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Timestamp: 2018-05-25 03:07:18
Document Index: 250671864

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 138', 'artículo 35', 'artículo 61', 'artículo 37', 'artículo 63', 'artículo 212', 'artículo 37', 'artículo 212']

Resolución de TEAC, 00/550/2006, 15-02-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/550/2006 de 15 de Febrero de 2007
Fecha: 15 de Febrero de 2007
Núm. Resolución: 00/550/2006
La interposición de recursos y reclamaciones en vía administrativa contra una sanción tributaria produce la suspensión de la misma y no su inejecutividad. Sin embargo, son exigibles intereses de demora cuando las sanciones sean firmes en vía administrativa, entendiéndose producida dicha firmeza cuando los actos administrativos causen estado en dicha vía o bien cuando el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la pieza separada de suspensión en aquellos supuestos en los que se haya ejercido el derecho a recurrir en vía jurisdiccional los actos dictados y se haya solicitado la suspensión de la ejecución. Por tanto, resulta admisible la procedencia de exigir intereses de demora desde ese momento hasta el día en que se deba ejecutar la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional.
En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2007 en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesta por D.ª ... en nombre y representación de ..., S.L., antes X, S.A. con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y con C.I.F. ..., contra acuerdo de liquidación de intereses practicado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria derivado de acuerdo sancionador por importe de 4.000.000 ptas
PRIMERO.- Con fecha de 27 de octubre de 2003 se dicta por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT acuerdo de liquidación de intereses de demora en ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al recurso contencioso-administrativo .../2001 interpuesto por la entidad ..., S.L: como entidad sucesora de X, S.A.
En dicho acuerdo se hace constar que con fecha 20 de marzo de 1995 finalizó el plazo de ingreso en vía voluntaria de la sanción impuesta por infracción tributaria simple, y que contra dicha liquidación se interpuso por el interesado, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, solicitando al mismo tiempo la suspensión de la correspondiente deuda tributaria, la cual fue concedida.
Desestimada íntegramente la reclamación por el mencionado Tribunal, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recurso que fue desestimado igualmente, mediante fallo de la fecha ... de 2003, en el que se desestima íntegramente la reclamación planteada, confirmando la sanción impuesta de 4.000.000 pts (24.040,48 €).
Considerando aplicable lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 8 1. 10 del R. D. 1991/1981 se procede por la Dependencia mencionada a practicar liquidación de intereses de demora por el período de tiempo que ha durado la suspensión, dictándose la siguiente liquidación:
- DEUDA TRIBUTARIA: 24.040,48 €
- DÍAS TRANSCURRIDOS: 3.143 DÍAS
Ultimo día de período voluntario: 20.03.95
Fecha resolución: 27.10.03
INTERESES DE DEMORA: 15.423,09 €
SEGUNDO.- Contra dicho acuerdo es interpuesta el 17/6/2004 reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional, el cual en sesión de fecha 27 Agosto de 2004, considerando que se trata de una reclamación contra un acto dictado por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y por tanto uno de los Órganos enumerados en el artículo 9 del Reglamento de Reclamaciones económico-administrativas, y siendo la competencia en única instancia para conocer de su sujeción a Derecho del Tribunal Económico-Administrativo Central, acuerda declararse incompetente para conocer de la reclamación, y remitir las actuaciones al Tribunal Económico-Administrativo Central, emplazando al reclamante ante este Tribunal Central.
Con fecha de 4 de enero de 2005 tiene entrada en este Tribunal escrito del interesado planteando la cuestión de la improcedencia de los intereses de demora aplicados respecto del referido expediente sancionador.
PRIMERO.- Concurren en este caso los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuestos para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantea como la siguiente cuestión: Procedencia de la liquidación practicada de intereses de demora suspensivos de la sanción de la que trae causa.
SEGUNDO.- La cuestión a resolver hace referencia a la posible nulidad de las liquidaciones de intereses de demora, por haberse girado sobre una sanción y por la incorrecta determinación del periodo de devengo de los mismos.
Constituye la cuestión objeto de discusión fuente de un amplio debate jurídico en el que se han vertido distintos pronunciamientos jurisdiccionales. Así, en un primer momento, el TS, en su Sentencia de 28 de noviembre de 1997, de una forma implícita se decide por la procedencia de liquidación de intereses de demora en los supuestos de suspensión de sanciones. Luego, el 18 de septiembre de 2001, el TS dicta sentencia en recurso de casación en interés de la ley por la que se desestima el recurso formulado por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de 14 de abril de 2000, en virtud de la cual fue anulada la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía que confirmó la liquidación por intereses de demora por el tiempo en que estuvo suspendida la ejecución de la liquidación derivada de un acta de inspección incoada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía anula la liquidación por intereses de demora practicada como consecuencia de haber obtenido el contribuyente la suspensión de la ejecución de la sanción pecuniaria recurrida en vía económico-administrativa, una vez desestimada la mencionada reclamación. En definitiva se ordena la práctica de una nueva en cuya base no se incluye el importe de la sanción. El Abogado del Estado en su recurso de casación en interés de ley cita la doctrina contenida en la Sentencia de 28 de noviembre de 1997, pero el TS entiende que sólo a partir de una interpretación que se califica como de puramente literalista podría aplicarse al caso que se plantea.
