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Timestamp: 2019-09-21 09:27:52
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 323', 'artículo 323', 'artículo 241', 'artículo 323', 'artículo 321', 'artículo 321', 'artículo 323', 'artículo 321', 'artículo 323', 'artículo 47', 'artículo 30', 'artículo 323', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 323']

﻿ SENTENCIA C-451 DE JUNIO 10 DE 2003
SENTENCIA C-451 DE 10 DE JUNIO DE 2003
CONTENIDO:PARTE CIVIL. NO PUEDE SER EXCLUIDA DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREVIA. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, PARTE CIVIL, RESERVA DE LA DILIGENCIA PROCESAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, INVESTIGACIÓN PREVIA, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-451 de junio 10 de 2003
NO PUEDE SER EXCLUIDA DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN PREVIA
Sentencia C-451 de 2003
Ref.: Expediente D-4329
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 323 de la Ley 600 de 2000.
Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil tres.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097 de 24 de julio de 2000 y se resalta lo demandado
“ART. 323.—Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.
Estudio de la eventual cosa juzgada material
2. La vista fiscal plantea la posibilidad de que en el presente caso exista cosa juzgada material, en la medida en que la Sentencia C-1711 de 2000 analizó un contenido normativo igual, cuando declaró exequible el artículo 321 del anterior estatuto procesal penal (D. 2700/91). Entra pues la Corte a estudiar este tema, para lo cual comenzará por mostrar si el contenido normativo estudiado en la citada sentencia es igual al demandado en la presente oportunidad.
3. El artículo 321 del Decreto 2700 de 1991, declarado exequible por la Sentencia C-1711 de 2000, señala que “durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias”. Por su parte, el artículo 323 de la Ley 600 de 2000, demandado en la presente oportunidad, establece que “durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias”. Los contenidos normativos son entonces idénticos, por lo que debe esta Corte analizar si existe o no cosa juzgada material, que obligue a estarse a lo resuelto en la citada Sentencia C-1711 de 2000. Para resolver ese interrogante, esta corporación recordará brevemente su doctrina sobre el alcance de la cosa juzgada material.
4. La Sentencia C-311 de 2002, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, clarificó los alcances de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad, precisando que en esos casos, el fallo anterior es un precedente, que amerita obviamente respeto, pero que no implica que obligatoriamente la Corte deba estarse a lo resuelto en el caso anterior.
“El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad. La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte. En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores. También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional, y responden a la interpretación de una Constitución viviente (fundamento 4º)” (1) .
(1) En el mismo sentido, ver aclaración de voto de Rodrigo Uprimny a la Sentencia C-1216 de 2001.
5. Conforme a lo anterior, el hecho de que la Corte haya declarado la exequibilidad del artículo 321 del Decreto 2700 de 1991, no impide que esta corporación pueda pronunciarse sobre el mismo contenido normativo, incorporado ahora en el artículo 323 del nuevo estatuto procesal penal, no sólo porque se trata de dos disposiciones formalmente distintas, sino además porque, como bien lo destaca la vista fiscal, en los últimos años, esta Corte modificó su doctrina sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal (2) . Habiendo sido variada la jurisprudencia relativa a los derechos de las víctimas y al significado de la parte civil con posterioridad a la Sentencia C-1711 de 2000, es natural que la Corte pueda llegar a otras conclusiones sobre la constitucionalidad del contenido normativo impugnado. Entra pues la Corte a examinar la demanda dirigida contra la disposición acusada.
(2) Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-033 de 2003, C-04 de 2003, C-228 de 2002 y T-1267 de 2001.
6. El actor considera que, conforme a la nueva doctrina constitucional, la disposición acusada discrimina a las víctimas y afecta sus derechos, pues no permite a la parte civil conocer las diligencias previas. Esta postura es respaldada por uno de los intervinientes y por la vista fiscal, que solicitan que la Corte condicione la constitucionalidad de la disposición impugnada, a fin de que la reserva de la investigación previa no rija para la parte civil. Por el contrario, otra interviniente considera que el precepto acusado se ajusta a la Carta, pues no limita desproporcionadamente los derechos de la parte civil y de las víctimas, ya que éstos pueden conocer por otras vías el alcance de la investigación previa.
El problema que plantea la demanda es entonces si afecta o no los derechos de las víctimas y de la parte civil que la investigación previa sea reservada y sólo pueda conocerla el defensor del imputado que rindió versión preliminar.
