Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-891-de-noviembre-10-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419ceff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 02:20:22
Document Index: 100267146

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 359', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 359', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 39', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 309', 'artículo 39', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 359', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 359', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 53', 'artículo 28', 'artículo 361', 'artículo 28', 'artículo 359', 'artículo 28', 'artículo 359']

﻿ SENTENCIA C-891 DE NOVIEMBRE 10 DE 1999
SENTENCIA C-891 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:RÉGIMEN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARÍAS EN LA NUEVA CARTA POLÍTICA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO 2274 DE 1991, "POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A ASEGURAR LA DEBIDA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ERIGIDAS COMO DEPARTAMENTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", SALVO EN LA EXPRESIÓN "EN DESARROLLO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL TERCERO DEL ARTÍCULO 359 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA", CONTENIDA EN SU INCISO PRIMERO, LA CUAL SE DECLARÓ INEXEQUIBLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISARÍA DE FAMILIA, RENTA CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-891 de noviembre 10 de 1999
Ref.: Expediente D-2411
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 del Decreto 2274 de 1991.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alexander López Quiroz demandó el artículo 28 del Decreto 2274 de 1991 “por el cual se dictan normas tendientes a asegurar la debida organización y funcionamiento de las entidades territoriales erigidas como departamentos en la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 40.078, del 4 de octubre de 1991, y se subraya lo demandado.
Normas sobre la organización de los entes erigidos como departamentos.
“DECRETO NÚMERO 2274 DE 1991”
ART. 28.—Transferencias de las antiguas comisarías. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral tercero (3º) del artículo 359 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional mantendrá en términos reales las apropiaciones decretadas en el presupuesto nacional para la vigencia fiscal de 1991, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
PAR.—En ningún caso se asignarán recursos para cubrir gastos de funcionamiento correspondientes a convenciones colectivas que pacten los gobiernos departamentales, que no se ajusten a las disposiciones legales sobre estas materias”.
El artículo transitorio 39 de la Carta Política revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por un término de tres meses, para expedir decretos con fuerza de ley “mediante los cuales se asegure la debida organización y el funcionamiento de los nuevos departamentos erigidos como tales en la Constitución (...)”.
Con base en dicha facultad se expidió el Decreto 2274 de 1991 “por el cual se dictan normas tendientes a asegurar la debida organización y funcionamiento de las entidades territoriales erigidas como departamentos en la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo 28 es la norma acusada en el presente proceso.
La Corte Constitucional es competente para examinar su constitucionalidad, de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia C-126 de 1993(1), en la que al pronunciarse sobre otras disposiciones de ese mismo Decreto acusado (arts. 24, inc. 2º; 25, 34 y 39) se señaló lo siguiente:
“Esta corporación es competente para conocer de la demanda de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 10 transitorio en concordancia con el literal a) del artículo 6º también transitorio de la Carta, ya que las normas acusadas fueron dictadas por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó la asamblea nacional constituyente en el artículo 39 transitorio de la misma, con la participación de la comisión especial legislativa”.
2.1. Síntesis de los cargos formulados en la demanda:
Como ya se anunció, la demanda que ocupa la atención de la Corte se dirige contra la totalidad del artículo 28 del Decreto 2274 de 1991(2), preceptiva legal que regula lo relativo a los aportes de la Nación a las antiguas comisarías, con destino a la financiación de sus gastos de funcionamiento.
El cuestionamiento que contra dicha norma expone el actor en su escrito, se concreta en tres cargos principales, a saber:
El primero, por una violación de los artículos 4º, 309 y 359-3 superiores y del principio de la confianza legítima, en razón a que se desconoce la protección constitucional de los derechos patrimoniales adquiridos de las antiguas intendencias, así como de las rentas específicas reconocidas con base en leyes anteriores, con la inaplicación, en la disposición acusada, del beneficio establecido en el artículo 5º del Decreto 1926 de 1975, el cual las definía como destinatarias de recursos de la Nación para financiar gastos de funcionamiento.
