Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00045-2016.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:47:23
Document Index: 98809286

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 109', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 133', 'artículo 16', 'artículo 474', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 41', 'artículo 135', 'artículo 187', 'e contrario']

SUP-REP-0045-2016
EXPEDIENTE: SUP-REP-45/2016
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIOS: DANIEL PÉREZ PÉREZ Y RODRIGO QUEZADA GONCEN
Ciudad de México, a primero de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SUP-REP-45/2016, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, a fin de controvertir, por una parte, el acuerdo por el cual la autoridad responsable admitió la queja presentada por el partido político nacional denominado MORENA en contra del Partido de la Revolución Democrática, el cual motivo la integración del expediente del procedimiento especial sancionador registrado con la clave JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016 y, por otra, el proveído identificado con la clave A8/INE/CM/CL/25-03-16, de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, por el cual dictó las medidas cautelares solicitadas por el partido político denunciante, y
I. Antecedentes. De la narración de hechos que el partido político recurrente hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos del recurso al rubro indicado, se observa lo siguiente:
1. Reforma política de la Ciudad de México. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política de la Ciudad de México.
2. Convocatoria. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
3. Acuerdo INE/CG53/2016. En la mencionada fecha, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el acuerdo identificado con la clave INE/CG53/2016, por el cual emitió el "PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE SESENTA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DETERMINAN ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDERLOS, Y SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES".
4. Inicio del procedimiento. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, dio inicio el procedimiento para la elección de diputados a integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
5. Queja de procedimiento especial sancionador. El once de marzo de dos mil dieciséis, el partido político nacional denominado MORENA presentó escrito de queja, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido de la Revolución Democrática por la difusión de diversa propaganda, que en su concepto constituye vulneración a la normativa electoral.
En ese ocurso, el partido político denunciante solicitó el dictado de medidas cautelares, consistentes en la suspensión de la difusión de la propaganda electoral.
6. Ampliación de la queja. El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el partido político nacional denominado MORENA presentó escrito de "ampliación de queja", respecto de la denuncia precisada en el apartado que antecede.
7. Actos impugnados. La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México acordó la radicación del escrito de queja precisada en el apartado cinco (5) que antecede, en el expediente identificado con la clave JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016.
Por otra parte, el veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México emitió el acuerdo identificado con la clave A08/INE/CM/CL/25-03-16. Cuyos puntos de acuerdo, en la parte atinente, son los siguientes
PRIMERO. Se aprueban las medidas cautelares solicitadas por MORENA y se ordena al Partido de la Revolución Democrática el retiro de la propaganda que contenga las siglas CDMX, en términos de lo expuesto en el considerando V de este instrumento.
SEGUNDO. Se aprueban las medidas cautelares solicitadas por MORENA y se ordena al Partido de la Revolución Democrática el retiro de la propaganda denunciada, contenida en sitio web http://www.poderchilango-prd.com/
II. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Disconforme con lo anterior, el veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, presentó escrito de demanda de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ante la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del mencionado Instituto.
III. Remisión del expediente. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México remitió, mediante oficio INE/CL-CM/00068/2016, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, el expediente del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por el Partido de la Revolución Democrática.
IV. Turno a Ponencia. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-REP-45/2016, con motivo de la promoción del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador precisado en el resultando segundo (II) que antecede.
En términos del citado proveído, el expediente al rubro indicado fue turnado a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, a fin de que propusiera, al Pleno de la Sala Superior, el proyecto de resolución que en Derecho corresponda.
V. Radicación. Por proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que motivó la integración del expediente identificado con la clave SUP-REP-45/2016.
VI. Admisión. Mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, al considerar que se cumplen los requisitos de procedibilidad del recurso al rubro indicado, el Magistrado Instructor acordó admitir la demanda respectiva.
VII. Cierre de instrucción. Por acuerdo de primero de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, en el recurso que se resuelve, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, con lo cual quedó en estado de resolución, motivo por el que ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia.
PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f), 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso b),y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido en contra del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, a fin de controvertir, por una parte, el acuerdo por el cual admitió la queja presentada por el partido político nacional denominado MORENA, que motivo la integración del expediente del procedimiento especial sancionador registrado con la clave JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016 y, por otra, el proveído A08/INE/CM/CL/25-03-16 de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, relacionado con la solicitud de las medidas cautelares hecha en el mencionado escrito de queja.
SEGUNDO. Presupuestos procesales.
1. Requisitos formales. En este particular se cumplen los requisitos formales esenciales, previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el recurso se promovió por escrito, en el cual el representante propietario del instituto político recurrente: 1) Precisa la denominación del partido político impugnante; 2) Señala domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 3) Identifica los actos impugnados;
4) Señala a la autoridad responsable; 5) Narra los hechos que sustentan su impugnación; 6) Expresa conceptos de agravio;
7) Ofrece pruebas, y 8) Asienta su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que promueve.
2. Oportunidad. Del análisis de la lectura del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, al rubro identificado, se constata que el partido político recurrente controvierte dos actos, no obstante el medio de impugnación fue presentado oportunamente, en cada caso, en razón de lo siguiente:
2.1 Acuerdo admisorio. Respecto del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, en el que se determinó admitir la denuncia presentada por el partido político nacional denominado MORENA, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, radicada en el expediente identificado con la clave JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016, fue promovido oportunamente, en atención a lo siguiente.
Al respecto este órgano jurisdiccional especializado considera que para la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador previsto en el Libro Sexto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son aplicables:
a) Las reglas particulares del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, previstas en el Libro Sexto de la misma Ley, que en el artículo 109, párrafo 1, prevé que procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, respecto de impugnaciones de las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral; de las medidas cautelares que emita el Instituto Nacional Electoral a previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado D, de la Constitución federal, y del acuerdo de desechamiento del respectivo escrito de denuncia.
Asimismo, en el párrafo 3, de ese artículo se establece que el plazo para impugnar, en los supuestos previstos en los incisos a) y b), es de tres días y de cuarenta y ocho horas, respectivamente; sin embargo, no se prevé plazo alguno para impugnar, en el supuesto previsto que se analiza.
b) En su caso, las reglas establecidas en el Título Tercero del Libro Segundo, de la propia Ley, relativas al recurso de apelación, y
c) Las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación, previstas en el Título Segundo del Libro Primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Po lo que al no existir una previsión especial respecto del plazo en que se debe presentar el escrito para promover el recurso de revisión, tratándose de la impugnación del acuerdo admisorio respecto de la denuncia presentada por el partido político nacional denominado MORENA, en el caso, es aplicable la regla general de cuatro días, prevista en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este orden de ideas, el acuerdo impugnado fue emitido el viernes veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de demanda fue presentado, ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, el inmediato el lunes veintiocho de marzo, esto es, de manera oportuna.
Ello es así porque, aun en el supuesto de que el partido político recurrente hubiera tenido conocimiento del acto impugnado el día en que fue emitido, es decir, el viernes veinticinco de marzo, el plazo de cuatro días, para impugnar, habría transcurrido del sábado veintiséis al martes veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, conforme a lo previsto en el numeral 7, párrafo 1, de la mencionada ley procesal electoral federal, en razón de que el acuerdo impugnado está vinculado, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que actualmente se lleva a cabo.
2.2 Acuerdo respecto de las medidas cautelares. Respecto del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, identificado con la clave A08/INE/CM/CL/25-03-16, emitido por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, por el cual aprobó las medidas cautelares solicitadas por el partido político nacional denominado MORENA, fue promovido dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 109, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este particular el recurrente, manifiesta que el acuerdo controvertido le fue notificado el veinticinco de marzo de dos mil quince, sin precisar la hora exacta, aunado a que no existe constancia en autos para constatar la hora de su notificación, sin embargo expresa que las medidas cautelares fueron decretadas el citado día veinticinco, a las trece horas, lo cual no es controvertido por la autoridad responsable.
En este sentido, aun en el supuesto de que el partido político recurrente hubiera tenido conocimiento del acto impugnado el día y en la hora en el que las medidas cautelares fueron decretadas, el plazo de cuarenta y ocho horas, para impugnar, habría transcurrido de las trece horas del viernes veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, a las trece horas del inmediato día domingo veintisiete, conforme a lo previsto en el numeral 7, párrafo 1, de la mencionada ley procesal electoral federal, en razón de que el acuerdo impugnado está vinculado, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral de la asamblea constituyente de la Ciudad de México, que actualmente se lleva a cabo.
En consecuencia, como el escrito de impugnación, que dio origen al expediente en que se actúa, fue presentado en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México el domingo veintisiete de marzo, a las once horas, resulta evidente su oportunidad.
