Source: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542011000100009&lng=es&nrm=iso.
Timestamp: 2019-01-23 15:20:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 85', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 105', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 47', 'artículo 47']

Durante mucho tiempo el concepto de jurisdicción universal y la posibilidad que los tribunales nacionales pudieran perseguir y sancionar crímenes internacionales cometidos fuera de su competencia territorial han sido prácticamente desconocidos. Y aunque los orígenes del principio de jurisdicción universal son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que este principio repentinamente cobró vigencia el 16 de octubre de 1998, cuando una circunstancia inesperada hizo convulsionar la opinión pública: el dictador, general retirado y senador vitalicio de Chile, Augusto Pinochet fue detenido en Londres donde convalecía de una operación quirúrgica a requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional (AN) española, Baltasar Garzón, y quedó sometido a un procedimiento de extradición instado por España ante el Gobierno británico.1 Sobre el reclamado pesaba la acusación de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y tortura.
España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos categoría de Derecho Internacional acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de dicha jurisdicción, ya que son más de quinientos los españoles muertos o desaparecidos en Argentina, y cincuenta los muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.
A la vista de que es en el alta mar, [donde se cometió el hecho ilícito y que] sobre este espacio ninguna Nación posee el derecho, ni el deber de vigilancia, se niega [al pirata] la protección del pabellón..., y se le trata como a un bandido, como a un enemigo de toda la humanidad hostis humanis generis a quien cualquier nación, en el interés de todos, puede capturar y castigar.27
No obstante, el examen de la noción de hostis humanis generis en términos semánticos y desde un punto de vista funcional, lleva a la conclusión de que el fundamento de la competencia de todos los Estados estriba en la seguridad de alta mar y, por tanto, el ejercicio de la competencia está basado más bien en el lugar de la comisión del delito y en la protección de intereses de los Estados que en la naturaleza o gravedad del ilícito. En este marco lo que se trata de garantizar es la protección de intereses comunes en tanto que su violación afecta y lesiona a todos y cada uno de los Estados, ya que los mismos representan en palabras de la profesora francesa Brigitte Stern "una suma de los intereses idénticos y propios de los Estados".28 Como señala Magdalena Martín, esta racionalidad está presente en una serie de convenios, varios de ellos concernientes a la represión de determinados actos terroristas, que no han representado durante una cierta etapa un interés de la comunidad internacional en su conjunto.
En este sentido se ha sostenido que "el principio de la territorialidad no se aplica a ciertos crímenes, generalmente considerados como ilícitos de carácter internacional por la comunidad internacional en su conjunto, para los cuales se acepta que puedan ser sancionados por cualquier Estado que tenga la custodia del presunto responsable".32 La razón que fundamenta tal principio radica en la necesidad de evitar que crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación precisamente de un riguroso criterio territorialista. Así, la práctica internacional demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente pueda ser objeto de un proceso judicial en el mismo o que, si ese tiene lugar, el mismo sea imparcial o no se encuentre condicionado de antemano por factores políticos o de otra naturaleza. Sea porque en algunos casos las autoridades que perpetraron los crímenes continúan aún en el poder, sea porque han entregado al responsable pero condicionando su entrega a una amnistía previa, etcétera. En tal sentido se pueden mencionar las masacres que han tenido lugar en Camboya, Vietnam, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona, aunque en algunos de estos países se han producido algunos avances en esta materia.
