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Timestamp: 2016-10-22 22:45:09
Document Index: 275382627

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 25', 'artículo 148', 'artículo 31', 'artículo 47', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 4', 'Artículo 47', 'Artículo 63', 'Artículo 42', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 42', 'artículo 59']

LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana
LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana	LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana Mis Leyes
LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana Estado	:
8/2004	Boletín Oficial	:
TÍTULO I. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.
TÍTULO II. EL ACCESO A LA VIVIENDA.
CAPÍTULO I. LAS GARANTÍAS DE CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO II. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN.
CAPÍTULO III. REQUISITOS PARA LA VENTA DE VIVIENDAS.
CAPÍTULO IV. REQUISITOS PARA LAS VIVIENDAS OBJETO DE ARRENDAMIENTO.
CAPÍTULO V. FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS URBANOS.
TÍTULO III. USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO I. USO Y CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO II. OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA VIVIENDA Y EL EDIFICIO.
CAPÍTULO III. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
CAPÍTULO IV. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.
TÍTULO IV. FOMENTO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO II. PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO III. PROMOCIÓN PÚBLICA Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LA VIVIENDA.
CAPÍTULO IV. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA.
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES.
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIÓN.
CAPÍTULO VII. COMPETENCIAS.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Procedimiento sancionador.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Sistema arbitral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Coordinación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Plazos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Fianzas de arrendamientos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Exigibilidad de la obligación de aseguramiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Cédula de habitabilidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Procedimientos sancionadores ya iniciados.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Carácter supletorio de la legislación estatal de viviendas de protección oficial.
El disfrute de una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Constitución española, es un derecho fundamental de carácter social de todos los ciudadanos, cuyo reconocimiento implica el mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y efectivo.
La vivienda como bien necesario está recogida en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en la Carta Social Europea de 1961.
Por otra parte, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como materia competencial de las Comunidades Autónomas, competencia que para la Comunidad Valenciana viene recogida con carácter exclusivo en el artículo 31 de su Estatuto de Autonomía, establecido por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
Asimismo, y de acuerdo con los principios de legalidad y seguridad jurídica, la dispersión y diversidad de la normativa reguladora de la vivienda hasta el presente y su naturaleza reglamentaria, así como, en ocasiones, la falta de adecuación a la realidad actual o el vacío legal existente en determinados aspectos, hacen imprescindible la elaboración de una disposición única con rango de Ley, que, por un lado, agrupe los distintos preceptos relativos a esta materia adaptándolos a este momento y, por otro, regule aquellos extremos importantes referentes a la misma y no contemplados legalmente hasta ahora. Se ha tratado al mismo tiempo de enmarcar en esta norma la articulación de las políticas de integración e inclusión social, consiguiendo con ello un reconocimiento normativo del esfuerzo que en esta materia se esta destinando.
Los principios generales se recogen en el capítulo I del Título I, dentro del epígrafe Derecho a la vivienda digna. En dicho capítulo se establece el objeto de la Ley, vinculado inseparablemente al cumplimiento del mandato impuesto por el artículo 47 de la Constitución Española, se regula el concepto de vivienda y la exigencia de unas condiciones de calidad, refiriéndolas a la legislación estatal y autonómica de ordenación de la edificación.
Sin perjuicio de esta condición de bien de mercado que posee la vivienda, la presente Ley tiene un carácter básicamente social, cuyos primordiales objetivos radican, por un lado, en la protección de los derechos de adquirentes y usuarios que acceden por cualquier título, y por otro en el esbozo de posibles líneas genéricas de actuación que permitan favorecer la integración e inclusión social de los sectores mas desfavorecidos de nuestra sociedad.
El primero de los objetivos se plasma en distintas medidas y preceptos contenidos fundamentalmente en el Título II bajo el epígrafe El acceso a la vivienda, y de los cuales se subrayan los siguientes aspectos:
La Ley precisa una serie de conceptos, como la definición de vivienda de protección pública, quienes pueden ser promotores y destinatarios de la misma, la extensión de la protección pública a otros elementos de la vivienda diferentes pero vinculados o relacionados con ella y, por último, la calificación provisional y definitiva que determinan la incorporación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda al régimen de protección pública, y las faculta para su uso y la contratación de los servicios correspondientes.
