Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Cuba12477sp.htm
Timestamp: 2017-07-28 04:36:09
Document Index: 109660409

Matched Legal Cases: ['Artículo 480', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 54', 'artículo 121', 'artículo 43', 'artículo 49', 'Artículo 27', 'Artículo 47', 'Artículo 15', 'Artículo 480']

18. Los peticionarios indican que al final del “juicio sumarísimo”, las presuntas víctimas fueron condenadas a muerte por violación a la “Ley Cubana contra Actos de Terrorismo”, de diciembre de 2001. Añaden, que la aplicación de dicha ley fue hecha en violación de su propio texto por cuanto la tipificación para las ofensas cometidas por las presuntas víctimas no prevé la pena de muerte, sino una pena privativa de libertad. 19. Agregan, que los defensores de las víctimas fueron designados de oficio y que “la duración brevísima de los procedimientos revela que no hubo tiempo suficiente para la preparación de una defensa adecuada”[5] y que “[l]as sentencias no mencionan argumentos dados por la defensa y en reiteradas oportunidades se fundamentan en razonamientos de orden político”.[6] En opinión de los peticionarios, estos hechos constituirían violaciones a los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana.
28. Argumentan los peticionarios que el Estado de Cuba violó el artículo XXVIII de la Declaración por cuanto no se aseguraron en el proceso “sumarísimo” seguido a las víctimas las mínimas garantías procesales. Al respecto, expresan que no hubo el tiempo y medios procesales suficientes. Las ejecuciones de Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac ocurrieron en menos de una semana desde que fueran acusados, lo que constituye una violación al art. 8(2) de la Convención, que en su literal c prescribe que debe haber
“Concesión al inculpado del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa” y, manifiestan que la CIDH lo ha interpretado de esa forma al igual que la misma Corte I.D.H[13].
34. Se advierte en la petición también, que en este caso la pena capital resultó
“cruel, inhumana y degradante”, por cuanto se dio en el contexto de un delito que no produjo víctimas, y no se les concedió el derecho de compartir los últimos momentos de existencia con sus seres queridos. Esto se corresponde con la afirmación de los peticionarios en el sentido de que “La CIDH ha interpretado que las sentencias arbitrarias constituyen un tipo de pena cruel, inhumana o degradante”[18].
43. En el presente caso, Cuba ha respondido a las solicitudes de información y de observaciones requeridas por la CIDH a través de la Sección de Intereses de Cuba en Washington. Las comunicaciones del Estado, recibidas por la Comisión el 6 de diciembre de 2004 y el 1 de septiembre de 2005, señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia legal, ni la Organización de Estados Americanos autoridad moral, para juzgar el disfrute de los derechos humanos en Cuba. 44. La Comisión observa que los plazos establecidos en el Reglamento de la Comisión para que el Estado suministre información han vencido ampliamente sin que Cuba haya controvertido las alegaciones de los peticionarios expuestas en este caso.
46. Cuba depositó el instrumento de ratificación de la Carta de la OEA el 16 de julio de 1952 y desde entonces es un Estado parte en la Organización de los Estados Americanos. 47. En virtud de lo anterior, la CIDH decidió, en su Informe de Admisibilidad N° 58/04, que es competente para conocer los hechos materia de este caso.
En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la República puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los Tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares.
Artículo 480:
En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos.[41]
Artículo 10: El que, fabrique, facilite, venda, transporte, remita, introduzca en el país o tenga en su poder, en cualquier forma o lugar, armas, municiones o materias, sustancias o instrumentos inflamables, asfixiantes, tóxicos, explosivos plásticos o de cualquier otra clase o naturaleza o agentes químicos o biológicos, o cualquier otro elemento de cuya investigación, diseño o combinación puedan derivarse productos de la naturaleza descrita, o cualquier otra sustancia similar o artefacto explosivo o mortífero, incurre en sanción de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte. Artículo 11: En igual sanción incurre el que entrega, coloca, arroja, disemina, detona o utiliza de cualquier otra forma, un artefacto explosivo o mortífero, u otro medio o sustancia de las descritas en el artículo 10, contra: c) una red de transporte público o cualquiera de sus componentes;
Son circunstancias agravantes las siguientes: a) cometer el hecho formando parte de un grupo integrado por tres o más personas; c) ocasionar con el delito graves consecuencias; f) cometer el hecho empleando un medio que provoque peligro común; h) cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de escaso tránsito u oscuro, escogidas estas circunstancias de propósito o aprovechándose de ellas; o) cometer el hecho contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país. 69. Además, por la concurrencia de varias agravantes, se les aplicó a todos los acusados la agravante extraordinaria contemplada en el artículo 54(2) del Código Penal que establece:
D. El derecho 77. Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente caso, la Comisión desea reafirmar y reiterar su firme doctrina de que debe aplicar un nivel de escrutinio más riguroso al considerar casos de posible imposición de la pena capital. El derecho a la vida goza de pleno reconocimiento como derecho supremo del ser humano y como conditio sine qua non del goce de todos los demás derechos. Por lo tanto, la Comisión considera que tiene una obligación más severa de verificar que toda privación de la vida que se produzca en virtud de la aplicación de la pena de muerte, cumpla estrictamente los requisitos de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos aplicables, incluida la Declaración Americana. Esta “prueba de escrutinio más riguroso” es congruente con el enfoque restrictivo adoptado por otras autoridades internacionales de derechos humanos para la imposición de la pena de muerte,[56] y ha sido articulada y aplicada por la Comisión en casos anteriores de posible imposición de la pena capital que ha tenido ante sí.[57]
79. De la misma forma, la Comisión desea expresar que, sin perjuicio de que el derecho internacional obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para prevenir el terrorismo y otras formas de violencia y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, al tomar estas iniciativas los Estados miembros se hallan igualmente obligados a seguir cumpliendo estrictamente sus otras obligaciones internacionales, incluidas las asumidas dentro de los marcos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.[58] La aplicación de una legislación destinada a prevenir y sancionar conductas que se consideren terroristas, no puede servir de excusa para que los Estados se consideren exentos de respetar los derechos fundamentales de las personas. 1. Derecho de justicia y derecho a proceso regular
80. El artículo XVIII de la Declaración Americana establece: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
82. Los peticionarios sostienen que los defensores de Copello, Sevilla y Martínez fueron designados de oficio; que la duración brevísima de los procedimientos revela que no hubo tiempo suficiente para la preparación de una defensa adecuada; que las sentencias no mencionan argumentos dados por la defensa y; que en reiteradas oportunidades la sentencia se fundamenta en razonamientos de orden político. Asimismo, los peticionarios argumentan que las víctimas fueron condenadas a muerte en violación a la Ley Cubana contra Actos de Terrorismo y que la tipificación para las ofensas cometidas por las víctimas no prevé la pena de muerte, sino una pena privativa de libertad. 83. El Estado como ya se ha expresado, no presentó argumentos al respecto.
97. Continuando con el análisis, la Comisión observa que la aplicación de un procedimiento de carácter tan reducido, entre otras cosas, impidió a las víctimas ejercer el derecho a defensa adecuadamente. 98. Como se expresó, en los procesos que pueden culminar en aplicación de la pena capital se hace necesario protecciones procesales fundamentales del debido proceso, como es el derecho a un tiempo y medios adecuados para preparar la defensa.
103. Asimismo, ante la brevedad del procedimiento, los acusados no tuvieron la oportunidad de plantear la cuestión de la competencia de los abogados defensores durante el procedimiento de primera instancia y en las etapas ulteriores de las actuaciones seguidas contra ellos. A juicio de la Comisión, esto constituye una grave falla en la protección de los derechos fundamentales al debido proceso de los acusados por delitos que pueden ameritar la pena capital ante los tribunales internos del Estado. 104. En función de lo que antecede la Comisión considera que a los señores Copello, Sevilla y Martínez no se les reconoció su derecho a un patrocinio letrado competente a los efectos de las actuaciones seguidas contra ellos, y en consecuencia concluye que el Estado es responsable de violar el derecho de los señores Copello, Sevilla y Martínez a un juicio justo previsto en el artículo XVIII de la Declaración Americana, y de su derecho al debido proceso previsto en el artículo XXVI de la Declaración Americana.
113. La Comisión ha sostenido en reiteradas ocasiones que en Cuba no existe una debida separación entre los poderes públicos que garantice una administración de justicia libre de injerencias provenientes de los demás poderes. En efecto, la Constitución de Cuba, en su artículo 121, establece que “[l]os tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”. La Comisión estima que la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado, encabezado por el Jefe del Estado, representa una dependencia directa del Poder Judicial a las directrices del Poder Ejecutivo. Bajo este esquema, la Comisión estima que los tribunales cubanos no garantizan efectivamente los derechos consagrados en la Declaración Americana a favor de los procesados. De tal forma, la independencia de los jueces, los fiscales e incluso de los abogados proveídos por el Estado, se ve comprometida por el ordenamiento legal cubano. En virtud de lo anterior, la Comisión
considera que el juzgamiento de los señores Copello, Sevilla y Martínez por un Tribunal que no cumple los requisitos de independencia e imparcialidad requeridos por la Declaración Americana, viola el derecho de justicia consagrado en el artículo XVIII de la Declaración Americana.
119. El 28 de marzo de 2006, durante su 124° período de sesiones, la CIDH aprobó el Informe N° 52/06, conforme al artículo 43 de su Reglamento, con el voto disidente del
Comisionado Freddy Gutiérrez.
VI. CONCLUSIONES 123. La Comisión, con base en las consideraciones previas de hecho y derecho, y ante la respuesta del Estado cubano, ratifica las conclusiones siguientes:
2. El Estado es responsable de violar el artículo I de la Declaración Americana, en perjuicio de los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, por ejecutarlos en virtud de una sentencia dictada dentro de un procedimiento que no contó con las debidas garantías de protección. VII. RECOMENDACIONES
1. Adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial. 2. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas.
No es posible bajo ningún punto de vista que hechos expuestos en forma abstracta, general y vaga, narrados unilateralmente, que refieren un único y exclusivo punto de vista, y que no han tenido ni tienen posibilidades de ser controvertidos, y cuyas fuentes son dudosas, y que adicionalmente habría de agregarse que han sido recabados de medios que sistemáticamente se oponen al derecho de la República de Cuba a su propia y libre determinación, y al derecho a no aceptar intervenciones extrañas, lleven a la Comisión a admitir el examen de una causa sin que se cumplan los requisitos que a esos efectos dispone la Convención Americana. La base jurídica sobre la cual se levanta la narración de los hechos es débil e inconsistente, toda vez que se invoca la Declaración Americana de 1948 y el Reglamento de la CIDH. No existe doctrina de aceptación universal ni tampoco jurisprudencia pacífica sobre la Declaración, habida cuenta de que por definición, se trata de la adhesión a unos valores y principios generales, e importantes, pero contenidos en normas imperfectas, que no establecen sanciones y que en consecuencia, se relativiza el compromiso mayor o menor de los Estados en la asunción de la enunciación de los derechos consagrados. La Declaración tiene un enorme valor histórico en la evolución civilizatoria, y su contenido tiene que concordarse con la Convención Americana, pero no es válido que sea utilizada circunstancialmente contra un estado al cual se le ha negado, incluso, rendir cuentas de su alejamiento o aproximación a los valores que en algún momento ratificó.
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.
[38] Ley de los Tribunales Populares, Ley No. 82 de 11-07-1997 (Asamblea Nacional del Poder Popular, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 8 de 14-07-1997). Establece la organización de los tribunales populares atemperándola a las reformas efectuadas a la Constitución de la República, establece que los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado; dispone la jurisdicción y competencia de los mismos en sus distintas instancias. Deroga la Ley 70/1990. En
http://www.gacetaoficial.cu/.
[41] Ley de Procedimiento Penal. De los Procedimientos Especiales. Título X. Procedimiento Sumarísimo. Artículos 479 y 480. En
http://www.gacetaoficial.cu.
[44] En Sentencia 11/2003 del Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana de fecha 8 de abril de 2003. PRIMER RESULTANDO. [45] Sobre las ocho personas restantes que participaron en el secuestro, la sentencia expresa que una de ellas tiene antecedentes penales y todas tienen mala conducta social. [46] En Sentencia 11/2003 del Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana de fecha 8 de abril de 2003. SEGUNDO RESULTANDO.
[49] Artículo 27: La sanción no tiene sólo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de la convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos, tanto por los propios sancionados como por otras personas. En Código Penal. TITULO VI. LAS SANCIONES. CAPITULO I. LOS FINES DE LA SANCIÓN [50]
Artículo 47(1): El tribunal fija la medida de la sanción, dentro de los límites establecidos por la ley, guiándose por la conciencia jurídica socialista y teniendo en cuenta, especialmente, el grado de peligro social del hecho, las circunstancias concurrentes en el mismo, tanto atenuantes como agravantes, y los móviles del inculpado, así como sus antecedentes, sus características individuales, su comportamiento con posterioridad a la ejecución del delito y sus posibilidades de enmienda. Código Penal. CAPITULO V. LA ADECUACION DE LA SANCION.
[51] En Sentencia 11/2003 del Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana de fecha 8 de abril de 2003. [52] Artículo 15(1): El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas. Ley de Tribunales Populares. En
Véase, por ejemplo, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99 (1 de octubre de 1999) “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, párrafo 136 (en que se concluye que "[s]iendo la ejecución de la pena de muerte una medida de carácter irreversible, exige del Estado el más estricto y riguroso respeto de las garantías judiciales, de modo a evitar una violación de éstas, que, a su vez, acarrearía una privación arbitraria de la vida"); CDH de las Naciones Unidas, Baboheram-Adhin y otros c/ Suriname, Comunicaciones Nos. 148-154/1983, adoptadas el 4 de abril de 1985, párrafo 14.3 (en que se concluye que la ley debe controlar y limitar rigurosamente las circunstancias en que una persona puede ser privada de su vida por las autoridades del Estado); Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado de conformidad con la Resolución 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos, La cuestión de la violación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en cualquier parte del Mundo, haciendo referencia particular a los Países Coloniales y Otros Territorios Dependientes, Doc. de las Naciones Unidas E/CN.4/1995/61 (14 de diciembre de 1994) (en adelante “Informe Ndiaye”), párrafo 378 (en que se subraya que en los casos capitales, es la aplicación de las normas de juicios imparciales a cada uno de los casos lo que debe garantizarse y, en caso de indicios en contrario, verificarse, de conformidad con la obligación del derecho internacional de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las alegaciones de violación del derecho a la vida).
[63] Artículo 480, Ley de Procedimiento Penal. De los Procedimientos Especiales. Título X. Procedimiento Sumarísimo. Artículos 479 y 480. En
Véase, análogamente, Garza, supra, párrafo 102. Véase, análogamente, Comisión Europea de DH, Jespers c/ Belgium, 27 D.R. 61 (1981) (en que se aplica el principio de igualdad de armas al momento de emitir sentencia).
[68] Véase, por ejemplo, Roach y Pinkerton, supra; Andrews,
supra; Garza, supra, párrafo 90.