Source: http://contratacionelectronica.blogspot.com.es/
Timestamp: 2017-04-30 22:27:10
Document Index: 180431627

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 32', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 195', 'artículo 93', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 94', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 54', 'artículo 37', 'artículo 55', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 44', 'artículo 17', 'Artículo 44', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 517']

públicos y a algunas entidades asimiladas a estos. Hoy
privado y por reglamentos expedidos por las diferentes entidades, con prescindencia absoluta de los principios definidos en el Estatuto General de la Contratación Estatal, lo que ha dado lugar a que el propósito definido por el Constituyente en el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, según el cual debe existir un
estatuto general de contratación de la administración pública expedido por el Congreso, se ha convertido en letra muerta ante la inexistencia de un estatuto unificador de los principios aplicables a todas las entidades estatales.
relación de las normas que han generado este anárquico panorama es la
siguiente: 1. El Parágrafo 1 del
artículo 32 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 15 de la ley 1150
de 2007 cuyo contenido es el siguiente:
Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y
caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
artículo 20 de la ley 1150 de 2007 cuyo contenido es el siguiente:
20. De la contratación con organismos internacionales. Los contratos o
asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de
tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos
establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a
estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.
contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u
organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas
de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios
para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en
desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y
convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y
convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población
desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o
convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y
entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales
entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la
administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen
los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda
1°. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho
público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.
2°. Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a
los organismos de control y al Secop relativa a la ejecución de los contratos a
los que se refiere el presente artículo.
3°. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán
cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad,
organización o persona cooperante, así como los del ente nacional colombiano.
Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos
celebrados con organismos multilaterales.
incisos primero y segundo del artículo 31 de la ley 142 de 1994 que fueron modificados por el artículo 3 de la ley 689 de 2001, cuyo contenido es el
31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades
estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa”.
Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos
tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas
exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás.
Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá,
en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y
contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas
facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para
responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos
domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los
respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio
administrativo positivo”.
parágrafo del artículo 8 de la ley 143 de 1994 que dispone lo siguiente:
8o. Las empresas públicas que presten el servicio de electricidad al entrar en
vigencia la presente Ley, en cualquiera de las actividades del sector, deben
tener autonomía administrativa, patrimonial y presupuestaria…
El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho
privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la
inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los
contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo
lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación
numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993:
ARTICULO. 195.-Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán
al siguiente régimen jurídico: 6. En materia contractual se regirá por el
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la
artículo 93 de la ley 30 de 1992:
93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que
para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u
oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán
sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los
Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se
someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan”.
inciso final del artículo 13 de la ley 715 de 2001:
Artículo 13. Procedimientos de contratación de los
Fondos de Servicios Educativos.
los actos y contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que hayan de
registrarse en la contabilidad de los Fondos de servicios educativos a los que
se refiere el artículo anterior, se harán respetando los principios de
igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a
las circunstancias concretas en las que hayan de celebrarse. Se harán con el
propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y de los jóvenes, y
de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y
economía en el uso de los recursos públicos.
actos y contratos de cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales
se regirán por las reglas de la contratación estatal, teniendo en cuenta su
valor y naturaleza, y las circunstancias en las que se celebren. El Gobierno
Nacional podrá indicar los casos en los cuales la cuantía señalada en el
presente inciso será menor.
otra norma de la Ley 80 de 1993 será aplicable a los actos y contratos de
cuantía inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales que hayan de
vincularse a las cuentas de los Fondos.
inciso final del artículo 52 de la ley 31 de 1992, que determina el régimen
aplicable al Banco de la República.
52. Régimen Contractual. Las operaciones de crédito, descuento y redescuento
deberán documentarse en títulos valores y, en su caso, contarán siempre con la
responsabilidad de la institución descontada o redescontada. Para tal efecto el
endoso en propiedad al Banco de la República de los títulos descontados o
redescontados, no extingue las obligaciones a cargo del establecimiento de
Banco de la República no podrá autorizar descubiertos en ninguna forma ni
conceder créditos rotatorios ni de cuantía indeterminada.
de lo dispuesto en este artículo, los contratos de descuento y de redescuento
que se celebren con el Banco de la República se regirán por las normas que
expida la Junta Directiva y en lo no previsto por ellas, por el Código de
contratos que celebre el Banco con cualquier entidad pública tienen el carácter
de interadministrativos y solo requerirán para su validez la firma de las
partes y el registro presupuestal a cargo de la entidad contratista.
demás contratos de cualquier índole que celebre el Banco de la República se
someterán al derecho privado.
