Source: https://www.scribd.com/doc/159685697/T-717-11-Prueba-Union-Marital-de-Hecho
Timestamp: 2016-08-26 17:47:56
Document Index: 155805478

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreSentencia T-717/11 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRAPROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA JUDICIALES-Defecto sustantivo ACCION DE TUTELA JUDICIALES-Defecto fáctico CONTRA PROVIDENCIAS PROVIDENCIAS
UNION MARITAL DE HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Control de constitucionalidad mediante sentencia C-075/07 respecto de parejas del mismo sexo REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO-Discriminación afecta derechos de protección, libertad de elección u opción sexual y dignidad humana CORTE CONSTITUCIONAL-Evolución jurisprudencial sobre protección a población homosexual COMUNIDAD HOMOSEXUAL Y BLOQUE CONSTITUCIONALIDAD-Estándares internacionales protección DE de
ACCION DE TUTELA-Principio de subsidiariedad e inmediatez ACCION DE TUTELA DE PROTECCION-Procedencia SUJETO DE ESPECIAL
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS Y PRINCIPIO DE SUBSIDARIEDAD-Procedencia aunque no hayan sido impugnadas las providencias de primera instancia PERSONALIDAD JURIDICA Y ESTADO CIVIL-Derecho a la igualdad y reconocimiento PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-No puede ser negado cuando exista veracidad probatoria
ACCION DE TUTELA DE PERSONA HOMOSEXUALProcedencia aunque no se agotó recurso de apelación en proceso de declaración de unión marital de hecho DEFECTO SUSTANTIVO Y FACTICO-Decisión de juez se apoya en norma que no es aplicable al caso concreto PROCESO DE DECLARACION DE UNION MARITAL DE HECHO DE PERSONA HOMOSEXUAL-Defecto sustantivo y fáctico al omitir aplicar artículo 4 de Ley 54 /90 y declaraciones recaudadas DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PERSONALIDAD JURIDICA Y ESTADO CIVIL DE PERSONA HOMOSEXUAL-Proferir nueva sentencia en proceso de declaración de unión marital de hecho teniendo en cuenta artículo 4 de Ley 54/90 y declaraciones recaudadas Referencia: expediente T-3066688 Acción de tutela instaurada por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo contra el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos emitidos por la Sala Segunda de decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo contra el Juzgado Quinto de Familia de Medellín.
El 8 de febrero de 2011 el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Familia de Medellín, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, basándose en los siguientes hechos: 1.1 El accionante convivió desde 1983 con el señor Luis Enrique Ramírez, quien falleció el 18 de mayo de 2009, tiempo durante el cual compartieron su lugar de habitación y llevaron una vida de pareja. 1.2 El 2 de junio de 2009, el actor presentó través de apoderado judicial demanda declarativa de unión marital de hecho, la cual le correspondió al Juzgado Quinto de Familia de Medellín, y se admitió mediante auto del 5 de junio de 2009. 1.2 En dicho proceso se notificó a las herederas determinadas del difunto: las señoras Dalila del Socorro y Francisca Inés Ramírez Cardona, hermanas del señor Luis Enrique Ramírez, y a los herederos indeterminados a quienes se les nombró su respectivo Curador Ad-Litem. 1.3 Las hermanas del señor Ramírez Cardona se notificaron por conducta concluyente, pero guardaron silencio durante el término de contestación de la demanda y, no asistieron a la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio que se llevó a cabo el 1° de octubre de 2009. 1.4 Durante la etapa probatoria el Juzgado de conocimiento recibió las declaraciones juramentadas del aquí accionante, de un sobrino del difunto, de dos vecinas de la pareja y finalmente se llamó a interrogatorio de parte a las hermanas del señor Ramírez Cardona. Todas las personas antes nombradas ratificaron la relación que existía entre el demandante y el difunto Luis Enrique Ramírez Cardona. 1.5 Sin embargo, el Juzgado Quinto de Familia de Medellín mediante sentencia del 14 de diciembre de 2010, consideró que de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley 54 de 1990 1 modificados por la ley 979 de 2005,
1 Artículo 1o. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina
Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. // Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Artículo 2o. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: // a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; // b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e
para proceder a declarar la unión marital de hecho y la correspondiente existencia de una sociedad patrimonial que pretende el accionante, era necesario que existiera como prueba un acta de conciliación o escritura pública suscrita por los implicados ante Notario. En consecuencia, no accedió a las pretensiones del demandante y lo condenó a pagar la suma de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de agencias en derecho. 1.6 Por lo anterior, el accionante considera que se le está vulnerando su derecho al debido proceso, puesto que la juez que conoció del proceso de unión marital de hecho no le otorgó la validez probatoria correspondiente a los testimonios válidos que se recaudaron durante el proceso. Además, mencionó que no se tuvo en cuenta el numeral 3° del artículo 4 de la ley 54 de 1990 que establece que la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros puede ser declarada por sentencia judicial. Solicitó que se le ordene a la autoridad judicial accionada declarar la nulidad de todo lo actuado y, proceda a decidir conforme a derecho.
3.1 Copia auténtica del expediente del proceso civil de unión marital de hecho, iniciado por el accionante que consta de 88 folios, dentro del cual se destacan: 3.1.1 Declaración extra juicio rendida ante Notario Público por la señora Dalila del Socorro Ramírez de Correa, el 21 de mayo de 2009, en la que manifestó que conoce desde hace 26 años al señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo, y que sabía que éste convivió como pareja en unión marital de hecho con el señor Luis Enrique Ramírez Cardona hasta el 18 de mayo de 2009 fecha del fallecimiento de éste último. Dejó dicho que durante el tiempo de convivencia nunca se separaron y que vivieron bajo el mismo techo. (Folio 2, cuaderno 2).
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: // 1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo. // 2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo.
3.1.2 Declaración extra juicio rendida ante Notario Público por la señora Francisca Inés Ramírez Cardona el 26 de mayo de 2009, en la que declaró lo siguiente: “conocí durante toda su vida al finado Luis Enrique Ramírez Cardona con c.c. 3.353.616 de Medellín, por motivos familiares ya que era mi hermano, por tal razón sé y me consta que él era soltero, convivió en unión libre y en calidad de pareja con su compañero el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo con c.c. 71.639.369 de Medellín, quien es soltero, desde el año 1983 hasta el día de su fallecimiento que ocurrió el 18 de mayo de 2009 en forma ininterrumpida, por ultimo declaro que mi fiando[sic] hermano no hacía vida marital de hecho con ninguna otra persona, tampoco dejó hijos de ninguna clase, ni legítimos, ni reconocidos, ni por reconocer, ni adoptivos o en proceso de adopción .” (Folio 3, cuaderno 2). 3.1.3 Registro Civil de defunción del señor Luis Enrique Ramírez Cardona, en el que consta que falleció en la ciudad de Medellín, Antioquia, el 18 de mayo de 2009. (Folio 4, cuaderno 2) 3.1.4 Copia del formulario pago del impuesto predial unificado, año gravable 2009 a nombre del señor Luis Enrique Ramírez Cardona, sobre los predios ubicados en la ciudad de Medellín, Antioquia, en la Carrera 46 No. 81 – 42, apartamentos 301 y 202. (folio 5, cuaderno 2). 3.1.5 Copia de la Escritura Pública No. 2472 del 27 de agosto de 1984 suscrita en la Notaría 7 del círculo de Medellín, mediante la cual el señor Luis Alfonso Castañeda García transfirió a título de venta al señor Luis Enrique Ramírez Cardona, el derecho de dominio propiedad y posesión sobre el apartamento 202 ubicado en la Carrera 46 No. 81 – 42 de la ciudad de Medellín, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 001-0351777. (Folios 6 a 18 , cuaderno 2) 3.1.6 Copia de la Escritura Pública No. 3.049 del 4 de junio de 1992 de la Notaría 15 del círculo de Medellín, por medio del cual el señor Omar Alveiro Holguín Gaviria transfirió a título de venta al señor Luis Enrique Ramírez Cardona, el apartamento 301 del edificio ubicado en la ciudad de Medellín en la Carrera 46 No. 81 – 42, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 001-0351778. (Folios 9 a 13, cuaderno 2) 3.1.7 Acta de diligencia de interrogatorio al señor Jairo Fernando Ramírez del 17 de noviembre de 2009, en la que manifestó: “ me consta que mi tío Luis Enrique Ramírez Cardona y Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo, tuvieron una relación marital por más de 20 años y siempre conocí de su vida y costumbres porque mi relación fue muy cercana con mi tío, conozco además, que durante esa unión ellos adquirieron dos inmuebles en la ciudad de Medellín…”. A las preguntas que le fueron formuladas por el mandatario del accionante respondió que su tío y su compañero siempre convivieron en la misma casa de habitación, y que antes de que iniciara su relación, el
que decían que ahí vivía una pareja. ya lo demás uno lo deducía. a Jorge le conocí amistades como yo y la señora que acabó de salir de declarar y lo mismo a don Enrique. hermana del señor Luis Enrique Ramírez Cardona del 17 de noviembre de 2009. Informó que junto con su esposo “ los conocimos eso hace por lo menos unos 30 años. desde ahí se entabló amistad con ellos (…) nunca vimos a mujer viviendo con ellos siempre fueron ellos dos los que vivían allí. en la que manifestó que su hermano era homosexual y que tenía una relación sentimental con el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo desde el año de 1983. (Folio 38. con fecha del 17 de noviembre de 2009.9 Acta de diligencia de interrogatorio a la señora Mariela de los Dolores Sierra. y del resultado del trabajo de Jorge como diseñador gráfico. yo también se que ellos inicialmente llegaron pagando arriendo y luego compraron el inmueble donde vivían.
. 3. cuaderno 2). no le conocí novia a don Enrique y a Jorge menos. cuaderno 2). informó que compraban juntos el mercado y cocinaban para los dos. también informó que sabía que Jorge era homosexual y que de Luis lo dedujeron.1. eso mas o menos ocurrió hace unos 26 años…” El apoderado del accionante le formuló una serie de preguntas a las cuales respondió que ellos nunca se separaron puesto que lo hubieran notado de inmediato al interior del barrio. lo otro se deduce por la vecindad. en la que manifestó que: “me consta que a don Enrique lo conocí hace unos 31 años.1. (Folio 37.8 Acta de diligencia de interrogatorio a la señora Magnolia de Jesús Florez Yepes del 17 de noviembre de 2009.10 Acta de diligencia de interrogatorio la señora Dalila del Socorro Ramírez de Correa. porque Enrique empezó a vivir con él. para mi eran muy prudentes con su vida privada. en la que manifestó ser vecina de los señores Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo y Luis Enrique Ramírez Cardona en Medellín. ”(Folios 38 y 39. a Jorge lo conozco hace unos 26 años allá donde don Enrique. uno ya duda de lo que me habían dicho y lo dudaba. porque don Enrique delegaba en Jorge muchas de las cosas. cuaderno 2) 3. 3. así mismo que los ingresos de la pareja los recibían por un lado del trabajo de su tío como obrero de Tejicondor y posteriormente como pensionado.1. tiempo en el que convivían “como hombre y mujer … porque nos consta que era así. lo conocí en el barrio Manrique porque yo vivía al lado de la casa de este era vecino mío y. … Lo que me comentaba la gente que ellos vivían juntos. pero eran unas personas muy reservadas … me decía que era el sobrino … al principio no lo puse en duda pero con el tiempo. porque a veces salía Enrique a cambiar un billete y decía que le entregaran el resto a Jorge y viceversa. porque era Jorge el que iba a comprar las cosas. dijo que sus hijos le comentaron a su esposo que ellos dos eran pareja.señor Luis Enrique Ramírez Cardona no poseía ningún bien inmueble.
cuaderno 2). cuaderno 2). me encargaba de recibir los arriendos de los apartamentos. mi hermano dijo cuando estaba aliviado que el tercer piso es para Jorge y el segundo para mi …” 3. y ellos eran como una esposa y un esposo y que [sic] el esposa era Jorge”. de mi vivía muy pendiente porque soy de mucha edad. la cual mantuvo desde el 18 de marzo de 1983 hasta el fallecimiento de este último en mayo de 2009 sin solución de continuidad. manifestó que “nos consta que era así porque mi hermanito creció con nosotros y él tenía esa inclinación. mi pareja además representaba para mi un padre.1. con fecha del 24 de noviembre de 2009. (Folio 56.” (Folios 43 y 44. de la Diócesis de Caldas Parroquia Santa Ana. Manifestó que “[Luis Enrique] pagaba los servicios con el arriendo que recibía del segundo piso y yo entraba la comida. porque ellos se quisieron mucho … Las palabras de mi hermano en vida siempre fueron que él pensaba mucho en la estabilidad de Jorge porque se amaban demasiado y. expedida el 28 de mayo de 2009 sin nota marginal de matrimonio. Finalmente agregó que está de acuerdo con todo lo que dijo previamente su hermana Dalila. toda vez que los datos de los padres consignados en la partida de Bautismo del señor Luis Cardona. un hermano.1.porque mi hermanito a pesar de que murió sigue vigente. cuaderno 2) 3.13 Partida de Bautismo de Luis Enrique Ramírez Cardona. el valor del canon es de $170.1. … quiero agregar además que actualmente los pagos por concepto de arrendamiento yo se los entrego a la señora Dalila Ramírez Cardona hermana de Luis Enrique Ramírez. (Folio 54. lo que encierra a una pareja … yo estuve en el hospital hasta el día que murió él siempre me decía y yo respetando la voluntad de él y me decía que el tercer piso era para mi y el segundo para su hermana Dalila del Socorro Ramírez.14 Copia de Registro Civil de Nacimiento de la Socorro Ramírez Cardona.000 mcte. señora Dalila del es hermana del son los mismos Enrique Ramírez
. un amigo y por supuesto mi compañero sentimental. en la que consta que accionante. en la que el señor Ramírez Jaramillo reiteró la existencia de su relación con el difunto señor Luis Enrique Ramírez Cardona. cuaderno 2).11 Acta de diligencia de interrogatorio la señora Francisca Inés Ramírez Cardona hermana del difunto Luis Enrique Ramírez Cardona del 17 de noviembre de 2009. en el 92 se adquirió el apartamento del 3 piso de la misma dirección y en junio del 93 nos pasamos para el 3 piso donde actualmente resido… Luis Enrique fue mi compañero. vivo con la hermana que va a declarar. 3. 3.12 Acta de diligencia de interrogatorio de parte al demandante. en la cual informó que es cierto que su hermano era homosexual y que mantuvo una relación sentimental con el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo. le colaboraba con la droga que requería… quiero aclarar que hasta el año 84 que adquirimos el apartamento donde él pagaba arriendo. (Folio 41.1.
