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Timestamp: 2018-11-18 16:51:30
Document Index: 125931553

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 222', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 22']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 204, de 29/06/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 204
celebrada el miércoles, 29 de junio de 2011
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar sobre:
- Informe de fiscalización de las principales aplicaciones de recursos realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el período 2001-2004. (Número de expediente del Congreso 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000094.) ... (Página 2)
- Informe de fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las entidades locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000098.) ... (Página 9)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000101.) ... (Página 17)
- Informe de fiscalización del proceso de privatización de Red Eléctrica Española, S.A. (REE). (Número de expediente del Congreso 251/000095 y número de expediente del Senado 771/000095.) ... (Página 22)
- Informe de fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y telecomunicaciones, ejercicios 2003, 2004 y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000100.) ... (Página 22)
- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA), ejercicio 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000102.) ...
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES APLICACIONES DE RECURSOS REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) EN EL PERÍODO 2001-2004. (Número de expediente del Congreso 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000094.)
La señora PRESIDENTA: Senadores, senadoras, diputados y diputadas, vamos a dar comienzo la sesión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. El punto 1.º del orden del día es el informe de fiscalización de las principales aplicaciones de recursos realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el período 2001-2004, para lo cual el presidente del tribunal nos va a presentar el informe que han elaborado.
Tiene usted la palabra, presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el día 29 de septiembre de 2009. La programación de esta fiscalización fue acordada por el pleno del tribunal como continuación de un informe anterior correspondiente al período 1998-2000. Además, esta Comisión Mixta, tras el examen del primer informe, instó al Tribunal de Cuentas a realizar una nueva fiscalización de la gestión de las aplicaciones de fondos de SEPI materializados en capital circulante y, en especial, las inversiones financieras temporales y su posible incidencia en la evolución de los mercados financieros.
En esta fiscalización se analizaron las principales aplicaciones de recursos permanentes que recogen los cuadros de financiación de SEPI en el período señalado, analizándose especialmente las operaciones de capital llevadas a cabo por SEPI, así como la concesión y reembolso de financiación a largo plazo a empresas participadas, la liquidación de obligaciones asumidas con terceros en procesos de desinversión y todas aquellas operaciones de carácter financiero o extraordinario que pudieran haber tenido especial incidencia en la determinación del resultado anual de la sociedad. Específicamente se analizaron los distintos instrumentos financieros en los que se invirtieron temporalmente los excedentes de fondos de SEPI desde 1995 hasta el año 2004, atendiendo al contenido de la resolución parlamentaria, extendiéndose la fiscalización hasta finales de 2008 por lo que se refiere a las principales operaciones cuya liquidación o desenlace no se había producido al cierre del ejercicio 2004.
Como habrán podido ver sus señorías, el informe no es más que una relación de actuaciones mantenidas por SEPI en el proceso privatizador, en el período analizado, la mayor parte de las cuales fueron objeto de una fiscalización específica, que incluso ya hemos presentado ante esta Comisión. No obstante, el resumen que en este informe se efectúa, además de ofrecer datos sobre la generación y aplicación de recursos en este proceso, permite alcanzar una visión global de la evolución histórica del sector público desde sus primeras configuraciones, así como de la importante transformación que en el mismo se generó, especialmente a través del proceso de privatizaciones.
Los principales resultados de esta fiscalización los podemos resumir de la manera siguiente. A finales de 2004 los fondos propios de SEPI se situaban en 2.158 millones de euros, habiéndose registrado una reducción de 2.024 millones desde finales del año 2000. La incorporación al
balance de la sociedad de títulos representativos de sociedades de titularidad pública pertenecientes a la Administración General del Estado, por importe de 937 millones entre 2001 y 2003, impidió que a partir de 2002 las pérdidas sociales situaran los fondos propios de SEPI por debajo del límite establecido. En todo caso, los fondos propios de SEPI superaban notablemente su cifra de endeudamiento a largo plazo, que pasó de 219 millones al cierre del ejercicio 2001, a 103 a 31 de diciembre de 2004. SEPI solo obtuvo beneficios en el ejercicio 2003, en el que presentó un resultado positivo de 1.049 millones. El resultado anual acumulado de su actividad en el periodo 2000-2004 supuso una disminución neta de los fondos propios de la sociedad de 2.961 millones.
En cuanto a los recursos generados en los ejercicios del periodo fiscalizado, SEPI obtuvo fondos por 4.554 millones de euros, procedentes en su mayor parte de la venta de participaciones empresariales, habiendo ingresado por este concepto 3.014 millones, cifra sensiblemente inferior a los 17.918 millones que había ingresado a finales del año 2000. La venta de participaciones sociales comportó para SEPI un beneficio total neto de 996 millones de euros. La remuneración obtenida por pago de dividendos de la cartera de participaciones durante el periodo fiscalizado fue de 508 millones de euros.
En cuanto a las aplicaciones de fondos, en este mismo periodo SEPI aplicó recursos por 7.750 millones de euros, destinando 6.760 a operaciones de ampliaciones de capital y concesión de créditos a empresas del grupo.
Asimismo, aplicó provisiones para riesgos y gastos por 429 millones y otros 341 para la financiación de su actividad en 2003 y 123 millones a la cancelación de deuda en 2004. SEPI no abonó dividendos en ninguno de los ejercicios realizados. Para financiar compromisos laborales asumidos con personal no productivo de empresas filiales, SEPI suscribió ampliaciones de capital por 2.869 millones de euros. Asimismo se aplicaron ampliaciones de capital por 564 millones para restablecer el equilibrio patrimonial o liquidar compromisos adquiridos en la privatización, objetivos a los que se destinaron 2.675 millones librados bajo la forma de aportaciones de socios para compensar pérdidas en empresas del grupo. La mayor parte de los importes que se destinaron a aportaciones de cartera figuraban corregidos al final del periodo fiscalizado mediante provisiones en las que se recogió el deterioro de valor de las participaciones mantenidas por SEPI a dicha fecha o que habían resultado definitivamente irrecuperables. Únicamente 96 millones del total desembolsado supusieron propiamente inversiones financieras.
Completada en el año 2001 la financiación de la exteriorización de los compromisos asumidos con el personal no productivo de determinadas empresas, las intervenciones financieras de SEPI en empresas del grupo se redujeron significativamente en los ejercicios siguientes.
En cuanto a los excedentes, voy a decir muy resumidamente que desde su creación hasta el final del periodo fiscalizado, el capital circulante de SEPI registró un incremento neto de 4.453 millones de euros. A finales de 1998 el incremento era de 10.417 millones, fundamentalmente por los ingresos procedentes de las operaciones de privatización, incremento que se fue reduciendo en el periodo posterior al ser muy superior el volumen creciente de aportaciones a las empresas del grupo al de los recursos generados por la venta de participaciones, tendencia que se vio modificada en los dos últimos ejercicios fiscalizados debido a los ingresos originados por la venta de participaciones sociales y por la devolución de aportaciones efectuadas a Izar, que fueron declaradas ayudas ilegales por la Comisión Europea.
Las variaciones del capital circulante de SEPI se trasladaron fundamentalmente a los saldos de inversiones financieras temporales, que registraron una evolución paralela en ese periodo de tiempo al fondo de maniobra, siendo su saldo al final del periodo examinado de 3.620 millones de euros. Los excedentes de tesorería se fueron invirtiendo sucesivamente en el mercado secundario de deuda pública, en eurodepósitos a corto plazo, en fondos de inversión y pagarés de empresas, habiendo generado estas inversiones unos rendimientos financieros acumulados de 1.633 millones. En algunos momentos la inversión realizada por SEPI llegó a representar el 22 por ciento del importe negociado en el mercado.
He tratado de resumir de la manera más clara posible este informe, fijándome en los datos y cifras más significativos. Probablemente la lectura, el soporte literario de estas cifras habrá hecho que ustedes las comprendan mejor de lo que puede deducirse de mi exposición. En todo caso, creo que el informe está expuesto de manera clara.
Termina el informe con unas recomendaciones que brevísimamente les voy a exponer. Se recomienda la conveniencia de actualizar los valores de traspaso de las participaciones accionariales que hayan de adscribirse a SEPI antes de llevarse a cabo la transmisión, siempre que el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición. Se propone asimismo -y, por tanto, se recomienda- que las aportaciones para reintegro patrimonial que pueda realizar SEPI en empresas del grupo se limiten a las pérdidas que estas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital en empresas participadas mediante ampliaciones de capital en el modo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, el informe recomienda -y, por tanto, el Tribunal de Cuentas recomienda- analizar la posibilidad de adoptar una regulación específica para los excedentes de tesorería, dado el importante volumen de recursos que SEPI pudiera tener durante el periodo fiscalizado.
Igualmente se considera conveniente que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la capacidad financiera de SEPI no se aplicara a liquidar compromisos de la Administración General del Estado; recomendación que mantiene su vigencia en estos momentos en que tanto preocupa el equilibrio presupuestario.
La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Gómez Darmendrail tiene la palabra.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas en nombre de mi grupo parlamentario su presencia en esta Comisión y la exposición efectuada del informe de fiscalización cuyo análisis está incluido en el orden del día. Es cierto, señorías, que el alcance temporal de este informe, continuidad de otro informe previo con una orientación semejante, nos sitúa en un momento y en una situación económica muy diferente de la actual. A ello ha contribuido también el tiempo transcurrido desde su aprobación por el pleno del tribunal; el propio presidente acaba de decirnos que fue el 29 de septiembre de 2009. El informe nos retrotrae a un proceso de gran intensidad privatizadora, proceso al que el Gobierno del Partido Popular trató de incorporar unos procedimientos regulares y con mayores garantías a través de la supervisión del Consejo Consultivo de Privatizaciones que todavía se mantiene. Señorías, mi grupo considera que el informe tiene fundamentalmente la virtualidad de presentar en un documento único una síntesis de lo que fue dicho proceso privatizador y ofrecer a los historiadores unas referencias suficientemente explícitas del devenir de dicho proceso. Las circunstancias han cambiado significativamente y el recuerdo de las operaciones de privatización a las que alude el informe y de los fondos que las mismas generaron para el Tesoro público conduce a anhelar aquel periodo frente a la situación deficitaria y de parálisis económica en la que está sumido nuestro país.
Señorías, el propio informe nos aporta algunas cifras significativas.
Desde su creación hasta finales de 2004, en las cuentas de SEPI se había registrado una generación de recursos por 24.652 millones de euros, de los que 20.933 millones fueron por venta de participaciones en empresas públicas. La venta de participaciones supuso para SEPI unos beneficios de 996 millones de euros. Señorías, entre las aplicaciones de los fondos generados cabe señalar que el Tesoro percibió en concepto de dividendos 847 millones que se destinaron a operaciones de capital y financiación de empresas 11.349 millones, de los que 6.272 lo fueron en el periodo fiscalizado. El informe va relacionando las sucesivas operaciones llevadas a cabo en algunas de las empresas y los sucesivos compromisos que SEPI adquirió en cada una de las operaciones de privatización concertadas. Cabe destacar que una parte importante de las ampliaciones de capital por importe de 2.869 millones de euros, como acaba de decir el presidente del Tribunal de Cuentas, respondieron al cumplimiento de compromisos de carácter laboral adquiridos con personal no productivo. En el periodo al que se refiere este informe, SEPI percibió como ingresos por sus participaciones en capital un total de 508 millones. En el informe se describen los ingresos recibidos de cada una de las empresas participadas. Se describe igualmente la reestructuración de su cartera como consecuencia de las sucesivas reorganizaciones acordadas del sector público, así como las sucesivas compensaciones fiscales del grupo y los gastos extraordinarios soportados; también las sucesivas aplicaciones de las provisiones para riesgos y responsabilidades constituidas.
Señorías, sorprende leer en estos momentos el incremento del capital circulante de SEPI en dichos ejercicios y las importantes inversiones que se efectuaban a corto plazo en busca de su rentabilidad, especialmente en suscripciones de cajas de ahorros. El saldo medio invertido en algún ejercicio superó los 10.300 millones de euros. La gestión de sus propios recursos generó fondos a SEPI por 1.812 millones de euros. Hay que decir, señorías, que resulta difícil alcanzar una valoración global de todas las operaciones realizadas en el informe. El propio texto del informe tampoco la emite, limitándose a exponer los diferentes orígenes de los fondos obtenidos y sus sucesivas aplicaciones. Lo que no puede obviarse es el cambio sustantivo que estas operaciones generaron en el sector público, liberando al mismo de muchas actuaciones empresariales que lógicamente debía efectuar el sector privado y generando un importante volumen de recursos a las cuentas del Estado. El informe sin duda será fuente de referencia para quien quiera analizar la evolución de nuestro sector público empresarial. Por ello, quiero concluir mi intervención, señor presidente, felicitando al Tribunal de Cuentas y a usted por el esfuerzo de síntesis que exige la presentación de este resumen de un periodo importante de nuestra historia empresarial.
La señora PRESIDENTA: En nombre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, muchísimas gracias de nuevo por su comparecencia ante esta Comisión y también por la información que nos ha dado en relación con el informe objeto de presentación y debate.
Quisiera hacer unas breves puntualizaciones al respecto y seré muy breve.
