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Timestamp: 2018-12-16 12:57:53
Document Index: 170634986

Matched Legal Cases: ['Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66']

Artículo 47. Instrumentos de ordenación del territorio.
Las Normas Urbanísticas Comarcales.
Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal.
Artículo 48. Ejecutividad y desarrollo de los instrumentos de ordenación del territorio.
1. Los instrumentos de ordenación del territorio previstos en esta Ley Foral serán ejecutivos desde la fecha de publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra .
Establecer un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno de Navarra y para la actividad urbanística de los municipios de la misma, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibilidad de las decisiones municipales con las de la Administración de la Comunidad Foral.
Señalamiento de los criterios adoptados, en relación con los problemas objeto de diagnóstico, de acuerdo con los objetivos sociales, culturales y económicos emanados del Gobierno de Navarra.
Formulación conjunta de los distintos elementos de política sectorial y territorial destinados a orientar, o en su caso, regular las actuaciones públicas y privadas en el ámbito comunitario, de acuerdo con los objetivos señalados en el apartado precedente, como marco de referencia pública para la actuación de los agentes sociales y económicos que operen en dicho ámbito.
Artículo 51. Documentación.
Artículo 52. Procedimiento de elaboración.
El acuerdo del Gobierno por el que se disponga la iniciación del procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial deberá ser motivado, señalando las causas que justifiquen dicha elaboración, las finalidades pretendidas con ella y los Departamentos a los que quede encomendada, así como los plazos de redacción de dichas Directrices.
Recaído el acuerdo del Gobierno, y dentro del plazo señalado en el mismo, se procederá a la elaboración del Proyecto de Directrices por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en coordinación con los demás Departamentos.
El Proyecto de Directrices se someterá a información pública, así como a audiencia de las entidades locales de la Comunidad Foral y mancomunidades, asociaciones o federaciones de municipios y concejos en que estén representadas, por plazo de dos meses.
El Gobierno de Navarra propondrá al Parlamento la aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial mediante un Proyecto de Ley Foral.
Sin perjuicio de los mecanismos de control previstos en el Reglamento del Parlamento, el Gobierno de Navarra remitirá cada dos años una Memoria sobre la aplicación de las Directrices de Ordenación Territorial y dará cuenta al Parlamento del cumplimiento de las previsiones contenidas en ellas y de su desarrollo.
Artículo 53. Directrices subregionales.
Artículo 55. Efectividad.
Directamente al suelo no clasificado por ningún planeamiento urbanístico.
Directamente al suelo clasificado como no urbanizable y urbanizable no programado por un planeamiento urbanístico.
Según sus propias determinaciones, al suelo clasificado como urbano y urbanizable programado.
Ámbito geográfico afectado, con señalamiento de los municipios cuyos términos se incluyen total o parcialmente.
Diagnóstico sobre los problemas suscitados por las actividades existentes en el ámbito de ordenación.
Evolución y crecimiento poblacional y residencial previsible y óptimo de cada municipio, señalando básicamente los criterios de actuación urbanística y las áreas de futura expansión residencial.
Localización de las áreas industriales.
La zonificación de los suelos no urbanizables a proteger y criterios generales para su uso y protección.
Una relación de bienes inmuebles de interés cultural y artístico a proteger por el planeamiento.
Artículo 57. Documentación.
Memoria con análisis de la situación actual y descripción de problemas objetivos y medidas de actuación.
Artículo 58. Iniciativa.
Artículo 59. Procedimiento de elaboración.
La elaboración corresponde al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quien someterá el documento antes de su aprobación inicial a informe de la Comisión de Seguimiento.
La aprobación inicial corresponde al Gobierno de Navarra. El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de Navarra , abriéndose simultáneamente un período de información pública y de audiencia a las entidades locales afectadas por un plazo mínimo de dos meses.
Informadas las alegaciones por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y la Comisión de Seguimiento, se someterá el expediente a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio.
A la vista de los informes, y con las modificaciones que proceda, el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente elevará el documento al Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva, que revestirá la forma de Decreto Foral y se publicará en el Boletín Oficial de Navarra . Si se introducen modificaciones sustanciales en el texto, será necesario someterlo de nuevo a trámite de información pública y de audiencia.
