Source: https://issuu.com/ecpatguatemala/docs/protocolo_deteccion
Timestamp: 2017-08-18 08:16:31
Document Index: 168597432

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 51', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 137', 'artículo 16', 'artículo 114', 'artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 106', 'artículo 106']

Protocolo detección y atención integral by ECPAT guatemala - issuu
a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial GUATEMALA
Protocolo para la detección y atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial Elaboración: ECPAT Guatemala Redacción: Marylis de Estrada Erica Díaz de Martínez Consultoras ECPAT Guatemala Revisión:
Carmen Alicia de Wennier Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República Verónica Molina Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República Mirna Lorenzana Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República María Eugenia Villarreal Directora ECPAT Guatemala Elizabeth Moreno Consultora Externa Proyecto Subregional contra la ESC, OIT-IPEC, Guatemala Adriana Hidalgo Oficial Proyecto Subregional contra la ESC, OIT-IPEC, San José Costa Rica
Producido en Guatemala Diseño: Impreso:
Tritón imagen & comunicaciones Lithopress
DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial
CAPÍTULO I. Bases de orientación general
A. Definición de protocolo
B. Objetivo del protocolo
C. Definición de una política institucional para la atención de víctimas de explotación sexual comercial
9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
D. Elementos conceptuales 1. Niño, niña y adolescente 2. Explotación sexual comercial 3. Víctima 4. Revictimización o victimización secundaria 5. Enfoque de derechos 6. Principios del enfoque de derechos en la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC 7. Media de protección 8. Trata de personas 9. Pornografía infantil 10. Venta de niños/niñas 11. El cliente-explotador 12. El proxeneta 13. Intermediarios 14. Redes de explotadores sexuales 15. Tratantes 16. Pornógrafo
E. La realidad de la explotación sexual comercial en Guatemala
F. Principales bases jurídicas
G. Principios que guían la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial 1. Interés superior del niño, niña y adolescente 2. Sujetos/as de derechos 3. No discriminación 4. Restitución de derechos 5. Prioridad de la familia 6. Atención especializada 7. Confidencialidad 8. Legalidad 9. Presunción de minoría de edad
H. Competencias institucionales
CAPÍTULO II. Atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial
A. Criterios básicos para los programas de atención integral
B. Procedimientos para la protección a las víctimas 1. Sospecha, aviso y denuncia 2. Detección y rescate 3. Protección inmediata a la víctima 4. Proceso de protección a la víctima 5. Proceso judicial contra las y los explotadores
C. Atención integral con enfoque de derechos 1. Primer nivel de intervención: Garantía del derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a la protección 1.1 Sistema de referencia y contrarreferencia 1.2 El expediente individual 1.3 Coordinación interinstitucional 1.4 La repatriación de las víctimas extranjeras 1.5 Derecho a la convivencia familiar 2. Segundo nivel de intervención: Garantía del ejercicio de los Derechos Humanos 2.1 Elementos del plan de atención 2.2 La reintegración social y el retiro de la explotación sexual comercial 2.3 Seguimiento y monitoreo
Anexo. Factores de vulnerabilidad
10. Opinión e información 11. La institucionalización como medida excepcional
La Secretaría de Bienestar Social, como ente rector en la protección integral de la niñez y adolescencia, reconoce que la elaboración del Protocolo para la Detección y Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial, implica una acción más contra una de las violaciones más crueles cometidas a diario contra la infancia y adolescencia guatemalteca. Así también, se insta a todos aquellos que día a día trabajan con esta población, a que fortalezcan sus acciones por medio de la implementación y divulgación del presente instrumento, transformándolo en una herramienta esencial para la efectiva labor de atención integral. Es parte del compromiso de la Secretaría de Bienestar Social, asegurarnos que la implementación de dicho Protocolo trascienda en la vida de las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial que se encuentran bajo nuestra protección y abrigo, de manera que la atención integral brindada, tenga los estándares necesarios para garantizar la restitución de los derechos vulnerados.
Guatemala ha adquirido responsabilidad internacional al ratificar diversas convenciones, convenios y protocolos para la protección de los derechos humanos en general y de la niñez y adolescencia en particular. De igual manera, ha adoptado compromisos derivados del Primer Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial -ESC-1 de niñas, niños y adolescentes NNA-2 celebrado en Estocolmo, Suecia, en el año 1996 y del Segundo Congreso Mundial, en el que se suscribió el Compromiso Global de Yokohama, que reafirma la vigencia del Programa para la Acción de Estocolmo. El país reconoce que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes continúa latente y al igual que en todo el mundo, es considerada como una de las actividades del crimen organizado. La ESC se expresa por medio de formas tales como relaciones sexuales remuneradas, venta y trata de niños, niñas y adolescentes intra país o internacional- con propósitos de carácter sexual, el turismo sexual, la utilización de personas menores de edad en pornografía incluyendo internet- y en espectáculos públicos o privados de carácter sexual. No obstante los esfuerzos para incrementar la visibilidad de esta problemática, persiste aún la tolerancia y permisibilidad, que impiden su abordaje con la seriedad y firmeza necesaria, además de la escasa protección a las víctimas en apego a la restitución del ejercicio de sus derechos y la persecución penal de los responsables del delito. Entre los avances del país que pueden destacarse cabe mencionar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Plan de Acción contra la Explotación Sexual Comercial y el compromiso gubernamental para su impulso, un anteproyecto de reformas al Código Penal para tipificar delitos de ESC y la conformación de un Grupo Articulador integrado por instancias públicas y no gubernamentales, que actúa como subcomisión de explotación sexual comercial de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia.
1 En adelante se utilizarán las siglas ESC para nombrar la explotación sexual comercial. 2 En adelante se utilizarán las siglas NNA para nombrar a las niñas, niños y adolescentes.
No obstante la importancia de los progresos alcanzados, se reconoce que deben intensificarse los esfuerzos institucionales de carácter individual y colectivo, con la participación amplia de diversos sectores estatales que tienen competencia en la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la ESC y con el apoyo y acompañamiento de la sociedad civil. En ese sentido, la finalidad del presente Protocolo es servir de herramienta para la intervención efectiva de las instituciones del Estado, con vistas a prestar servicios de calidad orientados a la atención integral y protección a las personas menores de edad víctimas de la ESC. Este instrumento es el resultado de la puesta en común de diversas experiencias institucionales y el trabajo articulado entre entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. La mayor aspiración es que el mismo se convierta en una guía para la intervención interinstitucional de la red de instituciones públicas y particularmente para los centros de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en las acciones de protección, atención directa y restitución de derechos a las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.
A. Definición de protocolo B. Objetivo del protocolo El presente Protocolo se entenderá como una guía de carácter procedimental, que orienta las acciones y los procedimientos prácticos y viables a seguir por todas las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, que de acuerdo a sus competencias y fines, tienen la responsabilidad de la protección y atención a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial.
Establecer las bases de orientación y los procedimientos prácticos, considerados como estándares mínimos que deben ser impulsados por las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en la atención integral, para la restitución de los derechos humanos de las personas menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial.
C. Definición de una política institucional para la atención de víctimas de ESC La atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de la ESC requiere de la definición clara e intencionada de una política institucional de atención, lo que lleva implícito adecuaciones estructurales, de funcionamiento, creación de instrumentos de trabajo, así como la transformación de actitudes, formas de ver, entender, comprender y actuar ante la niñez y adolescencia víctima de la explotación sexual comercial. 8
La construcción de programas de atención con enfoque de derechos, debe partir de la definición al interior de las instituciones de una política:
Dirigida específicamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC. Que reconozca las especificidades y particularidades de esta problemática. Que promueva el proceso reeducativo de la víctima.
