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Timestamp: 2018-11-20 08:22:06
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﻿ A PROPÓSITO DE LA GUERRA DE AGRESIÓN: SE COMPLETA EL ELENCO PENAL DEL ESTATUTO DE ROMA. ¿CÓMO ES LA COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
CONTENIDO:EL CRIMEN DE AGRESIÓN, EN EL MARCO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ERA UNA DEUDA QUE QUEDABA PENDIENTE DEL ESTATUTO DE ROMA. HOY CON LA SANCIÓN DE DICHO ILÍCITO SE REABRE LA DISCUSIÓN ACERCA DE SI, VERDADERAMENTE SE PODRÁ APLICAR.
TÍTULO:A PROPÓSITO DE LA GUERRA DE AGRESIÓN: SE COMPLETA EL ELENCO PENAL DEL ESTATUTO DE ROMA. ¿CÓMO ES LA COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
AUTOR:ESTEBAN C. RODRÍGUEZ EGGERS
ISSN:1792-1682
TEMAS GENÉRICOS:DERECHO INTERNACIONAL PENAL
REVISTA DERECHO PENAL N°:36, JUL.-SEP./2011, PÁGS. 105-124
A propósito de la guerra de agresión: se completa el elenco penal del Estatuto de Roma. ¿Cómo es la competencia de la Corte Penal Internacional?
Esteban C. Rodríguez Eggers
Profesor de Derecho Penal de la Universidad Argentina John F. Kennedy,
El crimen de agresión, en el marco de la Corte Penal Internacional, era una deuda que quedaba pendiente del Estatuto de Roma. Hoy con la sanción de dicho ilícito se reabre la discusión acerca de si, verdaderamente se podrá aplicar.
Estatuto de Roma; Derecho Internacional Penal; culpabilidad en delitos cometidos desde el aparato estatal.
Cuando se avanzó en la materialización de un tribunal transnacional que persiguiera delitos especiales, en razón de la gravedad que presentaban, quedó fuera del elenco el crimen de agresión (la tipificación del inicio de una guerra ofensiva), toda vez que se estableció (en la primigenia versión del Estatuto de Roma) en su artículo 5º, punto 2º, que “... La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas...”. Tal situación surgió de la imposibilidad que encontraron los Estados Partes de la conferencia creada al efecto para lograr un acuerdo que convirtiera en delito el inicio de una guerra. En efecto, pese a los extensos debates que se llevaron a cabo, no se obtuvo el consenso necesario para alcanzar tal tipo penal internacional.
Los cuestionamientos no giraban en torno a cómo debía tipificarse la figura; lo que estaba en análisis era si, efectivamente, debía tipificarse dicha acción. Más aun, entre quienes estaban de acuerdo en que debía sancionarse el ataque militar como un crimen internacional, no se podía establecer cuáles debían ser sus alcances y contenidos.
Por otra parte, entre quienes sostenían que el inicio de la guerra debía ser sancionado, se debatía si la definición de agresión que oportunamente Naciones Unidas había efectuado debía tener incidencia o, si por el contrario, debía ser desechada de plano. Esa definición, cuyo origen se remonta a finales de la década de los sesenta, fue profundamente cuestionada(1).
No obstante ello, finalmente, el 11 de junio de 2010, la Conferencia Internacional de Revisión del Estatuto de Roma aprobó, en su decimotercera sesión plenaria, la inclusión del crimen de agresión en dicho compendio legal. Es decir, se cumplió con aquel mandato del artículo 5.º, estableciéndose, además, cuáles son sus elementos y cómo debe actuar el tribunal internacional en relación con este nuevo ilícito internacional.
Vale la pena recordar que la competencia del tribunal internacional resulta ser complementaria o subsidiaria de las jurisdicciones nacionales, a la luz de lo establecido en los artículos 1.º, 15, 17, 18 y 19 del estatuto. Con lo cual, si los tribunales estatales funcionaran persiguiendo los crímenes tipificados en la norma, la Corte no funcionaría efectivamente, nunca.