En su ámbito de aplicación y con respecto a las viviendas libres, se remite con carácter general a la legislación de consumidores y usuarios. No obstante, se tipifica expresamente como infracción muy grave el incumplimiento de los requisitos para percibir cantidades a cuenta del precio, antes o durante la construcción. La competencia para imponer la sanción, con multa de hasta un veinticinco por ciento de las cantidades percibidas sin cumplir las garantías legales, se atribuye a los órganos competentes de la Generalitat en materia de consumo. Todo ello conforme a los criterios del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, cuyo artículo 7, al referirse a las cantidades entregadas a cuenta, se remite a la Ley 57/1968, de 27 de julio.
El régimen sancionador que establece la presente Ley se aplica fundamentalmente a las viviendas de protección pública, y tiene como antecedente la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de régimen sancionador en materia de vivienda. Dada la plena vigencia de ésta en muchas de sus disposiciones, dicha Ley se recoge en líneas generales, si bien, tras su aplicación, la experiencia acumulada, así como algunas lagunas normativas detectadas, hace aconsejable introducir modificaciones e innovaciones con el fin de mejorar su eficacia. Ejemplo ilustrativo de ello es tipificar como infracción muy grave el acceso a viviendas con protección pública cuando se superen los límites de ingresos, y el incumplimiento de las demás condiciones establecidas por la normativa aplicable.
LAS GARANTÍAS DE CALIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LA VIVIENDA.
La descripción de la vivienda, superficie útil y construida, y, en su caso, de los elementos vinculados a ésta.
El precio de venta o de arrendamiento y condiciones básicas de financiación.
La sujeción a los requisitos establecidos por la legislación aplicable para garantizar las cantidades entregadas a cuenta, mencionando la entidad garante.
Datos relativos al promotor y al constructor: nombre o razón social, domicilio e inscripción en el registro mercantil o los registros públicos correspondientes.
Condiciones económicas: precio total y conceptos que este incluye, indicando si el mismo comprende las tasas, los impuestos y los demás gastos por cuenta del adquirente; pagos aplazados y sus intereses, así como las condiciones para su aplicación; garantías para el aseguramiento del cobro de las cantidades entregadas a cuenta, mencionando la entidad garante y la cuenta especial en la que hayan de efectuarse los ingresos con sujeción a la normativa aplicable.
Características esenciales de la vivienda: plano de emplazamiento, plano acotado a escala de la vivienda y memoria en la que se haga referencia a los siguientes extremos: dimensiones referidas a las superficies útiles, construidas y construidas con repercusión de los elementos comunes; cumplimiento de los niveles de calidad que establezca la legislación aplicable, planos y detalles de las características de todas las instalaciones de la vivienda, servicios y características de los anejos y elementos vinculados a la vivienda.
Situación jurídica del inmueble: acreditación de la titularidad registral de la vivienda; estado de cargas y gravámenes de la misma; justificación de estar al corriente en el pago de gastos generales de la comunidad de propietarios; garantías constituidas para responder por daños materiales a causa de vicios o defectos de construcción conforme a la legislación de ordenación de la edificación.
Situación administrativa: licencia municipal de edificación, y de ocupación o calificación definitiva si estuviesen terminadas las viviendas, así como información suficiente que acredite estar al corriente de los impuestos, tasas y exacciones que graven la vivienda.
Condiciones de uso y mantenimiento: el Libro del Edificio, que reunirá las características y documentación exigidas por la legislación de ordenación de la edificación.
Condiciones económicas: el precio total y conceptos en éste incluidos así como las condiciones de financiación que, en su caso, pudieran establecerse.
Situación jurídica del inmueble: acreditación de la titularidad registral de la vivienda; estado de cargas y gravámenes de la misma; características esenciales del régimen de propiedad horizontal, en su caso, y justificación de encontrarse al corriente de los pagos a la comunidad de propietarios, en aquellas viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal; garantías por daños materiales por vicios o defectos de construcción cuando las mismas fueran preceptivas, de conformidad con lo establecido por la legislación de la ordenación de la edificación.
Situación administrativa: información suficiente que acredite estar al corriente de los impuestos, tasas y exacciones que gravan la vivienda.
Condiciones de uso y mantenimiento: de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Libro del Edificio regulado por la legislación de ordenación de la edificación.
REQUISITOS PARA LA VENTA DE VIVIENDAS.
