Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167349
Timestamp: 2019-05-24 08:20:08
Document Index: 355536418

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 24', 'artículo 167', 'artículo 28', 'artículo 112', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 38', 'artículo 102']

La Sala no cuestiona la validez y eficacia de las notificaciones por comparecencia electrónica, pero en este caso concreto aprecia dos conductas irregulares, la de la Administración, por las deficiencias en la notificación realizada y apartarse de la forma habitual de la notificación electrónica que venía haciendo al obligado tributario; y la de éste por la falta de diligencia de su empleada en recibir las notificaciones electrónicas. Tal y como se señala se la sentencia recurrida, en la notificación se omite el número de referencia al concepto y tipo de impuesto; no presenta en su primera página la Delegación que emite la notificación, así como los datos de contacto de la misma y sus dos primeras páginas están en blanco, todo ello a diferencia de las innumerables notificaciones efectuadas por la Agencia Tributaria. Se concluye que, en estas circunstancias, el carácter penalizador del recargo de apremio resulta desproporcionado a la luz de la insuficiente notificación.
Sentencia 2448/2016, de 16 de noviembre de 2016
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2841/2015
Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 2841/ 2015 interpuesto por La Administración General del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia de 28 de mayo de 2015, de la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núm. 186/2014. Ha sido parte recurrida La Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, representada por la procuradora D.ª María del Carmen Giménez Cardona, bajo la dirección letrada de D. Fernando Campo Antoñanzas.
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo n.º 186/2014, seguido en la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 28 de mayo de 2015, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “FALLO. Que estimamos el recurso contencioso-administrativo n.º 186/2014 interpuesto por la procuradora D.ª María del Carmen Jiménez Cardona, en nombre y representación de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 30 de enero de 2014 (R.G. 3448/2012) por la que se desestima la reclamación económico-administrativa relativa a providencia de apremio, a que la demanda se contrae, que anulamos por su disconformidad a derecho, así como la providencia de apremio de la que trae causa.- No se hace expresa condena en costas”.
SEGUNDO.- El Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de La Administración General del Estado, presentó escrito de preparación del recurso de casación con fecha 15 de junio de 2015, en el que manifestó su intención de interponerlo con sucinta exposición del cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad.
TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado, en y representación de La Administración General del Estado, parte recurrente, presentó con fecha 28 de septiembre de 2015, escrito de formalización e interposición del recurso de casación, en el que reiteró el cumplimiento de los requisitos procesales de admisibilidad y formuló los motivos que estimó pertinentes, el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución Española, así como los artículos 52, 56, 57 138 y concordantes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al haberse dado dos veces el trámite para presentar la demanda, sin cobertura legal para ello; y, el segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 102, 112 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 27, 28 y 38 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y, artículos 35, 36 y 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, todo ello en relación a la jurisprudencia relativa a las notificaciones tributarias; infracción de las normas de la sana crítica en la valoración de la prueba, llevando a cabo el juzgador una valoración de los datos acreditados en autos, que es arbitraria e irrazonable y vulnera por ello los artículos 9.3 y 24 de la Constitución, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual aunque la valoración de la prueba no puede ser discutida en casación, si pueden ser objeto de revisión en sede casacional, determinados temas probatorios o relacionados con la prueba como la infracción de las reglas de la sana crítica o cuando, al socaire de la valoración de la prueba, se realizan valoraciones o apreciaciones erróneas de tipo jurídico, como puede ser la aplicación a los hechos que se consideran probados de conceptos jurídicos indeterminados que incorporan las normas aplicables; con sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando a la Sala “dicte sentencia en su día, casando la recurrida y sustituyéndola por otra en la cual se desestime el recurso contencioso-administrativo y se conforme la resolución del Tribunal Económico-Administrativo en su día impugnada”.
