Source: https://www.scribd.com/document/322750505/Inconstitucionalidad-de-Los-Procesos-Administrativos-Sancionadores-Contra-Auxiliares-Jurisdiccionales-Derivados-Del-Articulo-213
Timestamp: 2018-11-18 13:25:46
Document Index: 327937588

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 213', 'artículo 213', 'artículo 200', 'artículo 39', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 229', 'artículo 204', 'artículo 63', 'artículo 204', 'artículo 204', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 204', 'artículo 213', 'artículo 213', 'ARTÍCULO 213', 'artículo 200', 'artículo 14', 'artículo 204', 'artículo 213', 'artículo 204', 'Artículo 213', 'Artículo 26', 'Artículo 202', 'Artículo 233', 'Artículo 213']

Inconstitucionalidad de Los Procesos Administrativ...
0022-09-CN-res
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES CONTRA AUXILIARES JURISDICCIONALES DERIVADOS
DEL ARTÍCULO 213° DEL TUO-LOPJ
Ricardo J. Moreno Ccancce (*)
SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN, II.- FACULTAD SANCIONADORA DE LOS MAGISTRADOS;
III.- LIMITES A LA FACULTAD SANCIONADORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO; IV.NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN, V.- PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN
EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR; VI.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DERIVADO DEL
TUO-LOPJ
JURISDICCIONALES; VII.- CONSECUENCIAS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
El presente articulo no tiene como objeto provocar la impunidad de faltas disciplinarias por
parte de los Auxiliares Jurisdiccionales, ni obtener la extinción de la facultad sancionadora de
la administración respecto de conductas de carácter funcional disciplinario; sino todo lo
contrario tiene como objetivo inmediato advertir: i) Que, alguno de los dispositivos legales
que regulan los Procesos Administrativos Sancionadores contra Auxiliares Jurisdiccionales,
resultan contrarios al respeto del derecho fundamental del Debido Proceso reconocido por
Constitución Política del Perú art. 139; inc. 3); Declaración Universal de los Derechos
Humanos art. 8º y 10º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14º;
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre art. XVIII; Convención
Americana de DD.HH-Pacto de San José de Costa Rica art. 8.1º y 25.1º; Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos art. 14º; Convención Europeo para la protección de los
Derechos Humanos art. 06º; y ii) Poner en evidencia que la falta de fijación del plazo de
prescripción del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) regulado en el artículo 213° del
Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial relacionado a los Auxiliares
Jurisdiccionales, colisiona con el principio constitucional de razonabilidad implícitamente
derivado del principio de igualdad, y expresamente formulado en el artículo 200° de la
Lo expuesto tiene especial relevancia, en el entendido que el fundamento jurídico N° 09 de
la Sentencia recaída en el Expediente N° 3149-2004-AC-TC de fecha 20-01-2005, establece
“Los funcionarios públicos, desde el que ostenta la más alta jerarquía encarnada en el cargo
del Presidente de la República, conforme al artículo 39° de la Constitución, están al servicio
de la Nación. Esto supone, ante todo, un compromiso de lealtad con los valores y principios
sobre los que se asienta el Estado peruano, definido como Estado Social y Democrático de
Derecho conforme a los artículos 3° y 43° de la Constitución”[1].