II. esto por cuanto a pesar de que las versiones de los declarantes aportados al proceso dan fe de la comunidad o convivencia que se presentó de tiempo atrás entre el señor JORGE [sic] ENRIQUE RAMÍREZ JARAMILLO y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ [sic] JARAMILLO2 no se cumple con la exigencia demarcada en la Ley 979/05 y por lo tanto no hay lugar a la DECLARATORIA DE LA UNIÓN ENTRE LOS CONVIVIENTES Y MUCHO MENOS EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS PATRIMONIALES TAL COMO LO SEÑALA LA SENTENCIA C-075/07. 3. en el que consta que a la fecha se encontraba soltero y que sus padres son distintos a los del señor Luis Enrique Ramírez Cardona. (Folios 75 a 82. cuaderno 1). en la que resolvió denegar las pretensiones de la demanda de unión marital de hecho instaurada por el señor Jorge Enrique Ramírez. expedida el 18 de abril de 2010. en la que consta que los datos de los padres son los mismos consignados en la partida de Bautismo del señor Luis Enrique Ramírez Cardona. toda vez que encontró plenamente probado que si existió convivencia entre los señores antes mencionados “desde el momento en que empezaron su unión en 1983 hasta la muerte del causante en mayo de 2009”.
2 Se evidencia un error de digitación en la sentencia de instancia en relación con los nombres y apellidos del aquí accionante y el difunto Luis Enrique Ramírez Cardona. Como consecuencia no se accederá a las pretensiones de la demanda. argumentando lo siguiente: “Sobre la Unión Marital de Hecho que entre estas dos personas se predica en el plenario. de la Diócesis de Caldas Parroquia Santa Ana.1. (Folios 11 y 12. 008791 del 19 de mayo de 2010.15 Partida de Bautismo de Francisca Inés Ramírez Cardona. ” Mayúsculas y negrita dentro del texto. Sentencias objeto de revisión. 3.
. al señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo.
1.2 Copia de la Resolución No. cuaderno 2). por medio de la cual se concedió sustitución pensional por el fallecimiento del pensionado Luis Enrique Ramírez Cardona.16 Copia de Registro Civil de Nacimiento de Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo de la Notaría 2 de Medellín. efectivamente no hay la PLENA PRUEBA que logre fijar en el Juzgador la convicción real de su existencia.3.1.(Folio 57. expedida por el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia. por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. (Folio 65. cuaderno 2) 3.7 Sentencia proferida el 14 de diciembre de 2010. expedido el 19 de abril de 2010.1. cuaderno 2). Sentencia de primera instancia.
para revisar los fallos de tutela seleccionados. profirió sentencia de primera instancia. pues pudiendo apelarlo.
La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. II. darle paso al amparo [sic] constitución que invoca. siendo que su compañero falleció en mayo de 2009. porque consideró que se debe respetar la autonomía judicial.El 25 de febrero de 2011. por considerar que la acción de tutela era improcedente. indicó “su conformidad con esa decisión. el accionante interpuso recurso de apelación frente a la sentencia de tutela de primera instancia. no lo hizo.
3. de manera que resulta desproporcional exigirle una escritura pública o un acta de conciliación. lo cual. a la hora de ahora. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional. mediante la cual resolvió no acceder a las pretensiones del accionante. no se cumplió con el requisito de subsidiariedad de la misma. Lo anterior. en atención a la naturaleza subsidiaria de la tutela (…)”
2. la Sala Segunda de decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín. resolvió el recurso de alzada interpuesto por el accionante mediante fallo del primero de abril de 2011. situación que no permite. Sentencia de segunda instancia. a su juicio. además. en el que manifestó que la falta de impugnación del fallo emitido en el proceso de declaración de Unión Marital de Hecho. no debe ser interpretada como una indirecta declaración de estar de acuerdo con el mismo. porque al no haberse apelado el fallo dictado en el proceso de unión marital de hecho. no porque se hubiesen separado. conforme a la cual la juez de instancia del proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho sustentó suficientemente su decisión. Así mismo. y el Decreto 2591 de 1991. recordó que el demandante no interpuso recurso de apelación frente a la mencionada sentencia.
. en el que decidió confirmar la sentencia de primera instancia que negó el amparo pretendido por el actor. argumentó que la terminación de su unión marital de hecho con el señor Luis Enrique Ramírez Cardona se dio por la muerte del mismo. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. Impugnación.
entre muchas otras más. C-590 de 2005. Corresponde a la Sala definir si la decisión del Juzgado Quinto de Familia de Medellín. C-713 de 2008.Problema jurídico 2. T-070 de 2007. En este sentido se debe comenzar por observar los requisitos generales de procedencia para la acción de tutela. al negarse a declarar la unión marital de hecho entre los señores Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo y Luis Enrique Ramírez Cardona. dejando claro que la misma. 4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3 Corte Constitucional. únicamente procede en el evento en que se encuentre amenazado un derecho fundamental. que desembocan en una decisión incompatible con la Carta Política. en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Para resolver el problema planteado.913 de 2009. Finalmente.
. La acción de tutela contra providencias judiciales ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corte en numerosas ocasiones3. presenta un defecto sustantivo por aplicación errónea de la Ley 979 de 2005 que modificó la Ley 54 de 1990. la jurisprudencia constitucional ha consolidado unas bases a partir de las cuales el juez debe evaluar si resulta o no procedente la acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial. T-156 de 2009. la Sala (i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. o un defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio. Por otra parte. que se traducen en graves equivocaciones de relevancia constitucional. haciendo énfasis en que se deben estudiar con mayor rigor específicamente los relacionados con la inmediatez y subsidariedad. en las que se ha estipulado que la misma tiene un carácter excepcional ya que es necesario que exista armonía entre la supremacía de los derechos fundamentales y los principios de autonomía e independencia judicial así como el de seguridad jurídica. T-310 de 2009 y. (iii) realizará un breve estudio a cerca del control de constitucionalidad realizado sobre la Ley 54 de 1990 en la sentencia C. lo cual ha sido denominado como causales genéricas. SU. (v) mencionará los estándares internacionales de protección a la libertad de opción sexual. En desarrollo de lo anterior.075 de 2007(vi) así mismo expondrá la evolución de la protección a las personas homosexuales en la jurisprudencia constitucional y. T-151 de 2009. (v) analizará el caso en concreto. se han especificado las circunstancias en las que es posible que una providencia judicial contravenga derechos fundamentales. sentencias T-282 de 1996. (ii) se referirá a la causales genéricas denominadas: defecto sustantivo y defecto fáctico. 3.
bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”.P. 10 Ver sentencia T-173 de 1993 (M.P.1 En primer lugar se dejó claro que existen múltiples argumentos por los cuales procede la acción de tutela contra sentencias judiciales así sea de manera excepcional. 5. Siendo ello así. C-590 de 2005 (M.2 Ahora bien.P.3 Los requisitos de procedencia formal que debe observar el juez de tutela son9: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional10. 9 Siguiendo los lineamientos de la sentencia C. como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad5 e. que ésta tenga incidencia directa en la decisión
4 “En la citada norma superior (artículo 86 C. de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.5. 7 “Al proferir la Sentencia C-593-92. (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal. 5 “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares.”8 5. Los primeros están relacionados con cuestiones fácticas y de procedimiento. a partir de la ratio decidendi6 de la sentencia C-543 de 19927. Ibid. 5. Sentencia C-590 de 2005 (M. se realizó una distinción entre requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias. a continuación se pasarán a reiterar brevemente los lineamentos que en ésta fueron sentados. Jaime Córdoba Triviño). Sentencia C-590 de 2005 (M. 6 Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones
entre los distintos ámbitos de la función pública. En la sentencia C-590 de 2005 se realizó un esfuerzo por establecer claramente las reglas que deberían ser tenidas en cuenta por los jueces cuando se encontraran ante una acción de tutela contra una sentencia judicial. 11 Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial.P. la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales. incluso. la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. ver sentencia T1049 de 2008 (M. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. en este sentido se ha dicho que procede “ tanto desde un punto de vista literal e histórico4. la independencia y autonomía judicial.
. Carlos Gaviria Díaz). (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. que se exigen con el fin de procurar un equilibrio entre dicha procedencia con la eficacia de los principios de seguridad jurídica. al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional. los efectos de la cosa juzgada.P. consultar la sentencia SU-047 de 1999 (M. José Gregorio Hernández Galindo). (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez. con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Jaime Córdoba Triviño). Jaime Córdoba Triviño). pues los jueces y tribunales. antes de acudir al juez de tutela 11. Cfr. Jaime Córdoba Triviño) 8 Sentencia T-757 de 2009.P. Cfr.P.590 de 2005.
Al respecto. 16 El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Ver. de competencia para ello. en caso de haber sido posible.13 5. desconocimiento del precedente constitucional20. procedimental16 o fáctico17. (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela12. el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido. bien sea porque el funcionario es víctima de engaño. Ver. 5.4 Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que quedaron expuestos. las sentencias T-162 de 1998 y. (ii) que el fallo que se pone en conocimiento del juez de tutela haya incurrido en alguno de los errores catalogados como causales genéricas por la Corte
12 Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional. 20 “(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance ”. 5. Sentencias C-590 de 2005. se debe estudiar la ocurrencia de alguna de las causales genéricas de procedibilidad que han sido establecidas y ampliamente estudiadas por la jurisprudencia de esta Corte: defecto orgánico14 sustantivo15. decisión sin motivación19. Así. 14 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada. En razón a la independencia judicial. de forma razonable. hace referencia al evento en el cual. Al respecto ver entre otras. o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad. esto es i) que se cumplan los requisitos de procedencia formal. validez o apreciación del material probatorio. se encuentra acorde con los derechos fundamentales. error inducido18.6 En suma. así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial. 13 Cfr. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999. debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión. absolutamente. 19 En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales. sentencias SU-014 de 2001. sentencias SU-1184 de 2001. T-008 de 1998 y T-079 de 1993. y por el contrario unos y otros tienen estrechas relaciones que deben ser establecidas por el juez constitucional. a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. ejercida a través de sus Salas de Selección. es decir que su ámbito de procedencia es limitado y como ya se ha dicho tiene un carácter excepcional. carece. principalmente. T-196 de 2006. 21 Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la constitución.5 Estos defectos no son excluyentes entre sí. sin embargo. los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial.
. Ver. 15 Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales. T1057 de 2002. T-996 de 2003. 18 También conocido como vía de hecho por consecuencia.que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. y violación directa a la constitución21. T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000. sentencia T-522 de 2001. T-937 de 2001. ver sentencias T-008 de 1998. SU-159 de 2002). Sentencia T-757 de 2009. (v) que el actor identifique. son tres los aspectos que el juez constitucional debe observar para establecer si es procedente una acción de tutela contra una sentencia judicial. es importante recordar que la acción de tutela contra sentencias judiciales procede única y exclusivamente cuando se encuentren en peligro derechos fundamentales. 17 Referido a la producción. Ver T-114 de 2002.
(ii. (iv. en la sentencia T-462 de 2003. Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”. 26 Cfr. De igual forma.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional25. tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad. 24 Cfr. se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador. En la ya citada sentencia C. Para la Corte “es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente. impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”. las siguientes: “una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o
22 Sentencia T-522/01. pueden consultarse. porque a la norma aplicada. Manuel José Cepeda Espinosa. citada en sentencia C-590 de 2005. sentencia T-522 de 2001 MP. (i)Defecto material o sustantivo 6. además de la ya citada sentencia C-231 de 1994. las sentencias T-008 de 1998 MP. “cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto23. En desarrollo de lo anterior la jurisprudencia de esta Corte en varios pronunciamientos ha explicado los contenidos este defecto. (iii) que con la decisión adoptada por el juez del proceso ordinario se afecten derechos fundamentales.
. bien sea. por ejemplo. las sentencias T-804 de 1999 MP. esta Corte especificó respecto de las situaciones que configuran un defecto sustantivo en una providencia judicial. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de 1999 MP. Jairo Charry Rivas. entre varias. específicamente en la sentencia SU-159 de 2002 estableció que una decisión judicial constituye una vía de hecho por defecto sustantivo. Alfredo Beltrán Sierra. 25 Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 MP.590 de 2005. razón por la cual el juez.Constitucional y.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad24. por ejemplo. | Breve estudio sobre las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto material o sustantivo y defecto fáctico.) porque. se definió el defecto sustantivo como los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales22 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. por ejemplo (i. al constatar su existencia. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de 1999 MP.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional26 o. Alfredo Beltrán Sierra. y solamente. no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó. 23 Sobre el particular. (v. a pesar de estar vigente y ser constitucional. (iii.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico. 7.” 8.
Con lo anterior. los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley
27 Al respecto ver por ejemplo la sentencia T. lo cual merece un análisis exhaustivo en el estudio del caso en concreto. definir cual es la mejor interpretación. en algunas oportunidades esta Corte ha determinado que no toda interpretación realizada por el juez natural con la que no esté de acuerdo la parte accionante en sede de tutela. y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”. (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales. // En suma.el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los derechos fundamentales. los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos. de manera que ésta es una de las causales más estrictas y exigentes en su configuración. Al respecto de la interpretación judicial. 9. en todo caso.”
. pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal. se tiene que las interpretaciones que realicen los jueces naturales de las normas. también pueden desembocar en un defecto sustantivo. En este caso el juez constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada. no puede el juez de tutela. en principio. ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado -vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria. no sobra indicar que. la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada). 10. en la Corte fundamentó su decisión en los siguientes argumentos: “En este sentido. en la sentencia T-1001 de 2001 la Corte explicó: “En materia de interpretación judicial. El hecho de que los sujetos procesales.1222 de 2005. puesto que teniendo en cuenta el principio de autonomía judicial. la más adecuada o razonable del derecho legislado. En otras palabras. circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho.no tenida en cuenta por el fallador. es importante recordar que no toda interpretación puede ser tomada como una causal de procedencia de la tutela contra sentencias. constituye una vía de hecho27. Sobre el particular. los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de los derechos fundamentales de las partes.
que la jurisprudencia constitucional ha considerado que no cualquier interpretación disímil desemboca necesariamente en un defecto sustantivo. se especificó: “En términos más generales la Corporación ha indicado que el defecto sustantivo tiene lugar cuando la autoridad judicial aplica un precepto claramente inaplicable al caso. al respecto. Sentencia T-589 de 2003.” 11. en ningún caso invalida su actuación ya que se trata. caprichosas. que signifique que el fallo emitido obstaculiza o lesiona la efectividad de los derechos fundamentales del accionante. Como las leyes deben ser anteriores a las conductas que se juzgan. Sin embargo. o no la compartan. Eduardo Montealegre Lynett. debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia. porque la falta de aplicación de una norma jurídica constituye una transgresión evidente del principio de legalidad. para que se configure esta causal de procedencia. P. el cual como es sabido hace parte del derecho fundamental al debido proceso.”29 13.
28 Cfr. no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. originado en el proceso de interpretación o aplicación de las normas jurídicas por parte del juez natural. el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste. Para que éste en efecto se configure. como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial. en la sentencia T-1045 de 2008. como se esbozó anteriormente. por lo tanto. En suma.
