Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-504.CODI.%29
Timestamp: 2019-08-22 15:58:37
Document Index: 333412590

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 504, de 26/02/2019
cve: BOCG-12-D-504
Núm. 504
161/004293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la Instalación Nuclear de El Cabril ... (Página4)
161/004282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para facilitar la transición digital del medio rural y de sus sectores agroalimentario, ganadero y forestal ... (Página5)
161/004283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en marcha de los sistemas de resolución de conflictos, previstos en el Código de Buenas Prácticas Comerciales ... (Página7)
161/004290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al establecimiento de un tratamiento diferenciado para la gestión de las cuotas en la pesca artesanal ... (Página8)
161/004285 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Socialista, de Esquerra Republicana y Mixto, sobre instalaciones de medidas de seguridad en el canal de Seròs (Lleida) ... (Página9)
161/004286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que la Dirección General de Costas de Cádiz adjudique de forma urgente el proyecto existente para actuar en el Castillo de Santa Catalina, Santa María del Mar y el tramo de lienzo de la muralla entre los Baluartes de Capuchinos y los Mártires ... (Página10)
161/004287 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, relativa a la adecuada gestión de residuos de lindano, de acuerdo a los criterios de calidad de aguas de consumo humano ... (Página11)
161/004289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la información, participación ciudadana, en relación al proyecto de línea eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo en la Comunidad Autónoma de Cantabria impulsada por Red Eléctrica de España (REE) ... (Página14)
161/004291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre actuación en los terrenos de El Hondón (Cartagena) ... (Página16)
161/004284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la mejora y adecuación de los mecanismos de acceso a las redes europeas de referencia (ERN) y a la mejora de la atención a los afectados por enfermedades minoritarias ... (Página17)
161/004292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación del Centro Nacional de Referencia de Protonterapia ... (Página19)
161/004294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la gratuidad de la prestación farmacéutica y a la emisión de una tarjeta sanitaria personal para menores de edad con discapacidad o enfermedad rara o grave ... (Página20)
161/004295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento del derecho reconocido en la Ley 39/2006 con carácter retroactivo a las personas con dependencia y en un plazo máximo de seis meses ... (Página20)
161/004296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado ... (Página22)
161/004297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ... (Página23)
161/004288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar que en la próxima Comunicación Anual 2019 de la Cooperación Española, los derechos sexuales y reproductivos sean una línea estratégica prioritaria ... (Página24)
161/004281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la inscripción de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero ... (Página26)
181/001679 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre decisiones previstas para el proyecto de la futura Ronda Sur de Logroño ante el recurso de la concesionaria AVASA del proyecto por el que el tramo de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete queda liberado ... (Página27)
181/001683 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones previstas por Aena a corto y medio plazo en el aeropuerto de Málaga ... (Página27)
181/001684 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsión de plazos respecto al acceso desde la autovía A-7 a Benalmádena ... (Página28)
181/001685 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones que contempla el Ministerio de Fomento a corto y medio plazo en la línea Bobadilla-Algeciras ... (Página28)
181/001686 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre motivos del retraso en la tramitación de las becas generales de 2018/2019 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios ... (Página28)
181/001680 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre forma en la que va a afectar al sector pesquero de arrastre el nuevo Plan aprobado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para gestionar la pesca en el Mediterráneo occidental ... (Página29)
181/001681 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones respecto a la entrada en funcionamiento de la depuradora de Nerja ... (Página29)
181/001682 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones previstas a corto y medio plazo en las playas de la provincia de Málaga ... (Página29)
Número de reuniones que se han producido entre el Presidente y/o la Vicepresidenta del Gobierno y miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018. Retirada ... (Página30)
184/045475 Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Medidas especiales previstas para proteger el Parque Nacional de Doñana ... (Página30)
161/004293
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la instalación nuclear de El Cabril, para su debate en Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El Cabril (Córdoba) es, hoy por hoy, el único almacén de residuos nucleares que tiene España. Las instalaciones están concebidas exclusivamente para almacenar residuos de media, baja o muy baja actividad radiactiva.
Según el CSN se denominan residuos radiactivos de baja y media actividad a aquellos cuyos principales radionucleídos tienen un periodo de semidesintegración inferior o igual a 30 años (vida corta o media), aunque su radiactividad no decae hasta dentro de algunos cientos de años, pudiendo solo entonces ser comparable a los niveles de la radiactividad natural existente en la superficie de la tierra.
Los treinta y dos trabajadores afectados están expuestos a radiaciones ionizantes, por lo que tienen que seguir una formación específica en protección radiológica, y realizar preceptivos reconocimientos médicos de acuerdo con lo establecido oficialmente al respecto.
El Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, regula el régimen jurídico y el procedimiento general que debe seguirse para establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o para la anticipación de la edad de acceso a la pensión de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
El citado Real Decreto establece una serie de criterios para reconocer si un trabajo se puede considerar peligroso, tóxico o penoso:
- Peligrosidad-Riesgo de accidentes.
- Toxicidad-Riesgo por inhalación o contacto con contaminantes químicos.
- Penosidad-Exposición a ruidos, vibraciones, calor, frío, etc.
En la disposición adicional 1.ª se deja abierta la posibilidad de la modificación de los coeficientes reductores, o de la edad mínima, de los colectivos no incluidos en el real decreto.
Entre alguna de las funciones que tienen estos trabajadores se encuentran: la conducción en solitario por pistas forestales, con tránsito de animales a cualquier hora del día o de madrugada, con el peligro de atropellos o salidas de vía por inclemencias meteorológicas dentro de la extensa Área Bajo Control del
Explotador; ser integrantes de la Brigada Contra Incendios de primera intervención en el CCTT El Cabril; estar sometido a unas condiciones laborales de peligrosidad como portadores de armas, con la exigencia de pruebas de aptitud descalificatorias y desarrollar la actividad en un centro recogido dentro de la categoría de Infraestructuras Criticas Nucleares, entre otros. El desarrollo de su actividad laboral implica la superación de reconocimientos médicos anuales específicos en radiaciones ionizantes, siendo así mismo descalificantes y que se dificultan con la edad por razones biológicas.
Es por ello, que en virtud de las funciones que tienen encomendadas y los trabajos que realizan en el desarrollo de las mismas, justifican el establecimiento del coeficiente reductor/anticipación de edad de jubilación para el personal que presta el servicio de vigilancia y protección física en la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos de El Carril y por tanto el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un coeficiente reductor de edad de jubilación por peligrosidad, toxicidad o penosidad para el personal que presta el servicio de vigilancia y protección física en la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2019.-Isabel Cabezas Regaño y Carolina España Reina, Diputadas.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004282
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la transición digital del medio rural y de sus sectores agroalimentario, ganadero y forestal, para su debate en la Comisión Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tal como pone de manifiesto el informe del Consejo Económico y Social de España sobre el medio rural y su vertebración social y territorial, presentado en septiembre de 2018, las zonas rurales de nuestro país constituyen una fuente de riqueza económica, cultural y social, que sin embargo, se ha visto mermada en los últimos años. En este sentido, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el mundo rural es el despoblamiento y la desigualdad de derechos que se genera entre los ciudadanos que habitan en el medio rural y en el medio urbano. Las personas que abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes y de mediana edad, lo que refuerza la pirámide de población regresiva y una perspectiva de futuro de descenso vegetativo de la población rural. Acompañado por una fuerte masculinización de la misma. Nuestro medio rural, que ocupa el 85 % del territorio nacional pero en el que solo habita el 20 % de la población, se enfrenta a una multitud de retos que exigen una respuesta coordinada y efectiva por parte de las Administraciones públicas españolas.
En este contexto, el Gobierno de España, plenamente consciente de esta problemática que afecta a muchos de nuestros territorios rurales, ha impulsado y reforzado las actividades de la Comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, con la elaboración de una futura estrategia homónima que desarrollará medidas de diferente naturaleza para asegurar la igualdad de derechos de las personas que habitan en el medio rural, como vía más efectiva para promover un medio rural vivo, dinámico y atractivo, que fomente una política de poblamiento activo de estos territorios a través de la generación de actividad económica y creación de empleo de calidad en ellos.
Una de estas medidas consiste en desarrollar condiciones adecuadas que faciliten la transición y la adaptación digital de nuestro medio rural en general, y de sus sectores agroalimentario, y forestal en particular.
