Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-193-de-abril-1-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_896d31279bf34c81b23ec481c61ec3a5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-16 20:56:07
Document Index: 172028687

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 17', 'artículo 50', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 6', 'Artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 28', 'Artículo 216', 'artículo 30', 'Artículo 13', 'Artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 2', 'Artículo 13', 'artículo 209', 'Artículo 22', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 68', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 53', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 31']

﻿ Sentencia T-193 de 2015
SENTENCIA T-193 DE 01 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PRINCIPIO DE BUENA FE EXTREMA EN EL CONTRATO DE SEGURO. SE ACLARA QUE LA REGLA JURISPRUDENCIAL Y CONSTITUCIONAL CONSISTE EN QUE, EN EL CONTRATO DE SEGURO, LA EXIGENCIA DE BUENA FE AUMENTA EN GRADO MÁXIMO PUES LA PROTECCIÓN DE LAS PARTES QUE CONCURREN AL MISMO, REQUIERE EL MÁXIMO DE TRANSPARENCIA POSIBLE, POR LO QUE SE EXTIENDE COMO UNA OBLIGACIÓN PRECONTRACTUAL A CARGO DEL TOMADOR DEL SEGURO, EN LA MEDIDA EN QUE DEBE DECLARAR EXACTAMENTE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN AFECTAR E INCIDIR EN LA APRECIACIÓN DE LOS RIESGOS, CIRCUNSTANCIAS ASUMIDAS POR EL ASEGURADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTRATO DE SEGURO, ENTIDAD ASEGURADORA, ENTIDAD ASEGURADORA DE VIDA
Sentencia T-193 de 2015
Ref. Exps. T-4599928, T-4608900 y T-4615270 (Acumulados)
2. En única instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, el dos (02) de mayo de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por Julián Andrés Durán Mesa contra la Quinta (5ª) Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar treinta y dos (32) del Ejército Nacional. (T-4608900)
3. En primera (1ª) instancia, por la Sala Primera (1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por Constanza Dorian Arias Perdomo, Defensora del Pueblo Regional Huila en representación de Carlos Andrés Gallego Castro contra la Novena (9ª) Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar cuarenta y dos (42) del Ejército Nacional. (T-4615270)
1. Proceso de Andrés Felipe Zapata (Expediente T-4599928)
El nueve (9) de junio de 2014, Andrés Felipe Zapata interpuso acción de tutela al considerar que la Cuarta (4ª) Zona de Reclutamiento y el Distrito veintisiete (27) del Ejercito Nacional, violó sus derechos fundamentales al trabajo, el mínimo vital y el debido proceso al imponerle una multa por incumplir con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición de su situación militar, sin haberle otorgado antes la oportunidad para ejercer su derecho de defensa.
Andrés Felipe Zapata, de 24 años de edad, manifiesta en su escrito de tutela ser hijo único de la señora Gloria Astrid Zapata —quien se desempeña como empleada domestica—, depender económicamente de ella y desconocer el paradero de su padre.(1) Su lugar de residencia presenta un rango de estratificación número dos(2) y se encuentra registrado en la base de datos delo Departamento Nacional de Planeación(3).
El accionante sostiene que la imposición de la multa sancionatoria le impide resolver su situación militar, lo cual a su juicio tiene una incidencia directa en el ejercicio pleno de su derecho fundamental al trabajo y mínimo vital pues no cuenta con los recursos económicos para cancelar el valor de la sanción que según el actor asciende a la suma de seis millones de pesos(6). Estima que en virtud del numeral primero del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008(7) debe quedar exento del pago de cualquier cuota de compensación militar. Por consiguiente, solicitó al juez de tutela (i) la anulación de la multa impuesta por el Distrito veintisiete (27) militar del Ejército Nacional y (ii) la obtención de su libreta militar.
El dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), el Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército Nacional(8) dio respuesta a la acción de tutela solicitando negar sus pretensiones.(9) En primer lugar, sostuvo que una vez verificado el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento – SIIR, se encontró que el accionante no compareció a la citación de incorporación hecha para el día 10 de diciembre de 2009(10), por lo que se le impuso la sanción contemplada en el literal (e) del artículo 42 de la Ley 48 de 1993(11). Respecto a la exención de pago de multa señaló:
“[…] la ley no trae excepciones para exonerar de dichas multas a los infractores por su situación económica, trae excepciones de este tipo para no cobrar cuota de compensación militar y son taxativas, pero para las multas no. […] De igual forma tener Sisbén lo exonera de pagar la cuota de compensación militar, mas no de las multas impuestas, […]”
1.3. Decisión del juez de primera instancia
El tres (03) de julio de dos mil catorce (2014), el accionante impugnó el fallo proferido el día 24 de junio de 2014 por el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín(13).
En primer término, advirtió que si bien existe otro medio de defensa judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa —acción de nulidad y restablecimiento de derecho—, a fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procede de manera transitoria(14).
1.5. Decisión del juez de segunda instancia
El catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió la impugnación confirmando el fallo recurrido.(16) Concluyó que la acción de tutela no satisface los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Frente a la subsidiariedad, estimó que si bien el acto reprochado por el actor es contrario a sus intereses, la acción de tutela no es el mecanismo dispuesto por el ordenamiento jurídico para anular un acto administrativo que goza de una doble presunción: legalidad y acierto. En relación con el requisito de inmediatez, precisó que si el objeto de la acción de tutela es evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, no es razonable que exista un lapso tan amplio entre la fecha en la que se profirió el acto administrativo sancionatorio y la interposición de la acción de tutela(17).
2. Proceso de Julián Andrés Durán Mesa (Expediente T- 4608900)
2.1 El accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
2.1.2. En virtud de sus estudios universitarios,(20) debió aplazar la prestación del servicio militar, por lo que solicitó la liquidación de la cuota de compensación militar, la cual fue fijada por un valor de un millón setecientos cuarenta y nueve mil pesos ($1.749.000).