Una de las ambigüedades que aún subsisten en torno a la jurisdicción universal reside en la admisibilidad de la jurisdicción universal pura o in absentia. Ello se debe a que mientras que son relativamente numerosos los instrumentos de la práctica internacional tanto convencional como institucional que reconocen la facultad de los Estados de enjuiciar a los responsables de la comisión de ciertos crímenes internacionales en el supuesto de que se encuentren en el propio territorio, independientemente de la concurrencia de cualquier otro vínculo de conexión e imponiendo incluso su ejercicio con carácter obligatorio en caso de no extradición,34 ninguno de esos instrumentos reconoce expresa y claramente este derecho cuando el sospechoso no se encuentra en territorio estatal.35 La CDI, en su proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, tan solo contempló la jurisdicción universal con carácter obligatorio, y bajo la fórmula aut dedere aut iudicare, en el supuesto de presencia del sospechoso en el propio territorio.36
El artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  en cuanto proclama la jurisdicción de España para el conocimiento de determinados hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los delitos que enumera no se aplica retroactivamente cuando la jurisdicción proclamada se ejerce en el tiempo de la vigencia de la norma tal sucede en este caso, con independencia de cuál fue el tiempo de los hechos que se enjuician. El citado artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es norma de punición, sino procesal. No tipifica o pena ninguna acción u omisión y se limita a proclamar la jurisdicción de España para el enjuiciamiento de delitos definidos y sancionados en otras Leyes. La norma procesal en cuestión ni es sancionadora desfavorable ni es restrictiva de derechos individuales, por lo que su aplicación a efectos de enjuiciamiento penal de hechos anteriores a su vigencia no contraviene el artículo 9, apartado tres, de la Constitución Española. La consecuencia jurídica restrictiva de derechos derivada de la comisión de un delito de genocidio la pena trae causa de la norma penal que castiga el genocidio, no de la norma procesal que atribuye jurisdicción a España para castigar el delito.
Cuando los órganos judiciales españoles aplican dicho último precepto no invaden ni se inmiscuyen en la soberanía del Estado donde se cometió el delito, sino que hacen ejercicio de la propia soberanía española en relación con delitos internacionales; continúa afirmando España tiene jurisdicción para conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos categoría de Derecho internacional acogida por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa jurisdicción, al ser más de cincuenta los españoles muertos o desaparecidos en Chile, víctimas de la represión denunciada en los autos.
es preciso tener en cuenta que en la doctrina del derecho penal internacional público no existe ninguna objeción al principio de justicia universal cuando éste proviene de una fuente reconocida del derecho internacional, especialmente cuando ha sido contractualmente aceptado por Estados parte de un Tratado. En tales casos se admite que el principio tiene una justificación indudable. Por el contrario, cuando solo ha sido reconocido en el derecho penal interno, en la práctica, los alcances de dicho principio han sido limitados por la aplicación de otros igualmente reconocidos en el derecho internacional. En este sentido, se ha entendido que el ejercicio de la jurisdicción no puede como ha quedado dicho contravenir otros principios del derecho internacional público ni operar cuando no existe un punto de conexión directo con intereses nacionales.
la prioridad del Estado del lugar de comisión no debería servir de pretexto que hiciera posible, para España, el incumplimiento de la obligación general en nuestra opinión70 que sobre él pesa de juzgar, si no extradita, a los responsables bajo su custodia de los más graves crímenes internacionales. De acuerdo con esta interpretación, por tanto, la prioridad del iudex loci delicti commissi podría sí, ser un obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción universal in absentia o, en la reformulación efectuada por el TS, para la puesta en práctica del principio de personalidad pasiva, pero no para ese ejercicio por los jueces españoles cuando las autoridades competentes decidan no extraditar o, por exigencias jurídicas, no puedan hacerlo, ya que otra solución equivaldría a impunidad en clara contradicción con el objeto y fin de la obligación de extraditar o juzgar.71
Con independencia de los supuestos de reconocimiento expreso, claros y generales del principio de jurisdicción universal por los Estados, ya sea en convenios de amplia y representativa participación, ya sea en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptadas por consenso y objeto de sistemática reiteración, es posible aceptar la operatividad de la jurisdicción universal en virtud del derecho internacional general respecto de los crímenes internacionales y, muy especialmente, sobre los crímenes de guerra no convencionales, el genocidio o los crímenes contra la humanidad, a partir del desarrollo experimentado por el derecho internacional contemporáneo en el ámbito de la responsabilidad internacional del individuo. Gracias a la evolución acaecida tras el fin de la guerra fría en el llamado legado de Núremberg, hoy está fuera de toda duda que determinadas conductas que atentan gravemente contra los valores e intereses aceptados como fundamentales por la comunidad internacional en su conjunto, y que se encuadran bajo los mencionados tipos, tienen carácter criminal en virtud de un ordenamiento internacional que, a su vez, considera su represión una exigencia estructural y esencial del propio orden internacional.
11 En este sentido conviene distinguir entre legislative juridiction, "adjudicatory jurisdiction y enforcement jurisdiction. En principio el derecho internacional ni prohíbe ni obliga a los Estados a que ejerzan su jurisdicción penal extraterritorial en un caso concreto, pero sí parece que sería contraria al Derecho Internacional la pretensión de un Estado de imponer su potestad coercitiva para obligar a que se respetaran sus leyes en el territorio de otro Estado sin el consentimiento de éste. Respecto a la definición de estas tres categorías de domestic jurisdiction, véase American Law Institute, Restatement of the Law ThirdForeign Relations of the United States, vol. 1, St. Paul, American Law Institute, 1987, p. 401; [ Links ] Randal, K. C., "Universal Jurisdiction Under International Law", Texas Law Review, 1985, pp. 785 y ss. [ Links ]
21 Ampliamente sobre estos principios M ann, (1964), op. cit., p. 82 et seq. Jescheck, H. H., Tratado de derecho penal-Parte general, Granada, Comares, 1993, p. 151, exponente de esta excepción a la extradición el artículo 6o., párr. 1 inc. a) Convenio Europeo de Extradición de París de 13 de diciembre de 1957  European Treaty Series [=E.T.S.], No. 24  que establece la facultad de toda parte contratante de denegar la extradición de los nacionales.
27 Texto original: sciendum quoque est reges, et qui par regibus jus obtinent, jus habere poenas poscendi non tantum ob injurias in se aut subditos suos commissas, sed et ob eas quae ipsos peculiariter non tangunt, sed in quibusvis personis jus naturae aut gentium immaniter violant  Grotius, H., De iure belli ac pacis, libri tres  in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur, Sijthoff, Leiden, (reimpresión de la primera edición comparativa de 1919 con las ediciones de 1632, 1642, 1646, bajo la dirección de P. C. Molhuysen), p. 394; sobre la evolución de esta idea el trabajo del Juez de la Corte de Justicia Internacional
Guillaume, G., " La Compétence Universelle  Formes Anciennes et Nouvelles", Gazette du Palais, Mélanges offerts à Georges Levasseur  Droit Pénale, Droit Européen, París, 1992, pp. 23 y ss. [ Links ]
34 Así, entre otros, los siguientes: en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario, los cuatro Convenios de Ginebra de 1948 (artículo 49 del I BOE de 23-VII-1952-, artículo 50 del II BOE de 26-VIII-1952-, art. 129 del III BOE de 5-IX-1952- y 146 del IV BOE de 2-IX-1952) y el Protocolo adicional I de 1977, que a ellos se remite (artículo 85 BOE de 26-VII-1989), la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989 (artículo 9.2 no ratificado por España-), el Segundo Protocolo, de 1999, adicional a la Convención sobre protección de bienes culturales (artículo 16.1 ratificado por España, aunque aún no publicado en el BOE-), y la Convención de la OUA de 1977 sobre la eliminación de las prácticas relativas a los mercenarios en Africa (artículo 8). En el ámbito del terrorismo internacional, el Convenio de La Haya sobre apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970 (artículo 4 BOE de 15-I-1973-), el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 (artículo 5 BOE de 10-I-1974-), y su Protocolo del mismo año para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional, que a él se remite (artículo 1 BOE de 5-II-1992-), el Convenio de Roma para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988 (artículo 6.4 BOE de 24-IV-1992-) y su protocolo del mismo año para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas localizadas en la plataforma continental (artículo 3.4 BOE de 24-IV-1992-), la Convención de Nueva York sobre la prevención y la represión de crímenes contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, de 1973 (artículo 3.2 BOE de 7-II-1986-), la Convención de 1994 sobre la seguridad del personal de Naciones Unidas y el personal asociado (artículo 10.4 BOE de 25-V-1999-), el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares de 1972 (artículo 8.2 BOE de 25-X-1991-), la Convención de 1979 contra la toma de rehenes de 1979 (artículo 5.2 BOE de 7-VII-1984-), la Convención de Nueva York de 1997 para la represión de los atentados con bombas (artículo 6.4 BOE de 12-VI-2001-), el Convenio de Nueva York de 1999, para la represión de la financiación del terrorismo (artículo 7.4 BOE de 23-V-2002-) y el Convenio europeo para la represión del terrorismo de 1977 (artículo 6 BOE de 8-X-1980-). Véase igualmente, el apdo. II, 5, b, de la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional (Res. 49/60, de 17 de febrero de 1994), y la Declaración complementaria (Res. 51/219).
En cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, inhumanos o degradantes de 1984 (artículo 5, BOE de 9-XI-1987), la Convención de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada de personas, y las Convenciones de la OEA para prevenir y sancionar la tortura de 1985 (artículo 12) y sobre desaparición forzada de personas de 1994 (artículo 4). Véase, igualmente, el artículo 14 de la Declaración de la Asamblea General sobre la protección de todas las personas frente a las desapariciones forzosas (Res. 47/133), así como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias adoptados por el ECOSOC en 1989.
35 La única excepción viene representada por la piratería cometida en alta mar, respecto de la cual tanto el Convenio de Ginebra sobre alta mar de 1958 (artículo 19 BOE de 27-XII-1971), como el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (artículo 105 BOE 14-II-1997-) reconocen a todo Estado un derecho de apresamiento y enjuiciamiento de los responsables
42 La existencia de víctimas de nacionalidad española había sido valorada en pronunciamientos anteriores de órganos judiciales españoles. Véase a este respecto Auto del JCI núm. 6, de 20 de septiembre de 1998, en el asunto Pinochet, F.D. 3o., o autos de 4 y 5 de noviembre del pleno de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, asuntos argentinos y chilenos ya citados, F.D. 9o.), pero ni siempre había sido así (véase el auto del JCI núm. 5, de 25 de marzo de 1998, asuntos argentinos, F.D. 9o., o el auto del JCI núm. 1, de 27 de marzo de 2000, en el asunto Guatemala, F.D. 2o., en los que se argumenta en términos de estricta universalidad), ni la nacionalidad española de las víctimas había sido nunca el criterio decisivo para afirmar una jurisdicción que se consideraba basada en el principio de universalidad y no en el de personalidad pasiva el cual, por otra parte, no se contempla entre los títulos de jurisdicción del artículo 23 LOPJ, ni tampoco su toma en consideración había implicado nunca una restricción de la competencia al enjuiciamiento exclusivo de los delitos cometidos contra españoles.
49 Kaul, H. P., Mlitzke, A., y Wirth, S., International Criminal Law in Germany. The Drafts of the International Crimes Code and the Rome Statute Implementation Act. Informe presentado por la Delegación Alemana en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional durante su 9a. sesión celebrada el 18 de abril de 2002. Disponible en la siguiente dirección de internet http://www.iccnow.org/resourcestools/ratimptoolkit/nationalregionaltools/analysis/Comments%20on%20ICCode%20and%20E41.pdf. [ Links ] Esta ley se aplica a los crímenes en ella previstos que son los de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de la CPI "incluso cuando el delito sea cometido en el extranjero y no mantenga ninguna relación con Alemania" (Cursiva añadida). La ley, traducida al inglés, se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: www.iccnow.org/resourcestools/ratimptoolkit/nationalregionaltools/legislationdebates/GermanCodeOfInternation4C1.pdf.
57 Dicha cláusula está incluida en todos los convenios relativos a la seguridad aérea (Convenio de Tokio de 1963 sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves -artículo 3.3, BOE de 25-XII-1969-, de La Haya de 1970 (artículo 4.3), de Montreal de 1971 -artículo 5.3-, así como, por remisión a este último, Protocolo de Montreal de 1988 -artículo 1-) y marítima (Convenio de Roma de 1988 -artículo 6.5- y Protocolo de 1988 -artículo 3.5)-, así como a ciertas prácticas y actividades relacionadas con el terrorismo (Convenio de 1973 sobre personas internacionalmente protegidas -artículo7-, Convenio de 1979 sobre toma de rehenes - artículo 8-, Convenio de Viena de 1979 sobre protección de materiales nucleares - artículo 8.3-, Convenio de 1994 sobre protección del personal de Naciones Unidas - artículo 10.5-, Convenio relativo a la represión de los atentados con bombas - artículo 6.5- y Convenio relativo a la financiación del terrorismo - artículo 7.6-), en diversos convenios adoptados en materia de delincuencia transnacional a partir de los ochenta (Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas narcoticas y sustancias psicotrópicas de 1988 -artículo 4.3, BOE DE 10-XI-1990-, Protocolo facultativo, de 2000, a la Convención sobre derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía -artículo 4.4, BOE de 31-I-2002- y Convenio de Naciones Unidas de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional - artículo 15.6- y, por remisión a él, Protocolos sobre tráfico de personas, tráfico de inmigrantes  artículo 1.2- y tráfico ilícito de armas de fuego - artículo 1.2-, ratificados por España, así como en ciertos convenios adoptados también a partir de los ochenta en el ámbito del Derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos (Convenio sobre mercenarios de 1989 - artículo 9.3-, el protocolo sobre protección de bienes culturales de 1999 - artículo 16.2- o los convenios sobre la tortura de Naciones Unidas - artículo 5.3- y de la OEA - artículo 12-).
