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Timestamp: 2019-01-21 15:57:49
Document Index: 190585047

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 193', 'artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 112', 'artículo 5', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 8', 'artículo 82']

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 211 de Serie A (VIII Legislatura)
Intervinienen: Laguarta Laguarta, Antonio - Rufas De Benito - Susín Gabarre, María Del Carmen - Romero Rodríguez, Luis Ángel - Soro Domingo, José Luis - Boné Pueyo, Alfredo Valeriano - Fernández Abadía, Ana María - Garasa Moreno, Jorge
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, reanudamos la sesión con el punto 4 del orden del día: tramitación conjunta de los siguientes informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas: informe sobre las comarcas de Aragón correspondiente al ejercicio económico 2011 e informe sobre ayuntamientos de municipios de más de ocho mil habitantes de Aragón correspondiente al ejercicio económico 2011.
Tienen la palabra los representantes de la Cámara de Cuentas, a los cuales damos la bienvenida, don Antonio Laguarta y don Luis Rufas, y a las personas de la Cámara de Cuentas que les acompañan.
Tienen la palabra para la presentación de los dos informes.
Les recuerdo que tienen un tiempo máximo de veinte minutos y les ruego, por favor, que no excedan en demasía el tiempo. Saben que esta presidenta es generosa, pero, por favor, no me lo tripliquen.
Cuando quieran, tiene la palabra el señor Laguarta o el señor Rufas.
Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión Institucional, como otras veces, en esta ocasión para presentar los dos informes a que ha aludido la presidenta.
En primer lugar, quiero pedir disculpas por anticipado..., bueno, creo que no las tenía que pedir, porque estamos en condiciones de explicarlo, pero sí que creo conveniente decir a quien corresponda que no me parecen formas de convocar al presidente de la Cámara de Cuentas por un correo de un auxiliar administrativo a las catorce dieciséis horas del viernes, el día inmediato anterior a la comparecencia. Creo que la Cámara de Cuentas es una institución estatutaria y se merece mayor consideración. Afortunadamente, estoy acostumbrado a trabajar sábados y domingos y he podido preparar la comparecencia este sábado y domingo, así como con el consejero responsable de la comparecencia.
Hoy, justo tenía convocado Consejo de la Cámara de Cuentas para aprobar los informes que sus señorías están esperando sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de los años 2012 y 2013. He tenido que levantar el Consejo para asistir a esta comisión, a la que muy a gusto comparezco.
Estos dos informes están incluidos en el programa de fiscalización del año 2012 de la Cámara de Cuentas siguiendo la recomendación..., mejor dicho, a requerimiento de las prioridades marcadas por las Cortes de Aragón, que nos marcaban que miráramos en el año 2012 la Administración local, con especial atención a las comarcas aragonesas y a los ayuntamientos de municipios de más de ocho mil habitantes. Esta misma recomendación venía hecha al año siguiente para el programa de fiscalización del 2013, fiscalización que fue ya recogida y presentada en esta misma comisión hace justo un mes al referirnos a las cuentas del ejercicio 2012. Se ha dado esa paradoja de que hemos presentado antes la fiscalización de cuentas del año 2012 que las del 2011. La razón es que las cuentas del año 2011, por ser la primera vez que se miraban los municipios y las comarcas, quisimos dedicar suficiente detalle, y por eso decidimos en el Consejo de la Cámara de Cuentas hacer dos informes separados, uno para las comarcas y otro para los municipios de más de ocho mil habitantes. Los resultados de esta fiscalización están plasmados en estos dos informes, cuya presentación estamos realizando en este momento.
El informe de las comarcas fue el primero que aprobamos, el día 19 de septiembre del año pasado, del 2014, mientras que el de los ayuntamientos se demoró hasta el 30 de diciembre del 2014. El contenido de estos informes básicamente se ha centrado, como es habitual en nuestros informes, en la contabilidad y la ejecución presupuestaria, con las magnitudes de las que siempre hablamos, del remanente de Tesorería y el resultado presupuestario. En estos dos casos no se ha incluido la otra magnitud, que es el resultado económico patrimonial porque no todos los entes están obligados a llevar una contabilidad separada que permita conocer ese detalle.
Brevemente —luego pasaré la palabra al consejero responsable—, voy a hablar de cuatro datos fundamentales de estos dos informes.
Los informes son elaborados por la Cámara de Cuentas. En esta comparecencia, están conmigo el consejero de la Cámara de Cuentas don Luis Rufas y la directora de Auditoría doña Ana Delgado. Como en otras ocasiones, he tenido especial interés en que vinieran estas dos personas u otras equivalentes para resaltar los dos aspectos que siempre he querido subrayar de la Cámara de Cuentas, que es su carácter técnico y su carácter colegiado.
Los informes los aprueba la Cámara de Cuentas como órgano colegiado y lleva un procedimiento de elaboración de manera que una vez que está señalada en el programa de fiscalización una determinada fiscalización, el primer paso es la elaboración de las directrices técnicas. Las directrices técnicas son aprobadas por el consejo de manera que el contenido de los informes y los pasos sucesivos que se dan son aprobados colegiadamente por el consejo.
Una vez aprobadas las directrices técnicas o, incluso, simultáneamente, se asignan las tareas —la ley atribuye esta facultad al presidente— a un consejero responsable y a un equipo técnico dirigido por un director o directora de auditoría y a los técnicos o ayudantes de auditoría que lo componen.
Y, finalmente, es aprobado el informe colegiadamente también por el consejo.
En los dos informes hay un capítulo importante al principio, que es el de limitaciones al alcance que normalmente suele tener poco espacio, pero que es muy importante. La fiscalización normalmente se hace, vamos, obligatoriamente, sobre los datos, sobre las cuentas y sobre los estados que los entes fiscalizados presentan, pero ocurre que algunos no presentan lo que se les requiere y, entonces, no se puede decir nada de ellos en el informe porque quizás no han presentado nada. Entonces, lo único que se hace o lo único que podemos hacer es poner una limitación al alcance diciendo que determinados entes no han presentado cuentas o no han aportado determinada documentación.
En el caso concreto de las comarcas, se citan unas cuantas que no han aportado datos sobre contratación o referidas al periodo medio de pago para ver el cumplimiento de la morosidad en el pago de sus obligaciones.
Es llamativo en los ayuntamientos el caso del Ayuntamiento de Caspe, que no nos ha dado información en varios casos, que están puestos en la página 12, creo que es, del informe, y luego, en el informe, pues, casi nunca sale con fallos, por la sencilla razón de que no nos ha aportado documentación y no ha sido posible hacer una fiscalización.
En cuanto a la rendición de cuentas, la mitad de las comarcas cumplieron en plazo, diecisiete no rindieron y el resto sí que lo aprobaron en plazo legal.
Y en cuanto a los ayuntamientos, ocurre algo parecido: cinco ayuntamientos no la rindieron en plazo y los otros nueve sí.
Como datos generales —y ya no voy a entrar en detalles, porque será el consejero responsable el que entre en ellos—, de las magnitudes que hablamos, el resultado presupuestario en conjunto, en las comarcas, es positivo, por seis millones seiscientos noventa y ocho mil euros; veinticuatro comarcas tuvieron un resultado positivo y ocho tuvieron un resultado negativo.
Y en cuanto a los ayuntamientos, el resultado presupuestario en once ayuntamientos fue positivo y tres lo tuvieron negativo.
El remanente de tesorería en las comarcas, la mayoría es positivo, salvo en tres, y en los ayuntamientos también se reparte la cifra de una forma parecida; el remanente de tesorería es positivo en todos, salvo en el caso de Monzón.
Y, finalmente, en cuanto a la morosidad, puedo decir que catorce comarcas cumplieron en líneas generales con el plazo de pago a los proveedores en cincuenta días y dieciséis no cumplieron, y de dos no se ha podido tener información, ya que no nos la remitieron en tiempo.
Y en cuanto a los ayuntamientos, cinco ayuntamientos cumplieron en plazo mientras que nueve ayuntamientos de los catorce no cumplieron en plazo. No he citado los catorce ayuntamientos que han sido objeto de revisión porque supongo que son conocidos por sus señorías, pero como solo son catorce, por recordarlos, son Alcañiz, Andorra, Barbastro, Binéfar, Calatayud, Caspe, Cuarte, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona y Utebo. No están incluidas las tres capitales de provincia porque el Ayuntamiento de Zaragoza lo hemos fiscalizado en fiscalización separada y los ayuntamientos de Huesca y de Teruel, en el momento en el que estaba programada esta fiscalización, eran objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas.
Paso la palabra al consejero responsable para que pueda ampliar algún dato de relevancia.
El señor consejero de la Cámara de Cuentas de Aragón (RUFAS DE BENITO): Buenos días, señora presidenta, y buenos días, señoras y señores diputados.
Soy conocedor de que el tiempo es oro y que ustedes se han reunido y que continúa la sesión y una de las exigencias es, entre otras cosas, cumplir la exposición en tiempo y en forma.
Los informes fueron objeto de aprobación —no se ha citado— el 30 de septiembre y el 30 de diciembre, primero fue comarcas y luego fueron los ayuntamientos y municipios de más de ocho mil habitantes. Se cumplió el trámite de la notificación formal y, por último, los trámites de publicación material en el Boletín Oficial de las Cortes, además de la notificación a la comunidad autónoma del principio de tutela financiera, y así se ha realizado.
Dado que son veinte minutos y el señor presidente ha intervenido y ha especificado algunos de los aspectos, sí reiterarles únicamente para la adecuada comprensión del informe y de los datos en él agregados lo siguiente: se ha realizado en ambas, en comarcas y en municipios, una fiscalización de carácter horizontal, de regularidad financiera y de cumplimiento.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si bien en un principio ambos informes formaban parte de uno, en atención a las distintas competencias que tienen las comarcas de Aragón como entes de contenido supramunicipal, con unas competencias propias del artículo 9 del texto refundido de la Ley de las Comarcas y dado que los servicios y prestaciones que dispensan son objeto de decreto de transferencias, entendí yo, como consejero, y entendió el consejo que era mejor hacer un informe específico de comarcas y un informe específico de municipios.
A su vez, durante la tramitación de estos informes, fue objeto de publicación la Ley de racionalización del Sector Público Local, la Ley del año 2013, que entró en vigor el 1 de enero del año 2014, que también tuvo incidencias en las distintas aplicaciones y contenidos de este informe. Por tanto, quiero que ustedes pongan su contador a cero, y aunque hoy es 9 de marzo del año 2015, la foto fija de este informe es de 31 de diciembre del año 2011, por lo que los datos y sus componentes tienen que ser retroalimentados a esa fecha.
En segundo lugar, a lo largo del cuerpo de los informes, aparecen términos como Plataforma de rendición de cuentas, que es el aplicativo a través del cual las entidades locales rinden sus cuentas a la Cámara de Cuentas; especificaciones de la Ley de haciendas locales, como aparece en los cuerpos del informe; el cumplimiento del plazo de especialidad cuantitativa y temporal de los créditos presupuestarios; remanente de tesorería, que tiene una especial importancia; las especificaciones realizadas respecto de los créditos o saldos de dudoso cobro, y al respecto, en ambos dos se reproduce una interpretación que si hubiera estado en vigor el artículo 193.bis del texto refundido de la Ley de haciendas locales, cuál hubiera sido el cálculo o quiénes estuvieran dentro del ámbito de aplicación de dicha ley.
Analizados estos supuestos, también ustedes tienen que tener en consideración que el peso de las organizaciones es distinto en el reparto de sus créditos presupuestarios. Por ejemplo, el capítulo de contratación tiene más peso en lo que son los ayuntamientos de municipios de más de ocho mil habitantes y en el ámbito subvencional, en cambio, las instituciones comarcales suponen el 20% de la totalidad de su presupuesto de gastos.
Son elementos diferenciadores, pero específicos de la actividad concreta que realiza cada ente institucional en la comunidad autónoma.
A su vez, ustedes tienen que tener presente que salvo la comarca, entre comillas, treinta y tres, que no está constituida, el ámbito territorial de las treinta y dos comarcas es casi todo el territorio de la comunidad autónoma; en cambio, lo que concierne a los municipios, a su ámbito territorial y poblacional, es relativamente bastante más reducido.
Precisado todo ello, únicamente precisar a vuela pluma que los informes contienen, además de la elaboración del remanente de tesorería y el cumplimiento de la normativa que le afecte, los análisis de procedimientos de contratación en alguna de sus fases con selección de expedientes concretos, así como el análisis de las distintas líneas de subvención, al cumplimiento de la Ley de la morosidad, se ha adicionado en ambos dos informes una pequeña referencia a organización de las instituciones, sus competencias, la forma de gestión de servicios públicos, el personal que está desempeñando como empleado público a 31 de diciembre del año 2011 la relación de servicio, así como la ejecución presupuestaria.
Son datos que se consideran importantes a la hora de considerar aquellos servicios que se tenían que determinar respecto de aquellos que fueran corporación, organismo autónomo o entidad pública empresarial, y, por último, si no quiero mal recordar, la regulación por alguno de los supuestos de sociedades de titularidad del 100% o mayoritaria del ente local.
Si bien cualquiera de las cifras que aparecen en el cuerpo del informe se puede reiterar, dada la premura del tiempo, si ustedes me permiten, voy a hacer una relación, primero por comarcas y luego por municipios, de todos los aspectos relacionados en el informe y el ámbito de aplicación que han tenido.
En lo que concierne al círculo presupuestario, en ninguna de las comarcas se aprobó el presupuesto en plazo. En la negociación de la aprobación de la liquidación del presupuesto en plazo, fueron de las treinta y dos, veintitrés, lo que supone el 72%.
En lo que concierne a la aprobación de la cuenta general en plazo, fueron veintitrés de las comarcas, es decir, el 72%.
