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Timestamp: 2020-04-09 13:06:20
Document Index: 389377771

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 2']

Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015 - Página 13
Consideraciones generales sobre la obligación de investigar en el presente caso
Primeras diligencias y aseguramiento inicial del material probatorio
DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON Las OBLIGACIoNes DE RESPETAR y garantizar LOS DERECHOS y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO
La Corte recuerda que con relación a los hechos del presente caso: (1) se abrió en el año 2001 una investigación, a raíz de las denuncias presentadas, que derivó en la apertura de un proceso penal ante el fuero común; (2) se trabó una contienda de competencia que fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la República a favor del fuero militar respecto de los comandos imputados; (3) el fuero militar resolvió sobreseer la causa en el año 2003, la cual fue posteriormente archivada definitivamente; (4) el fuero común continuó con el conocimiento de la causa respecto a las autoridades implicadas, la cual fue acumulada luego con un proceso por encubrimiento real; (5) al momento de que el caso fuera sometido a conocimiento de esta Corte no existía sentencia definitiva en el proceso llevado a cabo ante el fuero común; (6) como hecho superviniente la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia el 15 de octubre de 2012, mediante la cual se absolvió a todos los acusados, con excepción de un procesado contumaz; (7) el 24 de julio de 2013 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad de la sentencia dictada; (8) en el año 2007 se inició un proceso penal contra el ex Presidente Fujimori Fujimori y otra persona, y (9) actualmente se encuentra pendiente una nueva investigación por los hechos relacionados con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (supra párrs. 174 a 245).
Sobre la base de lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido por la Comisión en su Informe de Fondo No. 66/11 así como los argumentos de las partes y de la propia Comisión ante esta Corte, a continuación se desarrollarán algunas consideraciones generales sobre la obligación de investigar en el presente caso para luego abordar los alegatos específicos.
La Corte ha expresado de manera reiterada que los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)1.
Este deber de “garantizar” los derechos implica la obligación positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico de que se trate2. Por ejemplo, en casos de muerte violenta, la Corte ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones3.
Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. Una vez que se tenga conocimiento de que los agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva para determinar si la privación de la vida fue arbitraria o no. Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones4. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado5.
En casos en que se ha establecido que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados realicen una investigación efectiva de la privación arbitraria del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, sanción de los autores de los hechos6, especialmente cuando están involucrados agentes estatales7.
En el presente caso, el hecho de que las muertes se hayan producido en el marco de un conflicto armado no internacional, no eximía al Estado de su obligación de iniciar una investigación, inicialmente sobre el uso de la fuerza que haya tenido consecuencias letales, aunque la Corte podrá tener en cuenta circunstancias o limitaciones específicas determinadas por la propia situación de conflicto al evaluar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones estatales. En particular, la Corte advierte que en el presente caso la hipótesis de las presuntas ejecuciones extrajudiciales salieron a la luz varios años después de ocurridos los hechos (supra párrs. 165 y 174), por lo que no era posible exigir al Estado desde el inicio la obligación de investigar de acuerdo a los estándares internacionales desarrollados en casos de ejecuciones extrajudiciales (infra párr. 381).
En todo caso, el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios8.
El cumplimiento de la obligación de emprender una investigación seria, imparcial y efectiva de lo ocurrido, en el marco de las garantías del debido proceso, ha involucrado también un examen del plazo de dicha investigación9 y de “los medios legales disponibles”10 a los familiares de la víctima fallecida, para garantizar que sean escuchados, así como que puedan participar durante el proceso de investigación11.
En el presente caso, la Corte advierte que el Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en la tramitación del proceso penal ante el fuero común (supra Capítulo IV). Asimismo, luego de transcurridos 18 años de ocurridos los hechos no existe un pronunciamiento final y definitivo en cuanto a lo acaecido respecto de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, sino que se ha ordenado la realización de una nueva investigación (supra párr. 236), lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos. A la luz de estas consideraciones y del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte da por establecido que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.
Bajo estas consideraciones a continuación, la Corte pasará a analizar los alegatos restantes en torno a la posible violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía, así como de adopción de disposiciones internas, de acuerdo al siguiente esquema: primeras diligencias y aseguramiento inicial del material probatorio; deber de iniciar una investigación ex officio; la incompetencia de la jurisdicción militar para conocer de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza; el alegado incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de carácter interno de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 del mismo instrumento; la falta de debida diligencia, y el derecho a conocer la verdad.
