Source: https://boe.vlex.es/vid/derivadas-situaciones-catastrofica-17553432
Timestamp: 2020-07-04 10:14:39
Document Index: 314800601

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 12', 'Artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 42', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26']

Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 17553432
Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Marzo de 2005
Marginal: BOE-A-2005-4573
CAPÍTULO II. Procedimiento de concesión - arts. 7 a 14
CAPÍTULO III. Ayudas destinadas a unidades familiares o de convivencia para paliar daños materiales en viviendas y enseres - arts. 15 a 17
CAPÍTULO IV. Ayudas destinadas a unidades familiares o de convivencia para paliar daños personales - arts. 18 a 20
CAPÍTULO V. Ayudas a corporaciones locales - arts. 21 a 23
CAPÍTULO VI. Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes - arts. 24 a 26
Norma citada en: 56 sentencias, 4 artículos doctrinales, 80 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas, 21 noticias
Se regirá por lo dispuesto en este real decreto la concesión de ayudas o subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, con las condiciones y requisitos establecidos en él.
No obstante, cuando los mencionados sistemas no cubran la totalidad de los daños producidos, las subvenciones previstas en este real decreto se concederán con carácter complementario y serán compatibles en concurrencia con otras subvenciones, indemnizaciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de sistemas públicos o privados, nacionales o internacionales, hasta el límite del valor del daño producido.
En todo caso, la adopción de estas medidas paliativas se inspirará en los principios de economía, celeridad, eficacia y solidaridad, así como en los de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas. A estos fines, deberán impulsarse aquellos mecanismos de colaboración que en cada caso contribuyan a la mayor operatividad de las medidas previstas en este real decreto.
El procedimiento de concesión se regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y por lo establecido en este real decreto.
A este respecto, las ayudas se otorgarán en régimen de concesión directa en aras del interés público y social derivado de las singulares circunstancias que concurren en una situación de emergencia, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, en los términos y requisitos establecidos en este real decreto, los siguientes:
Las unidades familiares o de convivencia económica que sufran daños personales o materiales, con acreditada escasez de recursos económicos para hacer frente a una situación de emergencia o catástrofe.
En atención a la especial naturaleza de las ayudas previstas en este real decreto, se eximirá a sus beneficiarios del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 6 Colaboración con otras Administraciones públicas.
El Ministerio del Interior y los Gobiernos de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas podrán celebrar los convenios de colaboración que resulten adecuados para la mejor aplicación de las medidas previstas en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al amparo de lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía.
Las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras, a todos los efectos relacionados con las subvenciones previstas en este real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CAPÍTULO II Procedimiento de concesión Artículos 7 a 14
Artículo 7 Plazo y presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, mediante los modelos normalizados que se determinen reglamentariamente por el Ministerio del Interior, en la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente a la provincia en que se hayan producido los hechos causantes de la solicitud, o en cualesquiera de los registros que recoge el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de terminación de tales hechos.
A las solicitudes deberá acompañarse los documentos que, asimismo, se determinen reglamentariamente por el Ministerio del Interior, para cada tipo de ayuda y de beneficiario. En el caso de que trámites administrativos ajenos a los solicitantes impidieran las aportaciones documentales previstas, estos deberán presentar la solicitud en el plazo establecido para ello y acreditar haber instado la elaboración o expedición de los documentos preceptivos, y estarán obligados a aportarlos en el plazo de 10 días desde que finalmente hubieran sido obtenidos.
El procedimiento se iniciará a instancia de parte, y la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente que reciba la solicitud comunicará a los interesados el inicio del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y comprobará que cumple los requisitos formales exigibles, así como que se acompaña la documentación preceptiva.
En caso contrario, deberá requerir al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por el Ministro del Interior en los términos previstos en el artículo 42.1 de aquella.
En el caso de que el objeto de la ayuda solicitada estuviera manifiestamente fuera del ámbito de protección de este real decreto, la Delegación del Gobierno o la Subdelegación del Gobierno remitirá dicha solicitud a la Administración competente por razón de la materia y deberá notificar tal circunstancia al interesado.
La Delegación o la Subdelegación del Gobierno coordinará las actuaciones que requieran la intervención de otros órganos de las Administraciones competentes, en especial en lo que atañe a aquellos informes técnicos que hayan de ser emitidos por corporaciones locales, en la forma que reglamentariamente se determine, tanto con el fin de valorar el daño subvencionable como la situación socioeconómica de los damnificados.
Completada la recepción de solicitudes, junto con la documentación preceptiva, la Delegación o Subdelegación del Gobierno remitirá los expedientes tramitados a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dentro de los cinco días siguientes a la terminación del plazo de presentación de solicitudes o, en su caso, del plazo para su subsanación, junto con una relación de los posibles beneficiarios.
A cada expediente, la Delegación del Gobierno o, en su caso, la Subdelegación del Gobierno acompañará un informe sobre el hecho causante de la situación de emergencia, en el que se precisará:
Recibidos los expedientes, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias procederá a examinar la documentación aneja a las solicitudes y comprobará que se cumplen los requisitos formales que permitan su correcta valoración.
Artículo 10 Criterios de evaluación.
El Ministro del Interior, a la vista de la propuesta definitiva formulada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, resolverá las solicitudes de forma motivada en el plazo de seis meses desde la fecha en que aquellas hayan tenido entrada en el registro de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, no obstante la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento. En ambos casos, podrán interponerse los recursos legalmente procedentes.
Asimismo, se dará conocimiento de dichas resoluciones a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Ciudades de Ceuta y Melilla donde se hubieran producido los hechos causantes de las solicitudes.
