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Timestamp: 2020-08-09 20:40:14
Document Index: 10480193

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 151', 'artículo 4', 'artículo 27', 'in fine', 'artículo 86', 'artículo 41', 'in fine', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 149']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 09/03/2017
cve: DSCD-12-PL-36
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 36
Sesión plenaria núm. 34
Exclusión del orden del día ... (Página6)
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000009) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. ("BOE" núm. 42, de 18 de febrero de 2017). (Número de expediente 130/000009) ... (Página7)
- Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de tres reuniones internacionales sobre registro de emisiones y transferencias de contaminantes, hecho en Madrid y Ginebra el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 15, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 110/000004) ... (Página23)
- Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997, y Declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 16, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 110/000005) ... (Página23)
- Protocolo adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002, y Declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 18, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 110/000007) ... (Página23)
- Segundo protocolo adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, y Declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 19, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 110/000008) ... (Página23)
- Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 26 de marzo de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 22, de 5 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000009) ... (Página23)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa, hecho en Baiona el 22 de junio de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 23, de 5 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000010) ... (Página23)
- Memorando de Entendimiento sobre apoyo logístico en la fase de vida útil (ISS) y actividades de cooperación relativas a los sistemas basados en el Leopard 1 y Leopard 2, hecho el 1 de agosto de 2012, y Declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 24, de 5 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000011) ... (Página23)
- Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho en Astaná el 21 de diciembre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 25, de 16 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000012)... (Página24)
- Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 26, de 16 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000013) ... (Página24)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 27, de 16 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000014) ... (Página24)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 19 de enero de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 28, de 16 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000015) ... (Página24)
- Acuerdo entre España y Hungría sobre intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Budapest el 15 de junio de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 30, de 23 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000016) ... (Página24)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de septiembre de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 31, de 23 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000017) ... (Página24)
- Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 18 de septiembre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 33, de 30 de enero de 2017. (Número de expediente 110/000018) ... (Página24)
- Proyecto de ley sobre precursores de explosivos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 23 de diciembre de 2016. (Número de expediente 121/000004)... (Página27)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página35)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página36)
Avocación por el Pleno ... (Página38)
- Proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 3-1, de 2 de diciembre de 2016. (Número de expediente 121/000003) ... (Página38)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente al Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados, lo que se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página7)
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015 ... (Página7)
El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Arévalo Caraballo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Antón Cacho, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor González Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página23)
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de tres reuniones internacionales sobre registro de emisiones y transferencias de contaminantes, hecho en Madrid y Ginebra el 26 de octubre y el 13 de noviembre de 2015 ... (Página23)
Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997, y Declaración que España desea formular ... (Página23)
Protocolo adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002, y Declaración que España desea formular ... (Página23)
Segundo Protocolo adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001, y Declaración que España desea formular ... (Página23)
Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 26 de marzo de 2015 ... (Página23)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa, hecho en Baiona el 22 de junio de 2015 ... (Página23)
Memorando de Entendimiento sobre apoyo logístico en la fase de vida útil (ISS) y actividades de cooperación relativas a los sistemas basados en el Leopard 1 y Leopard 2, hecho el 1 de agosto de 2012, y Declaración que España desea formular ... (Página23)
Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho en Astaná el 21 de diciembre de 2015 ... (Página24)
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016 ... (Página24)
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2015 ... (Página24)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 19 de enero de 2016 ... (Página24)
Acuerdo entre España y Hungría sobre intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Budapest el 15 de junio de 2016 ... (Página24)
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de septiembre de 2016 ... (Página24)
Tratado sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 18 de septiembre de 2015 ... (Página24)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página27)
Proyecto de ley sobre precursores de explosivos ... (Página27)
El señor ministro del Interior (Zoido Álvarez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como las señoras Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015, se aprueba por 327 votos a favor más 2 votos telemáticos, 329; 4 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 7 votos a favor más 1 voto telemático, 8, y 327 en contra más 1 voto telemático, 328.
Sometido a votación el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016, se aprueba por 257 votos a favor, 69 en contra y 9 abstenciones.
Sometido a votación el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de septiembre de 2016, se aprueba por 243 votos a favor, 86 en contra y 6 abstenciones.
Sometidos a votación conjunta el resto de convenios que figuran en el orden del día, son aprobados por 324 votos a favor y 11 abstenciones
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley sobre precursores de explosivos, se rechaza por 20 votos a favor, 305 en contra más 2 votos telemáticos, 307 y 10 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley sobre precursores de explosivos, se rechaza por 92 votos a favor y 243 en contra.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página38)
Sometida a votación la avocación por el Pleno del proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, se rechaza por 124 votos a favor y 211 en contra más 2 votos telemáticos, 213.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000009).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con la unanimidad de los portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 29, correspondiente al Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
- REAL DECRETO-LEY 3/2017, DE 17 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 3/2013, DE 20 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y SE ADAPTA A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE DE 2015. (Número de expediente 130/000009).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. (Rumores). Muchas gracias por guardar silencio.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento de esta Cámara, comparezco ante ustedes, en nombre del Gobierno, para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje del año 2015. Un texto este que nace con el objetivo de actualizar el marco normativo de la lucha contra el dopaje en nuestro país para situarlo en el contexto legal de la gran mayoría de los países.
Desde la aprobación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represión del dopaje en nuestro ordenamiento, España ha avanzado de manera significativa en esta represión del dopaje. Tras la celebración en Lausana, en el año 1999, de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, se puso en marcha la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, que elaboró en el año 2003 el primer Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales de procedimientos que lo complementan, un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional. Poco después, la Conferencia General de la Unesco aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, concretamente el 19 de octubre del año 2005. Dicha convención incorporaba en su apéndice 1 el Código Mundial Antidopaje, adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje, en la Conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte, celebrada en Copenhague el 5 de marzo del año 2003. La convención explicitaba que el código no imponía obligaciones directas a los Estados signatarios de la convención pero, según su artículo 4, exigía su trasposición. Consecuentemente, los principios del Código Mundial Antidopaje se incorporaron al derecho interno de cada país, de acuerdo con sus reglas constitucionales. En el caso de España, la incorporación del código y sus modificaciones se realizó mediante las siguientes leyes. La citada Ley 10/1990, del Deporte, que fue objeto de sucesivas actualizaciones hasta la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, cuya promulgación supuso un hito fundamental en la historia de la lucha contra el dopaje en nuestro ordenamiento jurídico. Tras la modificación del Código Mundial Antidopaje en enero de 2009, se aprobó la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Gracias a esa ley, la configuración del dopaje y de sus consecuencias sobre la actividad deportiva se empezaron a abordar desde una perspectiva integral y su régimen dentro del sistema de protección de la salud de los deportistas se completó con una regulación en la que se incidía en los aspectos éticos vinculados a la exigencia de juego limpio.
La lucha contra el dopaje se encuentra, señorías -como saben ustedes-, en constante evolución porque el dopaje, desgraciadamente, evoluciona también constantemente. Por ello, la Agencia Mundial Antidopaje somete este código mundial a procesos periódicos de revisión para reprimir, precisamente, esas nuevas formas de dopaje. Por ello, y con ocasión de la celebración de la IV Conferencia Mundial Antidopaje en Johannesburgo, en noviembre del año 2013, se aprobó el nuevo Código Mundial Antidopaje cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2015, obligando a todos los Estados signatarios de la Convención de la Unesco a la adecuación de sus respectivos ordenamientos jurídicos al nuevo código. El plazo para su puesta en vigor en la normativa nacional finalizaba el 18 de noviembre de 2015. Se concedió por parte del AMA una
prórroga hasta el 18 de marzo de 2016 a aquellos países que no habían procedido a adaptar su legislación antidopaje al nuevo código, entre ellos España. La razón era que el prolongado periodo de Gobierno en funciones a lo largo del año 2016 determinó que la reforma legal requerida no pudiese remitirse a las Cortes Generales en tiempo y forma. Es verdad que el Gobierno, consciente de ello y obligado por la Ley de Gobierno del año 2002 que impedía la presentación de un proyecto de ley que era lo que requería la modificación de la Ley del Deporte, publicó el código antidopaje -a sugerencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación- en el Boletín Oficial del Estado, pero ello no fue suficiente para la AMA, que el 19 de marzo de 2016 declaró a España en situación de no cumplimiento, situación en la que también se encontraban países como Andorra, Argentina, Bolivia, Israel, Rusia y Ucrania.
Esta declaración de no cumplimiento en los diferentes niveles del sistema nacional de control del dopaje han sido diversas y han supuesto de facto la exclusión de España de los mecanismos de control internacional del dopaje deportivo, con los consiguientes efectos sobre la capacidad de organización de eventos internacionales por las autoridades deportivas españolas y la falta de reconocimiento exterior de los controles realizados a nuestros deportistas o a terceros en las competiciones internas. En concreto, esta declaración de no cumplimiento que pesaba sobre España tuvo las siguientes consecuencias inmediatas. Las organizaciones nacionales antidopaje, en primer lugar, no estaban autorizadas para realizar controles en sus países mientras permaneciera la declaración de no cumplimiento. Además, no podían actuar como proveedores de servicios de recogida de muestras de dopaje para otras organizaciones antidopaje, tanto federaciones internacionales como otras organizaciones nacionales. En segundo lugar, y como consecuencia de esta declaración, la Agencia Mundial Antidopaje decidió suspender la acreditación dada al Laboratorio de Control de Dopaje de Madrid, suspensión que hizo que las muestras tomadas a los deportistas tuvieran que ser desviadas para su análisis a otros laboratorios. De ahí, señorías, la intervención normativa, urgente y extraordinaria del Gobierno mediante la tramitación del presente real decreto-ley, de ahí su justificación por las consecuencias derivadas de la falta de incorporación de la nueva versión del Código Mundial Antidopaje a la normativa interna y que afecta, como he dicho, directamente a todos los niveles de organización, planificación y desarrollo de las políticas públicas deportivas, a la práctica profesional y amateur del deporte y al derecho a la salud de quienes lo practican.
Este real decreto-ley que someto a la Cámara para su convalidación está articulado en torno a dos elementos relacionados con el dopaje. En primer lugar, la modificación del régimen sancionador y, en segundo lugar, el reforzamiento de la autonomía e independencia de la agencia. El real decreto-ley también incluye la declaración de acontecimiento de excepcional interés del Plan Tokio 2020, programa imprescindible, como ustedes saben, para ayudar a nuestros deportistas en su preparación para las próximas citas olímpica y paralímpica. El principal aspecto que se modifica en el régimen sancionador -las novedades de la reforma- son las siguientes. Se introducen dos nuevas infracciones, la complicidad, definida como cualquier actividad consistente en asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad intencional en relación con una infracción... (Rumores).
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señora presidenta.
La complicidad, que acabo de definir, y la asociación prohibida, tipificada como el incumplimiento de la prohibición de recibir servicios profesionales de cualquier persona suspendida por algún tipo de infracción administrativa y penal. En segundo lugar, se aumenta el periodo de prescripción de la infracción de dopaje, que pasa de ocho a diez años, lo que conlleva, además, el incremento del periodo de conservación de las muestras de controles de dopaje para su posible reanálisis.
En tercer lugar, se tipifican como infracciones muy graves conductas dirigidas a eludir o falsear los resultados de las pruebas, como son el incumplimiento de la obligación de someterse a la recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las correspondientes normas antidopaje o la manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de ese control del dopaje.
Por último, se intensifica el deber del deportista -esto es muy importante- de informar sobre su localización, tipificando como infracción grave faltar a estas obligaciones tres veces en un plazo de doce meses -antes era de dieciocho meses-, precisándose que el plazo comenzará a computar desde el primer día del incumplimiento que haya de tenerse en cuenta. En el caso de las sanciones se endurecen
las sanciones estándar por presencia, uso o posesión de sustancias y métodos prohibidos en el deporte de dos a cuatro años de inhabilitación, con la finalidad de disuadir a aquellos deportistas que puedan verse tentados de recurrir al dopaje persiguiendo su éxito deportivo. Igualmente, se modifica el ámbito subjetivo, que ya no queda acotado en exclusiva a los deportistas, sino que se extiende -y esto también es muy importante- a todos los colectivos incluidos en el ámbito de aplicación de las obligaciones en materia de dopaje, es decir, médicos, clubes o directivos. Igualmente, se completa la regulación sobre los criterios y circunstancias modificativas de la responsabilidad. Se incluye la confesión inmediata como circunstancia modificativa de aquella, favoreciendo la colaboración de aquellos deportistas implicados en casos de dopaje en la reparación del daño causado a su deporte y en el descubrimiento y sanción de los últimos responsables de su dopaje.
El segundo aspecto de la modificación incorporada al decreto-ley se dirige al reforzamiento de la autonomía e independencia de la agencia. Se reubican las competencias en materia de salud en el deporte para reforzar la independencia y autonomía de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Ello se hace en cumplimiento de las modificaciones del Código Mundial Antidopaje del año 2015, revirtiendo la atribución a la agencia de las competencias en materia de protección de la salud al deportista que se había realizado en el año 2013. La segregación de funciones de protección de la salud frente a los mecanismos de control del dopaje es muy importante para que el deportista pueda identificar claramente cuáles son los organismos públicos que están llevando a cabo actividades para proteger su salud y cuándo están siendo sometidos a controles de dopaje para asegurar que la competición deportiva se realiza en condiciones de igualdad y las reglas se cumplen.
Por último, como he mencionado anteriormente, mediante este real decreto-ley se aprueban los incentivos fiscales que se aplicarán al programa de preparación de los deportistas españoles en los Juegos de Tokio del año 2020, dando continuidad a la regulación aplicada en los anteriores ciclos olímpicos. Los programas ADO y ADOP constituyen un elemento esencial para favorecer la financiación de la preparación de los deportistas y equipos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El patrocinio y la financiación de dichas actividades de alto nivel se realizan mediante las aportaciones de empresas privadas. El objetivo que se persigue es, como es lógico, mejorar los resultados del deporte español en estas citas olímpicas. En el último ciclo olímpico 2013-2016, el importe de los patrocinios suscritos con las empresas, junto con la aportación de Radiotelevisión Española, ascendió a algo más de 35 millones de euros. La contribución de los patrocinadores y su implicación en el programa requiere mantener los beneficios e incentivos fiscales derivados de la declaración como acontecimiento de especial interés público del programa de preparación de los deportistas españoles en los Juegos de Río de Janeiro 2016, tal y como ya sucedió anteriormente con los acontecimientos anteriores, en concreto Londres 2012 y antes Pekín 2008. El programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio tendrá, por tanto, la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La duración de este programa abarcará del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre del año 2020. Esta declaración del programa debe realizarse con carácter inmediato para obtener los recursos de los patrocinadores con los que se financian las becas y los gastos necesarios para que los deportistas, equipos y técnicos con opciones a tener medalla puedan iniciar la preparación de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Finalmente, quiero resaltar una última cuestión que reviste gran importancia. Antes he hablado de la declaración por la AMA del no cumplimiento de España. Este pasado martes, hace dos días, se recibía en el Consejo Superior de Deportes la notificación de la Agencia Mundial Antidopaje declarando a España en cumplimiento tras la publicación del decreto-ley que sometemos hoy a la convalidación de sus señorías. La comunicación que firma el director de la Agencia Mundial Antidopaje, con el que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha estado en todo momento en contacto, reconoce esta incorporación dada por la publicación del decreto-ley e informa que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha sido levantada en la lista de no cumplimiento del Código Mundial Antidopaje siempre -añade esa comunicación- que el real decreto-ley que sometemos a consideración sea convalidado en el Parlamento. Señorías, en un ámbito tan relevante como es la lucha contra el dopaje, España cumple con este real decreto-ley con la normativa mundial y con ello nuestro deporte se sitúa al mismo nivel que el resto de los países del mundo.
