Source: http://www.pdvsa.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm
Timestamp: 2014-09-17 05:30:49
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Matched Legal Cases: ['Artículo 22', 'Artículo 1', 'Artículo 138', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 13', 'Artículo 66', 'Artículo 1', 'Artículo 47', 'Artículo 14', 'Artículo 58', 'Artículo 25', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 6', 'Artículo 18', 'Artículo 22', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 4', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 3', 'Artículo 20', 'Artículo 39', 'artículo 40', 'Artículo 46', 'Artículo 41', 'Artículo 168', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 152', 'Artículo 156', 'Artículo 162', 'Artículo 165', 'artículo 135', 'artículo 152', 'Artículo 36', 'Artículo 158', 'Artículo 153', 'Artículo 40', 'Artículo 147', 'Artículo 170', 'Artículo 154', 'Artículo 30', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 138', 'Artículo 3', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 755', 'Artículo 138', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 135', 'Artículo 146', 'Artículo 135', 'Artículo 755', 'Artículo 136', 'Artículo 138', 'Artículo 146', 'Artículo 133', 'Artículo 151', 'Artículo 14', 'Artículo 138', 'Artículo 135', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'Artículo 2', 'Artículo 32', 'Artículo 2', 'Artículo 200', 'artículo 7']

Legislaci�n minera en Venezuela
Consideraciones Históricas previas
El estudio de la Legislación Minera en Venezuela se remonta al concepto de los contratos de arrendamiento de Exploración celebrados por la corona española durante el período de la Colonia sin embargo, el antecedente histórico del ejercicio de la exploración data en Venezuela de la época de la conquista en la cual, los conquistadores españoles buscaron infructuosamente lo que se denominaba "El Dorado".
En el período de establecimiento de la Colonia, durante el siglo XVI, el rey Carlos IV, celebró un contrato de arrendamiento con la casa alemana "Los Welsares", en 1528, que se prolongaría hasta el año de 1556, el cual permitió la realización de varias expediciones organizadas, que partiendo de Coro se internaron al occidente, sur y oriente de la entonces Provincia de Venezuela, y de las cuales portaron de regreso con el preciado oro, posiblemente arrebatado a los indios. A pesar de ello, no se han podido hallar claras referencias de las localidades de donde provenía este noble metal (LÓPEZ en AMORER, 1991).
En 1550, Francisco Fajardo descubre las minas de oro de Los Teques y en 1551, se descubren las minas de oro de San Felipe de Buria en el estado Yaracuy, que originan la fundación de la ciudad de Nueva Segovia, hoy Barquisimeto. En el año de 1552 el gobernador Juan de Villegas descubre otra veta de oro en la Colonia de San Pedro. Estas dos últimas minas fueron abandonadas por la constante hostilidad de los indios.
El rendimiento de las minas de oro descubiertas durante los siglos XVI y XVII fue, en general, de resultados poco halagadores, siendo éste casi insignificante a finales del siglo XVII. La producción general de oro que se registra para ambos siglos, es de un total de 121.346 gramos (LÓPEZ en AMORER, 1991).
A finales del siglo XVIII, hubo un intento de exploración organizada, cuando el Intendente de la Corona, consiguió de Don José de Galves, Virrey de Nueva España, el envío de dos mineros competentes para explorar y si era posible explotar minas de oro
Para el año de 1852, el Gobierno estaba en conocimiento del descubrimiento de minas de oro de valioso quilate en el Yuruari, provincia de Guayana y se recomendó a las Cámaras el arreglo del ramo, según consta en la Memoria presentada al Congreso en dicho año, por el Secretario de Hacienda Carlos Gellineau; proponiendo además una legislación de minas (EGAÑA en AMORER, 1991).
Don Francisco Michelena y Rojas en 1857 hizo un reconocimiento de las minas de oro de Guayana, en busca del sitio denominado Caratal, en su obra "Exploración Oficial por la primera vez desde el Norte de la América del Sur �" señala la forma utilizada para las exploraciones y explotaciones, las cuales se hacían por barrancos en forma rudimentaria, describiendo los trabajos realizados detalladamente. La actividad exploratoria reseñada era libre, por cuanto en aquella época se aplicaba a la Provincia de Venezuela la legislación española, específicamente las Ordenanzas de Minería de Nueva España que, si bien no contenían de manera específica disposiciones atinentes a la exploración, regulaban lo relativo a los nuevos descubrimientos.
Antecedentes Jurídicos de la Actividad Minera en Venezuela
Nuestra legislación minera tiene su fundamento en la Legislación española, imbuida del Sistema Regalista, según la cual, "�los yacimientos mineros pertenecen al Soberano, teniendo por objeto satisfacer las personales necesidades de los príncipes, quienes pueden concederlos a los súbditos mediante 'mercedes reales', en virtud de las cuales los interesados se obligan a prestar a los señores determinadas regalías'' (PLANCHART en AMORER, 1991).
Las raíces de este Sistema Regalista se encuentran en el derecho romano antiguo, en el cual el propietario de la superficie era propietario de las minas situadas en su fundo. Pero, bajo los Emperadores, se modifica el sistema de la propiedad de las minas, dando nacimiento al Sistema Regalista, mediante el cual se impone a aquellos que exploten minas en la propiedad de otro, la obligación de pagar dos tributos de a un décimo de los productos, uno al fisco y el otro al propietario de la superficie. En este sistema no sólo el propietario tiene derecho a explotar las minas, el tercero lo adquiere siempre que pague un décimo al propietario del suelo y otro décimo al príncipe, impuesto que da origen al derecho de regalía. Este derecho de regalía pasó a la legislación francesa y a la española y de esta última lo toma la legislación patria (AMORER, 1991). Principios del Derecho Español anteriores a la Conquista
Ley de Partidas
El antecedente más remoto de la legislación española esta constituido por la Ley de Partidas dictada por Don Alfonso El Sabio.
Según la Ley 5, Título 15, partida 2a., el Rey tiene el derecho dominial sobre las minas, "�no pudiendo los particulares explotarlas sino mediante licencia real la cual no constituía donación" .
Ordenamiento de Alcalá de 1384
Fue dictado por el Rey Don Alfonso XI, en el año de 1384 y reafirma la propiedad que de las minas posee la Corona, no pudiendo explotarlas los particulares sin real licencia.
"Todas las mineras de plata, oro, plomo y de otro cualquier metal, de cualquier clase que sea, pertenecen a Nos; por ende, ninguno sea osado de labrar sin nuestra especial licencia y mandato; y así mismo las fuentes y pilas y pozas de sal, que son para hacer sal nos pertenecen".
Esta cita nos evidencia el señorío del Rey sobre las minas, y la necesidad de obtener para su laboreo "especial licencia y mandato", pues las minas eran inalienables y no podían salir del real patrimonio. El Rey tenía igualmente, el derecho sobre el suelo y mediante las mercedes hacía pasar la propiedad de éste a sus súbditos y servidores.
Ordenanza de Bribiesca de 1387
Fue promulgada por el Rey Don Juan I, en 1387, e implantó una nueva modalidad en cuanto a la forma de buscar, catar y cavar minas, no siendo ya necesaria, para ello la "licencia y mandato", aún cuando debía pagarse al monarca los derechos de regalía, dicha Ordenanza establece:
"Por cuanto nos somos informados que estos nuestros Reynos son abastados y ricos de mineros; por ende y por hacer gracia y merced a los dichos nuestros Reynos y vecinos y moradores de las ciudades, y villas y lugares dellos y a eclesiásticas personas, que como quien que por nos o los Reyes ende Nos venimos, en los privilegios que se han dado de mercedes se han reservado para nos mineros de oro y de plata y de otros cualesquiera metales� de los dichos nuestros Reynos puedan buscar, y catar y cavar en sus sierras y heredades las dichas mineras de oro y plata, y azogue y estaño y de piedras y de otros metales�" (PLANCHART en AMORER, 1991)
Esta libertad de las personas para "buscar, y catar y cavar en sus sierras y heredades" podemos considerarla como el embrión de la libertad de explorar. Por ora parte, en cuanto a la explotación se refiere, al autorizar el Rey a sus súbditos para la realización de labores mineras y prever el pago de una regalía de las dos terceras partes de las utilidades libres, se evidencia el pleno poder de disposición de la corona sobre las minas, las cuales en ningún momento salen de su patrimonio, sino que se simplifica el procedimiento para el laboreo, bien entendido, con el pago de la regalía pues la corona mantiene así el derecho de disponer de las minas en favor de sus súbditos, quienes adquirían sobre ellas sólo un dominio útil (AMORER, 1991).
Bula Noverint Universi de 4 de mayo de 1493
Esta Bula fue expedida por el Papa Alejandro VI, el Borgia, el día 4 de mayo de 1493. Contó dicha Bula con la particularidad de que, fue dictada para dirimir los conflictos que se suscitaron entre España y Portugal con motivo de los derechos que ambos pueblos se atribuían sobre las sierras objeto de sus descubrimientos. Esta Bula reconoció a la Corona de España, a partir de 1492 la propiedad sobre las sierras que descubriese según un meridiano trazado a cien leguas al Oeste de las islas Azores o Cabo Verde. Tanto las sierras como las minas de América quedaron sujetas a un régimen especial; las sierras se enajenaban y las minas se concedían en explotación, por medio de las "mercedes reales" que como dijimos anteriormente, mediante ellas, "los interesados se obligaban a prestar a los señores determinadas regalías'' (PLANCHART en AMORER, 1991).
