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Timestamp: 2020-01-17 13:57:04
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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 29-19, de 14/06/2001
Serie A: 14 de junio de 2001 Núm. 29-19 PROYECTOS DE LEY
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2001.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García- Escudero Márquez.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno, al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Los argumentos que pueden esgrimirse para solicitar la devolución al Gobierno del presente Proyecto de Ley son múltiples y contundentes y, por lo tanto, a nuestro juicio, incontestables.
Es pues irrelevante, a todas luces, el déficit conjunto de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Además, como es sobradamente conocido, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y mediante acuerdo de las partes se ha llevado a cabo desde el año 92 un proceso efectivo de consolidación presupuestaria sin necesidad de imposiciones legales.
La irrelevancia del objetivo y la innecesariedad de hacerlo por Ley pone en evidencia la intención oculta
del Gobierno del Estado y que no es otro que entrometerse en el ámbito económico-financiero de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales con el fin de usurparles competencias que les corresponden en exclusiva según la Constitución.
Lo argumentado es motivo suficiente, según el Grupo Vasco en el Congreso, para solicitar la devolución del Proyecto al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don José Antonio Labordeta (CHA), presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (121/000029).
Desde Chunta Aragonesista compartimos los criterios que regulan los Reglamentos de la Unión Europea sobre estabilidad y crecimiento, porque entendemos que las finanzas públicas saneadas no son un fin, sino «un medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sostenible que conduzca a la creación de empleo».
Estos principios han ido creando, en mayor o menor medida, las bases para una «nueva cultura» de estabilidad presupuestaria entre las Administraciones Públicas del Estado. De hecho, en las últimas recomendaciones del Consejo de Ministros, relativas a las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la comunidad, realizadas en la cumbre celebrada en Portugal en junio, en Santa María de Feira, se señalaba que «la política presupuestaria española debería procurar mantener y respetar plenamente el actual pacto de estabilidad entre las Comunidades Autónomas y el Estado, puesto que los gobiernos territoriales tienen un papel cada vez mayor en muchos ámbitos del gasto».
Sin embargo, con este proyecto de ley presentado nos encontramos con un nuevo episodio de una serie que constituye «una gravísima involución en materia autonómica».
Entendemos que hay unos puntos en los que existe una vulneración del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas que nos resulta de una gravedad extraordinaria. Entendemos que es «un paso atrás, sin posibilidad de retorno, en esa cultura de pacto», por diversos motivos:
Dudas sobre la constitucionalidad del proyecto:
En primer lugar, porque entendemos que representa una clara vulneración del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas que, cuando menos, es de dudosa constitucionalidad. Se establece, en el proyecto de ley, un conjunto de restricciones al principio de autonomía financiera en la definición de los presupuestos y de los programas de ingresos públicos. Limitaciones, restricciones al principio de autonomía financiera que nos parecen inaceptables. ¿Por qué se debe prohibir la capacidad de las Comunidades Autónomas para financiar a largo plazo sus inversiones? De aprobarse este proyecto se nos «cierra la puerta» a que, en situaciones extraordinarias, pueden acogerse las Comunidades, como un recurso más (permitido en la legislación vigente), a la posibilidad del endeudamiento.
Realizado al margen del nuevo sistema de financiación:
Es desde luego especialmente grave este proyecto porque, precisamente, nos encontramos viviendo en Comunidades como Aragón, un sistema de financiación autonómica que nos ubica, que nos sitúa «en la minoría de edad», que aboca al endeudamiento o bien a recortar las inversiones y los servicios públicos y eso es algo absolutamente inaceptable. Es inaceptable que, en casos como el de referencia, donde se está cumpliendo con los escenarios de consolidación presupuestaria, nos encontremos ahora con ese anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria que nos devuelve a esa situación de indefensión.
Máxime en un momento en el que nos han llegado las transferencias infradotadas, en la que se ha producido esa merma en los ingresos por los tributos cedidos. Estamos sufriendo un sistema de financiación autonómica notoriamente insuficiente porque se fundamenta en un impuesto que recauda cada vez menos, que es el IRPF y al que además se le aplica una política de reformas a la baja. Lo que observamos es que la evolución del conjunto de los tributos, que se recaudan por parte del Estado, crece más que la evolución del conjunto de tributos que se ceden o que compartimos desde la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pues bien, en este escenario financiero es especialmente preocupante que se apruebe una ley, como la
mencionada, ya que antes de que sepamos cual va a ser ese sistema de financiación, antes de que sepamos con cuánto dinero vamos a disponer para poder llevar a cabo las políticas públicas que por ley, por transferencias, nos corresponden, nos dicen ya que podemos gastar hasta un límite determinado, además con el agravante de que afecta tanto a las Comunidades Autónomas como a los Ayuntamientos. Aceptar un «objetivo de déficit cero» sin saber exactamente, cual va a ser la disponibilidad presupuestaria que va a tener a partir del nuevo sistema de financiación no nos parece legítimo.
Ruptura de los principios Unión Europea:
Consideramos que no sólo se rompe los criterios de acuerdo en el Estado, sino que creemos que el proyecto de ley presentado no concuerda con la estabilidad presupuestaria que se define en los documentos de la Unión Europea.
Así, en el proyecto de ley, se habla estrictamente de equilibrio y superávit anual, sin ningún tipo de margen ni posibilidad para la consideración más que la que pudiera derivar de un fondo de contingencia que se establece sólo para la Administración del Estado.
En la Unión Europea estábamos hablando de déficit público excesivo, se hablaba de tendencia a medio plazo, de equilibrio y y se hablaba situaciones cercanas al equilibrio o de superávit. Aquí se habla estrictamente de equilibrio o de superávit. Se plantea una ley que no deja apenas ningún resquicio en ningún margen, cosa que no sucede en la definición inicial establecida en los reglamentos de la Unión Europea.
Ruptura de la política de diálogo intergubernamental:
Representan un retroceso en el modelo de Estado de las autonomías, cuya fundamentación política se debería basar en el pacto y no en la imposición, en la coordinación y no en la invasión de competencias.
Pasar de la cooperación para imponer la jerarquía, obviar el diálogo para que triunfe la imposición, no nos parece que sean unas fórmulas correctas y adecuadas en lo que se refiere a las relaciones entre las Administraciones Públicas.
Queremos recordar las prisas y la falta de interés por una verdadera negociación, ya que el Ministerio de Hacienda remitió en el caso de la Comunidad Autónoma ese proyecto de ley de estabilidad presupuestaria el día 24 de noviembre de 2000, cuando cinco días más tarde ya estaba convocada una sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal. Por si fuera poco al analizar ese proyecto de ley en el mencionado Consejo el gobierno entendió que de este modo se había superado el trámite de someter a informe público el anteproyecto, eso sí, con un período de diez días más para hacer sugerencias al proyecto.
¿Es esto lo que se entiende por diálogo?, o es que ¿estamos más cerca del criterio Cañete para la aprobación de leyes? El partido que sustenta al Gobierno decía en su campaña electoral frases como las siguientes: «Impulsaremos el diálogo y la negociación de la Administración General del Estado con las administraciones territoriales, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, para alcanzar un pacto que facilite y respalde el proceso de consolidación fiscal, aumente los mecanismos de relación entre todas las Administraciones y permita aunar esfuerzos para conseguir metas comunes», que lejos quedan las promesas cuando se pasa a los hechos.
Por todas estas razones, solicitamos la devolución del texto al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2001.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Don José Núñez Castaín (Grupo Parlamentario Mixto)
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista don José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm.
expte. 121/000029).
Este Proyecto de Ley amenaza con una involución en el proceso autonómico, ya que pretende «rescatar» de las Comunidades Autónomas una función y una competencia que hasta ahora realizan las mismas con plena capacidad y efectividad. Las Comunidades Autónomas han sido hasta ahora absolutamente respetuosas con los compromisos de consolidación presupuestaria asumidos por el Estado y han demostrado, en su mayoría (y de manera ejemplar Andalucía),
que están en condiciones de controlar sus propios equilibrios financieros (el cierre del ejercicio del año 1999 fue prácticamente equilibrado). Lo mismo puede decirse de las Corporaciones Locales que presentan saldos equilibrados desde 1995. Actualmente se dan las condiciones para plantear objetivos de estabilidad presupuestaria en un contexto de diálogo y negociación, en lugar de hacerlo a través de la imposición de una Ley cuyo espíritu vulnera el principio de autonomía financiera de las Comunidades y, consecuentemente, su autonomía política.
Por otra parte, es evidente la falta de oportunidad de esta Ley cuando está por resolver el problema de la financiación autonómica.
Las autonomías y los Ayuntamientos no pueden endeudarse más que para financiar proyectos de inversión, aunque estas iniciativas suelen llevar aparejada un aumento del gasto corriente. El problema está en que los distintos acuerdos de financiación autonómica no han funcionado y nunca han satisfecho de manera suficiente ni la cuantificación de los servicios transferidos ni las necesidades de gasto derivadas de las inversiones que han debido acometer las administraciones territoriales para suplir las insuficiencias de dotación iniciales. No se puede pretender solucionar el problema de la estabilidad presupuestaria sin resolver antes el de la financiación.