El artículo 94, numeral 4 de la ley 94 de 1998 en la referencia que se hace al régimen contractual de las “Las empresas y sociedades
que se creen con la participación exclusiva de una o varias empresas
industriales y comerciales del Estado o entre éstas y otras entidades
descentralizadas y entidades territoriales”:
94. Asociación de las empresas industriales y comerciales del Estado. Las
empresas y sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o
varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre éstas y otras
entidades descentralizadas y entidades territoriales se rigen por las
disposiciones establecidas en los actos de creación, y las disposiciones del
Código de Comercio. Salvo las reglas siguientes:
funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos,
servidores y las relaciones con terceros se sujetarán a las disposiciones del
derecho privado, en especial las propias de las empresas y sociedades previstas
en el Código de Comercio y legislación complementaria.
artículo 14 de la ley 1150 de 2007:
14. Del Régimen Contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con
participación mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se
encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen
su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los
términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del
numeral 2 del artículo 2° de la presente ley”.
artículo 15 de la ley 1150 de 2007 que reformó el parágrafo 1 del artículo 32
1°. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías
de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán
reglamentarias aplicables a dichas actividades.”
referencia que se hace a los contratos en el artículo 6 de la ley 1118 de 2006,
relacionado con ECOPETROL:
6. Régimen aplicable a ECOPETROLS.A.- Todos los actos jurídicos, contratos y
actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de
ECOPETROLS.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del
aporte estatal dentro del capital social de la empresa.
artículo 16 de la ley 1150 de 2007:
16. De las Entidades exceptuadas en el sector Defensa. Los contratos que
celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial
–Cotecmar– y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC–, no
reglamentarias aplicables a su actividad.
artículo 54 de la ley 105 de 1993:
54. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. La Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, tendrá el mismo régimen de contratación administrativa
establecido para las entidades estatales que presten el servicio de
telecomunicaciones, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993.
régimen especial de contratación será aplicable para obras civiles,
adquisiciones, suministros y demás contratos que se requiera realizar para
garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria.
gastos de funcionamiento e inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil se ejecutarán indistintamente con los recursos propios y los
referencia que se hace a los contratos en el inciso segundo del artículo 37 de
la ley 182 de 1995:
37 LEY 182 DE 1995. REGIMEN DE PRESTACION.
uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de
televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las
actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de
producción, programación comercialización y en general sus actividades
comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del
derecho privado. Los canales regionales estarán obligados a celebrar
licitaciones públicas para la adjudicación de los programas informativos,
noticieros y de opinión y el acto de adjudicación siempre se llevará a cabo en
audiencia pública. Estos canales podrán celebrar contratos de asociación bajo
la modalidad de riesgo compartido. Los contratos estatales de producción,
coproducción y cesión de derechos de emisión que se encuentren en ejecución o
estén debidamente adjudicados a la fecha de promulgación de esta Ley, se
ejecutarán hasta su terminación de acuerdo con las normas bajo las cuales
fueron celebrados.
referencia que se hace a los contratos en cuanto el artículo 55 de la ley 1341
de 2009, tenga aplicación a los proveedores de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de naturaleza pública.
55. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Los actos y los contratos, incluidos
los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los
proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se
regirán por las normas del derecho privado.
