Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1021-05.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:39:27
Document Index: 62395526

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 228', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 65']

T-1021-05
Sentencia T-1021/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Clases de defectos
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterio de procedencia de la acción de tutela
EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Retiro del servicio por razones de conveniencia/DERECHO DE DEFENSA ANTE JUNTA DE CARRERA PENITENCIARIA
Referencia: expediente T-1141894.
Acción de tutela interpuesta por Dagoberto Ipus Correa contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Bogotá D. C., siete ( 7 ) de octubre de dos mil cinco (2005).
que pone fin al trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 19 de mayo de 2005, dentro de la acción de tutela incoada por Dagoberto Ipus Correa contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El actor interpuso el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 16 de octubre de 1997, confirmó dicha decisión porque estimó que la desvinculación del demandado se había ajustado a la Ley. De otro lado, el Consejo de Estado consideró que a pesar de que la Corte Constitucional en la sentencia C-108 del 15 de marzo de 1995 había declarado la exequibilidad del artículo 65 del Decreto Ley No.407 de 1994 condicionada a la observancia del debido proceso, dicha garantía sólo cobijaba a los inscritos en la Carrera Penitenciaria, lo cual no era el caso del actor.
En términos generales, el accionante alega que desempeñaba un cargo de carrera y que, por tanto, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencias C-108 y C-565 de 1995, su desvinculación por razones de conveniencia sólo era procedente con la plena observancia de los derechos de defensa y al debido proceso, cuya violación fue ignorada por los jueces de instancia. Así mismo, considera que en las sentencias del 6 de septiembre de 1996 y 16 de octubre de 1997 el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico porque desconocieron que se encontraba inscrito en la Carrera Penitenciaria, resaltando que el certificado de idoneidad que exige el artículo 9 de la Ley 32 de 1986 sólo pudo ser obtenido después de culminado el proceso, como quiera que el mismo se expidió el 4 de febrero de 1999.
Por último, el actor sostiene que 65 funcionarios desvinculados a través de la Resolución No.0071 de 1995 han sido reincorporados al servicio por órdenes judiciales impartidas por diferentes tribunales del país y el Consejo de Estado, entre los cuales destaca los casos de los señores Libardo Villamizar Florez, Manuel Hernández Millán, Alfonso Hernández Ramírez, Flaminio Camacho Ferrucho, Milciades Amaya Beltrán, José Aviles Gutiérrez, Lázaro de Jesús Roldán Pino, Roberto Aguilar Funeque, José Antonio Cicuamia Correa y Conrado García Villada.
En la solicitud de tutela se demanda la protección de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad y que, en consecuencia, se decrete la nulidad de las sentencias del 6 de septiembre de 1996 y 16 de octubre de 1997 proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado para que, en su lugar, se disponga el reintegro del actor al INPEC, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación laboral.
3.1. En su respuesta, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se remitió a las razones de hecho y de derecho expuestas en la sentencia del 6 de septiembre de 1996 (fl.432 C-1).
3.2. La Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no rindió el informe requerido por el juez de instancia.
4. La intervención de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como tercero con interés.
Por su parte, la Coordinadora del Grupo de Acciones de Tutela del INCEC alega que el señor Dagoberto Ipus Correa no aparece inscrito en el escalafón de Carrera Penitenciaria, pero que, en todo caso, fue desvinculado conforme a lo establecido en los artículos 8, 65, 81 y 83 del Decreto 407 de 1994, que facultan para el retiro de los funcionarios del INPEC por razones de conveniencia sin importar si están o no en carrera administrativa.
De otro lado, arguye que el proceso contencioso administrativo iniciado por el accionante para reclamar sus pretensiones concluyó hace más de 7 años y que la acción de tutela no es la vía adecuada para la reapertura de procesos judiciales culminados (fls.434 y s.s C-1).
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela, bajo la consideración de que esta acción no procedía contra sentencias judiciales.
6. Las pruebas relevantes practicadas en la instancia.
a.) Copia de la Resolución No.0071 del 12 de enero de 1995 expedida por el Director General del INPEC por medio de la cual se retiró por inconveniencia al señor Dagoberto Ipus Correa (fls.2 y s.s. C-1).
b.) Copia de la demanda presentada por el señor Dagoberto Ipus Correa ante la jurisdicción contenciosa administrativa (fls.38 y s.s.).
c.) Copia de las sentencias del 6 de septiembre de 1996 y del 16 de octubre de 1997 proferidas, en su orden, por contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
d.) Certificado de Idoneidad expedido el 4 de febrero de 1999 por la Escuela Penitenciaria Nacional a el señor Dagoberto Ipus Correa (fl.231).