Todo ello, sin perjuicio de que en los hechos, parecería difícil que se logre —cuando esté en vigencia el tipo— una efectiva aplicación de la novel norma. En el presente trabajo se intentará, brevemente, abordar cuáles son los alcances del nuevo delito, así como también sus elementos y la forma en que cobrará validez internacional, conforme al procedimiento establecido para que entre en vigencia el este ilícito.
2. El primer intento. La Resolución 3314
Que el comienzo de una guerra de agresión (u ofensiva) se convierta en un ilícito internacional tiene su génesis (o al menos puede establecerse como estadio inicial) en la creación de la Organización de Naciones Unidas, luego de la Conferencia de “Dumbarton Oaks” de 1944, momento en que los representantes de los Estados Unidos, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (hoy la Federación de Rusia), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Popular China aprobaron el proyecto para la creación de una institución o foro internacional que estableciera, entre otros propósitos, un sistema universal para la paz y la seguridad general, regulando las relaciones entre los diferentes países que integran la comunidad internacional. Esta iniciativa fue el corolario de las atrocidades ocurridas durante las dos grandes guerras mundiales(2). De esta forma, se pretendía revertir el fracaso de la Sociedad de las Naciones(3). Esta, construida al finalizar la Primera Guerra Mundial, naufragó indefectiblemente por los serios defectos con que los vencedores pretendieron construir una paz en la Europa continental, además de los acuerdos que con los vencidos realizó unilateralmente los Estados Unidos.
Es entonces, en búsqueda de una institución que abarcara esas expectativas, que las Naciones Unidas, a través del preámbulo de la Carta, que además de fundacional, resulta revelador de la génesis misma del organismo, estableciendo y manifestando el fin perseguido: “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha inflingido a la humanidad sufrimientos indecibles”(4).
A partir de allí comienza a germinar, en el seno de la comunidad internacional, la idea de erradicar la guerra, tal como lo demuestra el enunciado de la Carta cuando invita “... a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común...”(5).
De esta forma y después de varias décadas(6), en el año 1974, la Asamblea General, con el fin de adoptar medidas tendientes a asegurar la paz y la seguridad internacional confecciona una definición del concepto de “guerra de agresión”(7), mediante la Resolución 3314 (periodo veintinueve de sesiones).
El proyecto fue elaborado por un comité especial que para la cuestión se había conformado en estricto cumplimiento de la Resolución 2330 del 18 de diciembre de 1967(8) (la Comisión redactora fue integrada por 35 países de todos los rincones(9)).
Ya en aquella oportunidad se dejó claro que la agresión militar o guerra de agresión resultaba ser la más grave y peligrosa manifestación del uso ilegítimo de la fuerza; la cual se encuentra reservada exclusivamente para las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad.
En el contenido de la Resolución 3314 se establecían diferentes principios que el organismo internacional encuentra vinculados entre sí, en materia de mantenimiento de la paz, a saber:
a) El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional es fundamental para las Naciones Unidas;
b) Cualquier controversia suscitada entre los Estados debe ser arreglada por medios pacíficos, de manera que no se afecten los bienes tan decididamente protegidos;
c) Como resultado, deben abstenerse de recurrir a la fuerza;
d) El territorio de los Estados es inviolable.
En ese entonces, mediante el documento en cuestión, se instauraba como agresión: “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Conforme a la definición, el uso de la fuerza de un Estado contra otro siempre es ilegítimo. Efectivamente, la Carta no acepta el ejercicio de la fuerza unilateral de un Estado contra otro. De esta manera, la acción, para ser ilegítima, debe ser militar y destinada contra tres elementos tradicionales del Estado: su soberanía, su integridad territorial y/o la independencia política.
Es importante recordar, a esta altura, que los elementos constitutivos de un Estado son la población, su territorio, su poder o soberanía y su gobierno o independencia política.