Por todo ello, el Partido Andalucista presenta esta enmienda de totalidad al citado Proyecto de Ley, solicitando su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2001.-José Núñez Castaín, Diputado.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el Proyecto de Ley que nos presenta el Gobierno, recordándonos los compromisos adquiridos por nuestro país con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las recomendaciones del Consejo Europeo de Feria en junio del año pasado que abundan en la misma dirección, no supone más que un paso adelante en la regresiva política de ajuste fiscal a las que el gobierno del PP nos está intentando acostumbrar. Siendo España el país que ha llevado a cabo el mayor ajuste fiscal de toda la UE, y no agradándonos contemplar que otros países, más desarrollados que el nuestro, hayan utilizado otros márgenes de maniobra con unos resultados macroeconómicos tan «presentables» como los que gusta repetir al presidente Aznar.
Desde IU se interpreta esta Ley como una vuelta de tuerca más en la pretensión de limitar la actividad económica del Sector Público bajo el paraguas de ensalzar las bondades que para la economía produciría el equilibrio prespuestario, al tiempo que se demoniza el déficit público por su efecto sobre la inflación y los tipos de interés.
Siendo todo esto relativo, y en absoluto casual, ya que el déficit público no es más inflacionista ni presiona más sobre los tipos de interés que si la actividad que financia la realizase el sector privado de la economía, ya que los efectos macroeconómicos que se obtienen por acometer, por ejemplo, una infraestructura no difieren si es llevada a cabo por el Sector Público o por el privado, ya que en ambos casos se consumen los mismos recursos financieros del sistema. En este punto habría que recordar que el déficit público debe ser un instrumento de política macroeconómica y no un objetivo en sí mismo.
Para lo que nos ocupa, desde el punto de vista del Sector Público, es más importante el grado de endeudamiento y la capacidad de obtener ingresos fiscales, que el déficit concreto de un ejercicio económico.
Y es en este punto, donde el gobierno del PP y su reforma fiscal ha originado un importante coste en términos de recaudación, ya que las bajadas impositivas tienen un carácter estructural y son más preocupantes que los desequilibrios presupuestarios coyunturales. Con la estructura de ingresos y la presión fiscal inferior a la media comunitaria que tiene nuestro país y con las medidas tributarias que se aplican, el ataque al déficit público se traduce en un ataque al gasto público que hará que la protección social necesaria para que nuestro país supere los déficits sociales que mantenemos respecto de la media de países de la UE sea muy difícil, por no decir, imposible de alcanzar.
Asimismo, esta Ley obligará también a mantener el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por
tanto, la presentación de este proyecto de ley cuando está por ver cuál será el nuevo modelo de financiación y de suficiencia económica de las Comunidades Autónomas, así como qué es lo que ocurrirá con los ingresos que los Ayuntamientos reciben por el IAE, dado que es un impuesto que el Gobierno quiere que desaparezca, nos parece que es una presión innecesaria para llevar a cabo una buena negociación con estas Administraciones, ya que esta Ley cuestionará abiertamente la competencia de éstas en materia presupuestaria y supeditará la misma a la consecución del déficit cero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda de totalidad de devolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los Diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria 121/000029.
Los Proyectos de Ley de Estabilidad Presupuestaria son inoportunos, por presentarse en el momento previo a la reforma del sistema de financiación autonómica vigente, sin que se hayan iniciado las oportunas negociaciones con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que el Gobierno haya dado a conocer su propuesta para la reforma del sistema, y, por tanto, sin que se haya sometido a debate parlamentario la futura financiación autonómica. Es inadmisible la pretensión del Gobierno de imponer objetivos de equilibrio presupuestario a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales cuando éstas no conocen, ni pueden prever con el menor grado de certidumbre, cual será la evolución de sus ingresos en los próximos ejercicios económicos, máxime cuando se anuncia por parte del ejecutivo una reforma en profundidad de los sistemas de financiación vigentes, tanto a nivel autonómico como municipal.
Ambos Proyectos de Ley no están justificados por un mal funcionamiento de los llamados escenarios de consolidación presupuestaria (ECP), que han tenido un seguimiento casi generalizado por todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ni tampoco por mayores exigencias comunitarias. Consideramos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el marco donde el Gobierno debe negociar con las Comunidades Autónomas la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, con carácter previo a la negociación, en ese mismo marco, de criterios de estabilidad presupuestaria.
El principio de estabilidad presupuestaria es una invención ex novo que no aparece recogida en la Constitución Española, en la que si aparecen la Estabilidad Económica y el Pleno Empleo como principios informadores del sistema económico. La Constitución obliga a todos los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, y para una distribución de la renta regional más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. Además, encomienda la realización de políticas orientadas a lograr el pleno empleo. Por el contrario, el proyecto de ley minimiza la importancia de ambos objetivos constitucionales subordinándolos a la consecución del principio de estabilidad presupuestaria, esto es, supedita todos los principios constitucionales informadores del sistema económico al cumplimiento de la condición de estabilidad presupuestaria, entendida como equilibrio presupuestario o superávit.
El Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria quiebra el Principio de Suficiencia Financiera de las Administraciones Locales por cuanto considera prioritario alcanzar el equilibrio presupuestario por encima de garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales. La Constitución otorga autonomía a las Corporaciones Locales para que dispongan de medios económicos propios para atender al cumplimiento de sus funciones, principio que se subordina a la presentación del saneamiento financiero de sus cuentas. En la situación actual, la ejecución de este proyecto de ley puede paralizar el funcionamiento de la Administración Municipal, por su elevado nivel de endeudamiento, particularmente en los Ayuntamientos con menor número de habitantes.
Creemos que el verdadero objetivo del Proyecto de Ley es el control y la tutela efectiva de todas las Administraciones territoriales por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda, convirtiendo el Estadode las Autonomías en un mero proceso de descentralización
Administrativa. Todo ello, bajo el pretexto de la Estabilidad Presupuestaria.
Por todos estos motivos, el Bloque Nacionalista Galego solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2001.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Ignacio Aymerich Cano, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad, por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que será debatido por la Comisión de Economía y Hacienda (núm. expte. 121/ 000029).
El proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y la ley orgánica que lo acompaña, de aplicación a las comunidades autónomas de los principios de estabilidad presupuestaria, representa una ingerencia incomprensible en el ámbito de la autonomía financiera que la ley atribuye a los diferentes niveles de la administración pública.
Aunque los principios de prudencia presupuestaria, eficacia en la gestión de los recursos públicos y contención del déficit presupuestario son principios ampliamente compartidos en la actual doctrina económica y política, parece un tanto insólito desplazar mediante una ley el deseable saneamiento de las finanzas públicas a dos ámbitos (el local y el autonómico) que no tan sólo representan una fracción reducida del déficit público de la administración del Estado español, sino que además tienen pendiente la resolución definitiva de la principal fuente de sus problemas presupuestarios: el actual sistema de financiación de los entes territoriales. Pedir rigor y contención presupuestaria en tanto no se haya dado a estos dos niveles de la administración la fórmula de cobertura definitiva de las competencias que, por un lado, les son obligatorias y, por otros, constituyen una demanda legítima de los ciudadanos, no parece que sea la mejor forma de introducir estabilidad presupuestaria en el conjunto del sistema público.
Por todos estos motivos, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado. Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada por Gipuzkoa (EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Se presenta una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley fundamentada en los siguientes aspectos:
1. Ni la exposición de motivos ni el objetivo de asegurar la consecución de la estabilidad presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas justifican el carácter uniformador de este Proyecto de Ley que, basándose en unos argumentos que podemos compartir y en unas directrices exigidas por el necesario equilibrio entre los Estados miembros de la Unión Europea, aprovecha la oportunidad para establecer un control del Estado que atenta a la autonomía en general y muy en particular a la capacidad normativa y soberanía fiscal y financiera que el Concierto y el Convenio Económicos
otorgan a la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
2. La capacidad presupuestaria de endeudamiento y de control y tutela que el Estatuto de Gernika y la Ley de Amejoramiento a través de las Leyes de Concierto y Convenio otorgan a las Comunidades Autónomas del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra y particularmente, la tutela que sobre las corporaciones municipales ejercen las Diputaciones Forales en virtud de la Ley de Concierto no quedan garantizadas ni respetadas por la formulación general y particular del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (expediente número 121/000029), a instancia del Diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
Iniciativa per Catalunya-Verds rechaza el proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, ya que supone una «sacralización» del llamado déficit cero por parte de el Gobierno del Estado. El déficit cero se convierte, de esta forma, en una excusa para limitar aún más las políticas de inversión pública, cuando éste debe interpretarse como una tendencia para aproximarse al equilibrio de las cuentas públicas -tal y como ya venimos argumentando en nuestras críticas a los últimos presupuestos.
Además, creemos que este Proyecto de Ley -junto con el 121/000030, Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley que estamos rechazando- supone una limitación al poder local y autonómico, y lamentamos que no hayan sido consensuados ni con las asociaciones municipalistas ni con las autonomías. Es la forma de que el Gobierno imponga un determinado tipo de políticas de gasto público sin contar para nada con los poderes locales y autonómicos.
La situación de partida respecto del control sobre déficits y endeudamientos no es la misma para todas las administraciones públicas. En el caso de los entes locales, los planes de saneamiento y la tutela de las comunidades autónomas y del propio Estado suponen más presión para afrontar el problema. Paralelo a ello, los actuales sistemas de financiación de las comunidades autónomas y de las administraciones locales implican insuficiencia de recursos, inelasticidad en la coyuntura económica y dificultades y costes elevados de gestión.
Ante ello, el Gobierno nos plantea una propuesta que no tiene presente que la deuda puede ser productiva en tanto que puede tener efectos multiplicadores en la dinámica económica. Incluso, puede generar mayores ingresos fiscales que permitan en un tiempo razonable su amortización y pago de intereses. Esta deuda se puede aplicar al stock de capital público o humano, infraestructuras, políticas de I+D o al sistema escolar.
