Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43561913
Timestamp: 2020-08-08 03:41:10
Document Index: 401114197

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 35', 'artículo 121', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 43', 'artículo 121', 'artículo 241', 'Artículo 69']

Sentencia de Constitucionalidad nº 406/98 de Corte Constitucional, 10 de Agosto de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43561913
El ciudadano J.A.G.G., haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 del Decreto 2158 de 1948.
El P. de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y
Que según D. números 1239 y 1259 del presente año, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República;
Que en diversas legislaturas, atendiendo a la expresión de una necesidad nacional, ha sido motivo de discusión, provocada por iniciativa oficial, la adopción de un Código Procesal del Trabajo,
Artículo 35. Asesoría al Ministerio Público.- Cuando las entidades de derecho público, Nación, Departamento o Municipio, o los establecimientos o empresas oficiales tengan que comparecer en estos juicios como demandantes, podrán asesorar al Agente del Ministerio Público o al Gobernador, en su caso, el Gerente, Administrador, Director o J. de obras respectivo, interviniendo en el juicio para el efecto de proponer incidentes, presentar pruebas, alegar e interponer recursos.
Cuando dichas entidades tengan que comparecer como demandadas, la demanda deberá notificarse al Agente del Ministerio Público del lugar en donde se siga el juicio o al Gobernador del Departamento, en su caso, y, además, al Gerente, Administrador, Director o J. de Obras respectivo, si en el lugar ejerce sus funciones oficiales, para el efecto de que pueda contribuir a la defensa de la entidad, interviniendo en el juicio en la misma forma prevista en el inciso anterior".
Dentro del término de fijación en lista, presentó escrito el ciudadano P.N.L. CORTES, en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y expuso las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad del artículo 35 del Decreto 2158 de 1948.
El ciudadano A.N.V., quien obra en calidad de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la Corte se inhiba de fallar sobre la exequibilidad de la norma demandada, por carencia actual de objeto, pues el artículo 35 del Decreto 2158 de 1948, materia de estudio, se encuentra derogado tácitamente y no tiene ninguna aplicación en la normatividad vigente.
Afirma que la Constitución Política de 1991 reformó, respecto del Ministerio Público, algunas de las funciones contempladas en la Carta de 1886, entre ellas, el haberle suprimido la facultad de representar judicial y administrativamente a la Nación en los juicios en que ésta actuaba como parte, y además ya no se ejerce bajo la dirección del P. de la República.
"La Constitución Política de 1991 suprimió la función anteriormente asignada al Ministerio Público como representante judicial o administrativo de la Nación. Por lo mismo, la norma demandada, perteneciente al Código de Procedimiento Laboral (Decreto 2158 de 1948), se ajustaba a los términos del artículo 43 de la N. Superior derogada, mas no a lo dispuesto en la Carta de 1991.
En efecto, la norma acusada hizo parte inicialmente de un decreto legislativo, dictado en uso de las facultades extraordinarias que al P. confería el artículo 121 de la Constitución anterior (Estado de Sitio), y fue adoptada como legislación permanente por el Decreto 4133 de 1948, a su vez expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 90 de 1948, normas éstas que no se encuentran demandadas.
"...a la Corte corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual debe decidir si las leyes proferidas por el Congreso y demandadas por cualquier ciudadano son constitucionales, y asimismo revisar oficiosamente los decretos expedidos por el P. de la República en ejercicio de las atribuciones señaladas en los artículos 212, 213 y 215 Ibídem, es decir en los casos en que haya sido declarado el Estado de Guerra Exterior, el de Conmoción Interior o el de Emergencia económica, social, ecológica o por calamidad pública.
Antes de la Constitución de 1991, las aludidas figuras excepcionales, en cuanto a conflictos externos y perturbación interna, estaban comprendidas por el Estado de Sitio, que permitía al P. de la República dictar decretos legislativos mediante los cuales podía suspender las leyes preexistentes, sobre la base de que fueran contrarias al objetivo inmediato y urgente de sofocar la perturbación del orden público.
Esos decretos tenían, pues, una vigencia precaria que desaparecía cuando el P. resolvía levantar el Estado de Sitio, pero podían conservar su vigor, integrándose a la legislación ordinaria permanente, si el Congreso así lo resolvía mediante ley.
La Corte, por tanto, tiene competencia para resolver sobre la constitucionalidad del contenido de cualquiera de los decretos legislativos dictados en esa época y cobijados por la Ley en mención. Es ésta, en unidad lógico jurídica con el decreto legislativo adoptado, la susceptible de acción pública de inconstitucionalidad, según el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Carta Política". (Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Sentencia C-491 del 2 de octubre de 1997).
Intervenir eventualmente como Ministerio Público ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Sala Civil y Laboral, con excepción de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca ante los cuales intervendrá la Procuraduría Delegada en lo Civil".
"Artículo 69.- Funciones. Las P.D. tendrán las siguientes funciones:
Intervenir eventualmente como Ministerio Público ante los Jueces del Circuito y M. en materia civil y laboral".
Intervenir eventualmente como Ministerio Público ante los Jueces de Circuito y M. en materia civil y laboral".
Ejercer las funciones del Ministerio Público ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos procesos donde sea parte la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o las instituciones de derecho social o de utilidad común;
Ejercer las funciones de Ministerio Público ante las salas laborales de los tribunales superiores del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca, y ante los jueces laborales del Circuito de Santa Fe de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca, en aquellos procesos donde sea parte la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, o las instituciones de derecho social o de utilidad común.
Actuar ante las salas laborales de los tribunales superiores del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca, y ante los jueces laborales del circuito de estos dos distritos judiciales en los procesos de fuero sindical;
Coordinar la intervención del Ministerio Público en materia laboral en todo el territorio nacional;
Actuar en los procesos judiciales de cancelación o suspensión de la personería de los sindicatos;
Actuar ante cualquier autoridad administrativa o judicial en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores o de los pensionados;
Ejercer las demás funciones que en defensa de los intereses individuales o colectivos de los trabajadores o de los pensionados se deriven de la Constitución o de la ley, de las decisiones judiciales o de los actos administrativos;
Ejercer las demás funciones que le señale la ley o le delegue el Procurador General de la Nación".
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la S.P. de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
C., notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.