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Timestamp: 2019-05-25 23:50:45
Document Index: 112355803

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﻿ Sentencia C-757 de octubre 15 de 2014
SENTENCIA C-757 DE 15 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:CONDUCTA PUNIBLE COMO REQUISITO PARA OTORGAR LA LIBERTAD CONDICIONAL. LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE AL MOMENTO DE DECIDIR SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL NO ES CONTRARIA AL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. SE DECLARÓ EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “PREVIA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS VALORACIONES DE LA CONDUCTA PUNIBLE HECHAS POR LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DECIDIR SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL DE LOS CONDENADOS TENGAN EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS, ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES HECHAS POR EL JUEZ PENAL EN LA SENTENCIA CONDENATORIA, SEAN ÉSTAS FAVORABLES O DESFAVORABLES AL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN, JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, CONDUCTA PUNIBLE, LIBERTAD CONDICIONAL, SENTENCIA CONDENATORIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:517 DE ENERO DE 2015, PÁG.173
Sentencia C-757 de octubre 15 de 2014
Ref.: Expediente D-10185
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (parcial) de la Ley 1709 de 2014, “por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Juan David Correal Rodríguez
A continuación se transcribe el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 y se resalta la parte demandada:
“ART. 30.—Modifícase el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
´“ART. 64.—Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:
“1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
“2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
“3. Que demuestre arraigo familiar y social.
“Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.
“En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.
“El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda, pues se trata de acusaciones contra unos preceptos de una ley de la República.
B. Alcance de la cosa juzgada constitucional en el presente caso
2. Algunos de los intervinientes en el proceso consideran que la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-194 de 2005. Alegan que sobre la norma demandada operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en la medida en que en dicha sentencia esta corporación se pronunció sobre el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, tal y como lo había modificado el artículo 5º de la Ley 890 de 2005. Aun cuando dentro de este grupo de intervinientes algunos reconocen explícitamente que existen diferencias entre el texto del artículo 5º de la Ley 890 de 2005 demandado en aquella oportunidad, y el texto del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 que ahora se impugna, consideran que las diferencias no alteran el contenido normativo estudiado. Por lo tanto, consideran que aun a pesar de las diferencias entre las dos normas la Corte debería estarse a lo resuelto en la Sentencia C-194 de 2005.
Por el contrario, el demandante, algunos de los intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que la Corte debe proferir una decisión de fondo en relación con el texto normativo demandado en esta ocasión. El demandante, este segundo grupo de intervinientes y el procurador tienen perspectivas diferentes en relación con la exequibilidad de la disposición acusada. Sin embargo, todos concuerdan con que el contenido normativo impugnado en este caso es diferente del que estudió la Corte en la Sentencia C-194 de 2005. En esa medida solicitan que la Corte profiera un pronunciamiento de fondo, aun cuando difieren en relación con el sentido que debe tener tal pronunciamiento.
3. En consecuencia, lo primero que debe hacer esta corporación es analizar las diferencias entre el texto demandado en el proceso que dio origen a la Sentencia C-194 de 2005 y el que ahora se demanda, a la luz el concepto de cosa juzgada material. Este análisis tiene como objetivo determinar si existen diferencias entre las normas o preceptos demandados, o si por el contrario, a pesar de las diferencias en el texto, se trata en realidad de la misma norma jurídica. Si se trata de la misma norma jurídica habría operado el fenómeno de la cosa juzgada material, y por lo tanto, la Corte tendría que estarse a lo resuelto en la Sentencia C-194 de 2005. Si las normas jurídicas son diferentes, no se habría producido el fenómeno de la cosa juzgada material, y la Corte debería entrar a proferir un pronunciamiento de fondo.
4. Según lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política las decisiones de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una de las consecuencias de esta disposición se encuentra explícitamente consagrada en el inciso 2º del mismo artículo constitucional, y consiste en que ninguna autoridad puede reproducir el contenido material de una disposición declarada inexequible mientras subsistan las normas constitucionales que sirvieron de base para la decisión. Sin embargo, la Corte ha sostenido que la cosa juzgada constitucional se predica también de las decisiones que declaran la exequibilidad de las disposiciones estudiadas por la Corte. De tal modo, la declaratoria de exequibilidad condicionada de una disposición también surte efectos de cosa juzgada y excluye del ordenamiento todas aquellas interpretaciones del texto objeto de pronunciamiento que sean contrarias a la Carta Política.
