. El contratista que renuncie de forma unilateral a continuar prestando el servicio deberá, no obstante, prolongar su gestión, cuando así se lo requiera la Administración, hasta que haya concluido el procedimiento tendente a la adjudicación de un nuevo contrato para la gestión del servicio, en los términos previstos en el artículo 85.
5. Cuando se den los supuestos previstos en los apartados f) y g) del punto 3 del artículo anterior, la Administración podrá optar por no acordar la resolución del contrato si en el expediente resulta acreditado que ello podría ser más perjudicial para el interés general que su mantenimiento.
No obstante, la Administración deberá incoar en dichos supuestos el procedimiento tendente a la imposición de la sanción que en cada caso corresponda conforme a lo dispuesto en esta ley.
6. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y en el expediente resulte acreditado que, desde el punto de vista del interés general, es innecesario o inconveniente que se siga prestando el servicio.»
Cuarenta y cuatro. El artículo 84 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 84.
2. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en los apartados c), d), f) y g) del punto 3 del artículo 82 o por cualquier otra imputable al contratista, la Administración se incautará de la fianza constituida por éste, que deberá, además, indemnizar a aquélla por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
3. Cuando el contrato se resuelva por la renuncia unilateral del contratista la Administración se incautará de la fianza pero no podrá exigir una indemnización añadida.
En este caso, sólo se incoará expediente sancionador cuando se aprecie que la renuncia del contratista no está justificada por razones intrínsecas al servicio de que se trate.
4. Cuando la causa de la resolución del contrato sea la declaración de concurso del contratista, sólo se acordará la pérdida de la fianza cuando el referido concurso haya sido calificado como culpable.
5. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de la Administración y el contratista se acomodarán a lo que éstos estipulen válidamente.
6. Cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en los apartados i), j) o k), la Administración contratante indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que se le irroguen.
Cuarenta y cinco. El artículo 85 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 85.
No obstante lo dispuesto en los artículos 72.3 y 73.1, en caso de interrupción de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general o de riesgo inminente de que dicha interrupción se produzca, la Administración podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de gestión de servicio público o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público.
Cuarenta y seis. Se suprimen los artículos 87 y 88, el punto 2 del artículo 89 y el artículo 90, que quedan sin contenido.
Cuarenta y siete. El artículo 91 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 91.
Quedan exceptuadas de lo anterior las autorizaciones habilitantes para realizar transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo o el arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán respetar las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios.»
Cuarenta y ocho. Se suprimen los artículos 92 y 93, que quedan sin contenido. Cuarenta y nueve. El punto 1 del artículo 94 queda redactado en los siguientes términos:
Cincuenta. Se suprimen los artículos 95, 96 y 97, que quedan sin contenido. Cincuenta y uno. El artículo 98 queda redactado en los siguientes términos:
2. Durante la realización de transportes de mercancías por carretera deberá respetarse la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
3. Durante la realización de transportes de mercancías, únicamente podrán ocupar el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el correspondiente permiso de circulación y su transporte no dé lugar a retribución alguna a favor del transportista.»
Cincuenta y dos. El artículo 99 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 99.
2. Durante la realización de transportes de viajeros deberán respetarse los límites señalados en el permiso de circulación del vehículo utilizado en relación con el número máximo de viajeros que puede transportar.
En su caso, habrá de respetarse, asimismo, la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
3. En todo caso, la autorización habilita para transportar el equipaje de los viajeros que ocupen el vehículo utilizado.
4. Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados, como regla general, por toda la capacidad del vehículo utilizado.
5. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta ley, únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo.
El arrendamiento de vehículos de turismo con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 y lo que reglamentariamente se establezca con carácter específico en relación con dicha modalidad de transporte.»
Cincuenta y tres. El artículo 102 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 102.
1. Son transportes privados complementarios los que llevan a cabo empresas u otras entidades cuya finalidad no es transportar, como complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de su actividad principal.
Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores adscritos a uno de los centros de explotación de la empresa u otras personas que asistan a éstos, debiendo cumplirse en este segundo caso las reglas que al efecto se determinen reglamentariamente.
e) El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. En su caso, su coste deberá incorporarse al precio final del producto o servicio que constituye la actividad principal de la empresa antes de aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cincuenta y cuatro. El artículo 103 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 103.
1. La realización de transportes privados complementarios estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que la empresa tenga su domicilio fiscal, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
a) Transporte que presente idénticas características a las señaladas en los apartados a), b) y c) del artículo 42.2.
b) Transporte de viajeros en vehículos de turismo, salvo que se trate de transporte sanitario.
c) Transporte de mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas.
Cincuenta y cinco. El punto 2 del artículo 104 queda redactado en los siguientes términos:
Cincuenta y seis. El artículo 106 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 106.
La realización de servicios de transporte internacional que discurran parcialmente por territorio español utilizando vehículos que no se hayan matriculado en España se
regirá por lo dispuesto en los convenios internacionales y las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales de las que España forma parte que en cada caso resulten de aplicación.»
Cincuenta y siete. El artículo 107 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 107.
Cincuenta y ocho. El artículo 108 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 108.
La realización de los tramos parciales de un transporte internacional que discurran dentro de territorio español utilizando vehículos matriculados en España deberá encontrarse amparada, en todo caso, por la autorización de transporte regulada en esta ley que corresponda en cada caso, sin perjuicio de la preceptiva obtención del título que, en cada caso, habilite para la realización completa del transporte de que se trate.»
Cincuenta y nueve. Se suprime el artículo 109, que queda sin contenido. Sesenta. El artículo 110 queda redactado en los siguientes términos:
Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que, sin tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se oferten a través de agencias de viajes y se presten conjuntamente con otros servicios complementarios de naturaleza turística, tales como los de alojamiento, manutención, guía turístico o similar.»
Sesenta y uno. El artículo 111 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 111.
Sesenta y dos. Se suprime el artículo 112, que queda sin contenido. Sesenta y tres. El artículo 119 queda redactado en los siguientes términos:
1. Quienes pretendan intermediar en la contratación de transportes terrestres de mercancías, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario, almacenista- distribuidor, operador logístico o cualquier otro, deberán obtener una autorización de operador de transporte.
c) Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en tanto que su intermediación se limite a la comercialización de transportes discrecionales prestados por aquellos de sus socios que sean titulares de autorización de transporte de mercancías.
2. El otorgamiento de la autorización de operador de transporte estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de análogos requisitos a los exigidos para la de transporte público de mercancías, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen en atención a la naturaleza de la actividad a que está referida.
Sesenta y cuatro. El artículo 120 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 120.
A los efectos de esta ley, se considera agencias de transporte a las empresas especializadas en intermediar en la contratación de transportes terrestres de mercancías, como organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas.
Sesenta y cinco. El artículo 121 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 121.
A los efectos de esta ley, se considera transitarios a las empresas especializadas en organizar, por cuenta ajena, transportes internacionales o, en todo caso, que se efectúen en régimen de tránsito aduanero, recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de transportarlas y, en su caso, intermediando en su contratación.»
Sesenta y seis. El artículo 122 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 122.
Sesenta y siete. El artículo 123 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 123.
Sesenta y ocho. Se suprimen los artículos 125 y 126, que quedan sin contenido. Sesenta y nueve. El artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:
2. Los centros de transporte de mercancías acogen en su recinto un conjunto de servicios e instalaciones destinadas a facilitar el desarrollo de actividades de transporte, logística y distribución de mercancías, integrándolo con el de otras preparatorias o complementarias de aquéllas.
3. Las estaciones y centros de transporte sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionados por una única persona o entidad, pública o privada, y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.
En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o centro de transporte a terrenos o instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos. Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de éstas, por el solo hecho de su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son objeto de una gestión unificada bajo la dirección de una única entidad.»
