Source: http://www.mamacoca.org/e_book_Compendio_rural/SOCIEDAD_DE_AGRICULTORES.htm
Timestamp: 2018-10-20 03:30:48
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Matched Legal Cases: ['Artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 81', 'artículo 79', 'Artículo 81', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'Artículo 31', 'artículo 82', 'artículo 83']

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA: "Propuestas en el tema rural para la negociación del conflicto armado en Colombia"
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA - SAC
Propuestas en el tema rural para la negociación del conflicto armado en Colombia
Santafé de Bogotá, diciembre de 1998.
I. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en lo agrario?
Para abordar este tema, es preciso partir de una concepción amplia de lo agrario, con el fin de contar con un espacio de reflexión acorde con la problemática del conflicto armado, la situación de violencia y pobreza en el país, y la desaceleración del crecimiento del sector agropecuario.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en consonancia con recientes esfuerzos, ha venido enfatizando el papel primordial que juegan las actividades agropecuarias y, en general rurales, no solo en el desarrollo económico nacional, sino también en los ámbitos político, social, ambiental y cultural. De allí se deriva la necesidad de revalorar la agricultura y el desarrollo rural, otorgándoles un debido apoyo y reconocimiento, por un lado, en razón del aporte dinamizador que ofrecen al crecimiento y bienestar del conjunto de la sociedad, pero también, por otro lado, por los costos que por sus condiciones particulares de pobreza y atraso relativo le acarrean al mismo.
De igual manera, se ha llamado la atención sobre las limitaciones que en términos de políticas públicas enfrenta el país para poder superar los problemas del mundo rural; en este sentido, se han evaluado críticamente los efectos de las políticas monetaria, fiscal, cambiaria y comercial sobre el sector rural; la precariedad en las funciones de investigación y transferencia de tecnología; la ineficiencia e inefectividad de la estructura institucional y el desinterés de algunos decisores de política en cuanto a sus acciones de apoyo al sector; los bajos niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos entre los que se cuentan los de educación y capacitación rurales, etc. Pero también se han reconocido los avances en materia de acuerdos de competitividad, la creación y operación de los fondos de fomento y la existencia de mecanismos estabilizadores como las franjas de precios.
Todo este cuadro ejemplifica la multiplicidad de dimensiones que abarcan lo agropecuario y rural, incluyendo su capacidad intrínseca para contribuir a las metas básicas de crecimiento, equidad, estabilidad y sostenibilidad de la sociedad colombiana. En tal sentido, los efectos positivos del fortalecimiento de lo agropecuario y rural no se restringen a los ámbitos puramente socioeconómicos sino que de manera decisiva conciernen a la estabilidad institucional del país y a la fundamentación de una comunidad política. Por todo esto, revalorar el sector rural significa medir en forma integral los aportes que hace a la sociedad en su conjunto, valorar las respuestas sobre cuánto la sociedad en su conjunto está dispuesta a pagar por obtener resultados en términos de recursos de oferta ambiental, estabilidad política y social, reducciones significativas en los niveles de pobreza y desigualdad y, en fin, cuánto está dispuesta a pagar para vivir en un entorno de paz y convivencia.
Una nueva agenda y propuestas de acción para el Estado
Redefinir el papel del Estado en el desarrollo rural y agropecuario implica replantear las responsabilidades públicas hacia el sector, así como orientar recursos públicos en función de factores estratégicos para el desarrollo del campo. Esto involucra no solo acciones de coordinación interinstitucional para asignar adecuadamente los estímulos requeridos para la modernización de la actividad productiva, sino de mecanismos para la redistribución progresiva de sus beneficios, en función de objetivos de equidad. Sin embargo, el Estado debe asumir una posición menos asistencialista en dicha redistribución, de modo que los beneficios se puedan proyectar en el tiempo y en el espacio, y se contribuya a la expansión de capital humano y social.
Además, implica generar un marco de políticas estables con unas metas bien definidas que den señales claras a los productores y una agenda de políticas que oriente la acción del Estado en la búsqueda de estas metas. Entre los criterios fundamentales que deben guiar dicha agenda, se pueden señalar:
- La creación de nuevos instrumentos para la orientación de la política comercial y el diseño de políticas de apoyo más eficaces a la agricultura.
- Una política comercial de transición, con el fin de preparar gradualmente el aparato productivo para afrontar los retos de la competencia internacional.
- Rediseñar las políticas de desarrollo rural, de modo que puedan atenderse los objetivos de la superación de la pobreza y la remoción de las distorsiones estructurales.
La nueva agenda deberá incluir dentro de sus objetivos todos aquellos elementos que de una u otra forma contribuyan eficazmente a la reestructuración, recuperación y consolidación de la esfera agropecuaria y rural.
Con el propósito de orientar el marco de esta nueva agenda, nos permitimos señalar algunos de los objetivos y metas que, como productores y representantes del sector, consideramos indispensables para su recuperación y sostenibilidad; a saber:
· Un nivel de rentabilidad adecuado.
· Posibilidades competitivas efectivas.
· Crédito ajustado a las características del sector y a su función social.
· Mejores condiciones de seguridad de las actividades productivas del campo.
· Políticas macroeconómicas que consideren su incidencia sobre el sector o políticas sectoriales que compensen el efecto desfavorable de las primeras.
· Recuperación social del campo.
· Posibilidades de desarrollo empresarial.
· Promoción y acceso a los avances tecnológicos, desarrollo y difusión de los mismos.
· Condiciones adecuadas de infraestructuras.
· Disponibilidad de tierras productivas a precios razonables.
· Facilidades de comercialización interna y externa.
· Esquemas institucionales agropecuarios eficientes y modernos.
· Y, en general, una visión gubernamental distinta hacia lo rural, en reconocimiento de su importancia y potencialidad.
La recuperación de la rentabilidad y la modernización como primeros pasos.
Bajo estos propósitos, resulta fundamental que el Estado brinde especial atención al sector y a su entorno espacial, en términos de posibilitar su desarrollo y modernización por medio de políticas innovadoras que, cumpliendo con los convenios de intercambio comercial suscritos por el país, ayuden a hacer más rentable y competitivo el sector agropecuario; a la vez, focalizando sus objetivos hacia el desarrollo social y económico de las zonas rurales por medio de su acción directa o facilitando e incentivando la iniciativa privada.
