Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2014/as201411047.html
Timestamp: 2019-03-24 23:58:36
Document Index: 209321028

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 33', 'in dubio', 'artículo 370', 'artículo 169', 'artículo 352', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 370', 'e contrario', 'artículo 370', 'artículo 33', 'artículo 370', 'artículo 169', 'artículo 352', 'artículo 42', 'artículo 419', 'artículo 48', 'artículo 33']

as201411047
AUTO SUPREMO Nº. 47/2014
Sucre, 5 de marzo de 2014
EXPEDIENTE: Cochabamba 263/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Edilberto Montaño Montaño, Oscar César Zapata Céspedes. Nilda Romero Rivera
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Nilda Romero Rivera (fs. 384 a 386) y Oscar César Zapata Céspedes (fs. 403 a 409), impugnando el Auto de Vista Nro. 50 emitido el 11 de octubre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 368 a 371), en el proceso de acción penal pública seguido por el Ministerio Público contra Edilberto Montaño Montaño y los recurrentes por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 relativo al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Que los recursos de casación de referencia, tuvieron origen en los siguientes antecedentes:
Instalada la audiencia de Juicio Oral, ante la incomparecencia del imputado Edilberto Montaño Montaño, el Tribunal de Sentencia de Aiquile, provincia Campero del departamento de Cochabamba declaró su rebeldía, disponiendo la prosecución en contra de los coimputados presentes, Nilda Romero Rivera y Oscar Cesar Zapata Céspedes. Sustanciado el juicio, el citado Tribunal de Sentencia, dictó Sentencia Condenatoria Nro. 12/2011 de 17 de junio (fs. 302 a 311), en contra de ambos imputados, Nilda Romero Rivera y Oscar Cesar Zapata Céspedes por ser autores de la comisión del ilícito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 relativo al artículo 33 inciso m) de la Ley Nro. 1008, sancionándolos a cada uno a cumplir pena privativa de libertad de diez años en los Penales de San Sebastián mujeres y varones respectivamente, además del pago de 500 días multa a razón de Bs. 0,50 centavos por día, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de sentencia, y la confiscación definitiva de los objetos detallados en la referida Resolución.
Dicha Sentencia fue recurrida en apelación restringida por ambos imputados, Nilda Romero Rivera (fs. 315 a 316) y Oscar Cesar Zapata Céspedes (fs. 347 a 351), originando el Auto de Vista Nro. 50 de 11 de octubre emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que dispuso declarar improcedentes las apelaciones restringidas, confirmando la Sentencia recurrida en todos sus extremos. Consta en antecedentes notificación personal a los imputados, con el Auto de Vista, mediante Despacho Instruido, en fechas 28 de noviembre de 2013 a Oscar Cesar Zapata Céspedes, y en fecha 4 de diciembre del mismo año a Nilda Romero Rivera, motivando con ello que ambos imputados presenten -por separado- los recursos de casación motivo de examen el 5 de diciembre de 2013.
Que mediante Auto Supremo Nro. 377/2013 de 31 de diciembre (fs. 417 a 426), este Tribunal declaró admisible el recurso interpuesto por Oscar César Zapata Céspedes, cuyos motivos son los siguientes:
2.1. Respecto a la denuncia por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, transcribiendo una parte del Auto de Vista, así como del Auto Supremo Nro. 76 de 30 de enero de 2006 – SP II cuya parte sobresaliente señala que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena, denuncia que tanto la Sentencia como el Auto de Vista, señalaron aplicar la teoría finalista, pero aplican la causalista, porque explican que concurre el dolo y el conocimiento de la ilicitud, basados en los imputados, al ser mayores de edad conocen y saben que transportar sustancias controladas es delito, pero -dice- no explican cómo llegan a ese razonamiento, que al respecto debieron analizarse las pruebas que demostraron objetivamente que el imputado conocía con antelación que uno de los pasajeros transportaba sustancias controladas, debiendo tomarse en cuenta que los chóferes no revisan la carga ni equipaje de los pasajeros, debieron analizar que no se realizó ninguna pericia para verificar la “cuartada” (sic.) de su persona cuando manifestó que fallaron los frenos; sostiene que las actuaciones no realizadas, por el principio in dubio pro reo, debieron originar su absolución.