parte final del artículo 40 de la Ley 1450 de 2011:
Artículo 40. Definición naturaleza jurídica del Fondo
de Promoción Turística. El artículo 42 de la Ley 300 de 1996 quedará así:
42. Del Fondo de Promoción Turística. Créase el Fondo de Promoción Turística
como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la
contribución parafiscal a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, el cual se
ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Para todos los efectos, los procesos de
contratación que lleve a cabo la Entidad administradora del Fondo de Promoción
Turística se adelantarán de conformidad con el derecho privado"
referencia que se hace a los contratos del Fondo de Modernización e innovación
para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a que se hace referencia en el
artículo 44 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 17 de la ley 590
Artículo 44. Fondo de Modernización e Innovación para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. El artículo 17 de la Ley 590 de
2000, quedará así:
17. Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. Créase el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, como un sistema de manejo separado de cuentas del
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.- Bancoldex, que para todos sus
efectos se asimilará a un patrimonio autónomo y quien lo administrará a través
de una cuenta de orden. Las actividades, los actos y contratos celebrados por
el Fondo se regirán por derecho privado y se someterán a los procedimientos y
requerimientos internos establecidos para los actos y contratos del Banco de
Comercio Exterior de Colombia S. A., Bancoldex. El Fondo tendrá por objeto
aplicar instrumentos financieros y no financieros, estos últimos, mediante
cofinanciación no reembolsable de programas, proyectos y actividades para la
innovación, el fomento y promoción de las Mipymes.
artículo 7 del decreto legislativo 4819 de 2010:
7o. RÉGIMEN CONTRACTUAL. (Artículo CONDICIONALMENTE exequible, salvo el aparte
tachado INEXEQUIBLE) Los contratos que celebre el Fondo para el cumplimiento de
su objeto, cualquiera sea su índole o cuantía, se regirán por el derecho
privado y estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y
267 de la Constitución Política, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la
Ley 80 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO
SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
La tendencia administrativa y
legislativa y algunas líneas jurisprudenciales están dirigidas a debilitar los
derechos de los contratistas y a fortalecer las atribuciones de las entidades
estatales, excluyendo a la mayoría de ellas del ámbito de aplicación de la ley
80 de 1993 y fortaleciendo el margen “de maniobra” de las pocas entidades que
todavía quedan sometidas a ella.
Mencionaré a continuación algunas
de las disposiciones cuestionables contenidas en el borrador de proyecto de ley:
1. Se faculta a las entidades
contratantes para definir en los pliegos de condiciones los eventos y
circunstancias que se consideran conflicto de intereses: esta práctica ha sido
utilizada por algunas entidades públicas como una forma disimulada de ampliar
el catálogo de inhabilidades e incompatibilidades definidas en la ley violando de
esta manera el principio de reserva legal para la expedición de normas que prohíben
o limitan la posibilidad de acceder a la contratación estatal. En muchas
ocasiones se ha evidenciado que las entidades se inventan causales de “conflicto
de intereses” para limitar la competencia y para dirigir las licitaciones hacia
determinadas personas. Igualmente se usa para evitar el acceso a la contratación
a ciertas empresas como por ejemplo a las que se han atrevido a demandar al
Estado o a presentar reclamaciones, definiendo como causal de conflicto de
intereses la existencia de demandas o reclamaciones contra la entidad. Esta
facultad entraña un grave peligro para la transparencia en la contratación
pública pues permite que los funcionarios públicos dejen volar su creatividad
para inventarse prohibiciones o restricciones para contratar, que el legislador
no consideró como tales.
2. Para facilitar el direccionamiento
de los procesos de selección, el proyecto de ley permite que la entidad revoque el acto de
apertura del proceso de selección hasta antes de la adjudicación, es decir,
cuando ya se conocieron las propuestas y cuando ya se sabe quién sería el
virtual beneficiario de la adjudicación. Si el resultado de la evaluación no
arroja un resultado favorable a los intereses de gobernante de turno, este
podrá revocar el acto de apertura permitiendo que el proceso inicie de nuevo
alegando causales baladíes y subjetivas como por ejemplo que el proceso fue
producto de una planeación deficiente o que se requieren nuevos estudios de
conveniencia y oportunidad o que la contratación resulta inconveniente. Algunas
entidades han acudido a la estrategia de revocar actos de apertura pero como
este mecanismo carece de soporte legal el gobierno quiere legalizar esta
práctica para facilitar el control sobre el resultado de las adjudicaciones.
