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Timestamp: 2018-12-16 03:06:48
Document Index: 367986534

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 66', 'artículo 929', 'artículo 38', 'artículo 518', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 66', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 23', 'artículo 929', 'artículo 38', 'artículo 38']

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Plazo previsto en el Derecho del Estado miembro requerido para ejecutar un mandamiento de embargo preventivo — Aplicabilidad de este plazo a un título de embargo preventivo expedido en otro Estado miembro y cuya ejecución se haya otorgado en el Estado requerido»
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
3 Los considerandos 2, 6, 10, 16 y 17 del Reglamento n.º 44/2001 tienen el siguiente tenor:
(10) A los efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, las dictadas en un Estado miembro obligado por el presente Reglamento deberán reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro obligado por el presente Reglamento [...]
6 A tenor del artículo 66, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), que derogó el Reglamento n.º 44/2001:
«[...] el Reglamento (CE) n.º 44/2001 continuará aplicándose a las resoluciones dictadas a raíz de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales antes de dicha fecha y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes de dicha fecha, que se hallen incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.»
«(1) La ejecución del embargo preventivo sobre un bien inmueble [...] se llevará a cabo mediante la inscripción de una hipoteca en garantía del crédito [...].
10 El 22 de agosto de 2014, el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich) otorgó la ejecución de dicha resolución en Alemania, en virtud del Reglamento n.º 44/2001.
14 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si una disposición nacional como el artículo 929, apartado 2, de la ZPO está ligada al carácter ejecutivo del mandamiento de embargo preventivo, el cual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento n.º 44/2001, se rige por el Derecho del Estado miembro en el que este título se haya expedido, o si dicha disposición se refiere a la ejecución propiamente dicha de un título ejecutivo expedido en otro Estado miembro, normas que se rigen en principio por el Derecho del Estado miembro requerido.
17 El órgano jurisdiccional remitente estima que, por una parte, desde el punto de vista de la técnica jurídica, el plazo de ejecución puede regirse por el Derecho nacional del juez que conoce de la ejecución, sin que le sea aplicable el Reglamento n.º 44/2001, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 3 de octubre de 1985, Capelloni y Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, apartado 16; de 29 de abril de 1999, Coursier, C‑267/97, EU:C:1999:213, apartado 28, y de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, apartado 69). Por otra parte, indica que dicho plazo lleva aparejada la extinción del carácter ejecutivo del título por el transcurso de un cierto período de tiempo, y que, en definitiva, dicho plazo tiene los mismos efectos que una anulación del título en el procedimiento de recurso. Por consiguiente, en su opinión, la aplicación de ese mismo plazo a un mandamiento de embargo preventivo procedente de otro Estado miembro puede no ser conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual la aplicación de las disposiciones procesales del Estado miembro de ejecución no debe menoscabar la eficacia del Reglamento n.º 44/2001 limitando la operatividad de los principios que este impone (sentencias de 3 de octubre de 1985, Capelloni y Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, apartado 21, y de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, apartado 69).
19 Además, desde la perspectiva del Derecho comparado, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el Tribunal Supremo de España considera que debe aplicarse también a las resoluciones dictadas en los otros Estados miembros cuya ejecución se considere otorgada en España, conforme a los artículos 38 y siguientes del Reglamento n.º 44/2001, el plazo de caducidad de cinco años fijado en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable, en particular, a las resoluciones judiciales.
«¿Es compatible con el artículo 38, apartado 1, del Reglamento [n.º 44/2001] que un plazo establecido en la legislación del Estado miembro de ejecución, con arreglo al cual ya no es posible ejecutar un título una vez transcurrido un determinado tiempo, se aplique también a un título funcionalmente equivalente expedido en otro Estado miembro y que ha sido reconocido y cuya ejecución ha sido otorgada en el Estado miembro de ejecución?»
