Source: http://jccrivelliabogados.com/cd/digesto/1991-02284.htm
Timestamp: 2018-07-21 01:42:08
Document Index: 377800025

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 53', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 13', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 23', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 35', 'Artículo 1', 'Artículo 21', 'Artículo 36', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

Sancionado: 31/10/1991
VISTO las Leyes Nº 23696, Nº 23697 y Nº 23928 y el Decreto Nº 2476 del 26 de noviembre de 1990, y
Que la Ley Nº 23696 de Reforma del Estado ha declarado el Estado de Emergencia de todo el sector público, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar decisiones tendientes a que cese tal estado.
Que dicha norma debe ser aplicada teniendo en cuenta que la Ley Nº 23697 ponía en ejercicio el Poder de Policía de Emergencia del Estado, con el fin de superar la situación creada por las graves circunstancias económicas y sociales, que la Nación no ha superado aún totalmente.
Que resulta imprescindible advertir que la estabilidad y crecimiento que se hicieron más perceptibles a partir de la sanción de la Ley Nº 23928, imponen con urgencia la necesidad de eliminar mediante una norma de sanción única y aplicación simultánea, las regulaciones que hoy pierden virtualidad económica e impiden una fluida circulación de bienes y servicios.
Que si bien en algunos casos dichas restricciones fueron impuestas por normas cuyo dictado corresponde al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION aunque en la mayoría esas competencias eran ejercidas por Ejecutivos de facto, el Poder Ejecutivo, está legitimado para removerlas cuando, como ocurre actualmente, su mantenimiento afecta la más pronta superación de la situación de emergencia, declarada por las Leyes Nº 23696 y 23697.
Que la aplicación de los principios de convertibilidad monetaria, sancionados por la Ley Nº 23928, requiere el funcionamiento de mercados fluidos y transparentes donde los precios se formen como consecuencia de la interacción espontánea de la oferta y de la demanda, sin intervenciones distorsionantes y generalmente contrarias al interés de los consumidores.
Que la Ley Nº 19227 prevé en sus artículos 4º y 5º la implementación de "perímetros de protección a los mercados considerados de interés nacional, como asimismo otros beneficios con el objeto de facilitar la concentración de operaciones en un mismo espacio físico.
Que se torna imperiosa, con el fin de abaratar los precios de venta al público, la desregulación de la comercialización de medicamentos, facilitando la libre instalación de farmacias por parte de cualquier persona física o jurídica, que reúna las calidades que se requieren para desempeñarse en esa actividad
Que la libre importación de medicamentos por parte de cualquier persona física o jurídica permitirá ampliar la oferta en el mercado local contribuyendo a reforzar los efectos favorables a los consumidores, de acuerdo a las facultades que la Ley Nº 16463 confiere al PODER EJECUTIVO NACIONAL en la materia.
Que las limitaciones a la capacidad competitiva de productos de exportación, impuestas por la Ley Nº 22802, constituyen una barrera autoimpuesta al crecimiento de ciertas exportaciones nacionales, siendo por otra parte redundante en relación con los certificados de origen que exigen los numerosos países de destino, por lo cual es conveniente para el interés nacional suprimir tales restricciones a los productos nacionales de exportación, quedando voluntariamente bajo la responsabilidad del exportador la indicación del origen de la mercadería.
Que en tal situación se hallan entes que desarrollan su actividad dentro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, los que deben ser disueltos de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Nº 23696 al PODER EJECUTIVO NACIONAL, transfiriendo las funciones de policía, en particular de tipo sanitaria, a otros entes subsistentes, posibilitando la mejor especificación de acciones de éstos con el objeto de dotar de reglas claras a aquéllos que ejerzan el comercio de que se trata.
Que por ello se torna necesaria la disolución del MERCADO DE CONCENTRACION PESQUERA DE MAR DEL PLATA, del INSTITUTO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD HIPICA, del INSTITUTO FORESTAL NACIONAL y del MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS, este último sin perjuicio de otorgar la concesión de la actividad a los particulares que hasta el momento realizaba dicho ente
Que la Ley Nº 19597 ha regulado la producción, industrialización y comercialización de materias primas sacarígenas, azúcar y subproductos en todas sus etapas, incluyendo sus aspectos económicos, financieros y sociales , advirtiéndose en el mensaje de elevación del PODER EJECUTIVO NACIONAL que la sanción de la misma tendía a dictar un régimen provisorio, el que actualmente constituye un factor de pérdida de competitividad de la actividad azucarera.
