Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00008-de-julio-31-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_032e3dc7a0b6001ce0530a010151001c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 14:59:15
Document Index: 248769842

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 233', 'ARTÍCULO 130', 'ARTÍCULO 125', 'ARTÍCULO 130', 'artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 139', 'artículo 97', 'e contrario', 'artículo 125', 'artículo 233', 'artículo 130', 'artículo 233', 'artículo 254', 'artículo 125', 'artículo 130', 'artículo 27', 'artículo 254', 'artículo 27', 'artículo 254', 'artículo 133', 'artículo 130', 'artículo 233', 'artículo 254', 'artículo 271']

﻿ Sentencia 2014-00008 de julio 31 de 2014
SENTENCIA 2014-00008 DE 31 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:PERIODO DE MAGISTRADO ELEGIDO -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. LOS MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DEBEN SER ELEGIDOS POR UN PERIODO INDIVIDUAL DE OCHO AÑOS Y NO UNO INSTITUCIONAL. AUN CUANDO LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO SUPERIOR NO HUBIERAN SIDO COBIJADOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE DEFINE COMO PERSONAL Y POR OCHO AÑOS EL PERIODO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA CORTE SUPREMA Y EL CONSEJO DE ESTADO, EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 270 DE 1996, SE REFIERE AL PERIODO DE MAGISTRADOS DE LAS CUATRO ALTAS CORTES, EL DEL FISCAL GENERAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 125 CONSTITUCIONAL, CONSAGRADA EN EL ACTO LEGISLATIVO 1 DEL 2003, NO AFECTABA LA COMPOSICIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, EN TANTO SE TRATABA DE UNA MODIFICACIÓN EXCLUSIVA DEL ESQUEMA POLÍTICO ELECTORAL. NO SE PODÍA, ENTONCES, MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PROCESO ELECTORAL, FALLO EN JUICIO ELECTORAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, MAGISTRADO DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Sentencia 2014-00008 de julio 31 de 2014
Rad.: 11001-03-28-000-2014-00008-00
Radicado interno: 2014-0008
2.1. Acto demandado.
La decisión adoptada por el Congreso de la República el día 10 de diciembre de 2013, constituye “el acto acusado” en este proceso, en ella está contenida la declaratoria de la elección del demandante y su ratificación como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del doctor Néstor Iván Osuna Patiño.
La elección se encuentra acreditada en el plenario en: i) el CD aportado por el Congreso de la República; y, ii) el acta de la sesión de 10 de diciembre de 2013, contenida en la Gaceta del Congreso Nº 59 de martes 25 de febrero de 2014.
La Sección Quinta es competente para conocer y fallar el asunto de la referencia en única instancia, en virtud de discutirse la legalidad de la elección del doctor Néstor Osuna Patiño, como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149, numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado.
Como se dejó establecido en la audiencia inicial y en la fijación del litigio realizada, los problemas jurídicos que deben ser definidos por la Sala, son si: i) la elección del doctor Néstor Iván Osuna Patiño como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, debe entenderse por un periodo de 8 años; y, ii) este periodo es institucional o personal.
2.4.1. De la legitimación en la causa por activa.
Como se advirtió en los antecedentes del caso, el doctor Néstor Iván Osuna Patiño demandó la legalidad del acto de 10 de diciembre de 2013, mediante el cual, el Congreso de la República lo eligió como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Para la Sala, una interpretación literal del artículo 139 del CPACA, según el cual, “cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden”, impone entender que la legitimación para formular ese tipo de demandas, es universal, dado que ninguna limitación se estableció por parte del legislador sobre el particular y en tal medida, bien puede ejercerla cualquier persona, incluido el elegido.
Tanto es así que se le permite, incluso, a la misma autoridad pública que necesita corregir su propia decisión, demandar sus actos lesivos. Sobre el punto, el artículo 97 del CPACA establece: “si (…) la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
Esta facultad ha sido reconocida por la Sección Quinta del Consejo de Estado(7) que avaló la posibilidad de que la propia administración que expidiese el acto declarativo de una elección o contentivo de un nombramiento, lo demande ante esta jurisdicción con el fin lograr su declaratoria de nulidad y, también, restablecer el derecho particular que se trasgredió, esto dependiendo del medio de control empleado.