Señorías, por todas estas razones que acabo de señalar, hacen necesaria -y por ello el Gobierno lo solicita de esta Cámara- la convalidación de este texto. Un texto que, además, viene a dar cumplimiento a distintas iniciativas de los grupos parlamentarios de esta Cámara, concretamente una proposición no de ley del Grupo Socialista y una pregunta del Grupo Ciudadanos, en las que se instaba al Gobierno a la presente adaptación. El Gobierno y los grupos parlamentarios de esta Cámara nos hemos comprometido en este proceso que hoy culmina y cuya próxima etapa constituye la tarea de continuar avanzando hacia una política global de lucha contra el dopaje y protección de la salud del deportista. Promoveremos, por tanto, en esta política la presencia de los propios deportistas y la de los demás agentes implicados, incluidos los grupos parlamentarios, a través de la constitución de un grupo de trabajo en el Consejo Superior de Deportes, grupo en el que se abordarán los siguientes pasos a dar y gracias a cuyo trabajo, estoy seguro, podremos seguir manteniendo esta posición, que es la que el deporte español merece.
Por todo ello, señora presidenta, señorías, solicito a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adaptan a las modificaciones introducidas al Código Mundial Antidopaje del año 2015.
Señora presidenta, señorías, muchas gracias. (Aplausos).
En el turno de fijación de posiciones, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenos días, señora presidenta.
Puesto que estamos hablando de deporte, permítame que felicite a los distinguidos diputados y diputadas culés del Congreso (Aplausos) por el memorable éxito del Barça en la tarde-noche de ayer. (Rumores). Que conste que estas gestas deportivas solo pueden ser posibles o bien por intercesión divina o bien por contar al frente del equipo con uno de Gijón curtido en la Escuela de Fútbol de Mareo y con los colores del Sporting. (Aplausos.-Risas.-Rumores). Así que felicidades al Barça por tener a Luis Enrique de entrenador.
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría, permítame una licencia.
La Presidencia siempre llama a la cuestión, pero en este caso, llamo a la cuestión del deporte. Muchas gracias. (Aplausos.-Risas).
La característica principal de este real-decreto ley es que actualiza el marco legislativo español en el control de la salud en el deporte; una materia absolutamente prioritaria para España y sobre la que las Cortes Generales ya se habían pronunciado con la aprobación en 2013 de la Ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje. Como bien ha explicado el ministro de Cultura y Deporte, la ley exige adaptarse a las modificaciones introducidas en 2015 en el Código Mundial Antidopaje, porque cabe recordar que los españoles fuimos reconvenidos por retrasos en la adaptación de nuestras normas a los requisitos de la Agencia Mundial Antidopaje, en la que influyó -y hay que insistir en ello- la parálisis política y el prolongado periodo de Gobierno en funciones durante todo el año 2016, como acaba de recordar el señor Méndez de Vigo. Ahí quedó hace un año, en vísperas de los Juegos de Río de Janeiro, el episodio de suspensión de la acreditación de uno de los dos laboratorios antidopaje con los que cuenta España, que es además el único que depende directamente de la propia Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que se encarga de estas cuestiones. Esto no puede volver a repetirse, aunque sea un escándalo administrativo minúsculo en comparación con grandes conspiraciones institucionales como las puestas en evidencia por el informe McLaren y las prácticas rusas para falsificar los controles antidopaje y encubrir eventuales casos positivos de doping con muchos grandes atletas de élite como protagonistas.
Este real decreto-ley es un texto que actualiza las infracciones, sanciones y plazos de prescripción en materia de dopaje; que ajusta las definiciones acreditativas de la categoría internacional o nacional de nuestros deportistas; que establece, aclara y regula las autorizaciones de uso terapéutico y también la localización del deportista para pasar controles antidopaje y diferentes aspectos sobre la conservación de las muestras y sus análisis. Es un buen texto a favor del deporte como mecanismo impulsor de la salud, como ejemplo para el conjunto de la sociedad y singularmente para los jóvenes. Y también porque aumenta
la sucesión de filtros a favor de lo que en España y en el mundo olímpico conocemos como fair play, como juego limpio. Y finalmente, porque complementa un buen conjunto normativo para combatir y disuadir las trampas en el deporte, potenciando la organización administrativa con competencia en materia de lucha contra el dopaje. Quisiera subrayar, entre las muchas medidas de este real decreto-ley, el compromiso que se deriva del artículo dedicado a la salud cuando se finaliza la actividad deportiva y el compromiso que también se deriva para elaborar un programa específico para la protección, recuperación o tratamiento de los deportistas que hayan concluido su actividad deportiva y que presenten secuelas como consecuencia de las mismas. Hay, efectivamente, ejemplos dramáticos en España de deportistas que, después de dar lo mejor de sí mismos para representar a nuestro país, se han quedado literalmente en la estacada, incluidos los condicionantes físicos y psíquicos, para su vida cotidiana futura.
La convalidación de este real decreto-ley será por mi parte, señora presidenta, favorable.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.
Señor Martínez Oblanca, ayer se demostró que no hay nada imposible. (Continúa su intervención en catalán). Les hablo del club olotí porque representa lo más puro y esencial del deporte. Son culpables de respetar las reglas, de trabajar en equipo, de ser persistentes, de aprender de los errores, de respetarse, de estar preparadas y, sobre todo, de amar el deporte. Hoy ustedes no pueden hacer gala de estos valores que rigen el mundo del deporte, si bien son persistentes; persistentes en no cumplir las normas. Y si hoy estamos aquí hablando de este real decreto es precisamente por ello. Nadie en el sector de los profesionales del antidopaje se explica cómo hemos llegado a este punto. Todos éramos muy conscientes de que no se estaban haciendo las cosas bien, todos menos ustedes.
En la exposición de motivos lo ratifican por escrito y alegan que no han podido convalidar la ley debido a estar en funciones. Vamos a ver con datos cómo ustedes nos toman el pelo y cómo intentan justificar lo que simplemente ha sido un acto desmesurado de irresponsabilidad. Las elecciones fueron en diciembre de 2015 y la fecha límite que les puso la Agencia Mundial Antidopaje fue noviembre de 2015. Ustedes no han respetado las reglas, pese a ser advertidos en reiteradas ocasiones, tanto por la Agencia Mundial Antidopaje o la Agencia Española Antidopaje como por los laboratorios y los deportistas advertidos, de que podía haber suspensión. Dejaron en el cajón las principales normas del deporte para alardear de su más alto grado de prepotencia, desafiando a las instituciones internacionales con su ya cansino: somos el Reino de España y a nosotros nadie nos va a suspender. La confianza es buena, señoras y señores, siempre y cuando vaya acompañada de buenas prácticas y no de petulancia, y ustedes han demostrado que no están preparados para afrontar el siglo XXI, básicamente porque no han hecho absolutamente nada.
Quiero manifestar nuestra profunda condena al indecente inmovilismo del antiguo secretario de Estado de Deporte, el señor Cardenal, y nuestra confianza en un cambio real del nuevo secretario, el señor Lete. ¿Todos éramos conscientes del riesgo menos ustedes? Evidentemente, vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto porque estamos hartos del ninguneo de este Gobierno al deportista y al deporte en general, y les voy a dar un dato. En la anterior legislatura, en la corta, solo un partido de los que hoy están aquí presentó propuestas deportivas, el Partit Demòcrata, nuestro partido, aquel partido independentista, soberanista, terrorífico que hace pulsos al Estado. Nosotros no hacemos pulsos al Estado; nosotros amamos nuestro trabajo y esto nos hace incondicionales de las personas. Y no somos soberanistas o independentistas gratuitamente, lo somos porque estamos convencidos de que es imprescindible para mejorar la vida de las personas.
Hay más y seré breve. En España hay dos laboratorios, el de Barcelona y el de Madrid. A lo largo de los años el de Madrid ha capitalizado los análisis, así que el de Barcelona, para alcanzar un volumen de negocio apto, se ha expandido en el mercado internacional, que representa casi el 70 % de sus ventas. Esta internacionalización le ha salvado de la suspensión, ya que la Agencia Mundial Antidopaje adaptó el documento de los estándares internacionales para los laboratorios diciendo que los laboratorios que trabajan más a nivel internacional que nacional quedaban fuera de la suspensión. No es el caso del laboratorio de Madrid, aunque ya le hayan levantado la suspensión. Debido a la inoperatividad de la Agencia Española y del laboratorio de Madrid y a pesar de que el laboratorio de Barcelona ha podido asumir parte del trabajo, se han creado situaciones injustas que merecen respuestas del Estado. Nuestro
grupo exige que se identifique a los responsables y se tomen las medidas oportunas. El sistema se ha puesto en entredicho una vez más por culpa, insisto, de su irresponsabilidad. Está en sus manos, señor ministro, demostrar que pueden y deben aprender de los errores, y demostrar también y sobre todo su compromiso con el mundo del deporte. Tomen buena nota de los valores que llevan tatuados nuestros deportistas; amen al deporte como lo aman las patinadoras de Olot; jueguen limpio, jueguen en equipo y esfuércense un poquito más porque si no, seguiremos perdiendo todos.
Termino mi intervención; una intervención que no es normal, y no lo es porque la semana pasada se juzgaba al portavoz de mi grupo por hacer política, por hacer política sana, por dar respuesta a las inquietudes de muchos ciudadanos. Se le juzgaba por poner urnas, se le juzgaba porque aquí hay muchos que no han sabido hacer política. (Pronuncia palabras en catalán). ¡Vergüenza! Esto no pasa en un país normal. (Doblando varias veces el brazo derecho en alto). Gràcies Quico. (Termina su discurso en catalán.-Aplausos).
La señor PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señora AGIRRETXEA URRESTI: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, el Gobierno presenta un real decreto-ley con la finalidad declarada de adaptar la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, a las modificaciones normativas introducidas en el sistema de lucha contra el dopaje por la nueva redacción del Código Mundial Antidopaje, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Esta señalada nueva regulación internacional dejó a la normativa española al margen de la reglamentación armónica propugnada por la Convención internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco, estando obligados a su inmediata adaptación, según se recoge en el propio código mundial, tal y como ha expresado el señor ministro. Esta situación de discordancia de la normativa estatal con el nuevo código mundial ha generado la consecuente declaración formal por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de incumplimiento del código por parte del Estado español (Rumores) -incumplimiento, sí- y la nueva redacción entró en vigor en el 2015 -retengan las fechas, que es muy importante: incumplimiento y entró en vigor en enero de 2015-. Mi grupo estima conveniente aclarar y recordar ciertas cuestiones que para nosotros son básicas y fundamentales y que responden al abc del buen gobierno. Evidentemente, la ley -digo la legislación, la Constitución- contempla la posibilidad de que el Gobierno, en circunstancias de máxima urgencia utilice el sistema del real decreto-ley, pero esas urgencias están, si no tasadas, sí aceptadas por el conjunto y por los legisladores: cuando concurren circunstancias que todos entendemos como de urgencia, como catástrofes naturales, circunstancias económicas amenazadoras, etcétera -no podríamos hacer una lista, pero todos entendemos lo que es algo urgente que verdaderamente un real decreto-ley debe acoger-. Sin embargo, aquí el asunto es que con mayoría absoluta y durante muchos años se ha degenerado el concepto del real decreto-ley, y lo hemos utilizado como una herramienta que sirve para todo, sobre todo para evitar el debate parlamentario.
Señores del Gobierno, esta no es forma de gobernar; no pueden ustedes presentarse ante la Cámara como si fuera de lo más natural, como si siguieran ostentando una mayoría absoluta que no tienen, con un decreto-ley salvador bajo el brazo como si no pasara nada. No es forma de gobernar ni es respetuosa con el quehacer de esta Cámara, que no se puede desvirtuar diciendo que, como el tema del dopaje es tan importante, la forma no importa. No pueden escudarse en el argumentario que esgrimen porque han tenido tiempo -sí, han tenido tiempo- y todos los grupos lo sabemos. No sé si ha sido negligencia o que el toro les ha pillado fuera del burladero; no sé quién tiene la responsabilidad, pero nosotros no y ustedes sí tenían que haber respondido a esta demanda internacional en los plazos correspondientes. Y no me vale escudarse en el no sé quién no ha hecho bien su trabajo o no sé cuál no; el Gobierno era el Gobierno y la responsabilidad es de quien es. Por tanto, nos parece excesiva la modificación por decreto-ley de una ley orgánica. Modifican ustedes treinta y tres artículos por medio de un decreto-ley. ¿Qué sistema de gobierno es este? Resulta objetable a la hora de la convalidación de este decreto-ley que diversos artículos de la Ley Orgánica 3/2013 que se modifican no tienen relación directa con la precisa adaptación normativa a la CMA, no concurriendo por tanto respecto a ellos la imprescindible nota de extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución. Así, tal y como se expresa en la memoria que ustedes han presentado a los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50, se modifican para proceder a desplazar desde la Agencia Española de Protección de la Salud del Deporte las competencias y
potestades que ellos desarrollan en favor del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con la nueva dimensión y estructura que para esta ustedes han encomendado.
Mediante esta modificación, atribuye al Consejo Superior de Deportes diversas funciones que en la ley orgánica residenciada en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte estaban y, ahora, estos artículos se refieren a las siguientes cuestiones: actuación del Consejo Superior de Deportes en el artículo 41, medios personales y materiales, medidas de carácter específico, investigación, currículos formativos, reconocimientos médicos, reconocimientos y seguimientos de salud de los deportistas de alto nivel, protección de la salud de deportistas profesionales, tarjeta de salud del deportista, etcétera. En cuanto al debate sobre el dopaje, no queremos entrar en cómo se debe controlar y qué medidas se han de tomar, porque eso es algo de lo que nuestro partido siempre ha estado convencido; debemos de dar lo que hay que dar, la talla que hay que dar. Y no podemos escudarnos en que, como eso es importante, lo podemos hacer como nos dé la gana.
Desde luego, no parece suficiente el argumento señalado en la memoria, en el sentido de que el aglutinamiento de distintas competencias en el seno de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte -como son las de lucha contra el dopaje, y las relativas a la protección de la salud en la actividad deportiva- se han manifestado incompatibles y que, además, puedan afectar a la autonomía e independencia exigidas por el Código Mundial Antidopaje y recogidas en el articulado de la Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva -eso es lo que dicen ustedes-. Es decir, no parece suficiente ni la pretendida contradicción de que sea el propio organismo el que verifica su actividad en el ámbito de protección de la salud en el deporte, y se realice con respecto a la normativa antidopaje ni tampoco la señalada conveniente segregación de las funciones de protección de la salud frente a los mecanismos de control del dopaje, de manera que el deportista pueda identificar claramente cuándo los organismos públicos están llevando a cabo actividades para proteger la salud, y cuándo están siendo sometidos a controles de dopaje para asegurar que la competición deportiva se realiza en condiciones de igualdad y las reglas se cumplen. No parecen argumentos suficientes que justifiquen la concurrencia al caso de una necesidad de carácter extraordinario y urgente para dotar esta modificación normativa mediante el instrumento excepcional -vuelvo a reiterar- del decreto-ley, pues así se hurta de forma completa al órgano legislativo la modificación de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 junio.