El segundo se configura por la vulneración de los mandatos superiores sobre libertad de asociación y de negociación colectiva (C.P., arts. 39 y 55), toda vez que la restricción que se contempla sobre los gastos de funcionamiento por convenciones colectivas pactadas por los gobiernos departamentales, cuando éstas no se ajusten a las disposiciones legales sobre la materia, supone para el accionante una presunción de adquisición de esos derechos laborales con infracción a la ley, lo que desconoce el principio de la buena fe (C.P., art. 83) y restablece la teoría de la peligrosidad.
El tercer cargo se hace consistir en la violación del principio de la confianza legítima, pues para el libelista con la norma demandada y la expedición de la Ley 141 de 1994, normatividad que el actor estima debe ser analizada dentro del presente juicio de constitucionalidad, se excluyó injustificadamente a esas entidades del beneficio presupuestal de contar con unas transferencias para asumir los gastos de funcionamiento y se prohibió la inversión de las regalías del petróleo con ese mismo destino, lo que produjo la quiebra de las antiguas intendencias, pues no se previeron otros ingresos de libre destinación que permitieran garantizarlo.
La controversia expuesta en los términos anteriores habrá de resolverse a partir de la determinación de si el beneficio presupuestal que establece el artículo 5º del Decreto 1926 de 1975 configura una renta de destinación específica de propiedad de las antiguas intendencias, respecto de la cual deba existir una protección constitucional exigible por los nuevos departamentos, lo que requiere de la presentación de algunas consideraciones previas acerca de la justificación de la expedición de la norma demandada, la vigencia, titularidad y naturaleza del beneficio que el actor señala la misma omitió en perjuicio de las intendencias.
Así mismo, se analizará si, como lo expresa el accionante, constituye una presunción de mala fe la sujeción de las negociaciones colectivas a la normatividad vigente para efectos de que se asuman sus costos dentro del presupuesto de la correspondiente entidad territorial y si los cuestionamientos que hace el actor a las determinaciones del legislador respecto de la utilización de las regalías del petróleo significan una violación constitucional.
3. La expedición de la disposición demandada en el nuevo orden constitucional
Con la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 se produjo una reconfiguración integral del Estado, que cobijó la organización política, administrativa y fiscal imperante en las antiguas intendencias y comisarías, entidades integrantes de la estructura administrativa y territorial estatal, como resultado de la reforma de la Constitución Nacional de 1886, producida mediante el acto legislativo Nº 1 de 1936, y caracterizadas por un régimen especial de protección y dependencia del poder central, ejercitado por el Gobierno Nacional, en la forma denominada “territorios nacionales”.
El precario desarrollo económico unido a la reducida población de esos territorios nacionales, fortalecieron la tendencia a someterlos, de una especie de autonomía atenuada, hacia una más firme descentralización regional. En ese orden de ideas, la principal decisión que para el apoyo de estas regiones adoptó el constituyente de 1991, fue la de incorporarlas a la categoría de departamentos, buscando una igualdad administrativa y política entre las diferentes regiones.
Ahora bien, la autonomía de las entidades territoriales como principio fundamental del Estado social de derecho colombiano, para la gestión de sus intereses y dentro de los límites que fijan la Constitución y la ley, trajo aparejados los derechos de las mismas a gobernarse por autoridades propias, a ejercer sus competencias, a administrar sus recursos y a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como a participar en las rentas nacionales (C.P., art. 287).
Así las cosas, los departamentos gozan de la autonomía necesaria para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social de su territorio, y responden por una labor administrativa, de coordinación, de complementariedad de los municipios e intermediación entre la actividad nacional y municipal, así como por la prestación de los servicios constitucional y legalmente asignados, de manera eficiente, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes y elevar su nivel de vida (C.P., art. 98).
De conformidad con el artículo 309 de la Carta Política, fueron erigidas en departamentos las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.
Para ello, se revistió, en el artículo 39 transitorio de la Constitución, al Presidente de la República de facultades extraordinarias, para que a través de decretos con fuerza de ley se asegurara la debida organización y funcionamiento de esos nuevos departamentos, pudiendo para tales fines suprimir las instituciones nacionales encargadas de la administración de las antiguas intendencias y comisarías, así como asignarles los bienes nacionales que a juicio del gobierno debían pertenecerles.
