Source: https://americanlawblog.wordpress.com/2018/07/02/resolucion-no-071-2018/
Timestamp: 2019-09-20 12:51:10
Document Index: 265351002

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 11', 'artículo 66', 'artículo 76', 'artículo 78', 'artículo 81', 'artículo 393', 'artículo 20', 'artículo 264', 'artículo 7', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7']

Resolución No. 071-2018 – American Law
Publicado el julio 2, 2018 Categorías Normativa relevante Junio 2018
Registro Oficial N° 270 – Martes 26 de junio de 2018
Registro Oficial N° 270
Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Consejo de la Judicatura, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. “;
Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros principios, consagra el principio de indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía de los derechos; garantiza a las personas los mismos derechos, deberes y oportunidades; reconoce la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos; y, establece la progresividad y no regresividad de los derechos;
Que los literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: “a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”;
Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los penales, se asegurará las garantías que integran el debido proceso, garantías de la defensa para la persona procesada y garantías para las víctimas;
Que el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado… “;
Que el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el establecimiento de procedimientos especiales por parte del Estado para garantizar los derechos de las víctimas de violencia: “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley”;
Que el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno “;
Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario “;
Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitucióny la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 5 de septiembre de 2014, mediante Resolución 172-2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, de 9 de octubre de 2014, resolvió: “EXPEDIR REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR:’;
Que los literales b) y d) del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: “Convención de Belén Do Para”, establece entre los deberes del Estado: “b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (…) d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”;
Que el numeral 1 del artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, prescribe: “La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”;
Que la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 175, de 5 de febrero de 2018, dispone: “Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las mujeres, dictarán la normativa secundaria y los protocolos necesarios para la aplicación y plena vigencia de esta Ley, dentro del ámbito de sus competencias, en el plazo máximo de 90 días contados desde la publicación del Reglamento General de esta Ley en el Registro Oficial. “;
Que los artículos 49 y 55 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalan que las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección serán las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y Tenencias Políticas. Estas medidas serán puestas en conocimiento de los órganos judiciales competentes para que sean ratificadas, modificadas o revocadas.
Que mediante Memorandos CJ-DNASJ-2018-0273-M, de 29 de mayo de 2018; y, su alcance CJ-DNASJ-2018-0275-M, de 31 de mayo de 2018, suscritos por el abogado Francisco Bonilla Soria, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, quien remite a la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el proyecto de resolución del “PROPUESTA DE RESOLUCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”;
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0116-MC, de 1 de junio de 2018, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para expedir el: “…Reglamento de actuaciones para la solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección en hechos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”; y,
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA LA SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Artículo 1.- Sin perjuicio de las formas de otorgamiento de medidas de protección determinadas en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuando de cualquier forma un hecho o acto de presunta violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar llegue a conocimiento de la Fiscalía General del Estado, se asignará de forma inmediata una o un agente fiscal, quien solicitará, a través del módulo de sorteos, a la o el juzgador competente, la adopción de una o varias medidas de protección y su correspondiente notificación.
Cuando existan problemas en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) como: intermitencia del sistema, pérdida del sistema o pérdida de energía eléctrica, la o el agente fiscal solicitará al juez o jueza competente una o varias medidas de protección a través de oficio físico. Este proceso será aplicado únicamente cuando no sea posible requerir las medidas mediante el módulo de sorteo.
Artículo 2.- En las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el juez, al avocar conocimiento de la denuncia, en su primer auto, concederá la medida de protección que corresponda al caso; en el mismo auto fijará día y hora de audiencia; y, dispondrá la notificación del contenido del auto a la parte agresora.
Por su parte, las Tenencias Políticas, Juntas Cantonales de Protección de Derechos y/o Comisarias Nacionales de Policía, solicitarán a la o el juez competente la ratificación, modificación o revocatoria, de las medidas administrativas de protección dispuestas por estos órganos.
Artículo 3.- Cuando los hechos que motivaron el otorgamiento de medidas administrativas de protección, constituyen o pueden constituir una infracción penal, la jueza o juez que tenga conocimiento, aplicará las normas correspondientes contenidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Artículo 4.- Una vez que la o el juzgador competente, avoque conocimiento del requerimiento, dispondrá de manera motivada e inmediata, a través del módulo de sorteos y sin necesidad de convocar a audiencia, la adopción, ratificación y/o modificación de una o más medidas de protección o medidas administrativas de protección, a favor de la víctima.
Para sustituir, revisar, revocar o suspender las medidas de protección contenidas en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las y los juzgadores competentes podrán, de oficio o a petición de parte, realizar audiencia conforme las reglas descritas en el reglamento de la ley.
Artículo 5.- De conformidad con las reglas descritas en los artículos 520 y 521 del Código Orgánico Integral Penal, el fiscal o el defensor público o privado podrá, en audiencia, solicitar al juzgador sustituir, revisar, revocar o suspender las medidas de protección contenidas en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el Código Orgánico Integral Penal.
Artículo 6.- La o el servidor encargado del registro de las actuaciones, tanto del Fiscal, Teniente Político, miembros de la Junta o Comisario Nacional, sentará razón respecto de las medidas de protección y la medida administrativa de protección dictada, ratificada, modificada o revocada por el juzgador.
Artículo 7.- La o el juzgador dispondrá que la o las medidas de protección y medidas administrativas inmediatas de protección se notifiquen a la o el presunto infractor a través de los agentes de la Policía Nacional, quienes mediante el respectivo parte policial comunicarán, a través del módulo de casilleros electrónicos, el cumplimiento de la notificación debiendo el secretario de la Unidad Judicial incorporarlo al proceso y registrar dicha notificación en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), para los fines legales establecidos en los artículos 542 y 643 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal.
El seguimiento y notificación de las medidas administrativas de protección, previos a la ratificación o modificación por parte de la o el juzgador, estará a cargo de la autoridad que emitió la medida, es decir, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas o Comisarías Nacionales de Policía.
ÚNICA.- Este reglamento debe ser cumplido por las o los fiscales que conozcan hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; y, las o los juzgadores competentes quienes reciben los requerimientos de adopción, ratificación, modificación, sustitución, revisión o revocatoria de medidas de protección y medidas administrativas de protección.
ÚNICA.- Derogar la Resolución 172-2014, de 5 de septiembre 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, de 9 de octubre de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: “EXPEDIR REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR:’.
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia; Fiscalía General del Estado; y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia el 1 de agosto de 2018, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de junio de dos mil dieciocho.
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el cuatro de junio de dos mil dieciocho.