3. Legitimación. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, al rubro indicado, es promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México; por tanto, se cumple el requisito de legitimación previsto en el artículo 110, párrafo 1, relacionado con lo dispuesto en los artículos 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
4. Personería. Conforme a lo establecido en los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 45, párrafo 1, inciso a), y 110 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene por acreditada la personería de José Luis Gutiérrez Correa, quien suscribe la demanda, en su carácter de representante propietario del partido político recurrente, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, en términos del reconocimiento hecho por la autoridad responsable, en su informe circunstanciado.
5. Interés jurídico. Está satisfecho este requisito de procedibilidad, en razón de que el Partido de la Revolución Democrática controvierte por una parte, el acuerdo por el cual la autoridad responsable admitió la queja presentada por el partido político nacional denominado MORENA que motivo la integración del expediente del procedimiento especial sancionador registrado con la clave JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016 y, por otra, el proveído A08/INE/CM/CL/25-03-16 de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se declaró procedente el dictado de las medidas cautelares, por lo que se le ordenó retirar la propaganda difundida tanto en diversas "bardas" ubicadas en la Ciudad de México, que contenga las siglas CDMX, así como en la página de internet identificada con la dirección electrónica http://www.poderchilango-prd.com.
Lo anterior porque desde su perspectiva, los actos controvertidos están indebidamente fundados y motivados, debido a que la autoridad responsable carece de competencia para emitirlos, aunado a que dictó las medidas cautelares con sustento en apreciaciones subjetivas, sin analizar las circunstancias del caso y el contexto en el que se difundió esa propaganda; por tanto, con independencia que le asista o no razón, en cuanto al fondo de la litis planteada, resulta evidente que sí tiene interés jurídico para promover el recurso de revisión al rubro indicado.
6. Definitividad y firmeza. El requisito en cuestión se considera colmado, en virtud de que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, cuya resolución pudiera tener como efecto revocar, anular o modificar los actos controvertidos.
En consecuencia, al cumplirse los requisitos de procedibilidad del recurso al rubro indicado y, no advertirse alguna causa de improcedencia que lleve a declarar la improcedencia del medio de impugnación y, por ende, el desechamiento de la demanda, lo conducente es estudiar el fondo de la controversia planteada.
TERCERO. Naturaleza de las medidas cautelares. Antes de analizar los conceptos de agravio hechos valer, es importante precisar que las medidas cautelares se pueden decretar por parte de la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia de controversia, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.
La finalidad de las medidas cautelares es evitar que el agravio o perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.
Por consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular considera que puede sufrir algún menoscabo.
Bajo esa lógica, las medidas cautelares a la vez que constituyen un instrumento de otra resolución, también sirven para tutelar el interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación que se califica como ilícita.
Este criterio ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J.21/98, publicada en la página dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor literal siguiente:
MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.
Sobre este punto, se debe subrayar que el legislador previó la posibilidad de que se decreten medidas cautelares con efectos únicamente provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.
Ello, con la finalidad, como ya se apuntó con anterioridad, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable.
Además, de conformidad con la jurisprudencia transcrita, las medidas cautelares tienen como efecto restablecer el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.
Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación se deberá ocupar cuando menos, de los aspectos siguientes:
a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el procedimiento sancionador, y,
b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama (periculum in mora).
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.
Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris –apariencia del buen derecho– unida al periculum in mora –temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final–.
Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, se debe precisar que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable.
Por su parte, el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.
Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.
En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el agravio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, se deberá negar la medida cautelar.
En este contexto, es inconcuso que la ponderación de los valores tutelados que justifican los posicionamientos del denunciante o quejoso, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:
a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.
c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.
d) Fundar y motivar si la conducta motivo de denuncia, atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y, si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.
De esa forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.
CUARTO. Conceptos de agravio. En su escrito de demanda, el partido político recurrente expresa los siguientes conceptos de agravio.
DE MIS CONCEPTOS DE AGRAVIO O CAUSA DE PEDIR.
Causa un agravio a mi representada el ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CLAVE ALFANUMERICA A08/INE/CM/CL/25-03-16, DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR MORENA RESPECTO A PROPAGANDA PRESUNTAMENTE INFRACTORA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DERIVADO DEL EXPEDIENTE JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016 en el que se decretan medidas cautelares.
ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.-
Transgrede la responsable y viola la normativa constitucional consistente en los artículos 1, 6, 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es violatorio a los principios de pro hombre, a la libre auto organización y auto gobierno de mi representada, toda vez como lo señala el acuerdo que combato en lo conducente al indebido análisis de la responsable y con el que indebidamente e ilegalmente concede las medidas cautelares solicitadas por el partido político morena, a fojas 14 a 19 que señalan;
"Entonces, esta autoridad administrativa identifica dos características de los promocionales; el primero relacionado a la temporalidad en que ha ocurrido la colocación de la propaganda denunciada, la cual ocurre precisamente antes del inicio de la campaña electoral del proceso electoral constituyente de la Ciudad de México. El segundo, se refiere al contexto en que se da la colocación de la propaganda; es decir, que el elemento CDMX es perfectamente identificable con el Gobierno del Distrito Federal, por lo que su uso por el Partido de la Revolución Democrática muestra indiciariamente la posibilidad de que se conculquen los principios de equidad e imparcialidad en la actual contienda electoral que se lleva a cabo en la Ciudad de México.
A mayor abundamiento, es importante señalar que en la dirección electrónica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/27 el periódico "El Universal" publicó que el gobierno del Distrito Federal registró la marca CDMX ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, obteniendo la concesión por un período de diez años.
La misma nota señala que con dicho registro, la administración local puede evitar que terceros utilicen el signo registrado sin previa autorización del titular o que reciban un beneficio indebido aprovechando el prestigio de la marca.
En consecuencia de lo anterior es procedente ordenar al Partido de la Revolución Democrática que retire toda la propaganda que haya colocado en la vía pública utilizando el elemento identificador del Gobierno de la Ciudad, es decir, las siglas CDMX, porque existe el indicio de que con la colocación de las siglas, el Partido de la Revolución Democrática busca aprovechar el prestigio del Gobierno de la Ciudad de México para posicionarse ante el electorado, habida cuenta de que nos encontramos inmersos en proceso electoral.
Entonces, se debe ordenar el retiro de la propaganda colocada en las ubicaciones que se detallan en el siguiente cuadro:
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Av. De las culturas entre pescadores y Mercaderes Colonia el Rosario.
Acta y fotografía
Avenida Tezozomoc, entre Tochtli y Calzada San Isidro.
Esperanza, entre Gasoducto y F.C. Nacionales de México.
Lucio Blanco, entre Renacimiento y Manuel Salazar, Colonia Rosendo Salazar.
Mayas, entre Albañiles y Tercer Andador Aztecas, Colonia El Rosario.
Avenida Oceanía, sobre la acera sur, entre Norte 29 y Calle Norte 37, colonia Moctezuma 2da Sección, Distrito 9, Venustiano Carranza
Acta, fotografía y CD
Avenida Oceanía, sobre la acera sur, entre Pablo Rio Sidar y Calle Oriente 158, colonia Moctezuma 2da. Sección, Delegación Venustiano Carranza.
Avenida Oceanía, sobre la acera sur, entre Norte, Calle Norte 17 y Calle Norte 25, colonia Moctezuma 2da, Sección, Delegación Venustiano Carranza.
Avenida Oceanía, sobre la acera sur, entre Norte, Calle Norte 17 y Calle Norte 25, colonia Moctezuma 2da. Sección, Delegación Venustiano Carranza.
Boulevard Puerto Aéreo, aun costado del puente vehicular, sobre la acera poniente, calcada Ignacio Zaragoza y avenida 4, Colonia Santa Cruz Aviación, Delegación
Boulevard Puerto Aéreo, a un costado del puente vehicular, sobre la acera poniente, calcada Ignacio Zaragoza y avenida 4, Colonia Santa Cruz Aviación, Delegación Venustiano Carranza.
Boulevard Puerto Aéreo, a un costado del puente vehicular, sobre la acera poniente, calcada Ignacio Zaragoza y avenida 4, Colonia Santa Cruz Aviación. Delegación Venustiano Carranza.
Boulevard Puerto Aéreo, a un costado del puente vehicular, sobre la acera poniente, calcada Ignacio Zaragoza y calle norte 9, Colonia Santa Cruz Aviación, Delegación Venustiano Carranza.
Eje 1 Norte, Avenida Albañiles esquina con Oriente, Congreso de la Unión, Colonia Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza.
Eje 1 Norte y Calle Dr. Enrique González Martínez, Santa María la Ribera, 06400 Ciudad de México.
Tercera Cerrada de la Primera del Nogal, María la Ribera, 06400 Ciudad de México, México,
Insurgentes Nte. & Lirio, Atlampa, 06450 Ciudad de México, D.F., México.
Parcialidad esquina Comonfort, Peralvillo, Morelos, 06200 Morelos, D.F., México.
