Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/689008741
Timestamp: 2018-10-22 23:45:41
Document Index: 215444560

Matched Legal Cases: ['artículo 222', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 222', 'Artículo 222', 'artículo 52', 'artículo 135', 'artículo 237', 'artículo 17', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 31']

Sentencia de Constitucionalidad nº 282/17 de Corte Constitucional, 3 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 689008741
Actor: JUAN CAMILO GARRIDO DUQUE
Expediente: D-11667
APELACIÓN. CONTRA LA ORDEN DE POLICÍA O LA MEDIDA CORRECTIVA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 222 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El actor considera que el efecto devolutivo en el que se concede el recurso de apelación cuando se impone la medida correctiva de suspensión temporal de actividad, en desarrollo del proceso verbal inmediato de policía, es contrario al derecho al debido proceso, en lo que corresponde al efecto útil de dicho recurso o medio de impugnación. La Corte resalta que la medida que se impone es de carácter temporal, lo que le permite al interesado volver a realizar la actividad frente a la cual se dispuso el cese, bajo la lógica de que acredite plenamente el cumplimiento de las normas de convivencia. A lo anterior agrega que, incluso desde la óptica procedimental, su imposición supone el desarrollo de un proceso, en el que se dota al presunto infractor de la posibilidad de ser oído, de realizar descargos e incluso de llegar a un acuerdo mediante el ejercicio de la mediación policial, lo que reduce la posibilidad de que exista un actuar arbitrario, más aún cuando para la imposición de la medida, la autoridad se debe sujetar a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a los cuales refiere el artículo 8 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada.
En desarrollo de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, el ciudadano J.C.G.D. presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 222 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”
En Auto del 7 de octubre de 2016, el M.S. resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. De igual manera dispuso comunicar la iniciación del presente proceso de inconstitucionalidad al Ministerio de Justicia y del Derecho; al Ministerio de Defensa Nacional; al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; a la Policía Nacional; a la Federación Colombiana de Municipios; a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio; a la Federación Nacional de Comerciantes; a la Confederación Colombiana de Consumidores; a la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC); al Instituto Colombiano de Derecho Procesal; y a las Facultades de Derecho de las siguientes Universidades: Rosario, S., Externado, S.A., Libre y N., para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran en el proceso con el propósito de impugnar o defender la disposición acusada.
Artículo 222.- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0993_2005.html - topTrámite del proceso verbal inmediato. Se tramitarán por el proceso verbal inmediato los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de policía, y los comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía, en las etapas siguientes:
- Se podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés directo o acuda en defensa de las normas de convivencia.
- Una vez identificado el presunto infractor, la autoridad de policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos, si ello fuera posible o, en aquel donde lo encuentren, y le informará que su acción u omisión configura un comportamiento contrario a la convivencia.
- El presunto infractor deberá ser oído en descargos.
- La autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos y procurará una mediación policial entre las partes en conflicto. De no lograr la mediación, impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía.
[10] M.P.J.C.T..
[21] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de agosto de 2009, radicación No. 25329, M.P.G.J.G.M..
[24] En la Sentencia C-104 de 2016, M.P.L.G.G.P., se manifestó que: “el control de constitucionalidad de las leyes es una función jurisdiccional que se activa, por regla general, a través del ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos, para lo cual se exige la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, sin perjuicio de los casos en los que la propia Constitución impone controles automáticos, como ocurre con las leyes aprobatorias de tratados internacionales o las leyes estatutarias.”
[29] Sobre el particular, la Corte ha dicho que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de inconstitucionalidad”. Sentencia C-874 de 2002. M.P.R.E.G.. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-954 de 2007, C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013 y C-281 de 2013. En esta última expresamente se expuso que: “Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (CP art. 241-4-5).” M.P.M.G.C..
[34] Sentencias T-425 de 1992. M.P.C.A.B..
[37] Una demanda similar a la expuesta fue resuelta en la Sentencia C-243 de 1996, M.P.V.N.M.. En aquella oportunidad se cuestionaba que el efecto devolutivo de la consulta en el trámite del incidente del desacato de tutela, consagrado en el primigenio artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, implicaba cumplir de forma inmediata la sanción de la privación de la libertad, desconociendo los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la persona condenada en el juicio de amparo, pues al momento en que el superior jerárquico se llegara a pronunciar sobre la pena impuesta, la misma ya se habría ejecutado, tornando nugatoria la segunda instancia. Al pronunciarse sobre el caso concreto, la Corte declaró la inexequibilidad de la norma demandada, al encontrar que le asistía razón al accionante, pues disponer que la consulta del incidente en el que se impone una sanción privativa de la libertad es revisable en el defecto devolutivo, más que demostrar una falta de técnica legislativa y de ineficacia de la segunda instancia, implicaba la vulneración de la presunción de inocencia.