Orientada a garantizar la atención integral, con vistas a la reinserción social de la víctima. Que tome en cuenta las directrices y procedimientos emanados de la normativa legal internacional y nacional con relación a la ESC. La definición de metas y objetivos claros. Debe ser reconocida e implementada por todas y todos los miembros, a todo nivel, de la institución. Definir normas, instrumentos y procedimientos para la detección, denuncia, investigación, protección, registro y seguimiento en el proceso de atención integral.
D. Elementos conceptuales 1. Niño, niña y adolescente
Se considera niño o niña a toda persona, desde su concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad.3
2. Explotación sexual comercial
La utilización de personas menores de 18 años de edad en actividades sexuales, eróticas o pornográficas, para satisfacción de los intereses y/o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago o promesa de pago económico, en especie o de cualquier otro tipo de regalía para la persona menor de edad o para una tercera persona.4 La explotación sexual comercial de personas menores de edad se considera una de las violaciones más severas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dejando en ellos efectos profundos que afectan su desarrollo pleno e integral como personas. Dentro de las distintas manifestaciones de la ESC se encuentran; relaciones sexuales remuneradas, venta y trata de niños, niñas y adolescentes intra país o internacional- con propósitos de carácter sexual, el turismo sexual, la utilización de personas menores de edad en pornografía incluyendo internet- y en espectáculos públicos o privados de carácter sexual.
Se entenderá por víctimas a las niñas, niños y adolescentes que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluida la que proscribe el abuso de poder.5 En el caso particular de este protocolo, a su vez se considerará como víctima a todo niño, niña o adolescentes que haya sido involucrado en cualquiera de las formas de explotación sexual comercial.
El uso del término víctima no debe ser utilizado para negar a la niña, niño y adolescente la integridad de su humanidad y su capacidad de cambio. En todo momento debe reconocérseles como personas con derecho a ser entendidas y atendidas, utilizando todos los medios al alcance.
4. Revictimización o victimización secundaria
Se refiere a los efectos nocivos que se pueden provocar a las niñas, niños y adolescentes víctimas, por medio de la intervención no especializada de agentes/funcionarios-as del Estado. Esta manera de actuar promueve la actualización de lo sucedido, a tal punto que configura una nueva experiencia traumática.6 El interrogatorio excesivo puede ser fuente de revictimización. Atendiendo al interés superior del niño, niña y adolescente, los jueces así como las autoridades públicas o privadas que atienden a la niñez deben asegurarse que sus decisiones y acciones no tengan efectos negativos o contraproducentes a ese interés, de tal manera que la intención no constituya fuente de nuevas vulneraciones a sus derechos.
3 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Guatemala. Decreto 27-2003 del Congreso de la República. Art. 2. 4 Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, Yokohama, Japón, 2001. 5 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985, artículo 1. 6 Marcón, Osvaldo. Tras el abuso, la revictimización. El Santafesino, Santa Fe, Argentina, 2005.
El enfoque de derechos se ha constituido en una nueva forma para la comprensión del bienestar de los seres humanos y su desarrollo. Representa una ética para orientar el trabajo y la acción social que se impulse para la atención integral, en este caso particular, de las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC. Se sustenta en el entendimiento que el Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad jurídica y moral de rendir cuentas con referencia al respeto de los derechos de todas las personas.
Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son exigibles. Los derechos humanos son irrenunciables. Los derechos humanos son integrales e indivisibles, ninguno es superior a otro. El interés superior del niño, niña y adolescente implica que siempre en las decisiones que se tomen, debe favorecerse a las personas menores de edad debido a que es una garantía que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos. El interés superior del NNA debe ser una consideración primordial. El Estado tiene la responsabilidad de respeto, garantía y cumplimiento de todos los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
7. Medida de protección
Se entiende como toda decisión judicial que genera una obligación de hacer o no hacer, por parte de una persona individual o jurídica (pública o privada), con el objetivo inmediato de evitar que continúe la amenaza o violación de un derecho humano de la niñez, por tanto evitar la continuidad del daño físico o psicológico que la amenaza o violación conlleva y con el fin mediato de restaurar el derecho violado o amenazado, y de que el niño, niña o adolescente pueda ejercerlo y disfrutarlo libremente.7
6. Principios del enfoque de derechos en la atención a niñas, niños y adolescentes 8. Trata de personas Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, la víctimas de ESC Para la aplicación del enfoque de derechos en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC, se debe tomar en cuenta principios y elementos emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño:
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. El consentimiento de quien ejerza la patria potestad o el depósito del niño, niña o adolescente no eximen la responsabilidad del tratante. La captación, el transporte, la acogida o la recepción de un niño, con fines de explotación se considera trata de personas.8
7 Organismo Judicial, UNICEF. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Una aproximación a sus principios, derechos y garantías. Justo Solórzano. Guatemala, 2004. 8 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Naciones Unidas. 2000. . Incluye la trata con fines de explotación sexual comercial.
9. Pornografía Infantil 10. Venta de Se entiende toda representación, niños/niñas por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. 9 Indica además el Protocolo Facultativo, que se refiere a la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil.10
Las actividades de producción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de edad o su imagen en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o la representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales y eróticas.11
Se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.12
11. El clienteexplotador
Es la persona que a cambio de dinero o bienes materiales obtiene satisfacción sexual de un niño, niña o adolescente. Pueden o no formar parte activa de las redes. Dentro del circuito de los explotadores, es quien activa el comercio sexual, provocando que éste negocio se convierta en rentable para los demás actores.13 El cliente-explotador puede ser de cualquier estrato socioeconómico y de diversos grados de instrucción o formación académica. Regularmente son hombres en edad productiva, con capacidad de pagar el ´consumo´ y ´servicios sexuales´ dentro de un espacio de explotación sexual comercial (frecuentemente barras show, prostíbulos, bares,
cantinas, etc.) Son individuos que se aprovechan de algún desequilibrio de poder entre ellos y una persona menor de 18 años, con el fin de usarlos sexualmente, ya sea por obtener beneficios materiales o por placer sexual.14
12. Proxeneta
Es la persona que induce, promueve, facilita o favorece la explotación sexual comercial de personas menores de edad, las mantiene en ella o las reclute con ese propósito.15 Participan en el proxenetismo hombres o mujeres- quienes: mantienen una casa donde se dan actos de explotación sexual, la administren o a sabiendas la sostuvieran o participaren en su financiamiento. Quienes den o tomen a sabiendas en arriendo un edificio o local o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena.16 El cliente-explotador, las y los intermediarios y quienes participan en las redes de explotación sexual son proxenetas.
9 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. Naciones Unidas. 2002. Articulo 2, inciso c. 10 Ibid, artículo 3, ii, c. 11 Reunión de Seguimiento del II Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, celebrada en San José, Costa Rica. Mayo 2004. 12 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la Venta de Niños, op.cit., artículo 2, inciso a. 13 Save the Children Suecia. El cliente pasa desapercibido. Perú 2004. 14 UNICEF, Cooperación Italiana, Secretaría de Bienestar Social. La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala. ¿Un problema nuestro? Matilde González Izás. Guatemala, 2006. 15 ECPAT Guatemala, Secretaría de Bienestar Social, OIT-IPEC. ¿Qué hacer frente a la explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes en Guatemala? Guía didáctica. Guatemala, segunda edición, 2006, página 58. 16 O.N.U. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 1949.
