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Timestamp: 2017-06-25 19:04:30
Document Index: 191657025

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 36', 'Artículo 228', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 84', 'Artículo 84']

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[Sentencia T-0256-12] – Pensión de Vejez
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Sentencia T-256/12
Referencia: expediente T-3274644.
Acción de tutela promovida mediante apoderado por Ana Luz Cotacio Maje, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otros.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA. Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012).
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida mediante apoderado por Ana Luz Cotacio Maje, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS.
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; la Sala de Selección N° 11 lo eligió para revisión en noviembre 30 de 2011.
Ana Luz Cotacio Maje promovió acción de tutela en agosto 12 de 2011, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y otros, aduciendo violación de sus derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y “de las personas de la tercera edad”, por los hechos relatados a continuación.
l. Ana Luz Cotacio Maje nació en enero 29 de 1940 (72 años de edad en la actualidad), que en enero 29 de 1995 cumplió 55 años y, con ello, uno de los requisitos para obtener pensión de vejez.
2. Aseveró el apoderado que “según historia laboral de fecha 22 de junio de 2011” su asistida tiene 1134.29 semanas de cotización, por lo cual presentó solicitud de pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS (f. 2 cd. inicial).
Sin embargo, el ISS mediante Resolución N° 021858 de mayo 27 de 2008, negó la pensión argumentando que la actora “solo ha cotizado un total de 993 semanas” (f. 3 ib.); por esto, ella interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación contra dicha Resolución.
3. En vista de lo anterior, la señora Ana Luz Cotacio Maje incoó un proceso laboral ordinario contra el ISS, a fin de logar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, dentro del cual se emitió, en primera instancia, la sentencia de junio 11 de 2010, dictada por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, argumentando que las semanas cotizadas ascienden “a un total de 740 semanas, tal como lo afirma la pasiva mediante resolución N° 010601 obrantes en folios 11 a 13, donde se tiene que el actor (sic) no alcanzó el cumplimiento de las 1.000 semanas exigidas por ley…” (f. 3 ib.).
Consideró la actora que dicho Juzgado Laboral “no apreció el reporte de semanas cotizadas que fue allegado como prueba documental con la que se acreditaba 1.023 semanas, omitiendo la valoración del medio probatorio que resultaba determinante para el reconocimiento de la pensión de vejez” (f. 3 ib.).
4. Al decidir el recurso de apelación interpuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá profirió la sentencia de mayo 31 de 2011, confirmatoria de la decisión del a quo, argumentando que “como del material de prueba arrimado oportunamente al proceso, no es posible establecer el cumplimiento de las semanas mínimas requeridas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para otorgarle la pensión de vejez a la demandante, se deberá confirmar la decisión pero por las razones expuestas; agregando al punto, que aunque la parte pasiva radicó prueba documental de la historia laboral completa de la activa, conforme aparece a folios 41 a 119 del expediente, tal informativo fue incorporado luego de la decisión de primera instancia, pues dicha decisión se profirió el 11 de junio del 2010, mientras que la parte demandada radicó dicho material, el 15 de junio del mismo año…” (f. 62 ib.).
9. Señaló el apoderado que los despachos judiciales accionados incurrieron en “vía de hecho por defecto fáctico por la omisión de consideración del medio probatorio aportado al proceso ordinario y al trámite administrativo de reconocimiento de pensión de vejez” (f. 4 ib.). 10. También afirmó que la señora Ana Luz Cotacio Maje es madre de Kelber Tapias Cotacio, quien se encuentra en condición de discapacidad, determinada por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez; además, la actora no tiene los recursos económicos necesarios para su manutención y la de su hijo, por lo cual considera que se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, entre otros, al negársele el reconocimiento de la pensión de vejez, aún cuando estima cumplidos los requisitos del artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990 y del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, Ana Luz Cotacio Maje solicitó amparar sus derechos fundamentales, con revocación de las decisiones proferidas por el Juzgado 3° Laboral del Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior, ambos de Bogotá, para que se ordene al ISS reconocer y pagar su pensión de vejez.
B. Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente. 1. Declaración extrajuicio rendida en junio 20 de 2011 por Ana Luz Cotacio Maje en la Notaría Sexta del Circuito de Bogotá, en la cual expresó que es una persona de la tercera edad, “casada, pero separada de hecho hace más de veintiséis años”, que carece de recursos económicos para su manutención y que tiene un “hijo discapacitado con ataques de epilepsia” (f. 18 ib.).
2. Poder otorgado a un abogado, por la señora Ana Luz Cotacio Maje (f. 19 ib.). 3. Cédula de ciudadanía de Ana Luz Cotacio Maje (f. 20 ib.).
4. Historia laboral del ISS, reportada por internet en junio 17 de 2010, donde consta que la actora tiene 1095.43 semanas cotizadas (fs. 21 a 26 ib.). 5. Historia laboral del ISS, reportada por internet en julio 15 de 2010, donde consta que la accionante cuenta con 1099.71 semanas cotizadas (fs. 27 a 34 ib.). 6. Historia laboral del ISS, reportada por internet en junio 22 de 2011, con la anotación de 1.134.29 semanas cotizadas por la peticionaria (fs. 35 a 43 ib.). 7. Resolución N° 010601 de marzo 16 de 2009, por medio de la cual el ISS resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución N° 021858 de mayo 27 de 2008, que negó la pensión de vejez solicitada (fs. 44 y 46 ib.). 8. Fallo de primera instancia emitido en junio 11 de 2010, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario incoado por Ana Luz Cotacio Maje contra el ISS (fs. 47 a 55 ib.).
9. Fallo de segunda instancia dictado en mayo 31 de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de dicho proceso ordinario (fs. 56 a 63 ib.).
10. Impugnación interpuesta por el apoderado de la actora dentro del proceso laboral ordinario seguido contra el ISS (fs. 64 a 66 ib.). 11. Registro civil de nacimiento de Kelber Tapias Cotacio, donde consta que su madre es Ana Luz Cotacio Maje (f. 67 ib.).
12. Cédula ciudadanía del Kelber Tapias Cotacio (f. 68 ib.).
13. Formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de Kelber Tapias Cotacio, que certifica su PCL en 60 % (f. 69 y 70 ib.). II. ACTUACIÓN PROCESAL. La Sala de Casación Laboral, mediante auto de agosto 18 de 2011, avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado a los accionados para que en el término de un día, a partir de la notificación de dicha providencia, rindieran informe sobre los hechos narrados, sin que se hubiera allegado respuesta.
En fallo de agosto 30 de 2011, la Sala de Casación Laboral negó la tutela, “toda vez que contra la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, y que se pretende dejar sin efecto por esta vía, la peticionaria tuvo la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación, medio de defensa del que no hizo uso, renunciando así a la oportunidad que el juez natural se pronunciara sobre sus pretensiones” (f. 14 cd. 2).
El apoderado de la actora impugnó la sentencia, al discrepar de la consideración en torno a la necesidad de interponer el recurso extraordinario de casación en este caso, pues consideró que no se tuvo en cuenta las especiales circunstancias en que la señora Ana Luz Cotacio Maje se encuentra, respecto de su avanzada edad, la responsabilidad ante su hijo con discapacidad y la afectación a su mínimo vital, todo lo cual es sustentado con citas de jurisprudencia constitucional.
El ISS, a través de apoderado, ejerció tardíamente su derecho de defensa indicando principalmente que la acción de tutela contra sentencias judiciales es excepcional y sólo procede cuando el juez “ha incurrido en una vía de hecho y cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial para la protección del derecho fundamental” (f. 30 cd. 2), supuestos que, consideró, no se presentaron en el caso de autos.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de octubre 19 de 2011, confirmó la decisión estimando, inter alia, que la acción de tutela no prospera por haberse equivocado la parte actora de escenario, “al pretender crear una tercera instancia en dónde plantear alternativamente controversia sobre los puntos objeto de disentimiento” (f. 7 cd. 3).
D. Pruebas ordenadas en sede de Revisión.
Mediante auto de marzo 8 de 2012 (f. 11 cd. Corte), pidió en préstamo al Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, el expediente con radicación 11001-31-05-003-2009-0812-01, contentivo del proceso laboral ordinario promovido por Ana Luz Cotacio Maje contra el ISS, el cual fue recibido en la Secretaría General de esta corporación en marzo 15 de 2012. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Debe esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y “de las personas de la tercera edad” de la señora Ana Luz Cotacio Maje, fueron vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado 3° Laboral del Circuito, ambos de Bogotá, al no concederle la pensión de vejez de acuerdo a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo N° 049 de 1990.
