Source: http://beneficiosjudiciales.blogspot.com/2007/11/sentencia-t-434-de-2007.html
Timestamp: 2017-11-25 01:38:04
Document Index: 305491319

Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'artículo 14', 'artículo 906', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 351']

EJECUCION DE PENAS Y ALGO MAS: SENTENCIA T-434 DE 2007
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente Sentencia dentro del proceso de revisión de los fallos de instancia proferidos en los procesos correspondientes a los expedientes T-1517857, T-1518676, T-1549471 y T-1532009. Los procesos fueron acumulados para su revisión en auto de nueve (9) de febrero de 2007 y auto de dieciséis (16) de febrero de la misma anualidad, proferidos por la Sala de Selección Número Dos, por presentar unidad de materia.
Posteriormente, el señor Daniel Vicente Rodríguez Silva presentó petición reiterando su solicitud de rebaja de pena, con fundamento en el principio de favorabilidad. Tal solicitud fue resuelta mediante providencia de 28 de octubre de 2005, en la cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar quien nuevamente negó la aplicación favorable de la norma y reiteró que la implementación gradual del nuevo sistema de enjuiciamiento penal contenido en la Ley 906 de 2004 representaba un impedimento para conceder la rebaja solicitada.
4.1. Los señores Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos presentaron acción de tutela el 26 de agosto de 2006 con el fin de solicitar el amparo de su derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con fundamento en que estos despachos judiciales no les concedieron el beneficio penal consagrado en la Ley 906 de 2004 para la figura del allanamiento a cargos solicitado por los condenados, por virtud del principio de favorabilidad penal.
4.2. Los accionantes fueron condenados por coautoría a título de dolo en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mediante sentencia anticipada del veintiuno (21) de febrero de 2005 a la pena privativa de libertad de ciento treinta y tres (133) meses y diez (10) días, multa de 133.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2004 y sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante un lapso de 140 meses (6).
En este contexto, el juzgado sostuvo que la rebaja de pena contemplada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 “está aparejada con el quantum o cantidad de la pena que registran las conductas determinadas en la misma Ley 599 de 2000, pero con el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, luego es claro que se trata de dos fenómenos jurídicos que se cumplen en estadios diferentes y en ese orden de ideas, se consideran las peticiones invocadas y relacionadas con la redosificación de la pena para cada uno de los filiados, máxime cuando la preceptiva no establece parámetros fijos, sino que va de uno hasta la mitad y la rebaja otorgada a los mismos en la sentencia penal implementada está dentro de ese ámbito”(7).
En su providenciadla Sala estimó que la aplicación favorable de la normatividad penal debe ser ponderada con la gravedad y lesividad de la conducta punible desarrollada por el agente en el caso concreto. Por tanto, en criterio del tribunal, principios tales como equidad, proporcionalidad y razonabilidad, impiden conceder a los condenados una rebajare pena de hasta la mitad tal como lo concibe el artículo 906 de 2004. Lo anterior, pues en la sentencia condenatoria fueron destacados algunos aspectos como (i) la cantidad de droga incautada, que excedió 5 kilogramos de cocaína y 1.000 kilogramos de marihuana, factor que constituye una circunstancia de agravación punitiva, (ii) predisposición de los actores para huir ante la presencia de la fuerza pública cuando en alta mar se exigió una requisa de la nave en que transportaban droga, (iii) intento de huida de dos de los condenados, por lo cual se infiere que “no fue un procedimiento casual y clandestino sino el de personas dedicadas permanentemente a cometer delito s de tráfico de drogas en forma indeterminada, colocando de tal manera en grave riesgo la salubridad pública”, y (iv) las personas juzgadas representan un peligro para la sociedad y lo que es más grave, para su familia.
4.8. En oficio de dos (2) de octubre de 2006, el magistrado Luís Alberto Peralta Rojas expresó ante el juez de conocimiento de la acción de tutela que se atiene a los argumentos explícitos de la actuación consignados en providencia de diez (10) de mayo de 2006, donde fue confirmado el auto interlocutorio que negó la petición de redosificación penal impetrada por los actores.
