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Timestamp: 2019-08-17 12:35:24
Document Index: 69573229

Matched Legal Cases: ['artículo 1071', 'artículo 82', 'in fine', 'artículo 165', 'artículo 165', 'artículo 245', 'de lege ferenda', 'de lege lata', 'de lege ferenda', 'De lege ferenda', 'in fine', 'artículo 194', 'De lege ferenda', 'in fine', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 254', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 217']

Derecho Societario de Julio Rougès: LA FUSIÓN Y LA ESCISIÓN 2019
LA FUSIÓN Y LA ESCISIÓN 2019
La fusión y la escisión son dos formas que asume la concentración societaria, y que pueden deberse tanto a necesidades económicas como administrativas. Cuando dos sociedades integran de hecho un grupo empresario que gira en plaza de manera unificada, la pluralidad de sujetos suele implicar una innecesaria duplicación de estructuras, órganos, funciones, y remuneraciones; a la inversa, la escisión puede ser un arbitrio a través del cual un conjunto económico decide descentralizar la gestión, no sólo desde un punto de vista organizativo, sino integral, creando un sujeto de derecho nuevo. Cuando son dos las sociedades que realizan una actividad empresaria única o complementaria, las transferencias de bienes y servicios entre ambos sujetos pueden generar cargas impositivas indeseadas; en cambio, en nuestro derecho y en la mayor parte de los ordenamientos tributarios, la fusión y la escisión, cuando las titularidades accionarias permanecen sustancialmente inmodificadas, son tratadas por las leyes fiscales como reorganizaciones empresarias libres de impuestos (tax free reorganizations)[1].
En ocasiones, la escisión puede ser un medio por el que sociedades cerradas familiares con una cantidad considerable de accionistas –por ser muchos de ellos nietos de los socios fundadores, o porque algunos o todos éstos tuvieron una numerosa descendencia- desean separar las actividades empresarias, según las afinidades personales o parentescos cercanos de las nuevas generaciones.
Una clasificación de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se puede estructurar un proceso de concentración, a la vez conceptualmente ajustada y prácticamente útil es la que ensaya MANÓVIL[2]: aquéllos que afectan la estructura interna de la sociedad -fundamentalmente, la fusión y la escisión- y aquéllos que, siendo societarios, contractuales o de otro tipo, no la alteran. Esta división aprehende una de las diferencias específicas entre sendas categorías. La fusión y la escisión son procedimientos que dejan orgánicamente clarificadas las relaciones de las sociedades partícipes; el poder se ejerce en los órganos sociales de la sociedad fusionaria o de las sociedades escindidas; en la fusión, los patrimonios se transmiten a título universal y, en otras palabras, se sinceran las relaciones económicas y de poder[3]. Por el contrario, cuando la concentración se produce sin unificación en un sujeto de derecho, el poder concentrado se ejerce traspasando los marcos de más de una persona jurídica, y las sociedades integrantes del grupo pierden total o parcialmente su autonomía decisional. El sujeto o sujetos concentradores controlan la actividad de las firmas concentradas, y su propio patrimonio[4], con el consiguiente riesgo de desvío del interés social. Esta desviación podrá ser ocasional y poco significativa, o una constante en el accionar grupal.
A contramano del entusiasmo, o al menos aprobación con que alguna doctrina –consciente o inconscientemente institucionalista- mira a los grupos societarios, las situaciones de control generan una serie de conflictos en torno al interés social, los derechos de los accionistas externos al grupo, y los acreedores de las sociedades controlantes, controladas o agrupadas[5]. Inclusive, la falta de independencia de las sociedades, la práctica de sobrefacturar o subfacturar operaciones entre ambas compañías, por razones fiscales, o como medio de transferir recursos de la controlada a la controlante, atenta contra el buen funcionamiento de los mercados. La generalización de los grupos económicos puede ocasionar distorsiones en la correcta asignación de recursos, no sólo porque posibilitan acciones monopolísticas, sino porque las operaciones intragrupales están o pueden estar al margen de los valores de plaza, fijándose los precios de transferencia en función de consideraciones ajenas a la escasez relativa de los bienes o de su demanda (motivos de política grupal o impositivos).
Se han ensayado definiciones "eco­nómicas" de la fusión, tales como "la reunión de varias empr­esas bajo una sola voluntad que se compenetran recí­procamente para que una organización unitaria sustituya a una plur­alidad de organizaciones"; o como "la reunión de dos o más patri­monios hasta entonces distintos que pasen a formar parte de un solo patrimonio", o como "unión de fuerzas produc­toras mediante la compenetración de varias hacien­das empresarias"[6].
Todas estas conceptualizaciones pecan de vaguedad y no caracterizan jurídicamente a la fusión. Podrían aplicar­se inclusive a la constitución de una sociedad entre varios empresarios individuales, a la compra del 100 % del paquete accionario de una sociedad por otra, eventualmente disol­viéndola e incorporando su patrimonio, a la adquisición de la totalidad del activo y la asunción de todo el pasivo de una sociedad o de un comerciante individual, y otros supuestos que no significan fusión.
De igual modo, las razones "econ­ómicas" de la fusión no siempre tienen valor ex­plicativo, aislados del marco jurídico -fundamentalmente tributario- que en­cuadra aquellas decisiones. Así, las genéricas refe­ren­cias a la expansión de los mer­cados y a la globa­liza­ción de la eco­nomía, que requiere de unida­des econó­micas más gran­des para aprove­char las ventajas de la mayor escala sólo explican por qué el ente económico "empresa" puede expandirse, pero no por qué la expansión se lleva a cabo mediante un determinado proce­dimiento jurídico, que es la fusión. Simi­lar aprove­cham­iento de economías de escala puede darse sin necesidad de re­currir a una fusión, incrementando el volumen de la empresa, aumentando para ello el capi­tal mediante suscri­pción pú­blica, emitiendo obli­gaciones negociables, con­vertibles o no en acciones, endeudándose para ad­qui­rir bienes de capi­tal, o reinvirtiendo ganancias. Igualmente, puede hacérselo –y se lo hace- mediante la adquisición del paquete accionario de control de otras sociedades que producen bienes complementarios, sustitutos, insumos o a la inversa, bienes finales de los que la sociedad adquirente es fuerte proveedora.
La concentración empresaria -no siempre desea­ble, y menos aún cuando no tiende a una mayor eficien­cia sino al monopolio o cuando vulnera derechos de terceros- se da con independencia de la regulación jurídi­ca de la fusión; y a la inversa, no toda fusión produce una concentración empresaria, si con anterioridad las fusionantes ya actuaban como un grupo societario. La empresa es un ente económi­co; la sociedad es un suje­to de derecho, y por ello, la existencia de una fusión, por sí sola, no tiene un sentido económicamente unívoco.
