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Timestamp: 2019-07-18 17:53:15
Document Index: 332103349

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 50']

ATRIBUCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN | Grupo BDT
Dic 28, 2016 | Contingencia Docente
Como organismo autónomo en materia de organización y patrimonio propio, es un organismo asesor y colaborador del Ministerio de Educación. Los fines que persigue son el apego irrestricto a la legalidad en materias de administración y recursos que permiten el funcionamiento de los establecimientos educacionales; por otra parte, las relaciones internas y su efectiva armonía en materia de convivencia escolar dentro del proceso educativo.
Por otra parte: la identificación de sanciones y la aplicación de estas junto a multas y sanciones administrativas, son emplazadas para el correcto manejo de un establecimiento. Junto a este tema en sintonía con la materia en estudio, hemos incluido los temas sobre Administrador provisional, además Medicación, los requisitos, funcionamiento y el registro de mediadores al año 2016.
Anexo a este volumen se presenta en capítulo aparte el identificador de hallazgos, emanado de la resolución 290 de 2014 vigente a la fecha que permite:
Estructurar, estandarizar y graduar la aplicación de sanciones a los establecimientos educacionales y/o sostenedores que contravengan la normativa educacional, en el contexto de la tramitación del proceso administrativo sancionatorio respectivo.
1. Principales funciones de la Unidad de Procesos Administrativos:
Prestar asesoría los encargados jurídicos regionales durante la tramitación de procesos administrativos sancionatorios de primera instancia.
Controlar cumplimiento de las instrucciones y metas definidas para el logro de los objetivos institucionales.
Conocer y tramitar los recursos de reclamación interpuestos por los sostenedores de los establecimientos educacionales, en contra de las resoluciones que aprueban procesos administrativos de los Directores Regionales respectivos.
Coordinar con la División de Denuncias y Fiscalización las materias que puedan tener impacto en los procesos administrativos.
Por creación de la ley número 20.529, se da paso a la creación de la Superintendencia de Educación (en adelante la Superintendencia), cuyo artículo inicial, señala:
Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos niveles. Para dar cumplimiento a dicha responsabilidad créase y regúlase un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, en adelante el “Sistema”. El Sistema tendrá por objeto, asimismo, propender a asegurar la equidad, entendida como que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad.
El legislador por otra parte, da una definición marco de lo que se entenderá por educación en el marco de la misión como Estado, amparándose en la calidad como norte fundamental del proceso educativo, es por ello que en el mensaje de la historia de la Ley se menciona que: “La calidad se ha convertido en un concepto dinámico que tiene que adaptarse permanentemente a un mundo cuyas sociedades experimentan hondas transformaciones sociales y económicas. Es cada vez más importante estimular la capacidad de previsión y anticipación. Ya no basta con los antiguos criterios de calidad. A pesar de las diferencias de contexto, existen muchos elementos comunes en la búsqueda de una educación de calidad
que debería habilitar a todos, mujeres y hombres, para participar plenamente en la vida comunitaria y para ser también ciudadanos del mundo.” (Mesa redonda ministerial sobre la Educación de Calidad, UNESCO, 2003, P.1). Por tanto: Es menester indicar que la necesidad de calidad y la visión fundamental del Estado en el aseguramiento de la educación.
El Artículo 1° de la Ley, inciso 2°, dice:
“Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. La educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país y se manifiesta por medio de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal”.
Se llega a este artículo de definición del proceso de enseñanza en Chile, debido a una serie de inquietudes, sobretodo: La necesidad de mejorar la calidad de la educación, de manera que ésta constituya eficientemente un instrumento para el desarrollo de cada una de las personas que conforman la comunidad nacional: Siendo uno de los temas de mayor consenso en nuestro país. Dicha problemática, recogida por los más diversos sectores de nuestra sociedad, ha sido también recogida por el Gobierno, el que ha visto en los temas planteados por el movimiento estudiantil del año 2010 una oportunidad real de avanzar en acuerdos efectivos para lograr no sólo una educación de calidad, sino que también equitativa.
La educación no solamente es un medio para obtener conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, también es un fin en sí mismo, porque nos permite una mejor y mayor realización de las personas, un mejor acceso a la cultura y, en último término, un mejor desarrollo espiritual.
La educación es el principal instrumento con que cuenta la sociedad chilena para lograr mayor igualdad de oportunidades, para lograr mayor movilidad social, para facilitar y promover el desarrollo integral de las personas, tanto en lo material como en lo espiritual, para lograr el desarrollo del país y para lograr también una sociedad con una convivencia y democracia de mayor calidad.
El Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
Una responsabilidad primordial del Estado es honrar la confianza que las familias depositan en las escuelas y liceos donde estudian sus hijos. Para ello, es necesario establecer mecanismos de aseguramiento que protejan el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad.
