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Timestamp: 2019-09-16 17:04:06
Document Index: 291527635

Matched Legal Cases: ['artículo 374', 'artículo 634', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 1608', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 731']

﻿ SENTENCIA 4700131030031993024802 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2005
SENTENCIA 4700131030031993024802 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:FUNDAMENTO ACTUAL DE LA CORRECCIÓN MONETARIA. LA MORA EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ES UN FENÓMENO INÚTIL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN. LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO NO AFECTA LA ESTRUCTURA INTRÍNSECA DEL DAÑO, SINO SU CUANTÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRECCIÓN MONETARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CLASES DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CÁLCULO ACTUARIAL, AJUSTE A LA CORRECCIÓN MONETARIA, AUTONOMÍA DEL JUEZ
Sentencia 47001-3103-003-1993-0248-02 de septiembre 12 de 2005
Ref.: Expediente 47001-3103-003-1993-0248-02
Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil cinco.
Se decide el recurso de casación interpuesto por el señor Raúl Brugés Amaya respecto de la sentencia proferida el 24 de agosto del 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario que contra él, la Sociedad Alfa Ingeniería Ltda. y el señor Muce Moisés A., promovió la Comunidad de El Cerrejón
1. Es incontrovertible que los juzgadores de instancia gozan de una discreta autonomía para interpretar la demanda, laborío que, por lo demás, constituye un deber ineludible para no sacrificar la solución del conflicto y la definición del derecho litigado, por el escrupuloso culto a las formalidades.
Es por ello por lo que el error de hecho en la observancia del libelo genitor, solo se presenta cuando el juez distorsiona su texto de manera grave, bien porque desfigura la pretensión, ora porque le da una lectura a los hechos que la soportan, desemejando la plataforma fáctica expuesta por el demandante. Pero si el juez se atiene al contexto de la reclamación, respetando el propósito y las causas que la motivan, su apreciación de la misma no puede ser objeto de reproche, por más que en ella se advierta la impronta de quien ha atendido el compromiso legal de auscultar el verdadero sentido de la demanda, sobre todo en aquellos casos en los que esta no ofrece la claridad y precisión que se esperaría del acto generador del proceso.
2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, en puridad, más que una disputa sobre la contemplación objetiva de los hechos de la demanda, lo que la censura reclama es que ellos, en rigor, le dan soporte a una pretensión de responsabilidad contractual, a diferencia de lo que sostuvo el tribunal, quien resolvió el litigio al amparo de las normas sobre responsabilidad extracontractual.
Obsérvese que el tribunal sí advirtió que el señor Brugés era el presidente del consejo directivo de la comunidad, como se dijo en el hecho segundo de la demanda, sin que llegara a afirmar que también era su representante, calidad que solo le atribuyó al señor Muce Moisés Aschkar, quien “era el administrador”, tal y como se adujo en el hecho primero (fls. 84, cdno. 1 y 86, cdno. 5).
Tampoco desconoció el sentenciador de segundo grado que, según los hechos 3º y 4º de la demanda, el consejo directivo acordó unas limitaciones a las facultades del administrador, al punto que a ellas se refirió en el acápite de la sentencia relativo a “los hechos demostrados” (fls. 84, cdno. 1; 87 y 88, cdno. 6). Menos aún pasó por alto que, de conformidad con el libelo, los señores Moisés y Brugés, en la operación a que se concreta el litigio, obraron “en su calidad de administrador de la comunidad” y de “presidente del consejo directivo de la comunidad” (hecho 6º; fI. 85, cdno. 1); así se consignó expresamente en las consideraciones del fallo (fl. 90, cdno. 6). Es más, con sujeción a lo expresado en los hechos 16 y 17, el tribunal sí vio que en ellos se manifestó que los aludidos demandados “violaron los reglamentos, órdenes y prohibiciones expedidas tanto por el consejo directivo como por la asamblea general de la comunidad”, y que hubo “extralimitación” en sus funciones (fls. 87 y 88, cdno. 1), pues no de otra forma se explica que hubiere aludido a la infracción de las restricciones a que tales ordenamientos se refieren, al analizar la culpa en que aquellos incurrieron (fl. 92, cdno. 6).