Igualmente, en el restablecimiento de condiciones básicas de rentabilidad y de seguridad en el desarrollo de las actividades rurales, así como en la inversión pública en infraestructura rural e inversión social, descansa, en buena medida, las condiciones fundamentales de empleo rural y de ingreso digno para sus habitantes, sin los cuales difícilmente puede lograrse la anhelada paz en Colombia.
De otro lado, al igual que persiste la imposibilidad de un desarrollo agrario aislado y se hace prioritaria una política y acción en la transición que haga menos traumáticas las transformaciones productivas del campo, la modernización sectorial, exige también, el desarrollo de una política de reforma agraria moderna, que no se centre exclusivamente en la tenencia de la tierra, la cual aunque importante, no recoge todos los elementos que se deben incorporar.
II. ¿Qué tipo de desarrollo agrario es conveniente y viable para promover desde la propuesta de paz?
El desarrollo rural: conveniencia y viabilidad
Con mayor insistencia se reconoce el papal cada vez más importante que desempeña el sector rural como dinamizador o limitante del desarrollo global del país, así como su relación directa con las condiciones socioeconómicas necesarias para el establecimiento de la convivencia y de la paz entre los habitantes rurales y todos los colombianos; amparado, naturalmente, en el respeto a las normas constitucionales y al marco legal que de ella se deriva.
El nuevo tipo de desarrollo agrario debe superar la vieja visión según la cual, en nuestros días, el sector rural y particularmente el sector agropecuario no son elementos determinantes del progreso general de la economía. En el plano productivo, aquella visión implica que el comportamiento agrícola es residual, es decir, que su dinamismo depende de factores exógenos tales como las demandas industriales y urbanas, lo cual limita las transformaciones rurales y agrícolas a una condición pasiva. El progreso, así entendido, se suscribe al fortalecimiento de lo industrial y urbano, dejando de lado a lo agropecuario y rural.
La nueva visión bajo la cual se debe cimentar el desarrollo agrario y rural debe ser convergente con el papel endógeno al progreso del país de dicho componente, revalorando su capacidad directa para contribuir al crecimiento global, al mejoramiento de la productividad, a la superación de la pobreza, al afianzamiento de los procesos de agregación de valor, al afinamiento de las políticas de seguridad alimentaria, a la gestión de los recursos naturales, a la estabilidad institucional y democrática del país y, finalmente, a la soberanía del Estado sobre la totalidad del territorio nacional.
Además, con respecto a lo rural, es importante entender que éste ya no se suscribe únicamente al componente agropecuario y que otras actividades se desenvuelven, con importancia creciente, en este ámbito. Así, los procesos de transformación y el componente terciario relacionado con otras actividades no agropecuarias como son los servicios, el comercio, la infraestructura, etc., han empezado a desempeñar un papel preponderante, de manera que es obvio que lo rural ya no es equivalente a lo agrícola, al tiempo que ahora lo agrícola no se suscribe únicamente a la producción primaria.
Por lo demás, son varios los elementos sobre los cuales debe basarse la estructuración de una visión de futuro del sector agropecuario, como son:
La integración entre la agricultura y la agroindustria como herramienta que permita dinamizar los procesos de competitividad, modernización y capitalización;
La descentralización, en la medida en que el ámbito regional surge como indispensable para crear mercados, desarrollar infraestructura, estimular la configuración de empresas y la organización de productores;
La equidad, la cual supone garantizar a la población rural el acceso a los recursos productivos;
La sostenibilidad, como el principio fundamental para la conservación del sistema productivo, y
La especialización, la cual está ligada a la identificación de nichos de mercado y al logro de masas críticas de productos homogéneos para hacer presencia en mercados crecientemente competitivos y exigentes.
Propuesta frente a la concentración de la tierra
Con respecto a la propuesta agraria de paz frente a la concentración de la propiedad de la tierra, no sobra advertir que éste no es un problema “per se” del desarrollo agrícola colombiano en la época actual, como quiera que sobrevienen bloqueos quizás más decisivos ligados al rezago del sector. Así, el tema de la empresarización y la capacidad de asociación y explotación bajo esquemas competitivos, como lo demanda la globalización de la economía mundial, exige cada vez más procesos innovadores asociados estrechamente al desarrollo tecnológico y productivo, a la inteligencia de mercados, a los esfuerzos asociativos, a los procesos de comercialización, a las cadenas productivas, a la competitividad sectorial, etc. Por el contrario, el simple problema de la tenencia de la tierra posee decreciente relevancia frente a la ciencia y la tecnología y a lo estratégico, e incluso frente al acceso a otros recursos productivos.
En este sentido, resulta válido pretender que los recursos que la sociedad en su conjunto asigna para la financiación de la reforma agraria sean enfocados primordialmente hacia la promoción de una clase de pequeños y medianos empresarios agropecuarios, en condiciones de propiciar el manejo racional de las explotaciones, incluyendo la incorporación de tecnologías modernas, el uso eficiente de los recursos, la adecuada utilización del crédito, la oportuna atención de los requerimientos del mercado, etc.
Esto no implica que se deban ignorar los aspectos sociales vinculados a las condiciones de desigualdad rural, y las condiciones de pobreza de gran parte de los habitantes rurales. Aspectos éstos en los cuales la acción del Estado se hace imprescindible.
III. Política tributaria: incentivos y ayudas
Dentro de los incentivos requeridos para estimular las actividades productivas del campo sobresalen los tributarios, los financieros y de comercialización, toda vez que estos elementos pueden llegar a representar un alivio o una carga aún adicional al ya menguado estado de las actividades agropecuarias.
Incentivos tributarios :
El sector presenta marcadas distorsiones en el mercado de tierras, como quiera las mismas no siempre son utilizadas para propósitos productivos, y por tanto, su valor en muchos casos, no refleja el valor presente neto de sus beneficios futuros. Esta situación ha estado asociada, en parte, a la presencia en el medio rural de capitales especulativos en las transacciones inmobiliarias, algunos de ellos ligados a actividades ilícitas, respecto de las cuales se ha venido dilatando, en forma casi inexplicable, la aplicación de las disposiciones relativas a la extinción del dominio.
