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Timestamp: 2019-10-23 17:47:43
Document Index: 167155963

Matched Legal Cases: ['artículo 181', 'artículo 179', 'artículo 181', 'artículo 178', 'in dubio', 'in dubio']

STS 224/2005, 24 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 17694712
STS 224/2005, 24 de Febrero de 2005
Número de Recurso: 479/2004
Número de Resolución: 224/2005
Abusos sexuales, agresión sexual. Error en la apreciación de prueba: fotografía y dictámenes periciales. Presunción de inocencia. Valor declaración de la víctima menor de edad Tentativa en la penetración anal. Distinción entre la agresión sexual básica art. 178 y violación, art. 179. Abusos sexuales, diferencia con la agresión sexual. Concepto intimidación. Desistimiento voluntario. No concurrencia.
Sentencia citada en: 1126 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Rodrigo, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Segunda, que condenó al acusado, por delitos de abuso sexual y agresión sexual; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Gómez Castaño.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo, instruyó Sumario con el número 1 de 2002, contra Rodrigo, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valladolid, cuya Sección Segunda, con fecha 31 de diciembre de 2003, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: El procesado Rodrigo, mayor de edad pues nació el 13 de octubre de 1979, y sin antecedentes penales, llevó a cabo los siguientes hechos respecto a Lourdes, nacida el 1 de noviembre de 1987, de quien es tío por línea paterna:
) Durante el verano de 1998, en una ocasión trasladó a Lourdes a un pinar, la subió el niky, la bajó los pantalones y seguidamente colocó su pene entre las piernas de Lourdes, indicando a esta que se dejase que era su niñita y si decía algo a alguien lo pagaría su hermano.
) Durante el verano del año 2000, en una ocasión, llevó a Lourdes al pinar donde la tocó por los pechos e introdujo un dedo en la vagina de Lourdes, utilizando aquellas mismas expresiones.
) En otra ocasión, durante ese mismo verano de 2000, también llevó a Lourdes al pinar y trató introducir su pene en el ano de ésta, no llegando a penetrarla y cesando en ese propósito ante la resistencia de Lourdes al sentir dolor, y todo ello diciéndole que era su niñita y bajo la presión de aquellas expresiones de que si no se dejaba o lo contaba lo pagaría en su hermano.
) El tres de noviembre de 2000, viajando en coche, donde iba también el hermano menor de LourdesRodrigo puso la música alta y comenzó a tocar a Lourdes, que se situaba en el asiento del copiloto, en la zona genital oponiéndose ésta y mordiéndole la mano. Posteriormente, en un garaje de la localidad de Castrejón de Trabancos acudieron los tres, quedándose el hermano pequeño de Lourdes a la puerta, y dentro del local volvió a tocarla en los pechos y en la zona genital a Lourdes oponiéndose ésta que logró salir corriendo.
) El 31 de diciembre de 2000, en esa misma localidad, Rodrigo entró en la habitación en la que Lourdes se cambiaba de ropa, tirándola sobre la cama y repitiendo los tocamientos en la zona genital, oponiéndose la menor y cesando su actividad al oír aproximarse a gente de la casa.
A consecuencia de estos hechos Lourdes sufrió inicialmente un trastorno adaptativo mixto con alteración de emociones y del comportamiento cuya superación ha sido posible en parte a la ayuda psicológica especializada recibida y en parte al apoyo que le han dado sus padres.
FALLO: Condenamos a Rodrigo:
).- Como autor de un delito consumado de abuso sexual tipificado en el artículo 181-1 y 2 del Código Penal en su redacción anterior a la reforma de 1999, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión.
) Como autor de un delito de abuso sexual consumado del art. 181-1, 2 y 4 del C. Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión.
) Como autor de un delito de agresión sexual del artículo 179 y 180-1.3 del Código Penal en grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años de prisión.
) Como autor de un delito de abuso sexual del artículo 181-1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión.
) Como autor de un delito de agresión sexual del artículo 178 del C. Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión.