5. Ahora bien, corresponde a la Corte determinar el alcance de sus propias decisiones. Para llevar a cabo esta labor, la Corte ha creado diferentes tipos de cosa juzgada. Al respecto esta corporación ha dicho:
“… por vía de jurisprudencia se han establecido diferencias claras entre lo que se entiende por cosa juzgada absoluta y por cosa juzgada relativa, y entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material”. Sentencia C-10 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Posteriormente la misma sentencia entra a definir los tipos de cosa juzgada absoluta y relativa, citando precedentes anteriores que ya habían descrito las características principales de cada una de las categorías anteriormente enunciadas:
“3.6. Así, ha dicho la corporación que se presenta la cosa juzgada absoluta ‘cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto constitucional’. En oposición a lo anterior, considera la jurisprudencia que existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado’. Respecto a la cosa juzgada relativa, se ha afirmado igualmente que ésta puede ser explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve” (resaltado fuera de texto original).
Continúa la Corte describiendo los tipos de cosa juzgada formal y material de la siguiente manera:
“3.7. Por su parte, ha entendido la Corte que hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. Así mismo, la jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación. En este contexto, ha precisado la doctrina constitucional que la cosa juzgada material se predica de la similitud en los contenidos normativos de distintas disposiciones jurídicas y, en ningún caso, respecto de la semejanza o coincidencia que exista entre el problema jurídico propuesto y el que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente” (resaltado fuera de texto original).
6. De las anteriores definiciones se tiene entonces que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando la materia o contenido normativo de las dos disposiciones es el mismo, independientemente de que el texto de las mismas sea diferente, siempre y cuando el contexto normativo en el que se encuentren insertas no les dé alcances diferentes. De tal modo, desde el punto de vista lingüístico el aspecto determinante para establecer si hay o no cosa juzgada material no es la sintaxis o estructura gramatical del texto demandado, sino los cambios semánticos. Es decir, aquellos cambios que impliquen una alteración del sentido o significado del texto, cuando éste sea relevante desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. En ese orden de ideas, la labor que le corresponde a la Corte a la hora de establecer si se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material consiste en determinar si los cambios en el texto tienen repercusiones semánticas que alteren el sentido normativo del texto.
7. Para facilitar esa labor, en el presente caso la Corte considera pertinente transcribir las disposiciones demandadas en doble columna, subrayando las expresiones demandadas y resaltando las diferencias entre los dos textos demandados con el propósito de facilitar su comparación:
Disposición que se demanda en esta oportunidad Disposición estudiada por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005
ART. 64.—Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:
… Ley 890 de 2004
ART. 5º—El artículo 64 del Código Penal quedará así:
ART. 64.—Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
8. Como se observa de la comparación de los textos, el legislador efectuó dos modificaciones con repercusiones semánticas. En primer lugar, el texto anterior contenía el verbo “podrá”, que a su vez modifica al verbo rector de la oración, que es el verbo “conceder”. La inclusión del verbo “podrá” significa que en la norma anterior el legislador facultaba al juez para conceder o no la libertad condicional. Esta facultad para conceder o no la libertad condicional fue objeto de decisión por parte de la Corte en la Sentencia C-194 de 2005, la cual determinó que la facultad para negar la libertad condicional no era inconstitucional aun cuando se cumplieran todos los demás requisitos. Por lo tanto, declaró su exequibilidad relativa en el numeral segundo de dicha providencia. Sin embargo, en ejercicio de su libertad de configuración, el legislador decidió limitar posteriormente la facultad del juez para decidir si concede la libertad condicional, pues al excluir la facultad de conceder la libertad y dejar únicamente el verbo conceder, significa que la ley impone el deber de otorgarla a aquellos condenados que hayan cumplido los requisitos establecidos en la norma.
9. En segundo lugar, el texto anterior contenía la expresión “de la gravedad”, la cual circunscribía el análisis que debían realizar los jueces de ejecución de penas a una valoración de la gravedad de la conducta punible. En la Sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de dicha expresión. Esta Corporación determinó que el deber de realizar este análisis se ajusta a la Constitución “en el entendido de que dicha valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa”. Entre tanto, en el tránsito legislativo, el Congreso no sólo no incluyó el condicionamiento hecho por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005 en el nuevo texto, sino que adicionalmente excluyó la expresión “de la gravedad”. Por lo tanto, resulta razonable interpretar la nueva redacción como una ampliación del ámbito de la valoración que le corresponde llevar a cabo al juez de ejecución de penas. Según dicha interpretación ya no le correspondería a éste sólo valorar la gravedad de la conducta punible, sino que le concerniría valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta.