2.1.4. El accionante aseveró que depende económicamente de su padre, por lo que asumir el valor liquidatorio de la cuota de compensación militar implicaría interrumpir su carrera universitaria, afectando ostensiblemente su derecho a la educación y mínimo vital. Manifestó su inconformismo frente al método de liquidación, pues a su hermano -quien se encuentra en circunstancias fácticas idénticas- le fue cobrado por concepto de cuota de compensación militar el valor de quinientos sesenta y siete mil pesos ($567.000). En consecuencia, solicitó al juez de tutela que ordenara al Distrito Militar 32 del Ejército Militar subsanar las irregularidades que se cometieron en la liquidación de su cuota de compensación militar, teniéndose en cuenta su capacidad económica y la de su núcleo familiar.
2.3. Decisión del juez de única instancia
“[…] para que en casos como el que aquí nos ocupa donde se haya impuesto una cuota de compensación alta se estudie la posibilidad de que los obligados a pagar esta contribución legal, lo hagan en cuotas moderadas, para que de esta manera se pueda finalizar satisfactoriamente este proceso y se acceda a la libreta militar”.
3. Proceso de Carlos Andrés Gallego Castro (Expediente T- 4615270)
3.1. El accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos
3.1.1. Carlos Andrés Gallego Castro, de 19 años de edad, fue valorado y diagnosticado por la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Neiva en junio de 2010, con “retardo mental moderado, deterioro del comportamiento significativo que requiere de atención o tratamiento”(27), cuadro clínico ratificado el 21 de agosto de 2013 por el dictamen de la neuróloga pediatra María Alejandra Benavidez Fierro.(28)
3.1.2. El Distrito Militar 42 del Ejército Nacional, de conformidad con el cuadro clínico mental del ciudadano Gallego Castro y con fundamento en el literal (h) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993(29) y de, lo exoneró de la prestación del servicio militar obligatorio(30), liquidándose según el actor, la cuota de compensación militar por un valor de un millón cien mil pesos ($1.100.000)
3.1.3. La Defensoría del Pueblo Regional Huila, mediante oficio 3517 del 24 de abril de 2014(31), solicitó al Distrito Militar 42 reconociera a favor del ciudadano Gallego Castro la exención del pago de la cuota de compensación militar contemplada en el numeral segundo del artículo 6 de la Ley 1184 de 2008, al haberse demostrado su afectación neurológica permanente.
3.1.5. La Defensora de Pueblo consideró que la interpretación ambigua que realiza la entidad de reclutamiento accionada, relacionada al nivel de discapacidad requerido por el numeral segundo del artículo 6 de la Ley 1148 de 2008, limita la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana de las personas que como el joven Gallego Castro se encuentran en una condición de debilidad manifiesta. Por lo anterior, solicitó al juez constitucional que ordenará al Distrito Militar 42 eximiera al ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro del pago de la cuota de compensación militar con fundamento en su cuadro clínico.
3.2. Respuesta de la Novena Zona de Reclutamiento, Distrito Militar 42
3.2.1. A través del oficio 1155 del 12 de agosto de 2014, el Comandante del Distrito Militar 42 del Ejército Nacional(33) dio respuesta a la acción de tutela solicitando se declare su improcedencia. Resaltó que para el caso del ciudadano Gallego Castro, el diagnóstico de “retardo mental moderado” lo exonera de la prestación del servicio militar pero no del pago de la cuota de compensación militar, ya que la limitación no es lo suficientemente grave e incapacitante, motivo por el que no procede la exención del pago de la cuota de compensación militar enunciada en el numeral 2º del artículo 6 de la Ley 1184 de 2008. (34)
3.4. Sentencia de primera instancia
“La Sala no desconoce las garantías que le asisten al accionante dada su discapacidad, hecho que lo hace sujeto de especial protección constitucional; sin embargo, para este evento nos encontramos frente a un caso […] previamente reglado en el ordenamiento, [en el que] la autoridad competente para ello, determinó que no era posible acceder a su exoneración”.
3.5. Impugnación
El veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), la Defensora del Pueblo regional Huila impugnó el fallo proferido el 19 de agosto de 2014 por la Sala Primera de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.(36)
3.5.1. Frente al argumento expuesto por el tribunal en relación a la aplicación de la subsidiariedad como causal de improcedencia, enfatizó que el distrito militar accionado en ningún momento ha proferido un acto administrativo en el que se establezca el monto de la cuota de compensación militar a cancelar, lo que impide al joven representado agotar los recursos administrativos y acceder a la jurisdicción contenciosa (37).
3.6. Sentencia de segunda instancia
3.6.1. En lo relativo al nivel de discapacidad requerido para aplicar la exención contemplada en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1148 de 2008, precisó que “la limitación debe provenir de una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio alguno, que según la guía de aptitud psicofísica que establece los códigos de inhabilidad, solo es constituida por un retraso mental severo”.
De igual forma, se solicitó al Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército Nacional para que informara a la Sala de Revisión: (i) ¿Cuál es el estado actual de la definición de la situación militar del ciudadano Andrés Felipe Zapata identificado con cédula de ciudadanía 1.037.605.009?, (ii) De conformidad con la resolución sancionatoria 002 del 30 de mayo de 2014 expedida por su dependencia, ¿Cuál es el estado y valor actual de la multa impuesta?, (iii) ¿Su distrito militar aplica políticas internas que faciliten el pago de este tipo de sanciones para aquellas personas clasificadas en los niveles I, II, III del Sisbén? Y, (iv) ¿Qué gestiones va a realizar para regularizar la situación militar del ciudadano Zapata, en el menor tiempo posible, de manera que no se afecten otros derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo? Vencido el término para contestar, el Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército Nacional no se pronunció.
2.3. En los dos casos restantes, el valor económico exigido para la definición de la situación militar, responde a la liquidación de la cuota de compensación. En el segundo de los casos (T-4608900), la causal aplicable dispone que quien demuestre pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén quedará exento del pago de la cuota de compensación militar. El actor afirma que, al liquidarse la cuota de compensación militar, no se tuvo en cuenta la situación socio-económica de su núcleo familiar (estratificación). En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si: ¿La acreditación de pertenecer al Sisbén es la única forma de probar el estado de vulnerabilidad socio-económico de una persona para lograr el reconocimiento de la exención del pago de la cuota de compensación militar contemplada en la por la causal primera del artículo 6 de la Ley 1184 de 2008, o si por el contrario, el Ejército Nacional debe valorar otros medios de prueba que lo demuestren?
