Source: https://www.scribd.com/doc/137144034/Ius-Puniendi-Fijacion-de-Lineamientos-de-Las-Politicas-Criminales
Timestamp: 2016-10-27 18:47:07
Document Index: 314455783

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'artículo 450', 'artículo 10', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 450', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 241', 'artículo 93', 'artículo 150', 'artículo 77', 'artículo 10', 'artículo 450', 'artículo 10', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 450', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicExpediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 2No resultarían Sentencia C-762/02 contrarias a la Constitución Política, ni las restricciones y limitaciones que en ejercicio del ius puniendi puedan imponerse a los derechos IUS PUNIENDI fundamentales -Titularidad y a sus presupuestos /POLITICA CRIMINAL de aplicación, ni -Fijación los de tratamientos lineamientos diferenciales que surjan con ocasión de la regulación penal, siempre que por su intermedio no se desconozca el núcleo esencial de tales Conforme derechos, lo y las enseña medidas la jurisprudencia que se adopten de esta en torno Corporación, a la disminución el Estado, de su como titular del ius efectividad sean puniendi, en todo escaso el llamado razonables a fijarylos proporcionales lineamientosal de fin laperseguido política que el por en legislador. materia criminal Por esta ha razón, de aplicarse lo ha destacado para posibilitar la jurisprudencia, la convivencia el control pacífica de constitucionalidad en sociedad y en para lo atinente asegurar a la defensa libertad de de configuración los valores, derechos política del y garantías ciudadanas, legislador es más un control tomando de límites, como referente con el que válido se busca las circunstancias evitar los excesos históricas en que éste del pueda momento incurrir y las al diversas ejercer su situaciones competencia de orden regulatoria coyuntural en materia que se generan al interior de la comunidad, atribuibles a una dinámica social, punitiva. política, económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución. SECUESTRO -Delito atroz y abominable /TERRORISMO -Delito atroz POLITICA y abominable CRIMINAL /EXTORSION -Regulación -Delito atroz y desarrollo y abominable por el legislador De acuerdo FUGA DE a laPRESOS estructura -Modalidad de nuestroculposa sistemaen jurídico, servidor el desarrollo público a cargo de la de política vigilancia criminal /FUGA del Estado DE PRESOS se lleva a cabo “a -Excepción través del procedimiento a carácter democrático sancionatorio de adopción /FUGA DE de las PRESOS leyes”,EN porDELITOS lo que debe DEentenderse GENOCIDIO, que su definición SECUESTRO, y regulación TERRORISMO corresponde Y exclusivamente OTROS al -Pena Congreso de prisión de la para República servidor quien, público cona la cargo colaboración de vigilancia del gobierno y de otras autoridades públicas, le atribuye fuerza vinculante en atención a una filosofía punitiva preestablecida. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PODER PUNITIVO DEL ESTADO -Establecimiento de tratamientos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN diferenciales POLITICA CRIMINAL -Alcance Mientras el legislador actúe dentro del marco de la Constitución Política y adopte DERECHO medidas que PENAL en forma - Ultima razonable ratio y proporcional interpreten las realidades sociales y las necesidades más urgentes de la población, en ejercicio LIBERTAD de su potestad DE CONFIGURACION de configuraciónLEGISLATIVA política está facultado EN para desarrollar POLITICA el poder CRIMINAL punitivo del -Límites Estado y, en su nombre, para establecer tratamientos diferenciales respecto de las conductas punibles y de las penas En la que les medida debenen ser que aplicables, el propiopudiendo constituyente -en relación se ha ocupado con estas deúltimasincorporar al ordenamiento aumentarlas y constitucional disminuirlas o valores, agravarlas principios, y atenuarlas reglas, depostulados acuerdo con y las presupuestos -de circunstancias históricas contenido imperantes. sustancial y procedimental-, que se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y comportan una garantía para FUGA el ejercicio DE PRESOS legítimo de EN los DELITOS mismos,DE el margen SECUESTRO, de autonomía o discrecionalidad EXTORSION reconocida Y TERRORISMO al legislador, -Prisión en particular para modalidad para ejercer culposa el poder a punitivo servidor del Estado, públicono a cargo es delde todo vigilancia absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta Política, IMPUNIDAD los cuales-Alto a su grado vez se convierten /SISTEMA en DE criterios INVESTIGACION de obligatoria Y observancia JUZGAMIENTO dentro del-Deficiencias proceso de adopción /FUGA DE de PRESOS la legislación penal. -Servidores públicos a cargo de vigilancia, custodia o conducción LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL TERRORISMO -Tratamiento -Restricciones represivo más de derechos severo /SECUESTRO Tratamiento represivo más severo /EXTORSION -Tratamiento LIBERTAD represivo más DEsevero CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL -Establecimiento de tratamientos diferenciales FUGA DE PRESOS /LIBERTAD -Mayor DE CONFIGURACION compromiso en cuidado LEGISLATIVA para delitos ENmayor de POLITICA impacto CRIMINAL y daño a la-Control comunidad de límites
Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 3
FUGA DE PRESOS EN DELITOS MENORES Y EN DELITOS ATROCES -Distinción respecto de servidor público encargado de vigilancia PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA temática COSA JU ZG AD A M ATERI AL-Alcance La cosa juzgada material, lo ha dicho la jurisprudencia, tiene lugar “cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su texto o contenido resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación”. Entendida en esos términos, hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada material sólo en los casos en que existe una identidad del contenido normativo de los distintos preceptos jurídicos, sin que nada tenga que ver en la adopción de tal determinación, el hecho de que se presenten semejanzas o coincidencias entre el problema jurídico planteado y el que fue objeto de pronunciamiento previo. BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES EN POLITICA CRIMINAL -Competencia legislativa BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALESInclusión o exclusión guarda relación con duración de la pena privativa de la libertad BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES exclusión -Finalidad de la -Conexidad lógica y
Sin tener por qué afectar, comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden institucional. SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD -Ratio decidendi
BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES -Finalidad de la eliminación ante peores manifestaciones delictivas /BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES EN DELITOS ATROCES -Exclusión No cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados penales responde al diseño de una política criminal que, interpretando la realidad del país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico una
Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 4
amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues la pena, que “constituye lo justo, es decir, lo que se merece”, pierde su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal. BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES EN DELITOS DE TERRORISMO, SECUESTRO Y EXTORSION -Exclusión DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD existencia de un cargo INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL estructuración de un verdadero cargo -Requisitos mínimos -Elementos para la -No
Referencia: expediente D-3972 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10°, 11 y 14 de la Ley 733 de 2002. Actor: Oscar Emilio Silva Duque. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2002). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
I. ANTECEDENTES El ciudadano Oscar Emilio Silva Duque, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 10°, 11 y 14 de la Ley 733 de 2002, “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones .”
y conexos. secuestro.. custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga. conforme a su publicación en el Diario Oficial número 44. extorsión. y se expiden otras disposiciones.693 de 31 de enero de 2002. ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal. se transcriben los textos de las disposiciones acusadas. ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena. corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para lo de su competencia. secuestro Extorsivo.
II. admitió la demanda. Cuando el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio. simultáneamente. El servidor público encargado de la vigilancia. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS A continuación. no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión. Cu an do se trate d e delitos de terrorismo. o cualquiera de las conductas contempladas en el Título II de este Libro. incurrirán en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. ordenó las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes. terrorismo. narcotráfico. concierto para delinquir. homicidio. terrorismo y extorsión. siempre que ésta sea efectiva. incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. lavado de activos.
. proferido por el Despacho del magistrado Sustanciador.
“LEY 733 29/01/2002 por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. tortura..”
“. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991. Artículo 11. desplazamiento forzado. judicial o administrativo.” “Artículo 10. mediante auto de abril cuatro (4) de 2002. secuestro extorsivo.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 5
La Corte. El artículo 450 de la Ley 599 de 2000. extorsión. dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte Constitucional para efectos de la intervención ciudadana y. Exclusión de beneficios y subrogados. salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal. quedará así: Modalidad culposa. o libertad condicional. secuestro. desaparición forzada. enriquecimiento ilícito.
haciendo más gravosa la situación para aquellos funcionarios que tienen a su cargo la custodia o vigilancia de sindicados o condenados por los delitos de competencia de la justicia especializada. Fundamentos de la demanda 2. Señala que “[s]i el objetivo del legislador del 2000. por la normatividad dispersa. Normas constitucionales que se consideran infringidas Considera el demandante que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 1°. entre unos más graves o
. el legislador está desconociendo que todas las conductas punibles consagradas en el ordenamiento jurídico merecen igual cuidado y celo por parte de los funcionarios.. . lo que se traduce en la desproporcionalidad que el legislador le ha dado a este hecho.1.P. al categorizar la conducta punible de modalidad culposa en la fuga de presos. 450 del C. Competencia. la cual merece un menor reproche.crea una novedosa “CATEGORIZACIÓN” en la modalidad culposa del delito de fuga de presos. y que crear una división de los delitos. el legislador del 2002 -en forma súbita. el legislador del 2002.En concepto del actor. sostiene que frente al proceso de despenalización que tuvo a bien adelantar “el legislador del 2000” en relación con el punible de fuga de presos en la modalidad culposa. por su intermedio. el artículo 10° de la Ley 733 de 2002 es contrario al principio de igualdad material ya que. y que sólo establecía para el sujeto activo una sanción de tipo disciplinaria como la multa y la pérdida del empleo (art. la nueva ley va en contravía de este cometido legislativo.. Al respecto. entre quienes vigilan a personas sindicadas por punibles de competencia de la justicia especializada y quienes desarrollan la misma labor frente a delitos de competencia de la justicia ordinaria.” Así -sostiene el demandante-.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 6
“. fue el de evitar la paratipicidad. NO hay por ello una justificación seria para que ese nuevo punible deba ser conocido por funcionarios de la justicia especializada. sometiendo su conocimiento a la competencia del juez especializado y dejando como única medida de aseguramiento la detención preventiva conforme lo dispone el artículo 14 transitorio de la Ley 600 de 2000. LA DEMANDA 1. inusitadamente y sin razón lógica o atendible.” Artículo 14. decidió penalizar y castigar la misma conducta con pena de prisión. máxime si se tiene en cuenta que se trata de una conducta culposa.). El conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces Penales del Circuito Especializados". 2.
