Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655373
Timestamp: 2019-05-19 21:45:07
Document Index: 365119720

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 235', 'in fine', 'artículo 149', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 22']

BENEFICIOS PARA PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
ADECUACIÓN DE PLAZOS PROCESALES EN LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO. Tercer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
MODIFICACIÓN DE REQUISITO PARA OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR. Segundo trámite constitucional.
POSTERGACIÓN DE DISCUSIÓN DE PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.600, SOBRE DISCAPACITADOS MENTALES.
INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE SALUD.
INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
AGILIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA A CORPORACIONES. (Votación).
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACITADOS.
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE PLAN ESTRELLA EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE APORTES A LA RED ECOLÓGICA ECO90. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS RELACIONADAS CON SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
ESTABLECIMIENTO DE PODER COMPRADOR PARA PEQUEÑOS MINEROS DE CHAÑARAL. Oficios.
ANTECEDENTES SOBRE APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO DE VERTEDERO LOS GUAYACANES, DE PUDAHUEL. Oficio.
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
CATASTRO DE PROPIEDADES AFECTADAS POR OBRAS DE EXTENSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO. Oficio.
PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO SOBRE SITIOS ERIAZOS. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO EN CONVENIOS TELEFÓNICOS. Oficio.
AVANCE DE ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE VADO BUENOS AIRES, EN ANGOL. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE REQUISITO EXIGIDO A POSTULANTES DE VIVIENDAS BÁSICAS. Oficio.
ANTECEDENTES SOBRE DESCUENTOS EN PLANILLAS A PROFESORES DE PURÉN. Oficio.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES. Oficio.
VOTACIÓN EN EL SENADO DE PROYECTO EN FAVOR DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES.
RÉPLICA A COMENTARIO PERIODÍSTICO.
Sesión 44ª, en jueves 15 de marzo de 2001
(Ordinaria, de 10.42 a 14.10 horas)
Presidencia de los señores León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I. Asistencia9
II. Apertura de la sesión12
III.Actas12
IV.Cuenta12
V.Acuerdos de los Comités12
Beneficios para pequeños mineros y mineros artesanales. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta12
Adecuación de plazos procesales en la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Tercer trámite constitucional15
Modificación de requisito para obtener licencias de conducir. Segundo trámite constitucional17
Postergación de discusión de proyecto que modifica la ley Nº 18.600, sobre discapacitados mentales22
Investigación sobre el derecho de acceso a los sistemas de salud23
Agilización del otorgamiento de personalidad jurídica a corporaciones. (Votación)41
Constitución de Comisión especial de estudio de la legislación sobre discapacitados42
Información sobre aplicación de Plan Estrella en la Cuarta Región. Oficio43
Información sobre aportes a la red ecológica Eco90. Oficios44
Información sobre materias relacionadas con salud, educación y vivienda de la Décima Región. Oficios44
Establecimiento de poder comprador para pequeños mineros de Chañaral. Oficios45
Antecedentes sobre aprobación de autorización provisoria del vertedero Los Guayacanes, de Pudahuel. Oficio46
Calendario de ejecución de obras en la Primera Región. Oficio48
Catastro de propiedades afectadas por obras de extensión de la línea 2 del Metro. Oficio48
Patrocinio del Ejecutivo a proyecto sobre sitios eriazos. Oficios49
Información sobre procedimiento en convenios telefónicos. Oficio50
Avance de estudios para construcción de puente sobre vado Buenos Aires en Angol. Oficio51
Información sobre requisito exigido a postulantes de viviendas básicas. Oficio51
Antecedentes sobre descuentos en planillas a profesores de Purén. Oficio51
Tramitación de proyecto de ley sobre responsabilidad penal de menores. Oficio52
Votación en el Senado de proyecto en favor de pequeños mineros y mineros artesanales53
Réplica a comentario periodístico53
1.Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, a la vez que condona recargos legales y concede facilidades de pago para patentes atrasadas. (boletín Nº 263208)56
2.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 199311) (S)56
3.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que denomina Aeropuerto “PresidenteEduardo Frei Montalva” al actual aeródromo de Balmaceda, ubicado en la comuna de Coihaique, de la Undécima Región de Aisén, General Carlos Ibáñez del Campo (boletín Nº 145606) (S)60
4.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto que modifica el artículo 16 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional (boletín Nº 54707)64
1.Oficios: De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como presidente al diputado señor Ascencio
De los diputados señores Kuschel, Vega y Fossa, contratación de personas discapacitadas.
De los diputados señores Rocha, José Pérez y Ortiz, construcción de camino entre las comunas de Curanilahue y Nacimiento.
Del diputado señor Navarro, estado de seguridad de las instalaciones deportivas del país donde se efectúan encuentros masivos de público.
Del diputado señor Pedro Muñoz, iniciativas para zonas australes.
De los diputados señores Hales, Navarro y Tuma, sucesos del Medio Oriente.
De las diputadas señoras González, Caraball, Pollarolo, Saa y de los diputados señores Caminondo, Fossa, Gutiérrez, Jaramillo, Felipe Letelier, Navarro, Ojeda, Joaquín Palma, Pareto, Urrutia y Velasco, organizaciones civiles de Arica y Parinacota.
De la Corporación, veda del recurso erizo en las regiones Décima a Duodécima.
De la Corporación, subsidio de agua potable y alcantarillado para personas jurídicas sin fines de lucro.
Del diputado señor Kuschel, inspección y supervisión de escuelas.
De los diputados señores Rincón, Vilches y diputada señora Prochelle, Centro Penitenciario de la comuna de Rengo.
Del diputado señor Jarpa, montos invertidos por Digeder en los últimos años en proyectos de comunas de la VIII Región.
De la Corporación, pavimentaciones participativas en caminos rurales.
De los diputados señores Mulet, Acuña, René García, Gutiérrez y Rincón, licitación forestal campesina.
De la diputada señora Soto, medidas de protección adoptadas al ingreso de productos cárnicos importados.
De la Corporación, medidas de salvaguardia a las importaciones de queso.
Del diputado señor Navarro, concesiones bienes nacionales.
Del diputado señor Mora, venta de terrenos en la ciudad de Calama.
Implementación acuerdo nacional de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales.
Del diputado señor Navarro, diversas materias relacionadas con comunas de la Región del Biobío.
De los diputados señores Jiménez, Velasco, Jaramillo y Rocha, situación de deudores hipotecarios del Serviu y del Banco del Estado.
Del diputado señor Juan Bustos, situación de familias cuyos terrenos fueron expropiados con motivo de la construcción del proyecto Troncal Sur.
De las diputadas señoras González, Caraball, Pollarolo, Saa y diputados señores Caminondo, Fossa, Gutiérrez, Jaramillo, Felipe Letelier, Navarro, Ojeda, Joaquín Palma, Pareto, Urrutia y Velasco, carta de organizaciones civiles de Arica y Parinacota.
Del diputado señor Pedro Muñoz, programa de fluoración del agua potable en la XII Región.
De la Corporación, eliminación de guías de tránsito para el transporte de ganado.
Del diputado señor Krauss y comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, programas de proyectos en beneficio de personas con discapacidad.
Del diputado señor Velasco, apoyo financiero del Banco del Estado al grupo económico Luksic para compra de acciones Banco de Chile.
Del diputado señor Delmastro, antecedentes sobre situación previsional de los señores Jara y Catrifilo.
De las diputadas señoras Allende, Caraball y diputados señores Velasco, Rocha y Jiménez, investigación en sector productivo del cuero y el calzado.
De las diputadas señoras Allende, Caraball y diputados señores Velasco, Rocha y Jiménez, investigación sector productivo del cuero y el calzado.
De la diputada señora González y diputado señor Mora, antecedentes relativos al ciudadano peruano Fredy Sánchez.
De los diputados señores Velasco, Pareto y diputada señora Caraball, agradecimiento por homenaje al padreAlberto Hurtado.
Fondo Nacional del Desarrollo de las Artes
Dirección Nacional de Obras Hidráulicas
Asistieron los siguientes señores diputados: (92)
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Aldo Cornejo.
Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El acta de la sesión 37ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 38ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Señor Presidente, quisiera saber en qué forma se van a distribuir los tiempos para el tratamiento de los tres proyectos enunciados en la tabla del Orden del Día, porque entiendo que sólo se ha destinado una hora para ello.
Señor diputado, la bancada de la Democracia Cristiana ha solicitado a la Mesa una reunión de Comités para precisar ese punto.
En consecuencia, cito a reunión de Comités.
Se suspendió la sesión.
Informo a la Sala que los Comités acordaron, por unanimidad, incluir en la tabla del Orden del Día las modificaciones del Senado al proyecto de ley, calificado de “discusión inmediata”, que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en casos de patentes atrasadas.
El Senado rechazó, en su sesión de ayer en la tarde, el artículo único. Debemos recordar que la Cámara aprobó por unanimidad este proyecto en la sesión del martes pasado.
Por lo tanto, corresponde que la Sala se pronuncie sobre las modificaciones del Senado. Los Comités consideraron que el proyecto debería ir a comisión mixta, y acordaron conceder cinco minutos a las bancadas de la Oposición y cinco a las de Gobierno, con el objeto de que formulen algunos alcances sobre las modificaciones del Senado. A continuación, se procederá a votarlas.
Como dicho proyecto también será tratado en el Orden del Día, quedarán sólo 50 minutos para discutir algunos o los tres proyectos que figuran en la tabla. El tiempo restante se destinará al tratamiento del informe de la Comisión de Salud.
El señor (Vicepresidente).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en casos de patentes atrasadas.
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2632-08. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.
Señor Presidente, haciendo uso de los cinco minutos acordados por los Comités para referirse a este proyecto, deseo manifestar que ayer tuve oportunidad de escuchar el debate de esta iniciativa en el hemiciclo del Senado, la cual consta de un artículo único y de otro transitorio.
El Senado rechazó el artículo único argumentando que la rebaja de las patentes mineras a los pequeños mineros y mineros artesanales podría ser mal utilizada por personas que, debido al valor que tendrían ahora, intentarían solicitar tal cantidad de concesiones mineras que cubrirían todo el país. Creo que ese argumento es infundado, malo y alejado de la verdad, porque con el precio actual de las patentes mineras los inversionistas podrían hacer lo mismo. En consecuencia, aquello no es razón válida para fundamentar el rechazo del artículo único del proyecto.
Existen dos razones para fiscalizar el empadronamiento de los pequeños mineros y mineros artesanales. Una, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin , tiene la obligación legal, para dar cumplimiento a la normativa sobre seguridad, de empadronar a todos los pequeños y medianos mineros y a las grandes empresas que trabajan en esta actividad, razón por la cual es imposible que alguien que no realice tal actividad pueda ser calificado como pequeño minero. Entonces, este argumento también invalida las razones del rechazo propuesto por el Senado. Otra, la ayuda que se entrega a los pequeños mineros es precisamente para reconocer que dentro del sector existen pequeños productores, con muy pocos recursos. Cuando los precios internacionales de los metales están en un muy buen nivel, ellos tienen la posibilidad de trabajar intensamente sus minas, lo cual aumenta la generación de empleo.
El desorden existente, que nos ha obligado a aprobar sucesivas leyes para condonar el pago de las patentes mineras, no puede continuar. El proyecto apunta precisamente en esa dirección: ordenar en forma definitiva ese aspecto.
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado señor Rincón.
Con cargo a los dos minutos que restan al diputado señor Vilches , tiene la palabra el diputado señor Rincón.
Señor Presidente, agradezco al diputado señor Vilches el tiempo que me concede. Sólo deseo reafirmar lo que él ha dicho.
Estamos convencidos de que el proyecto debe ir a comisión mixta, pues se trata de una iniciativa que tuvo gran consenso en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y que fue aprobada por una amplia mayoría. Por eso, nos sorprende mucho el rechazo del Senado, y la cuestión de fondo, considerar sus normas de quórum especial, complicó el asunto.
Las cien hectáreas de que se trata significan no más allá del 2,2 por ciento del total nacional. Además, estamos hablando de un pago muy distinto: antes llegaba a 280 mil pesos y, en el futuro, sólo será de 280 pesos.
Junto con avalar lo expuesto por el colega señor Vilches , quiero señalar que nos interesa enviar el proyecto a comisión mixta y despacharlo rápidamente la próxima semana.
Restan diez segundos al diputado señor Vilches .
Señor Presidente, sólo redondearé la idea: solicitamos que, en comisión mixta, ojalá se incorpore la modificación del artículo 149, que apunta exactamente en la dirección del proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Por último, quiero hacer notar que el debate que presencié en el Senado no tuvo nada que ver con la calidad y el nivel del que hubo en esta Cámara sobre el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mulet .
Señor Presidente, en verdad nos sorprendió el rechazo del proyecto por la unanimidad de los senadores de Oposición.
Es importante destacar que cuando lo discutimos en la Cámara, tanto los diputados de Renovación Nacional de las zonas mineras como los de la Concertación apoyamos en forma irrestricta el proyecto, pues conocemos la realidad que se vive en esas regiones.
El diputado señor Vilches presenció el debate en el Senado y creo importante destacar lo que señala: hubo desconocimiento de muchos senadores sobre lo que ocurre con la pequeña y mediana minería.
Ojalá enviemos el proyecto a comisión mixta para que el Senado enmiende el error que cometieron los senadores de Oposición.
Quiero destacar que la iniciativa beneficia a más de cuatro mil pequeños mineros y mineros artesanales. Se ha dicho que discrimina, porque establece patentes diferenciadas para los pequeños mineros y mineros artesanales, respecto de lo que pagan los grandes mineros. Efectivamente es así; pero la diferenciación ya existe en nuestro Código de Minería en favor de los salares, afectos a una patente mucho más baja que la que pagan los mineros por exploración o explotación. Es decir, no es primera vez que se introduce una diferenciación, sólo que ahora se consagra una nueva en favor de los pequeños mineros y mineros artesanales.
Debemos tener presente que desde la dictación del último Código de Minería, las grandes empresas, que, por cierto, benefician al país, se han apropiado de gran parte de las zonas mineras, y prácticamente los pequeños y medianos mineros han desaparecido, porque no cuentan con los recursos suficientes para constituir la propiedad y pagar las patentes.
El no darles la oportunidad de acceder a una patente más barata significa ponerles la lápida a los pequeños propietarios mineros y mineros artesanales del norte. Eso es lo que está sucediendo. Algunas personas quieren que desaparezcan, pero ojalá lo digan derechamente.
Estoy convencido de que los colegas rechazarán la propuesta del Senado, con el objeto de enviar el proyecto a comisión mixta.
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela .
Señor Presidente, la Cámara de Diputados aprobó el artículo único del proyecto sin hacer caso de la recomendación de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami , que en un texto de tres páginas, hecho llegar a los parlamentarios, solicitaba aprobar el artículo transitorio y rechazar el permanente. Eso fue lo que hizo el Senado. No entendió que el artículo único entrega un subsidio a los pequeños mineros y mineros artesanales, no generalizado, como lo desea la Sonami. Eso significa un gasto, para el erario, de 18.700.000 pesos. Otorgarlo como lo propone el Senado implica gastar 2.500 millones de pesos. Incluso el rechazo del artículo único sería inconstitucional, porque se está forzando a efectuar un gasto, para lo cual no se tienen atribuciones. Esa es la verdad.
A mi juicio, el Senado está actuando como el perro del hortelano: no come él, ni quiere que coman los demás.
Si le parece a la Sala, se rechazarán por unanimidad las modificaciones del Senado.
Rechazadas las modificaciones del Senado.
Solicito a los jefes de bancada que, a la brevedad posible, entreguen a la Mesa los nombres de las personas que integrarán la Comisión Mixta.
Posteriormente, la Sala adoptó el siguiente acuerdo sobre este asunto:
Propongo a la Sala que la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, quede integrada por los diputados señores Antonio Leal , Ricardo Rincón , Jaime Mulet , Carlos Vilches y Cristián Leay .
A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que establece adecuaciones a la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado.
