Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-124-de-febrero-23-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bd96d81113d300fce0430a01015100fc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 21:43:08
Document Index: 226466341

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 174', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 50', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 174']

﻿ Sentencia T-124 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA T-124 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. SON LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ LAS ENCARGADAS DE EMITIR LOS DICTÁMENES DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, CUANDO LAS PERSONAS REQUIERAN OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL O LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. AHORA, LOS HONORARIOS DE LAS JUNTAS DEBEN SER CANCELADOS POR LA ENTIDAD DE PREVISIÓN O SEGURIDAD SOCIAL O LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA A LA QUE ESTÉ AFILIADO EL SOLICITANTE, YA QUE AL SER UN SERVICIO ESENCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SU PRESTACIÓN NO PUEDE ESTAR SUPEDITADA AL PAGO QUE HAGA EL INTERESADO, PUES ESTE CRITERIO ELUDE EL PRINCIPIO SOLIDARIDAD AL CUAL ESTÁN OBLIGADAS LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia T-124 de febrero 23 de 2012
Sentencia T-124 de 2012
Ref.: Expediente T-3233772
Dr. Magistrado Ponente:
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
1.1.1.3. Aduce que para efectos de tramitar la sustitución pensional, se le exige la práctica de un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C y Cundinamarca, valoración que tiene un costo de quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos ($ 535.600) y que no puede sufragar porque no cuenta con los recursos económicos.
1.2.1. Notificada de su vinculación, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá manifestó que no es procedente la exoneración de honorarios solicitada, debido a que estos no los fijan las juntas, sino que están definidos y reglamentados por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2463 de 2001.
1.2.2. Por su parte, Positiva Compañía de Seguros S.A. expresó que verificada la base de datos se pudo establecer que la señora Leonarda Salcedo Ortiz y el niño Leonardo Sánchez Salcedo son beneficiarios de la pensión de sobreviviente reconocida por la muerte del afiliado José Ricardo Sánchez Sánchez; además, indicó que no existe dictamen de calificación de origen emitido por la institución prestadora de servicios de salud, y que el Decreto 1259 de 1994, artículo 12, dispone que se debe acreditar el origen del accidente, enfermedad y muerte. Así mismo, manifestó que el Decreto 2463 de 2001, el cual reglamenta las Juntas de Calificación de Invalidez, en su artículo 3º, numeral 4º, determina que la calificación de la pérdida de la capacidad laboral únicamente se exige a los afiliados, y que el niño Leonardo Sánchez Salcedo tiene la calidad de beneficiario, concluyendo que Positiva Compañía de Seguros S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
Mediante sentencia proferida el seis (6) de julio de 2011, el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Civil Municipal de Bogotá D.C. resolvió negar el amparo invocado; sin embargo, ordenó a Positiva Compañía de Seguros S.A. ilustrar en forma clara a la señora Leonarda Salcedo Ortiz los requisitos exigidos para obtener la sustitución pensional del señor José Ricardo Sánchez Sánchez.
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, enviar a esta corporación copia de la decisión por medio de la cual se les reconoció el derecho a la sustitución pensional por la muerte de José Ricardo Sánchez Sánchez, así como certificado donde conste el monto de esta.
Manifestó que esa entidad mediante Resolución 0936 del dieciséis (16) de marzo de 2011 reconoció la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor José Ricardo Sánchez Sánchez en cuantía de $ 267.800, a los siguientes beneficiarios: Leonarda Salcedo Ortiz (compañera) y Leonardo Sánchez Salcedo (hijo), respectivamente.
De la misma manera resaltó que mediante Resolución 02283 del cuatro (04) de agosto de 2011, decidió el recurso de reposición impetrado por la accionante y confirmó la Resolución 0936 de 2011, por lo que la entidad procedió a incluir a los beneficiarios en la nómina de pensionados en el mes de mayo de 2011, y a la fecha se encuentran activos.
Como prueba, anexó copia de las resoluciones 0936 del dieciséis (16) de marzo de 2011 y 02283 del cuatro (04) de agosto del mismo año, así mismo, el reporte de inclusión y pago de mesada pensional y retroactivo de la nómina de pensionados, en los que consta que la señora Leonarda Salcedo Ortiz y el niño Leonardo Sánchez Salcedo son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor José Ricardo Sánchez Sánchez, y que se encuentran recibiendo $ 235.664 por el valor de la pensión cada uno; además, que el diecisiete (17) de mayo de 2011 recibió cada uno $ 1.208.533 por valor del retroactivo pensional.
