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Timestamp: 2020-04-01 10:35:49
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Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 33', 'artículo 323', 'artículo 6', 'Artículo 320', 'Artículo 36', 'artículo 320', 'artículo 159', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 44', 'Artículo 22', 'artículo 188', 'artículo 4', 'Artículo 1']

Perfeccionamiento de sistemas de identificación de los miembros de la Policía Nacional
Documento de Trabajo sobre las Medidas adoptadas por diferentes sectores en relación a la Resolución ag/res (xli-o/11) “Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares”
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3.1.5 Perfeccionamiento de sistemas de identificación de los miembros de la Policía Nacional
Con respecto a la identificación del personal policial, el Reglamento General de Uniformes para el personal de la PNP, aprobado el año 2005, establece que el uso del uniforme es de uso general y obligatorio para todo el personal policial en situación de actividad y para todos los actos de servicio (Artículo 12°). (Anexo N° 19)
Asimismo, el reglamento establece que el personal policial uniformado deberá usar obligatoriamente el marbete (Artículo 21°, literal e, numeral 1) “en los uniformes Nº 3 (social), Nº 4 (paseo), Nº 6 (oficina/aula), Nº 7 (servicios policiales extraordinarios), Nº 8 (servicios policiales básicos) y Nº 9 (faena)”, de acuerdo a las características y diseño que se describen en el mismo reglamento.
Asimismo, el reglamento establece que el marbete es la cédula que permite identificar a la persona que lo lleva consigo, y que consiste en una plaqueta de metal rectangular de 7.5 x 2.5 cm. con prendedor, que lleva en forma clara la inicial del nombre, apellido paterno completo y la inicial del apellido materno en letras mayúsculas tipo imprenta de 6 mm., de color dorado en fondo negro y con filo del mismo color de las letras (Artículo 33°).
3.2 Medidas vinculadas al esclarecimiento
Éstas medidas se establecen con la finalidad de esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino que han corrido las personas desaparecidas, se impulse la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y se tomen las medidas adecuadas para asegurar una investigación imparcial ante las instancias competentes18. Asimismo, se establezca un sistema de registro que recopile y centralice la información sobre las personas dadas por desaparecidas19.
3.2.1 Tipificación del delito de desaparición forzada
La desaparición forzada de personas es un delito de carácter de pluriofensivo20, pues se lesionan más de un bien jurídico (vida, libertad personal, integridad personal, reconocimiento a la personalidad jurídica y tutela judicial efectiva); asimismo constituye un sufrimiento doble, por un lado, el relacionado a las víctimas al haber sido torturadas o amenazadas y por otro, el de sus familiares al desconocer el paradero de sus seres queridos, quedando a la espera de noticias durante años21.
En la legislación penal peruana la tipificación de la desaparición forzada de personas ha tenido diversas modificaciones22:
La desarrollada en el artículo 323º del Código Penal (CP) promulgado en 1991, mediante el Decreto Legislativo Nº 635 (Diario "El Peruano": 08.04.1991), que la incorporó en su capítulo II del título XIV del libro segundo, relativo al delito de terrorismo. Posteriormente derogado mediante Decreto Ley Nº 25475 (Diario "El Peruano": 06.05.1992).
Reintroducida mediante Decreto Ley Nº 25592, (Diario "El Peruano": 02.07.1992).
Derogada mediante el artículo 6º de la Ley Nº 26926 (Diario "El Peruano": 21.02.1998), ubicándola en el capítulo de los delitos contra la humanidad.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la tipificación, estableciendo el carácter permanente de dicho delito de esta manera la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables no importando el tiempo desde la comisión del hecho y la vigencia de la norma. Ello además es concordante con el artículo III de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (CIDFP), aprobada en Belem do Pará, el 9 de junio de 199423.
Actualmente, de acuerdo al CP, la desaparición forzada de personas se encuentra tipificada en el artículo N° 320, de la siguiente manera:
Artículo 320.- El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tenga por resultado su desaparición debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años e inhabilitación, conforme al Artículo 36 incisos 1) y 2).
Al respecto la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, ha señalado que la redacción del artículo 320° del CP no se adecúa estrictamente a la tipificación del delito de desaparición forzada conforme a las normas internacionales. Ya que, el tipo penal restringe la conducta punible del sujeto especial (funcionario público o servidor público); sin embargo de acuerdo a los estándares internacionales se considera como sujeto activo, al sujeto estatal como al agente no estatal, definiendo a éste último, como las personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
En esa misma línea coincide también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos24 (CNDDHH), quienes señalan además que dicha observación coincide con lo referido por la Defensoría del Pueblo (DP) que recomienda que el Código Penal debe de interpretarse a la luz de lo señalado en la CIDFP en el sentido de que la desaparición forzada se caracteriza por “la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”25.
Asimismo, considera que la descripción de la acción típica de la norma penal al referirse “debidamente comprobada” exige que para la configuración del delito se requiera que sea verificada, algo que resulta ilógico y contrario a la fundamentación política criminal, como también ha sido advertido por la DP.
En la tipificación actual no se precisa el elemento esencial de dicho tipo penal, el cual es el deber de informar (delito de incumplimiento del deber), cuyo fin y efecto automático es sustraer a la persona privada de libertad de la protección de la ley, es decir, impedir o dificultar la protección jurídica del afectado, a quien se le priva de su libertad, cuyo origen puede ser legal o ilegal. Aunado a ello el elemento de "desaparición debidamente comprobada" genera interpretaciones judiciales que podrían generar impunidad.
No obstante, mediante el Acuerdo Plenario N° 09-2009/CJ-116, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República26 se señala que el elemento “debidamente comprobada” se entenderá configurado por el hecho de no brindar la información legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del afectado, es decir la no información es el elemento esencial del tipo penal de desaparición forzada27. (Anexo N° 20)
Al respecto cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Anzualdo Castro Vs. Perú28 ha señalado lo siguiente:
“(…) mientras esa norma penal no sea correctamente adecuada, el Estado continúa incumpliendo los artículos 2 de la Convención Americana y III de la CIDFP”
3.2.2 El derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva de los familiares de las personas desaparecidas
3.2.2.1 Subsistema Especializado conformado en el Ministerio Público
El MP en cumplimiento del artículo 159° de la CPC tiene por mandato constitucional, conducir la investigación del delito y ejercer la acción penal Es por ello que asumió su rol de titular de la acción penal respecto de los casos de violaciones de Derechos Humanos y conforme a lo señalado en el artículo 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Por ello, se adoptó la creación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales para la investigación de los delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Titulo XIV-A del Código Penal y de los delitos comunes que hayan constituido casos de violaciones de Derechos Humanos, así como los delitos conexos; órganos en los que recaen investigaciones y procesos judiciales ante la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Supraprovinciales.
