Source: https://www.scribd.com/document/343249012/TRIBUNAL-CONSTITUCIONAL-docx
Timestamp: 2018-12-16 05:16:11
Document Index: 296567336

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 139', 'Artículo 298', 'Artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 139', 'e contrario', 'artículo 78', 'artículo 100', 'artículo 4', 'artículo 100', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'artículo 107', 'in fine', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 100', 'artículo 51', 'artículo 138', 'artículo 78', 'artículo 38', 'artículo 78', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 138', 'artículo 51', 'artículo 138', 'artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 7', 'artículo 139', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 137', 'artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 42', 'artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 59', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 103', 'artículo 8', 'artículo 100', 'Artículo 39', 'artículo 139']

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00033-2007-PI/TC
Don Juan Carlos Díaz Montes y 8,971 ciudadanos (demandante) c. Congreso de la
República (demandado)
Resolución del 13 de febrero de 2009
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Juan
Carlos Díaz Montes y 8,971 contra el artículo 7º de la Ley
N.º 27765, publicada el 27 de junio de 2002 en el Diario
Oficial El Peruano, y contra el tercer párrafo del artículo 4º
de la Ley N.º 26320, publicada el 2 de junio de 1994 en el
B. Contestación de la Demanda (rebeldía)
A. Delimitación del petitorio.
B. Inconstitucionalidad de normas conexas.
C. El Estado Social y Democrático de Derecho y el ius puniendi
D. Fines de la pena en la Constitución Política del Perú
 Fin preventivo general de la pena
 Fin preventivo especial de la pena
E. Los Beneficios Penitenciarios y su relación con la finalidad resocializadora
F. Análisis de constitucionalidad de la disposición impugnada ante el principio
 El principio derecho de igualdad
 El test de proporcionalidad sobre la norma impugnada
 La intervención en el principio-derecho igualdad
 Intensidad del tratamiento diferente
 El fin del tratamiento diferente
 Examen de la idoneidad del tratamiento diferente a sentenciados por el delito de
lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas
 Examen de la necesidad del tratamiento diferente a sentenciados por el delito de
 Test de proporcionalidad propiamente dicho.
EXP. N.º 00033-2007-PI/TC
JUAN CARLOS DÍAZ MONTES
Y 8,971 CIUDADANOS
En Lima, a los 13 días del mes de febrero de 2009, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores
semilibertad y liberación condicional para los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3 de la mencionada Ley.º 26320. publicada el 27 de junio de 2002 en el Diario Oficial El Peruano. Calle Hayen. III. Norma impugnada: Artículo 7º de la Ley N. Infracción del principio-derecho igualdad enunciado en el artículo 2º. y contra –por conexidad.971 ciudadanos. inciso 2). Beaumont Callirgos.º 27765.contra el primer y el tercer párrafo del artículo 4º de la Ley N. “Ley Penal contra el Lavado de Activos” que prohíbe los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. y –por conexidad. semilibertad y liberación condicional para los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3º de la mencionada Ley.magistrados Vergara Gotelli. Vicepresidente.971 ciudadanos contra el artículo 7º de la Ley N. Presidente. Mesía Ramírez. Eto Cruz y Álvarez Miranda. en el extremo que restringe beneficios penitenciarios a los sentenciados por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. I. y por conexidad se declare la inconstitucionalidad del primer y tercer párrafo del artículo 4º de la Ley N.º 27765.º 27765. II. ASUNTO Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por don Juan Carlos Díaz Montes y 8.el primer y tercer párrafo del artículo 4º de la Ley N. NORMAS DEMANDADAS DE INCOSTITUCIONALIDAD . de la Constitución Política del Perú. publicada el 2 de junio de 1994 en el Diario Oficial El Peruano. publicada el 2 de junio de 1994 en el Diario Oficial El Peruano. pronuncian la siguiente sentencia. DATOS GENERALES Demandante: Don Juan Carlos Díaz Montes y 8.º 26320. de la Constitución e infracción de los fines de las penas establecido en el artículo 139º. Landa Arroyo. inciso 22). Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad del artículo 7º de la Ley N.º 26320. “Ley Penal contra el Lavado de Activos” que prohíbe los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. publicada el 27 de junio de 2002 en el Diario Oficial El Peruano. Vicio de inconstitucionalidad alegado: Inconstitucionalidad por el fondo.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero. cuando: a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario.” “(…) Artículo 3.. publicado el 22 julio 2007. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28355. 1) Artículo 7 de la ley N. bienes. publicada el 06-10-2004. el terrorismo o narcoterrorismo. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas. publicada el 27 junio de 2002.Formas Agravadas La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. semilibertad y liberación condicional. cuyo texto es el siguiente: “Artículo 3..Prohibición de Beneficios Penitenciarios Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del Artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. financiero. semilibertad y liberación condicional. (*) (*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28355. bancario o bursátil. b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.Prohibición de beneficios penitenciarios Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. cuando: . Ley penal contra el lavado de activos Artículo 7. cuyo texto es el siguiente: "La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero.. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo. bienes.º 27765.Formas Agravadas La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. publicada el 06-10-2004. cuyo texto es el siguiente: "Artículo 7." (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 986..
bancario o bursátil. financiero. En los demás casos. ANTECEDENTES A) La Demanda La demanda de inconstitucionalidad solicita que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas que “prohíben el acceso a los beneficios penitenciarios para un grupo de la población carcelaria de condenados por delitos agravados de TID” porque considera que son contrarias a los “fines de las penas”( artículo 139º. Los beneficios previstos en este artículo no alcanzan a los sentenciados por los delitos contemplados en los Artículos 296 A. 296 B. y así también que vulnera el principio de “igualdad jurídica” ante la ley y el principio de no discriminación “consagrado como “jus cogens” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva N. extorsión. Tratándose del beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la educación. secuestro. 301 y 302 del Código Penal. IV. 298. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas. 296 C y 297 del Código Penal. semilibertad y liberación condicional. 300. b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. . trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y 230 del Código Penal. el sentenciado por el delito previsto en el Artículo 298 del Código Penal redimirá la pena a razón de un día de pena por dos días de labor efectiva o educación.Los sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas previsto en los Artículos 296. terrorismo. La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero..º 18 del 17 de setiembre de 2003 que obliga al Estado a eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio de su ordenamiento jurídico”. a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario. siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de libertad. podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. inciso 22) de la Constitución). bienes. será a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o educación.” (…)” 2) LEY Nº 26320 Dictan normas referidas a los procesos por delito de tráfico ilícito de drogas y establecen beneficio Artículo 4.
de reintegrarse a la sociedad. que establece la inconstitucionalidad de normas conexas. si bien es cierto. Alega que el artículo 7º de la Ley N. alega también que la vulneración del principio de igualdad se puede verificar en el “Test de razonabilidad o proporcionalidad” ya que la “prohibición de acceso a los beneficios penitenciarios. Así también refiere que el principio de igualdad y no discriminación es “Norma Imperativa de Derecho Internacional General” desde el año 2003 y por ende el Perú como “parte” de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene la obligación de cumplirla resultando inaplicable para el caso concreto cualquier norma de derecho interno que pueda restringir por razones temporales o de otra naturaleza el acceso a la tutela judicial efectiva. por lo que esta ausencia de regulación no debería ser obstáculo para que este Tribunal se pronuncie ante normas “con más de 6 años de antigüedad” y que lo contrario significaría violar el derecho al debido proceso y el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de ley reconocido en el artículo 139º. la variación o la aparición de nuevas doctrinas como la incorporación de un derecho fundamental a la categoría de Normas Imperativas de Derecho Internacional General (jus cogens). Por otro lado. rehabilitación y resocialización. dándole oportunidad mediante la reeducación. pero si se aplicase el plazo perentorio de prescripción a una norma que está fuera del límite temporal y así su contenido fuera manifiestamente contrario a la nueva norma imperativa internacional o a una nueva norma constitucional”. . no persigue un fin constitucional. y se encuentra amparada en el artículo 78º del Código (citado)”. o sea. más propia de estados de emergencia y gobiernos dictatoriales que utilizan la ley para amedrentar al infractor” contrario a los fines de la pena que de acuerdo a la constitución es “recuperar y revaluar al ser humano. no habría lugar a la interposición de la demanda. o sea. tan solo es el reflejo de una política penal y penitenciaria de carácter vindicativa.º 26320. inciso 8) dela Constitución. ya que estos “formalismos” desnaturalizarían la tutela judicial efectiva entendida como la facultad de “acceder a los tribunales”. es un acto discriminatorio. ha transcurrido en exceso el plazo para cuestionarla mediante el proceso de inconstitucionalidad. se encuentra dentro del plazo establecido en el artículo 100º del Código Procesal Constitucional y que. En este sentido manifiesta que el plazo de prescripción de 6 años desde la publicación de la norma “no considera el supuesto de que la norma suprema. Circunstancia esta que es agravada por el hecho de conceder estos beneficios para condenados por delitos como el de terrorismo. debiéndose adecuar entonces la ley interna a los nuevos parámetros constitucionales. igualmente. también lo es que ambas normas se refieren “a circunstancias agravantes del mismo delito. de la que. promulgada el 27 de junio de 2002. “por conexidad” con esta norma pide se declare la inconstitucionalidad del primer y del último párrafo del artículo 4º de la Ley N. alguna norma constitucional pueda ser a posteriori modificada. aún antes del cumplimiento de la pena” por lo que su restricción sin considerar si existen o no condiciones que hagan prever que se hayan alcanzado con los fines de la pena y pueda acceder a un beneficio penitenciario. harían variar sustancialmente el contenido de las leyes internas. Por esta razón consideran los demandantes que el artículo 100º del Código Procesal Constitucional vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva al imponer una restricción al derecho al acceso a la justicia constitucional ya que existiendo afectación al derecho invocado en la petición. tráfico ilícito de drogas.º 27765. entonces.
