Source: https://www.scribd.com/doc/47382176/STS-6-3-1999
Timestamp: 2015-10-13 21:43:14
Document Index: 90646359

Matched Legal Cases: ['artículo 1692', 'artículo 1137', 'artículo 1692', 'artículo 1257', 'artículo 7', 'artículo 1137', 'artículo 1692', 'artículo 1257', 'artículo 7', 'artículo 1257', 'artículo 1137', 'artículo 1137']

P. 1STS 6-3-1999STS 6-3-1999Ratings: (0)|Views: 326|Likes: 0Published by Maria Torres CastelMore info:Published by: Maria Torres Castel on Jan 22, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/47382176/STS-6-3-199908/30/2015pdftextoriginalRJ 1999\2246 Sentencia Tribunal Supremo núm.231/1999 (Sala de lo Civil), de 6 marzo
Jurisdicción: Civil Recurso de Casación núm. 2651/1994. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales.
OBLIGACIONES SOLIDARIAS: basta con que aparezca de modo evidente la voluntad de los contratantes de haberse obligado «in solidum» o que resulte de la propia naturaleza de lo pactado: atenuación del rigor del último párrafo del art. 1137 CC. RECURSO DE CASACION: ERROR DE DERECHO EN LA VALORACION DE LA PRUEBA: REQUISITOS: exige invocar, como supuestamente infringido, algún precepto que contenga alguna norma valorativa de la prueba, de lo cual carecen los arts. 1257.1º CC y 7 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña. Don José Antonio D. B. formuló demanda, en juicio de menor cuantía sobre reclamación de cantidad, contra don Antonio M. M. y doña María del Carmen T. N. El Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona dictó Sentencia el 16-11-1992, estimando parcialmente la demanda. En grado de apelación, la Audiencia Provincial dictó Sentencia el 6-7-1994, estimando el recurso. El TS declara no haber lugar al recurso de casación.
En la Villa de Madrid, a seis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Decimotercera de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y Ocho de los de Barcelona, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por doña María del Carmen T. N., representada por el Procurador de los Tribunales don José Granados Weil, en el que recurrido don José Antonio D. B., representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-Ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y Ocho de Barcelona, fueron vistos los autos de menor cuantía número 323/1992, seguidos a instancia de don Domingo B., contra don Antonio M. M. y doña María del Carmen T. N., sobre reclamación de cantidad.
Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «... y previos los demás trámites legales dicte sentencia por la que: a) Se declare haber lugar al pago de la cantidad reclamada en el presente procedimiento, a mi mandante, por no haberse efectuado el abono de la misma en el momento de su vencimiento, y que asciende a la cantidad de 10.000.000 de pesetas. b) Se declare obligados, de forma indistinta y solidaria, al pago de la anterior cantidad a los esposos don Antonio M. M. y doña María del Carmen T. N., demandados en el presente procedimiento, la que deberán hacer efectiva a la parte actora en el momento en que sea firme la sentencia, si no lo hubieren hecho antes. c) Se declare haber lugar a la percepción, por parte del demandante, de los intereses legales desde la interposición de la presente demanda, y a cuyo pago vienen obligados los demandados. d) Sean condenados los demandados don Antonio M. M. y doña María de Carmen T. N. a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos así como al pago de las costas del presente juicio». Asimismo solicitaba el recibimiento del juicio a prueba.
II. se aclaró la anterior sentencia en el sentido siguiente: «Se rectifica la Sentencia dictada por esta Sección en el presente rollo. se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
I. debo absolver y absuelvo a la codemandada señora T. a quien también se le condena solidariamente a que pague a la actora 10. para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «. y.. en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación.-Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciándose la infracción del artículo 1137 en relación con el 1138 del Código Civil porque no existiendo evidencia probada suficiente de la que al menos se deduzca con la eficacia jurídica necesaria razón para romper la presunción legal de solidaridad que resulta de dicho precepto.. N. Porque no habiendo sido la hoy recurrente señora T. debe entenderse señor M. N. y que la suma de diez mil pesetas que figura como condena en su fallo.000.-Al amparo del número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. debo condenar y condeno al codemandado señor M. 38 de esta ciudad en cuanto absuelve a doña María Carmen T.. Audiencia Provincial de Barcelona. se contestó a la misma. en el sentido de que donde dice señor M.000 pesetas más los intereses legales desde la interpelación judicial. imponiendo las costas a la actora».