Luego es claro que no hubo distorsión frontal de los hechos de la demanda y, menos aún, de la pretensión de responsabilidad civil que fue planteada al amparo de los mismos. Cosa distinta es que el tribunal, a partir de la plataforma fáctica expuesta en ella, hubiere entendido que “la actividad que se endilga, como base de la responsabilidad que se les pretende deducir, no se realizó en desarrollo de la vinculación contractual, sino todo lo contrario, por fuera de ella y a espaldas de su representada” (fl. 87, cdno. 6). Justamente por estas razones, entendió que, a pesar del “contrato de mandato” que ligaba a aquellos con la persona jurídica (fl. 87, ib.), la responsabilidad no era contractual, sino extracontractual, pues los hechos que motivaron este litigio, no guardaban relación con el desempeño de sus funciones propiamente dicho, sino que, por el contrario, le eran ajenos.
Ello evidencia que, en estrictez, la controversia que se propone no se refiere tanto a la contemplación objetiva de la demanda, como a la calificación jurídica de los hechos disputados, pues mientras la censura estima que la responsabilidad de las personas naturales demandadas debió definirse bajo las reglas de la responsabilidad contractual, el sentenciador, a partir de la misma fenomenología, juzgó que debían seguirse los lineamientos de la responsabilidad civil extracontractual.
Al amparo de la causal primera de casación, se acusó la sentencia de violar indirectamente los artículos 22 de la Ley 95 de 1890, 1505, 2341, 2342, 2343 y 2344 del C.C.; 634 inciso 2º, 636, 640, 641 y 832 del C. de Co., como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
Para sustentar la censura, afirmó el recurrente que la sentencia incurrió en yerro fáctico, al considerar que el señor Brugés intervino como endosante de los cheques, condición que sirvió como punto de partida para deducir la responsabilidad y la condena al pago de los daños y perjuicios.
A juicio del impugnador, endosante de un título-valor no puede ser sino quien lo tenga en su poder como titular del mismo, por lo que solo el representante legal de la comunidad podía endosarlo por ella. Y como el presidente del consejo directivo no es el representante, su comparecencia al acto del endoso carece de significado y relevancia. A lo sumo, podría considerarse como avalista. Por tanto, se incurrió en error de hecho manifiesto en la apreciación objetiva de los estatutos de la comunidad, al ver estipulado en ellos algo que le es ajeno, pues se supuso que el señor Brugés tenía la representación.
Agregó el recurrente, que aunque el tribunal entendió que no había razón valedera para la intervención del presidente del consejo en el acto de endoso que hizo el administrador, ello evidencia aun más el yerro cometido, habida cuenta que si aquel no tenía legitimación para endosar, su intervención en el endoso no podía causar daño a la comunidad.
A continuación, se apuntó que también había error de hecho en el entendimiento de la demanda, en la que se atribuyó al señor Brugés la condición de avalista de los cheques, error que también palpita en la apreciación de los títulos que llevan su firma, de los que se deduce que no fue endosante.
El impugnante le reprochó luego al tribunal, que hubiere confundido las condiciones de endosante y avalista, al precisar que con el endoso realizado, se pretendió respaldar la obligación cambiaria, lo que significa que el acto celebrado por los demandados “tenía el carácter de un aval” (fl. 29, cdno. 6). Y aunque en el fallo se afirmó que ellos habían admitido haber endosado los títulos a terceros, a tal conclusión no se podía llegar con soporte en la confesión ficta del señor Brugés, pues si él no era representante legal de la comunidad, por dicho medio de prueba no se podía confesar que sí lo era. Por eso, acotó, se incurrió en error de hecho en la valoración de esa prueba.
Para el censor, también hubo yerro fáctico en la apreciación de la carta que le dirigió el señor Brugés al consejo directivo el 25 de octubre de 1993, pues al contenido de ese documento se le da más relevancia de la que realmente tiene, pues en ella, lo que hizo el señor Brugés, en “una muestra de dignidad” fue revelar “la angustia y el agobio que cayeron sobre él al darse cuenta del error que de buena fe acepté en el ficiado (sic) acto administrativo del endosamiento de tres cheques” (fl. 31, cdno.6).
También se alegó que hubo error de hecho al concluir el tribunal que hubo una conspiración para atentar contra los intereses de la comunidad, por lo menos en relación con el señor Brugés, pues en el proceso no existe prueba alguna que acredite esa confabulación. Por el contrario el tribunal incurrió en yerro fáctico al no apreciar las declaraciones de Humberto Robles Cuello y del demandado Muce Moisés, el primero de los cuales afirmó que “el doctor Moisés había conseguido la firma del doctor Brugés”, al paso que el segundo, en “franca y valerosa actitud” admitió en constancia que dejó durante la diligencia de inspección judicial, “que en ningún momento... eludió la responsabilidad por la emisión de tales cheques, ni buscó pretexto alguno para descargarla en cualquier otra persona” (fls. 35 y 36, cdno. 6), todo lo cual devela que no existió connivencia.
