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Timestamp: 2018-11-17 15:59:24
Document Index: 136259931

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 22', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 47', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 4', 'Artículo 56', 'artículo 100', 'Artículo 50']

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACUERDOS Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS Y AUTORIZADAS.
SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL SERVICIO.
Artículo 36. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia por el Servicio de oficio o a instancia de parte interesada.
La denuncia de las conductas prohibidas por este texto legal es pública; cualquier persona, interesada o no, puede formularla ante el Servicio, que incoará expediente cuando se observen indicios racionales de su existencia.
2. El Servicio podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de resolver la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
3. En la providencia en que se acuerde la incoación del expediente se nombrará un instructor y, en su caso, un secretario, lo que se notificará a los interesados.
4. Iniciado el expediente, se podrá publicar una nota sucinta sobre los extremos fundamentales del mismo, al objeto de que cualquiera pueda aportar información en un plazo que no excederá de quince días.
La referida nota se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en un diario de circulación nacional o en el de mayor tirada de la provincia en la que se realicen las prácticas objeto del expediente.
5. El Servicio, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá disponer la acumulación de expedientes cuando entre ellos exista una conexión directa.
6. El servicio dará cuenta al Tribunal de las denuncias recibidas, del archivo de actuaciones y de las providencias de incoación de expedientes.
Artículo 37. Instrucción del expediente sancionador.
1. El servicio practicará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los presuntos infractores para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes, y, cerrado el período probatorio, efectuar en el plazo de diez días su valoración.
2. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones, que serán tenidas en cuenta por el Servicio al redactar el informe a que se refiere el número siguiente.
3. El Servicio, una vez instruido el expediente, lo remitirá al Tribunal, acompañándolo de un informe que exprese las conductas observadas, sus antecedentes, los efectos producidos y la calificación que le merezcan los hechos.
4. El Servicio podrá sobreseer el expediente, previa audiencia de los interesados. Contra la resolución de sobreseimiento podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los artículos 48 y 49.
Artículo 38.Instrucción del expediente de autorización.
2. Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas prohibidas en el artículo 1, los interesados podrán pedir que se declaren autorizados de conformidad con el artículo 3.
3. En la tramitación de las autorizaciones el Servicio publicará también la nota sucinta prevista en el artículo 36.4, realizará las indagaciones necesarias, oirá a los interesados y remitirá el expediente al Tribunal, en el plazo máximo de treinta días, con la calificación que le merezca.
4. En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de esta misma Ley será preceptivo el informe del Consejo de las Asociaciones de Consumidores previsto por el artículo 22.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
SECCIÓN II. DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
Artículo 39. Admisión a trámite del expediente.
Artículo 40. Fase probatoria del expediente.
2. El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime procedentes, dando intervención a los interesados.
Artículo 41. Vista o escrito de conclusiones.
Artículo 42. Diligencias para mejor proveer.
1. Después de la vista o transcurrido el plazo de formulación de conclusiones, y antes de dictar resolución, el Tribunal podrá acordar, para mejor proveer, la práctica de cualquier diligencia de prueba, incluso la de declaración de los interesados y la de reconocimiento, y recabar nuevos informes del Servicio o de cualquier otro organismo, público o privado, y de autoridades o particulares sobre las cuestiones que el propio Tribunal determine.
Artículo 43. Audiencia del instructor y resolución del expediente.
Se oirá en todo caso al instructor cuando el Tribunal, al dictar resolución, estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por el servicio, al ser susceptible de otra calificación.
La nueva calificación se someterá a los interesados para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para resolver.
Artículo 44. Concurrencia con procedimiento ante los órganos comunitarios.
1. El Tribunal podrá aplazar la resolución, a petición de parte, si se acreditase documentalmente que se está siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los órganos comunitarios. La suspensión se alzará, cuando se hubiese dictado por aquellos resolución firme. La parte que hubiese alegado la excepción deberá comunicar al Tribunal la decisión adoptada, en el plazo de un mes a partir del día en que hubiese tenido conocimiento de aquélla.
2. Si se hubiera impuesto sanción por los órganos comunitarios, el Tribunal deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que corresponda según la presente Ley, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la infracción.
SECCIÓN III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Artículo 45. Clases y procedimiento para acordarlas.
1. El Servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y, en especial, las siguientes:
Órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere.
Fianza de cualquier clase, excepto la personal, declarada bastante por el Tribunal para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran causar.
6. La adopción de medidas cautelares en ningún caso podrán exceder de seis meses y cesarán, en todo caso, cuando se ejecute la resolución del Tribunal.
SECCIÓN IV. DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL.
Artículo 46. Contenido, aclaración y publicidad.
La existencia de prácticas o acuerdos prohibidos.
La existencia de un abuso de posición dominante.
