Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-30-de-enero-24-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_ca6530fad29840c68f6e629f83e5f285&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 13:18:54
Document Index: 124783990

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 209', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 42', 'Artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-30 DE ENERO 24 DE 2017
SENTENCIA T-30 DE 24 DE ENERO DE 2017
CONTENIDO:PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR LA ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA TIENE LA NATURALEZA DE ACCIÓN AFIRMATIVA. SE TRATA DE UNA PRESUNCIÓN LEGAL, POR LO QUE SU APLICACIÓN NO IMPLICA PARA LA PARTE CONTRA QUIEN SE APLICA: I) LA IMPOSIBILIDAD DE APORTAR ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PERMITAN CONTROVERTIR LOS EFECTOS PROCESALESY, II) LA DECLARATORIA DE IURE DE RESPONSABILIDAD POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. SE HACE ÉNFASIS, QUE LA PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR LA ORIENTACIÓN SEXUAL NO IMPLICA UN TRÁNSITO HACIA LA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTI COMO ABSOLUTOS FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, PUES: I) SE TRATA DE UNA CARGA PROCESAL JUSTIFICADA Y PROPORCIONADA EN CABEZA DE QUIEN ES DESTINATARIO DE LOS EFECTOS DE LA PRESUNCIÓN, YA QUE PUEDE DESVIRTUARLA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PROCESALES DISPUESTOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA TAL FINII) SU USO ARBITRARIO PUEDE GENERAR ESCENARIOS DE DESLIGITIMACIÓN DE LAS MEDIDAS AFIRMATIVAS Y DE DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, PUES PRODUCIRÍA SUPUESTOS DE INDEFENSIÓN TOTAL DE QUIENES HACEN PARTE DE ESA COLECTIVIDAD, LO QUE AVALARÍA UN TRATAMIENTO ASISTENCIALISTA INJUSTIFICADO Y DESPROPORCIONADO POR PARTE DEL ESTADO, QUE EN ÚLTIMAS AFECTARÍA LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES POSITIVASY, III) LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD LGBTI, PUEDE PRESUMIRSE, PERO LA EFICACIA DE ESTA OPCIÓN PROCESAL DEPENDE DEL MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO EN EL PROCESO DE TUTELA. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL EMPLEO DE ESTA PRESUNCIÓN DEBE HACERSE CON FUNDAMENTO EN LAS ESPECIALES SITUACIONES DEL CASO CONCRETO, DE TAL MANERA QUE LE PERMITA AL JUEZ CONSTITUCIONAL MANTENER MÁRGENES DE RAZONABILIDAD AL MOMENTO DE PROFERIR UNA DECISIÓN DE FONDO EN UN CASO PARTICULAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DISCRIMINACIÓN SEXUAL, PRUEBA, ORIENTACIÓN SEXUAL, COMUNIDAD LGBT
Ref.: Exp. T-5.751.966
Acción de tutela promovida por B... D... G... P... y R... E... S... P..., mediante apoderado judicial contra la Sociedad Portales Urbanos S.A., el centro comercial Portal del Prado P.H. y la empresa Vigilancia del Caribe Ltda. —Videlca Ltda.—.
Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.
En el proceso de revisión de las providencias dictadas el cinco (5) de febrero de 2016, por el juzgado décimo civil municipal de Barranquilla; y, el dieciocho (18) de abril de 2016, por el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla, dentro del expediente de tutela 5.751.966, promovida por B... D... G... P... y R... E... S... P... contra la Sociedad Portales Urbanos S.A, el centro comercial Portal del Prado P.H. y la empresa vigilancia del Caribe Ltda. —Videlca Ltda.—.
1. Los actores sostienen una relación afectiva y a mediados de enero de 2016, se encontraban en las instalaciones del centro comercial Portal del Prado P.H., ubicado en la ciudad de Barranquilla. Durante su recorrido, se ubicaron en una banca dispuesta para los visitantes en el segundo piso, cerca al establecimiento Xxx 53(1).
2. Los accionantes, fueron abordados por el guarda de seguridad Armando Trespalacios, quien los increpó por besarse y tener manifestaciones de afecto, y les solicitó que abandonaran el lugar, so pena de requerir la presencia de un agente de policía para que atendiera la situación. Por tal razón, los jóvenes demandantes grabaron con sus teléfonos la supuesta agresión(2).
3. Los solicitantes expresaron que la discusión con el guarda de seguridad se presentó frente a los demás ciudadanos que se encontraban en el centro comercial, lo que afectó su reputación(3).
5. Los jóvenes manifestaron que no se acercan al centro comercial por temor a ser revictimizados, pues después de lo ocurrido, les advirtieron que no volvieran a la propiedad horizontal ya que serían nuevamente reprendidos(4).
6. Los ciudadanos aportaron un disco compacto que contiene un documento audiovisual, en el que se registran dos momentos de confrontación entre los demandantes y el personal adscrito a la empresa de seguridad accionada. En efecto, de una parte, la reconvención del guarda de seguridad por besarse en el centro comercial; y de otra, la solicitud de otro vigilante de que abandonen el lugar por encontrarse en proceso de cierre(5).
Actuación procesal y contestaciones de las entidades accionadas.
2. El centro comercial Portal del Prado P.H, radicó ante la Secretaría del despacho de primera instancia, el veintiocho (28) de enero de 2016(6), escrito mediante el cual manifestó que los hechos que sustentan la acción de tutela no son ciertos por las siguientes razones:
3. La empresa de seguridad Videlca Ltda., radicó ante la secretaría del despacho de primera instancia el veinticinco (25) de enero de 2016(7), escrito mediante el cual reiteró los argumentos expuestos por el centro comercial en la contestación expuesta previamente.
El juzgado décimo civil municipal de Barranquilla profirió sentencia el cinco (5) de febrero de 2016(8), en la que resolvió negar la acción de tutela promovida por los accionantes, con fundamento en que las pruebas allegadas al proceso no acreditan que el personal de vigilancia de la empresa Videlco Ltda., haya realizado las actuaciones que configuran las agresiones y las vulneraciones a los derechos fundamentales expuestas por los accionantes. En ese sentido, la exhortación realizada por los guardas de seguridad a los demandantes tuvo como fundamento el cierre del centro de comercial y no constituyó un acto de discriminación por la orientación sexual de los actores.
El juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla dictó sentencia el dieciocho (18) de abril de 2016(9), mediante la cual resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, tras considerar que los vigilantes del centro comercial solicitaron a los accionantes el abandono del lugar por la proximidad del cierre al público, conducta que no reviste un acto de discriminación por su orientación sexual diversa.
2. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante escrito del trece (13) de diciembre de 2016, radicado en la secretaría general de la Corte el catorce (14) de ese mismo mes y año(10), informó a esta Sala lo siguiente:
— Protocolo de operación servicios de vigilancia electrónica;
— Protocolo de operación servicios de vigilancia y seguridad privada para el sector residencial;
— Protocolo de operación servicios de vigilancia y seguridad privada para el sector financiero.
Estos documentos sirven de referencia para los sitios que no han sido regulados, por lo que son de obligatorio cumplimiento para los vigilantes. Conforme a lo expuesto, el protocolo para el sector residencial contiene las normas que deben observar los guardas en su puesto de trabajo y la obligación del trato digno, respetuoso y amable con los usuarios, por lo que se encuentra proscrita cualquier forma de discriminación por su condición, raza o sexo. De esta manera, precisó que el enfoque de la actuación se fundamenta en los derechos y no en la población(11).
— Constatación de que no se encuentre ningún usuario o cliente de la entidad;
— Verificar la salida de todo el personal que labora en la entidad;
— Realizar el cierre electrónico;
— Efectuar una inspección fuera de la sede;
— Verificar que se encuentre sin novedad;
— Hacer el respectivo reporte al supervisor;
— Diligenciar la minuta o cierre del puesto;
— Tener en cuenta las condiciones o políticas del Banco o establecimiento bancario en caso de que exista la misma.
iii) Esa entidad en desarrollo de su función de inspección, vigilancia y control, emitió las circulares externas números 20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015(12) y 20167000000235 del tres (3) de octubre de 2016(13), mediante las cuales fijó lineamientos sobre derechos humanos, respeto a la dignidad humana y la responsabilidad social, en especial la atención de situaciones relacionadas con las personas que tienen orientación sexual e identidad sexual diversa, en los sitios o espacios donde se presta el servicio.
Conforme a lo expuesto, la Supervigilancia expresó que los servicios de vigilancia y seguridad privada están obligados a diseñar, ajustar o implementar al interior de los mismos, los procedimientos que permitan llevar a cabo los lineamientos impartidos por esa entidad, especialmente los contenidos en la Circular externa 20157000000195, sin que requiera aprobación previa. Sin embargo, dicha actividad está sometida a su verificación y control.
Concluyó que la empresa Videlca Ltda., está en la obligación de cumplir con la circular expuesta previamente, mediante la adopción de los procedimientos necesarios para su cumplimiento, por lo que su inobservancia generaría la respectiva sanción(14).
3. El centro comercial Portal del Prado P.H. radicó ante la secretaría general de esta corporación el catorce (14) de diciembre de 2016(15), escrito mediante el cual informó:
— El centro comercial tiene el siguiente horario de funcionamiento:
El establecimiento de comercio Xxx atiende en el siguiente horario: lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.; y domingos y festivos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
— Los hechos que sustentan la acción de tutela ocurrieron el lunes dieciocho (18) de enero de 2016, entre las 8:17 p.m. y las 8:27 p.m., tal como consta en la filmación aportada con el escrito. En ese sentido, el horario de atención al público en esa fecha fue de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
— Esa copropiedad allegó material fílmico obtenido el dieciocho (18) de enero de 2016, entre las 8:17 p.m. y 8:27 p.m., en el área común ubicada en el segundo piso, escaleras que conducen a las oficinas de Xxxxxxx S.A., las cuales cierran a las 6:00 p.m.
En el documento audiovisual(16), según la accionada, no se aprecia que los actores hayan sido objeto de malos tratos, insultos, tratos degradantes o discriminatorios, por parte del personal de seguridad de la empresa Videlco Ltda. Por el contrario, lo que se observa en el video es la actuación de los guardas de seguridad que solicitan a los demandantes que abandonen el lugar debido al cierre de la copropiedad(17).
— La accionada manifestó que el protocolo para el cierre de la copropiedad es el siguiente:
— Indicó que el personal administrativo y de vigilancia de la copropiedad ha recibido capacitaciones en materia de enfoque diferencial en la garantía de los derechos fundamentales de la población LGBTI, para lo cual aportó copia de las certificaciones de los mencionados cursos.
Al verificar los documentos mencionados previamente, se observa que las capacitaciones fueron impartidos en aquella oportunidad por la Defensoría del Pueblo y la organización Caribe Afirmativo(18). Expresó además que, para el año 2017, tienen contemplado realizar más capacitaciones con la participación de la Defensoría del Pueblo(19).
4. La empresa de seguridad Videlca Ltda., radicó ante la secretaría general de la Corte el catorce (14) de diciembre de 2016(20), escrito mediante el cual manifestó:
— El centro comercial accionado es el encargado de fijar los horarios de apertura y cierre del establecimiento, por tal razón, es a ese demandado a quien le corresponde certificar los espacios de tiempo destinados por la copropiedad para la atención al público.
— Los hechos que fundamentan la tutela acaecieron el lunes dieciocho (18) de enero de 2016, antes de las 9 de la noche, cuando en esa parte del centro comercial no había locales abiertos al público. Así lo expresaron los trabajadores involucrados en las circunstancias descritas, durante la diligencia de descargos.
— La actuación de los guardas no implicó tratos degradantes o discriminatorios en contra de los accionantes. Por el contrario, la finalidad de los vigilantes fue la de precisar a los demandantes que en el sector en el que estaban ubicados no había locales que aun prestaran atención al público, por lo que debían desplazase a otro lugar del centro comercial que se encontrara abierto.
De igual manera, precisó que, de acuerdo con el documento audiovisual allegado por esa empresa en sede de revisión(21), no se aprecian personas que transiten por el lugar donde están ubicados los accionantes, ni locales, ni islas, que aun tengan atención a los clientes.
— El protocolo para el cierre o evacuación de las áreas comerciales que finalizan su atención al público es el siguiente(22):
— Los guardas de seguridad han recibido capacitaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, en materia de enfoque diferencial en la garantía de los derechos fundamentales de la población LGBTI.
5. El apoderado judicial de los accionantes, presentó ante la secretaría general de este tribunal, el catorce (14) de diciembre de 2016(23), escrito(24) mediante el cual indicó:
— Los demandantes sostienen una relación afectiva y estuvieron en el centro comercial el día “domingo (sic)”(25) dieciocho (18) de enero de 2016. Durante su estancia en las instalaciones de la copropiedad accionada, se ubicaron en una banca dispuesta para los visitantes, ubicada en el segundo piso, cerca del ascensor, apoyados al vidrio que da hacia el letrero del Xxx 53, las cuales actualmente fueron retiradas de ese lugar.
— El guarda A... T..., sobre las 8:05 p.m., se les acercó y les pidió que se retiraran del lugar pues no podían besarse o tener manifestaciones de afecto en ese espacio. Adicionalmente, los amedrentó con buscar un agente de policía.