Va de suyo que para que la población pueda desarrollarse necesita de un espacio físico determinado, el cual juega un papel muy importante ya que delimita el ámbito espacial donde el Estado ejercer su jurisdicción interior y donde termina la de los otros países(10). Este es el componente de la integridad territorial.
Por su parte, la soberanía es la cualidad ínsita en el poder del Estado, es su atributo sustancial; es lo que permite que pueda organizarse jurídicamente, no reconociendo otro orden superior que aquel por él establecido(11).
Además es necesario remarcar que no hay que confundir la soberanía con independencia política, aunque ambas aparecen entrelazadas. La primera es la capacidad de constituirse como Estado individual; mientras que la segunda, es una manifestación de la primera y esta vinculada con su autodeterminación internacional.
De los elementos que conforman la definición de agresión internacional que enunciaba la Resolución 3314 se colige que cualquier acción militar que un país emprenda contra otro, fuera del marco de la Carta, es considerada agresión ilegítima. Por ende, el acto bélico que afecta a cualquiera de los componentes del Estado, su soberanía, su territorio y su autodeterminación se convierte, automáticamente, en una agresión.
Otro elemento que no puede pasarse por alto de aquella resolución es que no es necesaria la declaración de guerra para que haya lugar a la agresión(12).
Deben recordarse algunas cuestiones que hacen al momento histórico en que la resolución fue dictada. En efecto, data del año 1974, pero la disposición que designaba al comité que debía producirla era del año 1967, época en la cual se encontraba la “Guerra Fría” en su esplendor y el mundo sumergido en diferentes conflictos armados —especialmente en las antiguas colonias europeas tanto en África(13), como en el sudeste asiático—, lo cual no solo se manifestaba en los enfrentamientos de fuerzas insurgentes con las regulares, sino también en el envío de tropas por parte de las potencias.
Francia todavía tenía sus tropas en Argelia. Fuerzas cubanas y soviéticas operaban en la insurgencia congolesa; Estados Unidos y Australia reforzaban al ejército regular de Vietnam del sur, en su lucha contra el Vietcong y las tropas regulares de la homónima República del Norte. China hacía incursiones militares en Camboya —además de las actividades que los Estados Unidos también realizaban en la zona—. Tampoco quedaban al margen los conflictos de toda intensidad que se vivían en Medio Oriente.
El escenario descrito no resultaba ajeno a la resolución de la Asamblea General. En efecto, puntualmente se aclaraba, además, que nada de lo que pudiera surgir de la norma debería ser entendido como restrictivo de los derechos de autodeterminación, libertad e independencia de que pudieran gozar pueblos que se hallaren privados de ellos por el uso de la fuerza(14). Haciendo especial hincapié en que los países que se encontraban en estas condiciones eran los que estaban sujetos a los antiguos regímenes coloniales y racistas o bajo cualquier tipo de dominación extranjera(15).
En consecuencia, la resolución establecía en qué casos existía agresión:
a) El ataque de fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro, sea una invasión, una ocupación temporal, o la anexión por la fuerza de todo o parte del mismo;
b) El empleo de armas sobre el territorio de otro Estado;
c) Los bloqueos a puertos o costas de una fuerza armada de un Estado a otro;
d) El ataque de fuerzas militares de un Estado a las fuerzas militares de otro Estado;
e) Cuando existiendo un acuerdo previo de la presencia de fuerzas militares de un Estado en otro, hubiera continuación no consensuada de la misma;
f) Cuando un Estado facilita a otro su territorio para que emprenda actos de agresión contra un tercero;
g) El envío de grupos o bandas armadas para que lleven adelante actos de agresión.
El gran problema que planteaba la Resolución 3314 era que tal enunciación no era taxativa; pues surgía que la misma no era exhaustiva y que, en definitiva, sería el Consejo de Seguridad quien podía determinar cuándo existía agresión y cuándo no.
