Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-91001-de-agosto-8-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e637277a21b40200e0430a0101510200&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-23 18:24:01
Document Index: 194257329

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 238', 'artículo 129', 'artículo 241', 'artículo 64', 'artículo 129', 'artículo 129']

﻿ Sentencia 2003-91001 de agosto 8 de 2013
SENTENCIA 2003-91001 DE 08 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:REVISIÓN DEL AVALÚO DEL PREDIO. CORRESPONDE AL PROPIETARIO O POSEEDOR LA CARGA DE LA PRUEBA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN, CUANDO PRESENTA LA SOLICITUD DE REVISIÓN DEL AVALÚO DE SU PREDIO EN ARAS DE DEMOSTRAR QUE SU VALOR NO SE AJUSTA A LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL PREDIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROPIETARIO, AVALÚO DEL BIEN, PREDIO
Sentencia 2003-91001 de agosto 8 de 2013
Ref.: Expediente 25000232700020039100101
Actor: Rudolf Kling Fernández
Las resoluciones proferidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi objeto de demanda son del siguiente tenor literal:
“Resolución 25-473-0044-2001
Por medio de la cual se falla una revisión de avalúo
El jefe de conservación y el director seccional Cundinamarca
En uso de sus facultades legales y en especial las que les confieren las resoluciones 2555 de 1988 y 893 de 1994, de la dirección general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en concordancia con la Ley 14 de 1983, y
Que el doctor Pablo Bastidas Vega abogado titulado con tarjeta profesional 56016 del Consejo Superior de la Judicatura actuando como apoderado del señor Rudolf Kling Fernández presentó solicitud de revisión de avalúo del predio 00-00-0006-0012-000 ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.
Que los argumentos del peticionario se pueden resumir así: que el predio denominado “Fute” viene figurando en Catastro de Mosquera con un área de 541 hectáreas 2.000 m2, pero según plano que se anexa el predio tiene en Mosquera 464 hectáreas 6.000 m2, por lo tanto solicito se aclare su área, lo mismo que el avalúo.
Que teniendo en cuenta lo expuesto por el recurrente, se revisaron los documentos catastrales tales como las zonas físicas (estudios de suelos, pendiente, aguas superficiales, vías municipales y usos del suelo) lo mismo que las geoeconómicas (valores del mercado inmobiliario de la región): lo cual determinó rectificar el área, en cuanto al avalúo corresponde a la actualización efectuada por Catastro en el año de 1995 para la vigencia fiscal 01-01-1996.
En mérito de lo expuesto y siendo procedente
ART. 1º—Modificar el avalúo del predio 00-00-0006-0012-000 ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.
14 573 C 00 00 0006 0012 000 001 Kling Fernandez Rudolf C. 2919038
FUTE D 541 200 $ 1.512.032.000
I 00 00 0006 0012 000 001 Kling Fernandez Rudolf C 2919038 Fute D 462 200 $ 1.451.801.000 01012001
FOR. CAT. $ 999.100.000 010196
DTO.2365 $ 1.142.970.000 010197
DTO.3063 $ 1.325.846.000 010198
DTO.2605 $ 1.451.801.000 010199
DTO.2655 $ 1.451.801.000 010100
DTO.2797 $ 1.451.801.000 010101
ART. 2º—Contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación, que podrán interponerse, el primero ante el jefe de conservación o director seccional y el segundo ante el director regional central, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella o a la desfijación del edicto, según el caso.
ART. 3º—Los recursos se conceden en efecto suspensivo (CCA, art. 55) y por consiguiente la anotación de las inscripciones catastrales en los documentos de la tesorería municipal u oficina recaudadora, solo se efectuarán hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva el recurso.
