Source: https://es.scribd.com/document/95008858/TUTELA-CASO-COLMENARES
Timestamp: 2017-02-20 06:38:07
Document Index: 112315992

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 250', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 33', 'artículo 394', 'artículo 250', 'artículo 33', 'artículo 229', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 55', 'artículo 394', 'artículo 86']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseHONORABLES MAGISTRADOS SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ CIUDADREF.:
PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEÓN y JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA, identificados como aparece al pie de nuestras firma, en mi condición de defensores, principal y suplente, de la señorita LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ dentro del proceso de la referencia, en virtud del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, acudo a su despacho para interponer acción de tutela en contra de la decisión del FISCAL 11 SECCIONAL, doctor, ANTONIO LUÍS GONZÁLEZ, mediante la cual la convoca nuevamente a audiencia de imputación de cargos por el delito de FALSO TESTIMONIO violando así sus derechos fundamentales de mi prohijada al debido proceso y a la no autoincriminación. Lo anterior, en virtud a los hechos y consideraciones que expongo a continuación. 1.TEORÍA DEL CASO
En esta acción de tutela se demostrará, más allá de toda duda, que con esta decisión el señor FISCAL esta violando gravemente el ordenamiento jurídico colombiano porque desconociendo lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá, acude nuevamente ante un juez de control de garantías para imputarle a mi prohijada el delito de falso testimonio, en esta ocasión también con la misma “formula fáctica y jurídica” que, como ya lo concluyó el honorable Tribunal, es un absurdo jurídico que atenta contra el derecho fundamental a la no auto incriminación. 2.HECHOS
1. El día 7 de octubre de 2011, por parte del FISCAL 11 SECCIONAL, doctor ANTONIO LUÍS GONZÁLEZ, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y falso testimonio a Laura Moreno Ramírez y falso testimonio y encubrimiento a Yessy Mercedes Quintero Moreno. 2. Posteriormente, el día primero de febrero de 2012, el señor FISCAL presentó escrito de acusación en contra de nuestra prohijada y de la señorita QUINTERO MORENO por las mismas conductas arriba señaladas. 3. Ante esta situación, por reparto, al Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento Adjunto de la capital le correspondió el conocer la actuación. 4. En ese sentido, el día 7 de marzo de 2012, dicho juzgado, en el curso de la audiencia de formulación de acusación, negó la petición de nulidad invocada por esta defensa y por la defensa de la señorita QUINTERO MORENO.
5. Las peticiones de nulidad planteadas, tenía que ver con la falta de claridad fáctica de las conductas endilgadas, la violación del derecho de la defensa y del principio de no autoincriminación y la ruptura de unidad procesal referida en el escrito de acusación, solicitando que la misma fuera decretada desde la formulación de la imputación. 6. Esta defensa, recurrió dicha decisión y solicitó al ad quem que tuviera en cuenta los argumentos jurídicos esbozados en su petición, así como el de la prohibición de la no autoincriminación. 7. Por esta razón, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante auto del 29 de marzo, resolvió “declarar la nulidad de la actuación cumplida a partir de la audiencia de imputación en contra de LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ por el delito de FALSO TESTIMONIO”. 8. En sustento de su decisión, la honorable Sala Penal del Tribunal, indicó que la imputación fáctica por el delito de falso testimonio no cumplía con la exigencia establecida en el artículo 250 de la Constitución Política de cara a la exposición de ‘suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia’ del ilícito, como parametro de racional para el ejercicio de la acción penal. Específicamente, el Tribunal, señaló que: “no tiene sentido que a tal persona se le impute el no haberse autoincriminado, en las exposiciones rendidas ante la Fiscalía, del homicidio agravado el que también se le sindica, pues tal proceder no es más que el ejercicio de un derecho fundamental no sometido a consecuencias penales.” 9. No conformes con la decisión del Tribunal, la cual no admitía ningún recurso, los doctores ANTONIO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO y NAPOLEÓN BOTACHE DÍAZ, interpusieron acción de tutela argumentando una supuesta violación del debido proceso. 10. Por dicho motivo, el día 9 de mayo de 2012, una Sala de Decisión de Tutelas de la Honorable Sala de Casación Penal decidió declarar improcedente el amparo impuesto por los honorables Fiscales. 11. No obstante, la claridad de esta decisión, el señor FISCAL doctor ANTONIO LUÍS GONZÁLEZ, señaló ante los medios de comunicación que volvería a imputar el delito de falso testimonio a nuestra prohijada. Así, precisamente lo reseñó el diario el TIEMPO el día 14 de mayo de 2012: “No obstante, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que la Fiscalía estudia la posibilidad de volver a imputar el delito de falso testimonio a Laura Moreno.” Dicha noticia, fue confirmada por ese mismo diario el día 22 de mayo de 2012: “No obstante, ayer mismo se conoció que el fiscal González hará una nueva imputación de cargos. Es decir que, según fuentes allegadas al proceso, es posible que el fiscal vuelva a imputar el cargo de falso testimonio a Laura Moreno.”
12. Efectivamente, el día nuestra prohijada recibió telegrama en donde se le citaba, para el día 23 de mayo de 2012, ante juez de control de garantías a audiencia de formulación de imputación por el supuesto delito de falso testimonio. 13. el día 23 de mayo de 2012, el periódico el TIEMPO publicó entrevista realizada al Fiscal ANTONIO LUÍS GONZÁLEZ, en donde esta se refería a la nueva imputación por el delito de Falso testimonio y su supuesto fundamento: “¿Qué va a pasar hoy en la audiencia? La imputación formal a Laura Moreno por falso testimonio en un proceso separado. Se rompió la unidad procesal en su caso en cumplimiento de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia: que la Fiscalía sí podía volver a imputarle ese delito. ¿Tiene elementos probatorios adicionales para hacerlo? Sí, siete. Entre ellos, declaraciones que demuestran que ella está mintiendo.” 14. Finalmente, la audiencia de formulación programada para el día de hoy, no fue realizada porque no se surtió la remisión al INPEC para que efectuara el traslado de nuestra prohijada, quien, es de recordar se encuentra en detención domiciliaria.
