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Timestamp: 2020-02-17 07:32:23
Document Index: 340685904

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 45', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 84', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 81', 'artículo 116', 'artículo 116']

DS. Senado, Comisiones, núm. 309, de 28/05/2014
– Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
(Núm. exp. 621/000069)
Damos comienzo a la sesión de la comisión del día de hoy, en la que vamos a designar ponencia y sustanciar el debate y votación de dictamen, vetos y enmiendas del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
En primer lugar, vamos a proceder a aprobar al acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de abril.
¿Algún voto en contra, enmienda, o modificación? (Denegaciones.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, designación de la ponencia que informe el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
Procede designar la ponencia para este proyecto de ley.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Don Francisco Utrera Mora y yo mismo.
El señor LERMA BLASCO: El senador Manchado Lozano y yo mismo.
Por lo que se refiere al resto de grupos parlamentarios, se entiende que será miembro de la ponencia su único representante en la comisión.
En consecuencia, la ponencia quedaría integrada por los siguientes senadores: don José Enrique Fernández de Moya Romero, don Francisco Utrera Mora, don José Antonio Manchado Lozano, don Joan Lerma Blasco, doña María Eugenia Iparragirre Bemposta, don Ramón Alturo Lloan, don José Montilla Aguilera y don José Manuel Mariscal Cifuentes.
Se suspende la sesión hasta las doce horas. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con la enumeración de las propuestas de veto y de las enmiendas presentadas, por orden de menor a mayor.
Se han presentado a este proyecto de ley tres vetos y 151 enmiendas. El veto número 1 corresponde a los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2 es de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 3 es del Grupo Parlamentario Socialista. Las 151 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 38, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 39 a 48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; enmiendas 49 a 115, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 116 a 119, del Grupo Parlamentario Vasco; enmiendas 120 a 147, del Grupo Parlamentario Socialista; y enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia, cuya reunión ha acabado hace unos minutos, ha acordado por mayoría incorporar al texto del Congreso las enmiendas 148 a 151 —ambas inclusive—, del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Se debatirán, por tanto, los vetos.
En primer lugar, por orden de presentación, intervención del senador Quintero, para la defensa del veto número 1.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Doy por defendido el veto número 1, de los senadores Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal.
Doy por defendido el veto de los senadores Saura y Guillot, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.
Como ustedes saben, nosotros abrimos un periodo de reflexión en el debate a la totalidad en el Congreso y hablamos de una abstención, en el bien entendido de que pensábamos que era indispensable regular eso y endurecer las condiciones de funcionamiento del sistema financiero en general. Asimismo insistimos en la necesidad de la trasposición de las directivas europeas, pero, evidentemente, también en que era algo muy importante que requería un consenso nacional. Por eso, dejamos abierto el tema y planteamos no un voto en contra, sino una abstención. A continuación, en el debate en comisión, ya hablamos de algunos temas. Algunas posiciones han mejorado a resultas del debate logrado, pero, por otro lado, se ha producido un cierto endurecimiento de la posición del Gobierno en la actualidad, especialmente porque la referencia que se hace a las comunidades autónomas no es constitucional. Es una cuestión que anteriormente ya se había suscitado con otros proyectos de ley. Creo que en el tema concreto de la reforma del sistema financiero hemos avanzado demasiado en criminalizar a las comunidades autónomas en la responsabilidad de la crisis financiera.
La responsabilidad de la crisis financiera no era, desde luego —como se suele decir habitualmente de forma despectiva— por la presencia de políticos en los consejos de administración, porque no hay que olvidar que lo que hacíamos era intentar que la representación popular, la de los ciudadanos, tuviera una presencia en el control de unas entidades que no tenían dueño. Por otro lado no hay que olvidar tampoco que la crisis financiera no se ha producido como consecuencia de la presencia de políticos en las cajas de ahorros. Esto es algo que proviene de la falta de regulación del sistema financiero norteamericano, y no del sistema financiero legal —como erróneamente atribuye el ministro además—, sino concretamente del sistema financiero en la sombra, que no se ha mejorado en su regulación. Por tanto, esta crisis financiera no viene de las comunidades autónomas, o no solo de las comunidades autónomas, ni en absoluto de la presencia de los políticos, sino de la responsabilidad por la falta de regulación.
Insisto en que ahora parece un elemento positivo mejorar la regulación, así como endurecer las condiciones, pero, desde luego, es muy insuficiente, máxime haciéndolo unilateralmente, para las necesidades que tenemos y sobre todo para las explicaciones que piden los ciudadanos.
Por tanto, la crisis financiera es el producto de eso que he dicho. También es el producto de la mala o laxa regulación —que parece no tenerse en cuenta muchas veces—. En el caso concreto español es el producto del crédito barato, consecuencia de una regulación del Banco Central Europeo desligada de las necesidades de la economía española y buena parte de la Europa del sur en su momento. Pero también es el producto de muchos otros factores, fundamentalmente de los malos gestores, y, no cabe duda, que de la posición de algunas comunidades autónomas. Ahora bien, en absoluto se puede pensar que
restringiendo o quitando competencias a las comunidades autónomas se va a solucionar el problema de la crisis financiera.
Por otro lado, respecto a las condiciones de funcionamiento de las entidades financieras que vamos a trasladar —es decir, lo que se ha dado en denominar Basilea III, que endurece las condiciones de Basilea II y a su vez las anteriores—, a mí me parece insuficientemente ponderados los riesgos que están asumiendo. Siempre que se trata de esta cuestión se habla de endurecer los ratios de capital, pero realmente la solución de la banca y de la financiación no está en absoluto en eso. La realidad es bien distinta. Desde el punto de vista teórico no es ese el problema. Siempre que hay un largo período de crecimiento —como el que hemos vivido antes de 2007— se produce un exceso de crédito porque hay una mala valoración del riesgo por parte de las entidades financieras, de los reguladores y de los ciudadanos en general, y cuando esas condiciones se modifican rápidamente —por lo que sea—, todas las previsiones de insolvencia son insuficientes. Ahora vamos a adoptar una norma —en realidad, para generar colchones— que la economía española ya tenía y por la que había sido alabada, pero una economía española que ha resultado clarísimamente insuficiente para abordar el problema con el que nos estamos enfrentando. Además insuficiente es claramente la dotación que vamos a tener para abordar, por ejemplo, el cierre de entidades en Europa. Cierto que todo el mundo se preguntará: ¿Y de dónde sale más? Porque para abordar una crisis financiera del calibre de la que hemos tenido los instrumentos son insuficientes todavía, porque no avanzamos. Vamos a avanzar en la supervisión única, pero solo relativamente, porque prácticamente vamos a inspeccionar el 90% de entidades españolas y vamos a tocar muy de soslayo muchas entidades europeas que parece que están en bastante mala situación, que no han sido analizadas por un supervisor único hasta ahora y que tampoco han entrado en los test de estrés. Por tanto, es una situación claramente insuficiente y la solución todavía es muy nacionalizada —cuando se trataba de dar créditos y facilidades, desde luego la banca era europea, y cuando se ha tratado de abordar los problemas, entonces la banca se ha vuelto a nacionalizar—. En definitiva, aunque haya todavía supervisor único, para solucionar los problemas de alguna manera, se vuelve a nacionalizar la banca. Además me parece insuficiente la dotación que vamos a tener.