En efecto, actualmente el sector agroalimentario, y forestal representa uno de los principales motores económicos de nuestros pueblos y territorios rurales. En conjunto, está constituido por más de 900.000 explotaciones agrarias y 29.000 industrias alimentarias, de las que más del 95 % son PYMES. Genera anualmente un valor añadido bruto de alrededor de 98.000 millones de euros (10 % del total de la economía nacional), con un notable impacto positivo en la balanza comercial española (más de 50.000 millones de euros anuales de valor exportador en el último tramo móvil) y una enorme capacidad de creación de riqueza y empleo (más de 2,5 millones de puestos de trabajo) en el medio rural y, por tanto, de fijación de empleo en estos territorios.
Para garantizar la competitividad de estos sectores, su capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del consumidor y a los requisitos de producción más sostenible y eficiente que exige la normativa vigente, resulta imprescindible promover unas condiciones adecuadas que faciliten la adaptación y la transición digital del medio rural, su sector primario y de toda la cadena de producción agroalimentaria.
Según la bibliografía especializada, la mayoría de los sectores digitalizados mejoran su productividad más rápido que los sectores menos digitalizados. Así, por ejemplo, la agricultura en España tiene un potencial técnico de automatización del 57 % (en cuarto lugar por detrás de la hostelería, la industria manufacturera y el sector de transporte y logística), sobre todo en aquellas actividades vinculadas a la práctica física y a la captura y manejo de datos. Por otra lado, el desarrollo, en el contexto de una economía digital, de una verdadera industria alimentaria 4.0 que interactúe con el consumidor y le ofrezca productos y servicios atractivos es fundamental para que España continúe siendo líder en comercialización y exportación de productos agroalimentarios, generando riqueza, empleo y valor añadido en los territorios rurales, donde se asientan muchas de estas industrias.
Hoy en día está ampliamente aceptado que existe un considerable margen para desarrollar actuaciones que contribuyan a una efectiva digitalización de estos sectores, lo que sin duda ayudará a mejorar el rendimiento de las producciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas, a través de un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales y en un contexto de apoyo a los principios de la economía circular y la bioeconomía.
Por todo ello, resulta imprescindible que las autoridades públicas españolas faciliten la transición digital del medio rural y de sus sectores agroalimentario, ganadero y forestal, a través de una acción coordinada que fomente el desarrollo de actuaciones concretas en estos sectores y en el medio rural.
1. Elaborar una estrategia o agenda de trabajo a favor de la digitalización del medio rural y de sus sectores agroalimentario y forestal, tomando como referencia, entre otras, el trabajo realizado en este contexto el marco de la Asociación Europea para la Innovación (EIP-AGRI) y de otras iniciativas desarrolladas a nivel nacional (Grupo Focal sobre digitalización y bigdata en el sector agroalimentario, Declaración de Añora, apoyo a los territorios rurales inteligentes, etc.). Esta estrategia deberá definir líneas estratégicas de actuación basadas en el aprovechamiento de líneas de financiación nacionales y europeas existentes, aprovechar medidas y programas en marcha, apoyarse en instrumentos tradicionales de apoyo al medio rural e impulsar nuevos modelos, así como establecer sinergias con estrategias desarrolladas por los distintos departamentos en el ámbito de la digitalización y el emprendimiento.
2. Reforzar la colaboración de los ministerios de Economía y Empresa, y de Agricultura, Pesca y Alimentación para mejorar el acceso en el territorio rural a las tecnologías existentes en torno a la conectividad en el medio rural a través de los programas y planes iniciados por ese Ministerio. En cuanto al plan nacional de territorios inteligentes, asegurar que en la estrategia mencionada en el punto anterior se integran de manera coherente los objetivos de estos programas.
3. Promover, en el contexto del proceso de reforma del próximo ciclo presupuestario de la Unión Europea (2021-2027), un apoyo decidido de los diferentes fondos europeos sectoriales (PAC, Horizonte Europa, etc.) para impulsar medidas a favor de la digitalización del medio rural y de sus sectores agroalimentario, ganadero y forestal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-Josefa Inmaculada González Bayo, Javier Antón Cacho, Miguel Ángel Heredia Díaz, Marc Lamuà Estañol, María Pilar Lucio Carrasco, Margarita Pérez Herraiz, Antonio Pradas Torres, Antonio Quintana Martínez e Ignacio Urquizu Sancho, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004283
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de los sistemas de resolución de conflictos, previstos en el Código de Buenas Prácticas Comerciales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, tiene entre sus fines el hacer posible un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales que se registran entre los diferentes operadores que la integran, el mejorar el acceso a la información y la trazabilidad a lo largo de la cadena alimentaria, así como la regulación de las prácticas comerciales, promoviendo para el logro de dichos objetivos, entre otras medidas, la formalización de códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación entre los operadores.
Para hacer realidad el objetivo de una cadena más justa y equilibrada, se establece un régimen sancionador y se crea un organismo encargado del control del cumplimiento de dichas prácticas, así como de la aplicación del régimen sancionador, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Además, para completar los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena, la citada Ley 12/2013, incorpora un sistema de autorregulación: el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
El Código permite que los operadores asuman compromisos más allá de lo establecido en la ley. El Código de Buenas Prácticas reúne en 50 artículos una amplia relación de los compromisos a los que se adhieren las empresas y asociaciones.
La adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria es voluntaria por parte de los operadores. No obstante, desde que los operadores se adscriben, están obligados a que sus relaciones comerciales se ajusten a los principios y reglas que se incluyen en el código y a la utilización de los sistemas para la resolución de los conflictos que puedan surgir en dichas relaciones, siguiendo los procedimientos que en el mismo se establecen.
Desde su puesta en funcionamiento, no ha sido suscrito por un número significativo de empresas de la cadena agroalimentaria, especialmente no ha tenido una adhesión relevante de las empresas de la distribución alimentaria.
Uno de los aspectos más importantes que contempla y que aún no ha sido desarrollado suficientemente es el sistema para la resolución de conflictos que se incorpora en el Código de Buenas Prácticas, y que está destinado a dar una respuesta a las posibles discrepancias que pudiesen ocasionarse por el incumplimiento de los compromisos asumidos por alguna de las empresas adheridas al mismo.
La puesta en marcha de los sistemas de resolución de conflictos, previstos en el Código, supondría nuevas oportunidades para mejorar las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena.
1. Hacer una amplia difusión y de promoción entre todas las empresas de la cadena agroalimentaria del Código de Buenas Prácticas Comerciales, así como de los procedimientos para la adhesión de más empresas.
2. Desarrollar el sistema para la resolución de conflictos que se incorpora en el Código de Buenas Prácticas. Especialmente poner en marcha una sección especializada de mediación y arbitraje en el sector agroalimentario.
3. Lograr que se adhieran más empresas de toda la cadena agroalimentaria, especialmente de la distribución alimentaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004290
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un tratamiento diferenciado para la gestión de las cuotas en la pesca artesanal, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La iniciativa tiene como principal objetivo poner de relieve la desigualdad de trato y la injusticia existente en el sector pesquero debido al actual sistema de reparto de TACS y cuotas (distribución de las posibilidades de pesca) para la flota de artes menores.
Hasta hace poco, en la Unión Europea (UE) se definía la pesca costera artesanal como aquella que desarrollan buques inferiores a 12 metros de eslora y con determinadas artes de pesca. Toda la pesca ejecutada por buques de eslora mayor o con artes no contempladas como artesanales por la UE, entrarían dentro de la denominación de industrial. Esto implicaba que todas las embarcaciones mayores de 12 metros, quedaban fuera de la categoría de pesca costera artesanal, suponiendo importantes perjuicios para esta flota, como el hecho de no poder acceder a las ayudas de los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP's) con recursos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Actualmente, la UE utiliza una definición multiparamétrica de la pesca costera artesanal, siendo necesario para su reconocimiento como tal el cumplimiento de al menos tres de los siguientes cinco criterios: 1. Eslora de las embarcaciones inferior a 12 metros. 2. Distancia del caladero: faenar dentro de aguas nacionales. 3. Duración máxima de las mareas: veinticuatro horas. 4. Utilización de artes de pesca de menor impacto ambiental. 5. Un máximo de cuatro tripulantes enrolados a bordo.
En nuestro país hasta el año 2013, la normativa estatal en la materia (Orden ARM/271/2010, de 10 de febrero, modificada por la Orden ARM/3315/2010, de 21 de diciembre) establecía unos criterios para el reparto y gestión de las cuotas de diferentes especies por modalidades de pesca y, dentro de cada modalidad, por tripulante embarcado a bordo y día. A partir de 2013 a través de la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, derogada por la Orden AAA/2534/2015, se establecieron planes de gestión para la distribución de las posibilidad de pesca y un reparto distinto al que históricamente se venía aplicando, vinculándolos directamente con los datos de consumo de capturas históricas (datos de la Secretaría General de Pesca del periodo 2002-2011), a los que se dieron prioridad respecto a los circunstancias socioeconómicas de las flotas efectuadas en las distintas pesquerías. Así, se pasó de un cálculo de la pesquería lineal para todos los buques (cada embarcación dentro de sus capacidades de pesca y almacenamiento, y sin criterios de reparto por Comunidades Autónomas u otras divisiones territoriales) a convertirse en la causa inicial de los desequilibrios territoriales dentro de un mismo Estado.
