Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-01732-de-mayo-3-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e6386b95a26000a4e0430a01015100a4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 06:41:54
Document Index: 38092181

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 146', 'artículo 146', 'artículo 151', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 146', 'artículo 146']

﻿ Sentencia 2002-01732 de mayo 3 de 2013
SENTENCIA 2002-01732 DE 03 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:PENSIONES RECONOCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 100 DE 1993. EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993, DEJO A SALVO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES TERRITORIALES EXTRALEGALES O AQUELLAS DE QUIENES A PESAR DE NO HABER SIDO RECONOCIDAS, HABÍAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESAS DISPOSICIONES TERRITORIALES, POR TRATARSE DE SITUACIONES YA DEFINIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE VEJEZ, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 2002-01732 de mayo 3 de 2013
Exp.: 130012331000200201732-02
Ref.: 2219-2012
Demandado: Esperanza Caridad Rodríguez de Quintana
Pretende la Universidad de Cartagena a través de apoderado la nulidad de las Resoluciones 138 de 23 de octubre de 1997 y 306 de 17 de febrero de 1998, mediante las cuales reconoció y reliquidó una pensión de jubilación a Esperanza Caridad Rodríguez de Quintana, con fundamento en la Convención Colectiva de 1977.
Las razones sobre las cuales se edifica la demanda consisten en que dicha pensión se reconoció con fundamento en una convención colectiva, a pesar de que la normatividad que regía la situación pensional de la demandada era el contenido en la Ley 33 de 1985 y en consecuencia, la prestación reconocida excedió el tope señalado en la ley, con inclusión de factores extralegales y sin tener en cuenta la edad, es decir, sin dar cumplimiento a las exigencias legales.
En consecuencia, el problema jurídico gira en torno a determinar si, como lo pretende la demandada, las normas a la luz de las cuales se le reconoció el derecho están amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y por tal razón hay lugar a mantener los actos acusados o si por el contrario, el derecho pensional se rige por las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993 que regulaban el régimen prestacional de los empleados públicos.
“9ª. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”. (Se subraya).
Tampoco que los empleados públicos, no pueden beneficiarse de las prerrogativas que contienen las convenciones colectivas ni los Acuerdos de las Universidades, como se ha dicho reiteradamente. Las primeras porque son exclusivas de los trabajadores oficiales y los segundos, se repite, porque dichas instituciones no tienen competencia para fijar el régimen pensional de sus empleados. En consecuencia, a la demandada, en su calidad de tal, no le eran aplicables las prerrogativas allí consignadas.
Para la fecha del reconocimiento de la prestación, 23 de octubre de 1997, ya había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, pues para los servidores públicos del orden territorial, calidad que tenía la demandada entró a regir el 30 de junio de 1997, según lo ha señalado esta corporación, como se verá más adelante, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 151 ibídem.
“El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segunda social (L. 100/93).(1)”.
— Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma”. (Se resalta)
En las anteriores condiciones, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo las pensiones reconocidas con anterioridad a su vigencia con fundamento en disposiciones territoriales extralegales o aquellas de quienes a pesar de no haber sido reconocidas, habían cumplido los requisitos establecidos en esas disposiciones territoriales, por tratarse de situaciones ya definidas.
El anterior no es el caso de la demandada, quien si bien a 30 de junio de 1997 tenía más de 26 años de servicio, solo tenía 43 años y 9 meses de edad, es decir, que no cumplía con los requisitos impuestos por la norma convencional.
En efecto, según la convención colectiva de 1977, tal como se afirma en la demanda, la pensión se reconocía en un 100% de lo devengado por el trabajador siempre y cuando tuviera un tiempo de servicio superior a 20 años y como mínimo 45 años de edad.
Es claro que al 30 de junio de 1997 la situación de la demandada no estaba definida, razón por la cual se impone la confirmación de la sentencia apelada, que accedió a las súplicas de la demanda y ordenó el reconocimiento del derecho pensional de conformidad con la normatividad que regía la situación pensional de la señora Esperanza Caridad Rodríguez de Quintana.
Por las razones que anteceden, la Sala confirmará la sentencia apelada.
CONFÍRMASE la sentencia de 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, dentro del proceso promovido por la Universidad de Cartagena, contra Esperanza Caridad Rodríguez de Quintana.
(1) Corte Constitucional. Sentencia C-410 de 1997. Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.