Por otra parte, este real decreto dedica su disposición final -y usted lo ha explicado- a la declaración a efectos tributarios como acontecimiento de excepcional interés público el programa de preparación de los deportistas españoles en los Juegos de Tokio 2020, programa que tendrá una duración que abarca desde el 1 de enero, hemos empezado este año, hasta el 31 de diciembre de 2020. El motivo de la inclusión de esta medida en el decreto-ley es la necesidad de llevar a cabo -por parte de ustedes- declaración con carácter inmediato para obtener recursos de patrocinadores, etcétera, con el mismo contenido general con el reconocido al programa correspondiente a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Esta declaración se realiza a los efectos del reconocimiento de los oportunos beneficios fiscales a los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas contemplados en el articulo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que su aplicación, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi requeriría, en consecuencia, la oportuna adaptación a la normativa tributaria propia de los territorios históricos de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico Vasco. Desde luego, esta declaración bien pudiera haberse llevado a efecto sin la premura y la o-pa-ci-dad que representa su aprobación por un decreto ley, no siendo aceptable argumentar a este caso las notas de extraordinaria y urgente necesidad; resultando, sin duda, más conveniente y propio de un sistema democrático el reconocimiento de estos incentivos fiscales mediante un instrumento normativo debatido y aprobado a través del oportuno procedimiento parlamentario.
Señoras y señores diputados, como conclusión, a nuestro entender y jurídicamente, no concurren en el caso las condicionantes precisas para admitir esta convalidación de este real decreto-ley. Vuelvo a reiterar que no es un debate sobre cómo debemos controlar el dopaje, porque esto sería un engaño, eso sería engañar a la sociedad. Nuestro voto en contra no es por el contenido, sino porque esta no es forma de gobernar y esto no podemos dejarlo pasar, porque si se hace una vez se pueden hacer dos, tres y todas las veces que se quieran. ¡Y nosotros seremos los que legitimemos o no esta forma de gobernar!
Mi grupo parlamentario, pues, no va apoyar la convalidación y además pedirá que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.
Señoras y señores diputados, señor ministro, Esquerra Republicana de Catalunya va a votar a favor del real decreto-ley, pero no porque estemos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer en relación con la materia, sino porque es menos malo que lo que había antes. Parece ser que usted ha aprendido rápido el método Rajoy, que consiste en no hacer nada hasta que los plazos se agoten. Como ejemplos tenemos los puertos, los bancos y un largo etcétera. En este caso, se trata de la declaración formal de la Agencia Mundial Antidopaje de incumplimiento del código, de acuerdo con lo establecido en su artículo 23. Este código, como ya han manifestado, es de 2015 y le informo de que estamos en el año 2017. A lo largo de mi vida he sabido ser, como mucha gente, deportista, árbitro, entrenador y hasta periodista deportiva y, en todos los estamentos, siempre he tratado de defender los valores éticos del juego limpio y el cumplimiento de las reglas. Esto lo hacen la mayoría de los deportistas, por respeto a sí mismos, a su cuerpo y sobre todo a los demás, luchando contra el dopaje o contra cualquier otro comportamiento no ético.
Hoy vamos a votar una adaptación de la legislación a lo mínimo que nos exige la Agencia Mundial Antidopaje y vamos a hacerlo en el último minuto. Esto demuestra que el Gobierno de España no tiene voluntad política de que exista una legislación de vanguardia en lo que se refiere a la lucha contra el dopaje en el deporte. Parece que fuera más importante ganar algunas medallas por aquí y por allá, a cualquier precio, y salir en la foto que mostrar al mundo un deporte español libre de corrupción, de estafa y de dopaje. Digo de corrupción porque un deportista que se dopa es un corrupto y un estafador. La corrupción de los espíritus es probablemente la peor de las corrupciones y una estafa a los deportistas limpios. Por suerte, son mayoría los que se entrenan sin ningún tipo de estafa, pero se ven sobrepasados por esos pocos que utilizan el juego no limpio para ganar de cualquier manera, pero ya sabemos por otro tipo de corrupciones que el Gobierno no tiene voluntad política y tampoco para esta.
Además, parece que no está al corriente de la imagen que España tiene en el extranjero en este sentido. Cuando un deportista español gana una medalla los periodistas deportivos extranjeros dicen: este no pasó los tres últimos controles o se entrena en un país donde los controles son insuficientes. Nosotros mismos estamos mandando a la paliza a los deportistas de alto rendimiento por no tener una legislación adecuada y moderna. Como ejemplo de voluntad se cita la Ley 34/2002, que permitió el establecimiento de controles en la venta de medicamentos sin la correspondiente autorización. ¿Pero en qué España vive usted, señor ministro? ¿Acaso no sabe que en la calle se puede adquirir cocaína, heroína, marihuana, viagra y siete mil medicamentos más? ¡Vamos! Pondré algunos ejemplos para que se vea que se puede y se debe hacer mejor. El artículo 22.1 dice: La evitación, rechazo o incumplimiento sin justificación válida de la obligación de someterse a los controles de dopaje tras una notificación válidamente efectuada. Esto evita los controles por sorpresa, que son los más efectivos. Debería modificarse eliminando: "tras una notificación válidamente efectuada". El artículo 22.2 estipula que se considera que existe una infracción cuando el deportista haya faltado a las obligaciones en materia de localización en tres ocasiones durante el plazo de doce meses. Si hubiera voluntad de atacar el problema del dopaje, aquí debería decir: "si el deportista no está en el lugar declarado de su entrenamiento, se le suspende automáticamente y tiene un plazo de una semana para efectuar el control; y, si no se presenta, se le suspende por dos años desde la primera vez". Así lo estipulan las legislaciones de los países que ustedes llaman fuera de sospecha o creíbles para la AMA. Señor ministro, eludir tres controles en un año es dejar la puerta abierta al dopaje. El artículo 30 sobre anulación de resultados dice: En los deportes de equipo, siempre y cuando más de dos de sus miembros hayan cometido una infracción en materia de dopaje, durante el periodo de celebración de un evento deportivo y con independencia de las acciones que se puedan corresponder en virtud de las disposiciones previstas en esta ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello, ponderarán las circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje y la implicación de menores de edad en las referidas conductas. Esta es otra puerta abierta al dopaje. Hay una enormidad de equipos de dos deportistas -vóley, ciclismo, tenis, natación y un largo etcétera-, sin contar con los que se practican a cinco o seis. Pero, ¿por qué más de dos? Debería
modificarse eliminando "siempre y cuando más de dos de sus miembros" y agregando "basta que un solo miembro del equipo se haya dopado para anular el resultado del equipo". Hace unos días se le quitó al mismísimo Usain Bolt una medalla de oro de un relevo de cuatro por cien porque años antes se comprobó que un miembro del equipo estaba dopado. Así se demuestra la seriedad en el antidopaje.
Hemos enumerado solo algunos ejemplos de lo que se puede mejorar, pero seguramente juntos todos los interesados -deportistas, federaciones deportivas y el conjunto de los grupos políticos que queremos que los deportistas de élite puedan ser protegidos contra esta lacra- encontrarán todas las fórmulas necesarias para elaborar una política que saque a este país de la lista de los no cumplidores. La mesa de negociación que está pendiente de hacerse puede comenzar a trabajar a partir de mañana mismo, si es que verdaderamente este Gobierno tiene voluntad política de hacerlo.
Buenos días, señorías. Debatimos esta mañana el Real Decreto-ley de modificación de la Ley antidopaje por la que se adapta nuestra legislación al Código Mundial Antidopaje. Estaremos todos de acuerdo con que debemos adaptar nuestra legislación al Código Mundial Antidopaje, porque España no puede quedar fuera de la lucha contra el dopaje. Pero, señorías, este debate lo tendríamos que haber tenido hace ya mucho tiempo. Llegamos tarde, señor ministro; tan tarde que, como usted ha señalado, ha supuesto que la Agencia Mundial Antidopaje haya sancionado a España y nos haya declarado país no cumplidor. Este martes, supongo que después de muchas presiones por su Gobierno, se ha levantado la situación de no cumplimiento. Se nos ha repetido que no se ha realizado antes esta adaptación porque el Gobierno estaba en funciones, pero, señor ministro, esto no es así. No venga aquí a mentir. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo: ¿Mentir?). El Código Mundial Antidopaje se aprueba el 15 de noviembre de 2013. Desde el 15 de noviembre de 2013 ustedes sabían qué tenían que adaptar y cómo lo tenían que hacer. El Código Mundial Antidopaje entra en vigor el 1 de enero de 2015, pero desde el año 2013 ya sabían cómo lo tenían que hacer, con lo que podrían haber empezado a prepararlo para que el día 1 de enero estuviera ya listo y entrase en estas Cortes, pero es que las Cortes no se disuelven hasta el 27 de octubre de 2015. Desde noviembre de 2013 hasta octubre de 2015 han tenido prácticamente dos años para hacer esa adaptación, no hay excusas posibles. Pero es que, además, cuando han estado en funciones ustedes han traído a esta Cámara dos reales decretos-leyes que han sido convalidados. ¿Por qué no trajeron este real decreto-ley? ¿Por qué no lo trajeron? (Aplausos). No nos valen esas excusas.
Señor ministro, esto demuestra la importancia que su Gobierno da al deporte, que es ninguna. Eso sí, señor ministro, para hacerse la foto cuando nuestros deportistas ganan y está todo bien si, para eso sí que se dan prisa. Les exigimos que se den la misma prisa para todo. Esperemos que con el nuevo secretario de Estado para el deporte -porque parece que está pasando- las cosas cambien. La verdad es que tenemos que decir que hay una buena relación con el nuevo secretario de Estado para el deporte y que parece que las cosas van bien. El anterior solo se preocupó de las deudas del fútbol, que era una cuestión importante y grave que tenía España, pero en el deporte hay vida más allá del fútbol aunque todos estemos contentos de los resultados de ayer. Como decíamos, esta tardanza, no haber hecho los deberes cuando tocaba y haber sido malos estudiantes -usted, que es ministro de Educación, también ha sido mal estudiante- ha tenido graves consecuencias para la imagen de nuestro deporte que, por desgracia, ya estaba bastante tocada.
Esto ha tenido consecuencias para el laboratorio de Madrid, que ha perdido la acreditación, y esto ha supuesto que nuestro futbol, según nos hemos enterado por los periódicos -una vez más nos tenemos que enterar por los periódicos- haya estado más de un año sin hacer controles antidopaje. Asimismo, ha tenido un coste económico para las arcas públicas, pues nos ha costado 200.000 euros a todos los españoles.
Este diputado les hizo una pregunta en noviembre y ustedes la han contestado este martes; debe ser que como venía este debate se dieron prisa para contestar. Señor ministro, cuando las cosas se hacen tarde y con prisas normalmente el resultado no es bueno. Señores del PP, ustedes no se acaban de dar cuenta de que ya no están con mayoría absoluta, que ya no pueden venir aquí y aplicar el rodillo. Este decreto-ley se ha hecho sin contar con los grupos parlamentarios. Tuvimos una reunión pero ni se nos
entregó ni se nos vio ni fue posible hablar sobre ese decreto-ley. Tampoco se ha contado con las asociaciones de deportistas ni con las federaciones. Además de las formas -que como digo son muy discutibles- también chirría el fondo y, por supuesto, no dudamos de que el decreto-ley sea conforme al Código Mundial Antidopaje, pero la redacción de este decreto-ley es bastante mejorable. Hay algunas cuestiones, por ejemplo la inhabilitación en caso de sanción por dopaje, que pueden generar problemas. Por eso usted ya sabrá, señor ministro, que el resto de los grupos hemos estado considerando muy seriamente convalidar este decreto-ley y tramitarlo como proyecto de ley -esa era nuestra intención-. Sin embargo, no lo vamos a hacer porque la Agencia Mundial Antidopaje nos ha levantado esa sanción y no queremos que la imagen de España se siga dañando en el exterior y, porque el secretario de Estado para el deporte y usted mismo esta mañana se han comprometido a crear un grupo de trabajo para elaborar y preparar ya la próxima modificación del Código Mundial Antidopaje. Por eso, no lo vamos a tramitar como proyecto de ley, pero nuestra intención era esa.
Ustedes nos dirán que esto es como las famosas lentejas del señor Maillo, que esto es lo que hay, que la AMA nos da esto, es lo que tenemos que adaptar y no podemos hacer otra cosa, pero no es así. Portugal y Francia han adaptado el Código Mundial Antidopaje adaptándolo a su legislación nacional. ¿Por qué España no lo puede hacer? ¿Sabe por qué no hemos podido hacerlo? Porque no hemos hecho las cosas cuando tocaba; porque no hemos estado negociando con la AMA, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Y así, luego han venido las prisas y, claro, cuando vienen las prisas tenemos que hacerlo como nos dice la AMA. Pues no, hagámoslo desde ya y trabajemos desde ya, y no dejemos las cosas para el final. Por desgracia, como pasa también con otros temas que han salido hoy en el orden del día, así vamos, dejándolo para el final. Trabajemos desde ya en ese grupo de trabajo.
Como decíamos antes, el deporte va más allá de las deudas del fútbol. Tenemos mucho por hacer, porque en estos últimos años no se ha hecho prácticamente nada. Tenemos la Ley del Deporte del año 1990 que necesita una reforma urgente porque, cuando se aprobó, la realidad del deporte español era muy distinta a la que hay actualmente. Por ejemplo, en esa Ley del Deporte no se contempla ni la posibilidad de que haya ligas profesionales femeninas. Ayer era el Día Internacional de la Mujer y nuestra legislación deportiva no prevé esa igualdad entre el hombre y la mujer. A mayor abundamiento, tenemos un problema con las federaciones -ahí lo vemos en la prensa, pues estamos todos los días en los periódicos con casos en las federaciones-, y luego habrá que revisar el modelo federativo que tenemos. Pero es que también tenemos un real decreto, que regula la relación especial de los deportistas profesionales, que es del año 1985, que ya ha llovido bastante desde entonces y sería necesario, como hemos dicho, hacer un estatuto del deportista. Debemos crear un plan para fomentar el deporte en nuestros niños y jóvenes con el fin de inculcarles los valores del deporte y los hábitos de vida saludables.
Si queremos que nuestros éxitos del deporte español sigan -porque es verdad que hemos tenido buenos resultados en los anteriores Juegos Olímpicos, pero muchos de esos buenos resultados vienen de deportistas que ya están en la cima de su carrera deportiva, incluso algunos ya van de bajada-, si queremos mejorar, tenemos que aumentar la financiación, pero no solo la financiación que dependa de los fondos públicos que, por supuesto, hay que mejorarlos; también hay que hacer que vengan fondos privados, para lo cual habrá que redactar una Ley de mecenazgo y, también, que un porcentaje de las apuestas deportivas, tal y como dice la Ley de Regulación del Juego, vaya al deporte y se dedique al deporte. (Aplausos). Así podríamos seguir, pues tenemos muchos retos y mucho trabajo pendiente.
Señor ministro, para terminar, quiero señalarle lo que le decíamos anteriormente: convalidaremos este decreto-ley, porque estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y no queremos que la imagen de nuestro deporte quede más dañada de lo que ya se ha visto. Y porque se han comprometido -esperamos que en esto sí cumplan, ya que no es un tema de corrupción y no sale la palabra corrupción- creo que en esto sí cumplirán (Aplausos). Y que se cree ya un grupo de trabajo para adaptar el Código Mundial Antidopaje.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Arévalo Caraballo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías, hoy es 9 de marzo de 2017 y el Gobierno del Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta; pero pareciera, por su forma de seguir legislando, que nada hubiera cambiado.