Cuatro años después de la entrada en vigor de la nueva política pesquera comunitaria (PPC), el sector de la pesca artesanal sigue sin poder cuadrar exigencias, prohibiciones y objetivos. Bruselas ha dejado sin margen de maniobra, combinando cuotas escasas y una impracticable obligación de desembarque para todas las capturas. Desde el 1 de enero de este año, y con la aplicación de la política de "descartes 0", puede haber embarcaciones que tienen que parar, despedir tripulación e incluso ser desguazadas.
La actual PPC no está pensada ni adaptada a la realidad de la pesca artesanal. Parece que en la UE solo se escuchan y se tienen en cuenta las demandas de las grandes industrias pesqueras, sin ponerse en marcha medidas específicas para este segmento de flota. Sin duda estas políticas traerán consecuencias, pudiendo llegar el momento en que la pesca artesanal quede completamente desmantelada. Se trata, por tanto, de una situación altamente preocupante, del todo dramática para
comunidades pesqueras como la gallega, altamente dependientes de una actividad que da empleo directo a más de 9.000 personas.
En definitiva, está demostrado que en los actuales repartos de las posibilidades de pesca la flota artesanal queda discriminada; siendo, sin embargo, la que aporta mayor empleo, con menor impacto ecológico, y la más ligada a los mercados de consumo locales, lo que implica una mayor importancia social y de dinamización del territorio.
1. Promover y consensuar mecanismos específicos para la flota costera artesanal que permitan operativamente, y sin menoscabo socioeconómico hacia la flota, el cumplimiento del objetivo de descartes cero. Mientras estos mecanismos no estén definidos, aprobados y en aplicación, establecer medidas de flexibilidad para esta flota, que le permitan seguir faenando y adaptándose a las exigencias de los planes de gestión existentes.
2. Revisar y modificar el reparto de cuotas de especies en aquellas pesquerías con un Total Admisible de Capturas (TAC) establecido y bajo planes de gestión por especies, en favor de la flota costera artesanal, considerando los criterios de reparto ya definidos por la PPC en cuanto al impacto socioeconómico y ambiental de las flotas.
3. Requerir un tratamiento distinto y diferenciado de la gestión de las posibilidades de pesca artesanal con respecto a las flotas industriales y/o semiindustriales, principalmente en el marco de planes de gestión por especies en los que los objetivos de sostenibilidad social, económica y ambiental deben ser las prioridades para su definición y aplicación.
4. Mientras no existan mecanismos específicos para la flota costera artesanal en cuanto a la política de obligación de desembarques, y un tratamiento en favor de esta flota en la aplicación de TACS y cuotas en los planes de gestión, establecer medidas de flexibilización para la flota costera artesanal, incluyendo la exclusión de esta obligación, hasta que los mecanismos previamente mencionados no estén en aplicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Eva García Sempere y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004285
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión de Transición Ecológica, la siguiente Proposición no de Ley sobre instalaciones de medidas de seguridad en el canal de Seròs (Lleida).
El canal industrial de Seròs es una infraestructura hidráulica iniciada en 1912 y puesta en funcionamiento en 1914, destinada al transporte de agua para el aprovechamiento hidroeléctrico. Nace en el río Segre, a su paso por la ciudad de Lleida, y finaliza tras un recorrido es de 24,51 km en la central hidroeléctrica de Aitona.
El pasado 2 de febrero, Núria Borrás, profesora del Instituto Manel Montsuar de Lleida, de 39 años y madre de dos hijos, perdió la vida ahogada cuando se precipitó con su vehículo mientras intentaba buscar la carretera que conduce de la ciudad de Lleida a su domicilio en les Borges Blanques. Este trágico
accidente, por desgracia, no es un caso aislado, pues hace tan solo cuatro meses, en octubre de 2018, ya se había encontrado el último cuerpo sin vida en el interior del canal.
Los accidentes y muertes en este canal son muy habituales y, aunque no existe una estadística sobre cuantos, son cinco consistorios los que ya han pedido reiteradamente la asunción de medidas de seguridad que acabe con este dramático balance de víctimas, entre peatones, ciclistas y de automóviles. La demanda se centra especialmente en la instalación de vallas alrededor de todo el canal, cadenas de salvavidas y otras medidas de seguridad que en algunos tramos ya existen, aunque de modo defectuoso, pues en algunas ocasiones se encuentran deterioradas o alzadas.
Ante esta situación y para evitar futuros accidentes, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta en el Gobierno del Estado a que:
1. Inicie un estudio de evaluación de la peligrosidad actual del canal de Serós y una estadística sobre los accidentes, ya sean mortales o no, ocurridos a consecuencia de la falta de seguridad de la infraestructura.
2. Inste a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que se lleven a cabo los trabajos pertinentes de forma inmediata, junto con la propietaria del canal, Endesa, para construir vallas en toda la longitud del canal de Serós, se faciliten salvavidas en diferentes tramos de distancia, y se mejoren todas las medidas de seguridad en general, imposibilitando los accesos a automóviles ajenos a la empresa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2019.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Antonio Postius Terrado, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004286
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que la Dirección General de Costas de Cádiz adjudique de forma urgente el proyecto existente para actuar en el Castillo de Santa Catalina, Santa María del Mar y el tramo de lienzo de la muralla entre los Baluartes de Capuchinos y los Mártires, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Durante el año 2015 el Gobierno acordó aplicar en distintas fases un proyecto de rehabilitación y consolidación de las murallas de Cádiz por un importe estimado de 6 millones de euros.
Las murallas de Cádiz son uno de los patrimonios más importantes a conservar, no solamente de Cádiz, sino también de Andalucía. Patrimonio, cuya competencia para su mantenimiento y restauración, recae directamente en el estado español, y más concretamente en la Dirección General de Costas, que es directamente responsable de la elaboración de los proyectos de rehabilitación y consolidación y ejecución de los mismos.
La primera fase de la actuación referida puesta en marcha en el 2015, finalizó en el 2017 con una inversión total con un millón y medio de euros con actuaciones en diferentes puntos de la muralla que estaban muy deteriorados y grave riesgo de derrumbe.
La segunda fase, cuyo proyecto fue elaborado por la Demarcación de Costas de Cádiz, contempla actuaciones en la muralla del castillo de Santa Catalina, Santa María del Mar y el tramo de lienzo de la muralla entre los Baluartes de Capuchinos y los Mártires. Dicho proyecto alcanza un importe de más de un millón de euros y estaba previsto en los PGE ejecutarlo en el 2018.
El año 2018 ha finalizado y ni tan siquiera se ha licitado dicha obra y en los PGE presentados para 2019 en la Cámara para su debate no aparece dotación presupuestaria alguna para actuar en estas murallas únicas y con un alto valor patrimonial.
Los daños que presenta parte de la muralla que configura el borde marítimo del castillo de Santa Catalina en estos momentos tienen tal deterioro en sus zapatas y en sus lienzos que corre un grave riesgo de desplome si como en los últimos años en los próximos meses tuvieran que soportar los envites de duros temporales.
Dada la gravedad de la situación, estas Diputadas, miembros del Grupo Parlamentario Popular, presentan la siguiente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Que de forma urgente, la Dirección General de Costas licite y adjudique el proyecto existente en la Demarcación de costas de Cádiz para actuar en el castillo de Santa Catalina, Santa María del Mar y el tramo de lienzo de la muralla entre los Baluartes de Capuchinos y los Mártires."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Teófila Martínez Saiz y María José García-Pelayo Jurado, Diputadas.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004287
Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la adecuada gestión de residuos de lindano, de acuerdo a los criterios de calidad de aguas de consumo humano.
Teniendo en cuenta la incorporación de firma del Portavoz contenida en el escrito número de registro 125758, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y EH Bildu, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la adecuada gestión de residuos de lindano, de acuerdo a los criterios de calidad de aguas de consumo humano.
El lindano es un compuesto químico, que ha sido utilizado como pesticida. Es un isómero químico del hexaclorociclohexano (HCH), se trata de una sustancia organoclorada, clasificada como sustancia peligrosa prioritaria, prohibida desde 2008 en la UE y se caracteriza por una elevada:
- Persistencia: lenta y difícil biodegradación.
- Toxicidad: causan efectos adversos en el medio natural y las especies animales.