En la práctica, la decisión de fusionarse tendrá como antecedente temporal, en gran parte de los casos, la previa existencia de un conjunto societario, en el cual las mayor­ías de los paquetes ac­cionarios de las sociedades fusio­nantes resulten homo­géne­os, sea por control de una sociedad sobre la otra, sea por tener idénticos o simil­ares accionis­tas en proporciones iguales o parecidas, sea porque en ambas un socio o conjunto de socios han logrado el control interno. Cabe supo­ner que la ac­tuación en el mercado de esas compañías ya es, antes de la fusión, coordinada o complementaria.
Hemos señalado en otras oportunidades que si bien están inextricablemente vinculadas, la sociedad no se identifica con la empresa, pues puede haber una so­ciedad que no realice actividad empresaria; puede exis­tir actividad empresaria sin sociedad, o la empresa como unidad econó­mica puede comprender más de una sociedad. En función del marco de encuadramiento que brinde el ordenamiento jurídico se deci­dirá o no la fusión.
Los motivos que pueden determinarla son:
1- En primer lugar, fiscales. Las normas tributarias -cuyo principio orientador es la realidad económica (ley 11.683)- tratan a la fusión y a la escisión como supuestos particulares de "reorganización de empre­sas", y permiten el traslado de los quebrantos impositi­vos a la sociedad fusionaria o absorbente (art. 77 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias), con lo que, al reducirse o eliminarse la base imponible del ente conso­lidado, se reduce o elimina la imposición.
En la hipótesis de impuestos a las ventas en cas­cada como puede serlo el impuesto sobre los ingresos brutos -es decir, sin cómputo del crédito fiscal en las dis­tin­tas etapas de la producción y comercializa­ción- la fu­sión, en tanto medio de integración vertical, mejora la posición impositiva del grupo económico, dado que al unificarse en un solo sujeto de derecho operaci­ones antes gravadas como ventas, dos o más etapas del proceso productivo dejan de tributar.
2- Puede ser una manera de licitud cuestionable si es abusiva (artículo 1071 del Código Civil), de contrarrestar o anu­lar a minorías con­flictivas, al redu­cir su participac­ión en el ente con­solidado.
3- En otros casos, la decisión de fusionar o no dos socie­dades en un solo sujeto de derecho es un modo de adec­uar las formas jurídi­cas a la reali­dad económica pree­xis­tente, consis­tente en la ac­tuación unificada de dos entes empresarios.
II. LA FUSIÓN EN NUESTRO PAÍS. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Código de Comercio de 1862 no reguló la fusión. El Código de 1889 hizo referencia a ésta en un inciso del art. 354, atinente a las facultades de la asamblea extraordinaria de la S.A. respecto de la reforma del estatuto
Como explica OTAEGUI -a quien seguimos en esta parte-[7], en la legislación continental la sociedad estaba regulada como un contrato y la fusión entrañaba una modificación contractual, que -conforme a los principios que gobiernan la materia (arts. 1137, 1197, 1200 del Código Civil)- sólo podía ser resuelta por la unanimidad de los socios. Esta solución, empero, sería incompatible con la naturaleza de las sociedades anónimas, definidas como una asociación de capitales (art. 313 del Código de Comercio de 1889): el elevado número de socios podía -y puede- tornar virtualmente imposible la unanimidad. Por ello, la ley de la mayoría aplicable en las sociedades para la resolución de los actos de gestión, se aplicó también en las sociedades por acciones para la modificación de los estatutos, aunque con el límite del respeto por las bases esenciales de la sociedad y los derechos individuales de los accionistas.
La otra órbita de intereses alcanzada por la fusión -la de los acreedores- no estaba prevista. Si la sociedad es un contrato y la fusión una modificación de éste, simplemente regía la regla “res inter allios acta neque nocere potest” (art.1195 del Código Civil): los efectos jurídicos de los contratos solamente inciden en los contratantes; no pueden perjudicar a terceros. Mas las transferencias patrimoniales derivadas de la fusión obviamente afectan o pueden afectar a acreedores. Por ello, cuando comenzaron a realizarse fusiones, se consideró aplicable la ley de transferencia de fondos de comercio, como medio de proteger a los titulares de acreencias contra ambas sociedades. Empero, según señala OTAEGUI, la aplicación de la ley 11.867 era contradictoria con el carácter universal de la transmisión de bienes, y no garantizaba a los acreedores de la sociedad incorporante, pues ésta quedaba equiparada al adquirente en la adquisición del fondo de comercio, quien no está tutelado por la ley 11.867.
La ley 19.550, en línea con el anteproyecto Malagarriga-Aztiria (arts. 100 a 105), reguló la fusión en los arts. 82 a 87, luego parcialmente reformados por la ley 22.903.
El art.82 de la LSC caracteriza así a la fusión: “cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, son disueltas”.
Estos párrafos delinean los dos tipos de fusión: la “consolidación” -de ella, surge un nuevo ente de derecho- y la incorporación[8], cuando una sociedad absorbe a otra u otras. La primera es también llamada “fusión propia” o propiamente dicha[9]. En rigor, resulta lógicamente discutible que se repute “propiamente dicha” a una de las especies de un género definido legalmente y que contempla a ambas, puesto que aceptar esa dicotomía entrañaría postular que la incorporación es una fusión “impropiamente dicha”. En realidad, resulta tan “propio” considerar fusión tanto a la consolidación, cuanto a la absorción, pues ambas están regidas por un régimen jurídico que genéricamente las engloba.
Las notas definitorias de la fusión, en nuestro derecho, son las siguientes:
1) En la esfera de las sociedades fusionantes:
1-1) Unificación de varias sociedades en virtud de un acuerdo de fusión[10].
Dada la trascendencia de la decisión definitiva y su incidencia sobre los derechos de los socios y el contenido económico de éstos, debe ser adoptada por los órganos de gobierno de las sociedades; es decir, por la reunión de socios (asamblea extraordinaria en las sociedades por acciones)[11].
1-2) Disolución de las sociedades fusionantes o incorporadas (art. 82, primer párrafo y 94, inc. 7°).
1-3) Ausencia de liquidación[12].
1-4) Transmisión a título universal de los patrimonios de las sociedades disueltas a la sociedad fusionaria o incorporante. Esta nota caracterizante de la fusión es fundamental, y la distingue de otros procedimientos que, si bien tienen efectos económico-empresarios similares, no suponen la transferencia de un patrimonio a título universal, como la venta de un paquete accionario o la constitución de un holding[13].
