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Timestamp: 2018-01-17 10:46:51
Document Index: 95266149

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 164', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 164', 'artículo 36']

REUBICACIÓN DE SOLDADOS RETIRADOS DEL SERVICIO POR PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL INFERIOR AL 50%.
En el ejercicio de actividades laborales el actor fue víctima de un artefacto explosivo que le generó una pérdida de capacidad laboral del 31.98% . No obstante lo anterior, continuó en el Ejército desempeñándose en el cargo de auxiliar judicial. La Junta Médico Laboral lo declaró no apto para la actividad militar y tampoco recomendó su reubicación. Se solicita al juez de tutela ordenar el reintegro del peticionario en el área administrativa de la entidad, en actividades que pueda desempeñar de acuerdo a sus habilidades, destrezas y formación académica. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro de una persona en situación de discapacidad y, 2º. La línea jurisprudencial en materia de reubicación de un soldado que es retirado del servicio por una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena la reincorporación del accionante al servicio, bien sea en el último cargo que ocupó en el Ejército Nacional antes de ser retirado o, de no ser posible ello, a otro cuyas funciones sean acortes con las condiciones actuales y con sus habilidades y destrezas, sin que
T652/17
Referencia: expediente T-6.171.738
Sentencia T-652/17
Acción de tutela interpuesta, a través de apoderada, por el señor Luis Alexánder Carvajal Barragán contra el Ejército Nacional.
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en el asunto de la referencia, por la Sección Segunda, Subsección B, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó la sentencia expedida por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, la cual denegó la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social del señor Luis Alexánder Carvajal Barragán.
A través de apoderada, el señor Luis Alexánder Carvajal Barragán, presentó acción de tutela contra el Ejército Nacional –Director de Sanidad del Ejército Nacional- y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del Ministerio de Defensa, solicitando la protección de sus derechos fundamentales. Con este propósito, pretende que se ordene al Ejército Nacional su reintegro en el área administrativa, cuya actividad pueda desempeñar de acuerdo con sus habilidades, destrezas y formación académica.
1.1.2. El 9 de abril de 2015 su mandante fue sometido a Junta Médico Laboral durante la cual le diagnosticaron (i) heridas y estrés postraumático, (ii) se le clasificó la capacidad psicofísica para el servicio como “INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL –NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR –NO SE RECOMIETO (SIC) REUBICACIÓN LABORAL” y (iii) se determinó una incapacidad como disminución de su capacidad laboral un 33.09% con imputabilidad “En combate por acción directa del enemigo por literal C y como fijación de índice siete (07), índice (05) e índice (04)”.
1.1.3. El 11 de febrero de 2016, ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, el señor Carvajal Barragán adujo que no existían conceptos médicos recientes, que no se tuvieron en cuenta los estudios realizados para que fuera reubicado en la Institución Ejército Nacional y que no es cierto que no quisiera trabajar o que hubiera perdido el espíritu militar.
1.1.4. Posteriormente se le notifica al accionante el acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía n.° TML 15-1-673 MDNSG.TML-41.1. del 11 de febrero de 2016, la cual contiene las siguientes consideraciones:
1.1.4.2. Como clasificación de la lesión y calificación de la capacidad para el servicio: INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL –NO APTO PARA LA ACTIVIDAD MILITAR. No se recomienda la reubicación laboral.
1.1.4.4. Se ratifica su imputabilidad: Literal C – en combate por acción directa del enemigo por informe administrativo por lesiones n.° 26173 del 1 de abril de 2009” .
1.1.6. El 15 de marzo de 2015 (sic) , el señor Carvajal Barragán fue notificado de su retiro del servicio activo ordenado en OAP n.° 1120 del 18 de febrero de 2016, por disminución de su capacidad psicofísica del 31.98%.
