Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-241-de-marzo-15-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204204fef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 14:51:07
Document Index: 272407942

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 224', 'artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 156', 'artículo 185', 'artículo 156', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 157', 'artículo 145', 'artículo 146', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 116', 'artículo 160', 'artículo 168', 'artículo 183', 'artículo 157', 'artículo 241', 'Artículo 2', 'artículo 5']

﻿ SENTENCIA C-241 DE MARZO 15 DE 2005
SENTENCIA C-241 DE 15 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:ACUERDOS INTERNACIONALES. REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL "ACUERDO DE COPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE CANADÁ, HECHO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2002 Y DE LA LEY 897 DE 2004, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA DICHO ACUERDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-241 de marzo 15 de 2005
Sentencia C-241 de 2005
Ref.: Expediente LAT-270
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)” y de la Ley 897 de 2004, por medio de la cual se aprueba dicho acuerdo.
Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil cinco.
EXTRACTOS: «II. Texto de las normas objeto de la revisión
A continuación se transcribe el texto sometido al control de la Corte y que se encuentra publicado en el Diario Oficial 45.618 de 23 de julio de 2004, así:
Diario Oficial 45.618, de 23 de julio de 2004
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
Visto el texto del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
Acuerdo de coproducción audiovisual entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá
1. A los fines del presente Acuerdo, el término “coproducción audiovisual” designa un proyecto de cualquier duración, incluyendo obras de animación y documentales producidos en película, videocinta o videodisco, o en cualquier otro soporte hasta ahora desconocido, destinadas a ser exhibidas en salas de cine, en televisión, videocasete, videodisco o por cualquier otro modo de difusión. Las nuevas formas de producción y difusión audiovisual serán incluidas en el presente Acuerdo mediante intercambio de notas.
En Colombia: el Ministerio de Cultura.
2. En caso de que la coproducción así lo requiera, se podrá permitir la participación de actores distintos de los indicados en el párrafo 1º, con sujeción a la aprobación de las autoridades competentes de ambos países.
2. No obstante el párrafo 1º que antecede, si uno de los países coproductores puede hacer entrar libremente sus películas en el país importador, las coproducciones realizadas en virtud del presente Acuerdo disfrutarán de pleno derecho de esa posibilidad, al mismo título que las otras producciones nacionales del país coproductor en cuestión, siempre y cuando este último acuerde su consentimiento.
1. Las coproducciones deberán ser presentadas con la mención “Coproducción Colombia-Canadá” o “Coproducción Canadá-Colombia”, según el país cuya participación sea mayoritaria o como lo acuerden los coproductores.
ARTÍCULO IXX
9. Una cláusula que precise que la producción estará cubierta por una póliza de seguros que cubra por lo menos “todos los riesgos para la producción” y “todos los riesgos para el negativo”.
Las dos administraciones competentes de las partes contratantes podrán así mismo solicitar todos los documentos y todas las precisiones adicionales que juzguen necesarias.
Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2003
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales (firmado).
ART. 1º—Apruébese el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
El acuerdo consta de un preámbulo, 19 artículos y un “Anexo sobre reglas de procedimiento”.
Se resalta el artículo I, toda vez que allí se define qué se entiende por “coproducción audiovisual”, se determinan las autoridades de cada país competentes para aprobar las coproducciones que se realicen en virtud del mismo, se señala que las coproducciones que se propongan, su producción y distribución se hará de conformidad con las legislaciones vigentes en Colombia y Canadá, y que tales producciones se considerarán a todos los fines como producciones nacionales en y por cada uno de los dos países.
Por el artículo XIII se regula lo relativo a las exportaciones de las obras o producciones, en el XIV lo relativo a la mención “Coproducción, Colombia­Canadá” o “Canadá-Colombia” cada vez que sean presentadas y que dicha mención deberá figurar en los créditos y en toda publicidad comercial y material promocional durante su presentación.
El Acuerdo contiene un Anexo denominado “Reglas de procedimiento” para las solicitudes de admisión a las ventajas del mismo.
Teniendo en cuenta las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Cultura, solicita al honorable Congreso Nacional, aprobar el Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2003.
ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
1. De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta, la Corte es competente para ejercer un control constitucional de manera integral, previo y automático sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. Tal es el caso del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)” y de la Ley 897 de 2004. Comenzará pues la Corte con la revisión del trámite general del mencionado acuerdo y de la ley que lo aprueba para luego examinar su contenido.
Suscripción del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”
2. El 10 de julio de 2002, el entonces Presidente de la República de Colombia, doctor Andrés Pastrana Arango, confirió plenos poderes a la doctora Araceli Morales López, en esos momentos Ministra de Cultura para que a nombre del gobierno suscribiera el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, tal como consta en el folio 190 del expediente.
Posteriormente, el Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, dio su aprobación ejecutiva al instrumento bajo examen, el día 28 de mayo de 2003 (2) . Al respecto, tal y como lo ha señalado esta corporación en diversas oportunidades (3) ,
“... la confirmación presidencial subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado, acorde al derecho de los tratados, especialmente de conformidad con la Convención de Viena de 1969, artículo 8º, en la medida en que conforme con el artículo 9º de la Carta, las relaciones internacionales del Estado se fundamentan, entre otros, en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Además, teniendo en cuenta que conforme al artículo 189 numeral 2º de la Carta corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar convenios con otros Estados, es razonable que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación, si estos se suscitan, durante el trámite de suscripción del tratado. En ese orden de ideas, estima la Corte, con fundamento en las anteriores consideraciones, que no hubo irregularidades en la suscripción del mencionado tratado por parte del Estado colombiano” (C- 912/2004).
Trámite general de la Ley Aprobatoria 897 de 2004
3. De conformidad con los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta, corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos para su validez, requieren entonces de la aprobación del Congreso, según el artículo 224 de la Constitución.
Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta corporación en múltiples oportunidades, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución, tienen en general el mismo trámite de cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) El artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República y, b) el gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que esta efectúe su revisión constitucional.
4. En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al proyecto, hoy Ley 897 de 2004, fue el siguiente:
a) En cumplimiento de lo establecido en el inciso 3º del artículo 154 de la Carta, el Proyecto de Ley 38 de 2003 del Senado (hoy L. 897/2004), inició su trámite en el Senado, tal como consta en el folio 46 del expediente y en la página 17 de la Gaceta del Congreso 358 del 28 de julio de 2003.
b) En cumplimiento del inciso 1º del artículo 156 de la Constitución la publicación del proyecto en Gaceta del Congreso 358 del 28 de julio de 2004 (fl. 42 y pág. 13 de la Gaceta del Congreso 358 de 2004), fue previa a la iniciación de su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el 14 de octubre de 2004, según consta a folios 96, 142 y 159 del expediente.
c) En cumplimiento de los artículos 149 y 150 de la Ley 5ª de 1992, para el debate en Comisión Segunda del Senado se surtió la radicación del proyecto en la secretaría de dicha comisión (fl. 164) y se designó como ponente al honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz (fl. 163). En el mismo sentido, para el debate en Comisión Segunda de la Cámara, la radicación del proyecto y la designación al honorable Representante Juan Hurtado Cano obran en los folios 139 y 138 del expediente respectivamente.
De igual manera, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 5ª de 1992, para debate en plenaria del Senado se efectuó la radicación del proyecto (fl. 146) y se designó como ponente al honorable senador Jimmy Chamorro Cruz (fl. 159). En el mismo sentido, para debate en plenaria de la Cámara la radicación del proyecto consta a folio 122 y la designación como ponente al honorable representante Juan Hurtado se encuentra en el folio 128.
d) En cumplimiento del inciso 1º del artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, se presentó el informe del proyecto de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado a la que se repartió el 24 de julio de 2003, publicándose en la Gaceta del Congreso Nº 466 del 11 de septiembre del mismo año, tal como consta en la página 17 de la misma gaceta y en folio 147 del expediente. En el mismo sentido, se presentó informe del proyecto a la Comisión Segunda Cámara el 19 de diciembre de 2003 (fl. 133) y se publicó el mismo en la página 5 de la Gaceta del Congreso Nº 38 el 20 de febrero de 2004 (fl. ibíd.).