7. La Corte considera que no se necesitan mayores elucubraciones para concluir que, conforme a la doctrina desarrollada por las sentencias C-228 de 2002 y C-004 de 2003, entre otras, los cargos del actor están llamados a prosperar. En esas sentencias la Corte precisó que las víctimas de los delitos tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ello, específicamente consideró que si bien la ley podía establecer la reserva de la investigación previa, a fin de proteger la eficacia de la justicia, así como los derechos a la intimidad y el buen nombre del imputado, sin embargo no podía excluir a la parte civil, pues estaría afectando desproporcionadamente los derechos de las víctimas. Dijo al respecto la Sentencia C-228 de 2002, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett:
“Se ha justificado la reserva durante la etapa de investigación previa por el interés de proteger la información que se recoja durante esta etapa. Sin embargo, dado que la investigación previa tiene como finalidad determinar si el hecho punible ha ocurrido o no, si la conducta es típica o no, si la acción penal no ha prescrito aún, si se requiere querella para iniciar la acción penal, si el querellante está legitimado o no para iniciar la acción, si existe o no alguna causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad (L. 600/2000, art. 322), no permitirle a la parte civil actuar durante esta etapa o exigir que el acceso al expediente sólo pueda hacerlo mediante un derecho de petición, puede llevar a conculcar definitivamente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tales limitaciones, por lo tanto, constituyen una afectación grave del derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima de un hecho punible.
Si bien es cierto que la verdad y la justicia dentro del proceso penal dependen de que la información y las pruebas recogidas durante la etapa de investigación previa estén libres de injerencias extrañas o amenazas, no obstante el interés de protegerlas no puede llegar al punto de conculcar los derechos del procesado (3) o de la parte civil, especialmente, cuando existen mecanismos a través de los cuales se puede proteger la integridad del expediente y de la información recogida de posibles intentos por difundirla o destruirla, tales como el establecimiento de sanciones penales, o de otro tipo, a quienes violen la reserva del sumario, o destruyan pruebas, sin menoscabar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal.
(3) Corte Constitucional, SU-620 de 1996, magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell. La Corte tuteló los derechos al debido proceso y al derecho de defensa de los posibles autores o partícipes de un hecho ilícito dentro del proceso fiscal a quienes se les prohibía acceder al sumario por cuanto esa etapa estaba reservada.
Además, ya que los derechos de la parte civil no están fundados exclusivamente en un interés patrimonial, sus derechos a la verdad y a la justicia justifican plenamente que la parte civil pueda intervenir en la etapa de investigación previa (fundamento 6.4)”.
Con esos criterios, esa Sentencia C-228 de 2002 declaró la inexequibilidad de la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” del artículo 47 de la Ley 600 de 2000, pues consideró que la ley no podía excluir a la parte civil de la investigación previa. Esto significa que ese artículo quedó del siguiente tenor: “La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento”. Igualmente, esa sentencia condicionó la constitucionalidad del artículo 30 de esa misma ley, que regula el acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado, y establece que “la víctima o el perjudicado, según el caso, podrán ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas”. La Corte declaró exequible esa disposición pero en el entendido de que “las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente”.
8. Como bien lo señala el actor, las anteriores consideraciones son perfectamente aplicables al presente caso, por cuanto el problema del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal es que parece excluir a las víctimas o perjudicados del conocimiento de la investigación previa. Conforme a la doctrina constitucional anteriormente reseñada, bien puede la ley establecer la reserva de esa investigación previa, a fin de proteger la eficacia de la justicia, así como los derechos a la intimidad y el buen nombre del imputado. Igualmente, bien puede la ley establecer ciertos requisitos para resguardar esa reserva del sumario, y por ello puede exigir ciertos requisitos para que los perjudicados y las víctimas puedan conocer el desarrollo de las investigaciones, tal y como lo establece el artículo 48 del estatuto procesal penal, que señala que el apoderado “podrá conocer el proceso siempre que acredite sumariamente la calidad de perjudicado del poderdante, obligándose a cumplir con la reserva exigida”. Pero la ley no puede llegar a excluir a las víctimas y perjudicados de esa fase, pues afectaría desproporcionadamente sus derechos constitucionales a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ello resulta ineludible condicionar la exequibilidad de esa disposición, a fin de precisar que una vez haya sido constituida la parte civil, ésta podrá acceder directamente al expediente. Y como es obvio, de conformidad el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, cuando la víctima o el perjudicado no se hayan constituido en parte civil, podrán ejercer el derecho de petición al que hace referencia dicha disposición.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, bajo el entendido de que una vez haya sido constituida la parte civil, ésta podrá acceder directamente al expediente.
NOTA: La sentencia C-451 fue notificada por edicto Nº 160, fijado el 15 de julio de 2003 y desfijado el 17 de julio siguiente (N. del D.).