6.1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, profirió sentencia de 12 de septiembre de 2006, en la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el peticionario. Dentro de sus consideraciones afirmó que no se cumplían los requisitos jurisprudenciales establecidos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que no fueron agotados los recursos judiciales ordinarios contra las providencias que negaron el beneficio judicial solicitado.
6.3. Adicionalmente, en relación con el alcance del fallo T-091 de 2006 de la Corte Constitucional manifestó lo siguiente (13):
Igualmente, sostuvo que “la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de ideas, procede cuando el afectado dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen”(14).
Igualmente, estimó que el no reconocimiento del beneficio penal solicitado por la accionante ante las autoridades correspondientes “es una materia eminentemente interpretativa, asunto que el juez constitucional no puede dirimir, toda vez que soslayaría la autonomía e independencia del juez natural, sin pasar por alto que, como se dijo, de la lectura de las providencias atacadas por esta vía se desprenden consideraciones jurídicas que, de manera razonada, sustentan la decisión, descartando la existencia de una vía de hecho”(16).
8.1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de diez (10) de octubre de 2006 negó el amparo constitucional solicitado por los accionantes. En el fallo señaló que la acción de tutela instaurada es improcedente ya que los actores cuestionaron una decisión proferida por juez natural, “debidamente razonada y no producto del alejamiento arbitrario, caprichoso o de la negligencia” (18).
En este orden de ideas, en criterio del ad quem, tanto los motivos esgrimidos por el Tribunal Superior del Distrito Superior de Buga referentes a circunstancias subjetivas que impedían conceder el beneficio penal solicitado corno los argumentos reiterados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela en relación con la imposibilidad de aplicar de manera favorable la rebaja penal del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a sentencias anticipadas permiten concluir la inaplicabilidad de la redosificación punitiva en el caso de los accionantes.
Con el fin de responder los problemas jurídicos planteados, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y analizará el cumplimiento de tales requisitos en los casos concretos, (ii) se referirá a la configuración de un defecto sustancial en providencias judiciales que niegan la aplicación favorable de la rebaja de pena consagrada en la Ley 906 de 2004 para el allanamiento a cargos a personas condenadas mediante sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000, (iii) estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en los casos objeto de revisión y, (iv) resolverá los casos concretos.
4. Ahora bien, la consagración constitucional del Estado social de derecho en Colombia implica que las actuaciones de las autoridades están sujetas a derecho, es decir a la normatividad vigente y en primer lugar, al texto fundamental. Por ello, en ejercicio de sus actuaciones corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos constitucionales reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales de conformidad con los cuales deben interpretarse los derechos constitucionales (21) .
6. No obstante, el ejercicio de este mecanismo de protección constitucional frente a providencias judiciales se encuentra sometido a un conjunto de requisitos que debe ser verificado en cada caso, los cuales han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional y permiten la procedencia de la tutela contra providencias judiciales (25).
Estas condiciones han sido clasificadas en dos categorías; Por una parte, requisitos de carácter general, los cuales se dirigen a analizar el agotamiento de vías judiciales ordinarias previas a la presentación de la acción de tutela, la existencia de un problema de relevancia y su carácter decisivo para vulnerar derechos fundamentales, la existencia de inmediatez en la presentación de la acción de tutela para controvertir una decisión judicial, la verificación de un perjuicio irremediable y por otra, requisitos especiales que se encuentran relacionados con la presencia de acciones u omisiones concretas en el trámite judicial que conducen a la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales como la ausencia de justificación de un fallo o el desconocimiento de normas procesales.
“2. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable (26). De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
“4. Cuando la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a la denominado vía de hecho por consecuencia (28).
