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Timestamp: 2019-07-17 20:35:53
Document Index: 145653187

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 54', 'artículo 80', 'artículo 19', 'artículo 70', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 42', 'in dubio', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 77', 'artículo 70']

A veces la empresa de serivcios aumenta la factura sin respetar el plazo de preaviso. Qué hacer.
Por Sergio	 Ultima actualización Dic 21, 2018
A veces nos pasa que tanto el celular, el cable, el servicio de Internet aumentan sin aviso. Sin embargo, la legislación argentina contiene previsiones a favor del usuario. Todo para saber si un aumento es legal o no, y cómo reclamar el descuento.
Aumentos sin aviso, cómo reclamar
Por reglamento de cable, telefonía celular e Internet, toda modificación contractual que el prestador propusiere, se deberá notificar al cliente con una antelación no menor a 60 días corridos previos a su implementación. E informarse en su web. El precio puede ser modificado con un preaviso de 30 días.
Si el cliente no estuviere de acuerdo con la modificación propuesta podrá rescindir el contrato sin cargo, comunicando dicha decisión al prestador. Este derecho a rescindir, sin costo para el cliente, deberá incluirse en la notificación a cursarse al e informarse en el sitio de Internet de cada prestador, dice la ley.
Entonces, para que un aumento del precio pueda tornarse efectivo deben preavisar al menos 30 días antes. Y si son otras partes del contrato, 60 días (resolución 733/2017, art 30, 67 cctes., resolución 9/2004 secretaria de Coordinación Técnica, Defensa del consumidor, anexo II).
Condiciones para el aumento:
Debe ser un contrato de plazo indeterminado.
Debe ser un cambio genera, para todos los usuarios.
Debe ser informado y notificado con 30 días de anticipación, los cambios en relación al precio del contrato (plan o abono), por SMS o mail.
Nota para oponerse al aumento, acá. Funciona con suscripción, y me ayudás a generar más contenido de calidad para Derecho En Zapatillas.
¿Qué pasa si no me avisaron del aumento?
Si no recibiste un SMS o mail, entonces no pueden aumentar. Es corriente que notifiquen del aumento con un preaviso menor a 60 días. En tal caso como clientes tenemos derecho a impugnar la factura con el monto extra, que no queremos pagar.
El usuario puede iniciar un reclamo por facturación (conviene por mail o Twitter así queda constancia), pedir # de reclamo o gestión y así oponerse. En general las propias empresas lo reconocen.
Si querés ahorrar tiempo y plata, podés bajarte acá mi modelo de nota cariñosa para que un usuario pueda oponerse al aumento de cable, telefonía celular o Internet. También sirve para prepagas, en ese caso el plazo de preaviso es similar, de 30 días para el precio. El link a la nota, acá.
Además, en algunas municipalidades precisaron este derecho. Por ejemplo, en la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, antes de esta normativa, un juez le ordenó a la empresa proveedora del servicio de televisión por cable que comunique todo incremento de tarifas del citado servicio que pretenda efectuar a través de una nota en hoja por separado del tamaño de la revista que envía a sus clientes.
En ese plazo, los usuarios pueden decidir la permanencia o baja del servicio a fin de no pagar el incremento, o en su caso, cuestionar el mismo en sede judicial si entiende que las razones explicitadas no son ciertas o justificadas. Aparte, siempre está la opción de acudir al ENACOM y defensa del consumidor.
Anexo con la normativa sobre aumentos sin aviso – cómo reclamar
Sentencia completa sobre aumentos sin aviso
Carátula: CABLEVISION S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PROCESO SUMARIO DE
ILEGITIMIDAD­OTROS JUICIOS
Fecha inicio: 28/08/2015 Nº de Receptoría: Nº de Causa: 41792
Honorarios ­ Folio 390
Honorarios ­ Nro. de Registro 390
Sentencia ­ Folio: 2991
Honorarios ­ Incluye Regulación? SI
Sentencia ­ Nro. de Registro: 1362
09/11/2016 ­ SENTENCIA
­41792­ CABLEVISION S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PROCESO SUMARIO DE
La Plata, de NOVIEMBRE de 2016.
Estos autos caratulados “Cablevisión S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Proceso Sumario de
Ilegitimidad ­ otros juicios”, causa nº 41792, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo nº 2 de La Plata, a mi cargo, de los que:
l) Que la apoderado de Cablevisión S.A., promueve demanda contencioso administrativa
contra la Municipalidad de La Plata, solicitando se declare la nulidad de la resolución dictada por
el Juzgado Municipal de Faltas n° 2 Defensa del Consumidor, con fecha 16­III­2015, en el marco
del expediente administrativo n° 44053.
Manifiesta que en los autos caratulados “Cablevisión S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/
Medida Cautelar Autónoma o Anticipada ­ Otros Juicios”, expte. nº 26774, en tramite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 3 de La Plata, se dictó
resolución mediante la cual se exceptuó a su mandante del pago previo de la multa impuesta por
la resolución atacada, permitiéndole el acceso a la justicia en relación a la impugnación de dicha
Relata que el 31­VII­2008 el señor Martín Bernardo Gener inició ante la Oficina Municipal
de Información al Consumidor de La Plata (O.M.I.C.) una denuncia contra Multicanal S.A. (hoy
Cablevisión S.A.), reclamando que la empresa no le notificó en tiempo y forma el cambio en el
importe que debía abonar por el servicio prestado.
Señala que el día 04­XI­2008, se realiza audiencia conforme lo establece la ley 13133,
donde el denunciante rechaza sin fundamento alguno la propuesta conciliatoria efectuada por su
representada, motivo por el cual se cierra la instancia.
Destaca que concurrió a la audiencia pese a no estar notificada de la misma, o sea
manifestó animo conciliatorio y sostiene que ninguna de estas circunstancias fueron valoradas
por el señor Juez de Faltas Municipal, en violación del artículo 77 inciso h) de la ley 13133.