2.2. En cuanto a la denuncia de alzada por error in procedendo, sobre la inexistencia y/o insuficiencia de fundamentación en la Sentencia, artículo 370 inciso 5) de la ley adjetiva penal, transcribiendo parcialmente el Auto de Vista, alega que si bien la jurisprudencia señala que la fundamentación no implica que la misma deba ser extensa y amplia, en el caso presente, la fundamentación realizada por la Sala Penal no es expresa porque no consigna las razones por las cuales considera que la Sentencia es fundamentada; que tampoco es clara porque no expresa los motivos del Tribunal; que no es completa, porque no comprende todas las cuestiones fundamentales, provocando mayor incertidumbre; al respecto transcribe también una parte del Auto Supremo Nro. 342 de 28 de agosto de 2006, que señala en lo principal, que la fundamentación debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.
Aduce que el Tribunal, en numerosas oportunidades anuló resoluciones inferiores invocando falta de fundamentación, pero que paradójicamente, el mismo Tribunal cayó en el mismo error. A efectos de demostrar la contradicción, cita el Auto Nro. 100 de 21 de octubre de 2013 emitido por el mismo Tribunal.
2.3. Sobre la denuncia efectuada en el recurso de apelación restringida, relacionada al error in iudicando de derecho, referida a la inobservancia de los artículos 13 y 172 del Código de Procedimiento Penal, por haber valorado el Tribunal las declaraciones de funcionarios policiales que transmitieron declaraciones de otros testigos que no estuvieron presentes en la audiencia de juicio oral, quienes fueron excluidos en la audiencia conclusiva, valoración que el recurrente considera defecto absoluto previsto en el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, porque implica –dice- vulneración al debido proceso en su matiz derecho a la defensa, principios de contradicción e inmediatez; sostiene que al respecto -transcribiendo la parte que considera pertinente del Auto de Vista- el Tribunal de Alzada señaló que el imputado no planteó incidente de exclusión de la prueba testifical a la que hizo referencia y menos efectuó reserva de recurrir para habilitarse a la apelación restringida; razonamiento sobre el cual -el recurrente- afirma que no era posible plantear exclusión probatoria ya que los testigos fueron ofrecidos legalmente, y que tampoco podían interrumpir las declaraciones, salvo lo dispuesto por el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, por lo que considera que se introdujeron deslealmente las declaraciones de los testigos excluidos, y que el Tribunal no debió valorar, esa parte de las declaraciones conforme señala el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal, que con ello provocó defecto absoluto no susceptible de convalidación.
Concluye señalando que al existir vicios de nulidad, inobservancia y errónea aplicación de la Ley procesal y sustantiva, solicita se le conceda la apelación, la anulación total de la Sentencia y del Auto de Vista, y se ordene la realización de un nuevo juicio.
CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados y de violación de derechos y garantías constitucionales)
Que de la revisión de los antecedentes, se concluye lo siguiente:
En relación al motivo “2.1.”: El recurrente refiere inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, indicando asimismo que tanto la Sentencia como el Auto de Vista, señalaron aplicar la teoría finalista, pero aplican la causalista, porque explican que concurre el dolo y el conocimiento de la ilicitud, basados en que los imputados, al ser mayores de edad conocen y saben que transportar sustancias controladas es delito, pero que no explican cómo llegan a ese razonamiento, invocando el Auto Supremo Nro. 76 de 30 de enero de 2006.
Del análisis del referido Auto Supremo invocado como precedente, se advierte que el mismo resolvió un caso por delitos de homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito, donde a los imputados se les impusieron penas, habiendo recurrido uno de ellos en casación -señalando el referido precedente- que fue admitido a efectos de ejercitar la potestad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y restablecer, si corresponde, el orden del sistema procesal penal y el cumplimento de los incisos 1) y 5) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Así, la Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia- después de observar aspectos procedimentales y realizar análisis fáctico del caso, indicaron: “…que los conductores no actuaron ni siquiera culposamente, puesto que inclusive ellos mismos sufrieron daños en sus vehículos” (sic), para finalmente señalar en su doctrina legal aplicable, en parte pertinente: “De acuerdo a los principios que informan el nuevo Sistema Procesal Penal, no son los resultados la medida de la culpabilidad, sino la manifiesta negligencia e irreprochabilidad jurídica que se haya probado concurriese en la conducta de los acusados a momento del hecho, puesto que ‘la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena’. Asimismo, es deber de los juzgadores fundamentar sus resoluciones…” (sic).