3. En el proyecto de ley se
premia la improvisación de las entidades estatales en la etapa precontractual,
de manera similar a como lo hizo el Consejo de Estado cuando comenzó a exonerar
a las entidades estatales frente a las demandas presentadas por los
contratistas que se veían perjudicados por las dificultades generadas durante
la ejecución de contratos por la falta de diseños o por la no entrega oportuna
de predios. Como se recordará, el Consejo de Estado consideró que en esos casos
la entidad no estaba obligada a indemnizar a sus contratistas pues esas
deficiencias generaban la nulidad del
contrato, situación ésta que impedía cualquier reconocimiento económico a su
favor. Continuando entonces con esta línea creada por el más alto órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
ahora el Gobierno pretende que las entidades puedan alegar a su favor su propia
negligencia para abstenerse de adjudicar un contrato, disponiendo la
revocatoria del auto de apertura por las deficiencias cometidas en los estudios
4. Retomando también una
cuestionable línea jurisprudencial del Consejo de Estado que durante una época limitó
la indemnización a que tiene derecho el proponente afectado por una
adjudicación ilegal, el proyecto de reforma decide generar limitaciones
legales a la indemnización derivada de la no adjudicación de un contrato a
quien presentó la mejor propuesta; esto a pesar de que hoy en día el Consejo de
Estado afirma de manera unánime que al proponente al cual no se le adjudica el
contrato a pesar de haber presentado la mejor propuesta, se le debe reconocer
el 100% de la utilidad esperada. Con la reforma, se reduce la indemnización a
un valor comprendido entre el 30% y el 50% de la utilidad esperada imponiéndose
además una serie de limitaciones y condiciones para tener derecho a esta
indemnización, llegándose incluso al extremo de ordenar que se reduzca el monto
de la utilidad esperada, en función de los riesgos que el contratista hubiera
asumido durante la ejecución del contrato. Además introduce un requisito para
la procedencia de la condena exigiendo que la valoración de la conveniencia sea
en función de los fines perseguidos por la entidad, lo que introduce un preocupante
margen de subjetividad en la valoración que haga la administración al momento
de adjudicar y del juez al momento de fallar. El mensaje que se envía a las
entidades es claro: la reforma busca darle tranquilidad a las entidades que
realizan adjudicaciones ilegales, por la vía de incrementar las condiciones
exigidas para la procedencia de una eventual condena a la vez de reducir el
riesgo derivado del monto de una futura indemnización, lo cual termina
desestimulando las demandas que quisieran presentar los proponentes víctimas de
adjudicaciones ilegales. 5. En los pliegos de condiciones
es usual la inclusión de una regla según la cual es causal de rechazo no
responder a un requerimiento de la entidad para subsanar determinado requisito.
El Gobierno está elevando a raigambre legal esta práctica que genera el riesgo
de que las entidades exijan requisitos inocuos o intrascendentes para luego
rechazar las propuestas por la no entrega de los mismos, so pretexto de
habérseles pedido que subsanaran la supuesta deficiencia. Voy a explicar lo
anterior con un ejemplo: supongamos que en unos pliegos de condiciones se exige
que el proponente acredite no estar incluido en la lista Clinton y el
proponente no entrega documento alguno en este sentido con los documentos de la
propuesta; la entidad, aparentando un actuar transparente, le otorga un plazo
de cinco días para aportar este documento y el proponente no pudo entregarlo
dentro del plazo otorgado o se niega a hacerlo alegando que dicha exigencia es
ilegal dado que este tipo de listas no son exigibles en Colombia y por tanto no
generan ningún tipo de restricción para contratar con el Estado (tal como lo
reconoció la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría en la Circular
conjunta 034 del 28 de octubre de 2011). ¿Podría entonces la entidad rechazar
la propuesta alegando que el contratista no entregó el documento exigido a
sabiendas de que este tipo de documentos no pueden ser suficientes para