Dentro de la estructura del Ministerio Público, mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1645-2004-MP-FN se crearon las Fiscalías Penales Supraprovinciales, con competencia territorial sobre los Distritos Judiciales de Lima, Limas Norte y Callao y mediante la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1698-2009-MP-FN (23 de noviembre de 2009) se precisó la competencia territorial para los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Este, concediéndoles desde el año 2004, competencia funcional para que se avoquen al conocimiento de las investigaciones preliminares por los delitos contra la Humanidad previstos en los Capítulos I, II y III del Titulo XIV - A del Código Penal y de los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de Derechos Humanos, así como de los delitos conexos a los mismos.
Asimismo, las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Lima y la Fiscalía Superior Penal Nacional, tienen competencia funcional ampliada a todo el territorio nacional, para avocarse a los procesos judiciales por delitos contra la Humanidad y otros, con prescindencia del lugar donde hayan sido perpetrados los hechos, siempre y cuando dichos procesos estén a cargo de los Juzgados Penales Supraprovinciales y la Sala Penal Nacional, conforme a las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 1131-2006-MP-FN y N° 829-2008-MP-FN, respectivamente.
a. Delimitación de competencias de las fiscalías en provincias
Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1697-2009-MP-FN (23 de noviembre de 2009), se precisó que las Fiscalías Provinciales Penales designadas en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1602-2005-MP-FN, están a cargo de las investigaciones por delitos contra la Humanidad y contra la Tranquilidad Pública - Terrorismo, con competencia en todo el distrito judicial al que pertenecen29.
Este Subsistema, además de las Fiscalías Supraprovinciales de Lima, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, está integrado de las siguientes Fiscalías: Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huarza, Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Primera Fiscalía Provincial Penal de Abancay, Segunda Fiscalía Provincial Penal de Abancay y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Abancay30. (Anexo N° 21)
En los Distritos Judiciales donde no se designaron Fiscalías Especializadas, es de aplicación lo previsto en el artículo 4° de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 829-2008-MP-FN31 (23 de junio de 2009).
En los Distritos Judiciales de Huaura, Lambayeque, Piura, Tumbes, Arequipa, La Libertad, Piura, Puno, Cusco, Ica, Cañete, San Martín, Cajamarca y Amazonas, se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal Penal, en consecuencia, la investigación preliminar e investigación preparatoria para estos delitos es desarrollada por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, por lo que no subsisten las Fiscalías Especializadas para Terrorismo y Lesa Humanidad en dichos distritos judiciales.
b. Conversión de la Fiscalía Provincial Especializada en Violación a los Derechos Humanos
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 187-2010-MP-FN (Diario "El Peruano": 30.01.2010) se convirtió la Fiscalía Provincial Especializada en Violación a los Derechos Humanos32 en la Sétima Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Disponiéndose respecto a su carga de investigaciones y procesos judiciales por violación de Derechos Humanos, que el Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales, adopte las medidas pertinentes respecto a la distribución de dicha carga laboral pendiente entre las Fiscalías Penales Supraprovinciales - Sede Lima, es por ello que mediante las Actas de Entrega suscritas con fecha 05 y 08 de febrero de 201033.
c. Garantía del derecho a la verdad y tutela judicial efectiva de los familiares de las personas desaparecidas
A partir del documento elaborado por el Dr. Yván Montoya Vivanco y presentado por la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú (CICR) sobre el “Estudio del Marco Normativo – Procesal Penal relevante para la optimización del Trabajo Fiscal relativo al proceso de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el período 1980-2000"; el Despacho de la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, elevó un informe emitiendo opinión favorable donde además se reconoce que el Ministerio Público es un órgano competente para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad con respecto a la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares. (Anexo N° 22)
Asimismo, a partir de la propuesta del CICR (17 de agosto de 2011) se desarrolló una Reunión de Evaluación del Estudio del Marco Normativo - Procesal Penal relevante para la optimización del Trabajo Fiscal relativo al proceso de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el período 1980-2000 con la como finalidad promover el uso de guías y protocolos comunes para optimizar la labor fiscal. Este evento contó con la participación de los Fiscales Especializados34, del Jefe del IML y del Jefe del EFE35. (Anexo N° 23)
Asimismo, la DP en aras de coadyuvar con los esfuerzos del Estado peruano para cumplir con las tareas de verdad y justicia, desde el año 2004, en el marco de su mandato se encuentra supervisando el desarrollo de las investigaciones y procesos penales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, así como la organización y el desempeño del Ministerio Público y del Poder Judicial para llevar a cabo esta delicada tarea. En el marco de ello ha identificado avances, advertido dificultades y, formulado las recomendaciones pertinentes que contribuyan a superar la problemática observada36.
Finalmente la DP ha señalado que viene concluyendo un informe de adjuntía en el que actualiza la información sobre las dificultades que continúan atravesando los procesos judiciales sobre graves violaciones a derechos humanos –entre ellos, los procesos sobre desaparición forzada de personas–, el mismo que será hecho de conocimiento del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otros.
d. Procedimientos judiciales establecidos para responder a las necesidades relacionadas a la situación de las personas desaparecidas y mecanismos judiciales y garantías judiciales que tienen las familias para determinar la suerte que ha corrido una persona desaparecida.
De acuerdo a la legislación constitucional, se encuentra previsto el proceso constitucional de Habeas Corpus, con la finalidad de garantizar mecanismos para que los familiares puedan interponer garantías ante la presunta desaparición forzada de una persona, se faculta interponer específicamente un Habeas Corpus Instructivo, por lo cual, el Juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo.
Asimismo, el Juez dará aviso de la demanda de hábeas corpus al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes, también está facultado a solicitar al miembro de la PNP o de las FFAA que se le imputa la calidad de presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado.
e. Planes de protección para los testigos que permitan esclarecer y facilitar la investigación judicial sobre la suerte de las personas desaparecidas.