Basilea III es muy interesante porque endurece las condiciones, pero no sirve para abordar una crisis financiera como la que tenemos por delante. Nos hemos de dotar de instrumentos mucho más eficaces. No es cuestión de discutir ahora aquí la validez de Basilea III, pero sí la validez de las políticas económicas que se hacen, cuya consecuencia es que los balances de los bancos quedan tocados —y hundidos también posiblemente—. La realidad, insisto, es que si se endurecen las condiciones de los bancos para abordar una crisis como esta, no tenemos más solvencia, sino menos crédito y más caro, y un deterioro de los activos, que continúa, por tanto, como consecuencia de la aplicación de políticas que restringen el crecimiento. Y eso es lo que nos propone esta ley —con muchos aspectos técnicos, por otro lado, que yo tengo que decir que son muy razonables probablemente—. Ahora bien, no está justificada la tramitación de urgencia para una cuestión técnica como esta, que requiere un análisis mucho más en profundidad que el que vamos a hacer.
Con los problemas financieros que tenemos, es vergonzoso que abordemos esto en dos días. Esto no es razonable ni nos llevará a buenas cosas. El excesivo fervor legislativo que caracteriza a este Gobierno —más que legislativo, de decretos leyes— hace fundamentalmente que abordemos mal técnicamente leyes que son indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema financiero y de nuestra economía general. A veces, para temas que son poco importantes, se pasan años rodando por los ministerios otros proyectos de ley y este se trae con un plazo brevísimo, de urgencia, cuando resulta que ya están en vigor la mayor parte de las cosas que queremos trasponer. Por tanto, tendríamos que fijar un plazo mucho más amplio para poder actuar en un tema, cuya incidencia, repito, es tremenda desde el punto de vista de la economía y también desde el punto de vista de la sensibilidad ciudadana. No pueden ser todas estas cosas.
Por otro lado, como decía anteriormente, Basilea III avanza —es muy importante—, pero no es capaz de abordar la falta de crecimiento, y si hay falta de crecimiento, los bancos van perdiendo solvencia, y van perdiendo solvencia claramente por la inadecuación de la política financiera europea a la realidad económica que estamos viviendo. Porque ¿cuánto aumenta la solvencia de los bancos en Basilea III elevando las exigencias de capital? Pues mucho menos de lo que disminuye, teniendo un 0,5% de inflación en la zona euro, cuando la previsión tenía que ser un 2%. Esto es lo grave realmente, que no se actúe cuando estamos en esta situación, porque esto contribuye mucho más a la insolvencia de los
bancos que las dotaciones de capital. Y eso es lo que no se recoge, lo que no discutimos, lo que no debatimos y lo que no se puede hacer en dos días, como nosotros tenemos para debatir este proyecto.
Por último, y termino, me parece especialmente importante también el tema de los errores que solemos cometer en las técnicas legislativas como consecuencia del apresuramiento y de meter cosas que poco tienen que ver, en concreto —antes lo decía de broma, ahora lo digo en serio— la cuestión sobre la Ley del mercado de valores, que debería ser algo sobre lo que deberíamos estar discutiendo durante tiempo —además, técnicamente se requiere al tratarse de una ley con complejidad—. Es evidente que la protección del ciudadano y las necesidades de la economía justifican claramente que nos metamos en discusiones por separado respecto a todas las cosas que estamos regulando que a veces son más propias de un reglamento que de una ley—, pero aquí, en cambio, lo dejamos de lado, con una especie de disposición adicional, cuando carece de sentido que utilicemos estas técnicas legislativas y además, que lo hagamos individualmente.
Por todas estas cuestiones que he dicho, hemos tenido que pasar necesariamente de la abstención inicial esperanzada a la presentación de este veto, que, sin ninguna duda, hubiera tenido mucho mayor calado si hubiéramos tenido más tiempo para prepararlo.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionar en el ámbito de la Cámara lo que significa nuestro voto en contra a los tres vetos que se formulan —en este caso, por los grupos parlamentarios Mixto, Entesa y Socialista— y para saludar y valorar de manera muy positiva la llegada a las Cortes Generales en este momento, en su tramitación en el Senado, del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito concretamente.
He de decirles, señorías, que esta es, sin lugar a dudas, una norma jurídica, que, en opinión de nuestro grupo parlamentario, refuerza fundamentalmente el nivel de exigencia en materia de solvencia financiera y en algo extraordinariamente importante, en la regulación prudencial que afecta al conjunto de las entidades financieras. Saben ustedes, señorías, que, con ello, la propia normativa española incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis financiera que se produjo precisamente en el año 2008, y, además, lo hace con un carácter preventivo. El propio proyecto de ley —como conocen y saben sus señorías— absorbe el contenido del real decreto ley aprobado el 29 de noviembre de 2013, que hacía referencia a las materias más urgentes al respecto.
En ese sentido he de indicarles que el marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, que sale precisamente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea —más conocido, en términos coloquiales, como el acuerdo de Basilea III—, constituyó la respuesta internacional más relevante a las carencias regulatorias detectadas precisamente en el ámbito de esa crisis financiera.
Los ejes centrales de este acuerdo se transformaron a mediados del año pasado en una normativa que tenía carácter armonizador en el propio conjunto —en este caso, de la Unión Europea— mediante un reglamento y una directiva que hoy consumamos a través de este proyecto de ley en lo que significa la plena traslación y, en consecuencia, transposición al ordenamiento jurídico interno español. Este es un proyecto de ley cuyo contenido queda aglutinado en tres bloques: el primero aborda el régimen jurídico de las entidades de crédito, donde se incorporan de una manera clara, nítida y expresa los requisitos de autorización, de idoneidad, de identidad, de homogeneidad y de gobierno corporativo de las propias entidades financieras. En el segundo, hacemos referencia a la solvencia de las instituciones de crédito y a esa solvencia prudencial, incluyendo un régimen sancionador. En el tercero se modifica la Ley del mercado de valores para adaptarla fundamentalmente a lo que significa la normativa europea, con especial atención al régimen de las participaciones preferentes; también para adaptar dicha regulación interna española y la normativa comunitaria a los conglomerados financieros, así como para modificar la composición de la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos.