Hernando Pérez Vieda
Director seccional Cundinamarca
Orlando Chacón Quiroga
Dada en Bogotá, D.C., el 4 de junio de 2001”
Mediante Resolución 25-473-0044-2001 de mayo 30 de 2002 resolvió el recurso de reposición confirmando los argumentos de la Resolución 25-473-0044-2001 y mediante Resolución 8.0000-004-2003 se resolvió el recurso de apelación que confirmó la decisión inicial con base en la siguiente argumentación:
“El predio objeto del recurso antes de la actualización catastral con vigencia 2003, presenta 60 ha, con valor de $ 10.000.000 correspondiente a las áreas aprovechables agrícolamente y que representa el 12.98% del área total del predio, proporción un poco menor y acorde a lo expresado por el recurrente de un 14.47%; presenta 170-6.000 has, de tierras malas avaluadas a $ 2.000.000 ha, y 231.6000 has, es decir, un 50% del predio, con tierras improductivas consideradas a $250.000 ha. Igualmente el nuevo estudio realizado por la Subdirección de Agrología no arroja modificaciones significativas en estas zonas agrológicas y por último, en los nuevos estudios de actualización realizados en el año 2002, no se produjeron cambios en el diseño de las zonas homogéneas geoeconómicas y físicas y los valores unitarios se incrementaron para la vigencia 2003.
Que en consideración a lo anterior, basado en informes del jefe de avalúos de la seccional Cundinamarca; las consideraciones expuestas en cuanto a las clases de terreno del predio 00-00-0006-0012-000 del municipio de Mosquera, fueron tenidos en cuenta en los estudios catastrales y por consiguiente aplicando diferentes valores correspondiente a las clases de terreno existentes, encontrando ajustado los valores catastrales adoptados con las condiciones y características del predio (...)”.
6.2. Caso concreto.
6.2.1. En cuanto a la supuesta violación del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil por parte del a quo.
La apoderada del actor planteó como uno de los argumentos de apelación, el reproche a la actuación de la primera instancia porque en su sentir, violó el contenido del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, al no exigirle a la objetante los títulos de los depósitos judiciales como requisito indispensable para presentar el escrito de objeción del dictamen pericial.
La Sala no comparte la anterior afirmación de la recurrente, por cuanto lo que se advierte es que incurrió en una equivocada interpretación del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil que estable lo siguiente:
“Honorarios de los peritos. En el auto de traslado del dictamen se señalarán los honorarios de los peritos de acuerdo con la tarifa oficial, y lo que de ellos deba pagar cada parte. En el caso de que se requieran expertos en conocimientos muy especializados, podrá el juez señalarles los honorarios sin limitación alguna, teniendo en cuenta la prestancia de aquellos y las demás circunstancias del caso. Antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá presentar al juzgado los títulos de los depósitos judiciales o los recibos de los honorarios a su cargo expedidos por los peritos (...)” (resaltado del despacho).
Aunado a lo anterior se tiene que revisado el paginario, a folio 158 del cuaderno principal obra auto de fecha abril 13 de 2007 mediante el cual la primera instancia dispuso lo siguiente: “... observa el despacho sustanciador, que más que una objeción por error grave, los fundamentos del mismo tienen que ver con los argumentos plasmados en los actos administrativos objeto de la presente acción, sin que el objetante hubiese pedido la práctica de pruebas para demostrar su dicho como lo prevé el numeral 5º del artículo 238 del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia, la objeción planteada se resolverá en la sentencia tal y como lo prescribe el numeral 6º de la precitada norma” (resaltado fuera de texto)
Con fundamento en este auto deduce la Sala que en el caso en estudio, en vista de que la entidad objetante no solicitó la práctica de pruebas para demostrar las razones en que fundó la objeción por error grave al dictamen pericial rendido, no se incurrió en gastos adicionales que ameritaran el pago de honorarios extras para la auxiliar de justicia. Aunado al hecho de que para el a quo, no se configuró en estricto sentido la objeción por error grave tema que desarrolló en el fallo apelado.
En vista de los anteriores planteamientos, no es acogido por la Sala este argumento de apelación.