10. Por lo tanto, la Corte debe concluir que en el tránsito normativo del artículo 64 del Código Penal sí ha habido modificaciones semánticas con impactos normativos. Por un lado, la nueva redacción le impone el deber al juez de otorgar la libertad condicional una vez verifique el cumplimiento de los requisitos, cuando antes le permitía no otorgarlos. Por otra parte, la nueva disposición amplía el objeto de la valoración que debe llevar a cabo el juez de ejecución de penas más allá del análisis de la gravedad de la conducta punible, extendiéndola a todos los aspectos relacionados con la misma. En consecuencia, al existir diferencias semánticas entre la disposición objeto de análisis en la Sentencia C-194 de 2005 y la que se acusa en esta ocasión es necesario concluir que no opera la cosa juzgada material sobre la expresión “previa valoración de la conducta punible” demandada en esta ocasión, y en tal virtud, la Corte debe proferir un pronunciamiento de fondo.
C. Inhibición por falta de cargos
11. Uno de los intervinientes solicita que la Corte se abstenga de proferir un pronunciamiento de fondo en relación con todos los cargos. Sin embargo, se limita a decir que el demandante sólo hace una crítica a la falta de política criminal en nuestro país. Para lo Corte ello no es así. Como se desprende de la lectura del escrito de la demanda, el ciudadano eleva múltiples acusaciones en contra de la expresión demandada. Por lo tanto, prima facie la solicitud de dicho interviniente no está llamada a prosperar. Como se verá a lo largo de la presente providencia, lejos de limitarse a hacer una mera crítica a la ausencia de una política criminal, el demandante plantea verdaderos cargos de inconstitucionalidad.
Por razones muy similares, el procurador también solicita que la Corte se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo únicamente en relación con los cargos por violación del numeral 3º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del numeral 6º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según la vista fiscal, el escrito se limita a hacer una serie de críticas a lo que el demandante considera la falta de una política criminal en nuestro país. Desde este punto de vista, la acusación del demandante no sería un verdadero cargo de inconstitucionalidad, sino una crítica con respecto a la conveniencia de la norma demandada. Es decir, se trataría de una falta de pertinencia constitucional del reproche, en la medida en que la acusación se fundamenta en la apreciación del enfrentamiento entre el contenido de la norma demandada y una norma superior.
12. La Corte considera que este argumento no está llamado a prosperar. Por el contrario, el cargo es apto y amerita un pronunciamiento de fondo. Si bien dentro del escrito de la demanda hay una serie de reproches en torno a la falta de una política criminal en nuestro país, también hay un desarrollo argumentativo en relación con el mecanismo a través del cual se estarían vulnerando los dos tratados internacionales mencionados.
13. Para el demandante el hecho de que los jueces de ejecución de penas deban valorar la conducta punible lleva a que los jueces de ejecución de penas le den un peso desmedido a la prevención general como criterio para decidir acerca de la libertad condicional de los condenados, en detrimento de los demás fines de la pena. Más aun, para sustentar dicha afirmación, el demandante aporta varias providencias proferidas por jueces de ejecución de penas en las que fundamentan sus decisiones de negar la libertad condicional en la valoración de la conducta punible. De ser así, según el demandante, el Estado colombiano desconocería el tenor literal de dichos artículos, que ordenan que los Estados partes le den un valor especial a la reforma y readaptación, como finalidades primordiales de las penas privativas de la libertad. Según su interpretación, sólo se puede lograr dicho objetivo si los jueces de ejecución enfocan su análisis en la conducta posterior de los condenados, pues de este modo es que puede verdaderamente evaluarse el proceso de readaptación que se ha surtido durante la ejecución de la condena.
14. Ahora bien, el análisis del demandante no constituye un juicio de responsabilidad internacional del Estado colombiano por violar dos tratados de los que hace parte. La eventual vulneración de dichos tratados adquiere pertinencia constitucional en la medida en que se trata de tratados de derechos humanos que no son susceptibles de suspensión durante estados de excepción, que prevalecen en el orden interno en virtud del artículo 93 de la Carta, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación. Por lo tanto, también desde esta perspectiva, corresponde a la Corte entrar a analizar dichos cargos.
D. Planteamiento de los problemas jurídicos
15. En el presente caso el demandante y uno de los intervinientes alegan que la potestad de los jueces de ejecución de penas para valorar la conducta punible de los condenados vulnera el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Por otra parte, el procurador y los demás intervinientes consideran que dicha potestad no constituye una vulneración de dicho principio, como quiera que no se presentan todos los requisitos para que ello ocurra. Por lo tanto, el primer problema jurídico que le corresponde a la Corte resolver es el siguiente:
¿Vulnera el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 29 de la Constitución una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible como requisito para otorgar la libertad condicional?
16. En ese mismo orden de ideas, el demandante considera que la potestad de valoración de la conducta punible por parte del juez de ejecución de penas resulta contraria a los principios del juez natural y de separación de poderes. Por su parte, la vista fiscal y los intervinientes consideran que las valoraciones hechas por jueces penales y de ejecución de penas tienen alcances diferentes y objetivos distintos. Por lo tanto, si la Corte encuentra que la potestad de valoración de la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas vulnera el principio de non bis in idem es necesario que resuelva además, un segundo problema jurídico, a saber:
¿La potestad para valorar la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas vulnera también los principios del juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución (que el demandante llama principio de “jurisdiccionalidad”), y de separación de poderes establecido en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución?