En consecuencia, creemos fundamental que el impuesto predial sea diferenciado, de tal modo que resulte menor para aquellos predios que hacen uso de sus potencialidades productivas, y que las características de la vivienda no sean el parámetro para el cobro del impuesto a la propiedad. En este contexto, cabe contemplar la puesta en práctica de los criterios señalados por la ley 101/93 en materia de formación y actualización catastral rural y de impuesto predial. Dicha Ley hace énfasis en la necesidad de tomar en consideración primordialmente criterios relacionados con la rentabilidad y productividad de los predios, en vez de centrarse en factores asociados más directamente al mercado inmobiliario urbano.
Complementariamente, es necesario llevar a la práctica la propuesta de crear incentivos para la generación de nuevas oportunidades de trabajo por medio de la reducción de impuestos. Los beneficios que tal medida puede otorgar en términos de reactivación económica y lucha contra el desempleo serán aún mayores en el sector por sus características productivas y socioeconómicas, a la par que estimularían el desarrollo de proyectos agroalimentarios y agroindustriales en tamaños de escala adecuados a los requerimientos de eficiencia y competitividad.
Financiación agrícola :
Las características de riesgo propias de la actividad agropecuaria exigen condiciones de financiamiento favorables, que evidentemente se han estado deteriorando en los últimos años, como quiera que en la actualidad la diferencia entre la tasa de interés promedio que se cobra a los préstamos agropecuarios y la tasas promedio del mercado es apenas marginal (aproximadamente de un 3%). En consideración con lo anterior, es pertinente ampliar este margen, si queremos fomentar la recuperación agropecuaria.
Reconocemos la necesidad de revisar las instituciones crediticias del sector, en tanto ellas deben ser más eficientes en su labor. No obstante, no somos partidarios de su eliminación o fusión como mecanismo de corrección de sus deficiencias. Es por ello que no compartimos la idea de fusionar Finagro con otras entidades crediticias como IFI, ya que aunque dentro del nuevo ente financiero sean consideradas las características particulares del sector y la necesidad de su trato preferencial, ello también significaría una pérdida de espacio institucional y un debilitamiento potencial de su capacidad negociadora. En todo caso, compartimos la idea de ajustar el marco legal sobre el cual se desenvuelve el crédito agropecuario (Ley 16/90) en consideración a las circunstancias cambiantes en el modelo de desarrollo económico y a la necesidad de su modernización.
Por otro lado, las instancias gubernamentales deben reconocer que las dificultades que en la actualidad afronta la Caja Agraria no se limitan únicamente a su ineficiencia, y que aunque es importante avanzar en la focalización de sus objetivos hacia lo rural por medio de la eliminación de gran parte de las oficinas localizadas en los centros urbanos, también es importante considerar que tales dificultades son consecuencia del desempeño negativo del sector, lo cual se demuestra por la falta de interés de la inversión privada en ocupar este espacio de financiación.
Es imperioso fortalecer el Fondo de Garantías para respaldar financieramente la ejecución de grandes proyectos agropecuarios. Además, al momento de definir recursos y características de los créditos, es fundamental diferenciar al gran productor agropecuario del pequeño campesino o de las condiciones propias de la vida rural.
Resulta cuando menos sorprendente que, en la actualidad, algunos de los bienes rurales no sean aceptados como garantías para la aprobación de los créditos agropecuarios, y que las únicas garantías aceptadas sean básicamente las propiedades urbanas. Esto es ajeno a toda realidad y demanda una corrección inmediata.
Comercialización interna :
La acción estatal en materia de comercialización interna debe dirigir sus esfuerzos hacia facilitar esta actividad y corregir las distorsiones del mercado.
El objetivo de la facilitación del mercado debe ser su dinamización, mediante su análisis, conocimiento y difusión; así como mediante el apoyo al desarrollo de mercados por medio de operaciones vinculantes entre agentes productivos y comerciantes.
Con la facilitación de mercados se deben afianzar los conceptos de reducción de costos de la producción, mejoramiento de los márgenes de rentabilidad y aumento de los niveles de competitividad y agregación de valor. Para tal fin, se deben diseñar y fortalecer instrumentos como sistemas de información, investigación e inteligencia de mercados y la capacitación y apoyo a entidades comercializadoras.
Otro elemento facilitador de los procesos de comercialización lo representa la capacitación, que debe cubrir la etapa de producción (manejo de poscosecha, sistemas de transporte, clasificación y normas técnicas, técnicas de almacenamiento y conservación, embalaje y empaque) y la comercialización propiamente dicha, eliminando intermediaciones innecesarias e ineficientes.
Como elemento facilitador del mercado, debe existir un apoyo a las actividades de comercialización, tanto en los entes públicos por medio de entidades como el Fondo Emprender, o por medio de mecanismos como el Incentivo de Capitalización Rural -ICR-, como en la promoción de empresas comercializadoras privadas preferiblemente comunitarias o asociativas.
La correción de las distorciones de mercado parte del diagnóstico de las condiciones comerciales inestables, en las cuales, sobresalen en particular, las fluctuaciones del ingreso de los productores y la indefinición con respecto al incentivo directo, focalizado y temporal, a la producción. Es por ello que se debe trabajar más arduamente en los incentivos al almacenamiento, ya que sus costos actuales son muy elevados y dificultan el manejo de las cosechas, generándose igualmente, mecanismos inestables de ingreso a los productores y comercializadores, amén de las condiciones propias de volatilidad que presentan los precios agropecuarios.
Así, la actuación gubernamental y privada tendiente a corregir las distorsiones de la comercialización debe centrarse en los siguientes campos de acción: precios mínimos de garantía o pagos directos por deficiencia comercial, así como otros incentivos que puedan acompañar al ya mencionado incentivo de almacenamiento, como pueden ser el pago por deficiencias en transporte o transporte compensado y los convenios de absorción de cosechas.
IV. Comentarios a la legislación agraria vigente
Sin perder de vista la existencia de la Ley 101 de 1993 y su reglamentación correspondiente, nos circunscribiremos en esta sección a la Ley 160 de 1994 y sus desarrollos posteriores, por la vinculación que tradicionalmente se ha establecido entre el conflicto armado y los problemas de tenencia de la tierra.
Tomando como base el informe del Comité de Revisión de la Ley 160 de 1994 sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, se precisó ajustar la política de asignación de subsidios, debido a la presencia de innumerables obstáculos para que dicha ley sea aplicada efectivamente, entre los que se cuentan las altas tasas de interés para los créditos de tierra y producción, los recortes presupuestales, la ausencia de un sistema de información de precios y la falta de capacitación a los campesinos en procesos de negociación de tierras.
