Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4393
Timestamp: 2020-02-29 07:37:28
Document Index: 57350845

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 117', 'artículo 149', 'artículo 122', 'artículo 149', 'artículo 152', 'Artículo 119', 'Artículo 122', 'Artículo 141', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 152', 'Artículo 10', 'Artículo 454', 'Artículo 9', 'Artículo 10']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 97/2001
SENTENCIA 97/2001, de 5 de abril
ECLI:ES:TC:2001:97
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1486/96, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por don Ramón Riu y Fortuny, en relación con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Ha comparecido el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer del Tribunal.
A continuación, destaca que lo que constituye el objeto del recurso de inconstitucionalidad promovido contra la LAJG es la discrepancia de la Generalidad de Cataluña respecto del planteamiento competencial que dicha ley realiza en dos aspectos que afectan a la configuración de los órganos creados por aquélla para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. En concreto se refiere a sus arts. 9 y 10.1, que regulan el ámbito territorial y la sede de dichas Comisiones, así como la atribución de las funciones de presidencia y secretaría de las mismas a algunos de sus miembros componentes, respectivamente. Estos preceptos, de conformidad con su Disposición adicional primera, se han dictado en virtud de las competencias estatales previstas en el art. 149.1.3, 5 y 6 CE, por lo que resultan de necesaria aplicación en Cataluña. Con ello se vulneran las competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de Administración de Justicia y de régimen jurídico y organización de su propia Administración (arts. 18.1, 9.1 y 10.1.1 EAC).
En la gestión de dicho servicio público desempeñan un papel relevante los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores y las propias Administraciones estatal y autonómica, debiendo estas últimas aportar el soporte administrativo y el apoyo técnico necesario al efecto, lo cual se materializa a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Estas Comisiones, por prescripción de la propia LAJG (art. 10), dependerán del Estado o de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia. Sustantivamente, la actividad prestacional realizada por las citadas Comisiones se encuadra en la materia "Administración de Justicia", entendiendo esa expresión en el sentido que tiene en el art. 18 EAC. Esto es, al no constituir esta actividad un elemento propio de la función jurisdiccional ni afectar al autogobierno del Poder Judicial, esta actividad encaja en el ámbito al que se refiere la denominada "cláusula subrogatoria" enunciada en el art. 18.1 EAC.
La Generalidad de Cataluña ha asumido, pues, estatutariamente las competencias correspondientes a la referida actividad y ha venido ejerciéndolas desde la entrada en vigor del Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, de traspasos en esta materia, que complementó las funciones que ya realizaba anteriormente en orden a la efectividad de los pagos a realizar a Abogados y Procuradores de los turnos de oficio y asistencia letrada. En tal sentido, la Generalidad de Cataluña aprobó el Decreto 233/1995, de 25 de julio, sobre medidas para instrumentar la subvención para las actuaciones correspondientes al turno de oficio y asistencia letrada al detenido. De todo ello, deduce la representación de la Generalidad de Cataluña que ésta ha de intervenir en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en cuanto que se trate de medidas que encajen en la competencia antedicha.
d) La representación autonómica, sobre la base de todo lo anterior, razona en primer lugar sobre los fundamentos que justifican la impugnación del art. 10.1 LAJG. Este precepto regula la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que estarán integradas por un miembro del Ministerio Fiscal, los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o el Abogado y Procurador que ellos designen, y dos miembros designados por la Administración de que dependa la Comisión. No se objeta que el Ministerio Fiscal y las Corporaciones indicadas forman parte de las Comisiones. Lo que se objeta es que la Presidencia de la Comisión deba corresponder al Ministerio Fiscal y que la Secretaría se atribuya a uno de los dos representantes designados por la Administración competente, en este caso, la propia Generalidad de Cataluña.
