Source: http://blog.atc.com.co/2013/10/
Timestamp: 2017-07-26 16:45:45
Document Index: 349035558

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 29', 'Artículo 29']

Asociación de Transportadores de Carga ATC: octubre 2013
Taller práctico utilización herramienta SICE
DECRETO 2228 HERRAMIENTA
VITAL PARA QUE QUE
ESTABLECE PISO MINIMO OBLIGADO CON BASE ENLOS COSTSO OPERATIVOS LOS
TRANSPORTADORES DE CARGA, EMPRESARIOS Y GENERADORES CON OBLIGACIÓN DE CUMPLIRLO
Un mes después de levantar la inmovilización
camionera de septiembre pasado, el Gobierno Nacional con la firma del
Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón y el Ministro de
Transporte encargado, Nicolas Estupiñan, puso en vigencia el decreto 2228 del
11 de octubre de 2013, que implementa una política favorable para el sector
transportador de carga en el que se fijan los pisos mínimos de los valores a
pagar a los camioneros con base en los costos de operación. Este decreto ha sido un arduo trabajo realizado entre
el gobierno nacional y los gremios de transporte, especialmente ATC y ACC, en
el que, técnicamente, se evidenció que los propietarios de equipo veníamos
trabajando a pérdida, pues los pagos percibidos por cada viaje no alcanzaban a
cubrir los costos de operación del mismo.
El decreto 2228 modifica la parte más sensible el
decreto 2092 de 2011 en el cual, dejaba pactar libremente los precios entre
generadores de carga y transportadores, donde los primeros ejercían una
posición dominante que tenía a nuestro sector en cuidados intensivos. Hoy se
establece el valor a pagar con base obligada en el SICE sistema vigente en la
página del Ministerio de Transporte consulte el link http://200.91.203.10:8080/sirtccWeb/costoOperacion.jsf En
conclusión, desde el momento de publicación del decreto el pasado viernes 11 de
octubre, las empresas deberán cancelar a los propietarios de equipo como mínimo
el valor a pagar teniendo en cuenta los costos de operación arrojados por el
Sistema de Información de Costos Eficientes – SICE TAC.
Otros puntos que establece con claridad la norma
son los cargues y descargues que debe ser cancelado por los generadores de
carga. Así mismo establece el cobro del stand by y prohíbe los descuentos
ilegales que venían realizando algunas empresas afectando considerablemente el
patrimonio de los transportadores colombianos.
Desde ATC insistimos que este es el primer paso
para recuperar la rentabilidad del negocio transportador de carga en el país,
pero es responsabilidad de los propietarios y empresarios de carga empezar a
exigir el cumplimiento del Decreto 2228 realizando las denuncias oportunas para
lo cual ATC ha dispuesto el correo electrónico comunicaciones@atc.com.co o a través de la línea 4480102 ext 1. Desde la
asociación solicitaremos al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de
Puertos y Transporte y a la Superintendencia de Industria
y Comercio la intervención, apertura de
investigaciones y para quienes incurran en su incumplimiento.
Agradecemos a los transportadores de carga por apoyarnos
en la búsqueda de este este logro en el que ATC puso todo su empeño en las
mesas de negociación y el Observatorio Nacional de Carga buscando
estabilización para nuestro sector.