Es por ello, que las consecuencias de la aprobación de este Proyecto de Ley pueden afectar de forma muy negativa a las haciendas locales.
Cabe tener presente que, actualmente, la legislación tan sólo permite que los entes locales se endeuden para destinar el dinero a inversiones, de forma que el ahorro pueda cubrir la devolución de los préstamos.
La reducción de las posibilidades de la capacidad de endeudamiento de los entes locales para financiar nuevas inversiones que se amortizarán en el tiempo tan solo limitará el grado de autonomía presupuestaria y, en consecuencia política, de las administraciones más cercanas a los ciudadanos y a las ciudadanas: los ayuntamientos y otras administraciones locales que son quienes reciben y canalizan la mayoría de demandas de la sociedad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialistatengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, serie A, número 29, de 9 de febrero de 2001 (núm.
exp. 121/000029).
A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la iniciativa legislativa no constituye un instrumento conveniente ni indispensable para la consecución del deseable objetivo de estabilidad presupuestaria, sino que más bien parece la expresión de una importante operación de imagen o publicitaria que pretende sacralizar un principio -el de déficit cero o superávit- que sólo es un elemento más de los que inciden en la consecución de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es más, los hechos demuestran que la norma proyectada no resulta necesaria para lograr el fin que se persigue; en efecto, si reiteradamente se afirma que la disminución del déficit ha sido una de las claves de la política económica que ha hecho posible el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria de 1999, y si este déficit es calculado para el conjunto del sector público (incluidas las CC.AA. y Entidades Locales), no se alcanza a comprender porque se considera ahora que debe existir una norma estatal, cuando los mecanismos de coordinación han demostrado su idoneidad para alcanzar el objetivo señalado.
Además de los posibles problemas de constitucionalidad que se plantean en relación con el debido respeto al principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, el proyecto de ley contiene relevantes contradicciones y previsiones incompletas o indeterminadas. Y así, aunque pudiera parecer lo contrario, los proyectos no garantizan la inexistencia de déficits dado que, en todos los supuestos, se prevé la posibilidad de aprobación de presupuestos en posición de déficit, aunque dicha situación se califique de excepcional. La Ley es pues una norma voluntarista, que parte de la base de que por enunciar la necesidad de que los presupuestos se elaboren, aprueben y ejecuten en situación de equilibrio o superávit, el mismo se va a producir. Sin embargo, y entre tanto, como el principio de estabilidad se predica de todas las Administraciones, la norma sí tiene una específica consecuencia práctica, en especial con relación a las CC.AA. y Entidades Locales: la toma de control y fiscalización de los presupuestos de dichas entidades y de sus planes de saneamiento o corrección. Voluntarismo para el Estado; control para el resto de las Administraciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2001.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria 121/000029.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2001.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Carlos Aymerich Cano, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Al título del Proyecto
Se propone substituir el título del Proyecto de Ley por el siguiente: «Proyecto de Ley General de Equilibrio Presupuestario».
Don Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)
Se propone substituir el título de este artículo por el siguiente: «Principio de equilibrio presupuestario».
Se propone substituir el texto del apartado 1 del artículo 3, por el siguiente texto:
«1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley se realizará en un marco tendente al equilibrio presupuestario, conforme a los acuerdos que el Gobierno Central alcance con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de acuerdo con los principios constitucionales de Estabilidad Económica y consecución del pleno empleo, y con el principio de cohesión económica y social contenido en el Tratado de Amsterdam.» ENMIENDA NÚM. 13
Se propone suprimir íntegramente el apartado 2 del artículo 3.
Se propone substituir el texto del apartado 3 del artículo 3, por el siguiente texto:
«3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por equilibrio presupuestario la posición de equilibrio financiero.»
Se propone substituir la expresión «del principio de estabilidad presupuestaria» por el siguiente texto:
«de los acuerdos alcanzados por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a los que hace referencia el artículo 3.1.»
Se propone substituir la expresión «del objetivo de estabilidad presupuestaria» recogida en el apartado 1 del artículo 6, por la expresión «del principio de estabilidad económica».
Se propone substituir el título del artículo 7 por el siguiente texto: «Cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario».
Se propone suprimir íntegramente el apartado 1 del artículo 7.
«2. Corresponde al Gobierno Central y a los Gobiernos Autonómicos, velar por el cumplimiento del objetivo presupuestario en sus respectivos ámbitos competenciales.»
«1. En el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará el objetivo presupuestario referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como para cada uno de los agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta Ley.»
«2. El acuerdo del Consejo de Ministros, en el que se contenga el objetivo presupuestario, se remitirá a las Cortes Generales en forma de Proyecto de Ley para su debate y aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad.»
Se propone substituir el título del artículo 9 por el siguiente texto:
Se propone substituir en el artículo 9 la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario».
«En el plazo de un mes desde la recepción de dicho informe los Ministros titulares de los departamentos de Economía y Hacienda comparecerán ante las Cortes Generales para dar cuenta del contenido del mismo.»
Se propone substituir, en el título del artículo 10, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario».
Se propone substituir, en el párrafo único del artículo 10, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestarios».
Se propone suprimir íntegramente el artículo 11.
«por importe del 2 por ciento del citado límite.» ENMIENDA NÚM. 31
Se propone suprimir íntegramente el apartado 5 del artículo 15.
«a) En la Administración General del Estado podrá incrementar el límite máximo de gasto no financiero al que se refiere el artículo 13, correspondiente al ejercicio siguiente, incorporarse al Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o aplicarse a la reducción del endeudamiento neto.»
Se propone substituir, en el artículo 18, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario».
Se propone substituir, en el párrafo único del artículo 19, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario», y la referencia al artículo «3.2» por «3.1».
Se propone la supresión íntegra del artículo 20.
«El Ministerio de Hacienda, o el Departamento correspondiente de la Administración Autonómica competente, a los efectos de la comprobación del cumplimiento de los objetivos presupuestarios,...» continúa igual.
Se propone substituir, en el apartado 1 del artículo 22, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario».
Se propone la supresión íntegra del apartado 2 del artículo 22.
Se propone substituir, en el apartado primero del artículo 23, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestarios».
Se propone la supresión íntegra del apartado 2 del artículo 23.
Se propone substituir, en el párrafo único del artículo 25, la expresión «de estabilidad presupuestaria» por la palabra «presupuestario».
Se propone la supresión íntegra de la disposición adicional única.
Se propone substituir el texto del apartado 1 de la disposición final cuarta, por el siguiente texto:
«1. Se faculta al Gobierno Central, en el ámbito de sus competencias, para que apruebe las normas reglamentarias previstas en la presente Ley.»
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Los artículos 143 a 174 del Título VI, Capítulo primero, de la citada Ley recogen ampliamente las capacidades y limitaciones de presupuestación de las entidades locales; así como, los artículos 49 a 56 del Título I, capítulo tercero, contemplan los límites y régimen de autorización para la concertación de operaciones de crédito.
La existencia de una normativa específica que regula la presupuestación y el recurso al crédito de las entidades locales da plenas garantías para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo cual queda corroborado por la evolución de las magnitudes económicas del sector público local (ver cuadros anexos), siendo aconsejable la reformulación que proponemos del texto de proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria en lo que a las entidades locales se refiere.
«1. Constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público en orden a la consecución de la estabilidad y el desarrollo económico y social, mediante una política de redistribución de rentas adecuada, en el marco de la Unión Económica y Monetaria, y en virtud de la competencia del Estado respecto de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.»
La política fiscal debe estar al servicio de las necesidades sociales de un país.
Se propone sustituir la expresión: «... de estabilidad presupuestaria...», por el siguiente: «... presupuestario...».
Al artículo 3.2
«,? y a la que se accederá mediante una política de aumento de ingresos, sobre todo vía imposición directa y en especial los provenientes de rentas del capital, y a una disminución de gastos superfluos, en especial los gastos fiscales.»
Creemos que para llegar a alcanzar las imposiciones de esta Ley, sería interesante revisar a fondo el sistema fiscal, aumentando la imposición directa en detrimento de la indirecta, sobre todo las rentas que gravan el capital, así como la revisión de determinadas partidas de gastos, entre otros los fiscales que no obtienen todos los beneficios sociales previstos para su imputación.
Se propone suprimir desde «a la que, en su caso, ...» hasta el final del párrafo.
Por redundante.
Además habría que preguntarse si las estrategias de saneamiento pueden conllevar despidos masivos en los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
Se propone sustituir la expresión: «... del principio de estabilidad presupuestaria», por el siguiente: «... del mismo.».
Cuando el cumplimiento, año tras año, del Presupuesto General del Estado, se pone en entredicho, nos parece más adecuado el que se adopten las medidas necesarias para que se permita la verificación del cumplimiento de éste, independientemente del principio que lo rija.
«1. Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y social, y se ejecutarán mediante una gestión adecuada de los recursos públicos, orientada a cubrir las necesidades demandadas por los ciudadanos.»
No nos olvidemos que son los ciudadanos los que aportan el dinero a las arcas del Estado, y, por tanto,
deberían ser sus demandas las que se satisficieran en primer lugar.
Se propone crear un nuevo punto 3. Del siguiente tenor literal:
«3. Las políticas de ingresos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y social de cada ciudadano, primando la imposición directa sobre la indirecta. Para ello, al menos, se aumentará la tributación de las rentas del capital para adecuarla a los principios que inspiran esta Ley, al tiempo que se disminuirá el Impuesto sobre el Valor Añadido para ciertos productos de primera necesidad.»