Considera la representación autonómica que la previsión de la ley estatal no encuentra fundamento en los preceptos constitucionales relacionados en su Disposición adicional primera: reglas 3, 5 y 6 del art. 149.1 CE. Le parece evidente que ninguna relación existe entre el art. 10.1 LAJG y las "relaciones internacionales". Asimismo, tampoco puede fundamentarse dicho precepto en la competencia estatal sobre "legislación procesal", puesto que la ley desjudicializa el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la actividad de las Comisiones tiene como finalidad esencial dicho reconocimiento, el cual, como también establece la Exposición de Motivos de la LAJG, no constituye actividad jurisdiccional en sentido estricto.
Tampoco procede encuadrar el citado precepto en la materia "Administración de Justicia" en sentido estricto, ya que, aunque el Estado tenga competencia normativa en dicha materia, debe respetar las competencias que se derivan del art. 18 EAC y, además, dicha competencia estatal encuentra su límite en la competencia de la Generalidad de organización de sus propios servicios, es decir, de determinación de los aspectos organizativos y de régimen jurídico de los órganos que de ella "dependan", cual es el caso de estas Comisiones. Además, señala que las funciones de presidencia y secretaría en nada afectan al contenido de las resoluciones que adoptan aquéllas. Por tanto, los aspectos controvertidos encuentran acomodo en los arts. 9.1 y 10.1.1 EAC, por lo que en su formulación actual contravienen dichas competencias.
La posición mantenida se apoya en la doctrina del Tribunal, mantenida en las SSTC 186/1988, FFJJ 4 y 6; 227/1988, FJ 21 c), entre otras. En concreto, en esta última se consideró inconstitucional la imposición por la Ley estatal de "una prescripción orgánica específica a la Administración autonómica, que vulnera directamente la competencia asumida por todas las Comunidades Autónomas para organizar su propia Administración". Igualmente, argumenta que en materia electoral la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ha configurado una composición de las Juntas Electorales compatibles con notables diferencias en la configuración de las Juntas Electorales de las Comunidades Autónomas. Y lo mismo se deduce de la STC 132/1989, que reconoce las competencias autonómicas para regular el régimen jurídico de las Juntas Electorales que han de actuar en los procesos electorales de Cámaras Agrarias.
Sobre el art. 9 LAJG destaca que en el recurso de inconstitucionalidad sólo se cuestionan el "ámbito y la sede" de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. No se discute, en cambio, ni la existencia de dichas Comisiones ni que deba existir una Comisión en cada isla de los archipiélagos o en Ceuta y Melilla.
b) Tras ello, considera que los preceptos recurridos se enmarcan en la competencia estatal sobre la Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE). El derecho a la asistencia jurídica gratuita es "prestacional y de configuración legal", de modo que "su contenido y concretas condiciones de ejercicio ... corresponde delimitarlas al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias". Para hacer operativo el concepto constitucional "insuficiencia de recursos para litigar", el legislador puede "utilizar criterios objetivos", "optar por un sistema de arbitrio judicial, dejándolo a la decisión discrecional de los jueces o de éstos y otras instancias", o puede utilizar fórmulas mixtas. Todos estos criterios, que se encuentran formulados en la STC 16/1994, FJ 3, justifican, junto al hecho de que la justicia gratuita se regule en el título de la CE relativo al Poder Judicial y a su conexión con el art. 24 CE, que la existencia de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita como órganos administrativos especializados se base en la idea de auxilio a la Administración de Justicia. Y la propia doctrina constitucional ha considerado que la actuación auxiliar o colaborativa de la Administración de Justicia se encuadra en el art. 149.1.5 CE (SSTC 54/1990,. FJ 4, y 329/1994, FJ 7).
También pone de relieve que el hipotético error del legislador al invocar el título competencial "carece de relevancia alguna para pronunciar una declaración de inconstitucionalidad, puesto que las competencias son indisponibles y las normas constitucionales atributivas de competencia no pueden venir condicionadas en su validez y eficacia por las fijaciones o invocaciones de reglas de distribución de competencias que con más o menos acierto el legislador efectúe (SSTC 45/1991, FJ 5; 168/1993, FJ 4)" (STC 330/1994, FJ 2).
