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Timestamp: 2020-02-22 10:00:47
Document Index: 58962176

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 38', 'artículo 75', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 119', 'artículo 132', 'in fine']

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CCPR/C/ARG/4
Cuarto informe periódico
ARGENTINA* **
[17 de diciembre de 2007]
I. INFORMACIÓN EN SEGUIMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES FINALES 1 - 142 4
A. Párrafo 8 de las observaciones finales 1 - 20 4
B. Párrafo 9 de las observaciones finales 21 - 61 8
C. Párrafo 10 de las observaciones finales 62 - 68 16
D. Párrafo 11 de las observaciones finales 69 - 82 17
E. Párrafo 12 de las observaciones finales 83 - 92 21
F. Párrafo 13 de las observaciones finales 93 - 101 23
G. Párrafo 14 de las observaciones finales 102 - 112 25
H. Párrafo 15 de las observaciones finales 113 - 134 29
I. Párrafo 16 de las observaciones finales 135 - 142 35
II. INFORMACIÓN RESPECTO A LAS NOVEDADES, EN LOS
CASOS EN QUE LAS HUBIERA, RESPECTO A LOS
PROGRESOS EN EL DISFRUTE PLENO DE LOS DERECHOS
RECONOCIDOS EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS DEL
PACTO 143 - 383 37
A. Artículo 1 143 - 146 37
B. Artículo 2 147 - 158 37
C. Artículo 3 159 - 163 39
D. Artículo 6 164 - 174 40
E. Artículo 7 175 42
F. Artículo 8 176 - 204 42
G. Artículo 9 205 - 212 47
H. Artículos 12 y 13 213 - 258 49
I. Artículo 14 259 - 287 57
PACTO (continuación)
J. Artículo 18 288 - 306 62
K. Artículo 20 307 - 309 65
L. Artículo 23 310 - 314 65
LL. Artículo 24 315 - 328 66
M. Artículo 26 329 69
N. Artículo 27 330 - 383 69
CUARTO INFORME PERIÓDICO QUE LOS ESTADOS PARTES
DEBEN PRESENTAR EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 40 DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Nota: En seguimiento a las directrices emitidas por el Comité de Derechos Humanos para la elaboración de los informes periódicos (CCPR/C/66/GUI/Rev.2), el presente informe tendrá dos puntos de partida: el primero se referirá a las observaciones finales emitidas por el Comité luego del examen del tercer informe periódico argentino (CCPR/CO/70/ARG) de fecha 3 de noviembre de 2000, y luego se hará referencia a las novedades -en los casos en que las hubiera- respecto a los progresos en el disfrute pleno de los derechos reconocidos en cada uno de los artículos del Pacto.
A. Párrafo 8 de las observaciones finales
"El Comité, recordando la responsabilidad del Estado Parte respecto del cumplimiento de las obligaciones a tenor del Pacto, recomienda que en el cuarto informe periódico se aclare la jerarquía de los derechos enunciados en el Pacto, con ejemplos concretos de casos en los que se les haya invocado ante los tribunales. El próximo informe debe contener también información sobre disposiciones jurídicas y de otra clase tomadas para la aplicación del Pacto en el plano provincial, con objeto de velar por que toda persona pueda gozar de sus derechos en todo el territorio del Estado Parte."
1. Como fuera informado oportunamente, el orden jurídico vigente en la República Argentina se integra con normas jurídicas que poseen diversa jerarquía y diferentes ámbitos de validez, todos los cuales responden a las pautas que al respecto enuncia la Constitución nacional.
2. La competencia para celebrar tratados corresponde al poder ejecutivo nacional (art. 99, inciso 11, Constitución nacional). Sin perjuicio de ello, entre la celebración de un tratado y la manifestación del consentimiento en obligarse, la Constitución nacional ha previsto un trámite sustancial a cargo del poder legislativo de "aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y las organizaciones internacionales" (art. 75, inciso 22), que hace al principio de la separación de poderes y a su correlato de mutuo control. Ello garantiza la participación de los representantes del pueblo de la nación y de los representantes de las provincias en la decisión de los temas por los que el país se obliga.
3. El texto constitucional, en su artículo 31, establece que los tratados son ley suprema de la nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), intérprete de las normas de la Constitución nacional, tenía resuelto que los tratados y leyes nacionales tenían igualdad jerárquica. Esta jurisprudencia expresada en el fallo Martín & Cia. c. la Administración General de Puertos, resuelto en 1963, fue pacífica hasta 1992.
4. El 7 de julio de 1992, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, al expedirse en el caso Ekmekdjian c. Sofovich cambió esta posición al afirmar "... que en nuestro país los tratados internacionales tienen preeminencia sobre las leyes nacionales". Este fallo se produjo antes de la reforma constitucional de 1994. En esa oportunidad, la Corte Suprema, al decidir un recurso de amparo sobre el "derecho de réplica" que alegaba la actora amparándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundó su fallo en las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificada por la Argentina el 5 de diciembre de 1972 y aplicable en el territorio nacional por la Ley Nº 19865). Se expresó del modo siguiente: "La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es un tratado internacional constitucionalmente válido, que en su artículo 27 dispone "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". La necesaria aplicación de este artículo impone a los órganos del Estado argentino... a asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria".
5. Luego de la reforma de la Constitución nacional de agosto de 1994, el nuevo texto constitucional, en su artículo 75, inciso 22, dispone que: "... los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el poder ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara para gozar de jerarquía constitucional."
6. Posteriormente, por Ley Nº 24820 de 30 de abril de 1997, el Congreso Nacional otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
7. Por otra parte, por Decreto Nº 579/2003 del mes de agosto de 2003, el Presidente de la nación dispuso la adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la cual había sido aprobada por el Congreso Nacional por Ley Nº 24584 del año 1995. En los considerandos del decreto se hace referencia a que "la República Argentina ha dado inicio a una nueva etapa en la que el respeto a los derechos esenciales del hombre, a las instituciones de la democracia y a la justicia social, se han convertido en los pilares fundamentales de la gestión de Gobierno". Asimismo, se menciona que "es intención primordial del poder ejecutivo nacional, contribuir a la concreción de una nación, cuyas bases se sustenten en el pleno respeto de los derechos humanos" y "que nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a diversos documentos internacionales, destinados principalmente a tutelar la dignidad y el valor de la persona humana".
8. El 20 de agosto de 2003, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 25778 promulgada el 2 de septiembre del mismo año por la que se le otorga rango constitucional a la citada Convención, conforme el procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional.
9. De lo expuesto se concluye que dichos instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran equiparados al resto de las disposiciones constitucionales y por encima de la legislación nacional y provincial. Diversas decisiones dictadas por la CSJN han confirmado la mencionada preeminencia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución nacional, la CSJN ha entendido que la costumbre internacional y los principios generales de derecho, fuentes del derecho internacional de conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, integran directamente el orden jurídico. Por ello, en numerosas causas, el Alto Tribunal ha hecho mérito del "derecho de gentes" y de los "principios generales del derecho internacional" aplicando diversos institutos del derecho internacional.
10. Es importante recalcar que las normas contenidas en los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país son directamente aplicables en el orden interno, siendo los derechos, garantías y libertades estipulados en un tratado internacional de derechos humanos, por su naturaleza, operativos.
11. En cuanto a la jurisprudencia de la CSJN respecto a la jerarquía de los tratados, y en adición a lo informado previamente, cabe señalar también que el máximo tribunal ha expedido en el sentido de la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como herramientas para interpretar el contenido de la normativa internacional, con sustento en la frase "en las condiciones de su vigencia". En este sentido, en el precedente "Acosta" ha dicho que la jurisprudencia de los tribunales internacionales para la interpretación y aplicación de las convenciones incorporadas a la Constitución "debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales" (considerando 10).
12. Respecto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ha señalado que "por el principio de buena fe que rige la actuación de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, debe realizar los mayores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones pero no equivale a consagrar como deber para los jueces dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse de decisiones vinculantes para el poder judicial" representan una "guía para la interpretación" de los derechos en juego en el caso concreto (véase también "Felicetti, Roberto y otros s/revisión -causa Nº 2813").
13. Por su parte, el compromiso internacional y la obligación de investigar seriamente y reparar las violaciones a los derechos humanos han sido reconocidos por nuestra Corte Suprema en el precedente "Giroldi", el cual, por su trascendencia, conviene transcribir en su parte pertinente. Allí se expresó que "… a esta Corte (…) le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado (…) ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la nación frente a la comunidad internacional. Asimismo, que la Convención Interamericana debe ser aplicada e interpretada "en las condiciones de su vigencia", es decir, tal como "rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial para los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación" (considerandos 11 y 12).