En cuanto a los gastos de sostenimiento, manifestó que estos corresponden a: alimentación, la cual tiene un costo aproximado de $ 450.000 mensuales, debido a que el niño requiere dieta especial por sus deficiencias, canon de arriendo, el cual es de $ 350.000, y pago del servicio de luz, “que se paga entre tres apartamentos”.
También allegó copia del contrato de arrendamiento del inmueble en el que vive con su hijo, en el que consta que el canon de arrendamiento que debe pagar mensualmente es de $ 350.000.
2.3. Naturaleza jurídica y función del derecho a la pensión de sobrevivientes y a la sustitución pensional.
Una de las expresiones del derecho a la seguridad social es el derecho a la pensión en sus distintas modalidades, siendo unas de ellas la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, consisten en la garantía que le asiste al grupo familiar de una persona pensionada por vejez o invalidez, o de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece de reclamar la prestación que se había generado a favor del causante, o que se causa precisamente con su muerte, para enfrentar el posible desamparo al que se puedan someter por el deceso de la persona de la cual dependían económicamente. Es decir, “la sustitución pensional es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”(1), y la pensión de sobrevivientes, es aquella que “propende porque la muerte del afiliado no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”(2).
2.3.2. Así las cosas, la Sala considera que, tal como lo ha expresado esta corporación reiteradamente, lo que se busca con la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes es que los familiares del pensionado o afiliado muerto puedan reemplazar el sustento económico que este les proporcionaba, y que su muerte no disminuya sus condiciones de vida. Por esta razón, la Corte ha resaltado que el reconocimiento de estas prestaciones constituye un derecho fundamental por su estrecha relación con la garantía del mínimo vital.
Esta posición la sostuvo la Corte en la Sentencia C- 080 de 1999(3), en la que estudió la constitucionalidad del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990, que contemplaba que “las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión policial, se extinguirán para (...) los hijos, por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del oficial o suboficial”. Al respecto el alto tribunal manifestó que:
“La pensión de sobrevivientes busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte, “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”. La ley prevé entonces que, en un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del occiso y compartían con él su vida, reciban una sustitución pensional para satisfacer sus necesidades”(4).
Dentro de la misma línea de pensamiento, en la Sentencia T-049 de 2002(5), al revisar el caso de una señora que solicitó la sustitución pensional por la muerte de su esposo, y a quien le fue negada en virtud de lo contemplado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la Corte expresó:
El pago de la pensión de sobrevivientes ya sea a los familiares del trabajador pensionado (L. 100/93, art. 46, num. 1º) o aquellos afiliados al sistema de pensiones a que alude el numeral 2º, tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección”.
“Este derecho es cierto e indiscutible, irrenunciable (...).
Ese derecho, para los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al trabajo. Es inalienable, inherente y esencial (...)”.
Reiterando lo dicho anteriormente, en la Sentencia T-236 de 2007(6), en la que se estudió el caso de una señora que solicitó la pensión de sobrevivientes en calidad de madre dependiente económicamente de su hijo, y a la que la empresa accionada objetó el reconocimiento de la prestación, aduciendo la prescripción, la Corte señaló:
“(...) la finalidad de la pensión de sobrevivientes, es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Una decisión administrativa, que desconozca esa realidad, e implique por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono, indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital y a la dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los principios constitucionales de solidaridad y protección de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como soportes esenciales del Estado social de derecho”.
2.3.3. Ahora bien, según el alto tribunal, el carácter de fundamental del derecho a la sustitución pensional, no solo deriva del hecho de estar relacionado con el mínimo vital, sino también de que sus beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Así lo dijo esta corporación en la Sentencia T- 662 de 2010(7), en la que se revisó el caso de un joven que solicitó la pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre, y a quien le fue negada en virtud del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. El alto tribunal sostuvo:
Esta posición se puede evidenciar en la Sentencia T-378 de 1997(8), en la que se revisó el caso de una señora que manifestó que al morir su padre, la entidad demandada otorgó la sustitución pensional únicamente a favor de su madre, pese a que presentaba, para la fecha de la muerte de su progenitor, un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 70%, debido a que sufre un “síndrome mental orgánico crónico”. Tras la muerte de su madre, la tutelante alegaba que se encontraba desamparada, pues sus hermanos no contaban con los recursos para seguir ayudándola económicamente, razón por la cual solicitaba que le fuera sustituida la pensión.