La Comisión inició recordando que, en casos donde haya habido una muerte a manos de agentes estatales, “es de especial importancia que las autoridades competentes adopten las medidas razonables para asegurar el material probatorio necesario para llevar a cabo la investigación”. La Comisión agregó que, tal como lo establece el Manual de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense, y que en el presente caso existieron diversas irregularidades en la recopilación y preservación de la prueba. Al respecto, destacó que: (i) el levantamiento de cadáveres hecho por el juez y fiscal militar se dio un día después de los hechos y no existiría información en el expediente que permitiera considerar que en ese momento se hubiera asegurado la escena del crimen; (ii) al menos dos peritos habrían sido obligados por autoridades militares a firmar el acta de levantamiento de cadáveres aún cuando no estuvieron presentes; (iii) el juez militar habría ordenado la elaboración de necropsias en una instalación que no era la idónea para dicho procedimiento, esto es, el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, y cuyo personal no habría estado acostumbrado a realizar dichos procedimientos; (iv) se habría prohibido la entrada al personal ajeno a las autopsias y a los peritos se les habría prohibido sacar fotos o videos; (v) no se habrían llevado a cabo pruebas de parafina, ni de comparación balística de las armas utilizadas en el operativo; (vi) no se habrían realizado pruebas odontológicas; (vii) no se habría hecho un análisis sobre la distancia de los impactos de bala recibidos por los cuerpos; (viii) únicamente se habría identificado a tres de los catorce cadáveres, uno de ellos como el de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez; y (ix) se habrían inhumado los restos de los catorce emerretistas de forma clandestina.
En relación con este aspecto, la Comisión señaló que las deficiencias e irregularidades en las investigaciones iniciales en 1997 “fueron reconocidas por el Estado en su contestación”, y que “el perito Cartagena Pastor las confirmó”. La Comisión recordó que, desde un inicio, las diligencias estuvieron bajo el control de las autoridades militares, quienes habrían establecido “serias limitaciones en la realización de las pruebas más relevantes”. Según la Comisión, “no sólo se limitó el alcance de las necropsias y se impidió realizar exámenes complementarios, sino que se impusieron obstáculos y prohibiciones de acceso a expertos y de registro gráfico”.
Por las razones anteriores, la Comisión sostuvo que el Estado no habría preservado el material probatorio necesario, no habría llevado a cabo diligencias cruciales o las que realizó habrían sido conducidas de forma no diligente para la determinación de la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza empleado por los agentes estatales que participaron en el operativo donde perdieron la vida Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. La Comisión consideró que lo anterior constituyó no solo una falta de aseguramiento de la prueba relativa a los hechos, sino también la carencia de implementación de diligencias indispensables para la investigación de los mismos.
Los representantes alegaron que el Estado no habría actuado con la debida diligencia en la investigación de los hechos y habría incurrido en acciones que llevaron a la pérdida de evidencias que hubieran sido útiles para determinar la verdad de lo ocurrido y que no podrían ser recuperadas. En particular, se refirieron a los siguientes aspectos: (i) omisiones en la inspección del lugar de los hechos; (ii) no se habrían realizado oportunamente diligencias efectivas para la identificación de los cuerpos de Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva, y (iii) omisiones en la realización de las necropsias efectuadas en 1997.
Los representantes señalaron que la inspección del lugar de los hechos se llevó a cabo un día después de que estos ocurrieran y que, a pesar de que la Fiscal de Turno en lo Penal de Lima se habría presentado en dicho lugar el mismo día en que estos ocurrieron, el personal de las Fuerzas Armadas no la habría dejado ingresar. Los representantes añadieron que, “como consta en la sentencia de primera instancia, los comandos que participaron en el operativo ingresaron al lugar, luego de concluido el mismo y antes de que ingresaran los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos y el Juez Militar, por lo que es muy probable que al momento de realizar el levantamiento de los cadáveres la escena hubiera sido alterada”. Los representantes sostuvieron que el acta de levantamiento de los cadáveres solo hace una breve descripción de los cuerpos, sin señalar en forma clara la ubicación de las heridas de bala u otros signos en el cuerpo, ni hace referencia a la metodología utilizada para su realización, ni a la condición de la vestimenta. También resaltaron que el acta del levantamiento del cadáver fue firmada por varios peritos, quienes habrían señalado que no estuvieron presentes cuando se practicó esta diligencia y que fueron obligados a firmarla posteriormente.