En cumplimiento de esos mandatos, el Presidente de la República expidió el Decreto 2274 de 1991, cuyo artículo 28 se acusa por el demandante en el presente proceso de constitucionalidad. La motivación que asistió en ese entonces a la comisión especial legislativa(3) durante el estudio del proyecto de decreto presentado por el Gobierno Nacional establecía para los nuevos departamentos los siguientes propósitos:
“La nueva filosofía consiste en que las ventajas que se derivan de la descentralización, de la autonomía de las entidades territoriales, de la democracia participativa, de la redistribución de las finanzas públicas y demás reformas que la Constitución de 1991 ha introducido al orden territorial lleguen de una vez plenamente, a los sitios más apartados del país, y beneficien a quienes, hasta apenas ayer, fueron tratados como hermanos menores en el conjunto de las entidades territoriales.
La departamentalización de las intendencias y comisarías se erige, así, en una auténtica estrategia de desarrollo para esas regiones y de promoción humana para sus habitantes, quienes ahora verán ensancharse el horizonte con nuevas oportunidades de participación en la vida nacional y seccional y con posibilidades más inmediatas de mejoramiento en sus niveles de vida”.
Y, en lo que atañe al tema de la definición de la configuración del patrimonio de los nuevos entes territoriales fue claro el propósito del constituyente de 1991 de mantener la totalidad del patrimonio público de las antiguas intendencias y comisarías en cabeza de los nuevos entes territoriales, motivación que aparece recogida en el capítulo IX del Decreto 2274 de 1991 referido al “patrimonio departamental”.
Efectivamente, el artículo 26 de ese Decreto 2274 de 1991 desarrolla el tema de los bienes y rentas de los nuevos departamentos y los artículos 27 y 28 de ese mismo estatuto, adoptan medidas de orden presupuestal. El primero de ellos, dispone sobre las partidas del presupuesto nacional apropiadas en la vigencia fiscal del año de 1991 en favor de las antiguas intendencias y comisarías, así como las que habían sido asignadas también en su favor, dentro del presupuesto del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, Dainco, organismo ulteriormente suprimido y liquidado (art. 29).
En el artículo 28 del Decreto 2274 de 1991, acusado, por su parte, se establecen mandatos de orden presupuestal dirigidos a garantizar a las comisarías las apropiaciones que en su favor existían en el presupuesto nacional para cubrir el déficit generado en sus gastos de funcionamiento, el mecanismo para asegurar el ajuste anual en términos reales de esas transferencias y la prohibición de asignar recursos para cubrir gastos de funcionamiento derivados de las convenciones colectivas pactadas por los gobiernos departamentales, cuando no se ajusten a las disposiciones legales sobre esas materias.
Destáquese de lo antes señalado que, efectivamente la regulación que allí se señala no contempla a las intendencias existentes en ese momento, en una exclusión que el actor considera contraría la Carta Política, en sus artículos 4º, 309 y 359-3, pues señala que dicho beneficio proviene del artículo 5º del Decreto 1926 de 1975(4). En consecuencia, resulta imperioso analizar las razones por as cuales el legislador extraordinario adoptó tal tratamiento normativo, como se hará a continuación.
4. Vigencia y titularidad del beneficio presupuestal invocado por el actor en favor de las antiguas intendencias
Desde el momento de su creación, como ya se señaló mediante el Acto Legislativo Nº 1 de 1936, la administración de las intendencias y comisarías quedó sometida a un directo e inmediato control ejecutivo y administrativo por parte del Gobierno Nacional, y deferido al legislador el tratamiento en cuanto a su organización y división administrativa interna, así como en relación con la expedición de estatutos especiales y regímenes propios en materias tales como la electoral, judicial y la contencioso administrativa.
El desarrollo económico, social, y cultural de estas grandes regiones del territorio nacional, al igual que el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, se constituyó en objeto de una nueva consideración por parte del Estado desde el punto de vista de su planeación, propósito que resultó atendido por el legislador mediante la expedición de la Ley 2ª de 1943 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre administración, división administrativa y régimen electoral de las intendencias y comisarías” y por la Ley 28 de 1974 “por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias en materia administrativa y se dictan disposiciones”.