Cuadra remarcar que la transmisión patrimonial recién se produce en el momento de la inscripción del acuerdo definitivo de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante (artículo 82, LS). En el período comprendido entre el acuerdo definitivo y la anotación en el Registro Público de Comercio, subsiste la personalidad de las sociedades fusionantes, y consecuentemente:
* Hasta la inscripción, cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión por justos motivos, ante el juez competente en la jurisdicción del lugar en que se llevó a cabo aquél (art. 87).
* Como el patrimonio es un atributo de la personalidad, y ésta se pierde para las fusionantes o la incorporada recién a partir de la inscripción de la fusión, la transmisión a título universal recién se produce en esa oportunidad (art. 82). Mientras tanto, las sociedades fusionantes mantienen sus patrimonios separados.
* Desde el acuerdo definitivo la administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas está a cargo de los administradores de la sociedad fusionaria o de la incorporante, con suspensión de quienes hasta entonces la ejercitaban (art. 84 in fine), salvo que en el compromiso previo se haya pactado lo contrario. Sin embargo, tal unificación de la administración y representación es una cláusula natural del negocio, no imperativa: puede acordarse lo contrario (art. 83, inc. 1, e).
2) Respecto de los socios:
El efecto principal es la traslación del “status socii” de los socios de las sociedades fusionantes o incorporadas, a la sociedad fusionaria o incorporante, recibiendo los socios de aquéllas, partes sociales de la sociedad consolidataria o incorporante, como contraprestación por sus respectivas participaciones –en los hechos, casi todas las fusiones son entre sociedades anónimas- en las sociedades fusionantes o incorporadas que se cancelan. Atento a la importancia de este canje de acciones o participaciones, el compromiso previo de fusión debe indicar la relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones (art. 83, inc. 1, c).
III. INTERESES COMPROMETIDOS
Dentro de las reglas generales del derecho negocial, los contratos sólo pueden ser modificados con el consentimiento de los contratantes (art. 1200 del Código Civil); lo que es ratificado por la ley 19.550 para las sociedades personalistas (arts. 131, 139 y 145).
Por la naturaleza y características de las sociedades anónimas, que pueden tener miles y hasta millones de accionistas, sería antieconómico exigir la unanimidad, por los elevadísimos costos de obtener el consentimiento de todos los interesados. Estos costos de transacción, al tornar sumamente oneroso y quizás imposible modificar su estructura –ante la eventual negativa de algunos socios, a cualquier precio- dificultarían su funcionalidad. Por esa razón, en las sociedades no personalistas no es exigida la unanimidad (arts. 160 y 244).
Mas el hecho de que no siempre se requiera el acuerdo unánime de los socios no significa que sus derechos e intereses deban ser marginados. Implicando la fusión para los accionistas una enajenación forzada de sus tenencias, recibiendo en pago acciones o cuotas de la sociedad fusionaria o incorporante, las normas constitucionales (art. 17 de la Ley Fundamental) y los principios de la propia ley de sociedades (arts. 13, inc. 5, 223 y concordantes), así como del derecho privado (arts. 1071, 1197, 1198, 1788 bis del Código Civil), imponen el pago del justo valor de su participación. En otros ensayos hemos enfatizado, y nunca será ocioso reiterar, la importancia que tiene para un desarrollo vigoroso de las sociedades en nuestro medio, que las normas societarias y su interpretación no consagren o convaliden, por acción, omisión o inoperancia, el sistemático despojo de unos contratantes por otros.
En términos generales, respecto de los acreedores, la regla es la inoponibilidad de los contratos a terceros (arts. 1195 y 1199 del Código Civil; arts. 1021 y 1022 del CCC), tratándose la sociedad de una persona jurídica (art. 2, LGS), su extinción y la transmisión de todo su patrimonio a otra sociedad; o a la inversa, la incorporación del patrimonio –con sus activos y pasivos- de otra sociedad, indudablemente producen efectos frente a terceros, que deben ser regulados por el ordenamiento societario.
IV. ETAPAS DE LA FUSIÓN
La fusión requiere el cumplimiento de un detallado iter, minuciosamente regulado:
1. Compromiso previo de fusión
En la etapa de las conversaciones previas –"pourparlers"- son los integrantes del órgano de administración quienes llevan a cabo las tratativas, siguiendo las directivas informales de los accionistas controlantes. Atento a que la decisión de fusionarse comporta un cambio trascendental o la extinción de las estructuras societarias para las sociedades fusionantes o para la incorporada, y aún para la incorporante, es de suponer que los grupos accionarios de control –que a la vez designan a la mayoría del órgano de administración- se han puesto de acuerdo en forma anterior al propio compromiso previo de fusión.
Los balances especiales de fusión, cerrados en una misma fecha que no debe ser anterior a tres (3) meses a la firma del compromiso previo, confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de valuación idénticos, presuponen una labor de coordinación y acuerdo realizada antes de la suscripción del compromiso previo de fusión. Una vez adoptada formalmente la decisión en el seno de los respectivos órganos de administración, los representantes suscribirán el compromiso previo de fusión.
La ley impone un contenido mínimo obligatorio, en tutela del derecho de información de los accionistas:
a) La exposición de los motivos y finalidades de la fusión. Los motivos indicarán el por qué; las finalidades, el para qué de la decisión a adoptarse: política empresaria, razones fiscales, reorganización administrativa, etcétera.
b) Los balances especiales de fusión de cada sociedad, a que hicimos alusión, confeccionados por el órgano de administración.
El criterio de valuación no debe ser el propio de un balance de ejercicio, pues responde a otras finalidades. El balance de ejercicio debe estar confeccionado en base a criterios prudentes y conservadores, procurando evitar la distribución de ganancias ficticias, o que no sean realizadas y líquidas. El balance de fusión debe reflejar el valor real del patrimonio de cada sociedad[14] y las diferencias entre uno y otro criterio son sustanciales, sobre todo en lo que atañe a los bienes amortizables, de uso o intangibles. Los bienes de uso en el balance de ejercicio, por ejemplo, se valúan por su costo, menos las amortizaciones acumuladas. Pero este criterio, que puede no ser inadecuado al efecto antes apuntado –al menos en el corto plazo- lleva consigo en muchos casos la infravaluación de los bienes de uso, cuando su valor de mercado o de utilización, dentro de una empresa en marcha, supera –a veces significativamente- su valor de costo menos amortización.
