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Timestamp: 2017-04-27 02:19:51
Document Index: 177931366

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 12']

Public Corporation Restructuring Act - Google Drive
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P. del S. ____
de marzo de 2014 Presentado por los senadores Rosa Rodríguez y Nadal Power Referido a la Comisión de ____________________
Para crear la “Ley de Reestructuración de Corporaciones Públicas”; para disponer el proceso de reestructuración a seguirse en el caso de la insolvencia fiscal de una corporación pública; establecer su aplicabilidad y alcance y para establecer el proceso a seguirse en dichos casos; y expresar su traducción al inglés. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende imperante eliminar la incertidumbre jurídica existente ante una posible insolvencia económica de las corporaciones públicas. Tal incertidumbre ha minado la confianza de los inversionistas en el gobierno, afectándose así el acceso a financiamiento por parte de las corporaciones públicas y el Estado Libre Asociado. Ante una posible insolvencia fiscal, el remedio menos oneroso es que tanto los empleados como los acreedores puedan negociar un plan que facilite la reestructuración de las obligaciones financieras. La presente medida nos establece un procedimiento bien diseñado que permitirá resolver estas situaciones de manera eficiente y organizada. La legislación referente a insolvencia económica se encuentra entre las normas jurídicas más importantes de una jurisdicción. La Constitución de los Estados Unidos 2
autoriza al Congreso a establecer las leyes relativas a ese asunto. Sin embargo, los estados no están desprovistos de herramientas para atender el tema de la insolvencia económica. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene acceso a esas herramientas jurídicas ya que para estos asuntos particulares cuenta con el mismo nivel de autonomía y trato equivalente que un estado federado. Examining Board v Flores de Otero, 426 U.S. 572, 594 (1976). Los gobiernos, en el ejercicio de su poder de razón de estado (police power) tienen dentro de sus facultades aprobar legislación para atender la insolvencia de las personas jurídicas y naturales. Como parte de ese poder se encuentra la facultad de los Tribunales para nombrar síndicos que administren empresas insolventes. Legislación similar goza de amplia aceptación en los estados federados, y ha sido particularmente importante en la liquidación y reorganización de empresas en la industria de la tecnología. Mann, “An Empirical Investigation of Liquidation Choices of Failed High Tech Firms”, 82 Wash. U. L.Q. 1375 (2004). La existencia de estos remedios busca eliminar la incertidumbre jurídica sobre los derechos de los acreedores que es tan perjudicial para el ambiente de negocios. La única legislación en nuestro ordenamiento que atiende situaciones de insolvencia es el Capítulo XVII del Código Civil. Sin embargo, dicha norma es anticuada y carece de la legislación procesal necesaria para que sea implementada eficazmente. En deferencia a la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la legislación federal no ocupa el campo en esta materia. Los remedios federales usuales no están disponibles para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos en su Sección 8, Artículo I faculta al Congreso a establecer leyes uniformes sobre la insolvencia económica. Sin embargo, desde hace siglos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que mientras ese poder no se ejerza por el Congreso, los estados no están impedidos de legislar sobre el tema. Sturges v Crowinshield, 17 U.S. 122, 196 (1819). Una vez el Congreso aprobó legislación sobre el tema, ocupó el campo en relación a los deudores que están cobijados por la legislación federal. Sin embargo, la Ley federal explícitamente excluye a Puerto Rico del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. 11 U.S.C. 101(52). Dicho Capítulo contiene los medios 3