[38] Al respecto, cabe consultar la Sentencia C-031 de 2017, M.P.L.G.G.P..
[42] M.P.L.G.G.P..
[44] Sobre el particular, se destacan dos providencias. En la Sentencia C-400 de 2013, M.P.N.P.P., la Corte declaró la exequibilidad del inciso 2 del artículo 135 del CPACA, en el que además de consagrar la acción de nulidad por inconstitucionalidad a cargo del Consejo de Estado frente a los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no le corresponda a la Corte Constitucional, conforme se establece en el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución; se incluyó la posibilidad de ejercer la misma acción y ante el mismo Tribunal, en relación con “los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”. Al momento de efectuar su examen, la Corte encontró parcialmente ajustada al Texto Superior la norma de la referencia, por cuanto consideró que se está en presencia de una ampliación que no desconoce lo previsto por el Constituyente respecto de las reglas de procedencia de la citada acción, aunado al hecho de que su finalidad es la de fortalecer el ejercicio del control de constitucionalidad, dentro del marco residual de competencias asignado al Consejo de Estado. No obstante, en la medida en que dichos actos podrían tener fuerza material de ley, se condicionó su entendimiento a que en esta última hipótesis su control le corresponde a esta Corporación. De igual manera, en la Sentencia C-483 de 2008, M.P.R.E.G., se admitió que, pese al carácter inmediato del amparo constitucional, no es contrario a la Constitución la posibilidad de que el juez de tutela rechace una demanda de amparo, cuando luego de prevenir al solicitante sobre la imposibilidad de determinar los hechos o las razones en que se justifica, éste no corrigiere su escrito en el término de tres días, conforme se dispone en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Para la Corte, si bien “de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la regla general es que todas las acciones de tutela deben ser objeto de admisión, trámite y decisión de fondo en los términos constitucionales dispuestos para el efecto. (…) [En] la medida en que el propio ordenamiento superior faculta al legislador para regular la materia, en principio es posible que este pueda establecer excepciones a dicho principio, siempre y cuando la medida este amparada por un principio de razón suficiente.” En estos términos, frente a la disposición sometida a control, la Corte destacó que “[la] exigencia de claridad de la solicitud de tutela resulta idónea para garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en tanto permite al juez contar con un cabal entendimiento de la situación que originó la presentación de la acción y así poder emitir órdenes que garanticen la real y efectiva protección de los derechos fundamentales afectados en cada caso concreto.”
[49] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-319 de 2013, M.P.L.E.V.S., se expuso que: “el balance planteado por la jurisprudencia es absolutamente necesario para evitar el desmedro de cada uno de los extremos analizados. De un lado, si se maximizara el principio de celeridad en los procedimientos, se llegaría a un escenario en que el procedimiento judicial no cumpliría sus fines constitucionales, sino que se justificaría a sí mismo como una herramienta para resolver, apenas desde un parámetro formal y eficientista, los derechos constitucionales interferidos por el proceso. De otro lado, si se otorga un carácter prevalente e incuestionable a la permanencia de todos los recursos posibles para el ejercicio del derecho de defensa, los procedimientos judiciales no podrían fácticamente cumplir con el propósito para el que fueron instituidos, como es llegar a una decisión oportuna y definitiva por parte de un juez imparcial y sometido objetivamente al ordenamiento jurídico.”
[50] Un estudio detallado sobre los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, frente al margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales, se puede consultar en la Sentencia C-583 de 2016, M.P.A.A.G..
[52] En el aparte pertinente del artículo 29 de la Constitución se dispone que: “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Énfasis por fuera del texto original. En la Sentencia C-792 de 2014, M.P.L.G.G.P., esta Corporación consideró que a partir de la lectura de los artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP es exigible el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de un proceso penal, incluso si la sanción se impone por primera vez en la segunda instancia, entre otras razones, por el contenido general de esta garantía que carece de una excepción en los referidos preceptos constitucionales y de derecho internacional, así como por la circunstancia de que su procedencia se otorga en función del contenido del fallo y no en razón de la etapa en la cual se dicta la providencia. Por lo anterior, en el fallo en cita se declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de varios preceptos de la Ley 906 de 2004 que omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, con la carga para el Congreso de la República de que, en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de dicha sentencia, regulara integralmente el derecho a impugnar las sentencias que, en el marco del proceso penal, imponen una sanción por primera vez. En caso de que el legislador incumpliese con ese deber, se dispuso que se “entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.
