Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-932-10.htm
Timestamp: 2019-08-19 07:50:43
Document Index: 371519956

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 235', 'Artículo 28', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 235', 'ARTÍCULO 259', 'artículo 76']

T-932-10
Sentencia T-932/10
ACCION DE TUTELA CONTRA LA MISION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN COLOMBIA-Caso en que se suspende pago de mesada pensional de jubilación, vulnerando en forma sistemática derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de connacional
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para reconocimiento y pago de derechos prestacionales bajo el imperio de las leyes colombianas
INMUNIDAD DE JURISDICCION-Restricción de los Estados extranjeros en materia laboral, respecto connacionales y residentes permanentes que prestan servicios en Misión o Delegaciones Diplomáticas acreditadas en Colombia como país receptor
En la actualidad es claro que cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional o residente permanente del territorio nacional (acto jure gestionis), debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas ante el decaimiento de la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados en materia laboral y el advenimiento creciente de la inmunidad restringida en ese campo como práctica internacional. Quiero ello decir que, un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA PENSIONAL-Cumplimiento por parte del empleador extranjero de las garantías constitucionales y legales
En principio el empleador particular, calidad de que goza una Misión Diplomática extranjera, es el obligado a asumir el riesgo de vejez de sus trabajadores y que la única forma de descargarse de esa responsabilidad, es trasladando la contingencia al seguro social obligatorio mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo. De esta forma, se satisface ampliamente el derecho a la seguridad social de los trabajadores connacionales y residentes permanentes de nuestro territorio, pues se garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas conforme lo establece el artículo 25 de la Constitución Política.
ACCION DE TUTELA CONTRA LA MISION DIPLOMATICA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN COLOMBIA-Orden de pagar suma equivalente a un salario MLMV conforme a las normas colombianas, a título de pensión provisional de vejez
Referencia: expediente T-2699941
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010).
1.5. La accionante aduce tener 82 años de edad, sufrir de taquiarritmia[1] y no recibir ningún otro ingreso adicional a la pensión de jubilación que sin justa causa fue suspendida. Por ello, indica que ha requerido de la ayuda económica y temporal de sus familiares para el pago de sus gastos personales que ascienden aproximadamente a $1.100.000,oo[2].
Señaló que el Presidente de la República de Venezuela reconoció discrecionalmente a la accionante una pensión de jubilación por vía de gracia con base en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el parágrafo 3° del artículo 8° de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en el numeral 13 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Central (norma venezolana), más no una pensión de jubilación con base en las leyes colombianas.
Precisó que el monto de la pensión es la suma de US512 anuales y no mensuales como lo indica la accionante, los cuales han sido pagados periódicamente sin interrupción, siendo el último de ellos girado el 4 de marzo de 2010 y recibido por la actora el 10 de marzo de la presente anualidad[3].
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de mayo de 2010, confirmó la decisión de primera instancia constitucional al considerar que, como bien lo informó la Misión Diplomática accionada y lo reiteró el abogado de la actora, ésta recibió el pago de su pensión y con ello cesó la vulneración de derechos cuya protección se reclamaba mediante la tutela. Así, concluyó que se está en presencia del fenómeno que en el trámite del amparo constitucional se conoce como hecho superado. Finalmente, agregó que, el “[q]ue no se haya producido el pago pensional correspondiente al mes de abril de 2010, como lo afirma el impugnante, constituye un cambio en el contenido fáctico de la pretensión invocada para elevar el amparo, situación que impide al juez de segunda instancia emitir juicios porque de ello no se ocupó el a quo y tampoco se le dio la oportunidad de defensa a la demandada”.
a) “Indique en qué fecha exacta, por qué valor anual o mensual y bajo qué normas aplicables, le fue reconocida la pensión de jubilación por vía de gracia a la señora Blanca Isabel Francisca Cote Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27’937.474 de Bucaramanga (Santander). Para tal efecto, en caso de ser posible, deberá remitir copia de la resolución o acto de reconocimiento de dicha pensión, copia de los cheques o constancias de pago de la prestación y copia de la normatividad venezolana o internacional en que se fundamentó el reconocimiento de la pensión.
d) Manifieste si, a parte de pago pensional que giró a la accionante el 4 de marzo de 2010 y que ésta recibió el 10 de marzo de la presente anualidad, ha expedido desde esa fecha algún otro tipo de pago por concepto de pensión de jubilación por vía de gracia dirigido a la señora Blanca Isabel Francisca Cote Gómez”.