Así mismo, es esa una de las razones por las que, a los fines del estatuto, no podía ser viable, entendiendo que ninguna conducta que se reproche delictiva puede ser una mera formulación de supuestos que concluyan facultando a un ente (por caso el Consejo de Seguridad) a establecer que es agresión cualquier otra conducta que se encuentre fuera de los enunciados puntuales y taxativos.
En síntesis, la Resolución 3314 fue dictada en un tiempo no lejano en la historia del hombre, pero el contexto de su sanción no condice para nada con los fines para los cuales se la pretende delimitar en la actualidad, esto es, para que se convierta la agresión en un crimen internacional que pueda ser perseguido y juzgado por la Corte Penal Internacional.
3. El nuevo contenido y sus elementos
El diferente contexto histórico y la falta de la taxatividad necesaria para constituir el crimen llevaron a instruir una nueva y definitiva definición. Entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010 se llevó adelante en Kampala (Uganda) la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, en la que se proyectó la resolución final habilitando al crimen de agresión como nueva conducta ilícita internacional. Como resultado de dicho encuentro, se incorporó a los crímenes de guerra, de lesa humanidad y al de genocidio, el crimen de agresión.
Cabe recordar que el segundo párrafo del artículo 5.º del estatuto destaca que “... la Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas...”. Es en tal situación que la comisión revisora se ha expedido, proponiendo una acabada definición para el crimen de agresión, que para entrar en vigencia deberá cumplir con el procedimiento previsto para las enmiendas que más adelante se analizará.
De los proyectos presentados la comisión aprobó la incorporación al estatuto, del artículo 8.º bis, el cual contiene la definición de crimen de agresión y sus elementos sustanciales; el artículo 15 bis, relativo a la competencia de la Corte Penal Internacional respecto al nuevo crimen, y el artículo 15 ter, contenedor del ejercicio de competencia del tribunal.
Como principal elemento a destacar resulta fundamental reconocer que la actual definición del crimen de agresión no es, como la establecida en la mencionada Resolución 3314, meramente enunciativa, sino que por el contrario, resulta ser manifiestamente taxativa, determinando cuáles son las acciones recriminadas.
La norma aprobada por consenso en la decimotercera sesión plenaria de la comisión, el día 11 de junio de 2010, establece siete acciones que son consideradas como agresión internacional, a los fines de la consumación del crimen.
El eje central del crimen resulta ser el uso ilegítimo de la fuerza armada, por parte de un Estado, contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o de una manera incompatible con la Carta Fundacional de Naciones Unidas, lo cual técnicamente se denomina “acto de agresión”.
Por otra parte, en relación con las acciones que conforman la comisión del crimen, ellas se pueden dividir en dos grandes situaciones: las que comportan un despliegue militar por parte del agresor y aquellas que no.
En el primer supuesto, se destacan:
a) En la que el Estado agresor invade o ataca a otro u ocupa su territorio, aunque sea de manera transitoria o temporal, o toda anexión territorial(16);
b) Cuando el agresor bombardee o emplee armas en contra de otro Estado(17);
c) Cuando se bloqueen los puertos o las costas por fuerzas armadas(18);
d) Cuando las fuerzas armadas de un Estado ataquen a las de otro o a su flota aérea o mercante(19);
e) La violación al acuerdo que hubiera permitido la entrada de las fuerzas armadas de un Estado a otro o la prolongación de su presencia, una vez finalizado el acuerdo existente entre ambos(20).
Respecto de la segunda hipótesis, que engloba las acciones que no llevan consigo un despliegue militar significativo, surgen:
a) Cuando un Estado ponga su territorio a disposición de otro Estado, para que este realice un acto de agresión contra un tercer Estado(21);
b) Cuando un Estado envíe fuerza irregular o mercenarios a otro Estado para que lleven adelante actos de fuerza armada de entidad tal que puedan ser equiparados a los enunciados o se demuestre su sustancial participación en dichos actos(22) (23).