Av. Río Consulado & Heliotropo, Atlampa, 06450 Ciudad de México, D.F., México,
Av. Río Consulado & Av. Ricardo Flores Magón, Sta. María la Ribera, 06450 Ciudad de México, D.F., México.
Av. Río Consulado & Az Tlatilco, 02860 Ciudad de México, México.
Avenida Jardín, Circuito interior entre Tlatilco y fresno, Atlampa, México.
Av. Cultura Norte esquina Cultura Griega metro el Rosario y Colegio de Bachilleres Rosario, El Rosario.
Av. Ríos San Joaquín Dirección Periférico, Barda del Panteón francés.
Santa Cruz Cacalco, Esquina Av. Ríos san Joaquín.
Santa Cruz Cacalco Frente a Gimnasio Miguel Hidalgo.
General Arista, Frente al Número 26, Miguel Hidalgo.
San Bartolo-Naucalpan, Barda Panteón Español, Ciudad de México.
Calzada Ingenieros Militares, Frente al Número 25, Ciudad de México.
Calzada Ingenieros Militares, Número 112, Ciudad de México,
Calzada Ingenieros Militares, Barda de la Refinería 18 de Marzo, Ciudad de México.
Calzada Ingenieros Militares, esquina camino a santa Lucía, Barda de la Refinería, 18 de Marzo, Ciudad de México.
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Calzada México-Tacuba y lago San Martín Ciudad de México.
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Eje 6 Sur y Palacio, Central de Abasto, Barrio San Pedro, Pueblo Aculco.
Eje 6 Sur, entre tercer callejón San José y prolongación estrella, Barrio San Pedro
Eje 6 Sur, entre palacio y callejón San José, Barrio San Pedro.
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Carretera San Pablo (barda perimetral del panteón Civil Xilotepec), Pueblo San Tepalcatlalpan, Delegación Xochimilco.
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Diagonal 16 de Septiembre, Colonia Ampliación Tepepan (a un costado del Conalep Xochimilco). Delegación Xochimilco.
Avenida Acueducto entre Carretera San Pablo y Redención, Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Delegación Xochimilco.
Avenida Miramontes, entre Av. Taxqueña y Río Churubusco.
Cultura griega, casi esquina calle aztacalco.
Acta y fotografías
Av. El Rosario entre calle Tierra Negra y segunda privada de Tierra Nueva.
Tezozomoc, casi esquina Acatl, barrio de Santa Lucia.
Av. Salvador Sánchez Colín en el cruce col. calzada la naranja y camino a Santa Lucia.
De igual manera debe ordenarse al Partido de la Revolución Democrática el retiro de la publicidad colocada en la liga electrónica http://www.poderchilango.prd.com/ toda vez que contiene elementos indiciarios del posicionamiento anticipado del Partido de la Revolución Democrática en la divulgación de la plataforma electoral con la que pretende conseguir el apoyo de la ciudadanía en la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, lo cual pudiera afectar los principios de equidad e imparcialidad en el actual proceso electoral.
Toda vez que como consta en el acta levantada por el oficial electoral adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, no fue posible verificar el contenido de la liga electrónica https://www.flickr.com/photos/culturacdmx/21328760054/in/album-72157659451544392/, esta autoridad no se pronuncia respecto a la implementación de medidas cautelares relacionadas con dicha página electrónica.
Y por tal razonamiento concluye su ACUERDO en lo siguiente;
SEGUNDO. Se aprueban las medidas cautelares solicitadas por MORENA y se ordena al Partido de la Revolución Democrática el retiro de la propaganda denunciada, contenida en sitio web http://www.poderchilanjgio-prd.com/
TERCERO. Notifíquese al Partido de la Revolución Democrática que deberá retirar inmediatamente la propaganda a que se refieren los puntos PRIMERO y SEGUNDO de este acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Consejo Local para que notifique el presente Acuerdo a los integrantes del Consejo Local, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y al Secretario Ejecutivo del Instituto, a efecto de informarlo conducente al Consejo General."
La autoridad responsable en el acuerdo que combato, en su contenido se encuentran SOFISMAS y subjetividades, de los cuales emana la causa de pedir y el presente concepto de agravio, por lo que es indebidamente motivado las medidas cautelares decretadas, tal y como se aprecia en FOJA 14;
Entonces, esta autoridad administrativa identifica dos características de los promocionales; el primero relacionado a la temporalidad en que ha ocurrido la colocación de la propaganda denunciada, la cual ocurre precisamente antes del inicio de la campaña electoral del proceso electoral constituyente de la Ciudad de México. El segundo, se refiere al contexto en que se da la colocación de la propaganda; es decir, que el elemento CDMX es perfectamente identificable con el Gobierno del Distrito Federal, por lo que su uso por el Partido de la Revolución Democrática muestra indiciariamente la posibilidad de que se conculquen los principios de equidad e imparcialidad en la actual contienda electoral que se lleva a cabo en la Ciudad de México.
Por lo que se concluye que existe una indebida motivación, pues las subjetivaciones a las que me refiero, van relacionadas al término "perfectamente identificable con el Gobierno del Distrito Federal", aunado a que realiza LA SIGUIENTE ASEVERACIÓN A FOJA 21;
ES DECIR INMOTIVADAMENTE Y SIN RAZONAMIENTO LÓGICO JURÍDICO, SEÑALA QUE EXISTE UN APROVECHAMIENTO DE UN SUPUESTO «PRESTIGIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA POSICIONARSE ANTE EL ELECTORADO" es decir la autoridad responsable señala que la abreviatura CD MX es un sinónimo de PRESTIGIO que cuenta y que goza, según la responsable, el Gobierno de la Ciudad y aún más, que las abreviaturas CD MX, es identificable con dicho ente público, por lo que no solo es un sofisma legal, sino es carente de una debida motivación para emanar el acuerdo que combato, puesto que no solo hace un indebido razonamiento, sino que no es robustecido de los elementos para determinar que mi representada al hacer uso de las abreviaturas CD MX, busca posicionarse frente al electorado, sino que también indebidamente califica al Gobierno de la Ciudad como "PRESTIGIOSO" pues de igual manera se debe señalar que así como existe la opinión de la responsable al pronunciarse de que el Gobierno de la Ciudad de México, tiene prestigio, también es de apuntar por diversos analistas que el Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con ese valor. Máxime aún que la palabra prestigió tiene diversas acepciones y connotaciones, su significado es;
Del lat. praestigium,
1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito.
LO ANTERIOR Y DERIVADO DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA PRESTIGIO QUE LO CONCIBE EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; http://dle.rae.es/?id=U7OwwLR
POR LO QUE ES JUSTAMENTE INDEBIDO EL RAZONAMIENTO DE LA RESPONSABLE, PUES AL PRETENDER SEÑALAR QUE MI REPRESENTADA PRETENDE POSICIONARSE FRENTE AL ELECTORADO POR UN "PRESTIGIO" SEA NEGATIVO O POSITIVO DE LA PROPAGANDA POLÍTICA DESPLEGADA EN LAS BARDAS DENUNCIADAS Y EN LA LIGA ELECTRÓNICA DENUNCIADA ES UN RAZONAMIENTO INDEBIDO Y QUE CON DICHA PROPAGANDA SE ESTE ANTE UN ESCENARIO O "POSIBILIDAD DE QUE SE CONCULQUEN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA ACTUAL CONTIENDA ELECTORAL QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO" es un razonamiento indebido y desprovisto de toda argumentación y consecuentemente es una acto inmotivado o un acto que se combate por una indebida motivación que toda autoridad debe suprimir.
Por lo que mi causa de pedir o mi agravio consiste en que el acto que combato está plagado de una indebida motivación y fundamentación, pues no existen elementos para sostener que la abreviatura CD MX tenga que ver, para su uso, con un elemento de identificación de "prestigio" y en tal caso, el prestigio que refiere la responsable puede ser positivo o negativo, por lo que mi representada no solo ha hecho el uso debido de una abreviatura, sino que ha realizado una propaganda política y no electoral, pues no se asocia dichas subjetivaciones, con otros elementos como lo pueden ser el llamamiento al voto o que se asocien programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México con mi representada, lo que si haría una clara transgresión a la norma electoral. Por lo que es totalmente transgresor al marco constitucional electoral el acuerdo que es combatido en este momento, toda vez que, a partir de un razonamiento indebido, se impacta en una falta de motivación y en su caso, de una indebida motivación del acto de autoridad electoral que se combate, pues toda autoridad electoral administrativa y judicial debe fundar y motivar sus determinaciones al marco de la ley y al marco constitucional, velando siempre el cuidado y el respeto a las garantías constitucionales consagradas en los numerales 14 y 16. De lo anterior se desprende que las medidas cautelares decretadas por la responsable, deben ser revocadas, toda vez que no existe un aprovechamiento electoral, ni explícito ni implícito, frente al electorado de la Ciudad de México.