En el tiempo de los Reyes Católicos el principio de la regalía fue fundamental, los Reyes concedieron cuantiosas mercedes, Carlos I hace un uso abusivo de tales regalías, llegando la Corona, en ejercicio de tal derecho, a apropiarse de riquezas que procedentes de América venían a los particulares (AMORER op. cit.).
Real Cédula de 9 de diciembre de 1526
Esta Cédula fue dada en Granada el 9 de diciembre de 1526 por el 'Rei Carlos I' y fue la primera que tuvo aplicación en América. Por dicha Cédula las minas de América estuvieron incorporadas a la Real Corona, permitiéndose a los particulares su explotación dando "noticia o menta al gobernador", en los términos siguientes: "�pudiesen sacar oro y plata, azogue y cualquier otro metal en todas las minas que hallasen y donde quisiesen y a bien tuvieren recoger los metales y labrarlos sin ningún género de impedimento, con sólo la indispensable circunstancia de dar antes noticia o cuenta al Gobernador�'' (AYALA en AMORER, 1991). Quedó reafirmada, nuevamente, con esta Real Cédula, la propiedad de la Corona sobre las minas de América, conforme le fuera acordado por la Bula Noverint Universi, teniendo los particulares solo el derecho a su explotación.
Ordenanza de Valladolid de 10 de enero de 1559
Esta Ordenanza fue dada por el Rey Don Felipe II, en Valladolid. En esta Ordenanza se establece de modo expreso y solemne la incorporación a la Corona de las minas de oro, plata y azogue, así: "Primeramente reducimos, resumimos e incorporamos en Nos y en nuestra Corona y Patrimonio todos los mineros de oro y plata y azogue, de estos, nuestros Reinos, en cualquier partes y lugares que sean y se hallen, Realengos, o de Señorío o Abadengo, agora sea en lo público, consejil o en heredamientos y partes y suelos de particulares (Capítulo I. Ley 4a, Título I, Libro 6 S)" (GONZÁLEZ MIRANDA en AMORER, op. cit.).
Ordenanzas de San Lorenzo de 22 de agosto de 1584
Estas Ordenanzas fueron dadas, igualmente, por el Rey Don Felipe II, en fecha 22 de agosto de 1584, su importancia radica en que ellas derogaron todas las Leyes y Ordenanzas anteriores, y están referidas a las minas metalíferas.
"Revocamos, anulamos y damos por ningunas las pragmáticas y Ordenamientos hechos en Valladolid y en Madrid y cualquier reyes de Ordenamiento, Partidas y otros cualesquier Derechos y pragmáticas y fueros y costumbres en cuanto fueren contrarios a lo dispuesto en esta Ley; y queremos y mandamos que en cuanto a esto, no tengan fuerza ni vigor alguno, quedando solamente en su fuerza y vigor la Ley 3a. de este título que trata de la incorporación en nuestro Real Patrimonio de los mineros de oro, plata y azogue de estos nuestros Reinos de que se había hecho merced a personas particulares por partidas obispados y provincias�" (GONZÁLEZ MIRANDA en AMORER, 1991).
En estas Ordenanzas se trató todo lo referente a minería; y aún cuando fueron dadas para el reino de Castilla se extendieron posteriormente a todos los Reinos de la Monarquía de España. Fueron puestas en vigor en América por la Ley 3a., Libro II de la Recopilación de Indias, estuvieron vigentes en España hasta el año de 1825 (AMORER op. cit.).
Recopilación de Indias de 18 de mayo de 1680
La Recopilación de Indias, fue sancionada por el Rey Carlos II, en Real Cédula de 18 de mayo de 1680. Como su nombre lo indica, contiene una compilación de leyes y ordenanzas de la Metrópoli que se aplicaran a las Colonias, como: La Real Cédula de sus Majestades Católicas expedida el 5 de febrero de 1584, que dispone "que todos los vasallos, vecinos y mercaderes de Indias que cogieren o sacaren de cualquier Provincia o lugar de ellas, plata, oro, estaño, azogue, fierro o cualquier metal, habían de pagar y contribuir al Real Patrimonio con la 5a. parte de lo que sacaren de ella�" (GONZÁLEZ MIRANDA en AMORER, 1991). La Cédula dada por el Emperador Don Carlos, en Toledo en el año 1525 ordenando "que los descubridores de oro, habían de jurar, manifestarlo y declararlo a la Fundición personalmente" (Id. op. cit., p. 26).
Derecho Español aplicable durante la Colonia e Independencia
El período comprendido entre la Colonia y la Guerra de Independencia está signado por la aplicación en Venezuela, en cuanto a minas, de las Ordenanzas de Minería de Nueva España. La trascendencia de estas Ordenanzas es que estuvieron en vigor en Venezuela aún después de la Guerra de Independencia, en razón de que El Libertador por Decreto dado en Quito, en fecha 24 de octubre de 1829, declaró su vigencia, bien entendido, con las modificaciones que contenía aquel Decreto (AMORER op. cit.).
Las Ordenanzas de Minería de Nueva España de 22 de mayo de 1783
De la legislación española citada, la que reviste mayor importancia para Venezuela son las Ordenanzas dadas en Aranjuez el 22 de mayo de 1783, por el Rey Carlos III "para la Dirección, Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de Minaría de Nueva España y su Real Tribunal General" (AGUERREVERE en AMORER, 1991). Estas Ordenanzas fueron elaboradas para México y puestas en vigor para casi toda América, así, en el Virreinato del Río de la Plata rigieron a partir del 5 de agosto de 1783, y aplicadas en la Intendencia de Venezuela (AMORER op. cit). Los cuatro primeros Títulos de dichas Ordenanzas están referidos al procedimiento y contienen disposiciones sobre "Tribunal de Minería, Jueces y Diputados de los Reales de Minas, de la jurisdicción y modos de proceder, del orden en que se ha de proceder en la sustanciación, recusación, etc." (AYALA en AMORER, 1991) , y de otros procedimientos. Atribuye la propiedad de las minas a la Corona y extiende su dominio a las minas no metálicas, especialmente el carbón. La materia atinente a la propiedad de las minas, y el modo de adquirirlas esta en los Títulos V y VI, respectivamente. El Título Sexto de dichas Ordenanzas trata acerca "De los modos de adquirir las Minas: de los nuevos descubrimientos, registros de vetas y denuncios de Minas abandonadas y perdidas". Lo relativo a los descubrimientos de minas se trata en el Artículo 22� de este título. En lo que respecta a la exploración en dichas Ordenanzas no encontramos disposiciones específicas atinentes a ella, sin embargo, en el citado Título VI, que trata "De los modos de adquirir minas; de los nuevos descubrimientos�" (AMORER op. cit).
Del contenido y ubicación de esta disposición, entendemos que las exploraciones es tan consideradas en forma implícita, como actividad minera, en razón de que la exploración es previa al descubrimiento de un yacimiento. Puede considerarse que las limitaciones estipuladas para adquirir minas o denunciarlas eran extensivas a la exploración en aplicación de las disposiciones del Título Séptimo, que trata "De los sujetos que pueden, o no, descubrir, denunciar o trabajar las Minas" (AMORER, op. cit).
De lo referido anteriormente se evidencia que, el régimen de libertad para descubrir y denunciar las minas era únicamente para los "Vasallos de los Dominios de España e Indias" (ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA ESPAÑA en AMORER, 1991), los extranjeros, para ejercer dicha actividad debían obtener la naturalización o expresa Real Licencia, por lo que el régimen de libertad para el ejercicio de las labores mineras no dependía solamente de las limitaciones del derecho de propiedad, sino también de otros factores como el de la nacionalidad, condición religiosa, así como del ejercicio de ciertos cargos (AMORER, op. cit).
Puede concluirse entonces, que dichas Ordenanzas a pesar de no contener en forma explícita la figura de la exploración, son portadoras de disposiciones aplicables a esta, contenidas en la figura del descubrimiento. Pero no es menos cierto que el descubrimiento es un efecto de la exploración considerada ésta última, como "�la facultad que tiene cualquier particular para catar y cavar en sierras de cualquier dominio, con el fin de buscar minas" (RUIZ BRUJEÁIS en AMORER, 1991).
Considerada así la exploración, la facultad de "�buscar y catar y cavar en sus sierras y heredades�" ya estaba dada a las personas en la Ordenanza de Bribiesca de 1387, dictada por el Rey Don Juan I. En consecuencia, la tradición de la legislación española permitió la libre exploración y descubrimiento de minas a toda persona hábil de los Dominios de España e Indias, exceptuando los extranjeros, las ordenes religiosas y los funcionarios que ejerzan jurisdicción en el territorio donde se encontraban las minas (AMORER op. cit.).
Legislación sobre materia Minera en los diferentes Códigos y Leyes de Minas en Venezuela
Decreto de El libertador dado en Quito el 24 de octubre de 1829
En la Gran Colombia la Legislación Minera se rigió por la Ordenanza de Nueva España, por declaración expresa del Decreto de El Libertador dado en Quito el 24 de octubre de 1829, con las modificaciones que el establezca. El Artículo 1� de este Decreto dispone: "Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las Leyes y Ordenanzas de Minas, y con las demás que contiene este Decreto" (MINISTERIO DE FOMENTO en AMORER, 1991).
Respecto a la aplicación de este Decreto a la Gran Colombia, de la cual Venezuela formaba parte, el Artículo 138� previó:
"Mientras se forma una Ordenanza propia para las minas y mineros de Colombia, se observará provisionalmente la Ordenanza de Minas de Nueva España, dada en mayo de 1783..." (REVISTA DE FOMENTO en AMORER, 1991)
Mediante este Decreto todas estas minas, pasaron del dominio de la Real Corona de España, al dominio de la República, no como una simple consecuencia del cambio del régimen político, sino en virtud de una declaración expresa emanada de la correspondiente autoridad legítima (GONZÁLEZ en AMORER, 1991).