c) En relación con el art. 9, relativo al ámbito territorial en que ejercen sus funciones las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y a la localización de sus sedes, el Abogado del Estado considera, de acuerdo con su planteamiento de partida, que ha sido dictado al amparo del art. 149.1.5 CE, de modo que la competencia autonómica sólo puede derivar de la "cláusula subrogatoria" del art. 18.1 EAC interpretada en el sentido de que "la remisión se realiza a las facultades del Gobierno, lo que, en consecuencia, identifica las competencias asumidas como de naturaleza de ejecución simple y reglamentaria, excluyéndose en todo caso las legislativas" [SSTC 56/1990, FJ 8 d), y 62/1990, FJ 5 d)]. Por tanto, la opción del legislador sobre el ámbito y la sede de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita la realiza el legislador dentro de su ámbito competencial y se impone a las Comunidades Autónomas.
d) Como argumentación subsidiaria, el Abogado del Estado también considera que los dos preceptos recurridos son conformes con el orden constitucional de competencias en cuanto que su contenido encuentra amparo en la competencia estatal para establecer bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE). En su opinión, pertenece a lo básico la elección de que el ámbito de actuación de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita sea el provincial, ya que tal es el modelo considerado apropiado por el legislador para la satisfacción del derecho a la justicia gratuita. En este sentido, la STC 132/1989, FJ 24, consideró básica la existencia de una Cámara Agraria en cada provincia. En cuanto a la sede en la capital de la provincia, no es sino un corolario del ámbito escogido. Además, la capital es la sede de la Audiencia Provincial y de varios Juzgados, lo que abona la razonabilidad del criterio. Por tanto, considera el art. 9 LAJG plenamente constitucional.
"En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano responsable, en su correspondiente ámbito territorial, de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley".
"Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial, e integradas además por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen, actuando uno de ellos como Secretario".
"1. El capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del capítulo IV, el capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria, se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3, 5 y 6 de la Constitución Española, sobre 'Relaciones Internacionales', 'Administración de Justicia' y 'Legislación procesal', respectivamente.
2. Los artículos 25 y 26 del capítulo III y el capítulo VI, se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las 'Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas'.
3. Los restantes preceptos serán de aplicación en defecto de normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia".
2. Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes, la representación procesal del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña reconoce la competencia estatal para ordenar la constitución de las referidas Comisiones, para atribuirles las funciones que les otorga y para regular su composición. Sin embargo, considera que la fijación de la sede y del ámbito provincial de actuación contenida en el art. 9 LAJG, así como la determinación de los miembros de las mismas a los que debe corresponder la presidencia y la secretaría del art. 10.1, vulneran las competencias que la Comunidad Autónoma tiene estatutariamente atribuidas. Concretamente, considera conculcadas la competencia derivada de la llamada "cláusula subrogatoria" que en materia de Administración de Justicia le atribuye el art. 18.1 EAC ("ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado") y la de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen jurídico de la Administración de la Generalidad y entes públicos dependientes de ella (art. 10.1.1 EAC). La Disposición adicional se impugna solamente en cuanto determina la necesaria aplicación en Cataluña de los referidos arts. 9 y 10.1 LAJG.
A tal efecto, tras precisar en el art. 1 el objeto de la Ley, en los arts. 2 a 5 regula la titularidad del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ampliando los supuestos previstos en la legislación precedente. En los arts. 6 y 7 establece lo que denomina "ámbito material" y "extensión temporal" del derecho regulando las "prestaciones" que comprende el referido derecho. En el Capítulo II se establece la estructura orgánica para la prestación de ese servicio público. Para ello, según se avanza en la citada Exposición de Motivos, se parte de la premisa de que "constituye esencial propósito de la Ley la 'desjudialización' del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, optándose así por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad esencialmente administrativa. La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos motivos: en primer lugar, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en segundo lugar, se agiliza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria y normalizada". Para llevar a cabo esta tarea se crean las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que se configuran como "órganos administrativos" encargados del reconocimiento de ese derecho, a propuesta de los Colegios profesionales de Abogados y, en su caso, de Procuradores.