justificar tal proceder? La respuesta tiene que ser negativa, pues permitir que
las entidades rechacen propuestas alegando que los documentos no se subsanaron,
sin importar la naturaleza, relevancia o importancia del mismo, es facilitar que
las entidades estatales rechacen propuestas incómodas para ellas argumentando
la ausencia de requisitos baladíes. 6. El proyecto de reforma también
pretende elevar a categoría de ley la cuestionable posición asumida últimamente
por el Consejo de Estado, de acuerdo con la cual la firma de un otrosí o de una
modificación a un contrato implica la renuncia a cualquier reclamación a menos
que se deje la respectiva salvedad. Esta posición jurisprudencial es claramente
contraria al espíritu de la ley 80 de 1993, pues en ella claramente se dispone
que las entidades no pueden condicionar la firma de adiciones o modificaciones a
los contratos a la renuncia de futuras reclamaciones (numeral 3, artículo 5,
ley 80 de 1993) de lo cual se deduce claramente que para el legislador la
suscripción de una adición o de una modificación no excluye el derecho a
presentar futuras reclamaciones. Para quienes tenemos cercanía con la
contratación estatal, es claro que al momento de suscribir una modificación o
una adición al contrato no se conoce cuál será el efecto económico real que
dicho acuerdo tendrá en el equilibrio del contrato, dado que sólo a la finalización
del mismo se sabrá si el equilibrio final se verá o no afectado de manera
definitiva. Es por eso que la ley prevé
que es al momento de la liquidación del contrato, cuando debe llegarse a los
acuerdos respectivos entre las partes para restablecer el equilibrio del
contrato y en caso de no ser posible, y es en esa oportunidad cuando el
contratista debe dejar las respectivas salvedades, reservándose el derecho a
demandar. Es tan claro lo anterior, que sólo a partir de este momento comienza
a contar el plazo para acudir a la justicia contencioso administrativa. El
Consejo de Estado decidió inventarse una regla contraria a estos principios
disponiendo que el contratista debe anticiparse a las oportunidades previstas
en la ley renegociando el contrato al momento de firmar cualquier modificación,
y en caso de no ser posible tal renegociación, debe dejar las respectivas salvedades
sobre los efectos que la modificación genera en la economía del contrato so
pena de entenderse que existió una renuncia a sus derechos. Como esta posición
carece evidentemente de soporte jurídico y es previsible que en un futuro no
muy lejano ella sea corregida por el Consejo de Estado, el gobierno quiere
elevarla a categoría de ley para limitar de esta manera los derechos de los
7. Frente a los contratos de consultoría
existe una propuesta de reforma que llama poderosamente la atención, pues
pareciera haber sido incluida para beneficiar a alguien en particular, y es la
pretensión de que un consultor pueda hacer valer la experiencia obtenida por un
tercero, bajo el supuesto de que ambos pertenezcan a “una red internacional de
firmas consultoras”. En este caso la experiencia no debe aparecer en el RUP y
podrá ser acreditada según la forma en que “lo determinen los pliegos de
condiciones”. Beneficios como estos no son gratuitos y probablemente obedecen a
la solicitud realizada por algún consultor perteneciente a una “red
internacional” que carece de experiencia propia pero quiere beneficiarse de la
adquirida por los otros integrantes de la misma.
8. El otro aspecto que causa
escozor es la obligación que se le impone a los interventores de ejecutar el
contrato de interventoría cuando el contrato principal es prorrogado. Prevé el
proyecto de reforma que si el interventor se niega a suscribir la prórroga o
adición, la entidad declarará la caducidad del contrato “sin importar que su
término esté vencido”. La propuesta de reforma es absurda por el sólo hecho de
pretender caducar (es decir, terminar), un contrato ya terminado, pero
adicionalmente se lleva por delante el principio de la autonomía de la
voluntad, puesto que la suscripción de una prórroga o adición debe ser el fruto
de una decisión voluntaria del contratista y no el resultado de una imposición
estatal. Esta posición resulta incluso contraria con la justificación que el