“(...) el argumento legal traído a colación por la entidad demandada para no otorgar la sustitución pensional solicitada por la actora, esto es, que ni la Ley 71 de 1988 ni el Decreto 1160 de 1989 permiten la “sustitución de sustitución”, no tiene ningún fundamento razonable. En primer lugar, lo que se solicitaba no era una “sustitución de sustitución”. Se trataba simplemente de reclamar un derecho que ab initio debió haber sido reconocido. En otras palabras, no es la muerte de María Inés Bello lo que le otorga a la actora el derecho a recibir la pensión de su padre, y los derechos conexos —como la atención médica—, sino la satisfacción plena de las condiciones de hecho que exigían las normas vigentes al morir su progenitor. Ahora bien, fallecida la madre, tal y como lo establecen las normas vigentes, Elizabeth León adquirió el derecho a gozar del 100% de la pensión”. (Destacado fuera del texto).
En esta providencia la Corte decidió conceder de manera transitoria(9) la tutela a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad de la accionante, debido a que, como ya se dijo, no operaba “la sustitución de la sustitución”, sino el reconocimiento de un derecho que se había adquirido con el cumplimiento de las condiciones de hecho que exigían las normas laborales y de seguridad social. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y sustituir a favor de la peticionaria el derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación que venía disfrutando su padre, y que fue inicialmente sustituida únicamente a favor de su progenitora.
2.3.4. Ahora bien, con respecto a un segundo problema jurídico, este es, sí es posible la sustitución pensional por la calidad de hijo inválido, en los casos en los que ya ha operado una sustitución pensional o el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor del mismo solicitante, pero por ser hijo menor de 18 años, la Corte profirió la Sentencia T- 092 de 2003(10). En este caso el alto tribunal trató el asunto de una joven que padecía de “retraso mental post-epilepsia”, a la que el ISS le suspendió, al cumplir los 18 años, la pensión de sobrevivientes de la que era beneficiaria por la muerte de su padre, porque su estado de invalidez se había estructurado con posterioridad a la muerte de su progenitor, y su madre no había demostrado que padeciera de alguna enfermedad antes de llegar a la mayoría de edad. Aquí la Corte dio una respuesta afirmativa en atención a la especial protección que el Estado debe brindar a las personas con discapacidad, por lo que sostuvo que sin importar: i) en qué época se estructuró la invalidez del beneficiario de la sustitución pensional, o ii) bajo qué calidad se obtuvo inicialmente la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional (si como hijo menor de 18 años o como hijo inválido), el derecho a la sustitución pensional y a la pensión de sobrevivientes de la persona inválida surge desde que se cumple con los requisitos de hecho que exigen las normas jurídicas que regulan la materia, y se prolonga hasta que se desvirtué el parentesco, cese la invalidez y/o la dependencia económica respecto del causante. En palabras del alto tribunal:
“Resulta evidente en este caso, que la peticionaria tiene derecho, desde la muerte de su padre, a la sustitución pensional y a los derechos conexos, pues se trata de una persona, que desde entonces sufre una enfermedad que la incapacita totalmente para ejercer cualquier actividad laboral y que no recibe auxilio, beca, recompensa o cualquiera otro medio que les permita atender su congrua subsistencia. En consecuencia, a la luz de las normas vigentes a la muerte del padre de la actora —e incluso de las normas actuales, y bajo el entendido de que el mencionado derecho no prescribe— como sí las mesadas correspondientes -, debe afirmarse que no existe ninguna razón para negarle a la actora el derecho que le corresponde. Ni las normas anteriores ni las vigentes en materia pensional, consagran mandatos que desatienden situaciones como la que se estudia; antes por el contrario, ha sido siempre inspiración del legislador, la protección a los hijos inválidos del causante, y ello ha debido guiar la actuación del seguro social en este caso.
Como puede entonces concluirse, es innegable la importancia y la finalidad que como derechos fundamentales tienen la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, pues estas buscan lograr a favor de los beneficiarios, un trato digno y justo, mediante la sustitución de la ausencia del apoyo económico que deja el familiar muerto. Ahora bien, estos derechos tienen una protección reforzada cuando se trata de personas que padecen algún tipo de invalidez y cuando se presenten circunstancias que amenacen con dejarlas en estado de desamparo por el acaecimiento de la muerte de quién dependían económicamente. Aquí la protección se refleja en la obligación de reconocerles la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes y mantener su pago hasta que su estado de invalidez subsista, sin importar que previamente se hubiese reconocido una sustitución respecto de la misma pensión, esto en virtud de los principios de justicia y equidad y de la protección reforzada que de su estado deviene.
