Source: https://es.scribd.com/doc/78959157/7/I-PROBLEMATICA-ACTUAL-DE-LAS-FUENTES-DEL-DERECHO-MER-CANTIL
Timestamp: 2016-05-04 13:53:58
Document Index: 65354934

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 96', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 50', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 12', 'artículo 169', 'artículo 288', 'artículo 12', 'artículo 288', 'artículo 177', 'artículo 189', 'artículo 290', 'artículo 211', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 189', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo\n11', 'artículo 189']

I. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS FUENTES DEL DERECHO MER-
CANTIL for MERCANTIL LIBRO
Las fuentes del Derecho mercantil son las mismas que para todo el orde-
namiento jurídico español establece el artículo 1.1 CC, esto es, la Ley, la
Al estudiar por tanto este tema, de lo que se trata es de considerar los
problemas peculiares que plantean las fuentes del Derecho desde la perspec-
tiva de las materias que se incluyen bajo el Derecho mercantil.
Tradicionalmente, al tratar de las fuentes del Derecho mercantil, se estu-
A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-GANO: Apuntes de Derecho Mercantil
diaban tres cuestiones fundamentales: las leyes que regulan la materia mer-
cantil; la prelación de fuentes en relación con esa materia, y la posibilidad de
considerar como fuentes peculiares del Derecho mercantil a las condiciones
Y el estudio de tales cuestiones se centraba básicamente en torno a lo
dispuesto en el artículo 2 CCom, según el cual «los actos de comercio... se
regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del
comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas,
por las del Derecho común».
Como puede apreciarse ese artículo establece un orden de prelación de
fuentes especialmente para los actos de comercio, y al estudio de esa prela-
ción de fuentes se dedicaba fundamentalmente el estudio de esta materia.
En la actualidad, continuando como continúa vigente el CCom y dentro
de él el artículo 2, el estudio del mismo sigue siendo indispensable; pero ello
no impide que los cambios extraordinarios acaecidos al margen del CCom
hayan relegado el estudio de lo dispuesto en el artículo 2 del mismo a un
segundo plano y que sea necesario estudiar otras cuestiones más importantes
que son hoy día fundamentales en materia de fuentes del Derecho mercantil.
Entre los cambios importantes acaecidos en los últimos tiempos hay que
hacer notar algunos que afectan directamente a la importancia relativa que
dentro del Derecho mercantil tiene el CCom.
Por supuesto, el CCom continúa siendo una ley básica en Derecho mer-
cantil; pero su importancia relativa se ha visto disminuida drásticamente. Y
ello por dos motivos fundamentales.
Por un lado porque partes importantes que estaban originariamente re-
guladas en el CCom han pasado a ser reguladas por leyes especiales. Piénsese,
por ejemplo, en las leyes de sociedades anónimas, cambiaría y del cheque,
de mercado de valores, de contrato de seguro, de contrato de transporte
terrestre de mercancías o en la Ley concursal.
Por otro lado, una parte fundamental de las materias que hoy se conside-
ran como parte del Derecho mercantil están reguladas por leyes no sólo
distintas al CCom, sino que surgieron históricamente con total independen-
cia de ese Código y sin ninguna relación con él. Es el caso de toda la legisla-
ción sobre Derecho de la competencia y bienes inmateriales. Piénsese en las
leyes de defensa de la competencia, de competencia desleal, de publicidad,
de patentes, de marcas y de diseño industrial.
II. Fuentes del Derecho mercantil
Entre todas esas leyes y el CCom no existe ninguna otra relación que la
que resulta del hecho de que la doctrina incluya hoy dentro del Derecho
mercantil tanto al CCom como a esas leyes especiales.
Pero, aparte de la menor importancia relativa que el CCom tiene en la
actualidad dentro del Derecho mercantil, se han producido dos cambios de
la mayor trascendencia, que han originado una problemática absolutamente
novedosa con referencia a la doctrina de las fuentes del Derecho mercantil.
Esa problemática se refiere, por una parte, a la que resulta de la promul-
gación de la Constitución Española de 1978 y de los estatutos de autonomía
originados por la propia Constitución. En la Constitución se han establecido
una serie de principios que afectan a todo el ordenamiento jurídico español,
y algunos de los cuales tienen especial importancia para el Derecho mercan-
til. En otro aspecto la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas afecta de manera directa a las fuentes del Derecho
mercantil; puesto que según la materia de que se trate la potestad legislativa
corresponderá al Estado o a las Comunidades Autónomas.
Fenómeno igualmente novedoso y esencial para las fuentes del Derecho
mercantil ha sido la adhesión de España a las Comunidades Europeas a partir
del año 1986. En efecto, esa adhesión tiene como consecuencia que una
parte fundamental de las normas que regulan en nuestro país la materia
mercantil no son producidas por los órganos competentes en virtud de la
Constitución Española, sino que se trata de disposiciones normativas adopta-
das por los órganos de la Unión Europea. Y hay que hacer notar que una
parte sustancial de las normas que regulan la materia mercantil en España
en estos momentos está constituida bien por normas comunitarias que rigen
directamente en España, bien por disposiciones legales españolas que no
han hecho sino incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones
Junto a estos cambios realmente esenciales, cabría señalar otros también
importantes aunque no de tanta trascendencia.
Así cabe señalar la mayor importancia que van adquiriendo los tratados
internacionales en materia de Derecho mercantil, especialmente en materias
como las que se refieren a la propiedad industrial y el Derecho de autor o
La tendencia manifiesta a la globalización del mercado significa, entre
otras cosas, que hacia el futuro los tratados internacionales en materia mer-
cantil tendrán cada vez mayor importancia, como instrumentos necesarios
A. BERCOYITZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
precisamente para permitir que progresivamente vaya configurándose el
marco jurídico de ese mercado globalizado.
Y por último, tampoco puede ignorarse que las condiciones generales
de la contratación, que han constituido siempre un tema importante de con-
sideración en materia de fuentes del Derecho mercantil, han sido reguladas
por la Ley 7/1998, de 13 de abril, y según lo establecido en esa regulación
legal es evidente que las condiciones generales de la contratación no pueden
ser consideradas como fuente del Derecho, ni del Derecho civil, ni del Dere-
cho mercantil.
A la vista de este conjunto de factores que, como habrá podido apre-
ciarse, alteran sustancialmente lo que ha sido la problemática tradicional de
las fuentes del Derecho mercantil, cabe establecer un orden de problemas
para su estudio, atendiendo a la importancia que cada uno de esos problemas
tiene en la materia que nos ocupa.
Por ello, se estudiará en primer término la incidencia de la Comunidad
Europea en las fuentes del Derecho mercantil. La prioridad de ese estudio
se basa no sólo en la creciente importancia que las normas de la Unión
Europea han de tener para la regulación de la materia mercantil, como ins-
trumento necesario para la implantación del mercado único europeo, sino
muy especialmente por la primacía que ya tiene esa normativa europea sobre
la normativa española cuando coinciden ambas en su aplicación a un mismo
supuesto de hecho en nuestro país.
En segundo lugar, se considerará la incidencia que en la legislación mer-
cantil tienen la Constitución Española y los estatutos de autonomía.
A continuación se tratará de la problemática tradicional que plantea el
orden de prelación de fuentes establecido en el artículo 2 del CCom.
Y se distinguirá, por último, cuál es el orden de prelación de fuentes en
aquellas materias reguladas por disposiciones legales surgidas sin relación
ninguna con el CCom.
II. INCIDENCIA DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS
1) El Derecho comunitario europeo como parte de las fuentes del Derecho
Las normas emanadas de la Comunidad Europea son aplicables en Es-
//. Fuentes del Detecho mercantil
paña, igual que si hubieran sido promulgadas por los órganos competentes
del Estado español, aunque con la peculiaridad de que ningún acto adoptado
por órganos o instituciones nacionales españoles puede afectar a la aplica-
ción directa de las normas y actos comunitarios. Ni siquiera una ley aprobada
en las Cortes podría afectar a la aplicación de normas o actos adoptados por
El apoyo constitucional a esa vigencia del Derecho comunitario se en-
cuentra en el artículo 93 de la Constitución Española, que permite que
«mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados pol-
los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución».