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2455-07, sesión 34ª, en 16 de enero de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 12.
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta .
Señor Presidente, voy a rechazar las modificaciones introducidas por el Senado al artículo único del proyecto por dos razones fundamentales.
El Senado, en lugar de contribuir a fortalecer el llamado privilegio procesal del Consejo de Defensa del Estado, respecto de la manera de contar los días o plazos que, en la interpretación de la Corte Suprema, se trata de días corridos, y, según el proyecto, de días hábiles, cambió esa situación y derogó los artículos Nºs 49 y 50 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Pero, al hacer dicho cambio, infringió el artículo Nº 66 de la Constitución Política y el artículo Nº 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, puesto que sólo se pueden admitir aquellas indicaciones que tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Reitero que, en lugar de fortalecer ese privilegio procesal que fue la idea de legislar que aprobamos en esta Cámara, en el sentido de contar sólo los días hábiles para la interposición de los recursos, de acuerdo con una tabla de emplazamiento, como asimismo para contestar las demandas, lo suprimió.
Nunca se discutió si debía suprimirse o mantenerse este privilegio. En el peor de los casos, el Senado, simplemente, pudo haber rechazado la redacción, pero haber mantenido sus ideas matrices; pero en la forma como procedió insisto faltó a todo el procedimiento constitucional y legal, puesto que, en primer lugar se atentó contra el cambio de las ideas matrices, por cuanto nunca existió en la mente de quienes enviaron el mensaje suprimir dicho privilegio, y, en segundo lugar, se pasó a llevar a la Cámara de origen.
Pero yendo a otro aspecto del tema, el Consejo de Defensa del Estado es una institución encargada de defender los intereses públicos y sociales del Estado y, para cumplir con su cometido, cuenta con un número limitado de abogados que deben defender un ilimitado número de causas. Además, deben consultar a los diferentes servicios públicos tiene una cobertura nacional y su “clientela” por decirlo así está formada por todos ellos. En consecuencia, cuando el fisco es demandado, lo primero que debe hacer el Consejo, de acuerdo con su propia ley orgánica, es consultar con su presidente sobre la procedencia o forma de asumir esa tarea. Eso demanda mucho más tiempo que cuando se trata de un particular, puesto que él siempre está en el mismo lugar del juicio; en cambio, el Consejo es un órgano que necesita consultar a los servicios públicos. Por eso, históricamente antes se llamaba Consejo de Defensa Fiscal, ha tenido una serie de privilegios procesales, por ejemplo, el que dice relación con la competencia, o sea, el lugar donde puede litigar. También cuenta con privilegios respecto de actuaciones en juicios penales, como el conocimiento del sumario; respecto de las notificaciones que se deben realizar; de la obtención de antecedentes de los diversos servicios públicos; de la gratuidad de sus actuaciones, etcétera. Por ello, siempre ha dispuesto de un plazo mayor para llevar a efecto este conjunto de normas procesales que le facilitan su labor frente a numerosos juicios, a veces difíciles, complejos y de grandes montos. Asimismo, conoce sobre materias internacionales y, en consecuencia, requiere de mayor plazo. Esa fue la idea del Ejecutivo cuando planteó el proyecto a esta Cámara: interpretar adecuadamente que el plazo para contestar demandas e interponer recursos, especialmente el de casación, siempre fuere de días hábiles. Sin embargo, la interpretación de la Corte Suprema, en el sentido de considerar los días corridos en el plazo, tuvo como consecuencia que muchos particulares y, por supuesto, el fisco, perdieran sus respectivos juicios, por haber vencido la oportunidad procesal para actuar.
Hoy nos vemos condenados por una corte internacional, porque no se actuó de acuerdo con el debido proceso, por cuanto la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación, justamente por esa mala y errónea interpretación que ha hecho del plazo.
Por esas razones, deben ser rechazadas las modificaciones del Senado, el cual deroga ese privilegio procesal del Consejo de Defensa del Estado.
Señor Presidente, comparto lo expresado por el diputado señor Elgueta . Estimo que el Senado comete una aberración al pretender suprimir los artículos Nºs 49 y 50 de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, organismo que protege los intereses de los servicios fiscales y los recursos de todos los chilenos; en particular, se hace cargo de una serie de materias muy relevantes para el país y como dijo el diputado Elgueta , el espíritu del proyecto es completamente distinto, en el sentido de que el plazo para contestar la demanda, en el caso de algún organismo público demandado, es más flexible y más largo con el establecimiento de días hábiles; sin embargo, el Senado suprimió completamente el artículo correspondiente.
Por lo tanto, debiéramos rechazar la propuesta del Senado y mantener el criterio de la Cámara de Diputados, en cuanto a que repito los plazos establecidos en los artículos 49 y 50 sigan siendo de días hábiles.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, me parece razonable que se piense en una interpretación de la ley que amplíe los plazos, pero no me parece razonable que se hagan excepciones en perjuicio de personas que muchas veces deben defenderse del Estado. Si ha de ampliarse el plazo a días hábiles para el Estado, que también se amplíe para todo el mundo. No creo que sea bueno que nosotros, que formamos parte del Estado, demos cada vez más atribuciones omnímodas a distintas instituciones estatales, en perjuicio de la libertad de las personas. Si se da un plazo para el Estado, también debe dárseles a las personas comunes; si no, que no se le dé a nadie.
Si le parece a la Sala, se rechazarán las modificaciones del Senado.
Los señores diputados que quieran que el proyecto vaya a comisión mixta deben votar en contra de las modificaciones del Senado, y viceversa.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.
Rechazadas las modificaciones del Senado; por lo tanto, el proyecto irá a comisión mixta.
Bertolino , Correa, Kuschel , Olivares , Prokurica y Van Rysselberghe .
Alessandri, Allende (doña Isabel) , Rozas ( doña María) , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Dittborn , Elgueta , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Hales , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , León, Monge , Montes, Mora, Moreira , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Urrutia , Valenzuela , Venegas y Vilches .
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el requisito de estudios para obtener licencias de conducir, establecido en la ley Nº 18.290.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Osvaldo Vega .
Proyecto del Senado, boletín Nº 2396-15 (S), sesión 39ª, en 13 de septiembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de OO.PP., sesión 4ª, en 10 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Señor Presidente, el diputado señor Vega , por motivos personales, me ha pedido que informe sobre el proyecto.
Señor Presidente, el proyecto, iniciado en moción del honorable senador señor Antonio Horvath , modifica el requisito de estudios para obtener licencias de conducir, establecido en la ley Nº 18.290.
Para el análisis del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del senador señor Antonio Horvath y del asesor legislativo de la Subsecretaría de Transportes, señor Patricio Bell .
El proyecto tiene por objeto hacer compatible u homologable la aprobación del examen de equivalencia de estudios para fines laborales con el requisito especial de ser egresado de la enseñanza básica para obtener licencia de conductor profesional, clase A, no profesional, clase B y no profesional, clase C.
En Chile, la enseñanza es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, Nº 10, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República. Sin embargo, muchas personas, por razones de edad, falta de acceso a los establecimientos educacionales o carencia de escuelas que impartan enseñanza completa, no cumplen con el requisito de ser egresados de enseñanza básica para obtener una determinada licencia de conducir.
En la actualidad, para quienes no han terminado la enseñanza básica, existe la posibilidad de rendir exámenes de equivalencia para fines laborales. La iniciativa hace compatible la rendición de esos exámenes con el requisito que exige la ley de Tránsito para obtener licencias de conducir Clases A, B y C.
El proyecto, aprobado por el honorable Senado, consta de un artículo único por el cual se introduce un inciso final en el artículo 13 de la ley Nº 18.290, que establece que el requisito especial de ser egresado de enseñanza básica, exigido para obtener licencias profesionales, clase A, y no profesionales, clases B y C, se entenderá cumplido con la certificación del examen de equivalencia de estudios para fines laborales establecido en el título VI del decreto Nº 62, de 1983, del Ministerio de Educación Pública.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó el proyecto en los mismos términos, por unanimidad, en general y en particular a la vez.
Su artículo único no contiene normas de carácter orgánico-constitucional ni de quórum calificado, ni debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. Tampoco hay indicaciones rechazadas por la Comisión.
En mérito de estas consideraciones, propongo aprobarlo en los términos del informe.
Es todo cuanto puedo informar a la honorable Sala.
Señor Presidente, en forma constante, busco la descentralización del país, abogo por las regiones y por qué no decirlo, siempre trato de representar al mundo rural, porque provengo de un distrito eminentemente rural.
Me alegra el proyecto, porque, justamente, apunta hacia Aisén , donde la mayoría de sus habitantes son de sectores rurales. Me alegro por la iniciativa del senador señor Antonio Horvath y de nuestro diputado señor Leopoldo Sánchez , quienes nos proponen, para la obtención de licencias de conducir, modificar el requisito de enseñanza básica efectivamente cursada en el sentido de que se entienda cumplido mediante la aprobación de un examen de equivalencia de estudios para fines laborales.
En el mundo rural, a pesar de que hoy la educación es obligatoria, nos ha costado mucho hacer entender a sus habitantes que es parte de las necesidades de un pueblo.
Por eso, el proyecto es oportuno y pertinente, pues estamos lejos del desarrollo, porque nos falta mucha educación.
Por ejemplo, hablemos de la Novena Región lo expresaba recién el relator. Allí existen muchos analfabetos que, de no contar con ese examen equivalente, mal podrían pretender seguir conduciendo tractores, camionetas o camiones. Digo que la iniciativa es oportuna, porque, históricamente, los habitantes de zonas rurales se han visto impedidos de acceder fácilmente a la educación formal. Sabemos que los índices de escolaridad de sus jóvenes son muy bajos, y ello, muchas veces, se debe a la necesidad de sus padres de incorporarlos al trabajo en el campo, por lo que son retirados tempranamente de su educación.
También hay otros factores que inciden en la necesidad de legislar sobre esta materia, como es el hecho de que, debido a la tecnificación del agro, cada vez se van incorporando más vehículos motorizados en las faenas agrícolas, y el trabajador debe tener la posibilidad de conducir de manera legal, no sólo tractores, sino también otros vehículos, como automóviles y furgonetas.
Ahora bien, el proyecto no autoriza a que personas sin enseñanza básica puedan acceder a las licencias de conducir, sino que sólo permite, a quienes las solicitan y no cumplen con ese requisito, certificar la aprobación del examen de equivalencia de estudios para fines laborales.
Al respecto, no debemos olvidar que existe la ley de enseñanza primaria obligatoria, y que, en los últimos cien años, el Estado y el legislador la han incentivado mediante normas que imponen ciertos niveles de enseñanza, para que las personas cursen, al menos, ocho años lectivos en los establecimientos educacionales.
En todo caso, no se crea que la iniciativa se contrapone con la obligación del Estado respecto de la educación; por el contrario, representa su preocupación de velar por sus ciudadanos.
Por tanto, el proyecto apunta hacia un término medio, que me parece justo y prudente, cual es armonizar tanto el principio de igualdad entre las personas como el deber del Estado de promover la educación entre los habitantes de la República.
Desde esa perspectiva, para aliviar a los siempre olvidados campesinos, anuncio el voto afirmativo de la bancada del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Eliana Caraball .
Señor Presidente, felicito al honorable senador Antonio Horvath por esta iniciativa.
Sin duda, lo señalado por el diputado señor Jaramillo es una realidad en las localidades rurales, en las cuales, muchas veces desgraciadamente, los niños, por falta de número de alumnos para formar un curso, no tienen posibilidad de continuar con su enseñanza básica y sólo llegan a cuarto o a sexto año. Por lo tanto, en este caso, la igualdad ante la ley es muy relativa.
Sin duda, la propuesta del senador Horvath , aprobada por unanimidad por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, es una excelente solución al problema, puesto que, como se señalaba, permite obtener licencias clases A, B y C a quienes han cumplido con el examen de equivalencia de estudios para fines laborales. Asimismo, es importante dejar en claro que no suprime el requisito de efectuar cursos teóricos y prácticos en las escuelas de conductores profesionales para obtener la licencia clase A. Únicamente, reconoce una realidad existente en el país que dificulta el acceso al trabajo a mucha gente, y, en consecuencia, acentúa el principio de igualdad ante la ley.
Creo que medidas tan simples como ésta ayudan realmente a la gente y son las que se aprecian en el momento de hacer uso de ellas.
Anuncio que la Democracia Cristiana también dará su voto favorable al proyecto.
Señor Presidente, adhiero a lo expresado. El proyecto es oportuno y se suma a varias preocupaciones que hemos planteado respecto de los requisitos que establece la ley de Tránsito para la obtención de la licencia de conducir profesional. Ahora, sin duda, en lugares rurales, donde no se impartía enseñanza básica completa, quienes necesiten obtener licencia de conductor profesional tendrán la posibilidad de convalidar, a través del examen de equivalencia de estudios para fines laborales, el requisito de ser egresado de la enseñanza básica que se les exige para ese fin.
A lo mejor, en el corto plazo también podremos preocuparnos de otra situación concreta que dificulta la obtención de la licencia de conducir profesional. Es el caso de muchas personas que, por problemas sociales o equis motivos, han estado detenidas y a quienes un director de algún departamento de tránsito de alguna municipalidad les niega la posibilidad de obtenerla por falta de idoneidad moral.
Este proyecto, más esta otra inquietud, más la exigencia que derogamos recientemente en cuanto a poder renovar la licencia de conducir sin necesidad de realizar, previamente, el curso profesional en escuelas de conductores, se suman a las preocupaciones del Congreso por solucionar los problemas como dijo la diputada señora Eliana Caraball con pequeñas medidas, pero que llegan a la gente y nos indican que vamos por el camino correcto.
Por lo anterior, anuncio mi voto favorable, como asimismo el de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el honorable diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente, quienes hemos trabajado por muchos años en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sabemos que el proyecto trata sobre una aspiración muy sentida, que se nos quedó en el tintero en tramitaciones de proyectos anteriores, por lo siguiente: esta modificación no afecta a los conductores que obtuvieron licencia antes de 1997. El problema se produce con quienes tienen licencia no profesional y quieren obtener la profesional, pero, no obstante haber aprobado el examen de equivalencia de estudios para fines laborales, no cuentan con el requisito de ser egresados de la enseñanza básica. Ése es el problema; no otro. No es cuestión de ruralidad, porque es curioso, un gran porcentaje de niños de sectores rurales y ciudades han cursado enseñanza básica. Sus padres se han preocupado de que estudien, de que tengan una mejor educación, de que salgan adelante, porque, sin duda, la aspiración de todo padre es que el hijo sea más que él.
Insisto en que hay muchas personas que no cumplen con el requisito que exige la ley, porque durante su infancia la vida fue cruel con ellas y tuvieron que abandonar sus estudios para poder trabajar. Sin embargo, posteriormente, muchas de ellas aprobaron el examen de equivalencia de estudios para fines laborales, que no les fue reconocido por la ley para obtener su licencia de conductor profesional. Entonces, se producía una situación muy curiosa, ya que algunos cumplían con los requisitos de ser egresados de la enseñanza básica y de haber aprobado el examen de equivalencia de estudios para fines laborales, pero no podían obtener licencia de conducir clase A, porque la anterior fue obtenida después de 1997, en circunstancias de que esas personas habían manejado, con licencia profesional, vehículos durante dos, tres o cuatro años.
El proyecto subsana ese problema al disponer que la aprobación del examen de equivalencia de estudios para fines laborales también sea reconocido para la obtención de licencias clase A, B y C, problema que afectaba a muchos cientos de personas en el país, las cuales no podían obtener su licencia profesional situación similar a la que le ocurre a un profesional al cual lo dejen sin su “cartón”. En el fondo, al aceptar la equivalencia, damos la posibilidad de que esas personas se gradúen como profesionales. Es tan sencillo como eso.
Por eso, señor Presidente, llamo a la Sala a aprobar el proyecto, porque repito es una aspiración muy sentida de quienes tienen el problema.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique van Rysselberghe .