21 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 38 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se aplique una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece la observancia de un plazo para la ejecución de un mandamiento de embargo preventivo, cuando se trate de una resolución de esta índole adoptada en otro Estado miembro y que tenga carácter ejecutivo en el Estado miembro requerido.
22 Con carácter preliminar, ha de recordarse que, en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 1215/2012, el Reglamento n.º 44/2001 continúa aplicándose a las resoluciones dictadas a raíz de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015 que se hallen incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012. Este es el caso, en el presente asunto, de la resolución de 22 de agosto de 2014 por la que se otorgó en Alemania la ejecución del título de embargo preventivo expedido en Italia.
23 A tenor del artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001, las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último.
24 A efectos del otorgamiento de la ejecución de una resolución dictada en un Estado miembro distinto del Estado miembro requerido, como se desprende del artículo 41 del Reglamento n.º 44/2001, las autoridades del Estado miembro requerido deberán limitarse a un mero control formal de los documentos exigidos con arreglo al artículo 53 de ese Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de octubre de 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, apartados 28 a 30).
26 También es importante recordar que el Reglamento n.º 44/2001 se limita a regular el procedimiento de exequatur de los títulos ejecutivos dictados por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto del Estado miembro requerido y nada dice de la ejecución propiamente dicha, que sigue sometida al Derecho nacional del juez que conoce de ella, sin que la aplicación de las normas procesales del Estado miembro requerido en el marco de la ejecución pueda menoscabar la eficacia del régimen previsto por dicho Reglamento en materia de exequatur limitando la operatividad de los principios impuestos en la materia, de manera expresa o tácita, por el propio Reglamento (sentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, apartado 69).
34 En particular, ha de señalarse que, dado que el Reglamento n.º 44/2001 no estableció normas relativas a la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto del Estado miembro requerido, este sigue siendo libre para establecer, en su ordenamiento jurídico, la observancia de un plazo para poner en marcha la ejecución de tales resoluciones, que hayan sido reconocidas y declaradas ejecutivas en este último Estado miembro.
37 Esta interpretación se ve corroborada por el considerando 26 del Reglamento n.º 1215/2012, en relación con el artículo 39 de este, que incorporó la jurisprudencia citada en el apartado 35 de la presente sentencia, y según el cual toda resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido.
38 Desde un punto de vista sistemático más amplio, debe señalarse que dicha interpretación resulta confirmada también por el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas para simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59), según el cual la orden de retención se ejecutará con arreglo a los procedimientos aplicables a la ejecución de órdenes nacionales equivalentes en el Estado miembro de ejecución.
44 En segundo lugar, como se desprende del apartado 26 de la presente sentencia, debe examinarse si la aplicación de las normas procesales del Estado miembro requerido en el marco de la ejecución puede menoscabar la eficacia del régimen previsto por el Reglamento n.º 44/2001.
49 Además, un plazo de ejecución de los mandamientos de embargo preventivo como el previsto en el artículo 929, apartado 2, de la ZPO no menoscaba la eficacia del Reglamento n.º 44/2001, ya que, en principio, las resoluciones dictadas en un Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania se reconocen y declaran ejecutivas de pleno Derecho en este último Estado miembro, de forma que se respeta el objetivo de dicho Reglamento de garantizar la libre circulación de resoluciones judiciales. Este plazo, que se aplica como norma procesal para la ejecución de los mandamientos de embargo preventivo, según el Derecho del Estado miembro requerido, es un requisito al que se supedita la ejecución de un título que tiene fuerza ejecutiva.
51 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 38 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se aplique una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece la observancia de un plazo para la ejecución de un mandamiento de embargo preventivo, cuando se trate de una resolución de esta índole adoptada en otro Estado miembro y que tenga carácter ejecutivo en el Estado miembro requerido.
El artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se aplique una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece la observancia de un plazo para la ejecución de un mandamiento de embargo preventivo, cuando se trate de una resolución de esta índole adoptada en otro Estado miembro y que tenga carácter ejecutivo en el Estado miembro requerido.