En lo que concierne a la rendición de la cuenta general en plazo, lo realizaron quince comarcas, es decir, el 47%.
En lo que se refiere a la contabilización de las subvenciones de acuerdo con el Plan general de contabilidad pública, es decir, en el momento en que sean líquidas y exigibles con la tendencia a la transferencia económica, ninguna lo hizo como especifica el Plan general contable.
En lo referente a remante de tesorería general, fueron positivas de las treinta y dos, en veintiséis comarcas, lo que supone un 81%.
Respecto al cálculo correcto y suficientes saldos de derecho de dudoso cobro, especificar que solo dos de las comarcas calcularon estos saldos de dudoso cobro como se realizó, como especificó el pleno de la institución, lo que supone un 6%.
En lo que concierne al control de los gastos con financiación afectada a través del sistema de información contable, su seguimiento correcto solo lo realizaron, a 31 de diciembre, trece comarcas, lo que supone el 41%. Y el control correcto de los mismos, solo lo realizaron nueve comarcas, lo que supuso el 28%.
En lo que concierne a los aspectos de contratación, capítulo II y VI del presupuesto de gastos, subvenciones, especificaciones de los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos, el cumplimiento de la Ley de morosidad, sin precisar que junto a ellos aparece en los informes un apartado de control interno. Este apartado de control interno tenía la vocación de especificar respecto a materia subvencional y a materia de contratación estos aspectos de la actividad económica financiera, si se había realizado el control por parte de las intervenciones en estos aspectos.
Respecto de las treinta y dos, en todos y cada uno de los aspectos de la contratación y subvenciones, fueron solo tres lo que supone el 9%.
En lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones formales de notificación a la Cámara de Cuentas de la relación anual de la totalidad de los contratos, o la certificación negativa en el supuesto de no haber realizado ninguno, así como las notificaciones del artículo 29 del texto refundido actual de la Ley de contratos respecto a aquellos contratos superiores a seiscientos mil cuatrocientos cincuenta mil, o servicios de suministros en sus organismos autónomos y entes instrumentales mayoritariamente controlados por las comarcas, de las treinta y dos, solo lo realizaron doce, lo que supone un 38%. Lo cual no quiere decir que luego no se hayan comunicado o notificado aquellos contratos que se hayan requerido por la institución.
El número de incidencias totales en la muestra de contratos ha sido sustantivo, como pueden ver ustedes en las distintas columnas donde aparecen las distintas fases de la contratación.
En materia subvencional, que supone el 20% de la actividad económico-financiera de estas instituciones, el cumplimiento de las obligaciones formales, es decir, notificación del artículo 20 de la Ley de Subvenciones y artículo 5 del Reglamento General Subvencional, tenemos que decir que en su cumplimiento ha sido muy escaso, es decir, ninguno procedió a notificar. El Plan estratégico de subvenciones solo lo tiene una de las comarcas, lo tenía a 31 de diciembre, si bien esta institución tiene que precisar que no hacía análisis del cumplimiento o ejecución que tuviera un plan de subvenciones anterior.
Aparece una muestra suficiente tanto de subvenciones concedidas en concurrencia competitiva, que es como precisa la Ley en su artículo XX, así como aquellas concedidas en actuación de carácter directo, ya sea porque aparecen determinados en sus presupuestos o ya sea porque aparecen determinados por su cuantía de concesión directa.
Por último, tenemos que decir que el cumplimiento de la Ley de morosidad, el cumplimiento en el periodo medio de pago que en este año, a 31 de diciembre del año 2011, era de cincuenta días, solo han manifestado información..., solo cumplían el plazo catorce de las instituciones, es decir, el 44%.
Respecto a la elaboración del informe trimestral de morosidad que se tiene que realizar y presentar al pleno, solo lo realizaron diecisiete de las treinta y dos, lo que supone un 53%.
En lo que concierte la remisión de estos datos al Ministerio de Economía y Hacienda sobre el informe de morosidad, de las treinta y dos instituciones, solo lo realizaron diecisiete, lo cual supone un 53%.
Creo que el conjunto de datos económicos de las facturas pendientes de pago, así como las cuantías de los créditos contraídos por obligaciones de actividad de facturación aparecen suficientemente detallados en el informe. No obstante, si ustedes quisieran cualquier tipo de aclaración, gustosamente, si estuviera yo o la institución en condiciones, se les trasmitiría.
En segundo lugar —y ya por cumplir el trámite establecido de los veinte minutos—, precisar en lo que concierte a las instituciones municipales..., claro, respecto a los catorce entes que han sido objeto de fiscalización igualmente horizontal, tenemos que precisarles a sus señorías, claro, que el artículo 23, el artículo 24 y el artículo 26 de la Ley de bases de entidades locales determinan o establecen un catálogo de competencias distinto.
Por ejemplo, en el artículo 26, aquellos municipios de más de veinte mil habitantes, como sería Calatayud, tienen un conjunto de actuaciones competenciales distintas que el resto de los ayuntamientos y municipios de más de ocho mil habitantes. Por tanto, a la hora de entender su actuación, sus flujos económicos y la organización mediante organismos autónomos o bajo tutela organizativa, ustedes, para analizar cada uno de estos entes, tienen que considerar también el ámbito competencial así determinado.
Por tanto, haciendo igualmente un resumen esquemático de la generalidad del informe de estos catorce entes, sí precisarles que en lo que concierne a la aprobación del ciclo presupuestario del presupuesto en plazo, ninguno de los ayuntamientos aprobó el presupuesto antes del 31 de diciembre.
A la aprobación y liquidación del presupuesto en plazo fueron once ayuntamientos, lo que supuso el 79%.
Respecto de la cuenta general, la aprobación de la cuenta general en plazo fueron once ayuntamientos, lo que representa el 79%.
La rendición de la cuenta general en plazo la realizaron nueve ayuntamientos, lo que supone el 64%.
Igualmente, el aspecto de contabilización de las subvenciones a efectos del flujo económico de la transferencia lo realizaron, de acuerdo con el Plan general de contabilidad pública, dos instituciones, lo que representa el 14%.
Pero en lo que concierne al cálculo del remanente de tesorería, el remanente de tesorería general es positivo, como así lo ha manifestado el presidente en su intervención previa, lo que afecta..., en general, es positivo el agregado, pero a título individual, fueron nueve, que supone el 64%.
En lo que concierne al cálculo correcto y suficiente del saldo de derechos de dudoso cobro, precisar que solo lo realizan conforme a los criterios aprobados por el Pleno de la corporación seis instituciones, lo cual representa el 43%.
En lo que concierte al control de los gastos de financiación afectada a través de sistema de información contable, lo realizan cinco instituciones, lo cual supone el 76%.
Y en el correcto control del gasto de financiación afectada seguida por los ayuntamientos, tenemos que manifestar que solo son dos los que lo hacen conforme a las reglas.
Precisar también que a efectos de actividad económico-financiera de contratación, subvenciones y de morosidad, en lo que concierne al adecuado control interno, igual que en comarcas, se adoptó la verificación de los posibles de actividad de intervención y los reparos que se habían formulado por la intervención, comparándolos con los datos que se habían volcado en la plataforma de rendición de cuentas. En los informes aparecen los cuadros en los que se desglosan los mismos, así como, en su caso, la petición de posibles aclaraciones de los que podían estar afectados.
Así, el adecuado control interno referido a materia de contratación y actividad subvencional lo realizaron seis instituciones, lo que supone el 43%.
En la actividad de contratación, el cumplimiento de todas las obligaciones de comunicación, lo que son las formales, la relación anual, la certificación negativa, los contratos de cumplimiento del artículo 29 en función de sus cuantías, así como las incidencias en materia de vida contractual, modificación, ejecución, prorroga o extinción, se realizó solo de una manera, con sus organismos autónomos, de forma perfecta dos instituciones, lo que supone el 14%.
La totalidad de las muestras de incidencias en los contratos aparece suficientemente detallada en el cuerpo del informe en todos los contratos analizados, que fueron catorce. Hay incidencias en actividad subvencional, que supone una cantidad económica sustancialmente inferior, comparativamente a lo que se ha hablado de las comarcas.
Tenemos que existe un plan estratégico aprobado solo en dos ayuntamientos, lo que supuso el 14%. El número de incidencias en la muestra de subvenciones en concurrencia aparece también suficientemente detallado en el cuerpo, igualmente lo que concierne a la actividad subvencional directa.
Lo que concierne ya, por último, al cumplimiento de las normas de morosidad, sí que quiero ser un poco más específico. Por el cumplimiento del plazo, ya se me disculpara, pero si precisar que en el ejercicio 2011 los ayuntamientos pagaron obligaciones comerciales por importe de noventa y un millón novecientos sesenta y cuatro mil euros, hasta un total de sesenta y dos mil seiscientas siete facturas, con un periodo medio de pago —la globalidad de todos— de ochenta y un días.
En concreto, cumplieron Binéfar, con cuarenta y un días; Fraga, con cuarenta y un días; Cuarte de Huerva, con cuarenta y dos; Barbastro, con cuarenta y seis días, y Utebo, con cincuenta días.
Nueve ayuntamientos, como Alcañiz, que se fue a ciento setenta días; Calatayud, a ciento cincuenta y nueve días; Andorra, a ciento veintidós días; Sabiñánigo, a ciento once días; Monzón, a ciento ocho días; Tarazona, a ochenta y ocho días; Caspe, ochenta días; Ejea de los Caballeros, sesenta y uno, y Jaca, cincuenta y un días. Incumplieron, por tanto, el plazo de los cincuenta días.
El importe de los pagos pendientes a acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2011 ascendió a dieciocho millones doscientos cuarenta y tres mil euros, hasta un total de once mil trescientas facturas.
En los ayuntamientos con mayor importe pendiente de pago fueron Calatayud, con tres millones ciento setenta y cuatro mil; Andorra, con dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil euros, y Ejea de los Caballeros, con dos millones ciento veinticuatro mil.
En lo que concierne al resto de las obligaciones formales, tanto de la elaboración del informe trimestral de morosidad, que lo realizaron ocho instituciones de las catorce, ascendió al 57%, y la remisión de dichos informes al Ministerio de Economía y Hacienda lo realizaron, de los catorce, ocho, lo cual da el conjunto de un 57%.
Por lo demás, dado que el tramite creo que es cumplido en tiempo y el señor presidente ha especificado el concepto de las limitaciones al alcance, así como el resto de los datos que él ha considerado más correctos precisar, por mi parte, como consejero ponente, finalizo este periodo de intervención, sin perjuicio de que ustedes, si quieren preguntarme alguna de las materias, estaré a su disposición.
Antes de dar paso al turno de portavoces, me gustaría aclarar algunas cuestiones para que consten también en acta.
Y es que la Mesa de la comisión se celebró el miércoles por la tarde, el jueves era la Cincomarzada y, por lo tanto, festivo en Zaragoza y festivo en estas Cortes. La convocatoria de la comisión se envió a la Cámara de Cuentas el viernes a las once y cuarto de la mañana y lo que se remitió a las catorce cuarenta y cinco fue la ordenación del debate, que también recibimos todos los miembros de esta comisión a esa misma hora.
De todas formas, por que lo sepan los grupos que no están presentes en la Mesa de la convocatoria, normalmente, con antelación y por deferencia, se avisa a la Cámara de Cuentas de qué temas se van a llevar a la Mesa de la comisión cuando hacen referencia a la Cámara de Cuentas. En esta ocasión no fue así por una cuestión de premura de tiempo, pero se siguió el trámite normal que establece el Reglamento y la costumbre de la casa, es decir, que tras la convocatoria de la Mesa, tras la celebración de la Mesa y el establecimiento del orden del día, avisar a la Cámara de Cuentas de que tiene que venir a comparecer.
Aclarado esto, continuamos con el turno de portavoces. Tienen un tiempo de diez minutos.
Señor Romero, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, cuando usted quiera.
Y gracias al presidente de la Cámara y al consejero, el señor Rufas, por las explicaciones que nos han dado sobre dos informes, uno, el relacionado con las comarcas de Aragón correspondiente al ejercicio 2011, y otro, el relacionado con los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, a excepción de las tres capitales de provincia, como bien ha indicado el presidente, que tienen informe de fiscalización propios.
En primer lugar, decirles que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida comparte la queja que ha trasladado aquí el presidente de la Cámara de Cuentas, que no nos parece razonable que las Cortes de Aragón, a una de sus principales instituciones como es la Cámara de Cuentas, le avise el viernes.
He escuchado las explicaciones de la presidenta de esta comisión y creo que el propio presidente negaba con gestos algunas de las cuestiones que trataba de trasladarnos. Lo que sí que evidencia es que hay que elevar una queja al presidente de las Cortes, desde nuestro punto de vista, donde estas cuestiones vengan con el tiempo suficiente, desde nuestro punto de vista, para que una de las principales instituciones como es la Cámara de Cuentas, evidentemente, no tenga que venir hoy aquí a trasladar esa queja.
Creíamos que estas cuestiones, hasta la fecha, se habían hecho bien y, en todo caso, si se ha hecho mal en esta ocasión, corríjase, y para ello, lo mejor es elevar esa queja al presidente de las Cortes de Aragón.
Segunda cuestión. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está de acuerdo con este informe de fiscalización. De hecho, cuando en el año 2011 se toma la decisión de cuál debe ser el plan de fiscalización, la memoria de fiscalización para ese ejercicio, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se plantea que las comarcas y los municipios de más de ocho mil habitantes pudieran ser fiscalizados. Por lo tanto, nos alegra que llegue.
Es cierto que llega prácticamente cuatro años más tarde de la fecha en la que se ha analizado, por lo que son bastantes subjetivas muchas de las afirmaciones que podemos hacer pensando en el futuro, porque seguramente muchísimas de esas cuestiones se habrán corregido en el desarrollo de estos ejercicios. Pero lo bueno es que habría que continuar haciendo esa fiscalización para seguir el mismo formato en otras anualidades a las comarcas y a los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes.