Cuenta que la OMIC, mediante acto administrativo de fecha 07­II­2011 ­dos años y medio
más tarde­ imputa a la empresa la presunta infracción a los artículos 4 y 19 de la ley 24240.
Precisa que esa imputación fue notificada a su mandante, pero jamás se agregó su
descargo, circunstancia que motivara el planteo de nulidad de fojas 32, el cual pese a ser en lo
formal rechazado por el Juez de Faltas, fue materialmente admitido puesto que se proveyó el
descargo y la prueba documental acompañada.
Señala que con fecha 30­VI­2011 el Juez de Faltas Municipal resolvió abrir la causa a
prueba por 30 días y dispone tres medidas para mejor proveer: una que el denunciante agregue
los originales de las facturas, otra oficiar a la Secretaría de Comunicaciones para conocer la
cantidad de abonados en el partido de La Plata en el año 2008 –respondido en forma negativa­, y
por último oficiar a una asociación de consumidores (ACUBA) –que tampoco fue respondido
pese a su reiteración­.
Alega que no consta en el expediente que el denunciante, pese a ser intimado, haya
cumplido con la presentación de las facturas originales, lo que implica que el Juez de Faltas
Municipal dictó resolución sancionatoria sin tener a la vista los documentos originales.
Indica que a fojas 37 se amplió el auto de apertura a prueba, agregando dos facturas que
dan cuenta que se notificó el aumento del abono básico en forma correcta y agrega que esta
documentación no fue objeto de cuestionamiento alguno.
Sostiene que en forma totalmente improcedente, abusiva y unilateral, el señor Juez de
Faltas ordenó agregar a fojas 65/70, tres años y medio mas tarde, copias de las resoluciones
dictadas en un expediente judicial de extraña jurisdicción, concretamente Mar del Plata, que
ninguna relación tienen con la objeto de la denuncia y no resultan aplicables al caso.
Señala que el juez descalifica la documentación acompañada por su parte, presumiendo
sin fundamento que la misma pudo ser adulterada.
Relata que finalmente con fecha 16­III­2015 el titular del Juzgado de Faltas municipal
determina distintas sanciones para su mandante, siendo la más importante la multa por el valor
de $5.000.000, con más la suma de $40, en concepto de tasa administrativa, por haber
procedido al aumento del precio del abono de los servicios, no habiendo además procedido a
efectuar los correspondientes reintegros, todo ello en infracción a los artículos 4 y 19 de la ley
24240 de Defensa del Consumidor, además de ordenar la publicación del fallo.
Argumenta que el órgano sin siquiera tener los originales de la documentación a la vista,
no valorando los antecedentes del caso en cuestión y la actitud de su mandante, despreciando
sin fundamento la prueba aportada e incorporando arbitrariamente otra, sin tener parámetros que
lo justifiquen, sanciona a su representada con una multa diez veces superior a la prevista por la
ley 13133.
Señala que el acto debe ser declarado nulo por ser arbitrario e ilegal.
Esgrime que el juez manifiesta que las dos impresiones del sistema de facturas del mes
de mayo de 2008, acompañadas como prueba, no poseen valor probatorio, por ser copias
simples extraídas de su propio sistema cuyo contenido pudo ser adulterado o manipulado
Alega que esta valoración realizada se encuentra sustentada en una mera apreciación del
funcionario, quien no efectuó ningún mecanismo procesal tendiente a impugnar la misma y no
justificó el apartamiento de la prueba, en tanto que la documentación cumplía con los recaudos
del artículo 54 de la ley, se hallaba autenticada por el apoderado de Cablevisión S.A.
Pondera que el acto, sin causa, obedece a una simple intencionalidad del funcionario que
lo dicta; alega que los antecedentes de hecho y de derecho carecen de sustento y aparecen
viciados de arbitrariedad, siendo que han sido valorados en beneficio de una de las partes.
Afirma que el monto de la multa impuesta resulta exorbitante, ya que es diez veces
superior a la establecida por el artículo 80 de la ley 13133. Destaca que también se ha impuesto
la sanción teniendo en cuenta el art. 77 inc. 1 de la ley 13133 ­posición del infractor en el
mercado­ y ello no se ha acreditado en la etapa probatoria, dado que los organismos respectivos
no han podido especificar la cantidad de usuarios que posee su mandante.
Indica que Cablevisión S.A. informó con antelación ­30 días­ el aumento de la facturación
conforme lo ordena el artículo 19 de la ley 24240, sin perjuicio de reconocer la posibilidad de un
“error” en el sistema de impresión que pudo haber afectado individualmente al reclamante.
Esgrime que la denuncia efectuada tiene relación con la notificación o no del aumento del
abono, pero alega que no existe prueba alguna que indique que el universo de clientes de La
Plata se encontró afectado y destaca que su mandante no posee antecedentes anteriores en el
orden local, situación que debió ser evaluada por el Juez de Faltas municipal.
Sostiene que los perjuicios para el consumidor pudieron haber sido satisfechos en la
conciliación, donde su mandante efectuó una propuesta superior al valor del perjuicio, que no fue
aceptada por la denunciante, y por otro lado no existe en el expediente administrativo ningún
parámetro objetivo que pueda utilizarse para medir la posición de la empresa en el mercado.
Manifiesta que la documentación obrante en las actuaciones administrativas, a fojas 65/70,
han sido incorporadas directamente de oficio por el sentenciante en forma unilateral y
Solicita la inconstitucionalidad del artículo 70 segundo párrafo de la ley 13133, texto según
ley 14652, en tanto impone el requisito previo de la multa, violando los artículo 16, 17, 18 y
concs. de la Constitución Nacional y 10, 11, 15, 31, 57 y concs. de la Constitución Provincial.
Aclara que al tiempo de promoción del reclamo del consumidor ­julio de 2008­ o al cierre
de la etapa conciliatoria –febrero de 2011­ no estaba vigente la ley 14652, y por tanto nunca pudo
formar parte de la estructura de la relación procesal, en tanto el artículo 3 del Código Civil
prescribe la irretroactividad de la ley.