. 29 Sentencia T-079 de 2010. éste defecto se configura cuando no se hace uso de una norma aplicable al caso. tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho. Además. también cuando deja de aplicar la disposición que es aplicable al asunto sometido a su conocimiento y decisión y cuando opte por una interpretación contraria a “los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”28. pues. en realidad. M. Corte Constitucional.asigna la competencia para fallar el caso concreto. De esta manera. esta Corte Constitucional ha determinado este defecto. es necesario demostrar que la interpretación del juez es irrazonable o contraria a la Constitución Política colombiana. del derecho). en consecuencia. y “ un desconocimiento de la obligación del juez de fallar dentro del imperio de la ley (es decir. de “una vía de derecho distinta” que. 12.” Esto. De lo anterior se deduce. la falta de aplicación de una norma implica la decisión de un caso a partir de razones del fuero interno del juez (o de razones imposibles de determinar con claridad) y. queda a salvo.
advirtió: “ Evidentemente. En esa medida. flagrante y manifiesto. cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales. 187 C. Sentencia SU-156 de 2002 32 Sentencia T. No se adecua a este desideratum. cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. se configura a partir de una inadecuada valoración del acervo probatorio o. la jurisprudencia ha considerado que la materialización de un defecto fáctico se puede dar en dos dimensiones: positiva y negativa.31 El defecto fáctico positivo. Por otra parte. se refiere a una omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba. también se puede presentar cuando el juez da por no probado el hecho o la circunstancia que se deduce clara y objetivamente de las pruebas presentadas. dicho poder jamás puede ser arbitrario. Sobre el particular.P. la negación o valoración arbitraria. mediante la aplicación de los principios. irracional y caprichosa de la prueba. 15. M. el defecto fáctico negativo. según las reglas generales de competencia. irracional y caprichosa de la misma 32. si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento. su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos. la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso34. Un defecto fáctico tiene lugar cuando en términos de la Corte Constitucional “el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión” 30.(ii) Defecto fáctico 14. el juez constitucional debe evaluar si en el marco de la sana crítica. ”
. serios y responsables. Bajo esta premisa. inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. sin que exprese razones válidas que fundamenten la apreciación probatoria realizada que lo condujo a determinada conclusión en el caso en concreto33. cuando una decisión se basa específicamente en una prueba no apta para ello. porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio
30 Sentencia C-590 de 2005.C y 61 C. derechos y valores constitucionales. Antonio Barrera Carbonell. Esta situación puede ocurrir cuando se niega una prueba o en los casos en que se realiza una valoración arbitraria.474 de 2008.P. y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible. racionales. 33 Ibídem. que sólo es factible fundar una acción de tutela. P. 34 La sentencia T-442 de 1994. esta Corporación señaló: “No obstante lo anterior advierte la Sala. 31 Cfr. pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.L). porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia.
”37 Control de Constitucionalidad realizado por la Corte en la sentencia C.
. Antonio Barrera Carbonell. 36 Algunos ejemplos en los que la Corte encontró que efectivamente se configuró un defecto fáctico son las sentencias T-461 de 2003 y T-916 de 2008. siendo el fallador ordinario quien define en últimas el grado de eficacia de la prueba para llevar a su conocimiento la ocurrencia o no de unos hechos. de no concurrir ese error manifiesto. en consecuencia está prohibido todo acto de discriminación en razón de la orientación sexual. Previo al análisis de los cargos que fueron propuestos en la demanda. En la sentencia C-075 de 2007. no le brindaba mecanismos a esta población para el pleno desarrollo como pareja. 37 Sentencia T-310 de 2009. Sin embargo. al mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. se reconocen los derechos que como individuos tienen las personas y. sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial. P. 18.075 de 2007 a la Ley 54 de 1990. esta Corte examinó la constitucionalidad de los apartes demandados de la Ley 54 de 1990 “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”. Así. encontró que tal como estaba configurado el sistema jurídico. la decisión adoptada por el juez en su sentencia hubiera sido distinta. de manera que se estaba restringiendo así
35 Sentencia T-442 de 1994. aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”35. la Corte realizó una breve exposición acerca de la situación de la comunidad homosexual frente al ordenamiento jurídico. de acuerdo con la garantía constitucional de autonomía y competencia de los operadores judiciales. debe reducir el estudio acerca de la existencia de la valoración probatoria hecha por el juez natural a un ámbito de corrección de la providencia impugnada. como en el ámbito internacional. Es decir.1. Entonces. la Corte ha concluido que sólo se configura el defecto fáctico ante una valoración probatoria manifiestamente incorrecta36. 17. de modo que. M. 16. Cabe señalar que el juez constitucional. al respeto de la dignidad humana. es importante tener en cuenta que el vicio debe tener una relación íntima con el sentido de la decisión judicial. “el yerro debe ser relevante. entre otras. En este fallo. se violaban los derechos fundamentales a la igual protección. se estudió si al limitar el régimen patrimonial entre compañeros permanentes a las uniones conformadas por un hombre y una mujer. no solo en términos de protección del derecho al debido proceso. Finalmente. 18.alternativo de defensa judicial. expuso que tanto en Colombia.
la que no cabe predicar de la pareja homosexual. 16) y del derecho a la intimidad y al buen nombre (art. (ii) existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. éstas aún se encuentran rezagadas en relación con los ideales normativos. El Constituyente quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales y. 39 En la Sentencia C-098 de 1996 la Corte expresó: “Se han señalado en esta sentencia algunos elementos que están presentes en las uniones maritales heterosexuales y que no lo están en las homosexuales. De acuerdo con lo anterior y. Es de anotar que. ella no puede significar un factor de discriminación social. Alejandro Martínez Caballero.” Esta posición ha sido reiterada en numerosas sentencias. respecto a la protección otorgada vía jurisprudencial a la comunidad homosexual. en un único acto. no es equiparable constitucionalmente al concepto de familia que tiene nuestra Constitución. la Corte puntualizó que “… a pesar de que la orientación sexual es una opción válida y una manifestación del libre desarrollo de la personalidad que debe ser respetada y protegida por el Estado. concluyó la Corte: “En Colombia. M. tenidos en cuenta por el Constituyente. de dos o de varios miembros. entre las que pueden citarse la C-481 de 1998. (…) De otra parte. 42 y 43). en especial. es apenas razonable suponer que la protección patrimonial de la unión marital heterosexual. está proscrita toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual38. si bien en este tema el derecho ha jugado un papel esencial en la transformación de las creencias sociales. y la T-268 de 2000. los que han incidido en la decisión legislativa. impiden efectuar una comparación judicial entre unos y otros. 15).P. arts. la diferencia en los supuestos de hecho en que se encuentran los compañeros permanentes y las parejas homosexuales permanentes. (iii) corresponde al legislador definir las medidas necesarias para atender los requerimientos de protección de los distintos grupos sociales y avanzar gradualmente en la protección de quienes se encuentren en situación de marginamiento40 y (iv)
38 En la Sentencia T-097 de 1994 la Corte señaló que “[e]ntre las innovaciones de la Constitución política de 1991. la Corte señaló que “[s]ería deseable que el Legislador. son varios los factores de orden social y jurídico.” En el mismo sentido. sin postular que la protección legal deba cesar por ausencia de hijos.P. la jurisprudencia constitucional en esta materia se ha desarrollado en una línea de conformidad con la cual (i) de acuerdo con la Constitución. Es el caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. En este sentido. y la definición y calificación de la familia como objeto de protección constitucional específica. unidos o no por lazos sexuales o afectivos y no por ello el Legislador ha de estar obligado a reconocer siempre la existencia de un régimen patrimonial análogo al establecido en la Ley 54 de 1990.P. M. eliminara todas las injusticias.” 40 En la Sentencia C-098 de 1996. En esa medida. pero dado que en la realidad
. plenamente asumidos por el ordenamiento jurídico. sino también en otras dimensiones de la vida. lo que como objeto necesario de protección no se da en las parejas homosexuales. en tal sentido. Alejandro Martínez Caballero. Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y. la hipótesis más general y corriente es que la unión heterosexual genere la familia unida por vínculos naturales. Los valores de la tolerancia y del pluralismo. máxime si se piensa que aquélla puede encontrarse en parejas y grupos sociales muy diversos. en la Sentencia SU-623 de 2001. en cuanto conforman familia son tomadas en cuenta por la ley con el objeto de garantizar su “protección integral” y.la realización personal de los mismos. tienen especial relevancia aquellas referidas a la protección del fuero interno de la persona. en consecuencia. Se culmina así un largo proceso de aceptación y tolerancia normativa que se inicia con la despenalización de la conducta descrita en el Código Penal de 1936. por lo menos mediatamente toma en consideración esta posibilidad latente en su conformación. razón por la cual no existe un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y a otras 39. Las uniones maritales de hecho de carácter heterosexual. y no simplemente la mera consideración de la comunidad de vida entre los miembros de la pareja. que “la mujer y el hombre” tengan iguales derechos y deberes (C. enfatizó el principio liberal de la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. los cuales son suficientes para tenerlas como supuestos distintos —además de la obvia diferencia de su composición. no solo en el ámbito sexual. deben todavía superar enormes obstáculos para encontrar arraigo pleno en la vida cotidiana. En suma. discriminaciones y males existentes.
lo cierto es que las diferencias en el trato de una y otra pueden generar medidas discriminatorias que se encuentran proscritas por la Constitución. 41 En la Sentencia C-1043 de 2006 la Corte expresó que “[l]a existencia de esas diferencias [entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales] hace imprescindible que. que consulten sus particulares circunstancias y necesidades. que tal exclusión carece de un principio de razón suficiente.4 Para fortalecer éste último argumento referente al contenido discriminatorio del trato diferente a parejas homosexuales y heterosexuales. pero que en relación con la prestación que entonces era objeto de consideración -la pensión de sobrevivientes.no había un imperativo constitucional. la dignidad humana. así: “A ese efecto resulte[sic] pertinente acudir a dos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. por una parte. salvo que al hacerlo consagre un privilegio ilegítimo u odioso o la medida injustamente afecte a las personas o grupos que todavía no han sido favorecidos. esta Corte no puede declarar la inexequibilidad de una ley que resuelve atacar una sola injusticia a la vez. dicha prestación debiese hacerse extensiva a las parejas homosexuales. las parejas homosexuales y heterosexuales deben recibir el mismo trato en materia de pensión de sobrevivientes. es la base esencial de la configuración y la efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución y tiene. se señaló que. se sostiene a lo largo de todo el fallo. conforme al cual. en relación con artículo 26 del Pacto (PIDCP). por consiguiente. respecto de la garantía de los mismos. 18. contemplar medidas especiales de protección en seguridad social para las parejas homosexuales.” Agregó la Corte que en el caso que entonces fue objeto de consideración esa carga argumentativa no se satisfacía debido a que el actor se limitó “… a señalar que. 18.
. a partir del principio de igualdad. pero no presentó las razones que mostraran que en esa materia resultaba imperativa una identidad de trato. tenían que estar contenidas en el texto normativo cuestionado. Por lo tanto. en desarrollo del mandato de ampliación progresiva de la seguridad social. En la Sentencia T-349 de 2006 la Corte concluyó que el legislador dentro de su ámbito de configuración.3 De manera general. como principio fundante del Estado Social de Derecho. y que. y que no hacerlo así resulta discriminatorio”.toda diferencia de trato entre personas o grupos que sean asimilables solo es constitucionalmente admisible si obedece a un principio de razón suficiente. de acuerdo con la cual. en su criterio. le imponen al Estado obligaciones de hacer.2 En el estudio de los cargos. se produce una lesión del principio de igualdad. la Corte Constitucional se remitió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.”41 18. para configurar un cargo por omisión legislativa el actor especifique las razones por las cuales. el contenido normativo acusado excluye de sus consecuencias jurídicas situaciones que. se reiteró la jurisprudencia constitucional. y en los que. por consiguiente. por ser asimilables. en su criterio. Conforme a esto. valor absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia. órgano responsable de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. puede. la prohibición de discriminar en razón del
ello no es posible. la Corte recordó que los derechos de protección en contraposición a los de libertad. la idea de que si bien no es imperativo darle un tratamiento completamente igual en todos los ámbitos tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales. se deben adoptar medidas tanto fácticas como normativas para lograr la efectiva salvaguarda de éstos derechos.
resulta claro que la falta de reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las parejas homosexuales es un atentado contra la dignidad de sus integrantes porque lesiona su autonomía y capacidad de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida en común produzca efectos jurídico patrimoniales. UN Doc. un criterio sospechoso de diferenciación42. no solo en cuanto obstaculiza la
42 Caso Toonen c. CCPR/C/78/D/ 941 / 2000. la cual constituye. 18/09/2003. puesto que se estaría restringiendo la libertad de elección del plan de vida que se quiere seguir. lo cual puede tener consecuencias negativas a futuro. (…) [L]a decisión legislativa de no incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial previsto para las uniones maritales de hecho. se traducía en una afectación de su derecho a la dignidad humana. si no se presenta ningún argumento que sirva para demostrar que una distinción que afecte a compañeros del mismo sexo. 43 Caso Young c. lo cual significa que. sea indiferente ante los eventos de desprotección a los que puede dar lugar tratándose de parejas homosexuales. quedan en una situación de desprotección que no están en capacidad de afrontar.
. a los que no se les permite recibir determinadas prestaciones a las que si pueden acceder los compañeros heterosexuales. comporta una restricción injustificada de la autonomía de los integrantes de tales parejas y puede tener efectos lesivos. Australia Comunicación N° 941/2000: Australia. se expresó que si bien. la misma debe considerarse como contraria al artículo 26 del Pacto. dado un régimen imperativo del derecho civil. II. de acuerdo con la jurisprudencia constante del Comité. es razonable y objetiva. Australia. al respecto señaló: “En el ámbito del problema que ahora debe resolver la Corte. en la medida en que se base en criterios razonables y objetivos. 226-37.5 Con base en lo anterior. Informe del Comité de Derechos Humanos. vol. ni resulta de recibo que la decisión legislativa de establecer un régimen para regular la situación patrimonial entre compañeros permanentes. A/49/40.sexo de las personas comprende la categoría ‘orientación sexual’. ni ninguna prueba que revele la existencia de factores que pudieran justificar esa distinción. la Corte entendió que la ausencia de protección patrimonial a las parejas del mismo sexo. y por otra. no toda distinción equivale a la discriminación prohibida por el Pacto. Comunicación No 488/1992.” 43 18. entonces. No hay razón que justifique someter a las parejas homosexuales a un régimen que resulta incompatible con una opción vital a la que han accedido en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
con el fin de salvaguardar los derechos de las personas que en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad deciden compartir su vida con otra persona de su mismo sexo. Inicialmente. en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. En consecuencia. pero tomando a cada cual como un individuo considerado singularmente44. 19.” 18. una vulneración de su derecho a la dignidad humana. se reconoció por parte de esta Corte Constitucional. No obstante. Así mismo. 20. C-481 de 1998. T-268 de 2000. ésta posición fue evolucionando a medida que también lo hacía la sociedad colombiana y. tal como se señaló previamente. tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005. Breve reseña sobre la evolución de la protección a la población homosexual. desembocó en que efectivamente dicha ausencia significaba una discriminación por la opción sexual.
.realización de su proyecto de vida común. en general la comunidad internacional. en donde se venía garantizando el derecho individual a la libre opción sexual como manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. desprotegida por parte del ordenamiento jurídico.
