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Timestamp: 2020-08-15 17:23:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 2']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 263, de 28/04/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 263
Sesión núm. 12 celebrada el martes 28 de abril de 2009
- De renta básica. Formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 158/000002.)... (Página 2)... (Página )
- Sobre estudio de las consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores con jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y sus medidas compensatorias. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/000069.)... (Página 7)
Con el objeto de promover centros de acogida de menores no acompañados en países de origen. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000863.)... (Página 11)
- Relativa al restablecimiento de los 59 millones de euros que han sido detraídos del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000910.)... (Página 14)
- Para impedir la reducción del Fondo de apoyo a la acogida y a la integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos.
(Número de expediente 161/000916.)... (Página 14)
- Sobre promoción de estudios dirigidos a conocer el nivel formativo de la población inmigrante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000995.)... (Página 18)
- Sobre promoción de acciones de información y participación dirigida a la población española residente en el exterior. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000996.)... (Página 21)
- DE RENTA BÁSICA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 158/000002.)
Vamos a dar comienzo al orden del día. Saben que el primer punto es el debate y votación sobre la creación de la subcomisión de renta básica, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Creo que se van a distribuir el tiempo entre el señor Tardà y el señor Herrera para la defensa de la misma. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Brevemente, puesto que tenemos solo diez minutos y además compartiré el tiempo con mi compañero Joan Herrera. Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida y también Iniciativa per Catalunya Verds solicitamos la creación de una subcomisión, ya en la pasada legislatura para que pudiera estudiar la posible viabilidad de la aplicación de la renta básica universal. La verdad es que no conseguimos que finalmente se creara, puesto que quedó relegada a favor de otras subcomisiones. Ciertamente, luego, en el debate de política general del año 2005, los compañeros de Izquierda Unida, Iniciativa y Esquerra Republicana conseguimos que se aprobara una resolución a favor de la creación de esta subcomisión, pero a pesar de todo terminó la legislatura y la subcomisión se quedó sin crear. En los primeros días de funcionamiento de esta IX Legislatura pedimos ya la creación de la subcomisión y por eso hoy, después de cuatro años y medio, casi cinco de perseguir este objetivo, nos sentimos un poco felices puesto que finalmente se va a votar creo que favorablemente y por tanto a crear en esta Comisión de Trabajo e Inmigración.
En la época de bonanza de la pasada legislatura de superávit de las cuentas del Estado era un momento oportuno para realizar el estudio.
Hubiera servido de colchón y ya tendríamos los trabajos avanzados para poder dilucidar si existe viabilidad en favor de la renta básica universal; ciertamente ahora estamos en otro contexto económico muy distinto, pero también es cierto que, por ejemplo, no hemos ganado la lucha para erradicar la pobreza, al contrario, estamos asistiendo a una aceleración de una sociedad dual, y posiblemente el contexto económico que estamos viviendo nos deparará incluso escenarios mucho más agudizados. Es necesario que nos planteemos al menos la viabilidad de la renta básica en un contexto de crisis, por muchas razones. He hablado de la necesidad de combatir la pobreza, la marginación, la exclusión social y, además, permitiría -y así lo han estudiado economistas desde el mundo académico- una inyección de dinero a la población más necesitada, que no sería destinado al ahorro sino al consumo. Aquí también hablamos de variables de carácter económico que podrían actuar como catalizadores de un proceso de crecimiento económico y todo ello nos lleva a plantear la necesidad de debatirlo.
Permítanme que ponga tres ejemplos de colectivos que posiblemente estarían muy interesados y que socialmente responderían a una inquietud y a una urgencia. Hablo de los jóvenes, de las mujeres dependientes económicamente y de las personas mayores, de las personas ancianas. La juventud tiene que afrontar la inmersión en el proceso de Bolonia donde se va a dificultar la compatibilización de estudio y empleo. La juventud está inmersa en un mercado laboral que le reserva precariedad. Con esta renta básica le permitiría afrontar su periodo de formación laboral y profesional con unos ingresos dignos. Respecto a las mujeres dependientes económicamente, me gustaría recordar las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, que incluso habló de la necesidad de retribuir a las mujeres que trabajan en el ámbito familiar. A pesar de las políticas de igualdad desarrolladas en los últimos años, las mujeres siguen asumiendo los roles domésticos. Esto es una realidad. En este sentido, las mujeres desempleadas realizan esas tareas sin ningún tipo de reconocimiento moral o económico. La renta básica seguro que tendría que plantearse qué hacer con este segmento de población. Finalmente, respecto a las personas ancianas, ustedes saben que hay personas que tienen una asignación francamente vergonzosa. La aprobación de una renta básica supondría la consecución de un salario más digno y equiparado al resto de asignaciones.
En definitiva, se hace muy necesaria la creación de esta subcomisión y mi compañero Joan Herrera remachará el clavo. Intentamos que los puntos que atienden el objeto de la subcomisión: sistema de decisión, designación de comparecientes y documentación se aprueben tal como están redactados, pero estamos abiertos a debatir algunas enmiendas que se han presentado porque no afectan a las paredes maestras de nuestra reclamación -me refiero a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y a Esquerra Republicana-, que nos ha costado -y lamento decirlo- casi cinco años conseguir. Si las cosas terminan bien, bien empleado está el trabajo realizado.
El señor HERRERA TORRES: Intervendré de forma breve. Este no es un debate nuevo. De hecho, es un debate que lleva tiempo en foros académicos, en marcos de discusión e incluso se ha discutido en esta casa con las peticiones de creación de subcomisión. También en el Pleno de la Cámara en octubre de 2007 se llegó a discutir una proposición de ley planteada por Iniciativa Verds y por Esquerra Republicana, por los grupos que hoy firmamos esta petición de subcomisión. Espero que en la subcomisión, así como en el debate de hoy no se reproduzcan los argumentos que se expusieron entonces. Se puede estar matizadamente en contra, se puede estar radicalmente a favor, pero, en cualquier caso, no se puede despachar esta propuesta ni estas reflexiones que se producen en España, pero también a lo largo y ancho del planeta, con la descalificación que tuvo en el Pleno de octubre de 2007. No se trata de una paga para que la gente no trabaje, como se llegó a plantear entonces, se trata de una cantidad de recursos humildes que permitan tener mayor libertad para elegir qué hacer. Quiero dejar claro que lo que hoy discutimos es, en primer lugar, la creación de una subcomisión para el estudio de la renta básica y, en segundo lugar, que el objetivo final que se plantea incluso cobra mayor vigor en la situación actual de crisis, porque hoy precisamente existe mayor riesgo de exclusión.
¿Qué es la renta básica? Una transferencia universal con pretensión incondicional. El objetivo está claro: la desmercantilización de las personas, que todo el mundo pueda vivir sin precariedad, dignamente, con independencia de su relación con el mercado de trabajo. Se traduce en el derecho de la ciudadanía, que no puede ir desligado al de garantía de la seguridad económica. Quien no tiene la existencia material garantizada no es libre, no es libre quien depende de otro para su subsistencia, y esta aportación que lleva mucha reflexión detrás puede significar un paso adelante. El objetivo principal es la erradicación de la pobreza, en un país como el nuestro, en el que hemos estado presumiendo de superar los niveles de renta de Italia, por poner un ejemplo, pero en el que hay un 20 por ciento de personas que viven en la pobreza, porcentaje que viene a incrementarse por la situación de crisis y por el fuerte endeudamiento familiar.
Los datos demuestran que la baja efectividad del sistema de transferencias de la Seguridad Social no es el único ni el mejor de los mecanismos de prevención de la pobreza y tiene que haber elementos extra. Lo cierto es que España es uno de los países de la Unión Europea con menores ayudas públicas y de hecho las ayudas públicas tan solo reducen la pobreza en un 14 por ciento. En otros países de la Unión Europea las ayudas reducen la pobreza en un 42 por ciento, diferencia más que notable. Existen, además, modelos de simulación. Hay uno realizado en Cataluña por la Fundación Jaume Bofill, que destaca que mediante una reforma del IRPF y una reasignación de las prestaciones públicas se podría financiar una renta básica equivalente a 5.500 euros anuales para adultos y la mitad para menores. Existen también diferentes estudios que acreditan que a quien favorecería precisamente sería al conjunto de la población y a quien perjudicaría sería a los estratos de población más rica.
Por no alargarme añadiría que, por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, en su artículo 24.3, se recoge el derecho a una renta garantizada de ciudadanía para las personas o familias en situación de pobreza que les asegure unos medios de vida dignos. Si bien no es equiparable en su totalidad a la renta básica, representa un avance, desde nuestro punto de vista, un primer paso, una renta garantizada de ciudadanía, que además está siendo reivindicada por Comisiones Obreras para las personas que pierdan su trabajo y agoten las prestaciones
con el objetivo de asegurar unos ingresos mínimos de supervivencia. Estas reflexiones se tienen que situar en un contexto. La renta básica puede ser un elemento importante, sin duda, de una sociedad justa, pero suponer que esta medida es suficiente sería sesgado. Para que se avance en este sentido nosotros consideramos que medidas como esta se tienen que acompañar de una redistribución impositiva de los impuestas, y lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de subsistencia. Por tanto, esta medida debería ir acompañada de reformas fiscales estructurales, pero esto lo trataremos cuando se cree la subcomisión.
Como conclusión, la creación de la subcomisión es un paso adelante que nos permite avanzar en una reflexión profunda no solo académica sino bastante extendida en una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión y de garantizar sobre todo la libertad, que es fundamental. De hecho, Antoni Domènech y Daniel Raventós, en un artículo publicado en un diario de escala estatal, decían que las luchas por el sufragio universal para todos los hombres, ricos y pobres, y después para todas las mujeres también parecieron una locura diabólica a muchos, que consideraban el sufragio censitario el no va más del orden social. Decían: No es imposible que en unas décadas todos se escandalicen de los argumentos de quienes hoy se rasgan las vestiduras ante una medida que promovería diabólicamente -entre comillas- la vagancia -y lo dicen precisamente porque así se tildó la propuesta en el debate de octubre de 2007-, como ahora nos escandalizan los argumentos de quienes no hace tanto -el Vaticano no levantó para los católicos la prohibición de votar hasta 1929- se rasgaban las vestiduras ante la sola idea de que pudieran votar todos, también los pobres, también las mujeres, también -por qué no- los vagos. Yo creo que esas palabras reflejan la pretensión de la propuesta y nosotros valoramos que se empiece a hablar en esta Cámara de una propuesta con apoyo no solo académico sino más allá de lo académico.
El señor PRESIDENTE: A este punto se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, hoy vamos a debatir la creación de una subcomisión que viene defendiendo Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds desde hace tiempo sobre la viabilidad de establecer una renta básica. Hemos presentado dos enmiendas y vamos a apoyar su creación porque nos parece interesante y adecuado que el debate se realice en sede parlamentaria. Otra cuestión es la valoración que podamos tener de alguno de los temas esbozados en la justificación para la creación de la subcomisión por parte del grupo de Esquerra. Nosotros consideramos que a pesar de la crisis económica, este es buen momento para debatir temas que indudablemente afectan al conjunto de la ciudadanía. Lo fácil sería evitar esta cuestión o esbozar otro tipo de iniciativas tendentes a recortar propuestas y derechos sociales de la ciudadanía. La legislatura pasada fue desde nuestro punto de vista la legislatura de los derechos sociales. En ese sentido, el Gobierno socialista impuso un marcado tinte de izquierdas a ese tipo de políticas, no solamente en el terreno de la dependencia sino en el terreno de la igualdad, en el incremento de las pensiones y en el incremento del salario mínimo. Por eso creíamos sin ninguna duda que no había lugar a discutir en aquel momento la renta básica de ciudadanía teniendo en cuenta que se estaba avanzando en algunos elementos de protección social desconocidos hasta entonces. Sin embargo, nosotros consideramos que este es un buen momento de debatirlo, sabiendo indudablemente que los distintos grupos vamos a tener muchas diferencias a la hora de interpretar qué es la renta básica. Tenemos experiencias, han existido subcomisiones anteriores que han marcado posiciones sobre temas que indudablemente tenían un efecto en el mercado de trabajo y en la propia dinámica empresarial. Ahí está la RSC -la responsabilidad social corporativa-, donde pudimos hacer un informe consensuado por todas las partes y que sirvió para que todos los grupos tuviésemos claramente una idea de su significado y pudiésemos trasladar a la sociedad qué es lo pensaba el Parlamento de España sobre ello.
Además, queremos enmarcar este tema dentro de las conquistas sociales que se han venido realizando en los últimos cuatros años y dentro también de la posición que mantienen actualmente nuestro Gobierno y nuestro grupo de salir de la crisis sin realizar recortes sociales, como bien ha manifestado nuestro presidente. En ese sentido, la configuración del Estado español ha permitido que las comunidades autónomas fuesen responsables a la hora de prestar los servicios sociales, pero al mismo tiempo fuesen responsables a la hora tomar iniciativas, alguna de ellas en el marco legislativo y otras en el marco puramente asistencial, que tienen que ver con las rentas mínimas para prevenir y para facilitar la inserción de sectores que en un momento determinado, ante una desprotección del desempleo o una desprotección de las no contributivas, pudiesen sentirse marginados. Nosotros consideramos que esta es una experiencia positiva que previsiblemente habrá que desarrollar en las futuras semanas y en los futuros meses. Este es un tema que indudablemente puede tener un engarce con la subcomisión que hoy vamos a apoyar y que desde nuestro punto de vista está íntimamente relacionado con una situación en la cual se ha incrementado el desempleo y a pesar de tener casi el 75 por ciento de protección de los desempleados, hay una parte importante de los ciudadanos que consumen su derecho a desempleo y que también consumen su pensión no contributiva. Por tanto, tienen que tener algún tipo de ayuda para mantener a su familia y para poderse reinsertar en el mercado de trabajo. En ese sentido, nosotros queremos
dar apoyo a la renta básica y también en ese sentido vamos a orientar la presencia de los comparecientes y la posición de mi grupo.