4.1.- De la procedencia de esta Acción de Tutela La Corte Constitucional ha aceptado la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En un principio, estableciendo casos muy puntuales y específicos en los que se concretaba una vía de hecho. Con posterioridad, el máximo órgano de la justicia constitucional, señaló que para que la tutela proceda en contra de providencias judiciales, las mismas deben encajar, en lo que la Corte ha llamado “causales genéricas y especiales de procedibilidad de la acción”. Sin duda, más que un cambio de tendencia, esto obedece a una necesidad advertida por la Corte Constitucional de ampliar las situaciones de procedencia de la acción teniendo en cuenta la evolución acaecida en el seno de la Corporación a partir de su creación y en lo que respecta a este específico tema1. No obstante en el presente, lo primero que habría que aclarar es que la acción de tutela no va dirigida atacar como tal una providencia judicial, pues es de recordar que de acuerdo a la estructura procesal penal vigente en Colombia, y aplicable al caso, lo cierto es que la Fiscalía ha sido despojada de las facultades jurisdiccionales que antes tenía, asumiendo así un rol de parte que se enmarca en un sistema de corte adversarial.
Cfr. Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Eso sin embargo, no significa que, como parte, el Fiscal pueda actuar desconociendo la ley o la Constitución Política, pues aun cuando sea un sujeto procesal más, lo cierto es que su conducta se debe ceñir a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano y en el bloque de Constitucionalidad, esto por varias razones que se pasan a explicar. En primer término, porque el Fiscal, a diferencia de la defensa que es representada por un particular, es un servidor público que se encuentra estrictamente atado a ley, tal y como lo dispone el artículo 6 de nuestra Carta Política al establecer el Principio de Legalidad en los siguientes términos: “Los particulares sólo son responsables ante autoridades por infringir la Constitución y las leyes. servidores públicos lo son por la misma causa y omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones.” las Los por sus
De igual modo, porque la Fiscalía, orgánicamente, sigue perteneciendo a la rama judicial, es decir son servidores judiciales que deben actuar conforme a la ley, y como autoridades de la república deben también velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos conforme al inciso segundo del artículo 2 de la Constitución, el cual expresamente señala: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En este sentido, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T- 1031 de 2001, con ponencia del doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, señaló: “A la par de la necesidad de las garantías de independencia y autonomía judicial, que se resumen en que únicamente está sometido al imperio de la ley (C.P. art. 230), es decir, al derecho, debe observarse que tales garantías no constituyen fines en si mismos, sino que fungen como medios para lograr fines superiores: “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (C.P. art. 2). La Constitución, en tanto orden axiológico, no admite que se le segmente entre una parte dogmática y una orgánica, sin relación alguna. Por el contrario, el diseño institucional, sus garantías4 y funciones, han de concebirse como elementos definitorios de la manera en que el Constituyente concibió la realización de la parte dogmática. Así, cada una de las tareas asignadas a los distintos órganos de rango constitucional únicamente tienen sentido en función a la realización de los derechos contenidos en la Carta. Su funcionamiento y el alcance de sus competencias únicamente pueden, si se pretende interpretar la Constitución a partir de ella misma, es decir, a partir de su propia juridicidad, entenderse en relación con la carta de derechos. La “efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”, constituyen el parámetro de la actuación legítima de los poderes públicos. Así las cosas, resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento.” En idéntico sentido, el Código de procedimiento penal, ley 906 de 2004, que regula todo el trámite y las facultades procesales de las partes e intervinientes especiales, establece una serie de principios, que como normas rectoras y de aplicación prevalente, vinculan al FISCAL en el cumplimiento de las mismas. Así por ejemplo, el artículo primero del Código establece como parámetro orientador y guía de la actuación el respeto por la dignidad humana: “Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.” Así mismo, el artículo 10 de esta misma codificación establece que: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.” También, debe destacarse que el artículo 27 de siguiente deber: dicha ley impone el
“En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia.” Entonces, es claro que existe de parte del Fiscal, así sea una parte más, el deber de velar y respetar por los derechos fundamentales de los intervinientes, entre los que se destacan víctimas y también procesados. Eso es precisamente, a lo que hace relación la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005, en donde se pronuncio sobre las especiales características del sistema penal acusatorio colombiano, reseñando lo siguiente sobre el especial rol y los fines que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación: “Un examen sistémico de la reforma al proceso penal colombiano evidencia que la actividad investigativa Fiscalía General de la Nación se encamina a la consecución de los siguientes fines ( i ) la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos delictivos; ( ii ) la consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los
derechos fundamentales del procesado; ( iii ) la protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas; ( iv ) la adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba; y ( v ) el recurso, dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal, tales como la negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de oportunidad, de tal suerte que, al igual que sucede en el modelo americano, sólo una pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral, aproximadamente un 10%, con el fin de no congestionar el sistema penal.” Así pues, no hay duda alguna de la existencia de este deber que como servidor publico, funcionario judicial y parte le asiste en el ejercicio de la acción penal a todos los Fiscales, entre ellos al doctor ANTONIO LUÍS GONZÁLEZ, FISCAL 11 SECCIONAL. Empero, es preciso aclarar que este deber no se deriva de meras disposiciones normativas, bien sean legales o constitucionales, sino que viene dado por algo aún más trascedente como lo es la forma y el modelo de estado que se decide adoptar, así como con la finalidad que está llamado a cumplir el IUS PUNIENDI dentro del mismo, en este sentido la doctrina nacional ha destacado: “El hecho de que se esté ante una potestad del Estado exige que esa potestad se justifique y se someta a límites para que no se haga uso indiscriminado de ella. Esa justificación y ese sometimiento a límites se