Source: https://es.scribd.com/doc/46449046/Doctrina-y-analisis-sobre-la-nueva-Ley-Procesal-del-Trabajo-AMAG-2010
Timestamp: 2020-06-01 03:35:40
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Doctrina y análisis sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo (AMAG 2010) | Ley procesal | Derecho laboral | Prueba gratuita de 30 días | Scribd
Estudio de la Ley Procesal del Trabajo de Perú, realizado por diversos profesionales agrupados por la Academia de la Magistratura en noviembre de 2010.
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DOCTRINA Y ANÁLISIS SOBRE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERU Jr. Camaná N° 669, Lima 1, Perú
Fax: (51-1)
428-0219
Dr. Manuel Sánchez-Palacios Paiva Presidente del Consejo Directivo
Dr. Luis Miguel Iglesias León, Secretario del Pleno del Consejo Directivo.
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a sus autores, y no nece- sariamente reflejan los puntos de vista de la Academia de la Magistratura del Perú
Prohibida la reproducción de este libro, por cualquier medio, total o parcialmente, sin la autorización por escrito de la Academia de la Magistratura del Perú Derechos reservados. D.Leg. Nº 822. Primera edición, Lima, Perú, noviembre de 2010 1,000 ejemplares ISBN N° 978-9972-779-32-9 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2010-15054 Corrección de estilo: Karina Diaz Salcedo Cuidado de la edición: Sara Chávez Urbina Diseño, diagramación e impresión: JAS Impresiones Digitales E.I.R.L. Av.Bolivia Nº 556 Breña / Lima - Perú
“ANTECEDENTES DE LA REFORMA DEL PROCESO LABORAL EN EL PERÚ” Dr. Javier Arévalo Vela
“LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA PREVISIONAL Y SU (IN) COMPATIBILIDAD CON LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO” Dr. César Abanto Revilla
“IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LOS PRINCIPIOS EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO N° 29497” Dr. Leopoldo Gamarra Vílchez
“ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN LA LEY N° 29497 CON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO ARBITRAL” Dr. Orlando González Nieves
“LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD EN EL PROCESO LABORAL” Dra. Isabel Herrera Gonzales – Pratto
“LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y LA ACCIÓN DE AMPARO EN MATERIA LABORAL” Dr. Paúl Paredes Palacios
“LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO” Dr. César Puntriano Rosas
“LA CASACIÓN LABORAL” Dr. Jorge Toyama Miyagusuku
“EL NUEVO RETO PROCESAL DE PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: ¿HACIA UN RETORNO A LA VÍA LABORAL?” Dr. Jaime Zavala Costa y Dra. Lidia Vílchez Garcés
FLUJOGRAMAS ETAPAS DE LA LEY N° 29497
- Proceso Abreviado laboral - Primera Instancia
- Proceso Abreviado laboral - Segunda Instancia
- Proceso Inpugnativo de Laudos Arbitrales Económicos
- Proceso Ordinario Laboral - Primera Instancia
- Proceso Ordinario Laboral Apelación
- Proceso Ordinario Laboral Casación
La labor del juez en nuestra sociedad es indispensable porque imparte justicia
y asegura la resolución de los conflictos, haciendo que éstos se encuentren
encausados dentro del marco de la convivencia pacífica, de ahí que debamos concentrarnos en la persona responsable de lograr este objetivo (el juez) para que realice sus funciones de la mejor manera posible.
Para que pueda cumplir su cometido el juez necesita de herramientas ade- cuadas, siendo la principal el marco jurídico. Si éste es deficiente, incompleto
y generador de trabas, obviamente su labor será más difícil y complicada, y el ciudadano considerará que le es imposible alcanzar la justicia.
El juez, y el Poder Judicial en su conjunto, deben revitalizar su relación con el ciudadano, de tal manera que éste se sienta satisfecho con el servicio que se le brinda, además de estar más cercano a lo que se llama tutela judicial
efectiva. En consecuencia, un instrumento adecuado, además de la actuación reflexiva y docente del juez, genera confianza y seguridad en las instituciones
y en el rol de dar justicia.
La Ley Nº 29487, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pretende ser una he- rramienta eficaz para resolver los conflictos jurídicos originados por la pres- tación de servicios de carácter personal. No solo tiene por objetivo corregir los problemas de la normativa actual sino que es un cambio fundamental con respecto a lo que estamos viviendo; para ello hemos seguido el camino que otros países ya han recorrido –cuyas experiencias han servido para la formu- lación de la ley-, además de aprender de nuestra propia experiencia a raíz de
la implementación del Código Procesal Penal.
La nueva ley profundiza la oralidad y el rol protagónico del juez en el pro- ceso, impidiéndole una actitud pasiva y, más bien, motivándolo a tomar las riendas del proceso, evitando dilaciones injustificadas y, sobre todo, creando el espacio necesario para conocer la verdad que ya no estará escondida bajo kilos de papel.
Los efectos positivos de la aplicación de la ley podrían ser inmediatos: proce- sos céleres y cortos en los que los litigantes obtendrán una respuesta rápida;
una mayor confianza en el juez, cuya actuación es también más visible que la actual; se evitarán las demandas injustificadas y los retrasos irrazonables en el cumplimiento de las normas sustantivas laborales aprovechando la demora en el procesos judiciales; la promoción de las soluciones conciliadas, además de encaminar la actuación de todos los que intervienen en el proceso dentro de la legalidad y los principios éticos.
Ciertamente la aplicación de la ley no está exenta de problemas en tanto se requiere contar con la infraestructura adecuada y capacitación para los jueces que van a actuar en un entorno distinto, donde necesitarán de sus conoci- mientos además de desarrollar algunas nuevas habilidades.
En este marco, la Academia de la Magistratura (AMAG) cumple un rol impor- tante en la implementación de la ley, brindando espacios de formación a los jueces y magistrados – principalmente-, y también a toda la comunidad legal, de tal manera que aseguremos que esta Nueva Ley Procesal del Trabajo per- mita solucionar los conflictos jurídicos laborales y sea un instrumento en la mejora de las relaciones de trabajo.
En ese sentido, un primer aporte de la Academia de la Magistratura es dedi- car integralmente esta publicación especializada al estudio de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, para lo cual contamos con el apoyo de la Sociedad Pe- ruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SPDTSS), la misma que, mediante la participación de algunos destacados asociados, presenta ar- tículos sobre la mencionada norma.
Con esta publicación la AMAG pretende iniciar un debate que enriquezca la interpretación y aplicación de esta nueva norma y, principalmente, asegure su cumplimiento. Se abordan temas fundamentales vinculados a la competencia de los jueces, a las atribuciones del juez e inclusive se mira la experiencia ac- tual para que, a partir de ella, se puedan desarrollar los mecanismos necesa- rios que permitan que esta norma cumpla con su objetivo.
Estamos conscientes del reto que ha generado esta nueva norma, de la im- portancia que tiene su real vigencia y de la posibilidad de lograr una mejora concreta en la justicia del país. La Academia de la Magistratura quiere contri- buir decididamente y esta publicación es un aporte para lograr el reto.
Presidente Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura
La publicación del presente texto especializado de la Academia de la Magistra- tura (AMAG), dedicada en su integridad al estudio de la novísima Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, refleja la coincidencia de intereses y activida- des de la Academia de la Magistratura y la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SPDTSS). Contiene artículos de diez especia- listas pertenecientes a la SPDTSS que realizan un análisis jurídico respecto de temas de capital interés, propios de la normatividad procesal laboral que entró en vigencia el pasado 15 de julio del 2010, aun cuando ya se ha estado imple- mentando de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que ha dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Novena Disposición Complementaria de la Ley Nº 29497).
La denominada Nueva Ley Procesal del Trabajo tiene la rara peculiaridad de ha- ber sido promulgada con una celeridad inusitada, pues entre la aprobación del proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros y su discusión y aprobación por parte de la Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso de la República transcurrieron menos de cuatro meses. Con seguridad que en todos los partíci- pes de este proceso imperó un consenso referido a la necesidad de implemen- tar la reforma del proceso laboral ante la probada ineficacia y agotamiento del modelo vigente, donde se privilegia el rito y la formalidad. Para ello se postula una alternativa basada en la oralidad como eje del proceso en la idea de confi- gurar un mecanismo de rápida y efectiva solución a los conflictos laborales.
Como se podrá apreciar a partir de los distintos artículos que componen este texto denominado “Doctrina y Análisis de la Nueva Ley Procesal del Traba- jo”, el propósito central de la reforma es convertir al proceso laboral en uno simple, célere y concentrado, a fin de que los justiciables obtengan oportuna respuesta de los órganos jurisdiccionales.
Siendo este el propósito de la reforma, el proceso se estructura de forma tal que el conflicto se dilucida en una audiencia a la que concurrirán las partes ante el juez presentando el íntegro de sus pruebas, los alegatos de defensa de su posición y solicitando lo que resulte conveniente a su derecho. Hay pues una concentración de actos que resulta inexistente en la actualidad.
Por su parte el juez, como director del proceso, adquiere un mayor protago- nismo, habiéndosele concedido mayores facultades que le permiten solicitar
a las partes la presentación de pruebas en la audiencia con el propósito de
formarse convicción sobre el resultado del proceso, coadyuvándose con ello también a la agilización del mismo.
En adición a lo anterior, en el proceso ordinario se instaura una previa audien- cia de conciliación que, por la forma en la que se estructura el proceso, preten- de ser un rápido y eficaz mecanismo de solución de los conflictos. Ello debido
a que habiéndose estructurado un proceso célere y concentrado, desaparecen
los incentivos para la demora en la resolución del conflicto laboral, obligando a las partes a sincerar sus posiciones y generando un espacio para el acuerdo de las mismas sobre los puntos controvertidos, con la intervención tuitiva del juez.
Como puede apreciarse de lo hasta aquí señalado, se trata de una modificación
radical y sustantiva de la normatividad adjetiva en lo laboral, cuyo éxito depen- derá críticamente de la dotación por parte del Estado de un presupuesto sufi- ciente para que la Magistratura cuente con la necesaria infraestructura y capa- citación para acometer con solvencia y propiedad el reto de la implementación del nuevo proceso. Pero existe un tercer elemento a considerar para garantizar
el éxito de la reforma, sin el cual ésta habrá fracasado: el imprescindible y efec-
tivo compromiso de los propios jueces con el nuevo proceso.
Con respecto a la presente publicación, es importante destacar que con fecha 12 de noviembre del 2009 la Academia de la Magistratura (AMAG) y la Socie- dad Peruana de Derecho del Trabajo (SPDTSS) y de la Seguridad Social cele- braron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para desarrollar programas de estudio en temas relacionados al Derecho Laboral y la Seguridad Social, en beneficio de los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, asistentes jurisdiccionales y de función fiscal.
En el marco de este Convenio de Cooperación Interinstitucional, la Academia de la Magistratura propuso a la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que sus miembros participaran en la elaboración de artículos inéditos en torno a la Nueva Ley Procesal del Trabajo para su publi- cación en un libro especializado.
Los ensayos que contiene este libro son producto precisamente del acogi- miento de la SPDTSS a la gentil invitación de la Academia de la Magistratura
publicar artículos de opinión en una publicación de enorme difusión entre
Magistratura y la comunidad jurídica en general.
Esta publicación reúne diez artículos de comentario y análisis jurídico de las instituciones más relevantes del novísimo proceso laboral. La actualidad y utili- dad de esta publicación temática institucional de la AMAG es incuestionable. Se
trata de uno de los primeros y más serios estudios acerca de la Ley Nº 29497, y su interés no sólo radica en el análisis académico de las instituciones analizadas sino, además, en la praxis judicial a desarrollar.
El libro tiene tres partes temáticas, casi en la misma secuencia en que se pre- sentan los artículos: la primera, dirigida a analizar los antecedentes de la refor- ma del proceso laboral y la evolución de la competencia respecto de la mate- ria previsional, y su eventual compatibilidad con la nueva ley. La segunda parte aborda el trascendental tema de los principios informadores del propio proceso laboral, y los puntos de encuentro y desencuentro con los principios de otros procesos y derechos vinculados al propio del trabajo. La tercera parte se dedica
a temas de manifiesto interés como son las medidas cautelares, la búsqueda
de la verdad en el proceso laboral, la vinculación del proceso laboral y la acción de amparo en lo laboral, la presunción de laboralidad en el proceso laboral, el recurso de casación laboral y la protección de la libertad sindical en el proceso laboral.
En la primera parte, sobre los antecedentes de la reforma del proceso y la evo- lución de la competencia en materia previsional y su compatibilidad con la nue- va ley, encontramos los artículos de Javier Arévalo Vela y César Abanto Revilla.
El Juez Supremo Provisional Javier Arévalo Vela nos presenta de modo didác-
tico el desarrollo tortuoso del Derecho Procesal del Trabajo en el país, desde los primeros intentos de regulación hasta la promulgación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Es de interés apreciar la forma como se gestan y desa- rrollan, hasta su aprobación por el Congreso de la República, las ideas fuerza del nuevo proceso laboral.
De otro lado, César Abanto Revilla realiza un estudio crítico respecto de la atri- bución de competencias al juez laboral en materia previsional. Basado en la ex- periencia previa, en el análisis de la muy particular y compleja materia que se debate en lo pensionario, y en las características medulares del nuevo proceso laboral, llega a la conclusión que resulta más adecuado y eficiente que las causas que versan sobre materia pensionaria sean de competencia de los jueces de la sub especialidad previsional antes que de los jueces especializados en lo laboral.
La segunda parte analiza los principios rectores del proceso laboral y sus pun- tos de encuentro y desencuentro con otros procesos y derechos vinculados al privativo del trabajo. En esta parte colaboran los profesores Leopoldo Gamarra Vílchez y Orlando González Nieves.
Leopoldo Gamarra Vílchez centra su análisis en la trascendencia de los principios como punto de partida y línea directriz para el desarrollo de la normatividad pro- pia del proceso laboral. Con una sólida y recurrente referencia doctrinal sustenta su apreciación respecto de los principios que rigen a la nueva Ley Procesal del Trabajo.
Por su parte, Orlando González Nieves presenta un estudio sobre la comple- ja relación que se presenta entre los principios, fines y los principios opera- tivos de las distintas ramas del Derecho cuya competencia jurisdiccional ha sido atribuida al juez laboral. Esta constatación obliga al magistrado a tener un cabal conocimiento de las distintas áreas de conocimiento pues la resolu- ción de los conflictos laborales lo obligará -en muchas situaciones- a aplicar al unísono, complementaria, secuencial, excluyente o divergentemente las nor- mas basadas en distintos principios, aun cuando siempre habrá de privilegiar los principios informadores del Derecho Procesal del Trabajo, toda vez que la desigualdad compensatoria no debe ser mediatizada.
En la tercera parte, distintos temas de capital importancia propios de la nor- matividad procesal laboral son analizados por Isabel Herrera Gonzales – Pratto, Paúl Paredes Palacios, César Puntriano Rosas, Jorge Toyama Miyagusuku, y Jai- me Zavala Costa y Lidia Vílchez Garcés.
El artículo de Isabel Herrera Gonzales – Pratto se concentra en el examen del principio de veracidad y su recepción en los procesos penal, civil y laboral. A par- tir de la constatación que la averiguación de la verdad es siempre la misma, dis- tinguiéndose cada proceso únicamente en la metodología de su obtención, la au- tora concluye que este principio en la nueva Ley Procesal del Trabajo sigue siendo uno de los rectores del proceso laboral que se acerca más a la verdad material a partir del reconocimiento del principio de primacía de la realidad y una apuesta por la igualdad sustancial, aunada a la oralidad como facilitadora de la inmedia- ción, la celeridad y la concentración presentes en la Ley Nº 29497.
El siempre importante tema de la residualidad de la vía constitucional del am- paro en materia laboral es tratado por Paúl Paredes Palacios, quien centra su análisis - sostenido en una amplia selección de citas doctrinales y jurispruden- ciales - en dilucidar si la entrada en vigencia de la nueva Ley Procesal del Tra- bajo supondrá un cambio en los criterios de procedencia de la vía del amparo laboral acuñados por el Tribunal Constitucional en el célebre caso César Baylón Flores. A entender del autor, la vigencia de la nueva norma procesal laboral no conllevará modificación alguna en las reglas de residualidad del amparo por dos razones, a saber: (i) la nueva Ley no regula un proceso ad hoc de tutela de derechos constitucionales laborales y (ii) la nueva Ley no instaura un nuevo proceso ordinario laboral que sea per se igualmente satisfactorio al amparo.
César Puntriano Rosas dirige su análisis a la regulación de la presunción de laboralidad regulada por el artículo 23.2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, poniendo de manifiesto el sustantivo cambio que éste produce respecto del sistema probatorio imperante en el proceso laboral peruano en el cual el re- clamante debe acreditar la existencia de vínculo laboral a partir de la demos- tración de la subordinación en la relación contractual establecida. A criterio
del autor, la presunción de laboralidad se encuentra plenamente justificada a
la luz de la experiencia vivida, aun cuando en la práctica el juez habrá de re-
querir a los reclamantes aportar al proceso verdaderos indicios respecto de la existencia de una relación contractual, dado que la presunción no constituye un eximente al aporte de pruebas al proceso.