No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
La autorización de acuerdos o prácticas exceptuables.
La orden de cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado.
La imposición de condiciones u obligaciones determinadas.
La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.
La imposición de multas.
La calificación de práctica autorizada.
Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autoriza la presente Ley.
5. Las resoluciones sancionadoras del Tribunal, una vez notificadas a los interesados, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y, en la forma que aquél estime adecuada, en uno o varios diarios de ámbito nacional y de las provincias donde tengan el domicilio o realicen las prácticas las personas o empresas sancionadas. El coste de la inserción de las resoluciones correrá a cargo de la persona o empresa sancionada.
El Tribunal podrá, asimismo, acordar la publicación de sus resoluciones no sancionadoras, en la forma prevista en el párrafo anterior.
SECCIÓN V. DE LOS RECURSOS.
Artículo 47. Recurso contra los actos de archivo y de trámite dictados por el Servicio.
Los actos de archivo y de trámite del Servicio que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, serán recurribles ante el Tribunal en el plazo de diez días.
Artículo 48. Trámites y resolución.
1. El recurso se presentará ante el Tribunal, el cual ordenará al Servicio que le remita el expediente con su informe en el plazo de tres días.
Artículo 49. Recursos contra las resoluciones del Tribunal.
Contra la adopción de medidas cautelares y las resoluciones definitivas del Tribunal de Defensa de la Competencia no cabe ningún recurso en vía administrativa y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Artículo 50. Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En lo no previsto expresamente en esta Ley o en las disposiciones reglamentarias que se dicten para su ejecución, el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia ajustarán su actuación a los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo y a las normas generales que la desarrollen, que en todo caso tendrán carácter supletorio.
Artículo 51. Colaboración de las Administraciones públicas.
Artículo 52. Deber de secreto.
Artículo 53. Tratamiento de información confidencial.
Artículo 54. Recaudación en vía ejecutiva.
La recaudación en vía ejecutiva de las multas se efectuará conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 55. Prejudicialidad del proceso penal.
1. El plazo máximo de duración de la fase del procedimiento sancionador que tiene lugar ante el Servicio será de dieciocho meses a contar desde la incoación del mismo. Dicho plazo se interrumpirá en caso de interposición del recurso administrativo previsto en el artículo 47 de esta Ley, o del planteamiento de cuestiones incidentales en que la Ley prevea la suspensión, así como cuando sea necesaria la coordinación con la Unión Europea o la cooperación con autoridades de competencia de otros países. En tales casos, el Servicio deberá dar cuenta de la resolución de interrupción a los interesados.
2. El Tribunal dictará resolución en el plazo máximo de doce meses a contar desde la admisión a trámite del expediente. El plazo se interrumpirá cuando se planteen cuestiones incidentales en que la Ley prevea la suspensión, se interpongan recursos y se acuerde la suspensión por el órgano jurisdiccional competente, se acuerde la práctica de diligencias para mejor proveer por el Tribunal de Defensa de la Competencia, se deba proceder a cambio de calificación en los términos del artículo 43.1 de esta Ley o se acuerde la suspensión por la concurrencia con un procedimiento ante los órganos comunitarios o con la instrucción de un proceso penal, así como para la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Primera. 1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas comprendidas en el artículo 1 de esta Ley y existentes a la entrada en vigor de la misma, respecto de los cuales los interesados pretendan obtener la autorización a que se refiere el artículo 4, deberán ser comunicados al Servicio de Defensa de la Competencia, a los efectos establecidos en el artículo 38, en el plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado .
Segunda. Las inscripciones practicadas en el Registro de Prácticas Restrictivas de la Competencia creado por la Ley 110/1963 pasarán a formar parte del Registro a que se refiere el artículo 35.
Tercera. Los expedientes ya iniciados antes de la vigencia de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Cuarta. La primera renovación de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia se producirá por sorteo a la entrada en vigor de esta Ley.
Quinta. Hasta que se apruebe la disposición legal oportuna, las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia serán impugnables directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Quedan derogados la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia y, en lo que se opongan a la presente Ley, los Decretos 538/1965, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia; 422/1970, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional y de Procedimiento del Servicio de Defensa de la Competencia; 3564/1972, de 23 de diciembre, por el que se modifican y refunden determinados artículos del Reglamento del Servicio de Defensa de la Competencia; la Orden de 28 de septiembre de 1973, por la que se desarrolla el artículo 9 del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia; el artículo 4 del Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre Medidas Económicas, y los Reales Decretos 2574/1982, de 24 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, y 1936/1985, de 9 de octubre, por el que se actualiza el Estatuto de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Artículo 56;
Artículo introducido por el artículo 100 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Capítulo II; Artículos 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 17, 18, 31, y 31 bis; Disposición FINAL;
Redacción según Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.
Artículo 50;