Y, por lo tanto, en esa línea seguiremos planteándole a la Cámara de Cuentas, aquí en las Cortes de Aragón, que continúen fiscalizando estas instituciones porque creemos que es necesario.
Del informe de las comarcas, vemos claramente que hay comarcas que no han remitido la documentación que se les ha requerido por parte de la Cámara de Cuentas, lo cual nos parece grave. De hecho, hay alguna comarca que, en algunas cuestiones concretas, ni tan siquiera han remitido documentación, como es el caso sobre la morosidad y el periodo medio de pago. Son dos comarcas en concreto, dos con respecto al periodo medio de pago y dos con respecto a la morosidad, que no nos parece razonable.
Con respecto a las conclusiones, vemos que hay dos comarcas que están realizando servicios a través de organismos autónomos. Desde nuestro grupo parlamentario, creemos que mientras se ajusten a la legalidad, es una decisión competencial de ellos y, por lo tanto, nos parece razonable, siempre y cuando cumplan con la ley, siempre y cuando se les requiera documentación la puedan remitir a los organismos que se la requieran. Por lo tanto, no lo vemos como ninguna anomalía, sino que lo vemos como una decisión competencial.
Sí que es cierto que vemos un problema que no solamente surge en las comarcas, sino que también surge, especialmente, en los ayuntamientos pequeños de esta comunidad autónoma, que es el puesto de secretaría-intervención. Vemos que hay diez comarcas, lo cual es un tercio, que no están ocupados en propiedad esos puestos de trabajo y, por lo tanto, eso no deja de ser un perjuicio, pensando en el futuro de esas comarcas, y aquí hay que animar a la Dirección General de Administración Local, al Departamento de Política Territorial, para que también pueda ayudar y obre en consecuencia para que no ocurran estos hechos.
Sobre la función interventora, sí que me gustaría resaltar de la función interventora que ha habido tres comarcas que sí que han realizado esa función, lo cual es positivo, pero tres de treinta y dos comarcas son muy pocas. Y parece ser que hay trece comarcas que no realizaron esa función interventora, lo cual es un dato negativo. Entiendo que de las treinta y dos, si tres lo han hecho de forma completa y trece no lo han hecho, el resto habrá sido de forma parcial, con lo cual habrá habido parte bien hecha y parte carente de esa función interventora.
Con respecto a los reparos, es una cuestión que le preocupa al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque cuando se hacen reparos, y obviando esos reparos, los dirigentes de esas comarcas o los órganos de decisión de esas comarcas continúan obviando esos reparos, tomando acuerdo a sabiendas de que existe ese reparo, no nos parece razonable. Y hemos visto comarcas que tienen hasta treinta reparos. Por lo tanto, es una cuestión en la que habrá que incidir en el futuro.
Con respecto a la rendición de la cuenta general, sí que vemos que hay nueve comarcas que no han aprobado la cuenta general en el plazo legal previsto. Confiamos que a estas alturas no tengamos esos porcentajes, porque hablamos casi de un 30% de las comarcas que no rindieron en tiempo y forma. Confiamos en que esto ya no ocurra, pero lo cierto es que es un hecho que nos parece grave. Y luego, hay diecisiete comarcas que no rindieron la cuenta general debidamente aprobada. Por lo tanto, estamos hablando de un 53% de las comarcas. Y luego hay trece comarcas, que es un 38%, que no elaboraron la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, una cuestión que es importante también a fecha de hoy.
Con respecto al presupuesto general, ninguna de las treinta y dos y tampoco de los catorce ayuntamientos, que analizaremos después, aprobaron definitivamente el presupuesto en tiempo, es decir, antes de 31 de diciembre del 2010. Ni las treinta y dos comarcas ni los catorce ayuntamientos. Es una reflexión, pero lo cierto es que ahí hay un problema y habría que ver cómo se aborda.
Y ha habido una comarca que en su ejecución se ha pasado del cien por cien. Por lo tanto, es un incumplimiento flagrante y no debería ocurrir. Una comarca en concreto.
Y luego hay diez comarcas que con respecto a la contratación no remitieron la relación de los contratos, lo cual no es bueno; estamos hablando de un tercio de las comarcas.
Y para terminar la parte de las comarcas, resaltar en positivo la comarca —y digo el nombre, porque es en positivo— del Aranda, que aprobó su plan estratégico de subvenciones. La única de las treinta y dos comarcas, y creo que el resto deberían seguir ese ejemplo.
Y también es chocante que ninguna de las treinta y dos remitiera a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las subvenciones concedidas. Otro dato que nos preocupa.
Y con respecto a la morosidad, casi ha sido peor la de los ayuntamientos que la de las comarcas. Han estado cerca, se ha incumplido, pero es cierto que tenían mejor pago las comarcas por ser Administraciones nuevas que los catorce ayuntamientos de término medio.
Con respecto al informe de los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes, resaltar —y creo que esto hay que hacerlo muy en negativo— que hay un ayuntamiento que prácticamente nunca presenta nada, y no es la primera vez, porque hemos venido aquí escuchando a los responsables de la Cámara de Cuentas sobre ese mismo ayuntamiento decir que normalmente no rinde en tiempo y forma las cuentas ni viene a presentar aquello que se le requiere, que es el Ayuntamiento de Caspe, y que habrá que tomar alguna medida especial desde nuestro punto..., o debería tomarse alguna medida especial desde nuestro punto de vista.
Con respecto al personal, aquí hay una queja del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tanto sobre las comarcas como de los ayuntamientos. Estamos hablando de un personal que en el caso de los ayuntamientos son dos mil seiscientos veintiún empleados públicos y en el caso de las comarcas estamos hablando también de unos dos mil cien empleados públicos. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje de empleo público muy alto, que, evidentemente, del año 2011 al año 2014, ha caído estrepitosamente por los efectos de la crisis y también en la prestación de ciertos servicios, especialmente en los ayuntamientos. Por lo tanto, no es positivo para el medio rural contar con menos servicios y con menos personal, porque eso va en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos y va en detrimento, evidentemente, de la vertebración del territorio, y esa situación auspicia que al final la ciudadanía termine yendo a las grandes capitales de provincia en una comunidad que ya padece un problema de despoblación y un problema de falta de vertebración.
Con respecto a los ayuntamientos, hay doscientos cinco reparos. Nos parece bastante grave. Incluso hay un ayuntamiento que tiene cincuenta y ocho reparos. Nos parece grave.
Y con respecto al tema de la aprobación de la cuenta general, hay tres que no lo hicieron en tiempo, y estamos hablando de ayuntamientos mayores de —voy concluyendo, señora presidenta—, estamos hablando de ayuntamientos mayores de ocho mil habitantes, que tienen —se supone— capacidad económica, financiera y recursos para poder desarrollar en tiempo y forma estas cuestiones, con lo cual, nos parece grave.
Concluyo con las principales preocupaciones que tiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La rendición de cuentas: sigue faltando mucho todavía por hacer para que cumplan la entrega de documentación a la Cámara de Cuentas. Nos parece grave que haya ayuntamientos que hagan caso omiso a estos requerimientos.
En el tema de los expedientes de contratación, es muy mejorable la contratación, como se desprende del propio informe de los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes.
Lo de los reparos es algo que no se debería permitir y, especialmente, en esa magnitud en algunos ayuntamientos, es decir, que haya reparos de los técnicos y que se haga caso omiso y se siga hacia delante con ciertos expedientes sin tener en cuenta a los técnicos.
Y con el tema de las subvenciones, habría que seguir el ejemplo de la Comarca del Aranda.
Por lo tanto, lo que queda es mucho trabajo por delante, mucho camino por recorrer. Esperamos que en estos años haya mejorado, o así lo entiende el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero lo que sí que le pediremos en la primera resolución que hagamos al Gobierno de Aragón es que colabore con los ayuntamientos para que muchos de los defectos y de los problemas que tienen se puedan subsanar, porque si no hay un apoyo técnico por parte de la Administración, evidentemente, esto, a futuro, no se resolverá.
Señor Soro, tiene la palabra.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida, como siempre, a los consejeros, señor Laguarta y señor Rufas, y a la señora Delgado. Es un placer, como siempre, tenerlos aquí.
Quiero también agradecerles el trabajo que han hecho, como siempre, en estos dos informes, con la exhaustividad, la calidad, lo pedagógico y lo didáctico, y lo útil, por tanto, de estos informes, lo bien ordenada que está la información y lo fácil que es de manejar. No solo es una cuestión de que lo utilicemos hoy, sino que lo tengamos a nuestra disposición para el futuro. Y ya les digo que se agradece que el trabajo esté tan bien hecho.
Yo lamente el episodio lamentable de la falta..., iba a decir de lealtad, desde luego, sí que de cortesía y de respeto hacia nada menos que la Cámara de Cuentas. No debería, desde luego, convocarse —no voy a entrar si es a las once o a las dos—, no debería convocarse a la Cámara de Cuentas un viernes a la hora de comer, o a la hora de almorzar, me da igual, para comparecer el lunes. Las cosas deberían ser un poco más serias. Así que lo lamento. Les aseguro que desde Chunta Aragonesista lo desconocíamos; no estamos en la Mesa de la Comisión y no lo sabíamos. Sí que les digo, a efectos de agenda —apúntenlo—, que el día 23 hay Comisión Institucional y el día 26 hay Pleno. Lo digo por si finalmente deciden incluir algún otro informe o en la Comisión Institucional del día 23 o —espero— la Cuenta General en el Pleno del día 26, pues, ya lo saben. Esas son las fechas que están previstas, por si vuelve a ocurrir algo como ha ocurrido en este caso.
Ya han hablado de bastantes cuestiones que intentaré no repetir, señor Rufas. Ha quedado claro —el señor Laguarta lo ha explicado muy bien también— el problema que ocurre con las limitaciones al alcance, cuando no tengo, estoy perfecto, no tengo ninguna enfermedad..., claro, no voy al médico, no me miro, no tengo nada. Claro, es lo mismo. Es una buena forma de pasar la ITV; si no llevas el coche a la ITV o si no te haces los análisis, ¿no? Algo habrá que buscar. Habrá que darle vueltas nuevamente —llevamos toda la legislatura con esto— para que no pueda ser que a las entidades locales que no rinden cuentas o que no aportan la documentación no les pase nada. Es que no puede ser, en primer lugar, porque hay incluso una discriminación respecto a las que sí que lo hacen. Hay un tratamiento injusto respecto de los que sí que lo hacen, y que a pesar de hacerlo y de hacer alegaciones —pocas en estos informes—, aparte de hacer alegaciones, pues, al final, sí que resultan como incumplidores, y los que de verdad incumplen, pues, no aparecen. Algo, desde luego..., no digo que sea cuestión de la Cámara de Cuentas; es cuestión de estas Cortes, que habrá que buscar desde luego una solución.
Yo me voy a centrar en cinco o seis aspectos —algunos ya se han comentado, otros menos— que nos parecen los más preocupantes de ambos informes, porque, además, coinciden en lo esencial —no del todo, pero coinciden en lo esencial—: el funcionamiento tanto de los ayuntamientos de municipios mayores de ocho mil habitantes como con las comarcas.
Empiezo por algo que sí que se ha nombrado, que es el control interno. Porque a Chunta Aragonesista nos preocupa muchísimo los datos que reflejan. Empiezo por las comarcas, que solo en tres comarcas (Ribera Baja, Sobrarbe y Tarazona y el Moncayo), la intervención haya realizado la función interventora de todos los actos de subvenciones en el contrato, nos parece gravísimo.
En trece comarcas, en trece, la intervención no realizó en ningún caso la función interventora. Les pregunto, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Esto es legal? ¿Es posible que ocurra esto, que nos tengamos que encontrar con que el órgano de control externo nos diga que el órgano de control interno no funciona? Porque ya les digo que nos parece alarmante en el ámbito de las comarcas.
En el ámbito de los ayuntamientos, la cuestión está algo mejor, pero nos sigue pareciendo gravísimo que no se haya realizado la función interventora en ningún caso en cuatro ayuntamientos (Alcañiz, Andorra, Caspe y Monzón), y en seis que sí que se ha hecho y en otros cuatro falta fiscalización previa en varios acuerdos, según ha podido detectar la Cámara de Cuentas, y nos parece muy preocupante. Y sí que querríamos saber las consecuencias legales y económicas de esto.
Otro aspecto que nos preocupa muchísimo es que cuando sí que se efectúa la función interventora, y entiendo que hay reparos, en muchos casos no se les hace caso y no pasa nada, es algo que nos preocupa muchísimo y los datos son también alarmantes. En el caso de siete comarcas, el consejo comarcal adoptó acuerdos en contra de los reparos formulados por intervención, nada menos que noventa y seis acuerdos, noventa y seis acuerdos, sobre todo, Campo de Borja, Bajo Martín y Bajo Aragón-Caspe, noventa y seis acuerdos adoptados en el ámbito de las comarcas en contra de los reparos de intervención. No sé si esto es lo normal. Y también pregunto qué consecuencias puede llegar a tener esto.
En el caso de los ayuntamientos, son doscientos cinco los acuerdos adoptados por el presidente, el alcalde y el pleno en contra de los reparos de intervención, y aquí, sobre todo, destacan ustedes los casos de Alcañiz, Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, algo que nos preocupa muchísimo. Como les digo, el funcionamiento del control interno.
Demuestran también estos informes lo importante del control externo, de los Ocex, para conocer si funciona o no el control interno, un tema sobre el que en estas Cortes les aseguro que se ha debatido muchísimo.