para reestructurar la deuda de municipios, que para propósitos de dicho Capítulo incluye corporaciones públicas. La única forma en que Puerto Rico estaría impedido de legislar sobre el tema, en la ausencia de ley federal aplicable, es si la Ley de Quiebras se lo impide. Dicho impedimento, regulado por la doctrina del “campo ocupado”, no se presume si no es explícito. Altria Group, Inc. v. Good, 555 U.S. 70, 76 (2008). Si el Capítulo 9 no aplica en Puerto Rico, difícilmente podría concluirse que el campo está ocupado en el caso de las corporaciones públicas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que fue la intención del Congreso investir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico de derechos y autoridad similares a las de un estado federado. El Primer Circuito de Apelaciones ha resuelto que Puerto Rico es soberano, que fue la consideración principal que motivó al Tribunal Supremo en Asbury Park. U.S. v. López Andino, 831 F.2d 1164, 1168 (1st. Cir. 1987), cert. denied 486 U.S. 1034 (1988). Por ende, esta Asamblea Legislativa tiene la facultad de establecer una Ley dirigida a otorgarle certeza a los acreedores sobre la posibilidad de reestructurar la deuda de corporaciones públicas elegibles. La laguna jurídica existente en nuestro ordenamiento crea una incertidumbre inaceptable. Ante dicha situación esta Asamblea Legislativa por la presente establece un sistema para reorganizar deudas y obligaciones, compatible con la normativa federal que así lo permite. Sturges v. Crowinshield, supra; Brown v. Smart, 145 U.S. 454, 457 (1892); International Shoe Company v. Pinkus, 278 U.S. 261, 264 (1929). La reestructuración de estas deudas gubernamentales puede beneficiar tanto a las corporaciones públicas como a los bonistas que reciben la certeza que le provee un marco legal específico para ello. Asbury Park, 316 U.S. 502, 504 (1942), citado con aprobación en U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey 431 U.S. 1, 28 (1977). Esta Ley tiene como propósito implementar esa facultad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro del marco de su relación constitucional con los Estados Unidos de América. Esta Ley, crea un proceso para que corporaciones públicas elegibles puedan reestructurar sus deudas bajo la supervisión del Tribunal y en consenso con los acreedores. 4
De esa forma podemos proteger a nuestras corporaciones públicas a la vez que cumplimos nuestra obligación con los acreedores. Esta Ley incorpora el escrutinio que exigió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en U.S. Trust Co., supra para modificar acuerdos de deuda. Así, se protege el interés público de tener corporaciones públicas eficientes mientras que se protegen los derechos de los bonistas y demás acreedores. DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: Sección 1.­ Se crea la “Ley de Reestructuración de Corporaciones Públicas”, conocida en inglés como “Public Corporation Restructuring Act” para que su texto en inglés lea como sigue: “PUBLIC CORPORATION RESTRUCTURING ACT Article 1.­ Eligible Public Corporation.­ The Court of First Instance (Superior Part), upon presentation of a Resolution under Article 2 or a petition by a creditor under Article 3, will be empowered to declare a public corporation eligible for a plan under Article 10 if from the facts presented to it and after a public hearing it so determines. A public corporation shall be eligible under this Act if (i) it is unable to pay its debts from its own means as they become due or (ii) its liabilities exceed its assets. The venue for said proceeding shall be in the Court of First Instance (Superior Part) where the headquarters of said public corporation is located. All creditors of the public corporation shall be made parties of the proceedings by notice to be published and given in such manner as ordered in the Rules of Civil Procedure. Notice shall also be posted in the 5
web page of the public corporation and of the Puerto Rico Government Development Bank. Any creditor of the public corporation may appear and assert his rights. All proceedings relating to the debt of the public corporation shall be consolidated in the proceeding described in this Article. Article 2.­ Resolution of Eligibility.­ The Board of Directors, Trustees or other person or persons with ultimate control over a public corporation can pass a resolution declaring themselves eligible under this Act, subject to the process spelled out in Article 1. If the Governor so authorizes it, said resolution will be filed in the Court of First Instance (Superior Part). Article 3.­ Petition by a Private Creditor.­ Upon the verified petition of any creditors of a Public Corporation, made on behalf of themselves and all other creditors of the public corporation, for a declaration of eligibility under this Act, the Court of First Instance (Superior Part) after a public hearing may initiate proceedings under Article 1. Article 4.­ Content of Resolution.­ The resolution declaring eligibility under Article 2 shall state: (1) the reasons why the public corporation is eligible under this Act and whether it is caused or not by lack of liquidity; (2) recommendations as to the interim management of the public corporation; (3) recommendations as to a plan for restoring solvency if possible, and complying with existing obligations and liquidation if necessary. Article 5.­ Content of the Petition by a Private Creditor.­