De acuerdo a la Directiva N° 02-2001-MP-FN (23 de noviembre de 2009) se establece el "Reglamento de Funciones del Fiscal Superior Coordinador a que se refiere la Ley N° 27378 que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la Criminalidad Organizada", a fin de ser aplicada a los colaboradores eficaces, víctimas y testigos. (Anexo N° 24)
Dicha Directiva, es de aplicación supletoria para los casos de testigos con identidad en reserva en las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos. Adicionalmente, es de aplicación supletoria el Reglamento de Medidas de Medidas de Protección de Colaboradores, Testigos, Peritos y Víctimas a que se refiere la Ley N° 27378, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 020-2001-JUS, siendo las medidas de protección las siguientes:
Protección policial, comprende la designación de personal policial permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos, el cambio de residencia y la ocultación de su paradero para todos los efectos.
Reserva de la identidad del protegido en las diligencias en que intervenga. En estos casos se permitirá la asignación de una clave secreta.
Intervención del protegido en las diligencias en que deba participar personalmente, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.
Fijación, como domicilio la sede de la fiscalía competente, a efectos de citaciones y notificaciones.
Facilitación de documentos que contengan una nueva identidad y, de ser el caso, de medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo, en circunstancias excepcionales y de especial gravedad, lo cual es financiado por el FEDADOI - Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio el estado, y en otros casos por la Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento.
3.2.2.2 Subsistema Especializado conformado en el Poder Judicial
a. Delimitación de competencias en el Poder Judicial
El Poder judicial a través de la Resolución Administrativa N° 170-2004-CE-PJ, amplió las competencias de la Sala Penal Nacional para conocer a nivel nacional procesos por delitos Contra la Humanidad y delitos comunes que hayan constituido casos de violación a Derechos Humanos. (Anexo N° 25)
Asimismo, en las regiones de Junín, Ayacucho y Huánuco, a través de la Resolución Administrativa N° 094-2009-CE-Pj, se crearon los juzgados Penales Supra Provinciales en los Distritos judiciales de Huánuco y Junín. (Anexo N° 26)
b. Normatividad Complementaria e iniciativas legislativas
Mediante Resolución Administrativa N° 023-2011-CE-PJ, se amplió la competencia del Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho para todo el Distrito judicial de Ayacucho. (Anexo N° 27)
La Sala Penal Nacional emitió la Directiva N° 001-2010-MC-SPN (23 de setiembre de 2010) a fin de regular adecuadamente los mecanismos para la remisión de denuncias del Ministerio Público y de los Juzgados Supraprovinciales de los departamentos de Ayacucho, Junín y Huánuco por los delitos contra la Humanidad y delitos comunes que hayan constituido violación a los Derechos Humanos. (Anexo N° 28)
Mediante Resolución Administrativa N° 094-2009-CE-PJ, se crearon dos nuevos juzgados Penales Supra Provinciales en los distritos judiciales de Junín y Huánuco y se indicó que dentro de la Sala Penal Nacional, se formarían dos colegiados para conocer los casos de Derechos Humanos. Asimismo con la Resolución Administrativa N° 223-2007-CE-PJ se precisó que esta ampliación de competencia servirá para procesos que resulten especialmente graves y particularmente complejos y masivos, siempre que tengan repercusión nacional y que sus efectos superen el ámbito de un distrito judicial o que sean cometidos por organizaciones delictivas. (Anexo N° 29)
Con la Resolución Administrativa N° 170-2004-CE-PJ, se dispuso que la Sala Penal Nacional tiene competencia para conocer delitos contra la humanidad, delitos comunes que constituyan casos de violaciones a Derechos Humanos y delitos conexos. También se crearon los Juzgados Penales Supra Provinciales de Lima y el Primer Juzgado Penal Supra Provincial de, quienes tienen la misma competencia de la Sala Penal Nacional. Las Resoluciones Administrativas Nros. 060-2005-CE-PJ y 075- 2005-CE-PJ, precisaron que los Juzgados Penales Supra Provinciales de Lima tienen competencia para conocer los delitos antes mencionados en todo el territorio nacional. (Anexo N° 30)
Asimismo, se tiene que con la finalidad de contar con una judicatura suficientemente especializada en esta materia, la actual gestión presidencial del Poder Judicial ha presentado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 425-2011-PJ “Ley que Regula la Creación y Organización de la Corte Superior Nacional", de esta manera se establecería un órgano jurisdiccional con competencia a nivel nacional que se encuentre habilitado para resolver asuntos en material penal, contencioso administrativa, constitucional y laboral que por su naturaleza y trascendencia nacional, o por que supere el ámbito de más de un distrito
judicial requiera de jueces especializados dotados de la mejor infraestructura física posible, medios tecnológicos y recursos humanos, que les permita resolver los casos con eficiencia, celeridad, seguridad e independencia. (Anexo N° 31)
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, el Código Procesal Penal de 2004 incorpora un conjunto de derechos, garantías e instrumentos de protección efectiva a los familiares de las personas desaparecidas, por citar algunos:
La definición del concepto de víctima (Art. N° 94.1),
el reconocimiento como víctimas de las asociaciones que patrocinen la afectación de intereses colectivos o difusos (como las organizaciones de Derechos Humanos, entre otras) (Art. N° 94.4),
el derecho de participación procesal de la víctima en el proceso penal (Art. N° IX.3),
el derecho de información acerca del avance y resultado de una investigación (Art. N° 95.1 a),
el derecho a ser escuchado antes de cada decisión que afecte sus intereses (Art. N° 95.1 b);
el derecho a un trato digno y a la preservación de la identidad (Art. N° 95.1c),
el derecho a la prueba (Art. N° 104°); y facultades para intervenir en el esclarecimiento de los hechos (Art. N° 105).
Específicamente el Poder Judicial ha adoptado las siguientes medidas, a fin de garantizar el derecho a la verdad y tutela judicial efectiva:
Asegurar y fortalecer la implementación del Nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el 01 de junio de 2012 en los distritos judiciales de Ancash, Santa, Paseo y Huánuco, y en su segunda fase el 1 de octubre en los distritos judiciales de Ucayali y Loreto.
A noviembre de 2011, existen seis expedientes por desaparición forzada en etapa de Juicio Oral en los colegiados que integran la Sala Penal Nacional y diez expedientes en etapa de instrucción en los Juzgados Penales Supraprovinciales, haciendo un total de dieciséis procesos en trámite.
