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Timestamp: 2019-10-23 05:29:26
Document Index: 161789652

Matched Legal Cases: ['artículo 320', 'artículo 257', 'artículo 335', 'artículo 334', 'artículo 8', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 1982', 'artículo 1982', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1969', 'Artículo 1982', 'Artículo 1982', 'Artículo 1982', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 320', 'artículo 244', 'artículo 210']

Sentencia nº RC.000628 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 27 de Octubre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593322226
Número de Expediente: 15-361
Exp. 2015-000361
En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, incoado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano abogado A.D.P.R., actuando en su propio nombre y representación, contra el ciudadano J.C.M.M., patrocinado judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión L.A.G.S., E.V.P.C., A.M.P. y F.G.M.; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 13 de abril de 2015, dictó sentencia definitiva declarando lo siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 07 (sic) de noviembre de 2014, por la abogada F.G.M., contra la sentencia de 11 de agosto de 2014, la cual declaró procedente el derecho del abogado Armando de Pedraza Rodríguez a cobrar honorarios profesionales al ciudadano J.C.M.M., proferida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de fecha 11 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo…
Contra la antes citada sentencia, la parte intimante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1°, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia N° 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente N° 1999-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra J.M.P.S., determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "…El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.
En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1353 de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 2007-1354, caso: Corporación Acros, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque “...asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)...”, que “…la casación de oficio no viola principios o garantías constitucionales, pues, al contrario, se trata de una labor que responde a la protección y vigencia del Texto Fundamental…”, y que “…la casación de oficio no viola el derecho a la defensa pues no se trata de un caso de tutela de intereses particulares, sino de respeto del orden público y de las normas constitucionales.” (Sent. N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente N° 2000-1561, caso: J.G.S.N., y otros. Sala Constitucional), esta Sala de Casación Civil, procede a obviar las denuncias articuladas en el recurso extraordinario de casación, dado que la infracción evidenciada no fue denunciada por el formalizante.
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...”. Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción...”. (Negrillas y subrayado de la Sala).
Por su parte, también tiene establecido la doctrina de esta Sala, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 del 11 de agosto de 2004, caso P.A.N.S. y otros, contra C.D. de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:
En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana C.Y.M.B., que dispuso lo siguiente:
“...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: L.E.H.G. y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Destacados de esta Sala).
De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas, por ser materia de orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad de la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.
Ahora bien, en el presente caso esta Sala ha evidenciado de la lectura del fallo recurrido, una infracción de orden público en su formación, por el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia, y al respecto observa:
Corresponde conocer y decidir a esta Alzada, del recurso de apelación interpuesto en fecha 07 de noviembre de 2014, por la abogada F.G.M., identificado en autos, en su carácter de apoderado judicial de la parte intimada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 11 de agosto de 2014, en la cual declaró procedente el derecho del abogado Armando de Pedraza Rodríguez a cobrar honorarios profesionales al ciudadano J.C.M.M., en los siguientes términos:
De la sentencia parcialmente transcrita, se evidencia que el Tribunal de origen considera que en el caso de marras no transcurrió el lapso de prescripción previsto en el artículo 1982 del Código Civil, y por cuanto los conceptos contenidos en el escrito de estimación, fueron debidamente probados prospera el derecho al cobro de los honorarios profesionales.
Por otra parte, se evidencia que estamos en presencia de una demanda que viene dada por estimación e intimación de honorarios profesionales incoada por el profesional del derecho, abogado Armando de Pedraza Rodríguez, contra el ciudadano J.C.M.M., en la cual se pretende el cobro de Treinta y Dos Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos Bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. 32.777.582,25), ahora Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete con Cincuenta y Ocho Céntimos (Bs. 32.777,58).
Ahora bien, el procedimiento para el cobro de honorarios profesionales, es el medio por el cual un abogado pretende el pago de sus servicios prestados en algún procedimiento judicial o extrajudicial, el cual tiene un tiempo para interponerlo y en razón a esto, quien aquí suscribe, considera oportuno traer a colación lo señalado en el ordinal 2º del artículo 1982 del Código Civil Venezolano:
Se prescribe por dos años la obligación de pagar:
2º.- A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos.
En cuanto a los pleitos no terminados, el tiempo será de cinco años desde que se hayan devengado los derechos, honorarios, salarios y gastos
De la norma precedente, se observa que el lapso de prescripción para los abogados, procuradores y a toda clase de curiales, en cuanto a los honorarios, derechos, salarios y gastos, es de dos años, los cuales se comenzaran a computar si ha concluido el juicio a partir de la sentencia, si se produce un acto de auto composición procesal, a partir de que este se haya consumado, cuando el abogado haya cesado en su ministerio y por excepción si el juicio no ha concluido el tiempo será de cinco años.
