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Timestamp: 2020-07-08 01:36:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 757', 'artículo 14', 'artículo 173', 'artículo 263', 'artículo 368', 'artículo 795', 'artículo 169', 'artículo 471']

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II. SISTEMAS DE PROCESO PENAL
III. CLASES DE PROCESOS PENALES
Es aquél proceso tramitado ante una autoridad judicial, que tiene por objeto el enjuiciamiento de determinadas acciones u omisiones, a los efectos de determinar si son o no constitutivas de delito o delito leve tras la L.O. 1/2015 de reforma del Código Penal, procediendo a la condena o absolución de los acusados en un juicio oral, salvo que en la fase de instrucción o de preparación del juicio proceda el archivo y sobreseimiento del proceso por las distintas causas legalmente previstas (artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), realizando también el pronunciamiento que en su caso proceda, respecto de las consecuencias civiles indemnizatorias.
Siguiendo a Almagro Nosete, el actual proceso penal español es, lógicamente, fruto de una evolución histórica, desde los primeros sistemas de reacción social mediante la venganza frente al delito cometido, pasando por los duelos judiciales y las ordalías, hasta posteriores sistemas más perfeccionados del proceso como las denominadas “quaestiones” del proceso penal romano reservadas a las atribuciones judiciales de los Senadores en el enjuiciamiento de delitos políticos, cuyo procedimiento se extendería posteriormente a los delitos comunes, o el previsto en el Fuero Juzgo, que estableció el talión y una regulación del sistema de composición propio del derecho germánico.
Aunque éstas son las dos fases principales del proceso penal, cabe subdistinguir también una fase denominada intermedia, entre la de instrucción y la de juicio oral, destinada a valorar si es correcta la conclusión del sumario o si procede acordar nuevas diligencias, así como si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral.
Como dice la Exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los sistemas de proceso penal, tratan de conciliar los intereses de la sociedad en la persecución y castigo de las infracciones penales cometidas, y los derechos del acusado, que tiene el derecho de defenderse y a un proceso con todas las garantías, en evitación de condenas injustas.
Esencialmente, existen dos sistemas fundamentales de organizar el proceso penal, el denominado proceso inquisitivo, que como indica Almagro Nosete fue el prevalente en la época de Diocleciano, de los emperadores de Oriente y en el Derecho canónico, en el que la intervención del juez se realiza de oficio, teniendo poderes de acusación aunque en alguna de sus formas los comparta con el Fiscal, caracterizándose también por el carácter secreto del procedimiento, inclusive para el propio imputado, siendo los trámites procedimentales escritos, existiendo disparidad de poderes entre el juez acusador y el imputado, y en el que se reduce al mínimo la defensa de éste último.
El sistema contrapuesto, es el denominado proceso acusatorio, el cual exige una acusación propuesta y sostenida por persona distinta del juez, y se caracteriza también por la publicidad y oralidad del procedimiento, igualdad de derechos y obligaciones entre las partes, y la exclusión del juez en la búsqueda de pruebas que deben realizar las partes. Posteriormente surgieron sistemas mixtos, que combinan los elementos de ambos sistemas, con una cierta primacía del principio inquisitivo en la fase de instrucción, y del acusatorio en la fase de juicio oral.
El proceso penal español se adscribe el denominado sistema acusatorio formal o mixto, teniendo una fase sumarial donde prima en cierta forma el principio inquisitivo y es dirigida por un Juez de Instrucción, y la fase de juicio oral donde el acento se pone, sin duda alguna, en el principio acusatorio, por lo que se exige que alguna parte, fiscal o acusación particular, o popular, ejercite la acusación contra el acusado y ante un Tribunal, normalmente la Audiencia Provincial, del que no puede formar parte el Juez de Instrucción que realizó la instrucción, y ante el que se desarrollará la genuina prueba.
