Source: http://docplayer.es/9143123-Resolucion-del-tribunal-administrativo-central-de-recursos-contractuales.html
Timestamp: 2018-02-26 01:38:27
Document Index: 903240

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 310', 'artículo 312', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 69']

Sofia Ramos San Segundo
1 MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 123/2011 Resolución nº 170/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de junio de VISTO el recurso interpuesto por Don J.A.L.G. contra las bases que han de regir el concurso de ideas con intervención de jurado para la redacción del proyecto de ejecución de fachadas y zonas de oficinas del edificio sede del Consorcio Ess Bilbao, el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El Consorcio Ess Bilbao convocó mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco, respectivamente, los días 14 y 20 de enero y 7 de febrero de 2011 licitación para adjudicar el contrato de servicios más arriba citado, estableciéndose como fecha límite de presentación de las ofertas el día 22 de febrero de Segundo. El recurrente estima que el punto 9 del pliego de bases regulador del concurso de ideas, referido a los Criterios de selección en la primera fase del concurso, es contrario al ordenamiento jurídico, en tanto que limita la libre competencia, y además algunos de sus apartados limitan la capacidad de obrar de los titulados en cuanto al tamaño de los proyectos y necesidad de normas de calidad que entiende no pueden aplicarse a personas físicas, por lo que decide interponer el correspondiente recurso que se verifica mediante escrito con fecha de entrada en el registro del Consorcio de 9 de febrero de 2011, por el que solicitaba la modificación del pliego de bases del concurso de ideas. El 25 de mayo de 2011 se recibió en este Tribunal el expediente administrativo, acompañado del correspondiente informe del órgano de contratación, previa opción del.. PS. CASTELLANA, 162,15ª PLTA MADRID TEL: /41/45 FAX:
2 2 recurrente para que el recurso sea resuelto por este Tribunal, de fecha 18 de mayo de 2011, en los términos previstos en el artículo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en cuanto que el Consorcio Ess Bilbao está participado al ciencuenta por ciento por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tercero. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a las otras empresas que habían participado en la licitación, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaban oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que se haya ejercitado el mismo por las interesadas. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. Poder adjudicador El Consorcio Ess Bilbao es una entidad del sector público participada al ciencuenta por ciento por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco. La LCSP incluye expresamente en el sector público a los consorcios dotados de personalidad jurídica propia ( ) (art. 3.1.e), como poderes adjudicadores sin tener el carácter de Administraciones Públicas (art. 3.3.b). A estos efectos, la LCSP establece las Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas (Sección 1ª, Capítulo II, Título I del Libro III). Entre estas normas, la Ley distingue las relativas a la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada supuesto aplicable al expediente de referencia- y las aplicables a aquellos otros contratos no sujetos a armonización, disponiendo reglas específicas para los primeros (art. 174) y estableciendo ciertas disposiciones para los segundos (art. 175). Segundo. Plazo. La interposición de cada recurso se ha producido dentro de plazo legal del artículo LCSP.
3 3 Tercero. Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 311 LCSP, corresponde la competencia para resolver el presente recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Cuarto. Acto objeto del recurso. Corresponde aquí examinar si el recurso ha sido interpuesto contra un acto recurrible. Al respecto hay que indicar que el artículo 310 LCSP incluye, entre los actos recurribles los pliegos referidos a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, que es el supuesto del expediente de referencia. En consecuencia, el recurso se ha interpuesto contra un acto recurrible de conformidad con lo establecido en la LCSP. Quinto. Legitimación. Antes de entrar en el fondo de la cuestión planteada es preciso resolver el asunto relativo al cumplimiento del requisito de legitimación en la interposición del presente recurso, toda vez que el órgano de contratación, a través del informe emitido por el Abogado del Estado-Coordinador del convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía del Estado y el Consorcio Ess Bilbao, ha formulado alegaciones en el sentido