proporcionalidad.. el Órgano Jurisdiccional[6] que tome conocimiento de estos hechos es el que sin trámite previo. Asimismo. el Tribunal Constitucional[3] ha señalado que tal potestad: (. conforme está determinado por el artículo 213° del TUO de la LOPJl[5]. y sancionar disciplinariamente[4].) está condicionada. [el que] tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal. en general. mantener la línea de autoridad y el orden disciplinario de su judicatura. OCMA. de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.. en el caso de pérdida de expedientes judiciales o de la sustracción de una o más piezas procesales del mismo.FACULTAD SANCIONADORA DE LOS MAGISTRADOS (Art. a la observancia de los derechos fundamentales (. [debiendo] resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios. [Caso Tribunal Constitucional del Perú. el artículo 213° del TUO de la LOPJ establece que. en consecuencia. así como a los principios constitucionales de . en particular. razonabilidad. el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139°. sino que además se extiende también a sede “administrativa” y. 213º del TUO-LOPJ. definido como Estado Social y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú. al no tener el procesado o investigado capacidad de ejercer su derecho de defensa en forma idónea y eficaz. legalidad. se aprecia que el dispositivo legal que autoriza al Magistrado que SIN TRAMITE PREVIO aplique la sanción administrativa correspondiente. al desconocer los cargos atribuidos. al respeto de la Constitución.) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. como la Corte Interamericana de Derechos Humanos [2] ha sostenido: (. Es decir. fundamento 12]. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala Plena de la Corte Suprema. dictar las disposiciones necesarias para que éstas se desarrollen adecuadamente.. entendido como una acción inmediata para evitar la evasión de responsabilidad funcional. de los principios constitucionales y. al negar dicho dispositivo legal el Derecho a la Defensa de los Auxiliares Jurisdiccionales en los Procesos Administrativos iniciados al amparo del art. respecto de los límites de la potestad administrativa disciplinaria. deberá aplicar la sanción que corresponda. y en especial al Derecho Fundamental y garantía del Poder Judicial al Debido Proceso. En suma. sino también es deber de cada Magistrado. La acción de control disciplinario no es únicamente deber de los Órganos especializados de la ODICMA.º 1003-1998-AA/TC. N.. El Poder Judicial en ejercicio de su función directriz tiene facultades para normar reglamentariamente las labores de su personal. cuando se encuentre ante una pérdida de expedientes judiciales o de la sustracción de una o más piezas procesales del mismo. en cuanto a su propia validez. al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y.gr.II. Gerencia General del Poder Judicial. colisiona abiertamente con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado peruano.. inciso 3) de la Constitución Política del Perú no sólo tiene una dimensión “jurisdiccional”. 213° TUO-LOPJ) En doctrina reiterada y uniforme. He aquí el primer dispositivo que colisiona con el Derecho a la Defensa reconocido por la Constitución Política del Perú. interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman [Exp. párrafo 71].. en los términos del artículo 8° de la Convención Americana..).
Al respecto conviene precisar que la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2192-2004AA/TC[7]. En consecuencia. a fin que éstos respondan a lo racionalmente necesario para su cumplimiento de sus finalidades.LÍMITES A LA FACULTAD SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Según Richard Martín Tirado. que deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación. La Constitución lo consagra en su artículo 2º. ni sancionado con pena no prevista en la ley” Por ello. se refiere a que las entidades cuando ejerzan la potestad administrativa sancionadora. Es por dicha razón que al Procedimiento Administrativo Sancionador se le aplican las garantías que históricamente han sido creadas para el derecho penal. En dicha medida la composición del derecho administrativo sancionador se apoya en los principios y las bases funcionales del derecho penal. y la Proporcionalidad: Es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra especial relevancia. la doctrina reconoce que el denominado ius puniendi estatal. literal d). puesto que regula la facultad de establecer infracciones administrativas y sus sanciones. pero también. la Ley N° 27444 innova al regular por vez primera una serie integral de principios aplicables al Procedimiento Administrativo Sancionador. III. ambos gozan de una identidad de sustancia y de materia. En dicha medida. deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida. dentro de los cuales tenemos a: Razonabilidad: El cual se define como una expresión del principio contenido en el numeral 1. como infracción punible. de manera expresa e inequívoca. compartiendo su estructura y sus principios. establece que: “El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. como son los derechos fundamentales o la propia dignidad de las personas.4 del Artículo IV de la Ley N° 27444. debido a los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración para atender las demandas de una sociedad en constante cambio. son de 2 clases: . el artículo 229. se divide en dos grandes “brazos” o sectores de actuación: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. IV.razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad.NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN Los plazos de prescripciones generados en los procesos administrativos sancionadores (PAS). con el siguiente tenor: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley.. debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común. Debe ser entendido como la piedra de toque del sistema represivo administrativo.1º de la Ley N° 27444 que establece: “Las disposiciones del presente Capitulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones del administrado”.. y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar. inciso 24.