17. En tercera medida, el demandante considera que al incluir la valoración de la conducta punible como requisito para la libertad condicional se enfatizan las funciones retributiva y de prevención general, en detrimento de la función resocializadora y preventiva especial positiva ordenada por el numeral 3º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el numeral 6º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa medida, el tercer problema jurídico que le corresponde a la Corte resolver es el siguiente:
¿Desconoce el deber del Estado de atender a las funciones de resocialización y prevención especial de la pena contenidas en el numeral 3º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el numeral 6º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible como requisito para otorgar la libertad condicional?
18. El demandante observa que el legislador amplió el objeto de la valoración de la conducta punible que hacen los jueces de ejecución de penas. Según la redacción anterior del artículo 64 del Código Penal, les correspondía a dichos jueces valorar la gravedad de la conducta, mientras que en la actual valoran la conducta punible en sí misma. Sin embargo, el legislador no estableció los parámetros de valoración. En esa medida, le corresponde a la Corte analizar un cuarto problema jurídico:
¿Se vulnera el principio de legalidad y el debido proceso cuando el legislador establece que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional sin darles los parámetros para ello?
Habiendo planteado los problemas jurídicos a resolver, entra la Corte a abordarlos uno a uno.
E. El principio del non bis in idem y la valoración de la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas —reiteración de jurisprudencia—
19. En la Sentencia C-194 de 2005 la Corte estudió el mismo cargo que hoy presenta el demandante. El cargo estudiado en aquella oportunidad partía de la misma premisa de la cual parte el demandante en el presente proceso. En efecto, en aquella ocasión el demandante presuponía que el juez de ejecución de penas tenía la potestad para valorar de nuevo la conducta punible. Dijo la Corte refiriéndose al cargo que le correspondía analizar:
“Los cargos restantes de la demanda plantean la vulneración del derecho al debido proceso del condenado, pues las normas acusadas permitirían al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad hacer una nueva valoración de la responsabilidad penal a fin de conceder o denegar el subrogado penal de la libertad condicional”. Sentencia C-194 de 2005 (resaltado fuera de texto original).
20. A continuación la Corte precisó cuáles eran los preceptos constitucionales que el demandante consideraba vulnerados, y cuál era el concepto de violación planteado en aquella oportunidad:
“En efecto, el demandante afirma que la responsabilidad penal se fija en la audiencia de juzgamiento, oportunidad en la cual se determina la sanción imponible, por lo que no es permitido al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad valorar de nuevo la conducta del condenado a fin de determinar la procedibilidad de la libertad condicional, como parece autorizarlo el artículo 64 demandado al advertir que el juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta. El actor sostiene que dicho inconveniente conlleva la violación del nuevo sistema acusatorio oral, en donde tales decisiones deben adoptarse en la audiencia pública, y del derecho al debido proceso, representado en el principio del non bis in idem, porque una nueva valoración implica un nuevo juzgamiento”. Sentencia C-194 de 2005 (resaltado fuera de texto original).
21. Al analizar el cargo, la Corte inició su argumento reconociendo que el artículo 29 de la Constitución contiene en su inciso cuarto una cláusula que establece dicho principio. Es decir, el texto mismo de la Constitución reconoce que el non bis in idem hace parte del contenido protegido por el derecho al debido proceso. De conformidad con la jurisprudencia, el principio del non bis in idem es una garantía que se deriva de la necesidad de que el Estado les otorgue seguridad jurídica a los administrados en relación con el carácter definitivo de las sentencias que profieren los jueces, el cual se extiende también a las decisiones que adoptan las autoridades en materia disciplinaria.
Sin embargo, la Corte reconoció también que el principio del non bis in idem no es absoluto. En particular, la Corte advirtió que la prohibición que el non bis in idem les impone a las autoridades públicas requiere que la valoración de la conducta punible se realice en la misma causa o proceso. Cuando se trate de causas o procesos diferentes bien puede el Estado valorar la conducta nuevamente e imponer una sanción, así se haya seguido otra causa contra la misma persona y por los mismos hechos. De tal modo, no se vulneraría el principio de non bis in idem si a una misma persona se le siguen un proceso penal y uno disciplinario por los mismos hechos. Al respecto la Sentencia C-194 de 2005 sostuvo:
“Ahora bien, para garantizar la operancia del principio del non bis in idem, es requisito indispensable que se presente una identidad en el sujeto, en la causa y en el juicio respecto de los cuales se erige la condena. Lo anterior quiere decir que para que una segunda condena pueda calificarse como violatoria de la prohibición constitucional, se requiere que se produzca por el mismo motivo que la primera, contra el mismo sujeto y mediante el mismo juicio de reproche justificativo de aquella. Dicha triple coincidencia es absolutamente necesaria pues, dado que el derecho despliega su protección en diferentes campos de la realidad jurídica, una misma conducta puede ser reprochada desde las diferentes perspectivas de esa realidad; como es el caso de quien, quebrantando una norma de naturaleza penal, infringe simultáneamente, con la misma conducta, el régimen disciplinario de los empleados públicos”. Sentencia C-194 de 2005.