III. 13 y 29 de la Constitución Política. Cargos contra el artículo 10°.
sino muy por el contrario se experimenta [en] la ejecución de delitos o [en la reiteración de] las mismas formas de violación a como se venían cometiendo". se establecía “una DIFERENCIACIÓN para tratar a los desiguales también como desiguales".... sostiene que no existe un objetivo constitucional imperioso para la tipificación de las restricciones consagradas en el artículo 11 acusado. “ si la institución de la sentencia anticipada fue conservada para el infractor de la ley penal. aparente e intangible". dado que si lo pretendido es la disminución de la criminalidad. “. “[n]o se entiende cómo seis meses después de entrar en vigencia el Estatuto Penal sustantivo y procesal..Asimismo." 2. concluye que: "Sólo lo relevante puede autorizar la discriminación. "por consideraciones platónicas y/o románticas del legislador de turno es crear DISCRIMINACIÓN".En punto al desconocimiento del principio de igualdad. La PENA es límite de la intervención punitiva del Estado”. el legislador se extralimitó en el ejercicio de sus funciones ya que creó una nueva categorización punitiva a partir de laspenas a imponer y no de la vidacomo bien jurídico predominante en nuestra sociedad. Respecto al contenido del artículo 11 de la Ley 733 de 2002.Adicionalmente. Siguiendo este razonamiento. durante el PROCESO cosifica a la persona y la convierte en objeto de prueba.) reflejan persuasión de la persona desviada. pues no era posible incluir en el texto de la citada ley. para el actor el artículo 10° de la Ley 733 de 2002 también desconoce el principio de unidad de materia. considera que la norma viola el principio de la dignidad humana toda vez que. la prohibición de la misma.normas que se salen del esquema contextual de estudio. lo cierto es que “la única desigualdad posible es la de considerar a los desviados como SINDICADOS O CONDENADOS.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 7
menos graves. . NINGUNA OTRA". Por otra parte. . "se ha demostrado a contrario sensu. que los incrementos punitivos no (. se ha tratado “de una tediosa DISCRIMINACIÓN de grupos. el actor considera que el mismo viola los principios de dignidad humana e igualdad y el derecho al debido proceso. para que el Estado
. afirma que si bien el legislador estimó que con la nueva “restricción legal de PROHIBIR LA SENTENCIA ANTICIPADA y los beneficios por CONFESIÓN para los delitos consagrados en el artículo 11 de la ley". Así.. sostiene que al excluir los beneficios y subrogados penales en los delitos de competencia de los jueces especializados. más no lo etéreo. se tenga que retroceder con una ley que no comulga con las limitantes constitucionales que debe proteger y garantizar”.. Cargos contra el artículo 11. A su juicio. razón por la cual se considera que el mismo debe salir del ordenamiento.2. Según su parecer. . pues la única diferenciación político criminal permitida es la de aplicar los tipos penales de acuerdo a parámetros estimados en la misma norma y de condenar según las proporciones allí previstas.
el Fiscal expresa que no existe vulneración alguna del texto constitucional. considera que es necesario integrar una proposición jurídica completa. Intervención de la Fiscalía General de la Nación. extorsión. "pues ante la gama de tipos penales que consagra la ley conexo puede ser cualquier delito". SI el sindicado confiesa su participación en el hecho criminal y debe innecesariamente soportar todos los sufrimientos que el mismo sumario implica hasta culminar en una sentencia que pudo haberse proferido de una forma anticipada?. sino de limitar las garantías procesales de los intervinientes en ella". Inicialmente.” . "situación que al no estar justificada [y] razonada se encontrará más dentro de los límites de la DISCRIMINACIÓN que de la diferenciación". afirma que la norma en cuestión vulnera el principio de legalidad ya que no concreta cuáles son los delitos conexos frente a los cuales son impredicables los beneficios y los subrogados penales.3. situación que limita la función punitiva del Estado. El Fiscal General de la Nación intervino dentro del proceso de la referencia y le solicitó a esta Corte declarar exequibles las normas acusadas. no se distingue por actuar de manera pronta y acelerada. quizás para mostrar a la sociedad apariencia de una justicia efectiva y rápida". Cargos contra el artículo 14. ya que. ya que el legislador
. en razón de que los vocablos parcialmente acusados como los son: modalidad culposa. 2. "[c]uál sería entonces el objetivo del proceso. que de paso sea decirlo.
IV. la colaboración en la fuga. . INTERVENCIONES 1. En concepto del actor. integración cuya finalidad es la de evitar un fallo inhibitorio. exclusión de beneficios y subrogados y competencia . concierto para delinquir.Con respecto a la acusación vertida sobre el artículo 10°. muchos de los delitos consagrados en la misma norma son de competencia de esos mismos JUECES ESPECIALIZADOS. carecen de sentido propio sino se analizan con la totalidad de las normas de las cuales hacen parte. De este modo. [y] de contera vulnera el DEBIDO PROCESO.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 8
haga de él lo que le convenga en determinado momento. considera que no existe proporcionalidad entre los delitos a conocer por parte de la justicia especializada y la finalidad u objetivo propuesto. tengan la necesidad desproporcionada de ser juzgados por la JUSTICIA ESPECIALIZADA. "si bien es cierto. Por esta razón. Se volvería el mismo procesado en COSA y en OBJETO DE PRUEBA. el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 es contrario al principio de igualdad.Por último. no es lógico ni proporcionado que delitos que venían siendo conocidos por la justicia ordinaria como el mismo secuestro simple.
En relación con el artículo 11 acusado. con mayor razón si ello se hace en perjuicio de quienes. con la duración de la pena privativa de la libertad.. en últimas. "para nada [se] contradice la Carta Política. con el resultado de la declaratoria de exequibilidad de la norma 1 sometida a examen. es decir. que consagra la igualdad. ya que el ordenamiento jurídico les otorga un amplio catálogo de recursos con los cuales bien pueden hacer valor su presunción de inocencia. si violaría la Constitución.De otra parte. y no con garantías procesales que permitan al sindicado del delito de secuestro su defensa.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 9
puede crear. garantías que no pueden eliminarse o recortarse hasta hacerlas ineficaces. al considerar que los ilícitos comprendidos en la Ley 733 de 2002 ocasionan un mayor daño social y. antes de la modificación realizada por la ley subexamine. En este sentido. el Fiscal considera que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material. por estar acusados de la comisión de los delitos más graves. frente a la ausencia de beneficios y de subrogados penales para los autores de los delitos de secuestro y otros previstos en la Ley 733 de 2002. Así. a la protección del orden social. Limitar o eliminar estas últimas hasta desconocer la presunción de inocencia. . enfrentan la posibilidad de las penas mayores. libertad condicional ni a subrogados administrativos. justifican mayor reproche punitivo. y otra las garantías procesales encaminadas a permitir la defensa del sindicado. en la modalidad de culpa. A juicio de la Corte.. Pero. la privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves. a juicio del Fiscal la norma debe ser declarada exequible. ". tienen que ver. concretamente el artículo 29. Razón suficiente para deprecar su constitucionalidad". La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida". al constituir un atentado contra la dignidad humana. en el artículo 37 y la rebaja por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal. suprimir e introducir modificaciones a las figuras delictivas en ejercicio del ius puniendi. Dentro de esta prerrogativa constitucional. se examinó el artículo 15 de la Ley 40 de 1993. toda vez que: "el delito de secuestro merece un tratamiento diferente..". En los casos del delito de secuestro. en ejercicio de ius puniendi. una cosa son las penas. ya que la Corte se pronunció sobre el tema al estudiar una norma de similar contenido en la Sentencia C-213 de 1994. cualificado con respecto a otros hechos punibles. especialmente. pues este hecho punible.. según el cual: " Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este Estatuto. no podrán otorgarse la suspensión de la detención preventiva ni de la condena. las más graves de las cuales tiene que corresponder a los perores delitos. se repite.
En dicha ocasión. el Congreso estimó necesario introducir cambios en la tipicidad de la fuga de presos. porque. los sindicados o condenados por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional. consagraba como sanciones la imposición de multa y la pérdida del empleo. no es cierto que mediante la reforma de la Ley 599 de 2000 se haya despenalizado el delito de la modalidad culposa de fuga de presos. De no considerar la Corte que ha operado la cosa juzgada material. esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución. ya que se priva a la persona de uno de sus derechos fundamentales que por antonomasia le pertenece como es la libertad".. por ende.
. Fin que se ajusta a los postulados básicos del Estado Social de Derecho.las restricciones previstas en este artículo. si se tiene en cuenta que los destinatarios pasivos de la norma penal no se ven afectados en sus derechos fundamentales del debido proceso y de defensa.