Tendremos oportunidad de debatir, de desarrollar y de ver lo que significan las 151 enmiendas. Quedan vivas actualmente 146, consecuencia de la incorporación de 4 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y de la enmienda número 44 formulada por CiU, sin perjuicio de dos transaccionales que hemos propuesto —43 y 45— al Grupo de Convergència i Unió, que debatiremos antes de la sesión
plenaria, pero permítanme, señorías, para terminar, decirles que la valoración que realiza mi grupo parlamentario, en este caso en apoyo al Gobierno, es la siguiente: recoge como objetivo y como contenido, una vez más, la incorporación de la totalidad de la normativa de la Unión Europea en materia de solvencia, la CRD IV —es decir, la Directiva de Adecuación de Capital—, que, evidentemente, vincula y obliga al país miembro, y que fue aprobada en junio del año pasado. Este proyecto de ley no solo incorpora esa normativa europea, sino que también fusiona, sintetiza y sistematiza la normativa de solvencia española, que hasta ahora era dispersa y que —como sus señorías saben— carecía de toda sistemática.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado rechaza los vetos planteados y da la enhorabuena al Gobierno de España por lo que significa esta actividad legislativa. Otros nunca la plantearon, nunca se atrevieron, vivían en la Champion League, pero nosotros queremos, evidentemente, poner de manifiesto el compromiso del Gobierno de España en la solvencia de las entidades financieras.
Únicamente quería anunciar que nuestro grupo se abstendrá en la votación de los vetos presentados.
Telegráficamente, quiero decir que nuestro grupo no ha formulado un veto a este proyecto de ley. No obstante, daremos nuestro apoyo a los tres vetos presentados. Lo haremos porque pensamos que este texto es necesario no solo por las cuestiones a las que se ha hecho alusión, sino por la necesaria incorporación de la directiva —en concreto, la CRD IV, como se ha dicho— a nuestra normativa y la adaptación de una parte de la normativa vigente, fruto en este caso de la aplicación directa del reglamento comunitario.
Pensamos que, por supuesto, es necesario mejorar la regulación, que es necesario reforzar la solvencia de las entidades, que es necesario mejorar la gobernanza de las mismas. Tal y como lo recoge la ley, hay aspectos que son mejorables, y, sin ningún género de dudas, tendremos ocasión de ampliar nuestro posicionamiento en el Pleno a través de las enmiendas y de su discusión correspondiente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho alusión a un tema que para nosotros es muy importante —que fue incorporado en el debate en el Congreso de los Diputados porque no figuraba en el texto inicial del Gobierno—, que es la modificación del protectorado de las fundaciones bancarias, ley que acabamos de aprobar hace cinco meses, lo cual quiere decir que hay —alguien podría decirlo— improvisación. Seguro que en la ley hay algunos aspectos que son improvisados, pero otros no son nada improvisados y seguramente obedecen a esa corriente uniformizadora y centralizadora que tiene la legislación de este Gobierno por lo que respecta a la invasión competencial de las comunidades autónomas, que no puedo por menos que poner de relieve. Por tanto, este proyecto de ley significa también una cierta ocasión perdida para acordar con la inmensa mayoría de grupos de esta Cámara un texto y una ley que es importante, que es necesaria y que seguramente por eso, entre otras cosas, requeriría que saliera con unos apoyos mucho más mayoritarios de los que me temo que tendrá este texto que hoy debatimos.
Simplemente quiero indicar que nuestro grupo se va a abstener en la votación a los vetos que se han presentado.
Evidentemente, este proyecto de ley supone un paso más en la reconstrucción y reordenación de nuestro sistema financiero. Quiero dejar claro que nuestro grupo siempre ha venido dando apoyo a estas normativas porque entendemos que la mejora del sistema financiero es clave para el crecimiento de nuestra economía. Así lo hicimos con la convalidación del Real decreto ley 14/2013, del pasado mes de noviembre. Gran parte de esta ley recoge lo que se traspuso en este real decreto. En un principio —cuando esta ley entró en el Congreso de los Diputados— nuestro grupo se posicionó en contra de los vetos que se habían planteado, pero en este momento, debido a que en el trámite de enmiendas en el Congreso ha habido un cambio importantísimo, un cambio negativo a través de la enmienda 144, que ha afectado a una ley —a la Ley de las fundaciones bancarias, a la que luego haré referencia— y a las competencias de las comunidades autónomas, debido a esta y a otras razones, que ampliaremos en el debate en el Pleno, mi grupo va a abstenerse en la votación de los vetos que se han presentado.
Le agradezco la explicación al Grupo Popular, el relato de que esto se trata de una trasposición, de que la voluntad fundamental es incrementar el control y la regulación, pero eso no contesta a mis posiciones y no es suficiente para que lo tomemos en consideración. Y no contesta a mis posiciones porque, en primer lugar —y es razonable—, el Gobierno se tiene que acostumbrar a no proponer, por razones de urgencia, la limitación de los plazos, hasta tal punto que ahoga en el Senado cualquier posibilidad de presentar nuevas enmiendas; no es razonable porque no está justificada la urgencia en este caso, porque la mayoría de las cosas que se han planteado ya están en vigor como consecuencia del real decreto ley. Por lo tanto, discutamos con tranquilidad, argumentemos, consultemos a los expertos, porque son cosas de una técnica tremenda que tienen que durar muchos años y ser muy eficaces para no volver a caer en esta situación. No digo que en el Congreso no se puedan aplazar las cosas, pero tampoco que en el Senado puedan entrar por razones de urgencia que no están justificadas. Creo que toda la comisión debería recurrir esta urgencia al Constitucional, o donde fuera necesario, porque no tiene ninguna justificación y el problema es importantísimo como para que podamos documentarnos suficientemente y mejorar la técnica legislativa, ya que se trata de una cuestión muy política, pero también muy técnica. Hay que justificar la razón de urgencia que, en mi opinión, no está justificada.
Por otro lado, tampoco está justificado que se tenga que hacer aquí la regulación del mercado de valores, que es una cosa muy compleja. Está muy bien unificar la legislación, pero hacerlo en su propia ley, para que la gente sepa a dónde se tiene que dirigir para saber cómo funciona esto. Hemos tenido bastantes problemas ya en el mercado de valores y hemos hecho ya suficientes cosas mal hechas como para que volvamos a caer en este error. Estas cosas no pueden ser, igual que la ley anterior —que no recuerdo, porque al final no puedes hacer referencia porque son leyes que no tienen nada que ver con lo que se incorpora—, donde todo el asunto de las zonas francas, que requería una regulación específica, lo metimos en una ley que no tenía nada que ver y seguro que hicimos una mala regulación. Esto no puede ser, no podemos consentirlo más, y no el Grupo Socialista, sino el Senado no puede consentir estos planteamientos. ¿¡Cómo podemos opinar adecuadamente con los plazos que se fijan y con la técnica que se utiliza!? Me parece una situación intolerable que no deberíamos consentir.