6.2.2. Otros argumentos del recurso de apelación relativos a la valoración del dictamen pericial efectuado por el a quo.
Sea lo primero señalar que llama la atención de la Sala, el hecho de que la actora no cumplió con la exigencia contenida en el artículo 129 de la Resolución 2555 de 1988, disposición que exige al propietario o poseedor acompañar a su petición de revisión del avalúo catastral, las pruebas con las que pretende demostrar que el valor del predio no se ajusta a las características y condiciones del mismo.
Lo anterior por cuanto, en el escrito contentivo de la demanda, la apoderada del actor no aportó prueba alguna con el fin de desvirtuar que los avalúos catastrales del predio Fute identificado con el número catastral 00-00-0006-001-000-001, no se ajustaban a las reales características del terreno a partir de 1996.
Apenas solicitó al a quo tuviera en cuenta para la decisión judicial, el material probatorio que obraba en la actuación administrativa ante el IGAC. Por tanto, la solicitud de revisión del avalúo catastral en el sub lite, se finca en las simples afirmaciones de la actora sin contar con pruebas que la respalden y que por tanto, ameriten la disminución del avalúo por parte de la administración distrital.
Al respecto resulta oportuno reiterar el siguiente aparte jurisprudencial:
“En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección” (sent., mayo 14/2009, rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).
Ante esta omisión, cobra vital importancia el dictamen pericial de diciembre 13 de 2006 rendido por la auxiliar de justicia(12) designada mediante auto del 10 de agosto de 2006(13), comoquiera que tal y como lo afirmó la primera instancia, esta prueba se constituye en fundamental por ser la única con la cual se puede hacer la confrontación de las decisiones de la administración, consignadas en los actos atacados de nulidad.
Observa la Sala que el a quo no encontró prueba o fundamento legal para decretar la objeción por error grave solicitada por la entidad demandada, al considerar que el experticio se rindió de acuerdo con el marco señalado en el auto que lo decretó según lo había solicitado la actora, es decir, con el fin de efectuar los avalúos catastrales del predio Fute ubicado en el municipio de Mosquera a partir del año 1996.
Las anteriores consideraciones no son compartidas por la recurrente, quien considera que la posición de la primera instancia resulta contradictoria, al negar la objeción por error grave pero al mismo tiempo consideró que esta prueba pericial, resultaba necesaria para la confrontación de lo establecido por la administración. Del mismo modo señala, que le resultaba paradójico y contradictorio que el a quo, aun asumiendo el dictamen pericial, se apartara de varias de sus conclusiones sin exponer las razones en que se apoyaba.
Para la Sala, no son de recibo las anteriores razones de disenso comoquiera que de acuerdo con el fallo apelado, se observa que el a quo apreció el dictamen pericial teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos y la competencia de la perito designada, tal y como lo prescribe el artículo 241 Código de Procedimiento Civil.
Al respecto resulta oportuno recordar que la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, por el hecho de que el juzgador no acoja el dictamen pericial por él decretado, ello no significa que la decisión que adopte carece de valoración probatoria(14), pues como acontece en el caso sub lite, el avalúo catastral del predio del actor fijado por la dirección seccional Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no fue desvirtuado como enseguida se verá.
Contrario a lo esgrimido por la apelante, en el fallo proferido por el a quo se expusieron las razones de inconformidad frente a las conclusiones del dictamen pericial rendido por la auxiliar judicial, de tal manera que no es cierto que efectuó apreciaciones subjetivas y sin fundamento respecto de las características del predio.
En primer lugar, el a quo tuvo de presente que la actualización de la formación catastral del municipio de Mosquera en el año 1995, argumento central de la Resolución 25-473-0044-2001 de junio 6 de 2001 objeto de nulidad, se ejecutó de forma global es decir, sin tener en cuenta las características propias y reales de cada predio tal y como lo reconoció en la contestación de la demanda, la apoderada del Instituto demandado.
