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Timestamp: 2018-11-18 08:16:23
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ARTÍCULO-1 Y 2- TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES.
ARTÍCULO-3. LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO
Entrada en vigor de la Ley No. 62. Instrucciones No. 122, 123 y 124 de 12 de abril de 1988.
Las señaladas instrucciones, regularon las distintas situaciones que se pudieron presentar al entrar en vigor el 30 de abril de 1988 la Ley No. 62 de 1987. La primera, preceptúa cómo proceder en los caso de delitos que eran conocidos por los TPP, y pasaron a la competencia de los TMP; así como los supuestos donde la nueva Ley reprimió más favorablemente el delito sometido a juzgamiento. La segunda, cuando los hechos dejaron de ser punibles en virtud de la nueva Ley. La última, se refiere a los casos en que la nueva Ley reprime más favorablemente el delito sancionado por sentencia firme.
Este artículo 3, desarrolla en el orden práctico el principio consagrado en el artículo 61 de la Constitución, que establece: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado”. Por ley penal más benigna, deberá reputarse, la que en el caso concreto, produzca un resultado más favorable para el reo.
Lo anterior no siempre es fácil de determinar, pues es posible que en la nueva ley, el delito tenga un límite superior del marco penal más beneficioso que la ley en vigor al momento de su comisión, pero esta a su vez, comprenda un límite mínimo menos severo que la nueva. ¿Cuál produce un resultado más beneficioso en el caso concreto?
Interesante fue la solución ofrecida a este problema, por el apartado 7 de la Instrucción del CGTSP No. 88 de 31 de octubre de 1979, al entrar en vigor de la Ley No. 21 de ese propio año, y cuyo texto se transcribe a continuación:
Los Tribunales al dictar sentencia a virtud de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Penal, consignarán entre los fundamentos de derecho en la forma que la ley según el caso previene, la calificación que a los mismos corresponda de acuerdo con la legislación anterior, y, a la vez, según el nuevo ordenamiento penal, con referencia específica de los respectivos preceptos, y aplicarán para adecuar la sanción, el que entre ellos resulte más favorable al reo.
Para la aplicación práctica de la sanción imponible en estos casos, el Tribunal adecuará la que corresponda, teniendo en cuenta cuando esto ocurra, un nuevo marco penal que se extiende entre los límites mínimo y máximo, de menor rigor, que señalen las respectivas legislaciones, en cuanto difieran, relacionándolos entre sí.
Entrada en vigor del Decreto-ley No. 140. Instrucción No. 146 de 16 de agosto de 1993.
Esta Instrucción estableció las reglas para la entrada en vigor del Decreto-ley No. 140 de 13 de agosto de 1993, por el que se derogaron los incisos a) y c) del apartado 2 del artículo 235 del CP, que penalizaban la tenencia de divisas convertibles.
Entrada en vigor de la Ley No 87. Instrucción No. 159 de 6 de octubre de 1999.
La Instrucción trata, los problemas surgidos por la entrada en vigor de la Ley No. 87 el 15 de marzo de 1999, en relación con la Fe de Erratas que sobre dicha Ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República, el 24 de agosto de 1999.
Delito continuado. Acciones delictivas cometidas bajo el imperio de dos leyes. Dictamen No. 411. Acuerdo No. 206 de 8 de noviembre de 2001.
Tratándose de varios delitos, que pudieran integrar uno solo de carácter continuado; al cometerse los actos particulares bajo el imperio de dos leyes, con distinto grado de represión sobre los hechos –la última más severa–; la solución es declarar la continuidad –en su caso– agrupándolos respectivamente bajo el imperio de la Ley vigente al momento de su comisión, determinar las respectivas sanciones, y luego formar la sanción conjunta.
Otro criterio distinto al del Dictamen, consiste en sancionar el delito continuado de acuerdo con la última Ley, aunque sea más severa, ya que el comisor, a pesar de entrar en vigor una Ley que reprime el hecho con superior dureza, persistió en su actuar delictivo, demostrando mayor rebeldía al ordenamiento jurídico.
ARTÍCULOS-4 AL 6. LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO.
ARTÍCULO-7. TÍTULO III. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA.