Señor Presidente, quiero sumarme con entusiasmo a la aprobación del proyecto. No debemos olvidar que la enseñanza básica es obligación del Estado, como asimismo, es obligación de nuestra comunidad o sociedad que haya igualdad de oportunidades, y no podemos generar una discriminación en los casos en que el Estado, de alguna forma, ha fallado y no ha cumplido con la educación básica obligatoria.
Esto no quiere decir y deseo ser muy claro que si hay gente con muy bajo nivel educacional al volante existan o aumenten los riesgos de la conducción, porque el proyecto no exime de los exámenes que deben rendir las personas para obtener las licencias. Por consiguiente, el nivel de seguridad no se ve afectado y hacemos justicia al dar igualdad de oportunidades a quienes no han tenido la fortuna de cursar completamente su enseñanza básica.
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
Señor Presidente, mi intervención será brevísima porque ayer, durante la discusión del proyecto de reconocimiento recíproco de las licencias de conducir entre Bolivia y Chile, tuve la oportunidad de clarificar la indicación que presentamos varios diputados para que las licencias extranjeras tuvieran validez en Chile.
La indicación que formulamos para agregar un artículo 2º a este proyecto, propone la supresión de la frase final del artículo 5º de la ley Nº 18.290, de Tránsito, que condiciona la validez de una licencia extranjera a su aprobación por un tratado internacional, como sucedió ayer. También señalé que el inciso segundo del artículo propuesto, dice que, en el caso de los ciudadanos extranjeros, podrán acreditar su capacidad para conducir mediante la exhibición de licencia vigente otorgada según las leyes de su país, sin perjuicio de los tratados internacionales que pudieran conferirle validez en Chile.
Tuve la oportunidad de expresar también que países como Canadá, Estados Unidos y México, y la Unión Europea, aceptan la licencia chilena y, en cambio, nosotros no aceptamos las que ellos otorgan porque no media entre nuestro país y aquéllos la aceptación de un tratado internacional.
Por lo tanto, solicito a los señores diputados que voten favorablemente la indicación.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia .
Señor Presidente, creo que ya se ha agotado el tema y pido la clausura del debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto por unanimidad.
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley sobre discapacitados mentales.
Recuerdo al diputado informante que le restan sólo quince minutos para emitir su informe, de manera que la discusión y votación del proyecto quedará para una próxima sesión.
Señor Presidente, por extraña coincidencia, en dos o tres oportunidades hemos dispuesto de muy poco tiempo para tratar proyectos de salud, como ahora. Rendimos el informe y el debate queda para la sesión siguiente, oportunidad en que pocos recuerdan lo informado. A mi juicio, hay poca seriedad si no se trata un proyecto de esta naturaleza en su integridad.
Para informar ocuparé todo el tiempo. A lo mejor, me falta, y los antecedentes que se entreguen hoy no van a ser conocidos por los diputados que no están ahora, pero que estarán presentes en la próxima sesión.
Si le parece a la Sala y al señor diputado, podríamos dejar pendiente el proyecto y tratarlo en el primer lugar de la tabla de la sesión del próximo martes, salvo que haya proyectos con urgencia, y comenzaríamos a conocer de inmediato el informe de la Comisión de Salud acerca de la investigación realizada sobre el derecho de acceso a los sistemas de salud.
Señor Presidente, quiero hacer presente que, probablemente, el martes va a haber proyectos con urgencia.
Por eso hice la salvedad.
Creo que sería bueno tomar el acuerdo de que de todas maneras, se vea la próxima semana. Ya veremos cuál es el mejor día.
Si le parece a la Sala, en principio, se tratará el próximo martes y sólo se postergará su despacho si otro proyecto tiene prioridad.
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Salud acerca de la investigación realizada sobre el derecho de acceso a los sistemas de salud para que las personas gocen de un sistema eficaz, transparente y de costo efectivo.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Olivares .
Informe de la Comisión de Salud, sesión 11ª, en 3 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Señor Presidente, me adhiero a las palabras pronunciadas recién por el diputado señor Ojeda . Pensamos que se nos concede muy poco tiempo para un tema importante en sí; en todo caso, trataré de entregar el informe dentro del plazo señalado, resumiendo al máximo.
¿Me permite, señor diputado?
Como sobraron quince minutos del tiempo asignado al proyecto anterior, creo que la Sala no tendrá inconveniente en que, si su Señoría requiere más tiempo, los ocupe para informar.
La Comisión de Salud, mandatada por la Sala, se abocó a la investigación del derecho de acceso a los sistemas de salud para que las personas gocen de un sistema eficaz, transparente y de costo efectivo.
En varias sesiones se conoció la opinión de muchos personeros de los sectores público y privado relacionados con el tema. Se recabaron antecedentes a la Superintendencia de Isapres, a la Asociación de Isapres, a las escuelas de salud pública de las universidades, a los colegios profesionales, a la Asociación de clínicas privadas, a la Asociación de laboratorios privados, al Colegio de Odontólogos y al Colegio Médico de Chile.
Analizamos básicamente el sistema de las isapres y el sistema del Fonasa. Se vieron las fortalezas y debilidades de las isapres y, obviamente, se llegó a conclusiones y se hicieron propuestas, a las cuales voy a destinar el tiempo de que dispongo.
4.1. Conclusiones y proposiciones aprobadas por la Comisión.
Cobertura del sistema de Isapres.
Al respecto, se llegó a la conclusión de la existencia de determinadas falencias, siendo una de las más importantes la discriminación de la mujer y del adulto mayor.
Para hacer frente a la discriminación que se produce entre la población activa y la pasiva, se requiere establecer mecanismos de solidaridad intergeneracionales, que es necesario definir.
Estos mecanismos de solidaridad pueden ser:
a)Acumular recursos durante la juventud para financiar el plan de salud durante la etapa pasiva;
b)Crear mecanismos que permitan que los jóvenes financien el plan de salud del adulto mayor.
Sobre el particular, la Comisión de Salud estimó pertinente aumentar la transparencia del sistema de isapres. Para ello, formula la siguiente propuesta:
Establecer un índice de precios de salud, como referencia, para reajustar los precios de los planes de salud.
Cualquier reajuste por sobre dicho índice de referencia deberá contar con la aprobación explícita de ambas partes.
Para dar más transparencia al sistema, debería modificarse el párrafo primero de la letra d) de la ley de isapres, sustituyendo su texto desde el punto seguido (.) que sigue al vocablo “anuales” hasta el término “reemplace.”, por el siguiente:
“Asimismo, deberá indicarse el arancel o catálogo valorizado de prestaciones con sus respectivos topes que se considerará para determinar el financiamiento de los beneficios. Dicho arancel de referencia será único por cada Isapre, se expresará en unidades de fomento y contemplará, a lo menos, las prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.469, o el que lo reemplace.”
En la letra g) del artículo 33 de la ley Nº 18.933, sustituir la oración que dice: “El arancel y los límites de prestaciones o beneficios, sólo podrán expresarse en la moneda de curso legal en el país o en unidades de fomento”, por la siguiente: “El arancel y los límites de prestaciones o beneficios sólo podrán expresarse en unidades de fomento”.
Se acordó sugerir que las isapres no puedan ofrecer planes de salud que no contengan todas y cada una de las prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud, suprimiendo las normas del artículo 33 de la ley Nº 18.933, sobre la comercialización de dichos planes de salud, en el texto del siguiente tenor:
“Además, la definición de un plan referencial, supone limitar o eliminar las normas del artículo 33 de la ley Nº 18.933, que permite a las Isapres comercializar planes que no contemplen todas las prestaciones del arancel y no podrá haber diferencias que importen disminución entre afiliados a un mismo plan”.
4.3. Integración vertical entre isapres y prestadores de salud.
Al respecto, se formula la siguiente proposición:
“Se recomienda revisar la ampliación de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Isapres en el artículo 3º de la ley Nº 18.933, sobre las materias que afectan a los prestadores de servicios de salud, en cuanto éstos se hallan individualizados como prestadores cerrados o preferentes, en los planes de salud comercializados por las Isapres y, en consecuencia, constituyan parte importante de su oferta de prestaciones”.
“Se sugiere modificar el artículo 22 de la ley Nº 18.933, en el sentido de que las Isapres sólo actúen en el ámbito del financiamiento de la salud, excluyendo su papel prestador”.
4.4. Licencias médicas.
Al respecto, se presentaron las siguientes proposiciones:
1.Como la licencia médica es parte del tratamiento médico, ésta debe ser pagada íntegramente por la isapre, y en el caso en que se detecten o se presuman irregularidades, ésta tendrá la posibilidad de apelar ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin . Para resolver esta situación, se debe modificar el artículo 37 de la ley Nº 18.933 de la siguiente manera:
Sustitúyese el inciso tercero del artículo 37 de la ley Nº 18.933 por el siguiente:
“Si la institución detecta o presume irregularidades en el otorgamiento de la licencia médica, podrá recurrir ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. El mismo derecho tendrá el empleador respecto de las licencias que haya autorizado la institución”.
En cuanto a los tres días de carencia, se estima que ésta es una situación injusta, ya que, al ser parte del tratamiento de la enfermedad, no se debería producir una situación distinta respecto de aquel cotizante al que se le han otorgado 11 días o más de reposo.
Planteado el aumento significativo de licencias médicas, se proponen las siguientes medidas para un mejor control de este instrumento:
2.Encomendar la tuición del control ético a los colegios profesionales (médicos, cirujanos dentistas, matronas).
3.Establecer mayores sanciones contra quienes falsifiquen licencias médicas.
4.Elevar a la condición de especie valorada el formulario de licencia, lo que implicaría que la licencia tendría elementos de seguridad, tales como sellos de agua, tinta especial, etcétera.
5.Creación de un Registro Nacional Único de Licencias, que permita centralizar toda la información respecto de éstas.
6.Aumentar la capacidad supervisora de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para examinar a los pacientes y controlar los cumplimientos de los reposos indicados.
7.Realizar estudios de impacto para reorientar los incentivos y controles de oferta y demanda de las licencias. Los controles a la demanda se orientan a evitar solicitudes de licencias que no correspondan a los objetivos del programa. Los controles a la oferta se orientan a verificar la existencia real del diagnóstico y su relación con la duración del reposo indicado.
8.Con el fin de facilitar la toma de decisiones en estrategias de prevención, control y evaluación, se recomienda la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica diseñado para recoger información de los episodios de ausencia y su duración como de los trabajadores y sus lugares de trabajo. Dada la importancia que se le asigna al sistema de vigilancia epidemiológica, se propone, asimismo, considerarlo como un componente más de la matriz del programa.
9.Diseño, preparación e implantación de un sistema de información computacional para gestión e interacción de distintos niveles de toma de decisiones.
10. Protocolizar las enfermedades o diagnósticos de mayor incidencia y prevalencia, que incorpore criterios de tiempo y condiciones de recuperabilidad según la gravedad.
11. Teniendo presente la necesidad permanente de revisar los límites entre las llamadas enfermedades comunes y las relacionadas con el trabajo, se recomienda actualizar la nómina de enfermedades profesionales en base a criterios y condiciones organizacionales, tecnológicos, productivos y ambientales actuales.
12. Dada la importancia del componente licencias médicas en el Programa de subsidios de enfermedad y medicina curativa, se recomienda que el Ministerio de Salud genere, a nivel central, estructuras administrativas y técnicas que puedan cumplir las funciones de normalización, gestión y supervisión definidos en la matriz del programa.
Se señaló que algunas de estas proposiciones están contenidas en un estudio elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Salud que evacuó un informe sobre el Programa subsidio de enfermedad y medicina curativa, en conjunto con los Ministerios de Salud y del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, durante 1999.
13. Para solucionar uno de los problemas que se presentan con el pago de las licencias médicas de los trabajadores que tienen rentas variables, como los del comercio, del sector pesquero y temporeros, que ocasiona que muchas de estas personas se acojan a licencia médica cuando enfrentan un período de baja de remuneraciones o de falta de trabajo, se propone corregir esta anomalía modificando el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 44, de 1978, señalando que, para la base de cálculo de todos los subsidios por incapacidad laboral, se considerará el promedio de la remuneración mensual neta devengada en los seis meses anteriores a dicha licencia.
14. La siguiente proposición tiene por objeto sugerir la modificación del artículo 1º del decreto supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, a fin de establecer que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal y que, si el trabajador tiene una licencia superior a ciento ochenta días, debe contar con el visto bueno de la Compin o de la Comisión Médica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que indique que requiere de un plazo mayor.
El texto de la proposición es del siguiente tenor: “Agregar un inciso segundo al artículo 1º del decreto supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que señale: “La licencia médica es un beneficio esencialmente temporal y cubre al trabajador, quien no puede permanecer por más de 180 días con licencia médica, salvo la determinación técnica de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o de la Comisión Médica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que pronostique la recuperabilidad en un mayor plazo”.
Este instrumento fue creado para enfrentar las enfermedades de costo catastrófico para los beneficiarios del sistema de isapres, entendiéndose por costo catastrófico aquel que no permite al cotizante solventarlo.
En la forma en la cual está diseñado, este beneficio no es sino un seguro adicional de las isapres para cubrir las enfermedades costosas y que sólo afectan a uno de cada cinco mil beneficiarios al año, según declara la propia Asociación de Isapres.
De acuerdo con la lógica propia de los seguros, éste tendrá un costo adicional para el cotizante y conlleva algunas condiciones para el otorgamiento, tales como un deducible, atención en redes de prestaciones preferentes y estar limitado a una lista de enfermedades específicas, quedando fuera una serie de otras patologías, como, por ejemplo, el sida y las enfermedades mentales y odontológicas.
Este seguro adicional, además, se beneficia particularmente con el subsidio implícito o reaseguro en el sector público de salud, por cuanto la mayoría de las enfermedades de costo catastrófico se atienden en los servicios de urgencia, maternidades, UCI, UTI y en los pensionados de los hospitales públicos. La ley de Isapres permite la atención de dichos pacientes en esos servicios.
4.6. Aumento de facultades de la Superintendencia de Isapres.
Cualquier reforma del régimen legal que regula el sistema de instituciones de salud previsional, contenido en la ley Nº 18.933, deberá abordar el potenciamiento de las funciones de supervigilancia y control de la Superintendencia de Isapres, desde el punto de vista del fortalecimiento de las actuales potestades de regulación hacia nuevos aspectos y actores en el otorgamiento de atenciones de salud a los beneficiarios de estas entidades.
En efecto, se requiere de nuevas herramientas y ámbitos de acción que permitan examinar la atención de salud y su financiamiento como un fenómeno integral. Desde ya, se vislumbran las siguientes materias como parte de una reforma legal:
a)Sanciones.
Si bien la Superintendencia de Isapres está facultada para aplicar sanciones a las entidades fiscalizadas amonestación o multas, el monto máximo de multa previsto en la ley resulta insuficiente. La experiencia fiscalizadora de la Superintendencia demuestra que la escala de multas de hasta quinientas unidades de fomento, prevista en el artículo 45 de la ley Nº 18.933, no es suficiente para generar un efecto disuasivo en el sistema general y en cada entidad fiscalizada en particular, ya que aun la eventual aplicación de la sanción de máxima envergadura no constituye un desincentivo relevante para evitar que las entidades incurran en conductas infraccionales.
Paralelamente, los parámetros vigentes para otras entidades fiscalizadoras, tales como la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Valores y Seguros, dan cuenta de sanciones de hasta dos mil unidades de fomento, que pueden aumentarse, incluso, en cinco veces su valor en caso de infracciones reiteradas de la misma naturaleza.
Surge, entonces, la conveniencia de perfeccionar la normativa en este aspecto, potenciando la capacidad sancionadora de la Superintendencia de Isapres.
Para implementar esta reforma, debería modificarse el inciso segundo del artículo 45 de la ley Nº 18.933, en el siguiente sentido: “Las multas a que se refiere el inciso anterior, no podrán exceder de mil unidades de fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta cinco veces el monto máximo antes expresado”.
b)Gestión de isapre en riesgo y traspaso de cartera.
Conforme con sus actuales atribuciones, ante una situación potencial de término o cesación de una isapre, la Superintendencia no tiene facultad legal explícita de intervención preventiva, estando reservada su actuación para la liquidación de su garantía, es decir, cuando el problema ya es irremediable y se han generado todos sus efectos perjudiciales para los beneficiarios.
De acuerdo con la ley Nº 18.933, frente a situaciones que pueden derivar en el término de gestión de una institución de salud previsional, la Superintendencia sólo puede ejercer sus facultades habituales de supervigilancia y control, hasta que se configure alguna causa legal de cierre de registro que la obligue a dictar dicho acto administrativo para luego esperar a que éste se encuentre ejecutoriado lo que se produce cuando ya no existen recursos pendientes o éstos han sido rechazados y proceder a liquidar la garantía de la entidad cerrada para pagar los créditos pendientes con sus ex afiliados. Así las cosas, en este esquema legal, la autoridad interviene cuando el problema resulta irreversible.
En estas circunstancias, resulta de toda evidencia la necesidad de contar con atribuciones para intervenir directamente en la gestión de una isapre y/o adoptar las medidas tendientes a la mejor solución para sus beneficiarios.
En virtud de lo expuesto, conviene revisar y actualizar el artículo 3º de la ley Nº 18.933, otorgándole facultades a la Superintendencia para intervenir en situaciones de riesgo de quiebra de una isapre.
c)Cobertura regional de la Superintendencia.
La Superintendencia de Isapres cuenta sólo con cobertura territorial en las regiones Quinta, Séptima y Duodécima, por lo que se hace urgente la determinación de las autoridades en orden a fortalecer el sistema regulatorio y fiscalizador en todo el país, toda vez que el adecuado ejercicio de las funciones delegadas por el legislador en la Superintendencia de Isapres guarda directa relación con su cobertura y con las posibilidades efectivas de otorgar protección. Así, la relación virtuosa entre ciudadanía y Estado sólo se logra, en esta área, con la concreta posibilidad que tienen los usuarios de formular reclamos.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
Señor Presidente, en primer lugar, igual que el diputado señor Olivares , quiero sumarme al reclamo del diputado señor Ojeda , en el sentido de que a las materias de salud se les dedica poco tiempo y siempre se tratan a último momento.
Hace más de un año, varios diputados suscribieron un proyecto de acuerdo para que se estudiara la viabilidad de las isapres. La Comisión de Salud, presidida por el diputado señor Carlos Olivares , destinó gran parte del tiempo transcurrido desde entonces a tal objeto. He sacado la cuenta y he concluido que en total fueron más de cien horas de trabajo. Sin embargo, hoy ninguno de los diputados que en esa ocasión se refirió a las isapres, por lo demás con escándalo, en todos los medios, está en la Sala. Me refiero especialmente al diputado señor Girardi .
Debo recordar que el informe en debate fue solicitado en un contexto bastante complejo, con motivo de la discusión de la modificación al sistema del Fonasa, que por sobre todo se convirtió en un ataque a las isapres. De hecho, terminó con el retiro del dos por ciento adicional en salud para optar a ellas, que era un derecho adquirido por los trabajadores.
Por lo demás, nadie sabe dónde están ni dónde fueron a parar tales recursos, que entiendo son alrededor de quince mil millones de pesos, hecho que se agrava frente a la crisis hospitalaria que involucra más de cuarenta mil millones de pesos y que afecta a la ciudadanía. En estos momentos, en definitiva, hay graves problemas de salud.
Me parece increíble que hoy, en vez de tratar de resolver el problema de 8 millones de chilenos que se atienden en el sistema público de salud, debamos entregar un informe sobre el sistema de salud privada es mucho más eficiente que el público y atiende a más de 3 millones de chilenos, en circunstancias de que en la Sala no hay nadie para escucharlo.
En todo caso, lo más probable es que nadie valore este informe, que tiene más de cien páginas. Probablemente, quedará guardado en el baúl de los recuerdos; nadie leerá las propuestas y no se conocerá el aporte que hicieron en la Comisión muchos médicos y profesionales, tanto del sector público como del privado. Es increíble que se nos pida hacer un estudio serio, puesto que, de inmediato, surge la pregunta: ¿Para qué lo hacemos?
En todo caso, quienes participamos en este estudio lo realizamos en forma responsable y objetiva. Como se trata de la Comisión de Salud, nos esforzamos por no politizar los temas y por buscar soluciones, a fin de que la ciudadanía tenga la mejor atención en el área de la salud.
Este es un largo informe, pero podría reducirlo y decir que tratamos de ser igualmente objetivos al analizar la atención de salud por parte de las isapres, las cuales tienen grandes fortalezas, pero también debilidades.
La fortaleza del sistema de isapres radica en que permite que más de 3 millones de chilenos tengan una atención de salud digna, que no constituye carga para el Estado, sino que alivia al país y al Gobierno de tener que atender a 11 millones de chilenos, y, además, si este servicio es bien aprovechado, puede ser de gran utilidad. Si lográramos compatilizar los sistemas privado y público de salud, creo que todos los chilenos se beneficiarían. Lo peor que podemos hacer es tratar de destruir la salud privada, porque ello, sin duda, sería un daño para el país, para la salud y para el propio Estado.
En el proyecto de acuerdo que se someterá a la consideración de la Sala se dice que las isapres no han invertido en infraestructura. Ese es uno de los cargos que se les hacen. Sin embargo, tenemos antecedentes, serios y responsables, que indican que en los últimos años dichas organizaciones han invertido más de 5 mil millones de pesos en infraestructura, tanto hospitalaria privada como de apoyo a la salud pública.
Las isapres cada día han ido mejorando y aumentando la atención en un ámbito tan complejo como es la salud, lo cual ayuda a que en la actualidad la gente haya mejorado su calidad de vida en asistencia médica.
No obstante, reconocemos también que las isapres deben asumir un rol que les permita responder a las demandas de sus clientes, dado que es un servicio y, como tal, debe ser lo más eficiente posible. En este punto es donde tienen más carencias, y por eso la Comisión se concentró preferentemente en esa materia.
Es efectivo que existe discriminación en la atención de la mujer y del adulto mayor. Hacia la mujer, ya que por su rol de madre, de progenitora y por lo que significa la maternidad, siempre tiene un mayor recargo en cuanto al valor de los servicios de salud. Por ello, pedimos que este mayor costo sea también compartido por los hombres. Algún día deberemos entender que en el nacimiento de un ser siempre hay un padre y una madre, y que la maternidad no sólo afecta a la mujer, sino que es una situación que debe ser asumida por toda la sociedad. La maternidad no es una carga, sino un don que debe ser apreciado y compartido por hombres y mujeres y, en consecuencia, los planes de atención a la mujer deben tener costos similares a los de los hombres.
Cuando se discutió en esta Sala el proyecto que modificaba la ley sobre Superintendencia de Isapres, hace ya algunos años, aprobamos una indicación que permitía que las mujeres embarazadas fueran atendidas en las isapres en forma proporcional a los meses de embarazo. Fue un gran avance; pero es indudable que todavía falta mucho por hacer en ese campo.
También deben ser mejorados los planes para el adulto mayor. En ese sentido, estamos de acuerdo en buscar mecanismos a fin de que las personas más jóvenes, en especial familiares, hagan un aporte para que, de esa manera, las personas mayores sean atendidas en las isapres.
Esos distintos caminos de solidaridad que se están buscando a través de una reforma adicional al sistema de salud, que ya se encuentra en estudio, persigue obtener aportes adicionales de todas las personas, con el objeto de crear un fondo solidario. Es un tema muy complejo que no aborda este informe, pero sabemos que viene como propuesta. Creo, eso sí, que los hijos deben ser responsables de sus padres, y, por eso, hacer este acto solidario para que el adulto mayor tenga mejor atención. En la actualidad, los jóvenes hacen aportes importantes en materia de salud que, sin embargo, no son de alto costo para las isapres. Por lo tanto, ahí hay una forma en que esto se podría llevar a cabo.
Las isapres deberían constituir un fondo de reserva para ayudar a financiar estos programas y permitir la permanencia del cotizante en el sistema, con la condición de que éste se someta a un control preventivo de salud. Obviamente, es muy importante que los costos de prevención de salud puedan ser asumidos por las isapres. Además, a la larga, bajarán los costos de ellas.
También se destaca en el informe la importancia de definir un modelo de atención adecuado para realizar acciones de salud y de prevención para las personas de la tercera edad. Creo que ahí falta un trabajo importante. Sé que las isapres tienen la voluntad de hacerlo y la Comisión así lo propone.
En materia de transparencia otro de los grandes capítulos a que nos abocamos en la Comisión de Salud, consideramos que se debe trabajar mucho más en la información. Todavía seguimos con los eternos problemas de la letra chica en los contratos, que sorprenden a las personas que se adscriben a planes distintos. Por ejemplo, si alguien se interna en la Clínica Alemana, y en el momento de pagar su cuenta, recién se impone de que el plan no consideraba la atención en ese establecimiento, sino que en otras clínicas Dávila , Santa María , Indisa u otras, eso, obviamente, le produce desajustes muy importantes. Es obvio que falta transparencia en la información.
Existen suficientes estudios que dicen que los chilenos no leemos la letra chica de los contratos. Por lo tanto, lo que no se ha dicho casi puede darse por no sabido. Es ahí donde nos interesa que las isapres hagan un gran esfuerzo para que las personas sepan exactamente qué cubre su plan y hasta dónde pueden recibir el apoyo de una isapre en determinados lugares de atención.
También nos interesa que los contratos, que más bien serán orales que escritos, cuenten con el acuerdo explícito de ambas partes, porque no se saca nada con que a uno le informen qué atención recibirá si no está de acuerdo. Insisto, aquí tenemos que hacer un gran trabajo.
Desde que se terminó de preparar el informe, de diciembre a la fecha, ha habido cambios importantes en materias que tratamos en ese momento, como son las licencias médicas y el seguro por enfermedades catastróficas. En alguna forma, nuestra propuesta queda desfasada respecto de lo que ha sucedido desde entonces.
En todo caso, obviamente estimamos que debe haber mayor responsabilidad respecto de las licencias médicas; que se tiene que resolver el famoso tema de los tres días versus los once días, que, a la larga, no beneficia a los trabajadores, ni a los empleadores, ni a las isapres, por cuanto es ridículo que una persona, por el hecho de que no le pagarán la licencia por tres días, tenga que solicitarla por 11. Creemos que la Superintendencia de Isapres debe ser tremendamente estricta en el control de las licencias médicas. No puede ser que haya abuso de ellas y que algunos médicos estén dispuestos a concederlas a personas que no están enfermas. En definitiva, es importante que las isapres se hagan responsables de todo lo que tiene que ver con el éxito y beneficio de la licencia médica.
Por otra parte, consideramos que en el control ético de los médicos cirujanos, dentistas, matronas, etcétera, no sólo debe intervenir la Superintendencia de Isapres, sino también los colegios profesionales.
Es importante, también, aumentar las sanciones para quienes falsifican licencias médicas. Asimismo, es necesario crear un registro nacional único de licencias, con el propósito de centralizar toda la atención al respecto, a fin de que no haya dudas sobre cuándo se requiere una licencia y respecto del tiempo que ella amerita. Por otra parte, es muy importante aumentar la capacidad supervisora de las comisiones de medicina preventiva e invalidez para examinar a los pacientes y controlar el cumplimiento de los reposos indicados. Pensamos que falta control y mayor eficiencia en ese sentido.
Con respecto al seguro por enfermedades catastróficas, la Comisión discutió latamente la importancia de resolver el problema que se produce con dichas enfermedades no sólo en los servicios de salud pública, sino también en los de salud privada. Se ha producido una significativa discusión sobre el tema e incluso ha habido un pronunciamiento de los tribunales en esta materia. No entiendo por qué las isapres no pueden ofrecer un seguro adicional por enfermedades catastróficas no necesariamente implícito ni obligatorio, igual que otras instituciones. Por ello, de nuevo pedimos transparencia. Si hay una oferta de este tipo de seguro, debe ser voluntario.
La Superintendencia aún requiere aumentar sus facultades para poder supervisar en mejor forma a las isapres. La Cámara, a principios de 1990, les concedió una serie de facultades. Es importante revisar la ley Nº 18.933, a fin de hacer más eficiente el funcionamiento de las isapres. Esa es una propuesta de nuestra Comisión.
En resumen, los puntos a los cuales más se abocó la Comisión fueron la discriminación que existe respecto de los aportes que deben pagar mujeres y ancianos, la transparencia, el tema de las licencias médicas, el seguro por enfermedades catastróficas y la necesidad de que la Superintendencia pueda fiscalizar con mucha más eficacia y eficiencia el sistema de las isapres.
A título personal, me gustaría que este informe fuera conocido tanto por aquellos parlamentarios que lo pidieron como por las isapres.
Como conclusión, después de haber estudiado latamente el tema de las isapres, consideramos que no se debe afectar este sistema. Por el contrario, es necesario estimularlo, mejorarlo y hacerlo cada día más eficiente para que beneficie a miles de chilenos, especialmente a los con menos recursos, con el objeto de que puedan acceder a un mejor servicio de salud. También se requiere la existencia de una política de Estado que no ataque a las isapres, sino que busque la forma de compatibilizarlas y de aprovecharlas en mejor forma para ayudar a paliar los grandes déficit que tiene la salud pública. Como dijimos, la deuda hospitalaria asciende a más de 40 mil millones de pesos, y vemos pocas posibilidades para solucionar el problema.
Finalmente, repito, es importante compatibilizar los dos sistemas y hacer que cada uno de ellos sea más eficiente. Como estamos tratando el tema de las isapres, estimo que ellas deben ser más efectivas y responder mejor a sus usuarios, pero, en ningún caso, se debe terminar con el sistema privado de salud, porque sería un desastre para todos los chilenos.
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
Señor Presidente, como lo ha dicho la diputada Cristi , este informe, resultado de largas sesiones de trabajo de la Comisión de Salud, nos ha permitido tener una visión clara respecto de la situación actual de las isapres en Chile y, además, sobre cómo avanzar para mejorar la atención privada de salud, la cual debe continuar prestándose, por cuanto estas instituciones, que cuentan con un millón y medio de cotizantes, atienden a un número importantísimo de chilenos, a 3,2 millones de personas.
Es indudable que el momento de mejorar, la estructura de las isapres se ha hecho presente, por la fuerza de los hechos. Este sistema, que tiene 16 años de vida, ha estado creciendo en forma permanente desde su creación hasta 1997. Año a año, aumentó el número de cotizantes y beneficiarios, cantidad que comenzó a disminuir cuando hubo una crisis económica. Entonces el país entendió que era el momento de cambiar el rumbo y de efectuar adecuaciones, las que hemos estado llevando a cabo a través de la Cámara. Pero aún falta mucho por hacer.
Después de escuchar en la Comisión las opiniones de representantes de las isapres, de los colegios profesionales, de la Superintendencia de Isapres, del Ministerio de Salud y de distinguidos especialistas de distinta índole, nos quedó claro que estamos ante un sistema que tiene virtudes y defectos.
Entre las proposiciones que hace la Comisión, hay una que merece especial énfasis: la falta de solidaridad en las isapres es uno de los factores que atenta contra su buena imagen y contra una eficiente atención de salud de sus beneficiarios. El hecho de castigar a las mujeres en edad fértil, o a los adultos mayores quienes, por su senilidad, representan mayor riesgo, aplicándoles cotizaciones más altas, con el objeto de ir retirando del sistema a estos últimos, representa un enfoque absolutamente negativo, incluso desde el punto de vista ético, porque en salud la solidaridad es uno de los puntos claves de la relación entre quienes prestan salud y los que son atendidos.
Aquí es necesario poner el acento para que en el sistema de isapres se creen mecanismos solidarios que permitan que los usuarios sanos y jóvenes hagan aportes para cubrir el mayor gasto de aquellos con más alto riesgo de salud.