Hemos presentado dos enmiendas la primera de las cuales es para que el objeto de la Comisión quede nítidamente reflejado y pedimos al Grupo de Esquerra-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que nos la acepten. Respecto a la segunda enmienda, queríamos hacer una matización, puesto que consideramos que no queda suficientemente explicada. Hace referencia a la designación de comparecientes. Nosotros queremos autoenmendarnos en el sentido de que la Comisión de Trabajo e Inmigración designará de forma consensuada el número de los comparecientes que sean presentados para aportar la información oportuna a fin de cumplir con el objeto de la subcomisión. Esas son las dos enmiendas que nosotros hemos presentado y esas son las razones por las cuales vamos a apoyar la constitución de la mencionada subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al turno de fijación de posiciones, ¿acepta el grupo proponente las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista?
El señor TARDÀ I COMA: Sí, aceptamos las enmiendas en los términos que ha explicado, puesto que hay una corrección respecto a lo redactado en la segunda que había presentado previamente el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de los grupos respecto a este debate tiene en primer lugar la palabra por el Grupo de Convergència i Unió el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A nosotros la renta básica siempre nos ha parecido una mala idea que en el supuesto de implementarse tendría consecuencias negativas para las personas, para el conjunto de la economía y para el conjunto de la sociedad. Esta es nuestra posición de fondo. En las ocasiones que hemos podido expresarla, ya sea en debates parlamentarios, ya sea en debates académicos o en debates sociales, nos hemos mantenido en esa dirección. Además nos parece que esa mala idea es más propia del debate de un centro universitario que no de los trabajos del Congreso de los Diputados. Nos parece estrictamente que plantear la discusión sobre la renta básica ciudadana, en el momento económico que estamos viviendo y con cientos de miles de personas que han visto agotada su prestación por su desempleo o cientos de miles de personas que en ningún momento han podido cobrar una prestación de desempleo, no deja de ser un punto estratosférico, muy alejado de las preocupaciones y de los problemas de los ciudadanos.
Decía que es una mala idea porque estamos muy convencidos de que una transferencia monetaria incondicionada no refuerza ni la libertad ni la capacidad de emanciparse a los ciudadanos. Al contrario, los hace dependientes del dinero que les transfiere el Gobierno, siempre en cantidades mínimas; no responsabiliza a los ciudadanos sobre sus capacidades de generar proyectos de vida propios, independientes, autónomos y orientados a la generación de valor y reduce el concepto de la ciudadanía simplemente a una transferencia económica. Si uno analiza algunos de los programas que se han desarrollado de transferencias monetarias incondicionadas en Estados Unidos, por ejemplo en algunas reservas indias, donde existe la transferencia económica a las personas que viven en esas reservas, puede comprobarse que eso no ha servido para emancipar a esas personas y esas a comunidades sino para consolidar su dependencia económica y para permitir que algunas patologías sociales, vinculadas a los problemas de alcohol o las drogas, se instalen en esas comunidades. El único ejemplo respecto al debate planteado por el señor Herrera que podemos citar de renta básica incondicional es el caso de Alaska, donde efectivamente dicho Estado, vinculado a los ingresos del petróleo, garantiza un ingreso mínimo a todos los ciudadanos. Es bueno recordar que precisamente la candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, la señora Palin, ganó sus elecciones en el Estado de Alaska precisamente por una subida muy sustancial de ese ingreso no condicionado que el Estado de Alaska da a sus ciudadanos. Sin embargo, nos parece que ni en España ni en Europa se dan las condiciones que se dan en Alaska de ninguna de las maneras. Insisto en que esta nos parece una mala idea.
Ahora bien, en la medida en que el grupo que apoya al Gobierno ha manifestado la voluntad de crear esta subcomisión, Convergència i Unió va a intentar convertir los trabajos de la misma en una oportunidad para discutir algunas otras cuestiones de fondo que son las que nos preocupan.
Nos preocupa si el actual tratamiento de las pensiones no contributivas es el adecuado tanto en su cuantía como en sus incompatibilidades con el empleo remunerado, como en el cálculo de los ingresos que una persona tiene para poder recibir esa pensión no contributiva. Queremos analizar si la renta activa de inserción que gestiona el Ministerio Trabajo está bien orientada; si las rentas mínimas de inserción que están gestionando las comunidades autónomas deben ser apoyadas en su financiación por parte del Gobierno del Estado; si las empresas de inserción desempeñan un papel importante y relevante en la inserción de las personas en situación de exclusión social; si tiene sentido analizar la experiencia de los microcréditos, que han sido útiles en los países en vías de desarrollo precisamente no para transferir recursos de manera incondicionada a los ciudadanos sino para estimular su compromiso emprendedor y empresarial, asumiendo que se reciba un dinero, pero trabajando para retornarlo, si esas experiencias que han sido exitosas en los países en vías de desarrollo se pueden implementar en la sociedad española. También debemos preguntarnos si en un momento en el que la falta de protección social de cientos de miles de personas va a
obligar a los poderes públicos a ampliar la protección social a aquellos que no han contribuido o han visto agotada su prestación por desempleo, debemos ampliar esa protección social y si debe ir vinculada a la formación y a la capacidad de compatibilizar una pensión al desempleo con un empleo remunerado. Esas son las cuestiones que Convergència i Unió va a plantear en esta subcomisión, porque el debate estrictamente académico sobre la renta básica al ciudadano tiene un interés social y político muy escaso. Nos equivocaríamos si esta subcomisión nos llevase a pretender implementar en España la renta básica ciudadana. Esa va a ser nuestra posición en el debate de los próximos meses.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, esta iniciativa que lleva peloteando más de cuatro años tuvo sin duda su momento de gloria hace casi dos, en el debate en forma de proposición de ley que fue rechazada. El señor Membrado decía en su intervención que lo fácil sería evitar o incluso rechazar esta iniciativa. Precisamente eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años en esta Cámara, es decir, que el Grupo Parlamentario Socialista ha evitado o rechazado cuando menos la tramitación o el debate de esta iniciativa. El señor Membrado decía también que la pasada legislatura fue la de los derechos sociales, sin mencionar que esta precisamente está siendo la de la pérdida de todos los derechos sociales, porque nunca antes se ha retrocedido tanto en términos de empleo o de número de familias con todos sus miembros en el paro o sin renta o respecto del número de inmigrantes que en este momento no tienen la regularidad en términos normativos suficientes, como para afirmar este enunciado sobre lo que significa esta legislatura.
Hoy llega a esta Comisión esta iniciativa apadrinada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha decidido por fin tramitarla, y no sabemos muy bien si esto ha sido porque ha decidido cambiar en 180 grados su posición de 2007 o porque un déficit del 8 ó 9 por ciento al que vamos a llegar en este ejercicio no les parece suficiente o porque necesitan hacer de la necesidad virtud en estos momentos de escasez o de soledad parlamentaria y, por tanto, tienen que dar gusto a algún grupo en términos de peaje por muy descabellada que sea la propuesta. Desde luego el Grupo Parlamentario Popular no va a ser el que pida el estudio y debate de una iniciativa en esta Comisión, a pesar de la definición de esta por parte del señor Tardà a lo largo de estos últimos años, de la que decía que era una propuesta profundamente republicana o la concreción política de los valores republicanos, definición que a nosotros nos bastaría para mandarla a casa por la evidente disonancia de estos valores con lo que entendemos suponen los deseos y anhelos de los españoles de nuestra época, del siglo XXI, y de los valores constitucionales de nuestra democracia.
En cualquier caso, tenemos que hacer algunas consideraciones respecto de esta subcomisión, en primer lugar, desde el punto de vista de la oportunidad. Nuestro país tiene en este momento un déficit que acabará este año por encima del 8 por ciento. Tenemos más de 4 millones de parados en nuestro país y una situación impositiva o fiscal de las más elevadas de toda la Unión Europea. Tenemos -ya lo he dicho- más de un millón de familias con todos sus miembros en el desempleo, más de un millón de personas que en este momento no tienen ningún ingreso porque ha concluido su derecho a la prestación por desempleo y más de un millón de inmigrantes irregulares. Por lo tanto, no sé si desde el punto de vista de la oportunidad política este es el momento más adecuado para plantear una iniciativa de estas características. En cualquier caso, ustedes verán -los del grupo mayoritario de la Cámara, del Grupo Socialista- lo que esto significa desde el punto de vista de la carga presupuestaria o fiscal y desde luego las consecuencias que desde nuestro punto de vista tiene para el empleo.
Otra consideración que queremos hacer es sobre la experiencia. Señorías, la comunidad autónoma con más paro en este momento en nuestro país es la que tiene más subsidios, es Andalucía. El PER, lejos de contribuir a lo largo de los últimos años a una disminución del paro, lo que ha hecho es consolidarlo; ha consolidado ese statu quo de desempleo en la Comunidad Autónoma andaluza y, por lo tanto, no podemos olvidar que hay gente que sumando el subsidio a alguna otra chapuza sobrevive sin contribuir a los gastos generales de la sociedad. Las prestaciones económicas universales no condicionadas, incluso inembargables como es esta que hoy se nos trae a debate, no tienen por qué crear una sociedad más justa e igualitaria y, sin embargo, sí tienen riesgo de aumentar la ociosidad, el parasitismo e incluso la irresponsabilidad. La Fontaine primero y Samaniego después ya reflejaron perfectamente en sus fábulas este hecho, especialmente en la de la cigarra y la hormiga, y pusieron de manifiesto que quien se prepara para el invierno puede diferenciarse claramente desde el punto de vista social de quien ha estado cantando todo el verano sin esforzarse y luego pide la ayuda de quien ha sido responsable, ha ahorrado, ha trabajado o se ha esforzado.
Quisiera hacer otra consideración en referencia a nuestro país en el ámbito del modelo social europeo. España es un Estado social y de derecho que forma parte de la Unión Europea y que tiene un sistema de protección social bastante generoso -de los más generosos de nuestro continente, desde luego más generoso que aquellos países que tienen una tradición calvinista- y con un importante número de ayudas condicionadas, eso sí, que mejoran la redistribución de la renta y que desde luego permiten tener una garantía de lo que significan las prestaciones sociales. Eso sí, están ligadas a cumplir unos requisitos: becas ligadas a unos buenos resultados escolares; ayudas, pensiones y desempleo ligados a cotizaciones; subsidios ligados a circunstancias o a necesidades familiares; rentas de inserción o fondos para
la dependencia ligados también a determinadas circunstancias, o incluso algunas ayudas de ONG o de la propia Iglesia católica ligadas a todas estas cuestiones. Por lo tanto, lo primero que hay que resaltar es que en ese modelo social europeo no existe en este momento ningún ejemplo en nuestro continente ni siquiera parecido a lo que hoy se nos plantea. En cualquier caso, la defensa del derecho a no trabajar hasta ahí está bien -el derecho a no trabajar nos parece razonable-, pero subvencionarlo, costearlo o pagarlo a costa de los que sí trabajan cuando hay 4 millones de parados en nuestro país nos parece cuando menos cuestionable. No sé si hay algo más injusto o más insolidario que los que trabajan y se esfuerzan tengan que costear y subvencionar a los que quieren disfrutar del derecho a no trabajar. Por tanto, pasar del Dios proveerá al Estado proveerá, en lugar del valor al esfuerzo, nos parece que puede ser un principio magnífico desde el punto de vista de lo que significa el marxismo puro, pero no sé si se compadece muy bien con la situación que en este momento vive nuestro país y las necesidades que tendremos de cara al futuro.
Señorías, el artículo 35 de la Constitución española proclama que el trabajo es un derecho fundamental y un deber de los españoles; el artículo 40 también de la Constitución española proclama que los poderes públicos tienen que orientar sus políticas precisamente hacia el pleno empleo, y nosotros creemos realmente que financiar a quien no quiere trabajar, dar un cheque, en definitiva, igual a ricos y a pobres es pegarnos una vez más un tiro en el pie de la competitividad, supondría en los términos expuestos una cantidad superior a lo que en este momento significa la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de nuestro país y casi cuatro veces superior a lo que es el presupuesto de la Seguridad Social, con lo que eso supone en términos económicos, y eso no conduciría a otra cosa distinta que a un país con todos sus habitantes más pobres o más en la ruina. Es, entendemos, desandar un camino andado en los últimos siglos por nuestro país. Es un sistema que complica las actuales competencias autonómicas y que incrementaría los impuestos, el gasto público y perjudicaría directamente al sistema productivo español y, por tanto, crearía más desempleo. Es construir una sociedad de ciudadanos dependientes de las rentas públicas y un elemento desmotivador para la búsqueda de empleo. Por tanto, nosotros que creemos que el trabajo es la mejor fuente de integración social de la persona y no una renta, que creemos en una sociedad de oportunidades y en el valor del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación y de la responsabilidad, tanto individual como colectiva, y desde luego, en el individuo más que en el Estado, y en la necesidad de crear entornos y climas para salir de la exclusión y no chapotear en medidas de estas características, no entendemos si este tipo de subsidios o de rentas se la pagarían los pensionistas con su pensión y el resto se la pagaría el Estado. Si es así, nos parece profundamente injusto. Repito, nosotros creemos que la mayor política social, que la mejor política social es la que favorece la creación de empleo y que el Gobierno tiene que luchar por mejorar las oportunidades de renta y de bienestar de los españoles. Quien lo hizo en los últimos 25 años, el gobierno que más oportunidades y esperanza de futuro generó, creando 5 millones de nuevos empleos, para casi el 15 por ciento de los ciudadanos de este país, fue el Gobierno del Partido Popular. Por tanto creemos que la mejor y mayor política social es la que favorece el empleo, la responsabilidad, la libertad, el mérito y la iniciativa individual y social.