e) En cumplimiento del inciso 5º del artículo 160 de la Constitución tal como fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, para surtir el trámite del primer debate en Cámara del Senado se convocó para votación (oct. 7/2003) en sesión previa a la realización de la misma (oct. 14/2003) como consta en la página 7 de la Gaceta del Congreso Nº 543 del 16 de septiembre de 2004. En el mismo sentido, en sesión del 28 de octubre de 2003 se convocó la votación del proyecto en plenaria del Senado para el 11 de noviembre de 2003, tal como aparece en la página 20 de la Gaceta del Congreso 586 de 2003. De igual manera, en sesión del 17 de marzo de 2004, se convocó la votación del proyecto en mención en Comisión de la Cámara para el 24 de marzo del mismo año tal como lo certifica el secretario general de la comisión segunda (fl. 29); y en el mismo sentido el 8 de junio de 2004, se citó para votar el proyecto en plenaria de la Cámara el 9 de junio de 2004 tal como lo certifica el secretario general de la Cámara (fl. 195 y fl. 7 de la Gaceta 365 de 2004). Con lo anterior queda subsanada la observación del Ministerio Público en el sentido de verificar el cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
f) En cumplimiento de los numerales 2º y 3º del artículo 157 de la Constitución, en sesión del 14 de octubre de 2003 en Comisión del Senado fue aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley 38 de 2003 del Senado (hoy L. 897/2004, fl. 159). En el mismo sentido la plenaria del Senado lo aprobó el 11 de noviembre de 2003 por 95 votos, con la asistencia de 95 honorables senadores de 102 que conforman la plenaria de dicha Cámara (fls. 95 y 142). De igual manera en sesión del 24 de marzo de 2004, la Comisión Segunda Constitucional Permanente aprobó el Proyecto 38 de 2003 del Senado, 169 de 2003 de la Cámara (hoy L. 897/2004) por 17 votos, con la asistencia de 17 honorables representantes de 19 que conforman dicha comisión (fl. 137). En este mismo sentido, en sesión del 9 de junio de 2004 dicho proyecto fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes por 160 votos, con asistencia de 160 honorables representantes de 163 que conforman dicha plenaria (fl. 195).
g) El quórum que la Corte verifica en el anterior literal, corresponde a lo establecido en el artículo 145 de la Constitución y la votación mínima que comprueba en dicho quórum corresponde a lo establecido en el artículo 146 de la misma, así como a lo contenido en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992 y en el numeral 1º del artículo 117 de la misma ley, atendiendo a que “... las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. A este respecto, el Ministerio Público hizo la salvedad que en el caso de la aprobación en la comisión del Senado, la certificación respectiva (fl. 159) solo hacía mención a que dicha aprobación se había dado por unanimidad, sin hacer referencia al número de asistentes a la votación.
Referente a lo anterior, considera esta Corte que de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Constitución y el numeral 2º del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992 se concluye que, salvo que la Constitución establezca otra cosa, las decisiones en plenarias y comisiones solo podrán tomarse cuando haya una asistencia mínima de la mitad más uno de los integrantes de la corporación (quórum decisorio ordinario, C.P:, art. 145 y L. 5ª/92, art. 116, num 2º), y dentro de dicho quórum una votación mínima de la mitad más uno (mayoría simple). Es decir que de los artículos en mención se deriva la regla general del quórum y votaciones para la aprobación de los proyectos de ley. Esta es: mayoría simple dentro de un quórum decisorio ordinario.