Los balances de ejercicio tienden a mensurar la situación patrimonial de la empresa al efecto de la distribu­ción entre los socios de ganancias realizadas y líquidas provenientes de las operaciones sociales (art. 68). Por ello, la valuación de los bienes del activo debe efectuarse con un criterio que permita la consecu­ción del objeto social mediante la conservación de la empresa[15]. Con ese propósito, los bienes de uso y los bienes inmateriales (derechos de propiedad intelectual, patentes de invención) se incluyen habitualmente en el activo por su precio de costo, menos las amortizaciones acumuladas (art. 63, inc. 1-d) y e), LGS).
En cambio, los balances de situación patrimonial persiguen un objetivo distinto: en éstos, no se busca determinar de una manera más o menos fidedigna la posibi­lidad de distribuir dividendos sin afectar el objeto de la empresa, sino en valuar el patrimonio social como empresa en marcha para protección de los socios que ejerciten el derecho de receso, de los acreedores, y para determinar las rela­ciones de cambio entre los socios de las sociedades fusionant­es. Consecuentemente, los criterios de valua­ción antes indicados para el ba­lance de ejercicio, son manifiestamente inadecuados a un balance de fusión. En este último caso, deberán tomarse valores reales, sea de mercado o de productividad económica de los activos de una empresa en funcionamiento[16].
La diferencia de adoptar uno u otro criterio puede ser significativa, en cuanto sea importante la incidencia en el total de los bienes de uso -ter­renos, con­strucciones, má­quinas, muebles y útiles- o bienes in­materiales; pues el valor del pa­trimo­nio neto será sustan­cialmen­te mayor que el patrimo­nio que surge de los registros contables. Esta situación podrá adver­tirse fácil­mente en casos de empresas que han incorporado tales activos hace mucho tiempo, y se encuentran total­mente amortizados contable­mente, pero que desde el punto de vista de su potencial productivo, todavía son valiosos. Además, por distintas razones, pueden haberse revaluado significativamente –aun descontando las amortizaciones- desde la fecha de adquisición. Este fenómeno se ha evidenciado recientemente en forma muy marcada, respecto de los campos agrícolas, cuyo valor se multiplicó en los últimos años por cinco, diez o más veces su precio inicial. En esas condiciones, valuarlos al costo menos las amortizaciones supone una notoria subvaluación, en perjuicio fundamentalmente de los accionistas minoritarios.
La resolución 7/2005 que aprueba las Normas de la Inspección General de Justicia, exige la presentación de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan -además de los balances de cada una de ellas- certificado por contador público matriculado, con cuadro comparativo que indicará las eliminaciones y variaciones que se provocan como con­secuencia de la fusión (artículo 165. inciso 3). Ello es así, porque pueden exis­tir créditos y débitos -recíprocos o no- entre ambas sociedades, que darán como resultado que el patrimonio neto consolidado no coincida con la suma de los patrimo­nios netos de las sociedades fusionantes.
c) La relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones. El artículo 165, inciso 5 de la resolución 7/2005 exige la “justificación de la relación de cambio entre las acciones, cuotas o participaciones sociales contenida en el compromiso previo de fusión, con informe de contador público; dicha justificación no se requiere si la aprobación del compromiso previo de fusión tuvo lugar en asambleas o reuniones de socios de carácter unánime”.
Comportando la fusión para los socios una enajenación forzosa de sus acciones o cuotas, en que el precio que se les paga es la asignación de participaciones en otra sociedad –sea fusionaria o incorporante- deben conocer el precio que se oblará por sus partes.
La relación de cambio surgirá de los balances especiales. Cada socio o accionista recibirá una participación en el capi­tal social de la sociedad fusionaria o incorporante, igual a su participación, multiplicada por el coefi­ciente que resulta de la incidencia del patrimonio neto de la fusionante, en el ente consolidado o incorpo­rante.
Así, si un socio “a” tiene una participación x (verbi gratia, el 10 %) en el patrimonio de la sociedad “A”, y ésta es absor­bida o forma con otra sociedad una sociedad “B”, representando su patrimonio neto un deter­minado porcentaje (por ejemplo, , el 30 %) del patrimo­nio del ente consolidado, la parte del socio “a” en la sociedad fusionaria o incorporante “B” será igual al 10 % del 30 %, es decir, al 3 %, y deberá recibir acciones, cuotas o participaciones en esa proporción. Hemos descartado en este ejemplo, con fines analíticos, la existencia de créditos, deudas o participaciones de alguna de las sociedades en la otra-.
d) El proyecto de contrato o estatuto de la sociedad fusionaria o absorbente según el caso. Siendo la sociedad un instrumento contractual, los socios que han de votar por la aprobación o desaprobación de la fusión propuesta en el compromiso, deberán contar con elementos de juicio para emitir un voto informado, valorando las ventajas y desventajas de la fusión, no meramente desde el punto de vista patrimonial para el ente, sino de los derechos que tendrán en la sociedad fusionaria o incorporante.
e) Las limitaciones que las sociedades convengan en la respectiva administración de sus negocios y la garantía que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión se inscriba.
La sucesión universal por la fusionaria o incorporante en los derechos de las sociedades fusionantes se produce a la fecha de la inscripción –hasta cuyo momento, las sociedades mantienen su individualidad jurídica- por lo que es razonable que se acuerden determinadas restricciones a las facultades de los administradores a fin de impedir que durante el iter de la fusión, el patrimonio, liquidez o actividad de alguna o todas las sociedades, experimenten variaciones significativas. Estas limitaciones y garantías tienen efectiva vigencia desde la aprobación del acuerdo provisorio de fusión, y su propósito es evitar los perjuicios que podrían deri­var a ambas sociedades, si los administrado­res comprometieran sustancialmente los patrimonios tanto en su valor total como en la composición de sus activos y pasivos o el giro empresario de ambas o de una de las sociedades en el tiempo que corra desde aquél, hasta la inscripción de la fusión. Pueden consistir en un recí­proco control de las administraciones de ambas socieda­des, o el compromiso de realizar únicamente actos ordinarios de gestión, o la sustitución de los administradores de la sociedad incorporada, por los de la sociedad absorbente, antes de la suscripción del acuerdo definitivo de fusión (oportunidad en que ese efecto se produce, salvo pacto en contrario, por imperio de la ley: art. 84, cuarto párrafo).
2. Resoluciones sociales
El compromiso previo de fusión, como acto preparatorio emanado de los órganos de administración, exige la aprobación por los respectivos órganos de gobierno de las sociedades fusionantes, con los requisitos necesarios y mayorías para la modificación del contrato o estatuto: unanimidad en los tipos sociales personalistas (arts. 131, 139 y 145 de la LS); la mayoría del art. 160 en las sociedades de responsabilidad limitada, y la del art. 244, cuarto párrafo en las sociedades anónimas.