— Los jóvenes peticionarios entendieron que dicho reclamo estaba motivado por su orientación sexual, razón por la cual grabaron al vigilante.
— Posteriormente, fueron abordados por el supervisor de la empresa de seguridad, quien les manifestó que su expulsión obedecía a la hora de cierre del centro comercial, no obstante que el establecimiento aún se encontraba abierto al público, pues la plaza de comidas y el cine cierran a las 21:00 y 23:00 horas, respectivamente.
— Los solicitantes reiteraron que su retiro del centro comercial se produjo por ser homosexuales y tener manifestaciones de afecto en público.
5. Según la Supervigilancia, la empresa Videlco Ltda., debe contar con los procedimientos que reflejen el acatamiento de la Circular 20157000000195, so pena de la respectiva sanción.
7. Sin embargo, el establecimiento Xxx tiene un horario de cierre diferente, que se extiende hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado, y hasta las 8:00 p.m. los domingos.
Carencia actual de objeto por daño consumado. Proyección de los efectos vulneratorios en el tiempo. Pronunciamiento de la Corte para el restablecimiento de los derechos fundamentales y la garantía de no repetición.
3. Este tribunal, en reiterados pronunciamientos, ha sostenido que el objeto de la acción de tutela es la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, durante el proceso de amparo pueden acreditarse o presentarse circunstancias que permitan inferir que las vulneraciones o amenazas invocadas cesaron porque: i) se materializó el daño alegado; ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o iii) se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo(26). Estas situaciones generan la extinción del objeto jurídico del amparo, por lo que cualquier orden de protección proferida por el juez caería en el vacío(27). Este fenómeno ha sido denominado “carencia actual de objeto”, el cual se presenta por la ocurrencia de hecho superado o de daño consumado(28).
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues el derecho ya no se encuentra en riesgo(29).
No obstante, esta corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, ya que le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita(30), pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991(31) y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados(32). Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición(33); y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva(34).
De otra parte, el daño consumado surge cuando se ocasionó el daño que se pretendía evitar con la orden de protección del juez de tutela, debido a que no se reparó oportunamente la vulneración del derecho(35).
En la Sentencia SU-540 de 2007(36), la Corte estableció que el daño consumado ha sido entendido como una circunstancia donde se afectan de manera definitiva los derechos de los ciudadanos antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la petición de amparo. A diferencia del hecho superado, la Corte reconoció en ese pronunciamiento, que en estos casos se impone la necesidad de pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de establecer correctivos y prever futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
De esta manera, si se configura un daño consumado, el juez constitucional no sólo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante, además de realizar las advertencias respectivas, para efectivizar la garantía de no repetición(37).
4. Adicionalmente, este tribunal ha considerado que es probable que la vulneración de un derecho fundamental se proyecte en el tiempo, con fundamento en el principio de retrospectividad, aun cuando el hecho se produjo con antelación. Por tal razón, la fecha del acto acusado no constituye el factor determinante para configurar la improcedencia de la acción de tutela, sino que el juez debe verificar si la violación del derecho es actual, es decir, persiste al momento de resolver la petición de amparo(38), por lo que la decisión judicial puede ser efectiva para restablecer la vigencia de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados(39).
En otras palabras, si del estudio de los hechos en el caso concreto se deriva una conducta que puede ser evitada o mitigada a través de la acción de tutela, el juez debe pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales, pues el hecho consumado no se agota en la definición o identificación de una situación ocurrida en el pasado(40), pues aquel se materializa cuando la decisión del juez no puede hacer cesar las vulneraciones o restablecer la vigencia de los contenidos ius fundamentales.
8. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; o iv) mediante agente oficioso.
9. En el caso objeto de estudio, está demostrado que los accionantes se encuentran legitimados en la causa por activa para formular, a través de apoderado judicial, la acción de tutela de la referencia, pues son mayores de edad(41) y procuran la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la prohibición de discriminación por razón de su orientación sexual diversa.
10. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso(42). Conforme a los artículos 86 de la Constitución, 1º y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares.
La procedencia de la acción de tutela contra particulares.
11. Los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado en la concepción del constitucionalismo contemporáneo, puesto que hacen parte de un “orden objetivo valorativo”(43) que irradia todo el ordenamiento jurídico incluidas las relaciones jurídico privadas, por lo que, aun en estos escenarios, a los particulares también se les exige garantizar la eficacia inmediata, en el mayor grado posible, de los postulados de la carta, debido al “efecto horizontal”(44) de las normas superiores.
A su turno, los mencionados contenidos del texto político, constituyen derechos subjetivos, los cuales guardan una estrecha interdependencia con su dimensión objetiva, de tal suerte que el desconocimiento de una norma constitucional en una relación inter privada, puede generar la lesión de un derecho fundamental(45).
12. Conforme a lo expuesto, esta corporación ha considerado que el amparo constitucional puede formularse de manera excepcional contra un particular, debido a que en sus relaciones jurídicas y sociales pueden presentarse asimetrías que generan el ejercicio de poder de unas personas sobre otras(46).
De esta manera, la Corte, mediante la interpretación de los artículos 86 superior y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, ha precisado las siguientes subreglas jurisprudenciales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra particulares: i) cuando está encargado de la prestación de un servicio público(47); o ii) su actuación afecta gravemente el interés colectivo(48); o iii) la persona que solicita el amparo constitucional se encuentra en un estado de subordinación o de indefensión(49).
En efecto, este tribunal ha expresado que los conceptos de subordinación y de indefensión son relacionales(50) y constituyen la fuente de la responsabilidad del particular contra quien se dirige la acción de tutela(51). En cada caso concreto deberá verificarse si la asimetría en la relación entre agentes privados se deriva de interacciones jurídicas, legales o contractuales (subordinación), o si por el contrario, la misma es consecuencia de una situación fáctica en la que una persona se encuentra en ausencia total o de insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales frente a otro particular (indefensión)(52).
La legitimación por pasiva de las personas jurídicas y su responsabilidad por el hecho de sus dependientes.
14. La irrupción del derecho constitucional en las relaciones privadas extiende sus efectos a las personas jurídicas, quienes en forma de asociaciones o empresas, tienen mayor capacidad para influir en la vida de los individuos y la potencialidad de generar situaciones de subordinación o de indefensión que afecten sus libertades y sus derechos fundamentales(53).
15. Este tribunal en la Sentencia T-909 de 2011(54), expresó que las personas jurídicas sufren las consecuencias de los actos o hechos de las personas naturales que puedan causar un daño, con fundamento en las relaciones contractuales o extracontractuales, bien sea de manera directa o indirecta, conforme a los artículos 2341(55) y 2347(56) del Código Civil.