En relación con este informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las principales aplicaciones de recursos realizadas por SEPI en el periodo 2001-2004, creemos que es importante hacer una serie de observaciones que coinciden en línea de máximos con las recomendaciones que se realizan en el informe. Son puntualizaciones importantes que tienen por objetivo conseguir que SEPI haga un mejor uso de sus recursos y beneficie con ello la aplicación del principio de eficiencia en el gasto público; aspecto sobre el que el sabe el señor presidente que nuestro grupo insiste de manera importante en esta Comisión. En esta serie de puntualizaciones me referiré, en primer lugar, a los valores de traspaso de las participaciones accionariales que hayan de adscribirse a SEPI, que deberían actualizarse antes de llevarse a cabo la transmisión, cuando el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición. En segundo lugar, SEPI debería limitarse a cancelar a su vencimiento
las obligaciones del INI en las que se subrogó en la fecha de su creación y todas aquellas que asuma en el ejercicio de su actividad de acuerdo con lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sin dedicar su capacidad financiera a financiar compromisos de la Administración General del Estado. En tercer lugar, en las aportaciones para reintegros patrimoniales que lleve a cabo SEPI en sociedades participadas deberían limitarse las pérdidas que estas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital en empresas participadas que comporten un incremento de sus fondos propios mediante ampliaciones de capital, tal y como recoge la Ley de Sociedades Anónimas. En cuarto lugar, atendiendo al volumen de excedentes de tesorería que debe mantener SEPI y la importancia de sus provisiones, debería analizarse la conveniencia de regular la gestión temporal de sus excedentes para garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, así como la posibilidad de limitar el porcentaje de inversión en deuda privada y sobre todo su plazo máximo de colocación.
Por último, señor presidente, señora presidenta, debería determinarse de una manera clara qué ha de entenderse como sociedades participadas a los efectos de la realización por SEPI de operaciones activas y pasivas con dichas sociedades, con el objetivo de evitar que SEPI, a pesar de que carece de habilitación legal para actuar como entidad financiera, otorgue financiación a entidades que no tienen carácter de públicas.
Estas son nuestras puntualizaciones, que entiendo que recogen las principales recomendaciones que realiza el informe y sobre las que consideramos desde nuestro grupo parlamentario que debemos insistir y actuar.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista el señor Lasarte tiene la palabra.
El señor LASARTE IRIBARREN: Quiero empezar mi intervención dando las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas, señor Núñez, por su presencia en esta Comisión mixta y por la explicación que nos ha dado del informe de fiscalización que nos afecta. Me gustaría hacer algunas reflexiones y plantear algunas cuestiones sobre la información que aporta el informe.
En primer lugar, hablaré sobre el informe en sí mismo. En mi opinión, es un informe prolijo en números y datos sobre las operaciones financieras del grupo SEPI en ese periodo; es un informe muy complejo de analizar -ya sé que el presidente ha dicho que era muy claro-, un informe denso, arduo, con una información tan exhaustiva y con un orden y un formato enrevesado que hace muy difícil poder extraer conclusiones claras del mismo. No obstante, he de reconocer y agradecer el ímprobo trabajo realizado por los expertos del tribunal, y le pediría al presidente que les trasladara mi agradecimiento y el de mi grupo, el Grupo Socialista, por su difícil labor, aunque también he de pedirles que hagan un mayor esfuerzo para desbrozar las dificultades con mayor claridad para facilitar así la tarea de entendimiento y análisis y poder llegar a conclusiones, sin renunciar, por supuesto, al máximo rigor.
En segundo lugar, me referiré a las informaciones de algunas operaciones contenidas en el informe. En el apartado de ingresos de participaciones de capital me gustaría conocer su opinión sobre algunas operaciones realizadas por SEPI porque el informe no recoge valoraciones. El informe del año 2005 sí las recogía, pero este informe no; por eso yo se las quiero pedir en mi intervención en esta Comisión. Sobre la operación de incremento de la participación en Musini del 49,28 por ciento que recibió de Teneo hasta el 98,07 para luego privatizarlo en 2003, en la anterior fiscalización del tribunal del año 2005 se ponía de manifiesto que suponía una operación de financiación pública a sociedades de capital privado al habérseles anticipado parte del precio de venta de las acciones de Musini con anterioridad a su traspaso a terceros. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Caso Enausa, Empresa Nacional de Autopistas. Ahí se produjo en la venta un perjuicio para SEPI igual al importe del dividendo pagado en 2003 al no haber percibido la entidad el dividendo que legalmente le correspondía y haberse descontado su importe del precio por el que se realizó la participación pública en Enausa; la empresa se privatizó en octubre de 2003. Finalmente, SEPI ha percibido el 23 de marzo de 2009 el importe del dividendo ordinario de 2002, neto del IRPF. Quiero dejar constancia de la buena gestión del actual equipo de SEPI en este asunto.
Hay otras operaciones de traspaso de sociedades de la Administración a SEPI durante unos años que pagan dividendos sustanciosos y al cabo de unos años vuelven a la Administración de la que provenían, por ejemplo Expasa. Me surgen algunas dudas porque no sé si son operaciones que sirven para financiar a SEPI sin que aparezcan subvenciones públicas o son un intento de racionalización que no funciona. Me gustaría conocer su opinión. En el apartado de orígenes y aplicaciones de fondos por operaciones de cartera, el tribunal pone en duda la oportunidad de la operación de traspaso de once sociedades anónimas de las que era titular la Administración General del Estado, incluida la SEPA, y el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria que se pretendía desvinculando a esas empresas de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, pone en duda la operación de reordenación de la operación de 2003 que transfirió a SEPI las participaciones en las sociedades Saeca, Mercasa y Tracsa, así como las acciones de Expasa y Enisa, al poner en cuestión que la condición comercial de Mercasa, Tracsa y Saeca haya de prevalecer sobre su carácter de sociedades instrumentales, criterio en el que se basó la reordenación de 2003, y que el propugnado carácter comercial de esas tres empresas sea fundamento suficiente para su adscripción a SEPI, teniendo en cuenta la composición de su cartera, que era fundamentalmente industrial. Me gustaría que nos explicara con cierto detalle esas operaciones y el origen de las dudas que le surgen al tribunal con las mismas. En el apartado de adquisiciones de títulos aparece la operación de Musini que ya hemos
comentado y una serie de operaciones sobre las que le pediría una explicación con detalle, que es la referida a la empresa Química del Estroncio; una operación en la que participa la empresa Celtiberia -empresa privada- y que creo entender que el tribunal pone en cuestión.
Por último, en este apartado me gustaría conocer las razones para que SEPI constituya la sociedad Hipódromo de la Zarzuela en 2003 y la empresa Sedetur. ¿Cuál es el interés público o empresarial o qué sinergias se generan con las empresas que acabo de mencionar en la actividad de SEPI?
En tercer lugar, aludiré al modelo de gestión de los excedentes de tesorería de SEPI. Ya sé todas las operaciones financieras que existen, todas las rentabilidades y los porcentajes; me lo sé todo -bueno, no me lo sé porque está en el informe y es complicado sabérselo, pero está aquí la información-, pero gustaría conocer la opinión porque echo en falta en este informe opiniones o valoraciones que corresponden a la fiscalización que tiene que hacer el tribunal y que yo no he visto. Insisto, desearía conocer la opinión del tribunal sobre las operaciones de inversiones financieras temporales, tanto sobre la disponibilidad de ingentes sumas de liquidez por parte del holding empresarial -usted hablaba de una cifra en el año 1998 de 10.417 millones de euros de capital circulante; yo no sé exactamente el PIB de aquella época pero no andará lejos del 2 por ciento del PIB e incluso podría ser un poco mayor; en cualquier caso es una cantidad muy voluminosa como para dejarla al albur de la gestión financiera de una sociedad sin mayor control- como las decisiones de inversión de esos excedentes líquidos, así como sobre la tipología de los productos financieros, su localización geográfica y los porcentajes según los diversos tipos de productos financieros. También me gustaría que me dijera algo sobre la rentabilidad o influencia, si la ha habido -porque esta también era una petición que se hacía en la Comisión del año 2005-, en la cotización de los mercados primarios o secundarios de valores. No he visto ninguna mención más allá del 22 por ciento -que dice usted que tenía en algún momento el excedente de SEPI- sobre el importe negociado en el mercado. El tribunal da muchos números, hace una descripción numérica magnífica, pero insisto en que echo en falta una cuestión que creo que también le corresponde, como es hacer una valoración o una evaluación.
También hay un aspecto de la gestión que me ha producido sorpresa, como es que a partir del año 1998 las suscripciones de deuda pública se hicieron de forma mayoritaria a través de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, la única entidad financiera que fue depositaria de deuda pública suscrita por SEPI en todos los ejercicios. Hablamos de volúmenes muy considerables. Sobre la gestión de tesorería en la figura de los eurodepósitos quizá hago una lectura equivocada, y me gustaría que me la corrigiera si fuera así. SEPI vendía empresas públicas españolas, las privatizaba e invertía un alto porcentaje de los excesos de tesorería en productos financieros extranjeros, en plazas financieras extranjeras, y con unas rentabilidades que según dice el informe eran similares a las de otros productos nacionales como por ejemplo deuda pública. No sé si es una interpretación correcta o si estoy equivocado, y me gustaría que lo clarificase si es posible.
Las recomendaciones que plantea el informe del tribunal suponen -en opinión de mi grupo- un serio toque de atención a la gestión desarrollada por SEPI en los años objeto de fiscalización, entre 2001 y 2004. El informe, con sus recomendaciones, está diciendo que se han hecho operaciones de traspaso de participaciones accionariales vulnerando lo establecido en la Ley 5/1995, que establecía cómo hacer la valoración de las mismas; que SEPI ha dedicado en algunos casos recursos financieros a financiar operaciones de forma irregular y compromisos que no le correspondían, porque o eran de la Administración o de empresas privadas, en concreto se mencionan las empresas Santa Bárbara Sistemas y Minas de Almadén y Arrayanes. No sé si hay más, pero esas están mencionadas en sus recomendaciones. El informe dice también que SEPI ha hecho aportaciones a sociedades participadas que no cumplen lo establecido en la normativa de sociedades anónimas, es decir, vulneran una ley; que la gestión del importante volumen de excedentes de tesorería debería garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, y limitarse el porcentaje de inversión en deuda privada, y sobre todo controlar mejor su plazo máximo de colocación, con lo cual cuestiona la gestión financiera llevada a cabo por SEPI en este periodo.
Por último el informe señala que SEPI, que carece de habilitación legal para actuar como entidad financiera, ha interpretado de forma cuestionable la normativa aplicable para otorgar financiación a sociedades que no tienen el carácter de públicas. Esto es lo que dice el tribunal. Me gustaría preguntarle al presidente del tribunal si esta lectura que hacemos sobre las recomendaciones es correcta o no. También me gustaría que nos explicara con detalle qué operaciones específicas son las causantes de las recomendaciones que hace el tribunal, de quién o de qué estamos hablando.
Sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y economía el tribunal realiza los informes de fiscalización para comprobar que el sujeto fiscalizado ha adoptado sus decisiones de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia y economía. Me gustaría conocer la opinión del presidente del tribunal sobre si la gestión realizada por SEPI en la aplicación de sus recursos financieros y en la gestión del circulante -tal y como aparece explicitado en las operaciones reseñadas en el informe de fiscalización- cumple esos principios de legalidad, eficiencia y economía, y si hubiera excepciones al cumplimiento de los mismos nos indicara cuáles son.
Pensaba haber terminado aquí mi intervención, pero dada la intervención del señor Gómez Darmendrail me gustaría hacer alguna reflexión sobre la gestión llevada a cabo durante los años 1996 a 2004 por parte del Partido Popular. El Partido Popular al llegar al Gobierno en el
año 1996 puso en marcha el llamado Plan de modernización del sector público empresarial. Con ese eufemismo lo que pretendía era privatizar todas las empresas públicas concurrenciales. No se buscaba la mejora de la eficiencia empresarial, se buscaba desmantelar el sector público empresarial. Ahora bien, una vez creada la SEPI, el Gobierno del Partido Popular se da cuenta de que tiene un juguete muy poderoso en sus manos y empieza a jugar con él con algunas operaciones como las que han sido comentadas en esta intervención. Realiza traspasos de empresas públicas adscritas a la Administración General, en algunos casos por motivos espurios. Antepone intereses privados al interés público. Vende empresas públicas en circunstancias, precios y condiciones muy onerosos para las arcas públicas por motivos cuestionables en algunos casos, y con resultados muy inciertos o negativos. Descapitaliza los fondos propios de SEPI, tal y como ha comentado el presidente del tribunal, con una reducción muy significativa de los fondos propios de SEPI en más del 50 por ciento desde el año 2001 a 2004, y con la habilidad de que en años de bonanza, como decía el señor Gómez Darmendrail, únicamente obtiene beneficios en el año 2003. En cuatro ejercicios obtiene beneficios en uno, y además hay que ver cómo. Vulnera conscientemente la normativa europea, como en el caso del sector de la construcción naval civil, para no asumir los costes de la reconversión del sector, poniendo el futuro de dicho sector en grave riesgo. Eso sí, logra su objetivo principal que es que hoy en día la empresa pública concurrencial en España tenga una presencia muy escasa, prácticamente irrelevante en términos del PIB.
