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Timestamp: 2020-01-23 04:50:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 40', 'artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 26', 'artículo 24', 'Artículo 50', 'artículo 27', 'artículo 6']

BOE.es - Documento BOE-A-2012-1683
Documento BOE-A-2012-1683
«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2012, páginas 10003 a 10018 (16 págs.)
BOE-A-2012-1683
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1994/06/17/12
Se hace saber a todos los ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
La presente ley, que se aprueba en ejercicio de la competencia exclusiva que en virtud de lo dispuesto en el articulo 10.13 del Estatuto de Autonomía corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de fundaciones, en tanto desarrollen, principalmente, sus funciones en el País Vasco, pretende ofrecer un marco regulador inspirado fundamentalmente en la libertad, desde una perspectiva de protección, promoción y estímulo de estas instituciones no lucrativas reconocidas constitucionalmente.
El ejercicio del derecho de fundación se contempla regulado sucintamente en el artículo 34 de la Constitución con tan sólo dos limitaciones -la reserva de ley y la finalidad de interés general y una remisión a lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Mediante dicha remisión se está corroborando la idea tradicional de considerar a la fundación corno corolario del Derecho de Asociaciones, en cuanto se le aplica su mismo régimen de garantías en dos aspectos fundamentales: uno, prohibición de su constitución siempre que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y otro, necesidad de resolución judicial motivada para su disolución o suspensión de actividades.
En cuanto a la reserva legal –ley formal–, se cumple debidamente a través de la ley autonómica, que deberá respetar en todo caso el contenido esencial del derecho de fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.1 C.E.
Por otra parte importa resaltar que, en términos de concisión similares a los constitucionales, el Código Civil se ocupa únicamente de la fundación como persona jurídica –al igual que el Derecho Comparado, europeo en general–, regulando su nacimiento –conforme a Derecho y su extinción, siendo éste precisamente uno de los aciertos: insertar exclusivamente las escasas normas propiamente civiles, dejando fuera de su articulado todas las restantes normas, que se regirán por lo que dispongan las leyes especiales y las complementarlas y necesarias de carácter orgánico y administrativo.
Por otra parte, en coherencia con el título competencial ejercitado y desde el máximo respeto a los diferentes ámbitos de potestades normativas tributarias existentes en la Comunidad Autónoma con capacidad de regulación de los beneficios o incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general –lo que comúnmente se denomina mecenazgo–, la presente ley no contiene mención alguna al tratamiento fiscal de las fundaciones, resultando obviamente de aplicación en esta materia la legislación estatal o foral que rija en cada caso.
– En base a la competencia exclusiva ejercida se regulan los aspectos jurídico-administrativos de las fundaciones, incidiendo sólo colateralmente sobre sus aspectos civiles, incidencia esta que, además de resultar obligada para el legislador, cobra singular relieve cuando se trata de la aplicación de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco.
– Se elude, conscientemente, entrar a definir legalmente la fundación por tratarse de un concepto delimitado por la doctrina y la jurisprudencia (STC 49/1988).
– En función de la filosofía eminentemente liberal adoptada, se vertebra la figura jurídica de la fundación atendiendo a dos líneas fundamentales. Por una parte, el respeto a la voluntad del fundador, y por otra, la nueva configuración que se otorga al Protectorado, que pasa de un régimen tradicional de autorizaciones (control «ex ante») a otro de aprobaciones y comunicaciones (control «ex post»), dotando a las fundaciones de una gran autonomía, correlativa al régimen de responsabilidad de los patronos y gestores.
– El ámbito de aplicación se circunscribe a las fundaciones que desarrollen su actividad principalmente en la C.A.P.V., según lo determinado en el acto fundacional o Estatutos.
– Se permite a las personas jurídicas públicas constituir fundaciones, ya sea por sí o con la participación de otras entidades o particulares.
– La fundación adquiere personalidad jurídica en el momento de la inscripción de su escritura de constitución en el Registro de Fundaciones, siguiendo modelos comparados vigentes.
– En lo que a la dotación respecta se introducen elementos novedosos que permitirán ejercer el derecho de fundar en términos de gran elasticidad y efectividad, desde el enunciado de su integración por cualesquiera bienes o derechos suficientes para el desarrollo del primer programa de actuación hasta la posibilidad de aportaciones sucesivas, con la fijación de un plazo de realización flexible en función de la naturaleza de los bienes objeto de las mismas.
– En cuanto al órgano fundacional se opta por una configuración legal colegiada -como mínimo, de tres personas-, siempre salvo disposición en contrario del fundador. Asimismo, en coherencia con los principios de libertad y modernidad que se postulan, la ley huye deliberadamente de la denominación tradicional de «patronato», posibilitando, no obstante, la utilización de dicho término.
– El capítulo referente al patrimonio fundacional, constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica, aparece imbuido en profundidad de las razones propias de la concepción liberal, distanciándose por ello en mayor medida de los modelos existentes al eliminarse de los actos de disposición y liberalidades la totalidad de las trabas administrativas que venían configurándose a través de las autorizaciones previas, y que ahora se transforman en simples comunicaciones, lo cual agiliza substancialmente la gestión patrimonial dotándola de autonomía.