La circular Nº 1 define a Los Establecimientos Subvencionados Particulares: Son establecimientos que son administrados por personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto social único es la educación.
Como corolario debemos remitirnos al artículo 47 de la ley N°20.529, donde se da una definición de Superintendencia de Educación, que señala:
Créase la Superintendencia de Educación, en adelante “la Superintendencia”, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública. El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las Direcciones Regionales que constituya a través del decreto con fuerza de ley a que alude el artículo primero transitorio.”
La Superintendencia de Educación es un servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionaría con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación.
Su rol será netamente fiscalizador, por ejemplo, deberá cautelar que los sostenedores de establecimientos municipales y particulares subvencionados hagan uso de los recursos, públicos y privados, de acuerdo al marco legal. Incluso, entre sus funciones, estará la de capacitar a los sostenedores para que sepan cómo hacer una adecuada rendición de cuenta pública del uso de recursos. En el caso de establecimientos particulares pagados, también podrá fiscalizar, pero sólo de existir alguna denuncia.
Como resultados de estas acciones de fiscalización, la Superintendencia, podrá aplicar sanciones que van desde una amonestación o multas (desde 1 UTM a 1.000 UTM) hasta la privación de la subvención, por la revocación del reconocimiento oficial del Estado para el establecimiento.
Aunque el Ministerio de Educación continuará siendo el órgano rector del sistema, el rol de fiscalización pasa definitivamente a la Superintendencia. Esta última deberá fiscalizar en cada escuela o liceo el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, deberá hacer llegar los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste revoque dicho reconocimiento
Es importante, considerar que las Unidades Sostenedoras cuando obtienen el decreto Cooperador de la función educativa del Estado, deberán de ajustarse tanto al artículo anterior como el que a continuación observamos.
El objeto de la Superintendencia será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”. Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda. Las instrucciones que dicte la Superintendencia deberán resguardar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación. Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes. La Superintendencia no podrá iniciar procesos sancionatorios por infracciones a normas legales que no integran la normativa educacional.
De esta forma, el sistema considerará:
a. Estándares de aprendizaje de los alumnos, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares; otros indicadores de calidad educativa y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores.
b. Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos educacionales para ingresar y mantenerse en el sistema educacional, según lo establecido en la ley.
c. Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, fomentando el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos a fin de promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen.
d. Estándares de desempeño de docentes, docentes directivos y docentes técnico pedagógicos que servirán de orientación para la elaboración de las evaluaciones consideradas en el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, de 1997, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación. Estos estándares también servirán para validar los mecanismos de evaluación de los docentes de aula, docentes directivos y docentes técnicos pedagógicos que presenten voluntariamente a la Agencia de la Calidad los sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados y subvencionados, así como los sostenedores del sector municipal o de otras entidades creadas por ley, que desarrollen sistemas de evaluación complementarios.
e. Evaluaciones de desempeño de los establecimientos y sostenedores y evaluación del logro de los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa.
f. Ordenación de los establecimientos educacionales en función de las mediciones de los resultados de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa con la finalidad, entre otras, de identificar, cuando corresponda, las necesidades de apoyo.
g. Fiscalización del uso de los recursos, de conformidad a lo establecido en el Título III de esta ley, y del cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial y de la normativa educacional por los sostenedores y administradores del servicio educativo.
h. Evaluaciones del impacto de políticas y programas educativos.
i. Sistemas de información pública referidos al resultado de las evaluaciones de logro de los estándares y de los otros indicadores de calidad educativa, a la ordenación de los establecimientos y sus consecuencias, a los resultados de la fiscalización, y a las evaluaciones de las políticas y mecanismos de apoyo implementados.
j. Sistemas de rendiciones de cuenta, de reconocimientos y de sanciones.
¿Cuáles son las atribuciones de un Fiscalizador?
El rol fiscalizador es clave para entender la institución y sus fines por la que ha sido establecida en el artículo 49 de la ley N° 20529, donde se señalan expresamente. Dichas funciones siendo la última genérica al dejar consignado demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos, siendo estas:
Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:
a. Fiscalizar que los establecimientos educacionales y sus sostenedores reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional.
b. Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 3º de este Título, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados. Dichas rendiciones consistirán en un estado anual de resultados que contemple, de manera desagregada, todos los ingresos y gastos de cada establecimiento. Dichos antecedentes estarán, también, a disposición de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar.
c. Realizar y ordenar auditorías al estado anual de resultados mencionado en la letra anterior.
d. Ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional. Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al Párrafo 4º de este Título, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En este último caso, la Superintendencia no podrá examinar los libros y cuentas de la entidad fiscalizada.
e. Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización. La Superintendencia, mediante resolución, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el propio establecimiento educacional. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren los establecimientos educacionales. Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al Párrafo 4º de este Título.
f. Citar a declarar a los representantes legales, administradores y dependientes de las instituciones fiscalizadas respecto de algún hecho que estime necesario para resolver alguna denuncia que esté conociendo o cuando de oficio, en un procedimiento administrativo, lo determine en cumplimiento de sus funciones. Las mismas facultades, y en los mismos términos, tendrá la Superintendencia respecto de los terceros que administren establecimientos educacionales. La citación deberá considerar los horarios internos que posea la institución fiscalizada. Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al Párrafo 4º de este Título, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado.
g. Absolver consultas, investigar y resolver denuncias que los distintos miembros de la comunidad escolar presenten.
h. Recibir reclamos y actuar como mediador respecto de ellos.
i. Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o infracciones a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos.
j. Disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, en los casos que determine esta ley.
k. Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, remitir los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste, en un plazo no superior al término del año escolar, proceda a la revocación del reconocimiento señalado.
l. Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquellas que proponga la Agencia.
m. Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia serán obligatorias a partir de su publicación y deberán ser sistematizadas, de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de ellas por parte de los sujetos sometidos a su fiscalización. La Superintendencia deberá publicar en su sitio web un registro de fácil acceso y comprensión con todas las obligaciones que en virtud de la normativa educacional les sean aplicables a los establecimientos educacionales.
n. Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema educativo y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.
o. Requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de los sostenedores y docentes directivos de los establecimientos educacionales y de organismos públicos y privados la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrá recoger la información proporcionada por las instituciones, procesarla cuando corresponda, y distribuirla anualmente a los distintos usuarios. Quienes sean requeridos en virtud de este literal podrán solicitar por escrito a la Superintendencia, dentro de los dos días siguientes, que reconsidere el plazo para la entrega de la información solicitada, cuando fundadamente acrediten que dicho requerimiento, por su volumen o complejidad, les impide dar cumplimiento a sus labores habituales. La Superintendencia resolverá esta reconsideración, en única instancia, en un plazo máximo de diez días, contados desde la respectiva presentación.
p. Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, siempre que su publicidad, comunicación o conocimiento no afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud o la esfera de su vida privada. Asimismo, la Superintendencia podrá administrar los registros creados por ley que sean necesarios para ejercer sus funciones.
q. Convenir con otros organismos de la Administración del Estado o con entidades privadas la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.
r. Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.
s. Capacitar a los sostenedores con el fin de realizar una adecuada rendición de cuenta pública del uso de los recursos.
t. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.
2. Hallazgos y sustentos
Fiscalización de la Superintendencia.
Comprender la labor esencial de la Superintendencia, nos hace necesario entender la labor de fiscalización, que tiene iniciativa de parte y a la vez a solicitud del interesado y/o denunciante de hechos, en contravenciones que constituyan posteriormente constituyan cargo.
En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio o a petición de interesado La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional. En el caso de denuncias que le comuniquen el Ministerio de Educación o la Agencia, la Superintendencia ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del respectivo proceso.
2.1. Formas de fiscalización.
La resolución Exenta 290 de fecha 17 de abril de 2013, da los parámetros de fiscalización, cuyo procedimiento dice relación con los nuevos modelos de auditoría de gestión, que no solo tiene un carácter inquisitivo; sino además: la asesoría y capacitación a los establecimientos.
Por otra parte, el procedimiento acelerado constituye la principal novedad, en la nueva forma de fiscalización.
2.1.1.- El proceso de fiscalización ha sido diseñado incorporando el modelo de auditoría de gestión, lo que se traduce en que junto con velar por el cumplimiento de la normativa educacional, se contemplará el asesoramiento y capacitación de los establecimientos a fin de que éstos comprendan los requisitos que deben cumplir.
2.1.2.- Se establece la tramitación acelerada de los procesos administrativos instruidos, en aquellos casos en que los hallazgos admitan dicha tramitación, siendo requisito previo y esencial que el sostenedor acepte y se allane a los cargos formulados.
2.1.3.- Se aprueba el sistema de estandarización de las infracciones a la normativa educacional, el cual deberá ser utilizado en la fiscalización de la Superintendencia. Se establece la tramitación acelerada de los procesos administrativos instruidos respecto de sustentos que admitan dicha aceleración, y en cuya tramitación el sostenedor haya manifestado formalmente la aceptación y allanamiento a todos los cargos formulados.
Se deja sin efecto la resolución exenta Nº 16 de 2012 de la Superintendencia, excepto para los efectos de procedimientos de fiscalización iniciado antes de la resolución presente.