Al amparo de este precepto constitucional, la Ley Orgánica 10/1985, de
2 de agosto, autorizó la ratificación del Tratado de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1 de
enero de 1986. Así pues, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la
Constitución, ese Tratado, una vez publicado oficialmente en España forma
parte del ordenamiento interno.
Por consiguiente, en virtud del Tratado de Adhesión tanto los Tratados
de las Comunidades Europeas como los actos emanados de las instituciones
comunitarias, antes o después de la adhesión, son aplicables en España según
resulta, en particular, del artículo 2 del Acta de Adhesión, incluida en el
Así lo declaró el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Pleno de
14 de febrero de 1991 (RTC 1991, 28), al resolver el recurso de inconstitucio-
nalidad promovido por el Parlamento Vasco contra la Ley Orgánica de 2
de abril de 1987, referente a la regulación de las elecciones al Parlamento
El Tribunal Constitucional declara, en efecto, que
«a partir de la fecha de su adhesión, el Reino de España se halla vinculado
al Derecho de las Comunidades Europeas, originario y derivado, el cual -por
decirlo con palabras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas-
constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de
los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales (Sentencia
Costa/ENEI. de 15 de'julio de 1964 [F. 4a
])».
2) Los textos de los Tratados.
Antes de considerar en qué materias afecta al Derecho mercantil la nor-
A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
mativa de la Unión Europea es preciso hacer una referencia a la evolución
sufrida por el texto de los Tratados que rigen para esa Unión.
En efecto, el régimen jurídico de la Unión Europea ha ido cambiando
a lo largo del tiempo como consecuencia de sucesivos Tratados que han
sustituido al originario Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1987, y ello ha dado lugar a
que unas mismas normas que ya aparecían en el Tratado de Roma de 1957,
manteniendo incluso su texto originario, se hayan incorporado a los sucesi-
vos Tratados con una numeración diferente. Hay que destacar el efecto nega-
tivo que esos sucesivos cambios de numeración del articulado produce para
la aplicación de los textos afectados, pues ocurre, por ejemplo, que unos
mismos artículos hayan tenido varios números de tal manera que esos cam-
bios deben tenerse en cuenta al considerar la jurisprudencia y la doctrina
que han tenido lugar bajo la vigencia de los sucesivos Tratados.
En estos momentos rige el llamado Tratado de Lisboa por el que se
modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. Como
consecuencia de la entrada en vigor de ese Tratado, rigen ahora el Tratado
de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) con el texto adoptado en Lisboa.
3) Materias en las que las normas de la Unión Europea afectan al Derecho
Las normas de la Unión Europea son especialmente importantes en el
ámbito del Derecho mercantil por cuanto un objetivo básico del TCE es
precisamente el de instituir un mercado interior único regido por el princi-
pio de libre competencia. Si el Derecho mercantil comprende actualmente
las normas que han de regir la actuación de los operadores económicos en
el mercado, unas normas como las comunitarias que tienen como uno de sus
objetivos fundamentales la instauración de un mercado de libre competencia
tienen que afectar directa y necesariamente a la legislación mercantil.
Debe tenerse en cuenta en efecto, que según el Tratado de la Unión
Europea (TUE), «la Unión establecerá un mercado interior» (TUE art. 3.3)
y ese mercado interior «implicará un espacio sin fronteras interiores, en el
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará
garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados» (TFUE art.
//. Fuentes del Derecho mercantil
Se dispone, además, que la Unión dispondrá de competencia exclusiva
para «el establecimiento de las normas sobre competencia para el funciona-
miento del mercado interior» (TFUE art. 3.1.b).
Y la Unión tiene competencia compartida con los Estados miembros
para «la protección de los consumidores» (TFUE art. 4.2.f).
En suma, por tanto, las normas de la Unión Europea, son una parte
fundamental del Derecho mercantil vigente en España, por cuanto tratan de
instaurar un mercado único regido por el principio de libre competencia y
en el cual ha de protegerse especialmente a los consumidores.
De este objetivo de la Comunidad Europea resulta la existencia de una
serie de principios importantes para el Derecho mercantil.
La instauración de un mercado único europeo significa la vigencia del
principio de libre circulación dentro de ese mercado de mercancías, capitales
Este principio de libre circulación está desarrollado en la 3a
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La libre circula-
ción de mercancías se regula en los artículos 28 a 37 TFUE. En ellos tienen
especial trascendencia para el Derecho mercantil los artículos 34 a 36 TFUE.
El artículo 34 TFUE es el que prohibe entre los Estados miembros «las restric-
ciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto
equivalente».
Este precepto es fundamental, porque al prohibir las medidas del efecto
equivalente se prohiben tanto las disposiciones legales nacionales, como los
actos administrativos o resoluciones judiciales que impidan o dificulten la
importación al Estado miembro de mercancías procedentes del resto de la
Pero ese artículo hay que relacionarlo con el artículo 36 TFUE que ad-
mite que puedan adoptarse medidas restrictivas a la importación, por lo tanto
medidas de efecto equivalente, en una serie de supuestos entre los que cabe
citar las razones de orden público, la protección de la salud y vida de las
personas y animales o la protección de la propiedad industrial y comercial.
Pero ese mismo artículo 36 TFUE añade que esas prohibiciones o restriccio-
nes «no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una
restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».
La aplicación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha
realizado a través de una extensa jurisprudencia de los artículos 34 a 36
TFUE (antiguos 30 y 36 y posteriormente 28 y 30) es esencial para determi-
nar la regulación legal aplicable en materias tan importantes del Derecho
mercantil como son la propiedad industrial, el derecho de autor, la compe-
tencia desleal, o la protección de los consumidores.
En efecto, a través de esa jurisprudencia el Tribunal ha tenido que deter-
minar en cada caso cuáles eran los límites que debían aplicarse a los derechos
exclusivos de propiedad industrial y derechos de autor o a las normas de
competencia desleal o de protección de los consumidores, para evitar que
por la aplicación de las normas nacionales sobre esas materias se impidiera
la importación de mercancías, cuando esa prohibición no estaba justificada
por la finalidad propia de las instituciones jurídicas que las normas trataban
de regular.
Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia ha declarado que «la aplicación,
a productos fabricados y comercializados legalmente en otro Estado miem-
bro, de la legislación de un Estado miembro que prohibe la comercialización
de pan y otros productos de panadería cuyo contenido en sal, calculado en
extracto seco, excede del límite máximo del 2% constituye una medida de
efecto equivalente a una restricción cuantitativa con arreglo al artículo 28
TCE» (STJCE 5 abril 2001, caso Christina Bellamy [TJCE 2001, 105]). El caso
que dio lugar a la cuestión prejudicial se refería a la prohibición de venta en
Bélgica de pan importado de Gran Bretaña con un contenido en sal del
2,88%.
Y en esta misma línea, en la fundamentación contenida en la STJCE 12
septiembre 2000 (caso Yannick Geffroy [TJCE 2000, 189]) se manifiesta que
el hecho de que la composición de las bebidas alcohólicas a base de manza-
nas, fabricadas y comercializadas legalmente en un Estado miembro con la
denominación «sidra», no sea conforme con las exigencias de la normativa
de otro Estado miembro sobre la producción de sidra no basta por sí solo
para prohibir su comercialización en este último Estado miembro con la
denominación «sidra» por razón de que la utilización de dicha denomina-
ción puede inducir a error al consumidor en este Estado. Como se declara
en esta sentencia, reiterando jurisprudencia anterior, en el caso de una dife-
rencia de mínima importancia entre el producto importado de otro Estado
miembro y el nacional, un etiquetado adecuado debe ser suficiente para
proporcionar la información necesaria al comprador o al consumidor.
Vinculada a la libre circulación de personas, regula el Tratado la libertad
de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio
de otro Estado miembro (arts. 49 a 55 TFUE).