En materia de protección de derechos fundamentales estas reglas son aplicables, bajo adicionales ingredientes normativos de cualificación, como son: i) el principio de legalidad y su observancia por los particulares (C.P., art. 6º); ii) el carácter inalienable de los derechos (C.P., art. 5º); iii) el deber de defensa de los derechos fundamentales y la observancia del principio de no abuso del derecho; y, iv) los amplios criterios de interpretación sobre la legitimación por pasiva en la acción de tutela(57).
16. En suma, la acción de tutela procede contra personas jurídicas por los hechos de sus subordinados. La Corte llegó a esa conclusión mediante un ejercicio hermenéutico de dialogo jurisprudencial, en el que se pudo determinar que aquellas son responsables directas por las afectaciones a los derechos fundamentales que puedan causar sus subalternos, auxiliares o dependientes, pues se entiende que son ejecutados por la persona jurídica misma(58).
i) Sociedad Portales Urbanos S.A.: la Corte considera que no le asiste legitimación por pasiva en la presente solicitud de amparo, puesto que conforme a lo expresado en su intervención en el presente trámite, entregó el centro comercial Portal del Prado P.H. a la copropiedad en la primera asamblea general ordinaria, por lo que aquella constituyó una persona jurídica independiente a la mencionada sociedad, conforme a los artículos 4º y 33 de la Ley 675 de 2001 y la certificación de existencia y representación legal expedida por la Alcaldía de Barranquilla, el trece (13) de diciembre de 2016, y que obra en el expediente(59). Por tal razón, no tuvo ninguna participación en los hechos que fundamentan la acción de tutela de la referencia.
— Los hechos en los que se basa la solicitud de amparo ocurrieron en los espacios abiertos al público al interior de la copropiedad, situación que, conforme a lo establecido en los numerales 4 y 9 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, configura una posición de control de la situación, y lo ubica como el beneficiario de la conducta desplegada por los guardas, pues mediante la misma buscó direccionar el comportamiento de los accionantes.
— Los demandantes se encontraban en un estado de indefensión, pues se hallaban en un espacio público dentro de un centro comercial, sobre el que la copropiedad ejerce el control de sus visitantes. Por tal razón, las reconvenciones realizadas por los guardas de seguridad, generaron en los actores la insuficiencia de medios físicos y jurídicos para resistir o repeler la presunta agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.
— El centro comercial debe responder por las acciones de los guardas de seguridad que prestan sus servicios en las instalaciones de la copropiedad, pues aquellos obraron en beneficio del accionado, con ocasión del servicio contratado por aquel y que presta la empresa de seguridad para la cual trabajan los vigilantes. Esta conducta constituye una delegación en un tercero, en este caso la empresa Videlca, de las labores de seguridad del centro comercial, por lo que asumió como propias las funciones desplegadas por otra persona que fue contratada para el beneficio de la copropiedad.
19. En consecuencia, el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela exige al juez la verificación de las siguientes reglas jurisprudenciales: procede el amparo como i) mecanismo definitivo, cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección o el dispuesto por la ley para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia(60); ii) Procede la tutela como mecanismo transitorio: ante la existencia de un medio judicial que no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario(61). Además, iii) Cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional —como los niños, mujeres cabeza de familia, personas de la tercera edad, población LGBTI para proteger su derecho a la no discriminación por su condición sexual, entre otros— el examen de procedencia de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos(62).
21. Esta corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad(63), su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo(64), bajo el entendido de que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
En estos casos, el análisis de procedibilidad excepcional de la petición de protección constitucional se torna más estricto y está condicionado a la verificación de los siguientes presupuestos(65): i) la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo(66), entre otros; ii) cuando la vulneración de los derechos fundamentales es continua y actual; iii) la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13 superior.
22. La Sala considera que en el presente asunto se encuentra acreditado este presupuesto, porque los hechos que sustentan la acción de tutela ocurrieron el dieciocho (18) de enero de 2016 y la solicitud de amparo fue presentada el veintiuno (21) de ese mismo mes y año(67), es decir, tres (3) días después, tiempo que la Corte estima prudente y oportuno.
Los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal.
26. Esta corporación ha considerado que los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal, constituyen las garantías superiores para la protección y efectividad de la autonomía de la voluntad para elegir una opción de vida(68).
27. El artículo 1º de la carta, consagra que la dignidad humana justifica la existencia del Estado y en razón a su naturaleza de valor Superior y principio fundante, exige el reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un trato acorde a su naturaleza humana.
De esta manera, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades(69) que el derecho a la dignidad humana debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, este tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
En la Sentencia SU-062 de 1999(70), la Corte recordó que el régimen constitucional colombiano está fundado en el respeto por la dignidad humana, es decir la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado.
28. En resumen, el derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones necesarias para una existencia materialmente apropiada y acorde con el proyecto de vida que cada ciudadano le imprime a su devenir. Igualmente, este principio constitucional privilegia la autonomía personal como requisito elemental de una sociedad democrática y pluralista, es decir, constituye la expresión de la capacidad de autodeterminación, de la potestad de exigir el reconocimiento de ciertas condiciones materiales de existencia, o la manifestación de la intangibilidad de la integridad física y moral(71), por lo que existe un mandato imperativo de las autoridades públicas y de los particulares, para que adopten las medidas necesarias de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos más preciados para el Estado(72).
29. De otra parte, el derecho al libre desarrollo de la personalidad constituye el principio liberal de la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. Se trata entonces de la protección constitucional de la capacidad de las personas para autodeterminarse, es decir, darse sus propias normas y desarrollar planes autónomos de vida, siempre que no se afecten los derechos de terceros o el orden jurídico(73).
Conforme a lo expuesto, este tribunal ha expresado que el mencionado derecho configura la defensa constitucional de la condición ética de la persona humana, que la hace instancia suprema e irreductible de sus propias decisiones, pues solo le incumben a ella y además, determinan su propio destino como sujeto de derechos autónomo, responsable y diferenciado(74).
En suma, es la persona quien define, sin injerencias externas, el sentido de su propia existencia y el significado que le atribuye a la vida(75), es a quien le corresponde decidir sobre lo bueno y lo malo(76), circunstancias que configuran la base del significado de la persona humana.
30. El artículo 15 de la carta, consagra el derecho a la intimidad personal, el cual ha sido entendido por la Corte como aquella esfera o espacio de la vida privada en el que no están permitidas las interferencias arbitrarias e injustificadas de las demás personas, lo que le permite a su titular actuar libremente en ese espacio de fuero personal, en ejercicio de su libertad individual y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico(77).
