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Timestamp: 2019-02-17 03:24:15
Document Index: 337981587

Matched Legal Cases: ['artículo 200', 'artículo 173', 'artículo 302', 'artículo 200', 'Artículo 13', 'artículo 324', 'artículo 200', 'artículo 173', 'Artículo 198', 'artículo 194', 'artículo 199', 'artículo 200', 'artículo 173']

1.1- Interceptación, Registro y Transcripción de Telecomunicaciones
En la República del Paraguay, ésta medida se encuentra regulada en el artículo 200 del Código Procesal Penal Paraguayo.
Es concebida por el legislador como una herramienta de investigación y como un medio auxiliar de prueba, el cual tiene carácter excepcional.
La misma debe ser autorizada por un Juez Penal de Garantías, por resolución fundada bajo pena de nulidad.
Esta norma regula los requisitos, casos y formas en que puede proceder.
Con esta medida, se permite interceptar, escuchar, grabar, registrar y transcribir, en un debido soporte las comunicaciones que sostenga una persona objeto de una investigación penal.
De igual forma el artículo 173 del Código Procesal Penal establece la libertad probatoria en el cual se establece que los hechos y circunstancias relacionados con el procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes. Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y es útil para el descubrimiento de la verdad. El Juez o Tribunal limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos.
En cuanto de la intervención de comunicaciones del imputado, el Juez puede autorizarlas, cualquiera sea el medio técnico utilizado.
Autorización del juez de garantía.
Acta de imputación- conforme al artículo 302 del Código Procesal Penal
Requisitos del acta de imputación: Cuando existan suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, el agente fiscal interviniente formulará la imputación en un acta por la cual se informará al juez penal competente. En la que deberá: 1) identificar al imputado o individualizarlo correctamente si todavía no pudo ser identificado; 2) describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan; y, 3) indicar el tiempo que estima que necesitará para formular la acusación dentro del plazo máximo establecido para la etapa preparatoria.
También es un requisito indispensable a los efectos de preservar el derecho a la defensa en juicio, y a la imposición de medidas cautelares, la calificación del hecho punible, lo cual no obsta a que la misma sea modificada en etapas posteriores del proceso e inclusive en el juicio oral y público.
La orden de intervención de comunicaciones debe contener todos los datos de la persona afectada.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Penal, la intervención de comunicaciones debe ser autorizada por un Juez Penal de Garantías, por resolución fundada bajo pena de nulidad.
Este acto de investigación es concebido como un medio auxiliar de carácter de excepcional.
Sí, conforme a lo establecido por los Tratados Internacionales bilaterales y multilaterales suscriptos por la República del Paraguay, sobre cooperación jurídica internacional. Una vez recibida la solicitud de asistencia, el trámite interno se realiza conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal paraguayo. Las solicitudes deben ser remitidas a través de las respectivas autoridades centrales, las cuales, posteriormente, tienen a su cargo la tramitación de las mismas. En el caso específico, las solicitudes deberán ser remitidas al Juez Penal de Garantías para obtener la autorización correspondiente.
Asimismo, es importante destacar que la LEY Nº 1.562/00 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO en su Artículo 13.- establece que: "Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación en el proceso de la víctima, de sus derecho- habientes o de los ciudadanos, en los términos establecidos en la ley. Para ello: 1) investigará los hechos punibles de acción pública; 2) promoverá y ejercerá la acción penal pública ante los órganos judiciales, salvo que para intentarla o proseguirla fuese necesario instancia o requerimiento de parte de acuerdo con las leyes penales; 3) promoverá y ejercerá la acción civil en los casos previstos por la ley; 4) asistirá en los procesos a la víctima; 5) promoverá la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada;
Asimismo es importante destacar que el Ministerio Público es autoridad central en varios Tratados de cooperación jurídica internacional, lo que posibilita el trámite ágil de las solicitudes remitidas del extranjero, las cuales pueden ser diligenciadas directamente, siempre y cuando no necesiten autorización judicial como en el caso de la intervención de comunicaciones.
Solo con autorización judicial y de acuerdo con el tratado aplicable. En los demás casos no.
Los requisitos que deben ser tenidos en cuenta son:
1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito, y ser remitida a través de la autoridad central. En caso de urgencia, la solicitud puede ser remitida por fax o por correo electrónico u otro medio, siempre y cuando posteriormente se remitan los documentos originales suscriptos por la autoridad requirente que lo solicita, sirviendo como respaldo al trámite establecido por los Tratados aplicables en la materia.
