Source: http://legislacion.derecho.com/acuerdo-12-febrero-2007-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-de-cooperacion-205278
Timestamp: 2016-10-23 12:10:31
Document Index: 6861733

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 13']

ACUERDO para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006
ACUERDO para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006	ACUERDO para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006 Mis Leyes
ACUERDO para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Moldavia, hecho en Chisinau el 11 de mayo de 2006 Estado	:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	Artículo 1. Definiciones.Artículo 2. Promoción y admisión de inversiones.Artículo 3. Protección.Artículo 4. Tratamiento nacional y de Nación más favorecida.Artículo 5. Expropiación.Artículo 6. Compensación por pérdidas.Artículo 7. Transferencias.Artículo 8. Aplicación de otras disposiciones.Artículo 9. Subrogación.Artículo 10. Solución de controversias entre las Partes Contratantes.Artículo 11. Controversias entre una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante.Artículo 12. Ámbito de aplicación.Artículo 13. Entrada en vigor, duración y extinción.
ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA
El Reino de España y la República de Moldavia, en adelante denominados «las Partes Contratantes»,
a) por «nacional» se entenderá toda persona física que, de conformidad con la legislación de una Parte Contratante, se considere nacional de la misma;
b) por «sociedad» se entenderá toda persona jurídica o cualquier otra entidad jurídica constituida o debidamente organizada de otro modo, de conformidad con la legislación aplicable de esa Parte Contratante y que tenga su domicilio social en el territorio de esa misma Parte Contratante, tales como sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones empresariales;
2. Por «inversión» se entenderá todo tipo de activos que hayan sido invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentos de esta segunda Parte Contratante, incluidos en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
a) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales, tales como hipotecas, gravámenes, prendas y derechos similares;
c) el derecho a aportaciones monetarias o a cualquier otro tipo de prestación en virtud de un contrato que tenga un valor económico y que estén relacionadas con una inversión;
Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por cualquier entidad jurídica de esa misma Parte Contratante pero que sea propiedad o esté controlada efectivamente por inversores de la otra Parte Contratante se considerarán también inversiones realizadas por inversores de la segunda Parte Contratante, siempre que se hayan efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la primera Parte Contratante.
4. Por «territorio» se entenderá el territorio terrestre, las aguas interiores y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes, así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extienda fuera de los límites del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes y sobre la cual éstas tengan o puedan tener jurisdicción y/o derechos soberanos según el derecho internacional.
2. Cuando una Parte Contratante haya admitido en su territorio una inversión, concederá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios en relación con dicha inversión y con la ejecución de acuerdos de licencia y de contratos de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante se esforzará por expedir, en caso necesario, las autorizaciones necesarias en relación con las actividades de consultores y otras personas cualificadas, con independencia de su nacionalidad.
2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o enajenación de dichas inversiones. Cada Parte Contratante respetará toda obligación que haya contraído por escrito con respecto a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y que sean claramente acordes con la legislación interna aplicable.
3. El tratamiento concedido en virtud de los apartados 1 y 2 del presente artículo no se interpretará en el sentido de que se obligue a una Parte Contratante a hacer extensivo a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de su pertenencia o asociación a cualquier zona de libre comercio, unión aduanera, unión económica o unión monetaria o a cualquier otra organización de integración económica regional, futura o ya existente.
4. Las medidas que se deban tomar por motivos de seguridad y orden públicos o de salud pública no se considerarán «tratamiento menos favorable» a efectos del presente articulo.
2. Dicha indemnización corresponderá al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación o de que la inminencia de la expropiación, si esto ocurriera antes, se anunciaran públicamente (en lo sucesivo denominada «fecha de tasación»).
3. Dicho valor justo de mercado se calculará en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio de mercado vigente para esa moneda en la fecha de tasación. La indemnización incluirá intereses a un tipo comercial establecido sobre la base del mercado para la moneda de tasación desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago. La indemnización se pagará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible.
1. A los ínversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, disturbios civiles u otros acontecimientos similares, esta última Parte Contratante les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que conceda a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado, aplicándose el tratamiento que resulte más favorable para el inversor afectado. Los pagos que se deriven de ello serán libremente transferibles.
a) la requisa de su inversión o de una parte de la misma por las fuerzas o autoridades de esta última Parte Contratante; o
b) la destrucción de su inversión o de una parte de la misma por las fuerzas o autoridades de esta última Parte Contratante, sin que lo exigiera la necesidad de la situación,
1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones. Dichas transferencias incluirán en particular, aunque no exclusivamente;
2. Si la controversia no pudiera resolverse por conducto diplomático en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.
5. El tribunal arbitral emitirá su decisión sobre la base del respeto de las leyes y de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, así como de los principios universalmente aceptados del derecho internacional.
1. Las controversias que puedan surgir entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante con respecto a una inversión en el sentido del presente Acuerdo serán notificadas por el inversor, en forma escrita e incluyendo información detallada, a la primera Parte Contratante. En la medida de lo posible, las Partes se esforzarán por resolver dichas controversias de forma amistosa.
el tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión; o
un tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido según el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; o
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) establecido en virtud del «Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados», abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965 en caso de que ambas Partes Contratantes lleguen a ser Partes en dicho Convenio. Mientras una Parte Contratante que sea parte en la controversia no haya llegado a ser Estado Contratante del Convenio arriba mencionado, se dirimirá la controversia según las reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos del CIADI.
las disposiciones del presente Acuerdo y de los demás acuerdos en vigor entre las Partes Contratantes;
las normas y los principios universalmente aceptados del derecho internacional; y
el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de leyes.
5. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las decisiones de conformidad con su derecho nacional.
1. Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a las inversiones realizadas, tanto antes como después de su entrada en vigor, por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación escrita en que una de las Partes Contratantes haya notificado a la otra Parte Contratante, por conducto diplomático, el cumplimiento de las formalidades legales internas exigidas para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez años. Su validez se prorrogará automáticamente por períodos consecutivos de diez años, salvo que seis meses antes de la expiración del período inicial o de cualquiera de los periodos subsiguientes, cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante su intención de denunciar el presente Acuerdo.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de extinción del presente Acuerdo, sus disposiciones seguirán surtiendo efecto por otro período de diez años a partir de dicha fecha de extinción.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos, debidamente autorizados por sus Estados, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Chisinau, el 11 de mayo de 2006, en dos ejemplares originales, en español, moldavo e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto inglés.
Juan Pablo García-Berdoy Cerezo,
El presente Acuerdo entró en vigor el 17 de enero de 2007, fecha de la última notificación del cumplimiento de las formalidades legales internas, según se establece en su artículo 13.1.
Madrid, 25 de enero de 2007.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.
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