Así.si se tiene en cuenta que la exclusión de dichos beneficios ocasiona que el Estado pierda una gran oportunidad jurídica-procesal para materializar principios esenciales del orden constitucional como son la eficacia. el "servidor público no puede ser castigado con la misma pena a que se vería expuesto cuando el fugado lo es por un delito menor. que la pena sea el único criterio para categorizar los delitos. pilar básicos de un correcto establecimiento político". Ante esta realidad. De esta manera. De este modo. como lo asume el accionante. la Fiscalía solicita a la Corte declarar inexequible la expresión: "no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión".Finalmente. lejos de ser arbitraria o irrazonable. ya que el hecho punible es producto de una conducta. En esta medida. en el caso de los detenidos o
. Dentro de la oportunidad legal prevista..por cuanto considera que su consagración conlleva un efecto contrario a una política criminal coherente . "los efectos sociales de la actuación culposa del servidor público no son los mismos en uno y en otro caso. ". al dar un trato diferente a situaciones distintas. A juicio del interviniente. el Ministerio de Justicia y del Derecho intervino dentro del proceso de la referencia. . se encuentra plenamente justificado el trato diferenciado. por consiguiente. 2. Sin duda. el legislador puede interpretar y determinar los bienes jurídicos más valiosos en una especial coyuntura y. en la norma acusada simplemente se determinó que el poder punitivo del Estado debía ser más represivo.. a fin de castigar en forma proporcional la violación de bienes catalogados como valiosos y determinantes para la comunidad. en torno a la acusación formulada en contra del artículo 14. pues. solicita a esta Corporación abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo y en su defecto declarar la inhibición. celeridad y prontitud del aparato jurisdiccional. los medios jurídicos que a su juicio considere los mas eficaces para protegerlos".Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 10
Afirma que no es cierto. se hace efectivo el principio constitucional de la igualdad. por estimar que el cargo se fundamenta en argumentos subjetivos y de conveniencia que no son de recibo en sede del proceso de inconstitucionalidad. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. cita la providencia C-426 de 1996. manifiesta que la diferenciación establecida en la disposición acusada. lo cual en derecho penal exige matizar y valorar las circunstancias de mayor o menor punibilidad.En relación con el artículo 10°. solicitándole a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas. es legítimo que la voluntad soberana reunida en el órgano legislativo interprete las realidad sociales y las consecuentes necesidades. pues en el primer caso su culpa pone en entredicho la tranquilidad nacional y los bienes jurídicos más valiosos". No obstante lo anterior. Al respecto. . tiene como fundamento la necesidad de amparar bienes jurídicos socialmente valiosos. ".
reprocha con mayor fuerza su descuido o negligencia". a juicio del interviniente. ya que tanto la pérdida de
.En relación con el artículo 10° acusado. De este modo. sin que por ello se vulnere el principio de igualdad o el debido proceso. "el legislador puede distribuir el conocimiento de conductas delictivas a determinados funcionarios judiciales. Así. la norma sub examine se ajusta a la Constitución. concluye que las prohibiciones dispuestas en la norma acusada "no conculcan los mandatos constitucionales. el ministerio considera que la determinación de la competencia judicial para el conocimiento de conductas punibles corresponde a la libertad de regulación conferida al legislador. por cuanto "desconoce la existencia previa de sanciones penales aplicables a la conducta punible de la fuga de presos en su modalidad culposa en el Código Penal Colombiano. en tal medida. . manifiesta que la concesión de beneficios y subrogados penales es un asunto que corresponde al ejercicio del ius puniendi y que. pues son razonables y proporcionales a un conjunto de principios y aspiraciones contenidos en la misma Carta". Según su entender. al considerar las necesidades y los requerimiento del aparato de justicia". quien tiene la atribución para determinar lo que más convenga a los intereses nacionales tanto en lo sustantivo como en lo procedimental. . ya que corresponde al ejercicio del ius puniendi por parte del legislador. y lo había hecho por los mismos cargos propuestos en esta ocasión. el juicio de valor determinante de la distribución será de conveniencia. se encuentra dirigido a combatir las actividades delictivas que ponen en peligro la tranquilidad y la confianza del orden social.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 11
condenados por los delitos señalados en el segundo inciso del artículo acusado los efectos de la culpa es más grave. el Procurador General de la Nación emitió el concepto de su competencia y le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles los artículo 10° y 14 acusados. el cual fue justamente modificado por el artículo que es cuestionado en la presente demanda". sin desconocer los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. la equivocada lectura del accionante se origina en su particular apreciación de las sanciones criminales. pues la configuración del debido proceso es un asunto sometido a reserva legal. como se desprende del texto original del artículo 450 de este Código. En estos casos.
V.En cuanto al artículo 11. consideró que había operado el fenómeno de la cosa juzgada material por cuanto la Corte ya había estudiado una norma de similar contenido. aquél debe ser consciente que la comunidad espera y exige un mayor cuidado y. el Agente del Ministerio Público considera que la premisa del juicio de igualdad efectuado por el accionante carece de fundamento normativo. por ende. . Respecto del artículo 11. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Dentro de la oportunidad legal prevista. En conclusión.Sobre el artículo 14 acusado. Y si en este caso actuar culposamente representa un grave perjuicio para la sociedad.
el legislador pretende proteger bienes jurídicos de especial relevancia constitucional como son los afectados por las conductas punibles de quienes como consecuencia de la culpa del servidor público encargado de custodiarlos o vigilarlos durante su detención o condena. se haya incrementado el reproche punitivo a dichas conductas. Por tanto. Ahora bien. el Agente del Ministerio Público conceptúa que la asignación de competencias para el conocimiento de las conductas delictivas corresponde a la libertad de configuración legislativa. dada la gravedad que para la sociedad significa los delitos consagrados en la Ley 733 de 2002. pues. de esta forma. se sustraen del poder punitivo del Estado mediante la fuga". en atención a los requerimientos y necesidades de la administración de justicia. ya que "la gravedad de los delitos contemplados en [la norma]. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. son penas y. en caso de no estimar procedente la declaratoria de cosa juzgada constitucional.Precisamente. sostiene que el principio de igualdad no es vulnerado por la variación más gravosa de la sanción penal.
VI. es connatural que dada la finalidad social que subyace al ejercicio del ius puniendi .. . el Procurador considera que la norma debe ser decretada exequible. .atentan no sólo contra [la] dignidad y la libertad humana sino contra la existencia misma de la sociedad. no existe una reciente penalización.En punto al artículo 11 demandado. "los criterios mencionados han sido observados por el legislador si se tiene en cuenta la especial relevancia constitucional de los valores jurídicos que son afectados por las conductas criminales cuyo conocimiento se le asigna a los jueces especializados de circuito. Para el caso del artículo citado. los sujetos que cometan estos hechos deben estar sometidos a las más rigurosas y severas penas.Frente al artículo 14 acusado. sin beneficio penal alguno. como se ha visto. se fortalecen los cimientos mismos del Estado Social de Derecho.
. Por otra parte. definir y determinar la política criminal del Estado.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 12
empleo como la multa. en este sentido. De este manera. los cuales. en este caso. en el marco de la Constitución Política. reside "en la circunstancia consistente en que con él. toda vez que en la Sentencia C-213 de 1994. con el propósito de que la finalidad disuasiva del ius puniendilogre su objetivo" . como lo aduce el demandante. En este sentido.. la Corte examinó una norma de contenido similar al acusado y con identidad de cargos. el Agente del Ministerio Público considera que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material. la razonabilidad del trato diferencial. el actor desconoce que es potestativo del legislador. Competencia. constituyen parte esencial de nuestro ordenamiento superior".De manera que la variación punitiva corresponde a la respuesta del legislador ante el aumento reiterativo y grave de fugas de presos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 13
Por dirigirse la demanda contra varias disposiciones que forma parte de una ley de la República.
. con ocasión de la expedición de las citadas disposiciones.Respecto al artículo 14. económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución. secuestro extorsivo. el principio de igualdad. e igualmente. política. el principio de igualdad.1. 11 y 14 de la Ley 733 de 2002.Respecto al artículo 10°. a las razones que llevaron al Congreso de la República a adoptar las medidas contenidas en la Ley 733 de 2002. La Competencia del legislador para regular y desarrollar la política criminal del Estado. . . A partir de los cargos que se han formulado contra los artículo 10°. el Estado. El problema jurídico.Respecto al artículo 11. como titular del ius puniendi . en esta oportunidad de corresponde a la Corte establecer si el legislador. y de lo expresado por los distintos intervinientes. 3. derechos y garantías ciudadanas. tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política. en cuanto el citado artículo no guarda correspondencia lógica y temática con el texto de la ley. antes de proceder al análisis de constitucionalidad de cada una de las disposiciones acusadas. tomando como referente válido las circunstancias históricas del momento y las diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la comunidad. atribuibles a una dinámica social. 3. al incluir dentro de la modalidad culposa del delito de fuga de presos la pena de prisión sólo para los funcionarios que tengan a su cargo la vigilancia. los principios de dignidad humana e igualdad y el derecho al debido proceso. extorsión y conexos. 2. También el principio de unidad de materia. Conforme lo enseña la jurisprudencia de esta Corporación. custodia o conducción de un detenido o condenado por los punibles de competencia de los jueces del circuito especializados. Para los efectos de resolver el anterior problema jurídico. es el llamado a fijar los lineamientos de la política que en materia criminal ha de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores. excedió su ámbito de configuración política y como consecuencia de ello violó las siguientes garantías constitucionales: . por el hecho de excluir la mayoría de los beneficios y subrogados penales para los autores de delitos de secuestro. como consecuencia de asignarle a los jueces del circuito especializados la competencia para conocer de algunos delitos que venían siendo tramitados por los jueces ordinarios. la Corte se referirá al ámbito de competencia legislativa en la formulación de la política criminal del Estado. la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad.