En todos estos casos se aplica la penalidad accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y se le condena también al abono de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil se impone a Rodrigo la obligación de indemnizar a Lourdes en la cantidad de seis mil euros por el daño moral.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Rodrigo, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. por aplicación incorrecta del art. 181.1 y 2 CP. 1995 reformado por LO. 11/99 y los arts 178, 179 y 180.1.3 CP. en relación con los arts. 16 y 62.
Al amparo del art. 852 LECrim. por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE.
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día quince de febrero de dos mil cinco.
El motivo primero denuncia error en la apreciación de la prueba según el art. 849.2 LECrim. derivada de la fotografía obrante al folio 152 y los informes periciales de la psiquiatra Dra. Mercedes y la psicóloga Dra. Esperanza obrante a los folios 120 a 126 y y195 a 197.
5) Por último, es necesario que el dato contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el Fallo y no contra los elementos de hecho o de Derecho que no tienen aptitud para modificarlo (ssTS. 22.9.92, 21.11.96, 11.11.97, 24.7.98).
Aplicando la anterior doctrina al caso que se analiza, la fotografía en la que aparece la menor sentada sobe una de las rodillas de su tío Rodrigo y con su cabeza apoyada sobre la de él, en actitud, según el recurso totalmente relajada y sonriente, no es suficiente para modificar el relato fáctico. Así hemos de indicar que la jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo SS. 22.1.96 y 10.4.97), ha negado la naturaleza documental de las fotografías a esos efectos casacionales, lo que sería suficiente para rechazar ese error de hecho denunciado, sin olvidar que la valoración del significado de la fotografía ha de corresponder en pura lógica a la Sala de instancia en concordancia con el resto de las pruebas..
Pués bien, del propio desarrollo del motivo se desprende que ninguno de estos casos coincide con el presente, en el que el recurrente lo que critica a la sentencia de instancia es precisamente haber acogido las conclusiones de aquellos informes, por lo que si lo que realmente se impugna son las conclusiones de los peritos, no es ésta la vía casacional adecuada.
En efecto es cierto que el perito aprecia, con las máximas de experiencia especializada y propias de su preparación algún hecho o circunstancia, en base al conocimiento de una materia que el Juez puede no tener, en razón de su especifica preparación jurídica. Por ello el perito puede describir la persona objeto de la pericia, explicar las operaciones o exámenes verificados y fijar sus conclusiones, que tienen como destinatario al Juzgador. Y en este sentido, el Juez estudia el contenido del informe y en su caso, y finalmente, lo hace suyo o no, o lo hace parcialmente. No se trata, pues, de un juicio de peritos, sino de una fuente de conocimientos científicos, técnicos o prácticos que ayudan al Juez a descubrir la verdad. Es decir, el perito informa, asesora, descubre los procesos técnicos o las reglas de experiencia de que el Juez puede carecer, pero nunca le instruye, porque no se trata de un tribunal de peritos, sino de una colaboración importante y no determinante por si sola de la resolución judicial, ya que el Juez puede disponer de una prueba plural y diversa y de ella habría de deducir aquellas consecuencias que estime más procedentes. De ahí que-como ya hemos indicado- solo cuando exista una única prueba pericial y sobre el hecho no existan otras pruebas, si el Juzgador hace suyas las premisas y conclusiones periciales, y después, sin razonarlo adecuadamente, se separa de dichas conclusiones, es cuando el dictamen alcanza, a efectos casacionales, la naturaleza del documento
No siendo éste el caso el motivo se desestima.
No obstante haber sido articulado en último lugar procede por razones metodológicas analizar, a continuación, el recurso articulado por vulneración del principio de presunción de inocencia contemplado en el art. 24 CE.
Considera el recurrente que en el presente caso la Audiencia ha considerado probados unos hechos que le ha supuesto su condena como autor de tres delitos consumados de abuso sexual y dos delitos de agresión sexual, uno de ellos en grado de tentativa, basándose única y exclusivamente en la declaración realizada por la supuesta víctima.
El desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar que los delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afecten a menores de edad, merecen un especial reproche moral y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela de dichas personas merecen como víctimas de los mismos. Pero siendo todo ello cierto, en ningún caso puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determina una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso.
En este sentido habrá que señalar que dicho principio es una condición o exigencia subjetiva del consentimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso (sTC. 44/89) de forma que si no es plena la convicción judicial se impone el fallo absolutorio.