9. En consecuencia, la tutela contra providencias judiciales es un mecanismo efectivo para proteger derechos fundamentales de las personas cuando estos resulten vulnerados en un trámite judicial. De igual manera, la existencia de causales de procedibilidad desarrolladas en la jurisprudencia constitucional genérica y específica permite que el mecanismo constitucional para la defensa de derechos fundamentales sea compatible con el principio de seguridad jurídica y autonomía de las autoridades judiciales.
Igualmente, han sido reseñadas algunas situaciones que configuran un defecto sustantivo vulneratorio de derechos fundamentales. De esta forma, en virtud del fallo T-061 de 2007 reiterado en providencia T-244 de 2007, el defecto sustantivo se presenta, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente(31), o no se encuentra vigente por haber sido derogada(32), o po r haber sido declarada inconstitucional(33), (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance(34), (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática(35), (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada(36), o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador .
El anterior criterio fue sostenido en sentencias T-091 de 2006, T-797 de 2006, T-966 de 2006, T-1026 de 2006, T-015 de 2007, T-082 de 2007, T-232 de 2007, donde esta Corte se pronunció sobre las implicaciones del principio de favorabilidad, en casos en los que personas sancionadas penalmente solicitaban la aplicación de beneficios penales consagrados en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para la figura del allanamiento o aceptación de cargos, a las condenas que les habían sido impuestas en sentencias anticipadas según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
De esta forma, en providencia T-941 de 2006, la Corte señaló (39):
“... se configura un defecto sustancial consistente en haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que no era la aplicable al caso concreto. Así, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad fundamentó su decisión en una providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual a los casos de los condenados que se acogieron a sentencia anticipada en vigencia del artículo 40 de la Ley 600 no les es aplicable, en virtud del principio de favorabilidad, la rebaja de pena establecida en el inciso 1 ° del artículo 351 de la Ley 906. Así mismo lo resolvió el tribunal accionado, al confirmar la sentencia del a quo.
En fallo T-015 de 2007, la Corte se pronunció sobre un caso en el cual una persona condenada mediante fallo anticipado proferido en el año 2002, solicitaba la aplicación por favorabilidad de la rebaja penal prevista en la Ley 906 de 2004 para la figura de allanamiento o aceptación de cargos. La pretensión del actor había sido concedida y posteriormente negada por el Tribunal Superior competente, con el argumento que las instituciones procesales fundamento de la pretensión del peticionario —sentencia anticipada y allanamiento o aceptación de cargos— no eran análogas y por ende, no era posible aplicar favorablemente los beneficios jurídicos consagrados al peticionario. Allí se precisó:
“Por consiguiente y en armonía con lo que ha sostenido la Corte en anteriores oportunidades, tratándose del tránsito legislativo entre la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, las autoridades judiciales pueden aplicar con carácter retroactivo la norma reciente y conferir beneficios establecidos en la misma si resultan más favorables en el caso particular frente a figuras jurídicas semejantes pero reguladas de manera distinta en las leyes mencionadas (40).
Igualmente, en providencia T-082 de 2007 esta corporación indicó que se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de un peticionario a quien le había sido negada la aplicación del principio de favorabilidad constitucional, frente a la petición de redosificación de la condena de prisión que le había sido impuesta en sentencia anticipada. Sobre la configuración del defecto sustantivo en la providencia judicial que había negado la aplicación del principio de favorabilidad al accionante se afirmó:
“28. Por consiguiente, la decisión del Tribunal Superior es violatoria del debido proceso del accionante, por cuanto desconoció la aplicación del principio de favorabilidad que permitía readecuar la condena impuesta al señor Jorge Luís Peñuela Marín mediante sentencia anticipada a la luz de los parámetros dispuestos en la ley para la figura del allanamiento o aceptación de cargos. Por este motivo, incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación di recta de la Constitución, al inaplicar el artículo 29 de la Carta en relación con el principio de favorabilidad”.
c) Dado que el texto constitucional regula toda aplicación de la normatividad penal, el principio de favorabilidad opera frente a normas procesales y de contenido sustancial (45);
d) La Ley 906 de 2004 puede aplicarse de manera favorable en relación con conductas que fueron juzgadas bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000. Así mismo, esta aplicación benéfica de la Ley 906 de 2004 puede presentarse en distritos judiciales donde la misma no ha entrado en vigencia, lo cual es compatible con el principio de igualdad constitucional (46).