Otra posibilidad es implementar un sistema para que la persona, a lo largo de su vida, vaya acumulando fondos para cuando esté en la tercera edad y tenga mayor gasto en salud. Igualmente, en el caso de la mujer en edad fértil, es necesario contar con un mecanismo de subsidio interno, de intracotizaciones de la isapre, para que todos los usuarios puedan absorber el mayor gasto que representen los embarazos y sus enfermedades.
Con respecto al tema de la transparencia, como lo dijo la diputada Cristi , está la famosa letra chica y las sorpresas con que se encuentran las personas cuando, al someterse a una operación, comprueban que el costo real que deben pagar supera enormemente el monto que ellas pensaban que les ofrecía su plan.
Aquí hay que hacer un esfuerzo sobre la base de entregar mayores funciones fiscalizadoras a la Superintendencia, con el objeto de que, con ese marco legal, exija un mejor desempeño administrativo a las isapres para que exista absoluta transparencia sobre lo que debe pagar el usuario y cuánto costará cualquier tipo de atención.
La creación de un índice de precios de atención de salud, fijado anualmente entre el Gobierno y la Superintendencia sería el equivalente al IPC, pero referido sólo a salud, donde se consideren los insumos, costos profesionales, de tecnologías, de hotelería, de clínicas, de médicos, etcétera determinará que cualquier aumento que sobrepase los indicados deberá ser aprobado por ambas partes para que el contrato funcione. En todo caso, toda alza hasta ese índice o por debajo de él podrá ser acordada unilateralmente, sin esperar la aprobación explícita. Esto permitirá, además, uniformar bastante más el mercado de la salud, en el que en la actualidad existe total anarquía. Algunas clínicas, aprovechando su prestigio, castigan los precios en 100, 200 y 300 por ciento, sin que exista ninguna base objetiva para efectuar este enorme recargo sobre los valores de salud que cobran otros servicios.
En el tema de las licencias médicas hay mucho que hacer. Hemos propuesto que se eliminen los tres días de no pago en las licencias, como ocurre actualmente. Cualquier licencia menor de once días no tiene pago en los tres primeros días, lo cual nos parece un absurdo, aunque pudo tener una lógica sancionadora para el trabajador que fuera absolutamente indisciplinado o que tendiera a faltar y a no cumplir sus funciones por razones banales. Considero que nuestro país ha alcanzado un nivel cultural y de desarrollo en que no deben permitirse esas situaciones. Hay que partir de la base de que los trabajadores son responsables y de que, por lo tanto, este castigo de los tres días de no pago no tiene razón de ser.
Igualmente, en cuanto al rechazo de las licencias, queremos trasladar el peso de la prueba, que hoy recae en el paciente, hacia quien las desaprueba, porque ahora, cuando la isapre rechaza una licencia, el enfermo debe ir a Compin a probar que está enfermo, lo cual, humana y lógicamente, es absurdo, por cuanto se supone que el enfermo no está en condiciones de andar haciendo trámites ni de probar nada, salvo preocuparse de recuperar su salud. Queremos, entonces, que quien rechace la licencia vaya a Compin a justificar por qué lo hace, trasladando entonces el peso de la prueba, que recae hoy en el enfermo, hacia la entidad administradora de salud. Es una medida útil para que no se presenten estos abusos de recortes de licencia a través de médicos contralores de isapres que no tienen idea de quién es el paciente, los que se basan sólo en papeles y documentos sin ninguna objetividad real, probablemente obedeciendo a pautas de rendimiento que les permitan mantener el cargo.
Respecto de la prevención, hay una debilidad gigantesca en el mundo de las isapres, como también lo dijo la diputada señora Cristi . No entendemos por qué las isapres no toman a su cargo, con fuerza, el tema de la prevención, ya que es de lógica absoluta, científica, probada una y mil veces, que prevenir las enfermedades es mucho mejor que curarlas, tanto desde el punto de vista económico como propiamente de la salud.
Las isapres se han dedicado sólo al tema curativo y no han hecho gran cosa en el preventivo. Es ahí donde hay una gran debilidad en el sistema de isapres, que debe ser corregido, para lo cual deben hacerse los cambios legales y las fiscalizaciones que las convenzan, en una primera etapa, a dedicar su capacidad y esfuerzos técnicos a enfrentar el tema de la prevención.
Finalmente, es fundamental que la Superintendencia tenga más facultades fiscalizadoras, sobre todo para apoyar y controlar a aquellas isapres que están en riesgo de quiebra, porque eso representa un grave daño a la confianza en el sistema y a la atención de sus usuarios. Por eso, la Superintendencia debe tener la capacidad de intervenir antes de que se produzca la quiebra, revisando los indicadores económicos y de gestión, para dar normas que permitan evitar la quiebra. Si ello no es posible, naturalmente se producirá; pero no puede la Superintendencia estar como de observador pasivo frente a una situación de catástrofe que ocurrirá en el corto plazo.
Es adecuado lo que plantea la Comisión en cuanto a crear mecanismos reglamentarios que permitan a la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional intervenir en la gestión de las isapres cuando ello sea necesario.
Señor Presidente, primero, quiero destacar que llama la atención que los patrocinadores del proyecto de acuerdo que dio origen a esta sesión y a este informe, salvo algunas excepciones, brillen por su ausencia. Los principales denostadores del sistema de isapres, entre ellos el diputado señor Girardi , no están presentes hoy día, lo que demuestra que son buenos parlamentarios para hablar, pero malos para trabajar.
Hecha esa pequeña precisión, debo destacar que nuestro país ha protagonizado en las últimas décadas, y especialmente en la del 80, una verdadera revolución en materia de políticas sociales, previsionales y de salud. La principal característica de estos procesos de cambio que el país experimentó, fue la de entregar a los trabajadores la propiedad y la responsabilidad de sus cotizaciones previsionales, para, en esa calidad, ganar el derecho de elegir libremente la institución pública o privada de su preferencia a fin de resolver las necesidades de salud propias y las de su grupo familiar. Esto ha facilitado enormemente la posibilidad del Estado de focalizar las políticas sociales hacia los más pobres, normalmente postergados por su escasa capacidad de influir o de tener acceso a mejores prestaciones.
De esta forma, el Estado ha podido enfrentar las demandas sociales de otras características, como de educación y de vivienda por mencionar algunas, con más eficiencia y mayor eficacia. La gran “mejoría” de los indicadores de salud que nuestro país exhibe son líderes a nivel latinoamericano y también, comparativamente, en algunos países del mundo desarrollado demuestran claramente esta realidad. De manera que este sistema mixto de salud diría, sólidamente estructurado ha permitido fortalecer el rol subsidiario del Estado en beneficio de quienes tienen menos, sin que, por ello, haya tenido que seguir distrayendo recursos en quienes tienen medios para financiarlo. Hace tres décadas, prácticamente entre el 85 y el 90 por ciento de los chilenos dependíamos del sistema estatal, lo cual significaba una carga cada vez mayor para el Estado e implicaba distraer recursos para otros fines. Hoy, las cifras han cambiado. Aproximadamente 9 millones de chilenos están en el sistema público de salud, Fonasa , y poco más de 3 millones, en el de isapres. Hay todavía un porcentaje de chilenos que no está en ningún sistema o se encuentra en calidad de indigente.
Esto, como primera apreciación global, porque, al revés, otro gallo le cantaría al país si el Estado no hubiese podido descargarse de financiar la salud de esos 3 millones de chilenos, o de que ellos tuvieran que pagar la totalidad de la prestación médica.
El sistema de securitización, de seguros de isapres, ha permitido no solamente eso, sino también inversiones muy importantes en el país en una red de prestadores de clínicas y hospitales privados, de consultorios que el país no tenía, lo que, como demostraré más adelante, es una clara prueba de que eso ha sido una evolución positiva.
Para conocer cómo han evolucionado estas cifras, mencionaré que en 1970 las camas públicas eran 35.900, y las privadas, 5.400; en 1999, las camas públicas disminuyeron a 33 mil, y las privadas subieron a 12 mil. Es decir, las camas públicas han caído en un 8 por ciento, y las privadas, han aumentado un 120 por ciento, lo que demuestra, indudablemente, que ha habido una inversión del orden de los 120 millones de dólares anuales por parte del sector privado en infraestructura de salud, la que también, muchas veces por la vía de convenios, es utilizada por el sector público.
Una cosa semejante ocurre con el tema de las prestaciones de salud. En 1990, el número de prestaciones otorgadas y el gasto por beneficiario en el sistema de isapres era de 20 millones; en 1999, subió a 43 millones. El número de prestaciones por beneficiario, en 1990, era de 9 millones 600 mil, y en 1999, de 12 millones 500 mil. El gasto promedio por beneficiario en dólares en el sistema privado alcanza a 226 dólares aproximadamente.
Ello corresponde a una visión global de lo que ha significado la estructuración de un sistema mixto de salud que, a mi juicio, es el modelo que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Sin embargo, tal visión no impide ni deja de lado las críticas, tanto al sistema de salud privado como al público, las cuales son dignas de ser atendidas y ameritan una reforma del sistema. El informe de la Comisión de Salud formula propuestas muy específicas de modificaciones legislativas y administrativas que buscan perfeccionar ambos sistemas.
En esta evaluación de fortalezas y debilidades de las isapres, es menester consignar la fortaleza más importante de todas y que debemos seguir preservando: que los trabajadores chilenos, gracias a las reformas implementadas hace dos décadas, son dueños de su cotización de salud, situación que les permite acceder a un sistema de salud mejor que el estatal, según como ellos lo perciban.
Desde los inicios del sistema, millones de chilenos han demostrado ser realmente soberanos y, en buenas cuentas, ante la aparición de las isapres, que ofrecen la mejor atención de salud, han tomado la decisión de abandonar Fonasa , eligiendo una entidad privada. A contrario sensu, si han percibido, de acuerdo con sus ingresos, que la atención es mejor en Fonasa, se han movilizado en esa dirección.
Si comparamos las cifras de las isapres con las del Fonasa, constataremos que en los últimos dos años consecuencia, sin lugar a dudas, de la cesantía y de la enorme cantidad de chilenos que ha perdido sus empleos, ha ocurrido un traslado desde el sistema privado al público. También contribuyó a la migración el hecho de que el Gobierno, mediante una ley, quitó el dos por ciento de la cotización adicional en las isapres, en especial a los trabajadores de la clase media. Asimismo, la campaña sistemática de desprestigio del sistema de salud privado que encabezó el ministro Álex Figueroa en el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle que afortunadamente la actual ministra, señora Michelle Bachelet , ha desechado, coadyuvó a distorsionar la realidad de los hechos para generar la migración que acabo de señalar.
De esta forma, el sector privado se ha desarrollado de manera extraordinaria, mejorando las alternativas de las personas de elegir entre distintas opciones para satisfacer sus requerimientos de atención de salud.
En segundo lugar, la libertad para elegir es el elemento básico para terminar con el concepto del estado-nodriza, que le dice a los chilenos que deben estar en este sistema o en este otro. En promedio, sobre el 70 por ciento de los cotizantes del sistema de salud privado perciben ingresos brutos que oscilan entre 250 mil a 350 mil pesos, indicador que desvirtúa algunas afirmaciones que muchas veces se formulan en cuanto a que las isapres son sólo para los más ricos de los ricos. No cabe duda de que los más ricos están en las isapres; tampoco, de que la inmensa mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados lo está, ni de que los más altos personeros de Gobierno también están en ellas; pero, asimismo, podemos sostener que son muchos los trabajadores de sectores medios y de ingresos como los que he señalado, que también están en el sistema privado.
Esta marcada preferencia constituye una prueba irrefutable de que los chilenos están de acuerdo con nuestra legislación de salud, la cual les permite elegir libremente entre el Fonasa y las isapres. En el seno de la Comisión de Salud tuvimos acceso, durante la investigación, a importantes estudios de mercado y de opinión pública que efectuó especialmente la empresa Adimark , en los que se demuestra una cosa notable. Cuando se les pregunta a los chilenos qué opinión tienen de las isapres, emiten una respuesta muy distinta de cuando se les pregunta su opinión de la isapre que los atiende. En general, la calificación de las isapres como sistema, como modelo, oscila entre un 4 y un 5. Pero cuando a la persona se le pregunta individualmente cómo la ha atendido su isapre en particular, la nota que le pone es muy superior a aquella con la cual calificó al conjunto.
Si me permiten la comparación, lo mismo ocurre cuando se le pregunta a la opinión pública por los políticos y por el político de su distrito en particular. En general, la evaluación que se nos hace es bastante negativa; pero cuando, en el distrito específico, le preguntan a una persona qué opinión tiene de su alcalde, diputado o senador, la evaluación es mucho mayor, obviamente porque hay un mayor conocimiento. Permítanme lo grueso de la comparación, pero ocurre una situación similar en el caso de las isapres.
No puedo dejar de señalar que el sistema de isapres ha adolecido y adolece de faltas importantes, en especial en la cobertura catastrófica y en la atención a la tercera edad, situaciones que han generado discriminaciones odiosas, que reclamo también del sistema de isapres por no haberlas abordado en su oportunidad en su forma y fondo. Afortunadamente, ahora se ha avanzado a través del seguro catastrófico y del mejor sistema de atención y acceso a las personas de la tercera edad. Asimismo, el rol fiscalizador de la Superintendencia para dar mayor transparencia e información a los chilenos ha sido positivo en esa dirección.
Inicié mi intervención señalando que la gran fortaleza del sistema privado es que ha consagrado la libertad de los chilenos para elegir. Pero esto sigue adoleciendo de una debilidad: los pobres no tienen acceso a las isapres. Esa discriminación, obviamente, restringe la posibilidad de elegir el administrador, y debe solucionarse en la mejor forma. No cabe duda de que la única forma de hacerlo y de asegurar el acceso igualitario es generar algunas formas de subsidio a los cotizantes, para que, sumando su cotización más el subsidio del Estado, puedan recobrar la libertad de elegir.
Hay mucho más que decir; pero en lo fundamental me atrevo a señalar que muchas de las aprensiones y de las afirmaciones de los diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo fueron desarticulándose y cayendo durante la investigación. Por su parte para ser justos, otras muchas fueron corroboradas. Sin embargo, un estudio sobre la viabilidad del sistema de isapres cuyo origen fue bastante apocalíptico demostró fluye de la conclusión final del informe que aun cuando hay correcciones importantes que hacer en las cuales estamos de acuerdo, el sistema es absolutamente viable en el Chile de hoy y de mañana.
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
Señor Presidente, en mi calidad de copatrocinante del proyecto de acuerdo que dio origen al informe que hoy conocemos sobre el derecho de acceso a los sistemas de salud para que las personas gocen de un sistema eficaz, transparente y de costo efectivo, valoro el trabajo realizado por la Comisión de Salud en su condición de investigadora.
Deseo señalar un hecho que me parece de especial significado: existen tres ámbitos en los cuales la participación privada no puede ser asumida con un criterio de lucro, como si se tratara de una industria o un comercio común. ¿Cuáles son esos tres ámbitos? La educación, la previsión y la salud. Muchas veces el afán de lucro colisiona con la esencia de las prestaciones en educación, salud y previsión, que son, ante todo, servicios que tienen que ver con aspectos fundamentales de los seres humanos. La inquietud que ha generado un trabajo serio como el efectuado, con conclusiones y propuestas como las que hoy conocemos, demuestra que en lo esencial existe razón para analizar las cosas en los términos en que fueron planteadas.
Me referiré básicamente a dos de los rubros contenidos en el informe: el referente a la discriminación y el relativo a la transparencia, porque es allí donde está el núcleo de la colisión de un afán de lucro, como si esto se tratara de una industria o de un comercio cualquiera, con el sentido esencial del servicio.
La discriminación lleva a entidades de salud privadas concretas a quedarse con el “buen cliente” y a rechazar a quien en un momento determinado puede constituir mayor riesgo económico para ellas.