Esto es lo que los historiadores, cuando hagan la revisión del informe, obtendrán como conclusión: en el periodo del Partido Popular desaparece la empresa pública concurrencial prácticamente en España. Existe un montón de empresas públicas en otras entidades locales, pero lo que es la empresa pública concurrencial tiene un carácter residual en el PIB de España, como usted bien sabe, y es el resultado de una política consciente del Gobierno del Partido Popular. Por eso -y tras leer el informe del Tribunal de Cuentas- producen sonrojo algunas declaraciones del ministro de Economía y Hacienda de la época. El señor Montoro presumía en la tribuna del Congreso, en octubre del año 2001 -posiblemente el peor año en los resultados de la gestión de SEPI-, del éxito de las operaciones de enajenación de empresas como Santa Bárbara Sistemas, Conversión de Aluminio, Aerolíneas Argentinas o Babcock Wilcox, todas ellas -tal y como demuestra el informe del tribunal, y serán conscientes los historiadores cuando analicen las cuentas de la magnífica gestión de la que presume el portavoz del Partido Popular, sin ningún tipo de vergüenza ni sentido crítico ni nada parecido- con unas pérdidas muy importantes y con desembolsos muy abundantes de dinero público pagado por todos los españoles, por todos los contribuyentes. Esa es la gestión.
Es evidente, viendo los datos del informe y conociendo la evolución que han tenido esos procesos, que los mismos se podrán calificar de cualquier cosa menos de éxito, y menos de ejemplarizantes. Insisto en que desde 2001 a 2004 solo hay un año de beneficio, el 2003. Tanto es así que el tribunal señala la conveniencia de que existan líneas rojas en la actuación de SEPI para que no se vuelvan a repetir operaciones como la venta de Santa Bárbara Sistemas, con un coste tan alto que el tribunal considera que habría sido mejor haber procedido a liquidar directamente la empresa. Ese es el éxito de la gestión del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Señor Lasarte, le ruego que vaya concluyendo.
El señor LASARTE IRIBARREN: En opinión de mi grupo, la gestión de SEPI durante los mandatos del Partido Popular presenta grandes carencias y arbitrariedades, y no se puede considerar precisamente un ejemplo de buena gestión de los recursos públicos.
La señora PRESIDENTA: Presidente, de nuevo tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias a los grupos parlamentarios que han intervenido a través de sus portavoces, señor Gómez Darmendrail, señora Riera y señor Lasarte.
Como es conocido por los que frecuentan y forman parte de esta Comisión mixta, el presidente del tribunal al presentar los informes aprobados por el pleno lo que puede dar son aclaraciones o sencillamente datos y cifras que pueden tener una interpretación oscura en el informe, pero no opiniones; las opiniones las dejo para los grupos políticos y para el debate político que el informe como es natural está provocando, y a las pruebas me remito. Por tanto en ese sentido, repito, la opinión del presidente del tribunal no puede ser otra distinta que la que se deduce del propio texto del informe, que en definitiva es el texto aprobado por el pleno del tribunal, que es el dueño del informe. Yo soy simplemente un representante del pleno y por tanto no puedo ni muchísimo menos con una opinión desvirtuar lo que se tiene que deducir objetivamente del informe, y a partir del cual y de manera legítima usted ha hecho unas deducciones, el Grupo Parlamentario Popular ha hecho otras, y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha hecho otra valoración.
En cuanto a los posibles detalles o datos que necesiten tener una contestación complementaria para la aclaración y mejor valoración del informe como es natural estoy dispuesto a enviarla por escrito en cuanto llegue al tribunal, y solicitarlos del departamento que hizo el informe.
En este sentido tengo que decirle, y con eso empiezo contestando uno de los primeros planteamientos del señor Lasarte, que no se pueden comparar estos dos informes, y si se comparan hay que ir a una interpretación
lo más ajustada posible, y para eso tenemos la suerte de que los dos informes fueron hechos por los mismos ponentes y por el mismo departamento. Quiere decirse que nosotros estamos en disposición de enviar a la Comisión mixta un estudio comparativo de toda la historia de la SEPI a través de los informes que se han hecho, antes de 2001, después de 2004, y antes de 1996. En ese sentido no tengo ningún inconveniente -ya no es necesario que me lo solicite por escrito-, porque automáticamente haremos este estudio y lo enviaremos. Efectivamente la comparación puede resultar más clara que si yo simplemente acudo a los datos de mi memoria para ofrecer aquí una imagen que -datos arriba, datos abajo; cifras arriba, cifras abajo, que son muy importantes- pudiera no responder a la realidad. Siento de veras no poder tener aquí ahora mismo los dos informes ni el estudio de todos ellos, pero, repito, en este punto de la SEPI el Tribunal de Cuentas tiene una serie de informes de todas las etapas de vida de la SEPI que pueden ser muy importantes a la hora de valorar incluso la gestión de los distintos gobiernos en esos mandatos.
En todo caso tengo que decir que el señor Gómez Darmendrail, con las consideraciones que ha hecho y que le agradezco, ha considerado muy positivo el informe. Asimismo agradezco de veras que, tanto la señora Riera como el señor Lasarte hayan valorado muy bien las recomendaciones, de las cuales se deriva una valoración crítica de la gestión, y es que si efectivamente se hacen esas recomendaciones será porque se advierte que determinadas formas de gestión pueden ser mejoradas considerablemente, y que las conculcaciones que se han hecho de determinada parte de la legislación vigente también tienen que ser superadas. ¿Se han superado en otras etapas? ¿Están más o menos superadas o conculcadas las normas antes del cambio de un gobierno por otro? Comparemos los informes.
Dije aquí, y lo hice a propósito al comenzar mi intervención, que esto era una referencia histórica de un proceso, pero de una parte de ese proceso.
Por tanto en esa parte de proceso hay un inventario de aciertos y otro de errores que pueden servir -para eso los trae el tribunal- para el debate y para el control políticos. De todas maneras tengo que decir -siento que no esté aquí la señora Riera- que respecto al mejor uso de recursos, los datos que pedía sobre valorización, los datos sobre cancelaciones, la comparación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre los excedentes de tesorería este informe refleja datos y valoraciones que pueden ser de buen uso para los miembros de esta Comisión y para el Poder Legislativo, es decir, tanto para el Congreso como para el Senado, a la hora de ejercer el control político.
Señor Lasarte, decía que este informe puede ser calificado de enrevesado, y yo creo que no; en todo caso es complejo y arduo de entender, y a lo mejor necesita de un estudio profundo y de una dedicación excesiva. En ese sentido pido las correspondientes disculpas, pero traslado también la felicitación al grupo de trabajo y a los auditores en los términos en que usted me lo ha pedido porque a lo mejor hay algo más de positivo que de negativo en el trabajo realizado. En todo caso, y voy a la conclusión, tanto en la respuesta de datos comparativos que su planteamiento nos obliga a hacer -lo haremos con mucho gusto- como en el futuro, sí cabe que o bien por propia iniciativa del Tribunal de Cuentas o bien por petición de esta Comisión podamos hacer un informe definitivo de todo el proceso de SEPI. Estamos dispuestos a hacerlo y esta será la mejor manera de hacer una valoración de todas las etapas por las que ha pasado esta institución.
Por decirle algo concreto sobre lo que ha manifestado, efectivamente SEPI tuvo elevados excedentes de tesorería, pero el tribunal lo pone de manifiesto y recomienda regular este funcionamiento -está claro que lo hace-, así como que no es fácil analizar si ha influido en el mercado de las cotizaciones. En esta materia hay otras autoridades implicadas, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a lo mejor arrojarían más luz sobre este asunto, pero a mí también me preocupa la influencia que se puede tener en estas operaciones. Por otra parte tengo que decir -en ese sentido recojo quizá la valoración positiva que ha hecho el señor Gómez Darmendrail- que ni el fiscal ni el abogado del Estado han apreciado indicios de responsabilidad en este informe, dato que por tanto conviene también tener en cuenta, y que estoy completamente convencido de que produce satisfacción a todas sus señorías. En todo caso y para terminar, muchísimas gracias, y le traslado la promesa de contestarle con datos comparativos a los planteamientos que ha hecho, señor Lasarte.
Muchas gracias también, señor Gómez Darmendrail, señora Riera y señor Lasarte.
La señora PRESIDENTA: Señor Gómez Darmendrail, ¿ha pedido de nuevo la palabra? (El señor Gómez Darmendrail: Por alusiones.) La tiene, señoría.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: De las palabras del portavoz del Grupo Socialista deduzco que no ha entendido nada de lo que es la SEPI ni el proceso privatizador. Ha dicho que lo que se hizo fue desmantelar el sector público, y yo creo que todo el mundo entiende que supuso un cambio muy importante, que estas operaciones que se generaron en el sector público le liberaron de unas actuaciones empresariales que no eran propiamente suyas, sino que eran propias del sector privado y que además generaron un importante volumen de recursos a las cuentas del Estado.
Como ya lo ha dicho el señor presidente en su intervención no lo voy a repetir, pero lo que no le admito al portavoz del Grupo Socialista es que diga que el Gobierno del Partido Popular antepone los intereses privados a los públicos; esa es una valoración absolutamente demagógica y sin ninguna base científica que pueda demostrar.
Me acusa de presumir de la gestión de la SEPI y lo hago con toda razón, presumo sin ningún complejo, y además me parece que es un ejemplo de buena gestión
de los recursos públicos, y este no es el momento, pero ya tendremos tiempo de explicar cómo gestionan ustedes los recursos públicos. También le pido que atienda a las últimas palabras del presidente del tribunal respecto al informe y si ha habido alguna cosa en contra.
La señora PRESIDENTA: ¿La señora Riera quiere hacer uso de la palabra? (Denegación.) Señor Lasarte, ¿quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) La tiene, señoría.
El señor LASARTE IRIBARREN: Voy a ser muy breve. Le agradezco muchísimo la respuesta al presidente del Tribunal de Cuentas, una respuesta muy equilibrada, y desde luego no tengo ninguna crítica a su respuesta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted: que el informe recoge una valoración crítica de la gestión, como no podía ser de otra manera, dada la complejidad y el volumen de las operaciones de SEPI, donde ha habido de todo. Por supuesto que no hay ninguna operación que esté en vía judicial, gracias a Dios. No hay nadie incurso; ha habido operaciones que sí han estado en vía judicial, lo cual también es parte del tráfico empresarial, lo que es algo normal. Pero yo creo que hay que ser realista y sensato y se puede pensar que en el informe de fiscalización que hace el tribunal de SEPI -no el Grupo Socialista- se recoge que ha habido algún error de gestión o deficiencias. Simplemente lo que plantea el tribunal, como es lógico, es que se puede mejorar. Parece sensato que también los parlamentarios nos planteemos que la gestión se puede mejorar y que hagamos aquellos trabajos, planteamientos o resoluciones para que mejore la gestión de SEPI.
No quería ofender al portavoz del PP cuando decía que antepone intereses privados a públicos, porque por supuesto que no es motivo de esta discusión. Venía sobre todo asociado al caso Musini, porque es el tribunal el que lo dice, no yo. Ese era el objetivo, así que si le he ofendido le pido disculpas, pero era el tribunal el que lo decía.
Con respecto a la evolución del sector público concurrencial en España no representa más allá del 0,6 por ciento del PIB. Es residual. El sector público empresarial en España en los años sesenta, setenta y ochenta, siempre ha sido un sector con un porcentaje o una presencia económica muy inferior a la media europea. Cuando hablamos de media europea nos referimos a Alemania, a Francia, a Italia, a Reino Unido; muy inferior; hoy en día es prácticamente inexistente, cosa que no ocurre en otros países de la Unión Europea. Se puede discutir y se puede hablar de la eficiencia y la eficacia de la empresa pública, en qué sectores, en qué actividades, en qué circunstancias, pero esa es la realidad. La realidad es que la política que sigue el Partido Popular desde que llega al Gobierno en 1996 lleva a una presencia de la empresa pública concurrencial de alrededor del 14 por ciento del PIB al 0,6. Es así, con lo cual lo que yo le he dicho es que la ha desmantelado. Punto. Es así.
La señora PRESIDENTA: Damos por concluido el debate. (El señor Aguirre Rodríguez: ¿Y AENA?) Silencio, señorías.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000098.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al punto 2.º del orden del día, para que el presidente del tribunal presente el informe de fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las entidades locales correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de octubre de 2009. La fiscalización se efectuó a iniciativa del propio tribunal, y en ella se pretendió conocer la extensión de estas contrataciones sometidas a ciertas restricciones, así como el cumplimiento de la normativa aplicable en la celebración de estos contratos, particularmente de los requisitos de publicidad y concurrencia, así como del análisis de la eficacia y eficiencia de la contratación celebrada, verificando si las actuaciones realizadas como consecuencia de la admisión del informe de la auditoría eran o no correctas.