Asimismo, la misma, deberá contener además: a) la identificación de la autoridad competente del país requirente; b) la descripción del asunto y naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los hechos punibles que son objeto del proceso; c) la descripción precisa de la medida de asistencia solicitada, en este caso la intervención de comunicaciones; d) los motivos por los cuales se solicita dicha medida; en este punto es importante detallar la relevancia de la medida para el proceso penal de la cual es objeto la investigación y la relevancia de los datos que se desean obtener a través de esta medida; e) el texto de las normas penales aplicables; f) la identidad de las personas sujetas al procedimiento judicial, cuando se la conozca, en caso de existir personas que hayan sido imputadas o en su caso acusadas. Por último con respecto a la medida solicitada, también es imprescindible conocer: a) información sobre la identidad y domicilio de las personas que será objeto de la intervención b) la descripción de las formas y procedimientos especiales con que ha de cumplirse la solicitud, si así fueren requeridos.
Aquí es importante detallar el plazo en el cual debe ser diligenciada la solicitud, teniendo en cuenta que en el caso de la legislación paraguaya, el artículo artículo 324 del Código Procesal Penal Paraguayo establece el Ministerio Público debe finalizar su investigación, con la mayor diligencia, dentro de los seis meses de iniciado el procedimiento y formular la correspondiente acusación en la fecha fijada por el juez.
También sería de vital importancia, remitir solicitud de asistencia: cualquier otra información que pueda ser de utilidad al Estado requerido a los efectos de facilitar el cumplimiento de la solicitud; y que la misma sea redactada en idioma del Estado requirente, y en el caso de que no fuera el mismo del Estado Requerido, la misma debe ir acompañada de una traducción en el idioma del Estado requerido.
Todos estos requisitos permitirán el diligenciamiento de la solicitud en el menor tiempo posible, a fin de que el resultado pueda ser de utilidad a la investigación del Estado Requirente.
Es importante que la solicitud se lo más precisa posible, que cuente con la mayor cantidad de datos y sobre todo que se pueda contar y coordinar con la autoridad central o autoridad ejecutante para lograr el éxito esperado.
La posibilidad de conocer datos sobre un aparato de telecomunicaciones puede ser solicitada indistintamente por el Juzgado o por el Ministerio Público, esta medida está concebida como un informe que puede ser solicitado a cualquier entidad pública o privada, la cuales tienen el deber de colaborar con la investigación. Por lo tanto, esta medida puede ser solicitada por el Ministerio Público sin autorización judicial.
Una solicitud emanada de un Juez Penal o de un Agente Fiscal, con los datos relevantes necesarios para obtener el informe correspondiente, conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal. Ahora bien, desde la reforma del Proceso Penal en Paraguay, el ejercicio de la Acción Penal corresponde al Ministerio Público, desde la implementación del sistema acusatorio, dejando de lado el antiguo sistema inquisitivo, por lo tanto, al tratarse de un acto de investigación, lo normal es que este tipo de solicitudes emanen del Ministerio Público.
Juez Penal o Agente Fiscal del Ministerio Público .
Sí, siempre que fueran remitidos todos los antecedentes de la causa penal de referencia con las normas legales aplicables y la importancia del medida solicitada. Una vez recibida la solicitud, se designará por resolución un Agente Fiscal Penal que se encargará de llevar a cabo la solicitud. Una vez obtenido el informe, el mismo será devuelto al Estado Requirente, a través de la Autoridad Central correspondiente.
Es de vital importancia que sean proveídos los datos sobre el aparato telefónico que se pretende rastrear como ser: el número de teléfono, la individualización del propietario si se lo conoce y la compañía que presta el servicio si es posible.
Asimismo, es importante destacar que las compañías de telecomunicaciones mantienen una base de datos de las llamadas realizadas por sus usuarios la cual, en caso de ser solicitada por alguna autoridad jurisdiccional tienen que ser proporcionadas, al Ministerio Público o al Juez Penal.
En la República del Paraguay, ésta medida, al igual que la intervención de comunicaciones, se encuentra regulada en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Es considerada una herramienta de investigación y un medio auxiliar de prueba, el cual tiene carácter excepcional. La misma debe ser autorizada por un Juez Penal de Garantías, por resolución fundada bajo pena de nulidad, a requerimiento del Ministerio Público. Esta norma regula los requisitos, casos y formas en que puede proceder. Con esta medida, se permite interceptar, escuchar, grabar, registrar y transcribir, en un debido soporte las comunicaciones que sostenga una persona objeto de una investigación penal.
Si. El artículo 173 del Código Procesal Penal señala que los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes.
Los Agentes Fiscales del Ministerio Público pueden solicitar al Juez Pernal la autorización para la reproducción de imágenes, la práctica de operaciones científicas, toma de fotografías, filmación o grabación y la reproducción de voces y sonidos por los medios técnicos que resulten adecuados, requiriendo la intervención de organismos especializados. En ese sentido, la Policía Nacional cuenta con los instrumentos técnicos autorizados para este tipo de diligencias, la cuales se realizan, bajo la dirección del Agente Fiscal interviniente previa autorización judicial.