A tal efecto deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del síndico en su caso, a disposición de los socios o accionistas con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración.
3. Eventual receso
Los socios disconformes o ausentes tienen el derecho de receso (arts. 85 y 245).
Una excepción a ese principio, absolutamente injustificada, es la privación de ese derecho a los socios de la sociedad incorporante (artículo 245).
En el IX° Congreso Argentino de Derecho Societario y V° Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, presentamos conjuntamente con el Dr. Juan Marcos Rougès una ponencia titulada “Debería reconocerse el derecho de suscripción preferente a los socios de la sociedad incorporante, en los casos de fusión por absorción; y de lege ferenda, acordárseles el derecho de receso”, en el siguiente sentido:
1) En los supuestos de fusión por absorción, debe otorgarse a los socios de la sociedad incorporante el derecho de suscripción preferente y el de receso.
2) El derecho de suscripción preferente es una solución admisible, con algún esfuerzo interpretativo, de lege lata; y debería reconocérselo en forma explícita e inequívoca, de lege ferenda.
3) De lege ferenda, debería otorgarse el derecho de receso a los socios de la sociedad incorporante.
Si bien la fusión puede ser beneficiosa para un grupo económico, no siempre las sociedades controladas, ni los accionistas minoritarios o “externos” al grupo –es decir, los ajenos al socio o socios controlantes- se ven beneficiados a título individual por las decisiones que pueden aprovechar al grupo como ente económico subyacente. Esto es en alguna medida inevitable, en tanto se admitan –como se admiten- la licitud de los grupos y del control; pero el derecho, como ordenamiento que no puede ser ajeno a los valores justicia y racionalidad, debe procurar que los perjuicios que sufran los socios no sean mayores que las ventajas que obtenga el ente económico, en tanto los primeros sean evitables o reducibles, sin menoscabo del segundo.
La resolución social que decide la fusión –adoptada en asamblea extraordinaria en las sociedades anónimas (art. 244, 4° párrafo de la L.S.C.)- no otorga el derecho de receso a los accionistas de la sociedad incorporante (art. 245), pese a que comporta una dilución de su participación, al aumentarse el capital con la incorporación de los nuevos socios. En tal sentido, la ley dispone que “respecto a la sociedad incorporante...se regirá por las normas sobre aumento de capital” (art. 244, cuarto párrafo in fine).
Conforme a las normas y principios sobre aumento de capital, éste puede tener lugar por suscripción (arts. 190 y 191, L.S.C.), o por capitalización de cuentas del patrimonio (art. 189). En ambas hipótesis, los accionistas gozan de alguna protección contra el menoscabo de su participación: en la primera, disponen del derecho de suscripción preferente (art. 194), o alternativamente, por implicar la suscripción de nuevas acciones un desembolso para el socio, tienen derecho de receso (art. 245). En el segundo supuesto (art. 189) el aumento de capital no entraña incremento del patrimonio, entregándose a los socios acciones liberadas, sin menoscabo de su participación.
En el caso de la absorción, en cambio, los socios disidentes o ausentes de la sociedad incorporante no pueden receder (art. 245). Si además, carecen del derecho de suscripción preferente, se encontrarán absolutamente inermes frente a un aumento de capital –como lo es la absorción- que reduzca su participación porcentual en el ente.
Entendemos que debe otorgárseles el derecho de suscripción acordado por el artículo 194, por los motivos que a continuación se enuncian:
1) A diferencia del receso –que conlleva una reducción de capital- la suscripción preferente de nuevas acciones comportaría un aumento de capital adicional al que ya significa la absorción. Es decir, que la sociedad incorporante ni siquiera se vería perjudicada desde el punto de vista patrimonial.
2) Ante la posible objeción de que reconocerles ese derecho alteraría el capital del sujeto absorbente y las relaciones de cambio fijadas en el compromiso previo de fusión y aprobadas por las respectivas resoluciones sociales, destacamos que tanto el derecho de receso –en las hipótesis que se lo acuerda, como es el supuesto de los accionistas de la sociedad incorporada- cuanto la oposición y eventual pago a los acreedores oponentes, igualmente modifican las cifras de capital y patrimonio (art. 83, inciso 4°, puntos b) y c) de la LGS), y consecuentemente las relaciones de cambio, sin que esa alteración impida reconocerles sus respectivos derechos.
3) La ley aclara que la fusión “no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contrario” (art. 79, al que remite el art. 85 de la LGS). Sea cual fuere la intención psicológica del legislador, y los alcances que haya querido darle al precepto, es evidente que cuando una norma admite diversas interpretaciones, ha de preferirse la que sea más justa y más racional (Corte Suprema de la Nación, Fallos, 271:130, entre muchos otros precedentes).
Una exégesis posible de la disposición, es que una de las preferencias de los socios mentadas en los arts. 79 y 85 de la LS consiste en el derecho reconocido por el art. 194, que acuerda al titular de acciones ordinarias el derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posean. Si bien no es una preferencia de los socios con relación a otros socios, sino de los socios respecto de terceros, la norma del art. 79 –“preferencias”- es lo suficientemente amplia como para admitir que la disposición del art. 194 encuadre en dicho concepto.
4) De lege ferenda, debería acordarse el derecho de receso a los accionistas de la sociedad absorbente. No hay ningún motivo racionalmente válido para que sí tengan esa prerrogativa los socios de la sociedad incorporada, y no los de la incorporante.
Los accionistas minoritarios de la sociedad absorbida pueden tener una participación patrimonial más significativa, que el minoritario de la sociedad absorbente[17], por lo que el receso que ellos ejerzan puede ser patrimonialmente más gravoso para el ente económico consolidado, que el receso de los socios de la incorporante. Pese a ello, la ley permite receder únicamente a los socios de la incorporada, sin que se advierta un motivo de justicia o racionalidad económica que sustente la diferencia de tratamiento.
Por remisión del art. 85 al precepto del art. 78 –que lo regula en la transformación- analizaremos esta última norma, contemplando los centros de interés involucrados: los acreedores, los recedentes y la propia sociedad:
1) Los acreedo­res. El receso no afecta la res­ponsabili­dad de los rece­dentes hacia terceros por las obligacio­nes con­traídas hasta que la fusión se inscriba en el Registro Público de Comercio (art. 78, segundo párrafo). Esta es una aplicación particular del principio consagrado en el art. 12.
Sin embargo, como se verá, les asiste el derecho de oposición.