Consejo de Estado ha suministrado para afirmar que la firma de una modificación
al contrato implica la renuncia a reclamaciones dado que, como la suscripción
de prórrogas o adiciones constituyen un acto voluntario del contratista, éste pudo
haberse negado a firmarla si ella le resultaba perjudicial. ¿Qué pasa entonces
con un contrato de interventoría que resulta perjudicial para el interventor? ¿Acaso
tiene la obligación de continuar perdiendo dinero por el simple hecho de que el
contrato principal se prorrogó? ¿Qué pasa si el interventor pretende dejar
salvedades sobre los perjuicios ocasionados por la modificación y la entidad,
como ocurre casi siempre, se niega a admitir que se dejen dichas salvedades? ¿Tendrá
que firmar la modificación sin salvedades y de manera forzada para evitar el
riesgo de una caducidad? Es evidente que esta le otorga grandes facultades a
las entidades estatales para doblegar a los interventores y desconocer sus
derechos. 9. Otro aspecto del proyecto de
reforma que llama la atención es el relacionado con la pretensión de que las sentencias
penales proferidas en países extranjeros tenga efectos en Colombia, generando inhabilidades
para las personas que cometieron delitos relacionados con la actividad
precontractual o contractual en países extranjeros. Para permitir la
efectividad de esta disposición se habilita a la Procuraduría General de la
Nación para que haga la valoración pertinente e inscriba tal circunstancia en
el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad
(SIRI). Por este mecanismo está generándose una especie de mecanismo de
extraterritorialidad de la ley y de las sentencias penales extranjeras, para lo
cual se faculta a un órgano que carece de funciones judiciales pues su función
principal es el control disciplinario, para establecer si determinada sentencia
extranjera debe tener efectos inhabilitantes para una empresa extranjera en
Colombia. Esto va en contravía con la
tradición jurídica generalmente aceptada, de acuerdo con la cual la efectividad
de una sentencia extranjera está supeditada a la revisión que realice la Corte Suprema
de Justicia, competencia que para el caso de las sentencias penales está
asignada a su Sala Penal según lo establecido en el artículo 517 del Código de
Procedimiento Penal, de acuerdo con el cual, para que una sentencia extranjera
pueda ser ejecutada en nuestro país requiere de la decisión previa de esta
corporación previa la verificación de los requisitos previstos en la ley.
Adicionalmente esta disposición provocaría que la ley colombiana tuviera
efectos extraterritoriales pues resultaría que una persona que comete un delito
en el exterior y es condenada por una autoridad judicial extranjera, se verá
sometida a unas consecuencias jurídicas en Colombia (la inhabilidad para
contratar), que ni siquiera estaba en la posibilidad de conocer ni de prever.
Por otro lado, cabe preguntarse qué tipo de procedimiento deberá realizar para
emitir una decisión que puede provocar la muerte civil de una persona natural o
jurídica, de tal manera que se garantice adecuadamente el respeto al derecho de
defensa y al debido proceso. Este es el resultado de un primer
acercamiento que de antemano muestra una preocupante inclinación de algunos
funcionarios del Gobierno Nacional a permitir la consolidación de cuestionables
prácticas administrativas o posiciones jurisprudenciales. Considero que es importante que
las empresas contratistas del Estado sean conscientes de los efectos que puede
generar este proyecto para que a través de sus respectivas agremiaciones
profesionales hagan llegar al Gobierno Nacional su posición al respecto.
del proyecto de ley “Por medio de la cual se modifica el Estatuto General de Contratación y se dictan otras disposiciones en materia contractual pública en procura de su integridad y eficacia”
En el segundo semestre del presente año (2015), el Gobierno Nacional puso en conocimiento un borrador de proyecto de ley de reforma a la Ley 80 de 1993 que genera preocupación por el alcance que pueden tener algunas de sus disposiciones. Considero oportuno difundirlo para que los
interesados en el tema puedan conocerlo y hacer conocer sus observaciones. PROYECTO
6/26/2015 03:39:00 p. m.
