Source: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/tag/credito-fiscal/
Timestamp: 2017-01-22 10:05:20
Document Index: 77497412

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 175', 'artículo 18', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 103', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 103', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 648', 'artículo 648', 'artículo 2001', 'artículo 174']

Crédito Fiscal | TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
Auto Calificatorio del Recurso Cas 9309-2015-LIMA Corte Suprema aclara la aplicación del método de PRORRATA para el Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas Y LE DA LA RAZÓN AL TRIBUNAL FISCAL
Alan Emilio en Iquitos, Loreto Octubre 2016
Mediante Auto Calificatorio del Recurso de Casación CAS 9309-2015-LIMA, publicada hoy 31 de octubre del 2016 en la sección Sentencias en Casación del Diario Oficial El Peruano, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la SUNAT contra la Sentencia emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 22 de diciembre del 2014.
La Sentencia de la Corte Superior había CONFIRMADO la Sentencia de primera instancia (Juzgado Especializado), que a su turno declaraba INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta contra la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13635-2-2009 vinculada a la aplicación del método de la prorrata del Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Tal como se advierte en el Fundamento Décimo del Auto de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, se advirtió que lo pretendido por la SUNAT es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede (Corte Suprema) no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema.
Resalta la Corte Suprema que en sede de instancia la Sala de mérito ha determinado que conforme se aprecia de los actuados administrativos, la codemandada Deshidratadora Tambo Inca Sociedad Anónima Cerrada únicamente realizó operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas en los periodos de febrero, marzo, abril y agosto del 2005, tal como se advierte en anexo 04 del Requerimiento. En ese sentido, precisó el Colegiado Superior que no corresponde aplicar el procedimiento de la prorrata previsto en el numeral 6 del artículo 6 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas para determinar el Crédito Fiscal en un periodo de doce meses, más aún cuando dicho impuesto se caracteriza por ser un impuesto de liquidación mensual conforme lo señala el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, por lo que en concordancia con el artículo 23 de dicha norma, el método de la prorrata se debe aplicar a sujetos que realicen conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas en un mes calendario más no cuando en dicho periodo sólo se realizan operaciones gravadas.
El texto del Auto Calificatorio del Recurso puede ser descargado directamente en el siguiente enlace, y también puede ser descargado de la página web del Poder Judicial:
Auto Calificatorio del Recurso Corte Suprema Alan Emilio
Experto en material procesal ante SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional Diplomado de Especialización en Tributación en Ayacucho
Confirmado también en Cusco, Lima (San Isidro) y Lima (Independencia).
Confirmado también para el 2017 en Tacna, Lima y Loreto.
Filed under Impuesto General a las Ventas, Jurisprudencia, SUNAT, Tribunal Fiscal
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El Tribunal Fiscal mediante resolución que constituye precedente de observancia obligatoria Nº 01580-5-2009, publicada el 03 de marzo de 2009 en el Diario Oficial El Peruano, establece los siguientes criterios:
– “La legalización del registro de compras no constituye un requisito formal para ejercer el crédito fiscal“.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: Conforme al criterio vertido por el Tribunal Fiscal, el deber de legalizar el registro de compras constituye una obligación formal cuyo incumplimiento puede acarrear la imposición de las sanciones que correspondan, pero éste deber de legalizar el referido registro no es un requisito para ejercer el derecho al crédito fiscal. El Tribunal realiza una interpretación sistemática y razonable de la diversa normatividad aplicable para delimitar los alcances de las Leyes Nº 29214 y 29215.
De lo indicado, si un contribuyente no legalizó el Registro de Compras pero si realizó la anotación de un comprobante en dicho registro automáticamente habrá incurrido en infracción al artículo 175 del Código Tributario, pero éste incumplimiento no puede implicar el incumplimiento de de un requisito formal para efectos de ejercer el derecho al crédito fiscal, y por consiguiente el contribuyente puede válidamente utilizar el crédito fiscal previa observación de los requisitos sustanciales en el momento de la anotación del comprobante.
Cabe resaltar que el artículo 18 de la Ley del IGV establece cuales son los requisitos sustanciales, interprétese como “indispensables” que deben ser contemplados mucho antes de siquiera aventurarse a considerar los requisitos formales. El crédito fiscal está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.
a). Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto. Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.
b). Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.
