Source: http://legales.com/Tratados/r/rinembarg.html
Timestamp: 2019-04-22 19:09:46
Document Index: 1431505

Matched Legal Cases: ['artículo 374', 'artículo 3878', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 2345', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2345']

Art. 237.- Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.
Art. 242.- Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.
Art.1344.- Obligación de pagar el precio. Si el consignatario se obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado, el consignante no puede disponer de ellas hasta que le sean restituidas.
Art. 2110.- Inembargabilidad. Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son inembargables, excepto por:
Art. 2157.- Ejecución por acreedores. Los frutos no pueden ser embargados por los acreedores cuando el uso de éstos se limita a las necesidades del usuario y su familia.
Art 219.- No se trabará nunca embargo:
1º) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. (*)
2º) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.
3º) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.
Comentario: (*) El taxímetro, es considerado un instrumento de trabajo y, por lo tanto, inembargable, salvo por un crédito prendario.
Inembargabilidad de los bienes Doctrina Ley 22.232
Los alimentos (artículo 374 del Código Civil).
Los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del decreto.(art. 1°, Dec. Ley 6.754/43 y su Dec. Reg. 9.472/43). Véase "Inembargabilidad de los Sueldos de los Empleados Públicos".
Los lotes del hogar (homestead) (Ley N° 10.284, art. 2º).
Las casas objeto de los préstamos ferroviarios en vida del prestatario, su esposa e hijos menores (art. 14, Ley Nº 11.173)
El lecho cotidiano del deudor y de su familia, las ropas y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su profesión, arte u oficio (artículo 3878 del Cód. Civil mod. por ley 12.296).
Los bienes del arrendatario y/o aparcero rural que no estuvieren afectados al privilegio del arrendador (Ley N° 13.246, arts.15 y 22).
El bien de familia, a no ser por deudas anteriores a su constitución (Ley N° 14.394, art. 38).
Los bienes y recursos de las cajas nacionales de previsión (Ley 16.931, art. 1°).
Las aeronaves públicas (Ley N° 17.285, artículo 71 - Código Aeronáutico).
Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores en relación de dependencia, salvo por alimentos y litis expensas (art 44, Ley N° 18.037).
Las prestaciones previsionales (artículo 14 inc.c) de la Ley 24.241), con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas.
Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores autónomos, salvo por alimentos y litis expensas (art. 32 inc. c), Ley N° 18.038) y de amas de casa (Ley N° 18.916).
Las jubilaciones y pensiones de contratistas de viñas y frutales (Ley 18.438, art. 1°).
El salario mínimo vital, en la proporción que establece la reglamentación, salvo por deudas alimentarias (art. 120, Ley 20.744).
El inmueble sometido a juicio de expropiación (art. 24, Ley N° 21.499).
Los créditos otorgados y los inmuebles gravados en garantía por el Banco de la Nación Argentina (art. 29, Ley N° 21.799), y Banco Hipotecario Nacional (arts. 34 y 35, Ley N° 22.232).
Las asignaciones mensuales y vitalicias de miembros del Poder Ejecutivo Nacional y de la Corte Suprema (art. 3 de la Ley N° 24.018).
Las indemnizaciones por accidentes de trabajo (Ley N° 24.028).
Bienes inembargables de la Iglesia
Toda interferencia jurisdiccional sobre la disponibilidad de los bienes del obispado, sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conformidad con el ordenamiento canónico, en virtud de sus disposiciones aplicables, a las que reenvía el derecho argentino: cánones 1291 a 1293 y 1295 en relación con los 124.1, 127.1 y 127.2 del Código Canónico.
La Cámara Nacional del Trabajo, Sala III, en autos "Balbuena Julio César M. c/ Asoc. Consejo Administrativo Ortodoxo", declaró inembargable la Catedral de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía para garantizar el derecho constitucional a ejercer libremente el culto.
La Cámara Nacional Comercial, Sala E, en autos "Lemos, Jorge c/ Obispado de Venado Tuerto" -30/08/89- dictaminó:
1. Tanto en su redacción anterior, como en la actual, el Cód. Civil, art.33 traduce el reconocimiento de un status preferencial a la iglesia católica, ya exteriorizado en la constitución nacional, y que le permite desenvolverse en el ámbito del derecho público, a la vez que en el del derecho privado.
2. El Código Civil artículo 2345 contiene una regulación especifica, inherente a los bienes de la iglesia católica, que contempla también la posibilidad y modo de su enajenación. Dispone esa norma que los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y están sujetas al Cód. Civil art. 33 y artículo 41. Añade que esos bienes "pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la iglesia católica respecto de ellos, y a las leyes que rigen el patronato nacional".