postulados y presupuestos -de contenido sustancial y procedimental-. principios. el margen de autonomía o discrecionalidad reconocida al legislador. Ahora bien. M. en ejercicio de tal atribución. el genocidio. en la medida en que el propio constituyente se ha ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional valores. o la omisión de criminalizar aquellos comportamientos que. cuando se llegue al convencimiento de que es imprescindible apelar al derecho penal como última ratio para defender determinados intereses jurídicos. de manera que. 3. Alejandro Martínez Caballero. conforme a la Carta y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. éste goza de un cierto margen de autonomía o configuración política. optara por imponer la pena de muerte. Ciertamente. con ocasión de la consagración de un hecho punible.. Cfr. al Congreso se le asigna la función específica de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y de regular en su totalidad los tramites judiciales.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 14
3. resultaría contrario a su propia atribución que el legislador. las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello. según lo ha dicho la Corte 3 . como para diseñar los procedimientos que conduzcan a establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal de quienes resulten involucrados en la comisión de una determinada conducta delictiva. las Sentencias C-609/96. no es del todo absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta Política. que se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y comportan una garantía para el ejercicio legítimo de los mismos. Así. por su gravedad y daño social deben ser objeto de sanción penal 4 . el desarrollo de la política criminal del Estado se lleva a cabo “a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes”2 . 4
. la tortura o los tratos crueles. 5 En lo que tiene que ver con la restricción constitucional de imponer la pena de prisión perpetua. C-177 de 2001. o las desapariciones forzadas.4. en particular para ejercer el poder punitivo del Estado.. C-226 de 2002 y C489/2002. le atribuye fuerza vinculante en atención a una filosofía punitiva preestablecida. la prisión 5 o la confiscación. el destierro. en aplicación de la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. es necesario aclarar que. De acuerdo a la estructura de nuestro sistema jurídico. 3. C-581/2001 y C-489/2002.2. existe un deber constitucional de criminalizar o sancionar penalmente conduct as tales como la tortura. se adicionó al artículo 93 de la Constitución Política el siguiente texto: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte
3 Cfr. reglas. En ese mismo contexto. entre otras. C-368 de 2000. los cuales a su vez se convierten en criterios de obligatoria observancia dentro del proceso de adopción de la legislación penal. inhumanos o degradantes. con la colaboración del gobierno y de otras autoridades públicas. las Sentencias C-225 de 1995. mediante el Acto Legislativo N° 02 del 27 de diciembre de 2001. en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución Política.P. a sabiendas de que las mismas se encuentran perpetua
Sentencia C-038/95. tanto para definir cuáles son los comportamientos humanos que merecen reproche penal -señalando la respectiva sanción e intensidad de la misma-. desbordaría el marco de configuración legislativa la decisión política de sancionar conductas constitucionalmente excluidas de tipificación penal. La Corte ha venido señalando que.3. por lo que debe entenderse que su definición y regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la República quien. entre otras.
M. prevé en su artículo 77 literal “ La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. dentro de ciertos límites.el Legis lador tiene frente a la Cons titución una relación compleja puesto que ésta es tanto de libertad como de subordinación. puedan permitir. no podría pretender la Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad si la amplitud de la materia que abarca. El Legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. M. diversas políticas y alternativas de interpretación. 12.” (Sentencia C-531/93. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del Legislador. La relación de la ley con la Constitución no puede.P. 11. Pero. ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento.. 17 y 34).que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo . en consecuencia. decidiera restringir. consecuentemente.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 15
prohibidas por el propio Estatuto Superior (C. el legislador. Sobre el tema en discusión. Ello. suscrito y ratificado por b) Colombia. Eduardo Cifuentes Muñoz). e incorporado al derecho interno mediante la Ley 742 de 2002.P. no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales .” (Sentencia C-038/95. el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta.
3. y en general aquellos presupuestos que para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales señala o describe la Constitución Política. no pudiera remitirse a las normas abiertas que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la realidad. en principio. arts 29 y sig. O lo que es más grave.”
. que sus normas materiales o sustantivas.P. Alejandro Martínez Caballero). arts.5.P.
Y posteriormente reiteró:
“. la fenomenología social y el perjuicio o daño que algunas conductas humanas puedan ocasionar al interior de la comunidad. De otra parte.). en función del pluralismo y la participación democrática. De este modo. 4). consultando la exigencia de tutelar bienes jurídicos superiores. respetando los límites materiales a que se ha hecho expresa referencia.derivadas del derecho al debido proceso (C. en estricto rigor. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivament e dentro del ámbito de la materia regulada en él”.. ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. la jurisprudencia constitucional expresó:
“Es propio de una constitución democrática y pluralista como la Colombiana. que excusándose en la protección de determinados bienes jurídicos. El legislador. bajo la consideración especí fi ca de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional. suspender o hacer nugatorias alguna de las garantías constitucionales -sustanciales o formales. se encuentra plenamente habilitado para adoptar la política criminal del Estado
Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y.y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante.
Cfr.P. En concordancia con lo expuesto. por su intermedio. al margen de lo que había sido estatuido en los Códigos penal y de procedimiento penal de la época. las siguientes gacetas del Congreso: 380 del 21 de septiembre de 2000. la familia. a través de la cual se dictaron medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro. no resultarían contrarias a la Constitución Política.Que en procura de golpear y destruir la estructura delictiva de las organizaciones criminales. graduar las penas aplicables. Por esta razón. la libre circulación. .Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 16
y. el trabajo. y las medidas que se adopten en torno a la disminución de su efectividad sean en todo caso razonables y proporcionales al fin perseguido por el legislador. y de entregarle herramientas al Estado para combatir tales delitos ante su auge durante las últimas dos décadas. para “crear o suprimir figuras delictivas. con el que se busca evitar los excesos en que éste pueda incurrir al ejercer su competencia regulatoria en materia punitiva.
. fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de 6 . y se adoptaron otras disposiciones. 226 del 18 de mayo de 2001. a iniciativa del Gobierno Nacional.. expidió las Leyes 40 de 1993 y 282 de 1996. siempre que por su intermedio no se desconozca el núcleo esencial de tales derechos.013/97.1. la libertad personal. el libre desarrollo de la personalidad. M.6. la libre participación ciudadana y la paz. En este contexto. 469 del 23 de noviembre de 2000. terrorismo y extorsión. la intimidad. el terrorismo y la extorsión. se tiene que. Circunstancias materiales que motivaron la expedición de la Ley 733 de 2002. 8 Cfr. la dignidad.Que el secuestro. el control de constitucionalidad en lo atinente a la libertad de configuración política del legislador es más un control de límites. 4. tanto el Gobierno -en la exposición de motivoscomo el Congreso -en las ponencias y debates que antecedieron a su 8 promulgación-. entre otras. la Sentencia C-609/95. el Congreso de la República expidió la Ley 733 de 2002.P. lo ha destacado la jurisprudencia.En relación con las circunstancias materiales que motivaron su aprobación. ni las restricciones y limitaciones que en ejercicio del ius puniendi puedan imponerse a los derechos fundamentales y a sus presupuestos de aplicación. como agravación o atenuación de los comportamientos penalizados” también para modificar y complementar los procedimientos de juzgamiento 7 preexistentes. el legislador.. introducir clasificaciones entre ellas. todos amparados por la Constitución Política y las leyes. son por su propia naturaleza “considerados delitos atroces y abominables” que causan una gran alarma social y quebrantan o afectan. 4. valores y derechos inalienables del ser humano como la vida. M. coincidieron en señalar: . José Gregorio Hernández Galindo. establecer modalidades punitivas. 3. adoptando en ellas medidas especiales con las
Sentencia C. Fabio Morón Díaz. y para lo que interesa resolver en este asunto. 380 del 13 de agosto de 2001 y 628 del 7 de diciembre de 2001. ni los tratamientos diferenciales que surjan con ocasión de la regulación penal. en forma grave y ostensible.