Que corresponde dejar sin efecto la desgravación impositiva de las tierras de baja productividad, prevista por la Ley Nº 22211, en el marco de la política general del Gobierno Nacional tendiente a suprimir beneficios fiscales y franquicias de cualquier género.
Que el proceso de estabilización de la economía iniciado con las Leyes Nos. 23696 y 23697, profundizado por las Leyes Nº. 23928, 23982 y 23990 y complementado con el conjunto de disposiciones que impulsa el Gobierno de la República en todos los órdenes de la actividad nacional correría el grave riesgo de esterilizarse si no se adoptan con toda premura medidas sustanciales que motoricen rápidamente una aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad economica, que ya se insinúa.
Que la indispensable celeridad en la aplicación simultánea del nuevo ordenamiento erigida como condición inexcusable para el éxito del programa obliga a recurrir, en parte, al ejercicio de facultades legislativas reservadas a otro poder de la República, en un caso como el presente, en el que la obligatoria y saludable publicidad de los proyectos que se gestan en el área Gobierno, se contrapone a la imperiosa exigencia de que las nuevas reglas de juego económicas se pongan en vigencia sin un conocimiento previo de los operadores económicos, lo que podría generar una inestabilidad persistente en los mercados durante todo el tiempo que demandaría su sanción por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, con el consecuente perjuicio social que ello importaría.
Que dicho ejercicio se ajusta a las políticas legislativas trazadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION por medio de las Leyes Nº 23696, 23697 y Nº 23928 y está sujeto al control y decisión final del órgano legislativo de la Nación, de acuerdo a la doctrina de los decretos leyes.
La autoridad de aplicación de la Ley Nº 22262 podrá incorporar a su competencia y juzgar los actos y conductas excluidos por el Artículo 5º de la mencionada Ley, cuando considere que los mismos causan perjuicios reglados en las disposiciones contenidas en el Artículo 1º de la citada Ley.
Con motivo de la investigación de hechos comprendidos en el Artículo 1º de la Ley Nº 22262, la autoridad de aplicación de la misma podrá, en cualquier estado de la causa, emitir orden de cese, cuando la conducta de la imputada pudiere causar daños o perjuicios irreversibles e irreparables. Dicha orden se ejercerá prudentemente y estará sujeta a los recursos regulados en las normas pertinentes.
Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 20680, el que solamente podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, ya sea a nivel general, sectorial o regional.
La PROCURACION GENERAL DE LA NACION instará ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION la declaración de inconstitucionalidad de normas provinciales contrarias a la libertad de comercio y transporte interjurisdiccional en las causas sometidas a su resolución.
Déjanse sin efecto todas las restricciones al comercio mayorista de productos alimenticios perecederos. La autoridad de aplicación redefinirá en cada caso los perímetros de protección establecidos en base a la Ley Nº 19227, conforme a la facultad otorgada por su Artículo 7º, de modo de propender al libre juego de la oferta y de la demanda y al acortamiento de los circuitos de comercialización.
Déjanse sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales, no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo, en cualquier clase de actividad, incluyendo los mercados de activos financieros u otros títulos, establecidos, aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones.
Déjanse sin efecto en todo el territorio de la Nación todas las limitaciones al ejercicio de las profesiones universitarias o no universitarias, incluyendo las limitaciones cuantitativas de cualquier índole, que se manifiesten a través de prohibiciones u otras formas de restricciones de la entrada a la actividad de profesionales legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión.
Déjanse sin efecto las restricciones cuantitativas establecidas por la Ley Nº 12990.
El MINISTERIO DE JUSTICIA deberá dictar dentro de los TREINTA (30) días las normas reglamentarias pertinentes
Autorízase la venta de especialidades medicinales catalogadas como de expendio libre por autoridad sanitaria, en aquellos establecimientos comerciales no comprendidos en la Ley Nº 17565.
Autorízase la venta de especialidades medicinales en aquellos establecimientos comerciales que habiliten espacios especialmente acondicionados para funcionar como farmacias en las condiciones que determine la autoridad de aplicación de la Ley Nº 17565.