Por otro lado, los representantes señalaron que “[n]o consta en el expediente que se hubiese tomado medida alguna para resguardar la escena y evitar la pérdida de evidencia útil para establecer la verdad de lo ocurrido”. Además, los representantes destacaron que no consta en el expediente que se hubieran llevado a cabo las siguientes diligencias: (i) una revisión completa de la residencia del Embajador de Japón con el fin de recabar los posibles elementos de prueba que existieran en el lugar; (ii) recolección de evidencia balística; (iii) examen del lugar para detectar la presencia de otras armas; (iv) toma de fotografías de la escena del crimen y de los cadáveres, así como de la existencia y ubicación de evidencias en el lugar de los hechos, y (v) un mapa completo del lugar en donde se dejara constancia de los sitios donde fueron encontrados los cuerpos y las evidencias.
Los representantes consideraron que el Estado no llevó a cabo las diligencias adicionales para determinar a quiénes pertenecían los cuerpos, y que la identificación de Peceros Pedraza y Meléndez Cueva solo se realizó cuando se efectuaron las exhumaciones de los cuerpos en el año 2001. Al respecto, afirmaron que “[l]os familiares de los emerretistas nunca fueron contactados para comunicarles lo que les había ocurrido o para que se hicieran presentes para identificar sus cuerpos”.
Los representantes señalaron, además, que las necropsias parciales preferenciales realizadas no cumplirían con los requisitos necesarios. En primer lugar, indicaron que los médicos que las realizaron no habrían tenido la preparación necesaria para ello, debido a que no se trataba de médicos legistas que realizaban necropsias de forma regular. En segundo lugar, señalaron que las autopsias no fueron completas sino parciales, ya que no se realizó apertura de los cráneos y no se sacaron muestras para solicitar exámenes patológicos. Además, señalaron que en los protocolos de necropsia únicamente se hace una descripción general de las heridas de bala encontradas y otras lesiones externas, y no se describen hallazgos al interior de los cuerpos. En sus alegatos finales, los representantes sostuvieron que el perito Fondebrider había señalado en relación con las necropsias realizadas en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú que “eran sumamente básic[a]s, deficitari[a]s y que no constituían una autopsia completa[, perdiéndose] una posibilidad única de realizar exámenes más profundos”. Los representantes también resaltaron que se habría ordenado que solo se permitiera el ingreso del personal relacionado directamente con las necropsias y se habrían impuesto limitaciones a los peritos que lograron ingresar.
Por ende, los representantes consideraron que el Estado no actuó con la debida diligencia para el resguardo de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y que, por el contrario, habría incurrido en una serie de acciones que tenderían a asegurar que no se contara con este tipo de prueba, la cual no puede ser recuperada en el futuro. Adicionalmente, los representantes adujeron que, junto a las falencias de índole forense, el Estado habría incurrido en otras omisiones que comprometerían su responsabilidad internacional.
El Estado apuntó que “no ha desconocido que las diligencias [iniciales] realizadas puedan presentar omisiones o deficiencias, pero ello no puede ser interpretado en el sentido de haberse buscado ocultar, mediante las mismas, la realización de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. El Estado afirmó que “por más errores u omisiones que pu[diera] haber habido en las diligencias de 1997, las mismas han servido de base para que las autoridades y funcionarios estatales desde el año 2001 realicen las investigaciones que corresponden”.
El Estado analizó a continuación la actuación llevada a cabo por el Ministerio Público a partir de las denuncias presentadas en el año 2001 y concluyó que, “[e]n base a los argumentos expuestos, se ha acreditado que el Ministerio Público cumplió desde la presentación de las denuncias en el 2001 con el papel que constitucionalmente le corresponde, habiendo sido diligente en las actuaciones procesales que ordenó realizar y las que le correspondían llevar a cabo”. Así, el Estado sostuvo que el Ministerio Público reaccionó ante las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales presentadas y procedió a realizar las diligencias inmediatas orientadas a la investigación de los hechos por parte de las autoridades policiales. Sostuvo que, como consecuencia del inicio de la investigación preliminar, se realizaron las exhumaciones de los cadáveres y se identificaron los cuerpos. El Estado alegó, asimismo, que las diligencias realizadas en 2001 por el Instituto de Medicina Legal, como órgano auxiliar del Ministerio Público, a raíz de las denuncias hechas públicas, fueron “calificadas en forma altamente positivas, tanto por el perito Fondebrider como por el perito Cartagena durante la audiencia”.
