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Timestamp: 2020-08-07 15:42:56
Document Index: 73153104

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 27', 'Artículo 3', 'artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 6', 'artículo 10']

LEY 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. | Col·legi de Notaris de Catalunya
4618 LEY 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
La aprobación de una Ley que contenga los derechos y garantías de los contribuyentes, ampliamente demandada por todos los sectores sociales, constituye un hito de innegable trascendencia en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica característico de las sociedades democráticas más avanzadas. Permito, además, profundizar en la idea de equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración tributaria y de los contribuyentes, con la finalidad de favorecer un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones de éstos.
Ahora bien, los derechos y garantías que esta Ley explicita no son sino la contrapartida de las obligaciones que sobre los contribuyentes pesan derivadas de la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución. La presente Ley, que recoge en un solo cuerpo normativo los principales derechos y garantías de los contribuyentes, no hace referencia alguna, sin embargo, a las obligaciones tributarias, ya que estas aparecen debidamente establecidas en los correspondientes textos legales y reglamentarios. La regulación en un texto legal único dotará a los derechos y garantías en él recogidos de mayor fuerza y eficacia y permitirá la generalización de su aplicación al conjunto de las Administraciones tributarias, sin perjuicio de su posible integración en un momento ulterior en la Ley General Tributaria en cuanto que constituye el eje vertebrador del ordenamiento tributario.
La presente Ley introduce en algunos preceptos modificaciones esenciales en el ordenamiento jurídico vigente y en otros reproduce los principios básicos que deben presidir la actuación de la Administración tributaria en los diferentes procedimientos. Por ello, junto a la importante reforma que esta Ley representa, debe destacarse, asimismo, su carácter programático, en cuanto que constituye una declaración de principios de aplicación general en el conjunto del sistema tributario, con el fin de mejorar sustancialmente la posición jurídica del contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio en las relaciones de la Administración con los administrados y de reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario.
La incorporación al ordenamiento tributario del conjunto de derechos básicos del ciudadano reconocidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
La imposición de sanciones tributarias mediante un expediente distinto e independiente del instruido para la comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor.
*****De acuerdo con lo anterior, la presente Ley se estructura en ocho capítulos en los que se ordenan desde la perspectiva del contribuyente sus derechos y garantías más relevantes, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y seis disposiciones finales.
En este contexto, el capítulo IV recoge los derechos de los contribuyentes enunciados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con su adaptación a las peculiaridades de los procedimientos tributarios, así como los demás derechos generales de los contribuyentes en dichos procedimientos, tales como la obligación de la Administración tributaria de resolver las cuestiones planteadas, el derecho a presentar alegaciones y al trámite de audiencia. los plazos en que deben resolverse los procedimientos tributarios y los plazos de prescripción.
1) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.
Artículo 4. Normativa tributario.
1. La Administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia o información acerca de sus derechos.
1. Los contribuyentes podrán formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respeto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. La Administración tributaria deberá contestar por escrito las consultas así formuladas.
Los contribuyentes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos o gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados.
La Administración tributaria facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
Artículo 27. Información al inicio de las actuaciones de comprobación o investigación.
Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al inicio de las actuaciones de comprobación a investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
1. Todo contribuyente que está siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán 1as dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.
Artículo 3l. Procedimiento de apremio.
4. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularan ambos recursos o reclamaciones.
Disposición adicional única. Referencias a la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
Las referencias contenidas en la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas; en la Ley 14/1996. de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, y en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, relativas a la aplicación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se entenderán realizadas también a la presente Ley.
Disposición transitoria única. Procedimientos tributarios.
Disposición final primera. Modificación de determinados artículos de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
«La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad. progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.»
2. Se da nueva redacción a los apartados 3 y 4 del artículo 81 de la Ley 230/1963. de 28 de diciembre, General Tributaria. Se suprime el apartado 6 de este mismo precepto, que pasa a ser el 5, todo ello conforme a la siguiente redacción:
Artículo 81. apartados 3, 4 y 5.
«3. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativos que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Disposición final segunda. Procedimiento económico-administrativo.
Dos. Artículo 6. apartado 1.
b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo anterior, cuando la cuantía de la reclamación sea superior al valor que se fije reglamentariamente. »
Disposición final tercera. Cuantía en las reclamaciones económico-administrativas.
Con efectos para las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las cuantías a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 391/1196, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, quedan fijadas en 25.000.000 y 300.000.000 de pesetas, respectivamente.
Disposición final cuarta. Cuenta corriente tributaria.
JOSÉ MARIA AZNAR LÓPEZ.