13. Intermediarios
Son hombres o mujeres quienes facilitan o mediatizan la explotación sexual para recibir una ganancia económica. Son re d e s d e c ó m p l i c e s y encubridores, que consienten y facilitan la impunidad de los explotadores (suelen ser taxistas, dueños/as y/o administradores/as y/o de bares, centros nocturnos y hoteles, algunas empresas turísticas, productores/as y distribuidores/as de material pornográfico, y empleados/as de hoteles, pensiones, salas de masaje y estudios fotográficos, entre otros).
14. Redes de explotadores sexuales
Actores que participan en el crimen organizado de la explotación sexual comercial de personas menores de edad, para su propio beneficio económico y/o sexual, siendo estos nacionales o extranjeros. 1 7
15. Tratantes
En consonancia con la definición de trata de personas, y tomando en cuenta que la Trata está tipificada como delito en el Código Penal guatemalteco, las y los tratantes son quienes cometen el delito de Trata por su participación en la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La Trata de personas es un delito en Guatemala.18
16. Pornógrafo
Es quien comete el delito, como autor intelectual y/o material de financiamiento, producción y distribución de material pornográfico, en el que se utilice a personas menores de edad.
E. La realidad de la explotación sexual comercial en Guatemala La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en todas sus manifestaciones, tiene carácter universal y se expresa por medio de formas tales como las relaciones sexuales remuneradas, el turismo con fines de explotación sexual y la pornografía infantil y adolescente. Resulta difícil elaborar estadísticas que den cuenta de las dimensiones del fenómeno y las formas en que operan las redes criminales constituidas a tal fin. Lo cierto es que se ha avanzado en el reconocimiento que el problema existe y que tiene consecuencias devastadoras, no sólo para las NNA víctimas, sino para las familias y sociedad en su conjunto. El estudio Tolerancia Social en la Población frente al Comercio Sexual con Personas Menores de Edad19, muestra, entre otros, para el caso de Guatemala que:
17 ECPAT y otros. ¿Qué hacer frente a la explotación?, op.cit., página 58. 18 Código Penal de Guatemala. Art. 194. Reforma según Decreto 14-2005. 19 O.I.T./I.P.E.C. Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. San José, 2006.
a) La situación de pobreza en las familias de las víctimas es la principal causa que genera la problemática; b) Existe conocimiento de los lugares donde las personas menores de edad son utilizadas para actividades sexuales comerciales; c) Aún cuando la explotación sexual comercial de personas menores de edad no está tipificada en la legislación interna como un delito, la población tiene una noción importante que es una actividad prohibida; d) Se atribuye, en mayor grado, la responsabilidad de detener la explotación sexual comercial a la familia o a la misma víctima menor de edad, obviando la responsabilidad que tiene el Estado y la sociedad de proteger a las personas menores de edad y; e) El mayor porcentaje de hombres asegura que no haría nada frente a un caso de ESC (ya sea porque no es su problema o porque es una situación común). Los patrones socioculturales patriarcales favorecen el establecimiento de relaciones desiguales entre hombres y mujeres así como la cosificación (tratar a personas como objetos) del cuerpo de los niños, las niñas y de la mujer. En consecuencia, las niñas suelen ser las principales personas que se ven atrapadas por los explotadores sexuales, debido a su condición histórica de vulnerabilidad. A las niñas, niños y adolescentes víctimas se les aísla de la vida social y de sus familias, al tiempo que se las ingresa a prostíbulos, a moteles, se las atrapa por medio de anuncios de salones de masajes, en bares e incluso en las casas y familias de los explotadores.
F. Principales bases jurídicas Guatemala ha firmado y ratificado los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente los que incluyen la Trata de personas en sus diferentes manifestaciones, tal es el caso de la explotación sexual comercial. Estos instrumentos brindan las bases para el presente Protocolo.
Según indica el estudio sobre la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala (2006), la ESC es un problema de larga sedimentación en el imaginario social. Subraya que la tradición del silencio ha permitido que este problema goce de muchas raíces y se asiente en una serie de componentes culturales con profunda orientación en un pasado que ampara la subordinación y abuso de adolescentes, niñas y niños.
Normativa internacional relacionada con la prevención y eliminación de la ESC normativa Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Ofrece una nueva visión de protección integral de la niñez y concibe a todos los niños, niñas y adolescentes como titulares de sus propios derechos, es decir, como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Artículos 11, 34 y 35: Se refieren específicamente a la protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual, incluida la explotación sexual comercial de los NNA u otras prácticas sexuales ilegales, así como a los traslados y retención ilícita de NNA en el extranjero; la explotación de NNA en espectáculos o material pornográficos y al secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. Guatemala ratificó la Convención el 10 de mayo de 1990, según Decreto 27-90.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000).
Los artículos 2 y 3 se refieren específicamente a la venta de personas menores de edad, explotación sexual comercial (el protocolo la llama prostitución infantil) y la pornografía de personas menores de edad. El Protocolo establece obligaciones a los Estados Parte para criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos delitos. Guatemala ratificó el Protocolo el 9 de mayo del 2002.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981).
CEDAW (por sus siglas en inglés) ocupa un importante lugar, por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos. Reconoce explícitamente que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. El artículo 6 establece que Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de Trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Guatemala ratificó la Convención en 1982.
Instrumento reciente referido a la Trata de personas, incluidas sus diversas manifestaciones, entre ellas la ESC. El Protocolo adopta un enfoque internacional de este delito, que incluye a los países de origen, tránsito y destino. Guatemala ratificó el Protocolo el 1 de abril del 2004.
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación
En este convenio, se contemplan graves formas de explotación económica contra las personas menores de edad, como es la explotación sexual comercial en sus distintas modalidades, como las relaciones sexuales remuneradas, la producción de pornografía y las actuaciones pornográficas. Los Estados se obligan, mediante este convenio, a establecer programas de acción para erradicar estas formas de explotación, a sancionar estas conductas y a brindar asistencia a las personas menores de edad afectadas.
Recomendación 190 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y su Acción Inmediata para su Eliminación
Esta Recomendación precisa las obligaciones adquiridas por los Estados y proporciona pautas para aplicar el Convenio 182. Llama a los países a cooperar entre sí mediante el intercambio de información sobre la incidencia de estas formas de explotación y sobre los responsables de estos delitos para facilitar y fortalecer su persecución y sanción penal. Señala algunas medidas para contribuir con la erradicación de estos delitos como la sensibilización a distintos sectores de la población.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).
aspectos relevantes en materia de ESC
Normativa y compromisos nacionales normativa y compromisos
Consagra el deber de protección del Estado a todas las personas menores de edad, en un marco de igualdad en dignidad y derechos. Artículos 1, 2, 3 y 46, entre otros, garantizan la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo y la preeminencia sobre el derecho interno de los tratados y convenciones de derechos humanos, aceptados y ratificados por Guatemala. Artículo 51, Protección de las personas menores de edad. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social.