En el presente caso, las actuaciones por parte de las autoridades peruanas y las manifestaciones del propio Estado en el proceso ante esta Corte tienden a admitir las omisiones y deficiencias en la realización de las primeras diligencias y el aseguramiento inicial del material probatorio. Los peritajes encomendados al IML en el año 2001, al presentarse las denuncias por las alegadas ejecuciones extrajudiciales, se ordenaron, de hecho, por razón de las omisiones verificadas al realizar las necropsias y las deficiencias encontradas respecto al establecimiento de las causas de muerte (supra párr. 175), así como la falta de identificación de la mayoría de los cuerpos (supra párr. 172). El Estado sostiene, sin embargo, que dichas falencias han sido subsanadas a raíz de la apertura de la investigación penal (supra párr. 79).
La Corte ha sostenido que, en el manejo de la escena de los hechos y el tratamiento de los cadáveres, deben realizarse las diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación12. La Corte advierte que, incluso en una situación de conflicto armado, el derecho internacional humanitario prevé obligaciones mínimas de debida diligencia relativas al correcto y adecuado levantamiento de cadáveres y los esfuerzos que deben adelantarse para su identificación o inhumación con el fin de facilitar su identificación posterior13.
La Corte nota que las obligaciones anteriores deben realizarse inmediatamente, siempre que las circunstancias lo permitan. En el presente caso las autoridades consideraron que el levantamiento de cadáveres no debía realizarse inmediatamente por cuestiones de seguridad (supra párrs. 168 y 169). Aún asumiendo que las circunstancias no permitían realizar dichas diligencias bajo condiciones de seguridad, era exigible, sin embargo, para el Estado realizar dicha diligencia a la mayor brevedad apenas finalizado el operativo de rescate y de manera acuciosa y diligente.
En efecto, en circunstancias como las presentes, en que la información relativa a la forma en que murió una persona producto del uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales está en manos de los propios funcionarios o autoridades estatales, una investigación adecuada que asegure garantías mínimas de independencia y efectividad se torna ineludible.
No obstante, en el presente caso se ha demostrado que no se adoptaron medidas para preservar y resguardar adecuadamente la escena de los hechos y que el levantamiento de los cadáveres, el cual fue controlado por las autoridades militares y del Servicio de Inteligencia Nacional, no se realizó en forma fiable, técnica o profesional: se movieron las armas o granadas encontradas sin que se dejara al personal técnico registrar y fotografiar las evidencias encontradas14; no se tomaron huellas dactilares en las armas o granadas supuestamente involucradas en los hechos; no se permitió el levantamiento de huellas y evidencias en el lugar de los hechos ni la toma de las muestras necesarias para la realización de análisis forenses15, y el acta de levantamiento de los cadáveres no registró toda la información necesaria.
Las necropsias de 1997 fueron realizadas sin contar con el ambiente y recursos adecuados para llevar a cabo dicha diligencia16. No se llevó a cabo la descripción externa de los cuerpos y sólo se abrieron las cavidades torácicas y abdominales, pero no las craneales, incumpliéndose la normativa interna (supra párr. 175). Tampoco se solicitaron estudios de patología por órdenes superiores17. Hubo orden superior de que no se tomaran fotografías ni filmaciones de los cadáveres18. Por último, mediante una decisión altamente cuestionable se inhumaron los cadáveres en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, sin proceder a la identificación de once de ellos (supra párr. 172).
Las mencionadas irregularidades en el manejo de la escena y el levantamiento de cadáveres, así como la falta de rigurosidad en la realización de las necropsias, han sido reconocidas por el propio IML (supra párr. 177) y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación19. Dichas omisiones y deficiencias pueden condicionar o limitar las posteriores investigaciones. Por ejemplo, el informe del IML indicó al analizar los cuerpos exhumados cuatro años después de los hechos que “[d]ebido al avanzado estado de descomposición organizada […] y ausencia de partes blandas, no se p[odía] precisar plenamente las distancias en que fueron disparados los proyectiles”20.
El correcto desarrollo de estas actuaciones iniciales tiene una importancia primordial para las investigaciones y uno de sus propósitos principales es precisamente preservar y recolectar la evidencia, evitando su contaminación, para así facilitar y garantizar el posterior esclarecimiento de los hechos21. La actuación de las autoridades estatales en el presente caso, y en particular del Fiscal Militar Especial y el Juez Militar Especial, no refleja este cuidado.
La Corte considera que en el caso en concreto la actuación de las autoridades militares y policiales careció de mínima diligencia, lo que tuvo y tiene efectos concretos en la investigación de estos hechos que no se corrigen o subsanan por el simple hecho de que posteriormente se hayan realizado pruebas forenses cuando los hechos fueron investigados en el fuero común.