Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-39846-de-noviembre-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ef8e5ef728f30386e0430a0101510386&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 03:20:52
Document Index: 140809908

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 384', 'artículo 213', 'artículo 212', 'artículo 99', 'artículo 207', 'artículo 306', 'artículo 310', 'in dubio', 'artículo 29', 'artículo 384', 'artículo 11', 'artículo 376', 'artículo 384']

﻿ Sentencia 39846 de noviembre 27 de 2013
SENTENCIA 39846 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES -CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. TENIENDO EN CUENTA ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO PENAL, LA MATERIALIZACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DEL TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EXIGEN ÚNICAMENTE LA DUPLICACIÓN DEL CUARTO MÍNIMO DE LA PENA A IMPONER POR LA COMISIÓN DE ESE TIPO PENAL, Y NO LA DEL MÁXIMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PENA, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS
Sentencia 39846 de noviembre 27 de 2013
Casación 39846
1. Dispone el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, que la demanda de casación se debe inadmitir cuando el recurrente carece de interés o no logra acreditar los requisitos formales previstos en el artículo 212 de la misma normativa.
2. El libelo que se examina es por completo ajeno a las exigencias técnico-formales en cuanto a la formulación de los reproches, su desarrollo y demostración, pues en el marco de un alegato, carente de lógica argumentativa, el actor omitió acreditar la existencia de algún error judicial con capacidad de quebrantar la sentencia impugnada.
2.1. En efecto, frente a la supuesta inobservancia de la causal de impedimento prevista en el artículo 99-6 de la Ley 600 de 2000, contenida en el primer cargo, se constata que no hay identidad temática con los motivos que la defensa del procesado esgrimió como soporte de la apelación de la sentencia de primera instancia(9), situación que, en principio, genera falta de interés jurídico. Empero, tiene dicho la Sala(10), que cuando la pretensión se encamina a denunciar defectos de garantía que eventualmente puedan conducir a la declaratoria de nulidad, es posible acudir a la casación porque, precisamente, una de las finalidades del recurso es el restablecimiento de las garantías vulneradas y la reparación los agravios inferidos.
2.2. Se apoya el demandante en la causal de nulidad prevista en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, porque considera afectada la garantía de imparcialidad, en razón a que el juez de primera instancia, a pesar de verificar el allanamiento de su defendido por el cargo de rebelión, no se apartó de adelantar la etapa del juicio frente a los otros delitos, sino que rompió la unidad procesal y dispuso que por distinta cuerda se dictara la correspondiente sentencia anticipada.
Omitió considerar, sin embargo, que la proposición de nulidades en sede de casación no constituye un espacio abierto en el que se pueda postular cualquier situación a manera de irregularidad. Se trata de un remedio extremo del proceso, que no procede por la simple enunciación del vicio, ni en interés exclusivo del ordenamiento jurídico, pues su declaratoria opera por las causales expresamente consagradas en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y se rige por los principios de taxatividad, protección, convalidación, trascendencia y residualidad, previstos en el artículo 310 de la misma normativa.
El actor, en su confusa disertación, no demostró la manera como se produjo el dislate, sino que estimó suficiente con afirmar que el juez de primera instancia utilizó el allanamiento a cargos por el delito de rebelión y en claro prejuzgamiento continuó con el trámite frente a las conductas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de armas de fuego de uso de las fuerzas militares, con violación al debido proceso y al derecho de contradicción.
La garantía de imparcialidad no se puede estimar vulnerada simplemente porque el juez de primera instancia, que aprobó el allanamiento por uno de los delitos materia de investigación disponiendo la ruptura de la unidad procesal, haya sido el mismo que dictó la sentencia frente a las demás conductas no admitidas por el procesado. Habría sido pertinente demostrar, en forma clara y fehaciente, que la información contenida en el acta de audiencia preparatoria, donde Gabriel Culman Ortiz señaló acogerse “al beneficio de sentencia anticipada, solo por el delito de rebelión”(11), fue determinante en la sentencia cuya invalidez se pretende.
Ningún argumento de esa naturaleza esgrimió el demandante, quien además de reprochar que el juzgador no adelantó gestiones para establecer la verdad, se cuidó de informar que en la audiencia preparatoria dispuso la práctica oficiosa de varias pruebas, entre ellas, escuchar en ampliación de declaración a los desmovilizados Joao Carlos Castillo Hernández, Albeiro López Villada, y al funcionario del CTI, William Gantiva Molenda(12). Aun cuando este investigador fue el único que compareció al juicio, pues según consta en la foliatura no se logró la ubicación de los demás requeridos(13), lo cierto es que el examen objetivo del recaudo probatorio cumplido en la actuación impide afirmar —sin más— que el a quo se valió del allanamiento al cargo por rebelión, para deducir la responsabilidad de Culman Ortiz frente al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por el cual se le juzgó y condenó.