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, ¿ustedes se van a oponer a la creación de la subcomisión?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: No.
El señor PRESIDENTE: He entendido las exposiciones diversas que existen sobre el fondo de esta subcomisión, expresadas por el señor Campuzano o por el señor Echániz. ¿Ningún grupo político se opone a la creación de esta subcomisión? (Pausa.) Si les parece, lo aprobamos por asentimiento de todos los grupos políticos. ¿Es así? (Asentimiento.) Queda aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: La postura de nuestro grupo no es afirmativa sino de abstención.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000069.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las proposiciones no de ley. Como ya he hablado con los portavoces, procederemos, en primer lugar, al debate de las mismas y la votación será al finalizar el debate de todas ellas. Como en este momento se están produciendo reuniones en distintas comisiones, para la organización de SS.SS., que algunos tienen que estar en dos a la vez, les diré que haremos primero el debate y la votación la haremos al final del debate de las mismas. Les pido permiso a S.S.SS. para que las proposiciones que figuran en cuarto y quinto lugar se puedan debatir conjuntamente ya que tratan de los mismos temas. Han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Hechas estas aclaraciones,
pasamos al debate de la primera proposición no de ley sobre el estudio de las consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores con jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y sus medidas compensatorias. Esta proposición ha sido presentada por Esquerra Republicana, y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Se trata de una iniciativa oportuna aun cuando pudiera parecer que en épocas de crisis según qué planteamientos pudieran ser tangenciales. Quizás alguien pudiera considerar incluso que no son prioritarios. Entendemos que es precisamente en época de crisis cuando mayor peligro corren las condiciones de trabajo conquistadas por los trabajadores y además que el sistema de protección social tiene que garantizar su viabilidad a partir de la prevención. Se trata de una iniciativa de interés, incluso oportuna, y perdonen la petulancia dicho por el grupo proponente. La Conferencia mundial sobre estrés en el trabajo, del año 1988, ya alertó que el trabajo a turnos plantea un problema de salud y de calidad de vida. Se han hecho muchos estudios. De hecho, el escenario académico registra un buen número de análisis y de dictámenes relativos a las condiciones con las que se encuentra el trabajador inmerso en largos trayectos laborales sujeto a turnos rotativos y trabajos nocturnos. Se habla de incidencias en el sueño, de incidencias en la fatiga física y psicológica que se convierte en crónica, de depresiones, de riesgos respecto a enfermedades cardiovasculares, nutricionales, etcétera. Hoy por hoy nadie niega que estar sujeto a carreras profesionales condicionadas por horarios nocturnos acaba gravando la salud de las personas. Los últimos estudios inciden en cómo afecta a las mujeres; se ha demostrado que las mujeres están sujetas a deterioros de salud muy intensos. Se habla de trastornos ginecológicos y hormonales, con alteraciones de la menstruación, la fertilidad o la lactancia que provocan una mayor frecuencia de abortos y partos prematuros. Lo que más ha llamado la atención ha sido una sentencia que se ha fallado en Dinamarca a favor de unas mujeres, en concreto 38 trabajadoras con cáncer de mama, que se ha diagnosticado y se ha originado por las condiciones del trabajo nocturno. Se habla incluso de un 50 por ciento de riesgo entre las mujeres que trabajan por la noche y de hasta un 70 por ciento en aquellas que trabajaron durante más de seis años en horario nocturno en cuanto a los porcentajes de posibilidad de generar un cáncer de mama. No hablamos de nada que esté sujeto a especulaciones, sino de estudios profundos y de fallos judiciales de sociedades muy avanzadas en donde la prevención y el respeto a las condiciones de trabajo están mucho más desarrollados que en otros Estados, como el nuestro, en el que por desgracia, vamos todavía un poco por detrás en la protección social de los trabajadores. Se trata de tener un buen norte donde poder ir plasmando nuestras conquistas sociales.
Hemos hablado siempre de conciliación de la vida laboral y familiar, y hablamos de la necesidad de ir articulando dinámicas del rol social y familiar de acuerdo con los tiempos.
Se trata de una iniciativa parlamentaria que no pretende otra cosa que la creación (intentamos poner calendario, aquí está la virtualidad de nuestra iniciativa) en el plazo de tres meses de una comisión de estudio para que sepamos exactamente de qué estamos hablando y cuál puede ser el alcance de las correcciones y las modificaciones legislativas necesarias Proponemos tres meses de tiempo para crear esta comisión de estudio, en la cual debería estar la parte gubernamental y también la parte parlamentaria, y que esta comisión trabaje a lo largo de nueve meses a fin de concluir unos objetivos. Nos atrevemos a fijar plazos -y perdonen nuestro atrevimiento, pero la corta experiencia de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento español nos ha enseñado que si no conseguimos poner plazos a veces todo acaba siendo humo, humo y un poquito más de humo, con lo cual entiendan que seamos un poco desvergonzados a la hora de querer poner calendarios y tiempos-: tres meses para crear la subcomisión, nueve meses para que trabaje y después tres meses para hacer las modificaciones legislativas necesarias. No forma parte de nuestra reclamación original decir cuál tiene que ser la intensidad de la modificación legislativa. Eso ya lo decidirá la subcomisión y después ciertamente el Gobierno y la mayoría parlamentaria, que son quienes acaban determinando las intensidades. Este es el juego parlamentario y a él nos debemos remitir. Aún así, entiendo que lo que solicitamos forma parte de lo plausible: tres meses para crear la subcomisión, nueve meses para trabajar -se trata de una comisión paritaria, entre comillas, es decir que forman parte de ella los distintos ámbitos que configuran el mundo parlamentario y el mundo gubernamental- y tres meses para proceder a realizar las modificaciones legislativas.
Termino remitiéndome a la idea inicial. Se trata de tener claro no solamente cómo vamos salir de la crisis, sino en qué condiciones los trabajadores saldrán de la crisis. La historia nos demuestra que en una época de recesión económica y de escasa oferta pero gran demanda de trabajo, si no andamos vigilantes las condiciones de trabajo tenderán a deteriorarse, razón por la cual creo que toca hablar de estos temas y, repito, también debemos hacerlo por razones estrictamente de viabilidad económica del sistema. Todo lo que ahorremos en prevención actuará como capital activo en el sistema de protección. Por tanto, les pido su voto favorable.
Las enmiendas del Grupo Socialista -dicho con respeto a mi amigo y compañero Jesús Membrado- intentan si no descarrilar, sí poner en la vía muerta nuestra iniciativa. Aunque me pese, debo decir que la enmienda del Grupo Popular nos gusta, puesto que dice lo mismo que nosotros, aun cuando dicen -porque tienen una visión más funcional que la nuestra- que es mejor que el estudio lo haga el Gobierno y que luego lo remita a la Comisión de Trabajo. Debo reconocer que
funcionalmente su enmienda es mejor que nuestra iniciativa, con lo cual la aceptaríamos.
El señor PRESIDENTE: Como usted mismo ha anunciado, a esta proposición se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Popular y otra por parte del Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: En primer lugar, quiero decir que yo sí creo que hoy es un buen día para hablar de esta cuestión porque hoy es el Día internacional de la salud en el trabajo. Todos los diarios recogen trabajos e informaciones sobre algo con lo que casi ha acabado usted su discurso, que son las medidas preventivas. Como usted ha dicho muy bien, todo aquello que hagamos en prevención en el trabajo, en la salud, en la educación, en todos los aspectos de la vida, todo aquello para mejorar el empleo y la vida de los trabajadores será positivo. Por tanto, sí creo que hoy es un día importante para hablar de este tema.
Quiero hacer una serie de consideraciones previas respecto a esta propuesta que ustedes hacen que, lógicamente, vamos a votar a favor junto con ustedes. Hablar de trabajo nocturno y de turnos rotatorios evidentemente no es lo mismo; no implica las mismas cuestiones trabajar por la noche que trabajar a turnos, dándose en muchos trabajadores ambas condiciones, con lo cual su desajuste es todavía mucho más terrible.
Numerosos estudios -usted ha citado uno, yo he trabajado basándome en otra serie de estudios; hay montones de ellos- dicen que el trabajo nocturno o de turnos rotatorios claramente daña la salud. Hablan sobre todo de que se produce un desajuste en el ritmo circadiano, que no es más que ese reloj biológico que todos tenemos y que nos indica cuándo nos despertamos y cuándo nos dormimos. Ese desajuste genera una astenia física y mental. Usted también ha hecho referencia a un montón de enfermedades que van aparejadas a estos desajustes, que son más visibles en mujeres que en hombres y que pueden conducir a la vejez prematura y al debilitamiento. Este debilitamiento es generador de un malhumor constante que se verifica en la irritabilidad, en la intolerancia ante cualquier problema y en la dificultad para hacer cualquier tipo de esfuerzo, pudiendo ocasionar problemas sociales con compañeros de trabajo, amigos y familiares. Otros de los efectos adversos que trae aparejado el trabajo nocturno o de turnos rotatorios son la predisposición al insomnio, el estrés crónico, los trastornos digestivos, las enfermedades cardiovasculares y la morbilidad. Todos estos trastornos son causados por la falta de sueño debido al corrimiento de los parámetros biológicos del sueño, ya que se da descanso al cuerpo en horarios diferentes al momento en que el organismo lo necesita y está habituado a recibirlo. El trabajo nocturno obliga a invertir el ciclo normal de vigilia y de descanso, lo que provocará un cambio en las funciones corporales que deviene inequívocamente en falta de sueño y en todas sus consecuencias negativas.
¿Por qué es tan diferente trabajar de noche que de día? Está claro, el organismo humano está adaptado para funcionar de día y descansar de noche. Cuando la persona duerme se producen una serie de fenómenos fisiológicos como el descenso de la temperatura corporal, la disminución de la capacidad de atención y rapidez para reaccionar, la bajada de la presión sanguínea y la lentitud de los movimientos. Por todo ello creemos que la salud de los trabajadores nocturnos requiere un estudio.
Afortunadamente ya muchos países del mundo han tomado cartas en el asunto dictaminando disposiciones legislativas especiales respecto a la extensión horaria de los trabajos nocturnos e incluso respecto a la paga que deben recibir, amén de otras muchas sugerencias. Entre estas disposiciones se encuentran la obligación de destinar al trabajador nocturno a un nivel de protección, de seguridad y de salud adaptado a la naturaleza de su trabajo, proveyéndole de servicios de protección y de prevención apropiados, además de realizarle de forma gratuita periódicos exámenes médicos para determinar si este trabajo nocturno o rotatorio está afectando a su salud. Un estudio publicado recientemente por el periódico El Mundo señala que hay evidencias científicas claras de que por cada quince años de actividad nocturna se envejece prematuramente unos cinco años. Si bien puede afirmarse que el trabajo nocturno es menos nocivo para las personas jóvenes que para las mayores -las razones son obvias-, esta realidad solo es parcial y por un periodo corto de tiempo aunque el joven se encuentre en un óptimo estado de salud.
Concluyendo, estamos de acuerdo con la propuesta que nos hacen. Será preciso buscar una nueva regulación legal concreta, contundente y operativa; una nueva legislación que apoye y proteja a los trabajadores y, como bien hemos señalado creo que todas las personas que vamos a intervenir en esta Comisión, más en estos momentos de recesión económica, de paro y de crisis. Hay montones de medidas en las que habrá que trabajar en el marco de esa subcomisión -esperemos que entre todos seamos capaces de hacer un gran trabajo-, muchas de ellas -voy a citar brevemente algunas- van destinadas al aspecto preventivo. Veo que me he alargado demasiado, con lo cual dejaremos las medidas preventivas para el momento del estudio, puesto que tendremos tiempo, pero quisiera insistir simplemente en que ojalá que en el marco de esa subcomisión se haga un gran trabajo que sirva para mejorar la vida de los trabajadores que, por las razones que sea, tienen que optar por horario de turnos o por el horario nocturno.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentarista Socialista tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quisiera sumarme al recordatorio de la portavoz
respecto a que hoy, 28 de abril, es el Día internacional de la salud laboral y la prevención de riesgos, y que sin duda es un buen día para hablar de temas de estas características. Esta proposición, con las matizaciones que hemos incluido en la enmienda, la apoyaríamos pero nuestro grupo no puede apoyar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular por las razones que expondré a continuación. La primera de ellas es que en estos momentos hay regulación sobre lo que significan los turnos y lo que significa la nocturnidad dentro de las relaciones laborales. La Ley de 1995, que el Grupo Parlamentario Popular conoce perfectamente porque la reglamentó posteriormente, en el año 1997, recoge cuál es la obligación de los turnos, la necesidad de las 12 horas entre un turno y otro, y la obligatoriedad de que los trabajadores afectados por turnicidad tuviesen un mayor grado de reconocimiento desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista médico. El Grupo Parlamentario Popular también conoce el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores, donde se marca exactamente qué significa en estos momentos trabajar a turno y qué significa la turnicidad. En nuestro país existe un amplio elenco de sectores en los cuales los trabajadores afectados por esta actividad están recogidos. La VI encuesta nacional de condiciones del trabajo dice que el 22,4 por ciento de los trabajadores lo hacen a turno y un 8,5 por ciento tienen horario nocturno; dice también quiénes son los trabajadores que fundamentalmente tienen horario nocturno: un 2 por ciento de la industria y un 2,5 por ciento de los servicios; y dice también, dentro de los servicios, cuál es la actividad fundamental: defensa y seguridad, casi el 50 por ciento; el personal sanitario, casi el 30; un sector de la industria supone el 24 por ciento, y los conductores, que no llegan al 15 por ciento. Por tanto sabemos qué sectores están afectados.
