Source: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46108
Timestamp: 2018-05-26 00:29:54
Document Index: 395850109

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 50', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 83']

Para: Jorge Ernesto Durán Pinzón, Secretario General
Consecutivo: 84
Referencia: Su oficio SG- 0038-11 del 18 de enero de 2011
Teniendo en cuenta la solicitud formulada por usted en oficio SG- 0038 - 11 del 18 de enero de 2011 por medio del cual solicita se aclare el alcance y la forma de aplicación de lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4 del acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, de manera atenta se observa:
Acuerdo 020 de 2001 del Consejo Académico
Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario
Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario
Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario
¿Qué alcance tiene el Acuerdo 029 de 2010 en especial lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4 del mismo?
Las disposiciones del acuerdo 029 de 2010 y en especial lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4, debe entenderse que no aplica para los estudiantes actuales de los posgrados, para los admitidos a los programas curriculares de los posgrados. Sin perjuicio de lo anterior por el principio de favorabilidad debe aplicárseles a quienes el cambio en el costo de matrícula les favorece.
a. Acuerdo 20 de 2001:
"CAPÍTULO 8:
Parágrafo 4. El número de puntos por matrícula extemporánea es adicional al número de puntos por concepto de matrícula o renovación de matrícula.
Artículo 50. Derechos Académicos. Todos los estudiantes de postgrado deben pagar los derechos académicos que por concepto de nivelaciones, asignaturas, tutorías, tesis, biblioteca, laboratorios, prácticas de campo y otras actividades que determinen los Consejos de Facultad. Para este efecto se observarán las siguientes reglas:
2. Los derechos académicos de los programas curriculares que conduzcan al mismo título o a uno equivalente en las diferentes Sedes, no podrán diferir en un valor que exceda el 15%, lo cual será controlado por la Vicerrectoría Académica".
b. Acuerdo 008 de 2008: Por el cual se adopta el estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas:
ARTÍCULO 4. Los aspirantes seleccionados adquieren el estado de admitidos y deberán hacer uso del derecho de matrícula inicial en los plazos establecidos por la Universidad. En caso contrario perderán el estado de admitidos. (...)
ARTÍCULO 14. Renovación de Matrícula. En cada período académico el estudiante renovará la matrícula una vez cancele el valor de ésta, se encuentre a paz y salvo por todo concepto y realice la inscripción de asignaturas o actividades académicas. En caso contrario se pierde la calidad de estudiante..."
c. Acuerdo 029 del Consejo Superior Universitario:
Que en mérito de lo anterior (...)
Parágrafo 3. Los estudiantes de programas curriculares de postgrado que estén en convenios de relación docencia - servicio deberán ser vinculados por parte de la Universidad a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales mientras dure el entrenamiento y estarán cobijados por la normativa expedida en el Decreto 2376 del 1 de julio de 2010 o las normas que lo modifiquen o deroguen. Estos recursos deben ser asignados por la Facultad correspondiente.
Parágrafo 4. El costo de los derechos académicos para estudiantes extranjeros será el doble del costo establecido por los Consejos de Facultad o Comités Académico Administrativos para los programas curriculares de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia.
ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Capítulo 8 del Acuerdo 020 de 2001 del Consejo Académico, el Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior Universitario y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias."
El Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario establece el costo de matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, norma que se expidió en virtud a que consideró el Consejo Superior Universitario necesario actualizar el costo de la matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta disposición determina en su artículo 1 un sistema de puntos, para los costos de matrícula, en el que un (1) punto equivale a un (1) día de salario mínimo mensual legal vigente, de conformidad con lo cual, entre otros, establece el costo de la matrícula para estudiantes extranjeros de posgrado.
La disposición guarda concordancia con lo determinado por el estatuto estudiantil o Acuerdo 008 de 2008, el que implementó una reforma de acuerdo con las dinámicas académicas propias de la época de su expedición, en coherencia con lo cual se vio pertinente por el Consejo Superior Universitario actualizar los costos de matrícula para los programas de posgrado.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede deducir en principio que: 1) Se hacía necesario actualizar el sistema el costo de la matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en virtud a las reformas académicas que venían dándose a partir del Acuerdo 008 de 2008 2) que el Acuerdo 029 de 2010 entró a derogar el anterior sistema de costo de matrícula regulado por el Acuerdo 020 de 2001 para los estudiantes de posgrado 3) que La disposición, cobija en principio a todos los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.