Déjanse sin efecto todas las intervenciones, autorizaciones o cualquier acto administrativo de carácter previo sobre las operaciones de exportación y sobre la documentación aduanera con la que se tramitan los embarques. Exceptúanse las restricciones o autorizaciones requeridas en aplicación de acuerdos o tratados internacionales; por la aplicación de normas de carácter sanitario cuando éstas sean obligatorias y no puedan ser efectuadas por órganos privados; y las relativas a la preservación de la fauna o flora silvestres o del medio ambiente. Exceptúase de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 22802 a los productos y mercaderías destinados a la exportación.
Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 21453 por el siguiente: "ARTICULO 3º - Las ventas al exterior a que se refiere el artículo 1º podrán ser registradas, mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación, en la forma que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada". (Párrafo agregado por art. 1º del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991)
Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 21453 por el siguiente: "ARTICULO 4º - Podrán registrar operaciones de venta al exterior los exportadores inscriptos en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS". (Párrafo agregado por art. 1º del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991)
Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 21453 por el siguiente: "ARTICULO 5º - Los exportadores que opten por el régimen establecido por la presente ley, deberán abonar en forma anticipada los derechos y demás tributos que gravaren la actividad de exportación, de acuerdo a lo que establezca la autoridad de aplicación". (Párrafo agregado por art. 1º del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991
Deróganse las preferencias adicionales establecidas en los Artículos 3º y 11 del Decreto Nº 1224 del 9 de noviembre de 1989, de Compre Nacional, las que sólo subsistirán a igualdad de precios entre los productos de origen nacional respecto a los importados o a igualdad de ofertas de obras o servicios entre empresas de capital nacional o extranjeras.
La importación de productos de origen animal o vegetal, sus subproductos y derivados no acondicionados directamente para su venta al público será sometida a la inspección sanitaria previa a su ingreso a plaza por parte del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y del INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL según corresponda.
La autoridad competente en la aplicación del Código Alimentario Argentino intervendrá en el registro de los productos alimenticios de importación acondicionados para su venta directa al público, de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Los controles higiénico-sanitarios y bromatológicos de los mencionados productos serán posteriores al ingreso a plaza, sin perjuicio de la autorización de venta al público, excepto cuando se trate de productos cuyo acondicionamiento no asegure la estabilidad de sus condiciones sanitarias en cuyo caso el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y el INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, según corresponda, podrán efectuar controles previos al ingreso de acuerdo a lo prescripto en el artículo precedente.
Los organismos mencionados en el Artículo precedente deberán habilitar delegaciones en todas las aduanas por donde ingresen en forma permanente o habitual dichos productos, con capacidad para inspeccionar y autorizar importaciones
Déjanse sin efecto las intervenciones, autorizaciones o cualquier acto administrativo de carácter previo a la intervención de la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS para la importación de bienes no comprendidos en los artículos precendentes, con excepción de los productos peligrosos para la salud o al medio ambiente, de acuerdo a la legislación específica vigente.
Déjanse sin efecto las reservas de carga establecidas por las Leyes Nº 18250, Nº 22763 y Nº 23341 sus modificatorias, reglamentarias y conexas.
Déjase sin efecto la obligatoriedad del ingreso a depósito de las mercaderías importadas, establecida por la Ley Nº 22415. Dichas mercaderías serán despachadas de acuerdo con el procedimiento de "directo a plaza", salvo que el importador desee su ingreso a depósito o que así lo disponga expresamente y en cada caso la autoridad aduanera o sanitaria. El procedimiento de directo a plaza tendrá carácter obligatorio cuando no exista depósito acondicionado especialmente para la mercadería.
(Artículo derogado por Decreto N° 2690/2002 B.O. 31/12/2002)
Dispónese la liquidación de los impuestos internos de los productos importados simultáneamente con la de los demás tributos que gravan la importación para consumo, y su pago mediante boleta unificada en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS. Esta norma se aplicará dentro de los SESENTA (60) días de la publicación del presente.
La intervención de la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS se orientará el cumplimiento de las normas en materia tributaria y arancelaria, incluyendo el control de calidad y cantidad con fines de valoración y estadística, y al control de las prohibiciones de importación y exportación de productos, no alcanzadas por el presente, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 22415. La ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS tendrá por objeto fundamental preservar la renta fiscal, cuidando de no restringir la fluidez del comercio exterior. Sus verificaciones serán de carácter selectivo y no sistemático, de acuerdo a las directivas que al efecto impartan sus autoridades.
