Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-presupuestos-generalidad-2005-19424066
Timestamp: 2020-08-08 11:42:51
Document Index: 230033914

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 71', 'artículo 103', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 35', 'artículo 48']

LEY 11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2005. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19424066
TÍTULO VI. - arts. 39 a 44
TÍTULO VII. - arts. 45 a 48
11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2005.
Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio 2005, integrado por los estados de gastos y los estados de ingresos de la Generalidad y de los siguientes entes que dependen de ella:
En el estado de gastos de la Generalidad se conceden los créditos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de 21.516.865.333,38 euros. Los ingresos que se estima que han de liquidarse durante el ejercicio suman un importe de 21.516.865.333,38 euros.
En el estado de gastos de las entidades autónomas de carácter administrativo, los créditos consignados para atender el cumplimiento de sus obligaciones suman un importe total de 475.813.296,58 euros. Los derechos que se estima que han de ser liquidados por cada entidad autónoma de carácter administrativo se detallan en los correspondientes estados de ingresos, por un importe total de 475.813.296,58 euros.
En el estado de gastos de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, los créditos consignados para atender el cumplimiento de sus obligaciones suman un importe total de 158.893.800,74 euros. Los recursos estimados para las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo se detallan en el correspondiente estado de ingresos, por un importe total de 158.893.800,74 euros.
En el estado de gastos del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, los créditos consignados para atender sus obligaciones suman un importe total, una vez deducidas las transferencias internas del Servicio Catalán de la Salud al Instituto Catalán de la Salud, de 7.828.189.065,82 euros. Los derechos económicos que se estima que éstos han de liquidar durante el ejercicio suman un importe de 7.828.189.065,82 euros.
En el estado de gastos del ente público Corporación Catalana de Radio y Televisión se conceden las dotaciones necesarias para atender el desarrollo de sus actividades, por un importe total de 257.428.000 euros, y los recursos se estiman en 257.428.000 euros.
Los créditos autorizados en el presupuesto del capítulo 1 de los departamentos y las entidades autónomas de la Generalidad tienen carácter vinculante por artículo, salvo los conceptos del artículo 15, "Incentivos al rendimiento y actividades extraordinarias", y el concepto 160, "Cuotas de la Seguridad Social", en los cuales es por concepto.
Independientemente de la vinculación de los créditos del presupuesto de gastos, la clasificación por conceptos y subconceptos y el cumplimiento del principio de eficiencia deben utilizarse para el registro contable de las operaciones de gasto en el momento de la ejecución del presupuesto y en los expedientes de modificaciones presupuestarias de los departamentos y de las entidades mencionadas por este artículo.
El consejero o consejera de Economía y Finanzas puede autorizar, con las únicas limitaciones que establece el apartado 1, transferencias de crédito entre los créditos consignados en los diferentes departamentos y organismos autónomos y la sección DD (Gastos varios departamentos), servicio 03, para financiar adquisiciones y contrataciones centralizadas de bienes y servicios promovidas por la Comisión Central de Suministros y para atender los gastos necesarios derivados de la contratación formal y las regularizaciones de los inmuebles de la Generalidad.
Los titulares de los departamentos y los presidentes, directores o cargos asimilados de los organismos autónomos pueden autorizar transferencias, con las limitaciones establecidas por el artículo 42 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, entre los créditos consignados en un mismo artículo del capítulo 2 del presupuesto, "Gastos de bienes corrientes y de servicios", salvo que supongan aumento de los subconceptos del concepto 226, "Otros gastos varios". Una vez la transferencia ha sido autorizada por los titulares de los departamentos o los presidentes, directores o cargos asimilados de los organismos autónomos y formalizada contablemente por la Intervención Delegada, ha de notificarse a la Dirección General de Presupuestos y Tesoro mediante copia de la resolución que autoriza la transferencia.
Deben generarse en el estado de gastos los créditos necesarios para atender las obligaciones derivadas de los servicios que otras administraciones traspasen a la Generalidad durante el ejercicio 2005. El límite de los créditos generados no puede ser superior al importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados.
En las generaciones y ampliaciones de créditos financiadas con ingresos procedentes de otras administraciones o de entidades públicas de la Generalidad, puede dictarse una resolución que amplíe o genere el crédito en vista de los convenios u otras documentaciones justificativas del reconocimiento de la obligación por la administración que ha de enviar los fondos, pero no pueden ordenarse pagos hasta que no se haya producido efectivamente el ingreso, a menos que las ampliaciones o generaciones sean necesarias para atender los gastos de personal traspasado o las subvenciones de naturaleza periódica que tengan por finalidad prestaciones de carácter personal o social, o que sean necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios transferidos o en convenio, o que se trate de programas financiados total o parcialmente por la Unión Europea.
Los ingresos derivados de acuerdos que se adopten en el ámbito de la sanidad son susceptibles de generar o ampliar créditos en los estados de gastos de la sección SA (Departamento de Salud), de la sección 51 (Servicio Catalán de la Salud) y de la sección 52 (Instituto Catalán de la Salud).
Los ingresos derivados de acuerdos y convenios suscritos por la Comisión Central de Suministros pueden generar créditos en el estado de gastos de la sección DD (Gastos varios departamentos), servicio 03, siempre que se destinen a la adquisición de equipamientos para mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.
c) Los créditos destinados a gastos de funcionamiento (capítulo 2, "Gastos de bienes corrientes y de servicios") de servicios para los cuales se exigen tasas, exacciones parafiscales, cánones o precios. Dichos créditos pueden ser ampliados por la diferencia entre la recaudación inicialmente prevista .entendida ésta, si procede, como la obtenida en 2004, incrementada en un 3%. y la efectivamente ingresada.