Ahora bien el mencionado Acuerdo 029 de 2010 de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8 comenzó a regir a partir de la fecha de su publicación, la cual se efectuó el 3 de enero de 2011, sin embargo, dicha disposición debe ser analizada en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, y el principio de la irretroactividad de la ley y de confianza legítima que debe regir las actuaciones administrativas, en razón a que el Acuerdo fue publicado en la mencionada fecha y los estudiantes actuales y admitidos confiaban en que se sostenía el valor de matrícula que había fijado la universidad para los programas de posgrado con anterioridad a la vigencia del mencionado Acuerdo.
En ese orden de ideas, si las disposiciones académicas de carácter estatutario, entraron a regir a partir del primer semestre del año 2009, previendo un régimen de transición, normas como el Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, que establecen disposiciones especiales en materia de pago de matriculas, deben regir a partir de su vigencia, previendo un régimen de transición con el fin de evitar la violación de la confianza legítima de los estudiantes y admitidos a los programas de posgrado.
Con respecto a la irretroactividad de la ley y la expedición de reglamentos por parte de la Universidad, en virtud de su autonomía, es necesario reiterar lo señalado por esta oficina mediante memorando No 0687 del 8 de mayo de 2008 dirigido a la Secretaría General:
a. " (...) no obstante lo anterior es importante precisar, que la autonomía universitaria no tiene un carácter absoluto, encontrándose limitada por la Constitución y la ley, en aras igualmente a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, entre los que se incluyen los estudiantes.
b. En materia de expedición de reglamentos estudiantiles, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
c).Así mismo en sentencia T-669 de 2000, la Corte señaló que: "Si bien es cierto que a los reglamentos universitarios "les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley", por lo que "las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior", también es cierto que, al momento de proferirse la resolución que obliga a los estudiantes a aprobar la nivelación de inglés, la estudiante no contaba con una situación consolidada, como quiera que no había finalizado materias del pénsum académico ni había presentado los preparatorios correspondientes. En efecto, el acto que origina la presente tutela, fue proferido tres semestres antes de que la accionante cumpla con todos los requisitos de grado, lo que demuestra que el derecho a obtener el título de tecnólogo en administración financiera no se había consolidado.
d) Resulta incuestionable que la autonomía universitaria no es absoluta, en razón a que está limitada por la Constitución y la ley, proscribiendo, de este modo, decisiones arbitrarias del centro educativo. Sin embargo, la Sala considera que la decisión en cuestión no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera." (Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero)
De lo expuesto anteriormente puede concluirse preliminarmente lo siguiente: 1) La autonomía universitaria no es absoluta, encontrando uno de sus límites en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los estudiantes. 2) En virtud de lo anterior, los reglamentos que expida en ejercicio de su autonomía por regla general están cobijados por el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que el reglamento empieza a aplicarse a partir de la fecha de expedición y promulgación. 3) No puede aplicarse de forma retroactiva un reglamento a situaciones consolidadas bajo la normatividad anterior, so pena de vulnerar el principio de buena fe y confianza legítima de quienes adquirieron un derecho legítimamente. 4) Si el derecho no se consolidó en vigencia de la norma que se deroga, no podría alegarse válidamente que se vulnera algún derecho fundamental, toda vez que en primer lugar la universidad esta facultad (sic) para expedir este tipo de reglamentaciones y en segundo lugar, porque no se había consolidado efectivamente una situación jurídica.
Llevando el anterior análisis al caso objeto de consulta se tiene que al momento de proferirse el Acuerdo 029 de 2010, "Por medio de la cual se actualiza el costo de las matrículas de los programas curriculares de postgrado", los actuales estudiantes de programas de posgrado y los admitidos a esos programas no cuentan con una situación consolidada, sin perjuicio de lo cual y en consideración a lo dicho por la Corte Constitucional debe estudiarse la posibilidad que a dichos estudiantes y admitidos a la Universidad Nacional de Colombia a los programas de posgrado con anterioridad a la vigencia del mencionado acuerdo se les hubiese vulnerado su confianza y las expectativas que tienen frente a esos programas académicos.
Sobre la figura de la Confianza legítima ha advertido la citada Corte Constitucional:
"El artículo 83 de la Carta Política establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse al principio de la buena fe, el cual, según la jurisprudencia constitucional, se entiende como un imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar fundamental del sistema jurídico.