Para ello, serán analizados los siguientes temas: (i) la improcedencia, en general, de la acción de tutela para confutar decisiones judiciales; (ii) el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial; (iii) el derecho a la seguridad social en materia pensional y la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar una pensión de vejez; (iv) finalmente, será decidido el caso concreto.
Cuarta. Derecho al debido proceso y prevalencia del derecho sustancial. Son varios los principios que rigen el derecho procesal laboral en Colombia, dentro de los cuales se pueden nombrar la gratuidad, la oralidad y publicidad, el impulso procesal de oficio o poder inquisitivo, la concentración de pruebas, la inmediación, la libre apreciación de las pruebas, la facultad de fallar extra y ultra petita, la lealtad procesal y la libertad en las formas procesales, entre otros. Como es sabido, estos principios tienen la virtualidad de ser usados transversalmente dentro de toda actuación judicial, debiendo ser armonizados con las normas que rigen cada caso particular, por lo cual se impone al juez la obligación de aplicarlos.
Así mismo, el procedimiento laboral, como los demás que existen en el ordenamiento jurídico colombiano, se rigen por preceptos constitucionales, entre otros, los artículos 29 y 228 superiores (no está en negrilla en el texto original):
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio…”
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Así, se deduce de estas máximas fundamentales que los procedimientos y formas están consagrados como medios o herramientas para encauzar la materialización de los derechos sustanciales, dentro de una vía preestablecida y recorrida de manera justa, equitativa y respetuosa, que enriquezca la legitimidad de la decisión tomada.
La aparente tensión que pudiera generarse entre el respeto a las formalidades procesales y la primacía del derecho sustancial, encuentra solución “en la concepción de las formas procedimentales como un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no como fines en sí mismas”. Esta corporación, de acuerdo con lo precedente, ha dispuesto: “El derecho de acceso a la administración de justicia aparece, ciertamente, como el derecho formal a acceder a la justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en la mayor medida posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado. Así, una violación del derecho a acceder a la administración de justicia se presenta no sólo cuando al actor se le dificulta o imposibilita tal acceso, sino también cuando la administración de justicia le permite acceder, pero no evalúa sus pretensiones o las evalúa tan sólo en apariencia, pues acaba tomando en realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros derechos fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión diferente con fundamento en una interpretación orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales.”
No obstante que, como regla general, existe violación al debido proceso cuando son desconocidas las formas del juicio previamente establecidas, esta Corte ha encontrado que también puede producirse cuando el juzgador obstaculiza la efectividad de los derechos fundamentales, o los sacrifica por la aplicación irrestricta de las formas del proceso.
Quinta. El derecho a la seguridad social en materia pensional y la procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Reiteración de jurisprudencia. 5.1. Son varias las normas constitucionales que reconocen la gran importancia del derecho a la seguridad social, al cual se le atribuye una doble dimensión, como servicio público obligatorio, “que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley” (art. 48 Const.) y como derecho irrenunciable (art. 53 ib.).
A partir de estos principios constitucionales, el legislador ha desarrollado un amplio y comprehensivo marco legal, que garantiza el ejercicio efectivo de este derecho. Bajo la vigencia de la actual Constitución Política, el estatuto de mayor importancia en relación con el tema de la seguridad social ha sido la Ley 100 de 1993, que trazó los objetivos generales del Sistema General de Seguridad Social y estableció las instituciones que lo componen, incluyendo lo relativo a quiénes lo integran, cuáles son las prestaciones y riesgos a precaver, además de la población destinataria de los cubrimientos y los requisitos a cumplir para acceder a los mismos. La preceptiva reseñada tomó también las necesarias previsiones jurídicas relativas a las prestaciones que se venían reconociendo conforme a lo establecido en disposiciones anteriores a su vigencia, con el fin de procurar la continuidad y el respeto de los derechos adquiridos.