pudiendo inferirse que dicho PLAZO MÁXIMO HA SIDO PREVISTO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN DETERMINE LA INFRACCIÓN E IMPONGA LA SANCIÓN RESPECTIVA. Además.Prescripción de la facultad de la administración para iniciar proceso administrativo sancionador. el texto de su artículo 204°. Asimismo... prescribe de oficio a los 2 años”. V. contados desde la comisión de la infracción. lo cual implicaría un plazo que extinguiría el derecho de la administración de ejercer su facultad sancionadora.PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR . En caso de no estar determinado. La prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de ciertas facultades de parte de la administración pública. entiende que el inicio del procedimiento sancionador debe ir acompañado de la formulación de los cargos respectivos al investigado. Ambas disposiciones están referidas a la facultad prevista para DETERMINAR INFRACCIONES. entendida no como el derecho de petición. Los administrados inmersos en un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) pueden hacer uso de ella como medios de defensa. el artículo 63° del acotado TUO.Prescripción de la acción administrativa. si fuera una acción continuada”.. En la regulación del TUO de la LOPJ. establece que: “ El plazo para interponer queja administrativa contra Magistrados caduca a los 30 días de ocurrido el hecho. debidamente precisado por la Resolución Administrativa N° 121-2004-CE-PJ de fecha 16-06-2004. sino como la facultad de la administración de perseguir la conducta funcional (…) sólo opera en los procesos disciplinarios iniciados a mérito de una queja y/o investigación”.1. de modo tal que la administración no los mantenga de manera indefinida en una situación de determinación en cuanto a la calificación de sus conductas cuestionadas. se establece la figura de prescripción en el artículo 204° a efectos de restringir el ejercicio de la facultad sancionadora de los Órganos Disciplinarios en el ámbito del Poder Judicial. establece que: “La prescripción a que se contrae el artículo 204° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial. púes la Doctrina Jurisprudencial más autorizada[10]. como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene efectos que tiene efectos respecto de los particulares. para perseguir la inconducta funcional. a fin de evitar que el mismo transcurra sin haber ejercido su facultad punitiva. la existencia de un término prescriptorio obliga a la administración a actuar de manera más ágil. Y NO SÓLO INICIE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. es aquella institución legal que extingue la acción administrativa. expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial[8]. Interpuesta la queja.1 que “La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativa prescribe en el plazo que establece las leyes especiales. y 2. Por otro lado. sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera amerituar. la Ley de Procedimiento Administrativo General [9] establece en el artículo 233. prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó.
se aprecia que sólo se ha establecido un plazo de prescripción para determinar el inicio del procedimientos sancionador y la formulación de cargos de infracciones administrativas . cuando creen obligaciones. el artículo 233° de la Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444[11]. no tolera ni protege que se realicen o expidan actos o normas arbitrarias. el ejercicio de la Procedimiento Administrativo Sancionador prescribe a los 05 años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó.2º que. en el ámbito del Derecho Administrativo no se respetaba la garantía de la prescripción. que al momento de establecer el plazo prescriptorio para computar el inicio del procedimiento sancionador y la formulación de los cargos. del análisis sistemático del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial. de la Ley de Procedimiento Administrativo General enuncia el principio de razonabilidad. Así. nos encontramos que ni el acotado TUO de la LOPJ. puesto que mientras en el campo del Derecho Penal sí se aplicaban normas de prescripción para el ejercicio de la acción penal. dispone que: “El plazo para interponer queja administrativa contra Magistrados caduca a los 30 días de ocurrido el hecho. la acotada Ley N° 27444 prevé en el acotado numeral 233º y en el 229. el artículo 204° del TUO de la LOPJ. Empero. deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar. originada en el artículo 213° del TÚO de la LOPJ.Además. prescribe de oficio a los 2 años”. poniendo fin a un régimen que se prestaba a la arbitrariedad. Por ello. prevé un plazo prescriptorio para el caso de los Auxiliares Jurisdiccionales derivados del artículo 213º del TUO-LOPJ. por otro lado. constituye un significativo avance en orden a establecer por vez primera un régimen de prescripción de la imposición de sanciones administrativas.Resolución Administrativa N° 26396-SE-TPCME-PJ. por ello la regla general.VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DERIVADO DEL ARTÍCULO 213° DEL TUOLOPJ RELACIONADOS A LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Por otro lado. califiquen infracciones. según el cual. el numeral 1. el objeto buscado y el medio empleado. en caso de no estar determinado plazo prescriptorio. es que la facultad de determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe de acuerdo a las leyes especiales. Es decir. implícitamente derivado del principio de igualdad..4. Empero es el caso. VI. impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados. Sin embargo. la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológica entre la circunstancia motivante. la doctrina exige que se produzca una consonancia entre el hecho antecedente “creador” o “motivador” del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquél. premiándose de cierta manera la inactividad de la administración. ni el Reglamento de Organización de funciones de la OCMA . en consecuencia. a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. si fuera una acción continuada. La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias que fueran. el principio de razonabilidad. Interpuesta la queja. y expresamente formulado en el artículo 200° de la Constitución. las decisiones de la autoridad administrativa.