Finalmente, insistió el recurrente en que si el señor Brugés obró como avalista, no pudo causarle daño alguno a la comunidad. Por el contrario, con su firma fungió de garante de los títulos, de suerte que la demandante pudo accionar contra él en acción cambiaría de regreso, para recuperar lo que se vio forzada a pagar por terceros, acción que, en todo caso, se extinguió por el transcurso del tiempo.
Se solicitó, entonces, casar el fallo y absolver al recurrente.
1. Aunque pudiera afirmarse que la acusación, en estrictez, no arropó —toda— la médula de la decisión censurada, habida cuenta que no se controvirtió la afirmación central de la sentencia, consistente en que el señor Brugés obró como presidente del consejo directivo de la comunidad, es claro, en cualquier caso, que el cargo no está llamado a prosperar, toda vez que los errores de hecho atribuidos al tribunal, no tienen el carácter de evidentes, colosales o manifiestos, como lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, como para concluir que el tribunal se equivocó al considerar que el señor Brugés era responsable de los perjuicios ocasionados a la comunidad de El Cerrejón.
a) En efecto, aunque es cierto que en la sentencia cuestionada, se afirmó que el señor Brugés obró como endosante de los cheques (fl. 88, cdno. 5), no lo es menos que si el tribunal derivó la responsabilidad civil de dicho demandado, no fue tanto por haber signado los títulos-valores en un determinado grado cambiarlo (endosante o avalista), como por haberse conducido irregularmente en su condición de directivo de la comunidad, pues es claro que para el sentenciador —y la censura no lo controvierte—, aquel no actuó como persona natural, sino como presidente del consejo directivo de la comunidad de El Cerrejón (fls. 87, 88, 90 y 92, cdno. 5).
Nótese que para el tribunal, el señor Brugés actuó culposa y gravemente, porque al firmar los cheques no obró “con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”; porque “comprometió cambiariamente la responsabilidad de su agenciada, por fuera de sus funciones y a sus (sic) espaldas de la comunidad, asumiendo obligaciones de una empresa a la cual sabían en grave situación de insolvencia y en franco riesgo de total cesación de pagos”; porque “aceptaron unos riesgos de sumo peligro para los intereses que representaban” (se resalta; fls. 92, 94 y 96 cdno. 5). Por consiguiente, aunque se aceptara que el señor Brugés obró como avalista, la sentencia no podría ser casada, porque lo nuclear o determinante de la decisión, no estriba tanto en si fungió como tal o como endosante, como en las irregularidades en que incurrió al actuar en la ya referida operación, como presidente del consejo directivo de la comunidad de El Cerrejón, sin que en este argumento se advierta un ostensible yerro fáctico, pues ni se ha disputado esa calidad, ni se ha controvertido la participación de aquel en los hechos que dieron lugar a este litigio.
b) Ahora bien, aunque la censura reconviene al sentenciador por haber incurrido en error de hecho en la apreciación de los estatutos de dicha comunidad, al considerar que el señor Brugés “gozaba de capacidad jurídica de representación” (fl. 28, cdno. 6), es claro que el ad quem no afirmó tal cosa —por lo que no cometió el aludido yerro—, toda vez que solo precisó, en forma por demás repetida, que aquel había sido designado el 14 de julio de 1992, “como presidente de la comunidad”, mientras que el señor Muce Moisés A. lo fue, en fecha precedente, “como su administrador y representante legal” (fls. 86, 87, 88, 90, 91 y 102, cdno. 5).