Cabe destacar que el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que los gastos deben contemplar para su imputación el principio de lo devengado, que es indesligable para reconocer un gasto en un determinado periodo.
– “La anotación de operaciones en el registro de compras debe realizarse dentro de los plazos establecidos por el artículo 2º de la Ley Nº 29215. Asimismo, el derecho al crédito fiscal debe ser ejercido en el periodo al que corresponda la hoja del citado registro en la que se hubiese anotado el comprobante de pago, la nota de débito, la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedatario de la aduana de los documentos emitidos por la Administración Tributaria o en el formulario donde conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, es decir, en el periodo en que se efectuó la anotación”.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: El Tribunal precisa el alcance más prudente, ya que el año pasado existía controversia en relación con lo establecido por la Ley Nº 29214. Si una factura de fecha 05 de enero del 2009 ha sido anotada en julio del 2009 el crédito fiscal debe ser aplicado en el PDT 621 – Julio 2009, considerando que el artículo 2 de la Ley Nº 29215 establece que los comprobantes de pago (y otros documentos) deberán haber sido anotados en el Registro de Compras en las hojas que correspondan a su emisión o del pago del impuesto (caso de IGV por utilización de servicios de no domiciliados), o en el que corresponda a los doce (12) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese sido anotado.
– “Los comprobantes de pago o documentos que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal deben contener la información establecida por el inciso b) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 55-99-EF, modificado por la Ley Nº 29214, la información prevista por el artículo 1º de la Ley 29215 y los requisitos y características mínimos que prevén las normas reglamentarias en materia de comprobantes de pago vigentes al momento de su emisión”.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: El nuevo artículo 19 de la Ley del IGV en su inciso b) establece que los comprobantes de pago o documentos deben consignar el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. Además la Ley Nº 29215 establece como información mínima:
i). Identificación del emisor y del adquiriente o usuario (nombre, denominación o razón social y número de RUC), o del vendedor tratándose de liquidaciones de compra (nombre y documento de identidad).
ii). Identificación del comprobante de pago (numeración, serie y fecha de emisión).
iii). Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación; y
iv). Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e importe total de la operación).
Excepcionalmente, la Ley Nº 29215 precisa que se podrá deducir el crédito fiscal aún cuando la referida información se hubiere consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información.
– “Excepcionalmente, en el caso que por periodos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 29215 se hubiere ejercido el derecho al crédito fiscal en base a un comprobante de pago o documento que sustente dicho derecho no anotado, anotado defectuosamente en el registro de compras o emitido en sustitución de otro anulado, el derecho al crédito fiscal se entenderá válidamente ejercido siempre que se cumplan los requisitos previstos por su Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final, así como los previstos por los artículos 18º y 19º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 55-99-EF, modificado por las Leyes Nº 29214 y Nº 29215, y la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 940, aprobado por el Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central”.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: Sobre el particular la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29215 establece que el derecho se entenderá validamente ejercido siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:
1.- Se cuente con los comprobantes que sustenten la operación de adquisición.
2.- Se haya cumplido con pagar el monto de las operaciones consignadas en los comprobantes de pago, usando medios de pago cuando corresponda. Considerando la especialidad de la normatividad del IGV, no debe confundirse el uso de los medios de pago con aquellos que contempla la Ley Nº 28194 Ley de Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, sino debemos considerar los medios de pago establecidos por el numeral 2.3., del artículo 6 del Reglamento del IGV
i. Transferencia de fondos.
Asimismo debe observarse los requisitos mínimos contemplados en el citado numeral 2.3., del artículo 6 del Reglamento del IGV.
3.- Que la importación o adquisición de los bienes, servicios o contrato de construcción, hayan sido oportunamente declarados por el sujeto del impuesto (comprador) en las declaraciones juradas mensuales presentadas dentro del plazo establecido por la Administración.
4.- Tratándose de comprobantes no anotados en el Registro de Compras o anotados defectuosamente en ese registro, se valida el crédito fiscal si los comprobantes de pago han sido anotados en los libros auxiliares u otros libros contables (por ejemplo a través del libro diario).