SEXTO.- Dado traslado del escrito de formalización e interposición del recurso de casación, la procuradora D.ª María del Carmen Giménez Cardona, en nombre y representación de La Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, parte recurrida, presentó con fecha 15 de julio de 2016, escrito de oposición al recurso, formulando los argumentos que consideró convenientes a su derecho, esto es, respecto al segundo motivo de casación -el único admitido-, el recurrente combate la tesis de la sentencia sobre la base de unos hechos que son, a nuestro criterio, incuestionables, declarados probados en la instancia y no compartiendo la trascendencia jurídica de los mismos. Así, la Administración recurrente sostiene que la notificación electrónica se ha llevado a efecto de conformidad con la normativa recogida en la Ley 11/2007 y Real Decreto 1363/2010, así como que se puede verificar la autenticidad del documento electrónico puesto a disposición del obligado tributario de conformidad con el Real Decreto 1671/2009, pero lo que no valora es que el acuerdo justifica la recepción de la notificación, pero no que esta se haya llevado correctamente y observando todos los requisitos exigidos por la normativa tributaria, ya que ésta ha sido defectuosamente notificada.Ello propició que la Mutualidad no llegara a conocer la liquidación practicada por la AEAT, privándosele de la libertad de decidir si allanarse y pagar la deuda, o bien, recurrirla y solicitar la suspensión de la misma previa presentación de aval bancario suficiente, afectando directamente al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ). El acuerdo trata de transmitir la responsabilidad de una defectuosa notificación al obligado tributario, porque la notificación se ejecutó en plazo (28 de noviembre de 2011), pero la notificación fue defectuosa y ello impidió que el obligado tributario llegase a conocer el acto de liquidación -que es el principal fin y objetivo de la notificación- independientemente del plazo en que fuese realizado. La Mutualidad, en relación con la notificación defectuosa (que no conoció la existencia de la misma hasta el 20 de febrero de 2012) cuando recibió la providencia de apremio, todavía se encontraba en periodo voluntario de pago de la liquidación provisional, sin que hubiese comenzado el periodo ejecutivo y sin que hubiesen transcurrido los plazos para poder reclamar y, en su caso, avalar. Así pues, el acto de la notificación es un acto administrativo que pone fin a un procedimiento cuyo objeto es el de garantizar que el contenido de otro acto administrativo (el acuerdo de liquidación) llegue a conocimiento del interesado. Si la notificación no se hace correctamente queda privado de ejecutividad el acto de notificación. La notificación es, por tanto, condición jurídica de eficacia del acto notificado. En este sentido, el Tribunal Supremo en numerosas sentencias (entre otras STS de 20 de abril de 1992 ) establece que la notificación es un acto de comunicación formal de otro acto administrativo, del que depende la eficacia del segundo -no su validez-, y sólo desde que ella se produce ( dies a quo ) comienza el cómputo de los plazos para la interposición de los recursos procedentes. De conformidad con lo mantenido por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias (entre otras STC 176/200), la notificación es un elemento fundamental del derecho de defensa, ya que de ella depende la eficacia de la mayor parte de los actos administrativos, constituye un presupuesto básico del sistema de recursos y permite hacer realidad la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución. Por tanto, cabe concluir que, la notificación por medios telemáticos de actos administrativos no puede ser nunca un obstáculo, al contrario, debe facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. El defecto de la notificación, defectuosamente realizada el 28 de noviembre de 2011, ha generado tal indefensión a la Mutualidad que no sólo debe determinar su nulidad, sino que además debe suponer la falta de validez de todas las actuaciones administrativas realizadas con posterioridad; suplicando a la Sala “tenga por interpuesta en tiempo y forma oposición al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 28 de mayo de 2015, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento 2840/2014 por la que declaraba nula la resolución del TEAC de 30 de enero de 2014 que desestimó la reclamación económica-administrativa 3448/2012 interpuesta contra acuerdo de la dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT de 30 de abril de 2012, sobre providencia de apremio emitida el 16 de febrero de 2012 en concepto de Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006-2008, con imposición de costas a la Administración recurrente”.
Es objeto del presente recurso de casación la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 28 de mayo de 2015, estimatoria del recurso contencioso administrativo dirigido contra la resolución del TEAC de 30 de enero de 2014 (R.G. 3448/2012), que desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT de 30 de abril de 2012, por el que se desestima el recurso de reposición deducido frente a la providencia de apremio de 16 de febrero de 2012, dictada por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes para el cobro de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades -ejercicios 2006 a 2008- por importe total de 7.917.644,27 euros, incluido el recargo de apremio. La sentencia anula la expresa resolución, así como la providencia de apremio de la que trae causa.
