Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/24348
Timestamp: 2020-06-03 00:45:08
Document Index: 235260799

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 27', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 5', 'Artículo 45', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 45/2015
SENTENCIA 45/2015, de 5 de marzo
ECLI:ES:TC:2015:45
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 21 de septiembre de 2009, el Letrado de la Xunta de Galicia, en nombre y representación del Gobierno autonómico, interpone conflicto positivo de competencia frente al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del indicado Real Decreto y, subsidiariamente, de sus arts. 2 a 15, 17.2, 18.1 —números 1 y 2 del apartado b)—, 19 —apartados 3 y 4—, 22.3, 24.2, 27.3, 28 —menos el párrafo primero—, 30.3, 31, 32 —apartados 2, 3 y 4—, 33 —apartados 3 y 4—, 36, 37.4 —párrafo segundo—, 38 —párrafo segundo—, 42 —apartados 2, 3 y 4—, 43 —apartados 3 y 4—, 44 a 46, así como las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta, las disposiciones transitorias segunda y tercera y el anexo III. Todo ello por vulneración de la Constitución (arts. 9 y 149.1.23, 25 y 11), del Estatuto de Autonomía de Galicia (arts. 27.30 y 28.3) y de la Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril, de transferencia de competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.
a) El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, nace bajo la premisa de incorporar al ordenamiento español la Directiva 2006/21/CE. Se refiere a la gestión de los residuos que derivan de las industrias extractivas así como a la protección y rehabilitación de las zonas afectadas por estas actividades. El Estado ha otorgado carácter básico a esta regulación apoyándose en sus competencias en materia de: a) medio ambiente (art. 149.1.23 CE), en general; b) minas (art. 149.1.25 CE), respecto de los arts. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 36, 44, 45 y 46, disposiciones adicionales tercera y cuarta y disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto impugnado; y c) seguros (art. 149.1.11 CE), con relación al título II de la disposición impugnada. El Gobierno se habría excedido en el ejercicio de sus competencias en estos ámbitos materiales, sin que el Derecho europeo pueda justificar la asunción por el Estado de competencias de las que no dispone. De ello sería indicativo la circunstancia de que el Estado haya reconocido que el anexo V contiene un excesivo desarrollo y concreción al dar respuesta al requerimiento previo de incompetencia; el grado de detalle de ese anexo no es esencialmente distinto del característico de toda la regulación a la que se refiere el presente conflicto competencial.
b) El Letrado autonómico constata que la disposición final segunda atribuye carácter básico al Real Decreto impugnado y repasa la doctrina constitucional relativa al concepto de legislación básica y a los títulos competenciales esgrimidos por el Real Decreto.
c) El Letrado autonómico argumenta en primer término la solicitud de declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Real Decreto por carecer del rango legal exigible con carácter general a toda legislación básica y desbordar el ámbito material de lo básico.
d) Para el caso de que el Tribunal Constitucional rechazase los argumentos esgrimidos contra el conjunto del Real Decreto, la demanda solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos.
v.- El título II del Real Decreto controvertido se refiere a las garantías financieras o equivalentes que la entidad explotadora deberá constituir “para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración” (art. 41.1). Regula específicamente las exigidas, por un lado, para “la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales” (art. 42); por otro, para “el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros” (art. 43). Establece criterios para el cálculo de tales garantías, partiendo de que “terceros independientes y debidamente cualificados podrán evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario, el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los terrenos a rehabilitar", en un caso (art. 42.2); y “la repercusión ambiental probable de las instalaciones de residuos, en particular la categoría de las instalaciones, las características de los residuos y el uso futuro de los terrenos rehabilitados”, en otro (art. 43.2). La garantía se revisará “anualmente” de acuerdo con los trabajos ya realizados y de las superficies afectadas, en un caso (art. 42.3); y “periódicamente de acuerdo con los trabajos de rehabilitación que sea necesario efectuar en los terrenos afectados por las instalaciones de residuos tal y como describa el plan de restauración autorizado”, en otro caso (art. 43.3). A su vez, la entidad explotadora podrá solicitar la liberación de la garantía financiera una vez finalizada la ejecución del plan de restauración (art. 42.4) o autorizado el cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros (art. 43.4).
2. Mediante providencia de 6 de octubre de 2009, el Pleno acuerda admitir a trámite el conflicto positivo de competencia y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días pueda personarse en el proceso y formular alegaciones en los términos determinados por el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el Real Decreto a los efectos de lo previsto en el art. 61.2 LOTC y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Galicia”. La publicación de la admisión a trámite del conflicto se realiza en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 250, de 16 de octubre de 2009.