En escrito recibido el 22 de septiembre de la presente anualidad, la Encargada de Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, respecto a la información solicitada en el literal a), señaló que en los archivos del consulado de Bucaramanga no reposa datos sobre la fecha exacta en que se concedió la pensión de gracia a la señora Cote Gómez. No obstante, informó -allegando los respectivos soportes de pago- que los valores percibidos por la accionante en diversas épocas son los siguientes:
VALOR PAGADO EN U$
413,oo
Pensión agosto 475,33 (6892,29 Bol) y bono compensatorio 36,77 (533,19 Bol) tasa 14,5
Octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo
Tratándose del literal b), informó que la accionante adelantaba funciones de secretaria general y asistente personal del cónsul encargado de la oficina diplomática, razón por la cual cumplía horario trabajando de lunes a viernes. Respecto a la pregunta contenida en el literal c), informó que la pensión no ha tenido ningún incremento anual, “todo lo contrario, de un momento para otro y sin ninguna justificación el Gobierno Venezolano empezó a pagar a Blanca Isabel Cote Gómez un valor inferior a los Usd. 512 y de forma irregular”. Así mismo, indicó que desde el 10 de marzo de 2010 no ha recibido ningún otro pago por concepto de la pensión de jubilación que reclama y que la Misión Diplomática accionada, durante el tiempo que fue su empleador, no realizó aportes al sistema de seguridad social en Colombia.
Frente al literal f), señaló que la actora no ha iniciado ningún proceso ordinario laboral tendiente a lograr el reconocimiento de la pensión de jubilación, por cuando la Misión Diplomática accionada se ha negado a suministrarle la información sobre el tiempo laborado[4].
Concretamente, frente al literal a), señaló desconocer situaciones similares, sin embargo, anotó que desde el año 2007 se han admitido y tramitado demandas laborales contra las misiones y delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, tal y como consta en la Secretaria de la Sala de Caseación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Respecto al literal b), aclarando que la interpretación se hace a título meramente informativo, señaló que “la relación laboral entre una misión y/o delegaciones diplomáticas y sus funcionarios locales (nacionales colombianos y/o residentes permanentes), se debe gobernar por la legislación del Estado receptor, por cuanto es una relación de índole privado y particular, configurándose una relación de empleador-trabajador, las cuales están por fuera de la inmunidad funcional, dentro de las que se encuentra la inmunidad de jurisdicción en materia civil, penal y administrativa, previstas en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963. (…) De acuerdo con lo anterior, es claro que la relación laboral entre los funcionarios locales se debe gobernar por las normas contractuales, laborales y de seguridad social del Estado receptor, es decir Colombia, por lo que las afiliaciones, cotizaciones, aportes y/o similares se deben realizar como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo (…)”.
3.1. El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social catalogado como un derecho de segunda generación, cuyo contenido es irrenunciable[5], de carácter prestacional[6] y de aplicación progresiva[7].
De acuerdo con el artículo 86 del texto constitucional, la acción de tutela procede para solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales, siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa para hacerlo, salvo que el amparo lo invoque como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Quiere ello decir, atendiendo el principio de subsidiariedad de la tutela[8], que ésta procede solo cuando el afectado no cuente con ningún medio para procurar la defensa del derecho fundamental conculcado.
Ø Cuando el afectado sea un sujeto de especial protección constitucional[9], como lo son: los niños y las niñas, las personas que sufren alguna discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos, por cuanto su situación de debilidad manifiesta impone el amparo mayor que la Constitución les brinda y, por ende, el estudio de fondo de sus asuntos. En tales casos, el juicio de procedibilidad de la acción de tutela se torna menos riguroso[10] o menos restrictivo[11], y debe atender a las circunstancias fácticas y probatorias que releve el asunto bajo examen.
Ø Cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implique un agravio a un derecho fundamental como la vida, la dignidad humana, el mínimo vital o el debido proceso[12], por cuanto su menoscabo repercute directamente en la insatisfacción del mínimo de condiciones materiales para una existencia digna[13]; y,
Ø Cuando los medios de defensa con los cuales cuenta el accionante, se tornan ineficaces para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos[14] o se pueda preveer la ocurrencia de un perjuicio irremediable que debe cumplir con los requisitos de ser grave, inminente, requerir medidas urgentes e impostergables[15].