Por el Juzgado se dictó Sentencia en fecha 16 de noviembre de 1992. que fue admitido.
Por Auto de fecha 20 de julio de 1994. contra la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 1992. no puede atribuirse a la misma responsabilidad contractual derivada de actos o contratos realizados y otorgados por el esposo en su propio nombre. en cuya base el actor formula su reclamación y siendo aplicable al matrimonio de mi representada el régimen económico de separación de bienes.
TERCERO. B. con fecha 6 de julio de 1994. se acordó declarar en situación procesal de rebeldía a don Antonio M.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación. N. cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLAMOS: «Estimamos el recurso de apelación interpuesto por don José Antonio D.-Por el Procurador señor Granados Weil. imponiendo sus costas causadas al actor». dictó Sentencia en fecha 6 de julio de 1994. de todas las pretensiones de la demanda. condenando a ambas demandadas al pago de las costas de la primera instancia y sin pronunciamiento condenatorio respecto a las del recurso». en su día. la Sala sentenciadora ha condenado solidariamente a la recurrente al pago de la cantidad que constituye el objeto de la reclamación en la litis». B. así mismo. y sustanciada la alzada..000 de pesetas. infracción del artículo 1257 párrafo primero del Código Civil en relación con el artículo 7 Compilación de Derecho Civil de Cataluña.. N. M. y doña María del Carmen T. dictar sentencia por la que desestimando la pretensión actora en cuanto a la señora T. dictada por el Ilmo. parte interviniente en el contrato de reconocimiento de deuda. a que pague al actor la suma de 10. M. cuyo fallo es como sigue:
FALLO: «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador don Francisco Javier Manjarin Albert. por la representación de doña Carmen T. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.. contra don Antonio M. la Sección Decimotercera de la Ilma. en nombre y representación de doña María del Carmen T.
Por providencia de fecha 11 de mayo de 1992.. debe entenderse diez millones». Sr.. se absuelva a la misma de tales pretensiones.
. más los intereses legales desde la interpelación judicial y las costas procesales. en representación de don José Antonio D.Admitida a trámite la demanda.
N. al actor la cantidad de diez millones (10. alegando ser totalmente ajena al documento privado suscrito por su esposo (que ha sido transcrito literalmente en el fundamento jurídico primero de esta resolución). con independencia de que la prestación sea divisible o no. demandados en el presente procedimiento. que articula a través de dos motivos. y doña María de Carmen T. en conjunción con el resto de las pruebas [en concreto el documento 1 aportado con la demanda]. basado. deriva de: A) Contradicciones y ambigüedades en las pruebas de confesión en juicio de ambos demandados [absolución a las posiciones segunda. sin duda en el "favor debitoris". DNI ..-No habiéndose solicitado por las partes personadas la celebración de vista pública. quedó firme en la instancia. a la que absolvió de los pedimentos de la misma a ella referentes.000 de pesetas en concepto de préstamo. el día veinticinco de febrero. es un concepto jurídico protector del acreedor: Le facilita el cobro de toda la deuda de cualquier (sic) de los deudores.. por lo que. N. y por no haberle sido abonada o devuelta la cantidad a que el mismo se refiere. era la titular de la cuenta en que fue ingresada la cantidad reclamada. la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia de fecha 6 de julio de 1994 (con un Auto aclaratorio de fecha 20 de julio de 1994) por la que.. ha interpuesto el presente recurso de casación.. Existe un documento privado que. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. en su momento.. sin embargo el pacto expreso de solidaridad
