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Timestamp: 2019-08-23 11:04:08
Document Index: 43601588

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 703', 'artículo 711', 'artículo 615', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 771', 'artículo 705', 'artículo 705', 'artículo 80', 'artículo 508', 'artículo 43', 'artículo 508', 'artículo 22']

Boletin Correspondiente a 2015-05-20Regresar
BENEFICIO DE AUDITORIA - Firmeza anticipada de las declaraciones de renta. Presupuestos
El beneficio de auditoría es una figura especial para otorgar firmeza a las declaraciones tributarias que se configura por el cumplimiento de unos presupuestos de hecho que el legislador ha consagrado para su procedencia y que hace que la declaración se torne inmodificable tanto por la Administración como por los administrados.
De la norma antes transcrita se tiene que:
El beneficio se aplica a las declaraciones privadas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de los períodos gravables 2000 a 2003.
Se debe aumentar el impuesto neto de renta en dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior.
La declaración debe presentarse con pago y en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
La declaración quedará en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación, no se hubiere notificado emplazamiento para corregir. Frente a este último requisito, la Sala, en la sentencia antes anotada, reconoció que "si bien en las normas generales el emplazamiento para corregir sólo suspende el término de firmeza, la naturaleza que le da el legislador a esta actuación, en la Ley 633 de 2000, es la de frustrar el beneficio, si se notifica dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la presentación de la declaración (…)".
La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues, así, se dan a conocer éstas a los administrados para que puedan ejercer su derecho de defensa; a su vez, mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo).
( 2015-05-20) Consultar
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión.
De conformidad con el artículo 703 del Estatuto Tributario, antes de efectuar la liquidación oficial de revisión, la Administración Tributaria debe enviar al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta.
A su turno, el artículo 711 ibídem señala que la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.
De las normas en cita se puede concluir que antes de proferir la liquidación oficial de revisión, la Administración debe notificar al contribuyente un requerimiento especial con cada uno de los aspectos que propone modificar y con las explicaciones en que se fundamenta y que el acto de determinación se debe concretar únicamente a la información contenida en la declaración privada del contribuyente y a los hechos que fueron planteados en el requerimiento especial o en su ampliación.
De acuerdo con lo anterior no es cierto que se haya violado el derecho de defensa y el debido proceso o que hubiera falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión. Cosa diferente es que en la liquidación de revisión se analizaron los argumentos expuestos por la contribuyente en la respuesta al requerimiento especial, como correspondía, y se mantuvo la confirmación de la glosa propuesta por la División de Fiscalización; por lo tanto, el desconocimiento propuesto en el requerimiento especial no se modificó en la liquidación de revisión.
ANULACION DE FACTURAS - Cuando se trata de servicios no se puede devolver el mismo como consecuencia de la anulación. Requisitos de anulación.
Parte la Sala de advertir que la actora es una persona natural que ejerce una profesión liberal que, por lo tanto, no está obligada a llevar contabilidad. Por otra parte, el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que quienes ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a éstas, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyente o no contribuyente de los impuestos administrados por la DIAN.
Expedida una factura respecto de una operación económica realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede aseverarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación. Con posterioridad a tal hecho puede ocurrir que deban anularse algunas facturas ya expedidas porque:
i) se ha facturado un valor diferente del producto vendido;
ii) la identificación del comprador es equivocada; y por yerros en otros conceptos que afectan su validez.
Si bien es cierto, en la venta de productos cuando se anula una factura la mercancía vuelve al vendedor, cuando se trata de la prestación de un servicio no es posible que el servicio prestado regrese al prestador, así como tampoco es posible que el cliente se despoje o devuelva el servicio recibido ya que el servicio, una vez prestado, es imposible de recuperar.
Para la Sala, diferente a lo afirmado por la actora, existe respaldo probatorio para adicionar ingresos por concepto de facturas anuladas, que fueron recaudadas en la diligencia de registro y en la verificación realizada a la contribuyente los días 29 y 30 de junio y 15 de julio de 2005 a la dirección Calle 22 N° 15-53 Oficina 505 de Armenia, y como antes se anotó, las facturas no tienen la constancia de anulación ni se aportó la original y copia de las mismas.
Se resalta, además que la actora no aportó pruebas que desvirtuaran la adición determinada por la Administración y, que igual que el cargo anterior, se limitó a alegar la improcedencia de la adición de ingresos.
SISTEMA DE CAUSACION - Para el reconocimiento de costos debe aportarse las facturas con el cumplimiento de requisitos.
Del artículo 87 del E.T. se concluye que existe una limitación de orden legal para la procedencia de costos y deducciones imputables a la actividad de servicios relacionados con los profesionales independientes, en el sentido de que fiscalmente no pueden exceder del 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad, esta limitación no se aplica si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente.
Para la Sala, lo cierto es que, en todo caso, los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.
La DIAN manifestó que los costos se limitaron al valor establecido en el artículo 87 del Estatuto Tributario, esto es, al 50% de los ingresos obtenidos por la contribuyente como bacterióloga, por no adjuntar los documentos soportes. Agregó que por los cruces de información con terceros, relacionados con la actora, determinó el valor real de los mismos, estableciendo diferencias.
Según las disposiciones transcritas, quienes no están obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación, como ocurre en el presente caso, sus costos se entenderán realizados cuando se paguen efectivamente y requerirán para su reconocimiento de las facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, requisitos que no fueron acreditados por la actora.