Respecto a la protección de seguridad social en pensiones, esta Corte en sentencia T-968 de noviembre 23 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló:
Es por eso que la importancia del reconocimiento del derecho pensional, radica no solo en la inescindible relación existente entre la mesada pensional y el mínimo vital, de aquellas personas que al solicitar el reconocimiento de dicha prestación han terminado sus vinculaciones laborales y requieren un ingreso fijo para su sostenimiento, sino también en el derecho que tiene el trabajador de retirarse a descansar, con la seguridad de que podrá continuar percibiendo una suma de dinero que se ajuste a lo cotizado durante todo su desempeño laboral y que le permita mantener su nivel de vida en condiciones dignas.
5.2. En concordancia con el artículo 86 superior, la acción de tutela es una vía judicial que tiene toda persona para procurar la protección de sus derechos fundamentales, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Acercando dichos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, al pago de prestaciones económicas pensionales por esta vía, pueden identificarse las siguientes reglas jurisprudenciales:
(i) Que no exista otro medio idóneo de defensa judicial, aclarando que “la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada”. La idoneidad debe ser verificada por el juez constitucional en cada caso concreto, preguntándose si las acciones disponibles protegen eficazmente los derechos fundamentales de quien invoca la tutela, ya sea como mecanismo transitorio o no.
(iv) Que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, sin que ello se encuentre plenamente demostrado, exista un alto grado de certeza respecto de la procedencia de la solicitud.
(v) Que a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.
Consiguientemente, para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por vía de tutela el juez debe efectuar un estudio de procedencia, si bien estricto, que mantenga racionalidad con la concepción de derecho fundamental que tiene la seguridad social y con el precedente jurisprudencial expuesto, debido a que la improcedencia tutelar en materia pensional, no es absoluta.
6.1. A través de apoderado, Ana Luz Cotacio Maje promovió acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma cuidad, aduciendo violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y “de las personas de la tercera edad”, ya que los referidos despachos judiciales negaron el reconocimiento de su pensión de vejez, aún cuando cumplía los requisitos exigidos.
Las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral fueron acusadas de vulnerar los derechos fundamentales, al no apreciar la prueba aportada inoportunamente por el ente demandado, que era determinante para la verificación de los requisitos, ya que se trataba de la historia laboral completa de Ana Luz Cotacio Maje; reprochándose además, el hecho de no tener en cuenta las especiales circunstancias de la actora en razón de su avanzada edad, su estado de salud y la persona a cargo que tiene.
6.2. Debe examinar esta Sala de Revisión si en este caso concreto existe la excepcional posibilidad de que una acción de tutela proceda contra sentencia judicial en firme. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, recuérdese que el amparo constitucional emerge de una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento, garantía y realidad de los derechos fundamentales. En consecuencia, la cuestión a determinar es si la aludida Sala Laboral y el Juzgado, con sus actuaciones judiciales, evadieron la verificación del cumplimiento de garantías constitucionales que, dando aplicación al artículo 29 de la carta política y a los principios referidos ut supra, traídos al caso concreto protegerían a la señora Ana Luz Cotacio Maje.
6.2.1. Así, la sentencia dictada en junio 11 de 2011, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones, centró su decisión en el incumplimiento de los requisitos, pues las “semanas cotizadas asciende a un total de 740 semanas, tal como lo afirma la pasiva mediante resolución N° 010601 obrantes en folios 11 a 13, donde se tiene que el actor (sic) no alcanzó el cumplimiento de las 1.000 semanas exigidas por ley…” (f. 3 cd. inicial).
Al respecto, ha de indicarse que después de observar el expediente del proceso laboral ordinario, se evidenció que el apoderado de la actora aportó fotocopias simples de una parte de la historia laboral de la señora Cotacio Maje, en las cuales se aprecian cotizaciones entre 1995 y 2007 (fs. 14 a 18 cd. inicial del proceso ordinario), razón por la cual, aún si el Juzgado 3° hubiere valorado dicha prueba, no se acreditaron las semanas requeridas, no encontrando desmedida la argumentación dada.
Sin embargo, el mismo apoderado solicitó en el escrito de demanda, pruebas “en poder de la demandada” requiriéndole al ISS allegar al proceso “todas las pruebas documentales que contenga en sus archivos y que competan a la litis” (f. 5 ib.). En la contestación de la demanda, el apoderado del ISS no aportó las pruebas solicitadas; empero, requirió del juez un oficio dirigido a la entidad que él representa, para que “se remita la historia laboral y el expediente administrativo del demandante (sic) ANA LUZ COTACIO MAJE”.