44 Así lo señaló esta Corte en las sentencias T-097 de 1994. T-435 de 2002 y T-301 de 2004. el resultado del análisis realizado acerca de la omisión legislativa respecto de la regulación sobre las consecuencias patrimoniales de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.6 En suma. T-539 de 1994. T-101 de 1998. en su faceta individual. se empezó por proteger solo algunos derechos tales como la dignidad humana y la libertad de opción sexual. las cuales no estaban siendo amparadas por el ordenamiento. que se trata de una población que ha sido tradicionalmente discriminada y. C-507 de 1999. la Corte resolvió declarar la exequibilidad de la Ley 54 de 1990. los cuales son en cierta medida consecuencia de la prohibición de discriminación que contiene la Constitución de 1991. sino porque no ofrece una respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que se pueden presentar cuando por cualquier causa cese la cohabitación. En un principio los derechos de la misma habían sido salvaguardados. así como al ámbito patrimonial y económico de estas parejas. y por lo tanto. que implicaba también una afectación a libertad del desarrollo de la personalidad. C-373 de 2002. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha recorrido un largo camino desde sus inicios en cuanto a la protección de la comunidad homosexual.
Con el paso del tiempo. La sociedad patrimonial en sí misma no es un presupuesto necesario para ejercitar este derecho fundamental. en modo alguno. en la faceta de pareja como tal y. en virtud de la modificación que sufrió por la ley 979 de 2005. respecto del tema que se viene estudiando. pertenece al campo de su libertad fundamental. la Corte consideró que el hecho de que la ley demandada regulara la unión marital de hecho únicamente para las parejas heterosexuales.
. se entendió que también era necesario proteger a esta comunidad. Con base en la argumentación expuesta. así. A continuación se presenta de manera general la evolución de la jurisprudencia de esta Corte. numeral 16 y siguientes. sin embargo. 21. y en ellos el Estado y la colectividad no pueden intervenir.
45 Ver supra. la Corte resolvió declarar exequibles sin condicionamiento alguno los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990. coartan el derecho constitucional a la libre opción sexual.1. no trasciende a escala social ni se proyecta en valores sustantivos y uniformes de contenido sexual. Al respecto explicó la Corte: “Las disposiciones acusadas.21. se encuentra que la ley 54 de 1990 46 “Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”. y los cambios sociales que éste trae consigo. La sexualidad. es posible afirmar que la comunidad homosexual comenzó a encontrar la protección a sus derechos como pareja a partir de la sentencia C-075 de 200745. aparte de comprometer la esfera más íntima y personal de los individuos. En dicha oportunidad. no por el hecho de contraer su ámbito a las parejas heterosexuales. 46 Esta norma sería nuevamente objeto de pronunciamiento posterior en la Sentencia C-075 de 2007. fue objeto de estudio por parte de ésta Corporación la cual se pronunció acerca de su constitucionalidad en la sentencia C-098 de 1996. no significaba una vulneración a los derechos de la comunidad homosexual. La ley no impide. por fuera de la pareja y de conjuntos reducidos de individuos. pues no está en juego un interés público que lo amerite y sea pertinente.” 21. El derecho fundamental a la libre opción sexual. En primer lugar. la cual fue reseñada previamente. ni tampoco se genera un daño social. que se constituyan parejas homosexuales y no obliga a las personas a abjurar de su condición u orientación sexual. sustrae al proceso democrático la posibilidad y la legitimidad de imponer o plasmar a través de la ley la opción sexual mayoritaria. La sexualidad. toda vez que el derecho a una libre opción sexual se mantenía incólume en el marco del ordenamiento que regía para el momento.
. Consideración de la Corte 2. sean ellos homosexuales o heterosexuales.En este contexto. que fue reseñada previamente. todo trato diferente instaurado con base en la homosexualidad de una persona se presume inconstitucional y debe ser sometido a un control constitucional estricto. en esta ocasión la Corte encontró que por un lado las personas homosexuales gozan de una especial protección constitucional y. esta ley sería modificada posteriormente por la ley 979 de 2005. Basándose en varios estudios científicos tanto nacionales como internacionales. el propio ordenamiento prevé sanciones contra los comportamientos indebidos de los docentes. teniendo en cuenta que la marginación de este grupo poblacional resulta discriminatoria y violatoria de la igualdad.P Vladimiro Naranjo Mesa. 22. Finalmente la Corte concluyó: “No existe ninguna justificación para que se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad. en la sentencia C-481 de 1998. que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país. la Constitución de 1991 pretende construir una
47 Sentencia T-539 de 1994. la cual fue objeto de control de constitucionalidad por parte de este Tribunal en la sentencia C-075 de 2007.2. 13 y 16). M. entre otras. La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada.2. ni que su presencia en las aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. no justifica tratamiento desigual”47. no se consideraron vulnerados los derechos de las parejas homosexuales. pues no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al abuso sexual que el resto de la población. Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad. El hecho de que su conducta sexual no sea la misma que adopta la mayoría de la población. Además. que se funda en el pluralismo y en el reconocimiento de la autonomía y la igual dignidad de las personas y de los distintos proyectos de vida (CP arts 1º.1. Por ello. En cuanto al problema de fondo. sin embargo. en el que en el marco de la regulación de la profesión docente se señalaba como causal de mala conducta el homosexualismo. por otro. con la omisión legislativa existente respecto de la regulación de los efectos patrimoniales de las uniones entre personas del mismo sexo. en esta sentencia se dijo que las viejas y excluyentes concepciones en torno a la homosexualidad “contradicen valores esenciales del constitucionalismo contemporáneo. se examinó la constitucionalidad del artículo 46 (parcial) del decreto 2277 de 1979. Por ello esta Corte ya había señalado con claridad que “los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de su condición de tales. 22. Más adelante.
porque la cobertura
48 Sentencia T-1426 de 2000. no puede acceder al Sistema como beneficiario. La diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades vitales a todas las personas. se argumentó que para el caso específico se utilizaría un test débil de igualdad. con quienes conformaban una pareja homosexual como beneficiarios de los titulares al sistema de seguridad social en salud. se denegaron las pretensiones de los accionantes. encaminadas a la inclusión de sus compañeros permanentes. el cual le exige al juez constitucional tener en cuenta criterios económicos. dicha negativa se encuentra justificada porque el ordenamiento colombiano solo admite la familia conformada por parejas heterosexuales y. 23. teniendo en cuenta que tipificar como causal de mala conducta para la profesión docente el hecho de ser homosexual. a la libertad en la opción sexual y.” 22. llevan a que su análisis deba ser de menor rigor. al libre desarrollo de la personalidad. que hace vida marital con el afiliado. se trataba de una discriminación directa a la población homosexual.” 48. (ii) por el contrario. porque las normas que rigen la Seguridad Social no lo tienen previsto. contrario a lo que se venía sosteniendo por la Corte desde la sentencia C-481 de 1998.sociedad fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y en donde la diversidad de formas de vida no sean un factor de violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social. en cuanto no fue constitucionalmente asimilada al cónyuge. a la diversidad cultural la Corte decidió declarar inexequible la expresión “[e]l homosexualismo” del literal b) del artículo 46 del decreto 2277 de 1979. Posteriormente. sino que por el contrario. en la que. bajo la premisa de que “la persona del mismo sexo. no estaba salvaguardando interés superior alguno. en aras de la protección a la dignidad humana. presupuestales y demográficos. propios del tipo que corresponde evaluar a los órganos encargados del diseño de las políticas públicas. En este sentido. En este caso. también se negó la inscripción como beneficiario en el sistema de seguridad social en salud a la pareja de un homosexual. teniendo en cuenta que como se trataba de un tema de seguridad social.
. Esta misma posición fue adoptada posteriormente en la sentencia SU623 de 2001.3. bajo la línea argumentativa según la cual (i) la exclusión de la pareja homosexual no compromete el derecho a la igualdad de las mismas ni al libre desarrollo de la personalidad y. en las sentencias T-999 de 2000 y T-1426 de 2000. 24. el artículo sometido al examen de constitucionalidad no superó el control realizado por la Corte. Por esta razón.
Familia poligámica. pero que no es la protegida por el artículo 42 de la Constitución. poliándrica. teniendo la obligación de proveerle aquella que responde al concepto acogido por las normas superiores. No discrimina a las parejas homosexuales. pues la concepción de familia en la Constitución no corresponde a la comunidad de vida que se origina en este tipo de convivencia. poligínica. 25. propiamente hablando. como anteriormente quedó dicho. no se da la identidad de hipótesis que impone al legislador dispensar un idéntico tratamiento jurídico. se negó la posibilidad de adopción de menores a las parejas homosexuales. Por eso no puede ser considerada discriminatoria. la disposición que ocupa la atención de la Corte únicamente pretende proteger la familia constitucional. la Corte concluyó: “A juicio de la Corte. Por lo tanto. sino más bien. Más adelante.814 de 2001. y que la familia que el constituyente protege es la heterosexual y monogámica. al legislador no le resulta indiferente el tipo de familia dentro del cual autoriza insertar al menor.”
49 Vg. no solo no incurrió en omisión discriminatoria. Después de realizar un estudio acerca de la naturaleza de la adopción y del interés superior del menor así como de la normatividad aplicable en cuanto a la forma de familia reconocida en el ordenamiento jurídico. en la sentencia C. si se tiene en cuenta que la adopción es ante todo una manera de satisfacer el derecho prevalente de un menor a [sic] tenerla familia. como tampoco a ninguna otra forma de convivencia o de unión afectiva que pudiera llamarse familia49. sino que no le era posible al Congreso autorizar la adopción por parte de homosexuales. y las relaciones que se derivan de la adopción. proteccionista de la noción superior de unión familiar.
. concediéndole el derecho de constituirse con fundamento en la adopción. Desde este punto de vista.en salud debe hacerse paulatinamente con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. En realidad.
por lo demás. No obstante.588 de 2000 “Por medio de la cual se reglamenta la actividad notarial”. En esta ocasión la Corte expuso: “No se discute que para muchas personas esos comportamientos pueden resultar moralmente reprochables e incluso incompatibles con los parámetros que deben regular la vida en sociedad. (iii) no existe ambigüedad en la norma. fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional. el que se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico colombiano es el de familia monogámica y heterosexual. Y tal interferencia. se consideró inconstitucional alegar la homosexualidad como causal de inhabilidad para acceder a los cargos notariales.
. como se ha visto. por las faltas consagradas en el artículo 198 del Decreto 960 de 1970. que los comportamientos humanos interfieran derechos ajenos. por lo tanto no le es dable a la Corte realizar una interpretación distinta o extensiva de la norma demandada. lo que se busca es proteger el derecho a los menores de pertenecer y permanecer en su familia.En esta medida. porque se debe velar por la salvaguarda del interés superior de los niños. Por ello. en esta medida. se expidió la sentencia C-373 de 2002. teniendo en cuenta la argumentación sostenida por la Corte en ese momento. Un año después. la cual es clara en desarrollar los artículos constitucionales que aluden a la conformación de la familia. el solo discurso moral no basta para limitar el ejercicio de la libertad pues para ello es imprescindible. el cual establecía inhabilidad para acceder al cargo de notario a las personas que hubiesen sido condenadas penal. De esta manera los artículos 89 y 90 del Decreto 2737 de 1989 “Por el cual se expide el Código del Menor”. es claro que el Estado no puede irrogarse la facultad de ejercer su potestad sancionadora. 26. si bien existen muchos modelos familiares. no resultaba discriminatorio ni vulneratorio del derecho a la igualdad. la prohibición de adopción de menores por parte de parejas homosexuales. En relación con los numerales 1 y 6 del mencionado artículo 198 del Decreto 960 de 1970. sostuvo la Corte que (i) la educación de los menores adoptados se debe llevar a cabo de conformidad con los criterios éticos que emanan de la noción de moral social o moral pública. en la que la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley No. debe determinarse a partir de una ética intersubjetiva no refractaria a la tolerancia que requiere una sociedad multicultural y pluralista. (ii) en el marco de la adopción. disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o.
En el 2003. 29. por cuanto la disposición limita el alcance de la misma al ámbito familiar”. 27. debe garantizarse en condiciones de libertad. se mantuvo el amparo. puesto que para el caso que analizó en esta sentencia se suprimió del ordenamiento jurídico un trato discriminatorio. por cuanto se imponía una inhabilidad para acceder al cargo de notario basada en una forma de ser. que el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito del ejercicio de la sexualidad de los reclusos. intimidad e igualdad de las tutelantes. que comportaba un desconocimiento a la dignidad humana de las personas homosexuales y.
.499 se confirmó una decisión de tutela en el sentido de conceder el amparo del derecho a la visita conyugal a una reclusa homosexual. a partir de supuestos como los indicados pues ellos no remiten al cumplimiento o incumplimiento de los deberes funcionales que incumben a los servidores públicos ni tampoco a la adecuada prestación del servicio de la fe pública. todas las garantías que ésta lleva consigo.ni mucho menos configurar inhabilidades. se subsanó así la omisión legislativa existente hasta el momento. así mismo. la Corte expuso lo siguiente: “En efecto. a recibir los beneficios del régimen contributivo del sistema general de salud. en la sentencia T. se dedujo que el mismo se deriva directamente de la protección a la dignidad humana y. En el 2007. el impedimento que tiene la pareja del mismo sexo de vincularse
50 Ver.” 26. acogiendo los criterios doctrinales esbozados por la Corte en la Sentencia C-075 de 2007. En esta oportunidad. la jurisprudencia de la Corte sufrió en cierta medida un cambio. 28. “en cuanto a pareja. y esto no le incumbe a la potestad disciplinaria del Estado. supra numeral 16 y siguientes. intimidad e igualdad. toda vez que con lo resuelto en la sentencia C-075. en consecuencia.1 Con lo anterior. En dicho pronunciamiento. la Corte reiteró el supremo respeto que merece el derecho a la dignidad humana. del cual se desprende el derecho a la libertad de opción sexual.” Se dijo aquí. de acuerdo con el cual la pareja homosexual no tenía derecho. las parejas homosexuales cuentan con el mismo régimen y protección patrimonial que las parejas heterosexuales y. que marcan la perspectiva actual en el tratamiento jurídico del tema. en la sentencia C811 de 2007 se estudió el artículo 163 de la Ley 100 de 1993. la Corte consideró que “el Director del INPEC y la Directora del reclusorio accionados no pueden escatimar esfuerzos con miras a garantizar el ejercicio de la sexualidad en condiciones de libertad. tal como se señaló anteriormente50. Siguiendo las bases sentadas en la C-075 de 2007.
recibieran los beneficios que el sistema de seguridad social en salud ofrece a otros individuos que han tomado la misma decisión. en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo. La Corte resolvió declarar exequibles las expresiones demandadas en el entendido que también son beneficiarias de dicha prestación las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales. la prohibición de tratos discriminatorios. amplían el espectro de protección de las mismas.). sobre el ejercicio de la opción sexual.al sistema de Seguridad Social en Salud por el régimen contributivo constituye una vulneración de su derecho a la dignidad humana. Se salvaguardó así el derecho a la dignidad humana y a la igualdad de las parejas homosexuales. al libre desarrollo de la personalidad -en la concepción de la autodeterminación sexual-. en tanto impedía que personas que se han unido para conformar una pareja estable. precisamente que la dignidad humana es el principio fundante del Estado. pues sanciona con la exclusión de una medida destinada a preservar la salud y la vida del individuo a quien por ejercicio de su plena libertad decide vivir en pareja con otro de su mismo sexo. pero que son del mismo sexo. modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.P. al tiempo que vulneratoria del derecho a la dignidad humana (art. así como una transgresión de la proscripción de discriminación por razón de la orientación sexual del individuo. 13 C.51
51 Dentro de esta posición se encuentran entre otras. se encuentran varios pronunciamientos de este Tribunal en los que se amparan los derechos a las personas homosexuales específicamente en su condición de pareja y. 2º C. y por lo tanto tiene carácter absoluto y en esta medida no es susceptible de limitación bajo ninguna circunstancia. porque concluyó que la exclusión derivada de la norma examinada imponía una presión desproporcionada y por lo tanto inconstitucional.). que por lo tanto. aunada a la decisión de vivir en pareja.
