Source: https://supremo.vlex.es/vid/4-n-p-g-u-15447307
Timestamp: 2019-10-15 11:19:44
Document Index: 216907760

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 33', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 102']

STS, 18 de Diciembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 15447307
Número de Recurso: 3784/1998
Justiprecio de finca expropiada. Proyecto "Unión A-4 con Autovía Alcorcón-Leganés, tramo A-4, N-401". Aplicación de criterios Valorativos de otras Sentencias de la Sala. Viario integrado en la red prevista en el P.G.O.U. de Madrid. Sistemas generales.
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil dos.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 3.784/98 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador D. Carmelo Olmos Gomez en nombre y representación de Dª Silvia contra la Sentencia de fecha 23 de enero de 1.998 dictada en el recurso número 886/94 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª), sobre justiprecio de finca expropiada. Comparece como recurrido el Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta
La Sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Letrado don José Garrido Arranz, en nombre y representación de DOÑA Silvia , contra el acuerdo de 23 de febrero de 1.994 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, y el que lo confirma en reposición de 8 de septiembre de 1.993, por los que se fija el justiprecio de la finca núm. NUM000 del Proyecto "Unión A-NUM001 con Autovía Alcorcón-Leganés, Tramo A-NUM001 , N-NUM002 " expropiada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, declaramos las citadas resoluciones ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales."
Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de Dª Silvia se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando recurso de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 4 de marzo de 1.998 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, se devolvieron las actuaciones a la Sala de instancia para que se incorporara la notificación al Letrado Sr. José Garrido Arranz de la providencia de 4 de marzo de 1.998 que acordaba el emplazamiento ante el Tribunal Supremo, y una vez efectuado y recibidas ante esta Sala, el Procurador D. Carmelo Olmos Gomez en nombre y representación de Dª Silvia presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y suplicando a la Sala "dicte en su día Sentencia estimando el Recurso revocando la Sentencia de instancia, dejando a criterio de la Sala la fijación de un Justiprecio superior al fijado por el Jurado, teniendo en cuenta la petición de esta parte y los informes periciales y pruebas documentales aportadas al recurso, o, en su caso, acuerde estimar la nulidad de las actuaciones retrotrayendo las mismas al momento de acordar sobre la admisión de la pruebas propuestas en su día, con expresa condena en costas a los demandados."
Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación preparado por la parte recurrente, por providencia de 19 de septiembre de 2.000 se acordó dar traslado del escrito de interposición al Sr. Abogado del Estado a fin de que formalice su escrito de oposición, en el plazo de treinta días, a lo que manifestó, abstenerse de evacuar dicho trámite.
Conclusas las actuaciones, por providencia de esta Sala de fecha 22 de julio 2.002 se procedió a señalar para su votación y fallo la audiencia del día 12 de diciembre de 2.002, en cuyo acto tuvo lugar.
Se impugna en el presente recurso de casación la Sentencia de 23 de enero de 1.998 de la Sala de la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª) que resuelve, desestimándolo, el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 23 de febrero de 1.994 que confirma en reposición el de 8 de septiembre de 1.993 que fijó el justiprecio de la finca núm. NUM000 del Proyecto "Unión A-NUM001 con Autovía Alcorcón-Leganés, Tramo A-NUM001 , N-NUM002 " expropiada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Por Auto de esta Sala de 2 de julio de 1.999 ha quedado limitado este recurso al motivo contemplado en el apartado E) del motivo segundo, así como al motivo cuarto, en que se denuncia infracción por la Sentencia recurrida de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1.977.
En el escrito interpositorio, y en el apartado E) del motivo segundo de casación el recurrente invoca el derecho a obtener un justiprecio que se corresponda con el valor real de los bienes, y ello con fundamento en valoraciones correspondientes a fincas comprendidas en la misma actuación expropiatoria, en todas las cuales, bien por el Jurado, bien en informes periciales procesales, bien por la propia Sala de instancia se fijaron valores superiores al asignado por el Jurado a razón de 425 ptas/m2, confirmado por la Sentencia objeto del presente recurso.
El motivo, en el que junto a lo anterior se invoca como infringido el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa, trasunto legal de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución, debe prosperar por cuanto que, efectivamente, esta Sala -como veremos- ha venido atribuyendo a las fincas afectadas por la misma expropiación que la de autos un valor que excede con creces del señalado por el Jurado, prácticamente coincidente en todos los casos, y en todos rectificado por esta Sala partiendo de la aplicación de criterios objetivos, aplicables a todas las fincas afectadas por la misma obra determinante de la expropiación y fijados en función de un mismo aprovechamiento de 0,39 m2/m2 y de la aplicación del valor de repercusión obtenido conforme a la formula contenida en el Real Decreto 3.148/78 para viviendas de protección oficial, sin más diferencias que las que resultan del valor de venta de dichas viviendas en función de la concreta fecha de inicio del expediente de justiprecio a que ha de referirse la valoración del bien expropiado. Así resulta de las Sentencias de esta Sala que se citan más adelante.
El motivo articulado bajo el número 4 del escrito de interposición, en cuanto entiende que la Sentencia recurrida ha infringido la de 20 de marzo de 1.997 del Tribunal Constitucional, no puede ser admitido ya que el recurrente argumenta que la derogación que implica dicha Sentencia del Tribunal Constitucional de los preceptos de la legislación del suelo de 1.990 y 1.992, determina la aplicación de los criterios valorativos de la nueva Ley del Suelo de 13 de abril de 1.998, que deroga la normativa anterior y que, en opinión del recurrente y a diferencia de la legislación derogada, se remite a valores reales calculado en función del correspondiente a otras fincas análogas, lo que en último término, en su opinión, supone la aplicación del criterio valorativo establecido en el artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa. No obstante, el motivo no puede prosperar por cuanto que las citadas disposiciones no son aplicables a la presente expropiación en razón de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la nueva Ley, dado que el justiprecio había sido fijado ya en forma definitiva en vía administrativa en el momento de la publicación de dicha norma y puesto que el expediente expropiatorio se inició el 31 de enero de 1.991, según hemos declarado en Sentencia de 17 de enero de 2.000 (rec. 9.574/97).