Es decir, que la significación del principio "in dubio pro reo" en conexión con la presunción de inocencia equivale a una norma de interpretación derogada al sentenciador que debe tener en cuenta al pondera todo el material probatorio y tiene naturaleza procesal (sTS. 15.5.93 y 30.10.95) por lo que resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo las dudas sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del delito, pero no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional en uso de las facultades otorgadas por el art. 741 LECrim., llega a unas conclusiones, merced a la apreciación en conciencia de una bagaje probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la resolución. Como precisa la sTS. 27.4.98 el principio "in dubio pro reo", no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo.
Dicho en otros términos, la aplicación de dicho principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas (ssTS. 1.3.93, 5.12.2000, 20.3.2002,. 18.1.2002, 25.4.2003). Por ello no puede equipararse la duda externamente derivada de existir dos versiones contrapuestas -como ocurre en casi todos los procesos de cualquier índole- a la que nazca en el ánimo del Juez, cuando oídas por el directamente las personas que, respectivamente, las sostienen, llega la hora de acoger una u otra, ya que solo y exclusivamente en ese momento decisivo debe atenderse al principio pro reo, inoperante cuando el Juez ha quedado convencido de la mayor veracidad de una de las versiones, es decir, que a través del examen en que se constata esa situación de versiones contradictorias tan frecuente en el proceso penal, el Juez puede perfectamente valorar la prueba, esto es, graduar la credibilidad de los testimonios que ante él se viertan y correlacionar toda la prueba, sentando la culpabilidad de los denunciados cual acontece en el caso que nos ocupa.
Y en cuanto a la presunción de inocencia, la doctrina de esta Sala en orden a su vulneración, precisa, sTS. 16.4.2003, que se debe comprobar si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); si esta pruebas son de contenido incriminatorio; si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es si accedió lícitamente al juicio oral; si ha sido practicada con regularidad procesal; si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y finalmente, si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sancionador: Mas allá no se extiende nuestro control cuando de vulneración de presunción de inocencia se trata. El intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso (sTS. 28.2.2003).
Es decir que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario constituye doctrinas de esta Sala que son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación; o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia.
) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (ss. 28-9-88, 26-3 y 5-6-92, 8-11-94, 11-10-95, 13-4- 96). Conviene precisar aquí, como se deduce de lo expuesto que tales tres elementos no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que la Sala de instancia pudiera dar crédito a la testifical de la víctima como prueba de cargo. A nadie se le escapa, dice la STS. 19.3.2003 que cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor u víctima, en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad puede ocurrir que las declaraciones de ésta última tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas, que aún teniendo esas características tienen solidez firmeza y veracidad objetiva
Pues bien, la sentencia de instancia, Fundamento de Derecho primero, analiza la prueba obrante en las diligencias y llega a la convicción de que los hechos acontecieron tal como plasma en el relato fáctico, concediendo credibilidad al testimonio de Lourdes.
En efectos hemos de partir de que el testimonio de un menor puede constituir prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia (SSTS. 6.4.92, 5.4.94, 12.6.95, 11.10.95), pues el menor, objeto de una agresión sexual no da cuenta o informa con un lenguaje elaborado ni dependiente de un proceso mental de racionalización previa, sino que transmite literalmente hechos que pueden ser base para la fijación histórica de lo ocurrido (SSTS. 31.10.92, 23.3.97), siendo facultad exclusiva del Tribunal de instancia, en base a la inmediación, la valoración de aquel testimonio.
El juicio oral obliga a que la prueba se practique ante el Tribunal que ha de fallar, de manera directa, inmediata, sin intermediaciones de ningún genero, y a la convicción del Tribunal contribuye decisivamente la llamada psicología del testimonio, ciencia que permite descubrir la mayor o menor credibilidad de las personas que declaran ante los Jueces y que no es reproducible en casación. Este Tribunal no ve, ni oye, ni percibe la reacción de quienes declaran, el tono de su voz, sus gestos, a veces tan expresivos, la forma misma de declarar, los titubeos, silencios, y por consiguiente, no puede reconstruir la fiabilidad del testimonio que ha llevado al Juzgador de instancia a aquella conclusión probatoria, y de 14.2.95, el juicio en conciencia sobre la realidad depende esencialmente de la inmediación de la que en casación carecemos, bien entendido como precisa la sTS. 10.12.2002 que en la valoración de la prueba directa (fundamentalmente en la apreciación de los testimonios -cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la practica de la prueba, y un segundo nivel, necesario en ocasiones, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, como lo señalado con reiteración esta misma Sala.