“1.- Con fecha 20 de febrero de 2012, le fue notificada a la interesada, la providencia de apremio con la clave de liquidación número A4195011026000180, en concepto de Impuesto de Sociedades ejercicios 2006-2008, Actas, emitida por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes el 16 de febrero de 2012, por un importe total incluido el recargo de apremio de 7.917.644,27 euros (son 6.598.036,89 euros de principal - que incluye cuota e intereses- y 1.319.607,38 euros de recargo de apremio del 20%).
- Con fecha 28 de noviembre de 2011, la entidad accedió a su Dirección Electrónica Habilitada (DEH), y procedió a abrir una notificación, la cual, contiene un escrito en el que en primera página, únicamente encuentra el logotipo de la Agencia Tributaria, el texto "N.º de Remesa 00013290031" un código de barras al cual sigue el texto "9028010852 Certificado 1159019080817 MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA MUTUALIDAD DE PREV", con el resto del folio en blanco hasta el pie de firma donde se encuentra la indicación "Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2001 Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 7BQBSLQFNSQU3T59 en www.agenciatributaria.gob.es ". La segunda página del documento está completamente en blanco. El formato de dicho escrito difiere radicalmente de todos los otros que, desde marzo de 2011, momento en el que MUGA está incluida en el sistema de notificaciones a través de DEH, viene recibiendo la entidad.
4.- El TEAC desestima la reclamación en su resolución de 30 de enero de 2014 recurrida ahora en sede jurisdiccional. Considera que el acto administrativo contra el que se interpone el recurso de alzada únicamente puede ser impugnado mediante la alegación de alguno de los motivos tasados de oposición recogidos en el artículo 167.3 de la LGT 2003. Y, en este caso, la notificación de la liquidación a la reclamante en la dirección electrónica habilitada de la misma, es adecuada a derecho, pues la interesada estaba incluida obligatoriamente en la citada Dirección según comunicación de la AEAT a la misma obrante en el expediente y accedió debidamente al acuerdo de liquidación. Y razona:
" CUARTO: Así de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 35, 36 y 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, el acceso al contenido del documento puesto a disposición de la entidad en la sede electrónica surte los efectos de notificación del mismo.
El reclamante reconoce que cuando abrió el documento notificado, solamente accedió a las dos primeras páginas del mismo, y no continuó con la lectura del resto del documento. En cualquier caso, este comportamiento es imputable al obligado tributario, y no a la Administración, pues una vez efectuada la notificación de forma válida, merced al acceso al documento en la sede electrónica, es responsabilidad del interesado la lectura del documento completo”.
Deja constancia la sentencia de instancia de la legislación aplicable: “debiendo puntualizarse que la citada Ley 58/2003, regula la "Notificación por comparecencia" en el artículo 112, y, en conexión con ello, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas debe acudirse a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y al Real Decreto 1671/2009, de 6 noviembre por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio. El artículo 27 de la Ley regula las "Comunicaciones electrónicas" y el artículo 28 la "Práctica de la notificación por medios electrónicos", estableciendo el apartado 2 de este último que " El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales", concluyendo en su apartado 5 que "Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso "; y la norma de desarrollo dedica su Capítulo II a las "Notificaciones electrónicas" y en particular su artículo 38 a la "Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada", siendo así que el acceso al contenido del documento puesto a disposición de la entidad en la sede electrónica surte los efectos de notificación del mismo”.
Realiza la Sala de instancia una serie de consideraciones, tales como la falta de diligencia de la Mutualidad y que la notificación era insuficiente o incompleta, o al menos no se hizo con la debida diligencia, como se hicieron las anteriores y posteriores notificaciones, y reconoce la falta de diligencia de ambas partes, pero con todo reflexiona en el sentido de que: “Ello no significa desconocer la plena validez de las notificaciones electrónicas y la eficacia de las mismas, pero si, en este caso concreto, salvaguardar el derecho de la entidad contribuyente al examen, en su caso, de la cuestión de fondo.
