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Timestamp: 2019-09-15 09:02:55
Document Index: 250255614

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 149', 'Artículo 34', 'artículo 30', 'Artículo 35', 'Artículo 14', 'Artículo 62', 'artículo 14']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 37-1, de 11/01/2019
cve: BOCG-12-A-37-1
Núm. 37-1
121/000037 Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (procedente del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Real Decretoley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (núm. expte. 130/000047), fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 20 de diciembre de 2018, en la que se acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley (núm. expte. 121/000037).
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha acordado su remisión a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para su aprobación con competencia legislativa plena, así como abrir un plazo de ocho días hábiles que expira el día 9 de febrero de 2019, a las 14 horas, en el que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN ESPAÑA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 20/2018, DE 7 DE DICIEMBRE)
Actualmente, la industria manufacturera representa el 14,1 por ciento del empleo. La aplicación de medidas de eficiencia y la determinación por hacer de España uno de los países con las industrias más
productivas de nuestro entorno, ha sentado las bases para la recuperación del sector en términos de empleo y de desarrollo social.
De acuerdo con lo anterior, en la disposición adicional primera del real decreto-ley se exige a las grandes empresas industriales manufactureras cuyos empleados se hayan acogido a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo establecida en el artículo 1, que incluyan entre la información no financiera de sus informes de gestión, aquella referida a las medidas que la empresa adopte en el marco de la transición hacía una economía descarbonizada. Todo ello, a efectos de favorecer una gestión equilibrada de la transición del modelo actual de producción y consumo de la
industria manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente la variable del cambio climático.
Los trámites procedimentales necesarios para realizar esta reforma reglamentaria hacen que no sea posible su aprobación hasta mediados del año 2019. Es necesario y urgente, por tanto, llevar a cabo una actuación de carácter transitorio que evite una rotura de stocks de estos equipos, ya que los fabricantes están actualmente iniciando su fabricación para el año 2019 y necesitan, de forma urgente, seguridad jurídica sobre la aceptación en España de estos equipos con refrigerantes de categoría 2-L, eliminando
unos trámites y requisitos tan exigentes como los que recoge la actual reglamentación, a la vez que se garantiza la seguridad de los aparatos. Esta medida, urgente y necesaria, se recoge en la disposición transitoria segunda del real decreto-ley.
La Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, en su artículo 28 admite la posibilidad de la existencia de "redes de distribución cerradas", definidas como redes de distribución que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geográfico.
Como se ha señalado, el sector industrial europeo se encuentra inmerso en una profunda transformación. A pesar de los instrumentos comunitarios y nacionales a su alcance, existe una enorme
preocupación ante las decisiones de cierre de grandes instalaciones industriales, algunas de ellas de carácter estratégico por su posición en la cadena de valor.
Por otra parte, la única información que este Registro verifica es que la empresa franquiciadora ostenta la titularidad o el derecho de uso de la marca, cuestión que ya estaba cubierta por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ningún dato más de los comunicados por los franquiciadores es objeto
de comprobación por el personal del Registro. No obstante, el incumplimiento de la obligación de comunicación de datos y alta en el mismo prevista en la Ley 7/1996, de 15 de enero y en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, constituye, según el artículo 65.1.r) de dicha ley, una infracción grave.
En conclusión, a la vista de los hechos descritos, en el conjunto de las medidas que se adoptan en el ámbito del comercio concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre (FJ 5), señaló "la relevancia, desde la perspectiva del artículo 86.1 CE, de la ordenación de los procesos que se desarrollan en el sector energético (SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 6; 233/2012, de 13 de diciembre,
FJ 2; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 8)". Así, en relación con la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad en la adopción de un real decreto-ley, el Tribunal Constitucional señala que "la importancia del sector energético para el desarrollo de la actividad económica en general determina que su ordenación, introduciendo reformas en el mismo a fin de mejorar el funcionamiento de los distintos subsectores que lo integran, sea susceptible de constituir una necesidad cuya valoración entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponde al Gobierno...".
La extraordinaria y urgente necesidad también se deriva de los riesgos que afectan a la competitividad del sector industrial español, de los elevados precios de la factura eléctrica para la industria y, en particular, para las industrias electrointensivas, así como de las situaciones de incumplimiento de los requisitos de seguridad y medioambientales exigidos a vehículos y productos industriales, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende. En concreto, por lo que a la modificación de sanciones en materia de seguridad industrial se refiere, hay que recordar la STC 3/1988, relativa al Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en su FJ 6 considera que el establecimiento de infracciones o sanciones administrativas por decreto-ley no afecta al artículo 25 de la Constitución: "... la utilización del Decreto-ley para la previsión de tipos de ilícito y las correspondientes sanciones no supondría una contradicción con lo dispuesto en el art. 25.1, al configurarse el Decreto-ley, según el art. 86. 1 C.E., como "disposición legislativa" que se inserta en el ordenamiento jurídico (provisionalmente hasta su convalidación, y definitivamente tras ésta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982, de 31 de mayo, fundamento jurídico 2.º)".
Por otro lado, la norma se fundamenta en el título competencial reconocido en el artículo 149.1.25.ª sobre bases del régimen minero y energético, y se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional con
relación al alcance de las normas básicas en materia de energía respetando las competencias que, en su caso, se atribuyan a las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía.
"6. Se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años."
"Artículo 34. Sanciones.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1 las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que lo estén también en otras, se calificarán con arreglo a la que comporte mayor sanción."
"Artículo 35. Multas coercitivas.
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida."
"Artículo 14. Venta con pérdida.
Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días siguientes a su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la anterior un plazo adicional de 10 días para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada."
2. Para el ejercicio de las ventas a distancia será de aplicación el régimen contenido en el título III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre."
"Artículo 62. Regulación del régimen de franquicia.
2. Con una antelación mínima de 20 días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias."
"a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que esta fuera preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la administración comercial exigidas por la normativa vigente."
"c) Realizar ventas con pérdida que sean desleales en los supuestos del artículo 14.1."
3. El titular de las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a la clase A2L, que no sobrepasen los límites máximos de carga conforme a las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017 y que no requieran medidas de protección específicas según el análisis de riesgos contemplado en la norma UNE-EN 378-1:2017, distintas a las medidas adicionales incluidas en el apartado C.3 del anexo C de la norma UNE-EN 378-1:2017, está exento de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que pudieran derivarse de la instalación, con cuantía mínima de 500.000 ?.
5. Para instalaciones con carga de refrigerante igual o superior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], cuyos equipos utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no
excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera artificial, deberán comunicar a la Comunidad Autónoma la siguiente documentación:
b) "Análisis de riesgo" de la instalación, en caso de que no se satisfagan los criterios del punto anterior, es decir que se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida de acuerdo con la norma UNE-EN 378-1:2017, documentando si se trata de una zona de extensión despreciable (ED) según la Norma UNE-EN 60079-10-1, en caso contrario deberá aplicarse el Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. En este caso la instalación la realizara una empresa instaladora de nivel 2.
Lo previsto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no resultará de aplicación a la convocatoria de las becas de Internacionalización
Empresarial de ICEX correspondiente al ejercicio 2019. Durante dicho ejercicio deberá adaptarse la normativa reguladora de las mencionadas becas a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el fin de que la normativa de subvenciones resulte de aplicación a las becas convocadas en 2020.
"e) Establecer y desarrollar, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas por esta ley la Administración General del Estado, el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma."
"Disposición adicional quinta. Infracciones.
La tipificación de las infracciones en materia de calidad alimentaria será la que al efecto se regule por la legislación de cada comunidad autónoma en la materia."