Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421677L.html
Timestamp: 2019-03-26 08:58:56
Document Index: 312454694

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 333', 'artículo 341', 'artículo 345', 'artículo 1283', 'artículo 375', 'artículo 452', 'artículo 454', 'artículo 17', 'artículo 252', 'artículo 106', 'artículo 90', 'artículo 258', 'artículo 17', 'artículo 252', 'artículo 106', 'artículo 194', 'artículo 1451', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 252', 'artículo 106', 'artículo 42', 'artículo 17']

Auto Supremo: Nº 677
Expediente: T-10-2010-S
VISTOS: los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos por Neyda Corina Antelo Cortés y Osear Girón Tárraga a través de Pedro Tapia Tejerina contra el Auto de Vista N° 169/2009 de 20 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, en el proceso ordinario de anulabilidad seguido por Miriam Roxana Iglesias Saiquita contra Luis Alberto Villena Soliz, Neyda Corina Antelo Cortes, Max Aldo Lema León, Martha Miriam Aleoba Armella y Esther Hoyos de Giardina, la consiguiente respuesta de fojas 468 469 vuelta, el auto que concede el mismo de fojas 470 y vuelta, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO I: de la Relación de la Causa: que, la Jueza Segunda de Partido de Familia de Tarija, pronunció la Sentencia N° 47/09 de 16 de mayo de 2009 (fojas 243 a 247 vuelta), declarando probada en todas sus partes la demanda de anulabilidad de los actos jurídicos contenidos en las Escrituras 606/05 de 22 de agosto de 2005 y 201/08 de 31 de enero de 2008, improbada la reconvencional de resarcimiento de daños por hechos ilícitos, como también la excepción de falta de acción y derecho. Sin costas.
Disponiendo las ejecutoriales pertinentes a los Notarios intervinientes con el fin de que anulen los citados documentos y a Derechos Reales con el fin de cancelar las inscripciones correspondientes.
Deducida la apelación por los ahora recurrentes, Max Aldo Lema León, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Auto de Vista N° 169/2009 de 20 de noviembre (fojas 412 a 414 vuelta), confirmó la sentencia apelada, con costas.
Finalmente, Neyda Corina Antelo Cortés y Osear Girón Tárraga a través de Pedro Tapia Tejerina, presentaron recursos de casación en el fondo y en la forma el 2 y 12 de diciembre de 2009, cursantes de fojas 419 a 431 y 446 y vuelta.
CONSIDERANDO II: de los Fundamentos del Recurso de Casación: que, Neyda Corina Antelo Cortés, en su recurso de casación en el fondo y en la forma de 2 de diciembre de 2009 (fojas 419 a 431), citando los artículos 253 incisos. 1), 2) y 3); y, 254 inciso 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil, señaló que: Con relación al recurso de casación en la forma: Denunció la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil concordante con el artículo 3 inciso 1) del mismo cuerpo legal, así como de la disposición especial segunda de la Ley 1760, puesto que la demanda sería contradictoria entre la exposición fáctica y la exposición de derecho, estaría apoyada en los artículos 5 y 102 del Código de Familia, mientras que el artículo 116 de dicha norma se refiere a la anulabilidad, mismas que son aplicadas por la Jueza a qua y en el Auto de vista, debiéndose aplicar el artículo 333 del citado Código.
En aplicación del artículo 341 del Adjetivo Civil, se hubiese suspendido el plazo procesal que le asistía para contestar la demanda principal, esto ante el planteamiento de la excepción de desistimiento del derecho. Dicho plazo no fue reanudado expresamente, lo que le privaría pronunciarse en el fondo de la demanda principal.
En forma posterior la Jueza a qua calificó el proceso como ordinario de puro derecho, al amparo del artículo 345 del código de Procedimiento Civil, lo que causó indefensión, como tampoco se tomó en cuenta que Max Aldo Lema León opuso la excepción de falta de acción y derecho y promovió demanda reconvencional de resarcimiento civil por hechos ilícitos contra la ahora demandante por lo que existían puntos de hechos controvertidos.
Con todo lo mencionado se habrían violado los artículos 109,115, 117,119 y 120 de la Constitución Política del Estado, porque se le hubiese impedido el ejercicio de su derecho a la defensa.
El Auto de Vista no se pronunció sobre la totalidad de los puntos expuesto en el recurso de apelación tanto presentado por su persona como por Max Aldo Lema León, como tampoco se tomó en cuenta la presentada por su garante de evicción señalando ser presentado fuera de plazo.