- Movilidad: fácil volatilidad.
- Bioacumulación y biomagnificación: la difícil biodegradación y la fácil concentración hacen que se acumule en la cadena trófica.
A temperatura ambiente su estado físico y aspecto es el de un polvo cristalino blanco. Se ha utilizado fundamentalmente en agricultura como pesticida e insecticida, en ganadería como antiparasitario y en usos farmacológicos en seres humanos (contra sarna y piojos). El proceso de fabricación del producto comercial era altamente generador de residuos: por cada kg de producto se generaban entre 9 kg de residuos con las mismas características contaminantes. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como "cancerígeno para los seres humanos", dentro del Grupo 1: compuestos químicos cuya toxicidad está comprobada. También actúa como "disruptor endocrino": sustancias ajenas a un organismo vivo capaces de alterar su equilibrio hormonal, pudiendo afectar a los sistemas reproductores y el sistema neurológico. Los efectos agudos por sobreexposición son perniciosos para los sistemas respiratorio, cardiovascular y hepático y pueden llegar a causar la muerte.
Químicamente es apolar y muy estable, pero al sufrir un calentamiento intenso se descompone y se desprenden humos tóxicos como el monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, y fosgeno, no podemos olvidar que este elemento no se encuentra de forma natural en el ambiente y que entre los agentes químicos utilizados en la primera guerra mundial, el fosgeno fue el que produjo el mayor número de muertes. Lo que hace de los vertederos incontrolados lugares muy peligrosos en caso de incendios.
Fabricación de lindano en el Estado español y dispersión de los residuos.
En el Estado español el lindano-HCH se fabricó en varias empresas entre los años 40 y los años 90 del siglo XX, repartidas por toda la geografía. Concretamente han fabricado lindano o utilizado este producto en sus procesos productivos las siguientes empresas:
- Bilbao Chemical S.A. (1947-1987). Antes llamada Insecticidas Cóndor S.A. y Standard Química. Barakaldo (Bizkaia).
- Nexana S.A., posteriormente comprada por la multinacional Celamerck (1952-1982). Erandio (Bizkaia).
- Insecticidas Cóndor S.A. (1966-1985). Amorebieta (Bizkaia).
- Industrias Químicas del Noroeste S.A (1975-1994). Sabiñánigo (Huesca).
- Zeltia (1947-1964). O Porriño (Pontevedra).
- Cruz Verde (1881-1965). Barcelona.
- Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos (1994-1965). Barcelona.
- Productos Cruz Verde, S.A. (1945-1992) con dos emplazamientos:
? Productos Activos (Sant Adriá del Besós, desconocemos la dirección).
? Formulados (av. Alfonso XIII, 472, Badalona).
- Electroquímica de Flix, Flix (Tarragona).
- Destilerías Químicas DIM (1940-1982). Madrid.
Como hemos señalado anteriormente, este proceso de fabricación era altamente generador de residuos. Estos residuos, con similar composición química y poder contaminante, fueron vertidos durante décadas de forma incontrolada, bien en vertederos mezclados con otros tipos de residuos o bien en el medio ambiente. Normalmente en áreas o parajes más o menos próximos a las propias fábricas.
A partir de los años 80, ante las presiones de las poblaciones afectadas o autoridades locales, en algunos casos comenzaron a trasladarse los residuos de lindano-HCH a zonas más alejadas y normalmente de escasa población.
Se depositaron en diferentes puntos de la geografía española, sin que en muchos casos se conozca la ubicación de los vertidos, la cantidad depositada y las condiciones en que se realizaron.
Esto explica que años después de su prohibición se siga detectando su presencia por parte de las confederaciones hidrográficas en bastantes cursos de agua distribuidos por casi todo el Estado español, afectando a nueve cuencas: Tajo, Ebro, Duero, Júcar, Segura, Miño-Sil, Guadiana, Guadalquivir y Cantábrico-Oriental.
De las 19 Comunidades del Estado español hay constancia de afecciones en doce de ellas.
Este problema trasciende lo local y lo autonómico.
Los datos de los controles de las Confederaciones Hidrográficas indican algo sobre lo que Ecologistas en Acción viene alertando desde hace años, que la gestión de residuos de lindano en el Estado español fue opaca y negligente. Existen diversos puntos de la geografía española, donde se depositaron residuos de lindano de forma ilegal y sin control. Residuos, de ubicación desconocida, que ahora se estarían filtrando al agua por lo que esta contaminación de los suelos afecta en muchos casos a las aguas superficiales y subterráneas, donde se transmite la contaminación con suma facilidad, dada la elevada movilidad del lindano-HCH que hemos señalado anteriormente.
La peligrosidad del lindano-HCH ha hecho que su fabricación y uso hayan sido prohibidos o restringidos en muchos países desde los años 80 del siglo XX.
A nivel internacional, destaca el Convenio de Estocolmo de 2004 (ratificado por 181 países) para la eliminación de los compuestos orgánicos persistentes (COP), que incluye el HCH como contaminante a eliminar en 2010.
En Europa hay legislación restrictiva desde 1979: Directiva 79/117/CEE, Directiva 84/491/CEE..., entre otras. El Reglamento (CE) 850/2004 prohibió todos los usos del lindano, con algunas excepciones que expiraban a finales de 2007.
En cuanto al control de su presencia en aguas, la Directiva 2013/39/UE sobre sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas incluye el HCH como sustancia prioritaria peligrosa, estableciéndose límites a su presencia en aguas superficiales: concentración media anual de 20 ng/I y concentración máxima admisible de 40 ng/I. Estos límites deben ser considerados en los planes hidrológicos para valorar el estado químico de las masas de agua.
Esta normativa se traspuso al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 817/2015 por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, con la misma calificación (sustancia prioritaria peligrosa) e iguales límites de concentración admisible.
De forma sorprendente y contradictoria, la Directiva 1998/83/CE sobre calidad de aguas de consumo humano, no contempla específicamente el HCH como sustancia peligrosa prioritaria, considerándose únicamente como un plaguicida y sometido a la normativa general de estas sustancias y con límites muy superiores: 100 ng/l para plaguicidas individuales y 500 ng/l para el total de plaguicidas. Esta normativa es la que se recoge y aplica actualmente en el Real Decreto 140/2003 sobre criterios de calidad de aguas de consumo humano.
También la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua recoge exigencias de calidad de aguas y de planes de acción sobre sustancias contaminantes prioritarias en los Planes Hidrológicos de Cuenca. Exigencias de control y acción que, en muchos casos, se están incumpliendo.
Por otra parte, sería de aplicación a muchas de estas situaciones de contaminación la legislación en materia de suelos contaminados y gestión de residuos. Especialmente la Directiva 2008/98/CE Marco sobre Residuos y su desarrollo en el ordenamiento jurídico español: Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (modificada parcialmente por la Ley 5/2013), la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, y el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos, entre otras normativas. También sería de aplicación, en lo que pudiera afectarles, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente
1. Incluir en el Real Decreto 140/2003, sobre los criterios de calidad de aguas de consumo humano, la lista de sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas, así como los parámetros de control y sus límites establecidos en el Real Decreto 817/2015 por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
2. Declarar como no aptos para la captación de agua de producción destinada al consumo humano, las aguas superficiales y subterráneas que se encuentren afectadas por estos contaminantes persistentes y las aguas que contengan sustancias prioritarias.
3. Corregir las deficiencias de la segunda fase de los Planes Hidrológicos a ejecutar en el horizonte 2016-2021, y aplicar las medidas correctoras específicas para la eliminación de las sustancias prioritarias en las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo con la legislación ambiental en vigor.
4. Coordinarse con las demás instituciones con competencias sobre la materia para ejercer las acciones necesarias e intercambiar conocimientos sobre la descontaminación, así como crear una Mesa de Acción institucional y social que incluya la participación de las autoridades públicas implicadas (estatales, autonómicas forales, y municipales), organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, otras asociaciones y representantes del ámbito técnico-científico, para intercambiar conocimientos sobre la descontaminación, movilizar los fondos europeos, estatales y autonómicos necesarios y abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004289
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre el derecho a la información, participación ciudadana, en relación al proyecto de línea eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo en la Comunidad Autónoma de Cantabria impulsada por Red Eléctrica de España (REE), para su debate y discusión en la Comisión de Transición Ecológica.
Las recientes noticias aparecidas en medios especializados y declaraciones del propio presidente de REE han ido permitiendo esbozar lo que podría representar el futuro Plan Estratégico 2020-2030, con los que el grupo Red Eléctrica de España (REE) afrontará el proceso de descarbonización del sector eléctrico y de transición ecológica. Con unas inversiones de 7.000 millones el operador pretende poder asumir las futuras líneas estratégicas de este plan: Más y mejores redes de transporte eléctrico. Más internacionalización, buscando incluso oportunidades en generación eléctrica. Gran apuesta por el negocio de la fibra óptica, y dividendos ajustados al enorme esfuerzo inversor que habrá que hacer.