Ahora bien, en relación a esta figura de prescripción señalada en el artículo 1.982 del Código de Procedimiento Civil, es importante decir que esta es conocida como una prescripción presuntiva y tiene su fundamento en una presunción de pago en virtud que se refiere a deudas cuyo pago es generalmente exigido con prontitud, de manera que transcurrido el tiempo previsto en la ley y ante la dejadez del acreedor de hacer valer su acreencia, se presume cumplida o satisfecha la obligación; diferenciándose así de la prescripción extintiva que libera al deudor de su obligación, pero no la extingue, ya que lo que extingue es la acción que sanciona aquella obligación, es decir, la acción ejercida para obtener el cumplimiento coactivo de esa obligación.
En este orden y en relación a la prescripción presuntiva la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº RC 000194, de fecha 01 de abril de 2014, exp. Nº 13-681, dice:
“(…) Ahora bien, ya señaló esta Sala que la prescripción presuntiva constituye un aspecto de fondo de la decisión que no afecta la acción sino el derecho que se reclama, razón por la cual no debe resolverse como cuestión jurídica previa sino que debe atenderse conjuntamente con el resto de las denuncias de fondo que se planteen en el asunto concreto, sin embargo, al constituir éste un criterio establecido por esta Sala en el presente asunto, no será aplicado al caso de autos en resguardo de la seguridad jurídica de las partes y en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las mismas.
Artículo 1.987.- En las prescripciones no mencionadas en este Título, se observarán las reglas especiales que les conciernen, y las generales sobre prescripción, en cuanto no sean contrarias a aquéllas.
En el caso de autos, el juez de la recurrida señaló que desde la fecha del registro de la demanda interpuesta por el actor en el año 2008, hasta la fecha en que se interpuso la presente demanda en el año 2009, “no transcurrió el lapso de prescripción contenido en el artículo 1.982 del Código Civil, toda vez que la parte actora cumplió con el presupuesto de interrupción de la prescripción contenido en el artículo 1.969 eiusdem”, es decir, demostró su voluntad de ejercer el derecho al cobro de los honorarios estimados, con lo cual desaparece la imputación de inacción o negligencia por parte del acreedor, todo lo cual no fue rebatido por el formalizante en casación.
Artículo 1.984.- Sin embargo, aquéllos a quienes se opongan estas prescripciones, pueden deferir el juramento a quienes las opongan, para que digan si realmente la deuda se ha extinguido.
Hechas estas consideraciones es concluyente afirmar que el juez de la recurrida no incurrió en la infracción del artículo 1.982, ordinal 2° del Código Civil por errónea interpretación, puesto que a la prescripción presuntiva allí prevista le resultan aplicables las normas generales sobre la interrupción de la prescripción, y ésta, al ser declarada, relevaba al demandante de la carga de promover el juramento decisorio a que se refiere al artículo 1.984 del Código Civil (…)”.
Del criterio jurisprudencial se desprende que la prescripción presuntiva pertenece a un aspecto de fondo de la decisión que no afecta la acción sino el derecho que se reclama, por ende no debe resolverse como un punto previo sino que debe conocerse conjuntamente con el resto de las denuncias de fondo que se discuten; asimismo, tenemos que a este tipo de prescripción le son aplicables las reglas concernientes a los modos de interrupción de la prescripción en general.
De este modo, dice el artículo 1969 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.
Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso
Al respecto, la normativa antes citada establece un supuesto en que la demanda judicial puede producir un efecto interruptivo de la prescripción antes de que se haya logrado la citación del accionado, es decir, para que la demanda judicial produzca interrupción deberá registrarse en la oficina de registro correspondiente antes de expirar el lapso de prescripción, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.
Por otra parte, la finalidad de interrumpir el lapso de prescripción, es hacer inútil el tiempo que haya transcurrido para el cumplimiento del lapso de prescripción previsto para la extinción del respectivo derecho.
