Source: https://legislacion.vlex.es/vid/gallega-familia-infancia-adolescencia-71696043
Timestamp: 2019-05-24 19:00:59
Document Index: 170428467

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 26', 'Artículo 33', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 49', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'ARTÍCULO 51', 'Artículo 51', 'ARTÍCULO 52', 'Artículo 52']

Ley de la Familia, la Infancia y la Adolescencia de Galicia (Ley 3/1997, de 9 de Junio) - Normativa de Galicia - Legislación - VLEX 71696043
TÍTULO I. Derechos de la familia, de la infancia y de la adolescencia - arts. 7 a 10
TÍTULO II. De la protección de la familia - arts. 11 a 13
TÍTULO III. De la protección de la infancia y la adolescencia
CAPÍTULO I. Medidas de prevención - arts. 14 a 16
CAPÍTULO II. Medidas de protección
SECCIÓN 1ª. De la tutela de los menores desamparados - arts. 17 a 22
SECCIÓN 2ª. De la guarda - arts. 23 y 24
SECCIÓN 3ª. Del acogimiento familiar - arts. 25 a 28
SECCIÓN 4ª. Del acogimiento residencial - art. 29
CAPÍTULO III. De la adopción - arts. 30 a 34
CAPÍTULO IV. De las instituciones y entidades de atención a menores - arts. 35 y 36
TÍTULO IV. De los menores en conflicto social y de los centros de reeducación
CAPÍTULO I. De los menores en conflicto social - arts. 37 a 39
CAPÍTULO II. De los centros de reeducación - arts. 40 a 43
CAPÍTULO I. Infracciones - arts. 44 a 49
CAPÍTULO II. Sanciones - art. 50
Norma citada en: 142 sentencias, 46 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Ley 3/1997, de 9 de Junio desarrollado por Decreto 9/2009, de 15 enero, publicado en DO. Galicia el 26 de enero de 2009.
Son familias, a los efectos de la presente ley, los conjuntos de personas unidas por vínculos de matrimonio o de parentesco, o las unidades de convivencia cuando constituyan núcleos estables de vida en común.
A los efectos de la presente ley, se entiende por infancia el período de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento hasta la edad de doce años, y por adolescencia desde dicha edad hasta la mayoría establecida por ley.
El respeto a los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia a que se refiere el título I de la presente ley.
El impulso de una política integral de apoyo a la familia que tenga en cuenta sus necesidades básicas y las de sus miembros, tales como la vivienda, la educación, la cultura, la salud y el trabajo, de modo que les permita alcanzar la plenitud de su desarrollo y autonomía.
La primacía del interés del niño y de la niña y del adolescente y de la adolescente sobre cualquier otro interés que inspirase las actuaciones públicas o privadas encargadas de su protección.
El favorecimiento de la integración sociofamiliar de los menores, procurando, siempre que sea posible, la permanencia en su ambiente familiar y entorno comunitario.
La estimulación del desarrollo personal de los niños y de las niñas, de los adolescentes y de las adolescentes y de los restantes componentes de la familia, así como la potenciación de todos los ámbitos de socialización que les son propios.
La globalización en el estudio de la problemática de la familia, la infancia y la adolescencia y en la aplicación de los programas y medidas tanto preventivas como paliativas.
La aplicación racional de los recursos normalizados, ya sea a través de los servicios primarios o de los especializados.
El fomento de la solidaridad y de la sensibilidad social ante los problemas que afecten a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
La coordinación de actuaciones con todo tipo de organismos e instituciones, públicas o privadas, que intervengan en la protección, defensa y atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia, promoviendo criterios comunes y actuaciones múltiples en los órdenes familiar, educativo, sanitario, cultural y social.
La confidencialidad de todas las actuaciones que promuevan las administraciones públicas e instituciones privadas en interés y defensa de la infancia y de la adolescencia.
ARTÍCULO 4 Planificación de actuaciones y programación de recursos.
Para hacer posible una adecuada y eficaz asistencia y protección a la familia, la infancia y la adolescencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se contemplará un plan integral de apoyo específico.
La planificación de las políticas de apoyo a la familia se inspirará en el principio de responsabilidad pública, así como en los de universalidad, pluralidad, participación, autonomía personal y social y solidaridad.
La actuación de los poderes públicos gallegos en el campo de la asistencia y protección a la infancia y a la adolescencia se desarrollará de forma integral, aunando, en lo posible, los recursos disponibles en acciones coordinadas y, en su caso, conjuntas. La gestión de estos recursos se llevará a cabo de acuerdo con criterios de descentralización y/o desconcentración, en pos de favorecer la participación de las distintas instituciones, sean públicas o privadas, en su gestión y la proximidad de la Administración al ciudadano.
A los efectos de la necesaria coordinación de actuaciones, la Junta de Galicia adoptará un sistema permanente de comunicación que garantice la necesaria cooperación interadministrativa en todos los órdenes, especialmente en los ámbitos familiar, educativo, sanitario y de servicios sociales. En particular, la Junta de Galicia, a través de las Consejerías competentes, promoverá actuaciones de cooperación con los Ayuntamientos, Diputaciones y otras instituciones públicas, así como de colaboración con los organismos y entidades privadas, a fin de promover y fomentar la participación en las actuaciones de protección y asistencia a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
ARTÍCULO 5 Atribución de competencias.
La Junta de Galicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de la presente ley y a través de las Consejerías competentes, llevará a cabo:
La dirección, planificación, programación y ordenación de objetivos y medidas, reglamentarias y de gestión, así como la coordinación de actuaciones.
La gestión pública del procedimiento adoptivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La evaluación y seguimiento de los programas de asistencia y protección a la infancia y la adolescencia, así como la promoción de su ambiente familiar.
La autorización, habilitación, inspección y control de las entidades y centros que presten servicios de atención a la familia, a la infancia y a la adolescencia.
