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Timestamp: 2013-12-13 04:30:30
Document Index: 34093682

Matched Legal Cases: ['artículo 327', 'artículo 253', 'artículo 327', 'artículo 328', 'artículo 104', 'Artículo 104', 'artículo 26', 'artículo 176', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 79', 'artículo 479', 'artículo 472']

La Audiencia Preliminar en materia Penal | Saltar al contenido
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marzo 13, 2011 · 3:44 pm	Libertad Condicional-Solicitud de Medida Humanitaria	…Recibida la solicitud, el juez de ejecución deberá notificar al Ministerio Público, y previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados, resolverá, en lo posible, dentro de los tres días siguientes a la recepción del dictamen del médico forense. Los requisitos que deben cumplirse para que la medida proceda, son los siguientes: 1) Que el penado padezca una enfermedad; 2) que la misma sea grave o se encuentre en fase terminal; 3) que sea previo diagnóstico de un especialista; 4) debe ser debidamente certificado por el médico forense y, 5) notificar al Ministerio Público.
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· 3:34 pm	Decisión anulando auto de mero trámite en materia penal	Revisadas como han sido las actas contentivas de la presente causa, y por cuanto se observa que mediante auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa; se ordenó notificar a la víctima del presente asunto de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, para luego de que constara en autos la respectiva boleta de notificación, proceder a fijar fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Este Tribunal, conforme al criterio del órgano subjetivo actual, estima que lo dispuesto en el referido auto, constituyó un error de procedimiento que en el presente caso además de causar una dilación indebida, conculcó el principio de legalidad procesal previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual es obligación de los jueces y juezas conocer y decidir los asuntos sometidos a su jurisdicción, sólo mediante los procedimientos que para cada caso determinen las leyes procesales de la materia respectiva.
Ello se afirma así, por cuanto el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, ni divide el lapso previsto para la fijación de la audiencia preliminar, en aquel que corresponde a la víctima para adherirse a la acusación o presentar acusación particular propia, de aquel que corresponde a las partes para realizar las cargas del artículo 328 ejusdem; ni mucho menos el mencionado artículo resulta aplicable a procedimientos especiales como el de autos, en los cuales dada la especialidad de la materia (violencia de género), la fijación de la audiencia preliminar –entre otros aspectos de orden procedimental- se rige por lo previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en lo dispuesto en el artículo 104 de la citada ley especial, el cual expresamente dispone:
Artículo 104. Presentada la acusación ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, éste fijará la audiencia para oír a las partes, dentro de los diez días hábiles siguientes. Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes procederán a ofrecer las pruebas que serán evacuadas en la audiencia de juicio oral y oponer las excepciones que estimen procedentes. El tribunal se pronunciará en la audiencia.
Por su parte, respecto del principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 583 de fecha 30.03.2007, ha precisado lo siguiente:
Siendo ello así, este Juzgador habida consideración, que las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto son de eminente orden público, de manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el juez de la causa; estima que lo ajustado a derecho es ANULAR, el auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa, por considerar que el mismo, además de conculcar el principio de legalidad procesal, el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, ha generado una dilación procesal indebida en la presente causa, todo de conformidad con lo previsto en los artículo 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el auto objeto de la presente es de los catalogados como de mero tramite o de plena sustanciación.
En consecuencia se ordena a la Secretaria de este Tribunal, y a los fines de evitar la dilación procesal que se ha generado en el presente asunto; proceda a fijar como debió haberse hecho desde un principio; fecha para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASI SE DECIDE.
En mérito de las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: La NULIDAD ABSOLUTA, del auto de fecha 14 de octubre de 2009, dictado por el órgano subjetivo a cargo de este Tribunal para la fecha, el cual riela a los folios 38 y 39 de la presente causa; por estimar que el mismo conculca el principio de legalidad procesal, el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 235, 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 190, 191, 195 y 176 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: No habiendo reposición que decretar; se ORDENA a la Secretaria de este Tribunal, y a los fines de evitar la dilación procesal que se ha generado en el presente asunto; proceda a fijar como debió haberse hecho desde un principio; fecha para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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· 3:06 pm	Conflicto de Competencia en materia penal	DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Instancia Superior, en primer lugar establecer si es competente para conocer del conflicto suscitado entre el Juzgado Segundo de Ejecución y el Juzgado Primero de Juicio de este Circuito Judicial.