Por lo que es reiterado que la determinación de la autoridad responsable, se desvincula de lo previsto y dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad del cual hoy controvierto. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación del acuerdo que combato, se deben a un análisis exhaustivo, es decir, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo que dicha autoridad no expuso y no contemplo en el acuerdo que combato y por tanto es menester REVOCAR EL ACUERDO IMPUGNADO Y SE DECLARE IMPROCEDENTE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR MORENA. Pues si bien es cierto lo que señala la responsable de que CDMX y no CD MX, es una marca registrada, también es cierto que no es una insignia oficial del Gobierno de la Ciudad de México, lo que en la especie se considera como una exaltación al razonamiento de la responsable y una transgresión a los derechos de mi representada, pues condiciona la PROPAGANDA POLÍTICA a los criterios de la responsable y no a una debida y correcta motivación del marco legal electoral.
Por el anterior razonamiento, se deduce que la responsable, trasgrede con el principio de legalidad, que va de la mano al principio de motivación que todo acto jurídico de la autoridad debe contener, toda vez que del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer y motivar aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado del cual no existe en el acuerdo que combato, tiene una doble funcionalidad, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional.
Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está obligado la propia autoridad de la cual me adolezco en este momento, para que dicha determinación se modifique mediante el presente instrumento por el que se controvierte la determinación de la autoridad electoral nacional y se hace valer la ausencia y en su caso, la insuficiencia, de motivación no irrigado en la determinación que combato, pues a pesar de que no se cumplieron con los requisitos de fondo para la procedencia de las medidas cautelares y éstas fueron otorgadas a criterio de la autoridad responsable con la existencia de la indebida motivación y falta de argumentación, pues en la especie no observa el artículo constitucional aludido y transgredido por la autoridad responsable.
SEGUNDO AGRAVIO;
DE LA AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS PARA EL DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.
CAUSA AGRAVIO Y MOLESTIA EL ACTO INDEBIDAMENTE MOTIVADO, DE PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL RESPONSABLE, AL DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES, PUES NO HACE UN ESTUDIO Y RAZONAMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Y MENOS AÚN DEL CONTEXTO CON EL QUE SE EMITIÓ LA PROPAGANDA POLÍTICA DENUNCIADA POR LO SIGUIENTES RAZONAMIENTOS QUE HAGO VALER EN ESTE CONCEPTO DE AGRAVIO;
A) PELIGRO; LAS MEDIDDAS CAUTELARES FUERON DECRETADAS, SIN QUE SE MENCIONARA O EXPLICARA EL PELIGRO DE LA PROPAGANDA POLÍTICA Y SE CIRCUNSCRIBE A SEÑALAR QUE SE IDENTIFICA LAS SIGLAS CD MX CON LAS SIGLAS CDMX DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B) AFECTACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL; NO EXISTE ESTE ELEMENTO DE VALOR Y DE RAZONAMIENTO PARA DETERMINAR QUE EXISTE UN NIVEL DE AFECTACIÓN, SINO LA AFCETACIÓN MISMA DE LA PROPAGANADA POLÍTICA DENUNCIADA, ES DECIR NO SE SEÑALA EN QUÉ AFECTA EN EL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PROPAGANDA DENUNCIADA Y MENOS AÚN NO HAY UNA EXPLICITEZ DEL MOTIVO DE AFECTACIÓN DE LA MISMA.
C) VALORACIÓN INTRÍNSECA; NO EXISTE UNA VALORACIÓN INTRÍNSECA DE LA PROPAGANADA DENUNCIADA, PUES EN EL CUERPO DEL ACUERDO, SE CIÑE A CONCEBIR LA PROPAGANADA POLÍTICA A UNA ASOCIACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y POR TANTO DECIDE DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR. ES DECIR LA VALORACIÓN DE LA CUAL DEBE SER OBJETO LA PROPAGANADA DENUNCIADA, NO ENCUENTRA SU ACOMODO EN UNA EXHAUSTIVA VALORAZION DE LOS ELEMENTOS DE RAÍZ DE LA PROPAGANDA POLÍTICA, PUES EN ELLA NO EXISTE NI EL LLAMAMIENTO AL ELECTORADO AL VOTO Y MENOS AÚN DE UNA PLATAFORMA POLÍTICO ELECTORAL O PROGRAMÁTICA Y QUE NO DA, ESA LÍNEA ARGUMENTATIVA, EL SOLO HECHO DE UNA SUBJETIVIDAD ASOCIATIVA ENTRE LAS SIGLAS DEL GOBIERNO DE CIUDAD O CDMX CON MI REPRESENTADA, POR LO QUE ES CARENTE DE TODO ELEMENTO DE RAZONAMIENTO PARA SOPORTAR LA DETERMINACIÓN DE LA AUTROIDAD RESPONSABLE.
D) CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA; EN EL ACUERDO QUE SE COMBATE, ES EVIDENTE LA AUSENCIA EN DETERMINAR EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA LA PROPAGANDA POLÍTICA DENUNCIADA, PUES NO REFIERE OTRO CONTEXTO MAS QUE EL PROCESO ELECTORAL QUE POR LOS ELEMENTOS UNIDOS DE LA PROPAGANDA NO REFIERE Y NO INCIDE EN NADA AL ELECTORADO Y SE REMITE AL ADJETIVO DE "IDENTIFICABLE" CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD LAS SIGLAS CDMX.
E) DAÑO IRREPARABLE EN EL PROCESO ELECTORAL; NO EXISTE VALORACIONES OBJETIVAS PARA DETERMINAR UN DAÑO IRREPARABLE EN EL PROCESO ELECTORAL, TODA VEZ QUE A PESAR DE QUE REITERA QUE LAS SIGLAS CD MX SON "PLENAMENTE IDENTIFICABLES CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD" Y QUE TIENE "PRESTIGIO" EL MISMO, PUES SOLO SON MERAS SUBJETIVACIONES NO RAZONADAS A PARTIR DE UN EXHAUSTIVO RAZONAMIENTO, LO QUE CONLLEVA A NO DETERMINAR EL DAÑO IRREPARABLE AL PROCESO ELECTORAL, POR EL CUAL LA PROPAGANADA DEBA SER RETIRADA INMEDIATAMENTE.
F) EXISTENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD INDEBIDA;
AL CASO CONCRETO Y EN LA ESPECIE, EL ACUERDO COMBATIDO, NO TOCA Y MENOS TRASTOCA EN UN RAZONAMIENTO DE VALOR SIMPLE O DE CONGRUENCIA, SI LA PUBLICIDAD O PROPAGANDA DENUNCIADA ES PARTE O SI EXISTE UNA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD INDEBIDA, YA QUE, POR UN SENTIDO, APRUEBA LA EXISTENCIA DE LA PROPAGANADA POLÍTICA EN LA QUE SE VINCULA LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS DE MI REPRESENTADA Y LA SEÑALA COMO VALIDAD O DEBIDA Y DE FORMA AISLADA SOSTIENE QUE TODA PROPAGANADA QUE CONTRAIGA LAS SIGLAS EN LITIGIO, ES UNA PROPAGANDA ILEGAL. SEÑALAMIENTO QUE SIRVIÓ, PARA LA RESPONSABLE, PARA DETERMINAR EL RETIRO DE LA MISMA Y TRANSGREDIR LOS DERECHOS QUE COMO PARTIDO POLÍTICO TIENE.
DE LO ANTERIOR ES DE APLICARSE EL SIGUIENTE CRITERIO QUE ACTUALIZA LOS ELEMENTOS QUE DEBE CONLLEVAR LA AUTORIDAD A ANALIZAR PARA QUE SOPORTE Y ARGUMENTE, APLIQUE LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE SUS ACTOS;
Registro: 1751
Fuente: Versión electrónica.
Localización: Versión electrónica.
Tesis: XII/2015
MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA. (Se transcribe).
POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE ESTA MEDIDA CAUTELAR ES Y CAUSA UN DAÑO IRREPARABLE A MI REPRESENTADA, PUES VIOLA NO SOLO LAS GARANTÍAS ANTES INVOCADAS, SINO EL PLENO DERECHO FUNDAMENTAL A LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS Y DE EXPRESIÓN.