Artículo tomado de: Legalia Abogados el 20Ene2007
ESPAÑA • Ley del Comercio Electrónico 34/ 2002 de 11 de julio del 2002 • Ley de Firma Electrónica. Ley 59/2003 de 19 de diciembre. En vigor el 20 de marzo del 2004 . • Ley 7/1998 de 17 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación • R.D. 1906/1999 de 17 de diciembre sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales • Ley 26/ 1991 de 21 de noviembre sobre contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil • Ley de Propiedad Intelectual, R.D. 1/1996 de 12 de abril, y Ley 5/ 1998 de 6 de marzo incorporada al mismo. • Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal. • R.D. 994/91 de 11 de junio . Reglamento de medidas de seguridad. • Ley 26/1984, General para la Defensa de los consumidores y usuarios, reformada por Ley 7/1998 • Orden Ministerial de 22 de marzo de 1996 sobre factura electrónica ( ...características de las facturas electrónicas y telemáticas) • Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista * art. 46.1 identificación electrónica, cargos tarjetas de crédito * Venta Automática ( título III, cap. II, artcs 49 a 52) * Ventas a Distancia ( cap. III, artcs 38 a 48) * Ventas en Pública Subasta ( cap. V, artcs 56 a 61 ) • Orden Ministerial de 21 de marzo del 2000 sobre requisitos de obtención de Nombres de Dominio, DNS (.es). En el ámbito supranacional ICANN( .com .org .net ) UNION EUROPEA • Directiva 2000/31/CE de 8 de junio del 2000, sobre comercio electrónico • Directiva 99/93/CE de 13 de diciembre de 1999 sobre el marco comunitario para la firma electrónica • Directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997 “ Distance Selling Directive” sobre protección de los consumidores en contratos a distancia (... incluye una protección en el ámbito del comercio electrónico) • Resolución del Consejo de 19 de enero de 1999 ( 1999/C 23/01)sobre protección de los consumidores en materia de comercio electrónico.( ...protección de la legislación del país de residencia, en relación con los Convenios de Roma y Bruselas, instando a examinar las lagunas en la legislación, y traslada al ámbito del comercio electrónico los principios de la reglamentación europea sobre los consumidores, etc) • Directiva 93/13/CE de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. • Propuesta Directiva armonización derechos de autor y derechos afines de 21.5.1999 • Directivas de derecho de autor incorporadas o traspuestas al derecho español: * 91/250 programas de ordenador * 92/100 derechos de alquiler * 93/98 plazo de protección * 93/83 derechos de autor en radiodifusión * 96/9/CE bases de datos • Recomendación de la Comisión Europea de 19 de octubre 1994 ( 94/820/CE) relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos. • Reglamento CE nº 44 / 2001 de 22 de diciembre del 2000 relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil . En vigor 1 de marzo del 2002 . INTERNACIONAL • Ley Modelo de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico de 1996 ( Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio Internacional). Model Law on Electronic Commerce. Seguida en Singapur, Illinois,USA(1998), Corea (1999). En preparación para leyes :Colombia, Canadá, Australia, Filipinas...En consideración,..Méjico,India... • USA.- "Electronic signatures in global and national commerce Act". 8, June, 2000. • Alemania.- " Gesetz über Rahmenbedingungen für Electronische Signaturen" 16, mayo, 2001 ( ley sobre Firma electrónica)( Bundesgestzblatt, 2001, teil 22, 21 mayo 2001). • Francia.- Ley firma electrónica : Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l`information et relative à la signature électronique. Loi nº 2000/230- JORF, 14 marzo 2000. • Irlanda.- " Electronic Commerce Act 2000 ". • Luxemburgo.- " Loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique ". • Reglas para el Conocimiento de Embarque Electrónico de la CMI, 1990. • Modalidad de entrega internacional de mercancias. Reglas y Usos uniformes, CCI, 2000. • Convenio internacional de compra-venta de mercancias de Naciones Unidas. Viena, 1980 • Convenio internacional ley aplicable a las obligaciones contractuales, La Haya, 1955. • Convenio europeo ley aplicable a las obligaciones contractuales, Roma, 1980 • Convenio europeo reconocimiento de sentencias en el área civil y mercantil. Bruselas, 1968. • Francia : cibermediaciones en la Cámara de Comercio de Paris : Centro de mediación y arbitraje. Sitio web : www.cmap.asso.fr
(LSSI) Ley de Servicios de la Sociedad de la Información1. ¿Qué se entiende por "servicios de la sociedad de la información"? Es todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información no solo comprende los servicios remunerados sino también los no remunerados por los destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. Son servicios de la Sociedad de la información entre otros y siempre que representen una actividad económica los siguientes: § La contratación de bienes o servicios por vía electrónica. § La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales. § La gestión de compras en la red por grupos de personas. § El envío de comunicaciones comerciales. § El suministro de información por vía telemática. § El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción. 2. ¿Quiénes son Prestadores de servicios en la sociedad de la información? Persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. 3. ¿Quiénes son Operadores de redes? Son las compañías que gestionan las líneas de comunicación que permiten a los usuarios finales acceder a la información que demandan. Habitualmente estas mismas compañías actúan como proveedores de acceso. 