Circunstancia esa que no concurre en el caso presente, pues se aprecia en los criterios valorativos de la sentencia una argumentación lógica, sin que conste dato alguno que haga irrazonable la apreciación de prueba.
Así analiza las declaraciones de Lourdes en relación a cada uno de los hechos que se enjuician, destacando, pues su percepción directa de las mismas, que las manifestaciones prestadas en el juicio daban muestras de responder a experiencias personales realmente vividas y que no le era grato recordar, así como la ausencia de motivos que resten fiabilidad subjetiva a su relato, en particular porque no consta ninguna razón para imputar aleatoriamente unos hechos tan graves a un familiar cercano, tío paterno, lo que ha provocado un alejamiento de ella y sus padres con su abuela y tíos paternos con los que hasta esa fecha las relaciones eran muy estrechas, no obteniendo ningún interés ni ventaja con una imputación que no se correspondiera con la realidad. conclusión que considera reforzada por la forma de conocerse los hechos, no directamente a instancia de Lourdes, sino a través de los profesores de la clase de esta, por comentarios de amigas de la menor, siendo lógica su explicación de porqué no se lo contó a sus padres: por miedo por su hermano que era muy pequeño y porque ella se llevaba bien con su abuela y esto podía afectar a esa relación familiar.
El recurrente se limita a impugnar estas conclusiones del Tribunal de instancia, considerando que son meras valoraciones y suposiciones que no pueden llevar a creer aún más lejos la versión dada por Lourdes insinuando su móvil, tan banal para justificar una acusación tan grave, como el acusado estaba celoso porque su abuela la quería mucho a ella, deduciendo de ello que las declaraciones de Lourdes podrían ir encaminadas a seguir siendo ella la preferida de la abuela dar lastima y ser el centro de atención de la familia. Posibilidad esta, al igual que la apuntada por un hermano del acusado y tío de Lourdes, de estar la menor enamorada de Rodrigo, carente del mas mínimo atisbo probatorio.
Respecto a la existencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalan esta declaración la Audiencia señala: las declaraciones testificales de las amigas de la menor: Carla y María Milagros, la orientadora del Colegio Penélope, y los informes técnicos prueba pericial psicológica psiquiatrica sobre Lourdes de Doña. Mercedes, psiquiatra, Doña. Esperanza psicóloga
El recurrente cuestiona el valor probatorio del testimonio de las amigas de la víctima por cuanto éstas solo cuentan lo que previamente les ha contado aquélla y del informe emitido por la orientadora del Colegio que simplemente recoge la versión de los hechos que le cuentan, primeramente las amigas de Lourdes y luego ésta.
Siendo así la sentencia de instancia resalta como una de las amigas, Carla afirmo que Lourdes le había contado que su tío la había violado, que había sido en un pinar, que cuando se lo contó estaba decaída y afectada, y la otra María Milagros, que creyó a Lourdes y que cuando estaban a solas la veía mal, distinta aunque lo disimulaba, cuando estaban todas juntas, siendo esta testigo con otras amigas, quienes lo comentaron ala psicóloga del Colegio.
Testimonios estos que corroboran la declaración de la víctima en cuanto a la afectación que presentaba y el miedo que tenia en contárselo a sus padres.
Con respecto a la orientadora del Colegio, que habló personalmente con las amigas de Lourdes y con esa misma, quien le contó vagamente que su tío la había tocado en la cama y en un pinar, destacó también que Lourdes lloraba mucho y estaba muy preocupada de como iban a reaccionar sus padres.
Igualmente la Audiencia valora la prueba pericial psicológica psiquiatrica sobre Lourdes que revela como en la primera exploración estaba afectada y con una ligera depresión y en la segunda ya había mejorado.