Respecto al recurso de casación en el fondo: Sostuvo que se violó los artículos 91, 190 y 192 incisos. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, puesto que el Auto de Vista en la parte considerativa incurrió en graves imprecisiones y contradicciones en la valoración de los datos de la causa como de las pretensiones invocadas para justificar la parte resolutiva, siendo esta última producto de una errónea aplicación de dicho precepto legal.
La parte demandante apoya su demanda principal en la anulabilidad de los documentos objeto de la Litis, citando los artículos 5, 101, 102, 116 y 380 del Código de Familia, mismos que fueron aplicados por el Tribunal ad quem.
El Tribunal ad quem no habría dictado el Auto de Vista recurrido con la objetividad necesaria, puesto que no se tomó en cuenta que los derechos adquiridos por su persona como por Max Aldo Lema León, como tampoco que este último sería casado, por lo que su esposa también podría invocar las mismas normas legales que ahora se aplica en el caso de autos. Tanto la Jueza a quo como el Tribunal ad quem no valoraron correctamente la prueba documental de obrados y la cursante de fojas 3 a 4 y 330 a 331 (documento aclarativo y declarativo de derecho propietario) no fue vista, misma que es decisiva sobre el fondo de la causa, en ese sentido no se dio cumplimiento a lo exigido por el artículo 1283 del Código Civil, como tampoco el artículo 375 del Adjetivo Civil, debiendo considerarse que el inmueble materia de Litis no corresponde ser un bien ganancial del matrimonio Villena-Iglesias, siendo que en efecto su persona adquirió dicho bien a través de Luis Alberto Villena 80Hz,quien lo adquirió para ella de Osear Girón Tárraga, el cual se encuentra registrado en Derechos Reales a nombre de Luis Alberto Villena Soliz, quien aclaró que el derecho propietario sobre el mismo sería de su exclusiva propiedad. Es así que denunció que el Tribunal ad quem como la Jueza a quo incurrieron en error de hecho y de derechos en la apreciación de la prueba.
La documental de fojas 3 a 4 cumpliría los requisitos establecido en el artículo 452 del Código Civil, como también el documento aclarativo de derecho propietario cumpliría con el artículo 454 del mismo cuerpo legal; sin embargo, dichos aspectos no fueron tomados en cuenta por lo que sostiene la violación de los artículos 1289, 1290, 1291, 1313, 1317, 1318, del citado Código.
En ese sentido solicitó se anule obrados hasta la presentación de la demanda inclusive o en su caso se case el Auto de Vista recurrido y en el fondo se declare improbada la demanda principal, probada la reconvencional como la excepción perentoria innominada de falta de acción y derecho opuesta por Max Aldo Lema León.
De la misma forma, Oscar Girón Tárraga a través de Pedro Tapia Tejerina, en su recurso de casación en el fondo y en la forma de 2 de diciembre de 2009 (fojas 419 a 431), citando los artículos 253 incisos. 1), 2) y 3); y, 254 inciso 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil señaló que, el Auto de Vista recurrido atentaría contra los principios elementales del debido proceso, puesto que fue excluido del proceso no permitiéndosele presentar ningún medio probatorio debido a que el proceso fue calificado de puro derecho y en su momento el Tribunal de apelación negó la apertura del termino probatorio.
CONSIDERANDO III: de los Fundamentos de la Resolución: En la revisión del proceso y previo a emitir pronunciamiento respecto al recurso de casación y de advertirse la existencia de motivos de nulidad que afecten al orden público, que se hubieren o no denunciado, el juez o tribunal de casación de oficio o a petición de parte está facultado a declarar la nulidad reponiendo hasta el vicio más antiguo.
Superada esa etapa, corresponde el análisis del recurso de casación en la forma a efectos de verificar la existencia de infracción a las formas esenciales -vicios procesales- del proceso denunciadas por el recurrente y finalmente ingresar al recurso de casación en el fondo, en razón a que no tendría sentido analizar el fondo cuando existe vulneración a normas procesales.
La nulidad es entendida como la sanción por la cual la ley priva de efectos a un acto jurídico, en materia procesal Eduardo Couture, señala: "Siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley", formalidades que hacen al debido proceso y garantía de respeto a derechos a fundamentales.