en consecuencia. donde se ven comprometidos los derechos más íntimos y valiosos de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. es un hecho notorio que los secuestros y la extorsión. en la citada Ley 733 de 2002 se dispuso: (i) elevar las penas para los punibles de secuestro y extorsión. además de venir aumentando. no obstante que el secuestro. y luego. afectándose y poniéndose en peligro con tan“dolorosas y repudiables conductas la existencia y la convivencia nacional” . . hace necesario reconsiderar algunas de las medidas que en relación con tales delitos fueron prohijadas en el código penal. lo cierto es que éstas vienen aprovechando la infraestructura que han montado durante largo tiempo. .Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 17
cuales se buscaba contrarrestar la“poca severidad de las penas y su falta de efectividad”. . las medidas especiales adoptadas en las leyes 40 y 282 se vieron en cierta medida afectadas y disminuidas. aérea y marítima -pertenecientes a todos los estamentos sociales-. de manera que los delincuentes utilizan a las personas como objetos de comercio convirtiéndolas en simple mercancía. tienen un móvil estrictamente económico.Que esta grave situación de riesgo e inseguridad. de la delincuencia común” y últimamente también de los“paramilitares” . la extorsión y los delitos conexos. debilitando en gran medida su organización y sus finanzas.Que ante tal arremetida. el secuestro. “utilizándolos como escudos humanos para dificultar la reacción de las autoridades legítimamente constituidas. .Que “los actores armados del conflicto en Colombia.Que si bien el Estado ha venido adelantando “una lucha frontal” contra el narcotráfico y conductas afines. como el concierto para delinquir. mejorar las existentes y adoptar unas nuevas. y para aquellos que. narcotraficantes. el terrorismo y la extorsión continúan consolidándose “como una verdadera industria y un negocio de gran rentabilidad” a cargo de los “grupos subversivos. . el terrorismo y la extorsión. la población convive con el temor permanente de ser“víctimas del flagelo de la extorsión y el secuestro”. . especialmente los grupos guerrilleros y paramilitares” . en el ánimo de combatir con mayor severidad el terrorismo.Que a pesar de lo anterior. la modalidad
. debiéndose. exigiendo el pago de rescates o la entrega de bienes por la libertad de los secuestrados”. 4. para conciliar intereses con otras organizaciones delictivas y orientar su actividad hacia el secuestro.2.Que en la actualidad. siendo esto último lo que determina su único y mayor valor. Sobre la base de los anteriores razonamientos. con la expedición de los nuevos Códigos sustantivo y de procedimiento penal (Leyes 599 y 600 de 2000). con el ánimo de recomponer sus ingresos ilícitos. se han dedicado a perpetrar secuestros masivos e indiscriminados contra los civiles que se transportan por vía terrestre.
o cualquiera de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (contenidos en el Título Segundo del Código Penal). y otorgarle a los jueces penales del circuito especializados la competencia para conocer de los mismos (arts. 2°. en relación con los delitos contenidos en dicha ley. en atención al uso de ciertos métodos de coerción que reducen aún más la voluntad y la libertad de la víctima (arts. (ii) aumentar las circunstancias de agravación punitiva para el secuestro y la extorsión.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 18
culposa de fuga de presos y la omisión de denuncia. 4. 9° y 10°). En lo que se refiere al artículo 10° de la Ley 733 de 2002. para el demandante las medidas adoptadas en los artículos 10°. Dentro de lo que comporta el ámbito de configuración legislativa y el fundamento que dio paso a la expedición de la ley 733. (iii) mantener como circunstancia de atenuación punitiva para los delitos de secuestro simple y extorsivo. por considerar que el Congreso excedió sus marco de competencia legislativa al penalizar la modalidad culposa del delito de fuga de presos. De acuerdo con el texto de la disposición acusada. el secuestro y la extorsión los sobrogados y beneficios penales. contribuyen a mantener la impunidad de los primeros y. concierto para delinquir. habrá de señalarse que. 1°. (iv) excluir para el terrorismo. 12 y 14). secuestro extorsivo. se tiene que el contenido inicial del artículo 450 del código Penal era del siguiente tenor:
. desplazamiento forzado. 11 y 13). 11 y 14 resultan inconstitucionales. prohibir el otorgamiento de amnistías e indultos y eliminar la posible consideración de ser tratados como delitos políticos (arts. y. el cambio consistió en establecer o introducir una excepción a la regla general de carácter sancionatorio. 5. Análisis de constitucionalidad del artículo 10° de la ley 733 de 2002. de los delitos considerados como de lesa humanidad (arts. excluir los beneficios y subrogados penales para los delitos de terrorismo. En estos términos. lavado de activos. enriquecimiento ilícito. terrorismo. desaparición forzada. habiendo sido encargado de la vigilancia. y asignarle la competencia para conocer de los delitos contemplados en la ley a los jueces del circuito especializados. (v) reducir los términos de instrucción y juzgamiento a la mitad para los casos de flagrancia. tortura. como se ha venido indicando. pasa entonces la Corte a juzgar la inconstitucionalidad de las medidas que fueron acusadas. en general. 4°). Ahora bien. en los siguientes términos: 5. extorsión. por su intermedio. secuestro. el legislador introdujo una modificación sustancial al artículo 450 del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000). narcotráfico. fijando como sanciones para el sujeto activo de dicha conducta la multa y la pérdida del empleo. 3° y 6°). castigando con pena de prisión el servidor público que.1. por su culpa de lugar a la fuga de un detenido o condenado que estuviera privado de la libertad por los delitos de genocidio. el cual se ocupa de regular la modalidad culposa del delito de fuga de presos. el que se haya puesto en libertad a la víctima en forma voluntaria y sin haber obtenido el provecho ilícito (art.3. secuestro y extorsión. 8°. homicidio. custodia o conducción.
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Cuando el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio.aumentarlas y disminuirlas o agravarlas y atenuarlas de acuerdo con las circunstancias 9 históricas imperantes. El artículo 450 de la Ley 599 de 2000. M. pudiendo -en relación con estas últimas. custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga. o cualquiera de las conductas contempladas en el Título II de este Libro. no conlleva un desconocimiento velado de las garantías constitucionales alegadas. habrá de reiterarse que.
. Se trata de la Sentencia C-709/2002.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 19
“ARTICULO 450. El servidor público encargado de la vigilancia. quedará así: Modalidad culposa.”
Conforme a la modificación introducida por el artículo 10° de la Ley 733. tal y como se expreso en el punto 3 de las consideraciones de esta Sentencia. resulta de interés confrontar un pronunciamiento recient e de la Corte. el contenido normativo no guarda relación de conexidad con el objeto de la ley. y la misma sólo se aplique a los servidores públicos que tienen a su cargo la vigilancia. concierto para delinquir. incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. mientras el legislador actúe dentro del marco de la Constitución Política y adopte medidas que en forma razonable y proporcional interpreten las realidades sociales y las necesidades más urgentes de la población. terrorismo. secuestro. desplazamiento forzado. incurrirán en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. extorsión. en ejercicio de su potestad de configuración política está facultado para desarrollar el poder punitivo del Estado y. Modalidad culposa. Sobre este particular.P. en el que se precisó que el tratamiento diferencial en materia punitiva hace parte de la libertad de con figur ación política del legislador. secuestro Extorsivo. para establecer tratamientos diferenciales respecto de las conductas punibles y de las penas que les deben ser aplicables. lavado de activos. pues sin razón justificada el legislador penaliza la modalidad culposa del delito de fuga de presos e introduce un trato diferencial para aquellos servidores públicos que tienen bajo su vigilancia o custodia cierta categoría de sindicados o condenados. por cuanto. por su intermedio se persigue garantizar bienes jurídicos de la mayor entidad e
Sobre el punto. a su juicio. homicidio. custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga. También considera que la preceptiva acusada desconoce el principio de unidad de materia. El servidor público encargado de la vigilancia. pues al margen de tratarse de una medida encuadrada dentro de los lineamientos constitucionales que se refieren a la tipicidad e imputación penal. tortura. 5. enriquecimiento ilícito. en su nombre. Para el demandante la medida adoptada en la norma impugnada viola el principio de igualdad. custodia y conducción de los sindicados o condenados por los delitos más caros para la convivencia pacífica. el hecho de que el legislador haya optado por imponer la pena de prisión para la modalidad culposa del delito de fuga de presos. Alfredo Beltrán Sierra. En el presente caso.3.4. la nueva configuración de la preceptiva citada es:
“Artículo 10. desaparición forzada. y que éste puede establecers e teniendo en cuenta la importancia del bien jurídico que se pretenda proteger.2.
5. 5. narcotráfico.
Inform e de ponencia para 2° debate. incluso de aquellos catalogados como de máxima seguridad. Ello. porque si un guardián se va a ganar unos cuántos millones de pesos haciéndose el dormido y no se le prueba lo contrario. en la preparación y consumación de la fuga.”
Creo q u e h ub o d eb ilid ad .dentro del mis mo proyecto debía clarificars e y penalizars e con mayor severidad lo relacionado con la fuga de presos diferente del concierto para delinquir. tal y como se manifestó en los debates parlamentarios.” “Es que mirando yo aquí la fuga modalidad culposa. Sobre este particular. sin que las sanciones que la justicia a impuesto a sus ejecutores se vengan cumpliendo. la justicia y la paz-. Cámara de Representant es.. Comisión Primera constitucional Permanente. primer debate. custodia o conducción de los retenidos.. lo cual hace más 10 escandalosa la conducta y la sanción es prácticamente nula. en algunos casos con la participación directa o indirecta de miembros de la guardia penitenciaria. sería 11 culposa. Pág. y o tu ve o po rtu n id ad d e co men t arlo d u ran t e las p o cas veces que asistí a la reforma. la dignidad. 11 Gaceta del Congreso N° 226 del 18 de mayo de 2001. 8. juegan un papel protagónico los servidores públicos que tienen a su cargo la vigilancia. tiene que ver con el alto grado de impunidad actualmente imperante. expresamente se dijo en el seno del Congreso de la República:
“. me encuentro con algo aterrador que yo había denunciado en la comisión..” “. al margen de la problemática sociopolítica existente. Cámara de Representant es. Pág 10. encuentra entre sus diversas causas no sólo algunas deficiencias del sistema de investigación y juzgamiento visible al interior de la administración de justicia. Ciertamente. que entre otros casos detentan la condición de servidores públicos. extorsiones y actos terroristas. 5. resulta apenas obvio considerar que. en las cuales no han participado solamente los sindicados ni condenados sino que también han contado con la coparticipación de otras personas. en razón a las espectaculares fugas ocurridas en los últimos años y recientemente desde los penales de más alta seguridad del Estado.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 20
interés social -como la vida.5. y a quienes en la mayoría de los casos tan sólo se les logra judicializar y atribuir algún grado de responsabilidad por vía de la modalidad culposa. no pasa nada. entre otras razones. la tranquilidad. el auge y la proliferación que han tenido en nuestro país aquellos delitos catalogados como los más atroces y abominables. valga decirlo. los cuales se han visto amenazados por el aumento en los índices de secuestros. Impunidad que. la libertad.” “. Dice así:
Gaceta del Congreso N° 247 del 29 de mayo de 2001... A este respecto. por las constantes fugas que se vienen sucediendo al interior de los establecimientos carcelarios.
