Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/AS-2017/as201700086.html
Timestamp: 2019-03-23 12:37:39
Document Index: 276314916

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 505', 'artículo 502', 'artículo 505', 'Artículo 769', 'artículo 777', 'artículo 505', 'artículo 38', 'artículo 507']

as201700086
AUTO SUPREMO: 86/2017.
EXPEDIENTE Nº: 18/2016.
PARTES: María Luisa Castro Ponce contra Gregorio Jaimes García.
MAGISTRADO TRAMITADOR: Rómulo Calle Mamani.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de Homologación de Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce (siendo el nombre de casada María Luisa Castro de Jaimes), los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado tramitador Dr. Rómulo Calle Mamani.
CONSIDERANDO I: Que en virtud al Instrumento Público Nº PE-42/16, cursante a fs.13, por memorial de fojas 17, Amalia Maiti Castro Ponce en representación de María Luisa Castro Ponce, se apersonó manifestando que se acepte su personería y se homologue la sentencia, pudiéndose evidenciar que de la documentación que acompaña la apoderada acredita que su representada, contrajo matrimonio Civil en el Departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, Localidad Cochabamba, con Gregorio Jaimes García, en fecha 24 de noviembre de 1980, inscrito el mismo ante la Oficialía de Registro Civil Nº 3027, Libro Nº 3, Partida Nº 29, Folio Nº 15, del departamento antes señalado, que durante la unión conyugal tuvieron una hija mayor de edad a la fecha y que dicho matrimonio se disolvió mediante Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, con lo que solicitó la homologación de la indicada resolución judicial.
Que por decreto de fecha 18 de abril de 2016 se admite la solicitud de Ejecución de Sentencia dictada en el extranjero, disponiendo a efecto de la citación de Gregorio Jaimes García, se oficie al Servicio de Registro Cívico SERECI y al Servicio General de Identificación Personal SEGIP para que remitan la certificación del domicilio del demandado, de conformidad al artículo 78.I del Código Procesal Civil, en cumplimiento a lo ordenado, son remitidos los oficios de fojas 22 y 23 y a su vez son recibidas las certificaciones solicitadas cursando en obrados de fojas 25 a 27 y de fs. 30 y 31, por lo que por decreto de fecha 28 de abril y 4 de mayo de 2016 se ordena se arrime al expediente.
Que por decreto de fojas 32, al no haberse podido establecer el domicilio del demandado, se ordena se cite a Gregorio Jaimes García, mediante Edictos, para que así pueda responder dentro el término de ley más el que correspondiese en razón de la distancia, siendo publicados los mismos en fecha 2 y 10 de junio de 2016, (Fs. 37 y 38), previo juramento de desconocimiento de domicilio realizado mediante acta cursante a fs. 35, pese a su legal notificación, el demandado no respondió la petición de Homologación de Sentencia, dejando vencer el plazo señalado en el Art. 507 numeral II) del Código Procesal Civil. En consecuencia, por decreto de fecha 29 de mayo de 2017, se designó como defensor de oficio al Abog. Víctor Esteban Cuederas, quien por memorial de fojas 110, se apersonó a la demanda, señalando que cumplirá a cabalidad las obligaciones y responsabilidades como defensor de oficio, comprometiéndose hacer conocer por todos los medios legales posibles la demanda a su defendido, dándose por apersonado al Defensor de oficio a fs. 67.
Que, por decreto de fecha 30 de octubre de 2017 cursante a fojas 43, se ordena que siendo la causa presentada dentro de la vigencia de la Ley 439, se acredite la ejecutoria de la Sentencia en cumplimiento al numeral 3 del parágrafo II del artículo 505 de la mencionada Ley, por lo que por memorial de fecha 24 de enero de 2017 se cumple lo ordenado, no quedando ningún pendiente que tramitar, pasó obrados a Sala Plena para resolución, en cumplimiento al decreto de fecha 28 de julio de 2017.
CONSIDERANDO II: Que de la revisión de obrados, se establece que la documentación adjunta a la demanda (fojas 1 a 14 y la de fojas 45 a 50), merece el valor probatorio que asignan los arts. 1294, 1296 y 1309 del Código Civil, pues acreditan por una parte, que los señores Gregorio Jaimes García y María Luisa Castro Ponce, contrajeron Matrimonio Civil en fecha 24 de noviembre de 1980, el mismo fue inscrito ante la Oficialía de Registro Civil Nº 3027, Libro Nº 3, bajo la Partida Nº 29, del Folio Nº 15 en la Localidad de Cochabamba, de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, de cuya unión conyugal nació una hija, siendo esta mayor de edad a la fecha.
Asimismo cursa en obrados la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, y toda vez que la misma habría sido dictada por autoridad competente, cumple con las formalidades extrínsecas para ser considerada autentica.
De igual manera se puede comprobar, que los documentos presentados por la parte demandante se encuentran debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Viceministerio de Gestión Institucional y Consular, Dirección Departamental de Cochabamba y el Consulado General de Bolivia en Madrid - España.
CONSIDERANDO III: Que según dispone el artículo 502 del Código Procesal Civil, las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los Tratados o Convenios existentes.