Al Título segundo
Al Título del artículo 7
Éste pasará a llamarse «Cumplimiento del presupuesto».
Se propone sustituir la expresión: «... principio de estabilidad presupuestaria», por la siguiente: «... presupuesto.».
Se propone sustituir la expresión: «... objetivo de estabilidad prespuestaria», por la siguiente: «... objetivo presupuestario».
Se propone sustituir la expresión: «... de equilibrio o superávit...», por la siguiente: «... presupuestario».
Al Título del capítulo segundo del Título segundo que quedará redactado de la siguiente forma: «Presupuesto del Sector Público Estatal».
Se sustituye la expresión: «... no podrá ser...», por la de: «...
deberá ser...».
Capítulo tercero. Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25
Las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el marco de las disposiciones previstas en materia de presupuestos y de operaciones de crédito en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 143 a 174, y 49 a 56, respectivamente.»
Se propone suprimir esta disposición adicional.
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000019), a instancia del Diputado Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds.
El apartado 2 quedará redactado de la siguiente forma:
«En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio, de déficit o de superávit, computada en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.»
La estabilidad presupuestaria puede alcanzarse a medio plazo con la existencia de años en los que se registre déficit.
El apartado 3 quedará redactado de la siguiente forma:
«Las situaciones de déficit deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y requerirán la formulación de un plan para su corrección.»
El plan de corrección puede tener muy distintas naturalezas, plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo, revisión de la legislación que hace referencia a la financiación de Corporaciones Locales o Comunidades Autónomas, revisión de costes, etc.
De modificación Añadir en el apartado 2, después de «se contenga el objetivo de», el texto: «déficit,».
El escenario presupuestario plurianual es un documento de previsión que puede verse alterado por los acontecimientos posteriores (mayores ingresos, mayores gastos, etc.) que pueden permitir u obligar a un gasto mayor del inicialmente previsto.
Sustituir el redactado del apartado 5 por el texto siguiente:
«El informe trimestral recogerá también la evolución de los ingresos y con ellos las posibilidades de ampliación del mismo. El volumen total del fondo podrá revisarse, al alza y a la baja, según las necesidades de la evolución económica general debiendo razonarse tales modificaciones.»
En el momento de la alteración del volumen del fondo se determinará el destino de su posible superávit.
Sustituir el redactado del artículo por el siguiente:
«Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el marco de las disposiciones previstas en materia de presupuestos y de operaciones de crédito en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 143 a 174 y 49 a 56, respectivamente.»
La existencia de una normativa especifica que regula la presupuestación y el recurso al crédito de las entidades locales da plenas garantías para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo cual queda corroborado por la evolución de las magnitudes económicas del sector público local (ver cuadros anexos), siendo aconsejable la reformulación que proponemos del texto del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria en lo que a las entidades locales se refiere.
La existencia de una normativa específica que regula la presupuestación y el recurso al crédito de las entidades locales da plenas garantías para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo cual queda corroborado por la evolución de las magnitudes económicas del sector público local (ver cuadros anexos), siendo aconsejable la reformulación que proponemos del texto de Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria en lo que a las entidad locales se refiere.
La existencia de una normativa específica que regula la presupuestación y el recurso al crédito de las entidades locales da plenas garantías para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo cual queda corroborado por la evolución de las magnitudes económicas del sector público local (ver cuadros anexos), siendo aconsejable la reformulación que proponemos del texto del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria en lo que las entidades locales se refiere.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2001.- José Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Coalición Canaria
Añadir un nuevo párrafo al punto 2 del siguiente tenor:
«2. Corresponde al Gobierno de la Nación velar por...» Debe decir:
«2. Corresponde al Gobierno de la Nación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su ámbito, velar por...»
Al artículo 20 bis (nuevo)
Al artículo 24, punto 5 (nuevo)
«5. El Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas articularán los instrumentos de colaboración
precisos para el intercambio de información de naturaleza presupuestaria y financiera relativa a las entidades locales.»
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado, al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte.
Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2001.- Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV).
«Constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores y la determinación de los procedimientos necesarios para la coordinación de la política presupuestaria y la actividad financiera del sector público en orden a la consecución de la estabilidad y crecimiento económicos, en el marco de la Unión Económica y Monetaria, de acuerdo con las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, constituido por la Resolución del Consejo, de 17 de julio de 1997, el Reglamento (CE) n.o 1466/97, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y el Reglamento (CE) n.o 1467/97, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.»
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento contiene un conjunto de disposiciones de carácter preventivo y disuasorio, dirigidas, fundamentalmente, a supervisar y coordinar las políticas económicas de los Estados miembros participantes en la tercera fase de la UEM, conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio presupuestario y corregir los déficit excesivos. Sin embargo, el procedimiento que dicho Pacto establece para garantizar su cumplimiento se aleja bien mucho de la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria.
Por el contrario, sería más acorde con los principios y, fundamentalmente, con las obligaciones derivadas de dicho Pacto y con la organización territorial del Estado el establecimiento de mecanismos de coordinación de la política presupuestaria del sector público, sin perjuicio del reconocimiento formal de determinados principios que deban informar la actividad financiera de todas las Administraciones Públicas.
«1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, de acuerdo con las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
2. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, establecido por el Reglamento (CE) n.o 2223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996.
«Los presupuestos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la supervisión de las situaciones presupuestarias y de la actividad financiera del sector público en orden a la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.» JUSTIFICACIÓN
«2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley que afecte a los gastos públicos, deberán valorar sus repercusiones y efectos en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.»
«Artículo 7. Establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
3. El acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad, se remitirá a las Cortes Generales a los efectos de su debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes.»
Por otro lado, si la norma persigue la contribución de todo el sector público al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, no tiene sentido que la misma no contemple la participación de dicho sector público en la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto del mismo, función que se atribuye en exclusiva al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales.
Por último, la redacción del artículo no aclara cuál es el grado de intervención de las Cortes Generales por lo que, como recomienda el Consejo de Estado en su dictamen, lo más oportuno sería que interviniera a los efectos del debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes.
«Artículo 8. Desviaciones del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
1. Las desviaciones que se produzcan en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para cada ejercicio deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen.
2. Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario o de un nivel de endeudamiento excesivos requerirán la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección.»
«?, establecido por el Reglamento (CE) n.o 2223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996.»
Si se quiere aludir a figuras propias del derecho comunitario como la del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales debería citarse la norma que las regula o establece.
«1. Los sujetos enumerados en el artículo segundo de la presente Ley asumirán en la parte que les sea imputable por su actuación las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
2. La imputación de responsabilidad a cada sujeto deberá ajustarse a su peso relativo en las variables que se utilicen para la constatación de dicho incumplimiento, así como el resto de circunstancias extintivas o atenuantes de dicha responsabilidad contenidas en las normas reguladoras del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.»
Además, la delimitación de la parte de responsabilidad que puede ser imputable a cada sujeto debe limitarse a su participación relativa en dicho incumplimiento sin perjuicio de que, de conformidad a las normas que constituyen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pueda atenderse a otras circunstancias excepcionales que reduzcan o, incluso, eliminen dicha responsabilidad.
«1. Cuando de manera excepcional se aprueben los presupuestos de los sujetos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.1 de esta Ley en posición de déficit, el Gobierno elaborará en el plazo de un mes desde la aprobación de los presupuestos un plan económico- financiero de corrección del desequilibrio que contendrá la definición de las políticas de ingresos y gastos que sea preciso aplicar para corregir dicha situación y se remitirá a las Cortes Generales a los efectos de su debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes.»
Al artículo 17.1
«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de los sujetos enumerados en las letras a) y b) del artículo 2.1 de esta Ley presente una situación de déficit, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales en los veinte días siguientes a la aprobación de la liquidación un plan económico-financiero de corrección con el alcance previsto en el artículo 14 de esta Ley.»
«1. El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público de las Entidades Locales se fijará en el marco de los acuerdos de consolidación presupuestaria que a tales efectos se formalicen.
2. La Comisión Nacional de Administración Local actuará como órgano de coordinación entre la Administración del Estado y las Entidades Locales respecto de las materias comprendidas en la presente Ley.» JUSTIFICACIÓN
En concordancia con las enmiendas anteriores, la disciplina presupuestaria que pretende aplicarse a todas las entidades locales en su conjunto no puede realizarse por imposición sino por adhesión.
En este sentido, el empleo de mecanismos más participativos y menos coercitivos, la intervención de órganos de coordinación de la política presupuestaria y financiera y la búsqueda de fórmulas de consenso serían más respetuosos con la autonomía de dichas entidades.
«El Ministerio de Hacienda, así como, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a los efectos de la supervisión del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, podrán recabar de las Entidades Locales la información que permita la medición del grado de realización del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, establecido por el Reglamento (CE) número 2223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996.»
Por otro lado, la labor del Ministerio de Hacienda y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas debe limitarse a la supervisión del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y no a su fiscalización.
«Artículo 22. Desviaciones del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
1. Las desviaciones que se produzcan en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para cada ejercicio deberán ser justificadas por las Entidades Locales mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen.
2. Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario o de un nivel de endeudamiento excesivos requerirán la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección que será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
3. Este plan será remitido al Ministerio de Hacienda y, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma a los efectos de supervisar las actuaciones encaminadas a la corrección de tales desequilibrios. En el ejercicio de dichas funciones dichos órganos podrán hacer las recomendaciones que estimen oportunas.»