Y aunque podría señalarse que el anterior enjuiciamiento a la sentencia está ligado al otro yerro fáctico que se denuncia en el cargo, consistente en “atribuirle al doctor Brugés la calidad de endosante”, siendo que obró como avalista, según se afirmó en la demanda misma (fls. 26 y 29, cdno. 6), tampoco, desde esta óptica, podría achacarse al tribunal la comisión de error de hecho manifiesto, habida cuenta que, a pesar de entender que tanto el señor Moisés como aquel, habían endosado los cheques, no consideró —ello es medular— que el señor Brugés, al firmar los títulos, había obrado como representante. Por el contrario, dejó claro que este último fungió en esos endosos como “presidente de la comunidad” (fl. 88, cdno. 5), lo que reiteró luego al acotar que a ellos “el hecho que se les predica es el endoso de los citados títulos-valores, en su calidad de administrador y presidente del consejo directivo de la comunidad de El Cerrejón” (se resalta; fl. 90, ib.). Tan cierto será que para el juzgador era clara esa diferencia que, en párrafo seguido, apuntó que “El presidente de la comunidad no tenía razón valedera alguna para haber concurrido al endoso con el administrador, pues también admite que lo hizo como medio de conseguir liquidez para la giradora de los cheques...” (se resalta; fl. 92, ib.).
Es necesario advertir que fue el mismo señor Brugés quien aceptó haber participado, con su firma, en “el endosamiento (sic) de tres cheques” (se resalta; fl. 62, cdno. 1), lo que significa que esa signatura no podía tener la connotación cambiarla de aval —la cual, como es sabido, dista mucho de la de endosante—, pues la presunción de garantía cartular a que se refiere el inciso 2º del artículo 634 del C. de Co., solo tiene lugar cuando a la firma respectiva “no se le pueda atribuir otra significación” (C. de Co., art. 634, inc. 2º). Con otras palabras, el tribunal no incurrió en error de hecho notorio o palmario en la apreciación del citado documento, ni en la confesión ficta que se dedujo por no haber concurrido aquel a la diligencia de interrogatorio de parte (fl. 7, cdno. 3), pues si el propio firmante —al margen de lo ya relatado en precedencia— aceptó haber signado los cheques como endosante, no podía, entonces, atribuirse otra calidad a su participación en el negocio cambiarlo, de lo que sigue que desde esta perspectiva, no puede abrirse paso el recurso formulado.
Obsérvese, además, que en el libelo se dijo que los cheques “fueron avalados y por lo tanto, igualmente firmados en el endoso por el doctor Raúl Brugés Amaya, en su calidad de presidente del consejo directivo de la comunidad” (se resalta; fl. 85, cdno. 1), por lo que el tribunal, en ejercicio de la discreta autonomía que se le reconoce para interpretar la demanda —y con miramiento en las demás pruebas—, bien podía concluir que en él ella no se estaba predicando la condición de avalista —en sentido cambiario— del señor Brugés, sino la de firmante de los endosos que se hicieron por cuenta de la comunidad de El Cerrejón, para “respaldar— el pago de las obligaciones que tenía el librador de los cheques para con sus acreedores. Luego el error de hecho denunciado tan solo provoca hesitación, lo cual excluye el carácter manifiesto —y colosal— que de él se reclama, pues “la contundencia que presupone un yerro de ese linaje, descarta la presencia de la duda. Donde esta existe, no hay evidencia” (cas. civ. de 20 de abril de 2001; exp. 6014).
Por consiguiente, fuerza colegir que el tribunal no se equivocó —por lo menos en forma protuberante o manifiesta— en la tarea de apreciar la demanda o las pruebas mencionadas, con independencia de si el señor Brugés, desde un ángulo meramente jurídico, podía firmar los cheques para efectos de su endoso por parte de la comunidad de El Cerrejón.
c) Tampoco aflora un error de hecho evidente en la conclusión del tribunal según la cual existió “connivencia” en la irregular operación (fl. 91, cdno. 5), pues ella, con prescindencia de que se comparta, tiene soporte en la confesión ficta que se dedujo respecto del señor Brugés, por no haber asistido —sin causa justificada— a la diligencia de interrogatorio de parte, siendo claro que en la demanda, a cuyos hechos se remite dicho medio de prueba (inc. 2º, art. 210 del C. de P.C., en la versión anterior a la L. 794/2003), se afirmó que la sociedad Alfa Ingeniería Ltda. giró los cheques en cuestión a favor de la comunidad de El Cerrejón, “fingiéndose deudora” de esta, “cosa que sabía muy bien” el señor Brugés (hecho 5º), quien “no obstante las limitaciones” que había impuesto la asamblea general y el propio consejo de administración del que era su presidente, “firmó en el endoso” en su condición de tal (hecho 6º), todo lo cual se erigía, a juicio de la sociedad demandante, en un “acto conspirativo sea él de buena o mala fe” (hechos 8º y 13; fls. 80 y 81, cdno. 1), siendo claro que la declaración del testigo Humberto Robles, en el sentido de que el señor Moisés “había conseguido la firma del doctor Brugés” (fl. 16, cdno. 3), o la manifestación del administrador consignada en la diligencia de inspección judicial, consistente en que no pretendía eludir “la responsabilidad por la emisión (sic) de tales cheques” o “descargarla en cualquier otra persona” (fl. 243, cdno. 4), no quita ni pone ley, pues ninguna de estas pruebas, ciertamente no mencionadas por el tribunal, tiene la virtualidad de infirmar las conclusiones del ad quem.