"La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.
La Corte ha establecido que el espectro de aplicación del principio de buena fe no se limita al nacimiento de las relaciones jurídicas sino que se extiende al desarrollo de las mismas, hasta su extinción, de suerte que los operadores jurídicos en el curso de tales relaciones deben adecuar su comportamiento a parámetros significativos de lealtad y honestidad y tienen que responder a las expectativas que sus actuaciones precedentes han generado en los demás.
El principio de buena fe tiene, entre otras, dos manifestaciones concretas cuales son el respeto por el acto propio y la confianza legítima que, conjuntamente, previenen a los operadores jurídicos de contravenir sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.
El principio de respeto por el acto propio comporta el deber de mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera que deviene contraria al principio aludido toda actividad de los operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de comportamientos precedentes que hayan tenido la entidad suficiente para generar en los interesados la expectativa de que, en adelante, aquéllos se comportarían consecuentemente con la actuación original. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en desarrollo de este principio, se sanciona "como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto".
Por su parte, el principio de confianza legítima busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la administración, que afecten situaciones respecto de las cuales, si bien el interesado no tiene consolidado un derecho adquirido, sí goza de razones objetivas para confiar en su durabilidad, de manera que no le es dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza que su acción u omisión había generado en los particulares, máxime cuando ello compromete el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Esto, sin embargo, no significa que las autoridades administrativas se encuentren impedidas para adoptar medidas que modifiquen las expectativas de los individuos, como quiera que, se reitera, no se trata de derechos adquiridos, sino que implica que la adopción de tales medidas no puede darse de forma sorpresiva e intempestiva y que, por el contrario, debe permitir la transición de los interesados de un escenario a otro.
El desconocimiento, dentro del marco de un proceso administrativo, del principio de buena fe, en sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto propio, comporta una vulneración del derecho al debido proceso, como quiera que éste comprende la garantía de que las decisiones que se profieran en su curso atenderán a las reglas de juego previamente establecidas así como a las expectativas que la administración, en virtud de sus actos, generó en un particular".1 (Subrayado fuera de texto).
Adicionalmente con respecto al principio de confianza legítima también observa la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
"Esto, sin embargo, no significa que las autoridades se encuentren impedidas para adoptar medidas tendientes a la protección de la integridad de los bienes del Estado, sino que implica que éstas no pueden aplicarse de manera sorpresiva e intempestiva de suerte que afecte derechos subjetivos consolidados y fundamentados en la convicción objetiva de legalidad de la conducta desplegada. Así, las medidas de recuperación deben seguir un proceso administrativo que garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio público y debe prever planes de reubicación para aquellos comerciantes que demuestren que están amparados por el principio de confianza legítima, que no se genera únicamente por actos expresos de la administración como la expedición de licencias o permisos, sino que se concreta incluso por la tolerancia y permisividad de la administración en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio público." (Sentencia T-053 de 2008)
Así, los presupuestos reseñados por la Corte Constitucional relativos a la actuación abrupta e intempestiva de la Administración, se dan en el caso materia de examen con la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 2010, el cual de considerarse que tiene aplicación inmediata para los estudiantes en curso y admitidos a los programas de posgrado para el primer semestre de 2011, afecta la convicción objetiva que ha podido generar en ellos la institución, quienes tienen la convicción de que sus matrículas de posgrado para el semestre en curso se rigen por la normatividad anterior al Acuerdo 029 de 2010, en otras palabras, en dicha interpretación se presentaría un cambio abrupto e intempestivo en el proceder de la Universidad, por lo que dicha norma a consideración de este despacho no aplica para ellos y debe entrar a regir para los que ingresen o reingresen a los programas de posgrado a partir del segundo semestre de 2011.
Lo anterior teniendo en cuenta que la actuación de la Universidad Nacional de Colombia debe ceñirse al principio de la buena fe, el cual es un imperativo de honestidad, confianza con relación a los administrados, en este caso para las personas que vienen cursando estudios de posgrado y para las personas que ya fueron admitidos a esos programas curriculares para el I semestre de 2011, quienes tienen una expectativa de continuar sus estudios de posgrado teniendo en cuenta los costos de las matrículas que regían antes de entrar en vigencia el Acuerdo 029 de 2010, de suerte que la actuación de la institución tiene que responder a esa expectativa.