Esta circunstancia podría haber sido aprovechada por la actora para haber demostrado mediante aporte probatorio, que otros predios ubicados en el municipio de Mosquera, en el cual se encuentra ubicado su predio, habían sido objeto de avalúos catastrales comparativamente distintos y más favorables frente al predio el Fute para las vigencias fiscales 1996 a 2000, tal y como lo reclama en el presente juicio de nulidad.
De otra parte, mientras el fallo apelado consideró que a pesar de las características del predio señaladas en el dictamen pericial(15), el terreno cuenta con un área productiva de cultivos de árboles de eucalipto, pinos, cactus, pasto, cebada y frutales los que no fueron avaluados por la perito, mientras que a juicio de la apelante, a pesar de que el tribunal sí reconoció que el predio cuenta con un área productiva de los cultivos anteriores, desconoció que esta área corresponde solo a un 14% del terreno del predio.
La Sala encuentra que razón le asiste a la primera instancia en la anterior afirmación, por cuanto a pesar de que el dictamen sí estableció que el 14% del terreno del predio corresponde a área productiva, igualmente lo es que el dictamen pericial concluyó lo siguiente:
“1.6. Destinación actual del inmueble.
Cultivo de cebada cuando llueve, aproximadamente 30 has, pastos naturales no mejorados, algunos frutales de ciruela.
4.1. Agronómicas:
Tipos de suelos: secos, quebradizos, siendo la mayoría del área improductiva.
Especies cultivables: cebada, árboles frutales como ciruela y algunos arbustos como eucalipto y pinos los cuales están quemados tal como se observa en las fotografías y una gran cantidad de cactus.
Adecuación de las tierras: la mayoría es imposible adecuarlas para cultivos por estar agrietadas debido a la sequedad.
5. Aspecto económico:
5.1. Explotación económica del inmueble.
Cultivos permanentes: árboles de eucaliptos, pinos, cactus y pastos naturales no mejorados.
Cultivos transitorios: cebada y frutales.
(...) el uso actual del predio es exclusivamente agrícola en un 14% aproximadamente” (resaltado fuera de texto).
De acuerdo con lo transcrito se tiene que el predio del actor cuenta con 30 has aptas para el cultivo de cebada, lo cual hace que respecto de este porcentaje la tierra sea productiva económicamente. Así mismo respecto del área con cultivos de árboles de eucalipto, pinos, cactus, pasto y frutales como la ciruela, el experticio pericial no determinó el avalúo de los mismos, motivo por el cual carece de precisión en este aspecto la prueba analizada.
La afirmación contenida en el fallo apelado según la cual, el área denominada como no aprovechable para la explotación económica en atención a sus características de aridez, cuenta —según el a quo— con la posibilidad de ser destinada a otra actividad económica como la minera, fue objeto de crítica por la apelante al considerar que desconoce el artículo 64 de la Resolución 2555 de 1988 que dice: “Valor futuro del inmueble: para el avalúo catastral no se tendrá en cuenta el mayor valor por la utilización futura del inmueble en relación con el momento de la identificación predial”.
Para la Sala, no se observa de qué manera se configura la transgresión advertida por la apelante, comoquiera que en ningún momento la primera instancia afirmó que el predio del actor incrementaría su avalúo catastral por la instalación de una empresa de explotación minera —como lo entiende equivocadamente la censora—, sino que se limitó a afirmar que no era descartable que el predio examinado se pudiera explotar en el área denominada como no aprovechable, mediante una actividad distinta a la agrícola como es la de la minería.
Aunado a lo anterior, el dictamen pericial sobre el particular concluyó lo siguiente:
“6.2. Explotación: agrícola.