31. En últimas, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal, configuran los elementos básicos para que una persona pueda desenvolverse en sociedad(78), pues constituyen los baluartes que garantizan el ejercicio de la libertad y la autonomía individual, sin la intervención de terceros ajenos al fuero íntimo de cada ser humano, siempre que se respeten los derechos de los demás y el orden jurídico.
La igualdad en el ordenamiento constitucional y la prohibición de la discriminación.
32. La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía(79). De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos(80); y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.
De igual forma, esta corporación ha expresado que este postulado tiene un contenido que se concreta en el deber público de ejercer acciones concretas, destinadas a beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a través de prestaciones particulares o cambios en el diseño institucional (acciones afirmativas)(81).
33. En consecuencia, están prohibidas las distinciones que impliquen un trato distinto no justificado, con la capacidad de generar efectos adversos para los destinatarios de las normas o conductas que las generan, quienes no están obligados a soportar esos déficit de protección(82).
34. Ahora bien, la Corte ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis), consiste en determinar si el criterio de distinción utilizado por la autoridad pública o el particular fue usado con estricta observancia del principio de igualdad (C.P., art. 13)(83), a través de un juicio simple(84) compuesto por distintos niveles de intensidad (débil, intermedio o estricto) que permiten el escrutinio constitucional de la medida. En otras palabras, se trata de una escala de intensidades que permiten la verificación de la aplicación del principio de igualdad, en una determinada actuación pública o privada(85).
El test de igualdad es débil: cuando el examen de constitucionalidad tiene como finalidad establecer si el trato diferente que se enjuicia, creó una medida potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento(86). Como resultado de lo anterior, la intensidad leve del test requiere: i) que la medida persiga un objetivo legítimo; ii) el trato debe ser potencialmente adecuado; y iii) no debe estar prohibido por la Constitución.
Se requiere la aplicación de un test intermedio de igualdad cuando: i) la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental; o ii) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia(87). En estos eventos, el análisis del acto jurídico es más exigente que el estudio realizado en el nivel leve, puesto que requiere acreditar que: i) el fin no solo sea legítimo, sino que también sea constitucionalmente importante. Además: ii) debe demostrarse que el medio no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado con la norma u actuación objeto de control constitucional(88).
Por último, el test estricto de igualdad: surge cuando las clasificaciones efectuadas se fundan en criterios “potencialmente discriminatorios”, como son la raza o el origen familiar, entre otros (art. 13 C.P.), desconocen mandatos específicos de igualdad consagrados por la Carta (arts. 19, 42, 43 y 53 C.P.), restringen derechos a ciertos grupos de la población o afectan de manera desfavorable a minorías o grupos sociales que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (arts. 7º y 13 C.P.)(89).
En este escenario, el análisis del acto jurídico objeto de censura por desconocimiento del principio de igualdad debe abarcar los siguientes elementos: i) la medida utilizada debe perseguir ya no solo un objetivo no prohibido, sino que debe buscar la realización de un fin constitucionalmente imperioso; y ii) el medio utilizado debe ser necesario, es decir no basta con que sea potencialmente adecuado, sino que debe ser idóneo(90).
La robustez del control que realiza la Corte al utilizar el test estricto es de aplicación excepcional, pues se limita a aquellas situaciones que están relacionadas con materias como son: i) las prohibiciones no taxativas contenidas en inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; ii) medidas normativas sobre personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares o discretas; iii) medidas diferenciales entre personas o grupos que prima facie, afectan gravemente el goce de un derecho fundamental; o iv) cuando se examina una medida que crea un privilegio para un grupo social y excluye a otros(91) en términos del ejercicio de derechos fundamentales.
La prohibición de discriminación por razón de la orientación sexual diversa.
36. Este tribunal ha entendido que la discriminación constituye un acto arbitrario o conducta dirigida a perjudicar o a anular, a dominar o a ignorar a una persona o colectivo, con fundamento en estereotipos o prejuicios sociales o individuales(92), ajenos a la voluntad del afectado, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes, que lo hacen acreedor de un perjuicio o beneficio como la serían, la opinión política o filosófica(93).
De igual manera, la discriminación implica un trato desigual e injustificado, que generalmente se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales y sociales, que afectan los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, y generan además, una carga que no es exigible jurídica ni moralmente a la persona(94).
37. La Corte en la Sentencia T-909 de 2011(95), consagró las subreglas jurisprudenciales que deben verificarse cuando se analiza la posible ocurrencia de una discriminación con efectos negativos o que desmejoran las posiciones jurídicas ius fundamentales de los individuos implicados. Las medidas objeto de estudio deben:
38. La forma de establecer el carácter sospechoso de una actuación dentro del contexto de la discriminación, atiende a los siguientes presupuestos: i) se refiere a las categorías prohibidas contenidas en el numeral 1º del artículo 13 de la Constitución; ii) se fundan en rasgos permanentes de las personas, los cuales son irrenunciables, pues afectan directamente la identidad personal; iii) se dirige contra personas que han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que generan posiciones jurídicas inferiores y configuran condiciones de debilidad manifiesta por integrar grupos marginados o sujetos que gozan de especial protección constitucional; iv) desconocen prima facie un derecho fundamental; y, v) incorporan, sin causa aparente, un privilegio exclusivo para un sector de la población, con el correlativo desmedro en el ejercicio de los derechos de las personas y grupos que fueron excluidos(96).
39. De otra parte, la discriminación puede revestir diversas formas. En efecto, es directa cuando se establece frente a un sujeto determinado un tratamiento diferenciado, injustificado y desfavorable, basado en criterios como la raza, el sexo, la religión, opiniones personales, entre otras(97).
La discriminación es indirecta cuando de tratamientos formalmente no discriminatorios, se derivan consecuencias fácticas desiguales para algunas personas, lo que produce lesiones y vulneraciones de sus derechos fundamentales o limitan el goce de los mismos. En ese sentido, las medidas neutrales en principio, no implican factores diferenciadores entre las personas, pero producen desigualdades de trato entre unas y otras(98).
41. Ahora bien, frente al tema específico de la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género o la orientación sexual, la Corte ha sido prolija en proscribir cualquier tipo de conductas que incurran en una desigualdad de este tipo, pues no existe título jurídico que permita discriminar por la orientación sexual diversa(99). Por ejemplo, en la Sentencia T-435 de 2002(100), esta corporación advirtió que la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana, por lo que hace parte de su entorno más íntimo, que impide la intervención del Estado o de terceras personas sin la autorización de su titular.
Esta línea jurisprudencial se ha mantenido vigente. En la Sentencia T-565 de 2013(101), este tribunal concluyó que las decisiones que toman los ciudadanos con respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual, hacen parte del núcleo esencial de su dignidad, libertad y autonomía. Resulta contrario a los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad cualquier conducta de un tercero encaminada a privilegiar una determinada opción de vida o a formular reproches o a imponer sanciones a quien no siga una conducta mayoritaria de identidad de género u orientación sexual.