Éste Tribunal será el que, finalmente, dictará sentencia, en la que estará vinculado a los hechos y pretensiones de las partes. El propio Tribunal Constitucional, ha proclamado que el principio acusatorio forma parte del entramado de derechos contenidos en el artículo 24 de la Constitución(sentencia 53/1989, de 22 de febrero)
Este sistema, que primaba la garantía de máxima imparcialidad al separar las funciones de instrucción y enjuiciamiento, atribuyéndolas a órganos judiciales distintos, tuvo su primera grieta con la reforma producida por la Ley 3/1967, que creó el denominado procedimiento de Urgencia, y dentro del mismo las Diligencias Preparatorias en las que correspondía la instrucción y enjuiciamiento al mismo Juez de Instrucción (antiguos artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y posteriormente con la Ley 10/1980, creadora del procedimiento de enjuiciamiento oral de los delitos dolosos, menos graves y flagrantes, que unificaba también, para los delitos a los que afectaba, en el mismo Juez de Instrucción las funciones de instruir y juzgar.
Posteriormente, a consecuencia de la importante sentencia del Tribunal Constitucional 145/1988, de 12 de julio, que basándose en la garantía del derecho a un juez imparcial que exige separar las funciones de instrucción y enjuiciamiento atribuyéndolas a órganos judiciales distintos, declaró inconstitucional la inaplicación a dicha ley de la causa de recusación que impedía al juez instructor actuar como órgano de enjuiciamiento, se separaron dichas funciones en órganos judiciales distintos, lo que motivó que se aprobara la Ley Orgánica 7/1988, creadora de los denominados Juzgados de lo Penal, de forma que, se creaba el citado nuevo órgano de enjuiciamiento para ésta clase de delitos, separando sus funciones de las propias de la instrucción que realiza el Juez de Instrucción. En éste sentido dicha sentencia indicaba: “... ocurre que la actividad instructora, en cuanto pone al que la lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables puede provocar en el ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Incluso, aunque ello no suceda, es difícil evitar la impresión de que el Juez no acomete la función de juzgar sin la plena imparcialidad que le es exigible. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión sobre el caso “De Cubber”, de 26 octubre 1984, y ya antes en la recaída sobre el caso “Piersack”, de 1 octubre 1982, ha insistido en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo Juez del que pueda temerse legítimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por los mismos acusados...”. Se espera ahora que tras la desaparición del juicio de faltas y creación del procedimiento por delito leve con la reforma del CP por L.O. 1/2015 no se entienda que la actuación del juez de instrucción juzgando hechos considerados como delito leve pueda vulnerar el derecho a un juez imparcial, aunque la remisión a la sistemática de los art.s 962 y ss Lecrim que regulan para este caso un sistema semejante al juicio de faltas, no considerado inconstitucional cuando juzgaba un juez instructor nos llevan a entender que se mantendrá como tal al no haber activida propia instructora en a tramitación de los delitos leves.
En la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se regulan los siguientes tipos de procesos penales:
a) El procedimiento por delitos leves, para el enjuiciamiento y fallo de los procedimientos tramitados por dicha clase de infracción penal tras la reforma de Código Penal por L.O. 1/2015. De ellos conoce, el Juez de Instrucción. También puede conocer el Juez de Violencia sobre la Mujer, si se trata del delito leve para los que sea competente dicha clase de Juzgado (artículo 14.1 y 5, y 962 y siguientes de la Ley Procesal Penal).
b) El procedimiento abreviado: Se ha convertido en el proceso más habitual, y se aplica conforme al mismo, sin perjuicio de la existencia de procesos especiales, al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (artículo 757 de dicha Ley Procesal Penal). En general el Juez de Instrucción, o en su caso, el Juez de Violencia sobre la Mujer y el Juez Central de Instrucción, conocen de la instrucción de éste tipo de proceso. Su enjuiciamiento corresponde, al Juzgado de lo Penal o Central de lo Penal, (si la pena privativa de libertad no excede de cinco años o multa cualquiera que sea su cuantía, o cualquiera otra pena si no excede de diez años, juzgando también las faltas que pudieran imputarse si está relacionada con el delito), pudiendo corresponder también, en ciertos supuestos, al Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito o al Juez de Violencia sobre la Mujer, si se dicta en ciertos supuestos sentencia de conformidad. Si las penas son superiores a las indicadas, la competencia para el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial, o en su caso, la Audiencia Nacional (artículo 14.3 y 801 de la LECrim).