Setenta y dos. El artículo 140 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 140.
11. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo.
12. La realización de transporte interior en España con vehículos matriculados en el extranjero incumpliendo los requisitos exigidos por la reglamentación de la Unión Europea sobre transportes de cabotaje, aunque quien los realice sea titular de licencia comunitaria.
13. La interrupción de los servicios señalados en el contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general, sin que medie
consentimiento de la Administración ni otra causa que lo justifique, durante el plazo que reglamentariamente se determine.
14. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
14.1. No informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de accidente o incidente grave, o no adoptar las medidas de seguridad y protección que correspondan en tales supuestos, excepto en aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.
14.3. Carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite que responde a las prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así como llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía transportada.
14.4. Transportar mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la regulación específica aplicable.
14.5. Utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de paneles, placas o etiquetas de peligro o, en su caso, de cualquier otra señalización o marca exigible, así como llevarlos ilegibles.
14.7. Utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que se trate.
14.8. No llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra todas las mercancías transportadas, o llevarla sin consignar cuáles sean éstas.
14.9. Transportar mercancías careciendo del permiso, autorización especial o autorización previa que, en su caso, sea necesario o incumpliendo las condiciones señaladas en ellos.
14.10. Incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
14.11. No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del vehículo.
14.12. Utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de alumbrado portátiles, con superficies capaces de producir chispas.
14.13. Consignar de forma inadecuada en la carta de porte la mercancía transportada.
14.14. Incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la limitación de las cantidades a transportar por unidad de transporte.
14.15. Utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas, etiquetas de peligro o cualquier otra señalización o marca exigible no adecuados a la mercancía transportada.
14.17. Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo.
14.18. Utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas que resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de que se trate.
14.19. Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las empresas involucradas en tales operaciones no tengan el preceptivo consejero de seguridad o tengan uno que no se encuentre habilitado para actuar como tal en relación con la materia o actividad de que se trate.
b) Al transportista y al cargador, por las infracciones tipificadas en los apartados 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5.
c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en los apartados 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 y 14.11.
d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción tipificada en el apartado 14.12.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en los apartados 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17 y 14.18.
f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la infracción tipificada en el apartado 14.19.
A los efectos previstos en este punto y en los artículos 141.6 y 142.8, tendrá la consideración de expedidor la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa y figura como tal en la carta de porte, con independencia de que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías así expedidas. Se considerará cargador o descargador la persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga o descarga de la mercancía peligrosa.
15. La realización de actividades de transporte público o la intermediación en su contratación, incumpliendo alguno de los requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de la autorización que, en su caso, resulte preceptiva, excepto en aquellos supuestos en que el requisito incumplido sea el señalado en el apartado d) del artículo 43.
16. La contratación de servicios de transporte por parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, operadores logísticos o
cualquier otro profesional del transporte con transportistas u operadores de transporte no autorizados.
17. La realización de transportes públicos o privados utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación (CAP) en vigor.
18. El incumplimiento de la obligación de suscribir el seguro exigido en el artículo 21 o tenerlo suscrito con una cobertura insuficiente.
19. La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
20. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa.
21. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de conducción y descanso, cuando ello resulte exigible, o hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro conductor, una hoja de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor o llevar insertada una tarjeta que no debería utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior.
22. El exceso igual o superior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o igual o superior al 50 por ciento sobre la masa máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate.
23. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor que se encuentren manchadas o estropeadas de tal manera que impidan la lectura de los datos registrados.
24. La utilización de una misma hoja de registro de los tiempos de conducción y descanso por un período de tiempo superior al que corresponda, cuando haya dado lugar a una superposición de registros que impida su lectura.
26. La prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
26.1. La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la Administración, salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos.
26.2. El incumplimiento de los tráficos o del número mínimo de expediciones establecidos en el contrato de gestión del servicio público de que se trate, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 13 de este artículo.
26.3. Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen.
26.4. La realización del servicio transbordando injustificadamente a los usuarios durante el viaje.
26.5. El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión del servicio público de que se trate.
26.6. El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos establecidas con carácter general para todos los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente señalados en el pliego de condiciones o el contrato del servicio de que se trate.
27. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.
28. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia de una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, que conozca el
funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio.
29. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor así como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida.
30. La contratación de servicios de transporte de mercancías por parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte incumpliendo la obligación de hacerlo en nombre propio, así como la contratación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general en concepto de porteador por quien no se encuentre habilitado para ello.
31. La realización de transportes de mercancías o discrecionales de viajeros incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 54.
32. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como el de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 10 de este artículo.
33. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión periódica en los plazos y forma establecidos, habiendo sido reparado en un taller no autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos.
34. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando.
35. El incumplimiento por un centro de alguna de las condiciones que le fueron exigidas para obtener la autorización habilitante para impartir cursos preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte.
36. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos:
36.1. El exceso igual o superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de conducción diaria, así como la disminución de los descansos diarios por debajo de cuatro horas y media.
36.2. El exceso igual o superior al 25 por ciento en los tiempos máximos de conducción semanal o bisemanal.
36.3. El exceso superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción diaria, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 36.1.
36.4. La conducción durante más de seis horas sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas.
36.5. La disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media o del reducido o fraccionado en más de dos horas, incluso cuando se realice conducción en equipo, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 36.1.
36.6. La disminución del descanso semanal normal en más de nueve horas o del reducido en más de cuatro.
37. El transporte de objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros al amparo de una autorización de transporte público de viajeros, incumpliendo las condiciones que resulten exigibles de conformidad con lo que reglamentariamente se encuentre establecido.»
Setenta y tres. El artículo 141 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 141.
A efectos de responsabilidad, serán de aplicación las reglas establecidas en el artículo 140.22.
3. No pasar la revisión periódica de algún instrumento o medio de control que exista la obligación de llevar instalado en el vehículo, en los plazos y forma establecidos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.33.
4. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el punto 11 del artículo 140, implicarían que se reputase infracción muy grave.
instrucciones escritas acerca del equipamiento del vehículo o de los miembros de la tripulación.
5.3. Carecer de los extintores que resulten obligatorios en función del vehículo o la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté garantizada.
5.4. Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan.
5.5. Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas.
5.6. Utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén correctamente cerrados, incluso cuando estas últimas se encuentren vacías si no han sido previamente limpiadas.
5.7. Transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea estructuralmente adecuado.
5.9. Incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos de utilización de envases y embalajes o recipientes.
5.10. Transportar mercancías peligrosas en envases o embalajes deteriorados, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 140.14.
5.11. No consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben figurar en ella o hacerlo inadecuadamente, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 8 y 13 del artículo 140.14.
5.13. Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante las maniobras de carga o descarga, cuando resulte exigible.
5.14. No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de la carga.
5.15. Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye su normativa específica.
5.16. Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual y los partes de accidentes.
5.17. Incumplir la obligación de conservar los informes anuales durante el plazo legalmente establecido.
5.18. No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación adecuada para prevenir riesgos ocasionales.
6. El arrendamiento de vehículos con conductor fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se determinen, así como la búsqueda o recogida de clientes que no hayan sido contratados previamente.
7. La realización de transportes públicos o privados utilizando para la conducción del vehículo los servicios de una persona que requiera el certificado de conductor de tercer país, careciendo de éste o incumpliendo alguna de las condiciones que dieron lugar a su expedición.
8. La prestación un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general incumpliendo alguna de las condiciones enumeradas en el artículo 73.2, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 13 ó 26 del artículo 140, así como el incumplimiento de cualquier otra obligación impuesta al contratista en el correspondiente contrato, cuando no deba reputarse muy grave conforme a lo dispuesto en esta ley.
9. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso no homologadas o que resulten incompatibles con el tacógrafo utilizado.
10. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción grave.
11. La carencia no significativa de hojas de registro, de documentos de impresión o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a disposición de la Administración.
12.La realización de transportes privados careciendo de la autorización, certificación o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras del transporte terrestre.
13. La venta de billetes para servicios no autorizados de transporte de viajeros, salvo que deba reputarse infracción muy grave, de conformidad con los puntos 5 ó 6 del artículo 140.
14. La realización de transportes públicos interurbanos de viajeros en vehículos de turismo cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
14.1. Haberse iniciado el servicio en un término municipal distinto al que corresponda la licencia de transporte urbano, salvo en los supuestos reglamentariamente exceptuados.
15. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria.
Especialmente se considerará constitutiva de esta infracción la carencia del preceptivo documento en que deban formularse las reclamaciones de los usuarios y la negativa u obstaculización a su uso por el público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre de las reclamaciones o quejas consignadas en dicho documento, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 11, 20, 21 ó 34 del artículo 140 o calificarse conforme a lo señalado en los puntos 9 ó 10 de este artículo.
16. La desatención por el destinatario de un transporte de mercancías del requerimiento que le formule una Junta Arbitral del Transporte para que ponga a su disposición las mercancías que hubiese recibido, cuando corresponda que sean depositadas en ejecución de lo dispuesto en el artículo 38.3.
17. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
17.1. Que los profesores no reúnan las condiciones reglamentariamente exigidas para impartir la materia de que se trate.
17.3. Que el curso impartido no se ajuste a las características del que fue comunicado al órgano administrativo competente.
17.4. Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, que el profesor o la materia impartida no coinciden con los que hubiesen sido inicialmente comunicados.
17.5. Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta de asistencia injustificada de un cincuenta por ciento o más de los alumnos inscritos en el curso.
18.La realización de transportes de productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que carezca del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado.
19. La contratación de servicios de transporte por parte de cargadores o usuarios habituales con transportistas u operadores de transporte no autorizados, cuando no deba reputarse muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.16.
20. La prestación de servicios de transporte de viajeros con vehículos que incumplan las prescripciones técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.26.6.
21. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el punto 36 del artículo 140:
21.1. El exceso superior a sesenta horas en el tiempo máximo de conducción semanal o a cien en el bisemanal.
21.3. La conducción durante más de cinco horas, aunque no de seis, sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas.
21.4. La disminución del descanso diario normal, reducido o fraccionado en más de una hora.
21.5. La disminución del descanso semanal normal en más de tres horas o del reducido en más de dos.
22. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.»
Setenta y cuatro. El artículo 142 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 142.
Se considerará asimismo incluida en esta infracción la falta o insuficiencia de papel en el que deben imprimirse las actividades de los conductores registradas por el tacógrafo digital, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.21.
7.1. No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten obligatorios, poseyéndolos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140.14.
7.2. Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no se ajuste al exigido.
7.3. No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con fotografía para cada miembro de la tripulación, cuando sea exigible.
hecho constar toda la información obligatoria, cuando no deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 141.5 y en los apartados 8 ó 13 del artículo 140.14.
7.7. No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad.
7.8. No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente establecido, siempre que hubieran sido remitidos a los órganos competentes.
c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las infracciones tipificadas en los apartados 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9
8. La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave conforme a lo dispuesto en los artículos 140.1 y 141.12.
9. El arrendamiento de vehículos sin conductor incumpliendo las condiciones que reglamentariamente se determinen, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 ó 140.31.
13. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación que resulte reglamentariamente exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada.
14. En el transporte de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su caso, se encuentre reglamentariamente determinada.
15. El incumplimiento por los usuarios de los transportes de viajeros de las obligaciones que les correspondan, conforme a las reglas de utilización del servicio legal o reglamentariamente establecidas.
En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este punto el incumplimiento de las siguientes prohibiciones:
15.2. Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas acceso al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista.
15.3. Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.
15.4. Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso establecidas al efecto, salvo causa justificada.