¿Y qué hacemos con la regulación laboral? Dentro del marco jurídico del estatuto y dentro de la Ley del año 1995 tenemos en estos momentos una regulación propia basada en la negociación colectiva. En los acuerdos de empresa, en la mayoría de los casos, se deja bien claro cómo tienen que ajustarse los turnos, bien sectorialmente -ahí está el convenio de químicas y el convenio de pasta y papel-, o bien a través de la regulación en la empresa. ¿Por qué? Porque la organización de la empresa es el elemento que determina cómo tienen que ir los turnos. Porque no hay norma que pueda decir que en la General Motors, en Opel Figueruelas, en Zaragoza, se determine cómo tienen que ir los turnos. Señorías, es que el tercer turno acaba de desaparecer, pero por necesidades de la producción, no por necesidades biomédicas; el cuarto turno existe en estos momentos en algunas empresas, y el tercer turno en algunas empresas de automoción no se ha impuesto nunca, por ejemplo en Ford. Lo que quiero decir es que la organización interna de las empresas es la que determina en estos momentos cómo tienen que hacerse algunos elementos de regulación. Eso es importante porque el Parlamento tiene vocación de prevenir, y eso es bueno dentro del ámbito de las políticas sociales, pero tiene que dejar también que, dentro del marco jurídico existente, los trabajadores, los sindicatos y los empresarios vean de qué manera se organizan. Además, desde nuestro punto de vista, hay suficientes leyes que en estos momentos les protegen. Hay obligatoriedades. Saben ustedes muy bien que está penalizado realizar la nocturnidad más de dos semanas seguidas y por tanto hay que reciclar a esos trabajadores. Saben también que cualquier trabajador con un turno de noche se acoge rápidamente a la posibilidad de traslado de turno y no tiene ninguna dificultad, está amparado por el estatuto. Igual que saben ustedes que los temas de maternidad y de lactancia están perfectamente regulados en el estatuto, en la Ley de 1995 y en la Ley de Igualdad, y que tenemos en estos momentos marco jurídico suficiente.
Además, existe en estos momentos una comisión de trabajo sobre temas de prevención de riesgos y de salud laboral, en el marco de la negociación y de la concertación en la mesa para el diálogo social, donde se está avanzando en la aplicación de la directiva europea en muchos ámbitos. En estos momentos se están llevando a cabo decenas de acuerdos -acuerdos menores- sobre temas de salud, de enfermedades profesionales, sobre regulación de situaciones tan problemáticas como el efecto del amianto.
En eso se está trabajando y a mí no me parece mal, y a mi grupo tampoco, que se plantee en ese marco hablar sobre los efectos de la turnicidad.
Creo que ustedes se están refiriendo fundamentalmente al trabajo nocturno, Porque en turnos no está el veintitantos por ciento de los trabadores, en turnos hay muchísimos más y la tendencia a la turnicidad es cada vez mayor para conciliar la vida laboral, la vida familiar y la rentabilidad empresarial. Como me imagino que se están refiriendo exclusivamente al ámbito de la nocturnidad, en esa comisión, en esa mesa para el diálogo social donde se están trabajando esos temas, es donde el Parlamento, esta Comisión, les puede mandatar -dentro de unos límites- para que se discutan, y el vehículo que utilizamos es a través del Ministerio de Trabajo, que está permanentemente representado y trabajando en ello. Por eso hemos planteado una enmienda, sabiendo que hay marco jurídico suficiente, que el marco de las relaciones laborales y la negociación colectiva es el elemento determinante para que se debata en esa Comisión. Y es que nosotros estamos preocupados también por otra cuestión y esta proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana no nos parece procedente ni oportuna, y se lo digo al señor Tardà con todo el cariño. Estamos discutiendo en estos momentos en Europa la directiva europea sobre prolongación de jornada. Esta directiva no se ha resuelto todavía, se ha parado, y uno de los puntos que contiene la misma es pasar a las 74 horas por el no reconocimiento de la reducción de jornada de noche, en el sector sanitario, de una parte importante de los países de la Unión Europea. Por eso nos parece inoportuno abrir esta veta en España porque ésta, junto con otros países -escasos- está llevando la bandera del reconocimiento de la turnicidad
en clave de la legislación española. Y ahora nosotros planteamos en el Parlamento que eso no es lo adecuado y que queremos reformarlo. Vale, como debate exclusivamente de carácter político y un poco torticero, lo acepto; ahora, como defensa de los derechos de los trabajadores españoles, inasumible, señorías, inasumible, porque en estos momentos plantea una situación de debilidad a nuestra posición en Europa que es, por cierto, una posición que no solo han abanderado las fuerzas progresistas sino también algunas conservadoras.
El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, vaya terminando.
El señor MEMBRADO GINER: Por eso, desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido y no tiene además ninguna aceptación ni es posible asumir la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque es una enmienda donde el Legislativo le manda al Ejecutivo lo que tiene que hacer para desayunar, comer, merendar y cenar. Me parece muy bien, pero si hablamos del diálogo social, respetémoslo. No podemos decir hoy sí al diálogo social y que mañana se haya roto cuando hemos puesto la tijera.
La segunda cuestión es que en estos momentos no podemos hacer un planteamiento de estas características porque pocas veces he visto yo una enmienda con tal espíritu jacobino entendiendo por jacobinismo el control estricto de lo que tienen que hacer en el desayuno, la comida, la merienda y la cena los miembros del Ministerio de Trabajo. No la vamos a aceptar y no nos parece adecuada. Sí nos ha parecido, cuando menos, asumible el estudio y su traslado a la comisión de diálogo social, pero en estas condiciones, ni hablar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo político desea fijar la posición? (Pausa.) Señor Campuzano tiene usted la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, con mucha brevedad. Lo que nos está planteando Esquerra Republicana y lo que nos plantea el Grupo Popular en su enmienda, que creo que el señor Tardà va a aceptar, constituye una cuestión tan simple como que en el Ministerio de Trabajo e Inmigración se cree una comisión de estudio que evalúe las consecuencias de la jornada laboral en turno nocturno y por turnos rotativos, intentando ver las consecuencias que ese tipo de jornadas tiene para la vida de los trabajadores y que formule medidas para reducir los posibles efectos negativos. La verdad es que, escuchada la intervención del portavoz del Grupo Socialista, voy a votar con más entusiasmo esta iniciativa porque entre el discurso que acabamos de escuchar y lo que estrictamente propone la proposición no de ley y la enmienda del Partido Popular encuentro un enorme abismo. Mandatamos que se haga un estudio, decimos los términos básicos de ese estudio y, lo que es relevante, que sea presentado en esta Comisión y que, del debate que suscite ese estudio, el conjunto de los grupos podamos efectuar recomendaciones. Creo que estamos ejerciendo en puridad nuestra función de impulso a la acción del Gobierno y, por tanto, con mucha tranquilidad vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
- CON EL OBJETO DE PROMOVER CENTROS DE ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS EN PAÍSES DE ORIGEN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000863.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo objeto es promover centros de acogida de menores no acompañados en países de origen. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Carmen Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Mi grupo presenta esta proposición no de ley cuyo objeto es promover centros de acogida de menores no acompañados en sus países de origen. En muchísimas ocasiones he mantenido debates en materia de inmigración, pero este lo hago de manera personal desde el sentimiento, sobre todo porque tiene que ver con el interés superior del menor y también porque en mi tierra, en Canarias, se sufre de manera especial este fenómeno de los menores no acompañados.
Señorías, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que los menores no acompañados que llegan de manera irregular a las costas de Andalucía y de Canarias muchas veces se suben en esas embarcaciones en contra de su voluntad y, aunque sea voluntariamente muchas veces no culminan ese viaje. Hace muy pocos meses, el pasado mes de febrero, una gran tragedia en las costas de Canarias conmovió a todos los ciudadanos de este país, de manera especial a los ciudadanos de Canarias; vimos cómo murieron veinticinco personas, la mitad de ellos menores. Tenemos que trabajar para hacer posible que esto no siga ocurriendo. Ahora bien, en los centros de menores no acompañados de Canarias hay más de 1.500 menores.
La capacidad de ocupación que tiene mi tierra para estos casos es de 600 menores. Hemos pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno del Partido Socialista que intente mejorar esta situación, puesto que la ley por la que la tutela de estos menores la tiene la Comunidad Autónoma de Canarias -y me gustaría leer el siguiente texto porque quiero que quede reflejado en el "Diario de Sesiones"- es la Ley autonómica 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, que señala en su artículo 2 que dicha ley es de aplicación a todos los menores de 18 años que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora bien, esa misma ley establece -y quiero que tengan en cuenta este punto- en
su artículo 3 que los menores gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconoce la Constitución, los tratados, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. Señorías, ese tratado -aquí tengo la Convención sobre los derechos del niños- en su artículo 6, apartados 40 y 41, dice: El comité ha considerado necesario insistir ante muchos Estados en que la descentralización del poder mediante la transferencia y la delegación de facultades gubernamentales no reduce en modo alguno la responsabilidad directa del Gobierno del Estado. Me gustaría repetirlo porque dice: en modo alguno la responsabilidad directa del Gobierno del Estado. Parte de cumplir sus obligaciones para todos los niños sometidos a su jurisdicción, sea cual sea la estructura del Estado. Y en su artículo 41 dice: El comité reitera que en todas las circunstancias el Estado que ratificó el convenio o se adhirió a él, sigue siendo responsable de garantizar su plena aplicación en todos los territorios sometidos a su jurisdicción. En todo proceso de transferencia de competencias los Estados parte tienen que asegurarse de que las autoridades a las que traspasen las competencias disponen realmente de los recursos financieros, humanos y de otra índole necesarios para desempeñar eficazmente las funciones relativas a la aplicación de la convención.
Dicho eso, señorías, está muy claro que el Gobierno del Estado está incumpliendo con Canarias. Está incumpliendo además un derecho internacional de los menores, el derecho internacional de los niños, puesto que lo ha dejado en manos de la comunidad autónoma, cuyo Ejecutivo ya no sabe qué hacer ante estas circunstancias: ha promovido su reparto entre islas, ha creado centros en colegios o polideportivos para poder tener instalaciones para estos niños, les ha trasladado a la Península o también ha creado familias de acogida. Todo esto lo ha hecho el Ejecutivo de Canarias, pero la situación es que en estos momentos 1.500 menores siguen esperando por el Gobierno del Estado que, como he dicho, incumple -y lo dice claramente el tratado de los niños- con el derecho internacional. No vengo aquí con espíritu de victimismo, no vengo con espíritu de pedir para mi comunidad autónoma, vengo con el espíritu de exigir al Gobierno y que, desde luego, la propuesta que he hecho esta mañana tenga el voto favorable de todos los grupos porque podríamos hacer algo muy especial y es que si esos centros se crearan en los países de origen generaríamos la mayor riqueza que nunca podríamos dar a los países de donde salen esos menores, que es devolverles a esos niños, tutelarlos a través de los derechos del niño y, sobre todo, a través de las ayudas que podamos dar desde los ministerios que aportan estas ayudas o desde la ayuda a la cooperación, trabajar con ellos, educarlos y generar la riqueza que necesitan en sus países de origen. Oí en una ocasión a la madre patera -una señora que estuvo aquí, en España, y también en Canarias-, había fallecido su hijo en uno de estos traslados y dijo: Los problemas están en África, pero las soluciones también están allí. Por eso, hoy exijo al Gobierno de España que, partiendo de los derechos internacionales del niño que tiene que cumplir, lleve adelante esta iniciativa y pido a los diferentes grupos que voten favorablemente. Hemos hecho una transaccional con el Partido Socialista y me gustaría que, al final, todos los grupos votemos favorablemente, sobre todo por el interés superior de los menores.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Mercedes Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En primer lugar, quiero decir que como canaria y, fundamentalmente, como persona, no puedo más que solidarizarme con lo que ha dicho la compañera del Partido Popular. No puede ser que, pese a todos los instrumentos que ha puesto el Gobierno de España, continúen llegando pateras con menores que pueden morir. No tengo muy claro que ellos no sean conscientes e incluso que sus propios padres les paguen el viaje, porque todo eso está insuficientemente estudiado y a veces están sujetos también a las propias mafias de tráfico de personas.
Algunas madres no lo saben, pero otras, no quisiera decir que lo promueven pero sí que, en el intento de mandarlos a una vida mejor, a veces los están mandando a una muerte segura.
Por otro lado, está claro que el Gobierno de la nación en absoluto ha hecho dejación de sus funciones. En el Estatuto de Autonomía de Canarias las competencias son del Gobierno autónomo y, mientras no se redacte otro Estatuto, este es el que tenemos y la competencia es absoluta, pero siempre ha habido un diálogo fluido por parte del Gobierno de la nación.