La disponibilidad de los terrenos, proyecto técnico y licencia de obras.
La escritura de declaración de obra nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal así como certificación registral en la que consten, las cuotas de participación en los elementos comunes y los estatutos de la comunidad de propietarios o proyecto de estatutos de la junta de comunidad de propietarios.
Previsión de los plazos de finalización y entrega de las viviendas una vez acabadas.
La percepción por promotores o gestores de cantidades anticipadas a cuenta del precio, en las compraventas de viviendas efectuadas antes de iniciar la construcción o durante la misma, se garantizarán mediante un seguro o aval que indemnice el incumplimiento del contrato, en los términos establecidos por la Ley 57/1968, de 27 de julio, y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación, que será de aplicación a la promoción de toda clase de viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa.
En los contratos de compraventa se hará constar la obligación de devolver las cantidades entregadas a cuenta más los intereses legales hasta el momento efectivo de su devolución, para los supuestos de incumplimiento del plazo de inicio o terminación de las obras de construcción o para el caso de no haberse obtenido la licencia de ocupación o, si procede, la cédula de habitabilidad o de calificación definitiva, en el supuesto de que el comprador opta por la resolución contractual, sin perjuicio de los demás pactos lícitos que tengan convenidos. Sin que puedan imponerse al consumidor, en concepto de indemnización o penalización, cuantías superiores a las que se impongan al promotor.
Las garantías por daños materiales derivadas de vicios y defectos de construcción establecidas en la legislación de ordenación de la edificación.
En su caso, el importe de préstamo hipotecario que corresponda a la vivienda, las condiciones del mismo y los requisitos de subrogación al comprador. El comprador podrá subrogarse o no en el préstamo del promotor, siendo por cuenta de éste los gastos de cancelación cuando el comprador optara por la no subrogación en dicho préstamo. Los anteriores requisitos señalados en los apartados a y b, deberán acreditarse en la escritura pública de compraventa.
La licencia de ocupación, y en el supuesto de viviendas de protección pública de nueva construcción o rehabilitadas, en primera transmisión, la cédula de calificación definitiva.
REQUISITOS PARA LAS VIVIENDAS OBJETO DE ARRENDAMIENTO.
Que la vivienda disponga de la licencia de ocupación, o en su caso, cédula de habitabilidad, y tratándose de viviendas de protección pública de nueva construcción o rehabilitadas, en primera ocupación, la cédula de calificación definitiva, sin perjuicio de la exigibilidad de la licencia de ocupación a efectos de comprobación de la legalidad urbanística por parte de los órganos de la administración local competente.
Los establecidos específicamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos, bien entendido que se tendrán por no puestas y por lo tanto serán nulas de pleno derecho, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas que con carácter imperativo establece.
Se podrá acceder a la adquisición de una vivienda a través de la formalización del contrato de arrendamiento con opción de compra. Los requisitos aplicables serán los que establece el artículo 16 de esta Ley para la venta de viviendas terminadas, con las determinaciones que reglamentariamente se establezcan.
1. A la celebración del contrato de arrendamiento de vivienda será obligatoria la exigencia de prestaciones de fianza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.c de esta Ley.
2. El mismo criterio establecido en el apartado anterior será de aplicación en los supuestos de actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de cinco años.
En los casos en los que el recargo por ingreso extemporáneo, y sin previo requerimiento, no se abone simultáneamente con el ingreso del principal, se practicará por la administración tributaria la oportuna liquidación, que deberá ingresarse, en período voluntario, en los plazos establecidos en el artículo 20.2 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Los mismos plazos de ingreso serán aplicables a las liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras o de resoluciones sancionadoras.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, en la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en el artículo 4, apartado uno, letras j y k de la Ley de la Generalitat 13/1997, de 23 de diciembre, del Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta y restantes tributos cedidos, se crea el Registro de la Generalitat de Fianzas de Arrendamientos Urbanos, con carácter administrativo, que depende de la Dirección General de Tributos, en el que deben ser objeto de inscripción los datos correspondientes a contratos suscritos entre arrendador y arrendatario referentes a inmuebles situados en la Comunidad Valenciana cuyas fianzas deben ser objeto de depósito preceptivo.
La situación del inmueble, con indicación de municipio y dirección completa.
El uso al que se destina aquél, indicando si es para vivienda o para uso distinto.