[54] Así, por ejemplo, ha ocurrido con la posibilidad del legislador de establecer excepciones a la votación nominal y pública. V., al respecto, la Sentencia C-134 de 2014, M.P.M.V.C.C..
[55] En la Sentencia C-411 de 1997, M.P.J.G.H.G., se afirmó que: “la doble instancia, con todo y ser uno de los principales [derechos] (…) dentro del conjunto de garantías que estructuran el debido proceso, no tiene un carácter absoluto, como resulta del precepto constitucional que lo consagra (artículo 31 C.P.), a cuyo tenor ‘toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley’ (subraya la Corte) (...)”.
[56] Sentencia C-040 de 2002, M.P.E.M.L.. Sobre el particular, en la Sentencia C-838 de 2013, M.P.L.E.V.S., la Corte identificó algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta cuando se consagren excepciones al principio de la doble instancia, a saber: (i) la exclusión debe ser excepcional; (ii) deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de única instancia; (iii) la exclusión debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legítima; y (iv) ella no puede dar lugar a discriminación.
[57] Al respecto, se puede consultar la Sentencia C-619 de 1997, M.P.J.G.H.G..
[58] En la Sentencia C-632 de 2012, M.P.M.G.C. se dijo que: “(…) el legislador cuenta on una amplia libertad para instituir los recursos ordinarios y extraordinarios contra las providencias judiciales, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectos, así como determinar las autoridades judiciales que asumen el conocimiento de los mismos (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[59] M.P.A.B.C..
[79] V., al respecto, el acápite 6.3.1 de esta providencia.
[84] En esta oportunidad, al igual que se expuso en la Sentencia C-031 de 2017, M.P.L.G.G.P., “es preciso resaltar que el deber constitucional que tiene dicha autoridad de manifestar o rendir un ‘concepto’ (CP art. 242 y 278), va más allá de considerar que una demanda carece de los elementos necesarios para tomar una decisión, pues es primordial que exponga una opinión, reflexión o juicio para valorar si el precepto acusado se ajusta o no al Texto Superior, al menos, a partir de las normas constitucionales invocadas como vulneradas. Esta práctica constituye un elemento común entre los distintos intervinientes, para lo cual el ordenamiento jurídico otorga la posibilidad de distinguir entre solicitudes principales y subsidiarias.”
[88] M.P.J.C.T..
[89] Sentencia C-117 de 2006, M.P.J.C.T..
[91] En la Sentencia C-792 de 2014, M.P.L.G.G.P., la Corte distinguió el derecho a la impugnación respecto de la garantía de la doble instancia. Como elementos que identifican al primero se destacan los siguientes: (i) se trata de una pretensión que opera en el ámbito de las sentencias judiciales condenatorias que se profieren como consecuencia de un proceso penal; (ii) su finalidad es asegurar que el condenado pueda ejercer a plenitud los derechos de defensa y contradicción, discutiendo tanto el contenido de la decisión judicial, como sus fundamentos normativos, fácticos y probatorios; y (iii) dicha revisión integral debe quedar a cargo de una instancia judicial distinta, comúnmente, de carácter superior. Si bien el derecho a impugnar se desenvuelve tradicionalmente en el campo penal, su cobertura ha sido extendida por la Corte a otros procesos administrativos o judiciales, que incluyen un elemento sancionatorio o que suponen, en su lugar, una restricción de la libertad. Algunos ejemplos fueron mencionados en la citada sentencia en el acápite 6.9.3.
[93] Tal regla fue consagrada en la Sentencia C-243 de 1996, M.P.V.N.M., previamente expuesta.
[94] V., al respecto, el acápite 6.4.4 de esta providencia.
[96] Sobre el particular se puede consultar la Sentencia C-838 de 2013, M.P.L.E.V.S..
[97] Sentencia C-799 de 2003, M.P.M.G.M.C..
[99] V., al respecto, las Sentencias C-673 de 2001, M.P.M.J.C.E. y C-104 de 2016, M.P.L.G.G.P..
Auto nº 25000-23-36-000-2016-01314-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 11 de Mayo de 2017
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002017-00831-01 de 25 de Mayo de 2017