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Timestamp: 2019-11-16 01:30:32
Document Index: 259107787

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4']

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EL ENVÍO DE DATOS PERSONALES POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS BOLETINES OFICIALES QUE CORRESPONDA: DOCTRINA RECIENTE Y ÚLTIMAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
I.- La cesión o comunicación de datos personales de los interesados por las entidades públicas a boletines oficiales para su debida publicación: ¿legal o ilegal?, ¿en qué supuestos?, legislación habilitadora.
Según prevé el Informe Jurídico de la AEPD nº 0197/2010, “(…) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y (…) el artículo 59 establece que “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. (……) 5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. No obstante, lo dispuesto anteriormente debe ponerse en conexión con la obligación de notificar a los interesados las resoluciones administrativas que afecten a sus derechos e intereses, que establece el artículo 58 de la Ley 30/1992 (…)”.
La comunicación de los datos personales en el Boletín Oficial que corresponda, es calificada por la Agencia como una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (en lo que sigue, LOPD) como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.
Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo el artículo 11 de la misma Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legitimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el previo consentimiento del interesado (artículo11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.
No obstante, el artículo 11.2 prevé una serie de excepciones que, a los efectos que interesan en el presente supuesto, quedan limitadas a la contenida en el apartado a) que prevé la posibilidad de cesión no consentida “Cuando la cesión está autorizada en una Ley.”
Por tanto, será necesario que exista una norma con rango de Ley, estatal o autonómica que habilite la cesión no consentida de los datos.
En definitiva, con carácter general, y sin perjuicio de la concurrencia de cualquier ley especial habilitadora, la publicación de los datos personales en el Boletín Oficial que corresponda, se encontrará autorizada por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por tanto, y no constituye ninguna infracción de la Ley Orgánica 15/1999 por cesión ilegal de datos personales.
Sin embargo, la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 61, relativo a la “Indicación de notificaciones y publicaciones”, dispone que: “Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento”.
En conclusión, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia será adecuada a la Ley Orgánica 15/1999, pero sí el órgano consultante considera que la publicación lesiona derechos e intereses legítimos podrá optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992.
II.- Envíos incorrectos de datos personales a los boletines oficiales por las Administraciones Públicas: La necesidad de aplicar el principio esencial de tratamiento de calidad o pertinencia de los datos personales y soluciones técnicas aplicables a la Administración en este sentido.
El hecho que pueda quedar justificado legalmente la comunicación no consentida de los datos personales de los interesados para su publicación en el Boletín Oficial que corresponda, ello no implica que todo envío de datos resulte legítimo por sí mismo. Además de quedar amparada dicha comunicación de datos por la legislación aplicable, resulta necesario que la información personal publicada resulte coherente con el principio de calidad o pertinencia previsto en el art.4 de la LOPD.
Al respecto, se destacan dos recientes resoluciones sancionadoras de la Agencia Española de Protección de Datos respecto a las Administraciones Públicas, a saber, las Resoluciones R/00705/2011 y la R/00752/2010 ambas relativas a situaciones en las que la Administración Pública realiza una comunicación y envío incorrecto de datos personales a los boletines oficiales correspondientes al tratarse de deudas y multas ya saldadas por los respectivos interesados.
Tal y como se destaca entre los fundamentos de derecho de ambas resoluciones, el 4.1 de la LOPD dispone que “(…) Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido (…)”. Por su parte, el artículo 4.3 de la LOPD, señala: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. Y en su apartado 4 dicho precepto también prescribe: “Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16”.
Como manifiesta la Agencia Española, la obligación establecida en el artículo 4 trascrito impone la necesidad de que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación.
Por ello, insiste la citada Agencia, la cesión de los datos de una persona a Boletines Oficiales debería ser considerada especialmente, por cuanto se van a poner a disposición con carácter general de terceros, posibilitando a través de los medios tecnológicos actuales la consulta por cualquiera en cualquier momento y lugar, incluso después de haberse cumplido la finalidad de dicha publicación una serie de datos. Se ha de tener especial cuidado y extremar la diligencia al publicar o mandar publicar actos en diarios oficiales, revisar y contrastar procesos para que lo que se envíe a este diario sea correcto, fidedigno y actual.
Cabe recordar que los diarios oficiales, en su versión digital, pueden ser vistos fácilmente en Internet, lo cual puede suponer una carga que el ciudadano en algunos casos no tenga el deber de soportar si no se ha empleado alguna diligencia, pues sus datos, tecleando en un buscador nombre y apellidos, o en el mismo buscador del Boletín, van a aparecer ligados a un hecho no cierto, no veraz, y en algunas ocasiones producto de error o falta de diligencia.
Adicionalmente, de acuerdo con la LOPD, artículo 3.j) los Boletines Oficiales son fuente de acceso público, por lo que esos datos incorporados con defecto de calidad pueden ser tratados por terceros sin el consentimiento de la denunciante en este caso.
Por lo tanto, nada obsta a la publicación de datos como medio de notificación, si la publicación se atiene a la vigente ley y, además, a datos correctos, excepto su permanencia con posterioridad a haberse cumplido el fin de la misma.
Sin embargo, en los casos en que se producen errores, la indefensión es aún mayor. Los datos suelen acceder por un error en el modo y tiempo de envíos de notificaciones al Boletín, y permanecen, por regla general, largo tiempo en el mismo largo tiempo pese al error producido.
En estos casos, según la Agencia, la Administración Pública vulnera o podría vulnerar el principio de calidad o pertinencia de los datos descritos en el art.4.3 de la LOPD y ser sancionada como infracción grave por tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la Ley y las disposiciones que lo desarrollan.
Lo importante, en estos casos, es conocer, además, la solución técnica que la Agencia suele recomendar a las Administraciones Públicas incumplidoras en aplicación del apartado 4 del art.4 de la LOPD, como así ocurre en las resoluciones examinadas. De esta forma, suele recomendar a aquéllas que implante algún mecanismo corrector para que el dato de la notificación que adolece de calidad, normalmente, por extemporáneo, pueda desaparecer del Boletín Oficial, máxime cuando ya se ha cumplido su finalidad o hubiera podido deberse a un error. Se trataría de evitar que a través de consultas mediante nombre y apellidos en los buscadores de la web, resulten los datos del denunciante, según aparecen en el Boletín Oficial continúe figurando.
Al efecto, incluso plantea la posibilidad, al objeto de evitar la indexación por los buscadores, que la Administración Pública de instrucciones al Boletín Oficial que corresponda para que éste realice las acciones tendentes a evitar la captación del dato erróneo por parte de los buscadores mediante la activación de un robot TXT que evite la captación por los motores de búsqueda de internet y que no puedan asociarlo al interesado.