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Timestamp: 2019-08-20 00:43:32
Document Index: 97883726

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 39', 'artículo 107']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-11078
Documento BOE-A-2019-11078
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2019, páginas 82129 a 82145 (17 págs.)
BOE-A-2019-11078
Según resulta de la indicada certificación, se adjudica a don F. C. A., la registral 53.370 por el importe de 2.141 euros, en virtud del procedimiento de adjudicación directa previsto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, al haberse declarado desierta la subasta en primera y segunda licitación; iniciado éste como consecuencia de la subasta número S2018R3876001003, del lote número 17, celebrada el día 25 de mayo de 2018, según consta en el acta de adjudicación directa número S02018R387600100317, de fecha 29 de noviembre pasado. Entendiendo que el día 25 de mayo citado se celebró la segunda subasta, no cabe acudir al procedimiento de ejecución directa.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2018, que modifica el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio del Reglamento General de Recaudación, en relación a las disposiciones tercera y cuarta del mismo, en lo relativo a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018 en relación con los supuestos de ejecución directa tras subasta declarada desierta en segunda licitación después de la entrada en vigor del mismo; no es posible acudir a la enajenación directa, sino por aplicación de la redacción vigente de los artículos 107, 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación con la Disposición Transitoria Tercera del mismo, es necesario proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta.
Contra la precedente nota (…).
El Rosario, a 18 de marzo de 2019. La registradora (firma ilegible) Fdo.: María Azucena Morales González.».
«Dña. V. D. M., representante de la A.E.A.T en calidad de Delegada de la A.E.A.T. de Tenerife, interpone en nombre de ésta de conformidad con los artículos 323 y concordantes de la Ley Hipotecaria recurso gubernativo contra la calificación negativa de la Registradora de la Propiedad de El Rosario, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa n.º S02018R387600100317 de 25/1/2019, relativa a la finca n.º 53.370, con base en los siguientes
2.2 En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos la Registradora goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así «con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal.» (Resolución de 25 de abril de 2018).
2.3 Al respecto, aun no siendo una cuestión muy frecuente, es reiterada y pacífica la doctrina del centró directivo que recuerda que el examen de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y el respeto de los trámites esenciales de éste no puede suponer, en ningún caso, una valoración del procedimiento seguido por la Administración, siendo esto lo que precisamente se realiza en la nota impugnada, en la que la registradora deniega la inscripción solicitada considerando (en nuestra opinión erróneamente, en lo que abundaremos posteriormente) qué «entendiendo que el día 25 de mayo citado se celebró la segunda subasta, no cabe acudir al procedimiento de ejecución directa.» Ello supone, sin lugar a dudas, una valoración de la elección del procedimiento administrativo aplicable.
«2. Como cuestión previa, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 /57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones, Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamentó Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por la registradora en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
Igualmente, la registradora, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe en inmediata relación con el art. 62.1 e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Publica "ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Se requiere, pues, un doble requisito. A saber, ostensibilidad de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite, no se cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable, sin necesidad de una particular interpretación jurídica.
2.4 Así pues, la Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo, habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que «Los actos de Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo qué en ellos se disponga otra cosa.») y el principio de autotutela declarativa; en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de ofició a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Como decíamos, no es esta una cuestión que genere gran controversia, como lo demuestra la escasa jurisprudencia existente al respectó. No obstante, la poca existente viene a ratificar la doctrina expuesta en el sentido de que la calificación registral no permite examinar la legalidad de las normas materiales aplicadas por la autoridad emisora del documento; ni la interpretación realizada por ésta. Al respecto podemos citar, por su similitud y reciente fecha, la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de octubre de 2018, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la DGRN. En dicho pleito se discutía, de forma similar al presenté ceso, sobre la interpretación de los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por el Letrado de Administración de Justicia, y la posibilidad subsiguiente de inscribir el Decretó de adjudicación dictado por el mismo. Pues bien, ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que «es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que la registradora de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión», añadiendo la «incompetencia de la registradora de la Propiedad para revisar la interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación», puesto que «la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles (…)», todo ello «incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN».
2.5 Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye la Registradora en su nota: es decir, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) («por razones de urgencia justificadas en el expediente», o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover Concurrencia, por razones justificadas en el expediente»).
Tercero. Incorrecta interpretación [sic] de las disposiciones transitorias del Real Decreto 1071/2017.
La interpretación sistemática de la DT 4.ª RD 1071/2017 exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados (siendo evidente, en este punto, que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª («enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100,109.1 ó 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018.
Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que «Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas». Parece claro que se refiere a todo el, régimen global de subastas, y no solamente a sus normas accesorias o de desarrollo material, y ello porque la solución contraria no haría sino llevar a soluciones absurdas para los expedientes desarrollados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2018, conculcando la interpretación teleológica de la norma.
Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que habiendo por presentado este escrito, con los documentos adjuntos, tenga por presentado recurso gubernativo contra la calificación desfavorable emitida por el Registro de la Propiedad de El Rosario, de 18 de marzo de 2019 y, en su vista, atienda a lo que en él se alega, y dicte Resolución estimándolo, revocando la calificación recurrida y ordenando la práctica de la inscripción interesada, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa de fecha 25 de enero de 2019, recaída en el expediente de enajenación S02018R387600100317.»
– Mediante escritura otorgada en Santa Cruz de Tenerife el día 4 de septiembre de 2012, ante el notario don Javier Martínez del Moral, se constituyó hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la finca registral 53.370, que fue aceptada por la Agencia por oficio fechado el día 16 de enero de 2013, expidiéndose certificación de dominio y cargas para su ejecución el día 6 de junio de 2017, por haberse ordenado así en mandamiento firmado el día 12 de mayo de 2017.
– La mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 29 de noviembre de 2018 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada la adjudicación del bien a don F. C. A. por un importe de 2.141 euros.
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 9.520 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 2.141 euros, es decir el 22,49% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».