explican de diversa manera dependiendo de los distintos modelos de Estado: en el Estado absolutista el poder punitivo era un poder que el monarca ejercía como una delegación de la divinidad y por eso era un poder ilimitado, como todos los poderes de los dioses; en el Estado liberal el poder punitivo era un poder derivado del contrato social y por eso estaba sometido a la ley como manifestación de la voluntad general pues la ley era la expresión de una democracia representativa que hacía que el parlamento fuera delegatario de un poder cuya titularidad originaria radicaba en el pueblo; en el Estado intervencionista el poder punitivo era un poder derivado de la necesidad de defender la sociedad y por ello podía someterse al individuo en procura de los intereses sociales; y en el Estado social y democrático de derecho el poder punitivo es un poder regulado por la ley, que se ejerce sólo cuando es absolutamente necesario y dentro de los límites impuestos por la Constitución y por los derechos humanos fundamentales, prioritariamente por la dignidad del ser humano. (…) Ya que el derecho penal es un mecanismo para el tratamiento de los conflictos suscitados con ocasión de la comisión de los delitos, sino también se extiende a los destinatarios de la acción penal. En este sentido, el derecho penal se orienta a que se respete la dignidad humana del procesado; a que se realicen la seguridad jurídica y la legitimidad democrática como contenidos
del principio de legalidad; a que sólo se impongan penas por conductas capaces de producir daño social, y a que exista una relación de equilibrio entre la pena y la capacidad de daño y el contenido de culpabilidad de la conducta. Esta función del derecho penal es muy importante en cuanto permite comprender que el Estado no sólo se orienta a sancionar a los responsables de los delitos: también persigue que esa sanción no se produzca de cualquier manera sino respetando los derechos que amparan a todo delincuente. Por ello, el derecho penal debe procurar un necesario equilibrio entre esas dos funciones pues sólo así puede consolidarse como un derecho penal garantista y no como un derecho penal autoritario. (…) De ese modo, el derecho penal cumple funciones en relación con el delito y en relación con la pena. Lo hace previniendo la comisión de delitos y realizando las garantías penales, y en ese sentido promueve la realización de los derechos humanos fundamentales. Por ello se afirma que al derecho penal le incumbe la protección de derechos humanos fundamentales para que no resulten vulnerados ni con los delitos ni con las penas”2. Precisamente, por ello es que en materia penal se hayan establecido una serie de garantías básicas y fundamentales para evitar que en el ámbito del ejercicio de la acción penal, bien sea por el Juez o por el Fiscal, los ciudadanos sometidas a ella puedan ser protegidos, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, en la sentencia T-105 de 2010, en lo que respecta al debido proceso: “El artículo 29 de la Constitución Política, establece que tanto las actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial”. Por eso mismo, la misma Corte Constitucional, en la sentencia T-1031 de 2001, arriba mencionada, hace énfasis en los conceptos de capricho y arbitrariedad que se aplican a las autoridades judiciales: “Esta evolución de la jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
URBANO MARTÍNEZ José Joaquín. “CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL”, en “Lecciones de Derecho Penal, Parte General ”. Universidad Externado de Colombia, primera edición, enero de 2002. Pág. 15 a 25. 7
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.” DEL CASO CONCRETO.
Pues bien, en el presente asunto, se presenta una situación mediante la cual un FISCAL de la República, de forma caprichosa y arbitraria, desconociendo dos decisiones judiciales en firme, pretende, al ejercitar la acción penal que le ha sido envestida con su cargo, imponer su particular visión de un caso, atentando contra los derechos fundamentales a la no auto incriminación y al debido proceso que le asisten a la ciudadana LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ. En efecto, como arriba se reseñó, por hechos ocurridos en octubre de 2010, la Fiscalía en ejercicio de la acción penal decidió imputarle cargos a nuestra prohijada por los supuestos delitos de homicidio agravado y falso testimonio. Respecto al segundo de los cargos, el sustento del mismo giraba entorno a que durante la fase de indagación la Fiscalía le tomo varias entrevistas y una declaración jurada a nuestra prohijada en las cuales, según la Fiscalía, ella habría mentido negando así su responsabilidad en el homicidio de LUÍS ANDRÉS COLMENARES, el cual posteriormente le imputó. Como también se señaló, llegada la audiencia de acusación, uno de los puntos abordados a la hora de plantearse las nulidades, fue precisamente como dicho cargo estructurado por la Fiscalía violentaba el derecho humano y constitucional que le asiste a todo ciudadano a no autoincriminarse. En efecto, si se mira la forma en la cual la Fiscalía, elaboró el cargo por Falso Testimonio, de entrada se puede entender que el ente investigador incurre en una contradicción insuperable. Así, por un lado le está imputando ser coautora del homicidio y falso testimonio por haber, supuestamente, mentido en lo que tiene que ver con su, supuesta, participación en dichos hechos. Así pues, dentro del trámite asignado para dicho efecto, este fue uno de los puntos que se trató y fue objeto de análisis por parte del juzgado de primera instancia, quien como ya se indicó negó todas las nulidades planteadas por las dos defensas. Sin embargo, como es sabido, esta defensa apeló dicha decisión y, entre otras, controvirtió lo relativo al derecho a no autoincriminarse. En ese orden de ideas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al momento de resolver la respectiva alzada, decidió decretar la nulidad de la imputación por el cargo de falso testimonio al considerar lo siguiente: “ii) acerca de la nulidad a partir de la audiencia de imputación