La creación y gestión de los centros y programas que por su naturaleza, ámbito u otras circunstancias concurrentes asuma la Administración autonómica.
La tutela de menores desamparados y el ejercicio de las funciones de protección de los mismos según la legislación vigente.
Los municipios, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la Ley gallega de servicios sociales, ejercerán sus competencias en materia de protección a la familia, a la infancia y a la adolescencia a través de las siguientes actuaciones:
La participación en la detección de las necesidades de carácter sanitario, educativo, económico, sociolaboral, familiar u otras análogas que afecten a las familias, a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las adolescentes que residan en su territorio.
La provisión directa de servicios y prestaciones destinados a las familias residentes en el respectivo territorio que presenten aspectos carenciales.
El fomento de la participación de las familias en los asuntos públicos que directamente les afecten.
La información y orientación acerca de los recursos destinados a la familia, la infancia y la adolescencia, ya sean de carácter primario o especializado.
La prevención, apreciación e intervención en las situaciones de riesgo en que puedan encontrarse los menores, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, así como la colaboración en el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por la Junta de Galicia, todo ello sin perjuicio de las competencias que ésta tiene en la materia. A tales efectos, la Junta de Galicia prestará a los municipios la asistencia técnica necesaria para el efectivo cumplimiento de estas funciones.
A las Diputaciones Provinciales, de conformidad con las competencias que les atribuye la legislación de régimen local y la Ley gallega de servicios sociales, les corresponde garantizar la prestación integral y adecuada, en la totalidad del territorio provincial, de los servicios de competencia municipal establecidos en el artículo anterior, coadyuvando a su mantenimiento y financiación especialmente respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en aquellos casos en que, para su prestación, sea necesario acudir a las asociaciones de municipios.
Todo aquel que ostente alguna responsabilidad sobre un niño o una niña o un adolescente o una adolescente estará obligado a dispensarle la atención y cuidados necesarios, dentro de sus posibilidades y en función de su situación, para que pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas que favorezcan su desarrollo integral.
Asimismo, constituye un deber legal de los ciudadanos la colaboración con las autoridades y agentes en la promoción de actuaciones públicas orientadas a los fines de la presente ley.
TÍTULO I Derechos de la familia, de la infancia y de la adolescencia Artículos 7 a 10
Todos los miembros de la familia gozarán de la tutela jurídica de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución y los pactos y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español y demás reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico. En particular, la infancia y la adolescencia disfrutarán de los que proclama la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 sin discriminación ni diferencia de trato alguno por circunstancias personales, familiares o sociales.
Corresponde a todos los poderes públicos de Galicia velar por el correcto ejercicio de los derechos de la familia, de la infancia y de la adolescencia, remover los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para prevenir abusos de derecho así como impedir la persistencia de estas situaciones.
La actuación de los poderes públicos en esta materia tendrá carácter subsidiario respecto a la que corresponde a los padres en el ámbito familiar. Se exceptúan las actuaciones ante aquellas situaciones de riesgo grave para la integridad física o psíquica del niño o de la niña o del adolescente o de la adolescente, que podrá acordarse directamente y a iniciativa de los poderes públicos. En estos casos, se notificará a las personas que sean responsables de su protección, tutela y guarda, cuando sea posible.
ARTÍCULO 8 Derechos de la infancia y de la adolescencia de especial protección.
El derecho a la vida y a la protección de su integridad física, psíquica y moral, debiendo ser protegidos contra toda forma de maltrato, violencia, manipulación o abuso sexual.
El derecho a ser protegido contra cualquier clase de explotación laboral, incluida la práctica de la mendicidad.
El derecho desde su nacimientto a un nombre y a una nacionalidad. Los poderes públicos habrán de adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para velar por el cumplimiento de este derecho y para garantizar al niño o a la niña o al adolescente o a la adolescente la preservación de su identidad.
El derecho a una adecuada atención por parte de sus padres, tutores o guardadores en el ejercicio de sus facultades o deberes, habiendo de adoptar los poderes públicos las medidas necesarias para garantizar la efectividad del mismo.
El derecho a la educación con arreglo a lo establecido en la Constitución y en la normativa vigente, así como a recibir una formación integral. Las administraciones públicas colaborarán con la familia en el proceso educativo del niño o de la niña y del adolescente o de la adolescente y emprenderán las acciones necesarias para evitar el absentismo escolar y conseguir su integración en el sistema educativo.
El derecho a expresarse libremente en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor.
El derecho a expresarse en su lengua propia, de origen o de libre elección, sin discriminaciones por razón de la misma.
El derecho a que se respete su vida privada, familiar y social, y a que se proteja la misma de toda injerencia arbitraria o ilegal, así como de todo ataque a su honra o a su imagen.
El derecho a ser informado de forma comprensible para su edad de sus derechos y su situación personal, así como de las medidas que pretendan adoptarse en su interés y para su protección. Se le reconoce asimismo el derecho a ser escuchado en todas las actuaciones que se promuevan para la protección y tutela de sus derechos, tanto administrativos como judiciales, todo ello sin perjuicio de los casos en que el menor deba prestar su consentimiento cuando legalmente proceda. En caso de no disponer de suficiente juicio, podrá acordarse la audiencia a través de su representante legal.
El derecho a la asistencia pública en casos de abandono, marginación, malos tratos o necesidad. Se prestará una especial atención a la defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia frente a todo tipo de actuaciones que atenten contra su integridad física y moral.
ARTÍCULO 9 Defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes para la defensa de sus derechos podrán personalmente o a través de su representante legal:
Presentar quejas ante el Defensor del Pueblo y ante el Valedor do Pobo. A tal fin uno de los Vicevaledores se hará cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores.