14. En este orden de ideas, en consonancia con la doctrina del fallo "Barrios Altos" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es preciso recordar que "el origen de la responsabilidad internacional del Estado puede residir en cualquier acto u omisión de cualquiera de los poderes o agentes del Estado (sea del ejecutivo, del legislativo o del judicial)" (punto 9 del voto concurrente del juez A. A. Cançado Trindade). Ello también ha sido puesto de manifiesto en el voto concurrente de los doctores Boggiano y Bossert en el precedente "Acosta", donde esos magistrados han afirmado que las obligaciones emanadas de los tratados internacionales y de las otras fuentes del derecho internacional no pueden verse afectadas "a causa de actos u omisiones de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla", deber este que hacen extensivo a todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero (fallos: 321:3555, considerandos 15 y 16).
15. Paralelamente, se sugiere consultar el anexo I con síntesis de jurisprudencia de los tribunales nacionales en donde se invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
16. Finalmente, en el marco de lo informado precedentemente, resulta importante recalcar que desde la presentación del tercer informe periódico al Comité de Derechos Humanos, la República Argentina ha ratificado los siguientes tratados de derechos humanos, a saber: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
17. Por otra parte, en el mes de diciembre de 2006, la República Argentina ha firmado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En la actualidad, las autoridades competentes se encuentran realizando los trámites necesarios para la aprobación legislativa de este instrumento, con miras a su posterior ratificación.
18. En este orden, también es importante mencionar que la República Argentina no sólo ha firmado sino que ha sido una firme impulsora de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su Protocolo Facultativo, firmada por la República en mayo de 2007.
19. A nivel regional, la República Argentina ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y ha firmado el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
20. Como puede apreciarse, la República Argentina estaría próxima a completar la ratificación de todos los instrumentos internacionales y regionales existentes en materia de derechos humanos.
B. Párrafo 9 de las observaciones finales
"Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de obediencia debida y la Ley de punto final, preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan incluso obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las fuerzas armadas o en la administración pública."
1. Medidas en torno a la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar
21. En la República Argentina se han producido avances significativos en lo que respecta a la lucha contra la impunidad respecto a las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas en el país durante el terrorismo de Estado (1976-1983).
22. En ese sentido, en lo referente a la vigencia de las leyes denominadas de obediencia debida (Nº 23521) y punto final (Nº 23492), derogadas por Ley del Congreso Nacional Nº 24952 de 25 de marzo de 1998, en el mes de diciembre de 2001 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo del juez federal Gabriel Cavallo que meses antes había declarado inválidas estas leyes. En el mismo sentido se expidió la Cámara Nacional de Casación Penal. Actualmente la causa está siendo analizada por la CSJN.
23. Paralelamente, en el mes de agosto de 2003 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 25779 promulgada por Decreto Nº 689 de fecha 2 de septiembre de 2003, por la que se declaran "insanablemente nulas" las Leyes Nos. 23492 y 23521. Inmediatamente después de la sanción de dicha ley, la Cámara Federal de la Capital Federal dispuso mediante sendas decisiones acordadas la reapertura de las causas que habían sido archivadas como consecuencia de la sanción de las Leyes de punto final y obediencia debida. Al poco tiempo, la mayor parte de las cámaras federales del país adoptó igual decisión.
24. Asimismo, como ya fuera señalado, por Decreto Nº 579/2003 el Presidente de la nación dispuso la adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la cual había sido aprobada por el Congreso Nacional por Ley Nº 24584 del año 1995.
25. Por otra parte, en el año 2004, la CSJN resolvió en el caso Arancibia Clavel que las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el terrorismo de Estado, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles.
26. Otra cuestión de relevancia en torno a la validez de las "leyes del perdón" en el marco de las violaciones de los derechos humanos en el pasado período militar se dio con la decisión de la CSJN de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, el 14 de julio de 2005. En el voto de la mayoría, la Corte señaló que "Si bien es cierto que el artículo 75, inciso 20, de la Constitución nacional mantiene la potestad del poder legislativo para dictar amnistías generales, tal facultad ha sufrido importantes limitaciones en cuanto a sus alcances. En principio, las leyes de amnistía han sido utilizadas históricamente como instrumentos de pacificación social, con la finalidad declarada de resolver los conflictos remanentes de luchas civiles armadas luego de su finalización. En una dirección análoga, las Leyes Nos. 23492 y 23521 intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre civiles y militares. Sin embargo, en la medida en que, como toda amnistía, se orientan al "olvido" de graves violaciones a los derechos humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables (art. 75, inciso 22, Constitución nacional)."
27. Con la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso Nacional en 2003 y la posterior declaración de inconstitucionalidad de aquellas leyes por la CSJN en el año 2005, sumado a la obligatoriedad de tramitar judicialmente los pedidos de extradición que lleguen a la Argentina por estos delitos (de lo cual se informa a continuación), se logró despejar el camino para la reapertura de más de 1.000 causas por violaciones a los derechos humanos.
28. En este particular contexto histórico y político, el Procurador General de la Nación (PGN), con arreglo a lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución nacional y los artículos 11, 25 y 33 de la Ley orgánica del ministerio público (Nº 14946), emitió la Resolución PGN Nº 163/04, de fecha 10 de noviembre de 2004, por medio de la cual creó la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, cuya misión consiste en colaborar con los magistrados de todas las secciones federales en las causas que se sustancien por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Con posterioridad, el Procurador General emitió otras resoluciones vinculadas con la materia extendiendo las facultades de la Unidad para que intervenga en las causas que se investiguen o juzguen los delitos que hacen en su cometido, en las secciones judiciales de la Capital Federal, Rosario, Santiago del Estero, La Rioja, Neuquen y Jujuy (Cfr. Res. PGN 163/04, 11/05, 30/05, 109/05, 110/05, 23/06).
29. Asimismo, debe mencionarse que el 10 de noviembre de 2005 el Procurador resolvió instruir a los magistrados para que agilicen las investigaciones que se sustancien por violaciones a los derechos humanos, propiciando, en los procesos que resulte, la elevación a juicio o la sustanciación de los debates correspondientes (Cfr. Res. PGN 138/05). Esta resolución fue complementada por la Res. PGN 72/06 donde se dispone que la Unidad interviene en carácter de coadyuvante, en forma conjunta o alternada, con los señores fiscales generales ante los tribunales orales en lo criminal federal en aquellas causas arribadas a los tribunales orales ante los que actúan en los que se investigan violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
30. Es menester señalar también que luego de la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura, en muchos casos se han incluido en los respectivos expedientes las pruebas documentales y orales obtenidas en el marco de los procedimientos vinculados al "derecho a la verdad" realizados en el período en que las causas judiciales estaban bloqueadas. Todo ello contribuye a cerrar el ciclo de lucha contra la impunidad que, con avances y retrocesos, se desarrolla en la Argentina desde el advenimiento de la democracia.
31. Finalmente, cabe destacar que los avances producidos por la República Argentina en el marco de acciones para erradicar la impunidad fueron objeto de un reconocimiento expreso del entonces Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, quien, en fecha 15 de agosto de 2003, destacó "los esfuerzos que realiza la Argentina para luchar contra la impunidad y terminar con uno de los episodios más penosos de su historia". En ese sentido, resaltó la actuación del poder judicial y del Congreso argentinos, así como del actual Presidente, que han permitido avanzar en la posibilidad de llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la última dictadura militar.
32. El Alto Comisionado Adjunto sostuvo que es "alentador ver el trabajo que se está realizando para que la justicia se imponga a pesar de que algunos hicieron lo posible en el pasado para evitarlo. En este contexto, manifestó que "el Gobierno de la Argentina ha mostrado voluntad para acabar con la impunidad", tras afirmar que se trata de un paso esencial para "cicatrizar las heridas dejadas por años de dictadura y demostrar que aquellos que sufrieron esas terribles violaciones a sus derechos humanos no han sido olvidados".