4. aclarada esa situación, hay que decir que en el nuevo proceso penal colombiano, la formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía le comunica a una persona su calidad de imputad en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías; hay lugar a ella cuando la Fiscalía cuenta con medios de conocimiento que le permiten inferir razonablemente que el imputado es autor o participe de delito que se investiga y contiene la individualización del imputado, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad de allanarse y acceder a una rebaja de pena. 5. e esta temática, un aspecto relevante es el atinente a la función a cumplir por arte del juez de control; no existe una disposición que expresamente le atribuya un control material sobre ese acto y ello es comprensible pues, en esencia, formular la imputación es comunicar, en la forma dispuesta en la constitución y en la ley, que la Fiscalía cuneta con fundamento para inferir que se es autor o participe de una conducta punible y por ello se es destinatario de ejercicio de la acción penal. Por este motivo, carecería de sentido que ante el juez de las audiencias preliminares, ante quien se formaliza el inicio de una investigación se promueva una especie de juicio anticipado sobre todos los presupuestos de la responsabilidad penal. Con todo, si bien un control material de la formulación de la imputación no resulta compatible con la estructura del proceso penal y carece de fundamento normativo expreso, de ello no se sigue que a la Fiscalía le este permitido formular imputación sin límites NORMATIVOS, pues es la misma Constitución la que, en el artículo 250, ha condicionado el ejercicio de la acción penal a la existencia de “suficientes motivos y circunstancias fácticas que indique la posible existencia” de un delito. Por este motivo, si bien con la estructura básica del proceso penal colombiano no es compatible un control judicial de la imputación que convierta tal diligencia en un juicio anticipado de responsabilidad penal; puede concluirse que sí es posible un control en casos limite, es decir, en aquellos en que sea evidente la falta de un fundamento factico razonable pues no es legitimo formular imputaciones que constituyan exabruptos jurídicos. 6. ahora, si por omisión judicial, una imputación de tal índole se formula, tal situación debe ser corregida en el primer acto de control de validez de la actuación a que haya lugar ante el juez de conocimiento; es decir, en la audiencia de acusación. También aquí es claro que el sistema procesal penal no previó una etapa de control judicial de escrito de acusación a cargo de juez distinto al de conocimiento y que, ante esa omisión, el control de éste sobre ele escrito de acusación se circunscribe a un examen de la concurrencia de sus presupuestos
formales so pena de verse comprometida su imparcialidad. Sin embargo, cuando la falta de fundamento razonable de una acusación hace que ésta constituya un exabrupto jurídico, se impone un acto correctivo pues para él no se precisa de ningún esfuerzo valorativo que comprometa el criterio del juzgador en el fondo del proceso. 7. puestas así las cosas, el detenido seguimiento de los registros correspondientes a la audiencia de de formulación de imputación, permite advertir que, sin que se trate de un ejemplo de lo que debe ser la diligencia de esa índole en el proceso penal colombiano, si es claro que a LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ, la Fiscalía, indistintamente de su valoración jurídica, le imputó dos hechos: haber intervenido como coautora en la muerte violenta de LUIS ANDRÉS COLMENARES y haber faltado a la verdad en las exposiciones rendidas ante la Fiscalía por ese hecho. Como es obvio, por virtud del principio acusatorio, el Tribunal debe atenerse a esa hipótesis fáctica planteada por la Fiscalía. 8. en relación con el primer supuesto factico, el Tribunal considera que la Fiscalía, en lo que respecta a la formulación de imputación, sí acreditó que satisfacía el umbral mínimo fijado por el constituyente para el ejercicio de la acción penal pues refirió hechos indicativos de la muerte violente de LUÍS ANDRÉS COLMENARES y adujo que, a su juicio, LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ intervino en ese suceso. 9. En relación con el segundo hecho, en cambio, la situación es distinta pues la imputación fáctica no satisface la exigencia que la Constitución le impone a la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal: si a LAURA MILENA se le atribuye la calidad de coautora de un homicidio agravado, indistintamente de que lo sea o no, está amparada, entre otras cosas, por el derecho a guardar silencio y por el privilegio contra la autoincriminación. Ello, desde luego, siempre que no se discuta la vigencia del artículo 33 de la CP y del artículo 394 del CPP y el efecto vinculante de la sentencia C-782-05, normas y jurisprudencia que, con calidad de derecho fundamental, proscriben la autoincriminación y la imputación de la responsabilidad penal de quien no se autoincrimina. Para ello es indiferente que se afirme que las iniciales exposiciones las hizo como testigo y no como indiciada, pues lo cierto es que, indistintamente de esa situación, luego se le imputó el no haber referido su propia responsabilidad y la de otros en la comisión de un delito de homicidio. Luego, no tiene ningún sentido que a tal persona se le impute el no haberse autoincriminado, en las exposiciones rendidas ante la Fiscalía, del homicidio agravado el que también se le sindica,
pues tal proceder no es más que el ejercicio de un derecho fundamental no sometido a consecuencias penales. Con la lógica de la Fiscalía, habría que concluir que cualquier persona a la que se indague o investigue como posible coparticipe de un delito, tiene la obligación de acudir a esa institución con el fin de autoincriminarse pues, de no hacerlo, correría el riesgo de que se le impute un delito cometido por no haberse autoincriminado. Entonces, en relación con esta conducta punible, nada indica que la Fiscalía haya expuesto “suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia” de un delito de falso testimonio. Siendo así, sin desconocer que la formulación de la imputación no está sometida a control material pero, al mismo tiempo, reconociendo el efecto vinculante del artículo 250 de la CP, que impone un marco de razonabilidad al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía a través de la formulación de la imputación; el Tribunal concluye que el juzgado de control de garantías no debió permitir que, en relación con ese hecho específico, la Fiscalía le comunicara a LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ su calidad de imputada por el delito de falso testimonio. Como, en su momento, tal control se omitió; él debe ser realizado por el Tribunal en esta etapa procesal -solicitudes de nulidad en la audiencia de acusación- concebida, precisamente, como de saneamiento del juicio. Por estos motivos, el Tribunal declarará la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de imputación en la actuación adelantada en contra de LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ por el delito de falso testimonio. Se impone precisar que la medida de aseguramiento, en lo relacionado con este delito, quedará sin efectos; no obstante, dado que ella se mantiene vigente por el delito de homicidio agravado, no se ordenará la libertad de tal persona.” Así, pues, mediante una decisión en firme que NO ADMITÍA RECURSOS, el juez competente señalaba que la formulación de dicho cargo, en la forma como lo estaba planteando el señor FISCAL atentaba contra garantías fundamentales como lo era la NO AUTO INCRIMINACIÓN. Con esta decisión, se ponía fin a un absurdo jurídico y a un desgaste innecesario de la administración de justicia evitando una acusación abiertamente ilegal. Sin embargo, el señor FISCAL y el FISCAL DE APOYO que lo asiste, decidieron acudir a la acción de tutela para dejar sin efecto la decisión del Tribunal que decretó la nulidad. Por esta razón, la Corte Suprema se vio en la necesidad de pronunciarse y, determinó, mediante fallo de 9 de mayo de 2012, declarar IMPROCEDENTE dicha acción.