“La acción de tutela procederá para solicitar el reconocimiento de una pensión de vejez siempre que la negativa implique conexidad con un derecho de naturaleza fundamental y esté de por medio la protección efectiva de los sujetos de especial protección. Los efectos de la protección podrán ser transitorios o definitivos, subordinados a las reglas que rigen el perjuicio irremediable o si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente resulta ineficaz para las condiciones específicas de casa situación.”
4.1. La inmunidad de jurisdicción es el derecho reconocido a cada Estado, en razón al atributo esencial de soberanía, a no ser sometido a la potestad jurisdiccional de otro Estado[16]. Se basa en los principios de igualdad, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en la independencia que se sintetiza en el aforismo de origen feudal “par in parem non habet imperium” (entre pares no hay actos de imperio).
Históricamente se diferencian dos etapas en el tratamiento acordado a los Estados extranjeros para ser llevados a juicio ante los tribunales nacionales, a saber: (i) Desde antes de la Primera Guerra Mundial se reconoce la exención incondicional del Estado extranjero al sometimiento jurisdiccional del Estado receptor o tesis de la inmunidad absoluta de los Estados, la cual consiste en que no es posible llevar ante los estrados judiciales nacionales a un Estado extranjero a no ser que éste manifieste su consentimiento para ello; en otras palabras, renuncie al beneficio de la inmunidad de jurisdicción. Esta tesis indica que los Estados al ser todos iguales no pueden juzgarse los unos a los otros y, propende por mantener las buenas relaciones entre éstos. No obstante, es pertinente advertir, como lo veremos más adelante, que esta tesis se encuentra en franco retroceso ante la evolución que el tema ha tenido en el marco del Derecho Público Internacional. (ii) Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a perfilarse otra posición, que es la de los Estados que apoyan la tesis de la inmunidad relativa o restringida. Así, entienden que para hablar de inmunidad de jurisdicción de un Estado se deben tener en cuenta dos criterios: De una parte, cuando el Estado actúa como Estado (actos jure imperii) goza de inmunidad absoluta, y de la otra, cuando un Estado actúa como particular (actos jure gestionis) se configura una inmunidad relativa o restringida que permite sujetar los actos de gestión a la jurisdicción local de los países receptores[17].
Es importante resaltar que esta evolución conceptual y la misma distinción entre actos jure imperii y actos jure gestionis, ha sido responsabilidad primaria de las decisiones de tribunales británicos y norteamericanos que han sido seguidos por las Cortes de otros países[18], dando así lugar a una abundante práctica que constituye costumbre internacional.
A título de paréntesis con fines aclarativos, sea esta la oportunidad para diferenciar dos instituciones jurídicas disímiles que interesan a nuestro estudio: la inmunidad de los Estados y la inmunidad diplomática. La primera de ellas, opera la bajo la noción de inmunidad ratione materia, mientras que la segunda se predica bajo la noción de inmunidad ratione personae. Frente a aquella, el tratadista Charles Rousseau[19] explicó que atañe a la naturaleza de la obligación misma que realiza un Estado bien sea en ejercicio de un acto oficial o de un acto particular, en tanto la inmunidad ratione personae se refiere a los sujetos que intervienen en la Misión Diplomática, entiéndase el jefe de la misión (embajador, encargado de negocios y jefe de oficina), su familia (esposa e hijos) y a todo el personal oficial que tenga nacionalidad del país acreditante.
4.2. Retomando el tema central, el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hecha en esa ciudad el 18 de abril de 1961 y aprobada por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, establece que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad absoluta en materia penal y también en materias civil y administrativa pero con algunas excepciones taxativas. Sin embargo, aplicando el criterio de interpretación restrictiva de los tratados[20], debemos señalar que la mencionada Convención no contempla expresamente la inmunidad diplomática en relación con la jurisdicción laboral, es decir, en el ámbito de los contratos de trabajo y las relaciones laborales que en general los Estados acreditantes celebren o tengan con connacionales o residentes permanentes en el Estado receptor, a título de actos jure gestionis y en ratione materia.
