Source: http://espanito.com/informe-no-10512.html
Timestamp: 2019-07-24 04:26:15
Document Index: 312009957

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 42']

Informe no. 105/12
PETICIÓN 12.092
PRESUNTAS VÍCTIMAS: Pedro Eladio Mata Martínez e Isabel María Bruckmann Velásquez viuda de Mata1
PETICIONARIO: José Leonardo Obando Laaz
VIOLACIONES ALEGADAS: Artículos 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE: 26 de enero de 1999
El 2 de diciembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por José Leonardo Obando Laaz (en adelante, “el peticionario”) en la cual se alegó la responsabilidad del Estado de Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) por la violación de los derechos a la propiedad y la protección judicial de Isabel María Bruckmann Velásquez viuda de Mata y de su difunto esposo Pedro Eladio Mata Martínez (en adelante “las presuntas víctimas”).
El peticionario alegó que las presuntas víctimas fueron despojadas de sus propiedades por las autoridades judiciales del distrito de Guayaquil “sin haber cometido infracción penal alguna ni haber estado involucrad[as] en ningún delito, ni haber sido procesad[as] penalmente”.
El peticionario sostuvo que el 3 de diciembre de 1990 Carlos Luis Emanuel Veliz fue apresado en la hacienda “San Pedro y Mariquita”, ubicada en la vía de Quevedo – El Empalme, lugar en el que la policía manifestó haber decomisado 10 paquetes y dos tablones que contenían otros 20 paquetes de clorhidrato de cocaína. Sostuvo que los agentes de policía, contraviniendo las normas la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), se dirigieron al domicilio de José Antonio Mata Bruckmann, hijo de las presuntas víctimas, y lo detuvieron de manera ilegal y arbitraria, allanando su villa ubicada en la Calle Chambers en Guayaquil, sin orden de allanamiento firmada por autoridad competente. Alegaron que dicho inmueble, propiedad de las presuntas víctimas, era arrendado por Nelly Elizabeth Saltos Coello (esposa de José Antonio). Alegó que “al realizar la requisa en el domicilio de Mata Bruckmann, se encontró 20 paquetes de la misma droga”. El peticionario alegó que la droga habría sido introducida por la Policía en el inmueble, siendo ésta, parte de la que habían encontrado horas antes en la hacienda “San Pedro y Mariquita”. Alegó que luego del allanamiento los policías permanecieron ilegalmente en dicho inmueble.
Asimismo, alegó que en dicho inmueble y sin orden de detención, mantuvieron privados de la libertad, durante 10 días, a Marco Antonio Cepeda Mora, Raúl Roberto Zambrano Valenzuela, Mario Cesar Zapata Escalante y Sergio Gil Gil (ciudadano colombiano). Alegó que estas personas fueron secuestradas, incomunicadas, torturadas e investigadas sin la asistencia de un abogado particular ni público. El peticionario alegó que los esposos Mata·Bruckmann no tuvieron ningún nexo con la investigación que supuestamente estaba realizando la policía en el inmueble de su propiedad.
El peticionario sostuvo que el 14 de diciembre de 1990, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, dictó auto cabeza de proceso y dispuso de forma ilegal que se entreguen en depósito los bienes incautados de propiedad de las presuntas víctimas. Alegó que, el juez, dispuso esto a sabiendas de que las presuntas víctimas no tenían nexo o relación penal alguna con la droga decomisada en la hacienda “San Pedro y Mariquita”.
Al respecto, alegó que la Policía Nacional en el informe de la INTERPOL no estableció ningún tipo de responsabilidad por parte de las presuntas víctimas; el juez al dictar el auto inicial no las sindicó; el Ministerio Público, por su parte, tampoco estableció ningún tipo de responsabilidad; no se dictó auto de llamamiento a juicio plenario contra los dueños de las propiedades incautadas ilegalmente; la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (en adelante “Quinta Sala”), no estableció cargo alguno contra las presuntas víctimas; e inclusive Nelly E. Saltos Coello fue sobreseída definitivamente. Alegó que la Quinta Sala justificó el comiso de los bienes inmuebles, únicamente en el suspendido artículo 121 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas2.
El peticionario alegó que la orden de incautación de los bienes de la familia Mata- Bruckmann, sin que se haya formulado cargo alguno en su contra, constituyó una violación del derecho de propiedad. Indicó que los despojaron del predio ubicado en el kilómetro 24 de la vía de Guayaquil-Salinas, en donde no se encontró indicio de droga y de la villa de la calle Chambers, que era el lugar en donde introdujeron la droga.
El peticionario alegó que el Estado privó a las presuntas víctimas del uso, goce y usufructo de sus bienes, en base al artículo 116 y 121 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Alegó que los jueces utilizaron el artículo 116 para establecer la presunción de responsabilidad y que dicho artículo fue suspendido y declarado inconstitucional, por el Tribunal Constitucional del Ecuador, mediante resolución No.119 del 24 de diciembre de 1997.