En aquella providencia, la Honorable Corte precisó: “Pues bien, de cara a ello, impróspera resulta la petición, como quiera que pretende el Delegado de la Fiscalía emplear la acción de amparo como un medio para imponer su criterio y revisar la actuación del juez competente, como si se tratara de una instancia adicional. Al respecto, se tiene que el juez colegiado que conoció del recurso impetrado, analizó las circunstancias del caso, los alegatos de las partes e intervinientes y adoptó la determinación que en su juicio y con fundamento en el ordenamiento legal encontró procedente, la cual, contrario a lo afirmado por el quejoso, no aparece como el proceder arbitrario de la Sala accionada y la abrogación de la acción penal, sino como un ejercicio constitucional en el cual se verificó la posible existencia de violación a garantías fundamentales. Violación que detectó desde la ejecución de un acto procesal, como lo es la formulación de imputación y por ello, susceptible de ser anulado, pues si bien esta Sala ha venido en exponer ampliamente la naturaleza del escrito de acusación como acto de parte y no jurisdiccional, no lo es menos que no descartó la posibilidad de anular las actuaciones que conlleven un control por parte de la judicatura en las oportunidades establecidas, como acaeció en el caso bajo análisis, donde la nulidad se propuso en la audiencia prevista para tal fin, ante el juez llamado a conocer del asunto y permitiéndose el ejercicio de los recursos legales. De allí que, así esta Corporación comparta o no el sentido de la decisión, no puede afirmarse que contraríe el ordenamiento jurídico o desconozca la titularidad de la acción penal en cabeza del ente investigador, puesto que el motivo por el cual se arribó a la misma no fue otro que la garantía del derecho a la no autoincriminación prevista en el artículo 33 de la Carta Superior. ” Por lo tanto, es claro que la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pues reconoció que la nulidad decretada hacía parte del control que desde la judicatura se puede hacer sobre este tipo de actos, como lo es la imputación de cargos. Más aún, la Corte señaló que la actuación del Tribunal había sido legítima pues consistía precisamente en un ejercicio constitucional en donde se había hecho prevalecer una garantía fundamental como lo era la NO AUTOINCRIMINACIÓN. De esta forma, quedaba más que zanjada y definida dicha situación jurídica, haciendo incluso la Honorable Corte un importante llamado de atención al señor FISCAL en los siguientes términos: “Es bajo tal óptica que no puede servirse el libelista de esta Colegiatura para interferir en un proceso que se
encuentra en curso y frente al cual existen alternativas jurídicas para la defensa de los intereses de las partes, pues la Sala reitera, la tutela no puede ser entendida ni ejercida como un medio alternativo idóneo y válido para suplir los procedimientos ordinarios existentes, a través de los cuales se garantizan las prerrogativas procesales de quienes participan dentro de una actuación judicial y menos tenerse como una instancia más o paralela, porque de ser así se rebasaría el ámbito que le es propio con la consecuente injerencia arbitraria en competencias previa y legalmente atribuidas a los jueces naturales, al tiempo que conllevaría un ostensible menoscabo a la independencia y autonomía inherentes al poder judicial. Y como quiera que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en el proceso, el amparo no puede formularse para justificar la dilación del trámite o buscar aplazamientos en espera de decisiones de esta índole salvo una orden concreta en tal sentido, toda vez que ello en el fondo le otorgaría la connotación de instancia adicional ya descartada. Luego no se entiende el propósito de los actores, que en ejercicio de las labores que desempeñan como delegados de la Fiscalía, deben conocer el ordenamiento jurídico Colombiano y la naturaleza excepcional que entraña el mecanismo constitucional y por consiguiente, ser conscientes del ejercicio racional que debe hacerse del mismo, en procura de que no interfiera indiscriminadamente en procesos que se adelantan ante las autoridades competentes, quienes igualmente, se obligan a actuar conforme a los parámetros legales que sujetan la función de administrar justicia.” Empero, no conforme con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá ni con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el señor FISCAL, como arriba se señaló, comenzó a ventilar ante los medios de comunicación que haría una nueva imputación de cargos a nuestra prohijada, nuevamente, por el delito de FALSO TESTIMONIO, pues en su criterio, el fallo de la Corte le permitía esa posibilidad. Aquí, vale anotar que el señor FISCAL hacía referencia al siguiente aparte de dicha providencia, el cual, señala que la fiscalía podría volver a intentar una nueva imputación SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN EL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES: “Por consiguiente, es inconsistente el razonamiento del accionante al entender que de la providencia impugnada emerge la absolución por el delito de falso testimonio, como que no aparece apreciación en tal sentido, y la declaratoria de nulidad deja abierta la posibilidad de intentar nuevamente la formulación de la imputación, CONFORME CON LA PAUTAS QUE RIGEN EL DEBIDO PROCESO Y EL RESPETO DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES.” Esta situación que, como ha pasado varias veces en este proceso, surgió como un rumor de prensa, terminó por materializarse pues efectivamente
el pasado viernes 18 de 2012, nuestra prohijada recibió telegrama en donde se le citaba ante juez de control de garantías para audiencia de formulación de imputación, esto por el delito de falso testimonio. Es decir, nuevamente el Fiscal pretende imputar a nuestra defendida el cargo de FALSO TESTIMONIO sin que medie ninguna circunstancia diferente que haga pensar que el absurdo jurídico que el Tribunal Superior de Bogotá, identificó o subsanó haya desaparecido del cargo que pretende, nueva y caprichosamente, el señor FISCAL imputar. Efectivamente, el mismo FISCAL reconoció ante los medios de comunicación que la “nueva” imputación tiene en el fondo el mismo sustento de la anterior imputación que, en buena hora, fue nulitada por el Tribunal. Así, sin querer ser repetitivos, se debe volver sobre las declaraciones dadas, el día de hoy, por el señor FISCAL al diario el TIEMPO: “¿Qué va a pasar hoy en la audiencia? La imputación formal a Laura Moreno por falso testimonio en un proceso separado. Se rompió la unidad procesal en su caso en cumplimiento de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia: que la Fiscalía sí podía volver a imputarle ese delito. ¿Tiene elementos probatorios adicionales para hacerlo? Sí, siete. Entre ellos, declaraciones que demuestran que ella está mintiendo. ” Como se puede evidenciar con facilidad, el señor FISCAL considera que la Corte Suprema lo ha autorizado para hacer una imputación y que lo hará porque tiene siete elementos de prueba entre ellas declaraciones que demuestran, en su criterio, que nuestra representada estaría mintiendo. Así, pareciera que el ente investigador creyera que una nueva imputación es viable ante la presencia de evidencia nueva, cuando en realidad, siguiendo la argumentación dada por el Tribunal, el problema del cargo por el delito de FALSO TESTIMONIO no es un problema de prueba, sino que en realidad se trata de un asunto conceptual sobre la estructuración y fundamentación misma del cargo que nada tiene que ver con los elementos materiales de prueba que exponga la Fiscalía. Evidentemente, lo que cuestionó el Tribunal en su decisión de nulidad es que resulta inconstitucional imputarle a una persona un hecho delictivo y al tiempo imputarle otro cargo de falso testimonio por haber “mentido” al haber sido indagado por los hechos que circunscriben su participación en el primer punible. Esa particular forma de ejercitar la acción penal, como se cae de su peso, atenta contra el derecho a no autoincriminarse, pues bajo es línea de pensamiento, en las palabras del Tribunal: “no tiene sentido que a tal persona se le impute el no haberse autoincriminado, en las exposiciones rendidas ante la Fiscalía, del homicidio agravado el que también se le sindica, pues tal proceder no es más que el ejercicio de un derecho fundamental no sometido a consecuencias penales.” Por eso, independientemente de que el señor FISCAL aduzca la evidencia X o Y lo cierto es que su “nuevo” cargo mantiene la misma orientación, dado que insiste en que “ELLA ESTÁ MINTIENDO”, es decir le desea
nuevamente atriburile responsabilidad penal por el hecho de no aceptar responsabilidad por la muerte de LUÍS ANDRÉS COLMENARES, cercenando así nuevamente su derecho fundamental a no autoincriminarse y a ejercer su legitima defensa. De esta forma, al solicitar una nueva audiencia de formulación de imputación es claro que el señor FISCAL está vulnerando derechos fundamentales que le asisten a LAURA MILENA MORENO RAMÍREZ, siendo dicha actuación sumamente grave, pues, como se explicó, es su deber garantizar los mismos. Así, en primer lugar, es claro que el señor FISCAL está conculcando el debido proceso que le asiste a nuestra prohijada. En efecto, en el curso de este proceso penal, el juez de conocimiento de segunda instancia, decidió que no era constitucional adelantar la actuación por el delito de FALSO TESTIMONIO, por eso decretó la nulidad de la imputación por dicho delito y de las decisiones conexas como la imposición de medida de aseguramiento por ese cargo. Sin embargo, a pesar de estar en firme dicha decisión el FISCAL hace caso omiso de la misma y pretende repetir su irregular actuación. En este caso, el debido proceso está íntimamente ligado con otro derecho fundamental como lo es el acceso a la administración de justicia, sobre los cuales la honorable Corte Constitucional, en sentencia T- 638 de 2010, ha tenido la oportunidad de precisar: “La Corte Constitucional ha reiterado, de manera uniforme, que, de conformidad con lo establecido en los artículos 2°, 29 y 229 de la Constitución Política, el acatamiento de las providencias judiciales por parte de las autoridades y de los particulares, es una garantía de efectividad de los derechos de quienes acceden a la administración de justicia, y, al mismo tiempo, un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso[1]. En esa medida, el acceso efectivo a la administración de justicia, por parte de los ciudadanos, es uno de los presupuestos esenciales del Estado Social de Derecho, e implica la posibilidad de que cualquier persona acuda a los jueces a poner en su conocimiento una situación específica, con el propósito de obtener la protección o el restablecimiento de sus derechos. No obstante, tal garantía no se agota con el simple acceso a la jurisdicción, sino que, además, comprende resolver definitivamente la controversia de que se trate, dentro de un plazo razonable, con respeto por el debido proceso, así como el cumplimiento efectivo de las órdenes que dicte el juez correspondiente. Sobre el particular, esta Corporación ha indicado: "La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga
decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto[2]. Sobre esa base, la jurisprudencia constitucional ha estimado que el derecho de acceso a la administración de justicia es fundamental en sí mismo y, por ello, su vulneración se causa, entre otras razones, cuando una autoridad pública o un particular, a quien la decisión emitida en un fallo judicial, por ejemplo le fue adversa, se rehúsa a cumplir lo ordenado en el mismo. En ese sentido, la Corte ha indicado que "el Estado de Derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios. Estos, a juicio de la Corte, no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra".[3] 4.2. Por lo expuesto, si el incumplimiento de una decisión judicial ejecutoriada limita el acceso efectivo a la administración de justicia en las dimensiones señalas previamente, y con ello se vulneran derechos de raigambre fundamental, como el debido proceso, la acción de tutela se toma procedente como mecanismo eficaz e idóneo, para obtener su protección y, en consecuencia, para hacer efectivo el cumplimiento del fallo correspondiente, tal y como en este caso ocurre…” Por lo tanto, llevar a cabo una nueva imputación por FALSO TESTIMONIO implica desconocer la existencia de la decisión precedente y que precisamente la misma se adoptó a petición de la defensa para garantizar un juicio justo y rodeado de garantías, siendo como lo dice la Corte Constitucional procedente la acción de tutela para evitar que mediante esta vía de hecho, arbitraria y caprichosa, se vulneren tales derechos. De igual modo, de pretender llevar a cabo una imputación por el delito de FALSO TESTIMONIO, sin que hayan variado las circunstancias que motivaron la nulidad del cargo original, pues como se pudo apreciar el criterio del FISCAL para volver a imputar es “que ella ha mentido”, trasgrede nuevamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 33 de la constitución a no AUTOINCRIMINARSE, tal y como ya lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá y fuera avalado por la propia Corte Suprema de Justicia. Debe recordarse que este derecho fundamental, de carácter universal, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 33 de nuestra Carta Política en los siguientes términos: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