DE LA INCOMPETENCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Mi causa de pedir en este agravio no se puede obviar, en virtud de que de hacerlo, de no controvertirlo, se estaría consintiendo el mismo y agravio consiste en la transgresión a los numerales 41, base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no es competente esta autoridad para haber decretado no solo las medidas cautelares, sino la admisión de la DENUNCIA hecha por MORENA, en virtud de que este órgano no cuenta con las facultades ni explícitas ni implícitas de la ley para substanciar no solo el acuerdo que se combate en lo relativo a las medidas cautelares, sino para admitir la denuncia misma, toda vez que es evidente y claro los numerales antes señalados para determinar que al tratarse de propaganda en radio y televisión pautada y su uso indebido es competente para conocer y substanciar de toda denuncia incoada por un procedimiento especial sancionador u ordinario, será la autoridad que substancie el mismo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y tratándose del supuesto de la propaganda denunciada deberá de conocer la autoridad administrativa local, por lo que debió de conocer y en su caso, substanciar de dicha denuncia, debió de ser el Instituto Electoral del Distrito Federal y no la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, púes como lo marca el propio reglamento de quejas y denuncias, así como la legislación electoral aplicable, es ésta autoridad la competente para decretar las medidas cautelares correspondientes y de la misma manera la admisión o el desechamiento de la denuncia misma. Lo anterior y en la inteligencia de que actualmente hubo convenio de colaboración con la autoridad administrativa electoral local, la cual permite la debida substanciación de este tipo de procedimientos y en armonía a los numerales citados y a la jurisprudencia que se cita en este agravio. Pues no basta el pírrico argumento de la autoridad responsable que consiste en el acuerdo que se combate y en el auto de fecha del 25 de marzo del año en curso y que se deriva del expediente JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016. Ya que la autoridad responsable señala en su apartado de "COMPETENCIA" a foja 2 del acuerdo que se combate y del auto de admisión de la denuncia a foja 2 que;
SEGUNDO COMPETENCIA: Tomando en consideración que la competencia es un presupuesto procesal necesario para la válida actuación y constitución del proceso, que su análisis se realiza de oficio y que en el caso concreto, mediante el acuerdo número INE/CG53/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral relativo a la Elección de Sesenta Diputados por el Principio de Representación Proporcional para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se determinaron acciones conducentes para atenderlos, y se emitieron los lineamientos correspondientes, determinando en el Considerando 39 que toda vez que el Instituto asumirá la organización en su totalidad del Proceso Electoral, respecto al tema de quejas y denuncias que se pudieran presentar en el presente Proceso Electoral, el trámite y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, así como de las solicitudes de adopción de medidas cautelares, esté a cargo de las juntas Local y distritales del Instituto en la Ciudad de México, en el respectivo ámbito de sus competencias.
Así, toda vez que la conducta denunciada se encuentra relacionada con la colocación de propaganda ubicada en diversos puntos de la Ciudad de México, sin que se desprenda que dicha conducta constituya una infracción particular de alguno de los distritos electorales federales o sea generalizada a nivel nacional o revista una gravedad para la atracción del asunto por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto; en términos de lo dispuesto en el artículo 474, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 38, párrafos 1, fracción II; 2; y 6 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, este Consejo Local es competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares promovida por MORENA.
Por lo que al caso concreto y tomando en consideración que los lineamientos citados por la responsable no son y no van por encima de la determinación de la autoridad judicial, por lo que es de estimarse que se actualiza la incompetencia de esta autoridad responsable y en consecuencia se debe revocar el acuerdo impugnado y el auto de admisión de la misma.
Es de apoyarse el anterior razonamiento en el siguiente criterio de jurisprudencia;
Época: Cuarta Época
Registro: 1385
Localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 32 a 34.
Tesis: 25/2010
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 32 a 34.
PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS. (Se transcribe)
Por lo que solicito a la autoridad judicial electoral federal, en plenitud de jurisdicción, declare la incompetencia de la autoridad responsable, revoque por consecuencia el acuerdo de implementación de medidas cautelares y que se substancie por la autoridad competente local Y DE LA MISMA MANERA REVOQUE EL AUTO DE ADMISIÓN POR LA INCOMPTENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
DE IGUAL MANERA ES DE APLICARSE EL SIGUIENTE CRITERIO JURISPRUDENCIAL;
Registro: 1383
Localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 26 a 28.
Tesis: 23/2010
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 26 a 28.
MEDIDAS CAUTELARES EN ELECCIONES LOCALES. CORRESPONDE DETERMINARLAS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA DIFUNDIDA EN RADIO Y TELEVISIÓN. (Se transcribe).
POR LO QUE SE ACTUALIZA LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL YA QUE TODO ACTO DE AUTROIDAD CON INDEPENDENCIA DE QUE DEBE SER REVESTIDO DE LA DEBIDA ARGUMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y FUNDAMETACIÓN DEBE SER REALIZADO POR UNA AUTORIDAD COMPTENTE, CASO QUE NO ACONTECE PUES VIOLA LA AUTROIDAD COMPETENTE EL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGNA, PUES COMO YA SE ACREDITO, LA AUTORIDAD COMPETENTE ES LA SEÑALADA POR CRITERIO JURISPRUDENCIAL Y POR MINISTERIO DE LEY Y NO POR LOS LINEAMIENTOS QUE PARA EL CASO DE LA ELECCIÓN DE LA QUE SE TRATA EN ESTE PROCESO ELECTORAL, DEBIÓ DE CONOCER LA DENUNCIA, SU ADMISIÓN Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES ES EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES POR ELLO QUE SOLICITO SE ESTUIDE DE OFICIO LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EN SU CASO REVOQUE LAS DETERMINACIONES REALIZADAS POR LA AUTROIDAD QUE ESTIMO ES INCOMPETENTE.
POR ELLO ES DE APLICARSE EL SIGUIENTE CRITERIO;
Registro: 1592
Localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12. Materia(s): Electoral Tesis: 1/2013 Pág. 11
COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (Se transcribe).
OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR EL ACUERDO DE LA RESPONSABLE.
El presente medio de defensa es oportuno, pues se presenta ante la autoridad que en la emana el acto de molestia, consistente en la procedencia de retiro de toda propaganda en la que se incluya CD MX, dentro de las 48 horas en el que fueron decretadas las mismas. De lo anterior se desprende que las medidas cautelares fueron decretadas el pasado 25 de marzo del año en curso a las 13:00 horas y este medio de defensa se interpone el día de hoy a 27 de marzo a las 09: 00 horas, por lo que se concluye que este medio de defensa se ajusta al termino dado por ministerio de ley.
Sirve de apoyo el siguiente criterio legal;
Registro: 2900
Tesis: 05/2015
MEDIDAS CAUTELARES. LOS ACTOS RELATIVOS A SU NEGATIVA O RESERVA SON IMPUGNABLES MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS. (Se transcribe).
DE IGUAL MANERA ES OPORTUNO CONTROVERTIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y COMPETENCIA DERIVADO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR MORENA EN CONTRA DE MI REPRESENTADA Y QUE DERIVA CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE JL/PE/MORENA/JL/CDM/PEF/1/2016, PUES ME HAGO SABEDOR Y CONOCER DEL ACTO RECLAMADO EL MISMO DÍA EN EL QUE FUE DECRETADO LAS MEDIDAS CUATELARES, POR LO QUE ES COLMADO LA OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR Y SE AJUSTA AL TERMINO Y PLAZO PARA ELLO.
QUINTO. Método de estudio. Por razón de método los conceptos de agravio expresados por el partido político recurrente serán analizados en orden distinto a lo expuesto en el escrito de demanda, sin que tal forma de estudio genere agravio alguno al demandante.
El criterio mencionado ha sido sustentado por esta Sala Superior, en reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, consultable a foja ciento veinticinco, del Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.
Así, de la lectura integral del ocurso de demanda presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se constata que los conceptos de agravio, se pueden agrupar en dos temas fundamentalmente:
1. Indebida fundamentación y motivación del dictado de las medidas cautelares.
2. Incompetencia del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.
Precisado lo anterior, los mencionados temas serán analizados en un orden diferente al expuesto, porque en primer lugar se estudiará la cuestión de la competencia de la autoridad responsable por ser un requisito necesario para que los órganos de autoridad puedan llevar a cabo alguna actuación, en términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En segundo lugar, en caso de resultar infundado o inoperante el concepto de agravio señalado en el párrafo que precede, se analizara el tema relativo al indebida fundamentación y motivación del dictado de las medidas cautelares.
SEXTO. Estudio del fondo de la litis.
1. Incompetencia del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.
De los conceptos de agravio expresados por el Partido de la Revolución Democrática, se advierte que la pretensión consiste en que se revoquen los acuerdos impugnados, porque no están fundamentados y motivados de manera correcta, debido a que la autoridad responsable asume competencia para conocer, sustanciar y dictar las medidas cautelares; sin embargo, el órgano de autoridad competente para conocer de la materia de la queja es el Instituto Electoral del Distrito Federal y no el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.
Puntualizado lo anterior, a juicio de esta Sala Superior el aludido concepto de agravio es infundado, por las razones siguientes.
Cualquier órgano del Estado, previo a emitir un acto de autoridad, debe verificar si tiene competencia para ello, es decir, debe analizar las facultades que le concede la normativa aplicable, a efecto de cumplir el principio constitucional de debida fundamentación y motivación, presupuesto sine qua non para la adecuada instauración de toda relación jurídica. Por tanto, si el órgano de autoridad que emite el acto, carece de competencia, es claro que está impedido jurídicamente para llevar a cabo tal actuación
La existencia de facultades para actuar, con las cuales deben estar investidos los respectivos órganos del poder público, en este particular, los órganos administrativos electorales, es conforme con el principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del cual la autoridad sólo puede emitir algún acto si está facultada para ello.