Y dentro de esta regulación se incluye el artículo 50.2 g) TFUE, donde
se dispone que el Consejo y la Comisión ejercerán las funciones que les
atribuyen las disposiciones precedentes en particular:
g) coordinando en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equiva-
lentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas
en el párrafo 2" del artículo 54, para proteger los intereses de socios y terceros.
Y en el artículo 54 TFUE se equiparan las sociedades a las personas
físicas nacionales de los Estados miembros a efectos de la libertad de estable-
cimiento. Definiéndose en el artículo 54 párrafo 2a
«Por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil,
incluso las sociedades cooperativas y las demás personas jurídicas de Derecho
público o privado con excepción de las que no persigan un fin lucrativo».
El artículo 50.2 g) TFUE es muy importante puesto que en él se han
basado todas las Directivas dictadas por la Comunidad en materia de socieda-
des mercantiles, cuya trasposición a la legislación española ha dado lugar a
la mayor parte de las normas que rigen actualmente en materia de sociedades
Además de la libre circulación de servicios, regulada en los artículos 56
a 62 TFUE, también tiene una trascendencia fundamental la libre circulación
de capitales, materia esta que junto a los pagos está regulada en los artículos
63 a 66 TFUE. Piénsese que en las normas sobre libre circulación de capitales
tienen su apoyo las Directivas comunitarias referentes a las entidades de cré-
dito y a los mercados de valores.
Otro principio fundamental del Derecho comunitario es el de libre com-
petencia, desarrollado por normas concretas del Tratado contenidas en los
artículos 101 a 106 TFUE (anteriormente arts. 81a 89, y en el Tratado origi-
nario arts. 85 a 94).
La peculiaridad de estas normas sobre libre competencia del Tratado es
que son directamente aplicables a las empresas de los Estados miembros,
entre ellas a las empresas españolas.
Se trata por tanto de una regulación directamente aplicable en España.
Y hay que tener en cuenta, además, que esas normas del Tratado para la
protección de la libre competencia han sido desarrolladas en un número
importante de Reglamentos que también son directamente aplicables en los
La regulación comunitaria sobre libre competencia tiene además otra
A. BERCOV1TZ RODRÍGltZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
incidencia indirecta en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la Ley de
Defensa de la Competencia española de 3 de julio de 2007 se inspira directa-
mente en las normas comunitarias. Y hay que señalar también que las resolu-
ciones del Tribunal de Defensa de la Competencia español, sustituido en la
actualidad por la Comisión Nacional de la Competencia, tienen especial-
mente en cuenta la doctrina establecida en las decisiones de la Comisión y
las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La protección de los consumidores no aparecía recogida en el texto
original del Tratado de la Comunidad Europea. Esa protección fue sin em-
bargo introducida por la Comisión y tomada también en consideración en
las sentencias del Tribunal de Justicia. Hoy, sin embargo, el TFUE reconoce
la competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros para la
protección de los consumidores (art. 4.2.f en relación con el artículo 12).
Hay que destacar que el artículo 169, apartado 4, TFUE dispone que las
acciones que adopte la Comunidad para protección de los consumidores «no
obstarán» para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte
medidas de mayor protección. Este precepto es el que justifica que las Directi-
vas de la Comunidad para la protección de los consumidores sean en general
Directivas de mínimos, esto es, Directivas que no impiden a los Estados miem-
bros adoptar medidas más protectoras de los consumidores que las incluidas
en la propia Directiva.
En materia de protección de los consumidores se han dictado ya un
número importante de Directivas, que al haber sido incorporadas a nuestra
legislación han originado una parte fundamental de la legislación española
Hay que mencionar también otro principio básico del Tratado, que
afecta también a las normas jurídico mercantiles. Se trata de la prohibición
de «toda discriminación por razón de la nacionalidad» entre los ciudadanos
de los distintos Estados de la Unión Europea (art. 18 TFUE).
No es posible por tanto que ninguna norma legal, resolución administra-
tiva o judicial establezcan cualquier tipo de discriminación frente a las perso-
nas físicas o sociedades que son nacionales de otros Estados miembros de la
Para completar esta visión preliminar de los principios del Derecho eu-
ropeo que tienen una incidencia directa en el Derecho mercantil, conviene
mencionar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce también
que en el Derecho comunitario rigen los principios generales que son corau-
nes a los de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros.
Entre tales principios se reconocen reiteradamente, el principio de protec-
ción de la confianza legítima, del que puede prevalerse cualquier operador
económico para el cual una institución comunitaria ha hecho nacer con su
actuación esperanzas fundadas; el principio de seguridad jurídica, según el
cual la legislación comunitaria debe ser cierta y de aplicación previsible para
los justiciables (Sentencia del Tribunal de Justicia 22 enero 1997 [TJCE 1997,
17], caso OPEL AUSTRIA GmbH contra República de Austria, números 93
y 124), y el principio de proporcionalidad, según el cual cualquier medida
que se adopte debe ser idónea para la realización del objetivo que persigue
y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzarlo (Sentencia del Tribunal
de Justicia 26 septiembre 2000 [TJCE 2000, 217], caso Comisión de las Comu-
nidades Europeas contra Reino de Bélgica sobre empréstitos emitidos en el
4) Aplicabilidad directa y primacía del Derecho de la Unión Europea.
El Derecho comunitario es aplicable en los Estados miembros, es decir,
que obliga a los ciudadanos y a los órganos nacionales encargados de la
En especial, los Reglamentos son directamente aplicables a los ciudada-
nos, como dispone el TFUE en el artículo 288 con relación a los Reglamentos
al disponer que el Reglamento «será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro».
Y por ello se atribuye al Tribunal de Justicia de las Comunidades la
competencia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpreta-
ción del Tratado y de los actos adoptados por las instituciones de la Comuni-
dad (art. 267 TFUE). Esa atribución de competencia se realiza precisamente,
porque el Derecho comunitario puede invocarse ante los órganos jurisdiccio-
nales nacionales y éstos deben aplicarlo. La interpretación de los Tratados y
actos comunitarios por el Tribunal de Justicia, a través de la mecánica de la
cuestión prejudicial, sirve para garantizar una interpretación uniforme en
todos los Estados de la Comunidad.
La aplicabilidad directa del Derecho comunitario en los Estados miem-
bros, fue declarada ya por el Tribunal de las Comunidades en la Sentencia
5 febrero 1963 (Caso NV Algemene Transport en Expeditie Onderneming
Van Gend & Loos contra la administración fiscal neerlandesa. Rec. 1963, pgs.
2 y ss.) en los siguientes términos (pg. 23):
«que hay que concluir de este estado de cosas que la Comunidad constituye
un nuevo orden jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados
han limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos, y cuyos
sujetos son no sólo los Estados miembros sino igualmente sus subditos; que, por
tanto, el Derecho comunitario, independiente de los Estados miembros de la
misma manera que crea cargas a soportar por los particulares, está destinado
también a engendrar derechos que entran en su patrimonio jurídico».
Esta doctrina fue confirmada en la posterior Sentencia 16 junio 1966
(Caso Firma Alfons Lüttick GmbH contra Hauptzollamt de Sarrelouis. Rec.
1966. t. I, pgs. 293 y ss.).
B) Primacía del Derecho comunitario.
Ahora bien, el Derecho comunitario no sólo es directamente aplicable
en los Estados miembros, sino que, además tiene primacía sobre el Derecho
Así lo declaró expresamente el Tribunal de las Comunidades en la Sen-
tencia 15 julio 1964 (caso Flaminio Costa contra ENEL, Rec. 1964, vol. X, 2-
parte, pgs. 1143 y ss., en concreto pgs. 1159-1160). Y la misma doctrina fue
reiterada en otras sentencias por el propio Tribunal de las Comunidades.
