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Timestamp: 2019-11-18 21:20:57
Document Index: 79040539

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El Tribunal Constitucional avala la reforma laboral del PP que va en contra de derechos laborales y sociales internacionales - Comunidad LRM
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El sentido del fallo de la Sentencia se da a conocer el mismo día en que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por vulnerar sus compromisos internacionales. Sin embargo, nuestro propio Tribunal Constitucional, haciendo una lectura de nuestra Norma Fundamental por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales, viene a declarar que la reforma laboral es compatible con el texto constitucional.
La reforma laboral impuesta en 2012, por el Real Decreto-Ley 3/2012, y posteriormente recogida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, originó la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad, uno por parte del Parlamento de Navarra y otro, por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Izquierda Plural ambos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional el día 30 de octubre de 2012.
El pasado 16 de julio, el Tribunal Constitucional dictó Sentencia desestimando el recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra. En el día de hoy, se ha publicado en la prensa, que igualmente el Tribunal Constitucional desestima el recurso interpuesto por los Grupos Parlamentarios PSOE e Izquierda Plural, por nueve votos a favor y tres en contra, sin que hasta el momento sea conocido el fallo ni la posible existencia de votos particulares.
El sentido del fallo de la Sentencia se da a conocer en el mismo día en que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por vulnerar sus compromisos internacionales, sin embargo, nuestro propio Tribunal Constitucional, haciendo una lectura de nuestra Norma Fundamental por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales, viene a declarar que la reforma laboral es compatible con el texto constitucional.
Hasta que el fallo de la sentencia sea notificado, habrá que esperar a hacer una valoración en relación al resto de cuestionamientos planteados por PSOE e Izquierda Plural como los relativos a la definición de las causas económicas dada por la Ley 3/2012 o la regulación de los ERE en la Administración.
Hasta entonces, y en cualquier caso, tal y como venimos manifestando desde las reformas operadas por la Ley 3/2012, para UGT y CCOO:
La Sentencia viene a ratificar la pérdida de poder de la negociación colectiva como instrumento de regulación de las relaciones laborales frente al poder unilateral del empresario, obviando el papel que la misma tiene que desempeñar en nuestro Estado Social y democrático de Derecho.
Declarar la constitucionalidad de la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos en las empresas, y la preferencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en aspectos que afectan esencialmente a las condiciones de trabajo, hace una interpretación de la Constitución que menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva que, junto al de libertad sindical y de huelga se erigen en un baluarte constitucional para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.
Permitir que se inaplique un convenio colectivo simplemente con el Voto de la Administración, en un órgano administrativo, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), es retrotraernos a la época franquista de las relaciones laborales e ignorar el pronunciamiento de la Organización Internacional de Trabajo (OIT ) en la Queja presentada por CCOO y UGT sobre la reforma laboral que expresamente ha señalado que: “para conseguir y conservar la confianza de la partes, todo sistema de arbitraje debería ser realmente independiente, es decir que los resultados de los arbitrajes no deberían ser predeterminados por criterios legislativos.”
Declarar la constitucionalidad del contrato de apoyo a los emprendedores, significa la posibilidad del despido sin causa la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo, y que los trabajadores y trabajadores de este país no puedan desarrollar una vida con estabilidad, ante la incertidumbre de ser contratados bajo una modalidad de contratación con una organización del trabajo absolutamente discrecional.
​El actual fallo del TC que examina de nuevo aspectos parciales de la reforma del 2012, ha venido condicionado por los pronunciamientos anteriores que se realizaron con una fórmula de “despiece” previo, en lugar de haberse resuelto de una forma global. Atendiendo a que determinados aspectos, pueden no haber tenido en cuenta estándares mínimos de derecho internacional, cuando conozcamos la sentencia estudiaremos las reclamaciones que a nivel internacional pudieran proceder.
El informe conocido el día de ayer, emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) constata que nuestro país incurre en graves incumplimientos de los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la Carta Social Europea (CSE), incluyendo numerosos aspectos que hacen referencia al marco normativo de la legislación laboral, así como en los niveles del Salario Mínimo Interprofesional.
Con ello acoge las alegaciones presentadas por la Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT, al informe que el gobierno presento ante el CEDS en relación con diversos aspectos incluidos en la reforma laboral.