La identificación del arrendador y del arrendatario, indicando el nombre y apellidos o razón social y los respectivos números o códigos de identificación fiscal.
La fecha de formalización del contrato, así como la de inicio real del pago del alquiler, cuando esta fecha fuera anterior a la de formalización, y el plazo inicial de duración del contrato.
La renta pactada.
La fecha de depósito de la fianza y la cuantía de ésta.
Las fechas de las actualizaciones que, en su caso, se produzcan, así como su cuantía.
La fecha de cancelación de la fianza, indicando el importe de la cancelación y el beneficiario.
Cualquier otra circunstancia que afecte a la fianza, indicando su fecha.
USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA.
USO Y CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA.
OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA VIVIENDA Y EL EDIFICIO.
DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
FOMENTO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LA VIVIENDA.
2. La Generalitat está facultada para establecer limitaciones del precio de venta y renta, de superficie, de destino, que queda restringido a la vivienda principal salvo en los supuestos de ayudas objetivas que reglamentariamente se establezcan, y cuantas otras se consideren ajustadas para el cumplimiento de la finalidad social de este tipo de viviendas.
PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA VIVIENDA.
La vivienda de protección pública es aquélla cuyo precio máximo de venta y renta y superficie útil máxima se definan reglamentariamente, reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus normas de desarrollo, esté destinada a usuarios con un nivel de ingresos limitados, sea susceptible de ayudas públicas, y se califique o reconozca como tal por la administración competente. Cuando las referidas ayudas públicas consistan en el acceso a préstamos específicos, su subsidiación, o ayudas o subvenciones públicas directas contempladas en los planes de vivienda y suelo y otros instrumentos similares, las viviendas se destinarán necesariamente a domicilio habitual y permanente.
la creación y adquisición de suelo residencial y a los terrenos y obras de urbanización necesarias para llevar a cabo la construcción.
la adquisición de edificios para su rehabilitación.
la adquisición de viviendas nuevas o usadas.
la rehabilitación de viviendas y edificios.
las actuaciones que contribuyan al ahorro energético o a la conservación o rehabilitación del medio ambiente en la construcción de las viviendas.
las viviendas de integración social dirigidas a colectivos específicos.
las viviendas tuteladas, de tipología especial o alojamientos destinados a otros colectivos por razones de interés social.
las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios de carácter dotacional en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 47. Responsabilidad objetiva en las viviendas de protección pública. Los promotores de viviendas de protección pública prestarán las garantías por daños materiales que se ocasionen por vicios o defectos de construcción, en el ámbito de la responsabilidad civil regulada por la legislación de ordenación de la edificación.
PROMOCIÓN PÚBLICA Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LA VIVIENDA.
La promoción pública directa es la efectuada sin ánimo de lucro por la Generalitat y entidades locales, directamente por cada una, o mediante Convenios entre las citadas Administraciones.
La promoción pública instrumental es la efectuada sin ánimo de lucro por las entidades autónomas y empresas públicas dependientes de la administración Autonómica y Local.
Se considerará promoción pública asimilada la efectuada por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales destinada a operaciones especiales de integración social con las autorizaciones, control y seguimiento de la Generalitat, y con las características, condiciones y ayudas que se regulen reglamentariamente.
Dedicar la vivienda a usos no autorizados o la alteración del régimen de uso de la misma, establecido en la cédula de calificación definitiva.
No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada sin justa causa durante un plazo superior a tres meses.
Cuando sus adquirentes utilicen otra vivienda construida con financiación pública, salvo cuando de trate de titulares de familia numerosa en el marco normativo regulador de esta situación.
Cuando sus adquirentes incurrieran en falsedad de cualquier hecho que fuese determinante de la adjudicación en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso a la vivienda.
La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligado el cesionario en el acceso diferido a la propiedad y de las cuotas complementarias que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualquier otra que se determine reglamentariamente.
La ocupación de la vivienda sin título legal para ello.
La realización de obras que alteren la configuración de la vivienda o menoscaben la seguridad del edificio, así como causar el ocupante, beneficiario, arrendatario o personas que con él convivan deterioros graves en los mismos, sus instalaciones o servicios complementarios.
El incumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de la vivienda.
Infracción grave o muy grave de las prescripciones legales y reglamentarias vigentes en materia de vivienda protegida.
No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario o arrendatario u ocupantes por cualquier título.