La última cuestión es que se ha introducido un tema competencial grave. Ya he dicho con anterioridad que está muy bien que a cada uno se le exija su responsabilidad, en concreto al regulador, a la mala construcción del euro, a la falta de instituciones para controlar todo esto, pero ¿la culpa de toda la crisis financiera la van a tener las comunidades autónomas y hay que arrebatarles las competencias como sea porque, si no, no puede funcionar? ¡Por favor! Esta situación no es comprensible en un Estado como el que tenemos nosotros, esta situación no puede ser, hay que moderar un poco ese afán, que no es recaudatorio en este caso, sino recentralizador, porque las instituciones funcionan si respetamos los ámbitos de discusión y no nos echamos la culpa unos a otros y asumimos cada uno nuestra propia responsabilidad. Creo que el Partido Popular se ha pasado mucho en el asunto competencial. Por tanto, no me han convencido las posiciones y deberían esforzarse más en justificar la urgencia, la regulación mal hecha del mercado de valores y el tema competencial.
Después de su vehemente y prolija explicación y en algún momento incluso un punto acalorada, quiero decirle, desde esta Presidencia, señor Lerma, que la declaración de urgencia, de conformidad con el artículo 90.3 de la Constitución, es competencia exclusiva del Gobierno.
Dicho eso, le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular, senador Fernández de Moya.
Con mucha brevedad, porque ha sido un argumento recurrente, tanto por el Grupo de Convergència i Unió como por el Grupo Parlamentario Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir algo que es de Perogrullo, pero que hay que ponerlo encima de la mesa, y es que el marco jurídico de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas tiene dos normas de referencia: la primera, la Constitución española y, la segunda, los estatutos de autonomía aprobados mediante ley orgánica, y este proyecto de ley es extraordinariamente respetuoso con la Constitución española y con el desarrollo normativo de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Esa es la opinión del Grupo Parlamentario Popular y es la que vamos a defender dentro de nuestro marco de convivencia, de nuestro marco normativo, de nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo digo para que no se siembre la duda acerca de invasión competencial, que no se produce desde nuestro punto de vista, sino más bien el oportuno respeto del desarrollo que hubo en su momento del Título VIII, vinculado a la organización territorial del Estado en el ámbito de la Constitución española, y el desarrollo normativo que se produce de los correspondientes estatutos de autonomía a través de las respectivas leyes orgánicas. Por lo tanto, en nuestra opinión, hay un respeto absoluto a lo que significa esa distribución competencial, que solo la puede enmarcar, hoy por hoy, en el ordenamiento jurídico español la Constitución española y los correspondientes estatutos de autonomía que se aplican en desarrollo de la Constitución y cuya existencia se debe precisamente en este caso a la propia Constitución española.
Una vez más, quiero poner de manifiesto, como he dicho en mi primera intervención, que los acuerdos establecidos en su momento en Basilea II y que ahora tienen su refrendo en Basilea III, como ustedes saben, se adoptaron en diciembre del 2010 por el Comité de Basilea en el ámbito de la supervisión bancaria. Entonces ustedes gobernaban España y nos decían que estábamos en la Champions League y, por consiguiente, no veían ningún problema en la economía española, ningún problema en las entidades financieras y no articularon ningún tipo de medida. Eso está ahí y la historia juzga a cada uno, entre otras cuestiones, por las iniciativas legislativas que ustedes no tuvieron y que nosotros sí tenemos. Y una parte de esa normativa, la más urgente, ya está en vigor desde el pasado mes de diciembre, en concreto desde diciembre del 2013, tras la convalidación del real decreto ley que se aprobó en materia de medidas urgentes relativas a solvencia y a supervisión de las entidades financieras. Señor Lerma, imagino que usted compartirá esta afirmación, pero usted sabe que la crisis ha tenido un marcado carácter financiero y ha puesto de manifiesto que los instrumentos que se tenían que poner a disposición para luchar contra esa crisis financiera eran manifiestamente mejorables y, en consecuencia, la regulación existente en ese momento no logró controlar el comportamiento de muchas entidades financieras, lo que provocó un agravamiento de esa inestabilidad del sector financiero y los efectos sobre la propia economía real, que se han prolongado durante mucho tiempo. Nosotros entendemos, y de ahí el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que era evidente que había que establecer unas nuevas bases para un sistema bancario solvente, sólido y que al mismo tiempo fuera capaz de resistir las turbulencias financieras, esas que ustedes decían que eran de la Champions League, las que nunca vieron, sobre las que nunca regularon, pero que sí llevaron a una situación de absoluta inestabilidad financiera al conjunto de la nación española.
Terminado el debate de los vetos con las intervenciones de los proponentes, el turno en contra y la posición de los diferentes grupos parlamentarios, pasamos a su votación por orden de presentación.
Veto número 1 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Veto número 2 de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Veto número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos al debate de las enmiendas presentadas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 38, del senador Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el senador Quintero.
Voy a ser muy breve. Doy por defendidas las enmiendas 1 a 38, de los senadores Iglesias y Mariscal.
Intervención del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para la defensa de las enmiendas 39 a 48.
Voy a darlas por defendidas. Agradezco que se haya aceptado en ponencia la enmienda 44. Teníamos una propuesta de 2 enmiendas transaccionales sobre la base de la 43 y la 45, pero debido a la brevedad de tiempo que hemos tenido lo que proponemos es analizarlas con más detalle y dejarlas para el Pleno para poder tratarlas con más rigor.
Quisiera hacer una defensa de manera especial de las 3 últimas enmiendas, es decir, de la 46, la 47 y la 48, que hacen referencia a la Ley de cajas y fundaciones bancarias, porque precisamente en el Congreso se introdujo una modificación en el artículo 45. Lo que proponemos a través de la enmienda 46 es la supresión de la disposición final décima, apartado uno. Con la enmienda 47 proponemos una modificación en relación con la disposición final décima, apartado tres. Y en la enmienda 48 proponemos la supresión de la disposición final décima, apartado tres.
Estas tres enmiendas, que hacen referencia al ámbito competencial de la Ley de fundaciones bancarias, son clave para volver a la posición que teníamos inicialmente. En consecuencia, pedimos al Partido Popular que las mire con atención puesto que son, insisto, de ámbito competencial, como más adelante demostraremos e indicaremos. Estas enmiendas establecen dudas en cuanto al protectorado de las fundaciones bancarias cuando su ámbito de actuación sea superior al propio de la comunidad autónoma donde tienen su sede social. Por lo tanto, pedimos que se valoren porque, desde nuestro punto de vista, son las más importantes.
Intervención del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Iparragirre para la defensa de las enmiendas 116 a 119.
Las doy por defendidas. Simplemente quiero decir que las enmiendas 116, 117 y 118 que presenta mi grupo responden a la necesidad de dar cobertura a dos sentencias del Tribunal Constitucional que ya mencionaré más detalladamente en el Pleno.