Que de la revisión del cumplimiento de los requisitos en el precitado artículo 505 del Código Adjetivo Civil en relación a la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, se tiene:
Sobre este requisito la jurisprudencia internacional ha establecido que las formalidades extrínsecas de la sentencia debe prevalecer la regla general “locus regit actus” (ley que debe regir la forma de los actos), es decir la forma de la sentencia debe regirse por la ley del lugar en donde se ha estipulado. Ahora bien para que una sentencia extranjera cumpla con las formalidades extrínsecas, debe haber sido dictada por juez competente según la ley del lugar en que se siguió el litigio, por ello el requisito de cumplimiento de formalidades extrínsecas y que el juez tenga jurisdicción en la esfera internacional están intimidante ligados.
En el presente caso de autos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España que emitió la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Juez Belén Paniagua Plaza, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, es competente conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su CAPÍTULO IV, Artículo 769 referido a la Competencia, mismo que señala que:
“1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor”.
“2. En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el artículo 777, será competente el Juzgado del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes”.
La Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, se encuentra debidamente legalizada, tal como se puede evidenciar del sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, Viceministerio de Gestión Institucional y Consular, Dirección Departamental de Cochabamba y el Consulado General de Bolivia en Madrid - España.
Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano
La Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, así como toda la documentación que se adjuntó, se encuentra en idioma español por lo que no se necesita traducción.
Se hubieren respetado los principios del debido proceso y que la parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del Tribunal sentenciador extranjero
El debido proceso, conforme a la jurisprudencia internacional en los casos de ejecución de sentencias extranjeras, es relacionada con la publicidad de las actuaciones y decisiones, que permiten su conocimiento por las partes e interesados en el proceso o actuación, lo cual es indispensable para que puedan ejercer el derecho de defensa y se pueda haber aportado prueba dentro del proceso. Ahora bien la publicidad y contradictoriedad del proceso, se materializa en forma general mediante las citaciones, notificaciones y publicaciones dirigidas a las partes e interesados, en las formas y los medios previstos en las normas legales.
En el presente caso, ambos cónyuges fueron notificados de acuerdo a la norma prevista en Tudela – España, como se afirma en la Sentencia motivo de Autos con lo que se tiene por cumplido el requisito del debido proceso y la legal notificación conforme a la legislación de tribunal extranjero.
La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen
La Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, cumple con el requisito de haber adquirido fuerza de cosa juzgada, tal como se puede evidenciar a fojas 5 y 49 de obrados.
El orden público internacional, son los principios, valores, orden social y jurídico del Estado y los intereses esenciales y constitucionales reconocidos en el Estado del cual proviene la sentencia a homologar y que naturalmente no pueden ser contrarios al orden publico interno. Es decir, que no tiene que existir una contradicción de la sentencia a homologar con las normas imperativas del sistema jurídico nacional en el cual se quiere ejecutar, pensar lo contrario haría negatorio cualquier intento de pasar el exequátur, toda vez que los sistemas jurídicos tienen diferencias fundamentales en cuanto a las normas que les son obligatorias.
En el caso de autos la jurisprudencia constitucional, no ha definido qué debe entenderse por orden público, sin embargo, se deduce de la Sentencia Constitucional Nº 779/2005-R de 8 de julio de 2005, que el orden público son las libertades y garantías constitucionales fundamentales y que tienen un límite en la Ley (principio de reserva legal), en ese sentido, la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, no contraviene las libertades, derechos y garantías fundamentales y tampoco infringe las prescripciones contenidas en el Código de las Familias.
Que por lo expuesto, se concluye que la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por la Dra. Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados, no se encuentran disposiciones contrarias a las normas de orden público previstas en el Código de las Familias, y cumple con los requisitos previstos en el artículo 505 del Código de Procesal Civil, en consecuencia corresponde dar curso a lo impetrado.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el numeral 8 del artículo 38 de la Ley del Órgano Judicial, los artículos 503 parágrafos II) y 507 parágrafo III) del Nuevo Código Procesal Civil, HOMOLOGA la Sentencia de Divorcio 481/10, de 9 de julio de 2010, pronunciado por Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela (Navarra), España, seguido por Gregorio Jaimes García con el consentimiento de María Luisa Castro Ponce y que cursa en originales de Fs. 1 a 6 y de Fs. 45 a 50 de obrados.
Consecuentemente, en aplicación a la norma contenida en el artículo 507 parágrafo IV) del nuevo Código Procesal Civil, se ordena su cumplimiento al Juez Público en materia Familiar de Turno, de la ciudad de Cochabamba, para que en ejecución de sentencia proceda a la cancelación de la Partida Nº 29, Folio Nº 15, del Libro Nº 3, a cargo de la Oficialía del Registro Civil Nº 3027, del Departamento de Cochabamba, Provincia Cercado, Localidad Cochabamba, con fecha de partida de 24 de noviembre de 1980.
Previo desglose adjúntese también la documental que cursa de fs. 1 a 10, y de fs. 45 a 50, debiendo quedar en su reemplazo, copias legalizadas.