de que el recurso ha sido interpuesto por persona no legitimada para ello. Basa su argumentación en la STS de 15/03/2005 (recurso 6997/2001), FJ 3ª, el cual reproduce, para concluir señalando que: El recurrente, no sólo no ha presentado ninguna oferta a dicho concurso ni ha manifestado su intención de hacerlo, sino que, además, carece de capacidad para la redacción de proyectos como el que es objeto del concurso de ideas, por lo que no podría optar a ser adjudicatario aún cuando presentara algún proyecto, de ahí que haya que considerar que el recurrente carece de interés legítimo para impugnar el pliego regulador del concurso de ideas, puesto que no hay una afectación personal ni ostenta un interés concreto que se vaya a ver beneficiado por la eventual estimación del recurso. A este respecto, procede traer a colación lo previsto en el artículo 312 LCSP, conforme al cual: Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación
4 4 toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso. Para precisar el alcance del citado precepto en caso de terceros interesados no licitadores (como es el supuesto que nos ocupa), ha de tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial acerca del concepto interés legítimo en el ámbito administrativo. En este sentido y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en sentencias tales como la STS de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998 entre otras, si el derecho subjetivo es siempre reconocible, el interés legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética, criterio éste coincidente con la Sentencia citada por el órgano de contratación en su informe. Pues bien, expuesto cuanto antecede, procede determinar si efectivamente el recurrente con motivo del recurso interpuesto puede obtener algún beneficio o evitar perjuicio de algún tipo. Para ello es requisito imprescindible que el recurrente ostente la capacidad necesaria para suscribir el correspondiente contrato atendiendo al objeto del mismo. En concreto, se trata de determinar si el recurrente con su titulación de ingeniero aeronáutico está habilitado para la redacción del proyecto objeto del contrato la ejecución de fachadas y zonas de oficinas del edificio sede del Consorcio Ess Bilbao, edificio que se situará en un Parque Científico. Así, la admisión o no al procedimiento de licitación dependerá que el recurrente, en este caso ingeniero aeronáutico, reúna los requisitos mínimos de capacidad y solvencia que establece el pliego de bases del concurso. En nuestro caso, el pliego en su cláusula 5.1 permite participar a todas las personas físicas o jurídicas, que, conforme a la legislación vigente, puedan redactar proyectos, requisito éste que cumple el recurrente, pues el artículo 2 del Decreto de 1 de febrero de 1946, por el que se regulan las funciones de los ingenieros aeronáuticos, además de establecer sus competencias exclusivas en el campo aeronáutico concluye señalando que: Al Título de Ingeniero Aeronáutico se le reconoce la capacidad legal, en los términos que disfruten otras especialidades de Ingenieros, para
5 5 ejecutar toda clase de proyectos, informes, peritajes, trabajos, etc., que no tengan carácter de exclisividad para ninguna de las otras ramas de la Ingeniería. Ni en el pliego, ni tampoco el informe del órgano de contratación acreditan la exclusividad de alguna rama de la ingeniería para la redacción del proyecto. A mayor abundamiento, el pliego en su cláusula 9, impugnada por el recurrente, valora entre los criterios de selección el que el firmante del proyecto sea un arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico, ingeniero técnico, e incluso admite otros sin especificación alguna. Asimismo, cuando el pliego se refiere a la capacidad de obrar en su cláusula 5.2.1, por lo que aquí interesa, exige que Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una habilitación empresarial o profesional especial, deberá acreditarse que el candidato o licitador está en posesión de la misma, en este caso, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 5.1 la habilitación requerida sera para redactar proyectos, lo cual cumple plenamente un ingeniero aeronáutico según se ha visto anteriormente. De otro lado el pliego en su clásula 11 permite acreditar la solvencia por cualquiera de los medios previstos en los artículos 64 y 67 de la LCSP, sin precisar por tanto el nivel mínimo de solvencia. De este modo, el Corsorcio queda obligado a aceptar como solvente con motivo del examen de la documentación general (sobre A) a cualquier licitador, por la simple presentación de unos documentos (declaraciones de entidades financieras, relación de los principales servicios, etc.) sin que pueda ejercer una función crítica sobre ellos. En definitiva el pliego de bases no indica la documentación requerida para la acreditación de la solvencia, tal y como exige el artículo 51 LCSP. Las consideraciones anteriores hacen que, a juicio de este Tribunal, no pueda ser atendida la alegación del órgano de contratación respecto a la falta de legitimación del recurrente. FONDO DE LA CUESTIÓN. Primero. La cuestión de fondo que se plantea en el recurso se ciñe a la impugnación por el recurrente de la cláusula 9 del pliego de bases del concurso, por enteneder que se incluyen criterios ligados a la experiencia que no pueden valorarse, lo cual considera que es contrario a la LCSP, así como a la jurisprudencia europea y nacional, citando en su
