Source: http://www.scribd.com/doc/47113905/Sentencia-TC-01078-2007-AA-TC
Timestamp: 2015-04-26 22:38:05
Document Index: 279081814

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 74']

P. 1Sentencia TC 01078-2007-AA/TCSentencia TC 01078-2007-AA/TCRatings: (0)|Views: 235|Likes: 4Published by TimmySentencia del TC sobre el caso Fonavi, la cual origino que dicha propuesta pase a referendumSentencia del TC sobre el caso Fonavi, la cual origino que dicha propuesta pase a referendumMore info:Published by: Timmy on Jan 18, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/47113905/Sentencia-TC-01078-2007-AA-TC09/02/2014pdftextoriginal 01078-2007-AAhttp://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01078-2007-AA.html[09/01/2011 16:46:53]
EXP. N.° 01078-2007-PA/TCLAMBAYEQUEJOSÉ MIGUEL ÁNGELCORTEZ VIGO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 3 días del mes de septiembre de 2007, el Tribunal Constitucional en sesión dePlenoJurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, BardelliLartirigoyen, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia, con el votosingular adjunto, del magistrado Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Vergara Gotelli ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por José Miguel Ángel Cortez Vigo contra laresoluciónemitida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 272, su fecha 22 deenero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de octubre de 2006, don José Miguel Ángel Cortez Vigo –en calidad de promotor solicitantede la convocatoria a referéndum nacional para la aprobación del
“Proyecto de Ley de devolución de dinerodelFONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo
”– interpone demanda de amparo contra el JuradoNacional de Elecciones (JNE), solicitando se declare la nulidad de: (i) la Resolución del Jurado Nacional deElecciones N.º 1215-2006-JNE, de fecha 7 de julio de 2006; y, (ii)la Resolución del Jurado Nacional deElecciones N.º 1278-2006-JNE, emitida con fecha 20 de julio de 2006. Asimismo, solicita se disponga laconvocatoria a referéndum. El recurrente alega que con fecha 29 de marzo de 2001 se inició el procedimiento de iniciativa legislativa afin de que el referido proyecto de ley sea dictaminado y votado por el Congreso de la República; que esteprocedimiento, sin embargo, culminó con la promulgación de la Ley 27677 “Ley de Uso de los Recursos de laLiquidación del FONAVI”, la misma que modificaba de manera sustancial la iniciativa legislativa; y que,enconsecuencia, y a tenor de lo establecido por los artículos 16º y 41ºde la Ley 26300, Ley de los Derechos deParticipación y Control Ciudadanos, se solicitó la iniciación del procedimiento de referéndum. Señala también que en el trámite del procedimiento se cumplió con todos los requisitos exigidos por laConstitución y la leyes vigentes para el ejercicio de iniciativas de participación ciudadana; que, no obstante, el JNEemitió la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE, que declaró improcedente la solicitudde convocatoria a referéndum, argumentado que autorizarlo resultaría inconstitucional, pues el artículo 32º de laConstitución Política del Perú señala que las normas de carácter tributario no pueden ser sometidas aesteprocedimiento, y que el desembolso por concepto de FONAVI tiene naturaleza tributaria, aserto para el cual sebasa en el Oficio N.º 095-2006-PCM/DM, suscrito por el Presidente del Consejo de Ministros, el cual señala que“atendiendo a que los recursos financieros del FONAVI eran contribuciones obligatorias de los trabajadorescualquiera sea su régimen o estatuto laboral, estas tenían carácter tributario (...)”. Agrega que en vista de ello,presentó un recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, el cual fuedeclarado improcedente por los mismos argumentos que los considerados vertidos en la Resolución del JuradoNacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE. Asimismo aduce la vulneración de sus derechos constitucionales a la participación individual o colectiva enla vida política del país a través de referéndum y al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Respecto alderecho a la participación individual o colectiva en la vida política del país, alega que el JNE se ha arrogadofunciones que no le competen en la medida que pretende verificar requisitos exigidos por la Constitución y la Ley,lo cual es atribución de la ONPE; que el JNE pretende interpretar la naturaleza de la norma, cuando ello lecompete al Congreso de la República, que ya lo hizo puesto que ya definió la naturaleza del proyecto de ley(cuando se presentó la iniciativa legislativa) y no le atribuyó carácter tributario. Por otro lado, con relación alderecho constitucional al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, señala que la decisión del JNE, al basarse
01078-2007-AAhttp://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01078-2007-AA.html[09/01/2011 16:46:53]
en el Oficio N.º 095-2006-PCM/DM, ha sido notoriamente influenciada por el Poder Ejecutivo, pues, al darleparticipación al Presidente del Consejo de Ministros, ha convertido en los hechos a este procedimiento en unotrilateral administrativo de carácter contencioso, rompiendo con ello la autonomía de esta entidad y desobedeciendoel artículo 31º de la Constitución, el cual garantiza la neutralidad del Estado en los procesos electorales. Finalmente, con relación a la supuesta naturaleza tributaria del desembolso por concepto de FONAVI, elrecurrente niega que tenga tal naturaleza, argumentando que en realidad constituye un recurso financiero decarácter privado, por cuanto es propiedad absoluta de los trabajadores aportantes; que nació como participaciónfinanciera de los trabajadores con la finalidad de ser destinada exclusivamente a la construcción y refaccióndeviviendas de los aportantes; que, respecto a la modificación de la norma (a través de la Ley 25520), que establecíaque los recursos se utilicen para la electrificación de asentamientos humanos, ello se otorgaba en calidad de crédito,lo que evidencia que los fondos del FONAVI no son de libre disposición del Estado, al contrario de lo que sucedecon los tributos. Asimismo, reseña las características de las diferentes clases de tributos (impuestos, contribucionesy tasas), las mismas que no corresponden a la realidad fáctica y legal del FONAVI. La entidad demandada no contesta la demanda, puesto que ha sido rechazada liminarmente.