Otra cuestión que nos preocupa: ya se ha dicho que los presupuestos se aprueban tarde, se rinden cuentas en las..., pero nos preocupa algo quizá de técnica legislativa, porque nos parece importante desde el punto de vista también de la oposición, del control del presupuesto que pueda hacer la oposición, que son las modificaciones de créditos. En ambos casos, las modificaciones de créditos tienen un montante muy importante. Empiezo por los ayuntamientos, porque es más llamativo, donde hay cincuenta y tres millones de euros —creo que son cifras que apunté correctas, pero si hay alguna errónea, lo importante es el espíritu de lo que digo—, cincuenta y tres millones de euros de modificaciones de créditos en los municipios. Eso es el 25% del importe de los créditos iniciales, el 25%.
Y sobre todo, en capítulo VI, que hay un incremento del crédito, vamos, que se multiplica por dos, del cien por cien. Esto nos parece, desde nuestro punto de vista, una auténtica barbaridad. Es que hay ayuntamientos —y ustedes destacan algunos— que modificaron el importe del presupuesto de gastos, pues, en el caso de Utebo, el 50%; en el de Cuarte, el cincuenta casi; en Jaca, el 41%; en Barbastro, el 40%, y sobre todo —ustedes lo dicen— es por incorporación de remanentes de crédito, es la fuente más importante del origen, creo que es el 65%, lo tengo apuntado. ¿Pero no es esto una mala técnica presupuestaria? ¿No pasa algo raro, algo que no está bien hecho? Aunque sea, como digo, la incorporación de remanentes de crédito, que al final es arrastrar la mala técnica presupuestaria, entiendo yo, no soy experto en estas cuestiones en absoluto, pero entiendo como lego que lo que se está haciendo es arrastrar un presupuesto que está mal hecho y cada año se van trasladando esos remanentes a un presupuesto que es absolutamente ficticio e irreal, que yo creo que es el problema con las modificaciones de crédito.
Incluso plantean ustedes que con arreglo a la ley, los gastos que se pueden hacer con la incorporación de remanentes de crédito, gastos que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, pero luego dicen ustedes que hay ayuntamientos que incrementaron créditos en aplicaciones presupuestarias cuyo nivel de ejecución a 31 de diciembre no alcanzó el 50%. Es un disparate total.
En el caso de las comarcas, no es tan grave pero también es preocupante, un 22% del importe de los créditos iniciales. También en el capítulo VI, en inversiones, el 104% de modificación, de aumento de crédito, y en este caso también es un 43% la incorporación de remanentes de crédito.
No sé qué explicación puede tener y si esto, como yo sospecho, pero no tengo la confirmación, porque, como digo, no soy experto en esta cuestión, es una mala técnica presupuestaria que, al final, se está incluso hurtando a la oposición la función primordial que tiene política en la evaluación del presupuesto, porque finalmente se gasta sin hacer caso a ese presupuesto.
Es una primera cuestión que quería poner sobre la mesa.
Otra cuestión es la ejecución del presupuesto. En el caso de los municipios, dicen expresamente ustedes que es una ejecución del presupuesto de gasto baja, es un 76%, pero hay casos, como el de Utebo, que es el 53%, y el de Tarazona, el 60%, un nivel muy bajo de ejecución del presupuesto de gasto y el de ingreso más o menos igual, no digo los decimales, están en el entorno también del 76 y también Tarazona y Utebo, Tarazona, el 52, y Utebo, el 62, como ejemplo de algunos ayuntamientos.
Este nivel tan bajo de ejecución presupuestaria, ¿no es también reflejo de una deficiente técnica presupuestaria, de elaboración del presupuesto y de ejecución del presupuesto? Les pregunto.
En el caso de las comarcas, es más elevado el nivel de gastos, el 82%, y entiendo que es por las transferencias que se reciben de la comunidad autónoma, entiendo que será ese el motivo por el que es más elevado, pero en capítulo VI es muy bajo, es el 56%, perdón, las transferencias que hacen a las entidades locales, lo he dicho al revés, pero en el caso del capítulo VI es muy bajo, el 56% solo de ejecución presupuestaria de inversiones reales, y me parece muy bajo. Y el presupuesto de ingresos también, el 74%.
Llegan a destacar ustedes incluso un dato que nos parece muy preocupante, que es Ribagorza, que hay un porcentaje de ejecución —creo que era el presupuesto de gasto— del 100,84%. ¿Cómo es posible, si el presupuesto una de las funciones que tiene es este carácter limitativo? Pues, que no se cumpla ni esto parece preocupante.
Y terminaré con otras dos cuestiones, que son contratación y subvenciones. En contratación vemos que los mayores problemas, sobre todo de transparencia en el ámbito municipal, son las entidades dependientes, los organismos autónomos y sociedades mercantiles, son las que tienen un mayor nivel de opacidad, muy por encima de los propios ayuntamientos, pero sí que nos preocupa —ya se ha dicho— que tres ayuntamientos no hayan remitido la relación certificada de todos los contratos (Caspe, Monzón y Sabiñánigo), pero es que veinte de las veintidós entidades dependientes no lo han hecho. Como digo, un mayor nivel de opacidad.
¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que viendo los datos, viendo los cuadros muy completos del informe, los ayuntamientos, las entidades dependientes, los entes locales —hablo de los municipios de más de ocho mil— adjudicaron contratos por procedimiento negociado sin publicidad en el 54% de los casos. La sensación desde fuera, sin conocer el detalle, es que un procedimiento que debería ser excepcional, entiendo, o no el ordinario, pues, se está utilizando con bastante, en principio, abuso.
También el procedimiento de urgencia, solo un 5,4%, pero dejan claro en su informe que en algunos casos se encuentra dentro de la actividad ordinaria y se debe más a falta de previsión que a la urgencia de verdad.
Ya le digo que nos preocupa esto en el ámbito de la contratación, que también en el caso de las comarcas, al margen de que diez comarcas no remitieran la relación certificada de contratos, vemos también que sí que en este caso el 51% de los contratos han sido en procedimiento abierto, pero un 45% sí que ha sido procedimiento negociado sin publicidad, y nos parece excesivo, y les pregunto si lo es o no, conociendo más o menos el detalle, porque incluso llegan a decir que, no recuerdo, en un número muy elevado, ni siquiera hay constancia de que efectivamente haya habido la negociación.
Vemos que quizá desde fuera, repito y como presunción, no afirmo nada, quizá hay un abuso del procedimiento..., un uso poco habitual del que debería ser el normal, el procedimiento abierto, y un abuso sin embargo del negociado sin publicidad.
Y, por último, las subvenciones, que hay un nivel cuantitativo muy elevado: en el caso de los ayuntamientos, dieciséis millones; en el caso de las comarcas, dieciocho, creo recordar, algo muy parecido, aparte de que no se hayan aprobado los planes estratégicos de subvenciones —ya se ha dicho—, porque solo dos ayuntamientos y una comarca lo han hecho, aparte de que no se hayan remitido los datos a la base de datos nacional de subvenciones, que nos preocupa, y les pregunto qué consecuencias tiene esto.
Sí que nos preocupan también los porcentajes que hay de concesión directa. Nuevamente, en el caso de los ayuntamientos, hay en concurrencia competitiva, lo que debería ser el procedimiento ordinario, el 43%, pero en concesión directa hay el 56%, y de ese 56%, solo el 58% está previsto nominativamente en los presupuestos, que es lo que entiendo que exige la ley.
Y termino, señora presidenta, porque en el caso de las comarcas sí que es cierto que solo hay un 16% en concurrencia competitiva, un 83% de forma directa, y entiendo que en este caso es porque son las subvenciones cuyos destinatarios son los ayuntamientos. Entiendo que es este el motivo, porque podría tener cierto sentido, incluso no sé si está nominativamente en presupuesto o no, no recuerdo si lo cuentan ustedes en su informe, pero así como en el caso de las comarcas puede tener sentido ese importe tan elevado de concesión directa, por el propio funcionamiento y la naturaleza y la finalidad de las comarcas, en el caso de los ayuntamientos, como digo, nos parece excesivo, que sea más de concesión directa sin estar nominativamente en presupuestos que en el caso de concurrencia competitiva.
Estos son los aspectos fundamentales. Nos preocupaban y les agradecería alguna respuesta, si es posible. Entiendo, además, que es muy difícil hablar de catorce ayuntamientos y treinta y dos comarcas, que son diferentes casuísticas, pero bueno, son los aspectos que más nos preocupaban, intentando hablar de cuestiones diferentes de las que habían tratado hasta ahora.
Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Señor Boné, tiene la palabra.
El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenidos los representantes de la Cámara de Cuentas, con su presidente a la cabeza. Esta es su comisión, como ustedes saben. Esta es su casa.
Por lo tanto, quiero empezar lamentando que hayamos asistido a una falta de comunicación o a un desencuentro en algo tan importante como es la convocatoria. Yo abogo tanto a la Mesa como a ustedes a que busquen procedimientos que eviten estos problemas, ¿no? Y, por lo tanto, ahí lo dejaría, porque no creo que tenga mucho más sentido profundizar en ello, pero, bueno, reconozco su incomodidad de una convocatoria que a usted le llega la noticia el viernes y, por lo tanto, la tiene para el lunes. En fin, abogo al sentido común, que lo tienen, para mejorar esa comunicación.
Agradecer, como no podía ser de otra manera, la información que nos han facilitado tanto el presidente como el consejero, que junto con los informes que hemos podido conocer, pues, nos da una visión bastante comprensiva de lo que es la actividad económico-financiera, mejor dicho, la fiscalización de la actividad económico-financiera en estos dos ámbitos de la Administración tan importantes en Aragón.
Las comarcas, como decía el consejero señor Rufas, abarcan una gran parte de nuestro territorio —prácticamente, todo el territorio— y los municipios de más de ocho mil habitantes, es decir, lo que queda fuera de eso, pues, es Zaragoza ciudad y muy poquito más. Por lo tanto, gracias por esa información.
Y quiero empezar también felicitando, si me lo permiten los señores diputados, el trabajo de la Comisión de Cuentas en general, porque a mí me recuerda a aquella figura del Maestre Racional, que implantó Pedro III hace ya muchos años, en el año 1283, que luego fue abolida con los fueros hace tres siglos y que nos ha costado trescientos años recuperar. Por lo tanto, yo, como militante de un partido aragonesista, ya saben ustedes que veo con muy buenos ojos todas aquellas instituciones, y ustedes son una institución muy importante..., que no es ningún invento, es simplemente recuperar una de nuestras señas de identidad que, además, fueron copiadas y seguidas en muchas partes de Europa.
Por lo tanto, con carácter general, quiero felicitar el trabajo de su comisión.
Pero, bueno, vayamos a algunas cuestiones, porque ustedes fiscalizan la actividad económica financiera del sector público. A ustedes les fiscalizamos nosotros, si me lo permiten, y a nosotros nos fiscalizan los ciudadanos. Es decir, aquí todo el mundo es fiscalizado, ¿no? Y en esa labor de fiscalización, voy a aportar algunas reflexiones que creo que pueden ser de su interés, por lo menos, forman parte de nuestra preocupación.
En primer lugar, habría que recordar que los objetivos de la cámara es fiscalizar la actividad económico-financiera, en este caso del sector público y también —y a mí me parece muy interesante esta segunda parte de ese objetivo general— velar por la adecuación a los principios de la calidad, eficacia y eficiencia, ¿no?
Bueno, esta es una cuestión que a la vista de las deficiencias que hemos observado en los informes y que han resaltado muy bien quienes me han antecedido en el uso de la palabra —algunas de ellas—, pues, habría que hacer una primera reflexión. Es cómo mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. Esto, de entrada.
Evidentemente, cada institución, cada entidad es responsable de sus actos y cada una sabe cuáles son o debería saber cuáles son sus obligaciones. Pero, lógicamente, el sistema no es perfecto, y hay cuestiones que vemos ahí que, una de dos, o buscamos fórmulas para solucionarlo —y no digo que esta sea una responsabilidad de la Cámara de Cuentas; probablemente, es una responsabilidad de todos— o, si no, los informes sucesivos seguirán resaltando determinados problemas de funcionamiento que entendemos que son mejorables.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la primera conclusión es que lo que estamos fiscalizando en la actividad económico financiera y, en consecuencia, los gestores. No estamos fiscalizando las instituciones. Y lo digo por una cuestión de principios. No estoy respondiendo a ninguna afirmación de nadie, pero, a veces, de la actividad inadecuada de los gestores de ayuntamientos de más de ocho mil habitantes o de algunos ayuntamientos, se puede llegar a inferir que los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes no son necesarios, ¿me explico?, que habría que cambiarlos. Esto ha ocurrido muchas veces con las comarcas. Por lo tanto, aquí no se fiscaliza el modelo, sino lo que se fiscaliza es a quienes lo gestionan. Y quienes los gestionan, como hemos visto, hay gente gestiona muy bien y hay gente que no gestiona tan bien. A mí me alegra que el balance que hace la Cámara sea un balance, en general, favorable, positivo, mejorable en muchos aspectos, pero un balance positivo.
Evidentemente, hay aspectos preocupantes, como decía el señor Soro hace un momento, aspectos que hay que analizar. No sé si con los elementos que tenemos encima de la mesa es suficiente para analizarlos o no. No sé si noventa y seis decisiones en contra de los informes de fiscalización es bueno o malo. Aparentemente, no es bueno, pero a la vista de lo que proponen algunos informes fiscalizadores, a lo mejor, alguno incluso resulta bueno. Les pondré algún ejemplo después. Por lo tanto, yo creo que el balance es positivo, mejorable y hay aspectos que, lógicamente, hay que mejorar.
