Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/torredembarra-cabanas-trejo-martorell-372416
Timestamp: 2019-11-18 13:27:44
Document Index: 145929198

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 98', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 326', 'artículo 327']

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torredembarra don Ricardo Cabanas Trejo contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Martorell, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. - Doctrina Administrativa - VLEX 372416
Publicado en: BOE, 5 de Marzo de 2007
JUICIO DE SUFICIENCIA DEL NOTARIO: No cabe exigir determinados datos sobre los títulos de los que el apoderado deriva sus facultades representativas, si el Notario da juicio de suficiencia del Poder otorgado otorgado a favor del compareciente.
En dicha escritura de préstamo hipotecario se expresa que la citada entidad de crédito, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura de su constitución y a su inscripción en el Registro Mercantil), está representada por el apoderado don S.B.D.; que acredita la representación mediante poder que le confirió el Director General Adjunto de dicha entidad mediante una escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil, cuya copia auténtica se exhibe al Notario. Además se expresa lo siguiente: «Especialmente facultado para este acto en virtud de certificación de fecha 28 de julio de 2006, expedida por don Carlos Montón Molina, apoderado de dicha entidad, cuyo original, con la firma debidamente legitimada, incorporo a la presente». Y añade: «De conformidad con lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley 24/2001 (según su nueva redacción por la Ley 24/2005), hago constar que, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, son suficientes las facultades del apoderado porque de los documentos auténticos reseñados resulta estar facultado para formalizar préstamos y créditos con garantía hipotecaria y aceptación de avales y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura».
Se suspende su inscripción por el defecto subsanable de falta de congruencia del juicio de suficiencia de la representación por parte del Notario autorizante, en cuanto dice que "de los documentos auténticos reseñados resulta estar facultado para formalizar préstamos y créditos con garantía hipotecaria", cuando la certificación de fecha 28 de julio de 2006 de don Carlos Montón Molina, con firma legitimada, que se reseña e incorpora, aparte de que no es documento auténtico acreditativo de la representación, sino documento privado con firma legitimada, expresa que se trata de un apoderado de la entidad con un poder que no se acredita ni se exhibe a notario, por lo que tampoco se acredita el carácter de apoderado de dicho señor, sino que es una mera manifestación del mismo en documento privado, y en consecuencia, se califica la incongruencia, conforme al articulo 98.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, al basarse el juicio de suficiencia en un documento privado que se refiere a un poder no exhibido a ningún notario.
Mediante Resolución de 17 de noviembre de 2006 (B.O.E. 16 de enero de 2007), esta Dirección General acordó estimar el recurso y revocar la calificación del Registrador.
Registro de la Propiedad de Martorell n.º 1
De la otra escritura de poder de fecha 26 de julio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil, cuyo testimonio ahora se acompaña, a favor del apoderado don Carlos Montón Molina resulta en primer lugar que éste es apoderado o representante voluntario de la entidad con las facultades que se expresan en dicho poder, que son las de "formalizar préstamos, créditos...""y en relación con las operaciones indicadas... constituir, aceptar... hipotecas que estime convenientes para la formalización de los préstamos y créditos concedidos...
Como cuestión previa, ha de plantearse si estando pendiente de resolución el recurso gubernativo interpuesto por el Notario autorizante contra la anterior nota de calificación de este Registrador de fecha 12 de septiembre de 2006 y vigente el mismo asiento de presentación, este Registrador tiene competencia actualmente para calificar acerca de si se ha subsanado o no el defecto señalado en la anterior nota de calificación recurrida por el Notario, o si por el contrario, ha de esperarse a la resolución del recurso por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Ocurre en este caso que, con la aportación de los dos documentos de poder indicados, resulta que, por una parte se confirma el defecto puesto por la nota calificadora de 12 de septiembre de 2006 en cuanto a la incongruencia del juicio notarial de suficiencia a que alude dicha nota, y por otra parte, la mera aportación de dichos poderes continúa siendo insuficiente para la subsanación del defecto en la forma que se señala en la propia nota calificadora, a la que ha de estarse mientras no sea rectificada o revocada. A la vista del contenido de los dos poderes que se acompañan y de lo consignado en dicha nota calificadora, sería necesario que se aportara escritura de ratificación de la de préstamo hipotecario, otorgada por el apoderado don Carlos Montón Molina, dado el carácter privado del documento en el que dicho apoderado ejercitó las facultades concedidas en el poder.