. teniendo siempre como principal eje el respeto por la dignidad humana y. determina la exclusión del privilegio legal. teniendo en cuenta. La razón de dicha transgresión es clara: la opción del individuo que decide vivir en pareja con persona de su mismo sexo constituye la causa directa que impide que los miembros de la pareja se vinculen al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiarios. en los cuales se regula la pensión de sobrevivientes. es la propia condición homosexual la que. en la que se estudiaron entre otros los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. por lo que la norma resulta lesiva del principio de igualdad constitucional (art.P. A partir de estos fallos. En este sentido. 30. la Corte declaró exequible el artículo 163 de la Ley 100 de 1993. las sentencias C-336 de 2008.” En suma. respecto de opciones de vida igualmente legítimas.
la C-798 de 2008 por medio de la cual. En esta. a partir de las pruebas que reposan en los expedientes y de las allegadas en sede de revisión resulta factible constatar que en materia de garantía efectiva de los derechos de las parejas del mismo sexo las autoridades administrativas y judiciales así como las Administradoras de los Fondos de Pensiones suelen elevar un conjunto de obstáculos injustificados a la luz del ordenamiento constitucional.”
Así mismo. sin que medie sustento fáctico alguno.31. En la sentencia T-051 de 2010. licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. entre otras. De otro lado. sin embargo en los casos concretos el amparo no fue concedido por cuanto los accionantes no probaron haber sido compañeros permanentes del causante. normas penales de circunstancias de agravación punitiva. que reconoció que a las parejas homosexuales. por lo tanto pueden ser demandados mediante la acción penal por inasistencia alimentaria. según el cual –como lo ordena el artículo 83 superior– “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. respecto de normas penales y preventivas de los casos en que la victimas es el compañero o compañera permanente. la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. También cabe mencionar la sentencia C-029 de 2009. de la nacionalidad por adopción. se dejó claro que no resulta constitucionalmente admisible. No obstante la claridad de esta disposición constitucional. esta Corte concedió la pensión de sobrevivientes a los actores de los dos casos que en dicha ocasión se revisaron. la Corte Constitucional extendió a las parejas homosexuales la obligación alimentaria entre los compañeros o compañeras y. La Corte reiteró la línea según la cual sin importar si se trata de una pareja homosexual o heterosexual el cónyuge supersite tiene derecho a recibir la pensión de sobreviviente. por lo general. judiciales tanto como las Administradoras de los Fondos de Pensiones suelen abstenerse de aplicar el principio constitucional de buena fe. derechos a los compañeros permanentes de las víctimas de crímenes atroces. para efectos de reconocer los derechos de las parejas homosexuales. la imposición de “trabas” administrativas o el requerimiento de requisitos adicionales. en la práctica las entidades encargadas de hacer efectivo el goce de los derechos constitucionales fundamentales de las parejas homosexuales suelen suponer. que las parejas del mismo sexo buscan defraudar al sistema pensional. se dijo al respecto: “Ahora bien. las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos. las autoridades administrativas. es posible confirmar igualmente que.
. se tiene que en las sentencias T-1241 de 2008 y T-911 de 2009. De igual forma. de los privilegios en cuanto a la residencia en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. penal militar y disciplinaria. se revisaron casos en los que se solicitó una sustitución pensional de quien es aducían la existencia de una relación de pareja homosexual. respecto de las obligaciones alimentarias. de la garantía de no incriminación a la pareja en materia penal. le son aplicables los efectos de las normas que consagraban obligaciones y derechos a los integrantes de las uniones heterosexuales. los cuales habían convivido con una pareja del mismo sexo respectivamente. Esta práctica desconoce específicamente la previsión contemplada en el artículo 84 superior al tenor del cual “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general.
actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto(…). La diferencia consistía en que al compañero (a) permanente del afiliado se le imponía la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones. Argumentó la Corte: “Como se deriva de lo hasta aquí expuesto. Uno de los últimos logros jurisprudenciales en materia de protección a las parejas homosexuales. por lo tanto se eliminó el requisito de haber convivido durante dos años. que contenía un trato diferente para ser afiliado como cónyuge o compañero (a) permanente en calidad de beneficiarios al sistema de seguridad social en salud. es la reciente sentencia C-577 de 201153. pero se dijo que “ La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario. que dicha perspectiva. presentando una declaración juramentada ante notario. siempre y cuando se acredite dicha condición “en los términos señalados en la sentencia C521 de 200752 para las parejas heterosexuales. en los tres asuntos bajo examen tanto las entidades demandadas como los jueces de tutela se sustentan en excusas inadmisibles si se miran bajo la óptica de los preceptos constitucionales así como bajo los lineamientos sentados por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad. que las sentencias de constitucionalidad son vinculantes y de obligatorio cumplimiento dado el carácter erga omnes que las informa e impregna. también tienen derecho a ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. imponía a las parejas homosexuales una carga imposible de cumplir. en la que se estableció que las personas que conviven en uniones homosexuales. se afirmó que se estaba utilizando una interpretación restrictiva de la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008. en la que la Corte estudió los artículos 113 del código civil. Así mismo. es decir. Ahora bien. tratándose de la pensión de sobrevivientes. Arriba se expuso.Específicamente. ya que habiendo fallecido uno de los compañeros o una de las compañeras no es factible que la pareja acuda simultáneamente a la notaría a acreditar la permanencia y singularidad de la unión. en la que se exprese la voluntad de conformar una familia de manera permanente. en la referida sentencia T-051 de 2010. en las consideraciones de la presente sentencia se aportaron los motivos por los cuales se sostiene en esta sede que interpretar la exigencia contenida en la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 de una manera restrictiva implica imponerles a las parejas homosexuales una carga desproporcionada y arbitraria que riñe con las previsiones contenidas en el artículo 13 superior y quebranta el derecho a la garantía del debido proceso administrativo establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.” 32.”
. se examinó la constitucionalidad del artículo 163 de la ley 100 de
1993. La Corte encontró que no existía justificación alguna para realizar dicha diferenciación.”. artículo 2 de la
52 En la sentencia C-521 de 2007. expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente. se concluyó.
que la heterosexualidad no sea una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad. Así mismo. el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009.Ley 294 de 1996 y.2 Con éste último pronunciamiento. afecta a las mencionadas parejas. las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. advirtió que si para el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente. la Corte señaló “que del texto del inciso primero del artículo 42 de la Carta Política no se puede deducir que el constituyente haya contemplado un solo modelo de familia originado exclusivamente en el vínculo matrimonial.1 En concordancia con lo anterior. que al interior de las uniones homosexuales también se
53 Para el momento de elaboración de la presente sentencia aún no se conocía el texto final del mencionado fallo. En esta ocasión.” 33. pues la convivencia puede crear también la unión marital de hecho. 30 de julio 26 de 2011. ya que se reconoció explícitamente que no basta solo una protección en el ámbito patrimonial sino. el artículo 2 de la Ley 1361 de 2009. y. mediante el cual se dio a conocer la decisión adoptada por el Tribunal respecto de la demanda instaurada contra los artículos 113 del código civil.
. se dio un gran paso en la protección a las parejas homosexuales. exhortó al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle. según los términos de esta sentencia. En este sentido y de conformidad con la norma constitucional. por lo tanto. como lo demuestra la familia de crianza. para el momento de elaboración de la presente sentencia aún no se conocía el texto final del mencionado fallo. la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez. la Corte declaró exequibles las normas demandadas. normas referentes a la conformación de la familia en Colombia. De ahí. lo aquí expuesto hace parte del Comunicado de Prensa de Sala Plena de la Corte Constitucional No. se tomará como referente lo expresado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el comunicado No. en cuyo caso los compañeros permanentes ya constituyen familia o crear formas de familia monoparentales. que lleva consigo la primacía de los derechos a la dignidad humana. a través de distintos “vínculos naturales o jurídicos”. encabezadas solamente por el padre o por la madre o aún las ensambladas que se conforman cuando uno de los cónyuges o compañeros ha tenido una relación previa de la cual han nacido hijos que ahora entran a formar parte de la nueva unión. de manera que en su ciclo vital una misma persona puede experimentar el paso por diversas clases de familia. artículo 2 de la Ley 294 de 1996 y. 33. Si bien. según lo previsto en el precepto superior. 30 de julio 26 de 2011. a la libertad en el desarrollo de la personalidad y las garantías del derecho a la igualdad. de manera sistemática y organizada. sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que.
A este respecto. color. idioma. inicialmente se salvaguardaban los derechos de las personas homosexuales de manera individual. idioma. pueden acceder a las pensiones de sobrevivientes. nacimiento o cualquier otra condición social. 34. opiniones políticas o de cualquier índole. Hemos visto hasta este punto que este Tribunal Constitucional ha pasado por un desarrollo gradual respecto a la protección de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. 35.crean una serie de vínculos. origen nacional o social. pueden ser afiliados (as) como beneficiarios (as) de su compañero (a) en el sistema de seguridad social en salud. Tal como quedó expuesto. posición económica. hasta el punto que sus uniones generan efectos patrimoniales. entre otros. la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza. que ha predominado a lo largo del tiempo en muchos lugares del mundo. por ejemplo en temas de discriminación en el acceso a cargos públicos. origen nacional o social. en su artículo 26 establece: “Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. opinión política o de otra índole. religión. En el ámbito internacional también ha sido reconocida la situación de discriminación en razón de la opción sexual de las personas. se les empezaron a reconocer sus derechos en la faceta de parejas. o cuando algunas normas disponían el homosexualismo como causal de mala conducta o falta disciplinaria. Como resultado de lo anterior. sexo. a partir del año 2007. contiene en su artículo 2. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 54. actualmente la Corte Constitucional ha adoptado una posición garantista al respecto.
. e incluso a partir del año 2011 se reconoció que constituyen una forma de familia que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. Es así como. color. sin distinción alguna de raza. Estándares internacionales de la protección a la comunidad homosexual. posteriormente. Así mismo. religión. les son aplicables las normas penales de agravación punitiva correspondientes al vínculo afectivo. nacimiento o cualquier otra condición social. 36.1 el compromiso de los estados firmantes de garantizar los derechos reconocidos en dicho Pacto.”
54 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. sexo. con el fin eliminar del ordenamiento jurídico colombiano toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual. valores y sentimientos asimilables a lo que significa el término “familia”. posición económica.
mencionados anteriormente60-. la Convención mediante la Ley 16 de 1972 58 Comunicación No 488/1992. Young c. se considera que un trato distinto en razón de la orientación sexual de las personas. 18/09/2003. en tanto instrumento internacional de derechos humanos ratificados por Colombia57. II. Además. 61 Así se ha enunciado entre otras. 2435 (XXXVIII-O/08) “Derechos humanos. las disposiciones señaladas anteriormente. supra numeral 18. 41. han sido reconocidas por la jurisprudencia 61 de esta Corte Constitucional como criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales relativas a la garantía de los derechos fundamentales. en la que los Estados miembros manifestaron su preocupación
55 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. C-376 de 2010. por la Organización de Estados Americanos. 60 Ver. la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)56 establecen en sus artículos 2. la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. esta Sala encuentra que. 59 Comunicación N° 941/2000: Australia. expidió la Resolución AG/RES.4. de lo contrario. en el 2008. resulta sumamente importante tener en cuenta la prohibición de discriminación consagrada en los mismos. orientación sexual e identidad de género”. De igual forma. en los que en todo caso se reiteró que la homosexualidad es un criterio sospechoso de diferenciación. fueron ratificados por medio de la Ley 74 de 1968 y.37. 1° respectivamente. CCPR/C/78/D/ 941 /2000. el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales55 y. T-1319 de 2001. entre otras. En esa medida. Australia59 . 57 Los dos Pactos señalados. a través de resoluciones y observaciones que si bien no hacen parte del bloque de constitucionalidad. UN Doc.537 de 2006 y. a todas las personas en condiciones de igualdad sin ninguna diferenciación por motivos de raza. vol. 39. de manera que de utilizarse debe existir una justificación estricta. la obligación de los Estados de garantizar y proteger los derechos que en éstos se consagran. 226-37.
. Australia58 y.2 y. C. De esta manera. 56 Suscrita el 22 de noviembre de 1969. En consecuencia. recientemente la comunidad internacional ha mostrado la necesidad imperante de erradicar todo tipo de discriminación en razón de la orientación sexual de las personas. Informe del Comité de Derechos Humanos. sexo. Por otra parte. 38. A/49/40. contradice el mencionado artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. en las sentencias C-010 de 2000. 40. C-355 de 2006. el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto por ejemplo en los casos Toonen c. orientación sexual. razonable y objetiva. hacen parte del denominado bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución Política.
orientación sexual e identidad de género”62. se reafirmó que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción de raza. condenó los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. así mismo. realizó una presentación en la cual destacó. 63 Esta declaración fue firmada por 66 de los 192 países miembros de las Naciones Unidas. el día 22 de octubre de 2009. Adicionalmente.” 45.oas. en la que entre otros aspectos referentes a la condena de la discriminación en razón de la orientación sexual de las personas. 43. 4. color. la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género. la OEA le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos incluir en su agenda el tema de “ Derechos humanos. en sus artículos 3 y 4 establece: “3. 44. en la Resolución AG/RES. sociales y culturales (artículo 2. en el 2008. se adoptó por parte de la Organización de Naciones Unidas. independientemente de su orientación sexual o identidad de género. en el año 2010 mediante la adopción de la Resolución AG/RES. sexo. párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. insistiendo en la importancia del acceso a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad. 20 de 2009 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género. Stefano Fabeni de Global Rights Partners for Justice. religión. el Sr.” En: http://www. un especialista en la materia. el máximo órgano de la OEA entre otras cosas. Sociales
62 “En función a este mandato. firmada por Colombia63.
. en la cual.org/dil/esp/orientacion_sexual. que las resoluciones de la OEA en esta materia constituían hitos para una lucha inclusiva y concreta en contra de la discriminación y de otros abusos en materia de derechos humanos cometidas contra este grupo de personas. 42. exhortó a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se comentan actos de violencia. del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 2600 (XL-O/10).por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos. opinión política o de cualquier otra índole. De igual forma. fue reiterada posteriormente por la Asamblea General de este mismo órgano. Finalmente. que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género. relativa a “ La no discriminación y los derechos económicos. entre otros aspectos. Dicha intranquilidad por la situación de la comunidad homosexual. 2504 (XXXIX-O/09).htm. Específicamente. u otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. idioma. no sobra mencionar la Observación General No. Reafirmamos el principio de no discriminación.
idioma. Especificó el concepto de discriminación así: “Cabe señalar que por discriminación se entiende toda distinción.y Culturales)” en la cual. En "cualquier otra condición social". religión. sin discriminación alguna por motivos de raza. origen nacional o social. en condiciones de igualdad. opinión política o de otra índole.2 del pacto contiene una cláusula abierta al incluir la frase “o cualquier otra condición social”. // 2. A manera de conclusión. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso. así como. en este sentido explicó: “32. se incluye la orientación sexual 66.