La fiscalización se centró en los ayuntamientos radicados en las comunidades autónomas que no dispusieran de órgano de control externo, y con una población superior a 1.000 habitantes e inferior a 10.000. Ya saben ustedes que de las diecisiete comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solamente trece tienen órgano de control externo. Las demás no tienen órgano de control externo y directamente son fiscalizadas -todas ellas lo son, pero estas directamente- por el órgano de control externo con arreglo a la norma creadora del mismo. Resultó que solamente once de estos ayuntamientos manifestaron haber realizado contrataciones con este objetivo. Aunque el tema es pequeño en cuanto al número de ayuntamientos fiscalizados en esta clase de contrataciones, de contratos, el estudio que este tipo de contrataciones da pie para una reflexión seria, que estoy completamente convencido que también harán los grupos parlamentarios aquí presentes.
¿Cuáles son los principales resultados de esta fiscalización? En primer lugar, vamos a hablar de las competencias en el ejercicio del control de las entidades públicas. El resultado más relevante del informe es el análisis que en él se efectúa sobre la regulación del control. Comienza el informe de fiscalización recordando el marco jurídico establecido al respecto, según el cual
la participación de la empresa privada en la elaboración de estudios o informes, así como en la realización de determinados servicios de carácter industrial, mercantil, administrativo o análogo, puede coadyuvar al mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones que legalmente tienen encomendadas los órganos administrativos y las instituciones públicas, completando su capacidad de acción en casos de insuficiencia de medios o cuando por razones de economía y eficacia resulte preferible encomendar al sector privado la realización de actividades o la prestación de determinados servicios, sin necesidad de una inadecuada ampliación de las unidades administrativas. No obstante se señala que esta participación en el ámbito del control económico-financiero del sector público se plantea como excepcional. ¿Por qué? Porque las funciones de control financiero en el ámbito del control interno están encomendadas a órganos o funcionarios públicos, y en el ámbito del control externo al Tribunal de Cuentas o a los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere al sector público local, al que se ciñe el informe aprobado, se recuerda que de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento de los servicios de las entidades, organismos autónomos, y de las sociedades mercantiles, así como manifestarse sobre la presentación de la información económico-financiera del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. Este control ha de llevarse a cabo por procedimientos de auditoría, a través del personal designado para el ejercicio del control interno, función que en el ámbito público local está encomendada a los integrantes de determinados cuerpos de funcionarios de habilitación estatal -interventores y secretarios o secretario-interventor-, a los que corresponde en exclusiva la realización del control económico-financiero y de legalidad.
En el caso de aquellas entidades locales que por su limitada capacidad económica y de gestión tuvieren dificultades para desarrollar las funciones de control interno, la legislación prevé que la diputación provincial correspondiente o su comunidad autónoma puedan prestarles la asistencia y cooperación que soliciten para la ejecución de estas competencias, según establece el artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local. Por otra parte, la auditoría pública, como técnica profesional y de control, exige y se fundamenta en la previa existencia de un conjunto de reglas y pautas de comportamiento que de una manera minuciosa regulen el desarrollo de los trabajos con singular referencia a los profesionales que han de realizarlos, tanto para definir su estatus como para dirigir su propio comportamiento en un terreno en el que precisamente su carácter reglado resulta un principio básico. A esta necesidad de reglas y pautas que enmarquen el desarrollo de la actividad auditora vinieron a dar satisfacción las normas de auditoría pública dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado, encontrándose vigentes durante los años que hemos fiscalizado las normas de auditoría del sector público establecidas por una resolución de 1 de septiembre de 1998.
El desarrollo de esta función de control puede requerir la participación de personas ajenas a las que integran el órgano que la tiene legalmente atribuida por carecer este de medios personales o materiales necesarios para llevar a cabo las verificaciones pertinentes o por la singular especialización de las pruebas programadas. Salvo el caso expresamente contemplado en la Ley de Auditoría de Cuentas de las sociedades mercantiles públicas que, por su propio carácter mercantil, estuvieran sometidas a la auditoria de cuentas a realizar por auditores privados inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de conformidad con las normas técnicas a tal fin establecidas, la posibilidad de acudir a empresas privadas de auditoría por las entidades públicas habrá de acomodarse a lo contemplado en su respectiva normativa. Así, por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, esta posibilidad está prevista en la Ley General Presupuestaria para casos de insuficiencia de medios de la Intervención General, quedando siempre sometidas a las reglas e instrucciones de la propia Intervención. En el ámbito autonómico se prevé esta posibilidad como mecanismo de ayuda al sector público y dentro de su marco competencial, bajo la supervisión de la entidad pública que dicta las directrices y revisa el resultado final de los trabajos efectuados por la empresa privada.
Por lo que se refiere a las entidades locales, la normativa reguladora no contiene referencia expresa a la posibilidad de acudir a auditores privados para la verificación de las cuentas y el análisis de su actividad, salvo lo que se desprende de la facultad que atribuye el artículo 222 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales al personal que tiene encomendado el control interno de solicitar los informes y asesoramientos necesarios para el desarrollo de su función; y la remisión que se efectúa en dicho texto legal a las normas de auditoría del sector público dictadas, como ya hemos visto antes, por la Intervención General. Por otra parte, la singular asignación ya mencionada de la función pública del control financiero a un cuerpo de funcionarios de habilitación estatal al servicio de la Administración local exige que la ejecución de la competencia se haga por quien la tiene legalmente atribuida, convirtiéndola en disponible, salvo habilitación legal expresa. Pues bien, en consonancia con las anteriores consideraciones que he tratado de decirles con la mayor claridad y en la mayor concisión, se concluye en este informe de fiscalización que el ejercicio de la función de control sobre la gestión económico-financiera y las cuentas del sector público, en sus diferentes modalidades, en las que se incluye la técnica de la auditoría, tanto en cuanto control interno como control externo, está expresamente encomendado en nuestro ordenamiento jurídico a instituciones u órganos públicos,
resultando excepcional la participación de la empresa privada.
Se señala en el informe de fiscalización que, en consecuencia, los informes elaborados por colaboradores privados requerirán la supervisión y aceptación definitiva por los órganos que tiene reconocida la competencia para actuar en el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector público, y solo adquirirán el carácter formal de informes de auditoría cuando la normativa expresamente lo contemple, como es el caso ya referido de las sociedades mercantiles públicas. Se indica, asimismo, en el informe que para ejercer la función de auditor privado se ha de estar inscrito en el registro oficial, lo que implica el sometimiento a determinadas obligaciones recogidas en la normativa reguladora de la auditoría, entre las que se cita la no identificación como auditor de cuentas en un trabajo distinto a los contemplados en dicha normativa o que estuvieran atribuidos de forma expresa a los auditores de cuentas, calificándose como infracción grave el incumplimiento de esta obligación; reserva que no se ha visto cumplida en alguno de los informes elaborados en cumplimiento de determinados contratos y que no pueden ser identificados como informes de auditoría por estar esta función reservada -repito-, a los órganos específicamente previstos en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En este sentido se recogen en el informe determinadas referencias o sentencias dictadas por los tribunales de Justicia en relación con esta materia, en las que se viene a declarar contrarios a derecho ciertos acuerdos o decisiones municipales por los que se contrataron una auditoría privada, al estimar que se invaden competencias fiscalizadoras de los órganos que las tienen legalmente atribuidas.
¿Qué incumplimientos de la normativa relativa a la contratación administrativa hemos visto en este informe? En el inicio de la tramitación de estos expedientes de contratación de consultoría y asistencia se exige, de acuerdo con lo legalmente establecido, una expresa declaración por parte de los servicios interesados en la que se manifieste, primero, la falta de medios materiales o personales y, segundo, la imposibilidad de proceder a la ampliación de los mismos. Esta declaración constituye el primer elemento justificativo de la necesidad, aun formal, de la contratación. Por ello, e indirectamente, tan solo a instancia del propio interventor, como responsable de los servicios y titular de las competencias de control interno, procedía iniciar un expediente de contratación con este objeto. A este respecto, se señala en el informe que ni la vinculación al control, ni la declaración de insuficiencia de medios se incluyó en ninguno de los expedientes analizados, en ninguno. Por el contrario, en alguno de los casos analizados incluso constaba declaración del interventor contraria a su celebración. Pese a esta manifestación en contra, en ningún expediente analizado consta la presencia formal de reparos a la tramitación, con los consiguientes efectos suspensivos de la tramitación y la necesidad de una resolución formal por el órgano competente.
El procedimiento de adjudicación mayoritariamente aplicado fue el negociado sin publicidad. Tampoco se hace referencia a la normativa aplicable o se hace mención expresa a las normas de carácter privado, omitiendo cualquier referencia a las normas de auditoría del sector público, únicas aplicables en estos casos. Tampoco consta la recepción de conformidad de los informes ni actuación alguna desarrollada con posterioridad a su emisión. Asimismo, se concluye en el informe que el objeto que resulta propio de este tipo de contratos no resulta adecuado para satisfacer las necesidades que derivan de la ausencia de cuentas anuales, sea por no estar estas formadas o por cualquier otra cuestión, pues no es el objeto del contrato rehacer o formar las cuentas, sino analizarlas. Por otra parte, la mayoría de las auditorías privadas contratadas y analizadas en esta fiscalización abarcan numerosos ejercicios presupuestarios sin una justificación expresa de tal extensión, lo que unido a la brevedad de los plazos para la ejecución, la imprecisión del objeto de la contratación y la causa legalmente presumible impidió constatar la necesidad de la contratación, su eficacia e incluso el carácter representativo de los resultados.
Las recomendaciones son varias, pero voy a resumirlas con brevedad. El informe concluye recordando que la regulación establecida para el ejercicio de control de las entidades locales y los procedimientos previstos para garantizar la existencia de los medios materiales y personales necesarios. Por ello, recomienda el Tribunal de Cuentas que, para satisfacer estas necesidades, debieran las entidades locales carentes de medios acudir a la petición de asistencia técnica a aquellas entidades a las que se atribuye tal función en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local, y que son, como antes hemos dicho, por lo que se refiere al control interno, la Intervención General de la Administración del Estado, y por lo que se refiere al control externo, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular, el señor de las Heras tiene la palabra.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Quisiera, en primer lugar, manifestar el saludo y el agradecimiento por parte de mi grupo parlamentario al presidente del Tribunal de Cuentas por haber acudido, una vez más, a esta Comisión para presentarnos un informe de fiscalización que ofrece una doble perspectiva en el análisis de las situaciones examinadas relacionadas con la contratación de auditorías privadas en el ámbito público y que hoy, más que nunca, apenas constituidos los 8.100 ayuntamientos de España se ponen de manifiesto todos los días. Esta misma mañana -y como senador electo por la provincia de Guadalajara- he tenido la ocasión de contemplar una situación complicada. Una alcaldesa que
acaba de tomar posesión de su cargo con total orgullo de un pequeño municipio de la provincia de apenas 3.000 habitantes se encuentra con una dinámica altamente preocupante: un presupuesto corriente de poco más de 5 millones de euros y facturas en el cajón pendientes de reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe de 21 millones de euros, y me decía: Juan Antonio, ¿a quién acudo, a quién acudo? Al Tribunal de Cuentas, evidentemente.
Este informe de fiscalización, por un lado, nos ofrece una interpretación fundada del marco establecido en nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio del control sobre las entidades públicas, que considero que es la parte fundamental del informe, y por otro lado, nos muestra los resultados obtenidos en el examen de determinados contratos en cuanto al cumplimiento de los principios y de los procedimientos establecidos para la contratación administrativa. Estimo que este informe tiene un alcance pedagógico importante e instructivo para quienes nos dedicamos a la actividad pública y también para la sociedad española y es motivo, por tanto, de agradecimiento al Tribunal de Cuentas por habernos recordado con precisión y claridad meridiana cuál es el régimen de control sobre la actividad pública, referencia que nos obliga a ser respetuosos con los resultados que nos presentan las instituciones y los órganos administrativos que tienen atribuida una función fundamental en el ejercicio de la Función pública: la función de control, y potenciar su actividad cuando los recursos puestos a su disposición pudieran ser insuficientes; seguramente insuficientes, por no decir claramente insuficientes, a la vista de la dinámica que los más de 8.100 ayuntamientos del territorio español exige.
La exigencia de transparencia en la gestión pública y la necesidad que tiene el gestor público de conocer cuál es la situación de las cuentas en cada uno de los momentos que asume la responsabilidad de determinada gestión -como podía ocurrir en el caso que comentaba hace un minuto- propicia que se emitan pronunciamientos reclamando la realización de auditorías de las entidades públicas, que en determinados momentos se calificaron hasta de infarto, a pesar de que la situación entonces heredada en modo alguno presentaba la gravedad actual. Y me temo que según vayan pasando los meses la gravedad no solamente va a ir a las corporaciones locales, sino que también va a afectar a alguna comunidad autónoma. El informe nos ha venido a recordar cuál es el modelo de control sobre el que quizá fuera oportuno reflexionar tanto por lo que se refiere al control interno como al propio control externo por diferentes motivos y circunstancias. Una de las características más importantes y esenciales del control es que el controlador goce de la necesaria independencia en el desarrollo de sus funciones. Si trasladamos esta exigencia al ámbito local, ámbito al que se circunscribe este informe, nos podríamos preguntar todos los grupos políticos -todos los grupos políticos, repito- si los funcionarios interventores secretarios gozan de esta independencia funcional y, sobre todo, si los 8.100 ayuntamientos de España disponen tan siquiera de secretario interventor con habilitación de carácter nacional, pues en más del 80 por ciento de los municipios de España, y al menos en el 90 por ciento de los municipios de la provincia de Guadalajara, no existe un secretario interventor. El caso que les comentaba de esta mañana es la paradoja, en menos de cuatro años ha tenido diecisiete secretarios interventores. Eso no hay forma humana de fiscalizarlo, de intervenirlo, de comunicarlo al Tribunal de Cuentas, ni de exigir una claridad meridiana en las cuentas públicas.