5.- Tratándose de comprobantes emitidos en sustitución de otros anulados, se valida el crédito fiscal cuando el comprobante de pago emitido en sustitución del originalmente emitido se encuentre anotado en el Registro de Ventas del proveedor (vendedor) y en el Registro de Compras o en libros auxiliares u otros libros contables del adquiriente o usuario.
6.- Para efectos de la utilización de servicios de no domiciliados bastará con acreditarse el cumplimiento del pago del impuesto.
– “Las Leyes Nº 29214 y Nº 29215 son aplicables a los periodos anteriores a su entrada en vigencia en los supuestos previstos por la Disposición Final Única de la Ley Nº 29214 y las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales de la Ley Nº 29215”.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: El artículo 103 de la Constitución Política vigente establece también que “La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”. Si analizamos la Disposición Final Única de la Ley N° 29214 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215, ambas establecen alcances retroactivos respecto a la aplicación de estas normas tributarias lo cual evidentemente es contrario al mandato expreso de la función legislativa.
Finalmente el artículo 103 establece: “También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho”. Sin analizar estas últimas disposiciones evidentemente cualquier empresa que se considere perjudicado por los efectos de estas normas podrá hacer prevalecer su derecho ante las instancias jurisdiccionales e inclusive supranacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
En cuanto a éste punto se recomienda revisar el siguiente enlace Web:
http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2008/09/inconstitucionalidad-de-las-leyes-29214.html
– “De acuerdo con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29215, para los periodos anteriores a la entrada en vigencia de las Leyes Nº 29214 y Nº 29215, la anotación tardía en el registro de compras de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 55-99-EF, no implica la pérdida del derecho al crédito fiscal”.
COMENTARIO DE ALAN EMILIO MATOS BARZOLA: Lo indicado en este párrafo de la resolución del Tribunal Fiscal establece que si durante enero 2008, febrero 2008, marzo 2008 y los primeros 23 días del mes de abril del 2008 existiese un comprobante que incumpliera un deber formal esto no implica la pérdida del derecho al crédito fiscal.
¿Qué sucede en el caso de una factura de adquisición que ingresó al libro diario en enero 2007 pero recién fue incorporada al registro de compras en enero del 2008?.
Si la factura fue registrada en la contabilidad en el 2007 el gasto corresponderá a dicho ejercicio 2007, sin perjuicio que el crédito fiscal sea utilizado en el PDT 621 de enero 2008 considerando a su vez los requisitos concurrentes de las Leyes 29214 y 29215.
¿Qué sucede en el caso de una factura de adquisición con fecha de emisión 28 de diciembre del 2007, que fue recepcionada por el adquiriente en dicha oportunidad, pero que recién fue incorporada al libro diario y al registro de compras en enero del 2008?.
En este caso, toda vez que la factura no fue incorporada en la contabilidad en el ejercicio 2007 por el principio de lo devengado no puede ser imputada al ejercicio 2008 como gasto, y por consiguiente al no cumplirse el requisito sustancial que establece el artículo 18 de la Ley del IGV no podrá utilizarse el crédito fiscal.
Como pueden apreciar, en TRIBUTACIONPERU la información se encuentra comentada mucho antes que en cualquier revista especializada o portal empresarial.
Alan Emilio Matos Barzola http://tributacionperuamatos.blogspot.com/2009/03/tribunal-fiscal-emite-rtf-de.html
http://www.perucontable.com/tributaria/rtf-de-observancia-obligatoria-sobre-aplicacion-correcta-del-credito-fiscal-del-igv/
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Aplicación de las normas que flexibilizan la utilización del crédito fiscal del IGV – Leyes N° 29214 y 29215
De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política vigente “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Si apreciamos el artículo 1 de la Ley N° 29214 claramente se establece que el objeto de dicha norma es modificar el artículo 19 de la Ley del IGV e ISC para fomentar la riqueza en nuestro país; principalmente en cuanto a facilitar la aplicación del mecanismo de determinación del impuesto al valor agregado.
El citado artículo 103 establece también que “La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”. Si analizamos la Disposición Final Única de la Ley N° 29214 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215, ambas establecen alcances retroactivos respecto a la aplicación de estas normas tributarias lo cual evidentemente es contrario al mandato expreso de la función legislativa.