A mí me llama la atención —y me lo van a permitir— que las conclusiones de los informes de fiscalización de las comarcas son exactamente ciento diecisiete, y las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas son cincuenta y siete. Y me llama la atención porque resulta que las conclusiones que da el informe de fiscalización sobre ayuntamientos de más de ocho mil habitantes son ciento diecisiete, las mismas. Y las recomendaciones son cincuenta y seis, una menos. Es curioso que en dos entidades tan diferentes, el número de conclusiones y el número de recomendaciones sea exactamente el mismo. Pero aquí no viene toda mi sorpresa, porque cuando he estado analizando una a una, cuarenta y seis de las recomendaciones son idénticas. Es decir, de cincuenta y seis, cincuenta y siete recomendaciones que hay en el ámbito del informe de fiscalización de las comarcas y de los municipios de más de ocho mil habitantes, cuarenta y seis son idénticas. Se las puedo leer, pero, bueno, ustedes las habrán leído. ¡Iguales! Hay tres en las que hay alguna diferencia: en una se habla del presidente de la comarca y en una del alcalde, y hay siete u ocho que son distintas. Simplemente lo digo como reflexión. Lo digo como reflexión porque, para empezar, eso, a mí me resulta, cuanto menos, sorprendente, me llama la atención, me llama la atención. Yo creo que sobre eso habría que reflexionar, porque, claro, no voy a hacer yo una interpretación poco rigurosa en el sentido de decir, bueno, al final, tenemos un formulario donde sacamos las conclusiones, sacamos las recomendaciones y, entonces, según la planilla, me van saliendo unas y otras y, al final, claro, si el formulario tiene ciento diecisiete casillas, me salen ciento diecisiete. No quiero inferir eso, pero desde luego, esta es una reflexión que yo les hago a ustedes, representantes de la cámara en esa función, si me lo permiten, de fiscalización también de su actividad.
Además de eso, y continuando con las reflexiones, hay algunas recomendaciones que me van a permitir que a mí me resulten curiosas. Me resultan curiosas porque me parecen extemporáneas..., más que extemporáneas, fuera de lugar en un informe de estas características.
Por ejemplo, la primera recomendación sobre organización general que hacen ustedes en relación con las comarcas dice: «Reconsiderar la necesidad de gestionar servicios a través de organismos autónomos y sociedades mercantiles». ¿Por qué? ¿En qué se basan ustedes para que haya que reconsiderar eso? Que no digo que no haya que hacerlo, ¿eh?, porque es posible que alguno de estos organismos autónomos o sociedades mercantiles hayan funcionado inadecuadamente, pero habrán funcionado inadecuadamente sus gestores, no el organismo autónomo como tal.
Dice: «... Y en el caso de innecesariedad, acordar su extinción o disolución». ¡Hombre!, si este es el informe que un interventor le hace al responsable de la entidad, yo entendería que no lo tenga en consideración. Pongo por ejemplo.
Es decir, esta es un tipo de recomendación que yo le sugeriría, señor Rufas, que reflexionasen sobre él. Yo no soy experto en estas cosas, pero desde mi punto de vista, tiene poco que ver con el informe de fiscalización.
Otra cosa es que determinado organismo autónomo o una determinada sociedad mercantil haya actuado mal en la prestación de esos servicios y, por lo tanto, los gestores de ese organismo merezcan de una recomendación reprobatoria. Esta es una de esas recomendaciones que a mí me ha llamado la atención y que simplemente lo apunto, a título de reflexión personal.
Pero es que la treinta y dos no tiene desperdicio. La treinta y dos dice: «Dado el carácter esencialmente técnico de la mesa de contratación...». Les ubico: la treinta y dos hace referencia a un apartado que es el de contratación; hay otro de remanentes de tesorería y contabilidad, pero dentro del apartado de contratación, hay desde la dieciocho hasta la treinta y seis, es decir, dieciocho recomendaciones, prácticamente una tercera parte de las que se hacen. Y dice: «Dado el carácter esencialmente técnico de la mesa de contratación, se recomienda no incluir en la composición de la misma a miembros de todos los grupos municipales con representación en el consejo comarcal». Es decir, dado el carácter esencialmente técnico de la mesa de contratación, se recomienda no incluir en la composición de la misma a miembros de todos los grupos municipales con representación del consejo comarcal.
Hombre, yo entiendo que estas cosas pueden estar de moda en estos momentos, pero al final me recuerda a una amigo mío muy gracioso que me decía que se trata de elegir un pueblo bueno para vivir, pero hay que buscar un pueblo que tenga un buen secretario, porque a la vista de cómo van las cosas, quien va a llevar la actividad, no la política, sino la administrativa, es un buen secretario. Por lo tanto, hay que buscar un pueblo con buen secretario, no un pueblo con buenos representantes elegidos por el pueblo, sino un pueblo con buen secretario, que lleve las cuentas al día, que lo haga bien, y bueno, el secretario ya nos dirá qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Y esto lo digo en clave de humor.
Esta recomendación es una recomendación que para mí no debería figurar en un informe de fiscalización. Es una recomendación que puede formar parte del punto de vista del fiscalizador, del que sea, o de quien haya hecho el informe, pero no de un informe de estas características, desde mi punto de vista.
Por lo tanto, permítaseme recomendar, invitar, mejor dicho, a la reflexión de la Cámara de Cuentas, de quienes han realizado este informe, dos cosas: la primera, felicitarles por el trabajo que han hecho, pero la segunda, en determinados aspectos, que lo mismo que las Administraciones Públicas deben reflexionar sobre cómo están gestionando las cuentas públicas, también habría que reflexionar sobre estos aspectos.
Bien, en definitiva, lo que más me interesa a mí de este debate es cómo —y me lo pregunto, no se lo pregunto a ustedes—, cómo podemos contribuir, también desde la Cámara de Cuentas, aunque no forme parte estrictamente de un objetivo específico y explicito, pero sí implícito, desde mi punto de vista, cuando dice de «velar por su adecuación al principio de legalidad, eficacia y eficiencia», cómo podemos contribuir entre todos —por supuesto que el Gobierno de Aragón tendrá mucho que ver y el Departamento de Política Territorial, la Dirección de Administración Local también— a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, con informes didácticos, con formación, con manuales, no lo sé. Pero, desde luego, es una reflexión que a mí me gustaría hacer en esta comisión.
Termino felicitándoles, como he dicho, por el trabajo que vienen realizando y por su existencia, que para mí es muy importante en una concepción de autogobierno —como tenemos desde nuestro partido en esta comunidad autónoma— y de autonomía.
Interpréteme las reflexiones que hemos hecho, que, como siempre, son reflexiones de un neófito y un inexperto en estas cuestiones, pero que me llama la atención.
Y, finalmente, bueno, pues, esta última parte que me parece la más interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de evitar que al final exista el 25% de modificaciones presupuestarias si no están justificadas o que haya noventa y seis decisiones que van al margen de los informes de los interventores o tantas cosas, como se han comentado, que cuando menos llaman la atención? Y ahí es donde yo creo que se podría trabajar desde una perspectiva didáctica y desde una perspectiva de mejora del funcionamiento de la gestión de cuentas del sector público.
De todos modos, insisto, muchas gracias por la información que nos han aportado, por su presencia y por su trabajo.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Boné.
Continuando el turno de portavoces, es el turno de la señora Fernández.
Bienvenidos, señor Laguarta, señor Rufas y también la directora de la auditoria.
Gracias por su información en relación con la gestión económico-financiera de ayuntamientos y comarcas, es decir, parte de la Administración local más importante de nuestra comunidad autónoma del ejercicio 2011.
Lo primero de todo, yo quiero también, en representación del Grupo Socialista, lamentar la falta de respeto —creo que se le puede denominar así— que desde la comisión y, en concreto, como responsable, su presidenta, ha tenido no solo con usted, señor Laguarta, sino con la institución, es decir, con la Cámara de Cuentas. Esto no es una cuestión de funcionarios. Si envían un correo a las once de la mañana o lo envían a las tres de la tarde. Yo entiendo que, desde la presidencia de la comisión, se debieran de haber puesto en contacto con ustedes para saber si al día siguiente, porque era al día siguiente hábil, podían venir a informar a esta comisión de estos dos informes que ustedes han elaborado.
No sé si harán lo mismo, no sé si ha ocurrido, pero no me imagino que pudieran hacer lo mismo con el fiscal o con el presidente del Tribunal Superior de Justicia o incluso con el Justicia de Aragón, que son también instituciones cuyos representantes vienen a estas Cortes a explicarnos su gestión y sus propuestas.
Dicho esto, yo no le voy a hacer muchas preguntas, porque como entiendo que usted, desde el viernes a mediodía de hoy tampoco ha tenido mucho tiempo para poder prepararse los informes, pues, la verdad es que no le voy a hacer muchas preguntas en relación con el contenido de estos dos informes, por respeto, precisamente, a la institución.
La única pregunta que le voy a hacer —y se la voy a hacer ya al principio porque así no se me olvida— es si al final, antes de que termine este periodo legislativo, vamos a poder debatir en estas Cortes la cuenta general de la comunidad autónoma de los años 2012 y 2013. Llevamos ya tiempo pidiéndolo. Ustedes se comprometieron. Sé que están haciendo los informes definitivos por organismos y que todavía faltan algunos. Por lo tanto, le quería hacer, como digo, solo esa pregunta, si va a estar ese informe definitivo de la cuenta general de la comunidad autónoma para poder debatirlo antes de que la señora presidenta cierre las Cortes, ¿no?
En relación con estos dos informes, bueno, se ha dicho ya y, además, ahí constan y están en la página web, con lo cual todo el mundo puede tener conocimiento de todos los datos que ahí se recogen. Yo he repasado fundamentalmente las conclusiones y las recomendaciones que se hacen desde la Cámara de Cuentas, porque son las que, al final, van a repercutir en que, realmente, las deficiencias, las irregularidades o las incidencias que se hayan podido cometer se puedan subsanar, que es, en definitiva, lo que a todos nos interesa. Realmente, las Administraciones locales, unas más que otras, porque hay más incumplimientos por parte de unas que por parte de otras, puedan, como digo, poner conforme a la ley, conforme a la buena gestión, todas sus cuentas.
Yo también he visto... Claro, al venir los dos informes en el mismo debate, pues, lógicamente, he visto que las recomendaciones son muy similares. Son muy similares las que van dirigidas a los ayuntamientos y municipios de más de ocho mil habitantes y las que van dirigidas a las comarcas. Y, además, son exhaustivas, son cincuenta y seis en el caso de los ayuntamientos y cincuenta y siete recomendaciones en el caso de las comarcas. Son, como digo, numerosas las cuestiones que aquí se plantean.
Fíjese, si el informe del Ayuntamiento de Zaragoza tuviera esta cantidad de recomendaciones, cómo estaría en este momento el Partido Popular cuando precisamente hoy, mire, precisamente en este momento, hay un Pleno en el Ayuntamiento de la ciudad, de nuevo solicitado por el Partido Popular para volver a hablar del informe del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2011. Ya parece que lleven ustedes hechos cinco o seis informes sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, porque llevamos unos cuantos meses con esta cuestión. Esa manera tan utilizada precisamente en campaña electoral por el Partido Popular. ¿Qué harían, qué haríamos si con estos catorce ayuntamientos se hablara o se pidiera también toda esa serie de comparecencias para ver por qué estos catorce ayuntamientos que constan en este informe han cometido ese tipo de incidencias?, ¿por qué hay esas incidencias en el informe, no? Lo que decimos siempre de las dos varas de medir.
Bueno, pues, como decía, fundamentalmente, de las recomendaciones, ya se vienen repitiendo también en otros informes que hemos visto con otras Administraciones Públicas en los diferentes apartados que ustedes señalan en los informes, el de la organización general, el de presupuestos y control interno, en relación con el remanente de tesorería y contabilidad, contratación, subvenciones y morosidad. Y destaca de todos estos aspectos, fundamentalmente, el número de recomendaciones que van incluidas en el apartado de contratación y en el apartado de subvenciones. Hay muchas recomendaciones que tienen mucho que ver con estos dos apartados, con lo cual, me temo que el funcionamiento de las Administraciones Públicas en general requiere de una mejora importante.
En lo que tiene que ver con el personal, aquí hay una de las recomendaciones que yo también quería destacar, porque, además, ya lo hemos expresado desde el Grupo Socialista cuando hemos debatido otros informes, que es el tema de los secretarios y los interventores. Vuelven a recomendar ustedes que esos puestos de habilitación nacional tienen que ser puestos en propiedad, y no ocurre así en todos los ayuntamientos. Y digo yo también que aquí, el Gobierno de Aragón tiene mucho que decir, ¿no?, en relación con cómo se cubren los puestos de secretarios y de interventores. Y es que, además, es una figura esencial para que todo este tipo de cuestiones que ustedes plantean puedan llegar a buen término.
En la ejecución del presupuesto —ya se ha dicho por algún interviniente anterior—, he visto que ustedes destacan la baja ejecución, que en gastos está en un 75,8% y en ingresos en un 75,7%. Pues, es preocupante. Un presupuesto ha de hacerse para luego poder ejecutarse. ¿Cuáles han sido los problemas que han podido llevar a que eso no haya sido así? Pues, es una cuestión a tener en cuenta.
En cuanto a contratación, también es algo que vienen ustedes repitiendo en relación con otros entes, y es para mayor transparencia, que se disponga de perfil del contratante para, precisamente, poder asegurar esa mayor transparencia en la contratación, y la utilización restrictiva, que es lo que recomienda, del procedimiento negociado sin publicidad, por lo que se deduce que, evidentemente, en los datos que ustedes tienen, es que quizá también haya un pequeño abuso en relación con este procedimiento.
Y sobre las subvenciones, pues, también insistimos de nuevo en algo que ya hemos visto, que es la concesión de las subvenciones directas, que está en un 56,5% —estoy hablando del informe de los ayuntamientos de más de ocho mil habitantes—, y hablan de la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones.
