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Timestamp: 2020-05-26 09:00:10
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Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos - DHpedia
Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(Redirigido desde «Artículo 10 (DUDH)»)
«Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.»
Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), derecho a un juicio justo
El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia el derecho básico a un proceso justo y se refiere no sólo a causas penales, sino también a contenciosos civiles en los que una persona se querella contra otra. Su finalidad es garantizar que todas las personas que comparezcan ante un tribunal sean oídas por un tribunal independiente e imparcial[1]. La imparcialidad exigible al tribunal se refiere a la necesaria neutralidad del juez o jueces.
Un "tribunal independiente e imparcial" requiere de un conjunto de reglas que garanticen el equilibrio entre las partes. Así, por ejemplo, si alguien es acusado de un delito en una lengua que no entiende, no dispone de defensa o si un abogado no tiene tiempo suficiente para preparar la defensa, el proceso judicial corre el riesgo de no ser imparcial[2].
La independencia e imparcialidad del Poder Judicial es un elemento fundamental para el disfrute efectivo de los derechos y libertades fundamentales[3].
El artículo 10 de la Declaración tiene correspondencia con el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966):
Artículo 14 - (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho (A/RES/67/1, 30 de noviembre de 2012), los Estados Miembros resaltaron que la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, constituyen requisitos esenciales para apoyar el estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación (párrafo 13)[4].
1 Independencia, imparcialidad e integridad de la judicatura
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), existen diversos documentos establecidos como fuentes internacionales para garantizar la independencia, imparcialidad e integridad de la judicatura:
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, 2005
Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, 2002
Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, 2002
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), 1990
Principios básicos sobre la función de los abogados, 1990
Procedimiento para la aplicación eficaz de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, 1989
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 1988
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, 1985
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 1985
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 1955
↑ http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=%20A/RES/67/1
Derechos humanos y juicio justo (PDF)
Manual de Amnistía Internacional. Juicio justo. Segunda edición, 2014 (PDF)
Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, Naciones Unidas, 2013 (PDF)
Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, Naciones Unidas, 2007 (PDF)
Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, Naciones Unidas, 2013 (PDF)
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