2.4. Regulación normativa y jurisprudencial del derecho a la pensión de sobrevivientes.
Así, encontramos el artículo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que consagra que son beneficiarios: i) el (la) cónyuge o compañero (a) permanente o supérstite; ii) los hijos menores de 18 años; iii) los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, que se encuentren incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante; iv) los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez; v) los padres del causante que dependieran económicamente de él, solo en el caso de no existir cónyuge, compañero (a) permanente e hijos; vi) a falta de cónyuge, compañero (a) permanente, padres e hijos, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este.
Sobre el particular, en la Sentencia T-674 de 2010(11), la Corte se refirió a los requisitos establecidos en dicha norma en los siguientes términos:
“De lo anterior se infiere, y en especial para el caso de los hijos inválidos, que para poder obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) el parentesco, (ii) el estado de invalidez del solicitante y iii) la dependencia económica respecto del causante”.
En lo que respecta a la determinación del estado de invalidez de los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el artículo 14 del Decreto 1889 de 1994 dice que esta se establece conforme a lo previsto por el Decreto 1346 del mismo año, el cual fue derogado por el Decreto 2463 de 2001. Este último que consagra que el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración de la invalidez debe ser calificada, en primera instancia, por las juntas regionales de calificación de invalidez y, en segunda instancia, por la junta nacional de calificación de invalidez. Sin embargo, al respecto se pronunció la Corte y dijo que:
Por último, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la dependencia económica, el artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 establece que el beneficiario depende del causante cuando venía derivando de él su subsistencia. Dicha dependencia “debe estar presente al momento de la muerte del causante, y la continuidad del pago de la prestación está sujeta a que persistan las situaciones anotadas; de lo contrario, se extingue el derecho la pensión de sobrevivientes”(12).
Las juntas de calificación de invalidez tienen como función primordial evaluar científica y técnicamente el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de las personas, y sus dictámenes constituyen el fundamento jurídico para lograr el reconocimiento y posterior pago de ciertas prestaciones sociales. Por ejemplo para el caso de la pensión de sobrevivientes, es necesario que las juntas estimen la pérdida de la capacidad laboral cuando quien solicita la pensión es un hijo inválido del causante, para lo cual deben realizar una evaluación completa del estado de salud del solicitante(13).
Frente a la anterior determinación, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-164 de 2000(14), estudió la constitucionalidad del artículo 43 del Decreto 1295 de 1995 que establecía en cuanto a las controversias sobre la incapacidad permanente parcial, que “los costos que genere el trámite ante las juntas de calificación de invalidez serán de cargo de quien los solicite, conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional”. En esa oportunidad el alto tribunal declaró inexequible el anterior precepto, argumentando que:
Ahora bien, dado que la anterior decisión se circunscribe a la calificación de la pérdida de capacidad laboral para obtener la pensión de invalidez, posteriormente la Corte, en la Sentencia C-1002 de 2004(15), en la que estudió la constitucionalidad de los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, amplió el ámbito de actuación de las juntas de calificación de invalidez, afirmando que los certificados que estas emiten sirven para reconocer la pensión de sobrevivientes. En palabras de esta corporación:
“Dado que el legislador no circunscribió expresamente el ámbito de funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez a la calificación de la incapacidad con fines de reconocimiento de pensión de invalidez, es posible inferir que también dicha certificación sirve como elemento de juicio para conceder la pensión de sobreviviente, pues para esta también se requiere la calificación del grado de invalidez del aspirante. De las normas transcritas se deduce que la función de calificación de las condiciones de invalidez que realizan las juntas a que se refiere el Decreto 2463 de 2001 no se agota, como lo sugiere el demandante, con la determinación de las que dan lugar a la concesión de la pensión de invalidez, sino que operan en cualquier caso en que el establecimiento del grado de invalidez sea requisito necesario para otorgar el reconocimiento de una prestación social, lo cual incluye, como es obvio, a la pensión de sobrevivientes.
Reiterando lo dicho anteriormente, en la Sentencia T-033 de 2004(16), en la que se estudió el caso de un señor que pese a ser beneficiado por un fallo de un juez laboral que ordenó al ISS asumir los costos del examen de invalidez, no fue calificado porque la entidad no quiso cancelar dichos honorarios debido a que el tutelante personalmente no había solicitado el pago del examen, la Corte resolvió acceder al amparo solicitado, aduciendo que:
“Según las consideraciones hechas en el presente fallo y teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional anteriormente transcrita, la orden del juez debe ser cumplida y por lo tanto los seguros sociales deben sufragar lo correspondiente a los dictámenes y por este aspecto prospera la tutela. En efecto, el no pago de la valoración de la incapacidad laboral afecta los derechos a la seguridad social, el debido proceso y el acceso a la justicia, como se dejó explicado en los considerandos de esta sentencia”. (Destacado fuera del texto).