.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción. y doña María del Carmen T.Con base en el aludido documento privado.000. La sentencia de primera instancia hizo este doble pronunciamiento: a) Estimando la demanda con respecto al demandado don Antonio M. En dicho proceso no se personó el demandado don Antonio M. le condenó a pagar al actor la cantidad de diez millones (10. por parte del demandante. N. fue declarado en rebeldía (en cuya situación se ha mantenido). ha de dejarse constancia de que el pronunciamiento condenatorio del demandado don Antonio M. a diferencia de la mancomunidad. SEGUNDO. de forma indistinta y solidaria. M. en los siguientes razonamientos: «La existencia de responsabilidad solidaria de la señora T. estimó también la demanda con respecto a la codemandada doña María del Carmen T. El artículo 1137 establece una presunción de mancomunidad. N.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. c) Se declare haber lugar a la percepción. M.. y que asciende a la cantidad de 10. Fdo. (sic) y segunda de la señora T. interpuesto por el demandante don José Antonio D. M. M. Antonio M.. B. y a cuyo pago vienen obligados los demandados. el cual será devuelto sin intereses en la siguiente forma: 5 millones al 30 de septiembre de 1990 y el resto el 30 de octubre.000 de pesetas.]. B) Respuesta a la pregunta 6ª por parte del testigo ministrado por la actora.. N. en el que postuló (según se dice textualmente en el «petitum» de la demanda) «se dicte sentencia por la que: a) Se declare haber lugar al pago de la cantidad reclamada en el presente procedimiento. la cual. a mi mandante. M. M.000. haciéndolo solamente la codemandada doña María del Carmen T. la codemandada doña María del Carmen T. si no lo hubieren hecho antes. cuarta y séptima del señor M. promovió contra los cónyuges don Antonio M. M. la cantidad de 10. b) Se declare obligados. y E) La solidaridad. En el correspondiente recurso de apelación. a cuya codemandada también condenó a pagar. Contra la referida sentencia de la Audiencia.. por lo que aquí no habremos de referirnos al mismo. D. se señaló para la votación y fallo del presente recurso.30 horas. N. pidió la desestimación de la demanda con respecto a ella. en que ha tenido lugar..000) de pesetas más los intereses legales desde la interpelación judicial. Y para que conste se firma el presente en Barcelona a tres de agosto de 1989 (firma ilegible).000. la que deberán hacer efectiva a la parte actora en el momento en que sea firme la sentencia.El presupuesto fáctico del que ha de partirse es el que seguidamente se expresa. D) Informe del "Banco de Santander" en el que se constata que la señora T. al pago de la anterior cantidad a los esposos don Antonio M. B.. CUARTO. TERCERO. y doña María del Carmen T. b) Desestimó la demanda con respecto a la codemandada doña María del Carmen T.
QUINTO. N.Ante todo. en forma solidaria. Francisco Morales Morales. de los intereses legales desde la interposición de la presente demanda. (cuyo pronunciamiento ya había quedado firme). se presentó escrito impugnando el mismo. a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos así como al pago de las costas del presente juicio». N.». don José Antonio D. manteniendo subsistente el pronunciamiento condenatorio que la sentencia de primera instancia (en cuyo extremo la confirmó) había hecho con respecto al demandado don Antonio M.. B. por no haberse efectuado el abono de la misma en el momento de su vencimiento.CUARTO. M. C) Manifestaciones de las partes en sus escritos así como en las posiciones formuladas a la parte contraria. en la representación que ostentaba de la parte recurrida.000) de pesetas más los intereses legales desde la interpelación judicial. dice así: «Por el presente recibo de don José Antonio D. Sr.000. a las 10. d) Sean condenados los demandados don Antonio M. en marzo de 1992. el juicio de menor cuantía del que este recurso dimana. literalmente. (en cuyo extremo revocó la de primera instancia). por el Procurador señor Morales Price.La sentencia aquí recurrida basa su pronunciamiento también condenatorio de la codemandada doña María del Carmen T.