De otro lado, en materia de ejecución de sentencias internacionales en Derechos Humanos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 089-2010-CE-PJ, ha dispuesto la creación y funciones de los Juzgados Especializado en materia de Ejecución de Sentencias Supranacionales. (Anexo N° 32)
Asimismo, por Resolución Administrativa N° 193-2010-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto que la Corte Superior de Lima adopte medidas para remitir al Juzgado Especializado en materia de Ejecución de Sentencias Supranacionales las sentencias emitidas por Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos. (Anexo N° 33)
Con la finalidad de unificar criterios a nivel de la justicia penal, se llevó a cabo el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema, en el que se arribo al Acuerdo Plenario N° 9-2009-Cj-PJ, (13 de noviembre de 2009) referente a Desaparición Forzada. (Atención: Anexo N° 13)
3.2.3 Determinación de la situación de las personas desaparecidas
3.2.3.1 Mecanismos y procedimientos de búsqueda para determinar la situación de las personas desaparecidas.
El MP aprobó mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1694-2009-MP-FN, la “Directiva que regula el Trabajo de Investigación del Ministerio Público frente al hallazgo de sitios con restos humanos y su relación con graves violaciones a los Derechos Humanos" con la cual se satisface el objetivo humanitario, en tanto el Fiscal una vez que ha tomado conocimiento de la existencia de un presunto sitio con restos humanos iniciará inmediatamente el procedimiento de la investigación del caso. (Anexo N° 34)
De acuerdo a la información brindada por el IML, para determinar la desaparición de personas (Relacionadas a las violaciones de derechos humanos) previamente debe de existir en el despacho fiscal una denuncia. De esta manera son las fiscalías penales supraprovinciales que inician las indagaciones del caso, dentro del proceso de investigación fiscal, el magistrado solicita la actuación del EFE que inicia la investigación forense que incluye los siguientes pasos:
Cuadro N° 07: Pasos para la investigación forense
Investigación forense preliminar
Esta fase incluye el análisis del expediente y la formulación de hipótesis de trabajo previamente coordinadas con el fiscal encargado. Asimismo se completan las fichas antemortem de las personas desaparecidas y la elaboración del resumen de las fichas antemortem para que durante el análisis de laboratorio se puede proceder a la identificación.
Ubicación, evaluación y registro
En esta fase se ubica, evalúa y registra los sitios presuntos con los restos óseos humanos (desaparecidos). Esta fase tiene por objetivo hallar las evidencias necesarias para determinar que efectivamente se trata de una fosa que contiene los restos óseos humanos y los elementos asociados al individuo.
Recuperación de los restos óseos humanos y sus elementos asociados
Esta etapa tiene como fin recuperar los individuos (exhumación de los restos humanos) que se encuentran dentro de las fosas junto con sus elementos asociados. Asimismo se mostrarán los posibles contextos en que éstos se encontraban antes de su muerte, si se trata de una fosa individual o colectiva, si es una fosa primaria o disturbada, la posición del individuo en la fosa.
Esta etapa tiene como fin determinar en los individuos recuperados la identificación, la causa de la muerte y el agente causante que la produjo.
Análisis de la información antemortem/postmortem
Esta etapa se encarga de cotejar la información antemortem obtenida en la investigación preliminar con la información obtenida del análisis del laboratorio. De acuerdo a la disponibilidad de la información los peritos lograrán la identificación de los restos óseos humanos, en caso contrario, se derivarán para el análisis genético molecular (ADN) para lograr la identificación.
El informe esta constituido por todos los informes periciales de todas las especialidades que muestran las conclusiones y pormenores de cada una de ellas. Una vez concluido este proceso el Magistrado dispondrá de la entrega de los individuos identificados a sus familiares.
Elaboración: Secretaría Técnica de la CONADIH
3.2.3.2 Tramitación de los expedientes de personas desaparecidas
De acuerdo a la Directiva N° 003-2005-MP-FN, del Reglamento de Funciones del Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales, se supervisa el trabajo de las Fiscalías Especializadas en Lima y en Provincias, además, se requiere a las Fiscalías Especializadas que informen el avance de sus investigaciones por violación de derechos humanos, se remita la información estadística trimestralmente, la relación de casos con programación de exhumaciones y la diligencia de entrega de restos exhumados a sus familiares.
3.2.3.3 Otorgamiento de constancias por desaparición forzada
La Ley N° 28413 “Ley que regula la ausencia por Desaparición Forzada durante el período 1980 al 2000”, crea un Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada a cargo de la DP. Asimismo, establece un procedimiento especial de declaración judicial de ausencia por desaparición forzada, en donde prima el principio de gratuidad y establece la competencia a cargo el Juez de Paz Letrado del último domicilio del solicitante.
La DP37 a la fecha ha entregado 1847 constancias de ausencia por desaparición forzada; sin embargo, debido a las dificultades existentes en el proceso judicial en el que se debe lograr la regularización correspondiente, sólo se han logrado presentar aproximadamente 200 solicitudes ante los Juzgados de Paz Letrado a nivel nacional. Debido a ello, a través del Proyecto de Ley Nº 4666/2010-CR, presentado durante la legislatura pasada, promovió la posibilidad de simplificar los trámites de regularización de la situación jurídica de las personas ausentes por desaparición forzada, el mismo que contó con la opinión favorable de la DP.
3.2.4 Gestión para la búsqueda y reconocimiento de las personas desaparecidas
3.2.4.1 Centralización y recopilación de información sobre la búsqueda de personas desaparecidas a cargo de un ente rector
De acuerdo a lo informado por la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Provinciales y Supraprovinciales, el EFE del IML tiene a su cargo la relación de investigaciones en donde se han realizado exhumaciones, y cuenta con la relación de aquellos restos que han sido identificados y los cuales han sido entregados a sus familiares, ello con la finalidad de verificar los logros obtenidos en la búsqueda de personas; sin embargo, no se ha establecido aún un ente rector de dicha función.