Tribunal competente. Instrucción No. 86 de 24 de septiembre de 1979.
Corresponde a la Sala de la materia del TSP, ordenar cuando proceda, el cumplimiento de las ejecutorias dictadas por Tribunales extranjeros, para la extinción de la sanción de privación de libertad impuesta a ciudadanos cubanos. La intervención de esta Sala, queda limitada a la comprobación de las exigencias extrínsecas requeridas en el tratado, acordando por auto la remisión de las actuaciones al Tribunal competente para la ejecución, el que procederá a llevarla a vías de hecho, también mediante auto, siendo el encargado de todas las incidencias que de dicha ejecución se deriven.
Libertad condicional. Dictamen No. 225. Acuerdo No.71 de 14 de mayo de 1985.
Es competente, para el otorgamiento de la libertad condicional, el Tribunal Provincial Popular, que dio cumplimiento a la sentencia dictada por Tribunal extranjero.
TÍTULO IV. EL DELITO
ARTÍCULO-8. EL CONCEPTO DE DELITO.
Aspectos procesales (artículo 8.2). Instrucción No. 115 de 20 de junio de 1984. Carencia de peligrosidad social.
Para que se considere que el hecho carece de peligrosidad social, es preciso, que la entidad de sus consecuencias sea escasa y las condiciones personales del comisor positivas; ello presupone, que el hecho en sí no haya producido alarma o repudio, y sus efectos no resulten especialmente dañosos o peligrosos; y que el comisor sea persona cumplidora de sus deberes laborales, sociales, familiares o educacionales, y no tenga antecedentes por delito intencional, con independencia de su edad; aunque se tendrán en cuenta –especialmente– los comprendidos entre 16 y 20 años, o más de 60 años.
En el orden procesal, esta clase de asunto se tramita de la manera siguiente:
En el caso del procedimiento conocido como sumario, al ingreso de las actuaciones, si el Tribunal considera que el hecho carece de peligrosidad social, dictará auto conforme al artículo 367 de la LPP. Si a dicha determinación se llega, luego del juicio, la sentencia será absolutoria.
En el procedimiento denominado ordinario, pueden darse los siguientes supuestos:
El Fiscal presenta el expediente con solicitud de sobreseimiento libre, apoyado en el artículo 8. 2. El Tribunal podrá acordar dicho sobreseimiento, o denegarlo fundadamente, devolviéndole las actuaciones; en caso de insistir el Fiscal, se procederá conforme al artículo 268 de la LPP.
El Fiscal solicita la apertura a juicio oral y el Tribunal considera que el hecho carece de peligrosidad social, entonces devolverá el asunto en mérito al artículo 263 de la LPP; de insistir el Fiscal, se llevará el asunto a juicio, y de confirmarse la señalada carencia de peligrosidad social, la sentencia será absolutoria.
El legislador de 1979, incluyó en el Código el concepto de delito, del que carecía la legislación precedente. Este concepto, siguió a los ofrecidos en los Códigos Penales de los países socialistas europeos de aquel entonces, y puso su acento, en el carácter de acto socialmente peligroso, pretendiendo así, apartarse de los criterios que sólo atendían al aspecto formal.
Como reafirmación de la esencia material del señalado concepto, aparece el apartado 2 del artículo 8, sobre el que formulo dos observaciones: La primera, de lege ferenda incorporarlo a la ley procesal como un criterio de oportunidad; y otra, de mantenerlo en los términos actuales, suprimir lo relacionado con las “condiciones personales del autor”, lo que en modo alguno puede formar parte de la conceptuación del delito. De todas formas, las ventajas y conveniencia de no proceder ante actos insignificantes, está fuera de toda discusión.
Finalmente, en la propia Instrucción se declara, que los criterios ofrecidos en la misma, pueden ser utilizados en la medición de la sanción, en el caso de no considerar el Tribunal una carencia total de peligrosidad social.
Comiso (artículo 8. 2). Dictamen No. 232. Acuerdo No. 100 de 25 de junio de 1985.
Si hubiese piezas de convicción, en un asunto donde se resuelve conforme al apartado 2 del artículo 8 –delito de actividades económicas ilícitas, por ejemplo–, procede el comiso de las mismas, en atención a lo preceptuado en el apartado 4 del artículo 271 de la LPP.
Aquí se ofrece solución, a un problema que no pudo ser previsto en la Ley procesal, ya que el CP es de fecha posterior.
Indemnización (artículo 8. 2). Dictamen No. 246. Acuerdo No. 64 de 29 de abril de 1986.
En caso de resolver el Tribunal, conforme al apartado 2 del artículo 8 –auto de abstención, sobreseimiento libre o absolución–, si hubiese daños y perjuicios, el perjudicado puede reclamar ante el Tribunal de lo civil.
La hipótesis que suscita la consulta, es prácticamente imposible de confirmarse en la realidad, habida cuenta que, para la aplicación de la invocada norma, entre otros presupuestos se encuentra, “el que las consecuencias del hecho sean de escasa entidad”; por tanto, no deben existir daños o perjuicios de cierta consideración.
Retirada de la denuncia (artículo 8. 2). Dictamen No. 275. Acuerdo No. 91 de 30 de septiembre de 1987.
El Dictamen no tiene vigencia, pues se refiere a una modalidad delictiva que ya no rige, lesiones levísimas –artículo 328 del CP de 1979– donde el denunciante o perjudicado, luego de formular la denuncia, pretende desistir de la misma, lo que no estaba autorizado legalmente en ese Código –ni en el actual en caso de lesiones-; no obstante, se recomienda en esta disposición, que la invocada solicitud puede ser tomada en cuenta, para resolver conforme al apartado 2 del artículo 8; criterio de utilidad en la solución de casos análogos, en los que se pretenda desistir de la denuncia, sin estar preceptuado en la ley.
ARTÍCULO-9. LOS DELITOS INTENCIONALES Y POR IMPRUDENCIA.
Delitos de homicidio y lesiones –por imprudencia– presuntamente cometidos por médicos, personal profesional o auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades. Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983.
Ver esta Instrucción en delito de Homicidio (artículo 261).
Abuso en el ejercicio del cargo. Infracción de las normas de protección a los consumidores. Intencionalidad. Dictamen No. 216. Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985.
El delito de abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica y el de engaño a los consumidores, previstos respectivamente en los artículos 269, inciso c (hoy artículo 225. 1, inciso c) y artículo 271, inciso c (en la actualidad, artículo 227, inciso c), requieren para su integración, no sólo los elementos objetivos de los respectivos tipos, sino la actuación intencional del agente.
Daños por imprudencia. Prueba pericial. Dictamen No. 231. Acuerdo No. 99 de 25 de junio de 1985.
El delito de daños puede cometerse por imprudencia. En cualquiera de sus manifestaciones –por intención o imprudencia–; se precisa la determinación pericial de su magnitud, tanto a los fines de la calificación delictiva, como de la posible responsabilidad civil. Los peritos pueden ser designados, bien por la Policía o por el Tribunal.
Permitir que otro conduzca ebrio o drogado. Responsabilidad por el resultado lesivo de la conducción. Imprudencia. Dictamen No. 280. Acuerdo No. 113 de 13 de noviembre de 1987.
Quien es propietario de un vehículo, o lo tiene encargado por cualquier concepto, y permite, a sabiendas, que otro estando ebrio o intoxicado por drogas, y en consecuencia, incapacitado para conducir, lo haga, y a resultas de la ebriedad o intoxicación, ocasione un efecto de lesión para un bien jurídico –homicidio, lesiones o daños–; además de responder del delito previsto en el artículo 181. 1 b) –permitir que otro conduzca ebrio o drogado–, también incurre en el título de imprudencia de los señalados resultados –homicidio, lesiones o daños–, si entre la infracción de peligro –permitir que otro conduzca– y el resultado lesivo, se aprecia una íntima relación causal y él pudo o debió haber previsto el citado efecto.
Relación de causalidad. Dictamen No. 297. Acuerdo No. 108 de 29 de noviembre de 1988.
¿Qué responsabilidad tiene el Instructor que adiestra a un conductor que está aprendiendo, o el examinador que lo evalúa?
En los delitos por imprudencia lo determinante de la culpabilidad, está dado en la relación causal que se manifiesta entre el actuar del infractor y el resultado lesivo, tal comportamiento determina la causa eficiente del evento; de manera que, el que con su actuación produzca ese vínculo de causalidad, responde penalmente por el hecho justiciable.
Incumplimiento de normas de seguridad en entidades económicas. Incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas. Dictamen No. 331. Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992.
Los delitos de incumplimiento de normas de seguridad en entidades económicas e incumplimiento del deber de preservarlos bienes de entidades estatales –artículos 221 y 222–, “son delitos cometidos esencialmente, por imprudencia”.
En el Dictamen no se afirma que sean delitos imprudentes, sino que son cometidos esencialmente por imprudencia ¿se trata entonces de delitos intencionales?
Tenencia de drogas. Intencionalidad. Acuerdo No. 25 de 24 de marzo de 1987.
Si en ocasión de practicársele un registro en el vestuario a un ciudadano, se hallan partículas o picadura de la hierba conocida por marihuana –cualquiera que fuera su cantidad– ese hecho constituye el delito de tenencia de drogas, siempre que –en el caso concreto– concurran los elementos de la culpabilidad; es decir, la tenencia querida y consciente de esa sustancia.
Al exigirse en el Acuerdo para la integración del tipo penal –tenencia de drogas– en el plano subjetivo, “la tenencia querida y consciente de esa sustancia”, se afirma que se está ante un delito que sólo se comete por intención.
LA UNIDAD Y PLURALIDAD DE ACCIONES Y DELITOS (ARTÍCULOS 10 Y 11)
Concurso ideal (lesionado pendiente de curación, artículo 275 de la LPP). Instrucción No.104 de 16 de febrero de 1982 (modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987).
Si a consecuencia de un mismo acto, surgen distintas violaciones penales, consistiendo una de ellas en el delito de lesiones; aun cuando la sanidad estuviere pendiente de atestarse, los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción.
Ejemplo de lo anterior, es cuando se está ante un delito de homicidio, lesiones y daños en ocasión del tránsito. Si el lesionado se encuentra pendiente de curación, ello no impide el ejercicio de la acción penal, si del examen pericial es posible calificar el carácter de las lesiones.
Continuidad. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones. Dictamen No. 303. Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989.
El delito de incumplimiento de las obligaciones, derivadas de la comisión de contravenciones –artículo 170– no puede calificarse en forma de delito continuado, por su especial naturaleza.
En verdad, no encuentro razón dogmática alguna, para impedir la continuidad en el caso consultado; no obstante, en el propio Dictamen se establece que se podrán conocer en un mismo expediente –causa y juicio–, las diversas denuncias que sobre este delito se formulen contra un mismo acusado, por guardar relación de conexidad, según el artículo 13, apartado 5 de la LPP.
Continuidad. Aspectos procesales. Reclamo de actuaciones. Dictamen No. 310. Acuerdo No. 22 de 17 de abril de 1990.
Si un TMP está conociendo de un proceso en el que aún no ha recaído sentencia; y las actuaciones le son reclamadas por la Instrucción o por la Fiscalía, ya que ese hecho forma parte de un delito continuado, cuya tramitación esta a cargo de cualquiera de los órganos reclamantes; debe el TMP remitirle las actuaciones solicitadas.
Similar solución se ofrece en el Dictamen, ante delitos comprendidos en los supuestos de conexidad procesal, previstos en el artículo 13 de la LPP.
No es posible declarar la continuidad, en el caso del delito de robo con violencia o intimidación en las personas –artículo 327–, cuando se trata de distintas víctimas, porque además de atacar bienes patrimoniales, se lesionan derechos inherentes a la persona misma, como la integridad corporal o la libertad (artículo 11.2).
En el Glosario de términos jurídicos del Anteproyecto de Código Civil, publicado bajo el término “Derechos de la personalidad”, se expresa: «También se les llaman derechos inherentes a la personalidad): la vida, la integridad física, la libertad, la dignidad, el honor, el derecho al nombre, a la propia imagen, etc. (la Constitución, en su artículo 123, párrafo inicial e inc. “d”, establece el amparo de estos derechos entre los principales objetivos de la actividad de los Tribunales».