Ofrece prueba instrumental y documental, cita doctrina y deja planteado el caso federal.
Il) Que corrido el traslado de demanda (fs. 190/191), se presenta la letrada apoderada de
la Municipalidad de La Plata, lo contesta y solicita su rechazo (fs. 192/202).
Manifiesta que las actuaciones administrativas que culminaron con la sentencia que en
estos autos se impugna, comenzaron con un reclamo de del señor Martín Bernardo Gener, quien
denunció ante la OMIC que en el mes de julio de 2008 la factura de su servicio presentaba un
aumento de $20, que no había sido notificado con la antelación debida.
Afirma que este comportamiento de la empresa no se condice con las condiciones
comerciales establecidas por la propia empresa, que se encuentran publicadas en internet y que
rezan en su punto 11.
Expresa que ante esta situación el señor Gener se presentó en las oficinas comerciales
denunciando la irregularidad y rehusándose a pagar ese aumento, ante lo cual la empresa no
ofreció compensación, sino que ofreció dar de baja el servicio como única solución. Añade que
se asentó el reclamo, el cual no tuvo resolución, obligando al actor a acudir a la OMIC.
Indica que con fecha 30­VII­2008 se tiene por recibida la problemática planteada y se fija
audiencia, a la que concurren ambas partes con fecha 04­XI­2011, cuenta que en dicha
audiencia la empresa realiza un ofrecimiento sin reconocer hechos ni derechos, al solo efecto
conciliatorio, el que no es aceptado por el particular.
Señala que el procedimiento siguió su curso, formulándose el acto de imputación, en el
que se define que se ha infringido los artículos 4 y 19 de la ley 24240, y se dispone que se
notifique para que realice su descargo. Dice que notificada la empresa y no constatado descargo
alguno, se remitieron las actuaciones al Juzgado Municipal n° 2 con competencia de Defensa del
Explica que como primer proveído se abrió a prueba la causa y se dictaron medidas para
mejor proveer y el juzgado admite luego el descargo presentado por la empresa, el cual no había
sido agregado. Finalmente se dicta la resolución con fecha 16­III­2015.
Sostiene que dicha sentencia hace mérito tanto de la prueba aportada por la actora como
la adjuntada por el particular, y de las medidas para mejor proveer que fueran cumplidas, y luego
de realizar una meticulosa construcción jurídica que da sustento innegable a la resolución, dicta
sentencia condenando a Cablevisión S.A. a resarcir al particular y al pago de una multa, por
incurrir en infracción de los artículos 4 y 19 de la ley 24240.
Manifiesta que resulta falso lo expuesto por el actor en relación al pago previo, dado que la
resolución invocada no está firme y la empresa no está exenta de pagar la multa para discutirla
judicialmente, ya que en primera instancia el juez en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La
Plata, otorgó la medida cautelar por el que se exceptuaba a la actora del pago de la multa, pero
ante la apelación interpuesta, la Cámara Contencioso Administrativa revoco la sentencia en favor
de la demandada, confirmando el solve. Agrega que la admisibilidad del solve está ligada con la
capacidad económica del recurrente, la que en este caso está más que demostrada. Afirma en
cuanto a los vicios en la causa alegados por la actora, que la resolución consigna que las boletas
presentadas no correspondían a lo que debió abonar el señor Gener por el servicio en los
períodos cuestionados, sino que correspondían a otros clientes de la empresa, por lo que
quedaba anulada su fuerza probatoria.
Sostiene en relación a la tacha de arbitrariedad alegada, que los extremos denunciados en
la OMIC se ven respaldados por prueba documental, a la vez que las defensas de Cablevisión
carecen de sustento, y en caso de haber dudas sobre la base fáctica, prima la interpretación
favorable al consumidor. Cita artículos 43 de la Const. Nac. y 38 de la Const. Prov.
Señala en cuanto al monto de la multa impuesta, que resulta aplicable al caso la ley
nacional Nº 24240, cuya aplicación nunca fue cuestionada por la empresa, además de la ley
provincial 13133. Añade que la multa respeta el máximo legal previsto para la sanción, que
asciende a $5.000.000, y tal suma está prevista en el artículo 47 inciso “b” de la ley 24240.
Precisa que el artículo 3 de la ley 24240 consagra el principio protectorio a favor del
consumidor, a los fines de lograr una tutela efectiva y agrega que una protección eficaz implica
una sanción con verdadero carácter disuasivo, y no meramente declarativo.
Destaca que con meridiana claridad se han evaluado los antecedentes de la empresa, la
cual ha arribado a un acuerdo con ACUBA (Asoc. Civil de Defensa de los Consumidores y
Usuarios) en el mes de diciembre de 2010, y a raíz del mismo, la empresa se ve obligada a
avisar con la antelación correspondiente el aumento de tarifas a sus abonados, además de
habilitar un procedimiento para indemnizar a quienes hayan dejado de ser clientes de la empresa
a raíz del aumento impuesto a la fuerza, y de indemnizar a quienes continúan siendo clientes,
además de ordenarse que el acuerdo sea publicado en dos diarios.
Pondera que se trata de un acuerdo por infracción a los artículos de la ley 24240, en dos
localidades de esta provincia, y que el caudal de damnificados fue tan grande que una asociación
de consumidores tomó a su cargo la defensa de sus derechos. Puntualiza que a todas luces se
trata de antecedentes por exactamente los mismos hechos.
Esgrime que pese a no haberse recibido respuesta de los organismos oficiados, resulta de
público y notorio que la empresa ostenta una posición dominante, constituyendo un oligopolio en
la prestación de servicios de televisión por cable, contando con abonados en toda la provincia de
Buenos Aires y en varias provincias argentinas.
Añade que las circunstancias fácticas se encuentran probadas en este caso particular y no
hallan sustento documental en el caso de la empresa.