El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no puede establecerse como preferente frente a los otros criterios contemplados en dicha norma y, aún menos, el requisito «sine qua non» de eliminar la situación de desequilibrio presupuestario.
Se propone sustituir la redacción del apartado uno de la disposición adicional única por la siguiente:
«Uno. Se incorpora un nuevo apartado 7 del artículo 54 de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado en los siguientes términos:
"7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizante atenderá, asimismo, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en la Ley ... General de Estabilidad Presupuestaria."»
Se propone suprimir la disposición final tercera.
Como ha señalado el Consejo de Estado en su dictamen, la atribución o no de carácter básico a las normas reglamentarias -o a alguno de sus preceptos- que pueden dictarse en desarrollo de una ley básica no puede configurarse como una mera posibilidad sino que dicha norma reglamentaria deberá establecer expresamente el carácter básico de tales preceptos y, además, con un carácter excepcional.
«1. Los órganos competentes de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley aprobarán las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo.»
En concordancia con enmiendas anteriores, la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria constituye un límite a la autonomía de las diferentes entidades del sector público por lo que, una vez reconocida dicha aplicación con carácter general, deberá respetarse su autonomía para concretar, también en su aspecto sustantivo, la plasmación de dicho principio.
De una nueva disposición adicional segunda
Los Territorios Históricos Forales conservan un régimen especial en materia económico-financiera en lo que se refiere a su propia naturaleza de órganos forales, incluyendo su tradicional tutela sobre las entidades locales. Más en concreto, y en lo que se refiere a los Territorios Históricos que actualmente forman parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es tradicional el reconocimiento que las distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico han venido prestando a esas especialidades, como ocurre, por ejemplo, en la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la disposición adicional decimoctava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como en el propio Concierto Económico.
Dado que, finalmente, el anteproyecto originario se fraccionó en dos Proyectos de Ley distintos, uno de Ley ordinaria y otro de Ley Orgánica, es verosímil pensar que el Gobierno deseaba incluir sendas cláusulas de salvaguardia foral en ambos Proyectos, pero, seguramente por olvido, el Gobierno incluyó una cláusula de este tipo en uno de los proyectos (en el de la Ley Orgánica), y no lo hizo en el otro (en el de la Ley ordinaria). Es por ello que esta iniciativa que presentamos pretende, precisamente, corregir este error, introduciendo una enmienda
técnica que incluye una cláusula general de salvaguardia de las especialidades forales en el Proyecto de Ley ordinaria, en la misma línea de la intención protectora de las mismas que figura en el otro Proyecto de Ley (el de la Ley Orgánica), retocando ligeramente su texto que, de lo contrario, podría resultar un poco confuso.
Cuando se aprobó en el año 1997 el Programa de Convergencia, el Gobierno del Estado proclamaba, con respecto a las Haciendas Territoriales, que habían establecido los procedimientos necesarios para el ajuste de la política presupuestaria a los objetivos establecidos en dicho programa mediante la consecución de un pacto interno de estabilidad, con el compromiso de diseñar un procedimiento de déficit excesivos y de negociar unos escenarios de consolidación presupuestaria acordes con dicho programa de convergencia.
Por lo tanto, si se quiere aplicar en nuestro ámbito interno la normativa europea que rige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, este proyecto de ley debería limitarse a establecer las normas mínimas que permitan la coordinación y supervisión de la política presupuestaria y de la actividad financiera de las Administraciones Públicas en orden a la consecusión de los objetivos perseguidos por dicho Pacto y, en su caso, a configurar un procedimiento que evite los déficit excesivos en el ámbito interno y delimite, asimismo, la responsabilidad de los diferentes sujetos del sector público en el caso de un hipotético incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, procedimiento que, en cualquier caso, deberá ser fruto del acuerdo y consenso entre dichos sujetos en el seno de los órganos de coordinación existentes en la actualidad.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazabal, Diputada por Gipuzkoa (EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2001.-Begoña Lasagabaster Olazabal, Diputada.- Joan Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Doña Begoña Lasagabaster Olazabal (Grupo Parlamentario Mixto)
Texto que se propone: Se propone añadir una nueva disposición adicional, que pasaría a ser la «disposición adicional primera», en la que figuraría el siguiente texto:
«Primera. Lo establecido en la presente Ley, se entenderá sin perjuicio de las competencias que otorgan a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, el Estatuto de Gernika y la Ley de Amejoramiento del Fuero e, igualmente, las Leyes de Concierto y Convenio Económicos.»
Garantizar el respeto al Estatuto de Gernika y la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra a la vez que la
soberanía fiscal y financiera que otorga el Concierto y Convenios Económicos.
Texto que se propone: Se propone modificar la disposición adicional «única» que recoge el Proyecto de Ley, para pasar a llamarse «segunda».
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2001.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazabal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Se suprime la letra c) del punto 1 del artículo 2.
El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica que lo acompaña, de aplicación a las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales de los principios de estabilidad presupuestaria, representa una injerencia incomprensible en el ámbito de la autonomía financiera que la Ley atribuye a los diferentes niveles de la administración pública.
Se suprime la letra d) del punto 1 del artículo 2.
El punto 2 del artículo 2 quedará redactado de la siguiente forma:
«2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de Derecho Público dependientes de la Administración del Estado quedarán sujetos a lo dispuesto en el Título I de esta Ley y a las normas que específicamente se refieran a las mismas.»
El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica que lo acompaña, de aplicación a las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales de los principios de estabilidad presupuestaria, representa una injerencia incomprensible en el ámbito de la
autonomía financiera que la Ley atribuye a los diferentes niveles de la administración pública.
Se suprime el texto subrayado del punto 3 del artículo 7.
«?, y requerirán la formulación de un plan económico- financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección, ...»
Las situaciones de excepcionalidad en el desequilibrio financiero deben tener un margen suficientemente amplio para su resolución.
Habitualmente en economía, la expresión «a medio plazo» implica períodos inferiores a los cinco años y creemos más pertinente que se pueda decidir en cada caso.
La letra a) del punto 2 del artículo 17 quedará con el siguiente redactado:
«a) En la Administración General del Estado, se podrá dedicar tanto a reducir su endeudamiento neto como a complementar la inversión pública en aquellas Comunidades Autónomas que tengan, en el ejercicio presupuestario corriente, una inversión territorializada per cápita inferior a la media.»
Garantizar que el superávit presupuestario se podrá dedicar también a inversión pública en áreas infradotadas.
Se suprimen los artículos 19 a 25.
La aplicación a las corporaciones locales de los principios de estabilidad presupuestaria contenidos en el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria representauna injerencia incomprensible en el ámbito de la autonomía financiera que la Ley atribuye a los diferentes niveles de la administración pública.
La aplicación a las corporaciones locales de los principios de estabilidad presupuestaria contenidos en el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria representa una injerencia incomprensible en el ámbito de la autonomía financiera que la Ley atribuye a los diferentes niveles de la administración pública.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
«La presente ley no afectará a los regímenes financieros y fiscales de la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se seguirán rigiendo al amparo de la disposición primera de la Constitución, por los sistemas de Concierto Económico, en el caso vasco, y de Convenio Económico, en el caso navarro. Lo cual implica el respeto por parte de esta norma a la Ley 12/1991, de 13 de mayo, del Concierto Económico (y posteriores leyes de modificación del mismo) y de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.»
«La presente Ley no afectará a la autonomía de la que deben gozar todas las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para la gestión de sus respectivos intereses, tal y como preceptúa el artículo 137 de la Constitución, en conexión con el artículo 2 y el conjunto delTítulo VIII de nuestra Carta Magna.»
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Núñez Castaín del Partido Andalucista, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (121/000029).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2001.-José Núñez Castaín, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al artículo 3, apartado 2
Sustituir el texto: «En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas».
Nueva redacción: «En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio presupuestario en el escenario plurianual que se establece en el artículo 4 de esta misma Ley, con el límite del 3 por 100 del PIB de déficit público para cada uno de dichos sujetos, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas».
Dos principios informan esta enmienda. Por un lado, que el equilibrio presupuestario debe plantearse ajustado al ciclo económico, por lo que conviene ajustar su definición al escenario plurianual que establece la propia Ley para la elaboración de los Presupuestos del conjunto de las administraciones públicas. Por otro, que elPacto de Estabilidad y Crecimiento al que se invoca en
la exposición de motivos de la Ley recomienda establecer el límite del déficit público en el 3 por 100 del PIB. Este margen que por lo reducido no pone en peligro la estabilidad presupuestaria, refuerza la capacidad de las políticas anticíclicas al permitir definir presupuestos deficitarios, dentro del límite señalado, en fases depresivas y con superávit en las expansivas, contribuyendo de esta manera a minimizar los efectos desestabilizadores del ciclo económico.
Sustituir el texto: «Corresponde al Gobierno de la Nación velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en todo el ámbito del sector público».
Nueva redacción: «Corresponde al Gobierno de la Nación, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en sus respectivos ámbitos del sector público».
Se trata de sustituir la errónea interpretación del principio de jerarquía entre administraciones que subyace en el proyecto de Ley por otro concepto más equilibrado en el que los criterios de acuerdo, cooperación y consenso se perfilen como garantes del ejercicio de responsabilidad que debe corresponder a todas y cada una de las Administraciones Públicas.
Al artículo 8, apartados 1 y 2
De modificación Sustituir el texto:
«1. En el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y de Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta Ley.