58 Dicha cláusula está incluida en todos los convenios relativos a la seguridad aérea (Convenio de Tokio de 1963 sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves - artículo 3.3, BOE de 25-XII-1969-, de La Haya de 1970 (artículo 4.3), de Montreal de 1971 - artículo 5.3-, así como, por remisión a este último, Protocolo de Montreal de 1988 - artículo 1-) y marítima (Convenio de Roma de 1988 - artículo 6.5- y Protocolo de 1988 - artículo 3.5)-, así como a ciertas prácticas y actividades relacionadas con el terrorismo (Convenio de 1973 sobre personas internacionalmente protegidas - artículo 7-, Convenio de 1979 sobre toma de rehenes - artículo 8-, Convenio de Viena de 1979 sobre protección de materiales nucleares - artículo 8.3-, Convenio de 1994 sobre protección del personal de Naciones Unidas - artículo 10.5-, Convenio relativo a la represión de los atentados con bombas - artículo 6.5- y Convenio relativo a la financiación del terrorismo - artículo 7.6-), en diversos convenios adoptados en materia de delincuencia transnacional a partir de los ochenta (Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas narcoticas y sustancias psicotrópicas de 1988 -art. 4.3, BOE DE 10-XI-1990-, Protocolo facultativo, de 2000, a la Convención sobre derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía -artículo 4.4, BOE de 31-I-2002- y Convenio de Naciones Unidas de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional - artículo 15.6- y, por remisión a él, Protocolos sobre tráfico de personas, tráfico de inmigrantes  artículo 1.2- y tráfico ilícito de armas de fuego - artículo 1.2-, ratificados por España, así como en ciertos convenios adoptados también a partir de los ochenta en el ámbito del Derecho internacional humanitario y del Derecho Internacional de los derechos humanos (Convenio sobre mercenarios de 1989 - artículo 9.3-, el protocolo sobre protección de bienes culturales de 1999 - artículo 16.2- o los convenios sobre la tortura de Naciones Unidas - artículo 5.3- y de la OEA - artículo 12-).
62 El artículo 12.2 del proyecto de la CDI de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, por ejemplo, admitía como excepción a la aplicación del principio non bis in idem, la posibilidad de un segundo enjuiciamiento nacional por los tribunales de otro Estado cuando los hechos en cuestión hubieran tenido lugar en su territorio, justificándose en el comentario dicha excepción en que "el Estado en cuyo territorio se cometió el crimen tiene un firme interés" y "resulta más directamente afectado por el crimen que los demás Estados". Informe..., cit., p. 89. También en el artículo 47.2 del Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional, a los efectos de considerar el ordenamiento interno del lugar de comisión entre otros, para fijar la cuantía o la duración de las penas a imponer. Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 46o. periodo de sesiones, comentario al artículo 47 del proyecto de Esatuto de una Corte Penal Internacional, pfo. 2o. Por su parte, el principio núm. 19 del informe final presentado por el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos, JOYNET, sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos, afirma que "la competencia territorial de los tribunales nacionales sigue siendo la regla general". Doc. E/cn.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. La idea ya estaba presente en 1973 en el texto de los "Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guera o de crímenes de lesa humanidad", entre los cuales se afirmaba el relativo a que "las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán enjuicidas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes". Resolución AGNU 3074 (XXVIII), de 3 de diciembre de 1973, apdo. 5.
63 En el asunto Bouterse, el Tribunal de Apelación de Amsterdam únicamente afirmó su competencia tras subrayar que, de confirmarse las noticias aparecidas en la prensa sobre el desarrollo de investigaciones en Surinam de lo que no se tenía constancia fidedigna, el procedimiento debería ser suspendido y, en caso de concluir con una sentencia definitiva, archivado. La decisión del citado tribunal, de 20 de noviembre de 2000, se encuentra disponible en http://www.icj.org/objectives/decision.htm.