En este orden, si la administración tiene la posibilidad de demandar su propio acto, resultaría restrictivo desde cualquier punto de vista, que quien pretenda defender la legalidad del ordenamiento jurídico afectado con la expedición del mismo, incluso si este es el particular elegido, no tenga la opción de demandar un acto que considere contrario a la ley. Máxime cuando, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que en relación estrecha con el derecho al debido proceso y defensa, más específicamente, la defensa técnica está atado el principio de igualdad de armas, según el cual, “(…) en el escenario del proceso (…), los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”(8).
De esta manera, es indiscutible la posibilidad que tiene “cualquier persona” de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la legalidad de los actos electorales, posibilidad que la ley no conculca ni restringe para el elegido. Lo anterior, se debe además a que la pretensión del doctor Osuna Patiño en el caso que nos ocupa se limita a solicitar la revisión de la legalidad del acto que lo eligió en lo que a su periodo se refiere.
Así las cosas, cualquier persona, incluso el elegido, cuando considere que hay error en un acto electoral, está legitimado para demandar o cuestionar la legalidad de dicho acto.
2.4.2. Del medio de control utilizado.
En el presente caso, bajo el medio de control de nulidad electoral, se solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado la nulidad parcial del acto administrativo enjuiciado, de tal forma que se ajuste al ordenamiento jurídico, puesto que, a juicio del actor, el periodo establecido Constitucional y legalmente para el cargo en propiedad de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es individual de 8 años y no institucional.
Para la Sala, no hay elección sin periodo. Nuestro ordenamiento jurídico contempla para cada cargo que se provee bajo la modalidad de elección, tenga este origen en el voto popular o en la decisión emanada de cuerpos electorales, un término predeterminado para su ejercicio.
Así las cosas, el medio de control de la nulidad electoral es absolutamente compatible con las pretensiones de una demanda de este tipo, máxime, si se tiene en cuenta que el periodo es elemento inherente a toda elección y, por tanto, una irregularidad en él, no escapa al objeto de este tipo de acción que ha sido creada por el ordenamiento jurídico, justamente, para garantizar el sometimiento de los actos electorales a la ley.
Lo anterior es tan cierto que, la jurisprudencia vigente de la Sala Plena de esta corporación sobre la materia, en sentencias de unificación(9), variando la posición que expuso en sentencia de 30 de noviembre de 1995, expediente S-553, se ha ocupado de problemas jurídicos originados en el periodo de los actos electorales, como recientemente ocurrió en los fallos que desataron las demandandas (sic) contra la elección de Viviane Aleyda Morales Hoyos(10)y Eduardo Montealegre Lynett(11) para el cargo de Fiscal General de la Nación(12).
2.5. Del asunto a tratar.
En el presente caso, el demandante considera que su elección como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que atañe al periodo para ejercer sus funciones, se produjo apartándose de las normas en las que debía fundarse ya que el Congreso de la República concluyó que su periodo era institucional y no personal.
Por su parte, el Congreso de la República señaló que si bien la Constitución Política indica que el periodo de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es de 8 años, de conformidad con el parágrafo del artículo 125 superior, dicho periodo debe entenderse como institucional. Por ello, la elección del demandante debía efectuarse por lo que le restaba del periodo al exmagistrado Henry Villarraga, es decir, por tres años y no por 8.
En este orden, corresponde a la Sala determinar si: i) la elección del doctor Néstor Iván Osuna Patiño como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, debe entenderse por un periodo de 8 años; y, ii) este periodo es institucional o personal.
Para proveer sobre el fondo de las pretensiones de la demanda, y por efectos metodológicos, la Sala se ocupará del análisis de los anteriores problemas jurídicos planteados y, posteriormente, expondrá una conclusión, salvo que en el desarrollo encontrare probado algún cargo, evento en el cual se relevará del estudio de los demás.
2.5.1. Duración del periodo de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Para resolver la primera parte del problema jurídico planteado en precedencia, esto es, si la elección del doctor Néstor Iván Osuna Patiño como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura debe entenderse por un periodo de 8 años, es preciso indicar que el periodo por el cual se ejerce un cargo tiene origen en la Constitución o en la ley, precisamente, porque a partir de él se concibe todo el andamiaje del Estado. Por ende, no depende del cuerpo electoral, llámese pueblo o corporación, sino de la Constitución o la ley, su determinación.