22. Por lo tanto, para determinar si la norma que condiciona el otorgamiento de la libertad condicional a la valoración de la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas vulnera el non bis in idem, la Corte entró a establecer si hay identidad de persona, hechos y causa. Como resultado de dicho análisis la Corte concluyó que la norma en cuestión no vulnera dicho principio.
23. Para la Corte, aunque hay identidad de persona, no existe ni identidad de hechos, ni identidad de causa. No existe una identidad total de hechos en la medida en que si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión. Al respecto dijo la Corte:
“Tal como ya se explicó, en este punto la Corte entiende que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no cumple un mero papel de verificador matemático de las condiciones necesarias para conceder el beneficio de la libertad condicional. Tal vez ello ocurra con los requisitos objetivos para conceder tal beneficio —el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena y el pago de la multa, más la reparación a la víctima— pero, en tratándose de los requisitos subjetivos (confesiones; aceptación de los cargos; reparación del daño; contribución con la justicia; dedicación a la enseñanza, trabajo o estudio; trabas a la investigación; indolencia ante el perjuicio; intentos de fuga; ocio injustificado; comisión de otros delitos, etc.(1)), dicha potestad es claramente valorativa. Ello significa que es el juicio del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el que determina, en últimas, si el condenado tiene derecho a la libertad condicional”. Sentencia C-194 de 2005.
24. Adicionalmente, la Corte concluye que tampoco existe identidad de causa, pues el objeto de la decisión en uno y otro caso es diferente. El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predicables de la conducta punible. Entre tanto, al juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco salirse del quantum punitivo determinado por el juez penal.
El argumento de la Corte, que se transcribe in extenso debido a que el demandante en el presente caso propone el mismo cargo, fue del siguiente tenor:
“Ahora bien, en el caso de la norma sometida a juicio, el demandante considera que la valoración que hace el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para determinar la posible concesión de la libertad condicional es un nuevo juicio de la responsabilidad penal del sindicado, por lo que la misma quebranta el principio constitucional en cita. No obstante, establecidos los alcances de dicho principio, resulta evidente que tal valoración carece de la triple coincidencia que es requisito para su configuración.
“En efecto, de acuerdo con la norma legal que se discute, pese a que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad somete a valoración al mismo sujeto de la condena, aquella no se adelanta ni con fundamento exclusivo en el comportamiento que fue objeto de censura por parte del juez de la causa, ni desde la misma óptica en que se produjo la condena del juicio penal.
“En primer lugar, debe advertirse que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros dentro de los cuales se adopta la providencia del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la responsabilidad penal del condenado.
“En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el juez de ejecución de penas y medida de seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.
“Adicionalmente, el juicio que adelanta el juez de ejecución de penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del juez de ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado —resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento— sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.
“Por ello, la pretendida triple coincidencia de elementos, que configurarían una agresión al principio del non bis in idem, se rompe como consecuencia de la ausencia de los dos últimos, pues la segunda valoración no se hace con fundamento en el mismo juicio ni sobre la base de los mismos hechos”. Sentencia C-194 de 2005 (resaltado fuera de texto original).
25. Por lo anterior, la Corte debe reiterar que una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible como requisito para otorgar la libertad condicional no vulnera el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 29 de la Constitución. En esa medida, los argumentos esgrimidos en la Sentencia C-194 de 2005 citada resultan perfectamente válidos y son aplicables en su integridad a la expresión demandada en esta oportunidad. Por lo tanto, desde este punto de vista el cargo esgrimido no está llamado a prosperar.
En ese mismo orden de ideas, es necesario reiterar que dicha valoración no vulnera el principio del juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución, en concordancia con el principio de separación de poderes establecido en el inciso segundo del artículo 113.