In the petition described in Article 3 the creditors shall allege: (1) that the public corporation is or will be unable to pay in full according to their terms the claims proposed to be adjusted or composed and perform its public functions and preserve its income; (2) its recommendation regarding a plan for the adjustment or composition of debts; (3) and that its recommendation is substantially measured by the capacity of the public corporation to pay, is in the interests of all the creditors affected thereby, and is not detrimental to other creditors of the public corporation. Article 6.­ Power of the Court.­ The Court shall have all proper and necessary powers to fashion provisional remedies, issue orders, supervise the Board of Receivers, appoint experts, approve a final plan and any other power necessary to fulfill its role. Article 7.­ Board of Receivers.­ The public corporation that has been declared eligible under this Act shall, while the proceedings go on, be administered by a Board of Receivers composed of 5 members. The Governor shall name 2 of the members with the advice and consent of the Senate, and the Court shall name 3. The Court shall establish the powers and duties and supervise the Board of Receivers and shall have the power to issue orders as necessary to execute its role. Article 8.­ Power of the Court to modify contracts, consolidate processes and issue stays.­ (a) The Court shall have the power to modify the provisions and content of any contracts or other obligations of the public corporation. In so doing the Court will not significantly impair contractual obligations unless it is reasonable and necessary to serve an important 7
public purpose. (b) For the purposes of this article, an important public purpose includes: (1) the obligation to comply with existing contracts, even if imperfectly in view of present circumstances; and (2) the stability and continuity of essential public infrastructure, utilities and services. (c) The Court shall have the power to consolidate within the proceeding any case related to a debt of the public corporation or the payment thereof. It will also have the power to stay other such proceedings. Article 9.­ Good Faith of the Board of Receivers.­ The Board of Receivers shall act in the best interest of the creditors and the public corporation. Article 10.­ The plan.­ In any proceeding under Article 1 when the public corporation has been declared eligible, after a hearing on the plan proposed or on the plan as modified by order and if such plan as proposed or modified is approved in writing by creditors representing seventy­five per cent in amount of the indebtedness affected thereby and by the public corporation and the commission, the Court may authorize and approve such adjustment or composition if the Court determines (1) that the public corporation is unable to pay in full according to their terms the claims proposed to be adjusted or composed, and perform its public functions and preserve the value of property subject to taxation, (2) that the adjustment or composition is substantially measured by the capacity of the public corporation to pay, (3) that it is in the interest of all the creditors affected thereby, and (4) that it is not detrimental to other 8
creditors of the public corporation. Article 11.­ Approved plan binding on all creditors; substituted obligations.­ The plan of adjustment so authorized and approved under Article 10 shall be forthwith and without any further action of any kind binding upon all the creditors included in the plan, whether or not they appear in the proceeding. In so far as said plan provides for the substitution of any new bonds, notes or other obligations of the public corporation in place of any outstanding bonds, notes or other obligations, or claims then outstanding, such substitution shall be effected from and after such date as may be fixed in such order. In the event that a plan shall be authorized and approved pursuant to this Act the Court shall retain jurisdiction of such proceeding and thereafter no creditor whose claim is included in such adjustment or composition shall be authorized to bring any action or proceeding of any kind or character for the enforcement of his claim except with the permission of the Court and then only to recover and enforce the rights given him by the adjustment or composition. Article 12.