Por último y en reiteración de su precedente, la Corte, en la Sentencia T- 208 de 2010(17), en la que se revisó el caso de una señora a la que la junta regional de calificación de invalidez le negó la práctica del examen de pérdida de capacidad laboral porque la EPS no había cancelado sus honorarios, esta corporación sostuvo que:
Ahora bien, dada la enfermedad que padece el niño Leonardo Sánchez Salcedo, la cual le genera incapacidad permanente para laboral, pues le ocasiona parálisis cerebral, su representante pretende que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre, en virtud de la condición de hijo inválido que ostenta, y no como hijo menor de 18 años, pues la diferencia entre una y otra radica en que, mientras el reconocimiento y pago de la prestación por ser menor de edad persiste hasta la llegada a la mayoría de edad, la de hijo inválido permanece hasta que subsistan las condiciones de la invalidez. Por tanto, la protección del niño será mucho más amplia y acorde a sus condiciones económicas, físicas y de salud.
La señora Leonarda Salcedo Ortiz, al no contar con los recursos económicos suficientes para cancelar la valoración que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C y Cundinamarca tiene que hacerle a su hijo (pues entre los dos reciben ingresos mensuales de $ 535.600, de los cuales deben pagar $ 350.000 en el arriendo del inmueble en donde viven, más los gastos de alimentación, servicios públicos, pago de EPS, transporte, medicamentos del niño, entre otros), le solicitó que la exoneraran del pago del examen requerido. Sin embargo, la junta le manifestó que lo pedido era improcedente, en razón a que los honorarios de los dictámenes están definidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2463 de 2001. Debido a esta respuesta, la señora Salcedo interpuso acción de tutela contra la junta.
El juez de instancia vinculó a Positiva Compañía de Seguros, por ser esta la entidad a cargo de la pensión de sobrevivientes, para que se pronunciara sobre los hechos del caso. La aseguradora manifestó en cuanto a la remisión del niño Leonardo Sánchez Salcedo a la junta de calificación de invalidez, que este es ya beneficiario de la pensión de sobrevivientes reconocida por la muerte del afiliado José Ricardo Sánchez Sánchez. Además, indicó que el Decreto 2463 de 2001, por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, en su artículo 3º, numeral 4º, establece que: “corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad: Las entidades administradoras de riesgos profesionales, solo cuando se requiera determinar la incapacidad permanente parcial de sus afiliados”.
En sede de revisión, la compañía de seguros solo se refirió a que el niño y su madre son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, sin hacer referencia a si la accionante les había solicitado que asumieran el costo de la valoración de la pérdida de capacidad laboral de Leonardo.
““En este orden de ideas la Sala pasará a señalar las referidas posibilidades: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso”“(18).
Ahora bien, en el caso sub examine se observa que la señora Leonarda Salcedo Ortiz interpuso la acción de tutela en calidad de madre del niño Leonardo Sánchez Salcedo, por lo que la Sala encuentra que tenía capacidad para representar los intereses de este, con mayor razón si se tiene en cuenta lo alegado por la peticionaria, en cuanto a que el niño padece “parálisis cerebral espástica y deformidad en flexión y otros” lo que le impide su normal desarrollo motor.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 416 de 1997(19), explicó en qué consiste la legitimación por pasiva así:
A propósito de este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009(20) estableció que:
En este sentido, la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela reconocen la eficacia de los medios ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debe haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador(21).
3.3. Examen de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del niño Leonardo Sánchez salcedo.
3.3.1. En cuanto a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, la Sala encuentra que esta actuó conforme a lo establece la Ley 100 de 1993 y el inciso 3º del artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, que consagra que: “salvo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, los honorarios de los miembros de las juntas de calificación de invalidez serán pagados por la entidad de previsión social, o quien haga sus veces, la administradora, la compañía de seguros, el pensionado por invalidez, el aspirante a beneficiario o el empleador. Cuando el pago de los honorarios de las juntas de calificación de invalidez hubiere sido asumido por el interesado, tendrá derecho al respectivo reembolso por la entidad administradora, de previsión social o el empleador, una vez la junta dictamine que existió el estado de invalidez o la pérdida de capacidad laboral”. Por ende, no se puede afirmar que la junta haya actuado contrario a derecho, y mucho menos, vulnerado el derecho al mínimo vital y a la seguridad social en pensiones del niño Leonardo Sánchez Salcedo, pues no lo exoneró del pago del examen de invalidez porque no tiene competencia para ello.