F. Las funciones de resocialización y prevención especial de la pena y la valoración de la conducta punible por parte del juez de ejecución de penas
26. Desde sus inicios la Corte Constitucional ha reconocido la importancia constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la finalidad preventiva especial de la pena. Al fundamentar la exequibilidad de un tratado internacional para la repatriación de personas privadas de la libertad, la Corte sostuvo:
“Finalmente, se considera como propio del Estado social de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada por finalidades de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad puesto que, como se verá más adelante, es necesario armonizar estos valores”. Sentencia C-261 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Más adelante la misma sentencia profundiza sobre las inevitables tensiones que existen entre los fines de prevención general y prevención especial, reconoce el fundamento constitucional de la función resocializadora de la pena y su relación con los principios fundamentales de la Carta, y acude al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también citado por el demandante en este caso. La misma sentencia continúa diciendo:
“Sin embargo, a pesar de esas inevitables tensiones y discusiones, lo cierto es que durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana (C.P., art. 1º), puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario. Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que ‘el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (resaltados no originales)’”. Sentencia C-261 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
27. Posteriormente, en la sentencia aprobatoria del segundo protocolo facultativo para abolir la pena de muerte, adicional al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Corte no sólo fundamenta nuevamente el fin resocializador de la pena en la cláusula del Estado social de derecho, sino que reconoce el valor especial que tienen los fines de resocialización y prevención especial, y el carácter secundario que tiene el fin retributivo de la pena. En tal oportunidad dijo:
“Finalmente se ha recurrido a consideraciones de prevención especial negativa para defender la pena capital, con el argumento de que existen delincuentes irrecuperables que deben ser eliminados de la sociedad para evitar futuros males a otros ciudadanos. Sin embargo ese razonamiento es lógicamente discutible, pues no sólo presupone que es posible determinar al momento de imponer la sanción quienes van a reincidir y quienes no, lo cual se ha revelado falso, sino que además desconoce que existen medidas alternativas de rehabilitación. Además, y más grave aún, se olvida que el delincuente también tiene derecho a la vida, por lo cual, en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana (C.P., art. 1º), la ejecución de las penas debe tener una función de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad. El objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario. Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que ‘el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados’ (resaltados no originales). En ese orden de ideas sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. Sentencia C-144 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
28. Para el demandante se desconoce el deber que tiene el Estado de garantizar la preeminencia de la finalidad resocializadora de la pena al permitir que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible cometida por el condenado para efectos de determinar si es necesaria la ejecución de la pena. Sin embargo, la Corte también ha dicho que el reconocimiento del arraigo constitucional de la finalidad resocializadora de la pena no es contrario a la valoración de la conducta punible por parte del juez de ejecución de penas. En la Sentencia C-194 de 2005 antes citada, la Corte citó extensamente su propia jurisprudencia así como la de la Corte Suprema de Justicia que reconocen no sólo la importancia de tener en cuenta la gravedad de la conducta punible, sino la personalidad y los antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado. Una de las sentencias citadas por la Corte en aquella ocasión reconoce explícitamente la importancia que reviste la valoración de la gravedad de la conducta punible, y sus demás dimensiones, circunstancias y elementos, así como la valoración de la personalidad del sindicado y sus antecedentes, para evaluar su proceso de resocialización. Dice la Sentencia T-528 de 2000, citada en la C-194 de 2005:
“En concepto de esta Sala, el análisis de la personalidad de quien solicita una libertad condicional implica tener muy en cuenta y, de consiguiente, valorar la naturaleza del delito cometido y su gravedad, ya que estos factores, ciertamente, revelan aspectos esenciales de la ‘personalidad’ del reo y por ende, hacen parte de los ‘antecedentes de todo orden’, que el juez de penas y medidas de seguridad debe valorar positivamente, al efectuar su juicio acerca de si existen razones fundadas que permitan concluir que se ha verificado su ‘readaptación social’”.
“Ciertamente, este ha sido el alcance dado en jurisprudencia decantada y uniforme tanto de la Sala Plena de la Corte Constitucional, como de la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, al factor subjetivo que prevé el artículo 72 del Código Penal, conforme a la cual es indispensable la consideración tanto de la modalidad del delito cometido como de su gravedad, en el juicio de valor, que debe ser favorable sobre la readaptación social del sentenciado, para que pueda concedérsele la libertad condicional.
“Por lo demás tampoco considera la Sala de Revisión que los juzgados 1º y 2º de penas y medidas de seguridad hayan incurrido en violación de la garantía del debido proceso, pues, advierte que el estudio sobre la personalidad de los peticionarios y de sus antecedentes de todo orden, aspecto que, como ya quedó expuesto, constitucionalmente sí conlleva el de la modalidad del delito, su gravedad y forma de comisión, se hizo de acuerdo con los medios de comprobación obrantes en el proceso, valorados en su oportunidad en los fallos de instancia”. Sentencia T-528 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz) (resaltado fuera de texto original).