En cuanto al primer extremo a que se refiere el anterior Fundamento, es decir, en cuanto a la confirmación del defecto consignado en la precedente nota calificadora de 12 de septiembre de 2006, respecto a la incongruencia del juicio notarial de suficiencia, resulta confirmada todavía más dicha incongruencia por el examen y calificación de las escrituras de poder ahora aportadas, pues la que se refiere a don Sergio Blasco Domínguez no comprende facultades para que dicho apoderado, por sí solo, pueda conceder préstamos por cuantía superior a 61.000 euros y resulta que en la escritura de préstamo hipotecario se concede un préstamo de cuantía 222.000 euros. Por tanto, en el caso de atender exclusivamente a dicha escritura pública de poder o representación, que es el documento auténtico aportado en el momento de la escritura de préstamo a efectos de dicha representación, se confirma la incongruencia del juicio de suficiencia. Y, además, respecto al poder del apoderado don Carlos Montón Molina, se confirma también la incongruencia del juicio de suficiencia, porque el citado don Carlos Montón resulta ser un apoderado o representante voluntario de la entidad crediticia, cuyo poder no fue exhibido en su día ante Notario, y además actuó emitiendo su declaración de voluntad en forma no auténtica a través de documento privado con firma legitimada, en que dicho señor intervino como simple apoderado voluntario, y como se trata de un documento privado de concesión de préstamo y aceptación de hipoteca realizado por un apoderado en uso de poder, es incongruente que se tenga en cuenta por el Notario en el juicio de suficiencia, pues sólo los documentos auténticos de poder que se exhiban pueden acreditar la representación a efectos de la inscripción en el Registro y sólo los documentos públicos pueden acreditar la declaración de voluntad realizada por el apoderado en uso del poder a dichos efectos registrales. En definitiva, la incongruencia existe atendiendo a un triple aspecto: atendiendo al poder de don Sergio Blasco Domínguez, el poder es insuficiente por razón de la cuantía del acto; y atendiendo al apoderado don Carlos Montón Molina, el juicio de suficiencia es también incongruente porque se alude por el Notario autorizante a tal apoderado sin que se acreditara ante Notario lo que ahora se acredita ante el Registro, es decir, su carácter de apoderado, y además, porque dicho apoderado ejercita sus facultades a través de un documento privado, que al no ser documento auténtico, no puede tenerse en cuenta en el juicio de suficiencia de la representación, a efectos registrales de inscripción del acto en el Registro de la Propiedad.
En cuanto al segundo extremo del anterior Fundamento 2, es decir, la insuficiencia de la mera aportación de los dos poderes ahora acompañados para subsanar de modo completo el defecto puesto en la anterior nota de calificación registral de fecha 12 de septiembre de 2006, se fundamenta en que, siendo don Carlos Montón Molina, un apoderado o representante voluntario de la entidad crediticia, su representación tiene el carácter de voluntaria o por poder y no orgánica, y en consecuencia, la forma de actuación de tal apoderado en ejercicio del poder respecto al negocio representativo, ha de acomodarse a dicha clase de representación, es decir, a efectos registrales, ha de constar su declaración de voluntad a través de escritura pública y no por simple documento privado, pues su declaración de voluntad de apoderado se integra dentro del negocio representativo realizado, ya que en otro caso resultaría que los apoderados podrían actuar, a efectos de obtener la inscripción en el Registro, mediante manifestar su voluntad en documentos privados, en contra de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, 33 y 34 del Reglamento Hipotecario, puesto que no sólo ha de constar el poder en escritura pública sino que el propio apoderado ha de manifestar su voluntad en el acto que formaliza también a través de escritura pública, y concretamente en este caso, al no haber comparecido ante Notario, ni otorgado escritura pública, sería necesaria la correspondiente escritura pública de ratificación, porque, en definitiva, las declaraciones de voluntad de ambos apoderados se integran como elementos del préstamo hipotecario otorgado y, por tanto, con los mismos requisitos de forma que los del otorgamiento del préstamo.
La Resolución DGRN de 3 de marzo de 2000, citada en la nota calificadora de fecha 12 de septiembre de 2006, confirma dicha interpretación.
La Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 25 de octubre de 2006, en el Rollo n.° 000558/2006, en relación con la interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, ya reformado por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, después de transcribirlo, dice: "Vemos pues que en este precepto, es suficientemente claro y que efectivamente faculta al notario para juzgar y evaluar las capacidades de representación que se le someten, pero permite al registrador, posteriormente, calificar el juicio notarial de suficiencia, y por tanto disentir de la previa opinión del notario y hacerla valer con sus funciones calificadoras", Añadiendo más adelante: "Ciertamente que los Notarios de acuerdo con los arts. 1 y 17 bis de la Ley del Notariado y 145 de su Reglamento, ejercen la fe pública notarial en sus correspondientes vertientes en la esfera de los hechos y del derecho, y pueden valorar si a su juicio, todos o alguno de los otorgantes tienen o no la capacidad legal necesaria para el otorgamiento que pretenden, o si la representación del que comparece en nombre de tercera persona, natural o social, está o no legítimamente acreditada, pero ello no puede ni obviar las facultades de los Registradores Mercantiles, previas a su actuación, ni predeterminar la de los Registradores de la Propiedad, que intervienen con posterioridad".
En consecuencia, la mera aportación ahora de los dos poderes indicados, al par que confirma todavía más si cabe, la incongruencia del juicio notarial de suficiencia a que se refiere la anterior nota calificadora registral de fecha 12 de septiembre de 2006, y por tanto, el defecto señalado en la misma, no es suficiente para la subsanación del defecto en la forma señalada en la propia nota calificadora, a la que hay que atenerse actualmente mientras no se rectifique o revoque.
Con ocasión del anterior recurso ya se puso de manifiesto la contradicción en que incurría el Registrador al presentar como un problema en el juicio de suficiencia formulado por el Notario lo que, por razón de la Resolución que entonces citaba, tenía que haber sido otro de insuficiencia del poder. Ahora aprovecha el fallido intento de subsanación para acometer no ya contra la reseña del Notario, sino contra el mismo sistema de actuación diseñado por esta entidad de crédito para sus apoderados, y, de paso, contra toda su cartera de créditos hipotecarios inscritos, que, sin demasiado reparo decide poner en la picota. Pero esto no supone una nueva nota a la vista de otros títulos. Es lo mismo que se dijo entonces, sólo que de una forma bastante más rigurosa. En lugar de una calificación de la subsanación, lo que ahora tenemos delante es una subsanación de la calificación, eso sí, con el añadido a novo de una sentencia muy reciente.
Esa Resolución de 3 de marzo de 2000 no se refiere a cualquier supuesto de autorización complementaria, sino a aquél en que la intervención posterior del dominus negotii prácticamente deja vacío de contenido el poder conferido, llevando la esencia del negocio al documento adicional. Determinar si éste es el caso o no, corresponde al ámbito de la interpretación del poder, que desde la Ley 24/2001 es competencia exclusiva del Notario autorizante. Frente a esto de nada vale la trascripción parcial e interesada de una Sentencia aislada, pues, sin entrar en que el balance jurisprudencial en materia de interpretación del art. 98 Ley 24/2001 resulta bastante claro, tampoco es ocioso recordar aquí que el carácter vinculante de las Resoluciones de esta Dirección General de los Registros y del Notariado sólo decae por la publicación en el BOE de la Sentencia firme anulatoria. La interpretación del poder no está entre las competencias que según el citado precepto legal tiene el Registrador.
El problema no está en la interpretación del poder como cuestión de fondo, sino en quién debe de interpretarlo como cuestión de competencia. Si esta Dirección General al resolver este recurso considera que compete al Notario, el asunto queda automáticamente zanjado, pues ya hay un juicio notarial expreso de suficiencia, del cual paso a ser responsable. Pero, con independencia de esto, hay que apuntar algunas de las graves incoherencias en las que sigue incurriendo el Registrador.
En este expediente plantea el Registrador como cuestión previa la relativa a la posibilidad de que, calificada negativamente una escritura e interpuesto por el Notario autorizante de la misma recurso contra la calificación registral, pueda ser de nuevo calificada una vez que, vigente el asiento de presentación, se ha presentado el título acompañado de testimonios de determinadas escrituras de poder con la pretensión de subsanación de los defectos expresados en la anterior calificación.
Si se tiene en cuenta la función que en el procedimiento registral cumple el recurso contra la calificación registral negativa, dirigido a la efectividad del derecho a la inscripción del título, la respuesta no puede ser sino afirmativa. Cuestión distinta es determinar si los medios con los que se pretende conseguir la subsanación permitían al Registrador en el presente caso formular una calificación como la que ahora constituye el objeto del presente recurso.
Según la calificación anterior, de 12 de septiembre de 2006, el Registrador consideró que existe un defecto subsanable consistente en la falta de congruencia del juicio de suficiencia de la representación emitido por el Notario autorizante de la escritura calificada, porque uno de los documentos en que se basa dicho juicio no es documento auténtico sino documento privado con firma legitimada que, además, se refiere a un poder no exhibido a ningún Notario. Y en la calificación ahora impugnada el Registrador confirma la calificación anterior porque, a su juicio, a la vista del contenido de los poderes formalizados en las escrituras cuyo testimonio ahora se acompaña estima que sigue siendo incongruente el referido juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas y, habida cuenta de la necesidad de que la voluntad del poderdante conste en escritura pública y no en documento privado, concluye exigiendo que se aporte escritura de ratificación otorgada por determinado apoderado de la entidad acreedora.
Así, y como se manifestó en la Resolución de 14 de febrero de 2007de 2007 de este Centro Directivo «lo expuesto resulta no sólo del artículo 1.218 del Código Civil, sino, como acaba de ser expuesto, de la Ley del Notariado en sus artículos 1, 17 bis y 24 éste último recientemente reformado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención de fraude fiscal. Así el artículo 17 bis, apartado a) sostiene que el notario debe velar para que «el otorgamiento se adec[úe] a la legalidad», lo que implica según el apartado b) que «Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes»; todo ello conlleva según el artículo 24 de la Ley del Notariado que «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga», siendo así que la consecuencia es que el notario debe denegar su ministerio, esto es, debe negarse a autorizar o intervenir el acto o negocio jurídico cuando el mismo sea contrario a la legalidad vigente tal y como disponía el artículo 145 del Reglamento Notarial en la redacción precedente y preceptúa en la actual. Así, se sostiene de modo taxativo en el número primero del párrafo tercero del artículo 145, según la redacción derivada del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, cuando establece que «Esto no obstante, el notario, en su función de control de la legalidad, no sólo deberá excusar su ministerio, sino negar la autorización o intervención notarial cuando a su juicio: 1.º La autorización o intervención notarial suponga la infracción de una norma legal, o no se hubiere acreditado al notario el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos como previos».
En el presente caso, las anteriores consideraciones son suficientes para revocar la calificación impugnada. En efecto, el Registrador, al oponer las objeciones antes expresadas, consistentes en la incongruencia del referido juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas y en la necesidad de que la voluntad del poderdante conste en escritura pública, de modo que concluye exigiendo que se aporte escritura de ratificación otorgada por determinado apoderado de la entidad acreedora, se basa para ello en el examen de unos documentos que, como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, no podía tener en cuenta en el ejercicio de sus competencias.
Por otra parte, el hecho de que haya sido resuelto el recurso interpuesto contra la primera calificación y la circunstancia de haber sido inscrita la escritura pendiente el presente recurso como consecuencia de otra subsanación ulterior a éste, no exime de la obligación de resolverlo, no sólo porque no ha recaído desistimiento por el recurrente, sino porque además éste lo ha solicitado en los términos que han sido antes reseñados (cfr. el párrafo último del artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Como expresó la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 22 de mayo de 2.000, el objeto del recurso contra la calificación negativa del Registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, fue o no ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública (cfr. la Resolución de 14 de diciembre de 2004).
Por último, plantea el recurrente, como cuestión de procedimiento registral, la relativa a la práctica de la inscripción que, por haber entendido el Registrador subsanados los defectos por él invocados, ha llevado a cabo después de haber sido notificado de la citada Resolución de 17 de noviembre de 2006 y sin esperar al transcurso del plazo establecido en el párrafo penúltimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por D. Antonio Gilsanz Rico, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Cuéllar, D.a María Belén Merino Espinar, a inscribir un testimonio de auto recaído en expediente de dominio.
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el `Banco Hipotecario de España Sociedad Anónima¿, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Murcia..