­ Power to liquidate.­ Should no reorganization prove possible, the Court may order the liquidation of the public corporation. In so doing it will secure the creditors of the public corporation the greatest possible degree of repayment." Sección 2.­ Se crea la “Ley de Reestructuración de Corporaciones Públicas”, para que su texto en español lea como sigue: “LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE CORPORACIONES PUBLICAS” Articulo 1.­ Corporación Pública Elegible.­ El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, ante la presentación de una Resolución 9
bajo el Artículo 2 de esta Ley o una petición por un acreedor bajo el Artículo 3 de esta Ley, podrá declarar a una corporación pública elegible para un Plan bajo el Artículo 10 si de los hechos presentados ante una vista pública se determina dicha elegibilidad. Una corporación pública será elegible bajo esta Ley si (i) es incapaz de pagar sus deudas de sus propios medios cuando se vencen o (ii) sus deudas exceden sus activos. Dicho procedimiento se llevara a cabo en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia donde se ubiquen las oficinas centrales de la corporación pública. Todos los acreedores de la corporación serán parte de dicho proceso por notificación a ser publicada y diligenciada de la misma forma que ordenan las Reglas de Procedimiento Civil. También se colocara una notificación en la página de internet de la corporación pública y en la del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Cualquier acreedor de la corporación pública podrá comparecer y ejercitar sus derechos. Todos los procesos relacionados a la deuda de la corporación pública se consolidaran en el proceso descrito en este Artículo. Artículo 2.­ Resolución de Elegibilidad.­ La Junta de Directores, Síndicos y otra persona o personas con el control último sobre una corporación pública podrán aprobar una resolución declarándose elegibles bajo esta Ley, sujeto al proceso descrito en el Artículo 1 de esta Ley. Si el Gobernador así lo autoriza, dicha resolución se radicara en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia competente. Artículo 3.­ Petición por un Acreedor Privado.­ El Tribunal de Primera Instancia podrá iniciar el proceso descrito en el Artículo 1 para realizar una declaración de elegibilidad, luego de realizar una vista pública, bajo el Artículo 10
1 a petición de cualquier acreedor de una corporación publica, hecha a su nombre y de los demás acreedores de la corporación pública. Artículo 4.­ Contenido de la Resolución.­ La resolución declarando elegibilidad a tenor con el Artículo 2 deberá expresar: (1) las razones por las que la corporación publica es elegible bajo las disposiciones de esta Ley y si es causado o no por falta de liquidez; (2) recomendaciones sobre la administración interina de la corporación publica; (3) recomendaciones de ser necesarias sobre un plan para restaurar la solvencia si cumpliendo con las obligaciones existentes o liquidándose si es necesario. Artículo 5.­ Contenido de la Petición de un Acreedor Privado.­ En la petición descrita en el Artículo 3 los acreedores deberán alegar que: (1) la corporación publica es o será incapaz de pagar de acuerdo a sus propios términos sus obligaciones a ser ajustadas, cumplir sus funciones públicas y preservar su ingreso; (2) sus recomendaciones en relación a un plan para ajustar sus obligaciones; y (3) sus recomendaciones guardan una relación sustancial con la capacidad de la corporación pública para pagar, son en interés de los acreedores afectados y no están en detrimento del interés de los demás acreedores de la corporación pública. Artículo 6.­ Autoridad del Tribunal.­ El Tribunal tendrá todos los poderes apropiados y necesarios para disponer remedios provisionales, emitir órdenes, supervisar al Comité de Síndicos nombrado bajo esta Ley, nombrar expertos, aprobar un Plan Final y cualquier otro poder necesario para cumplir sus funciones. es posible, 11