El crédito fiscal es parte del mecanismo de determinación del IGV, motivo por lo cual para su reconocimiento debemos analizar tanto los requisitos sustanciales precisados en el artículo 18 de la Ley del IGV e ISC, así como los requisitos formales. Muchos contribuyentes han cuestionado desde hace muchos años la naturaleza de los requisitos formales, principalmente por el nivel de sus operaciones empresariales o simplemente por la deficiente cultura tributaria que existe en países en vías de desarrollo como el nuestro. Frente a este panorama la normatividad establecida en mérito a las Leyes N° 29214 y 29215 flexibilizan la aplicación del crédito fiscal del IGV en cuanto a los requisitos formales, motivo por lo cual la interpretación de estas disposiciones debe ser en forma conjunta.
El nuevo artículo 19 de la Ley del IGV en su inciso b) establece que los comprobantes de pago o documentos deben consignar el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión.
Este punto es concordante con lo establecido en el inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, respecto a que si los comprobantes no cumplen con los requisitos y características mínimas establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago no serán deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.
Asimismo, tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante emitido por el contribuyente que a la fecha de emisión tenía la condición de NO HABIDO, según la publicación del portal web de SUNAT, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio dicho contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.
Excepcionalmente, se podrá deducir el crédito fiscal aún cuando la referida información hubiere consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información.
Por ejemplo, supongamos que en una factura se describa el servicio de publicidad prestado con tremendos errores de ortografía: “Serbicio de Puvlisidad y difución de imagen hinstitucional“, conforme a estas nuevas disposiciones estos horrores ortográficos no determinarán la pérdida del crédito. Por otra parte suponiendo que en una factura se describa erróneamente al adquiriente de los bienes: “Inversiones San Marcos SAA” cuando en realidad el adquiriente es una SAC (sociedad anónima cerrada) tampoco invalidaría el crédito fiscal. Para subsanar estos puntos se recomienda cursar cartas firmadas por los representantes legales en las cuales se diluciden estos puntos controvertidos, y conservarlas ante una eventual fiscalización por parte de SUNAT. Por otra parte, las órdenes de compra y guías de remisión serán muy útiles en la sustentación de estas operaciones.
El nuevo artículo 19 de la Ley del IGV en su inciso c) establece que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del IGV en la utilización del servicios prestados por no domiciliados; hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el artículo 10 del Reglamento del IGV. A fin de regular los alcances de esta disposición el artículo 2 de la Ley N° 29215 establece que los contribuyentes deberán anotar los comprobantes de pago en las hojas del Registro de Compras que correspondan al mes de su emisión (por ejemplo en el caso de ventas de bienes muebles) o del pago del IGV (utilización de servicios de no domiciliados), o en el mes que corresponda a los doce (12) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante hubiese sido anotado.
Por otra parte, la Ley N° 29214 indica que el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales relacionados con el Registro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables. Este punto es contradictorio con los alcances del artículo 2 de la Ley N° 29215.
Vigencia de la aplicación
La Ley N° 29214 establece que regirá a partir del 24-04-2008 y se aplicará incluso, a las fiscalizaciones de la SUNAT en curso y a los procesos administrativos y/o contenciosos tributarios (reclamaciones y apelaciones) en trámite, sea ante SUNAT o ante el Tribunal Fiscal.
La Ley N° 29215 establece que se aplica para periodos anteriores a la vigencia de la Ley, siendo aplicable también a los procedimientos ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y a las situaciones que no hayan sido objeto de alguna fiscalización o verificación por parte de SUNAT que estén referidas a dichos periodos.
Sin perjuicio de que muchas empresas se favorezcan por estas disposiciones, evidentemente inconstitucionales, se rompe el equilibrio del valor de mercado de las operaciones. La aplicación práctica muchas veces ha tenido múltiples dificultades en cuanto a la aplicación del mecanismo de determinación del IGV por pagar por el exceso de formalidades pero esto no implica dictar normas deleznables en cuanto a su sustento constitucional, puesto que estas normas son una muestra tangible de la falta de cultura jurídica en nuestro país.
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