Corresponde a esta Sala determinar si: ¿Vulneró el Ejército Nacional el derecho a la dignidad humana y mínimo vital del señor Carlos Andrés Gallego Castro por no exonerarlo de la cuota de compensación militar por la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1184 de 2008, al considerar que el cuadro clínico mental del actor (retardo mental moderado) no es lo suficientemente grave e incapacitante, dejando de valorar las implicaciones y repercusiones que tiene la limitación en su desarrollo cotidiano, en el ejercicio de sus derechos y en la posibilidad de acceder a bienes materiales que garanticen una vida en condiciones dignas?
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos proferidos por el Ejército Nacional - Reiteración de Jurisprudencia
3.1. El artículo 86 Superior consagra que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Sin embargo, existiendo otro medio judicial, esta Corporación ha señalado dos circunstancias para la procedencia de la acción de tutela: la primera, consiste en que el mecanismo ordinario previsto legalmente para dirimir las controversias particulares de cada caso no satisfaga los parámetros de idoneidad y eficacia; en estos eventos la protección por vía de tutela será definitiva. Y la segunda, como mecanismo de protección transitoria cuando exista la amenaza de un perjuicio irremediable(40).
“[…] sería contrario al principio de respeto de la dignidad humana y de garantía efectiva de los derechos constitucionales que se remitiera al actor a la jurisdicción de los contencioso administrativo sin tener en cuenta que en el ínterin el ejercicio del derecho al trabajo y por ende su mínimo vital se verán totalmente anulados”
“Si bien la discusión podría plantearse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, […] esta vía no sería idónea para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales conculcados cuando se configura una causal de exención de la prestación del servicio militar, teniendo en cuenta que el mismo es de carácter temporal, razón por la cual la acción de tutela debe entenderse en este contexto como un mecanismo autónomo […]”.
3.9. Por su parte, el principio de inmediatez exige que la acción de tutela sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de derechos fundamentales. (46) Es decir, que pese a no contar con un término de prescripción por mandato expreso del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia entre la célere naturaleza de la tutela y su interposición justa y oportuna.
4. La incidencia directa que tiene la definición de la situación militar en la protección y el ejercicio de otros derechos fundamentales – Reiteración de Jurisprudencia
4.2. Cumplidos los requisitos exigidos para la definición de la situación militar – prestación del servicio o pago de la cuota-, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas expedirá la respectiva libreta militar o la tarjeta reservista. Este documento público acredita el cumplimiento del deber constitucional y legal que tiene todo ciudadano colombiano de definir su situación militar(51), pero su ausencia incide en el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales que se condicionan a la obtención de la libreta militar, particularmente el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio.
5. Aplicación del debido proceso administrativo en los trámites de la definición de la situación militar, puntualmente en el proceso sancionatorio por remiso – Reiteración de jurisprudencia
5.2. El trámite correspondiente a la definición de la situación militar, como se mencionó con anterioridad, se encuentra regulado por el capítulo segundo (2º) de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización y, a su vez por los artículos 12 al 22 del Decreto 2048 de 1993(65). El artículo 17 de la referida ley establece que el trámite inicia con la inscripción, la cual debe efectuarse en el año inmediatamente anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. Posterior a la inscripción, el ciudadano deberá practicarse tres exámenes médicos de aptitud psicofísica para identificar si existen inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar y, de ser así, serán declarados “no aptos”; de lo contrario, serán declarados idóneos y hábiles para la prestación del servicio militar (aptos).(66)
5.3. Culminada la etapa anterior, para aquellos ciudadanos que fueron declarados aptos, se iniciará con el proceso de elección mediante el procedimiento de sorteo para el ingreso a la prestación del servicio militar, el cual se realizará públicamente y en el que se escogerá el soldado principal y el suplente. Cualquier reclamación relacionada con el proceso de selección deberá hacerse después de terminado el sorteo y hasta 15 días calendario antes de la incorporación a las filas del ejército.(67)
5.5. El ciudadano que no cumpla con la obligación de definir su situación militar será declarado infractor y, posteriormente, se hará acreedor de una sanción pecuniaria acorde a la infracción en la que se incurrió. Este régimen de infracciones y sanciones está desarrollado en el título sexto (6º), artículos 41(70) y 42(71) de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización, y en el artículo 50 del Decreto 2048 del mismo año que reglamenta la referida norma. La sanción se impondrá y aplicará mediante resolución motivada proferida por el distrito militar, siendo susceptible de los recursos de reposición y en subsidio de apelación. Una vez ejecutoriado el acto administrativo sancionatorio, el ciudadano tendrá un término de 60 días calendario para cancelar el valor correspondiente. De no hacerlo, el cobro se efectuará mediante la jurisdicción coactiva fiscal.(72)
6. Proceso sancionatorio militar por incumplir con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición de la situación militar
6.2. Esta Corporación ha señalado que cuando se impone una sanción de tipo económico por no cumplir con la obligación de definir la situación militar, el acto administrativo que la contenga debe estar debidamente motivado y debe notificarse personalmente, pues de lo contrario la decisión no tendrá efectos legales.(73)
7.1. En el caso objeto de estudio, el ciudadano Andrés Felipe Zapata, mediante resolución del 30 de mayo de 2014 proferida por el Distrito Militar de Reclutamiento Veintisiete (27), fue sancionado con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por no haber comparecido a la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para el 10 de diciembre de 2009.(78)
Otro elemento que llama la atención, es que la resolución sancionatoria, constancia de notificación y de ejecutoria se diligenciaron en la misma fecha – 30 de mayo de 2014- lo que confirma la posición asumida por la Sala frente a la ausencia de oportunidades para ejercer una debida defensa y presentar los recursos de ley.
7.3. Ahora bien, de los documentos aportados al expediente y a la respuesta obtenida a partir del requerimiento hecho por la Sala en sede de revisión, se logró constatar: primero, la calidad de hijo único del accionante. En el folio 16 del expediente obra la declaración extra proceso de Luz Dary Zapata y Elkin Humberto Castañeda en la que bajo la gravedad de juramento afirmaron: “[…] declaramos que conocemos hace 17 años de trato, vista y comunicación a la señora Gloria Astrid Zapata […] sabemos que tiene un hijo llamado Andrés Felipe Zapata, quien es hijo único”. De igual forma, en el folio 19 del expediente obra la declaración juramentada de María del Carmen Zapata y Edison Orley Álvarez en la que se afirmó: “Nos consta que la señora Gloria Astrid Zapata vive bajo el mismo techo con su único hijo Andrés Felipe Zapata y además no tiene más hijos reconocidos, por reconocer o adoptivos […]”.