Así, por ejemplo, en la Sentencia 13 febrero 1969 (caso Walt Wilhem y otros
contra Bundeskartellamt, Rec. 1969, pgs. 1 y ss.), en la que se manifiesta lo
«Que el Tratado CEE ha instituido un orden jurídico propio, integrado en
el sistema jurídico de los Estados miembros y que se impone a sus jurisdicciones;
que sería contrario a la naturaleza de tal sistema admitir que los Estados
miembros puedan adoptar o mantener en vigor medidas susceptibles de com-
prometer el efecto útil del Tratado;
que la fuerza operativa del Tratado y de los actos jurídicos adoptados para
su aplicación no podría variar de un Estado a otro como consecuencia de actos
internos, sin que se obstaculice el funcionamiento del sistema comunitario y se
ponga en peligro la realización de los objetivos del Tratado;
que, por tanto, los conflictos entre la regla comunitaria y las reglas naciona-
les en materia de ententes deben resolverse por la aplicación del principio de
la primacía de la regla comunitaria [F. 6'-']».
5) El efecto inmediato de las normas comunitarias.
El hecho de que las normas comunitarias sean directamente aplicables
en los Estados miembros significa que tales normas obligan a los ciudadanos
en la medida en que vayan dirigidas a ellos, sean suficientemente concretas
y de aplicación inmediata. Así, hay normas del Tratado, como los artículos
101 y 102 TFUE sobre protección de la libre competencia que son directa-
mente e inmediatamente aplicables a las empresas de los Estados miembros,
mientras que hay muchas otras que sólo van dirigidas a los Estados miembros
o a las propias instituciones comunitarias para el desarrollo del Tratado o el
funcionamiento de las propias instituciones, o que necesitan de alguna
Por tanto, aunque el Derecho comunitario sea directamente aplicable
en los Estados miembros, solamente creará obligaciones o derechos invoca-
bles por los ciudadanos cuando así resulte del contenido y naturaleza de la
norma de cuya aplicación se trate.
Por lo que se refiere a la aplicación directa y efecto inmediato de las
normas del propio Tratado es fundamental la doctrina establecida por el
Tribunal de Justicia en la Sentencia 5 febrero 1963 (Caso Van Gend & Loos
contra la Administración fiscal de los Países Bajos, Rec. 1963, pgs. 1 y ss., en
concreto pgs. 22 a 24), que al determinar si el artículo 12 (actual art. 25) del
Tratado tenía un «efecto inmediato» en Derecho interno, resuelve decla-
rando que sí que produce efectos inmediatos.
Siguiendo la doctrina establecida en esa sentencia, una norma del Tra-
tado tiene efectos inmediatos cuando es clara e incondicional, no está pro-
vista de ninguna reseña sobre su puesta en práctica y no precisa para su
ejecución ninguna intervención legislativa complementaria.
Esa doctrina se ha generalizado no sólo para las normas del Tratado
sino también para los Reglamentos.
En definitiva, por tanto, las normas del Tratado y las de los Reglamentos
-según se verá seguidamente- son de efecto inmediato y consiguientemente
invocables por los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales nacionales,
cuando son claras e incondicionales, no contienen ninguna reserva sobre su
puesta en práctica y no precisan para su ejecución de ninguna intervención
legislativa complementaria.
6) La aplicación de los Reglamentos.
A) Los Reglamentos no han de reproducirse en normas nacionales.
En el Tratado se regulan dos tipos de normas comunitarias de carácter
A. BERCOVITZ RODRÍGWM'ANO: Apuntes de Derecho Mercantil
general: los Reglamentos y las Directivas. Siendo distinta su naturaleza es
importante poner de manifiesto sus características, haciendo especial refe-
rencia a su aplicabilidad directa en los Estados miembros. Comencemos,
pues, por los Reglamentos.
Según se expuso ya anteriormente, el artículo 288 TFUE dispone que
«el Reglamento tendrá su alcance general» y que «será obligatorio en todas
sus disposiciones y directamente aplicable en cada Estado miembro».
Así pues, los Reglamentos son directamente aplicables y, por tanto, atri-
buyen derechos e imponen obligaciones a sus destinatarios desde su publica-
ción. Esa publicación tiene lugar en el «Diario Oficial de la Unión Europea»
y su entrada en vigor se produce en la fecha que fija el propio reglamento
o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación (art. 297 TFUE).
Obsérvese, por tanto, que los Reglamentos comunitarios no aparecen
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), sino en el «Diario Ofi-
cial de la Unión Europea», y que esa publicación es suficiente para su entrada
en vigor, lo que supone la obligación de cumplir con su contenido por parte
de los sujetos a los que sus normas van dirigidos.
Así pues, el Reglamento entra en vigor y es directamente aplicable sin
necesidad de haber sido incorporado a una disposición legal interna y sin
necesidad de publicación por los cauces impuestos para las disposiciones
legales emanadas de las instituciones nacionales.
Es más, se prohibe que los Reglamentos comunitarios se reproduzcan
en disposiciones legales internas, porque si así se hiciera se enmascararía su
naturaleza comunitaria frente a los justiciables, que no sabrían si se trata de
una norma comunitaria, cuya interpretación y aplicación puede plantearse
ante el Tribunal de las Comunidades, o de una norma interna, cuya interpre-
tación y aplicación corresponde en exclusiva a los órganos nacionales. De la
misma manera que se dificultaría determinar la fecha de la entrada en vigor,
al existir dos publicaciones diferentes, la del Reglamento en el «Diario Oficial
de la Unión Europea», y la de la disposición nacional en el «Boletín Oficial
del Estado» miembro.
Esta doctrina aparece esbozada ya en la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades de 7 febrero 1973 (caso de la Comisión contra la
República Italiana referente a las primas al sacrificio de vacas. Rec. 1973, Ia
parte, pgs. 101 y ss., en concreto pg. 113). Pero donde esa doctrina se esta-
blece ya de manera más contundente es en la Sentencia 10 octubre 1973
(Caso Varióla contra Administración de finanzas italiana. Rec. 1973, 2a
pgs. 981, en concreto pgs. 990 y 991) en los siguientes términos:
«considerando que la aplicación directa de un Reglamento exige que su
entrada en vigor y su aplicación en favor o a cargo de los sujetos de derecho se
realicen sin ninguna medida que suponga recepción en el Derecho nacional;
que los Estados miembros están obligados, en virtud de las obligaciones que
resultan del Tratado y que han asumido al ratificarlo, a no obstaculizar el efecto
directo propio a los Reglamentos y otras reglas del Derecho comunitario;
que el respeto escrupuloso de este deber es una condición indispensable
para la aplicación simultánea y uniforme de los Reglamentos comunitarios en el
conjunto de la Comunidad;
que, más particularmente, los Estados miembros están obligados a no adop-
tar ninguna medida susceptible de afectar la competencia del Tribunal para
pronunciarse sobre cualquier cuestión de interpretación del Derecho comunita-
rio o de validez de un acto adoptado por las instituciones de la Comunidad, lo
que implica que no sería admisible ningún procedimiento por el que se disimu-
lara a los justiciables la naturaleza comunitaria de una regla jurídica;
que la competencia del Tribunal, especialmente en virtud del artículo 177
(actual art. 234), se mantiene íntegra a pesar de cualquier disposición legislativa
nacional que pretendiera transformar en Derecho nacional una regla de Dere-
cho comunitario».
Yen la posterior Sentencia 2 febrero 1977 (Caso Amsterdam Bulb contra
Produkschap voor Siergewassen, Rec. 1977, \- parte, pgs. 137 y ss., en con-
creto pg. 147), después de reiterar la doctrina del Caso Varióla, se declara
«que, por tanto, los Estados miembros no podrían adoptar, ni permitir a
los organismos nacionales que tengan un poder normativo, adoptar un acto por
el que disimularían a los justiciables la naturaleza comunitaria de una regla jurí-
dica y los efectos que resultan de ella» (ruím. marginal 7).
La misma doctrina se reitera en la Sentencia 31 enero 1978 (Caso Frate-
lli Zerbone contra Amministrazione delle finanze dello Stato. Rec. 1978, Ia
parte pgs. 99 y ss., en concreto pg. 116), donde se declara, además, que
la Administración nacional, en casos de dificultad de interpretación de un
Reglamento comunitario puede adoptar medidas de aplicación para superar
las dudas que se planteen, pero
«sin que las autoridades nacionales puedan dictar reglas de interpretación
con efectos obligatorios» (núm. marginal 27).