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observamos que la homologación a la partición amistosa de la comunidad conyugal de los ciudadanos J.C.M.M. y A.C.U., tuvo lugar el 14 de junio de 2006 (folios del 19 al 20), que la demanda fue interpuesta en fecha 22 de mayo de 2007, y admitida el 10 de julio de 2007; no obstante, el día 30 de junio de 2008, el alguacil titular del Tribunal A quo, consignó a los autos la citación del defensor judicial designado al ciudadano J.C.M.M. (folio 67), y por cuanto, el lapso de prescripción de dos (02) años para incoar la acción por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados comienza a computarse desde la fecha en la cual se dictó sentencia o se haya consumado un acto de auto composición procesal, hasta que se haya registrado la demanda o se haya efectuado la citación del demandado, es forzoso para quien aquí sentencia declarar la prescripción de la acción, en virtud que no fue registrada la demanda para interrumpir dicho lapso y la homologación fue realizada en fecha 14 de junio de 2006 y la citación del defensor judicial el 30 de junio de 2008, transcurriendo así más de dos (2) años. ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 07 de noviembre de 2014, por la abogada F.G.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte intimada contra la sentencia de fecha 11 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente el derecho del abogado Armando de Pedraza Rodríguez a cobrar honorarios profesionales al ciudadano J.C.M.M., por lo que se revoca la referida sentencia en toda y cada una de sus partes…”
En el escrito de informes ante la alzada, la parte intimante apelante ciudadano Armando De Pedraza Rodríguez, en relación a la prescripción opuesta por la intimada, expuso lo siguiente:
“… La afirmación de la contraparte de que cualquier pretensión de cobro de honorarios en este procedimiento de intimación de honorarios se encuentra prescrita, es producto de su propia confusión según lo tratado en el Numeral (sic) anterior de este escrito, no siendo cierta la aseveración de que el procedimiento terminó el día 14 de Junio (sic) de 2006 fecha de la publicación del auto de homologación, tampoco es cierta ni está fundamentada en derecho la pretensión de que la acción ejercida se encuentra prescrita. En efecto, la terminación o conclusión del proceso a los efectos de determinar el lapso de prescripción de la acción ejercida, no se determina con la fecha de publicación del auto de homologación, pues existiendo fase ejecutiva, el proceso se termina con la última actuación consignada en el expediente, es decir, no es la fecha de la publicación del auto de homologación la que da inicio al lapso de prescripción de esta acción, ya que este se determina en realidad a partir del día siguiente de haber concluido la última actuación en el expediente. Los anteriores alegatos no son otra cosa que la interpretación de lo establecido en el Artículo (sic) 1982 ordinal segundo del Código Civil Venezolano que textualmente dice:
Artículo 1982.- Se prescribe por dos años la obligación de pagar: (omissis)…
- A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos.
El tiempo para estas prescripciones desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de las partes, o desde la cesación de los poderes del Procurados, o desde que el abogado cese en su ministerio. (Subrayado nuestro).
Es precisamente este texto legal el que vine a desvirtuar los alegatos de la contraparte de que la acción se encuentra prescrita por el transcurso de más de 2 años contados desde el día 14 de Junio (sic) de 2006, fecha de la publicación del auto de homologación hasta el día 06 de Agosto del 2008, fecha en la cual se produjo la intimación en la persona del defensor ad litem designado por el Tribunal, por que (sic) no es cierto que esa fecha de publicación del auto de homologación es la fecha que el Código Civil establece para que comience a correr el tiempo para prescribir, ya que como hemos señalado en el transcrito texto legal, para iniciar el lapso del cómputo de la prescripción el legislador estableció 3 supuestos perfectamente diferenciados que son:
1- Desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de las partes.
2- Desde la cesación de los poderes del Procurados y
3- Desde que el abogado cese en su ministerio.
Tal como establece la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 23/11/ 1999 (caso: Emilita Meléndez de Noguera C/ S.F.Q.):
El ordinal 2° del Artículo 1982 el Código Civil, no incurre en contradicción alguna al establecer que el término de prescripción para intimar honorarios, “corre desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de las partes, o desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado haya cesado en su ministerio”, pues esta disposición no hace otra cosa que determinar que el término de prescripción comienza a correr desde que el abogado deja de prestar sus servicios, y ello puede ocurrir no solo en virtud de sentencia o conciliación, sino también por renuncia al poder o revocación del mismo ocurridas antes de resolverse la controversia.”. (Subrayado nuestro).
Lo que sostiene la jurisprudencia transcrita en interpretación del Artículo 1982 es que el lapso para la prescripción comienza a correr a partir del día siguiente de la terminación de las actuaciones del abogado en el expediente y la terminación de las actuaciones puede tener varios supuestos.
En aplicación del este criterio, sostenemos que el lapso para adquirir la prescripción en nuestro caso concreto, tal y como consta del escrito de Intimación al relacionar la actuación número nueve (09) del Capítulo “DE LA INTIMACION (sic)”, comenzó a correr al día siguiente de la consignación de la diligencia de fecha nueve (09) de Agosto de 2006, cuya copia fotostática se anexa a este escrito marcada “A”, según la cual el abogado intimante consignó copias fotostáticas para su certificación solicitadas con anterioridad, es decir el cómputo debe comenzar el día 10 de Agosto de 2006, y desde esa fecha, hasta el día seis (06) de Agosto de 2008, fecha en la cual se produjo la intimación a la parte demandada en la persona del defensor ad litem, según consta en autos, no transcurrieron los dos (02) años que prescribe el Código Civil para que opere la prescripción, para que concretamente, desde el diez (10) de Agosto del 2006 hasta el seis (06) de Agosto de 2008, transcurrieron un año, once meses y 26 días lo cual no es suficiente para alcanzar la prescripción alegada”.
Ahora bien, de la lectura de todo lo antes transcrito, se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, que la decisión de última instancia impugnada mediante el recurso extraordinario de casación, adolece del vicio de incongruencia negativa, dado que el juez de alzada en una evidente desigualdad ante la ley de las partes en litigio, no resolvió sobre aspectos fundamentales de la apelación ejercida, como son los expuestos por el intimante en su escrito de informes ante la alzada, referente a la fecha inicial que debe considerarse para calcular el lapso de prescripción bianual que establece el artículo 1.982 del Código Civil, y en específico la última participación en el expediente del abogado Armando De Pedraza Rodríguez, alegato presentado como defensa en contra de la prescripción extintiva de la acción propuesta por la demandada, y que sólo podía ser refutada en informes por el intimante, como efectivamente lo hizo.
Ha sentado esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado en citrapetita o incongruencia omisiva.
Es importante señalar, que la incongruencia se verifica fundamentalmente por la falta de decisión o solución de un punto controvertido, como es en el caso de autos, en el cual no se conoce el destino de los alegatos hechos en la oportunidad de presentación de los informes ante la alzada.
El sentenciador superior en ninguna parte de la recurrida, hizo ni la más mínima mención de los alegatos presentados en informes por el ciudadano abogado Armando de Pedraza Rodríguez, referente a la constancia en el expediente de sus actuaciones, que determinan la fecha a partir de la cual, el considera, se debe tomar en cuenta como fecha de inicio del cálculo del lapso de la prescripción extintiva de la acción propuesta, y que esta no se encuentra por ende prescrita, como lo declaró la alzada.
Estos puntos del problema judicial quedaron insolutos, no se sabe qué se señaló en los informes de alzada como fundamento de la contradicción, en contra del alegado de prescripción extintiva de la acción propuesto, y se hace necesario recurrir a las actas del expediente y en específico al señalado escritos de informes, para poder verificar y comprender a lo que se contraen y la forma en que se plantearon, violándose así el principio procesal de autosuficiencia del fallo, que informa que debe bastarse por sí sólo, como título ejecutivo y máxima representación de la función jurisdiccional, sin que se haga necesario el recurrir a las actas del expediente para saber a qué se refiere la sentencia.
Cuando el sentenciador no revisa todos los elementos de hecho constitutivos de los informes como fundamento de la contradicción, no está decidiendo conforme a lo alegado y probado en autos, con lo cual viola el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
(Negrillas de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 5-5-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 5-2-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).
De lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes u observaciones y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento, dado que deben referirse a peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como son los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso. (Cfr. Fallos recientes de esta Sala N° 399, de fecha 3 de julio de 2015, con ponencia del mismo Magistrado que subscribe la presente, y N° 432, de fecha 16 de julio de 2015, entre muchos otros).
En el presente caso, de lo expuesto en los informes ante la alzada, se entiende el señalamiento del intimante relacionado al momento a considerarse para determinar el lapso de prescripción, fecha determinante que incide directamente en el dispositivo dictado por el tribunal superior, dado que este decidió sin tomar en cuenta dicho alegato, y fijó el lapso de prescripción de la acción tomando en cuenta otra fecha distinta a la señalada por el intimante como fecha de inicio del lapso. Por lo tanto se verifica la violación de normas de orden público al incidir directamente en el debido proceso y derecho a la defensa de la parte intimante, por la falta de pronunciamiento con respecto a tales alegaciones esgrimidas en los informes, para decidir en torno a la verificación o no de la prescripción bianual alegada por la parte intimada, y rechazada por el intimante.
Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal quinto (5º) del articulo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a esta Sala declararlo así, conforme al artículo 210 ibídem, así como por la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, se casa de oficio el fallo recurrido por estar inficionado del vicio de forma de orden público conocido como incongruencia negativa o citrapetita, en referencia a los alegatos esgrimidos en los informes de alzada, los cuales fueron silenciados en su totalidad por el juez de la recurrida, en una evidente incongruencia omisiva constitucional, en violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, dictado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de abril de 2015. Como consecuencia de lo anterior, se ANULA dicha decisión y se REPONE la causa al estado de que el juez superior que resulte competente, dicte una nueva decisión en reenvío sin incurrir en el vicio de forma observado por esta Sala, acatando la orden dada en este fallo.
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso extraordinario de casación propuesto, dada la naturaleza del presente juicio y del dispositivo del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Exp. AA20-C-2015-000361.-
Decisión nº 715-11 de Juzgado Segundo de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de Yaracuy, de 11 de Octubre de 2011