El Gobierno del Partido Popular parece no haberse enterado de que el tiempo en el que podía legislar a base de decretazos, por fortuna, ya pasó. El Gobierno utiliza el real decreto-ley para evitar el debate parlamentario hurtando, de esta manera, la principal función de esta Cámara. Formalmente, lo que estamos haciendo esta mañana no es ratificar esta norma, porque lo único que nos permite el Partido Popular es venir aquí a ratificar la situación de urgencia que ha llevado a la promulgación de este real decreto. Pues bien, hasta esto es discutible. Por supuesto que es el Gobierno el que decide cuándo un hecho es de urgente necesidad, pero en el caso que nos ocupa era urgente desde 2015 y nada se ha hecho hasta ahora. De hecho, el Gobierno utiliza la figura normativa del real decreto-ley no como un recurso de urgencia, sino como la vía mediante la cual el Ejecutivo pretende incorporar el Código Mundial Antidopaje al ordenamiento jurídico español ahorrándose el debate y la participación que conlleva la tramitación de una ley. Hoy, como Poder Legislativo, solo tenemos la opción de convalidar o derogar esta norma. El Gobierno del Partido Popular hurta así a esta Cámara -como ya he dicho antes- la posibilidad de debate. Claro que es urgente y necesario adoptar el Código Mundial Antidopaje, pero, insisto, era urgente y necesario desde hace más de dos años. En todo este tiempo el Gobierno del Partido Popular no ha hecho nada, no ha movido un dedo durante más de dos años, y ahora le toca correr los cien metros lisos para llegar a tiempo. Es más, este Gobierno de banderitas en las muñecas ha estado permitiendo que en el tema de la lucha contra el dopaje nos sacaran los colores como país y que nuestras y nuestros deportistas estuvieran señalados de manera infundada. (Aplausos). Nadie tiene ninguna duda de que por ser un país no cumplidor hemos sufrido importantes repercusiones, que han llegado a sacudir nuestros estamentos deportivos y especialmente a las autoridades responsables del control del dopaje en nuestro país. No nos hagamos trampas al solitario, que hasta ahora no se haya asumido este código es culpa solo de la inoperancia del Partido Popular; no vale argumentar que esto no se ha hecho porque estábamos en una situación de bloqueo institucional, no vale porque no es cierto. El Código Mundial Antidopaje entró en vigor antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015; tiempo han tenido. De hecho, desde 2013 se podía haber llevado a cabo esta adaptación.
El planteamiento que se nos hace hoy, convalidar o derogar el real decreto-ley, es a mi parecer un parche, porque lo que consideramos desde mi grupo parlamentario y lo que consideran distintos agentes del mundo del deporte es que lo que es urgente y necesario es hacer un debate parlamentario y social sobre este tema. Por tanto, me parece que este Gobierno nos debe un debate participado y de mayor profundidad sobre el dopaje. Las formas utilizadas para adaptar el código no han sido las adecuadas y así se lo he transmitido en los últimos días al secretario de Estado para el Deporte, el señor José Ramón Lete. Aprovecho mi intervención de hoy para transmitirse esto mismo también al ministro. Si hubiera existido voluntad, se podría haber garantizado la participación de las y los deportistas, de sus médicos, de los técnicos y de los directores en la elaboración de esta norma. Esto hubiera estado bien por una sencilla razón, porque es a ellos a quienes les va a afectar el Código Mundial Antidopaje. Es cierto que en el último momento se ha hablado con algunos agentes del mundo del deporte, pero esto se ha hecho tarde y no a través de los cauces adecuados. La colaboración entre el mundo del deporte y los poderes públicos debe ser necesariamente continua para poder luchar de una manera efectiva contra el dopaje. En el ámbito deportivo hoy existe preocupación y malestar y, por eso, instamos a la creación inmediata de un grupo de trabajo que analice la repercusión de esta norma en nuestro ordenamiento jurídico y en el deporte. La Agencia Mundial Antidopaje esta semana nos ha levantado la suspensión; objetivo cumplido. Pongámonos a partir de mañana a trabajar para que la nueva adaptación del código de la AMA sea participada, consensuada y negociada. Le pido, señor ministro, que se comprometa con esto para que quede reflejado en el Diario de Sesiones y así, si mañana no cumple, le podamos sacar los colores y recriminárselo.
No estoy poniendo en duda que España deba ser vanguardia en la lucha contra el dopaje, que nadie se confunda, pero también y sobre todo debe ser vanguardia en la forma de gobernar, y un Gobierno que no tiene mayoría absoluta no puede seguir gobernando mediante reales decretos-leyes, está obligado a darle protagonismo al Parlamento. (Aplausos). Esta Cámara tiene la función de controlar al Gobierno, pero en este tema no ha existido tal posibilidad, porque el debate sobre el dopaje, hasta ahora, no ha sido nada participado. Quiero hacer dos consideraciones que me parecen importantes. Por una parte, que este real decreto-ley no es el resultado de un diálogo, ni con las y los deportistas ni con los especialistas, ni tampoco con sectores y organizaciones del sistema deportivo español. En definitiva, no ha habido interés por buscar el consenso social, aunque -y esto lo tengo que reconocer- sí se ha trabajado el consenso político de todos los grupos parlamentarios. Esto es una novedad que saludamos cordialmente, aunque también se puede mejorar porque, hasta que no fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en
el BOE, no tuvimos acceso al texto; todo hay que decirlo. Aun con estas consideraciones, es cierto que nuestro país necesitaba asumir el código de la Agencia Mundial Antidopaje, eso sí, la adecuación al código de la AMA se debe hacer teniendo en cuenta nuestro ordenamiento jurídico. España debe -claro que sí- ponerse en sintonía con el Código Mundial Antidopaje, pero solo hasta los extremos que permita nuestra Constitución. Las razones para adaptar nuestro ordenamiento a este código son múltiples y variadas. Para mí y para mi grupo la razón fundamental es, por supuesto y por encima de todo, la protección de la salud de las y los deportistas, y para esto el Código Mundial Antidopaje es un elemento fundamental, porque entiende el dopaje no solo como una cuestión de ética deportiva sino también y sobre todo como algo que atenta contra la protección de la salud.
Para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el principal objetivo de adaptar este código debe ser la protección del deportista. Para nosotras y nosotros es ineludible que, de forma clara, se ponga el eje de lo que está ocurriendo con el dopaje en la protección de las y los deportistas, en los derechos de las y los deportistas, en la información y en la incidencia en el futuro profesional. El código introduce un endurecimiento de las sanciones -ahora serán más largas-; también se incrementa la presión sobre el entorno, esto es, sobre el entrenador, el médico, el preparador, etcétera. Se trata de que las responsabilidades del dopaje no recaigan únicamente en el deportista. Para ello se incluye un nuevo concepto, un tanto polémico, que es el de la asociación prohibida, que limita la asociación de los deportistas con personal que esté sancionado por infracciones antidopaje desde un punto de vista administrativo o que haya sido condenado vía penal por cualquier infracción en esta materia. Compartimos la lucha contra el dopaje, pero consideramos igual de relevante el aspecto preventivo. La prevención puede ser un elemento fundamental para evitar seguir yendo a remolque en este fenómeno que tanto daño está haciendo al deporte español. Más allá de este código, es fundamental divulgar, dar a conocer, en definitiva, educar a todas y a todos los deportistas, a todas y a todos los técnicos de la salud en el deporte. La educación en prevención del dopaje debe suponer la accesibilidad a la información y a la elaboración de campañas de comunicación dirigidas no solo a deportistas, sino también al entorno del deportista para poder permitir el conocimiento de la nueva normativa y, sobre todo, explicar qué es el dopaje y qué repercusiones puede tener.
El código es un documento -quiero resaltarlo- que no supone obligación jurídica, pero responde al compromiso moral y político de nuestro país en la lucha contra el dopaje. El código mundial es la referencia única en materia de dopaje. Es cierto que las sanciones incluidas en el código es uno de los puntos más controvertidos, por tanto es necesario que se aplique a todo el deporte y a deportistas por igual y sin excepciones en todos los Estados. El Estado español debe velar por la uniformidad de las normas, pero sobre todo por la garantía y el respeto a los derechos y libertades de nuestros deportistas. El Gobierno debe velar por los derechos de los deportistas y por su presunción de inocencia, como el respeto al principio de que el deportista como ciudadano tiene derecho. Nos preocupan también -porque no se nos ha informado- los gastos que va a generar la aplicación de este código. Señor ministro, ¿van a ser necesarias nuevas inversiones derivadas de estas exigencias técnicas y legales? No es una pregunta con mala intención sino que es una pregunta para que me dé la información. Hasta ahora, en el ámbito del deporte ha existido demasiado intervencionismo. Es necesario democratizar la Agencia española de protección de la salud en el deporte para que se favorezca la pluralidad a la hora de tomar decisiones en un ámbito tan delicado como es el de la lucha contra el dopaje. Me gustaría que de esto también tomara nota el señor ministro. Efectivamente, tiene que ser firme la voluntad para luchar por la salud de nuestros deportistas, por la claridad y transparencia en la obtención de los resultados deportivos pero, a continuación, quiero afirmar que debemos sentirnos muy orgullosas de nuestras y nuestros deportistas porque la mayoría de ellos están limpios y es gracias a ellas y a ellos que nuestro deporte se encuentra al máximo nivel internacional.
Concluyo, señorías. Posiblemente la batalla contra el dopaje sea muy difícil, pero desde mi grupo parlamentario consideramos, y estamos convencidos, que vale la pena continuar luchando por la salud de los deportistas y por la salud del propio deporte. Por eso, y como muestra de generosidad -ya que no compartimos las formas-, nuestro grupo parlamentario va a convalidar este real decreto-ley. Pero están avisados, señorías del Partido Popular, no vamos a tolerar que ustedes sigan legislando de esta manera porque, aunque no se quieran dar por enterados y a veces haya quien les ayude, todo ha cambiado y ya no se puede gobernar con mayoría absoluta. Cuando se quiere contar con el respaldo de todos los grupos de la Cámara la puesta en común de los temas es importante y está feo que la primera vez que hayamos visto el texto que se nos había pedido convalidar haya sido en el BOE. Creo que este no es el buen
camino. Estoy absolutamente convencida de que el trabajo bien hecho repercutirá en la credibilidad y el crédito del Consejo Superior de Deportes. Creo que en este proceso hemos demostrado seriedad y rigor en las cosas que se están haciendo bien. Estamos a favor de un deporte limpio porque estamos en contra de la indefensión de nuestras niñas y de los jóvenes que se inician en el deporte; porque estamos contra la indefensión de los deportistas que no quieren usar medios ilícitos; porque defendemos un deporte pleno de valores. Para preservar estos valores hay que luchar contra el dopaje, hay que luchar contra el desamparo, la indefensión aprendida de los jóvenes deportistas que se perciben incapaces e impotentes para superar situaciones de competición en flagrante injusticia y desigualdad. Esperamos que con este real decreto consigamos quitarnos el sambenito de ser laxos con el deporte. Esta es una opinión que no comparto en su generalidad, pero es cierto que el hecho de que no hayamos adoptado el código mundial hasta ahora, el cierre del laboratorio de Madrid y la suspensión impuesta por la AMA han dañado de una manera importante el mundo del deporte. Todos los deportistas, y esa es su obligación, deben conocer el código de la AMA.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Nuestro deseo es colaborar como oposición en todo lo que tenga que ver con el deporte, y esto ya lo ha notado el secretario de Estado...
La señora PRESIDENTA: Señoría.
La señora ARÉVALO CARABALLO: ... que somos un grupo serio y responsable...
La señora PRESIDENTA: Señoría, un segundo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: ... y que sabe hacer oposición porque pretendemos ser Gobierno. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Antón Cacho.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor ministro, señorías.
En primer lugar, me gustaría trasladar la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista con la comunidad educativa en esta jornada de huelga y movilización. (Aplausos). Queremos decirles que recogemos sus reivindicaciones y que seguiremos trabajando para revertir las nefastas consecuencias que la política educativa del PP ha ocasionado en la escuela pública.
Entrando ya en materia, el Partido Socialista siempre ha demostrado su compromiso político en la lucha contra el dopaje y la protección de la salud del deportista. Por eso, me gustaría empezar mi intervención agradeciendo el trabajo de dos compañeros socialistas, el señor Lissavetzky, exsecretario de Estado para el Deporte, y el señor Martín del Burgo, primer director de la Agencia Española Antidopaje, por su gran labor en los primeros y difíciles pasos para demostrar y convencer a todo el mundo de que España quería estar a la cabeza de la lucha contra el dopaje. Como bien ha comentado el señor ministro, hoy vamos a convalidar el decreto-ley que modifica la Ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje. Señor ministro, ¿sabe cuánto tiempo ha transcurrido desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2017? Se lo digo yo: tres años y cuatro meses. Desde la aprobación de las modificaciones del código mundial de la IV Conferencia Mundial Antidopaje en noviembre de 2013 en Johannesburgo, el Gobierno del PP y el ministerio que usted preside tenían conocimiento de la inexcusable obligación de modificar la legislación deportiva española en esta materia y adaptarla a los cambios introducidos en esta conferencia. Además, disponía de un tiempo más que razonable para ejecutarlo, pues estas modificaciones no entraban en vigor hasta enero de 2015. Esa falta de diligencia ha tenido sus consecuencias, la primera ya la ha comentado usted y es que la Agencia Mundial Antidopaje, después de advertirlo en varias ocasiones y después de varias negociaciones, sancionó a nuestro país declarándolo no cumplidor, con la consiguiente pérdida de la acreditación del laboratorio de Madrid, dependiente de la Agencia española de protección de la salud en el deporte. Es cierto que se llegó a un acuerdo con las federaciones internacionales para realizar los controles necesarios a nuestros deportistas, garantizando así su participación sobre todo en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y también en las competiciones internacionales. Aún así, ha habido otras consecuencias; la peor para nosotros ha sido el deterioro de la imagen de nuestro país en
materia de lucha contra el dopaje que tanto nos costó conseguir. Sin lugar a dudas era un paso atrás, una mancha en la contundente lucha de nuestro Estado por la tolerancia cero ante el dopaje. Además -y esto sí que nos duele-, ofrecía falsos argumentos a los que siempre están sembrando de dudas los éxitos internacionales de nuestros deportistas.
Es cierto que durante este tiempo se han celebrado dos elecciones generales, que durante muchos meses hemos tenido un Gobierno en funciones, pero para nuestro grupo esto no sirve de excusa. De hecho, existen precedentes -como ya se ha dicho- de que estando en funciones se han aprobado reales decretos como el real decreto que prorrogaba el programa de activación de empleo. ¿Lo recuerda? Por tanto, si hubiera habido voluntad política se podría haber convalidado esto mucho antes. Fue una clara falta de voluntad política, no podemos aceptar las excusas. Además, esta situación no fue sobrevenida. Voy a recordar las fechas otra vez para que todo el mundo las tenga en la cabeza. Ya sé que llevamos hablando de estas fechas toda la mañana y puede resultar aburrido, pero tenemos que hacernos una idea del tiempo que hemos tenido para arreglarlo. Conocíamos la modificación desde noviembre de 2013. El Gobierno sabía que tenía que adaptar su normativa a ella antes de enero de 2015, incluso la propia Agencia Mundial Antidopaje nos advirtió en noviembre de 2015, después de varias negociaciones, que nos colocaba en una lista de países bajo vigilancia y que si el 18 de marzo de 2016 no habíamos hecho esa adaptación, pasaríamos a ser no cumplidores.