Con base en esta ley de facultades se creó y organizó, a través del Decreto 1925 de 1975, el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, Dainco —ampliamente conocido por la labor que ejerció en la coordinación, vigilancia y orientación de esas divisiones administrativas— y, con el Decreto 1926 de 1975, se dictó el régimen administrativo y fiscal de éstas, mediante el cual se distribuyeron funciones entre el Gobierno Nacional, los consejos intendenciales o comisariales y los respectivos intendentes y comisarios, como autoridades participantes en la dirección de su administración.
Para efectos del presente estudio, el artículo 5º del mencionado decreto, frente a las funciones de administración asignadas por el legislador extraordinario al Gobierno Nacional con respecto de los denominados “territorios nacionales”, estableció:
“ART. 5º—Cuando los ingresos propios de las intendencias y comisarías no alcanzaren a cubrir sus gastos de funcionamiento, el Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de apropiaciones las partidas que con tal fin fueren necesarias”.
La intención de una actualización y modernización del régimen administrativo, presupuestal y fiscal de las intendencias y comisarías, a fin de contar con mecanismos jurídicos más eficaces para el cumplimiento de sus fines, hizo que el Presidente de la República, revestido de precisas facultades extraordinarias por la Ley 22 de 1985(5), dictara una nueva normatividad en esas materias, lo que ocurrió con los decretos 467(6) y 469 de 1986(7), incorporando este último algunas modificaciones al Decreto 1926 de 1975, antes aludido.
Precisamente, en el artículo 13 de ese Decreto 469 de 1986 queda consignada la voluntad del legislador extraordinario de conceder la destinación de aportes nacionales hacia el presupuesto de funcionamiento, en forma exclusiva para las comisarías y, excepcionalmente, para las intendencias que con posterioridad sean creadas, como se lee en el texto del mismo que a continuación se cita:
ART. 13.—Aportes nacionales para el presupuesto de funcionamiento de las comisarías. A solicitud del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, cuando los ingresos propios de las comisarías no alcanzaren a cubrir los gastos de funcionamiento, el Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de apropiaciones, las partidas que con tal fin fueren necesarias. Esta norma también cobijará a las intendencias que se creen en el futuro y hasta por el término no superior a los primeros cinco (5) años de su existencia.
PAR.—En ningún caso se apropiarán partidas para cubrir gastos de funcionamiento correspondientes a convenciones colectivas que pacten los gobiernos comisariales, sobrepasando las directrices que formule el Gobierno Nacional o que no se ajusten a las disposiciones legales sobre competencia en estas materias. Igual prohibición rige para los gobiernos intendenciales”.
La disposición transcrita presenta una plena armonía con la derogatoria expresa que, más adelante, en ese mismo Decreto 1926 de 1975, en su artículo 33, se hace del artículo 5º del Decreto 1926 de 1975.
De manera pues que, recogiendo las consideraciones expuestas por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la vista fiscal, sobre este particular, la Corte encuentra que la norma que autorizaba los aportes de ingresos nacionales con destino al presupuesto de gastos de funcionamiento de los nuevos departamentos, cuando los ingresos propios no alcanzaren a cubrirlos, al momento de la expedición de la disposición acusada, era el Decreto 469 de 1986, el cual presentaba como destinatarias únicas y titulares de ese derecho, a las antiguas comisarías, en virtud de la modificación que por los artículos 13 y 33 del decreto ibídem, fue objeto el artículo 5º del Decreto 1926 de 1975.
En consecuencia, el Decreto 2274 de 1991, en su artículo 28 enjuiciado, lo que hizo fue recoger el contenido normativo del artículo 13 del Decreto 469 de 1986; es más, derogó integral y expresamente este decreto, como se puede observar de su artículo 43.
Se colige, entonces, que la determinación del contenido y alcance de la norma acusada dirigidos, exclusivamente, para las comisarías —Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada—, no fue resultado de una actuación caprichosa del legislador extraordinario al momento de la expedición de la disposición enjuiciada que desconociera el ordenamiento superior, en los artículos 4º, 309, 359-3, como pretende hacerlo ver el accionante, por cuanto tiene su justificación en la evolución normativa que obtuvo la asignación de recursos nacionales para efectos de respaldar la financiación de los gastos de funcionamiento de esos antiguos territorios nacionales, circunstancia no tenida en cuenta por el demandante al momento de instaurar la respectiva demanda de inconstitucionalidad.
