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Timestamp: 2019-03-22 11:05:33
Document Index: 344502371

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 18']

Ley de Consulta Popular (implementación) - Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe
Ley de Consulta Popular (implementación)
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº 18.387 – PJ), autoría del diputado Kilibarda, por el cual se implementa la Ley de Consulta Popular. Y, atento a los estudios realizados y las razones que dará su miembro informante, esta comisión ha resuelto emitir el presente dictamen con modificaciones, que a continuación se transcribe y al que aconseja se le preste aprobación:
Artículo 1º.- Consulta popular. Procedencia. Los ciudadanos de la Provincia de Santa Fe, que se encuentren habilitados para votar en el padrón electoral provincial, podrán ejercer el derecho de consulta popular, en los términos de la presente ley. En los supuestos del inciso b) del artículo 2º la convocatoria podrá ampliar la habilitación a participar a los mayores de 16 años y a los extranjeros residentes en la provincia que manifiesten expresamente su intención de participar.
Artículo 2º.- Modalidades. La ley prevé las siguientes modalidades de consulta popular:
Consulta popular vinculante (referéndum previo vinculante); y
Consulta popular no vinculante (referéndum o plebiscito consultivo no vinculante)
Artículo 3º.- Competencia. Excepciones. Pueden ser objeto de consulta popular todas las materias que sean competencia propia de la Legislatura de la Provincia, con excepción de aquellas para cuya sanción la Constitución exija una mayoría calificada.
Capítulo II: Consulta popular vinculante.
Artículo 4º.- Órgano convocante. Objeto. La Legislatura de la Provincia, a iniciativa de cualquiera de sus Cámaras, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley, con la salvedad de lo dispuesto en la última parte del artículo anterior.
Artículo 5º.- Convocatoria. La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y sancionada por el voto de las dos terceras partes de cada Cámara.
Artículo 6º.- Voto obligatorio. En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto de la ciudadanía será obligatorio.
Artículo 7º.- Porcentaje de votantes. La consulta popular vinculante será válida y eficaz cuando haya emitido su voto más del cincuenta por ciento (50%) de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral provincial.
Artículo 8º.- Resultado. Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga la mayoría de votos válidos afirmativos, adquirirá estado parlamentario, se incorporará entre los asuntos entrados de la Cámara de origen y será girado a la comisión respectiva.
El proyecto deberá ser despachado y tratado dentro del término de tres (3) meses de ingresado por cada una de las Cámaras. En su defecto, vencido ese plazo, se incorporará como primera preferencia al orden del día de la primera sesión ordinaria que realice la Cámara.
El rechazo del proyecto no admite recurso alguno.
Capítulo III: Consulta Popular No Vinculante.
Artículo 9º.- Competencia. Excepciones. Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Provincia, con la salvedad de lo dispuesto en la última parte del artículo 3º.
Artículo 10.- Órganos convocantes. La convocatoria a consulta popular podrá ser realizada tanto por la Legislatura Provincial como por el Poder Ejecutivo Provincial, sobre un tema de sus respectivas competencias.
La convocatoria de la Legislatura podrá tener origen en cualquiera de las Cámaras y deberá ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de ellas.
La convocatoria del Poder Ejecutivo deberá efectuarse mediante decreto decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por todos ellos.
Artículo 11.- Resultado. Cuando un proyecto de ley sometido a la consulta popular no vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos y en la elección ha sufragado más del treinta y cinco por ciento (35%) de los ciudadanos habilitados inscriptos en el padrón electoral provincial, deberá ser tratado por la Legislatura, quedando automáticamente incorporado al orden del día de la Cámara de Diputados de la sesión ordinaria siguiente a la fecha de proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral.
Artículo 12.- Contenido del acto de convocatoria popular. La ley o el decreto de convocatoria a consulta popular –según corresponda– deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto de consulta y señalar claramente la o las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, cuyas respuestas no admitirán más alternativa que la de SI o la de NO.
Artículo 13.- Publicidad. La ley o el decreto de convocatoria a consulta popular deberán ser publicados en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de los de mayor circulación en la Provincia.
Todos los puntos sometidos a consulta popular deberán difundirse en forma clara y objetiva, por los medios gráficos, radiales, televisivos y de comunicación social de la Provincia.
Artículo 14 .- Plazo de realización. La consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a sesenta (60) días y no superior a ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial.
Artículo 15.- Cómputo de los sufragios. Para determinar el resultado de la consulta popular se computarán los votos válidos.
No se considerarán votos válidos los votos en blanco y los votos anulados.
Artículo 16.- Procedimiento aplicable. Órgano competente. Serán de aplicación a las consultas populares convocadas conforme a esta ley, las normas electorales provinciales.
La Justicia Electoral Provincial será el órgano competente en todo lo relacionado con el comicio.
Artículo 17.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos de su promulgación. En su defecto, vencido ese plazo, esta ley resultará inmediatamente operativa.
