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Timestamp: 2020-02-26 00:51:14
Document Index: 289548733

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 154', 'artículo 102', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'Artículo 52', 'Artículo 91', 'Artículo 163', 'Artículo 82', 'artículo 3', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 97', 'artículo 95', 'artículo 201', 'artículo 52', 'artículo 91', 'artículo 163', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'artículo 81', 'Artículo 83', 'artículo 17', 'artículo 80', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Agosto de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 67956160
Los licenciados G.A.C.F. y V.M.M.C., actuando en sus propios nombres y representaciones, han interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, dictado por la Viceministra de Finanzas, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
En resolución de 28 de abril de 2008 (f.18), es admitida la demanda incoada, y se ordena correrle traslado al Procurador de la Administración y a la entidad requerida, a efectos de emitir concepto y el informe explicativo de conducta, ordenado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, respectivamente.
Mediante el Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, demandado ante esta Superioridad, la Viceministra de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso lo siguiente:
"Primero: Rechazar de plano por improcedente la denuncia de bien oculto contenida en el memorial de fecha 27 de febrero de 2007, presentado por los licenciados G.A.C.F. y V.M.M., contra BANQUE SUDAMERIS, S.A., Sucursal Panamá y GNB SUDAMERIS BANK y GNB SUDAMERIS BANK, S.A.
Ordenar el archivo de la presente actuación.
Al promoverse el recurso de reconsideración contra la decisión dispuesta en primera instancia, la autoridad demandada expidió el Proveído N° 045 de 12 de diciembre de 2007, en el cual rechazó de plano por improcedente la alzada propuesta, dando paso al agotamiento de la vía gubernativa.
II.LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA
Los demandantes solicitan que esta S., emita las siguientes declaratorias:
"PRIMERO: Que es nulo por ilegal el Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, dictado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Que a consecuencia se admita la demanda de Bien Oculto del Estado en contra de BANQUE SUDAMERIS, S.A., Sucursal Panamá (Liquidada) y GNB SUDAMERIS BANK, S.A.
Que se nos indemnice por la actuación ilegal de la Administración."
III.HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA
En el líbelo de la demanda, constan once (11) hechos sobre los cuales la parte actora basa sus pretensiones. Veamos:
"PRIMERO: Que los suscritos, para el 26 de febrero de 2007, presentaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Demanda de Bien Oculto del Estado en contra de BANQUE SUDAMERIS, S.A., Sucursal de Panamá (LIQUIDADA) y GNB SUDAMERIS BANK, S.A., por la suma de CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (B/.121,340.89), salvo mejor tasación pericial, más los intereses y recargos correspondientes.
Que la Demanda de bien Oculto del Estado presentada en contra de BANQUE SUDAMERIS, S.A., Sucursal Panamá (LIQUIDADA) y GNB SUDAMERIS BANK, S.A., se fundamenta en que dicho Banco no comunicó a la Superintendencia de bancos, sobre los bienes, fondos y valores inactivos, que este banco mantenía, por más de cinco (5) años, para que la Superintendencia de Bancaria pudiera luego de comprobar los hechos, ordenar que su valor líquido fuera traspasado al Tesoro Nacional, incumpliendo con ello lo normado por el artículo 154 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, que correspondía al artículo 102 del Decreto de Gabinete 238 de 2 de julio de 1970.
Que desde el año 1984, BANQUE SUDAMERIS, S.A., omitió reportar a la Superintendencia Bancaria en relación con los bienes, fondos y valores inactivos y por el contrario, luego de ese tiempo, dichos bienes, fondos y valores, eran pasados a asientos contables bajo el rubro de ganancias, cuando no lo eran.
Que en 2004, mediante Resolución S.B. N° 222-2004 del 29 de octubre de 2004, la Superintendencia Bancaria, autoriza la Liquidación voluntaria de BANQUE SUDAMERIS, S.A., (Sucursal Panamá), designando a J.C., como liquidador. En dicha liquidación voluntaria, tampoco se reportó ni a la Superintendencia Bancaria, ni a la Dirección General de Ingresos, nada relacionado con bienes, fondos y valores inactivos, por más de 5 años que debieron pasar al Tesoro Nacional.