En la Sentencia T-804 de 2014(102), la Corte reconoció de manera expresa que el núcleo esencial de la dignidad humana supone que la persona sea tratada de acuerdo a su naturaleza humana, y el Estado y los particulares deben preservar la libertad, la autonomía y la integridad física y moral de estos ciudadanos.
Este tribunal, en la Sentencia T-909 de 2011(103), analizó el caso de una pareja homosexual que fue reprendida por personal de vigilancia de un centro comercial, ubicado en la ciudad de Cali, por realizar manifestaciones de afecto al interior de las instalaciones de la copropiedad. En aquella oportunidad, la Corte consideró que se violaron ámbitos protegidos de la persona en sus múltiples expresiones como la libertad, la dignidad y la intimidad. De igual manera, se verificó el incumplimiento de la prohibición de discriminación por orientación sexual diversa, pues las actuaciones de los guardas de seguridad configuraron un acto de discriminación contra los accionantes, quienes fueron reprochados públicamente por haberse besado en las áreas de la copropiedad.
De igual manera, en la Sentencia T-291 de 2016(104), se estudió el caso de una pareja homosexual que se encontraba en las instalaciones del mismo centro comercial que ahora también es accionado en el presente asunto, los cuales fueron abordados y reconvenidos públicamente por guardas de seguridad de la empresa aquí demandada, por cometer supuestamente actos obscenos en las instalaciones del centro comercial. En ese momento, esta corporación estableció que se desconocieron los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la prohibición de discriminación del accionante, debido al trato desigual que recibió por su orientación sexual diversa, por parte del personal de la empresa de seguridad quienes lo retuvieron, expusieron al público y expulsaron de la copropiedad.
42. De otra parte, la Corte ha considerado que quienes tienen una orientación sexual diversa hacen parte de un grupo tradicionalmente discriminado, por lo que ha construido una serie de instrumentos de protección constitucional de aplicación obligatoria a los procesos en los que se ventilen actos de trato desigual en contra de esa colectividad. En ese sentido, ante una medida o comportamiento que suponga una afectación de sus derechos, opera, por regla general, una presunción de discriminación, que tiene como fundamento los criterios sospechosos que sustentan los actos diferenciables perjudiciales. Quien sea acusado de incurrir en estas conductas tiene la carga procesal y probatoria de desvirtuarlo(105), pues en la mayoría de casos, los eventos de discriminación por razón de la orientación sexual resultan difíciles de acreditar(106).
Conforme a lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha aplicado el concepto de carga dinámica de la prueba, instrumento procesal que traslada la obligación de probar la ausencia de discriminación a quien pretende realizar un trato diferenciado y no a quien alega la vulneración del derecho a la igualdad(107), pues el primero se encuentra en una posición de superioridad, lo que privilegia su capacidad para aportar los medios probatorios necesarios para asumir su defensa judicial.
Las limitaciones a los derechos fundamentales como condiciones básicas para la convivencia.
43. La vida en sociedad y la protección de los postulados superiores exige una serie de limitaciones básicas que garanticen su ejercicio. De esta manera, las restricciones de los derechos fundamentales más cercanas a las personas naturales son las contravenciones establecidas por el poder de policía (autoridad encargada de establecer los comportamientos típicos contravencionales) y cuyo ejercicio corresponde a la función y actividad de policía (autoridades encargadas del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el poder de policía), que buscan regular el comportamiento ciudadano, con la finalidad de mantener el orden público, a través de la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad, aspectos necesarios para el normal desarrollo de la vida en sociedad(108).
El establecimiento de estas limitaciones debe hacerse con plena observancia de los principios de legalidad y tipicidad de la conducta, el debido proceso en la definición de responsabilidades y la proporcionalidad en la medida de corrección(109).
44. En atención a lo expuesto, el Código Nacional de Policía vigente(110), constituye un cuerpo jurídico que contiene una serie de normas dirigidas a mantener el orden público, mediante la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad pública, con la finalidad de proteger a los habitantes en su libertad y los derechos que de la misma se derivan(111).
El artículo 209 de la norma en cita, contiene las contravenciones que generan la expulsión de sitio público o abierto al público, entre las cuales se encuentran, de manera genérica, aquellas conductas que perturben la tranquilidad(112).
Por su parte, el Decreto 522 de 1971, que adicionó el Decreto Ley 1355 de 1970, incluyó como contravención de policía, a quien en sitio público o abierto al público, ejecute un hecho obsceno(113).
45. Ahora bien, el Acuerdo 010 de 2009(114), manual de convivencia del distrito de Barranquilla, establece en el numeral 2º del artículo 36, que los ciudadanos deberán abstenerse de realizar actos que perturben la moral pública en las vías y espacios públicos. La misma norma define la moral como la adopción de comportamientos, que en la esfera de lo público y la de lo privado, conduzcan a una convivencia armónica y respetuosa de los derechos humanos(115).
46. Recientemente, fue expedida la Ley 1801 de 2016(116), que consagra el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia. Dicha norma contiene una serie de disposiciones jurídicas de carácter preventivo, que buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional, mediante el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, allí establecidos, por parte de las personas naturales y jurídicas. A su turno, también tiene como finalidad determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, bajo estricta observancia de la Constitución y la ley(117).
El artículo 33 de la mencionada norma, establece aquellos comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas, especialmente en el espacio público o lugares abiertos al público, entre las que se encuentra realizar actos sexuales o exhibicionismo que generen molestia a la comunidad(118).
Sin embargo, la tranquilidad en espacios públicos también se afecta por la limitación y obstrucción de las manifestaciones de afecto o de cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo con base en la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar(119).
Las empresas de seguridad privada, los regímenes copropiedad horizontal y su posición frente a las restricciones a los derechos fundamentales.
El servicio de vigilancia privada.
48. En la actualidad, la demanda de servicios de seguridad privada civil es cada vez más grande en la mayor parte de los Estados, su uso se focaliza en los lugares públicos de esparcimiento y centros comerciales, las zonas residenciales, en los espacios de trabajo y la infraestructura esencial, entre otros. Para la UNODC(120) las razones que explican esta tendencia son: i) el aumento de la delincuencia y el temor que ella inspira; ii) la falta de capacidad de la policía para prestar ciertos servicios exigidos por los civiles; iii) la multiplicación de los bienes de propiedad privada de grandes dimensiones, como los centros comerciales, los estadios deportivos, etc.; y, iv) el riesgo, cada vez mayor, de atentados terroristas(121).