Señor ministro, existen, pues, suficientes razones para que el Grupo Parlamentario Socialista muestre su contrariedad con lo acontecido en los últimos meses. Afortunadamente, no tenemos que empezar de cero. Esta situación no tira por la borda el trabajo, el despliegue de medios humanos y técnicos, los presupuestos y los programas desarrollados y ejecutados no solamente por la Agencia Estatal Antidopaje en esta última legislatura, sino también en las legislaturas del Partido Socialista entre 2004 y 2012. Nuestro pasado, la responsabilidad de Estado del Partido Socialista, la coherencia con el fin último de esta ley, que no es otro que la protección de la salud del deportista y garantizar una competición justa, nos lleva a votar a favor de la convalidación de este real decreto. No obstante, esta adaptación, a diferencia de lo que sucedió en las anteriores, ha pecado de falta de participación. No es lógico que con el tiempo, como he comentado anteriormente, que ha transcurrido desde la modificación de noviembre de 2013, hayan sido incapaces de buscar la colaboración y la participación necesaria de los verdaderos protagonistas de esta ley, que no son otros que los deportistas y sus federaciones. Es difícil de creer, pero ha sido así. Por este motivo llegamos a un acuerdo con el presidente del Consejo Superior de Deportes -y usted hoy lo ha ratificado porque era una de las exigencias- para poner en marcha de manera inmediata un grupo estable de trabajo en el que participen no solo los grupos parlamentarios, sino también las asociaciones de deportistas y las federaciones de deporte para que, con este compromiso, podamos evitar lo principal, que era la tramitación como proyecto de ley de este real decreto. Eso lo ha conseguido, pero también podemos conseguir algo que parecía imposible hasta antes de ayer, que es que el Consejo Superior de Deportes, aunque parezca mentira, abriera las puertas a los deportistas que, recientemente, nos confirmaban que llevaban más de dos años sin reunirse con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Otro aspecto muy importante es que si se crea este grupo de trabajo seguramente no volveremos a cometer los errores de los dos últimos años y llegaremos a tiempo a la modificación que entrará en vigor en 2019.
Como ya se ha comentado aquí, las novedades de este real decreto son principalmente la tipificación de dos nuevas sanciones, la complicidad y la asociación prohibida, asimismo aumenta el periodo de prescripción de las infracciones y se amplían las sanciones. Todas estas novedades van enfocadas a sancionar los comportamientos prohibidos del deportista y su entorno. Pero me gustaría hacer especial hincapié en la necesidad de aumentar los programas educativos para la prevención, orientados al deportista y su entorno y basados en la educación en valores. Quizá, sin bajar, por supuesto, la guardia en los controles, en la vigilancia y en la investigación, debemos redoblar los esfuerzos en la prevención. Estoy convencido de que un deportista bien formado e informado sobre las consecuencias de los efectos del dopaje sobre su salud y sobre su carrera deportiva es la mejor inversión para acabar con esta lacra.
Por otro lado, como ya se ha comentado, el real decreto recoge en su disposición final primera los beneficios fiscales aplicables al programa de preparación de los deportistas españoles para los Juegos de Tokio 2020, conocido por todos como el Plan ADO. Independientemente del medallero en Río de Janeiro, sabemos que los atletas han pasado serias dificultades en el ciclo anterior. Las aportaciones a este plan han bajado de los 51 millones de euros en Londres a los 31 millones en Río; sin lugar a dudas la crisis económica habrá tenido algo que ver, pero debemos hacer un replanteamiento e iniciar este nuevo ciclo
buscando estrategias que permitan captar los recursos suficientes y buscar e intentar devolver la colaboración y el buen hacer que antes existían entre el Consejo Superior de Deportes y el COE, que sabemos que no ha sido del todo adecuado en los últimos tiempos con el anterior secretario de Estado. Los deportistas de élite no aparecen de la nada. Como bien saben, hay detrás una estructura deportiva representada por las federaciones. En este sentido, las subvenciones concedidas a estas organizaciones por el Consejo Superior de Deportes han sufrido un descenso significativo en los últimos años, pasando de 82 millones de euros en 2009 a 46 millones de euros en 2016, es decir, han contado con 36 millones de euros menos. Estos recortes les han obligado a reducir programas fundamentales como el de la tecnificación deportiva, la captación y formación de nuevos talentos y, sobre todo, el de apoyo al deporte base. Señor ministro, recupere, por favor, el apoyo a las federaciones, no vaya a suceder que tengamos muchos millones para el Plan ADO, pero no tengamos deportistas a quien adjudicarles estas becas.
Señorías, la pasada legislatura no ha sido especialmente productiva para la política deportiva. Los recortes y las polémicas con algunos presidentes de federación han marcado la agenda pública del Consejo Superior de Deportes. Señor ministro, pese a su mayoría absoluta, han dejado sin resolver demasiados asuntos vitales para el deporte. Para empezar, y quizás sea lo más urgente, debemos afrontar una renovación integral de la legislación deportiva porque debemos modernizarla y adaptarla a la realidad actual. Por otro lado, debería reflexionar sobre la licencia única impuesta a las federaciones por la Ley de racionalización del sector público. Deberían retirarla de manera inmediata porque ha generado más problemas que beneficios y además ha generado el rechazo casi unánime de las comunidades autónomas. Debemos seguir trabajando por la igualdad y la no discriminación de la mujer. Sabemos que se han puesto en marcha varios programas, pero hemos conocido recientemente casos como el de las jugadoras de baloncesto que han tenido que firmar cláusulas abusivas en las que el embarazo era causa de rescisión de contrato de manera inmediata. No se olvide de los Juegos del Mediterráneo. No podemos intentar convencer a esta ciudad de que con un simple acuerdo de este Parlamento es suficiente; por favor, apóyelo económicamente.
Podríamos seguir hablando de muchas otras cosas que tenemos pendiente aparte de la convalidación de este real decreto. Señor ministro, le pedimos por favor que no se ponga de perfil, que dedique el tiempo necesario a esta área, que apoye a su secretario de Estado, que apruebe o por lo menos intente aprobar incrementos presupuestarios en esta área. No permita que el deporte se convierta en el hermano pobre de su ministerio y del que solo nos acordamos cuando vamos a recoger una medalla o cuando tenemos que hacernos una foto con un deportista.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Muñoz.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para apoyar la convalidación del Real decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje del 2015. Señorías, el decreto que hoy debatimos tiene su naturaleza enraizada en dos cuestiones que a nuestro juicio lo justifican. La primera es la necesidad que tenemos como país de adoptar y asumir el Código Mundial Antidopaje, no como un simple mero formulismo, sino como un compromiso fiable, tácito, de lucha, erradicación y persecución del dopaje y de todas y cada una de las prácticas deshonestas que desvirtúan la competición y ponen en riesgo la salud de nuestros deportistas. Señorías, como conocen, el dopaje no solo tiene su cara oscura en aquellas sustancias que se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo. Tiene un lado más oscuro si cabe, que son los daños temporales o irreversibles que estas mismas sustancias pueden provocar en la salud de nuestros deportistas. Sin duda, estas dos razones por sí solas son suficientemente importantes para justificar la naturaleza del decreto. Pero, si me lo permiten, señorías, me gustaría añadir una tercera: la credibilidad. La credibilidad de España como país, como país comprometido contra la lucha contra el dopaje, y la credibilidad de la que tienen que gozar nuestros deportistas. Los deportistas españoles se merecen que hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, los grupos políticos hagamos un esfuerzo para aprobar y convalidar este decreto, que es sin duda fundamental para dotarles de la credibilidad que infundadamente algunos interesados les han querido restar en la consecución de los éxitos deportivos.
Señorías, estamos ante un tema complejo; ante un tema desagradable, incluso complicado de debatir. Tenemos la responsabilidad de elevar el debate. Tenemos la responsabilidad y la obligación de ser flexibles en el mismo y de tener empatía no solo entre los grupos de esta Cámara sino, como no podía ser de otra manera, con el mundo del deporte. El deporte, señorías, es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio, es superación, es competir y mejorar, es establecer que los límites no existen si uno se propone día a día superarlos. Los deportistas son a diario ejemplo para los más jóvenes de nuestro país, y los valores del deporte son y tienen que ser valores compartidos y asumidos por nuestra sociedad. Por ello, el dopaje es, sin duda alguna, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, porque doparse significa tirar por tierra todo lo positivo y bueno que representa el deporte. Luchar contra el dopaje tiene que ser un objetivo común de todos y cada uno de los grupos de esta Cámara. El dopaje daña la imagen del deporte, daña la imagen de los deportistas y, sobre todo, daña la imagen de nuestro país. La lucha tiene que ser firme y comprometida. Acabar con el dopaje es, sin duda, el gran reto que tenemos que afrontar con valentía y de manera decisiva y con determinación. Por ello, señorías, la convalidación de este decreto nos viene a dar las herramientas que necesitamos para, en primer lugar, ser precoces en el diagnóstico; en segundo lugar, ser férreos en el control del dopaje, y en tercer lugar, diligentes y efectivos a la hora de la lucha y la sanción del hecho. Pero, señorías, no sería justo en mi intervención si con ella se extendiera un manto de sospecha sobre todos los deportistas de nuestro país... (Rumores).
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: ... primero, porque pienso firmemente que son los menos los deportistas que recurren al dopaje con el fin de conseguir una gloria efímera que luego se convierte en una condena social y en una censura, y segundo, porque creo firmemente en el compromiso ético de nuestros deportistas no solo con el deporte en el que compiten o participan, sino también con el país al que representan. Hacer un ejercicio de mirar atrás -como han hecho hoy la mayoría de los grupos en esta Cámara- no viene a solucionar el problema que debatimos hoy aquí; hacer un ejercicio de mirar atrás no viene a buscar las soluciones que necesitan nuestros deportistas. Señalar, culpar o criticar solo sirve como arma política, y además nos aleja de las buenas intenciones que hemos conseguido fijar en la última semana. Con la aprobación de este decreto dejamos atrás tiempos pasados y nos disponemos a mirar al presente y al futuro desde una situación que comparten los países de nuestro entorno y las principales potencias deportivas. En la última semana el presidente del Consejo Superior de Deportes ha impulsado con decisión todas y cada una de las reuniones necesarias, en primer lugar, con el fin de darnos a conocer de primera mano el decreto, que no es nada más que una trasposición del Código Mundial Antidopaje; en segundo lugar, para abrir los espacios de diálogo lógicos con los grupos de esta Cámara para que, de manera conjunta, podemos trabajar en cuestiones como la que hoy debatimos, y en tercer lugar, establecer de manera clara y firme el compromiso de abrir una mesa de trabajo en la que estemos presentes los grupos políticos de esta Cámara, los deportistas, las federaciones y el propio Consejo para poder trabajar codo con codo en la elaboración del próximo Código Mundial Antidopaje que, como conocen sus señorías, empezará en el mes de mayo. Este compromiso que yo expreso como portavoz y que el Gobierno del Partido Popular asumió ha quedado refrendado en el día de hoy por el ministro en sede parlamentaria.
Señorías, el debate de hoy lo estamos realizando como un país cumplidor, y no me negaran, señorías, que el cambio en estos últimos días ha sido bastante significativo para lo que supone nuestra imagen como país en el exterior. Hoy la AMA y los países del mundo ven a España como un país comprometido y decidido a controlar y luchar contra el dopaje. Hoy, señorías, no estamos como no cumplidores; hoy podemos sentirnos orgullosos de haber entrado en el grupo de países que a nivel mundial comparten y asumen el Código Mundial Antidopaje. Poner en riesgo este estatus adquirido hace dos días no es propio del nivel político de esta Cámara. Correr el riesgo, aunque fuese mínimo, de salir del club de los países que cumplen y asumen el Código Mundial Antidopaje es un lujo que no nos podemos permitir. Señorías, quería resaltar en este debate la responsabilidad que han tenido los portavoces de los grupos -créanme que es bastante mejor trabajar con ellos a puerta cerrada que escucharlos desde esta tribuna- y quiero agradecerles la sensibilidad que han tenido con nuestro deporte y con nuestros deportistas, favoreciendo que hoy podamos convalidar este real decreto. En el día de hoy, gracias al trabajo, por un lado, del Gobierno y, por otro, de los grupos de esta Cámara, España ha entrado a formar parte del club de los
países cumplidores con el código, y lo que es más importante aún, nos situamos entre los países comprometidos en la lucha contra el dopaje, y eso sí que es lo sustancial en el debate de hoy.
Para concluir, me gustaría felicitar a los portavoces de los grupos que han participado en las reuniones previas al debate de hoy por el trabajo, su predisposición y su buen hacer para conseguir llegar al acuerdo y al consenso. Entre todos, la política del deporte es mucho mejor. Y, cómo no, quiero dar las gracias, como no podía ser de otra manera, a nuestro ministro y al presidente del Consejo Superior de Deportes por el impulso que en el día de hoy nos dan para adquirir el compromiso de hacer de nuestro deporte, de nuestra política de deporte, un espacio de diálogo, de encuentro y de pacto. No tengan la menor duda, señorías, señor ministro, de que el mundo del deporte nos lo agradecerá.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo y Montojo, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Adelante.
Quiero agradecer a los grupos parlamentarios su manifestación de votar, muy mayoritariamente, a favor de la convalidación del decreto-ley y también los comentarios que han vertido en el curso del debate. He tomado buena nota de ellos. Recalco que vamos a constituir en el seno del Consejo Superior de Deportes este grupo de trabajo con los afectados y con los grupos parlamentarios para ver de qué manera podemos entre todos contribuir a una política de Estado de consenso para la futura modificación del código de dopaje.
- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACIÓN EN MADRID, EN NOVIEMBRE DE 2015, DE TRES REUNIONES INTERNACIONALES SOBRE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, HECHO EN MADRID Y GINEBRA EL 26 DE OCTUBRE Y EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000004).
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 18 DE DICIEMBRE DE 1997, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000005).
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO CONTRA EL DOPAJE, HECHO EN VARSOVIA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2002, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000007).
- SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2001, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000008).
- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN MONTEVIDEO EL 26 DE MARZO DE 2015. (Número de expediente 110/000009).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA, HECHO EN BAIONA EL 22 DE JUNIO DE 2015. (Número de expediente 110/000010).
- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE APOYO LOGÍSTICO EN LA FASE DE VIDA ÚTIL (ISS) Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN RELATIVAS A LOS SISTEMAS BASADOS EN EL LEOPARD 1 Y LEOPARD 2, HECHO EL 1 DE AGOSTO DE 2012, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000011).
- ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN REFORZADAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN, POR OTRA, HECHO EN ASTANÁ EL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000012).
- PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE MONTENEGRO, HECHO EN BRUSELAS EL 19 DE MAYO DE 2016. (Número de expediente 110/000013).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE BÉLGICA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000014).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE SOBRE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 19 DE ENERO DE 2016. (Número de expediente 110/000015).
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HUNGRÍA SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN BUDAPEST EL 15 DE JUNIO DE 2016. (Número de expediente 110/000016).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (Número de expediente 110/000017).
- TRATADO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000018).
La señora PRESIDENTA: Ahora sí pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000004, 110/000005 y 110/000007 a 110/00018. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición. Salvo que se diga lo contrario, el dictamen se someterá a votación por asentimiento con el resto de las votaciones previstas al final de la sesión de hoy. Las intervenciones se harán desde los escaños.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
Vamos a fijar posición en relación con dos de estos convenios. El primero, concretamente, el Convenio con la República de Montenegro para su adhesión a la OTAN. Damos la bienvenida a Montenegro, un Estado recientemente independiente que se incorpora a la comunidad de defensa occidental. Es razonable que apoyemos esta plena incorporación y además nos permite recordar que, efectivamente, en Europa en las últimas décadas se están incorporando nuevos Estados independientes que participan de las alianzas, de las instituciones europeas, atlánticas, en materia política y en materia de seguridad con toda la normalidad. Es bueno que la Cámara comparta también que lo que es norma en Europa quizá sea normal algún día en este Estado español.