Cuenta que en el sitio web de Cablevisión S.A. se informa que la empresa cuenta con
“casi 3,36 millones de hogares abonados” y sostiene que para una empresa de tal magnitud, una
multa por el monto imputado resulta ínfima, no representando sino una pequeña parte de su
Manifiesta que en el caso de autos, el aumento inconsulto de la tarifa que se cobró por la
fuerza al señor Gener durante dos períodos, fue de $20 y precisa que la multa de $5.000.000,
que parece una suma exorbitante, es lo que la empresa recauda solamente con el aumento de
esos $20 durante dos meses a 125.000 usuarios, y Cablevisión presta este servicio a 3,36
millones de usuarios. Concluye que queda evidenciado que con tan solo dos meses de sostener
esta conducta violatoria de la ley en un porcentaje muy inferior al 10% de su universo de clientes
se recauda lo suficiente para saldar la deuda con el fisco.
Esgrime que una multa de menor cuantía no sería disuasiva de la conducta antijurídica
que se ha registrado en varias localidades de la provincia.
Afirma en cuanto a los vicios en el procedimiento alegados por la actora, que la misma no
toma en cuenta el concepto de medidas de mejor proveer, que se encuentran dentro de las
facultades ordenatorias del juez.
Finalmente, ofrece prueba instrumental y plantea la cuestión federal.
III) Dispuesto el traslado pertinente para que se alegue sobre los hechos controvertidos (fs. 206)
y glosados los alegatos presentados por las partes (fs. 214/217 y 218/222), habiendo adquirido
firmeza el llamamiento de autos para sentencia (fs. 224/225), la causa quedó en estado de emitir
pronunciamiento (art. 49, CCA); y
1°) Así expuestos los argumentos de las partes, el thema decidendum radica en verificar la
legitimidad de la resolución dictada con fecha 16­III­2015 por el Juzgado Municipal de Faltas n° 2
de Defensa del Consumidor, en el marco de las actuaciones administrativas n° 44053, en tanto
impone a la firma Cablevisión, una multa de $ 5.000.000, por infracción a los artículos 4 y 19 de
la ley n° 24.240.
De las actuaciones administrativas que tramitaran bajo el nº 44053, cuyo original se
encuentra agregado en autos sin acumular (v. fs. 184), se desprenden las siguientes
circunstancias útiles para la resolución de la presente causa:
a) Con fecha 30­VII­2008 el señor Martín Bernardo Fernandez Gener se presenta ante la
Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, a fin de formular una
denuncia contra la empresa Cablevisión S.A. (fs. 2/51/6, act. adm.). En la misma, manifiesta que
en el mes de julio de ese año le llegó la factura del cable con un aumento de $20, sin encontrarse
notificado dicho aumento con un mes de anticipación, conforme lo estipula el punto 11 de las
condiciones comerciales publicadas en internet por la misma empresa; cuenta que el día 30­VI2008 concurrió a las oficinas comerciales de Multicanal y fue atendido por una empleada llamada
Samanta Rusciti, a la que le expresó que no aceptaría el aumento hasta tanto no se le notificara
por escrito, asimismo le dijo que esperaba que la empresa tomara medidas para acreditar el
importe de más que tenía que abonar ese mes, junto con los intereses correspondientes, a lo que
la empleada respondió que solo se trataba de un error en su factura y que si no estaba dispuesto
a pagar le podía tomar la solicitud para la baja del servicio, relata el denunciante que también le
ofreció hacer una notificación con fecha del mes anterior. Ante ello pidió cursar un reclamo ­
reclamo n° 36612118­
En dicha denuncia señala que luego de que transcurriera el mes de julio y sin tener
novedades sobre el reclamo, recibió la factura del mes de agosto, sin ningún tipo de notificación
y con el mismo importe que el mes anterior, es decir con el aumento del que nunca fue notificado.
Por ultimo afirma que el día 29­VII­2008 concurrió a las oficinas nuevamente, siendo esta
vez atendido por Sol Armenti; realizó el mismo reclamo que el mes anterior y solicitó que se le
informe también el estado que tenía el reclamo anterior, a lo que se le respondió que no tenía
ningún tipo de resolución. Ante esta situación, reiteró el reclamo, al que se le otorgó el numero
38577786.
Adjunta fotocopia de factura previa al aumento (fs. 4) y posterior al mismo (fs. 5/6).
b) A fojas 19, obra acta de la audiencia celebrada con fecha 04­XI­2008, en donde el
señor Gener ratifica su denuncia y el apoderado de Multicanal S.A. manifiesta que sin reconocer
hechos ni derechos y al solo efecto conciliatorio, ofrece 6 meses de servicio de internet brindado
por Fibertel a $44 por mes y un descuento del 25% del abono del cable mensual y por 6 meses.
Luego, cedida la palabra al consumidor, este manifiesta que rechaza el ofrecimiento de la
denunciada. No habiendo las partes arribado a un acuerdo se da por cerrada la instancia
c) A fojas 20/22 consta el auto de imputación dictado por la Dirección Municipal de
Defensa del Consumidor, por presunta infracción a los artículos 4 y 19 de la ley 24240. Se
dispone correr traslado a la denunciada por el plazo de cinco días hábiles, a fin de que formule
su descargo y ofrezca prueba. A fojas 23/25 obran cedulas de notificación.
d) A fojas 26, se dispone la remisión de las actuaciones al Juzgado Municipal n° 2 con
competencia en Defensa del Consumidor.
A fojas 27 obra la resolución del Titular del Juzgado Municipal de Faltas n° 2 , mediante la
cual dispone abrir a prueba el expediente por treinta días y ordena prueba en carácter de
e) A fojas 32/36 se presenta el apoderado de Multicanal S.A., y plantea la nulidad del auto
dictado con fecha 30­VI­2011 (fs. 27), por consignarse en el mismo que su representada no
había efectuado el descargo y acompaña en efecto copia del descargo oportunamente producido
con fecha 09­III­2011; asimismo, acompaña dos facturas emitidas por Multicanal S.A. para el mes
de junio de 2008, en las que se informa que a partir del mes de julio la tarifa nacional básica se
incrementará en un 11,6%.
f) A fojas 37 obra proveído en el que se resuelve el planteo realizado por la empresa
denunciada, disponiéndose que el mismo no resulta procedente porque en el despacho dictado
con fecha 30­VI­2011 no se había tomado conocimiento del descargo ­el que no se encontraba
agregado­, sin embargo, procede a ampliar el auto de apertura a prueba, teniendo por
presentado al apoderado de la entidad imputada y por agregada la documentación acompañada.