Una vez proclamada la Cosiata y así, separada Venezuela de la Gran Colombia, el Senado y la Cámara de Representantes de la República resuelven el 27 de abril de 1832 "Que con arreglo al Decreto de 24 de octubre de 1829 la ordenanza que debe servir de regla al Gobierno en lo relativo a minas es la de Nueva España de 22 de mayo de 1783, en los términos que el mismo decreto expresa", el cual derogó "�todo lo relativo al Tribunal de minería y Jueces Diputados de Minas" (AYALA en AMORER, 1991). Esta determinación jurídica constituyó un acto propio e importante de la nueva República, incorporando a su patrimonio, por adquisición a título originario, bienes territoriales que eran del anterior soberano, asegurando al propio tiempo la continuidad de un principio jurídico de fundamental importancia histórica y actual (AMORER op. cit.). Con respecto a la figura de descubrimiento, el referido Decreto contempla en su Artículo 4�, "A los descubridores de un cerro mineral absolutamente nuevo, en que no haya ninguna mina ni cata abierta, se les concederán� hasta tres pertenencias�", y en el Artículo 5�, se establece que "El descubridor de veta nueva en cerro conocido� podrá obtener en ellas dos pertenencias continuas o ininterrumpidas�". Estas retribuciones que ordenan los citados artículos al descubridor constituyen un estímulo a la exploración, la mal, a pesar de no estar contemplada de manera específica, continuo estando en forma implícita, en la figura del descubridor (AMORER op. cit.).
Constitución de 24 de septiembre de 1830 - Resolución Legislativa de 29 de abril de 1832
Este cuerpo de reglamentos nada denota sobre la propiedad de las minas, al igual que la Resolución Legislativa de 29 de abril de 1832, por la que se declara: "Que con arreglo al Decreto de 24 de octubre de 1829 la Ordenanza que debe servir de regla al Gobierno en lo relativo a minas es la de Nueva España�". El sistema consagrado en el decreto de El Libertador fue aplicado por el Poder ejecutivo, en el sentido de:
"Que toda mina corresponde a la República, bien esté situada en tierras baldías, de comunidades o particulares, o bien sea explotada por los dueños, o bien por otros que la descubran, denuncien y pretendan�" Código de Minas de 20 de mayo de 1854
Esta legislación constituye el primer Código de Minas, decretado por el Congreso Nacional, el 15 de mayo de 1854, bajo la presidencia de José Gregorio Monagas, y entró en vigor el 20 de mayo de ese mismo año. La Ley VIII de dicho Código, sobre Disposiciones Generales, en su ArtícuIo 3� contiene la derogativa de cualesquiera otras Leyes, Decretos u Ordenanzas sobre la materia, anteriores a dicho Código. Por lo que, el mismo contiene una derogatoria expresa de las Ordenanzas de Minería de Nueva España, vigentes hasta ese momento (AMORER, 1991).
En lo que respecta a la exploración, esta tampoco aparece reseñada en forma expresa; no obstante, la Ley II de dicho Código de Minas, que trata "De los actos que deben preceder a la solicitud de concesión de una mina", contempla en su Artículo 1�:
"Nadie puede introducir sondas o barrenos en un terreno que no le pertenezca, sin el consentimiento expreso del propietario de la superficie, o con el del Gobierno, dado después de haber oído a dicho propietario� Si el fuere baldío no necesitaría requisito alguno para hacer con el cuantas investigaciones se crean necesarias para el descubrimiento de una mina" (ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, MRI en AMORER, op. cit.).
La ausencia de declaratoria expresa acerca de la propiedad de las minas en dicho Código se considera que es debido al hecho de que ésta Legislación se basó en la Ley de Minas Francesa de 21 de abril de 1810, la cual consideraba las minas como res nullius, mientras no se hayan descubierto y otorgado por el Gobierno la correspondiente concesión GONZÁLEZ en AMORER, 1991). Asimismo, el Artículo 2� contempla:
"Ningún permiso de averiguación o concesión de mina podrá dar el derecho de tirar sondas y abrir excavaciones o galerías� sin el consentimiento formal del propietario de la superficie" (ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, MRI en AMORER, op. cit.).
Sin embargo, existía una presunción de propiedad por el Estado sobre las Minas, en razón de que, si el Poder Ejecutivo, por mandato del Artículo 2� de la Ley I de dicho Código"...da la propiedad perpetua de la mina, la cual es, desde luego, transmisible como los otros bienes, era porque la Nación tenía la propiedad, pues es conocido es el principio "...de que nadie puede dar lo que no tiene" (DUQUE en AMORER, 1991).
Este "permiso de averiguación", lo asimilamos a la exploración, por cuanto la realización de las labores a él inherentes son previas a la solicitud de la concesión.
Las limitaciones a esta actividad estaban representadas, en primer lugar, por la autorización que debía otorgar el propietario del suelo, cuando se trataba de terrenos particulares, y en defecto de esta, la autorización del Gobierno, puesto que en los terrenos baldíos no se necesita autorización alguna para los trabajos de exploración. Este requisito de que el explorador deba obtener los permisos correspondientes, es debido al hecho de que dicho Código establece en la Ley II, Artículo 7�, la distinción de las dos propiedades, cuales son: la solariega y la minera (AMORER, 1991). La Ley VIII del mencionado Código de Minas, "Sobre Disposiciones Generales", en su Artículo 1� contempla: "El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para que una persona de inteligencia y de práctica se ocupe del descubrimiento de las minas que tiene la República, llevando un registro de la calidad, riqueza, situación y demás circunstancias�" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER op. cit.).
Leyes del Código de Minas de 4 de enero de 1855
Respecto a la falta de una declaratoria expresa en el Código de Minas de 20 de mayo de 1854 sobre la propiedad de las minas, así como la determinación de las sustancias que deben ser consideradas como tales, fue cubierta por el Reglamento de 4 de enero de 1855 de las Leyes del Código de Minas, contentivo de la declaración expresa de propiedad del Estado sobre las minas, al establecer en su artículo 1� las sustancias que son objeto especial del ramo minería, considerando como tales: "...todas las sustancias inorgánicas que se presten a una explotación, sean metálicas, combustibles o piedras preciosas, ya se encuentren en el interior de la tierra, ya en la superficie..." (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Constitución de 22 de abril de 1864
Este cuerpo de leyes contiene los preceptos constitucionales del Derecho Minero, los cuales hasta esa fecha no eran de tal categoría. Con la instauración del régimen federal de gobierno, las minas en cuanto a la ubicación, legislación y administración pasaron de la propiedad de la Nación a la de los Estados Federales. Legislatura del Estado de Nueva Andalucía- Código de 8 de febrero de 1866 La Legislatura del Estado de Nueva Andalucía dictó un Código compuesto de 8 leyes, las cuales representan la potestad de los Estados para legislar sobre la materia de minas. La Ley I en el Artículo 1� apartó el petróleo del sistema de concesión obligatoria, haciéndose facultativo su otorgamiento, por lo que ella marcó la separación de los hidrocarburos del régimen general, a nivel local. Dicha norma contempla que "Las minas no pueden ser beneficiadas sino en virtud de un acto de concesión expedido por el Poder Ejecutivo del Estado. Se exceptúan de toda concesión las minas de petróleo" (EGAÑA en AMORER, 1991).
Constitución de 27 de abril de 1881
Los códigos y leyes dictados por los Estados amenazaron con desembocar en un caos legislativo en materia de minas, por lo que fue necesario establecer un sistema uniforme para toda la República, teniendo en este sentido la Constitución de 27 de abril de 1881, un rol unificador, y aunque manteniendo en el Artículo 13�, número 14, el principio de "reconocer a cada Estado el derecho de disponer de sus productos naturales" (MARIÑAS en AMORER, 1991). En el número 15� se obligaban "A ceder al Gobierno de la Federación la administración de las minas, terrenos baldíos y salinas, con el fin de que las primeras sean regidas por un sistema de explotación uniforme, y que los segundos se apliquen en beneficio de los pueblos" (MARIÑAS en AMORER, 1991). Esta Constitución mantiene en poder del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, la facultad de administrar las minas pero con el voto deliberativo del Consejo Federal, a cuyo efecto el Artículo 66�, Atribución 2a. establece: "Administrar los terrenos baldíos, las minas y las salinas de los Estados por la delegación de éstos" (MARIÑAS en AMORER, 1991).
Ley de Minas de 13 de marzo de 1883
Esta Ley de Minas es considerada como Decreto emanado por el Presidente Antonio Guzmán Blanco. Mediante esta Ley, se organiza el ramo de minería y así, en el Artículo 1� se establece que las minas son "�propiedad del Estado donde se encuentren; y se regirán por un sistema de explotación uniforme�". La referencia expresa a la figura de la exploración, la encontramos en el Artículo 47� de dicha Ley, pero en forma de prohibición, al estipular que:
"Queda prohibido hacer trabajos de investigación o exploración de minas sin el competente permiso del Ejecutivo Federal, en ningún caso podrán darse autorizaciones para calicatas, fosas u otras semejantes en los edificios o caminos públicos, en el recinto de las plazas y poblaciones, ni en los edificios de propiedad particular, sus jardines y adherentes en un radio de cien metros. Tampoco podrán darse tales autorizaciones para explorar un terreno ya concedido con igual objeto, siempre que no haya caducado la primera concesión o permiso" (Leyes y Decretos Reglamentarios en AMORER, 1991).