Es palmario, que lejos de cumplir con la carga de identificar la ocurrencia de la irregularidad, fundamentarla adecuadamente y demostrar su incidencia negativa en el trámite, el defensor optó por fortalecer su reproche haciendo comentarios críticos frente a diversos tópicos, como el mérito otorgado a los testigos de cargo, temática que aprovecha para exaltar su criterio sobre la manera como un juez imparcial hubiese acometido la valoración de la prueba testimonial de cargo, de las diligencias adelantadas por el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación y de su declaración, entre muchos de los aspectos aludidos en el libelo.
Esa desbordada dialéctica se muestra extraña a la fundamentación de los yerros soportados en el desconocimiento de alguna garantía fundamental con capacidad de alterar la legalidad de la sentencia, porque la viabilidad de la nulidad implica la demostración de un yerro trascendente, al punto de perfilar que otra hubiese sido la suerte del proceso si no hubiere mediado el acto irregular.
En tanto que los errores de apreciación probatoria tangencialmente insinuados, deben ser expuestos en capítulo aparte con estribo en alguna de las causales legalmente consagradas para denunciar transgresiones de la ley sustancial por la vía indirecta.
De cualquier manera, el motivo inicialmente alegado como causal de nulidad, no encuentra asidero en el proceso y, por tanto, no se ajusta a los parámetros lógicos que permitan comprender la ocurrencia de un defecto protuberante del fallo recurrido a tal punto que, por ese solo motivo, no sea posible mantener su vigencia.
3. Similares desafueros se advierten en la postulación y desarrollo del cargo segundo que de manera subsidiaria invoca el casacionista, en cuanto alude de manera simultánea supuestos “errores de identidad” y a la falta de apreciación de determinadas pruebas allegadas a la actuación, incurriendo en el desatino de fusionar razonamientos que no pueden ser invocados en el mismo reproche, porque cada uno de ellos responde a una particular naturaleza y alcance.
Es por ello que en la confección de las censuras se debe atender a los principios de autonomía, coherencia y no contradicción, en cuanto imponen la postulación independiente de cada una en procura de mantener la identidad temática y evitar la entremezcla de argumentos y propuestas excluyentes.
3.1. Agréguese que los indicados errores permanecieron en el enunciado porque al acometer en su demostración, el censor desatendió de lleno las pautas ampliamente difundidas por la jurisprudencia.
En relación con el error de hecho por falso juicio de identidad, aparte de señalar que el fallador alteró la expresión fáctica de los testimonios rendidos por Antonio Zambrano Romero, Joao Carlos Castillo Hernández y Albeiro López Villada, se olvidó de demostrar objetivamente cómo se produjo la distorsión material de su contenido y su incidencia en la declaración condenatoria del fallo. Obviamente, tampoco indicó la manera como habría de corregirse el yerro, a través de un nuevo examen del conjunto probatorio que incluyera la valoración de los elementos tergiversados, con miras a evidenciar la variación de la determinación adoptada por los juzgadores de instancia, así como las normas sustanciales que indirectamente resultaron vulneradas.
Contrario sensu, el cargo formulado no se orienta a demostrar que el sentenciador le hizo producir a la prueba testimonial efectos que no se derivan de ella, sino a destacar las imprecisiones de cada deponente en manifiesta contraposición con las valoraciones del juzgador, cuando insistentemente se ha dicho que en sede de casación no es admisible sustentar los reproches a partir del criterio del impugnante.
3.2. El falso juicio de existencia, por su parte, tiene lugar cuando el juzgador deja de apreciar una prueba legalmente aportada al proceso —omisión— o cuando supone una que no reposa en el expediente —suposición—. Su demostración comporta determinar cuál fue el elemento que se omitió o imaginó y la trascendencia o el efecto determinante del dislate en la decisión adoptada.
Pero si la queja radica en la valoración de determinada prueba, como lo hace el casacionista al mostrar su inconformidad por la forma como se analizó el testimonio del investigador William Gantiva Molenda, lo procedente es acudir al falso raciocinio para comprobar que el juicio probatorio de los juzgadores desbordó los principios de la lógica, la ciencia y/o la experiencia, caso en el cual, la labor del impugnante no puede ser distinta a la de exaltar la discrepancia entre los razonamientos judiciales y las consideraciones que, en acatamiento a las reglas de la sana crítica, debieron ser plasmadas en la sentencia.
El demandante persiste en desconocer las exigencias propias de la impugnación, pretendiendo acreditar la inocencia de su representado frente a la actividad del narcotráfico, a partir del examen subjetivo de las respuestas suministradas por el investigador y los testigos de cargo, para disentir de la credibilidad que les fue otorgada en las instancias e insistir en una controversia ya superada, con miras a que se acoja la misma postura defensiva que, fundadamente, fue descartada por los juzgadores.
