Source: http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/2012/05/expediente-02111-2010-patc-lima.html
Timestamp: 2017-12-17 00:38:35
Document Index: 147002743

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 9']

heiner antonio rivera rodriguez: EXPEDIENTE 02111-2010-PA/TC LIMA SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LIMA Y CALLAO (SUTREL)
Ø Con fecha 27 de noviembre de 2007, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima - Callao emitió el Informe de ActuacionesInspectivas de Investigación recaído en la Orden de Inspección N.º 13577-2007-MTPE/2/12.3 (obrante a fojas 104), seguido a la empresa CAM PERÚ S.R.L., a través del cual se constató que existían fundados elementos probatorios que demostraban la existencia de una desnaturalización de la tercerización de servicios en la relación contractual entablada entre las empresas CAM PERÚ S.R.L. y EDELNOR S.A.A., tales como: a) que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, al quedar comprobado que utiliza la infraestructura, equipos mobiliarios y servicios que son propiedad de EDELNOR S.A.A.; b) que no existe una plena subordinación de los trabajadores de la empresa inspeccionada, al estar en muchos casos supeditados a órdenes o directivas de la empresa EDELNOR S.A.A.; c) que la empresa inspeccionada no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, entre otros. En base a todo ello, la Dirección Regional de Trabajo concluyó que era de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N.º 003-2002-TR, agregado por el Decreto Supremo N.º 020-2007-TR. Asimismo, este informe recomendó la emisión de una orden de inspección similar para la empresa EDELNOR S.A.A.
Ø Siendo ello así, con fecha 24 de abril de 2008, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo expidió el Informe de Actuaciones Inspectivasrecaído en la Orden de Inspección N.º 3870-2008-MTPE/2/12.3 (obrante a fojas 120), seguido a la empresa EDELNOR S.A.A., a través del cual se volvió a verificar la desnaturalización antes aludida. Asimismo, este informe constató que la empresa inspeccionada no había cumplido con la medidainspectiva de requerimiento adoptada con fecha 17 de abril de 2008, referida al registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago, razón por la cual se resolvió elaborar el Acta de Infracción N.º 1281-2008-MTPE/2/12.3 (obrante a fojas 134), que propuso la imposición de una multa para la mencionada empresa.
3. Notificar al Ministerio de Trabajo a efectos de que atienda a lo dispuesto en el fundamento 16 de esta sentencia.
Finalmente, existen también algunas regulaciones sectoriales, como es el caso del Decreto Supremo N.º 005-2008-EM, que reestructura el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros, y el Decreto Supremo N.º 004-2007-TR, que crea el Registro Nacional de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Construcción Civil.
17. En el ámbito internacional, es del caso mencionar el fallido intento de aprobación, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de un proyecto de Convenio Internacional sobre el trabajo en régimen de subcontratación, en 1998. Pese a ello, en 2006, la 95ª Conferencia Internacional aprobó un marco más amplio y general que, con las debidas modulaciones, resulta perfectamente aplicable a las relaciones laborales triangulares surgidas a partir de la tercerización. Se trata de la Recomendación N.º 198, sobre la relación de trabajo [Conferencia Internacional del Trabajo. Recomendación 198 sobre la relación de trabajo, 95ª reunión, Ginebra, 2006], cuyas principales líneas directrices, en lo que aquí interesa, podemos sintetizar en los siguientes tres puntos:
Si bien no existe un estudio de campo que precise la relación de causalidad entre las condiciones de inseguridad laboral de la tercerización y la ausencia de sindicatos, resulta claro que la particular configuración de estas relaciones triangulares, como ya se explicó, no sólo inhibe, sino que obstaculiza el ejercicio de la libertad sindical; con la agravante de que dicha ausencia de sindicatos impide la consecución de adecuadas condiciones remunerativas y de trabajo, que es el otro gran problema presente en las empresas tercerizadoras.