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA)
La LPINA logra recoger en esencia la doctrina de protección integral, considerando que las personas menores de edad, por estar en pleno proceso de socialización y construcción de su propia personalidad, ameritan consideraciones especiales y son sujetos de derecho en plenas garantías igual que las personas adultas. La Ley fue aprobada el 4 de junio del 2003, según Decreto 27-2003 del Congreso de la República. Artículo 5: El interés superior del niño, es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia. Artículo 8: Los derechos y garantías que otorga esta Ley, no excluye otros, que aunque no figuren expresamente en él, son inherentes a los niños, niñas y adolescentes. Artículo 11: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de descuido, abandono o violencia. Artículo 16: Este artículo se refiere a los derechos y garantías fundamentales en el proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, estableciendo garantías procesales entre las que se encuentran: escuchado en su idioma, no ser abrigado en instituciones públicas y privadas sino mediante declaración de autoridad competente, previo a agotar las demás opciones de colocación; recibir información clara y precisa en su idioma materno, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales; que todo procedimiento sea desarrollado sin demora; justificación y determinación de la medida de protección ordenada; discreción y reserva de las actuaciones; no ser separado de los padres o responsables contra la voluntad de estos excepto cuando el juez determina, previa investigación de los antecedentes, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño; evitar que sea revictimizado al confrontarse con su agresor Artículo 17: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a pedir ayuda y poner en conocimiento de cualquier autoridad en caso de violación o riesgo de violación de sus derechos, quienes están obligados a tomar las medidas pertinentes.
aspectos relevantes en materia de ESC Artículo 51: Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra la explotación económica, el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física y mental o que impida su acceso a la educación. Artículo 53: Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, violencia, crueldad y opresión, punibles por la ley, ya sea por acción y omisión a sus derechos fundamentales. Artículo 54: El Estado deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de: abuso físico, abuso sexual, descuido o tratos negligentes, abuso emocional. Artículo 55: El personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de denunciar los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones.
Código Penal, Artículo 194
El artículo 194 define el delito de Trata de personas como sigue: Quien en cualquier forma, promueva, induzca, facilite, financie, colabore o participe en captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una o más personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, al plagio o secuestro o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación relaciones sexuales remuneradas, pornografía o cualquier otra forma de explotación sexual). De igual manera en el Código Penal se tipifica esa conducta así como otras que no se señalaron, tales como corrupción de menores de edad, proxenetismo, pornografía, rufianería, entre otras.
Plan Nacional de Acción contra la ESC de niñas, niños y adolescentes
Ha sido concebido como una política pública de protección específica a la niñez y adolescencia. Su ejecución es responsabilidad del Estado guatemalteco a través de sus instituciones, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que participan en su implementación, desarrollo, monitoreo y evaluación. El plan se ha planteado como misión promover acciones integrales para abordar las causas y efectos de la ESC con el fin de detener, disminuir y erradicar esa problemática y construir condiciones ideales que permitan la vida digna de las niñas, niños y adolescentes sin riesgo a su integridad física, moral y espiritual.
G. Principios que guían la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial 1. Interés superior del niño, niña y adolescente
Siempre, en la decisión que se tome, debe favorecerse a las personas menores de edad. El interés superior es una garantía que deberá asegurar el ejercicio, disfrute y la restitución del ejercicio de sus derechos en caso de que hayan sido violentados. Por tanto, los NNA deberán tener una consideración primordial y el reconocimiento como titulares de derechos. Este principio implica que las decisiones y acciones del personal institucional dedicado a la atención a la niñez y adolescencia no tengan efectos negativos o contraproducentes a ese interés superior.
2. Sujetos/as de derechos
Todos los niños, niñas y adolescentes poseen dignidad humana, con capacidad de goce de todos los derechos humanos reconocidos a todas las personas, más otros derechos debido a su especial etapa de madurez y desarrollo. Se debe concebir a los NNA como personas autónomas, titulares de sus propios derechos.
Ninguna NNA debe ser discriminada por razones de color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, posición socioeconómica, discapacidad física, mental o sensorial, opinión o cualquier otra condición propia de ellas, de los padres, familiares o personas responsables. La discriminación contra las mujeres y las niñas viola los principios de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana.
4. Restitución de derechos
Las medidas de protección y atención que se adopten deben ir encaminadas a la restitución del ejercicio de los derechos que han sido amenazados o violados y a la recuperación de las secuelas físicas y emocionales producidas en las niñas, niños y adolescentes víctimas de la ESC.
5. Prioridad de la familia
La familia constituye el primer entorno de protección y es el espacio idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad física y emocional y el desarrollo de los NNA en todos los ámbitos de la vida. A su vez, la familia y en especial la madre se deben constituir en el principal recurso de apoyo de las acciones de atención, protección y restitución de derechos a las NNA víctimas de ESC atendidas, para lo cual deben generarse acciones específicas para su fortalecimiento.
6. Atención especializada
Las niñas, niños y adolescentes deben recibir atención y orientación por personal multidisciplinario y especializado en el abordaje de la problemática, además de estar sensibilizado y poseer conocimientos sobre los procedimientos legales y estándares éticos requeridos. Es imprescindible que el personal a cargo de la atención posea facilidad para comunicarse con las víctimas y sin prejuicios con relación al género, edad, origen étnico, religión, situación económica y condición de las NNA víctimas de ESC. 17
La discreción y reserva de las actuaciones en los procesos emprendidos es una garantía para los NNA. Todo lo relacionado con la condición de los NNA víctimas de la ESC deberá ser manejado con la más absoluta reserva y confidencialidad, protegiendo su derecho a no sufrir ingerencias arbitrarias en su vida privada e identidad y resguardando el derecho a su imagen, su seguridad y la de su familia. En todo momento la información no deberá ser revelada al público o a los medios de comunicación masiva. En atención al interés superior del niño, niña y adolescente, solamente se podrá proveer la información que sea necesaria, tomando en cuenta la opinión del NNA, de sus padres y/o representante legal.
Implica que la totalidad de las funciones estatales y el conjunto de sus órganos e instituciones deben someterse a las normas vinculantes establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. De igual manera la normativa internacional establecida en tratados y convenios suscritos por Guatemala podrá ser invocada para la protección a las víctimas.
9. Presunción de minoría de edad En los casos que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona, presumiblemente menor de dieciocho años, ésta será considerada como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la Ley.20
10. Opinión e información
Las personas menores de edad tienen el derecho de emitir su opinión y a expresarse sin limitación en todos los asuntos que afectan su vida. Deben participar en la elaboración del Plan Individual de vida y proyecto educativo más apropiado para su reinserción social y familiar. Además, deben recibir información clara y precisa, de acuerdo a su edad y madurez, de todas las decisiones que se adopten respecto a su situación, y a conocer los procedimientos que se lleven a cabo.
11. La institucionalización como medida excepcional
La separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias, como medida de protección, solo podrá ocurrir en los casos en que tal separación sea necesaria en atención al ´interés superior del niño, niña y adolescente´. La institucionalización priva a las personas menores de edad de la libertad y del vínculo familiar y comunitario que les provee sentido de pertenencia, identidad y transmisión de valores.
H. Competencias institucionales La atención integral a las personas menores será un esfuerzo coordinado en red entre las instituciones públicas, en tanto les compete la responsabilidad directa de protección para la restitución de todos los derechos vulnerados a las NNA víctimas de ESC.
20 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, op.cit., artículo 137.
Se reconoce que las organizaciones no gubernamentales ONGsjuegan un rol clave en acompañar los procesos de detección y atención integral, además del monitoreo y auditoria social de las actuaciones públicas. Con ellas se establecerán y estrecharán alianzas de cooperación, con vistas a generar una estructura de referencia y contrarreferencia eficiente, en función de las necesidades particulares de protección a las víctimas.
En la coordinación interinstitucional para garantizar la restitución de los derechos de las NNA víctimas de ESC, se considerará la competencia y mandato institucional de cada una de las instancias del Estado:
Instituciones del Estado y mandato institucional instituciones públicas y sus competencias
Policía Nacional Civil (PNC) n n
Recibe denuncias de casos de ESC contra NNA. Protege la vida, integridad física, seguridad de todas las NNA atrapadas en la ESC. Actúa de inmediato en el allanamiento de lugares sospechosos de ESC a personas menores de edad y en la detección de casos reportados. Actúa de inmediato en el rescate y protección de NNA atrapadas en la ESC.