Párrafo aparte, merece destacarse que en esta última posibilidad encuadran aquellas acciones que pueden involucrar actos terroristas(24).
Sentadas las acciones (actos de agresión), cabe determinar quién o quiénes pueden ser autores del crimen en cuestión.
La Resolución 3314, que no contenía la tipificación de un delito internacional, sino que formulaba una recomendación instando a todos los Estados a que se abstuviesen de realizar todo acto de agresión y de cualquier otro uso de la fuerza contrario a los contenidos de la Carta de las Naciones Unidas, adolecía en especial de que la definitiva constitución de un acto de agresión estaba librada al arbitrio del Consejo de Seguridad. En efecto, aquella norma hacía especial hincapié en que la enumeración de actos que conformaban la agresión no era exhaustiva y que, en definitiva, el Consejo de Seguridad sería quien establecería cuando se había producido una agresión internacional.
Originalmente, cuando los grupos de trabajo de Naciones Unidas laboraron en la redacción de lo que resultó en el Estatuto de Roma, una de las cuestiones que más se debatió al intentar incluir al crimen de agresión en su texto era si el Consejo de Seguridad debía tener incidencia o no en la determinación de la existencia de este crimen.
Esta situación, ahora, ha quedado zanjada, por cuanto la definición establecida en el novel artículo 8.º bis del estatuto escapa a interpretaciones de órganos políticos y queda limitada por la interpretación que del acto que se trate haga la Corte Penal internacional.
4. Los autores
Conforme al contenido del punto 1.º del artículo 8.º bis, puede ser autor quien, estando en condiciones efectivas de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que constituye una manifiesta violación a las consideraciones de la Carta de Naciones Unidas. Es decir que, solo quienes están al frente del aparato estatal, sea militar o civil, pueden ser los responsables.
En este sendero, parecería que lo que la comisión ha seguido es la idea enarbolada por Roxin con relación a la responsabilidad penal de los grupos de poder y que fuera descrita por Zaffaroni, Alagia y Slokar con tanta claridad:
“... Existe otra forma de autoría donde el dominio de hecho se da por fuerza de un aparato organizado de poder, sosteniéndose que los conceptos usuales no son aplicables cuando se trata de crímenes de Estado, de guerra y organización, en que el determinador y el determinado cometen el mismo delito, siendo decisivo el carácter fungible del último que puede ser cambiado a voluntad como si se tratara de un artefacto mecánico. La regla que establece que un sujeto se encuentra más alejado de la víctima y de la conducta omisiva, tiene menor dominio del hecho, en los casos de aparato organizado de poder sufre una inversión, pues cuando más alejado está de la víctima más cerca se encuentra de los órganos ejecutivos del poder, lo que le proporciona mayor dominio del hecho. Se trata de una situación de excepción, donde el Estado de terror configura toda la organización del poder punitivo nacional...”(25).
Además, esta concepción ya ha sido receptada por la Corte Penal Internacional en diversos pronunciamientos (entre los que se puede citar el caso “Katanga”, del 30 de septiembre del 2008), en los que siguiendo a Roxin se establece la responsabilidad por el codominio del hecho, entendiendo que cuanto más lejos se está de la ejecución y más cerca de la orden, mayor es la responsabilidad penal.
De esta forma, se libera de responsabilidad criminal (sin perjuicio de que el accionar pueda incurrir en otro ilícito), en el crimen de agresión, a quienes carecen de la decisión política de ordenar un acto de guerra. Esto se encuentra en consonancia con las enmiendas producidas respecto del crimen referenciado. En efecto, dentro de los elementos se destaca que “... el autor sea una persona (respecto de un acto de agresión, puede suceder que más de una persona se halle en una situación que cumpla con estos criterios) que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión…”(26).
Respecto a lo que hace al acto material de agresión las enmiendas introducidas también clarifican los alcances que el nuevo ilícito internacional contiene. El acto en cuestión debe contener, en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, una gravedad y una escala que constituya per se una violación “manifiesta”(27) a la Carta de las Naciones Unidas.