Los servicios de seguridad privada civil tienen como objetivo general proteger u ofrecer seguridad a las personas, bienes, locales, emplazamientos, actos públicos, de los riesgos relacionados principalmente con actividades delictivas(122).
De esta manera, las compañías de seguridad privada son todas aquellas cuya actividad empresarial está relacionada con la prestación de servicios de seguridad, ya sean en nombre propio o de terceros(123).
50. La Corte en la Sentencia C-760 de 2002(124), expresó que la seguridad es un fin del Estado y puede ser prestado por aquel, de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por los particulares. Sin embargo, aquel se reserva la competencia para regular, inspeccionar, controlar y vigilar su prestación.
En la Sentencia C-199 de 2001(125), esta corporación precisó que la prestación de este servicio por parte de particulares, en modo alguno constituye la abdicación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, ni una forma de sustituir a la fuerza pública en su obligación de mantener el orden público interno y proteger los derechos de los ciudadanos, pues estas competencias son indelegables. Lo que se pretende es que las instituciones privadas colaboren en la acción preventiva y disuasiva de posibles conductas delictivas que puedan afectar los derechos individuales. En todo caso, dicha actividad deberá observar los parámetros y restricciones establecidos en la carta y la ley y estará bajo el control de las entidades públicas especializadas y competentes para tales efectos.
Este tribunal en la Sentencia T-909 de 2011(126), recordó que la actividad desempeñada por las empresas de vigilancia se reduce a una función de prevención de actos que atenten contra la vida, la integridad personal, los bienes dispuestos para su protección y en su caso, el delito. De esta manera, en desarrollo de tales atribuciones no pueden restringir los ámbitos de libertad reconocidos a los particulares, los cuales por demás, están limitados por los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
52. Los servicios de seguridad privada, conforme al artículo 3º del Decreto 356 de 1994(127), están regulados y vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De igual manera, el artículo 4º del Decreto 2355 de 2006(128), establece que corresponde a esa entidad la expedición de las respectivas licencias de funcionamiento, credenciales y permisos, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio de vigilancia y seguridad privada.
“(…) garantizar el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad y la no discriminación, teniendo en cuenta los postulados previstos en la Constitución Nacional (sic), la Ley 1482 de 2011 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia (…) los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (LGBTI), en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar procedimientos internos en tal sentido, o en su defecto aquellos que se requieran para sancionar actos de discriminación directa o indirecta, que puedan cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia”.
De la misma forma, recientemente profirió la Circular Externa 20167000000235 del tres (3) de octubre de 2016, en la que, con base en su pertenencia al Pacto Global de las Naciones Unidas, estableció parámetros regulatorios sobre la protección de los derechos humanos y otras materias en el servicio de vigilancia, fundadas en las recomendaciones contenidas en el Código Internacional de Conducta para Servicios de Seguridad Privada.
Los regímenes de propiedad horizontal.
Por su parte, la Corte ha considerado que los reglamentos de propiedad horizontal pueden regular con cierta autonomía los derechos e intereses de la copropiedad, sin embargo, no pueden negar los derechos de los terceros que, en relación con centros comerciales, transitan o visitan sus instalaciones para desarrollar alguna actividad diferente al de la copropiedad. En efecto, se trata de superficies que asumen responsabilidades por la oferta diversificada de comercio, entretenimiento, alimentos, entre otros, la cual está dirigida a los visitantes y los clientes, y que se materializa en la habilitación de entornos comunes para el ejercicio de derechos de toda índole, inclusive los fundamentales(129).
La reconvención de los guardas de seguridad de la empresa accionada a una pareja con orientación sexual diversa por manifestaciones públicas de afecto realizadas dentro de las instalaciones de la copropiedad demandada.
En efecto, en varios momentos del video el vigilante, al percatarse que la pareja de jóvenes se besaban, les expresó: “o sea esto es un centro comercial, colabórame, retírate por favor (…)”(130); “estas ahí con tu pareja, están ahí sentados, mira como están ahí (…)”(131); “(…) esto es un centro comercial, aquí no se puede permitir eso, eso lo puedes hacer en otra parte.”(132)
59. Ahora bien, está probado en el expediente que los accionantes expresaron su orientación sexual diversa, condición que los ubica en un grupo de especial protección, debido a la discriminación histórica y sistemática que ha sufrido esa colectividad, por los miedos y los prejuicios sociales y morales que carecen de fundamentos razonables(133), por lo que el presente asunto reviste una especial trascendencia constitucional.
— Está acreditado que los demandantes tienen una orientación sexual diversa;
— Los hechos que sustentan las vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, prima facie, se adecúan al criterio sospechoso de trato desigual, por la condición sexual de los actores;
— Las empresas demandadas no lograron desvirtuar probatoriamente la discriminación alegada por los actores.
La solicitud de los guardas de seguridad a los accionantes de retirarse del centro comercial por encontrarse en proceso de cierre.
v) Los demandantes aceptaron las razones expuestas por el guarda en relación con la necesidad de retirarse del lugar en el que estaban ubicados, pues se encontraba en proceso de cierre, y además, no manifestaron haber sido objeto de alguna forma de discriminación por razón de su orientación sexual durante este procedimiento(134).
De igual manera, la Sala considera que como medida preventiva para evitar la repetición de los actos de discriminación descritos previamente, ordenará compulsar copias de todo lo actuado a la mencionada entidad, en atención a las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y con base en la Circular Externa 20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015, para que dentro de sus competencias, si fuera procedente, adelante las investigaciones correspondientes contra la empresa de seguridad privada accionada, por los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo de la referencia.
a. La dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal, configuran los elementos básicos para que una persona pueda desenvolverse en sociedad(135), pues constituyen los baluartes que garantizan el ejercicio de la libertad y la autonomía individual, sin la intervención de terceros ajenos al fuero íntimo de cada sujeto de derechos.
1. REVOCAR la sentencia del dieciocho (18) de abril de 2016, proferida en segunda instancia por el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla, que negó la acción de tutela promovida por los accionantes. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal, a la igualdad y la prohibición de discriminación por la orientación sexual diversa de B... D... G... P... y R... E... S... P...
2. ORDENAR a los representantes legales del centro comercial Portal del Prado P.H. y de la empresa de seguridad Videlca Ltda. que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, presenten excusa escrita y privada a B... D... G... P... y R... E... S... P..., por los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia y las vulneraciones a sus derechos fundamentales invocados en la misma.
3. COMPULSAR copias a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, y si fuera procedente, adelante las investigaciones correspondientes en contra de la empresa de seguridad Videlca Ltda., por los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo de la referencia.
Magistrado (E): Aquiles Arrieta Gomez.
Magistrado: Jorge Iván Palacio Palacio.