6 6 apoyo tres sentencias (STS de 324 demayo de 2004; STS de 27 de octubre de 2004; y, STSJUE de 20 de septiembre de 1988, asunto C-31/1987). Asimismo impugna la citada cláusula por enteneder que existen en la misma criterios que limitan la competencia, así como la capacidad de obrar de los titulados al establecerse un tamaño para los proyectos y necesidad de normas de calidad que entiende no pueden aplicarse a personas físicas. Segundo. Con carater previo al examen del fondo del recurso, es preciso reproducir el contenido de la cláusula recurrida. Así la cláusula 9 del pliego de bases del concurso señala lo siguiente: 9. CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA FASE PRIMERA DEL CONCURSO 9.1 Si se presentasen más de 10 solicitudes de participación, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la LCSP se hará una selección pevia con arreglo a los siguientes criterios: 1. Principales proyectos de PEM superior a dos (2) millones de euros realizados en los últimos 3 años hasta un máximo de 30 puntos 1 proyecto: 10 puntos (...) 6 proyectos: 30 puntos Forma de acreditación: (...) 2. Tipología de los proyectos realizados hasta un máximo de 20 puntos Instalaciones de índole cientifica: 20 puntos Edificios de oficinas: 15 puntos Otros edificios de índole no residencial: 10 puntos 3. Titulación del firmante del proyecto hasta un máximo de 15 puntos Arquitecto / Ingeniero: 15 puntos Arquitecto técnico / Ingeniero técnico: 10 puntos Otros: 5 puntos Forma de acreditación: (...) 4. Estructura de la plantilla vinculada al proyecto hasta un máximo de 15 puntos Arquitecto / Ingeniero: 5 puntos Arquitecto técnico / Ingeniero técnico: 4 puntos Delineantes: 3 puntos Otras titulaciones:1 puntos Forma de acreditación: (...) 5. Control y aseguramiento de la calidad hasta un máximo de 10 puntos ISO9000: 2 puntos
7 7 (...) Otras certificaciones de reconocido prestigio: 2 puntos Forma de acreditación: (...) 6. Software informático asociado con el diseño y el cálculo hasta un máximo de 5 puntos Diseño gràfico 2D: 1 punto (...) Software realización de mediciones, presupuesto y planificación: 2 puntos Forma de acreditación: (...) 7. Equipameinto propio disponible hasta un máximo de 5 puntos Equipos de impresión a color (...): 1 punto (...) Equipos portatiles: 1 punto Forma de acreditación: (...) Tercero. La LCSP regula en la Sección 6ª del Capítulo I del Título I del Libro III (artículos 168 a 172) el concurso de proyectos, supuesto del expediente de referencia, que en lo no previsto en la Sección citada se regirá por las disposiciones reguladoras de la contratación de servcios. La cuestión aquí discutida se centra en los criterios de selección de la primera fase del concurso, cuyo objeto es limitar el número de participantes en el concurso, en los términos establecidos en el artículo 170 LCSP. El citado artículo 170 establece lo siguiente: En caso de que se decida limitar el número de participantes, la selección de éstos deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, claros y no discriminatorios, sin que el acceso a la participación pueda limitarse a un determinado ámbito territorial, o a personas físicas con exclusión de las jurídicas o a la inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos invitados a participar, deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una competencia real. Del mismo se pueden extraer las condiciones a las que han de sujetarse los criterios de selección de los participantes en un concurso de proyectos: que es posible limitar el número de participantes, pero garantizando una competencia real; que la selección responda a criterios objetivos, claros y no discriminatorios; y que no exista discriminación por razón de territorialidad, ni de personalidad. En definitiva, se trata de determinar si los criterios elegidos para la selección de los