Antes de evaluar las materias constitucionales relevantes es necesario delimitar el petitorio habida cuenta que la norma inicialmente impugnada ha sido modificada (ampliada en cuanto a los destinatarios de la norma) en dos oportunidades.FUNDAMENTOS A) Delimitación del petitorio 1. incluyendo... semilibertad y liberación condicional) a otros grupos de sentenciados.º 26320 promulgada el 2 de junio de 1994.” . 2. la norma adjuntada a la demanda establece que: “Artículo 7. o sea. Así.MATERIAS CONSTITUCIONALES RELEVANTES ¿Es procedente la demanda en el extremo que pide la inconstitucionalidad por conexión de normas que por el transcurso de seis años habría prescrito la pretensión? ¿Tiene sustento constitucional la restricción de los beneficios penitenciarios (redención de la pena por el trabajo y la educación.. semilibertad y liberación condicional) y vulnera esta restricción los fines de la pena reconocidos en la Constitución? ¿El otorgamiento de beneficios penitenciarios (redención de la pena por el trabajo y la educación. a los de terrorismo y no a los demandantes (sentenciados por el delito de lavado de activos que proviene del tráfico ilícito de drogas). Así. se evidencia al referirse éstas a circunstancias agravantes del mismo delito. Asimismo. “Artículo 3º (último párrafo). este Tribunal Constitucional declaró en rebeldía al demandado en aplicación del artículo 107º del Código Procesal Constitucional por la presentación extemporánea de la contestación de la demanda V. el terrorismo o narcoterrorismo. así como. por conexidad. bienes. de la parte in fine del primer párrafo y todo el tercer párrafo del artículo 4º de la Ley N. vulnera el principio de igualdad y de no discriminación? VI.º 27765 promulgada el 27 de junio de 2002. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas. alega que “dicha conectividad entre ambas normas impugnadas. en algunos casos. Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del Artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. tráfico ilícito de drogas”. B) La contestación de la demanda Que mediante resolución de fecha 24 de noviembre de 2008. (normas que prohíben el acceso a los beneficios penitenciarios para un grupo de la población carcelaria de condenados por delitos agravados de TID”(sic). los recurrentes en la demanda de inconstitucionalidad expresamente impugnan en el petitorio el “artículo 7º de la Ley N. “(…) La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero.”. semilibertad y liberación condicional.Prohibición de Beneficios Penitenciarios.
A mayor abundamiento tenemos el informe presentado por los demandantes.” 4. En ese sentido. 6. como consecuencia del análisis de la demanda. en el mismo sentido e incluso en el escrito de fecha 10 de febrero de 2009 alega que: “la exclusión sólo comprende a las modalidades agravadas por el último párrafo del referido artículo 3º de la misma ley. este Tribunal en aplicación de estos principios sólo puede pronunciarse respecto de las normas impugnadas. Este Principio se ha materializado en la Segunda Disposición Final dela Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “Los Jueces y Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional”. Incluso –cuando denuncia la vulneración del principio de igualdad. que expresamente establece que: “Artículo 7º. Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. bienes. bienes. que la petición de los demandantes es impugnar la norma que contiene la prohibición de los referidos beneficios penitenciarios a los internos condenados por el delito de “lavado de activos” provenientes del tráfico ilícito de drogas (TID). las leyes gozan de la presunción que se encuentran de conformidad con la Constitución. hasta que este Tribunal en ejercicio de su función jurisdiccional la declare inconstitucional. En ese sentido este Tribunal considera. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas.3. semilibertad y liberación condicional.”. En ese sentido. mientras que la prohibición para los condenados por TID se configura como un acto discriminatorio al no existir una justificación objetiva y razonable” (F. Que. efectos o ganancias . Así también el Principio de conservación de las leyes permite afirmar la seguridad jurídica y mantener la legitimidad democrática de la que gozan las leyes. terrorismo. trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y 230 del Código Penal. en ese sentido todas las normas que emanan del Estado son consideradas constitucionales.. que establece: “Formas agravadas: (…) La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero. y que a lo largo de la demanda va a argumentar en ese sentido reiteradamente. “Artículo 3º (último párrafo) “La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero. extorsión. según el Principio de presunción de constitucionalidad. en el “acápite IV” de la demanda señala: “Inconstitucionalidad de la prohibición de acceso a los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos graves de TID”. 5. secuestro. se ha ampliado el grupo de destinatarios de la norma que prohíbe beneficios penitenciarios a los sentenciados por el delito de “lavado de activos”. Actualmente. 6-7). Así manifiesta que: “el otorgamiento de beneficios penitenciarios a cierta clase de condenados por determinados delitos entre los que se incluye el de terrorismo (delito de lesa humanidad) constituye un verdadero privilegio para estos.hace referencia y compara con los sentenciados por el delito de terrorismo los que en algunos tipos sí tiene beneficios penitenciarios.Prohibición de beneficios penitenciarios. de fecha 16 de febrero de 2009.
declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia. 9.” . impugnada por conexidad. efectos o ganancias provenientes del TID. Así también. Vencido los plazos indicados. el terrorismo o narcoterrorismo.”. que evite la vigencia de normas que.º 26320 “Dictan normas referidas a los procesos por delito de tráfico ilícito de drogas y establecen beneficio” cuyo plazo para impugnarla vía control concentrado de constitucionalidad ha prescrito. que para realizar este control concentrado de constitucionalidad el legislador ha establecido un límite temporal o prescriptorio para la presentación de la demanda en el artículo 100º del Código Procesal Constitucional: “La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis años contado a partir de su publicación. son también contrarias a la Constitución. la Ley N. B) Inconstitucionalidad de normas conexas. sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución. Por estas razones y en aplicación del Principio de presunción de constitucionalidad y conservación de las leyes. cabe recordar. el Código Procesal Constitucional en su artículo 78º regula la inconstitucionalidad de normas conexas y expresamente establece que: “La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada. salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. En ese orden de ideas y a fin de garantizar la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico nacional y asegurar la supremacía constitucional. por consecuencia o conexidad con la norma declarada inconstitucional. 7. hace referencia a la restricción de beneficios penitenciarios a algunas modalidades del delito de TID. semilibertad y liberación condicional a los sentenciados por los actos de conversión o transferencia (ocultamiento) que se relacionen con dinero.º 26320 “Dictan normas referidas a los procesos por Tráfico Ilícito de Drogas y establecen beneficio”. bienes. este Tribunal sólo podrá pronunciarse sobre la norma impugnada que restringe los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Por esta razón. Considerando que la finalidad de los procesos de inconstitucionalidad es la defensa de la supremacía de la Constitución frente a infracciones de normas con rango de ley que la vulneran en el fondo o en la forma a fin de dejarlas sin efecto legal y restablecer así el orden y la jerarquía constitucional.” Es decir hace referencia a la norma inicialmente vigente que posteriormente va a ser modificada y ampliada tal como lo describimos en los fundamentos precedentes y alegando específicamente en sus fundamentos al delito de “lavado de activos” provenientes del narcotráfico. provenientes del tráfico ilícito de drogas. prescribe la pretensión. Para lo cual primero desarrollaremos la inconstitucionalidad de normas conexas toda vez que el petitorio del demandante impugna por conexidad la Ley N. los procesos de inconstitucionalidad tiene como objetivo colateral buscar la declaración de inconstitucionalidad de normas conexas. 8. Así también.