Las referidas Comisiones se rigen en cuanto a su funcionamiento por las normas que regulan los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, si bien dichas normas pueden ser desplazadas por las que dicten las Comunidades Autónomas competentes. El "soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración General del Estado", así como las subvenciones para la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, se atribuyen al Ministerio de Justicia; en las Comunidades Autónomas con competencias en la materia estas funciones corresponderán a las respectivas Comunidades (art. 11 LAJG en relación con el párrafo 3 de la Disposición adicional primera).
4. Entrando ya en el examen de los títulos competenciales alegados, conviene recordar que en las SSTC 108/1986, de 29 de julio; 56/1990, de 29 de marzo; 62/90, de 30 de marzo, y 105/2000, de 13 de abril, este Tribunal ha tenido ocasión de precisar el alcance de las competencias estatales relativas a la materia "Administración de Justicia" (art. 149.1.5 CE), así como las que en relación con dicha materia pueden corresponder a las Comunidades Autónomas que tengan incorporadas a sus Estatutos de Autonomía las llamadas "cláusulas subrogatorias". Para ello, distinguimos entre un concepto estricto o nuclear de Administración de Justicia, correspondiente al ejercicio de la función jurisdiccional y a lo atinente al gobierno del Poder judicial, y un concepto más amplio en el que se incluye lo relativo a los medios que "sirven de sustento material o personal" al ejercicio de esa función jurisdiccional (STC 56/1990, FJ 2).
Al respecto dijimos que "el artículo 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la 'Administración de Justicia'. Ello supone, en primer lugar, que el Poder Judicial es único y a él corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, lo que se desprende del artículo 117.5 de la Constitución y, en segundo lugar, que el gobierno de ese Poder Judicial es también único y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). Este ámbito es el que abarca la competencia reservada en exclusiva al Estado por el artículo 149.1.5 de la Constitución. Junto a este núcleo esencial de lo que debe entenderse por 'Administración de Justicia', aparece un conjunto de medios personales y materiales que no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, según la dicción del artículo 122.1 de la Constitución, 'al servicio de la Administración de Justicia', esto es, no estrictamente integrados en ella. Las competencias sobre estos medios personales y materiales, en cuanto no esenciales a la función jurisdiccional y al autogobierno del Poder Judicial, pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas ... En definitiva, lo que las cláusulas subrogatorias suponen es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre la 'Administración de Justicia' en sentido estricto y la 'administración de la Administración de Justicia'; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo irreductible el artículo 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el artículo 152.1, párrafo 2" (STC 62/1990, FJ 4).
En cuanto al ámbito a que deben ceñirse las competencias de las Comunidades Autónomas derivadas de las cláusulas subrogatorias, puesto que aquéllas ejercen competencias que, de no existir dichas cláusulas, correspondería al Gobierno de la Nación, dijimos, en lo que aquí interesa, que dichas competencias se refieren "a facultades de naturaleza reglamentaria o meramente ejecutivas, debiéndose excluir, en consecuencia, las competencias legislativas", y teniendo en cuenta que, "al analizar cada uno de los supuestos concretos de invasión de competencias, el marco de enjuiciamiento concreto no puede ser sólo la competencia residual sobre 'administración de la Administración de Justicia', pues en cada caso habrá que determinar si concurren otros títulos competenciales con incidencia en la materia" (STC 62/1990, FJ 5).
Es más, tampoco cabe encuadrar los preceptos impugnados en el concepto amplio de Administración de Justicia, formando parte de los elementos materiales o personales que sirven de sustento al ejercicio de la función jurisdiccional. En efecto, como hemos reiterado con referencia explícita al art. 122.1 CE, en este ámbito debe incluirse "el conjunto de medios personales y materiales que ciertamente no se integran en ese núcleo esencial -el ejercicio de la función jurisdiccional y el gobierno del Poder Judicial-, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, 'al servicio de la Administración de Justicia', esto es, no estrictamente integrados en ella". El art. 454.1 LOPJ al concretar esa previsión constitucional establece que "bajo la denominación de personal al servicio de la administración de Justicia se comprenden los Secretarios judiciales, los Médicos Forenses, los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales, así como miembros de los Cuerpos que puedan crearse, por ley, para el auxilio y colaboración con los Jueces y Tribunales".
Pues bien, es cierto que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es instrumental o complementario y constituye uno de los presupuestos del derecho a la tutela judicial efectiva y que, como se dijo en la STC 16/1994, de 17 de febrero, citada por el Abogado del Estado, aquel derecho "es no sólo garantía de los intereses de los particulares, sino también de los intereses generales de la justicia en tanto que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una sentencia ajustada a Derecho"(FJ 3). No cabe negar, pues, que indirectamente coadyuva al ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, la relación orgánica y funcional de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita con la función jurisdiccional ejercida por los órganos que conforman el Poder Judicial es tan indirecta y mediata que no puede incluirse en al ámbito de la Administración de Justicia, so pena de desfigurar totalmente el concepto constitucional de la misma.
En efecto, como ya hemos avanzado, la LAGJ en su propósito de "desjudicialización" del procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ha atribuido esta función a un órgano administrativo, dependiente de la Administración de Estado o, en su caso, de las Comunidades Autónomas y regido en su funcionamiento por las normas que regulan el procedimiento administrativo. Se trata, según esa "exposición de motivos", de un servicio público, dispensado fundamentalmente por los Colegios de Abogados y de Procuradores, en el que los jueces tan solo intervienen en la fase de recurso judicial contra las decisiones adoptadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita respecto del reconocimiento o no del derecho a la asistencia gratuita. Esta competencia administrativa de reconocimiento del derecho, a diferencia de la que ejerce el personal al servicio de la Administración de Justicia al que se refiere el art. 454.1 LOPJ, no consiste propiamente en una función de auxilio y colaboración con la función jurisdiccional llevada a cabo por los Jueces y Tribunales, sino que su objeto inmediato y directo es la garantía de un interés particular de los ciudadanos y sólo mediata e indirectamente coadyuva a la realización de la función jurisdiccional en sí misma considerada. Se trata de una función administrativa conceptualmente previa y sustancialmente autónoma respecto de la función jurisdiccional. Así se declaró en la citada STC 16/1994 en la que, tras afirmar que el derecho a la asistencia gratuita es garantía "de los intereses generales de la justicia", se añadía, "aunque sin duda su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes para ello". A diferencia de las funciones de auxilio y colaboración que ejerce el personal previsto en el art. 454 LOPJ que tiene una finalidad meramente instrumental de la actividad desarrolla por los Jueces y Tribunales, la función llevada a cabo por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tiene una plena autonomía y una finalidad y entidad propias. Constituye un fin en sí misma, aunque indirectamente pueda subvenir a la prestación de la tutela judicial. Orgánicamente las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y sus miembros nada tienen que ver con los Cuerpos creados por Ley para el auxilio y colaboración con los Jueces y Tribunales a los que se refiere el art. 454.1 LOPJ.
Esta conclusión no contradice las afirmaciones contenidas en las SSTC 54/1990, de 28 de marzo, y 329/1994, de 15 de diciembre, que cita el Abogado del Estado. La primera de ellas resuelve un conflicto positivo sobre la competencia de los Servicios Farmacéuticos del Ministerio de Sanidad y Consumo para el depósito, análisis y, en su caso, destrucción de los estupefacientes y psicotropos decomisados que como piezas de convicción pasan a disposición de la autoridad judicial. El Tribunal, tras advertir que "lo decisivo" es que "la disposición sobre esas sustancias o elementos no corresponde a la Administración, ni a terceros, sino a la propia autoridad judicial", se limita a declarar que "cualquier actuación administrativa, se encuentra aquí conectada con dos materias sobre las que la competencia estatal exclusiva está fuera de cuestión: la seguridad pública (art. 149.1.29 CE), de una parte, y la de administración de justicia (art. 149.1.5 CE), de la otra". Aunque se admita que los términos "se encuentra conectada" pueden haberse empleado en esta resolución como sinónimo de que la actividad enjuiciada se encuadra efectivamente en esos ámbitos materiales, lo relevante es que el supuesto objeto del presente proceso constitucional es radicalmente diferente del que fue objeto de la STC 54/1990, ya que en este último la actividad enjuiciada -depósito, análisis y destrucción de sustancias que han pasado a disposición de la autoridad judicial- es una actividad directamente conectada con el ejercicio de la actividad judicial ya que, como queda dicho, las sustancias decomisadas