En esta Ley se garantiza a las personas que invirtieran en exploraciones, concediéndoles un derecho de hipoteca, en los términos contenidos en el Artículo 14� de la misma: "Los que hubieren suministrado fondos para las exploraciones o descubrimiento de alguna mina, así como para los trabajos, máquinas y construcción de edificios, tienen hipoteca sobre la mina�" (AMORER op. cit.)
Decreto Orgánico del Ramo de Minas de 15 de noviembre de 1883
En este Decreto se repiten los postulados sobre exploración contenidos en la Ley anterior. De manera que lo relativo a la prohibición de ejecutar exploraciones sin el "�competente permiso del Ejecutivo Federal�" (Leyes y Decretos Reglamentarios en AMORER, 1991), está consagrado en el Artículo 58�. Por su parte, lo relativo a la garantía hipotecaria de los "�que hubieren suministrado fondos para las exploraciones�" esta previsto en el Artículo 25� (AMORER op. cit.).
Código de Minas de 23 de mayo de 1885
El Código de Minas de 23 de mayo de 1885, sigue los mismos principios del Código de 1854, el Artículo 53�, en relación a las exploraciones establece:
"Se prohibe hacer trabajos de investigación o exploración de minas en los edificios o caminos públicos; en el recinto de las plazas y poblaciones, ni en los edificios y terrenos de propiedad particular, sus jardines y adherentes, a un radio de cien metros, a no ser que se haga por sus dueños" (Leyes y Decretos Reglamentarios en AMORER, 1991).
Puede observarse claramente, que aún cuando existía el régimen de la prohibición de explorar en los lugares señalados en el citado Artículo 53� del Código de Minas de 1885, el propietario del suelo podía explorar en aquellos lugares de prohibida exploración para los terceros (AMORER op. cit.).
Ley de 30 de mayo de 1887, sobre Minas de la República
En la Ley de 30 de mayo de 1887, sobre Minas de la República, no se previó nada en materia de exploración. Es una ley muy breve, consta de sólo 6 artículos. En su Artículo 6� deroga la Ley de Minas de 23 de mayo de 1885 y cualesquiera otras Leyes o disposiciones. Contempla el Parágrafo Unico del mencionado artículo que la derogación de la citada Ley de Minas de 1885 "�comenzará a tener efecto desde la fecha en que se promulgue el Decreto Ejecutivo reglamentario" (Leyes y Decretos Reglamentarios en AMORER, 1991). Dicho Decreto fue dictado el 3 de agosto de 1887, y contiene la peculiaridad que la materia de la exploración está referida a los trabajos de barrancos. El Artículo 18� señala: "El sistema de exploración y explotación, conocido en Venezuela con el nombre de barrancos, podrán emplearlo de aquí en adelante todas las personas hábiles para contratar que trabajen para descubrir minas en el subsuelo, sin más restricciones que las que impone el presente Decreto" (Id. op. cit.). El Artículo 22� estipula que el explorador queda obligado a cegar las excavaciones o perforaciones que hiciere y abandonare. Código de Minas de 30 de junio de 1891
Las normas atinentes a la exploración en este Código de Minas de 1891, se encuentran totalmente individualizadas de la figura del descubridor, ya que se ubica la exploración, en el Título III, que trata "De las Investigaciones o Cateos". Se establece en forma expresa lo que pudiéramos llamar libertad de exploración, en el Artículo 19�:
"La facultad de catar y cavar en sierras de cualquier dominio para buscar las minas puede ejercerse libremente en terrenos baldíos o de la Nación" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
En lo que respecta a las exploraciones en terrenos particulares, se requiere del permiso del propietario del suelo, a quien le corresponde la cuarta parte de la veta o filón descubierto. Estas regulaciones se encuentran en el Artículo 20� del citado Código:
"En terrenos de propiedad particular se necesita para efectuar trabajos de investigación el permiso del dueño del suelo, adjudicándole a este si se descubre una mina, la cuarta parte sobre la veta o filón descubierto. Si el propietario negare el permiso o se encontrare ausente sin poseer representante en la jurisdicción, el interesado ocurrirá al Presidente del Estado o Gobernador en solicitud del permiso, el cual por ningún respecto podrá negarlo" (Ibid.).
En los términos de esta norma, el otorgamiento del permiso para la exploración, por parte del propietario del suelo era forzoso, en razón de la intervención del Presidente del Estado o Gobernador, en caso de negativa de éste. Por su parte, el explorador estaba impedido de emprender los trabajos respectivos si previamente no había afianzado el pago "� de los daños y perjuicios que se originen de la investigación�" (Parágrafo 1�, art. 20) (AMORER, 1991).
En lo que respecta a la realización de trabajos de exploración en las concesiones mineral, el Artículo 22� establece "� no pueden hacerse trabajos para descubrir minas de la misma naturaleza de la concesión, salvo el permiso del concesionario".
Al igual que en la normativa precedentemente revisada, la exploración tiene determinadas limitaciones referidas a los lugares en los cuales esta restringido su ejercicio, a cuyo efecto, según el Artículo 23�:
"No podrán abrirse trabajos de calicata ni otras labores mineras a menos distancia de cincuenta metros de un edificio, camino de hierro, lugar cercado de muros, carretera, canal, puente, abrevadero u otra servidumbre pública o privada, ni a menos de mil cuatrocientos metros de los puntos fortificados, sin previo permiso de la autoridad respectiva o del dueño, y en todo caso conforme a la Ley de expropiación" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Los artículos citados nos venían tratando lo relacionado con la exploración en forma genérica. Sin embargo, el Artículo 4� del referido Código hace más rica la figura de la exploración puesto que reconoce el libre aprovechamiento, lo que supone la libre exploración de "�las arenas auríferas y las estaníferas, y cualesquiera otras producciones minerales de los ríos y placeres� en terrenos baldíos o de la Nación" (Id. op. cit., p. 829).
Código de Minas de 29 de marzo de 1893
La materia relativa a la exploración esta contenida en el Título III "De los requisitos necesarios para explorar y adquirir una concesión minera". En este Código distinguimos dos clases de exploraciones: la exploración libre (art. 19), y la exploración exclusiva (art. 24). En lo que se refiere a la primera de ellas, el Artículo 19� estipula:
"Pueden hacerse exploraciones para descubrir minas, franca y libremente, en los terrenos libres, abiertos e incultos, bien sean de particulares o baldíos.
Parágrafo Único. No podrán hacerse exploraciones en los patios, jardines, huertas, solares, cercados de las cases o habitaciones, en las poblaciones o campos, sino por sus dueños u otras personas autorizadas especialmente por ellos" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
En las legislaciones anteriores al presente Código, se hacía la distinción en cuanto a la propiedad de los terrenos objeto de la exploración en baldíos o de la Nación (art. 19�, Código de 1891) y particulares (art. 20�, Código de 1891). En los terrenos baldíos la exploración es libre y en los de propiedad particular se requiere del consentimiento del propietario del suelo, o en su defecto, del Presidente del Estado o Gobernador como queda contemplado en el Artículo 20�(AMORER, 1991).
En este Código de 1893 se distingue, en cambio, entre "los terrenos libres, abiertos e incultos" (art. 19), bien sea de particulares o baldíos, por una parte, y los particulares "cercados o demarcados", por otra parte, como lo establece el Artículo 20�:
"En terrenos de propiedad particular, cercados o demarcados, que no esten comprendidos en el artículo anterior, se necesita, para efectuar trabajos de exploración o cateo sin el permiso del dueño del suelo, y si la propiedad es proindivisa, de uno de sus dueños. Si el propietario negare el permiso o se encontrare ausente, sin tener representante en la jurisdicción, el interesado ocurrirá en solicitud del permiso al Presidente del Estado o Gobernador del Territorio por órgano de la primera autoridad de la localidad, quienes no lo negaran, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos en este Artículo" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Se evidencia que, las exploraciones no exclusivas en los terrenos libres, abiertos e incultos, bien sean de particulares o baldíos pueden hacerse franca y libremente, mientras que en los terrenos particulares cercados o demarcados, se requiere del permiso del dueño del suelo o del Presidente del Estado o Gobernador, en caso de ausencia o negativa del dueño del suelo. El explorador tiene la obligación de "� pagar los daños y perjuicios que se ocasionen en la exploración o cateo, a juicio de peritos�", si no hubiere avenimiento entre las partes (Parágrafo Único, Artículo 20). (AMORER, 1991).
Por otra parte, el Artículo 21� se refiere a las exploraciones en concesiones ya otorgadas e indica que en dichas "�concesiones mineral, esten o no en explotación, no pueden hacerse trabajos para descubrir minas, salvo el permiso especial del concesionario". Ello tiene su fundamento en la exclusividad del derecho del concesionario en su cualidad de titular del derecho de explotación. Este derecho conlleva como en materia civil la facultad exclusiva de usar, gozar y disponer de la cosa propia y esto distingue al propietario de quien no lo es (AMORER, 1991).
La figura de la exploración exclusiva queda regulada en el Artículo 24�:
"La persona que quiera efectuar, con exclusión de toda otra, en un terreno dado trabajos de exploración, deberá solicitar un permiso conforme al Artículo 20�, y este no podrá concederse sino para una extensión de terreno de trescientas hectáreas poco mas o menos y por un tiempo determinado que no excederá de seis meses, al término de los cuales se declarara caduco dicho permiso" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Esta disposición contiene una libertad de acción, puesto que cualquier persona puede hacer exploración exclusiva, no hay limitación expresa en cuanto a la capacidad. Tiene la característica de que tanto su extensión, como su duración es tan limitadas. El límite de la extensión era 300 hectáreas, y debían cumplirse en cuanto a formalidades para su otorgamiento, las mismas requeridas para la exploración no exclusiva en terrenos particulares cercados o demarcados (AMORER, 1991).