Precisamente el Despacho de la Fiscalía Superior Coordinadora propuso la creación de una Unidad de Personas Desaparecidas que tendría un Equipo Técnico y ejecutaría los lineamientos de la Política de Búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, ha instruido a los Fiscales para que impulsen las investigaciones a su cargo, debiendo remitir informes trimestrales respecto de los avances obtenidos, y la formulación de los Planes de Intervención Antropológico Forense, a fin de coordinar con el IML, con lo cual se han obtenido buenos resultados. Por lo que bajo las coordinaciones de las Fiscalías y el EFE del IML se ha logrado en el 201138 que 448 individuos sean recuperados, de los cuales se han identificado a 204 individuos y se han entregado 251 a sus familiares.
Por su parte el IML a través del EFE concentra hasta la fecha toda la información respecto a las personas desaparecidas en una herramienta informática denominada “Base de Datos AM/PM”. En esta se ingresa la información existente de las personas desaparecidas a nivel nacional de las diferentes instituciones u organizaciones dedicadas a la búsqueda de las personas desaparecidas.
3.2.4.2 Gestión en la Búsqueda y reconocimiento de las personas desaparecidas
La Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales instruye a los Fiscales para que impulsen las investigaciones a su cargo, ha monitoreado la elaboración de los Planes de Intervención Antropológico Forense, coordinando con el IML para contar con el apoyo del EFE en las investigaciones preliminares, especialmente en las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Huánuco.
Asimismo, el IML y el EFE, han elaborado el Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense, el cual cuenta con la aprobación del Despacho de la Fiscalía Superior Coordinadora, y ha sido remitido a la Fiscalía de la Nación para la aprobación respectiva. (Anexo N° 35)
De acuerdo a las estadísticas del EFE del IML se han recuperado 2027 individuos desde el 2002 hasta el 2011, debiendo precisar que desde el 2008 hasta lo que va del año 2011, se han recuperado 1495 individuos. Asimismo, de dichos restos exhumados, ha sido posible la identificación de 1008 individuos y se han entregado a sus familiares 920 individuos. (Anexo N° 36)
Por otro lado, a través de la Resolución N° 1236-2011-MP-FN (6 de julio de 2011) se aprobó la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), con la finalidad de que el EPAF brinde servicios de peritaje forense que comprenden exhumaciones y exámenes post - moterm para optimizar la investigación de casos de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales, lo cual coadyuvará a impulsar la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país. (Anexo N° 37)
3.2.4.3 Protocolo para realizar actividades sobre el terreno en la búsqueda de personas desaparecidas.
Al respecto se cuenta con la Directiva N° 007-2009-MP-FN que regula el Trabajo de Investigación del Ministerio Público frente al hallazgo de sitios con restos humanos y su relación con graves violaciones a los Derechos Humanos. (Atención: 3.2.3.1)
Asimismo, de acuerdo al IML todas las etapas de investigación forense son realizadas en base a protocolos que garantizan los estándares internacionales, entre ellos, el Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota).
3.3 Medidas vinculadas al tratamiento de los restos humanos
3.3.1 Brindar información a través de un registro sobre las personas fallecidas
De acuerdo a lo informado por el IML, de acuerdo a la información sistematizada a nivel nacional se tiene cerca de 15 731 personas desaparecidas (en estado de verificación39). Siendo ingresada esta información al software de la Base de Datos Antemortem / Postmortem (AM /PM) donado por el CICR.
De acuerdo a lo señalado por la DP, considera que la situación de las personas desaparecidas requiere del diseño, aprobación e implementación de un Plan Nacional de Intervenciones Antropológico-Forense. Por ello recomendó al MP impulsar un espacio de coordinación interinstitucional para la elaboración de un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico–Forenses que incluyan las exhumaciones de carácter humanitario40.
3.3.2 Sistematización de la información sobre sitios de entierro y los fallecidos relacionados a casos sobre la situación de las personas desaparecidas.
Respecto a los sitios de entierro el IML los clasifica en: Fosas individuales, fosas colectivas, tumbas, nichos y resto en superficie. Precisamente de acuerdo a la informado por éste sector, el EFE cuenta con información respecto a cada uno de los procesos de investigación forense de casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos
Además, cada caso intervenido es clasificado a través del número de investigación fiscal del cual se desprende toda la información relacionada al sistema forense, uno de los ítem recopila información respecto al tipo de sitio de entierro y al número de individuos contenidos en cada uno de los sitios de entierro. Siendo el EFE, el responsable de actualizar la base de datos periódicamente.
3.3.3 Recoger a los muertos y exhumar los restos en atención a un plan de búsqueda
Al respecto el EFE viene implementando y ejecutando “Las Estrategias de Intervención Forense a Gran Escala”, donde se realiza de manera ordenada y sistemática la recuperación e identificación de las personas desaparecidas. Éste plan consiste en:
Atender los casos tomando como referencia las regiones, provincias, distritos y anexos. Una vez conocidos los casos se les asigna un grupo de peritos encargados de realizar la investigación preliminar: Toma de las fichas antemortem, el estudio del contexto de la desaparición, el estudio de acceso al lugar de exhumación, las condiciones para pernoctar y demás detalles de todos los casos que se encuentran en un mismo distrito o provincia en particular.
Con los datos obtenidos se plantean las estrategias de recuperación (exhumación) de los restos óseos humanos y sus elementos asociados, es decir, en una sola diligencia se atienden varios casos ubicados en una misma área geográfica.
El análisis de laboratorio e el caso de Ayacucho y Huancavelica se realiza en el laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho y, en el resto del país las Divisiones Médico Legales brindan sus instalaciones para el análisis del laboratorio.
3.3.4 Preservación de los restos que no hayan sido devueltos a los familiares
De acuerdo a lo informado por el IML, cuando los restos óseos humanos exhumados no son identificados a través de la odontología y antropología forense, los peritos solicitan el análisis del ADN de los restos óseos humanos para lograr establecer la identidad del individuo. Si no es posible establecer la identificación a través de éste último examen, los individuos no identificados son preservados en el almacén de los restos óseos del Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho o el almacén del EFE de Lima.
3.3.5 Derechos y las necesidades de los familiares antes, durante y después de la exhumación
El IML ha señalado que los familiares tienen derecho a estar presente y observar (Con previa autorización del señor fiscal encargado del caso) cada una de las etapas de la investigación forense. De esta manera, los familiares pueden hacerse presente directamente o a través de sus abogados durante las diligencias de investigación preliminar, recuperación de restos óseos humanos y análisis de laboratorio.
Asimismo, los miembros del EFE están capacitados para brindar el soporte emocional a los familiares en cualquiera de las etapas de investigación forense.