A fojas 38/39 constan las cedulas de notificación.
g) A fojas 40, 41 y 49/53, lucen las repuestas negativas a los oficios dispuestos en la
resolución de apertura a prueba.
A fojas 65/70, se encuentran agregadas constancias que dan cuenta de un acuerdo
celebrado entre la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) y Cablevisión,
surge que mediante providencias dictadas por el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Mar del Plata
y por el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Olavarría, el mismo se ha homologado judicialmente.
En dicho acuerdo se consigna que el mismo es consecuencia de las acciones judiciales iniciadas
por los usuarios de Gral. Pueyrredón y Olavarría contra las firmas Multicanal S.A. y Cablevisión
S.A. durante los años 2008 y 2009, por tanto la asociación se presenta en representación de los
mismos. Según surge del convenio, se acordó que la empresa Cablevisión S.A. debería
comunicar todo incremento de tarifas del servicio que pretendiera efectuar en dichos partidos a
través de una nota en hoja por separado del tamaño de la revista que envía a sus clientes, con
una antelación mínima de 30 días a la fecha de la entrada en vigencia del aumento, con una
explicación de los motivos por los cuales se efectúa tal incremento, ello a fin de que los usuarios
puedan decidir en ese plazo su baja del servicio, para no pagar el aumento, o en su caso,
cuestionar el mismo en sede judicial. Asimismo, se disponen otras medidas para restituir el
monto del incremento más intereses a los usuarios afectados.
A fojas 70 luce constancia en donde Cablevisión informa a los usuarios las pautas
establecidas en el acuerdo mencionado.
h) Finalmente a fojas 71/86 obra la resolución dictada por el Juez de Faltas con fecha 16­
III­2015, mediante la cual se decide sancionar a Cablevisión con una multa, por el valor de
$5.000.000, con más la suma $40, en concepto de tasa administrativa, por infracción a los
artículos 4 y 19 de la ley 24240, además de la publicación por dos días en el diario “El día” de la
ciudad de La Plata y condenar a la firma actora a abonar al señor Martín Bernardo Fernandez
Gener, la suma de $86,15, por daño directo con más intereses.
2°) Delimitada la cuestión de autos y efectuada una somera descripción de los pasos por los que
transitó le expediente administrativo n° 44053, se impone señalar liminarmente que nos
encontramos en el caso sub examine ante un típico contrato de consumo, que como tal, resulta
imbuido de toda la normativa basada en principios protectorios de la parte mas débil de la
relación, como lo es el consumidor de bienes y servicios.
O sea, se parte de la idea rectora de que una de las partes del contrato se encuentra en una
posición desigual, es así que el régimen tutelar ideado por la reforma constitucional del año 1994
procura proteger a la parte más débil de la relación ­consumidor­, ello mediante los lineamientos
plasmados en el artículo 42 de la C.N. y 38 de la Const. Prov., concretándose finalmente dicha
iniciativa mediante la ley n° 24.240, y su complementaria en Provincia, ley n° 13.133.
De igual modo, los contratos de consumo merecen un capítulo especial en el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación (ley n° 26.994), vigente desde el 1º de agosto de 2015,
reforzándose de esta manera el entramado normativo que pretende fortalecer la tutela del sujeto
consumidor (Titulo III Cap. 1, arts. 1.092 y ss., C.C. y C.).
3°) Descripto el marco propio en el que se desenvuelve el servicio de provisión del servicio
de cable por televisión, cabe destacar que el planteo efectuado por la firma actora, radica
sustancialmente en que la resolución dictada por el Juez de Faltas carece de motivación y que
supuestamente, no se ha fundamentado la estimación del excesivo monto de la multa impuesta.
En ese orden, corresponde abordar entonces los motivos invocados por la Autoridad
Administrativa, para decidir de la manera que lo hizo.
Pues bien, el Juez Municipal de Faltas, luego de hacer un recuento de la prueba producida
en las actuaciones administrativas, señala que “El consumidor sustenta su postura con la
documental de fs. 4/6. En la factura de fs. 4 correspondiente al mes previo al aumento motivo de
la denuncia, se observa que en el recuadro utilizado por la imputada para comunicar
“MENSAJES IMPORTANTES” a sus clientes, ubicado a la derecha del frente de la factura, no
consta notificación alguna y aparece en blanco. Ese es el lugar y el medio utilizado por la
imputada para efectuar este tipo de comunicaciones, circunstancia corroborada por las facturas
aportadas por ella a fojas 34/35.­ La factura del mes de junio de 2008 efectivamente posee un
aumento de $20 , reconocido por la propia imputada a fs. 32 vta. En un porcentaje de 11,6. Sin
embargo, un simple calculo comparando las facturas del consumidor denunciante, permite
concluir que el aumento fue de hecho mayor a ese porcentaje, correspondiendo en realidad a un
14,61%” (v. fs. 75 y ss., act. adm. Nº 44053).
Asimismo, señaló que “Por otra parte la factura del mes posterior al aumento, no informa ­
ni hace mención al reclamo del consumidor­ así como tampoco realiza reintegro alguno. Junto a
estas facturas el consumidor informa de dos números de reclamos que según sus dichos nunca
fueron resueltos, punto sobre el cual Multicanal se desentiende, sin realizar mención alguna en
sus presentaciones que desvirtúe lo afirmado por el denunciante.­ La imputada acerca como
única prueba dos impresiones de sistema de facturas del mes de mayo del 2008, en las que
aparece el aviso del aumento en el recuadro correspondiente a los “MENSAJES
IMPORTANTES”. El valor probatorio de esas impresiones en sostén de la postura de la
imputada, por diversas razones, es prácticamente nulo, a saber: son copias simples extraídas de
su propio sistema cuyo contenido pudo ser alterado o ¨manipulado¨ fácilmente (cf. Art. 54, Ley
13.133; corresponden a usuarios distintos al consumidor…; no existe constancia de que las
facturas hayan sido efectivamente entregadas a su destinatario; son irrelevantes en relación a la
cantidad total de usuarios dentro de la jurisdicción (si bien no se pudo obtener ­ni tampoco la
imputada­ informó la cantidad de usuarios dentro del Partido de La Plata, es dable suponer que
dos usuarios no son representativos de un universo que seguramente supera los varios miles).