. nacimiento o cualquier otra condición social.264. los transgénero. posición económica. que han instituido que la opción sexual es un criterio sospechoso y prohibido de discriminación.” 46. a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. como el acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo67. Sociales y Culturales. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto. restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento. Por ejemplo. sexo. 66 Véanse las Observaciones generales Nos. 65 En el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. si la misma no tiene una suficiente justificación para existir. 14 y 15 del Comité de Derechos Económicos. los transexuales o los intersexo son víctimas frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos. goce o ejercicio. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos que en él se enuncian. se determinó que el citado artículo 2. por lo tanto. exclusión. erradicar todo tipo de distinción con base en la opción sexual. color. se establece que la no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general del Pacto según su artículo 2. tal y como se recoge en el artículo 2. de los derechos reconocidos en el Pacto65.” En cuanto a los motivos prohibidos de discriminación. el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad figuran definiciones similares. encontramos que existen numerosos pronunciamientos de índole internacional. 64 Artículo 2. 6 y 7) y ha adoptado posiciones similares en observaciones generales anteriores. es obligación de los Estados adoptar las medidas adecuadas para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación. por ejemplo. El Comité de Derechos Humanos hace una interpretación parecida en su Observación general Nº 18 (párrs. 67 Véanse las definiciones en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.2 del Pacto.
el cual hace parte de la población homosexual y en esta medida.2 Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. así como los lineamientos a nivel internacional. y T-2002 de 2005. 48. el actor alega vulneración al debido proceso. esta Sala procederá a analizar el caso en concreto. En dicho proceso a pesar de haberse allegado suficientes pruebas sobre la existencia de la unión marital de hecho. así como la sociedad patrimonial que de ésta se deriva. teniendo en cuenta que instauró demanda ante la jurisdicción laboral. T-613 de 2003. por cuanto no se allegó al proceso ni escritura pública ni acta de conciliación.2. en tanto hace referencia a los derechos al debido proceso. entre otras. 49.47. Sin embargo. T-834 de 2004. ésta no fue declarada argumentando la falta de plena prueba. en este caso se estaría ante una acción improcedente68. En este caso. situación que ha sido prohibida por el ordenamiento jurídico. en la cual el demandante y su fallecido compañero hubiesen declarado haber convivido en unión marital de hecho. de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 5. el cual fue fallado en primera instancia sin conceder las pretensiones que en éste se plantearon. aplicables a la materia en comento. con el fin de que se declarara la unión marital de hecho que existió entre él y su compañero permanente. puede estar siendo sometido a un trato discriminatorio en razón a su orientación sexual. teniendo en cuenta lo que se
68 A esta conclusión llegó la Corte en las sentencias T-1169 de 2001. se estudiarán los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales en el presente caso. Una vez expuestos los avances jurisprudenciales colombianos. el accionante no interpuso recurso de apelación contra la sentencia y. Estas consideraciones son suficientes para dar por cumplido el requisito. Estudio del caso en concreto.1 Los hechos por los cuales se interpuso la acción de tutela que en esta ocasión se revisa.1 Relevancia constitucional El asunto que se encuentra revisando esta Sala inviste relevancia constitucional. 49. T-606 de 2004. A continuación. De acuerdo con lo anterior. es precisamente éste el principal argumento de los jueces de instancia para negar el amparo solicitado en sede de tutela. además. 49. T-1065 de 2004.
. tuvieron su origen en un proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho. a la personalidad jurídica y al estado civil del accionante. al estar comprometido el principio de subsidiariedad característico de la acción de tutela.3 de esta decisión. Análisis de procedibilidad de la acción 49.
tal como se muestra a continuación. que las hace merecedoras de una especial protección constitucional69. bajo un estudio detallado del contexto en el que se desarrollan algunos casos. según ha establecido en repetidas oportunidades esta Corte. tales como niños. la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas.2.2. dadas sus condiciones de vulnerabilidad. en el campo de la acción de tutela.expuso en el acápite correspondiente. debilidad o marginalidad.
69 Sobre sujetos en condición de vulnerabilidad ver.2 Ahora bien. En tales situaciones. dada la naturaleza de las personas que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se trata de los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los sujetos de especial protección constitucional. mujeres cabeza de familia. cuando la acción de tutela es interpuesta frente a una providencia judicial. el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia especialmente los de inmediatez y subsidiariedad. miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza.”. y T-110 de 2011. fue consagrada por el Constituyente como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la proteción de los derechos fundamentales. Sobre este punto. entre otras. menos estricta-.2. 49. es la condición de vulnerabilidad que se predica de algunas personas.
. existen casos en los que el análisis de procedibilidad de la tutela en el caso concreto se debe efectuar en forma más amplia -esto es. sentencias T-972 de 2006. T-340 de 2010. para efectos de respetar el carácter subsidiario del mecanismo judicial en cuestión. que no se diseñó para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. la Corte ha realizado un análisis flexible de dichos requisitos. en la sentencia T-719 de 2003 se señaló: “La acción de tutela. (…) Si bien los jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos. deben ser objeto de un análisis cuidadoso. ancianos. los jueces deben estudiar las características del perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad más amplio. para así materializar. 49.1 Uno de los aspectos que se tienen en cuenta para estudiar ampliamente los requisitos formales de procedibilidad.
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria (art. T-783 de 2009 y T-299 de 2009.2 Así pues. la Corte ha encontrado que en algunos casos especiales no le es imputable al accionante la falta de diligencia en cuanto al agotamiento de los recursos que se tienen en la vía ordinaria por cuanto eran deber de un tercero y. el accionante se encontraba en imposibilidad de cumplir con la carga procesal mencionada. entre otras las sentencias T-526 de 2005. cuando se está ante procesos penales en los que el sidicado ha sido representado por un defensor de oficio.
. se pueden consultar. también se ha realizado un análisis laxo del requisito de subsidiariedad72. o el Consejo de Estado. si bien existía un serio problema de inmediatez. en la que la Corte halló que para el momento en que se podría haber interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia que se discutió en sede de tutela. teniendo en cuenta la naturaleza fundamental y el carácter indisponible de los derechos en juego. tanto la regulación normativa como la jurisprudencia se han ocupado de fijar mayores restricciones. puesto que era un campesino prácticamente iletrado (teniendo en cuenta que había cursado solo hasta el primer grado
70 Existen varios pronunciamientos en los que la Corte ha realizado un estudio laxo acerca del requisito de inmediatez. recientemente en la sentencia T-1028 de 2010. T-593 de 2007. En dicha ocasión. 49. 72 Al respecto ver. en los que el requisito de subsidiariedad se encontraba comprometido. 237 CP). las mismas fueron consideradas procedentes. pues ellos son los primeros llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivos ámbitos”.A propósito del requisito de inmediatez70.2. 234 CP). puesto que no fueron impugnadas las providencias de primera instancia. en esta medida. la condición de vulnerabilidad de la actora. su precaria situación económica y su pertenencia el grupo de personas de la tercera edad. en particular por la Corte Suprema de Justicia. De igual forma. 71 En sentencia SU-917 de 2010. esta Corporación señaló: “Una importante restricción al ejercicio de la tutela contra sentencias judiciales se presenta en el caso de decisiones proferidas por las Altas Cortes. T-792 de 2007. esto ha sucedido. Este fue el argumento utilizado en la sentencia T. específicamente en casos de tutelas contra sentencias. sentencia T-972 de 2006. Por consiguiente. T654 de 2006. se ha efectuado una interpretación flexible del mencionado requisito de subsidiariedad. || Teniendo en cuenta el rol protagónico que cumplen la Corte Suprema y el Consejo de Estado en sus respectivos ámbitos.567 de 1998.2. bajo el contexto de personas especialmente protegidas por el ordenamiento constitucional. fue determinante en el análisis de la procedencia formal. es decir. esta Corte halló procedente el amparo contra una sentencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia71. (ii) en cuestiones en las que tratándose del estado civil de las personas. al respecto. tribunal supremo de lo contencioso administrativo (art. debe primar el derecho sustancial sobre el procesal. T-243 de 2008. no obstante haberse interpuesto la acción de tutela después de dos años y ocho meses aproximadamente de haber sido esta última ejecutoriada. cuando (i) el descuido en la interposición del recurso no dependió del accionante y. T-692 de 2006. En efecto.
además. T-567 de 1998 y T-068 de 2005. de manera que nunca escogió su defensa y se vio inmerso en una situación en la que debió someterse a la estrategia que éstos diseñaran para controvertir su caso ante la justicia penal. no es óbice para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. según la cual es admisible la acción de tutela contra sentencias aún cuando no se hayan interpuesto los recursos ordinarios.” Esta excepción. en la que esta Corporación consideró que la falta de interposición del recurso de apelación en procesos ordinarios que pretenden determinar la filiación de un menor. Sin embargo. en aquellos casos en los cuales se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el actor no pudo utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que. que había estado siendo defendido sucesivamente por distintos defensores de oficio. desde el punto de vista fáctico o jurídico. que la acción de tutela es improcedente cuando. ni siquiera. se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que. Por otra parte. también se ha admitido la procedencia de la tutela pese a no haberse cumplido con la carga de agotar las posibilidades existentes en la vía ordinaria. en ciertos casos. de manera reiterada. la presunta omisión no es.de primaria). desde ningún punto de vista. la aplicación de la regla antes señalada le causaría un daño de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del desconocimiento del criterio general enunciado. en las sentencias T-329 de 1996. descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional. en razón a su concreta condición de indefensión y vulnerabilidad. En otras palabras. ha sido reiterada. según lo enunciado. porque los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional. En este sentido. Así fue declarado en la sentencia T-329 de 1996. se ha pronunciado la Corte al reconocer que. con ella. si la responsabilidad del agotamiento de la vía ordinaria radicaba en cabeza de un tercero ajeno al accionante. pese a no haber utilizado los mecanismos ordinarios existentes. la Corte argumentó:
. en cuyo caso. imputable al actor. se lo impedía por completo y. Al respecto se expuso: “La Corte ha sostenido. En este caso. por negligencia. T-573 de 1997. entre otras. la regla anterior admite algunas especialísimas excepciones. cuando se puede ver vulnerado el derecho al estado civil de la persona. que no puede hablarse. si se encuentran de por medio los derechos de los niños. la procedencia resulta doblemente justificada. no fueron utilizados a su debido tiempo. de culpa levísima de quien intenta la acción de tutela.
dijo la Corte que el derecho al nombre y al conocimiento de la filiación de los niños resulta fundamental. Esta misma línea argumentativa. teniendo en cuenta que el artículo 14 constitucional. se atempere la rigidez de la exigencia expuesta y se otorgue la posibilidad del amparo judicial extraordinario. Tal ocurre.“[S]i se atiende a la equidad. el amparo se consideró procedente. Un principio de elemental justicia indica que en dichas circunstancias no debe ser sancionado el niño con la eliminación de toda posibilidad de hacer valer sus derechos fundamentales y que. de éste se derivan
. o para ejercer los recursos que le permitan su defensa. que lleva inmerso el estado civil de las personas. a propósito de los procesos de filiación. establece el derecho que tiene toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica. porque se encuentra de por medio el derecho a la dignidad humana. que busca realizar la justicia en el caso concreto. en especial si esos intereses corresponden a derechos fundamentales que pueden quedar vulnerados o amenazados en la hipótesis de una tutela denegada por no haber hecho su abogado uso oportuno de los recursos que los favorecían en el proceso ordinario. en la que se encontraban de por medio derechos de una menor de edad. cuya indefensión se presume según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. en primer lugar expuso la Corte que. esta Corte en sentencia T-411 de 2004. habrá de reconocerse que en determinadas situaciones la absoluta imposibilidad en que se halla el sujeto perjudicado por la omisión procesal para evitarla. aceptó la procedencia de la acción de tutela contra un fallo emitido en el trámite de un proceso ordinario de filiación extramatrimonial. en consecuencia. Ahora bien. aún cuando el accionante (mayor de edad) no interpuso el recurso de apelación frente a la providencia en la cual le fueron denegadas sus pretensiones y se declaró que el demandado no era su padre. En esta ocasión. y no se había interpuesto el recurso de súplica contra la providencia que se discutía en sede de tutela y. lo libera plenamente de responsabilidad por la conducta omisiva y hace necesario que. se consolidan en cabeza del hijo y de los padres derechos y deberes de contenido patrimonial y moral. fue utilizada en la sentencia T-156 de 2009. con miras a la prevalencia del Derecho sustancial. procede la tutela (…)” Respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. mereciendo él la protección especial del Estado impuesta por el artículo 44 de la Constitución. por ejemplo. teniendo en cuenta que con esto. cuando los intereses en juego corresponden a menores.
el cual. indisponible e imprescriptible. En este orden de ideas. en el caso que se viene reseñando. (Se refiere a las sentencias C-109/95. el derecho sustancial debe primar sobre el procesal. por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.los atributos de la personalidad. entonces. llevaría en determinados casos a que lo formal imperara sobre lo sustancial. al respecto. Al respecto explicó: “ha sostenido esta Corporación. T-488/99)
. la cual no fue declarada por el juez natural en virtud de un defecto fáctico. este Tribunal también advirtió. Del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. el artículo 1º del Decreto . el principio de prevalencia estatuye el deber que tiene la autoridad judicial de proteger y salvaguardar las garantías individuales de las personas. C-807/02. consagra que éste es la situación jurídica de la persona en la familia y la sociedad y determina la capacidad para ejercer ciertos derechos y obligaciones. depende del reconocimiento de la verdadera filiación de una persona. que de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Política. en aquellos eventos el juez de tutela estaría prestando su tácita aquiescencia frente a una vulneración de los derechos fundamentales de una persona. prima la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos. en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. En cuanto al asunto de fondo que se planteó en el caso en concreto. puesto que se omitió el recaudo de la prueba de ADN. sostuvo la Corte: “Pero más aún. ha señalado esta Corporación. pues. por constituir éste la razón de ser de aquella. a su vez. más allá del sometimiento a simples ritualidades y formalismos. la Corte argumentó:
73 Ibídem. La decisión rigurosa de declarar improcedente la acción de tutela cuando el actor no hizo uso del medio de defensa ordinario que tenía para hacer valer sus derechos. es indivisible. Para la Corte Constitucional es claro que la filiación es uno de dichos atributos puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de la persona 73.” En concordancia con lo anterior. Estatuto del Estado Civil de las Personas. se deriva el derecho al estado civil. existía plena prueba de la paternidad del demandado frente al accionante.Ley 1260 de 1970. cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como sujeto en el campo del Derecho está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de dicha calidad. en particular. amparado en el subterfugio de la aplicación de una formalidad que debe ceder ante el derecho sustancial. De lo contrario. frente a la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales.” (Destaca la Sala).