La CSE es un tratado internacional de 1961 que España tiene firmado y ratificado igual que el Protocolo Adicional de 1988 que son las partes vinculantes de la Carta, pero no así la ampliación que se hizo en el año 1996 y que él gobierno firmó en el año 2000 pero que todavía no ha sido llevada a las Cortes para su ratificación. Tampoco lo ha sido el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 que va asociado a la misma.
El Salario Mínimo Interprofesional no asegura un nivel de vida digno. El Comité considera que el salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos “no asegura un nivel de vida decente”. Recuerda que “a fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4§1 de la Carta de 1961, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 50% del salario medio neto”. A la vista de las alegaciones expresadas por las organizaciones sindicales, “toma nota de que después de las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta, el SMI, así como el salario mínimo del personal contractual están por debajo del umbral mínimo fijado en el 50% del salario medio neto, y por lo tanto son manifiestamente abusivas en el sentido del artículo 4§ 1 de la Carta de 1961”. Se pide que el próximo informe se incluya información sobre la tasa de cobertura de los convenios colectivos se aplican en los sectores público y privado, así como en los salarios mínimos acordados. También pide información sobre la remuneración mínima aplicable a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
La falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales, y en el contrato de apoyo a los emprendedores introducido por la reforma laboral.Se llega a la conclusión de que España no garantiza los derechos establecidos en el artículo 4§4 de la Carta de 1961, sobre la base de que no exige un plazo de preaviso razonable en la extinción que decide el empresario en numerosos supuestos, siendo el más llamativo el establecido durante el período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores, introducido por la reforma laboral. “El Comité observa en el presente caso, pues no prevé plazo de preaviso o indemnización por despido durante el período de prueba excepcional del contrato de soporte empresario.
El Comité constata el incumplimiento del Gobierno del derecho de libertad sindical, al no haber establecido un procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales ante de aprobar la reforma laboral.El Comité concluye que la situación en España no está en conformidad con el artículo 6§2 de la Carta de 1961, entre otro motivos, por haberse aprobado el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, que afectaban de forma muy directa a la negociación colectiva, sin consulta de los sindicatos y las organizaciones patronales. Declara que “el Comité considera en este contexto que las medidas adoptadas en España son desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos y, por tanto, no cumplen con las condiciones establecidas por el artículo 31 de la Carta de 1961.”
La restricción del derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical.El derecho de huelga tiene restricciones indebidas por el Gobierno, que son contrarias al artículo 6§4 de la Carta de 1961, sobre la base de que la legislación autoriza al Gobierno a imponer el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga en los casos que van más allá de las excepciones permitidas por el artículo 31 de la 1961 Carta. De esta forma, el derecho de huelga sufre una importante restricción pues la autoridad gubernativa puede dejarlo sin efecto a través de una medida que no está suficientemente justificada en las razones excepcionales que permite la propia Carta. Además, el Comité toma nota de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales sobre la criminalización de la actividad de los piquetes informativos, por lo que pide al Gobierno información al respecto a fin de evaluar si se vulnera igualmente la libertad sindical.
Regulación de la jornada flexible.Reprocha que nuestra legislación establezca, para la distribución de la jornada flexible, períodos de referencia de un año, como en el establecimiento de la jornada máxima anual, o en la determinación de la jornada irregular que puede libremente imponer el empresario tras la reforma laboral. Dice que “Los períodos de referencia no deben exceder de seis meses.
Medidas compensatorias para trabajadores en puestos con riesgos para la salud.El Comité considera que España incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores expuestos a los riesgos para la salud y la seguridad tienen derecho a medidas compensatorias, como reducción de las horas de trabajo, tiempo de exposición o de permiso pagado adicional, lo que implica la vulneración del artículo 2§4 de la Carta de 1961. Esta norma exige que a los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en puestos peligrosos para la salud, se les de tiempo suficiente y regular para recuperarse del estrés o la fatiga.
Horas Extraordinarias.En materia de horas extraordinarias, se concluye que España no está en conformidad con el artículo 4§2 de la Carta de 1961, sobre la base de que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza una mayor remuneración o un mayor tiempo libre compensatorio de las horas Extraordinarias.
– España es un país europeísta y con vocación de ser un país relevante en la UE y que
– Europa no solo trae malas noticias a los ciudadanos españoles sino también derechos.​
Fuente: UGT y Eneko.
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