A su turno, Jorge Toyama Miyagusuku realiza un detenido estudio en torno al
recurso de casación en materia laboral apreciando que la Nueva Ley Procesal del Trabajo introduce una serie de modificaciones a esta institución, dirigidas a que éste se constituya en un verdadero recurso extraordinario. Así, se estable-
cen nuevas causales para su procedencia pero a su vez se limitan los casos que pueden ser materia de casación. Además, el autor –que se muestra de acuerdo
con el sentido de las modificaciones efectuadas– repara en que la interposición del recurso no suspende la ejecución de las sentencias, efecto que se une con
el propósito de la reforma de evitar dilaciones con la presentación de recursos
Finalmente, Jaime Zavala Costa y Lidia Vílchez Garcés desarrollan un tema tras- cendente en la construcción de un sistema de protección del Derecho Sindical:
la protección de la libertad sindical en el marco de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo. A tal efecto, el estudio aborda la noción de libertad sindical a partir de
su triple contenido (derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga), y estudia la estructura de protección actualmente vigente, llegándose a la con- clusión que en la actualidad la estructura vigente genera grave desprotección a
los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales; y señala cuáles son los retos que se presentan en la aplicación de la nueva ley a efectos de garantizar
la debida protección del Derecho Sindical: (i) proceso abreviado laboral para las
vulneraciones a la libertad sindical, (ii) legitimación activa especial del sindicato,
y (iii) medidas cautelares amplias. Concluyen señalando que la debida aplica-
ción de éstos posibilitaría el retorno del conocimiento de esta problemática la- boral a la competencia especializada del juez de trabajo.
Como se aprecia de los temas tratados y del análisis que se desarrolla en los artículos antes referidos, tenemos el convencimiento que esta publicación constituye un sólido aporte al Derecho, permitiendo la participación de la Academia de la Magistratura y de la Sociedad Peruana de Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social en temas de actualidad y que inciden en el queha-
cer jurídico de nuestro país.
Dr. César Gonzales Hunt
Presidente Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
ANTECEDENTES DE LA REFORMA DEL PROCESO LABORAL EN EL PERÚ
Juez Supremo Provisional, Magíster en Derecho, Profesor de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Miembro de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Ley Procesal del Trabajo.
El presente trabajo versa sobre el desarrollo que ha tenido el Derecho Procesal del Trabajo en el Perú, desde sus orígenes hasta la promulgación de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, vigente a partir del 15 de julio del 2010.
I. Los primeros intentos de regulación. II. La etapa de la ausencia de regulación especial (1900-1930). III. Etapa del surgimiento del Derecho Procesal del Trabajo en el Perú (1930-1980). IV. Etapa de la consolidación del Derecho Procesal del Trabajo (1980-2010). V. Intentos de reforma de la Legislación Procesal del Traba - jo. VI. Trabajo de la Comisión Redactora del Anteproyecto de la Nueva Ley Pro- cesal del Trabajo. VII. Aprobación del anteproyecto de Ley Procesal del Trabajo por el Poder Ejecutivo. VIII. Aprobación del proyecto de Ley Procesal del Trabajo por el Poder Legislativo. IX. Promulgación de la Ley Procesal del Trabajo. X. Re- flexión final. XI. Bibliografía.
I. LOS PRIMEROS INTENTOS DE REGULACIÓN Si damos una mirada retrospectiva en el tiempo veremos que el inten- to más remoto para establecer en el Perú una jurisdicción especializada encargada de solucionar los conflictos laborales lo encontramos en el proyecto de ley para crear un Tribunal de Hombres Buenos y Prudentes, presentado al Congreso de la República en octubre de 1893 por los dipu- tados Teodomiro Gadea y Enrique Rubín. Según el proyecto presentado, el tribunal a crearse estaría integrado por cinco hombres buenos y prudentes, designados por la Prefectura del De- partamento, de una terna doble que debía presentar la Unión Universal de Artesanos. Su función sería juzgar las controversias entre los patrones
y artesanos, averiguando la verdad y actuando de buena fe, teniendo sus
decisiones carácter inapelable y produciendo ejecutoria cuando la cuan- tía del litigio no llegara a los trescientos soles, caso contrario se podía in- terponer el recurso de apelación que sería resuelto por la Corte Superior actuando como tribunal de equidad.
El procedimiento a seguir ante este Tribunal era sumarísimo, limitándose
a la contestación de la demanda y una estación probatoria de ocho días,
vencidos los cuales se debía dictar sentencia. Este primer intento de regulación de los conflictos de trabajo fue deses- timado por la comisión respectiva en 1895 por considerar que el Tribunal de Hombres Buenos y Prudentes no ofrecía las garantías del caso para cumplir con su misión. Al año siguiente, en septiembre de 1896, el diputado Santiago Giraldo presentó un proyecto de ley para crear jurados mixtos que, por la vía de
la conciliación y arbitraje, dirimieran los conflictos entre los empresarios
y los obreros. El proyecto contemplaba la posibilidad que si los laudos
expedidos no eran aceptados por las partes, cualquiera de ellas podía re- currir ante los tribunales de justicia.
El proyecto fue desestimado por considerársele “disociador de la clase obrera”.
II. LA ETAPA DE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECIAL (1900-1930) Esta etapa coincide con los albores del desarrollo del Derecho Laboral en el Perú. Al respecto Rendón nos dice: “desde los primeros años del siglo XX, los trabajadores asalariados, apoyándose en sus organizaciones sin- dicales y llevando a cabo acciones colectivas, como la huelga contra los empresarios y el Estado, exigieron la mejora en su situación económica” 1 . Estas medidas de lucha consiguieron que se dictaran las primeras nor- mas sustantivas en materia de Derecho Laboral; sin embargo, no ocurrió lo mismo con el ámbito procesal donde la solución de controversias que pudieran surgir entre patronos y trabajadores fue regulada por las nor- mas propias del proceso civil o por el arbitraje. Las disposiciones legales más importantes de este periodo son las si-
• Ley N° 1378 del 20 de enero de 1911. Ley sobre accidentes de trabajo. Otorgó competencia a los jueces de Primera Instancia en lo Civil para conocer de los reclamos indemnizatorios derivados de su aplicación.
1 RENDÓN VÁSQUEZ, JORGE. (2007). P. 454.
• Ley N° 4916 del 07 de febrero de 1924. La Ley del Empleado Particu- lar N° 4916 optó por encomendar a un Tribunal Arbitral la solución de las controversias que pudieran presentarse entre los empleados y sus patronos. Los miembros de este Tribunal serían nombrados uno por cada parte en conflicto y el tercero por el Ministerio de Fomento en la ciudad de Lima o por la autoridad política en el caso de provin- cias. El laudo debía expedirse dentro del plazo máximo de treinta días y tenía carácter de inapelable.
• Ley N° 5066 del 05 de marzo de 1925. Reguló el procedimiento de reclamación de los empleados particulares ante el Tribunal Arbitral creado por la Ley N° 4916.
• Resolución Suprema del 27 de junio de 1928. Reglamentaria de la Ley N° 4916, precisó disposiciones para la realización del juicio arbitral a que se referían las Leyes N° 4916 y N° 5066.
III. ETAPA DEL SURGIMIENTO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN EL PERÚ (1930-1980) El fracaso de la solución de los conflictos laborales por medio del proceso civil ordinario así como de las fórmulas arbitrales, sumado a los nuevos derechos sustantivos reconocidos a los trabajadores, llevó a que se de- sarrollara en nuestro país no sólo el Derecho Procesal del Trabajo, como una disciplina jurídica autónoma, sino también el fortalecimiento de la Administración de Justicia en materia laboral, llegando a crearse órganos jurisdiccionales encargados de dar solución a los conflictos obrero patro- nales, aunque con limitaciones en cuanto a sus atribuciones. De este periodo las normas más importantes son:
• Ley N° 6871 del 02 de mayo de 1930. Creó los juzgados de trabajo encargados de solucionar las reclamaciones laborales de los emplea- dos de comercio así como las derivadas de los accidentes de trabajo.
• Decreto Supremo del 23 de marzo de 1936. Este Decreto Supremo es- tableció el procedimiento para resolver las reclamaciones individuales de los trabajadores, se encontrase o no vigente la relación de trabajo. Se considera que a partir de esta norma podemos hablar del Derecho Procesal del Trabajo como una disciplina autónoma en nuestro medio.
• Decreto Supremo del 16 de abril de 1941. Esta norma creó un Tribunal de Trabajo conformado por tres miembros, el mismo que conocería de los re- cursos de revisión de los fallos expedidos en las reclamaciones individuales a que se refería el artículo 76 del Decreto Supremo del 23 de marzo de 1936.
• Decreto Supremo del 15 de septiembre de 1941. Este Decreto Supremo
precisó la forma de adopción de acuerdos en el Tribunal de Trabajo so- bre asuntos sometidos a su competencia, así como las formalidades a que deberían sujetarse los mismos. Igualmente precisó la manera como serían dirimidas las discordias.
• Ley N° 9483 del 31 de diciembre de 1941. La Ley N° 9483 dio fuerza de ley
a los Decretos Supremos del 16 de abril y del 15 de septiembre de 1941.
Precisó la competencia en primera instancia de los jueces de trabajo y de las inspecciones de trabajo donde no hubiera jueces, así como la compe- tencia como instancia revisora del Tribunal de Trabajo. Se considera que con esta ley nace el Fuero Privativo de Trabajo conformado por magistrados.
• Decreto Supremo del 22 de noviembre de 1949. Aprobó el Estatuto Orgá- nico Provisional del Fuero de Trabajo, asignándole la calidad de Corte Supe- rior, y a los magistrados que lo integraban, la de vocales de dicha Corte.
• Decreto Ley Nº 19040 del 23 de noviembre de 1971. Organizó el Fuero Privativo de Trabajo como un organismo jurisdiccional autóno- mo encargado de conocer y resolver en forma exclusiva las reclama- ciones de carácter individual sobre pago de remuneraciones y otros derechos sociales que formulasen los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, cuyo contrato hubiese terminado.
• Decreto Supremo Nº 007-71-TR del 30 de noviembre de 1971. De acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley N° 19040 aprobó el pro- cedimiento para resolver las acciones seguidas ante el Fuero Privativo de Trabajo. Esta norma recogió los principios modernos del Derecho Procesal Laboral tales como la oralidad, sencillez, concentración, eco- nomía procesal, inversión de la carga de la prueba, entre otros.
• Decreto Ley N° 22465 del 06 de marzo de 1979. Integró el Fuero Pri- vativo de Trabajo con el Fuero de Comunidades Laborales que había sido creado mediante Decreto Ley N° 21109 del 04 de marzo de 1975, conformándose un solo organismo jurisdiccional denominado Fuero Privativo de Trabajo y Comunidades Laborales, encargado de conocer
y resolver en forma exclusiva los procedimientos que eran competen-
cia de los fueros que se integraban.
• Decreto Supremo N° 012-79-TR del 05 de diciembre de 1979. Aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Fuero Privativo de Trabajo y Comunidades Laborales, conforme a su nueva estructura y competencia ordenada por el Decreto Ley N° 22465. Como quiera que el Decreto Su- premo N° 012-79-TR no estableció las normas de procedimiento para las acciones a seguir ante el Fuero Privativo de Trabajo y Comunidades Labo- rales, se continuaron aplicando las disposiciones procedimentales conteni- das en el Decreto Supremo N° 007-71-TR y en el Decreto Ley N° 21109.
ETAPA DE LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO (1980- 2010) Este período se caracteriza por la entrada en vigencia de la Constitución de 1979 que, al establecer el principio de unidad de la función jurisdic- cional, condenó a desaparecer al Fuero Privativo de Trabajo tan pronto se dictara una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que también im- plicaba una reforma de la legislación adjetiva en materia de trabajo.
La Constitución Política de 1993 mantuvo el principio de unicidad juris- diccional, por lo que en nuestro país no existe la posibilidad de estable- cer una jurisdicción laboral independiente del Poder Judicial, sino que dentro del mismo deben existir órganos jurisdiccionales que administren este tipo de justicia especializada, tal como ocurre actualmente. Durante la etapa de la consolidación se han dictado los cuerpos normativos más importantes en materia procesal del trabajo como veremos a continuación:
• Decreto Supremo Nº 003-80-TR del 26 de abril de 1980. Derogó el Decreto Supremo N° 007-71-TR, estableciendo una nueva y única regulación de los procesos laborales. Este Decreto Supremo retomó aspectos fundamentales de su norma antecesora pero le introdu- jo variaciones sobre todo en materia de Comunidades Laborales e igualmente en el tema relativo a la reposición, pues el Decreto Ley N° 18471, Ley de Estabilidad Laboral vigente al dictarse el Decreto Supremo N° 07-71TR, había sido sustituido por el Decreto Ley N° 22126 del 21 de marzo de 1978 que era la nueva ley sobre la mate- ria, pero con un contenido menos protector del trabajador.
• Decreto Legislativo N° 384 del 29 de agosto de 1986. Este Decreto Legislativo estableció la competencia del Fuero de Trabajo y Comuni- dades Laborales organizado como un conjunto de juzgados y tribuna- les integrados al Poder Judicial, que tenía a su cargo el conocimiento y resolución de los asuntos laborales con arreglo a ley.
• Decreto Legislativo N° 767 del 04 de diciembre de 1991. Esta norma aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso la integración definiti- va del Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales al Poder Judicial pre- cisando que sus salas y juzgados se incorporarían a las Cortes Superio- res de los Distritos donde estaban ubicados, con todo su personal de magistrados, funcionarios y trabajadores, así como su infraestructura, equipamiento y acervo documentario. Asimismo esta ley otorgó a los Juzgados de Trabajo competencia para conocer de las denuncias por violación o incumplimiento de normas laborales que presentasen los trabajadores con vínculo laboral vigente.
• Ley N° 26636 del 21 de junio de 1996. Aprobó la Ley Procesal del
23 de setiembre de 1996 hasta su
derogatoria por la Ley N° 29497. Durante su vigencia de la Ley N° 26636 fue objeto de las modifica- ciones siguientes:
- La derogatoria del inciso 2) de su artículo 98 por la Primera Dis- posición Derogatoria del Decreto Legislativo N° 845, Ley de Re- estructuración Patrimonial, promulgada el 20 de septiembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 del mismo mes y año. Debemos precisar que actualmente esta norma se encuentra derogada por la Ley N° 27809, Ley General del Siste- ma Concursal, promulgada el 05 de agosto del 2002.
- La reforma del Capítulo III del Título I de la Sección Quinta, dispues- ta por la Ley N° 27021 del 22 de diciembre de 1998, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de diciembre del mismo año, que modificó las disposiciones relacionadas con el Recurso de Casación.
- La modificatoria de sus artículos 4 y 52 por la Ley N° 27242 del 23 de diciembre de 1999, publicada en el Diario Oficial El Perua- no el 24 de diciembre del mismo año, referente a la competen- cia de los jueces de paz letrados sobre materia relativa al Sis- tema Privado de Pensiones y al otorgamiento de la calidad de títulos ejecutivos a las liquidaciones de cobranza de aportes pre- visionales del Sistema Privado de Pensiones.
- La derogatoria del Título Tercero que regula el Proceso Conten- cioso Administrativo por la Primera Disposición derogatoria de la Ley N° 27584 del 06 de diciembre del 2001, publicada en el Dia- rio Oficial El Peruano el día 07 del mismo mes y año.
- La modificación del inciso b) del numeral 2, de su artículo 4 por la Quinta Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942 del 26 de febrero del 2003, publicada en el Diario Oficial El Pe- ruano el 27 de febrero del mismo año, referente a la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Debemos resaltar que la Ley N° 26636 se sigue aplicando a los procesos iniciados durante su vigencia, así como EN los procesos que se inicien en los distritos judiciales donde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no disponga aún la aplicación de la nueva Ley N° 29497.
Trabajo que entró en vigencia el
V. INTENTOS DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL DEL TRABAJO No obstante las modificaciones introducidas por diversas leyes se consi- deró necesaria la reforma de la Ley N° 26636, siendo la propuesta más
importante el Proyecto de Ley N° 117/2006-CR presentado por los inte- grantes de la Comisión de Trabajo del periodo 2006-2007, recogiendo el proyecto elaborado por la Comisión de Especialistas conformada por los doctores Fernando Elías Mantero, Beatriz Alva Hart, Francisco Gómez Val- dez, Francisco Romero Montes y Sandro Núñez Paz, quienes elaboraron un proyecto de Nueva Ley Procesal del Trabajo. La poca acogida que tuvo este proyecto, sobre todo por parte de los ma- gistrados laborales, originó que el mismo no prosperara.
VI. TRABAJO DE LA COMISIÓN REDACTORA DEL ANTEPROYECTO DE NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Mediante Resolución Ministerial N° 058-2008-TR del 20 de febrero del 2008, durante la gestión como Ministro de Trabajo del Doctor Mario Pas- co Cosmópolis, se designó a la Comisión encargada de elaborar el Ante- proyecto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, basada en la oralidad y el uso de la tecnología, la que estuvo conformada por los profesores univer- sitarios: Luis Vinatea Recoba, Giovani Priori Posadas y Javier Arévalo Vela (Juez Superior Titular), actuando como Secretario Técnico de la misma el doctor Paul Paredes Palacios, funcionario del Ministerio de Trabajo.
VI.1. Alcances que debía tener la Nueva Ley Procesal del Trabajo La Comisión consideró que los puntos concretos a tomar en cuenta en la redacción de una Nueva Ley Procesal del Trabajo debían ser los siguientes:
• Establecer una justicia laboral omnicomprensiva y ampliar la competencia de los Juzgados de Paz Letrados en materia laboral.
• Definición clara de las controversias que debía conocer la justicia laboral.
• Establecer los tipos de procesos que debía considerar la nueva ley procesal, desechando el modelo de proceso único.
• Considerar la oralidad como mecanismo base del proceso laboral así como de expresión de inmediación y concentración (actua- ción probatoria, admisión de pruebas, calificación de la relación jurídica procesal, y sentencia).
• El correo electrónico como mecanismo de comunicación de las decisiones judiciales, introduciendo la tecnología informática y electrónica en el desarrollo de los procesos.
• Nueva regulación de los recursos de apelación y casación.
• Lograr la uniformidad jurisprudencial a través del cumplimiento obligatorio de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República.
• La utilización de formatos para demandas ante Juzgados de Paz.
• Introducir mecanismos procesales efectivos de protección de los dirigentes sindicales, las trabajadoras gestantes, los menores que trabajan y los trabajadores con discapacidad.