En primer lugar, si bien en el expediente no existe prueba de que la peticionaria les haya solicitado el pago del examen, de la respuesta adiada a seis (06) de julio de 2011, se deduce que la compañía sí tenía conocimiento de lo pretendido por la señora Salcedo Ortiz. La compañía manifestó que: “segunda: con relación a la prestación de los servicios y procedimientos médicos asistenciales y remisión a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá del menor Leonardo Sánchez Salcedo (...), nos permitimos comunicarle que el mencionado menor tiene la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes reconocida por la muerte del afiliado José Ricardo Sánchez Sánchez. (...) Quinta: en cuanto la remisión ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, es importante mencionar que el Decreto 2463 de 2001 (...) en su artículo 3º numeral 4º expresa que: las entidades administradoras de riesgos profesionales, solo cuando se requiera determinar la incapacidad permanente parcial de sus afiliados”.
En segundo lugar, se encuentra probada la necesidad que le asiste a la peticionaria de que la pensión de sobrevivientes de su hijo discapacitado le sea otorgada en virtud de su invalidez, y no solamente en su condición de menor de 18 años, pues si el reconocimiento de dicha pensión se hace únicamente por esta última calidad, llegada la mayoría de edad, la pensión podría ser suspendida, sometiendo al niño Leonardo a la miseria y desamparo(22).
En tercer lugar, la Sala también observa que existe evidencia de que la señora Leonarda Salcedo Ortiz y su hijo son personas de escasos recursos a los que sus ingresos no le alcanzan para cancelar dicho examen, so pena de verse vulnerado su derecho al mínimo vital, pues, como ya se dijo, entre los dos reciben ingresos mensuales de $ 535.600, de los cuales deben pagar $ 350.000 en el arriendo del inmueble en donde viven, más los gastos de alimentación, servicios públicos, pago de EPS, transporte, medicamentos del niño, entre otros.
1. REVOCAR la Sentencia del diecinueve (19) de agosto de 2011, proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá D.C., quien confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar CONCEDER el amparo requerido.
2. ORDENAR a Positiva Compañía de Seguros que, proceda a cancelar, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, el costo del examen de invalidez del niño Leonardo Sánchez Salcedo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C y Cundinamarca.
3. ORDENAR a Positiva Compañía de Seguros que, una vez la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C y Cundinamarca examine al niño Leonardo Sánchez Salcedo y determine su pérdida de capacidad laboral, proceda, si es del caso, a reconocerle la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo inválido del señor José Ricardo Sánchez Sánchez.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto— Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) Sentencia T- 431 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(2) Sentencia T- 957 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(4) Debido a lo anterior, la Corte expresó que si bien para los hijos de una persona fallecida el régimen especial de sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes de la Policía es inferior a la regulación general, tales beneficios reconocidos a favor de los hijos de los miembros de esta institución se extiende siempre hasta los 21 años, mientras que el sistema general de la Ley 100 de 1993 solo la contempla hasta los 18 años, por lo que no existe vulneración al derecho a la igualdad, por tanto, resolvió declarar exequible la expresión “y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años” del inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990.
(9) La transitoriedad de la decisión está dada porque la Sala consideró que se debía conjugar la eficacia de los derechos fundamentales de la actora con la competencia de los jueces contencioso administrativos para resolver los conflictos derivados de la negativa a reconocer un derecho de carácter prestacional como es la sustitución pensional, razón por la cual ordenó a la Caja de Previsión Social Municipal de Ibagué, reconocer el derecho a la sustitución pensional, sin que ello fuera en contra de que la propia entidad pudiera demandar su acto administrativo ante los jueces competentes a fin de que estos definieran la situación planteada.
(10) M.P. Rodrigo Escobar Gil
(12) Sentencia T-662 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
(13) Sentencia T- 596 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
(14) M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Esta posición también se reiteró, entre otras, en la Sentencia T- 701 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(17) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(18) Véase las sentencias T- 1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 329 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(20) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(21) Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
(22) Igual a como sucedió en el caso estudiado por esta corporación en la citada. Sentencia T- 092 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil, y que dio lugar a que se concediera la tutela y se ordenara reconocer la pensión a favor del tutelante por su invalidez.