En este sentido, las recomendaciones que se hacen en el mencionado informe, se refieren a la supresión del avalúo en los procesos de negociación voluntaria, la apertura de un mecanismo de información de precios de las tierras a nivel municipal, la determinación del precio de los predios con base en subastas o audiencias públicas y el desarrollo de programas de capacitación en gestión empresarial. De igual manera, se requiere la vinculación del Ministerio de Educación al subsistema de organización y capacitación campesina.
Por otro lado, se reiteran las opiniones de la SAC en las deliberaciones del Comité., según que, para fortalecer el mercado de tierras, como componente básico de la reforma agraria, se debe partir de una redefinición de los beneficiarios. Estos deben ser diferenciados de acuerdo con la posesión de activos, ingresos regulares, capacidad empresarial, nivel educativo, etc. Se debe, por lo tanto, privilegiar a aquellos aspirantes que demuestren unas competencias satisfactorias en este sentido.
Además, para aquellos campesinos que no califiquen en el sentido anteriormente anotado, se deben focalizar programas para mejorar sus condiciones. En este sentido, el Estado deberá procurar la atención a aquellos grupos de población campesina desposeída, con deficiente nivel de educación, que no posean la capacidad en el manejo adecuado de la tierra, mediante programas focalizados hacia el mejoramiento de su capacitación laboral y la atención a las necesidades básicas insatisfechas.
Perspectivas y potencialidades de la figura de las Zonas de Reserva Campesinas integrada en la Ley 160 en materia agraria
La Ley 160/94 otorga, dentro de su capítulo XIII, un tratamiento particular a las Zonas de Reserva Campesina. Así, en el Artículo 81 se determina con toda claridad la naturaleza, características y alcances de las zonas de reserva campesina, al definirse, en forma explícita y de manera clara que:
"Las zonas de colonización y aquellas en donde predomina la existencia de tierras baldías son Zonas de Reserva Campesina".
Por su parte, en el artículo 80, precedente, que debe entenderse en concordancia con el artículo 81, se consigna como función de la Junta Directiva del INCORA la selección de las áreas geográficas correspondientes a las zonas de reserva campesina, facultad ésta que se limita a ciertas zonas cuyas características agropecuarias y socioeconómicas regionales se asimilan a la condición de zonas colonizables o bien cuya situación jurídica está determinada como bienes baldíos.
En razón a lo anterior, y poniendo de presente la existencia de una unidad de materia entre los dos asuntos principales tratados en el capítulo XIII de la ley 160/94, como son las disposiciones relativas a la colonización y a las zonas de reserva campesina, se infiere que, en los hechos y en la práctica, existe una estrecha interrelación entre ambos.
En consecuencia, las zonas de reserva campesina están referidas al ordenamiento territorial ambiental en las áreas de colonización y en aquéllas en donde predomine la existencia de tierras baldías, conforme a las políticas que sobre los recursos naturales y el medio ambiente formule el gobierno nacional. Este punto resulta de la mayor importancia, puesto que un criterio básico para la definición y delimitación de dichas zonas apunta hacia la atención a la problemática del ordenamiento ambiental inherente a la especificidad y singularidad de las áreas de colonización y baldíos, en comparación con otras zonas y regiones del territorio nacional.
El desarrollo de las zonas de reserva conjuga aspectos de orden social, económico, ambiental y de manejo del territorio, al propender por garantizar a la economía campesina del colono la sostenibilidad en su acepción integral. Dicho de otra manera, servir como instrumento eficaz para lograr el necesario cierre de la frontera agrícola, gracias a la consolidación de una economía campesina fuerte, en la cual las unidades productivas estén organizadas y no aisladas. Constituye, entonces, un mecanismo apropiado para frenar el ciclo de tumba de monte, 2 o 3 cosechas, fundamentalmente de maíz, siembra de pastos, venta de mejoras, reinicio del proceso, con el cual históricamente se amplió en lo fundamental nuestra frontera en zonas de bosque tropical.
En lo que respecta específicamente a los criterios de orden social, en el artículo 79 de la Ley se indica que :
“Las actividades que desarrolle el INCORA en los procesos de colonización... tendrán, como propósitos fundamentales, la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar su concentración y acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición e implantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir, con el apoyo del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, la descomposición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario”.
Si la frontera agrícola está delimitada por el perímetro del territorio nacional incorporado tradicionalmente a la actividad agroeconómica, es preciso reconocer la existencia de bolsones de tierra localizados dentro de las regiones agrícolas ya intervenidas, cuya apropiación privada no se ha definido aún y en donde predomina el baldío.
Por lo demás, la ley resulta clara e inequívoca al definir, en su Artículo 81 en conexión con el establecimiento de las zonas de reserva campesina, que en los procesos de colonización y de baldíos se pretende:
"...Fomentar la pequeña propiedad campesina, evitar o corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rústica y crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía de los colonos...".
Existen otros aspectos más concretos pero igualmente importantes sobre el tema, que permiten reforzar la argumentación reseñada:
Conforme a lo señalado en el artículo 80 de la Ley, la reglamentación particular que sobre las ZRC expida la Junta Directiva del Incora, deberá indicar el número UAF´s que podrá darse o tener en propiedad, así como los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los predios.
Ahora bien, es probable que al momento de establecerse una zona de reserva campesina queden incorporados, dentro de los límites superficiarios de las áreas geográficas seleccionadas, particularmente en lo que atañe a las zonas de baldíos, predios que ya pertenecen al dominio privado, y cuya extensión esté por encima de los límites permitidos, determinados en Unidades Agrícolas Familiares, conforme a la reglamentación que expide la Junta Directiva del Incora. En tal caso, la Ley (Artículo 80, inciso 3o.) ordena regular las áreas máximas de propiedad privada que podrá tener cualquier persona natural o jurídica, o en común y pro indiviso. Para tal efecto, el Incora procederá a adquirir las superficies que excedan los límites permitidos, mediante el procedimiento de intervención directa señalado en el Capítulo VI, o por la vía de la expropiación, en los términos establecidos en el Capítulo VII de la misma.