Es necesario recordar que el estado tiene un 20 % de las acciones de la sociedad REE, S.A., a través de SEPI. REE opera en el sistema eléctrico español y gestiona la fase de transporte de electricidad, y por lo tanto, debe actuar respetando el Convenio Aarhus, y su trasposición al marco normativo europeo a través de las Directivas Comunitarias 2003/4/CE, de 28 de enero de 2003, y 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo, Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). De la misma forma, en su actuación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, debe cumplir con la Ley del Parlamento de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que ha mostrado su "voluntad de apoyar" ante la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria "la denegación de la autorización de la construcción" de la línea eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo impulsada por Red Eléctrica de España (REE), considerando los siguientes argumentos de las alegaciones presentadas por vecinos o comunidades de propietario:
a) La existencia desde el año 2017 de modificaciones sustanciales respecto de las circunstancias consideradas en la Autorización Administrativa Previa (2010), como son la autovía S30 Ronda de la Bahía (finalizado en 2009 el tramo Peñacastillo-Cacicedo, cerrado en 2012 el enlace con San Salvador).
b) La ausencia de trazados alternativos en el Anteproyecto elaborado por REE para obtener la Autorización Administrativa Previa (2010), sin perjuicio, en su caso, de los posteriormente formulados en alegaciones por los ciudadanos.
c) La ausencia de participación ciudadana en la decisión del trazado correspondiente al Anteproyecto elaborado por REE para obtener la Autorización Administrativa Previa (2010).
d) Ausencia de análisis del impacto medioambiental del trazado correspondiente al Anteproyecto elaborado por REE para obtener la Autorización Administrativa Previa (2010).
e) La utilización de planos anteriores a 2000 (fecha de promoción de las urbanizaciones de La Solaruca y Fuente Genoz en Cacicedo) para Autorización Administrativa Previa (2010), en los que no figuran ni las viviendas ya construidas ni algunas infraestructuras de especial impacto finalizadas o en construcción (autovía S30 Ronda de la Bahía).
Por su parte el ayuntamiento de El Astillero ha denegado la licencia de obra para la construcción proyectada de dicha la línea eléctrica a 220 kV simple circuito Astillero-Cacicedo impulsada por Red Eléctrica de España (REE).
Al mismo tiempo, los vecinos de la localidad cántabra de Guarnizo, están manifestando desde hace meses su protesta contra la obra proyectada por REE sin su participación, colocando bolsas de basura de color verde en la zona y las ventanas, puertas y balcones de las viviendas por las que discurrirá la misma. Según la plataforma de afectados, el seguimiento de esta protesta por parte de los vecinos está siendo "masivo", porque la problemática que se presenta en unos meses afecta "a todos" los que viven en dicha zona.
Recientemente el Ministerio de Fomento ha publicado el expediente del proyecto de ampliación de la autovía A-67 entre Polanco y Santander, que afecta tanto la subestación de Cacicedo como a las líneas proyectadas a 220 kV entre El Astillero y Cacicedo, y entre Puente San Miguel y Cacicedo.
Igualmente, en los últimos días, el presidente de Cantabria ha anunciado la presentación en febrero de 2019 del nuevo Plan de Crecimiento Regional, complementado con otros Planes Estratégicos de Actividad Económica, como los elaborados por alguna organización empresarial española.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que solicite al presidente del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A., para que:
1. Favorezca la apertura de un escenario de diálogo entre REE, el Gobierno de Cantabria y los municipios afectados para buscar una solución alternativa que satisfaga todas las necesidades.
2. Adopte las medidas adecuadas para impulsar, junto con delegado del Gobierno y presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las reuniones de coordinación para la planificación y ejecución de las distintas infraestructuras, incluyendo la colaboración para diseñar los trazados alternativos más eficientes y someterlos a información pública para respetar el derecho de todos los ciudadanos a participar en la adopción de las decisiones.
3. Adopte las medidas adecuadas para informar a la opinión pública sobre las medidas adoptadas, eliminando radicalmente los fundamentos de las protestas iniciadas, y velando por la consolidación de la imagen del grupo REE como operador eficiente del sistema eléctrico español, garante de los derechos de información y participación de los ciudadanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004291
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, sobre actuación en los terrenos de El Hondón (Cartagena).
El Consejo de Seguridad Nuclear, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y el Defensor del Pueblo han reconocido públicamente la gravedad del problema de contaminación en los terrenos de El Hondón (Cartagena). También son conscientes de ella las asociaciones vecinales, la plataforma de afectados recientemente creada y, en general, el conjunto de la ciudadanía de Cartagena.
Residuos radiactivos, sustancias químicas peligrosas, metales pesados, posible afección a las aguas subterráneas. Estamos hablando de un problema medioambiental y sanitario de primera magnitud, con el agravante de que lleva décadas sin afrontarse.
Grave también es que durante diecisiete años no se haya exigido a los propietarios de los terrenos, y tampoco a los responsables de la contaminación, que ejecuten las tareas de descontaminación a las que la ley obliga.
El Ayuntamiento de Cartagena no ha realizado las obras precautorias indispensables que diversas administraciones e informes recomendaban, como son la señalización adecuada, el vallado y la cobertura preventiva del terreno hasta tanto no se descontaminan los suelos de manera definitiva.
Por otro lado, no se ha procedido por parte de la Comunidad Autónoma a la declaración de los suelos como contaminados, cuestión que ha impedido poner en marcha el proceso de descontaminación y pedir responsabilidades a los anteriores propietarios de los terrenos.
Tampoco se ha estudiado en profundidad el posible impacto de la contaminación en la salud de las personas que viven en los barrios aledaños a los terrenos, aunque contamos con unas investigaciones preocupantes de la Unidad de Salud Medioambiental de la Arrixaca (en colaboración con la UPCT y el Instituto de Salud Carlos III) que alertan de un aumento significativo de las tasas de cáncer infantil en la zona.
No se han estudiado de manera exhaustiva y rigurosa las consecuencias que dicha contaminación supone para el entorno y el medio ambiente, al margen de la afección específica a los suelos.
En cambio, desde el ámbito estatal, está pendiente la modificación de la Ley de Energía Nuclear y finalizar la tramitación del Real Decreto sobre suelos contaminados con radiactividad. Dichos trámites, como reconoce el propio CSN en un comunicado de 3 de octubre de 2018: "facilitarían la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes y necesarias para la declaración de los terrenos afectados por contaminación radiactiva y, en su caso, la determinación de las acciones de limpieza o restricciones de uso, o bien la declaración de libre uso".
1. Finalizar la tramitación del Real Decreto sobre suelos contaminados con radiactividad, así como a la modificación de la Ley de Energía Nuclear.
2. Instar al Consejo de Seguridad Nuclear a que haga públicos todos los estudios y datos en los que se ha basado para declarar los terrenos de El Hondón como uno de los seis suelos de España contaminados con radiactividad.
3. Demandar al Consejo de Seguridad Nuclear que realice estudios adicionales sobre las posibles emisiones de gas radón y la posible afección a los acuíferos subterráneos de la zona.
4. Paralizar cualquier tipo de proyecto u obra relativa al trazado ferroviario de la Alta Velocidad hasta que no se cuente con toda la información necesaria y las recomendaciones de actuación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, las administraciones responsables y cuantos organismos y expertos deban ser consultados: en particular, que se suspenda cautelarmente cualquier intervención en los terrenos que pueda afectar a las balsas con metales pesados y residuos radiactivos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2019.-Javier Sánchez Serna, Diputado.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004284
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olóriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora y adecuación de los mecanismos de acceso a las redes europeas de referencia (ERN) y la mejora de la atención a los afectados por enfermedades minoritarias, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En 2016 la Comisión Europea puso en marcha la primera convocatoria para acceder a las redes europeas de referencia (ERN) en las conocidas como "dolencias minoritarias y complejas". Dichas ERN tienen el objetivo de unir esfuerzos y compartir el conocimiento de los mejores especialistas que hay en Europa para hacer frente a las condiciones médicas complejas o poco frecuentes que requieren atención de alta especialización y concentración de conocimiento y recursos.