Los créditos consignados en el presupuesto de la Generalidad que se destinan al pago de intereses, a la amortización de principal y a los gastos derivados de la deuda, considerada ésta en los términos del artículo 16 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, así como otros gastos de la sección DT (Deuda). Si es preciso, deben generarse los créditos oportunos para atender las obligaciones, y los pagos han de aplicarse, independientemente de cuál sea el vencimiento al que corresponden, a los créditos respectivos del ejercicio económico de 2005. En el supuesto de la formalización de las operaciones de modificación, refinanciación y sustitución que autoriza el artículo 30.3 de la presente Ley, el Departamento de Economía y Finanzas debe instrumentar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en el capítulo 9 del estado de ingresos y en el capítulo 9 del estado de gastos, correspondientes a variación de pasivos financieros.
Con aplicación a la sección PE (Pensiones):
b) El crédito correspondiente a la aplicación presupuestaria PE 02 D/480.3000, "Indemnizaciones de las personas incluidas en los supuestos previstos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de concesión de amnistía".
e) En la sección CO (Departamento de Comercio, Turismo y Consumo), el crédito de la aplicación presupuestaria CO 04 D/760.3805, "Planes de excelencia, dinamización y fomento", y el crédito de la aplicación CO 04 D/770.3802, "Ayudas financiación inversiones, creación y modernización establecimientos turísticos", en función de los ingresos que procedan de otras administraciones.
Primero. El crédito de la aplicación presupuestaria BE 05 D/480.2102, "Programa de ayudas a familias".
Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria BE 09 D/480.2108, "Complemento asistencial a la protección de cónyuges supervivientes".
Tercero. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 03 D/224.0001, "Gastos de seguros", hasta el importe necesario para cubrir los gastos derivados de las pólizas de seguros que suscriba la Generalidad.
Cuarto. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 03 D/226.3212, "Gastos para diferencias del cambio de pagos en moneda extranjera".
i) En la sección FS (Fondo de mejora prestación de servicios públicos), a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, el crédito de la aplicación presupuestaria FS 01 D/123.4100, "Retribuciones que podrían ser reconocidas a favor del personal".
En la sección BE (Departamento de Bienestar y Familia), los créditos que deban ampliarse a partir de los ingresos que se produzcan en la Tesorería de la Generalidad provenientes de los resultados de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad como consecuencia de los beneficios obtenidos de la recaudación total, una vez deducidos todos los gastos de explotación, los premios y demás gastos previstos por la Ley 5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1992. El importe de los créditos ampliados por este concepto debe destinarse a la financiación de inversiones y de programas de atención social.
El importe de los créditos presupuestarios destinados a transferencias corrientes a favor de las entidades autónomas y de las empresas públicas reguladas por el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, debe ajustarse de forma que la liquidación de sus presupuestos el 31 de diciembre sea equilibrada. Para lograr este objetivo de equilibrio, también pueden aplicarse las aportaciones de capital a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, previo acuerdo del Gobierno.
Si se han entregado fondos en exceso, deben minorarse por el importe de éstos los créditos autorizados a favor de las entidades autónomas y las empresas públicas en el presupuesto para el ejercicio 2006.
En caso de entidades que tengan un contrato programa, aprobado por el Gobierno, que regule este tratamiento, debe seguirse lo que disponga el contrato programa.
El Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria debe destinarse, cuando proceda, a atender necesidades no previstas en el presupuesto aprobado inicialmente que puedan surgir a lo largo del ejercicio.
El Gobierno, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del Departamento de Educación o del Departamento de Cultura o del Departamento de la Presidencia, puede autorizar que estos tres últimos departamentos establezcan convenios de colaboración con las entidades locales que permitan la ejecución anticipada de proyectos de construcciones escolares, de bibliotecas, de teatros o de equipamientos deportivos incluidos en los correspondientes planes.
Las obras a que se refiere el apartado 1 deben ser financiadas y, si procede, adjudicadas por las entidades locales. El importe de estas obras ha de ser reintegrado en todo o en parte por la Generalidad, de acuerdo con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupuestario para la financiación de los planes fijados por el correspondiente departamento y de acuerdo con los convenios firmados con cada entidad local.
Las inversiones a que se refiere el apartado 3 deben ser financiadas y gestionadas por las mencionadas entidades bajo la supervisión del Servicio Catalán de la Salud o del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Éste ha de reintegrar, en todo o en parte, el importe de dichas inversiones a las entidades que las realicen, de acuerdo con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupuestario para la financiación de los planes fijados por el Servicio Catalán de la Salud o por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de acuerdo con los convenios firmados.
Las obligaciones derivadas del apartado 1 pueden cumplirse mediante la inversión directa de la Administración, o mediante transferencias de capital a favor de las universidades.
Durante el ejercicio 2005 el Gobierno y todos los titulares de centros de gasto están obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que suponga crecimiento del gasto público presupuestado, si no propone al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente especificación presupuestaria. Son nulos de pleno derecho las resoluciones y los acuerdos que se adopten en incumplimiento de dicho precepto.
El plan anual de control a que se refiere el artículo 71 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, que es aprobado por el consejero o consejera de Economía y Finanzas a propuesta de la Intervención General, debe incluir las actividades de seguimiento de las prescripciones contenidas en el apartado 1 en relación con todos los departamentos y el sector público dependiente o vinculado.