En tal sentido. proceder conforme a lo dispuesto en los puntos XIII y XIV de la sentencia predicha. requiere de esta extensión del control. Así también en sentencia N. que haya sido materia del contradictorio. Por cuanto. más allá del caso de las ordenanzas de Miraflores. extienda por conexidad los efectos de su sentencia a casos similares. este Tribunal señaló que “A diferencia de lo establecido por el artículo 38° de la anterior Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. podrían no ser objeto de pronunciamiento. Nuestro ordenamiento jurídico al regular la declaración de la inconstitucionalidad de normas conexas ha permitido expurgar del ordenamiento jurídico normas que vulneraban la Constitución. el Tribunal extendió la declaratoria de inconstitucionalidad a todos aquellos supuestos (ordenanzas con vicios de inconstitucionalidad). 11. carecería de sentido iniciar nuevos procesos de inconstitucionalidad cuando tengan relación de consecuencia o conexidad con el principal. evidentemente.” Es decir asumió como factible la posibilidad de pronunciarse más allá del petitorio a fin de salvaguardar la supremacía de la Constitución. De modo que quedaron obligadas a verificar si en los periodos indicados sus ordenanzas también incurrían en los vicios detectados por el Tribunal y.10. a efectos de garantizar la primacía de la Constitución y el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa en general. aun cuando no hayan sido materia del petitorio.una vez identificados los supuestos de inconstitucionalidad en la producción normativa municipal sobre arbitrios (referidos al plazo de la ratificación y los criterios para la distribución del costo). poder declarar la inconstitucionalidad de normas por conexidad o consecuencia de normas que no se encuentran en el mismo cuerpo legal. se generaría una situación de inconstitucionalidad grave en la que regirían normas con evidentes vicios de inconstitucionalidad que atentaría contra el orden constitucional y que el artículo 78º del Código Procesal Constitucional busca evitar. teniendo obviamente como presupuesto que la norma principal impugnada sea declarada inconstitucional y. actualmente la declaratoria de inconstitucionalidad no se restringe únicamente a los preceptos derivados de la misma norma cuestionada.” .º 0053-2004-AI/TC se ha establecido que : “Si bien a diferencia del caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de alcance nacional. a diferencia del ordenamiento jurídico español[1]. Así. la declaratoria de inconstitucionalidad de ordenanzas se restringe al ordenamiento jurídico municipal del que provienen. de ser así. es decir se pronunció más allá del petitorio –ultra petita o fuera del petitorio –extra petita-. ello no impide a este Tribunal para que. Lo contrario significaría que si normas conexas a la norma declarada inconstitucional. De este modo.-y siguiendo la misma sentencia. toda vez que se constatan los mismos vicios de forma y fondo que en este caso particular se sancionan. sino que se extiende a aquellas otras normas que se encuentren ligadas por conexión o consecuencia. el rango de observancia (periodos 1997-2004) y la posibilidad de continuar la cobranza en base a “nuevas ordenanzas” para los periodos no prescritos (2001-2004). El principio de unidad y no contradicción en el sistema jurídico constitucional. el resto de Municipalidades quedaron vinculadas por el carácter de cosa juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia.[3] 13. a fin de evitar el estado de inconstitucionalidad. N.° 26435.[2] 12. pero que se trate de casos o supuestos similares.
14. . así pues. se precisa que “la extensión del significado de una disposición tiende a confundirse con la formulación de una norma nueva (no reconducible a esa disposición como significado de la misma).Pero para lo cual es necesario recordar su ubicación dentro de los tipos interpretativos. a su vez. Esta.” De esta manera se deduce que el argumento a fortiori no es un argumento meramente “interpretativo” (de disposiciones existentes). En tal sentido lo que se busca con la declaración de inconstitucionalidad de una norma por conexión es limpiar de impurezas el ordenamiento jurídico y asegurar que esta declaración sea efectiva en su totalidad. considerando el límite establecido en el artículo 100º del Código Procesal Constitucional (CPC) para ejercerlo. considerando que el presupuesto para declarar la inconstitucionalidad de normas por conexidad es que el petitorio principal sea estimado. Así las cosas. 15.” Así. “los argumentos que son capaces de sostener una interpretación extensiva son principalmente dos. sino sólo una diferencia de grado. la disposición D debe ser entendida en el sentido de que la consecuencia G debe aplicarse también al supuesto de hecho F2. no entrarían en él. según la interpretación literal. para interpretar disposiciones que confieren posiciones desventajosas (por ejemplo obligaciones). es necesario realizar una “interpretación” a fortiori.”. aunque algunos los configuran como variantes de un mismo argumento: el argumento a fortiori y el argumento a simili o análógico. es entendida como “aquella que extiende el significado prima facie de una disposición incluyendo en su campo de aplicación supuestos de hecho que. Así. 17. que por conexidad o consecuencia tienen relación con la norma declarada inconstitucional. En ese sentido. Esta argumentación “productora” se presenta de dos formas distintas “dependiendo que se use para interpretar disposiciones que confieren posiciones subjetivas ventajosas (por ejemplo derechos) o. por el contrario. pero el supuesto de hecho F2 merece. 18. clara y precisa. En ese sentido. son estos argumentos o variantes los que le darán fortaleza y fuerza argumentativa a la interpretación. ya que su naturaleza es accesoria. Entre las dos cosas no existe una diferencia neta. entonces G) conecta la consecuencia jurídica G al supuesto de hecho F1. recordaremos que uno de los tipos de las interpretaciones correctoras es la extensiva. este Tribunal considera que es necesario fijar cuál es el límite temporal o prescriptorio al control concentrado de normas. que ejercen los Tribunales Constitucionales en su actuación. es decir.”[4] 16. El argumento a fortiori se presenta cuando “la disposición D (si F1. con mayor razón la misma consecuencia jurídica. el CPC no ha establecido un plazo que fije el límite para ejercer el control concentrado de constitucionalidad de normas que por consecuencia o conexidad tengan unidad lógica con la norma declarada inconstitucional. sino más bien de un argumento productor (de derecho nuevo)”. dejando sin efectos también aquellas otras normas que se le relacionen o vinculen de forma objetiva. Entonces ante el vacío referido al margen temporal de control constitucional de normas por conexión con rango de ley a la declarada inconstitucional.
para salvar esta situación de abierta contradicción a la Constitución que podría generarse y considerando que la norma principio que establece la supremacía constitucional no quede vaciada de contenido.”[5] 19. nuestro sistema jurídico constitucional también ha establecido dos mecanismos de salvaguarda de la unidad y no contradicción del ordenamiento jurídico nacional.. no es que este Tribunal. pretenda permitir con la vigencia de normas contrarias a la Constitución una situación de abierta inconstitucionalidad que podría producirse. Por otro lado. tal cual lo ha establecido al artículo 100º del Código procesal Constitucional: “(…) Vencidos los plazos indicados. asume la forma del argumento a minori ad majus. se puede establecer el siguiente argumento: si legislativamente esta “prohibido” (improcedencia de la demanda de inconstitucionalidad) impugnar directamente normas con rango de ley cuyo plazo prescriptorio haya superado los seis años desde su publicación con mayor razón también se “prohíbe” (improcedencia de la demanda) la impugnación de normas por conexión o consecuencia a la principal declarada inconstitucional. En este sentido.” . también se permite establecer intereses del 10%. En consecuencia. no se ha dejado sin contenido la facultad de realizar control constitucional de normas por los Jueces Ordinarios y Constitucionales ni la supremacía constitucional. entonces.se prohíbe tener en casa también tigres. Por ejemplo: si se prohíbe tener en casa animales domésticos. entonces –con mayor razón. 21. en contra de sus funciones constitucionales. 20. Así. prescribe la pretensión. en el presente caso. conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. el control difuso de constitucionalidad del artículo 138º de la Constitución. Es necesario precisar que esta limitación temporal para el control constitucional por conexidad o consecuencia lo es también sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces para hacer control difuso de las normas que por el fondo o la forma se opongan o contravengan la Constitución. en virtud de la cual en el Perú los Jueces Ordinarios y Constitucionales tienen la facultad de realizar control difuso de constitucionalidad de normas para la cual no se ha establecido límites en el tiempo. En el segundo caso.” 22. sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51º y por el segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución. con mayor razón. el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del CPC. Por un lado. En el primer caso. Por ejemplo: si se permite establecer intereses del 20%. asume la forma del argumento a majori ad minus. sino que el límite temporal establecido por el legislador para el ejercicio del control concentrado de normas se extiende también a la declaratoria de inconstitucionalidad de normas que por consecuencia o conexidad se relacionan con la norma sujeta a control. En consecuencia. cuyo plazo prescriptorio haya superado los seis años desde su publicación. dispone que “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales.