8 8 candidatos, establecidos en la cláusula 9 del pliego, además de cumplir con lo preceptuado en el artículo 170 LCSP, ser objetivos, claros y no discriminatorios, respetan los principios generales de la contratación administrativa consagrados en el artículo 1 LCSP, especialmente los de publicidad y transparencia, igualdad de trato y no discriminación, así como libre competencia, sin olvidar la necesaria vinculación y proporcionalidad de los mismos atendiendo al objeto del contrato en el supuesto de que lo que se pretenda con ellos sea valorar la aptitud de los licitadores (artículo 51 LCSP). Cuarto. Sentado lo anterior procede examinar seguidamente las alegaciones del recurrente a los distintos criterios de selección de los participantes establecidos en el punto 9 del pliego de bases del concurso. Con carácter general el recurrente se refiere a la imposibilidad de utilizar y valorar criterios de experiencia, pues entiende, para lo cual cita jurisprudencia nacional y comunitaria, que sólo pueden servir como criterios de admisión en las licitaciones y que además limitan la libre competencia. Frente a ello, explica, en síntesis, el órgano de contratación en su informe que los criterios contenidos en la cláusula 9 del pliego se aplican a una primera fase de selección de participantes, siendo la segunda fase en la que se seleccionará a los ganadores. Así, aún cuando pueda afirmarse que la designación de los ganadores de un concurso de ideas equivale a una adjudicación, no puede afirmarse que los criterios tenidos en cuenta para esa primera fase de selección, incluidos en la cláusula 9, puedan calificarse de criterios de adjudicación. Entiende el órgano de contratación que, lo que se hace en esa primera fase, ahora impugnada, es seleccionar a los partícipes mediante criterios que aseguran que disponen de la capacidad suficiente para ser adjudicatarios, es decir, se está seleccionando una opción que sí amparan expresamente, tanto la normativa comunitaria como la española. En apoyo de sus tesis el órgano de contratación cita abundante jurisprudencia, así como el informe 51/05 de 19 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el artículo 48.5 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Quinto. Efectivamente, en consonancia con lo señalado por el órgano de contratación, entiende este Tribunal que la normativa, tanto nacional como comunitaria, permite utilizar
9 9 tanto la experiencia como su correspondiente valoración entre los criterios de selección de los participantes en un concurso de proyectos al objeto de limitar su número, siempre, evidentemente, dentro de los principios generales establecidos en la LCSP citados en el fundamento tercero y de los que expresamente cita el artículo 170 LCSP. En este sentido interesa apuntar que la valoración de la aptitud y la adjudicación del contrato son dos operaciones diferentes, regidas también por reglas diferentes. En la valoración de al aptitud se evaluarán aspectos relativos al contratista, mientras que en la adjudicación solamente se podrán valorar aspectos relativos a la oferta, es decir, al objeto del contrato. Por tanto, los medios que los órganos de contratación pueden utilizar como acreditativos de la aptitud y que tienen por finalidad determinar la capacidad de los licitadores para la ejecución del contrato no pueden ser valorados para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Respecto a la experiencia es claro, y así lo reconoce el propio órgano de contratación en su informe, que la misma sólo puede ser objeto de consideración cuando se trata de verificar la aptitud de los licitadores para contratar. La cuestión será por tanto determinar si los criterios exigidos en la cláusula impugnada tienen por objeto valorar las ofertas o únicamente valorar la capacidad técnica de los licitadores para celebrar el correspondiente contrato. Pues bien, examinados los criterios de selección de la cláusula 9 del pliego, este Tribunal no puede sino admitir que los mismos tienen como único objeto valorar la capacidad de los participantes en la licitación, pues con ellos lo que se pretende es limitar el número de participantes cuyas ofertas serán objeto de valoración, siendo la cláusula 10 del pliego en la que se establecen los criterios de adjudicación para seleccionar las mejores ofertas. Asimismo, dichos criterios cumplen con los principios tanto contemplados en el artículo 170 LCSP, como con los principios generales de la contratación. En definitiva, en esta primera fase de selección en absoluto se valorará el objeto del contrato, esto es, el proyecto de ejecución, sino únicamente aspectos relacionados con la capacidad de los licitadores para celebrar el contrato, los cuales como afirma el órgano de contratación no serán tenidos en consideración en la segunda fase de selección en la cual tendrá lugar la valoración de las ofertas. Así, los criterios de selección de la segunda