En relación a la duración, ésta no podía exceder de seis meses. Al igual que en el Código anterior, las limitaciones en cuanto a los lugares donde se puede ejercer la exploración persisten (Artículo 22�), pero tiene la particularidad de que permite exploraciones, en las poblaciones formadas cerca de las minas en explotación y si no resultare de ello, grave perjuicio a la población, según el Artículo 23�, éstos permisos eran otorgados por la primera autoridad civil (AMORER op. cit.).
Código de Minas de 23 de enero de 1904
Encontramos que este Código reproduce principios análogos al anterior, con la modalidad de que el explorador para cumplir con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios debe presentar conjuntamente con la solicitud, "�una fianza responsable�", según lo estipulado en el Parágrafo Único del Artículo 22�. Otra modificación consiste en que, la duración de los permisos de exploración exclusiva no "�excederá de cuatro meses�", en lugar de los seis meses que establecía el Código anterior, según lo estipula el Artículo 26� de dicho Código (AMORER, 1991).
Ley de Minas de 14 de agosto de 1905
Esta Ley fue dictada bajo la presidencia de Cipriano Castro, consta de once artículos, el 3� de los cuales declara libre la exploración "�en las sierras baldías y de ejidos y en las incultas de propiedad particular". De esta forma amplía los derechos de los exploradores y limita los del propietario del suelo a aquello efectivamente cultivado o donde hubieren construcciones. El Reglamento de esta Ley data del 23 de febrero de 1906, es más explícito y reproduce disposiciones del Código de Minas de 1904, en cuanto a la exploración. En la Sección III, "De los requisitos necesarios para adquirir y explotar las pertenencias mineras", incluye disposiciones sobre exploración y la concesión, mezclando ambas etapas de la adquisición de los derechos mineros por parte de los particulares (AMORER op. cit.).
El Artículo 14� introduce en materia de exploración el requisito de la "capacidad", que estaba referida a la capacidad para obtener concesiones mineral, la cual es más exigente que en materia de capacidad civil, motivo por el cual dicho Reglamento restringe más que la Ley, las condiciones para explorar. De otra parte incluye a los ejidos entre los terrenos explorables libremente:
"Toda persona capaz de adquirir minas podrá practicar libremente exploraciones mineras en los terrenos baldíos, en los de ejidos y en los incultos de propiedad particular que no estén cercados" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Reproduce en el Parágrafo Unico del Artículo 14�, la prohibición de realizar "�exploraciones en los patios, jardines, huertas, solares cercados de las casos situadas en poblaciones o campos, sino por sus respectivos dueños o por personas autorizadas por ellos". Este derecho del propietario se reafirma cuando el Artículo 15� exige autorización previa del dueño del suelo para realizar exploraciones en "�terrenos de propiedad particular cultivados o cercados�" (Ibid).
El citado Artículo 15� faculta al Presidente del Estado, Gobernador del Territorio o del Distrito Federal, por órgano de la primera autoridad civil, para otorgar este permiso en case de negativa del dueño del suelo, después de cumplido el procedimiento de los Artículos 15 y 16 de dicho Reglamento. Con la obtención de este permiso el explorador tenia el "derecho exclusivo para practicar exploraciones" en dichos terrenos de propiedad particular durante 3 meses, que podían ampliarse, según el Artículo 16�, por otros 3 meses más a juicio de la autoridad competente (AMORER op. cit.).
En lo que se refiere a las exploraciones con carácter exclusivo, el Artículo 20� estipuló que estas pueden hacerse con exclusión de toda otra persona en terrenos baldíos o incultos, para lo cual había de solicitarse un permiso del Ministro de Fomento, quien podrá concederlo por el tiempo y extensión de terrenos que juzgue conveniente. "El citado permiso dará, por el tiempo que en el se exprese, derechos de preferencia al que lo obtenga para acusar y adquirir las minas que se encuentren en el terreno concedido". Este artículo constituyó una limitación a la excepción establecida en el Artículo 3� de la Ley reglamentada, que otorgó libertad de exploración "�en las sierras baldías y de ejidos y en las incultas de propiedad particular'' (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
El referido Artículo 20� del Reglamento deja al arbitrio del Ministro de Fomento el conceder tales permisos de exploración con carácter exclusivo, sin restricción de tiempo ni de extensión, lo cual es limitativo de la libertad de explorar (AMORER, 1991).
Código de Minas de 16 de agosto de 1909
Este Código consta de dos Libros, el Primero de los cuales se refiere a "Las Minas" y el Segundo "De los Procedimientos", y en ambos se trata de la exploración. El Título V del Libro Primero trata "De las exploraciones o catees", y establece la libertad de explorar para nacionales y extranjeros, en el Artículo 39�:
"Toda persona nacional o extranjera, hábil en derecho, puede hacer excavaciones o calicatas para descubrir minas en terrenos abiertos o incultos, bien sean baldíos, ejidos o de particulares, siempre que no excedan de 16 metros cuadrados, en cada labor, pudiendo ser su profundidad indefinida" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Este Código hace las mismas distinciones por terrenos y por exclusividad o no exclusividad del permiso. Conserva el principio de Códigos y Leyes anteriores, en el sentido de que según el artículo 40�, "En los terrenos cercados o cultivados no podrá hacerse ninguna exploración o cateo sin permiso del propietario del suelo o poseedor�'' (Ibid.)
Introduce la modalidad de que en caso de la negativa del dueño, ya no era necesario ocurrir a solicitar el permiso correspondiente ante el Presidente de Estado o Gobernador, sino que se ocurre a la ocupación temporal, contemplada en la Ley de Expropiación. En cuanto a la exploración exclusiva, el Artículo 46� establece: "Las personas que pretendan hacer cateos en terrenos abiertos e incultos con exclusión de toda otra persona, pueden solicitar el permiso de la respectiva autoridad, quien lo otorgara por un lapso no mayor de seis meses, siempre que el solicitante llene las condiciones establecidas en el Artículo 41�" (Ibid.).
El Artículo 168� de dicho Código, estableció determinados requisitos para el otorgamiento de este permiso de hacer exploraciones con exclusión de toda otra persona, entre los cuales se encontraban: "�que en la zona que se pretende explorar no haya concesiones mineral, ni denuncios pendientes"; la obligación de "�no invadir concesiones ya adquiridas�" y en cuanto a la extensión, esta no debe ser mayor de "�cuatrocientas hectáreas�", entre otras (Ibid.).
Código de Minas de 29 de junio de 1910
A partir de este Código la materia referente a la exploración se trata en forma integral en el Libro Segundo. Se mantiene el principio de la libertad de exploración por nacionales y extranjeros del Código de 1909 y aparece el elemento de la ocupación en lo que se refiere a los terrenos baldíos o ejidos:
"Art. 152. Toda persona nacional o extranjera hábil en derecho puede hacer exploraciones, excavaciones, cateos o calicatas para descubrir minas en terrenos baldíos o ejidos no arrendados u ocupados, sin otra formalidad que la de dar aviso por escrito a la primera autoridad civil del Municipio" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
En los terrenos de propiedad particular, se previó un régimen similar al de anteriores Códigos.
"Art. 153�. En los terrenos de propiedad particular y en los baldíos o ejidos arrendados u ocupados no podrá hacerse ninguna exploración, cateo, calicata o excavación sin permiso del propietario o poseedor del suelo�" (Ibid.).
En consecuencia, la exploración sólo es libre en terrenos baldíos o ejidos no arrendados u ocupados, y distingue, los terrenos en:
1) Baldíos o ejidos no arrendados u ocupados. (Artículo 152�).
2) Los de propiedad particular, y los baldíos o ejidos ocupados o arrendados (Artículo 153�).
Repite los mismos requerimientos del Código anterior en lo referente a: dimensiones para los cateos "�dieciséis metros cuadrados pudiendo ser su profundidad indefinida" (Artículo 152�); en caso de negativa del dueño o poseedor, ordena proceder de acuerdo con la Ley de Expropiación (Artículo 156�); prohibición , como lo estipula el Artículo 162� de "�hacer cateos en poblaciones, cementerios, concesiones mineras o denuncios pendientes" (AMORER, 1991).
El Artículo 165� contiene la figura de la exploración exclusiva al prever el otorgamiento de "�permiso de practicar exploraciones en terrenos baldíos o ejidos no arrendados u ocupados con exclusión de toda otra persona" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Los requisitos exigidos eran similares a los del Código de 1909, pero la extensión se amplia a ochocientas hectáreas (art. 165) en lugar de las cuatrocientas hectáreas previstas en el citado Código de 1909.
Ley de Minas de 26 de junio de 1915
Esta ley reproduce casi textualmente las disposiciones sobre la exploración contenidas en el Código de 1910. Sus variaciones son simplemente de forma que no alteran el contenido de las disposiciones de la Ley precedente (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Ley de Minas de 27 de junio de 1918
Al igual que en las leyes anteriores, la Ley de Minas de 1918, efectúa la distinción por terrenos y trata de la libre exploración en terrenos baldíos o ejidos no arrendados, sin otra formalidad que la de dar aviso por escrito a la primera autoridad civil del Municipio.