Por lo tanto, no es acertada la afirmación del actor en el sentido de que constituían un derecho patrimonial adquirido por las antiguas intendencias con anterioridad a la Carta Política de 1991, cuyo traslado a los nuevos departamentos una vez erigidos, debía ser respetado.
De la misma manera, la Corte no observa que la disposición censurada contradiga el ordenamiento superior cuando ordena mantener en términos reales las apropiaciones del presupuesto nacional decretadas para la vigencia fiscal de 1991, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada (inc. 1º), ni realizar un ajuste anual con ese fin, como tampoco que se someta a control la realización del supuesto fáctico que da lugar al aludido beneficio presupuestal, esto es que los nuevos departamentos —antiguas comisarías— no generen los suficientes recursos para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Por último, es de destacar que tampoco es viable la reclamación que hace el actor para las intendencias del derecho recibir esas apropiaciones del presupuesto nacional, por constituir el mismo una renta nacional de destinación específica, aspecto sobre el cual entra la Corte a pronunciarse.
5. Protección del régimen de rentas de destinación específica de las antiguas intendencias y comisarías en la Carta Política de 1991.
La disposición demandada, en su inciso 1º, dice estar sometida en su contenido al cumplimiento del numeral 3º del artículo 359 de la Carta Política, disposición que prescribe en forma genérica las rentas nacionales de destinación específica, entendidas éstas como ingresos o recursos permanentes y concretos del presupuesto nacional que deben reservarse total o parcialmente a la satisfacción de determinado servicio o necesidad pública(8).
Sobre esta clase de técnica presupuestal esta Corte señaló lo siguiente en la sentencia C-590 de 1992(9):
“Se les ha denominado rentas atadas, y consisten en la técnica presupuestal de asignar una determinada renta recibida por una carga impositiva para la financiación de una actividad gubernamental previamente establecida en la ley de presupuesto. La técnica hacendística, en términos generales, las repudia porque tales rentas le restan flexibilidad al presupuesto nacional, ya que desconocen el principio de la unidad de caja al detraer del mismo los dineros correspondientes, con la consiguiente merma del mismo para satisfacer las necesidades de carácter general de la comunidad, tomada en su conjunto”.
Posteriormente, la corporación ahondó en el mismo tema en la sentencia C-490 de 1993(10), de la siguiente manera:
“Las rentas nacionales, a que se refiere el artículo 359 constitucional, son aquellas que constituyen ingresos tributarios del nivel nacional de gobierno, en oposición a los ingresos de las entidades territoriales.
El artículo precitado, como anotó esta corporación, “se aplica exclusivamente a las rentas de carácter nacional que entran al presupuesto general y no a las rentas locales que engrosan los presupuestos departamentales, distritales o municipales... Así las cosas, entiende la Corte que la prohibición del artículo 359 se aplica con exclusividad a las rentas nacionales de carácter tributario. En ningún caso a las rentas propias de las entidades territoriales o descentralizadas por servicios del orden local, como tampoco a las contribuciones parafiscales”(11).
La razón de ser de las rentas de destinación específica es la de asegurar la afectación de un porcentaje fijo del presupuesto público a un fin determinado, que se considera importante. Esta técnica, utilizada tradicionalmente por las finanzas públicas nacionales, ha permitido garantizar un piso mínimo de gasto social en Colombia. Sin embargo las actuales tendencias presupuestales abogan por una mayor flexibilidad presupuestal; de allí su prescripción constitucional para el nivel nacional”.
Ahora bien, la prohibición constitucional de que existan rentas nacionales de destinación específica en el presupuesto general, en criterio de esta Corte, tiene como fundamento “reivindicar las funciones que el presupuesto está llamado a cumplir como el más decisivo instrumento de política fiscal en manos de la democracia y al cual se confía la eficiente y justa asignación de los recursos y el desarrollo económico”(12).