Es de destacar como tanto la psiquiatra como la psicóloga ratificaron sus informes (folios 120, 126, 195 a 197) que son coincidentes en señalar que existen criterios de fiabilidad en su testimonio, que no era una niña que quisiera llamar la atención y era sensata para su edad, concluyendo que en sus relatos no muestran gran imaginación; con buena maduración emocional y adecuada ajustada a la realidad, y apareciendo una serie de características que avalarían la veracidad de lo relatado conforme a los criterios de validez en el testimonio del niño, según Faller (1993), Jones Mc Quinston (1985) y Pence Wilson (1993) y como además observaron que Lourdes padeció un trastorno adaptativo mixto con obtención de emociones y del comportamiento cuya superación ha sido posible en parte a la ayuda psicológica especializada recibida y al apoyo que le han dado sus padres, descartando de todo ello que lo dicho por Lourdes haya sido una invención o una fabulación.
El recurrente se limita a impugnar estas conclusiones, dado que el resto de elementos objetivos existentes concluyen lo contrario, por lo que dar fiabilidad total y absoluta al resultado de las encuestas y de tests realizados, es vulnerar sus derechos e ir en contra de todos los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
Impugnación que no debe merecer favorable acogida. Es claro que un dictamen pericial psicológico sobre un testimonio no constituye un documento que evidencie por su propio poder acreditativo directo la veracidad de una declaración testifical (STS. 12.6.2003), pero puede constituir un valioso elemento complementario de valoración, como ha declarado esta Sala reiteradamente. Es decir la responsabilidad del análisis critico de la fiabilidad o credibilidad de un testimonio acusatorio que puede determinar la absolución o condena de un ciudadano compete constitucionalmente al Juez, Jurado o Tribunal sentenciador, con los asesoramientos o apoyos que estime procedentes. Los dictámenes periciales sobre credibilidad de un testimonio expresan la opinión de quien los emite, opinión que no puede ciertamente, por si misma desvirtuar la presunción constitucional de presunción de inocencia cuando el Tribunal o Jurado, que son quienes tienen la responsabilidad constitucional de juzgar, no han obtenido una convicción condenatoria ausente de toda duda, razonable (STS. 14.2.2002), pero a "sensu contrario" si pueden ser valorados por el mismo Tribunal para reforzar aquella convicción condenatoria deducida de otras pruebas.
Por último, la Sala en contra de los sustentado, en el recurso, si analiza y valora aquellos elementos que el recurrente considera objetivos y que demuestran, a su juicio, que Laura no sufrió alteraciones ni en su comportamiento ni en sus estudios y que no ha cambiado hábito alguno, fundamentalmente las declaraciones de sus propios padres y la fotografía obrante al folio 152, tomada en la concentración de motos "Pinguinos del año 2001", celebrada en el mes de enero, y por tanto, unos días después de la última agresión sufrida por Lourdes, en la que se observa como Lourdes está sentada en las rodillas de su tío Rodrigo, con cara sonriente y con su cabeza apoyada en la de Rodrigo.
Así en el Fundamento de Derecho primero, tras señalar las corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalan la declaración de la menor, analiza precisamente el que sus padres no notasen nada importante en el comportamiento de Lourdes que les hiciese pensar en tales hechos o el hecho de que se hiciese la foto que consta en autos, entendiendo que en modo alguno hacen ceder la credibilidad del testimonio de Lourdes, pues ésta ocultaba a su familia dichos episodios por las razones ya expuestas, e incluso la madre pudo apreciar actitudes algo extrañas sin que -y esto resulte lógico- llegase a relacionarlo con abusos o agresiones sexuales. Así de la lectura de la declaración de la madre que consta en el acta del juicio aparece que Lourdes era niña muy abierta y últimamente estaba rara, lo achacaba a la edad.