VI.2. Fuentes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo La Comisión laboró durante los meses de marzo a junio del 2008 consultando legislación comparada, siendo sus fuentes principales:
• La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela, Ley N° 37.504 del 13 de agosto del 2002.
• El Código de Trabajo de Ecuador, reformado por Ley N° 2003- 13 del 13 de agosto del 2003, por Ley N° 2004-43 de agosto del 2004, y por Ley N° 2005-3 del 04 de julio del 2005.
• El Código de Trabajo de Chile, Ley N° 20.022 del 30 de mayo del 2005, vigente a partir de 01 de marzo del 2008.
• Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Colom- bia, Ley N° 712, del 05 de diciembre del 2001. Para elaborar su anteproyecto la Comisión también consideró la do- cumentación siguiente:
• Proyectos preexistentes de reforma de la legislación procesal del trabajo.
• Legislación nacional de carácter procesal.
• Sentencias casatorias de la Corte Suprema de Justicia de la República.
• Sentencias del Tribunal Constitucional.
• Acuerdos de los Plenos Jurisdiccionales Nacionales
• La doctrina nacional y extranjera.
VI.3. Conocimiento de experiencias extranjeras Para el desarrollo del proceso de elaboración del anteproyecto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, los miembros de la comisión, subdi- vididos en dos grupos, viajaron a las ciudades de Guayaquil (Ecuador) y Caracas (Venezuela), donde recorrieron las sedes de los órganos ju- risdiccionales en materia de trabajo, conociendo in situ las experien- cias procesales ecuatoriana y venezolana respectivamente, en torno a la oralidad y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso laboral.
VI.4. Presentación del Anteproyecto de Ley Procesal del Trabajo El 15 de julio del 2008, en acto público realizado en el Auditorio de Petroperú, fue presentado el Anteproyecto de Ley Procesal del Tra- bajo durante la realización del Seminario Internacional “La oralidad en el Proceso Laboral”, donde los autores expusieron a la comunidad jurídica los alcances de la norma que habían elaborado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolu- ción Ministerial N° 391- 2008-TR del 11 de diciembre del 2008, reco- noció, agradeció y felicitó a la Comisión que elaboró el Anteproyec- to de Ley Procesal del Trabajo.
VII. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY PROCESAL DEL TRABAJO POR EL PODER EJECUTIVO Mediante Resolución Ministerial N° 379-2008-TR del 04 de diciembre del 2008 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso la publi- cación por noventa días del Anteproyecto de la Ley Procesal del Trabajo en su página web con la finalidad de difundirlo y recibir sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general; igualmente dispuso la realiza- ción de foros regionales sobre el tema.
Con la finalidad de analizar y revisar el Anteproyecto entregado, el Minis- terio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolución Ministe- rial N° 006-2009-TR del 12 de enero del 2009, designó un grupo de tra- bajo donde participaron el citado ministerio, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional de Rectores y el Colegio de Aboga- dos de Lima. Terminado el trabajo de esta comisión, el Anteproyecto fue entregado a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. El Anteproyecto de Ley Procesal del Trabajo fue aprobado como proyecto
Ejecutivo en el Consejo de Ministros del día 02 de sep-
de Ley del Poder tiembre del 2009.
VIII. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY PROCESAL DEL TRABAJO POR EL PODER LEGISLATIVO El proyecto de Ley Procesal del Trabajo ingresó al Congreso de la Repúbli- ca el 05 de septiembre del 2009 como Proyecto de Ley N° 3467-2009-PE “Proyecto de Ley que aprueba la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Este proyecto fue también objeto de amplia difusión y debate, recibién- dose opiniones favorables y desfavorables de diversos sectores. Final- mente la Comisión de Trabajo, en su Novena Sesión Ordinaria del 02 de
diciembre del 2009, aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley Procesal del Trabajo. Sometido al debate del pleno, el Congreso de la República aprobó el dic- tamen recaído en el proyecto de Nueva Ley Procesal del Trabajo por una- nimidad (94 votos a favor). El dictamen requería para su aprobación de más de la mitad de congresistas (61) porque modificaba una Ley Orgáni- ca. Fue exonerado de segunda votación por unanimidad (89 votos), con lo que quedó expedito para su promulgación.
IX. PROMULGACION DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO El 13 de enero del 2010 el Presidente de la República promulgó la Ley N° 29497, Ley Procesal del Trabajo, siendo publicado el texto de la misma en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero del 2010.
X. REFLEXIÓN FINAL Como dijimos anteriormente, a partir del 15 de julio del presente año en- tró en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo, recayendo la responsa- bilidad de su implementación en el Poder Judicial, el cual hasta la fecha de redacción del presente artículo, solamente había adoptado dos medi- das importantes al respecto: la constitución del Equipo Técnico Institucio- nal de Implementación de la Ley Procesal del Trabajo (R.A N° 136-2010- CE-PJ publicado el 14 de mayo del año en curso), y la autorización para el desdoblamiento de las Salas Laborales en Tribunales Unipersonales para resolver en última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia no supere las 70 unidades de referencia procesal (R.A N° 182-2010-CE-PJ, publicado el 04 de junio). Creemos que se hace necesario que el Poder Judicial ponga mayor aten- ción en la implementación de la nueva ley adjetiva, adoptando las me- didas de capacitación para los magistrados, habilitando infraestructura y aportando los recursos humanos y logísticos necesarios para lograr un óptimo resultado a la entrada en vigencia de la nueva ley adjetiva labo- ral, pues sólo de esta manera demostrará a la sociedad su real voluntad de brindar un servicio de justicia eficiente y con celeridad en los proce- sos de trabajo.
RENDÓN VÁSQUEZ, JORGE. (2007). Derecho del Trabajo - Teoría General. Segunda Edición.
LA EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA PREVISIONAL Y SU (IN) COMPATIBILIDAD CON LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO
Abogado por la Universidad San Martin de Porres, Profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
El objeto del presente comentario es revisar la abrupta atribución de competencia
en el tema previsional o pensionario que se ha asignado a los Jueces Laborales,
a partir de la reciente inclusión del inciso l) en el artículo 51 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, por mandato de la Segunda Disposición Modificatoria de la Ley N° 29364, al tratarse de una materia compleja (en cuanto al fondo) que implica no solo la aplicación de normas de larga data sino también de la cambiante juris- prudencia del Tribunal Constitucional, que desde mediados de los noventa vienen determinando los criterios de interpretación de dichas normas. Esta revisión crí- tica resulta relevante en la medida que consideramos que la Nueva Ley Procesal del Trabajo tiene por finalidad, a partir de la implantación de la oralidad, obtener decisiones más eficientes y con celeridad, labor que podría ser truncada al impo- nerse la tramitación de procesos pensionarios bajo las reglas de la vía contencioso administrativa, sujeta a la escrituralidad y a un trámite -por naturaleza- prolongado. Desde nuestro punto de vista, el tema pensionario debe seguir en la sede judicial contenciosa, en manos de los jueces con sub-especialidad previsional, máxime si consideramos que dicha materia es distinta (por su autonomía) del Derecho del Trabajo.
I. Comentarios iniciales. II. Determinación de la competencia por especialidad. III. Evolución de la competencia en materia previsional. IV. Principales pretensio- nes en materia pensionaria. V. Bibliografía.
I. COMENTARIOS INICIALES El 15 de enero del 2010 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Nue- va Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497), que entrará en vigencia a partir del 15 de julio del presente año. Si bien su aplicación se efectuará
de manera gradual en los distritos judiciales designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial durante un periodo de seis meses, lo concre- to es que el proceso laboral no será el mismo pues al incluirse como ras- go característico principal de esta norma la oralidad, se pretende que los conflictos puedan ser resueltos de manera eficiente y rápida, en contras- te con el estado actual que tiene en la lentitud a uno de sus principales defectos. En efecto, la Nueva Ley Procesal del Trabajo no nos plantea una simple modificación normativa, sino el cambio de la estructura misma del pro- ceso laboral, de forma que deje de ser esencialmente escrito y caracteri- zado por una sucesión interminable de actos, que dilatan la solución del conflicto, reemplazándolo por un modelo basado en la oralidad a través de la concentración en una audiencia única, al término de la cual el juez puede emitir sentencia, reduciendo drásticamente el plazo de duración de estos procesos. Como se aprecia, la idea es contar con un proceso moderno en el cual se permita al juez una mayor cercanía a los argumentos y las pruebas que son ofrecidas por las partes para su actuación, contando con el apoyo de la tecnología, lo cual simplificará y facilitará la pronta solución de los con- flictos laborales. En este escenario, sin embargo, el Congreso de la República ha introdu- cido –sin mayor debate o justificación– una variable que podría originar una carga considerable de causas que recargarían el despacho del Juez Laboral, no solo por la magnitud (un promedio de 200 demandas nue- vas por mes) 2 o por el hecho de tramitar paralelamente procesos bajo un ordenamiento distinto (Ley N° 27584, Ley del Proceso Contencioso Ad- ministrativo), sino principalmente por la complejidad del tema de fondo (reclamos pensionarios). El 28 de mayo del 2009 es publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 29364, norma que introduce diversas modificaciones en los artículos del Código Procesal Civil relativos al recurso de casación, y en su Segun- da Disposición Modificatoria establece a la vez una serie de modificacio- nes en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de los cuales destaca la inclusión del inciso l) en el artículo 51, que precisa que los Juzgados Especializados de Trabajo conocerán las demandas contencioso adminis- trativas en lo laboral y de seguridad social (pensiones) 3 . Como se aprecia en la página web del Congreso de la República, dicha norma
2 Como se precisa en el cuarto considerando de la Resolución Administrativa N° 319-2008-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 28 de enero del 2009.
3 Para profundizar respecto a dicha norma, ver: ACEVEDO MENA, R. (2009).
nace de la acumulación de los Proyectos N° 672/2006-CR, N° 749/2006-PE, N° 1725/2007-CR, N° 1726/2007-CR y N° 2881/2008-CR, sin embargo, nin- guno de ellos se refiere a dicha modificación (incluir el inciso l) al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) 4 , por tanto, habría sido incorpora- da –sin una discusión previa que la justifique– al emitirse el dictamen sus- titutorio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta afirmación se refuerza en la revisión del Diario de Debates del Pleno del Congreso, correspondiente a la sesión del día 23 de abril del 2009, en que fueron revisados dichos proyectos, pues en el mismo se constata que el tema no fue mencionado en lo absoluto. En definitiva, si tomamos en cuenta que la materia pensionaria (como parte del Derecho de la Seguridad Social) es distinta del quehacer ordi- nario del Derecho Laboral, como en su momento fue señalado expresa- mente por la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 817 (Ley del Régimen Provisional del Estado) 5 , concluiremos que esta inclusión se debe a una decisión política, que fue dictada en un momen- to en el cual el Poder Judicial se encontraba implementando un proceso de reorganización de los juzgados contenciosos y civiles, iniciado a me- diados del 2008 con la instauración de la sub especialidad previsional 6 , que ha sido frustrado con una medida que –desde nuestro punto de vista– re- sulta incompatible (no legal, sino teórica y operativamente) con los objeti- vos que la Nueva Ley Procesal del Trabajo propone, en cuanto a celeridad. Para efectos de desarrollar el presente comentario, nos permitiremos dar una revisión a la evolución temporal de las disposiciones que han ido creando (recreando), activando y desactivando los órganos jurisdicciona- les y que han tramitado en las diversas instancias judiciales los procesos relacionados con reclamos en materia de pensiones, desde la dación del Decreto Legislativo N° 817 hasta la actualidad, para luego dar cuenta de las principales pretensiones que en el tema previsional se vienen discutiendo a la fecha, y que ahora tendrán que ser resueltas por los Jueces Laborales.
II. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA POR ESPECIALIDAD Como anota Monroy Gálvez 7 , la jurisdicción es el poder-deber que osten- ta el Estado de administrar justicia, que es ejercido a través de órganos
4 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf
5 “Sétima. Precísese que los aspectos relativos a los regímenes previsionales en general, no son de naturaleza laboral, sino de seguridad social”.
6 Aprobada por la Resolución Administrativa N° 157-2008-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de julio del 2008. 7 MONROY GÁLVEZ, J. (2004). P. 224.
especializados que aplican el derecho que corresponde al caso concreto, con la finalidad de resolver los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que se presenten en una sociedad. Si bien la jurisdicción es ejercida por aquellos órganos a los cuales la Constitución les confiere dicha potestad, ello no quiere decir que pueda ser ejercida en cualquier ámbito 8 , pues si bien un juez –por el hecho de serlo– ejerce función jurisdiccional, su ejercicio se encuentra limitado le- galmente en función a determinados criterios. Este límite al ejercicio de la función jurisdiccional se denomina compe- tencia, y será en virtud a ello que un juez podrá conocer válidamente de una causa en particular, pues las reglas de la competencia tienen por fi- nalidad establecer a qué juez le debe ser propuesta determinada preten-
sión por la especialidad (civil, penal, laboral, etc.), el territorio, la cuantía,
el turno, u otros criterios.
Las criterios de competencia están relacionados con la garantía constitu- cional del juez natural, entendida como el derecho que tienen las partes
a que su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica sea resuelto por
un tercero imparcial e independiente, que ha sido predeterminado por ley. Este derecho forma a su vez parte de la tutela judicial efectiva. Tal como indica Sánchez Velarde 9 , una vez determinado el juez que cono- cerá el caso, en aplicación de las reglas de competencia contenidas en la ley, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones posteriores tomadas por órganos gubernativos 10 . La regla general es que una vez determinada la competencia ésta no puede variar en el transcurso del proceso, así se modifiquen las circuns- tancias de hecho o de derecho que sirvieron para fijarla. La razón de ello es evitar cualquier injerencia en los procesos a través de un cambio in- tencionado de jueces, lo que pondría en riesgo la imparcialidad e inde- pendencia de los mismos. Este es el criterio recogido por el artículo 8 del Código Procesal Civil, sin em- bargo, en materia de pensiones hemos asistido a una serie de cambios y con- flictos de competencia que han generado la dilación excesiva de los procesos 11 ,
8 PRIORI POSADA, G. (2006).
9 SÁNCHEZ VELARDE, P. (1997).
10 La legalidad en la determinación de las reglas de la competencia tiene una excepción: el turno, pues di- cho criterio tiene que ver con la distribución interna del trabajo en el Poder Judicial, por tanto, deber ser dicha entidad la que la establezca. Ver PRIORI POSADA, G. (2006). Op. cit.
11 Las modificaciones que se han ido dando en el tiempo en materia previsional no solo han sido producto de cambios legislativos, sino también en mérito a precedentes jurisprudenciales, como el recaído en el Expediente N° 01417-2005-AA/TC, proceso de amparo seguido por Manuel Anicama Hernández contra la ONP, sobre el cual nos pronunciaremos más adelante.
situación que al final terminó perjudicando a aquellos a los que supuesta- mente se ha pretendido beneficiar con esta reorganización: los pensionis- tas (demandantes). Estos cambios en el tiempo nos llevan a hablar de las excepciones a la perpetuatio iurisdictionis. Las normas procesales deben aplicarse de manera inmediata y, teniendo las reglas de la competencia tal naturaleza, dicho precepto debería tam- bién serle aplicable; sin embargo, ello colisionaría con el principio de in- modificabilidad de la competencia, por lo cual se está ante una excepción que se resuelve a favor de ésta última, rigiéndose la competencia por las normas vigentes al momento de interposición de la demanda. En teoría, como señala Priori Posada 12 , este principio tiene algunas ex- cepciones, pues la aplicación en forma absoluta de la perpetuatio iuris- dictionis generaría efectos prácticos negativos como por ejemplo:
• Evitaría cualquier intento de reforma judicial integral, con la modifi- cación de los órganos jurisdiccionales que vienen conociendo los ca- sos actuales.
• Impediría modificar la competencia fijada en supuestos en los cuales la nueva norma sea más favorable que la anterior. Entendemos que las modificaciones que se han ido dando en el tiempo a la competencia en materia de pensiones se encuadran dentro de dichas excepciones. La competencia por razón de la materia se determina en función de la relación jurídica que subyace al conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que sirve de sustento al proceso y, en especial, por la pretensión que se plantea en este. Para ello, será necesario analizar los elementos de la pretensión, es decir, el petitum (para establecer qué efecto jurídico es el que busca el accionante que le otorgue el órgano jurisdiccional) y la causa petendi (para conocer los hechos que delimitan el contenido de la pretensión). El objetivo de establecer una competencia por razón de la materia es la especialización de los jueces respecto al fondo de la litis, sin embargo, en materia de pensiones vemos que mientras que en el Poder Judicial se pretende la implantación de la sub-especialidad previsional, el Congre- so de la República cambia de dirección, pretendiendo que el juez labo- ral asuma las demandas contencioso administrativas en seguridad social (bajo las reglas de la Ley N° 27584) a pesar de que, como hemos referido, existe norma expresa que reconoce que los temas previsionales no perte- necen al campo laboral.
12 PRIORI POSADA, G. (2006). Op. cit.
Efectuada esta breve revisión de los conceptos jurisdicción y competen- cia, así como de una interpretación de los fundamentos por los cuales se ha ido modificando a lo largo de estos últimos catorce años la competen- cia en materia previsional, daremos una mirada a la evolución normativa que da cuenta de dichos cambios.
III. EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA PREVISIONAL En materia de pensiones la competencia de los órganos judiciales ha atra- vesado por una serie de modificaciones que han derivado en la creación, la
supresión, el reemplazo y la reposición de Juzgados y Salas Especializadas, lo que a su vez ha generado la demora en la tramitación de dichas causas
y, en muchos casos, la declaración de improcedencia de cientos de deman-
das después de transcurrir varios años desde el inicio de su tramitación, tanto de los pensionistas como de las entidades del Estado. El 24 de abril de 1996 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 817, cuya Segunda Disposición Complementaria ordenó la creación de instan- cias judiciales especializadas encargadas de conocer los conflictos judicia- les sobre derechos pensionarios derivados del régimen previsional de los servidores públicos (Decreto Ley N° 20530).