3.3.6 Responsabilidad de la gestión, la exhumación y la identificación de restos humanos en casos sobre personas desaparecidas
La responsabilidad de la organización de la búsqueda de las personas desaparecidas corresponde en el IML a su Jefe Nacional y realizar dicha labor corresponde al Jefe del EFE y el Jefe del Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho.
La exhumación está a cargo del perito arqueólogo y la identificación a cargo de los peritos odontólogo y antropólogo forenses, en caso se requiera del examen de ADN la responsabilidad la asumirá un perito biólogo.
3.3.7 Normas y protocolos forenses adecuados para la búsqueda de restos humanos relacionados a la situación de personas desaparecidas.
Mediante las resoluciones de la Fiscalía N° 1262-2003-MP-FN, N° 1366 – 2005-MP-FN y N° 039-2008-MP-FN se establece la existencia del EFE y el avance en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Asimismo, mediante las Directivas N° 007-2009-MP-FN y N° 011-2001-MP-FN se regula el trabajo de investigación del Ministerio Público frente al hallazgo de sitios con restos humanos y su relación con graves violaciones a los derechos humanos.
3.3.8 Cadena de custodia desde la recopilación, conservación y traslado de los restos humanos
La presencia del fiscal encargado de la investigación garantiza la transparencia de todas y cada una de las etapas de investigación forense (investigación preliminar, recuperación de los restos óseos humanos, y el análisis de laboratorio), de esta forma también se garantiza la custodia y el traslado de los restos humanos.
3.4 Medidas vinculadas al apoyo a los familiares
3.4.1 Mecanismos de reparación
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó que el Estado Peruano establezca una política nacional de reparaciones, por lo que se propuso la elaboración de un Plan Integral de Reparaciones. Con fecha 29 de julio de 2005, se publicó la Ley N° 28592 creando el Plan Integral de Reparaciones (PIR) y posteriormente se emitió su Reglamento (Decreto Supremo N° 015-2006-JUS)
Para su ejecución, se creó un Ente Coordinador, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, la reparación colectiva y la Reconciliación Nacional, que actualmente está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros conforme al Decreto Supremo N° 062-2006-PCM.
Así también, se creó el Consejo de Reparaciones (CR), que es un órgano colegiado encargado del Registro Único de Victimas (RUV) a fin de fomentar la inscripción de beneficiarios individuales y colectivos para que puedan acceder a cualquiera de los programas del Plan Integral de Reparaciones.
Asimismo, se han establecido los siguientes Programas de Reparaciones:
Programas de restitución de derechos ciudadanos
Programa de reparaciones en educación
Programa de reparaciones en salud
Programa de reparaciones colectivas
Programas de reparaciones simbólicas (reconocimiento público de la violencia para favorecer la reconciliación)
Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional
Otros programas: Programa de Reparación Económica.
En la actualidad, la CMAN está concentrada en la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC), actualmente por mandato del Decreto Supremo N° 101-PCM-2011, se resolvió adscribir a la CMAN así como el RUV al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Anexo N° 38)
3.4.2 Mecanismos de apoyo a los familiares
De acuerdo a la Ley N° 2859241 el Ministerio de Salud42, ha informado que se han adoptado algunas medidas en determinadas regiones recomendadas en el Informe de la CVR a fin de apoyar a los familiares de las personas desaparecidas, siendo éstas las siguientes: Intervención comunitaria, intervención clínica, acceso a la salud, fortalecimiento de recursos humanos y acciones de prevención y promoción de la salud mental.
Dichas medidas son impulsadas por la Dirección General de Salud de las Personas y la Dirección de Salud Mental (ROF, MINSA), que cuentan con un Plan Nacional Concertado de Salud (2007 – 2020) que señala:
Objetivo Sanitario N° 6: “Mejorar la salud mental de la población, como un derecho fundamental de la persona, componente indispensable de la salud integral y del desarrollo humano”
También cuenta con el Plan Nacional de Salud Mental, que considera en su objetivo cuatro:
Promover la equidad en la atención de la salud mental en términos de estrato social, género, ciclo de vida y diversidad cultural; dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables, en especial a las afectadas por la violencia política, buscando fortalecer las redes sociales, promoviendo la identidad cultural, facilitando el acceso de la atención en salud mental a través de los equipos itinerantes y del personal capacitado.
Las direcciones mencionadas implementan el PIR en Salud Mental en once regiones: San Martín, Ucayali, Huánuco, Puno, Pasco, Apurímac, Cusco, Junín y Ayacucho. Para ello cuenta con once equipos especializados en salud mental conformados por seis (6) médicos, sesenta y cuatro (64) psicólogos y dos (2) enfermeras que trabajan en las zonas priorizadas y tienen la misión de facilitar procesos de capacitación al personal de salud de las redes y micro redes, realizar atenciones clínicas, orientar a los médicos generales en el manejo de los pacientes que presentan problemas y trastornos de salud mental, promover la atención primaria de salud mental y orientar la intervención comunitaria de los equipos locales de salud; quiénes a su vez intervienen en 351 comunidades focalizadas afectadas por la violencia política.
Asimismo, desde el 2005 se han venido implementando actividades en el marco del Convenio “Fortalecimiento de los servicios de salud para la atención integral de personas víctimas de violencia en zonas priorizadas” firmado entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Japonés (MINSA – JICA).
Desde el 2009, veinticuatro (24) Direcciones Regionales de Salud han recibido presupuesto a través de la transferencia de fondos del Ministerio de Salud, de éstas once (11) en el marco de los Decretos Supremo N° 070 y N° 084 ejecutan actividades del PIR en Salud Mental, que incluyen como líneas de acción a la atención, capacitación, sensibilización, talleres, campañas y acciones de coordinación que facilitan el trabajo de promoción y prevención en salud mental.
Las medidas de reparación se centran brindando atención a la población en general y realizando una atención diferenciada a las víctimas directas e indirectas.
También a través del Seguro Integral de Salud (SIS) se brinda las reparaciones en salud en todas las condiciones asegurables determinadas en el Aseguramiento Universal en Salud (AUS) y el Plan Estratégico de Aseguramiento Universal (PEAS) en el tema de salud mental las condiciones son: Depresión, ansiedad, esquizofrenia y alcoholismo.