Que la sociedad GNB SUDAMERIS BANK, S.A., resulta demandada en dicha demanda de Bien oculto del Estado, toda vez que mediante Resolución S.B. N° 146-2004 de mayo de 2004 la Superintendencia de Bancos autoriza a BANQUE SUDAMERIS, S.A., a ceder y traspasar a GNB BANK (Panamá) S.A., ciertos activos y pasivos relacionados con la Banca. Esta última sociedad, GNB (Panamá) S.A., cambia su nombre en el 2004 a GNB SUDAMERIS BANK, S.A.
Que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante P.N.° 034 del 30 de octubre de 2007, dispone Rechazar de Plano por improcedente la Denuncia de Bien Oculto presentada por los suscritos, en base al siguiente planteamiento:
Que, además, adiciona el Ministerio de Economía y Finanzas que en virtud del artículo 155 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998: ... el carácter de bien oculto se daría en todo caso, según lo establecido en el artículo 155 del Decreto Ley N° 9 de 1998, habiendo transcurrido diez (10) años desde que hubieron debido ser traspasados al Tesoro Nacional."
Que mediante memorial fechado del 6 de diciembre de 2007, los suscritos nos notificamos del Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, y al mismo tiempo, sustentamos formal Recurso de Reconsideración en contra de dicho P..
Que nuestro recurso de Reconsideración, se fundamentó entre otras cosas, en que al momento de resolver la demanda de bien Oculto del Estado presentada en contra de BANQUE SUDAMERIS, S.A., (liquidada) y GNB SUDAMERIS BANK, S.A., no se valoraron las pruebas presentadas con la demanda, ya que al ser valoradas por la institución, ésta última, se hubiera percatado que las transacciones en relación con los bienes, fondos y valores inactivos que no reportó BANQUE SUDAMERIS, S.A., a la Superintendencia Bancaria, a la fecha han cumplido más de quince (15) años, por lo cual los particulares perdieron el derecho de que habla el artículo 155 del Decreto Ley 9 de 1998, de restitución de dichos fondos.
Que el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió nuestro Recurso de Reconsideración mediante Proveído N° 045 del 12 de diciembre de 2007, en el cual RECHAZAN DE PLANO por improcedente el Recurso, toda vez que la resolución atacada, es un acto de mero trámite, que no admite recurso alguno, contra el cual no procede la vía gubernativa.
Que el Proveído N° 045 del 12 de diciembre de 2007, descrito en el hecho anterior, fue puesto en conocimiento de los suscritos, mediante la entrega de dicha copia autenticada a una de nuestras asistentes, el pasado 31 de enero de 2008 a las 12:24 del mediodía."
IV.NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES
Cinco (5) son las disposiciones legales que los demandantes manifiesta se han conculcado.
Ley N° 38 de 31 de julio de 2000.
Artículo 52, numeral 4. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos:
Centralmente, la parte actora considera que la norma transcrita ha sido vulnerada directamente, por omisión, pues al emitirse el Proveído demandado, trajo como consecuencia implícita la prescindencia u omisión de trámites fundamentales que implican la violación del debido proceso.
Artículo 91, numeral 1. Sólo se notificarán personalmente:
1. La resolución en que se ordene el traslado de toda petición, se ordene la corrección de la petición y, en general, la primera resolución que se dicte en todo proceso;
Manifiestan los recurrentes, que la anterior disposición fue conculcada en forma directa por omisión, al omitirse notificar personalmente a las partes de la primera resolución que suministra por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la denuncia de bien oculto del Estado presentada contra B.S., S.A., Sucursal de Panamá, y GNB Sudameris Bank, S.A.
Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo.
Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto.
En cuanto al artículo citado, los recurrentes estiman la violación directa, por omisión del mismo, ya que la Ley 38 de 2000 contempla la posibilidad de que actos de mero trámite, tal como éste y que lo afirma el Ministerio de Economía y Finanzas, implica una decisión que pone término al proceso de bien oculto instaurado.