Durante el ejercicio 2005 el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que comporte crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios.
Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2004 que correspondan a compra de bienes, servicios, prestaciones, obras o gastos en general, debidamente adquiridos por los departamentos de la Generalidad y los organismos autónomos, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente.
El Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta de otro departamento, previo informe del respectivo interventor o interventora delegado, puede determinar los créditos con cargo a los cuales se imputa el pago de las obligaciones a que se refiere el apartado 1, que deben ser los apropiados a la naturaleza del gasto según la estructura presupuestaria.
Para el ejercicio 2005, las retribuciones íntegras del personal en activo no sometido a la legislación laboral, incluidos los altos cargos, experimentan un aumento del 2% con respecto a las fijadas para el ejercicio 2004.
Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, cada una de las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que es de aplicación el régimen retributivo que establece la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, tiene un importe de una mensualidad de sueldo, trienios y un 60% del complemento de destino mensual que perciba el funcionario o funcionaria.
Las retribuciones del resto de personal no laboral en servicio activo, incluidos los altos cargos, experimentan el mismo incremento anual adicional que tenga el personal funcionario.
Además del incremento general de retribuciones establecido por los apartados 1, 2 y 3, se puede destinar hasta a un 0,5% de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia y las indemnizaciones en razón de servicios se rigen por su normativa específica y por lo que dispone la presente Ley, y no experimentan incremento alguno con respecto a las fijadas para el ejercicio 2004.
Las retribuciones a percibir en 2005 por los funcionarios, de acuerdo con el sistema retributivo establecido por el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, son las siguientes:
Primera. La apreciación de la productividad, a efectos del pago de este complemento, debe realizarse mediante una valoración individualizada para cada funcionario o funcionaria de los factores especificados por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Los complementos de productividad han de ser de conocimiento público para los demás funcionarios del departamento u organismo interesado, y debe informarse sobre éstos, asimismo, a los representantes sindicales.
El Gobierno debe determinar la aportación individualizada a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos de acuerdo con lo establecido por el artículo 18.4.
Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 perciben el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el cual ocupan la vacante, en aplicación de lo establecido por el artículo 18.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, excluyendo los trienios y complementos vinculados a la condición de funcionario de carrera.
El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria tercera del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, hasta que no concluya el proceso de extinción regulado por el mismo texto refundido, percibe el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el cual ocupa la plaza, en aplicación de lo establecido por el artículo 18.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupa, excluyendo los trienios y complementos vinculados a la condición de funcionario de carrera.
El personal al cual no sean de aplicación las retribuciones fijadas por el apartado 1 percibe para el ejercicio 2005 un incremento del 2% sobre las retribuciones de 2004, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido por el artículo 18.3.
Para el ejercicio 2005, la masa salarial del personal laboral no puede experimentar un aumento global superior al 2%, con respecto a la correspondiente para el ejercicio 2004, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. Además, la masa salarial del personal laboral puede tener el aumento necesario para posibilitar la aplicación a este personal del incremento adicional que establece el artículo 18 para el personal no laboral.
Es aplicable al personal laboral, en las mismas condiciones, lo establecido por el artículo 18.4 para el personal no laboral sobre las aportaciones a planes de pensiones de ocupación o seguros colectivos. Las cuantías de las aportaciones individualizadas para el personal laboral no pueden ser superiores a las que se establezcan para el personal funcionario.
Para determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de los entes indicados por las letras a, b, c, d y e del artículo 17, es preciso el informe favorable conjunto del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con los siguientes criterios:
No pueden autorizarse los gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para 2005 si no se cumplen los requisitos establecidos por este artículo.
El posterior devengo de las retribuciones variables por consecución de objetivos exige informe favorable del Departamento de Economía y Finanzas en relación con el cumplimiento de los objetivos presupuestarios fijados. La comprobación del cumplimiento del resto de los objetivos, bajo la supervisión del titular de este departamento o de la autoridad en quien delegue, corresponde al departamento del que dependa o al que esté vinculada la entidad.
Con efectos desde el 1 de enero de 2005, la cuantía de las pensiones reconocidas por el Decreto del 14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939, se incrementan el 2% con relación a las del ejercicio 2004.
Los consejeros de la Generalidad que dejen el cargo durante el año 2005 tienen derecho a la pensión por un período máximo de dieciocho meses. Sin embargo, dejan de percibirla en el momento en que obtienen otra retribución con cargo a fondos públicos.
Los departamentos y entidades autónomas pueden contratar temporalmente personal laboral, de acuerdo con la legislación vigente, para ejecutar obras y para prestar servicios correspondientes a alguna de las inversiones incluidas en el presupuesto y a cargo del mismo. La contratación del personal laboral debe efectuarse mediante los servicios de ocupación, con prioridad para los trabajadores sin subsidio de desempleo. Los departamentos y entidades autónomas deben comunicar trimestralmente al departamento competente en materia de función pública las contrataciones efectuadas, así como sus características. El departamento competente en materia de función pública debe dar cuenta de toda la información referente a dicho personal a las centrales sindicales consideradas más representativas.
Para el ejercicio 2005, la oferta pública de ocupación sólo puede incluir las plazas que el Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de función pública y previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Para cumplir los principios de integración en el trabajo establecidos por la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y por el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, y con la finalidad de que el 2% de la plantilla orgánica de la Administración de la Generalidad sea cubierto por personas con discapacidad, se reserva el 5% de las plazas previstas en la oferta pública de ocupación.