Así mismo, esta garantía también se hace efectiva en nuestro ordenamiento judicial, a través del denominado bloque de constitucionalidad, que nos remite a los más importantes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, un referente ineludible es La Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por Colombia con la ley 16 de 1972. En este punto, es importante tener en cuenta la garantía consagrada en el artículo 8.2.G, el cual establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.” De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en nuestra legislación mediante la ley 74 de 1968, dispone en su artículo 14.3.G, lo siguiente: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.” En esa misma línea, el artículo 55.1.A del Estatuto de Roma, el cual regula las garantías establecidas en los procesos adelantadas ante la Corte Penal Internacional, el cual fue aprobado por medio de la ley 742 de 2002, establece que: “1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable…” Así mismo, sobre esta derecho y garantía fundamental, la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2011, señala: “En la Sentencia C-782 de 2005, la Corte se refirió al artículo 394 de la Ley 906 de 2004, que establecía que si el acusado o coacusado ofrecían declarar en su propio juicio, comparecerían como testigos, bajo la gravedad del juramento y podrían ser interrogados conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Para la Corte, “[u]n primer entendimiento de la norma en cuestión, significaría que si el acusado o el coacusado faltan a la verdad o la callan total o parcialmente, como una forma de ejercer su derecho a la defensa material, además podrían ser procesados por haber incurrido en
un falso testimonio. O, puede suceder que ante el temor de resultar doblemente enjuiciado con graves consecuencias punitivas, opte por autoincriminarse o incriminar al cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes cercanos, con lo cual resultarían afectadas las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no autoincriminación. Ahora bien, ese primer entendimiento de la norma acusada resulta constitucionalmente inaceptable, pues es poner al acusado o al coacusado ante la disyuntiva de renunciar a sus garantías constitucionales por la posibilidad cierta de resultar doblemente enjuiciado, a menos que opte por el silencio en desmedro de su derecho a la defensa. No se trataría aquí del ejercicio del derecho al silencio, sino del silenciamiento del acusado amenazado por la posibilidad cierta de incurrir en un delito si declara callando en todo o en parte, o sin incriminarse. No obstante lo dicho, la norma acusada admite una interpretación acorde con la Constitución Política. Si se entiende que el juramento que se exige al acusado y coacusado que ofrecieren declarar en su propio juicio, es una formalidad previa a la declaración, pero de la cual no se puedan derivar consecuencias jurídico-penales adversas al declarante cuando su declaración verse sobre su propia conducta. Para que las garantías constitucionales al derecho de defensa y a la no autoincriminación queden a salvo, será un deber del juez advertir previa y claramente a quien ofreció su declaración como acusado o coacusado en su propio juicio, que ese juramento queda desprovisto de las consecuencias jurídico-penales adversas que podrían derivarse en contra suya como consecuencia de la prestación del mismo que antecede a la declaración; es decir, que al sindicado le asiste total libertad respecto del contenido mismo de aquella, así como es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le formulen por el juez o a las que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que establece el sistema penal acusatorio.” Podrá plantear, como efectivamente ya lo ha hecho, el señor FISCAL que en este caso no hay vulneración a dicho derecho, pues las declaraciones que se reputan falsas y de las cuales se pretende derivar responsabilidad penal, se hicieron en entrevistas en calidad de testigo, argumento que NO ES VALIDO, pues este tipo de casos ya han sido resueltos por nuestra jurisdicción, incluso por el propio Tribunal quien ya ha definido que, en este tipo de casos, no es posible estructurar cargos por el delito de Falso Testimonio: “Así, entonces, el problema jurídico que se le presenta a la Sala es el siguiente: ¿incurre en falso testimonio la persona que rinde una declaración contraria a la verdad, cuando el reconocimiento de ésta entraña la confesión de un delito? (…)
Pues bien, en el caso sub examine, la hipótesis delictiva se cifra en que MIREYA GARZÓN MARENTES, habiendo concurrido testigo dentro de la investigación adelantada contra ROYNE CHÁVEZ por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor publico, en dos declaraciones, rendidas el 28 de enero y el 13 de abril de 20043, faltó a la verdad en lo concerniente al supuesto préstamo que la sociedad Formas y Espacios Exportaciones S.A. le hiciera a aquél por valor de $90’000.000, para cuya acreditación se incorporaron cuatro documentos contentivos de contratos de multipropiedad o tiempo compartido4 de unos parqueaderos. Valga destacar, tanto los sellos de autenticación como la firma del notario, plasmados en los referidos documentos, según se determinó mediante dictamen pericial visible del folio 202 al 211 del C. 10, resultaron apócrifos, como igualmente se colige del testimonio del doctor Eduardo Durán Gómez, Notario 38 del Círculo de Bogotá, quien el día 15 de abril de 2004 declaró que él tomó posesión del cargo el día 21 de agosto de 2001 (fol. 145 C. 8). Por esta conducta, se ordenó la ampliación de indagatoria del procesado ROYNE ELÍAS CHÁVEZ GARCÍA (fol. 263 C. 8), quien a la postre fue condenado como autor del delito de falsedad material en documento privado (fol. 213 C. 14). También se dispuso la vinculación de MIREYA GARZÓN MARENTES, a quien en la indagatoria, además de sindicársele por falso testimonio, se le imputó la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad (fol. 125 C. 11). Sin embargo, a la hora de tomarle “testimonio” a la acusada, no obstante que sus declaraciones comprometían su responsabilidad penal, la Fiscalía no la dejó en libertad de decir la verdad, callarla o alterarla, derechos contenidos en la garantía de no autoincriminación. Pues si la señora MIREYA GARZÓN MARENTES decía la verdad, por esa vía, ilícitamente, se habría obtenido la confesión sobre la falsedad; y si declaraba en sentido contrario, quedaba incursa literalmente en el delito de falso testimonio. (…) En ese orden de ideas, concluye el Tribunal que la señora MIREYA GARZÓN MARENTES no podía ser juramentada; por lo tanto, jurídicamente era imposible que incurriera en el delito de falso testimonio. Por supuesto, formalmente, sus declaraciones no fueron una indagatoria, pero sí lo fueron desde el punto de vista material, al igual que desde este