Tercero, la calidad de mujer cabeza de familia de la progenitora del actor. En la declaración juramentada de Luz Dary Zapata y Elkin Humberto Castañeda, ya citada, se mencionó: “Declaramos que se desconoce el paradero del padre del joven”. La señora Gloria Astrid Zapata se desempeña en oficios varios devengando un salario mínimo legal mensual vigente tal y como lo acredita la certificación laboral de la empresa Actibienes S.A.S. (fl. 28 del cuaderno de la Corte).
8. Aplicación de las causales de exención al pago de la cuota de compensación militar – Reiteración de Jurisprudencia
8.1. La cuota de compensación militar prevista en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización, reglamentada por el Decreto 2048 del mismo año y regulada por la Ley 1184 de 2008, “por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones”, que a su vez se encuentra reglamentada por el Decreto 2124 del mismo año, es una prestación económica de carácter sustitutorio y de naturaleza tributaria(79)que están obligados a pagar quienes por alguna causal de exención, falta de cupo en las fuerzas armadas o inhabilidad, fueron exentos de la prestación del servicio militar. El pago de esta cuota se constituye en una herramienta dirigida a establecer el equilibrio de las cargas públicas de quienes fueron llamados a integrar las filas y por tanto, se ven obligados a postergar el desarrollo de otras actividades mientras prestan el servicio militar y quienes, por haber quedado exentos de la prestación del servicio, pueden dar continuidad a su proceso educativo o iniciar labores de productividad(80).
Para responder al segundo problema jurídico planteado, se analizará individualmente la aplicación de las dos primeras causales de exención para el pago de la cuota de compensación militar —la primera aplicable al Expediente T-4608900 y la segunda aplicable al Expediente T-4615270—.
9. Causal primera de exención de la cuota de compensación militar, contemplada en el numeral primero del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008. Personas que por condición socio-económica se encuentran en una situación de vulnerabilidad
9.2. Sin embargo, no es suficiente presentar el carné o certificado expedido por la autoridad competente que acredite el nivel del Sisbén para que se reconozca la exención de la cuota de compensación militar, toda vez, que el inciso segundo del artículo 2º del Decreto 2124 del 2008, mediante el cual se reglamentó la Ley 1184 de 2008, estipula que “la Dirección de Reclutamiento verificará la condición de los ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de la misma, con base en los registros oficiales […] y quien no se encuentre registrado en la base consolidada depurada nacional del Departamento Nacional de Planeación no tendrá derecho a la exoneración del pago de la cuota de compensación militar”. (negrilla fuera de texto).
9.7. Por medio de la Sentencia T-745 de 2003(85), la Corporación sometió a revisión el caso de un ciudadano que previo al trámite de incorporación para la prestación del servicio militar, no fue seleccionado. La autoridad de reclutamiento liquidó el valor de la cuota de compensación militar por una suma de $304.000 que no estaba en la capacidad de cancelar, pues dependía económicamente de su madre, quien padecía de Diabetes Mellitus. La Sala Sexta de Revisión, teniendo en consideración el estado de salud de la madre del actor y la situación económica de su núcleo familiar, ordenó al Distrito Militar 18 del Ejército Nacional, hiciera entrega al accionante de la tarjeta provisional militar adoptando las medidas conducentes para fijar según las condiciones económicas del mismo, los plazos y modalidades para el pago del total de la cuota de compensación militar.
“El cobro de una compensación a quienes no prestan el servicio militar […] es constitucional, siempre y cuando en el caso concreto no se afecte el mínimo vital de las personas, en especial, en aquellos casos en que la exención tiene en cuenta precisamente, las condiciones de urgencia económica del grupo familiar. Cuando ello ocurra, no deja de ser constitucional el cobro de la compensación económica por la no prestación del servicio militar, pero los términos y plazos en que se hagan, deben acomodarse a la situación del núcleo familiar respectivo sin afectar su mínimo vital en dignidad. Siempre se debe tener en cuenta la capacidad económica del ciudadano para el pago de esta obligación, logrando un acuerdo de pago que en nada comprometa su derecho al mínimo vital”.
9.10. A partir de la jurisprudencia reiterada en los párrafos precedentes, se puede concluir que (i) para el reconocimiento de la exención de la cuota de compensación militar por la causal primera del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, es suficiente la acreditación del nivel del Sisbén por medio de la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. Cuando no se cuente con ella, pero se demuestre sumariamente la afectación sustancial del mínimo vital del accionante y de su núcleo familiar, la autoridad de reclutamiento deberá validar la situación. En ese caso establecerá los términos y los plazos -que podrán superar los 90 días dispuestos en el artículo 2º, parágrafo 2º de la Ley 1184 del 2008-, para el pago de la cuota de compensación militar, los cuales se ajustarán a las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
Así, las partes coinciden en que la cuota de compensación militar del actor asciende a un millón setecientos cuarenta y nueve mil pesos ($1.749.000), tal como se observa en la narración de los hechos presentados en el escrito de tutela y en la contestación del Ejército en la que se indica que el peticionario se hallaba en situación de “Remiso sin multa clasificado con recibo”.
Del análisis minucioso del historial militar del accionante aportado en la contestación de la acción de tutela por el Distrito Militar 32(90), la Sala encuentra que el valor correspondiente a la liquidación de la cuota de compensación militar asciende a la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000) —monto que guarda una relación proporcional con el valor de quinientos sesenta y siete mil ($567.000) correspondiente a la cuota de compensación de su hermano, quien se encontraba en las mismas circunstancias fácticas(91)— y que por concepto de “multa” se le está cobrando el valor de un millón ciento setenta y nueve mil pesos ($1.179.000), hecho que contradice lo dicho por el mismo distrito militar cuando en su escrito de contestación indicó que el accionante se encontraba “remiso sin multa”.
En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, el valor que realmente debe cancelar el peticionario por concepto de cuota de compensación militar corresponde a la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000).
