Source: https://www.scribd.com/document/189690959/Ejemplo-de-Una-Centencia-Del-Trubunal-Constitucional-Ex-1805-2007
Timestamp: 2017-09-23 17:15:38
Document Index: 246563848

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 3', 'Artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 2', 'Artículo 15', 'artículo 163', 'artículo 137', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2']

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º 01805-2007-PHD/TC LIMA FRANCISCO JAVIER CASAS CHARDON
En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Casas Chardon contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 230, su fecha 29 de noviembre de 2006, que revocando la sentencia de primera instancia, declara infundada la demanda. ANTECEDENTES 1. Demanda Con fecha 30 de septiembre de 2003, de fojas 38, el recurrente interpone demanda de habeas data contra el Ministro de Defensa y la Secretaría General de dicha entidad, con la finalidad que se le informe sobre: 1. Cuáles fueron los hechos específicos, en cada Región, por los que se decretó el estado de emergencia el 27 de mayo de 2003, mediante Decreto Supremo N.º 0552003-PCM. 2. Qué acciones militares se han realizado en los departamentos que el día de la presentación de la solicitud de información ante la entidad demandada no se encontraban en estado de emergencia, según la Resolución Suprema N.º 181-2003DE y el Decreto Supremo N.º 062-2003-PCM. 3. La cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en cada Región, durante la vigencia del estado de emergencia. 4. Las partidas del presupuesto de defensa de donde salieron los fondos destinados para realizar las operaciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia.
Señala que con fecha 2 de julio de 2003, la Secretaría General demandada recibió su solicitud de información, la misma que fue respondida parcialmente mediante Oficio N.º 13718 SGMD-M, de fecha 21 de julio de 2003, mediante el cual se indica los fondos
º 062-2003-PCM. solicita que la misma sea declarada improcedente o infundada. circunstancia que fue manifestada oportunamente al demandante mediante Oficios V-200-1040 y N. Por otra parte.º 27806. Asimismo. mediante el cual se deniega la entrega de la información sobre la base que el primer punto de la solicitud ostenta un carácter eminentemente político. de fecha 8 de agosto del 2003. Contestación de demanda El Ministerio de Defensa contesta la demanda y. cuando el que corresponde es el previsto en el artículo 11º de la Ley N. Respecto a la primera información solicitada. la parte demandada sostiene que tal información se enmarcaba dentro de las excepciones del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. ya que se habría seguido un procedimiento derogado. señala que dicha información “(.º 181-2003-DE y Decreto Supremo N. Por otra parte. el Gobierno levantó el estado de emergencia. el demandante es notificado con el Oficio N. en tanto que el artículo 15 de la Ley N.º 27806 dispone que el derecho de acceso a la información pública no podrá ejercerse cuando esta verse sobre razones de seguridad nacional en el ámbito militar o pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas. ya que han desaparecido las causas que motivan la clasificación reservada de la información requerida.. En ese contexto. Respecto a la información sobre las acciones militares que se han realizado en los departamentos que el día de la presentación de la solicitud del demandante no se encontraban en estado de emergencia. mas no señala las partidas de dicho presupuesto. menciona que ha existido una ilegalidad en el procedimiento administrativo seguido para la obtención de la información requerida.) hubiera sido utilizada por los rezagos terroristas con la finalidad de actuar con conocimiento del personal militar involucrado en . menciona que esta se encontraba expresamente enmarcada en los considerandos de los Decretos Supremos N. y que el segundo puesto está referido a información reservada.º 13737 SGMD-M.º 018-2001. omitiendo pronunciarse sobre la tercera parte de la solicitud de información. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del TUO de la Ley N. así como la referida a la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en cada Región durante la vigencia del estado de emergencia. se advierte que se ha seguido el procedimiento señalado por el artículo 3 del Decreto Supremo N. Posteriormente. en la medida que tanto la Marina de Guerra como el Ejército le han comunicado que es el Ministerio de Defensa el que deberá atender al requerimiento de información. la información es pública. Desde la perspectiva del demandante.º 13737 SGMD-M.destinados para realizar las operaciones militares durante el estado de emergencia.. rechazándola.º 27806. señala que el Ministerio de Defensa posee la información requerida. por lo que. argumenta que mediante Resolución Suprema N.º 055-2003PCM y 181-2003-DE. 2.