En el caso de autos, analizando el Auto de Vista impugnado a los fines de verificar la denuncia del recurrente, se advierte que el Tribunal de Alzada realiza transcripción de partes de la sentencia; y en lo relacionado al recurrente indica: “Las declaraciones de Nilda Romero Rivero y Oscar César Zapata Céspedes contienen datos que, a la luz del conjunto de prueba practicada, adquieren un indiscutible valor confirmatorio de su participación…” (sic), (fs. 370). Posteriormente refiere: “…respecto a la conducta de Oscar Cesar Zapata, no es creíble su versión de que se habría roto los frenos del vehículo que conducía y que por ello se pasó el retén móvil policial, ya que según él, los frenos fallaban ya desde el primer puente Lope Mendoza, es decir, 18 Km., antes del retén móvil, si fuere ello cierto, ningún chofer responsable puede arriesgar la vida de seres humanos continuando su ruta y a gran velocidad (110 Km. por hora)…” (sic), (fs. 370), además que el Tribunal de Alzada refirió las conclusiones “TERCERO” “CUARTO” y “QUINTO” a las que arribó el Tribunal de Sentencia de Aiquile. Asimismo el Auto de Vista impugnado señala que concurrieron “elementos constitutivos del delito de tráfico de sustancias controladas como son transporte, posesión dolosa con fines de transacción, por cuanto se encontraban con una balanza gramera que por experiencia común las mismas se utilizan en la transacción de sustancias controladas…” (sic), (fs. 370 vuelta). Posteriormente indica: “…para la configuración del tipo penal de tráfico de sustancias controladas, solo es necesario la concurrencia de dos subtipos previstos por el citado art. 33 inc. m) de la Ley 1008, extremo que aconteció en el caso de autos…” (sic) (fs. 370 vuelta). Luego, el Tribunal de Alzada señala que “se puede concluir que la culpabilidad del ahora apelante quedó demostrada al concurrir los tres elementos que la componen” (sic), (fs. 370 vuelta), haciendo referencia a la imputabilidad, la antijuridicidad y culpabilidad, para posteriormente indicar: “este Tribunal de Alzada no encuentra que el Tribunal de Sentencia haya incurrido en el defecto de Sentencia señalado por el art. 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal” (sic), (fs. 370 vuelta), además de haber considerado las razones por las que el Tribunal de Sentencia condenó al recurrente. Consiguientemente se concluye que NO es contrario al Auto Supremo Nro. 76 de 30 de enero de 2006, por cuanto el razonamiento del Tribunal de Alzada no fue contrario a la doctrina legal aplicable que indica que no son los resultados la medida de la culpabilidad, sino la manifiesta negligencia e irreprochabilidad jurídica que se haya probado concurriese en la conducta de los acusados a momento del hecho. Asimismo, en mérito a los argumentos expuestos precedentemente, se concluye que en el Auto de Vista existe pronunciamiento debido en relación a la aplicación de la ley sustantiva que hizo el Tribunal de Sentencia.
En relación al motivo “2.2.”: El imputado Oscar Cesar Zapata Céspedes, en el recurso de casación, manifiesta que la fundamentación realizada en el Auto de Vista impugnado no es expresa porque no consigna las razones por las cuales considera que la Sentencia es fundamentada; que tampoco es clara porque no expresa los motivos del Tribunal; que no es completa, porque no comprende todas las cuestiones fundamentales, provocando mayor incertidumbre, invocando al respecto el Auto Supremo Nro. 342 de 28 de agosto de 2006 y el Auto Nro. 100 de 21 de octubre de 2013.
Del examen del Auto Supremo Nro. 342 de 28 de agosto de 2006, se evidencia que el mismo resuelve un caso por delitos de despojo, perturbación de posesión, usurpación agravada y daño simple, habiendo los imputados recurrido en casación, con el argumento de que la sentencia ha sido dictada en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, puesto que en ella ha existido valoración defectuosa, insuficiente y contradictoria de la prueba conforme establece el artículo 370 en sus incisos 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal, “toda vez que la parte querellante no ofreció prueba durante el desarrollo del juicio, por lo cual no hay fundamento para dictar una sentencia condenatoria”. Además indica: “Acusan errónea aplicación de la norma penal y violaciones al debido proceso, argumentando que no existe el delito, que la ley describe lo que se debe entender por acción criminal resultando injusto e ilegal que se les atribuya la comisión de un delito que jamás se cometió, de tal forma que el juez hizo una defectuosa adecuación del hecho concreto a la norma, condenándolos con sus propias pruebas” (sic). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia- entre sus consideraciones, señaló que la resolución impugnada, no realiza una adecuada fundamentación que permita ingresar en el análisis de los antecedentes del proceso para ejercitar la tutela de los derechos y garantías en un proceso justo; para posteriormente indicar que el recurrente si bien adjunta Autos Supremos no señala puntualmente donde radicaría la contradicción con el fallo que impugna; empero son evidentes las omisiones que vulnerarían el debido proceso y el derecho a la defensa denunciadas. Así, dentro la ampulosa doctrina legal aplicable, se destaca lo siguiente: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia”.