2. En suma, en la sentencia del tribunal no se descubre, a simple vista, un yerro fáctico rutilante y trascendente con motivo de la conclusión según la cual, el señor Brugés, era responsable de los perjuicios causados a la sociedad demandante, no tanto por haber actuado como endosante de los cheques, como por haber obrado con negligencia y con poca prudencia en la firma de esos títulos, a lo cual procedió, según el sentenciador de segundo grado, “por fuera de sus funciones y a espaldas de la comunidad” cuyo consejo directivo presidía (fls. 92 y 94, cdno. 5).
En tal virtud, el cargo no prospera.
En esta censura, se acusó la sentencia del tribunal de violar los artículos 2341, 2343 y 2344 del Código Civil, por error de hecho en la apreciación de uno de los cuatro cheques señalados en la demanda y tenidos en la sentencia como punto de partida de la responsabilidad deducida contra el señor Brugés.
En síntesis, estimó el recurrente que el tribunal se equivocó al apreciar el cheque distinguido con el número 1324420, por $ 7’495.135,00, de 12 de julio de 1993, girado por Alfa Ingeniería Ltda. contra el Banco de Bogotá, título que no aparece firmado por el señor Brugés, a quien no se puede atribuir responsabilidad por el pago que de él hizo la comunidad. Por tanto, como la condena se extendió a los cuatro cheques, debe casarse el fallo para hacer la reducción correspondiente.
Nuevamente con respaldo en la causal primera de casación, se acusó la sentencia de violar directamente los artículos 1608, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, por interpretación errónea, lo mismo que el inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación.
En resumen, el casacionista disputó dos aspectos de la sentencia: el primero, que el tribunal condenó al pago de intereses legales civiles desde las fechas en que la comunidad efectuó los pagos en los procesos ejecutivos que se adelantaron en su contra, sin advertir que la condena al pago de perjuicios requiere que el deudor se encuentre en mora, condición que exige previo requerimiento judicial. El segundo, que el tribunal corrigió monetariamente el importe de los cheques, sin parar mientes en que la desvalorización monetaria hace parte del daño emergente, lo que implica que, para su procedencia, también era indispensable constituir en mora al deudor.
Por tanto, como la indexación y los intereses legales no se podían remontar al instante mismo en que se causó el daño imputado, se debe casar la sentencia, para dar aplicación al inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, norma esta que, a juicio del censor, es inconstitucional, toda vez que se refiere a una materia —derecho civil— extraña a la que se regula en esa disposición y en el título del que hace parte —asuntos procesales—.
1. Es evidente que el tribunal incurrió en el error de hecho que denunció el recurrente en el tercero de los cargos, pues condenó al señor Brugés, en forma solidaria, a pagar el importe total de los cuatro cheques que la comunidad de El Cerrejón se vio forzada a solucionar, sin parar mientes en que aquel únicamente signó tres de ellos, los números 7591913, 5509738 y 5509735, todos girados por la sociedad Alfa Ingeniería Ltda. contra su cuenta corriente en el Banco de Bogotá, no así el número 1324420 de julio 12 de 1993, por valor de $ 7’495.135,00, emitido por la misma sociedad.
Basta apreciar el reverso del referido título, que obra al folio 14 del cuaderno principal, para darse cuenta que el señor Brugés no firmó el aludido instrumento negociable, razón por la cual, la responsabilidad civil extracontractual que se dedujo frente a él, por haber asumido “obligaciones de una empresa a la cual sabían en grave situación de insolvencia y en franco riesgo de total cesación de pagos” (fl. 94, cdno. 5), no podía comprender el daño sufrido por la comunidad demandante, con ocasión del pago de ese cheque.