El artículo 135�, es contentivo de esa libertad y se refiere a la libre exploración en "�terrenos baldíos o ejidos no arrendados�". Suprimiendo de esta forma, en lo que se refiere a los terrenos baldíos, la mención de "ocupados" que había sido introducida por el artículo 152� del Código de 1910 (Id. op. cit.).
El Artículo 36�, se refiere a las exploraciones en los terrenos de propiedad particular; en lo relativo a la propiedad en comunidad, aparece la concepción de que se tome en cuenta la representación mayoritaria, a los efectos de otorgar el permiso para la exploración, en razón de que este artículo prevé que "�bastara el consentimiento de quien o quienes representen la mayoría de derechos para que se lleve a cabo en las partes no ocupadas por fundos agrícolas�". Tanto que en leyes precedentes bastara el consentimiento de uno de los comuneros, tal como se estipula en el Artículo 158� del Código de 1915; Artículo 153� del Código de 1910; y Artículo 40� del Código de 1909 (Id. op. cit.).
En cuanto a los permisos de exploración exclusiva los prevé en forma expresa en el Artículo 147�:
"El Ministerio de Fomento otorgara permisos de exploración exclusiva a las personas que tengan capacidad para adquirir minas� de acuerdo con las disposiciones siguientes:
1� Que el permiso no vulnere derechos adquiridos con anterioridad
2� Que la zona no comprenda una extensión mayor de 5.000 hectáreas.
3� Que en la solicitud se determina con toda claridad la situación, linderos y extensión del terreno que va a explorarse y la duración del permiso.
Parágrafo Único. Los permisos de exploración exclusiva no podrán otorgarse por mas de dos años".
Se observa en cuanto a esta materia de la exploración exclusiva, su absoluta consagración en forma expresa puesto que en leyes anteriores se trataba de "�permiso de practicar exploraciones en terrenos baldíos� con exclusión de toda otra persona", Artículo 170�, Código de 1915 (Id. op. cit.).
Incluyó además, el procedimiento para el otorgamiento de tales permisos ante el Guardaminas en los artículos 148 y siguientes. El Artículo 154� de dicha Ley concedió el derecho de denunciar minas, solo a aquellas personas que hubiesen obtenido el permiso de exploración en la zona concedida y durante el lapso del permiso.
"Sólo la persona que ha obtenido el permiso de exploración de acuerdo con los artículos anteriores puede, con exclusión de toda otra, denunciar minas en la zona concedida y durante el lapso del permiso" (Id. op. cit.)
Esta disposición garantiza al explorador el derecho de obtener la concesión, sin ver defraudados sus esfuerzos, por el denuncio formulado por un tercero, en la zona explorada. En razón de que la legislación era común para los hidrocarburos, carbón, metales y no metales por considerarse minas todos ellos, estimamos de nuestra obligación reseñar lo que ocurrió en materia de exploración de las sustancias de que trata el Artículo 30 de la Ley comentada, referido a las minas de petróleo, carbón y demás minerales combustibles, cuya explotación le efectuaba, por administración directa, el Ejecutivo Federal o por medio de arrendatarios. Facultando la Ley al Ejecutivo para dar en arrendamiento dichas minas, pero en ningún caso podría conceder derechos reales sobre ellas (AMORER, 1991).
Respecto de la exploración de estas sustancias, el Artículo 4� previo:
"El derecho a emprender exploraciones con carácter exclusivo para descubrir minerales de los expresados en el Artículo 3� y explotarlos, no se obtendrá sino mediante contrato que el interesado celebre con el Ejecutivo Federal dentro de la zona que se fije por el Ministro de Fomento y previa licitación..." (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
El Artículo 5� dejó sentado el contenido de los contratos de exploración, en los cuales debía indicarse: "La extensión, no mayor de quince mil hectáreas, del terreno que va a explorarse, con indicación de su situación y linderos". Debía señalarse "El lapso para empezar las exploraciones y la duración de estas, que no será mayor de 2 años"; la garantía ofrecida, "El pago de B. 0,05 a B. 0,10 por cada hectárea que abarque la superficie que se va a explorar"; y llenar las formalidades previstas en el Artículo 138�, cuando las exploraciones habían de efectuarse en terrenos de propiedad particular (Id. op. cit.).
Igualmente, es interesante reseñar los Reglamentos de Carbón, Petróleo y Sustancias Similares 1918-1920, por la circunstancia anteriormente mencionada de que hasta el momento la institución de la exploración se estudia conjuntamente, tanto para minas como para hidrocarburos (AMORER op. cit.).
El primer intento de Gumersindo Torres de separar el ordenamiento jurídico del petróleo de las minas, estuvo incorporado en los Reglamentos de 1918 y 1920 (EGAÑA en AMORER, 1991) el Reglamento Parcial de la Ley de Minas de 9 de octubre de 1918, contenía una serie de disposiciones complementarias de la Ley, reglamentando las condiciones y trámites que debían ser cumplidos en los contratos de exploración con carácter exclusivo y en los de explotación, de tal manera que el conjunto de estas disposiciones legales y reglamentarias formo el ordenamiento jurídico que se convirtió en 1920, en la primera Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. Razón por la cual la Ley de Minas de 26 de junio de 1920 en su Artículo 3�, establece que: "La explotación de los hidrocarburos, carbón y demás sustancias minerales combustibles se regirán por una Ley especial". (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991). De otra parte, esta Ley de Minas de 1920, reproduce en forma idéntica las disposiciones sobre exploración contenidas en la Ley anterior, de 27 de junio de 1918 (AMORER op. cit.).
Ley de Minas de 2 de junio de 1922
En sus regulaciones sobre la exploración reproduce las disposiciones sobre libertad de exploración contenidas en el Artículo 135� de la Ley anterior. Según el Artículo 136� de dicha Ley, se introducen normas del Código Civil para apreciar el derecho de cada dueño en terrenos comuneros "�Si la propiedad estuviere en comunidad, se aplicaran para apreciar el derecho de cada dueño, a otorgar el respectivo permiso, las reglas del Artículo 755 del Código Civil" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
En caso de terrenos particulares la Ley estableció procedimientos acordes con la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública, la que se aplica después que ha sido concedido el permiso de exploración exclusiva, Artículo 138�:
"�no podrán hacerse excavaciones�, contra la voluntad de sus dueños u ocupantes, sino mediante el procedimiento de la ocupación temporal, pedida ante el funcionario competente, de acuerdo con la Ley sobre Expropiación por Causa de Utilidad Pública, siempre que el postulante hubiere obtenido antes el permiso de exploración exclusiva a que se refieren los artículos 146 y siguientes" (Ibid).
Conforme al Parágrafo Unico de dicho artículo, el denunciante también estaba facultado a seguir el procedimiento de la ocupación temporal para sus exploraciones "�desde que se le de posesión de la mina y antes de comenzar la explotación formal (Ibid).
Otra modificación consiste en que el permiso de exploración exclusiva no está referido únicamente a terrenos baldíos o ejidos no arrendados, en razón de que el Artículo 146� no hizo limitación alguna respecto de los terrenos baldíos o ejidos no arrendados, como señalaba el Artículo 147� de la Ley de 1920 "�en los terrenos a que se refiere el Artículo 135��", cuales eran los "terrenos baldíos o ejidos no arrendados". En consecuencia, la exploración exclusiva puede solicitarse en terrenos de propiedad particular y en baldíos y ejidos arrendados o no arrendados (AMORER, 1991).
Ley de Minas de 17 de julio de 1925
Esta Ley sigue principios análogos, pero se modifica la extensión de los permisos de exploración exclusiva. El Artículo 146� autoriza al "Ministro de Fomento para extender el permiso de exploración a zonas que comprenden hasta cincuenta mil hectáreas" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Se mantienen constantes los principios siguientes:
1) La libertad de explorar en terrenos baldíos o ejidos no arrendados, sin otra formalidad que la de dar aviso a la primera autoridad civil del Municipio (Artículo 135�).
2) Se requería del permiso del dueño del suelo, o del ocupante en caso de terrenos de propiedad particular, baldíos o ejidos arrendados. En caso de terrenos bajo régimen de comunidad, se aplican las reglas del Artículo 755� del Código Civil para apreciar derechos de cada condueño (Artículo 136�).
3) En caso de negativa de los propietarios u ocupantes de los terrenos citados en el numeral anterior, el explorador podía pedir la ocupación temporal, de acuerdo con la Ley sobre Expropiación por causa de utilidad pública, previo el permiso de exploración exclusiva como así lo indica el Artículo 138� (AMORER, 1991).
En cuanto a la duración de los permisos de exploración exclusiva además de extenderlos hasta 50.000 hectáreas, el Ministro de Fomento podía en casos especiales otorgarlos con una duración de hasta diez años, contemplado en el Artículo 146� (AMORER op. cit.).
Ley de Minas de 19 de julio de 1928
Esta Ley sigue en materia de exploración los mismos principios de leyes anteriores. En cuanto a los permisos de exploración exclusiva, su aporte consiste en que: la extensión del limite de hectáreas hasta 50.000 resulto regulada, por cuanto se considero que la misma establecía un privilegio para pocas personas, resultando inconveniente para la zona de Guayana, donde casi toda la región era aurífera y había sido explorada. En consecuencia, al Artículo 133� le fue adicionado un Parágrafo Unico, mediante el cual aquellos permisos sobre zonas de hasta 50.000 hectáreas "�solo podrán concederse con respecto a regiones acerca de las males se carezca de noticias referentes a haberse descubierto en ellas yacimientos mineros, y que, por su lejanía de los centros de población y otras circunstancias que puedan dificultar las operaciones de exploración, justifiquen la concesión de dichos permisos" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
Conllevó dicha disposición, un cierto carácter restrictivo a la exploración. Respecto de la duración de estos permisos, se mantuvo el tiempo estipulado de dos años originalmente, pero en casos especiales podía extenderse a diez años, como en la Ley anterior (AMORER, 1991).