Para finalizar con este acápite, es necesario mencionar la forma en que deben analizarse los extremos del acto de agresión.
El anexo III de la resolución de la comisión expresa en el punto “otros entendimientos” las consideraciones que deben llevarse adelante para determinar si, ante un caso puntual, ha existido o no, un acto considerable de encuadrar en el nuevo tipo penal internacional.
El documento señala que para poder establecer si la acción desplegada por un Estado es susceptible de ser considerada como un acto de agresión y no como una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas, la Corte deberá evaluar tres elementos esenciales de dicha acción, a saber:
a) Las características de la acción;
b) La gravedad y
c) La escala de agresión.
Conforme al punto del anexo III del documento; ellas tres deben tener una importancia suficiente para justificar que la acción militar logre constituirse en una violación “manifiesta” de los principios de paz y armonía que deben reinar entre los Estados de Naciones Unidas.
Es necesario resaltar la importancia que se le asigna a que la acción militar sea una “manifiesta” violación a la Carta de las Naciones Unidas, toda vez que en el punto 7.º del anexo III (último punto del documento que incluye a la agresión como un crimen internacional) se destaca cuál debe ser el contenido del término, en cuanto a la materialidad del delito. Sobre el particular, expresa: “... Se entiende que al determinar si un acto de agresión constituye o no una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, los tres elementos de características, gravedad y escala deben tener la importancia suficiente para justificar una determinación de violación ‘manifiesta’. Ninguno de los elementos puede bastar por sí solo para satisfacer el criterio de violación manifiesta...”.
5. Cómo y cuándo podrá actuar la Corte
La resolución originaria de agresión (3314), además de ser meramente enunciativa, presentaba otro problema. Este surgía porque quien estaba facultado para determinar en qué situaciones existía un quebrantamiento a la paz o una agresión era el Consejo de Seguridad. Es decir, que un organismo político, teñido por las necesidades de los que lo presiden (las grandes potencias con derecho a veto enfrentadas en plena guerra fría) eran quienes debían determinar en qué situación había existido una agresión internacional.
Esta situación llevaba a concluir que únicamente se declarara que había existido un quebrantamiento ilegítimo a la paz cuando el acto militar lo hubiera llevado adelante un país periférico.
Ahora bien, conforme a lo establecido en el punto 2.º del anexo III del documento, parece que la situación criticada más arriba ha variado, puesto que, a partir de la situación nacida de este nuevo documento, la Corte Penal Internacional puede tener competencia en el crimen de agresión, sin la intervención del Consejo de Seguridad. En efecto, sin perjuicio de la entrada en vigencia del nuevo ilícito internacional (más adelante se explicará cuándo), no se necesita la participación de este organismo para que la Corte pueda tomar intervención. Conforme a la armónica consonancia de los artículos 13(28), 5.º(29) y 15(30) del estatuto y el contenido del citado documento de la comisión revisora, el escenario es el siguiente: la Corte puede tener competencia cuando;
a) El Estado parte remite al fiscal aquello que cree que puede ser una infracción de las señaladas en el estatuto (ahora incluye la agresión);
b) El Consejo de Seguridad lo remite al fiscal;
c) El fiscal de oficio investiga.
En consecuencia, a diferencia de la resolución primigenia en la materia, no resulta necesario el dictamen del Consejo de Seguridad para determinar que ha existido un crimen de agresión, demostrándose así la independencia de la Corte Penal Internacional. Esto ha quedado palmariamente demostrado en el propio documento, cuando al insertar el artículo 15 bis expresa claramente: “... La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno a la Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente estatuto...”.
Esto ha sido un gran avance en materia de independencia de la Corte, puesto que en este sentido no resulta rehén de ningún órgano externo.