así como respecto del número de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en cada Región durante el estado de emergencia. 4. 3. (foja 69). procede responder a la solicitud de información en los términos en ella planteados. Respecto de la primera pretensión. señala que los fundamentos del Decreto Supremo N. considera que la información entregada a la demandante no precisa lo solicitado. estima que la entrega de dicha información podría tener una seria incidencia en la estrategia del Estado peruano para restablecer la paz interna. dicha información no puede ser develada. FUNDAMENTOS . Sentencia de primera instancia Con fecha 12 de agosto de 2005. en consecuencia. la declara infundada. el Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara fundada en parte la demanda y. precisamente. por los que se decretó el estado de emergencia. el restablecimiento del orden interno–. ordena que se proporcione información sobre los hechos específicos. ello no implica que las personas se encuentren impedidas de conocer cuáles fueron aquellos hechos concretos que la motivaron. por lo que atendiendo a una interpretación restrictiva de los supuestos de excepción al ejercicio de los derechos fundamentales. Sentencia de segunda instancia La segunda instancia revoca la sentencia apelada en el extremo que declara fundada la demanda. ya que se pondría en sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad. en cada Región. la declaratoria del régimen de excepción. Con relación a las pretensiones dirigidas a obtener información sobre las acciones militares que se han realizado en los departamentos que el día de la solicitud no se encontraban en estado de emergencia. en futuras declaraciones de estado de emergencia”. más aún porque ello pondría en grave riesgo la eficacia de la estrategia diseñada por el Estado para contrarrestar los referidos actos de violencia que suscitan. y reformándola. Finalmente. respecto a la solicitud de las partidas del presupuesto de defensa relativas a los fondos destinados para realizar las operaciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el Estado de emergencia.las acciones de defensa de la democracia. Sostiene que si bien la declaratoria de dicho régimen de excepción constituye una potestad del Presidente de la República. al considerar que dados los motivos y las finalidades que albergó la declaratoria del Estado de emergencia –entiéndase.º 055-2003-PCM no precisan de manera concreta cuáles fueron los hechos específicos ocurridos en cada Región involucrada y que llevaron a la declaratoria del estado de emergencia. así como acerca de las partidas del presupuesto de defensa desde donde salieron los fondos destinados para realizar las operaciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia.
durante la vigencia del estado de emergencia. los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1.º de la Constitución señala lo siguiente: “Artículo 137°. o en parte de él. y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9.º 181-2003-DE y Decreto Supremo N. Cabe recordar que el artículo 137. según Decreto Supremo N. 3.Precisión del petitorio de la demanda Del análisis de lo actuado en autos se desprende que la accionante formula demanda de hábeas data a fin de que el Tribunal Constitucional ordene remitir la información requerida al Ministerio de Defensa sobre los puntos siguientes: 1. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas 2. por los que se decretó el estado de emergencia el 27 de mayo del 2003. Un primer punto a determinar y que guarda directa relación con la primera pretensión solicitada por el demandante. ¿Es discrecional el establecimiento de un régimen de excepción? 1.º 055-2003-PCM. Enesta eventualidad. Su prórroga requiere nuevo decreto. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. según la Resolución Suprema N. puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales. del orden interno o graves circunstancias que afectaron la vida de la nación. por plazo determinado. puede decretar. Qué acciones militares se han realizado en los departamentos que el día de presentación de la solicitud de información ante la entidad demandada no se encontraban en estado de emergencia. la inviolabilidad del domicilio. . En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24. para hacer frente a cada uno de los hechos que lo motivaron. Las partidas del presupuesto de defensa de donde salieron los fondos destinados para realizar las operaciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. es el referido a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para decretar un estado de emergencia. 2. Cuáles fueron los hechos específicos. y que supusieron la perturbación de la paz. y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente. apartado f del mismo artículo. El Presidente de la República. 4. en caso de perturbación de la paz o del orden interno. La cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en cada Región.º 062-2003-PCM. con acuerdo del Consejo de Ministros. Estado de emergencia. en cada Región. en todo el territorio nacional.
como efectivamente ocurre en los regímenes de excepción. por tanto. b) Que la aplicación de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal. si tomamos en consideración que en el caso concreto. es decir.asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. bajo pretexto de un clima de inestabilidad y alteración del orden público en determinadas zonas del país. si bien no era necesario que en el Decreto Supremo 005-2003-PCM. Así. sociales y económicas o de fuerza mayor provenientes de la naturaleza. Por ello. existe un legítimo interés de la ciudadanía por conocerlos. debiendo entregar la entidad demandada la información relativa a los hechos concretos que. de la vigencia rediviva de la normalidad ordinaria del Estado. es decir. 5. En ese contexto. por el contrario. realmente. Continuando con dicho razonamiento. en la STC N.” 3. que no se extienda más allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de la normalidad constitucional y. en cada región del país. por lo que el primer extremo de la demanda debe ser estimado. motivaron la declaratoria del Estado de emergencia. se precisen detalladamente los actos que condujeron a su establecimiento. motivos suficientes para adoptar una decisión de tal magnitud. debemos concluir que. que no pueden ser controladas a través de los medios ordinarios con que cuenta el Estado. por comprender dentro del régimen de excepción a aquellos lugares en los que el grado de perturbación del orden interno no revestía de una gravedad que justificara su inclusión en dicho régimen.” 4. ciertamente. La norma constitucional nos deriva directamente a la conclusión de que el establecimiento de un régimen de excepción está sujeto a determinados requisitos o parámetros. que declaró el estado de emergencia. o si. el estado de emergencia fue declarado en todo el territorio nacional. deben haberse presentado condiciones políticas. se mencionó que existen dos condiciones para que los regímenes de excepción cuenten con legitimidad: “a) Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite que el orden institucional y la seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. y aunque la disposición mencione que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas solamente al Congreso de la República y que el juez no podrá cuestionar la vigencia del régimen de excepción. más aún en aquellos supuestos en los que dichas decisiones implican la restricción de derechos fundamentales. La naturaleza de la información solicitada por el demandante nos lleva al interrogante sobre los alcances que tiene el establecimiento y la vigencia de un régimen de . se optó por la medida desproporcionada.º 0017-2003-PI/TC. 6. Acceso a la información pública y regímenes de excepción 7. por ejemplo. Por lo tanto. existe por demás un interés en conocer si existieron. existe un razonable y justificado interés público por ejercer control social sobre las decisiones de la Administración Pública.
en el entendido que la difusión de determinada información pudiera conllevar un riesgo inminente de alteración grave del orden público. de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. (…) d. el mismo que puede ser establecido en aquellos supuestos en los que exista una perturbación a la paz o del orden interno. Recurriendo a un interpretación sistemática de la Constitución. debemos señalar que el orden público se erige como una excepción válida al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. la norma que desarrolla el derecho de acceso a la información pública. una conclusión preliminar nos llevaría a sostener que el derecho de acceso a la información pública no es pasible de restricción alguna en el marco de un régimen de excepción. lo siguiente: […] Artículo 15. En esa misma dirección. así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley.° 27927. en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú. 9. concluiremos que los únicos derechos fundamentales pasibles de ser restringidos son los de inviolabilidad de domicilio. tránsito y libertad personal. que se sustente en razones de seguridad nacional. Órdenes de operaciones. Información clasificada en el ámbito militar. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. reunión. señala entre las excepciones al ejercicio del referido derecho fundamental. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 1. que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta. así como de . Siguiendo esa línea argumentativa. logísticas y conexas. la misma que debe ser interpretada restrictivamente.º 27806 modificada por la Ley N. relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas. 8. cabe recordar que uno de los supuestos de regímenes de excepción lo constituye el denominado “estado de emergencia”. Sin embargo. 11. Si advertimos lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política.excepción para constituirse como una causa justificada de excepción o restricción de los derechos fundamentales. entiéndase la Ley N.. 10. tanto en el frente interno como externo: (…) b.
así como los oficios. tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente: a.. establecimientos penitenciarios.Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 2.) d. así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). (. Los planes de operaciones policiales y de inteligencia. e.. así como aquellos destinados a combatir el terrorismo. partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1. Los planes estratégicos y de inteligencia. perjudicarían la información de inteligencia. así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.. locales públicos y los de protección de dignatarios. Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales. (. Información relacionada con el alistamiento del personal y material. .operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú.. b. Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno: a. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 1. (. (…) g. g.) Artículo 15-A.. Los informes que de hacerse públicos... La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o [a] la subsistencia del sistema democrático. partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. f. Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia.) c. planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. así como los oficios.
podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna. 13. esta tiene una connotación referente al manejo de la información de decisiones de gobierno. está vinculada estrechamente con la seguridad nacional y relacionada con el ámbito militar y el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad. en cambio. durante la vigencia del estado de emergencia. reservada y confidencial para poder establecer en cual de los supuestos se encuentra dicho pedido de información. así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia. Estas dos citadas pretensiones se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de la Ley 27806 en los artículos 15. Por ello. la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados. relativa a las actuaciones policiales para prevenir y reprimir la criminalidad en el país. Asimismo. 14.º 062-2003-PCM. 18.º señala que “con posterioridad a los cinco años de la clasificación (…).º y 15. 17.. el Tribunal Constitucional estima pertinente pronunciarse sobre la diferencias entre información calificada de secreta.]” 12. Pero hay que tener en cuenta que esta misma ley en su artículo 15.d. Cabe recordar que la segunda pretensión se refiere a qué acciones militares se han realizado en los departamentos que el día de presentación de la solicitud de información ante la entidad demandada. investigaciones vinculadas a la potestad sancionadora de la Administración Pública o defensa en un procedimiento administrativo. según la Resolución Suprema N. El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. se refiere a seguridad nacional pero de orden interno. Por el tenor del artículo 15 se entiende que la información calificada de secreta se refiere a todo lo concerniente a la defensa nacional entendida esta como las actividades que realizan las Fuerzas Armadas para proteger al estado en caso de agresión interna o externa.. A continuación pasaremos a analizar la segunda y tercera pretensión del demandante. el 25 de junio de 2003. [. 15. La información. Antes de entrar a las cuestiones de fondo. y los demás regulados por la legislación pertinente. 16.º 181-2003-DE y el Decreto Supremo N. secreto profesional y los derechos regulados en el inciso 5 del artículo 2. la tercera pretensión está referida a la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en cada Región.º A porque estas facilitarían conocer las estrategias desplegadas a fin de restablecer la perturbación del normal ejercicio y desarrollo de las actividades de la comunidad. cualquier persona puede solicitar . En cuanto a la información confidencial. no se encontraban en estado de emergencia.
21. Bajo esta premisa el demandante podrá pedir dicha información porque el Tribunal Constitucional no es competente para determinar si estos dos pedidos que se encuentran enmarcados dentro de información calificada de secreta siguen siéndolo.00. sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello. en su faz negativa. se correría el riesgo de que este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen. fragmentaria. sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria. 1’127. de fecha 21 de julio de 200. la integridad territorial y/o [la] subsistencia del sistema democrático. ambas pretensiones son improcedentes. imprecisa. independientemente de su veracidad o no. resultaran burlados cuando. Este Tribunal Constitucional entiende que la información relativa a las partidas presupuestales solicitadas no configura un supuesto de excepción establecido en la Ley 27806. la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. en el Oficio N°13718 SGMD-M.191. Si tal fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente.la información clasificada como secreta. 20. desactualizada. A criterio del Tribunal. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú . falsa. incompleta. la cual será entregada si el titular del sector del pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información. por lo tanto.000. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar. pero no indican las partidas de origen de estos fondos. correlativamente. exige que la información que se proporcione no sea falsa. el Tribunal Constitucional. En cuanto a la cuarta pretensión sobre las partidas del presupuesto de defensa de donde salieron los fondos destinados para realizar las operaciones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. el cual puede desclasificarlo”. por lo tanto. Por estos fundamentos. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. p. no encontramos la existencia de fundamento alguno para que se deniegue al demandante la pretensión cuarta en los términos solicitados. dicho pedido debe ser estimado. las cuales fueron aprobadas. por ello. 19. incompleta. a fojas 16. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. indiciaria o confusa” 22. se sostiene de manera genérica que en un primer momento se solicitó una asignación extraordinaria de S/ 3’000. no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro.ej. no oportuna o errada.00 y de S/. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia 1797-2002-HD/TC que “el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y.
2. Declarar FUNDADA en parte la demanda. ORDENAR a la demandada la entrega de la información de la primera y cuarta pretensión en los términos propuestos en el petitorio de la demanda. En cuanto a las pretensiones segunda y tercera. declárese su improcedencia.HA RESUELTO 1. SS. LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS ETO CRUZ .
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