Source: https://ddhh.es/tribunal-europeo-de-derechos-humanos/procedimiento/ejecutividad-sentencias-tedh/
Timestamp: 2020-01-25 21:31:40
Document Index: 48480431

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 510', 'artículo 102', 'artículo 954', 'artículo 328']

Ejecutividad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. - DDHH ABOGADOS
Lo que dice el Convenio sobre ejecución de sentencias:
Supervisión en la ejecución de las sentencias del TEDH
Consecuencias de la no ejecución de la sentencia.
Consecuencias indirectas sobre la legislación del país condenado
El recurso de revisión como vía procesal de ejecución
Consecuencias internas de las Sentencias del TEDH
El artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), dice en sus apartados 1 y 5: “1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”; “5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.”
Como vemos, los Estados parte se comprometen a acatar las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los litigios en que intervienen.
Es el Estado el que debe encargarse de la ejecución de las sentencias del TEDH, si bien es cierto que tienen discrecionalidad para llevar a cabo dicha ejecución, a menos que el TEDH haya ordenado medidas o acciones específicas.
La supervisión corresponde al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano político principal del Consejo de Europa, asistido por el Departamento de Ejecución de sentencias.
En fase de ejecución debe examinarse si se toman o no las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución de las sentencias por parte de los Estados; dicha ejecución puede comprender no sólo el pago de las cantidades a las que haya podido ser condenado el Estado demandado, sino también, aquellas destinadas a restablecer, si es posible, la integridad del derecho vulnerado y evitar que persistan sus efectos.
En caso de incumplimiento el abogado que haya obtenido una sentencia favorable, pueden remitir el asunto al Comité de Ministros a fin de que solicite oficialmente que el Estado cumpla con dicha obligación.
En ocasiones, cuando la ejecución de la sentencia no se puede hacer de acuerdo al derecho interno del país, el Estado condenado podrá indemnizar mediante lo que se conoce como “satisfacción equitativa”.
Si el Estado no da virtualidad a la sentencia, el Comité de Ministros puede por decisión de la mayoría de dos tercios, solicitar que se ponga en marcha la regla que se introdujo en 2010 con el Protocolo 14, contenida en el artículo 46, que dice que el Comité de Ministros podrá “… plantear al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1” (art. 46.4 del CEDH); y comunicará dicha circunstancia al Comité de Ministros “para que examine las medidas que sea preciso adoptar” (art. 46.5 del CEDH); y que, si el TEDH declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos, y el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, “el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa” (art. 41 del CEDH).
El TEDH sólo puede declarar que ciertas acciones, omisiones, leyes o decisiones judiciales de un Estado vulneran el Convenio, pero no puede invalidar o anular esos actos, ni leyes.
En primer lugar los órganos jurisdiccionales han de interpretar los derechos fundamentales previstos en su Constitución nacional de conformidad con el Convenio, y si esto no fuera posible, el Estado debe modificar su Constitución o una ley para adaptarla al Convenio, y poner fin así a esas violaciones, por ejemplo, cambiando la legislación nacional.
Para resolver cierta incertidumbre que pesaba sobre la forma procesal que en España se ejecutaban las sentencias, llegaron reformas que fueron operadas en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso – administrativo y militar.
artículo 510 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por el apartado trece de la disposición final cuarta de la L.O.7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio);
artículo 102 Ley Reguladora de la Administración Contencioso – Administrativa, redactado por el apartado tres de la disposición final tercera de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio);
artículo 954 Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado por el apartado quince del artículo único de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales («B.O.E.» 6 octubre);
artículo 328 Ley Orgánica Procesal Militar, redactado por el apartado uno de la disposición final segunda de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio).
En consecuencia, con la L.O. 7/2015, de 21 de Julio y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, se regula la vía del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo como mecanismo óptimo para el reexamen de aquellas resoluciones firmes cuando de las mismas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que se ha derivado una violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH y sus Protocolos, y con ello establece la posibilidad de reapertura del procedimiento en el que se dictaron, para restituir el derecho vulnerado, la reparación del daño ocasionado, evitar una lesión actual y futuras de similares características
Entendemos el recurso de revisión como subsidiario en el sentido de que sólo se utilizará cuando la violación del derecho, por naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún modo que no sea mediante revisión.
En los últimos años, el Tribunal Europeo ha mostrado una disposición de ir más allá del mero juicio declarativo y concesión de una indemnización, enfatizando en algunas sentencias cómo la restitución del mal causado, y la no repetición de la violación debían ser consideradas las mejores reparaciones cuando era posible llevarlas a cabo.
Pongamos algún ejemplo de cambios normativos ocurridos en España como producto de sentencias del TEDH:
la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, tras 12 condenas del TEDH, para oír en segunda instancia a los acusados absueltos en primera instancia.
La sentencia Perote Pellón de 2002 obligó a adoptar garantías adicionales de imparcialidad en la composición de los tribunales militares.
Sentencia Moreno Carmona (2009) a reducir la duración de los procedimientos gracias a las nuevas tecnologías.