En el caso de autos, analizando el Auto de Vista impugnado a los fines de verificar la denuncia del recurrente, se advierte que el Tribunal de Apelación después de transcribir una parte de la sentencia en las que señala las razones por los que los imputados son condenados, indica que concurrieron “elementos constitutivos del delito de tráfico de sustancias controladas como son transporte, posesión dolosa con fines de transacción, por cuanto se encontraban con una balanza gramera que por experiencia común las mismas se utilizan en la transacción de sustancias controladas…” (sic), (fs. 370 vuelta). Después de argumentar sobre la concurrencia de dos subtipos previstos por el citado artículo 33 inciso m) de la Ley Nro. 1008, indicando que aconteció en el caso de autos (fs. 370 vuelta), señaló que la culpabilidad del ahora apelante quedó demostrada al concurrir los tres elementos que la componen (fs. 370 vuelta), haciendo referencia a la imputabilidad, la antijuridicidad y culpabilidad, para posteriormente indicar que no encuentra que el Tribunal de Sentencia haya incurrido en el defecto de Sentencia señalado por el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal (fs. 370 vuelta), aspectos que además se han precisado a momento de realizar el análisis en relación al primer motivo de casación planteado por el recurrente, por lo que éste Tribunal Supremo de Justicia, advierte que el Auto de Vista se encuentra con la fundamentación correspondiente, por tanto NO es contraria al precedente invocado por el recurrente.
En cuanto al Auto Nro. 100 de 21 de octubre de 2013, se advierte de la fotocopia de la referida Resolución adjuntada por el recurrente, que NO es un Auto de Vista que resuelve una apelación restringida; sino que se trata de Auto que resuelve una apelación incidental, cuyas características son distintas, ya que dichos Autos no son objeto de recurso de casación, porque no resuelven Sentencias emergentes del recurso de apelación restringida. Consiguientemente, se deduce que entre el Auto de Vista impugnado que resuelve el fondo del recurso de apelación restringida planteado por Oscar Cesar Zapata Céspedes en relación con el que resuelve incidente, resulta imposible establecer contradicción alguna.
En relación al motivo “2.3.”: Este motivo fue admitido en la vía excepcional por Auto Supremo Nro. 377/2013 de 31 de diciembre, a los fines de verificar si hubo vulneración al debido proceso en su vertiente, derecho a la defensa y los principios de contradicción e inmediatez, toda vez que el recurrente señala que “el tribunal valoró las declaraciones de funcionarios policiales quienes más allá de transmitir sus actuaciones también transmitieron declaraciones de otros testigos que no estuvieron presentes en el juicio y que fueron excluidos en la audiencia conclusiva” (sic) (fs. 408 vuelta), valoración que el recurrente considera defecto absoluto previsto en el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, porque implica -dice- vulneración al debido proceso en su matiz derecho a la defensa, principios de contradicción e inmediatez; y que al respecto, el Tribunal de Alzada señaló que el imputado no planteó incidente de exclusión de la prueba testifical a la que hizo referencia y menos efectuó reserva de recurrir para habilitarse a la apelación restringida.
De la revisión de antecedentes, se evidencia que Oscar César Zapata Céspedes, en el recurso de apelación restringida, señaló que el Tribunal de Sentencia admitió a los testigos de cargo Carmen Deysi Fernández Rocha y Silverio Quispe Mamani transmitan las supuestas declaraciones de los tres testigos que se encontraban en la parte trasera del vehículo y que “de acuerdo a lo manifestado por el abogado defensor y consignado en la página nueve del Acta de Registro Oral del juicio no podía ni debía ser considerado…” (sic), (fs. 349). Consiguientemente, procediendo a la verificación del referido Acta de Audiencia, la indicada página nueve, se encuentra en fojas 290, donde la defensa con anterioridad a la declaración de los testigos de cargo manifiesta: “...las declaraciones de los tres testigos pasajeros, no debe tomar en cuenta porque han sido excluidos en la audiencia Conclusiva…” (sic), (fs. 290). Por otra parte, en fojas 288 del indicado acta manifiesta: “La señora Presidenta señala: habiéndose resuelto en audiencia conclusiva los incidentes, consulta a las partes si tienen algún incidente sobreviniente, el Ministerio Público señala que no tiene incidente alguno y la defensa señala que planteará el incidente de tercería, habiéndose señalado la Sra. Presidente que ese incidente debió plantearse ante el Juez Cautelar y no a este Tribunal, manifestando el Abogado, está bien Sra. Presidente, luego se toma la declaración de los imputados”. Asimismo se advierte de la misma acta, en la parte de las declaraciones de los testigos de cargo cursante de fojas 290 vuelta a 294, que la defensa no planteó objeción alguna en relación a lo que manifestaron los pasajeros que se encontraban en la parte trasera del vehículo que conducía el recurrente, menos hizo reserva de recurrir.