Huelga decir que el hipotético hecho de que eventualmente la imputada haya informado el
incremento del valor del servicio a algunos consumidores …no exime ni justifica la obligatoriedad
de informar a todos sus usuarios incluido el aquí denunciante”.
A fin de proveerse de elementos probatorios, el Juez de faltas ordenó de oficio otra
prueba, en carácter de medida para mejor proveer, facultad de la cual se encuentra embuido
conforme la naturaleza de su función; pues, la normativa que determina su competencia no la
limita en este aspecto, sino todo lo contrario –arts. 41 y 43 de la ley 24240; 36 y concs. de la ley
13133­, la autoridad aquí posee amplias facultades, con las que se procura obtener el concreto
cumplimiento de la ley de Defensa de Consumidor y normas complementarios a la misma.
En tal contexto, el funcionario aporta pruebas de oficio al expediente y agrega documental,
señalando que “…tal como se desprende de la información oficiosamente recabada por este
juzgado de la cual se adjuntan constancias documentales precediendo a la presente resolución,
la imputada Multicanal y Cablevisión S.A. ­razón social que la continuó en su actividad­ arribaron
a acuerdos colectivos con al menos una asociación de consumidores en el marco de procesos
judiciales motivados en hechos análogos a los que aquí han sido motivo de acreditación”, a tal
fin, menciona las actuaciones judiciales por las cuales se procedió a la homologación. Asimismo,
el juez adjunta a fojas 68/70 copia extraída de Internet, de donde surge las pautas del acuerdo
arribado y donde se desprende que el mismo fue originado por la falta de preaviso de los
aumentos operados en el servicio de cable por televisión, en los períodos de marzo 2008, febrero
y julio 2009, en los partidos de General Pueyrredón y Olavarría (v. fe. 76, act. adm).
Pues bien, así el juez municipal destaca que “de conformidad con lo que indica la pauta de
la ¨libre convicción¨ y el principio valorativo “in dubio pro consumidor¨(art. 72, ley 13.133)…deben
tenerse por acreditados los siguientes hechos: a) que la imputada realizó un aumento en el mes
de junio del 2008 del 14,61% (en total de pesos veinte ­$20­); b) que en los casos en que fue
informado, fue informado de manera errónea (un 11.6%); c) que no se informó de dicho aumento
al consumidor en la forma estipulada por el contrato de provisión de servicios en su cláusula 11;
d) que dicho incremento tampoco fue informado de otra manera al consumidor denunciante; e)
que no consta en este expediente que la imputada haya efectuado reintegro alguno de las sumas
indebidas cobradas al consumidor en el mes de junio, ni en la factura del mes de julio (fs. 6)”.
Vale recordar que el artículo 4 de la ley 24.240 señala que “El proveedor está obligado a
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada
con claridad necesaria que permita su comprensión”.
El artículo 7° de la ley n° 13.133 receptó la protección a este derecho, precisando que “la
Autoridad de Aplicación efectuará los controles pertinentes dentro del ámbito de competencia
provincial, a fin de promover y defender los intereses económicos de los consumidores y
usuarios entre otras, en las siguientes materias: a) Calidad de los productos y servicios. b)
Equidad de las prácticas comerciales y cláusulas contractuales. c) Veracidad, adecuación y
lealtad en la información y publicidad comercial.”
Sumado a ello, no puede dejar de mencionarse que dichas obligaciones impuestas a
proveedores de bienes y servicios, tienen como correlato la especial protección otorgada ­al
derecho que nos ocupa­ por los artículos 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto señalan ­entre los derechos de los consumidores y
usuarios­, el de obtener, en su relación de consumo, una “información adecuada y veraz”.
De allí que, el derecho a la información debe ser comprensivo de todas las circunstancias
que surjan de la relación de consumo, correspondiendo que el adquirente sea anoticiado antes y
después de la contratación del servicio, de todas las contingencias que puedan derivar del
mismo. Así se precisa también en la resolución impugnada, cuando señala que el deber de
información “no es solamente exigible en la etapa previa a la formalización del contrato o al
momento de materializarse el mismo, sino que, con igual grado de importancia, se extiende
durante todo el iter contractual”.
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia local ha dispuesto que “el derecho a la
información de los usuarios y consumidores tiene como contracara la obligación y el deber de los
proveedores de proporcionar dicha información en la relación de consumo” (S.C.B.A., causa B.
65.834, “DE.U.CO”, sent. 7­lll­2007). Asimismo indicó que “sabido es que una de las
prerrogativas fundamentales reconocidas a los particulares en el ámbito de las relaciones de
consumo (contracara del deber que paralelamente se coloca en cabeza de los empresarios) es el
derecho a una información adecuada y veraz (artículo 42 de la Constitucional nacional; 38,
Const. Prov.), es decir, a ser nutrido de elementos ciertos y objetivos, detallados, eficaces y
suficientes sobre las características esenciales del producto respectivo (art. 4 de la ley 24.240).
Se trata de una herramienta basilar del sistema protectorio de marras, justificada en la
desigualdad material que caracteriza a los partícipes de la relación de consumo (doct.