Fols. 250-529 C.6 y 100-108 C.8. Obrantes en el cuaderno No. 34 – Anexos. 19
prisma fue tratada como sindicada, no como testigo. En efecto, un testimonio supone una declaración de un tercero, como inclusive se titula el capítulo IV del título III del Código de Procedimiento Civil, mientras que si la narración versa sobre hechos que penalmente pueden comprometer al mismo declarante, al interior de la ley 600 de 2000, se llama indagatoria, tal como aconteció con las declaraciones que la Fiscalía tomó como base para acusar a la señora MIREYA GARZÓN MARENTES por el delito de falso testimonio. En otras palabras dicho, haciendo abstracción de la parte formal de dichas versiones y mirando en cambio su contenido, éstas corresponden más a una indagatoria que a un testimonio, por lo que, insístase, la acusada no podía ser juramentada y, por ende, tampoco su conducta puede adecuarse al tipo penal que describe el falso testimonio. En últimas, si se quiere, como lo consideró la a quo, nada se opone a reconocer que efectivamente la procesada actuó en ejercicio de un derecho, supuesto de ausencia de responsabilidad consagrado en el art. 32-5 del C.P., como quiera que, habiendo sido sometida a interrogatorios que implicaban una sindicación, estaba en todo su derecho de no autoincriminarse”5. De esta forma, hay que concluir que volver a efectuar una imputación por falso tesimonio bajo los mismos supuestos de la imputación original que fue nulitada, es una actuación, de un funcionario judicial, arbitraria y caprichosa que efectivamente encarna una vía hecho de la cual se puede ya avizorar que afecta garantías fundamentales. Hay que recordar que volver a formular imputación por este delito, implicaría nuevamente que se adelantara un nuevo proceso penal en contra de nuestra prohijada, por la sencilla razón de no auto incriminarse, quedando ella expuesta a las afectaciones que trae consigo este tipo de procesos, como la eventual imposición de medidas de aseguramiento y otras medidas muchas más restrictivas, todo, se repite, con base en un absurdo jurídico que rompe con nuestra constitución. Si bien, es cierto que aún no se adelanta la audiencia, pues el día de hoy se vio aplazada por un imprevisto logístico, lo cierto es que desde ya se pueden apreciar los resultados lesivos que se lograrían con la realización de la misma, constituyéndose así una clara vía de hecho prospectiva, la cual ha sido definida, por la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia SU 047 de 1999, en los siguientes términos: “Podría denominarse una "vía de hecho prospectiva", por cuanto, hacia el pasado, las decisiones del funcionario judicial, aunque discutibles, son inatacables por medio de la tutela, ya que siguen amparadas por la autonomía funcional de los jueces, por no ser protuberantemente defectuosas; sin embargo, una evaluación de sus inevitables resultados futuros permite concluir que el juez terminará por incurrir en una vía de
Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, Sentencia de 26 de junio de 2009, Proceso N° 11001304048200500448-01, MP CARLOS HÉCTOR TAMAYO MEDINA. 20
hecho, al violar de manera manifiesta la Carta. En tales circunstancias, y siempre y cuando esos resultados futuros sean evidentes, y no exista otro mecanismo judicial de defensa, el juez constitucional puede intervenir a fin de enfrentar una amenaza a los derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial, que inevitablemente devendrá en vía de hecho ya que, el artículo 86 superior es claro en señalar que esa acción procede en tales eventos.” Este amparo, busca pues proteger que se sacrifiquen importantes derechos fundamentales, pues de llevarse a cabo dicha audiencia, como a toda costa lo desea el señor Fiscal, es claro que no se iniciaría nuevamente, en desmedro de mi prohijada, una actuación abiertamente ilegal e inconstitucional, frente a la cual ningún recurso ordinario cabría pues como bien es sabido, la audiencia de imputación no es recurrible ni en reposición ni en apelación. Por todo lo anterior, solicitamos: 5.PETICIONES
Por todo lo anterior, y en vista de que existen graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la señorita LAURA MILENA MORENO solicitamos a ustedes lo siguiente: 5.1.- Que se Declare que con la citación a una audiencia de formulación de imputación por el delito de FALSO TESTIMONIO se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la no autoincriminación de LAURA MILENA MORENO. 5.2.- Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la no autoincriminación que le asisten a LAURA MILENA MORENO y, por lo tanto, se ordene al señor FISCAL retirar de forma inmediata dicha solicitud o al respectivo JUZGADO DE CONTROL DE GARANTÍAS abstenerse de darle trámite a la misma. 6.JURAMENTO
Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que no se ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos alegados. 7.PRUEBAS
7.1.- Copia del poder otorgado por LAURA MILENA MORENO 6. 7.2.- Copia de los registros correspondientes formulación de imputación y de acusación7. a la audiencia de
7.3.- Copia de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de bogotá del 29 de marzo de 20128.
Marcado como ANEXO 1 Marcado como ANEXO 2 8 Marcado como ANEXO 3 21
7.4.- Copia del escrito de la tutela presentada por FISCALES DEL CASO9. 7.5.- Copia de la decisión del 9 de mayo de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia10. 7.6.- Copia del telegrama de citación para la nueva audiencia de formulación de imputación y del acta de no realización de la misma. 11 7.7.- Notas periodísticas12. 8.DATOS DE NOTIFICACIÓN
Los suscritos defensores en la carrera 19A N°. 82 – 40 Piso 5°. Teléfono 5300640 Atentamente,
PEDRO ENRIQUE AGUILAR LEÓN C.C. Nº 3.051.955 de Guaduas (Cundinamarca) T.P. Nª 33.996 del C. S. de la J.
JAIME ENRIQUE GRANADOS PEÑA C.C. No 19.439.307 de Bogotá T.P. No 39.927 del C. S. de la J.
Marcado como ANEXO 4 Marcado como ANEXO 5 11 Marcado como ANEXO 6 12 Marcado como ANEXO 7
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