El subarriendo o cesión total o parcial de la vivienda.
El desarrollo en el piso o local o en el resto del inmueble de actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA.
Artículo 63. Cantidades a cuenta. El incumplimiento de los requisitos para percibir cantidades a cuenta del precio antes o durante la construcción de las viviendas libres constituirá infracción grave que será sancionada con multa, que se impondrá por los órganos competentes de la Generalitat en materia de consumo, en cuantía, por cada infracción, de hasta el 25 % de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o avalada o, en caso de resultar superior, de los importes que se fijan para las infracciones graves en el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.
El cumplimiento de las normas reguladoras de las viviendas con protección pública.
El cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aplicable para la obtención de financiación protegida con destino a la promoción, adquisición, uso o rehabilitación de viviendas, independientemente del régimen al que pertenezcan.
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley en materia de fianzas de arrendamientos urbanos.
No destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección pública, así como aquéllas en que se hubiese obtenido financiación pública, manteniéndose esta exigencia durante el plazo establecido en sus normas específicas, y en su caso de conformidad con el desarrollo reglamentario que se establezca.
La reiterada compraventa de viviendas de protección pública, aunque el adquiriente no opte a la financiación cualificada, así como cualquier forma de especulación que pueda detectarse por la administración competente, en relación con dicho tipo de viviendas.
Con multa de 150 hasta 600 euros, las infracciones leves.
Con multa de más de 600 hasta 3000 euros, las infracciones graves.
Con multa de más de 3000 hasta 30.000 euros, las infracciones muy graves.
La naturaleza y el montante de los perjuicios causados, así como el coste de la reparación y su viabilidad.
La reiteración o reincidencia por comisión del hecho en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme, aunque la comisión de los hechos se llevará a término en obras diferentes de viviendas de protección pública, por el mismo promotor, constructor, facultativo o propietario de la vivienda.
El enriquecimiento injusto obtenido por la comisión del hecho.
Los perjuicios causados a terceras personas.
Aquellas otras cuestiones que, a juicio razonado de la administración, deban incidir en la graduación.
Descalificación de la vivienda, con pérdida de los beneficios tributarios obtenidos y su devolución incrementada por los intereses legales correspondientes.
Pérdida y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas, así como al régimen legal de viviendas de protección pública.
Inhabilitación temporal de uno a cinco años para intervenir en la redacción de proyectos, o en la construcción de viviendas de protección pública, o rehabilitación de viviendas con algún tipo de ayuda o financiación protegida en calidad de técnicos, promotores y constructores.
El cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones dentro del plazo establecido para ello podrá dar lugar a que se acuerde, por el órgano que dictó las mismas, la condonación de hasta un 80 % de la sanción impuesta.
Valencia, 20 de octubre de 2004.
Artículos 15 (párrafos 1 y 4) y 63:
Redacción según Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 42 (apdo. 4):
Añadido por Decreto-ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas.
Redacción según Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Artículo 69;Artículo 69 (apdo. 12):
Suprimido por Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Artículo 42 (apdo. 4):
Añadido por Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas Artículos 40 (primer párrafo del punto 2) , y 43 (primer párrafo):
Redacción según Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Cerrar
Ordenanza Reguladora de la Conservación y de la Inspección Técnica de EdificiosRESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Manuel Ángel Rueda Pérez, contra la negativa de la registradora de la propiedad accidental de Massmagrell, a inscribir una escritura de declaración de obra nuevaRESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva finalizadaRESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 16 de Valencia, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Joaquín Borrell García, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 1 interino, de Torrente, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Chiva, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Joaquín Borrell García, contra la negativa del registrador de la propiedad de Chiva, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 10 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaRESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nuevaEdicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre notificación de Resolución número U-651, de concesión de licencia de edificación a Fermín Gigante Calle, conforme con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo ComúnORDEN de 28 de julio de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas pre­vistas en los planes de vivienda y suelo. [2009/9436]ORDEN de 28 de julio de 2009, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleriade Agri­cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano. [2009/9365]EdictoEdicto de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sobre notificación de acuerdo de no iniciación a Soledad Andreu Castro. Expte. VIVI/049809/187Edicto de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
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inicación a David Peris Mestre, expediente
VIVI/049810/122Edicto de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
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iniciación a David Peris Mestre. Exp. VIVI/049810/122	Cerrar PDF
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