Esta interpretación restrictiva no se torna irracional si se contextualiza bajo el abrigo del numeral 3° del artículo XXXIII de la mismo Convención, el cual consagra que el agente diplomático debe cumplir con las disposiciones que el Estado receptor imponga en materia de seguridad social a los empleadores, respecto de los “criados particulares” que le presten sus servicios, siempre que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él su residencia permanente. En los demás casos, en cuanto a los servicios prestados al Estado acreditante, se encuentra exento de cumplir con tales disposiciones.
4.4. La costumbre internacional al ser una práctica usual, repetida y persistente en el tiempo entre los sujetos del Derecho Internacional, puede llegar a declararse o expresarse formalmente mediante un Tratado o Convención de ámbito multilateral con el efecto general de precisarla y sistematizarla por escrito, el cual además tiene la misión de ser prueba suficiente de la existencia del elemento subjetivo o espiritual imprescindible que dirige la costumbre internacional, según lo explicábamos en párrafos precedentes. Es lo que la doctrina ha denominado el efecto declarativo[21] de la costumbre internacional.
Pues bien, aunque aún no se encuentra vigente para nuestro país, el 2 de diciembre de 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por consenso, el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, la cual permaneció abierta a la firma de los Estados Miembros de Naciones Unidas desde el 17 de enero de 2005 hasta el 17 de enero de 2007[22]. Esta Convención, que reconoce la tesis de inmunidad restringida[23], es fruto de más de 20 años de trabajo y de análisis de la costumbre internacional que regía la práctica sobre la materia. Su antecedente se remonta a la Resolución 32/151 del 19 de diciembre de 1977, en la cual se encomendó a la Comisión de Derecho Internacional el estudio del tema sobre inmunidades de jurisdicciones, con miras al desarrollo progresivo y a su codificación; es así como se elaboró el proyecto de articulado que fue finalmente aprobado. Dicha Convención hasta el momento ha sido suscrita por 28 países miembros, dentro de los que se destacan: Austria, China, Dinamarca, Francia, Estonia, Finlandia, India, Japón, República Islámica de Irán, México, Paraguay, Portugal, Rumania, Senagal, entre otros.
Esa tendencia imperó por más de 20 años, hasta cuando esa Corte “reestudió” el tema al ocuparse del análisis de admisión de una demanda ordinaria laboral que instauró Adelaida García de Borrisow, secretaria connacional, contra la Misión Diplomática de la Embajada de Líbano en Colombia. En esa oportunidad, mediante providencia del 13 de diciembre de 2007, la Corte Suprema acogió la tesis de la inmunidad restringida o relativa de jurisdicción de los Estados en materia laboral y, basándose en la atribución constitucional que le asigna el numeral 5° del artículo 235 Superior[24], se irrogó la competencia para conocer en única instancia de los procesos relacionados con contratos bilaterales de orden laboral que celebran los Estados acreditantes con habitantes nacionales, para la ejecución de sus fines en el Estado receptor.
El caso García de Borrisow Vs. Misión Diplomática de la Embajada de Líbano en Colombia, finalizó con sentencia el 2 de septiembre de 2008, en la cual (i) se declaró la existencia de un contrato de trabajo desde el 1° de abril de 1981 al 24 de noviembre de 2004, que fue terminado unilateralmente y sin justa causa por el demandado; y, (ii) se condenó al Estado de Líbano a pagar cierta suma de dinero, decisión que quedó en firme por cuanto se trato de un fallo de única instancia.
5.2. Con la expedición de la Ley 6ª de 1945 y del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, se determinó en nuestro país un modelo de seguridad social que se distinguía por asignar a los empleadores la responsabilidad de asumir las prestaciones de sus trabajadores. Sin embargo, esta obligación sólo se concibió de manera temporal, por cuanto se indicó que tales prestaciones dejarían de estar a su cargo[25], en la medida en que los riesgos fueran asumidos por el seguro obligatorio.