Ante ello, el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá en audiencia de conciliación celebrada en abril 20 de 2010, decretó las pruebas pedidas por ambas partes, aclarando que no se librará el oficio pedido por el apoderado del ISS; en su lugar, lo requirió para que “a más tardar en la próxima audiencia allegue el expediente administrativo de la demandante”.
Las pruebas solicitadas y decretadas en la primera instancia fueron aportadas por el ISS en junio 15 de 2011, esto es, como bien lo relató el Tribunal Superior, cuatro días después de dictada la sentencia del referido Juzgado 3° Laboral. 6.2.2. Con todo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá profirió la sentencia de mayo 31 de 2011, confirmatoria de la decisión, argumentando que “como del material de prueba arrimado oportunamente al proceso, no es posible establecer el cumplimiento de las semanas mínimas requeridas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para otorgarle la pensión de vejez a la demandante, se deberá confirmar la decisión pero por las razones expuestas; agregando al punto, que aunque la parte pasiva radicó prueba documental de la historia laboral completa de la activa, conforme aparece a folios 41 a 119 del expediente, tal informativo fue incorporado luego de la decisión de primera instancia, pues dicha decisión se profirió el 11 de junio del 2010, mientras que la parte demandada radicó dicho material, el 15 de junio del mismo año…” (no está en negrilla en el texto original, f. 62 ib.).
6.3. Encuentra esta Sala de Revisión que esa argumentación del Tribunal Superior sí vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y del poder inquisitivo u oficioso del juez laboral, entre otros, por las siguientes razones.
En primer lugar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no dio aplicación al artículo 84 del Código de Procedimiento Laboral, que dispone:
“Artículo 84: Consideración de pruebas agregadas inoportunamente. Las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta.” (No está en negrilla en el texto original.)
De esta manera, al corroborarse que las pruebas allegadas inoportunamente por el ISS al proceso ordinario, fueron pedidas y decretadas al interior del trámite surtido en el despacho de primera instancia, se hace evidente y grave la omisión del órgano colegiado, ya que tenía la herramienta procesal precisa para considerar y apreciar la historia laboral completa en copias auténticas, y no lo realizó, fundando su decisión en contra del derecho al debido proceso.
En segundo lugar, con dicha actuación, el Tribunal Superior pretermitió la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, de rango constitucional, pues conculcó los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria, basado en un formalismo exagerado e ilegal.
Como tercer punto, el referido órgano colegiado no irradió sobre su actuación la luz de los principios del procedimiento laboral, pues no ejerció su poder inquisitivo, ni apreció a cabalidad las pruebas obrantes en el expediente, eligiendo un camino argumentativo desconocedor de la verdad real que, ciertamente, contraviene el Código Procesal y la Constitución. 6.4. Efectivamente en este caso, de manera excepcionalísima, la tutela entraría a proteger inexorables postulados constitucionales, que emanan principalmente de la aplicación de las normas procesales y de los ya mencionados principios que operan en materia laboral, específicamente para proteger los derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.
6.5. Ahora bien, respecto del argumento de las instancias que conocieron de la acción de tutela, con respecto a la interposición del recurso extraordinario de casación, cabe advertir, a partir de lo relatado, que la existencia formal de medios de defensa judicial, sobre todo cuando no es claro que procedan, no necesariamente impide que se acuda al mecanismo tutelar, debiendo ser examinadas las particulares circunstancias del caso, en cuanto a que las vías comunes resulten expeditas y oportunas, con especial atención a, por ejemplo, si se trata de proteger derechos fundamentales de una persona de avanzada edad (72 años para el caso), que superó la expectativa promedio de vida indicada por el DANE, teniendo además a su cargo un hijo con discapacidad por PCL de 60%, que ostensiblemente requiere del reconocimiento y pago de su pensión de vejez para la manutención digna de su núcleo familiar.