No obstante, en el expediente(92) se acredita que su nivel de estratificación es dos y en su escrito de tutela manifestó depender económicamente de su padre, circunstancias que demuestran vulnerabilidad y son suficientes para ordenar al Distrito Militar 32, que establezca los términos y los plazos para el pago de la cuota de compensación militar ($481.000), los cuales se ajustarán a las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar. En ese sentido, otorgará al ciudadano Julián Andrés Durán Mesa, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.736.935, la tarjeta militar provisional contemplada en el artículo 31 de la Ley 48 de 1993, hasta tanto se cancele el valor total de la obligación.
11. Causal segunda de exención de la cuota de compensación militar, contemplada en el numeral segundo del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008. Personas con limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales
11.4. El Congreso de la República por medio de la Ley 1346 de 2009, aprobó la mencionada Convención sobre los derechos de los discapacitados, convirtiendo a Colombia en uno de los Estados partes que la ratificaban. En concordancia con la Ley 1346 de 2009 y buscando otorgar a las personas con algún tipo de discapacidad las herramientas legales que garantizarán su inclusión social, el acceso y accesibilidad, su rehabilitación funcional y su rehabilitación integral, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (95).
“Artículo 6º. Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar los siguientes: […] 2. Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio alguno […]”
Para esta Sala es claro que la razón no puede ser la de establecer un tratamiento discriminatorio frente al resto de la población con discapacidad, ni tampoco la de dar un tratamiento igual a esta población frente a quienes no enfrentan ninguna condición similar a la descrita. La única forma constitucionalmente legítima de entender los propósitos legislativos es entonces la de asegurarse que sólo frente a discapacidades serias se aplique la exención. Y esa seriedad está dada en torno a si su condición médica les ha generado obstáculos materiales (las más de las veces sociales) para procurarse ingresos suficientes para sufragar sus obligaciones y asumir sus necesidades básicas.
11.9. Según se estableció por la Organización de las Naciones Unidas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas […] al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Con respecto a la importancia que tiene el entorno en la recuperación, rehabilitación e integración social en las personas que presentan alguna limitación, la referida Convención resaltó: “[…] la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad […] tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad”.
“Los ingresos de mi familia están representados por los aportes que de manera mensual realiza mi padre para el sostenimiento de mi madre […] y mis hermanos […], los cuales ascienden a la suma de setecientos mil pesos ($700.000). Mi padre […] hace aproximadamente tres años no convive con nosotros y formó un nuevo hogar donde tiene también tres hijos. Sus ingresos provienen de su trabajo en la empresa […] Mi madre […] no trabaja, se dedica solo a las labores del hogar por lo que no devenga ningún salario, yo estudio en el instituto IDESA donde curso el grado octavo de bachillerato; mi hermana […] actualmente se encuentra estudiando en la Universidad Surcolombiana de Neiva y mi hermano […] está haciendo un curso de inglés en un instituto. Con los setecientos mil pesos que mi padre nos suministra se atiende nuestra manutención (alimentación, estudio, servicios públicos, vestuario etc.) así como un crédito en la fundación Mundo Mujer por valor de $2.000.000”.
“Para las actividades cotidianas dependo de mi madre o mis hermanos quienes me colaboran arreglándome la ropa, están pendientes de mi aseo, las tareas, la asistencia al colegio, así como las citas médicas y las terapias psicológicas comportamentales ordenadas por el médico tratante dado que en ciertas ocasiones tengo el temperamento alterado y respondo de manera agresiva con las personas. No se manejar el dinero, prepararme los alimentos, cepillarme los dientes, peinarme etc”. (negrilla fuera de texto)
12.2. Frente a este último cuestionamiento, la Sala encuentra que las manifestaciones hechas por el accionante junto con su madre, encuentran un soporte médico en el expediente. La neuróloga en pediatría, María Alejandra Benavidez Fierro, mediante dictamen del 21 de agosto de 2013, indicó que Carlos Andrés Gallego presenta una “discapacidad cognitiva permanente, por lo cual el paciente requiere supervisión en la toma de decisiones debido a que no posee las habilidades mentales para hacerse responsable de sí mismo y de otras personas(102)” (negrilla fuera de texto)
12.3. A su vez, la psicóloga, Laura Cárdenas Bustos señaló en el dictamen: “Se encontraron deficiencias ejecutivas graves, pues no hay un correcto razonamiento ni procesamiento de la información; no planea comportamientos ni verbalizaciones, no interpreta pensamiento abstracto no soluciona problemas cotidianos ni académicos. […] Se observa una dificultad en la manipulación […] presenta un compromiso cognitivo global el cual interfiere con la funcionalidad académica y cotidiana del paciente y requiere de atención especializada para mejorar la calidad de vida del mismo y de la familia(103)” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La autoridad de reclutamiento accionada, en principio, decidió interpretar de forma estricta la ley y, con base en su reglamentación interna, negar la exención al actor. Sin embargo, su decisión es constitucionalmente errónea porque (i) no explicó la razón por la cual considera que un diagnóstico de “retardo mental moderado” es incompatible con una “discapacidad grave e incapacitante”. Nótese que la Ley no habla de retardo mental sino únicamente de discapacidad grave, y si la autoridad militar pretendía negar la exención, debía demostrar que un retardo mental moderado no es una discapacidad grave e incapacitante.
13.2. Para el reconocimiento de la exención de la cuota de compensación militar por la causal primera del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, es suficiente la acreditación del nivel del Sisbén por medio de la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. Cuando no se cuente con ella, pero se demuestre sumariamente la afectación sustancial del mínimo vital del accionante y de su núcleo familiar, la autoridad de reclutamiento deberá validar la situación. En ese caso establecerá los términos y los plazos -que podrán superar los 90 días dispuestos en el artículo 2º, parágrafo 2º de la Ley 1184 del 2008-, para el pago de la cuota de compensación militar, los cuales se ajustarán a las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
13.5. Por lo expuesto en el caso concreto del Expediente T-4608900 desarrollado en el acápite décimo de esta sentencia, la Sala de Revisión revocará el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, proferido el dos (02) de mayo de dos mil catorce (2014) que negó el amparo solicitado al advertir que (i) no puede en sede de tutela pretender la exención de una contribución legal que debe ser cancelada por aquellas personas que por alguna causal de exención o inhabilidad no prestaron el servicio militar y, (ii) no se aportó al expediente prueba alguna que acredite la vulneración del mínimo vital y la calidad de estudiante del accionante. En su lugar, tutelará el derecho fundamental del señor Julián Andrés Durán Mesa al debido proceso, mínimo vital y trabajo. En este sentido la Sala:
1. Ordenará al Distrito Militar treinta y dos (32), que cobre al señor Julián Andrés Durán Mesa, por concepto de cuota de compensación militar la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000), estableciendo términos y plazos para su pago que se ajusten a las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
13.6. Por lo expuesto en el caso concreto del Expediente T-4615270 desarrollado en el acápite décimo tercero de esta sentencia, la Sala de Revisión revocará los fallos de primera (1ª) instancia, por la Sala Primera (1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) que negaron el amparo solicitado por considerar que la acción era improcedente ya que (i) existían medios ordinarios de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y (ii) no se probó la existencia de un perjuicio irremediable. En su lugar, tutelará el derecho fundamental del señor Carlos Andrés Gallego Castro al debido proceso y mínimo vital. En ese sentido la Sala:
Ordenará al Distrito Militar 42 del Ejército Nacional, que exonere al ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro del pago de la cuota de compensación militar y una vez notificada esta Sentencia, le entregue de manera inmediata la libreta militar.
4. REVOCAR en el Expediente T-4608900, el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, proferido el dos (02) de mayo de dos mil catorce (2014), dentro del proceso T-4608900, en el que se negó la tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental del señor Julián Andrés Durán Mesa al debido proceso, mínimo vital y trabajo, desconocidos por el Distrito Militar treinta y dos (32) del Ejército Nacional.
5. ORDENAR al Distrito Militar treinta y dos (32), que cobre al señor Julián Andrés Durán Mesa, por concepto de cuota de compensación militar la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000), estableciendo términos y plazos para su pago que se ajusten a las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
7. REVOCAR en el Expediente T-4615270, el fallo de primera (1ª) instancia, por la Sala Primera (1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014), dentro del proceso T-4615270, en el que se negó la tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental del señor Carlos Andrés Gallego Castro al debido proceso y mínimo vital, desconocidos por el Distrito Militar cuarenta y dos (42) del Ejército Nacional.
9. ORDENAR al Juzgado Trece (13) Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, dentro del proceso T-4599928; al tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso T-4608900 y a la Sala Primera (1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso T-4615270, que notifiquen la presente sentencia dentro del término de cinco (05) días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrada: María Victoria Calle Correa—Mauricio Gonzalez Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(1) Manifestaciones que encuentran respaldo en las declaraciones extra juicio, realizadas por Elkin Humberto Castañeda, Edison Orley Álvarez Zapata y María del Carmen Zapata, visibles en los folios 16 y 19, Expediente T-4599928. (de ahora en adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al cuaderno único del expediente, salvo que se diga otra cosa).
(2) El rango de estratificación se obtiene de los recibos de servicios públicos domiciliarios aportados por el accionante al escrito de tutela, visibles en los folios 9 y 10.
(3) El accionante se encuentra registrado en el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales con un puntaje de 51,84.
(4) Visible en los folios 13 y siguientes.
(5) Literal C del Articulo 28 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”: Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: […] c. El hijo único, hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, separada o madre soltera”.
(6) De la lectura del expediente no se logra obtener certeza del valor actual de la sanción pecuniaria.
(7) Numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008: “Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar los siguientes: 1. Quien demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén”.
(8) Teniente Coronel Darling Zambrano Cabezas.
(9) Folio 22 y siguientes.
(10) Literal G del Artículo 41 de la Ley 48 de 1993: “INFRACTORES. Son infractores los siguientes: […] g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos”.
(11) Al escrito de contestación adjuntó copia de la resolución 002 del 30 de mayo de 2014 proferida por el Distrito Militar 27 del Ejército Nacional mediante la cual decretaron la calidad de infractor del accionante y la imposición de la sanción pecuniaria, visible en los folios 25 y 26.
(12) Al escrito de contestación adjuntó constancia de notificación personal de la resolución sancionatoria y la constancia de ejecutoria de la resolución, visible en el folio 28.
(13) Folio 35 y siguientes.
(14) El escrito de impugnación menciona al respecto: “En el caso en concreto si bien el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como lo es la acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante la justicia contenciosa administrativa, es procedente la tutela, como medida transitoria, a fin de evitar un perjuicio irremediable, puesto a que se verían menoscabados derechos tan trascendentales y fundamentales como son el derecho al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso”.
(15) El escrito de impugnación precisó al respecto: “Se debe mencionar que los accionados omitieron informar que el 1 de octubre de 2011, se me dio una citación por parte del Ejercito en el Batallón Girardot, y en esa oportunidad, luego de los exámenes de rigor, fui entregado a mi madre la señora Astrid Zapata, luego de que ella presentara una declaración extra juicio con la que probaba, que era hijo único, […]” Más adelante, pretendiendo desvirtuar su calidad de remiso afirmó: “ Se debe mencionar que mi sueño de niño, y de joven ha sido ser agente de la policía, pero estos no me lo permitieron como se podrá verificar mediante la carpeta 55419, y que está en esta institución puesto que no pase los exámenes ante el sicólogo. Con lo [que] demuestro que no es que haya sido remiso, […]”
(16) Folio 40 y siguientes.
(17) El acto administrativo sancionatorio se profirió el 30 de mayo de 2014 y la acción de tutela se interpuso el 9 de junio de 2014.
(18) Expediente T-4608900, escrito de tutela visible en el folio 1 y siguientes del cuaderno principal (de ahora en adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al cuaderno único del expediente, salvo que se diga otra cosa).
(20) Dentro del expediente T-4608900 no obra documento alguno que corrobore la manifestación del accionante de cursar una carrera universitaria.
(21) Folio 6 y siguientes.
(22) Teniente Coronel Leonardo Vargas Villegas.
(23) Folio 20 y 21.
(24) Ley 1184 de 2008, artículo 1º: “La Cuota de Compensación Militar, es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993 o normas que la modifiquen o adicionen. La base gravable de esta contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual, está constituida por el total de los ingresos mensuales y el patrimonio líquido del núcleo familiar del interesado o de la persona de quien este dependa económicamente, existentes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe la clasificación. Entiéndase por núcleo familiar para efectos de esta contribución, el conformado por el padre, la madre y el interesado, según el ordenamiento civil. […]”
(25) El artículo 95 de la Ley 1437de 2011, establece que el término para resolver la revocatoria directa de actos administrativos es de 2 meses.