Cuando su cuñado iba a sentarse en la mesa, su hija se levantaba. No se quería quedar en casa cuando la declarante salía. No era una niña mentirosa, ni tiene motivos para mantener mala relación con su tio. A las niñas les ha dicho que digan la verdad... cree en Lourdes, ésta ha perdido mucho, a su abuela a la que quería mucho. ha cambiado mucho la situación familiar, y finalmente que el informe médico forense señala que no se aprecian lesiones ni alteraciones anatómicas en el ano y región perianal y que el himen de Lourdes está integro y resulta permeable al paso de dos dedos es perfectamente compatible con el relato fáctico en el que solo se considera probado que en el verano de 1998, el acusado le colocó el pene entre las piernas; que en el verano del 2000 en una ocasión le tocó los pechos y le introdujo su dedo en la vagina, y en otra ocasión trató de introducir el pene en el ano, no llegando a penetrarla, que el 3.11.2000 tocó a Lourdes en la zona genital, viajando en coche y posteriormente en un garaje los pechos y en la zona genital, y que el 31.12.2000 repitió tocamientos en la zona genital.
En cuanto a la persistencia en la incriminación, la propia Sala admite que pueden detectarse algunas imprecisiones entre sus declaraciones en la instrucción y la prestada en el juicio pero que no son substanciales sino propias de la corta edad de la menor y el tiempo transcurrido.
el motivo segundo por infracción de Ley por incorrecta aplicación del art. 181.1 y 2 CP. 1995, art. 181.1.2.4 CP. relación dada por LO. 11/99, y arts. 178, 179 y 180.1.3 CP. en relación con los arts. 16 y 62 del mismo Cuerpo Legal.
Considera el recurrente en cuanto al hecho recogido como III del Fundamento Jurídico segundo de la sentencia como delito de agresión sexual del art. 179 y 180.3, en grado de tentativa que tal calificación no es ajustada a Derecho, ya que el art. 179 condena por agresión sexual cuando existe acceso carnal y los hechos probados no contienen la existencia de una penetración, por lo que el tipo no podrá ser aplicado, lo que lleva al recurrente a dos consideraciones.
- bien la inexistencia de agresión sexual, debiendo mantenerse en la esfera del abuso sexual del art. 181.1 con la pena aplicada de un año o multa de 18 meses a razón de 3 euros.
- bien la estimación de haber existido desistimiento voluntario del art. 16.2 que supondría la aplicación del tipo del art. 178 como autor de una agresión penada con 1 año de prisión.
Pues el recurrente no respeta el relato fáctico de la sentencia que expresamente declara que "el acusado trató de introducir su pene en el ano de ésta no llegando a penetrarla y cesando en ese propósito ante la resistencia de Lourdes al sentir dolor..." y esta Sala viene en tal sentido declarando que el objeto del recurso en esta vía casacional, se reduce exclusivamente a comprobar si, dados los hechos que se declaran probados en la sentencia que se recurre, que han de ser respetados en su integridad, orden y significación, se aplicaron correctamente a los mismos por los Juzgadores de instancia los preceptos penales sustantivos en que se subsumieron, se dejaron de aplicar lo que correspondían, o fueron los aplicados o dejados de aplicar erróneamente interpretados en su aplicación o falta de aplicación (SSTS. 6.5.2002, 25.2.2003).
Esta vía casacional del art. 849.1 LECrim. exige como ponen de relieve las SSTS. 17.12.96 y 30.11.98, un respeto reverencial y absoluto al hecho probado, cualquiera que sea la parte de la sentencia en que consten (STS. 31.1.2000) pues cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento desencadena inexcusablemente la inadmisión del motivo, art. 884.3, y en trámite de sentencia, su desestimación.
En efecto la distinción entre la tentativa de la agresión sexual conceptuada como violación (art. 189) y el delito básico de agresión sexual (art. 178) descansa en el ánimo de yacer en aquella, ausente en este delito, sustituido por el simple animo libidinoso. La determinación de si existe o no tal propósito esencial en el tipo de incompleta realización ha de hacerse partiendo de la descripción del inciso y de sus inmediatos antecedentes.
En el caso presente el ánimo de yacer está exteriorizado de forma patente, pues el acusado dió principio a su conducta consiguiendo colocar el pene en el ano de la menor, sin que se produjera penetración, ante la resistencia de ésta al sentir dolor. Esta actividad escapa de la simple agresión sexual art. 178, debiéndose considerar un delito del art. 179 y 180.1.3 en grado de tentativa. (STS. 1365/2002 de 22.7), pues está acreditada plenamente la intencionalidad y culpabilidad del autor que constituyen la base necesaria para la calificación del hecho como un delito de violación en grado imperfecto de consumación.