Obsérvense, al efecto, las siguientes glosas del tribunal:
Nótese, los hechos objeto de investigación y juzgamiento están relacionados con el transporte permanente y continuo de estupefacientes, según se desprende de las declaraciones vertidas por Luis Alfonso Zambrano Romero; Joao Carlos Castillo Hernández y Albeiro López Villada, en las cuales se alude a eventos diferentes acaecidos entre los años 2005 a 2008 donde alias “Guillermo”, luego identificado como Gabriel Culman Ortiz, como parte de la dirección del Frente Primero de las FARC, recibía del “Negro Acacio” droga que transportaba hasta el municipio de San Felipe, frontera con Venezuela y Brasil, en cantidades que varían de diez a veinte bultos, cien kilos de base y cuatro mil kilos de cristal de coca.
Efectivamente es inobjetable que los relatos de Luis Alfonso Zambrano Romero, como militante desde 1991 hasta febrero de 2008 en el Frente Dieciséis de las FARC con operación en las zonas de Vichada y Guaviare como guerrillero raso y comandante de compañía a órdenes del extinto comandante alias “Negro Acacio”, Joao Carlos Castillo Hernández, vinculado a la guerrilla de las FARC en el año 2000, en el cual permaneció hasta diciembre de 2006 como integrante del grupo de seguridad del “Negro Acacio” en el Frente Dieciséis y Albeiro López Villada, reclutado por el grupo armado en 1997 donde fungió como guerrillero raso y comandante de escuadra en el Frente Dieciséis hasta el mes de febrero de 2008 cuando se desmovilizó, son confiables en razón del conocimiento personal y directo que tuvieron de los hechos y de ahí su narración fluida y vivencias personales en esos escenarios fronterizos entre Venezuela y Brasil, propicio para incursionar los grupos insurgentes en las actividades del narcotráfico a gran escala, para financiar armamento, medicinas, uniformes, víveres y así lo reconocieron con el alias de “Guillermo”, encargado de las finanzas y logística del Bloque Primero de las FARC.
La Colegiatura, contrario sensu lo enseñado por el recurrente, frente a la supuesta mendacidad de las declaraciones de estos testigos desde la consideración de sus antecedentes personales, al tratarse de desmovilizados, considera que esta condición en nada altera el grado de credibilidad que por las condiciones de percepción puede otorgárseles. No hay elemento alguno en el cual descanse fundado un indicio siquiera de manipulación de sus relatos u ofrecimiento de beneficios para que faltasen a la verdad, cuando precisamente su vinculación a programas de reinserción a la vida civil les exige un compromiso frente al esclarecimiento de las conductas por ellos conocidos (sic)(14).
Estas consideraciones sirven para reafirmar las falencias que vienen de ser mencionadas, porque el profesional incursionó en la evaluación sesgada de determinados elementos, desdibujando así la realidad probatoriamente declara por el sentenciador, para ofrecer su particular criterio interpretativo, encaminado a desacreditar la prueba de cargo y su estimación.
Es tan evidente la intención de desconocer los términos lógicos de la condena que, incluso, el reconocimiento del principio in dubio pro reo lo afianza, no en la existencia de algún defecto sustancial contenido en el fallo, sino en la manera como se recaudó la prueba testimonial de cargo y en las detalladas inconsistencias que de tales relatos rescató, así como de la declaración e informe rendidos por el Investigador del CTI, William Gantiva Molenda, y de algunos documentos que se encuentran en el expediente, para acabar pregonando la ocurrencia de un montaje que condujo a la condena de su defendido.
Se constata, sin embargo, que similares quejas fueron examinadas en distintos escenarios procesales, como la audiencia preparatoria y en el fallo de primera instancia, donde se descartó la ocurrencia de alguna irregularidad con capacidad de viciar el trámite.
A manera de ejemplo, vale la pena destacar, entre otras, las siguientes reflexiones:
Que el investigador del CTI, no haya podido precisar cómo le llegaron los testigos reinsertados de cargo, que entrevistó y sobre los cuales se fincó la acusación, y aún en el caso hipotético que haya mentido sobre el origen de los mismos, dicho aspecto no tiene la trascendencia de invalidar la credibilidad de los deponentes, pues una cosa es la forma como son localizados y otra muy distinta el contenido de sus declaraciones. Las decisiones jurisdiccionales que se tomaron por el fiscal, se sustentaron en lo referido por los declarantes, no si tales fueron allegados por miembros de la Armada Nacional y los ubicó en (sic) investigador en el CODA y menos en lo dicho por este en su ratificación del informe, pues es claro que no podía conocer esos hechos ya que nunca formó parte de las FARC. La defensa nunca aportó pruebas que demostraran que efectivamente los deponentes habían sido seducidos para que mintieran o inventaran sus afirmaciones y que ello hubiese sido obra del Investigador del CTI, apreciación valorativa propia del principio de contradicción, pero en modo alguno, son evidencias de irregularidades sustanciales acaecidas en su práctica que los torne en medios de prueba ilegales(15).