Artículo 60. Suspensión de licencias.
Artículo 61. Objetivos.
1. Los planes sectoriales de incidencia supramunicipal tienen por objeto ordenar determinados ámbitos delimitados por ellos mismos en los que se pretendan desarrollar actuaciones industriales, residenciales, dotacionales o relativos a infraestructuras siempre que el plan afecte a más de un término municipal, o el Gobierno de Navarra considere que el interés general de la actuación a proponer transciende, por su magnitud, importancia o especiales características, el ámbito del municipio sobre el que se asiente el plan.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se consideran infraestructuras las construcciones y conducciones destinadas a las comunicaciones, la ejecución de la política hidráulica, la lucha contra la contaminación y protección de la naturaleza, y la ejecución de la política energética; se consideran dotaciones las construcciones que sirvan de soporte a las actividades y servicios de carácter sanitario, asistencial, educativo, cultural, administrativo, de seguridad y protección civil, recreativo y deportivo; y se consideran instalaciones las destinadas a la realización de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias que cumplan las condiciones señaladas en el párrafo primero de este número.
3. Los planes sectoriales de incidencia supramunicipal clasificarán el suelo comprendido en su ámbito, y respecto del suelo que clasifiquen como urbano o urbanizable programado lo calificarán, conteniéndose además en ellos, para estos suelos, las determinaciones con el grado de precisión de los planes parciales y, específicamente, la previsión de la cesión del 15 por 100 del aprovechamiento tipo, en favor del municipio o municipios afectados por su ámbito territorial.
La cesión se preverá a través del instrumento de gestión correspondiente y, en el caso de afección a varios municipios, se localizará en cada uno de los municipios incluidos en proporción a la superficie afectada de su término municipal.
Artículo 63. Desarrollo.
En suelo clasificado por ellos mismos como urbano y urbanizable, mediante estudios de detalle y proyectos de urbanización.
En suelo clasificado como no urbanizable, mediante planes especiales.
Artículo 64. Contenido.
Justificación del interés público, utilidad social de la infraestructura, dotación o instalación.
Descripción, con la especificación suficiente, de las características de la infraestructura, dotación o instalación objeto del plan o proyecto, duración temporal estimada de su ejecución, recursos económicos afectados a la misma y, en su caso, clasificación que se adopta del suelo.
Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas. En los supuestos legalmente establecidos de obras que requieran de evaluación de impacto ambiental, las determinaciones a que se refiere este párrafo se recogerán en un estudio de impacto ambiental.
Referencia al planeamiento urbanístico vigente en el término o términos municipales en los que se asiente la infraestructura, dotación o instalación.
Artículo 65. Procedimiento de elaboración y aprobación.
El organismo, entidad, persona jurídica o física que promueva un plan o proyecto sectorial de incidencia supramunicipal lo someterá a la consideración del Gobierno de Navarra.
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio, declarará si así lo estima conveniente, dicho plan o proyecto como de incidencia supramunicipal, a los efectos de lo previsto en esta Ley Foral.
El Acuerdo del Gobierno de Navarra declarando el plan o proyecto como de incidencia supramunicipal se publicará en el Boletín Oficial de Navarra , y se someterá el expediente por plazo mínimo de un mes a los trámites simultáneos de información pública y de audiencia a los Ayuntamientos sobre los que incida el plan o proyecto.
Informadas las alegaciones por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se someterá a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio.
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente acordará, si procede, la aprobación, pudiendo establecer las medidas correctoras necesarias para una mejor ordenación y supeditar la publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra a la presentación de un texto que refunda las modificaciones sufridas por el documento durante su tramitación.
Artículo 66. Exención de controles locales.
Presentar en el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente una certificación expedida por técnico competente que acredite que el proyecto de ejecución se ajusta a las determinaciones del plan o proyecto sectorial y de que cumple las exigencias fijadas por la normativa protectora del medio ambiente.
Notificar el inicio de la obra o la puesta en funcionamiento de la actividad a las entidades locales afectadas con, al menos, tres días naturales de antelación.