Con respecto al conflicto planteado, el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal establece entre otras cosas que el conflicto de competencia debe ser decidido por el Tribunal Superior Jerárquico a aquellos que declinan su competencia y siendo que los Juzgados que la declinan son Juzgados de Primera Instancia, corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer del conflicto planteado por ser el superior jerárquico inmediato correspondiente a aquellos y así se decide.
En el nuevo proceso penal venezolano nuestro legislador patrio confirió el conocimiento de una causa, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia definitiva, en distintos Jueces de Primera Instancia, dependiendo de la fase en que se encuentre, es decir Jueces de Control, de Juicio y de Ejecución, cada uno de ellos con funciones específicas y delimitadas por normas legales.
Ahora bien, dentro de las atribuciones conferidas al Juez de Juicio no se encuentra la de ejecutar sentencias, la cual como bien se sabe, en la clasificación dada por la doctrina las decisiones versan en sentencia condenatoria o absolutoria, distinta es la ejecución de un fallo que se le ha delegado por mandato expreso del Código Orgánico Procesal Penal en la persona del Juez de Ejecución.
Ejecutar una sentencia no es más que una actividad tendiente a cumplir con lo que se ha ordenado en una sentencia definitivamente firme, bien sea por un Juez de Control o por un Juez de Juicio.
Ahora bien, si bien es cierto que el legislador estableció de manera categórica que corresponde al Tribunal de Ejecución ejecutar sentencias condenatorias, no es menos cierto que en ninguna de las normas adjetivas penales se estableció cual era el Tribunal competente para ejecutar las sentencias absolutorias, dejando así un vacío en la ley, el cual ha sido llenado por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.
En expediente Nro. 71-081, se dictó sentencia en fecha 22 de Noviembre de 2001, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros se dejó asentado lo siguiente:
“La solicitud del abogado Defensor se refiere a la libertad del penado ROBERT ALEXANDER MUÑOZ y acerca de tal aspecto el ordinal 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye expresamente la competencia a los tribunales de ejecución. En realidad, éstos son juzgados especializados y están facultados para conocer y decidir todas las incidencias (penas corporales y patrimoniales y medidas conexas o accesorias) que se presenten en la ejecución de una sentencia penal absolutoria o condenatoria. (Subrayado y negrillas nuestras).
Igualmente en sentencia N° 726, de fecha 09 de Octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros se dejó asentado:
“Ahora bien: la solicitud del ÁNGEL IVÁN ORTEGA se refiere a su libertad y acerca de tal aspecto el ordinal 2° del artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye expresamente la competencia a los tribunales de ejecución. En realidad, éstos son juzgados especializados y están facultados para conocer y decidir todas las incidencias (penas corporales y patrimoniales y medidas conexas o accesorias) que se presenten en la ejecución de una sentencia penal absolutoria o condenatoria”.(subrayado y negrillas nuestras)
Este mismo criterio fue sostenido en sentencia de fecha 08 de Agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros y en sentencia Nro. 010, de fecha 24 de enero 2003, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, en la cual se estableció:
“Por otra parte el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 471 y siguientes, establece el procedimiento relacionado con la ejecución de la sentencia, función ésta a cargo de los Tribunales de Ejecución, a quienes les corresponde todo lo relacionado con la libertad del penado, rebaja de penas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio y extinción de la pena; estos juzgados están especializados y facultados para conocer y decidir de todas las incidencias que puedan presentarse respecto a las penas corporales y patrimoniales, así como de las medidas conexas o accesorias para la ejecución de la sentencia penal, bien sea absolutorias o condenatorias”. (Subrayado y negrillas nuestras).
Como corolario de lo anterior, se evidencia claramente que el Tribunal competente para conocer la presente causa es el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en Cumaná; en consecuencia el Juez de Juicio remitir las presentes actuaciones al Juzgado antes señalado y así se decide.