Sin embargo. en el caso concreto es claro que el actor en sede de tutela no interpuso recurso de apelación contra la providencia que lo declaraba padre extramatrimonial del menor Luís Fernando. prevalece el derecho sustancial sobre las simples formalidades.” (Negrilla fuera de texto). el señor Pabón estaría recibiendo menoscabo también en relación con su dignidad como persona humana. de no ser así aún a pesar que el interesado no ha sido del todo diligente en el ejercicio de los otros medios de defensa judicial.4 De otro lado. (ii) cuando se encuentran de por medio los derechos
74 En esta ocasión. se han aceptado casos en los que no se agotaron los recursos ordinarios: (i) en el marco de un proceso penal. razón por la cual los jueces de instancia denegaron el amparo solicitado por considerar que no había hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial a su disposición. en el proceso de filiación extramatrimonial. el señor Jairo Edmundo Pabón se vería abocado de por vida a una situación de flagrante vulneración de sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a su estado civil.3 A manera de conclusión. La finalidad de las reglas procesales es otorgar garantía de certeza a la demostración de los hechos que fundamentan el reconocimiento de los derechos sustanciales y este propósito claramente obtiene respaldo constitucional. el recurso de apelación al que tenía derecho contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Cali el 4 de diciembre de 2002. existen excepciones en las que el juez constitucional debe estudiarlos de una manera flexible. (…) 6. En consecuencia. y tal como quedó expuesto en los numerales anteriores de esta sentencia. podemos decir entonces que si bien los requisitos de procedencia formal para la acción de tutela aumentan su rigor cuando ésta es interpuesta contra fallos judiciales.“6. particularmente si se trata de sujetos en estado de vulnerabilidad que merecen una especial protección constitucional. Esta posición fue reiterada en la sentencia T-584 de 200874. debido al grado de certeza científica de la prueba genética esta debe ser practicada y valorada en los procesos en los cuales se debate la filiación. debe ceder ante la contundencia de la verdad científica y ante la trascendencia de los derechos que se ponen en juego. puede recurrirse a la tutela para tales efectos. Así mismo específicamente respecto de la condición de subsidiariedad. De lo contrario. 49. si se le negara el derecho que tiene a establecer su filiación y su estado civil. conociendo ahora sin posibilidad de duda la identidad de su padre. la persona fue representada por un defensor de oficio al cual le es imputable la negligencia en el uso de los recursos y. la Sala considera que el hecho de que el actor dentro de la presente acción de tutela dejara de interponer.2.”
. es aplicable aquí el precedente sentado en la sentencia T-411 de 2004 sobre este extremo pues el requisito de procedibilidad deberá “ceder ante la contundencia de la verdad científica y ante la trascendencia de los derechos que se ponen en juego”.3 De acuerdo con lo estatuido en el artículo 228 de la Constitución Nacional. De igual manera. la Corte consideró: “ Ahora bien.
Durante mucho tiempo. en los casos más extremos. 49. en primer lugar. el afianzamiento de una cultura de respeto por la diversidad. los homosexuales han estado sujetos a formas muy intensas de marginación y de exclusión social y política. cuando por ejemplo. T. además.1241 de 2008. las cuales incluso han llegado. sentencias C-373 de 2002. 78 En la Sentencia C-577 de 2011.336 de 2008. C-336 de 2008. las personas homosexuales hacen parte de un grupo poblacional que ha sido tradicionalmente discriminado. pese a que la Constitución consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por tanto la libre opción sexual. C-798 de 2008. esta Sala encuentra que ha quedado comprobado que el accionante es homosexual. 76 En la Sentencia C-481 de 1998. merecedora de protección por parte del ordenamiento jurídico colombiano. a legitimar campañas de exterminio contra estas poblaciones. reconocida. bien sea que se encuentren comprometidos igualmente los derechos de los niños o. T. no sólo en nuestro país sino también en muchas otras sociedades. tal como viene siendo expuesto a lo largo del presente fallo. además. esta Corte dijo: 10.911 de 2009 y. en gran medida porque necesariamente implica un cambio en el pensamiento social que se logra con el paso del tiempo y. y solo hasta el 201178 se acepta que éstas pueden ser asemejadas a una forma de familia. C-075 de 2007. porque éstos avances se han dado únicamente mediante la jurisprudencia de esta Corte Constitucional. no sólo los comportamientos homosexuales han sido y siguen siendo penalizados por diversos ordenamientos jurídicos sino que.051 de 2010. Esto es evidente.” 77 Con la ya reiterada Sentencia C-075 de 2007. las parejas homosexuales han sido tradicionalmente discriminadas.” Sin embargo. En efecto.2. Así. la Corte explícitamente dijo: “Sin embargo. y por lo tanto. en la vida cotidiana. y solo han logrado reconocimiento jurídico y protección merced a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. C-029 de 2009. T. al que solo con el pasar del tiempo y hasta pronunciamientos sumamente recientes se le han protegido sus derechos fundamentales. Por ejemplo. ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varios pronunciamientos75 incluso desde su jurisprudencia más antigua76. esta situación ha sido difícil de superar. al caso que en esta oportunidad se revisa. descendiendo todo lo que hasta aquí se ha expuesto. en procesos de filiación la certeza probatoria es tal que el derecho sustancial debe primar sobre el procesal. las personas con esta preferencia erótica han sido excluidas de múltiples beneficios sociales y han debido soportar muy fuertes formas de estigmatización social. Esta condición de marginamiento. y además prohíbe la discriminación por razón del sexo de las personas.
. en la sentencia C.fundamentales a la personalidad jurídica y el estado civil. T-499 de 2003. si tenemos en cuenta que en el año 2007 77 se logró la protección patrimonial de las uniones homosexuales.4 Ahora bien.
75Al respecto ver.
de acuerdo con los fundamentos generales expuestos previamente. es. obligación que se encuentra avalada en múltiples normas y pronunciamientos nacionales e internacionales. los cuales le imponen al Estado colombiano la obligación de erradicar todo acto discriminatorio en razón de la opción sexual. T-963 de 2001. con base en las especiales circunstancias en las que se ha visto la comunidad homosexual para lograr una efectiva protección de sus derechos a la libertad de opción sexual y. T-390 de 2005. queda claro que la situación de discriminación que ha sufrido la comunidad homosexual. ha sido un tema que se ha ido superando paulatinamente.2. esta Corte en reiterados pronunciamientos80. pueden ser consultadas las sentencias T-090 de 1995. el estado civil. que se deriva directamente de los mandatos constitucionales. tal como se verá a continuación. y que la hacen sujeto de determinados
79 Ver. en virtud de lo cual. teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución establece que "toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". también ha sido objeto de estudio en el contexto internacional79. Finalmente. 49. el accionante es una persona que merece una especial protección constitucional. esto. precisamente. es que la unión marital de hecho hace parte del estado civil. situación que debe corregirse entre otros. supra. Una de tales propiedades. numerales 36 a 46.5 Entonces.En suma. otro aspecto importante para realizar el análisis de procedibilidad en este caso. de las consideraciones de la presente sentencia. ha considerado que se trata de un derecho fundamental. Sentencia T-090 de 1995. que aquí se encuentran de por medio los derechos fundamentales de un sujeto del que se predica un estado de vulnerabilidad. Cfr. a la dignidad humana. soltero o casado. desde la administración de justicia. en tanto hace parte de una comunidad que ha sido tradicionalmente discriminada y marginada y. 80 Al respecto. Así mismo. que el ordenamiento reconoce en la persona humana. por ser vulneratoria de los derechos a la igualdad y a la dignidad humana. que la identifican y diferencian de las demás. C-476 de 2005 y T-822 de 2008. lo cual significa. resulta relevante resaltar. pues no cabe duda que de todo ser humano puede decirse si es mayor o menor de edad. Por lo tanto. por el sólo hecho de existir. por lo tanto merece especial protección constitucional. C-101 de 2005. Frente al estado civil de las personas.
. si forma parte de una unión marital de hecho etc. ciertos atributos jurídicos que se estiman inseparables de ella. Por lo tanto. hijo de determinada persona. se ha reiterado la importancia de la prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual. “[e]l estado civil lo constituyen entonces un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona.
también tiene efectos no patrimoniales. capitulaciones matrimoniales. el del estado civil de las personas.”81 Lo anterior. su constitución y prueba se realiza mediante inscripción en el registro civil. se hace explícita dicha unión en su correspondiente registro civil de nacimiento. Sin embargo. toda vez que tal como quedó
81 Ibídem. Dada la importancia de las calidades civiles de una persona. (…) matrimonio. legitimaciones. En este punto. 82 Cfr. De acuerdo con lo expuesto. debe ser interpretado con una lectura armónica de los artículos 13 y 14 constitucionales. entre ellos. cuando una persona contrae matrimonio. toda vez que.derechos y obligaciones. (…) divorcios. Sentencia C-476 de 2005. al igual que cuando dos personas en el ejercicio de sus libertades deciden unirse para conformar una familia. determina la situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan derechos y obligaciones que se regulan por la ley civil82. los derechos a la personalidad jurídica y al estado civil. del Decreto . dicha declaración. conlleva por un lado. separaciones de cuerpos y de bienes. deben ser inscritos en el competente registro civil. por un acta de conciliación o mediante una autoridad judicial. y declaran esto bien sea ante notario. análogamente. como se sabe. de estas normas emanan los atributos de la personalidad y.Ley 1260 de 1970: “Artículo 5. Este último._ Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas. teniendo en cuenta que el artículo 1º del Decreto . que establecen el derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. consecuencias patrimoniales tales como la existencia de una sociedad de bienes y. tenemos que la declaración de la unión marital de hecho entre dos personas.Ley 1260 de 1970 preceptúa que el estado civil es indisponible y el Código Civil establece que no se puede transigir sobre éste (artículo 2473). (…)” Por lo tanto. Adicionalmente. reconocimientos de hijos naturales. dicho acto es consignado mediante una nota marginal en su registro civil de nacimiento. en este caso en particular. especialmente los nacimientos. habiendo fallecido el compañero también se causaría el derecho a hacer parte de los herederos a los cuales se les atribuye conforme a la ley su correspondiente partida o hijuela de la masa sucesoral de bienes que deje el causante. es importante tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 5. son de suma importancia.
. por cuanto esto constituye un cambio en su estado civil.
concedió la sustitución pensional al accionante. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. teniendo en cuenta que el actor. 85 ARTICULO 228. adicionalmente ya le fue reconocida por el ISS la sustitución pensional de su compañero84. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.expuesto. que al admitirse que entre él y su compañero existió una unión marital de hecho. se encuentra copia de la Resolución No. quienes. Sus decisiones son independientes. lo que busca es que por medio de una autoridad del Estado Colombiano.1.7 del acápite de pruebas. de manera que. Por lo tanto. la procedencia de la acción de tutela no está definida por el requisito de subsidiariedad. en otras palabras. (ii) en materia probatoria el presente caso es tan fuerte. no puede ser negado con base en requisitos formales. Adicionalmente. teniendo en cuenta las especiales condiciones que se predican del aquí accionante. de acuerdo con lo instituido por el artículo 22885 de la Costitución. los mismos fueron rendidos incluso por las hermanas del causante y su sobrino. 84 A folios 11 y 12 del cuaderno 1. puesto que no existieron testimonios contradictorios y. (i) hace parte de una población que ha sido tradicionalmente discriminada y. esta Sala encuentra que cuando existe una veracidad probatoria de tal magnitud que no existe duda alguna sobre el derecho sustancial reclamado por el peticionario. en la que el ISS seccional de Antioquia. con base en el precedente sentado en la sentencia T-411 de 2004. el mismo. es forzoso concluir que el accionante más allá de los beneficios económicos que se puedan derivar de la declaración de la unión marital de hecho que existió entre él y el señor Ramírez Cardona. (Destaca la Sala)
. inherente al ser humano y una de las características primarias del mismo. en virtud del vínculo sanguíneo con el
83 Ver numeral 3. el actor está buscando que se declare una de las calidades civiles de toda persona. se estaría indicando su relación con la familia que integró. 008791 del 19 de mayo de 2010. se encuentra que el actor no está en una situación de fragilidad económica y no existe amenaza a su derecho al mínimo vital. es decir. se desprende que trabaja como diseñador gráfico83 y. lo cual es un derecho fundamental de todas las personas. se reconozca la relación familiar que mantuvo con su compañero y que la misma quede consignada en su registro civil. porque si se analizan los elementos fácticos del mismo. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. que durante el proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho. en esta oportunidad. Esto es de especial importancia en el caso bajo estudio. La Administración de Justicia es función pública. quedó clara la relación que el señor Ramírez Jaramillo mantuvo con su compañero. ésta conlleva su inscripción en el registro civil de nacimiento del accionante. puesto que por un lado de las declaraciones que fueron rendidas ante la juez natural. con lo cual se está reconociendo oficialmente que formó con su difunto compañero una familia durante más de 20 años. en esta medida merece una especial protección constitucional.
es procedente la acción de tutela aún cuando no se agotó el recurso de apelación. 49. en aras de contribuir al fortalecimiento de la misma. que acudió a la jurisdicción ordinaria para que le fueran amparados los derechos que se derivan de su unión sentimental con una persona de su mismo sexo. Además. para este caso. lo conocían perfectamente y. ante una contundencia tal. la protección de las parejas conformadas por personas del mismo sexo se ha dado mediante la jurisprudencia de esta Corte Constitucional y. solo hasta este año (2011) se está terminando de consolidar. en caso de tratarse de una irregularidad procesal. que se deriva del reconocimiento de su personalidad jurídica y de la igualdad de todas las personas ante la ley. resulta imperante hacer primar el derecho sustancial sobre el procesal. y por lo tanto se estaría negando su situación ante la familia y la sociedad en la que convive. razón por la cual. en casos como el presente resulta de suma relevancia la intervención de este Tribunal. El requisito no es aplicable al caso concreto pues las irregularidades que se alegan son de carácter sustancial y fáctico.
. 49. de manera que. Incluso. de manera que. continúa y se refiere a derechos y criterios de especial trascendencia que por mandatos constitucionales directos y del bloque de constitucionalidad. (iii) se estaría vulnerando su derecho al estado civil. además son las directamente afectadas con la declaración de la unión como únicos herederos del mismo. máxime si con esto. Finalmente. porque exclusivamente en el caso que se estudia.3 Principio de inmediatez Este requisito se encuentra plenamente acreditado en el caso. deben ser especialmente considerados en aras de brindarles una efectiva garantía.4 Que. teniendo en cuenta la plenitud probatoria que presenta este caso. esta Corte concluye que. lo cual constituye un plazo que es sin duda alguna razonable. debe primar el derecho sustancial sobre el procesal. aún no ha sido conocida ni comprendida completamente por los jueces de la jurisdicción ordinaria. existe un lapso inferior a dos meses. la violación a los derechos fundamentales de una persona homosexual.señor Ramírez Cardona. es importante tener en cuenta que tal como se dejó expuesto anteriormente. ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Obsérvese que entre la fecha en que se adoptó la sentencia de instancia en el proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho y el momento en que se interpuso la acción de tutela.
por un lado no valoró correctamente las declaraciones rendidas ante su despacho por los familiares de su difunto compañero y demás personas cercanas a la pareja. Acreditados todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. durante un proceso de declaración de unión marital de hecho. La sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Medellín.