No obstante, las administraciones públicas disponen de los mecanismos necesarios para exigir que se cumplan esos procedimientos establecidos, tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la propia ley de bases o en las propias normas del Tribunal de Cuentas. Por esta Comisión parlamentaria han pasado informes en los que se ha denunciado la prolongación injustificada de los nombramientos de interinos y accidentales -algunos ni tan siquiera eso- en perjuicio de los funcionarios con habilitación estatal, lo que supone renunciar a la capacitación técnica de estos funcionarios y además disponer de los servicios de quien se puede ver muy condicionado por dicho nombramiento plenamente discrecional. En este sentido, antes de forzar el cambio del modelo, refuércese el adecuado funcionamiento del control interno y externo dotándole de los medios necesarios. Dotemos a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de España de los medios necesarios para esta función interna y la habilitación de carácter nacional que tienen que tener todos los profesionales que están destinados a ejercer esa función.
¿Qué sentido tiene, desde el punto de vista económico, que se estén aplicando nuevos recursos públicos en la contratación de servicios de auditoría privada y se prive a estas mismas entidades públicas de disponer de un servicio de control interno que ejerza con plenas garantías sus funciones? ¡Si no existe tan siquiera el secretario interventor, si están funcionando en muchos ayuntamientos al albur de lo que dice el alcalde o la alcaldesa!
El informe no efectúa un análisis exhaustivo sobre el coste de estos servicios, pero sí da una información suficiente para evaluar la importancia de estos costes, en algún caso de cuantías importantes de hasta 50.000 euros, cuantía significativa, como comentaba el presidente del Tribunal de Cuentas, para ayuntamientos de estas dimensiones entre 1.000 y 10.000 habitantes. No obstante, peor sería que dicha decisión respondiera a una desconfianza de quien tiene asignada dicha función, la función fiscalizadora. Eso supondría reconocer que el sistema implantado no ofrece la confianza que debe ofrecer el Tribunal de Cuentas y los órganos de fiscalización de las corporaciones locales. Como no parece que se ha justificado esta contratación, no es posible deducir cuál fue su objetivo y finalidad. En relación con esta cuestión me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si tiene conocimiento de que en la Administración del Estado y
en las autonomías se hayan contratado también esos servicios de auditoría externa, y si en el ámbito de control externo también se acude a esta alternativa. En caso afirmativo, podría ser un dato muy significativo conocer el saldo al que se pudo haber accedido en estas actuaciones. En el caso de que se hubiera actuado así, le propondría al Tribunal de Cuentas que hiciera un seguimiento de estos contratos en el ámbito interno y externo. De todos modos, en nuestras propuestas de resolución posiblemente recojamos esta solicitud.
Voy concluyendo. Por otra parte, en el análisis que en el informe se hace sobre los contratos específicos analizados es sumamente esclarecedor y, sin profundizar en los once ayuntamientos analizados, en algunos de ellos no se especifica el objeto del contrato. En algún caso se intuye que el informe estaba redactado con carácter previo, antes incluso de formalizar la correspondiente contratación administrativa; en otros no se justifica su necesidad; en otros no se especifican los criterios de selección; en algún caso las cuentas no se han rendido nunca, entre otras cosas porque no han tenido secretario interventor para hacerlas, por lo que difícilmente se podría examinar dato alguno de la situación económica.
¿Cuál era la finalidad de estas auditorías externas encargadas por estos ayuntamientos? ¿Justificar determinadas gestiones? Por otra parte, cabe preguntar a qué control estaban sometidos estos auditores privados.
¿Están bajo el control del Tribunal de Cuentas o del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas? ¿Se ha exigido en el Tribunal de Cuentas alguna responsabilidad por el coste de estos contratos no justificados a estos ayuntamientos? Son muchas las cuestiones que este informe suscita y que llevan a preguntarnos si el sistema de nuestro ordenamiento es adecuado y hay que modificarlo, y sobre todo -entiendo, y mi grupo también- potenciarlo y hacerlo de forma contundente. El control es esencial y de modo singular en el sector público. Es un elemento sustantivo dentro del funcionamiento del Estado democrático y conscientes de esta relevancia, lo importante es reforzar los actuales mecanismos de control, la especialidad del sector público, de su normativa, de su organización, requiere que este control sea efectuado por funcionarios responsables con habilitación y capacitación profesional para hacerlo y por órganos especializados y con garantías de independencia. El reforzamiento de este sistema haría innecesaria la colaboración de auditores privados. Ya sabemos, señor presidente, señora presidenta, que la auditoría externa no constituye control interno ni externo es simplemente un informe que permite a los órganos municipales la toma de determinadas decisiones o, mejor dicho, permite conformar una determinada voluntad que podrá plasmarse o no en decisiones y actos administrativos posteriores.
Por todo ello, señor presidente, le hago estas preguntas. ¿Es legalmente posible solicitar la colaboración de auditores privados u otros expertos externos en la realización de controles financieros, auditorías públicas y fiscalización de la gestión pública? ¿Las entidades públicas pueden contratar de forma voluntaria y sin amparo legal expreso ya no la colaboración, sino la auditoría de sus estados financieros a un auditor de cuentas del Registro Oficial de Auditores de Cuentas gestionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, como me planteaba la alcaldesa esta mañana? ¿Quién tiene atribuida legalmente la auditoría pública? ¿Cómo se puede solicitar que se realicen auditorías públicas sobre determinadas entidades o administraciones públicas? Esta pregunta también me la hacía esta mañana la alcaldesa que le comentaba.
La señora PRESIDENTA: Señora Riera, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, quiero agradecer su intervención y la determinación en la presentación del informe que nos ocupa; un informe que a nuestro grupo parlamentario le parece de máxima importancia, sobre todo, por su impacto en términos de gestión, de eficiencia, de control, de transparencia de las entidades públicas -en este caso de las entidades locales - y que son principios que, siempre hemos defendido, han de guiar la función pública y que, sobre todo, son principios que marcan la credibilidad de la Administración pública, una credibilidad que especialmente en estos tiempos que corren es muy importante mantener y en muchos casos recuperar. En estos tiempos de crisis económica, cuando la exigencia de control del gasto público debe ser, a nuestro entender, aún más rigurosa que nunca nos han llamado la atención las conclusiones que se derivan del informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías a las entidades locales. En este sentido, entendemos que el ejercicio de la función de control sobre la gestión económico-financiera y las cuentas del sector público está expresamente encomendado en nuestro ordenamiento jurídico a instituciones u órganos públicos, resultando excepcional la participación de la empresa privada y con justificación fundamentada de la necesidad de dicha participación. Sin embargo, ninguno de los expedientes analizados contiene una declaración expresa y justificativa de la insuficiencia de medios públicos para llevar a cabo la labor encomendada que justifique la participación de empresas privadas. Todo ello, señorías, entendemos que podría viciar de nulidad los contratos de asistencia firmados por las entidades locales con entidades privadas para la realización de dichas auditorías. Asimismo, tampoco consta en ningún caso que los ayuntamientos hayan promovido la intervención de las entidades a las que principalmente se atribuye la función de asistir técnicamente a las entidades locales, entre otras las diputaciones provinciales, de acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, lo que dificulta aún más la justificación de acudir a la contratación privada.
Otro aspecto a resaltar, señorías, presidente, es el procedimiento de adjudicación a que acuden la mayoría de los entes locales analizados, el negociado sin publicidad, con lo que resulta aún más difícil acreditar la capacitación de la empresa para la realización del objeto del contrato. A nuestro entender, tales irregularidades parecen contravenir no solo los principios de transparencia -principio al que antes he hecho referencia- y libre concurrencia, sino fundamentalmente el de defensa del interés público, que para nosotros es también un principio fundamental. Por otro lado, en los pliegos de cláusulas aprobados o bien no se hace referencia a la concreta normativa aplicable al procedimiento de auditoría a emplear en el examen de las cuentas de la entidad local, o bien se pone de manifiesto que estas serán las normas de carácter privado, omitiendo cualquier referencia a la normativa reguladora de la auditoría del sector público que son las únicas aplicables en estos casos. La mayoría de las auditorías privadas contratadas y que son objeto de la presente fiscalización abarcan numerosos ejercicios presupuestarios sin una justificación expresa de tal extensión, lo que unido también a la imprecisión del objeto de la contratación y la causa legalmente presumible impide constatar la necesidad de tal contratación. También impide constatar su eficacia e incluso el carácter representativo de los resultados. Cabe dudar incluso que tales contrataciones permitan dar satisfacción al objetivo primordial de cualquier auditoría, que es mejorar el control de la gestión económica y financiera y la consiguiente reducción de los riesgos derivados de las ineficiencias del control interno.
Señorías, presidenta, presidente, los informes de auditorías de cuentas realizadas por las empresas privadas, y que inicialmente fueron presentadas a las entidades locales, incumplían a nuestro entender tanto las normas de auditoría del sector público como las normas técnicas de las auditorías, ya que no presentaban los requisitos formales que según dichas normas deben presentar estos informes. Estas deficiencias de forma ponen de relevancia el irregular desarrollo de estas contrataciones y la falta de control técnico de su ejecución y aun en su recepción. Por todo ello, resulta razonable, en sintonía con las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, exigir a las entidades locales, con carácter general y tal como hace la regulación del régimen local, que garanticen la existencia en su propio ámbito de medios personales y materiales para el desempeño de la función de control de la gestión económico-financiera, acudiendo solo de manera subsidiaria y debidamente justificada a la petición de asistencia técnica, empezando por aquellas entidades públicas como las diputaciones, a las que se atribuye tal función según la Ley de bases de régimen local, y solo en última instancia acudir a las empresas privadas.
La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Socialista el señor Canongia tiene la palabra.
El señor CANONGIA GERONA: Señor presidente, quiero sumar la bienvenida del Grupo Socialista, pero en este caso muy especial quiero darle las gracias por la exposición que ha hecho de su informe. Ha sido muy didáctico y sinceramente creo que todos nuestros electos locales debieran haberla escuchado, y sin apriorismos, porque alguna intervención hoy aquí me ha parecido que venía ya con el discurso aprendido antes de escucharle y de leerse el informe. También quiero agradecer a la Mesa y portavoces que hayan traído este informe para mantener este debate. Efectivamente, es un momento muy pertinente. En estos momentos se están constituyendo nuestras entidades locales y es bueno que conozcan cuál es su marco jurídico y cuál es la forma de funcionar de la Administración pública, sobre todo, aquellos que entran por primera vez. Quiero agradecerle a nuestro portavoz, señor Mas, que me haya dado la oportunidad de tratar este asunto. Soy un hombre que viene del mundo local. He estado muchos años en la Administración local y he trabajado codo con codo con los funcionarios de habilitación nacional. Tengo que decir, aquí y ahora, que siempre he defendido su labor contra viento y marea. Es cierto, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que uno de los grandes problemas del mundo local hoy es que no todos los ayuntamientos tienen secretarios e interventores de habilitación nacional. Por lo tanto, este sí es el problema de raíz que hay que ir a solucionar. Pero aquí se acaba.
Tenemos hoy un informe sobre once ayuntamientos. Les voy a ser muy sincero. No sé a qué tribu pertenece ninguno de los once ayuntamientos ni quién mandó hacer el informe, ni el que había antes del que hizo el informe. No lo sé. Tampoco me interesa. Lo que sí me interesan son las conclusiones de este informe, que son demoledoras. Se les tendría que caer la cara de vergüenza a todos aquellos que, teniendo conclusiones en sus manos, como muy bien dice este informe, no dan el paso siguiente, que es acudir a los tribunales a poner en manos de la fiscalía las conclusiones o las supuestas conclusiones. Si hay actos irregulares, hay que denunciarlos. Lo que no puede ser es que se pasen, casa por casa, a los vecinos unas supuestas conclusiones de unas auditorías para justificar no se sabe muy bien qué. Queda muy claro lo que tiene que hacer la señora alcaldesa que esta mañana le pedía a su señoría apoyo y consejo. La respuesta es muy simple: uno, acuda usted a su diputación, que le dé la asesoría externa que su municipio hoy no tiene; dos, acuda usted al Tribunal de Cuentas, si en su comunidad autónoma no hay tribunal fiscalizador. Y nada más. Tenemos que ser muy contundentes en esto. Hay que exigir que haya en todos los ayuntamientos secretarios e interventores de habilitación nacional para que puedan hacer el trabajo de fiscalización como se debe y, en caso de que no sea así, que la Administración local de segundo nivel, como es la diputación, cumpla su función. Y no nos podemos mover de aquí. Si no, señorías, utilizamos la palabra auditoría o auditor externo con fines no confesables, y esto es lo que debemos evitar.
