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Timestamp: 2019-01-23 12:17:13
Document Index: 181882105

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 116', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'artículo 58', 'Artículo 29', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 58', 'artículo 8', 'artículo 72', 'Artículo 65', 'Artículo 66']

En relación con la adecuación a la legalidad de la modificación estatutaria del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, resultan los siguientes
Primero.—Por Ley del Principado de Asturias 4/2001, de 21 de mayo (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 122, de 28 de mayo) se creó el Colegio profesional de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias.
Segundo.—Por Resolución de 29 de mayo de 2002, se declaró la adecuación a la legalidad de los estatutos del citado Colegio y, se ordenó la publicación de éstos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que tuvo lugar el día 3 de julio de 2002.
Tercero.—Por don Antonio Valdés Tronco, en calidad de Decano Presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, se ha presentado la documentación oportuna solicitando que se apruebe la modificación de los Estatutos del Colegio en los artículos 9, 10, 11, 17, 29, 58, 61, 63, 64, 65 y 66 en base a errores de redacción, interpretación ambigua de los artículos, así como deficiente definición de sus funciones públicas y sancionadoras.
Primero.—El acuerdo de modificación, de acuerdo con el artículo 76 de los Estatutos del Colegio, corresponde adoptarlo a la Asamblea General, lo que consta mediante certificado aportado.
Segundo.—El procedimiento para la aprobación de la modificación estatutaria se ha atenido a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, según el cual “la modificación de los Estatutos Generales y de los particulares de los Colegios exigirá los mismos requisitos que su aprobación”.
Tercero.—El órgano competente para resolver el expediente es el Consejero de Economía y Administración Pública, en virtud de dispuesto en el artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía que establece que en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, al Principado de Asturias le corresponda, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, en relación con el Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública que, atribuye a la Secretaría General Técnica, en su artículo 2, apartado 2, letra i), la tramitación de los asuntos relativos a colegios profesionales.
Vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho de aplicación y la propuesta de resolución de la Jefa del Servicio de Coordinación y Administración General, por la presente,
Primero.—Declarar la adecuación a la legalidad de la modificación de los Estatutos particulares del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, que se insertan en anexo a la presente Resolución.
Segundo.—Ordenar la publicación de los citados Estatutos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en conexión con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.173.
Artículos afectados por las modificaciones realizadas
Artículo 9.—Funciones:
Para el cumplimiento de sus fines esenciales, corresponden al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias las siguientes funciones:
a) Asumir la representación y defensa de la profesión y de los Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias ante la administración, instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.
t) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, garantizando la titulación y la habilitación de las personas que los suscriben, así como la autenticación, el registro, la custodia, la corrección, la integridad formal y la viabilidad legal en los términos previstos en las disposiciones reglamentarias dictadas por CITIPA en la materia.
v) Difundir entre los colegiados la legislación vigente con implicaciones en el desarrollo de la profesión de Ingenieros Técnicos en Informática y cuantas modificaciones se realicen a la misma.
Artículo 10.—Visado de proyectos:
1. Dentro del marco establecido por las leyes, el visado colegial de los trabajos profesionales de los colegiados es el instrumento básico de que disponen los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos en Informática para cumplir su fin esencial de ordenar el ejercicio de la profesión.
2. Su contenido garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del que suscribe el trabajo. Asimismo acredita la autenticación, el registro, la custodia, la comprobación formal de presentación de los documentos y la viabilidad legal en los términos previstos en las disposiciones reglamentarias dictadas por CITIPA en la materia, pero no sanciona el contenido del trabajo profesional ni su corrección técnica.
3. Igualmente deberá incluir aquellos aspectos que las normas del Estado o del Principado de Asturias encomienden al Colegio, dentro del ordenamiento del ejercicio de la profesión.
4. El Colegio definirá reglamentariamente el contenido administrativo del visado de cada tipo de trabajo así como la contraprestación económica correspondiente.
5. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
Artículo 11.—Obligatoriedad de colegiación:
1. Podrán incorporarse al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, aquellas personas que se encuentren en posesión del título de Ingeniero Técnico en Informática de conformidad con los Reales Decretos 1460 y 1461/1990, de 26 de octubre, o cualquier otro declarado equivalente.
2. Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, aquellos Ingenieros Técnicos en Informática que ejerzan exclusivamente al servicio de las Administraciones Públicas en el ámbito del Principado de Asturias.
Artículo 17.—Pérdida de la condición de colegiado:
c) Falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de cualquiera de las demás cargas colegiales a las que viniera obligado.
2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas previstas en los apartados a), b) y c) será acordada por la Junta de Gobierno y notificada fehacientemente al interesado, momento en que surtirá efectos.
3. La pérdida de la condición de colegiado por concurrir el supuesto previsto en la letra c) seguirá el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 58 de los presentes Estatutos.
4. Sin perjuicio de lo anterior, el colegiado podrá rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y la cantidad que corresponda como nueva incorporación.
Artículo 29.—Asamblea General Extraordinaria:
1. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que así lo acuerde el Decano del Colegio, la Junta de Gobierno o cuando así lo propongan el treinta por ciento del censo de los colegiados, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.
g) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno.
Artículo 58.—Pago de cuotas:
2. En caso de impago de una cuota (ordinaria o extraordinaria) o de cualquier otra carga colegial por parte del colegiado éste será requerido por el Colegio para que en el plazo de un mes, a contar desde la fecha del requerimiento, formule las alegaciones que estime pertinentes y regularice su situación económica. El requerimiento se formulará por escrito, indicando con claridad y precisión el concepto e importe de las cantidades debidas así como las consecuencias derivadas del impago a tenor de lo establecido en los presentes Estatutos. Transcurrido el plazo señalado sin que el requerido haya procedido al abono de las cantidades debidas, se dará traslado a la Junta de Gobierno que dictará resolución motivada acordando la pérdida de la condición de colegiado. Esta resolución será notificada fehacientemente al interesado, momento en el que surtirá efectos.
Artículo 61.—Competencia para su ejercicio:
2. Se declarará, previa la formación del expediente seguido por los trámites que se especifiquen en los presentes Estatutos y en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario vigente en el momento de cometerse la infracción y, en su defecto, en las normas del procedimiento sancionador recogidas en la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
3. La responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Junta de Gobierno será determinada por el presidente de la Comisión Deontológica en caso de existir dicha Comisión.
Artículo 63.—Ejecutividad:
1. Tienen competencias en materia disciplinaria la Junta de Gobierno y la Comisión Deontológica, en caso de existir.
2. La Junta de Gobierno procederá, de oficio o a instancia de la Comisión Deontológica, a la ejecución forzosa de sus propias resoluciones sancionadoras.
3. Las resoluciones disciplinarias que impongan sanción serán notificadas al interesado y tendrán carácter ejecutivo desde el momento en el que se agote la vía administrativa.
4. No obstante, a lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá interponer recurso, en el plazo máximo de un mes y ante el Órgano Competente, contra la resolución adoptada por éste, quedando en suspenso la ejecución de la sanción hasta la resolución del recurso presentado. Contra la desestimación del citado recurso, que agotará la vía corporativa y administrativa, el interesado podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
5. Las sanciones impuestas por faltas graves o muy graves serán comunicadas a la Asamblea General en la primera reunión de ésta y, posteriormente, se podrá hacer uso de los medios habituales del Colegio para su difusión entre los colegiados.
Artículo 64.—Procedimiento disciplinario. Disposiciones generales:
a) Los Ingenieros Técnicos y Diplomados en Informática colegiados estarán sometidos a procedimiento disciplinario para la exigencia de las responsabilidades en las que puedan incurrir con ocasión del ejercicio de su profesión o actividad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que les corresponda.
b) La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves exigirá la tramitación del Procedimiento Ordinario. La imposición de sanciones por falta leve puede seguirse de acuerdo al “procedimiento abreviado”, sin perjuicio de que también pueda llevarse a cabo mediante la tramitación de procedimiento ordinario si así se acordare.
c) El impago de una cuota (ordinaria o extraordinaria) o de cualquier otra carga colegial por parte del colegiado será sancionado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 58.2.
2. Responsabilidad penal y disciplinaria:
a) Aun cuando los mismos hechos puedan determinar responsabilidad penal y disciplinaria si se tiene conocimiento de que sobre los mismos hechos objeto de la presunta responsabilidad disciplinaria se siguen actuaciones penales se continuará la tramitación del expediente disciplinario pero se suspenderá su resolución hasta que se conozca la resolución firme recaída quedando mientras tanto interrumpida la prescripción.