Asimismo, se fortalece los recursos humanos, capacitando al personal de salud del primer nivel de atención, a los actores sociales, a promotores y agentes comunitarios en atención integral a las víctimas, mediante sesiones educativas y talleres para fortalecer las redes de soporte social, consolidando el trabajo comunitario43.
Por otro lado, el personal de salud brinda el acompañamiento psicosocial en los procesos de exhumación, conjuntamente con la ONG Red de Atención Integral para la Infancia y la Familia (REDINFA) y la ONG Paz y Esperanza, siendo las sedes de los sitios de entierro los siguientes:
Cuadro N° 08: Atención psicosocial en procesos de exhumación
Sede Nororiental
San Martín, Huánuco y Ucayali
Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica
Sede Sur Central
Ayacucho, Apurímac I y Huancavelica
Sede Sur Andino
Apurímac II, Cusco, Puno y Madre de Dios
Elaboración: Ministerio de Salud
A la fecha la Dirección de Salud Mental se encuentra culminando los siguientes documentos normativos: 1) Plan de Implementación de las Reparaciones en Salud – Ley N° 28592, 2) Manual para el fortalecimiento de capacidades del personal de salud responsable de la implementación del programa de reparaciones en salud – Ley N° 28592, y 3) Acompañamiento psicosocial.
Con el objeto de apoyar a los familiares víctimas de la violencia, el Poder Judicial a través de la itinerancia44 de los órganos colegiados y Juzgados Penales Supraprovinciales de Derechos Humanos, apuesta por acercar cada vez más la justicia a las personas que por escasos recursos económicos para trasladarse no pueden ejercer sus derechos de manera adecuada. Con este fin en el año 2011, se han incrementado con relación al año 201045, la itinerancia de los colegiados A y B de la Sala Penal Nacional, en siete oportunidades a los Distritos Judiciales de Ayacucho, Puno y Huaura, por casos vinculados a tortura, desaparición forzada, homicidio calificado y lesiones graves.
Cuadro N° 09: Itinerancia de los órganos colegiados y Juzgados Penales Supraprovinciales de Derechos Humanos
EXP N°
LUGAR DE ITINERANCIA
FECHA y PERIODO DE
42-2010-0-SP
17 al 21.10.2011
Corte Superior de Justicia de Ayacucho
861-2008
07 al 09.09.2011
36-2010-0
08 al 12.08.2011
278-2007- SPN
Corte Superior de Justicia de Puno - Sala de Audiencias del Establecimiento Penal de Puno
16 al19.05.2011
190-09-SPN
12 al16.04.2011
31-2006-SPN
920-2008
10 al 12.01.2011
Elaboración: Poder Judicial
Asimismo, en el año 2011 los magistrados de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima y Ayacucho se han desplazado en siete oportunidades a las Cortes Superiores de Justicia de Junín, Cuzco, Ucayali, Ayacucho (Comunidad campesina de Pantin), Huancavelica y Piura, por casos vinculados a desaparición forzada, genocidio, tortura y asesinato.
Cuadro N° 10: Desplazamiento de magistrados de los Juzgados Penales Supraprovinciales de Lima y Ayacucho
935-2007
4° JPSP
06 al 08.07.2011
27-2008
10JPSP
Corte Superior de Justicia de Cuzco
11 al 14. 07.2011
l°JPSP
30.01 – 01.07.2011
2° JPS Especializado en DHH y Terrorismo de Ayacucho
Corte Superior de Justicia de Ayacucho Comunidad Campesina de Pantin
196-2011-0
4°JPSP
Corte Superior de Justicia de Junín y Huancavelica
10 al13.10.2011
623-2011
Corte Superior de Justicia de Huancavelica
244-2010
10 JPSP
22 al 26.03.2011
IV. Retos pendientes
Las medidas impulsadas por diversos sectores del Estado adoptadas con la finalidad respetar y proteger las obligaciones internacionales asumidas en relación a la situación de las personas desaparecidas y sus familiares deberán ser promovidas e impulsadas en el marco de aplicación del DIDH y del DIH.
En relación a las medidas adoptadas vinculadas a la prevención, esclarecimiento, tratamiento de restos humanos y apoyo a los familiares se han encontrado importantes avances; no obstante se han identificado que dichas medidas no responden a una política nacional que permita de manera estratégica concertar esfuerzos y atender la situación de las personas desaparecidas y sus familiares. Se trata de que dicha política sea impulsada por un ente rector quien asuma el compromiso del cumplimiento de dichas medidas y las coordine y gestione con los otros sectores.
Asimismo, téngase en cuenta que resulta necesario reforzar los mecanismos para garantizar las medidas vinculadas al esclarecimiento, relacionadas al derecho a la verdad y tutela judicial efectiva de los familiares de las personas desaparecidas, si bien los sectores concernidos han impulsado y ejecutado acciones destinadas a ello; aún persisten dificultades que la Defensoría del Pueblo ha recomendado sean atendidas.
En cuanto a las medidas relacionadas al tratamiento de los restos humanos, se requiere de manera prioritaria adoptar un Plan Nacional de Intervenciones Antropológico-Forense. Asimismo, atender las iniciativas legislativas y administrativas promovidas por diversos sectores.
Resolución Suprema N° 017-2012-RE
Compilación de Medidas Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Arzapalo T., Bustamante M. y Loayza P. (2010).
Cuadro de capacitación realizada por el CDIH y DDHH (2006 – noviembre de 2011)
Resolución Ministerial Nº 1452-2006-IN, de 31.05.2006 (Diario "El Peruano": 12.06.2006)
Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial
Extractos de planes de estudios que muestran la inclusión de la asignatura de derechos humanos en los diferentes niveles del sistema educativo policial durante el año 2011: Escuela de Oficiales PNP, Escuelas Técnicas Superiores PNP, del Instituto de Altos Estudios Policiales y de la Escuela Superior de Policía.
5-B:
Modelos de los syllabus de la asignatura de derechos humanos en la Escuela de Oficiales PNP.
Modelos de syllabus de la asignatura de derechos humanos en la Escuela Técnico Superior de la PNP.
Informe Ministerio del Interior.
Convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja
Anexo N° 8
R.D. N° 343-2010-ED, del 9 de abril de 2010
Anexo N° 9
Directiva N° 001-2007-VMPG/DITOE.
Anexo N° 10
Resolución Ministerial N° 0440-2008-ED.