No puede ser que durante una campaña electoral continuamente se vaya diciendo, encargaré una auditoría, cuando el responsable que está al frente de la Administración local contesta: perdone, yo tengo una auditoría día a día de todo lo que hago en mi ayuntamiento, por tanto, no se preocupe, cuando usted llegue tendrá los números, porque están cerrados a día 30; los tendrá encima de la mesa, estará auditado el cien por cien y lo sabrá todo perfectamente. En cambio, esto no es creíble, es más creíble hacer ruido.
Cuando vemos las conclusiones de este informe nos lo tendríamos que pensar muy mucho los responsables políticos. Deberíamos acompañar a nuestros electos locales para que entendieran la importancia de la fiscalización permanente del movimiento económico de un ayuntamiento. Es más, todo está reglado. Por tanto, si nuestras actuaciones económicas dentro del ayuntamiento siguen los regímenes escritos, no tendremos el más mínimo problema de fiscalización a posteriori, porque ya es a priori, ya hay fondos; porque cuando tenemos una obligación, antes hemos tenido una autorización y una disposición, por tanto, hay crédito suficiente para hacer frente a esos pagos, así que no vamos a tener ningún problema. Para terminar, vuelvo a repetir, lo que debemos hacer desde este Parlamento es exigir que todos nuestros ayuntamientos tengan secretarios e interventores de habilitación nacional y restringir a casos límite extremos -y que, por tanto, tengan que ser sustituidos inmediatamente en plazos muy rápidos- los casos excepcionales de habilitación de funcionarios o personal no funcionario.
Creo que este es un informe que vale la pena leer profusamente y sería muy interesante que los responsables políticos que aquí estamos hiciéramos la mayor difusión posible del mismo para que así nuestro mundo local tuviera más claro cuál es el papel de los cuerpos de habilitación nacional.
La señora PRESIDENTA: El presidente tiene la palabra de nuevo para contestar.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señor De las Heras, señora Riera y señor Canongia por sus intervenciones, de las que permítanme que les diga he sacado un denominador común. De todas se deduce con la mayor contundencia y claridad la preocupación por que en las corporaciones locales, en las autonomías y en todos los órganos de la Administración general se produzca el reflejo de la gestión del sector público con la mayor transparencia. Esa es, en definitiva, la función del control, del interno y del externo, y el control -no me cansaré de repetirlo una y mil veces- forma parte fundamental del propio concepto de la Constitución. Es la clave de nuestro sistema y ahora mismo es la oportunidad de este informe y sobre todo de su presentación en la Comisión mixta. Creo que han tenido ustedes un gran acierto al incluirlo en el orden del día. ¿Por qué? Porque esa preocupación por el control, por la realidad de las cuentas, por la realidad de la situación económico-financiera de las corporaciones locales y de las autonomías, se ha puesto de relieve inevitablemente después de unas elecciones autonómicas, y municipales, pero no me voy a meter ni muchísimo menos en política en estos momentos; sí -repito- a poner el acento en esta cuestión, derivado de las preocupaciones que los políticos han puesto legítimamente sobre la mesa. El control interno de las corporaciones locales -voy a referirme fundamentalmente a este tipo de Administración porque es al que alude el informe de fiscalización- está por ley en manos de funcionarios con habilitación nacional: interventores, secretarios, etcétera. ¿Existen estos funcionarios en todos los ayuntamientos, en los 8.100? No, señor De las Heras, ni muchísimo menos. ¿Existen personas que los sustituyen sin la suficiente capacidad o legitimación para hacer ese trabajo de control? Puede ser que en algunos casos los que los hayan sustituido, por vía de contratación o lo que sea, ejerzan un papel. Tengo que decir en beneficio y en defensa de todos ellos lo siguiente, con las excepciones que en todos los sitios de la vida se dan. Los funcionarios encargados del control interno de las corporaciones locales merecen toda clase de respeto, felicitaciones y agradecimiento. He contado aquí alguna vez lo que Garrido Falla llama eficacia indiferente, referido a los funcionarios que los conservadores ingleses tenían cuando los laboristas entraron por primera vez en el Gobierno. Pensaron que aquellos altos funcionarios estaban acostumbrados a servir otra clase de intereses y se encontraron con la gran sorpresa de que con la misma eficacia sirvieron al Gobierno laborista, con lo que Garrido Falla llama eficacia indiferente, que yo predico por regla general de todos los funcionarios de la Administración del Estado, de las corporaciones locales y de las autonomías, con todas las excepciones que pueda haber. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que la primera potenciación del control es dotarlo de los medios suficientes y lograr que los cuerpos de secretarios, de interventores, etcétera, tengan la suficiente dotación para que puedan atender a la mayor parte de los ayuntamientos o, por lo menos, a la mayor parte de la población, que desde el gobierno de lo inmediato es efectivamente gobernada por los ayuntamientos y las corporaciones locales. No vamos a entrar aquí en el número de ayuntamientos y quizá en la necesidad de hacer una gran reflexión como hizo Javier de Burgos sobre las provincias en el año 1833 para saber si son todos los ayuntamientos que necesitamos o hay que hacer una política de fusión. No me voy a meter en eso. Voy simplemente a plantear la cuestión de que habría que proteger y aumentar los cuerpos y tendrían que disponer de medios para que sirvieran efectivamente al fin que les ocupa.
Dicho todo esto, cabe pensar que el sucesor en la gestión tiene que tener la situación económica contable de cada uno de los ayuntamientos y -hablo en perifrástica activa- tendría que tenerla del interventor o del secretario
que en ese momento estuviera en el ayuntamiento. ¿Que hay muchos responsables que por motivo de la elección se tienen que ocupar de la gestión de un ayuntamiento y no conocen la situación? Están en su perfecto derecho de pedir que alguien les aclare la situación. ¿Cómo se hace esto? Con arreglo a lo que manda la ley. Hemos hecho en este informe un muestreo en once ayuntamientos. Yo no sé de qué color político son ni me interesa; se han elegido por muestreo en el pleno del Tribunal de Cuentas. ¿Que el muestreo es escaso? Lo es, pero de él se derivan una serie de reflexiones y de conclusiones que este informe ha podido presentar a sus señorías. ¿Que además de estos once ayuntamientos hay otros muchos que quizá han hecho este tipo de contratos celebrados con órganos de control externo o interno en la materia, como preguntaba el señor De las Heras? Sin duda, y esos contratos han llegado al Tribunal de Cuentas, pero han llegado de manera aislada con motivo de la fiscalización de un determinado ayuntamiento, de una determinada comunidad autónoma o de un informe del sector público local. Claro que tenemos conocimiento de estos contratos. ¿Que no hemos hecho un estudio de todos ellos ni conocemos el coste de todos ellos? Efectivamente. Cabe que esta Comisión nos pida que hagamos ese trabajo, porque los datos están en el tribunal y eso puede ser un motivo de reflexión a la hora de tomar decisiones.
Tanto la señora Riera como el señor De las Heras y usted mismo, señor Canongia, me han hecho unas preguntas que podría resumir en tres. La primera pregunta es si es posible solicitar en estos momentos la colaboración de auditores privados u otros expertos externos en la realización de controles financieros o auditorías públicas y fiscalización de la gestión pública. Me estoy refiriendo a colaboración.
No tenemos que inventarnos nada, sino simplemente adaptarnos a la normativa, incluso al texto legal literalmente. La legislación contempla la posible colaboración de auditores privados u otros expertos externos en la realización de controles financieros, auditorías públicas y fiscalización de la gestión pública. Por ejemplo, la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria regula que, ante una insuficiencia de medios para llevar a cabo el plan anual de auditoría, la Intervención General podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría que deberá ajustarse a las normas e instrucciones por ella determinadas, contratando el Ministerio de Hacienda la realización de los trabajos de auditoría que en cada caso se señalen. Léase aquí en vez de Ministerio de Hacienda el ayuntamiento, la diputación o la autonomía.
Asimismo, por lo que se refiere al control externo, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y el artículo 27 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, -una es de 1982 y la otra de 1988- contemplan la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas pueda comisionar a expertos con titulación adecuada para que lleven a cabo determinadas revisiones y comprobaciones de conformidad con los objetivos y plazos fijados para llevarlas a cabo y emitir el correspondiente informe. En estos supuestos los auditores privados actúan en virtud de un contrato administrativo y prestan su colaboración en el desarrollo de una auditoría pública o de una fiscalización sin que su participación convierta en auditoría privada, sujeta a la Ley de Auditoría de Cuentas, la auditoría pública en la que colaboran bajo las normas e instrucciones de quienes tienen atribuido el ejercicio de la función de control interno o externo y sin que en ningún caso puedan ejercer potestades públicas.
Sus resultados, los resultados de los colaboradores, están sometidos al control y supervisión de los órganos que tienen atribuida esta competencia y nunca pueden tener la consideración de estricto informe de auditoría.
La otra pregunta importante es si las entidades públicas pueden contratar de forma voluntaria y sin un amparo legal expreso, no ya la colaboración, sino la auditoría de sus estados financieros a un auditor de cuentas del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, gestionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En primer lugar, tengo que decir que la normativa de la Ley de Auditoría de Cuentas no es derecho dispositivo al que el órgano de la Administración contratante se someta cuando así lo decida. La Administración no quedaría sometida a una ley en cuyo ámbito de aplicación no está incluida y que se refiere por definición a una actividad o servicio de auditoría relativo al tráfico empresarial. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad planteada por el señor De Las Heras, por la señora Riera, y creo que por el señor Canongia, de contratar libre y voluntariamente auditorías sobre su propia situación económico financiera, tenemos que recordar el artículo 22 de la Ley de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público, que dispone que los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. Como es obvio, la realización de auditorías no constituye el fin institucional de los entes del sector público, para lo que la ley ha designado los concretos órganos de control económico-financiero competentes tanto en la modalidad de control interno como externo. En este contexto, a la carencia de apoyo legal suficiente para llevar a cabo libre y voluntariamente estos contratos ha de agregarse la innecesariedad de la contratación, pues estas auditorías contratadas voluntariamente carecerían de eficacia jurídica alguna y no sustituirían en ningún caso a las funciones que tienen asignadas los correspondientes órganos de control interno o externo. Esta doble circunstancia, falta de apoyo legal e innecesariedad de la contratación, lleva aparejada por parte del auditor privado la indebida utilización del nombre de auditor de cuentas y del número del registro, ya que dicha actuación no responde a la actividad regulada en la Ley de Auditoría de Cuentas.
Finalmente -con esto termino y creo que redondeo la respuesta a las contestaciones que ustedes me han dado-, ¿quién tiene atribuida legalmente la auditoría pública, no
ya la labor de control interno, que ya sabemos quién la tiene, cómo la hacen y las dificultades que tienen para hacerla? ¿Cómo se puede solicitar, como decía el señor De las Heras, que se realicen auditorías públicas sobre determinadas entidades o administraciones públicas? Pues bien, la función de control interno de las entidades públicas la tiene asignada el Servicio de Intervención General dentro de la respectiva Administración; los interventores en las corporaciones locales; el Tribunal de Cuentas, definido constitucionalmente como supremo órgano fiscalizador, y en su respectivo ámbito de actuación, los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
El lunes estuve en Santiago de Compostela firmando con el órgano de control externo de Galicia, el Consello de Contas de Galicia, un convenio para la rendición telemática de las cuentas de las corporaciones locales gallegas. La doble rendición se sustituye por una sola rendición telemática que sirve tanto a Hacienda y al órgano de control externo como al Tribunal de Cuentas. Esa es la base de la actuación de nuestro control, y efectivamente allí estaban presidentes de diputación, secretarios de ayuntamientos, concejales y alcaldes, y entendieron el funcionamiento del control. Quizá concluyan que necesitan que se fortalezcan estos órganos de control. Algunas veces nos exigen que tengamos doscientos ojos para ver doscientas mil cosas, y resulta que luego en los presupuestos y en los medios no nos dan cien ojos sino dos.
Esta es quizá una de las respuestas -dicho de manera literaria- que necesitan estas preocupaciones. De acuerdo con la normativa del tribunal, la iniciativa fiscalizadora le corresponde a las Cortes Generales, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y al propio tribunal.
Es decir, el ayuntamiento en cuestión que quiera tener una fiscalización hecha por el órgano de control externo cuando exista o por el Tribunal de Cuentas puede solicitarlo directamente a la Asamblea de la comunidad, o puede solicitarlo aquí, en esta Comisión mixta, o puede solicitarlo directamente del Tribunal de Cuentas. A lo mejor la preocupación de estos días va a provocar una lluvia de trabajo nuevo. Bien, a lo mejor con esa lluvia de trabajo nuevo estamos legitimados para venir aquí o hacer que en nuestro presupuesto se dote al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo, cuando existan, de más medios, porque son muy escasos, para poder atender todas estas cuestiones y poder responder tanto a esa alcaldesa como a todos los alcaldes que en estos momentos están muy preocupados por la situación que pueden encontrar en sus ayuntamientos.
Perdón si he ampliado mucho la contestación, pero creo que en este caso, en estas circunstancias y en este tiempo no es malo que reflexionemos sobre estos temas.