Claro aparece entonces, en el presente asunto, que no se puede hacer prevalecer un procedimiento de incierta procedencia y de suyo lento, costoso y de perentorios términos, por encima de derechos sustanciales de elevado rango constitucional. 6.6. Una vez establecida positivamente la procedencia de la presente acción, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Para ello, se hizo referencia en esta sentencia a las reglas jurisprudenciales que lo permiten.
6.6.1. Ante la exigencia de que no exista un medio idóneo de defensa judicial, se entiende que la actora ya agotó los procedimientos ordinarios dispuestos en primera medida para ello, resultando los mismos ineficaces. Igualmente, ha de recordarse que se descartó la exigencia de la interposición del recurso de casación en este caso concreto, por la incertidumbre de su procedencia, ascendiendo la pensión aspirada a un salario mínimo legal mensual (cfr. fs. 28 a 34 cd. inicial).
Además, la acción de tutela incoada por la señora Cotacio Maje está efectivamente encaminada a evitar la consumación de un perjuicio irremediable, por la evidente afectación a derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital, ya que la ausencia de un medio de subsistencia para ella y su hijo en condición de discapacidad, resulta palmariamente lesivo.
Ahora bien, respecto del cumplimiento de los requisitos legales para obtener la anhelada prestación, se evidenció que a folios 48 a 55 del cuaderno inicial del expediente del proceso ordinario laboral, se encuentra la historia laboral completa de la peticionaria, en copia auténtica, impresa por el ISS en octubre 16 de 2008, en la cual se constata:
Semanas cotizadas al ISS
1970 a 1994
La accionante aportó además el reporte actualizado de semanas cotizadas al ISS, impreso en junio 17 de 2010, visible a folio 24 del cuaderno inicial del expediente de tutela, en el cual se indica que el total de semanas cotizadas por Ana Luz Cotacio Maje es 1095.43. Ambos documentos son prueba idónea para establecer el requisito de semanas, evidentemente cumplido. Conjuntamente, la accionante probó que tiene 72 años de edad, con su cédula de ciudadanía (f. 20 ib.) y que tiene a su cargo un hijo discapacitado (fs. 69 y 70 ib.). 6.6.2. Ante este comprobado panorama, se aprecia que la accionante desde 2008, cuando realizó su primera solicitud de pensión de vejez al ISS, cumplía los requisitos, y ha sobrellevado incidencias administrativas y judiciales, que no encajan dentro de lo que es propio de un Estado social de derecho, por lo cual seguirla sometiendo al lento albur de nuevas decisiones administrativas o judiciales, estando acreditado plenamente su derecho, resulta abiertamente desproporcionado.
En tal virtud, será revocado el fallo proferido en octubre 19 de 2011 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado en agosto 30 del mismo año por la Sala Laboral de esa corporación, negando el amparo pedido en la acción de tutela incoada por la señora Ana Luz Cotacio Maje contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma ciudad.
En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la demandante y, en consecuencia, se dispondrá dejar sin efectos el fallo dictado en mayo 31 de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que en su momento confirmó el proferido en junio 11 del mismo año, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de esta ciudad, en el proceso laboral ordinario iniciado por la señora Ana Luz Cotacio Maje contra el ISS, cuando le fue negado el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Así mismo, se ordenará al ISS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, expida resolución de reconocimiento de la pensión de vejez y empiece a pagarla dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, con la periodicidad debida a favor de la señora Ana Luz Cotacio Maje, a quien además dentro de igual término le serán cubiertas las mesadas correspondientes a los tres (3) últimos años.
Primero: REVOCAR el fallo proferido en octubre 19 de 2011 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado en agosto 30 del mismo año por la Sala Laboral de dicha corporación, que negó el amparo pedido dentro de la acción de tutela incoada, mediante apoderado, por Ana Luz Cotacio Maje, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de esta ciudad. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la demandante.
Segundo: En consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada en mayo 31 de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que en su momento confirmó la proferida en junio 11 del mismo año, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso laboral ordinario iniciado por Ana Luz Cotacio Maje contra el ISS, donde le fue negado el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
Tercero: Así mismo, se dispone ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, expida resolución de reconocimiento de la pensión de vejez y empiece a pagarla dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, con la periodicidad debida a favor de la señora Ana Luz Cotacio Maje, a quien además, dentro de igual término, el ISS le cubrirá las mesadas correspondientes a los tres (3) últimos años.