Esquivel – Meotto – Kilibarda – Liberati – Lamberto – Lacava
Artículo 2º .- Modalidades. La ley prevé las siguientes modalidades de consulta popular:
Artículo 8º.- Resultado. Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtenga la mayoría de votos válidos afirmativos, se convertirá automáticamente en ley, la que deberá ser publicada en el Boletín Oficial dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral.
Cuando el proyecto sometido a consulta popular vinculante obtenga un resultado negativo, no podrá ser reiterado sino después de haber transcurrido un plazo de (2) dos años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la consulta durante el mismo lapso.
Artículo 14.- Plazo de realización. La consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a sesenta (60) días y no superior a ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial.
Oportunamente presenté a esta Cámara un proyecto de ley idéntico al presente. No obstante haber sido aprobado por esta Cámara no mereció tratamiento en la Cámara de Senadores, habiéndose producido su caducidad constitucional (Constitución Provincial, Art. 61). Por ello me permito repetir su presentación.
Mediante este proyecto de ley pretendemos cumplir con lo que la Constitución manda. En efecto: la Constitución Nacional, en su artículo 40, prescribe que el Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular. En algunos supuestos esa consulta podrá ser vinculante; en otros, no vinculante.
Por su lado, nuestra Constitución Provincial, en su artículo 6º, dice que todos los derechos y garantías incorporados en la Constitución Nacional, inclusive aquellos no previstos expresamente y que nacen de los principios que la inspiran, rigen en nuestra provincia para todos los habitantes. Por ello venimos diciendo que para hacer efectivos estos derechos –iniciativa, consulta, autonomías municipales, etc.– no es necesaria la reforma de nuestra Constitución local, sino simplemente legislar en la materia.
Entre los institutos denominados de “democracia semidirecta” se cuenta con el de la consulta popular.
Rosatti dice que el Art. 40 de la Constitución Nacional reformada en 1994, incorpora la consulta popular, previendo tres modalidades: 1) La consulta popular propiciada por el Congreso sobre un proyecto del ley, conocida como referéndum previo vinculante, que se caracteriza por la participación obligatoria del electorado y por el efecto vinculante de la consulta para los poderes públicos; 2) La consulta propiciada por el Congreso sobre un tema de su competencia, conocida como referéndum consultivo no vinculante, que se caracteriza por la participación facultativa del electorado y el efecto no vinculante de la consulta; y, 3) La consulta propiciada por el Poder Ejecutivo sobre un tema de su competencia, conocida como plebiscito facultativo no vinculante y que se caracteriza por la participación facultativa del electorado y el efecto no vinculante de la consulta (Rosatti, Horacio D. y otros, La reforma de la Constitución, Ed. Rubinzal – Culzoni, 1994, pág. 71).
Objeto de la consulta pueden ser tanto proyectos de ley, en la vinculante, como temas de interés sustantivo para el Estado, ya sea de la competencia del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, en la no vinculante.
Según sea la materia sometida a consulta, el mecanismo recibe el nombre de referéndum o plebiscito. Sin embargo, como señala Ma. Angélica Gelli, no existe acuerdo doctrinario acerca de las diferencias sustantivas entre estos mecanismos de consulta.
La Nación reglamentó este instituto mediante la Ley Nº 25.432 (B.O. 27/06/2001), que tuvo su origen en un proyecto del ley presentado por el senador nacional Villaverde, que fue aprobado con modificaciones por el Senado en la sesión del 9 de agosto de 2000 y considerado y sancionado por la Cámara de Diputados en la sesión del 23 de mayo de 2001.
En general, en este proyecto, seguimos el texto de la ley nacional, aprovechándonos de la riqueza de su debate y de la doctrina que lo abona.
Partimos de fijar algunos conceptos generales, que definen los institutos, dedicando a ello el Capítulo I.
En el Capítulo II regulamos la consulta vinculante.
Respecto del instituto del referéndum existen en doctrina distintos conceptos: así se ha denominado “referéndum” al procedimiento por el cual se llama al cuerpo electoral a decidir sobre un acto público de los órganos legislativos, generalmente de naturaleza normativa. En este caso, los representantes –los legisladores– forman la ley, pero ad referéndum, a reserva que los ciudadanos resuelvan su ratificación. El voto “obra como condición suspensiva, a que queda sometida la validez y eficacia de la ley, para dejar de ser un mero proyecto” (Orlandi, Héctor Rodolfo, Formas semidirectas de democracia, L.L., t. 98 pág. 935 y ss.). La norma recién alcanza sanción definitiva cuando es “ratificada” por el electorado, siguiendo a pies juntillas la afirmación de Rousseau que :”Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula” (Rousseau, Contrato Social, Cap. XV). Este criterio fue seguido en Francia, cuando se sometió a ratificación popular la Constitución de 1793, y en Estados Unidos, respecto de las Constituciones de Massachussets y de N. Hampshire. Entre nosotros, este sistema podría lesionar el bloque de legalidad constitucional y quizá exija de una expresa incorporación del instituto a los textos constitucionales.