En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México es competente para emitir los actos controvertidos.
En el artículo SÉPTIMO Transitorio, Apartado A, fracciones IV y VIII, del Decreto de Reforma Constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se estableció que en el procedimiento electoral de diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México serán aplicables, en todo lo que no contravenga al aludido Decreto, en lo conducente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunado a que se observarán las reglas emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las mencionadas normas constitucionales son al tenor literal siguiente:
Conforme a lo anterior, en sesión extraordinaria de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el acuerdo identificado con la clave INE/CG53/2016, "POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE SESENTA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DETERMINAN ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDERLOS, Y SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES". El cual en la parte conducente se estableció lo siguiente:
36. Quejas y denuncias. En este contexto, toda vez que el Instituto asumirá la organización en su totalidad del Proceso Electoral, respecto al tema de quejas y denuncias que se pudieran presentar en el presente Proceso Electoral, este órgano máximo de dirección estima oportuno que el trámite, sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, así como de las solicitudes de adopción de medidas cautelares, esté a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, así como de las juntas Local y distritales del Instituto en la Ciudad de México, en el respectivo ámbito de sus competencias, mismas que determinarán, desde el dictado del primer Acuerdo y, en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.
En el caso de los procedimientos especiales sancionadores, cuya presunta infracción se materialice en propaganda difundida por partidos políticos y candidatos independientes, distinta a spots difundidos en radio y televisión, serán competentes para el trámite y sustanciación de dicho procedimiento, así como de las solicitudes sobre la adopción de medidas cautelares que se presenten, las juntas Local y distritales del Instituto en la Ciudad de México, atendiendo a los criterios de competencia aplicables, mientras que para el caso de que el medio propagandístico comisivo sean spots difundidos por radio y televisión, la responsable de tales procedimientos será la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva.
Tal razonamiento encuentra apoyo en los artículos 459, párrafos 1, inciso e), y 2; 460, 461, 462 y 463 de la Ley General. Adicionalmente, en la tramitación de los procedimientos especiales sancionadores y en la atención de solicitudes de medidas cautelares se observará lo previsto en la Ley General y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto.
Para tal efecto, resulta necesario que el Instituto Electoral del Distrito Federal, remita de inmediato al Consejo General, las quejas o denuncias que le sean presentadas, sujetándose a lo dispuesto en la Ley General, así como los Acuerdos del Consejo General del Instituto. 52 Instituto Nacional Electoral CONSEJO GENERAL De esta forma, tomando en consideración que los Lineamientos que se aprueban y los artículos 9, párrafo 1, fracción 111 y 28, párrafo 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de octubre de 2014, establecen que durante los procesos electorales federales y locales para efectos de la notificación de medidas cautelares, todos los días y horas son hábiles, y que las notificaciones se realizarán en días y horas hábiles, se deberán del conocimiento de los sujetos regulados por la Ley, las fechas de inicio y conclusión del presente Proceso Electoral. En este sentido, se determinará dar difusión y notificar a los sujetos regulados la presente disposición.
En este sentido, en el artículo 52, de los Lineamientos para la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se establece una disposición similar, al tenor siguiente:
Artículo 52. Procedimientos sancionadores.
1. El trámite y sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, así como de las solicitudes de adopción de medidas cautelares, estarán a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, así como de las juntas local y distritales del Instituto en la Ciudad de México, en el respectivo ámbito de sus competencias, resultando aplicable la Ley General y el Reglamento de Quejas y Denuncias, mismas que determinarán, desde el dictado del primer acuerdo y, en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.
Por otra parte, conforme a lo previsto en el artículo SÉPTIMO Transitorio, Apartado A, fracción IV, del Decreto de Reforma Constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México, se debe destacar las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral que al caso resultan aplicables. Las cuales son las siguientes:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral
En el Reglamento de Quejas y Denuncias, que es el ordenamiento jurídico normativo que instrumenta, entre otras, las disposiciones de la aludida Ley General, sobre el particular se establece lo siguiente:
1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los procedimientos administrativos sancionadores:
V. Los Consejos y las Juntas Locales Ejecutivas, y
2. Los órganos del Instituto conocerán:
II. A nivel distrital, cuando durante el Proceso Electoral Federal se denuncie:
a) La ubicación física o el contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o de cualquiera diferente a la transmitida por radio o televisión;
b) Actos anticipados de precampaña o campaña, siempre y cuando el medio comisivo de la infracción sea diferente a radio o televisión, y
De la normativa trasunta, se advierte que derivado de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, el Poder Revisor Permanente de la Constitución estableció las bases de la organización del procedimiento electoral de los Diputados a la Asamblea Constituyente de esa entidad federativa, entre las que destacan:
- Son aplicables las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todo aquello que no contravenga al mencionado Decreto,
- La organización del respectivo procedimiento electoral corresponde al Instituto Nacional Electoral,
- La mencionada elección se ajustará a las reglas que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las cuales deberán regular el procedimiento correspondiente en atención a su finalidad.
En relación con la tramitación y sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores que se instauren por la supuesta comisión de infracciones a la normativa electoral aplicable a la elección de la referida Asamblea Constituyente, se estableció, lo siguiente:
En el supuesto que la presunta infracción se materialice en propaganda difundida por partidos políticos y candidatos independientes, distinta a los promocionales trasmitidos en radio y televisión, los Consejos, local y distritales, del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México serán los órganos competentes para el trámite y sustanciación de esos procedimientos, así como para resolver lo conducente respecto de las solicitudes de adopción de medidas cautelares.
Disposición que es acorde con lo establecido en los artículos 459 y 474, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, del Reglamento de Quejas y Denuncias, sin que a juicio de este órgano jurisdiccional, se advierta que tales disposiciones normativas sean contrarias a lo establecido en el Decreto de Reforma Constitucional en materia política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
Conforme a lo expuesto, contrario a lo que aduce el partido político recurrente, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México es el órgano de autoridad competente para tramitar y sustanciar el procedimiento especial sancionador que se instauró con motivo de la denuncia presentada por el partido político nacional denominado MORENA en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Esto es así, porque en el aludido escrito de queja se denuncia al instituto político recurrente, entre otros, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, así como la indebida utilización de logros y emblema del Gobierno de la Ciudad de México, a través de pinta de bardas, colocación de pendones en diversos puntos de la citada Ciudad y de una página de internet, en el contexto del procedimiento electoral local.
En este orden de ideas, derivado de que los hechos motivo de la denuncia no constituyen propaganda difundida en radio o televisión y que ocurren en el ámbito geográfico en el que la Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México ejerce sus atribuciones, debido a que en ella se involucran distintos distritos electorales de esa entidad federativa, a juicio de esta Sala Superior, el aludido Consejo local es el órgano de autoridad competente para conocer, tramitar y pronunciarse respecto de las medidas cautelares solicitadas por el partido político nacional denominado MORENA en el mencionado escrito de queja
Así, a juicio de esta Sala Superior, no asiste razón al partido político recurrente, porque la determinación de la autoridad responsable es conforme a Derecho debido a que, con independencia de los acuerdos de colaboración suscritos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal para la organización del aludido procedimiento electoral local, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México es competente para emitir los actos controvertidos, porque como se ha razonado los supuestos fácticos aducidos en el respectivo escrito de queja se adecuan de manera correcta a las hipótesis normativas de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios antes precisados.
Además, se debe tener en consideración que esta Sala Superior, al dictar sentencia en los recursos acumulados de revisión del procedimiento especial sancionador, identificados con las claves de expediente SUP-REP-39/2016 y SUP-REP-43/2016, en sesión privada de treinta de marzo de dos mil dieciséis, consideró infundados los conceptos de agravio expresados por el partido político nacional denominado MORENA y determinó confirmar en lo que fue materia de impugnación los oficios INE-UT/2750/2016 e INE-UT/2847/2016 emitidos por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales, respectivamente, remitió a la Junta Local Ejecutiva del mencionado Instituto en la Ciudad de México, la denuncia y ampliación de denuncia presentadas por MORENA contra el Partido de la Revolución Democrática por la presunta realización de actos anticipados de campaña, utilización de propaganda no reciclable, así como por el uso indebido de logros y logotipo del Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que es el órgano competente para sustanciar el correspondiente procedimiento especial sancionador.
Lo anterior porque este órgano colegiado concluyó que al tratarse de hechos presuntamente violatorios de la normativa electoral que se conocen en la vía del procedimiento especial sancionador, distintos a los que se transmiten por radio o televisión y que ocurren en el ámbito geográfico que corresponde a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, por abarcar diversos distritos electorales de la mencionada entidad, es que se encuentra en los supuestos de competencia del citado órgano desconcentrado del mencionado Instituto.