Concurso ideal. Aspectos procesales. Procedibilidad. Dictamen No. 321. Acuerdo No. 21 de 2 de abril de 1991.
En las diligencias sumariales, debe quedar establecido claramente, si el perjudicado por el delito de daños, está interesado en que estos se conozcan por la vía judicial, en caso contrario, no es posible proceder en cuanto a los mismos, aun cuando –hipotéticamente– formen parte de un concurso ideal.
Continuidad. Competencia. Integración. Tipo de proceso. Dictamen No. 386. Acuerdo No. 86 de 5 de mayo de 1999.
En el caso de un delito de carácter continuado, para la determinación del Tribunal competente, cantidad de miembros que lo integrarán, en su caso, o del procedimiento a seguir, se atenderá al marco normal o abstracto del tipo penal calificado, sin tener en cuenta los aumentos establecidos en la Ley por razón de la continuidad.
Ver artículo 39 (inciso a) del Reglamento de la Ley No. 82, De los Tribunales Populares.
Continuidad. Competencia. Integración. Tipo de proceso. Dictamen No. 399. Acuerdo No. 39 de 28 de marzo de 2001.
Reitera el criterio establecido en el Dictamen No. 386. Ver bajo este mismo rubro.
Delito continuado. Acciones delictivas bajo el imperio de dos leyes. Dictamen No. 411. Acuerdo No. 206 de 8 de noviembre de 2001.
Tratándose de varios delitos, que pudieran integrar uno solo de carácter continuado; al cometerse los actos particulares bajo el imperio de dos leyes, con distinto grado de represión sobre los hechos –la última más severa–; la solución es declarar la continuidad, en su caso, agrupándolos respectivamente bajo el imperio de la Ley vigente al momento de su comisión, determinar las respectivas sanciones, y luego formar la sanción conjunta.
Otro criterio distinto al del Dictamen, consiste en sancionar el delito continuado de acuerdo con la última Ley –aunque sea más severa– ya que el comisor, a pesar de entrar en vigor una Ley que reprime el hecho con superior dureza, persistió en su actuar delictivo, demostrando mayor rebeldía al ordenamiento jurídico.
EL DELITO CONSUMADO, LA TENTATIVA Y LOS ACTOS PREPARATORIOS (ARTÍCULOS 12 Y 13)
EL DELITO IMPOSIBLE (ARTÍCULO 14)
EL LUGAR Y TIEMPO DE LA ACCIÓN (ARTÍCULO 15)
TÍTULO V. LA RESPONSABILIDAD PENAL
PERSONAS PENALMENTE RESPONSABLES (ARTÍCULOS 16 Y 17)
Modo de acreditar la edad. Instrucción No. 89 de 2 de febrero de 1980.
Basta extender diligencia por el actuante, con expresión de los datos obrantes en el carnet de identidad, entre estos, los del asiento en el Registro Civil; en caso de duda, se pedirá certificación a dicha Oficina, o en su defecto, se dispondrá prueba pericial médica con ese fin.
Juzgamiento de personas jurídicas. Instrucción No. 169 de 15 de enero de 2002.
Establece el modo de proceder ante los Tribunales, para exigir responsabilidad penal a persona jurídica.
LA PARTICIPACIÓN (ARTÍCULOS 18 Y 19)
La complicidad no genera responsabilidad civil. Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988.
Si son varios autores los que han de responder en el orden civil, el Tribunal tiene que determinar en la sentencia la parte que corresponde abonar a cada uno, con independencia de que tal obligación sea solidaria entre los mismos.
SECCIÓN PRIMERA (ARTÍCULO 20)
Sanción de muerte. Peritación psiquiátrica. Instrucción No. 150 de 4 de abril de 1995 (deroga la Instrucción No. 113 de 10 de abril de 1984).
Ver esta Instrucción en sanción de Muerte.
SECCIÓN SEGUNDA (ARTÍCULO 21)
SECCIÓN TERCERA (ARTÍCULO 22)
SECCIÓN CUARTA (ARTÍCULOS 23 Y 24)
SECCIÓN QUINTA (ARTÍCULO 25)
El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, profesión, cargo u oficio.
SECCIÓN SEXTA (ARTÍCULO 26)