1.1.7. Según la apodera del accionante la decisión adoptada por el Tribunal Médico Militar no tiene sustento jurídico, doctrinal o jurisprudencial, toda vez que el actor sí ostenta idoneidad profesional suficiente que le permite aprovechar su capacidad laboral residual en labores administrativas y/o instrucción de interés institucional, teniendo en cuenta que con posterioridad al informativo administrativo por lesión n.° 26173 del 1 de abril de 2009, cumplió a satisfacción el cargo de auxiliar de archivo y sección tercera desde el año 2011 hasta la fecha de su desvinculación, tal como lo acredita el folio disciplinario en el cual se consignaron felicitaciones y conceptos positivos, sin que haya relación entre su excelente desempeño y la decisión de la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico.
Mediante auto del 30 de marzo de 2016 la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá avocó la acción de tutela y solicitó informe al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del Ministerio de Defensa y Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional.
El Ministerio de Defensa Nacional –Secretaría General-Tribunal Médico Laboral de Revisión
La Asesora Jurídica del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en relación con la solicitud presentada en la tutela consistente en que ese Tribunal vuelva a pronunciarse respecto de la solicitud de reubicación laboral, afirmó que una tal pretensión no puede prosperar por la prohibición legal contenida en el artículo 22 del Decreto Ley 1796 de 2000, el cual dispone que las decisiones contenidas en el acta que emite dicho organismo son irrevocables y obligatorias.
Expuso que las razones médicas por las cuales se tomó la decisión de no reubicar laboralmente al accionante se apoyaron en su estado médico actual, los antecedentes médico laborales, la documentación aportada por aquel, el concepto del especialista y de la Junta Médico Laboral n.° 76880 del 9 de abril de 2015 la cual evidenció que:
“(…) las secuelas que presenta el calificado le impiden desarrollar la labor para la cual fue incorporado al ejército nacional, su patología mental, la cual ha requerido dos hospitalizaciones, controles periódicos y farmacológico (sic) continuo por psiquiatría no son compatibles con la vida militar aunado a que por los factores estresores propios de la vida militar el acceso a las armas colocan en riesgo su vida la de sus compañeros y la de la comunidad que (sic) mandada a proteger constitucionalmente llevando además cerca de 7 años sin actividades operativas”.
También se hizo alusión al principio de subsidiaridad en materia de tutela el cual se desconoce en este caso, toda vez que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir la legalidad del Acta n.° TML15-1-673 del 11 de febrero de 2016.
En ese fallo también se hizo referencia al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela y los presupuestos que hacen factible su procedencia para señalar que en el caso propuesto por el señor CARVAJAL BARRAGÁN, se cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y solicitar medidas cautelares con fundamento en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante C.P.A.C.A).
Se anotó que el trámite constitucional fue promovido durante el término previsto para presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que el actor fue notificado de la decisión, cuya revocatoria se pretende, el 15 de marzo de 2016, destacándose que el actor se encontraba bajo la figura de alta, cuya duración es de 3 meses, contada a partir de la fecha de retiro, beneficio que implica remuneración durante ese lapso, de acuerdo con el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990 , lo cual desestima el argumento de afectación del mínimo vital.
La apoderada del accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando que si bien la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, se pasó por alto que puede prosperar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable el cual se configura en el presente caso, por cuanto el señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN además de ser una persona que goza de protección especial por la disminución de su capacidad psicofísica, es el único proveedor económico de su núcleo familiar conformado por su esposa, su menor hijo y su progenitora de la tercera edad.
Informó que el Ejército Nacional no aplicó el Art. 164 del Decreto Ley 1211 de 1990 mencionado en el fallo, pues en el mes de marzo recibió el pago de los 16 días laborados hasta su retiro.
Teniendo en cuenta esa premisa y concentrados en el estudio de la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, concluyó que los argumentos expuestos por la parte recurrente no demuestran el perjuicio del cual se pretende derivar la procedencia de la acción como mecanismo transitorio, pues al revisar las pruebas aportadas al expediente se advierte que si bien el accionante afirma que su grupo familiar está pasando por una situación económica crítica, también se advierte que los afectados cuentan con algunos recursos como la indemnización prevista en el artículo 37 del Decreto Ley 1796 de 2000.