(26) Por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones. El numeral 2º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 dispone: “Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio alguno”.
(27) Dictamen neuropsicológico visible en el folio 16 y siguientes del cuaderno de primera instancia del Expediente T-4615270 (de ahora en adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se alude al cuaderno de primera instancia del expediente, salvo que se diga otra cosa).
(28) El dictamen se refirió a la discapacidad del Joven Gallego Castro en los siguientes términos: “[…] se aclara que el diagnóstico de la discapacidad cognitiva es permanente por lo cual el paciente requiere supervisión en la toma de decisiones debido a que no posee las habilidades mentales para hacerse responsable de sí mismo y de otras personas”.
(29) Ley 48 de 1993, artículo 28, literal h: “EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar: h). Los inhábiles relativos y permanentes”.
(30) Folio 9.
(31) Folios 7 y 8.
(32) Folio 9.
(33) Mayor Juan Sebastián Sanmiguel Sabogal.
(34) El escrito de contestación mencionó al respecto: “Según la certificación de la Neuropediatra tratante del ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro, establece que según prueba de inteligencia WISC III, el joven se encuentra por debajo de los rangos esperados, diagnóstico que lo enmarca con un retardo mental moderado, no queriendo decir con ello que es una persona con una afección lo suficientemente grave e incapacitante”.
(35) Folio 34.
(36) Folio 53 y siguientes.
(37) En sede de revisión se requirió al Comandante del Distrito Militar 42 para que aportará copia del acto administrativo mediante el cual se había liquidado la cuota de compensación militar, a lo que respondió mediante escrito del 16 de febrero del presente año radicado en la secretaría general de esta Corporación que aún no se había liquidado el valor aludido.
(38) El escrito de impugnación precisa: “[…] no es posible que por su condición [de discapacidad] se le exima del cumplimiento de una obligación [la prestación del servicio militar] pero esta misma condición sea desconocida para solicitarle pagar por lo que no está obligado, […]”
(39) Folio 40 y siguientes.
(40) En lo concerniente al perjuicio irremediable, jurisprudencialmente se han establecido una serie de criterios generales que permiten corroborar su existencia, los cuales, pueden resumirse en (i) la afectación del mínimo vital del accionante y el de su familia, (ii) su estado de salud y (ii) su edad para considerarlo sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera edad. Ver Sentencias T-090 del 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto); T-762 del 2008 y T-376 del 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-607 del 2007 y T-652 del 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-935 del 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
(41) Ver Sentencia T-211 del 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
(42) MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
(43) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa oportunidad, se inaplicó la sanción pecuniaria impuesta al actor en su calidad de remiso, al demostrarse que la inasistencia del ciudadano obedeció a un error de conducta del Ejército quien notificó al ciudadano de una fecha diferente a la que en efecto se le requería presentarse. En consecuencia, se ordenó a la autoridad de reclutamiento expedir la libreta militar del accionante absteniéndose de cobrar la sanción impuesta.
(44) M.P. Mauricio González Cuervo. En esa oportunidad, se ordenó el desacuartelamiento de un joven que fue reclutado por el ejército nacional para la prestación del servicio militar, sin que se hubiese considerado que su trabajo representaba la única fuente de ingresos económicos para su familia, conformada por su madre que padece de una deficiencia visual del 98% y su hermano menor de edad.
(45) Sentencias T- 1083 del 2004 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T – 843 del 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-722 del 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-039 del 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-278 del 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-722 del 2010 y T-119 del 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
(46) Ver, entre otras, la Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) donde la Corte hizo una exposición detallada del principio de inmediatez al estudiar una acción de tutela mediante la cual se solicitó una sustitución pensional después de que había transcurrido más de un (1) año entre la expedición de la Resolución que negó el acceso a la pensión y la interposición de la acción.
(47) A este respecto, véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández) en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era interpuesta contra providencias judiciales.
(48) Ver Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
(49) Artículo 216 de la Constitución política: “[…] Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
(50) Expedida el 3 de marzo de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y de movilización.
(51) El artículo 30 de la Ley 48 de 1993 dispone: “Tarjeta de reservista. Tarjeta de reservista es el documento con el que se comprueba haber definido la situación militar […]”.
(53) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad, se analizó el caso de un ciudadano que prestaba el servicio militar, pero, debido a su complejo estado de salud se ordenó su desacuartelamiento, liquidándose la cuota de compensación militar por el tiempo restante para el cumplimiento del término del servicio. Solicitó la protección de su derecho al trabajo, el cual, ante la imposibilidad económica de pagar la cuota de compensación, se veía vulnerado. La Sala Tercera de revisión de esta Corporación ordenó al Ejército Nacional que expidiera al actor la tarjeta provisional militar, fijando, según las condiciones personales y económicas del mismo, los plazos para el pago de la cuota de compensación militar.
(54) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa oportunidad, la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de un ciudadano que previo al trámite de incorporación para la prestación del servicio militar, no fue seleccionado. La autoridad de reclutamiento liquido el valor de la cuota de compensación militar por un valor de $304.000 que no estaba en la capacidad de cancelar, pues dependía económicamente de su madre quien padecía de Diabetes Mellitus. En consecuencia, al encontrar probado el estado de salud de la madre del actor y la situación del núcleo familiar, se ordenó al Distrito Militar Nº 18 del Ejército Nacional, hiciera entrega al accionante de la Tarjeta Provisional Militar adoptando las medidas conducentes para fijar según las condiciones económicas del mismo, los plazos y modalidades para el pago del total de la cuota de compensación militar.
(55) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa sentencia se sometió a revisión el caso de un ciudadano al que se le impuso una multa por su calidad de remiso. La Sala Cuarta de Revisión logró determinar que la inasistencia del ciudadano a la citación hecha por la autoridad de reclutamiento, obedeció a un error del Ejército Nacional, quien notificó al ciudadano de una fecha diferente a la que en efecto se le requería presentarse. En consecuencia, inaplicó la sanción pecuniaria impuesta al accionante.