en el tráfico ilícito pasan como piezas de convicción a disposición de los Jueces y Tribunales y, por ello, puede afirmarse que en este caso los órganos de la Administración civil colaboran directamente con esta actividad, de hecho, como se afirma en esta resolución, "la disposición sobre esas sustancias o elementos no corresponde a la Administración ... sino a la propia autoridad judicial". Por el contrario, en el caso aquí examinado los Jueces y Tribunales no son los que llevan directamente a cabo la actividad -el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita-, sino que conocen sólo en vía de recurso las impugnaciones de la actuación llevada a cabo por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y en ningún caso puede afirmarse que reconocer o no ese derecho constituye un acto de colaboración para que los órganos judiciales puedan llevar a cabo esa función jurisdiccional, ya que se trata de una actividad que tiene autonomía, entidad y finalidad propias. Lo mismo cabe decir respecto de la STC 329/1994, que resuelve en idénticos términos el mismo problema competencial planteado en la STC 54/1990 en relación con la competencia del Ministerio de Sanidad para la emisión de informes técnicos y custodia de los decomisos de sustancias estupefacientes.
6. Son numerosas las resoluciones de este Tribunal en las que se ha delimitado el contenido de la materia relativa al régimen jurídico de las Administraciones públicas y se ha precisado el alcance en ella de las bases en relación con el desarrollo legislativo y la ejecución. Concretamente, por lo que aquí interesa, en este ámbito material se ha incluido "la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las Administraciones públicas" (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 6), "la organización de todas las Administraciones públicas" (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 38), los aspectos organizativos e institucionales de esas Administraciones (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1). En esta materia corresponde al Estado "la regulación básica de la organización de todas las Administraciones Públicas" (SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 38; 132/1989, de 18 de julio, FJ 26, y 22/1999, de 25 de febrero, FJ 2), la "fijación de principios y criterios básicos ... de aplicación en todo el territorio de estatal" (STC 27/1987, de 11 de febrero, FJ 3). Más concretamente, en la STC 50/1999, de 6 de abril, FJ. 3), se precisa que:
"en virtud de esta competencia básica el Estado puede establecer los elementos esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones públicas. Con todo, es cierto que ... la intensidad y extensión que pueden tener las bases no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico. Así, el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de derechos e intereses de los administrados, aunque ciertamente no cabe trazar una distinción tajante entre unos aspectos y otros. No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18 CE, es objetivo fundamental, aunque no único, de las bases en esta materia es el de garantizar 'a los administrados un tratamiento común ante ellas' y no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia Administración según sus preferencias ... No obstante, en ambos supuestos, deberá recordarse que, como hemos declarado en múltiples resoluciones, el Estado al establecer el común denominador normativo que encierran las bases, y a partir del cual cada Comunidad Autónoma con competencias de desarrollo legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses (por todas, SSTC 49/1988, FJ 3; 225/1993, FJ 3, y 197/1996, FJ 5), no puede hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo. Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 'la definición de las bases, en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses, por ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desarrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un resultado de vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de su condición de tal'" (FJ 5).
El Abogado del Estado no discute la dependencia de estos órganos administrativos de la Comunidad Autónoma, aunque poseen una naturaleza peculiar por su composición, por la independencia con la que realizan sus funciones y por la consiguiente ausencia de relación jerárquica; sin embargo, considera que las previsiones contenidas en esos dos incisos del art. 9 tienen carácter básico puesto que se trata de criterios generales de organización que resultan apropiados para la garantía del derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita, además de que la provincia es una división territorial del Estado consagrada en el art. 141.1 CE y existe doctrina constitucional que ha considerado básico el ámbito provincial al pronunciarse sobre la organización territorial de las Cámaras Agrarias (STC 132/1989, de 18 de julio, FJ 24).
Ciertamente, como hemos apuntado en la citada STC 50/1999, cuando la organización administrativa objeto de conflicto tiene encomendadas competencias que afectan a derechos de los particulares, el alcance o la extensión de las competencias estatales ex arts. 149.1.18 y 149.1.1 CE, tendentes a garantizar la efectividad de esos derechos y un determinado tratamiento común de los administrados, es sin duda superior a la que tiene en otros ámbitos materiales y, en consecuencia, es correlativamente menor el alcance de la competencia de autoorganización que la Comunidad Autónoma posee sobre su propia organización, en este supuesto ex art. 10.1.1 EAC.
Con todo, en el supuesto aquí enjuiciado, ni la efectividad de esos derechos ni la garantía de tratamiento común de sus titulares exigen que sea el Estado el que ex arts. 149.1.18 o 149.1.1 CE determine los miembros de las Comisiones a los que debe corresponder la presidencia y la secretaría de las mismas.
Asegurado así ese tratamiento uniforme en todo el territorio estatal de los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, no cabe considerar que el plus de garantía que hipotéticamente pudiese suponer que la presidencia recayese en el miembro del Ministerio Fiscal que forma parte de las mismas sea de suficiente entidad como para enervar la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de autoorganización. Como queda dicho, lo fundamental desde la perspectiva del art. 149.1.18 CE y de los derechos implicados es que el Ministerio Público esté representado en las Comisiones y que éstas tengan la composición y el número de miembros que el legislador estatal ha establecido con carácter general; por el contrario, la determinación de a cuál de los miembros de la Comisión corresponde desempeñar la presidencia o de la secretaría de ese órgano carece de relieve desde la perspectiva de la garantía del tratamiento uniforme, sobre todo si se tiene en cuenta que la LAJG no atribuye a esos cargos ninguna función específica que permita concluir que quienes los desempeñan tienen una especial preeminencia o incidencia en la adopción de las decisiones relativas al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita atribuidas a estos órganos administrativos (por cierto de composición impar); especial preeminencia o incidencia que tampoco se deduce de las disposiciones generales que regulan el funcionamiento y organización de los órganos administrativos colegiados.
1º Declarar que los incisos "en cada capital de provincia" y "en su correspondiente ámbito territorial" del art. 9 y "están presididas por un miembro del Ministerio Fiscal" y "actuando uno de ellos como Secretario" del art. 10.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, vulneran las competencias de la Generalidad de Cataluña y, por ello, no son de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
2º Declarar que la referencia a los citados incisos de los arts. 9 y 10.1 contenida en la Disposición adicional primera, 1, vulnera las competencias de la Generalidad de Cataluña y, por ello, no es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1486-1996
Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Competencias sobre administración de justicia y régimen jurídico de la Administración pública: ámbito provincial, sede, presidencia y secretaría de la Comisiones de asistencia jurídica gratuita.
No existe ninguna razón que avale la idea de que el ámbito provincial de actuación de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y la fijación de su sede en la capital de provincia, garantice el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita en un contexto de igualdad [FJ 7].
La garantía del tratamiento común de los ciudadanos queda suficientemente asegurada mediante la regulación detallada y uniforme del contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, y mediante la posibilidad de impugnación ante los órganos judiciales competentes [FJ 8].
Lo fundamental, desde la perspectiva del art. 149.1.18 CE y de los derechos implicados, es que el Ministerio público esté representado en las Comisiones y que éstas tengan la composición y el número de miembros que el legislador estatal ha establecido con carácter general [FJ 8].
Si se parte del hecho de que el legislador estatal configura las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita como órganos administrativos sujetos en su actuación al procedimiento administrativo y responsables únicamente del reconocimiento del derecho a la asistencia gratuita, no cabe duda de que establecer su sede, fijar la provincia como ámbito territorial de actuación y determinar a cuáles de sus miembros corresponde la presidencia y la secretaría no se refiere ni afecta al ejercicio de la función jurisdiccional ni al autogobierno del Poder Judicial. Tampoco forma parte de los elementos materiales o personales que sirven de sustento al ejercicio de la función jurisdiccional [ FJ 5].