2. Medidas referidas a la cooperación internacional en materia penal
33. En atención a las diversas solicitudes de cooperación jurídica formuladas por autoridades judiciales extranjeras en causas que tramitan en otros países relativas a hechos ocurridos en la Argentina durante el último gobierno militar, el 5 de diciembre de 2001 se emitió un decreto por el cual se dispuso que se rechazarían los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional. Paralelamente, el decreto dispuso que las solicitudes de arresto provisorio se enviaran al juez competente dejando constancia que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto actuará de acuerdo al citado decreto frente a un eventual pedido de extradición. Asimismo, se estableció que si con el requerimiento se acompañaran antecedentes, documentación o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o, en su defecto, al juez de turno o al Ministerio Público Fiscal (MPF) con carácter de denuncia.
34. Entre los argumentos de este decreto se hacía referencia a, entre otras cosas, que en las causas existentes en los tribunales extranjeros se investigan hechos ocurridos en nuestro país que, en la mayoría de los casos, fueron investigados, condenados los responsables o extinguidas las acciones de acuerdo a leyes dictadas al efecto, encontrándose otras causas en plena tramitación. Asimismo, se entendía que dar curso a rogatorias de esos tribunales iría en desmedro de la jurisdicción de los tribunales argentinos que han tomado y tienen la intervención pertinente, además de conculcar el principio non bis in idem, de raigambre constitucional y aceptación universal. Acceder a las rogatorias de esos tribunales implicaría también violentar los intereses esenciales de la Argentina que, en forma solidaria, ha estructurado una solución legislativa y judicial que ha permitido la pacificación interna y está dispuesta a conservar.
35. Posteriormente, el 25 de julio de 2003 el Presidente de la nación emitió un nuevo decreto derogando el Decreto Nº 1581/2001, dejando establecida la obligatoriedad del trámite judicial en caso de solicitudes de colaboración o extradición requeridas en el marco de la Ley Nº 24767 de cooperación internacional en materia penal y extradición. A su vez, el nuevo decreto dispone que, verificado el cumplimiento de los requisitos formales y las condiciones establecidas de la mencionada ley, se instará judicialmente el trámite a través del MPF en los términos de la ley de referencia. En los considerandos del nuevo decreto se estableció que "el vallado que el Decreto Nº 1581/2001 impone, resulta inadmisible desde la perspectiva del juego armónico de la división de los poderes republicanos. No puede el poder ejecutivo arrogarse facultades propias de los jueces. La Constitución nacional, la división de los poderes en la República, la propia Ley de cooperación, los principios generales que deben regir la materia se encuentran agredidos por la norma".
36. Cabe mencionar que la Ley de cooperación internacional en materia penal rige en la República Argentina desde el mes de enero de 1997. En su artículo 1 establece que la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda.
3. Medidas en relación a los "indultos"
37. Como es de conocimiento del Comité, en el año 1989 se dieron a conocer los Decretos Nos. 1002/89 y 1003/89, a través de los cuales se dispuso el indulto de un numeroso grupo de individuos, militares y civiles, que se encontraban procesados o condenados; unos en situación de detenidos, otros prófugos, otros bajo arresto domiciliario o excarcelados. En total se trataba de alrededor de 250 personas con proceso abierto y comprendían dos situaciones, a saber: a) la totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las Leyes de punto final y obediencia debida, con excepción del ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, extraditado de los Estados Unidos de América (Decreto Nº 1002/89); b) un cierto número de ciudadanos acusados de subversión, que se encontraban prófugos, detenidos, excarcelados o condenados (entre ellos, varios sobreseídos, muertos y "desaparecidos"), además de represores uruguayos pertenecientes al ejército de su país (Decreto Nº 1003/89).
38. Por otra parte, en el año 1990 se habían firmado los Decretos Nos. 2741/90 y 2746/90. Por el primero se indultó a los comandantes que habían sido condenados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en 1985, en el denominado "Juicio a las Juntas", mientras que con el segundo decreto se benefició a Carlos Guillermo Suárez Mason.
39. En el marco de los procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se han realizado numerosos planteamientos ante los tribunales de primera instancia argumentando la inconstitucionalidad de los mencionados indultos. Como consecuencia de ello, se han pronunciado, hasta la actualidad, además de diversos tribunales federales de primera instancia, tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal como la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La primera, el 1º de abril de 2005 declaró la inconstitucionalidad de los Decretos de indulto Nos. 1002/89 y 2746/90 y ordenó la prosecución de la investigación respecto de Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge Carlos Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason en el incidente "Suárez Mason, Guillermo y otros s/inconstitucionalidad de indultos, Decretos Nos. 1002/89 y 2746/90". Por su parte, la segunda declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1002/89 en octubre de 2005, en los autos Pérez Esquivel Adolfo, Martínez María Elba s/presentación.
40. Finalmente, el 13 de julio de 2007 la CSJN dejó sin efecto el indulto dictado en 1990 al ex comandante de institutos militares, Santiago Omar Riveros.
41. Si bien en el citado fallo la Corte se pronuncia sobre el caso puntual del ex general Riveros, el efecto se podrá proyectar sobre otros indultos a militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad, en la medida en que sienta un precedente importante de cara al futuro, para cuando lleguen a estudio de la Corte expedientes referidos a casos análogos. Asimismo, en el fallo de referencia, la Corte anticipa que resulta igualmente inconstitucional si el indulto se aplicó a personas procesadas que aún no tenían sentencia o a personas que ya fueron condenadas.
42. Lejos de ser un tema menor, con la citada decisión de la Corte cierra una etapa que se inició hace tres años, cuando ese tribunal declaró que los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el marco del terrorismo de Estado no prescriben.
4. El denominado "derecho a la verdad"
i) El derecho a la verdad: noción
43. El derecho a la verdad es aquel que tienen tanto las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como a la sociedad en su conjunto, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido, individualizando los hechos y los responsables. Tiene entonces una dimensión colectiva, que se asienta en el derecho que posee la comunidad de conocer lo sucedido en torno a los casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos más fundamentales.
44. Este derecho tiene como contrapartida el deber de garantía de los Estados, en particular, en cuanto a las obligaciones de investigar y reparar, independientemente de aquellas relativas a juzgar y sancionar a los responsables por los daños causados.
ii) Desarrollo progresivo
45. Con un claro antecedente en el derecho internacional humanitario, el derecho a la verdad ha sido desarrollado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y fue reconocido tanto en situaciones de conflictos armados y de violencia interna como en situaciones de paz. Sin perjuicio de ello, el carácter autónomo e independiente del derecho a la verdad fue reconocido, a nivel internacional, por primera vez en 2005, cuando la entonces Comisión de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución sobre el tema, elaborada por la Argentina.
46. Desde entonces, la República Argentina elaboró distintas resoluciones que contribuyeron (en términos de su significado y alcance) al desarrollo progresivo del derecho a la verdad, tanto en el ámbito internacional como en el regional y subregional.
47. El consenso de la comunidad internacional respecto a la necesidad de que los Estados reconozcan y garanticen el derecho a la verdad fue ratificado con la adopción, en 2006, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce el derecho a la verdad a la vez que exhorta a los Estados a que lo garanticen. En este punto, cabe señalar que la Argentina ha tenido un rol muy activo tanto en la redacción como en la negociación del texto de dicha Convención.
48. En lo que se refiere específicamente al desarrollo del derecho a la verdad en nuestro país, es pertinente señalar que, tras el advenimiento de la democracia en 1983, los sucesivos gobiernos adoptaron medidas con el fin de dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco del último gobierno militar. El Juicio a las Juntas y la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que se constituyó con el fin de esclarecer los hechos ocurridos, fueron algunas de las medidas más destacadas.
49. Posteriormente, como se señalara previamente, la sanción de las Leyes de obediencia debida (Ley Nº 23521) y punto final (Ley Nº 23492) en 1987 y el indulto en 1990, impidió la continuidad de los procesos judiciales abiertos en el contexto de las violaciones referidas.
50. En este marco, se desarrollaron los procedimientos judiciales por la verdad, iniciados principalmente por familiares de personas desaparecidas y por organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con el objetivo de conocer el destino o paradero de sus seres queridos, así como los motivos y las circunstancias que rodearon esos hechos. Ello así, en el año 2000 se creó la Comisión de fiscales ad hoc sobre juicios por la verdad a través de la Resolución PGN 15/00, y a solicitud del Representante Especial para los Derechos Humanos en el Ámbito Internacional de la Cancillería argentina, en referencia al seguimiento de un acuerdo de solución amistosa en el caso Nº 12059 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Lapacó).
51. Cabe aclarar también que, luego de la reapertura de las causas mencionadas precedentemente, en muchos de los casos se han incluido en los expedientes judiciales las pruebas documentales y orales obtenidas en el marco de los procedimientos por la verdad realizados en el período en que las causas judiciales estaban bloqueadas. Ello contribuye a cerrar el ciclo de lucha contra la impunidad que, con avances y retrocesos, se desarrolla en el país desde el advenimiento de la democracia. Lejos de ser un tema menor, la inclusión de los procedimientos por la verdad en las causas penales actuales, explicita la intrínseca relación existente entre las nociones de verdad y justicia. Asimismo, si bien en la actualidad se están llevando a cabo procesos penales en el sentido informado, en algunas jurisdicciones se siguen desarrollando procedimientos por la verdad que, aunque se realizan de manera paralela a los juicios, no se manejan como compartimentos estancos, sino que contribuyen con éstos, en la medida en que constituyen una fuente permanente de información.
52. Por último, es importante señalar algunas prácticas desarrolladas en los últimos años en la República Argentina que permitieron garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la verdad en términos de identidad y memoria. Se destacan en este sentido las siguientes prácticas:
a) Labor desarrollada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Dicha organización ha contribuido en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus respectivas familias y la sociedad en general. Un componente clave del trabajo que realiza esta organización es recuperar, analizar y aportar la información obtenida en las causas penales relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, a la vez que difundir dicha información de manera tal de contribuir a garantizar el derecho que asiste a la sociedad de conocer lo sucedido en torno a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En tanto, cabe señalar que el Estado argentino, junto al EAAF, realiza acciones de cooperación técnica internacional.
b) Creación en 2003 del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), destinado a obtener, analizar, clasificar, digitalizar, archivar y difundir testimonios y documentos relacionados con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar.
c) Participación de la Cancillería argentina en el proyecto implementado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "Missing. The right to know". En tal sentido, se elaboran recomendaciones a los distintos entes gubernamentales tendientes a que se cumplimenten las disposiciones existentes en el derecho internacional en materia de prevención de la desaparición de personas.
5. Investigaciones sobre el delito de sustracción de menores
53. Existen diversas investigaciones radicadas en el poder judicial de la nación que investigan el delito de sustracción de menores nacidos en cautiverio durante el período 1976-1983, dado que las Leyes de obediencia debida y punto final, al momento de ser sancionadas, excluían expresamente de su ámbito de aplicación el delito de sustracción de menores. Estos procesos tienen por finalidad encontrar a los responsables políticos de aquellos delitos, es decir, a quienes dieron las órdenes y armaron la estructura de encubrimiento para que se produjeran los robos de bebés.
54. Dichos procesos han sido posibles y siempre han estado abiertos debido a que, en el juicio a las Juntas Militares de 1985, sólo se investigaron 6 de los aproximadamente 200 casos que se dieron ya que las Leyes de punto final y obediencia debida no alcanzaban el secuestro y cambio de identidad de menores.
55. En este contexto, en el mes de junio de 2004 el Presidente de la nación dispuso mediante el Decreto Nº 715/2004 la creación de la Unidad Especial de Investigación (UEI), en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con la función de investigar los casos de desaparición y apropiación ilegal de niños durante la última dictadura militar.
56. Esta Unidad funciona en el ámbito de la CONADI, creada hace 12 años para buscar y localizar a los hijos de las víctimas de la dictadura militar, y está presidida por el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en su calidad de Presidente de la CONADI.
57. Entre los considerandos del decreto de creación de dicha Unidad se destaca que, "a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha por distintos organismos públicos y no gubernamentales, las investigaciones judiciales tendientes a individualizar a sus autores, cómplices e instigadores y a restituir su verdadera identidad a las víctimas, sólo han arrojado resultados positivos parciales respecto de algunos partícipes de los hechos criminosos."
58. La UEI asiste de modo directo los requerimientos de la CONADI, las peticiones judiciales o provenientes de fiscales que se formulen en las causas instruidas sobre el tema, así como en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos. Puede también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del MPF.
59. El artículo 3 del decreto que crea la UEI establece que todos los organismos dependientes del poder ejecutivo nacional deberán dar carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la citada Unidad, a efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado la creación del organismo. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de este decreto, la UEI puede acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del poder ejecutivo nacional, incluidos los de la Presidencia de la nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, fuerzas armadas y de seguridad y los organismos registrales y requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán tramitarse en el término que se fije en el requerimiento.
60. Para el cumplimiento de su mandato, se le asignan al Presidente de la UEI las siguientes competencias y facultades:
a) Ejercer la supervisión directa y dirección de la UEI;
b) Representar al poder ejecutivo nacional ante las instituciones y ONG nacionales y extranjeras que posean interés en el seguimiento de la investigación;
c) Asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del MPF en las causas judiciales vinculadas con la comisión de los hechos de sustracción de identidad;
d) Coordinar con la CSJN y con el Consejo de la Magistratura la atención de los requerimientos de recursos técnicos, humanos o materiales que formulen las autoridades judiciales o del MPF para el trámite de las mencionadas causas judiciales;
e) Solicitar por la vía que corresponda colaboración, documentación o informes a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros;
f) Disponer todas las medidas necesarias para la protección de los testigos que declaren en el marco de las investigaciones que desarrolle la UEI y de los testigos e imputados en las causas judiciales vinculadas con los hechos de apropiación de menores, cuando esta protección sea solicitada por los magistrados intervinientes.
61. La iniciativa de la creación del organismo suscitó el reconocimiento de las principales organizaciones locales de derechos humanos, entre ellas la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, resaltó que "ahora se trabajará en forma mancomunada con el Estado… la voluntad de un Presidente que tiene el empecinamiento de dar vuelta la historia es contagiosa y esto va a promover una cadena de acontecimientos positivos para echar luz y sobre todo poder encontrar a nuestros nietos".
C. Párrafo 10 de las observaciones finales
"... el Comité reitera su honda inquietud ante el hecho de que el Estado Parte no garantice plenamente el principio de la presunción de inocencia en el proceso penal. A este respecto, el Comité considera motivo de preocupación que la duración de la prisión preventiva venga determinada por la posible longitud de la sentencia después de la condena y no por necesidad de enjuiciar al detenido y destaca a este respecto que la imposición de la prisión preventiva no debe ser la norma y sólo se debe recurrir a ella como medida excepcional y en el grado necesario y compatible con las debidas garantías procesales y con el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. A este respecto, no debe existir ningún delito para el que sea obligatoria la prisión preventiva. Se deben reformar todos los aspectos del sistema de prisión preventiva de conformidad con los requisitos del artículo 9 y el principio de la presunción de inocencia del artículo 14."
62. Si bien el Estado comparte la preocupación manifestada por el Comité, en el orden jurídico interno existe una disposición específica sobre el tema. Se trata de la Ley Nº 25430 (modificatoria de la Ley Nº 24390), del año 2001, que regula el plazo de la prisión preventiva y que, al respecto, establece lo siguiente: "La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere para su debido contralor" (art. 1). En tanto, en su artículo 2, la norma establece que los plazos previstos en el artículo 1 no serán computados "cuando los mismos se cumplieran después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrara firme."
63. Por otro lado, debe considerarse el lento pero sostenido cambio en el criterio jurisprudencial en cuanto al tema en tratamiento. En efecto, recientes fallos de la CSJN sostienen expresamente la necesidad de utilizar la prisión preventiva como medida cautelar excepcional, que debe aplicarse siguiendo estrictos criterios de legalidad, y no de modo indiscriminado.
64. Así, puede destacarse particularmente el fallo dictado por el máximo Tribunal el 3 de mayo de 2005 en autos Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus, en el que fijó los estándares de protección de los derechos de las personas privadas de libertad que deben respetar los distintos poderes para cumplir con el mandato de la Constitución nacional y con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entre esos mandatos está el de la razonabilidad de la prisión preventiva tanto para su aplicación como también en lo que hace a sus plazos.
65. Otros fallos recientes, de la justicia federal y de ejecución penal, han establecido la jerarquía superior de aquellos derechos consagrados por tratados internacionales, por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre las normas procesales, para conceder la excarcelación a mujeres con hijos menores de edad, a fin de que éstos puedan gozar del derecho de vivir con sus madres.
66. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró en 2006 la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal, que regula el cómputo de días de prisión preventiva de los presos condenados a reclusión perpetua. Específicamente, dicha norma establecía que la prisión preventiva se computa de la siguiente manera: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre 35 y 175 pesos.
67. Entre las medidas legislativas en curso para moderar los excesos de utilización de la prisión preventiva puede citarse también el anteproyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados de la nación recientemente, y pendiente de aprobación en la de Senadores, sobre las posibilidades de decidir el arresto domiciliario para madres de hijos pequeños, personas mayores de edad, y personas cuya detención en condiciones de encierro pueda suponer un agravamiento de su salud.
68. Finalmente cabe señalar que, en marzo de 2006, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 13449, que reforma el régimen de excarcelación del Código Procesal Penal. A partir de esta reforma ya no se considera que determinados delitos resultan per se no excarcelables. La detención cautelar de una persona sólo procederá cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
D. Párrafo 11 de las observaciones finales
Preocupa hondamente al Comité que las condiciones reinantes en las cárceles no se ajusten a las previstas en los artículos 7 y 10 del Pacto y considera que la gran superpoblación y la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación, la ropa y la asistencia médica, son incompatibles con el derecho de toda persona a un trato humano y con el respeto de la dignidad inherente al ser humano. Se ha establecido además la existencia de abusos de autoridad por los funcionarios de prisiones, que se manifiestan en tortura y malos tratos, corrupción y otras prácticas. Aunque observa que hay planes en curso para la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, el Comité recomienda que se preste atención inmediata a la necesidad de satisfacer debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. En relación con las reclamaciones por malos tratos o tortura, recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe datos detallados sobre el número de reclamaciones recibidas, con mención de los recursos a disposición de los reclamantes, el resultado de las reclamaciones hasta la fecha, el tipo de sanción disciplinaria o punitiva que se impone a los culpables reconocidos de estas prácticas y las responsabilidades precisas de todos los órganos pertinentes del Estado.
69. Las condiciones en las cárceles argentinas han constituido un tema de preocupación tanto para el Estado nacional como para varias ONG que realizaron reclamos y denuncias ante organismos internacionales. En este sentido, se ha llevado a cabo un conjunto de medias tendientes a revertir la situación de manera tal de poder garantizar el efectivo respeto de los artículos 7 y 8 del Pacto.
70. En esa línea cabe recordar que el 29 de julio de 1993, a través del Decreto Nº 1598, se creó el cargo de Procurador Penitenciario, con rango de Subsecretario de Estado, con incumbencia en el ámbito interno y en el área del poder ejecutivo nacional.
71. La función sustancial del Procurador es garantizar la protección de los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, tal como está previsto en el orden jurídico nacional, así como en los instrumentos internacionales ratificados por el país. En el ejercicio de su cargo, este funcionario no está sujeto a mandato imperativo alguno, de manera tal que debe desempeñarse con independencia funcional.
72. Técnicamente, la institución de referencia fue diseñada como un "Ombudsman sectorial" cuya finalidad era el control administrativo en lo que respecta al rol de custodia de las personas sometidas a prisión en el ámbito federal.
73. El mandato del Procurador Penitenciario lo habilita a visitar periódicamente todos los establecimientos penitenciarios en los que se alojen detenidos nacionales o federales. Asimismo, dicho funcionario puede investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho u omisión que pueda lesionar los derechos de los internos, teniendo la obligación, en su caso, de formular una denuncia penal.
74. Las opiniones del Procurador pueden traducirse a su vez en recomendaciones al Ministerio de Justicia, a quien le incumbe el control y supervisión del régimen penitenciario nacional y federal.
75. Luego de años de experiencia en el campo, la Procuración se comprometió a llevar a cabo un control externo de la administración penitenciaria que se hizo efectivo a través de diversos modos de acción, a saber:
a) La concurrencia permanente a las cárceles tomando audiencias solicitadas por los presos;
b) Las auditorías sorpresivas a la unidad, relevando las condiciones de detención y funcionamiento de su organización y controlando el cumplimiento de la legalidad vigente;
c) La solicitud de informes especiales sobre distintos aspectos de la ejecución de la pena;
d) La presentación de recomendaciones al Ministerio de Justicia o a la administración penitenciaria;
e) La denuncia penal es el modo, legalmente regulado en el ordenamiento argentino, para llevar a conocimiento de un órgano judicial la noticia de la existencia de un hecho delictivo, que en el caso del Procurador Penitenciario adquiere el carácter de obligación procesal;
f) El informe anual al Congreso de la Nación.
76. Tras diez años de labor, la actividad de este órgano fue reconocida con la inserción de la Procuración Penitenciaria al ámbito del poder legislativo nacional, a través de la Ley Nº 25875. Este traspaso consagra la definitiva autonomía funcional del organismo. Dicha norma tiene como objetivo fundamental "proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (...) de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales", ampliando así la competencia a jurisdicciones que no se hallaban incluidas en el Decreto Nº 1598/1993 (comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales donde se encuentren personas privadas de libertad).
77. En relación con las medidas específicas para asegurar la integridad física de los miembros de todos los grupos vulnerables, se desarrollaron visitas a instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad (comisarías, hogares, institutos y cárceles) en las provincias de Tucumán, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada uno de esos casos se efectuaron informes públicos, intervenciones directas ante las autoridades de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Asimismo, en cada una de las jurisdicciones visitadas se difundió el contenido y los alcances del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
78. En otro orden de ideas, en lo que hace a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, cabe destacar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales ONG del país en materia de derechos humanos, presentó en el año 2001 un hábeas corpus colectivo sobre condiciones de detención en comisarías bonaerenses. En el fallo del 3 de mayo de 2005, frente al recurso de hecho deducido por el CELS en la causa Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus, la CSJN declaró que "las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la Ley Nº 24660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención", es decir, que deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la Constitución nacional. En su resolución, el máximo Tribunal consideró que la legislación en materia de prisión preventiva y excarcelaciones que rige en la provincia no se ajusta a principios constitucionales e internacionales. Señaló asimismo que "el artículo 18 de la Constitución nacional, al prescribir que las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice"; reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento (…) Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas -si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal- se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional, que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la provincia de Buenos Aires.
79. La Corte instruyó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de la Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que ocasione un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal. Agregó, además, que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o establecimientos policiales, configuraba una flagrante violación a los principios generales de las Reglas mínimas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, hiciera cesar en el término de 60 días la detención en comisarías de la provincia de personas menores de edad o enfermas. También dispuso que cada 60 días el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informe a la Corte de las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia. Por último, la Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.
80. Más recientemente, en el mes de octubre de 2007, se realizó una audiencia pública en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires para analizar la situación de las personas privadas de su libertad. Los distintos actores coincidieron en la necesidad de fortalecer un espacio de discusión común para la construcción de soluciones ante la persistencia del uso de la prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, se coincidió en que a lo largo de los dos últimos años se registró una marcada disminución de la cantidad de detenidos, fundamentalmente en comisarías.
81. Por otra parte, en uno de los casos paradigmáticos de la grave situación carcelaria, en la provincia de Mendoza, se logró un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, a través del cual el gobierno de la provincia no sólo asume su responsabilidad en el caso y sus consecuencias jurídicas, sino que se compromete a adoptar una serie de medidas de enorme importancia para neutralizar el complejo escenario que dio lugar al dictado de las medidas provisionales por parte de la Corte IDH, contribuyendo decididamente al mejoramiento institucional del Estado, y ratificando su compromiso con la irrestricta vigencia de los derechos humanos, particularmente en ámbitos de extrema sensibilidad como el sistema penitenciario.
82. Tales medidas incluyen la constitución de un tribunal arbitral "ad hoc" que determinará las reparaciones pecuniarias debidas a las víctimas, y un nutrido conjunto de medidas de reparación no pecuniarias y de no repetición, tales como la adopción de reformas normativas, mejoras en el régimen de vida de los internos (particularmente en materia de recreación, alojamiento y capacitación laboral), la creación de un órgano de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos al conjunto de la población (salud, educación, seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.), la creación de una procuración a favor de las personas privadas de libertad y de una defensoría pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y el diseño de un Plan de acción en política penitenciaria destinado a establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su aplicación, entre otras importantes medidas.
E. Párrafo 12 de las observaciones finales
"Además, en relación con el artículo 7 del Pacto, el Comité lamenta que en el presente informe no se aborden debidamente las cuestiones de la tortura y del uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía. El Comité está preocupado ante las alegaciones que ha recibido y que indican que se trata de un problema general y que los mecanismos gubernamentales establecidos para resolverlo son inadecuados. El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe datos detallados acerca del número de reclamaciones recibidas por tortura y malos tratos infligidos por la policía, incluidos los recursos y posibilidades de apelación de que disponen los reclamantes, el resultado de las reclamaciones, el tipo de sanción disciplinaria o punitiva que se impone a los culpables reconocidos de esas prácticas y las responsabilidades específicas de todos los órganos pertinentes del Estado en los planos federal y provincial."
83. Entre las medidas adoptadas por el Estado para abordar la problemática relativa a la prevención de la tortura, merece mencionarse la ratificación por parte de la República Argentina del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el mes de noviembre de 2004. La República Argentina fue el primer país de América y el primer país federal en ratificar el Protocolo.
84. Con la ratificación del Protocolo, el Gobierno de la República Argentina reforzó el compromiso asumido el 3 de diciembre de 2002 en relación con los mecanismos extraconvencionales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la emisión de una invitación abierta a todos los procedimientos especiales temáticos de la citada Comisión. Al formular la invitación abierta, el Gobierno manifestó que siempre permitirá el ingreso a nuestro país de los representantes y expertos del sistema universal de promoción y protección de derechos humanos. En este marco, la ratificación del Protocolo es en todo compatible con la política argentina llevada a cabo desde la restauración democrática en materia de transparencia y control internacional.
85. Con el fin de poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura previsto en el citado Protocolo, se constituyó un equipo de trabajo interdisciplinario, el cual elaboró un proyecto de ley que prevé la creación de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, facultado para actuar en todo el territorio de la nación, en forma directa o a través de delegaciones creadas a tal efecto. Dicho Comité podrá coordinar su actuación con organismos locales que desarrollen actividades similares a las previstas en el Protocolo Facultativo.
86. Las principales atribuciones del citado órgano serán, entre otras, las enunciadas en el artículo 19 del Protocolo, es decir: a) examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; b) hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas; c) hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.
87. En cuanto a la necesidad de registrar los casos de abusos policiales y las situaciones de maltrato, el citado proyecto de ley incluye la creación de una base de datos específica para el relevamiento de este tipo de casos provenientes de todo el territorio nacional.
88. Sin embargo, no ha sido esta la única medida para producir registros fiables acerca de los hechos de violencia y abusos cometidos dentro de las instituciones de encierro y por las fuerzas policiales y de seguridad. Así, por ejemplo, en enero de 2006, el Ministerio de Justicia de la nación solicitó a los Ministerios de Justicia de las provincias su colaboración para producir un registro fiable acerca de las muertes producidas en cualquier lugar de detención del territorio nacional, con el objeto de hacer un seguimiento de estos hechos y elaborar políticas públicas para evitarlos. La casi totalidad de las provincias ha respondido con datos oficiales, lo que permitirá producir un registro sobre estos hechos, así como mantenerlo actualizado. Cabe consignar que, si bien el número de personas privadas de libertad muertas en condiciones de detención durante el año 2006 es alto y algunos de los casos particularmente graves, la totalidad de los casos en los últimos dos años se ha reducido en más de un 50% en relación al año 2005.
89. Por otro lado, también se realizaron a lo largo de 2005 visitas a distintas unidades carcelarias y otros centros en los que se encuentran personas privadas de libertad en todo el país. Estas visitas fueron realizadas por equipos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los que en algunos casos se sumaron miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos. En la visitas se utilizó la metodología del Protocolo Facultativo y de otros instrumentos vinculados a la temática, como el Manual de Monitoreo de Sanción y Prevención de la Tortura elaborado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con el objetivo de perfeccionar las visitas como mecanismo de control con miras a la futura implementación del mecanismo nacional.
90. Finalmente, en aras de realizar un registro fiable que recogiera los datos de las muertes violentas sucedidas en cualquier lugar de detención, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un registro de muertes producidas en situación de encierro sobre la base de información cruzada recibida de diversas fuentes gubernamentales y no gubernamentales, como el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales; policías y otras fuerzas de seguridad; personas privadas de libertad y sus familiares allegados; información periodística; de organizaciones de derechos humanos, y la propia obtenida por personal de la Secretaría.
91. Por su parte, a través de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha creado el primer Observatorio de Derechos Humanos de tipo temático, sobre condiciones de detención en instituciones de encierro en la provincia de Río Negro, en su presentación pública, efectuada el 26 de agosto de 2005.
92. Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación y la Defensoría General de la nación, en colaboración con la Cancillería argentina, organizaron un seminario sobre "Buenas prácticas penitenciarias", que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Academia del Servicio Penitenciario Federal, en noviembre de 2007. En dicho seminario, participaron representantes de los 19 Estados de habla hispana miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
F. Párrafo 13 de las observaciones finales
El Comité expresa su preocupación ante los ataques continuos de que son víctima los defensores de los derechos humanos, jueces, denunciantes y representantes de las organizaciones de derechos humanos, así como los representantes de los medios de comunicación social. Además, quienes participan en demostraciones pacíficas se exponen, según se dice, a la detención y a una acción penal. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos y contra las personas que participan en demostraciones pacíficas se deben investigar con prontitud y se han de imponer a los autores las sanciones disciplinarias o punitivas que proceda. El Estado Parte debe dar detalles en su próximo informe sobre los resultados de estas investigaciones y sobre los procedimientos seguidos para imponer sanciones disciplinarias o punitivas a los autores de esta clase de actos.
93. El Estado argentino es consciente de la importancia de la labor realizada por los defensores, jueces, fiscales y otros actores en la denuncia e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos. Por ello, frente a los ataques sufridos por esos actores, el Estado ha reaccionado inmediatamente.
94. Asimismo, el Estado también ha manifestado un particular interés en diseñar sistemas de protección eficaces para los testigos que declaran en las más de 1.000 causas que fueron reabiertas y que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. En este punto, el caso del testigo Julio López, aún desaparecido, demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de que el Estado continúe firme tanto con las políticas destinadas a luchar contra la impunidad como con aquellas ligadas a la protección de los testigos y defensores de los derechos humanos.
95. El 23 de abril de 2007 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó una resolución (M. J. y D. H. N°439/07) en virtud de la cual se establece que la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de ese Ministerio brindará protección a personas por requerimiento del magistrado de la justicia nacional o del ministerio público nacional, en el marco de procesos judiciales vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último período dictatorial.
96. Dicha resolución tendrá vigencia hasta que se instrumente la creación de un programa u organismo en el que se coordinen las actividades que en la materia presten los distintos ministerios nacionales involucrados. El propósito fundamental del Plan de referencia es resguardar no sólo la integridad de los testigos sino además el valor de prueba de los testimonios y su valor social en cuanto aporte a la construcción de la memoria colectiva. En ese sentido, el Plan consiste en brindar acompañamiento a los testigos y/o querellantes, coordinando las acciones a implementar, con una perspectiva integral psicojurídica a nivel nacional y mantener el seguimiento de los casos para una mejor evaluación de las respuestas ofrecidas en cada situación puntual.
97. A nivel provincial existen a su vez programas de protección especiales. A saber:
a) Programa de vigilancia y atención de testigos en grado de exposición (Decreto Nº 2475/06 de la provincia de Buenos Aires);
b) Programa de protección y atención de testigos en grado de exposición y riesgo (Decreto Nº 0076/07 de la provincia de Santa Fe).
98. Según se desprende del primer informe de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el 29 de septiembre de 2006, en el marco de la Procuración General de la nación, se resolvió enviar notas a todos los funcionarios del MPF de la nación para que remitan la siguiente información:
a) Calendario de juicios orales previstos en tales procesos;
b) La totalidad de los datos personales de los testigos propuestos y/o convocados para el futuro en dichos procesos, cualquiera sea la etapa procesal que transiten;
c) Idéntica información de cualquier testigo que ya haya prestado declaración y que a criterio del fiscal su declaración haya sido crítica o estime que requiere protección especial del Estado.
99. Asimismo, se requirió que se informe respecto a la totalidad de los datos de las causas en las cuales se investigan amenazas a magistrados, empleados y funcionarios. Al respecto, el informe de referencia sistematiza la siguiente información:
a) En cuanto al calendario de los futuros juicios orales, si bien varias causas han progresado a juicio, en ningún caso se han fijado las fechas en las que se llevarán a cabo las audiencias. Los procesos en esas condiciones son cinco, y se encuentran radicados en el Tribunal Oral Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires, con intervención de las fiscalías ante los Tribunales Orales Federales Nº 2 y 4, y de la Unidad de Asistencia de carácter coadyuvante.
b) La Unidad ha tomado contacto y mantiene un fluido intercambio con la Oficina de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación (Ley Nº 25764). También a través de dicha oficina se han encauzado solicitudes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en mérito al Decreto Nº 2475/06 que implementa el Programa de vigilancia y atención a testigos de grado de exposición para aquellos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que declaren en procesos en los cuales se encuentren involucrados represores militares o policiales.
100. Por último, el Centro de Protección de Derechos de la Víctima del Gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo saber que se ha dispuesto un Programa de atención y protección de testigos, para el cual se solicitó la colaboración de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
101. Finalmente, cabe destacar que el total de los testigos informados asciende a 4.178; aquellos considerados críticos por los respectivos fiscales son 360; 17 los amenazados; 5 de aquellos que no fueron amenazados pero que a criterio de los fiscales requieren especial protección; y 19 los funcionarios y magistrados del MPF federal amenazados.
G. Párrafo 14 de las observaciones finales
"En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental. El Comité expresa también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado.
El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además, que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación."
102. El 30 de octubre de 2002 se promulgó la Ley nacional sobre salud sexual y procreación responsable (Ley Nº 25673), que marca un gran progreso en materia de garantizar la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como también implica un avance frente a las posturas oposicionistas de fuertes sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia católica, ya que por primera vez se instala la salud reproductiva y sexual en la agenda de las políticas públicas del país.
103. La citada ley crea el Programa nacional de salud sexual y procreación responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre los objetivos del Programa está el de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia; disminuir la morbimortalidad maternoinfantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, del VIH/SIDA y patologías genitales y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
104. Reconoce la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir del asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para decidir la cantidad de hijos que cada pareja desea tener. A su vez, respalda el derecho que tienen todas las personas a la salud, que incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados.
105. Por su parte, la ley promueve la posibilidad de acceder gratuitamente a una elección informada en materia de procreación responsable a través de los servicios de salud pública de todo el país, a la vez que favorece la detección precoz de enfermedades genitales y mamarias mediante la realización de la prueba de Papanicolau (PAP) a todas las mujeres bajo programa y contribuye a la prevención y detección temprana del VIH/SIDA, por medio de la articulación con otros programas, poniendo además, al alcance de la población, los medios de protección adecuados.
106. La implementación del Programa nacional abarca lo siguiente:
a) Entrega de métodos anticonceptivos para su distribución gratuita en los centros de atención primaria y hospitales públicos, a solicitud de los usuarios, con asesoramiento especializado;
b) Asistencia técnica y capacitación permanente a los equipos de salud;
c) Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales, para la implementación de programas locales en todas las provincias;
d) Promoción de actividades de comunicación social sobre salud sexual y procreación responsable, así como articulación con el Programa nacional de lucha contra el SIDA;
e) Monitoreo, seguimiento y evaluación de actividades y resultados, en todas las jurisdicciones, así como cobertura nominal y seguimiento individual de los beneficiarios.
107. Más recientemente, en el mes de agosto de 2006, se sancionó la Ley nacional Nº 26130 sobre el "Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica". Dicha norma establece que toda persona capaz y mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud, siempre que lo requiera formalmente, y otorguen su consentimiento informado. A su vez prevé que estas intervenciones quirúrgicas deben ser realizadas sin cargo en el sistema público de salud, las organizaciones de seguridad social y las entidades de medicina prepaga, que deberán incorporar esas prácticas a su cobertura. Para las mismas, no se requiere el consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial.
108. La única excepción mencionada en la ley hace referencia a las personas declaradas "judicialmente incapaz", para quienes "es requisito ineludible la autorización judicial" solicitada por su representante legal.
109. La ley establece que los médicos encargados de realizar estas operaciones deben informar al paciente de "la naturaleza e implicancias sobre la salud de la práctica a realizar", "las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados" y "las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias". Por su parte, el personal médico o auxiliar puede interponer el derecho de "objeción de conciencia" para no realizar la práctica, "sin consecuencia laboral alguna".
110. En este contexto, el 23 de octubre de 2006 se promulga la ley que crea el Programa nacional de educación sexual integral (Ley Nº 26150) en la órbita del Ministerio Nacional de Educación. Entre sus disposiciones establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, establece que es deber de cada provincia garantizar esta educación en base a los contenidos básicos establecidos por el Ministerio de Educación, debiendo cada comunidad educativa elaborar el proyecto institucional con sus propuestas en base a la realidad sociocultural. También se organizarán espacios de formación para los padres y madres.
111. En lo que respecta a la figura del aborto en la legislación argentina, una comisión de expertos, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, elaboró una propuesta de reforma el Código Penal argentino que modifica los artículos vinculados a este tema. Si bien la reforma no se ha producido aún, la propuesta es un importante instrumento para avanzar jurídicamente en el tema, al ampliar las circunstancias en que el aborto no es punible.
112. Finalmente, merece destacar que a nivel provincial también se ha dictado legislación sobre salud reproductiva, a saber:
Ley Nº 13066 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y procreación responsable (año 2003)
b) Provincia de Chaco
Ley Nº 4276 de creación del Programa de educación para la salud y procreación humana responsable (año 1996)
c) Provincia de Chubut
Ley Nº 4545 de creación del Programa de salud sexual y reproductiva (año 2000)
Ley Nº 4950 de anticoncepción quirúrgica (año 2003)
d) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 418 de salud reproductiva y procreación responsable
Ley Nº 439 modificatoria de la Ley Nº 418 de salud reproductiva y procreación responsable
Resolución Nº 874/2003 de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
e) Provincia de Córdoba
Ley Nº 9073 de creación del Programa de maternidad y paternidad responsables
Ley Nº 9099 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable
f) Provincia de Corrientes
Resolución Nº 878/03 del Ministerio de Salud Pública de creación del Programa provincial de salud sexual y procreación responsable
Ley Nº 5527 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable
g) Provincia de Entre Ríos
Ley Nº 9501 de creación del sistema provincial de salud sexual y reproductiva y educación sexual
h) Provincia de Jujuy
Ley Nº 5133 de creación del Programa provincial de maternidad y paternidad responsable y de prevención de enfermedades de transmisión sexual
Decreto Nº 2139/2000 reglamentario de la Ley Nº 5133. Creación del Consejo Provincial de Salud Reproductiva
i) Provincia de La Pampa
Ley Nº 1363 de creación del Programa provincial de procreación responsable
j) Provincia de La Rioja
Ley Nº 7425 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable
k) Provincia de Mendoza
Ley Nº 6433 de creación del Programa provincial de salud reproductiva
Resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Salud Nº 2492/2000 de habilitación a los hospitales públicos provinciales del procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas de Falopio
l) Provincia de Misiones
Decreto Nº 92/98 de creación del Programa provincial de planificación familiar integral
m) Provincia de Neuquén
Ley Nº 2222 de creación del Programa provincial de salud sexual y reproductiva
Decreto Nº 3331/98 y su modificatoria Ley Nº 2431
n) Provincia de Río Negro
Ley Nº 3450 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y sexualidad humana
o) Provincia de Salta
Ley Nº 7311 de sexualidad responsable
p) Provincia de San Luis
Ley Nº III-0068-2004 (5429 "R") de procreación responsable. Pautas reproductivas. Planificación familiar. Asistencia.
Decreto Nº 127/2003 de creación del Programa provincial integral de salud reproductiva
q) Provincia de Santa Cruz
Ley Nº 2656 de adhesión a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable
r) Provincia de Santa Fe
Ley N º11888 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y procreación responsable y sus modificatorias
Ley Nº 12323 de anticoncepción quirúrgica
s) Provincia de Tierra del Fuego
Ley Nº 509 de creación del régimen provincial de salud sexual y reproductiva y su modificatoria
H. Párrafo 15 de las observaciones finales
En relación con el artículo 3 del Pacto, el Comité considera inquietante que, pese a importantes progresos, las actitudes tradicionales hacia la mujer sigan ejerciendo una influencia negativa en su disfrute de los derechos enunciados en el Pacto. Preocupa en especial al Comité la alta incidencia de casos de violencia contra mujeres, incluidas la violación y la violencia doméstica. También preocupan el acoso sexual y otras manifestaciones de discriminación en los sectores público y privado. El Comité observa asimismo que no se lleva sistemáticamente información sobre estos asuntos, que las mujeres tienen un escaso conocimiento de sus derechos y de los recursos de que disponen y de que no se tramitan debidamente las denuncias. El Comité recomienda que se emprenda una campaña de información en gran escala para promover el conocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y de los recursos de que disponen. El Comité insta a que se reúnan sistemáticamente y se archiven datos fiables sobre la incidencia de la violencia y la discriminación contra la mujer en todas sus formas y a que se faciliten estos datos en el próximo informe periódico.
113. En la legislación interna de la República Argentina existen normas penales, civiles y administrativas que tienen como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, después de la ratificación de la Convención de Belém do Pará se sancionaron la gran mayoría de las leyes provinciales de violencia familiar, se modificó la legislación penal en el año 1999 y se dictaron distintas disposiciones administrativas.
114. En este contexto, es importante destacar que, en el año 1993, el poder ejecutivo nacional emitió el Decreto Nº 2385/93 que incorpora la figura del acoso sexual a la reglamentación del régimen jurídico básico de la función pública para el personal de la administración pública central. Por otra parte, en 1994, con la Ordenanza Nº 47506, AD 230-57 BM 17/1/9, se incorpora el acoso sexual como falta sancionable, dentro del régimen disciplinario que rige en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones han dictado leyes provinciales que lo sancionan en sus jurisdicciones, siempre en el ámbito del sector público.
115. Asimismo, lo incluyen, expresamente las leyes provinciales dictadas sobre violencia laboral y acoso sexual de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero únicamente en la esfera del sector público de las respectivas provincias
116. En diciembre de 1994 se sanciona la Ley Nº 24417 de protección contra la violencia familiar, reglamentada en marzo de 1996, por Decreto Nº 235/96.
117. En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la Ley Nº 25087 que modifica el título III del Libro segundo del Código Penal. Sus principales disposiciones son:
a) Sustituye la rúbrica del título "Delitos contra la honestidad" por el de "Delitos contra la integridad sexual". Representa un cambio fundamental en la conceptualización de las agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas. Se pasa de considerar que estas agresiones afectan la pureza o castidad de las víctimas o el honor de algún varón a referirlas a la integridad y dignidad como personas.
b) Elimina el concepto de mujer honesta.
c) Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales, de acuerdo al daño provocado: abuso sexual, abuso sexual calificado y violación.
d) Modifica la definición del artículo 119 sobre violación, partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en los cuales las penas se elevan a entre 8 y 20 años de prisión o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los casos de abuso sexual calificado en las situaciones de ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de violación.
e) Deroga el artículo 132 que eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima, eliminando la posibilidad de que el violador sea eximido de la pena por casarse con la víctima.
f) Introduce la figura del avenimiento (entendimiento o acuerdo). Si la víctima fuera mayor de 16 años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal la podrá aceptar excepcionalmente si ha sido formulada libremente y en condiciones de plena igualdad y cuando fuera comprobada una relación afectiva preexistente. En tal caso la acción penal se extingue.
g) Las víctimas podrán instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
h) Separa los delitos de corrupción y de prostitución agravando las mínimas de las penas de prisión o reclusión en el caso de los menores. En ambos casos, establece como límite de minoridad la edad de 18 años. Cuando se trata de mayores de esa edad está penada cuando mediare engaño, abuso, relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.
i) El delito de pornografía sanciona al que produjere o publicare imágenes pornográficas o espectáculos en vivo, con la participación de menores de 18 años y a quienes facilitare el acceso o lo distribuyera a menores de 14 años.
118. En el año 1998 se constituye la Oficina de asistencia integral a la víctima del delito de la Procuración General de la Nación y, posteriormente, se crea en el ámbito del MPF una Unidad Fiscal Especializada (UFE) para la investigación de delitos contra la integridad sexual, trata de personas y prostitución infantil.
119. Por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en diciembre de 2003, el Protocolo de Acción ante Víctimas de Violación que establece la obligación de proporcionar a las víctimas la medicación dirigida a la anticoncepción de emergencia y aquella destinada a prevenir el contagio del VIH/SIDA, estableciendo los plazos en los que se debe dar inicio al tratamiento. En ese sentido, a través de la Resolución Nº 140/04 se exhorta a los funcionarios de las comisarías y dependencias de la ciudad de Buenos Aires a que instruyan a las víctimas de acoso sexual sobre la posibilidad de recibir asistencia médica inmediata.
120. La provincia de Misiones en el año 2003 sanciona la Ley Nº 4013 de protección y asistencia a las víctimas de delitos contra la integridad sexual; el Ministerio de Salud Pública es la autoridad de aplicación. El MPF da asesoramiento legal gratuito, el acompañamiento y la contención necesarios para realizar la denuncia si la víctima así lo decide. El Ministerio de Gobierno es el encargado de instrumentar mecanismos adecuados en comisarías y destacamentos a fin de recibir las denuncias y/o exposiciones.
121. Asimismo, la provincia de Mendoza, mediante la Ley Nº 7222 del año 2004, dispone la creación del Registro contra la integridad sexual (RECIS) en el ámbito de la justicia provincial dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, mediando orden judicial, se integra con los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales, de los condenados por delitos tipificados como delitos contra la integridad sexual; se complementa con fotografías y registros de ADN.
122. En sentido análogo, la provincia de Corrientes, por Ley Nº 5665 del año 2005, propone implementar un protocolo de acciones conjuntas para la prevención, el tratamiento y la contención de víctimas de violencia sexual a través del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de los organismos de seguridad.
123. En 2005 se creó una oficina especializada en el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para recibir denuncias sobre violencia laboral (incluye acoso sexual) de empleados estatales de la administración central.
124. La Ley nacional y todas las leyes provinciales tienen como finalidad esencial que, junto con la denuncia, se soliciten medidas cautelares conexas o medidas autosatisfactorias (abordada por la doctrina bajo el nombre de "soluciones urgentes no cautelares"); también los jueces de oficio pueden disponer este tipo de medidas, al tomar conocimiento de los hechos.
125. Las medidas cautelares que contemplan están destinadas, por un lado, a proteger a las víctimas de la violencia en situaciones de riesgo y/o hacer cesar las situaciones de violencia y/o evitar su repetición, mediante la exclusión del hogar del agresor y/o la prohibición de su acceso al domicilio, a los lugares de trabajo o de estudio del o la damnificada; otras, como ordenar el reintegro al domicilio de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal. Por otro lado, garantizan el derecho alimentario, la tenencia de los hijos, así como el contacto y comunicación con los mismos.
126. Estas medidas pueden ser dictadas por el juez sin tener que citar al agresor, por razones de peligro para la víctima. Pero de manera inmediata el mismo debe ser oído, ya que goza de las garantías del debido proceso. Es decir, que una vez dispuestas por el juez de la causa, estas medidas permiten ordenar desde un primer momento, y aunque tengan carácter provisorio, los principales puntos de conflicto que se suscitan entre los miembros del grupo familiar. Por ejemplo, la exclusión del hogar suele tener como resultado inmediato el cese de la violencia o la pacificación familiar. Al mismo tiempo, al decidir el juez la fijación de una cuota alimentaria, la tenencia de los hijos y/o el régimen de visitas, según corresponda en cada caso, soluciona problemas de gran peso como el de la subsistencia, el lugar de residencia y el contacto de los menores con el cónyuge excluido del hogar.
127. Por otro lado, es importante tener en cuenta que estas medidas no son taxativas y el juez podrá adoptar otras que considere necesarias, a fin de proteger situaciones de riesgo o de abuso de algún miembro del grupo familiar. Por ejemplo, la Ley de la provincia de Buenos Aires dispone expresamente que el juez pueda dictar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima.
128. Las garantías que otorgan todas estas medidas a las víctimas despejan una serie de limitaciones que pesan en el ánimo de las mujeres y que sirven de freno, muchas veces, para el ejercicio de sus derechos, por temor a la supervivencia económica del grupo familiar, el alejamiento del hogar, la pérdida de la tenencia de sus hijos, etc.
1. Programas y acciones destinados a la prevención, la erradicación y la atención de la violencia contra la mujer
a) El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) impulsa y trabaja en la elaboración de un Plan de acción nacional para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Para ello, desde el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (CNCPS) se ha constituido un comité interinstitucional, donde se encuentran representados los ministerios que lo integran, y se ha mantenido contacto e intercambio con diversos organismos del ámbito nacional que resultan estratégicos para la elaboración y ejecución de dicho Plan (Ministerio de Justicia, de Interior, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, etc.).
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