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Timestamp: 2016-10-24 13:20:51
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REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas
REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas Mis Leyes
REAL DECRETO 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas Estado	:
1721/2004	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE VIVIENDA	Artículo único. Modificación del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005Disposición adicional primera. Referencias al Ministerio de Vivienda.Disposición adicional segunda. Nueva cuantía del precio básico en el nivel nacional.Disposición adicional tercera. Solicitud de subvenciones por los inquilinos.Disposición adicional cuarta. Medidas de control y transparencia.Disposición adicional quinta. Referencias al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).Disposición adicional sexta. Eficiencia energética de los edificios.Disposición final única. Entrada en vigor.
Además, se abre a organismos públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, aunque bajo ciertas condiciones, la posibilidad de adquirir viviendas existentes salvo aquellas sujetas a regímenes de protección pública, con la financiación cualificada correspondiente, para destinarlas al arrendamiento, posibilidad que, hasta el momento, estaba reservada a entidades sin ánimo de lucro.
Uno. Se da nueva redacción al párrafo c) del artículo 1.1, y se le añaden dos nuevos párrafos, f) y g):
«c) La adquisición de otras viviendas existentes, libres o sujetas a regímenes de protección pública, cuando se trate de una segunda o posterior transmisión, o de viviendas libres, de nueva construcción o resultantes de actuaciones de rehabilitación, en las condiciones establecidas en este real decreto, sea para uso propio o para su cesión en régimen de arrendamiento por entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas.»
«f) La cesión de viviendas libres para arrendamiento, en las condiciones establecidas en este real decreto.
g) Las actuaciones de apoyo económico a los inquilinos, en las condiciones que se establecen en este real decreto.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo d) en el artículo 2.1.B, con la siguiente redacción:
«d) Otras subvenciones, destinadas a fomentar la oferta de viviendas libres en arrendamiento y a facilitar el pago de la renta a los inquilinos.»
Tres. Los párrafos b) y d) del artículo 3 quedan redactados del siguiente modo:
«b) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores individuales, para uso propio, o arrendatarios no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, ni lo sean sobre una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la actuación protegida, o del 60 por ciento, en el caso de familias numerosas. No será de aplicación la restricción correspondiente a la titularidad de viviendas libres cuando se trate de la financiación cualificada correspondiente a los supuestos contemplados en el apartado 7 del artículo 20 y en el párrafo c) del artículo 35.2 de este real decreto, siempre que se acredite que dichas viviendas van a ser arrendadas, directamente o mediante cesión, por cualquier otro título, a la comunidad autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla o a través de agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus actividades el arrendamiento de viviendas, para su alquiler en las condiciones previstas en dicho apartado.
«d) Que los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no hayan obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de planes estatales de vivienda, durante los 10 años anteriores a la solicitud actual de aquella. No será preciso cumplir esta condición cuando la nueva solicitud de financiación cualificada se deba a la adquisición o rehabilitación de una vivienda, para destinarla a residencia habitual y permanente, en otra localidad, como consecuencia del cambio de residencia del titular, o cuando se trate de una familia numerosa que acceda a una nueva vivienda de mayor superficie de la que poseía, o cuando la financiación cualificada previamente obtenida hubiera consistido en las subvenciones a inquilinos, previstas en este real decreto. En cualquier caso, será precisa la previa cancelación del préstamo cualificado anteriormente obtenido y la devolución, de las ayudas económicas directas obtenidas, actualizadas con los intereses legales, salvo en el supuesto de familias numerosas y de las mencionadas subvenciones a inquilinos.
Cuatro. El segundo párrafo del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«El Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, acordará, en el mes de diciembre de cada uno de los años de vigencia del Plan de Vivienda 2002-2005, o en cualquier otro momento, si las circunstancias lo aconsejaran, la cuantía del precio básico, habida cuenta de la evolución del Plan de Vivienda 2002-2005, de los indicadores públicos
de precios de las viviendas libres y de costes de la edificación residencial, de la evolución de los tipos de interés y de la situación general y previsible de la economía. Dicho acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del Estado.»
Cinco. El segundo párrafo del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
Seis. El apartado 2 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales, para uso propio, no podrán transmitir ínter vivos ni ceder el uso por ningún título de las viviendas para las que hubieran obtenido préstamo cualificado, durante el plazo de 10 años desde la formalización de dicho préstamo. Quedan exceptuadas las familias numerosas, en el supuesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 9 de este real decreto, así como los adquirentes previstos en el apartado 7 del artículo 20, en cuanto al arrendamiento de las viviendas; y podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, en caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda, o por otros motivos justificados, mediante autorización de la comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, excepto en el citado supuesto del artículo 20, se requerirá la previa cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la Administración o Administraciones concedentes en cada caso, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción.