En cumplimiento de dicho mandato la Comisión Ejecutiva del Poder Judi- cial emite una serie de normas internas, encabezadas por la Resolución Administrativa N° 090-CME-PJ, que ordenó la realización de un inventa- rio (a nivel nacional) de todos los procesos o expedientes judiciales que versaran sobre derechos pensionarios derivados del citado régimen pro-
visional (sin distinción de su estado procesal), con la finalidad que fuesen remitidos a las instancias especializadas creadas por dispositivos posterio- res, como las Resoluciones Administrativas N° 131-CME-PJ, N° 213-CME-PJ
y N° 326-CME-PJ:
• Juzgado Previsional
• Salas Especializadas en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
• Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 13
La creación de dichas instancias determinó la suspensión de los térmi- nos procesales, desde el 24 de abril de 1996 hasta el avocamiento de los nuevos órganos especializados en materia previsional, lo que originó al interior del Poder Judicial una labor de varios meses por el traslado de los ex- pedientes desde provincia hacia Lima, la contratación del personal administra-
13 Esta última nunca entró en funcionamiento; en la práctica la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema cumplió sus funciones.
tivo y la designación de los jueces y vocales encargados de dichas instancias. Esta situación se mantuvo vigente hasta el 26 de abril de 1997 cuando fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la sentencia recaída en el Expediente N° 0008-96-I/TC del Tribunal Constitucional, por la cual se de- claró la inconstitucionalidad (entre otros) de la Segunda Disposición Com- plementaria del Decreto Legislativo N° 817, retomando los expediente ju- diciales del citado régimen pensionario (Decreto Ley N° 20530) a su lugar de origen (un grupo considerable de causas vinieron de provincia). Como consecuencia de dicha sentencia, se emitió la Resolución Adminis- trativa N° 378-CME-PJ 14 , que prorrogó temporalmente la competencia del Juzgado Previsional y la Sala Especializada en lo Contencioso Administra- tivo de la Corte Superior, suprimiendo toda referencia a dicha instancia en la Corte Suprema, que en la práctica nunca existió. Posteriormente la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Su- prema, como ente supervisor de los órganos judiciales en materia previ- sional según lo dispuso por la Resolución Administrativa N° 399-CME-PJ 15 , emitió las Resoluciones Administrativas N° 001-97-SCS-CSJ y N° 002-97- SCC-CSJ, por las cuales se dispuso la creación de:
• El Juzgado y la Sala Corporativa Especializada en Derecho Público en el distrito judicial de Lima, encargados de conocer las acciones de garantía; y,
• El Juzgado y Sala Corporativa Especializada en lo Contencioso Adminis- trativo en el mismo distrito judicial, que conocerían únicamente las ac- ciones judiciales que se deriven de los procesos administrativos. La creación de dichos órganos judiciales (con expreso carácter transitorio) reformuló la situación previa generada por el referido fallo, ingresando a los nuevos Juzgados y Salas Especializadas los procesos judiciales en ma- teria pensionaria, que en esta oportunidad incluyó al régimen del Decre- to Ley N° 19990 (por mandato de la Ley N° 26835), lo que originó –por segunda vez– el traslado de los expedientes desde provincias hacia Lima y con ello, una nueva demora en la tramitación de dichas causas. Complementando dicha situación, y en cumplimiento de lo establecido por la Se- gunda Disposición Final de la Ley N° 26960 (Ley de regularización de la situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional), la Resolución Administrativa N° 658-CME-PJ dispone la (re) creación del Juzgado Previsional en la Corte Superior de Lima, que en un inicio conoció los procesos de dicha mate- ria (personal de la Sanidad), pero que luego de desactivados los Juzgados
14 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de mayo de 1997. 15 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio de 1997.
y Salas Especializadas de Derecho Público y Contencioso Administrativos, conoció de los procesos judiciales en materia pensionaria. Cabe destacar, sin embargo, que un pronunciamiento de la Sala Transi- toria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de fecha 26 de setiembre del 2003, recaído en la Consulta N° 1618-2003 Lima (conflicto negativo de competencia), reconoció un periodo entre los años 1996 al 2002 en que los Juzgados y Salas Laborales –a su criterio– ha- brían tenido competencia para conocer las demandas contencioso admi- nistrativas en materia de pensiones, en mérito al inciso 1) del artículo 4 de la Ley N° 26636 (antigua Ley Procesal del Trabajo), precisando dichos periodos de la siguiente manera:
• Competencia de los Juzgados Laborales: Del 05 de julio de 1997 al
• Competencia de las Salas Laborales: Del 24 de setiembre de 1996 al
04 de julio de 1997, y del 25 de diciembre de 1999 al 15 de abril del
De acuerdo a dicho fallo, si bien el Decreto Legislativo N° 817 había pre- cisado que los aspectos relativos a los regímenes previsionales en general no eran de naturaleza laboral sino de seguridad social, el 24 de diciembre de 1999, fecha en la cual se publica la Ley N° 27242 que reproduce el texto original del artículo 4 de la Ley N° 26636, se generó una aparente confusión que trató de aclararse con la Resolución Administrativa N° 004- SDCS/CSJR de fecha 02 de junio del 2002, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, que señalaba que a partir del 01 de junio de 1998 serían los Juzgados Previsionales los responsa- bles del conocimiento de los asuntos provisionales; sin embargo, como la citada norma modificaba no solo a la antigua Ley Procesal del Trabajo sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultaba perfectamen- te viable que el propósito de la Ley N° 27242 fuera precisamente otorgar nuevamente a las Salas Laborales competencia en asuntos previsionales o de seguridad social. El citado pronunciamiento agrega que el razonamiento precedente se ve reforzado por la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expe- diente N° 0001-98-AI/TC, por la cual se declaró inconstitucional la Prime- ra Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 26835. En todo caso, reconoce que a partir 16 de abril del 2002 la competencia para cono- cer dichas demandas sería exclusividad de los Juzgados y Salas Especializadas en lo Contencioso Administrativo, creados por la Ley N° 27584 (Ley del Proceso Contencioso Administrativo). En la actualidad, existe una reorganización estructural derivada de la
sobrecarga que le fue impuesta a los Juzgados Contencioso Administra- tivos a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01417-2005-AA/TC 16 , por la cual se determinó que aque- llas demandas de amparo en trámite al 12 de julio del 2005 serían deri- vadas a dichos juzgados si la pretensión en discusión no formaba parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión, lo que originó que miles de procesos fueran remitidos de los Juzgados Civiles a la mesa de partes de los Juzgados Contencioso Admi- nistrativos, sobrepasando su capacidad material. El 20 de enero del 2006 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Administrativa N° 009-2006-CE-PJ, que dispone la creación (con carácter transitorio) de dos Juzgados y tres Salas Especializadas Con- tencioso Administrativas para descarga procesal (no podían asumir pro- cesos nuevos), sin embargo, contar con cuatro juzgados resultaba insu- ficiente para atender los procesos derivados de los Juzgados Civiles y las demandas nuevas, razón por la cual se dictan las Resoluciones Adminis- trativas N° 064 y N° 105-2006-CE-PJ, así como la N° 148-2007-CE-PJ, me- diante las cuales se crean hasta quince 17 Juzgados Contenciosos perma- nentes en total. En la medida que ni siquiera con estos quince juzgados permanentes se podía asumir la carga de demandas nuevas y los procesos en trámite, por Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ 18 se dispone la creación de diez Juzgados Contencioso Administrativos Transitorios 19 . Cabe recordar que en esa sede judicial no solo se reciben causas referidas a reclamos pensionarios sino también de otras materias (agrario, municipal, etc.). Luego de constatar que el problema pensionario representaba más del 40% de la carga total de los Juzgados Contencioso Administrativos, me- diante Resolución Administrativa N° 157-2008-CE-PJ 20 , se dispone instau- rar la sub-especialidad previsional, asignando a los Juzgados Permanentes 11º al 15º, así como a los transitorios 1º al 4º, dicha función. La implementación de estos nueve juzgados con sub-especialidad previ- sional resultaba también insuficiente, razón por la cual se expide la Re- solución Administrativa N° 319-2008-CE-PJ 21 , por la cual se dispone crear
16 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 2005. 17 Los Juzgados Contencioso Administrativos 11º a 15º fueron creados a partir de la conversión de los Juz- gados Civiles 62º a 66º 18 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero del 2008. 19 Por mandato del artículo 2 de la Resolución Administrativa N° 404-2009-CE-PJ, publicada en el Diario Ofi- cial El Peruano el 12 de enero del 2010, se ha prorrogado el funcionamiento de estos juzgados hasta el 31 de julio del 2010, pues la carga total de la sede contenciosa ascendía (en esa fecha) a 45,269 causas. 20 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de julio del 2008. 21 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de enero del 2009.
los Juzgados Contencioso Administrativos 16º y 17º, a partir de la con- versión de los Juzgados Civiles 44º y 53º. Asimismo, se le asigna a los Juzgados Civiles 19º, 26º, 38º y 39º la denominación de Juzgados Civiles Sentenciadores en la Sub-Especialidad Previsional 22 . Esta resolución admi- nistrativa también ha instaurado la especialidad constitucional en la Corte Superior de Lima, disponiendo la creación de diez Juzgados Especializa- dos para que conozcan de las acciones de garantía, incluidas obviamente aquellas demandas de amparo y cumplimiento relacionadas con el tema pensionario. Cabe destacar que la Corte Suprema tampoco ha sido ajena a la sobre- carga procesal en materia pensionaria, como se aprecia en las Resolucio- nes Administrativas N° 163-2005-CE-PJ y N° 268-2008-CE-PJ 23 , mediante las cuales se dispuso la creación de la Segunda Sala de Derecho Consti- tucional y Social Transitoria, que tenía dentro de sus funciones el conoci- miento de las apelaciones y casaciones en materia previsional. De lo expuesto en los puntos precedentes, podemos concluir que la com- petencia en el tema pensionario ha ido pasando de juzgado en juzgado, habiendo recalado desde el 29 de mayo del 2009 en los Juzgados de Tra- bajo, por obra y gracia de la Ley N° 29364. Las preguntas que surgen a partir de la aplicación de dicha medida serían las siguientes:
• ¿Existen suficientes juzgados laborales para asumir la carga pensionaria?
• ¿Están debidamente capacitados (y actualizados) los jueces especiali- zados en lo laboral para resolver los conflictos previsionales?
IV. PRINCIPALES PRETENSIONES EN MATERIA PENSIONARIA En el Perú tenemos un sistema paralelo que permite la coexistencia de un régimen público y otro privado en la administración de las pensiones. En el régimen a cargo del Estado podemos diferenciar tres sub-regímenes regulados por los Decretos Leyes N° 19846 (Ley de Pensiones Militar Po- licial), N° 19990 (Sistema Nacional de Pensiones) y N° 20530 (Régimen de los Servidores Públicos) 24 . En materia de pensiones, hemos asistido desde mediados de la década de los noventa a una revolución legislativa y jurisprudencial que des- embocó inclusive en la reforma de algunos artículos de la Constitución
22 Por mandato del artículo 1 de la Resolución Administrativa N° 059-2010-CE-PJ, publicada en el Diario Ofi- cial El Peruano el 20 de marzo del 2010, estos cinco Juzgados Civiles Sentenciadores se convierten en el 30º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º Juzgados Especializados de Trabajo con Sub-Especialidad Previsional. 23 Publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 06 de agosto del 2005 y el 16 de octubre del 2008. 24 Este régimen fue cerrado de manera definitiva por mandato de la Ley N° 28389, publicada el 17 de no- viembre del 2004, que aprobó la reforma de la Primera Disposición Final de la Constitución de 1993.
de 1993 para habilitar la reformulación del régimen del Decreto Ley N° 20530; sin embargo, podemos afirmar que en la actualidad la mayor carga de procesos en trámite y demandas nuevas están relacionadas con el Decreto Ley N° 19990 (Sistema Nacional de Pensiones), que contempla las siguientes prestaciones:
• Pensión de invalidez, que se otorga cuando el asegurado padece una incapacidad física o mental declarada por una Comisión Médica de EsSalud, el Ministerio de Salud o una EPS, que le impide trabajar. Se exige adicionalmente la acreditación de cierta cantidad mínima de años de aportación (de 3 a 15).
• Pensión de jubilación que corresponde al asegurado que llega a la edad avanzada prevista por ley, siempre que además acredite los años de aportación respectivos.
• Pensión de sobrevivientes, que se reconoce a favor de determinados familiares del pensionista o asegurado con derecho a pensión que fallece, en tanto cumplan los requisitos fijados por ley. Puede ser de viudez, orfandad o ascendientes. A continuación, vamos a dar una breve revisión a los principales pronun- ciamientos que en materia previsional ha emitido el Tribunal Constitucio- nal, con las anotaciones legales y las apreciaciones críticas que según el caso correspondan.
IV.1.Pautas de aplicación del Decreto Ley N° 25967 Para acceder a una pensión de jubilación es necesario que se cum- pla con la edad y los años de aportaciones establecidos por la ley, de acuerdo a los parámetros fijados en las distintas modalidades jubilato- rias. El texto original del Decreto Ley N° 19990 regulaba las siguientes modalidades:
artículos 38 y 41
Régimen Especial(*):
artículos 47 al 49
Pensión Reducida:
+ de 5 años pero – de 15 años
+ de 5 años pero – de 13 años
Pensión Adelantada(**):
(*) Asegurados nacidos antes del 01 de julio de 1931 (hombres) ó 1936 (mujeres), inscritos en las Cajas de Pensiones (Caja Nacional del Seguro Obrero o en el Seguro Social del Empleado).
Si el cese fue por reducción o despedida total del personal (Decreto Ley Nº 18471) los años de aportaciones se reducían a 15 (hombres) y 13 (mujeres).
El 19 de diciembre de 1992 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Ley N° 25967, norma que entró en vigencia el mismo día de su publicación, e introdujo una serie de modificaciones al Decreto Ley N° 19990, de las cuales consideramos que las más resaltantes fueron las si- guientes:
• Fijó en 20 años el mínimo de aportaciones para acceder a una pen- sión jubilatoria, derogando tácitamente las modalidades del Régimen Especial y la Pensión Reducida.
• Modificó la fórmula de cálculo de la remuneración de referencia (que es la base para fijar el monto de la pensión), tomando en cuenta los años de aportación realizados.
• Estableció en S/. 600 el monto de la pensión máxima (tope), dejando de lado el uso de fórmulas que la vinculaban a conceptos laborales.
• Dispuso la creación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que reemplace al Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) en la administración del Sistema Nacional de Pensiones. El problema relacionado con dicha norma se presentó porque en su Úni- ca Disposición Transitoria se establecía que las modificaciones se aplicarían incluso a los expedientes en trámite, lo cual originó la denegatoria de cien- tos de solicitudes de pensión y en otros casos, que se asigne un monto de pensión considerablemente inferior al que le hubiera correspondido al ase- gurado de haberse aplicado la fórmula de cálculo originaria. La norma fue sometida a un proceso de inconstitucionalidad que con- cluyó el 26 de abril de 1997 al ser publicada en el Diario Oficial El Pe- ruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0007-96-I/TC, en cuyos fundamentos 10 al 12 se estableció que las nuevas disposiciones del Decreto Ley N° 25967 no podrían ser aplica- das a los asegurados que el 18 de diciembre de 1992 (un día antes de la entrada en vigencia de la citada norma) ya contaban con la edad y los años de aportaciones establecidos en el Decreto Ley Nº 19990, aunque siguieran trabajando con posterioridad a esa fecha. Por ejemplo: si al 18 de diciembre de 1992 Juan Pérez contaba con 60 años de edad y 15 de aportación, se le reconocería el derecho a una pensión en la modalidad del Régimen General, y se calcularía su remuneración de referencia de acuerdo a la fórmula prevista por el artículo 73 del texto original. El principal fundamento para el citado pronunciamiento fue la primacía de la teoría de los derechos adquiridos en materia de pensiones, enton- ces recogida por la Primera Disposición Final de la Constitución de 1993. Ante la cantidad de sentencias favorables a los pensionistas que cues- tionaban la aplicación indebida del Decreto Ley N° 25967 (sobre la base
de las pautas fijadas por el Tribunal), el Estado se vio forzado a dictar la Resolución Suprema N° 392-2001-EF 25 , mediante la cual se dispuso el allanamiento de la ONP en los procesos judiciales vinculados a dicha pre- tensión; posteriormente se promulgó la Ley N° 27561 26 que ordenó la re- visión de oficio de todos los expedientes administrativos del SNP (unos 800,000) para determinar aquellos casos en los cuales se aplicó indebida- mente la norma modificatoria, procediendo a su rectificación.
IV.2.Ley N° 23908: Criterios para la pensión mínima Si bien el texto original del Decreto Ley N° 19990 no contemplaba el instituto de la pensión mínima, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 23908 27 se introduce dicho concepto en el Sistema Nacio- nal de Pensiones, que sería equivalente a tres sueldos mínimos vi- tales. En ese entonces el ingreso mínimo del trabajador en actividad (lo que hoy es la RMV) estaba integrado por cuatro elementos, de los cuales el sueldo mínimo era uno de los de menor valor.
En relación a dicha norma el Tribunal Constitucional ha emitido des- de inicios del 2003 una serie de pronunciamientos que han delimi- tando su campo de aplicación tanto en el aspecto temporal (legislativo) como en cuanto al cálculo de la pensión por otorgar.
• El primer precedente: vigencia hasta 1996. El 20 de enero del 2003 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la sentencia recaída en el Expediente Nº 00703-2002-AC/TC, fallo que señala- ba que tenían derecho a una pensión mínima aquellos asegura- dos que alcanzaron el punto de contingencia hasta el 23 de abril de 1996, un día antes a la entrada en vigencia del Decreto Legis- lativo N° 817, que estableció nuevos parámetros para la pensión mínima. Este fallo originó la interposición de miles de demandas en contra de la ONP solicitando la aplicación de la citada ley, pues los pensionistas consideraron que podían acceder a una pensión mínima que fuese el equivalente a tres veces el valor de la RMV vigente, lo que era un absurdo fáctico y jurídico.