Las empresas públicas de la Generalidad deben reservar el 5%, como mínimo, de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario de 2005 para que sean cubiertas por personas con discapacidad.
La Generalidad puede prestar avales durante el ejercicio 2005 para las operaciones de crédito interior o exterior que concierten las entidades o empresas indicadas hasta los importes señalados:
b) Consorcio de Aguas de Tarragona, hasta 17.759.907,68 euros.
d) Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA):
Se prorroga para el ejercicio 2005 el aval autorizado por la letra d del artículo 29.1 de la Ley 6/2004, de 16 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2004, a favor del Consorcio del Circuito de Cataluña en la parte no formalizada.
Los avales a que se refiere el apartado 1 han de ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera de Economía y Finanzas y del consejero o consejera del departamento interesado por razón de la materia, y deben ser firmados por el consejero o consejera de Economía y Finanzas o por la autoridad en quien delegue expresamente.
Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para que pueda prestar durante el ejercicio 2005 las siguientes garantías, tanto en forma de primer aval como en forma de segundo aval, sobre las operaciones de crédito concertadas por empresas o entidades:
Se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario, durante el ejercicio 2005 y en los términos establecidos por la Ley 4/1984, de 24 de febrero, de creación del Instituto, para otorgar avales hasta un importe máximo de 2.400.000 euros. Igualmente se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que durante el ejercicio 2005 pueda prestar avales para garantizar la parte de las obras de riegos de nueva implantación o de mejora de los riegos existentes a cargo de los regantes, hasta un importe total de 30.000.000 de euros.
Adicionalmente a los límites establecidos por el apartado 7 y hasta que no se formalicen los préstamos autorizados en el capítulo II de la Ley 3/2003, se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que pueda avalar, durante el ejercicio 2005, a la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues hasta un importe de 223.000.000 de euros, para garantizar la aportación de los regantes de esta comunidad por las obras de infraestructura de la red primaria de dicho canal.
Los institutos a que se refieren los apartados 5, 7 y 8 deben tener necesariamente en cuenta, en los avales que puedan prestar, que en ningún caso han de correr a su cargo los intereses corrientes de las operaciones ni los intereses de demora producidos por el incumplimiento de obligaciones de los avalados.
En relación con el apartado 5, y en cuanto a las operaciones del ámbito sanitario, el Gobierno, si procede, a propuesta conjunta de los departamentos de Economía y Finanzas y de Salud, puede autorizar al Servicio Catalán de la Salud la adopción de medidas con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que deriven de dichas operaciones de crédito.
El Departamento de Economía y Finanzas debe inspeccionar las inversiones financiadas con créditos avalados por la Generalidad para comprobar su aplicación y rentabilidad, y ha de instrumentar, si procede, las oportunas medidas correctoras.
El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe enviar trimestralmente a la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa sobre la concesión de avales y préstamos por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario, que debe incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, su incidencia sectorial y territorial y los resultados de la gestión realizada por los citados institutos.
La Generalidad puede prestar su aval hasta una cuantía máxima, en 2005, de 1.500.000.000 de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, constituidos conforme a las disposiciones vigentes, al amparo de los convenios que, en el caso de considerarse conveniente, suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial de las pequeñas y medianas empresas, para proyectos localizados dentro o fuera de Cataluña, y de las corporaciones locales catalanas.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores al año en cualquier modalidad, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, con la limitación de que el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2005 no supere el correspondiente saldo autorizado a 31 de diciembre de 2004 en más de 1.070.675.871,42 euros; adicionalmente, el endeudamiento autorizado en 2004 y no formalizado el 31 de diciembre del mismo año, tanto de la Generalidad como de los entes y entidades dependientes, puede instrumentarse en 2005. El Gobierno ha de fijar las características del endeudamiento y la forma de representación de la deuda pública en el marco establecido en los acuerdos de política fiscal y financiera.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, modifique, refinancie y sustituya las operaciones de endeudamiento de la Generalidad y de sus entidades y empresas públicas, instrumentadas en cualquiera de las modalidades que enumera el artículo 16 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, y existentes antes o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con o sin novación del contrato, para obtener un coste menor de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado, dotar de más liquidez las emisiones en circulación o posibilitar la emisión de nuevos tipos de activos más apropiados a las actuales condiciones de los mercados financieros. No obstante, el endeudamiento en cualquier modalidad concertado por la Generalidad y los entes y entidades dependientes también puede refinanciarse, con o sin novación del contrato, a fin de obtener una mejor estructura de la deuda en circulación.
En caso de refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento con un plazo de reembolso igual o inferior a un año, definidas por el apartado 6, el importe máximo que puede refinanciarse o sustituirse no puede ser superior a la deuda viva existente en esta modalidad a 31 de diciembre de 2004.
El límite de endeudamiento vivo por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año, referido, en consecuencia, tanto a las dispuestas en 2004 como a las dispuestas en 2005, incluidas las destinadas a atender gastos relacionados con la financiación del Servicio Catalán de la Salud, es el resultante de la aplicación del porcentaje del 15,5% sobre el estado de gastos del presupuesto.
Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas para que, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 2.500.000.000 de euros, concierte durante 2005 operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, destinadas a financiar las operaciones propias del Instituto.
Se autoriza a ICF Equipaments, SAU para que concierte operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 289.630.195 euros para financiar sus inversiones.
Se autoriza a ICF Holding, SAU para que concierte operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 50.000.000 de euros, destinado a financiar sus actividades.