2. El acuerdo de Consejo de Ministros en el que se contenga el objetivo de equilibrio o superávit se remitirá a las Cortes Generales para su debate y aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad en el que se situará la elaboración de los presupuestos de todos los sujetos que conforman el sector público.»
«1. En el primer cuatrimestre de cada año, los Ministerios de Economía y Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y la Comisión Nacional de Administración Local fijarán, cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia, el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta Ley.
2. El acuerdo de Consejo de Ministros en lo que se refiere a las propuestas de los Ministerios de Economía y Hacienda y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, conteniendo los respectivos objetivos presupuestarios, se remitirán a las Cortes Generales para su debate y aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad en el que se situará la elaboración de los presupuestos de todos los sujettos que conforman el sector público.»
En coherencia con los principios de acuerdo, cooperación y consenso y en defensa del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, la enmienda plantea una fórmula de elaboración responsable de los compromisos que deben asumir, adoptada en los órganos de representación, participación y coordinación actualmente establecidos.
Suprimir el artículo completo.
Puesto que se establecen canales responsables de representación, participación y coordinación, deja de tener sentido la necesidad de elevar informe al Gobierno sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que, en todo caso, debería corresponder a los órganos ya existentes para este fin.
Sustituir el texto: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y a los efectos previstos en el artículo 8 de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales».
Nueva redacción: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y a los efectos previstos en el artículo 8 de esta Ley, las Cortes Generales, a propuesta de la Comisión Nacional de Administración Local, debatirán y, en su caso, aprobarán el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales».
Se trata de trasladar al órgano de representación, participación y cooperación actualmente existente el ejercicio de la competencia que en estos momentos le corresponde y que ha ejercicio hasta el momento con una responsabilidad ejemplar.
Al artículo 20, apartado 2
Suprimir el apartado completo.
En coherencia con lo dispuesto en la enmienda al apartado 1 de este mismo artículo.
Sustituir el texto: «El Ministerio de Hacienda, a los efectos de la comprobación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, podrá recabar de las Entidades Locales la información que permita la medición del grado de realización del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales».
Nueva redacción: «La Comisión Nacional de Administración Local, a los efectos de la comprobación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, podrá recabar de las Entidades Locales la información que permita la medición del grado de realización del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales».
Debe ser la Comisión Nacional de Administración Local la que se dote de los mecanismos de comprobación de los acuerdos adoptados en su seno.
Al artículo 22, apartado 2
Sustituir el texto: «El plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio será remitido al Ministerio de Hacienda, que será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio».
Nueva redacción: «El plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio será remitido a la Comisión Nacional de Administración Local, que será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio».
Sustituir el texto: «La autorización a las Entidades Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Nueva redacción: «La autorización a las Entidades Locales para realizar emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
La política financiera de las Entidades Locales está fuertemente afectada por las operaciones de tesorería, entre las que se incluyen la gestión de las cuentas acreedoras y de las operaciones bancarias corrientes. Ampliar más allá de las operaciones de emisión de deuda la necesidad de autorización del Estado, supondría una burocratización excesiva de la gestión de dicha tesorería.
Añadir el apartado 5 (nuevo) con el texto: «El Ministerio de Hacienda remitirá puntualmente, y con una frecuencia mensual, a la Comisión Nacional de Administración Local y desde la Secretaría Permanente de ésta a la Federación Española de Municipios y Provincias el contenido completo de la Central de Información sobre operaciones de crédito y otras de las señaladas en el apartado 1 de este artículo, así como del conjunto de la información recibida de Banco de España, Bancos, Cajas de Ahorro, otras entidades financieras y las distintas Administraciones Públicas, a las que se hace referencia en apartados anteriores de este artículo».
El adecuado funcionamiento del marco de cooperación y consenso en materia de estabilidad presupuestaria entre las Administraciones General del Estado y la Administración Local aconseja la disponibilidad completa e inmediata de toda la información necesaria para hacer efectivo el compromiso de corresponsabilidad que deben asumir las Corporaciones Locales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (núm. expte. 121/000029).
Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2001.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Se propone la adición de un nuevo punto 1.Bis, con la siguiente redacción:
«1.Bis. Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de Derecho público dependientes de la Administración del Estado o de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que presten servicios o produzcan bienes que se financien mayoritariamente con ingresos comerciales provenientes del sector público o por cánones correspondientes a la utilización o cesión de infraestructuras quedarán sujetas a los objetivos de estabilidad presupuestaria dispuestos en esta Ley para los agentes integrados en el sector público, con las especificaciones que fijen las normas de desarrollo que se refieran a las mismas.»
«1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo por tal el respeto a los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en los términos en que sean aprobados por las Cortes Generales de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la presente Ley.
2. En relación con los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero a la que, en su caso, se accederá a través de la adopción de estrategias de saneamiento que eviten o disminuyan las pérdidas y puedan aportar beneficios adecuados a su objeto social o institucional.»
«Los presupuestos contendrán asimismo información suficiente y adecuada sobre la deuda de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, y sobre las aportaciones públicas y los ingresos provenientes del sector público de los agentes a los que se refiere el artículo 2.1.Bis y 2.2 de esta Ley.»
«1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo de cumplimiento de los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
2. Las situaciones de desviación de la estabilidad presupuestaria exigirán la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que se produzcan.»
Se propone la siguiente redacción del artículo 8:
«1. En el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público como para los grupos de agentes comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.1 de esta Ley, y para los agentes dependientes de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 2.1.Bis de esta Ley.
2. En el mismo plazo el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para los grupos de agentes comprendidos en la letra c) del artículo 2.1 de esta Ley, y para los agentes dependientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas comprendidos en el artículo 2.1.Bis de esta Ley.
3. Igualmente en dicho plazo, la Comisión Nacional de Administración Local fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para los grupos de agentes comprendidos en la letra d) del artículo 2.1 de esta Ley, y para los agentes dependientes de las Administraciones Locales comprendidos en el artículo 2.1.Bis de esta Ley.
4. Los acuerdos del Consejo de Ministros, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local en los que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria se remitirán a las Cortes Generales para su debate y aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad en el que se situará la elaboración de los presupuestos de todos los sujetos que integran o tienen la consideración de sector público.»
Por desconocer las potestades y competencias que corresponden a las Cortes Generales para el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (artículo 134.1 C.E.)
Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 14:
«1. Cuando se aprueben los presupuestos de los sujetos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.1 y de los sujetos dependientes de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 2.1.Bis y 2.2, desviándose de los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico-financiero de corrección, que contendrá la definición de las políticas de ingresos y gastos que sea preciso aplicar para corregir dicha situación en los tres ejercicios presupuestarios siguientes.»
De supresión MOTIVACIÓN
Se propone la siguiente redacción del artículo 17:
«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria de los sujetos enumerados en las letras a) y b) del artículo 2.1 y de los sujetos dependientes de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 2.1.Bis y 2.2, se desvíe de los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Plan económico-financiero de corrección con el alcance previsto en el artículo 14 de esta Ley.
2. En el supuesto de que liquidación presupuestaria se sitúe en una posición de superávit, éste aplicará, preferentemente y previa aprobación de las Cortes Generales, del siguiente modo:
b) En el Sistema de la Seguridad Social se aplicará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
c) En el Instituto Nacional de Empleo se aplicará a la dotación de un Fondo de Reserva de las Prestaciones de Desempleo, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
3. Cuando el Tribunal de Cuentas detecte incumplimientos o errores que incidan en los objetivos de estabilidad presupuestaria, deberá igualmente remitirse a las Cortes Generales un Plan económico- financiero de corrección con el alcance previsto en el artículo 14 de esta Ley.»
La enmienda tiene los siguientes objetivos:
a) Incluir a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público.
b) Prever la intervención de las Cortes Generales en la decisión del destino de eventuales superávit.
c) Exigir que los superávit de la Seguridad Social se destinen en exclusiva al fondo de reserva, en cumplimiento del Pacto de Toledo.
d) Garantizar la estabilidad presupuestaria del gasto social, evitando que las cotizaciones sociales sigan financiando prestaciones no contributivas, e incluso financiando déficit de otros sectores.
e) Respetar las atribuciones del Tribunal de Cuentas pues el proyecto contempla únicamente datos provisionales (los de la liquidación) en vez de los definitivos contenidos en la aprobación de la Cuenta General.
«1. Las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el marco de las disposiciones previstas en materia de presupuestos y de operaciones de crédito en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 143 a 174 y 49 a 56, respectivamente.
2. Los Plenos de las Corporaciones Locales tomarán los acuerdos necesarios para adaptar los procedimientos presupuestarios a los principios y objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en la presente Ley.»
Donde dice: «? artículo 2.1.d) y 2.2 de esta Ley.»; debe decir: «? artículo 2.1.d), 2.1.Bis y 2.2 de esta Ley.»
«Segunda. Estabilidad Presupuestaria del Sistema de la Seguridad Social.
Esta resolución, que no supone modificación ninguna de la deuda computable por el conjunto del sector público, es necesaria para garantizar la estabilidad presupuestaria del Sistema de Seguridad Social durante los próximos ejercicios en que deberían cancelarse los préstamos mencionados, y es una contraprestación mínima de toda la financiación de prestaciones no contributivas que el Sistema de la Seguridad Social ha venido soportando con cargo a las cotizaciones sociales de los últimos ejercicios, en abierto incumplimiento del «Pacto de Toledo».