4.4. Actuaciones adelantadas en la Corte Constitucional
4.4.1 Solicitud de insistencia del Defensor del Pueblo
Para la Defensoría del Pueblo el caso tiene relevancia constitucional por cuanto el alto Tribunal ha fijado límites a la facultad discrecional que ostente el Ejército Nacional para destituir soldados profesionales que por cuestiones físicas o psíquicas no pueden seguir cumpliendo sus funciones primigenias y en el presente asunto se acreditó que el accionante ha ejercido con mérito las funciones administrativas que le fueron encomendadas desde el año 2011 hasta la orden administrativa de personas n.º 1120 del 18 de febrero de 2016, expedida por la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional.
En la solicitud se hizo hincapié en que el accionante fungió como auxiliar de archivo de la sección tercera del Batallón de Infantería n.° 34 Juanambu, labor que le significó reconocimientos y felicitaciones, luego, la motivación expuesta por la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía resulta aparente y contraria a la verdad, comoquiera que el accionante sí puede desempeñarse en labores de archivo de la entidad castrense.
4.4.2. Solicitud de insistencia de la Magistrada GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
5.1. Orden Administrativa de Personal n.° 1120 de la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional para el 18 de febrero de 2016 y constancia de notificación (Fls. 15 y 16 del cuaderno 1).
5.2. Informativo administrativo por lesiones n.° 26173 del 1 de abril de 2009 (Fls. 17 del cuaderno1).
5.3 Acta de Junta Médica Laboral n.° 76880 del 9 de abril de 2015 (Fls. 18 y 19 del cuaderno 1).
5.4. Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía n.° TML 15-1673 MDNSG-TML-41.1 del 11 de febrero de 2016 (Fls. 20 a 26 del cuaderno 1).
5.5. Certificado de tiempos en el Ejército Nacional de fecha 28 de enero de 2016 (Fl. 27 del cuaderno1).
5.6. Folio disciplinario del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN (Fl. 28 a 43 del cuaderno 1).
5.7. Orden del día n.° 31 para el 13 de febrero de 2015 que contiene nombramientos (Fls. 39 a 41 del cuaderno1).
5.8. Acta de graduación como bachiller del Técnico con énfasis empresarial, expedido a nombre del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN de fecha 4 de diciembre de 1998 (Fl. 43 del cuaderno 1).
5.9. Diplomas expedidos por el SENA a nombre del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN (Fls. 44 a 58 del cuaderno 1).
5.10. Copia de cédula de ciudadanía del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN (Fl. 59 del cuaderno 1).
5.11. Copia del registro civil de matrimonio del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN y la señora ANA DE JESÚS PENAGOS MOLINA (Fl. 60 del cuaderno 1)
5.12. Copia del registro civil de nacimiento del menor de 6 años J.D.C.P (Fl. 61).
5.13. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora EVIDELIA BARRAGÁN DE CARVAJAL (Fl. 62 del cuaderno 1).
Con la contestación de la demanda se aportó la siguiente prueba
5.14. Con esta respuesta se aportó al proceso copia del acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía n.° TML 15-1673 MDNSG-TML-41.1 del 11 de febrero de 2016 (Fls. 96 a 102 del cuaderno 1)
5.15. Copia de comprobante de pago expedido por el Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional- al señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN (Fl. 52 del cuaderno 1).
5.16 Copia de impresión de consulta en el sistema de la Rama Judicial (Fls. 153 y 154 del cuaderno 1).
5.17. Copia del fallo expedido el 27 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso radicado 18001233300220150021700 (Fls. 155 a 166 del cuaderno 1).
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Ejército Nacional vulneró el derecho fundamental a la igualdad, al trabajo y a la dignidad humana por estabilidad reforzada al no reubicar a un soldado que no obstante tener una pérdida de la capacidad laboral de 31.98_% como consecuencia del ejercicio de actividades militares, demostró aptitudes suficientes para desempeñarse en el cargo de auxiliar de archivo. Previamente a estudiar este interrogante, corresponderá examinar la procedencia de la acción de tutela en materia de reintegro de una persona en situación de discapacidad.