Es comprensible que para un programa de esta naturaleza, que involucra motivaciones de interés social y de utilidad pública, se prevea la operación de mecanismos diferentes a la negociación voluntaria o al mercado de tierras para efecto de regular las áreas máximas de propiedad privada, teniendo en cuenta las condiciones propias que tienden a prevalecer en las regiones definidas por la Ley para adelantar los programas de las ZRC: áreas con poca organización institucional y con carencia de las condiciones mínimas para que allí opere el mercado de tierras. Es esta excepcionalidad la que reconoce la Ley 160, lo cual, aunado a los aspectos medioambientales y de cierre de la frontera agrícola ya mencionados, hacen comprensibles las disposiciones comentadas. Lo que no puede pretenderse es hacer norma general lo que en la Ley es disposición de excepción.[1]
Más específicamente, la intervención del INCORA en este campo se asimila en cierto modo a la situación indicada en el numeral 3 del Artículo 31 de la Ley, correspondiente al objetivo de:
“...reubicar a los propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o que sean de interés ecológico”.
En este caso, se agrega en el inciso siguiente,
“El INCORA adelantará los respectivos programas de adquisición de tierras y mejoras en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente o la Corporación Autónoma Regional correspondiente, dando preferencia a los ocupantes de tierras que se hallen sometidas al régimen de reserva forestal, de manejo especial o interés ecológico o las situadas en las áreas que conforman el Sistema de Parques Naturales.”
Por las condiciones antes señaladas, las Zonas de Reserva Campesina representan un instrumento particular de la reforma agraria, pero no es la reforma agraria. En este sentido, el capítulo XIII es muy importante, pero no es la Ley 160. No es posible convertir todo el territorio nacional en Zona de Reserva Campesina, como tampoco, por esa vía, reducir los mecanismos de reforma agraria a la sola expropiación. De la misma manera que las Zonas de Desarrollo Empresarial no son extensivas a todo el territorio nacional, pues conforme a lo estipulado en el artículo 82, y ratificado en el subsiguiente artículo 83:
“....el INCORA delimitará zonas de baldíos que no tendrán el carácter de Reserva Campesina sino de Desarrollo Empresarial.”
Mal haríamos en pretender que las Zonas de Desarrollo Empresarial se puedan establecer en cualquier zona de la geografía nacional, pues, con ello no se lograría más que desvirtuar la especificidad del novedoso mecanismo diseñado por la ley, como algunos pretenden hacerlo con las Zonas de Reserva Campesina.
V. Cómo abordar propuestas de solución en relación con los cultivos ilícitos y los programas de sustitución, en el marco de la agenda para la paz
A partir de una reformulación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante, y de las particularidades económicas, sociales y ambientales propias de las zonas de conflicto, se sugiere la aplicación de un paquete integral de acciones, enmarcadas en planes de desarrollo regional, con énfasis en programas agropecuarios y rurales.
Frente a las grandes superficies ocupadas con plantaciones ilícitas, debe haber una pronta e intensiva erradicación, acompañada de la “incorporación de dichos predios a las áreas de reserva ambiental, distritos de desarrollo empresarial y a las zonas de reserva campesina”, como lo prevé la Ley de reforma agraria.
Con respecto a los pequeños campesinos y colonos, se propone una combinación de acciones de corto plazo, que los lleve a acometer gradualmente la erradicación del narcocultivo y su sustitución, acompañada de pagos temporales de subsistencia. En el mediano plazo, para estos pobladores, deben diseñarse programas de recomposición del minifundio y la constitución de zonas de reserva campesina.
Igualmente, se plantea la creación de un subsidio de subsistencia para atender a aquellos campesinos que quieran abandonar esas zonas, para dedicarse a actividades agropecuarias. Para la reubicación de estas personas se propone utilizar tierras del narcolatifundio. Las personas vinculadas al comercio y los servicios propios de la actividad ilícita deben recibir un tratamiento similar.
De otro lado, es preciso avanzar en la concreción de una propuesta tendiente a comprometer a la comunidad internacional en la financiación de programas de erradicación y sustitución, con énfasis en la recuperación de los recursos naturales.
Estas propuestas ya habían sido esbozadas de tiempo atrás, tanto por la SAC, como por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.
VI. La propuesta ante la globalización
La globalización, entendida como el proceso actual de reconformación del escenario económico, político y cultural mundial y de las relaciones entre sus agentes, ha venido modificando múltiples esferas que antes operaban principalmente de acuerdo con un entorno local, regional y/o nacional. En este nuevo escenario han aparecido actores con capacidad de operar a escala mundial, como las firmas multinacionales, pero también el desarrollo de organismos multilaterales que ejecutan acciones de apoyo y control a nivel del conjunto de países. Esto ha venido acompañado de una creciente interdependencia entre las estructuras económicas, sociales y culturales de las regiones y países y de sus políticas, facilitado por el avance tecnológico en los medios de comunicación e infraestructura.
En razón a la diversidad y complejidad de los fenómenos que ocurren en dicho escenario, el impacto se ha constituido en un evento recurrente, por causa de la estrecha interacción de fuerzas de distinta naturaleza y peso específico, produciendo una creciente disolución de la autonomía de los espacios tradicionales de carácter económico, social, político y cultural. En este sentido, se ha argumentado que la entrada a este escenario requiere de un proceso de preparación y de negociación, con el fin de minimizar las consecuencias negativas de dicho conflicto. En lo económico, por ejemplo, aún se discute sobre la necesidad de llevar a cabo una preparación paulatina del aparato productivo para afrontar los retos que implica, en general, el proceso de globalización y, en particular, la competencia internacional, por lo cual es indispensable diseñar políticas comerciales de transición que suavicen y distribuyan el impacto a través del tiempo del trauma que puede conllevar un nuevo esquema competitivo global.
Política comercial: Régimen de protección
La apertura económica, y su consecuente eliminación gradual de la protección arancelaria, resulta ser, conforme a la experiencia histórica, apropiada únicamente en un esquema de expansión económica mundial sostenida. Así, en las actuales circunstancias creemos que resulta pertinente discutir la posibilidad de un aumento arancelario selectivo y transitorio que permita la adopción de una posición defensiva frente a las amenazas comerciales existentes, lo que necesariamente debe asumirse en el contexto del arancel externo común vigente dentro de la Comunidad Andina de Naciones. De esta forma operaría efectivamente una protección selectiva en conformidad con las circunstancia cambiantes del comercio internacional.