En el caso sub examine el señor Dagoberto Ipus Correa alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al incurrir en vía de hecho en las sentencias del 6 de septiembre de 1996 y del 16 de octubre de 1997. La vía de hecho, alega el señor Ipus Correa, se configuró porque las instancias judiciales mencionadas no declararon que el Director del INPEC había vulnerado sus derechos fundamentales cuando lo desvinculó de esa institución por razones de conveniencia mediante Resolución No.0071 del 12 de enero de 1995, sin haberlo llamado a la Junta de Carrera Penitenciaria, imputado cargo disciplinario alguno, ni reconocerle la calidad de funcionario de carrera.
Teniendo en cuenta lo anterior, a efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá la doctrina constitucional establecida por esta Corporación sobre la vía de hecho y la inmediatez en materia de tutela, para posteriormente referirse al caso concreto.
En reciente sentencia, T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), esta Sala hizo una exposición sobre la doctrina constitucional de la vía de hecho judicial. En esta providencia la Sala Primera de Revisión expresó:
Por ende, la admisión de la tutela en estos casos juega un papel armonizador de las relaciones político sociales inherentes al Estado Constitucional y democrático, dado que, aunque se establezca como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia y protección real del derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas tal principio admite excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de los jueces, con lo cual, además, se salvaguardan derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro del marco del Estado social de derecho[8].
Ahora bien, es importante resaltar que no todo vicio de la actuación judicial es constitutivo de una vía de hecho, que dé lugar a su reprobación por el juez constitucional. De lo contrario, se asumirían posiciones procesalistas extremas que impedirían el cumplimiento de la función judicial, dado que el más mínimo incumplimiento daría lugar a la anulación de toda la actuación judicial, con lo cual se generarían efectos perversos y no favorables a la consecución de los fines constitucionales. Por ello, según lo ha señalado esta Corporación, “sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada”[11].
Una exigencia adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela contra una decisión judicial, consiste en la ocurrencia de una lesión o amenaza de lesión de un derecho fundamental por parte del acto enjuiciado. Este requisito está consagrado en el artículo 86 de la Constitución como principio general de procedencia de la acción de tutela. Es del caso resaltar esta condición, en tanto “puede suceder que en un proceso se produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental”[12].
En suma, el carácter excepcional de la acción de tutela por actos arbitrarios de los jueces, impone la sujeción de este mecanismo de protección a la observancia de una serie de límites rígidos: de una parte, los establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, que incluyen la vulneración o amenaza de un derecho fundamental de las personas afectadas con la decisión judicial[13] y, de otro lado, la verificación de alguno de los defectos de carácter sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental a que se hizo referencia. El respeto de los límites fijados pretende garantizar la autonomía e independencia de los jueces para proferir sus fallos, como presupuesto propio del Estado de derecho.”
4. La inmediatez en materia de tutela.
La acción de tutela no tiene término de caducidad[14]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la inmediatez con que se ejercita la acción es un factor determinante en el juicio de procedencia, pues “Si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública.”[15]
Ahora bien, el juicio de razonabilidad del plazo con que se ejercita la acción de tutela depende de las circunstancias concretas de cada caso. Así lo ha considerado esta Corte[16]:
“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable[17]. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo, se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados[18], entre otros. Así las cosas, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, no se ha establecido un año como término máximo para interponer la demanda de tutela[19].”
Pues bien, como se expuso en los antecedentes de esta providencia, el señor Dagoberto Ipus Correa se vinculó el 18 de mayo de 1983 a la Dirección General de Prisiones como Guardián Nacional Grado 2 y, mediante Resolución No.0071 del 12 de enero de 1995, el Director General del INPEC lo retiró del servicio por razones de conveniencia junto con otro grupo de funcionarios de la institución.
Posteriormente, el señor Dagoberto Ipus Correa demandó ante la jurisdicción contenciosa administrativa la nulidad de la resolución mencionada y el reintegro al servicio alegando la violación de sus derechos al debido proceso y de defensa, en razón de que nunca fue llamado a la Junta de Carrera Penitenciaria, cuyo concepto era necesario para su desvinculación de acuerdo con el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1997; no le fue imputado cargo disciplinario alguno; ni se le respetaron sus derechos de Carrera Penitenciaria. Pero, las pretensiones del demandante fueron desestimadas tanto en primera como en segunda instancia.