Como señala la recurrente, la notificación por medios telemáticos de los actos administrativos no debe ser un obstáculo para su impugnación, sino que debe facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Es cierto, como esgrime la Administración, que se produjo la entrada en un sistema de comunicación pero no valora que la misma modificaba la forma habitual de las distintas notificaciones recibidas, antes y después de la cuestionada y podía inducir a un error al contribuyente que había firmado en disconformidad una liquidación de un importe económico importante e impide el acceso al amparo de los Tribunales, sin perjuicio de que reconozcamos cierta negligencia del contribuyente en este caso y que, aunque sustancialmente la notificación se ajusta a la normativa reseñada, incluido el artículo 102.2 de la LGT, no es completa, en el sentido, como apunta el reseñado informe pericial, que se omite el número de referencia al concepto y tipo de impuesto al que hace referencia; no presenta en su primera página la Delegación que emite la notificación, así como los datos de contacto de la misma y en sus dos primeras páginas no presenta ningún contenido del cuerpo de la resolución que se quiere notificar (vid. documentos n.º 5 y 6 acompañados con la demanda), todo ello, insistimos, a diferencia de las innumerables notificaciones efectuadas por la Agencia Tributaria a la hoy recurrente, para lo que basta con la mera observación de la documentación incorporada en la demanda o del informe pericial. Si el fin principal del acto administrativo es que este sea conocido por el interesado, aquí la imperfección de la notificación, unida a la falta de diligencia del destinatario, impidió ese conocimiento.
Es claro que las reseñadas circunstancias concurrentes dejan a la contribuyente en una situación de indefensión -sin que en cambio se haya acreditado mala fe en su actuación- y conllevan unas consecuencias desproporcionadas, que la anulación de la providencia de apremio permite zanjar”.
La Sección primera de este Tribunal en auto de 4 de febrero de 2016, declaró la inadmisión del motivo primero del presente recurso de casación, quedando limitado el recurso a un único motivo, el segundo.
Formula el Sr. Abogado del Estado el segundo motivo de casación al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA, por infracción de los arts. 102, 112 y 167 de la Ley 58/2003, 27, 28 y 38 de la Ley 11/2007 y 35, 36 y 40 del Real Decreto 167/2009, en relación con la jurisprudencia relativa a las notificaciones; y añade la infracción de las normas de la sana crítica en la valoración de la prueba, siendo la valoración de la Sala arbitraria e irrazonable y vulnera los arts. 9.3 y 24 de la CE, en relación con la jurisprudencia.
Ha de iniciarse el examen del debate propuesto por la última de las consideraciones que realiza el Sr. Abogado del Estado, esto es que “la prueba llevada a cabo resulta contraria a la razón e ilógica, conduciendo a resultados inverosímiles y evidenciando un ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional”. Debe advertirse la insuficiencia en la formulación de este submotivo casacional, ante una descripción exhaustiva de los hechos acaecidos y del desarrollo de las razones que impulsaron a la Sala de instancia a las conclusiones a las que llegó con expresa plasmación del proceso lógico seguido, ante ello el Sr. Abogado del Estado se limita a tachar la valoración de contraria a la razón e ilógica y se basa en exclusividad en que las declaraciones de la empleada recogida en acta notarial son declaraciones de parte, habiendo accedido la misma periódicamente a la página web de la AEAT para descarga de notificaciones, el que fuese la única vez que accedía a la comunicación con las características de la cuestionada no impedía que la hubiere conocido, y añade, sin más explicaciones, que tampoco es concluyente el informe pericial, y termina afirmando que la Mutualidad interpretó un error informático que no existía. Sin embargo como ha quedado transcrito el Tribunal de instancia cumpliendo con el mandato legal que le venía impuesto procedió a examinar la prueba de que dispuso, recogiendo de manera exhaustiva los hechos acaecidos, sobre los cuales, por su carácter objetivo, las partes están conteste y a obtener de ellos las conclusiones que plasmó en el texto de la sentencia, valorando la prueba en su conjunto y con arreglo a las reglas de la sana crítica. Y esa valoración y la calificación jurídica a la que le conduce, es intangible para este Tribunal, salvo en los supuestos en que la misma se hubiera realizado de modo arbitrario, sin sujeción a las reglas legales, u obteniendo