La Junta de Galicia facilitará al Juez competente información, medios, instalaciones y personal especializado para facilitar la efectiva recuperación del niño o de la niña o del adolescente o de la adolescente y su integración social y laboral.
ARTÍCULO 10 Deber de los hijos.
TÍTULO II De la protección de la familia Artículos 11 a 13
ARTÍCULO 11 Principios rectores.
La Junta de Galicia cuidará del cumplimiento de los deberes que la ley impone en las relaciones familiares y promoverá el acceso a la vida social, cultural y educativa de todos sus miembros, especialmente de aquellos cuyas posibilidades de integración sean más difíciles.
La Junta de Galicia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el ejercicio de sus competencias, garantizará una protección integral de la familia y arbitrará las medidas necesarias para evitar toda discriminación de la misma o de sus miembros por razón de su propio carácter, tanto en el orden jurídico como en el económico y social.
En cumplimiento de estos fines, la Junta de Galicia realizará las siguientes actuaciones generales:
Coordinar el sistema general de recursos disponibles para la atención de las necesidades familiares básicas y promover la acción conjunta y sistemática de los diversos órganos y entidades de la Administración pública gallega que tengan atribuciones en el ámbito de la protección familiar a fin de obtener una correcta prestación de los servicios.
Establecer las condiciones de calidad que hayan de reunir los diversos centros y servicios de atención familiar y sus requisitos de funcionamiento, así como las condiciones para acceder a los mismos. Asimismo, prestará asistencia técnica a las entidades titulares de aquéllos.
Regular aquellas prestaciones, ya sean económicas o técnicas, cuyo objeto sea incidir favorablemente en las situaciones de carencia familiar.
Procurar, a través de la planificación y coordinación, una adecuada cobertura territorial de la protección integral a las familias.
Integrar las políticas sociales, educativas y sanitarias con la promoción, defensa y tutela de la familia.
ARTÍCULO 12 Actuaciones preventivas y asistenciales.
Garantizará la creación de servicios de información y asesoramiento a las familias que, a través de personal especializado, orienten sobre el ejercicio de la paternidad responsable y la planificación familiar y procuren la búsqueda de soluciones adecuadas a las distintas problemáticas que pueden darse en el seno de la familia.
Informará, a través de campañas divulgativas y de sensibilización social, sobre las causas más frecuentes que están en el origen de los procesos de desestructuración familiar, tales como el alcoholismo y la droga.
En el sistema sanitario, se desarrollarán medidas de prevención de las minusvalías, diagnóstico prenatal, seguimiento del embarazo y rehabilitación de discapacidades.
Fomentará la calidad de vida de las familias, elaborando programas que les faciliten el acceso a los bienes de primera necesidad y a los sistemas ordinarios de atención primaria, todo ello a fin de evitar la exclusión social.
Desarrollará a través del sistema educativo medidas orientadas a implicar directamente a las familias en los recursos educativos y garantizará la creación de escuelas infantiles y servicios de atención a la infancia y la adolescencia como recursos que contribuyen al desarrollo integral de los niños y las niñas y de los adolescentes y las adolescentes y, en su caso, al logro de una mayor autonomía familiar. A estos efectos, la Junta de Galicia elaborará y desarrollará un plan de dotación de recursos en el que se coordinen sus actuaciones con las de las diferentes administraciones públicas y las entidades privadas.
Establecerá un sistema de prestaciones económicas tendentes a procurar a las familias que carezcan de medios suficientes un salario digno que se corresponda con la composición familiar y el grado de obligaciones familiares asumidas, así como ayudas destinadas a paliar situaciones de emergencia social para cubrir necesidades específicas de la familia de carácter básico y urgente.
Se desarrollarán programas de ayuda a domicilio como medio de atender, desde una perspectiva integral y normalizadora, a las necesidades de la familia en su conjunto o de alguno de sus miembros que, por imposibilidad de hecho, no puedan satisfacerlas por sí mismos.
Articulará en el marco de la política de vivienda programas de ayuda cuya finalidad sea favorecer la adquisición, en régimen de pleno dominio o de arrendamiento, de la vivienda destinada a servir de residencia a la familia, cuando ésta carezca de ella o sea notoriamente inapropiada la actualmente poseída. Asimismo, velará porque la oferta de viviendas sea diversificada y adaptable al carácter propio de las distintas familias y a las necesidades específicas de cada una de ellas.
Gestionará planes y programas que procuren la autonomía familiar. Prestará apoyo a las familias menos favorecidas y desarrollará programas y acciones encaminadas a hacer compatibles la familia y el trabajo.
Favorecerá dentro de las políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y mediante instrumentos específicos, la competitividad de las empresas familiares a través de las prestaciones técnicas y económicas que reglamentariamente se establezcan. En particular, la Junta de Galicia, en su planificación económica, dispensará un trato preferente a las explotaciones familiares rurales, articulando programas tendentes a la modernización de sus estructuras y además coadyuvando en la compensación de los daños producidos por los riesgos inherentes a sus actividades y fomentando el uso de formas de previsión de tales riesgos.
Artículo 12 desarrollado por Decreto 279/1997, de 1 octubre, publicado en DO. Galicia el 9 de octubre de 1997.
ARTÍCULO 13 Actuaciones integradoras en favor de la familia.
La Junta de Galicia, en colaboración con las corporaciones locales y los agentes sociales, desarrollará medidas de integración orientadas a promover el papel cultural y socioeconómico de la familia en la sociedad, así como la cohesión social y la solidaridad entre generaciones. De manera especial:
Se promoverán las capacidades de autoorganización de las familias ante las necesidades sociales, incentivando el voluntariado con base familiar y las formas de asociacionismo solidario entre familias que comparten un mismo problema. Las administraciones, en sus respectivas competencias, arbitrarán recursos y estructuras materiales de apoyo.