Bien sabe la señora diputada que sin acuerdo previo es imposible trasladar a menores a otras comunidades autónomas. Ya desde la época del ministro Caldera se mandaron 500 a distintas comunidades autónomas, que los aceptaron. Ahora se ha firmado otro convenio. En los últimos meses, en virtud de estos acuerdos, a la Comunidad Autónoma canaria se le han dado 19 millones de euros, que no es poco. Evidentemente, seguimos teniendo el problema y hay que buscar soluciones alternativas, pero todos sabemos que este es un tema que no solo se lleva desde la Secretaría de Estado de Inmigración, sino que también la Vicepresidencia ha tomado cartas en el asunto. Soy consciente de que acciones del tipo que se recogen en la iniciativa se están canalizando a través de la Vicepresidencia.
El anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción que propone del artículo 35, apartado 1, establece: El Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen integradamente la prevención
de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Luego el texto del Gobierno recoge la previsión por parte del Gobierno de promover acuerdos con un enfoque global, que aborde también la inmigración irregular y la protección del menor en todas sus fases y que contemple también su retorno. Promover frente al mandato de alcanzar, pues un acuerdo siempre depende de la voluntad entre ambas partes. Por otro lado, no se trata de acuerdos de cooperación, muy delimitados jurídicamente y circunscritos al ámbito de la ayuda solidaria, sino de colaboración en la adopción de políticas en las cuales están implicadas ambas partes y, por tanto, también implica al Ministerio de Asuntos Exteriores. No hace falta que les diga que la decisión sobre el retorno del menor a su país de origen es de la Administración del Estado, por ser la única competente en materia de inmigración, emigración y extranjería. Sin perjuicio de ello, deben informar previamente en razón de su propia competencia en la materia los servicios de protección de menores. Todos cuantos intervengan en este procedimiento deben orientar su actuación de acuerdo con el principio de reagrupación familiar, pero sobre todo con el de prevalencia del interés superior del menor, según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor.
La nueva redacción propuesta por el anteproyecto acoge este principio informador de toda la legislación que afecte a menores, introduciendo un nuevo criterio objetivo en la apreciación, que es ese interés superior, cuales son los informes de la representación diplomática en el país de origen del menor sobre sus circunstancias familiares. Todo ello, además de lo que ya les he dicho de que en el Plan director de cooperación española 2009-2012, aprobado en febrero, se dan unas instrucciones exactas sobre en qué se debe invertir, y teniendo en cuenta que esto depende de la interrelación entre los países de origen de los menores no acompañados y el Estado español, es por lo que no se podía contemplar solamente el dinero de la cooperación internacional, sino también dinero proveniente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En conclusión, la iniciativa de referencia debería respetar el interés supremo del menor y enmarcarse dentro de una política de cooperación, cuya finalidad es la prevención de la inmigración ilegal y favorecer la reinserción de los menores retornados en su país de origen, presidida en todas sus fases por la protección y el interés supremo del menor. El protagonismo en todo este proceso corresponde también al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en ningún caso debería prejuzgarse el presupuesto desde el cual se acometan estas políticas. He de decir que hemos llegado fácilmente a un acuerdo en el que hemos conjuntado la parte que proponía el Grupo Popular y las pequeñas correcciones que había que acometer, porque ya existe por lo menos un centro construido en algún país de origen, por lo que vamos a votar a favor de la enmienda transaccional y le pedimos a todos los grupos políticos que también la apoyen.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición en nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, pensaba hacer una intervención saludando con satisfacción -y lo voy a hacer también- el acuerdo alcanzado entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara en un tema tan sensible como es el de los menores extranjeros no acompañados, por lo que el tema de los menores se convierte en un tema de consenso y no de confrontación. Mañana vamos a presentar una interpelación precisamente con ese mismo objetivo, el de coadyuvar sobre todo en la búsqueda de soluciones y en la implicación de la Unión Europea, porque al final los menores entran en Europa por su frontera sur, por Canarias. Pero no puedo pasar por alto, independientemente de felicitar a la compañera doña Carmen Guerra por la brillante defensa que ha hecho de la proposición no de ley y por la sensibilidad que siempre ha tenido con este tema, ciertas apreciaciones que se han hecho por parte de la portavoz del Grupo Socialista, que en absoluto comparto.
Según la intervención de la diputada señora Coello, porque lo dice el Estatuto de Autonomía los menores son tutela, son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, que si el Estado o cualquier otro organismo recoge niños en todo el mundo y los deposita en Canarias son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y los tiene que asumir porque lo dice el Estatuto de Autonomía, olvidándose de que el Estado tiene competencia en frontera exterior y que muchos de estos menores son recogidos por Salvamar en aguas internacionales, así como de la lealtad institucional que no ha tenido el Estado con Canarias, al no denunciar mediante una querella al Gobierno de España por abandono de menores, que es lo que tenía que hacer la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez que en aguas internacionales, un instrumento del Estado, la Salvamar, deposita unos menores en las costas de Canarias y porque lo dice el Estatuto de Autonomía -esa es la filosofía del Grupo Socialista en Canarias- lo tiene que asumir el Gobierno de Canarias.
Hoy estoy en la línea que plantea la iniciativa, la del consenso y no la de la confrontación, pero con intervenciones de este tipo, indudablemente uno tiene que decir aquí las cosas que están pasando y que parece que todavía no entendemos siquiera en el debate político de Canarias. La tutela corresponde a la comunidad autónoma. No es lo mismo, señoría, un menor de una familia desestructurada, de un problema social en abandono en Canarias, que un menor que viene buscando Europa, que viene con otros objetivos. Además, se recoge muchas veces en aguas internacionales y se deposita en Canarias. Cuando esto no era un problema de la envergadura que actualmente tiene, Canarias dio un ejemplo de solidaridad. Los siete cabildos insulares de Canarias asumimos en ese momento la guarda de estos niños. Los hemos integrado con nuestros menores. En la isla de La Palma, de la que
tengo el honor de ser el presidente del cabildo, estos menores están completamente integrados con los menores que tenemos atendidos en los centros de la isla. Pero, señoría, eso no nos puede hacer olvidar las competencias de cada uno, las responsabilidades de cada uno y sobre todo el poco esfuerzo que se ha hecho en estos años en el marco de la Unión Europea para que también sea una responsabilidad de la Unión Europea. Por eso saludamos este acuerdo. Nosotros vamos a hacer la interpelación mañana, con el objetivo de que Europa se incorpore a la solución de esta situación. Y por supuesto, en aras del consenso deseamos que en este tema sea la última confrontación y que a partir de ahora sigamos hablando, como hoy se va a hablar en esta transaccional, en el mismo idioma, que a todos nos preocupan los menores y que todos estamos dispuestos a separar la confrontación política en un tema tan sensible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo con brevedad. Compartimos el consenso que las portavoces y el portavoz que me han precedido han expresado. Efectivamente, esta no es una cuestión nueva. Se nos anuncia para esta misma semana una interpelación de Coalición Canaria y hoy vamos a votar esta proposición no de ley del Grupo Popular que ha defendido la señora Guerra. Decía que no es nuevo porque ya hemos tenido en diversas ocasiones debates sobre las cuestiones de menores extranjeros no acompañados, especialmente después de las situaciones que se han vivido en las islas Canarias en estos últimos años, esas dificultades que ha tenido el Gobierno de Canarias para hacer frente a esa situación y esa exigencia de un mayor compromiso del Gobierno del Estado para asumir sus responsabilidades en este ámbito. Efectivamente, la cuestión de apoyar la creación de recursos, de centros, de políticas, en los países en vías de desarrollo o los países africanos de donde proceden estos menores, siempre ha constituido una aspiración a la hora de construir las políticas que deben intentar resolver ese problema.
Visto los debates y visto la evolución de la cuestión, la conclusión a la que podemos llegar es que hasta ahora ha faltado la determinación política del Gobierno de España para hacer frente a esta situación. Con los años que hace que estamos discutiendo esa cuestión -y visto los resultados-, quizás la conclusión a la que llegamos, en primer lugar, es que falta determinación y además, en segundo lugar, que el fenómeno de los menores no acompañados es un fenómeno complejo y difícil y que no tiene soluciones fáciles y que, por tanto, o existe de verdad una voluntad política de ir al fondo de las cuestiones que explican el porqué de estos movimientos de personas, o seguramente las islas Canarias y el conjunto del Estado español vamos a continuar viviendo en los próximos años problemas asociados a estas llegadas que, por otro lado, en términos cuantitativos, sobre el conjunto de los flujos migratorios representan realidades muy pequeñas. Entre los millones de personas que han llegado a España en estos años, son unos pocos miles los que constituyen ese colectivo de menores no acompañados. Pero es cierto que el conjunto de las comunidades autónomas, de todos los colores políticos, también hasta ahora han sido incapaces de saber encontrar recursos, estrategias, metodologías, que puedan permitir gobernar esta realidad. Aunque no le corresponde a esta Comisión, pero es evidente que los gobiernos autonómicos en sus ámbitos de responsabilidades han tenido dificultades para hacer frente a este problema. Ahí también debemos exigirles mayor determinación política para hacer frente a este problema y llegar a una solución. En todo caso, esperamos que ese mandato que hoy apruebe el Parlamento de reforzar la creación de centros en los países de origen de estos menores, efectivamente vaya acompañada de la voluntad política del Gobierno de incrementar sus esfuerzo presupuestarios en esta materia.
- RELATIVA AL RESTABLECIMIENTO DE LOS 59 MILLONES DE EUROS QUE HAN SIDO DETRAÍDOS DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, ASÍ COMO EL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000910.)
- PARA IMPEDIR LA REDUCCIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y A LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES ASÍ COMO EL REFUERZO EDUCATIVO DE LOS MISMOS.
(Número de expediente 161/000916.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a las proposiciones 4.ª y 5.ª, que trataremos conjuntamente. La 4.ª es la relativa al restablecimiento de los 59 millones de euros que han sido detraídos del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y la 5.ª, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es la relativa a impedir la reducción del Fondo de apoyo a la acogida y a la integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos.
Para la defensa de la primera tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: El pasado 13 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba un ajuste presupuestario de 1.500 millones de euros, siguiendo por otra parte una propuesta que había realizado el Grupo Parlamentario Popular en este mismo Congreso de los Diputados y que había sido rechazo días antes por el
propio Grupo Parlamentario Socialista. Lejos de hacer recortes presupuestarios sobre gastos consultivos, en algunos casos gastos inútiles, lejos de reducir el número de altos cargos en la Administración General del Estado o de algunos ministerios que se han mostrado claramente inútiles a lo largo de este tiempo, como puedan ser los ministerios de Vivienda o de Igualdad, el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros decidió suprimir o reducir fondos presupuestarios de forma muy importante sobre la política de inmigración, especialmente de la integración de los inmigrantes. De esos 1.500 millones de euros, fueron eliminados 59 millones del Fondo para la integración de los inmigrantes, de un total del fondo aprobado en Presupuestos Generales del Estado de 141 millones. Lejos del discurso del presidente de Gobierno en el que no se iban a recortar los derechos sociales, aquí se recortaban claramente los derechos sociales. Ya sabemos que para el presidente del Gobierno esto del derecho al desempleo, el derecho al paro, echar a 4 millones de personas al desempleo parece ser que no es un recorte social.
No sé qué formula se esgrime para pensar de esa forma, pero es un poco la constante propagandística de este Gobierno. Lo mismo se ha hecho respecto de la inmigración. En los Presupuestos Generales del Estado se redujeron ya 2 millones de euros de una partida de 5 millones, a los propios ayuntamientos. Además, esto se hacía después de las numerosas declaraciones que hizo el propio ministro de Trabajo. Lo mismo que sucedió, por cierto, el 13 de febrero. Tres días antes el ministro de Trabajo había estado reunido con las comunidades autónomas. Allí manifestó, en el consejo de la conferencia sectorial, delante de todos los consejeros, que en ningún caso el recorte presupuestario afectaría al fondo de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pues bien, tres días después, no sé que es lo que diría el señor Corbacho en el Consejo de Ministro porque pertenece al secreto de Estado, pero evidentemente lo que se aplicó fue un recorte presupuestario de 59 millones de euros, el 30 por ciento, con la aprobación -que nos consta- del propio ministro de Trabajo.
Señorías, en el fondo de qué estamos hablando aquí una vez más. Estamos intentado definir cuál es la política de inmigración de este Gobierno.