De esta forma, la Ley 90 de 1946 “por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”, concibió un seguro social obligatorio para los trabajadores particulares, públicos e independientes contra los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales, invalidez y vejez[26], accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y muerte. Para la dirección, administración y vigilancia de tal seguro, se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales que debía ocuparse, entre otras, de fijar y modificar de conformidad con los cálculos del departamento matemático actuarial de esa entidad, el monto de cada uno de los aportes o cotizaciones correspondientes a cada clase de riesgo asegurado. En la misma ley se estableció el deber de los empleadores de entregar la totalidad de la cotización por cada riesgo, es decir, tanto su propio aporte como el de sus asalariados que era descontado al efectuar el pago del salario. Si el empleador no cumplía con dicha obligación, debía responder directamente por el riesgo no asegurado.
No obstante, es pertinente resaltar que el seguro obligatorio empezó a cubrir el riesgo de vejez hasta el 1° de enero de 1967. Si para esa fecha un trabajador tenía más de 10 años de servicios prestados al empleador, éste estaba obligado a asumir directamente la pensión de jubilación; en caso contrario, el riesgo era cubierto por el seguro social obligatorio a título de vejez.
Posteriormente, con la reforma introducida mediante el Decreto Ley 1650 de 1977, “Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y se dictan otras disposiciones”, se ampliaron las contingencias cubiertas por el seguro social obligatorio a las siguientes: enfermedad general, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y asignaciones familiares. Adicionalmente, se estableció la afiliación forzosa de los trabajadores nacionales y extranjeros que prestaran sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo. Aquellos debían ser inscritos al régimen y, junto a sus empleadores, debían contribuir a financiar el seguro mediante una cuota determinable en proporción a sus salarios, denominada cotización. Si no se cumplía con la afiliación, el total de la contingencia debía ser asumida por el empleador. Como nota importante, cabe resaltar que a través de ese Decreto Ley se reorganizó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se redenominó como Instituto de Seguros Sociales.
Frente a este punto, está probado en el expediente (i) que la actora prestó sus servicios por más de 22 años como secretaria general y asistente personal del Cónsul encargado de la Oficina Diplomática con sede en Bucaramanga, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. El tiempo de servicio inició en el mes de julio de 1957 y finalizó en diciembre de 1979; (ii) que de acuerdo con la Ley del Estatuto sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela reconoció a la accionante, aproximadamente en el año 1980, la pensión de jubilación por vía de gracia con base en las normas que imperan en ese país. No se trata entonces de un derecho previsional venezolano, sino de un reconocimiento especial que le otorgó el Gobierno del Estado acreditante por la función que desempeñó durante largos años; (iii) que no existe suficiencia probatoria tendiente a demostrar la cuantía exacta y la periodicidad -anual o mensual- con que fue reconocida dicha pensión, habida cuenta que los soportes que aportaron las partes revelan sumas disímiles que lejos están de reflejar que el monto de la pensión de jubilación por vía de gracia corresponda a US 512. Así mismo, no existe certeza respecto a las épocas de pago, toda vez que algunos recibos revelan desembolsos mensuales fraccionados y otros refieren a pagos anuales al parecer consolidados.
6.2. Ahora bien, en cuanto atañe a la relación laboral que por cerca de 22 años existió entre la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en calidad de empleador, y la señora Blanca Isabel Francisca Cote Gómez como trabajadora connacional, reconocida por ambos extremos, esta Sala de Revisión estima que se trata de una acto jure gestionis que desarrolló el Estado acreditante a título particular para los fines de la misión[27], situación que deja entrever la obligación que tenía el empleador de cumplir con las disposiciones que regían para la época en Colombia respecto a la seguridad social, acatando de esta forma el numeral 3° del artículo XXXIII de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Dicha obligación le imponía el deber de realizar los aportes patronales correspondientes y los descuentos mensuales al salario de la trabajadora con miras a efectuar la cotización completa y periódica en procura de asegurar los diferentes riesgos, entre ellos, el de vejez. La omisión en el cumplimiento de tal obligación, deriva en una responsabilidad del empleador quien debe asumir directamente con su peculio el riesgo no asegurado o, en caso contrario, solicitar al Instituto de Seguros Sociales -de ser posible- que realice el cálculo actuarial tendiente a incluir a la actora dentro de los beneficiarios para acceder a la pensión de vejez, siendo el empleador el llamado a trasladar el dinero faltante que arroje tal cálculo.