Se autoriza al Instituto Catalán del Crédito Agrario para que durante el año 2005 concierte operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, destinadas a financiar las operaciones propias del Instituto, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo por esta finalidad de 300.000.000 de euros. La financiación específica de la aportación de los regantes a la infraestructura de la red primaria del canal Segarra-Garrigues y el límite de endeudamiento asociado, equivalente en importe, de 223.000.000 de euros se excluye de esta autorización por ser aprobado por los artículos 3 y 4 del capítulo II de la Ley 3/2003.
Se autoriza al Instituto Catalán del Suelo para que concierte durante el año 2005 las siguientes operaciones de endeudamiento:
f) Operaciones de endeudamiento, por un importe máximo de 25.000.000 de euros, para financiar los proyectos de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial. El Instituto Catalán del Suelo debe gestionar y abonar directamente, con sujeción a lo dispuesto por el capítulo IX del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, las subvenciones reconocidas por los órganos competentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial.
Se autoriza a Puertos de la Generalidad para que concierte operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad:
Se autoriza a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña para que concierte operaciones de endeudamiento hasta un importe de 103.179.000 euros, para financiar las inversiones en infraestructuras ferroviarias en su red por encargo de la Generalidad.
Se autoriza a Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña para que concierte:
Se autoriza al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña para que concierte, durante el año 2005, las operaciones de endeudamiento a largo plazo en cualquier modalidad, por un importe máximo de 20.000.000 de euros, destinadas a la financiación de sus inversiones. Se amplía al ejercicio 2005 la autorización de endeudamiento establecida por el artículo 30.15 de la Ley 6/2004, en favor del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña, por la cantidad no formalizada a 31 de diciembre de 2004.
Se autoriza a la Agencia Catalana del Agua:
Se autoriza a la empresa Administració, Promoció i Gestió, SA para que contrate, durante el año 2005, operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 20.083.589 euros, destinadas a financiar parcialmente las obras de rehabilitación previstas en el parque de viviendas de titularidad de la Generalidad, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan director de obras.
Se autoriza a la Agencia de Residuos de Cataluña para que contrate, durante el año 2005, operaciones de endeudamiento, por un importe máximo de 1.287.883,08 euros, destinadas a operaciones de capital.
Se autoriza a la entidad Gestión de Servicios Sanitarios para que concierte, durante el año 2005, las siguientes operaciones de endeudamiento:
b) Adicionalmente, el endeudamiento autorizado por el artículo 30.20 de la Ley 6/2004 y no formalizado a 31 de diciembre de 2004 puede instrumentarse en el año 2005 para las finalidades especificadas por la letra a.
Se amplía al ejercicio 2005 la autorización establecida por el artículo 30.21 de la Ley 6/2004, en favor de la empresa pública Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA, para que concierte, durante el año 2005, operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad por la cantidad no formalizada a 31 de diciembre de 2004, destinadas a operaciones de capital.
Se autoriza al Instituto Catalán de Oncología para que durante el año 2005 concierte las siguientes operaciones de endeudamiento:
b) Adicionalmente, el endeudamiento autorizado por el artículo 30.22 de la Ley 6/2004 y no formalizado a 31 de diciembre de 2004 puede instrumentarse en el año 2005 para las finalidades especificadas por la letra a.
Se amplía al ejercicio 2005 la autorización establecida por el artículo 30.23 de la Ley 6/2004, en favor de la entidad Gestión y Prestación de Servicios de Salud, para que concierte, durante el año 2005, operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad por la cantidad no formalizada a 31 de diciembre de 2004, destinadas a operaciones de capital y hasta un importe de 1.035.845,19 euros.
Se autoriza al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias para que concierte, durante el año 2005, operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, por un importe de 895.400 euros, destinadas a operaciones de capital.
Se autoriza a la Corporación Catalana de Radio y Televisión:
b) A subrogarse en los préstamos a largo plazo, avalados por la Generalidad, formalizados por sus empresas filiales Televisió de Catalunya, SA, y Catalunya Ràdio, SRG, SA, como prestatarias. Dichos avales se extienden a garantizar, en los mismos términos, el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, una vez subrogada.
Durante el mes siguiente a la aprobación del presupuesto, los organismos autónomos no financieros y las entidades públicas no financieras deben enviar al Departamento de Economía y Finanzas los proyectos de inversión previstos en sus respectivos presupuestos que se propongan financiar con el producto de las operaciones de endeudamiento autorizadas por el presente artículo, así como el programa de ejecución de aquéllos.
Las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el presente artículo han de ser fijadas por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, salvo las características de las operaciones a que se refiere el apartado 6, que pueden ser determinadas por el mismo consejero o consejera.
Previamente a la fijación por el Gobierno de las características de las operaciones de endeudamiento en los términos del apartado 27, la Dirección General de Política Financiera y Seguros ha de establecer las negociaciones de las distintas operaciones financieras autorizadas a favor de los organismos autónomos no financieros y las entidades públicas no financieras y ha de elegir el instrumento más adecuado, coordinadamente con las entidades afectadas, con el objetivo de racionalizar la operativa y obtener las mejores condiciones de los mercados financieros, teniendo en cuenta la estructura de la deuda en circulación de cada una de éstas y del conjunto del sector público de la Generalidad. Debe seguirse el mismo procedimiento con relación a las demás empresas o entidades de cualquier forma jurídica admitida en derecho participadas mayoritariamente por la Generalidad, de forma directa o indirecta, que necesiten la autorización del Gobierno para formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, de acuerdo con la legislación vigente. También debe seguirse en las operaciones de cobertura de tipos de interés y tipos de cambio. A tales efectos, la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe dictar las oportunas instrucciones.