Ahora bien, el señalamiento de una aprobación por unanimidad presupone la regla general de la aprobación de proyectos ley arriba expuesta. Pues la unanimidad es decisoria. La cualidad que adiciona este señalamiento es que todos los que asistieron a la votación, votaron igual. Así, la certificación de la aprobación por unanimidad, en principio supone que en un quórum decisorio ordinario todos los votos se dieron en un mismo sentido. Por esto, considera la Corte que la certificación del secretario general de la Comisión Segunda del Senado en el sentido de señalar que la aprobación del proyecto bajo estudio, se dio por unanimidad, supone que los asistentes a dicha votación sumaron una cantidad no inferior a la mitad más uno de los integrantes de la comisión.
h) De conformidad con el siguiente calendario, al que se sometió el trámite del proyecto de la ley objeto de estudio, la Corte entra a analizar el cumplimiento del inciso 1º del artículo 160 de la Constitución, del inciso 1º del artículo 168 de la Ley 5ª de 1992 y del inciso 2º del artículo 183 de la misma ley:
• Entre el primer debate y aprobación en comisión del Senado del 14 de octubre de 2003 (fl. 159) y segundo debate y aprobación en Plenaria de la misma cámara el 11 de noviembre de 2003, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Constitución, art. 160 y L. 5ª/92, art. 168).
• Entre los debates y la aprobación en plenaria del Senado el 11 de noviembre de 2003 y el inicio del debate en Cámara de Representantes, el 24 de marzo de 2004 transcurrieron por lo menos “quince días” (Constitución, art. 160).
• Entre el primer debate y aprobación en comisión de la Cámara de Representantes, el 24 de marzo de 2004 y el segundo debate en plenaria de la misma Cámara, el 9 de junio de 2004, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Constitución, art. 160 y L. 5ª/92, art. 168).
i) En cumplimiento del numeral 4º del artículo 157 de la Constitución, la sanción presidencial se dio el 21 de julio de 2004, por parte del Presidente, doctor Álvaro Urbe Vélez, tal como consta en el folio 20 (reverso) y en el Diario Oficial 45.618, de 23 de julio de 2004.
j) De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 constitucional, habiéndose sancionado la Ley 897 el 21 de julio de 2004 (fl. 20 reverso), se envía a esta corporación para el respectivo estudio el 26 de julio de 2004, dentro de los seis días siguientes.
5. Por lo anterior, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente y con las observaciones que la vista fiscal expuso, subsanadas tal como aparece en los literales e) y g) de la presente sentencia, esta Sala encuentra que el procedimiento seguido, tanto para la suscripción del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, como para el trámite de aprobación y sanción de la Ley 897 de 2004 que lo aprueba, se han cumplido todos los rituales procesales establecidos en la Constitución y en la ley orgánica “por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes” (L. 5ª/92). Por lo cual el “Acuerdo” y la Ley 897 en comento resultan constitucionales desde el punto de vista formal.
6. No obstante, encuentra esta Corte que, como lo muestra la transcripción de la Ley 897 de 2004, el texto formalmente aprobado por el Congreso, contiene en principio elementos extraños a una ley de esta naturaleza, como es la inclusión integral de la exposición de motivos del proyecto y del contenido de otra ley, a saber la Ley 424 de 1998, que ordena el seguimiento de los convenios internacionales suscritos por Colombia.
Finalmente, entre los artículos del proyecto y aquellos de la Ley 424 de 1998 aparece la exposición de motivos del proyecto, que terminó siendo incorporada a la ley, y que carece propiamente de un lenguaje normativo, pues no indica que es lo ordena, prohíbe o permite.
7. Lo anterior puede crear una perplejidad normativa, pues no es claro qué fue lo que aprobó el Congreso. Además, podría considerarse que esta situación afecta la regla de unidad de materia (C.P., art. 158) y desconoce las peculiaridades propias de las leyes aprobatorias de tratados, por cuanto la ley contiene elementos extraños a una ley de este tipo. Podría incluso considerarse que ese hecho expresa una inatención del Congreso en el trámite de la ley, que podría indicar la existencia de un vicio del consentimiento. Sin embargo, lo cierto es que esos problemas ya fueron analizados por la C-315 de 2004. En aquella sentencia la Corte consideró que este tipo de defectos no son de trascendencia suficiente para considerar un vicio de procedimiento. Dijo entonces esta corporación:
“A pesar de lo anterior, la Corte considera que la anterior irregularidad, aunque expresa una inadvertencia del Congreso en la aprobación de la presente ley, no configura realmente un vicio de procedimiento por las siguientes dos razones: en primer término, un análisis literal, sistemático e histórico permite concluir que la Ley 824 de 2003 tiene no solo un tema dominante sino una finalidad clara, que es la aprobación de la Convención sobre misiones especiales. En efecto, así lo dice con claridad el título de la ley. Además, la ley transcribe la totalidad del mencionado tratado y los artículos aprobados, con la excepción de aquellos que hacen parte de la reproducción del texto de la Ley 424 de 1998, establecen la aprobación de ese instrumento internacional por parte del Congreso. Finalmente, la revisión de las discusiones en el Congreso, especialmente de la exposición de motivos y de las ponencias para los debates en comisiones y plenarias, muestran con claridad que la intención del Congreso era aprobar esa convención. Por todo lo anterior, la Corte concluye que la Ley 824 de 2003 tiene un tema dominante y este es la aprobación del mencionado tratado.