– En lo relativo a las actividades mercantiles e industriales se asume en plenitud la idea de un patrimonio dinámico en continua adaptación al medio, en contra de la rigidez absoluta de un capital congelado y estático. Así se permite a las fundaciones ejercer dichas actividades bien directamente o a través de sociedades, siempre que tengan limitada la responsabilidad, como garantía de que los riesgos empresariales no comprometan la existencia de la fundación. Por su parte, aquellas fundaciones consideradas de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de cuentas.
– En lo que al Protectorado se refiere, de la filosofía en que se inspira la ley no podía desprenderse, obviamente, sino un Protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los fines fundacionales con eficacia. Para ello se configura como un órgano administrativo eminentemente asesor e informador, sin perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por el interés general de la fundación en cuanto al ejercicio de su derecho de tener conocimiento completo de las actividades de la fundación, sus presupuestos, cuentas y memorias, así como de promover ante las autoridades judiciales las acciones (de responsabilidad, sustitución, etc.), pertinentes, en tutela de dicho interés general cuyo cumplimiento debe garantizar. De este modo, las atribuciones administrativas quedan limitadas a promover la intervención judicial, en aras del principio de tutela judicial efectiva, pieza clave del listado de Derecho.
– Por otra parte, siguiendo otros modelos autonómicos que han dado pruebas de acreditada eficacia, se opta Por un sistema de Protectorado único, a través del Departamento de Justicia, y sin perjuicio de las funciones de los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial de las fundaciones, previéndose la integración de éstos en una Comisión Asesora con funciones de asistencia al Protectorado y de informe previo a la inscripción registral.
– Por último, el Registro de Fundaciones se diseña también, en coherencia con el sistema establecido para el Protectorado, con carácter único, superando la actual dispersión existente entre los diferentes Departamentos competentes sectorialmente en la materia.
De la constitución de fundaciones
1. La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa», formalizándose en ambos casos mediante escritura pública, con cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
En el acto fundacional «mortis causa», el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las personas que hubieren de otorgarla. En caso de que el fundador se hubiese limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y disponer de los bienes de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta ley se otorgará por el comisario foral o por el albacea testamentario, o, en su defecto, por los herederos o las personas a quienes en derecho corresponda la ejecución del testamento u otra disposición «mortis causa», según la legislación civil aplicable.
3. La inscripción sólo podrá denegarse, en resolución motivada, si la entidad constituida no reúne los requisitos exigidos en esta ley y demás legislación aplicable. No obstante, si el defecto fuere subsanable se otorgará un plazo a tal efecto, que se determinará reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.
c) La aportación patrimonial inicial de la fundación, con descripción y naturaleza de los bienes y derechos que la integran, su titularidad, sus cargas y el título de, aportación, y demás elementos exigidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.
En el supuesto de constitución «mortis causa», el fundador podrá otorgar al comisario foral o a los albaceas facultades para ponderar, siempre de conformidad con el espíritu fundacional, las consecuencias de la calificación registral.
En el supuesto de una fundación en fase de inscripción una vez otorgada la escritura fundacional, sus órganos de gobierno podrán, tras aceptar sus cargos conforme a lo previsto en el artículo 12 y dentro de sus facultades, otorgar actos, adquirir bienes o derechos y contraer obligaciones que consideren inaplazables en nombre c interés de aquella, los cuales se entenderán asumidos automáticamente por la fundación cuando se produzcan la inscripción en el Registro. En caso de no inscripción, el patrimonio fundacional responderá de las obligaciones contraídas, y, en su defecto, la responsabilidad recaerá solidariamente sobre las personas que compongan dichos órganos de gobierno y no se hayan opuesto a la asunción de las mismas.
1. La dotación matrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes rara el desarrollo del primer programa de actuación, que deberá constar en la escritura fundacional junto con un estudio económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de derechos podrá ampliarse dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias Para asegurar su realización.
Del gobierno de la fundación
1. En toda fundación sujeta a esta ley existirá un órgano de gobierno que podrá adoptar la denominación de «patronato» u otra similar.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según los criterios económico financieros de un buen gestor.
3. La suspensión de los miembros del órgano de gobierno podrá ser acordada por el juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado 2.c.) del presente artículo.
1. De los actos de disposición o gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación patrimonial, o estén directamente adscritos al cumplimiento de loa fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo de la fundación que resulte del último balance anual, se dará cuenta inmediatamente al Protectorado.
Artículo 26. Contabilidad y presupuesto.
2. Asimismo, las fundaciones deberán confeccionar anualmente un presupuesto de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará al Protectorado en el último trimestre del año de su aprobación, junto con una Memoria explicativa.
1. El órgano de gobierno deberá justificas su gestión adecuada a los fines fundacionales. A tal efecto presentará al Protectorado dentro del primer semestre del año:
c) Liquidación del presupuesto de gastos c ingresos del ejercicio anterior.