Se señala en la ley de la Superintendencia el nuevo rol del fiscalizador, que sí bien es cierto, se asemeja al antiguo fiscalizador del MINEDUC, dependiente de la Dirección provincial o Secretaría Regional Ministerial respectivamente, donde el ministro de fe: posee competencias administrativas, de supervigilancia, sus horarios, con especial énfasis que no interrumpa la jornada de clases.
Para los efectos de la esta ley el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización, dentro de las cuales podrá tomar declaraciones bajo juramento.
Los hechos constatados por los funcionarios y sobre los cuales deban informar, de oficio o a requerimiento, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos de la prueba judicial.
Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto cualquier día hábil en horario de jornada laboral, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los referidos funcionarios. La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor educativa en los establecimientos educacionales.
En el ejercicio de la labor fiscalizadora los funcionarios de la Superintendencia deberán siempre informar al sujeto fiscalizado de la materia específica objeto de la fiscalización y de la normativa pertinente, dejar copia íntegra de las actas levantadas y realizar las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de fiscalización. Los sujetos fiscalizados podrán denunciar conductas abusivas de funcionarios ante el Superintendente.
2.2. Atribuciones del Fiscalizador
Dentro de las atribuciones de la Superintendencia de Educación Escolar, establecidas en el artículo 49 letra d) de la Ley N° 20.529, se encuentra la facultad que permite a sus funcionarios ingresar a los establecimientos educacionales y dependencias del sostenedor que tengan relación con la administración del establecimiento educacional, a objeto de realizar las funciones que le son propias.
En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades pedagógicas del establecimiento educacional. Respecto de los establecimientos educacionales particulares pagados, el ejercicio de esta atribución exigirá la existencia de una denuncia o reclamo conforme al Párrafo 4º del Título III, de la Ley N° 20.529, salvo que se trate de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado. En este último caso, la Superintendencia no podrá examinar los libros y cuentas de la entidad fiscalizada. Impartir instrucciones, definiendo y estandarizando la forma y uso de los registros, plazos, y demás requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para mantener el reconocimiento oficial del Estado y cumplir con la normativa educacional.
2.3. Información al Fiscalizado.
Por una parte nos encontramos con la notificación por cédula propia del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, vale decir: Notificación Personal con una relación de los cargos, la notificación es esencial en la bilateralidad del procedimiento de fiscalización.
Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día hábil desde la fecha de su despacho en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico en la cual recibir las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su despacho.
2.4. Modelo de Fiscalización.
La Resolución Exenta N° 838 del 23/02/12, suscrita por el Ministerio de Educación, que estableció los “Hallazgos y Sustentos de los Hallazgos” en los cuales se basaría la Fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar, tuvo una breve vigencia. El 06/11/12, fue reemplazada por la Resolución Exenta N° 16 de la propia Superintendencia de Educación Escolar, la que a su vez fue sustituida por la Resolución Exenta N° 290 del 20/04/2013, del mismo organismo supervisor de la Educación Escolar.
Es cierto que en lo general las Resoluciones Exentas N° 16 y N° 290 nada cambian; sólo constituyen la primera, una asunción de sus atribuciones, por parte de la Superintendencia de Educación, atribuciones que ya estaban establecidas en la Resolución Exenta N° 838 del MINEDUC.
Lo que sí cambia en alguna medida es el listado de Hallazgos (Infracciones o Faltas) y los Sustentos (Indicadores, Tipos o Especificaciones) de los Hallazgos, que pueden detectar los Fiscalizadores en sus visitas inspectivas a los establecimientos educacionales. La Resolución Exenta N° 838 del 23/02/12 registra 69 Hallazgos y 227 Sustentos de los Hallazgos; la Resolución N° 16 del 06/11/12, incluye 84 Hallazgos y 250 Sustentos, y la Vigente Resolución Exenta N° 290 del 20/04/13 contempla 100 Hallazgos y 282 Sustentos de los Hallazgos.
Propósitos del nuevo modelo de fiscalización:
Este conjunto de Hallazgos y Sustentos no son un Listado nuevo de Infracciones; sino una sistematización de las faltas y delitos considerados en las leyes vigentes desde hace poco o mucho tiempo, como por ejemplo, el DFL N° 2/10 LGE-LOCE; DFL N° 2/98, Ley de Subvenciones; Ley N° 20.248/08, SEP; Decreto N° 8.144/80, Reglamento de la Ley de Subvenciones; Decreto N° 289/89 Sobre Condiciones Sanitarias de Establecimientos Educacionales; Decreto N° 565. Reglamento de Centro de Padres; Ord. N° 443/11 Instrucciones Normativa Subvenciones; etc. Por lo mismo el listado de Hallazgos y Sustentos seguirá creciendo en la medida que la Superintendencia de Educación siga revisando las leyes y decretos del ámbito de la educación.