"Artículo 82, numeral 2. Los denuncios de bienes ocultos se harán por escrito ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y se observarán las siguientes reglas:
El Ministerio consultará previamente al Procurador General de la Nación para resolver si el bien denunciado es o no oculto y si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedente;
Aducen los demandantes, que la norma en comento fue conculcada directamente, por omisión, al no darle el trámite contemplado en el numeral 2 de este artículo, y en su lugar resolvió de manera anticipada, que la denuncia de bien oculto presentada, era improcedente.
V.INFORME DE CONDUCTA
En informe explicativo de conducta Núm. 102-01-780-DVMF, recibido en la Secretaria de la Sala Tercera el día 9 de mayo de 2008 (fs.20 a 22), la Viceministra de Finanzas reseña la actuación acaecida dentro del proceso concluido con el Proveído N° 034 de 30 de octubre de 2007, hoy impugnado y su acto confirmatorio.
VI.DESCARGOS DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN
En la Vista Número 862 de 15 de octubre de 2008 (fs.44 a 52), el Procurador de la Administración, solicita a los Magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declarar que es legal el Proveído N° 034 de 30 de octubre de 2007, emitido por la Viceministra de Finanzas, desestimándose, en consecuencia, las demás declaraciones solicitadas en el líbelo de demanda.
Lo anterior obedece al análisis efectuado al expediente principal y su antecedente, los cuales dan cuenta de la no vulneración de las normas consideradas infringidas por la parte actora, pues la actuación de la administración se ha ceñido a las normas rectoras de la materia.
De igual manera, el señor P. observa que la actuación en materia de bienes ocultos, se efectuó de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Fiscal, descartando la aplicación del artículo 80, ya que lo reseñado en el presente cuadernillo de marras, no tienen la categoría de bienes ocultos del Estado, haciendo inaplicable el sentido del artículo 82 del Código Fiscal.
VII.PRUEBA TESTIMONIAL
Visible de fojas 64 a 68, consta la declaración del testigo C.J.R.M., quien es contador de profesión y en la actualidad, siendo jubilado, brinda asesoramiento en liquidaciones laborales. Laboró por veintinueve (29) años en la institución financiera conocida como B.S., y su experiencia dentro de la misma. Igualmente, explica lo que para él significa "Bienes Inactivos por cinco (5) años en un Banco"; y que éstos, por disposiciones de dicho Banco, los sacaba de operaciones por más de cinco (5) años de inactividad y los trasladaba al estado de ganancia y pérdida como un ingreso. Entre otras cosas, explica todo el recorrido de estos fondos y su confirmación a la Superintendencia de Bancos, básicamente (Cfr. Declaración Testimonial).
VIII.ALEGATO DE CONCLUSIÓN
Los demandantes, en la fase de alegatos, incorporan el escrito respectivo, sosteniendo que todo lo señalado en la demanda se encuentra plenamente probado y sustentado, y que las infracciones a las normas señaladas en el líbelo de demanda, se han materializado, por lo que en forma medular, solicitan que el acto demandado sea declarado nulo por ilegal.
IX.DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Surtidos los trámites que la Ley dispone, y encontrándose el negocio en estado de decidir, procede esta Corporación de Justicia a resolver la presente controversia, previo a las siguientes consideraciones.
El artículo 97, numeral 3 del Código Judicial, dispone que "a la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. Y, que en consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de los siguiente: ...3. De los recursos contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos; ...". En este contexto, la Sala se pronunciará respecto a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada sobre la materia de bienes ocultos.
El acto administrativo impugnado lo representa el Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, dictado por la Viceministra de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.), en el cual se dispuso rechazar de plano por improcedente la denuncia de bien oculto contenida en el memorial de fecha 27 de febrero de 2007, presentado por los licenciados G.A.C.F., y V.M.M., contra B.S., S.A., Sucursal Panamá y GNB Sudameris Bank y GNB Sudameris Bank, S.A.