al haber superado en exceso el plazo establecido en el artículo 100º del CPC es improcedente. Por lo tanto. a través de la interpretación que establece el Tribunal Constitucional. En este sentido la persecución y sanción de conductas delictivas.º de la Ley N. En conclusión. “el ejercicio de su poder punitivo está determinado por las opciones sociales y políticas que haya adoptado en relación con la organización de la comunidad. en consecuencia. bajo los estándares internacionales referidos a la protección de derechos fundamentales y en estricta observancia de los fines de la pena.º 26320 “Dictan normas referidas a los procesos por delito de tráfico ilícito de drogas y establecen beneficio”. que es también objeto de la regulación de las mismas”[6]. el Estado en ejercicio de su potestad punitiva diseña las políticas criminales que incluyen el deber de protección de la ciudadanía en general y la finalidad . el ius puniendi del Estado funciona con sus limitaciones dentro de un marco penal de la Constitución. el ius puniendi del Estado es entendido como la potestad “que se manifiesta en el aspecto coercitivo de las normas y. D) Fines de la Pena en la Constitución Política del Perú 27. con la finalidad de determinar si esta vulnera la Constitución. ya que fue publicada el 2 de junio de 1994 en el Diario Oficial el Peruano y. para lo cual es necesario desarrollar el marco sobre el que se mueven y ejercitan estos importantes derechos constitucionales. en el presente caso. así. En consecuencia. Ello. la Ley N. Así. nuestro ordenamiento Constitucional y las obligaciones internacionales será el punto de inicio para poder establecer los fines que el régimen penitenciario se ha propuesto lograr y los objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución. C) El Estado social y democrático de derecho y el ius puniendi 25. 26. En este sentido. en un Estado Social y Democrático de Derecho implica el diseño general de las políticas criminales las que no se agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también.23. Así. considerando que su expulsión y control depende de la estimación de la pretensión principal con la cual se relaciona por consecuencia o conexidad este Tribunal creyó conveniente pronunciarse sobre sus límites formales de control constitucional concentrado.”. más no sobre el control concreto de dicha norma. Por otro lado. Así.º 27765 es contraria a los fines de la pena y si vulnera el principio-derecho de igualdad es necesario interpretar las normas constitucionales que la regulan y ponderar los bienes jurídicos en conflicto. 24. inciso 1) del CPC. en general. entre otros. cuyo control se pretende por conexidad debe ser rechazada liminarmente en aplicación del artículo 104º. Para poder determinar si el artículo 7. por otro. considerando la regulación que de ella ha hecho el Código Procesal Constitucional y los límites temporales establecido en la presente sentencia no es posible hacer un control concentrado de normas que por conexidad o consecuencia hayan superado el plazo prescriptorio establecido en el CPC. y siguiendo al mismo autor. con la ejecución de la pena. así como cumplir con los deberes y obligaciones asumidas por el Estado. la política criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por su política social general.
En tal sentido muchas veces se han generado antinomias (tensiones) entre estos dos fines: uno. “resocializadora” del régimen penitenciario. aún cuando. la prevención especial hace referencia al procedimiento que tiene como objetivo la “resocialización” de los internos sometidos a un régimen penitenciario. En este orden de ideas.” 29. es necesario precisar que la resocialización en el momento de la ejecución de la pena concibe tres finalidades constitucionales como es la “reeducación que alude al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de reaccionar durante la vida en libertad. es un mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos. 31. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. vaciar de contenido la resocialización en tanto principio constitucionalmente reconocido. Asimismo. Así. que establece: “El principio de que el Régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. si bien es cierto. Entonces “Este concepto (la resocialización) comprende tanto el proceso reeducativo como el resultado. en consideración de la naturaleza normativa de la Constitución. el otro que busca la resocialización. inciso 22). Este Tribunal. han sido objeto de críticas en la doctrina.[8] Así ha sido tomada por nuestra Constitución el discurso de los fines del régimen penitenciario. En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: “(e)l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. se encuentra privado de su libertad. también ha tenido la oportunidad de pronunciarse en este sentido reconociendo que “se trata de un principio constitucional-penitenciario. sobre todo a los que están comprometidos con la ejecución de la pena y en especial al legislador en el momento de regular las condiciones cómo se ejecutarán las penas o al establecer el quántum de ellas. obviamente. El concepto de resocialización. ha tomado la teoría de la prevención especial de la pena y expresamente la ha regulado en el artículo 139º. que persigue la intimidación y la protección de la sociedad y. en concordancia con estas disposiciones.[7] 30. Por esta razón es necesario interpretar en el presente caso cuál es el principio que va a dominar la política criminal en los delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico sin. como en el presente caso.  Fines preventivo especiales de la pena 28. los que. también lo es que son principios asumidos por el Constituyente que buscan hacer efectivos los fines preventivo especiales. si bien es cierto no se encuentra expresamente en la Constitución se puede deducir ella de los fines que la establece. la reincorporación social. Así nuestra Constitución ha establecido estos fines como principios que han de trazar la política criminal sirviendo muchas veces como límites al legislador y otras como obligaciones para hacer efectivo los derechos fundamentales de la población. sin que se descuide tampoco la comprensión jurídica de este resultado y que es determinada por la rehabilitación”. Nuestra Constitución sumándose a las concepciones que garantizan a la persona un tratamiento penitenciario acorde a su condición de ser humano.” “La reincorporación social de un . que no por su condición de tal carece de eficacia”.
para lo cual se pretende que mediante la resocialización el delincuente. es necesario recordar que detrás de los fines del régimen penitenciario se encuentra necesariamente una concreción del principio dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución) y. por rehabilitación se entiende la recuperación. esto es. Finalmente. En este orden de ideas. Asimismo. por tanto.” Así.  Fin preventivo general de la pena . este Tribunal considera prima facie que la negación total de los beneficios penitenciarios vacía de contenido el principio “resocializador” de la pena y la dignidad misma de los internos. Esta medida grave por la que opta el legislador necesariamente debe estar fundado en fines relevantes y dentro del marco de la Constitución. incluso los delincuentes. Este fin constitucional que busca la resocialización de los internos genera en algunos casos una antinomia con la obligación del Estado de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Así el Estado al desarrollar la política criminal y otorgarle una finalidad intimidatoria a la pena. debe considerarse como un fin en sí mismo. un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. pues cada uno. comporta un mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y especialmente al legislador. Dicho Principio.[11]” 34. sin embargo tal libertad tiene un límite de orden temporal. 35. este Tribunal ya ha tenido oportunidad de manifestarse sobre este principio. en su versión negativa. sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas. Recuperación que implica la introducción en la sociedad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. a fin de que el penado se reincorpore a la sociedad. Pero para determinar cuál es el motivo por el que el Estado restringe beneficios penitenciarios es necesario desarrollar la obligación que la Constitución le ha otorgado para proteger a la población. Así. así por ejemplo estableció que “si bien el legislador cuenta con una amplia libertad para configurar los alcances de la pena.[10] 33. a la vez. no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades. (STC 0010-2002-AI). este constituye un límite para el legislador penal. originalmente considerado antisocial.”[9] 32. impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos (sino como sujetos de derechos y obligaciones). En ese sentido. directamente relacionado con la exigencia constitucional de que el penado se reincorpore a la sociedad. de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. la protección de la sociedad contra el delito. sino también que sea capaz de hacerlo. la justificación de la pena privativa de la libertad es. por parte del ciudadano que ha cumplido su condena. una vez liberado.” En cambio la “rehabilitación expresa más un resultado jurídico. desarrolla también medidas en cumplimiento de su obligación de “protección” dentro de las cuales se encuentra la restricción de algunos beneficios penitenciarios. condenado nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado.