En igual sentido se pronunció la Sala Plena de la Corte Constitucional al indicar que:
“(…) ii) los períodos de los cargos, se establecen por el derecho objetivo, independientemente de la situación personal de quien vaya a ocuparlos; por lo tanto, lo relativo a la regulación de dichos períodos es materia que concierne exclusivamente a la Constitución y a la ley, y pueden ser extinguidos o modificados por reformas a estas, sin que se puedan alegar derechos adquiridos derivados de un período regulado por norma anterior; iii) los actos de nombramiento o de confirmación del cargo, en consecuencia, no pueden determinar los períodos de los cargos, porque ello escapa a la competencia del órgano que hace el nombramiento o la elección, quien se debe limitar simplemente a expedir el acto condición que coloca a la persona escogida para ocupar el respectivo cargo dentro de la situación general prevista por la Constitución o la ley; iv) en definitiva, los actos administrativos mencionados, esto es, los de nombramiento o elección para los referidos cargos, nada agregan ni innovan el ordenamiento jurídico que rige los períodos, pues estos solo concretan en cabeza de una persona, en razón del nombramiento de la elección los preceptos del derecho objetivo”(13) (negrilla fuera de texto).
Bajo ese entendido, los artículos 254 Constitucional y 28 y 76 de la Ley 270 de 1996, sobre el periodo de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, indican:
“ART. 254.—El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas:
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber consejos seccionales de la judicatura integrados como lo señale la ley”.
“ART. 28.—Período. Los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria serán elegidos para un período de ocho (8) años, contados a partir del primero (1º) de septiembre de 1992”.
“ART. 76.—De las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas:
El Consejo en Pleno cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley” (negrillas fuera de texto).
Entonces, no cabe duda que conforme a lo expuesto, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos para un periodo de 8 años. Ahora bien: ¿es ese periodo institucional o personal?
Si la Sala concluye que el periodo es personal, sin duda, la designación debió hacerse por 8 años ya que su término inicia con la posesión del elegido. Por el contrario, si se considera que el periodo es institucional, el nuevo nombramiento debía efectuarse por lo que resta del mismo.
La Sala concluye que el periodo de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es individual y no institucional como se pasará a explicar.
2.5.2. El periodo de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura es individual y no institucional.
Sea lo primero indicar que la jurisprudencia ha definido el período institucional como aquel en el que por una disposición constitucional o legal se fija una fecha específica para la asunción o ejercicio del respectivo cargo, en contraposición con el período individual frente al cual, por no existir una regla en dicho sentido, debe entenderse que comienza el día en que el electo toma posesión de la función correspondiente.
El período es institucional cuando tiene una fecha de comienzo cierta, ya sea que la fije directamente la Constitución o el legislador. Por el contrario, es personal, individual o subjetivo cuando inicia con la posesión de quien asume la respectiva función(14).
En el mismo sentido, la Sala Plena de esta corporación en 1997 sostuvo: “Son períodos institucionales aquellos objetivamente establecidos entre fechas determinadas, e individuales los que se inician con la posesión del elegido o nombrado”(15); y, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 18 de febrero de 1999, reafirmó la anterior posición al indicar que “El período institucional requiere dos supuestos básicos que permiten identificarlo como tal; ellos son: el término de duración y la fecha de iniciación; en el período individual se señala su duración, no tiene fecha de iniciación y comienza siempre al tomar posesión la persona que entra a ejercer el cargo”.
Ahora, si bien las normas a las que nos referimos en el acápite anterior, regulan lo referente al periodo de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aquellas no indican si el de los magistrados de esa corporación corresponde a un periodo institucional o personal.
Es más, el artículo 233 superior expone que los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por periodos individuales de ocho años, pero nada dice sobre los miembros del Consejo Superior de la Judicatura:
“ART. 233.—Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso” (negritas propias de la Sala).
Sin embargo, el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, suple el vacío de la Constitución y categóricamente establece que el periodo de los miembros de esa corporación también es individual. Veamos:
Es obligación de cada funcionario y del presidente de la corporación, informar con seis meses de anticipación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la fecha en que se producirá el vencimiento de su período, con el objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo (…)” (negrillas propias de la Sala).
La jurisprudencia sobre el particular ha sido escasa pero no inexistente. En efecto, en providencia de 24 de julio de 2008(16), esta Sección, con fundamento en las normas anteriores, concluyó que los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en virtud del artículo 233 de la C.P.; y, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (en virtud del artículo 254 de la C.P.), tenían un periodo “individual de 8 años”.
Pese a lo anterior, alguien podría cuestionar si la reforma del artículo 125 de la Constitución, contenida en el Acto Legislativo 1 de 2003, modificó lo dispuesto en el artículo 130 de la ley estatutaria de administración de justicia.