La enmienda 119 hace referencia a lo que ya se ha venido hablando anteriormente en relación con la disposición final que modifica lo aprobado en diciembre en la Ley de cajas de ahorros y fundaciones. Modifica el origen del texto que entró en el Congreso y que hoy viene al Senado, y a pesar de haber escuchado antes en boca del portavoz popular que a su entender se mantenían y respetaban los ámbitos competenciales, nosotros discrepamos de ello —en el Pleno lo explicaré con más detalle—. Antes CiU proponía la supresión, mientras que nosotros planteamos una exención en el sentido de que en aquellas
comunidades autónomas que ya lo tengan regulado no sea de aplicación porque entendemos que, además de ser una irrupción en la competencia que nos corresponde, incumple y rompe el acuerdo alcanzado en su momento cuando se aprobó la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. En el turno de portavoces explicaré cuál ha sido nuestra postura sobre el texto desde el origen de la tramitación parlamentaria y en qué punto estamos en este momento. En todo caso, agruparía las enmiendas de esas dos maneras.
Para la defensa de las enmiendas 49 a 115, tiene la palabra el senador Montilla.
Intervendré brevemente para dar por defendidas nuestras enmiendas. Lamento la nula receptividad del grupo mayoritario hacia ellas, como también hacia las de otros grupos. No a las de todos los grupos, pero sí a las de la mayoría de los grupos. No creo que no se pueda encontrar entre nuestras enmiendas nada que no sea aprovechable. Es tanto como si yo dijera aquí que de los 118 artículos de la ley más las 50 disposiciones adicionales, derogatorias y finales, no hay nada aprovechable. Compartimos la mayoría del contenido de la ley. Por lo tanto, lo que no entendemos es esta actitud.
También quiero hacer un comentario sobre lo que se ha puesto de relieve en las intervenciones tanto de Convergència i Unió como del Grupo Parlamentario Vasco y del propio Grupo Parlamentario Socialista respecto a la enmienda introducida en el debate en el Congreso y que afecta a las competencias de las comunidades autónomas en materia del protectorado de fundaciones bancarias. Coincido en que, por supuesto, la regulación ha de ser respetuosa con la Constitución —¡faltaría más!— y con los estatutos de autonomía, que forman parte del bloque constitucional, pero también, como muy acertadamente señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, con la jurisprudencia constitucional. Lo que no se puede hacer mediante la legislación estatal, sea de bases o no, como pone de relieve la jurisprudencia en esta y otras materias, es vaciar de contenido competencias que los estatutos reconocen a las comunidades autónomas, y yo creo sinceramente que estamos en uno de estos casos. Al menos esta es mi opinión.
Por supuesto que defenderemos nuestras enmiendas en el Pleno y allí ampliaremos la argumentación en torno a ellas.
Para la defensa de las enmiendas 120 a 147, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.
Intervengo para dar por defendidas nuestras enmiendas y para volver a hacer una breve reflexión sobre lo que ha planteado mi compañero el senador Lerma sobre la urgencia, inexplicable e inexplicada urgencia, reflexión que no haré de forma acalorada ni vehemente, aunque sí de forma práctica. Ya tenemos ejemplos de leyes que han pasado por el Congreso y por el Senado y que después se demuestra que tienen graves errores, e incluso son puestas en duda por los tribunales. Me voy a referir a la Ley de la justicia universal porque hasta los jueces plantean errores en ella.
Tramitar las cosas por urgencia tiene una consecuencia directa, y es que en el Senado no se puede mejorar la ley porque es imposible tener el tiempo suficiente para reflexionar, los grupos de la oposición para presentar alternativas y el grupo que apoya al Gobierno para analizarlas con tranquilidad. Por lo tanto, independientemente de a quién corresponda la competencia para fijar o no la urgencia, que no lo voy a discutir, lo que sí es cierto es que si la competencia es del Gobierno debería ser el grupo que apoya al Gobierno y que tiene la mayoría quien hiciera esta reflexión al Gobierno, porque si no es muy difícil para todos plantear nuevas alternativas y para el grupo que apoya al Gobierno estudiarlas.
Esta ley, aparte de trasponer una directiva y de toda una serie de cuestiones muy técnicas, tiene aspectos que conllevan un impacto social importante. En este momento la ciudadanía contempla con malos ojos, ve con malos ojos a las entidades de crédito porque estas han sido las que han provocado mucho dolor en muchas familias, y no deberíamos dejar pasar esta ley sin mejorar, desde nuestro punto de vista, todo lo que tiene que ver con la transparencia de la remuneración de los consejeros, con la responsabilidad de los consejeros, con el código deontológico de los consejeros y de los altos cargos de
las entidades de crédito, porque eso es algo que afecta, aunque sea de forma coyuntural, a personas que lo están pasando muy mal. Pero, además, nosotros hemos presentado enmiendas que son suficientemente sensatas como para que esta ley hable de cómo se recupera el apoyo público que han tenido los bancos. De eso debería hablar también esta ley, así como de otros temas, como el de la protección de los usuarios, el de las comisiones bancarias, el de las cláusulas abusivas de los contratos entre las entidades de crédito y los ciudadanos. Porque es algo que ha pasado en este país y volverá pasar. Y si esta ley no mejora este aspecto, estaremos dejando pasar una oportunidad.
Hace poco se ha elaborado un proyecto de ley que habla de refinanciar la deuda empresarial. Y, con ocasión de esta ley, este es un buen momento para aplicar algo parecido para las personas físicas. Una de nuestras enmiendas pretende que el Gobierno se comprometa a elaborar en un plazo de tres o seis meses —no recuerdo muy bien— un proyecto de ley de insolvencia de las personas físicas que contemple la insolvencia sobrevenida, porque eso está provocando mucho dolor en la ciudadanía española, en muchas familias que, además de tener los problemas derivados de la crisis, del paro, de la pobreza, tienen problemas con sus contratos con las entidades de crédito. Asimismo, proponemos que se hable de cuestiones como la limitación de los intereses de demora en las hipotecas. Y todo este tipo de cosas que afectan a los ciudadanos constituyen el grueso de nuestras enmiendas. Probablemente, con un proceso más tranquilo de debate podríamos haber llegado a acuerdos respecto a alguna de ellas.
Doy por defendidas el resto de enmiendas, pero quisiera que hicieran un esfuerzo. No voy a añadir el tema competencial, del que ya han hablado los compañeros, más allá de quién estuviera o no en la Champions League y más allá de este tipo de discursos que, desde luego, no solucionan ningún problema, y lo digo por el senador Fernández de Moya. Otros están en la Champions League de la recuperación y, sin embargo, tenemos un 60% de jóvenes en paro, un 27% de familias en riesgo de pobreza y más de 5 millones de parados. Pero discutiendo eso no vamos a solucionar el problema ni de los parados, ni de los jóvenes, ni de los pobres. Ese tipo de discursos no conducen a nada, no acercan posturas. Y no acercar posturas en temas como los que he aludido me parece un grave error.
Con esto termino y doy por defendidas el resto de las enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas 148 a 151, y entiendo que acumula también turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández de Moya.
