Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-01149-de-abril-18-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ddf323953538010ee0430a010151010e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-13 21:02:44
Document Index: 302298351

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 55', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2003-01149 de abril 18 de 2013
SENTENCIA 2003-01149 DE 18 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA – EMPLEADOS PÚBLICOS. TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES Y CELEBRAR CONVENCIONES COLECTIVAS RESPECTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, NO RIÑE CON EL ORDENAMIENTO SUPERIOR EN LA MEDIDA EN QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO SE IDENTIFICA CON DICHOS INSTITUTOS, SINO QUE COMPRENDE UN MAYOR CAMPO DE ACCIÓN A TRAVÉS DE DIVERSAS FIGURAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS POR EMPLEADOS PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EMPLEADO PÚBLICO, DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Sentencia 2003-01149 de abril 18 de 2013
Ref.: Expediente 08001-23-31-000-2003-01149-02
Número interno: 1774-2012
Consiste en determinar si el acto por medio del cual la Universidad del Atlántico reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Carlos Eduardo Chávez Rocha aplicando la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por ese ente universitario, se ajusta o no a la legalidad.
Resolución 1493 de 29 de septiembre de 1995, expedida por el rector de la Universidad del Atlántico y el gerente de la caja de previsión del ente universitario, que reconoció a favor del señor Carlos Eduardo Chávez Rocha, una pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 100% del último sueldo devengado. Para el efecto tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9, literal B de la Convención Colectiva de 1976 (fls. 24-26).
En el acto de reconocimiento pensional visible a folio 24 el rector de la Universidad del Atlántico advirtió que el demandado prestó sus servicios en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística desde el 1º de octubre de 1971 hasta el 4 de mayo de 1980 y en la Universidad del Atlántico desde el 5 de mayo de 1980 hasta el 30 de agosto de 1995.
Según certificación expedida por el jefe de personal de la Universidad del Atlántico, el 5 de septiembre de 1995, el señor Carlos Eduardo Chávez Rocha, fue vinculado a esa institución a través de contrato a término fijo, con una duración de un año a partir del 5 de mayo de 1980, hasta el 31 de diciembre de 1980, el cual se prorrogó hasta el 30 de abril de 1981. Posteriormente mediante la Resolución de Rectoría 196 de 24 de abril de 1981, fue nombrado como profesor tiempo completo en el Instituto Pestalozzi, tomando posesión del cargo el 30 de abril de 1981 (fl. 99).
Por Resolución 1206 de 10 de agosto de 1995, el rector de la Universidad del Atlántico aceptó la renuncia presentada por el demandado a partir del 1º de septiembre de 1995 del cargo de docente del Instituto Pestalozzi de la Universidad del Atlántico (fl. 237).
La Constitución Política de 1991 no otorga a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, solo el Congreso de la República puede fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para establecer los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos(1), por lo que, es ilegal cualquier disposición, de carácter departamental o municipal, como las ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o por vía de convenciones colectivas de trabajo.
La Ley 4ª de 1992, en el artículo 12, dispuso que: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley”(2).
Los representantes de la Universidad del Atlántico y los del Sindicato de Trabajadores del ente educativo suscribieron Convención Colectiva de Trabajo el 5 de abril de 1976, en la que determinaron el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo, y de los trabajadores de la universidad (fl. 32).
Naturaleza de la vinculación del demandado
El demandado insiste en que su labor docente la desempeñó en calidad de trabajador oficial porque así lo dispuso el ente universitario mediante Acuerdo 2 de 21 de enero de 1976.
A su vez, el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968(3), determinó que los servidores de los establecimientos públicos, entre otros, tendrían la calidad de empleados públicos con excepción de “los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas”.
Los criterios fijados por la norma en cita para la determinación de quiénes son empleados públicos y quiénes trabajadores oficiales, permiten deducir que los docentes universitarios vinculados a instituciones educativas del orden territorial han ostentado la calidad de empleado público precisamente por los factores orgánico y funcional, tal como lo precisó la Ley 30 de 1992.
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas(4), pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga” Negrilla fuera de texto”.
De esta forma, la Corte reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria e instó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado(8).
“Conviene indicar de igual modo, que esta decisión se sustenta, en la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, en la medida en que es al juez, a quien le corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador y cómo ha de aplicarse o interpretarse, máxime, cuando el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 no fue explícito en señalar cuáles normas expresamente validó sino que indicó que utilizó la expresión “disposiciones”, que puede incluir en su campo de aplicación las convenciones colectivas.
Pese a lo anterior, observa la Sala que la sentencia que declaró inexequible el aparte citado fue proferida el 28 de agosto de 1997 sin que la Corte Constitucional modulara sus efectos en forma retroactiva, razón por la cual se entiende que la decisión rige solo hacía el futuro.
En este orden de ideas, como el demandado cumplió el requisito mínimo de tiempo de servicio(9) (15 años), antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su situación debe entenderse convalidada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y por tanto, la pensión de jubilación reconocida conforme a la convención colectiva debe mantenerse en los mismos términos.
Teniendo en cuenta que el apoderado de la Universidad del Atlántico manifestó tanto en la demanda como en el recurso de apelación que la pensión de jubilación reconocida al demandado debió fijarse teniendo en cuenta “... el parágrafo único del artículo noveno (9) de la convención que no permite sumar los tiempos laborados por fuera de la universidad...”; observa la Sala que fue el ente Universitario, en aplicación de la norma convencional, el que fijó el monto de la pensión de jubilación en cuantía de $ 705.300.oo equivalente al 100% del promedio salarial del último año de servicio.
Así las cosas, no es posible hacer un pronunciamiento de fondo en esta instancia, por cuanto realizar el estudio planteado implicaría confrontar el acto acusado con la Convención Colectiva de Trabajo de 1976, situación que no es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, máxime si fue la misma Universidad del Atlántico la que fijó el monto pensional sin hacer consideraciones adicionales, pues, no indicó la cuota parte correspondiente a la otra entidad pública.
Por las razones expuestas, el proveído impugnado que levantó la suspensión provisional y negó las súplicas de la demanda amerita ser confirmado.
Confírmase la sentencia de 11 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que levantó la suspensión provisional y negó las pretensiones de la demanda incoada por la Universidad del Atlántico contra Carlos Eduardo Chávez Rocha.
Reconócese personería a la doctora Yira Ester Salazar Guzmán, como apoderada del demandado, en los términos de la sustitución de poder que obra a folio 319 del expediente.
(1) Corte Constitucional, en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(2) Decreto 1919 de 2002 determina que el régimen prestacional de los empleados territoriales es el dispuesto para los empleados de la rama ejecutiva.
(3) El aparte del artículo que le permitía a los establecimientos públicos precisar las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-484 de 1995
(8) “(...) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.
Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público e
n el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente”.
(9) Tiempo de servicio mínimo exigido en el artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 para acceder a la pensión de jubilación.