División de Atención a la víctima DAVSección de Trata de Personas De la División de Investigación Criminal/DINC Sección de Delitos Sexuales del DINC Sección de Menores y Personas Desaparecidas
Organismo Judicial (OJ) Juez de Paz: n Podrán conocer y resolver casos donde se soliciten medidas cautelares en materia de protección. n Cuando el Juez de Paz dicte la medida de protección, remitirá las actuaciones al Juez de Niñez y Adolescencia.
Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia Juzgados de la Niñez y la Adolescencia Juzgados de Paz
Juez de Niñez y Adolescencia: n Conocen, tramitan y resuelven, por medio de una resolución judicial, todos los casos que constituyan una amenaza o violación a los derechos de las NNA, buscando que se restituya el/los derechos conculcados, n Dicta la medida de protección definitiva y le da intervención, cuando proceda, a la PGN y/o al MP. Ministerio Público (MP) n
Asigna agente fiscal que debe conocer el caso denunciado o de su conocimiento. Persigue penalmente a todos los victimarios de las NNA. Brinda asistencia a las víctimas y remite casos a instituciones de la red de atención.
Fiscalía de la Mujer, la Niñez y Trata de Personas, Unidad de Trata de Personas.
Secretaría de Bienestar Social (SBS) n n n n
Identifica y detecta casos. Interpone denuncias. Ejecuta las medidas que el Juez de Niñez y Adolescencia dictamine. Para abrigar a las NNA afectados, se atendrá a la declaración de autoridad competente. Es la encargada de la protección y bienestar de las NNA. Coordina y rinde informes a la Procuraduría General de La Nación (PGN). Ejecuta acciones de Prevencion de la Explotacion Sexual Comercial Campañas de prevencion y sensibilizacion. Talleres de sensibilizacion a nivel departamental y municipal.
Unidad contra la Explotación Sexual Comercial Hogares de Protección y Abrigo Comunicación Social de la Secretaria de Bienestar Social
Procuraduría General de la Nación (PGN) De conformidad con el Art. 108 de la LPINA: n Representa legalmente a aquellas niñas, niños y adolescentes que carecieren de esta representación. n Dirige de oficio o a requerimiento de parte o del Juez competente, la investigación de los casos de NNA amenazados o violados en sus derechos; interviniendo de forma activa en los procesos judiciales de protección. n Tiene un Procurador de Niñez y Adolescencia en la Jurisdicción de cada Juzgado de la Niñez y Adolescencia. n Constata la situación de la víctima, con relación a la denuncia. n Identifica instituciones para brindar medidas de protección.
Defensoría de los Derechos de la Niñez y Juventud Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) n n n
Investiga y promueve las denuncias que le sean planteadas Realiza los procedimientos ante las autoridades competentes Promueve el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental.
Dirección General de Migración (DGM) n
Actúa en coordinación con las misiones consulares en casos de NNA víctimas extranjeras y víctimas nacionales repatriadas. (Ver Protocolo de Repatriación). En casos de ESC fuera del país, cuando proceda, activa el proceso de dotación de visa temporal humanitaria.
Oficinas centrales y delegaciones fronterizas
Puestos de salud Dispensarios municipales Centros de Salud Hospitales
Ministerio Público y Asistencia Social (MSPAS) n n n n
Detecta e identifica casos. Interpone denuncias. Brinda atención inmediata y de calidad a las NNA referidos, Establece comunicación con la institución a cargo del NNA, familia o responsables, para seguimiento del caso, hasta la restitución completa de la salud.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) n n n n
Identifica y detecta casos. Interpone denuncias. Investiga y actúa en torno a las violaciones a los derechos laborales de las y los adolescentes. Facilita la coordinación con instancias públicas o privadas, según el caso, para brindar alternativas laborales a las y las adolescentes víctimas y/o a sus familias.
Inspección General de Trabajo Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora
Escuelas nacionales de nivel primario Institutos nacionales de nivel secundario
Ministerio de Educación (MINEDUC) n
Identifica y detecta casos. Interpone denuncias. Facilita opciones educativas y provee todos los medios al alcance para la restitución del derecho a la educación de las NNA víctimas de ESC (becas, bolsas de estudios, otros).
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) n n
Involucra a las familias de las NNA víctimas de ESC en sus programas de apoyo comunitario, con vistas a su reinserción social y comunitaria. Campañas de prevencion y sensibilizacion contra el maltrato a la mujer y la erradicación de la violencia intrafamiliar, mediante el Programa de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar. Identificar y detectar Casos.
Programa Creciendo Bien, PROPEVI
A. Criterios básicos para los programas de atención integral 1. Las acciones a impulsar en los programas de atención integral en instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales dirigidos a NNA víctimas de ESC, deben basarse en los siguientes criterios: n
La atención integral se constituye en todas aquellas estrategias y acciones de variadas respuestas, dirigidas a garantizar a las víctimas de ESC el goce y la restitución de los derechos violentados. Brindar atención especializada, que reúna las condiciones óptimas para la plena convivencia familiar y reinserción social de las NNA víctimas.
La explotación sexual comercial es un delito. Las niñas, niños y adolescentes no son culpables, son víctimas. La denuncia debe presentarse siempre que se identifique un caso de ESC.
Las niñas, niños y adolescentes participan en todo el proceso de atención.
El derecho a la protección es irrenunciable, siendo la protección responsabilidad prioritaria del Estado.
Las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC deben ser atendidos de una
La institucionalización debe ser una medida de protección temporal y excepcional.
forma integral, especializada e individualizada, previniendo los factores de revictimización. n
En todo caso se presumirá la minoría de edad, como una garantía dentro del proceso de atención.
Promover, cuando proceda y de acuerdo a cada caso, la integración de las NNA a la familia y comunidad.
Ampliar las respuestas institucionales para procurar el retiro definitivo de NNA atrapados en la ESC.
2. Todo programa de atención debe propiciar la coordinación interinstitucional (pública, privada, municipal, comunitaria), de una forma articulada e integral, que permita accionar una diversidad de respuestas en diversos momentos de la atención, incluido el seguimiento y monitoreo a los casos, de acuerdo a la particularidad de los mismos.
B. Procedimientos para la protección de las víctimas 1. Sospecha, aviso y denuncia a) Las y los funcionarios de instituciones públicas, de organizaciones no gubernamentales o cualquier persona que sospeche, conozca o atienda a un niño, niña o adolescente victima de ESC, tiene la obligación de dar aviso a cualquiera de las siguientes instituciones: n n n n n n n
Policía Nacional Civil Juzgado de Paz Juzgado de Niñez y Adolescencia Ministerio Público Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República Procuraduría General de la Nación Procuraduría de Derechos Humanos
Así como interponer la denuncia con la mayor brevedad posible ante: n n
La Policía Nacional Civil /División de Atención a la Víctima o Ministerio Público /Fiscalía de la Niñez
b) La denuncia puede realizarse por la vía telefónica, personalmente, por escrito, con o sin identificación del denunciante. Si el o la denunciante lo solicita, las autoridades competentes que reciben la denuncia están obligadas a entregar copia de la misma para el seguimiento por parte de la persona denunciante. Esta acción es imprescindible para formalizar el proceso de protección de la persona menor de edad víctima, así como para iniciar el proceso penal contra los presuntos responsables del delito. c) En el extranjero, según lo estipula el Protocolo de Repatriación a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Trata, las y los funcionarios del servicio exterior guatemalteco, avisarán a las instituciones nacionales de protección a la niñez y adolescencia.