. sino también las constantes fugas de los sindicados y condenados de los establecimientos carcelarios y penitenciarios..
en desarrollo de una política criminal preestablecida. En relación con el primero. la seguridad y la confianza en las autoridades que. a su vez.6. no vulnera los principios de igualdad y de unidad de materia como lo sostiene el demandante. en fin. tal medida encuentra un claro fundamento de razonabilidad. buscando con ello dar un estricto cumplimiento al reproche social impuesto para este tipo de conductas. en el fin legítimo de evitar la impunidad y asegurar el esclarecimiento de la verdad. para todos aquellos que a su juicio causan un mayor impacto y daño a la comunidad. Comisión Primera Constitucional Permanente. exigirle a los servidores públicos a través de mecanismos más disuasivos aceptados constitucionalmente -como la imposición de la pena de prisión-. en todo caso no existe un término de comparación que permita adelantar el test de igualdad. con lo cual.8. Cámara de Representantes. ha optado por otorgar un tratamiento represivo más severo para delitos como el terrorismo.” 5. la realización de la justicia y la reparación del grave daño que delitos como el terrorismo. el secuestro y la extorsión vienen causando a la sociedad. Si el legislador. si bien supone un trato diferencial frente a aquellos que tienen bajo su custodia sindicados por delitos menores. Desde esta perspectiva. según se dijo. que es esto? Yo me hago el borracho. Alvaro Tafur Galvis. Por eso.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 21
´El servidor público encargado de la vigilancia.”
. Dentro de este contexto. ¿Si esto no es una burla a cualquier delito. a la tranquilidad y la paz social. es también proporcional al fin perseguido por el legislador. porque al margen de que la medida allí adoptada está plenamente justificada y se inscribe dentro del ámbito de configuración política del legislador. a su vez.P. pues busca garantizar un beneficio mayor al perjuicio que haya podido irrogar el trato diferencial: la protección de los derechos a la vida. a la libertad. ya que las consecuencias sociales del comportamiento culposo o
Gaceta del Congreso N° 380 del día 13 de agosto de 2002. para la Corte es claro que el artículo 10° de la Ley 733 de 2002. incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público´. me quedo dormido.P. 2°). M. en cuanto sanciona la modalidad de fuga de presos -según las condiciones descritas en la normacon una pena de prisión de dos a cuatro años. ¡Ah yo me quedo 12 dormido! Se fue el secuestrador y no fue todo el día a la cárcel. custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga. Pág 8. la extorsión y. 13 Sentencia C-689/2002. y al restablecimiento de la tranquilidad. a la dignidad. aquella “respet[a] los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y 13 medidas de seguridad. 5. voto las llaves. es completamente legítimo que procure que sus autores sean objeto de los mayores cuidados. el secuestro.7. una mayor diligenc ia y compromiso en el cuidado de los procesados y condenados por éstos delitos. tienen el compromiso ineludible de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos (C. art. se observa que la regulación cuestionada.
a partir de una presunta “despenalización” de la modalidad culposa de la fuga de presos. en ningún caso puede tener el mismo impacto y gravedad para la convivencia social. no era válido atribuirle al legislador un cambio o viraje intempestivo en lo que hace a la política criminal adoptada con la expedición del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000).10. como una pena accesoria en virtud de lo preceptuado por los artículos 42 de la normatividad derogada y 43 numeral 2° del nuevo código. definida como una pena principal por mandamiento expreso de los artículos 41 del antiguo ordenamiento penal y 35 del actualmente vigente. Para el caso particular de la norma acusada. es lo cierto que éstas. ya aparecían contenidas en el Código Penal. al considerar éste que la decisión legislativa de sancionar con pena de prisión la modalidad culposa del delito de fuga de presos. 5. por cuanto la acusación del actor partió de un entendimiento equivocado en torno al alcance punitivo de las sanciones contenidas en el artículo 450 del nuevo Código Penal. esto es. resulta sensato que la comunidad exija del servidor público una mayor diligencia. 5. y que consistía en despenalizar tal comportamiento al sancionarlo con medidas disciplinarias como la multa y la pérdida del empleo. bajo la forma de típicas sanciones penales. que la de aquél privado de la libertad por la comisión o participación en un delito atroz. tanto en el anterior (Decreto-Ley 100 de 1980) como en el actual (Ley 5999 de 2000). Así las cosas. pues tal conducta. con anterioridad a la expedición de la Ley 733 de 2002. en el Código Penal de 1980 y en el actual. sin lugar a equívocos. las sanciones de multa y pérdida del empleo o cargo público continúan siendo aplicables a la modalidad culposa del delito de fuga de presos -cuando recae sobre delitos menores-. coincidiendo con lo afirmado por el Ministerio Público. entre la preceptiva acusada y la Ley 733. de manera que su inobservancia o desconocimiento genere a la vez un mayor reproche jurídico Respecto a lo segundo. existe un grado de conexidad lógico y temático de gran solidez y estructura. En consecuencia. 5. terrorismo y extorsión. En esta última hipótesis.11. ha venido siendo considerada como delito independientemente del tratamiento punitivo que
. implicaba un cambio radical de la política criminal del Estado fijada recientemente en la normatividad antes citada. La multa. puede afirmarse.9. a la presunta violación del principio de unidad de materia.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 22
negligente del servidor público no es igual en una y otra situación. que se concreta en el objetivo de combatir y erradicar los delitos de secuestro. y la pérdida del empleo o cargo público. Además. los reproches de inconstitucionalidad contra la previsión acusada no están llamados a prosperar. exigiendo un mayor cuidado a quienes se les confía la encomiable labor de vigilar y custodiar a los implicados en tales conductas criminosas. que los argumentos utilizados en el control constitucional de limites son a la sazón suficientes para concluir que. el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación en sus respectivos escritos de intervención. Es obvio que la fuga de un detenido o condenado por un delito menor. Sin dejar de considerar que a la luz de lo previsto en la preceptiva estudiada.
Esta última norma consagraba expresamente:
“ARTÍCULO 15. que autoriza a adoptar criterios de diferenciación de acuerdo con los parámetros fijados en las normas penales aplicables. Antes de abordar el estudio de fondo. es decir. y a condenar según sus propias previsiones. el actor formula un cargo de carácter general. dirigido a cuestionar la totalidad del precepto a partir de una presunta ilegitimidad de la medida legis lativa. la misma viola los principios de dignidad humana e igualdad y el derecho al debido proceso. tanto el Ministerio Público como la Fiscalía General de la Nación. Dentro de ese contexto. 6.1. judicial o administrativo. ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal. en el artículo 37 y la rebaja por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal. secuestro. Ausencia de cosa juzgada material 6. salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal. creando una “discriminación de grupos” sin justificación lógica. Siguiendo los anteriores razonamientos. extorsión. pasa la Corte a referirse a la norma. el cual. el legislador decidió excluir o eliminar la concesión de beneficios y subrogados penales cuando se trate de delitos de terrorismo. secuestro extorsivo. como es lógico. 6. declaró exequible una norma de similar contenido. Contra la norma citada.P. los sindicados o condenados por los delitos de que trata esta ley no
6. Jorge Arango Mejía). A su juicio. Análisis de constitucionalidad del artículo 11 de la ley 733 de 2002. debe tenerse en cuenta que.” 6. en la Sentencia C-213 de 1994 (M.2. o libertad condicional.3.3. Dentro de este propósito. y conexos. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. está determinado por las exigencias político-sociales de cada momento. la Corte procederá a declarar la exequibilidad del artículo 10° de la Ley 733 de 2002. el cual fue sometido al juicio de inconstitucional con base en los mismos argumentos que ahora se exponen. ha operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material. Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este Estatuto. correspondiente al artículo 15 de la Ley 40 de 1993. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. siempre que ésta sea efectiva. Sostienen que la Corte. ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena. dispuso que en esos casos no “ procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión. consideran que respecto al contenido normativo de la disposición acusada. en cuanto que la restricción de beneficios y subrogados desborda los límites de la competencia legislativa.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 23
haya recibido. Mediante el artículo 11 de la Ley 733 de 2002.1.
En cuanto lo segundo. Reiteración de jurisprudencia en relación con el artículo 11. 6.3.P. el hecho de que se presenten semejanzas o coincidencias entre el problema jurídico planteado y el que fue objeto de pronunciamiento previo 16 . se observan dos aspectos distintivos: (i) que en la regulación de la Ley 40 no fueron excluidos algunos beneficios que. por supuesto. apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación” Entendida en esos términos. (M.