2.1 Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reintegro de una persona en situación de discapacidad
“1.20 Por lo anterior, esta Corporación ha señalado, que si bien existen mecanismos idóneos para la obtención del reintegro laboral, el amparo puede ser procedente cuando se está frente a sujetos de especial protección constitucional que ostentan el derecho a la estabilidad laboral reforzada incluso el amparo puede darse de manera definitiva, en esta dirección la sentencia T-677 de 2009 señaló:
“En conclusión, la Corte reitera que aunque no existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del trabajo o su permanencia en él por un tiempo indeterminado, no obstante, debido a la urgencia de conjurar una vulneración irreversible de los derechos fundamentales de un empleado en circunstancias de debilidad manifiesta y, adicionalmente, presentar una estabilidad laboral reforzada, en virtud de su especial condición física o laboral, la tutela procede como mecanismo definitivo para el reintegro laboral.”
“En efecto, es cierto que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho puede ser apto para controvertir el acto administrativo que lo retiró del servicio, y en su trámite, el accionante puede solicitar la suspensión provisional como medida provisional. Sin embargo, si bien la figura de la suspensión está siendo implementada de manera más activa por los jueces administrativos, ello no asegura que lo hagan en todos los casos, pues se trata de una medida facultativa, que de todas maneras, está sometida al análisis de validez del acto administrativo. Entonces, es posible que una decisión administrativa sea legal porque se ajusta a los estrictos y precisos términos de la ley, pero viole derechos fundamentales, con lo cual bien podría pensarse que no procede la medida cautelar de una decisión apoyada en la ley, pero sí la acción de tutela para proteger derechos fundamentales gravemente afectados, por lo que sería urgente la intervención del juez constitucional”. (La negrilla es del texto original).
2.2. Línea jurisprudencial en materia de reubicación de soldados retirados del servicio por una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%
La Constitución Política establece como uno de sus postulados esenciales el respeto de la dignidad humana (artículo 1 Superior), el cual, a su vez, se refleja en múltiples dimensiones, pudiéndose destacar, en orden a la resolución del caso concreto, la inclusión de las personas que se encuentran en una situación de especial protección (artículo 13 Superior).
Esa consideración especial que debe ofrecerse a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta tiene indiscutibles aspiraciones de igualdad y, en ese orden, todas aquellas alternativas legales previstas con el fin de materializar tales propósitos deben aplicarse de manera sistemática de tal suerte que cubran circunstancias que, en principio, estarían cubiertas por regímenes especiales como el que regula la actividad militar .
Estas consideraciones especiales también surgen del deber establecido en el artículo 47 Superior y el deber general de solidaridad, según los cuales, tanto el Estado como la sociedad, deben asegurar que las personas en situación de debilidad manifiesta también tengan la oportunidad de lograr todos sus proyectos de vida. Al respecto conviene recordar lo dicho por la Corte en sentencia T-1048 de2012:
‘ […] Con esa estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del goce efectivo de sus derechos. […]’.
“51. En cuanto a las condiciones para determinar a quién cobija esta protección laboral, reiteradamente la Corte ha aclarado que la protección constitucional aplica tanto para las personas que acreditan una discapacidad médicamente calificada por los órganos competentes, como a las personas que se hallan en condición de debilidad manifiesta por una condición de salud. Tan es así que en la sentencia C-531 de 2000, la Corte al analizar la norma citada, estudió al sujeto de la disposición como ‘persona con una limitación física, sensorial o mental’, sin mencionar la necesidad de ser calificada como tal. Al respecto, dijo:
‘Sólo en la medida en que para el tratamiento de la situación particular de este grupo social afectado por una limitación física, sensorial o mental, se realcen los valores fundantes constitucionales de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, es que adquiere verdadero sentido el deber de protección especial de la cual son objeto precisamente por razón de sus circunstancias de debilidad manifiesta frente al conglomerado social. Constituye esta la vía para contrarrestar la discriminación que está allí latente y que impone adelantar una acción estatal y particular que promueva condiciones de igualdad material real y efectiva para estas personas, hacia la búsqueda de un orden político, económico y social justo (C.P., Preámbulo y art. 13)’ .