3. ¿Quiénes son proveedores de acceso? Empresas que dan conexión a Internet a particulares y a otras empresas. Son empresas con un ordenador de alta capacidad al cual se conectan los usuarios remotos, vía módem a través de una línea telefónica. Toda la información relacionada con la web del usuario está almacenada en el disco duro de su proveedor. Podemos decir que el proveedor de Internet es la puerta que nos da acceso a la red de redes. 4. ¿Cuándo se entiende que el proveedor de acceso se encuentra establecido en España? Se entenderá que un prestador de servicios de la Sociedad de la información esta establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que coincida con el lugar en que esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 5. ¿Qué es un establecimiento permanente? Es el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica . 6. ¿Qué son los datos de tráfico? Son los datos necesarios para facilitar la localización de equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información. 7. ¿Qué son Códigos de Conducta? Un Código de Conducta es un documento que describe los derechos básicos y los estándares mínimos que una empresa declara comprometerse a respetar en sus relaciones con los trabajadores. 8. ¿Qué es una comunicación comercial? Toda forma de comunicación dirigida a la promoción , directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o de los bienes o servicios de una empresa u organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. 9. ¿Qué es el spam? Es correo comercial no solicitado. 10. ¿Qué son las medidas de carácter provisional? Son aquellas medidas previstas para asegurar la eficacia de la resolución , el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. 11. ¿Qué es la acción de cesación? Es aquella que se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente ley y a prohibir su reiteración. 12. ¿Qué se entiende por contratación electrónica? Es la celebración de un contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. 13. ¿Se pueden aplicar las disposiciones de la LSSI sobre contratación electrónica a toda clase de contratos? No, lo dispuesto en el Título IV de la LSSI no es de aplicación a los contratos relativos al Derecho de familia y de sucesiones. La creación o transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, salvo los arrendamientos regidos por la legislación común. Los que requieran por Ley la intervención de tribunales, autoridades públicas o notarios, o registradores de la propiedad y mercantiles, como profesionales que ejercen la autoridad pública. Los de crédito y caución, y los de garantía en forma de títulos presentados por personas que actúen por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión. 14. ¿Qué restricciones existen a la prestación de servicios de la sociedad de la información? Los servicios de la sociedad de la información no podrán atentar contra los siguientes principios: • La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. • La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. • El respeto de la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. • La protección de la juventud y de la infancia. 15. ¿Qué ocurre con la protección de los derechos de los consumidores y de la salud pública? Las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley, no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a la protección de la salud pública, y los derechos de los consumidores. 16. ¿En qué supuestos el órgano administrativo puede imponer una multa coercitiva? Por incumplimiento de las medidas provisionales, el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6000 euros por cada día que se incumpla las medidas provisionales que hubieran sido acordadas. 17. ¿Qué se entiende por ámbito normativo coordinado? Son todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tanto si son exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación. 18. ¿Qué se entiende por profesión regulada? Es toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. 19. ¿Qué funciones asume el Ministerio de Ciencia y tecnología con la LSSI? El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en la LSSI20. ¿A qué otra regulación deben someterse las empresas en sus transacciones on line? • Código Civil y Código Comercio . • Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista. • Ley 7/1998 de 13 de abril de condiciones Generales de Contratación. • Ley 7/1995 de 23 de marzo de Créditos al Consumo. • Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazo de Bienes Inmuebles. • RD 14/1999 de 17 de septiembre de Firma Electrónica. • RD1906/1999 de 17 de diciembre de 1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de contratación. 21. ¿Qué se necesita para prestar servicios por Internet? Existe un régimen de libre competencia y de libertad de prestación de servicios, que también se aplica a los prestadores de servicios que procedan de otros estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, la prestación de estos servicios no estará sujeta a autorización previa. Es decir, las empresas podrán operar en Internet sin necesidad de ninguna clase de autorización. Sin embargo, las actividades que, por su normativa específica, si estén sujetas a una autorización previa, también deberán obtenerla para operar a través de la red.
1. Factbook sobre comercio electrónico 2. La Contratación Electrónica (CARLOS Barriuso Ruiz)
Ley80 1993
medios de resolucion extrajudicial