La expresión que se encuentr a entre par éntesis fu e declarad a inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-213 de 1994. Jorge Arango Mejía). En relación con lo primero. no podrán otorgarse la suspensión de la detención preventiva ni de la condena. a nivel de los elementos normativos que la integran y del fundamento legal bajo el cual fueron expedidas. M. 6. 16 Cfr.3.P. si aparecen eliminados en la Ley 733. lo ha dicho la jurisprudencia. entre otras.P. que impiden cualquier aproximación al fenómeno de la cosa juzgada material. sin que el entorno en el cual se 15 . mientras que en la Ley 733 son predicables exclusivamente de los condenados. sin que nada tenga que ver en la adopción de tal determinación. particularmente. las Sentencias C-427/96 (M. tiene lugar “cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta. La cosa juzgada material. es claro que la Ley 40 fue expedida durante la vigencia del Código Penal de 1980 y del Código de Procedimiento Penal de 1991. como los obtenidos por sentencia anticipada y confesión. y (ii) que las exclusiones previstas en la Ley 40 cobijaban tanto a sindicados como a condenados. no implica que la Corte deba apartarse del criterio de interpretación que. (La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida). con ocasión de la Sentencia C-213 de 1994.2.3.3. En los casos del delito de secuestro. libertad condicional ni a subrogados administrativos. Manuel José Cepeda Espinosa).
.P.4. su texto o contenido resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad. Revisados los artículos 15 de la Ley 40 de 1993 y 11 de la Ley 733 de 2002.. hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada material sólo en los casos en que existe una identidad del contenido normativo de los distintos preceptos jurídicos. 6. Rodrigo Escobar Gil. En el presente caso. encuentra la Corte que si bien existe identidad temática entre ambas normas por referirse a una misma institución jurídica: la exclusión de beneficios y subrogados penales.” 14
6. lo cierto es que no se cumple el presupuesto objetivo de identidad que legitima el instituto jurídico de la cosa juzgada material. Alejandro Martínez Caballero) y C-1064/2001 (M. 15 C-302/2002. sus textos presentan algunas diferencias. mientras que la Ley 733 se promulgó luego de que fueron derogados tales ordenamientos y en vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento penal de 2000. a pesar que el estudio de constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 40 de 1993 se hizo a partir de los mismos cargos que ahora se esgrimen contra el artículo 11 de la Ley 733 de 2002. Ello. se esgrimió por la Corporación para considerar legítima la competencia legislativa en materia de exclusión de beneficios y subrogados penales.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 24
tendrán derecho a la condena de ejecución condicional.4.
y otra las garantías procesales encaminadas a permitir la defensa del sindicado. En este sentido. Sobre el particular. tienen que ver. A las cuales cabe agregar las siguientes. Las restricciones previstas en este artículo. que consagra la igualdad. la Corte manifestó sobre el particular. concretamente el artículo 29.4. comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados. en ú ltimas. En algunos de los apartes de la precitada Sentencia C. esta Corporación tuvo la oportunidad de referirse al tema específico de la competencia legislativa para excluir beneficios y subrogados penales. y no con garantías procesales que permitan al sindicado del delito de secuestro su defensa. que a su vez constituyen la ratio decidendi del fallo. Limitar o eliminar estas últimas hasta desconocer la presunción de inocencia. en especial.1 Ciertamente. desestabilizando incluso el propio orden institucional.4.
6. la privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves. a propósito de la declaratoria de exequibilidad del artículo 15 de la Ley 40 de 1993 que. el secuestro. de acuerdo a una previa valoración de conveniencia política y. no cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados penales responde al diseño de una política criminal que.4. lo siguiente:
“Las mismas razones expuestas en relación con el artículo 14.4. teniendo en cuenta la gravedad de las conductas delictivas y el daño que éstas puedan causar a la sociedad. por estar acusados de la comisión de los d elito s más g rav es . precisó que la inclusión o exclusión de beneficios y subrogados penales guarda estrecha relación con la duración de la pena privativa de la libertad y. el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo.4. permiten deducir la exequibilidad del 15. las más graves de las cuales tienen que corresponder a los peores delitos.3. Pero. como ya se anotó. responden a un asunto de política criminal que compete planear y desarrollar al Congreso de la República. con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio.2.
. 6. con las garantías procesales que le permiten al sindicado intervenir en la actuación judicial y ejercer plenamente su derecho a la defensa. 6. desproporcionado o irrisorio.” De otra parte. que. en frentan la po s ib ilid ad d e las p enas may o res . con la duración de la pena privativa de la libertad. una cosa son las penas. con mayor razón si ello se hace en perjuicio de quienes. de ningún modo. la extorsión y sus conexos. sin tener por qué afectar. como se dijo. se repite. como se advirtió en el punto inmediatamente anterior. garantías que no pueden eliminarse o recortarse hasta hacerlas ineficaces.213 de 1994.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 25
6. Respecto a esto último. al igual que ocurre con el señalamiento de los comportamientos delictivos y la fijación de las penas. reguló inicialmente la materia. quebrantan en forma significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva. porque. Por ello. sostuvo la Corte que tales medidas. esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución. sí violaría la Constitución.
no se puede conceder un beneficio según la cosa en sí exclusivamente-. pues la pena. que comporta la repuesta del Estado a la alarma colectiva generada por el delito. en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales.7 Ahora bien. lo que se 17 merece” . Pero ese merecimiento también se observa en la justicia conmutativa. habrá de precisar la Sala que la misma no tiene un carácter
Sentencia C-069/94. Por tanto.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 26
interpretando la realidad del país. que justifica su adopción y descarta cualquier posible discriminación. 6.4. A propósito de lo dicho. como por ejemplo en la imposición de penas. que. Conforme a lo expuesto. y mucho menos. que hacen parte de los mecanismos de resocialización creados por el legislador a favor del imputado.4. Entre más participa la persona por medio de sus actos cotidianos al bien común.P. y menos los principios de dignidad humana. destacando. Ciertamente. la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa. Por eso.4. según el merecimiento personal de cada uno de éstos. la justicia distributiva adjudica algo entre los particulares. mayores deben ser las prerrogativas. pues será mayor el castigo a quien afecte gravemente el bien común. la Corte tuvo oportunidad de abordar el tema del valor de la justicia frente al reconocimiento de los beneficios y subrogados penales. el secuestro y la extorsión. no puede entonces contrariarse el sentido de la pena. pues. M. Es decir. 6. no pueden ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal. para así aplicar el principio de igualdad donde éste corresponde no a la cantidad sino a la proporción. el valor de la justicia que consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y según sus propias ejecutorias. que su reconocimiento y evaluación depende del grado de afectación que los comportamientos humanos puedan hacer al bien común. y los mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada. no desconoce ningún valor constitucional. Al respecto. debe tenerse en cuenta el aporte objetivo al bien común y una actuación coherente con el interés general. es decir. extorsión y conexos. que “constituye lo justo.P. secuestro. en cuanto elimina algunos beneficios y subrogados penales para los delitos de terrorismo. Como se ha venido sosteniendo. resulta ajustado a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para conductas como el terrorismo. por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad. Vladimiro Naranjo Mesa
. pierde su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que determinados comportamientos causan a la comunidad. Vladimiro Naranjo Mesa). precisamente.5. Por vía de los beneficios penales. igualdad y debido proceso. es claro que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002. sobre el alcance de la medida adoptada por la norma impugnada.”
6. está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas. antes del fallo que ahora se reitera. sino según la proporción que guardan dichas cosas con las personas. existe un marcado criterio de diferenciación: la gravedad de las conductas punibles. al margen de que el mismo no se mete con las garantías procesales del imputado ni las afecta. en la Sentencia C-171 de 1993 (M.6. dijo:
“En la justicia distributiva se observa el medio de acuerdo con el merecimiento de las personas.
que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero
Sentencia C-561/2000. Con respecto a la acusación formulada contra el artículo 14. Respecto a este último requisito. (iii) explique las razones o motivos por los cuales estima que tales normas superiores han sido desconocidas.“ los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal. M. particularmente. Así. llamadas a determinar la competencia del juez constitucional para proferir decisión de fondo.1. conforme lo indica el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. en cuanto no resulta razonable y proporcionado que delitos que venían siendo conocidos por los jueces ordinarios. 7.2.P. Para el demandante.3. la Corte ha considerado que. 7. Sobre este particular. el señor Fiscal General de la Nación.. es necesario que el actor (i) señale las disposiciones legales contra las que dirige la acusación. siempre que ésta sea efectiva. 7. concierto para delinquir. (ii) indique las preceptivas constitucionales que considera violadas y. como el mismo secuestro simple. la Corte reitera la posición adoptada en la Sentencia C-213 de 1994. Rodrigo Escobar Gil.
.5.. su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto. le solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo. alcance o contenido. la colaboración en la fuga.4. se encarga de asignarle a los jueces penales del circuito especializados el conocimiento de los delitos señalados en dicha ley. extorsión.P.” En consecuencia. Sentencia C-357/97. específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada. 7. uno de los intervinientes. M. quien la promueve a través de demanda. la observancia de unas cargas mínimas.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 27
absoluto e ilimitado. José Gregorio Hernández Galindo.” 7. y a “evitar que la presunción de constitucionalidad que ampara toda norma jurídica. extorsión y terrorismo. por considerar que el demandante no estructuró un verdadero cargo de inexequibilidad. “en cuanto ‘el juicio de inconstitucionalidad implica la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior’ 19 . 7. y procederá a declarar exequible la norma acusada. Análisis de constitucionalidad del artículo 14. El artículo 14 de la Ley 733 de 2002. pueda verse injustamente cuestionada por reproches que no reflejan fielmente su 18 verdadero origen. esta decisión legislativa es contraria al principio de igualdad. pues de la propia disposición se extrae que es completamente válido otorgar para tales conductas delictivas -secuestro. habrá de recordar la Sala que si bien la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y no se encuentra sometida al cumplimiento de requisitos o presupuestos especiales. su ejercicio sí le impone al ciudadano. deban ahora ser juzgados por los jueces especializados. para que una demanda de inconstitucionalidad se entienda presentada en legal forma y active la competencia de este organismo de control.
está determinada por la necesidad de indicar un mínimo de razones por las cuales. concreto. M. la posibilidad de adelantar un juicio de límites y juzgar su potencial inconstitucionalidad. 21 pertinentes y suficientes” . 7. se “fund[e] en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”.7..Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 28
problema de índole constitucional y. En este contexto.P. si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. por tanto. el secuestro simple.