Artículo 13 Reintegro de la subvención.
Artículo 14 Justificación de la ayuda.
CAPÍTULO III Ayudas destinadas a unidades familiares o de convivencia para paliar daños materiales en viviendas y enseres Artículos 15 a 17
Artículo 15 Modalidades.
En caso de destrucción total de la vivienda habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquella sea su propietario.
Por daños menos graves que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia residente en aquella estuviera obligado legalmente, en virtud de su título jurídico de posesión sobre dicha vivienda, a asumir el coste económico de los daños producidos.
A los efectos de las ayudas previstas en este capítulo para vivienda habitual y enseres domésticos de primera necesidad, únicamente podrán ser objeto de subvención los daños que hayan sido causados de forma directa y determinante por el hecho catastrófico al que se imputen; a tales efectos, deberá quedar suficientemente acreditada dicha relación de causalidad.
Únicamente serán objeto de subvención los daños que se localicen en la vivienda propiamente dicha, destinada a casa-habitación, con exclusión de aquellas dependencias o anexos que, aunque formen parte del inmueble en el que se ubica la vivienda, no estén destinados al uso estrictamente residencial, tales como garajes, cobertizos destinados a almacén o trastero, dependencias destinadas a uso agrícola o pecuario y otros similares.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas establecidas en este capítulo las unidades familiares o de convivencia económica cuyo conjunto de ingresos anuales netos, correspondientes a los 12 meses anteriores al hecho causante o, en su defecto, al último ejercicio anual anterior a aquel, no superen las siguientes cuantías, según el número de integrantes de la unidad:
Cuantía: IPREM + porcentaje (IPREM: indicador público de renta de efectos múltiples)
Uno o dos miembros IPREM + 40 por ciento.
Tres o cuatro miembros IPREM + 80 por ciento.
Más de cuatro miembros IPREM + 120 por ciento.
Artículo 17 Cuantía de las ayudas.
Por destrucción total de la vivienda habitual, se podrá conceder una ayuda, según el coste económico valorado de los daños, hasta una cuantía máxima de 12.600 euros.
Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, referidos únicamente a las dependencias destinadas a la vida familiar, se concederá una cantidad correspondiente al 50 por ciento de los daños valorados, ayuda que no podrá superar la cantidad de 8.600 euros.
Por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, se concederá una cantidad correspondiente al 50 por ciento de dichos daños según valoración técnica, ayuda que no podrá superar la cantidad de 4.300 euros.
Por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual que hayan resultado afectados por los hechos causantes de la solicitud, se concederá una cantidad correspondiente al coste de reposición o reparación de los enseres afectados, que no podrá ser en ningún caso superior a 2.150 euros.
CAPÍTULO IV Ayudas destinadas a unidades familiares o de convivencia para paliar daños personales Artículos 18 a 20
En el caso de que se produzca el fallecimiento de personas a consecuencia de los hechos o situaciones de catástrofe pública a los que se refiere este real decreto, por cada miembro fallecido de la unidad familiar o de convivencia de cuya aportación de ingresos dependieran sustancialmente sus restantes miembros se concederá la cantidad de 17.150 euros.
Idéntica cantidad se concederá en el supuesto de incapacidad absoluta y permanente del miembro de la unidad familiar o de convivencia en las mismas circunstancias de dependencia sustancial de los ingresos del fallecido.
Las ayudas reguladas en los dos apartados anteriores sólo procederán cuando la muerte o incapacidad hubieran sido causadas directamente por los hechos que provocaron la situación de emergencia o catástrofe pública.
En los casos de fallecimiento a que se refiere el artículo anterior, podrán ser beneficiarios de estas ayudas, a título de víctimas indirectas, y siempre con referencia a la fecha de aquel, las personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación:
El cónyuge de la persona fallecida, no separada legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente, con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, cualquiera que sea su orientación sexual, durante al menos los dos años anteriores a la fecha del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común -en este caso bastará con acreditar la convivencia- y siempre que concurra el requisito de la dependencia económica respecto de la persona fallecida.
Los hijos de la persona fallecida, siempre que dependieran económicamente de ella, con independencia de su edad y filiación o de su condición de póstumos.
Los hijos que no fueran del fallecido pero lo fueran de las personas previstas en el párrafo a), siempre que concurriera el requisito de dependencia económica de aquel.
En defecto de las personas mencionadas en los párrafos anteriores, serán beneficiarios de la ayuda los padres de la persona fallecida, siempre que dependieran sustancialmente de los ingresos de esta.
A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, aquella viviera total o parcialmente a expensas de este y no percibiera, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del IPREM vigente en dicho momento, también en cómputo anual.
Artículo 20 Concurrencia de beneficiarios.
CAPÍTULO V Ayudas a corporaciones locales Artículos 21 a 23
Artículo 23 Cuantías.
CAPÍTULO VI Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes Artículos 24 a 26
Artículo 24 Modalidades.
Artículo 26 Cuantías.
Disposición transitoria primera Tramitación de procedimientos anteriores.
Disposición transitoria segunda Documentación complementaria.
Disposición transitoria tercera Régimen de las ayudas previstas en la Orden INT/439/2005, de 14 de febrero.
Disposición final primera Desarrollo reglamentario y habilitación de desarrollo.
Disposición final segunda Revisión de cuantías.
REAL DECRETO 616/1997, de 25 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Organizacion, funcionamiento y Personal del Instituto nacional de Tecnica aeroespacial «esteban terradas», aprobado por el Real decreto 912/1989, de 21 de Julio.