• El segundo precedente: vigencia hasta 1992. El 11 de marzo del 2004 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la sentencia recaída en Expediente N° 01816-2002-AA/TC, en la cual se dispo- ne de manera escueta que la referida Ley N° 23908 solo alcanza- ba a los pensionistas que alcanzaron la contingencia hasta el 18
25 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de julio del 2001. 26 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de noviembre del 2001. 27 El 23 de setiembre de 1984, vencidos los 16 días de vacatio legis posteriores a su publicación.
de diciembre de 1992, un día antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 25967. Si bien la sentencia aludía de mane- ra genérica al concepto reajuste, se entendía que incluía dentro de tal definición tanto a la pensión mínima como al reajuste con prioridad trimestral (artículo 4). Pese a lo genérico del pronun- ciamiento, su importancia radicó en el hecho de reducir el cam- po de acción de la Ley N° 23908 del 23 de abril de 1996 al 19 de diciembre de 1992, disminuyendo así la lista de beneficiarios potenciales de dicha norma.
• El tercer y cuarto precedentes: aclarando zonas grises. El 29 de octubre del 2004 es publicada en la página web del Tribunal Constitucional el fallo recaído en el Expediente N° 02704-2002- AA/TC, en el cual se ratifica que la Ley N° 23908 es aplicable a los asegurados que alcanzaron el punto de contingencia hasta el 19 de diciembre de 1992 (fundamento 11, literales d y g), pero a la vez se indicó que la pensión mínima nunca fue igual a tres veces el ingreso de un trabajador en actividad, habiendo el legis- lador tomado de referente para fijar dicho concepto uno de los elementos que integraban la remuneración mínima. Posterior- mente, el 22 de noviembre del 2004 fue publicada en la misma página web el fallo recaído en el Expediente N° 00198-2003-AA/ TC seguido por Carlos Briones Vigo, suscrito por todos los ma- gistrados del Tribunal (que constituye precedente obligatorio), en el cual -además de ratificar lo expuesto en la sentencia glo- sada en el párrafo precedente- se establece que no procede el reclamo del reajuste automático trimestral (artículo 4) en tanto los incrementos de pensión están condicionados a la capacidad financiera del régimen y a la situación de la economía nacional (fundamentos 13 a 15).
Estas sentencias fueron fundamentales para reducir las demandas que solicitaban una pensión mínima equivalente a tres veces el valor de la RMV actual, sin embargo, los jueces se limitaban a constatar la fecha de la contingencia para acoger las demandas, por lo cual era necesario que el Tribunal Constitucional precisara –con carácter obli- gatorio– que debía efectuarse previamente un juicio de comparación entre el monto de la pensión otorgada respecto al triple del valor del sueldo mínimo (o ingreso mínimo) vigente a la fecha de la contin- gencia en cada caso, tal como dispuso el Expediente N° 05189-2005-
PA/TC 28 . Este fallo precisa, además, que el último IML que puede ser utilizado como referente para aplicar la Ley N° 23908 es el Decre- to Supremo N° 002-91-TR (IML = I/m. 12 intis millón), por lo tanto, no puede reclamarse como pensión la RMV señalada en el Decreto Supremo N° 003-92-TR.
Monto del IML
PM = 3 IML
DS.N° 002-91-TR
I/m. 12
IML x 3 = I/m. 36
Es precisamente bajo los parámetros de este último precedente ju- risprudencial que se ha emitido el Decreto Supremo N° 150-2008-
EF 29 , norma mediante la cual se ha dispuesto que la ONP procure
la conclusión de los procesos judiciales en los cuales se cumplan los
supuestos de tiempo y cálculo antes señalados, para lo cual se está procediendo con formular los allanamientos correspondientes.
IV.3.Reconocimiento judicial de aportaciones
Para acceder a cualquiera de las pensiones reguladas por el Decreto Ley N° 19990 será necesario que el asegurado acredite una cantidad de años de aportaciones, conforme a los supuestos fijados por ley. Las aportaciones, según el artículo 7 de la citada norma, equivalen
a un porcentaje de la remuneración asegurable que percibe el tra-
bajador 30 , y representan no sólo uno de los elementos básicos para acceder a la pensión, sino una de las fuentes principales de financia- miento del régimen.
En efecto, en la medida que el Sistema Nacional de Pensiones fun- ciona como un fondo común (sistema de reparto) al cual aportan todos los asegurados y del cual se obtendrá los recursos dinerarios para el pago de las pensiones de todos sus beneficiarios, el apor- te cumple un papel preponderante al constituir su base financiera. La idea es que quienes trabajan en la actualidad permitan (con sus aportes) que se pague las prestaciones de los actuales pensionistas, como las suyas serán pagadas por los futuros asegurados (sistema de solidaridad intergeneracional: pay as you go).
28 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de octubre del 2006. 29 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de julio del 2001. 30 El porcentaje de la aportación mensual es 13% desde el 01 de enero de 1997, conforme lo establecido por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 26504.
En el tiempo se han presentado una serie de problemas administra- tivos de interpretación y aplicación normativa relacionados con las aportaciones, que luego se han derivado al Poder Judicial y al Tribu- nal Constitucional, que en parte han sido solucionados con la dación de normas legales como el Decreto Supremo N° 082-2001-EF o Ley N° 28407, pero a la vez ha generado paralelamente un incremento de los casos de falsificación de certificados de trabajo y/o demás do- cumentos similares con los cuales los asegurados pretendían acredi- tar sus aportaciones o los años laborados supuestamente para diver- sos empleadores, derivando en procesos penales y la suspensión de pago en el caso de presuntas irregularidades. El 10 de octubre del 2008 fue publicada en la página web del Tri- bunal Constitucional la sentencia recaída en el Expediente N° 04762- 2007 –PA/TC, fallo emitido en el proceso de amparo seguido por Alejandro Tarazona Valverde contra la ONP, que constituye un pre- cedente vinculante que establece las nuevas reglas aplicables a las demandas sobre reconocimiento de aportaciones en el Sistema Na- cional de Pensiones, que determina los documentos (y criterios) que deben ser tomados en cuenta para dicho fin. Este fallo fue complementado por la resolución aclaratoria publicada el 16 de octubre del 2008 en la misma página web, pronunciamiento en el cual el Tribunal Constitucional ha formulado algunas precisio- nes respecto al precedente, como la posibilidad de presentar los do- cumentos en copias simples (siempre que sean avalados por otros, éstos sí en originales o copias legalizadas), la improcedencia de sus- tentar una demanda de reconocimiento sobre la base única de certi- ficados de trabajo, entre otros aspectos. En su parte medular, el fundamento 26 establece (a partir de soslayar la modificación al artículo 54 del Reglamento del Decreto Ley N° 19990, aprobado por Decreto Supremo N° 011-74-TR) que constituyen instru- mentos de prueba que pueden adjuntarse en las demandas de amparo sobre reconocimiento de aportaciones: el certificado de trabajo, las bo- letas de pago de remuneraciones, los libros de planillas, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de apor- taciones de ORCINEA 31 , del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos.
31 La Oficina de Registro de Cuentas Individuales Nacional de Empleadores y Asegurado (ORCINEA) era el área del IPSS encargada de registrar todas las aportaciones del Sistema Nacional de Pensiones sin embar- go, al ser transferida a la ONP, se constató la existencia de unos 40 millones de documentos sin ingresar a la base de datos (ver: Diario Oficial El Peruano, edición del 22 de octubre del 2001).
La precisión inicial era que dichos documentos debían ser presenta- dos en original o copia legalizada pero no en copia simple; sin em- bargo, la resolución aclaratoria estableció en el literal a) del numeral 7, lo siguiente:
“a) Cuando en el fundamento 26.a se precisa de manera enunciativa que los documentos allí mencionados pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, este Tribunal no está estableciendo que en el proceso de amparo no se puedan presentar los mismos documentos en copia simple, sino que la sola presentación de dichos docu- mentos en copia simple no puede generar en el juez sufi- ciente convicción sobre la fundabilidad de la pretensión, razón por la cual se le solicita al demandante que, en prin- cipio, los presente en original, copia legalizada o fedateada. Por tanto, en el proceso de amparo sí pueden presentarse, conjuntamente con los documentos en original, copia legali- zada o fedateada o documentos en copia simple, los cuales han de ser valorados conjuntamente”.
Esto implica que los demandantes sí podrán presentar copias sim- ples, pero éstas no serán suficiente prueba de su pretensión. Com- pletando dicha precisión, el literal b) del numeral 7 de la citada reso- lución aclaratoria precisa:
“b) … teniendo presente que una de las justificaciones para establecer el precedente sobre las reglas de acreditación ha sido la presentación de documentos falsos para acredi- tar años de aportaciones, este Tribunal considera oportuno precisar que en aquellos casos en los que el demandante presenta tan solo un certificado de trabajo en original, copia legalizada o fedateada como único medio probatorio, el juez con la finalidad de generarse convicción suficiente sobre la veracidad de lo alegado, le deberá solicitar que en un pla- zo de 15 días hábiles presente documentación adicional que puede ser en original, copia legalizada, fedateada o simple a efectos de corroborar el periodo que se pretende demostrar con el certificado de trabajo”.
Dentro de este contexto de incorporar en el amparo la actuación de pruebas, esta es una precisión pertinente para evitar que el juzga- dor estime una demanda a la luz de las nuevas reglas únicamente
sobre la base de un certificado de trabajo, pues está fijando como obligación del juzgador (al utilizar el término “deberá”) el requerir al demandante la presentación de documentación complementaria (bo- letas de pago de remuneraciones, libros de planillas, liquidación de beneficios sociales, etc.). En suma, si estamos frente a un proceso de amparo en el cual es factible aportar y actuar medios probatorios, el juez constitucional deberá comportarse como un juez ordinario (contencioso adminis- trativo), evaluando la legalidad y validez de toda la documentación obrante en autos, calificando el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las normas legales (laborales y previsionales) res- pectivas, así como las exigencias formales a los documentos median- te los cuales se pretende acreditar tanto la existencia de la relación laboral como de las aportaciones (certificado de trabajo, libros de planilla, boletas de pago, liquidaciones de beneficios sociales, Decla- raciones Juradas, etc.) a que hacen referencia las sentencias comple- mentarias del citado precedente.
MONROY GÁLVEZ, J. (2004). La formación del proceso civil peruano. Segunda Edición. Lima, Palestra Editores.
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PRIORI POSADA, G. (2006). “La competencia en el proceso civil peruano”. En: http://blog.
pucp.edu.pe/item/23993
IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LOS PRINCIPIOS EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO N° 29497
Dr. Leopoldo Gamarra Vílchez
Magíster en Economía y Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Asesor laboral del Congreso de la República, Profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
El presente artículo tiene como objetivo examinar la importancia y necesidad de los principios en la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497. Para ello partiremos señalando la función fundamental de los principios del Derecho del Trabajo y la ne- cesidad de tener principios propios. Igualmente, trataremos la instrumentalización de los principios procesales generales ubicando los operacionales, luego veremos los principios en la Constitución y en la legislación. Finalmente, resaltaremos los elementos positivos de los principios en la nueva ley procesal para terminar con algunas ideas a manera de conclusión.
I. Introducción. II. Importancia de los principios en el Derecho del Trabajo. III. Instrumentalización de los principios procesales generales. IV. Los principios en la nueva Ley Procesal. V. Conclusión. VI. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN El presente artículo tiene un especial significado y es que a más de trece años de vigencia de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, se esperaba una nueva ley procesal debido a la nueva situación económica y social del país. Recordemos que en la actualidad se encuentra vigente la mencionada ley del 21 de junio de 1996, Ley Procesal del Trabajo que no ha logrado superar los graves problemas del volumen de los procesos laborales ni hacer efec- tivos los derechos sustantivos de los trabajadores. El proceso laboral sigue siendo lento, burocrático, formalista y no expeditivo. Los procesos judiciales laborales son escritos, complejos, lentos y se encuentran diseñados para que duren entre cuatro a seis años como mínimo. Además, los Jueces de Trabajo tienen una competencia reducida y muchos magistrados laborales no tienen la especialidad que se requiere en esta rama específica del Derecho.
Por ello, es relevante la publicación de la Revista Institucional de la Acade- mia de la Magistratura en tanto incide en temas que estamos seguros con- tribuirán a la reflexión y crítica de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497), publicada el 15 de enero del presente año que entró en vigen- cia en el mes de julio, según su Novena Disposición Complementaria. En ese sentido, trataremos el tema de los principios en la nueva ley en cuanto a su importancia y necesidad. Consideramos que lo relevante es advertir que incluso los principios bien establecidos se encuentran suje- tos a una permanente actualización conceptual, precisamente por la ne- cesidad de proveer explicación a nuevos fenómenos. Así trataremos la importancia de los principios en el Derecho del Trabajo, la instrumenta- lización de los principios procesales generales, los principios en la nueva Ley N° 29497 y terminaremos con algunos planteamientos a manera de conclusión.
IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO DEL TRABAJO II.1. Función fundamental Los siglos de vigencia y experiencia que tienen las ramas jurídicas obligan a diferenciar la originalidad de los principios del Derecho del Trabajo, de reciente data, y a reconocer la clarividencia de aquellos postulados que hacen posible “la creencia de que el Derecho del Trabajo, si bien enfrenta una crisis existencial, perdurará ya que a ”
través de él se plasma el ideario humano
tancia de los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo estriba en la función fundamental que ellos juegan, como lo señala Manuel Alonso García 33 : “son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regu- lación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho”.
Es decir, los principios a los que hacemos mención asumen caracte- rísticas que es necesario resaltar. Una primera característica consiste en señalar que son enunciados básicos que pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una en particular, de tal manera que puedan ser utilizados en una diversidad de situaciones, lugares, tiempos, etc.; y tienen un sentido lógico desde el Principio Protector hasta el Principio de No Discriminación, que Américo Plá Rodríguez agrega a los ya conocidos 34 .
32 . En efecto, la impor-
32 EMILIO MORGADO VALENZUELA. (2004), p. 36. 33 ALONSO GARCÍA, MANUEL. (1960), p. 247 34 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1998).
La razón de ser de los principios del Derecho del Trabajo adquiere así un carácter ajeno, particular, diverso, independiente de otra rama del Derecho, justifican su autonomía y su peculiaridad, son especia- les al margen de que pudieran existir variables similares o parecidas y cumplen la función de informar, normar e interpretar, dotándolos de fundamentos orientadores 35 . Es menester tener en cuenta que es- tos principios en que se funda el Derecho del Trabajo son el apoyo, el soporte que permite suplir la estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas jurídicas. Por ello, volver a los principios primigenios del Derecho del Trabajo quiere decir identificarlos con los derechos de los trabajadores des- tacando, a pesar de que todos tienen la misma jerarquía, el de pro- tección del trabajador que explica su necesidad en la desigualdad in- herente a toda relación de trabajo 36 . Los principios del Derecho del Trabajo nos llevan a interpretar los de- rechos sociales desde su verdadera y más elemental dimensión. Aun- que muchos lo ocultan, son esencialmente derechos de la persona o derechos humanos. Se trata de derechos que deben gozar todos los trabajadores como personas y ciudadanos de manera efectiva, pues no se alcanza fin alguno solamente por el reconocimiento de los de- rechos en general si el Estado no se preocupa por la suerte de hom- bres y mujeres considerados ya no sólo como trabajadores y como consecuencia, debe garantizar simultáneamente el respeto a los de- rechos fundamentales y a las libertades políticas.
II.2. Necesidad de principios propios en el proceso laboral El proceso, en su sentido etimológico, viene de procesus que signifi- ca avance y progreso encaminados a algo. Procesalmente podemos traducir la noción de avance y progreso como vocablos en estructu- ra de reglas y actos encaminados a la consecuencia de algo: la sen- tencia. Es decir, el proceso en general vendría a ser un conjunto de
35 Conferencia dictada por PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1994), p.34. 36 Al respecto, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 2/83 del 25 de ene- ro, citada por Federico Durán López, se resalta este criterio: “El Derecho del Trabajo, superando las reglas de la libertad e igualdad de las partes en que se basa el derecho de los contratos, se constituye en un ordenamiento compensatorio e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las des- igualdades fundamentales. Por ello, teniendo en cuenta que el artículo 9.2 de la Constitución impone la superación de una igualdad meramente formal, resulta acorde con la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho Laboral en garantía de la promoción de una igualdad real, que en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador”. Ver: DU- RÁN LÓPEZ, FEDERICO. (1992), p. 107.
reglas, formas y actos para la consecución de ciertos fines, funda- mentalmente la solución de un conflicto a través del Derecho como categoría de la mediación social 37 . En general “la actividad mediante la cual se desarrolla en concreto la función jurisdiccional se llama proceso” 38 . Por ello, hay que diferen- ciar entre proceso y procedimiento: el proceso es el todo organizado de actos; el procedimiento constituye tan solo la forma externa del fenómeno procesal, los modos con los cuales deben ser realizados y ordenados los actos que corresponden al proceso. Los actos proce- sales constituyen el procedimiento cuyo conjunto recibe el nombre de proceso y que tiene como fin resolver el conflicto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional mediante un fallo 39 . Entonces, se entiende “por procesos laborales los concebidos para resolver litigios en que se invocan reglas y normas relativas al tra- bajo dependiente” 40 , como un conjunto de actos procesales que se desarrollan en forma progresiva, sistemática y teleológicamente con el objeto de resolver un conflicto laboral. Es decir, esta actividad se lleva a cabo para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional en materia laboral, que se caracteriza fundamentalmente por:
• Constituir un instrumento tuitivo en favor del trabajador, por medio del cual el Estado, ejercitando su función jurisdiccional, tutela y ampara al más débil del conflicto laboral.
