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Timestamp: 2019-10-15 05:07:52
Document Index: 72249511

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 134', 'artículo 253', 'artículo 235', 'ARTÍCULO 235', 'ARTÍCULO 235', 'artículo 253', 'artículo 253']

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-10-2018 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3161/2018 ) - Jurisprudencia - VLEX 799631921
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3161/2018.
QUEJOSO HÉCTOR DE J.G.Q..
Ciudad de México. Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dicta la siguiente resolución.
V I S T O S para resolver los autos relativos al amparo directo en revisión 3161/2018, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en el amparo directo **********; y
PRIMERO. Antecedentes. De autos se encuentra probado que el ocho de mayo de dos mil doce, H. de J.G.Q., acudió al negocio propiedad de **********, y le solicitó le entregara veinticinco mil pesos, como cuota, refiriendo que era miembro del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, y lo amenazó de que en caso de no entregar dicha cantidad cerraría el negocio y lo privaría de la vida. Sin embargo, en cuanto salió el sujeto, la víctima pidió apoyo a elementos de seguridad y en ese momento fue detenido el agresor.
Por los anteriores hechos se inició la averiguación correspondiente y seguido el proceso penal en todas sus etapas, H. de J.G.Q., fue considerado penalmente responsable por la comisión del delito de chantaje, por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, dentro del proceso penal **********, quien le impuso una pena de prisión de diez años, entre otras sanciones.
Inconforme con la sentencia de primera instancia, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado en la Décima S. Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, con el toca penal **********, quien mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil trece, determinó modificar la resolución impugnada.
A. Directo. En disenso con lo resuelto por la S. responsable, H. de J.G.Q., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal1. En el escrito se señalaron como derechos constitucionales violados los establecidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución General; y se desarrolló la argumentación a título de conceptos de violación.
Por acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete2, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, registrándola con el amparo directo penal **********.
En sesión de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.3
SEGUNDO. Recurso de Revisión. En contra de la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión4, medio de impugnación que fue presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso de revisión, al que le recayó el 3161/2018; radicó el presente asunto, y atendiendo a la materia y especialidad de esta Primera S. turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; y ordenó las comunicaciones oficiales correspondientes6.
El dos de julio de dos mil dieciocho, la Ministra Presidenta de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta S. se avocaría al conocimiento del presente asunto, por lo que ordenó devolver los autos a la ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución.7
En efecto, como se advierte de las constancias que obran en autos, la sentencia recurrida fue notificada personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el veinticinco del mismo mes y año; por lo que el plazo de diez días para la interposición del presente recurso de revisión empezó a transcurrir del veintiséis de abril al diez de mayo del año en curso, descontándose de dicho plazo los días veintiocho y veintinueve de abril, uno, cinco y seis de mayo de dos mil dieciocho, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de A. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tales condiciones, si el escrito de agravios fue presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, consecuentemente el recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo legal.
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la siguiente jurisprudencia: “RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO”8.
TERCERO. Elementos necesarios para resolver el asunto.
Se vulneró el artículo 16 de la Constitución Federal porque fue detenido ilegalmente, ya que no existe medio probatorio que justifique la detención del quejoso por flagrancia ni cuasi flagrancia en cuanto al delito por el que fue capturado, de tal modo que la violación al derecho fundamental de libertad personal, produce la ineficacia de las pruebas obtenidas por esa detención. Solicitando la inconstitucionalidad del artículo 134, inciso 2 y 4 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, mismo que incumple las exigencias de flagrancia y cuasi flagrancia.
La indebida aplicación de los artículos 43 y 80, primer párrafo del Código Penal para el Estado de Nuevo, los cuales tildó de inconstitucionales al violentar el derecho del quejoso al no ser juzgado dos veces por el mismo delito y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Consideraciones del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado otorgó el amparo solicitado, tras emitir las siguientes consideraciones:
El órgano colegiado señaló que fue incorrecto que la S. Colegiada Penal responsable no ordenara la reposición del procedimiento, para la ratificación del dictamen pericial rendido por el experto adscrito al Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistente en: Dictamen en psicología practicado a **********.
El órgano colegiado, en ejercicio del control de constitucionalidad ex officio, advirtió la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 253 del Código de Procedimientos Penales del estado de Nuevo León, el cual fue aplicado en la sentencia reclamada, por identidad en el contenido con el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, precepto que fue declarado inconstitucional por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para justificar lo anterior, invocó lo resuelto en el amparo en revisión 1687/2014, amparo directo en revisión 2759/2015 y las tesis emitidas por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia rubros siguientes: “PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL”, “DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL”, “DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE”, y “DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN”.
Por lo anterior, consideró que la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 253 del Código de Procedimientos Penales del Estado, conlleva a la actualización de una violación procesal por parte del Juez de primera instancia, la cual debió ser subsanada por la S. responsable, quien debió realizar un control de convencionalidad ex officio y desaplicar el segundo párrafo del artículo 253 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, a fin de ordenar la ratificación del dictamen en psicología Empero, al no haberlo hecho así la autoridad, trasgredió las normas del procedimiento penal y dejó al quejoso en estado de indefensión, pues...