Según el dicho de la actora[28] que fuese demostrado con ciertas afirmaciones que realizó la Misión Diplomática acusada en su respuesta, la Sala encuentra probado que en el presente caso el empleador incumplió el deber de realizar las cotizaciones en materia de seguridad social, dejando al descubierto y sin amparo el riesgo de vejez de su trabajadora, afectándole gravemente su derecho fundamental al mínimo vital[29] habida cuenta que una vez ésta alcanzó los requisitos para acceder a la pensión por tal riesgo, no tenía ningún aporte a su favor que le mereciera siquiera una indemnización sustitutiva.
Ahora, si bien la accionante tiene a su disposición un medio de defensa judicial idóneo como es el demandar laboralmente por vía ordinaria a la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con base en las normas que regían o rigen el tema en nuestro país (inmunidad restringida de los Estados en materia laboral), no puede perderse de vista que la grave e inminente afectación que compromete sus derechos al mínimo vital y al disfrute pleno de la seguridad social, le ocasiona un perjuicio irremediable[30] que requiere la adopción de medidas urgentes e impostergables que ameritan decretar una protección constitucional transitoria, cual es, ordenar a la Misión Diplomática accionada que asuma el pago temporal de un salario mínimo legal mensual vigente a título de pensión de vejez para la accionante, mientras la justicia laboral colombiana define la controversia en materia de seguridad social.
Primero: LEVANTAR el término de suspensión para proferir fallo dispuesto en auto del 14 de septiembre de 2010.
Segundo: REVOCAR las sentencias proferidas la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 24 de marzo de 2010, y la Sala de Casación Penal de esa misma Corporación, el 27 de mayo de la presente anualidad, dentro de la acción de tutela promovida por Blanca Isabel Francisca Cote Gómez contra la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. En su lugar, CONCEDER el amparo transitorio a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante.
Tercero: ORDENAR al Jefe de la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia o a quien haga sus veces, que en el término de 15 días calendario contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a pagar a la señora Blanca Isabel Francisca Cote Gómez, la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente conforme a las normas colombianas, a título de pensión provisional de vejez y hasta tanto la justicia ordinaria laboral resuelva de fondo la controversia en materia de derechos laborales que planteará la actora.
Cuarto: ADVERTIR a la accionante que cuenta con 4 meses siguientes a la notificación del presente fallo de tutela, para formular la correspondiente demanda ordinaria laboral en contra de la Misión Diplomática accionada. En caso de no cumplir con esa carga, le será suspendido el pago mensual decretado a título de pensión provisional de vejez.
Quinto: ORDENAR que por Secretaria General de la Corte se remita el expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien se encargará de vigilar el cumplimiento de la sentencia.
[1] La accionante indica que, dada su enfermedad, diariamente debe consumir el medicamento denominado amiodarona, pero que dada la escasez de recursos económicos, su familia le ha facilitado el dinero para la compra. La enfermad y la medicación fueron confirmadas con la historia clínica que obra a folios 16 a 21 del cuaderno principal.
[2] Dichos gastos se encuentran soportados en los siguientes pagos: $576.000 de arriendo, $62.000 por concepto de salud y $375.817 por concepto de servicios públicos de gas, energía, teléfono y acueducto. En el expediente figuran certificaciones, consignaciones y facturas que demuestran los gastos.
[3] Debe tenerse en cuenta que la fecha de respuesta por parte de la Embajada Venezolana data del 19 de marzo de 2010. Además, dentro de las prueba que aporta, se observa a folio 31 del cuaderno 2, copia del cheque No. 9195546-7 del Helm Bank, girado el 4 de marzo de 2010 a nombre de Blanca Isabel Cote Gómez, por valor de $1’043.974,40.
[4] La accionante anexó copia de los diferentes derechos de petición que radicó ante la Misión Diplomática accionada, con miras a obtener certificación del tiempo total laborado. Tales peticiones afirma que no fueron resueltas, por lo que formuló acción de tutela que le fue atendida desfavorablemente y no fue revisada por esta Corporación.
[5] Sentencia T-063 de 2009.
[6] Sentencia T-1233 de 2008.
[7] Sentencia T-087 de 2005.
[8] Sobre este principio se pueden consultar las sentencias T-762 de 2008, T-608 de 2008, T-063 de 2009 y T-1088 de 2007.