No resulta por ello, acogible la pretensión del recurrente de integrar tal hecho en el delito de abusos sexuales del art. 181.1 CP.
En principio, por lo razonado en el precedente Fundamento, el delito aplicable sería, en todo caso, el de abusos sexuales del art. 182.1 y 2, en relación con el art. 180.1.3 CP. en grado de tentativa. Ahora bien, el delito de abusos sexuales tanto en su figura básica, art. 181, como en la cualificada del art. 182 (acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal), atentan también a la libertad sexual de otra persona. De igual modo el sujeto activo y pasivo de la acción en ambos puede ser también hombre o mujer. El tipo penal es paralelo al de las agresiones sexuales arts. 178 y 179, se diferencian en no mediar violencia o intimidación, es decir, la ación típica ha de llevarse a cabo sin violencia o intimidación ya que esta es el elemento diferenciador con la agresión sexual, y además no ha de mediar consentimiento por parte de la víctima.
Por ello la Sala sentenciadora podría haber aplicado el tipo delictivo contemplado en el art. 182, como abuso sexual con penetración anal, definido en el mismo, si hubiera descartado cualquier situación de violencia o intimidación, dado que en razón de la edad de la menor, tal consentimiento aparecería como irrelevante, por debajo de los 13 años, desde la modificación Legislativa operada por LO. 11/99 de 30.4. No obstante al haber mediado intimidación, el ataque sexual a menores de 13 años, debe integrarse en los tipos de los arts. 178 y 179 CP. con la agravante especifica además del art. 180.1.5 referente al caso de especial vulnerabilidad de la víctima por razón de edad. La víctima era menor de 13 años en el momento de la comisión de los hechos, por lo que la Sala sentenciadora aplicó correctamente los tipos penales citados.
En efecto, hemos señalado, STS. 1689/2003, que el art. 178 CP. que describe el tipo básico de las agresiones sexuales vincula la presencia de la violencia o intimidación al atentando contra la libertad sexual de la víctima, sin establecer otras circunstancias personales u objetivas para entender consumado el tipo. En este sentido el elemento normativo expresado en la alternativa violencia o intimidación, tratándose además de un tipo comprendido dentro de los delitos contra la libertad sexual, que afecte al libre consentimiento del sujeto pasivo, constituye el fundamento del delito, es decir, el castigo se produce por cuanto se coarta, limita o anula la libre decisión de una persona en relación con su actividad sexual.
La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que para delimitar dicho condicionamiento típico debe acudirse al conjunto de circunstancias del caso concreto que descubra la voluntad opuesta al acto sexual, ponderando el grado de resistencia exigible y los medios coactivos para vencerlo (S.S.T.S. de 05/04/00, 04 y 22/09/00, 09/11/00 o 25/01/02 y 01/07/02, 23/12/02). Es cierto que la línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento puede ser difícilmente perceptible en los casos límite como lo es la diferencia entre un consentimiento cercenado por la amenaza de un mal y el viciado que responde al tipo del abuso, donde la víctima en alguna medida también se siente intimidada. Sin embargo, este elemento debe tener relevancia objetiva y así debe constatarse en el hecho probado. Lo relevante es el contenido de la acción intimidatoria llevada a cabo por el sujeto activo más que la reacción de la víctima frente a aquélla. El miedo es una condición subjetiva que no puede transformar en intimidatoria una acción que en si misma no tiene ese alcance objetivamente. La S.T.S. 1259/04 expone que la intimidación es de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier fuerza de coacción, amenaza o amedrentamiento con un mal racional y fundado (STS núm. 1583/2002, de 3 octubre). En ambos casos han de ser idóneas para evitar que la víctima actúe según las pautas derivadas del ejercicio de su derecho de autodeterminación, idoneidad que dependerá del caso concreto, pues no basta examinar las características de la conducta del acusado sino que es necesario relacionarlas con las circunstancias de todo tipo que rodean su acción.