B) Aplicabilidad directa.
Como puede apreciarse por todas las sentencias mencionadas, está fuera
de cualquier duda la aplicabilidad directa de los reglamentos en los Estados
miembros. Esa aplicabilidad directa tiene el efecto de que las normas conte-
nidas en los Reglamentos confieren derechos a los particulares, derechos que
tienen que proteger las jurisdicciones nacionales.
Así lo declaró expresamente el Tribunal de las Comunidades, en la Sen-
tencia 14 diciembre 1971 (Caso Politi contra Ministerio de finanzas de la
República italiana. Rec. 1971, vol. 2, pgs. 1039 y ss., en concreto pg. 1049),
«considerando que en los términos del artículo 189, apartado 2 (actual art.
249) del Tratado el Reglamento «tiene un alcance general» y «es directamente
aplicable en cada Estado miembro»;
que, por tanto, por razón de su propia naturaleza y de su función en el
sistema de fuentes del Derecho comunitario, produce efectos inmediatos v es, en
cuanto tal, apto para conferir a los particulares derechos que las jurisdicciones
nacionales tienen la obligación de proteger» (núm. marginal 9).
Esa misma doctrina se reproduce literalmente en otras sentencias poste-
riores, entre las que figuran, por ejemplo, las de 7 marzo 1972 (Caso Mari-
mex contra Ministerio de finanzas de la República italiana, Rec. 1972, vol. 1,
pgs. 89 y ss., en concreto pg. 96, núm. marginal 5); 10 octubre 1973 (Caso
Varióla contra Administración de finanzas italiana. Rec. 1973, vol. 2, pgs. 981
y ss. [F. 8]); 17 mayo 1972 (Caso Leonesio contra Ministerio de Agricultura
y Bosques de la República italiana. Rec. 1972, vol. 1, pgs. 287 y ss., en con-
creto pg. 294, núm. marginal 5) y 30 noviembre 1972 (Caso NV Granaría
Graaninkoopmaatschappij contra Produkschap voor Veevoeder. Rec. 1972,
vol. 2, pgs. 1163 y ss., núm. marginal 16).
C) Efectos inmediatos.
Ahora bien, el hecho de que los reglamentos sean directamente aplica-
bles no significa que sus normas tengan efectos inmediatos. Dependerá de
su contenido. Recuérdese, en este sentido lo que sobre este tema se expuso
anteriormente (ap. II.4) y que rige también para los Reglamentos, esto es,
que sus normas sólo tendrán efectos inmediatos cuando sean claras e incon-
dicionales, no contengan ninguna reserva sobre su puesta en práctica y no
precisen para su ejecución de ninguna intervención legislativa complementa-
Para los reglamentos esa doctrina sobre la efectividad inmediata tiene
gran importancia, por cuanto es frecuente que haya Reglamentos que pre-
vean la adopción de normas o medidas complementarias, indispensables para
su ejecución, bien por órganos comunitarios, bien por las autoridades de los
Estados miembros. Es claro que, en tales casos, la aplicación efectiva de las
normas en cuestión sólo será posible cuando se hayan adoptado esas normas
o medidas complementarias.
La posibilidad de que sean necesarias normas o medidas complementa-
rias adoptadas por las autoridades nacionales en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento de que se trate, ha sido reiteradamente admitida por el Tribunal
Así en las Sentencias 27 septiembre 1979 (Caso Eridamia y otro contra
Ministerio de Agricultura y Bosques de Italia y otros. Rec. 1979, 3a
parte pgs.
2749 y ss., en concreto pg. 2771) y en la Sentencia 28 marzo 1985 (Caso de
la Comisión contra la República italiana con referencia a las agrupaciones
de productores agrícolas. Rec. 1985, vol. 3, pgs. 1057 y ss., en concreto pg.
Pero es más frecuente todavía que los Reglamentos del Consejo dele-
guen en la Comisión la adopción de los Reglamentos necesarios para la eje-
cución de aquéllos. Así lo admite reiteradamente el Tribunal de las Comuni-
dades al amparo de lo dispuesto en el artículo 290 TFUE, incluso en los casos
en que es el propio Tratado el que atribuye al Consejo la competencia para
dictar reglamentos en relación con materias determinadas.
Por ello se distingue entre los Reglamentos de base, que son dictados
por el Consejo, y Reglamentos de ejecución o de aplicación, adoptados por
la Comisión en virtud de una habilitación dada por el Consejo al amparo de
lo dispuesto en el artículo 211 del Tratado.
Es obvio que los Reglamentos adoptados por la Comisión en virtud de
una delegación del Consejo deben respetar el contenido de la delegación,
esto es, del Reglamento de base dictado por el Consejo. Igual que éste debe
respetar lo establecido en el Tratado.
7) La aplicación de las Directivas.
A) El régimen de las Directivas.
A diferencia de lo que ocurre en el Tratado de Roma y con los Regla-
mentos, las normas contenidas en las Directivas no tienen, en principio, efica-
cia directa, es decir, que, como regla general, esas normas no vinculan ni
pueden hacerse valer directamente por los ciudadanos de los Estados miem-
A. BERCOVIT7. RODRÍGW/XANO: Apuntes de Derecho Mercantil
Así resulta del propio texto del TFUE, puesto que el artículo 288, pá-
rrafo tercero, dispone expresamente que «la Directiva obligará al Estado
miembro destinatario». Contrasta esa disposición con la contenida en el pá-
rrafo anterior del propio artículo 288, según la cual el Reglamento «será
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro».
A diferencia de lo que ocurre con los Reglamentos, las Directivas van
dirigidas a los Estados miembros, para que estos introduzcan en su propio
ordenamiento, mediante disposiciones legales internas, las normas incluidas
en las mismas Directivas. Ello hace que los subditos de los Estados miembros
no se vean afectados, en principio, por lo dispuesto en las Directivas, hasta
que éstas son incorporadas al Derecho interno, quedando entonces someti-
dos -a partir de esa trasposición- a lo establecido en las normas legales inter-
nas a las que habrá dado lugar la Directiva.
Por consiguiente hay que partir de la premisa fundamental consistente
en que según el Tratado las Directivas no tienen, en principio, eficacia di-
recta para los ciudadanos de los Estados miembros.
En este sentido puede verse, por ejemplo, la siguiente declaración reali-
zada por el Tribunal de las Comunidades en la Sentencia 19 enero 1982
(Caso Úrsula Becker contra Finanzamt Münster-Innenstadt, Rec. 1982, pgs.
53yss.):
«Aparece en ese texto (art. 189 -actual 249-, párr. 3 del Tratado) que los
Estados destinatarios están obligados, en virtud de la Directiva, a una obligación
de resultado, que debe ser ejecutada a la expiración del plazo fijado por la
propia Directiva;
de ello resulta que, en todos los casos en que una Directiva es correctamente
puesta en práctica, sus efectos alcanzan a los particulares por la intermediación
de las medidas de aplicación adoptadas por el Estado miembro afectado [F. 18
y 19]».
B) Eficacia directa de las Directivas.
Con frecuencia ocurre, sin embargo, que los Estados miembros no pro-
mulgan, dentro de los plazos fijados por las Directivas, las disposiciones lega-
les internas necesarias para la trasposición de aquéllas. En tales casos excep-
cionales es cuando se plantea la cuestión de saber si las Directivas pueden
tener eficacia directa, de manera que su contenido pueda ser invocado ante
los tribunales por los ciudadanos del Estado que ha incumplido la obligación
establecida en la Directiva.
Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades ha elabo-
rado para esos supuestos, la doctrina de la eficacia directa vertical de las
Directivas, esto es, la doctrina según la cual los subditos del Estado miembro
que no ha cumplido lo dispuesto en la Directiva pueden invocar frente a él
En la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades de 12 julio
1990 (TJCE 1991, 43) (Asunto C 188/89, Caso A. Foster, G. A. H. M. Fulford-
Brown J. Morgan, M. Roby, E. M. Salloway, P. Sullivan contra British Gas
pie) se contiene una síntesis completa de la doctrina sobre el efecto vertical,
destacando, además, que ese efecto se produce frente al Estado, cualquiera
que sea la condición en que éste actúa. De tal manera que, en el caso con-
creto objeto de la sentencia, se declara que una Directiva tiene efectos direc-
tos frente a un organismo encargado de un servicio de interés público por
un acto de la autoridad pública y bajo el control de ésta.
La doctrina del efecto directo vertical se sintetiza en la sentencia en los
«Conviene recordar la jurisprudencia constante del Tribunal (ver Sentencia
de 19 de enero de 1982, Becker/Hanptzollamt Münster-Innenstadt, 8/81, Rec.
pg. 53, puntos 23 a 25) según la cual, cuando las autoridades comunitarias han
obligado a los Estados miembros por medio de Directiva, a adoptar un compor-
tamiento determinado, el efecto útil de tal acto se debilitaría si los justiciables
se vieran impedidos de prevalerse del mismo en justicia y las jurisdicciones nacio-
nales de tomarlo en consideración como elemento del Derecho comunitario.
Por consiguiente, el Estado miembro que no ha adoptado dentro de los plazos
las medidas de ejecución impuestas por la Directiva no puede oponer a los parti-
culares el no cumplimiento por él mismo de las obligaciones que aquélla com-
porta. Así, en todos los casos en que disposiciones de una Directiva aparece que
son, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente
precisas, esas disposiciones pueden ser invocadas, en defecto de medidas de
aplicación adoptadas dentro de plazo frente a cualquier disposición nacional no
conforme con la Directiva, incluso en cuanto que por su naturaleza definan
derechos que los particulares están en medida de hacer valer frente al Estado».
Mas la sentencia es especialmente interesante, como ya se ha expresado
antes, por desarrollar el principio según el cual esa eficacia directa de las
Directivas se produce frente al Estado, cualquiera que sea la forma en que
éste actúe. Se expresa, sobre esa cuestión, en los siguientes términos:
«El Tribunal ha resuelto además, en la Sentencia 26 febrero 1986 (Marthal,
precitado, punto 49) que, cuando los justiciables están en medida de prevalerse
de una Directiva frente al Estado, pueden hacerlo cualquiera que sea la condi-
ción en que actúe este último, empleador o autoridad pública. En uno u otro
caso, conviene, en efecto, evitar que el Estado pueda sacar ventaja de su descono-
cimiento del Derecho comunitario.
Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal ha admitido a su vez que
disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una Directiva po-
dían ser invocadas por los justiciables frente a organismos o entidades que esta-
ban sometidos a la autoridad o al control del Estado o que disponían de poderes
exorbitantes en relación a los que resultan de las reglas aplicables en las relacio-
nes entre particulares.
El Tribunal ha resuelto así que disposiciones de una Directiva podían invo-
carse frente a autoridades fiscales (Sentencias 19 enero 1982. Becker, precitada,
y 22 febrero 1990, CECA/Quiebra Acciaierie e Ferriere Busseni, C-221/88),
frente a autoridades constitucionalmente independientes encargadas del mante-
nimiento del orden y de la seguridad pública (Sentencia 15 mayo 1986, John-
ston/Chief Constabel of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, Rec. o 1651),
así como frente a autoridades públicas encargadas de servicios de salud pública
(Sentencia 26 febrero 1986, Marshall precitada)».
Y así termina resolviendo en el fallo que puede invocarse una norma de
«Frente a un organismo que, cualquiera que sea su forma jurídica, ha sido
encargado, en virtud de un acto de la autoridad pública, y bajo el control de
ésta, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de poderes
exorbitantes en comparación a las reglas aplicables en las relaciones entre parti-
culares».
En definitiva, cabe pues considerar que el efecto vertical de las Directivas
permitiría invocar éstas, frente a cualquier organismo público, frente a cual-
quier entidad controlada por el Estado, incluyendo las empresas públicas.
Esto significaría, por tanto, la posibilidad de invocar las normas de las Directi-
vas no incorporadas dentro de plazo a la legislación nacional, en las relacio-
nes horizontales, frente a empresas controladas por entes públicos.
Tal como ha sido establecida por el Tribunal de las Comunidades, es
obvio que en ningún caso puede un Estado miembro que ha incumplido su
obligación de incorporar a su Derecho interno una Directiva, invocar las
disposiciones de la misma contra los particulares. Sería en efecto paradójico
que el Estado responsable de que la Directiva no se haya incorporado a su
ordenamiento interno pudiera hacer valer frente a sus ciudadanos las disposi-
ciones contenidas en aquélla.
Así lo declaró, por lo demás, de forma terminante el Tribunal de las
Comunidades en su Sentencia 8 octubre 1987 (TJCE 1988, 22) (Caso Kol-
pinghuis. Rec. 1987, vol. 9, pgs. 3969 y ss., en concreto pg. 3988).
C) Responsabilidad del Estado.
La falta de trasposición oportuna de las Directivas produce además otro
efecto importante de tipo vertical. Consiste en que el Estado es responsable
de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a los particulares la falta de
trasposición de la Directiva, y está sujeto por consiguiente a la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios causados. Así lo declaró ya el TJCE en
Sentencia 5 marzo 1996 (TJCE 1996, 37) (caso de la Brasserie du Pécheur).
Esta doctrina reiterada posteriormente ha tenido una matización importante.
En efecto, el TJCE admite que en los casos de trasposición tardía de una
Directiva, los daños y perjuicios ocasionados a los particulares puedan ha-
cerse efectivos simplemente declarando la aplicación retroactiva de la norma
nacional de trasposición, salvo que los particulares puedan demostrar que
esa aplicación retroactiva no cubre todos los daños y perjuicios ocasionados.
En ese sentido pueden verse las Sentencias del TJCE 10 julio 1997 (TJCE
1997, 148, 149 y 150) (tres Sentencias de la misma fecha contra el Instituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
El TJCE en Sentencia 4 julio 2000 (TJCE 2000, 148) (Caso Comisión c.
República helénica) dio un paso más para imponer a los Estados miembros
el cumplimiento de lo dispuesto en las Directivas. En concreto, la República
helénica fue condenada a adoptar determinadas medidas para el cumpli-
miento de una Directiva por STJCE 7 abril 1992, y como la República helé-
nica no había ejecutado esas medidas, la nueva STJCE la condena a una
multa coercitiva de 20.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento
de las medidas mencionadas.
D) Falta de eficacia directa horizontal de las Directivas.
Como ha podido apreciarse por la exposición anterior, la doctrina de la
eficacia directa de las Directivas se refiere solamente al derecho que se reco-
noce a los justiciables para que puedan invocar las normas de las Directivas
frente al Estado (o autoridades públicas u organismos o entidades bajo con-
trol público), que ha incumplido su obligación de incorporarlas al ordena-
miento jurídico interno. Y se basa en el principio de que el Estado incumpli-
dor no puede beneficiarse de su propio incumplimiento.
Se comprende por ello que la doctrina haya dudado siempre de la posi-
ble eficacia directa horizontal de las Directivas, esto es, de la posibilidad de
admitir que los particulares invoquen normas de Directivas no incorporadas
al Derecho interno en sus relaciones con otros particulares, aun cuando hu-
biere transcurrido ya el plazo establecido para la incorporación de aquéllas.
Todas las dudas quedaron, sin embargo, disipadas tras varias sentencias
del Tribunal de las Comunidades, en las que, después de declarar taxativa-
mente que la eficacia directa de las Directivas sólo puede invocarse contra el
Estado incumplidor, se establece que las Directivas no incorporadas al Dere-
cho interno carecen de eficacia entre los particulares, es decir, que carecen
de eficacia directa horizontal.
La primera sentencia que contiene esta doctrina es la de 26 febrero 1986
(TJCE 1986, 47) [Caso M. H. Marshall contra Southampton and South-West
Hampshire Área Health Authority (Teaching), Rec. 1986, pgs. 723 y ss.]. En
ella se suscitó como cuestión prejudicial, en el pleito entre una trabajadora
y su empresario, la posible aplicación de una Directiva comunitaria.