Los requisitos para formar parte de una ERN son cumplir con una serie de requerimientos (establecidos por la Comisión Europea) referentes a la formación, actividad, etc. Pero, además, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene que avalar dichas solicitudes. Este aval, del Estado español pasa por tener una designación de CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia). El CSUR del centro solicitante, además, tiene que ser de la misma área de conocimiento, o similar, al objeto de la ERN. Esto supone un importante cuello de botella ya que hay muchas áreas de pericia que
no han sido abordadas por el procedimiento CSUR y, por lo tanto, muchos centros que cumplen los criterios europeos (de calidad y pericia) no pueden acceder a las ERN puesto que no hay ningún organismo español capacitado para hacer el aval.
Por este motivo, en la primera convocatoria, centros relevantes en Cataluña no pudieron participar en las redes. A partir de este momento desde Cataluña se han hecho muchos esfuerzos para adquirir nuevas designaciones CSUR (el procedimiento es muy lento), intentar abrir nuevas áreas o buscar alternativas para acceder a Europa, pero que el Ministerio continúa sin valorar ni aceptar. En paralelo, el interés de las ERN por profesionales catalanes ha hecho que algunos de ellos estén trabajando y liderando grupos de trabajo sin visibilidad y sin ser miembros de pleno derecho.
Actualmente hay abierta una convocatoria para poder colaborar con las ERN como "centro afiliado". El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha acordado las mismas reglas del juego que las utilizadas para poder ser miembro. Es decir, para acceder hay que tener un CSUR en la misma área de conocimiento (o similar) al objeto de la ERN. Los CSUR reconocidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como "similares" son, en muchos casos, conexiones difíciles de justificar con criterios clínicos. Estos casos coinciden con áreas no abordadas.
La propuesta de CSUR válidos para acceder a las ERN como centro afiliado continúa dejando fuera referentes catalanes internacionalmente reconocidos en su ámbito. Es por eso que dos años después seguimos identificando la necesidad de cambiar la estrategia de acceso a las ERN, y es que vincular la participación a las ERN con los CSUR es fuente de incompatibilidades e incongruencias que hacen que esta estrategia sea del todo inadecuada, insuficiente e irresponsable.
De hecho los CSUR va ligado al flujo de pacientes y a costes asistenciales cuantiosos, mientras que dar acceso a las ERN en los centros de referencia no impacta en el flujo de pacientes; las Directrices de la CE hablan en términos de difusión del conocimiento y de asesoramiento compartido de la complejidad por medio de una plataforma digital de intercambio de la información, la llamada CPMS.
En resumen, la estrategia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no beneficia a los objetivos del procedimiento CSUR, ni tampoco es adecuado para los pacientes, y es que aunque pueda haber incremento del número de CSUR designados en algunas especialidades, en otras muchas no se han abierto y esto supone que se nos bloquee el acceso a Europa.
Podemos aducir pues que, con esta estrategia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social perjudica los mejores centros, creando inequidad de acceso respecto de otros estados miembro de la UE. Tampoco garantiza la equidad de acceso entre especialidades para que lo mejor profesional pueda participar a las ERN.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
1. Potenciar mediante programas de financiación estatal la investigación en el campo de las enfermedades minoritarias.
2. Reconocer la tarea de las asociaciones de enfermos y familiares con dolencias minoritarias (y potenciar el papel de las asociaciones en las relaciones de toma de decisiones sanitarias).
3. Elaborar un estudio que identifique las necesidades asistenciales de los menores con pluridiscapacidad grave para mejorar su atención integral y la de su familia.
4. Impulsar campañas de información y visualización sobre las dolencias minoritarias para aumentar el grado de conocimiento entre los profesionales de los diferentes dispositivos asistenciales que participan en la atención del enfermo y de sus familias.
5. Fomentar la participación de los centros de excelencia en las ERN, las redes europeas de referencia en dolencias minoritarias, impulsadas por la Comisión Europea (European Reference Networks in Rare and Complejo Diseases).
6. Adecuar el sistema de acreditación para evitar que a expertas y expertos reconocidos internacionalmente se los continúe denegando el aval para acceder a las ERN. En tal sentido, tener todos los procedimientos adaptados que sean necesarios para que la pericia deje de tener la puerta cerrada a varias ERN por carencia de CSUR's equivalentes. Respetar los plazos de presentación de las candidaturas y a no ampliarlos unilateralmente sin ningún criterio objetivo que lo justifique.
7. Presentar en el periodo de cuatro meses una propuesta de reforma del modelo de acreditación que deje atrás las ineficiencias de los CSUR's y beneficie el conocimiento y la investigación compartida a nivel europeo sobre dolencias minoritarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Joan Olòriz Serra, Diputado.- Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/004292
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación del Centro Nacional de Referencia de Protonterapia, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La protonterapia es una nueva opción terapéutica en el campo de la oncología segura y efectiva para luchar contra el cáncer supone toda una revolución en el ámbito de la radiooncología en España. Esta terapia utiliza un haz de protones para atacar con radiación el tumor sin necesidad de dañar el tejido sano. Una clara ventaja frente a otros tratamientos actuales como son la radioterapia o los citostáticos que afectan tanto a tejidos neoplásicos como tejidos sanos, derivando en importantes molestias y malestar para los pacientes tras su dispensación.
A día de hoy, en nuestro país, no existe ningún centro público que cuente con este sistema de tratamiento. Si bien, varios centros privados han señalado su intención de comenzar la instalación de este tipo de terapias en sus centros, consideramos que el Sistema Nacional de Salud debe poseer también la posibilidad de garantizar este tratamiento para el conjunto de la ciudadanía. Con este centro aseguraríamos las necesidades de tratamiento de gran parte de la población, puesto que en países que nos dobla la población como Alemania, o con cifras superiores, como Francia, poseen solamente un par de centros para el conjunto del territorio.
Sin embargo, desde Ciudadanos consideramos que este centro no puede quedar al albur de la gestión de una administración autonómica. Las barreras que las administraciones autonómicas han levantado a la hora de impedir la movilidad de los pacientes hacia especialistas o centros especializados en determinadas patologías no pueden mantenerse. Por ello, consideramos que una terapia avanzada de este tipo debe dar cobertura al conjunto de toda la población garantizando la accesibilidad a toda ella y la equidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Centro Nacional de Referencia de Protonterapia, gestionado bajo la dirección y gestión del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con el fin de dar cobertura a las necesidades de los pacientes de todo el territorio nacional colaborando con los servicios sanitarios autonómicos, para garantizar una cobertura sanitaria basada en la accesibilidad universal y la equidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2019.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004294
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, relativa a la gratuidad de la prestación farmacéutica y la emisión de una tarjeta sanitaria personal para menores de edad con discapacidad o enfermedad rara o grave.
Aunque con carácter general las personas con discapacidad están exentas de la aportación farmacéutica ambulatoria de acuerdo con el artículo 4.trece del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y con Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas, previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; en la práctica acudimos a una realidad que supone un enorme perjuicio para las personas menores de edad que se encuentran en esta situación y para sus familias.
Al no contar con una tarjeta sanitaria propia emitida por las autoridades competentes son sus progenitores quienes asumen la correspondiente prestación farmacéutica. Esto supone que, en los casos en que las familias del o de la menor afectada están asumiendo entre un 40 % y un 60 % del precio de sus medicamentos, tratamientos o material ortoprotésico, entre otros.
Es importante, por tanto, garantizar que desde la detección de la enfermedad o el reconocimiento de la discapacidad estos niños y niñas cuenten con una tarjeta propia que permita a sus familias acceder a los tratamientos, medicamentos o materiales que precisen para su curación y asistencia.
1. Garantizar, por parte de los servicios de salud competentes, la emisión de una tarjeta sanitaria propia y personal para las personas menores de edad con alguna discapacidad reconocida o afectadas por cualquier enfermedad rara o grave.
2. Asegurar, en todos los casos y territorios, la gratuidad de la prestación farmacéutica para las personas menores de edad con alguna discapacidad reconocida o afectadas por cualquier enfermedad rara o grave."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos y María Teresa Arévalo Caraballo, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004295
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, relativa al reconocimiento del derecho reconocido en la Ley 39/2006 con carácter retroactivo a las personas con dependencia y en un plazo máximo de seis meses.
El Sistema de Atención a la Dependencia, sobre todo a partir de la aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
Dependencia, es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y de derechos. Se trata de un servicio público de carácter esencial cuya finalidad es garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía mediante la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia.
El pasado 13 de julio de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 20/2012, que supuso de un golpe recortes en derechos y presupuesto. Implica que decenas de miles de dependientes mueran sin prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia. Un extraordinario ataque contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un desconcierto en la política social de España.
Este Real Decreto destruye el sistema de atenciones y retrocede en los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias a un nivel, incluso, anterior a la Ley 39/2006. Se trata, de una derogación encubierta de la Ley de Dependencia que significa un largo listado de sacrificios que se imponen a la ciudadanía española, mientras se continúa de forma enmascarada recortando otros derechos.