Respecto de la consulta o referéndum vinculante, limitamos la calidad de órgano convocante al Poder Legislativo, a través de cualquiera de sus Cámaras. El objeto de consulta puede ser cualquier proyecto del ley, con excepción de aquellas materias que para su sanción exijan, por mandato de la Constitución, una mayoría calificada.
Se establece el tratamiento de la convocatoria y la obligatoriedad del sufragio, siguiendo el texto de los Arts. 2º y 3º de la ley nacional. Respecto del porcentaje de votantes lo elevamos al cincuenta por ciento (50 %) del padrón electoral, apartándonos del texto nacional que lo limita a un treinta y cinco por ciento (35 %). En lo que respecta al resultado y a sus efectos, mantenemos el criterio de la Ley 25.432.
Dedicamos el Capítulo III a reglamentar la consulta no vinculante, que se caracteriza, además, por el carácter facultativo del sufragio. Mantenemos, en general, la estructura de la ley nacional en su Título II.
En el Capítulo IV establecemos las disposiciones comunes a ambos tipos de consulta: el contenido del acto de convocatoria popular; la publicidad que debe darse al mismo, facilitando el conocimiento de la ciudadanía; el plazo de realización del acto eleccionario; el cómputo de los sufragios aclarando cuáles se considerarán votos válidos; el día de celebración de la consulta; el procedimiento electoral aplicable y el órgano competente; la imputación de los gastos y el deber-facultad de reglamentar la ley por parte del Poder Ejecutivo.
Como se advertirá el referéndum legislado es el llamado preventivo; no el ratificatorio, porque para ello, como lo señalamos, podríamos necesitar su incorporación expresa a las constituciones de la Nación y de la Provincia. Por otra parte, el referéndum de ratificación, que quizá podría resultar de interés para algunas decisiones fundamentales, es de rarísima práctica.
También se ha sostenido que la ley –proyecto de ley– que obtiene el respaldo de la consulta popular no puede ser vetado. En rigor, tal como lo prevé el proyecto sometido a consideración del cuerpo, ello surge del texto del artículo 8º, cuando dispone que “se convertirá automáticamente en ley”, la que deberá ser publicada en el Boletín Oficial.
Este instituto ha sido contemplado no sólo en la Constitución Nacional (Art. 40 CN), sino también, entre otras, en las constituciones de Santiago del Estero (Art. 42), de La Rioja (Art. 82), de Salta (Art. 59), de San Luis (Art. 98), de San Juan (Art. 235), de Chubut (Art. 262), de Córdoba (Art. 32), de Tierra del Fuego (Art. 208), de Santa Cruz (Art. 80), y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 65 y 66).
También existe legislación reglamentando este instituto, entre otras: la Ley Nacional 25.432; la Ley de Río Negro 3.688; la Ley de La Pampa 1.285; la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 89; la Ley de Santa Cruz 2.437; la Ley de Chubut 4.564; y la Ley de Córdoba 7.811, entre otras.
En esta Cámara existen varios proyectos en este sentido; algunos que conservan aún “estado legislativo”; otros que ya lo perdieron. Cito, entre ellos los proyectos de la Dip. Nanci Graciela Strauss, ingresado el 13/11/2002, así como el del Dip. Domingo Pochettino, ingresado el 14/03/2002. Todos estos antecedentes merecen ser tenidos en cuenta e incorporarse al presente.
Estimados colegas: espero que del tratamiento de esta iniciativa, tanto en comisiones como en el recinto, podamos lograr un texto enriquecido.
SR. ESQUIVEL.– Pido la palabra.
Quiero salvar una omisión, más que nada, formal. Este proyecto había llegado al recinto en su oportunidad y se había pedido su vuelta a comisión para reconsiderar el artículo 8º, que quedó reformulado. Y como todo el proyecto, fue dictaminado por amplia mayoría de la Comisión. Es el dictamen que consta en el Orden del Día de la fecha.
La omisión es en el encabezamiento. Si bien el proyecto que tenemos en consideración es del diputado Kilibarda –hoy ausente–, expediente Nº 18.387 – PJ, es justo reconocer –y así lo hago para que conste– que reconoce antecedentes similares en los expedientes Nº 14.737 – BS, del diputado Lamberto; Nº 12.472 – PJ, también del diputado Kilibarda; Nº 11.835 – PJ, del diputado Pochettino (MC) y el Nº 13.693 – UCR, del diputado Marcucci. Es justo reconocerlo, porque son todos aportes que permitieron la consideración, en la comisión, de este proyecto y tal cual consta –como decía recién– dictaminado por amplia mayoría de ella.
– En particular, se aprueban los artículos 1º al 17; artículo 18, de forma.