15.5. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
15.7. Viajar careciendo de un título de transporte suficiente para amparar la utilización del servicio de que se trate.
15.8. Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o estaciones de transporte.
16. La realización de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor con vehículos que lleven publicidad o signos externos identificativos, salvo en los supuestos reglamentariamente exceptuados.
17. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, sin haber puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta de asistencia injustificada de un veinticinco por ciento o más de los alumnos inscritos en el curso, salvo que deba reputarse infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.17.
18. La realización de transporte de mercancías perecederas sin llevar en el vehículo las marcas de identificación e indicaciones reglamentarias o llevándolas en lugares distintos a los establecidos.
19. Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así como la disminución de los períodos de descanso, salvo que deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141.21 ó 140.36.
20. La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba figurar en el Registro de Empresas y Actividades de Transportes o que exista obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Administración, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.15.
21. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.»
Setenta y cinco. El artículo 143 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 143.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor y su intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención a los que afecten a las condiciones de competencia o la seguridad; con la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora, conforme a las reglas y dentro de las horquillas siguientes:
a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en los puntos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del artículo 142.
b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 142.
d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas en los puntos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del artículo 141.
e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 141.
f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 141.
g) Se sancionará con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en los puntos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del artículo 140.
h) Se sancionará con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas en los puntos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del artículo 140.
i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 140.
k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.22 y 142.22, la cuantía de la sanción que en su caso corresponda imponer estará comprendida, respectivamente, dentro de los límites establecidos en los apartados d), e) y f) y a) b) y c).
3. Cuando sea detectada la comisión de la infracción prevista en el punto 15 del artículo 140, la Administración actuante lo comunicará al Registro de Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación, a los efectos indicados en el artículo 52, y lo comunique, de oficio, a la Administración competente sobre las autorizaciones afectadas.
a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 1, 10, 11, 14.6, 14.7, 14.11, 14.18 ó 22 del artículo 140 ó en el punto 2 del artículo 141.
La autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en los supuestos anteriormente indicados, cuando concurran circunstancias bajo las que
esa medida entrañaría un mayor peligro para la seguridad, las cuales deberán quedar documentadas expresamente en su denuncia.
5. La comisión de las infracciones señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14.6, 14.7, 14.11, 14.18, 15, 16, 17, 19, 22, 36.1 y 36.2 del artículo 140, darán lugar a la pérdida de la honorabilidad de la persona que, en su caso, ocupe el puesto de gestor de transporte en la empresa infractora, durante un plazo no superior a un año, salvo que el órgano competente acuerde lo contrario mediante resolución motivada, por estimar que ello resultaría desproporcionado en el caso concreto de que se trate.
Cuando la resolución sancionadora conlleve la pérdida de la honorabilidad del gestor de transporte, el órgano que la adopte lo comunicará al Registro de Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación, y lo comunique, de oficio, a la Administración competente sobre las autorizaciones afectadas, a los efectos indicados en el artículo 52.»
Setenta y siete. Los puntos 2, 3 y 4 del artículo 146 quedan redactados en los siguientes términos:
«2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley se ajustará a las normas específicas que reglamentariamente se establezcan, y en lo no previsto por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«6. La Administración competente en materia de transportes podrá ordenar el traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos de un vehículo que hubiera sido inmovilizado por alguna de las causas previstas en esta ley, para su posterior destrucción y descontaminación, cuando hayan transcurrido más de dos meses desde la notificación del correspondiente procedimiento sancionador, sin que el interesado hubiera formulado alegaciones en el plazo reglamentariamente establecido.
A tal efecto, la Administración advertirá al interesado de esta posibilidad en el momento de ordenar la inmovilización y depósito del vehículo.»
La declaración de nuevas obligaciones de servicio público corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento, y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Los términos “concesión de transporte regular de viajeros” y “título concesional” deberán considerarse sustituidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en las normas reglamentarias dictadas para su ejecución y desarrollo por el término “contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general”.