Para la Sala, la respuesta a este interrogante es negativa. Tal como se dejó sentado en fallo de 16 de abril de 2013(17) proferido por esta corporación(18), dicha reforma contenía una unidad de materia de carácter íntegramente político-electoral y, por ende, no tuvo la finalidad de incursionar en reformas a la Carta Política sobre la regulación de los periodos, entre otros, de los magistrados de Altas Cortes o del Fiscal General de la Nación.
Esta fue la conclusión a la que se arribó en esa oportunidad:
“La anterior descripción pormenorizada del trámite para la aprobación y de la temática de todos y cada uno de los artículos de la Carta que se modificaron con el Acto Legislativo 1 de 2003 lleva a la Sala a la convicción, aunado a la exposición de motivos de los ponentes, que el contenido de esta reforma presenta una unidad de materia de carácter íntegramente político-electoral (…)”.
Por las anteriores consideraciones, la Sala coincide con el entendimiento del actor en cuanto a lo individual de su periodo, y así lo reflejará en la parte resolutiva de esta providencia.
El actor demanda la nulidad parcial de su propio acto de elección como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta al periodo, por considerar que aquel infringe las normas superiores al fijarlo por tres años “2013-2016”, lo que a su juicio, desconoce que se trata de un periodo personal de 8 años.
En efecto, el acta de la sesión al referirse al orden del día señaló el periodo por el cual sería elegido el doctor Osuna, de la siguiente forma: “III. Elección de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura (de conformidad con el artículo 27 de la Ley 5ª de 1992, concordante con el inciso 2º del artículo 254 de la Constitución Nacional) periodo constitucional 2013-2016”.
Por lo anterior, aun cuando en ninguna otra parte del acta de la sesión se haga referencia al periodo, el hecho de haber sido convocada la plenaria en esas circunstancias, es suficiente para concluir que la elección del demandado se efectuó, real y materialmente, para el “Periodo constitucional 2013-2016”.
Es obvio entender, y así lo concluye la Sala, que las decisiones tomadas en dicha sesión fueron adoptadas conforme a lo dispuesto en el orden del día para el cual fue convocado el Congreso de la República. No puede ser de otra manera. Así las cosas, no cabe duda que la decisión de elegir al Dr. Osuna Patiño como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura fue efectuada para un periodo institucional, así no se hubiese dicho expresamente.
Tanto es así, que el Congreso de la República le dio el carácter de institucional al periodo del magistrado Osuna Patiño, tal como se observa de: (i) la contestación de la demanda (fls. 55-64 del expediente); (ii) la certificación expedida por el secretario general del Congreso de la República el 28 de enero de 2014 que indicó:
“Que en la sesión de Congreso Pleno del día martes 10 de diciembre de 2013, se realizó la elección de magistrado de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el artículo 27 de la Ley 5ª de 1992, concordante con el inciso 2º del artículo 254, de la Constitución Nacional, de terna enviada por el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón de acuerdo al siguiente resultado:
Doctora Martha Luz Reyes Ferro: 50 votos
Doctor Luis Manuel Neira Núñez: 03 votos
Doctor Néstor Iván Osuna Patiño: 116 votos
En blanco: 02 votos
Quedando elegido como magistrado de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Néstor Iván Osuna Patiño, para el periodo 2013-2016. Igualmente en dicha sesión, fue confirmada su elección de conformidad con la Ley 270 de 1996, artículo 133.
Dada en Bogotá, D .C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil catorce (2014)”(19).
Así las cosas, la Sala, accederá a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarará, en la parte resolutiva de esta providencia la nulidad parcial del acto demandado, expedido por el Congreso de la República, en lo que al periodo se refiere, de conformidad con lo expuesto antes. Por tanto, se tiene que el periodo del doctor Néstor Iván Osuna Patiño como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es individual de 8 años, contados desde la fecha de su posesión.
A partir de lo anteriormente planteado, la Sala concluye que:
i. Conforme a los artículos 254 de la Constitución y 28 y 76 de la Ley 270 de 1996, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por un periodo de 8 años.
ii. Este periodo es individual, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 que así lo indica respecto de los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de Administración Judicial;
iii. En efecto, la jurisprudencia de esta Sección(20) ha señalado que dichos periodos son de carácter “individual de 8 años”; respecto de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 233 de la C.P.; y, en relación con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en aplicación del artículo 254 de la C.P.
iv. Por la infracción de las normas superiores se impone anular parcialmente el acto acusado con el fin de excluir del ordenamiento jurídico la referencia que respecto del periodo se hizo en el acta contentiva de la elección demandada.