Es cierto que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es instrumental o complementario y constituye uno de los presupuestos del derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la relación orgánica y funcional de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita con la función jurisdiccional ejercida por los órganos que conforman el Poder Judicial es tan indirecta y mediata que no puede incluirse en al ámbito de la Administración de Justicia [FJ 5].
Distingue la STC 132/1989 [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre el alcance de las competencias estatales relativas a la materia «Administración de Justicia» (art. 149.1.5 CE), así como las que en relación con dicha materia pueden corresponder a las Comunidades Autónomas que tengan incorporadas a sus Estatutos de Autonomía las llamadas «cláusulas subrogatorias» (SSTC 56/1990 y 62/1990) [FJ 4].
Distingue las SSTC 54/1990 y 329/1994 [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre el contenido de la materia relativa al régimen jurídico de las Administraciones públicas (SSTC 32/1981, 76/1983 y 50/1999) [FJ 6].
Ni siquiera la razonabilidad del criterio legal, expuesta por el Abogado del Estado, aporta justificación suficiente en defensa de la posición estatal, pues lo que se trata de determinar aquí es algo previo, a saber: cuál es el ente competente para adoptar esa decisión [FJ 8].
Admitido que los incisos impugnados vulneran la competencia de la Generalidad de Cataluña, deben declararse inaplicables en dicho territorio [FJ 10].
Artículos 9, 10.1, disposición adicional primera, apartado 1 (delimita)
Artículo 119, ff. 1, 3
Artículo 122.1, ff. 4, 5
Artículo 141.1, f. 7
Artículo 149.1.1, ff. 2, 8
Artículo 149.1.5, ff. 1, 4, 5
Artículo 149.1.18, ff. 1, 2, 6, 8
Artículo 152.1.2, f. 4
Artículo 10.1.1, ff. 1, 8
Artículo 454.1, f. 5
En general, ff. 2, 3, 5, 8
Capítulo I, f. 1
Capítulo II, ff. 1,3
Capítulo III, f. 1
Capítulo IV, f. 1
Capítulo VI, f. 1
Capítulo VII, f. 1
Artículos 2 a 5, f. 3
Artículo 9, ff. 1, 2, 7, 10
Artículo 10.1, ff. 1, 2, 8, 10
Artículos 16 a 21, f. 1
Artículos 27 a 29, f. 1
Artículos 31 a 36, f. 1
Disposición adicional primera, ff. 1, 2, 10
Disposición adicional cuarta, f. 1
Disposición adicional quinta, f. 1
Decreto de la Generalidad de Cataluña 252/1996, de 5 de julio. Creación de las comisiones de asistencia jurídica, de regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y de la subvención para las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores
Administración de justiciaAdministración de justicia, ff. 4, 5
Administración públicaAdministración pública, ff. 6, 7, 8
Alcance territorial de la declaración de inconstitucionalidadAlcance territorial de la declaración de inconstitucionalidad, f. 10
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 4, 6
Competencias en materia de justicia gratuitaCompetencias en materia de justicia gratuita, ff. 7 a 9
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 5, 9
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 4, 6
Personalidad jurídica única de la Administración del EstadoPersonalidad jurídica única de la Administración del Estado, f. 4
Ámbito provincial de las comisiones de justicia gratuitaÁmbito provincial de las comisiones de justicia gratuita, f. 7
Comisiones de asistencia jurídica gratuitaComisiones de asistencia jurídica gratuita, ff. 3, 5
Justicia gratuitaJusticia gratuita, ff. 5, 9
Presidencia de las comisiones de justicia gratuitaPresidencia de las comisiones de justicia gratuita, f. 8
Sede de las comisiones de justicia gratuitaSede de las comisiones de justicia gratuita, f. 7
CataluñaCataluña, ff. 7 a 9
STC 132/1989STC 132/1989, Distingue, f. 7
STC 54/1990STC 54/1990, Distingue, f. 5
STC 329/1994STC 329/1994, Distingue, f. 5