dispondrá su archivamiento. que según el inciso b. Entre los años 1996 y 1999 se registro los siguientes índices de resoluciones archivadas por prescripción: FINALIZACIÓN DEL TRAMITE DE CONTROL POR OTRO TIPO DE RESOLUCIONES EFECTUADAS POR LA OCMA DETALLE 1996 1997 1998 1999 TOTAL Absolución/archivo 1358 658 124 525 2665 Archivo/omisión 729 278 47 400 1454 . a éste último supuesto en forma supletoria el numeral 233. y quebrantamiento del principio de razonabilidad en el entendido que para el caso de una denuncia o investigación contra un Magistrado prescribe a los 02 años. en cambio para determinar la existencia de infracciones administrativas originadas en los procedimientos administrativos sancionadores contra Auxiliares Jurisdiccionales. En conclusión. En ejercicio regular del principio de no discriminación considero que dichos plazos de prescripciones planteados así generan una manifestación de antinomia legislativa. que sanciona que: “Para determinar la existencia de infracciones administrativas (…) en caso de no estar determinado. que consideramos es un plazo razonable a fin de alcanzar una decisión. prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción”.CONSECUENCIAS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Que.. para perseguir la inconducta funcional contra los Magistrados prescribe a los 02 años. deberá declarar la Prescripción de la queja y. sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 204° del TULOPJ).c) del artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial[12] son funciones y atribuciones de la Unidad de Procesos Disciplinarios: (…) cuando transcurra. según el TUO de la LOPJ. prescribirá en 05 años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó si es continuada. el plazo de Prescripción a que se contrae el artículo 204º del Texto Único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. no habiéndose dispuesto plazo de prescripción alguna en para los procedimientos administrativos sancionadores originadas contra Auxiliares Jurisdiccionales a que hace referencia el artículo 213° del acotado Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial.derivadas de quejas administrativa disciplinaria o investigación contra los Magistrados (Art. VII. por no encontrarse determinado en la legislación de aplicación especifica. sólo de manera referencial considero necesario tomar nota.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos General–Ley N° 27444. resultando de aplicación. la Prescripción de la acción administrativa.