2) Los propios recedentes, que son garan­tizados solidariamente por la sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administrado­res por las obligaciones contraídas desde el ejercicio del rece­so hasta su inscripción (art. 78 in fine).
El derecho debe ejercerse dentro de los quince días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos socie­tarios.
Si se trata de una sociedad anónima, el plazo será de cinco días para los presentes que hayan votado en contra de la transformación, y de quince días para los ausentes, a partir de la clausura de la asamblea (art. 245, segundo párrafo).
La distinción tiene importancia, pues la asam­blea admite un cuarto intermedio de hasta treinta días (art. 247), y el acuer­do social sobre ese punto del orden del día puede haberse adop­tado antes de éste. El plazo comenzará recién a correr desde el cierre del acto colegiado.
El reembolso de las partes de los soc­ios rece­dentes se hará sobre la base del balance de trans­forma­ción, y la valuación se deberá efectuar sobre valo­res reales, incluyendo el valor llave (Julio Rougés, "Temas de Derecho Societario", y la doctrina judicial allí citada).
Deben publicarse edictos por tres días en los boletines oficiales de las jurisdicciones correspondientes a cada una de las sedes de las sociedades que se fusionan y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener:
a) Identificación de las fusionantes.
Los datos de identificación, domicilio, sede social y de inscripción registral de cada una.
b) Nuevo capital.
El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la sociedad incorporante.
c) Patrimonio de las fusionantes.
La valuación del activo y el pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la fecha a que se refiere.
d) Identificación de la sociedad fusionaria o incorporante.
La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse.
e) Fechas de las decisiones sociales.
Las datas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron.
5. Oposición de acreedores
La ley 19.550 en su art. 83, siguiendo la tradición y las huellas del Anteproyecto Malagarriga-Aztiría, remitió al régimen de la ley 11.867. En razón de ello, se llegó a sostener que los acreedores de la sociedad incorporante carecían de derecho de oposición, porque la ley de transferencia de fondos de comercio no acuerda derechos a los titulares de acreencias contra el adquirente, sino sólo a los del transmitente[18], postura que, si bien resultaba inaceptable[19], demostraba la insuficiencia de la anterior regulación legal.
Además, dentro de la ley 11.867, el documento de transmisión solamente puede firmarse después de transcurridos 10 días desde la última publicación, y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transferencia pueden formular oposición al adquirente (art. 4); recién cumplido el procedimiento previsto en los arts. 4, 5 y 6 es válido el otorgamiento del instrumento traslativo (art. 7)[20], lo cual, aplicado a la fusión, podía llevar a la parálisis del procedimiento.
La ley 22.903 reformó, entre otras cosas, el aludido artículo 83, abandonando la remisión a la ley de transferencia de fondos de comercio, y estableciendo un conjunto de reglas que no obstan a la prosecución de las operaciones de fusión, pero apuntan a tutelar a los acreedores:
* Dentro de los quince (15) días desde la última publicación del aviso, los acreedores de cualquiera de las sociedades cuyo crédito sea de causa anterior pueden oponerse a la fusión.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta veinte días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial.
6. Acuerdo definitivo de fusión
Es otorgado por los representantes legales o convencionales de las sociedades, una vez cumplidos los recaudos anteriores, y debe contener:
a) Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión.
b) La nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada sociedad.
d) La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan.
Repárese que, entre la fecha de cierre de los balances de fusión en cada sociedad y el acuerdo definitivo de fusión, el patrimonio y la liquidez de ambas puede haberse modificado, por la incidencia de los recesos efectuados –que incrementan el pasivo- y de las oposiciones de acreedores: si fueron pagados, porque disminuye el activo, y si fueron garantizados u obtuvieron embargo, porque algunos de los activos de la sociedad fusionaria o incorporante serán bienes de disponibilidad restringida.
7. Inscripción registral
Cumplidas las etapas precedentemente consignadas, deben inscribirse en el Registro Público de Comercio:
a- El acuerdo definitivo de fusión, en la jurisdicción de la sociedad fusionaria o incorporante.
b- La disolución de las sociedades fusionantes, cuando están inscriptas en distintas jurisdicciones, en cada uno de los registros correspondientes (art. 98).
8. Constitución de la nueva sociedad.
En caso de constituirse sociedad fusionarIa, el instrumento será otorgado por los órganos competentes de las fusionantes con cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. Al órgano de administración de la sociedad así creada incumbe la ejecución de los actos tendientes a cancelar la inscripción registral de las sociedades disueltas, sin que se requiera publicación en ningún supuesto.
V. INCORPORACIÓN: REFORMA ESTATUTARIA
En la hipótesis de absorción es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del contrato o estatuto. La ejecución de los actos necesarios para cancelar la inscripción registral de las sociedades disueltas, que tampoco requieren publicación, compete al órgano de administración de la sociedad absorbente.
VI. INSCRIPCIONES DE BIENES REGISTRABLES
Tanto en la constitución de la nueva sociedad como en la incorporación, las inscripciones registrales pertinentes, según la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio transferido y sus gravámenes deben ser ordenadas por el juez o autoridad a cargo del Registro Público de Comercio.
La resolución de la autoridad que disponga la inscripción, y en la que contarán las referencias y constancias del dominio y de las anotaciones registrales, es instrumento suficiente para la toma de razón de la transmisión de la propiedad.
VII. ADMINISTRACIÓN HASTA LA EJECUCIÓN
Salvo que en el compromiso previo se haya pactado en contrario, desde el acuerdo definitivo la administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas queda a cargo de los administradores de la sociedad fusionaria o de la incorporante, con suspensión de quienes hasta entonces la ejercitaban, a salvo el ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 (eventual demanda de rescisión).
VIII. REVOCACIÓN (ART. 86 LGS)
a) Del compromiso previo
El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de los intervinientes si en el lapso de tres meses desde su celebración no se han logrado las decisiones sociales aprobatorias.
* No se trata de un supuesto de caducidad, sino propiamente de rescisión unilateral previsto por el ordenamiento societario. La ley no dispone que “quedará sin efecto” ipso iure, sino que faculta a cualquiera de los contratantes a hacerlo sin expresión de causa, transcurrido el tiempo previsto en ella, sin que se adopten las resoluciones del órgano de gobierno que aprueben el compromiso previo.
* La no obtención de los acuerdos puede ser debida a la ausencia de convocatoria oportuna, a la falta de quórum pese a haber sido convocada la reunión social; o a la inexistencia de mayorías para ese fin.
b) De las resoluciones sociales aprobatorias
Pueden ser revocadas, hasta tanto se haya otorgado el acuerdo definitivo, con recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a las sociedades, los socios y los terceros.
Pensamos que pueden ser revocadas por las sociedades intervinientes mientras no se haya inscripto el acuerdo definitivo de fusión, aunque ya esté otorgado.
Es casi imposible que las decisiones revocatorias no causen eventualmente perjuicios a algunas de las sociedades ni a algunos socios, de igual manera que la fusión sí puede dañar el patrimonio de ellos. Todo acto de reorganización societaria encierra la potencialidad de que se ocasionen perjuicios a algunos accionistas, y se beneficien otros. En todo caso, la revocación otorgará derecho de indemnización (artículo 254, LSC), pero no habiéndose inscripto –y consecuentemente, subsistiendo la personalidad jurídica y el patrimonio independiente de las sociedades fusionantes o incorporada- no vemos una razón decisiva para negar a las sociedades intervinientes la posibilidad de revocar sus propias decisiones, resarciendo los perjuicios causados.
Si el acuerdo definitivo de fusión es rescindible por justa causa, y nada impide el allanamiento a la demanda –por diversos motivos, como podría serlo la fuerte incidencia en los respectivos patrimonios y en las relaciones de cambio, de un ejercicio masivo del receso por accionistas y oposiciones por acreedores- no nos parece congruente negar la posibilidad de la revocación, cuando ésta puede obtenerse a través de una rescisión judicialmente concertada.
IX. RESCISIÓN (ART. 87 LGS)
Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión por justos motivos hasta el momento de su inscripción registral.
Reproduciendo lo expresado en el párrafo anterior, las causales pueden ser:
* Cambio sustancial de las bases del negocio, por haberse modificado en forma sobreviniente la causa fin que determina la decisión de fusionarse.
* Incumplimiento de sus obligaciones por una o varias sociedades, lo que constituiría un caso particular, adaptado a la materia societaria, de pacto comisorio tácito.
* Decisión unánime de los socios de todas las sociedades de revocar el acuerdo definitivo de fusión.
La acción judicial debe ser promovida en la jurisdicción que corresponda al lugar en que se celebró el acuerdo.
X. CUÁLES SOCIEDADES PUEDEN FUSIONARSE
1. ¿Sociedades irregulares?
Según la doctrina mayoritaria, sólo pueden fu­sionarse las sociedades regularmente constituidas[21], pues las sociedades irregulares o de hecho tienen una personalidad jurídica precaria, y esa precariedad sería incompatible con un compromiso de fusión que debe cum­plirse salvo revocación o rescisión por justos motivos.
En sentido contrario, HÉCTOR ALEGRÍA[22] opina que una sociedad irregular puede regularizarse, y tal regularización sería el efecto propio de una fusión. Ello, por otra parte, resultaría coherente con el principio de conservación de la empresa.
Creemos que la fusión sería una forma de regularizar, y en tanto se cumplan los requisitos de ésta, no hay un motivo valedero para impedir su fusión o absorción.
2. Sociedad en liquidación
La sociedad en liquidación, ¿puede fusio­narse?
Según expresa RICARDO NISSEN[23], es incompatible con la regla del art. 101, de que la sociedad en liquida­ción conserva su personalidad "a ese efecto", y la fu­sión sería en consecuencia un acto que rebasaría los límites de la personalidad de la sociedad en liquida­ción.
Por nuestra parte, consideramos que dicha fusión es posi­ble mientras no se haya inscripto el nombramiento de liquidador, y aún después de esa oportunidad, con el acuerdo unánime de los socios (art. 95, LSC), por las siguientes razones:
a) Pese a lo normado por el art. 101, la socie­dad en liquidación conserva su personalidad a otros efectos. Si puede solicitar la formación de su concurso preventivo (artículo 5 de la ley 24.522) que es un modo de preservar la empresa, y una propuesta posible es la constitución de sociedad con los acreedores quirografa­rios (art. 43, ley 24.522), no vemos inconvenientes en que se fusione con otra sociedad u otras sociedades.
b) Los socios disidentes, a quienes cabe que asista un legítimo interés en la percepción de su remanente en la liquidación, están protegidos por el derecho de receso (art. 85), y por la circunstancia de que, en las socie­dades de interés, se requerirán las mayorías necesarias para la modificación del contrato social o el estatuto (art. 83, inc. 2), que en los tipos personalistas se iden­tifican con la unanimidad (arts. 131, 139 y 145), salvo pacto en contrario.
c) Si la sociedad puede decidir su reconducción inclusive después de inscripto el nombramiento de li­quidador -en este caso por unanimidad- no vemos obstáculos sustantivos para que en las mismas condiciones se fusione con otra sociedad.
XI. ESCISIÓN. CONCEPTO. RÉGIMEN (ART. 88 LGS)
Para concluir, haremos una breve referencia a la otra forma de reorganización societaria que es el instituto de la escisión. La patología de la escisión es abordada en otro ensayo, titulado “La escisión de la quiebra”.
Hay escisión cuando:
I) Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad.
II) Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas.
III) Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.
Las hipótesis previstas en estos tres incisos son cinco. En las cuatro primeras, se destina a la fusión parte del patrimonio –proceso de excorporación- y no se disuelve la sociedad; en la última, se afecta la totalidad del patrimonio de la sociedad –que se disuelve- a la constitución de nuevas sociedades:
1- Escisión-fusión con una sociedad ya existente (artículo 88, I). Se destina parte del patrimonio a ese efecto.
2- Escisión-fusión con dos o más sociedades existentes (art. 88, I).
3- Excorporación parcial para constituir una sociedad nueva (artículo 88, II).
4- Excorporación parcial para constituir varias sociedades nuevas (art. 88, II).
5- Escisión-disolución para formar con todo el patrimonio de la escindente varias sociedades escisionarias.
1) Resolución social aprobatoria de la escisión; del contrato o estatuto de la escisionaria, de la reforma del contrato o estatuto de la escindente, y del balance especial al efecto, con los recaudos necesarios para la modificación del contrato social o del estatuto en el supuesto de fusión.
Los socios conservan el derecho de receso (artículo 78, al que remite) así como sus preferencias (artículo 79): los titulares de acciones preferidas (artículo 217) o de acciones ordinarias de voto plural (art. 216) deberán recibir acciones de la misma clase en la sociedad escisionaria o en la sociedad fusionaria, en caso de escisión-fusión.
2) El balance especial de escisión no será anterior a tres meses de la resolución respectiva, y deberá confeccionarse como un estado de situación patrimonial.
Un estado de situación patrimonial es diferente de un balance de ejercicio. Acerca de la valuación, nos remitimos a lo ya expresado al abordar la fusión.