29. Por su parte, la Corte cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se hace una alusión explícita de la necesidad de tener en cuenta la gravedad del delito para establecer el pronóstico de readaptación del condenado a la sociedad. Dice la Corte Suprema:
“Así pues, la gravedad del delito, por su aspecto objetivo y subjetivo (valoración legal, modalidades y móviles), es un ingrediente importante en el juicio de valor que constituye el pronóstico de readaptación social, pues el fin de la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas delictivas (prevención especial y general)”. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de enero de 1999 (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego)
30. En virtud de lo anterior, la Corte tampoco encuentra que la valoración de la conducta punible como requisito para otorgar la libertad condicional por parte de los jueces de ejecución de penas desconozca el deber del Estado de atender a las funciones de resocialización y prevención especial de la pena contenidas en el numeral 3º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el numeral 6º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tampoco desde este punto de vista está llamado a prosperar el cargo de inconstitucionalidad.
G. Niveles constitucionalmente admisibles de indeterminación normativa en materia penal
31. En la Sentencia C-194 de 2005 la Corte estableció que la facultad de los jueces de ejecución de penas para conceder la libertad condicional con fundamento en la gravedad de la conducta punible no vulnera el non bis in idem ni los fines de resocialización y la prevención especial de la pena. Sin embargo, la Corte adoptó esta decisión bajo un supuesto interpretativo determinado. El supuesto consiste en que, de conformidad con una interpretación razonable de la expresión demandada en aquella oportunidad, que era “previa valoración de la gravedad de la conducta punible”, los jueces de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario, el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal.
32. Aun así, la Corte no descartó la posibilidad de que los jueces de ejecución de penas, o cualquier otro operador jurídico, razonablemente llegaren a interpretar el texto de manera diferente. Por lo anterior, esta corporación tuvo la necesidad de hacer una serie de precisiones en las consideraciones, y a condicionar la exequibilidad de su decisión. A pesar de considerar que la facultad de los jueces de ejecución de penas para valorar la conducta punible es exequible, el texto analizado en aquella oportunidad resultaba algo ambiguo y se prestaba para otras interpretaciones que resultarían contrarias a la Carta Política. Así, la mencionada sentencia dijo:
“En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión “previa valoración de la gravedad de la conducta punible”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que se entienda que la valoración que hace el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe estar acorde con los términos en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa”. Sentencia C-194 de 2005 (resaltado fuera de texto original).
33. Con fundamento en la amplitud de posibilidades hermenéuticas ofrecidas por el texto demandado, la Corte consideró prudente condicionar la exequibilidad de la expresión “previa valoración de la gravedad de la conducta punible”. Es así como en la parte resolutiva de la Sentencia, la Corte resolvió que dicha expresión resulta exequible solamente “en el entendido de que dicha valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa”.
34. Ahora bien, la expresión demandada en esta oportunidad amplía aún más el espectro de posibilidades hermenéuticas que los operadores jurídicos podrán inferir razonablemente del texto demandado. En efecto, en aquella oportunidad el legislador circunscribió la valoración a la gravedad de la conducta punible. Aun a pesar de que la Corte encontró demasiado ambigua la redacción de la expresión demandada, la referencia a la gravedad de la conducta lleva implícita una cierta forma de valoración de la conducta punible. Requiere que el juez de ejecución de penas valore las conductas punibles asignándoles un orden o jerarquía, que necesariamente va de menor a mayor gravedad.
35. Esta forma de valoración es lo que en matemáticas, estadística, y en las ciencias sociales se denomina una transformación de una escala o nivel de medición nominal a una escala ordinal. Una escala nominal es aquella que simplemente caracteriza una serie de objetos de acuerdo con sus cualidades (como verde, rojo, esférico, cuadrado), que les asigna un orden o jerarquía (como más o menos estricto, grave, peligroso, etc.). Implica que el juez de ejecución de penas debe transformar una serie de factores meramente cualitativos, y asignarles un determinado orden o jerarquía a lo largo de un continuum que va de menor a mayor. Por supuesto, ello no significa que el juez de ejecución de penas necesariamente esté cuantificando o esté asignándoles un valor numérico a los distintos elementos que hacen parte de la valoración de la gravedad de la conducta. Sin embargo, la asignación de un orden en este tipo de valoraciones de la conducta punible permite racionalizar la manera como se efectúa la valoración de la conducta punible, garantizando el principio de igualdad y reduciendo la arbitrariedad. De tal modo, sin pretender mecanizar o cuantificar la valoración de la conducta punible, a manera de ejemplo es razonable suponer que entre más grave sea la conducta punible, más exigente será el juez de ejecución de penas para conceder el subrogado de libertad condicional. Por el contrario, entre menos grave sea la conducta, menos exigente será el juez para conceder dicho subrogado.
36. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el artículo 30 de la 1709 de 2014 excluyó la referencia a la gravedad de la conducta punible, con lo cual el juez de ejecución de penas puede entrar a valorar también otros aspectos y elementos de dicha conducta. La sola ampliación del conjunto de elementos que debe tener en cuenta el juez para adoptar una decisión en relación con la libertad condicional del condenado no representa, por sí misma, un problema. En la Sentencia T-528 de 2000 antes citada, la Corte avaló esta posibilidad en relación con decisiones de los jueces de ejecución de penas durante la vigencia del Código Penal anterior, en el cual estos debían tener en cuenta los antecedentes de los condenados y su personalidad. Ello permite al juez de ejecución de penas recoger un mayor número de elementos de contexto en relación con la conducta punible que pueden ser favorables al condenado. De tal modo que la ampliación del conjunto de elementos a tener en cuenta a la hora de decidir sobre la libertad condicional no constituye por sí misma un defecto de constitucionalidad.
37. A pesar de lo anterior, la ampliación del conjunto de factores que puede tener en cuenta el juez no es el único efecto de haber removido la alusión a la gravedad de la conducta. En su redacción actual, el artículo 64 del Código Penal sólo ordena al juez otorgar la libertad condicional “previa valoración de la conducta punible”, pero no existe en el texto de la disposición acusada un elemento que le dé al juez de ejecución de penas un parámetro o criterio de ordenación con respecto a la manera como debe efectuar la valoración de la conducta punible. En esa medida, el problema no consiste únicamente en que no sea claro qué otros elementos de la conducta debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas, el problema es que la disposición tampoco le da un indicio de cómo debe valorarlos.
38. La Corte ya había restringido las posibilidades hermenéuticas en relación con la redacción anterior del artículo 64 del Código Penal por considerar que algunas de ellas resultaban contrarias a la Carta. Al redactar la nueva versión de dicho artículo, el legislador no sólo desconoció el condicionamiento introducido por la Corte en relación con la redacción anterior, sino que agregó un factor adicional de ambigüedad al remover la alusión a la gravedad de la conducta punible como uno de los factores que se deben tener en cuenta para decidir sobre la libertad condicional.
39. En conclusión, la redacción actual el artículo 64 del Código Penal no establece qué elementos de la conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni les da una guía de cómo deben analizarlos, ni establece que deben atenerse a las valoraciones de la conducta que previamente hicieron los jueces penales. Este nivel de imprecisión en relación con la manera como debe efectuarse la valoración de la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas afecta el principio de legalidad en la etapa de la ejecución de la pena, el cual es un componente fundamental del derecho al debido proceso en materia penal. Por lo tanto, la redacción actual de la expresión demandada también resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional. En esa medida, la Corte condicionará la exequibilidad de la disposición acusada. Las valoraciones de la conducta punible que hagan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
H. La decisión de la Corte y el principio de favorabilidad
40. Como se dijo en el fundamento 38 de la presente providencia, al redactar la nueva versión del artículo 64 del Código Penal el legislador no tuvo en cuenta el condicionamiento hecho por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005. Esto significa que desde que entró en vigencia la Ley 1709 de 2014, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad pueden haber interpretado y aplicado dicho artículo de una manera que resulta contraria a la Constitución.
41. La Corte no puede pasar por alto este hecho, puesto que de hacerlo estaría avalando las posibles afectaciones a los derechos fundamentales de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En efecto, de conformidad con la redacción actual del texto, los jueces de ejecución de penas pueden entrar a valorar la conducta punible sin tener en cuenta la valoración hecha por los jueces penales, y sin que exista un criterio ordenador de su análisis valorativo. Esta indeterminación es susceptible de haber producido efectos respecto de la libertad individual de los condenados y de su derecho a la resocialización, por virtud del tránsito normativo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014. Por lo tanto, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea más favorable a los condenados.
48.(sic) En primer lugar es necesario concluir que una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas para decidir acerca de su libertad condicional es exequible a la luz de los principios del non bis in idem, del juez natural (C.P., art. 29) y de separación de poderes (C.P., art. 113).
49. Por otra parte, dicha norma tampoco vulnera la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno (C.P., art. 93), pues no desconoce el deber del Estado de atender de manera primordial las funciones de resocialización y prevención especial positiva de la pena privativas de la libertad (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 10.3 y Convención Americana de Derechos Humanos art. 5.6).
50. Sin embargo, sí se vulnera el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal, cuando el legislador establece que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional sin darles los parámetros para ello. Por lo tanto, una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
51. Finalmente, la Corte concluye que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea más favorable a los condenados.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.»
(1) CSJ. Sala de Casación Penal. Auto 14536 enero 27 de 1999, M.P. Aníbal Gómez Gallego.