3. Suspensión preventiva en caso de procesamiento:
a) La Junta de Gobierno, de oficio o a propuesta de la Comisión Deontológica, podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de la colegiación de los colegiados sometidos a procesamiento, mediante resolución fundada. El acuerdo de suspensión habrá de ser notificado al afectado, quien podrá recurrirlo conforme a lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo.
b) La suspensión podrá prolongarse mientras dure el procesamiento.
4. Derecho de los colegiados a no declarar ni alegar en las actuaciones seguidas en su contra:
a) Los colegiados respecto de quienes se sigan procedimientos en materia disciplinaria podrán abstenerse de declarar en los mismos, así como de formular alegaciones en los plazos establecidos al efecto, sin que tal conducta implique por si misma nueva responsabilidad disciplinaria, pero sin que ello impida ni suspenda la continuación de las actuaciones.
5. Inicio de las actuaciones:
a) El Procedimiento Disciplinario se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno, de oficio, a instancia de la Comisión Deontológica o de cualquiera de los órganos del Colegio o a instancia de parte, independientemente de la condición de colegiado o no del denunciante.
b) El denunciante o comunicante de los hechos a que se refiera el procedimiento disciplinario no tendrá la condición de parte en el mismo, pero tendrá derecho a que se le dé traslado del acuerdo de iniciación del procedimiento y a que se le notifiquen los acuerdos de archivo de las actuaciones o de imposición de sanciones, contra los que podrá formular los recursos pertinentes.
c) Si, con anterioridad a la iniciación del expediente, la Junta de Gobierno considera necesaria la calificación disciplinaria de los actos profesionales presuntamente constitutivos de falta, podrá acordar la incoación de un expediente de información previa, cuya única finalidad será determinar si procede o no iniciar el correspondiente expediente disciplinario.
6. Información previa:
a) La Junta de Gobierno podrá acordar la incoación de un procedimiento de información previa cuya tramitación corresponderá a la Comisión Deontológica, o a la propia Junta de Gobierno en su defecto, que procederá a la designación de uno de sus miembros para que intervenga como ponente.
b) La información previa se iniciará con la ratificación del denunciante, salvo que en el acuerdo de incoación se exprese que no sea necesaria. El denunciante habrá de ratificar o denegar la ratificación en el plazo de diez días desde que se le comunique la apertura de la información previa, transcurridos los cuales sin hacerlo se darán por conclusas las actuaciones y se archivarán sin más trámites, mediante la correspondiente diligencia del ponente, salvo acuerdo en contrario adoptado por la Comisión Deontológica.
c) Producida la ratificación o en los casos en que no se considere precisa, el ponente notificará al colegiado afectado la incoación de la información previa y le dará traslado de la denuncia o hechos a que la misma se refiera, para que, en el plazo improrrogable de diez días, formule las alegaciones y presente los documentos que estime convenientes.
d) El ponente podrá practicar las diligencias que considere convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la posible responsabilidad disciplinaria y habrá de concluir la información previa en el plazo de dos meses desde su apertura, formulando alguna de las siguientes propuestas:
1. Propuesta de sobreseimiento definitivo o provisional de las actuaciones, cuando de las mismas no resulten indicios de responsabilidad disciplinaria, se hubiera extinguido ésta o en la presunta infracción no resulte participación del inculpado.
2. Propuesta de sanción, como falta leve.
3. Propuesta de incoación de procedimiento disciplinario ordinario, cuando se deduzcan indicios de responsabilidad disciplinaria de mayor gravedad, que no estuviere extinguida ni prescrita, imputables a un colegiado determinado.
e) Dichas propuestas habrán de ser debatidas por la Comisión Deontológica, la cual elaborará las suyas propias en los casos de los apartados 1º y 2º del epígrafe d) anterior, y las elevará a la Junta de Gobierno para la adopción del acuerdo pertinente.
En caso del apartado 3º, el Organo Competente, actuará de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 8 y siguientes de estas disposiciones generales.
f) Los acuerdos señalados en el epígrafe e) precedente serán notificados al colegiado afectado en todo caso, expresándole su derecho a recurrir en los términos establecidos en el apartado 10 de este artículo.
g) También se notificarán al denunciante o comunicante dichos acuerdos, cuando archiven las actuaciones, expresándole su derecho a recurrir en los términos previstos en el apartado 10 de este artículo.
7. La resolución del procedimiento sancionador deberá emitirse dentro del plazo máximo de seis meses desde la fecha en que le sea notificada al instructor su designación como tal.
8. El plazo de seis meses, a petición del instructor y cuando la complejidad del caso lo requiera, podrá ser prorrogado por el órgano competente para resolver hasta tres meses. La prórroga acordada deberá ser notificada al interesado y no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio de lo que pueda alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se interpongan contra la misma.
9. Si el presuntamente incurso en responsabilidad disciplinaria fuere un miembro de la Junta de Gobierno, el expediente se iniciará por acuerdo del Presidente de la Comisión Deontológica, desempeñando sus miembros las funciones disciplinarias atribuidas a la Junta de Gobierno por los presentes Estatutos.
a) No serán recurribles los acuerdos de apertura del expediente disciplinario ni los de mero trámite o impulso del procedimiento.
b) En el caso de que la apertura del expediente conlleve a la adopción de medidas cautelares o provisionales, éstas serán susceptibles de recurso autónomo.
c) Los actos de los órganos competentes en materia disciplinaria que sean recurribles lo serán, dentro del mes siguiente, ante la Junta de Gobierno.
d) Para el resto de acuerdos se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos previstos en el artículo 72.1 de los presentes Estatutos.
e) Contra la resolución del recurso de reposición, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
11. Relaciones orgánicas:
a) Los órganos competentes en materia disciplinaria actuarán bajo la dependencia jerárquica de la Junta de Gobierno.
b) No obstante, dichos órganos actuarán con absoluta libertad e independencia para realizar todas las gestiones y tomar cuantas decisiones consideren de rigor relacionadas con el expediente.
Artículo 65.—Procedimiento abreviado:
a) La iniciación del procedimiento se producirá por acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se especificará el carácter abreviado del mismo y se designará Instructor. El instructor será preferentemente miembro de la Comisión Deontológica y, en caso de no existir ésta, de la Junta de Gobierno.
b) El acuerdo de incoación de procedimiento abreviado se comunicará al Instructor y al interesado para que, en el plazo de diez días, realicen las actuaciones, aporten los documentos o formulen las alegaciones que estimen convenientes.
c) Transcurrido este plazo, el Instructor formulará propuesta de resolución y dará traslado de la misma a la Junta de Gobierno que resolverá sin más trámite.
Artículo 66.—Procedimiento ordinario:
En el resto de los casos se seguirá el siguiente procedimiento ordinario.
1. Apertura de expediente disciplinario y competencia para su instrucción y resolución:
a) Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficientes para ello.
b) No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.
2. Del instructor y del secretario del expediente disciplinario:
a) El propio acuerdo de apertura del expediente disciplinario designará el instructor y el secretario del expediente, tanto si estuvieren nombrados con carácter general, cuanto si lo hubieren sido con carácter especial para ese caso, pudiendo ser sustituidos con posterioridad si se considerase oportuno. El instructor será preferentemente miembro de la Comisión Deontológica y, en caso de no existir ésta, de la Junta de Gobierno.
b) La apertura del expediente disciplinario con el nombramiento de Instructor y de Secretario, así como la eventual designación de unos nuevos, se notificará al colegiado sujeto a expediente, así como a los designados para ostentar dichos cargos.
c) La excusa para la aceptación de los nombramientos de instructor y secretario de un expediente disciplinario será apreciada y aprobada en su caso por la Comisión Deontológica y, en caso de no existir ésta, por la Junta de Gobierno.
d) El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de la identidad del Instructor y del Secretario designados en un plazo de cinco días. Sobre él resolverá la Comisión Deontológica y, en caso de no existir, la Junta de Gobierno.
e) El Instructor renunciará a su función siempre que este incurso en una causa de abstención, pudiendo ser recusado por la Comisión Deontológica o, en caso de no existir ésta, por la Junta de Gobierno, o por el expedientado.
f) Las resoluciones sobre la abstención y recusación del instructor o del secretario no serán recurribles, sin perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.
g) El Instructor, bajo la fe del secretario, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
h) Se consideran causas de abstención o de recusación el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, la amistad íntima o enemistad manifiesta con el expedientado, o tener interés personal, directo o indirecto, en el asunto.
i) Serán de aplicación al instructor y al secretario las normas relativas a abstención y recusación de la legislación del procedimiento administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.
3. Derechos de asistencia del expedientado:
a) El expedientado puede nombrar a un colegiado para que actúe de defensor, disponiendo de diez días hábiles, a partir del recibo de la notificación, para comunicar a la Comisión Deontológica y, en caso de no existir ésta, a la Junta de Gobierno dicho nombramiento, debiendo acompañar la aceptación del mismo por parte del interesado. El defensor asistirá a todas las diligencias propuestas por el instructor y podrá proponer la práctica de otras en nombre de su defendido.
b) Asimismo, el expedientado podrá acudir siempre que sea requerido por la Comisión Deontológica o, en caso de no existir ésta, por la Junta de Gobierno, asistido de Letrado.
4. Pliego de cargos:
a) En plazo de un mes desde la apertura del expediente disciplinario y a la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos.
b) El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso. Comprenderá los hechos imputados al inculpado, en párrafos separados y numerados por cada uno de ellos y se expresará, en su caso, la falta presuntamente cometida y las sanciones que puedan ser de aplicación, con referencia concreta a los preceptos correspondientes.
c) En la notificación se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, el pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución.
5. Contestación del pliego de cargos:
a) El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo improrrogable de diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere.
b) El inculpado podrá proponer, en su contestación al pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba admisible en derecho que crea necesario y acompañar los documentos que considere convenientes.
c) Contestado el pliego de cargos, el instructor admitirá o rechazará de forma motivada las pruebas propuestas, acordando la práctica de las admitidas y cuantas otras actuaciones considere convenientes para el mejor esclarecimiento de los hechos.
6. Período de prueba:
a) El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las pruebas que estime pertinentes, sean o no de las propuestas, plazo que se completará desde que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello sin hacerlo.
b) El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas que considere innecesarias, en resolución motivada no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.
c) Para la práctica de las pruebas que haya de practicar el propio instructor se notificará al inculpado el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir asistido, si así lo desea, de un letrado.
7. Propuesta de resolución:
a) El Instructor, dentro de los diez días siguientes, someterá a la Comisión Deontológica o, en caso de no existir ésta, a la Junta de Gobierno el texto para una propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos; motivará en su caso la denegación de pruebas; hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que considere cometida y señalar á la responsabilidad del inculpado, así como la sanción a imponer.
b) Dicho texto habrá de ser debatido por el órgano competente, el cual elaborará la propuesta de resolución del expediente con los mismos requisitos expresados en el epígrafe a) anterior.
8. Alegaciones del inculpado:
a) La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que, en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa.
9. Elevación del expediente para resolución:
a) La Comisión Deontológica, en caso de existir, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, sin ulteriores trámites remitirá el expediente completo a la Junta de Gobierno, para que, en el plazo de un mes, acuerde la resolución pertinente o, en su caso, ordene a aquella Comisión la práctica de las diligencias complementarias que considere necesarias.
De no existir Comisión Deontológica, será la Junta de Gobierno la que, una vez oído el inculpado o transcurrido el plazo sin que éste haya formulado alegaciones, resolverá en el plazo de un mes o, en su caso, practicará diligencias complementarias.
b) En caso de acordar la práctica de nuevas diligencias, la Junta de Gobierno devolverá el expediente a la Comisión Deontológica. La Comisión, antes de remitirlas de nuevo, dará vista al inculpado para que alegue cuanto estime conveniente en el plazo improrrogable de diez días.
De no existir Comisión Deontológica, será la Junta de Gobierno la que proceda a la práctica de diligencias, oyendo al inculpado para que formule las alegaciones que estime pertinentes en el plazo improrrogable de 10 días.
10. Resolución del expediente:
a) La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. En la adopción del acuerdo no intervendrán quienes hayan actuado en la fase instructora del expediente como instructor o secretario.
b) La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado y al denunciante o comunicante de los hechos, en su caso, con expresión de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.