De esta manera, el principio de favorabilidad es aplicable en relación con procesos concluidos y por ello, no es posible restringir la aplicación de la cláusula constitucional frente a personas que ya cuentan con sentencia condenatoria (47);
f) El principio de favorabilidad se encuentra supeditado a situaciones análogas reguladas de manera diferente en la normatividad. Por tanto, en caso de evidenciarse la existencia de una norma más favorable en el nuevo sistema relacionada con instituciones que guardan la misma identidad debe aplicarse la norma más benéfica (48).
A la luz de las sentencias T-091 de 2006, T-1026 de 2006, T-941 de 2006, T-015 de 2007 y más recientemente T-232 de 2007, las similitudes entre las figuras de terminación anticipada del proceso se presentan en diferentes ámbitos, a saber: (i) la finalidad de las figuras jurídicas es la misma, la cual consiste en mayor eficacia y eficiencia de la administración de justicia; (ii) el trámite de las figuras es similar pues ambas figuras están precedidas por una formulación de cargos contra el procesado; (iii) e n ambas situaciones existe control por parte del o la juez que interviene para verificar la protección de derechos fundamentales de la persona que se acoge a la terminación anticipada; (iv) el fundamento constitucional es la presunción de inocencia de la persona procesada; (v) ambas instituciones se surten de conformidad con el principio de publicidad, (vi) en la aplicación de las figuras de terminación anticipada las partes están sometidas al principio de lealtad y buena fe; (vii) Ambas instituciones conllevan una modalidad de confesión que implica la aceptación de responsabilidad por parte del procesado; (viii) En el trámite de las modalidades de terminación anticipada se demanda la asistencia de un defensor de la persona que va a aceptar su responsabilidad.
Igualmente, el principio de favorabilidad debe ser aplicado frente a instituciones con referente en el anterior sistema de enjuiciamiento penal. Por ello, dada la identidad de supuestos entre las instituciones de terminación anticipada del proceso penal reguladas tanto en la Ley 600 de 2000 como en la Ley 906 de 2004, corresponde a los jueces competentes aplicar de manera favorable las rebajas de penas previstas para la figura de aceptación o allanamiento a cargos a fallos condenatorios dictados mediante sentencia anticipada. Lo anterior, por cuanto la ausencia de aplicación del principio constitucional aun cuando el mismo es aplicable, constituye una vulneración de derechos fundamentales y una causal de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo de la providencia que omite aplicar el postulado constitucional.
15. Los accionantes instauraron diferentes acciones de tutela, por considerar que las decisiones adoptadas en distintas instancias por las autoridades judiciales demandadas —Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad o Tribunales Superiores del Distrito Judicial, según el caso— de denegar la aplicación favorable de la rebaja de pena prevista para la aceptación de cargos en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con la ejecución de la condena que les fue impuesta mediante sentencia anticipada regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
Así mismo, las decisiones de instancia en los trámites de acción de tutela negaron el amparo constitucional solicitado por diversos motivos, a saber: (i) la imposibilidad de homologar las figuras de sentencia anticipada —Ley 600 de 2000— y allanamiento o aceptación de cargos —Ley 906 de 2004— con el fin de aplicar favorablemente los beneficios consagrados en esta última normatividad y (ii) la improcedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales cuestionadas y contra las cuales podían ejercer los recursos contemplados en la jurisdicción ordinaria.
