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Timestamp: 2018-11-14 04:42:34
Document Index: 401267394

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 55']

Comentario a la sentencia del TJUE de 23.04.2015 en el Recurso C-38/14, sobre la permanencia ilegal del ciudadano extranjero y el régimen sancionador aplicable en España. - Barbero & Lucas abogados
Comentario a la sentencia del TJUE de 23.04.2015 en el Recurso C-38/14, sobre la permanencia ilegal del ciudadano extranjero y el régimen sancionador aplicable en España.
Publicado el 29/12/2015 por José María Lucas Cedillo
Actualmente y desde que se dictó la sentencia del TJUE nos estamos encontrando con una aplicación literal y estricta por parte de los Juzgados Contencioso Administrativos y Secciones de los Tribunales Superiores de Justicia, confirmando sistemáticamente las sanciones de expulsión en contra del criterio establecido por el Tribunal Supremo hasta la fecha.
Efectivamente, antes de la sentencia del TJUE era pacífica la Doctrina Jurisprudencial impuesta por el Tribunal Supremo, Sección 5ª que inició con dos primeras sentencias en fecha 14 de diciembre de 2005 (recursos de casación números 8010 de 2002 y 4464 de 2003) aseverando que en casos de permanencia ilegal el régimen sancionador español impone como sanción principal la de la multa, siendo secundaria y más grave la de expulsión que requería de una motivación específica.
La sentencia del TJUE, interpretando que la normativa española establece un régimen de alternancia excluyente en la sanción, considera esta normativa contraria a los objetivos pretendidos por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. En suma explica dispone:
A la vista de la tajante respuesta del Tribunal, el derecho de defensa del ciudadano extranjero debe ejercitarse considerando la normativa de la Directiva del Parlamento Europeo, y de la necesidad de motivación para la incoación de los expedientes sancionadores por simple permanencia ilegal del ciudadano extranjero en España (y en los países Schengen), que regularmente se incoan a instancia del Ministerio del Interior. Es decir, el artículo 8 de la Directiva, que establece los criterios generales para la aplicación de la misma:
Por su parte el artículo 7.4 dice:
Por tanto los casos para la aplicación de la resolución de expulsión y por tanto de los procedimientos de expulsión son muy concretos y se apartan de la regla general de la salida obligatoria prevista por los artículos 6 y 7 de la citada Directiva:
A continuación el Artículo 7:
1.La decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4.
Por tanto la regla general de un extranjero en situación irregular no es la expulsión, es la salida voluntaria, solo en los casos concretos establecidos en el artículo 7.4 se puede prescindir motivadamente de la salida voluntaria, e inclusive con ésta pero en un término inferior a 7 días, o en su caso por incumplimiento de un salida obligatoria.
Los efectos de una y otra son evidentes la expulsión en España necesita de un expediente sancionador y conlleva una prohibición de entrada según nuestro ordenamiento; sin embargo la salida obligatoria o retorno voluntario en un plazo no tiene por qué ser a través de un expediente sancionador, y el ordenamiento jurídico español así lo prevé para la universalidad de los ciudadanos extranjeros que permanecen ilegales en España con la aplicación del artículo 28.3.c) de la LO 4/2000, que establece la obligación de salida:
De facto, la salida obligatoria en un periodo de tiempo (15 días) se acordaba por las resoluciones administrativas en el caso de falta de autorización para encontrase en España conjuntamente con la imposición de un multa económica, cuestión que no se ha tenido en cuenta en la sentencia, que solo ha analizado desde el prisma de la normativa española sancionadora.
Por tanto, lo que ahora debemos cuestionar en nuestra opinión, es la motivación de los expedientes sancionadores incoados según prevé el artículo 8 de la Directiva, y desde un ámbito constitucional el precepto que prevé la permanencia ilegal como una infracción (artículo 55 de la LO 4/2000) que es contrario a los artículos 6 y 7 de la Directiva que no lo considera así, al no venir prevista la imposición de la salida obligatoria a partir de un procedimiento sancionador; igualmente es dudosa desde el ámbito constitucional la imposición de la sanción de multa a la vista de la sentencia del TJUE que no ampara normativamente la imposición de este tipo de sanción como ocurre en la normativa española consecuencia de la permanencia irregular.
Veremos cómo se suceden las sentencias en los altos Tribunales.
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