. Al respecto. omitió dar aplicación al artículo 4 numeral 3° de la ley 54 de 1990 que establece que la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros puede ser declarada por sentencia judicial. los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial.6 Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. de forma razonable. decidió negar las pretensiones del demandante. porque consideró que de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley 54 de 1990 modificados por la ley 979 de 2005. Examen de la procedencia material del amparo. en caso de haber sido posible. es suficiente señalar que la sentencia judicial que se considera vulneratoria de los derechos fundamentales se produjo en la jurisdicción de familia. el actor indicó que teniendo en cuenta que la juez de conocimiento no le dio el valor probatorio que poseen a las distintas declaraciones de familiares y vecinos del difunto compañero del accionante. en la que manifestaron bajo la gravedad del juramento que entre ellos dos existió una relación de pareja desde el año de 1983. 49. En la acción de tutela instaurada en contra del fallo emitido por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín.5 Que el actor identifique. Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2010. En su escrito de tutela el actor mencionó específicamente que la juez que conoció del proceso indiciado por él ante la jurisdicción ordinaria de familia. en segundo lugar. el actor sostuvo que en el referido proceso se omitió dar aplicación al artículo 4 numeral 3° de la ley 54 de 1990 que establece que la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros puede ser declarada por sentencia judicial. la Sala procederá a realizar el estudio de fondo sobre el caso en concreto. era necesario que existiera como prueba un acta de conciliación o escritura pública suscrita por los implicados ante Notario. 50. para proceder a declarar la unión marital de hecho y la correspondiente existencia de una sociedad patrimonial. se puede estar violando su derecho al debido proceso. siendo esta precisamente la razón por la cual el accionante interpuso en primer lugar la demanda en comento.49. con las cuales quedaba demostrada la existencia de la convivencia entre ellos y. 51. el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. Por otra parte.
. 53. a juicio del accionante esta sentencia incurrió en los denominados defectos fáctico y sustantivo. Como consecuencia de la anterior declaración se declare la existencia de una SOCIEDAD PATRIMONIAL entre los compañeros permanentes. Teniendo esto claro. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. en centro legalmente constituido. por no aplicar el artículo 4 de la ley 54 de 1990. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes. 2. desde la fecha iniciada. mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil. Que se ordene la liquidación de la sociedad patrimonial. con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia. Por sentencia judicial. fueron tres las pretensiones solicitadas en el marco del proceso de declaración de unión marital de hecho. se procederá con el estudio de las causales genéricas de procedibilidad. es cuando el juez apoya su decisión en una norma que no es aplicable al caso concreto. Análisis de la configuración de los defectos sustantivo y fáctico.” (Mayúsculas dentro del texto). 54. a saber:
1. se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. De lo anterior se deduce que la pretensión principal es la de la declaración de la unión marital de hecho entre el accionante y su difunto compañero.Tal como se expuso anteriormente. 3. existió una unión marital de hecho que inició en 1983 hasta el 18 de mayo del año 2009 fecha del fallecimiento del señor RAMÍREZ CARDONA. 2. esta Sala encuentra que tal como lo afirma el accionante. por no haber tenido en cuenta las declaraciones recaudadas durante el proceso y. Recordemos que uno de los supuestos en los que se configura el defecto sustantivo. modificado por la ley 979 de 2005 establece: Artículo 4º. 52. para lo cual existen tres métodos según la ley 54 de 1990 que en su artículo 4. 3. 55. En primer lugar. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. “Que
se declare que entre JORGE ELIECER RAMÍREZ JARAMILLO y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ CARDONA.
mas no la declaración de la unión. como de personas allegadas a él. que era la norma pertinente para el caso particular. incurrió en un defecto sustantivo. el actor afirma que la juez no tuvo en cuenta las declaraciones que fueron rendidas ante su despacho por familiares de su difunto compañero. teniendo en cuenta que no aplicó el artículo 4° de la ley 54 de 1990 que era la norma directamente pertinente para la solución del caso. en los cuales se define la figura de la unión marital de hecho y se regula la manera de realizar la declaración de la sociedad patrimonial de bienes.1. que desde el año 1983 convivió con su compañero el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo con el cual tenía una relación sentimental.4. esta Sala encuentra que. desembocó en la ocurrencia de un error fáctico. compartían su casa de habitación. administraban de manera conjunta los recursos que cada uno obtenía para su subsistencia. se encuentra un defecto sustantivo en la sentencia de la juez Quinta de Familia de Medellín. 55. Dentro de la copia del expediente del proceso de unión marital de hecho. porque (i) no aplicó el artículo 4° numeral 3 de la ley 54 de 1990.2 Entonces. las cuales habiendo convivido con él desde sus primeros años y. en las que bajo la gravedad del juramento manifestaron que es cierto que entre ellos dos existió una unión marital de hecho. 55. Con lo anterior. 55. es claro que en efecto. haciendo un uso erróneo de los artículos 1 y 2 de la misma ley. 55. lo cual. omitió la aplicación de la misma al limitar su estudio normativo a los primeros dos artículos de la ley 54 de 1990. los defectos se relacionan entre si. quienes serían las directamente afectadas con la declaración de la unión marital de hecho ya que son precisamente ellas las llamadas a heredar. la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Medellín. se encuentran varias declaraciones rendidas tanto por familiares del difunto Luis Enrique Ramírez Cardona. la norma aplicable al caso del demandante. teniendo en cuenta que como se explicó en el acápite correspondiente.3 En el presente caso. adquirieron bienes inmuebles y. en las que manifestaron que conocían que era homosexual y. dándoles un alcance que no poseen. la sentencia mediante la cual se resolvieron las pretensiones del actor en el proceso de declaración de unión marital de hecho. Es importante resaltar las declaraciones rendidas durante el proceso por parte de las hermanas del señor Luis Enrique.En el contexto que se desarrolla el presente asunto. Recordemos lo que manifestaron:
 Dalila del Socorro Ramírez de Correa: manifestó que su hermano era
homosexual y que tenía una relación sentimental con el señor Jorge
. siendo el numeral 3° del artículo 4° de la ley 54 de 1990. y (ii) aplicó erróneamente los artículos 1 y 2 de la mencionada ley.
respondieron al interrogatorio formulado por el apoderado del accionante. quien también está llamado a heredar. Informaron al despacho que sabían que eran pareja. conozco además. mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y. y ellos eran como una esposa y un esposo y que [sic] el esposa era Jorge”.1. explicó detalles de su convivencia como pareja86. todas concordantes respecto de la existencia de la unión entre Jorge Eliecer y Luis Enrique. Por último. recordemos que al tenor del antes citado artículo 4 de la ley 54 de 1990. sobrino del difunto señor Ramírez Cardona. corroboró la relación de su tío con Jorge Eliecer. las señoras Magnolia de Jesús Florez Yepes quien manifestó conocer a la pareja desde hace por lo menos 30 años y. puesto que su madre. También se oyó al demandante quien corroboró los hechos de la demanda y.
 Francisca Inés Ramírez Cardona: informó que es cierto que su
hermano era homosexual y que mantuvo una relación sentimental con el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo. tiempo en el que convivían “como hombre y mujer… porque nos consta que era así. manifestó que “ nos consta que era así porque mi hermanito creció con nosotros y él tenía esa inclinación.12.5 Ahora bien. el señor Jairo Fernando Ramírez.
. ambas en razón a que eran vecinas de los mismos.Eliecer Ramírez Jaramillo desde el año de 1983. la juez natural determinó
86 Al respecto ver. no obstante haber recogido las declaraciones de 5 personas. porque mi hermanito a pesar de que murió sigue vigente. se guardaron fidelidad y adquirieron bienes inmuebles en la ciudad de Medellín. porque ellos se quisieron mucho…”. 55. que nunca supieron de alguna mujer o cualquier otra persona ajena a ellos dos conviviera o hubiese mantenido relaciones afectivas con alguno de los señores Luis Enrique ni Jorge Eliécer. compartieron su lecho. tiempo en el cual se prestaron ayuda mutua. Mariela de los Dolores Sierra quien dijo conocerlos desde hace 31 años. que conocían de los gastos compartidos que tenían y. Así mismo. Éstas fueron pues las pruebas que utilizó el accionante. hermana del causante ya falleció. la unión marital de hecho puede ser declarada por los jueces de familia. con el fin de demostrar que entre él y el señor Luis Enrique existió una unión marital de hecho desde 1983 hasta el 2009. que durante esa unión ellos adquirieron dos inmuebles en la ciudad de Medellín…”. supra numeral 3. tuvieron una relación marital por más de 20 años y siempre conocí de su vida y costumbres porque mi relación fue muy cercana con mi tío. de la siguiente forma: “ me consta que mi tío Luis Enrique Ramírez Cardona y Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo.
mediante el uso de una interpretación que no resulta constitucionalmente admisible. teniendo en cuenta que. esto por cuanto a pesar de que las versiones de los declarantes aportados al proceso dan fe de la comunidad o convivencia que se presentó de tiempo atrás entre el señor JORGE [sic] ENRIQUE RAMÍREZ JARAMILLO y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ [sic] JARAMILLO no se cumple con la exigencia demarcada en la Ley 979/05 y por lo tanto no hay lugar a la DECLARATORIA DE LA UNIÓN ENTRE LOS CONVIVIENTES Y MUCHO MENOS EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS PATRIMONIALES TAL COMO LO SEÑALA LA SENTENCIA C-075/07. a juicio de esta Sala.6. la juez acepta que las declaraciones rendidas ante su despacho “ dan fe” de la convivencia que existió entre el demandante y el señor Ramírez Cardona. instituye la forma en que se
.7. De lo anterior se desprende que. pues el artículo aplicable establece que se puede utilizar cualquier medio probatorio consagrado en el Código de Procedimiento Civil. los compañeros permanentes pueden acudir ante Notario o ante un centro de conciliación para realizarla y.) 55. En este punto es importante hacer énfasis en que el artículo que utilizó la juez Quinta de Familia de Medellín. afirma que la unión marital de hecho no fue probada de acuerdo con las exigencias de la ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 de 2005. se hizo alusión únicamente a los artículos 1 y 2 de la ley 54 de 1990. efectivamente no hay la PLENA PRUEBA que logre fijar en el Juzgador la convicción real de su existencia. pero. se entiende que la juez Quinta de Familia de Medellín. En la sentencia del juzgado. es decir que existe un error de hecho.” (Mayúsculas y negrita dentro del texto. (ii) la ley 54 de 1990 no exige ninguna prueba en específico para la declaración de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Esto merece dos consideraciones a saber: (i) la juez Quinta de Familia de Medellín incurrió en su sentencia en una apreciación contraevidente. 55. confundió esto con una tarifa probatoria para la declaración de la unión marital de hecho. Al respecto consignó en su sentencia: “Sobre la Unión Marital de Hecho que entre estas dos personas se predica en el plenario. específicamente el numeral 2° del artículo 2 que establece que para efectos de declarar la sociedad patrimonial de bienes. así como los interrogatorios de parte. dentro de los cuales se encuentra las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por testigos. Como consecuencia no se accederá a las pretensiones de la demanda.que no existían pruebas suficientes para declarar la unión marital de hecho y la correspondiente sociedad patrimonial que existió entre los nombrados señores.
56. puesto que ante la muerte de su compañero es imposible declarar que entre ellos existió una unión mediante otro procedimiento que no sea acudiendo a la misma. 58. En este orden de ideas. en esta medida haberse pronunciado sobre la validez probatoria de las declaraciones. resultaron en una sentencia que denegó las pretensiones del accionante y con esto. la ausencia de esta valoración fue determinante para declarar no probada la unión marital de hecho y en consecuencia la ausencia de una sociedad patrimonial. De esta manera. (iii) por un juez de familia. Máxime. Dalila del Socorro Ramírez de Correa. Mariela de los Dolores Sierra. Además.8. Magnolia de Jesús Florez Yepes. si se tiene en cuenta que tal como se expuso en la sentencia T-051 de 201087.
. para que la población homosexual pueda acceder al pleno reconocimiento de sus derechos. esta Corte ha sido enfática en la importancia de suprimir toda “traba” o requisito innecesario. a la personalidad jurídica y al estado civil del accionante. si se atiende en el caso concreto a la equidad que busca realizar la justicia. La inaplicación del artículo 4 de la ley 54 de 1990 en conjunto con la falta de apreciación de las declaraciones recaudadas durante el proceso. puede ser declarada (i) ante Notario mediante escritura pública. una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia. se configuró el defecto sustantivo por haberse inadvertido la norma directamente aplicable al caso en concreto. 59. en aras de garantizar el derecho al debido proceso. se encuentra acreditado el defecto fáctico por la falta de análisis de la juez Quinta Familia de Medellín de las declaraciones rendidas por Jairo Fernando Ramírez. es forzoso concluir que al omitir la aplicación del artículo 4° de la ley 54 de 1990. concluye la Corte que es necesario un pronunciamiento por parte del Juzgado Quinto de Familia de Medellín que corresponda a las consideraciones precedentes. De esta forma.
87 Ver supra numeral 33.puede declarar la sociedad patrimonial o de bienes. Por lo tanto. así como haberle dado una interpretación errónea al numeral 2° del artículo 2 de la misma ley. En suma. 55. resultaba apropiado y necesario aplicar el principio según el cual el derecho sustancial prevalece sobre el procesal y. 57. Análogamente. más no la unión marital de hecho ya que ésta última. (ii) ante un centro de conciliación o. Francisca Inés Ramírez Cardona así como el interrogatorio de parte realizado al demandante. la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Medellín de forma simultánea presenta un defecto sustantivo y fáctico. la Sala considera que fue esta precisamente la razón por la cual el señor Jorge Eliecer se acercó ante la jurisdicción.
en primera instancia. teniendo en cuenta que el artículo 4° de la ley 54 de 1990. y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. concederá el amparo solicitado para proteger sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Segundo: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín el catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010). Así mismo se le ADVIERTE al Juzgado Quinto de Familia de Medellín. dentro del proceso de tutela iniciado por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo contra el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente sentencia sobre la declaratoria de la unión. III. CONCEDER el amparo demandado para proteger su derecho al debido proceso. que no podrá exigir para efectos de declarar la unión marital de hecho ni una escritura pública ni un acta de conciliación. vulnerados por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín. Tercero: ORDENAR al Juzgado Quinto de Familia de Medellín. tal como fue modificado por la ley 979 54
. dejará sin efecto la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Medellín del 14 de diciembre de 2010 y le ordenará proferir una nueva providencia dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho promovido por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo contra herederos de Luis Enrique Ramírez Cardona.En virtud de lo expuesto. proferir una nueva sentencia dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho promovido por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo contra herederos de Luis Enrique Ramírez Cardona. administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución. en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia sobre la norma aplicable para la declaración de la unión marital de hecho. en segunda instancia. la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. la Corte revocará las sentencias proferidas por la Sala Segunda de decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín y. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. y en su lugar. que resolvieron denegar la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo. En su lugar. dentro del proceso promovido por Jorge Eliecer Ramírez Jaramillo de declaración de unión marital de hecho contra los herederos de Luis Enrique Ramírez Cardona. En consecuencia. a la personalidad jurídica y al estado civil. RESUELVE: Primero: REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Segunda de decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín.
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. establece que la misma podrá ser acreditada utilizando cualquiera de los medios probatorios contenidos en el Código de Procedimiento Civil. Cuarto: Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Para el cumplimento del fallo de tutela se concede el término previsto para dictar sentencia en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil.
. Notifíquese.de 2005. comuníquese.
T-717-11 Prueba Union Marital de Hecho by luchoricaurte5 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less