conclusiones carentes de lógica o que pudieran tacharse de irracionales. Lo que en modo alguno resulta adecuado para propiciar el examen probatorio por este Tribunal en casación, es la simple alegación de la concurrencia de las razones expuestas, tal y como hace el Sr. Abogado del Estado, puesto que una valoración arbitraria, contraria a la razón o ilógica, no significa llegar a conclusiones distintas a las que aspiraba la parte interesada, sino a una valoración meramente voluntarista sin lógica ni sustento objetivo alguno, y asume la carga de fundar dicha apreciación la parte que denuncia la valoración de dicho modo, lo que no cabe simplemente es mostrar su desacuerdo y acompañar la opinión que le suscita determinados hechos, si a ello unimos que en el presente caso, como se ha dicho, la Sala de instancia explica el proceso lógico seguido y las razones que le llevan a la valoración realizada, concluir con tan escaso bagaje que se ha infringido las reglas de la sana crítica resulta de todo punto insuficiente para enervar la fuerza de convicción que acompaña a la valoración realizada por un juzgador imparcial.
No se cuestiona, todo lo contrario, como expresamente se recoge en la propia sentencia impugnada, la validez y eficacia de las notificaciones por comparecencia electrónica, prevista en el art. 112 de la LGT, y reguladas al tiempo de los hechos en los arts. 28.5 de la Ley 11/2007 (derogada por Ley 39/2015), “Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso” y arts. 35, 36 y 40 del Real Decreto 1671/2009.
En lo que ahora interesa, el cambio tan radical que supone, en tema tan sumamente importante como el de las notificaciones administrativas, las notificaciones electrónicas, en modo alguno ha supuesto, está suponiendo, un cambio de paradigma, en cuanto que el núcleo y las bases sobre las que debe girar cualquier aproximación a esta materia siguen siendo las mismas dada su importancia constitucional, pues se afecta directamente al principio básico de no indefensión y es medio necesario para a la postre alcanzar la tutela judicial efectiva, en tanto que los actos de notificación “cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes” [ STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2].
Con carácter general se ha entendido que lo relevante en las notificaciones no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas o haya podido tener conocimiento del acto notificado, en dicho sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2015, rec. cas. 680/2014; puesto que la finalidad constitucional, a la que antes se hacía mención, se manifiesta en que su finalidad material es llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizada en el art. 24.1 de la Constitución española (CE ), sentencias del Tribunal Constitucional 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3, ó 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2. Este es el foco que en definitiva debe alumbrar cualquier lectura que se haga de esta materia, lo que alcanza, sin duda, también a las notificaciones electrónicas.
Desde luego el desconocimiento de lo que se notifica, hace imposible no ya que pueda desplegarse una defensa eficaz, sino cualquier defensa. Por ello, lo realmente sustancial es que el interesado llegue al conocimiento del acto, sea uno u otro el medio, y por consiguiente pudo defenderse, o no lo hizo exclusivamente por su negligencia o mala fe, en cuyo caso no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado el principio antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia, sentencias del Tribunal Constitucional 101/1990, de 4 de junio, FJ 1; 126/1996, de 9 de julio, FJ 2; 34/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2; y 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2]. Por ello, como este Tribunal ha dicho, lo relevante, pues, no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Todo lo cual lleva a concluir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, que ni toda deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una vulneración del art. 24.1 CE, ni, al contrario, una notificación correctamente practicada en el plano formal supone que se alcance la finalidad que le es propia, es decir, que respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece, sentencias del Tribunal Constitucional 126/1991, FJ 5; 290/1993, FJ 4; 149/1998, FJ 3; y 78/1999, de 26 de abril, FJ 2].
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.- Desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 28 de mayo de 2015, recaída en el recurso n.º. 186/2014. 2.- Condenar en costas a la parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.