Además, el proceder de la entidad requerida y concluida con dicho P., fue revisada al interponerse el recurso de reconsideración contra el mismo, siendo el recurso impetrado, rechazado de plano por improcedente, mediante el Proveído N° 045 de 12 de diciembre de 2007.
Esta M. advierte que, los cargos de ilegalidad promovidos contra el Proveído impugnado, representados en los artículos 52, numeral 4; 91, numeral 1; y, 163 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000, no se configuran, pues la parte actora señaló dentro de su demanda que en memorial suscrito el 6 de diciembre de 2007, fueron debidamente notificados del acto en cuestión, evidenciándose el pleno conocimiento de lo en él dispuesto.
Con ello es menester establecer el contenido del artículo 95 de la Ley N° 38 de 2000, el cual indica que las resoluciones surten sus efectos desde que se tiene conocimiento de ellas, señalando que la notificación se hizo a través del memorial señalado por los propios demandantes, y sobre ello la entidad demandada ha sostenido que la notificación se entiende hecha desde la presentación de éste, materializándose el concepto de notificación estipulado en el artículo 201, numeral 66; el numeral 4 del artículo 52, sobre debido proceso legal; el numeral 1 del artículo 91, sobre la notificación personal; y, el artículo 163 que alude a los actos susceptibles de impugnación mediante los recursos en la esfera administrativa, de la propia Ley 38 de 2000.
Como corolario de lo planteado en el párrafo que precede, la Corte aprecia que las normas específicas aplicables al caso en cuestión indican, sobre la materia de bienes ocultos y la interposición de las acciones para obtener la personería jurídica y actuar en nombre del Estado, están inmersas y deben ceñirse en forma específica a las contenidas en el Código Fiscal, y éstas deben orientarse en forma específica, concretamente identificadas y que las pruebas en que se sustente una determinada denuncia de bien oculto, deben mencionarse en el escrito a través del cual ésta se formula.
Considera oportuno esta Superioridad, señalar que la materia de bienes ocultos se encuentra regulada en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Fiscal, los cuales advierten sobre las acciones para la recuperación de bienes ocultos:
Artículo 80. Son bienes ocultos del Estado, no sólo los simplemente abandonados u ocultos en su sentido material, sino también aquellos respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por incuria de las autoridades o por otra causa semejante.
Tendrán también el carácter de ocultos los bienes nacionales que se encuentran en poder de particulares sin que hayan sido adquiridos legítimamente del Estado. Se hallan en este caso, entre otros, los siguientes:
1. Las porciones de tierras baldías o indultadas que excedan de la cabida y linderos expresados en los respectivos títulos de adjudicación;
2. Las tierras inadjudicables que hayan sido concedidas indebidamente; y
3. Los demás bienes muebles e inmuebles del Estado y los dineros del Tesoro Nacional que hayan adquirido ilegalmente los particulares.
Artículo 81. El Estado tiene acción para recuperar todos los bienes que le pertenezcan y que no hayan salido legalmente de su patrimonio, y para que se reconozcan sus derechos sobre bienes respecto de los cuales existan pretensiones que los contraríen.
"Artículo 82. Los denuncios de bienes ocultos se harán por escrito ante el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y se observarán las siguientes reglas:
Se practicarán, dentro del término de dos meses, las pruebas aducidas por el denunciante;
El Ministerio consultará previamente al Procurador General de la Nación para resolver si el bien denunciado es o no oculto y si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedentes;
Si tanto el Procurador Como el Ministerio de Hacienda y Tesoro, consideran que el bien es oculto el Ministerio investirá al denunciante, mediante resolución, de la personería necesaria para hacer efectivo los derechos del Estado y ordenará al respectivo Agente del Ministerio Público que coadyuve a la acción o acciones necesarias al efecto";
El Ministerio de Hacienda y Tesoro, puede revocar en cualquier tiempo la personería concedida al denunciante a solicitud del Procurador General de la Nación, cuando a juicio de este funcionario, el denunciante no actúe de manera conveniente para los intereses del Estado o cuando el denunciante no inicie la acción o acciones correspondientes dentro de un plazo de treinta días contados desde la ejecutoria de la resolución a que se refiere el inciso anterior. En este caso, el respectivo Agente del Ministerio Público continuará ejerciendo directamente la acción:
Todos los gastos de la gestión correrán a cargo del denunciante;
El denunciante gozará de los privilegios que tiene el Estado, cuando litiga, conforme al Código Judicial; y
Si la resolución del Ministerio de Hacienda y Tesoro, fuere desfavorable al denunciante, a éste le quedará el derecho de ocurrir a la vía contencioso-administrativa para que, en juicio contradictorio entre él y el Estado, se decida si procede o no investirle de la personería necesaria para que incoe la acción pertinente.