[9] Al respecto, consultar las sentencias T-1233 de 2008, T-850 de 2008, T-1088 de 2007 y T-668 de 2007.
[10] Sentencia T-1088 de 2007. En un aparte de esa sentencia, la Corte puntualizó que: “El hecho de que se trate de un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, necesariamente implica que no se pueda reclamar de él la misma diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no podría evaluarse con la misma rigurosidad el ejercicio oportuno de las acciones respetivas”.
[11] Sentencias T-456 de 2004, T-789 de 2003, T-850 de 2008 y T-515A de 2006.
[12] Sentencias T-905 de 2008, T-850 de 2008, T-1083 de 2001 y T-038 de 1997.
[13] Sentencia T-482 de 2010.
[14] Sentencia T-1268 de 2005.
[15] Sentencia T-1083 de 2001.
[16] Esta Corporación en sentencia T-883 de 2005, definió la inmunidad de jurisdicción como “un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones. Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo”.
[17] La profesora argentina Mariana Herz, en su escrito titulado “La nueva Convención de Naciones Unidas sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados y sus bienes. Su compatibilidad con el régimen argentino”, define la inmunidad de jurisdicción restringida como “la posibilidad de enjuiciar al Estado extranjero, aún sin su consentimiento, en algunos supuestos especialmente previstos en los que el Estado actúa como “ente civil” realizando actos de los denominados genéricamente “iure gestionis”.
[18] C.S. 1994/12/22 “Manauta J.C. y otros contra la Embajada de la Federación Rusa”. Voto de los Dres. Belluscio, Petracchi y Levene. Folio 13, LL 1995, D-210. Fuente tomada del escrito citado de la profesora Mariana Harz.
[19] ROUSSEAU, Charles. Derecho Internacional Público. Ediciones Ariel. Barcelona – España. 1966. Páginas 342 y 343.
[20] Según las reglas de interpretación de los tratados, éstos deben interpretarse de buena fe y conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos, teniendo en cuenta su objeto y fin.
[21] Al respecto, se puede consultar el libro Derecho Internacional Público de Enrique Gaviria Lievano. Editorial Temis. Bogotá, así como el libro sobre Apuntes de Derecho Público Internacional de José Hoyos Muñoz. Señal Editora. Bolivia, entre otros.
[22] Artículo 28 de esa Convención.
[23] Esta Convención establece como regla general que todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante tribunales de otros Estados (Artículo 5°). Sin embargo, en su Parte III denominada “Procesos en que la inmunidad del Estado no se puede hacer valer”, instituye a título de excepción a esa regla general, que ningún Estado puede hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, en procesos relativos a contratos de trabajo celebrados entre el Estado acreditante y una persona natural que haya o esté ejecutando la labor en el territorio de ese otro Estado. De esta forma, reconoce y codifica la inmunidad restringida de jurisdicción.
[24] ARTÍCULO 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…)
[25] ARTÍCULO 259 DEL CST: “Regla general: (…) 2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a car5go de los patronos (hoy empleadores) cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que se dicten del mismo Instituto”.
[26] De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 90 de 1946, el seguro de vejez reemplaza la pensión de jubilación que venía figurando en la legislación anterior.
[27] Para todos los efectos laborales, las Misión o Delegaciones Diplomáticos en estos casos se asimilan a los empleadores particulares colombianos. Ello permite que esta Corporación tenga competencia para conocer de tutelas que formulen los connacionales en contra de las Misiones de los Estados acreditantes.
[28] Que la Misión Diplomática accionada durante el tiempo que fue su empleador, no realizó aportes al sistema de seguridad social que regía para la época en Colombia.
[29] De acuerdo con la sentencia T-027 de 2003, el mínimo vital se define como “aquella porción del ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación, recreación, servicio públicos domiciliarios, etc. Por ello, la misma jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo vital no sólo comprende un componente cuantitativo, la simple subsistencia, sino también uno cualitativo, relacionado con el respecto a la dignidad humana como valor fundamente del ordenamiento constitucional”.
[30] De acuerdo con la sentencia T-500 de 2009, “i) El perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder, lo que significa que se requiere contar con los elementos fácticos suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la certeza de su ocurrencia. ii) el perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación jurídica. iii), el perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa respuesta armonice con las particularidades de cada caso. vi) la medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño antijurídico irreparable”.