En ese sentido se hace necesario recordar que la casación fue consagrada para hacer un juicio en el que solo se confronta la sentencia con la ley para determinar su ilegalidad, en el ámbito propio del error cuya demostración se pretende y, en este caso, el actor desvía su alegación a la postulación de un criterio valorativo distinto al reconocido por el fallador, lo que no constituye error susceptible de ser analizado en esta sede extraordinaria.
En virtud del principio de legalidad previsto en el artículo 29 de la Constitución, se impone la intervención oficiosa de la Sala, con la finalidad de corregir el yerro cometido por los juzgadores, quienes al momento de fijar los límites de la pena de prisión, excedieron el máximo legalmente previsto en el artículo 384 del Código Penal.
El procesado fue acusado y condenado como coautor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, de conformidad con los artículos 376 y 384 numeral 3º del Código Penal(16), antes de la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011.
Al momento de efectuar el proceso de individualización, el a quo duplicó tanto el mínimo como el máximo de la pena prevista en el artículo 376 y obtuvo unos extremos de 192 a 480 meses; luego de conformar los cuartos de movilidad, se ubicó en el cuarto mínimo que va de 192 a 264 meses y fijó la pena en 204 meses de prisión y multa de dos mil ciento veinticinco (2.125) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Sala corregirá el yerro, duplicando únicamente el mínimo de la pena, y no el máximo como sin acierto procedió el juzgador, tal como lo dispone el artículo 384 aludido, por virtud de la circunstancia de agravación, quedando los extremos punitivos entre 192 y 240 meses de prisión, obteniendo los siguientes cuartos de movilidad:
Primero: 192 a 204 meses; segundo: 204 a 216 meses; tercero: 216 a 228 meses y cuarto: 228 a 240.
Siguiendo los derroteros fijados en la sentencia, la Sala se ubicará en el primer cuarto y, partiendo de 192 meses, se alejará de ese mínimo en un 16.6% que corresponde a la misma proporción tenida en cuenta por el juzgador(17), es decir, 1.99 meses o un (1) mes y veintinueve (29) días para un total de 193 meses y veintinueve (29) días, monto al que se reduce la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y multa de dos mil sesenta (2.060) salarios mínimos legales mensuales vigentes(18).
2. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE el fallo impugnado, en el sentido de imponer al procesado GABRIEL CULMAN ORTIZ la pena de ciento noventa y tres (193) meses y veintinueve (29) días, monto al que se reduce la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y multa de dos mil sesenta (2.060) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(9) Cfr. folios 151 a 159, cuaderno 2.
(10) Auto de casación 32036 del 9 de marzo de 2011.
(12) Folios 47 y siguientes íd.
(13) Así lo dio a conocer a los sujetos procesales el titular del despacho en la última sesión de audiencia pública, según información suministrada por el CTI de Bogotá.
(14) Folios 57 a 59, cuaderno tribunal.
(15) Folios 131 y 132, cuaderno 2.
(16) ART. 376.—Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: el que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 384.—Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: 1)... 2)... 3). Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
(17) Si el fallador se ubicó en el cuarto mínimo que oscila entre 192 y 264 meses e impuso 204 meses, significa que el ámbito de movilidad es de 72 meses (264 - 192 = 72) y que el monto inferior lo aumentó en 12 (204 - 192 = 12) que equivale al 16.6 % (12 x 100/72 = 16.6). Entonces, como el ámbito de movilidad del primer cuarto que oscila entre 192 y 204 quedaría en 12 (204 - 192 = 12), al hacerle el incremento en un 16.6% arroja 1.99 meses (12 x 16.6%/100= 1.992).
(18) Si el fallador se ubicó en el cuarto mínimo que oscila entre 2.000 y 26.500 smlmv, e impuso multa de 2.125, significa que el ámbito de movilidad es de 24.500 smlmv (26.500 – 2.000 = 24.500) y que el monto inferior lo aumentó en 125 (2.125 - 2000 = 125) que equivale al 0.5% (125 x 100/24.500 = 0.5%). Entonces, como el ámbito de movilidad del primer cuarto que oscila entre 2.000 y 14.000 smlmv, quedaría en 12.000 (14.000 - 2.000=12.000), al hacerle el incremento en un 0.5% arroja 2.060 smlmv (12.000 x 0.5% = 60).