Anexo N° 11
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), respuesta remitida.
Anexo N° 12
Respuesta de la Presidenta de la Comisión Coordinadora del RENADESPPLE.
Anexo N° 13
Resolución N°1545-2006-MP-FN (13 de diciembre de 2006)
Anexo N° 14
Resolución Administrativa N° 064-2011-MC-SPN (23 de setiembre de 2011).
Anexo N° 15
Resolución N° 243-2007-MP-FN (20 de febrero de 2007)
Anexo N° 16
Directiva N° DPNP Nº17-02-2005-B (3 de enero del 2005)
Anexo N° 17
Directiva DPNP Nº 03-09-2005-B (10 de febrero del 2005)
Anexo N° 18
Resolución Viceministerial Nº 033-2009-IN/010 (17 de julio de 2009)
Anexo N° 19
Reglamento General de Uniformes para el personal de la Policía Nacional del Perú
Anexo N° 20
Acuerdo Plenario N° 09-2009/CJ-116
Anexo N° 21
Estructura Orgánica de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales
Anexo N° 22
Informe N° 03-2011-FSPNC-MP-FN
Anexo N° 23
Resolución N° 1565 y N° 1592-2011-MP-FN
Anexo N° 24
Directiva N° 02-2001-MP-FN
Anexo N° 25
Resolución Administrativa N° 170-2004-CE-PJ
Anexo N° 26
Organización de la Sala Penal Nacional
Anexo N° 27
Resolución Administrativa N° 023-2011-CE-PJ
Anexo N° 28
Directiva N° 001-2010-MC-SPN
Anexo N° 29
Resolución Administrativa N° 094-2009-CE-PJ y Resolución Administrativa N° 223-2007-CE-PJ
Anexo N° 30
Anexo N° 31
Proyecto de Ley N° 425-2011-PJ
Anexo N° 32
Resolución Administrativa N° 089-2010-CE-PJ.
Anexo N° 33
Resolución Administrativa N° 193-2010-CE-PJ.
Anexo N° 34
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1694-2009-MP-FN
Anexo N° 35
Propuesta del Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense
Anexo N° 36
Estadísticas del Equipo Forense Especializado
Anexo N° 37
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el EPAF
Decreto Supremo N° 101-PCM-2011
1 Tribunal Constitucional Exp. N°025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC. Lima. Colegio de Abogados de Arequipa y otro. Pár. 25.
2 De acuerdo a lo informado por la Defensoría del Pueblo, en concordancia con la atribución contenida en el artículo 9º inciso 5) de su Ley Orgánica, ha recomendado a las más altas autoridades del Ejecutivo, la adhesión y ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La última comunicación cursada con esta finalidad, fue remitida al Presidente del Consejo de Ministros, mediante Oficio Nº 529–2011/DP, del 1º de setiembre del 2011.
3 Tener en cuenta la Compilación de Medidas Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Arzapalo T., Bustamante M. y Loayza P. (2010).
4 Artículo 44° de la Constitución Política del Perú: “Son deberes primordiales del Estado: (…) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (…)”.
5 Oficio N° 850.2011-IN/0105, remitido por el Dr. Alejandro Juan Delgado Gutiérrez Secretario Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, recibido el 28.11.11
6 La respuesta fue remitida mediante Oficio N° 174-2011-VMGP, remitido por el Dr. José Martín Vegas Torres Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, recibido el 7.12.11.
7 La respuesta fue remitida mediante Oficio N° 360-2011-MIMDES/DVMM, remitido por la Doctora Rocío Villanueva Flores Vice Ministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, recibido el 9.12.11.
8 Ley N° 28223. Ley sobre los Desplazamientos Internos. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2004. Artículo 22°: “Dentro de lo señalado en el artículo precedente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, tiene los objetivos que se detallan a continuación, los cuales serán transferidos progresivamente a los Gobiernos Locales y Regionales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución Política del Perú: (…) Promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
9 Invitación suscrita por el Dr. Michel Reed Hurtado del Programa Colombia.
10 QUINTEROS, V. (2010). Judicialización de violaciones de derechos humanos. Aportes sustantivos y procesales. IDEPHPUCP - AECID – PNUD. Consulta: 09.02.2012
<http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/judicializacion_de_violaciones_de_ddhh_aportes_sustantivos_procesales.pdf>
11 De acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 26295, la Comisión Coordinadora del RENADESPPLE, está conformada por: i) Un representante del Ministerio Público, quien la preside, ii) Un representante del Defensor del Pueblo, iii) Un representante del Ministerio de Justicia, iv) Un representante del Ministerio del Interior, v) Un representante del Ministerio de Defensa, vii) Un representante del Poder Judicial, y viii) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso de la República.
12 Artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-96-JUS (Diario "El Peruano": 10.05.1996)
13 Oficio N° 666-2011-MP-FN RENADESPPLE, remitido por la Dra. Fiscal Provincial Galinka Meza Salas Presidenta de la Comisión Coordinadora del RENADESPPLE, recibido el 6.12.11
14 En cumplimiento de la Ley N° 26295 y de lo dispuesto en el arto 29° del Decreto Supremo N° 001-96-JUS.
15 De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 297-2012-SG-CS-PJ, que remite el Informe N° 045-2012-GA-P-PJ; dicha resolución se elaboró en atención a la recomendación formulada por la Defensoría del Pueblo en el Informe N° 004-2011-DP/ADHPD, en el que se precisó que "una de las dificultades observadas en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales relacionados con graves violaciones a Derechos Humanos, es el incumplimiento de las medidas de coerción personal ordenadas contra los procesados".
16 Ello en cumplimiento al Acuerdo suscrito entre la República del Perú y el Comité Internacional de la Cruz Roja, relativo a la visita de personas detenidas.
17 Resolución Ministerial Nº 1452-2006-IN, de 31 de mayo de 2006.
18 AG/RES. 2134 (XXXV-O/05). Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares. Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005. Enunciado 6.
19 AG/RES. 2231 (XXXVI-O/06). Enunciado 3.
20 Tribunal Constitucional. Expediente Nº 4677-2005-PHC/TC, del 12 de agosto de 2005. Párr. 26. Disponible en:
Catálogo: pdfs -> 2012
2012 -> Vol. II informe Anual de la cidh 2011
2012 -> Informe Anual 2011 Capítulo III