• Constituir un instrumento del Estado que busca alcanzar la justi- cia social. Esas características del proceso laboral significan contar con princi- pios propios, alteraciones en los conceptos de jurisdicción, compe- tencia, acción, sujetos del proceso, etc. Los principios del Derecho Procesal de Trabajo poseen sus propias características y funciones dentro del Derecho Laboral: sustantivi- dad propia en razón de su generalidad y obedecen a la inspiración de justicia social, que es la razón de ser desde su nacimiento, de ahí
37 Se trata de la regulación normativa de las interacciones que es lo que convierte al Derecho en una cate- goría de la mediación social en la perspectiva de Jürgen Habermas, puesto que a los justiciables y a toda la sociedad les interesa que se solucionen los conflictos. 38 TULIO LIEBMAN, ENRICO. (año), p. 25. 39 El proceso como “el medio acordado por todos para mantener o restaurar el equilibrio social, resulta indispensable que jueces, abogados, litigantes, auxiliares de justicia, estudiantes de Derecho, se percaten de que detrás de todo expediente existe un proceso y detrás de todo proceso, hay un drama humano Ver: PARODI REMÓN, CARLOS. (1996), p. 40. 40 DIÉGUEZ, GONZALO. (1995), p. 635.
que busquen favorecer al trabajador. Se vinculan con cada institu- ción procesal en una determinada realidad social, en donde actúan o deben actuar, ampliando o restringiendo el criterio de su aplicación; por ello, es importante la necesidad de una autonomía dogmática a través de sus principios propios así como autonomía normativa que permitan construir un sistema del Derecho Procesal del Trabajo. En tanto que un sistema, denota una relación de coherencia entre los principios y las normas que la componen. En general, el principio protector es el que traduce mejor la inspiración primordial del Derecho del Trabajo: la protección al trabajador. Mien- tras otras ramas del Derecho se preocupan por establecer una paridad entre las partes involucradas ésta, desde sus inicios históricos, ha ten- dido a proteger a la parte más débil de la relación laboral; de ahí que históricamente las legislaciones hayan establecido normas protectoras en sus leyes positivas como principio compensatorio de la diferencia entre el trabajador y el empleador en la relación contractual. Eduardo Couture estimaba que el procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras, de forma tal que los privile- gios creados por el legislador le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo económico. En ese sentido es que en esta rama del Derecho se introduce la idea de la igualdad jurídica compensada 41 . La dependencia del trabajador al empleador es triple: facultad de dirección, administrativa y poder disciplinario, que les son inherentes como empleador; por lo tanto, tiene una especial incidencia en el surgimiento de este principio. Además, el trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica del empleador al poner su fuerza de trabajo, de cualquier índole que ésta sea, al servicio de otro a cambio de una remunera- ción económica. Entonces, la justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar al trabajador, quien se pre- senta como la parte jurídicamente más débil frente a los poderes del empleador, de los elementos necesarios para que compense su situación. Por otro lado, también en general, el principio de equidad traduce mejor la inspiración fundamental del Derecho Procesal del Trabajo. La palabra equidad, que viene del latín aequitas, expresa la idea de relación y armonía entre una cosa y aquello que le es propio, y se
41 Suponemos que esta idea se basa en el pensamiento del filósofo Aristóteles quien sostenía que “el prin- cipio de igualdad exige tratar a las cosas iguales de igual manera, pero también, a las diferentes de ma- nera diferente”.
adapta a su naturaleza 42 . Aristóteles caracterizaba la equidad como una manera de justicia que se adapta a la singularidad de cada ca- so 43 . Es decir, la equidad pertenece a lo justo, es la justicia singula- rizada al caso individual como proporción que hay entre la norma y las exigencias reales encerradas en cada caso 44 . En términos jurídicos, la equidad atenúa el derecho positivo, dismi- nuye el rigor de la ley. Según Kant el derecho más estricto constituye la mayor injusticia 45 . En otros campos del derecho, las consecuencias de la rigidez jurídica implacable pueden ser muy dramáticas 46 . Pro- cesalmente, el principio de equidad sirve al juez como criterio para aplicar las normas jurídicas cuando el derecho positivo se lo permite. De ahí que “la naturaleza propia de la equidad está en corregir la ley, en la medida en que ésta resulta insuficiente en virtud de su ca- rácter general”. Es decir, Aristóteles consideraba a la equidad como juris legitimi enmendatio (legítima corrección del derecho) y como legis supplementum (suplemento de la ley), y a la cual se debía acu- dir para interpretarla y que debía prevalecer en caso de duda, según determinados principios.
GENERALES III.1. Ubicación de los principios operacionales El contenido, como fundamento del Derecho Procesal del Trabajo, requiere contar con principios propios y claros que posibiliten una verdadera autonomía de las diferentes ramas del derecho. En efecto, “desarrollar los fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo impli- ca, en buena cuenta, justificar su autonomía, su razón de ser“ 47 . Ge- neralmente no se diferencian los principios del Derecho Procesal de las técnicas del procedimiento y son pocos los jus laboralistas que coinciden en manejar principios comunes. En realidad, en la doctrina suelen distinguirse diversos sentidos de los principios. Nosotros consideramos los dos tipos de principios: los
42 Aequitas es un concepto filosófico de la escuela histórica griega, trasladado por la jurisprudencia romana al terreno jurídico. Es decir, existe influencia griega en el concepto de la aequitas romana. 43 ARISTÓTELES. Ética a Nicómano. 44 Podría decirse que aquellos que ven sólo desde la ley lo justo o injusto no podrán distinguir jamás con tanta precisión como los que ven con los ojos de la equidad. 45 KANT, MANUEL. (1983). 46 Así tenemos en la literatura a “Los Miserables” de Víctor Hugo, “El Gran Inquisidor” de Fedor Dostoiews- ki, entre otros. 47 PASCO COSMÓPOLIS, MARIO. (1997), p. LIX.
fundantes como inspiradores de toda la legislación laboral, y los prin- cipios operacionales o reglas del Derecho Procesal del Trabajo como la oralidad, inmediación, etc. Asimismo, a nuestro criterio, se deben delimitar los principios ex- clusivos del Derecho Procesal del Trabajo con la finalidad de tener organicidad y constituir una base dogmática que posibilite hablar realmente de autonomía en sus diferentes aspectos. Es decir, la legis- lación procesal laboral para ser aplicada en la realidad social y buscar la solución de los conflictos, que surgen de las relaciones de trabajo, necesita de principios propios como razón, origen y fundamento de la doctrina del Derecho Procesal del Trabajo. “Extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer mediante una nueva desigualdad, la igualdad per¬dida por la distinta condición que tienen en el orden económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses’’ 48 . Ahí radica la necesidad de la instrumentalización de los principios ge- nerales o fundantes del Derecho del Trabajo. Podemos definir dichos principios generales del Derecho del Trabajo también como “líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirec- tamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para pro- mover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la inter- pretación de las existentes y resolver los casos no previstos” 49 . Al respecto, debe buscarse la justificación lógica y también debe te- nerse en cuenta la diferencia de los principios fundantes o principa- les, con los principios operacionales o reglas 50 . En el primer caso, de la justificación lógica, utilizaremos la fundamentación filosófica de Francisco Miró Quesada Cantuarias:
“Por lo pronto, debe señalarse que la única manera de jus- tificar racionalmente un sistema de lógica es mediante el hecho de que sus principios (axiomas) y sus reglas de infe- rencia, son evidentes (en el caso de los principios), que su verdad es evidente; en el caso de las reglas, que es eviden- te que su aplicación permitirá pasar, de manera necesaria, de la verdad de las premisas a la verdad de la conclusión” 51 .
48 COUTURE, EDUARDO J. (1979), p. 288. 49 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1978), p. 9. 50 Américo Plá Rodríguez denomina reglas a los principios operacionales que permiten aplicar los principios generales o fundantes a una determinada realidad, sea ésta de derecho sustantivo o procesal. 51 MIRÓ QUESADA, FRANCISCO. (1998), p. 15.
En el segundo caso, utilizaremos la diferencia que hace Diego Vala- dés entre los principios fundantes o generales y los principios opera- cionales o reglas: “Los principios (fundantes) son mandatos de opti- mización que pueden ser cumplidos en diferentes grados, en tanto que las reglas (principios operacionales) únicamente pueden ser cumplidas o no” 52 . Existe una relación directa entre los principios principales o fundan- tes y los principios operacionales o reglas. Lo que no es fácil es de- terminar su aplicación en cuanto a la cantidad de principios 53 . No obstante, la idea es que la instrumentalización de los principios prin-
cipales o fundantes se realice a través de los principios operacionales
o reglas como “directivas o líneas, dentro de las cuales han de desa- rrollarse las instituciones del proceso” 54 .
Los principios en la Constitución y en la Ley N° 26636 La condición normativa específica de los principios viene dada por su multifuncionalidad. En efecto, el valor jurídico de algunos principios se centra sobre todo, en la introducción de criterios de interpreta- ción de otras normas. Otros, por el contrario, van más allá y tienen efectos más directos desplazando la aplicación de determinadas nor- mas o determinando el sentido de la solución a los problemas jurídi- cos que plantea la práctica cotidiana. Es de destacar, además, que un mismo principio puede desarrollar, dependiendo de las circunstan-
cias del caso, esas funciones 55 . Sin embargo, “el rasgo esencial, que define la condición del principio general del derecho es su carácter de elemento informador del ordenamiento jurídico en un conjunto
o en un sector del mismo. Para que podamos hablar de la existencia
de un determinado principio, debe poder apreciarse que las reglas existentes en un ámbito jurídico concreto, se encuentran informados por un determinado criterio de justicia que le es común” 56 . En el ámbito del Derecho Procesal en general “se reproducía el desequilibrio existente entre las partes contratantes en el contra- to de trabajo, que se intentaba corregir por medio del derecho sustantivo” 57 . Américo Plá Rodríguez señala que:
52 VALADÉS, DIEGO. (2005), p. 80.
53 Por ello es que tenemos tantas clasificaciones como autores existen.
54 PODETTI, RAMIRO. (1950), p. 192.
55 BALAGUER C., MARÍA LUISA. (1990).
56 NARANJO DE LA CRUZ, RAFAEL. (2000), p. 258. 57 SAGARDOY BENGOECHEA, JUAN A. (2003), p. 823.
“… los verdaderos motivos de la autonomía procesal del Derecho del Trabajo los encontramos en los propios litigios que ha de resolver una justicia del trabajo. Algunos de ellos por motivos intrínsecos del propio proceso. El litigio del tra- bajo debe resolver aplicando principios y normas peculiares, usando una técnica más ágil y amplia en materia de prue- bas, de términos y de recursos, y sobre todo, encarándola de acuerdo con un espíritu nuevo” 58 .
El mismo autor destaca que:
“Alejandro Gallart Fosch escribió en 1936 este párrafo que se ha convertido en una cita obligada: La jurisdicción civil ordinaria es complicada, lenta y costosa, y aun cuando pue- de hacerse más sencilla, más rápida y más barata, siempre es ello dentro de una cierta relatividad, pues sino la senci- llez sería en perjuicio de la debida consideración de todas las facetas, de los complejos litigios de carácter contractual, patrimonial o familiar; la rapidez privaría a las partes de las garantías para que sus derechos pueden exigir, y la baratura favorecería la multiplicación de los litigantes de mala fe. En cambio, el litigio de trabajo exige extremada sencillez, gran rapidez y absoluta gratuidad, porque sin estas condiciones es absolutamente inoperante” 59 .
En ese sentido, el Derecho Procesal del Trabajo se concreta en el conjunto de normas, principios e instituciones que constituyen la le- gislación procesal, por cuyo medio el Estado, ejercitando su función jurisdiccional, administra justicia laboral 60 .
Esto condujo, en algunos países, a la institucionalización del proceso como un conjunto de derechos de la persona y garantías a través de la proclamación programática de principios de derecho procesal 61 . En el Perú, con la Constitución de 1979 se empezaron a regular los prin- cipios propios del Derecho del Trabajo: el principio protector (artículo
58 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1997). Op. cit. 59 Idem. 60 En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se enfatiza ese carácter. “(
(Sentencia del 25 de enero de 1983).
superando tenden-
cias que creían que el Derecho Procesal era un conjunto de normas neutras y aisladas del Derecho sus- ”
61 REY CANTOR, ERNESTO. (año), pp. 201-260.
42), el de igualdad de trato (artículo 42, segundo párrafo), el de con- tinuidad (artículo 48), el de irrenunciabilidad (artículo 57, primer pá- rrafo) y el principio indubio pro operario (artículo 57, segundo párra- fo). La Constitución de 1993 consagra el principio protector (artículo 23, primer párrafo), la igualdad de oportunidades sin discriminación, la irrenunciabilidad de derechos y el indubio pro operario (artículo 26). “Esa tendencia positivista iniciada con la Carta de 1979 ha per- manecido en nuestro ordenamiento, no sólo al más alto nivel sino también a nivel infraconstitucional” 62 . En efecto, es oportuno tener presente la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 de 1996 63 que reconoce los principios procesales de inmedia- ción, concentración, celeridad y veracidad e incluso amplía sus con- secuencias al señalar que el juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y eficaz solución de las controversias 64 . Además,
la obligación del juez “en caso de duda insalvable sobre los diversos
sentidos de una norma o cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que favorez- ca al trabajador” 65 .
El artículo 26, numeral 3 de la Constitución actual alude a este prin-
cipio operacional 66 , igualmente la Ley Procesal: “en caso de duda
insalvable sobre los diversos sentidos de una norma o cuando exis-
tan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar
o aplicar la norma que favorezca al trabajador”. En ambas normas
debe superarse el concepto ambiguo de “duda insalvable” porque parecería exigir el agotamiento de los distintos métodos de interpre- tación normativa, y sólo así se aplicaría. Es obvio que esa postura li- mita el uso de la regla 67 .
62 BOZA PRÓ, GUILLERMO. (2004), p.77. 63 Cabe mencionar, que “la nueva ley venezolana contiene la más completa enunciación de principios pro- cesales que hasta ahora se había hecho en América Latina. Nada menos que diez principios se hallan consagrados en el artículo 2. Ver: CÓRDOVA, EFRÉN. (2004), p. 16. Asimismo, en la Ley Federal de Traba-
jo de México, según Néstor de Buen, tenemos los siguientes principios como explícitos: publicidad, gra- tuidad, inmediatez, oralidad, instancia de parte, tutela en beneficio del trabajador, informalidad y auxilio de las demás autoridades administrativas y judiciales; y los implícitos, la desigualdad procesal, la libre elección del foro para el trabajador, preclusión durante el proceso, impulso procesal de la autoridad, ad- misión de todos los medios de prueba, libertad de interrogatorio, resolución de conciencia, irrevocabili- dad de las propias decisiones. En: PASCO COSMÓPOLIS, MARIO. (1997). 64 Artículo 1 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636. 65 Artículo 2 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636.
interpretación favorable al trabajador en
66 “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (
caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma”. 67 Por otro lado, su aplicación en el ámbito normativo del Derecho Colectivo del Trabajo ofrece resistencia debido a su doble naturaleza heterónoma y contractual.
En general debe ser aplicada en casos de duda para valorar el verda- dero alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el sentido que más le favorezca al trabajador. No significa ello que pue- da ser utilizado para suplir omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del legislador o el sentido claro y preciso de la norma, o cuando de los hechos no pueda válidamente aducirse la duda. Asimismo, el artículo 27 de la Ley N° 26336 establece que “corres- ponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1) Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral; y 2) Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el re- glamento interno y el contrato individual de trabajo” 68 . Este artículo trata de conciliar dos principios operacionales: el de la carga de la prueba y el de la inversión de la prueba. Es decir, las partes deben probar lo que alegan en el juicio como carga de la prueba, y el de la inversión o reversión de prueba sólo es aplicable al trabajador, cuan- do este acredita la prestación de sus servicios; es decir, que existió relación laboral 69 . Por esta inversión de la prueba, el demandado debe probar los extremos que le son obligatorios de la relación labo- ral, o sea, que ha cumplido con las disposiciones legales (beneficios sociales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, etc.) o las convenciones de trabajo que son obligatorias cuando se pactan como la costumbre, el reglamento interno y el contrato de trabajo. Es decir, en el proceso laboral se establece claramente el onus pro- bandi (¿a quién corresponde la carga de la prueba?), diferente de la posición tradicional (“quien efectúa la afirmación del hecho debe probarlo”) a través de la inversión de la carga de la prueba. Contra- riamente, el trabajador debe probar algunos extremos que no son obligatorios del empleador (horas extras, gratificaciones, trabajo rea- lizado en día no laboral, etc.). Como puede constatarse, la existencia de la diversidad de principios operacionales del Derecho Procesal del Trabajo estriba en su deseo de contemplar varias situaciones que pueden variar en el tiempo, con la idea de dar solución tanto a los problemas viejos como a los actuales y aún a los futuros. Por eso, seguirán siendo útiles y cum- pliendo su misión de constituirse en líneas directrices.
68 Ley Procesal del Trabajo N° 26336, artículo 27. 69 Los magistrados laborales han aprobado, en el Pleno Jurisdiccional del año 2000, que ante la divergen- cia entre un contrato de trabajo y otra de locación de servicios, debe optarse por el primero cuando se aprecian los elementos esenciales como son la subordinación y la prestación personal.
IV. LOS PRINCIPIOS EN LA NUEVA LEY N° 29497 IV.1.Necesidad de los principios: recuperación en el Texto Sustitutorio del proyecto de la nueva Ley La Comisión de Trabajo del Congreso de la República, en su prime- ra sesión ordinaria de la Legislatura 2006 - 2007, celebrada el 21 de agosto del 2006, acordó actualizar el proyecto de una Nueva Ley Pro- cesal del Trabajo de la anterior comisión como un nuevo proyecto de Ley Nº 117/2006-CR 70 . Dicho proyecto en cuanto a los principios con- tiene casi la misma estructura y conceptos de procesos civiles que responden a otros principios propios del derecho privado. Por otro lado, el proyecto de Código Procesal del Trabajo presentado por el Poder Judicial cuenta con un Título Preliminar que señala los princi- pios de oralidad, interpretación de las normas procesales laborales, el indubio pro operario, la irrenunciabilidad de derechos laborales, etc., pero sin claridad en cuanto a su operacionalidad. Finalmente, la propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fue impulsada por el entonces Ministro, Mario Pasco Cosmó- polis. La propuesta tiene como finalidad expresa el acceso a la justicia laboral y se inspira en la oralidad y en las nuevas tecnologías. Para ello se plantea algo muy novedoso en nuestro país, que son tres elemen- tos claves para toda reforma judicial: la formación y capacitación de todos los operadores del Derecho Laboral, contar con infraestructura que posibilite llevar a cabo las audiencias judiciales públicamente y con participación de todos los involucrados del proceso laboral y, final- mente, contar con las normas claras sobre el nuevo proceso laboral. Sin embargo, ese Proyecto del Ejecutivo de la Ley Procesal del Tra- bajo fue modificado y se presentó formalmente como Proyecto N° 3467/2009-PE como resultado del grupo de trabajo creado por R.M. N° 006-2009-TR respecto del proyecto elaborado por la comisión creada por R.M. N° 044-2008-TR. Curiosamente, en el Título Preliminar no re- conocía ningún principio del proceso laboral 71 . Esta lamentable omisión
70 Existen otros proyectos que plantean sólo modificaciones parciales a la Ley N° 26636, como los Proyectos de Ley N° 982/2006-CR, N°1575/2007-CR, N°3483/2009-CR, y N° 3489/2009-CR. 71 Intentando una definición del proceso laboral, puede señalarse que es el conjunto de actos procesales que se desarrollan en forma progresiva, sistemática y teleológicamente, que son realizados por el juez y las partes en cumplimiento de las normas procesales, con el objeto de resolver un conflicto laboral me- diante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. ¿Pero cuándo una nor¬ma es procesal y qué son los conflictos laborales en la doctrina procesal? Todos sabemos que las normas jurídicas no vienen a ser¬ otra cosa que una estructura proposicional enunciativa de una forma de organización o de conducta que debe ser acatada de manera objetiva y obligatoria. La naturaleza procesal de una norma jurídica no depende del cuerpo de disposiciones en que se halla inserto, sino de su con¬tenido propio. Ver: COUTU- RE, EDUARDO J. (1979).
de los principios era muy grave, tanto que el Colegio de Abogados de Lima manifestó su desacuerdo señalando que el mencionado pro- yecto “tiene una serie de omisiones (…), no menciona ningún prin- cipio del proceso laboral, lo que deja sin límite alguno al operador del derecho para que pueda interpretar la norma laboral conforme a su tendencia o mejor saber y entender, lo que conllevaría a la im- predectibilidad de la administración de justicia” 72 . Igualmente, algu- nos laboralistas, como Adolfo Ciudad, señalaron que “abstenerse de su proclamación en el Título Preliminar de los principios procesales laborales, constituye una carencia de dirección, como un barco a la deriva; es no tener aquellos pilares donde descansen las paredes del gran edificio jurídico procesal” 73 . Finalmente, en el Texto Sustitutorio del Dictamen de la nueva Ley Procesal del Trabajo, producto del debate en la Comisión de Trabajo, para la aprobación en el Pleno del Congreso, se incorporaron en el Título Preliminar, artículo 1, los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. Por otro lado, también es lamentable que hasta hoy el Congreso de la República no haya aprobado el Proyecto de la Ley General del Tra- bajo después de varios años de coordinación con el Consejo Nacio- nal del Trabajo y con el mismo Congreso 74 . Como señala Américo Plá Rodríguez:
“… el carácter protector de la ley sustantiva de trabajo, mientras tanto, se proyecta sobre el procedimiento e inspi- ra el criterio hermenéutico adoptado por el juez, no sólo al formularse la sentencia sino también al conducir el proce- so. Aquí como fue escrito anteriormente, el Derecho Proce- sal del Trabajo se moldea según el contexto del Derecho del Trabajo, por cuanto al contrario, de lo que ocurre, según la ley explícita de los líquidos, en el mundo jurídico el conti- nente se ajusta a la forma del contenido” 75 .
Es decir, el Derecho Procesal del Trabajo nace de la necesidad de ga- rantizar y plasmar los derechos sustantivos de los trabajadores en
72 Oficio N° 112-2009-D-CAL, del Decano del Colegio de Abogados de Lima al Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, Lima 16 de noviembre del 2009. 73 CIUDAD, ADOLFO. (2008). 74 Han pasado más de ocho años de deliberación del proyecto de la Ley General de Trabajo. Actualmente se encuentra en el Pleno del Congreso de la República para su discusión y aprobación. 75 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1994).
caso de ser desconocidos, incumplidos o conculcados. En esto radica su importancia cada vez mayor por los fines que se propone y las consecuencias que trata de evitar. Ambos aspectos requieren la ne- cesidad de adecuar los lineamientos del proceso en general con las normas y principios del Derecho del Trabajo, a las particularidades propias de los conflictos derivados de la relación laboral y con las re- clamaciones de los trabajadores.
IV.2.Elementos positivos de los principios en la nueva ley Intentar conocer cuáles son los alcances de los principios en la nue- va Ley Procesal del Trabajo es importante y necesario. Se trata de buscar la razón de ser de los principios y encontrar su fundamento; inquirir en sus antecedentes de tal manera que se pueda encontrar el espíritu de la misma bajo la égida del sentido de justicia como ca- tegoría moral y supremo objetivo, pero no pretendemos más que ex- poner algunos de los más evidentes elementos positivos de los prin- cipios en la nueva ley.
IV.2.1. Inmediación y oralidad La inmediación y la oralidad constituyen el marco más adecua- do para mediatizar, absolver y redefinir el proceso laboral. En- tendiendo por proceso laboral al conjunto de actos procesales dirigidos a reconstruir el hecho conflictivo hasta donde los ele- mentos probatorios lo permitan, se puede concluir también que la oralidad se presenta como el mejor instrumento para lograr- lo. Nuevamente, los atributos propios de la oralidad, desde su sencillez hasta la exigencia de la concentración y continuación, hacen que el sistema sea más eficiente para aproximarnos en un mayor grado a la verdad real, que en procedimiento escrito se prolonga en el tiempo y se complica con formalismos estériles. Por ello, existe una estrecha relación interna entre la oralidad y la inmediación pues, para que la decisión en el proceso sea real, se necesita que los jueces examinen directamente la prueba, contando con la participación de las partes involucradas. En un sentido específico, la inmediación se refiere directamente a la relación entre el juez y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda percibir y conocer directamente la prueba 76 .
76 En realidad, en ese caso, se establece una relación lenguaje – objeto/metalenguaje. Al respecto, ver el clásico trabajo “Ciencia del Derecho y análisis del lenguaje” de Norberto Bobbio.
La oralidad se convierte en el modelo de procedimiento laboral para la adquisición de la verdad y además de un modelo con el que se pretende la redefinición del conflicto 77 . Es decir, en las dos funciones que cumple el juicio oral 78 , el juez asume un rol importante: en el primero, determinará la verdad procesal al dictar sentencia; en el se- gundo, la tarea es mucho más compleja, la redefinición del conflicto que contribuya a la paz social. La inmediación constituye la condición básica para lograr, en la me- dida de lo posible, la determinación de la verdad de los hechos. La información, el examen de la prueba, debe realizarse con la presen- cia, comunicación e interacción entre los jueces y de las partes in- tervinientes. “El principio de inmediación implica que el juez que ha presenciado la actuación de los medios probatorios, que ha oído a las partes y ha apreciado su conducta en el proceso, sea el mismo que dicte la sentencia” 79 . Es importante destacar que el proceso oral disminuye significativa- mente la posibilidad de que se manipule fraudulentamente la prue- ba, pues la comunicación directa entre las personas que intervienen en la audiencia permite detectar más fácilmente tales desviaciones. En realidad, en el sistema escrito predomina como objetivo funda- mental la determinación de una verdad formal, debilitándose, inevi- tablemente, las garantías del trabajador. En una sociedad en la que los ciudadanos mayormente no tienen una cultura escrita y no cono- cen realmente el contenido de las disposiciones legales, sólo la orali- dad garantizaría el cumplimiento de la justicia laboral 80 . El proceso oral supone la participación y dirección del juez que de- cide la causa mediante la aplicación de tres funciones: “la investiga- ción de la verdad; búsqueda de la norma y la interpretación de su sentido; y la aplicación del Derecho a los hechos. La primera es de índole gnoseológica y lógica; la segunda pertenece al campo de la técnica jurídica; y la tercera implica una auténtica valoración” 81 . Entonces,
77 ODERIGO, MARIO. (1961). 78 Hay que precisar que “oralidad y escrituración (o proceso oral versus proceso escrito) no son términos necesariamente antitéticos o que mutuamente se rechazan, ya que ninguno de ellos es absoluto” (PAS- CO COSMÓPOLIS, MARIO. (1997). Además, “la oralidad no significa ausencia absoluta de escritura, pues como se ha dicho, un procedimiento totalmente oral es imposible, y además hay que aceptar que ni la oralidad ni la escritura sirven por sí solas para garantizar una decisión justa, siendo necesaria una combi- nación de ambas” (SAGARDOY BENGOECHEA, JUAN. (2003), p. 830. 79 BUSTAMANTE ALARCÓN, REYNALDO. (1997), p. 90. 80 Literalmente hablando, en un proceso escrito las partes no se hacen oír sino tan solo se hacen leer pero, además, es claro que el derecho de hacerse oír implica la garantía de lograr la mejor manera de comuni- cación entre quienes oyen y quienes se hacen oír y esta mejor manera es la oralidad. 81 ALZAMORA VALDEZ, MARIO, p. 150.
la aplicación del derecho por el juez implica un contenido ético. Sobre
esto, podríamos aplicar la argumentación de Max Weber cuando dis- tingue entre ética de la convicción y la ética de la responsabilidad 82 . La primera se refiere a la acción sin tener presente sus consecuen- cias; la segunda corresponde a la decisión conociendo sus efectos. Es decir, en los procesos en general, el juez aplicará el criterio de la
convicción por el rigor normativo de la ley; pero en materia laboral, necesariamente debe aplicar la ética de la responsabilidad. Por ello, no se trata sólo de:
“… la existencia de una rama autónoma del derecho, que exige una indispensable especialización para dominarla, no es siquiera la dificultad de especialización por el número de sus normas, su complejidad y su constante renovación. Es el espíritu nuevo, peculiar, distinto de las restantes ramas del derecho, de mucha mayor sensibilidad y proximidad con la vida real el que obliga indispensablemente a jueces diferen- tes y especiales” 83 .
En suma, uno de los aspectos más importantes que debe buscar cualquier proceso de reforma de nuestra justicia laboral lo consti- tuye, sin lugar a dudas, la necesidad de que los jueces asuman un mayor protagonismo en relación con la solución de un conflicto la- boral, que se dejen las delegaciones de las tareas jurisdiccionales más importantes a los auxiliares –como ocurre actualmente–, que asuman un mayor compromiso en la solución de los problemas que más afectan a los trabajadores y, en definitiva, que sean verdaderos directores del proceso laboral. Diríamos como Calamandrei: “no que- remos saber nada de los jueces de Montesquieu, êtres inanimes, he- chos de pura lógica. Queremos jueces con alma, jueces que sepan llevar con humano y vigilante empeño, el gran peso que implica la enorme responsabilidad de hacer justicia” 84 . También se debe buscar fortalecer el sistema de la libre convicción o
sana crítica del juez, según el cual éste es libre de asignarle el valor
a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pues el legis-
lador no señala anticipadamente presunciones probatorias 85 . Pero el juez se encuentra en la ineludible tarea de expresar las razones por
82 WEBER, MAX. (1983), p. 452 y ss. 83 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1994). 84 CALAMANDREI, PIERO. (1960), p. 83. 85 Es el caso de la tipificación como causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador.
las cuales asigna un determinado valor a dichas pruebas y forma su convicción 86 . Finalmente, el dictado de la sentencia en un plazo razonable es uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores, pues- to que los juicios laborales están acostumbrados a sobrepasar los plazos que la ley establece para el dictado de la misma. Por tal razón, resulta de mayor conveniencia exigir que esos plazos sean cumplidos bajo pena de sanción, con la finalidad de que los jueces se acostumbren a cumplirlos, porque la práctica ha demostrado que sí pueden hacerlo 87 .
IV.2.2. Concentración y celeridad procesal La concentración y la celeridad procesal, en términos absolutos, exigirán que el juicio laboral se realice frente a todos los suje- tos procesales desde el inicio hasta su terminación, de una sola vez y en forma sucesiva, sin solución de continuidad, con el pro- pósito de que exista la mayor proximidad entre el momento en que se recibe toda la prueba, se formulan las partes su defensa y conclusiones sobre ella, delibera el juez y se dicta sentencia. Sin embargo, no basta reconocerlo en forma general; de lo que se trata es de concentrar los actos procesales al menor número posi- ble, ello serviría para proteger al trabajador al no prolongarse el jui- cio innecesariamente; así se reforzaría la credibilidad de la justicia al garantizar una decisión rápida por tratarse de conflictos laborales. La concentración está directamente referida a los sujetos del proceso, a la recepción de la prueba, y la continuidad a los actos procesales que deben realizarse en el juicio. También considera- mos que la oralidad, la concentración y la continuidad son fun- damentales en el proceso laboral, porque los actos procesales prolongados conllevan el peligro de la demora del juicio 88 .
86 Los jueces están en la obligación de señalar en las sentencias las razones en que sustentan cada una de sus conclusiones, tanto desde el punto de vista fáctico como desde el punto de vista jurídico. Para tales efectos deben realizar un conjunto de razonamientos de hecho y de derecho explicándolos debidamente en la motivación de su resolución, a fin de que pueda ser conocido por las partes y de esa manera éstas se encuentren en condiciones de ejercer su derecho de defensa. 87 A pesar del cúmulo de expedientes por la elevada demanda de justicia laboral que ocasiona congestión de los procesos. “Es verdad que el número de procesos atribuidos a cada juez en América Latina es exce- sivo”. Ver FELKER, REGINALD. (2001). 88 Hace años se viene planteando que “a la administración laboral le corresponde desarrollar acciones de prevención de manera agresiva, mediante el desarrollo de actividad inspectiva tanto ordinaria como es- pecial, como mecanismo necesario para contribuir a reducir sustantivamente los altos niveles de incum- plimiento de la legislación laboral”. Ver: CAMPANA, DAVID. (1996), p. 52 - 53.
Desde ese punto de vista, la concentración y la celeridad deben ser exigencias procesales de la nueva ley cuya realización debe verificar- se con la oralidad. Desde luego que tales exigencias tampoco deben ser categóricas. El absolutismo en este terreno también puede dis- torsionar la solución adecuada. El objetivo es que el proceso laboral debe celebrarse en forma concentrada, pero otras razones pueden justificar la suspensión y la postergación de la audiencia, como se- rían por ejemplo el impedimento o enfermedad de algunos de los sujetos del proceso, la realización de actos fuera del juzgado como una inspección ocular, etc. La celeridad es uno de los principios básicos del Derecho Procesal del Trabajo porque constituye el objetivo principal que se persigue en el proceso laboral para buscar la rapidez a través de la simplifica- ción de los trámites, limitación de los recursos impugnatorios, bre- vedad de los plazos, limitación de las instancias, la perentoriedad de los términos, etc. En efecto, en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 26636, se reconoce el principio de celeridad. Sin embargo, la misma ley (artículo 61) establece la vía ordinaria, a la cual está so- metida la mayor parte de los reclamos, para los asuntos contencio- sos de competencia de los juzgados especializados de trabajo 89 . De nuevo la oralidad se presenta como el mejor facilitador del prin- cipio de concentración e inmediación al realizarse el proceso en for- ma directa, sin intermediarios y de manera continua, exigiéndose la presencia de todos los sujetos del proceso. La escritura, caracteriza- da por delegar la recopilación de la prueba en funcionarios auxiliares del juez, no resulta un instrumento idóneo para realizar la concentra- ción, máxime que tampoco exige la presencia de todos los sujetos en ese momento, formándose así gruesos expedientes de los que deben extraerse las piezas importantes de otras que no lo son. Esta celeridad se vincula directamente con la publicidad del proceso laboral pues constituye, en cierta forma, un instrumento de control sobre el poder ejercido por los jueces. También es una garantía para el trabajador puesto que impide la demora y arbitrariedad de la jus- ticia. La restricción a este principio operacional tan importante sólo sería constitucionalmente aceptable si se funda en motivos o razo- nes específicas que lo justifiquen. Por otro lado, la publicidad en el procedimiento laboral es posible por el tipo de reclamación: se trata de derechos “comunes” a todos
89 Es decir, contradice el objetivo del procedimiento laboral que debería ser único y sumario.
los trabajadores, de contratos que pueden ser considerados de adhesión, que llevan a que los conflictos se reproduzcan y que el interés personal e individual se transforme en colectivo. Además, es “una consecuencia que se desprende de la oralidad en el procedimiento, a la que debemos hacer mención, es la pu- blicidad de los actos procesales, pues, como se ha escrito con acierto, sólo cabe publicidad en un proceso oral en el que las actuaciones de palabra pueden ser presenciadas por terceros, incluso sin interés alguno en el asunto” 90 . Sin embargo, la publi- cidad como medio de control ciudadano sobre la administración de justicia en general, requiere el desarrollo de una política im- pulsada por el Poder Judicial que convierta la publicidad en un medio de garantía procesal.