En estas condiciones, por tratarse de un error de hecho manifiesto y trascendente, deberá casarse parcialmente la sentencia, para reducir el monto de la indemnización a cargo del recurrente, que se concreta a los perjuicios sufridos por dicha comunidad, relacionados con los otros tres títulos-valores, ya relacionados.
2. No ocurre lo propio con los yerros a que se refiere el cargo cuarto, puesto que la mora, como es sabido, no es requisito para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual —que fue la que el tribunal encontró acreditada, se memora—, amén de que, en rigor, la corrección monetaria no hace parte del concepto intrínseco de daño, según jurisprudencia reiterada de esta Sala.
a) En efecto, en cuanto atañe al pago de los intereses legales civiles, reconocidos por el tribunal como lucro cesante, téngase en cuenta que quien “ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización— (C.C., art. 2341), sin que para ello sea necesario interpelarlo en los términos del artículo 1608 del Código Civil, pues, en tales casos, el inexorable deber de reparar el daño surge desde el día en que se causó el agravio, mejor aún, desde el instante mismo en que se produjo el hecho ilícito, y no a partir de la fecha de constitución en mora, como acontece —es la regla— en la responsabilidad contractual.
Un entendimiento contrario implicaría afirmar que la persona agraviada, directamente, debe asumir el perjuicio ocasionado en el entretanto, lo cual no estaría en estricta consonancia con el arraigado y justiciero principio de reparación integral que informa la materia y, de paso, con la equidad, en sí misma considerada, institutos que, al unísono, reclaman que la víctima debe ser cabal y suficientemente indemnizada, propósito que se vería eclipsado, en efecto, si fuera menester constituir en mora al victimario, quien es responsable de antemano, esto es, desde el momento de la generación del daño, con total independencia de circunstancias ulteriores, ajenas, como tales, al régimen de responsabilidad que ocupa la atención de la Corte. Interpretación disímil, además, se erigiría en claro favorecimiento al agente responsable del perjuicio, en inequívoco desmedro de los intereses del perjudicado, quien no tiene porqué asumir el compromiso de requerir a su victimario, para obtener la reparación integral del daño. De allí que la Corte hubiere señalado que “la mora en la responsabilidad extracontractual es un fenómeno inútil para el establecimiento de la indemnización” (se resalta; sent. 42, feb. 15/91), lo que evidencia la inaplicabilidad, en estos casos, de los artículos 1608 y 1615 del Código Civil, al igual que del inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Ello explica que el tribunal, para concretar la suma debida a título de lucro cesante, no hubiere hecho alusión a réditos de ese linaje, sino a los “intereses legales” causados desde las fechas en que la comunidad del Cerrejón efectuó los pagos en los procesos ejecutivos aludidos, hasta la fecha en que se cumpla la totalidad del pago de la cantidad principal (fl. 103, cdno. 5).
b) Y en lo tocante con la corrección monetaria, cumple señalar, en adición a lo anterior, que, ciertamente, la Corte sostuvo en años anteriores que la desvalorización de la moneda constituía un perjuicio que debía ser resarcido al acreedor por concepto de daño emergente.
Sin embargo, desde hace más de un lustro esta Sala precisó que, en estricto sentido, la pérdida del poder adquisitivo del dinero no calificaba como un arquetípico daño, como quiera que, de un lado, se trataba de un fenómeno que obedecía más a las circunstancias económicas —específicamente monetarias— que se presentaban en una sociedad en un determinado tiempo, que a una consecuencia vinculada a la infracción del deber de prestación por parte del deudor; y de la otra, porque su reconocimiento incidía en la determinación real de la cuantía de los perjuicios a indemnizar, pero no en el aspecto cualitativo de los mismos, dado que no había allí, en puridad, ningún bien jurídico del patrimonio del acreedor que hubiere sufrido lesión por causa de la conducta dañina del deudor.
En este sentido, puntualizó la Corte que el pago de obligaciones dinerarias con el correspondiente ajuste “lo único que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada ‘corrección monetaria’ (G.J, Ts. CLXXXIV, pág. 25, y CC pág. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento (cas. civ. jun. 8/99; exp. 5127)”, lo que quiere significar que “el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”, ya que “la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía” (se resalta; cas. civ. sep. 9/99; exp. 5005; Vid: cas. civ. jun. 28/2000; exp. 5348). Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, “No estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Solo eso, y nada más que eso”! (cas. civ. nov. 19/2001; exp. 6094).