En las acciones a que se refiere el artículo 81 actuará el Ministerio Público, en representación del Estado, a requerimiento del Órgano Ejecutivo del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
En cada caso impartirá el Órgano Ejecutivo las instrucciones necesarias y facilitará todos los elementos de información exigidos por las circunstancias, para los efectos del ejercicio de las acciones respectivas."
Artículo 83. El denunciante de un bien oculto tiene derecho a que el Tesoro Nacional, le pague en efectivo una participación del treinta por ciento del valor del bien oculto, cuando ese bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado.
Para este efecto el bien será avaluado por dos peritos; uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y el otro por el denunciante. El avalúo deberá contraerse al valor del bien en el momento de su ingreso al patrimonio del Estado. Si hay discrepancia en los dictámenes se procederá de acuerdo con lo que para ese caso dispone el artículo 17 de este Código.
De las anteriores disposiciones se desprende, que el Ministerio de Economía y Finanzas es la única instancia competente para decidir si el bien es o no oculto. Sin embargo, con la presente causa no puede considerarse factible esta acción, en base a la supuesta existencia de bien oculto, ya que se trata de una denuncia relativa a bienes particulares de una empresa; y por ende, no se consideran bienes ocultos, excluyendo lo establecido en el artículo 80, numeral 3 del Código Fiscal, considerado vulnerado por los recurrentes, y reforzado por los artículos 154 y 155 del Decreto Ley N° 9 de 1998, vigentes a la fecha en que se interpuso la solicitud en cuestión, los que vienen a regular el alcance de los bienes inactivos de personas naturales o jurídicas depositados en entidades financieras y su restitución. Veamos:
Artículo 154. Bienes Inactivos. Todo Banco deberá comunicar a la Superintendencia sobre cualesquiera bienes, fondos y valores en su poder que permanezcan inactivos por cinco (5) años y pertenezcan a personas cuyo paradero se ignore. La Superintendencia, después de comprobar este hecho, ordenará que su valor líquido sea traspasado al Tesoro Nacional.
Artículo 155. Restitución de Fondos. El Estado estará obligado a restituir a su dueño los fondos de que trata el artículo anterior, siempre que sean reclamados dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha en que la fueron traspasados, pero la restitución se hará sin intereses.
Tal y como se dejara expresado en líneas anteriores, la normativa aplicable en este proceso, excluye este tipo de acciones una vez sean comprobadas las condiciones por ellas requeridas, lo cual no ha acontecido con el presente negocio, al efectuarse las diligencias tendientes para este tipo de causas, contempladas en los artículos 83 y 84 del Decreto Ley N° 9 de 26 de febrero de 1998, los cuales nos hablan sobre la notificación de procesos judiciales a la Superintendencia, por una parte y por la otra, información sobre clientes de un Banco.
Por ende, los demandantes no pueden pretender que esta M. pueda considerar como bien oculto, los parcialmente bienes inactivos de personas naturales o jurídicas depositados en Bancos y su restitución, por lo que no prosperan los cargos impetrados.
La Sala considera que la Viceministra de Finanzas, previo análisis de la denuncia incoada y de los elementos que permiten el otorgamiento de la investidura jurídica, rechazó de plano por improcedente la solicitud en mención, en apego a los fundamentos de que el bien considerado como oculto, no era tal cual, debido al imperio de las normas del Código Fiscal y del Decreto Ley N° 9 de 26 de febrero de 1998.