El peticionario alegó que las presuntas víctimas interpusieron denuncia como terceros perjudicados en el proceso penal No. 442-90, que fue tramitada ante el juzgado Primero de lo Penal del Guayas. Sostuvo que fueron múltiples sus peticiones de devolución de las propiedades, pero que no fueron atendidas. Asimismo, alegó que presentó una petición ante la Quinta Sala, la cual fue denegada. Alegó que además interpusieron demanda de inconstitucionalidad respecto de los artículos 116 y 121 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ante el Tribunal Constitucional.
El peticionario alegó que después de la incautación el Estado no se preocupó por dar protección legal a las presuntas víctimas a fin de que sus bienes les fueran devueltos. Indicó que en 2002, hacía ya doce años, que dichos bienes se encontraban en poder de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.
Alegó que el Estado violentó el derecho de las presuntas víctimas a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente para la determinación de sus derechos, por lo que no tuvieron un debido proceso, ni derecho de defensa.
El Estado consideró que la petición era inadmisible. Sostuvo que los hechos alegados no caracterizaban violación a la Convención Americana y que los recursos internos no habían sido agotados.
Respecto de los hechos, el Estado sostuvo que en el Informe de INTERPOL de 9 de diciembre de 1990 se detalla que en la Hacienda San Pedro se decomisaron diez paquetes de clorhidrato de cocaína y dos tablones en cuyo interior camuflado existían 20 paquetes de la misma droga; y que posteriormente en el domicilio de José Antonio Mata Bruckmann se decomisaron 20 paquetes más de cocaína. Alegó que de la investigación realizada en la hacienda se descubrieron 180 kilos de clorhidrato de cocaína, la cual estaba enterrada en seis sacos de 30 kilos cada uno. Sostuvo que dichos procedimientos de verificación fueron respaldados por los fiscales de turno en las Provincias del Guayas y los Ríos. Añadió que dicho informe concluyó que los involucrados poseían en total 230 kilos de clorhidrato de cocaína.
Indicó que el 20 de diciembre de 1990, se solicitó al Registrador de la Propiedad del Cantón de Guayaquil, la inscripción en los libros correspondientes de la prohibición de enajenar los bienes de los sindicados, entre los que se encontraban los de José Antonio Mata Bruckmann y Nelly Elizabeth Saltos Coello. Señaló que el 31 de octubre de 1991, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, dictó auto de llamamiento a plenario en el proceso por delito de tráfico de estupefacientes y remitió a la Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil el proceso a fin de que resuelva la apelación interpuesta, entre otros, por José Antonio Mata Bruckmann, Nelly Elizabeth Saltos Coello y Jorge Francisco Rivera Olivares; el recurso de nulidad interpuesto por Julio Salazar y la consulta de sobreseimiento de varios encausados.
Sostuvo que el 23 de diciembre de 1992, las presuntas víctimas traspasaron el dominio de sus bienes inmuebles3 a la compañía STARLUX, S.A. Alegó que las presuntas víctimas tenían conocimiento de la ilegalidad que cometían al realizar este procedimiento. Indicó que el 29 de marzo de 1994, se confirmó el auto de apertura al plenario dictado contra José Antonio Mata Bruckman y otros y el comiso de bienes, acogiéndose el dictamen del Ministerio Fiscal del Guayas.
Indicó que, el 31 de octubre de 1994, el Juez Primero de lo Penal del Guayas, dictó auto de apertura de plenario contra los sindicados entre ellos, José Antonio Mata Bruckmann, como autor intelectual y material. Sostuvo que la droga que se encontró en la hacienda y la casa allanadas era propiedad de las presuntas víctimas, padres de José Antonio Mata Bruckman, motivo por el cual las medidas cautelares dictaminadas por los jueces de la Quinta Sala de lo Penal fueron sustentadas legalmente.
Sostuvo que el 10 de diciembre de 1999 se expuso ante el juez de lo Penal del Guayas el parte de detención de los involucrados en el “Operativo Pescador”, del cual se desprendió que la droga era enviada a República Dominicana a través de puertas que eran camufladas en la hacienda y enviadas desde ahí; y que se incautaron 22 de dichas puertas.
Respecto del agotamiento de los recursos internos, el Estado indicó que el proceso penal por narcotráfico estaba pendiente de resolución ante los tribunales competentes. Indicó que el proceso se había llevado con normalidad y había contado con peritos especializados, quienes habían emitido informes favorables para el peticionario. Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público, se abstuvo de acusar a las presuntas víctimas, quienes no estuvieron vinculadas al proceso.
Sostuvo que la resolución del proceso penal, favorable o no, sería la idónea para resolver la situación jurídica de las presuntas víctimas. Sostuvo que otro recurso efectivo que el peticionario podría interponer contra la sentencia que dicte el Tribunal Penal, es el recurso de casación, si los jueces hubieran incurrido en errores de derecho. Indicó que también se podría interponer el recurso de revisión, en caso de que obtenga una sentencia condenatoria.