Las medidas que contiene no solo son crueles, que lo son, sino que no respetan siquiera el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, pues olvida y deja fuera del sistema de protección social a las personas dependientes, sus familiares y a los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
Se han incrementado las aportaciones de los usuarios sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite la capacidad real de las economías familiares. El copago ha aumentado de manera importante las aportaciones y ha afectado al patrimonio de las personas dependientes. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, se han empeorado las atenciones y la disponibilidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio que ha visto reducida su cobertura, así como las condiciones laborales de las personas que trabajan en este servicio.
Con este Real Decreto-ley se ha reducido la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por 100, la más solicitada de las prestaciones por dar apoyo económico a las cuidadoras no profesionales, a la par que las Administraciones Públicas no han incrementado sus servicios profesionales, mostrándose insuficientes a la hora ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad, con un aumento exponencial de la tendencia a externalizar los servicios. El resultado es que la reducción ha afectado a miles de personas dependientes que han visto reducidas las prestaciones que recibían en una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.
Se suspendió, además, la retroactividad de las prestaciones para quienes ya se encontraban en situación de generar derechos por las mismas, concretamente prestaciones por cuidados en el entorno familiar dejaron de producir efectos retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha de aprobación no hubiesen comenzado a percibir las prestaciones reconocidas (se estableció un plazo suspensivo 2 años). Para agravar más la situación se eliminaron las compatibilidades entre servicios. Esto hace imposible la necesaria complementariedad entre servicios, la flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. Una de las alteraciones más dramáticas de este Real Decreto-ley ha sido el cambio en el modelo de cotizaciones de los cuidadores y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar. Esta alteración ha dejado a 170.000 personas sin cotización en el régimen especial de cuidadores/as, y siendo expulsadas del régimen de cotización de la Seguridad Social de manera que solo podrían permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonasen por sí mismas la totalidad de la cotización.
Modificar el punto 3 de la disposición final primera de la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, para reconocer el derecho con carácter retroactivo a las personas con dependencia y en un plazo máximo de seis meses. La nueva redacción quedaría de la forma que sigue:
"El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de presentación de la solicitud. El plazo máximo para la resolución del
expediente será de seis meses como máximo desde la fecha de la solicitud hasta que se reciba la prestación o servicio contemplados en el programa individual de atención.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004296
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado.
La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de autonomía personal y atención a fas personas en situación de dependencia, era aprobada con una amplia mayoría parlamentaria y apoyo social, dando así respaldo, en teoría, a las personas en situación de dependencia. Dicha ley, reconocía, en su artículo 18, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y dentro de ese apartado 2 y 3 están dirigidos a los cuidadores no profesionales dejando constancia de su protección legal mediante las cotizaciones del Estado a la seguridad social, por esas personas, en su mayoría mujeres, que atendían a familiares dependientes con grado dos y tres de dependencia, es decir moderada y grave.
El 13 de julio de 2012, el Partido Popular, por medio del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció entre otras medidas la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, basado en razones de crisis económica y recesión. Se tomó la forma de decreto-ley como medidas urgentes para evitar los desequilibrios macro económicos y para garantizar la sostenibilidad. Este Real Decreto modificó también la regulación del Convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia. Los Convenios especiales pasarían a tener carácter voluntario y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social pasaron a ser a cargo exclusivamente del suscriptor. Esta medida, afecta especialmente a las mujeres, ya que el 84 % de las cuidadoras no profesionales son mujeres y de las 170.000 que estaban inscritas en la Seguridad Social, ante de este Real Decreto-ley 20/2012, en la actualidad solo quedan 10.000 de ellas. Todo ello se agrava, con un proceso de desmantelamiento del sistema público de servicios sociales, se continúa en la senda de la privatización de servicios y recursos públicos, perdiendo así el control desde la Administración General y despojando a la ciudadanía de sus derechos universales garantizados. Creemos prioritario que se recupere la Seguridad Social a las cuidadoras no profesiones garantizando este derecho vía Presupuestos Generales del Estado y velar por que el resto de sus derechos sean respetados.
Plantemos la necesidad de cumplir con el modelo de financiación acordado, siendo este asumido el 50 % por las Comunidades Autónomas y el 50 % restante de por la Administración General del Estado, ya que en la actualidad la Administración General del Estado aporta el 18 % y las Comunidades Autónomas el 81,9 %.
1. Recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones de la Seguridad Social, restableciéndolas vía Presupuestos Generales del Estado.
2. Cumplir con el convenio acordado de financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
3. Fomentar los servicios públicos, universales y de calidad de atención a las personas en situación de dependencia como: servicios de prevención, servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicios de Centro de Día y de Noche, servicios de atención residencial para que la persona en situación de dependencia o núcleo cuidador pueda optar entre este catálogo de prestaciones y servicios y la opción de optar por tener un/a cuidador/a no profesional del Sistema de Dependencia con derecho a cotización de la Seguridad Social por parte del Estado, siendo todo esta catálogo de servicios y prestaciones compatibles y no excluyentes uno de otro.
4. Reconocer el derecho a prestaciones por desempleo a las cuidadoras no profesionales para que no queden desamparadas una vez finaliza su labora de cuidadora no profesional.
5. Garantizar el derecho a la formación profesional para que así puedan reincorporarse al mercado laboral una vez que ya son excuidadoras no profesionales.
6. Garantizar su derecho a prestación por maternidad y paternidad y a prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
7. Apostar por una subida de la cuantía de prestación."
161/004297
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, relativa a la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y que deroga el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, genera algunos cambios que afectan a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, dejando las demás como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.
Sin embargo, la efectividad de la transferencia competencial al orden social quedó pendiente de tomar vigencia debido a la inclusión de una disposición que remite a una ley ulterior a la que da un plazo de tres años para su llegada a las Cortes. Habiendo transcurrido el plazo es necesario tomar las medidas legislativas oportunas para la materialización de este cambio competencial que es una reivindicación ampliamente asumida por los afectados y por las organizaciones dedicadas a la atención a los mismos, además de ser un claro mandato legislativo al que se debe dar respuesta.
Para ello basta disponer la modificación de la actual disposición final séptima, suprimiendo la excepción y demora de vigencia en este particular que contenía, con lo que asume plenos efectos la transferencia competencial al orden social de estas materias que fuera ya efectuada en su momento por la Ley 36/2011.
Atribuir efectiva y definitivamente a la jurisdicción social las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia."
161/004288
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a garantizar que en la próxima Comunicación Anual 2019 de la Cooperación Española los derechos sexuales y reproductivos sean una línea estratégica prioritaria.
En la V Conferencia internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 1994 se adoptó el Programa de Acción que marcaría las líneas de actuación a nivel nacional e internacional en el área de población y desarrollo para las siguientes dos décadas. Este Programa de Acción, concentrándose en responder a las necesidades de las personas y no solo en las metas demográficas, subrayó la muy estrecha relación entre la población y el desarrollo. La adopción de este Programa marcó una nueva etapa de compromiso que integraba las propuestas de desarrollo socioeconómico con la mejora de la calidad de vida de la población. Entre esas mejoras se incluía un importante avance en materia de salud sexual y derechos reproductivos. A pesar del avance que supuso este hito, no se ha dado una respuesta suficiente a las necesidades y desafíos globales que presenta el vínculo población-desarrollo.
Según el informe del estado de la población mundial de 2018 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) "El Poder de Decidir, derechos reproductivos y transición demográfica" los datos sobre salud sexual y reproductiva en el mundo son dramáticos, especialmente en el Sur Global. Las cifras que presenta el informe son demoledoras: Más de 200 millones de mujeres en el mundo desearían evitar el embarazo y no pueden hacerlo al no tener acceso a métodos anticonceptivos modernos; alrededor de 45 millones de mujeres no reciben atención prenatal adecuada o directamente no la reciben; alrededor de 30 millones de mujeres no dan a luz en centros de salud; 830 mujeres mueren a diario por causas relacionadas con el embarazo o el parto. Los datos de este informe son alarmantes y reflejan, sobre todo, una carencia total de derechos reproductivos de las mujeres del Sur Global. La ausencia de políticas orientadas a garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus embarazos conduce a que el 60 % de la población del África Subsahariana tenga menos de veinticinco años. Estamos ante un crecimiento exponencial de la población que conlleva importantes retos globales.