6.3. Recreación: no hay terreno destinado a recreación.
6.4. Industrial: no hay ninguna industria en el predio y tampoco en el sector.
6.5. Minero: no hay ninguna explotación minera”.
De tal suerte que por el hecho de que al momento de la elaboración del dictamen pericial, no existiera explotación minera en el predio del actor, no por ello se puede descartar que en un futuro si se pudiera instalar. En todo caso esta hipotética situación no está per se valorizando el terreno.
Además el dictamen pericial tuvo en cuenta los precios de inmuebles similares. Al respecto concluyó:
“Metodología empleada:
Para la fijación del precio se empleó además de mi examen personal y directo, mi experiencia en el avalúo de bienes, averiguaciones hechas sobre el precio de inmuebles de similares características, una combinación de metodología de aceptación universal, estas fueron: investigación del mercado, analítico, comparativo y de reposición y renta” (resaltado fuera de texto).
Finalmente mientras el fallo apelado consideró que el predio del demandante cuenta con construcciones de vivienda fijas, que pueden ser aprovechables económicamente respecto de las cuales el peritazgo no concretó su avalúo, la apelante desestimó el anterior planteamiento al afirmar que el actor no recibe ningún emolumento por las construcciones por cuanto estas están destinadas a la vivienda de los trabajadores del predio.
Al respecto conviene trascribir lo que dice el dictamen pericial:
“6. Infraestructura.
6.1. Vivienda.
Hay tres construcciones destinadas para vivienda de los trabajadores y constan:
La primera: casa de habitación construida en ladrillo de 60 m2 por 10. De dos habitaciones, sala comedor, cocina, techo de teja eternit y pisos en cemento.
La segunda: casa de habitación construida en ladrillo, con tres alcobas, baño enchapado en baldosa color blanco, sala comedor, cocina, puertas en madera, ventanas metálicas, pisos en tableta color blanco y techos en eternit.
La tercera: casa de habitación construida en ladrillo, de tres alcobas, cocina y baño, pisos en cemento y techos en teja eternit”.
El hecho de que no reciba el demandante emolumento alguno por estas construcciones, no quiere decir que ellas no tengan un valor económico que no incida en el avalúo del predio.
En efecto, el parágrafo del artículo 129 de la Resolución 2555 de 1988 “Por la cual se reglamenta la formación, actualización de la formación y conservación del Catastro Nacional y subroga la Resolución 660 del 30 de marzo de 1984” expedida por la dirección general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) dispone: “(...) PAR.—Las características y condiciones del predio se refieren a: límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de acceso, clases de terreno y naturaleza de la producción, condiciones locales del mercado inmobiliario y demás informaciones pertinentes”.
El análisis efectuado por la parte recurrente respecto del fallo del a quo, con base en el dictamen pericial de la auxiliar de justicia designada por el a quo, acerca de las características y condiciones del predio el Fute a la luz del parágrafo del artículo 129 transcrito, no alcanzó a desvirtuar la sentencia de la primera instancia que, por lo mismo será confirmada.
Aunado a lo anterior, según las normas vigentes corresponde al propietario o poseedor la carga de la prueba frente a la administración, cuando presenta la solicitud de revisión del avalúo de su predio en aras de demostrar que su valor no se ajusta a las características y condiciones del predio que, como se dijo al inicio de la disertación, no se cumplió en este caso.
Sobre el particular resulta oportuno transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta Sala:
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio (...). El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo oficial y acreditar la corrección del justiprecio presentado por quien actuó como perito en el curso de la primera instancia, cometido que no se logró en el asunto sub examine” (sent., mayo 14/2009, rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).
(12) El informe del dictamen pericial obra a folios 136 a 143 del cuaderno 1 y tiene un cuaderno de anexos.
(13) Visible a folios 128 a 131 del cuaderno uno.
(14) Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 27 de marzo de 2003, radicado 25000-23-24-000-2001-0167-01 (7957), M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(15) constituido por un terreno seco y quebradizo en su mayoría montañoso, sin servicios públicos, ni transporte, sin corrientes o cauces intermitentes o permanentes.