Leyes de Minas de 21 de julio de 1934 y de 7 de agosto de 1936
En las leyes citadas se mantienen vigentes los principios de leyes anteriores referentes a la libre exploración pero se debe "�dar aviso simultáneamente, por escrito, al respectivo Guardaminas y a la primera autoridad civil del Municipio�" (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
En relación a la exploración exclusiva, se retoma el principio de que dicho permiso, en cuanto a su extensión, es de un máximo de 5.000 hectáreas y con duración de hasta dos años, sin excepciones. Otra modificación consiste en la introducción, en el Parágrafo Único del Artículo 151� de una causal de caducidad por el no pago de los impuestos: "Si el postulante no presentare el comprobante del pago dentro del lapso previsto en este Artículo, quedaran caducos, sin necesidad de declaratoria especial la solicitud del permiso y el procedimiento provocado por la misma'' (Ibid. op. cit.). Ley de Minas de 13 de marzo de 1943
El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en fecha 13 de marzo de 1943, decreto la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Minas. En cuanto a la exploración se refiere, esta reforma introduce como modificación, en su Artículo 14�, el que los tres parágrafos del Artículo 138 de la Ley de Minas de 1936, relativos a las exploraciones que se efectúen en terrenos de propiedad particular y en los baldíos o ejidos arrendados, quedan reemplazados por los dos siguientes:
"Parágrafo 1�. El denunciante de la mina puede también hacer los trabajos de exploración y seguir el procedimiento a que se refiere este Artículo desde que se le de posesión de ella y antes de comenzar la explotación formal (LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS en AMORER, 1991).
"Parágrafo 2�. En los casos de las exploraciones que autoriza este artículo, los exploradores deben también dar los avisos ordenados por el Artículo 135� (Ibid. op. cit.).
En consecuencia de esta reforma las demás disposiciones legales que rigen la materia de la exploración quedaron incólumes (AMORER, 1991).
Ley de Minas (Gaceta Oficial N� 121 Extraordinario de 18 de Enero de 1945)
Se publica la Ley de Minas y su Reglamento en la Gaceta Oficial N� 121 Extraordinario de fecha 18 de Enero de 1945. Esta legislación se compone de tres Libros para la Ley de Minas y de nueve Títulos para su correspondiente Reglamento. Los principios bajo los cuales esta Ley se postula comprende entre otros las figuras del Carácter de Utilidad Pública, la Obtención de la Concesión, el Sistema de Accesión para minerales no metálicos, la Temporalidad de las concesiones mineras, la Indivisibilidad Minera y la Distinción entre el Suelo y Subsuelo. El Libro II sobre las figuras del Denuncio, Fases previas para la obtención de la concesión, extinción de los derechos, y la Servidumbre y Política Minera quedarán derogadas posteriormente con el Decreto N� 2.039 Resolución N� 115 de fecha 15 de febrero de 1977.
Decreto N� 580 de 26 de noviembre de 1974
El Decreto N� 580, es un Decreto- Ley, cuyo fundamento jurídico lo constituye el Artículo 1� Ordinal 7� de la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, en Consejo de Ministros. Este Decreto publicado en la Gaceta Oficial N� 30.577 de 16 de diciembre permitía al Estado reservar para sí la industria de la explotación de mineral de hierro. Decreto N� 1.007 de 8 de julio de 1975
Este Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial N� 30.758 el 2 de agosto de 1975. Mediante el Artículo 1�, se ordena a la Corporación de Guayana la creación de la empresa o empresas para el ejercicio de la industria del mineral de hierro, conforme a las previsiones del Artículo 10� del Decreto 580, para lo cual se le concedió un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de publicación del citado Reglamento en la Gaceta Oficial.
Decreto N� 1.164 de 30 de septiembre de 1975
Mediante este Decreto, se dicta la Reforma Parcial del Reglamento N� 1 del Decreto N� 580 de fecha 26 de noviembre de 1974, siendo publicado en la Gaceta Oficial N� 30.808 de 30 de septiembre de 1975. El Artículo 1� de dicho decreto reafirma la obligación de la Corporación de Guayana de constituir antes del 31 de diciembre de 1975, la empresa o empresas previstas en el Artículo 10� del Decreto N� 580 (AMORER, 1991).
Decreto N� 1.403 de 20 de enero de 1976
Dicho Decreto contiene el Reglamento N� 2 del Decreto N� 580 de fecha 26 de noviembre de 1974. Este Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial N� 30.899, de fecha 20 de enero de 1976, y entre sus disposiciones establece, la obligación de las empresas constituidas o que se constituyan conforme al Decreto N� 580, de presentar la declaración estimada de sus enriquecimientos correspondientes al año gravable en curso, a los fines de la determinación y pago de anticipos de Impuesto sobre la Renta (Artículo 1�); esta declaración debería ser presentada dentro de los primeros 70 días de cada ejercicio anual (Artículo 2�) (AMORER, 1991).
Resolución N� 1.587 de 15 de julio de 1976
El Ministerio de Minas e Hidrocarburos, hoy Ministerio de Energía y Minas mediante resolución N� 1.587 de fecha 15 de julio de 1976, publicada en la Gaceta Oficial N� 31.026 de 20 de julio de 1976, dictó las Normas para el Ejercicio de la Explotación del Mineral de Hierro. Mediante esta Resolución se establece un mecanismo de control por parte del Ministerio de Minas e Hidrocarburos teniendo la facultad de suspender los trabajos cuando no se estén cumpliendo los planes y programas aprobados conforme a las normas contenidas en aquella Resolución (AMORER, 1991).
Resolución N� 318 de 22 de agosto de 1977
Mediante Resolución N� 318, de fecha 22 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta Oficial N� 31.302, de misma fecha, el Ministerio DE Energía y Minas, dicta las Normas de la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio del Hierro, estableciendo en su Artículo 1� que la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio del Hierro, tendrá el carácter de órgano asesor del Ministro, en todo lo relativo:
1) "La conservación y el comercio del hierro; especialmente, en cuanto concierne a los planes generales quinquenales y los programas anuales que las empresas operantes de la explotación del mineral de hierro deben someter a este Ministerio, de conformidad con las Normas para el ejercicio de la explotación del mineral de hierro...
2) La fijación de valores de exportación, y
3) Cualquier otro asunto que le encomiende el Ministerio de Energía y Minas sobre la materia".
En el Artículo 3� dicha Resolución N� 318, establece el compromiso por parte de las empresas operantes, de "...suministrar a la Comisión todos los datos o informaciones que le sean requeridos" (AMORER, 1991).
Con dicha Resolución quedó modificada la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio del Hierro, que había sido constituida mediante Resolución 1.290 de fecha 1 de septiembre de 1967, ambas Resoluciones del entonces Ministerio de minas e Hidrocarburos (AMORER op. cit). Decreto N� 2.039 de 15 de febrero de 1977
Las razonas en las cuales se fundamenta el Decreto N� 2.039 a partir de sus "Considerandos" consisten primeramente en la necesidad de evaluar exhaustivamente los recursos minerales cuya existencia se presume, según los estudios geológicos realizados por el Ministerio de Energía y Minas, a fin de programar su explotación racional. Estos intentos de racionalización se veían obstaculizados por la vigencia del sistema de otorgamiento forzoso de concesiones. En segundo lugar sobre la conveniencia para el país de que antes que hacer depender la actividad extractiva de la arbitraria escogencia por los denunciantes de los minerales que ellos desean explotar, la explotación se efectúe en consideración a la clase de mineral que se requiere para el desarrollo industrial del país, adecuación ésta imposible de lograr mientras exista la figura de denuncia y posterior otorgamiento obligado de concesiones. Finalmente, la conveniencia al interés nacional de negociar para el Estado la obtención de ventajas económicas de diverso género y de asegurar la idoneidad de los aspirantes a obtener concesiones, ninguno de cuyos extremos podía asegurar el Estado, hasta tanto no se le diera la atribución de determinar con entera libertad si en consideración al interés nacional procedía otorgar a rechazar una solicitud de concesión. Este Decreto tiene su fundamento en el Artículo 11� de la Ley de Minas de 1945, según el cual el Ejecutivo Federal podría reservar, mediante Decreto, la exploración y explotación de todas las sustancias a que se refiere el Artículo 2� de la misma Ley , o de algunas de ellas, en todo el territorio nacional, no pudiendo hacerse denuncios y el otorgamiento queda sujeto al Libro III de esta Ley.
El alcance de este Decreto incide en forma abolitoria sobre la libertad contenida en el Libro II Título I artículos 119 al 131 de la Ley de minas de 1945 sobre la figura de las Exploraciones, del Título II artículos 132 y 133 sobre la figura Del Descubridor, Título III artículos 134 al 142 referente De los Denuncios y Oposiciones, Título IV artículos 143 al 148 referentes a la figura Del Plaño y de la Adquisición del Título, Título V artículos 149 y 150 sobre la figura De la Renovación y Prórroga de las Concesiones, Libro VI artículos 151 al 156 referente a la figura De la Extinción de los Derechos y de la Adquisición de Concesiones Extinguidas, Título VII artículos 157 al 164 sobre la Recaudación de la Renta de Minas, Título VIII en los artículos 165 y 166 De la reducción de las Concesiones, Título IX en el Artículo Único 167� referente Del Modo de Efectuar la Renuncia, Título X en los artículos 168 al 170 sobre las Disposiciones Relativas a las Servidumbres y Policía de las Minas, y Título XI en los artículos 171 al 173 referentes Del Arancel en Materia de Minas. Este Decreto elimina el Artículo 32� del Título IV sobre la figura De la Adquisición de las Concesiones y la figura del Otorgamiento queda sujeto a las disposiciones del Libro III de la Ley de Minas.