La señora PRESIDENTA: No tiene por qué pedir disculpas, señor presidente, porque realmente el tema ha sido del máximo interés y las explicaciones que usted ha dado a los planteamientos que han hecho los distintos portavoces de los grupos parlamentarios creo que han sido del máximo interés y muy completas. (El señor De la Heras Muela pide la palabra.) Señor De las Heras, ¿me pide un turno de réplica?
El señor DE LAS HERAS MUELA: Por alusiones y por la importancia de la segunda intervención del presidente.
La señora PRESIDENTA: Sé que la cuestión es muy importante, pero usted sabe que en el proceso en el que estamos no se suelen dar turnos de réplica entre los portavoces ya que se trata de plantear cuestiones al presidente y que él conteste, sabiendo además que hay una segunda parte de la Comisión en la que se presentan las propuestas de resolución y se produce de nuevo el debate sobre las propuestas de cada grupo parlamentario.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Ha habido un debate en el punto anterior y ha habido un turno de réplica.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor De las Heras, no he terminado.
Efectivamente, en el punto anterior -porque esta Presidencia suele ser muy flexible y muy comprensiva y porque había habido un debate político entre los distintos grupos parlamentarios que ha dado pie a una petición por parte del portavoz del Grupo Popular- la Presidencia ha concedido un segundo turno. Yo creo que en esta ocasión no ha lugar a pedir un segundo turno y le ruego a su señoría que lo tenga en consideración. No insista en pedir de nuevo la palabra y espere a las propuestas de resolución de la próxima semana para plantearlo. ¿De acuerdo?
El señor DE LAS HERAS MUELA: No estoy de acuerdo, pero evidentemente la presidenta es usted.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000101.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día para que el presidente presente el informe de fiscalización de la Universidad de Murcia correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Vamos a exponer el punto 3.º del orden del día, que es un informe de fiscalización de la Universidad de Murcia aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de noviembre del año 2009. Forma parte de la fiscalización que el Tribunal de Cuentas efectúa de las comunidades autónomas que no disponen de órgano de control externo, habiendo convenido segregar, por su singular contenido, el informe de universidades del informe anual de la respectiva comunidad autónoma, que creo que ya lo hemos presentado
aquí o, si no, estará a punto de verse porque enviado ya está. En la fiscalización, además del examen de la representatividad de las cuentas anuales de los ejercicios analizados, se abordaron diferentes aspectos de la gestión universitaria, como su organización, la actividad docente y la actividad investigadora de la universidad, extendiendo el alcance de la función fiscalizadora al cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. El informe de fiscalización tiene unas limitaciones que es necesario reseñar claramente. Por ejemplo, falta la contabilidad analítica, que es una carencia común en casi todas las universidades y que supuso, como es natural, una limitación en el análisis de la eficiencia y de la economía.
Falta también un inventario de elementos de inmovilizado, que no permitió concluir sobre su adecuado registro contable en el balance de la universidad.
Los principales resultados obtenidos en la fiscalización y recogidos en el informe son los siguientes. En primer lugar, por lo que se refiere al control interno, se deja constancia en el informe de la existencia de una unidad de control interno dependiente orgánica y funcionalmente del gerente, lo que supone una debilidad, cuyo jefe es el interventor nombrado por el rector. En el informe se describen las funciones de esta unidad, las intervenciones previas y a posteriori realizadas y el número de reparos formulados, especialmente en las órdenes de pago de los anticipos de caja y pagos a justificar. Dicha unidad no había efectuado ningún informe global de auditoría interna de los ejercicios realizados.
En cuanto al análisis de la actividad económico-financiera, de la ejecución presupuestaria, cabe destacar la importancia de las modificaciones presupuestarias, singularmente en el capítulo de inversiones reales, que superaron el importe de los créditos iniciales en ambos ejercicios. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 151 millones de euros en el último ejercicio fiscalizado, aumentaron en el periodo 2000-2005 a una tasa acumulada anual del 6,1 por ciento y en los ejercicios fiscalizados supusieron un grado de ejecución del presupuesto del 90 por ciento de los créditos definitivos en ambos ejercicios. No obstante, el porcentaje de ejecución se queda en el 73 y el 69 por ciento, respectivamente, en el capítulo de ejecución de las inversiones reales previstas. En cuanto a los derechos reconocidos, crecieron en el mismo periodo a una tasa acumulada del 7,1 por ciento. El tribunal señala la poco correcta contabilización de los derechos de matrícula que resultaban aplazados o fraccionados. La estructura de las fuentes de financiación de la universidad está conformada en un 24,2 por ciento por fuentes de financiación propia y, el resto, por financiación ajena a través de transferencias corrientes y de capital. El resultado presupuestario de la universidad fue positivo en ambos ejercicios, pudiéndose resaltar el hecho de que el obtenido en el segundo ejercicio fiscalizado por 8,5 millones de euros superó en más de cuatro veces el alcanzado en el ejercicio precedente. Respecto a la situación patrimonial, se destaca que la universidad únicamente viene registrando el inmovilizado correspondiente a las incorporaciones efectuadas a partir del ejercicio de 1995, sobre las que no dota amortizaciones ni contabiliza las bajas. Se destaca, asimismo, la falta de provisión para riesgos y gastos que recoja los denominados premios de jubilación, sobre los que no se dispone de un estudio actuarial que determine las obligaciones asumidas. Las deudas con entidades de crédito alcanzan al final del periodo los 8,1 millones de euros, mientras que las deudas con acreedores suman 16,5 millones, algunas de las cuales se remontan a ejercicios anteriores, por lo que se señala que han de ser objeto de análisis para su posible regularización. El resultado económico patrimonial contabilizado es positivo en ambos ejercicios, por un importe de 21,4 y 25,4 millones de euros, respectivamente. No obstante, se señalan en el informe diferentes aspectos que afectan a la representatividad de estas cifras. Asimismo, se indica que la diferencia entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios es negativa y varía a una tasa acumulada de reducción anual del 6,9 por ciento.
En lo que se refiere a la gestión docente investigadora, al igual que la mayoría de las universidades que hemos fiscalizado -y si contamos las de fiscalización horizontal que también hemos presentado en esta Comisión mixta, que son prácticamente todas las de España- la de Murcia no disponía, en los ejercicios analizados, de un plan estratégico ni realizaba tareas de planificación estratégica en las actividades académicas. En el curso iniciado en el último ejercicio fiscalizado ingresaron 5.035 alumnos, lo que representó un grado de satisfacción del 59 por ciento con respecto a la oferta de plazas efectuada. Las especialidades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas presentan grados de satisfacción del 100 y 72 por ciento respectivamente, lo que permite concluir que la capacidad docente de la universidad presenta un exceso con relación a la demanda de las restantes ramas, donde el grado de satisfacción se situaba en torno al 35 por ciento. La universidad oferta un total de cincuenta titulaciones oficiales de forma presencial de primer y segundo ciclo, concentrándose el mayor número de titulaciones en las ramas de ciencias sociales y jurídicas seguida de humanidades. Los alumnos matriculados en el último curso analizado fueron 26.131, registrándose una disminución en los últimos cuatro años de un 4 por ciento, mientras que los créditos matriculados se habían reducido en un 7 por ciento. El 60 por ciento de los alumnos matriculados se concentraba en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, mientras que el 40 por ciento restante se distribuía en reparto muy similar en las restantes ramas de Humanidades, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, y en un porcentaje algo inferior en carreras técnicas. El número de alumnos graduados en dicho curso ascendió a 3.432. El número de profesores equivalentes a tiempo completo fue de 1.895. La media de alumnos equivalentes por profesor era de 12. El número de créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo en todos los casos era un poco inferior al legalmente establecido, excepto en la rama de Ciencias de la Salud.
El coste de crédito impartido se estimó en unos 2.650 euros, y el coste por curso de un alumno equivalente oscilaba entre los 7.186 euros en Ciencias Experimentales y los 3.350 euros en Ciencias Sociales y Jurídicas.
En lo que se refiere al área de investigación, la Universidad de Murcia tenía algunos planes específicos de investigación, encuadrándose su actividad investigadora en el marco europeo, así como en planes nacionales y regionales vigentes. En el último ejercicio fiscalizado se encontraban constituidos 286 grupos de investigación y 282 personas que se dedicaban en exclusiva a la investigación. El número de proyectos en curso ascendía a 871. Todas estas cifras, dichas así y de forma aislada no significan nada si no tienen un elemento de comparación, y el elemento de comparación es positivo para la Universidad de Murcia porque están por encima de la media de las universidades; no mucho más, pero están en unos índices muy aceptables. En la liquidación del programa presupuestario al que se imputaban los gastos de la actividad investigadora se observaron modificaciones que supusieron un incremento del 236 por ciento de los créditos iniciales, como consecuencia de que la imputación al presupuesto se registraba cuando se había recibido la financiación, en su mayor parte proveniente de entidades externas. Las obligaciones reconocidas en este programa ascendieron a 19,4 millones, que representan solo el 66 por ciento de los créditos definitivos.
En lo que se refiere a la contratación -y voy terminando, señorías, señora presidenta-, la fiscalización analiza, como habrán podido ver sus señorías, la contratación celebrada por la universidad, que en el último año se materializó en setenta y cinco contratos por un importe total de 10 millones de euros y, al igual que el ejercicio precedente, la mayor parte de los contratos celebrados fueron de suministros, si bien los mayores importes comprometidos se canalizaron a través de contratos de consultoría, asistencia y servicios. En los contratos fiscalizados se comprobó que no se especificaba la forma o método de valoración de varios criterios de adjudicación ni tampoco la asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos, con excepción del criterio del precio, precisándose estos extremos con posterioridad a la apertura de los sobres. Asimismo, en algunos casos se indica la falta de justificación de determinados contratos de obras o de la utilización del concurso frente a la subasta en su adjudicación.
En cuanto a las recomendaciones, el informe concluye con el habitual apartado de recomendaciones en el que se estima oportuno que la universidad efectúe un estudio sobre la adecuación de los recursos humanos y del resto de recursos de la universidad a las necesidades del servicio que presta, teniendo en cuenta el decreciente número de alumnos que se matricula. Asimismo se recomienda precisar los objetivos pretendidos con la actividad investigadora, así como la adecuación de los sistemas informáticos de la universidad a las necesidades de información previstas en el Plan general de contabilidad pública y a la gestión de los proyectos de investigación, a lo que contribuiría la implantación -repito- de una contabilidad analítica.
Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor presidente, por su presentación.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García-Legaz.
El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: Quiero agradecerle, señor presidente del Tribunal de Cuentas, la información que nos ha aportado, así como las explicaciones adicionales que ha vertido en sus palabras.
Comenzaré por subrayar que buena parte de los problemas que el informe de Tribunal de Cuentas relativo a los ejercicios 2004 y 2005 expone son comunes a buena parte de las universidades españolas. La Universidad de Murcia está mejor que la media, como ha destacado el propio presidente en algunas de las ratios y en alguno de los índices, pero eso no significa que no haya problemas y que la gestión no sea mejorable tanto desde el punto de vista de la trasparencia como de su eficacia y eficiencia.
En primer lugar, comenzaré por destacar aquello que desde el punto de vista contable requiere mejoras. Esto no significa tampoco que esas mejoras se hayan podido producir en los últimos ejercicios. Estamos hablando de los ejercicios 2004 y 2005; todo esto leído en 2011, naturalmente puede arrojar conclusiones aventuradas. Seguramente a lo largo de los últimos ejercicios buena parte de las carencias o deficiencias que subraya el Tribunal de Cuentas se han podido ver subsanadas. Pero sí destacaría, en primer lugar, la ausencia de contabilidad de costes. Nos parece una deficiencia importante, desde luego común a otras muchas universidades. La carencia de contabilidad de costes en las universidades y en otros muchos organismos públicos responde simplemente a una realidad y es que es una realidad incómoda para los gestores. Hacer contabilidad de costes significa poner blanco sobre negro posibles excesos de estructura, posibles excesos de capacidad, posibles y manifiestos desajustes entre oferta y demanda y que cuando eso se lleva a la luz pública requiere tomar decisiones de reducción de personal, de reducción de estructuras, que naturalmente son incómodas. Esto no es una carencia -insisto- simplemente de la Universidad de Murcia.
La carencia de inventario es también algo que efectivamente subraya el Tribunal de Cuentas que requiere mejora. Naturalmente la falta de amortización del inmovilizado es algo que debe ser corregido y subsanado por el equipo rector de la universidad. Nos parece que es necesario corregir sustancialmente una deficiencia que viene dada por las modificaciones presupuestarias de cuantía elevada. La presupuestación inicial se ve significativamente alterada a lo largo de los ejercicios y particularmente en materia de inversiones. También las deficiencias en materia de contratación, que requieren mejoras, como el propio Tribunal de Cuentas subraya.
Finalmente destacaría dos aspectos adicionales. En primer lugar, algo que en estos momentos de austeridad difícilmente se entiende, como son esos premios de jubilación a partir de los 60 años. Cuando estamos en un contexto de restricciones presupuestarias en el sector público, cuando se están reduciendo las retribuciones del conjunto de los empleados públicos, cuando se está alargando la edad de la jubilación a los 67 años, difícilmente se puede entender que haya ese tipo de premios para la jubilación a una edad tan temprana, máxime en una profesión que no requiere, como todo el mundo sabe, especial penosidad desde el punto de vista físico.