El Tribunal establece, de manera clara y rotunda, la falta de eficacia
directa horizontal de las Directivas, en los siguientes términos:
«En cuanto al argumento según el cual una Directiva no puede ser invocada
frente a un particular, conviene subrayar que, según el artículo 189 (actual 249)
del Tratado, el carácter constrictivo de una Directiva sobre el que se funda la
posibilidad de invocarla ante una jurisdicción nacional sólo existe en relación
con «cualquier Estado miembro destinatario». Resulta de ello que una Directiva
no puede por sí misma crear obligaciones a cargo de un particular y que una
disposición de una Directiva no puede por tanto ser invocada en cuanto tal
frente a esa persona. Interesa, pues examinar, en este caso, si debe considerarse
que la demandada ha actuado como particular».
Y esa doctrina ha sido reiterada en posteriores Sentencias 8 octubre 1987
(TJCE 1988, 22) (Caso Kolpinghuis, Rec. 1987, vol. 9, pgs. 3069 y ss.) y 10
marzo 2005 (caso QDQ Media, SA) (TJCE 2005, 64).
E) Efecto horizontal interpretativo de las Directivas antes de su trasposición al Dere-
cho interno.
Hay que destacar, sin embargo, que una Sentencia del Tribunal 13 no-
viembre 1990 (TJCE 1991, 78) (Asunto C-l06/89, Caso Marleasing contra La
Comercial Internacional de Alimentación, SA) vino a matizar de manera muy
importante la doctrina de la falta de efectos horizontales de las Directivas, al
resolver en el fallo lo siguiente:
«El juez nacional al que se somete un litigio en una materia que cae bajo
el ámbito de aplicación de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo
de 1968, tendente a coordinar para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas
en los Estados miembros a las sociedades en el sentido del artículo 58, segundo
apartado, del Tratado CEE para proteger los intereses tanto de los asociados
como de los terceros, está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz
del texto y de la finalidad de esa Directiva, a fin de evitar la declaración de
nulidad de una sociedad anónima por una causa distinta a las enumeradas en
su artículo 11».
Este fallo tiene su reflejo en la fundamentación de la sentencia en la
«Se sigue de ello que la exigencia de una interpretación del Derecho nacio-
nal conforme al artículo 11 de la Directiva 68/151, precitada, prohibe interpre-
tar las disposiciones del Derecho nacional relativas a las sociedades anónimas
del tal manera que la nulidad de una sociedad anónima pueda ser pronunciada
por motivos distintos a los que están limitativamente enunciados en el artículo
11 de la Directiva en cuestión».
Si se considera que la cuestión prejudicial planteada por el Juez español
se refería precisamente a la posibilidad de aplicar directamente la norma de
la Directiva, que no había sido incorporada a la legislación interna, en un
litigio entre particulares, cabría llegar a la conclusión de que el fallo antes
transcrito viene a consagrar el efecto horizontal de las Directivas.
Tal conclusión sería, sin embargo, precipitada, porque la propia senten-
cia reitera expresamente la jurisprudencia según la cual las normas de las
Directivas no pueden invocarse entre particulares.
Ocurre, sin embargo, que, a pesar de esa declaración, el Tribunal ter-
mina imponiendo al Juez nacional una interpretación del Derecho nacional,
en base a la Directiva, que impida admitir una causa de nulidad de la socie-
dad anónima no prevista en dicha Directiva.
Parece que la doctrina establecida en la sentencia significa que cuando
una Directiva no ha sido incorporada al Derecho nacional puede ser invo-
cada entre particulares y debe ser aplicada por el Juez, cuando en el Derecho
nacional existe una laguna en la materia regulada por la Directiva.
Ciertamente, la doctrina de la sentencia va más allá y obliga a tener en
cuenta la Directiva en los casos en que aun existiendo la norma nacional ésta
es susceptible de diversas interpretaciones.
Así pues, en definitiva, la directiva no podrá ser tenida en cuenta en
litigios entre particulares cuando sea contraria a una norma clara y expresa
de la legislación nacional, norma sobre la que no existan problemas interpre-
tativos relevantes. En este caso la sustitución de la norma nacional expresa
por la de la Directiva no traspuesta al Derecho interno sería contraria a la
seguridad jurídica y claramente contraria a la función que el Tratado atri-
buye a las Directivas. Lo mismo ocurre cuando la Directiva impone una obli-
A. HERCOVlíV. RODRÍCl'E/AANO: Apuntes de Derecho Mercantil
gación a los particulares y no ha sido incorporada a la legislación interna
(STJCE 10 marzo 2005, caso QDQ Media, SA) (TJCE 2005, 64).
La Sala Primera del Tribunal Supremo fue incluso más lejos, declarando
en Sentencia 5 julio 1997 (RJ 1997, 6151) la eficacia directa horizontal de la
Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.
Esta doctrina del Tribunal Supremo, establecida en única sentencia, no
puede sin embargo considerarse como una jurisprudencia consagrada, en
primer lugar porque no se adecúa a la doctrina del TJCE. En segundo lugar,
es también probable que al hacer esa declaración el Tribunal Supremo estu-
viera influido por sentencias anteriores en las que llegaba a un fallo similar,
pero invocando la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El hecho de que a los efectos relevantes en la sentencia, la LGDCU incorpo-
rara ya a la misma solución legal que la Directiva en materia de cláusulas
abusivas llevó probablemente al Tribunal Supremo al exceso de declarar la
eficacia directa horizontal de la Directiva.
F) El efecto interpretativo de la Directiva para las normas internas dictadas para la
trasposición de aquélla.
Cabe destacar, por último, que las Directivas cumplen, además, otra im-
portante función cuando ya han sido incorporadas a las legislaciones nacio-
nales, esto es, la de servir para la interpretación de las normas internas.
Así lo declara, por ejemplo, expresamente el Tribunal de las Comunida-
des en la Sentencia 20 septiembre 1988 (TJCE 1989, 26) (Caso Gebroeders
Beentjes BV contra Estado de los Países Bajos, Recopilación de la Jurispru-
dencia del Tribunal, 1988, vol. 8, pgs. 4635 y ss., en concreto pg. 4662):
«De ello se deriva que al aplicar el Derecho nacional, y en particular las
disposiciones de una ley nacional dictada precisamente para dar ejecución a una
Directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Dere-
cho nacional a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva para lograr el
resultado previsto en el apartado 3 del artículo 189 del Tratado».
Esta misma doctrina no sólo ha sido reiterada en la sentencia antes ci-
tada del Caso Marleasing, sino que, como ya se ha expuesto, el Tribunal
impone en esa sentencia la utilización de las Directivas para la interpretación
del Derecho nacional anterior a la trasposición de las mismas.
El TJCE ha declarado también su competencia para interpretar el Dere-
cho comunitario incluso en los supuestos en que al trasponerse una Directiva
a la legislación nacional las normas comunitarias se han aplicado a supuestos
no previstos en la propia Directiva (STJCE 17 julio 1997 [TJCE 1997, 156]
[Caso Leur-Bloem c/ Inspectem der Belastingdieust]).
Esta doctrina es importante desde el punto de vista del Derecho mercan-
til, puesto que normas de las Directivas sobre sociedades que en las Directivas
estaban previstas solamente para las sociedades anónimas se han aplicado
también a otros tipos sociales como la sociedad de responsabilidad limitada.
G) Norma interna que contraviene lo dispuesto en una Directiva.
Puede ocurrir que se dicte una norma legal interna que contravenga lo
dispuesto en una Directiva. Obviamente si la norma regula relaciones entre
los organismos públicos y los ciudadanos, éstos podrán invocar la inaplicabili-
dad de la norma (efecto vertical de las Directivas).