En este orden de ideas, al haber resultado infundado el concepto de agravio que se analiza, lo procedente es realizar el análisis del siguiente razonamiento lógico-jurídico conforme al método de estudio precisado en el considerando que antecede de esta ejecutoria.
2. Indebida fundamentación y motivación del dictado de las medidas cautelares.
Al respecto el partido político apelante argumenta que al dictar las medidas cautelares el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, de manera indebida, se sustentó en apreciaciones subjetivas, porque consideró que es contrario a Derecho que la propaganda objeto de la denuncia contenga la "marca" CDMX, la cual es perfectamente identificable con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que existe un aprovechamiento por parte del Partido de la Revolución Democrática del "prestigio" del Gobierno de la mencionada entidad federativa.
En este contexto, a juicio del partido político recurrente, la autoridad responsable debió considerar que la citada marca no es una insignia oficial del aludido Gobierno, aunado a que la propaganda es política y no electoral, puesto que en ella no existe un llamamiento al voto o una invitación para que los ciudadanos se inscriban a algún programa social.
Aunado a lo anterior, la autoridad responsable omitió analizar las circunstancias del caso y su contexto, porque no se pronuncia respecto de peligro de la difusión de la propaganda, la supuesta afectación irreparable que generó en el procedimiento electoral, la valoración intrínseca de su contenido, el contexto en el que se presentó y la existencia de una estrategia de publicidad indebida.
Señalado lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, los citados argumentos lógico-jurídicos son infundados, por lo que, bajo la apariencia del buen Derecho, resulta correcto el dictado de las medidas cautelares, aunque por razones diversas, tal como se expone a continuación.
Previo a exponer las consideraciones de esta Sala Superior, respecto a por qué no asiste razón al partido político demandante, se considera oportuno precisar lo siguiente:
El Congreso Constituyente es un órgano que dimana de la voluntad política del titular originario de la soberanía, es decir del pueblo, el cual es excepcional y extraordinario, debido a que es convocado para efecto de establecer la norma jurídica fundamental que sustente el sistema jurídico y prevea las bases de la organización y el desarrollo de un determinado Estado, estableciendo los órganos de autoridad –Poderes Constituidos–, la forma de ejercicio de las atribuciones de esos órganos, la relación entre los depositarios del poder público y los órganos constituidos, los límites del ejercicio de esas atribuciones, y su deber correlativo para efecto de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados.
En este sentido, el Congreso Constituyente al establecer la Ley Fundamental debe privilegiar los principios esenciales de la vida en sociedad, observando y dando plena vigencia a ellos mediante normas que contengan los valores jurídicos, ideales y las exigencias del bien común del elemento humano del Estado, es decir, del pueblo.
Asimismo, el aludido órgano Constituyente es de naturaleza temporal, porque una vez que establece la Ley Fundamental del Estado concluye el ejercicio de sus atribuciones.
Además, se debe destacar que el procedimiento especial y extraordinario para la elección de un Poder Constituyente, no es una situación ordinaria que se prevea en los ordenamientos jurídicos de los Estados-Nación con poderes constituidos, porque como se ha explicado, el establecimiento de un Poder Constituyente tiene como finalidad jurídica necesaria el establecimiento de un orden jurídico que ha de crear las bases y principios que regirán a una comunidad determinada, para el establecimiento de Poderes Constituidos.
En ese orden de ideas, al no existir una normativa específica que regule los procedimientos electorales extraordinarios y especiales para elegir a los integrantes de un Poder Constituyente, se debe aplicar, en la medida de lo posible y siempre que sean compatibles con la naturaleza misma de la elección de los integrantes de ese constituyente, los principios, normas y reglas previstas para los procedimientos ordinarios de elección de poderes constituidos.
Al respecto se debe destacar que toda norma que no sea compatible con la finalidad de la elección especial y extraordinaria de un Poder Constituyente, no se debe aplicar, no obstante que se haya considerado constitucional, legal y válida para la elección de los integrantes de los poderes constituidos, porque el objetivo perseguido es distinto y obedece a dinámicas sociales diferenciadas entre sí, lo que conlleva a la aplicación de criterios y razonamientos diversos.
Por otra parte, se debe destacar que, en los procedimientos electorales para elegir poderes constituidos está previsto que los partidos políticos tienen derecho a difundir propaganda política y política-electoral, para efecto de cumplir los fines establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La previsión se considera plenamente aplicable a los procedimientos electorales para elegir a los integrantes de un órgano constituyente, dado que la propaganda política y política-electoral son un medio por el cual se puede lograr la difusión de las propuestas, plataformas e ideología política de los diversos contendientes; por ende, si en la elección de un órgano constituyente el ciudadano debe, al igual que en los otros procedimientos electorales, razonar y valorar el sentido de su voto, requiere de los insumos necesarios para ello y la propaganda política o política-electoral cumple tal finalidad, de ahí que esta norma se considere que puede ser aplicada.
Ahora bien, no todas las reglas de la propaganda política o política-electoral, deben ser aplicada ipso iure a estos procedimientos especiales y extraordinarios de elección de los integrantes de un Poder Constituyente, sino que en cada caso específico se debe analizar la pertinencia y necesidad.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo SÉPTIMO Transitorio, Apartado A, fracción IV, del Decreto de Reforma Constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis.
En este sentido, esta Sala Superior tiene en consideración que en diversas ejecutorias relativas a procedimientos electorales para poderes constituidos se ha reconocido el derecho de los institutos políticos para usar la información que tengan de los programas y logros de Gobierno a efecto de difundir su propaganda política-electoral como parte del debate político, criterio que ha sido reiteradamente sostenido por este órgano jurisdiccional, lo cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia 2/2009, consultable a fojas quinientas ochenta y tres a quinientas ochenta y cuatro, de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 intitulado "Jurisprudencia", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL".
No obstante lo anterior, también se ha considerado que el mencionado derecho no es absoluto, ni irrestricto, sino que en su ejercicio se deben observar los parámetros, expresa o implícitamente establecidos en los preceptos y principios dispuestos en la norma, tanto constitucional como legal.
Ahora bien, este órgano colegiado considera que tal permisión no es aplicable a los procedimientos electorales especiales y extraordinarios en los que se elijan a integrantes de un Poder Constituyente.
Lo anterior, dado que la finalidad fundamental perseguida en los procedimientos electorales de Poderes Constituidos es el acceso a los cargos de elección popular para ejercer el Poder Público, en el marco de las facultades y deberes previstos en el orden jurídico preestablecido por un Poder Constituyente.
En este sentido, en la propaganda de los partidos políticos se pueden tener diversas posibilidades, como son la exposición de ideas que pretendan dar continuidad a un sistema o ideología gobernante, por lo cual la propaganda político-electoral tenderá a usar en beneficio del instituto político que pretenda esta opción, como apoyo y a fin de hacer del conocimiento de la población tal circunstancia.
En otro supuesto, se puede tener la opción política que pretenda el cambio en el régimen político o ideológico, por lo que la propaganda puede tender a criticar las acciones, programas y logros de Gobierno.
Conforme a lo expuesto, en los procedimientos electorales ordinarios es conforme a Derecho, que el contenido de la propaganda política y política-electoral de los partidos políticos se manifieste en términos de alguna de las opciones antes señaladas, debido a que, como se ha razonado, la participación de los institutos políticos en esas elecciones tiene como finalidad, acceder al ejercicio del Poder Público de manera continua de conformidad con el marco jurídico establecido con anterioridad.
Sin embargo, en el caso de los procedimientos especiales y extraordinarios de elección de Poderes Constituyentes no tiende al ejercicio del Poder Público basado en un orden jurídico preestablecido, sino a su creación, que si bien es cierto se basa en principios, ideologías y propuestas políticas concretas, no tiene como finalidad el ejercicio del poder de manera continua, sino al ejercicio del Poder Público para crear el Marco Normativo Fundamental que deberá regir para la organización y funcionamiento de los órganos de autoridad constituidos, así como para el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados, en otras palabras, son las bases y principios generales que han de regir la vida jurídica y política de una sociedad completa.
En este sentido, si se permitiera identificar a un partido político con el Gobierno que ejerce el Poder Público, de conformidad con las modalidades establecidas en la norma, con la finalidad misma del Constituyente, se estaría en la posibilidad de confundir al electorado, dada la diferencia esencial entre el ejercicio del poder de forma continua.
Lo anterior es así, porque al permitir que un partido político utilice la identificación de un Gobierno establecido, cuya denominación deviene del mandato de una reforma constitucional, como parte de la difusión de su postura ideológica, implicaría relacionar la actuación de un Poder Constituido con los principios ideológicos de carácter político, económico, social y demás, que postule determinado instituto político para la elección de un Poder Constituyente, lo que afectaría al desarrollo del respectivo procedimiento electoral extraordinario y especial, debido a la confusión que se podría generar en el electorado por la finalidad perseguida para el ejercicio del Poder Público entre un Poder Constituyente y Poder Constituido.