5.1. Indudablemente era la jurisdicción de lo contencioso administrativo – instancia a la cual acudió el accionante – en la que debía debatirse si la desvinculación del señor Ipus Correa del INPEC se había ajustado a los parámetros de Ley o, sin por el contrario, esta decisión no había consultado las causales y el procedimiento establecido en el Decreto Ley 407 de 1997; de modo que verificado lo anterior se procediera a la nulidad del aparte respectivo de la Resolución No.0071 del 12 de enero de 1995 y a la consecuente reincorporación del accionante al servicio.
También resulta indudable, de acuerdo con lo expuesto en el aparte número cuatro de estas consideraciones, que en el evento de que las autoridades judiciales encargadas de conocer del proceso contencioso administrativo iniciado por el señor Ipus Correa hubiesen incurrido en vía de hecho en su actuación, sería procedente el amparo contra las decisiones de esta naturaleza. Sin embargo, a juicio de la Sala, no es procedente el examen de fondo que pretende el accionante sobre las sentencias del 6 de septiembre de 1996 y 16 de octubre de 1997 proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, porque no se cumple con el presupuesto de la inmediatez.
En efecto, para la Corte es claro que, incoada en un caso concreto la acción de tutela, el juez debe negar o conceder el amparo según se haya o no configurado la violación o amenaza de los derechos fundamentales, en este caso por la supuesta configuración de unas vías de hecho; pero previamente a la definición acerca de si es procedente o improcedente la acción atendiendo a ciertos factores, tales como la existencia de otros medios judiciales de defensa, la inminencia de un perjuicio irremediable o el principio de inmediatez.
En el caso sub lite es patente que dicho requisito o presupuesto para la procedencia de la acción de tutela no se configura, pues las decisiones que supuestamente constituyen vía de hecho se profirieron el 6 de septiembre de 1996 y el 16 de octubre de 1997. Es decir, que desde el momento en que se configuró la alegada violación de los derechos fundamentales hasta el momento en que se presentó la solicitud de tutela – 25 de abril de 2005 (fl.5 C-1) – han pasado más de 7 años y 11 meses.
5.2. Ahora, si bien el documento que aparentemente acredita que el señor Ipus Correa era un empleado de Carrera Penitenciaria fue expedido sólo hasta el 4 de febrero de 1999 (fl.231 C-1), es decir después de concluido el proceso judicial, esta situación no desvirtúa la conclusión a la que llegó la Sala acerca de la improcedencia de la presente acción de tutela, pues, de un lado, habrían pasado más de 6 años desde que tuvo ocurrencia este hecho, y en todo caso, porque de la inactividad del accionado podría inferirse que está utilizando la acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos, toda vez que dentro de la oportunidad correspondiente no impetró la acción de revisión que establece el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 185 y subsiguientes cuando luego de proferida una sentencia se recobran documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.
En otras palabras, en lo que a este último punto se refiere, si la no pertenencia a la Carrera Penitenciaria fue razón por la cual los jueces administrativos no accedieron a las pretensiones del demandante, expedido el documento que supuestamente acredita la condición de empleado de carrera, el señor Ipus Correa aún tenía la opción de emplear el recurso extraordinario de revisión para que, invocada la causal pertinente, se le reconociera tal calidad y se procediera a la nulidad de la Resolución No.0071 de 1995 y al restablecimiento de sus derechos laborales. Así que, perdida esta oportunidad procesal por causa imputable a él, no puede pretender válidamente recuperarla a través del ejercicio de la acción de tutela.
En suma, la Sala no encuentra justificación en la demora del actor para interponer la acción de tutela luego de proferidas las sentencias que, supuestamente, configuran una vía de hecho.
Por consiguiente, se confirmará la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero atendiendo a que la acción de tutela interpuesta por el señor Dagoberto Ipus Correa no cumple con el principio de la inmediatez.
[11] Corte Constitucional. Sentencia T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13] Corte Constitucional. Sentencia SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis.
[14] Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-797 de 2002. Jurisprudencia reiterada, entre otras, en las sentencias T-762 y T-812 de 2003 y T-601 y T-633 de 2004.
[16] Sentencia T-684 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[17] En sentencia T-1229 de 2000 se recoge esta línea de jurisprudencia. En igual sentido T-173 de 2002.
[18] Sentencia T-173 de 2002.
[19] Ver sentencias T-558/02, T-575/02, T-9797/02, entre otras.