Se constituirá un observatorio permanente de la problemática familiar en la Comunidad Autónoma gallega, en conexión con el Observatorio Europeo de Políticas de la Familia.
Se fomentarán los elementos culturales que propicien la participación igualitaria en las responsabilidades familiares así como la igualdad de trato y de oportunidades entre hombre y mujer.
Se desarrollarán programas de integración para las familias de inmigrantes y a favor de las familias gallegas asentadas fuera de la Comunidad Autónoma, bien facilitando directamente el acceso a los beneficios sociales que se establezcan en la legislación vigente en la materia, bien a través de convenios con los entes públicos del territorio en que residan.
Las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar a las mujeres que en el núcleo familiar son víctimas de vejaciones, malos tratos o cualquier tipo de agresión la asistencia necesaria que les permita superar esta situación.
TÍTULO III De la protección de la infancia y la adolescencia Artículos 14 a 36
CAPÍTULO I Medidas de prevención Artículos 14 a 16
En materia de protección a la infancia y la adolescencia tendrá carácter prioritario la prevención de posibles situaciones de riesgo o desprotección en que puedan encontrarse los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes y que produzcan un menoscabo en su desarrollo integral.
Una vez apreciadas estas situaciones, y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, se adoptarán las medidas necesarias encaminadas a garantizar sus derechos y a disminuir los factores de riesgo de marginación en que puedan encontrarse.
ARTÍCULO 15 Medidas de prevención.
El apoyo a la infancia y la adolescencia a través de medidas económicas o técnicas como principal recurso de carácter preventivo, que se dirigirá a cubrir sus necesidades básicas y mejorar el entorno familiar, en orden a garantizar el derecho a desarrollarse, siempre que sea posible, en el seno de su propia familia.
El conocimiento y fomento de los recursos destinados a la atención a la infancia y la adolescencia, procurando que los menores dispongan de los medios necesarios para su desarrollo integral.
La realización de programas de prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar.
La elaboración de programas de prevención del riesgo, maltrato y explotación infantil.
El desarrollo de programas de integración social de la infancia y la adolescencia con dificultades especiales, dirigidos a procurar la eliminación de aquellas barreras físicas y de comunicación que les impidan su pleno desarrollo personal y su integración educativa y social.
La promoción de programas de información y sensibilización sobre la infancia y la adolescencia y sus problemáticas particulares, incentivando la colaboración ciudadana en la denuncia de posibles situaciones o circunstancias que pongan en peligro la integridad de los niños y las niñas y de los adolescentes o las adolescentes o de su desarrollo personal.
El desarrollo de programas formativos de garantía social dirigidos a ofrecer a los adolescentes alternativas a situaciones de rechazo del sistema escolar ordinario, fracaso y absentismo escolar, proporcionándoles una formación preprofesional que favorezca una próxima incorporación laboral.
ARTÍCULO 16 Prohibiciones relativas a publicaciones y material audiovisual.
Queda prohibida la venta, exposición y ofrecimiento a los niños y las niñas y a los adolescentes y las adolescentes de publicaciones que inciten a la violencia, a actividades delictivas o a cualquier forma de discriminación o cuyo contenido sea pornográfico o resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad.
No se podrá vender o alquilar a niños y niñas o a adolescentes vídeos, videojuegos o cualquier otro material audiovisual que contenga mensajes que inciten a la violencia y a actividades delictivas o a cualquier forma de discriminación o cuyo contenido sea pornográfico o contrario a los derechos y libertades reconocidos en las leyes vigentes. Tampoco se proyectarán o difundirán en locales o espectáculos en que se admita la asistencia de niños y niñas o de adolescentes.
CAPÍTULO II Medidas de protección Artículos 17 a 29
SECCIÓN 1ª De la tutela de los menores desamparados Artículos 17 a 22
ARTÍCULO 17 Situaciones de desamparo.
Corresponde a la Junta de Galicia, a través de la consejería competente, asumir la tutela de los menores desamparados que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega, sin perjuicio de las competencias que sobre estos últimos pudiesen tener otras administraciones públicas.
Se considerarán situaciones de desamparo, que apreciará en todo caso la autoridad administrativa competente, las siguientes:
La convivencia en un entorno sociofamiliar que deteriore gravemente la integridad moral del menor o perjudique el desarrollo de su personalidad.
La falta de las personas a las cuales corresponde ejercer las funciones de guarda o cuando estas personas estén imposibilitadas para ejercerlas o en situación de ejercerlas con peligro grave para el niño o la niña o el adolescente o la adolescente.
Cualesquiera otras situaciones de desprotección que se produzcan de hecho a causa del incumplimiento o de un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores y que generen que éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
La tutela administrativa subsistirá en tanto no desaparezcan las causas que la motivaron, se proceda a la constitución de la tutela ordinaria, el menor sea adoptado, se emancipe o llegue a la mayoría de edad.
ARTÍCULO 18 Asunción de la tutela administrativa.
La resolución por la que se asume la tutela administrativa será motivada y en la misma se harán constar las medidas de protección a adoptar que sean más adecuadas a los intereses del menor. Reglamentariamente se arbitrará un procedimiento en el que se garantizará la audiencia de los padres, tutores o guardadores del menor, salvo en los casos de urgencia con grave riesgo para el menor, en los cuales el organismo competente podrá, de modo inmediato, declarar y asumir la tutela.
La resolución de tutela se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará de forma legal a los padres, tutores o guardadores en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación serán informados de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.
ARTÍCULO 19 Suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
ARTÍCULO 20 Ejecución de la tutela.
ARTÍCULO 21 Medidas a adoptar.
Las medidas a adoptar en el ejercicio de la tutela administrativa se basarán en un informe preceptivo de equipos técnicos, que tendrán en cuenta el interés de los niños y las niñas y de los adolescentes y las adolescentes. Tales medidas podrán ser:
El apoyo a la familia del menor, mediante ayudas de carácter psicológico y económico por parte de la Administración, que se determinarán reglamentariamente.