El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, el INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD y CALIDAD VEGETAL y la autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino deberán, en un plazo de NOVENTA (90) días, publicar el texto ordenado de las normas que rigen sus intervenciones de acuerdo a las disposiciones del presente Decreto, incluyendo los productos alimenticios acondicionados para su venta directa al público que, por su tipo de acondicionamiento, deban ser controlados con carácter previo a su ingreso a plaza. El mencionado texto deberá indicar claramente los plazos dentro de los cuales se realizarán las intervenciones y deberá estar a disposición del público en todos los locales de estos organismos, previéndose asimismo su venta libre.
Establécese un régimen de importación temporaria de mercaderías para su posterior exportación de acuerdo a las modalidades que determine la autoridad de aplicación.
Los registros estadísticos que eventualmente llevaren las unidades disueltas deberán ser remitidos dentro de los TREINTA (30) días de la publicación del presente al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
Disuélvense los entes que se indican en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.
Déjanse sin efecto las regulaciones establecidas en la Ley Nº 21740 y el Decreto Ley Nº 6698/63, sus reglamentarios y modificatorios, que restringen el comercio externo e interno y las relativas a la fijación de precios mínimos aplicables al mercado interno, cupos, restricciones cuantitativas, reglamentaciones contractuales y toda otra disposición que limite el libre juego de la oferta y la demanda en los mercados de granos y carnes.
Transfiérense las funciones remanentes de política comercial interna y externa de la JUNTA NACIONAL DE CARNES y la JUNTA NACIONAL DE GRANOS a la SECRETARIA de AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA; y al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y al INSTITUTO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, según corresponda, las atribuciones en materia de policía y certificaciones de calidad de acuerdo a las normas emergentes del Decreto Ley Nº 6698/63 y a la Ley Nº 21740, sus modificatorias y normas reglamentarias".
Transfiérese a la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y al INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, el personal que revista en la Gerencia de Fiscalización de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS de acuerdo al ordenamiento estructural aprobado por Decreto Nº 646/91.
El personal de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS que opere las unidades de campaña y elevadores terminales, el del MERCADO NACIONAL DE HACIENDA y el del MERCADO DE CONCENTRACION PESQUERA continuará desempeñando sus funciones hasta tanto haya concluido la privatización de las instalaciones de estos entes. Los bienes serán transferidos sin las prerrogativas establecidas por la Ley Nº 22260.
Transfiérese a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL el personal que revista en la Gerencia de Fiscalización y Control Técnico de la JUNTA NACIONAL DE CARNES de acuerdo al ordenamiento funcional aprobado por Decreto Nº 743/91.
Transfiérense a la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA las funciones sobre comercialización de productos de pesca establecidas por la Ley Nº 22260.
Autorízase a la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA a designar un interventor liquidador en cada uno de los organismos disueltos de su jurisdicción, el que deberá cumplir su cometido dentro de un plazo de pesca establecidas por la Ley Nº 22260.
Los bienes propiedad de los entes disueltos indicados en el Anexo I deberán ser transferidos al Estado Nacional, quien a través de los órganos competentes deberá proceder a su venta, salvo que en un plazo de SESENTA (60) días se disponga la transferencia de los mismos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, o a los entes que la autoridad de aplicación determine.
Autorízase a la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA y al INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL a ampliar su dotación de planta permanente, con el solo objeto de incorporar al personal de los entes disueltos de su jurisdicción que se requiera para el cumplimiento de las funciones transferidas a estos entes.
Disuélvense los entes indicados en el Anexo II que forma parte del presente Decreto.
Déjanse sin efecto todas las regulaciones a la vitivinicultura, producción yerbatera, producción azucarera e industrias derivadas, establecidas por las Leyes Nº 14878, 17848, 17849, 21502, 21657, 23149, 23150, 23550, 23683, 20371 y 19597, sus modificatorias y reglamentaciones.
Transfiérese a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO las funciones no eliminadas que la Ley Nº 20371 asigna a la COMISION REGULADORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIO DE LA YERBA MATE.
Transfiérense a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO las funciones no eliminadas que la Ley Nº 19597 asigna a la DIRECCION NACIONAL DEL AZUCAR.
Derórgase el Decreto Nº 1079 del 14 de junio de 1985 y sus modificatorios.