El segundo es que nos pronunciamos también sobre el Convenio de España con Arabia Saudí en materia de defensa para anunciar que no vamos a votar favorablemente este convenio. Realmente es difícil justificar que España en estos momentos pueda vender armas a Arabia Saudí. Se está produciendo una intervención militar, de facto, de Arabia Saudí en el Yemen y el material bélico que España vende a Arabia Saudí va a terminar participando en esa guerra. En el Reino Unido hay una investigación abierta sobre la venta de material de defensa británico a Arabia Saudí. Además Arabia Saudí incumple todas las regulaciones internacionales europeas en materia de derechos humanos. Tuvimos ya ocasión de analizar y discutir en esta Cámara el caso, por ejemplo, de Raif Badawi, un activista, un bloguero, que ha recibido torturas y condenas durísimas en Arabia Saudí y no es justificable que España venda este material de defensa a un país como Arabia Saudí. Rompe con los principios del código de conducta europeo en esta materia y rompe también con nuestra legislación en materia de comercio de armas. Por tanto, nosotros no podemos dar a este convenio ningún tipo de apoyo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, molt bon dia.
Vamos a votar en contra del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa y lo vamos a hacer porque, más allá de las alarmantes violaciones de los derechos humanos como documentan las organizaciones y que tienen como máximo exponente la pena de muerte, incluida la de algunas menores cuando cometieron el delito para participar en la Primavera Árabe, Arabia Saudí sigue apoyando y sigue a la vez legitimando los bombardeos indiscriminados, desproporcionados o dirigidos deliberadamente contra la población civil y además también contra bienes civiles tales como escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, tal y como explica literalmente Amnistía Internacional para quien algunos de los ataques son constitutivos de crímenes evidentemente de guerra. España, lejos de presionar a Arabia Saudí y boicotear la venta de armas, resulta que no la boicotea y lo que hace es abrazar a los sátrapas que la gobiernan autoritariamente negando, entre otros, derechos básicos a las mujeres, y aprueba la venta de cinco corbetas para que sigan alimentando el conflicto en Yemen.
Desde Esquerra Republicana deseamos que los trabajadores de Navantia en Cádiz o de El Ferrol continúen teniendo trabajo, pero no a costa de la sangre de los crímenes de guerra que se cometen desde las corbetas que van a vender a Arabia Saudí. Si España vende estas corbetas, siento decirlo, será absolutamente cómplice de los crímenes de guerra que se puedan cometer con ellas. Esquerra ha solicitado en más de una ocasión, de hecho lo ha hecho reiteradamente, que se deniegue la venta de esas corbetas y que se apueste por una reconversión de la industria militar a la industria civil que permita la viabilidad de la industria y los puestos de trabajo.
Ahora me dirijo a los compañeros y compañeras de Podemos. Por favor, no avalen esta venta criminal de las corbetas. Opónganse a ello porque, además, se provoca una gran hipocresía cuando no prevaricación por parte del Gobierno y de todos los parlamentarios que defienden la venta de las corbetas de Navantia a Arabia Saudí, ya que justamente esta venta lo que hace es violar descaradamente el artículo 8 de la Ley de comercio de armas.
Para colmo, quizá como anexo de estos contratos, hoy se va a votar aquí un acuerdo para que la información militar sea clasificada, sea secreta. Acabo ya. En lugar de hacer cumplir con la Ley de comercio de armas lo que pretenden es hacerlo en la más absoluta opacidad, un auténtico escándalo y una auténtica vergüenza. Amparan y alimentan a un régimen, cabe decirlo, sanguinario, por muy amigo que sea éste de los Borbones.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Guijarro García.
Señorías, hoy quería llamar la atención sobre dos de los acuerdos sometidos al criterio de esta Cámara, acuerdos que ya han sido comentados anteriormente. En primer lugar, sobre el protocolo de adhesión de Montenegro a la OTAN, respetamos que un país soberano como Montenegro tome las decisiones que tenga que tomar en el marco internacional, pero sí queremos llamar la atención sobre la necesidad de replantear el enfoque noratlántico, o mejor dicho noratlantista, de nuestra defensa. Como saben ustedes, hay un programa para la expansión de la OTAN hacia el Este, un programa que consideramos claramente guerrerista y muy poco amigo de la paz en Europa, pero es que además estamos en un momento en que la OTAN aprueba, con el voto a favor del Gobierno de España, un aumento de los presupuestos militares nacionales hasta el 2 % del PIB. Aproximadamente ello supone para España duplicar el presupuesto militar. ¿Por qué no dicen a la cara, señoras y señoras del Partido Popular, a todos los españoles que quieren ustedes duplicar el presupuesto militar de Defensa? Díganlo, sean valientes, no tengan miedo y digan la verdad.
Respecto al segundo tema de quería comentar, el acuerdo entre España y Arabia Saudí, que también se ha comentado esta Cámara ya, lo primero que hay que decir es que el Gobierno y sus socios, tanto Ciudadanos como PSOE, pretenden ratificar un acuerdo que arroja más sombras sobre una relación oscura con un país oscuro. Se trata de un acuerdo que cubre con un velo de vergüenza los negocios militares que proliferan gracias a la amistad que determinados altos prebostes del Estado mantienen con la monarquía saudí. Esta monarquía está en las antípodas de los derechos humanos. No puedo hablar
por falta de tiempo del trato medieval que se da a las mujeres o de la espeluznante cifra creciente de ejecuciones, pero me voy a referir a los ataques sistemáticos contra la población civil en Yemen. Naciones Unidas informa de unas setenta y cinco personas, la mayoría civiles, que mueren al día en este conflicto y les quiero preguntar, señorías del Grupo Popular, cuántos de estos muertos, cuánta de esta sangre se ha vertido por el uso de material bélico español vendido a los saudíes. ¿Qué grado de complicidad en estos asesinatos, porque son asesinatos, es achacable directamente al Gobierno de España? Mejor no saberlo, ¿verdad? Para eso firmamos este tipo de acuerdos, para no saber. No voy a citar tampoco los artículos de la Ley sobre control de armas o sobre el código de conducta porque no me da tiempo, pero quiero mencionar la regla de oro del Tratado de Comercio de Armas que firmamos y ratificamos durante el Gobierno del Partido Popular. Al arrojar opacidad será imposible realizar una evaluación de riesgos de violación de derechos humanos, tal y como se exige en esta regla. Al contrario, este acuerdo se firmó ex profeso para mirar a otro lado. Es una vergüenza, señorías. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Permítame que en relación con el asunto de Montenegro y la OTAN lea una frase de una resolución que ayer nos proponía Podemos. Decía que el Gobierno de España debía perseguir una mayor soberanía y autonomía estratégica en el ámbito de la seguridad. Es decir, reconozcamos a los países el derecho absolutamente soberano a integrarse en cualquier sistema de protección mutua, porque cuando hemos hablado de Ucrania parece que a Ucrania se le niega ese tipo de derecho. Es verdad que en Montenegro hay un gran debate sobre la participación en la OTAN. Yo estuve en las elecciones de octubre y ganó un partido claramente pro integración en Europa y en la OTAN, pero ¿con qué excusas, como las que usted ha repetido, nos negamos a este tipo de operaciones? Dicen que hay que neutralizar el papel desestabilizador de la OTAN. ¿Se refiere a las incursiones de aviones rusos en el espacio de los países bálticos? ¿Se refiere al submarino que fue pillado en Estocolmo? ¿Se refiere a la flota rusa yendo a ayudar en los bombardeos de Alepo? ¿Se refiere a las maniobras no notificadas a la OTAN por parte de Rusia en la frontera occidental? Tienen que revisar sus conceptos. Esta extraña connivencia con la extrema derecha europea, en su consideración de Putin, requiere una revisión.
Dicen que hay que congelar las actuales fronteras de la OTAN. ¿Por qué? ¿Si hay países que quieren integrarse en la OTAN por qué hay que congelarlas, porque usted considera que Rusia tiene derecho a tener protectorado sobre los que fueron antiguos países de la Unión Soviética? ¿Se imagina que España dijera que Argentina, Venezuela o Costa Rica no pueden hacer política exterior porque en algún momento formaron parte del imperio español? Eso es lo que están defendiendo. Cualquier país tiene derecho a integrarse en la OTAN si cumple las condiciones, por lo que ese mero reconocimiento de que España tiene soberanía para hacerlo debe aplicarse también a Montenegro.
Se ha hablado del asunto de Arabia. Hemos examinado cuidadosamente el convenio y compartimos las críticas y consideraciones relacionadas con los derechos humanos, el estado de absoluto abandono de los derechos humanos en ese país, pero el acuerdo que se trae hoy aquí no es un acuerdo de venta de armas, sino un acuerdo que firmamos con Arabia, con Bélgica y con Chipre en una misma sesión sobre protección de información clasificada. No es para clasificar información, sino para que cuando en el tráfico comercial entre España y Arabia algunos elementos sean información clasificada se determine qué autoridad de un país y de otro tiene acceso a esa información. No tiene nada que ver con la venta de armas y no se puede hacer responsable al Gobierno español o a los españoles de lo que pueda pasar con las corbetas. ¿Por qué no hacemos responsables a los gaditanos? ¿Hacemos responsables a los obreros de Galicia y Ferrol de lo que pueda pasar con las corbetas? Con este asunto se está yendo a límites que no tienen ningún sentido. Que no se hagan en España no va a acabar con el conflicto. Acabar con el conflicto de Yemen requiere el esfuerzo de la comunidad internacional. España y desde luego mi partido van a estar en cualquier tipo de operación con la que podamos ayudar, pero eso no tiene nada que ver con que las corbetas se hagan aquí porque si no se hacen aquí se harán en otro país y serán utilizadas de la forma que el Gobierno quiera utilizarlas.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos varios convenios internacionales entre el Reino de España y diferentes países. Durante nuestra democracia los diferentes Gobiernos de España del PP, del PSOE y de UCD han firmado miles de convenios internacionales defendiendo los intereses de los españoles. En los convenios internacionales ningún país juzga a los diferentes regímenes, porque para eso ya hay mecanismos y organismos internacionales. Solo defendemos nuestros intereses nacionales y, por eso, no tomamos parte en los conflictos que puedan tener con terceros países. Hoy renovamos un acuerdo con Arabia Saudí, país con el que tenemos muy buenas relaciones, que beneficia a miles de españoles que trabajan en la construcción de barcos o infraestructuras. Arabia Saudí tiene un conflicto con Irán en el que España ni puede ni debe tomar parte. Hoy, sin embargo, Podemos vuelve a tomar parte por el régimen iraní y lo hace en contra de los intereses de España. Lo hace porque hemos sabido que los poderosos del régimen iraní financiaban la televisión de Podemos: un 25 % mediante una entidad sin ánimo de lucro y un 75 % en sobres con dinero negro. (Protestas.-Aplausos). Ustedes no han venido a servir a la gente, sino que han venido a servirse de la democracia española en su interés. Por eso hoy ustedes con su voto convalidan todo lo que haga el régimen iraní. (Varios señores diputados: ¡El partido más corrupto! ¡No hablen ustedes!). No hablen ustedes de trabajadores, porque hoy ustedes los sacrifican a cambio del régimen iraní. No hablen ustedes de lesbianas, gays y transexuales, porque hoy ustedes los sacrifican a cambio del régimen iraní. No hablen ustedes de mujeres, porque hoy ustedes las sacrifican a cambio del régimen iraní. No hablen ustedes de democracia, porque hoy ustedes la sacrifican. Llevan ustedes en su ADN la peor de las corrupciones: coger dinero de los poderosos de regímenes extranjeros para perjudicar a su país. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Varios señores diputados del mismo grupo: ¡Muy bien, Jordi! ¡Ahí les duele!-Protestas y aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Varios señores diputados del mismo grupo: ¡Vaya cara! ¡Sí se puede!). Si hacen ustedes eso desde la oposición, ¿qué planean hacer si llegan a gobernar? Me sorprende y me duele mucho que haya 5 millones de españoles que confíen en ustedes. ¿Qué habremos hecho mal? ¿Qué habremos hecho tan mal? Mientras reflexionamos sobre eso, hoy nosotros defenderemos el interés de España y el bienestar de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Varios señores diputados del mismo grupo: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo al debate de totalidad del proyecto de ley sobre precursores de explosivos. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. (Rumores).
Señorías, como bien conocen ustedes, porque he tenido la oportunidad de manifestarlo públicamente en esta Cámara en varias ocasiones, pretendo que entre todos construyamos una política de seguridad nacional de la concordia con diálogo y consenso, con fortaleza ante las amenazas, con seguridad pensada por y para las personas y, sobre todo, anticipándonos a los peligros del presente y del futuro. Uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno para esta legislatura es más seguridad para todos los ciudadanos y en la consecución de este objetivo es donde enmarco este proyecto de ley. Para ello, tenemos que ser más eficaces y no podemos bajar la guardia ante ninguna posible amenaza.
España ha jugado un papel protagonista en el seno de la Unión Europea, haciendo aportaciones significativas y colaborando siempre con una actitud proactiva. Siempre hemos apoyado las iniciativas europeas puestas en marcha, y la que hoy traemos a este debate es una de esas iniciativas que se han aprobado en el seno del Consejo de la Unión Europea, que adoptó la decisión de poner en marcha el Plan de acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad de los explosivos considerando que determinadas sustancias y mezclas químicas constituyen precursores de explosivos y se pueden utilizar indebidamente para la fabricación ilícita de los mismos. Se creó un comité permanente sobre precursores que se encargó de estudiar medidas y elaborar las recomendaciones relativas a la normativa de los precursores de
explosivos disponibles en el mercado. Dicho comité identificó varias de estas sustancias susceptibles de ser utilizadas para cometer atentados terroristas y recomendó que se actuase de manera adecuada a escala de la Unión, y lógicamente la Unión Europea actuó en consecuencia. En enero del pasado año 2013 se aprobó el Reglamento 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. Este reglamento establece normas claras sobre la puesta a disposición, la introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas que las contengan susceptibles de utilizarse de forma indebida para la fabricación ilícita de los explosivos. El objetivo no es otro que limitar la disponibilidad para los particulares y garantizar la adecuada comunicación de las transacciones sospechosas en todas las fases de la cadena de suministros, algo que es fundamental a la hora de prevenir determinadas actuaciones terroristas.
Aunque este reglamento es de aplicación directa en los Estados miembros desde el 2 de septiembre de 2014, también es cierto que contiene una serie de previsiones que hacen necesaria la aprobación de una norma que haga posible su correcta aplicación. Eso es lo que hoy traemos aquí, la norma que permite aplicar con todas sus consecuencias este reglamento, incluido un régimen sancionador. Nuestra Constitución, en su artículo 25.1, determina que el rango de dicha norma tiene que ser una ley, por eso presentamos este proyecto de ley sobre precursores explosivos. Señorías, España no puede estar en esta materia al margen de Europa. Tenemos que ser vanguardia, tenemos que estar coordinados, debemos actualizar nuestro marco normativo y seguir formando parte de esa avanzadilla que trabaja para prevenir cualquier actuación terrorista posible.