16.2. En los casos de los demandantes Henry Villarraga Prieto (Exp. T-1517857), Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez, Eleuterio Grueso Riascos (Exp. T-1519471) y Diana Said Manrique Aldana (T-1532009), la Sala observa que fueron agotados los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales. En efecto, en los expedientes se encuentran las copias de las sentencias proferidas en primera y segunda instancias, donde fueron resueltas las solicitudes de redosificación de las condenas impuestas mediante sentencia anticipada, a fin de que las mismas fueran rebajadas a la luz de lo dispuesto para la aceptación o allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004.
No obstante, en el caso del señor Henry Villarraga Prieto (Exp. T-1518676), el demandante no agotó el mecanismo ordinario de defensa de sus derechos. Lo anterior, por cuanto si bien solicitó en reiteradas oportunidades el beneficio penal de rebaja de pena previsto en la Ley 906 de 2004 ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente para ejercer la vigilancia del cumplimiento de su condena, las cuales le fueron resueltas de manera negativa, el peticionario, omitió impugnar tales decisiones es decir, presentar el recurso de reposición ante el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
18. En el expediente se encuentra demostrado que el señor Henry Villarraga Prieto fue condenado mediante sentencia anticipada de 28 de abril de 2004 a pena de 5 años, 5 meses y 14 días de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, (i) que en Auto Interlocutorio 1345 de 19 de diciembre de 2005, la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira redosificó la pena impuesta y la fijó en cincuenta y siete (57) meses y nueve (9) días y aplicó a la pena del peticionario la rebaja contemplada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004; (ii) que la decisión adoptada por la juez de Ejecución de Penas fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en providencia de cuatro (4) de abril de 2006.
En efecto, los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga acerca de la imposibilidad de conceder de manera favorable vulneraron el derecho del señor Henry Villarraga al debido proceso, ya que esta corporación ha establecido (i) que la aplicación favorable de los beneficios establecidos en la Ley 906 de 2004 para la figura de allanamiento o aceptación de cargos es posible frente a sentencias condenatorias dictadas de manera anticipada pues son figuras análogas en relación con las cuales opera el principio de favorabilidad, y (ii) que los beneficios penales de la Ley 906 de 2004 pueden ser aplicados en relación con procesos terminados a los cuales no les fue aplicado el aumento de penas contemplado en la Ley 890 de 2004(49).
22. Tal como fue señalado en el numeral 15.2 de las consideraciones precedentes en el expediente objeto de examen no se observar que el peticionario impugnó la decisión adoptada por el Juzgado de Ejecución Penal. Es decir, no agotó el recurso judicial ordinario previsto en la legislación contra la decisión adversa a sus pretensiones. Por tanto, no se cumplió el requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en relación con la necesidad de presentar recursos judiciales ordinarios contra la decisión judicial presuntamente violatoria de los derechos fundamentales(50).
29. Los señores Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos instauraron acción de tutela, por considerar que la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, así como por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga de negar la aplicación favorable del beneficio de rebaja de pena consagrado para la aceptación de cargos en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con la condena que les fue impuesta mediante sentencia anticipada, regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, violó su derecho fundamental al debido proceso y su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
En segundo lugar, importa recordar que la aplicación favorable de la rebaja penal establecida para el allanamiento o aceptación de cargos en la Ley 906 de 2004 no se encuentra restringida por aspectos como el aumento de penas contemplado en la Ley 860 de 2004. Lo anterior, por cuanto, la finalidad de la figura de terminación anticipada es buscar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia y por tanto, una vez se cumple este propósito y se termina el proceso corresponde la aplicación del beneficio penal.