21 Significa la acción y efecto de descubrir o revelar la existencia de una cosa o un hecho. 22 Ver anexo 1, indicadores de probabilidad.
2. Detección y rescate a) La detección21 y rescate es un proceso especializado que le compete al Estado. Es clave en tanto permite verificar la sospecha, así como identificar a las víctimas, siendo el punto de partida para poner a funcionar todo el andamiaje institucional que haga eficiente la labor de protección. La detección implica actuar de inmediato para el rescate de las NNA víctimas. b) Este proceso puede iniciarse a partir de una sospecha que lleve a identificar a las NNA atrapadas por ese delito. La sospecha inicia al observar la conducta de las personas menores de edad, la situación de riesgo en la que se encuentran, su relación con personas mayores vinculadas a centros de explotación sexual. También puede ocurrir cuando la misma niña, niño o adolescente revela la explotación sexual a que está siendo sometida. c) En la identificación, deben tomarse en cuenta los indicadores de probabilidad de que una persona menor de edad es explotada sexualmente. 2 2 Permite conocer, además, el tipo de ESC a que ha sido sometida la víctima. La valoración emocional, social, médica y la investigación social a la familia serán elementos clave 23
en la posterior definición del plan de atención que habrá que brindar a la víctima.
3. Protección inmediata a la víctima a) Las instituciones públicas que tienen competencia directa son responsables de actuar de inmediato, para brindar en la forma más rápida y efectiva posible, la asistencia necesaria a las víctimas. No obstante, ésta medida la puede ejercer una organización social o cualquier persona que tiene conocimiento o solicitud de apoyo de una persona menor de edad víctima de ESC. El artículo 16 de la LPINA establece que: Es obligación del Estado y de la sociedad civil en su conjunto, velar por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como individuos y miembros de una familia, poniéndolos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, aterrorizador, humillante o constrictivo.23
b) La protección inmediata, en el sentido amplio de humanidad, puede consistir en tener o llevar a la víctima a un lugar seguro y según sea necesario, proveerle alimentación, vestido y asistencia médica. Esta acción se realiza en tanto se emite la medida específica de protección, a cargo de los juzgados de Paz y juzgados de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial. c) Tomando en cuenta que la institucionalización debe entenderse como una medida de protección temporal y excepcional, se observará lo estipulado en el artículo 114 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia respecto a que: El abrigo será medida provisional y excepcional, utilizable como forma de transición para la colocación provisional o definitiva de niños, niñas y adolescentes en la familia u hogar sustituto y no implicará en ningún caso privación de libertad24.
4. Proceso de protección a la víctima a) La o el Juez conocerá los casos de ESC por denuncia obligatoria presentada por cualquier persona que se entere del hecho, institución pública o privada, o por conocimiento de oficio. En tal situación la o el Juez debe actuar inmediatamente, tomando las medidas de protección que tengan en cuenta: 2 5 n n n
Las necesidades de la NNA víctima. El fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. El respeto a la identidad personal y cultural.
b) Los juzgados de Paz y de Niñez y Adolescencia, en atención a las circunstancias particulares del caso de NNA victima de ESC, podrán dictar, entre otras, las siguientes medidas cautelares específicas:26 n
Colocación provisional del niño, niña o adolescente en familia sustituta, Abrigo temporal del niño, niña o adolescente en entidad pública o privada.
23 El uso de cursivas no es del documento original. 24 Ibid. 25 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, op.cit., artículo 111. 26 Ibid, artículo 112, incisos g y h.
c) En todo momento se tomará en cuenta la opinión del NNA y prevalecerá la mejor opción, en atención al interés superior del niño/a. d) Las medidas establecidas deberán ejecutarse de acuerdo a lo previsto por el juzgado que las emite. Los jueces de Paz, jueces de Niñez y Adolescencia y los jueces de Control de Ejecución de Medidas, respectivamente, tienen, entre otras, las siguientes atribuciones, según su competencia: n n
Supervisar la ejecución de medidas cautelares y definitivas. Realizar el control judicial de las medidas decretadas en forma provisional.28 Vigilar que las medidas se cumplan de acuerdo a lo dispuesto en la resolución que las ordena.29 Velar porque no se vulneren los derechos de los y las adolescentes, mientras cumplen las medidas, especialmente en el caso de internamiento.30 27
5. Proceso judicial contra las y los explotadores a) Debe tomarse en cuenta que un particular puede presentar denuncia de explotadores sexuales según apartado B, numeral 1, literales a) y b) del presente capítulo. b) La Policía Nacional Civil verifica la veracidad de la existencia de una persona menor de edad explotada sexualmente. En caso negativo cierra la denuncia. c) En caso positivo organiza el rescate de la víctima, puede realizar dicho operativo en coordinación con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, Migración y otras instituciones públicas competentes. d) En caso de captura de explotadores sexuales la PNC traslada el caso al Ministerio Público, quien por oficio realiza la investigación judicial, informando al Juzgado Penal que corresponda, quien tomará declaración del acusado/a, ordenará auto de procesamiento en caso de que exista sospecha comprobada y lo deja ligado al proceso.
e) El Ministerio Público tiene de tres a seis meses para profundizar la investigación y presentar el caso a Juzgado, quien inicia el proceso de debate hasta dictar sentencia.
C. Atención integral con enfoque de derechos 1. Primer nivel de intervención: Garantía del derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a la protección. a) Da inicio desde el momento de la denuncia, detección y rescate de una NNA atrapada en la ESC. Para hacer eficiente la labor de atención integral, las y los funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales involucradas en el caso, elaborarán un plan inicial orientado a la restitución de los derechos a la vida, la integridad física y protección.
27 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, op.cit., artículo 103, inciso b. Atribuciones de los Juzgados de Paz. 28 Ibid, artículo 104, inciso e. Atribuciones de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia. 29 Ibid, artículo 106, inciso e. Atribuciones de los Jueces de Control de ejecución. 30 Ibid, artículo 106, inciso d.
b) Se prestará especial atención a la información inicial brindada por la NNA, que revele los riesgos a la vida y la integridad física. Si hay indicios de riesgo, se deberá actuar de inmediato para la protección de la NNA, informando a las autoridades correspondientes. c) El plan de atención inicial debe centrarse en la valoración de riesgos, los que se consignarán en la boleta de registro 3 1 . La adecuada valoración de riesgos a los que está expuesta la víctima determina la eficacia de la protección contra las diferentes formas de un nuevo involucramiento en el comercio sexual y permite responder a las necesidades inmediatas identificadas.