Este es el trasfondo de lo que estamos debatiendo hoy con un aspecto en este caso -el del fondo- importante, intentar interpretar cuál es la política en este asunto del Gobierno. ¿Cuál es la política del Gobierno, favorecer el retorno de los inmigrantes que quedan en desempleo, como ha pretendido decirnos el Gobierno? Ya hemos visto un proyecto de ley que ha conseguido que hayan vuelto a sus países 4.500 personas de los presuntamente 100.000 afectados que iban a acogerse a ese derecho, según dijo el ministro de Trabajo aquí en las Cortes. ¿Cuál es la política de inmigración del Gobierno, prohibir la entrada de trabajadores extranjeros, aquel famosos cupo cero, o aquellas declaraciones de que España ya no necesita más trabajo de los extranjeros? Pues bien, lo que ha hecho este Gobierno en el último trimestre de 2008 ha sido dar 200.000 nuevos permisos de trabajo y residencia, y el 70 por ciento de ellos a personas que no son comunitarias, es decir, extracomunitaria. En el fondo lo que hay aquí es una política de inmigración basada en la improvisación, en la indefinición e incluso diría yo en el tancredismo, en esto de no hacer nada tan común en el propio señor Rodríguez Zapatero a la hora de afrontar la crisis. Esperar a que escampe, esa es la forma que tiene este Gobierno de resolver los problemas. Hasta ahora lo único que hemos conocido en este último año ha sido un recorte en las políticas de inmigración, en los fondos, 59 millones de euros, un aumento del desempleo y un aumento de la marginalidad. No se trata solo del recorte que se ha hecho a ayuntamientos y a comunidades autónomas; es muy importante que aquí en esta Comisión analicemos qué es lo que ha pasado y lo que conocimos el viernes en la encuesta de población activa. Señorías, mientras que en el año 2004 el 86 por ciento de los inmigrantes tenía ocupación -estaba ocupado-, ahora ya solo lo está el 59 por ciento, 27 puntos en cinco años. La ocupación de los extranjeros en nuestro país ha disminuido 27 puntos en los últimos cinco años. Sé que esto le produce resoplidos a algún portavoz del Grupo Socialista, me parece oír desde aquí. (Risas.- El señor Membrado Giner: Si es que es lo mismo siempre.) Pero es que estos son los datos, no sé si son para resoplar o no, pero son los que son. En el año 2004 había 247.000 extranjeros el desempleo en nuestro país, el 12 por ciento, ahora hay un 1.057.000, el 28,39 por ciento, son 16 puntos más. Es que si estimamos además la diferencia entre población ocupada y cotizantes a la Seguridad Social, el dato para estimar la economía sumergida en nuestro país, concretamos que además hay 800.000 inmigrantes extranjeros, que es la diferencia entre un dato y otro, en la economía sumergida. Si tuviéramos en cuenta las estimaciones que se hacían por parte del presidente del Gobierno sobre el número de ilegales que hay en nuestro país, entendiendo por ello la diferencia que hay entre empadronados y personas que tienen tarjeta de residencia, hay 100.000 más que cuando se hizo el proceso de regularización del año 2005, en el que se alegó precisamente el alto número de ilegales para hacer aquello. (El señor Membrado Giner: ¡Y sigue! ¡Y sigue!)
Señorías, estos datos nos hacen ver que evidentemente la vulnerabilidad de los extranjeros en nuestro país, de los inmigrantes, ha aumentado, y no tiene sentido que cuando hay más vulnerabilidad, más marginalidad y más posibilidades de caer en el conflicto social debido a la caída enorme y brutal del empleo, de la ocupación y al aumento del paro, el Gobierno aplique una reducción en el fondo que precisamente utilizan las comunidades autónomas y los ayuntamientos para programas de integración y ayuda a los inmigrantes. Ya sabemos que el ministro en la propia Cámara ha dicho que en treinta días se iba a arreglar esto y que iba a reponer el fondo, pero ya han pasado más de treinta días. El ministro también
nos dijo que el paro nunca alcanzaría los 4 millones (El señor Membrado Giner: ¡Hala!) o que en ningún caso el desempleo superaría el 16 por ciento. Lo primero lo dijo en enero y lo segundo en febrero. Parece ser que al final es un profeta de errar, porque no da una el pobre ministro.
Por eso, lo que nosotros queremos es ayudarle con un pronunciamiento del Congreso de los Diputados a que cumpla sus deseos, y yo sé que él desea que no se recorte este fondo, que se aumente, pero parece ser que hay otros que desean lo contrario. Hoy un pronunciamiento por parte de la Cámara sobre el fondo es un respaldo al ministro, que es incapaz de conseguir en el consejo lo que manifiesta en el consejo sectorial e incluso en la propia Cámara. Eso es lo que pretendemos con nuestra iniciativa; no pretendemos herir a nadie ni poner en evidencia a nadie, para eso algunos se bastan y se sobran. Apoyaremos evidentemente también la iniciativa de Convergència i Unió. Si el Grupo Socialista hace una enmienda o modifica la enmienda que ha presentado en el sentido de incorporar a los ayuntamientos, porque a ellos también se les hizo directamente un recorte en los presupuestos, nosotros alcanzaremos un pacto y un acuerdo, en el bien entendido de que todos queremos lo mismo, menos alguien en el Consejo de Ministros. No sabemos quién es, alguien malo, debe haber algún malo en el Consejo de Ministros que no le deja al ministro hacer lo que él quiere también.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición que va en quinto lugar tiene la palabra el señor Campuzano en representación del Grupo Parlamentario Catalán, que es autor de la misma.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, Convergència i Unió también registró a mediados del mes de marzo una proposición no de ley en esta Comisión de Trabajo e Inmigración orientada a corregir la equivocada decisión del Ministerio de Trabajo de recortar de manera sustancial el Fondo de acogida e integración de los inmigrantes. En concreto, el Boletín Oficial del Estado publicaba el 2 de abril una resolución del Ministerio de Trabajo e Inmigración por la que se formalizaba para el ejercicio 2009 los criterios objetivos de distribución de estos recursos.
En esa resolución de 2 de abril se afirma que, como consecuencia de la reducción llevada a cabo en los presupuestos de gasto del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la cantidad final resultante en la aplicación presupuestaria transferencias corrientes a comunidades autónomas, Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos, es de 141 millones de euros. Recordemos que la aplicación presupuestaria de la que estamos hablando fue aprobada por esta Cámara con una partida de 200 millones de euros. Además, es bueno recordar que esos 141 millones de euros -el 2 de abril se aprobaban los criterios de distribución- se distribuían de la siguiente manera: 75 millones de euros para acogida e integración, 61 millones de euros para refuerzo educativo y 4 millones de euros precisamente para atención a menores extranjeros no acompañados, en el marco del programa especial para la atención de menores desplazados desde Canarias. Por tanto, estamos hablando de una decisión tomada por el Gobierno y concretada ya en lo práctico en una orden ministerial que afecta a tres líneas fundamentales distintas en las políticas vinculadas a la inmigración, como son los programas de acogida e integración, todo el refuerzo en el sistema escolar y el apoyo a las comunidades autónomas que reciben a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. Son tres líneas presupuestarias que se ven afectadas por ese recorte de 59 millones de euros.
A nosotros en su momento -y así lo manifestamos en los medios de comunicación- nos pareció absolutamente sorprendente que en el contexto económico y social que estamos viviendo el Ministerio de Trabajo e Inmigración tomase esa decisión. Nos pareció que esta era una decisión miope, que tan solo desde el desconocimiento de lo que sucede en la calle era posible plantearse la reducción de los fondos de las políticas de acogida e integración, de los fondos de las políticas de refuerzo educativo en nuestro sistema escolar en relación con niños de origen extranjero y en relación con la atención de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. Es miope porque creo que todos, y sin caer en alarmismos, somos conscientes de que el momento que estamos atravesando, caracterizado por ese desplome de nuestro mercado de trabajo con 4 millones de personas desempleadas y la existencia de una alta tasa de inmigración, puede poner en riesgo la convivencia y la cohesión social. En estos quince años España ha demostrado una enorme capacidad de integración y de acogida. El cuerpo social en su conjunto ha demostrado hasta el momento una inteligencia enorme a la hora de saber resolver los impactos sociales, humanos, culturales y económicos que implica la inmigración, pero precisamente hoy, en el contexto que estamos viviendo, esa inteligencia puede verse afectada por las propias consecuencias de esa crisis económica. Creo que a ninguno de nosotros, que esté mínimamente atento a lo que pasa en la calle, puede dejarnos indiferentes las colas que está habiendo frente a parroquias, frente a centros de Cáritas en las grandes ciudades, con gente que espera simplemente recibir alimentos. Son familias con niños pequeños y personas mayores, españolas o de origen extranjero. Los recursos de este fondo iban orientados en parte a las políticas que afectan a estos colectivos, pero además, y por valor de 61 millones de euros en lo que aprobaba el Gobierno a 2 de abril, iban orientados a otro elemento nuclear en la integración de la población de origen extranjero, que era el refuerzo educativo. El futuro del éxito de la inmigración va a depender de nuestro mercado de trabajo y de las políticas educativas para garantizar que la escuela sea efectivamente un espacio de igualdad de oportunidades de los niños y las niñas de padres extranjeros.
Plantearnos hoy un recorte en estas políticas es contradecir la propia afirmación que hace el Gobierno de que la crisis no va a afectar a las políticas sociales. Esta es una política social en términos cuantitativos pequeña. Estamos hablando de 200 millones de euros que en el conjunto del presupuesto del Estado representa lo que representa, pero esta es una política estratégica que el Gobierno innovó en la pasada legislatura con la creación de este fondo y que en estos tiempos y con la realidad económica y social que vivimos, debería reforzarse e incrementarse por sus consecuencias en el corto y medio plazo.
Hace unas cuantas semanas, y a raíz de una pregunta oral del señor Tardà que formuló al señor Corbacho en el Pleno del Congreso de los Diputados -y el señor Tardà estuvo acertado en ese planteamiento-, el señor Corbacho respondía que se iba a resolver esta situación. Ayer mismo leíamos la noticia en el periódico El Mundo de que algunos consejeros de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular mostraban su preocupación por el hecho de que el ministro estaba dando largas a esa respuesta que el señor Corbacho había dado al señor Tardà en el debate parlamentario de hace unas cuantas semanas. Lo que hoy vamos a hacer, si finalmente nos ponemos de acuerdo, y estoy convencido de que nos vamos a poner de acuerdo, es pedirle al Gobierno de manera formal por parte de todos los grupos de la Cámara que corrija esa situación. Y corregir esa situación pasa porque se publique en el Boletín Oficial del Estado una nueva resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración que distribuya los 59 millones de euros que en su momento el Gobierno no distribuyó a las comunidades autónomas.
Fundamentalmente eso es lo que le pedimos al Gobierno le y exigimos al señor Corbacho que pase de las buenas palabras en el hemiciclo a los hechos con la publicación en el BOE de la rectificación sobre esa decisión equivocada y miope que adoptó el Gobierno hace unas cuantas semanas.
El señor PRESIDENTE: A estas dos proposiciones ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de las mismas tiene la palabra don Luis Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación que se va a convertir, con el apoyo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en una transaccional, porque entendemos que el Gobierno ya se ha posicionado respecto a esta cuestión. Brevemente, quería hacer unas aseveraciones, porque a pesar de este consenso no impide que comentemos algo. Desde el año 2005, en los Presupuestos Generales del Estado se han ido incrementando progresivamente los recursos del fondo, hasta alcanzar los 200 millones de euros que se contemplaban en el presupuesto de 2009, partida que posteriormente, y es lo que debatimos hoy, ha experimentado un descenso en 59 millones. Surgió fundamentalmente por el esfuerzo de austeridad con el que todos nos llenamos la boca. Pero sorprende cómo el Partido Popular está diciendo continuamente que hay que recortar en gastos y ser austeros, y cuando se hace, se pone en contra como si fuera quien hubiera descubierto la pólvora. El Ministerio de Economía recorta al Ministerio de Trabajo e Inmigración, capítulo 4, transferencias corrientes, 59 millones de euros que el ministro, señor Corbacho, como ha comentado el señor Campuzano, ya reconoció públicamente que lo iba a incorporar y que también, posteriormente, lo reconoció en sede parlamentaria a una pregunta del señor Tardà. El mismo señor Tardà dijo que ya conocía que el señor Corbacho había hecho manifestaciones en el sentido de recuperar esa cantidad. El señor ministro fue explícito y dijo textualmente que el Gobierno, consciente de la importancia que tiene este fondo, del bien que ha hecho y de que puede ser una ayuda importante para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, ya está estudiando alternativas para que, en el plazo más breve posible, este fondo sea repuesto en su origen. Nos consta que próximamente en un Consejo de Ministros así va a ser. Pero ante estas cuestiones hay que distinguir cuáles son las posturas de unos y las que mantienen otros, las que no apoyan los presupuestos, no solo ya generales del Estado, sino partidas como estas, y luego quieren convertirse en adalides de algo tan importante como es para el Grupo Parlamentario Socialista el trabajo con las personas inmigrantes. Decía el señor Hernando que cuál es la política de inmigración de este Gobierno. Puedo garantizarle que la antitética a la que plantea el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros no estamos dispuestas a, metafóricamente hablando, poner ningún microchip en el cuello a ningún inmigrante, sino que queremos que se integren, que trabajen y que contribuyan como uno más a mejorar las condiciones de vida de todos los que vivimos aquí. Haciendo mención a ello, quiero decirle que en un Estado descentralizado, donde las competencias en materia de integración recaen en las comunidades autónomas, a lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno de la nación ha transferido 700 millones de euros a comunidades autónomas y a ayuntamientos dedicadas a estas partidas. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. El Gobierno se ha manifestado y lo que hay que hacer es arrimar todos el hombro. Tengo la impresión de que a veces se podrían alegrar de que cuestiones de estas pudieran influir, pero estoy convenido, señor Hernando, que usted es un hombre de Estado y como tal no le viene bien que esto sea así. Le gustaría que fuera lo contrario. Pero hay que hacer oposición para desgastar al Gobierno y si podemos adelgazar las arcas del Estado, mucho mejor, para poder seguir criticando. Con una mano la zanahoria y con otra el palo. Les decía que el Consejo de Ministros aprobará próximamente la reposición de estos 59 millones de euros. Hoy aprobaremos esta enmienda transaccional, tanto por los dos
grupos que han presentado las proposiciones no de ley, como por el grupo enmendante, y a seguir trabajando. A finales de febrero, el ministro se comprometió en sede parlamentaria con todos los grupos políticos ante la pregunta del señor Tardà, y eso es lo que tenemos que hacer. Ojo avizor que sea cierto, como decía el señor Campuzano, estamos convencidos de ello, e instarle al Gobierno que a la mayor brevedad posible defina y desarrolle el cambio presupuestario necesario para que estos 59 millones de euros estén contemplados. Podríamos decir que el ministro lo manifestó en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el señor Tardà lo preguntó, lo aseveró y lo ratifico, y hoy llegamos otra vez los grupos políticos a instarle algo tan importante como es una partida que entendemos que el Ministerio de Economía pudo equivocarse al recortar estos 59 millones de euros porque son fundamentales para el trabajo que queremos desarrollar.