6. Procedimiento de enmienda
Por todo lo expuesto, resta entonces preguntarse desde cuándo y en qué momento la Corte tendrá efectiva competencia para conocer del crimen de agresión, es decir, a partir de qué momento entrarán en vigencia las enmiendas producidas por el Grupo Especial de Trabajo.
La respuesta no es sencilla de responder y parece ser un final abierto. Como primera medida, cabe destacar que la Corte tendrá jurisdicción respecto del crimen de agresión solo frente a los ciudadanos de los Estados que hayan ratificado la enmienda, una vez que entre en vigencia el crimen. Es decir, que en caso de los Estados no parte, no tendrá competencia alguna.
En materia de jurisdicción, es posible además que un Estado Parte denuncie la enmienda (no la acepte), con lo que tampoco en este caso la Corte podrá hacer valer su prefectura sobre este crimen.
Conforme a la redacción definitiva del incorporado artículo 15 bis del estatuto, la competencia de la Corte en materia de crímenes de agresión solamente será efectiva después del 1.º de enero de 2017, siempre que se haya producido la aprobación de la enmienda (consenso o una mayoría de dos tercios de los Estados Parte)(31).
La fecha estipulada en la modificación del estatuto (art. 15 bis) para que tenga competencia la Corte en actos de agresión es a partir de pasado un año de la ratificación o aceptación de treinta Estados Parte, es decir, que solo después de ese lapso puede intervenir la Corte en estos casos.
Por último, cabe destacar que no es lo mismo la aprobación de la enmienda por parte de las Naciones Unidas, que la entrada en vigor de la misma. En el primer caso, debe lograrse por consenso o por mayoría de dos tercios de los Estados Parte, mientras que la entrada en vigor de una enmienda requiere de siete octavos del depósito de las adhesiones de los Estados miembros.
Resulta claro que, en materia de paz y seguridad internacionales, las Naciones Unidas han logrado un importante avance con lo resuelto por la Conferencia de Revisión del Estatuto, en cuanto a alcanzar una definición cerrada del crimen de agresión.
No menos importante resulta que no sea el Consejo de Seguridad quien determine la existencia o no de un crimen de agresión, sino que por el contrario sea exclusivamente la Corte el órgano que debe decidir sobre su existencia o no.
El mecanismo de enmiendas resulta ser engorroso, sobre todo en función de la posibilidad de denuncia de los Estados, lo cual seguramente harán algunas potencias, como Gran Bretaña o Francia, pues no dejarán libradas sus jurisdicciones al arbitrio de un tribunal internacional.
Por último, no se puede dejar de recordar que los Estados Unidos desconocen la competencia de la Corte Penal Internacional, abonando por tratados bilaterales para solucionar las situaciones que se puedan plantear con su personal desplegado por el planeta.
No obstante, es importante resaltar la importancia de haber logrado tipificar, al menos en el papel, el inicio de una guerra como un crimen internacional, con el precedente que ello significa.
Zlata Drnas de Clement, “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de Seguridad de una amenaza a la paz, quebrantamiento o acto de agresión”, trabajo publicado en el curso XXX de Derecho Internacional (2003) del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Secretaría de la OEA, Washington 2004
Germán Bidart Campos, Lecciones elementales de política, Buenos Aires, Ediar, 1984, pág. 203.
Manual de Derecho Penal Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005, pág. 611; en igual sentido Derecho Penal Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2002, págs. 779/780.
(1) Resultaba lógico pensar que después de todo lo que pasó desde aquella década, la definición fuese obsoleta.
(2) Recordemos que se habla de un total de 26.000.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos en la Primera Guerra Mundial, y 62.000.000 de muertos, entre civiles y militares, en la Segunda.
(3) Las principales razones de su derrota fueron: la falta de capacidad para solucionar la conflictiva situación política en la Europa continental; la expulsión de la Unión Soviética de su membresía luego de su ataque a Finlandia en 1939 y el nuevo orden mundial resultante de la Segunda Guerra Mundial.