De otro lado, las ventajas que en el corto plazo le significa a la industria de transformación la posibilidad de abastecerse en el exterior a precios aparentemente favorables se diluyen en circunstancias de dificultades internacionales, por lo que debe existir un mínimo de seguridad de abastecimiento con insumos nacionales, a efectos de obviar una dependencia externa exagerada. No se trata, por lo tanto, de proteger por proteger, sino preguntarse qué proteger, por qué proteger, cuánto proteger, cuándo proteger y por cuánto tiempo. No obstante, estamos abiertos a cualquier otro tipo de alternativas que nos facilite la solución de los problemas actuales y potenciales del sector agropecuario.
Integración y acuerdos comerciales
En materia de integración comercial, el delicado panorama de recesión económica mundial nos debe conducir a replantear la posición marcadamente desventajosa del país y los factores que han acompañado este hecho, aunque reconocemos los elementos positivos del proceso de integración con nuestros principales socios comerciales. La política de Estado no debe dudar en proteger el sector agropecuario de las amenazas que se puedan presentar como consecuencia de los desequilibrios cambiarios de países socios que afrontan estas dificultadas por medio de la devaluación de sus monedas, y debe, necesariamente, hacerse uso de las cláusulas de salvaguardia contenidas en los acuerdos suscritos por el país.
De la misma forma, el país debe definir claramente una política de incentivos y subsidios a la producción y a las exportaciones acorde con las recientes tendencias de los bloques comerciales de mayor desarrollo como la U.E. y los Estados Unidos, los cuales propenden por acrecentar la protección a sus producciones y mantener inalterados sus apoyos a la producción.
Como elemento perturbador de las condiciones adecuadas de intercambio comercial el contrabando amerita una consideración especial. Es bien sabido el efecto nefasto que tal fenómeno ha originado en el sector productivo nacional, como consecuencia última del desmonte legal, institucional y coercitivo de los últimos años; además de su consabida relación directa con el narcotráfico y de éste último con los procesos revaluacionistas. Es fundamental, por lo tanto, aunar esfuerzos de lucha en los diferentes frentes para eliminar esta expresión inmensa de competencia desleal circunscrita al engranaje entre narcotráfico, lavado, revaluación y contrabando.
En una órbita más amplia, el país debe prepararse con la suficiente anticipación e idoneidad para participar en la próxima ronda multilateral de negociaciones comerciales alrededor de la OMC, consultando y evaluando previamente los intereses particulares frente a la Comunidad Andina, el Grupo de Cairns y el proceso de integración en torno al Alca.
La gestión pública debe propiciar la competitividad del sector productivo agropecuario mediante el ofrecimiento de un sistema eficiente de infraestructura económica, así como en el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica en nuestro país.
Impulso a la infraestructura económica :
Se requiere acometer una gran tarea de inversión y modernización de la infraestructura económica, de tal modo que, entre otros aspectos, la construcción y rehabilitación de la red de vías secundarias y terciarias consulte a cabalidad los requerimientos de transporte y movilización de personas y de carga originada y dirigida hacia las zonas productivas; del mismo modo que en la dotación de servicios públicos básicos se corrijan los elevados costos asociados a la dispersión de la población y se promuevan las aglomeraciones veredales y similares, mejorando la utilización de los servicios que se originen. Complementariamente, se requiere revisar las condiciones de financiamiento existentes para la adquisición de maquinaria, equipos y demás dotaciones que soportan las actividades de producción, poscosecha, transformación y comercialización, ajustándolas al ciclo propio de los proyectos productivos. Naturalmente, todo ello debe asumirse en el contexto de propuestas y proyectos regionales estratégicos de producción agropecuaria y agroindustrial.
En cuanto a la infraestructura de transporte, el país necesita un plan coherente de desarrollo del transporte multimodal que abarate costos, complete la integración del mercado interno, consolide alternativas al transporte por carretera, especialmente mediante una verdadera política de desarrollo férreo, y le asigne la importancia que merecen las alternativas regionales. Por lo demás, debe corregirse a cabalidad la tendencia reciente de hacer recaer sobre los productores rurales la financiación de las obras públicas de interés general a través del mecanismo de valoración, para las cuales resultan más apropiadas las herramientas de concesión y el pago de peajes.
Una consideración especial amerita el tema de la adecuación de tierras. Es bien conocido el notable rezago que el país exhibe en este campo; de modo que para acceder a un desarrollo agrícola moderno y competitivo, se requiere acometer inversiones significativas en obras, tecnología y administración y manejo de estos proyectos; amén de su relación directa con los costos exhorbitantes que exhiben las tierras o su arrendamiento en el país, como consecuencia de su escasez. En este sentido, los recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) deberán enfocarse hacia la ejecución, culminación y rehabilitación, según sea el caso, de proyectos de indudable impacto económico y de desarrollo regional, tales como las del Ariari, Río Upía, Rancheria, la meseta Túquerres- Ipiales, San Juan del Cesar, Santo Tomás - el Uvito; aparte de programas de pequeña irrigación, y de asegurar la operación a cabalidad de proyectos de ejecución recientes como es del Alto Chicamocha.
Investigación y transferencia de tecnología :
Se impone un gran esfuerzo tendiente a fortalecer el papel de la investigación y la transferencia como medio para elevar los niveles de eficiencia y competitividad en el agro; ajustar los productos y servicios de orden tecnológico a los requerimientos prácticos y efectivos de los productores y a las especificidades regionales; estimular, mediante incentivos de diverso orden, un mayor compromiso del sector privado, las universidades y otros agentes en la ejecución de proyectos de esta índole; estructurar un sistema nacional con claro deslinde de competencias y responsabilidades por parte de los diversos entes particularmente ICA y Corpoica; promover la constitución de un fondo permanente orientado a la financiación de proyectos; establecer la capacidad técnica para aprehender, con los ajustes y adaptaciones que fueren del caso, la oferta tecnológica generada en otros países; mejorar la capacidad de respuesta ante los requerimientos de los productos y los cultivos promisorios y asegurar una adecuada articulación con el Sistema Nacional de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Además, los propósitos encaminados hacia el desarrollo tecnológico reclaman atención a la modernización organizacional del sector. La eficiente utilización de los recursos tecnológicos y su aprovechamiento sólo se pueden lograr mediante la modernización organizacional que se identifica claramente con un concepto empresarial del manejo agropecuario. Este proceso exige la dotación de las condiciones necesarias a nivel de crédito y financiamiento; asesoría y capacitación legal, organizacional, administrativa, contable, financiera y tecnológica; información tecnológica y de mercados; etc. En igual sentido, la investigación y el desarrollo empresarial del sector deben propender por la generación de un mayor valor agregado de las actividades agropecuarias y agroindustriales ya que es este elemento, y no el grado de elaboración, uno de los factores determinantes en las posibilidades competitivas del sector.