Señorías, me van a permitir que les exponga brevemente cuál es el contenido de dicho proyecto de ley. El capítulo I establece como objeto de la ley regular el sistema de licencias que permita a los particulares introducir, adquirir, poseer o utilizar en España precursores de explosivos restringidos, así como la comunicación por parte de los operadores económicos de las transacciones sospechosas y de la sustracción o desaparición de precursores de explosivos, además del régimen sancionador aplicable en caso de infracción de las disposiciones del reglamento de la Unión Europea. Señorías, se define su ámbito de aplicación, que comprende las sustancias recogidas en los anexos del reglamento de la Unión Europea, entre las que se incluyen algunas sustancias que están presentes en productos destinados a los particulares, como pueden ser limpiadores para piscinas, herbicidas o combustibles para los aviones de aeromodelismo. Les pongo un ejemplo, hay determinadas sustancias, como el peróxido de hidrógeno, el nitrometano, la acetona o el ácido nítrico, que son utilizados por los particulares con fines legítimos para diversos usos. Siguiendo con los ejemplos, el peróxido de hidrógeno, conocido por todos vulgarmente como agua oxigenada, lo usamos habitualmente con fines medicinales o para limpiar piscinas, blanquear la ropa o el pelo. La industria lo usa con mayores concentraciones para blanquear telas o pastas de papel, y puede ser además combustible de cohetes. Como ven, un uso lícito que es muy variado. Sin embargo, en altas concentraciones puede causar combustiones espontáneas en contacto con material orgánico o con algunos metales. Cito otro ejemplo, el nitrometano, que es un compuesto orgánico utilizado como disolvente de limpieza y como base para la fabricación de productos farmacéuticos y plaguicidas, explosivos, fibras y recubrimientos. Al parecer, también se utiliza como combustible en los coches de carreras y en los motores de los aviones de aeromodelismo y coches de radio control. Pero, además, señorías, puede convertirse en un explosivo de fabricación casera para atentados terroristas. Así, podría seguir poniéndoles ejemplos, pero creo que ya se han podido hacer una idea clara de lo que estamos hablando.
Señorías, a la relativa facilidad con la que se pueden conseguir estas sustancias se suma el problema de que resulta sencillo encontrar en Internet vídeos y archivos que explican cómo construir una bomba con todos estos compuestos que les acabo de destacar. Por eso es tan importante que conozcamos quién y cuándo se hacen las transacciones, por lo que también se incluye en este capítulo la remisión expresa al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para designar el punto de contacto nacional al que se comunicarán las transacciones sospechosas y la sustracción y desaparición de los precursores de explosivos.
En el capítulo II se regulan todas aquellas cuestiones relacionadas con la licencia que deberán obtener, con carácter previo, los particulares que pretendan adquirir, poseer, utilizar o introducir en España los precursores de explosivos restringidos por encima de los porcentajes permitidos, y será obligatorio obtener la correspondiente licencia que, además, tendrá que exhibir antes de efectuar cualquier transacción con particulares y que tendrá un periodo de vigencia de un año como máximo. Como esta licencia es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, se establece, para comodidad y para facilitar la adaptación, el plazo de dos años... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor ministro. Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa). Continúe, señor ministro.
Decía que se establece el plazo de dos años para exigir el cumplimiento de esta obligación, y no será hasta entonces, es decir, pasados estos dos años, objeto de sanción. Además, por seguridad, los particulares tendrán que comunicar la sustracción o desaparición de las sustancias autorizadas por la licencia al punto de contacto nacional en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tenga conocimiento de la misma.
El capítulo III va dedicado a dos cuestiones imprescindibles para la aplicación del reglamento. Por una parte, se impone la obligación a los operadores económicos de conservar durante cinco años los datos relativos a cada operación. Cada operación que realicen deberá conservar durante estos años todos los datos al respecto, y ello mediante un registro interno de la información correspondiente a cada transacción. Y, por otra parte, se establece que los operadores económicos deberán comunicar las transacciones con precursores explosivos que consideren sospechosas o cuando hayan tenido lugar sustracciones o desapariciones.
En el capítulo IV se regula el régimen sancionador aplicable. Señorías, se prevé un catálogo de infracciones muy graves, graves y leves en función de que puedan ser cometidas por operadores económicos o por particulares. Aunque las sanciones podrán ser económicas, adicionalmente se podrá imponer a los operadores económicos la suspensión de las actividades autorizadas con los precursores de explosivos o la revocación de la licencia correspondiente a los particulares, con la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de tiempo determinado. La competencia para sancionar se atribuye en este proyecto de ley al secretario de Estado de Seguridad por la comisión de infracciones muy graves, a los delegados del Gobierno en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por la comisión de las infracciones graves, y a los subdelegados del Gobierno en las provincias por la comisión de las infracciones leves. Como pueden ver, señorías -y voy concluyendo-, este proyecto de ley no es fruto de la improvisación, sino de la reflexión y del trabajo coordinado en el que han participado diversos ministerios y durante los cuales se ha sometido al trámite de audiencia pública. En este trámite de audiencia pública han tenido la oportunidad de participar la Federación empresarial de la industria química española, la Asociación nacional de fabricantes de fertilizantes y la Asociación comercial española de fertilizantes, que representan -les aclaro- a la mayor parte de los operadores económicos que se van a ver afectados por esta norma. Ahí están incluidos los fabricantes, los importadores, los transitarios y los almacenistas de los precursores, y les garantizo que sus consideraciones y sugerencias han sido muy valoradas por el ministerio. Señorías, no podemos retrasar más su aprobación porque esta norma, como decía al comienzo de mi intervención, es absolutamente necesaria para evitar males mayores, por lo que espero contar con el apoyo en este trámite.
Si me permiten, voy a terminar mi intervención con las palabras del Consejo de Estado en su informe sobre este proyecto de ley, que me parecen muy acertadas y definitorias. Dice textualmente: La valoración general de la norma sometida a consulta debe ser favorable. La ley que se proyecta aprobar permitirá el mejor cumplimiento de los objetivos de la normativa en la materia, es decir, la protección de los ciudadanos y residentes ante los ataques explosivos y bombas fabricadas con determinados materiales, y el control de los sujetos que comercian con ellos con fines ilícitos. En el debate de hoy y con las posibles enmiendas que se puedan presentar, creo sin duda alguna que el texto podrá enriquecerse. Y les puedo asegurar que el principal objetivo que persigue el Gobierno y el Ministerio del Interior con este proyecto es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los residentes en nuestro país.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la enmienda presentada y en su caso para fijar posición, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
Señor ministro, sabemos que este proyecto de ley es necesario para la correcta aplicación del reglamento; sabemos también, ministro, que este país está en nivel de alarma antiterrorista 4 sobre 5, y la cosa nos preocupa. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Pero es
precisamente por estos motivos por lo que no entendemos que este proyecto de ley no hable de participación, de intervención, de integración ni de comunicación con los demás cuerpos y fuerzas de seguridad. Ustedes saben que los Mossos d´Esquadra son la policía integral en Cataluña y que tienen competencias en seguridad ciudadana y crimen organizado. Por eso no entendemos por qué del articulado de este proyecto de ley no se desprenden los conceptos a que antes me refería: participación, intervención y, sobre todo, comunicación. Porque abordar la lucha antiterrorista con diferentes cuerpos del Estado, sin comunicación entre ellos, sin programación entre ellos y sin participación entre sus actuaciones, sin duda es dificultar el trabajo de nuestros agentes de seguridad.
Un proyecto de ley como este debería construirse sobre la base que tiene el Estado, que es una base plural y rica, donde conviven diferentes cuerpos de seguridad con distintas competencias y con distintas responsabilidades cada uno de ellos. Y anularlas o hacer como que no existen, que es lo que hace este proyecto de ley -como si quisieran ustedes construir un búnker donde preservar las competencias y el trabajo de las policías y las fuerzas de seguridad del Estado-, nos parece poco apropiado en un momento como el que vivimos, un momento en el que usted se ha referido a la necesidad de preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos del Estado. Hechos recientes nos recuerdan a nosotros y a usted, señor ministro, que ahora más que nunca la coordinación entre cuerpos, la creación de espacios de debate, de coordinación, para que la información pueda fluir son más importantes que nunca. La semana pasada tuvimos informaciones recientes y, afortunadamente, no tuvimos que lamentar un final dramático. Vamos lentos en la convocatoria de los órganos que sirven para la coordinación de cuerpos. Sabemos la predisposición del ministro, pero el retraso no es imputable solo a usted, sino que viene de lejos. Vamos lentos y, como vamos lentos constituyendo los espacios de debate, de coordinación, que ya tenemos previstos, miramos con recelo un proyecto de ley que ni siquiera prevé nuevos espacios de coordinación.
Ese es el motivo principal de nuestra enmienda a la totalidad, porque creemos que un proyecto de ley como este no puede anular o hacer como que no existen otros cuerpos de seguridad que deben participar de las actividades, de las actuaciones, de las coordinaciones y, sobre todo, de las intervenciones previstas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nuestra enmienda a la totalidad al proyecto de ley que usted presenta es, precisamente, porque creemos que es peligroso aventurarse a aprobar un proyecto de ley que no prevé la interacción entre cuerpos, no solo en Cataluña, sino en otros territorios del Estado que cuentan con sus policías integrales. Por eso, vamos a mantenerla y esperamos contar con todos aquellos grupos parlamentarios que consideren que la interacción entre cuerpos policiales es absolutamente imprescindible para combatir no solo la lucha antiterrorista, sino un mal uso de los explosivos.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.
Como ha explicado el ministro en la presentación del proyecto, el origen es una norma comunitaria para identificar sustancias aptas para la fabricación de explosivos, que dio origen al Reglamento de la Unión 98/213, sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, es decir, sustancias y mezclas químicas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de explosivos. Con esta base, este proyecto de ley tiene como objetivo controlar las transacciones entre los operadores económicos, evitando así su desvío ilícito y empleo para atentar contra la seguridad de las personas. A tal fin, el proyecto se sustenta en dos ejes fundamentales: la exigencia de licencia para los particulares que vayan a disponer de estas sustancias y la obligación de facilitar los datos de estas transacciones, así como la comunicación de las transacciones sospechosas y de las desapariciones y robos. Se establece, en correspondencia, un régimen sancionador, determinando a estos efectos a la secretaría de Estado como la autoridad competente para otorgar la licencia como punto de contacto nacional para las comunicaciones de transacciones y de sustracciones y la imposición de las sanciones.
Es en este conjunto de atribuciones y funciones en exclusiva a los órganos del Estado, básicamente la Secretaría de Estado de Seguridad, donde manifestamos nuestra discrepancia con el proyecto de ley. No compartimos que se prescinda de forma absoluta de las comunidades autónomas que cuentan con competencias en policía propia y con policías integrales a fin de que dispongan la información que prevé el texto del prelegislador, máxime cuando el objeto final de los controles es evitar, precisamente, la
fabricación de explosivos que puedan ser utilizados para atentar contra la seguridad de las personas, es decir, una de las funciones esenciales que debe desempeñar una policía integral como lo son, en este caso, los Mossos y la propia Ertzaintza. Sin embargo, el texto del proyecto confía el control preventivo genérico a órganos puramente administrativos, planteando toda la regulación en una fase prepolicial, omitiendo así la existencia, como decía, de cuerpos policiales autonómicos que tienen vinculación directa con los objetivos pretendidos por el proyecto de ley y como antecedente en el mismo reglamento de la Unión ya citado y desconociendo que en materia de seguridad pública tiene dos ámbitos según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Uno, una dimensión puramente jurídica, consistente en una serie de facultades administrativas de distinta naturaleza y finalidad a la dimensión propiamente material policial, pero que son inescindibles de este último ámbito por serle inherente y complementario, es decir, una dimensión jurídica y una dimensión material policial.
Incluso la misma Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2001, alejándose de esa otra jurisprudencia citada y en un caso cercano al que ahora debatimos como lo fue el enjuiciamiento de la Ley 3/1996, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles para la fabricación ilícita de drogas -un caso equivalente- manifestó que -y leo literalmente- dentro de la inconcreta definición de los actos propios de los cuerpos de policía, no hubiera sido rechazable constitucionalmente que el control atribuido a los órganos del ministerio pudiera haberse atribuido a cuerpos policiales también autonómicos como actividad inherente o complementaria a la propia de los mismos. En este proyecto el prelegislador no ha optado por esta alternativa, constitucionalmente admitida por el Tribunal Constitucional. Por ello, manifestamos nuestra discrepancia.
Por otro lado, si este proyecto es finalmente tomado en consideración por esta Cámara legislativa, formularemos las oportunas enmiendas a fin de que las policías autonómicas integrales, como lo es la Ertzaintza, sean consideradas como punto de contacto en su respectivo ámbito territorial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del proyecto, además de requerir la articulación de mecanismos de intercambio de información sobre las licencias que se otorguen y sobre las transacciones de precursores de explosivos que realicen los operadores económicos en los términos previstos legalmente, ya que, tal y como alienta el Tribunal Constitucional en la ya citada Sentencia 235/2001, es una información que pudiera ser relevante para la puesta en práctica con eficacia de las medidas reactivas de carácter policial que deban en su caso llevarse a efecto y, en su caso, por la propia policía autonómica. Por tanto, plantearemos las enmiendas en el sentido explicitado.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señorías, buenos días.
Entiendo que debatir hoy por la mañana una cuestión tan poco sexi como esta puede resultar incluso para muchos aburrido. Sin embargo, creemos que este real decreto que trae el Gobierno es importante y necesario; necesario para la industria porque también se ve obligada como fabricante, almacenadora y distribuidora de este tipo de productos a tener una regulación. A los partidos liberales nos gusta muy poco la regulación, nos gusta muy poco que tengamos que legislar y regular sobre cómo limitar en muchas ocasiones el trabajo de todos estos profesionales que se dedican a hacer con estos productos algo de bien para la sociedad y no el mal. Pero entendemos que aquí debe prevalecer el sentido de Estado en la seguridad y la seguridad de todos los españoles es el principio básico que debe regir en casos como este. Por tanto, estamos dispuestos a que este tipo de actividades se regulen en aras de la seguridad de todos.
Señorías, más de un tercio de los detenidos en España por actividades relacionadas con el Estado Islámico desde mediados de 2013 estaban inmersos en células terroristas. Muchos de ellos en el momento de ser detenidos tenían documentos en los que se explicaba cómo preparar atentados con este tipo de explosivos. Es más, lo tienen ustedes en Youtube, no es muy difícil. Esto pone de manifiesto que la prevención es necesaria para entender que este tipo de actividades han de ser reguladas. Además, son preocupantes las noticias que aparecen de forma continuada en la prensa, donde se recogen amenazas terroristas y amenazas yihadistas, en las que hablan de reconquistar Al Andalus o de realizar la yihad en España. Ante todo esto hemos de tener precaución. Sin ir más lejos, señorías, la Guardia Civil encontraba ayer en Guipúzcoa un zulo de ETA con explosivos. Esto significa que la amenaza no ha caído, que está ahí y que, por tanto, hemos de seguir vigilantes ante la misma.
Ante este escenario, retrasar con fines partidistas la tramitación de este proyecto de ley cuando la seguridad de nuestros ciudadanos hoy por hoy está más en juego que nunca, resulta una verdadera irresponsabilidad carente de justificación. Señores que han propuesto la enmienda a la totalidad sin texto alternativo, señores de la antigua Convergència, ¿saben ustedes quién era un precursor? El señor Millet, ese sí que fue un precursor, pero no de explosivos, sino del 3 %, del 4 % y del 5 %. (Aplausos). Ese es un precursor.