El Juez Penal de Garantías, por resolución fundada, a requerimiento del Ministerio Público, en el caso de intervención de comunicaciones telefónicas. En el caso de rastreo, indistintamente pueden solicitar informes el Juez Penal o el Ministerio Público.
Sí. La solicitud debe ser remitida a la autoridad central, la cual la diligenciará en el menor tiempo posible, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Procesal Penal Paraguayo.
En este sentido es importante conocer la importancia de la medida solicitada, teniendo en cuenta que puede afectar la esfera de la vida privada de la persona. La misma tiene un carácter excepcional, la cual es evaluada por el Juez Penal de acuerdo a las circunstancias del caso. Por lo tanto, es imprescindible que se provean la mayor cantidad de datos posibles en relación a la causa que se investiga, como ser, datos de la persona, lugar de la supuesta comisión del hecho punible, circunstancias que se consideren relevantes para la realización de la medida solicitada, el medio a utilizarse, entre otros.
Por otro lado, las diligencias deberán realizarse siempre conforme a la legislación paraguaya.
La correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra clase (esto incluye a los medios modernos de comunicación como el correo electrónico) puede interceptarse o secuestrarse de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198 del Código Procesal Penal paraguayo.
La medida debe ser autorizada por el Juez Penal de Garantías, por resolución fundada, a requerimiento del Ministerio Público, la cual consiste en la intercepción o el secuestro de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra clase, remitida por el imputado o destinada a él, aunque sea bajo nombre supuesto.
Para la intercepción y secuestro de correspondencia regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos. Estas limitaciones están establecidas en el artículo 194 del Código Procesal Penal y son: No podrán ser objeto de secuestro: 1) las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o que deban hacerlo en razón del secreto; 2) las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extienda el derecho o el deber de abstenerse de declarar; y, 3) los resultados de exámenes o diagnósticos relativos a las ciencias médicas realiza­dos bajo secreto profesional. La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones u objetos estén en poder de aquellas personas que pueden abstenerse de declarar; o en el caso de abogados y profesio­nales de las ciencias médicas, si están archivadas o en poder del estudio jurídico o del establecimien­to hospitalario y consultorios privados.
Además, el requerimiento fiscal que solicite la intercepción y secuestro de correspondencia al Juez Penal debe contener la existencia de motivos fundados que permitan prever la importancia de esta diligencia para la investigación. Asimismo, dicha medida puede ser solicitada para toda clase de hechos punibles.
Resolución fundada del Juez Penal de Garantías, y la existencia de motivos suficientes de que dicha medida será útil para la averiguación de la verdad del hecho que se investiga.
El Juez Penal de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público.
Es de vital relevancia conocer la importancia de la medida solicitada, teniendo en cuenta que afecta la esfera de la vida privada de la persona. La misma, siempre que sea útil para la averiguación de la verdad, será evaluada por el Juez Penal de acuerdo a las circunstancias del caso. Por lo tanto, es imprescindible que se provean la mayor cantidad de datos posibles en relación a la causa que se investiga, como ser, datos de la persona, lugar de la supuesta comisión del hecho punible, circunstancias que se consideren relevantes para la realización de la medida solicitada, el medio a utilizarse, entre otros.
Ahora bien, el artículo 199 del Código Procesal Penal establece el procedimiento para la apertura y examen de la correspondencia, el mismo establece que: Recibida la correspon­dencia o los objetos interceptados, el juez procederá a su apertura haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá para sí el contenido de la correspondencia. Si guardan relación con el procedimiento ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario.
La filmación o vigilancia de personas por medio de imágenes no está legislada taxativamente por la legislación paraguaya, en cuanto a su procedimiento, sin embargo la misma puede ser realizada conforme a los la intervención de comunicaciones, se encuentra regulada en el artículo 200 del Código Procesal Penal.
La televigilancia es muy utilizada en las instituciones financieras por motivos de seguridad, para la cual en caso que se produzca la comisión de un hecho punible esta herramienta puede ser utilizada para la reconstrucción de los hechos.
Asimismo, en caso de afectarse, por medio de esta medida, la vida privada de una persona, se requerirá siempre de autorización judicial y motivos fundados para que sea solicitada esta medida.
Además, el artículo 173 del Código Procesal Penal señala que los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes.
En caso de que deban protegerse ámbitos de la vida privada de una persona, siempre se requerirá de una autorización judicial, la cual debe ser admitida por resolución fundada bajo pena de nulidad.
Además, la solicitud debe expresar la importancia y los motivos por el cual se solicita dicha medida. La misma puede ser utilizada para la investigación de cualquier hecho punible.
Juez Penal de Garantías.
Se deben indicar en forma clara y precisa en la solicitud los lugares en que deben ser controladas las acciones de la persona a ser vigilada por medio de las filmaciones, por supuesto además de los motivos fundados por los cuales se solicita este tipo de medidas.