Generalmente la nulidad de un acto procesal opera a pedido de parte cuya interposición podrá hacerse en cualquier etapa del proceso en que se presente la infracción a la norma procesal. También podrá darse de oficio conforme manda el artículo 17.I de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 del Código Procesal Civil, al prescribir la nulidad de oficio por inobservancia a la norma procesal o infracción al orden público, esto significa la facultad conferida por la Ley para que el juez o tribunal que conozca en grado de casación la causa revise de oficio, sin necesidad de pedido de parte, el proceso con la finalidad de resguardar el respeto a las normas procesales establecidas, cuyo cumplimiento de acuerdo al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, es obligatorio. Lo que sin duda se traduce en el resguardo y materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes intervinientes en el proceso y asegurar una correcta administración de justicia. Cabe resaltar que esta facultad privativa conferida por la ley para invalidar un acto procesal de oficio, es aun al margen del recurso de casación conforme previene el artículo 258 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil.
Es decir que, el recurso de casación podrá plantearse en el fondo y en la forma de manera simultánea, pudiendo el Tribunal de Casación, previo a efectuar e análisis sea en la forma o en el fondo, revisar de oficio si en el transcurso de la tramitación de la causa se infringieron normas procesales que afecten el orden público y que amerite la nulidad de obrados por existir afectación a derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes.
Dicho de otro modo, el juez o tribunal de casación está facultado por expresa disposición del artículo 17. 1 de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106 del citado Código, a anular o invalidar de oficio todo proceso en el cual se advierta inobservancia a la norma procesal o infracción a las formas procesales que interesan al orden público, sin ingresar o pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo o en la forma, cuya finalidad, como se dijo precedentemente, es precautelar por el respeto a las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio tendientes a efectivizar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes y que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad a efectos de asegurar una correcta administración de justicia.
En el marco de estas disposiciones y por otro lado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes.
Al respecto, corresponde citar el Auto Supremo N° 99 de 22 de noviembre de 2004, pronunciado por la entonces Corte Suprema de Justicia en el que se estableció lo siguiente: "La pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los artículos 3 inciso 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el artículo 194 del indicado Código adjetivo de la materia" (las negrillas son nuestras).
Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que a fojas 14 y vuelta, 19 y 27 y vuelta, Mirian Roxana Iglesias Saiquita, interpuso demanda de anulabilidad de documentos, el 26 de abril de 2008, subsanada e1 2 de mayo del mismo año y ampliada el 13 de igual mes y año, pretendiendo la nulidad de las Escrituras Públicas N° 606/2005 de 22 de agosto y 201/2008 de 31 de enero, respecto a las transferencias del bien inmueble de 390,75 m, ubicado en la zona de San Bernardo, signado con el lote N° 41, manzano 3, dirigiendo su acción contra Luis Alberto Villena Soliz, Neyda Corina Antelo Cortez, Max Aldo Lema León, Martha Mirian Aleoba Armella y Esther Hoyos de Giardina, demanda que fue admitida por el Juez de la causa el 5 y 17 de mayo de 2008, conforme consta a fojas 19 vuelta y 27 vuelta. Es así que de la Escritura Pública N° 606 respecto a la compra del indicado inmueble efectuada por Neyda Corina Antelo Cortes y la Escritura Pública N° 201 corresponde a la compra venta del bien inmueble en cuestión efectuada por Neyda Corina Antelo Cortez a favor de Max Aldo Lema León y Flavia Segovia Quispe, conforme se tiene a partir de las certificaciones de Derechos Reales cursantes a fojas 7 y 9 de obrados.
Que, de lo expuesto, se tiene que la demanda de autos fue interpuesta exclusivamente contra Luis Alberto Villena Soliz, Neyda Corina Antelo Cortez, Max Aldo Lema León, Martha Mirian Aleoba Armella y Esther Hoyos de Giardina, sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de Flavia Segovia
Quispe y de Oscar Girón Tárraga, este último quien corresponde ser el garante de evicción; de ahí que correspondía a la Jueza a quo integrarles a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, por lo que al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 inciso 1) del citado Código, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de los nombrados, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 17.1 de la Ley del Órgano Judicial en el mismo sentido del anterior artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y del actual artículo 106.1 del Código Procesal Civil.
Por lo expuesto, corresponde pronunciar fallo conforme a la previsión de los artículos 252, 271 inciso 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de lo establecido por los artículos 254 numeral 7), 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrado hasta fojas 19 vuelta inclusive, a efectos de que se integre a la litis a F1avia Segovia Quispe y de Osear Girón Tárraga. Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de la Jueza a qua y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 200 per cápita, descontab1e de sus haberes.
Cumpliendo lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.
La suscrita Magistrada Dra. E1isa Sánchez Mamani, es disidente, ya que considera que se debería anular hasta el auto de calificación del proceso cursante a fojas 271 vuelta inclusive.