que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad.. 38. lo que se interpreta de este artículo de la Constitución.. Así como nuestro ordenamiento constitucional ha reconocido como finalidad al régimen penitenciario los fines preventivos especiales tal como se ha determinado en los fundamentos precedentes. Asimismo... es decir.la Constitución le ha otorgado al legislador un amplio margen de acción para elaborar las políticas criminales en salvaguarda de la población.)los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él. Así ha establecido en el artículo 8º de la Constitución que: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas.. En ese sentido. Es precisamente en este sentido que.) que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad. el cual reconoce “(. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. así también la Constitución ha establecido en el artículo 44º primer párrafo una “finalidad preventivo general de la pena” y la ha regulado de la siguiente manera: “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional. regula el uso de los tóxicos sociales.36. el dinero obtenido en esta actividad ilícita es introducido en el mercado a través del lavado de dinero.) que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir. lo que genera graves distorsiones en la economía nacional. Asimismo. (.. Así también este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este delito e incluso sobre las consecuencias en el ámbito social y medio ambiental en el que ejerce una poderosa influencia. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.”[12] Por ello el Estado diseña políticas criminales a fin de asegurar la seguridad de la población y el orden público interno y ello incluye la dación o restricción de algunos beneficios penitenciarios de las personas privadas de su libertad durante la ejecución de la pena. y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. (. fundamento 32 supra. Al respecto. contaminar y corromper las estructuras de la . inciso 24. que el Estado tiene la obligación de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. y el proceso de fabricación produce daño al medio ambiente. Así. la Constitución Política ha establecido como una obligación del Estado y dentro de su política nacional. de la finalidad de prevención general de la pena. “Solo de esta manera es posible justificar la necesidad de imponer y ejecutar una pena privativa de la libertad de un condenado aunque este no requiera ser resocializado. resulta pertinente citar lo expresado en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. el artículo 137º del Código Procesal Penal ha determinado la duplicidad automática del plazo de detención para casos de tráfico ilícito de drogas.”Es por esta razón que la Constitución ha establecido también un tratamiento especial para el plazo de la detención preliminar en los delitos de tráfico ilícito de drogas (artículo 2º. la seguridad y la soberanía de los Estados. f). se entiende por fin preventivo general.” 37. 39. Asimismo. entre otros. Así ha establecido que: “El tráfico ilícito de drogas es un delito que atenta contra la salud pública. así se podría concluir que incluye a estas tareas el trazar las políticas criminales otorgando una finalidad intimidatorio o integrativa de la pena. la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
específicamente de la Corte Constituzionale della Repubblica italiana en la “Sentenza 306/1993. así en la jurisprudencia internacional. en la medida en que las necesidades de prevención especial lo hagan necesario y no se opongan a ello necesidades de prevención general. de otro. El legislador puede –en los límites de la razonable. una de las cuales fue al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en 1988. el Estado peruano no puede dejar de cumplir sus obligaciones constitucionales.[15] adujo en este mismo sentido: “Entre las finalidades que la Constitución asigna a la pena –de un lado la prevención general y defensa social. se puede concluir la predominancia del fin preventivo general. entonces para cumplir también con los fines resocializadores del régimen penitenciario. las que respetando los derechos fundamentales de los individuos infractores. Está limitada en su intensidad por la medida de la culpabilidad. que los bienes constitucionales protegidos como el orden público. Sin embargo no podría darse una pena preventivo especial carente de toda finalidad preventivo general. en esta el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias (externas e internas) que permitan una real y efectiva represión del narcotráfico. la seguridad colectiva y el bienestar general ocupan un rol delimitador de los principios y derechos del régimen penitenciario. con el conexo carácter retributivo y expiatorio y. En efecto. a pesar del absoluto dominio del fin de resocialización en la ejecución. Y es que el Perú no es el único país que ha ponderado estos bienes constitucionales en conflicto. garanticen la plena vigencia de los bienes y valores universales reconocidos a la humanidad en general. pero con la . el Estado peruano asumió obligaciones internacionales. administración pública. 43. en este sentido. pero puede quedar por debajo de este límite.[14] 42. 41. Considerando esta finalidad. así lo ha entendido también Roxín cuando manifiesta que “la pena sirve a las finalidades de prevención especial y general.no puede establecerse a priori una jerarquía estática y absoluta que valga de una vez por todas y en toda condición. En consecuencia. la prevención general domina las amenazas penales y justifica por sí sola la pena aun cuando falle o fracase la finalidad de prevención especial. la finalidad preventivo especial de resocialización pasa al primer lugar. se produce una aparente contraposición de ambos fines de la pena regulados en normas constitucionales que generan algunas veces una tensión entre la prevalencia de una y otra. en el caso de principios en tensión el Tribunal Constitucional ponderando los valores que los sostienen en abstracto. Aún teniendo en cuenta esto. Caso de entrar en contradicción ambos fines. más aún si de ello depende la protección de los bienes constitucionales relevantes y la propia autoconservación del Estado.[13] 40.hacer prevalecer tendencialmente cada vez una u otra finalidad de la pena. ratificada el 16 de enero de 1992. considerando el principio de resocialización del régimen penitenciario y la naturaleza de los ilícitos. la de prevención especial y reeducación que tendencialmente comportan una cierta flexibilización de la pena en función del objetivo de resocialización del reo. Así también. las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles”.
ciertamente. la búsqueda de la finalidad reeducativa no puede conducir a superar la duración del castigo inherente a la pena privativa de libertad y determinada por la sentencia condenatoria. condición de que ninguna de ellas desaparezca. aún para la integridad y viabilidad misma del Estado y de Colombia como Nación civilizada. pues. el legislador le ha dado plena observancia. Por otro lado.[18] 47. sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal. antes que violar la Constitución Política. comprometen la intangibilidad de las funciones públicas y de los más altos fines del Estado. económico social”. intimidatorio. este Tribunal considera necesario determinar cómo son considerados los beneficios penitenciarios en el ordenamiento jurídico. la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado en el mismo sentido: “Así.[17] 45. su denegación. al someter a un régimen más exigente y restrictivo la concesión del beneficio de la libertad condicional a conductas que han causado grave fractura a valores cuya transgresión. los beneficios penitenciarios son considerados como garantías que coadyuvan a la reinserción del interno en la sociedad. interpreta que en esta materia la Constitución ha establecido optando por una finalidad preventivo general. se ha implementado políticas criminales en las que el legislador en uso de sus facultades constitucionales en esta materia ha optado por elaborar leyes que permitan una lucha eficaz contra este azote. Así también y en el ámbito latinoamericano. Así. por cuanto afectan piedras angulares para la cohesión y seguridad tanto del interés general como el orden público. de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. las garantías no engendran derechos subjetivos. Así. Así las cosas y considerando la prioridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos. Por un lado. el privilegio de los objetivos de prevención general y defensa social no puede llevarse al límite de autorizar el perjuicio de la finalidad reeducativa expresamente consagrada por la Constitución en la institución de la pena. ha determinado en su jurisprudencia que en estricto “los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. Entonces. constituye grave amenaza para la paz y la convivencia social. En consecuencia debido a la naturaleza pluriofensiva del delito de tráfico de drogas así como del lavado de activos que proviene de esta actividad. En efecto. Por otro lado.”[16] 44. este Tribunal en cumplimiento de sus obligaciones y a fin de garantizar la adecuada consecución de estos fines. y considerando las graves consecuencias que genera en el Estado. pues. lo que no quiere decir en modo alguno que el principio resocializador del régimen penitenciario quede vaciado totalmente de contenido. revocación o restricción de acceso a los mismos. a diferencia de los derechos fundamentales. E) Los Beneficios Penitenciarios y su relación con la finalidad resocializadora 46. un derecho que . No constituye. precisamente. a fin de proteger y salvaguardar a la sociedad y al propio Estado ya que podría afectar su propia existencia. por tanto. debe obedecer a motivos objetivos y razonables”.
