Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/concepto-2336-de-diciembre-12-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_42fe3342ddec4f87be71e1c30f5115ba&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-08 15:12:14
Document Index: 21206400

Matched Legal Cases: ['artículo 247', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 193', 'Artículo 193', 'Artículo 216', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 220', 'Artículo 220', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 13', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'Artículo 172', 'Artículo 174']

﻿ CONCEPTO 2336 DE DICIEMBRE 12 DE 2017
CONCEPTO 2336 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:COMPETENCIA PARA EL SEGUIMIENTO DE SANCIONES A LOS JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN. SE ESTABLECE QUE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE SE IMPONGAN A LOS JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN, DEBEN SER COMUNICADAS POR LA SALA DE PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA, SEGÚN EL CASO A LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAREGISTRADAS POR EL ENTE DE CONTROL Y III) EJECUTADAS POR LA PROCURADURÍA EN RAZÓN DE QUE TALES JUECES SON PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA. LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA TIENE UNA FUNCIÓN INDEPENDIENTE A LA DE LA PROCURADURÍA, EN PROCURA DE CONTAR CON INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA SOBRE LA GESTIÓN JUDICIAL Y EL TALENTO HUMANO A ELLA VINCULADO, ASÍ SE TRATE DE PARTICULARES. EN CONSECUENCIA, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS CORRESPONDE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES LE CORRESPONDE, VERIFICAR LO PERTINENTE PARA LLEVAR SU REGISTRO, Y A LA SALA ADMINISTRATIVA, POR SU PARTE EFECTUAR LAS CONSTATACIONES DE RIGOR PARA QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL SEA PRECISO Y OPORTUNO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JUEZ DE PAZ, SANCIONES AL JUEZ, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL JUEZ
Concepto 2336 de diciembre 12 de 2017
Radicación interna: 2336
Número Único: 11001-03-06-000-2017-00059-00
Referencia: Competencia para hacer seguimiento y control de las sanciones impuestas a los jueces de paz.
Dice el Ministro de Justicia y del Derecho que existen situaciones en que por incurrir en violaciones al régimen de prohibiciones, se han dictado sentencias en materia disciplinaria contra jueces de paz de la ciudad de Bogotá D. C., a quienes se les han impuesto tres (3) meses de suspensión.
“A qué entidad le corresponde ejercer la facultad concerniente al seguimiento y control de las sanciones disciplinarias impuestas a los Jueces de Paz y Reconsideración por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura?”
A. Los jueces de paz y reconsideración.
Dice el artículo 247 de la Constitución Política que “[l]a ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.
“(...) la introducción de esta figura al ordenamiento –junto con la de otras formas alternativas de resolución de conflictos– obedeció no sólo al imperativo de descongestionar la Rama Judicial para atender con más eficacia las necesidades ciudadanas de Administración de Justicia, sino también a un replanteamiento fundamental de la relación existente entre el Estado –en particular, aunque no exclusivamente, la Administración de Justicia– y la sociedad: tanto desde la perspectiva genérica de la consagración del Estado social de derecho en tanto fórmula política fundamental, como desde el punto de vista específico de la introducción de una serie de mecanismos alternativos a la justicia formal para la resolución de los conflictos sociales, fue deseo del constituyente consolidar un modelo nuevo de interacción entre la ciudadanía y el poder público, que –entre otras– fomentara un acercamiento progresivo de los mecanismos formales de promoción de la convivencia a las realidades sociales en las que habrían de operar”.
Dicha Sección concluye que “los jueces de paz fueron previstos como un medio para que el ciudadano participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal (...)”(1).
La Ley 497 de 1999 “[p]or la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento” prevé en su artículo 1º que a “iniciativa del alcalde o del personero o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para la elección de juez de paz y de reconsideración”.
“Articulo 34. Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.
B. Los jueces de paz como sujetos disciplinables.
En diferentes fallos la jurisdicción disciplinaria(2) ha sostenido que su competencia para adelantar actuaciones disciplinarias contra jueces de paz y reconsideración se encuentra prevista en el artículo 34 de la Ley 497 de 1997 antes transcrito, y en la cláusula general de competencia de la jurisdicción disciplinaria de que trata el artículo 193 de la Ley 734 de 2002, que dice:
“Artículo 193. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial”.
