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Timestamp: 2020-07-11 08:20:53
Document Index: 336150470

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 64', 'artículo 6', 'Artículo 62', 'Artículo 7', 'Artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 64', 'artículo 6', 'in dubio', 'artículo 53', 'in dubio', 'artículo 53', 'artículo 8', 'artículo 8']

Sentencia de Constitucionalidad nº 594/97 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43561279
II. LOS TEXTOS OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia citada en: 53 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demandante: J.L.P.A.
El ciudadano J.L.P.A., en ejercicio de la acción pública, presenta demanda contra el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, y el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990. Esta demanda fue radicada con el número D-1606, y se cumplieron los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, por lo cual procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
"Artículo 62 M.. Artículo 7º Decreto Ley 2351 de 1965. Terminación del contrato por justa causa. Son justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
"Artículo 64. M.. Ley 50 de 1990, artículo 6º. Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
Ningún DESPIDO laboral o de trabajador subordinado puede ser efectuado con validez sin darle a éste "comunicación previa y DETALLADA... de la acusación formulada"; lo cual indefectible, inevitablemente presume exponer cabal, completa y nítidamente los precisos HECHOS que se le imputan al referido trabajador como base de la acusación y de la medida sancionatoria de despido. Por lo tanto, no puede ser suficiente ni bastar que el patrono se limite a señalar una o varias de las GENERICAS causales enunciadas en el art. 62 C.S. del T. (subrogado por el art. 7º D.L. 2351/65) para despedir sin indicar los precisos hechos acaecidos que el patrono toma como base para invocar una o varias de las causales genéricas del mencionado artículo. Más aún si debe darse a los trabajadores la SITUACION MAS FAVORABLE en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, como lo ordena imperativamente el art. 53 de la nueva C.N.).
El ciudadano P.N.L.C., en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, interviene en el proceso para impugnar la demanda. Según su criterio, las normas acusadas no violan la igualdad y constituyen un desarrollo de los mandatos contenidos en los artículos 53 y 58 de la Carta, afirmación que el interviniente justifica limitándose a transcribir, sin mayores comentarios, extensos apartes de algunas sentencias de esta Corporación.
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, J.B.C., comienza por señalar que el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 ya fue objeto de examen constitucional. Así, la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Nº 115 del 26 de septiembre de 1991 declaró exequible la expresión "salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen", contenida en ese parágrafo, mientras que la Corte Constitucional, en Sentencia C-569 de diciembre 9 de 1993, declaró exequible el resto de ese parágrafo. Por ello el Ministerio Público considera que en este caso ha operado la cosa juzgada constitucional y que la Corte debe estarse a lo resuelto en esas sentencias.
Conforme al artículo 241 ordinales 4º y 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, del parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, y del parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de artículos que forman parte de decretos leyes y leyes de la República.
La Corte considera que la anterior objeción es parcialmente de recibo, pues si tal fuera la interpretación del numeral impugnado, es cierto que se estaría permitiendo que se desconociera la estabilidad laboral que la misma norma acusada pretende proteger. Sin embargo, esta Corporación considera que esa hermenéutica no es admisible ya que desconoce principios constitucionales, y en especial la llamada in dubio pro operario, según la cual, en caso de duda sobre la interpretación de una norma laboral, siempre debe preferirse aquella que sea más favorable al trabajador. N. además que la Carta de 1991 constitucionalizó ese criterio hermenéutico, el cual dejó entonces de ser puramente doctrinal o legal, pues el artículo 53 superior lo incorpora expresamente como principio mínimo fundamental del estatuto del trabajo. Por consiguiente, y debido a que "las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales" Corte Constitucional. Sentencia C-371/94 del 25 de agosto de 1994. M.P J.G.H.G., es indudable que los servidores públicos deben aplicar las normas laborales teniendo en cuenta el principio in dubio pro operario, pues el desconocimiento de ese criterio por los jueces ordinarios o los funcionarios del trabajo es un asunto que tiene en sí mismo relevancia constitucional. En efecto, esta Corporación ya había señalado al respecto:
En otros eventos, la propia Carta ha establecido reglas de preferencia para escoger entre interpretaciones alternativas de una norma legal. Así sucede, por ejemplo, en materia laboral, puesto que el artículo 53 de la Constitución señala que, en caso de duda sobre el sentido de las fuentes formales del derecho, se deberá acoger aquella interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en materia penal, la Carta señala que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (CP. art. 29). Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido irrazonable a un texto legal o la opción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales Sentencia C-496 de 1994. MP A.M.C.. Fundamento Jurídico No 3..
Si tanto la indemnización consagrada por el artículo 8º del decreto 2351 de 1965 como la pensión especial de jubilación que establece el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 tienden a reparar el daño sufrido por el trabajador antiguo despedido ilegalmente, nada impide que su monto se conjugue en beneficio de la víctima del perjuicio, sin que pueda pensarse, como lo hace el recurrente, que no hay lugar a dicha acumulación, porque no se trata de aplicar dos penas por un mismo proceder sino de indemnizar un daño Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda, sentencia del 3 de septiembre de 1980. M.P.J.H.S...
8- La Corte considera que para poder determinar si el cargo del actor es válido, es necesario comenzar por precisar el alcance de la obligación que impone la norma demandada, la cual ordena a aquel que termine unilateralmente un contrato de trabajo señalar a la otra parte, "en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación", ya que "posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos". El actor entiende que la norma simplemente obliga a la parte que da por terminado el contrato a señalar en abstracto una causa legal de terminación del contrato. Sin embargo la Corte no comparte esa interpretación, pues esta disposición debe ser interpretada conforme al principio de buena fe (CP art. 83) y de acuerdo a su propia finalidad, que es precisamente permitir que la parte conozca con precisión cuáles son las razones por las cuales la otra parte ha decidido unilateralmente dar por terminado el contrato, invocando una justa causa. En ese orden de ideas, se entiende que cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente. En efecto, según esa Corporación, esa norma obliga a expresar "la causa o motivo de la ruptura, a fin de que la parte que termina unilateralmente el contrato no pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos extraños que no adujo" Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de mayo de 1960. M.P.L.F.P.. Por ello esa misma Corporación ha considerado que para que se entienda cumplida esa obligación "lo que importa es que la parte afectada se entere del hecho justificante" Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de octubre de 1994. M.P.F.E.E., por lo cual ha precisado al respecto:
Conforme al parágrafo del mismo artículo, la parte que hace cesar el contrato debe expresar en el momento de la terminación del mismo cuáles son los motivos concretos y exactos que tiene para tomar esa determinación, sin que posteriormente pueda invocar razones o causas distintas.
Si fuera permisible en la carta de despido se enumeran las causales genéricas que traen el código o una determinada disposición para dar por fenecido justamente el contrato de trabajo, tendría la parte que despidió tanta amplitud para hacer encajar dentro de esas causales y ya en el juicio, cualquier comportamiento, actitud o manifestación de la parte afectada, que podría equivaler a justificar el despido con posterioridad a su realización, lo cual es a todas luces inadmisible (subrayas no originales) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de noviembre 12/86. M.P.J.H.S...
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 69215 de 12 de Septiembre de 2013