CSJN, “Fallos” 321:3345)” ­SCBA, causa C. 102.100, “Lucero”, sent. 17­lX­2008­. Reseñado el
marco normativo y jurisprudencial que delimita el alcance de tal prerrogativa, se evidencia que
resulta suficientemente fundada la infracción al artículo 4 de la ley 24.240, pues tal como lo
explica la Autoridad Administrativa, de la mera comparación de las facturas acompañadas en
copia por el consumidor surge que la empresa proveedora no ha informado el aumento en el
servicio; dicho aumento configura una modificación esencial en el contrato, puesto que el precio
del servicio es un elemento basal para decidir la realización o continuación de la relación de
consumo, por tanto, no informar su modificación en tiempo y forma priva al consumidor de su
No altera dicha conclusión, el hecho de que el consumidor solo haya aportado como
prueba copia de las facturas recibidas, puesto que la empresa denunciada no ha acompañado
elementos que logren rebatir dicha documental, es más, sólo aporta como prueba, facturas
confeccionadas por ella misma, dirigidas a supuestos consumidores que no tienen relación
alguna con la cuestión sub examine.
Así, la proveedora no ofrece otro tipo de elemento probatorio con el que se pueda
contradecir lo manifestado por el consumidor en la denuncia, ni tampoco menciona argumento
alguno en cuanto al destino de los reclamos supuestamente realizados por el consumidor en la
En tal contexto, vale recordar que el artículo 3 de la ley 24240, reza que “…En caso de
duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor”.
De este modo, luce evidente que el juez ha recolectado la mayor cantidad de elementos
posibles para decidir, a fin de probar los hechos del casoEn consecuencia, luce fundada la decisión impugnada por la firma actora, en cuanto
concluye que se encuentra acreditada la infracción al artículo 4 de la ley 24240.
En tal sentido, cabe recordar en cuanto a de la carga dinámica de la prueba, que la
Máximo Tribunal provincial, señaló que “Tratándose de una relación de consumo, donde rige
la teoría de la carga dinámica de la prueba (art. 53, ley 24.240), la empresa demandada,
atento a su profesionalidad (arts. 902 y 909, Cód. Civil), es quien está en mejores
condiciones para acreditar ciertos extremos…” (S.C.B.A., C. 117760, sent. del 01­IV­2015).
Por otra parte, el Juzgado Municipal de Faltas pondera que se ha vulnerado el artículo 19
de la ley 24.240. Esta norma, establece que “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza
circunstancias conforme las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados y convenidos”.
La Autoridad Administrativa consideró quebrantada esta directiva, por la conducta
expuesta por la empresa en el sentido de que “…violó de forma expresa la cláusula 11 del
contrato (fs. 6 vta.). Dicha cláusula fija la obligación del proveedor de ­en caso de modificación de
las tarifas, promociones o bonificaciones­ notificar el mes anterior a que tal modificación entre en
Efectivamente, como surge de la documental obrante en las actuaciones administrativas
(fs. 6vta.), se consigna entre las condiciones comerciales impresas al dorso de la factura de
Multicanal ­punto 11­ que “Las tarifas mensuales son pagaderas por mes adelantado en las
formas y fechas de vencimiento…Toda modificación en las tarifas mensuales y/o promociones
y/o bonificaciones será notificada por LA EMPRESA el mes anterior a que tal modificación en
entre en vigencia” (v. fs. 6vta., act. adm.). Destacase que la cláusula citada no ha sido
desconocida por la firma actora.
En virtud de ello, luce fundada la decisión de condenar a la aquí actora por infracción a la
norma mencionada, ya que la empresa incumplió ­o al menos no acredito el cumplimiento­ de las
condiciones por ella misma impuestas.
4º) En conclusión, la decisión que dispone que la firma aquí actora ha vulnerado los
artículos 4 y 19 de la ley 24.240, se encuentra debidamente fundada y acreditada con los
elementos probatorios agregados en el expediente administrativo y en los argumentos
ampliamente desarrollados en la resolución impugnada.
Ahora bien, por su parte la firma accionante en la causa sub examine, no aporta mediante
la demanda deducida nuevos elementos que justifiquen la falta de información y de colaboración
en su caso para con el consumidor, pues solo se limita a sostener que la resolución
administrativa carece de motivación (art. 375, CPCC).
En definitiva, cabe concluir que el comportamiento desempeñado por la empresa,
omitiendo brindar la información en cuanto a la modificación del precio del servicio, como así
también, omitiendo reintegrarle lo injustamente pagado, obligando al consumidor a tener que
iniciar acciones en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor a fin de que se lo oyera o se
le diera algún tipo de respuesta, aún cuando la misma proveedora omitió cumplir con las pautas
por ella misma impuestas, vulnera a todas luces, los artículos 4 y 19 de la ley 24.240, tal como
razonablemente lo dispuso el Juzgado Municipal de Faltas nº 2 de Defensa del Consumidor.
5°) En tal contexto, Autoridad Administrativa justifica el monto de la multa impuesta, en
varias circunstancias, la primera esta relacionada con la posición de mercado del infractor, a tal
fin señala que resulta “de público y notorio que es uno de los principales prestadores del servicio
de cable e Internet de la Argentina. Ello así particularmente desde el año 2006 en que la
empresa Multicanal S.A. se fusionó con Cablevisión S.A., continuando su actividad hasta el
presente bajo esta última denominación” (fs. 83 act adm).
También se tiene en cuenta a fin de establecer el monto, la intencionalidad de la imputada,
en tal sentido el juez sostiene que “…de sus argumentos y actividad probatoria desplegada en el
presente resulta imposible que la falta de notificación al denunciante se debiera a un error
individual del sistema de impresión. En primer lugar por la propia naturaleza masiva de la
prestación del servicio, que requiere que su facturación se realice mediante sistemas
informáticos y de manera estandarizada y múltiple; el mas elemental sentido común indica que
sería prácticamente imposible emitir la facturación mensual de todos los usuarios del servicio de
manera individual o personalizada, o que la falla se produzca solo en relación a una sola factura”.
Esto último también lo corrobora la Autoridad con la verificación de hechos similares
ocurridos en otras jurisdicciones, y que dieran lugar a los acuerdos colectivos citados en la
resolución ­y en la documental recolectada en el expediente administrativo­.