Intervendré con brevedad en relación con la incorporación de las 4 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, sobre todo porque obran en poder de sus señorías. La enmienda número 148 es aquella que hace referencia a la modificación del párrafo undécimo del expositivo segundo del preámbulo II, que queda redactado conforme se establece en el contenido que ha formulado mi grupo parlamentario. Fundamentalmente, de lo que se trata es de adaptar la exposición de motivos a las modificaciones introducidas en el artículo 84 y en el apartado 24 de la disposición final primera del proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 149, que modifica el apartado 2 del artículo 84, el contenido literal se expresa en la propia enmienda que se formula, y su justificación es ampliar la habilitación para dictar las normas de contabilidad pública y los modelos a los que deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito.
La enmienda número 150, que modifica el apartado 24 de la disposición final primera, y que afecta al artículo 86 sobre obligaciones de información contable y de consolidación, establece que, dado el extenso periodo de tramitación de la norma, los plazos para la entrada en vigor de algunos artículos referentes a obligaciones de Gobierno corporativo podrían ser excesivamente cortos. De ahí que se proponga una ampliación del plazo hasta el 31 de octubre.
En último lugar, haré referencia a la enmienda número 151, al apartado 2 de la disposición final decimocuarta, cuya naturaleza es, fundamentalmente, de modificación. Pretende la sujeción de los estados financieros en virtud del artículo 84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.
Brevemente, quisiera contestar a algunas intervenciones. Vuelvo a reiterar respecto a la distribución competencial que, en nuestra opinión y en la del Grupo Parlamentario Popular, ese marco jurídico queda salvado en el contenido material de la ley. Además, el propio proyecto de ley ya contiene disposiciones
—baste leer la disposición final novena.3 o la disposición adicional quinta— que demuestran el escrupuloso respeto que se produce en relación con el marco jurídico constitucional y estatutario.
En cuanto al señor Montilla, hay una parte de su intervención que me ha llamado poderosamente la atención y que me ha chocado. Dice usted que comparte sustancialmente una parte importante de la ley, pero bien que vota a favor de los 3 vetos que se formulan. Por tanto, veo ahí una contradicción extraordinariamente importante, pues no sé cómo se puede salvar que estando sustancialmente de acuerdo con la ley, después se establezcan vetos y se voten a favor, vetos que precisamente solicitan la devolución del proyecto de ley.
En cuanto al PSOE, hay un discurso que no termino de entender, pero ahora que ustedes abren un periodo de reflexión, deberían hacerlo sobre ese no permanente a todo lo que trae el Gobierno de España, sobre todo porque ustedes no hicieron los deberes cuando tuvieron la oportunidad de legislar y de poner instrumentos normativos al servicio de los ciudadanos como lo ha hecho el Gobierno con este proyecto de ley, sin ir más lejos, en el tema de las participaciones preferentes. En ese sentido, les pido que reflexionen. Negaron la crisis como ahora niegan el inicio incipiente, muy pequeño, con mucha hoja de ruta por delante de recuperación económica. Pero, insisto, ahora que abren un periodo de reflexión, de verdad, háganlo sobre lo que a ustedes les está significando el no por el no a todo lo que plantea el Gobierno de España.
Continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.
Llama la atención que en la última intervención que acabamos de escuchar del portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya hecho alusión a lo pronunciado por el señor Montilla y tengo que decir que mi grupo comparte lo que el señor Montilla decía pues nosotros también estamos de acuerdo con gran parte de lo que plantea el proyecto de ley. Pero yo le haría un símil. Usted decía que está sustancialmente de acuerdo pero luego votaba a favor de los vetos. Pues ustedes suelen estar sustancialmente muy de acuerdo con las enmiendas que el resto de los grupos planteamos y, al final, nunca llegan a ninguna conclusión. El no por el no al que usted aludía refiriéndose al Grupo Socialista, podría aplicarse también al no por el no respecto de las enmiendas que se presentan. Digo esto como introducción porque a mi grupo le parecía positiva y necesaria la aprobación de este proyecto de ley, vista la experiencia de los últimos años en el sector financiero y la necesidad de adoptar medidas con el fin de reforzarlo. Porque la esencia del proyecto era la trasposición de un reglamento y de una directiva comunitaria con las que estábamos básicamente de acuerdo. Y, porque, además, durante el trámite parlamentario consideramos que se había mejorado con la aceptación de determinadas enmiendas, algunas nuestras, como, por ejemplo, las relativas a políticas de igualdad dentro de los consejos de administración y también de otros grupos. Pero, como ya se ha comentado, ha habido otros cambios sustanciales, especialmente tras la introducción de algunas enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Y, como dije anteriormente en la defensa de la enmienda número 119 que presenta mi grupo, seguimos siendo de la opinión de que este texto no respeta, en nuestro caso concreto, la ley de fundaciones del País Vasco. Además, los equilibrios políticos y los acuerdos alcanzados hace unos meses, como he citado también anteriormente respecto a la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, no sabemos muy bien dónde quedan. Nos parece que no son formas de legislar. Incluso, en el informe que nos ha trasladado la letrada, se considera que, desde el punto de vista técnico-legislativo, no parece lo más apropiado —y leo literalmente— que se modifique la disposición final primera de esta manera porque tiene entidad suficiente como para ser tramitada como proyecto de ley independiente. En algunos casos, como este, porque se considera que tiene entidad suficiente y por ello se le debería dedicar más tiempo, como ya se ha mencionado, y en otros, como es el caso de las cajas de ahorros y fundaciones, porque se desdice de lo que hace unos meses acordamos.
Por último, quiero hacer mención a la justificación de la urgencia, algo de lo que también se ha hablado anteriormente. Mi grupo no encuentra justificación para esa urgencia cuando, además, tras lo que aprobemos hoy, dentro de seis meses, con la aprobación de otra ley, vía enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular o de alguna otra manera, podemos encontrarnos con modificaciones de lo aquí acordado.
Por ello, he dicho al principio que sí que estábamos de acuerdo —he utilizado el pasado y no ha sido por error—, porque cuando uno está de acuerdo con el contenido, no cambia de la noche a la mañana, y las modificaciones que se han producido a lo largo del trámite parlamentario hacen que en este momento nuestra posición no sea la misma que en origen, sin ninguna duda.
El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para aclarar al señor Fernández de Moya que los senadores socialistas no hemos presentado veto a esta ley porque pensamos que es una ley necesaria. Hay una parte vigente después de la aprobación del decreto ley en su momento y es trasposición de una directiva cuyo contenido compartimos en gran parte. Otra cosa son todas aquellas cuestiones añadidas que ustedes han regulado y se podían haber regulado de otra manera, y aquí es donde está la cuestión, porque no hemos visto receptividad hacia alguna de nuestras enmiendas. ¿No les gusta ninguna de nuestras enmiendas? ¿Todas son descartables? ¿Las nuestras, las del Grupo Parlamentario Socialista? Nosotros somos de los que pensamos que las cosas no siempre son blancas o negras. Normalmente, nunca o casi nunca son blancas o negras, más bien son grises, y no hay algo que se haga del todo mal ni del todo bien. Yo no soy tampoco de los que dice que el Gobierno todo lo hace mal: algunas cosas no las hace mal, no me duelen prendas en reconocerlo; pero a veces parece que ustedes consideran que la oposición siempre lo hace todo mal. Hoy tenemos una prueba de ello: ninguna de nuestras enmiendas se ha incorporado, ninguna ha merecido su reconocimiento ni su discusión. No querrán que, además, tengamos una actitud positiva respecto a la ley.