Las consecuencias socioeconómicas de estas dinámicas demográficas ponen en riesgo la capacidad y sostenibilidad de los ya de por sí débiles sistemas de bienestar de los países del Sur Global, dificultando su capacidad de absorción del incremento de demanda de servicios, como por ejemplo, de sanidad, educación o incluso saneamiento de aguas. Todo ello, sumado al impacto que estas dinámicas demográficas pueden también tener en el desempleo, la precariedad, la pobreza, y en última instancia
en vulneraciones de derechos humanos, tiene una evidente y estrecha relación con el creciente fenómeno migratorio.
Ante esta realidad, preocupan ciertas acciones desarrolladas por el Gobierno de Estados Unidos, como la llamada Global Gag Rule, que ha dejado de dar respaldo financiero a todas las organizaciones que incluyen en sus programas la información y otros servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la propia FNUAP, creando un agujero de aproximadamente 8.800 millones de dólares que ha dejado sin la atención médica necesaria a millones de mujeres del Sur Global, lo que amenaza con agravar, aún más, los desafíos demográficos globales a los que nos enfrentamos.
En suma, urge una respuesta urgente y eficaz capaz de hacer frente a los actuales retos demográficos. Es precisa una acción integral y multidimensional que aborde las causas raíz de dichos retos, entre las que destaca la carencia de derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, la Ayuda Oficial al Desarrollo debe jugar un rol fundamental.
España ha adquirido numerosos compromisos internacionales en materia de género, como La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Plan de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, así como con la propia y transversal Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nuestra política de cooperación, en línea con los compromisos internacionales adquiridos, así como con los propios objetivos establecidos en la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debe poner la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como eje transversal presente en toda la política y acción de la cooperación. Además, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y es una de las herramientas imprescindibles no solo para el avance del ejercicio de los derechos de las mujeres en todo el mundo, sino también para hacer frente a los importantes retos demográficos globales a los que nos enfrentamos, incluyendo las crecientes dinámicas de movilidad humana forzada. Por ello, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos debe convertirse en una pieza clave en nuestra acción en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
1. Reforzar su compromiso en la consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, priorizando sus objetivos 3 y 5, de manera en la que se priorice como eje transversal de la acción de la cooperación española la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo la promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos a través de su inserción en la próxima Comunicación Anual de la Cooperación Española -documento estratégico anual de la Política de Cooperación Española-.
2. Promover la implementación plena y efectiva de los compromisos adquiridos en la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en aras de proteger y cumplir con el derecho de cada persona a decidir de manera libre y responsable sobre asuntos relacionados con su sexualidad y salud sexual y reproductiva, prestando especial atención a la necesidad de acceso universal a información sobre salud sexual y reproductiva de calidad y asequible, incluida la educación integral sobre sexualidad y servicios de salud.
3. Garantizar una inversión suficiente en el ámbito de la salud y derechos sexuales y reproductivos: Recuperando progresivamente el porcentaje estipulado en el III Plan Director de la Cooperación Española de destinar a programas de género el 15 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo total (distribuida en un 9 % para género en desarrollo y 6 % para salud y derechos sexuales y reproductivos).
4. Intensificar las acciones en materia de promoción de la salud y derechos sexuales reproductivos en las acciones financiadas con AOD que tengan por objetivo abordar las causas raíz de la migración forzosa.
5. Impulsar en el seno del Consejo de la Unión Europea, en línea con los compromisos existentes en el II Plan de Acción de Género de la Unión Europea, que el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión establezca el compromiso de destinar el 20 % de fa AOD de las Instituciones de la Unión a
programas para el fomento de la igualdad de género y empoderamiento de la mujeres, incluyendo acciones para la promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2019.-Ana Belén Terrón Berbel, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Ángela Ballester Muñoz, Aina Vidal Sáez y Sofía Fernández Castañón, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004281
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la inscripción de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN), en su Instrucción de 5 de octubre de 2010, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, reconoce la filiación entre los progenitores y el hijo así gestado, cuando se hubiese realizado en un país en el que sea un procedimiento legal y exista una sentencia judicial que así lo acredite.
En concreto, dicha Instrucción tiene la finalidad de dotar de plena protección jurídica el interés superior del menor, al señalar la DGRN que "Para garantizar la protección de dichos intereses, la presente Instrucción establece como requisito previo para la inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución, la presentación ante el Encargado del Registro Civil de una resolución judicial dictada por Tribunal competente", y añade que "En relación con el reconocimiento de la resolución que determina la filiación del menor, dictada por Tribunal extranjero, la presente Instrucción incorpora la doctrina plenamente consolidada por el Tribunal Supremo".
Incluso, y con el objetivo primordial de salvaguardar el interés superior del menor y acotar al máximo la inseguridad jurídica que puede implicar la no inscripción a través de esta Instrucción, la DGRN indica expresamente que el no cumplir con los requisitos de la Instrucción "[...] no impedirá que el solicitante pueda intentar dicha inscripción por los medios ordinarios regulados en el artículo 10.3 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana y artículos 764 y siguientes de la LEC.".
A pesar de lo expuesto, distintos medios de comunicación han venido recogiendo, en los últimos meses, los testimonios de españoles que han recurrido a este procedimiento para cumplir su deseo de formar una familia, y donde denuncian los obstáculos y dificultades que están teniendo a la hora de registrar a sus hijos en los registros consulares. Y lo que es extremadamente preocupante es que estos obstáculos parecen surgir, precisamente, a raíz de declaraciones de formaciones políticas contrarias a regular esta forma de formar una familia. De esta forma, abocan a una inseguridad jurídica total a niños y familias españolas, anteponiendo su ideología a la salvaguarda de sus derechos.
Por otro lado, el TEDH también se ha pronunciado sobre el alcance y la trascendencia en el establecimiento de la filiación de la gestación por sustitución. En dos sentencias similares, el alto Tribunal ha considerado que el interés superior del menor es un concepto que debe plasmarse de forma indubitada en el establecimiento de la filiación, haciendo posible desde el nacimiento del niño que su filiación quede acreditada, sin que ello pueda verse afectado por el diferente tratamiento normativo sobre la gestación por sustitución que pueda haber en el país en que residen los padres intencionales y donde residirá el propio menor.
En definitiva, resulta imprescindible garantizar la continuidad transfronteriza de una relación de filiación que, obviamente, implica responsabilidades parentales. Y ello aunque esta relación de filiación sea fruto de una gestación subrogada, de acuerdo con los derechos de los menores recogidos en la Convención
sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, adoptada por Naciones Unidas y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, entre los que se encuentra el derecho del menor a tener los mismos padres en todos los países, y a tener una nacionalidad.
Garantizar la inscripción de los menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada, de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas por España y en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2019.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y María Virginia Millán Salmerón, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
181/001679
En el marco de las actuaciones administrativas del proyecto de la futura Ronda Sur de Logroño, la concesionaria AVASA ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el proyecto por el que el tramo de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete queda liberado.
¿Qué decisiones contempla adoptar el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2019.-César Luena López, Diputado.
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
¿Qué actuaciones contempla Aena a corto y medio plazo en el aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
¿Cuál es la previsión de plazos respecto al acceso desde la A-7 a Benalmádena?
¿Qué actuaciones contempla Fomento a corto y medio plazo en la línea Bobadilla-Algeciras?
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Formación Profesional
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
¿Cuáles son los motivos del retraso en la tramitación de las becas generales de 2018/2019 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2019.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
181/001680
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
¿Cómo va a afectar al sector pesquero de arrastre el nuevo Plan aprobado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para gestionar la pesca en el Mediterráneo occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
¿Cuál es la previsión del Gobierno respecto a la entrada en funcionamiento de la depuradora de Nerja?
¿Qué actuaciones contempla el Gobierno a corto y medio plazo en las playas de la provincia de Málaga?
184/044849
Autor: Chaib Akhdim, Mohammed (GS)
Retirada de su pregunta sobre número de reuniones que se han producido entre el Presidente y/o la Vicepresidenta del Gobierno y miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018.
184/045475
Medidas especiales previstas para proteger el Parque Nacional de Doñana.
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 126222, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Doña Carmen Quintanilla Barba, doña María de Fátima Báñez García y don Carmelo Romero Hernández, Diputados por Ciudad Real y Huelva respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Comisión Europea ha acusado a España de no proteger adecuadamente Doñana, espacio Patrimonio de la Humanidad, llevando hasta el Tribunal Europeo la desprotección del humedal, ante la sobreexplotación de su acuífero para satisfacer las demandas del regadío y el turismo, que está provocando el detrimento del nivel freático.
¿Qué medidas especiales tiene previstas aplicar el Gobierno para proteger el Parque Nacional de Doñana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2019.-Carmen Quintanilla Barba, María Fátima Báñez García y Carmelo Romero Hernández, Diputados.