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Timestamp: 2020-08-14 17:47:26
Document Index: 268242781

Matched Legal Cases: ['artículo 215', 'artículo 254', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 36']

﻿ DECRETO 488 DE MARZO 27 DE 2020
DECRETO 488 DE 27 DE MARZO DE 2020
CONTENIDO:MINISTERIO DEL TRABAJO. ADOPTA MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL EMPLEO Y BRINDAR ALTERNATIVAS A TRABAJADORES Y EMPLEADORES DENTRO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR MEDIO DEL DECRETO 417 DE 2020, RELATIVAS A RETIRO DE CESANTÍAS, AVISO SOBRE EL DISFRUTE DE VACACIONESRECURSOS DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS COVID-19BENEFICIOS RELACIONADOS CON EL MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTEAPALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS BENEFICIOSY CON RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE LA FE DE VIDA -SUPERVIVENCIA- DE CONNACIONALES FUERA DEL PAÍS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, VACACIONES, CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA, CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL PENSIONADO, EMERGENCIA AMBIENTAL, REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, TRABAJADOR, INTERVINIENTES EN EL DERECHO LABORAL, SUBSIDIO AL EMPLEO, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, VACACIONES COLECTIVAS, LIQUIDACIÓN DE LAS VACACIONES, MINISTERIO DEL TRABAJO, PAGO DE LAS VACACIONES, RETIRO DE LOS APORTES DE LOS FONDOS DE CESANTÍAS, COMPETENCIA EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, INCENTIVOS DE LA LEY DE FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO, INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, FORMALIDAD DEL TRABAJO, DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, TRÁMITE DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA, SUPRESIÓN DEL TRÁMITE DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA, VACACIONES PROPORCIONALES, PROTECCIÓN AL TRABAJADOR CESANTE, MECANISMO DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR CESANTE
DIARIO OFICIAL N°:51269 DE MARZO 27 DE 2020
DECRETO LEGISLATIVO 488 DE 2020
(Nota: Véase Circular 34 de 2020 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”, y
Que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en reporte de fecha 26 de marzo de 2020 a las 16:06 GMT-5, se encuentran confirmados 465.915 casos, 21.031 fallecidos y 200 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus COVID-19.
Que, pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 26 de marzo de 2020 6 muertes y 491 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (187), Cundinamarca (21), Antioquia (59), Valle del Cauca (73), Bolívar (26), Atlántico (13), Magdalena (5), Cesar (2), Norte de Santander (15), Santander (4), Cauca (9), Caldas (10), Risaralda (19), Quindío (12), Huila (14), Tolima (9), Meta (8), Casanare (1), San Andrés y Providencia (1), Nariño (1), Boyacá (2). Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de vidas, la rápida expansión del brote de la enfermedad y los numerosos casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia a la misma fecha y de no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores índices de mortalidad y, por tanto, un problema sanitario que debe ser resuelto de manera inmediata, con medidas efectivas de contención y mitigación.
Que dentro de las consideraciones del mencionado decreto, en el acápite de “medidas” se indicó “(...) Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a aliviar las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis [...]” y “[...] Que los efectos económicos negativos generados por el nuevo coronavirus COVID-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia [...]”.
Que el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de proteger el empleo, ha instado a los empleadores a usar otro tipo de mecanismos tales como el “trabajo en casa“, los permisos remunerados, las jornadas flexibles, el teletrabajo y el otorgamiento de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas.
Que el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado, norma que es insuficiente para poder brindar un alivio a los trabajadores durante la emergencia declarada por el Gobierno Nacional, con el fin de permitirles disponer de una porción de su ahorro de cesantías para poder aminorar los efectos económicos negativos que la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 tendrá en su vida personal y familiar.
Que la promoción y prevención de los riesgos laborales es fundamental para afrontar la emergencia económica, social y ecológica dentro de los ambientes laborales para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores. Que por su parte, el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 establece las actividades de promoción y prevención que deben ejecutar las administradoras de riesgos laborales, así como la inversión de los recursos de la cotización efectuada por (sic) en el empleador al sistema de riesgos laborales, las cuales no incluyen las labores de prevención del contagio del nuevo coronavirus COVID-19 hacia el personal directamente expuesto al nuevo coronavirus COVID-19, por lo que se debe facultar a las administradoras de riesgos para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del nuevo coronavirus COVID-19, por lo que se requiere incluir dentro de las actividades de promoción y prevención, estas acciones de asunción de crisis.