En el mismo sentido, el término “concesionario” se sustituirá por el de “contratista del servicio público”.
Los términos “autorización habilitante para el transporte discrecional”, “autorización de transporte público discrecional” y “autorización de transporte discrecional”, deberán considerarse sustituidos por el término “autorización de transporte público”.
Los certificados expedidos antes del 4 de diciembre de 2011 como prueba de la competencia profesional para el ejercicio de las distintas actividades de transporte y auxiliares y complementarias de éste en virtud de las diferentes disposiciones que hasta esa fecha vinieron regulando esa materia, se asimilan al certificado de competencia profesional conforme con el modelo aprobado por el Reglamento (CE) 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportistas por carretera.
Como consecuencia, se modificarán todas las anotaciones en la materia obrantes en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, sustituyendo la denominación “capacitación profesional para el ejercicio de (la actividad de que se trate)” por la denominación “competencia profesional para el transporte de (mercancías o viajeros) por carretera”.
1. En el plazo máximo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, los Ministerios de Justicia y de Fomento adoptarán las medidas necesarias para que el Registro Mercantil y el Registro de Empresas y Actividades de Transporte estén coordinados, de manera que se pueda obtener información recíproca relativa a la denominación, domicilio y capital social de las empresas titulares de autorizaciones de transporte o de operador de transporte, así como la identidad de las personas que ostentan su representación.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para la expedición de
información entre los sistemas de los Registros a que se refiere esta disposición, no será necesario el consentimiento del afectado.
Las obligaciones registrales señaladas en el artículo 53 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres serán también de aplicación a los títulos y licencias habilitantes para la realización de transporte por ferrocarril, aunque ese artículo se ubique dentro de su título II, sin perjuicio de que desde dicho Registro se dé traslado inmediato de las correspondientes anotaciones al Registro Especial de Empresas Ferroviarias, regulado en el artículo 55 de la Ley del Sector Ferroviario.
Disposición adicional sexta. Prestación de servicios ferroviarios adicionales, complementarios y auxiliares.
Los servicios ferroviarios adicionales, complementarios y auxiliares regulados en el título III de la Ley del Sector Ferroviario no se considerarán incluidos a ningún efecto entre los servicios auxiliares y complementarios del transporte definidos en el artículo 1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Disposición transitoria primera. Régimen jurídico de los transportes públicos de viajeros por ferrocarril.
Respecto del transporte de competencia estatal, la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y las disposiciones reglamentarias dictadas para su ejecución y desarrollo únicamente se aplicarán a los transportes públicos de viajeros por ferrocarril en cuanto no resulten contrarias a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo, y en los artículos 22 y 150.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
En tanto que no sean dictadas las disposiciones reglamentarias que resulten precisas para la ejecución de dichas normas, se aplicarán también a los servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril todas las normas reglamentarias referidas al establecimiento, explotación y extinción de los transportes públicos regulares de viajeros por carretera de uso general, en cuanto no resulten contrarias a lo específicamente dispuesto en el mencionado Reglamento comunitario para el transporte ferroviario ni se opongan a la específica naturaleza de esta forma de transporte.
Disposición transitoria segunda. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera de uso general con un bajo índice de utilización y servicios regulares temporales.
Las autorizaciones especiales, otorgadas al amparo de los suprimidos artículos 87 y 88 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para la explotación de servicios públicos regulares de viajeros por carretera de uso general de bajo índice de utilización y de servicios regulares temporales continuarán vigentes hasta que expire el plazo por el que fueron otorgadas.
1. El Ministerio de Fomento deberá hacer efectiva la publicidad plena del Registro, en los términos señalados en el apartado a) del punto 7 del artículo 53 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en un plazo no superior a un año, contado desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Disposición transitoria cuarta. Condiciones de aplicación en la contratación de transporte de viajeros por carretera.