Hay otros aspectos que también tendrían importancia, pero que, precisamente, por la falta de tiempo, porque como digo son muchas las recomendaciones y las conclusiones que hay en estos dos informes que hoy estamos debatiendo, pues, no voy a incidir. Desde mi grupo plantearemos las propuestas de resolución correspondientes, como lo hemos hecho con otras entidades y otros entes, donde hemos debatido los informes que la Cámara de Cuentas ha llevado a cabo, y no me queda más que desear que continúen ustedes en su labor sin mayor interferencia y con un poco más de respeto por parte de determinados grupos o de determinadas personas a la hora de realizar su trabajo.
Gracias, señor Laguarta y señor Rufas, y al equipo que les acompaña por estos informes de fiscalización de las comarcas de Aragón y de los ayuntamientos mayores de ocho mil habitantes. La Cámara de Cuentas los aprobó con fecha 19 de septiembre del 2014 y 30 de diciembre del 2014. Iré interrelacionando los dos, porque los tenía separados.
Señorías, entre otras fiscalizaciones, esta fue pedida expresamente como una prioridad de las Cortes de Aragón, además de las obligaciones que ustedes tenían para el año 2012. El alcance que tengan estos informes, además de las cuentas y operaciones de los ayuntamientos y comarcas, lo han hecho también sobre organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes mayoritariamente de los ayuntamientos y comarcas. Contempla tesorería, contratación, subvenciones, morosidad, etcétera.
El Ayuntamiento de Zaragoza no se contempla por haberlo efectuado de forma independiente y que suponemos se verá en esta comisión en su momento, lo mismo que pasará con Huesca y Teruel, que no se hizo porque el Tribunal de Cuentas de España lo había hecho recientemente.
Y, efectivamente, señora Fernández, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene recomendaciones porque no presenta la imagen fiel. Esa es la diferencia.
En comarcas, se han basado en la normativa estatal sobre la Constitución desde 1978, más de veinte disposiciones legales hasta el 2011. También hay treinta y dos leyes, desde el 2000 al 2003, que es cuando se crean las comarcas, siendo la primera la del Aranda y la última la del Jiloca. Tenemos también siete leyes autonómicas y, además, treinta y dos decretos del Gobierno de Aragón entre 2002 y 2005, por lo que luego diré, mediante los que se transfieren las funciones y traspasan los servicios de la comunidad autónoma a las comarcas.
El alcance de estas fiscalizaciones comprende una auditoría de regularidad financiera, lo mismo que pasa con los ayuntamientos, y para hacer un trabajo homogéneo, se ha centrado con el muestreo significativo en todo lo relativo a contratos, subvenciones concedidas, variaciones patrimoniales, créditos presupuestarios, remanentes de tesorería y su normativa, lo mismo que el en estudio de la morosidad. Igualmente, han podido comprobar aquellos organismos y sociedades dependientes de comarcas que tienen también participación mayoritaria.
Como hemos mencionado, tenemos legislación más que abundante para, por lo menos, intentar hacer las cosas como se debiera, pero pocos informes de los que han presentado ustedes a estas Cortes de Aragón han llegado a superar el aprobado. Y las comarcas fiscalizadas tampoco son la excepción, ni tampoco los ayuntamientos de municipios de más de ocho mil habitantes.
Nos indican en el informe que se han examinado por ejemplo los contratos de obras, pero no así la comprobación material de las inversiones. Supongo que por falta de tiempo y de medios. Han encontrado limitaciones de alcance para comprobar el tema contractual o de contratos. No les han remitido documentación diez comarcas y las llamadas de atención y su casuística han sido por su parte constantes. Tampoco han podido comprobar las ofertas económicas de las licitaciones, porque ha habido seis comarcas que no se las han facilitado. Del tema de contratación, ustedes reflejan cuarenta conclusiones con cuarenta irregularidades, y cuarenta puntos son muchos puntos para regularizar.
En cuanto a subvenciones, hacen ustedes treinta y tres salvedades y la forma de hacerlas correctamente para evitar sus manifestaciones, que son repetitivas. Es imposible comentar todo lo escuchado a ustedes y lo leído en los informes.
En cuanto a la morosidad, no han comprobado el plazo medio de pago de comarcas, por ejemplo, Cariñena y Cuencas Mineras, porque no han enviado documentación. Igual sobre morosidad en Campo de Daroca y Cinco Villas. Así, la media de comarcas en su conjunto son sesenta y cuatro días, unos que efectivamente —catorce— cumplen el plazo de los cincuenta días y dieciséis pasan incluso de ciento setenta días.
El trámite de audiencia, en sus conclusiones, por parte de las comarcas, solo han empleado tres de ellas dentro del plazo ese derecho. Es decir, que casi todas asumen el no cumplimiento y no alegan nada, y esto nos debiera preocupar.
Estamos de acuerdo con ustedes en que estos informes, que comprenden también catorce ayuntamientos —ya citados por el señor Laguarta y no los repito—, aun cuando vistos uno a uno por la Cámara de Cuentas, debe verse en su conjunto para que no se creen posibles malas interpretaciones y pueden repetirse los datos de unos con otros.
Señor Rufas, ustedes han tenido limitaciones al alcance de estos informes, como ha ocurrido con el Ayuntamiento de Caspe, que no han remitido aquellos acuerdos en los que ponía reparos la intervención ni otra documentación precisa. Precisamente, el señor Laguarta —creo que está escrito— ya ha dicho que en 2011, Caspe es el ayuntamiento que más reseñas negativas recibe de la Cámara de Cuentas de Aragón.
En diciembre del 2010, ninguno de los catorce ayuntamientos aprobó su presupuesto de 2011.
Y dejamos constancia, para conocimiento de los ciudadanos y sus efectos, que la ley de subvenciones de Aragón, si es aprobada, entrará en vigor en este año 2015, con lo que eso supone a los municipios y demás entes incumplidoras.
De veinticinco comarcas, solo hay veintidós con plaza en propiedad de secretario-interventor. Siete comarcas no tienen funcionario habilitado a tal efecto. Es importante señalar que la función interventora del interventor —valga la redundancia—, con alguna salvedad, solo lo han hecho en tres comarcas en aquellos actos con contenido económico y en contratos y subvenciones.
Ustedes, señor Rufas, señor Laguarta, han comprobado por otra parte que en trece comarcas, la intervención no realizó su función en expedientes similares a los dichos.
En ayuntamientos de más de ocho mil habitantes, la Cámara de Cuentas, en este informe, reseña cincuenta y seis recomendaciones: doce, en materia de organización general de los ayuntamientos; cuatro, en materia de morosidad, y cuarenta, en materia de remanentes de tesorería y contabilidad.
Señorías, en resumen y muy superficialmente, habría que señalar que los plenos debieran de acordar que la fiscalización de los gastos debieran de contar con la aprobación de la intervención de forma plena y nunca limitada.
Es preciso que los acuerdos que tome el alcalde o el pleno, si ha habido discrepancias de áreas o de intervención, sean motivados al redactarlos.
Se debe cumplir con la normativa vigente en lo relativo a la contratación por parte de los ayuntamientos, y esto no es así en todo lo que ustedes han fiscalizado.
Y a los interventores, indicarles por su bien que debieran dejar constancia en aquellos expedientes que formulen reparos, y esto no es baladí.
Las subvenciones a percibir deben ser contabilizadas cuando son vencidas, líquidas y exigibles y no cuando se devengan por su solo acuerdo. En las subvenciones concedidas, debe vigilarse la libre concurrencia y transparencia de las mismas, no la arbitrariedad.
Los ayuntamientos deben asegurar la transparencia en la información relativa a su actividad contractual, procedimientos, criterios, etcétera, y esto, repetitivo en contratación de obras, licitaciones y concesión de subvenciones, igual que pasa en ayuntamientos de municipios de más de ocho mil habitantes.
En siete comarcas, se adoptaron noventa y seis acuerdos en contra de los reparos formulados por la intervención, y esto no debe ser normal, y me parece que también lo ha dicho algún portavoz.
También las comarcas han aprobado gastos realizados sin seguir la tramitación legal.
Señor Rufas, usted ha explicado con detenimiento este informe y no se trata de ser redundantes, pero sí debiéramos dejar constancia de las debilidades de control que tienen estos ayuntamientos de los municipios de más de ocho mil habitantes, y en este informe que hoy se presenta, seis tienen más del doble de esa cifra de habitantes, incluso uno, Calatayud, con cerca de veintiún mil, es decir, que con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, cuentan con potestad sobre más de treinta competencias de suma importancia, y aquí, señorías, ya no vale las excusas ni de tamaño ni de medios técnicos y humanos, aun cuando todos sean limitados, porque siempre lo serán, siempre serán limitados los medios.
Estos ayuntamientos debieran ser el ejemplo de todos los de tamaño inferior en el bien hacer de las cosas y, desgraciadamente, hemos visto que parece que casi tienen las mismas carencias, y esto es poco comprensible por otra parte.
Recordamos que se trata de recursos públicos y no privados, y esto parece olvidarse con frecuencia por su gravedad en la gestión.
En comarcas, resumiendo, han practicado ustedes ciento diecisiete conclusiones y, consecuencia de las mismas, hacen cincuenta y seis recomendaciones, en las que no entramos por su extensión, sobre organización, presupuestos, tesorería, contabilidad, contratación, subvenciones y morosidad, vamos, todo lo esencial y que realmente está mal hecho.
Y hemos dicho al principio que las comarcas llevan creadas, algunas, las más antiguas, más de quince años, por eso he dicho las fechas, y las menos, doce años. Y este es un plazo prudencial, señorías, para poder haber conseguido cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en todo lo que se ha expuesto de haber tenido un poquito de voluntad y otro poquito de sentido común.
Es el turno ahora de respuesta de los miembros de la Cámara de Cuentas. Les recuerdo que tienen un tiempo máximo de veinte minutos.
Aunque no quería darle más importancia, pero puesto que ha citado que esto puede constar en acta y no quiero quedar como mentiroso, tengo aquí los dos correos que recibí, que si hace falta, se pueden incorporar al acta.
Puede verse que hay uno recibido en mi correo particular, oficial, pero que abro yo directamente, de un auxiliar administrativo de las Cortes que salió a las 11,04; yo lo vi hacia las doce, porque no estoy permanentemente atado al ordenador, pero lo veo habitualmente, y ese correo lleva un anexo de ordenación del debate. Mi sorpresa fue mayúscula al ver que un auxiliar administrativo me comunicaba la ordenación del debate para el 9 de marzo a las once y cuarto. Envié un correo a la letrada mayor de las Cortes diciéndole si era serio o era broma eso, y recibí una llamada de la letrada que asiste a esta comisión y, posteriormente, aquí está la hora, a las catorce y dieciséis horas, fue cuando recibí un escrito oficial con firma, citándome a comparecer; es a las catorce y dieciséis horas cuando salió el correo firmado por el secretario primero de las Cortes. Y quiero decir que es la primera vez que ocurre esta, en mi opinión —y discúlpenme si a alguien le molesta—, deficiencia, porque hasta ahora, siempre, normalmente el lunes o el martes anterior a la comparecencia, se me llamaba y se me decía: «La comisión quiere que comparezca el lunes que viene», por lo que ajustaba mi agenda, ordenaba todo lo que podía para dar prioridad a esto sobre cualquier cosa, pero esta vez no ha sido así, y la primera noticia que tuve seria, firmada por representante en condiciones, fue más o menos a las dos y cuarto del viernes.
Afortunadamente, los informes estaban, los habíamos elaborado en la Cámara de Cuentas, los conozco y fui capaz de decir: «Bueno, los leeré, pediré ayuda al consejero responsable», y entre los dos decidimos presentarnos, aunque estuvimos a punto de pedir que se pasara a otra fecha, porque hoy, precisamente, teníamos convocado consejo para debatir o aprobar cuatro informes de la comunidad autónoma.
Si hace falta, puedo entregar los correos si tienen que constar en acta las horas y fechas de las notificaciones.
Decía que, normalmente, siempre se me llamaba una semana antes, yo ajustaba todos mis horarios y todas mis citas y cambiaba cualquier cosa para comparecer en las Cortes, y a los dos o tres días, recibía notificación firmada por el presidente de las Cortes con el orden del día y la ordenación del debate. Creo que ese es un buen sistema y no hace falta ponerse de acuerdo más, sino simplemente respetar eso, que no sé si está expresamente dicho en algún reglamento de las Cortes, pero que a la Cámara de Cuentas nos viene bien.
Esta vez ha sido, de verdad, una violencia tener que hacer esta comparecencia.
Respondiendo a las cuestiones concretas, voy a contestar primero a las más generales, y en los detalles, por esa idea que he querido decir antes de subrayar el carácter colegiado de la Cámara de Cuentas, cederé el uso de la palabra al consejero responsable del informe.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hablaba de las comarcas que no han remitido documentación. Sí que las ha habido y están puestas en el informe, pero el problema es que nos encontramos atados de pies y manos y no podemos hacer nada, porque, si no han presentado documentación, no podemos fiscalizarlas, o sea, y el expediente, el camino, para que alguien no lo fiscalice es no presentar la cuenta; si no presento la cuenta, no me van a fiscalizar. Espero que no cunda ese conocimiento y, a partir de ahora, como ha pasado este año, las entidades locales bajen en la presentación de cuentas.
En mi comparecencia de hace un mes, daba datos de que el año pasado presentaron cuentas, estaba en un 69%, y en la misma fecha del año siguiente, o sea, del 2014, había bajado tres puntos.
Varios portavoces han hablado del personal y de los interventores, en concreto, Izquierda Unida y la portavoz del Grupo Socialista, y creo que el de Chunta Aragonesista también ha hablado del tema.