Limítanse las facultades conferidas al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA exclusivamente a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas. Bajo ningún concepto el mencionado ente podrá interferir, regular o modificar el funcionamiento del mercado libre. Las autoridades del mencionado ente serán un Presidente y un Vicepresidente, quedando suprimido el Consejo Directivo. El INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA deberá dentro de los sesenta (60) días del presente proceder a la reestructuración integral de su dotación de acuerdo a la limitación de las atribuciones del organismo.
Derógase el Decreto Nº 301 del 2 de marzo de 1989.
Autorízase a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a designar un interventor liquidador en cada uno de los organismos disueltos de su jurisdicción, el que deberá cumplir su cometido dentro de un plazo improrrogable de NOVENTA (90) días a contar de la vigencia del presente Decreto. Los bienes de propiedad de los entes disueltos deberán ser transferidos al Estado Nacional, quien a través de los órganos competentes deberá proceder a su venta, salvo que en un plazo de SESENTA (60) días se disponga la transferencia de los mismos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS , a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA o a los entes que la autoridad de aplicación determine.
Autorízase a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a ampliar su dotación de planta permanente, con el solo objeto de incorporar al personal de los entes disueltos de su jurisdicción que se requiera para el cumplimiento de las funciones transferidas a esa Secretaría.
Déjanse sin efecto las regulaciones del mercado de la leche e industria láctea y la Ley Nº 23359.
Suprímese la sobretasa al vino, establecida por el inciso a) del Artículo 53 de la Ley de Impuestos Internos y su elevación establecida por el Artículo 18 de la Ley Nº 23550.
Suprímense las contribuciones sobre comercialización interna o externa de carnes y sobre las comisiones de rematadores, martilleros o intermediarios en los negocios de ganados, carnes y subproductores establecidas en los incisos a) y b) del Artículo 16 de la Ley Nº 21740 y sus modificatorios.
Suprímense las contribuciones sobre exportación e industrialización y venta de granos, establecidas en los incisos a) y b) del Artículo 13 del Decreto Ley Nº 6698/63 y sus modificatorios.
Suprímese la tasa sobre el valor de primera venta obtenido en la subasta establecido en el inciso a) del Artículo 7º de la Ley Nº 22260.
Suprímese el impuesto previsto en el Artículo 9º inciso a) de la Ley Nº 19597 y sus modificatorios
Suprímese el impuesto móvil interno previsto en el inciso k) del Artículo 3º de la Ley Nº 20371. Derógase el Decreto Nº 1257 del 3 de julio de 1991.
Suprímense los impuestos establecidos por el Decreto Ley Nº 18231/43 y por el Artículo 8º del Decreto Ley Nº 4073/56 y sus modificatorios, y el impuesto establecido por el Artículo 1º de la Ley Nº 13235.
Suprímense los impuestos establecidos en los artículos 47 inciso b), 48 (modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 20531), 50, 51 y 52 de la Ley Nº 13273. Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Ley Nº 20531.
Déjase sin efecto la Ley 21695. (Párrafo agregado por art. 6º del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991)
Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a afectar a Rentas Generales, en la proporción que estime necesaria, los fondos previstos en el Artículo 23 inciso a), 24 y 25 de la Ley Nº 19800 y sus modificatorios y reglamentarios.
Déjanse sin efecto los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37 de la ley Nº 19800, sus modificatorios y complementarios. (Párrafo agregado por art. 7º del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991)
Déjase sin efecto la desgravación impositiva de las tierras de baja productividad, prevista en la Ley Nº 22211.
Suprímese el Arancel Consular establecido por la Ley Nº 22766 y el Decreto Nº 1411/83, y derógase el Artículo 5º del Decreto Nº 1329/65, quedando suprimidas todas las intervenciones consulares para la documentación alcanzada por estas normas.
(Artículo derogado por art. 28 de la Ley N° 26337 B.O. 28/12/2007)
Suprímese la Tasa de Estadística para las exportaciones establecida por el Artículo 1º de la Ley Nº 23664 y por el Artículo 35 de la Ley Nº 23697.
Suprímese el Fondo de Promoción de Exportaciones. Derógase el Decreto Nº 179/85.
Suprímense los gravámenes establecidos en el Artículo 1º de la Ley Nº 19870 destinados al Fondo de la Marina Mercante.
Deróganse los Decretos Números 6099/72, 4367/73, 2241/71 y 4758/73 y suprímese todo tipo de franquicias y/o exenciones relativas a la promoción de las industrias naval, aeronáutica y de maquinaria vial.