(56) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La Corte Constitucional revisó el caso de un ciudadano -exento de prestar servicio militar-, a quien por no cancelar el valor de la cuota de compensación militar se le negaba la entrega la libreta militar, aun cuando quedó probado en el expediente que sus ingresos mensuales eran equivalentes a trescientos mil pesos y que pertenecía al Sisbén. La Sala Séptima de Revisión, ordenó al Ejército conceder al accionante su libreta militar y no condicionar su entrega al pago de una cuota inexistente, en virtud de la aplicación de la exención de la misma.
(57) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta oportunidad, se solicita la reliquidación de la cuota de compensación militar del accionante. Lo anterior en tanto el ejército hizo la primera liquidación de cuota de compensación conforme a la situación patrimonial de los padres del ciudadano sin analizar que el ciudadano ya no es dependiente económico de sus padres, devenga un salario mínimo legal mensual vigente y está incluido dentro del Sisbén 1.
(58) M.P. Mauricio González Cuervo. se sometió a revisión el caso en que la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional se negaba a liquidar el valor de la cuota de compensación militar por la falta de la fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre del actor, sin tener en consideración que el accionante manifestó que le era imposible presentarlo porque no tiene contacto con su progenitor desde que era un niño. La Sala Segunda de Revisión, consideró que constituye una vulneración al debido proceso administrativo el hecho de exigir la fotocopia de la cédula del padre del actor, cuando dentro del proceso quedó probada la inexistencia de vínculo. En consecuencia, ordenó a la autoridad de reclutamiento iniciar el trámite de liquidación de la cuota de compensación militar, teniendo en cuenta que el accionante se encuentra incluido en el Sisbén para la aplicación de las debidas exenciones legales.
(59) Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública.
(60) Artículo 13 de la Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones dispone: […] Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado en un programa de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el aplazamiento, el título correspondiente sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar”.
(61) Artículo 2°. De la Ley 1738 del 2014 por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 dispone: “El artículo 13 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 2° de la Ley 548 de 1999, quedará así: Artículo 13. […] Ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para obtener título de pregrado el presentar libreta militar”.
(62) El ejercicio de la función pública está contemplado y desarrollado en el artículo 209 de la Carta Política que establece: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
(63) Ver Sentencias T-388 del 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-119 del 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-039 del 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), entre otras.
(64) Al respecto, la Sentencia T-1084 del 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) precisó: “[…] por cuento el principio de efectividad de los derechos fundamentales vincula a todas las autoridades y por ende éstas no pueden liberarse arbitrariamente de su respeto y protección. De no ser así, las relaciones jurídicas entre el Estado y el administrado en ningún caso podrían lograr un equilibrio, lo cual resulta contrario a los postulados básicos de justicia”. (Negrilla fuera de texto)
(65) Por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993.
(66) Artículos 15 al 18 de la Ley 48 de 1993.
(67) Artículos 19 y 20 de la Ley 48 de 1993.
(68) Expresión que utilizó el legislador para identificar a los ciudadanos que por alguna inhabilidad, causal de exención o falta de cupo, quedaron exentos de la prestación del servicio militar.
(69) Artículo 22 de la Ley 48 de 1993.
(70) Artículo 41 de la Ley 48 de 1993. Infractores. Son infractores los siguientes: […]g) Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento […]”.
(71) Artículo 42 de la Ley 48 de 1993: Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones: […] e) Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa; […]”
(72)) Artículo 68 del Decreto 2048 de 1993.
(73) Ver Sentencias T-1083 del 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T- 388 del 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-119 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
(77) Ver Sentencias T-746 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-460 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-600 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre otras.
(78) Folio 22.
(79) La Corte Constitucional mediante Sentencias C-804 de 2001 y C-621 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa) declaró la naturaleza tributaria de la cuota de compensación militar.
(80) En lo relativo a la compensación de las cargas públicas relacionadas a la cuota de compensación militar, mediante Sentencia C-586 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa) esta Corporación dispuso: “La cuota de compensación militar constituye, por tanto, un mecanismo dirigido a restablecer el principio de igualdad en las cargas públicas, el cual se vería afectado si no se dispusiera de medida alguna tendiente a compensar la asimetría que, desde el punto de vista de las distribución de dichas cargas, se presentaría entre los varones que son llamados a filas y, por tanto, obligados a comprometer su tiempo, sus energías, a arriesgar su seguridad, a someterse a la disciplina castrense y a postergar el desarrollo de otros proyectos vitales mientras cumplen el servicio militar obligatorio y quienes, por haber sido clasificados, quedan librados de tales cargas”. En un mismo sentido en la Sentencia C- C-621 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa) citada anteriormente a pie de página, puntualizó: “[El pago de la cuota de compensación militar] compensa la obtención de un beneficio, ya que la no prestación del servicio bajo banderas se traduce en una ventaja para el eximido, en cuanto tiene la posibilidad de dedicarse inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con el siguiente estadio de su proceso educativo”.
(81) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(82) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(83) M.P. Mauricio González Cuervo.
(84) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(85) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(86) M.P. María Victoria Calle Correa.
(87) M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
(88) M.P. María Victoria Calle Correa. Consideración reiterada y citada por las Sentencias T- 587 del 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-739 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(89) Ley 48 de 1993, Artículo 31: Tarjeta provisional militar. Es función de la Dirección de Reclutamiento del Ejército expedir la tarjeta provisional militar.
(90) Folio 21.
(91) Folio 8.
(92) Folio 21.
(93) Artículo 1° de la Convención sobre las personas con discapacidad del 2006, ONU.
(94) Estos principios se encuentran enunciados en el artículo 3° de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas del 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad.
(95) Siguiendo la línea que se describe, con el propósito de garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión, a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad se promulgo la Ley 1680 de 2013, demandada por inconstitucionalidad y declarada exequible por esta Corporación mediante Sentencia C-035 del 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
(96) El artículo 47 de la Constitución Política precisa: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
(97) El artículo 53 de la Constitución Política precisa: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas aborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
(98) El inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política menciona: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por si condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se metan”.
(99) El Artículo 1° de la Constitución Política precisa: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
(100) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que por ajustes razonables se entenderá: “[Que son] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales […]”
(101) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que por diseño universal se entenderá como “[…] el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
(102) Folio 15.
(103) Folio 18.
(104) Ley 48 de 1993, Artículo 31: Tarjeta provisional militar. Es función de la Dirección de Reclutamiento del Ejército expedir la tarjeta provisional militar.