Simplemente intervengo para hacer algunas reflexiones en relación con lo que se ha comentado. Como decía anteriormente, nuestro grupo dio su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 14/2013, del pasado mes de noviembre. Esta ley recoge en gran parte este real decreto ley, con lo cual, cuando se inició el debate en el Congreso de los Diputados, nuestro grupo era favorable a esta ley en su conjunto. ¿Qué ha ocurrido mientras? Lo que ha ocurrido es que estamos hablando de otra ley debido a las enmiendas que ustedes introdujeron en relación con las fundaciones bancarias, y me refiero al artículo 45 que hace referencia al protectorado. Cuando se tramitó y debatió la Ley de fundaciones bancarias, nuestro grupo se abstuvo, precisamente porque dice así: En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actividad principal exceda del territorio de una comunidad autónoma, el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad, en caso contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente comunidad autónoma. Nosotros nos abstuvimos por ello, porque si el protectorado tiene otro ámbito de actuación, algo tendrá que decir la comunidad autónoma, y después comentaré lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ahora resulta que, a través de la enmienda, este artículo 45 lo que hace es agravar todavía más la situación porque establece que una fundación bancaria excede de una comunidad autónoma cuando el 40% de la actividad de las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente, considerando la distribución territorial de los depósitos de sus clientes, se realice fuera de la comunidad autónoma en la que la fundación tiene su sede. Por tanto, desde este punto de vista, estamos agravando la situación que contenía el artículo 45 de la ley anterior.
Y permítame, señor Fernández de Moya, que lea el artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque usted dice que esta ley es respetuosa con el estatuto, y yo le digo que no. El artículo 120 del estatut dice: Corresponde a la Generalitat, en relación con las cajas de ahorros domiciliadas en Cataluña, la competencia exclusiva sobre la organización, respetando lo que dicte el Estado sobre las bases de la normativa actual. En todo caso, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que es materia de competencia exclusiva la determinación de los órganos de gobierno, el estatuto jurídico de sus miembros, el régimen jurídico de creación, fusión y liquidación de cajas, las potestades sobre las fundaciones y la regulación de las agrupaciones de cajas que se creen. Lamentamos muchísimo que
estas enmiendas, y la que introdujeron en su momento, vayan en sentido contrario de lo que entendemos que son competencias autonómicas.
Por tanto, les queda margen de aquí al pleno de la semana que viene, para reflexionar sobre esta cuestión. En definitiva, nosotros hoy, aquí, nos vamos a abstener por estas razones porque vemos claramente que es una situación que perjudica a las fundaciones bancarias. Estamos hablando de otra ley que ya pasó por aquí; hemos empeorado las circunstancias y esto ha hecho que nuestro sentido del voto cambie con respecto a la previsión inicial.
Quiero empezar mi intervención asegurando al señor Fernández de Moya que mi partido reflexionará lo que consideremos que tenemos que reflexionar y, desde luego, sin aceptar ningún consejo. El discurso del no permanente es un eslogan, porque quiero recordarle que las dos últimas leyes en las que yo he participado como ponente las hemos aprobado por unanimidad. Hemos votado con el Partido Popular la Ley de telecomunicaciones y la Ley de cámaras, por tanto, a lo mejor el problema no está en este grupo sino en el otro; a lo mejor, cuando ustedes se muestran dispuestos a dialogar, como se mostró el Gobierno en el caso de la Ley de telecomunicaciones y en la Ley de cámaras planteando la presencia en esta Cámara de los secretarios de Estado de Comercio y de Telecomunicaciones, llegamos a algún acuerdo. Por tanto, a lo mejor hay que mirar cuál es el problema porque, a veces, no está en el vecino sino en uno mismo, con lo cual, lo del no permanente no es cierto, es radicalmente falso. Quiero que conste en el Diario de Sesiones que es falso porque nosotros hemos aprobado últimamente, en este periodo de sesiones, al menos esas dos leyes con el Grupo Parlamentario Popular. Por consiguiente, no es verdad lo del no permanente y tampoco es verdad que esta ley sea perfecta. Y sigo diciendo que en esta ley, seguramente con los mismos interlocutores —con ustedes— y con los mismos miembros del Gobierno, los que correspondan en este momento, con más tiempo, probablemente llegaríamos a alcanzar acuerdos; probablemente, algunas de esas enmiendas que hemos presentado todos los grupos les parecerían correctas y las incorporaríamos a dicha ley, con lo cual, la ley sería mejor. Ese es el planteamiento del que deberíamos partir siempre que empezamos a debatir leyes.
Quiero que tengan en cuenta esto. Desde que estoy aquí, en el Senado, no he hecho ninguna intervención ni en comisión ni en Pleno que cierre la puerta al acuerdo, absolutamente ninguna. Y como los Diarios de Sesiones son testigos de lo que le digo, le reto a que los lean y me digan en qué momento yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, cuando dicho grupo me ha dado la posibilidad de ser su portavoz, he cerrado la puerta a alcanzar acuerdos; en ninguno, y en este caso tampoco. Lo que ocurre, señor Fernández de Moya, es que nosotros entendemos que este es un proyecto de ley que traspone la directiva en algunos casos, como el de las preferentes, pero que, en el fondo, se olvida de una parte muy importante de las entidades de crédito, que son sus clientes, sus usuarios, y que es mejorable desde ese punto de vista. Por tanto, lo que les pedimos es que la mejoremos entre todos. Esa es la petición que hacemos, que mejoremos un proyecto de ley que se olvida de los usuarios y de los clientes y que tiene tics que nos hacen pensar que son más cómplices de determinadas prácticas que han pasado y que han producido dolor en España que de la voluntad de solventarlos. Si ustedes son capaces de reflexionar y llegar a acuerdos sobre algunas enmiendas, a lo mejor seremos capaces de llegar a acuerdos en el proyecto de ley. Y yo coincido con los senadores que han señalado que es un proyecto de ley lo suficientemente importante como para que salga con más acuerdos que con el simple voto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pero, como siempre, está en sus manos; son ustedes quienes tienen que demostrar la voluntad de diálogo, y mientras no la demuestren ustedes no nos acusen a nosotros del no permanente.
Afortunadamente, todo queda reflejado en el Diario de Sesiones, y probablemente haya sido un error de la senadora vasca, porque en ningún momento yo he dicho que estuviera sustancialmente de acuerdo con las enmiendas que se han formulado a este proyecto de ley. No sé de dónde se ha sacado usted esta afirmación. Yo he dicho que estoy de acuerdo con las cuatro enmiendas que ha incorporado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y con la enmienda número 44, en este caso, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y 43 y 45 que estamos transaccionando. Yo le pediría que usted me dijese en qué momento de esta comisión yo he dicho que estoy sustancialmente de acuerdo con las enmiendas, porque simple y llanamente no es verdad, y es un dato objetivo que se puede constatar consultando el Diario de Sesiones.