Comunicado oficial, noticia La W donde "suponen" participación de gremios en cartel de cupos
La W revela la existencia de una escandalosa red de corrupción para conseguir cupos para vehículos de carga. La Fiscalía alista imputaciones. LA W RADIO | OCTUBRE 10 DE 2013La www.wradio.com.co estableció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalia General de la Nación ya tiene preparadas las pruebas que serán presentadas ante los jueces de la República por un cartel descubierto por el Gobierno Nacional encargado de falsificar documentación para simular robos de camiones en alguans regiones del pais y así abrir nuevos cupos para la insripción de vehículos de carga ante el Ministerio de Transporte.El cartel para la creación de nuevos cupos para camiones y tractomulas nace ante la dificultad de insribir nuevos vehículos en el Ministerio que desde hace varios años mantiene congelada la cifra de cupos disponibles, buscando así controlar la sobreoferta.En principio, para poder conseguir un nuevo cupo es necesario demostrar la salida de circulación de un vehículo de carga ya sea por robo, siniestro o chatarrización. Sin embargo, secretarios de tránsito, tramitadores y funcionarios del grupo de reposición integral de vehículos del Ministerio de Transporte habrían creado una red para tramitar a través del Ministerio la reposición de decenas de vehículos de carga gracias a documentos y certificados fraudulentos. ¿Cómo funciona el sistema?El interesado en comprar una tractomula y conseguir un cupo para que esta pueda operar es contactado por el tramitador, muchas veces en el mismo lugar donde se hace la compra del vehículo de carga.El tramitador ofrece el cupo de un vehículo fuera de circulación que habría sido hurtado, hecho que abre la posibilidad para que se haga la reposición del cupo.El comprador paga entre 40 y 70 millones de pesos por el cupo al tramitador. El tramitador entrega una carpeta completa con certificados de la secretaría de tránsito en la que estaba matriculado el supuesto vehículo hurtado, la noticia criminal y el denuncio del hurto del vehículo, así como el pre-aprobado emitido por el ministerio.Dentro del Ministerio se debería hacer una verificación de esta documentación, pero quienes trabajan con los tramitadores sencillamente procesan los documentos sin contrastar, autorizando así el ingreso de nuevas tractomulas al parque automotor sin que el cupo sea legítimo.¿Dónde están las irregularidades?La mayoría de los vehículos que supuestamente han sido hurtados aparecen matriculados en las secretarías de tránsito de: Armero Guayabal (Tolima)Aguachica (Cesar)La Apartada (Córdoba)Sahagún (Córdoba)La GuajiraLa Paz (Cesar)Guacarí (Valle)Zarzal (Valle)Muchos de estos vehículos son camiones de la década de 1950 o 1960, hecho que obliga a preguntarse, ¿cuál es el interés de los ladrones en llevarse decenas de camiones viejos? ¿Existe una banda de los camiones viejos?Las denuncias ante la Policía no se hacen en el lugar donde ocurrió el robo, sino en otras ciudades.Las noticias criminales que aparecen en el expediente, asociadas al hurto del vehículo no corresponden a los hechos. Encontramos casos de hurtos de celulares, de dinero, tráfico de estupefacientes, hurto de caballos, de apartamentos, trata de personas, daño en bien ajeno. Sin embargo, el documento es recibido y procesado como si se tratara de la denuncia del robo de un camion.En las grabaciones que tenemos en nuestro poder se escucha a los tramitadores hablando de la gente que “engrasan” al interior del ministerio para que no revisen los papeles. La red de los cupos fraudulentos estaría compuesta por al menos 7 trabajadores del Ministerio de Transporte, quienes de la mano de un grupo de tramitadores que se han repartido el país por regiones, aceleran los procesos de entrega de cupos a los nuevos camiones.Algunas informaciones apuntan a que líderes de los gremios del transporte de carga también estarían implicados en la red y conocerían perfectamente el movimiento que se hace con estos cupos fraudulentos.¿Qué saben las autoridades?Al interior del Ministerio de Transporte ya habrían comenzado la verificación de las carpetas denunciadas por La W y están revisando con lupa el trabajo de los trabajadores que estarían implicados en el trámite y gestión de estos cupos para vehículos de carga.Igualmente, se conoció que desde esta cartera ya se ha denunciado ante la Fiscalía varios casos de entrega irregular de cupos. De hecho, el pasado mes de julio la Dijin realizó la captura de un funcionario de la entidad investigado por corrupción en la realización de trámites.Llama la atención que los últimos tres ministros de transporte han tenido conocimiento de la situación, pero las actuaciones al respecto no se han dado sino hasta ahora. De hecho, La W pudo establecer que en los sucesivos paros que ha realizado el gremio de los tranportadores este es un tema que se ha manejado con pinzas por exigencias de los mismos transportadores de carga.La Fiscalía General de la Nación ya tiene adelantadas y perfeccionadas las investigaciones sobre este cartel de cupos y se espera que en dos meses se haga la respectiva imputación de cargos a los investigados por este proceso.Autor: Juan Pablo CalvásTomado de: La W Radio
Presidente firmó decreto que establece un "mínimo" para pago de flete
Los transportadores querían volver a la tabla de fletes que fue derogada con un decreto de 2011, que cambió el modelo hacia una libertad vigilada. El decreto, calificado como sensible para los transportadores, contempla que las grandes empresas de generadoras de carga, revelen costos que pagan por fletes. Con esto, el Ministerio de Transporte buscará establecer si se está pagando un valor muy bajo o si las empresas que intermedian se están quedando con un porcentaje de los que pagan los camioneros colombianos. El decreto también establece un mínimo para el pago de fletes, pero sin fijar un precio por cada ruta, además lo condiciona a que el costo sea eficiente.Los transportadores querían volver a la tabla de fletes que fue derogada con un decreto de 2011, que cambió el modelo hacia una libertad vigilada. El decreto firmado por Juan Manuel Santos tiene que ver con el punto dos del acuerdo firmado entre Gobierno y Transportadores por el cual se levantó el paro.