Alegó que el peticionario utilizó el recurso de casación de manera inadecuada, en razón de que la resolución que se trató de impugnar era únicamente un auto interlocutorio sobre las medidas cautelares adoptadas respecto de los bienes inmuebles, y no la sentencia. Alegó que el peticionario debió apelar el auto de 1990 de prohibición de enajenar los bienes. Sostuvo que el peticionario tiene la posibilidad de accionar este recurso el cual era el efectivo.
El Estado controvirtió el alegato del peticionario en relación a que no se respetó el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y afirmó que dicha garantía fue respetada. Consideró que preservó el derecho de defensa dado que el peticionario tuvo a disposición todos los recursos de la ley ecuatoriana ante las alegadas violaciones y que en ningún momento se le impidió el ejercicio de su derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones frente a los órganos competentes.
En cuanto al alegato sobre el derecho a la propiedad el Estado señaló que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se estableció para resarcir al Estado y a la sociedad por el daño causado por el narcotráfico. Señaló que si el peticionario era absuelto en instancia definitiva se le devolverán todos y cada uno de los inmuebles incautados. Indicó que José Antonio Mata Bruckmann era propietario de los inmuebles que fueron objeto del comiso especial, dado que estos fueron utilizados como sitios de ejecución del delito. Alegó que por lo tanto, era procedente el comiso y que además existían indicios suficientes para presumir que él era responsable por los delitos de oferta, corretaje, intermediación, tenencia y posesión ilícitas de estupefacientes sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Alegó que en virtud de la fórmula de la “cuarta instancia”, la Comisión no puede revisar las decisiones de los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales, a menos de que haya cometido una violación a la Convención. Alegó que la inconformidad del peticionario con las decisiones judiciales que han sido dictadas dentro de la competencia de los jueces naturales no da soporte a la Comisión para revisar dichas decisiones.
La CIDH registró la petición bajo el número 12.092 y tras efectuar un análisis preliminar, procedió a transmitirla al Estado, el 26 de enero de 1999, para sus observaciones. El 5 de mayo y el 28 de junio de 1999 el Estado presentó sus respuestas, la cuales fueron trasladadas al peticionario para sus observaciones. El 23 de septiembre de 1999 el peticionario presentó su respuesta, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones.
El 29 de noviembre de 1999 el Estado presentó información adicional, la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones. El 4 de enero de 2000 presentó su respuesta, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 11 de julio de 2000 el Estado presentó información actualizada que fue trasladada al peticionario para sus observaciones. El 2 de octubre de 2000 el peticionario presentó información adicional, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 24 de enero de 2001 el Estado solicitó una prorroga la cual fue otorgada por la CIDH.
El 22 de febrero de 2001 el Estado presentó información actualizada la cual fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones. El 24 de mayo de 2001 el peticionario presentó su respuesta la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones el 4 de octubre de 2001. El 18 de enero, 3, 13 y 16 de septiembre y 15 de noviembre de 2002 los familiares de las presuntas víctimas presentaron información adicional.
El 29 de julio de 2010 la CIDH solicitó información actualizada al peticionario y reiteró al Estado su solicitud de información de 4 de octubre de 2001; asimismo, le trasladó la información adicional aportada por los familiares de las presuntas víctimas, para sus observaciones. El 9 de septiembre de 2010 el Estado solicitó copia de las partes pertinentes del expediente, la que fue transmitida al Estado por la CIDH. El 1˚ de junio de 2011 el Estado presentó su respuesta la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones el 7 de junio de 2011. El 9 de febrero de 2012 la CIDH reiteró solicitud de información adicional al peticionario a fin de determinar si subsisten los motivos de la petición presentada y le informó que de no recibir respuesta en el plazo de un mes la Comisión podría archivar la petición. A la fecha de aprobación del presente informe la respuesta del peticionario no había sido recibida por la CIDH.
Tanto el artículo 48.1 b) de la Convención Americana como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.
En la presente petición se alegó la violación de los derechos consagrados en los artículos 21 y 25 de la Convención Americana. Por su parte, el Estado sostuvo que la petición era inadmisible, en tanto los hecho alegados no caracterizaban violación a la Convención Americana y porque no se habían agotado los recursos internos.
En el presente trámite el peticionario envió su última respuesta el 24 de mayo de 2001 y los familiares de las presuntas víctimas no se comunican con la CIDH desde septiembre de 2002. El peticionario no respondió a la solicitud de información actualizada enviada por la CIDH de 4 de octubre de 2001 ni a la reiteración de 29 de julio de 2010; tampoco respondió a la solicitud de información del 7 de junio de 2011 ni a la reiteración de 9 de febrero de 2012. En tales circunstancias, no es posible avanzar con el análisis o determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial, por lo que de conformidad al artículo 48.1.b) de la Convención Americana así como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 8 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Fallecida el 20 de agosto de 2002.
2 El peticionario indica que la Ley fue publicada el 17 de septiembre de 1990 en el Registro Oficial No. 523.
3 Hacienda San Pedro y Mariquita Km.12 de las Vías Quevedo- El Empalme, una casa ubicada en la Chambers No. 302 y Bogotá-Guayaquil.