En atención esta normativa, los aspectos que el Ejecutivo Nacional tomará en consideración con respecto al aspirante a obtener concesiones corresponden a la idoneidad técnica y capacidad económica, obligación de manufacturar o refinar en el país, régimen tributario satisfactorio para el Fisco Nacional, suministro de Tecnología a la industria minera y transferencia de ella a favor del país, obligación de revertir los bienes a la Nación, a la extinción de la concesión cualquiera sea su causa, y cualquiera otra ventaja especial que se considere conveniente para la mejor protección de los intereses mineros nacionales.
Decreto N� 851 Resolución N� 115 de 16 de abril de 1990
Las Normas para el otorgamiento de Concesiones y Contratos Mineros fue publicada en la Gaceta Oficial N� 34.448 de fecha 16 de abril de 1990, y contempla el otorgamiento de las concesiones según los artículos 8�, 174� y 153� de la Ley de Minas, así como la gestión que presente en concesionario ante el Ministerio de Energía y Minas de los aspectos exigidos por el Artículo 2� del Decreto N� 2.039 de fecha 15 de febrero de 1977. Este Decreto contempla el aspecto de las Ventajas Especiales para la Nación por las cuales, en materia de impuestos o por cualquier otro respecto el Ejecutivo Nacional queda facultado para estipular con los postulantes.
Decreto N� 1.257 del 25 de abril de 1996
El Decreto N� 1.257 de fecha 13 de marzo de 1996, publicado en la Gaceta Oficial N� 35.946 del 25 de abril de 1996 contempla las Normas sobre Evaluación Ambiental de actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, mediante las cuales se establecen los procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación ambiental de las actividades que puedan degradar el ambiente, así como la evaluación de la figura de Impacto Ambiental en el desarrollo de actividades mineras. Resolución N� 56 de 4 de julio de 1996
En concordancia con lo establecido en el decreto N� 1.257 del 13 de marzo de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N� 35.948 del 25 de abril de 1996, contentivo de las normas sobre Evaluación Ambiental de actividades Susceptibles de Degradar el ambiente se estipulan los Recaudos para la evaluación Ambiental de la actividad Minera, así como de los Recaudos para la Tramitación de las Autorizaciones para la Afectación de Recursos Naturales Renovables en la fase de Exploración Minera y de los Recaudos para la Evaluación Ambiental de la Exploración y Producción de hidrocarburos, entre otros.
Decreto N� 295, con Rango y Fuerza de Ley de Minas
(Gaceta Oficial N� 5.382 Extraordinario de 28 de septiembre de 1999)
La desaplicación actual de la Ley de Minas de 1945 (Gaceta Oficial N� 121 Extraordinario de 18 de Enero) ante actividades de carácter público o privado ha conducido a la revisión de los principios y normas contenidos en dicha Ley de Minas, entre las cuales figura, la figura del denuncio minero y la concesión de explotación, de otorgamiento facultativo por parte del Ejecutivo Nacional y adicionalmente, la situación sobrevenida con el Decreto N� 2.039 de fecha 15 de febrero de 1977, mediante el cual el Ejecutivo Nacional se reservó la exploración y explotación de todos los minerales que no hubiesen sido reservados con anterioridad. Como consecuencia de esta reserva, quedaría en suspenso el derecho a la exploración libre y exclusiva, influyendo de igual manera en la figura del derecho de explotación al dejar en suspenso además la aplicación del régimen de denuncio minero. De igual manera, el Artículo 200� de la Ley de Minas de 1945 sobre libre aprovechamiento, perdió vigencia ya que como queda expresado, la explotación con esta figura jurídica queda prohibida en zonas reservadas sin embargo, este tipo de explotaciones ilegales se han estado sucediendo actualmente. Esta situación ha expresado el hecho de que gran parte de la actividad minera se desarrolla con carácter exclusivamente ilegal y de ello, la evasión de impuestos por concepto de las actividades extractivas que el Estado deja de percibir. Todo este panorama ha hecho evidente la necesidad de adecuar las actividades mineras y ordenar el régimen jurídico de las minas, a partir de reglas claras y modernas, y cónsonas con la preservación del ambiente, el desarrollo minero en armonía con el resto de la economía en Venezuela. Por tal motivo, el Presidente de la República y en el marco de la Ley Orgánica que lo Autoriza para Dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, requeridas por el Interés Público y en Consejo de ministros dicta las medidas necesarias a este fin. Este Proyecto de Decreto-Ley contempla principios generales, acogidos por la mayoría de las legislaciones mineras, reafirma la declaratoria expresa de que las minas son propiedad de la República.
Esta declaración data del Decreto de El Libertador, dado en la ciudad de Quito el 24 de octubre de 1829, con lo cual se adelantaba sobremanera a las nuevas teorías y sistemas, sobre la nacionalización de las minas. A partir de este principio, el Estado se apunta como propietario, y no como simple administrador y de ello, que pueda explotar por sí mismo en un régimen de concurrencia con terceros mediante concesiones o reserva a la explotación, sin que en ningún momento se desprenda de la propiedad de las minas. El Proyecto adopta el sistema dominial que comprende la explotación directa o explotación mediante concesiones facultativas, las cuales eliminan el sistema regalista, y desaparacen de esta forma las figuras del denuncio, la exploración libre, la exploración exclusiva y el libre aprovechamiento. Se establece por vez primera el principio del desarrollo sostenible, el cual implica el ejercicio de la actividad minera en concordancia con aspectos ambientales, de ordenación del territorio, de estabilidad económica y de responsabilidad social, conjugados con principios de racionalidad y óptima recuperación del recurso. Otra figura de importancia reside en el hecho de que se atribuye al Estado la obligación exploratoria y el inventario de los recursos mineros. Para ello, se le confiere al Ministerio de Energía y Minas competencia sobre todas las materias relativas a la minaría, específicamente los planes de exploración, planificación, defensa y conservación, así como el régimen de la inversión extranjera.
El Título II de este Proyecto de Decreto- Ley referente a la Administración de las actividades Mineras regula el ejercicio de las mismas para atender los requerimientos del sector. El Título III, referente al Ejercicio de las Actividades Mineras, establece el principio de temporalidad de las concesiones, según el cual, la explotación de las minas tiene una limitación en el tiempo. En el Título IV se consagra una nueva figura distinta de la tradicional concesión, para tener una minaría de menor escala, como es, la pequeña minaría, la cual está concentrada específicamente en la explotación de oro y diamante. El Título V establece que las actividades de almacenamiento, tenencia, beneficio, manufactura, transporte, circulación y comercio, estarán sujetas a la vigilancia e inspección por parte del Ministerio de Energía y Minas. En el Título V relativo a la Fiscalización y Vigilancia de las Actividades Mineras, se crea el Resguardo Nacional Minero, con el carácter de órgano auxiliar del Ministerio de Energía y Minas, el cual será ejercido por el Ministerio de la Defensa, por órgano de las Fuerzas Armadas de Cooperación (la Guardia Nacional). El Título VII prevé el Régimen Tributario a fin de establecer un régimen fiscal fundamentalmente instrumental, que propicie la inversión privada nacional y extranjera. El Título VIII consagra las causales de extinción de los derechos mineros; se amplían las causales existentes de caducidad de las concesiones y se crean las causales de caducidad para las autorizaciones de explotación. El Título IX establece sanciones aplicables en caso de contravención de las normas previstas en este Decreto- Ley y se prevé las características para su aplicación. En el Título X se crea el Instituto Nacional de Geología y Minaría (INGEOMIN), el cual servirá como centro de información básica nacional, centro de acopio y divulgación de datos técnicos- científicos fundamentales sobre geología, recursos minerales, geotecnia, sismología, geoambiente y otros, necesarios para permitir la realización de los planes para el desarrollo minero. Finalmente, el Título XI, establece las Disposiciones Transitorias, según las cuales, la explotación de los minerales contemplados en el artículo 7� de la Ley de Minas se deroga, sometidos a las disposiciones de la misma hasta tanto los Estados asuman su misión descentralizadora, dictando una Ley Especial que regule la actividad de dichos minerales. Referencias:
AMORER R., E. (1991). El regimen de la explotaci�n minera en la legislaci�n venezolana. Colecci�n Estudios Jur�dicos. Caracas. Edit. Jur�dica Venezolana. N� 45, 269 p.
LEY DE MINAS: Copia de la Gaceta Oficial N� 121Extraordinario de 18 de enero de 1945. Editorial Eduven.
DECRETO N� 851 RESOLUCION 115: Gaceta Oficial N� 34.448 del 16 de abril de 1990.
DECRETO N� 1257: Gaceta Oficial N� 35.946 del 25 de abril de 1996.
RESOLUCION 56: Gaceta Oficial N� 5.079 Extraordinario del 19 de julio de 1996.
DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE MINAS: Gaceta Oficial N� 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999.
DECRETO DEL REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA (INGEOMIN): Gaceta Oficial N� 36.898 del 23 de febrero de 2000.
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