Lo contrario, esto es, aplicar intempestivamente a estas personas el Acuerdo 029 de 2010 implica a consideración de este despacho defraudar las expectativas de esos estudiantes y admitiditos a programas curriculares de posgrado que confiaban en que el programa curricular el cual vienen cursando o para el cual han sido admitidos, iba a tener como costos de matriculas, los valores que regían hasta antes de la entrada en vigencia del mencionado acuerdo.
Así las cosas tal y como lo advierte la Corte Constitucional no le es dable a la Universidad desconocer la confianza que había generado en los estudiantes de posgrado y en los admitidos a los programas de posgrado con relación al valor de su matrícula, lo que implicaría la aplicación inmediata del Acuerdo 029 de 2010 para ellos, pues ello compromete el ejercicio del derecho a la educación de los mismos y el derecho al debido proceso.
No obstante de conformidad con el principio de favorabilidad que debe regir a toda actuación administrativa podrá aplicarse el Acuerdo 029 de 2010 a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca.
Por lo anterior considera este despacho pertinente sugerir al Consejo Superior Universitario que proceda a aclarar el Acuerdo 029 de 2010, a efectos de establecer un régimen de transición al mencionado Acuerdo que determine a quienes les aplica el mismo.
De conformidad con lo anterior advierte esta oficina:
No es aplicable el Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, en el caso de los actuales estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y en el caso de los admitidos a programas de posgrado siempre y cuando conserven su calidad de estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes razones:
1. A pesar de que los mencionados estudiantes y los admitidos a los programas curriculares de posgrado, no han consolidado derechos, si tienen una expectativa y una confianza en las reglas que había establecido la Universidad para el pago de matrículas.
2. Dicha confianza o expectativa no es susceptible de defraudar por la Universidad Nacional de Colombia cambiando abruptamente para ellos las reglas y los valores de su matrícula, pues dichos administrados tenían razones objetivas para confiar en que el valor de su matrícula en el transcurso del programa curricular no iba a variar.
3. No le es dable a la Universidad Nacional de Colombia desconocer la confianza que había generado en los actuales estudiantes de posgrado y los admitidos a los programas de posgrado con relación al valor de la matrícula para el primer semestre de 2011.
4. Desconocer esa confianza que brindaron los estudiantes y admitidos en la Universidad, compromete, como lo ha advertido la Corte Constitucional el ejercicio de los derechos fundamentales de los administrados, en este caso el derecho a la educación y al debido proceso, pues el cambio del valor de la matrícula se considera por este despacho como abrupto e intempestivo.
5. No obstante lo anterior considera este despacho de conformidad con el principio de favorabilidad que debe regir a toda actuación administrativa que el Acuerdo 029 de 2010, podrá aplicarse a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca.
Así las cosas dado que entre los estudiantes y admitidos a los programas de posgrados se encuentran los "estudiantes extranjeros", se entiende que a ellos tampoco se les puede cambiar intempestivamente las actuaciones precedentes de la administración y defraudar sus expectativas frente a la estabilidad de los valores que tenía establecidos la Universidad para el valor de sus matrículas.
De conformidad con lo anterior, el Acuerdo 029 de 2010 expedido por el Consejo Superior Universitario debe entenderse a consideración de este despacho que no tiene aplicación para los actuales estudiantes de posgrado y admitidos a programas de posgrados siempre y cuando conserven la calidad de estudiantes, pues su aplicación equivale a vulnerar la confianza legítima que han depositado en la Universidad Nacional de Colombia frente al costo de la matrícula a los programas de posgrado, lo cual conlleva a comprometer el ejercicio de los derechos de educación y debido proceso de los mismos.
Sin embargo, las disposiciones del acuerdo 029 de 2010 podrán aplicarse a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca, siempre y cuando conserven la calidad de estudiantes.
Así las cosas el Acuerdo 029 de 2010 debe aplicarse a las personas que ingresen o reingresen a programas curriculares de posgrado a partir de la vigencia del mencionado Acuerdo.
No obstante lo anterior considera este despacho pertinente sugerir al Consejo Superior Universitario que proceda a aclarar el Acuerdo 029 de 2010, a efectos de establecer un régimen de transición al mismo que determine a quienes les aplica.
1 Sentencia T- 248 de 2008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil