Source: https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Providencias/96-C-426.htm
Timestamp: 2019-07-24 08:17:31
Document Index: 29017419

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 209', 'artículo 180', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 209']

INCOMPATIBILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO-Función
Santa Fé de Bogotá, D.C., Septiembre doce (12) de mil novecientos noventa y seis (1996).
El ciudadano ORLANDO SANTANA BOHORQUEZ promovió ante la Corte Constitucional demanda en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1o. del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".
“ARTICULO 44. OTRAS INCOMPATIBILIDADES
Manifiesta que en virtud de esta prohibición, se vulnera el derecho fundamental al trabajo de los abogados que tengan la calidad de Diputados a la Asamblea Departamental. Sustenta tal afirmación, en el hecho de que esta limitante opera únicamente frente a los profesionales del derecho, quienes en el evento de ser elegidos diputados, tienen que subsistir con los ingresos que reciben por concepto de los honorarios correspondientes a los seis (6) meses de sesiones a las que asisten durante el año, con desconocimiento “por el Estado de la obligación fundamental a su cargo, referente a la protección especial que debe brindar al trabajo”.
Afirma que de ser así, los Diputados que sean abogados estarían condenados a subsistir únicamente con los emolumentos que reciben durante seis meses en el año, y que esto los llevaría a renunciar a su investidura para recobrar la habilitación profesional, pero aún así, también estarían inhabilitados porque el mismo artículo 44 de la Ley 200 de 1995, es enfático al prolongar en el tiempo la incompatibilidad por el término legal del período.
Así tambien, para el demandante se quebranta el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, en la medida en que el mandato acusado lleva en sí una discriminación para los profesionales del derecho. Por mandato legal, señala, sólo los profesionales del derecho pueden ser apoderados y por lo tanto representar a personas naturales o jurídicas ante las autoridades jurisdiccionales (Decreto 196 de 1971), lo que llevaría al desconocimiento del mencionado derecho.
Finalmente, aduce el actor que el legislador no tuvo en cuenta la propiedad intelectual de los profesionales del derecho, al excluírlos del ejercicio de su profesión por el simple hecho de haber obtenido la investidura de Diputados, así como también de los derechos patrimoniales que tienen los abogados derivados de los contratos de prestación de servicios como profesionales del derecho que deben gozar de la garantía constitucional mencionada.
Señala que la incompatibilidad establecida en la norma sub-examine, prohibe a los dignatarios allí indicados actuar como apoderados o gestores ante cualquier autoridad administrativa o judicial.
"Una interpretación armónica del artículo 44 permite inferir que la salvedad sobre las "excepciones constitucionales y legales" consignada en el numeral 2o., está referida no sólo al ejercicio de la docencia por más de ocho horas semanales dentro de la jornada laboral, sino a las prohibiciones generales que trae el numeral primero, porque como se anotó, la incorporación en el "Código Disciplinario Unico" de las "incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos" (art.42), comprende no sólo el catálogo de prohibiciones sino sus excepciones en lo que no fuere incompatible. Y en tratándose de algunas actividades jurisdiccionales de apoderamiento y gestión la ley permite su ejercicio respecto de servidores de elección popular, que como los diputados y concejales, según la Constitución Política, no tienen la calidad de "funcionarios públicos" (art. 299 inciso 3o.) ni de "empleados públicos" (art. 312 inciso 2o.)
Sostiene que en oportunidad anterior, ese Despacho se pronunció con relación a la demanda formulada contra la norma sub-examine (expediente No. D-1099), aunque los cargos estaban dirigidos contra las expresiones "Concejales y Miembros de las Juntas Administradoras Locales". Señala que no obstante lo demandado en este caso es el término “Diputados”, ambas tienen cierta similitud, pues ostentan como común denominador, el pertenecer a cuerpos colegiados de elección popular, situación que lo lleva a reproducir lo manifestado en esa oportunidad, aduciendo que el derecho disciplinario como régimen sancionatorio de la conducta de funcionarios públicos, tiene por objeto regular las relaciones de especial sujeción que se presentan entre el servidor y la administración a fín de que ésta cumpla con los cometidos de imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y moralidad consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, principios que también se aplican a quienes integran una corporación pública de elección popular.
