Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/st377_00.html
Timestamp: 2019-08-22 22:40:42
Document Index: 339274898

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 38', 'artículo 29', 'artículo 509', 'artículo 316']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-377_2000]
En el asunto sub iudice la Sala encuentra que la petición de certificación de la existencia de un trámite procesal que se adelantó en el juzgado accionado es un acto judicial que no puede ser regulado por los actos propios de la administración pública. En efecto, la certificación judicial es un acto reglado, pues el juez de conocimiento sólo puede expedir esta clase de documentos cuando la ley expresamente lo autoriza. Constituye una regla general del procedimiento civil que "los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley". Por lo tanto, la Sala comparte el criterio expuesto por el juez de primera instancia, según el cual la presentación del escrito de excepciones es un hecho que consta por escrito y que puede demostrarse con el correspondiente sello del despacho.
- En razón a que el representante legal de la compañía demandada se encuentra en Santa Fe de Bogotá, el juzgado de conocimiento resolvió comisionar "al señor juez civil del circuito de Santa Fe de Bogotá (turno), para que por su intermedio lleve a cabo la diligencia de notificación personal del Representante Legal de la entidad demandada Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. señor JOAQUIN VEGA GARZÓN…" (auto del 9 de julio de 1997).
2.1. Mediante auto del primero de febrero del presente año, esta Sala resolvió poner en conocimiento de la solicitud y de los fallos proferidos dentro del proceso de la referencia, a la Sociedad Servicios de Dragados y Construcciones Ltda., por cuanto las decisiones que se profieran en el presente asunto podrían afectar a un tercero que no fue notificado. En efecto, la sociedad en comento intervino en el proceso para manifestar que la accionada "ha tratado por todos los medios tanto en el Juzgado 7º Civil del Circuito como en los juzgados 13 Civil del Circuito y 2º Civil del Circuito de entorpecer el curso legal de dichos pleitos".
2.2. De otra parte, la Sala Sexta de Revisión consideró indispensable la práctica de pruebas en el presente asunto, pues los elementos probatorios que se encontraban en el expediente eran escasos y confusos. De ahí pues que, la Sala ordenó la práctica de una inspección judicial en el juzgado accionado y solicitó reiteradamente el envió de documentos por parte del Juzgado 7º Civil del Circuito de Barranquilla y de la actora. Así pues, con base en el material probatorio recolectado la Sala reseñó los hechos de esta sentencia y, además constató lo siguiente:
- Copia autenticada del auto del 9 de julio de 1997, en donde resuelve: "comisiónese al señor juez civil del circuito de Santa Fe de Bogotá (turno), para que por su intermedio lleve a cabo la diligencia de notificación personal del Representante Legal de la entidad demandada Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. señor JOAQUIN VEGA GARZÓN…"
- Copia del despacho comisorio 236 debidamente diligenciado. En aquel se hace saber que: "dentro del proceso ejecutivo No. 4094 de Servicios de Dragados y Construcciones Limitada contra Compañía Aseguradora de Fianzas S.A se dictó providencia de fecha julio 9 de 1997, en donde se le comisiona para que por su intermedio se lleve a cabo la diligencia de notificación personal del auto de mandamiento ejecutivo de fecha mayo 20 de 1997 al representante legal de la entidad demandada señor Joaquín Vega Garzón, quien puede ser localizado en la calle 82 No. 11-37 de esta ciudad de Santa Fe de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 del C. de P.C, se acompaña al presente exhorto copia debidamente autenticada de la mencionada providencia.- Se libra el presente Despacho Comisorio en Barranquilla a los nueve (9) días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete (1.997)"
3. En abundante jurisprudencia[1], la Corte Constitucional ha sostenido que las personas jurídicas pueden invocar la acción de tutela para la protección de algunos derechos fundamentales que puede ser titular. En efecto, la doctrina constitucional puede sintetizarse en las siguientes premisas:
a) De acuerdo con el artículo 86 de la Carta y el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser instaurada por "toda persona". Por ende, si las normas no diferencian no le es dable al intérprete hacerlo.
b) Pese a lo anterior, no todos los derechos fundamentales pueden predicarse de las personas jurídicas, pues algunos de ellos se refieren exclusivamente a la persona humana. Por consiguiente, la persona jurídica no puede exigir el amparo del derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11 de la Carta); la prohibición de la desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12 ibídem); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15 ibídem); entre otros.
c) Así las cosas, la persona jurídica puede ser titular de los siguientes derechos fundamentales: la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 C.P.), el derecho de petición (artículo 23 C.P.) la libertad de asociación sindical (artículo 38 C.P.) y el debido proceso (artículo 29 ibídem). Estos derechos nacen de su condición de sujeto que existe y ocupa un espacio dentro de la sociedad.
d) Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías[2] :
En este orden de ideas, la Compañía Aseguradora de Fianzas "Confianza S.A" podía solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición. Por esta razón, la Sala entrará a analizar si, como lo afirma la accionante, la omisión del juzgado accionado transgredió los artículos 23 y 29 superiores.
4. En relación con el derecho de petición, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional[3] ha establecido estos parámetros:
5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que "las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso"[4]
Así las cosas, constituye una regla general del procedimiento civil que "los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley" (art. 116 C.P.C.). Por lo tanto, la Sala comparte el criterio expuesto por el juez de primera instancia, según el cual la presentación del escrito de excepciones es un hecho que consta por escrito y que puede demostrarse con el correspondiente sello del despacho.