(1) Folio 1 cuaderno principal.
(2) Folio 2 cuaderno principal.
(5) Folio 16 cuaderno principal.
(6) Folios 25-27 cuaderno principal.
(7) Folios 29-31 cuaderno principal.
(8) Folios 49-51 cuaderno principal.
(9) Folios 9-10 cuaderno de impugnación.
(10) Folios 29-35 cuaderno de revisión.
(11) Folio 30 cuaderno de revisión.
(12) Folio 32 cuaderno de revisión.
(13) Folio 33-35 cuaderno de revisión.
(14) Folio 31 cuaderno de revisión.
(15) Folios 42-51 cuaderno de revisión.
(16) Esta Sala, al verificar el material probatorio enunciado, pudo constatar que el video aportado por la accionada guarda plena identidad de contenido con el documento audiovisual allegado por los demandantes como prueba adjunta a la solicitud de amparo de la referencia.
(17) Folio 43 cuaderno de revisión.
(18) Folios 46-47 cuaderno de revisión.
(19) Folio 44 cuaderno de revisión.
(20) Folios 52-54 cuaderno de revisión.
(21) Al revisarse el contenido del mismo, se concluye que guarda identidad con el video aportado por los accionantes en la acción de tutela de la referencia.
(22) Folio 53 del cuaderno de revisión.
(23) Folio 61 cuaderno de revisión.
(24) El escrito fue presentado en membretes de la organización Caribe Afirmativo.
(25) Folio 61 del cuaderno de revisión.
(26) Sentencia T-308 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(27) Sentencia T-533 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(28) Sentencia T-703 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(29) Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(30) Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(31) “ART. 24.—Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
(32) Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(33) Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada.
(34) Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(36) M.P. Humberto Sierra Porto. Reiterada en la Sentencia T-478 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
(37) Ver entre otras, las Sentencias T-842 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-520 de 2012 M.P. María Victoria Calle.
(38) Sentencia T-163 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(39) Sentencia SU-667 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(40) Sentencia T-131 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En la Sentencia T-314 de 2011 con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, esta Corte manifestó: “en síntesis, es indispensable reiterar que frente a una solicitud de amparo el juez de tutela debe establecer cuáles son los derechos fundamentales de los cuales se alega la vulneración para luego definir si los efectos del hecho dañoso persisten, si son susceptibles de ser interrumpidos o, mejor, si existe alguna posibilidad fáctica de restablecer los derechos fundamentales quebrantados”.
(41) Conforme a los poderes otorgados y que obran a folios 14 y 15 del cuaderno principal.
(42) Ver Sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
(43) Este fue el concepto utilizado por el Tribunal Constitucional alemán en el famoso fallo Lüth, el cual se encuentra citado en la Sentencia T-632 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(44) R. Alexy. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pág. 510-511.
(45) R. Alexy. Ob. Cit. pág. 517.
(46) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(47) Numerales 1, 2 y 3 del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Al respecto ver sentencias T-632 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-655 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-419 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
(48) La Corte ha considerado que se trata de un interés que abarca un número plural de personas que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular. Al respecto ver las Sentencias T-025 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía, T-028 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-357 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
(49) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(50) Sentencias T-290 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-632 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
(51) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(52) Sentencia T-122 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(53) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(55) El articulo prescribe: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.
(56) El mencionado artículo establece: “toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.
(57) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(59) Folio 45 cuaderno de revisión.
(60) Sentencias T-800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-436 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T-108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
(61) Sentencias T-800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-859 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas.
(62) Sentencias T-328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(63) Sentencia T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
(64) Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
(65) Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(66) Sentencias T-1009 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
(67) Folio 18 cuaderno principal.
(68) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(69) Sentencia T-881 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
(70) Sentencia SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(71) Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lyneth.
(72) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(73) Sentencias T-097 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-C-481 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-268 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez entre otras.
(74) Sentencia T-067 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(75) Ibídem.
(76) Sentencia C-221 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(77) Sentencia T-517 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, ver además sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(78) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(81) Sentencia T-478 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
(83) Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
(84) La Corte ha establecido la existencia de un test integrado de igualdad, en el que concurren elementos del juicio de proporcionalidad y de igualdad simple. Al respecto ver sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros pronunciamientos.
(85) Sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(87) Sentencia C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(89) Sentencia C-445 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(90) Sentencia C-093 de 2011 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(91) Sentencia C-673 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(92) Sentencias T-1098 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1090 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-140 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(93) Sentencia T-1090 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(95) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(96) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(97) Sentencias C-112 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-140 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, reiteradas en la sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(98) Sentencia T-140 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
(99) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(100) Sentencia T-435 de 2002. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
(101) Sentencia T-565 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
(102) Sentencia T-804 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
(103) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(104) M.P. Alberto Rojas Ríos.
(105) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(106) Sentencia T-098 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(107) Sentencias T-741 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-291 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos.
(108) Sentencia SU-476 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(109) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(110) D.L. 1355/1970. Fue derogado por la Ley 1801 de 2016, que entrará en vigencia el veintinueve (29) de enero de 2017.
(111) D.L. 1355/1970, arts. 1º y 2º.
(112) D.L. 1355/1970, inc. 3º.
(113) D. 522/1971, art. 44.
(114) Manual de Convivencia del Distrito de Barranquilla.
(115) Artículo 36 del Manual de Convivencia del Distrito de Barranquilla.
(116) Entrará en vigencia el veintinueve (29) de enero de 2017.
(117) L. 1801/2016, art. 1º.
(118) L. 1801/2016, art. 33, num. 2º, lit. b.
(119) L. 1801/2016, art. 33, num. 2º, lit. e.
(120) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
(121) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y a la seguridad de la comunidad, Nueva York, 2014, págs. 1-2.
(122) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Servicios de Seguridad privada civil: su papel, supervisión y contribución a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. Viena, 2011, pág. 4.
(123) Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, Confederación Suiza, 2010, capítulo de definiciones.
(124) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(125) M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(126) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(127) El artículo establece: “permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender la licencia o credencial expedida”.
(128) ART. 4º—Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para el cumplimiento de los objetivos previstos la superintendencia, como ente responsable de dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el territorio nacional, cumplirá con las siguientes funciones:
(129) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(130) Minutos 0:10 de la grabación aportada por la empresa Videlca que obra a folio 60 del cuaderno de revisión.
(131) Minutos 0:20 de la grabación aportada por la empresa Videlca que obra a folio 60 del cuaderno de revisión.
(132) Minutos 01:11 al 01:20 del video aportado por la empresa Videlca que obra a folio 60 del cuaderno de revisión.
(133) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(134) Minuto 2:52, 3:42; 4:02 del documento audiovisual que obra a folio 51 del cuaderno de revisión.
(135) Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.