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Timestamp: 2018-09-19 09:37:44
Document Index: 179638446

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 8']

﻿ LEY 17 DE 1980
LEY 17 DE 13 DE FEBRERO DE 1980
LEY 17 DE 1980
“Por medio de la cual se aprueba el “Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” firmado en Cartagena el 28 de mayo de 1979”.
ART. 1º—Apruébase el “Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, firmado el 28 de mayo de 1979, cuyo texto es:
“Los gobiernos de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, persuadidos de que la integración económica latinoamericana y particularmente la consagrada en el Acuerdo de Cartagena constituyen un propósito común de desarrollo económico y social; y teniendo en cuenta la declaración de los presidentes de los países andinos formulada en Bogotá el 8 de agosto de 1978; conscientes de que es indispensable garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa e indirectamente del Acuerdo de Cartagena con el fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de los países miembros; convencidos de que algunas de las dificultades que se presentan en la ejecución del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan obedecen, entre otras razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico;
Seguros de que la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se derivan deben ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los gobiernos de los países miembros y de los otros órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dividir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente;
Convienen por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente autorizados, en celebrar, a tal efecto, el siguiente tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena
ART. 1º—El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena comprende:
c) Las decisiones de la comisión, y
ART. 2º—Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobados por la comisión.
ART. 3º—Las decisiones de la comisión serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
ART. 4º—Las resoluciones de la junta entrarán en vigencia en la fecha y con las modalidades que establezcan su reglamento.
ART. 5º—Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación.
ART. 6º—Créase el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como organismo principal del mismo, con la organización y las competencias que se establecen en el presente tratado.
ART. 7º—El tribunal estará integrado por cinco magistrados, quienes deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia.
ART. 8º—Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada País Miembro y por la unanimidad de los plenipotenciarios acreditados para tal efecto. El gobierno del país sede convocará a los plenipotenciarios.
ART. 9º—Los magistrados serán designados para un período de seis años, se renovarán parcialmente cada tres años, y podrán ser reelegidos por una sola vez.
ART. 10.—Cada magistrado tendrá un primer y segundo suplente que lo reemplazarán, en su orden, en los casos de falta definitiva o temporal, así como de impedimento o recusación, de conformidad con lo que se establezca en el estatuto del tribunal.
Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los principales, serán designados en las mismas fecha y forma y por igual período al de aquellos.
ART. 11.—Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del gobierno de un País Miembro, únicamente cuando en ejercicio de sus funciones hubieren incurrido en grave falta prevista en el estatuto del tribunal y de conformidad con el procedimiento en él establecido. Para el efecto, los gobiernos de los países miembros designarán plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del gobierno del país sede, resolverán el caso en reunión especial y por unanimidad.
ART. 12.—Al término de su período, el magistrado continuará en el ejercicio de su cargo, hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace.
ART. 13.—Los países miembros se obligan a otorgar al tribunal todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. El tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los países miembros de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas; en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones establecidas en el artículo 31 de la mencionada Convención de Viena.
Los magistrados, el secretario o el tribunal o los funcionarios a quienes este designe con carácter de internacionales gozarán en el territorio del país sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para estos efectos, los magistrados tendrán la categoría equivalente a la de jefes de misión y los demás funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el tribunal y el gobierno del país sede.
ART. 14.—La comisión, a propuesta de la junta y dentro de los tres meses siguientes a la vigencia del presente tratado, aprobará el estatuto que regirá tanto el funcionamiento del tribunal como todos los procedimientos judiciales a que deberá sujetarse el ejercicio de las acciones previstas en este tratado.
Las modificaciones a dicho estatuto se adoptarán por la comisión a petición del tribunal.
ART. 15.—El tribunal nombrará su secretario y el personal indispensable para el cumplimiento de sus funciones.
ART. 16.—La comisión aprobará anualmente el presupuesto del tribunal. Para este efecto, el presidente del tribunal, enviará cada año, en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de presupuesto.
ART. 17.—Corresponde al tribunal declarar la nulidad de las decisiones de la comisión y de las resoluciones de la junta dictadas con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnadas por algún país miembro, la comisión, la junta o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 de este tratado.
ART. 18.—Los países miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad en relación con aquellas decisiones que no hubieren sido aprobadas con su voto afirmativo.