aquí recurrente. porque no habiendo sido la hoy recurrente señora T. no es una tercera instancia. no solidaria. tiene una autonomía patrimonial propia e independiente de su esposo. no puede resultar obligada por un contrato en el que no ha sido parte.. algún precepto que contenga alguna norma valorativa de prueba. aunque las partes lo califiquen de «reconocimiento de deuda») instrumentado mediante el documento privado de fecha 3 de agosto de 1989 (que ha sido transcrito literalmente en el fundamento jurídico primero de esta resolución). sin embargo.. El expresado motivo ha de ser desestimado. QUINTO. 2 de marzo de 1981 [RJ 1981\879]. 14 de abril y 20 de octubre de 1986 [RJ 1986\1851 y RJ 1986\5943].. aunque no llegara a firmar el documento privado en que fue instrumentado el mismo. con residencia procesal en el ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.no es exigido ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. 12 de mayo de 1987 [RJ 1987\3435]. siguiendo las pautas de la «bona fides». N. por lo que concluye que. a la manera como establece nuestro Código Civil. en el «Banco de Santander». fue parte interviniente en el contrato litigioso. La expresada doctrina jurisprudencial es de plena aplicación al presente supuesto litigioso. por el actor al demandado don Antonio M. en concepto de préstamo. en cuya base el actor formula su reclamación y siendo aplicable al matrimonio de mi representada el régimen económico de separación de bienes. no cabe la posibilidad legal de declarar responsable de las consecuencias de un contrato a una persona que no ha sido parte en el mismo (ni es heredera de ningún contratante) y. la codemandada y aquí recurrente. la Sala sentenciadora ha condenado solidariamente a la recurrente al pago de la cantidad que constituye el objeto de la reclamación en la litis». perfectamente compatible con la posibilidad de división interna de la parte de las respectivas obligaciones. por lo que ella. lo que evidencia claramente que ambos
. En el alegato integrador de su desarrollo. la ingresó dicho demandado en la cuenta corriente. ya que este recurso extraordinario. entre otras muchas) la de que no es preciso para entender que existió una solidaridad en el contrato que se haga una expresión causal o literal en tal sentido. se denuncia textualmente «infracción del artículo 1257 párrafo primero del Código Civil en relación con el artículo 7 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña (RCL 1984\2994 y ApNDL 2001. de cuya condición carecen los dos preceptos que aquí se invocan como supuestamente infringidos (artículos 1257.1º del Código Civil y 7 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña). viene a decir. pues para ello es requisito inexcusable invocar. si no fuese así. aquí recurrente. a lo que agrega que su matrimonio (dada la vecindad civil catalana de ambos cónyuges) ha de entenderse celebrado bajo el régimen de separación de bienes. En el alegato integrador de su desarrollo. 16 de marzo de 1976 [RJ 1976\1380]. LCAT 1984\1888). ni deduciéndose la misma de los términos del contrato. toda vez que el presente motivo carece de idoneidad para denunciar un supuesto error de derecho en la valoración de la prueba. la recurrente (insistiendo en la tesis impugnatoria que ya aparece sintetizada o esbozada en el encabezamiento -anteriormente transcrito. N. reforzamiento y estímulo en el concierto y cumplimiento de los contratos. decimos nosotros. SEXTO. que ha sido transcrito literalmente en el fundamento jurídico primero de esta resolución). por otro lado. 26 de julio y 11 de octubre de 1989 [RJ 1989\5780 y RJ 1989\6906]. bastando que aparezca de modo evidente la voluntad de los contratantes de haberse obligado «in solidum» o resulte dicha solidaridad de la propia naturaleza de lo pactado. 28 de mayo y 17 de diciembre de 1990 [RJ 1990\4091 y RJ 1990\10282]. que es el único que firmó el repetido documento privado. sino que puede ser estimada su concurrencia por el conjunto de antecedentes demostrativos de que ha sido querido por los interesados aquel resultado económico. ya que es reiterada doctrina de esta Sala (Sentencias de 4 de mayo de 1973 [RJ 1973\2291]. 