El acogimiento del menor por una persona o familia que pueda sustituir, de manera provisional o permanente, a su núcleo familiar natural.
El acogimiento residencial, bien durante el día o en régimen de internado en un centro público o colaborador.
Cualesquiera otras medidas de carácter asistencial, educativo o terapéutico que resulten aconsejables atendiendo a las circunstancias del menor.
Las medidas previstas en el punto 1 de este ar tículo se adoptarán en el momento de hacerse la declaración de desamparo.
En la adopción de las medidas reguladas en las letras c), d) y e), será oído el menor de edad mayor de doce años o menor si tuviese suficiente madurez, siempre que sea posible.
En todas las actuaciones promovidas habrá de quedar garantizada la debida reserva y se procurará evitar que las decisiones o medidas a adoptar puedan repercutir innecesariamente en la vida del menor, así como contar con la colaboración de la familia siempre que sea en interés del menor.
ARTÍCULO 22 Deber de comunicación.
Toda persona, y en especial quien por razón de su profesión o función tenga conocimiento de una situación de grave riesgo o posible desamparo de un menor, y sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del organismo administrativo competente, que garantizará la reserva absoluta y el anonimato.
Asimismo, quien tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado y no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.
SECCIÓN 2ª De la guarda Artículos 23 y 24
ARTÍCULO 23 Asunción de la guarda.
Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Junta de Galicia que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario, la cual valorará la conveniencia o no de la medida y el modo en que la misma habrá de ejecutarse. La asunción de la guarda se hará constar por escrito, dejando constancia de que los padres o tutores fueron informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto al hijo, así como de la manera en que la Administración va a ejercer dicha guarda. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.
Asumirá la guarda la Administración cuando así lo acuerde el juez en los casos en que legalmente proceda.
La guarda asumida por solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de ley la ejercerá mediante el acogimiento familiar la persona o personas que determine la entidad pública, o el director del centro en donde esté internado el menor, en caso de acogimiento residencial.
Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a la misma institución o persona.
Artículo 23 1. aplicado por Decreto 129/2000, de 19 mayo, publicado en DO. Galicia el 1 de junio de 2000.
ARTÍCULO 24 Cese.
La situación de guarda cesará a petición de los padres o tutores que la solicitasen o por decisión de la entidad pública cuando, en interés del menor, considere no justificado el mantenimiento de esta medida.
Si surgiesen problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a que fuese confiado en guarda, aquél o la persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta.
SECCIÓN 3ª Del acogimiento familiar Artículos 25 a 28
ARTÍCULO 25 Acogimiento familiar.
Para la adopción de esta medida se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores:
Dar prioridad a su utilización sobre el acogimiento residencial.
Evitar, en la medida de lo posible, la separación de hermanos y procurar su acogimiento por una misma familia.
Favorecer la permanencia del menor en su propio ambiente, procurando que el acogimiento se produzca en familia extensa, salvo que no fuese aconsejable para el interés del menor o menores del grupo familiar adoptante.
ARTÍCULO 26 Modalidades del acogimiento.
a Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se previese la reinserción de éste en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.
a Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y de su familia así lo aconsejen y así lo dictaminen los servicios de atención al menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.
a Acogimiento familiar preadoptivo, que lo formalizará la entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención del menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, fuesen seleccionados y prestasen ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
ARTÍCULO 27 Formalización del acogimiento.
El acogimiento se formalizará por escrito, con consentimiento de la entidad pública, tenga o no la tutela o la guarda, de las personas que reciban al menor y de éste si tuviese doce años cumplidos. Cuando fuesen conocidos los padres que no estuviesen privados de la patria potestad, o el tutor, será necesario también que presten o hubiesen prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que hace referencia el apartado 2 del presente artículo.
o Los consentimientos necesarios.
o La modalidad del acogimiento y la duración prevista para el mismo.
o Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
o El contenido del seguimiento, en función de la finalidad del acogimiento, a realizar por la entidad pública y el compromiso de colaboración de la familia acogedora del mismo.
o La compensación económica, en su caso, a recibir por los acogedores.
o El señalamiento expreso de si los acogedores actúan con carácter profesionalizado.
o El informe de los servicios de atención a menores.
Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al acogimiento, éste sólo podrá ser acordado por el juez, en interés del menor, con arreglo a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos extremos referidos en el número anterior. No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta que se produzca resolución judicial. La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas y finalizado el expediente, habrá de presentar la propuesta al juez de manera inmediata, y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días.
ARTÍCULO 28 Cese.
o Por decisión judicial.
o Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa comunicación de las mismas a la entidad pública.
o A petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen su compañía.
o Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o la guarda del menor, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés de éste, oídos los acogedores.
SECCIÓN 4ª Del acogimiento residencial Artículo 29
ARTÍCULO 29 Acogimiento residencial.
El acogimiento residencial constituirá una medida de protección que podrá adoptar la entidad pública cuando, agotadas todas las posibilidades de mantenimiento del menor en su familia mediante la utilización de recursos preventivos y asumida la tutela o la guarda sobre el mismo, no sean posibles o se consideren inadecuados el acogimiento familiar o la adopción.
La citada medida se mantendrá por el tiempo estrictamente necesario, procurándose la integración del menor en el entorno social y la accesibilidad a los sistemas ordinarios educativos, sanitarios y laborales, entre otros.
CAPÍTULO III De la adopción Artículos 30 a 34
ARTÍCULO 30 Disposición general.
En los términos previstos en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, la Administración de la Junta de Galicia, a través de la consejería competente, realizará la gestión de los procedimientos y elevará las correspondientes propuestas de adopción ante los órganos judiciales competentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El seguimiento de los procedimientos de adopción lo llevará a cabo la Comisión de Adopciones, cuya composición y régimen interno serán determinados reglamentariamente.