El señor PRESIDENTE: De las intervenciones de los portavoces entiendo que han llegado ustedes a una transaccional que les rogaría pasaran a la Mesa porque no obra en nuestro poder.
Tiene la palabra el señor Tardà para fijar posición.
El señor TARDÀ I COMA: Muy brevemente. Para nosotros la palabra dada por el ministro Corbacho ya nos valía. De hecho, si se aprueba esta transaccional, mucho mejor, pero la palabra dada nos valía. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque nosotros nos sentíamos en parte propietarios de la iniciativa, y perdonen lo dicho. De hecho, fue la primera interpelación que presentó el grupo parlamentario republicano en el año 2004, al cabo de tres semanas de haberse constituido la VIII legislatura.
A raíz de esta interpelación, se aprobó una moción que instaba al Gobierno a crear un fondo. La segunda razón es que siendo como ha sido el señor Corbacho alcalde de Hospitalet y sabiendo lo difícil que es desde los ayuntamientos encarar las políticas de integración, este fondo era un maná en tanto en cuanto ha permitido en el caso de Cataluña, y también en otras comunidades autónomas, crear las aulas de acogida y desarrollar políticas desde los municipios a favor de la integración de los nuevos ciudadanos. Por esto, porque sabíamos que era un gol que le habían colado al ministro Corbacho, y que estoy convencido que él fue el primer interesado en corregirlo, nosotros recibimos con satisfacción que en sede parlamentaria dijera que estaba empeñado en restituir el fondo hasta la cantidad presupuestada, 200 millones, y recuperar los 59 millones que se volatilizaron. Entiendo que el fondo no ha sido cuestionado nunca por ninguna fuerza política. Es más, los puntos de desencuentro que ha habido a lo largo de estos últimos ejercicios presupuestarios se han generado por entender algunos grupos parlamentarios que tenía que ser un fondo mejor dotado. Todo el mundo habla de lo fructífero que ha sido el fondo.
No tenía ningún sentido el recorte, y consideramos que las palabras del ministro tienen que hacerse realidad de forma inmediata, y repito que nosotros no hemos cuestionado la palabra dada por el señor Corbacho, porque él creo que es el primer defensor de este fondo.
(Número de expediente 161/000995.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, que es la proposición sobre promoción de estudios dirigidos a conocer el nivel formativo de la población inmigrante, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña María Gràcia Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Presentamos esta proposición no de ley en el seno de esta Comisión para debatir una cuestión que tiene importancia, y que además ha de servir para incardinar dos aspectos que tienen mucho que ver con el futuro de nuestra sociedad. Me refiero, por un lado, al conocimiento de la formación de un colectivo de personas, los inmigrantes, y por otro, su traslación al mercado laboral. Todo ello supone un reto. En una sociedad avanzada y donde el objetivo es seguir progresando para adquirir mayores cotas de bienestar, y a la vez poder apoyar a otras sociedades, lo más importante son las personas, y en función de la formación y educación que hayan recibido, la capacidad del capital humano será mayor para conseguir el objetivo que se persigue. No podemos obviar el momento de crisis económica que estamos padeciendo, y de ello tendremos que aprender y modificar aspectos que hasta el momento constituían nuestro modelo económico productivo. De lo que estamos seguros es de que el nuevo escenario económico que construiremos exigirá un mayor esfuerzo en formación. Desde el Observatorio permanente de la inmigración, OPI, se han realizado diversos estudios y trabajos para conocer y difundir la realidad de la inmigración en España. Se han tratado temas diversos, como la vivienda, la realidades sociales, el acceso a la nacionalidad española, colectivos específicos, etcétera, que nos han aportado elementos necesarios para planificar políticas y acciones desde cualquier Administración.
La afluencia de inmigrantes a España se ha dado en los últimos años, y no es que haya más que en otros países, sino que hace menos tiempo que somos receptores. De ahí, entre otras cosas, la preocupación por la integración social. En general, sabemos que la formación y la educación recibidas tienen una influencia en la integración de las personas en la sociedad, y por eso el Grupo Parlamentario Socialista cree que, además de los futuros estudios que puedan realizarse, tiene que ser una prioridad el estudio del nivel formativo y educacional de la población inmigrante en España.
de la influencia del nivel formativo de la población inmigrante adulta en su proceso migratorio y en su proceso de integración en España, nos puede aportar elementos importantes para planificar la formación necesaria de cara a la inserción sociolaboral, y nos aporta el conocimiento necesario del nivel de estudios y de cómo este influye en el proceso migratorio y la posterior integración sociolaboral de dicha población. El nivel formativo de la población inmigrante adulta también tiene su repercusión: tiene influencia en la integración escolar de sus hijos en los centros escolares, y en las posibles actividades sociales que se deriven de esta.
Además también es de interés comparar los niveles educativos en función de las procedencias, de las generaciones y de los sectores ocupacionales de los inmigrantes en España. Describir y conocer la integración de la población inmigrante en el sistema educativo español nos permite prever en cierta forma el futuro, cuál será la integración de estas personas en la edad adulta; nos permitirá conocer también las dificultades que existen en la integración educativa de esta población inmigrante, en función además de los diferentes niveles educativos -infantil, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera-; nos permitirá también conocer cómo se está produciendo esta integración en función de la procedencia, del lugar y del tiempo de residencia, en función de la titularidad de los centros en los que está escolarizado, si son públicos, privados o concertados, y además podremos conocer y analizar las diferencias entre los sistemas educativos de los países de procedencia del alumnado inmigrante y el sistema educativo español. Por tanto, consideramos importantes los estudios que se realicen en este sentido, porque nos ayudarán a proyectar, a programar y a decidir las acciones o políticas que consideremos más oportunas para que nuestra sociedad avance y alcancemos mayores cotas de bienestar, no solo en el ámbito del colectivo de inmigrantes sino en el conjunto de la sociedad. Por ello hemos presentado la proposición no de ley que consta en el orden del día, para la que pedimos el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición hay presentadas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Popular. Señor Campuzano, cuando usted quiera tiene la palabra para la defensa de su enmienda.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todos vamos a estar de acuerdo con las cuestiones de fondo que la portavoz socialista plantea en su iniciativa, sobre a la necesidad de incorporar en nuestra visión de la inmigración los aspectos relacionados con el nivel formativo de la población inmigrante, desde la convicción -al menos hasta ahora la mayor parte de los expertos así lo han ido formulando- de que la población de origen inmigrante de edad adulta a menudo llega con un nivel mayor de formación respecto a aquellas actividades laborales que viene desarrollando en las empresas, en la economía española. Además en su propuesta también nos introduce algunas reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con la integración de la población inmigrante en el sistema educativo. Estamos muy convencidos de que el éxito de la inmigración en el futuro va a depender de esas claves vinculadas al ámbito formativo.
En esa misma lógica nos parece relevante -de ahí el sentido de nuestra enmienda- introducir en esta misma proposición no de ley un mandato al Gobierno para impulsar la convalidación de los títulos educativos y formativos de los ciudadanos inmigrantes. Existe hoy un no aprovechamiento de muchas capacidades de personas de origen extranjero que en su país se han formado, ya sea en sistemas universitarios, en sistemas de formación profesional o en bachillerato, que en la medida en que esos títulos no han sido reconocidos por las autoridades españolas de ámbito autonómico o de ámbito estatal, no permiten aprovechar las potencialidades para nuestro mercado de trabajo, para nuestra sociedad, de esas personas. Hay una cierta indolencia por parte de la Administración pública española a la hora de resolver ese tipo de situaciones. Hay personas que tardan dos o tres años en ver reconocido su título universitario. El reconocimiento de ese título universitario les permitiría trabajar en profesiones adecuadas a sus propios perfiles y a sus propias aspiraciones personales. Es un error que la economía y la sociedad no aprovechen todo el potencial de las personas de origen extranjero. Y en un contexto en el que estamos convencidos de que debemos evolucionar hacia una economía con un mayor valor añadido, en la que España, como el resto de sociedades europeas, va a tener que competir por el talento global, por el talento de muchas personas que no residen en España y que quizá encuentren aquí sus oportunidades de empleo o que a las empresas españolas les interese precisamente contar con esos profesionales, orientar bien nuestra política de convalidación de títulos formativos nos parece fundamental. De ahí el sentido de la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que espera que el Grupo Socialista pueda incorporar a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Begoña Chacón.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Antes de empezar con el debate de la iniciativa que nos ocupa, me gustaría detenerme en dos cosas muy breves.
Los portavoces que han hecho uso de la palabra han recordado que hoy es el Día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo, y en nombre de mi grupo queremos tener un recordatorio especial para todas aquellas víctimas que han muerto en sus puestos de trabajo. Y señor presidente, le ruego que traslade al Gobierno que se responda a todas aquellas preguntas que están pendientes en esta Comisión, tanto del área de Trabajo como de Inmigración que
mi grupo ha realizado, porque parece que se ha convertido ya en práctica habitual en esta Cámara que el Gobierno no responda en fecha y forma; señor presidente, compartirá conmigo que así se dificulta enormemente el trabajo de los grupos que estamos sentados en los bancos de la oposición.
Dicho esto, paso a posicionar a mi grupo en la iniciativa que nos ocupa y a defender la enmienda que hemos presentado, que sin duda contribuirá a mejorar esa iniciativa inicial. En el año 2008 llegaron a España 464.300 inmigrantes, siendo el país de la Unión Europea con mayor número de llegadas de extranjeros despues de Italia. A pesar de la crisis económica, en España crece la población inmigrante el triple que en el resto de países de la Unión Europea. En enero de este año había en nuestro país 46 millones de habitantes, de los cuales 5.200.000 eran extranjeros empadronados. Eso significa ni más ni menos el 11,3 por ciento de la población total. Pero es que a día de hoy se calcula que ya habremos rebasado los 5.600.000 extranjeros en España. Está claro, señorías, que el Gobierno sigue con su política de papeles para todos (Rumores), contraviniendo los propios acuerdos de la Unión Europea que prohíben las regularizaciones masivas, y hablan de regularización caso a caso, muy lejos de lo que hoy se está haciendo en nuestro país. Según datos del Gobierno, a 30 de septiembre del año 2008 había 4,5 millones de personas con tarjetas de residencia que vivían legalmente en nuestro país. Esto indica -si las matemáticas no fallan- que en España hay más de un millón de ilegales, tal y como han manifestado algunas ONG y algunos sindicatos. Este Gobierno no es capaz de determinar, ni siquiera por aproximación, cuántas personas viven sin papeles dentro del territorio español. Lo cierto es que en el año 2004 la inmigración ocupaba el noveno lugar entre las preocupaciones de los españoles, y hoy ocupa el cuarto puesto. En definitiva, señorías, el Gobierno socialista ha convertido el fenómeno de la inmigración en un problema.
La encuesta de población activa del primer trimestre de este año afirma que hay 1.057.600 inmigrantes en paro, siendo su tasa de desempleo de un 28,39 por ciento. El desempleo entre inmigrantes crece en 256.667 personas en relación con el año anterior, lo que supone ni más ni menos que un incremento del 106,9 por ciento. Señorías, compartimos con la iniciativa que estamos debatiendo la necesidad no solo de estudiar el nivel de formación de los inmigrantes que viven en nuestro país, sino que también se deben poner encima de la mesa todas aquellas medidas que vayan encaminadas a lograr la verdadera integración de la población inmigrante, donde lógicamente se incluyen tanto las políticas de formación como las políticas de empleo.
Pero la realidad ante el tema que hoy nos ocupa es bien distinta. Una vez más, otras administraciones, como la autonómica o la local, se han adelantado a las previsiones. Comunidades autónomas como Valencia o Canarias, por enumerar algunas, han puesto en marcha distintas medidas para formar a inmigrantes en sectores emergentes. Si me lo permiten, señorías, quiero hacer mención a la Comunidad Autónoma de Valencia, primero porque me han facilitado los datos y segundo porque conozco bien su forma de gestionar ya que en ella gobierna mi partido. Son más de 1.000 los inmigrantes que están en periodo de formación en estos últimos meses. Se ha hecho mediante un convenio entre la Consejería de Inmigración y Ciudadanía y el Consejo de Cámaras de Comercio de la comunidad. Estos inmigrantes se formarán en sectores emergentes como la hostelería o el comercio minorista, potenciando también el autoempleo.
Son muchas las medidas que se pueden poner encima de la mesa, una vez que conozcamos el nivel de formación de los inmigrantes, y vaya por delante el compromiso de mi grupo para registrar una iniciativa con todas aquellas medidas de formación y empleo para los inmigrantes que viven en nuestro país, que no será la primera que se ha presentado en esta Cámara, aunque esperemos que esta sí pueda contar con el respaldo del Grupo Socialista, y que corra mejor suerte que otras muchas que mi grupo ha presentado anteriormente y que no han sido apoyadas por el partido que sustenta el Gobierno, pero lógicamente eso será motivo de otro debate.