Ahora bien, en los procedimientos entre particulares, éstos podrán invo-
car la inaplicabilidad de la norma interna, pero en este caso deberá resolver
el juez competente si debe o no aplicarse esa norma, especialmente en los
casos en que la Directiva que se ha infringido no contiene las reglas jurídicas
en que debe basarse el juez para decidir el litigio. Este supuesto se da, por
ejemplo, cuando un Estado miembro dicta un reglamento técnico sin cum-
plir con su obligación de notificarlo a la Comisión de la Unión Europea,
obligación impuesta por la Directiva del Consejo 83/189, de 28 de marzo de
1983, en su versión modificada por la Directiva 94/10, de 23 de marzo de
1994 (STJCE 26 septiembre 2000, caso Unilever Italia SpA [TJCE 2000, 213]).
8) Reglamentos y Directivas paralelos.
La existencia de un mercado único exige que las instituciones jurídico-
mercantiles tengan un mismo régimen dentro de todo el ámbito del mercado
unificado. El hecho de que una misma institución jurídico-mercantil esté
sometida a regulaciones legales distintas en los diferentes territorios que inte-
gran el mercado crea dificultades para el funcionamiento del mismo, tanto
porque puede dificultar la libre circulación de mercancías, servicios y capita-
les, como por los inconvenientes que la coexistencia de regímenes legales
distintos produce desde el punto de vista de la seguridad del tráfico económi-
Ésas son las razones que exigen que, en la medida en que la Unión
Europea implica la creación de un mercado unificado, se regulen institucio-
nes jurídico-mercantiles supranacionales con un régimen unificado para
todo el territorio de la Unión. Ocurre, sin embargo, que en una fase de
A. RERCOVITZ RODRJCl'E/AANO: Apuntes de Derecho Mercantil
transición desde los mercados nacionales al mercado supranacional europeo,
no es posible un cambio radical de sustitución total y absoluta de las institu-
ciones jurídico-mercan tiles nacionales por otras de la Unión Europea.
La consecuencia de esta problemática es que se crean instituciones jurí-
dico-mercantiles supranacionales de la Unión Europea, pero se dejan subsis-
tentes las instituciones equivalentes nacionales. Ahora bien, el esfuerzo de la
legislación comunitaria consiste en conseguir que el contenido de la regula-
ción supranacional europea y el contenido de la regulación de las institucio-
nes equivalentes nacionales sean iguales.
Así ocurre que cada vez en mayor medida se dictan Reglamentos comu-
nitarios que regulan instituciones jurídico-mercantiles vigentes en todo el
territorio de la Unión Europea y simultáneamente se dictan Directivas sobre
las mismas materias, que obligan a los Estados miembros a incorporar a su
legislación interna el contenido de la Directiva. Y con el fin de que converjan
la regulación supranacional europea y la nacional para una misma institu-
ción, el medio utilizado consiste en dictar Reglamentos y Directivas paralelos,
esto es, Reglamentos y Directivas que regulan una misma institución con las
mismas normas. De esta manera la institución supranacional y la institución
nacional coexisten, pero con la misma regulación.
Este fenómeno de los Reglamentos y Directivas paralelos se produce
especialmente en el ámbito de las instituciones de la propiedad industrial:
junto al Reglamento de la marca comunitaria existe la primera Directiva
sobre marcas y junto a la Directiva sobre dibujos y modelos existe un Regla-
mento sobre dibujos y modelos comunitarios.
En materia de sociedades también se intenta seguir el mismo procedi-
miento de Reglamentos y Directivas paralelos, aunque el proceso en este
campo se desarrolla más lentamente. Así ocurre que, aunque existen un buen
número de Directivas especialmente en materia de sociedades anónimas, en
este ámbito societario, hasta ahora se han aprobado la Agrupación europea
de interés económico, regulada por el Reglamento (CEE) 2137/85 del Con-
sejo, de 25 de julio, la Sociedad Anónima Europea, cuyo Estatuto fue apro-
bado por el Reglamento (CE) núm. 2157/2001, del Consejo, de 8 de octubre
de 2001 y la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), cuyo Estatuto ha sido
aprobado por el Reglamento (CE) núm. 1435/2003, del Consejo, de 22 de
En ocasiones el paralelismo entre la regulación supranacional europea
se produce sin necesidad de que se dicte la correspondiente Directiva comu-
nitaria, pues los legisladores nacionales se limitan a incorporar a su Derecho
interno las normas comunitarias sobre la misma materia. Es lo que ocurre
en gran medida con las normas del Tratado sobre libre competencia o, en
nuestro país con la regulación de las Agrupaciones de Interés Económico
(Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico).
9) La aplicación del Derecho comunitario en la jurisprudencia española.
Ya en la STC 14 febrero 1991 (RTC 1991, 28), en el recurso de inconsti-
tucionalidad promovido por el Parlamento vasco sobre el régimen electoral
para las elecciones al Parlamento Europeo se incluyeron las declaraciones
jurisprudenciales básicas en relación con la aplicación del Derecho comuni-
tario en España por los tribunales españoles. Se declaró, en efecto, que el
Derecho comunitario rige y es aplicable en España, pero las normas comuni-
tarias europeas no tienen la consideración de normas constitucionales, por
lo que su violación no puede dar lugar a un recurso o cuestión de inconstitu-
El Derecho comunitario, declara el TC, tiene primacía sobre el Derecho
interno y corresponde su aplicación a los Tribunales ordinarios. Al hacer esa
aplicación, los Tribunales ordinarios pueden declarar inaplicables las normas
legislativas españolas que sean contradictorias con las normas comunitarias.
Partiendo de estos planteamientos básicos, las normas del TCE y de los
Reglamentos son directamente aplicables por los Tribunales ordinarios de
las distintas jurisdicciones. Así la STS (Sala 3a
) 24 abril 1990 (RJ 1990, 2747)
se refirió ya a la aplicabilidad directa de los Reglamentos comunitarios, apli-
cación directa que se declara después habitualmente en la jurisprudencia.
Entre las sentencias posteriores puede verse la de la STS (Sala 3a
) 10 julio
1999 (RJ 1999, 7476).
También la doctrina de la Sala Ia
del TS ha declarado, en el mismo
sentido, que son directamente aplicables por los Tribunales ordinarios las
normas del TCE sobre libre competencia y los Reglamentos que las desarro-
llan (SSTS 2 junio 2000 [RJ 2000, 5092], caso DISA; 2 marzo 2001, caso Auto
Lugo, SL [RJ 2001, 2616] y 15 marzo 2001, caso Gabai Gil, SA). En las dos
últimas sentencias citadas (SSTS 2 y 15 marzo 2001) se formula, además, una
importantísima declaración al establecer «que los Reglamentos Comunitarios
resultan obligatorios, siendo directamente aplicables en cada uno de los Esta-
dos miembros desde su publicación en el "Diario Oficial de la Unión Euro-
pea", ostentando por tanto supremacía sobre el Derecho interno español
A. RERCOVITZ RODRÍCl'EZ.-CASO: Apunten de Derecho Mercantil
(art. 189 del Tratado de Roma y ahora art. 288 TFUE), ya que su aplicación
es prioritaria, incluso a las leyes, lo que no sucede con las Directivas que, en
términos generales y sin dejar de lado las decisiones interpretativas del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas, sólo imponen dictar normas
internas para llevar a cabo su aplicación».
Igualmente puede verse la aplicación de una Directiva por la STS (Sala
) 15 marzo 1999 (RJ 1999, 2141), para declarar la nulidad de una norma
reglamentaria que había traspuesto incorrectamente aquella Directiva.
Por otra parte, es reiterada la jurisprudencia que declara que las dudas
que suscite la interpretación de las normas comunitarias pueden ser resueltas
por los Tribunales ordinarios españoles que han de aplicarlas, sin que sea,
por tanto, imperativo que los órganos jurisdiccionales contra cuyas resolucio-
nes no cabe ulterior recurso planteen cuestión de prejudicialidad ante el
TJCE para esa interpretación en los casos en que el Tribunal nacional consi-
dere que no existe duda en la interpretación o que la cuestión discutida no
tiene relevancia para el fallo (SSTS, Sala 3a
, 23 marzo y 10 julio 1999 [RJ
1999, 3023].
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