ARTÍCULO 31 La adopción internacional.
La recepción, registro y tramitación de las solicitudes de adopción que se reciban, ya sea directamente o a través de entidades debidamente habilitadas que realicen su función de mediación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La expedición, en todo caso, de los certificados de idoneidad del solicitante o solicitantes, previa valoración de la misma.
Cuando así lo exija el país de origen del menor adoptado, la expedición de un certificado por el que se comprometa a realizar el seguimiento de la adopción.
La habilitación, control, inspección y elaboración de las directrices de actuación de las entidades colaboradoras de mediación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 32 Requisitos de los adoptantes.
Para poder ser adoptante se requerirá:
Tener como mínimo veinticinco años cumplidos. En caso de solicitudes conjuntas por cónyuges o parejas con relación estable análoga a la conyugal, bastará con que uno de ellos tenga dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, al menos, catorce años más que el adoptado.
Residir habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Estar inscrito en el Registro de Adopciones de la Comunidad Autónoma gallega.
No se exigirá el requisito de residencia del punto b) del apartado anterior en los supuestos en que, por carecer de familia idónea para un menor dentro de la Comunidad Autónoma, se considerase conveniente su adopción fuera de la misma. En estos casos, los posibles candidatos habrán de ser declarados idóneos bien por los servicios competentes de su Comunidad Autónoma, bien por los servicios de esta Comunidad. Asimismo, también podrán presentar solicitudes de adopción los emigrantes gallegos con previsión de retorno a Galicia en los términos establecidos reglamentariamente.
ARTÍCULO 33 Procedimiento de valoración de la idoneidad.
Los solicitantes de adopción serán objeto de valoración de su idoneidad para la adopción por la consellería competente, que tendrá en cuenta para ello los siguientes aspectos o circunstancias:
Que entre el adoptante y el adoptado exista una diferencia de edad adecuada y no superior a los cuarenta años, tomando como referente el miembro más joven de la pareja, salvo para los solicitantes que estén en disposición de aceptar grupos de hermanos o menores con especiales dificultades, caso en que la diferencia de edad podrá ser superior, así como para los solicitantes de adopción internacional en que se estará a lo dispuesto en la legislación del país de origen del menor.
Que el medio familiar de los solicitantes reúna las condiciones adecuadas para la atención integral del menor.
Que existan motivaciones y actitudes adecuadas para la adopción. En caso de cónyuges, esas motivaciones y actitudes habrán de ser compartidas.
Que las condiciones de salud física y psíquica de los solicitantes permitan atender correctamente al menor.
La resolución de idoneidad adoptada por la autoridad administrativa competente no implicará la finalización del proceso de valoración, y éste podrá continuar al objeto de ampliar las motivaciones de los solicitantes.
Una vez seleccionados los solicitantes idóneos para un menor, la autoridad administrativa competente formalizará un acogimiento familiar preadoptivo en los términos y condiciones previstas en el artículo 26.3.ª de la presente Ley.
Artículo 33, apartado 1 a) modificado por el Artículo 23 de la Ley 9/2003, de 23 diciembre, de Medidas de Galicia 2004, publicado en DO. Galicia el 29 de diciembre de 2003.
ARTÍCULO 34 Registro de Adopciones.
CAPÍTULO IV De las instituciones y entidades de atención a menores Artículos 35 y 36
ARTÍCULO 35 De las instituciones de atención a menores.
La Administración de la Junta de Galicia podrá autorizar como instituciones de atención a menores a las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas, legalmente constituidas, en cuyos estatutos o reglas fundacionales figure como finalidad la protección de los menores y que dispongan de la organización y los equipos técnicos o multidisciplinares adecuados para el desarrollo de esta función. Estas instituciones habrán de tener su domicilio social en territorio gallego o actuar a través de establecimientos radicados en el mismo, así como carecer de ánimo de lucro.
El procedimiento para la autorización de estas instituciones, los requisitos que tengan que cumplir, así como su inscripción en el Registro administrativo correspondiente, se determinarán reglamentariamente.
Las resoluciones que confieran la autorización a las mencionadas instituciones serán publicadas en el «Diario Oficial de Galicia» y se dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal.
La Administración gallega tendrá facultades de control e inspección de las instituciones de atención de menores, con la finalidad de comprobar el adecuado ejercicio de las funciones que constituyen el contenido específico de su habilitación, y asegurará que dichas funciones se ejerzan en exclusivo interés del menor.
ARTÍCULO 36 De las entidades que realicen funciones de mediación a efectos de adopciones internacionales.
Las entidades que pretendan realizar funciones de mediación a efectos de adopciones internacionales habrán de estar expresamente habilitadas por la Junta de Galicia para operar en el territorio de la Comunidad Autónoma, tengan o no su sede en la misma.
Sólo podrán ser habilitadas las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro correspondiente que tengan como finalidad en sus estatutos la protección de menores, dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estén dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y su formación en el ámbito de la adopción internacional.
Las entidades habilitadas podrán desarrollar las siguientes funciones de mediación:
Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites y gestiones que han de realizar en España y en el extranjero.
Cualesquiera otras para las que las habilite la consejería competente en la correspondiente resolución.
Podrá ser retirada la habilitación concedida, mediante expediente contradictorio, a aquellas entidades de mediación que dejen de cumplir las condiciones que motivaron su concesión o que infrinjan en su actuación el ordenamiento jurídico.
TÍTULO IV De los menores en conflicto social y de los centros de reeducación Artículos 37 a 43
CAPÍTULO I De los menores en conflicto social Artículos 37 a 39
ARTÍCULO 37 Principios generales.
Se considerarán menores en conflicto social, a los efectos de la presente ley, aquéllos que por su situación de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otros, así como los mayores de doce años que, aún no teniendo la edad requerida para exigirles responsabilidad criminal, cometiesen hechos tipificados como delitos o faltas por las leyes penales.