Se propone la adición de una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: «Tercera. Previsiones de Plan de Saneamiento para aquellas corporaciones locales que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria por déficit estructurales.
«Cuarta. Comunidad Foral de Navarra.
La aplicación de esta Ley en la Comunidad Foral de Navarra queda supeditada al contenido que pudiera reflejarse en la negociación del Convenio Económico.»
Mayor precisión del texto del proyecto.
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 14 enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2001.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de suprimir del final del párrafo desde «y en virtud» hasta «actividad económica» del artículo 1
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 2
1. A los efectos.../... agentes:
a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos y los demás entes públicos dependientes de aquélla que estén incluidos en el concepto del sector público de acuerdo con las reglas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
c) La Administración de las Comunidades Autónomas, así como los entes y los organismos públicos dependientes de aquéllas que estén en el concepto de sector público de acuerdo con las reglas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
d) Las entidades locales, los organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquélla, que estén incluidos en el concepto de sector público de acuerdo con las reglas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.»
Para delimitar el sector público incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, se propone sustituir el criterio utilizado por el Gobierno, basado en el de la financiación, por el de la inclusión o no del ente en el Sistema Europeo de cuentas (SEC?95), mucho más acorde con la delimitación del sector público, definido a nivel europeo y afectado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 3
Manteniendo la definición inicial del concepto de estabilidad presupuestaria, se incluyen dentro de la misma los supuestos de situaciones excepcionales de
déficit público, en la línea de lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 7
2. Corresponde al Gobierno y al Consejo de Política Fiscal y Financiera velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en todo el ámbito del sector público.»
Por ser improcedente la atribución exclusiva al Gobierno Central del deber de velar por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, cuando éste afecta también a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
1. En el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público como para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta Ley. La propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera deberá adoptarse por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros.
2. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contenga el objetivo de estabilidad presupuestaria se remitirá a las Cortes Generales para su debate y aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el programa de estabilidad en el que se situará la elaboración de los presupuestos de todos los sujetos que conforman el sector público.»
Si las decisiones a adoptar acerca del escenario presupuestario de los tres años siguientes afectan a diversas Administraciones, lo lógico es que la propuesta sobre este escenario provenga del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
Además, con la redacción propuesta, continúa siendo el Gobierno del Estado el que en último término tiene la potestad para fijar el escenario presupuestario de los próximos ejercicios.
A los efectos de modificar el artículo 9 del referido texto
Con anterioridad al 1 de septiembre de cada año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio inmediato anterior.
Si, como consecuencia del informe emitido se detectaran supuestos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, corresponde también al Consejo de Política Fiscal y Financiera proponer las actuaciones necesarias para corregir aquellos supuestos.»
El órgano competente para la emisión de los informes sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en lugar de la Intervención General de la Administración del Estado, por tener el primer organismo una composición mixta y ser de naturaleza consultiva.
Asimismo, éste debe ser el órgano más adecuado
para proponer las actuaciones precisas para corregir los desequilibrios en el caso que éstos se produzcan.
1. Los sujetos enumerados en el artículo segundo de la presente Ley que, incumpliendo las obligaciones en ella contenidas o los acuerdos que en su ejecución fuesen adoptados, provoquen o contribuyan a producir el incumpliento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.
2. En el proceso de asunción de responsabilidad financiera a que se refiere el apartado anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la Administración o entidad afectada.»
En el caso del incumplimiento por parte de una Administración o entidad de los compromisos adquiridos por ella en materia de estabilidad presupuestaria se debe garantizar que antes de imputar las responsabilidades que se derivan de tal imcumplimiento sedé audiencia a la Administración o entidad interesada.
A los efectos de modificar el artículo 20
Redacción que se propone: «Artículo 20. Concreción del objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades locales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y a los efectos previstos en el artículo 8 de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y oído el Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria para las entidades locales.
En la concreción del objetivo de estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales, también se debe conocer la opinión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por qué en el mismo se encuentran representados los dos niveles de Administración pública que tienen competencias de tutela financiera sobre las Corporaciones locales: las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.
1. Las entidades locales que no hayan alcanzado el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en la presente Ley, vendrán obligada a elaborar en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación o a la liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio un plan económico-financiero a medio plazo para la corrección. Este plan será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
2. El plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio se presentará ante la Administración que ostente la competencia de tutela financiera. Dicha Administración será responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio, pudiendo requerir a la entidad local la adopción de un nuevo plan, si el aprobado no da solución a la necesidad de corrección del desequilibrio.»
Garantizar una mayor respeto del texto a las competencias autonómicas de régimen local, de manera que el órgano receptor del plan económico-financiero para
la corrección de desequilibrios y de control y seguimiento de las actuaciones correctivas posteriores deberá ser la Administración competente en tutela financiera sobre las Corporaciones Locales.
A los efectos de modificar el artículo 24
1. El Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas mantendrán una central de datos de carácter público que provea de información sobre las liquidaciones presupuestarias y los niveles de endeudamiento de la entidades locales y demás sujetos de ellas dependientes, a que se hace referencia en el artículo 2.1.d) y 2.2 de esta Ley.
2. (Sin variación).
3. El Banco de España colaborará con el Ministerio de Hacienda y con las Comunidades Autónomas mediante el suministro de la información que reciba relacionada con las operaciones de crédito de las entidades locales.»
La central de datos sobre las liquidaciones presupuestarias y los niveles de endeudamiento de la entidades locales debe mantenerla de manera conjunta las Administraciones competentes en la tutela financiera sobre las Corporaciones Locales.
A los efectos de modificar el artículo 25 Redacción que se propone:
Los entes de Derecho público a los que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley, dependientes de las entidades Locales que incurran en pérdida, que afecten al cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria, vendrán obligados a elaborar un informe de gestión, dirigido al Pleno de la Corporación, sobre las causas del desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo en el que se indicarán las medidas correctoras de carácter económico- financiero que se han de adoptar por sus órganos rectores.»
Se propone la supresión del último inciso del texto propuesto en este artículo por considerarlos contrario al reparto de competencias en materia de tutela financiera sobre las Corporaciones Locales.
A los efectos de modificar una nueva Disposición Transitoria
A los efectos de modificar la Disposición Final segunda
La presente Ley.../..., salvo lo dispuesto en el capítulo segundo del título segundo, que se dicta en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.14 de la Constitución.»
A los efectos de suprimir la Disposición Final Cuarta
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se propone añadir un nuevo párrafo (séptimo) en la parte I de la exposición de motivos (entre el párrafo que finaliza «... política monetaria única» y el que comienza con «En este sentido, el Pacto de Estabilidad...»), con el siguiente texto:
«De ahí que en el artículo 4.3 del Tratado de la Comunidad Europea se contenga expresamente una referencia al respecto a los principios de "precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas" como principios rectores de las acciones de los Estados miembros para alcanzar los fines enunciados en el propio tratado y, en particular, el de conseguir un crecimiento sostenible y no inflacionista y un alto nivel de empleo.»
Las referencias de la exposición de motivos a las normas y pactos comunitarios en los que se enmarca una política presupuestaria de equilibrio como la que se aborda en el proyecto de Ley, quedarían incompletas si no se hiciese mención a los principios que han de regir las acciones de los Estados miembros y de la Comunidad contenidos en el artículo 4.3 del Tratado.
Se propone, en el segundo párrafo de la parte II de la exposición de motivos, sustituir la mención «en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución...», por la de «en virtud de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.a y 149.1.18.a de la Constitución...».
En coherencia con la enmienda propuesta en la disposición final segunda del proyecto, se incluye una
referencia al artículo 149.1.18.a de la Constitución en la medida en que se estima que la aprobación de la Ley -y su carácter de legislación básica- tiene su amparo, además de en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, en la atribución al Estado de la competencia para regular «las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas» que se contiene en el artículo que ahora se menciona.
o Se propone añadir un nuevo párrafo 7. en la parte II de la exposición de motivos (entre el párrafo que finaliza «... deberán ser interpretados y aplicados en forma conjunta» y el que empieza «El proceso normativo...», con el siguiente tenor:
«Por ello, en coherencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica, para el caso de Navarra, dadas sus especificidades financieras, la aplicación de esta Ley se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, mediante una disposición de rango legal. De igual modo, se arbitra para el País Vasco un procedimiento adecuado al régimen foral que le es propio.»
Se adapta la exposición de motivos a las modificaciones introducidas en la parte dispositiva de la Ley, relativas a las Haciendas Forales.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo, que pasaría a tener la siguiente redacción: «Corresponde al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en todo el ámbito del sector público.»
Es de destacar que la presente enmienda resalta el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas como órgano que colabora y coordina en la búsqueda del mejor cumplimiento de la presente Ley y en la definición de los objetivos de estabilidad de las Comunidades Autónomas.
Se propone la sustitución, en el apartado 2 del artículo, del término «Consejo de Ministros» por el de «Gobierno».
En la medida en que en el apartado 1 de este artículo se hace referencia al Gobierno como órgano competente para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria, se estima conveniente homogeneizar la terminología utilizada en el artículo, de tal modo que en su apartado 2 también se aluda al acuerdo del «Gobierno» que ha de remitirse a las Cortes Generales.
Se propone, en el apartado 2 de este artículo, la sustitución de la expresión «objetivo de equilibrio o superávit» por la de «objetivo de estabilidad presupuestaria».
En el apartado 1 y en el propio título de este artículo 8 se alude al «objetivo de estabilidad presupuestaria». Por ello, con el objeto de homogeneizar la terminología empleada, parece conveniente la utilización también de este término en el apartado 2, ya que, en realidad, con la referencia al «objetivo de equilibrio o superávit» no se está pretendiendo introducir un concepto distinto a aquél.