La declaratoria de bien oculto y la responsabilidad que conlleva la personería jurídica, es un trámite que el C.F. le confiere al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Finanzas, aplicable sólo a los bienes del Estado y bienes nacionales que no pertenezcan a los Municipios, a las entidades autónomas y semiautónomas ni sean individual o colectivamente de propiedad particular.
A contrario sensu, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 29 de agosto de 2005, abordó el tema sobre entidades financieras y su marco regulatorio de derecho privado, siendo aplicables las normas relativas al Régimen Bancario Nacional. Veamos:
El Ministro de Hacienda y Tesoro, tal como se desprende de lo anotado anteriormente, negó dicha solicitud arguyendo que el bien denunciado no reunía los requisitos de bien oculto que prevé el artículo 80 del Código Fiscal.
Esta norma preceptúa lo siguiente:
"Artículo 80. Son bienes ocultos del Estado, no sólo los simplemente abandonados u ocultos en su sentido material, sino también aquellos respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por incuria de las autoridades o por otra causa semejante.
Las porciones de tierras baldías o indultadas que excedan de la cabida y linderos expresados en los respectivos títulos de adjudicación;
Las tierras inadjudicables que hayan sido concedidas indebidamente; y
Los demás bienes muebles e inmuebles del Estado y los dineros del Tesoro Nacional que hayan adquirido ilegalmente los particulares".
Esta disposición no puede ser analizada de manera aislada, sino que debe interpretarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del mismo Código, el cual señala lo siguiente:
"Artículo 3º Son bienes nacionales, además de los que pertenecen al Estado y de los de uso público, según los enumera la Constitución en sus artículos 208 y 209, todos los existentes en el territorio de la República que no pertenezcan a los Municipios, a las entidades autónomas o semi-autónomas ni sean individual o colectivamente de propiedad particular". (Subrayado es nuestro).
Al trasladar los requisitos descritos en las normas antes transcritas a la finca Nº 63,820, inscrita al Tomo 1480, F. 360 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, que pertenecía a la Corporación Financiera Nacional, es evidente que este bien no puede ser considerado bien nacional. Esto lo decimos en virtud de que la Corporación Financiera Nacional (COFINA) era una entidad autónoma, con bienes propios y autonomía interna, tal y como se expresa en el artículo 1 de la Ley 65 de 1 de diciembre de 1975. Esta autonomía con la que contaba COFINA le permitía, por medio de los organismos correspondientes tomar decisiones en relación a los manejos de sus operaciones y bienes. En este sentido no debemos soslayar el artículo 6 de la misma Ley, el cual señala que para el cumplimiento de las funciones de Corporación Financiera Nacional, esta entidad queda facultada para contraer obligaciones en general y en especial para comprar, vender, entre otras negociaciones.
Aunado a lo expresado, el artículo 10 de la misma Ley preceptúa que esta entidad se regirá por las disposiciones de derecho privado, aunque no le serían aplicables las normas relativas al Régimen Bancario Nacional (Decreto 238 de 2 de julio de 1970).
Las características anotadas, que la propia Ley que crea la Corporación Financiera Nacional (COFINA) le asigna a esta institución financiera, no permite considerar sus bienes como parte del patrimonio nacional, además de que el propio Código Fiscal claramente excluye del conjunto de bienes nacionales, los pertenecientes a las entidades autónomas.
Mal puede pretender el demandante que este Tribunal considere la finca Nº 63,820, inscrita al Tomo 1480, F. 360 de la Sección de la Propiedad del Registro Público que pertenecía a la Corporación Financiera Nacional (COFINA), como bien nacional, por lo que no prospera el cargo impetrado.