Finalmente, destacaría en la intervención dos aspectos adicionales, no relacionados con el ámbito contable sino más bien con los principios de eficacia y eficiencia: la ausencia de un plan estratégico para aquellos dos ejercicios y la falta de adecuación de la oferta a la demanda. Es verdad que la Universidad de Murcia destaca particularmente en el ámbito de Ciencias de la Salud, con un cien por cien de cobertura, sin embargo falta demanda o sobra capacidad en muchas otras titulaciones, en muchos otros créditos, en esos dos ejercicios. Esta es una de las consecuencias de la planificación pública, que hace que las estructuras públicas sean muy poco resistentes a la realidad y que se ajusten en muy poca medida a la actual demanda. Sería mucho más conveniente dejar que fuera el mercado el que ajustara oferta a demanda y que si hay más demanda de titulación, se aumentara la capacidad en aquellas titulaciones y se viera reducida en aquellos ámbitos de la enseñanza universitaria para los que no existe demanda suficiente. Eso es lo que ocurre en las universidades privadas y eso es lo que no ocurre en las universidades públicas. Estos son los puntos más importantes que me gustaría destacar y que finalmente llevaremos a las propuestas de resolución.
La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO GARCÍA: En primer lugar, desde el Grupo Socialista quiero darle las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas no solo por el informe sino también por las explicaciones complementarias que nos ha dado en el día de hoy. Yendo directamente a la cuestión, plantearía un tema suficientemente comentado en esta Comisión, y es que estamos hablando de la fiscalización de la Universidad de Murcia en los años 2004 y 2005. Siempre hemos puesto de manifiesto en la Comisión la lejanía en el tiempo que hay en muchos casos con la cuestión que estamos tratando en un momento determinado. De todas formas, también tenemos que alegrarnos todos porque como sigamos a esta velocidad de crucero que llevan tanto la Comisión como el propio Tribunal de Cuentas en la resolución de los asuntos, en esta legislatura nos vamos a poner prácticamente al día, y buena cuenta de ello da la propia cuenta general del Estado.
Nos gustaría que, si está en condiciones, el presidente del Tribunal de Cuentas nos dijera si alguna de las recomendaciones o de las conclusiones se han podido llevar a la práctica durante el tiempo que ha pasado desde que este informe se lleva a cabo -estamos hablando del 26 de noviembre de 2009-, fechas además prácticamente coincidentes con aquellas en las que se aprueban en la Comisión una serie de resoluciones referidas al conjunto de universidades públicas españolas. Por otra parte, yo he tenido la curiosidad de acudir a ese informe para tratar de realizar una comparativa entre los ejercicios objeto de fiscalización de la Universidad de Murcia, es decir, 2004 y 2005, y el informe que se hizo sobre el conjunto de universidades públicas españolas.
He visto que las recomendaciones que se hacían en ese informe en gran parte son muy coincidentes con las que se hacen a la Universidad de Murcia. Aquellas recomendaciones estaban divididas en tres partes, relativas al área económico-financiera, al área de organización y al área de gestión, y en cualquier caso coinciden en gran parte con la fiscalización realizada a la Universidad de Murcia. Pero, dentro de ese informe que se hizo en su momento y la comparativa con el de hoy día, me gustaría hacer algunas menciones especiales, y en algunas de ellas, incluso, como decía en un principio, me gustaría saber si el presidente del tribunal puede contestarnos a algunos de estos temas.
Respecto a las recomendaciones relativas al área de organización, prácticamente ninguna universidad pública española contaba con un plan estratégico en el que se adecue la carga docente a la demanda y la previsión de la investigación. Consideramos que este es un punto bastante importante, y si ya en 2009 se aconsejaba esto al conjunto de universidades públicas y en el informe que hoy estamos estudiando ocurre lo mismo, me gustaría saber si la Universidad de Murcia ha dado algún paso adelante en este sentido, así como si en referencia al área económico-financiera la Comunidad Autónoma de Murcia ha emitido normas expresas que regulen la actividad económico-financiera de sus universidades públicas y de sus entidades dependientes, el plan contable que debe aplicar así como las normas de consolidación de las cuentas con las de sus entidades dependientes, algo que se aconsejaba a las comunidades autónomas que llevaran a la práctica cuando se hizo el informe de las universidades públicas. Por supuesto, en los tiempos en que estamos, que no haya un inventario de bienes del inmovilizado parece que no es lo más normal, así como conciliar las transferencias al final del ejercicio con su propia comunidad autónoma, que también parece que debería llevarse a la práctica. Por otro lado, el informe en el tema de investigación es coincidente con el actual.
Por último, no quiero referirme en modo alguno a la contabilidad de coste porque ya se han referido tanto el presidente del tribunal como otros portavoces. En cualquier caso, es un tema muy interesante no solo para la
administración de las universidades públicas sino en general de todas las administraciones públicas.
Me preocupa más la contratación, las contrataciones que se están haciendo en la Universidad de Murcia, al menos los expedientes de fiscalización de los ejercicios 2004 y 2005, dejan bastante que desear. Me gustaría saber si el presidente conoce algún avance en los temas de contratación de la Universidad de Murcia para tratar entre todos, porque creo que nuestra preocupación fundamental es que las administraciones públicas sean lo más transparentes posible y que actúen con el mayor rigor posible.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene de nuevo la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias al señor García-Legaz y al señor Hurtado por sus intervenciones y por la valoración que hacen del informe del Tribunal de Cuentas que hoy presento.
Efectivamente, siempre se habla de lejanía de estos informes. Está claro que el tiempo desfigura estas situaciones, sobre todo cuando pasan hasta dos mandatos legislativos. En todo caso tengo que decir que el informe de 2004 y 2005 ya tiene una continuación con un informe de 2006, 2007 y 2008, que está a punto de terminarse y que vendrá aquí en cuanto el Pleno lo apruebe.
Hay algo que tengo que decir, no por distribuir la demora entre unos y otros, sino porque este informe lleva aquí más de dos años, pero el esfuerzo que hemos hecho entre todos me permite decir -y lo hago no para poner sobre la mesa el retraso de los dos años de este informe sino porque quedan cada vez informes con menos demora en la presentación y eso se debe al esfuerzo de la Comisión Mixta, que ha hecho una serie de comparecencias que, según me han dicho, superan con bastante la media de otros mandatos, y lo digo para ponernos laureles todos- que tenemos que seguir acelerando el paso para ver si también logramos, con el resto de los informes una presentación tan adecuada a los tiempos como la cuenta general del Estado, que ya tenemos la de 2009 prácticamente terminada.
Dicho esto, por lo que se refiere a los plazos, tengo que hacerme eco de algo que dijo el señor García-Legaz y que me parece muy importante: los premios de jubilación a los 60 años, que no son exclusivos de la Universidad de Murcia sino de todas las universidades. Les adelanto una cosa, el tribunal está pidiendo información de este tema -y ya tiene datos de todas las universidades menos de cinco- con la finalidad de tener los datos necesarios de todo el sector universitario para hacer un informe que elevaremos a esta Comisión sobre este tema. Efectivamente es un tema muy sensible, sobre todo si tenemos en cuenta todas las medidas y todas las situaciones que la crisis ha agravado, por supuesto, pero que en todo caso no se compadecen con una regulación y un inventario de decisiones sobre esta materia que sea equitativo, que sea justo y que efectivamente no suponga que determinadas personas tengan en esa situación unos privilegios injustificados con respecto a otras. Por lo tanto, me alegro mucho de que haya salido este tema y que lo haya hecho además como consecuencia del estudio de la fiscalización de la Universidad de Murcia.
Se mantiene la limitación al alcance de la ausencia de contabilidad analítica. Es decir, seguimos sin tener esta situación, quizá por las razones que ha expuesto el señor García-Legaz, que trascienden de la incomodidad para llegar a un reflejo de situaciones que efectivamente las universidades tratan no de ocultar sino de que no les sirvan de hándicap para determinadas políticas docentes. También hay una referencia a la falta de un plan estratégico. Tampoco existe el plan estratégico. Ambas circunstancias son comunes, repito, a la mayoría de las universidades públicas, pero eso no significa que no tengamos que seguir reclamándolas en las recomendaciones de la fiscalización horizontal de las universidades en todas y cada una de las fiscalizaciones de las universidades y en todas y cada una de las fiscalizaciones de cada una de las comunidades autónomas. Sin embargo, durante el ejercicio de 2006 se ha realizado el proceso de regularización e inventario de los bienes del inmovilizado -y este es un dato importante-, que la Universidad de Murcia sí ha conseguido. Eso ha tenido su reflejo en las cuentas anuales del ejercicio de 2007 y hace que en el informe de fiscalización correspondiente a dicho ejercicio, que está en trámite de alegaciones, desaparezca la limitación que al respecto figuraba en este informe de los ejercicios 2004 y 2005. Por lo tanto, algo se ha avanzado, sobre todo en estos puntos que tanta importancia tienen a la hora de hacer un informe de fiscalización, y lo señalo como un avance positivo que a lo mejor se debe al cumplimiento de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas ha hecho. Entiendo que a lo mejor sea así y también por la iniciativa de buen gobierno que los propios rectores de cada universidad tienen a gala hacer o por lo menos intentan hacer.
Creo que esto es todo lo que podría decir como contestación a las preguntas que me han hecho, agradeciéndoles su intervención y la valoración que han hecho del informe.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor presidente.
Vamos a suspender unos minutos la Comisión para despedir al presidente del tribunal y continuamos inmediatamente. (Pausa.)
Continuamos la sesión, señorías. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Sí, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Señora presidenta, solicito la palabra para una cuestión de orden en
relación con el curso del debate de los primeros puntos del orden del día, en concreto del segundo punto del orden del día de la sesión de hoy.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Quiero dejar constancia en acta de nuestra protesta como grupo parlamentario por no haber tenido un segundo turno de intervención, toda vez que el portavoz del Grupo Socialista, dentro del normal funcionamiento de la Cámara, había hecho una alusión directa a la intervención del portavoz del Grupo Popular cuando subrayó de manera importante el debate planteado sobre la exigencia de algunos partidos políticos de hacer auditorías para blindar y procurar la transparencia en el traspaso de poderes con motivo de las últimas elecciones. Eso mi grupo lo considera una alusión directa y, por tanto, hubiéramos querido tener un turno que no nos ha permitido la presidenta.
También tengo que decir que la segunda intervención del señor presidente del Tribunal de Cuentas ha sido lo suficientemente abundante en afirmaciones de calado y alcance que abría en sí misma un nuevo turno de preguntas a la Presidencia del Tribunal de Cuentas. Al entender que en ninguno de los dos casos ha considerado la Presidencia oportuno concedernos un segundo turno, quiero dejar constancia en el acta de la sesión la protesta del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Me remito a las palabras que he pronunciado anteriormente y solamente quiero apuntarle una cuestión, señor Aguirre.
Usted tiene todo el derecho de dejar constancia en acta su protesta, pero quiero decirle que el debate tal y como se ha producido en ese punto del orden del día ha sido un debate normal, con alusiones políticas pero sin ningún tipo de alusión personal. Cuando se habla de alusiones y se solicita la palabra por alusiones tiene que haber una alusión personal.
En este caso no la ha habido y, además, ha habido una coincidencia amplia, prácticamente total, en las posiciones de los grupos parlamentarios con la del presidente del tribunal, por lo que me ha parecido que no había lugar a un segundo turno de réplica en un momento como en el que estamos, en una comparecencia del presidente del tribunal en la que las intervenciones de los grupos parlamentarios son para solicitar información, cuestión que, en ningún momento, ha hecho constar su portavoz en su intervención. (El señor Mas i Estela pide la palabra.)
Señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Solo quería dejar constancia en acta de la inexactitud de las palabras del portavoz del Grupo Popular refiriéndose a lo que él ha creído entender de las palabras del representante del Grupo Socialista en el punto segundo, del señor Canongia. El señor portavoz del Grupo Popular ha dicho que el señor Canongia ha hecho referencia a su partido político y quiero dejar constancia en el acta de que se la releean, porque creo que no ha hablado de ningún partido político. En todo caso, ha hablado de lo que se dice en las campañas electorales. Si hay alguien que tiene la cua de palla, en todo caso es su problema.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A. (REE) (Número de expediente del Congreso 251/000095 y número de expediente del Senado 771/000095.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos por lo tanto, señorías, al punto 4.º del orden del día. Han hecho llegar ustedes a la Mesa propuestas de resolución acordadas en los tres puntos que tenemos pendientes de aprobar. No sé si quieren intervenir sobre alguno de ellos. (Pausa.) No hay intervenciones. Votamos el informe de fiscalización del proceso de privatización de Red Eléctrica Española, S.A. (REE).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000100.)
La señora PRESIDENTA: Punto 5.º del orden del día. Informe de fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y telecomunicaciones correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" (INTA), EJERCICIO 2006. (Número de expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000102.)
La señora PRESIDENTA: Punto 6.º del orden del día. Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) correspondiente al ejercicio 2006.