2.7. Asuntos adicionales.
Se aceptará la renuncia al poder(21) otorgado por el Presidente del Congreso de la República al doctor Juan Pablo Cortés Ramos; y, a su vez se reconocerá personería jurídica al abogado Harold Iguarán Ballesteros para que represente a esta corporación, de conformidad con el documento obrante a folio 107 del expediente.
Primero. Se declara la nulidad parcial del acto demandado, expedido por el Congreso de la República, en lo que al periodo se refiere, de conformidad con lo expuesto es la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se tiene que el periodo del doctor Néstor Iván Osuna Patiño como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es individual de 8 años, contados desde la fecha de su posesión.
Segundo. Se acepta la renuncia del poder otorgado por el Presidente del Congreso de la República al doctor Juan Pablo Cortés Ramos.
Tercero. Se reconoce personería jurídica al abogado Harold Iguarán Ballesteros para que represente al Congreso de la República.
Cuarto. En firme esta providencia, archívese el expediente dejando las anotaciones correspondientes.
(7) Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Proceso radicado Nº 11001-03-28-000-2012-00017-00. C.P. Susana Buitrago Valencia. Auto de 21 de junio de 2012. Consejo de Estado. Sección Quinta. Proceso radicado Nº 76001-23-31-000-2001-00588-01. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Auto de 6 de agosto de 2003.
(8) Corte Constitucional. T-799 de 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto.
(9) En los términos del artículo 271 del CPACA.
(10) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 13 de marzo de 2012. C.P. Víctor Hernando Alvarado. Rad. IJ-11001-03-28-000-2011-00003-00.
(11) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. (E): Susana Buitrago Valencia. 16 de abril de 2013. Expedientes Rad. 2012-00027-00; 2012-00028-00; 2012-00019-00; 2012-00021-00. Demandantes: María del Pilar Díaz Suárez, Carlos Mario Isaza, Germán Calderón España y Jaime Hernán Ramírez Gasca. Acción de nulidad electoral – Fallo de única instancia – Importancia jurídica.
(12) En el mismo sentido, respecto del ejercicio de la acción de nulidad electoral para resolver asuntos relacionados con el periodo, entre otras ver: Consejo de Estado. Sala Plena de los Contencioso Administrativo. C.P. Mario Alario Méndez, 21 de octubre de 1997. Rad.: S-739(IJ). Demandante: Félix Eduardo Martínez Ramírez y Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Roberto Medina López, 29 de septiembre 2000. Rad.: 2416. Demandante: Arnulfo Gómez Parada.
(13) Sala Plena. Auto 80 del 24 de agosto de 2000.
(14) Salvamento de Voto. Consejero Alberto Yepes Barreiro. Expedientes: 11001-03-28-000-2012-00027-00, 1001-03-28-000-2012-00028-00, 11001-03-28-000-2012-00019-00 y 1001-03-28-000-2012-00021-00. Demandantes: María del Pilar Díaz Suárez, Carlos Mario Isaza, Germán Calderón España y Jaime Hernán Ramírez Gasca. Acción de nulidad electoral – Fallo de única instancia – Importancia jurídica. Electoral única instancia – Fallo. C.P. Susana Buitrago Valencia.
(15) Consejo de Estado. C.P. Mario Alario Méndez. 25 de noviembre de 1997. Rad.: IJ-746-S. Actor: Luis Eduardo Gutiérrez Angarita y otros. Demandado: Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá.
(16) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad.: 11001-03-28-000-2007-00060-00. Actor: Luis Alejandro Sánchez Romero. Demandado: Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
(17) Si bien el ponente no acompañó con su voto esa providencia, habiéndose aprobado por esta corporación, aquella se acata como precedente.
(18) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. (E): Susana Buitrago Valencia. 16 de abril de 2013. Expedientes Rad. 2012-00027-00; 2012-00028-00; 2012-00019-00; 2012-00021-00. Demandantes: María del Pilar Díaz Suárez, Carlos Mario Isaza, Germán Calderón España y Jaime Hernán Ramírez Gasca. Acción de nulidad electoral – Fallo de única instancia – Importancia jurídica.
(19) Folio 19 del expediente.
(20) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad.: 11001-03-28-000-2007-00060-00. Actor: Luis Alejandro Sánchez Romero. Demandado: Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
(21) Folio 106 del expediente.