Déjanse sin efecto las leyes Nos. 19831, 20852 y 21522.
Artículo sustituido por art. 10 del Decreto Nº 2488/91 B.O. 28/11/1991)
Deróganse los Decretos Números 3113/61, 5038/61, 843/66, 910/70, 345/88 y suprímese el registro de la actividad siderúrgica.
Déjanse sin efecto las leyes Números 12987, 15801, y 22792, y todo tipo de franquicias y/o exenciones arancelarias relativas a la promoción de la actividad siderúrgica. LA SOCIEDAD MIXTA SIDERURGICA ARGENTINA, se seguirá rigiendo por sus propios estatutos aprobados hasta el presente, sin perjuicio del proceso de privatización de la misma.
Déjanse sin efecto las franquicias arancelarias concedidas a la importación de materias primas, insumos y materiales en general, destinados a la producción de aluminio primario, establecidos por la Ley Nº 19198.
Exímese de los impuestos instituidos por la Ley de Impuesto de Sellos (texto ordenado en 1986) y sus modificaciones, a los siguientes actos y operaciones:
a) Los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza, incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar incrementos de capital social, emisión de títulos valores representativos de deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la Ley Nº 17811, por parte de sociedades debidamente autorizadas por la COMISION NACIONAL DE VALORES a hacer oferta pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con los incrementos de capital social y/o las emisiones mencionadas precedentemente, sean aquéllos anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones de estos últimos hechos, con la condición prevista en el presente Artículo.
Exímese del impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y demás títulos valores obtenidas por personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas beneficiarios del exterior (en cuyo caso no será de aplicación la limitación del Artículo 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 1986).
Déjase sin efecto el impuesto a la transferencia de títulos valores creado por la Ley Nº 21280 y sus modificatorias y el impuesto adicional a la transferencia de títulos valores creado por la Ley Nº 23562 y sus modificatorias; y el impuesto sobre las ventas, compras, cambios o permutas de divisas establecido por la Ley Nº 18526 (texto ordenado en 1987) y sus modificatorias.
Déjanse sin efecto las exigencias de plazos mínimos de amortización fijadas en el apartado 4 del Artículo 36 de la Ley Nº 23576 (modificado por la Ley Nº 23962), sin perjuicio de las facultades del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. El tratamiento previsto para las obligaciones negociables en los artículos 36 y 36 bis de la citada norma, considerando la modificación introducida por el presente, será aplicable igualmente a los títulos públicos y a sus rentas. (Ultima parte del párrafo sustituida por art. 2º del Decreto Nº 2424/91 B.O. 14/11/1991)
Compete a la COMISION NACIONAL DE VALORES establecer los requisitos de información a los que deberán sujetarse las sociedades emisoras que hagan oferta pública de sus títulos valores, las personas autorizadas a intermediar en la oferta pública de títulos valores, sus administradores, gerentes, empleados y cualquier otra persona vinculada a ellas. La COMISION NACIONAL DE VALORES reglamentará las restricciones aplicables al uso de la información por parte de las personas antedichas en transacciones con títulos valores. Se considerará oferta pública comprendida en los términos del Artículo 16 de la Ley Nº 17811 a las invitaciones que se realicen del modo descripto en dicho Artículo respecto de actos jurídicos con contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza. No se considerarán comprendidas en el ámbito de la oferta pública aquellas invitaciones a realizar actos jurídicos sobre títulos valores, contratos a término, futuros y opciones, cuando reúnan las condiciones que al efecto determine la COMISION NACIONAL DE VALORES.
Los aranceles de las comisiones de los agentes de bolsa por su intervención en los distintos tipos de operaciones serán fijados libremente entre los agentes de bolsa y sus comitentes. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a reducir los aranceles a que hacen referencia los Artículos 33 y 38 de la Ley Nº 17811.
Las restricciones y limitaciones establecidas en la Ley Nº 17811 relativas a la difusión de información obtenida por la COMISION NACIONAL DE VALORES y sus funcionarios y empleados en el ejercicio de sus funciones no serán aplicables a la comunicación de dichas informaciones a autoridades similares del extranjero con las cuales la COMISION NACIONAL DE VALORES hubiere celebrado acuerdos de reciprocidad.
La COMISION NACIONAL DE VALORES, las otras autoridades de contralor de las sociedades y las Bolsas podrán fijar los requisitos de presentación de los estados contables correspondientes a períodos intermedios respecto de las sociedades sujetas a su fiscalización.
El procedimiento descripto en el Artículo 19 de la Ley Nº 17811 se aplicará únicamente a la oferta pública de títulos valores, con respecto a la oferta de contratos a término, futuros u opciones, la COMISION NACIONAL DE VALORES tendrá competencia para autorizar el funcionamiento de los mercados donde se realicen dichos actos jurídicos, los mecanismos mediante los cuales se considerarán autorizadas dichas ofertas, así como las operaciones de los intermediarios respectivos, sin perjuicio de las facultades del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Los derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de emisiones de títulos valores, establecidos en los Artículos 194, 197 y concordantes de la Ley Nº 19550 y sus modificatorias, serán de aplicación a las sociedades que hagan oferta pública de aquéllos en los plazos, modalidades y formas que fije la COMISION NACIONAL DE VALORES, la cual podrá, inclusive suspender su aplicabilidad. Las sociedades en cuestión podrán limitar o suspender dichos derechos según lo reglamente la COMISION NACIONAL DE VALORES.
Créase el Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS) Dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, que tendrá a su cargo todas las funciones y objetivos que hasta hoy competen a la CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO, a la CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA, a la CAJA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA ESTIBA, ACTIVIDADES MARITIMAS FLUVIALES Y DE LA INDUSTRIA NAVAL, y al INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, así como el sistema de prestaciones que se pudiera establecer para los trabajadores desempleados.
Institúyese la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) cuya percepción y fiscalización estará a cargo del Sistema Unico de la Seguridad Social.
La CUSS comprende los siguientes aportes y contribuciones:
La CUSS será equivalente a la suma de los importes que en virtud de las disposiciones legales vigentes corresponda ingresar a cada empleador por los conceptos indicados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del Artículo anterior
Las sumas abonadas el personal en concepto de asignaciones familiares de acuerdo con la ley 18017 y sus modificatorias, serán deducibles de los importes que los empleadores deban ingresar en concepto de la CUSS.
Lo dispuesto en el artículo no es aplicable a los reintegros pendientes a la fecha de vigencia del presente decreto
Disuélvense la CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO, LA CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA, LA CAJA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA ESTIBA, ACTIVIDADES MARITIMAS FLUVIALES Y DE LA INDUSTRIA NAVAL.
Las funciones que hasta la fecha del presente Decreto tenían a su cargo las mencionadas Cajas, serán desempeñadas por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION.
Cesan en sus funciones: a) el Presidente, los miembros titulares y suplentes de la comisión asesora y de la sindicatura de la CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO, b) el Presidente, los miembros titulares y suplentes de la comisión asesora y de la sindicatura de la CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA y c) el Presidente, los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la sindicatura de la CAJA DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA EL PERSONAL DE LA ESTIBA, ACTIVIDADES MARITIMAS FLUVIALES Y DE LA INDUSTRIA NAVAL.
Los bienes muebles, inmuebles, fondos y créditos de las Cajas de Subsidios y de Asignaciones Familiares disueltas, se transfieren al ESTADO NACIONAL que los administrará a través del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El producido de la venta o liquidación de los bienes que resulten prescindibles engrosará una cuenta presupuestaria especial que se creará al efecto en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Los bienes muebles o inmuebles que pudieren corresponder en el futuro a las CAJAS DE SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES FAMILIARES, serán transferidas al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Disuélvese el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL. Se suprimen, en consecuencia, los cargos de Presidente, Vicepresidente, Directores y Síndicos.
Los bienes muebles, inmuebles, fondos y créditos del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL se transfieren al ESTADO NACIONAL que los administrará a través del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El producido de la venta o liquidación de los bienes que resulten prescindibles engrosará la cuenta presupuestaria especial en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Los bienes muebles e inmuebles que pudieren corresponder en el futuro al INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, serán transferidos al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Las funciones que hasta la fecha del presente Decreto tenía a su cargo el mencionado Instituto, serán desempeñadas por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, a través de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El personal perteneciente a las CAJAS DE ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FAMILIARES y del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, mantendrá las mismas condiciones laborales y se regirá por la normativa legal y convencional vigente.
Los derechos y obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores, respecto a las CAJAS DE ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FAMILIARES así como con el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, subsistirán para con el SUSS, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto.