Volviendo a la iniciativa, cabe mencionar la labor que también hacen los ayuntamientos y las corporaciones locales en lo que se refiere a la inmigración. Al ser la Administración más cercana son los encargados de recibir y atender las demandas de los inmigrantes, tanto en el proceso administrativo como cuando se van a empadronar o en la prestación de todo tipo de servicios posteriores, y son también los primeros que con sus recursos atienden a los inmigrantes cuando solicitan servicios sociales.
Son, en definitiva, la Administración que más recursos económicos dedican a la cobertura de las primeras necesidades.
Señorías, la parte dispositiva de la iniciativa que nos ocupa dice -y leo de forma literal-: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un estudio sobre la influencia del nivel formativo de la población inmigrante en edad adulta, en su proceso migratorio y en la integración sociolaboral en España; asimismo en dicho estudio se deberá analizar la integración de la población inmigrante menor de edad en el sistema educativo español, al objeto de conocer las dificultades planteadas según niveles educativos.
Compartiendo la necesidad de conocer la realidad formativa de los inmigrantes, quiero decir en esta Comisión que tiempo ha habido para ponerlo en marcha. Cinco años al frente del Gobierno son suficientes para haberlo hecho ya, y es más, no es necesario pedir permiso a esta Cámara para llevarlo a cabo. Se podría haber hecho sin necesidad de esta iniciativa. Aun así la vamos a apoyar. Mi grupo ha presentado una enmienda y estoy convencida de que vamos a llegar a una transaccional porque así me lo ha hecho saber la portavoz del Grupo Socialista. Quiero acabar diciendo que ojalá esta iniciativa, junto con otras, puedan servir para mejorar y para
integrar con mayúsculas a la población inmigrante en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar posición? (Pausa.)
- SOBRE PROMOCIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA RESIDENTE EN EL EXTERIOR. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000996.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por lo tanto, al séptimo y último punto del orden del día, que es una proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la promoción de acciones de formación y participación dirigida a la población española residente en el exterior.
Para su defensa de la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, la emigración en España ha sido un fenómeno de singular importancia a lo largo del tiempo. Ha tenido diversos condicionantes y se ha visto favorecida por circunstancias diversas, pero la consecuencia básica es que alrededor de un millón y medio de españoles y sus descendientes residen fuera de nuestras fronteras. En noviembre de 2006 aprobamos por unanimidad el Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, donde se recoge que debemos considerar a la comunidad emigrante como un auténtico capital social y un recurso fundamental para nuestra proyección en el mundo. Uno de los grandes objetivos de la Administración es acercar sus contenidos a los ciudadanos, y facilitar la interrelación entre ambos para difundir y promocionar sus programas y facilitar el conocimiento de los diversos planes de formación, participación, cooperación o empleo, especialmente entre aquellos sectores de la población que precisan una mayor atención por la singularidad de sus condiciones. En ese esfuerzo estamos y consecuentemente el Gobierno, a través de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, ha suscrito acuerdos de colaboración con diversos organismos para favorecer el acceso de los españoles residentes en el extranjero, y en especial de jóvenes y mujeres, a las políticas públicas dirigidas a estos colectivos. Ejemplo de esta actividad lo constituyen los convenios de colaboración firmados con el Instituto de la Juventud y el Instituto de la Mujer. Del mismo modo, el convenio tripartito suscrito con el Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación contempla otro ámbito de gestión también orientado a los jóvenes, cual es facilitar a los estudiantes de las aulas de lengua y cultura del Ministerio de Educación el acceso gratuito a los exámenes de acceso al diploma de español como lengua extranjera, que otorga el Instituto Cervantes. Por ello, y en cumplimiento de la disposición adicional primera del estatuto, se puso en marcha el portal de la ciudadanía española en el exterior, que permite difundir y dar a conocer iniciativas, ofertas formativas y de empleo, así como las diversas líneas de actuación que desarrollan actividades específicas para que sean conocidas por nuestros ciudadanos en el exterior.
Como SS.SS. conocen, los artículos 21 y 22 del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior establecen que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas promoverán el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior a través de la red de consulados, embajadas, y centros autonómicos y estatales en el mundo, así como el fomento de la participación de los residentes en el exterior y los retornados en los programas de formación profesional, para facilitar su incorporación al mercado laboral o mejorar su capacitación profesional. Además, a través del Sistema Nacional de Empleo, se promoverá el acceso a la información para facilitar la búsqueda y la mejora de sus posibilidades de ocupación. En este sentido, interesa poner en relación los medios con las instituciones para dar cumplimiento a lo previsto en este estatuto, promover el acceso a la información sobre empleo y la realización de prácticas que favorezcan la mejora de la cualificación profesional y el acceso al mercado laboral en la mejor de las condiciones posibles. Además, constituyen un colectivo numéricamente significativo que presenta características diferentes según el país de residencia y su grado de desarrollo, y que plantea dificultades para el acceso al primer empleo a los jóvenes y a los mayores de 35 años, en especial mujeres.
A esta finalidad responde el proyecto de elaboración de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, con el objeto de facilitar este asesoramiento. Dicho servicio público está trabajando en las correspondientes aplicaciones informáticas, que permitirán el acceso a cualquier ciudadano español, independientemente de su lugar de residencia, a las informaciones sobre acciones de políticas activas de empleo, entre ellas la orientación, las acciones formativas, etcétera, con objeto de facilitar su incorporación al mercado laboral o mejorar sus condiciones de acceso. Por ello esta PNL lo que pretende es seguir desarrollando el espíritu y la letra de este Estatuto de los españoles en el exterior, activar todas las políticas y a todos los agentes con competencias en esta materia para seguir facilitando que la accesibilidad de la información y el aprovechamiento de los recursos destinados a estos fines lleguen más y mejor y permitan dar nuevas oportunidades de mejora y desarrollo laboral y personal a nuestros emigrantes. Hoy las políticas de cooperación deben ser entendidas como un instrumento para ampliar los derechos y generar oportunidades en la población afectada, pero además tiene que ser también un marco de oportunidad para generar actividad y sinergias entre nuestros emigrantes y los países objeto de los programas de cooperación en los que residen. Las nuevas tecnologías de la información y
comunicación abren grandes posibilidades en esta importante tarea, para establecer cauces permanentes de relación y asentar estrategias de colaboración.
El Partido Popular presenta a esta iniciativa una enmienda referida al punto dos de esta proposición no de ley, que consiste en la introducción de la referencia obligada y competencial de las comunidades autónomas, que compartimos, y por lo tanto aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Belén do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Como bien se ha dicho, intervengo para defender una enmienda de modificación a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
Señorías, con fecha 19 de noviembre de 2008 -dos años después de aprobarse la Ley del estatuto de los españoles residentes en el exterior- debatíamos en esta misma Comisión una proposición no de ley, también del Grupo Socialista, para dar un impulso al desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. En ese momento ya creíamos que era insuficiente ese impulso, y desde el propio Grupo Popular decíamos que el compromiso del Gobierno era insuficiente y debería ser mayor. Con la propuesta que hoy estamos debatiendo -cinco meses después- está claro que estábamos en lo cierto.
Señorías, cuando el Grupo Socialista nos proponía continuar con las medidas adoptadas en el desarrollo del contenido del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, en esa intervención yo misma les preguntaba qué pasaba con las medidas que todavía no habían sido desarrolladas por el Gobierno de la Nación después de casi dos años de aprobación de ese estatuto, y por qué no cumplían la disposición final tercera que autoriza al Gobierno a que, en el ámbito de las competencias del Estado dictase cuantas disposiciones fuesen necesarias para la aplicación y el desarrollo de esta ley. Con esta proposición no de ley el propio Grupo Socialista reconoce hoy que hay que seguir dándole impulso a este Gobierno para que por fin desarrolle la ley. Han pasado cinco meses y se reconoce claramente que todavía queda mucho por hacer. Por tanto, señor presidente, queremos reiterar este aspecto porque somos conscientes de la importancia y de las expectativas que para los españoles residentes en el exterior se crearon al aprobar este estatuto. Desde el Grupo Popular no nos cansaremos de repetir al Gobierno -como así hicimos en la tramitación de la propia ley- que se concreten las disposiciones necesarias para aplicar y desarrollar la ley, y más que desarrollar el espíritu -como nos está diciendo el señor Tabuyo-, nosotros pedimos desarrollar la letra de la propia ley.
Señorías, han pasado casi tres años y tan solo se han aprobado tres reales decretos con respecto al estatuto. Estamos por tanto prácticamente igual -y a las pruebas nos remitimos- con la proposición no de ley que hoy debatimos, en la que claramente instan al Gobierno a promover acuerdos de colaboración con instituciones en materia de información, de formación para los ciudadanos, en especial para los jóvenes y para las mujeres, en la que claramente están instando al Gobierno a que se instrumenten mecanismos -puesto que no los están poniendo en marcha- para que se promuevan acuerdos de colaboración -tampoco están en marcha-, o para que se establezcan instrumentos necesarios para facilitar su participación activa en el desarrollo de las mismas. Señorías, para poder facilitar esa participación activa en el desarrollo de las mismas sería importante e indicativo de unas buenas maneras por parte del Gobierno que les diese el PERE -el padrón de españoles residentes en el extranjero- a las propias comunidades autónomas para poder desarrollar su competencia en esta materia.
La Ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior establece el marco de actuación y las medidas específicas que deberán desarrollarse por el Estado y por las propias comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, para facilitar la integración social y laboral tanto a las personas de nacionalidad española que están residiendo en el exterior como a quienes han decidido retornar a España. Con la enmienda que presentamos intentamos reconocer, por un lado, el papel importante que se está desarrollando desde las diferentes comunidades autónomas en beneficio de los españoles residentes en el exterior y de los retornados en materias tan importantes como las que se están tratando hoy aquí, de información, de formación, para que sus derechos en materia de empleo y de ocupación se vean beneficiados. Podríamos referirnos a muchas de las comunidades autónomas, pero a mí me gustaría poner solo un ejemplo, y es el desarrollo que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con un plan integral de apoyo a la ciudadanía, dotado con casi 23 millones de euros, comunidad en la que se están dirigiendo sus políticas, por su competencia, de formación al empleo tanto a los ciudadanos en el exterior como a los retornados, así como labores y objetivos para la integración social y laboral de estos colectivos. Por este motivo, ateniéndonos a ese esfuerzo, a esa labor que están desarrollando todas las comunidades autónomas, creemos necesarios -tal cual viene recogido también en la ley- que se detalle explícitamente en esta proposición no de ley todo lo referido a las competencias de los servicios de empleo autonómicos, que son los competentes en esta materia cuando estamos hablando del tema laboral.
Por tanto, señor presidente, está claro -y queremos dejar constancia de ello- que falta mucho por aplicar, que falta mucho por desarrollar y por eso insistimos en que el Gobierno agilice su aplicación, su desarrollo en otras materias que también están sin desarrollar, como son las relativas a la Seguridad Social, a la atención a la dependencia, la protección a la salud, la nacionalidad de los descendientes españoles y, cómo no, el derecho a la
participación. Por ello agradecemos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que acepte esa enmienda que creo coherente con la propia ley, con el desarrollo que están plasmando las comunidades autónomas en materia laboral, porque esperamos que ese casi millón y medio de ciudadanos españoles que residen en el exterior y de los que el 27 por ciento son gallegos, vean directamente y con prontitud aplicados todos los derechos que están recogidos en la ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Brevemente, señor presidente. Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa porque creemos que es una buena iniciativa. El proponente hablaba de un instrumento fundamental en el desarrollo de esa iniciativa para conseguir esos objetivos, que son los consulados.
Coalición Canaria ha defendido mucho, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, el incremento del número de consulados. Hay países como Venezuela, con un número importantísimo de emigrantes españoles, que solo tiene un consulado en Caracas y con bastantes dificultades para atenderlos, a pesar del esfuerzo que se está haciendo.
Se ha hablado, se han aprobado iniciativas, incluso se ha anunciado la creación de nuevos consulados. Apoyamos la iniciativa, pero lo que están esperando los residentes españoles en el exterior es el incremento del número de consulados donde poder ejercitar esos derechos que les corresponden como ciudadanos en el exterior. Repito que apoyamos la iniciativa y le recordamos al grupo que apoya al Gobierno este déficit que tenemos en el tema de los consulados.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Pausa.) Si no hay ningún inconveniente, pasamos a votar las proposiciones no de ley que acaban de ser debatidas, teniendo en cuenta que el primer punto del orden del día ya fue votado en su momento.
Vamos a realizar la primera votación del punto segundo del orden del día, teniendo en cuenta que a esta proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana se habían presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista, habiendo sido aceptada la del Grupo Parlamentario Popular. ¿Es así, señor Tardà? (Asentimiento.) Pues bien, con la incorporación de esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular iniciamos la votación.
Punto tercero, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista. Sometemos este punto a votación en los términos de esta enmienda transaccional acordada por ambos grupos.
Punto cuarto, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, también en los términos del acuerdo en una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.) ¿Perdón, señor Campuzano?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Supongo, señor presidente, que se acumula con la proposición no de ley número 5, de Convèrgencia i Unió.
El señor PRESIDENTE: Sí, se acumularon las dos en el debate, por tanto las acumulamos también a efectos de votaciones. Hay una transaccional que efectivamente recoge el mismo texto que se había discutido y acordado.
Sometemos a votación los puntos cuarto y quinto, a la vez, en los términos de la transaccional que ya he comentado.
Pasamos al punto sexto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que se somete a votación en los términos de una transaccional acordada con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: La última proposición número 7, es también del Grupo Parlamentario Socialista a la que existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aceptada por el grupo proponente. La sometemos a votación en esos términos.