2. Los documentos a que se refiere el apartado I deberán ser depositados en el Registro de Fundaciones a efectos de lo establecido en el artículo 24 de esta ley.
1. El destino de al menos el setenta por ciento de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.
2. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración, que no podrán sobrepasar en ningún caso la proporción que reglamentariamente se determine. Asimismo, reglamentariamente se determinarán las partidas que se imputarán a gastos de administración.
3. La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el presente artículo en el plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
Modificación, extinción, y liquidación
3. Si no hubiese acuerdo del órgano de gobierno, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá, ser instada, en cada caso, por el Protectorado o por el órgano fundacional.
2. Los bienes y derechos que resulten de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades de interés general que haya ordenado el fundador o los Estatutos o que determinen los miembros del órgano de gobierno de la fundación si estuvieren para ello autorizados por aquél o éstos. Podrá también el fundador en el acto fundacional o los Estatutos encomendar a alguna persona, cargo o entidad la elección del destino de los bienes resultantes, dentro de lo establecido en este artículo. En defecto de la anterior determinación, los bienes y derechos se destinarán por el Protectorado a otras fundaciones o entidades que persigan fines análogos a la extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo municipio o, en su defecto, en el mismo territorio histórico.
2. Al Protectorado le corresponderán las siguientes funciones:
f) Dar publicidad suficiente a la existencia y, actividades de las fundaciones, favoreciendo así a los potenciales beneficiarios.
4. Corresponderá a estos Departamentos, en el ámbito de sus competencias, emitir informe vinculante en relación con las funciones descritas en los apartados c) y d) del número dos de este artículo, así como instar del Protectorado el ejercicio de la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado e) y las funciones de fomento, ayuda y coordinación de las fundaciones según la naturaleza de los fines fundacionales. A tales efectos el Protectorado les comunicará los datos de las fundaciones que registre.
4. En aquellos otros supuestos en los que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido en sus funciones por decisión judicial, el Protectorado, previa autorización judicial, podrá asumir provisionalmente la gestión de la actividad fundacional, que no podrá prolongarse por más de dos arios, dentro de cuyo plazo se habrá de dotar a la fundación de los órganos estatutarios de gobierno o, en caso de imposibilidad, proceder a su disolución o liquidación.
5. En el Registro de Fundaciones se inscribirán tanto la presentación de la demanda correspondiente corno la resolución judicial que recaiga.
1. En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las fundaciones sujetas a la misma constituidas con anterioridad deberán adaptar sus respectivos Estatutos a los preceptos de ésta, salvo aquellos cuya aplicación conlleve, según la voluntad del fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la fundación. Los Estatutos adaptados deberán ser presentados en el Registro de Fundaciones dentro de dicho plazo, y, una vez transcurrido el mismo, quedarán sin efecto las disposiciones estatutarias que la contradigan
2. El Protectorado podrá conceder, excepcionalmente y a petición razonada del órgano de gobierno una prórroga del plazo a que se refiere el apartado anterior, en las condiciones y circunstancias previstas en la legislación vigente.
«Sección primera 02.01. Tasa por actuaciones del Registro de Asociaciones y del Registro de Fundaciones
Artículo 50. Cuota.
1. Registre de Asociaciones:
1.1 Por la inscripción de constitución: 500 pts.
1.2 Por la inscripción de utilidad pública: 1.000 pts.
1.3 Por cada inscripción de otro tipo: 400 pts.
1.4 Por cada consulta, certificación o compulsa: 380 pts.
1.5 Por cada habilitación dé libro: 380 pts.
2.1 Por la inscripción de constitución: 6.000 pts.
2.2 Por cada inscripción de modificación estatutaria, fusión o extinción: 5.000 pts.
2.3 Por cada inscripción de otro tipo: 2.500 pts.
2.4 Por cada certificación o compulsa: 1.000 pts.
2.5 Por cada habilitación de libro: 600 pts.»
Palacio de Ajuria-Enea, 4 de julio 1994.–El Lehendakari, José Antonio Ardanza Garro.
[Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 135, de 15 de julio de 1994. Esta ley se publica en su redacción original aprobada por el Parlamento Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 6.1.b) del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su vigencia actual]
Fecha de disposición: 17/06/1994
Fecha de entrada en vigor: 07/07/1994
Publicada en el BOPV núm. 135, de 15 de julio de 1994.
Fecha de derogación: 14/06/2016
SE DEROGA, por Ley 9/2016, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2016-6088).
SE MODIFICA los arts. 9, 11, 12, 31 y disposición adicional 4, por Ley 7/2012, de 23 de abril (Ref. BOE-A-2012-6368).
SE AÑADE una disposición adicional 4 , por Ley 7/2007, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2011-16287).
MODIFICA la sección 1 del capítulo II del título II de la Ley 3/1990, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-2012-2857).
DE CONFORMIDAD con el art. 10.13 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-30177).
CITA Ley 3/1992, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2012-2257).