El personal, los interventores, en concreto, en las comarcas y en los ayuntamientos, es una pieza fundamental, y por eso resaltamos en los informes qué plazas están cubiertas por personal de habilitación nacional y cuáles no, y en un cuadrito que el consejero ha manejado y que nosotros hicimos, que no lo quisimos incluir en el informe porque nos parecía que era más bien aquel cuadro de honor que había antes en los colegios de los que estudiábamos hace muchos años, pues, habíamos hecho unos cuadros con los ayuntamientos cumplidores e incumplidores, más o menos ordenados. Pues, es curioso que los que tienen interventores propios de plantilla son normalmente los más cumplidores. ¿Por qué? Porque muchas de estas irregularidades que hemos detectado no son cuestiones de decisión del gestor; algunos sí que son del gestor, pero otras son simplemente de ejecución de actos administrativos, de actos de trámite.
Naturalmente que el cuentadante es el alcalde, como me decía un portavoz en la sesión anterior, que me decía «Pobres alcaldes». Efectivamente, es la labor muchas veces tan desinteresada que hacen los alcaldes, y no pretendemos ponerles pegas, sino facilitarles, pero que necesitan el apoyo técnico de los interventores. En concreto, los ayuntamientos que hemos fiscalizado, todos los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes tienen que tener la figura de un interventor y, en algunos casos, de la forma que está puesto en el informe, eso falla.
En cuanto a los reparos, que varios portavoces han comentado, los reparos que presentan los interventores, aquí se pone de manifiesto la diferencia entre el control interno y el control externo. El control interno de cada entidad lo realiza un funcionario de la propia entidad, un interventor, que su superior puede hacer caso o no, y es totalmente legal. O sea, en el caso de que un interventor ponga un reparo, su superior —en el caso del Gobierno de Aragón, es el Gobierno, y en el ayuntamiento..., en este momento, no conozco la legislación, no sé si es el alcalde o el pleno— puede decir: «Muy bien, me he enterado del reparo que ha puesto el interventor, pero hágase de esta manera». Luego, bajo su responsabilidad, pero son legítimos.
Mientras que el control externo, que es el que hacemos en la Cámara de Cuentas, no tiene apelación. O sea, nuestros informes son ahí, gusten o no gusten, y, desde luego, es nuestra opinión. Y me adelanto un poco contestando al portavoz del Partido Aragonés, es nuestra opinión, yo no discuto con políticos, yo me muevo en un plano técnico. Si no le ha gustado, señor Boné, pues, si quiere, lo hablaremos de persona a persona, pero institucionalmente no le voy a contestar.
En cuanto al Ayuntamiento de Caspe, que citaba también el portavoz de Izquierda Unida, es un ayuntamiento que nos ha llamado la atención precisamente por lo que llamamos limitaciones. O sea, no han presentado documentación, con lo cual, no hemos podido revisar muchas cosas. Nuestro propósito hubiera sido incluirlo en el programa de fiscalización de este año. Eso lo hacen en otras comunidades autónomas, que revisan siempre por sistema a los ayuntamientos más incumplidores. A nosotros nos gustaría hacerlo, pero, claro, tenemos dieciocho auditores, y con el programa de fiscalización y las prioridades que nos marcaron las Cortes, creemos que vamos muy justos. Si a mitad de año vemos que podemos llegar, pues, probablemente, lo incluiremos en el programa de fiscalización. Eso no lo hemos hablado en consejo, pero es mi opinión.
Preguntaba el portavoz del Grupo Chunta Aragonesista si la fiscalización previa es obligatoria. Sí, es obligatoria, por lo menos una fiscalización previa limitada. Y limitada quiere decir que se fijan determinados aspectos, entre ellos, que el acto administrativo tenga consignación presupuestaria suficiente y que esté firmado por la autoridad competente. Como mínimo, esos dos aspectos entran dentro de la fiscalización previa limitada, y eso es obligatorio en todos los casos. Por tanto, donde no hay fiscalización previa y limitada, han actuado irregularmente, por lo menos.
Se hablaba también del excesivo porcentaje de modificaciones presupuestarias, de incorporaciones de años anteriores, de una ejecución presupuestaria baja, y preguntaba si eso podía ser por una deficiente presupuestación. Pues, creo que sí. O sea, hay determinados casos en los que son circunstancias sobrevenidas, y la riada necesitará un presupuesto especial, que no pudo ser previsto a principios de año, o como en alguna alegación se nos decía, la riada también que hubo por Benasque hace unos meses, pues, tampoco era previsible a principios de año y, por tanto, está justificado que haya una modificación presupuestaria y se le atienda como se pueda.
Pero los casos en los que hemos visto que hay todas estas modificaciones, incorporaciones, ejecución baja, no son circunstancias imprevisibles, sino que más bien es una deficiente presupuestación que nos gustaría que por lo menos el aviso que hacemos fuera un efecto..., vamos a decir docente por nuestra parte para que las entidades se fijen y presten especial atención a la presupuestación, que no es de puro trámite elaborar el presupuesto, sino que, como decía el señor Soro, es restar claridad y transparencia a todos los miembros del ayuntamiento o del consejo comarcal.
Se ha hablado también de la contratación y de la elección de los procedimientos: abierto, negociado... Estos procedimientos en sí, no hay uno que sea mejor que otro, cada uno responde a unas finalidades. Se trata de buscar la confluencia de dos principios: uno es el de la transparencia y el de la mayor concurrencia posible, que eso llevaría a que todos fueran abiertos, pero también hay otro principio que es el de eficacia y eficiencia. Y si, por ejemplo, hace falta comprar en las Cortes una docena de vasos, me parece que es absurdo que se pida un procedimiento abierto, o sea, por eso juegan unos límites que son legales de cuantías. Entonces, a partir de cierta cuantía hacia abajo no hace falta hacer procedimiento abierto, porque sería absurdo y entorpecedor hacerlo.
Por lo tanto, nuestra opinión no es que un procedimiento sea mejor que otro. El abierto no es mejor que el negociado, sino cada uno tiene que aplicarse cuando corresponde. Ahora, eso sí, todos con todos los requisitos.
Y el procedimiento negociado quiere decir que se negocia, pero no es un procedimiento para salir del paso en el que no se negocia. Entonces, hay que dejar bien documentado el expediente para que tanto los miembros de la corporación municipal o la fiscalización externa o quien tenga que dar cuentas, quede claro por qué se ha negociado de esa manera y por qué se ha adjudicado este contrato a determinada empresa o a determinado grupo, pero por parte de la Cámara de Cuenta no satanizamos un procedimiento en favor de otro. Cada uno tiene su ámbito de aplicación por juego de los dos principios fundamentales que he dicho al principio: uno es el de transparencia y para favorecer la competencia, y otro es la eficacia y la eficiencia; y los dos principios están en plan de igualdad y, según los casos, preponderará uno u otro. Si prepondera favorecer la concurrencia y favorecer la transparencia, abierto. Si es una cantidad tan pequeña que es entorpecedor seguir todos esos pasos, vamos a ser eficaces y eficientes y vamos a dar discrecionalidad al gestor público para que decida, porque..., vamos, en principio —y ahí sí que opino a título personal, si se me permite—, los gestores públicos, si han sido elegidos, hay que confiar en ellos. En principio, hay que contar, hay que confiar en que una persona que ha sido elegida para un cargo público es honesta y va a cumplir. Que lo deje bien documentado para que luego pueda ser examinado, pero, en principio, hay que presuponer que va a cumplir dignamente. No vamos a presuponer que todo el que está en un cargo público, de entrada es corrupto y lo va a hacer mal. Por tanto, esas dos ideas creo que tienen que quedar muy claras.
El señor Boné, portavoz del Partido Aragonés, hablaba también del número y del contenido de las conclusiones y recomendaciones. Cada informe es distinto uno de otro. Y un informe puede tener muchas conclusiones y otro muy pocas, y uno muchas recomendaciones y otro muy pocas. Ahora, estos dos informes son muy paralelos. Incluso en las propias prioridades que nos marcaron sus señorías en las Cortes ponían fiscalización de las comarcas aragonesas y de los municipios de más de ocho mil habitantes como un bloque. A nosotros, luego nos pareció —como ha explicado el consejero Rufas— que era mejor separarlo, pues, porque eran muchos entes, y ponerse en comunicación y fiscalizar uno a uno a treinta y dos comarcas y a catorce ayuntamientos llevaba mucho tajo. Entonces, por división de trabajo, lo hicimos en dos informes separados, pero la gestión no es muy distinta, se rigen por las mismas normas, en principio, de entidades locales, y, bueno, están muy próximas unas a otras. No es que se haga con plantilla uno como otro, sino que simplemente es eso.
Aquí también quería dar otro detalle, que también intentamos en la Cámara de Cuentas seguir ese efecto —permítanme y que no se ofenda nadie— docente. Vamos a ver, hay cosas que no son propias de auditoria o de informe fiscalización, pero sí lo son de informe de fiscalización previa. Quiero decir que un interventor en un ayuntamiento o en una comarca tiene que mirar punto por punto y línea por línea, a ver si están bien o no, y hace todas las observaciones. Nosotros, en estos informes que hemos hecho, no aspiramos a que los informes futuros vayan con ese detalle. Eso no es fiscalización y auditoria. La auditoría es más una visión de conjunto, una valoración de conjunto, una valoración de aspectos importantes. No es poner seguidos cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco defectos uno detrás de otro sin distinguir cuál es importante y cuál no es importante. Eso no es auditoría. Eso puede ser fiscalización previa.
Ahora, ¿por qué hemos hecho estos informes así y no otros? Pues, porque queremos que se den cuenta los ayuntamientos, las comarcas y hasta las entidades del Gobierno de Aragón que en este momento estamos fiscalizando que en materia de contratación hay muchos trámites mejorables, y los hemos puesto uno a uno. Y por eso, incluso los informes de la comunidad autónoma —hemos hecho públicos cinco y nos quedan otros seis— tienen mucho detalle en materia de contratación. No aspiramos a ser así siempre en el futuro con nuestros informes, sino ser más globalizadores y distinguir más lo importante, separar el grano de la paja, pero esta vez lo hemos querido poner así, para que se sepa qué aspectos hay que mejorar y qué aspectos son irregulares.
Citaba también el señor Boné o le llamaba la atención una recomendación que hacemos sobre extinción de determinados organismos y sociedades si es necesario. Nosotros no decimos si es necesario, no, pero sí que vemos que no llegan a ser eficaces o eficientes muchos organismos creados con personalidad jurídica separada. Entre otras cosas —y lo estamos viendo también en la comunidad autónoma—, porque no llevan contabilidad pública, como es obligatorio para los entes públicos. Escapan a ese control administrativo, que dará más independencia al que lo gestiona, pero que tampoco vemos que sea más eficaz. Y la prueba es que toda aquella proliferación de organismos, fundaciones, consorcios y demás que hubo en la década 2000-2010 se ha visto que no era tan eficaz, y en todas las Administraciones Públicas, en todas, ha habido un plan de racionalización, concentración y eliminación de muchos entes que se estimaban innecesarios.
Nosotros no somos políticos y no vamos a decir si un ente concreto hay que quitarlo o no, pero sí que podemos dar nuestra opinión técnica y decir si es eficaz y eficiente o no. Y lo que estamos viendo es que muchos se escapan al control público, el que está al frente podrá tener mano libre para hacer lo que quiera, pero no es lo más eficaz ni lo más eficiente y, desde luego, tiene muchas deficiencias de gestión.
Contesto a la pregunta de la señora Fernández con respecto al informe general de la cuenta de la comunidad autónoma. Lo tenemos encima de día y hasta de noche para sacar este informe. Sé que en la reunión que tuvimos —creo que fue el 11 de noviembre— nos comprometimos a sacarlo el 31 de enero. No hemos sido capaces, o sea, con el personal que estamos y las incidencias que ha habido, que las estudiamos una a una, no hemos llegado a tiempo.
Lo que sí que puedo decir es que en este momento hemos sacado ya cinco, los hemos hecho públicos. Estaba previsto que otros cuatro los discutiéramos y hasta aprobáramos hoy por la mañana, y ya que no ha podido ser y mañana tenemos también un día difícil, espero que podamos reunirnos el miércoles y que salgan esta semana, que serán el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Salud, el Instituto de la Mujer y las entidades de derecho público, entre ellas, ITA, IAF, Aragonesa de Telecomunicaciones, etcétera.
De manera que solo nos quedara para la semana siguiente el informe general de los departamentos de la DGA y el global de toda la comunidad autónoma. Espero que no se tuerzan las cosas y lo podamos hacer público la siguiente semana.
Casi prefiero que el señor Rufas puntualice alguno de los temas que ha podido haber.
El señor consejero de la Cámara de Cuentas (RUFAS DE BENITO): Gracias, señor presidente.
Señora presidenta, cinco minutos, por favor.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Cinco minutos, señor Rufas.
El señor consejero de la Cámara de Cuentas (RUFAS DE BENITO): En primer lugar, agradecer a todos las señoras y señores diputados el cariño y el tono que tienen con el contenido de los informes. Como consejero ponente de los mismos, me arrogo la consideración respecto no solo del consejo, sino de todo el personal de la casa.
No les quepa la menor duda que ponemos todo el cariño, dedicación e intentamos ser lo más correctos y lo más precisos que podemos en nuestros informes.
Si a alguno de ustedes no le consigo contestar con toda precisión, me encuentro a su entera disposición y como consideren procedente para intentar aclarar, precisar o contestar de la manera más correcta a las peticiones formuladas por todos y cada uno de ustedes.
En primer lugar, por turno de intervención, al señor portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor presidente le ha contestado a usted bastantes de las cosas. Sí quiero reiterarle..., perdón, aclarar —no quiero reiterar, y disculpe—, quiero aclarar dos de los contenidos que usted ha manifestado, en los que, lógicamente, manifestaba su preocupación.
En primer lugar, siendo que no va mal recordar, ha hablado de las incidencias de la base nacional de subvenciones y los planes estratégicos, y luego ha enumerado la problemática de los reparos. Por su orden. En primer lugar, en lo que concierne a la actividad subvencional, preocupa mucho el cumplimiento del artículo 8 de la Ley de subvenciones, de elaboración de un plan estratégico de subvenciones. Ya se ve que ese plan estratégico de subvenciones, salvo tres entes de la galaxia local, el resto de las instituciones locales no han procedido al ejercicio de sus competencias en su elaboración, incluso en el control externo de fiscalizaciones específicas sobre la aplicación de los planes estratégicos de subvenciones.
A nosotros nos parece, desde la Cámara, importante que se produzca una planificación de la actividad subvencional, porque la ley..., nos parece importante porque la ley piensa en eso, y, por tanto, como la ley piensa en eso, yo creo que no pasa nada ponerlo de acuerdo.
Incluso el cumplimiento del deber de notificación del artículo 20 de la Ley general de subvenciones, la estatal, que es legislación básica en este aspecto, referente a la notificación estadística del numero tipo de clase se subvenciones concedidas y por ente.
Incluso la Ley de racionalización del sector local ha procedido a una modificación exhaustiva del artículo 20 de la Ley general de subvenciones. Es un artículo que de suyo propio, si ustedes lo observaran, verían que ocupa, como decíamos cuando estudiábamos en la Facultad de Derecho —al menos yo—, pues, «¡es un artículo que ocupa un folio y medio!». Fíjese la preocupación que existe desde el punto de vista de la actividad económico-financiera especificar que el mandato legal que ya existía, que era de notificar el tipo de subvenciones, el expediente, cuantía y tipo para comprobar las que se han concedido y los receptores de las mismas, para evitar posibles concurrencias, ello se procediera a realizar así.
Comparto la problemática y creo que todos ustedes han expresado algo parecido y me gustaría que esta contestación fuera extensiva para todos.
En segundo lugar, referente a los reparos y su disconformidad, complementando la intervención del señor presidente, pero no por ello querer incidir en cosa contraria, sí mencionar que, como integrante de la Comisión de Coordinación del Sector Local de Órganos Externos, que es el órgano de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y OCEX, hemos diseñado en la misma el desarrollo que en el aplicativo de la rendición va a tener la remisión que la LRSAL hace de los reparos que se han formulado por parte de la intervención a los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno o por la entidad local. ¿De acuerdo?
Este mandato de transparencia es de suyo sustantivo para decir: «Oiga, se ha adoptado este reparo; trimestralmente, el interventor de la institución correspondiente elevara ese informe con la concordancia y la discordancia al Pleno de la institución». A nosotros nos parece muy importante y, desde el punto de vista del órgano de control externo, de la Cámara de Cuentas de Aragón, hemos sido en esta comisión muy proactivos para elaborar, a través del aplicativo de la rendición de cuentas, dado que la LRSAL solo contenía la referencia al Tribunal de Cuentas de España y único tribunal de cuentas, fuera del de España, con esa denominación, el de cuentas públicas del País Vasco, pues, que el acceso, pleno acceso y control a dicho aplicativo como sistema de información y de elaborar, bajo el principio de la transparencia, fiscalizaciones futuras.
Esta fiscalización contempla un primer acercamiento al control interno. Quizá ha sido demasiado osado por nuestra parte hacer esa referencia al control interno. Creíamos que era importante que en esta fiscalización horizontal inicial de cuarenta y seis entes, pero treinta y dos y catorce, la emisión de control interno tenía que tener su visión, su foto fija al menos con lo que aparecía en la plataforma de rendición de cuentas, y poner el foco de atención en los reconocimientos extrajudiciales de créditos respecto de aquellos acuerdos adoptados no solo de ejercicios económicos anteriores, que se satisfacían con ulterioridad en el ejercicio corriente, sino aquellos acuerdos que se dictan, que va a reconocimiento extrajudicial de crédito, respecto de acuerdos en los que no se siguen ni el procedimiento, ni el elemento formal, o sea, contrarios, contra legem a disposición legal o reglamento.
Hemos puesto la primera piedra. Tómenlo también así ustedes. Estamos muy preocupados por virar, como efectivamente ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, el mandato del artículo 112 y el artículo 5 y 6 de la Ley de la Cámara de Cuentas, el cumplimiento de la legalidad. Y espero que ello sea explicación suficiente por parte de este interviniente.
A la intervención del señor portavoz de Chunta Aragonesista, señor Soro, el presidente le ha explicado su pregunta referente a las modificaciones de crédito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, nos encontramos ante..., humildemente, creo que es una debilidad en la presupuestación, ¿de acuerdo? Pero yo creo que esa debilidad en la presupuestación, que es real, usted o ustedes lo tienen que percibir bajo el siguiente prisma: nosotros no miramos presupuestos; el presupuesto es aquello que se aprobó. Nosotros lo que analizamos es la rendición de la cuenta, es decir, con ese presupuesto, ¿qué es lo que se hizo? Y yo creo que dar la vuelta —discúlpenme la comparación— al calcetín, si dijo o se puso eso y se hizo esto, esto es la esencia de la fiscalización, del control externo.
Evidentemente, la aplicación del artículo 177 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales lo dice palmariamente. Es decir, las modificaciones de crédito por la cuantía que usted ha citado en ambos dos informes y afectando sobre todo a financiados con remanente de tesorería al capítulo VI, de inversiones, y por esos importes, y luego si usted compara, si me lo permite, el crédito inicial con la ejecución del presupuesto, ve que el cumplimiento del artículo 177, pues, queda muy en evidencia, ¿no? Yo creo que es tarea de todos hacer una reflexión sobre esa planificación, esos usos, y yo creo que allí, las distintas instituciones (ayuntamientos y comarcas) tienen que..., bueno, evidentemente, ustedes, ¿no?, pero tienen que reflexionar sobre esta ausencia, si usted me permite, de falta de rigor en el cumplimiento de lo aprobado por el pleno, que es yo creo lo importante.
También creo que usted ha mencionado referencias a contratación y subvenciones. Espero que la explicación o lo que he mencionado (el artículo 8 y 20 de Ley de general de subvenciones) sea suficiente.
En materia de contratación, la remisión de los extractos es para nosotros muy importante para planificar actuaciones de fiscalización, para la relación ordenada de cumplimiento del ente con la institución y viceversa, ¿no?, para hacer ese doble feedback. Yo no sé si es opacidad, yo no lo quiero decir, porque no lo sé, pero yo comparto el criterio de mi presidente en que todo el mundo intenta hacer todo lo mejor posible. Yo, por eso, a ustedes les he dicho que hicieran un esfuerzo de ubicarse en el tiempo a 31 de diciembre del 2011. El año 2010 fue un año difícil. Entró en vigor la Cámara de Cuentas en el año 2011, las dificultades de relación..., pero qué duda cabe que el cumplimiento de las obligaciones formales de comunicación no es una forma, es el primer paso para la fiscalización, y ello para mí es muy importante. Porque, claro, los capítulos II y VI de los presupuestos de estas instituciones redundan, como todos los presupuestos, en la calidad de vida de todos los ciudadanos, y para mí eso es también muy importante.
Espero haberle contestado de manera procedente y extensa.
Al señor portavoz del Partido Aragonés, muchas gracias por su intervención. El presidente también le ha contestado. Cuando hay patrón no manda marinero; no soy quién para proceder a decir nada más. Lo único, comunicar que a nosotros, los términos de legalidad, eficiencia y eficacia también los compartimos mucho, y si hemos enumerado ese número de conclusiones y ese número de recomendaciones, no crea que es por rellenar papel. Podemos tener mejor éxito, no tanto éxito, un peor éxito, pero lo hacemos de verdad con todo el cariño. O sea, si el informe de comarcas salió en septiembre y el de ayuntamientos el 30 de diciembre, de verdad, no hemos hecho un corta y pega. Disculpe, si se ha entendido así, le pido disculpas. Disculpe.
Referente a la regulación de la mesa de contratación, igualmente, si ha sido poco feliz la redacción, se le pide disculpas. Creo que el presidente lo ha enfocado desde el punto de vista técnico, y allí me quedo yo, ¿vale?
Respecto del Partido Socialista, la señora Fernández, sus conclusiones y sus recomendaciones, pues, ha reiterado la regulación de similitud de las recomendaciones —creo que el señor presidente lo ha explicado; no quiero ser reiterativo—. Ha reiterado la mejora e importantes recomendaciones en materia de personal (los secretarios y los interventores); comparto su criterio. Cuanto mayor control interno exista, cuanto mayor sea, mejor. Por tanto, yo creo que entre todos tendrán que tomar sus decisiones para que sea de esa manera.
Respecto a la baja ejecución del presupuesto, espero que las explicaciones que he dicho sobre el análisis de la rendición de la cuenta sean las suficientes. Si usted compara los cuadros de ejecución, capítulo VI, financiación; los ingresos, capítulo I, II, III, incluso las transferencias que emanaban en aquel día por parte de la Comunidad Autónoma y las diputaciones provinciales son lo que son. Entonces, incluso coincide el nivel de morosidad de algunas instituciones con la —entre comillas— «gradodependencia» de retraso de ejecución de esas transferencia. Espero que sea lo suficientemente explicativo.
Sí quiero reiterar una cosa que se me estaba olvidando. En el mundo local, la Ley de Haciendas Locales tiene una especialidad sustantiva: el principio de especialidad temporal y cuantitativa. O sea, no se pueden contraer obligaciones que no están contenidas en el presupuesto y fuera del alcance temporal. Incluso, en el informe del ayuntamiento, es una referencia a la cuenta 413, esas obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
En lo que concierne a perfil de contratante, gracias por compartir también nuestra opinión. Me parece muy correcta su visión.
Y de la regulación del plan nacional del procedimiento negociado sin publicidad, creo que el señor presidente ha explicado a la comunidad de los ponentes sobre su contenido. Me reitero en el mismo.
Respecto al Grupo Parlamentario del Partido Popular, últimos intervinientes, a mí también me preocupan las limitaciones al alcance. Me preocupan muchísimo. Me preocupa muchísimo ese deber de colaboración que tienen las instituciones con la Cámara de Cuentas y que nosotros intentamos hacer un trabajo. Es decir, si esas limitaciones al alcance no nos permiten dar opinión, para el auditor eso es una frustración. Pero la fiscalización es a la institución. Quien rinde la cuenta es el cuentadante, pero la ejecución del presupuesto, la rendición de la cuenta es el presupuesto de la comarca que le corresponde, del ayuntamiento que le corresponde, y para nosotros es un profunda frustración no poder visualizar qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Lo que se ha hecho es lo que hay, y la liquidación del presupuesto, el cómo, pues, oiga, le diremos si se adecúa a la ley, pero compartimos su extensa preocupación por las limitaciones al alcance. Y como la última vez que comparecí no le contesté, sirva la contestación a la pregunta que usted me realizó con las limitaciones al alcance. Creo recordar que usted me formuló esta pregunta y no le contesté la última vez que estuve aquí.
En lo que concierne a los reparos y sus discrepancias, reiterar que la LRSAL obliga a remitir este informe. La plataforma de rendición de cuentas se está revelando como un aplicativo sumamente útil en el régimen de la transparencia. Existe la obligación de remitir estos documentos, y sí le puedo precisar que el sábado, a las trece cuarenta, la consejera del Tribunal de Cuentas mandó un correo informativo sobre un control de cambios de la aplicación de la LRSAL sobre la obligación de remitir estos reparos, en el que se recogen los criterios, en parte, de la Cámara de Cuentas de Aragón, lo cual yo creo que esa colaboración doble es muy importante.
Por último, en materia de contratación esta fiscalización horizontal sobre la constatación o comprobación material de las inversiones —es así como usted lo ha dicho—, nos gustaría ir a comprobar: «Esta obra es así, este puente mide tanto, tantos metros cúbicos se han utilizado aquí...», nos gustaría. De momento, no hemos podido, pero gracias por su colaboración y tomo nota sobre sus distintos supuestos.
En lo que concierne, por último, a la obligación manifestada sobre posible supresión de entes, gestión directa, gestión indirecta, que aparece en ambos informes, el artículo 82 de la Ley de bases de régimen local ha sido objeto de modificación por la LRSAL y habla sobre el principio de esa gestión directa, derivada a entidades públicas empresariales locales, que si no recuerdo mal, en Aragón, en el año 2011, había una, y las sociedades municipales de cien por cien o mayoritarias, se hace un desiderátum de futuro que solo se podrá realizar conforme dice el artículo actual, en función de que se quede en memoria explicativa desde el punto de vista de eficiencia y de economía de costes que, efectivamente, se pueda realizar así, mejor que en gestión directa de corporación o de organismo autónomo.
La ley predetermina un régimen transitorio, si bien precisa que la disposición transitoria tercera de la LRSAL incluso ha regulado, a fecha de 1 de enero de 2015, la posible supresión de entidades que no hubieran rendido cuentas, con lo cual, respecto de la posible modificación de la Ley de subvenciones que usted ha amparado, pues, se nos hacen los dedos huéspedes de poder leerla para ver cómo afecta a nuestro papel.
Muchísimas gracias a todos por su atención y dedicación.
Les ruego que permanezcan unos minutos con nosotros.
Finalizado el debate, se produce la apertura de un plazo de ocho días, que finalizará el día 18 de marzo, a las dieciocho treinta, para la presentación de propuestas de resolución a los informes que acabamos de ver ante la Mesa de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, que deberán ser congruentes con la materia objeto del debate.
Solventado este punto del orden del día, retomamos el punto 1 del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción al acta? Entiendo que se aprueba por asentimiento.
Punto 5, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Solventado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y dieciséis minutos].