19 de diciembre de 1991 [RJ 1991\9409] y 17 de octubre de 1996 [RJ 1996\7115]. con base en el cual el actor formula su demanda. tras la detallada valoración que hace de toda la prueba practicada en el proceso (veáse su fundamento jurídico tercero. la sentencia aquí recurrida declara a la demandada señora T. desde luego.. Por tanto procede estimar el recurso interpuesto y revocar en parte la resolución impugnada» (fundamento jurídico tercero de la sentencia aquí recurrida). lo cual solamente puede entenderse en el sentido de que (aunque no lo dice expresamente) considera probado (volvemos a decir) que la demandada. la recurrente viene a sostener. sin que. considera probado (aunque sin decirlo de forma expresa) que la demandada. El tratamiento casacional que ha de corresponder al expresado motivo es el que se desprende de las consideraciones que seguidamente se desarrollan. la obligación de los deudores.del motivo) viene a sostener que ella. parte interviniente en el contrato de reconocimiento de deuda.Por el mismo cauce procesal que el anterior (ordinal cuarto) aparece formulado el motivo segundo y último. pues. como tantas veces ya se ha dicho. que acaba de ser literalmente transcrito en el fundamento anterior de esta resolución). doña María del Carmen T. conforme al artículo 1257. responsable de las consecuencias de dicho contrato. doña María del Carmen T. La sentencia aquí recurrida (que. M. en esencia. en base a la cual la Jurisprudencia viene atenuando el rigor del último párrafo del artículo 1137 del Código Civil. de la que era titular única su esposa. no fue parte en el contrato que llama de reconocimiento de deuda. al no firmar el documento privado de fecha 3 de agosto de 1989.1º del Código Civil. que al no haberse pactado expresamente la solidaridad. no puede atribuirse a la misma responsabilidad contractual derivada de actos o contratos realizados y otorgados por el esposo en su propio nombre». el presente motivo primero ha de ser desestimado. dando así una interpretación correctora. Por todo lo anteriormente razonado. 15 de marzo de 1982 [RJ 1982\1377]. especialmente en los artículos 1145 y siguientes y sin perjuicio de las acciones "ad intra" entre los codeudores (siguiendo las pautas de la "bona fides"). ha de considerarse mancomunada. N. como supuestamente infringido. instrumentado en dicho documento privado. ya que aparece probado (y así lo declara la sentencia recurrida) que la cantidad de diez millones de pesetas entregada.En el motivo primero. (según consta en el documento privado de fecha 3 de agosto de 1989. siendo la tendencia actual hacia la solidaridad para garantía. en el que textualmente se denuncia «la infracción del artículo 1137 en relación con el 1138 del Código Civil porque no existiendo evidencia probada suficiente de la que al menos se deduzca con la eficacia jurídica necesaria razón para romper la presunción legal de solidaridad (sic) que resulta de dicho precepto. no se caracteriza por su diafanidad expositiva). Siendo ello así. el referido hecho probado ha de ser necesariamente mantenido incólume en esta vía casacional. 7 de abril de 1983 [RJ 1983\2104]. nos sea viable realizar en esta vía casacional una nueva valoración de toda la prueba practicada en el proceso. doña María del Carmen T. fue parte interviniente en el contrato (que es de préstamo.
. González Poveda. de lo que como Secretario de la misma. a restituirla al actor en su momento. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente. Por lo expuesto. dictada por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona en el proceso a que este recurso se refiere (autos número 323/1992 del Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y Ocho de dicha capital). estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad. N. en consecuencia.El decaimiento de los dos motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del presente recurso.esposos utilizaron y dispusieron conjuntamente de dicha cantidad y.
PUBLICACION. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos. Sr. en nombre y representación de doña María del Carmen T.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación. con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.-F..-I. con expresa imposición a la recurrente de las costas del referido recurso. mandamos y firmamos. Francisco Morales Morales.
Así por esta nuestra sentencia. SEPTIMO. solidariamente. quedaron obligados. que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias. Morales Morales. interpuesto por el Procurador don José Granados Weil. con expresa imposición de las costas del mismo a la recurrente y sin que haya lugar a acordar la pérdida del depósito. lo pronunciamos. contra la Sentencia de fecha seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro.-P.-Rubricados.
. certifico. en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. en el día de hoy. D. Sierra Gil de la Cuesta. al no haber sido constituido el mismo.
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