Que ante la contingencia ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 se debe prever un mecanismo que facilite el cubrimiento de los gastos del cesante, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, mientras dure la emergencia, con el fin de mitigar los efectos adversos de esta situación, mecanismo que actualmente no está contemplado en las normas pues estas son insuficientes para brindar una adecuada protección durante la coyuntura actual al trabajador cesante y a su familia, por lo que se hace preciso crearlo para conjurar la coyuntura derivada del nuevo coronavirus COVID-19 y su impacto en la vida del cesante y su familia.
Que debido al déficit financiero que las medidas aquí implementadas puedan ocasionar, se requiere que se dé aplicación al principio financiero de unidad de caja, para que las cajas compensación familiar puedan apalancar recursos entre las subcuentas del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec, ya que las normas actuales son insuficientes para que se pueda dar un apalancamiento de recursos y atender los beneficios dirigidos al cesante.
Que, en razón a la pandemia global del nuevo coronavirus COVID-19, se debe suspender la fe de vida de los connacionales fuera del país ante las entidades que forman parte del sistema general de seguridad social integral, regulada en el artículo 22 del Decreto-Ley 19 de 2012, modificado por el artículo 36 del Decreto-Ley 2106 de 2019, ya que dicha legislación es insuficiente para poder dar una solución a la coyuntura actual que permita suspender temporalmente la fe de vida dadas las actuales contingencias globales relacionadas con la pandemia global.
Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, afirma que [...] El COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [...]”.
Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5.3 millones (caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media“, podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas”.
ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a empleadores y trabajadores, pensionados connacionales fuera del país, administradoras de riesgos laborales de orden privado, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado que administren cesantías y cajas de compensación familiar.
ART. 3º—Retiro de cesantías. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, el trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Esta disposición aplica únicamente para retiros de los fondos administrados por sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado.
La Superintendencia Financiera impartirá instrucciones inmediatas a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado, para que la solicitud, aprobación y pago de las cesantíaslos trabajadores se efectúe por medios virtuales, en razón a la emergencia declarada.
PAR.—Para el retiro de las cesantías de que trata este artículo las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado, no podrán imponer requisitos adicionales que limiten la aplicación del presente artículo.
ART. 4º—Aviso sobre el disfrute de vacaciones. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, el empleador dará a conocer al trabajador, con al menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que se le conceda el disfrute de las vacaciones.
ART. 5º—Recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el coronavirus COVID-19. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, las administradoras de riesgos laborales destinarán los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, de que trata el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, de acuerdo con la siguiente distribución:
1. El cinco por ciento (5%) del total de la cotización para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio de virus, tales como, trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con contención, mitigación y atención del nuevo coronavirus COVID-19.
2. Del noventa y dos por ciento (92%) del total de la cotización, la entidad administradora de riesgos laborales destinará como mínimo el 10% para las actividades de prevención y promoción de que trata el numeral 2º del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012.
3. El uno por ciento (1%) en favor del fondo de riesgos laborales.
PAR.—Las administradoras de riesgos laborales presentarán a la Superintendencia Financiera en el mes de noviembre de 2020, el informe financiero detallado de la destinación de recursos de que trata el presente artículo.
ART. 6º—Beneficios relacionados con el mecanismo de protección al cesante. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores dependientes o independientes cotizantes categoría A y B, cesantes que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco (5) años, recibirán, además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013, una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, divididos en tres (3) mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia y, en todo caso, máximo por tres meses.
PAR.—El aspirante a este beneficio deberá diligenciar ante la caja de compensación familiar a la que se encuentre afiliado, la solicitud pertinente para poder aspirar a obtener el beneficio de que trata el presente artículo.
(Nota: Véase Decreto 801 de 2020 artículo 5° del Ministerio de Trabajo)
(Nota: Véase Resolución 1260 de 2020 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)
(Nota: Véase Resolución 1395 de 2020 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)
ART. 7º—Apalancamiento de recursos para el cubrimiento de los beneficios. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, las cajas de compensación familiar a través de la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec, podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto financiero de unidad de caja entre las subcuentas del fondo, para cubrir el déficit que la medida contenida en el artículo anterior pueda ocasionar.
Tanto la medida como el retorno de los recursos a las subcuentas deberán ser informados, con los respectivos soportes.XXXX a la Superintendencia del Subsidio Familiar, evidenciando las cuentas necesarias de su utilización.
(Nota: Véase Resolución 1395 de 2020 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)
ART. 8º—Acreditación de la fe de vida - supervivencia - de connacionales fuera del país. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y a partir de la entrada en vigencia del presente decreto se suspenderá el término de seis (6) meses de que trata el artículo 22 del Decreto-Ley 19 de 2012, modificado por el artículo 36 del Decreto-Ley 2106 de 2019, para la acreditación de la fe de vida - supervivencia - ante las entidades que forman parte del sistema general de seguridad social integral.
ART. 9º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá D.C., a marzo 27 de 2020.