TOMADO DE: LA W RADIO
Restricción vehiculos de carga del 11 de octubre al 14 de octubre
Texto definitivo de Decreto presentado por Mintransporte y aceptado a satisfacción por nosotros
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, en desarrollo del literal b) artículo 2 de la
Ley 105 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 336 de 1996, y
Que el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece que: “Artículo 2º.- Principios fundamentales (…)
b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. (…) ”
Que el artículo 29 de la Ley 336 de 1996, establece:
“Artículo 29.-En su condición rectora y orientadora del sector y del sistema nacional de transporte, le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte.”
Que en el documento CONPES 3489 de 2007 “Política Nacional de Transporte Público Automotor de
Carga” se recomienda implementar un sistema de información para el monitoreo de los mercados
relevantes en el transporte de carga por carretera.
Que el Decreto 2092 de 2011 fijó la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones
económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y se
estableció otras disposiciones.
Que la política de libertad vigilada exige por parte del Ministerio de Transporte realizar el monitoreo
al comportamiento de los mercados relevantes en el transporte de carga por carretera, para
intervenir en los casos en que se presenten fallas.
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Una fórmula exclusiva para el transporte de pasajeros y carga sería una de las alternativas que estudia el Ministerio de Minas y Energía para que el sector tenga acceso a un precio preferencial del Acpm.
El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, durante el Congreso Nacional de Transporte que se realiza en Cartagena.
Orlando Ramírez, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), opina que antes de la determinar una fórmula es necesario que Ecopetrol garantice la disponibilidad para refinar y abastecer el país en materia de diésel.
Acosta reveló que también se buscaría que el gremio se convierta en mayorista. Según Jaime Sorzano, presidente de Colfecar, con esa medida se podría tener un descuento entre el 5 y 8 por ciento.
Otra de las propuestas que contempla el Ministerio es aprovechar “la sobreoferta que el país tendrá en los próximos años de gas propano”, dijo Acosta.
Para que esta propuesta funcione, los transportadores opinan que será necesario, primero, garantizar la red de abastecimiento en todo el país.
Para Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), esta propuesta no es del todo viable porque sería necesario tener gasoductos para garantizar el suministro en todo el país. Ramírez dice que por ahora es técnicamente imposible porque “los camiones pierden fuerza; sin embargo, la tecnología es dinámica y a lo mejor llega alguna solución, pero por el momento no lo vemos viable”.
Hoy termina la auditoría que una comisión especial de los ministerios de Minas, Transporte y Hacienda, y Ecopetrol, le estaban haciendo a la política de precios de combustibles.
“El lunes haremos las consultas en el alto gobierno y el martes, en la comisión quinta del Senado, fijaremos nuestra posición para dar inicio al debate”, afirmó el Ministro.