La actuación de la Administración autonómica en esta materia habrá de tener como finalidad principal el desarrollo de acciones preventivas, así como la integración social de estos menores a través de un tratamiento educativo individualizado y, preferentemente, en su entorno sociocomunitario.
ARTÍCULO 38 Medidas de prevención y apoyo.
La atención especializada socioeducativa o terapéutica, que implicará el compromiso voluntario del menor y de su familia de someterse al reconocimiento de profesionales una vez detectadas carencias relevantes en el ámbito familiar.
El asesoramiento educativo, consistente en el compromiso voluntario del menor y de su familia de acudir a un programa educativo en supuestos carenciales próximos al desamparo.
La formación ocupacional de carácter prelaboral, consistente en el compromiso voluntario del menor de participar activamente en talleres ocupacionales y de inserción prelaboral bajo la supervisión de la Administración autonómica.
La conciliación, la mediación y la reparación del daño como medidas de carácter extrajudicial.
ARTÍCULO 39 Ejecución de medidas judiciales.
Es competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, en virtud de lo dispuesto en su disposición adicional tercera, para lo cual actuará de acuerdo con los tratados y directrices internacionales, la presente ley, la normativa que la complemente y desarrolle y demás que sea de aplicación.
La Administración de la Junta de Galicia ejecutará, por el tiempo que se determine en las resoluciones judiciales, las siguientes medidas:
La libertad vigilada, que consistirá en un control y apoyo socioeducativo al menor en su propio medio, con la finalidad de que éste consiga su autonomía personal y una efectiva integración sociofamiliar, utilizando para ello los recursos normalizados disponibles en su entorno.
El acogimiento familiar, que supone otorgar temporalmente la guarda de un menor a una persona o personas distintas de aquellas con las que venía conviviendo, al objeto de recibir el apoyo suficiente para una atención y educación adecuadas a su edad y circunstancias.
La prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consistente en realizar, con carácter voluntario y no remunerado, actividades de colaboración en determinados servicios públicos o entidades privadas sin ánimo de lucro y con fines de interés social.
El tratamiento ambulatorio, que se prestará a través de los dispositivos especializados de la red sanitaria adecuados a la problemática que presente el menor.
El internamiento en un centro de carácter terapéutico, que se realizará en aquellos centros residenciales especializados que ofrecen tratamiento de carácter sanitario y educativo.
El internamiento del menor en un centro de reeducación en régimen abierto, semiabierto o cerrado, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente resolución judicial.
CAPÍTULO II De los centros de reeducación Artículos 40 a 43
ARTÍCULO 40 Régimen de los centros de reeducación.
Son centros de reeducación aquellos equipamientos residenciales que prestan una atención socioeducativa especializada a menores con problemas de conducta o internados en virtud de resolución judicial.
Los centros de reeducación podrán disponer de uno o más de los siguientes regímenes de internamiento:
El régimen de internamiento abierto supone la obligación de residencia del menor en el centro, participando en su vida y realizando las actividades escolares o laborales fuera del mismo. Los menores podrán disfrutar de fines de semana y períodos vacacionales en su propio hogar si ello es posible.
El régimen de internamiento semiabierto supone la obligación de residencia del menor en el centro, participando en su vida cotidiana y realizando las actividades escolares o prelaborales dentro del mismo, excepto en los casos en que se considere que su realización fuera del centro no perjudica la aplicación de la medida. Los menores en régimen semiabierto podrán disfrutar de permisos de fin de semana y vacaciones, salvo las limitaciones que puedan establecerse por resolución judicial o en aplicación del reglamento de régimen interno, en cuyo caso se dará cuenta inmediata a la autoridad judicial competente.
El régimen de internamiento cerrado supone la obligación de residencia permanente del menor en el centro, realizando todas sus actividades en su interior.
Estos centros habrán de disponer de un reglamento de régimen interno, en el que se establecerán, además de las disposiciones generales sobre su funcionamiento, las especialidades propias de su régimen y las normas disciplinarias, que se ajustarán, en todo caso, a lo dispuesto en los artículos siguientes de la presente ley.
ARTÍCULO 41 Faltas.
En los centros de reeducación tendrán la consideración de faltas las siguientes conductas, siempre que no constituyan infracción penal:
El comportamiento agresivo o violento hacia las personas.
El daño intencionado de instalaciones o material del centro o de bienes particulares.
Cualquier acción u omisión que suponga una perturbación relevante de la vida cotidiana en el centro.
Las ausencias no autorizadas del centro.
El uso de sustancias o materiales prohibidos por el centro.
Todo comportamiento que pueda poner en riesgo su persona o la de otros.
Las faltas serán calificadas como leves, graves o muy graves en función, básicamente, del grado de perturbación o de los perjuicios causados.
ARTÍCULO 42 Medidas correctoras.
Las medidas correctoras que se impongan a los menores tendrán un contenido y una finalidad fundamentalmente educativa, sin que puedan en caso alguno implicar vejación o maltrato. Tales medidas consistirán en:
Suspensión de privilegios y gratificaciones, por tiempo no superior a un mes.
Privación de asistir a actividades recreativas programadas en el horario del centro, por un período de tiempo no superior a quince días.
Privación de las salidas de carácter recreativo programadas por el centro, por un período de tiempo no superior a un mes.
Privación de los permisos de salida del centro, por un período de tiempo no superior a un mes.
Separación del grupo, por un tiempo no superior a cuarenta y dos horas.
La medida aplicable se determinará en función de la edad y las características del menor, así como de la intencionalidad, el grado de participación en los hechos y la reincidencia de la conducta.
La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de bienes o la reparación de daños podrán suspender la aplicación de la medida siempre que no sea reincidente en la conducta sancionable.
