Source: https://iadpi.com.ar/index.php/2017/07/13/la-nueva-dicotomia-del-acta-poder-para-efectuar-presentaciones-electronicas/
Timestamp: 2020-02-22 18:48:23
Document Index: 354612437

Matched Legal Cases: ['artículo 834', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 48']

En el mes de octubre de 2016, dimos a conocer un artículo de nuestra autoría titulado “La dicotomía del acta poder para hacer presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires”. Dicha publicación fue sumamente debatida, habida cuenta de la temática crítica que trataba: la obligatoriedad -o no- para el letrado patrocinante de suscribir un “acta-poder” con su cliente, el sólo efecto de hacer presentaciones electrónicas de carácter impulsorio.
Por fuera de las disposiciones reglamentarias a las que nos hemos referido en el punto que antecede, dictadas por la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de las atribuciones que el artículo 834 del C.P.C.C.B.A le acuerda para asegurar el mejor cumplimiento de las normas procesales, el cimero Tribunal provincial ha tenido oportunidad de pronunciarse en la órbita jurisdiccional en torno al tópico que nos ocupa, en casos que llegaron a su conocimiento con motivo de la aplicación concreta del Sistema de Presentaciones Electrónicas, forjándose de este modo la incipiente doctrina legal en la materia, de obligatoria observancia por los órganos inferiores.
Con fecha 8 de febrero de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los autos «Carnevale, Cosme Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (c. A. 74.409), se expidió en torno a las facultades del abogado patrocinante de una parte en un proceso judicial, para efectuar presentaciones electrónicas, precisamente en aquellos escritos en donde se articulan pretensiones que desbordan el tradicional concepto de “mero trámite” y en los supuestos en que el abogado no actúa en calidad de apoderado ni ha invocado la franquicia prevista en el artículo 48 del C.P.C.C.B.A.
Recordemos que el mandato se encontraba definido en el artículo 1.869 del Código Civil derogado (ley 340), aunque que la doctrina se inclinaba por considerar que era un concepto más propio de un «contrato de representación”.
Ahora bien, cuando se actúa en el carácter de letrado apoderado, tanto jurisprudencial como doctrinalmente se ha interpretado que se está frente a una prestación de resultado, en lo que refiere a la realización y producción de actos procesales propios de la función (v.gr. presentar escritos en término, impulsar el proceso, realizar apelaciones, etc.), lo que conlleva una responsabilidad mayor a la que posee -por regla- un letrado patrocinante, en lo que respecta a la existencia de omisiones u errores en el desenvolvimiento profesional.
Si bien actualmente se ha abandonado la idea de que el abogado patrocinante sólo tiene la función de preparar los escritos que deban llevar su firma, pues el patrocinio implica asumir la plena dirección del proceso, el cabal cumplimiento de los deberes que ello comporta y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la manera hasta su terminación, lo cierto es que la distinción entre la responsabilidad del letrado patrocinante con el apoderado aún persiste.
En este sentido, al diferenciar la responsabilidad del letrado en uno y otro caso, se ha sostenido que si el abogado ejerce funciones de asesor legal o patrocinante, la obligación que contrae es simplemente de medios, mientras que como abogado apoderado, se encuentra obligado a una prestación de resultado con relación a los actos procesales de su específica incumbencia.
Tradicionalmente se han definido como escritos de “mero trámite” a aquellos que, en modo general, dan lugar a providencias de mero trámite, entendiéndose estas últimas como las que dicta el juez durante el curso del proceso sin decidir sobre cuestiones de fondo o controversias y que, por esa razón, no requieren la opinión previa de las partes respecto del asunto sobre el que recaen: sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso.
De tal modo, las providencias simples (también denominadas providencias de trámite o decretos), tienen por finalidad precisa ordenar el desarrollo del proceso o bien disponer actos de mera ejecución sin llegar, en consecuencia, a decidir controversia alguna. Por esta última razón no requieren sustanciación, es decir, vista o traslado a la contraparte.
Es necesario recordar que, el letrado patrocinante, puede realizar presentaciones electrónicas de mero trámite, sin el requerimiento de la firma del cliente. En efecto, el artículo 56, inciso “c” de la ley 5.177 -reformado por la ley 13.419-, dispone expresamente que una de las funciones que comprende la actuación de los letrados consiste en presentar con su sola firma los escritos de mero trámite. La aludida norma refiere, claro está, a los letrados patrocinantes, puesto que si fueran apoderados pueden realizar todos los actos dentro de los límites de su mandato. Entonces, sólo queda admitir que, por aplicación del art. 56 inc. “c” de la ley 5.177, el abogado puede presentar escritos de mero trámite actuando en nombre propio pero por un derecho ajeno, lo cual configura un típico rol de “sustituto procesal”.
Cuadra precisar en este aspecto que la presentación con su sola firma de los escritos de mero trámite no es una simple facultad de los abogados otorgada por ley, sino que tiene una mayor implicancia, ya que comprende una de sus mas importantes funciones, un “deber” para “…no abandonar los juicios mientras dure el patrocinio…” (art. 58 inc. 7) y de “…activar el procedimiento en las condiciones de Ley…” (art. 73 inc. 2).
El inciso “c” del artículo 56 fue incorporado a la ley 5.177 por la ley 13.419, con una doble finalidad: por un lado, agilizar las actuaciones judiciales y, por otro, facilitar la tarea del abogado en el procedimiento.
Los fundamentos de la modificación legal traída con la sanción de la ley 13.419, consistían desde el punto de vista profesional en que la introducción de tal facultad procesal permitiría que con su sola firma los letrados puedan impulsar el desarrollo del trámite judicial sin necesidad de la rúbrica de su patrocinado, en aquellos casos específicamente reglados que únicamente tengan por objeto la continuidad de la mecánica del procedimiento, que sean habituales, que constituyan la progresión lógica de la serie de actos. Por su parte, desde la óptica del procedimiento, se pretendía agilizar los trámites, al acortar tiempos en concordancia con los principios de celeridad y economía procesal.
Paralelamente, y para dar acabada solución a cualquier divergencia interpretativa que pudiere suscitarse contra el uso de la facultad prevista en el art. 56 inc. “c” de la ley 5177 (en especial, en cuanto a las consecuencias que cabe atribuir al inadecuado uso de esa herramienta procesal), mediante el artículo 2 de la Acordada 3842/17 se dispuso que “Cuando los jueces o tribunales estimaren que determinado requerimiento utilizando esta facultad no reviste el carácter de mero trámite, deberán hacerlo saber mediante resolución fundada, en la que intimarán a los interesados a rubricarlo dentro del siguiente día hábil, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado”.
Esto, además del beneficio que representa para el impulso procesal de la totalidad de los expedientes en los que intervenga un letrado patrocinante, adquiere especial relevancia práctica en aquellos procesos de carácter “voluntarios” (v. gr., trámites sucesorios), los cuales, salvo cuestiones particulares, podrán ser tramitados casi íntegramente por el profesional a través del portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, sin el requerimiento de la firma de la parte (a excepción, claro está del escrito de inicio).
Conforme el estado actual de la reglamentación vigente en la materia, para que el letrado patrocinante pueda presentar con su sola firma digital cualquiera de los escritos enumerados como no comprendidos en el carácter de mero trámite en la Acordada S.C.B.A 3842/17, deberá indefectiblemente contar con las facultades conferida por la parte asistida mediante la instrumentación de la controvertida “acta-poder” que prevé el Protocolo para Presentaciones Electrónicas, o bien invocar la franquicia que autoriza el artículo 48 del C.P.C.C.B.A., tal como lo admitiera expresamente la Suprema Corte en la ya reseñada causa “Carnevale”.
En el esquema propuesto, el profesional sería eventualmente el encargado de generar, suscribir e ingresar en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas provincial, un documento electrónico de idéntico contenido al elaborado en formato papel (y suscripto ológrafamente por la parte), con las características propias que ello encierra.
En este último aspecto, resulta de ineludible guía tener presentes los postulados contenidos en las Bases para la reforma procesal civil y comercial, documento elaborado en el marco del proyecto “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, sin dudas, cimentará el proceso de reformas de los códigos adjetivos de toda la República. Así, en cuanto a la actividad procesal de las partes, las bases resaltan respecto del soporte de los actos escritos, la importancia de tender hacia formatos electrónicos, y la necesidad de que los nuevos ordenamientos prevean las condiciones que determinen el valor probatorio del documento electrónico y de la prueba documental resultante de las nuevas tecnologías, así́ como los requisitos que aseguren su fidelidad e inalterabilidad.
Publicado en la revista de Pensamiento Civil el 31/10/2016 (www.pensamientocivil.com.ar).
Numeración según Decreto-Ley 7861/72.
Ver comentario a dicho pronunciamiento: BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., “La actuación del letrado patrocinante en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires, según doctrina de la Suprema Corte”. Publicado en pensamientocivil.com.ar, el 22/02/2017.
Cfr. art. 160 del C.P.C.C.
Cfr. Fenocchietto, Carlos E., “Código Procesa Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Comentado”. Edit. Astrea.
Promulgada por Decreto 25/06 del 09/01/2006, publicada en el B.O. del 19/01/2016.
Ver fundamentos del proyecto de la ley 13.419.
La solución es concordante con la prevista en el art. 57 del C.P.C.C. para una hipótesis similar.
Entendidos como tales aquellos en que no corresponde decidir entre pretensiones contradictorias. La ley exige la intervención del magistrado para dar eficacia a ciertos actos que por razones de certeza estima necesario integrar, autorizar u homologar; cfr. Medina, Graciela, “Proceso Sucesorio”; Editorial Rubinzal-Culzoni.
Para un mayor estudio de la problemática suscitada en torno al “acta-poder” prevista en el apartado 2 «Adhesión. Trámite. Efectos» del Protocolo de Presentaciones Electrónicas aprobado por medio de la resolución 3415/12 S.C.B.A., y nuestra postura crítica respecto de su aplicación e instrumentación, ver artículo citado “La dicotomía del acta-poder…”, publicado en www.pensamientocivil.com.ar, el 31/10/2016.
Aprobado por Resolución de la Suprema Corte N° 3415/2012.
Ver articulo de autoría titulado “Validez jurídica de los documentos digitales adjuntos en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires”. Citar: elDial DC22BD. Publicado el: 04/04/2017
Disponible para su consulta a la fecha de la publicación del presente en el sitio www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/Bases-para-la-Reforma-de-la-Justicia-Civil-y-Comercial.pdf.