Esto se manifiesta especialmente en la discriminación que sufre la mujer en la edad fértil y el adulto mayor cuando tiene necesidad de urgente cobertura de salud.
Por ello, parece a todas luces importante lo señalado en el informe, en cuanto a la necesidad de que exista un plan referencial esencial; porque aquí también entra a jugar el interés del Estado como tal, ya que, ante el rechazo de la isapre de recibir a aquellas personas consideradas de alto riesgo, él debe asumir la cobertura de salud mediante el Fonasa.
Por eso, cuando las cosas se plantean valorando y haciendo una suerte de panegírico de lo que son las instituciones de salud privada, necesariamente hay que poner acento sobre este punto, lo que, a mi juicio, está muy bien contenido en el informe. Por eso, la tarea esencial para Chile debe ser el perfeccionamiento de un sistema de salud realmente apropiado.
Por otra parte, está el tema de la transparencia, que tiene que ver con la información que se otorga al usuario para que éste, de manera consciente, se afilie y asuma un determinado plan.
El informe deja en claro que se ha debilitado el tema de la transparencia, porque se ofrece tal gama de posibilidades que, en definitiva, genera confusión en la persona que contrata el seguro con la institución de salud privada.
Hay isapres que, en su publicidad, han agotado el nombre de músicos o de compositores famosos. Tienen toda la gama; además, con número: Beethoven 1, Beethoven 2, Mozart 1 , Mozart 2; y ya no quedan colores a los cuales recurrir para ofrecer un determinado plan de salud, con diferencias notables que dependen esencialmente del riesgo financiero que en un momento determinado puede significar para la isapre la persona que está contratando un plan de salud.
Además de la falta de transparencia e información se generan otras situaciones muy claras: la incertidumbre de la persona respecto de la cobertura que realmente va a tener en el momento en que se vea en la necesidad de recurrir al resguardo en la isapre.
Hay un punto que llama especialmente la atención y no queda claro en los planes de salud que se ofrecen: el pago de los honorarios médicos, porque dichos planes consideran un resguardo del 80 por ciento; algunas veces incluso el ciento por ciento de lo que representa la clínica. Pero no queda claro el porcentaje de cobertura que se da en cuanto al servicio médico que se preste, o sea, respecto de los honorarios médicos. Al final una cosa con otra van provocando incertidumbre, generada por la falta de información que se le entrega al usuario.
El informe asume este punto en forma correcta y establece ciertas propuestas que debemos hacer valer con fuerza, en cuanto a mejorar las condiciones contractuales y a la definición de un plan referencial.
La referencia, en el informe, al artículo 33 de la ley Nº 18.933 es absolutamente correcta.
El informe, como consecuencia de un trabajo muy positivo, entrega una cosa concreta: debemos hacer esfuerzos notables para mejorar la cobertura de salud en nuestro país, en particular en el ámbito del sistema de isapres, al cual se refiere el informe.
Señora Presidenta, en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, anuncio nuestro voto favorable al informe emitido por la Comisión de Salud acerca del derecho de todas las personas de acceder a un sistema de salud eficaz, transparente y de costo efectivo.
Como médico siempre he sido partidario de que exista un sistema privado y uno público, lejos de la competencia y más bien complementarios.
En este sentido, señalo mi coincidencia en cuanto a la preocupación de crear un sistema equitativo tanto para los adultos mayores como para las mujeres en edad fértil.
Asimismo, los sistemas de isapres sólo deben abarcar el ámbito económico, y no ser prestadores de servicios de salud.
Respecto de la transparencia, es importante que a las isapres se les impida ofrecer planes que no contengan cada una de las cotizaciones que se hacen en el Fondo Nacional de Salud.
Las licencias forman parte del tratamiento integral de la salud; por lo tanto, deben ser pagadas íntegramente por las isapres; y en caso de haber alguna duda o una situación cuestionable, las comisiones preventiva y de invalidez deben tener la última palabra.
En cuanto al control ético de las licencias, es importante el rol de los colegios profesionales para diferenciar las enfermedades curativas de las del trabajo, y se deben aumentar las facultades de la Superintendencia de Isapres, porque es ella el organismo que debe velar por que las isapres cumplan su función. En ese sentido, es necesario entregarle la facultad de intervenir cuando exista la posibilidad de que una isapre corra el riesgo de ser cerrada, norma que en la actualidad no existe; como, asimismo, la de aumentar el monto de las multas.
Otro punto del informe con el cual coincido es que como en la actualidad dicha Superintendencia sólo cuenta con cobertura territorial en las regiones Quinta, Séptima , Duodécima y Metropolitana, es importante ampliarla al resto del país.
En consecuencia, felicito a la Comisión de Salud de esta Cámara por el esfuerzo realizado para elaborar un informe tan completo, que será de gran utilidad para la reforma de salud que el país necesita. En los últimos 40 años han cambiado en forma considerable la epidemiología y la demografía, lo que hace indispensable una reforma de la salud que, con equidad, trate a todos los sectores de mujeres y adultos mayores, mediante un sistema de salud eficaz, transparente y de costo efectivo.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señora Presidenta, quiero señalar, en esta oportunidad, que el sistema de salud chileno no es un sistema mixto público-privado, sino dual, en el cual coexisten dos subsistemas distintos, desintegrados y excluyentes.
El subsistema público opera como un seguro social solidario, donde los que ganan más y el Estado financian la salud de quienes ganan menos y de los indigentes. Este subsistema es integral; es decir, se preocupa del fomento, prevención, curación o recuperación y rehabilitación de la salud. Tiene una cobertura del ciento por ciento contra todas las contingencias de salud, sean de urgencia o electivas, del afiliado y de todas sus cargas familiares. Es también universal, porque cubre a todos los beneficiarios por igual y tiene un componente importante de equidad. Sin embargo, lo afectan varios factores no deseados: está desfinanciado, tiene grados preocupantes de ineficiencia y no ofrece incentivos importantes a su personal. A pesar de ello, este subsistema público, con sus virtudes y defectos, ha sido responsable de los excelentes indicadores biomédicos que hoy día exhibe nuestro país en materia de mortalidad infantil, mortalidad general y en otras, así como también de las actuales expectativas de vida de nuestra población.
El subsistema privado comprende a las isapres y, además, a toda la red de prestadores privados que va desde los servicios profesionales individuales, centros médicos y odontológicos ambulatorios, laboratorios clínicos, farmacias, ópticas, policlínicas, hospitales privados, etcétera.
En este subsistema, las isapres operan como seguros privados de salud regidos, evidentemente, con la lógica de los seguros: a mayor siniestralidad, mayor prima o, lo que es lo mismo, a mayor pago, mayor cobertura. Por lo tanto, no obedecen a una lógica sanitaria. Además, no es solidario ni equitativo, y concentra a los dos quintiles de mayores ingresos de nuestra población.
Lo peor de todo no es esto, sino la falta de cobertura de una amplia gama de acontecimientos sanitarios, como las enfermedades de costo catastrófico, las enfermedades preexistentes, la patología mental, las enfermedades odonto-bucales, las patologías propias de la tercera edad y algo que es muy serio los medicamentos de cualquier tipo para los pacientes ambulatorios. Es decir, no es integral ni universal.
Por eso, el planteamiento de hacer más transparente, completo y equitativo este subsistema de seguros privados de salud que tuvieron en mente los colegas que propusieron el proyecto de acuerdo Nº 318, pasa, necesariamente, por reformar profundamente las isapres. Para ello se requiere, al menos, lo siguiente:
En primer lugar, terminar con la integración vertical que consagra la propia ley Nº 18.933, que, en su artículo 22, otorga a las isapres facultades de administradoras financieras del seguro y de prestadoras de atenciones de salud. Dentro de la lógica de mercado y para que exista sana desconcentración, se debe separar el rol asegurador del rol prestador que tienen estas instituciones, para lo cual ya existe una amplia gama de prestadores individuales y colectivos como lo he mencionado, tanto en atención abierta como cerrada y con una alta calificación técnica.
En segundo lugar, las isapres no pueden seguir siendo juez y parte en materia de licencias médicas. Es algo inaceptable. Frente a la incapacidad laboral tal como se expresa en el informe de la Comisión de Salud de que se dio cuenta, toda licencia médica debería ser aceptada a tramitación y pagada por el solo hecho de llevar la firma del profesional habilitado responsable del diagnóstico consignado en ella. Cualquier diferencia o reparo por parte de la isapre correspondiente debe ser apelado ante la Compin, y el paciente restituir los fondos a aquélla cuando el fallo le sea desfavorable.
En tercer lugar, en materia de cobertura, la situación es insoslayable. Las isapres deben cubrir todas las contingencias sanitarias de sus afiliados, terminando definitivamente con las preexistencias, las carencias y las exclusiones. Esto es éticamente inaceptable, porque atenta contra el principio de la integralidad, al menos en el área de la salud curativa y de rehabilitación.
En cuarto lugar, la transparencia del modelo se ve severamente afectada al existir miles de planes distintos en las diferentes instituciones de salud previsional. Los usuarios no pueden diferenciar con facilidad entre los planes de una misma isapre y mucho menos entre los de distintas isapres, por cuanto no hay equivalencia entre ellos.
Éstas son, al menos, las cuatro reformas prioritarias del subsistema de las isapres que deben enfrentarse, para lo cual basta con introducir las modificaciones pertinentes a la ley Nº 18.933, ley de Isapres, las cuales deben ser consensuadas con el Ejecutivo por tratarse de materias que son de su exclusiva iniciativa.
Los seguros privados de salud deben seguir existiendo con las modificaciones que proponemos, por cuanto representan una alternativa para un segmento de nuestra población, los que se irán incrementando en la medida en que las familias chilenas vayan mejorando sus ingresos y, por esa vía, puedan acceder a estos seguros. Mientras esto no suceda, somos firmes partidarios de un fondo universal solidario que satisfaga las necesidades de salud de la población chilena, a través de un sistema público eficiente.
Señor Presidente, durante la elaboración de este informe en la Comisión de Salud se alcanzó un alto grado de consenso. Eso es extraordinariamente positivo, por cuanto tanto los representantes de la Oposición como los de la Concertación hemos llegado a acuerdo sobre varios puntos que es necesario mejorar. Evidentemente, durante la discusión de este tema hubo diversas posiciones sobre la reforma del sector salud. La Derecha expresó la suya fundamentalmente a través de la Unión Demócrata Independiente: es partidaria de apoyar el subsidio a la demanda. Los representantes de la Concertación preferimos dar un fuerte impulso al fondo universal solidario. Seguramente, será una materia que discutiremos con motivo de la reforma de la salud. Hoy estamos abocados a la reforma de este subsistema de las instituciones de salud previsional, en lo que repito hemos alcanzado un alto grado de consenso.
Por lo tanto, llamo a la Sala a votar favorablemente el informe de la Comisión de Salud, a fin de que sea entregado a las autoridades de Gobierno, y materialicemos rápidamente la reforma de la ley de Isapres.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el honorable diputado señor Sergio Aguiló .
Señor Presidente, tal como se ha expresado aquí, la Comisión de Salud analizó en profundidad, durante cuatro meses y en 17 sesiones, el funcionamiento de nuestro subsistema privado de salud, más conocido como el sistema de las isapres.
Como ya lo señaló el actual presidente de la Comisión de Salud, colega Carlos Olivares , fueron invitadas a las sesiones personalidades del ámbito académico, de los servicios de salud y de los usuarios de las distintas regiones del país. De manera que la Comisión pudo formarse una idea muy exacta sobre la realidad que está viviendo el sector de la salud privada. En especial, analizó las principales denuncias formuladas por los usuarios del sistema de isapres, tanto en la Comisión de Salud de la Cámara como en las oficinas de los diputados en sus distritos. Seguramente, parlamentarios de Oposición y de Gobierno conocen de denuncias por discriminación de las isapres en contra de la mujer y del adulto mayor, por falta de transparencia en sus contratos gente que cree que tiene cobertura ante una enfermedad grave; pero la letra chica de su contrato señala topes, límites y, al final, queda con una deuda muy grande con el prestador; por falta de cobertura, sobre todo en las enfermedades catastróficas; por el tratamiento que dan a las licencias médicas, etcétera.
Fuimos revisando distintos temas, no porque nos importaran en abstracto, en teoría, sino porque los beneficiarios los pusieron de manifiesto. En todos ellos, casi sin excepción, llegamos a un alto consenso con parlamentarios de las distintas bancadas que integran la Comisión, en el sentido de que el subsistema de isapres adolece de fallas muy graves. Contiene limitaciones muy severas en su concepción que, incluso, los perfeccionamientos que plantea la Comisión hacen improbable que puedan resolverse.
Como ejemplo, puedo señalar lo que aconteció en los últimos días, en que enfermos que padecen dolencias graves, como cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras, a pesar de haber adquirido un seguro especial para enfermedades catastróficas, no tuvieron la cobertura adecuada por parte de las isapres. Ellos mismos han calificado este hecho como una verdadera estafa y están viviendo una dramática situación. El Colegio Médico se ha hecho parte de estas denuncias y ha presentado una querella ante los tribunales de justicia. El asunto se encuentra pendiente.
Ciertamente, las isapres, con una mala práctica, complementan razones más que suficientes para que los chilenos y chilenas piensen que están frente a un muy mal sistema, que es necesario cambiar en profundidad.
En ese sentido, sin perjuicio de que la bancada del Partido Socialista va a votar a favor las conclusiones presentadas por la Comisión, estimamos es bueno dejarlo consignado que aun cuando se reparen las insuficiencias aludidas, es de la esencia del sistema de isapres el hecho de que tengan una concepción profundamente equivocada para enfrentar los temas de la salud. En países de Europa, de América Latina, como Costa Rica y Uruguay; en varios países de Asia, la salud se enfrenta como un derecho; la gente cotiza o paga un impuesto especial para generar recursos suficientes a fin de que el Estado pueda hacer eficaz el ejercicio de ese derecho.
Finalmente, la solución al tema de las isapres se dará con la reforma a la salud que próximamente impulsará el Presidente.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
Aprobado el informe de la Comisión de Salud.
Acuña , Aguiló , Alessandri , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Ávila , Bertolino , Rozas (doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Jarpa , León, Longton , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Molina , Mora , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Núñez , Olivares , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Prokurica , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Salas, Seguel , Soria , Soto (doña Laura) , Urrutia , Van Rysselberghe , Velasco , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .
Se abstuvieron los diputados señores: Kuschel , Leay , Melero y Rojas.
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 524.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Por no haberse reunido el quórum necesario, queda rechazado el proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo Nº 525, de los diputados señor Rojas, señora Pollarolo , doña Fanny ; señores Leal , Longton , Ulloa , Cornejo, don Patricio , y Olivares .
1.Que existe conciencia en la ciudadanía de que uno de los grupos que requiere atención prioritaria de la sociedad está constituido por las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
2.Que los discapacitados constituyen un grupo vulnerable, pues sus limitaciones les impiden acceder en igualdad de condiciones a los frutos del desarrollo.
3.Que según la última encuesta Casen el 74% de los seiscientos mil discapacitados del país necesita trabajar. Sin embargo, según una encuesta sobre actitudes de intolerancia y discriminación en Santiago, de la Fundación Ideas, un 25% de las personas cree que quienes tienen discapacidad obstaculizan un buen desempeño en el trabajo.
4.Que es necesario, entonces, perfeccionar en forma urgente nuestra legislación a fin de ir en ayuda de los más de un millón y medio de chilenos que sufren algún tipo de incapacidad.
5.Que parlamentarios de distintas bancadas han presentado un conjunto de iniciativas legales que van en beneficio de los discapacitados. Las mociones presentadas pretenden integrar socialmente a los discapacitados, modificar las normas sobre capacidad legal, facilitar su inserción laboral, y reconocer el lenguaje de señas como forma de comunicación, entre otras.
6.Que es urgente que esta Corporación agilice la tramitación de estos proyectos y adicionalmente estudie reformas legales integrales que beneficien a este sector de la población.
Constituir una Comisión especial a fin de analizar la actual legislación que establece beneficios para los discapacitados, proponer nuevos beneficios y agilizar, coordinar y eventualmente refundir las distintas mociones legales presentadas con ese propósito. Esta Comisión tendrá un plazo de 60 días para emitir su informe a la Sala”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rojas.
Señor Presidente, la presentación del proyecto de acuerdo, firmado por parlamentarios de todas las bancadas, tiene el propósito de cobijar, en una Comisión especial, todas las iniciativas y mociones que sobre la materia se han presentado en el Congreso y que se encuentran distribuidas en sus diferentes Comisiones.
Precisamente hoy en la mañana, quedó pendiente para la próxima sesión la moción sobre discapacitados mentales. Dado que hemos conversado sobre este asunto con gente del Mideplan y del Fonadis, sería importante reforzar la idea de conformar una Comisión especial como la que creamos para analizar el tema de los Bomberos, a fin de proponer, de una vez por todas, un cambio radical a la legislación sobre discapacitados.
Por esa razón hemos presentado este proyecto de acuerdo. Esperamos que la Sala lo apruebe en forma unánime para que dicha Comisión especial sea realidad en el corto plazo y puedan cumplirse los objetivos trazados.
Con el Presidente de la Corporación, señor Jeame Barrueto , hemos realizado actividades, en nombre de la Cámara de Diputados, con los discapacitados y con quienes pretenden modificar la ley y, por consiguiente, la integración social definitiva de esas personas que tanto la necesitan. Ello reitero podría materializarse a través de reunir en una Comisión todos los proyectos que se encuentran en trámite.
Señor Presidente, sin perjuicio de los argumentos planteados por el diputado señor Rojas , debo señalar, en honor a la verdad, que ya hay una Comisión funcionando, a la cual han asistido representantes del Mideplan y un grupo de diputados y senadores, a fin de recopilar todas las iniciativas que existen en torno de la modificación de la ley sobre discapacitados.
De manera que este proyecto de acuerdo no es tardío; más bien complementa el trabajo de la Comisión que está funcionando a nivel interministerial.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Por no haberse reunido el quórum, se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
No hay quórum nuevamente.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones
Por no haberse reunido el quórum, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Defensa para que nos informe acerca del resultado del Plan Estrella aplicado en las distintas comunas de la Cuarta Región durante la reciente temporada estival, a fin de comparar la cantidad de delitos y de denuncias con las del año pasado.
Solicito también que dé a conocer la cantidad de personal de Carabineros que se envió a reforzar esa zona y el número de funcionarios que allí prestan servicio policial de manera regular. Asimismo, requerimos saber los horarios en que desempeñó sus labores dicho personal de refuerzo y en qué cantidad de horas se vio favorecido el que cumple funciones en forma habitual.
Por último, pido que nos informe respecto de la cantidad de horas extraordinarias que debió cumplir cada funcionario en ese período y, además, en relación con los feriados legales y el derecho a vacaciones del personal que labora en las distintas reparticiones policiales de Carabineros en la Cuarta Región.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
Señora Presidenta, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Alejandro García-Huidobro .
Señora Presidenta, sólo quiero pedir que se envíe un oficio a los distintos organismos públicos del país, a fin de que informen a la Cámara sobre la cantidad de aportes a la red ecológica Eco90 en los últimos cinco años, específicamente por parte de la Corporación Nacional del Medio Ambiente, Conama , y de las Corporaciones Regionales del Medio Ambiente, Coremas , y si esos aportes han sido entregados a través de licitación o de asignación directa.
Gracias, diputado Kuschel .
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Kuschel y de quien habla.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, recupera la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
Señora Presidenta, quiero solicitar los siguientes oficios:
En primer lugar, al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra de Salud, a fin de que informen sobre los aportes a los servicios de salud y sus deudas en los últimos cinco años, porque, según mi parecer, el Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé Palena no ha sido atendido en forma suficiente.
En segundo lugar, al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra de Educación, y a los alcaldes de las cuarenta y dos comunas de la Décima Región, para que informen acerca de la evolución del número de raciones alimenticias desayunos y almuerzos entregadas a cada establecimiento educacional en los últimos cinco años. Ello, en atención a que he detectado que algunos establecimientos de Puerto Montt y de Calbuco están recibiendo raciones menores que el año pasado.
En tercer lugar, al señor ministro del Interior y a la señora ministra de Educación, con el objeto de que informen respecto de la evolución del número de becas indígenas que se han otorgado en cada una de las comunas de la Décima Región en los últimos cinco años.
Por último, al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales y a los alcaldes de la Décima Región, con el propósito de que den cuenta sobre la evolución del número de personas inscritas, en los últimos cinco años, en los programas de vivienda en cada una de las comunas de dicha región, y del número de viviendas entregadas año a año en ese período.
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
Señora Presidenta, quiero que se envíen oficios a los señores ministros de Minería y de Economía en relación con una situación candente que existe en la provincia de Chañaral, Tercera Región de Atacama, que paso a exponer.
La Empresa Nacional de Minería está terminando la construcción de una planta de extracción por solvente, que utiliza una tecnología de última generación para procesar minerales oxidados de cobre de baja ley. Es una gran inversión, porque permite procesar minerales de baja ley que antes no tenían valor comercial. Hoy, con esta nueva tecnología, muchos pequeños mineros podrán venderlos a Enami, con lo cual sobrevendrá una reactivación muy acelerada en esa provincia, que, sin duda, se reflejará hacia toda la región.
Por eso elevo esta solicitud y que mi intervención sea adjuntada, para que se abra un poder de compra para los pequeños mineros apenas se ponga en marcha esa planta. El plan de la empresa es posterior a su puesta en marcha, cual es procesar primero sus ripios, almacenados en la planta hace varios años y, posteriormente, iniciar la compra a los pequeños mineros.
Esta solicitud, que me ha sido representada por el concejal de la municipalidad de Chañaral, don Pedro Rivero , y por el presidente de la Asociación Minera El Salado, don Pedro Gaete , consiste, básicamente, en impartir las instrucciones correspondientes para abrir el poder de compra en forma inmediata, lo que generará trabajo estable y reactivación en la provincia de Chañaral.
Pero más importante aún es la intención del Presidente Ricardo Lagos de apoyar a las pequeñas empresas mineras, las cuales, muchas veces, no tienen dónde vender sus productos; en cambio, todos los productos de exportación, como el cobre y el oro, están prácticamente vendidos.
Por eso, este apoyo es real, es una medida eficaz, y quiero contar con el respaldo de la Cámara para que esta solicitud sea entregada a los señores ministros y pueda materializarse en las próximas semanas.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención para mejor comprensión.
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Señor Presidente, como es de conocimiento público y, como consecuencia del próximo cierre del vertedero de Lepanto, en la comuna de San Bernardo, la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres , ha llamado a un proceso de licitación para la ubicación y puesta en marcha de nuevos vertederos que reemplacen a aquél. En ese trámite se ha procedido a exigir a las empresas, que eventualmente han sometido o están sometiendo sus propuestas a estudios de impacto ambiental ante las Comisiones Nacional y Regional del Medio Ambiente, una solicitud de autorización provisoria (SAP).
Dichas solicitudes fueron aprobadas la semana recién pasada para los eventuales vertederos Los Guayacanes , en la comuna de Pudahuel, y El Rutal, en Tiltil. No tengo conocimiento de si durante esta semana se han aprobado otros.
Por eso, solicito que se envíe un oficio, en mi nombre, al señor intendente de la Región Metropolitana, en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema , con el objeto de que me informe sobre todos los pasos que se siguieron durante el estudio de la solicitud de autorización provisoria para el proyecto del vertedero Los Guayacanes, de Pudahuel; sobre el resultado de su votación y el quórum de los participantes; de si se realizaron los levantamientos topográficos que exige el sistema y sobre el cumplimiento de cada una de las etapas de ese proceso.
Hecha esa consulta, quiero referirme al fondo de lo que, a mi juicio, está ocurriendo en este proceso de licitación de nuevos vertederos.
Sin duda, los conflictos y las oposiciones que se están dando, especialmente en la comuna de Pudahuel, que represento, sobre la eventual ubicación del vertedero Los Guayacanes en la localidad de El Noviciado, surgen de la incapacidad de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos de dar una solución adecuada y oportuna al problema de los residuos.
La situación se ha arrastrado por largo tiempo y, por consiguiente, el vertedero de Lepanto ha llegado a una situación límite. Ahora, con apuro, dado el cierre obligado de éste, se empieza a buscar lugares alternativos.
Aquí surge la primera injusticia, desde los puntos de vista social y administrativo, de lo que debe ser una política de vertederos. Se genera la posible ubicación de estos vertederos en una zona que no compromete al territorio de los municipios que integran Emeres . Para ello, uno de los proponentes se ubica en la comuna de Pudahuel y otro en la de Tiltil pertenecientes al ex consejo de alcaldes de cerros de Renca, que depositan sus basuras en las lomas de Las Coloradas administradas por la empresa KDM, también en la comuna de Tiltil.
Es de la esencia de la justicia, desde el punto de vista del impacto social negativo que las comunas deben asumir, el hecho de que también asuman la responsabilidad dentro de su propio territorio y busquen una solución al problema de sus vertederos. No me parece justo ni equitativo que se busque ubicarlos en comunas que no pertenecen a esa agrupación de municipios. Creo que las comunas del sector sur de Santiago deben buscar ubicaciones en comunas rurales, semirrurales o, incluso, urbanas para tratar sus basuras. Pero ¿qué sentido y justicia hay en que se imponga esta obligación a una comuna como Pudahuel, que ha sido declarada como la más contaminada de la Región Metropolitana y que ya recibe un fuerte impacto social como consecuencia de la contaminación por esmog y del estero Las Cruces, en el que las industrias vierten sus residuos industriales? Además, se genera una contradicción abismante, por cuanto, por un lado, el gobierno metropolitano destina, preferentemente, a la comuna de Pudahuel, recursos adicionales y especiales para enfrentar la contaminación, dado que ha sido declarada la más contaminada, y, por otro, el mismo gobierno, y las autoridades ambientales de la región, buscan la ubicación de un vertedero en esa zona.
Sin duda, hay una inequidad administrativa y social. Digo “administrativa”, porque, desde el punto de vista del gasto que deben hacer las municipalidades, también es aberrante trasladar basuras desde el sector sur hacia el sector norte. Piénsese lo que significa trasladar basuras de San Bernardo a Tiltil son más de 80 kilómetros o desde La Cisterna o La Pintana a Pudahuel, al sector de El Noviciado.
Creo que el principio básico de justicia es que esas comunas busquen una solución para sus vertederos.
Además, hay un factor importante de por medio: la eventual ubicación de vertederos, especialmente en Pudahuel, pone en jaque todas las posibilidades de desarrollo para una comuna que necesita generar nuevas fuentes de riqueza que le permitan superar sus históricos problemas de pobreza. Hoy, los límites de la expansión urbana restringen a Pudahuel sólo hasta Américo Vespucio ; sin embargo, en la zona poniente de esa comuna se desarrolla el principal aeropuerto del país, con inversiones gigantescas; en la actualidad, tiene un movimiento de sobre 5 millones y medio de pasajeros al año y se estima que, con su segunda pista, alcanzará a 7 u 8 millones de pasajeros en diez años más.
Asimismo, pone en jaque todas las posibilidades de desarrollo del proyecto de la Universidad de Chile, que ayer aprobó el Senado y que pronto será aprobado acá: la instauración del parque o ciudad tecnológica en el recinto de la laguna Carén; pone en jaque proyectos inmobiliarios importantes que se están gestando en esa zona y que no se van a realizar de ubicarse allí el vertedero, y pone en jaque una importante actividad agrícola de exportación y de aprovisionamiento de productos para la Región Metropolitana, en un conglomerado todavía rural que cobija a más de 4 mil personas.
Entonces, esos elementos de tipo social, de desarrollo, en una de las pocas comunas de la Región Metropolitana que todavía tiene alternativas de ofrecer terrenos para la expansión de la industria; para las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda; para las políticas de desarrollo científico y tecnológico, a través de la Universidad de Chile; para las políticas sociales, a través del Club Deportivo de la Universidad de Chile, situado en el límite de Lampa con Pudahuel, y una serie de otras situaciones, fuerzan a pensar que no se están tomando en cuenta esos criterios y que sólo pareciera que hay un afán, una suerte de concomitancia entre Emeres y la autoridad ambiental para zanjar rápidamente estos problemas, sin escuchar, ver ni poner sobre la mesa todos estos elementos que, como digo, perjudican enormemente.
La señal más clara de esto es lo que dije al comienzo de mi intervención y que dice relación con que la autorización provisoria a las empresas Los Guayacanes y la que trabaja en el sector El Rutal, de Tiltil, fue un mero trámite administrativo, que, en todo caso, ya estaba estipulado en las bases de licitación. No se está actuando con la prolijidad ni con la seriedad que implica evaluar todos los elementos ambientales que están en juego.
Pido estos antecedentes, porque tengo la presunción fundada de que no se está respetando lo establecido y de que todo se va a hacer con la urgencia que ha generado las ineficacias de Emeres, lo que provocará un enorme impacto negativo a Pudahuel, que aporta y tiene mucho de crédito a su favor si el tema ambiental de la Región Metropolitana se pone en la mesa del equilibrio.
Por lo tanto, no se merece, ni se justifica, ni podría tener sustento social que ahora se pretenda impactarla negativamente con la instalación de vertederos, después de todo el daño que se le ha hecho con la contaminación atmosférica, de sus aguas y la que produce el aeropuerto.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con mi adhesión y con copia de su intervención, para una mejor comprensión del tema.
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Salvador Urrutia .
Señora Presidenta, para que la opinión pública de Arica y Parinacota sepa cuándo se van a ejecutar algunas obras de gran importancia económica para la zona, solicito oficiar al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que informe sobre el calendario de ejecución de los siguientes trabajos:
1.Reparación de los puentes y la carretera AricaLa Paz, que atraviesa el valle de Lluta, que, como sabemos bien, fue arrasada por las crecidas provocadas este verano por el invierno altiplánico. Se deben reconstruir cuatro puentes carreteros y la carretera correspondiente.
2.Reparación de la vía férrea y los puentes del ferrocarril AricaLa Paz, que también fueron arrasados por la crecida del río Lluta en febrero, y
3.Estudio de las cuencas hidrográficas de Azapa y Lluta , de los ríos Lluta y San José , respectivamente, que involucra la decisión de ejecutar el proyecto de embalses en la cuenca del río San José .
Al respecto, en febrero recién pasado, en terreno, el Presidente de la República asumió un compromiso, el cual agradecemos, que consiste en que este Gobierno va a construir una gran obra hidráulica de control de riego, constituida por unos dos embalses, según lo que defina el estudio técnico, en una de las cuencas principales de Arica a Parinacota, San José o Lluta .
En la zona hay consenso en que, por razones que sería lato relatar, es conveniente partir con los embalses en el río San José. Estudios preliminares indican que es más conveniente construir dos embalses medianos en las vertientes que dan origen al río San José en la precordillera; pero esa es materia del estudio técnico.
El Comité Mixto ha cedido su tiempo al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Hales .
Señora Presidenta, por su intermedio, agradezco el tiempo que me ha cedido el Comité Mixto.
Señora Presidenta, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se haga un catastro de los bienes raíces que serán afectados por las obras del Metro en nuestras comunas, para conocimiento de sus dueños o usuarios. Siempre que realizan trabajos de progreso urbano nos encontramos con la necesidad de expropiar, trasladar y desalojar personas.
En este caso, especialmente, pido al señor ministro de Obras Públicas que contemple en la inversión, los dineros para un traslado eficiente y beneficioso de quienes hoy ocupan el llamado “Persa de Recoleta”, en la calle Lastra con Recoleta . Se trata de gente que tiene ese negocio como única fuente de trabajo. Ellos no quieren ser enemigos del Metro, sino que amigos del progreso, que significa la ejecución de estas obras en estas comunas. Sin embargo, si les van a decir que se vayan, porque se van a iniciar las obras, sentirán que se les está considerando como obstáculos para la retroexcavadora, por lo que la máquina deberá hacerlos salir. Por ahí se ha hablado de darles algunas soluciones parciales, como pequeñas sumas de dinero.