ART. 19.—Las personas naturales o jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las decisiones de la comisión o resoluciones de la junta que les sean aplicables y les causen perjuicio.
ART. 20.—La acción de nulidad deberá ser intentada ante el tribunal dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la decisión de la comisión o de la resolución de la junta.
ART. 21.—La iniciación de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma impugnada.
ART. 22.—Cuando el tribunal declare la nulidad total o parcial de la decisión o de la resolución impugnada, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo.
El órgano del Acuerdo de Cartagena cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar las disposiciones que se requieren para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia.
De la acción de cumplimiento
ART. 23.—Cuando la junta considere que un país miembro ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, le formulará sus observaciones por escrito. El país miembro deberá contestarlas dentro de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no excederá de dos meses. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la junta emitirá un dictamen motivado. Si el dictamen fuera de incumplimiento y el país miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la junta podrá solicitar el pronunciamiento del tribunal.
ART. 24.—Cuando un país miembro considere que otro país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrá elevar su reclamo a la junta con los antecedentes del caso, para que ésta emita dictamen motivado, previo el procedimiento indicado en el primer inciso del artículo 23.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro requerido persiste en la conducta objeto del reclamo, la junta, deberá solicitar el pronunciamiento del tribunal. Si la junta no intentare la acción dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al tribunal.
ART. 25.—Si la sentencia del tribunal fuere de incumplimiento, el país miembro cuya conducta ha sido objeto de reclamo, quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dentro de los tres meses siguientes a su notificación.
ART. 26.—Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son revisables por el mismo tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión.
La demanda de revisión deberá presentarse dentro los dos meses siguientes al día en que se descubra el hecho y en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia.
ART. 27.—Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros, incumplan lo dispuesto en el artículo 5º del presente tratado, en casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento.
ART. 28.—Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.
ART. 29.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del tribunal de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente.
ART. 30.—En su interpretación el tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y los alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El tribunal no podrá interpretar el contenido y los alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso.
ART. 31.—El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del tribunal.
ART. 32.—Para su cumplimiento, las sentencias del tribunal no requerirán homologación o exequátur en ninguno de los países miembros.
ART. 33.—Los países miembros no someterán ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente tratado.
Los países miembros convienen en hacer uso del procedimiento establecido en el artículo 23 del Acuerdo de Cartagena sólo en las controversias que surjan, entre alguno de ellos y otra parte contratante del Tratado de Montevideo, que no sea miembro del acuerdo.
ART. 34.—La junta editará la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en la cual se publicarán las decisiones de la comisión, de las resoluciones de la junta y las sentencias del tribunal.
ART. 35.—Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones, el tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los países miembros.
ART. 36.—El presente tratado no podrá ser suscrito con reservas. Los estados que adhieran al Acuerdo de Cartagena deberán adherir al presente tratado.
ART. 37.—Este tratado entrará en vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación en la secretaría de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
ART. 38.—El presente tratado permanecerá en vigencia por todo el tiempo que esté en vigor el Acuerdo de Cartagena y no es denunciable independientemente de este. La denuncia del Acuerdo de Cartagena comportará la del presente tratado.
Tanto este tratado como el Acuerdo de Cartagena tendrán vigencia de manera independiente de la vigencia del Tratado de Montevideo.
1ª La acción de nulidad de que trata la sección primera del capítulo III del presente tratado podrá ser intentada contra las decisiones de la comisión y las resoluciones de la junta que hayan sido aprobadas con anterioridad a la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento, dentro del año siguiente a la fecha en mención.
2ª El gobierno del país sede del tribunal deberá convocar a los plenipotenciarios de que trata el artículo 8º para la primera designación de magistrados, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del tratado.
3ª En la primera designación, dos de los magistrados serán nombrados por tres años y tres por seis, mediante sorteo que se hará inmediatamente después de la designación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios acreditados, habiendo depositado sus plenos poderes que fueron hallados en buena y debida forma firman el presente tratado en nombre de sus respectivos gobiernos.
Rama Ejecutiva del Poder Público, Presidencia de la República.
Bogotá, D. E., 3 de agosto de 1979.
APROBADO. Sométase a la consideración del Honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales”.
ART. 2º—Esta ley entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, en relación con el tratado que por esta misma ley se aprueba.
Dada en Bogotá, D. E., a 5 de diciembre de 1979.
Bogotá, D.E., 13 de febrero de 1980.