Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92208
Timestamp: 2019-09-21 15:56:14
Document Index: 335204886

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 54']

Gaceta: LXIV/1SPO-110/92208
Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta respetuosamente a la C. Raquel Buenrostro Sánchez , en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la C. Olga Sánchez Cordero en su carácter de Titular de la Secretaria de Gobierno Federal, a fin de que proporcionen la información solicitada, al tenor de la siguiente:
El pasado 4 de enero, el país comenzó a vivir un desabasto de gasolina, que hasta la fecha, nos ha traído grandes pérdidas económicas, sobre todo, en el sector empresarial. Lo anterior debido al anuncio que realizó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en fecha 27 de Diciembre de 2018. Las primeras entidades afectadas fueron: Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, extendiéndose posteriormente la afectación hasta Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México. Todo ellos a consecuencia del “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, lo que consistió en el cierre de ductos y la forma de distribución de la gasolina.
El pasado 24 de enero, el Presente de la República anunció, a través de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, que realizó la compra de 671 pipas por un costo de 92 millones de dólares en una adjudicación directa.
Ahora bien, la norma general que regula todas las compras que el gobierno federal realiza es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según lo establece en su artículo 1°. Esta ley contempla tres opciones enunciadas en su artículo 26, mismas que por regla general, debe hacerse prioritariamente mediante licitación pública, y en excepción de condiciones específicas y justificadas, por invitación a cuando menos 3 personas y en defecto de los anteriores, por adjudicación directa.
Así mismo, en atención al capítulo de Excepciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto a la adquisición o arrendamiento de bienes, establece en su artículo 40 que “la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios”.
Por lo que al haberse realizado una adjudicación directa de las 671 pipas, por un monto de 92 millones de dólares, primeramente es necesario no exceder los montos máximos a los que refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que remite al artículo 3, fracción X, del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual a su vez indica el monto mínimo en el Anexo 9, que para el caso de la adquisición referida, el monto está muy por arriba del permitido. Por lo cual, solo sería posible justificar las causas que motivaron dicha adquisición, encuadrándolas en alguna de las fracciones del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tomando en cuenta las declaraciones hechas por la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, el 24 de enero del presente, en la audiencia matutina del Presidente de la República, debieran soportarse en alguna de las fracciones II, III o V de dicho artículo, mismo que establece lo siguiente:
Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;
IV.- …
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
Derivado de lo anterior, se observa que la posible justificación para los casos de las fracciones II y V, se encuentra en lo que se pudiera considerar como “caso fortuito” o “fuerza mayor”, para lo cual, la Suprema Corte de Justicia conceptualiza estos términos con el siguiente criterio:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo.
Respecto al concepto anterior, es evidente que no es posible alegar un caso fortuito o de fuerza mayor, toda vez que el propio ejecutivo federal, pudo haber prevenido el desabasto en el país, a través de una estrategia previa al cierre de las válvulas en una conducta premeditada de cierre de ductos y la forma de distribución de la gasolina, según el “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, lo que trajo como consecuencia la baja en la distribución del combustible, por debajo de la demanda habitual de las zonas afectadas, afectando en consecuencia la actividad económica de las entidades federativas.
Ahora bien, respecto a lo establecido en la fracción III, del ordenamiento antes citado, las circunstancias que provocan pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados, llevan el mismo origen que lo establecido en el párrafo anterior, ya que de haber previsto el Ejecutivo Federal, una logística de abasto, antes de poner en marcha el “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos”, mediante la adquisición por licitación de las pipas necesarias, y posteriormente hacer el cierre de las válvulas de los ductos que distribuyen los hidrocarburos a las entidades federativas, no existiría la urgencia de la que se habla.
Lo anterior pone en evidencia, que fue el propio gobierno federal el que, a causa del “Plan Contra el Robo de Hidrocarburos” y a falta de previsión en la estrategia de abasto, ocasionó el daño económico y la emergencia que se alega, lo que excluye como justificación de sus acciones de adjudicación directa el caso fortuito y fuerza mayor, ya que tales hechos le son imputables directa o indirectamente por culpa, por lo que pudo evitar con los instrumentos que normalmente dispone, para prevenir el acontecimiento, oponerse a él, resistirlo y evitar así la transgresión de la ley.
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione a esta soberanía, copia del informe relativo a los contratos formalizados durante el mes de enero pasado, con copia adjunta del escrito firmado por el titular del área que realizó la adjudicación directa de 671 pipas, por un costo aproximado de 92 millones de dólares, así como el dictamen en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones de la adjudicación, mismo que debió presentarse ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos previstos por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de conocer los fundamentos, motivos y criterios que justifican dicha adquisición.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, en su carácter de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía, la razón por la que consideró el desabasto de gasolina en el país como una urgencia, tomando en cuenta que fue provocado el desabasto a consecuencia de las acciones del Poder Ejecutivo Federal al cerrar el suministro de los ductos de PEMEX, pudiendo prever el mecanismo de abasto alterno a los ductos.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Gobierno Federal, informe a esta soberanía, la razón por la cual no se realizó la compra mediante licitación de 671 pipas, por un costo aproximado de 92 millones de dólares, antes de iniciar la estrategia en contra del robo de hidrocarburos.
CUARTA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública examine la justificación de la adjudicación directa de las 671 pipas, a fin de determinar e iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables de la inobservancia del artículo 54 de la ley General de Responsabilidades Administrativas.