Siete. El primer párrafo del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 12 quedan redactados del siguente modo:
«1. Los ingresos determinantes del derecho a la financiación cualificada vendrán referidos a los ingresos familiares, que se fijarán en función de la cuantía, en número de veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), corregida según se establece en los apartados 3 y 4 de este artículo, de la parte general y especial de la renta del período impositivo, reguladas en los artículos 38 bis y 39, y aplicando a la cantidad resultante la reducción prevista en el artículo 46 bis de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modificada por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre (que se corresponden con los artículos 39, 40 y 51, respectivamente, del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo), correspondiente a la declaración (o declaraciones) presentada por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la solicitud de financiación cualificada. A tal efecto, se atenderá al importe declarado o, en su caso, comprobado por la Administración tributaria. Si el interesado no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante declaración responsable, relativa a los artículos antes mencionados de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa.»
«2. A efectos de este real decreto, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.5 para las subvenciones a inquilinos, se entiende por ingresos familiares los determinados conforme al apartado 1 anterior, referidos a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ocho. El apartado 7 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«7. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha ley, podrán adquirir viviendas existentes a las que se refiere el artículo 23 de este real decreto, excepto las sujetas a regímenes de protección pública, para su cesión en arrendamiento a arrendatarios cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), ateniéndose a los plazos y rentas máximas previstos en este artículo, tomando como referencia la cuantía del precio básico en el ámbito nacional vigente en el momento de adquisición de la vivienda.
Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 21, con la siguiente redacción:
«4. Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en
su objeto social el arrendamiento de viviendas, que adquieran viviendas existentes para su cesión en arrendamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 20.7 de este real decreto, podrán obtener préstamo cualificado, con las características establecidas en el artículo 25. La duración de su período de amortización será de 10 ó 25 años, sin período de carencia.
La subsidiación para los préstamos cualificados obtenidos por los adquirentes de las viviendas existentes que van a ser cedidas en arrendamiento será la siguiente:Ver TABLA
Diez. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21, con la siguiente redacción:
«5. Podrán obtener las subvenciones al alquiler, a las que se refiere el artículo 2.1.B.d) de este real decreto, los inquilinos preferentemente jóvenes con edad no superior a los 35 años que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, cuyos ingresos familiares no excedan de 15.792 euros, calculados según los criterios establecidos en el artículo 12, y la renta anual a satisfacer por aquellos suponga, como mínimo, el dos por ciento y, como máximo, el nueve por ciento del precio máximo a que se refiere el artículo 20.2, último párrafo, de este real decreto. A estos efectos, la superficie máxima computable, para las viviendas, será de 90 metros cuadrados de superficie útil, y para el garaje y trastero, las previstas en el artículo 14.b), con independencia de que las superficies reales respectivas sean superiores.
Once. Se añade un nuevo párrafo final al apartado 1 del artículo 28, con la siguiente redacción:
Doce. Se añade un nuevo párrafo d) al artículo 31.2, con la siguiente redacción:
«d) Otras obras menores de reparación, en el supuesto contemplado en el artículo 35.2.c).»
Trece. El párrafo c) del artículo 35.2 queda redactado del siguiente modo:
«c) Podrán obtener una subvención con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda aquellos propietarios de viviendas libres cuya superficie útil no exceda de 120 metros cuadrados y las ofrezcan en arrendamiento, directamente o mediante cesión, por cualquier otro título, a la comunidad autónoma o a través de agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, mediante los procedimientos que establezca el órgano competente en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla. La subvención se destinará a cubrir los gastos de rehabilitación previa a la cesión en arrendamiento, que habrán de incluir los que se ocasionen para asegurar contra posibles impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. En todo caso, será necesario que la vivienda se destine a arrendamiento por un período mínimo de cinco años.
Disposición adicional primera. Referencias al Ministerio de Vivienda.
Disposición adicional segunda. Nueva cuantía del precio básico en el nivel nacional.
Disposición adicional tercera. Solicitud de subvenciones por los inquilinos.
Disposición adicional cuarta. Medidas de control y transparencia.
1. El Ministerio de Vivienda llevará a cabo las gestiones necesarias tendentes a acordar con las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla la coordinación de actuaciones en relación con las viviendas a las que se hace referencia en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, y, en su caso, la creación y funcionamiento de cuantos instrumentos de control y transparencia en la adjudicación de viviendas de protección pública puedan establecerse.
2. Igualmente, se realizarán las gestiones necesarias a efectos de acordar los mecanismos de relación y coordinación de las agencias de alquileres y otras sociedades públicas con similar objeto social, habida cuenta de las respectivas competencias, así como de la eventual existencia previa de agencias, empresas públicas o sociedades similares en algunas de las citadas comunidades autónomas y ciudades.
3. En el marco de los convenios celebrados entre el Estado y las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 43 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, estas informarán al Ministerio de Vivienda de los instrumentos complementarios de transparencia y de los mecanismos de control, en relación con las ayudas establecidas en este real decreto, que dispongan en el ejercicio de sus competencias.
Disposición adicional quinta. Referencias al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
Disposición adicional sexta. Eficiencia energética de los edificios.