10 10 fase, que se contienen en la cláusula 10 del pliego de bases del concurso, son los siguientes: valor arquitectónico, valor artístico, originalidad, carácter innovador de la propuesta y mejora del pliego de prescripciones técnicas. Resulta por tanto evidente que estos criterios de selección citados, además de no ser coincidentes con los establecidos en la cláusula 9 impugnada, tienen por objeto valorar las ofertas de los licitadores seleccionados en la primera fase atendiendo exclusivamente a características de la oferta, que no de la empresa que son las que se valoran en la cláusula 9 del pliego impugnada, siendo posible por tanto incluir la experiencia como criterio de selección en la citada cláusula. En cuanto a la imposibilidad de valorar o ponderar los criterios de selección establecidos en la cláusula 9 del pliego, que el recurrente considera que limitan la libre competencia, es preciso indicar que no sólo es posible, pues la normativa contractual no impide su aplicación, sino que además es aconsejable en cuanto que, tal y como dice el órgano de contratación, evita arbitrariedad en la valoración de los criterios por la Administración e incorpora una mayor objetividad a la misma. Asimismo la asignación de puntuación a los criterios impugnados cumple plenamente con los criterios exigidos en el artículo 170 LCSP. Cuestión distinta de la anterior es que los criterios impugnados no fueran proporcionales o no estuvieran vinculados al objeto del contrato, lo cual además de no haber sido alegado por el recurrente, no es el caso. En conclusión, entiende este Tribunal que la utilización de la experiencia como criterio de valoración de la aptitud en la cláusula 9 del pliego cumple lo preceptuado tanto en el artículo 170 LCSP antes transcrito como con los principios generales consagrados en la LCSP, pues la misma puede ser considerada como un criterio de selección de los participantes, que no de adjudicación, en cuanto que lo que se persigue con la cláusula impugnada es una selección previa de candidatos a los cuales se les aplicarán los criterios de adjudicación previstos en el pliego, en este caso en la cláusula 10, siendo admisible que los criterios elegidos para seleccionar a los candidatos sean valorados o ponderados, lo cual permite establecer un orden de prelación entre los licitadores, al objeto de seleccionar a aquellos cuyas ofertas serán objeto de valoración conforme a los criterios fijados en el pliego.
11 11 Por todo lo anterior, no pueden admitirse las alegaciones realizadas por el recurrente en cuanto a la imposibilidad de valorar la experiencia en esta fase de selección de participantes, así como las relativas a la ponderación de los criterios que se señalan en la cláusula 9 del pliego. Sexto. Procede examinar a continuación las alegaciones del recurrente respecto de algunos de los distintos criterios de selección contemplados en la cláusula 9 del pliego de bases del concurso. En lo que se refiere al primer criterio de la base 9 del pliego, relativo al número de proyectos realizados, impugna el recurrente que los mismos se valoren, lo cual entiende es contrario al principio de libre concurrencia, justificándolo desde el punto de vista que cuando se exige una clasificación determinada no se dá más puntos al que tiene una clasificación mayor. En este punto procede insistir que estamos ante un criterio de aptitud y que dado la magnitud del proyecto cuya ejecución será objeto de contratación futura resulta plenamente admisible y proporcional tal exigencia, siendo precisamente la valoración la que permitirá clasificar a los licitadores al objeto de valorar sus ofertas en la siguiente fase. Respecto a la asignación de puntuación al criterio aquí impugando nos remitimos a lo apuntado en el fundamento quinto. De otro lado inetersa apuntar que, en modo alguno, puede identificarse que la existencia de licitadores que no puedan cumplir determinados criterios, en este caso no eliminatorios, sea contrario a la libre competencia, siempre que el establecimiento de esos criterios respondan a los principios de proporcionalidad y vinculación con el objeto del contrato, lo cual se cumple en el presente expediente. A mayor abundamiento, tal y como señala el órgano de contratación en su informe el pliego no exige que se hayan realizado proyectos por ese importe, sino que únicamente lo establece como un criterio más de selección en la fase cuyos criterios se impugnanan. La referencia que realiza el recurrente respecto a la clasificación carece de fundamento en cuanto que la clasificación tiene por objeto el sustituir a la solvencia en la fase de examen de al documentación general, y en el presente suspuesto estamos ante criterios