Por ende, como los apartes que podrían ser considerados extraños al contenido dominante de la Ley 824 de 2003 carecen en realidad de verdadera fuerza normativa, la Corte concluye que la irregularidad consistente en incorporarlos en la Ley 824 de 2003 resulta irrelevante, y en esa medida no configura un vicio de procedimiento. Y por ello la Corte no encuentra razón para cuestionar la constitucionalidad de la presente ley por ese aspecto, como no lo hizo tampoco en el pasado cuando tuvo que estudiar leyes aprobatorias de tratados que tenían aparentemente un problema semejante” (4) .
8. La Corte reitera los anteriores criterios y concluye entonces, que no obstante la Ley 897 de 2004 no adolece de vicios de procedimiento en su formación, las leyes aprobatorias de tratados internacionales deberían ser más claras y menos profusas en los elementos que introduce antes de los artículos aprobatorios. Esta corporación considera que el Congreso de la República debe desarrollar un orden de presentación en el contenido de la publicación de las leyes aprobatorias, que corresponda con el orden de las actuaciones surtidas en el trámite. De esta manera, los contenidos ajenos a los articulados aprobado (tratado) y aprobatorio (ley) no prestarán confusión en el sentido explicado más arriba.
El contenido General del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”
9. El artículo I del “Acuerdo” establece en su primer numeral el uso del término “coproducción audiovisual” y su alcance lo extiende a formas de producción y difusión audiovisual que en el presente no existan, pero que se desarrollen en el futuro. El numeral segundo establece un requisito para la realización de las coproducciones audiovisuales de que habla el “Acuerdo” consistente en que dichas coproducciones deberán ser autorizadas por las “autoridades competentes” de cada país, que para el caso de Colombia es el Ministerio de Cultura. El numeral tercero determina que la legislación bajo la que se regulará la producción y distribución de las coproducciones estará conformada por las normas nacionales vigentes de cada país. Y, por último el numeral cuarto prescribe que las mencionadas coproducciones se considerarán como nacionales por cada país, para cualquier fin. Además, establece que de lo anterior se deriva que estas coproducciones sean beneficiarias de las ventajas que en cada país se otorguen a las producciones nacionales. Finalmente se contempla que estas ventajas están únicamente en cabeza del productor del país que las otorgue.
Los artículos II, III, IV, V, VI y VII determinan requisitos para los productores basados en la experiencia y acreditación, así como también requisitos de las coproducciones mismas consistentes en el cumplimiento de un mínimo de componentes técnicos. De igual manera estos artículos exponen reglas de participación presupuestal de cada país en los proyectos que se emprendan. Estos requisitos contemplados en las normas citadas del “Acuerdo” prescriben también que se privilegie la participación de nacionales de ambos países en las coproducciones y de igual manera, que se de prerrogativa tanto a las locaciones ubicadas en cada uno de sus territorios como a los idiomas de estos. Por último establecen reglas de participación de otros países, de orden técnico y presupuestal.