El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, puede establecer las actuaciones que han de efectuarse en el curso del ejercicio 2005 encaminadas a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio de las operaciones de endeudamiento ya existentes o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, mediante la utilización de los distintos instrumentos financieros de cobertura de riesgo que existen en los mercados. La contratación de las operaciones concretas, en el mencionado marco, corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas, que puede delegar esta facultad en la Dirección General de Política Financiera y Seguros.
Las operaciones de endeudamiento autorizadas por la presente Ley en favor de las entidades públicas que, según el Sistema Europeo de Cuentas 95, están integradas en el sector de las administraciones públicas, únicamente pueden formalizarse en el supuesto de que el aumento de endeudamiento vivo del conjunto de dicho sector no supere el previsto en estos presupuestos. A los efectos de asegurar el cumplimiento de dicho precepto, aprobados los presupuestos del año 2005, el Departamento de Economía y Finanzas ha de instrumentar los ajustes necesarios y autorizar, si procede, las formalizaciones de las operaciones de endeudamiento que sean necesarias y, en consecuencia, la disposición de los créditos reservados a tales efectos en el estado de gastos.
El fondo patrimonial del Instituto Catalán de Finanzas se fija en 187.380.000 euros. A tal efecto, la Generalidad ha de aportar al Instituto, en el ejercicio 2005, 30.000.000 de euros en concepto de capital.
Líneas de financiación del Instituto Catalán de Finanzas, del ICF Holding, SAU y del ICF Equipaments, SAU
Entre las finalidades de impulso al tejido económico y social de Cataluña establecidas por la Ley de creación del Instituto Catalán de Finanzas, éste debe realizar, directamente o a través de sus sociedades instrumentales ICF Holding, SAU e ICF Equipaments, SAU, las actuaciones de financiación .incluida la vía de arrendamiento operativo. y de garantía destinadas:
g) A los proyectos de interés general de los entes que integran la Administración local.
El fondo social del Instituto Catalán del Crédito Agrario queda fijado en 58.608.176,17 euros. En el ejercicio 2005, la Generalidad ha de aportar a éste 10.000.000 de euros. Se excluye de la mencionada aportación la especificada por el artículo 4 del capítulo II de la Ley 3/2003, en que se recoge una aportación mínima del 15% del aumento operativo otorgado por dicha Ley para la financiación específica de la aportación de los regantes a la infraestructura de la red del canal Segarra-Garrigues, cifra que habrá que añadirse para asegurar el equilibrio patrimonial del Instituto Catalán del Crédito Agrario.
Se autoriza al Gobierno a destinar parte de la dotación del Fondo para las industrias culturales, descrito en el artículo 35 de la Ley 6/2004, a la participación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales en el accionariado de sociedades creadas para desarrollar proyectos culturales con especial valor estructural, de acuerdo con los vigentes requisitos legales.
Durante el año 2005 los valores de base por volumen para usos industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua, al efecto de la determinación del tipo de gravamen específico de forma individualizada, son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido:
Durante el año 2005, los valores para la determinación de la cuota del canon de agua correspondiente a los establecimientos ganaderos son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido:
Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes de la Generalidad se elevan, para el año 2005, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a la cuantía del año 2004. Son tipos de cuantía fija los que no se determinan por un porcentaje sobre la base.
La cifra resultante de la aplicación del incremento a que se refiere el apartado 1 se redondea del siguiente modo:
d) La tasa regulada por el capítulo IV del título VII de la Ley 15/1997.
TÍTULO VI Artículos 39 a 44
Fondo de cooperación local de Cataluña
b) La participación en los ingresos de la Generalidad por un importe de 92.388.190 euros, de los cuales 58.997.030 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/463.1100, "Fondo de cooperación local de Cataluña, ayuntamientos", han de distribuirse entre los municipios; 33.082.160 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/461.1101, "Fondo de cooperación local de Cataluña, consejos comarcales", han de distribuirse entre las comarcas, y 309.000 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/463.1102, "Fondo de cooperación local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas", han de distribuirse entre las entidades municipales descentralizadas.
Las participaciones en ingresos del Estado han de distribuirse de acuerdo con lo establecido por el artículo 48.2 del Estatuto de autonomía y la normativa de aplicación.
Los créditos consignados en la sección PL (Participación de los entes locales de Cataluña en los ingresos del Estado) han de ajustarse, en cuanto a su cuantía definitiva, al resultado de la distribución que se realice de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa de aplicación. La gestión presupuestaria de dichos créditos ha de efectuarse por la Dirección General de Presupuestos y Tesoro.
Participación de los municipios en los ingresos de la Generalidad
La aplicación GO 03 D/463.1100 del presupuesto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, en concepto de participación de los municipios en los ingresos de la Generalidad, financia:
Mediante el acuerdo del Gobierno, previo informe de la Comisión de Gobierno Local de Cataluña, deben aprobarse las dotaciones de las dos participaciones a que se refiere el apartado 1 y los criterios de distribución. Dichos criterios deben tener en cuenta la población de los municipios y demás indicadores socioeconómicos y, en cualquier caso, deben garantizar que no corresponda a ningún municipio una cantidad inferior a la que le correspondió en la anualidad 2004 incrementada en un 3%.