Para la Sala, estas diferencias no fueron desvirtuadas por la demandante, a quien le correspondía, conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, antes citado, pues, en efecto, no aportó las facturas o documentos equivalentes con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.
BENEFICIO DE AUDITORIA - Objeto
REQUERIMIENTO ESPECIAL - Notificación.
En firme las declaraciones privadas el contribuyente no podía ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto del año 2002, siempre que a la fecha de entrada en vigencia la ley no se hubiere notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 705-1 del E.T., el término para notificar el requerimiento especial en ventas y retención en la fuente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del E.T., son los mismos que correspondan a la declaración de renta, respecto de los períodos que coincidan con el correspondiente año gravable.
Por su parte, la declaración de ventas por el año gravable 2002, segundo período, fue presentada el 10 de mayo de 2002 y corregida el 22 de octubre del mismo año. Entonces, de acuerdo con el artículo 705-1 del E.T., la declaración quedaba en firme el 9 de mayo de 2005, pues, como se dijo, el término para notificar el requerimiento especial y para que quedaran en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, que empiezan a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.
Si, por el contrario, la declaración es extemporánea, el término inicia a partir de la fecha de presentación de la liquidación privada inicial y si refleja un saldo a favor, se cuenta a partir de la presentación de la solicitud de compensación o devolución.
Adicionalmente, advierte la Sala, que el beneficio por actualización de patrimonio establecido en el artículo 80 de la Ley 788 de 2002 sólo se adquiría en relación con las declaraciones de renta. No era extensivo ni a las declaraciones por el impuesto sobre las ventas ni a las declaraciones presentadas por concepto de retención en la fuente, en razón de que dicho beneficio estaba circunscrito estrictamente al concepto de renta y "en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen".
ACTUACION DE FISCALIZACION E INVESTIGACION DE LA DIAN - Debe adelantarse para efectos de la reclasificación al régimen común
En relación con el alcance y aplicación concreta de la facultad de reclasificación conferida por el artículo 508-1 del E.T., se observa que la Sala ya se ha pronunciado sobre el tema con fundamento en dicha normatividad y la que en general regula la formación y expedición de los actos administrativos, acogiendo además los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que decidió sobre su constitucionalidad, posición jurídica contenida entre otras, en las sentencias de julio 14 de 2000, Expediente 9996, Actor: Alberto Daniel Múnera Cabas y de julio 28 de 2000, Expediente 10073, Actor: Roberto Uribe Ricaurte, M.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, en las cuales precisó:
"....Como en su momento lo expresó la Corte Suprema de Justicia, ya en vigencia de la nueva Carta, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 49 de 1990, incorporado como artículo 508-1 del Estatuto Tributario, la atribución otorgada no equivale a que el funcionario en ejercicio de ella, pueda adoptar una decisión arbitraria y desprovista de la sujeción a la regulación legal integral de la cual forma parte que tornaría el acto en simple expresión de una voluntad omnímoda y caprichosa del funcionario. (…).
Precisa entonces la Sala, que el hecho de que la norma fundamento del acto acusado, permita que el Administrador de Impuestos Nacionales proceda oficiosamente, ello no quiere decir que esa reclasificación pueda hacerse sin que se adelante una actuación de fiscalización e investigación por parte de la DIAN y sin que sea posible entender, como entiende la Entidad, que al variar el contexto normativo, tal soporte investigativo no se requiera.
La Norma Internacional de Auditoría –NIA 500- establece que el auditor debe obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría para poder llegar a conclusiones razonables en las cuales apoya la opinión de auditoría. En la búsqueda de evidencia, normalmente, no se examinan todas las transacciones y el auditor no es ajeno a la posibilidad de errores e irregularidades tanto en el saldo de cuentas, como en la validez de las transacciones.
Esto origina incertidumbre que lo coloca en el dilema de examinar en su totalidad los datos o aceptar un margen de error implícito al probar una muestra, que debe ser suficientemente representativa de los hechos que busca examinar. Estos riesgos se pueden mitigar si el auditor puede confiar en el control interno y en las pruebas sustantivas que le permiten descubrir ocasionalmente los errores más relevantes.
La NIA 530 aplica cuando el auditor ha decidido usar el muestreo de auditoría en la realización de los procedimientos de auditoría. La norma admite dos enfoques de muestreo: el probabilístico y no probabilístico. Sin embargo, sobresale el criterio profesional, respaldado por la experiencia del auditor.
El artículo 22 de la Ley 1739 de 2014 define que la sobretasa a la renta sobre la equidad CREE aplicará a las rentas gravables a partir de $800 millones y que su tasa será el 5%, 6%, 8% y 9% para los periodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente.
Por ser un impuesto que se relaciona con las ganancias sujetas a imposición (NIC 12, párrafo 2), está dentro del alcance de la NIC 12, tanto para el impuesto a las ganancias corriente como diferido.
El límite mínimo de $800 millones, hace que el porcentaje de esta sobretasa no se pueda simplemente sumar a la tasa del impuesto de renta (25%, en general) y a la tasa del impuesto a la equidad CREE (9%, en general) para aplicarla a las diferencias temporarias con el fin de calcular el impuesto a las ganancias diferido. Una solución para integrar la sobretasa en este cálculo, podría ser ponderarla sobre la renta gravable esperada total, teniendo en cuenta el límite mínimo de $800 millones.