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Timestamp: 2019-04-26 02:43:59
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1339', 'Artículo 691', 'artículo 62', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 104', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 81', 'artículo 8', 'Artículo 107', 'Artículo 107', 'artículo 8']

Los procedimientos uni-instanciales y el debido proceso, por Juan Carlos González Cancino. | Constitucionalistas Mexicanos Google+
Los procedimientos uni-instanciales y el debido proceso, por Juan Carlos González Cancino.
0 Derechos Humanos 20:56
En el sistema jurídico mexicano existen múltiples procedimientos jurisdiccionales en los que el legislador decidió negar a las partes la posibilidad de recurrir la sentencia, por ejemplo:
Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $520,900.00 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.
Artículo 691…
La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62.
Ante esto cabe preguntar: ¿el derecho a apelar es una formalidad esencial del procedimiento? ¿El derecho a recurrir una resolución es un derecho humano?
En materia penal, si bien es cierto el artículo 23 de la Constitución no señala expresamente el derecho a recurrir las sentencias, en aplicación del principio pro persona del artículo 1° es válido afirmar que las sentencias sí pueden ser recurridas, ya que en todo caso el artículo 23 prohíbe una tercera instancia y no una segunda instancia.
En materia civil y mercantil el artículo 104 fracción II de la Constitución establece el derecho a apelar las sentencias de primera instancia:
Los preceptos constitucionales transcritos sirven para afirmar que las partes de un procedimiento jurisdiccional tiene el derecho a recurrir la sentencia ante el superior inmediato, por lo tanto los procedimientos uni-instanciales previstos en el Código de Comercio y los Código Procesales Locales son anticonstitucionales ya que eliminan por completo la prerrogativa que deriva directamente de la Constitución.
Es importante señalar que también existen disposiciones de carácter internacional que establecen el derecho a recurrir las sentencias, por ejemplo el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
En relación a este derecho la Corte Interamericana ha señalado, tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas, que el artículo 8 es aplicable a cualquier materia y no solamente la penal:
CIDH. Opinión Consultiva OC 11/90:
CIDH. Opinión Consultiva OC 18/03
CIDH. Caso Nadega Dorzema y otros vs República Dominicana sentencia de 24 de octubre de 2012 serie C, número 251:
159. En materia migratoria, por tanto, la Corte considera que el debido proceso debe ser garantizado a toda persona independientemente del estatus migratorio[1], ya que “[e]l amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica no solo ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación alguna”[2].
En cuanto a las características del recurso previsto en el inciso h) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana también ha señalado que dicho recurso debe ser:
c) eficaz
CIDH. Caso Mohamed vs Argentina sentencia de 23 de noviembre de 2012, serie C, número 255:
98. El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona[3].
99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz[4]. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada[5]. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido[6]. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho[7]. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.
Dadas las características del derecho humano previsto en el inciso h) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (intangibilidad ratione materiae, ordinario, accesible y eficaz) hoy en día existe la posibilidad de recurrir incluso las sentencias de amparo directo dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las que no existen elementos de constitucionalidad.
Al respecto se debe recordar que en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo el recurso de revisión solamente es procedente cuando existen temas de constitucionalidad tales como la anticonstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto de la Constitución:
En relación a este punto conviene señalar la reforma constitucional en materia de amparo publicada en junio de 2011 eliminó el carácter irrecurrible de las sentencia de amparo directo, por lo que hoy en día ya no existe restricción constitucional al derecho humano previsto en el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 107 Constitucional antes de la reforma del pasado junio de 2011:
IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.”
Artículo 107 Constitucional después de la reforma del pasado junio de 2011:
En conclusión todos los procedimientos jurisdiccionales uni-instanciales contemplados en el sistema jurídico mexicano son incompatibles con el debido proceso, ello en virtud de que el artículo 8 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos claramente señala que la facultad de recurrir el fallo ante el superior jerárquico es un derecho humano que constituye una formalidad del debido proceso.
[1] Cfr. Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra, párr. 121.
[2] Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra, párr. 122.
[3] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 88.
[4] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 161, 164, 165 y 167, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 88, 89 y 90.
[5] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 88.
[6] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 161, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.
[7] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 164, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.