La dotación de la participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios establecida de acuerdo con el apartado 2 ha de distribuirse entre los municipios proporcionalmente a las cantidades de libre disposición que resulten de la aplicación de los criterios establecidos por el mismo apartado.
Los ayuntamientos, mediante un acuerdo del Pleno, deben distribuir porcentualmente su asignación por este concepto entre las mancomunidades, las comunidades de municipios y los consorcios legalmente constituidos y, si procede, inscritos en el Registro de entes locales de Cataluña, en que participan, y el correspondiente consejo comarcal.
El acuerdo del Pleno a que se refiere el apartado 4 puede determinar a qué actuaciones concretas los entes supramunicipales a los cuales se realiza la asignación tienen que destinar los recursos que la Generalidad les transferirá por este concepto. La decisión municipal debe comunicarse antes del plazo establecido por la Dirección General de Administración Local, la cual ha de gestionar las transferencias de acuerdo con la distribución efectuada por los ayuntamientos. En el caso de que los municipios no notifiquen la destinación antes de la fecha indicada, se entenderá que se ha efectuado en favor del mismo o mismos entes a los que se destinó esta dotación en el ejercicio 2004.
Participación de las comarcas en los ingresos de la Generalidad
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, se establece un porcentaje de participación en los ingresos de la Generalidad en favor del Valle de Arán del 1,86% de la aplicación presupuestaria GO 03 D/461.1101 del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. El 98,14% restante de dicha aplicación presupuestaria se distribuye entre el resto de las comarcas de acuerdo con los siguientes criterios, teniendo en cuenta que los datos de población corresponden al padrón de habitantes del año 2003:
Primero. En función de la población, agrupada por intervalos, 683.000 euros para las comarcas con una población superior a 75.000 habitantes o una densidad de población superior a 100 habitantes/km2 y 561.000 euros en los demás casos.
Participación de las entidades municipales descentralizadas en los ingresos de la Generalidad
La aplicación GO 03 D/463.1102, "Fondos de cooperación local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas", dotada con 309.000 euros, se distribuye entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes a 1 de enero de 2005, del siguiente modo, teniendo en cuenta que los datos de población corresponden al padrón de habitantes del año 2003:
TÍTULO VII Artículos 45 a 48
La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento ha de incorporar los remanentes de crédito a la sección PA (Parlamento de Cataluña) del presupuesto para 2004 a los mismos capítulos del presupuesto para 2005.
Las dotaciones presupuestarias de la sección PA (Parlamento de Cataluña) han de entregarse en firme y periódicamente a nombre del Parlamento, a medida que éste las solicite.
La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento puede acordar modificaciones de crédito entre conceptos de la sección PA (Parlamento de Cataluña) sin limitaciones, lo cual ha de comunicar al Departamento de Economía y Finanzas.
Las dotaciones presupuestarias de la sección SC (Sindicatura de Cuentas) han de entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, cuyo síndico o síndica mayor es quien ordena los pagos propios de este organismo.
Las dotaciones presupuestarias de la sección CT (Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña), la sección CA (Consejo del Audiovisual de Cataluña) y la sección PD (Agencia Catalana de Protección de Datos) han de entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del correspondiente organismo. El presidente o presidenta del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y el del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y el director o directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos son los ordenadores de pagos propios del organismo.
Al presupuesto de la Generalidad se unen los presupuestos de las diputaciones provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio 2004.
Hasta el 31 de diciembre de 2005, el interés legal del dinero es el fijado por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2005.
Hasta el 31 de diciembre de 2005, el interés de demora aplicable a las cantidades debidas a las finanzas de la Generalidad es del 5%.
Se faculta al Gobierno para que, durante el año 2005, pueda aprobar los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de la Generalidad o de sus entidades autónomas de valor pericial superior a 6.010.121,04 euros cuya utilización no se considere necesaria. Asimismo, el Gobierno puede aprobar la enajenación directa de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que temporalmente deban seguir utilizando para la prestación de servicios. El acuerdo de enajenación de estos inmuebles puede autorizar la formalización de contratos de arrendamiento o el arrendamiento financiero de éstos.
Se faculta al Gobierno para que, durante el año 2005, pueda autorizar la enajenación de títulos de sociedades en el caso de que suponga la pérdida de la posición mayoritaria o incluso la disolución y la liquidación. Debe darse cuenta de estas enajenaciones al Parlamento, las cuales han de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Se faculta al Departamento de Economía y Finanzas para que, mediante la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, lleve a cabo los actos y formalice los documentos necesarios para hacer efectivas las cesiones a que se refiere el apartado 1.
Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para que los remanentes de los créditos no utilizados de la partida "Dotación fondos de acción social" del presupuesto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas se incorporen a la correspondiente aplicación del ejercicio 2005 para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales, así como a los proyectos interdepartamentales en materia de personal.
Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para que incorpore a la correspondiente aplicación del ejercicio 2005 los remanentes de los créditos existentes a 31 de diciembre de 2004 de la partida "Dotación fondos de acción social" del presupuesto del Servicio Catalán de la Salud correspondiente a su personal laboral, para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en su convenio colectivo.
Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para que incorpore a la aplicación correspondiente del ejercicio 2005 los remanentes de los créditos existentes a 31 de diciembre de 2004 de la partida "Dotación fondos de acción social" del presupuesto de la Dirección General de Recursos Humanos del Departamento de Educación correspondiente a su personal docente, para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales.