1. En tanto que el Ministerio de Fomento, en uso de la habilitación contenida en la disposición final tercera de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, no establezca otra cosa en unas condiciones generales, en la contratación de las distintas modalidades de transporte de viajeros por carretera se aplicarán las siguientes reglas:
Salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones diferentes, la responsabilidad de los porteadores de viajeros por las pérdidas o averías que sufran los equipajes de éstos estará limitada como máximo a 14,5 euros por kilogramo. Su responsabilidad por las pérdidas o averías que sufran los encargos que transporten se regirá por las condiciones señaladas en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
La vigilancia de los bultos de mano corresponderá al viajero al que acompañan y, en consecuencia, serán de su cuenta los daños que éstos puedan sufrir mientras se encuentren a
bordo del vehículo, salvo que pruebe la responsabilidad de la empresa transportista, en cuyo caso serán de aplicación las limitaciones anteriormente previstas en relación con los equipajes. En todo caso, se considerará responsable a la empresa transportista de la posible pérdida o deterioro de los bultos de mano ocurrida en algún momento en que, con ocasión de una parada, todos los ocupantes hubieran abandonado el vehículo sin que, inmediatamente después, el conductor hubiera cerrado las puertas de acceso al mismo. A tal efecto, se entenderá por bulto de mano todo pequeño objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo.
2. Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) no 181/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004, a partir de la fecha en que resulte de aplicación obligatoria de conformidad con lo que en el mismo se dispone.
Desde esa fecha dejarán de ser de aplicación el límite de responsabilidad por las pérdidas o averías de los equipajes previsto en el punto 1 de esta disposición. A partir de ese momento, la responsabilidad del transportista por lo daños que puedan sufrir los viajeros y sus equipajes estará limitada como máximo a las cuantías establecidas en el artículo 7.2 del referido Reglamento.
Disposicióntransitoriaquinta. Equipamiento informático de las empresas y comunicaciones electrónicas.
Quienes sean titulares de autorizaciones de transporte o de operador de transporte a la entrada en vigor de esta ley no estarán obligados a acreditar la disposición de la firma electrónica y el equipamiento informático señalados en la letra c) del artículo 44 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres hasta que hayan de realizar el más próximo visado de sus autorizaciones con posterioridad al año 2013.
La comunicación exclusiva por medios electrónicos entre la Administración y los titulares de autorizaciones, licencias y contratos, prevista en el artículo 56 de la mencionada Ley, no se aplicará hasta que, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, los sujetos afectados estén obligados a disponer de firma y equipamiento informático.
Quedan derogados los artículos 52 y 53 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango al de esta ley se opongan a lo que en ella se dispone.
Disposición final primera. El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
1. Se declara vigente el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y las disposiciones dictadas para su ejecución, en lo que no se opongan a lo dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Unión Europea que resulten de aplicación en la materia.
2. En el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adaptará el referido Reglamento a las modificaciones introducidas en el contenido de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma.
Se faculta al Gobierno para ampliar los supuestos en que la imposición de determinadas sanciones implica la pérdida de honorabilidad del infractor y su gestor de transporte, o la retirada temporal o definitiva de títulos habilitantes, cuando ello resulte preciso para adaptarla a las reglas aprobadas por la Unión Europea.
Asimismo, se faculta al Gobierno para aprobar, por vía reglamentaria, infracciones en materia de transportes por carretera no previstas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, cuando ello resulte preciso para introducir en nuestro ordenamiento jurídico nuevos tipos infractores establecidos por las normas de la Unión Europea.
Disposición final cuarta. Texto refundido de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y las diversas modificaciones de ésta que se han ido produciendo desde su entrada en vigor, regularizando, aclarando y armonizando los preceptos refundidos entre sí y actualizando y homogeneizando su contenido, cuando ello resulte procedente.
Mediante Orden del Ministerio de Fomento se establecerán las condiciones para la obtención por el personal de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) de los títulos habilitantes para el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad en la circulación ferroviaria.
Publicado por ricardo colloto en 18:50