En Colombia, la educación rural se caracteriza por la aplicación de patrones pedagógicos propios del medio urbano, desconociendo las particularidades específicas de orden económico, social y cultural que prevalecen en el ámbito rural. A lo anterior se suman la obsolescencia de los métodos de enseñanza, capacitación, remuneración, estímulos y reconocimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso que se diseñen programas educativos apropiados al medio rural, que correspondan a las condiciones en que se desenvuelven las comunidades allí asentadas, sin dejar de lado el componente global, es decir, la referencia al contexto nacional e incluso internacional. Concomitante con ello, es necesario ampliar la calidad y cobertura de la educación básica; evaluar el desempeño de las funciones de los docentes dentro del contexto social y regional de las comunidades a que pertenecen; implementar, sobre la base de dicha evaluación, un sistema de capacitación permanente y continuo que ofrezca las ventajas de mayor remuneración económica para aquellos docentes mejor preparados y, finalmente, articular el modelo educativo con el mercado laboral.
En lo que respecta a la capacitación profesional y la formación para el trabajo, se requiere avanzar en el diseño de programas que guarden correspondencia con los requerimientos del sector agropecuario, para lo cual es preciso reforzar las orientaciones y programas del SENA, incluyendo la propuesta de impulsar la formación con base en competencias y retomar la formación a distancia y poner en marcha las redes de centros agropecuarios.
Así mismo, es necesario garantizar un adecuado manejo de la problemática sectorial dentro del Programa Nacional de Competitividad y Desarrollo Tecnológico, el Proyecto de Modernización de la Formación Profesional, el Programa de Empleo para Jóvenes y el fortalecimiento de la gestión de los centros agropecuarios y afines, todos ellos bajo la coordinación del SENA, para lo cual resulta oportuno apoyarse en el mecanismo de los Convenios de Capacitación suscritos entre la entidad y diversas organizaciones del sector.
Es necesario extender, de manera gradual, las coberturas hacia el sector rural, tanto en materia de salud y pensiones como de riesgos profesionales, lo cual supone contar con la adecuada oferta, por parte de las entidades del sector público y privado, de los servicios correspondientes y la dotación de la infraestructura requerida.
Complementariamente, se requiere avanzar hacia una mayor concreción de los asuntos pertinentes a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, adoptando las disposiciones legales, así como los acuerdos y medidas sugeridos en materia de derechos y deberes laborales, a las realidades propias del sector agropecuarios y rural.
En la búsqueda de un cambio de actitud hacia lo rural, la SAC acoge la propuesta de la Misión Rural denominada "Expedición hacia la biodiversidad", como una gran tarea nacional para marchar conjuntamente hacia la exploración, apropiación y valoración de la riqueza del país en materia de diversidad biológica y cultural, y hacia la apropiación generalizada de los conocimientos contemporáneos. Se trata de una gran movilización social conducente, entre otras, a una transformación educativa con énfasis en el sector rural y orientada hacia la formación de ciudadanos, trabajadores productivos, personas autónomas en el aprendizaje y con capacidades de resolver problemas.
No puede perderse de vista, sin embargo que la preocupación ambiental puede ser utilizada, por algunos países, como instrumento de manipulación creando esquemas artificiales de proteccionismo, de lo cual el Estado y la sociedad colombiana deben estar suficientemente advertido. Por otro lado, la normatividad ambiental en el ámbito internacional puede generar nuevos espacios muy interesantes de competitividad, de los cuales debemos procurar obtener los mayores beneficios. A este respecto, hay que advertir que los productos verdes o amigos de la naturaleza están ocupando un lugar cada vez más importante en el comercio nacional e internacional; y que, definitivamente, los sellos ecológicos serán un elemento llamativo para los consumidores del futuro. Es de anotar que, en la actualidad, por ejemplo, algunos países tropicales han firmado convenios de protección de bosques con empresas generadoras de CO2, para la absorción de este contaminante, que han sido obligadas por la normatividad ambiental de sus países a comprar estos servicios ambientales, para compensar su efecto contaminante global.
El problema de sostenibilidad no se asocia únicamente a las consideraciones puramente ambientales, ya que éste debe abarcar la producción agropecuaria como estamento sólido enmarcado en condiciones institucionales, económicas y sociales sin las cuales no podría ser viable. De la misma forma, la sostenibilidad agrícola se asocia con la seguridad alimentaria y esta última, con la diversidad biológica y las reservas genéticas. Hasta el momento, estamos en una fase preliminar de articulación de la sostenibilidad con la política de fomento a la agricultura y de incorporación de las dimensiones ambientales en la política agrícola, lo que difícilmente permite concretar acciones conjuntas de política.
De lo anterior se deriva la urgente necesidad de avanzar hacia una gestión institucional que involucre ambos elementos, basado en un concepto operacional de la agricultura sostenible que identifique de manera precisa los objetivos de la sostenibilidad.
El diseño institucional debe incorporar objetivos conservacionistas, de crecimiento y asociados a la calidad y el nivel de vida; esto es, aspectos propios de la institucionalidad de los grupos ecologistas, de las autoridades agrícolas y de las autoridades ambientales; buscando ante todo la armonización de sus propósitos. Así, los objetivos de la agricultura sostenible deben ser:
· Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental.
· Gestión eficiente del manejo de los recursos y de la oferta ambiental.
· Preservar al calidad ecológica y la capacidad productiva de los recursos naturales.
· Mantener un incremento constante en la productividad per cápita y
· En el largo plazo, la agricultura tiene que ser capaz de garantizar sus condiciones de reproducción.