“Artículo 216. Competencia. Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz”.
En este punto se encuentra que la jurisprudencia constitucional ha considerado que los jueces de paz al momento de dirimir con autoridad los conflictos de su competencia son realmente agentes del Estado que están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley y, por tanto también son susceptibles de cometer conductas reprochables(3).
C. El seguimiento y control de las sanciones disciplinarias impuestas a los jueces de paz y reconsideración no corresponde a la Secretaría de Gobierno de Bogotá o a las autoridades municipales.
Pues bien, el artículo 11 de la Ley 497 de 1999 “[p]or la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento” reza:
“Artículo 11. Elección. Por iniciativa del Alcalde o del Personero o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para la elección de juez de paz y de reconsideración.
PARÁGRAFO. Las fechas previstas para, la elección de los jueces de paz y de reconsideración solamente podrán coincidir con la elección de juntas de acción comunal o consejos comunales.
La primera elección de jueces de paz se realizará después del primer año de sancionada esta ley”.
El artículo 220 de la Ley 734 de 2002 “[p]or la cual se expide el Código Disciplinario Único” a la letra dispone:
“Artículo 220. Comunicaciones. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y al nominador del funcionario sancionado”.
El artículo 15 del Decreto Distrital 466 de 2014 “[p]or el cual se reglamenta la elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital” establece:
“Artículo 15. Posesión. Asignase a la Secretaría Distrital de Gobierno la función de toma de posesión del cargo de los Jueces de paz y de Reconsideración, en cumplimiento al artículo 12 de la Ley 497 de 1999.
Para dar cumplimiento a lo señalado en el parágrafo del artículo 13 de la Ley 497 de 1999, la Secretaría Distrital de Gobierno remitirá al Concejo de Bogotá, el listado de los Jueces de Paz y de Reconsideración que tomaron posesión del cargo”.
En opinión de la Sala, a diferencia del parecer de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, ninguna de las normas transcritas permiten aseverar que es a la Secretaría de Gobierno de Bogotá o a las autoridades municipales a quienes les compete efectuar el seguimiento y control de las sanciones a los jueces de paz, pues tal normativa se ocupa exclusivamente de regular el papel de las autoridades locales en el proceso de postulación, elección y posesión de los jueces. También se refiere a la comunicación de las sanciones a la Procuraduría, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al nominador del funcionario sancionado.
D. Competencia para efectuar el seguimiento y control de las sanciones disciplinarias impuestas a los jueces de paz y reconsideración.
Por tal razón es menester remitirse al título XII de la Ley 734 que se ocupa “del régimen de los funcionarios de la Rama Judicial”.
Así las cosas, el “capítulo duodécimo” sobre “ejecución y registro de las sanciones” prevé:
“Artículo 220. Comunicaciones. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y al nominador del funcionario sancionado.
Artículo 221. Ejecución de las sanciones. Las sanciones a los funcionarios judiciales se ejecutarán en la forma prevista en este código. Las multas serán impuestas a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Igual destino tendrán las sanciones impuestas por quejas temerarias a que refiere esta normatividad”.
“Artículo 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:
“Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, exservidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro”.
Lo anterior se traduce en que, si bien es cierto corresponde a la Procuraduría ejecutar las sentencias disciplinarias contra los jueces de paz, también le compete a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como “encargada de los aspectos administrativos de la justicia”(4) efectuar el seguimiento y control de las mencionadas decisiones, a fin de contar con información completa y oportuna sobre la gestión judicial y el talento humano a ella vinculado, así se trate de particulares, pues están investidos por la Constitución y la ley de funciones jurisdiccionales en equidad.
Magistrados: Édgar González López, Presidente de la Sala—Óscar Darío Amaya Navas—Germán Alberto Bula Escobar—Álvaro Namén Vargas.
1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 17 de agosto de 2017. Expediente 2007-0159.
2 Ver: Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia del 11 de febrero de 2009. Rad. 20080014 y sentencia del 24 de mayo de 2017. Rad. 201300333.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
4 Sobre el sistema de información de la Rama Judicial ver: Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008.