es decir. la doctrina ha establecido que: “Los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena (…). que por lo demás debe estar debidamente motivada y acorde a la relación que. el Tribunal Constitucional español también ha tenido oportunidad de pronunciarse en este sentido: “lo que no cabe es deducir un derecho constitucional de la mera idoneidad de lo que sigue siendo un mero derecho legal con los objetivos que marca la norma suprema (la resocialización)” (Joaquín Urias Martinez). el juez de ejecución ejerce una potestad discrecional al conceder un beneficio. Así. no es fuente. Por lo tanto. Asimismo. pueda ser exigido por el solo motivo de reunirse los requisitos formales.2 CE no es suficiente para conferirles la categoría de derecho subjetivo.[21] . contrario al inciso 22) del artículo 139º de la Constitución. en sí misma de derechos subjetivos a favor de los condenados a penas privativas de libertad.”[20] Por el contrario. Por el contrario. No se deriva. así expresamente ha señalado que: “Aunque tal regla (el inciso primero del artículo 25. la simple congruencia de la institución de los permisos penitenciarios de salida con el mandato constitucional establecido en el artículo 25. y en los factores positivos en la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta. además de la resocialización.[19] 49. haciendo así una aplicación del principio de sentencia indeterminada y ofreciendo al penado estímulos gratificantes para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva. éste pueda incurrir en un vicio de inconstitucionalidad. ni menos todavía de derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional. 51. Para lo cual es necesario recordar cómo su jurisprudencia ha determinado esta relación. es necesario determinar si la restricción de los beneficios penitenciarios (redención de la pena por el trabajo y la educación. se debe tener en cuenta la personalidad del agente y los bienes que se busca proteger. prima facie. en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial y el tratamiento. cumpliendo las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado”. no es. en efecto. negación u omisión. vaciaría de contenido el principio resocializador del Régimen Penitenciario.2 CE) pueda servir de parámetro de la constitucionalidad de las leyes. la no concesión de determinados beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de terrorismo u otros de lesa humanidad. por ello además del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. este Tribunal ha establecido que la no concesión de “determinados” beneficios penitenciarios no vulnera necesariamente la finalidad resocializadora del régimen penitenciario establecido en la Constitución. semilibertad y liberación condicional) vulneran o vacían de contenido los fines resocializadores del régimen penitenciario. la negación total de beneficios. 50.per se. Así también. 48. ni menos aún de derecho fundamental”. algunos beneficios tienen con otros bienes constitucionales tales como la dignidad humana entre otros. en cuya ausencia. Sin embargo. en ese sentido estableció que: “152. En consecuencia. de dicho dispositivo constitucional un mandato al legislador para que los prevea en la ley.
como la mención honorífica. que si bien es cierto forman parte del proceso resocializador (tratamiento penitenciario progresivo)[22]. especial gravedad del ilícito cometido. dentro de los beneficios penitenciarios el CEP en el artículo 42º ha establecido que: “Los beneficios penitenciarios son los siguientes: 1) Permiso de salida. En este sentido. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.” Es decir se otorga la posibilidad de conceder otros beneficios. lejos de actuar como promotor de la reeducación. no vacían de contenido el fin resocializador que la Constitución ha establecido como fin del régimen penitenciario.” Así.” y el artículo 61º define que el tratamiento penitenciario es individualizado y grupal y “(C)onsiste en la utilización de métodos médicos. 4) Liberación condicional. No obstante en ningún caso puede justificarse la degradación del ser humano. su comportamiento. toda vez que estas medidas son razonables y las realiza en cumplimiento de las obligaciones que el Estado establecidas en la Constitución a fin de resguardar a la población y de su propia conservación. así estableció que: “Régimen penitenciario y tratamiento diferenciado.(…) el obsequio de bienes al interno y el dársele prioridad en la participación de actividades de carácter cultural. se otorga al Consejo Técnico Penitenciario la capacidad de otorgar otros beneficios que considere pertinentes. antecedentes penales. 2) Redención de la pena por el trabajo y la educación. los beneficios penitenciarios restringidos (la redención de la pena por el trabajo y la educación.52. 6) Otros beneficios. sociales. Finalmente. se convertiría en un colaborador del . pedagógicos. es decir. psicológicos. no es que el fin resocializador del Régimen Penitenciario haya sido vaciado de contenido. pues el grado de severidad sancionadora puede variar en proporción directa a la gravedad del delito cometido. en atención al margen de peligrosidad que pueda ser deducido de sus características personales. el artículo 60º del Código de Ejecución Penal (CEP) establece que: “El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación. también lo es que no son todas las medidas destinadas a este fin. etc. ya que sólo los beneficios penitenciarios referidos a la disminución del tiempo de reclusión en un centro penitenciario son los restringidos por la ley impugnada.”[23] 53. la semilibertad y liberación condicional. laborales y todos aquéllos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. la semilibertad y la liberación condicional). que así como el ius puniendi del Estado puede manifestarse en distintas intensidades. 3) Semilibertad. rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. también es posible que las condiciones en que el individuo debe cumplir la pena puedan ser distintas en atención a las particulares circunstancias que rodean el caso de cada sentenciado. social y deportiva en el establecimiento penitenciario. Así. En conclusión se puede afirmar que la restricción de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. de lo contrario el Estado. biológicos. psiquiátricos. adicionales a la recompensa señalada en el artículo 59º del CEP. 5) Visita íntima. Antes de proceder a realizar el test de proporcionalidad a fin de establecer si estas restricciones vulnera el principio derecho de igualdad. Así también. 54. es necesario recordar que este Tribunal ha establecido que el tratamiento diferente de los internos no vulnera per se este principio. Es cierto. Considerando que los beneficios penitenciarios restringidos sólo son aquellos que buscan acortar la pena privativa de la libertad y no obedecen a arbitrariedades del legislador.
idioma. acrecentamiento de la desviación social del condenado. semilibertad y liberación condicional es necesario desarrollar el test de proporcionalidad.  Principio derecho de igualdad 56. de la configuración de una prohibición de intervención en el mandato de igualdad. jurídicamente. raza.”[25] 58. religión. condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como “discriminación positiva o acción positiva –affirmative action–“.º.” 57. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados económica. a fin de lograr una igual aplicación de la ley “el Estado en algunas oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social. vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. incentivos o. detenta la doble condición de principio y derecho fundamental. opinión. social o culturalmente. En cuanto derecho fundamental. la igualdad. en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional. negándole su condición de ser humano. sexo. opinión. en general. sexo. respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares) será la prohibición de discriminación. constituye el enunciado de un contenido material objetivo que. esto es. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen. este Tribunal manifestó que: “Como este Tribunal ha afirmado.”[24] F) Análisis de la constitucionalidad de la disposición impugnada ante el principio derecho de igualdad 55. pues. la igualdad consagrada constitucionalmente. raza. El artículo 2. para lo cual primero desarrollaremos el principio de igualdad. otorgándoles ventajas. oponible a un destinatario. Considerando la petición del demandante referida a la vulneración del principio- derecho de igualdad por la existencia de grupos de personas sentenciadas por diversos delitos incluidos los de terrorismo que sí pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. el mandato correlativo derivado de aquél. tratamientos más favorables. Así también. idioma. resulten relevantes. condición económica o de cualquier otra índole. persigue.”[26]  Test de proporcionalidad sobre la norma impugnada . que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del Estado. inciso2) de la Constitución reconoce el derecho principio igualdad. entonces. la titularidad de la persona sobre un bien constitucional. así textualmente establece que: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. En cuanto constituye un derecho fundamental. En cuanto principio. En este sentido. Se trata. constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo. religión.
” (artículo 3º. semilibertad y liberación condicional. e) Examen de necesidad. o no. Determinar si el tratamiento distinto establecido en la disposición legislativa impugnada se considere como una intervención en el derecho a la igualdad es el problema a tratar inmediatamente por este colegiado. a fin de determinar si el trato diferenciado obedece a razones “objetivas y racionales”. necesidad y de proporcionalidad) y que los pasos a efectuarse son: “(…) a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación. este Tribunal también estableció que el principio de proporcionalidad se emplea a través de tres subprincipios (idoneidad. bienes. d) Examen de idoneidad.- Prohibición de beneficios penitenciarios.”) 63. la disposición impugnada excluye del otorgamiento de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación.”[27]  Intervención en el principio igualdad 61. en ese sentido y en el presente caso. En ese sentido. semilibertad y liberación condicional a los sentenciados por el delito de “lavado de activos” que provengan del tráfico ilícito de drogas. último párrafo) ”La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero.[28] 62. lo que implica determinar por separado los destinatarios de la norma y el tratamiento diferente. Se trata entonces de una restricción para los internos que cometieron este ilícito que realiza el legislador en cumplimiento del . Así las cosas es necesario establecer qué dice la norma impugnada: “Artículo 7. determinar si la restricción al otorgamiento de los beneficios penitenciarios (redención de la pena por el trabajo y la educación. (terrorismo. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas. f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.59. el principio de igualdad es menester aplicar el principio de proporcionalidad. Entonces. semilibertad y liberación condicional) a un grupo determinado de internos y vulnera el principio derecho de igualdad. secuestro. trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y 230 del Código Penal. En ese sentido el tratamiento diferente es el medio por el cual el legislador pretende alcanzar una finalidad. c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente “(objetivo y fin)”. por parte de este Tribunal. Para poder determinar. 60. b) Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad. si una ley contraviene. extorsión.