IV.2.3. Economía procesal y veracidad La economía procesal como principio operacional tiene relación directa con el principio de celeridad en dos sentidos: primero, respecto a la disminución del gasto económico; segundo, vincu- lado con la reducción del tiempo y esfuerzo en los actos proce- sales que se tratan en las actuaciones procesales del Capítulo III de la nueva ley mencionada. En el primer caso, la gratuidad procesal debe significar una acción tuitiva por parte del Estado a favor del más débil de la relación la- boral cuando surge un conflicto en el cual la facultad o poder del empleador haría que el trabajador sea siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real y efectiva de trabajadores y emplea- dores. Esto explica la raíz profunda del derecho a la gratuidad procesal de quienes no tienen los medios económicos suficientes para afrontar los gastos que generan un litigio laboral. En nuestra legislación procesal no se reconocía este principio, aun cuando ha inspirado algunos de los artículos de la ley 91 y como muchos consideramos, se debe precisar taxativamente. Pero para dotar de contenido real a este principio operacional, evitando así que se reduzca a una retórica declaración de buenos propósi- tos, el Estado debe asumir una actividad prestacional como son los honorarios por la representación y la asistencia en juicios a los trabajadores por reunir las condiciones legalmente previstas.
90 SAGARDOY BENGOECHEA, JUAN. (2003), pp. 830 - 831. 91 Nos referimos a la Ley N° 26336, Ley Procesal del Trabajo, del 14 de junio de 1996. Al respecto, ver el artículo de ELÍAS MANTERO, FERNANDO. (1997), p. LXI.
En realidad, los costos no se refieren a los actos procesales en sí mis- mos sino al cumplimiento de las garantías básicas, al tratar de llevar
la práctica también la idea de que el proceso laboral debe buscar
verdad real y atenuar o solucionar el conflicto, utilizando para ello
todos los recursos necesarios que faciliten la idea de la justicia del caso concreto. Se trata de asignar equitativamente los recursos públicos dedicados presupuestariamente a esta finalidad, haciéndolo con criterios de efi- ciencia y economía. Es necesario centrar los estudios de los costos económicos en la posibilidad efectiva de cumplir con las garantías constitucionales. Se trata de buscar la conciliación o de ofrecer una verdadera alternativa que sea mucho más barata que un sistema procesal que pretenda llevar a la práctica los presupuestos para los cuales se instauró el sistema actual, como marco de garantía. En tal sentido, con estas o con otras palabras nos hemos manifestado en más de una ocasión. 92
Finalmente, es fundamental la incorporación del principio de veraci- dad como sinónimo de primacía de la realidad en el proceso laboral con la nueva ley. Debemos tener en cuenta que la finalidad básica de todo proceso, planteado en términos tradicionales, ha sido siempre la búsqueda de la verdad formal o legal. Todavía hoy tiene vital im- portancia la delimitación de la actividad probatoria en los procesos pero desde el punto de vista del proceso laboral, se tiene por objeto averiguar la verdad real o material respecto del hecho conflictivo, ya sea para confirmar su existencia o para descartarla. “Pensamos que la clave de la solución de este problema deriva de otro de los prin- cipios del proceso laboral que es la búsqueda de la verdad real, esa búsqueda de la verdad constituye un punto de referencia objetivo que exige y asegura la imparcialidad del juez” 93 .
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en forma reiterada, que
el principio de primacía de la realidad se encuentra implícitamente en los artículos 22 y 23 de la Constitución 94 : “El principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto en la propia naturaleza tuitiva de nuestra constitución del trabajo, que ha visto este como un deber y un derecho,
92 GAMARRA VÍLCHEZ, LEOPOLDO. (1988), p. 195 - 201. Asimismo, GAMARRA VÍLCHEZ, LEOPOLDO. (1996). Hace unos años, GAMARRA VÍLCHEZ, LEOPOLDO. (2005), p.15 - 41. 93 PLÁ RODRÍGUEZ, AMÉRICO. (1978). 94 Sobre los derechos del trabajador en la jurisprudencia constitucional peruana, ver SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. (2004).
base del bienestar social, y medio de la realización de la persona (ar- tículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritario del Es- tado (artículo 23)” 95 . No obstante, no basta con la adopción de este principio u otros que incorporan modernas instituciones procesales en la ley, pues en mu- chas ocasiones la práctica se encarga de desvirtuarlas si no se supe- ran los hábitos burocráticos, la formación dirigida excesivamente al análisis legalista y normativa de los conflictos laborales y la tenden- cia a anteponer la norma a la realidad 96 . Muchos son los males que aquejan a la justicia laboral peruana 97 . De ahí que uno de los grandes retos sea el de simplificar el juicio laboral haciéndolo más cercano a lo cotidiano, lo que implica establecer la primacía de la realidad sobre lo formal, y lo sustancial es considerar el conflicto humano que subyace en todo proceso laboral. En este campo, la oralidad puede hacer posible prestar un servicio mucho más grande que el de satisfacer algunas formalidades en la búsque- da de la verdad real, porque brinda muy poco espacio al formalismo y garantiza otros principios procesales.
CONCLUSIONES Por lo que hemos tratado hasta el momento, los principios del Proceso de Trabajo son aquellos que actúan como líneas directrices, como sopor- te para el ejercicio justo y correcto de las leyes, de tal manera que sirven para inspirar las soluciones en las controversias y orientar la interpreta- ción de las normas ya existentes; además por supuesto, de permitir la solución de aquellos casos no previstos en la formalidad legal. Por ello, los principios en la nueva Ley Procesal del Trabajo constituyen los elementos compensatorios e igualadores de las desigualdades del tra- bajador con el empleador en la dinámica del proceso laboral. Considera- mos que el proceso laboral debe ser garantía para la existencia de una paz social general y permanente en tanto que el crecimiento económico es fundamental pero no suficiente para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza.
95 Expediente N° 991-2000-AATC. Específicamente sobre la aplicación del principio de primacía de la reali- dad tenemos el pronunciamiento en el expediente N° 2132-2003-AATC-Piura: “En caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse prefe- rencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos”. 96 Al respecto ver KAHN, PAUL. (2001). 97 Para citar sólo algunos: la falta de especialización de los jueces, un excesivo formalismo, el uso de nor- mas civiles por vías supletorias, la delegación de funciones a empleados subalternos, la carencia de me- dios tecnológicos, la deficiencia en infraestructura disponible, carencia de sistemas estadísticos.
Asimismo, simultáneamente a la nueva legislación procesal propia del Derecho del Trabajo, tenemos la necesidad de unificar en un solo cuerpo legislativo la múltiple y dispersa legislación laboral, de tal manera que se regulen las relaciones individuales y colectivas de trabajo a través de la Ley General de Trabajo. Obviamente este es un proceso arduo que tie- ne como objeto mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico, garantizar la importancia de los principios y derechos funda- mentales del trabajo y asegurar a los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una partici- pación justa en la riqueza a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano. No obstante, si bien es cierto que se tiene que garantizar la protección de los derechos labora- les, también es cierto que se tiene que buscar la seguridad jurídica. Aho- ra, con la Ley N° 29497, se inicia una nueva etapa.
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Dr. Orlando González Nieves
Abogado, Profesor en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades Nacional de Trujillo y Antenor Orrego y en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
I. Introducción. II. Los principios generales del derecho y su interrelación con las múltiples disciplinas del Derecho Público y Privado. III. Los principios del Derecho del Trabajo y su vinculación con los principios del Derecho Procesal del Trabajo.
IV. Los principios fundamentales del Derecho Procesal del Trabajo y su recepción
en la Ley N° 29497. V. Los principios del Derecho Administrativo y el proceso contencioso administrativo y sus encuentros y desencuentros con los principios
de la nueva Ley Procesal del Trabajo. VI. Los principios del Derecho de la Seguri- dad Social y sus encuentros y desencuentros con los principios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo. VII. Los principios del Derecho Arbi- tral y sus encuentros y desencuentros con los principios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo. VIII. ¿Alternativas para superar el impase?
IX. Conclusiones. X. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN Los principios del Derecho Procesal del Trabajo se explican en relación directa y hasta subordinada con los principios del Derecho del Trabajo, de modo que resultan ser su proyección. No hay Derecho Procesal del Trabajo al margen del Derecho del Trabajo, son algo así como la adjetivi- dad de la sustantividad. Gracias a dicha influencia, su gestación y funcio- namiento teórico-práctico es en esencia diferente al funcionamiento del Derecho Procesal Civil en general y diferente, también, a otras áreas pro- cesales especializadas. En la historia jurídico procesal laboral peruana de los últimos 40 años hemos tenido algunos cuerpos normativos sobre Derecho Procesal del Trabajo. El penúltimo, contenido en la Ley N° 26636, de junio de 1996,
menciona en el artículo I de su Título Preliminar los principios de inme- diación, concentración, celeridad y veracidad, mientras que en sus artí- culos II y III menciona tres principios que, en propiedad, corresponden al derecho sustantivo in dubio pro operario, norma más favorable que expli- ca la irrenunciabilidad de derechos. Bien podría decirse que al principio la ley cumplió sus objetivos, pero luego la resolución de conflictos desarro- llados en su seno devino en una exasperante lentitud y hasta ineficacia. Evaluar su vigencia es todo un reto que algunos seguramente emprende- rán en su momento; por nuestra parte, en una ligerísima y puntual eva- luación, sostenemos que la concentración, celeridad y hasta la economía procesal fracasaron parcialmente; basta como ejemplo el siguiente dato:
autores serios sostienen que en Lima (en provincias no estamos tan le- jos de dicha realidad), los juicios laborales demoran un promedio de cua- tro años 98 . Después de 14 años, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, de enero del 2010, hace referencia a seis principios procesa- les en el artículo I del Título Preliminar: inmediación, oralidad, concentra- ción, celeridad, economía procesal y veracidad. Sin embargo, a nuestro entender, el problema del manejo de los princi- pios del Derecho Procesal del Trabajo es mucho más profundo porque los jueces de trabajo, según las competencias que le son asignadas en la nueva ley, no solo tienen que aplicar los principios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo, sino también los principios del Derecho Procesal Civil, Derecho Administrativo, proceso contencioso- administrativo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Arbitral. Ergo, entre los principios concordados de dichas disciplinas jurídicas hay com- plementariedad pero también hay situaciones conflictivas y hasta contra- dictorias. Por dicho motivo, el presente artículo solo pretende desarrollar una reflexión académica preliminar sobre los encuentros y desencuentros o choques que se producen entre esos bloques de principios para tratar de plasmar algunos embrionarios intentos de respuesta y solución a di- cha problemática.
II. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y SU INTERRELACIÓN CON LAS MÚLTIPLES DISCIPLINAS DEL DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO Alzamora Valdez aborda los principios generales del derecho dentro de la denominada técnica jurídica, específicamente dentro del capítulo de la integración de la norma. Señala que existen hasta seis direcciones de pensamiento en cuanto definen la naturaleza de dichos principios, pero
98 HUAMÁN ESTRADA, ELMER. (2010), p. 14.
todas ellas pueden reducirse a dos: la filosófica o jusnaturalista (se ori- ginó en los siglos XVIII y XIX partiendo de la naturaleza humana para lle- gar al derecho positivo), y la histórica o positivista, que sostiene que los principios generales del derecho son aquellos que inspiran determinada legislación positiva. La teoría ecléctica tiene como punto de partida su sustento filosófico pero exige que estos concuerden con los hechos de- terminantes en la legislación positiva. Cossio tiene una posición similar a ésta última y Del Vecchio sostenía que eran igualmente ilegítimas las aspiraciones del empirismo puro y del racionalismo puro: los principios del derecho se deducen de la naturaleza de las cosas y de sus mutuas relaciones, y todo derecho positivo encuentra su complemento en la na- turaleza 99 . Los principios generales del derecho están vinculados no solo a la inte- gración jurídica sino también a la interpretación jurídica; a la primera cuando hay defecto normativo o ausencia de normas, a la segunda cuan- do hay deficiencia de la ley. Rubio Correa refiere que en la actualidad da la impresión que los prin- cipios generales son intrusos en el derecho y solo pueden ser tolerados por defecto o deficiencia de la legislación pero, históricamente, es más correcto señalar que el verdadero intruso es la primacía de la norma es- tatal frente al tradicional habitante llamado principios generales. De los diez siglos en que floreció el derecho romano, casi ocho fueron conduci- dos por los principios generales (igualdad, libertad y justicia), solo en los tres últimos siglos es que empezó la tarea de la sistematización o codifi- cación. En el derecho inglés pasó algo similar: casi ocho siglos se funda- ron en la aplicación de los principios del derecho a los casos concretos. En el derecho francés el código napoleónico operacionalizó los principios dentro del sistema normativo dictado por el Estado, de modo que mu- chos estudiosos sostuvieron que se había producido una simbiosis entre los principios y las normas estatales. La escuela positiva (Hans Kelsen y sus seguidores) es la expresión más lograda de la incorporación de los grandes principios en las legislaciones vía el principio de primacía de la legislación 100 . El autor comentado agrega que los principios generales del derecho son conceptos axiológicos o técnicos que informan la estructura, la forma de operación y el contenido de las normas y del propio derecho como totali- dad. Pueden estar dentro o fuera de la legislación, pero igual funcionan 101 .
99 ALZAMORA VALDEZ, MARIO. (1987), pp. 278 y 279. 100 RUBIO CORREA, MARCIAL. (1985), pp. 289 - 292. 101 Ibid, p. 293.
Para Plá Rodríguez los principios generales del derecho no se pueden iden- tificar con los principios propios de una disciplina. El propio calificativo de “generales” nos está indicando la nota de amplitud, de comprensión de todas las ramas, de extensión y aplicación a todo el derecho. Más ade- lante agrega que los principios del derecho tienen efectos valorativos po- sitivos y negativos, no son medibles, y tienen una cierta amplitud, plasti- cidad, fecundidad, maleabilidad y elasticidad como para no ser atrapados
ni atados a fórmulas legislativas 102 .
A nuestro modo de ver, los principios generales se interrelacionan con
todas las disciplinas del derecho público, privado o mixto, y su versatili- dad es holística, sincrónica y diacrónica a la vez. Los principios de cada disciplina jurídica se aplican a ésta o a otras, pero no son necesariamente exclusivas de una especialidad aunque tampoco pueden servir para todas las ramas; en dicho contexto, los principios generales funcionan dialécti- camente y cumplen un rol de supletoriedad dentro de cada especialidad.
LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SU VINCULACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. Mascaro Nascimento, vinculando los principios con la realidad, sostiene
que el Derecho del Trabajo no es un mito, no es un ser sino un deber ser.
A su modo de ver, el sociólogo trabaja con los hechos, el filósofo con los
valores y el jurista con los hechos, los valores y las normas que resumen esas dimensiones de vida, Debido a ello, plantea, Sociología y Derecho son dos dimensiones que se interrelacionan, la superposición del hecho
y la ignorancia de la norma desagregarían el derecho laboral. A conti-
nuación, sutilmente desarrolla la influencia de la política sobre el Dere- cho del Trabajo 103 . De ese modo, no es posible entender el desarrollo de nuestra disciplina jurídica al margen de ese gran marco de reflexión cons- tituida por las influencias históricas de la Sociología, Economía, Política y muchas otras disciplinas coadyuvantes para su mejor comprensión, inter- pretación y aplicación. Son múltiples los autores que desarrollan los vínculos y las influencias del Derecho del Trabajo en el Derecho Procesal del Trabajo; resultaría muy amplio y no acorde con los objetivos del presente estudio pretender es- cudriñarlos. Prefiero tomar a continuación un texto aleccionador. En una síntesis de su reciente reflexión sobre los principios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo y su aplicación a la realidad,
102 PLÁ RODRIGUEZ, AMÉRICO. (1998), pp. 8 y 42.
103 MASCARO NASCIMENTO, AMAURI. (2009), pp. 139-145.
Murgas Torrazza 104 formula múltiples consideraciones que nos permitimos reseñar, con pequeños agregados, en los siguientes acápites:
• Los fundamentos de los principios del Derecho del Trabajo surgen de la ruptura de viejos mitos en el Derecho y la Economía, fluyen de las constataciones materiales y de las concepciones puramente for- males de la igualdad y la libertad. La realidad impone los principios, por eso es que los profundos cambios científicos y tecnológicos, así como las nuevas relaciones económicas internacionales imponen al Derecho del Trabajo su adecuación a nuevos escenarios, sin el sacri- ficio de la esencia de dichos principios.
• El Derecho del Trabajo ha roto múltiples mitos, siendo dos los funda- mentales: el mito de la igualdad de los contratantes y el mito de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación. El primero ha sido un dogma en el derecho privado. En el ámbito jurídico, el revo- lucionarismo francés, ideologizado por el igualitarismo, construyó un modelo jurídico supuestamente perfecto en el ámbito civil, toman- do las instituciones heredadas del derecho romano y utilizándolas con el pretendido paradigma de la igualdad, pero la concepción de los derechos sociales, que llegó más tarde, demostró que no existía igualdad, superándose así la falsa idea de que si todos los hombres eran iguales también lo eran cuando contrataban. De esa manera se introdujo la idea del contratante jurídicamente protegido por ser el más débil, lográndose la configuración del principio protector que luego se enriqueció con sus aplicaciones de norma más favorable, condición más beneficiosa e in dubio pro operario.
• Otro dogma que destruyó el Derecho del Trabajo fue el de la autono- mía de la voluntad y libertad de contratación, que tuvo su origen en la vieja figura del arrendamiento de servicios del derecho romano. El Estado comienza a intervenir en la regulación de las normas laborales precisamente para proteger al trabajador frente a su discapacidad en la contratación, ya que la libertad de contratación no es más que el simple traslado al plano jurídico de las reglas del mercado a la deter- minación de las condiciones de trabajo. En esta lucha y contexto se acabaron de consolidar los principios de irrenunciabilidad de derechos, primacía de la realidad y continuidad de la relación laboral.
• La ruptura de viejos dogmas por el Derecho del Trabajo se proyectó incluso en la concepción del proceso, abriendo paso al Derecho Pro- cesal del Trabajo, construido sobre bases di