1.1 Sistema de referencia y contrarreferencia a) La atención integral a las personas menores de edad será un esfuerzo coordinado en red entre las instituciones públicas, a quienes les compete la responsabilidad directa, y organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de atención.
b) Las instituciones públicas que denuncien, detecten, identifiquen, rescaten y brinden protección inmediata a una víctima, deben informar a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República sobre el caso. c) Las organizaciones no gubernamentales que denuncien, participen en la detección, identificación y rescate, brinden protección inmediata a las víctimas y tengan a su cargo la ejecución de medidas de abrigo temporal dictadas por Juez competente, deben informar a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República sobre el caso. d) La Secretaría de Bienestar Social es la institución pública responsable de administrar y ejecutar las políticas del Gobierno de la República, destinadas especialmente a la protección de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, en cumplimiento a su mandato, a la Secretaría le compete, entre otros, la coordinación y monitoreo de todas las acciones impulsadas por las instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, dirigidas a la protección y atención a las NNA víctimas de ESC. e) En atención a la particularidad de los casos, la referencia se hará de forma inmediata. Preferiblemente, la o el funcionario que tuvo el contacto inicial con la NNA víctima le explicará el motivo de su traslado y le acompañará para generar mayor confianza y seguridad. En la referencia se brindará únicamente la información relacionada con el servicio que se requiera. f) La comunicación constante y coordinación de acciones entre las diversas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, permitirá en diversos momentos de la atención verificar el cumplimiento de las responsabilidades individuales y compartidas, para la ejecución del plan de atención dirigido a las NNA víctimas y su familia. g) Se tomará debida cuenta que en los casos inmediatos o posteriores de referencia y contrarreferencia, cada institución llevará el expediente necesario, de acuerdo al servicio que preste a la persona menor de edad víctima de ESC.
31 Tomar como base modelo de boletas de registro contenidas en la Guía Diáctica ¿Qué hacer frente a la explotación sexual comercial?, op.cit., página 148.
h) En la intervención institucional se aplicarán las boletas de referencia y contrarreferencia32. Estas boletas, además de servir para dejar constancia que el caso ha sido referido a otra institución del Estado u organización no gubernamental, permitirá el monitoreo de los servicios que, de acuerdo a las competencias, cada institución debe brindar. Cada institución hará uso efectivo de las boletas.
1.2 El expediente individual a) Los programas públicos y de organizaciones no gubernamentales de atención a las víctimas de ESC llevarán un registro de las acciones realizadas. El registro será imprescindible para las acciones institucionales de referencia y contrarreferencia de los casos. b) El registro se constituye en un expediente de cada uno de los casos atendidos y deberán estar ordenados cronológicamente desde las primeras a las últimas acciones ejecutadas. Este debe ser entendido como un recurso que permite contar con información accesible y útil para la efectiva atención que se debe brindar a las víctimas. Se tendrá en cuenta el adecuado uso y privacidad de la información. Los expedientes de los casos atendidos serán útiles para: n
Proporcionar información al Juez de la Niñez y Adolescencia a cargo de las medidas de protección. Facilitar el monitoreo y seguimiento al caso. Contar con información que sea de utilidad para las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que conforman el sistema de referencia y contrarreferencia.
c) Los expedientes tendrán, como mínimo, los siguientes tipos de boletas:33 Boletas de control: Registro de los datos personales de la víctima. n Investigación social sobre el núcleo familiar. n Denuncia dirigida a la autoridad judicial cuando se detecta un caso. n
Boletas de seguimiento del caso n Registro de exámenes médicos, de laboratorio, prescripción de m e d i c a m e n t o s , o t ro s . n Registros de inscripción al sistema educativo, seguimiento al desempeño escolar. n Servicios prestados a las víctimas y su núcleo familiar. n Documento legal sobre gestiones judiciales o administrativas. Boleta de valoración de riesgos n Planes de atención. n Boletas de monitoreo y seguimiento de acciones, con anotaciones diarias conteniendo referencia de las acciones realizadas.
1.3 Coordinación interinstitucional a) Las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que tengan a su cargo, según medida dictada por Juez competente, la atención integral a las NNA víctimas de ESC, deberán coordinar todas las acciones necesarias para la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
32 Tomar como base modelo de boletas contenidas en la Guía Diáctica ¿Qué hacer frente a la explotación sexual comercial?, op.cit., página 144. 33 Ibid, página 148-164. Estas deben ser entendidas como registros de las acciones, tomando en cuenta que los documentos tales como resultados médicos son propiedad de la NNA, su madre, padre o encargado/a.
Ante riesgos a la vida e integridad física: n Solicitudes de medidas cautelares necesarias, para el cese de la amenaza o violación de un derecho humano de las NNA. n Garantizar la protección de la persona menor de edad contra las redes de explotadores sexuales y/o nuevas formas de atrapamiento en la ESC. Ante riesgos en la salud n Examen médico general. n Sospecha de embarazo: exámenes de laboratorio y ginecológicos, descartar infecciones de transmisión sexual ITS-, seguimiento prenatal, capacitación en cuidados prenatales para asegurar la salud de su hija/o (si fuere el caso). n En caso positivo de ITS, referencia a centro especializado para garantizar el acceso a medicamentos y tratamiento médico. n Descartar sospechas de VIHSIDA. Si los resultados son positivos, referir a NNA a centro especializado para procurar el acceso a medicamentos y tratamiento. n Hacerlo del conocimiento de l a m a d re , p a d re y / o encargado/a. n Descartar sospecha de adicciones (alcohol, drogas). n En caso positivo, referir a NNA a centro especializado e informar a madre, padre y/o encargado/a.
1.4 La repatriación de las víctimas extranjeras a) En los casos que las víctimas ameriten esta intervención, se tomará en cuenta el Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de Trata. El Protocolo establece, entre otros, las responsabilidades institucionales y los procesos de protección que deben ser aplicados.34
1.5 Derecho a la convivencia familiar a) El contacto con la familia nuclear o extendida para la integración de las víctimas de ESC a su núcleo familiar y comunitario (en caso de rompimiento de lazos familiares) una de las prioridades centrales, cuando las circunstancias lo permitan y atendiendo al interés superior del niño/a. Las acciones de integración familiar y social de víctimas de ESC deben buscar: n
El acercamiento a los núcleos familiares para posibilitar su participación en el proceso de integración familiar, comunitaria y social de las NNA. Mayor sustento para el abordaje de las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas y sociales, relacionadas a la ESC. El fortalecimiento de los esfuerzos encaminados a procurar el retiro definitivo de las niñas, niños y adolescentes en la ESC. Se tendrá presente que las personas menores de edad que han sido explotadas sexualmente y sus familias, necesitan de apoyo permanente a nivel emocional y psicosocial, así como estimular la generación de capacidades para la obtención de recursos económicos, entre otros.
2. Segundo nivel de intervención Garantía del ejercicio de los derechos humanos a) Este nivel se focaliza, especialmente, en el seguimiento a los planes de atención. Se iniciará luego de haber cumplido el objetivo de garantizar el derecho a la vida, la salud, integridad física y protección a las NNA víctimas.
34 Solicitar información sobre el Protocolo a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
b) Las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales involucradas en la red de atención establecerán y aplicarán estrategias de coordinación conjunta, tomando en cuenta competencias y roles propios de cada una. El propósito es garantizar a las personas menores de edad el goce de sus derechos, por medio de los servicios que cada institución y organización brinda. Deberá utilizarse la referencia y contrarreferencia para complementar la atención institucional. c) En este nivel de intervención las acciones promovidas persiguen: n Seguimiento al plan de atención inicial, incluidas las acciones en marcha con otras instituciones públicas y con organizaciones no gubernamentales. n La recuperación emocional de las víctimas. n Monitoreo y fortalecimiento del núcleo familiar. n Reintegración al núcleo familiar y comunitario (en caso que éste no se haya dado). n Reintegración al sistema educativo y/o ingreso a procesos de capacitación laboral. n Promover el derecho a la recreación. n Búsqueda de alternativas económicas para el núcleo familiar, en coordinación con otros programas estatales, privados o de cooperación internacional.