artículo 103º. Esto da lugar a la configuración de dos grupos de destinatarios de la norma: sentenciados por el delito de lavado de activos que proviene del tráfico ilícito de drogas a los que se les ha restringido los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. semilibertad y liberación condicional. principio o bien jurídico cuya realización u optimización se pretende y de la que van a derivar la conformación del objetivo u objetivos. semilibertad y liberación condicional y sentenciados por otros delitos (incluidos los de terrorismo que tiene “algunos” beneficios penitenciarios) que tienen la posibilidad de que se les conceda los beneficios penitenciarios referidos. La finalidad del tratamiento diferente a su vez comprende dos aspectos: la finalidad y el objetivo. pero que gozan de los derechos fundamentales que contiene el tratamiento penitenciario. religión. El tratamiento diferente consiste en el establecimiento de restricción legal a un grupo de internos sentenciados por lavado de activos que provengan del tráfico ilícito de drogas al acceso de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. además. sexo.º 0045-2004-AI). La finalidad justifica normativamente la legitimidad del . fundamento 46 y 47 supra.” (STC N. origen. inciso2. condición económica) y. beneficios a los que sólo pueden acceder el grupo que no fue sentenciado por el delito referido. La finalidad o fin viene a ser el derecho. primer párrafo. en esa línea cabe recordar que los beneficios penitenciarios restringidos a este grupo de internos se encuentran regulados en el Código de Ejecución Penal y ya este Tribunal se pronunció en el sentido que no constituían derechos fundamentales. Esta intervención se produce en la prohibición de acceder a los beneficios penitenciarios referidos por parte de los internos condenados por el delito de lavado activos que provengan del tráfico ilícito de drogas. 2º.  Finalidad del tratamiento diferente 66. pero no por razón de la diferencia de personas. intensidad media e intensidad leve. impide el ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. opinión. sino que esta diferencia de trato entre las personas está basada en causa objetiva y razonable y es de acuerdo a la naturaleza de las cosas. La introducción del tratamiento diferente por la norma impugnada no es inconstitucional perse.”. 64. Este Tribunal ha determinado que el grado de intensidad de la intervención del derecho-principio de igualdad en los destinatarios de la norma puede revestir tres niveles: intensidad grave.  Intensidad de la intervención 65. idioma. raza. La intensidad de la intervención en la igualdad de condiciones para el otorgamiento de beneficios penitenciarios restringidos legalmente puede ser calificada como una intervención de intensidad leve debido a que la supuesta discriminación se sustenta en motivos distintos a los proscritos por la Constitución (art. La intervención se produce sobre el acceso a los beneficios penitenciarios referidos a fin de acortar el tiempo de privación de la libertad establecido en la condena. de la Constitución que establece que: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas.
La finalidad 68. así también alega que “la disposición cuestionada constituye uno de los lineamientos de la política criminal del Estado”. valor o derecho constitucional. 72. a. la libertad. promover su bienestar en estricto respeto de los derechos fundamentales.”. con mayor severidad las conductas punibles que el legislador ha considerado más graves. objetivo(s) del tratamiento diferenciado.”[29] 67. Entonces el objetivo que el legislador pretende con esta norma es lograr el estado de cosas: sancionar severamente (intimidación) los delitos considerados graves (TID) orientados a la protección de la población de las amenazas contra su seguridad. que son vulnerados por quienes cometen tales delitos. entonces para su detección se debe acudir a los fundamentos del Congreso. b) El objetivo 70. 69. la integridad física. la salud y la propiedad. La norma jurídica en la que se establece la prohibición de los beneficios penitenciarios no se advierte ninguna consideración respecto a la finalidad de la intervención. El Congreso sostiene que la finalidad de la norma impugnada es “(…) sancionar. que también se encuentran – las prohibiciones de algunos beneficios penitenciarios. efectivamente. En resumen. el objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. Así. 155). A su vez que la restricción de beneficios (redención de la pena por el trabajo y la educación. (F. La finalidad entendida como el principio. con el fin de promover el bienestar general (…)” (F. El Congreso alega que “(…) el fin es cumplir los deberes primordiales del Estado consistentes en proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. garantizando la protección y plena vigencia de los derechos humanos tales como la vida. la finalidad ha sido el principio constitucional de prevención general reconocido en el artículo 44º y en específico en el artículo 8º de la Constitución. Entonces se puede deducir que la finalidad de la norma impugnada es buscar hacer efectivo el principio de prevención general establecido en el artículo 44º de la Constitución que obliga al Estado a proteger a la población de las amenazas a su seguridad. en cuya prosecución se justifica el objetivo de la intervención.en normas como el Código de Ejecución Penal como es para el caso de “Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas” y otros. mientras que el objetivo de la intervención fue sancionar severamente (intimidación) los . Así se puede establecer que la intervención en el mandato de igualdad para el acceso a los beneficios penitenciarios prohibidos se sustenta en una razón se sustenta en un principio constitucional. 154) 71. entre otros. semilibertad y liberación condicional) no vacíen de contenido el fin resocializador del Régimen Penitenciario.
que la informen en torno a las nefastas consecuencias que su uso y abuso ocasiona en el ser humano.  Examen de idoneidad del tratamiento diferente 73. Es decir. en aplicación del primer párrafo del artículo 103º .”[30] 75. De ahí que el legislador haya prohibido los beneficios penitenciarios referidos en especial a los que buscan reducir el tiempo de reclusión en un centro penitenciario establecidas en la pena. involucra la creación de órganos estatales a los cuales se atribuya de competencias administrativas específicas en esta materia. a su vez. Así estimó necesario el legislador orientar las políticas criminales hacia una represión severa sólo para ciertos casos en los que se tiene como argumento la defensa de la sociedad. delito que ha sido constitucionalizado y es el de más alto grado de persecución y sanción e incluso la relación que tiene este con las economías nacionales. contaminar y corromper las estructuras de la administración pública. el delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad. De esta manera se puede concluir que este delito por su naturaleza obliga al Estado a diseñar políticas criminales a fin de proteger a la población y evitar su propia corrosión. entonces se deduce que esta prohibición (medio) conducirá al cumplimiento de la finalidad preventivo general de la pena. En el fundamento 38 y 39 supra. en el presente caso. el Estado según el artículo 8º de la Constitución “establece como una obligación constitucional a cargo del Estado que éste implemente y ejecute políticas públicas. habida cuenta que el acogimiento de los beneficios mencionados haría que este grupo de sentenciados obtenga la “disminución del tiempo de reclusión penitenciaria”. Así. ¿Conduce la prohibición de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. intimidar. lo que podría generar zozobra en la población y. en ese sentido se consideró que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad y que genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir. destinadas a “combatir” el tráfico ilícito de drogas. este Tribunal ha tenido oportunidad de reiterar la naturaleza de los delitos de tráfico ilícito de drogas. de alcance nacional. delitos considerados graves (TID) orientados a la protección de la población contra las amenazas a su seguridad. Así también. la seguridad y la soberanía de los Estados.” Finalmente. las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles. es decir a la realización de su deber protector a través de la “corrección”. Dicho combate estatal. semilibertad y liberación condicional para los condenados por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas a la protección de la población de las amenazas a su seguridad? O dicho en otros términos ¿es la intervención en la igualdad realizada por el legislador un medio adecuado para la prosecución del objetivo propuesto? 74. dirigidas a la colectividad. desde luego. esta obligación también “tiene que ver con la necesidad adoptar políticas económicas y sociales agresivas de información.