Estimado el presente recurso por el primero de los motivos enjuiciados ha de resolverse el debate en los términos en que fue planteado en la instancia en la que, efectivamente, el recurrente planteó la aplicabilidad al supuesto controvertido del criterio de la Sala sobre valoración de sistemas generales dotacionales por entender que la expropiación, cuyo justiprecio es objeto del recurso, tenía naturaleza urbanística y pese a la calificación asignada en el planeamiento y al obedecer a la ejecución de un sistema general había de determinarse en función del valor urbanístico correspondiente.
La cuestión sometida a debate, como hemos puesto de manifiesto en Sentencia de 17 de enero de 2.002 (recurso nº 8.663/1.997) ha sido ya resuelta en diversas Sentencias de esta Sala, por todas las de 26 de septiembre de 2.000 y 23 de enero de 2.001, en las que se mantiene lo que ya venía siendo doctrina reiterada de la misma sobre la materia planteada en casos como el que nos ocupa, en las que hemos declarado que nos encontramos ante expropiaciones urbanísticas, ya que la vía de comunicación que motiva la expropiación está integrada en la red general del Plan General de Madrid según se estableció en Sentencia de 10 de marzo de 1.995, que resolvió la cuestión sobre la naturaleza de la expropiación enjuiciada y en la que se afirma que la expropiación se inició por la Gerencia Municipal al estar prevista la ejecución de un viario en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1.985.
En atención a ello y conforme a la jurisprudencia antes invocada, el suelo para la ejecución de sistemas generales, cuando no viene adscrito por el planeamiento a una concreta clase de suelo, y salvo que de hecho fuese urbano, debe considerarse como suelo urbanizable a efectos de su valoración, dado su destino; pero avanzando aún más en esa misma orientación, esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha declarado -en sus Sentencias de 30 de Abril de 1.996, 16 de Julio de 1.997, 14 de Enero y 11 de Julio de 1.998 y 17 de Abril, 3 de Mayo y 24 de Septiembre de 1.999 y 23 de Mayo de 2.000- que a pesar de estar clasificado de no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales que estén previstos o debieran haberlo estado en el planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase, ya que de lo contrario se incumpliría la obligación de equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, impuesto por los artículos 3.2.b) y 87.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1.346/1.976, de 9 de Abril.
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que las superficie expropiada es de 7.961 m2, éstos se convierten -una vez aplicado el aprovechamiento del 0,39% y reducido el 10% de cesión obligatoria de los terrenos y multiplicado el resto por el factor 0,80, para convertir metros cuadrados en metros útiles-, en un total de 2.235 m2 útiles.
Como el precio de venta del metro cuadrado útil de viviendas de protección oficial es para el año 1.992, año en que se inicia el expediente de justiprecio y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo de 1.992, de 78.978 pesetas m2 útil, el valor de repercusión del suelo, incluido los costes de urbanización, es un 15% de dicho precio de venta, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3.148/78, lo que arroja un valor del suelo de 11.846 ptas/m2, de manera que multiplicado éste por la superficie útil edificable de 2.235 m2 arroja un valor total de 26.475.810 pesetas que dividido entre los 7.961 m2 expropiados da un valor unitario por m2 de 3.325,68 pesetas.
A la cifra anterior de 26.475.810 pesetas ha de sumarse el 5% de afección que asciende a 1.323.790, con lo que resulta una total valoración de la finca a efectos de justiprecio de 27.799.600 pesetas equivalentes a 167.078,96 euros.
A dicha cantidad habrán de añadirse los intereses legales desde el día siguiente a la ocupación sin solución de continuidad hasta el completo pago del justiprecio como dispone el artículo 52.8 de la Ley de Expropiación Forzosa, salvo que tal ocupación se hubiese producido con posterioridad a los seis meses de declaración de necesidad de ocupación, en cuyo caso el devengo de tales intereses de demora se iniciará a los seis meses del mencionado acuerdo de necesidad de ocupación.
Procede en consecuencia la estimación parcial del recurso de casación y, previa la declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico de la Sentencia recurrida, dejándola sin efecto, estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo anulando los acuerdos recurridos y fijando el justiprecio en la cantidad antes expresada.
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 102.2 y 131 de la Ley de la Jurisdicción, no procede hacer pronunciamiento expreso sobre las costas de la instancia y respecto de las devengadas en este recurso, cada parte debe satisfacer las suyas.
Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dª Silvia contra la Sentencia de fecha 23 de enero de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1ª), cuya Sentencia casamos y anulamos dejándola sin efecto y, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 23 de febrero de 1.994 que confirma en reposición el de 8 de septiembre de 1.993 que fijó el justiprecio de la finca núm. NUM000 del Proyecto "Unión A-NUM001 con Autovía Alcorcón-Leganés, Tramo A-NUM001 , N- NUM002 " expropiada por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, declaramos su disconformidad con el ordenamiento jurídico, anulándolos y reconociendo el derecho de Dª Silvia , a ser indemnizada por la Administración demandada en la cantidad de 27.799.600 pesetas (167.078,96 euros), más los intereses legales en los términos establecidos en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia. No procede hacer pronunciamiento expreso sobre las costas de la primera instancia y respecto de las devengadas en este recurso, cada parte abonara las suyas.
STSJ Andalucía 1389/2005, 26 de Mayo de 2005
STS 833/2004, 12 de Julio de 2004