c) El denominado sumario ordinario: Para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos que superen las penas previstas para el procedimiento abreviado. La instrucción la realiza el Juez de Instrucción, y el enjuiciamiento, le corresponde, generalmente, a la Audiencia Provincial, o en su caso, a la Audiencia Nacional.
d) Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos: Se aplica a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años o con cualquiera otra pena, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, si se cumplen ciertas condiciones (incoación por atestado policial, persona citada como denunciada al Juzgado de Guardia o detenida), y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: que se trate de delitos flagrantes; que se trate de alguno de los delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, delitos de hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, de daños del artículo 263 del Código Penal, contra la salud pública del artículo 368.2 de dicho Código, y los flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del indicado Código; así como que la instrucción se presuma sencilla (artículo 795 de la Ley procesal penal). Corresponde la instrucción al Juez de Instrucción, y su enjuiciamiento al Juez de lo Penal, si bien el Juez de Instrucción de Guardia puede dictar sentencia de conformidad si se trata de delitos castigados con penas de hasta tres años de prisión u otra pena que no exceda de diez años, y la pena de prisión solicitada, no supera reducida en un tercio, los dos años de prisión (artículos 795 y 801 de la Ley procesal penal).
e)Procesos especiales:
1. Contra un Senador o un Diputado de las Cortes Generales (artículos 750 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Conoce de ellos un instructor nombrado de entre los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, correspondiendo el enjuiciamiento a la Sala de la que no forma parte el citado magistrado instructor. Éste proceso especial se caracteriza por la necesidad de autorización especial de la Cámara respectiva o suplicatorio, y por corresponder el conocimiento del presunto delito a un Tribunal especial por razón de aforamiento. Por dicha razón de aforamiento, también tienen lugar alteraciones competenciales cuando se imputa la comisión de una infracción penal a otras autoridades distintas de las indicadas, tal y como constan en los artículos 57, 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuyen la competencia para conocer por las infracciones penales que pudieren cometer dichas autoridades a la Sala Segunda del Tribunal Supremo o a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que corresponda (Miembros del Gobierno central, miembros de los gobiernos autonómicos, miembros de los parlamentos autonómicos, Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, Magistrados Jueces y Fiscales, etc.).
2. Procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares (artículos 804 a 815 de la Ley Procesal penal).
3. Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación (artículos 816 a 823 bis LECrim).
4. Procedimiento para la extradición (artículos 824 a 833 LECrim).
5. Procedimiento contra reos ausentes (artículos 834 a 846 de dicha ley procesal penal).
Y en Leyes especiales se regulan los siguientes procesos penales:
a) Proceso de Jurado: El proceso ante el Tribunal del Jurado se regula en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. La fase de instrucción corresponde al Juez de Instrucción, y la de juicio oral al Tribunal del Jurado, que se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial, salvo que por razón de aforamiento del acusado corresponda a otros Tribunales. El Tribunal del Jurado está constituido por nueve Jurados y el Magistrado Presidente. Tiene competencia para el conocimiento de los siguientes delitos (art. 1 LO 5/1995): 1) Del homicidio (artículos 138 a 140 del Código Penal), 2) De las amenazas (artículo 169 CP), 3) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP), 4) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP), 5) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP), 7) Del cohecho (artículos 419 a 426 CP), 7) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP), 9)) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP), 9) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP), 11) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP), 12) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP). El delito de incendio deja de ser competencia del tribunal del Jurado por su exclusión expresa por la L.O. 1/2015 en su Disposición adicional 4ª.
b) Proceso penal contra Menores: Se regula por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de la responsabilidad penal de los menores. Se aplica dicha ley para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. La fase de instrucción corresponde su conocimiento al Fiscal de Menores, y la de juicio oral al Juez de Menores.
c) Proceso Penal Militar: Regulado en la Ley Procesal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril.