Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33866-de-mayo-21-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8a45622d865c103ae0430a010151103a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 17:02:03
Document Index: 335048801

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 66', 'artículo 35', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 311', 'artículo 305', 'artículo 145', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 311', 'artículo 305', 'artículo 145']

﻿ Sentencia 33866 de mayo 21 de 2010
SENTENCIA 33866 DE 21 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:CONVENCIÓN COLECTIVA. LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA POR EL TRABAJADOR DETERMINA SI RESULTA O NO SER DE LAS PROPIAS O ESENCIALES DE LA INDUSTRIA Y POR ENDE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, RÉGIMEN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, EXTENSIÓN OBLIGATORIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 33866 de mayo 21 de 2010
Rad. 33.866
Sea lo primero advertir que la jurisprudencia de esta Corte ha admitido la acusación de falta de aplicación (infracción directa en el lenguaje de la casación del trabajo y de la seguridad social) de normas sustanciales de alcance nacional, en ataques orientados por la vía indirecta, como que la existencia de un error de hecho o de derecho puede originar que no se aplique la norma llamada a gobernar la concreta situación fáctica debatida en un proceso judicial. De esa orientación doctrinaria es ejemplo la sentencia del 4 de noviembre de 2009 (Rad. 35.332).
No tienen, pues, razón los opositores al tildar de deficiente, desde el prisma estrictamente técnico, a la demanda de casación, en cuanto acusa la falta de aplicación de varios preceptos legales sustanciales, empece la selección de la vía indirecta.
Adicionalmente, la falta de aplicación de un determinado plexo normativo aparece planteada por el recurrente como consecuencia de la aplicación indebida del artículo 1º de los decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993.
Un tinte definitivamente inusual tendría la falta de apreciación de la demanda y de su respuesta en un fallo judicial. Desde luego, la decisión sobre las pretensiones formuladas por el demandante comporta, obvia y razonablemente, el examen de la demanda; en el mismo sentido, la definición de la controversia, en tanto encarna desacuerdo o diferencia del demandado, y, por ende, el pronunciamiento sobre su oposición y sus excepciones, apareja, sin duda, el estudio por parte del juzgador de la contestación del libelo introductorio.
Esto se trae a colación a propósito de la falta de apreciación de la demanda y de su respuesta que la censura le enrostra al sentenciador de segundo grado, como fuente de los evidentes errores fácticos que le imputa, que traduciría que este incurrió en el despropósito de resolver la litis absolutamente a espaldas de aquellas piezas procesales, que, justamente, son las que demarcan el debate judicial (el conflicto, la controversia, la litis) y fijan el marco de actuación del juzgador.
Tal disparate no puede predicarse del juzgador de segunda instancia, pues su fallo partió de la premisa de un conocimiento claro e inequívoco de la controversia que enfrentaba a las partes, construida en el estudio de la demanda y su respuesta, como paso para el discernimiento de las pretensiones del demandante (en ejercicio del derecho de acción) y de la oposición y excepciones del demandado (en ejercicio del derecho de contradicción).
Para cerciorarse de la percepción exacta que el tribunal tenía de la materia sobre la que versaba el diálogo judicial, basta con reproducir estos dos pasajes que corren en las consideraciones iniciales de la sentencia acusada:
“El debate se centra en establecer si al extrabajador demandante le es aplicable la convención colectiva de trabajo ente la USO y Ecopetrol vigente para los años 2001-2002.
“La parte demandada en su respuesta al libelo demandatorio se opone a que al demandante se le aplique dicha convención en razón de que se le contrató para hacer reparaciones a los campamentos de la Estación Banadia, según consta en el contrato de trabajo de manera general”.
Ahora, si el punto era que el juzgador se apartó de lo que registraban la demanda y su respuesta, pese a que aquél tuvo claro su contenido, la vía de puro derecho se erigía en el escenario procesal apropiado para debatirlo, en tanto representaría un discernimiento estrictamente jurídico, alejado de cualquier reyerta fáctica.
En verdad, la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria.
El tribunal concluyó que “la obra o labor contratada consistía en labores de reparación a los campamentos de la Estación Banadia”.
A no dudarlo, esta conclusión constituyó un argumento trascendental del fallo, en tanto que ella le sirvió de apoyo basilar para afirmar que el actor no desarrolló una actividad propia y esencial de la industria del petróleo y, por consiguiente, no le era aplicable la convención colectiva de trabajo celebrada entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, vigente para el período 2001-2002.
Correspondía al recurrente, una vez identificada su definitiva trascendencia, atacar ese razonamiento, a través de la demostración de que la reparación a los campamentos de la Estación Banadia no fue la actividad laboral que ejecutó, sino otra distinta, susceptible de ser catalogada como de aquellas propias de la industria petrolera. No honró el recurrente esa carga procesal, por lo que no puede esperar prosperidad en su acusación.
Importa precisar que el ejercicio que corresponde realizar a quien recurre una sentencia en casación, no puede verse suplido con afirmaciones extrañas a las conclusiones del fallo gravado.
Tal premisa, que se exhibe consustancial a la lógica y técnica, por lo demás simples y obvias, de la casación, fue desconocida por el recurrente, en la medida en que parte del presupuesto de que el tribunal hubiese aseverado que la labor realizada por el actor fue la de “ayudante técnico en la estación de bombeo de Banadia”, cuando el juzgador realmente sostuvo que “la obra o labor contratada consistía en labores de reparación a los campamentos de la Estación Banadia”.
El cargo le achaca al Tribunal el yerro fáctico de dar por demostrado, no estándolo, que la labor realizada por el actor como ayudante técnico en la estación de bombeo de Banadia, en el mantenimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas, no estaba clasificada dentro de las actividades propias de la industria del petróleo.
No cabe duda de que en esta consideración del impugnante está envuelto un aspecto eminentemente jurídico, discernible en la senda directa, no en la indirecta escogida por aquél para combatir la sentencia de segunda instancia.
En efecto, definir si la labor concreta ejecutada por el demandante constituye o no actividad propia de la industria del petróleo, traduce un ejercicio de adecuación de la situación fáctica en la descripción general y abstracta contemplada en las normas legales (D. 284/57, art. 1º y D. 2719/93), cuestión que es de estirpe jurídica.
Por manera que si el juzgador concluye que la tarea desarrollada por el trabajador no encaja dentro de unas de las actividades consideradas por el legislador como propias de la industria del petróleo, siendo que, en realidad, si lo es, habrá de increpársele su equivocación en la falta de aplicación de la norma con vocación para regular el caso, de suerte que el ataque en casación debe ser orientado por la vía directa, en la modalidad de infracción directa.
Finalmente, conviene precisar que es la naturaleza de la actividad ejecutada por el trabajador la que determina si resulta o no ser de las propias o esenciales de la industria petrolera. Es decir, conocida la naturaleza de la faena laboral desarrollada por el operario, lo que sigue es su confrontación con la descripción general y abstracta hecha por el legislador (D. 284/57, art. 1º y D. 2719/93), para ver de concluir si constituye o no una actividad propia o esencial de la industria petrolera.
Acusa la sentencia de ser violatoria, de manera directa, en el concepto de interpretación errónea, de los artículos 1º del Decreto 284 de 1957, 1º del Decreto 2719 de 1993, en relación con los artículos 27, 28, 29, 32 a 37, 55, 57, 64 (subrogado por L.50/90, art. 6º), 65, 127 (subrogado por L.50/90, art. 14), 128 (subrogado por L.50/90, art. 15), 194, 216, 306, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 30 del Código Civil, 1º de la Ley 52 de 1975, 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 21, 24 y 25 del Decreto 1295 de 1994, y 48 y 53 de la Constitución Política.
Al desarrollar el cargo, y luego de transcribir parcialmente el artículo 30 del Código Civil y el 1 de los Decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993, expresa:
“Cabe destacar, que el Decreto 284 de 1957 consideró el mantenimiento de oleoductos, como una labor propia y esencial de la industria del Petróleo. El numeral 10 del artículo 1º del Decreto 2719 de 1993, de una forma más precisa, destacó la construcción, operación y mantenimiento técnico de las tuberías, tanques y bombas para el transporte de petróleo crudo, productos intermedios y finales de las refinerías.
“La normatividad mencionada, destaca dos clases de labores en la industria del petróleo: una labor que es propia de la industria del petróleo y otra, que es esencial de la industria del petróleo.
“Si bien, el tribunal aplicó las normas pertinentes al presente caso, la sentencia atacada en casación, les dio una inteligencia que no corresponde al verdadero sentido de lo que establecen las disposiciones contenidas en los Decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993, con lo cual incurrió en la violación directa de la ley sustancial, bajo la modalidad de interpretación errónea.
“Se aprecia en consecuencia, el error jurídico del colegiado de segunda instancia al hacer producir efectos distintos a la normatividad prevista en los Decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993, con lo cual tomó la decisión de absolver a la entidad demandada de las pretensiones incoadas en la demanda, al haber confirmado en todas sus partes la decisión de primera instancia”.
La réplica del consorcio Icamex-Termotécnica
Literalmente, su presentación es como sigue:
“Nótese que el tribunal estimó que el objeto del contrato marco entre las personas jurídicas era el mantenimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas y que las labores específicas eran las de contención de crudo y descontaminación ambiental, actividades que no realizó el demandante durante la vigencia del contrato. Como el cargo está formulado por la vía directa, se parte de la aceptación por parte de la impugnación de ese soporte fáctico. En tales circunstancias es claro que el cargo no puede prosperar.
“2. El fondo de la acusación. Es tan deleznable la acusación que en realidad no identifica de manera específica cuál fue el presunto desacierto del fallador. No logra establecer el impugnante ningún aspecto puntual que permita considerar que se dio una interpretación errónea por parte del juzgador de segunda instancia, en tanto que no cabe duda que el presupuesto normativo aludido establecido en los decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993. Lo que determinan tales preceptos son las actividades inherentes o esenciales de la industria del petróleo.
“El verdadero sentido de los decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993 es señalar cuáles labores y actividades son propias o esenciales de tal industria y las enumeró taxativamente sin dar pie a interpretaciones.
“De esta forma queda claramente demostrado que de acuerdo con las labores que realizó el trabajador no le era aplicable ningún tipo de beneficio convencional dado que estas no encajan dentro de las actividades establecidas en la ley como propias o esenciales de la industria del petróleo.
“Por lo expuesto, acertó claramente el tribunal en la interpretación de los decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993”.
La oposición de Ecopetrol
Anota que, al atacar por vía directa, el recurrente acepta los hechos dados; que el tribunal encuentra que el contrato general celebrado entre las codemandadas tenía como objeto el mantenimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas, “estableciéndose como labores específicas la de contención eventual del crudo y la de descontaminación ambiental; pero encontrando también que dichas actividades no fueron las ejecutadas por el demandante en vigencia de su contrato”; y que no “se entiende por que el demandante las clasifica las actividades descritas en la norma entre las que son propias de la industria del petróleo y las que le resultan esenciales, ni que quiere decir ello o cual es su alcance o efecto”.
Se ha dicho igualmente que, para obtener ese cometido, debe la censura efectuar una comparación entre la comprensión que a la norma jurídica le dio el ad quem, con el recto sentido que surge de su texto, de suerte que al efectuar el estudio del precepto para verificar que el entendimiento que se le otorgó es o no correcto, dado el carácter dispositivo del recurso extraordinario, debe la Corte estudiar las razones expresadas por el impugnante, sin que le sea dado suplir las falencias argumentativas que el cargo presente.
Ese indispensable análisis comparativo brilla por su ausencia en este caso, porque el impugnante no explica razonadamente la desviación doctrinaria que le atribuye al tribunal en el entendimiento de las disposiciones legales que dice fueron equivocadamente interpretadas
La insuficiencia advertida en el cargo no puede ser subsanada por la Corte, dado que la naturaleza dispositiva del recurso le impide desplazar cualquier actividad oficiosa para efectos de establecer las eventuales equivocaciones que se presentan en la sentencia recurrida.
De otra parte, cabe recordar que cuando el ataque en casación se orienta por la vía directa, el recurrente debe, en realidad y no solo en apariencia, aceptar los hechos en la forma como los tuvo por probados el sentenciador.
Y ello es así, porque en la senda directa se parte de la base de la conformidad plena y absoluta del impugnante con la cuestión de hecho del proceso, por razón de que la discusión debe permanecer en el terreno estrictamente jurídico, respecto de las normas que se estimen violadas por infracción directa (por ignorancia o rebeldía), por interpretación errónea o por indebida aplicación.
Al despachar el primer cargo, se dejó precisado que el tribunal concluyó que “la obra o labor contratada consistía en labores de reparación a los campamentos de la Estación Banadia”.
En este cargo, el recurrente, en su empeño, a la postre ineficaz, de demostrar que el demandante ejecutó una actividad propia de la industria del petróleo, pretende encuadrarla en la construcción, operación y mantenimiento de las tuberías, tanques y bombas para transporte de petróleo, crudo, productos intermedios y finales de las refinerías, con lo que se aparta, por completo, de la cuestión fáctica que encontró demostrada el juzgador de segunda instancia.
Por lo tanto, la acusación no tiene vocación de prosperidad.
“La sentencia acusada incurre en violación medio del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que a su vez llevó al sentenciador a violar directamente la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa de los artículos 32 a 37, 55, 57, 64 (subrogado por L. 50/90, art. 6º), 65, 127 (subrogado por L. 50/90, art. 14), 128 (subrogado por L. 50/90, art. 15), 194, 216, 306, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º Ley 52 de 1975, 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 21, 24 y 25 del Decreto 1295 de 1994, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.
Al empezar la demostración, sostiene:
“Al resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente, el tribunal luego de transcribir los Decretos 284 de 1957 y 2719 de 1993, señaló que la labor desarrollada por el demandante no encuadraba dentro de las actividades propias y esenciales de la industria del petróleo, razón por la cual, no tenía derecho a los beneficios de la convención colectiva del trabajo celebrada entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, vigente para los años 2000-2001.
“Si conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la sentencia de segunda instancia debe guardar consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, el caso en discusión, el actor en su impugnación, centró su inconformidad contra el fallo del a quo, no solamente con su labor relacionada con la actividad propia y esencial de la industria del petróleo y la consecuente aplicación de la convención colectiva del trabajo, sino que también, abarcó otros temas que no fueron objeto de pronunciamiento judicial”.
Reproduce pasajes de las sentencias de esta Corte del 22 de enero de 1999 (Rad. 11.262) y del 23 de mayo de 2006 (Rad. 26.225). A continuación, dice:
“Si es un imperativo legal, el de que la sentencia de segunda instancia guarde consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, en el presente caso, se evidencia que el sentenciador en su afán de confirmar la decisión del a quo, pasó por alto temas que fueron objeto de discusión en la impugnación del actor.
“Incurrió entonces, el sentenciador de segundo grado en el yerro jurídico anotado, decisión que no estuvo acorde con lo preceptuado por el artículo 66A del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en punto a que la sentencia de segunda instancia debe estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.
“Mejor dicho, al ignorarse por el sentenciador el artículo 66A del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, se incurrió en la violación de medio, lo cual condujo a la violación directa de la ley, en la modalidad de infracción directa de las disposiciones de naturaleza sustancial citadas en el cargo”.
Le cuelga al cargo el error técnico de haber sido formulado por la vía directa, pero se muestra inconforme con la valoración del tribunal del escrito contentivo del recurso de apelación, lo que ha debido controvertir, separadamente, por la vía de los hechos.
Agrega que no existe fundamento legal alguno para tratar por esta vía de suplir una falla cometida por el demandante, al no haber interpuesto la solicitud de adición de la sentencia del tribunal, con arreglo al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.
Señala que el recurrente se equivocó de vía, pues el ataque debió dirigirlo por la senda indirecta, dado que el cargo lo soporta sobre hechos, especialmente los relacionados con la realización o no de labores propias de la industria del petróleo; y que no puntualiza cuáles fueron los puntos que recibieron pronunciamiento en la sentencia, sin que debiera hacerla, o cuáles fueron los puntos sobre los que se pronunció; y que la omisión de pedir la adición de la sentencia no puede convertirse en elemento de ataque de la sentencia de segunda instancia.
A decir verdad, la censura se quedó a medio camino, como que simplemente arguyó que “el actor en su impugnación, centró su inconformidad contra el fallo del a quo, no solamente con su labor relacionada con la actividad propia y esencial de la industria del petróleo y la consecuente aplicación de la convención colectiva del trabajo, sino que también, abarcó otros temas que no fueron objeto de pronunciamiento judicial” y que “en el presente caso, se evidencia que el sentenciador en su afán de confirmar la decisión del a quo, pasó por alto temas que fueron objeto de discusión en la impugnación del actor”, sin que hubiese intentado, si quiera, explicarle a la Corte cuáles fueron los temas que registra el escrito de fundamentación de la alzada no apreciados por el ad quem.
De esta manera, a la Corte se le imposibilita determinar si el juzgador de la segunda instancia, al distanciarse de los aspectos tocados por el apelante, pecó de incongruente y, en tránsito por esa vía, incurrió en el quebranto normativo que se le imputa.
Además, como lo destacan los opositores, “el cargo se muestra inconforme con la valoración del tribunal del escrito contentivo del recurso de apelación, lo que ha debido controvertir en un cargo separado por la vía de los hechos y no la de puro derecho, pues se trata de una desavenencia de orden fáctico, incompatible con la vía de ataque escogida”.
“La sentencia acusada incurre en violación medio del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social); que a su vez llevo (sic) al sentenciador a violar directamente la ley sustancial, por infracción directa de los artículos 1º del Decreto 284 de 1957, 1º (salvo el parágrafo) Decreto 2719 de 1993, en relación con los artículos 27, 28, 29, 32 a 37, 55, 57, 64 (subrogado por el artículo 6 Ley 50 de 1990), 65, 127 (subrogado por el artículo 14 Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 Ley 50 de 1990), 194, 216, 306, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º Ley 52 de 1975, 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 21, 24 y 25 del Decreto 1295 de 1994, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.
La demostración del cargo la planteó en los siguientes términos literales:
“Es conocido que la sentencia debe concordar con las pretensiones de la demanda, por cuanto el juez no puede otorgar en su fallo más de lo pedido, ni algo distinto, ni condenar por causa diferente a la invocada en ella. Por tanto, se estima que esta es incongruente, cuando las resoluciones adoptadas no se compaginan con la causa petendi invocada y condensada en los hechos contenidos en el libelo introductor.
“La aplicación del postulado de la congruencia de la sentencia previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, impone una estricta adecuación del fallo tanto con los hechos, el objeto y la causa de la pretensión como con la oposición que contra ella se hubiese podido plantear en el proceso; significándose entonces que se debe resolver sobre todas y cada una de las cuestiones esenciales del litigio, amén de que ha de existir consonancia entre lo pedido y lo resistido.
“Al realizar la confrontación entre el contenido de la sentencia acusada con lo pedido en las pretensiones de la demanda, encuéntrese que el tribunal al resolver el recurso de apelación, desconoció el principio de congruencia previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que la labor del demandante era la de reparación a los campamentos de la Estación Banadia; que en ningún momento había desarrollado actividades relacionadas con las actividades propias y esenciales de la industria del petróleo, clasificadas en el artículo 1º del Decreto 2719 de 1993, por lo que no tenía derecho a los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, vigente para los años 2001-2002.
“Haber considerado el sentenciador que la labor desarrollada por el actor, no estaba dentro de las actividades clasificadas en el artículo 1º del Decreto 2719 de 1993, lo llevó a confirmar la decisión del a quo, dejando de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, violando con ello una norma de procedimiento (CPC, art. 305), que de paso, lo condujo a violar las normas sustánciales invocadas en el presente cargo”.
Pone de presente que el desarrollo del cargo no tiene nada que ver con el principio de consonancia; que de lo que se duele el recurrente es un aspecto meramente fáctico y, por tanto, ajeno a una acusación orientada por la vía directa; y que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, “no es esta la oportunidad para debatir lo que se pretende en este cargo de la demanda de casación”.
Advierte que el demandante, al sustentar el cargo, “no señala que no hubiese consonancia entre lo indicado en la demanda y lo fallado, sino que su observación se hace solo en relación a que el honorable tribunal consideró que la labor del demandante era la de reparación de campamentos en la Estación Banadia, que no desarrolló jamás actividades propias de la industria del petróleo y que no tenía por tanto derecho a los beneficios o prestaciones extralegales convencionales, todos elementos sobre los que versa la demanda”.
Tal como lo ha explicado esta Sala de la Corte, de seguro, con el propósito de salvaguardar el derecho de defensa de los contendientes judiciales, el artículo 305 del estatuto que gobierna los ritos civiles —aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a la preceptiva de su artículo 145, claro que con la morigeración atinente a la facultad del juez laboral de única o de primera instancia de proferir decisiones extra o ultra petita— la sentencia debe guardar armonía o consonancia “con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
De manera que la determinación de la congruencia o incongruencia tiene como parámetros de comparación: a) La sentencia enfrentada con las pretensiones y los hechos planteados en la demanda; y b) La sentencia confrontada con las excepciones, a condición de que aparezcan probadas y hubiesen sido propuestas, si así lo reclama la ley.
Es el cotejo de la sentencia con las pretensiones, al igual que con las excepciones, y los fundamentos fácticos de las unas y de las otras, lo que define si el pregón de incongruencia que se lanza sobre el fallo es fundado o no.
Simplemente, hay que mirar en la demanda las pretensiones —es decir, el bien o bienes jurídicos perseguidos por el demandante que, en virtud de la ley sustancial, le deben ser reconocidos por el demandado— y los hechos en que se soportan aquéllas —esto es, el sustento fáctico, la causa petendi—. Luego, examinar la sentencia para ver de establecer si respetó o no ese marco trazado en la demanda.
Igual contraste cabe realizar entre la demanda y las excepciones. Ese, se repite, es el sencillo ejercicio que debe hacerse. De tal suerte que cualquier otro elemento, factor o circunstancia no constituye un extremo de comparación, en el horizonte de establecer si la sentencia es congruente o no.
Al compás de lo expresado, el fallo gravado no incurrió en el vicio procesal de incongruencia que se le achaca, en la medida en que consultó las pretensiones y los hechos que registra la demandada introductoria del presente proceso.
Cuestión distinta —y que en manera alguna torna incongruente el fallo— traduce que el tribunal, con base en la prueba de autos, hubiese concluido que “la obra o labor contratada consistía en labores de reparación a los campamentos de la Estación Banadia”, y, por ende, no corresponde a una actividad propia de la industria petrolera.
Es decir, con absoluto respeto del marco trazado en la demanda, el ad quem denegó las pretensiones planteadas por el demandante, en razón de no haber encontrado demostrado que la faena laboral ejecutada por el demandante sea propia de la industria petrolera, que, justamente, se erigió en el fundamento fáctico cardinal de aquéllas.
Como hubo oposición, se impondrán las costas en casación a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, dictada el 23 de enero de 2007 en el proceso ordinario laboral que promovió Enrique Figueroa Patiño contra el Consorcio Ingenieros Civiles Asociados México S.A. - Termotécnica Coindustrial S.A. (Icamex-Termotécnica); las sociedades integrantes de ese consorcio: Ingenieros Civiles Asociados México S.A. (Icamex) y Termotécnica Coindustrial S.A. (Termotécnica); y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Y en el que fueron llamadas en garantía, por la última, las sociedades Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. y Compañía de Seguros Bolívar S.A.
Costas en casación, a cargo del demandante y a favor del Consorcio Ingenieros Civiles Asociados México S.A. - Termotécnica Coindustrial S.A. (Icamex-Termotécnica) y de la Empresa Colombiana de Petróleos.