3) La resolución social aprobatoria incluirá la atribución de las partes sociales o acciones de la sociedad escisionaria, a los socios o accionistas de la sociedad escindente, las que se cancelarán si fuere menester la reducción del capital.
El precepto merece algunos comentarios:
* Las partes sociales se atribuyen a los socios de la escindente, conformándose así con frecuencia grupos personales, caracterizados por la igualdad de participaciones de varios socios en distintas sociedades que actúan como conjunto económico.
* La ley prevé la posibilidad de que la escisión no apareje reducción de capital. Sería la hipótesis de que la excorporación patrimonial se realice con reservas libres o resultados no asignados.
4) La publicación de un aviso por tres días en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social de la sociedad escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República que deberá contener:
a) La razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción de la sociedad escindente.
b) La valuación del activo y del pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad.
c) La razón social o denominación, tipo y domicilio que tendrá la sociedad escisionaria.
5) Los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión.
6) Vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y de oposición y embargo de acreedores, se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad escisionaria, practicándose las inscripciones según el art. 84.
Cuando se trata de escisión-fusión se aplican además las disposiciones de los arts. 83 a 87 relativas a la fusión.
[1] En un sentido paralelo, la Exposición de Motivos de la L.S.C. (Capítulo I, Sección XI) expresa: “La fusión y la escisión de sociedades, fenómeno contemporáneo de indudable trascendencia, por el que se opera la reorganización de empresas, no podía omitirse en una regulación de las sociedades mercantiles”.
[2] RAFAEL MARIANO MANÓVIL, “Grupos de sociedades en el derecho comparado”, Ed. Abeledo-Perrot, 1998, págs. 123-125.
[3] No resultan siempre tan inocentes ni inocuas respecto de los acreedores. El procedimiento de oposición, por sí solo, no resuelve los problemas que puedan presentarse, como lo analizamos en nuestro trabajo “La escisión y la quiebra” (La Ley, 1996-C, págs. 1275 y ss.).
[4] MANÓVIL, obra citada, pág. 127.
[5] GRAFFENRIED, citado por MANÓVIL (op. cit., pág. 133, nota 291) afirma: “Las cuestiones que se plantean son si una sociedad agrupada, que ya no tiene voluntad propia, es compatible con la naturaleza de la persona jurídica, si un contrato “de empresa con una sociedad totalmente dependiente no será un contrato consigo mismo, si el sometimiento a una voluntad extraña no atenta contra los derechos de la personalidad de la persona jurídica.”
[6] RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ; CLARET MARTÍ y GAY DE MONTELLÁ, citados por RODRÍGUEZ- citados por SASOT BETES-SASOT en las notas 12, 13 y 14 de su obra "So­ciedades Anónimas-Constitución, modificación y extin­ción", Ed. Abaco, 1982, pág. 522­.
[7] JULIO CÉSAR OTAEGUI, “Fusión y escisión de sociedades comerciales”, págs. 34-35, Ed. Ábaco, Reimpresión.
[8] La palabra “incorporación” es plurisignificante en el derecho comparado. En el derecho norteamericano, la “incorporation” es la obtención de la calidad de sujeto de derecho (corporation); en la ley alemana de sociedades por acciones, se emplea la expresión cuando una sociedad anónima es titular del total o al menos el 95 % de las acciones de otra (MANÓVIL, obra citada, págs. 495-504).
[9] JULIO C. OTAEGUI, “Fusión y escisión de sociedades comerciales”, Ed. Ábaco, reimpresión, págs, 40-41.
[10] Este acuerdo tiene naturaleza contractual (art. 1137 del Código Civil), aunque la decisión de los órganos de gobierno de cada una de las sociedades sea un acto colegiado.
[11] Artículos 235 y 244, 4° párrafo, LSC.
14 Según expresa OTAEGUI (obra citada, pág. 43), la doctrina francesa anterior a la ley de sociedades comerciales de 1966 sostuvo preponderantemente lo contrario, es decir que la fusión comportaba liquidación.
[13] OTAEGUI, obra citada, pág. 43
[14] Teniendo en cuenta que el valor de cada activo es igual al valor presente del flujo de ingresos futuros que generará, y uno de los activos más importantes pueden ser los bienes inmateriales autogenerados, como el valor llave, cuyo cómputo no es admitido por las normas contables, pero en ocasiones puede ser el de mayor trascendencia.
[15] OTAEGUI, obra citada, pág. 102.
[16] HALPERIN, "Sociedades Anónimas", pág. 72, Ed. 1974; DE GREGORIO, "Los balances de las sociedades anónimas", pág. 220, nota..
[17] Si la sociedad incorporante A tiene un patrimonio de 100, y el accionista minoritario de A –al que llamaremos “a” con minúscula- posee acciones que representan el 10 % del capital, el valor patrimonial proporcional de su parte es igual a 10. Si la sociedad incorporada B tiene un patrimonio de 80, y el accionista minoritario –al que designaremos como “b”- es tenedor de acciones representativas del 30 % del capital, el valor de su parte es 24.
Suponiendo que no existan créditos, deudas, ni participaciones entre las sociedades A y B, el balance consolidado, después de la absorción, nos indica un patrimonio de 180. Si “b” recede –pues le asiste el derecho, por no ser accionista de la sociedad incorporante, sino de la incorporada- la sociedad absorbente tendrá un patrimonio, después del receso, de 156 (180 – 24). Si “a” tuviera derecho de receso, la incidencia de su retiro reduciría el patrimonio de la incorporante a 170 (180 – 10); menor detrimento patrimonial que en el receso autorizado.
[18] RAIMONDI, “Aspectos prácticos de la fusión de empresas”, Derecho Empresario, mayo 1976, n° 26, T.III, pág. 746, citado por OTAEGUI, “Fusión y Escisión de Sociedades Comerciales”, pág. 161.
[19] OTAEGUI, obra citada, pág. 161.
[20] En igual sentido, el art. 83 de la LSC en su anterior redacción, disponía que “ésta (la fusión) no puede realizarse si no son desinteresados o debidamente garantizados. En caso de discrepancia acerca de la garantía se resolverá judicialmente”.
[21] ZAVALA RODRIGUEZ, "Fusión y escisión de sociedades", pág.89, nº 30; OTAEGUI, obra citada, pág. 52; NISSEN, "Ley de Sociedades Comerciales", T. 2, pág. 137.
[22] “Problemas teóricos y prácticos de la fusión de sociedades", en Derecho Empresario, Mayo 1976, nº 21, T.III, pág. 701
[23] Obra citada, pág. 137.
Publicado por Julio Rougès en 12:09