Es imperioso destacar, que esta Superioridad declaró dentro de una demanda contencioso administrativa, sobre la materia de bienes ocultos, en fallo de 16 de julio de 2008, las siguientes apreciaciones de las cuales, para el presente caso, nos hacemos eco:
Es de conformidad al artículo 82 del Código Fiscal, que la Sala concluye que, la Providencia N° 003 de 4 de marzo de 2005, la priva de legitimación como representante del Estado para hacer efectivos los derechos de éste. El Ministerio de Economía y Finanzas está, pues, de conformidad a la disposición legal en referencia, facultado para, dentro de los parámetros allí previstos, no admitir o investir de personería a la denunciante, ello sin perjuicio, que el mismo artículo 82 prevé, cuando se difiera con lo actuando por el Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de recurrir a la vía contencioso administrativa para que, en juicio contradictorio entre el denunciante y el Estado, se decida si procede o no investirle de la personería necesaria, para que incoe la acción pertinente, tal como ha ocurrido en esta oportunidad.
Como corolario de lo actuado por la entidad requerida, es menester de esta M. enfatizar, que el numeral 2 del artículo 82 del Código Fiscal, materia sobre la cual se basó el Viceministerio de Finanzas para denegar la pretensión del actor, designa en forma prístina, que al momento de la presentación de la denuncia de bien oculto, se detallan dos (2) situaciones a ser cumplidas en forma estricta por el procedimiento administrativo: "que el Ministerio consulte previamente al Procurador General de la Nación para entonces, resolver si el bien denunciado es o no oculto"; y, "si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedentes".
El Ministerio consultará previamente al Procurador General de la Nación para resolver si el bien denunciado es o no oculto y si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedentes;" (el subrayado es de esta Sala).
Establecida esta conclusión, sobre la base del artículo 82, en su numeral 2, las reglas que rigen este tipo trámites, las cuales, para efectos de su aplicación, están referidas o remitidas a lo previsto en los enunciados que instituyen, igualmente, el resto de los siete (7) numerales, es que la entidad detentadora de investir con este tipo de representación a un particular, rechazó la acción presentada, ello sin perjuicio, que el mismo artículo 82 prevé, cuando se difiera con lo actuando por el Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de recurrir a la vía contencioso administrativa para que, en juicio contradictorio entre el denunciante y el Estado, se decida si procede o no investirle de la personería necesaria, para que incoe la acción pertinente, tal como ha ocurrido en esta oportunidad.
Dentro del fallo de 6 de junio de 2006, la Sala Tercera basándose en nota remitida por la Procuraduría General de la Nación y en observancia al artículo 82 del Código Fiscal, existen condiciones para determinar que en el caso en estudio no estamos frente a bienes del Estado que estén en poder de particulares ante su adquisición en forma ilegítima, ya sea porque estuviesen abandonados u ocultos o se estuviesen obteniendo ganancias en excesos por parte de los denunciantes:
"Previo a la negativa de calificar el bien oculto, la autoridad demandada llevó a cabo una etapa probatoria y consultó al Ministerio Público (fs. 94-99), según lo exigen los numerales 1 y 2 del artículo 82 del Código Fiscal. El Procurador General de la Nación se pronunció sobre la denuncia presentada por R.A., O.C., C.S., E.N., S.R., M.E. DE GUARDIA, D.M. y G.E.C., mediante Nota Nº PGN-067-03 de 18 de junio de 2003, señalando que en el caso en estudio no estamos frente a bienes del Estado que estén en poder de particulares ante su adquisición en forma ilegítima, ya sea porque estuviesen abandonados u ocultos o se estuviesen obteniendo ganancias en excesos por parte de los denunciantes." (el subrayado corresponde a esta Superioridad).
Valora el Tribunal Contencioso Administrativo, que la actuación administrativa sujeta a este examen, no ha conculcado los fundamentos legales en que se basa la pretensión, razón por la cual, los imputaciones contra los artículos 52, numeral 4; 91, numeral 1; y, 163 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000; así como el numeral 2 del artículo 82 del Código Fiscal, deben descartarse.
Por consiguiente, este Tribunal Colegiado llega a la conclusión de que los requerimientos de la actora carecen de asidero jurídico.
De consiguiente, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL, el Proveído N° 034 del 30 de octubre de 2007, emitido por la Viceministra de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.), así como su acto confirmatorio; y en consecuencia, NO ACCEDE a las demás pretensiones contenidas en el líbelo de demanda.
JACINTO CÁRDENAS M. -- HIPÓLITO GILL SUAZO