No pueden incorporarse los remanentes de créditos presupuestarios del capítulo 1, "Remuneraciones del personal", a los presupuestos de gastos para el año 2005, y han de aplicarse a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de expedición de los mandamientos de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos en favor del personal.
Mutualidad de previsión social de la Generalidad
Se autoriza al Gobierno para constituir una mutualidad de previsión social empresarial sometida a la Ley 10/2003, de 13 de junio, sobre mutualidades de previsión social, en que la Generalidad debe asumir la figura del socio protector, con la finalidad de ofrecer a sus empleados las prestaciones reglamentarias que en cada momento se crea oportuno.
La estimación de los ingresos provenientes de las transferencias de las diputaciones a la Generalidad debe ajustarse a lo que se derive de la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 25 de marzo de 2004.
Creación del Museo Casteller de Cataluña en Valls (Alt Camp)
Se autoriza al Instituto Catalán de la Salud y al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales al intercambio de prestaciones vinculadas al ámbito sanitario y al de servicios sociales, mediante el establecimiento de convenios con el resto de proveedores del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales en el marco de las regiones sanitarias creadas por la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, y del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 17/1994.
En el ámbito del fondo FEOGA-Garantía y del Instrumento financiero de orientación de la pesca, y para las líneas de ayuda que deban ejecutarse en el ejercicio 2006, pueden tramitarse anticipadamente las convocatorias de ayuda de las medidas incluidas en los programas, si bien la resolución de concesión ha de producirse en el momento en que se disponga del crédito adecuado y suficiente.
Programa de Ayudas para Fomentar Planes de Pensiones entre el Campesinado
Los ingresos totales anuales de las personas beneficiarias de las ayudas asistenciales para la protección de los cónyuges supervivientes que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2004 no pueden superar, para el año 2005, los 7.600 euros, incluida la ayuda.
Se fija en 36 euros el importe mensual para los meses enteros del año 2005, con efectos desde el mes de enero, para las personas beneficiarias que no perciben ingresos de cualquier tipo que excedan los 7.168 euros. Para las personas que perciben ingresos, en cómputo anual, que oscilan entre dicha cifra y 7.600 euros, el citado importe de 36 euros queda reducido en proporción con el importe de los ingresos, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior a los 6 euros mensuales.
Ayuda para las familias con hijos a cargo
La ayuda para las familias con hijos a cargo en edades comprendidas entre cero y tres años se fija en 575 euros.
La ayuda para las familias numerosas y las familias monoparentales con hijos a cargo de una edad comprendida entre cero y seis años se fija en 650 euros.
La ayuda para las familias con una situación de especial vulnerabilidad a causa de parto o adopción múltiple de tres o más niños en edad comprendida entre cero y doce años se fija en 2.400 euros o 3.200 euros, según el nivel de ingresos, ponderados en función del nombre de miembros de la unidad familiar, que debe establecer el Departamento de Bienestar y Familia.
Complementos de las pensiones más bajas
El Gobierno, con la colaboración de los entes locales, dentro de las previsiones presupuestarias para 2005, ha de promover la reducción de la producción de residuos, la recogida separada de materia orgánica y de fracciones reciclables y las plantas de tratamiento ecológico de la materia orgánica y de la fracción resto, en el Programa de gestión de los residuos municipales, de conformidad con la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio.
Planes de pensiones de ocupación o seguros colectivos
Se prorroga para el ejercicio 2005 el contenido de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 9/1990, de 16 de mayo, de presupuesto de la Generalidad de Cataluña, de sus entidades autónomas y de las entidades gestoras de la seguridad social para 1990, relativa a la percepción de las pensiones determinadas para el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939.
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005 el sistema de financiación establecido para el municipio de Badia del Vallès por la disposición transitoria tercera de la Ley 1/1994, de 22 de febrero, de creación del municipio de Badia por segregación de parte de los términos municipales de Barberà del Vallès y de Cerdanyola del Vallès.
342.534.908
38.007.357
12.987.162
13.132.584
6.288.743
4.511.795
1.058.283
13.114.643,00
276.339.406,88
25.242.508,72
21.969.621,31
583.499.907,74
1.082.880.000,00
18.541.026,38
628.424.558,00
28.974.630,00
44.489.181,04
25.987.980,00
25.258.427,53
10.675.000,00
4.856.812,00
553.921.134,00
106.312.444,54
4.004.490,00
114.471.000,20
7.490.960,00
38.951.209,33
162.421.226,64
2.302.000,00
26.533.017,26
34.235.622,45
72.398.191,14
13.476.315,28
2.449.216,00
86.808.526,61
Servicios Sanitarios de Referencia-Centro de Transfusión y Banco de Tejidos 36.578.591,71
36.578.591,71
24.084.778,18
617.040,00
14.401.819,00
30.818.542,10
1.145.692.402,32
1.451.850,00
51.423.920,00
19.221.863,08
296.463.528,00
14.400.031,00
1.595.236,00
95.659.489,56
44.774.201,80
1.395.797,20
220.416,01
2.665.844,25
17.703.036,00
56.261.009,14
565.744,53
4.395.531,03
98.853.735,80
(04.358.146)
ORDEN FYM/862/2016, de 30 de septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de explotación porcina de 4.368 plazas de cebo, en el término municipal de San Cebrián de Castro (Zamora), promovido por 'Explotaciones Porcinas Marsamar, S.C.'.
RESOLUCIÓ PRE/1854/2004, de 25 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana, corresponent a l'any 2004.