la afectación reviste menor intensidad que la del cuestionado. al respecto este Tribunal determinó que: “El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1) la detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación de. de hacerlo. o. son dos los aspectos ha analizarse bajo este principio: “a) si existen medios alternativos igualmente idóneos para la realización del objetivo y. no con respecto a su finalidad. ya que se permite la diferenciación. En este sentido. es menester examinar la intervención en la igualdad a la luz del test de necesidad. fundada en causas objetivas y racionales y no la discriminación. Una vez superado el test de idoneidad. la reincidencia. 76. entre otros medios. de tal manera que en el cumplimiento de la pena los sentenciados por este tipo de delitos transiten también por distintos grados de rigidez. interviniéndolo. ya que se advierte que existe un nexo entre medio y fin. con el incremento de requisitos para el acceso a los beneficios penitenciarios restringidos. en los fundamentos referidos a los fines preventivos generales de la pena se han detallado la legitimidad constitucional de esta actuación. tales como el pago de la reparación civil. de intensidad grave a leve. el aumento de días de compensación. . pero al mismo tiempo el logro del fin preventivo especial. b) si tales medios no afectan el principio de igualdad o. por medio de la ley.”[32] 79. El análisis de los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado. no es posible establecer hipotéticamente una medida alternativa toda vez que los referidos beneficios penitenciarios buscan reducir el tiempo de la pena impuesta (ya sea a razón de redención de un día de pena por dos días de labor efectiva o por dos días de estudio y de similar forma en los otros beneficios prohibidos) o el tiempo de reclusión en un centro penitenciario y el objetivo de la norma es crear una política coherente que sancione severamente los delitos constitucionalizados más graves a fin de proteger a la población en general. el incumplimiento de las reglas de conducta. Entonces la medida que interviene en la igualdad para la obtención de la finalidad constitucionalmente determinada. dirigente o cabecilla.no intervienen en la prohibición de discriminación.[31] 78. Lo antes dicho no excluye sin embargo que dentro del régimen progresivo en el que se imprime el Código de Ejecución Penal se establezcan una serie de mecanismos que tengan por objetivo el logro del fin preventivo general. 80. Tal cometido podría lograrse. hasta ser reincorporados a la vida común. es idónea. si. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la consecución del objetivo del trato diferenciado”. de la Constitución. etc. si tales medios –idóneos. la actuación como jefe. De esta manera. tal intervención reviste menor intensidad.  Examen de necesidad del tratamiento diferente 77. La determinación de si existen medios hipotéticos alternativos que conlleven a la realización del objetivo establecido.
84. considerando que el demandante alega que el principio de no discriminación al “asumir la categoría de jus cogens” cambió el sentido de las normas internas”. además de no ser excesiva para el ejercicio del principio resocializador. De igual manera la declaratoria de improcedencia de un extremo de la demanda en aplicación del artículo 100º del Código Procesal Constitucional. Por ende la medida que afecta la igualdad es idónea. en el presente caso. La comparación entre estas dos variables se efectúa según la ley de ponderación. Conforme a ésta: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio. tiene como fin constitucional relevante la obligación que tiene el Estado a fin de garantizar la protección de la población de las amenazas contra su seguridad. la afectación o intervención del Principio derecho de igualdad (leve) que genera la exclusión del otorgamiento de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. En conclusión se puede determinar que el fin constitucional (seguridad de la población) se optimiza debido a la naturaleza gravosa de los ilícitos referidos y que la intervención en el principio igualdad es una medida racional y proporcional toda vez que no todos los beneficios penitenciarios han sido restringidos a este grupo de personas y. semilibertad y liberación condicional a un grupo de internos (sentenciados por el delito de “lavado de activos” que provengan del tráfico ilícito de drogas). el que no es vaciado de contenido. es necesario precisar que este principio es uno de los pilares sobre el que se asienta nuestra orden constitucional y que desde que asume la forma de Estado social y democrático de derecho. los fines de la pena (resocialización) establecidos en la Constitución no se han vaciado de contenido ya que además de los beneficios restringidos el tratamiento penitenciario le otorga a este grupo de personas otras medidas resocializadoras e incluso otros beneficios penitenciarios. tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. En consecuencia.[33] 82.  Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 81. así como tampoco el principio constitucional referido a los fines del régimen penitenciario. así. Entonces. este Tribunal desestima la demanda de inconstitucionalidad. consistirá en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. proyectada al análisis del trato diferenciado. La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (Abwägung). en consecuencia. fundamento 56 y 57 supra. respecto del medio optado por el legislador que afecta o interviene al principio de igualdad no es posible determinar un medio alternativo que proteja a la población de las amenazas contra su seguridad ya que la medida evita que los sentenciados por este delito puedan ser liberados antes de cumplir la totalidad de la pena impuesta. la medida supera el subprincipio de necesidad. en modo alguno . semilibertad y liberación condicional. En ese sentido. la vigencia de este importante derecho es una norma principio cuyos efectos se van a desplegar a todo el ordenamiento jurídico. considerando que no se ha vulnerado el principio-derecho de igualdad por la restricción de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Finalmente. 83.
la de aquellos otros de la misma ley. Pag. Riccardo. Publíquese y notifíquese. así como. Pag. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. “Distinguiendo.” [2] STC 0012-2005-AI. [4] Guastini. vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva pues la mera presentación de la demanda no implica su procedencia y su estimación. en consecuencia. Fundamento 8. declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados. Barcelona España 1999. 211 [5] Ibidem. Editorial Gedisa. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que alega vulneración del principio-derecho de igualdad y el principio resocializador del régimen penitenciario. 212 . VERGARA GOTELLI MESÍA RAMÍREZ LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS CALLE HAYEN ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA [1] Artículo 39. en su caso. VII) FALLO Por estos fundamentos.º 26320 que por conexidad o consecuencia se relaciona al petitorio principal. [3] STC 0012-2005-AI. Fundamento 6. SS. disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.1 LOTC Español “Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad. 2. Introducción a las técnicas interpretativas. el Tribunal Constitucional. declarar IMPROCEDENTE la pretensión que se refiere a la inconstitucionalidad de la Ley N. Estudios de teoría y metateoría del derecho. Y.
pag. inciso 22) de la Constitución. pp. cit.º 42 [15] Sentenza 306/1993. terzo comma. Claus. Lima 2005.” [16] STCI(Sentencia Tribunal Constitucional Italiano) 306/1993.º 0010-2002-AI. Der Aufbau der Verbrechenslehre. En “La Constitución comentada” T. Pag. FJ 180 [11] STC N. [10] STC N. 27. II Gaceta Jurídica. FJ 2. 2001. Lima. Yván. José. Yvan. I. 2º ed.[6] Hurtado Pozo. . Lima [7] STC N. 63. Manual de Derecho Penitenciario. Va innanzitutto ribadito. 639. Año 21. [12] Montoya. FJ 208. Yván. prima parte. F. Manual de Derecho Penal Ed. Editorial Colez- Universidad de Salamanca. primo e secondo periodo) riferite all'art. 2005.º 2700-2006-PHC. Corte Constitucional de Colombia. t. Ob. Madrid. que cita a las SsTCI 282/1989 y 313/1990 [17] Sentencia C-592/98. lettera a). [22] Defensoría del Pueblo. [13] STC N.º 0010-2002-AI [21] STC 75/1998. En “El Valor constitucional del mandato de resocialización”. 4-bis. quella di prevenzione generale e difesa sociale.º 0010-2002-AI/TC.º 0025-2005-AI. pag. . Cost. con i connessi caratteri di (…)che l'incentivo ad un'attiva partecipazione all'opera di rieducazione costituito dalla concedibilità della liberazione anticipata non può essere precluso neanche nei confronti dei condannati all'ergastolo. Revista Española de Derecho Constitucional.º 0048-2004-AI. Comentario al artículo 139º. 151 [23] Ibidem.Alla luce delle suesposte premesse. 377-378. [20] STC N. 1994.. [19] Ignacio Berdugo Gómez y Laura Zúñiga Rodríguez. le censure alla disposizione sull'ammissione ai benefici penitenziari (art. 315 n. al riguardo.º 0045-2004-AI. [18] STC N. Núm.º 0045-2004-PI FJ 37 [30] STC N. FJ 26 [29] STC N. Grijley.º 7624-2005-HC [14] Roxin.da un lato. 159 [24] STC 0010-2002-AI FJ 216) [25] STC N. FJ 60 [33] Ibidem FJ 40. 2004.º 0045-2004-PI FJ 33 [28] STC N. FJ 63 [27] STC N.º 0010-2002-AI/TC. non possono ritenersi fondate. 179 y 180 [8] Montoya. che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena . Joaquín . [32] STC N. “10. comentando a Urias Martínez. Comentarios al reglamento del Código de Ejecución Penal.º 0045-2004-AI. Setiembre-Diciembre 2001. AT. Strafrecht. FJ 39.º 0020-2005-AI FJ 123 y 124 [31] STC N. [9] Montoya. Grundlagen.º 0045-2004-PI FJ 20 [26] STC N.
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