“ (…) la máxima exigencia a los soldados en instrucción debe ser acorde con sus capacidades de manera que la mera consecución de los fines propuestos no termine por sacrificar los medios indispensables para alcanzarlos, máxime si estos están constituidos por personas”.
En la sentencia T- 470 de 2010, en la cual se estudió la situación de un soldado que sufrió un accidente durante el servicio militar, fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 41.96% y aunque se recomendó su reubicación y su desempeño en tareas distintas a las castrenses fueron valoradas positivamente, fue separado de las funciones que venía desempeñando y con fundamento en otros precedentes sobre el deber de protección especial a personas en situación de discapacidad, se estableció que:
“De manera que para lograr la optimización de la igualdad se exige la adopción de medidas en favor de grupos marginados, además del resguardo de los sujetos de especial protección constitucional y las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental, dejando claro que tal atención no debe ser considerada como una exigencia de la caridad sino que debe ser entendida en virtud del principio de solidaridad, como un derecho subjetivo en cabeza de quienes se encuentran en tal situación y como un deber estatal que debe ser adoptado por cada institución que lo represente. ”
“Sin embargo, también se allegan con el expediente las certificaciones que constatan el excelente servicio desempeñado por el peticionario luego de la calificación de disminución de la capacidad psicofísica, lo cual indica claramente la capacidad de desempeñar otras actividades dentro del sistema militar, demostrando contrariamente a lo sostenido por el Ejército, la posibilidad de que esta persona en las condiciones de debilidad en la que se encuentra pueda superarse y ser útil, a pesar de padecer lesiones originadas precisamente por la prestación del servicio”. (Resaltado fuera del texto original).
Ahora bien, esos parámetros no se agotaron en esas providencias sino que se avanzó en su desarrollo y es así como encontramos que en la sentencia T-928 de 2014 se agregó que“para determinar la procedencia de la reubicación existen dos elementos que deben tenerse en cuenta: uno subjetivo, que refiere a que la persona física y mentalmente esté en capacidad de desarrollar labores administrativas, docentes o de instrucción dentro de la institución; y otro objetivo, que se relaciona con la definición de la labor que efectivamente pueda ser asignada, teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de un cargo que corresponda a los estudios, preparación, y capacitación del sujeto”.
Estos considerandos son replicados en la sentencia T-141 de 2016 en la cual, además, se analizaron fundamentos fácticos casi idénticos a los que se advierten en este caso en tanto: (i) el accionante era un soldado desvinculado del servicio por haber sido calificado con una disminución del 13% de la capacidad laboral (ii) el Tribunal Médico Laboral determinó que su diagnóstico no le permitía “desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, correspondiente a su cargo, grado, empleo o funciones”, (iii) el accionante soportaba económicamente a su esposa, hijo y progenitora y (iv) el actor, después del accidente, ejecutó actividades no militares y pese a ello no se recomendó reubicación laboral.
El mismo paralelo puede realizarse respecto de las circunstancias de hecho analizadas en la sentencia T- 729 de 2016 de la cual es preciso extraer las siguientes consideraciones: “de los hechos puestos a conocimiento de esta Corporación, es particularmente relevante destacar que en los registros acerca del desempeño del accionante existen tres (3) anotaciones positivas que exaltan sus cualidades. En efecto, se le destacó (i) su dinamismo y el alto grado de responsabilidad ante las tareas asignadas, (ii) su excelente control sobre el personal bajo mando y (iii) su desempeño en sus labores, la lealtad, la fidelidad, la sinceridad, el sentido de pertenecía y la franqueza con la institución”.
De este último precedente es pertinente resaltar el siguiente antecedente fáctico: “El 1 de mayo de 2015, se efectuó Junta Médico-Laboral en la cual se concluyó que el accionante no es apto para prestar el servicio militar y en todo caso, no se recomienda su reubicación dado que sufre de ciertas patologías psiquiátricas, tales como angustia y depresión reactiva que le impiden realizar sus actividades militares. En consecuencia, se calificó a Luis Alberto Cumaco Loaiza con una pérdida de capacidad laboral del 27.93%”
2.3.1. Cuestión preliminar
También se aclara que si bien el documento que contiene la notificación personal de dicha decisión se encabeza con la fecha 15 de marzo de 2015, ello corresponde a un error de digitación, pues el contenido claramente indica que la decisión notificada lo era la expedida el 18 de febrero de 2016. De la misma manera, el notificado, Luis Alexánder Carvajal Barragán, consignó al pie de su firma la fecha “15 de marzo de 2016 12:47 p.m”.