Por supuesto, la búsqueda de estos objetivos requiere introducir modificaciones al modelo de desarrollo agrícola, involucrando las variables de conservación de los recursos; lo cual, desde luego, supone costos al desarrollo sectorial, pero garantiza su preservación. El objetivo aquí será buscar transformaciones productivas que minimicen el costo de mantener la sustentabilidad ambiental y la base de recursos. En esa perspectiva, no puede haber una estrategia de sustentabilidad ambiental para la agricultura reducida a un modelo que privilegie la preservación de recursos por sobre la producción, sino que debe establecerse una estrategia de desarrollo agrícola sustentable ambientalmente, esto es, privilegiando la producción y ajustando la tecnología y los sistemas de producción para ahorrar, preservar o hacer más eficiente el uso de los recursos y de la oferta ambiental. No puede perderse de vista que la degradación en el espacio rural está significando costos adicionales para el sector en términos de tierras improductivas por falta del recurso hídrico y problemas de degradación de la tierra - erosión, salinización, compactación etc.
Dentro de este contexto, se impone la ejecución de una estrategia de educación técnica masiva a los productores para garantizar cosechas y crianzas de calidad, que con menos costos preserven los recursos indispensables para la producción. Esto exige transferirles a los productores una serie de conocimientos que les permitan el manejo y la preservación del suelo, incorporando tecnologías de mínima labranza, el uso adecuado de fuentes de agua y el manejo integrado de plagas y enfermedades, tanto en la agricultura como en la ganadería, como una alternativa para disminuir el uso indiscriminado de plaguicidas y reducir los elevados costos de producción.
Rasgos generales de una política de empleo en el campo
Es bien sabido que el comportamiento el los niveles de desempleo, ya sea en el campo o en la ciudad, obedece tanto a condiciones estructurales del mercado laboral y de la fuerza de trabajo, como a condiciones coyunturales básicamente relacionadas con el comportamiento de los ciclos económicos. No obstante, y especialmente para Colombia, persisten otros elementos, particularmente manifiestos en las zonas rurales que deben ser considerados al diseñar una política de empleo para el campo.
En primer lugar, y antes de plantear las propuestas de política, sería necesario advertir que las estadísticas oficiales que muestran un comportamiento en el nivel de desempleo rural relativamente bajo respecto al observado en las áreas urbanas presenta dificultades metodológicas para su estimación, por obvias razones, que nos permitiría inferir que tales estimaciones podrían estar subvalorando el problema de desempleo rural. En todo caso, el problema del desempleo en el campo sí es menor que el presentado en los centros urbanos, que soportan de una manera más generalizada los procesos económicos recesivos.
La condiciones estructurales del mercado laboral en las zonas rural muestra cómo, en los últimos años, la demanda de mano de obra ha estado obedeciendo a los cambios en las actividades productivas del campo y en el comportamiento económico de éstas. La reestructuración productiva de las actividades agropecuarias ha generado una contracción en la utilización de mano de obra como efecto de la caída en los cultivos transitorios (con alto componente de mano de obra) lo cual ha sido relativamente compensado con la expansión de las actividades pecuarias y, especialmente, por los cultivos transitorios (con excepción del café que se contrajo en su producción como en el número absoluto de jornales). Así, se ha calculado que el empleo agrícola total ha debido caer 98.000 empleos, entre 1991 y 1996, menos una pequeña fracción que pudo haber generado la expansión de las actividades avícolas y bovinas (C.F. Jaramillo, 1998.). De la misma forma se ha evidenciado en el período una rápida creación de puestos de trabajo en actividades no agrícolas en el sector rural (cerca de 257.000 empleos entre 1991 y 1995. DANE), lo cual ha impedido en parte el aumento desbordado en el nivel de desempleo rural.
De otro lado, existen suficiente evidencia estadística que sustenta la hipótesis del aumento en los salarios reales de los trabajadores rurales (Jaramillo 1998; Banco de la República, abril de 1997) lo cual sugiere que no existe, para muchas zonas, un problema generalizado de empleo; sino, por el contrario, un problema generalizado de pérdida de rentabilidad para algunas de las actividades agropecuarias que impiden competir por la mano de obra disponible y cada vez más escasa (asociada, indudablemente, a los desplazamientos forzados derivados de la profundización del conflicto armado). Así mismo, las actividades productivas del campo han empezado a demandar, como fruto de la búsqueda de eficiencia y productividad que exige un esquema competitivo, una mano de obra cada vez mas capacitada.
En cuanto a las condiciones estructurales del mercado laboral en el campo, al igual que en los centros urbanos, se evidencia un crecimiento en la participación laboral de las mujeres y de los jóvenes; así como en su nivel de desempleo.
Para este año, las condiciones coyunturales asociadas al bajo desempeño económico inciden en forma directa sobre el nivel de desempleo, del cual conocemos las cifras para el sector urbano (cercano al 15%), pero lo desconocemos en el sector rural (aun cuando indudablemente debe ser mayor al 6.5% registrado en el año 96).
De lo anterior se pueden establecer algunos rasgos generales de una política de empleo en el campo, que involucre tanto los cambios estructurales que la afectan, como las condiciones económicas coyunturales.
En este sentido, la política de empleo debe ser concordante con la evolución natural del cambio en las actividades productivas agropecuarias y al interior de espectro rural. Por lo tanto, se hace pertinente una mayor capacitación de la fuerza laboral del campo de acuerdo a las nuevas exigencias en términos de competitividad y productividad, haciendo disminuir la tasa de participación de los jóvenes. De otro lado, la posibilidad de ampliar los puestos de trabajo en las actividades estrictamente agropecuarias, está indudablemente relacionado con las posibilidades de la recuperación de su rentabilidad; y ésta última, está asociada con condiciones particularmente favorables en términos macroeconómicos (tasa de cambio favorable y bajas tasas de interés). Por lo demás, sería más pertinente enfocar esfuerzos, de corto plazo, en la generación de puestos en la infraestructura rural; lo cual no implica desestimular las actividades agropecuarias, sino favorecer con políticas públicas el desarrollo rural.
Todo lo anterior sin desconocer la importancia que en tal sentido pueda diseñar el gobierno nacional en términos de incentivos tributarios a la generación de nuevos puestos de trabajo y de otro tipo de ayudas directas, que puedan permitir una mayor absorción de mano de obra en las actividades rurales en general y en el sector agropecuario en particular.
[1] Sin perjuicio de lo anterior, no debería perderse de vista que pueden presentarse casos en los cuales el mecanismo de la negociación voluntaria se adapte a las características agropecuarias y socioeconómicas regionales, de modo que ella constituya una vía idónea para regular las áreas máximas de propiedad privada.