Hemos conversado este tema con el honorable diputado señor Cristián Leay , con el alcalde de la comuna y también con el presidente del Metro, el señor Fernando Bustamante , quien nos ha señalado que se estudiarán las posibilidades que existen al respecto.
No obstante, también queremos hacer presente esta situación a la autoridad ministerial, porque deseamos que ninguno de los que están en el paso de esta obra de progreso, que tanto hemos pedido y que nos tiene tan felices que vaya a comenzar a ejecutarse luego, sea tratado como un simple objeto desechable, que obstaculiza el paso del bulldozer o de la maquinaria. Pedimos que se estudie caso a caso para que podamos resolver de buena manera la reinstalación comercial de esas personas, con obras sólidas, arquitectónicamente bien resueltas, en un buen sitio, con certificados de propiedad, de comodato o de lo que sea, pero que les permitan mantener sus fuentes de trabajo en un lugar comercialmente adecuado.
En segundo lugar, señora Presidenta, solicito oficiar al ministro secretario general de la Presidencia, con el objeto de que nos otorgue su patrocinio respecto de un proyecto que su Señoría, el honorable diputado señor Carlos Montes y otros parlamentarios hemos suscrito, relacionado con los sitios eriazos.
Sólo por hacer una referencia distrital, diré que el centro de madres Unión me ha mandado un listado en el que señalan que tenemos problemas en la calle Artesanos, entre Independencia y avenida La Paz; que hay sitios abandonados a la altura del 760 de Independencia, donde estaba la antigua casa de la Unión Comunal de Centros de Madres; entre los números 540 y 640 de Independencia, la fachada ubicada al lado de la parroquia La Estampa, declarada monumento nacional, está en abandono; prácticamente en toda esa cuadra hay situaciones similares; en Zañartu, entre Independencia y avenida La Paz, frente al Cementerio General, los llamados “Portales” están en estado de abandono; en Recoleta, entre avenida La Paz y el cerro Blanco, detrás de la piscina, existen situaciones parecidas; en avenida Recoleta , frente a la Clínica Dávila, hay tres edificios abandonados; en avenida Recoleta , el antiguo teatro Princesa está en una situación similar.
Hemos planteado la posibilidad de que quien tiene un sitio o una obra abandonada la autoavalúe, y diga: “Esto es lo que vale”, con el objeto de que el Estado tenga la posibilidad de comprarle al precio que él señale. Si él considera que el sitio que tiene es maravilloso, aunque lo tiene abandonado, y lo avalúa muy caro, que pague las muy altas contribuciones que le corresponderán.
Hagamos las cosas honestamente para tener buena ciudad, ya que, de lo contrario, no vamos a vivir de buena manera.
El centro de madres Unión reclama, entre otras cosas, por la insalubridad, por el hanta, por la basura.
Señora Presidenta, no sólo es eso, y su Señoría, que es arquitecta, lo entiende perfectamente. A veces, la legislación ha cubierto una serie de aspectos y no la necesidad de tener una ciudad adecuada, que funcione bien.
Estos inmuebles del norte de Santiago, en sectores de origen colonial, construidos hace tantos años, es natural que hoy estén en estado de demolición, de abandono, de deterioro.
Por tanto, pido agregar a la solicitud del último oficio, que se envíe también al ministro de Vivienda y Urbanismo, porque creo que debe haber, no sólo un patrocinio, sino una preocupación por avanzar en la resolución del tema.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención para mejor comprensión y con mi adhesión en todos los casos, particularmente en el tema de los sitios eriazos, que, sin duda, tiene un costo social enorme, desde el punto de vista de la seguridad, higiene, etcétera.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Señora Presidenta, quiero referirme a una situación que me ha tocado conocer directamente, ya que en varias oportunidades he recibido llamados de personas que se identifican como promotoras de una determinada empresa telefónica, que me ofrecen un tratamiento especial si acepto un convenio.
Ayer me llamó un amigo de Curacautín
pese a que no es mi distrito, tengo buenas relaciones con toda su gente para comentarme su malestar, porque reiteradamente se habían contactado telefónicamente con él para ofrecerle un convenio de tratamiento especial para llamadas nacionales de larga distancia, y él había rehuido aceptarlo. Pero ayer, precisamente, le informaron que ya estaba acogido a ese programa, y ante su sorpresa y molestia, porque normalmente los llamados telefónicos los contesta él o su señora, le dijeron que no sabían quién lo había hecho, pero que ya estaba incluido. Entonces, le aconsejé que hiciera una carta de reclamo para aclarar lo ocurrido.
Precisamente, a raíz de la experiencia personal que comentaba, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones o al subsecretario correspondiente, a fin de que Telefónica y otras empresas del rubro informen sobre el procedimiento de llamados nacionales, porque resulta que llaman por teléfono, consultan y, como ustedes saben, puede contestar una empleada o cualquier persona; además, hay teléfonos en viviendas o locales arrendados por su dueño. Lo lógico sería que si, posteriormente, la persona suscriptora de ese teléfono acepta el convenio, debería hacerse constar en un documento. Hasta el momento, por lo que yo sé, eso no existe. Entonces, habrá situaciones muy molestas, porque mucha gente ya tiene algún convenio, y va a resultar con dos.
De manera que solicito el envío del oficio señalado para que las autoridades aclaren en qué forma se está procediendo al respecto, y estimo conveniente reclamar y representar la inconveniencia de este tipo de convenios por teléfono que, en realidad, no deberían ser legales.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y con la adhesión de la diputada señora María Rozas , del diputado señor Mulet y de quien habla.
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que informe en qué situación se encuentran los estudios para la construcción de un puente sobre el vado Buenos Aires, en la comuna de Angol. Según antecedentes de que disponemos, se habrían terminado y se estaría en la etapa de llamado a propuestas; por eso solicitamos la información oficial.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora María Rozas , del diputado señor Mulet y de quien habla.
En tercer lugar, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre la siguiente situación: la semana pasada, en un aviso que llamaba a postular a viviendas básicas, aparece como requisito que quienes se inscriban no figuren en los registros de Dicom. No está claro porque normalmente se supone que el postulante es casado si ese informe de Dicom se refiere a ambos cónyuges o a quien está postulando, porque podríamos vernos enfrentados a algunos casos de personas que, por equis circunstancia, aparecen en Dicom, lo que no les va a permitir la postulación correcta.
A propósito de Dicom, también pido oficiar al ministro del Interior para que la municipalidad de Purén informe si es efectivo que habría reclamos de profesores, porque en sus planillas de pago se les hizo el descuento de casas comerciales, cuyos valores no habrían sido pagados efectivamente, por lo cual las firmas comerciales estarían comunicando esas deudas a Dicom, hecho que los perjudicaría.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora María Rozas , del diputado señor Mulet y de quien habla.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mulet .
Señora Presidenta, hace algunos meses, en la ciudad de Copiapó, fue asesinado el joven Aldo Godoy . El homicidio calificado fue cometido por una pandilla de jóvenes de la misma comuna, entre los que se encontraban menores de edad, inimputables penalmente por tener menos de 16 años.
Se ha señalado que una parte de los responsables del homicidio de Aldo Godoy quedó en libertad, precisamente por ser menores e inimputables penalmente.
Hace algunas semanas, a fines de febrero, ocurrió otro asesinato: el de Aldemir Contreras, de la comuna de Tierra Amarilla, la que me honro en representar. El homicidio se cometió en la comuna de Caldera.
Indudablemente, estos homicidios han conmocionado a la opinión pública de la Tercera Región, y en el que fue víctima Aldemir Contreras participaron también, de acuerdo con los antecedentes, jóvenes que intervinieron en el homicidio de Aldo Godoy y pertenecerían a la misma pandilla.
Sin duda, la situación es preocupante. Aldemir Contreras era un destacado estudiante, un joven deportista muy querido en la comuna de Tierra Amarilla, y, como señalé, su homicidio la ha conmocionado por lo que se requiere también un pronto esclarecimiento de esos hechos para determinar las responsabilidades pertinentes.
Las autoridades del Ejecutivo, particularmente el intendente de Atacama, solicitaron un ministro en visita, petición que fue denegada por la corte de apelaciones de Copiapó. Es la tercera oportunidad en que este tribunal de alzada de la Región de Atacama no acoge, obviamente usando sus atribuciones, la petición de designar un ministro en visita en causas que, a juicio de la mayoría del foro y de la gente que trabaja en esa área, debería haberse nombrado, porque se reúnen los requisitos que la ley establece para ello.
En casos que causan conmoción pública y en que se requiere un pronto esclarecimiento de los hechos, como el homicidio de Aldemir Contreras, la designación de un ministro en visita sería una muy buena señal para intimidar a delincuentes; no sólo para los que participaron en este homicidio, sino también para aquellos que piensan cometer actos delictivos como los indicados.
Creo que es fundamental, pero ha faltado colaboración del Poder Judicial en este sentido. Es cierto que los jueces de letras en la región son buenos y llevan bien las causas, pero no se procede a la designación de un ministro en visita porque la causa esté bien o mal llevada, sino por las razones que señalé con anterioridad. A mi juicio, se ha incurrido en un error. Por cierto, respetamos el fallo del tribunal, pero pensamos que la designación de un ministro en visita sería una muy importante señal para, reitero, intimidar a muchos delincuentes.
Sobre esta materia, y dado que existe un anteproyecto de ley del Ejecutivo, que establece responsabilidad penal para menores de edad, solicito enviar oficio al ministro de Justicia con el fin de que el Ejecutivo mande el proyecto de ley al Congreso, a la brevedad posible, para legislar al respecto. Urge esa iniciativa. Hoy los homicidas están en un hogar dependiente del Servicio Nacional de Menores, pero podrían recobrar rápidamente su libertad por no ser imputables penalmente.
Se enviará el oficio solicitado, con copia de su intervención para mejor comprensión de la materia.
En segundo lugar, como representante de Atacama, región netamente minera, deseo referirme al proyecto de ley que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, condona recargos legales y concede facilidades de pago en casos de patentes atrasadas.
La materia, discutida, por acuerdo de los Comités, en tiempo muy corto en la Cámara, establece una rebaja de patentes de mil veces, es decir, si se paga hoy 2.800 pesos por hectárea, los propietarios mineros artesanales o pequeños mineros de pertenencias de hasta 100 hectáreas pagarán 2,80 pesos de patente por hectárea.
Es un proyecto muy interesante, que beneficia a más de cuatro mil personas. Pero resulta que ayer el Senado incluso con el voto de parlamentarios de zonas mineras, como los senadores señores Carlos Cantero , Ignacio Pérez Walker y la señora Evelyn Matthei rechazó la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados. Renovación Nacional se alineó con la UDI. Ellos no concurrieron con su voto y, pese a la mayoría de la Concertación en el Senado, se exigió quórum especial, que no logramos.
Quiero hacer resaltar el hecho de que estos senadores, en particular el señor Pérez Walker , muchas veces en la región señalan otra cosa, y al momento de votar, de comprometerse, en este caso con una discriminación positiva en la rebaja de la patente minera de los pequeños mineros y mineros artesanales, le dan vuelta la espalda.
Sé que él ha anunciado que no irá como candidato a senador, pero este “presente griego” que entregarían esos senadores a los pequeños mineros y mineros artesanales de las regiones Segunda, Tercera y Cuarta es un precedente muy grave.
Me alegro de que la Cámara hoy rechazara las modificaciones del Senado, en forma conjunta con los colegas de Renovación Nacional, quienes apoyaron el proyecto cuando se trató en la Cámara. Expresamente, señalo a los colegas Vilches y Prokurica. Espero que en la Comisión Mixta que se formó podamos convencer a estos señores senadores para beneficiar con este proyecto a los pequeños mineros y mineros artesanales.
Por último, señora Presidenta, a propósito de la reflexión anterior, se me vino a la memoria el nombre del gran diputado Sergio Pizarro Mackay (QEPD) a quien se le rindió homenaje en el día de ayer. Al rememorar sus grandes esfuerzos, entre muchas otras cosas que hizo por el país entero cuando fue diputado y después embajador, recordé que siempre estuvo preocupado por su Región, Atacama , y siempre tuvo presente a los pequeños mineros y mineros artesanales.
Destaco ese hecho, porque ¡vaya que nos hacen faltan muchos Sergio Pizarro en la Cámara o en el Senado!
Todos los diputados presentes adherimos al homenaje que acaba de rendir su Señoría en memoria de nuestro ex colega Sergio Pizarro .
Señora Presidenta, quiero referirme a algunos comentarios formulados por los medios de comunicación y pedir oficio al respecto. Fui una de las parlamentarias que no asistió a la sesión el jueves pasado. Al respecto, el diario “El Metropolitano” dijo que los diputados no estamos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ante esta afirmación, aclaro que ningún diputado puede celebrar dicho día, porque el 8 de marzo es para conmemorar, es una fecha de reflexión y de preocupación por la gran mayoría del país. Y quienes no estuvimos en la Cámara, estábamos preocupados por esa gran mayoría, que son las mujeres del país. Recuerdo que es el único día del año en que hay que orientar la política en esa línea.
Pero, primero, hablemos de “El Metropolitano”. Este diario de nuevo se hace eco de denuncias de gente que viene a ponerse para la “tele”.
El diputado Mulet recién se refería al fallecido ex diputado Sergio Pizarro . Ayer se dijo que fue uno de los diputados que hablaba aquí, en el hemiciclo, y hacía propuestas, pero nunca usó la televisión para beneficio propio, menos aún para desprestigiar a los suyos.
Lo que me molesta en la Cámara es que haya diputados que tienen medios de comunicación y los usan para mentirle a la opinión pública.
Puedo compartir que la asistencia a la Cámara sea controlada, pero debe actuarse en serio. No es posible que vengan diputados por uno o dos minutos, que acrediten su asistencia, y se manden a cambiar; van a la televisión, y desaparecen. Llegan diez para la una, y están veinticinco minutos. Sin embargo, después piden “proyectos” y postulan que se debe pagar por asistencia.
El tema es por cuánto tiempo participan y cuántas leyes hacen en serio, y no a través de los medios de comunicación.
Sigo insistiendo: algunos pretenden emporcar su propio nido, y no saben que con eso se están emporcando ellos mismos.
A mi juicio, los medios de comunicación, por lo menos, tendrían que hacer una investigación. Es cierto que los diputados no estamos para celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino para conmemorar que 122 mujeres fueron calcinadas en una fábrica de Nueva York por defender los derechos de las mujeres. Hoy en Chile, el 52 por ciento de sus habitantes son mujeres, y los diputados, el Congreso, el Gobierno, etcétera, tienen la obligación de estar preocupados de esa gran mayoría.
No es necesario hacerlo para la televisión, pues debe hacerse en forma diaria. Pero el 8 de marzo nos obliga a hacer un balance de lo que hemos hecho por ellas, y no a preocuparnos de cómo vienen a engañar con asistencia falsa, de estar un minuto, un segundo, de aparecer anotado como presente y después desaparecer, y no estar nunca más cuando los proyectos sobre las mujeres se discuten en serio.
¡Hay que estar en el distrito, “donde las papas queman”!
Quería hacer este comentario, porque estoy cansada de dar explicaciones sobre gente que hace la política para la “tele”, los denominados “polillas”, con lo cual se desprestigia a los políticos que están preocupados de la gran mayoría, y yo soy una de ellos. No vine a esa sesión, porque me encontraba con más de la mitad del país, que es el 52 por ciento de las mujeres, que, en las buenas y en las malas, dan una pelea y que, por lo menos, el 8 de marzo tienen su día de conmemoración.
Señora diputada, no corresponde a la Cámara enviar oficio a los periódicos. Pero se enviará copia de su intervención al diario mencionado.
Se levantó la sesión a las 14.10 horas.