Lo anterior, por cuanto en dicha decisión se traduce un firme propósito de salvaguardar los recursos del presupuesto nacional destinados al situado fiscal o a la participación de los ingresos de la Nación(13), en el entendido de que la asignación de rentas de esa naturaleza trastorna la flexibilidad presupuestal(14) y “menoscaban la función política de orientar el gasto y los recursos existentes a satisfacer las necesidades que en cada momento histórico se estiman prioritarias”(15).
No obstante, la restricción que sobre las rentas nacionales de destinación específica recae no es absoluta, sino excepcional, toda vez que la misma Carta Política establece los casos especiales en que éstas resultan viables, como sucede con los señalados en ese mismo artículo 359, numerales 1º, 2º y 3º, y en los artículos superiores 336, numeral 4º (monopolio de los licores para salud y educación), 356, numerales 1º y 2º (situado fiscal), 361 (recursos del fondo nacional de regalías con destino a las entidades territoriales) y 131 (tributación especial de las notarías)(16).
Para el evento del artículo 359 constitucional, las salvedades a la mencionada regla se concretan a las siguientes situaciones:
“ART. 359.—No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:
Compartiendo lo expresado por el interviniente a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe entenderse que cuando ese numeral 3º exceptúa de la prohibición general que gobierna las rentas nacionales de destinación específica, a aquellas asignadas en favor de los antiguos territorios nacionales “con base en leyes anteriores”, el alcance de la protección constitucional debe limitarse a las que configuran apropiaciones determinadas de los ingresos de la Nación, dirigidos, total o parcialmente, a financiar una actividad estatal, previamente establecida en la ley de presupuesto.
En este punto conviene precisar que, como se expresa en la misma disposición demandada, la obligación de mantener en términos reales las apropiaciones decretadas, corresponde al Gobierno Nacional.
De manera que, una disposición legal que establezca cualquier clase de compromiso de ingresos para financiar los gastos de funcionamiento de las antiguas comisarías, como ocurre con la norma sub examine, no reúne la condición necesaria para la aplicación de ese mandato superior exceptivo.
En efecto, observada la redacción del contenido normativo que se acusa, a partir del artículo 5º del Decreto 1926 de 1975, pasando por la reforma del artículo 13 del Decreto 469 de 1986, hasta llegar a la redacción actual del artículo 28 del Decreto 2274 de 1991, se observa que la asignación que allí se ordena de recursos de la Nación para cubrir los gastos de funcionamiento por el déficit causado en los presupuestos de las antiguas intendencias y comisarías, en un principio, y luego aplicable solamente a estas últimas entidades, no configura la afectación de una renta nacional con destinación específica.
La precisión que hace el legislador extraordinario en el artículo 28 del Decreto 2274 de 1991, en el sentido de dar cumplimiento al numeral 3º del artículo 359 de la Carta Política, como salvaguarda a una renta nacional sujeta a precisas circunstancias de destinación presupuestal, autorizado por el ordenamiento superior, es equivocada, pues, por el simple hecho de la denominación legal, la decisión de asignación de unos recursos del presupuesto nacional no adquiere el carácter mencionado ni las prerrogativas o privilegios que la misma supone. Una denominación establecida de esa manera resulta errada, al tener en cuenta las siguientes consideraciones:
“(...) todo gasto debe forzosamente estar contemplado en una ley; sin embargo, las leyes a que se refiere la Corte comportan un efecto adicional que consiste en atar a su satisfacción una renta del Estado o una porción de la misma. En este sentido, la ley anual de presupuesto no se limita a la posibilidad de registrar la apropiación, puesto que se conjuga aquí un título de gasto, con una orden de gasto y una destinación específica de una renta. De ahí que sólo en los casos autorizados por la Constitución sea posible darle carta de naturaleza a estas leyes que de manera tan penetrante afectan todas las fases del ciclo presupuestal”. (Subraya la Sala de la citada tomada de la Sentencia C-317 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En consecuencia, tampoco era procedente el cargo del actor en contra del artículo 28 del Decreto 2274 de 1991, en el sentido de que impedía disfrutar a las intendencias de una renta nacional de destinación específica.
Sin embargo, como la indebida denominación que hace ese artículo 28 trae consigo las consecuencias presupuestales ya anotadas de una renta de esa naturaleza, se declarará inexequible la expresión. “En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 359 de la Constitución Política”.