Al amparo de estas reflexiones, se colige que el tribunal no se equivocó al disponer que se indexara el importe de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño, esto es, a partir del 12 de octubre de 1993, fecha en que se profirió el auto que dispuso la terminación por pago del proceso ejecutivo que, con soporte en los cheques, se adelantó con la comunidad de El Cerrejón (fl. 89, cdno. 3), pues, se reitera, la desvalorización de la moneda, en sí, no constituye un daño, para cuyo resarcimiento, además, no es necesaria la constitución en mora del deudor, menos aún tratándose de responsabilidad civil extracontractual, según se acotó en líneas precedentes.
3. Ya para finalizar, debe señalarse que para el examen del juicio de inconstitucionalidad por excepción que el señor recurrente planteó respecto del inciso 2º del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, al que reprocha por referirse a un asunto de derecho sustancial que no es propio del ordenamiento procesal en el que se incluyó, debe tenerse en cuenta que esta corporación, en sentencia de constitucionalidad de 25 de octubre de 1990, declaró la exequibilidad de esa disposición, toda vez que “del ejercicio legítimo de las facultades (se refiere la Corte a las extraordinarias) puede resultar la modificación de disposiciones para las cuales no existiese previa habilitación expresa, con lo que no se rebasa el límite material de las facultades, sino que, por el contrario, resulta ser el ejercicio adecuado de las mismas”.
En estas condiciones, prospera el cargo tercero, no así el cuarto, por las razones expresadas.
El fallo de remplazo se circunscribe a la reducción del monto de la indemnización de perjuicios a cargo del recurrente, aspecto en el que importa memorar que el señor Brugés, según se acotó, no firmó el cheque por valor de $ 7’495.135,00 pesos (fl. 14, cdno. 1), motivo por el cual, esa suma, más la corrección monetaria respectiva, deben ser excluidas del importe de la condena impuesta por el sentenciador. Con otras palabras, el señor Brugés solo debe ser condenado al pago del importe de los cheques por $ 62’000.000,00, $ 11’336.000,00 y $ 130’673.980,00 (fls. 14A, 15 y 16, cdno. 1), para un total de $ 204’009.980,00, más la corrección monetaria hasta marzo de 2000, con un factor del 2.86, según lo consideró el tribunal en punto no disputado por ninguna de las partes, para un total de $ 583’468.543,00.
Para una mejor comprensión del fallo sustitutivo, se transcribirá la parte resolutiva de la decisión del tribunal, haciendo los ajustes que impone este pronunciamiento.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y en sede de instancia.
“1. CONFIRMAR el acápite inicial del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha abril 19 de 1999, en cuanto declaró solidariamente responsables a los demandados por razón de los perjuicios recibidos por la actora con ocasión de los hechos determinados en este proceso”.
“2. MODIFICAR los literales A y B, y en su defecto se dispone:
“A) Fijar la condena” a cargo de la Sociedad Alfa Ingeniería Ltda. y del señor Muce Moisés Aschkar, “por concepto de daño emergente, en la suma de seiscientos cuatro millones novecientos diez mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($ 604’910.348,00), equivalente al valor de los cheques más la correspondiente corrección monetaria efectuada en la parte motiva”.
Fijar la condena a cargo del señor Raúl Brugés Amaya, por concepto de daño emergente, en la suma de quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos ($ 583’468.543,00), equivalente al valor de tres cheques, más la corrección monetaria efectuada en la sentencia del tribunal a marzo de 2000.
“B) Imponer como condena por lucro cesante, el pago de intereses legales —civiles— desde las fechas en que la comunidad del Cerrejón efectuó los pagos en los procesos ejecutivos aludidos, hasta la fecha en que se cumpla la totalidad del pago de la cantidad principal”, réditos que se liquidarán sobre cada una de las sumas referidas en el literal anterior.
“C) REVOCAR la condena impuesta por el a quo en el literal A) del numeral 1º de la sentencia, por razón del 20% a que se refiere el artículo 731 de Código de Comercio de acuerdo con lo explicado en la parte motiva”.
“D) REVOCAR el literal C) de la sentencia de primera instancia, por la razones dichas en las motivaciones de este fallo”.
“E) CONFIRMAR el literal D) y el numeral segundo de la aludida sentencia”.
“3. CONDENAR a los apelantes al pago de las costas causadas en esta instancia, las cuales serán tasadas en la oportunidad correspondiente”.
Sin costas en el recurso de casación, por haber prosperado la impugnación.