Tal y como la jurisprudencia lo ha expresado en varias oportunidades, el debido proceso es un "derecho público subjetivo"[5] que institucionaliza el principio de legalidad en el procedimiento[6], toda vez que impone el deber jurídico de juzgar, investigar, sancionar y resolver conflictos con base en las formas propias de cada juicio, que el Legislador predetermina dentro de su libertad de configuración política (art. 29 C.P.). Por consiguiente, el debido proceso contiene un conjunto de garantías que se colocan en movimiento para la búsqueda del orden justo[7] y para el logro de la igualdad de las personas en el acceso y en las condiciones del procedimiento[8], dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los derechos de defensa, contradicción y de acceso a la justicia.
9. De lo expuesto surge una pregunta obvia: en razón a la importancia de las excepciones previas en un proceso ejecutivo ¿pueden presentarse en cualquier etapa procesal?. La respuesta es claramente negativa, ya que, como la jurisprudencia constitucional lo ha expresado en varias oportunidades, el debido proceso consiste "no solamente en poner en movimiento el aparato jurisdiccional, a través de los actos de postulación requeridos por la ley procesal, sino en que se surtan los trámites propios del respectivo proceso"[9]. De ahí que "los elementos integrantes del debido proceso tienen la estructura lógica de estándares o reglas que deben ser aplicadas prima facie"[10], por lo que, en principio, no es constitucionalmente posible que el juez o las partes establezcan las reglas procesales que seguirán para administrar justicia en cada caso particular.
10. En relación con la oportunidad procesal para presentar las excepciones en el proceso ejecutivo, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil dispone que el ejecutado puede proponer excepciones "dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que resuelva sobre su reposición". Por lo tanto, la propia naturaleza jurídica del proceso ejecutivo desecha la existencia del término de traslado de la demanda y centra la controversia probatoria en la oportunidad procesal para presentar excepciones previas y de mérito.
11. El único que puede tramitar las excepciones es el juez del conocimiento. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil "cuando quien deba ser notificado personalmente se halle en otro lugar, se hará por comisionado". Si se trata de notificación del mandamiento de pago "el comitente señalará un término prudencial que no podrá exceder de quince días para que el demandado comparezca al proceso, vencido el cual le comenzará a correr los respectivos términos". Así las cosas, la simple lectura de la norma en referencia permite deducir que en aquellas situaciones donde exista notificación por comisión, el término para proponer excepciones previas sólo corre cuando ya venció el término para comparecer al proceso. Por consiguiente, los términos que se conceden al demandado para comparecer al proceso (i) y para presentar excepciones previas (ii), son diferentes.
En este orden de ideas, el juez que adelanta un acto por comisión deberá ceñirse expresa y estrictamente a ella (art. 33 del C.P.C.), como quiera que la comisión implica límites temporales, materiales y funcionales, que no pueden ser sobrepasados por el comisionado sin vulnerar el acto por medio del cual le fue conferida la competencia para actuar"[11]. Por consiguiente, el juez comisionado que actúa por fuera de los lineamientos expresamente señalados por el comitente extralimita sus funciones y vulnera el debido proceso.
Por lo anterior, es indispensable analizar los términos de la comisión en que actuó el juez accionado para conocer si tenía competencia para recibir y tramitar las excepciones previas. En efecto, el auto del 9 de julio de 1997, proferido por el Juzgado 7º Civil del Circuito de Barranquilla resuelve "comisiónese al señor juez civil del circuito de Santa Fe de Bogotá (turno), para que por su intermedio lleve a cabo la diligencia de notificación personal del Representante Legal de la entidad demandada Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. señor JOAQUIN VEGA GARZÓN…".
12. Con todo, podría considerarse que el juzgado comisionado no debió recibir el escrito de excepciones y que de todas maneras debió enviarlo para que el comitente decida la oportunidad de su presentación. En efecto, el argumento es acertado pero no por ello se deduce vulneración del debido proceso, pues el despacho no solo cumplió con las reglas propias del proceso ejecutivo sino que la presentación del escrito de excepciones fue hecha ante un juez que no era competente para recibirlo, no podía alterar el contenido sustancial del proceso ejecutivo. Además, el acto que reprocha la accionante no es totalmente imputable al juzgado, como quiera que ella presentó el escrito de excepciones en un despacho judicial que no tenía competencia para tramitarlas, de ahí que no puede alegar su propia culpa.
13. Finalmente, la Sala observa que el secretario del juzgado, al traspapelar un documento por mas de 2 años, incumplió sus deberes de remitir el memorial al juez del conocimiento y de mantener en orden el archivo de la oficina (art. 14 del Decreto 1265 de 1970), por lo cual podría presentarse una falta disciplinaria que deberá ser analizada por el funcionario competente, si así lo considera pertinente. Por esta razón, la Sala remitirá copia de esta sentencia y de las pruebas recaudadas por la Corte, a la Procuraduría General de la Nación.
Segundo. REMITIR copia del presente fallo y de las pruebas recaudadas por esta Sala en el presente asunto, a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en el numeral 13 de la parte motiva de esta sentencia.
[1] Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-578 de 1992, C-003 de 1993, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-141 de 1996, T-472 de 1996, T-312 de 1999 y T-415 de 1999.
[2] Sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, entre muchas otras.
[4] Sentencia T-334 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[5] Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[6] Puede consultarse la sentencia T-416 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7] En este sentido puede verse la sentencia T-280 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Sentencia C-407 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
[9] Sentencia T-268 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[10] Sentencia C-457 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[11] Sentencia T-074 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz