Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421059L.html
Timestamp: 2019-03-24 23:44:57
Document Index: 233221092

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 125', 'artículo 129', 'artículo 124', 'artículo 91', 'artículo 42', 'artículo 8']

A.S. Nº 059
Expediente: SC – 91 – 10 - S
Partes: Celidonia Sánchez Ríos c/ Hugo Antelo Zankys y otra
VISTOS: Los Recursos de Casación de fojas 148 y vuelta y 151 a 152 vuelta, interpuesto por Argentina Rodríguez de Antelo y Hugo Antelo Sankys, contra el Auto de Vista N° 527 de 24 de octubre de 2009, cursante a fojas 144 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre USUCAPION, seguido por Celidonia Sánchez Ríos contra el co recurrente y otros, los antecedentes del proceso, la contestación a los recursos extraordinarios de fojas 155 y 156 y el auto de concesión del recurso de fojas 163; y,
DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, emitió sentencia N° 08/09 de fecha 16 de marzo, cursante a fojas 107 a 112 vuelta, declarando PROBADA la demanda de fojas 5 y vuelta interpuesta por Celidonia Sánchez Ríos e improbada la demanda reconvencional de fojas 42 a 44, presentada por Hugo Antelo Zankys, sin constas, en consecuencia, se declara a la actora propietaria del bien inmueble que ocupa, el mismo que tiene una superficie de 455 m2, así como también de las construcciones y mejoras introducidas, debiendo ministrarle posesión ejecutoriada que sea la sentencia.
Que, en grado de apelación incoada por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, confirma la Resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: Resolución de alzada, que motivo la interposición de recurso de casación por parte de la esposa del demandado así como del demandado, explicando lo siguiente:
En cuanto al recurso en la forma de Argentina Rodríguez de Antelo, manifiesta que hubo violación a su derecho a la defensa, que siendo ésta esposa de Hugo Antelo Zankys y co propietaria del inmueble a usucapir, no le notificaron con la demanda, vulnerando el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, solicitando que de acuerdo a lo previsto por el art.15 y 247 de la Ley de Organización Judicial, el tribunal de alzada debe dictar auto supremo anulando obrados, hasta el auto de admisión de la demanda.
En cuanto al recurso de casación en el fondo de Hugo Antelo, indica que hubo violación de los artículos 1454 y 105 del Código Civil así como art. 1, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, al no haber valorado y pronunciado por las pruebas documentales que demostraba su derecho propietario sobre el bien inmueble, existiendo error de hecho y derecho en la valoración de las pruebas.
Pide al Tribunal Supremo, dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y declare probada su demanda reconvencional y se reconozca su derecho propietario inscrito en Derechos Reales el cual es imprescriptible.
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: De los antecedentes que denota el proceso es pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:
Que, el Auto de Vista que confirma la sentencia, es recurrida en casación en la forma por la esposa del co demandado propietario señora Argentina Rodríguez de Antelo, efectuando su primera aparición en el proceso, aduciendo indefensión, indicando que, al constituir el inmueble a usucapir un bien ganancialicio, adquirido dentro de matrimonio, no se le demando como co propietaria del mismo, peor aún haber sido citada o notificada con la demanda, solicitando la nulidad de obrados, hasta el estado de demandársela y asuma defensa.
Que, las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta de cosas respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes.
La Ex Corte Suprema como el actual Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus reiterados fallos, de manera uniforme han establecido que la demanda de usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, extintivo para el usucapido y adquisitivo para el usucapiente, y para que se produzca de forma válida y eficaz ese doble efecto, la demanda debe necesariamente ser dirigida contra el último titular registral que aparece en Derechos Reales como propietario del inmueble (sujeto pasivo) contra quien se pretende que se opere el efecto extintivo del derecho.
Solo, si se dirige la demanda de manera correcta contra el verdadero propietario registral de inmueble, puede asumirse en Sentencia decisiones útiles y eficaces respecto a las partes, y la cosa juzgada adquiere su carácter material comprendiendo a todos a quienes deriven sus derechos respecto del bien inmueble objeto de litis; en el caso presente, la demanda de fojas 5 y vuelta, es dirigida contra Hugo Antelo Sankis, ampliándola además a “presuntos propietarios y/o cualquier persona que se crea con derecho sobre el lote demandado”, que de acuerdo a las documentales presentadas tanto de cargo como de descargo, éste aparece como titular propietario del inmueble objeto de la litis.
Que, en materia de nulidades debe tenerse en cuenta los principios de especificidad, trascendencia y convalidación, en virtud a los cuales no hay nulidad si ésta no se encuentra expresamente prevista por ley, la nulidad debe ser declarada sólo si la infracción de las formas afectó el derecho a la defensa de la parte perjudicada con ella, y únicamente si la parte no convalidó la infracción.
Que, una de las reglas del debido proceso descansa precisamente en el derecho a la defensa, una correcta citación es el presupuesto necesario para el ejercicio de ese derecho, de ahí que la falta de citación o la que se aparta de las formas establecidas por la ley, apareja la nulidad de lo actuado. Lo que la ley exige y pretende, es que la demanda y la resolución de admisión, sean efectivamente comunicadas al demandado, para que de esa forma se haga efectivo el precepto audiatur altera pars, que consagra el principio de contradicción, y de esa forma, el demandado pueda asumir, si así lo considera necesario y pertinente su derecho a la defensa.
Cuando se ignora el domicilio del demandado o cuando la demanda estuviere dirigida a persona cuya identidad se ignora, la ley ha previsto que la citación, en esos casos, se realizará por edictos que deben ser publicados por el término y en la forma previstos por el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil. La norma citada, precisa que el edicto de citación con la demanda debe publicarse en un diario autorizado por la Corte Suprema, durante el término de treinta días, por tres veces, con intervalos no menores de cinco días, además el edicto debe ser fijado por el mismo plazo en el tablero especial de la casa judicial, de esa forma la ley pretende asegurar la mayor difusión posible, de tal manera que el demandado tenga la posibilidad de conocer la existencia de la demanda interpuesta en su contra.
Que, el principio de igualdad se resume en el precepto "audiatur altera pars" (óigase a la otra parte), que significa que toda petición formulada por una de las partes en el proceso debe ser comunicada a la parte contraria a objeto que ésta pueda asentir, oponerse o defenderse de la pretensión contraria. En ese orden la primera aplicación de este principio, reposa en que la demanda debe ser necesariamente puesta en conocimiento del demandado, a este objeto nuestra normativa procesal Civil ha introducido entre las normas procesales, un capítulo específico referido a la forma de hacer conocer a las partes el contenido de una demanda, sea a través de la citación personal, por cédula, por comisión o por edictos.
Al efecto, y conviniendo con el concepto que la tutela constitucional del proceso requiere una correcta citación, a fin de resguardar la garantía del debido proceso, el artículo 129 del Adjetivo Civil estipula que "toda nulidad por falta de forma en la citación, quedará cubierta si no es reclamada antes o a tiempo de la contestación". En el caso de Autos ante el desconocimiento del domicilio de los demandados, el juez A quo, por Auto de fecha 10 de enero de 2007, a tiempo de admitir la demanda, corre en traslado a Hugo Antelo Zankys, presuntos propietarios y/o quienes se creyeren con mejor derecho sobre el inmueble, instruyendo se cite mediante edictos de prensa, previo juramento de desconocimiento de domicilio, esto en aplicación al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, que cumplidas las publicaciones de los edictos de prensa en fechas 30 de marzo, 5 de abril y 11 de abril de 2007, el co demandado Hugo Antelo Zankys, se apersona al proceso por memorial de fecha 27 de abril de 2007, en la que además contesta y formula demanda reconvencional.
Que por memorial de fojas 50 vuelta, el Juez de la causa, designa en calidad de abogado defensor de oficio de los presuntos propietarios a la Dra. Neida Herrera Melgar, a solicitud expresa del propio codemandado Hugo Antelo Zankys, Defensora de Oficio que se apersona por actuado de fojas 52 y vuelta, contestando a la demanda a nombre de los demandados “presuntos propietarios”, que por reiterados memoriales del co demandado Antelo Zankys, se traba la relación procesal por auto de fojas 56, previa citación a la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Por lo verificado, el Juez A quo, como director del proceso y en resguardo del principio de igualdad de las partes y precautelando el derecho a la defensa, procedió con apego al procedimiento, obrando en apego al debido proceso, en cuanto a la citación a los co demandados y designación de defensor de oficio, a fin de garantizar a las partes el goce de su derecho a la defensa, por lo que no es posible acudir al llamado de nulidad de obrados, ya que con el apersonamiento del co demandado, se ha demostrado que la citación por edictos ha cumplido su finalidad, es decir hacer conocer la existencia de un proceso judicial.
La recurrente Argentina Rodríguez de Antelo, en su acusación de causarle indefensión, al no haber sido demandada, entendiendo que esa omisión lesionaba sus derechos, no impugnó ni observó tal situación dentro del proceso, sino hasta este último momento, por lo que su derecho a precluído porque no observó la supuesta anomalía procesal de falta de citación y notificación con la demanda, lo que se denomina como vicio consentido o principio de convalidación, observación tampoco realizada por el esposo, co demandado.
Que, el pensar dejar sin efecto la citación por edictos y disponer una nueva citación y demanda personal a la señora Argentina Rodríguez de Antelo, conforme se solicita a fojas 148 y vuelta, sería privilegiar un excesivo formalismo simplemente dilatorio, sin tomar en cuenta que la finalidad del proceso no son las formas en sí mismas, sino los derechos sustantivos que se litigan, tal cual lo establece el artículo 91 Código de Procedimiento Civil.
Con todos estos antecedentes se evidencia que cualesquier acto viciado de nulidad hubiera quedado convalidado, deduciendo que la nulidad bajo el argumento de habérsele causado indefensión a Argentina Rodríguez de Antelo, resulta ser contrario a los principios de trascendencia y convalidación que rigen las nulidades procesales, pues el esposo de ésta ha asumido defensa en primera instancia, por lo que el reclamo en recurso de casación resulta ser injustificado.
Por otro lado, es ineludible ingresar a considerar el actuar durante el proceso de la y el recurrente, así como del abogado patrocinante, al respecto traeremos a colación legislación comparada, previamente expresaremos:
“Abusus non est usus, sed corruptela”. (El abuso no es uso, sino corruptela).
Con estos aforismos, nos da pié a decir que, los efectos de la temeridad y malicia (mala fe) procesales generan que el derecho se distorsione, que pase de la corrección a la incorrección– del sentido de la profesión del abogado, es decir, que mientras en sus inicios era ciertamente auspicioso, con el transcurso del tiempo se deformó o se inclinó a favor (aunque no mayoritaria, pero cada vez en aumento) de la temeridad y malicia (mala fe) procesales. Sobre todo cuando de la denominación misma del área de estudio, conocimiento o saber del abogado (derecho) se puede desentrañar sus significados o acepciones básicas (recto, correcto), que aluden a lo sensato, justo, razonable, honesto, legal, lícito, procedente; que debe lógicamente caracterizar a la quintaesencia de la abogacía, como lo fue en sus inicios y debe continuar siéndolo.
Pero, es más preocupante aún si tomamos en cuenta que el proceso se ve desnaturalizado por el litigio malicioso o abuso del derecho de litigar. Más aún cuando los que violentan o violan el proceso reclaman que sus argucias ilegítimas sean accedidas en nombre de la vigencia y defensa misma del debido proceso. Así, el juez de la causa, en el ejercicio de su función de administrador de justicia y defensor de la corrección del proceso, no puede permitir que las partes, por cualquier medio o modo, festinen el proceso; dicho en otros términos, el magistrado es y tiene que comportarse como garante del fiel cumplimiento del debido proceso en el juicio.
Además, las partes y los abogados deben tomar en cuenta que al hacer fraude, estafa o incorrección en el proceso, o accionar con temeridad procesal, no solo incurren en abuso del derecho, sino que también vulneran las atribuciones y majestad del juez, los derechos de la parte contraria, y también, por si fuese poco, el debido proceso.
Igualmente, es importante precisar o tener en claro los significados de temeridad y malicia. Así, tenemos que: i) "La primera, consiste en la conducta de quien sabe o debe saber su mínima razón para litigar y, no obstante, lo hace, abusando de la jurisdicción; y ii) La segunda, se configura en cambio, por el empleo arbitrario del proceso o actos procesales, en contraposición a los fines de la jurisdicción, con un objeto netamente obstruccionista. Abusa y agrede a la jurisdicción".
Malicia procesal es “la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto (inconducta procesal genérica) o aisladamente cuando el cuerpo legal los conmina con una sanción específica (inconducta procesal específica), y el empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe”. Malicia es, por ejemplo, confabular con el notificador para que notifique en un domicilio diferente del que consta en la cédula, con el oscuro propósito que el demandado o notificado pierda sus derechos por la no comparecencia en término al proceso.
La temeridad se evidencia en tanto se vincula con el actuar o proceder procesal de fondo y la malicia se identifica más bien con la forma valiéndose de lo que está regulado, abusando de ello. Sin embargo, no debemos perder de vista que tanto la temeridad como la malicia- mala fe- (demostrados) en que incurre el litigante deben ser sumaria y ejemplarmente sancionadas por el juez del proceso.
La aparición del término “temerario procesal o litigante temerario” se produce en los inicios de la culpa aquiliana o extracontractual de la ley del mismo nombre, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna ejercitaba una acción o temerariamente se oponía a ella, generándose un daño evidentemente injusto que debía ser definitivamente reparado.
El litigante temerario, denominado por Justiniano “improbus litigatur” (contendiente deshonesto, pleitista de mala fe), tiene una naturaleza binomia o bifronte, es decir: i) demanda o se excepciona a sabiendas de su falta de razón o sin motivo valedero, ejerciendo una litigación bizantina, ii) activando la prestación de la función jurisdiccional basándose en motivos fútiles, lo que constituye una actualización del supuesto de falta de lealtad o de probidad procesal. Improbus deviene de improbe e improbe significa con maldad o perversamente, de modo defectuoso, injusto e irrazonado. Es quién activamente tiende trampas y/o estafas procesales con una subjetividad dolosa, con la finalidad de engañar al juez y derrotar y/o dañar o perjudicar a la parte contraria, recurriendo al uso de medios ilegales y falsos para obtener el resultado propuesto.
Así expresamos que, litigar temerariamente, es actuar de mala fe, con la idea de lograr beneficios en base a mentiras, engaños, ocultar información, etc. Así también, quien inicia una demanda, o interpone una excepción sabiendo que no tiene un mínimo de razón, incurre en temeridad litigante.
Consecuentemente, el temerario procesal o “improbus litigatur”, es quien ha actuado indistinta o concurrentemente con temeridad procesal o con malicia (mala fe) procesales.
Como ya lo anticipamos, tenemos que la temeridad y malicia procesales se identifican con la farsa, con la estafa en el proceso, con la ilegalidad, con el abuso del derecho. En consecuencia, son totalmente contrarias a los principios procesales que salvaguardan los derechos de las partes y de terceros, principios que pueden entenderse a nivel genérico, o específico, es decir, ya sea a nivel de un proceso constitucional u ordinario.
En el caso de autos, como ya lo mencionamos, la recurrente acusa de indefensión al no haber sido demandada como co propietaria del inmueble objeto de la litis, siendo un bien ganancial, presentando su recurso en la forma, según ella, teniendo conocimiento extrajudicial del proceso, esbozando la vulneración a preceptos constitucionales, cuando como ya se desarrolló, ésta al igual que los otros codemandados fueron debidamente citados con la demanda a través de edictos de prensa publicados, habiéndose apersonado, contestado, reconvenido y asumido defensa el señor Hugo Antelo Zankys, esposo de ésta, y por otro lado también, los codemandados, presuntos propietarios, asumieron defensa mediante la Abogada defensora de oficio, asignada para tal efecto.
Los demandados, a más de este comportamiento desleal, con el afán de burlar y sacar beneficio al procedimiento, en concreto la esposa plantea se anule obrados, hasta que se le demande y cite, después de más de 3 años de iniciada la demanda, so pretexto de no haber tenido conocimiento anterior del mismo, cuando esa afirmación temeraria cae en sus propias imprecisiones, ya que revisado el expediente se tiene que a fojas 42 a 44 de obrados, el memorial por el cual se apersona, contesta y reconviene el demandado Hugo Antelo Zankys, es suscrito por el mismo abogado que desde el principio del proceso, hasta su finalización fue quien lo patrocino, siendo este letrado quien también suscribe su memorial de casación y con excesiva extrañeza y casualidad es este mismo ilustre académico del derecho, quien suscribe el memorial de casación de la señora Argentina Rodríguez de Antelo, situación por demás ingeniosa y concomitante de los recurrentes, teniendo el desatino de acusar indefensión por falta de conocimiento y citación de la presente causa, cuando es el mismo abogado patrocinante quien ha conocido el proceso y ante este Tribunal presentó los recursos de casación de los esposos Antelo-Rodríguez, habiendo actuado con deslealtad y malicia procesal.
Así el recurrente Antelo, sólo con el fin de producir demora y se prolongue indefinidamente el proceso, insiste en que se le reconozca como propietario del inmueble, cuando es precisamente requisito indispensable, para interponer la demanda de usucapión, dirigirla contra el propietario, por lo que su acusación no tiene fundamento ni respaldo jurídico alguno, al igual que su denuncia de existir error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, haciendo una mera mención general de violación, sin fundamentar normativamente cuál sería la valoración legal que merecia.
Respecto de los principios procesales: Hernando Devis Echandía (jurista y procesalista Colombiano) afirma la importancia de los principios de la buena fe y la lealtad procesales (este último, denominado también, principio de moralidad y principio de conducta procesal): “La ley procesal debe sancionar la mala fe de las partes o de sus apoderados, estableciendo para ello severas medidas, entre ellas la responsabilidad solidaria de aquellas y éstos, y el juez debe tener facultades oficiosas para prevenir, investigar y sancionar tanto aquella como el fraude procesal”.
En ese sentido, no se puede accionar, en sede judicial, con temeridad y/o malicia procesales si se es respetuoso de los principios señalados, ya que la malicia y temeridad procesales son totalmente opuestas o antagónicas respecto de los principios de la buena fe y la lealtad procesales.
Consiguientemente, corresponde resolver los recursos planteados dando aplicación a la previsión de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma interpuesto por Argentina Rodríguez Antelo y en el fondo interpuesto por Hugo Antelo Zankys, contenidos en los memoriales de fojas 148 a 149 y 151 a 152 vuelta respectivamente, con costas.
Libro de Tomas de Razón 59/2014