11. Esos requisitos rigen no solo para las enajenaciones, sino para cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica de que se trate (canon 1295). Por ende, las disposiciones referidas alcanzan a típicas restricciones al dominio, tales como gravámenes (hipotecas, prendas, servidumbres, etc.), y aun endeudamientos que excedan la cantidad autorizada por la conferencia episcopal.
14. Tratándose de bienes temporales de la iglesia, debe seguirse el procedimiento impuesto por los canon 1292 y sgts. y lo dispuesto por la conferencia episcopal argentina, para la realización de actos que importen su enajenación, o su afectación patrimonial. Si ello no ha sucedido, resulta improcedente el mantenimiento del embargo a su respecto.
16. La cláusula inserta en el documento en ejecución solo puede entenderse limitada a aquellos bienes que se encuentren en condiciones legales de ser enajenados o afectados como garantía, y no a los que se hallen fuera del comercio o requieran el cumplimiento de otros recaudos para su ejecución; ello sin perjuicio de las acciones que la parte afectada se crea con derecho a promover, o de la eventual ejecución de otros bienes que no sufran idénticas restricciones (en el caso, el documento comprometía en garantía de pago "la totalidad de los bienes de su representante -Obispado de Venado Tuerto-, sean estos muebles o inmuebles).
17. El embargo de las partidas destinadas al sostenimiento del culto afecta indebidamente el derecho que la Constitución Nacional artículo 2 otorga a la iglesia católica, imponiendo -como contrapartida- al estado nacional la obligación de subvencionar tales actos.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Com. de Azul, Sala II, Causa Nº 48.899, “García, Pascual Alberto c/Obispado de Azul y otro s/ Daños y Perjuicios”, Reg..159 Sent.Civil, consideró: "La Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter público, atento a lo establecido por el art. 33 del Cód. Civil. Pero también todas y cada una de las divisiones territoriales -diócesis, parroquias que establezca la Iglesia- gozan del mismo carácter público de ella. La referencia que hace el art. 2345 del Cód. Civil a las “iglesias o parroquias” importa el reconocimiento no sólo de la Iglesia Católica universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferenciadas en el seno de la propia Iglesia, entre las que se hallan la Iglesia Católica Nacional y las diócesis, seminarios, parroquias o iglesias etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales o eclesiásticas".
"Finalmente también media consenso en que las congregaciones y órdenes religiosas y las otras entidades con fines religiosos, constituidos por laicos, “no forman parte del concepto de Iglesia, y están sujetas, por consiguiente, al régimen común de las personas jurídica privadas” (Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil”, cit., T. I pág.536; arts.33, 41 y 45 Cód. Civ.)".
Pero, el art. 1° de la Ley N° 24.483 dispone: A los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica, admitidos por la autoridad eclesiástica competente conforme al artículo V del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede aprobado por la Ley N° 17.032, les será reconocida la personalidad jurídica civil por su sola inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El art. 4° de la Ley N° 24.483, refiere: Los sujetos mencionados en el artículo 1, una vez inscriptos, serán a todos los efectos considerados entidades de bien público y equiparados a las órdenes religiosas existentes en el país antes de la sanción de la Constitución Nacional. Conservarán todas las exenciones y beneficios de que gozaban las asociaciones o personas jurídicas preexistentes, a las que se refiere el artículo anterior.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la causa “Lastra, Juan c/Obispado de Venado Tuerto”, del 22.10.91 (registrado L-267.XXIII-R.H) sostuvo: "Que en virtud del tratado celebrado entre la Santa Sede y la República Argentina –el concordato o Acuerdo del 10 de octubre de 1966, aprobado por la Ley l7.032-, la República reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos (art. 1). Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines, en armonía con la remisión específica del artículo 2345 del Código Civil argentino en cuanto a la calificación y condiciones de enajenación de los templos y las cosas sagradas y religiosas correspondientes a las respectivas iglesias o parroquias. Si el bien se encuentra directa y mediatamente vinculado a la finalidad propia de Obispado en los términos del canon 1254.2 del código canónico y, por tanto, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, hasta tanto se proceda a su desafectación o autorización de enajenación de acuerdo con la legislación canónica, por ello toda interferencia jurisdiccional sobre su disponibilidad sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conformidad con el ordenamiento canónico, en virtud de sus disposiciones aplicables, a las que reenvía el derecho argentino (cánones 1291 a 1293 y 1295, en relación con los cánones 124.1, 127.1 y 127.2, código antes citado (pub. en E.D. t.145, pág. 495 y sgtes.)"......
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