. compartiendo la posición adoptada por señor Fiscal General de la Nación. y que existen razones fundadas para que éste se haya visto precisado a adoptado medidas como la aquí relacionada.” 22 7. Manuel José Cepeda Espinosa. si definen en forma diáfana la manera como la preceptiva impugnada viola la Constitución Política. se entiende que las razones son suficientes.que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad y que. en cada caso. La aplicación de estos criterios legales y jurisprudenciales al caso concreto.P. Finalmente. 7. Asimismo. Tales razones son a su vez específicas. ha sostenido que existen razones claras. Ahora bien. M. no pueden ser reasignados a la competencia de los jueces penales del circuito especializados sin violar el principio de igualdad. 22 El tema de la definición de las circunstancias a partir de las cuales un cargo se entiende debidam ente estructurado ap ar ece debid amente desarrollado en la sentencia C-1052/2001. en la medida en que se expongan los elementos de juicio -argumentativos y probatorios.. la extorsión y el concierto para delinquir -por citar tan sólo los ejemplos señalados en la
Sentencia C-561/2002. las razones son pertinentes siempre que la censura impetrada sea de naturaleza estrictamente constitucional o.7. una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política”20 . sin correspondencia real con la norma que somete a juicio. Manuel José Cepeda Espinosa. la colaboración en la fuga.6. Igualmente. Teniendo en cuenta que la asignación de competencias se enmarca dentro de las materias que hacen parte de la libertad de configuración política del legislador. llevan a la Corte a considerar. cuando la argumentación sigue un hilo conductor que facilita al lector comprender el sentido de la demanda y las justificaciones en que se fundamenta. ciertas . que la demanda presentada contra el artículo 14 de la Ley 733 no reúne todos los requisitos exigidos para adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. específicas . las razones son ciertas siempre que recaigan sobre una proposición jurídica contenida en el precepto acusado y no sobre una inferida o deducida arbitrariamente por el demandante. según la propia jurisprudencia. directo y específico de inconstitucionalidad. ya que el demandante no formuló en su contra un verdadero cargo. si bien no consiguen “ prime facie convencer al [juez] de que la norma es contraria a la Constitución. Sentencia C-1052/2001. lo que es igual. por lo menos los que venían siendo de conocimiento de los jueces penales ordinarios antes de su expedición. en cuanto en realidad se abstuvo de señalar o indicar con claridad y suficiencia las razones por la cuales los delitos a los que se refiere la Ley 733. se entiende que existe cargo cuando las razones en que éste se funda son “ claras.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto. la norma es contraria a la igualdad por pasar al conocimiento de los jueces especializado algunos delitos atribuidos inicialmente el juez ordinario. si el demandante está basando su acusación en la violación del principio de igualdad. las normas penales ordinarias tienen vocación de perman enci a y. en este sentido. no constituye una acusación clara en la medida en que no permite la comprensión del cargo. VII. no hubiera afect ado la competencia de la Corte para adelantar el examen de inconstitucionalidad de la preceptiva acus ada. expedido por el Presidente de la República en desarrollo del Estado de Conmoción Interior declarado a través del Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002. M.P. en particular. que propugna por la identidad de trato para situaciones iguales y avala la diferencia frente a hipótesis distintas. en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
. salvo que sean expresament e derogadas por el Congreso de la República. a partir de la simple consideración según la cual. Particularmente. por supuesto. ya que. a partir del día 9 de septiembre de 2002.9. por cuanto el demandante no estructuró en su contra un verdadero cargo de inconstitucionalidad. Ello. aquél tenía la carga de identificar con claridad los elementos de comparación requerido para posibilitar el juicio de inconstitucionalidad. la Corte se declarará inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 14 23 de la Ley 733 de 2002.8. frente a cada una de las conductas que le han sido atribuidas al juez especializado. concretamente. como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional sobre la materia. administrando justicia. Sentencia C-179/94. Carlos Gaviria Díaz). En virtud de lo expuesto. la Corte Constitucional. 7. Es más. resulta discriminatoria. ni suficiente en cuanto no expone los elementos argumentativos necesarios para crear un criterio mínimo de sospecha sobre la validez de la norma impugnada.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 29
demanda.deben continuar siendo juzgados por los jueces penales ordinarios y no pasar al conocimiento de los jueces del circuito especializados. (Cfr.
Al margen de lo anterior. indicando cómo la diferencia de trato que la ley promueve para ciertos delitos que venían siendo juzgados por los jueces ordinarios. el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 se encuentra suspendido por orden expresa del artículo 3° del Decreto Legislativo 2001 de 2002. recuperan su vigencia y continúan produciendo efectos jurídicos. “Por el cual se modifica la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados” . Pero promover la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 14. frente a la aplicación de algunas de las garantías propias del debido proceso 7.9. en el supuesto de haberse cumplido con los requisitos de procedibilidad de la demanda.
Primero: Declarar EX EQ UIBL ES los artículos 10° y 11 de la Ley 733 de 2002. por el hecho de pasar al conocimiento de los jueces especializados. no sobra advertir que. y éste es por antonomasia un derecho relacional. una vez las disposiciones de emergenci a dejen de regir como consecuencia de que el Gobierno haya declarado restablecido el orden público en los términos de los artículos 213 y 214 de la Constitución Política. 7.
notifíquese. publíquese. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
. comuníquese. Cópiese.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 30
Segundo : Declarase INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra el artículo 14 de la Ley 733 de 2002.
Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 31
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada
ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General
En punto a la resocialización. supera un juicio estricto de igualdad. En el presente caso. se ha establecido la exclusión de ciertos beneficios para los condenados por delitos de terrorismo. SECUESTRO Y EX TORSION -Exclusión de personas condenadas (Aclaración de voto) JUICIO DE IGUALDAD EN EXCLUSION DE BENEFICIOS PARA DELITOS DE TERRORISMO. En este orden de ideas.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 32
Aclaración de voto a la Sentencia C-762/02 BENEFICIOS EN DELITOS DE TERRORISMO. considero que la exclusión de estos delitos de los beneficios mencionados en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002. un mayor efecto disuasivo. la medida se estima necesaria. Es posible identificar dos fines. Salta a la vista que no se está frente a las mismas circunstancias analizadas en la sentencia C-709 de 2002. Esta medida. no hay contradicción con la posición asumida en el salvamento de voto a la sentencia C-709 de 2002. extorsión y conexos. claramente constitucionales. (iii) establecía un trato desigual frente a otras conductas que tenían igual sanción. pues la gravedad de los hechos delictivos (sobre lo cual puede admitirse la notoriedad del daño social derivado de su realización) exige (y el legislador lo puede estimar así) un intenso tratamiento dirigido a su resocialización. En el mencionado salvamento de voto expresé mi opinión sobre la ausencia de toda proporcionalidad y el desconocimiento del orden axiológico de la Constitución. El efecto de la exclusión es que. la gravedad de las
. al votar junto a la mayoría en esta ocasión. claramente graves. secuestro extorsivo. la persona condenada por uno de estos hechos deberá cumplir completamente la pena impuesta dentro de un establecimiento penitenciario. otorgar subrogados penales y otros beneficios pueden incidir negativamente en la resocialización de los condenados. De una parte la efectiva resocialización de los condenados y. como se explicó: (i) no resultaba proporcionada con las penas imponibles (arresto en la mayoría de los casos). de la exclusión. En cuanto a la proporcionalidad estricta. al establecer como única medida de aseguramiento imponible a quienes fueran sindicados de los delitos contra el servicio y la disciplina militar. por otra. No es el caso de restricción a las oportunidades de sindicados o condenados por delitos de menor entidad. La norma en cuestión establece un trato desigual entre quienes cometen estos delitos y personas que han incurrido en otras conductas. SECUESTRO Y EX TORSION -Superación (Aclaración de voto) 1. Aquí se trata de una disposición que define la situación jurídica de la libertad de las personas condenadas por ciertos delitos. y (iv) no se estableció que la detención debía adoptarse únicamente cuando fuere necesaria para asegurar la prueba o la presencia del procesado en el juicio. Por otra parte. 2. secuestro. así como la violación del derecho a la igualdad. (ii) privilegiaba tales valores por encima del respeto a la dignidad humana y el derecho internacional humanitario. salvo que exista una efectiva colaboración. El propósito de mi aclaración de voto es explicar por qué. la detención preventiva.
extorsión.Expediente D-3972 – Sentencia C-762/2002 33
conductas –terrorismo. antes que afectar otros bienes y valores. tornan indiscutible que al excluírseles de los beneficios mencionados. Fecha ut supra. Esto último apoya el segundo criterio.-. no se impone un sacrificio inadmisible de otros valores o bienes constitucionales. etc. pues claramente el efecto disuasivo que se deriva de la inexistencia de tales beneficios. secuestro.
. los potencia y permite una mayor protección de los derechos fundamentales de los asociados.
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