El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 3 de noviembre el 2006, rechazaliminarmente la demanda por considerar que no se evidencia legitimidad para obrar ya que, si bien el demandantealega ser el promotor solicitante del referéndum, ello no se acredita con documento público idóneo. Resolución de segunda instancia
La recurrida declara improcedente la demanda argumentado que el inciso 8 del artículo 5 Código ProcesalConstitucional señala que no proceden los recursos constitucionales cuando se cuestionen resoluciones del JuradoNacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajoresponsabilidad; y que, por ello, resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten efecto legal alguno. III. CUESTIONES CONSTITUCIONALMENTE CONTROVERTIDAS
Este Colegiado efectuará un análisis de las siguientes materias que considera de relevancia constitucional: 1.
Cuestiones de procedencia de la demanda de amparo materia del presente proceso.2.
Carácter tributario de las contribuciones de los trabajadores al FONAVI.3.
Constitucionalidad de las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE y N.º 1278-2006-JNE y las garantías relativas al debido proceso. IV. FUNDAMENTOS
El recurrente interpone demanda de amparo por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales ala participación individual o colectiva en la vida política del país a través de referéndum, al debido proceso y a latutela procesal efectiva. Solicita, en consecuencia, que el Tribunal Constitucional: -
Declare la nulidad de la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE, de fecha 7 de julio de 2006;-
Declare la nulidad de la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1278-2006-JNE, emitida confecha 20 de julio de 2006; y,-
Disponga la convocatoria a referéndum. 1.
Cuestiones de procedencia de la demanda de amparo
Aplicación del artículo 5.8 del Código Procesal Constitucional.Facultad del Tribunal Constitucional para resolver el presente caso.
La resolución materia de recurso de agravio consideró manifiestamente improcedente la demanda y aplicable aella el numeral 8 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por la entoncesvigente Ley 28642[1](“no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones delJurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares,bajo responsabilidad, resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten efecto legal alguno”). En elcaso, en efecto, se trata de dos resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones que deniegan elderecho a referéndum nacional para la aprobación del
“Proyecto de Ley de devolución de dinero del FONAVI alos trabajadores que contribuyeron al mismo”
, que el recurrente reputa como vulneratorias de sus derechos a laparticipación individual o colectiva en la vida política del país a través de referéndum y al debido proceso y a latutela procesal efectiva. En ese marco de análisis, este Colegiado ha tenido la oportunidad de pronunciarse enreiterada jurisprudencia respecto
a la procedencia de las demandas interpuestas contra las resoluciones delJurado Nacional de Elecciones (JNE)
si y sólo si estos actos vulneran los derechos fundamentales de lapersona. Así, ha enfatizado que ningún poder público que, mediante acto u omisión, se aparta del contenidonormativo de los derechos fundamentales, se encuentra exento del control constitucional ejercido por el poder jurisdiccional del Estado, en cuya cúspide —en lo que a la materia constitucional respecta— se encuentra esteColegiado. Desde luego, el JNE no se halla al margen de este imperativo constitucional. -
En ese sentido, debe recordarse lo expuesto en el fundamento 4 de la STC 2366-2003-AA/TC: (...) aun cuando de los artículos 142° y 181° de la Norma Fundamental, se desprende que enmateria electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional deElecciones, y que tal organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólopuede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en formadebida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por lamisma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que resulteintolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esencialesque informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino
plenamente necesarioel control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos como elamparo.
De tal manera, el Tribunal Constitucional ha continuado el desarrollo de los principales fundamentos quesustentan no sólo la viabilidad, sino la absoluta necesidad de que las resoluciones del JNE sean sometidas a unescrutinio de validez constitucional a través del proceso de amparo. Esto en el sentido de que no existenámbitos exentos de vinculación con la Constitución.-
En consecuencia, este Colegiado emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de autos. 2.
Carácter tributario de las contribuciones de los trabajadores al FONAVI -
Las Resoluciones N.
1215-2006 y 1278-2006 del Jurado Nacional de Elecciones declararon improcedente lasolicitud de convocatoria a referéndum presentada por la Asociación de Fonavistas, argumentando que dichaconvocatoria resulta inconstitucional en la medida que el artículo 32 de la Constitución Política del Estadoprohíbe someter a referéndum normas de carácter tributario. En consecuencia este Colegiado estima quecorresponde analizar si efectivamente la contribución de los trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda,dispuesta por el Decreto Ley 22591, que creó el FONAVI, es un tributo o no. El examen debe realizarse en elmarco del artículo 74 de la Constitución del Estado, que dispone que los tributos sólo se crean exclusivamentepor ley. -
El Código Tributario, al referirse al ámbito de aplicación, en su artículo II define qué tipo ingresos del Estadose consideran como tributos, término genérico que comprende: a) impuesto, tributo cuyo cumplimiento noorigina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado; b) contribución, tributo cuyaobligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o deactividades estatales; y c) tasa, tributo cuya obligación tiene como hecho generador le prestación efectiva por elEstado de un servicio público individualizado en el contribuyente.-
El Decreto Ley 22591 creó en el Banco de la Vivienda del Perú el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI),con la finalidad de satisfacer, en forma progresiva, la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de
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