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Timestamp: 2020-08-04 08:43:42
Document Index: 172971918

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 65']

Cantabria: Ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo - Regulación urbanística - Práctico Urbanismo - VLEX 845805277
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda ( apartado 3 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, LO 8/1981, de 30 de diciembre ).
Se analiza a continuación la ordenación territorial y el régimen urbanístico del suelo en Cantabria.
4 Ordenación del litoral
6 Normativa estatal
El artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria (LO 8/1091, de 30 de diciembre) establece que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene la competencia exclusiva en “Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”.
Conviene tener presente que el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria (en la redacción recibida de la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre ) contiene la siguiente atribución de competencias:
30. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38 , 131 y números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución (RCL 1978, 2836) .
31. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución .
33. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios específicos, de acuerdo con los números 1, 6, y 8 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución .
Atribución de competencias que, desde una perspectiva sintética, supone que la Comunidad Autónoma tiene atribuida competencias:
Ténganse en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 92/2013, de 22 de abril [j 1], declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la referencia efectuada a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales en el párrafo quinto del apartado 4 de la disposición adicional Sexta y de la totalidad del apartado 5 de esa misma adicional de la Ley 2/2001, de 25 de junio , de ordenación territorial y del régimen urbanístico del suelo de Cantabria. En el Fundamento Sexto de esa Sentencia se señala que:
La conclusión de lo anteriormente expuesto es que la norma cuestionada incide en la regulación de la ejecución de Sentencias mediante la introducción de un trámite (el de determinación de la eventual responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido la Administración urbanística) ajeno a la propia ejecución de la Sentencia y que tiene el efecto de paralizar la misma mientras sustancia, decide y, en su caso, ejecuta mediante el pago. Tal regulación, como acabamos de ver, no tiene cobertura competencial en los títulos aducidos por los órganos de la Comunidad Autónoma, de modo que se invade la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal prevista en el art. 149.1 6 CE (RCL 1978, 2836) , sin que, tal como admiten todos los que han intervenido en este proceso constitucional, concurra especialidad alguna en el derecho sustantivo autonómico que lo justifique en términos constitucionalmente admisibles conforme al indicado precepto constitucional.
Qué duda cabe de que los órganos judiciales deberán ponderar la totalidad de los intereses en conflicto a la hora de hacer ejecutar sus resoluciones y que no cabe descartar que tal ponderación pudiera llevar al órgano judicial a acomodar el ritmo de la ejecución material de las demoliciones que hayan de tener lugar a las circunstancias concretas de cada caso. Pero lo que resulta incompatible con la reserva estatal en materia de legislación procesal - art. 149.1.6 CE - es que el legislador autonómico establezca una causa de suspensión o aplazamiento de la ejecución de las Sentencias que han de ejecutarse mediante el derribo de edificaciones, máxime cuando el precepto legal no condiciona la efectividad de la demolición judicialmente acordada al transcurso de los plazos para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial, sino a su efectiva resolución y al pago de la indemnización acordada, de suerte que la ejecución de la Sentencia termina por escapar del control judicial, único competente para hacer ejecutar lo juzgado a tenor de lo dispuesto en el art. 117.3 CE que resulta igualmente vulnerado.
La sentencia del tribunal Constitucional 254/2015, de 30 de noviembre [j 2], declaró inconstitucional el inciso “o judiciales” del artículo 65 bis.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, estableciendo en su Fundamento 3 que:
Pues bien, el precepto cuestionado regula, como se ha explicado más arriba, la ejecución de las sentencias en el proceso contencioso-administrativo creando una causa de suspensión específica en relación con las sentencias que ordenan la demolición de edificios ilegales, procediendo, por tanto, la aplicación de la doctrina que hemos establecido recientemente en nuestras Sentencias 92/2013, de 22 de abril [j 3], 82/2014, de 28 de mayo [j 4] y ...