En el caso que no ocupa el acusado nació el 13.10.79, la menor Lourdes lo hizo el 1.11.87, siendo el primero tío por línea paterna de ésta, los hechos sucedieron en el verano del 2000, y al igual que en dos ocasiones anteriores, se valió del temor que le inspiraba la amenaza de que si no se dejaba o lo contaba lo pagaría en su hermano pequeño. aparece, pues, evidente que el acusado usó de intimidación eficaz para doblegar la voluntad de su sobrina y que el intento de penetración anal, no pudo acontecer sino por el lógico debilitamiento de la capacidad de oposición que necesariamente ha de afectar a una menor sometida ala terrible experiencia de verse requerida por un familiar cercano.
Consecuentemente debemos concluir que procedió correctamente el Tribunal de instancia apreciando la existencia de intimidación en la conducta del acusado y conceptuando la misma como un delito de agresión sexual en grado de tentativa.
Finalmente, la pretensión del recurrente de que se estime ha existido desistimiento voluntario del art. 16.2 CP que supondría bien la aplicación del tipo del art. 178, agresión sexual penada con 1 año de prisión, bien del art. 181.1 en el ámbito del abuso sexual, no puede tener favorable acogida.
El desestimiento voluntario ha sido definido como "la interrupción que el autor realiza por obra de su espontánea y propia voluntad del proceso dinámico del delito, evitando así su culminación o perfección, presentándose como una causa de exclusión de la tipicidad de la tentativa, cuya impunidad se ha pretendido justificar en la desaparición de la situación de peligro y en el cese de la intranquilidad social, así como en la pérdida de la intensidad en la voluntad delictiva, que no implica, como ya había declarado la jurisprudencia (STS. 30.1.91), y ahora expresan los números 2 y 3 del art. 16 la total y absoluta irresponsabilidad del culpable.
En cuanto a los actos anteriores por él realizados, si estos fuesen ya constitutivos de delito o falta.
Ahora bien, el desistimiento sólo excluye la pena cuando es voluntario y esta voluntariedad solo debe ser apreciada cuando no es producto de la imposibilidad de continuar con la acción delictiva cuya ejecución se ha comenzado. en este punto coincide tanto la doctrina como la jurisprudencia en forma unánime. La razón es clara. El fundamento de la exclusión de la pena en el desistimiento es el "voluntario retorno del autor al orden jurídico", es decir el reconocimiento de la norma. Cuando el abandono de la ejecución es consecuencia de las dificultades que encuentra el autor para la consumación, es evidente que no estamos en presencia de un desistimiento voluntario, sino de la imposibilidad de continuación de la acción delictiva. Estos casos, por lo tanto, están excluidos del ámbito de aplicación del art. 16.2 CP.
En este sentido esta Sala en auto 13.3.2003, ha establecido que "para la aplicación del precepto, es preciso que el desistimiento de la acción delictiva emprendida sea consecuencia de una decisión personal y plenamente voluntaria del agente. Por ello, la doctrina entiende que el desistimiento no es libre cuando el autor renuncia a su propósito a causa de la aparición de impedimentos con los que no contaba, y aunque, en principio, tales impedimentos pudieran calificarse de absolutos o de relativos, la jurisprudencia viene considerando que en ambos casos debe excluirse, en principio, la hipótesis del desistimiento voluntario (v. ss. de 7 de diciembre de 1977, 6 de octubre de 1988 y 8 de octubre de 1991, y 9 de marzo de 1999). En el supuesto que se analiza el relato fáctico recoge como Rodrigo "trató de introducir su pene en el ano de ésta, no llegando a penetrarla y cesando en ese propósito ante la resistencia de Lourdes al sentir dolor". Es evidente que el acusado dio comienzo a la ejecución del delito y si no se produjo el resultado apetecido, esto es, la penetración anal fue por causas independientes de la libre determinación del sujeto, cual fue la propia resistencia de la menor ante el dolor producido, lo que hace inaplicable aquel desistimiento.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, por vulneración de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por Rodrigo, contra sentencia de 31 de diciembre de 2003, dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Segunda, en causa seguida por delitos de agresión sexual y abusos sexuales, confirmando dicha resolución; con imposición de costas al recurrente.