Artículo 7.­ Comité de Síndicos.­ La corporación pública que se ha declarado elegible bajo esta Ley deberá, mientras continúen los procedimientos, ser administrada por un Comité de Síndicos compuesto de cinco (5) miembros. El Gobernador nombrara dos (2) de los miembros con el consejo y consentimiento del Senado, y el Tribunal nombrara tres (3) de ellos. El Tribunal deberá establecer los poderes y deberes y supervisar al Comité de Síndicos y tendrá el poder de emitir las órdenes necesarias para ejecutar su rol. Artículo 8.­ Poder del Tribunal de modificar contratos, consolidar procesos y emitir interdictos.­ (1) El Tribunal tendrá el poder de modificar las disposiciones y contenido de cualquier contrato u otras obligaciones de la corporación pública. Al así hacerlo el Tribunal no menoscabara significativamente obligaciones contractuales a menos que sea razonable y necesario para servir un interés público importante. (2) Para los propósitos de este Artículo, un interés público importante incluye: a. La obligación de cumplir con contratos existentes, aunque sea de manera imperfecta a la luz de las circunstancias; y b. La estabilidad y continuidad de infraestructura, utilidades y servicios públicos esenciales. (3) El tribunal tendrá el poder de consolidar dentro de los procedimientos bajo el Artículo 1 cualquier caso relacionado con la deuda de la corporación pública elegible o el pago de dicha deuda. También tendrá la facultad de detener otros procedimientos relacionados. Artículo 9.­ Buena Fe del Comité de Síndicos.­ El Comité de Síndicos actuara en el mejor interés de los acreedores y la corporación pública. 12
Artículo 10.­ El Plan.­ En cualquier procedimiento bajo el Artículo 1 en el que la corporación pública ha sido declarada elegible, luego de una vista sobre el plan propuesto o como hubiere sido modificado posteriormente, y si dicho plan según ha sido propuesto o modificado fuese aprobado por acreedores representando setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las obligaciones afectadas por el plan y por la corporación pública, el Tribunal podrá ordenar autorizar y aprobar el plan si determina que (1) la corporación pública sea incapaz de pagar sus obligaciones de acuerdo a los términos a ser ajustados, y desempeñar sus funciones públicas preservando el valor de su propiedad sujeto a tributación, (2) que el ajuste de la deuda esta sustancialmente relacionado a la capacidad de la corporación pública de pagar, (3) que el plan es en el interés de todos los acreedores afectados y (4) que no es en detrimento de otros acreedores de la corporación pública. Artículo 11.­ Plan aprobado vincula a todos los acreedores; obligaciones sustituidas.­ El plan de ajuste autorizado y aprobado bajo el Artículo 10 será, sin que sea necesaria otra acción de cualquier otro tipo, vinculante sobre todos los acreedores incluidos en el plan, hayan o no participado de los procedimientos. En el grado en que dicho plan provea para la sustitución de bonos, notas u otras obligaciones de la corporación pública en lugar de bonos, notas u otras obligaciones ya emitidas, dicha sustitución se llevara a cabo y será efectiva desde la fecha que se establezca en el plan. En el evento de que un plan sea autorizado y aprobado bajo esta Ley, el Tribunal retendrá la jurisdicción sobre este proceso y en lo subsiguiente retendrá jurisdicción sobre dicho proceso y en adelante ningún acreedor podrá radicar una acción o procedimiento de cualquier tipo para hacer valer su reclamo excepto 13
con el permiso del Tribunal y solo para recuperar y hacer valer los derechos que le otorga el plan. Artículo 12.­ Poder para liquidar.­ Si no es posible una reorganización, el Tribunal podrá ordenar la liquidación de la corporación pública. Al así hacerlo permitirá a los acreedores de la corporación pública el mayor grado de repago posible.” Sección 3.­ Traducción.­ De haber conflicto entre la versión en inglés y en español de la “Ley de Reestructuración de Corporaciones Públicas”, prevalecerá la versión en inglés. Sección 4.­ Cláusula de Salvedad.­ Esta legislación se interpretará conforme, y tendrá el alcance máximo posible, dentro de la normativa constitucional federal y la supremacía del Código de Quiebras de los Estados Unidos. Sección 5.­ Separabilidad.­ Aunque uno o más artículos, apartados, párrafos, subpárrafos, oraciones o cláusulas de esta Ley sea declarada inconstitucional o ineficaz, el resto de la Ley continuará en pleno vigor. Sección 6.­ Vigencia.­ Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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