Sustenta su afirmación en un pronunciamiento de la Corte Constitucional (Sentencia C-546/93), en virtud del cual, “el legislador por mandato superior, goza de plena libertad, independencia y autonomía para determinar los parámetros, criterios y reglas a seguir en cuanto a la definición de las materias que le corresponde reglamentar, como es el caso del régimen de prohibiciones para la elección y el ejercicio de la función de Alcalde, Gobernador, Concejal y Diputado. Así las cosas, para determinar una incompatibilidad (limitación al servidor público durante el tiempo que ostente dicha calidad), necesariamente se deberá tener en consideración la naturaleza propia de cada uno de los casos que corresponda regular a través de la ley, para lo cual se deberá tener siempre presente la naturaleza del cargo, la calidad del funcionario, sus atribuciones y su consecuente responsabilidad”.
Con respecto al ámbito seccional y local que se examina en conjunto, aduce el concepto fiscal que rige lo previsto por el numeral 2o. del artículo 180 constitucional en cuanto a la gestión, el apoderamiento y la contratación, sólo que el Constituyente transfirió al Congreso la atribución de regular las "excepciones a esta disposición, donde la labor del legislador es considerar las características de estos ámbitos para no lesionar, entre otros, el principio de igualdad ni los derechos políticos y laborales fundamentales”. Por tal razón, considera que la norma impugnada es exequible en tanto en su aplicación se tenga presente que se trata de una ley que establece excepciones a una restricción, es decir, de una regla con vocación habilitadora, en el ámbito municipal (Ley 136 de 1993) y departamental (Decreto-Ley 1222 de 1986).
Igualmente, señala el actor que se viola el derecho a la igualdad en la medida en que el precepto acusado lleva en sí una “odiosa” discriminación, ya que por mandato legal sólo los profesionales del derecho pueden ser apoderados y representar a personas naturales y jurídicas ante las autoridades jurisdiccionales, lo que implica que la incompatibilidad consagrada en el literal b) demandado únicamente se predica de los diputados-abogados; “los diputados que tengan cualquier otra profesión no les es aplicable la norma demandada y de consiguiente pueden libremente desempeñarse en sus respectivas profesiones”.
El Libro II de la mencionada ley comprende lo relativo a los “Derechos, Deberes, Prohibiciones, Incompatibilidades e Inhabilidades de los servidores públicos”, en cuyo Capítulo V (artículos 42 a 45) se consagran las incompatibilidades e inhabilidades aplicables a los mencionados servidores.
“El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los Diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los Congresistas en lo que corresponda (...)”.
2. Gestionar en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a ésta disposición (...)”.
“Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades (...) de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales (...)”.
“Artículo 51. Los senadores y representantes principales (...) no podrán:
Las prohibiciones anteriores comprenden a los diputados (...) en relación con el respectivo departamento, y a los concejales en relación con el respectivo municipio, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura”.
“Artículo 52. Lo anterior no obsta para que los senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales y concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado actuar en los siguientes asuntos:
e) Actuar como apoderados de los municipios o de los institutos o empresas dependientes de éstos en asuntos judiciales o administrativos, siempre y cuando que la gestión no sea remunerada”.
Ahora bien, el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, “por la cual se adopta el Código Único Disciplinario”, dispuso:
“Esta ley regirá (...); se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la Fuerza Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código”.
Desde luego que la incompatibilidad establecida en la norma sub-examine que prohibe a los diputados ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales, se encuentra ajustada a la Carta Política, en el entendido de que dicha restricción no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el derecho al trabajo, en aquellos asuntos relacionados con intereses o gestiones distintas a los del departamento. En tal virtud, no prospera el cargo.
“Así entonces, y a pesar de las restricciones anotadas, la norma acusada no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el derecho al trabajo, como lo afirma el demandante, pues le permite actuar como litigante, como catedrático o ejercer en el ámbito privado, aunque evidentemente y por razón del cargo, encuentra limitada su esfera de actuación. Esta limitación se encuentra justificada en el cumplimiento de los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, que persiguen el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los puedan afectar o poner en peligro (artículos 123 y 133 de la CP.).
En el caso bajo examen, es evidente que la norma acusada no rompe el principio de igualdad, no sólo porque quedó demostrado que los abogados sí pueden ejercer su profesión, aunque con las limitaciones establecidas, sino además, porque las incompatiblidades existen en razón del cargo que se desempeña y de la función que se asigna al servidor público, derivado de una especial condición de la que no gozan los particulares y que implica, por ende, unas especiales responsabilidades con el Estado y con la sociedad, que de manera alguna pueden ser desconocidas por la Constitución y la ley” (negrillas y subrayas fuera de texto)[1].
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-307 de 11 de julio de 1996. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.