Consiguientemente, se advierte que en el momento en que la Presidenta del Tribunal de Sentencia consulta sobre algún incidente sobreviniente, la defensa se limitó a señalar que planteará incidente de tercería y no de exclusión de prueba testifical, además que ante la negativa por parte de la referida Presidenta, según el acta indica: “…manifestando el Abogado, está bien Sra. Presidente…” (sic), (fs. 288).
Al respecto, el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal señala: “El juez o el presidente del tribunal moderará el interrogatorio, procurando que se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del declarante. Las partes podrán plantear la revocatoria de las decisiones del juez o del presidente del tribunal que limiten el interrogatorio u objetar la formulación de preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes” (sic), (las negrillas y subrayado son nuestros).
Por otra parte, el recurrente no puede alegar que se habría vulnerado un derecho cuando por su propia causa ingresa a un estado de indefensión. Así dentro la Jurisprudencia Constitucional, se tiene la Sentencia Constitucional Nro. 0984/2010-R de 23 de Agosto, que indica: “…la ley, a objeto de hacer prevalecer la presunción de inocencia, durante todo el proceso le da diversos medios impugnativos a su alcance, hasta que la resolución judicial que defina su situación jurídica, adquiere firmeza. Por tanto, el no hacer uso de esos mecanismos de defensa, importa el incumplimiento de la indica obligación procesal, por ende si con su actitud pasiva o de abandono del proceso, se ejecutorió la sentencia que considera adversa, no existe indefensión, sino negligencia, lo cual no amerita la otorgación de tutela” (sic), (las negrillas y subrayado son nuestros).
Posteriormente señala: “…por su parte la SC 1735/2004-R, de 27 de octubre, que su vez citó a la SC 0919/2004-R de 15 de junio, basada en la SC 287/2003-R, señaló que: ‘…este Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, ha determinado que no existe indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así …”. (sic), (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Por otra parte, también se tiene dentro de la Jurisprudencia ordinaria, el Auto Supremo Nro. 203 de 27 abril de 2010, señala: “A lo expuesto, debemos agregar conforme con la doctrina, que en virtud al principio de preclusión de derechos, no es posible formular reclamos sobre cuestiones que no fueron debidamente observadas en el momento procesal oportuno, además la recurrente pudo deducir incidente de exclusión probatoria en el marco de lo previsto por el art. 172 del Código de Procedimiento Penal, concluyéndose en definitiva, que el Tribunal de Apelación, con adecuado criterio jurídico desestimó el agravio expuesto por la recurrente en su Recurso de Apelación Restringida, conforme consta en el auto de vista recurrido de casación” (sic), (las negrillas y subrayado son nuestros).
Consiguientemente, del análisis del Auto de Vista impugnado se advierte que la respuesta del Tribunal de Alzada que indica: “…la defensa del imputado no ha planteado incidente de exclusión de la prueba testifical a la que hace referencia y menos ha efectuado reserva de recurrir para habilitarse a la ulterior apelación restringida…” (sic), (fs. 371); y, por otra parte, lo verificado en antecedentes y en mérito a lo expuesto normativamente como jurisprudencialmente, se deduce que el recurrente no hizo uso de los derechos que la ley le asigna para hacer valer los derechos que supuestamente considera fueron vulnerados, más aun tomando en cuenta que es este sujeto procesal y no otros, el que está en la obligación de alegar oportunamente sus derechos; consiguientemente, la omisión en la que incurrió el recurrente, no puede ser suplida de oficio, por lo que se deduce que no hubo la vulneración por parte del Tribunal de Alzada, planteada por el recurrente en recurso de casación.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oscar Cesar Zapata Céspedes por Nilda Romero Rivera (fs. 384 a 386) y Oscar César Zapata Céspedes (fs. 403 a 409) impugnando el Auto de Vista Nro. 50 de 11 de octubre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 368 a 371), en el proceso de acción penal pública seguido por el Ministerio Público contra Edilberto Montaño Montaño y los recurrentes por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 48 relativo al artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.