2.1 Elementos del plan de atención a) Acciones de seguimiento a la atención en salud: n Atención de adicciones. n Atención a problemas emocionales: depresión, intentos de suicidio, conductas autodestructivas. n Atención adecuada a las secuelas físicas de la ESC. n Seguimiento pre y post-natal a niñas-madres y atención a los hijos e hijas (cuando proceda). n Seguimiento a tratamiento y medicación de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA (en caso de presencia positiva). b) Acciones de seguimiento a la atención en educación: n Articulación de acciones con el Ministerio de Educación y/o entidades privadas para la reintegración al sistema educativo formal (inscripción, becas, bolsas de estudios, entre otros). n Articulación de acciones entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas relacionadas con programas de capacitación laboral y oportunidades de empleo (considerar si los NNA tienen la edad laboral establecida en la LPINA).
Pa r t i c i p a c i ó n e n actividades lúdicas y de recreación. Vinculación con programas de atención a jóvenes (DIGEEX, MICUDE, CONJUVE).
c) Recuperación emocional n Identificación de servicios psicoterapéuticos, en caso necesario. n Acciones para la recuperación emocional ante las secuelas provocadas por la ESC. n Construcción en conjunto con la NNA de su proyecto de vida. n Información sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la forma de exigirlos. n Generación de espacios de intercambio y trabajo grupal del NNA con otros NNA en igual situación o diferente. d) Reconstrucción de la sexualidad n Coordinación con instancias que prestan servicios de atención psicosocial. n Participación en procesos de reparación psicosocial individuales y/o grupales. e) Alternativas económicas y servicios básicos para la familia n Identificación de necesidades de apoyo de las familias de las NNA víctimas.
Identificación de potencialidades productivas de las y los miembros del núcleo familiar. Establecimiento de vínculos con programas públicos y a cargo de organizaciones no gubernamentales de apoyo comunitario a las mujeres y sus familias.
2.2 La reintegración social y el retiro de la ESC a) La localización y el trabajo con la familia nuclear o extendida será la tarea fundamental de las instituciones públicas de atención y de organizaciones sociales. El fin es eliminar todo nuevo riesgo de atrapamiento en la ESC y privilegiar el involucramiento de la familia en programas de apoyo económico y social. b) El fortalecimiento al núcleo familiar tiene como objetivo valorar: n Si los factores que d e s e n c a d e n a ro n s u atrapamiento en la ESC (económicos, sociales, familiares) han sido superados. n Si la rehabilitación de adicciones ha sido efectiva y atendida adecuadamente.
Si existe riesgo de nuevo atrapamiento en la ESC. Si se han dado situaciones de acoso, intimidación, especialmente por parte de los victimarios (proxenetas, tratantes, pornógrafos, otros). Si se han restablecido y/o fortalecido las relaciones entre las NNA y su núcleo familiar nuclear o extendido.
2.3 Seguimiento y monitoreo a) Como en todo proceso de atención a NNA en las situaciones de riesgo y abuso y en especial de ESC, el seguimiento a los planes de atención es fundamental para garantizar el retiro de la explotación sexual comercial. Así el monitoreo a la víctima y su familia debe tener por objetivo valorar: La rehabilitación en cuanto a: Las adicciones. n Los daños a la salud. n Los daños emocionales. n
Los riesgos de la niña, niño o adolescente y su familia ante: n Acoso, intimidación por proxenetas y victimarios. n Posibilidades de ser utilizados nuevamente en la ESC. n Procesos de fortalecimiento al núcleo familiar nuclear o extendido. b) El seguimiento y monitoreo de los casos atendidos se constituye en un proceso que permite identificar la disminución y superación de los factores (económicos, sociales, comunitarios, familiares) que desencadenaron la utilización de las niñas, niños y adolescentes en la explotación sexual comercial. c) Dadas las características que reviste la ESC y los efectos que provoca en las NNA y sus familias, se necesita de un apoyo permanente, que implica la articulación de variados esfuerzos para lograr el retiro definitivo de las NNA víctimas. d) La restitución de los derechos violentados y el disfrute de una nueva experiencia de vida, constituye la mayor aspiración de los programas de atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC.
Constitución Política de la República de Guatemala, 1985. ECPAT Guatemala, Secretaría de Bienestar Social, OIT-IPEC. ¿Qué hacer frente a la explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes en Guatemala? Guía didáctica. Guatemala, segunda edición, 2006. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala, 2004. Marcón, Osvaldo. Tras el abuso, la revictimización. El Santafesino, Santa Fe, Argentina, 2005 O.I.M., U.N.I.C.E.F., Ministerio de Relaciones Exteriores. Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata. Guatemala, 2006. O.I.T. Convenio No. 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999. O.I.T./I.P.E.C. Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. San José, 2006. O.N.U. Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1979. O.N.U. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. O.N.U. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 1949. O.N.U. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985. O.N.U. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. O.N.U. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, 2000. Organismo Judicial, UNICEF. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Una aproximación a sus principios, derechos y garantías. Justo Solórzano. Guatemala, 2004. Reunión de Seguimiento del II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, celebrada en San José, Costa Rica, Mayo de 2004. UNICEF, Cooperación Italiana, Secretaría de Bienestar Social. La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala. ¿Un problema nuestro? Matilde González Izás. Guatemala, 2006.
Se entiende por vulnerabilidad como el conjunto de actitudes, prácticas discriminatorias presentes en la sociedad que tienen relación con la edad, el género, la condición económica, la situación familiar. La presencia de uno o más de estos f a c t o re s i n c i d e n e n e l atrapamiento de las niñas, niños y adolescentes en la ESC. 35 De esta cuenta, los factores que permiten la utilización de NNA en la ESC se relacionan con el medio social en el que viven, en la mayoría de los casos se caracteriza por pobreza, pobreza extrema, desintegración familiar, v i o l e n c i a i n t r a f a m i l i a r, alcoholismo (padre, madre o adulto responsables), experiencias tempranas de abuso sexual, trabajo infantil, entre otros. Estos factores de riesgo, entendidos de una forma interrelacionada y dinámica,
coloca a las niñas, niños y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los explotadores sexuales. Entre estos factores se deben considerar: Económicos: n En su mayoría las víctimas de ESC provienen de familias en pobreza, extrema pobreza. n El o la jefe de hogar tienen períodos largos de desempleo o se ocupan en trabajo informal. n Las niñas, niños y adolescentes son parte de las estrategias de sobre vivencia familiar. n Las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC contribuyen a cubrir las necesidades de hermanos/as menores. n Se desplazan a la ciudad, áreas urbanas o de su país de origen en busca de trabajo y/o con oferta de trabajo por los explotadores sexuales.
35 Ver ECPAT y otros. ¿Qué hacer frente a la explotación?, op.cit., capítulo 3, apartado 5.
Familiares: n Violencia intrafamiliar. n Desintegración familiar. n Experiencias tempranas de abuso físico, sexual, psicológico. n Alcoholismo, drogadicción de padre, madre u otro miembro adulto del núcleo familiar. n Abandono, negligencia de madre, padre o persona adulta responsable. n Po c o s o n u l o s l a z o s familiares. n Abandono del hogar por el o la persona menor de edad. Sociales: n Poco o nulo acceso de las familias a servicios. n Analfabetismo n Deserción escolar por razones económicas. n Exclusión del sistema escolar, de salud. n Callejización, mendicidad. Adicciones.
"Las medidas de protección y atención que se adopten deben ir encaminadas a la restitución del ejercicio de los derechos que han sido amenazados o violados y a la recuperación de las secuelas físicas y emocionales producidas en las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial". "La familia constituye el primer entorno de protección y es el espacio idóneo para la satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad física y emocional y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de la vida".
www.ecpatguatemala.org n www.oit.or.cr/ipec/esc
Protocolo detección y atención integral