La Superintendencia de puertos y Transporte denunció que de las 30.000 empresas que prestan el servicio de carga por carretera y que tienen registro en las cámaras de comercio tan solo hay unas 2.600 habilitadas para ejercer esta función es decir que unas 27.000 compañías están dentro del rengo de la piratería en Colombia. El Superintendente de Puertos, Juan Miguel Durán dijo en el XXXVIII Congreso Nacional de Transporte que al hacer el cruce de información con el ministerio del ramo, el resultado es bastante preocupante por lo que fue necesario emitir unas circulares a los generadores de carga para que sepan cuáles son las firmas habilitadas y autorizadas para prestar el servicio.“Yendo más allá, hablé con el Superintendente de Industria y Comercio para que efectivamente se pueda llevar esto hacia las cámaras de comercio.Prontamente habrá una resolución de ese despacho en la que hemos venido trabajando para que el sistema cameral expida de manera obligada los certificados de existencia y representación. Con ello se dirá abiertamente si están habilitadas por el Ministerio y hacer público quienes están aptas para prestar el servicio y con quien pueden contratar”, agregó el funcionario.Expresó su preocupación a tiempo que se indagó sobre que pueden estar haciendo 27.000 empresas que tienen como objeto el transporte de carga, pero que no tienen habilitación por parte del ministerio de Transporte.Según Durán, el riesgo de contratar con empresas piratas o informales es grande toda vez que si algo le pasa a la carga, no habrá respuesta de ningún tipo por parte de las aseguradoras porque no hay normas de amparo al propietario de los bienes transportados.Actualmente, la Superintendencia de Puertos y Transporte adelanta operativos con la Policía Nacional para identificar empresas irregulares y poder así coadyuvar con un sector transportador formalizado, serio, transparente y fortalecido.Para el Superintendente, las labores encaminadas a combatir la ilegalidad se han acompañado de medidas en contra del lavado de activos pues las empresas generadoras de carga deben denunciar las actividades sospechosas pues al no hacerlo se pueden ver involucradas en acciones penales.Indicó que lamentablemente el narcotráfico debilita el sector del transporte, haciéndolo desleal en su competencia y sobre ofertando el servicio haciendo que los transportadores sin mácula y honestos se vean cada vez más débiles.“Con las medidas implementadas no hay espacio para que los lavadores de dinero estén mimetizándose en la empresa transportadora porque hay un sector sano y fortalecido que le apunta a crecer y a seguir apostándole al desarrollo del país”, informó.Las mismas medidas entrarán a regir en los puertos y poder con ello ponerle talanqueras al narcotráfico. “La idea es que Colombia sea un paradigma en eficiencia y trasparencia mercantil en donde no se hable del narcotráfico sino de operaciones lícitas y puntualmente de comercio exterior”.Responde ColfecarPara el sector del transporte de carga por carretera agremiado en Colfecar la noticia no sorprende toda vez que han escuchado del Superintendente de Puertos y Transporte el término de mafias alrededor de la propiedad del parque automotor en Colombia, situación que considera aparte de grave muy incompleta porque cuando se habla de irregularidades o funcionamientos al margen de la ley, deben aportarse los datos específicos de quien poseen y como se identifican estos camiones. De manera paralela es perentorio saber quiénes han facilitado que situaciones como la descrita se presenten.El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano dijo que el sector formal ha hecho la petición ante el ministerio de Transporte, ante la misma Superintendencia de Puertos, ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en busca de esa respuesta y ninguna contestación específica han recibido al respecto. Comentó que si hay casos irregulares como muchas veces se viene afirmando, lo más consecuente es que se diga no solo el milagro sino también el santo, es decir, precisar quiénes tienen esos vehículos, como fueron matriculados irregularmente y si fue contra la buena fe de las personas, o si en verdad hay delitos y quienes los cometieron.“Con el alto número de camiones que acusan semejante situación, ya debería haber gente judicializada y a decir verdad tampoco conocemos los nombres de tal manera que falta claridad al respecto”, aseveró el dirigente gremial.En su opinión el Ministerio ha tenido diferentes estadísticas sobre la informalidad en el transporte de carga porque en la administración Cardona se habló de 10.000 vehículos, luego el Ministro Peñaloza anotó que eran 1.500 y del ministerio actual no se ha escuchado cifra alguna, tan solo lo dicho por el Superintendente y por ello el gremio reclamó del ejecutivo claridad y contundencia, no solo en las cifras, sino en la identificación de las personas afectadas por engaño o vinculadas a procesos judiciales.“Nosotros antes que suministrar información lo que pedimos y reclamamos es información de los organismos de control que son finalmente los que tienen estos detalles y por eso la estamos pidiendo, pero no se nos ha entregado nada concreto”, concluyó.