(4) Muchos autores consideran que “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” es el objetivo de los objetivos, conforme a De Clement, Zlata Drnas. “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de Seguridad de una amenaza a la paz, quebrantamiento o acto de agresión”. En: Curso XXX de Derecho Internacional (2003) del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Secretaría de la OEA, Washington, 2004.
(5) Carta de Naciones Unidas, Preámbulo, párrafos 5, 6 y 7.
(6) Recuérdese que en los primeros años, las pocas resoluciones que dictó la Organización de Naciones Unidas en su gran mayoría fueron de ordenamiento interno.
(7) Sesión 2319ª, plenaria, del 14 de diciembre de 1974.
(8) Esta resolución (1638, reunión plenaria) señala que la problemática que importa el mantenimiento de la paz en el mundo hace necesaria la rápida respuesta de la organización internacional en la búsqueda de contenidos que robustezcan la voluntad de los Estados de respetar todas las obligaciones de la Carta, motivo por el cual crea un Comité Especial que produzca una definición del crimen de agresión, conforme a los debates que en la Asamblea General se han llevado adelante. Conformaron el comité una treintena de países, seleccionados por el secretario general, según el principio de distribución geográfica equitativa y la necesidad de que estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo (punto 1).
(9) Argelia, Australia, Bulgaria, Canadá, Colombia, Congo, Checoslovaquia, Chipre, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Guyana, Haití, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Jordania, Madagascar, México, Noruega, Reino Unido, República Árabe Unida, Rumania, Sierra Leona, Siria, Sudán, Turquía, Uganda, URSS, Uruguay y Yugoslavia.
(10) Bidart Campos, Germán. Lecciones elementales de política. Ediar, Buenos Aires: 1984, p. 203.
(11) Ibíd., p. 230.
(12) Artículo 3.º.
(13) Guerras revolucionarias en el Congo, Etiopía, Argelia, Zaire, Vietnam, Laos, Camboya y, años antes, Cuba.
(14) Artículo 7.º.
(15) En el mismo artículo 7.º.
(16) Conforme al punto 2.a del novel artículo 8.º bis “... La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o parte de él...”.
(17) “... El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado...”, conforme al punto 2.b.
(18) “... El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado, por las fuerzas armadas de otro Estado...” conforme al punto 2.c.
(19) “... El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea...” conforme al punto 2.d.
(20) “... La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo...” conforme al punto 2.e.
(21) “... La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar una acto de agresión contra un tercer Estado...” conforme al punto 2.f.
(22) “... El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación...” conforme al punto 2.g.
(23) A modo de ejemplo se pueden citar un sinnúmero de casos, entre los que se destacan: respecto de a), la invasión de Irak a Kuwait; con relación a b), el bombardeo de Israel en el Líbano; en el caso de c) el bloqueo que los Estados Unidos hiciera de Nicaragua, etcétera.
(24) Las bombas en la Embajada de Israel o la Amia, los atentados del 11 de septiembre o el 11 de marzo, etcétera.
(25) Manual de Derecho penal. Parte general. Ediar, Buenos Aires: 2005, p. 611; en igual sentido, Derecho penal. Parte general. Ediar, Buenos Aires: 2002, pp. 779-780.
(26) Conforme al punto 2, “Elementos”, del anexo II, “Enmiendas a los elementos de los crímenes”.
(27) Conforme al punto 4, “Introducción”, del Anexo II, “Enmiendas a los elementos de los crímenes”.
(28) “ART. 13.—Ejercicio de la competencia. La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5.º de conformidad con las disposiciones del presente estatuto si: a) un Estado parte remite al fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; b) el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o c) el fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15...”.
(29) “ART. 5º—Crímenes de la competencia de la Corte. 1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; d) el crimen de agresión. 2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas...”.
(30) “ART. 15.—El Fiscal. 1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. 2. El fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. 3. El fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba. 4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa. 5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. 6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación...”.
(31) Conforme al artículo 15 bis, punto 3, en función del artículo 121 del estatuto.