El artículo XVI remite a un anexo en donde se plasman las reglas de procedimiento para acceder a la realización de una coproducción en el marco del “Acuerdo”. El artículo XVII establece que la legislación aplicable en materia de importación, distribución y exhibición de producciones de cine de cada país, será la única fuente de restricciones en estos temas. El artículo XVIII determina un mecanismo de arreglo de controversias y de búsqueda de un equilibrio general respecto de la participación presupuestal, de personal y técnica, mediante la creación de una comisión mixta cuyo fin será ajustar el “Acuerdo” de tal manera que este responda a lo anteriormente expuesto. El artículo XIX dispone las condiciones para la vigencia, la rescisión y renovación del “Acuerdo” y contempla la salvedad de la culminación de las coproducciones que estén en curso en el caso de la rescisión.
Análisis de constitucionalidad del “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”
10. Respecto del contenido del primer numeral del artículo I la Corte encuentra que se refiere a un definición normativa que establece los casos a los que se aplicará el término “coproducción audiovisual”. En este orden de ideas, y tal como se ha explicado en otros pronunciamientos (5) , las definiciones en sí mismas no son susceptibles de vulnerar la Constitución. No obstante pueden existir normas que contengan estas definiciones y les impriman consecuencias jurídicas las cuales pueden conllevar situaciones inconstitucionales. Empero, la definición en comento pretende únicamente hacer claridad en cuanto al alcance técnico y descriptivo con que se debe entender esta en el marco del “Acuerdo”. No encuentra entonces esta Corte reparo constitucional alguno en este numeral.
11. Con todo, como lo advierte el Ministerio Público, la frase final de este numeral, cuando establece que “las nuevas formas de producción y difusión audiovisual serán incluidas en el presente Acuerdo mediante intercambio de notas”, supone la posibilidad de introducir elementos nuevos al “Acuerdo” y en tal evento se contraviene la Constitución, si dichas adiciones no siguen el trámite de los acuerdos complementarios o simplificados que la Corte ha definido en los siguientes términos:
“Esos acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya incorporados a la legislación colombiana corresponden a una de las clases de los llamados procedimientos simplificados que como se ha dicho y surge del texto de convenio sujeto a análisis son instrumentos que buscan dar cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya contraídas por el Estado colombiano; la otra clase de procedimientos simplificados se integra por aquellos acuerdos relativos a materias que son de la órbita exclusiva del Presidente de la República, directamente o por delegación, como director de las relaciones internacionales” (6) (negrilla fuera de texto).
En complemento de lo anterior, esta corporación dispuso (7) que pueden entenderse ajustados a la Constitución estos acuerdos simplificados o de desarrollo cuando: “... este tratado es constitucional condicionadamente en la medida que los acuerdos complementarios previstos en este convenio: a) No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del convenio, que pretende “desarrollar el conjunto de las relaciones científicas entre los dos países”, con base en el respeto de los principios de igualdad de ventajas mutuas como lo dice el preámbulo; y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos acuerdos a aspectos diferentes ...” (8) .
En consecuencia, este numeral será declarado exequible bajo el entendido que en el caso en que las modificaciones introducidas por virtud de este “... impliquen la asunción de nuevas obligaciones o la modificación de las convenidas en virtud del Acuerdo original, deberán ser sometidos a aprobación interna, según los trámites establecidos en la Constitución Política...” (9) .
12. El numeral segundo del mismo artículo reconoce al Ministerio de Cultura como la autoridad competente para autorizar la realización de una coproducción. En la estructura administrativa del Estado colombiano, el Ministerio de Cultura forma parte de la rama ejecutiva del poder público y el ministro es una autoridad administrativa (C.P., arts. 113 y ss.). Ahora bien, su competencia, como la de todos los ministerios, se entiende por su función y se desarrolla como actividades tendientes a implementar políticas del gobierno dentro de uno o varios temas específicos. No obstante, dentro del contexto del “Acuerdo” objeto de revisión, desde el punto de vista de la otra parte firmante, el ministerio en mención obra como una entidad coordinadora y a la vez con entidad suficiente para desplegar el tema audiovisual y cultural, que es en últimas el interés primordial del esfuerzo y el compromiso binacional. Por ello, este tribunal considera que el reconocimiento del Ministerio de Cultura como la “Autoridad competente” por parte de Colombia en el “Acuerdo”, en primera instancia no afecta ni contraviene en manera alguna la organización y estructura del Estado colombiano prevista en la Constitución. Y en segundo término cumple con el cometido de reconocer una cabeza visible que facilite las labores de coordinación de la implementación de las coproducciones.