ARTÍCULO 43 El procedimiento.
El procedimiento para la aplicación de las medidas previstas en el artículo anterior será regulado en el reglamento del centro y habrá de garantizar, en todo caso, los siguientes derechos del menor:
A ser asesorado y asistido por la persona del centro que él designe.
A recurrir ante el Juzgado de Menores que dictaminó su internamiento y, en todo caso, a acudir al Ministerio Fiscal.
Se dará cuenta al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal de las medidas adoptadas por las faltas graves o muy graves.
TÍTULO V Infracciones y sanciones Artículos 44 a 52
CAPÍTULO I Infracciones Artículos 44 a 49
ARTÍCULO 44 Disposición general.
Se consideran infracciones administrativas a la presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la forma prevista en el presente título.
ARTÍCULO 45 Clasificación y prescripción de las infracciones.
Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, en función de la naturaleza de la contravención, de su trascendencia y repercusión especialmente en la esfera personal del menor y, en su caso, de la reincidencia en las mismas conductas punibles.
Estas infracciones prescribirán de la siguiente manera: Al año, las leves; a los tres años, las graves, y a los cinco años, las muy graves, a contar en todo caso desde la fecha de la infracción.
o Todos aquellos actos u omisiones que afecten a la esfera de los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia, cuando no se deriven de ellos perjuicios graves para los mismos.
o Las irregularidades de carácter formal por parte de las instituciones o entidades de atención a la familia, la infancia y la adolescencia en el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.
o El incumplimiento del deber de actualizar los datos que obran en el Registro de entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social referidas a la familia, la infancia y la adolescencia.
o No poner en conocimiento de las autoridades u organismos competentes las posibles situaciones de grave abandono o desamparo en que puedan encontrarse los menores por parte de aquellas personas que por su cargo, profesión o función deban tener especial conocimiento de ello.
o No procurar o impedir la asistencia de un niño o una niña o de un adolescente o una adolescente en período de escolarización obligatoria a un centro escolar y sin causa que lo justifique, cuando sea imputable a los padres, tutores o guardadores.
o Proceder a la apertura o al cierre de un centro que preste servicios en el ámbito de la familia, la infancia o la adolescencia por las personas o entidades titulares del mismo sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
o Incumplir las personas o entidades a que se refiere el apartado anterior la normativa específica reguladora de su creación y funcionamiento.
o No proporcionar las instituciones o los centros de atención a la familia, la infancia y la adolescencia el tratamiento y la atención adecuada.
o Solicitar los titulares de dichas instituciones o centros el abono de cantidades económicas de los propios menores, sus familiares, tutores o guardadores, y, en general, ejercer prácticas lucrativas en los mismos no autorizadas expresamente por la Administración de la Junta de Galicia.
o Quebrantar el deber de confidencialidad y sigilo sobre los datos personales de los usuarios.
o Utilizar por parte de los medios de comunicación la identidad o imagen de los menores cuando ello suponga una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o sea contrario a sus intereses aun cuando medie su consentimiento o el de sus representantes legales.
o Vender o permitir el libre acceso a los menores a las publicaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 o venderles, alquilarles o exhibirles el material audiovisual referido en el apartado 2 de ese mismo artícu lo. La responsabilidad de dichas acciones corresponderá a los titulares de los establecimientos y, en su caso, a las personas infractoras.
Impedir, obstruir o dificultar el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento por los servicios administrativos de la Junta de Galicia de la actividad de las instituciones y centros de atención a la familia, la infancia y la adolescencia.
Las acciones u omisiones previstas en el artículo anterior, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fuesen graves.
o Las recogidas en el artículo anterior, si de las mismas se deduce daño a los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia de imposible o muy difícil reparación.
o La reincidencia en las infracciones graves.
ARTÍCULO 49 La reincidencia.
CAPÍTULO II Sanciones Artículo 50
Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas de alguna de las formas siguientes:
Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta 250.000 pesetas.
Infracciones graves: Multa desde 250.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves: Multa desde 1.000.001 hasta 2.500.000 pesetas.
En cualquier caso, las sanciones graves y muy graves podrán conllevar como accesorias las siguientes:
Cierre total o parcial hasta un año, las graves, y cierre total o parcial de hasta dos años o definitivo, las muy graves.
Artículo 50 desarrollado por Decreto 172/1998, de 5 junio, publicado en DO. Galicia el 18 de junio de 1998.
ARTÍCULO 51 Principios generales.
Las infracciones administrativas no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno expediente, que se tramitará en todo caso de acuerdo con las normas generales que regulan el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudiesen concurrir.
En los supuestos de que las infracciones pudiesen ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hubiesen considerado probados.
En todo caso, habrán de cumplirse de modo inmediato las medidas administrativas adoptadas para salvaguardar la integridad física y moral del menor.
Cuando un mismo hecho pueda ser tipificado como infracción con arreglo a ésta y otras leyes, le será aplicada la sanción más grave.
Reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la imposición de las sanciones previstas en el presente título.
Artículo 51 desarrollado por Decreto 172/1998, de 5 junio, publicado en DO. Galicia el 18 de junio de 1998.
ARTÍCULO 52 Recursos.
Artículo 52 desarrollado por Decreto 172/1998, de 5 junio, publicado en DO. Galicia el 18 de junio de 1998.
ORDRE AAR/286/2010, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de beques per a estades de recerca i de perfeccionament professional en els àmbits de política agrària i desenvolupament rural.
ORDEN AAM/258/2012, de 1 de agosto, por la que se convocan las ayudas destinadas a las agrupaciones de productores de ovino y caprino correspondientes a 2012.
DECRETO 64/1994, de 1 de febrero, por el que se crea en el Territorio Histórico de Bizkaia el centro docente público de Educación Infantil denominado 'J.M. Etxeita Ikastola'.