Ahora bien, con el fin de hacer efectiva la protección del derecho constitucional al debido proceso y en particular la aplicación del principio de favorabilidad penal, la Sala adoptará dos clases de órdenes, a saber: (i) En el caso T- 1517857, donde el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concedió la aplicación del principio de favorabilidad y luego el tribunal revocó la rebaja penal, la Sala dejará sin efectos la decisión del tribunal concerniente a la no aplicación del principio de favorabilidad y en su lugar, confirmará la decisión del Juzgado de Ejecución de Penas que ordenó la rebaja de pena por virtud del principio de favorabilidad. (ii) Por el contrario, en los procesos T-1519471 y T-1532009 en los que tanto el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad como el Tribunal Superior negaron la aplicación del principio de favorabilidad, se dejarán sin efecto las decisiones relacionadas con la aplicación del principio de favorabilidad y se ordenará que el Juzgado de Ejecución de Penas correspondiente emita una nueva providencia que se ajuste a las consideraciones de esta sentencia en relación con la aplicabilidad del principio de favorabilidad penal.
5. DEJAR SIN EFECTO, el numeral segundo (2°) del auto de 21 de noviembre de 2005 dictado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que obra en el Expediente T-1519471 y negó la aplicación del principio de favorabilidad penal a la condena impuesta a la señora Diana Said Manrique Aldana e igualmente, la providencia de ocho (8) de junio de 2006 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué sobre la inaplicación del principio de favorabilidad penal a la condena de la peticionaria.
(40) Sobre la aplicación del principio de favorabilidad en el caso concreto, en Sentencia T-1026 de 2006, la Corte Constitucional sostuvo: “4.4 En resumen, habrá lugar a la aplicación de las disposiciones de la Ley 906 de 2004 a delitos juzgados al amparo de la Ley 600 de 2000, cuando (i) el efecto de las mismas sea más favorable al imputado o condenado, y (ii) no se trate de instituciones procesales o características del nuevo sistema procesal sin referente en el anterior. Estos requisitos deben ser verificados por el juez en cada caso, sujetándose a los imperativos normativos pertinentes y a los precedentes jurisprudenciales que rigen el asunto”.
(41) [Cita del aparte, transcrito] En un caso similar, en Sentencia T-1112 de 2005 la Corte Constitucional estimó que la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva de revocar la redosificación penal otorgada por un juez de ejecución con fundamento en el principio de favorabilidad, era violatoria de derechos fundamentales y permitía la procedibilidad de la acción de tutela. En su fallo afirmó “(...) el Auto de mayo 10 de 2005 del Tribunal Superior accionado, que revocó la mencionada redosificación de la pena al actor, incurrió en una de las causales, que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, vía de hecho por defecto sustantivo, al emplear interpretaciones inconstitucionales de la Ley 906 de 2004, e inaplicar las disposiciones que dada la favorabilidad eran pertinentes a las pretensiones del señor Cruz Vergara, desbordando así el principio de autonomía judicial en detrimento de los derechos fundamentales del afectado”.
(53) Este aspecto puede estudiarse en Sentencia T-232 de 2007, donde la Corte revisó un caso en el cual a la persona le había sido negada la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Popayán correspondiente y presentó acción de tutela sin agotar previamente el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito. Sobre la procedencia de la acción de tutela aun cuando no se observaba el agotamiento del mecanismo ordinario esta corporación afirmó:
“Es ineficaz en concreto, por cuanto como se puede constatar a través de piezas que forman parte del expediente el accionante se encuentra privado de la libertad en la jurisdicción del Distrito Judicial de Popayán, cuya máxima autoridad (el Tribunal Superior de Distrito) y quien debería resolver la impugnación contra la decisión que le negó el beneficio, se ha declarado contrario a la aplicación del principio de favorabilidad en casos similares (53). Lo que permite inferir una alta probabilidad de que ante u na impugnación en sede ordinaria se aplique el criterio ya expresado por esa corporación al definir la acción de tutela, oportunidad en la que se pronunció sobre el fondo del asunto, pese a haber argumentado una causal de improcedencia de la acción de tutela consistente en la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa como era la impugnación del auto, recurso que esa misma instancia debería resolver”.
Publicado por MANUEL MOSQUERA GARCES en 11/22/2007 09:16:00 a. m.
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