El ejercicio de las funciones que las leyes atribuyen a las CAJAS DE SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES FAMILIARES y al INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, serán desarrolladas a través del SUSS.
En un plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir del presente decreto, el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL su nueva estructura orgánico funcional, la cual deberá contemplar las disposiciones que establece el presente decreto.
El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL constituirá la comisión negociadora de los convenios colectivos de trabajo de conformidad con los niveles establecidos en el Artículo 1º del decreto Nº 200/88, dentro de los plazos dispuestos en la Ley Nº 23546.
Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 200/88, que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.  Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán elegir el nivel de negociación que consideren conveniente, de acuerdo con la siguiente tipología:
e) Convenio Colectivo de Empresa del Estado, Sociedad del Estado, Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, entidad financiera estatal o mixta comprendida en la Ley de Entidades Financieras, enumeradas en el Artículo 1º de la Ley Nº 14250 (t.o. por Decreto Nº 108/88).
Institúyese por un plazo de TREINTA (30) días a contar de la apertura de los registros respectivos, un régimen de retiro voluntario para el personal de organismos disueltos que no sea transferido a otros organismos públicos o bien a las empresas privadas que tomen a su cargo la explotación de las instalaciones de estos organismos, de acuerdo a las disposiciones del presente Decreto. El personal que se acoja al retiro voluntario percibirá el equivalente de un mes de remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor de TRES (3) meses, más un VEINTE POR CIENTO (20%). Dicho importe será liquidado en SIETE (7) cuotas mensuales iguales y consecutivas.
El personal que no sea transferido a otros organismos públicos o privados y que no se haya acogido al régimen de retiro voluntario será puesto en disponibilidad o se pondrá fin a su relación laboral según corresponda de acuerdo a su estatuto laboral.
Los interventores liquidadores deberán abrir dentro de los CINCO (5) días de su designación un registro de solicitudes de retiro voluntario, siendo responsables de dar curso a las mismas.
Los juicios que como actor o demandado tramiten los entes disueltos por el presente Decreto deberán ser continuados por el Servicio Jurídico del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS o del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, según corresponda.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá modificar el PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 1992, con el objeto de adecuarlo a las disposiciones del presente para su elevación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá contemplar en las modificaciones del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el año 1992 el refuerzo de los créditos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA para atender el fomento forestal, la conservación de suelos y la política fitozoosanitaria.
Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para modificar y suprimir las partidas presupuestarias de los organismos alcanzados por las disposiciones del presente.
Transfiérese al Estado Nacional el pasivo que pudieran tener los entes disueltos indicados en los Anexos I y II del presente.
Facúltase a la autoridad de aplicación del presente para disolver las comisiones asesoras sectoriales y por productos que funcionen en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Ratifícase lo dispuesto por los Artículos 29, 30, 31, 32 y 33 del Decreto Nº 1757/90. Los organismos cuyas funciones fueron modificadas y/o derogadas por aplicación del presente Decreto, deberán elevar en un plazo de noventa (90) días al COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA el nuevo ordenamiento orgánico funcional. La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION deberá, al cabo del plazo indicado, propiciar la publicación de un Texto Ordenado de todas las estructuras de la Administración Nacional, al que deberá actualizar periódicamente, de acuerdo a las modificaciones que sufra la estructura estatal.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS será la autoridad de aplicación y dictará las normas reglamentarias y de interpretación del presente Decreto, quedando expresamente facultado para determinar en cada caso el alcance de las normas aprobadas por el presente, salvo para lo dispuesto en los CAPITULOS VI y VII en cuyo caso será autoridad de aplicación el MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL. Cuando la reglamentación del presente involucre competencias de otras jurisdicciones, la autoridad de aplicación requerirá la intervención de las mismas.
El COMITE TECNICO ASESOR PARA LA DESREGULACION se abocará de inmediato al estudio de la aplicación de las normas del presente decreto en lo relativo a las siguientes actividades y mercados:
Deróganse todas las normas o disposiciones que se opongan a las del presente Decreto.
El presente Decreto es de aplicación obligatoria en el ámbito de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Invítase a las Provincias a adherir al régimen sancionado en el presente Decreto en lo que a ellas les competa.
Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION de los aspectos pertinentes del presente Decreto.
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  MENEM.  Domingo F. Cavallo.  León C. Arslanian.  Antonio E. González.  Avelino J. Porto.  José L. Manzano.  Antonio F. Salonia.