6. La supuesta violación de los principios de asociación y negociación colectiva, derechos adquiridos por las negociaciones colectivas y la buena fe y principio de la confianza legítima.
El accionante pretende una transgresión de los mandatos superiores sobre libertad de asociación y de negociación colectiva (C.P., arts. 39 y 55), derechos adquiridos mediante convenciones colectivas pactadas con los gobiernos departamentales y principio de la buena fe que debe regir en las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, al impedirse, en la disposición acusada, que se asignen del presupuesto nacional recursos para cubrir los gastos de funcionamiento que esas negociaciones laborales produzcan, cuando “no se ajusten a las disposiciones legales sobre estas materias”.
Los artículos 39 y 55 de la Carta Política garantizan, respectivamente, el derecho de asociación sindical de los trabajadores y de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, lo cual incluye a los trabajadores oficiales, con las excepciones que establezca la ley.
Por consiguiente, al Estado, en consonancia con el artículo 55 de la Carta Política, le corresponde promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo; compromiso que incluye el señalamiento de los instrumentos para que el diálogo y las negociaciones sean realizables en condiciones de paz y tranquilidad social. Dentro de este propósito, el artículo 56 superior ordena la integración de una comisión tripartita permanente, conformada por representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores, que fomente las buenas relaciones laborales, contribuya a la solución de los conflictos colectivos del trabajo y concerte las políticas salariales y laborales.
Es imperioso que, dentro del ordenamiento jurídico, existan los mecanismos y procedimientos propios, precisos e idóneos que permitan impulsar la realización de todo proceso de solución de conflictos colectivos del trabajo y, a la vez, tengan la capacidad de ofrecer a sus participantes el convencimiento de que los acuerdos obtenidos dentro de una negociación colectiva, en cuanto a las condiciones económicas y sociales del trabajo logradas, cuentan con efectividad jurídica.
Tal normatividad se plasma tanto en las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo, como en los convenios internacionales del trabajo 87(17) y 98(18) los cuales forman parte de la legislación colombiana, en virtud del artículo 53-3 de la Carta Política.
Ahora bien, la limitación que establece el legislador en el parágrafo del artículo 28 del Decreto 2274 de 1991 para impedir que los recursos de los aportes del presupuesto nacional lleguen a financiar los gastos de funcionamiento que puedan ocasionar las convenciones colectivas pactadas por los gobiernos departamentales, sin sujeción a las disposiciones legales sobre la materia, en criterio de esta Corte no configura una restricción a los derechos de asociación y negociación colectiva con que cuentan los trabajadores para mejorar, de manera justa y equitativa, las condiciones económicas y sociales de trabajo.
La sujeción de los acuerdos colectivos de negociación a la legalidad preestablecida sobre la materia, no constituye una presunción que contradiga el principio de la buena fe y, de alguna forma, reviva la teoría de la peligrosidad, como lo anuncia el actor en su demanda.
No puede perderse de vista que la convención colectiva constituye una fuente de derecho, es decir creadora de normas jurídicas vinculantes y obligatorias interpartes(19), que para alcanzar las concertaciones de los intereses laborales que con ella se pretendan, requiere de un sometimiento a cauces legales precisos, lo cual no resulta desproporcionado, pues, precisamente, permite que adquieran fuerza normativa coercitiva con seguridad jurídica, para los aspectos materiales, jurídicos y económicos que resulten de las mismas.
De manera que fijar una consecuencia negativa al desconocimiento de las disposiciones legales sobre convenciones colectivas, lo que hace es preservar la coherencia que éstas deben presentar en sus formas y trámites con la normatividad vigente para fines de su efectividad jurídica.
En efecto, es de recordar que la protección constitucional que recae sobre los derechos adquiridos presupone una concordancia de los mismos con las leyes civiles (C.P., art. 58) y, además, es a la ley a la que corresponde señalar los ámbitos específicos de la aplicación de la negociación colectiva(20), lo cual no significa que se esté limitando los alcances materiales de las negociaciones en materia de regulación de las condiciones laborales, ya que “la negociación colectiva no es entonces un instrumento residual para regular las relaciones laborales, sino el instrumento por antonomasia, que desplaza el sistema de fijación por el estado de las condiciones de trabajo(21)”.
Adicionalmente, una limitante como la que se establece en el parágrafo que se examina contribuye a organizar y racionalizar el gasto público, toda vez que opera en la distribución de los recursos del presupuesto de las entidades territoriales correspondientes.
Finalmente, resta por analizar el último argumento del accionante, por el cual se enjuicia la disposición demandada, en el sentido de que desconoció el principio de la confianza legítima para las intendencias, al interpretarse conjuntamente la disposición demandada con la Ley 141 de 1994 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”.
El demandante señala que la citada Ley 141 se encuentra asociada al tema sub examine ya que, al prohibir la inversión de las regalías del petróleo para el pago de los gastos de funcionamiento, se lesionó el mencionado principio de la confianza legítima, pues hubo una transición a la categoría de departamentos, sin que se hubiesen creado otros ingresos de libre destinación, lo que finalmente produjo la quiebra de las antiguas intendencias, hecho agravado con la exclusión injustificada de las intendencias del beneficio presupuestal en la disposición acusada.
Es evidente que un argumento como el anterior no presenta una violación de orden constitucional. De un lado, no es posible entrar a examinar la constitucionalidad de la Ley 141 de 1994 en lo mencionado, en tanto no constituye objeto del presente control. De otro lado, la argumentación planteada entraña más bien un juicio de conveniencia sobre los resultados económicos que para un ente territorial genera una determinada disposición, lo que claramente evidencia una censura a la facultad de configuración normativa del legislador para destinar a las entidades territoriales los recursos que provengan del Fondo Nacional de Regalías, según el mandato del artículo 361 de la Carta Política, materia que, en esos términos, escapa al estudio de esta Corte.
En consecuencia de lo anterior, la Corte declarará, en la parte resolutiva de esta sentencia, la exequibilidad del artículo 28 del Decreto 2274 de 1991, salvo en la expresión “En desarrollo de lo dispuesto en numeral 3º del artículo 359 de la Constitución Política”, contenida en su inciso primero, la cual se declarará inexequible.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 28 del Decreto 2274 de 1991 “por el cual se dictan normas tendientes a asegurar la debida organización y funcionamiento de las entidades territoriales erigidas como departamentos en la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, salvo en la expresión “En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 359 de la Constitución Política”, contenida en su inciso primero, la cual es INEXEQUIBLE.
(1) M.P. Antonio Barrero Carbonell.
(2) “Por la cual se dictan normas tendientes a asegurar la debida organización y funcionamiento de las entidades territoriales erigidas como departamentos en la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
(3) Ponentes designados los doctores: Eduardo Verano de la Rosa, Carlos Fernando Giraldo Angel, Luis Emiro Valencia Sánchez, Armando Novoa García y Ramiro Vieira Arango, Gaceta Legislativa, tomo I, Nº 5, del lunes 26 de agosto de 1999, pág. 7.
(4) “Por el cual se dictan el régimen administrativo y fiscal de las intendencias y comisarías”.
(5) “Por la cual se dictan normas sobre el régimen administrativo de las intendencias y comisarías, se faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar el régimen administrativo, contractual y fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. Con base en esta ley se dictaron los decretos 467 a 473 de 1986.
(6) “Por el cual se establece el régimen administrativo de las intendencias y comisarías y se dictan otras disposiciones”.
(7) “Por el cual se expiden normas sobre el régimen presupuestal y fiscal de las intendencias y comisarías y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”.
(8) Ver la sentencia C-057/93, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(10) M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(11) Corte Constitucional. Sentencia C-040 precitada [de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón].
(12) Sentencia C-317/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(13) Ver la sentencia C-004/93, M.P. Ciro Angarita Barón.
(14) Ver las sentencias C-590/92, C-490/93, entre otras.
(15) Sentencia C-317/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(16) Ver la sentencia C-590/92, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, ya aludida.
(17) Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (sic) (L. 26/76).
(18) Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación (sic) y de negociación colectiva (L. 27/76).
(19) Ver la sentencia C-013/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(20) Ver la sentencia T-597/92, M.P. Ciro Angarita Barón.
(21) Sentencia C-112/93, M.P. Hernando Herrera Vergara.