Por otra parte, se considera como agravante que notificada la imputada del problema
denunciado “…únicamente le ofreció la baja del servicio sin efectuar reintegro alguno, y una vez
tomado el reclamo –ante la insistencia del consumidor­ no solo continuó cobrando dicho número,
sino que no existe prueba en este expediente de que hubiera dado curso favorable a los
reclamos asentados por el consumidor. Este comportamiento también es demostrativo de la
intencionalidad lesiva del obrar de la imputada”.
Y por último, lo que ha sido tenido en cuenta por el juez para determinar el monto de la
sanción impuesta, es que el hecho motivo de la sanción le ha generado a la empresa
“cuantiosos beneficios económicos”, por tanto, concluye que “las sanciones deben poseer un
efectivo efecto disuasivo y desalentados de futuras conductas análogas. Caso contrario, la
aplicación de sanciones insignificantes en relación a los beneficios obtenidos por los proveedores
de bienes a consumidores no hace mas de retroalimentar las inequidades y abusos que sufren a
diario los sujetos tutelados”.
En tal sentido, el artículo 47 de la ley 24.240 señala que “Verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: …
inc. b) Multa de PESOS CIEN ($100) a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000)”. Asimismo, el
artículo 77 de la ley provincial 13133, reglamenta las pautas ha tener en cuenta para la
Como corolario de ello, no se advierte que el acto administrativo impugnado adolezca del
vicio de exceso de punición, tal como lo describe la demandada en su escrito postulatorio, la
conducta omisiva de la actora le ha proveído de cuantiosos beneficios, tomando en
consideración la cantidad de usuarios destinatarios del servicio masivo que la empresa provee.
En conclusión, la sanción aplicada se ubica dentro de los parámetros previstos por la
Tal como lo tiene sentado la Casación Bonaerense, la falta de proporcionalidad es causal
de invalidez cuando existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos que lo motivaron, y
el vicio de un acto afectado por exceso de punición se concreta en la falta de concordancia o
proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación (S.C.B.A.,
causas B. 49.753, “Ambrosio”, sent. del 2­XII­1997; 58.590, “Lommo”, sent. del 9­V­2001; B.
56.072, “Torres”, sent. del 7­II­2001).
Frente a los hechos comprobados en el procedimiento, el Juzgado interviniente resolvió
imponerle a Cablevisión S.A. una multa de $ 5.000.000, criterio éste que no permite vislumbrar la
alegada desproporción entre las infracciones constatas y la penalidad impuesta, extremo que
obsta a tener por configurado el vicio de exceso de punición endilgado al acto administrativo,
cuya anulación se pretende en el sub lite.
6º) Finalmente, procede señalar que el planteo de inconstitucionalidad esgrimido por la firma
actora, respecto al artículo 70 segundo párrafo de la ley 13133, texto según ley 14652, en tanto
impone el requisito previo de la multa, deviene abstracto.
Tal como lo manifestara la parte actora en el libelo de inicio, mediante medida cautelar dictada
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de este
Departamento, se eximió a la empresa del pago previo de la multa impuesta por la Autoridad de
Aplicación, habilitándola así a iniciar la presente demanda judicial sin el cumplimiento de tal
recaudo.. Ahora, si bien dicha exención, lograda vía cautelar, fuera dejada sin efecto por la
Alzada ­tal como lo exhibe la Comuna demandada­, lo cierto es que en este estadío procesal
concluyente la cuestión del “pago previo” resulta superada.
En ese aspecto, el Superior Tribunal Provincial, ha sostenido que aunque la pretensión haya
podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne
abstracta por haberse satisfecho el objeto de la misma. En consecuencia, un pronunciamiento
sobre la controversia planteada resultaría meramente teórico e inoficioso y, como tal, impropio de
la función jurisdiccional (S.C.B.A., causas, B. 60.871, “Muguerza”, sent. del 29­VI­2.011, A.
70.343, “Supermercados Norte”, sent. del 28­III­2.012, entre otras).
7°) A tenor de los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la pretensión anulatoria
deducida en el sub lite contra la resolución de fecha 16­III­2015, dictada por Juzgado Municipal
de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor, en el expediente n° 44053 (arts. 42 y concs., Const.
Nac.; 38 y concs., Const. Pcial.; 3, 4, 19 y concs., ley 24.240; 77 y concs., ley 13.133, 69 y
concs., C.C.A., ley 12.008).
Las costas se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art. 51, C.C.A., ley 12.008,
según ley 14.437).
1°) Desestimar la pretensión anulatoria deducida por Cablevisión S.A. contra la resolución de
fecha 16­III­2015, dictada por Juzgado Municipal de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor, en
el expediente n° 44053 (arts. 42 y concs., Const. Nac.; 38 y concs., Const. Pcial.; 3, 4, 19 y
concs., ley 24.240; 77 y concs., ley 13.133, 69 y concs., C.C.A., ley 12.008).
2°) Imponer las costas a la parte actora en su calidad de vencida (art. 51 inc. 1°, C.C.A., ley
12.008, según ley 14.437).
3°) Regular los honorarios profesionales de la letrada apoderada de la parte demandada, doctora
María Eugenia Toledo, en la suma de cuatrocientos mil ($ 400.000) y del apoderado de la parte
actora, letrado Hugo Marcelo Garofalo, en la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($
350.000). A dichos montos deberá adicionarse el 10 % y el porcentaje que corresponda según su
condición tributaria frente al IVA (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 14, 15, 16, 21, 26, 44 y
concs., dec.­ley 8904/77).
Registro Nº ………….
en lo Contencioso Administrativo nº 4
Res. 17/13 (R.A.) C.C.A.L.P.
¿ Pueden aumentar el celular ? Derechos del usuario Nuevo reglamento para uso de celulares e Internet – derechos del usuario Le vendieron el servicio de Internet en una zona sin cobertura, ahora lo indemnizan Le cambiaron de plan de celular, ahora la indemnizan
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