No es razonable para nosotros que la supuesta omisión a la que ustedes aluden en su enmienda a la totalidad conduzca a la devolución de un proyecto de ley como este. Este es un proyecto de ley que es importante para la seguridad de todos los ciudadanos y les digo una cosa: Esa devolución contiene un efecto inadmisible para nosotros, que es retrasar aún más la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de normas adecuadas y necesarias para hacer frente al terrorismo y a esta amenaza. Consideramos que esta futura ley debe cobrar especial relevancia en este importante momento ya que nuestro ordenamiento carece de normativa específica para regular estas transacciones. La sociedad española necesita que nuestro ordenamiento jurídico esté basado en unas normas capaces de afrontar la amenaza terrorista a través de un procedimiento legislativo en el que se puedan introducir todas aquellas modificaciones que sean oportunas para la regulación. Esta enmienda que ustedes presentan, señores del Partido Demócrata Catalán, tiene una única motivación, y es que no se contempla la participación de los Mossos d´Esquadra en este proyecto de ley. Si ustedes quieren incluirlo, salven este aspecto dentro de la tramitación mediante enmiendas, presenten una enmienda puntual, presenten una enmienda a la totalidad, pero con un texto articulado. Nosotros creemos que el procedimiento parlamentario está establecido y regulado para permitir a todos los grupos la participación en la elaboración de las leyes, satisfacer los objetivos políticos que cada grupo parlamentario considere adecuado y que son lícitos dentro de esta Cámara, señorías. Pero lo que no es lícito, desde nuestro punto de vista, es intentar retrasar la entrada en vigor de un proyecto de ley que es urgente e importante para todos nosotros.
Señorías, devolver este proyecto de ley, teniendo en cuenta los intereses que están en juego, es un verdadero despropósito y una irresponsabilidad por parte del grupo proponente.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Gutiérrez Vivas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.
El señor DELGADO RAMOS: Gracias, señora presidenta.
Señor Miquel, su grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad planteando, entre otras cosas, la cuestión de competencia entre los diferentes cuerpos de policía. Las competencias entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están recogidas básicamente en la Ley 2/1986. Es cierto que existen problemas de competencia, pero no solo con las policías autonómicas, sino también entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, por ejemplo, en materia de coordinación.
En esta ley vamos a debatir sobre la creación de un registro, pero es que ni siquiera hoy por hoy Policía Nacional y Guardia Civil comparten una misma base de datos y estamos hablando de dos cuerpos de policía que están integrados en un mismo ministerio, por lo que más difícil será lo otro. Es decir, tenemos pendiente y es urgente la reforma de la Ley 2/1986. Pero el problema no se plantea con esta ley sobre precursores de explosivos, el problema está en la Ley 2/1986, una ley que ha quedado obsoleta y que es imposible que cumpla los objetivos para los que se creó, porque después de treinta años y con lo que ha cambiado desde entonces la seguridad pública, no puede llevar a cabo los objetivos para los que se creó. No encontrará usted -aprovecho para decírselo también al señor ministro- ningún sindicato de la Policía, ninguna asociación de la Guardia Civil ni ningún colectivo que defienda la Ley 2/1986. Es decir, están esperando, además porque es urgente, a que se reforme, a que se regule para que no haya problemas de competencia. Yo creo que es el momento oportuno porque, como ha dicho usted mismo, estamos en alerta 4 y las cuestiones de terrorismo a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional es un tema de suma importancia. Como le digo, esta ley es obsoleta y está desfasada.
Dicho esto, también le tengo que decir que no vamos a solucionar los problemas del sistema policial españoles no aprobando o estando en contra de esta ley de precursores de explosivos. Los antecedentes del proyecto de esta ley se remontan al 18 de abril del año 2008, fecha en la que el Consejo de la Unión Europea aprobó el Plan de acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad de los explosivos. El
objetivo de este plan fue reforzar el control de los explosivos de fabricación ilegal y reducir el riesgo de acceso por parte del público en general a un nivel de sustancias y mezclas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos. De este plan se aprobó el reglamento, que intenta regular sobre todo la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. Este reglamento surgió como consecuencia de la preocupación en toda Europa sobre la amenaza para la seguridad pública que constituyen tanto el terrorismo como otras actividades delictivas graves relacionadas con el crimen organizado. Todavía están presentes en la retina y en la memoria de los europeos los atentados terroristas que han acabado con cientos de vidas de personas. Las constantes amenazas terroristas han obligado a los países europeos a trabajar en políticas y en normas que prevengan y neutralicen estas amenazas, y esta es la razón del reglamento de la Unión Europea; es decir, constituir un mecanismo de coordinación entre los Estados y controlar las transacciones económicas que diariamente se suceden en nuestros países, en las que se ponen a disposición de particulares sustancias y mezclas que pueden ser utilizadas para la fabricación de explosivos de forma ilícita. Este mecanismo incluye normas armonizadas sobre la introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos. Sin embargo, este reglamento contiene una serie de previsiones que hace necesaria la aprobación de una ley en cada Estado para que pueda aplicarse correctamente, como por ejemplo las normas que regulan la concesión de licencias a personas particulares para la adquisición y uso de precursores de explosivos; o todo lo relacionado con el régimen sancionador en los casos de incumplimiento de esta normativa.
Nuestro grupo siempre va a apoyar medidas que sirvan para perseguir el terrorismo. Eso sí las medidas legislativas deben respetar escrupulosamente el Estado de derecho; es decir, las libertades y los derechos fundamentales que tienen todas las personas. Las normas tienen que estar encaminadas a la búsqueda de la paz y la seguridad. Por ello es lógico que legislemos sobre mecanismos que permitan prevenir y anticipar las amenazas terroristas. De eso trata este proyecto de ley, de regular el uso de aquellas sustancias que puedan ser utilizadas como precursores de explosivos. Desde luego, tiene que ser respetuosa con el Estado de derecho. Nosotros abogamos por reforzar el Estado de derecho y no por recortar el Estado de derecho. Por eso es importante que las normas, cuando se apliquen, no abriguen una doble intención de recortar derechos con el objetivo de luchar contra el terrorismo en el ámbito europeo. Por lo tanto, entendemos que es importante que se lleve a cabo esta normativa, que viene además por obligación de la Unión Europea y nosotros creemos que puede servir para mejorar y reforzar el Estado de derecho y, lógicamente, para combatir el terrorismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Delgado Ramos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella Gómez.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, esta enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Partit Demòcrata Català, firmada por su portavoz, el señor Homs, no goza de oportunidad ni se atiene al espíritu del proyecto de ley ni al interés general, al propiciar un retraso innecesario que se acumularía al ya provocado por el actual Gobierno del señor Rajoy; retraso que ha ocasionado ya que el 30 de septiembre de 2016 la Comisión Europea iniciara un procedimiento a España por incumplimiento; retraso que ha sido denunciado por el propio Consejo de Estado, que en su dictamen de noviembre de 2016 destaca claramente que resulta oportuno tramitar con mayor premura anteproyectos como el que hoy está sometido a consulta.
La necesidad de mayor control y seguridad en el acceso a sustancias susceptibles de ser utilizadas como explosivos ha sido ampliamente tratada aquí, así que no me entretendré en ello, pero sí debo decir que nuestro grupo considera que, por seguridad nacional, lo que procede es recuperar el tiempo perdido. Por ello les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista no está a favor de la devolución del proyecto y votará, en consecuencia, en contra de la enmienda del PDeCAT. En el Grupo Socialista consideramos que las cuestiones que han planteado como factor de enmienda a la totalidad pueden ser perfectamente recogidas en el posterior desarrollo reglamentario y en su tramitación, y que desde luego no son motivo de devolución. Además, en el caso de la competencia, que sería una cuestión central, a través de la Constitución y de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está claramente centrado como una competencia del Estado y como una competencia exclusiva de la Guardia Civil. Pero les digo más, la misma Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantiza y establece los mecanismos adecuados para que se produzca esa colaboración y esa coordinación entre las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las diferentes comunidades autónomas, y centra los órganos de coordinación.
Pero ese no es el verdadero problema; el problema, señorías, sobre todo del Partit Demòcrata Català, no es ni el proyecto de ley de precursores de explosivos ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los Mossos d'Esquadra -en definitiva, todos estos argumentos que se han venido dando ahora-, sino la falta de lealtad institucional y que la información no fluya como debiera entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya. El problema es que ni por parte de la Generalitat ni por parte del Ministerio del Interior, bajo el mandato del PP, se están utilizando todos los mecanismos y los órganos de coordinación que la ley establece. El problema es que la Junta de Seguridad de Cataluña, que es el órgano competente de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra, hace ocho años que no se reúne, desde la época del ministro Rubalcaba. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El problema es que uno y otro, PDeCAT -antigua Convergència, de máxima actualidad hoy- y el Partido Popular, tienen sendos problemas graves ante la justicia por presunta financiación irregular y ambos han estado bien atentos al business cuando Convergència y Partido Popular pactaron la Ley de seguridad privada mientras los socialistas denunciábamos ya actuaciones de policía política en Cataluña. (Aplausos). Nosotros, los socialistas, alertábamos y ustedes acordaban, y el problema es que todo eso, el business, la supuesta financiación irregular, la policía política, la seguridad privada les distrae de lo principal, que es garantizar la seguridad de todos, señorías del PDeCAT y señorías del Partido Popular, garantizar la seguridad de catalanes y españoles.
Así que la pregunta es qué está pasando en este país cuando puede ser más explosiva la incompetencia y la irresponsabilidad de un Gobierno, de una parte, y los terribles casos de corrupción por presunta financiación irregular que están asolando tanto a la antigua Convergència como al Partido Popular, por otra, que las propias sustancias explosivas sobre las que ahora estamos legislando. ¿Qué está pasando con este Gobierno del Partido Popular que en el proceso de tramitación de este proyecto de ley ha contribuido a que haya deficiencias que han sido señaladas ya por el Consejo de Estado, obviándose participaciones tan importantes para este proyecto de ley como sería la del Ministerio de Defensa, la de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, la de la Agencia Española de Protección de Datos o la del Consejo Nacional de Protección Civil? Eso es lo que nos tiene que preocupar. Nosotros creemos que nos vamos a tener que emplear bastante a fondo en la tramitación de esta ley en la Comisión de Interior para subsanar esta antigua etapa del ministro Fernández Díaz, y espero que en la nueva etapa, con el ministro Zoido a la cabeza, podamos realmente sacar adelante este proyecto de ley respecto al que, como decíamos todos los que hemos intervenido aquí, debemos tener como objetivo principal la seguridad de todos los españoles. Buenas dosis de trabajo e interés general es lo que necesitamos ahora, y la enmienda a la totalidad que tenemos que plantear es una enmienda a la lealtad institucional.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
Señorías, me gustaría comenzar mi intervención felicitando a los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas por la lucha constante y diaria que hacen por una España más segura contra el terrorismo y el crimen organizado.
Aunque no lo quería hacer, quiero empezar diciendo que hoy aquí el Partido Socialista recriminaba al Partido Popular porque había tardado en traer este proyecto de ley. Eso habrá sido por el bloqueo político al que ustedes han sometido a este país, porque precisamente el ministro, un mes después de ser nombrado, ha presentado al Consejo de Ministros este proyecto de ley; ha tardado treinta días en presentar el proyecto de ley. (Aplausos). El bloqueo fue por culpa de ustedes.
Señorías, debatimos este proyecto de ley y lo aplaudimos. Era muy necesario. Es el primer compromiso con la seguridad, el compromiso que el ministro expuso en la Comisión de Interior. Nosotros, al igual que la Unión Europea, estamos sometidos a la barbarie del terrorismo yihadista y al crimen organizado, la mayor amenaza a la que se enfrentan las sociedades que queremos vivir en libertad y en igualdad. Quiero recordar -así se hizo ya por parte del ministro- que España está en nivel de alerta 4 de 5 y que cuando nos enfrentamos a este fenómeno lo tenemos que hacer con los compañeros de la Unión Europea y por eso esta ley es fruto de ese reglamento que aprobó la Unión Europea para todos los países de la Unión. (Rumores). Como sus señorías conocen, productos tan inofensivos que tenemos en casa como un
detergente, un blanqueante, una pasta de dientes o un champú pueden ser un arma de destrucción, como ha sucedido en Oslo, en los atentados del Reino Unido o como ha sucedido recientemente en París y en Bruselas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Vázquez.
Señorías, guarden silencio. Adelante.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Y el ministerio ante esto, ante las dos opciones de prohibir o permitir la venta bajo licencia, permitió la venta bajo licencia, porque no quería ocasionar un daño económico a los distribuidores y a los comerciantes de este país, permitiendo incluso dos años para adaptarse a esta norma. Asimismo, obligó a la comunicación que se debe hacer en caso de sustracción de estos explosivos o de estas sustancias que pueden derivar en explosivos.
Se ha hablado aquí de respeto a la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, miren, lo prioritario es la seguridad de las personas; lo ha dicho el otro día el secretario de Estado de Seguridad: la prioridad es la seguridad de las personas. Efectivamente, se lleva hablando mucho tiempo de coordinación, pero hoy no es el momento, hoy estamos hablando de cómo proteger mejor a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, y no podemos meternos en un debate sobre coordinación que le puedo decir -llevo aquí desde el año 2000- que es cansino; desde el año 2000 llevamos hablando de lo mismo. Señores, hoy aquí el Partido Demócrata Catalán ha presentado una enmienda a la totalidad sin texto alternativo. Yo quería estudiar ese texto alternativo, pero no lo han presentado, simplemente han defendido su discurso soberanista, su discurso de separación con España y su discurso de ayudar a las instituciones cuando lo que tienen que defender es la seguridad de las personas por encima de la seguridad de las instituciones.
La Constitución, en el artículo 149.1.26.ª, dice claramente que la competencia en materia de explosivos es del Estado. La Ley de Seguridad Ciudadana también dice claramente que la competencia en precursores de drogas y de explosivos es del Estado y hay sentencias que lo reiteran. El terrorismo y el crimen organizado no entienden de territorio catalán. Tenemos en mente lo que sucedió en Mina Conchita. Salió de Burgos, de Burgos pasó por varias localidades de Asturias y de Asturias acabó en unos trenes en Madrid donde nunca tenía que haber llegado. No hay territorios para el terrorismo. Por eso les pido que lleguemos a un consenso con esta ley, que es necesaria, y que intentemos en este plazo de enmiendas, que se ha ampliado por parte del Grupo Parlamentario Popular, llegar a un acuerdo, al acuerdo mayor.
Señores del Grupo Socialista, no quería hablar de este tema, pero es que me parece vergonzoso que en una ley en la que hablamos de explosivos y de seguridad de los ciudadanos ustedes hablen una y otra vez más de financiación de los partidos. Les digo una cosa, aquí el único partido que tiene a dos expresidentes de nivel nacional imputados es el Partido Socialista, a Griñán y a Chaves, así que no den lecciones de democracia a los demás partidos. (Aplausos). Y respeto institucional hacia el Congreso lo deberían tener todos, y hoy deberíamos estar hablando de esta ley que va a hacer un país más seguro frente al terror.
En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).
Señorías, va a comenzar la votación.
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 2 votos telemáticos, 335; a favor, 327 más 2 votos telemáticos, 329; en contra, 4; abstenciones, 2.
Pasamos a continuación a la solicitud de la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Procedemos a votar dicha solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 2 votos telemáticos, 336; a favor, 7 más 1 voto telemático, 8; en contra, 327 más 1 voto telemático, 328.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 257; en contra, 69; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre la protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de septiembre de 2016.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 243; en contra, 86; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios en la votación conjunta de los dos siguientes asuntos que tienen ustedes repartidos y no les leeré.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 324; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, votamos la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley sobre precursores de explosivos por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Homs.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 20; en contra, 305 más 2 votos telemáticos, 307; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: A continuación votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre precursores de explosivos presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Homs.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 92; en contra, 243.
- PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES POR LA QUE SE TRANSPONE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2014/25/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. (Número de expediente 121/000003).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, presentada por los grupos parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 124; en contra, 211 más 2 votos telemáticos, 213.