35. En el contexto descrito, por lo demás de innegable relevancia constitucional, estimo que el marco normativo aplicable a la figura de la tercerización, actualmente conformado por la Ley N.º 29245 y el Decreto Supremo N.º 006-2008-TR, representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los trabajadores ante la descentralización productiva, en comparación con la normativa laboral precedente. En efecto, la Ley N.º 29245 incluyó, por ejemplo, el reconocimiento de que “la aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” (artículo 2). Del mismo modo, se previó que esta forma de contratación “no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical, pudiendo en tales casos los afectados proceder a impugnar las prácticas anti-sindicales realizadas” (artículo 7.3 y 4). Igualmente, la norma reconoce el derecho de los afectados a recurrir a las instancias administrativas y judiciales con el fin de solicitar “la verificación de la naturaleza de los contratos sujetos a modalidad de acuerdo con la legislación laboral vigente” o “impugnar la no renovación de un contrato para perjudicar el ejercicio de la libertad sindical y de negociación colectiva o en violación del principio de no discriminación” (artículo 7.4). Otro aspecto crucial, tomado de la Ley de Intermediación Laboral, y que ya se abordó en esta sentencia, fue la inclusión de la previsión contenida en el artículo 5, según el cual “los contratos de tercerización que incumplan los requisitos previstos por la ley e impliquen una simple provisión de personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal”. Por último, otra reforma esencial, aunque incompleta como veremos, es la que establece a la “empresa principal como solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados”, aunque solamente para los supuestos de “realización de obras o servicios con desplazamiento de personal de la empresa tercerizadoras” y “por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado” (artículo 9).
36. Previamente a dicho examen, sin embargo, es necesario abordar una cuestión previa, que guarda no obstante directa relación con el problema constitucional reseñado en el fundamento anterior y que ha llamado particularmente mi atención. Esta cuestión tiene que ver con el alcance de la obligación de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores afectados por el instituto de la tercerización, esto es: si dicha obligación de protección puede derivarse solamente de un previo establecimiento en la ley, con lo cual el problema se reconduce a una desidia legislativa que deberá ser reparada por las autoridades democráticas competentes en su debida oportunidad, o si la obligación de equilibrar el impacto de la tercerización en los derechos de los trabajadores esresponsabilidad también de las empresas, al margen de las determinaciones previstas en la ley. Se tratar de escudriñar pues cuál es el grado de responsabilidad (y vinculación) de las empresas con respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores, esto es, si sobre dichas empresas recae, paralelamente a las libertades económicas que las amparan, algún o algunos deberes constitucionales que estarían en la obligación de cumplir. Este asunto será desarrollado a partir de dos líneas de argumentación, con el objeto adicional de clarificar la medida en que puede hablarse de una relación detercerización justa y válida desde un punto de vista constitucional: i) el tema de la responsabilidad social de la empresa y ii) el asunto de los deberes fundamentales en el Estado Constitucional.
§8. Sobre la responsabilidad social de la empresa en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
40. Lo dicho anteriormente cobra especial relevancia en un escenario, globalizado y de libre comercio, donde las empresas han adquirido una enorme preponderancia, tanto directa como indirectamente, en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, y cuya satisfacción fuera, en otro tiempo, una competencia exclusiva del Estado. En este escenario de “dependencia” de los derechos respecto a la actividad económica de las empresas, resulta evidente que a estas últimas les toca a asumir un rol protagónico en la realización de los mismos, apartándose de una visión estrictamente economicista o utilitaria de su objeto social. La responsabilidad social empresarial supone, en este contexto, aceptar que el compromiso con los derechos no es un asunto que hoy por hoy, quepa dejar sólo en cabeza del Estado, desconociendo la enorme incidencia que tiene la empresa privada en su vigencia y disfrute efectivo.
41. En el ámbito internacional, la responsabilidad social empresarial ha sido materia de un importante desarrollo, el mismo que, a pesar de estar plasmado en instrumentos que no revisten carácter vinculante, constituye empero una importante herramienta interpretativa a efectos de dotar de contenido al concepto en cuestión. Estos parámetros han sido incluidos en mecanismos de derecho no vinculante (como las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE o la Declaración Tripartita de la OIT de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social) o, incluso, provienen de iniciativas voluntarias (como es el caso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas), por lo que revisten el carácter de normas de soft law, vale decir, de guías que sin dejar de tener un efecto jurídico, no terminan por vincular a los Estados, representando su contenido un código de conducta que carece de coerción y ejecutabilidad.
Publicado por heiner antonio rivera rodriguez en 11:32