12 12 de selección que tienen por objeto, en los términos previstos en el artículo 170 LCSP, limitar el número de participantes para valorar posteriormente sus ofertas de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de bases. Séptimo. Respecto del segundo criterio, tipología de los proyectos realizados, señala el recurrente, además de la imposibilidad de valoración del mismo, lo cual ya se ha resuleto anteriormente, que sorprende la superior valoración que hace el criterio de los edificios científicos respecto de las oficinas cuando se trata de un concurso para la redacción de un proyecto de edificio de oficinas. La explicación del órgano de contratación se basa en que el proyecto se refiere a la fachada y zona de oficinas integradas en un complejo edificio que va a contener el acelerador de partículas necesario para la espalación de neutrones, es decir, no se trata sólo de un proyecto de edificio destinados a la sede del Consorcio, sino de un conjunto en cuyo subsuelo se va a establecer una compleja instalación científica, de ahí que no pueda equiparase el edificio con un mero edificio de oficinas. Eferctivamente de la simple lectura del pliego de prescripciones técnicas se puede observar como el edificio en cuestión no se destinará exclusivamene a oficinas. Asi, la cláusula 2 del pliego de prescripciones técinas en el apartado destinado a las fachadas, se refiere además de a la zona de oficinas a la zona de laboratorios, lo cual ya es indicativo del carácter industrial al que alude el órgano de contratación. En consecuencia entiende el Tribunal que resultan razonables las valoracioones asignadas en este criterio tanto para los proyectos de índole científica (20 puntos) como para los de oficinas (15 puntos), en cuanto que la diferencia de puntos no es especialmente relevante, entrando por tanto dentro del ámbito de la discrecionalidad de la Adminsitración. Octavo. En relación con el tercer criterio, titulación del firmante del proyecto, discute el recurrente, además de la valoración del criterio, cuestión ya resuelta, la indefinición de las ingenierías, aspecto éste que en la medida que en absoluto discrimina o limita la concurrencia, sino al contrario la favorece, no puede admitirse, pues igualmente entra en el ámbito de la discrecionalidad de la Adminsitración.
13 13 Noveno. En los criterios cuarto y quinto se refiere el recurrente asimismo a su valoración, señalando en el quinto, relativo al control de calidad, que no es posible exigir criterios de calidad pues el título otorgado es en sí mismo sello de calidad. A estos efectos señala el órgano de contratación que, a su juicio, el recurrente confunde capacidad (que es lo que acredita la titulación) y la excelencia que es lo que se pretende valorar mediante el criterio quinto, en el cual se valoran los certificados de calidad. En este sentido interesa apuntar que la propia LCSP permite en su artículo 69, para los contratos sujetos a regulación armonizada, la acreditación del cumplimiento de normas de calidad. De acuerdo con ello, es plenamente admisible la exigencia de dichos certificados, aún cuando se trate de licitadores que sean personas físicas. No debe olvidarse que el certificado en cuestión lo que acredita es una calidad mínima en el proceso de realización de los trabajos, sin perjuicio de la habilitación necesaria para su realización, que vendrá determinada por la posesión de la correspondiente titulación. Décimo. Finalmente el recurrente en su alegaciones se refiere a los títulos académicos. En concreto entiende que no es posible poner condiciones de tamaño a los proyectos realizados, ni tampoco de tipología porque, según manifiesta, todos los arquitectos tienen capacidad de poder hacerlos, al igual que cada ingeniero dentro de su ámbito de competencias. A este respecto, simplemente apuntar que es la propia LCSP (art. 67 e) para las prestaciones de servicios) la que permite la exigencia de titulaciones, obviamente cumpliéndose los requistos de vinculación y proporcionalidad citados anteriormente. Finalmente el recurrente muestra su opinión sobre cómo debiera realizarse la primera fase de selección que impugna. Si bien en este punto nada tiene que observar el Tribunal por cuanto se trata de una mera valoración subjetiva del mismo, que en modo alguno afecta a la legalidad de la cláusula impugnada. Undécimo. Las argumentaciones anteriores nos llevan a la desestimación del recurso en todos sus extremos.
14 14 Por todo lo anterior, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Don J.A.L.G. contra las bases que han de regir el concurso de ideas con intervención de jurado para la redacción del proyecto de ejecución de fachadas y zonas de oficinas del edificio sede del Consorcio Ess Bilbao, por ser la cláusula 9 del pliego de bases del concurso impugnada conforme a derecho. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.