2.3.2. El accionante es un sujeto de especial protección constitucional, luego, en su caso se deduce la necesidad de una protección urgente e inmediata, no solo por la afectación que inexorablemente se genera con su desvinculación laboral, sino porque también se aportó en sede de segunda instancia un desprendible de pago cuya fecha de corte coincide con el retiro del servicio, luego, no se verifica la aplicación del artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990, información sobre la cual tampoco hubo pronunciamiento por parte de la entidad accionada.
Resulta pertinente recordar que en la sentencia T- 470 de 2010 se concluyó, sobre la existencia de otros medios de defensa, que la situación en la que se encontraba el accionante, un soldado calificado con pérdida de un porcentaje de su capacidad laboral desvinculado del servicio, se denotaba la necesidad de una protección urgente e inmediata, dado que era él la única persona con la posibilidad de proporcionar el sustento a su esposa, hijo menor y progenitora de la tercera edad.
ii) La disminución de dicha capacidad no alcanza a superar el porcentaje establecido legalmente para acceder a una pensión por invalidez .
iii) El actor fue desvinculado del Ejército Nacional en el año 2016, fecha la cual laboró en el archivo del Batallón de Infantería n.° 34 “JUANAMBU” de Florencia Caquetá a pesar de haber ejecutado esas tareas desde el año 2008 y haberse determinado inicialmente una disminución de su capacidad laboral en un 33.09%.
iv) El suceso que generó la disminución de su capacidad laboral tuvo lugar en el año 2008 y después del mismo el accionante ha tomado cursos de administración de archivo, de herramientas informáticas y de electricidad. .
Finalmente debe destacarse que si bien la procedencia de la acción de tutela en materia prestacional ha establecido unos requisitos , estos han sido definidos de manera distinta cuando el solicitante del amparo es un trabajador en situación de discapacidad y su pretensión es la reubicación laboral.
2.3.4. Se constataron los dos requisitos específicos para reconocer el derecho a la reubicación desarrollado jurisprudencialmente, toda vez que se demostró que el actor, después de haber sufrido el accidente que disminuyó su capacidad laboral, desempeñó labores administrativas, sin que la entidad accionada hubiera ofrecido una información diferente, ni hubiera aportado prueba que demostrara que las calificaciones de buen desempeño aportadas al trámite no correspondían a la realidad.
Esa información permite verificar el aspecto subjetivo, el cual, en un caso con los antecedentes mencionados, está íntimamente relacionado con el aspecto objetivo definido por “la labor que efectivamente pueda ser asignada, teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de un cargo que corresponda a los estudios, preparación y capacitación del sujeto” .
Así las cosas, se ordenará al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa Nacional el reintegro del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN al cargo que venía desempeñando antes de su desvinculación.
PRIMERO.- REVOCAR la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección B, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 25 de enero de 2017, la cual confirmó la sentencia expedida por la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá el 11 de abril de 2016 que rechazó por improcedente la acción de tutela promovida por el señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, a el trabajo y a la dignidad humana invocados por el mencionado.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Orden Administrativa de Personal n.° 1120 de 18 de febrero de 2016, proferida por la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional en lo que tiene que ver con la situación del señor LUIS ALEXÁNDER CARVAJAL BARRAGÁN. Por tanto, ORDENAR al Ejército Nacional que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, el mencionado sea reincorporado al servicio, bien sea en el último cargo que ocupó en el Ejército Nacional antes de ser retirado de la institución, o, de no ser ello posible, a otro cuyas funciones sean acordes con sus condiciones actuales y con sus habilidades y destrezas, sin que se desmejoren las condiciones salarias en las cuales se hallaba.
TERCERO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.