Se propone que la referencia del apartado 2 de este artículo al «Programa de Estabilidad» se efectúe al «Programa de Estabilidad elaborado conforme a lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento».
Aunque la exposición de motivos de la Ley se alude a la obligación de España como Estado miembro de la Unión, de presentar anualmente Programas de Estabilidad o Convergencia, conforme a lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en el Consejo de Amsterdam en junio de 1997, parece conveniente aclarar la parte dispositiva, y en concreto en este artículo 8, el origen de ese Programa de Estabilidad.
Se propone añadir un segundo párrafo en este artículo 9, con la siguiente redacción:
«El Ministro de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por las Comunidades Autónomas en el ejercicio inmediato anterior.»
Los proyectos de Ley atribuyen un papel relevante al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas tanto en la fijación de los objetivos de estabilidad de las Comunidades como, en su caso, en la corrección de las situaciones de desequilibrio. En este sentido, se estima coherente que dicho Consejo deba ser también informado sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en lo que se refiere al ámbito de las Comunidades Autónomas.
Se propone añadir un segundo párrafo en este artículo con la siguiente redacción: «En el proceso de asunción de responsabilidad financiera, a que se refiere el párrafo anterior, se garantizará en todo caso la audiencia de la Administración o Entidad afectada».
Se estima conveniente especificar que, en el caso de incumplimiento por parte de algunos de los sujetos numerados en el artículo segundo de la Ley de los compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria, que antes de imputar las responsabilidades que se derivan de incumplimiento, se dará audiencia a la Administración o Entidad afectada.
Se propone la modificación del apartado 2 de este artículo, que pasaría a tener la siguiente redacción:
«2. Los proyectos de Ley, las disposiciones reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos a que refiere el artículo 2.1.a) y b) de la presente Ley que tengan incidencias presupuestaria por comportar variaciones en los gastos públicos habrán de respetar el entorno financiero plurianual previsto en el párrafo anterior y, en consecuencia, para su aprobación deberán tener cabida en dichos escenarios presupuestarios plurianuales».
La redacción actual del precepto pudiera dar lugar a la interpretación de que el respeto al escenario plurianual al que se refiere ese artículo afecta a las «disposiciones legales» no solamente en la fase de elaboración sino también en el de su aprobación, en su caso, por las Cortes Generales, lo que de algún modo supondría condicionar el ejercicio de la potestad legislativa de las Cortes. Para evitar esta posible interpretación, parece conveniente que se haga referencia únicamente a los «proyectos de Ley», resultando así, por lo demás, innecesaria la mención que actualmente se contiene en el apartado a las fases «de elaboración y aprobación».
Por otra parte, y ya que el artículo 12 se contiene en el capítulo que afecta únicamente al equilibrio presupuestario del «sector público estatal», la referencia del apartado 2 de este artículo a los «sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley» debiera restringirse a los sujetos enumerados en el «artículo 2.a) y b)» de la Ley (es decir, a los agentes que se encuadran en el «sector público estatal»).
Se propone modificar la mención del apartado 1 de este artículo «Cuando de manera excepcional se aprueben los presupuestos...», por la de «Cuando de manera excepcional se presenten los presupuestos...».
La redacción actual del precepto parece dar a entender que la presentación del plan económico-financiero de corrección del desequilibrio al que se refiere este artículo habría de producirse necesariamente en un momento posterior a la aprobación de los presupuestos de los sujetos afectados. Con la redacción que se propone se introduce un elemento de flexibilidad, posibilitando que, cuando resulte adecuado, pueda presentarse y discutirse dicho plan con anterioridad a la aprobación de los correspondientes presupuestos y, en su caso, en conexión con los procedimientos previstos para su tramitación parlamentaria.
La referencia en el apartado 1 al «artículo 27 de la presente Ley» debe sustituirse por «artículo 19 de la presente Ley».
Corrección de un error, ya que se hace una referencia a un artículo que existía en una primera versión en fase de anteproyecto, pero que en el Proyecto de Ley aparece como artículo 19.
Se propone la modificación del apartado uno de la disposición adicional única que quedaría redactado del siguiente modo:
«Uno. El apartado 7 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, quedará redactado de la siguiente forma:
"7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores
el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo, se antenderá a la situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería, del estado de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o a modificar".»
El apartado Uno de la disposición adicional única del Proyecto de Ley indica que «Se incorpora un nuevo apartado 7 del artículo 54...» con la siguiente redacción: «Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria».
Sin embargo, en realidad, no se trataría de la incorporación de un nuevo apartado, ya que la redacción actual del artículo 54 en la Ley de Haciendas Locales ya existe un apartado 7 con la siguiente redacción: «Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 54, incluido el cálculo del remanente de Tesorería, del estado de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, al plazo de amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o a modificar».
Al respecto, se considera acertada la inclusión de un nuevo párrafo que introduzca el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria como criterio de carácter preferente para el otorgamiento de la autorización de las operaciones de crédito a las que se refiere este artículo 54 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante, ello no debería impedir que también pudieran ser tenidos en cuenta los criterios recogidos en el actual apartado 7 de dicho artículo 54, en la medida en que no existe en absoluto ninguna colisión con la utilización del criterio de estabilidad presupuestaria y sirven para valorar la situación económico-financiera de la entidad peticionaria a la hora de autorizar o denegar un endeudamiento.
Por ello, en la modificación propuesta se mantendría sustancialmente el actual contenido del apartado 7, añadiendo, eso sí, un nuevo párrafo en el que se recoge la utilización, con carácter preferente, del criterio del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Se propone la modificación de la disposición final segunda del proyecto, que quedaría redactada del siguiente modo:
«1. La presente Ley, aprobada al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.a y 149.1.18.a de la Constitución, constituye legislación básica del Estado, salvo lo dispuesto en el capítulo segundo de su título segundo.
2. Asimismo, la presente Ley se aprueba al amparo de las competencias que los artículos 149.1.11.a
a y 149.1.14. de la Constitución atribuyen de manera exclusiva al Estado.»
Por una parte, se presente una mayor claridad y sistemática en la redacción del precepto, que, además, resulta congruente con el esquema jurídico descrito en el apartado II de la propia exposición de motivos del proyecto de Ley.
Por otra parte, se estima que la aprobación de la Ley -y su carácter de legislación básica- tiene su amparo, además de en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, en la atribución al Estado de la competencia para regular «las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas» que se contiene en el artículo 149.1.18.a del texto constitucional, lo que justifica la inclusión de una referencia a este artículo en la Disposición Final Segunda del proyecto.
Se propone sustituir la expresión «podrán tener carácter de básicas» por «tendrán carácter de básicas».
En la medida en que concurran las circunstancias previstas en el precepto -que las normas de desarrollo constituyan el complemento necesario respecto a las normas de la Ley que tengan atribuida la naturaleza de básicas conforme a la disposición final segunda-, no parece que el carácter de «básicas» de dichas normas de desarrollo pueda ser potestativo (como, en principio, se deduce de la expresión «podrán»), sino que, necesariamente, habrán de tener esa característica.
Se propone sustituir la actual redacción de esta disposición por el siguiente texto:
«La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2002, siendo aplicable a los Presupuestos cuya elaboración deba iniciarse a partir de esa fecha.»
Se trata de aclarar el ámbito temporal de aplicación de la norma en congruencia con los procedimientos que en ella se contienen, evitando una posible interpretación literal inadecuada que podría plantear la duda de su aplicación a Presupuestos a ejecutar en el año 2002, iniciados antes de esa fecha.
En coherencia con las enmiendas presentadas, esta disposición final pasará a ser la Disposición Final Sexta.
«Disposición final quinta. Haciendas Forales.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley y de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas, regulado en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se establecerá un procedimiento que resulte adecuado a la naturaleza específica del régimen foral propio del País Vasco.»
Esta enmienda es necesaria al objeto de reflejar adecuadamente las especialidades forales de Navarra y el País Vasco, garantizadas por la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española. Por ello, en coherencia con lo establecido a este respecto en la Ley Orgánica complementaria a la presente Ley, se establece un procedimiento adecuado a su respectivo régimen foral.
Así, para el caso de Navarra, el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento dispone que las relaciones ente la Administración del Estado y la Comunidad Foral referentes a sus respectivas facultades y competencias se establecerán conforme a la naturaleza del régimen foral y deberán formalizarse mediante una disposición del rango que corresponda. Pues bien, en este caso, parece apropiado que el rango sea el de Ley, dada la importancia de la materia a tratar el la misma.
Por su parte, para el País Vasco, se ha considerado oportuno remitir a un futuro desarrollo la articulación de un régimen procedimental específico para dicho territorio.
Se propone que la actual Disposición Final Quinta pase a ser la nueva Disposición Final Sexta.
Se trata de una enmienda de carácter técnico, al objeto de que la disposición que regula la entrada en vigor de la Ley, siga siendo la última del proyecto, dado que ha sido necesario crear una nueva disposición (la quinta) para regular la singularidad foral de Navarra y el País Vasco, respectivamente.
«La determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Estado y el Sistema de seguridad Social se realizará conjuntamente en tanto no se culmine el proceso de separación de fuentes de este último.»
Permitir el proceso de separación de fuentes de la Seguridad Social mediante la asunción por el Estado de los complementos a mínimos, sin perjuicio de la estabilidad presupuestaria.