Senador Alturo, yo lamento profundamente que usted solo me lea el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Por qué no me ha leído el 149 de la Constitución Española, que establece la planificación de la actividad económica general y la legislación básica a través de instrumentos a entidades financieras y como mecanismo de supervisión que corresponde al Estado respecto a las comunidades autónomas? Es que la Constitución está por encima del Estatuto de Autonomía; el Estatuto de Autonomía existe porque existe la Constitución Española, si no, no habría Estatuto de Autonomía. De hecho, se aprueban por leyes orgánicas, tal como prevé el artículo 81 de la Constitución Española, que es fuente autónoma y heterónoma de norma jurídica, y es la que genera la existencia de una ley orgánica que delimita que se apruebe un estatuto de autonomía. Por lo tanto, léame usted lo que significa la ley de leyes, la norma de normas, que es la norma suprema, y no es el Estatuto de Autonomía, es la Constitución Española de 1978. Lo digo porque es importante que si hablamos de normativa jurídica y de ordenamiento jurídico interno citemos las fuentes que obligan al Gobierno, es decir, el principio de legalidad y de jerarquía normativa; y en este caso lo es la Constitución Española, y yo estaré encantado de debatir —algunas sentencias del Tribunal Constitucional tengo ya preparadas para el debate en el Pleno— sobre el ámbito y delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia.
Señor Manchado, le vuelvo a reiterar que ahí está el Diario de Sesiones, y ustedes están permanentemente en el no por el no. Yo les invito a que reflexionen si esa estrategia es o no correcta; y como ustedes han abierto ese período de reflexión, que puedan trasladar a toda la sociedad española si esa estrategia es o no correcta.
Señoría, usted se ha referido a las preferentes. Y yo quiero recordarle algo que me parece importante. En el caso de las preferentes, hemos introducido tres cambios; lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular, no el Gobierno socialista, con el que se generó y creó el problema. Lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. El precio de la preferente tiene que estar fijado al menos por un segmento institucional que suponga el 50% —medida aprobada por el Gobierno del Partido Popular—. No se pueden hacer inversiones de menos de 100 000 euros para evitar que haya pequeños ahorradores —medida aprobada por el Gobierno del Partido Popular—. Y, por último, se obliga a poner de puño y letra que, efectivamente, se entiende qué es este producto.
¿Por qué no lo hicieron ustedes? Esto es muy sencillo. ¿Por qué no legislaron ustedes? Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que lo ha hecho, y esto ha generado mucho sufrimiento en muchos ciudadanos españoles; pero indudablemente ha sido este Gobierno el que ha tomado las medidas, y eso está ahí y es un dato objetivo.
Yo lo único que les pido es que reflexionen de aquí al Pleno de la semana que viene en donde debatiremos, siempre con respeto, lo que significa la posición de cada uno de los grupos parlamentarios, pero como yo vengo de una tierra, la tierra andaluza, donde se vive con pasión la política, como en otros muchos lugares de España, evidentemente, cada formación política y cada grupo parlamentario, legítimamente, expondrá cuál es su criterio, su opinión y su votación final.
Por cierto, también quiero dejar muy claro, tal y como ha dicho el presidente de la comisión, que si ustedes se repasan el Reglamento de la Cámara que nos rige, que es nuestra norma interna, el Gobierno ejerce su facultad, desde el punto de vista formal y material, si quiere declarar el procedimiento en su tramitación de urgencia. Nadie lo discute; como ustedes lo hicieron cuando gobernaron con Zapatero, con Felipe González y cuantos presidentes del Gobierno ha tenido la democracia española.
Por lo tanto, el Gobierno está ejerciendo en su ámbito formal y material una competencia que le confiere la normativa por la que se regula la tramitación de una iniciativa legislativa que emana del Gobierno y —señor presidente, con esto termino— el Grupo Parlamentario Popular apoya.
Muchas gracias. (La señora Iparragirre Bemposta pide la palabra.)
Sustanciado el debate de las enmiendas y conforme determina el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, sometemos a votación la propuesta que ha formulado la ponencia, que ha acordado por mayoría incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados... (La señora Iparragirre Bemposta pide la palabra.) Entiendo que pide la palabra por alusiones.
La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí, quisiera hacer la aclaración que él ha pedido.
Sin duda, en el Diario de Sesiones estará lo que he dicho. Quizás lo que he dicho no es lo que quería decir y eso es lo que quería explicarle. No se sonría. Usted ha pedido una aclaración y yo se la doy. No tengo ninguna dificultad en explicar cuál era mi intención. He tomado nota cuando decía que, sustancialmente, estando de acuerdo, votará a favor de los vetos. El paralelismo que quería hacer era que en muchas ocasiones —quizás no en el caso de estas enmiendas y por eso lo que he dicho no era correcto—, en el hemiciclo, en la sesión plenaria, referido a una moción o a otra iniciativa, escuchamos de boca del Grupo Parlamentario Popular que pueden estar de acuerdo, pero siempre hay una justificación —lógicamente, como usted ha dicho al final, legítima desde la opinión que cada uno tiene— para terminar diciendo que no nos la pueden aceptar. Ese paralelismo entre estando de acuerdo, no poder aceptar, o estando sustancialmente de acuerdo, no poder votar a favor es el que he tenido la intención de hacer. Sin duda, el Diario de Sesiones reflejará que lo que estoy diciendo ahora no es lo que he dicho antes. Pero ya que usted ha pedido la aclaración, quiero indicar simplemente cuál ha sido mi intención.
Muchas gracias por el turno.
El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Como la conozco, me ha extrañado esa afirmación. Por lo tanto, le agradezco la aclaración, porque sé que usted trabaja con rigor y con precisión. Por eso me ha extrañado esa afirmación que no había salido de mis labios.
El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión, continuamos.
Esta Presidencia estaba diciendo que, conforme al artículo 116.2 del Reglamento del Senado, una vez terminado el debate, vamos a someter a votación el acuerdo del informe de la ponencia, que por mayoría ha determinado incorporar el texto del Congreso de los Diputados las enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
En tal sentido, sometemos a votación dicho informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 7; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito que hemos sustanciado en la sesión de la comisión del día de hoy.
Les comunico a todos ustedes que el plazo para la presentación de los votos particulares termina mañana. Además, hay que designar al miembro de la comisión que hará la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios señores miembros de la comisión: El presidente de la comisión.) Esta Presidencia sustanciará dicha presentación.
Muchas gracias a todas sus señorías por su asistencia, por el nivel y por la profundidad del debate que se ha mantenido en relación con este importante proyecto de ley.