con ello. es importante resaltar que según el Tribunal Constitucional.total 2400 1304 370 1072 5146 Total 4175 2969 517 1751 9412 Fuente: PODER JUDICIAL. Lima 2000. La reforma Jurisdiccional en el Perú. el hecho que los plazos máximos de un proceso hayan sido incumplidos no tiene como consecuencia directa que las resoluciones finales sean declaradas inválidas o sin efectos legales. p. una falta de carácter disciplinario por parte de los integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos por la demora. conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 08582001-AA/TC[15]– que incluso supuso un cambio de jurisprudencia– el incumplimiento del plazo del proceso administrativo no origina la nulidad. en su contenido esencial. existiendo. Empero. el ejercicio del derecho al Debido Proceso. máximo interprete de la Constitución viene delineando como doctrina jurisprudencial uniforme [14] que. Lima. En un primer momento la Segunda Sala del Tribunal Constitucional [13]. concluye que se evidencia la inobservancia por parte de la OCMA del artículo 204° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. en todo caso. no importa vulneración de derecho constitucional alguno –y en particular del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. cuando en él se ha respetado. y evidenciar la deficiente regulación normativa al respecto. que justifican la elaboración del presente artículo. declarando INAPLICABLES al caso concreto las decisiones disciplinarias interpuestas. por lo tanto la vulneración del derecho al debido proceso en sede administrativa. febrero 2007 . y.toda vez que. con la sola corroboración de encontrarse vencido el plazo de prescripción extintiva de la investigación establecido en dos años. el hecho en sí que el ente sancionador supere el plazo prescriptorio de la investigación. De esta manera.239 Es dicha incidencia de procesos administrativos sancionadores archivados por prescripción (entendida sólo como marco referencial).Prescripción 156 106 6 5 273 Caducidad Carece de objeto 146 262 29 32 469 Otros 11 -- 164 110 285 Sub. Un impulso al tercer milenio. más no la extinción de la facultad sancionadora de la administración respecto de conductas de carácter funcional. establecido en la normatividad correspondiente.
EL Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada. están obligados a aplicar las sanciones de apercibimiento o multa cuando advierten irregularidades o deficiencias en la tramitación de los procesos. . la que es notificada al infractor y anotada en el registro de medidas disciplinarias y en su legajo personal. el día 11-04-2001. Sólo coincidiendo estos aspectos. en los respectivos Distritos Judiciales. [5] Artículo 213 del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS.La Corte Suprema de Justicia de la República. . 4. así controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio.Los miembros del Poder Judicial son responsables disciplinariamente por las irregularidades que cometan en el ejercicio de sus funciones.. publicado en “El Peruano”. [10] Expediente Nº 1003-98-AA/TC: “En el presente caso. y. Los Magistrados.los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación.Los Juzgados de Paz. en el conocimiento de los procesos o medios impugnatorios. Por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión . [6] Artículo 26.pdf [3] En http://www.Los Juzgados Especializados y Mixtos. el día 02-07-2004.. el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. En la resolución se menciona el motivo de la sanción. . en la ciudad o población de su sede.gob. donde hubiere. [8] Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y. Seguido por Gloria Marleni Yarleque Torres. 2. Gonzalo Antonio Acosta Gómez de fecha 11-10-2004. 2. de fecha 20 de enero de 2005.or.La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.corteidh. 5.NOTAS: [1] Expediente N° 3149-2004-AC/TC. [9] Ley N° 27444. [2] En http://www. 3. no siendo necesario trámite previo..Las Cortes Superiores de Justicia. Y eficaz. Artículo 202.La Sala Plena de la Corte Suprema. el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas.La Oficina Distrital de Control de la Magistratura del Poder Judicial. ..Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial Sanciones por irregularidades en tramitación de procesos. Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: 1. en las Provincias respectivas.Los Juzgados de Paz Letrados. Las sanciones se aplican por los siguientes órganos disciplinarios: 1.pe/jurisprudencia/2002/01003-1998-AA.. Tumbes. y 4.Órganos Jurisdiccionales. [7] Expediente Nº 02192-2004-AA/TC.html [4] LOPJ.cr/docs/casos/articulos/Seriec_55_esp. .tc. Lambayeque. 3..
La Libertad.Ley N° 27444. prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó. Piura. [15] Expediente N° 858-2001-AA/TC. Adm. de fecha 05-01-2004. Víctor Raúl Orbegozo Gómez. Felix Valois Ramirez Mora. Nº 263-96 SE-TP-CME-PJ del 16-07-1996. si fuera una acción continuada. [11] Artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tito Martín Ramos Lam. Prescripción. [13] Expediente Nº 2122-2003-AA/TC. Huanuco. [14] Expediente N° 3778-2004-AA/TC. de fecha 15 de agosto de 2002 . 233.final que aquél asumía en el citado informe”.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. de fecha 25-01-2005. En caso de no estar determinado. publicada en el Diario Oficial el Peruano el 17-07-1996. [12] Aprobado mediante Res. sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar.
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