Así, por un lado, el TS, en su Sentencia de 18 de septiembre de 2001, entiende que el artículo citado ha reproducido, ya, en el ámbito tributario, el contenido del artículo 138.3 de la Ley 30/1992. Precepto que dispone que, en materia sancionadora, la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa», mientras que este Tribunal Central consideraba que si es terminante el mandato de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede predicarse lo mismo del artículo 35 de la Ley 1/1998, porque de la comparación de los dos textos legales se desprende que el legislador quiso establecer el principio de suspensión automática de la ejecución por la interposición de recurso y no el de no ejecutividad de las sanciones. Este distinto planteamiento lleva a este Tribunal Central a confirmar la procedencia de la liquidación de intereses suspensivos, entre otras resoluciones en la de 2 de abril de 2003, N° 3068/2002, basándose a su vez en la literalidad del artículo 61.2 (antes 4.°) de la LGT, el artículo 37 del Real Decreto 1930/1998, las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa, y el artículo 63 bis. 11 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
Pero tal criterio ha sido superado, ya, por lo declarado al respecto en la sentencia de la citada Sección Segunda de 5 de octubre de 2004, en la que se ha tomado en consideración no sólo la propia hermeneusis de los preceptos que venimos comentando sino, en especial, la derivada de lo establecido en los artículos 212.3 y 233.1 y 8 de la nueva LGT 58/2003, de 17 de diciembre (de claro efecto retroactivo, en atención a lo que ya se sentaba en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 25/1995 (NFL002306) y en los preceptos posteriores -al ser, por su intrínseca naturaleza, más beneficiosos para los contribuyentes).
En efecto, tales artículos de la Ley 58/2003, establecen que la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá el siguiente efecto: la ejecución de sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantía hasta que sean firmes en vía administrativa, si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212,se mantendrá la suspensión producida en la vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada, y Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de aportar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial.
No se está, pues, ante un supuesto de inicial inejecutividad de la sanción tributaria (como ha venido aceptándose, en varias sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera, hasta la de fecha 5 de octubre de 2004), que determina que, mientras que el órgano jurisdiccional, en la sentencia del recurso contencioso-administrativo, o en otra resolución que lo ultime, no decida sobre la virtualidad o no de la infracción imputada y de la sanción impuesta, no será factible, sin necesidad de caución, la ejecución de la misma, sino ante un caso, por imperativo legal, de suspensión de la ejecutividad (propia, esta última, inicialmente, de todo acto administrativo) de la sanción, hasta un determinado momento procesal o procedimental, (...) "
"Y tan es así, o sea, el que se está ante una sanción en principio ejecutable, susceptible, no obstante, de poder ser suspendida sin necesidad de caución, que el artículo 37.2 del Real Decreto 1930/1998 dispone que las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza en vía administrativa y que el artículo 212.3.b) de la Ley 58/2003 señala (con una redacción que en definitiva, a pesar de su poca claridad, viene a establecer lo mismo) que no se exigirán intereses de demora - cualquiera sea el momento de su devengo, se debe entender- por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Devengo de intereses (con postergación de su cobro) que no sería factible si se reputara que las sanciones tributarias son, per se, y de entrada, inejecutables. "
Cabe, por tanto, admitir la procedencia de exigir intereses de demora desde ese momento hasta el día en que se deba ejecutar la Sentencia dictada por el órgano jurisdiccional.
Debemos, por tanto, estimar la reclamación en cuanto a que el cómputo del plazo en el que se ha producido el devengo de los intereses de demora no se ajusta a derecho.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, resolviendo la reclamación interpuesta, ACUERDA: Estimar parcialmente la reclamación conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución.
Sentencia Administrativo Nº 820/2014, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1475/2011, 21-10-2014
Orden: Administrativo Fecha: 21/10/2014 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gomis Masque, Ramon Num. Sentencia: 820/2014 Num. Recurso: 1475/2011
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 61/2004, 26-10-2005
Orden: Administrativo Fecha: 26/10/2005 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Robles Fernandez, Margarita Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 61/2004
Resolución de TEAC, 00/2925/2004, 31-01-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 31/01/2008 Núm. Resolución: 00/2925/2004