13. Los numerales tercero y cuarto del artículo I atienden al respeto por la vigencia de las leyes nacionales de cada país sobre el tema, dependiendo de si el material audiovisual se desarrolla o se distribuye en uno u otro. No encuentra la Corte reparo alguno de constitucionalidad, por el contrario considera su contenido esencial para la garantía de la soberanía nacional (C.P., arts 1º y 2º). Con todo, el numeral cuarto establece que las leyes nacionales que otorguen ventajas a las actividades audiovisuales nacionales solo las brindarán al coproductor nacional. De lo anterior, conceptuó la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia, considerando que esta salvedad no afectaba el goce de los derechos patrimoniales sobre las obras, pues en virtud del principio de “trato nacional” (10) , ningún titular extranjero de derechos de propiedad intelectual puede recibir un grado inferior de protección frente a estos derechos, que el titular nacional. Por ello, las ventajas que otorguen a estas actividades las leyes nacionales pueden versar sobre comercialización, mercadeo, presupuesto, etc., y no sobre el goce de derechos de propiedad intelectual.
14. Los artículos II a VII establecen requisitos de orden técnico y reglas generales de participación, tal como se describen en el aparte de esta sentencia que hace referencia a lo contenido general del “Acuerdo”. Desde la óptica constitucional no existe por parte de este tribunal censura alguna. Los pormenores y consensos de estos artículos obedecen exclusivamente a intereses comunes en el área de la realización de audiovisuales.
15. El artículo VIII abre la posibilidad para que otras coproducciones entre Colombia y Canadá, que inicialmente no se originen en el marco del “Acuerdo” puedan ser acogidas por este. Esta Corte encuentra perfectamente ajustado al orden constitucional tanto que se permita que otras realizaciones se beneficien del cobijo del “Acuerdo”, como que se establezcan condiciones para ello.
16. El artículo IX contiene reglas generales sobre el uso del material audiovisual. Esta corporación estima que estas reglas generales se amparan en las regulaciones vigentes y reconocidas por Colombia en materia de derechos de autor. Tal como lo hace ver la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su concepto, el productor es el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales, por lo que lo estipulado en el artículo en mención tan solo provee las condiciones para hacer uso pleno de los derechos de reproducción, acceso y uso del material final.
17. El artículo X describe parámetros que faciliten el ingreso y la permanencia de personal y equipos en los países firmantes. Al determinar este artículo, simplemente la obligación de facilitar el ingreso y permanencia descritos con sujeción a las leyes internas, no implica traba constitucional alguna, y la Corte lo ve viable a la luz de la Carta.
18. Los artículos XI a XV disponen anuencias respecto del tráfico mercantil de que puede ser objeto el material audiovisual, incluyendo los dividendos que produzca. En lo constitucional, y siguiendo la apreciación del Ministerio Público, a este tipo de medidas subyacen necesidades de impulso de las artes audiovisuales como expresión cultural. A su turno, las condiciones de competitividad son presupuesto para lograr resultados satisfactorios en la mencionada actividad cultural, que como ninguna otra requiere de un soporte a nivel de industria. Así como se esbozó anteriormente, el contenido de los artículos 70 y 71 constitucionales se complementa con herramientas y consensos como los que establece el “Acuerdo” que aquí se estudia. La Corte lo encuentra no solo ajustado a la Constitución sino también necesario para la promoción de la cultura audiovisual colombiana.
19. El artículo XVI remite a un anexo de reglas de procedimiento, indispensables para hacer manejable el acceso de los productores de ambos países a los beneficios del “Acuerdo”. El artículo XVII, al igual que los artículos XI a XV considerados en el fundamento jurídico 15 de este pronunciamiento, procuran la viabilidad y la claridad mercantil en el tema de la comercialización y promoción del material que se realice en virtud del “Acuerdo”. El artículo XVIII posibilita el arreglo ágil, a través de una comisión mixta, de las controversias que rompan el equilibrio que se busca en el “Acuerdo”, con el fin de que la participación y la satisfacción derivadas de las realizaciones sea razonablemente equilibrada en todo momento.