Precisado lo anterior, en el particular, es importante señalar el contenido de la propaganda motivo de denuncia, difundida en las ochenta y cinco bardas ubicadas en la Ciudad de México que, en términos de lo señalado en el acuerdo identificado con la clave A8/INE/CM/CL/25-03-16, de veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la autoridad responsable, consiste en el siguiente:
Barda de fondo blanco con la leyenda, "Yo" escrito en negro símbolo del corazón (con el logotipo en colores amarillo negro y rojo, ubicándose en la esquina superior izquierda del corazón el emblema del Partido de la Revolución Democrática, en color amarillo y negro) "CDMX" (letras "CD" en color negro" MX" en color rosa,) "CIUDAD DE MÉXICO" escrito en color negro, Frase YO CDMX, CIUDAD DE MÉXICO, La siguiente imagen es una muestra de la publicidad antes descrita.
Otra modalidad de la publicidad consiste en bardas pintadas con fondo blanco, sobre muros, con letras en color blanco sobre fondo negro que citan "GOBIERNA PARA TU BIEN", y dentro del circulo el emblema del Partido de la Revolución Democrática en color negro sobre fondo amarillo, y las siglas "PRD-DF", el logo, se une al resto de la pinta mediante líneas color negro, que terminan debajo de la segunda línea de la publicidad. Centro: Dos líneas paralelas color negro. Primera línea de texto: "REFORMA POLÍTICA" (letras color negro). Segunda línea de texto: "MAS PRESUPUESTO, MEJORES SERVICIOS ¡¡¡LO LOGRAMOS!!, (en letras color negro) Centro en parte inferior: tres dibujos, de aparentes edificios y monumentos históricos emblemáticos (en líneas color negro); Lado Derecho, inferior: Adiós DF bienvenida CDMX (en letras color rosa). A continuación, se muestra un ejemplo de la publicidad antes descrita.
A juicio de esta Sala Superior, no asiste razón al Partido de la Revolución Democrática al sostener que con independencia de que la propaganda objeto de la denuncia identifique o no al Gobierno de la Ciudad de México y, por tanto, el partido político recurrente no esté en aptitud de beneficiarse del "prestigio" del aludido Gobierno, lo cierto es que en ella se hace referencia, de manera indubitable, a la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, lo cual considera que sí puede hacer.
Lo anterior es así, porque, como se advierte de lo trasunto, en las bardas se manifiesta alguna o varias de las siguientes expresiones "Ciudad de México", "REFORMA POLÍTICA", o "Adiós DF bienvenida CDMX". Asimismo, se debe destacar que en cada una de las bardas en que se difunde esa propaganda, también se contiene el emblema y las siglas que identifican al Partido de la Revolución Democrática.
En este sentido, como se precisó, a juicio de esta Sala Superior, en un análisis preliminar, resulta conforme a Derecho el dictado de las medidas cautelares, porque actualmente se lleva a cabo en la Ciudad de México el procedimiento electoral para efecto de elegir a los sesenta de los cien Diputados integrantes del Congreso o Asamblea Constituyente de esa entidad federativa, el cual, como se ha razonó, es un órgano de autoridad excepcional, temporal y extraordinario, que dimana de la voluntad del pueblo para efecto de establecer la Constitución o Ley Fundamental de determinado Estado.
En este contexto, toda vez que la elección de los legisladores que integraran ese órgano de autoridad, deriva de la aludida reforma a la Ley Fundamental publicada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, el cual se encargara de establecer las bases del funcionamiento de los órganos de poder constituido, así como el reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, resulta insoslayable y conforme a Derecho que en la propaganda de los partidos políticos que se difunda durante el desarrollo del respectivo procedimiento electoral no se utilice mensajes que vinculen la identificación de un Poder Constituido, en el caso el Gobierno de la Ciudad de México, cuya denominación ha sido modificada con motivo de la aludida reforma constitucional con algún partido político.
Al respecto cabe precisar que por mandato del Poder Permanente Reformador de la Constitución se previó en los artículos transitorios de la mencionada reforma lo siguiente:
De los artículos trasuntos se obtiene que la nueva identificación del Gobierno de la Ciudad de México es meramente formal, dado que el Poder Público se seguirá ejerciendo en términos del orden constitucional, legal y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones vigente hasta antes de la expedición de la Constitución de la Ciudad de México, por lo cual no existe una identidad jurídica y política entre los órganos constituidos actualmente electos y los que se elegirán en el año dos mil dieciocho, a partir del nuevo sistema constitucional.
Por ello, si la actual denominación del Gobierno ha sido modificada por Ciudad de México, ello es meramente nominativo, pero no sustancial sino hasta que se establezca el nuevo orden normativo que ha de regir en esa entidad federativa, para lo cual se desarrolla el procedimiento electoral en el que se elegirán a los diputados a la Asamblea Constituyente respectiva.
Así, en apariencia del buen Derecho, permitir que un partido político utilice la denominación de un Poder Constituido a partir de un mandato de la aludida reforma constitucional como parte de la difusión de su postura ideológica, implicaría relacionar el ejercicio del Poder Público por parte de Poderes Constituidos con el ejercicio que debe hacer el Poder Constituyente, lo cual como se ha expuesto no necesariamente debe coincidir con los principios ideológicos de carácter político, económico, social y demás, que postule determinado instituto político plenamente identificado, teniendo como posible efecto un agravio al desarrollo respectivo procedimiento electoral.
Asimismo, la aludida modificación al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tampoco puede ser considerada como un logro de gobierno, el cual pueda ser utilizado por algún partido político en particular como parte de su propaganda, debido a que conforme al procedimiento de reforma constitucional, establecido en el artículo 135 de la Norma Suprema, el aludido ordenamiento político-jurídico es de naturaleza rígida, puesto que para llevar a cabo la reforma de alguno de sus preceptos se requiere de un procedimiento y de un órgano especial –Poder Revisor Permanente de la Constitución- distintos a los que intervienen en la reforma de leyes ordinarias.
En efecto, porque esa determinación debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los legisladores que integran el Congreso de la Unión, además de tener la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
En este contexto, por las razones expuestas, resulta conforme a Derecho el dictado de las medidas cautelares emitidas por la autoridad responsable.
Por otra parte, también debe prevalecer firme la determinación emitida por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México relativa a ordenar, como medida provisional, el "retiro" de la propaganda publicada en la página de internet identificada con la dirección electrónica http://www.poderchilango-prd.com, por considerar que a través de ella se difunde la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática, debido a que sobre este particular el instituto político recurrente no manifiesta concepto de agravio alguno.
ÚNICO. Se confirma los acuerdos controvertidos, por las razones expuestas en esta ejecutoria.
NOTIFÍQUESE: personalmente al partido político recurrente; por correo electrónico al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y por estrados a los demás interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28 y 29, párrafo 5, 48 y 110, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los numerales 94, 95 y 101, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional especializado.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausentes los Magistrados Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López. Con el voto concurrente del Magistrado Manuel González Oropeza. La Subsecretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, RESPECTO DE LA EJECUTORIA RELATIVA AL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-REP-45/2016.
Con el debido respeto a la postura mayoritaria sostenida por los demás Magistrados que integran el pleno de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no obstante que coincido con lo determinado en la sentencia que se dicta en el presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, me permito disentir en cuanto a uno de los razonamientos que dan sustento a la sentencia de mérito, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 11 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional federal, formulo el presente VOTO CONCURRENTE, al tenor de las razones siguientes:
El motivo de mi disenso radica de manera fundamental, en que contrario a lo sostenido por la mayoría de los Magistrados que integran el pleno de este Tribunal Constitucional, no coincido con el razonamiento por el cual se confirma el sentido del otorgamiento de las medidas cautelares, puesto que considero que la distinción entre procesos electorales para instituir órganos constituyentes y aquellos en los cuales se eligen los órganos ordinarios de gobierno, no puede ser sustento para el presente caso.
Ello es así, puesto que, desde mi perspectiva, el motivo de la confirmación del otorgamiento de las medidas cautelares, debe radicar de forma esencial en la indebida utilización de diversas expresiones como pueden ser las letras "CDMX", las cuales pueden ser identificadas como parte de la simbología utilizada como imagen de la hoy Ciudad de México, su gobierno, o en su caso referencias directas a los mismos. Es decir, que lo relevante a efecto de confirmar o no el otorgamiento de las medidas cautelares no es la índole del proceso electoral de que se trata, sino el contenido de la propaganda misma.
En consecuencia, lo procedente sería confirmar el otorgamiento de las medidas cautelares, haciendo énfasis en lo apuntado previamente.
Por lo expuesto, disiento del criterio aprobado por la mayoría. Rúbrica.