No obstante lo anterior, encuentra la Corte que el numeral 3 del artículo XVIII, cuando establece que “la comisión mixta determinará si se ha logrado el equilibrio general y, en caso contrario, determinará las medidas necesarias para establecerlo”, manifiesta la posibilidad de que las medidas que adopte la comisión mixta consistan en introducir las modificaciones que haga falta para conservar o lograr el mencionado equilibrio. Frente a lo anterior hay que aclarar que, tal como lo hace ver el procurador respecto del numeral 1º del artículo I, si se trata de una nueva incorporación que no está en el “Acuerdo“ original, esta deberá agotar el trámite previsto en el ordenamiento constitucional para modificaciones y adiciones a los tratados. A esto resultan igualmente aplicables los precedentes jurisprudenciales que respecto del numeral 1º en mención se hicieron (fundamento jurídico 11 de esta sentencia). Por esto, y tal como se aclaró respecto de aquel artículo, la Corte Constitucional lo declarará exequible bajo la condición allí expuesta.
20. Por último, el artículo XIX determina lo relativo a la vigencia, rescisión y renovación del “Acuerdo” en términos que no transgreden el orden constitucional. El anexo de reglas de procedimiento, como se expresó más arriba, se conforma de pautas necesarias para que las condiciones de implementación sean claras y en la medida de lo posible preestablecidas. Sobre el punto 10 de este anexo dijo la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que se ajustaba correctamente a la libertad de disposición de los derechos patrimoniales sobre obras artísticas, luego no desatendía ni la Constitución ni las leyes.
21. Por todo lo anterior, la Corte declarará exequible tanto el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, como la Ley 897 de 2004, por medio de la cual se aprueba. Esta declaratoria de exequibilidad se condicionará en el artículo I numeral 4º y el artículo XVIII numeral 3º (ambos del mencionado “Acuerdo”), en el sentido que en todo caso en que se introduzcan nuevas modalidades de producción o coproducción audiovisual (art. I num. 1º), o bien las medidas que tome la comisión mixta consistan en introducir modificaciones al “Acuerdo” (art. XVIII num. 3º) en las condiciones descritas en el fundamento jurídico 11 de esta sentencia, lo adicionado se someterá al trámite interno previsto en el ordenamiento constitucional colombiano para las modificaciones y adiciones a los tratados, es decir, que deberá ser aprobado por el gobierno, ratificado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. En consecuencia, cuando el gobierno manifieste su conformidad con dicho acuerdo, deberá formular una declaración interpretativa en los términos que aquí se determinan.
1. DECLARAR EXEQUIBLE el “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, así como la Ley 897 de 2004 que lo aprueba.
2. ORDENAR al Presidente de la República que al prestar consentimiento al “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, respecto del numeral 1º del artículo I declare la correspondiente declaración interpretativa, según la cual ninguna modificación al mencionado “Acuerdo”, puede exceder los términos del mismo.
3. ORDENAR al Presidente de la República que al prestar consentimiento al “Acuerdo de coproducción audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, respecto del numeral 3º del artículo XVIII declare la correspondiente declaración interpretativa, según la cual ninguna modificación al mencionado “Acuerdo”, puede exceder los términos del mismo.
Que el honorable magistrado doctor Manuel José Cepeda Espinosa, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión de servicios debidamente autorizada por la Sala Plena.
El honorable magistrado doctor Álvaro Tafur Galvis, no firma la presente sentencia por encontrarse en incapacidad médica debidamente certificada.
(3) Ver, entre otras, las sentencias C-225 de 1995 y C-400 de 1998.
(4) Sentencias C-315 de 2004. Fundamentos jurídicos 9 y 10.
(5) Ver entre otras la Sentencia C-507 de 2004. Fundamento jurídico 2.
(6) Sentencia C-363 de 2000.
(7) Sentencias C-363 de 2000 y C-154 de 2005.
(8) C-363 ibídem.
(9) C-154 ibídem.
(10) Artículo 2º de la Decisión Andina 351 de 1993, y artículo 5º del Convenio de Berna.