3. Con fecha de 13 de octubre de 2009, el Abogado del Estado comparece en el proceso en la representación que legalmente ostenta y solicita del Tribunal que se le tenga por personado en el conflicto positivo de competencia y resuelva conceder una prórroga de diez días sobre el plazo inicialmente establecido para formular sus alegaciones.
4. El Pleno, mediante providencia de 14 de octubre de 2009, acuerda tener por personado al Abogado del Estado en representación del Gobierno y prorrogar en diez días el plazo en su día concedido para presentar sus alegaciones, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
5. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado, interesando la desestimación del conflicto positivo de competencia planteado por la Xunta de Galicia, tiene entrada en el Tribunal el día 24 de noviembre de 2009.
a) A pesar de que la disposición final segunda apoya el carácter básico de algunos de los preceptos en los apartados 25 y 11 del art. 149.1 CE, el título prevalente que justificaría la totalidad del Real Decreto 975/2009 sería la protección del medio ambiente frente a las posibles agresiones de los residuos mineros (art. 149.1.23 CE), tal como resulta de la STC 126/2002, de 23 mayo, en relación con los residuos industriales. Conforme al art. 149.1.23 CE, corresponde al Estado el establecimiento de las bases y a las Comunidades su desarrollo y ejecución (SSTC 102/1995, FJ 8, y 101/2005, FJ 5).
b) Siguiendo el orden de la demanda, el Abogado del Estado responde el reproche general formulado contra la totalidad del Real Decreto 975/2009 y examina después los artículos concretamente impugnados.
Por último, el Real Decreto 975/2009, en su disposición final segunda, se declara expresamente como básico; tendría un marcado carácter técnico y una naturaleza coyuntural y cambiante difícilmente compatible con una ley formal (SSTC 76/1983, 87/1985, 86/1989, 147/1991, 149/1992 y 175/1992).
c) Justificado que el Real Decreto 975/2009 responde a la dimensión formal de las bases, el Abogado del Estado pasa a examinar los reproches que la demanda dirige a determinados preceptos partiendo de las consideraciones iniciales comunes que en su día desarrolló la contestación del Gobierno al requerimiento de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) Para cerrar el escrito de alegaciones, el Abogado del Estado significa que aunque la demanda alude en el suplico al art. 36 del Real Decreto 975/2009, el cuerpo del escrito rector de este proceso no contiene alusión alguna al mismo, por lo que no habría levantado la carga de alegar que le incumbe.
6. Por providencia de 3 de marzo de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia interpuesto por la Xunta de Galicia contra el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto por vulneración de los arts. 9 y 149.1.23, 25 y 11 de la Constitución, los arts. 27.30 y 28.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril, de transferencia de competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros. Solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Real Decreto por carecer del rango legal exigible con carácter general a toda legislación básica y desbordar el ámbito material de lo básico; y pide con carácter subsidiario la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de varios preceptos por entender que invaden las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Antes de proceder al examen de la cuestión de fondo, corresponde delimitar adecuadamente el objeto del presente proceso constitucional.
a) La demanda de interposición del conflicto impugna específicamente el art. 3.7. g), que define el concepto de “instalación de residuos mineros”, por entender que su régimen de plazos encierra una “concreción excesiva que impide todo desarrollo autonómico”. Sin embargo, el requerimiento previo de incompetencia realizado por el Consello de Gobierno de la Xunta de Galicia no menciona el precepto. Tampoco lo hace el posterior acuerdo por el que se decide plantear el conflicto competencial.
b) Respecto del art. 30 del Real Decreto impugnado, la demanda por la que se plantea el presente conflicto se dirige específicamente contra su apartado 3. Sin embargo, el requerimiento previo de incompetencia se refiere sólo al apartado 5, apartado que, en realidad, no existe verdaderamente; el art. 30 consta sólo de tres apartados.
c) Como se deduce fácilmente de una lectura atenta de los antecedentes, la demanda sólo solicita con carácter subsidiario la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos citados en su petitum. No desarrolla argumento impugnatorio alguno respecto de los arts. 7, 8, 9, 10, 11, 36, 45, disposiciones adicionales tercera y cuarta, y las disposiciones transitorias segunda y tercera. A su vez, la demanda solicita formalmente la anulación de varios artículos, pero sus fundamentos jurídicos no discuten todos sus apartados; argumenta sólo la inconstitucionalidad de los apartados 2 y 3 del art. 2; del apartado 4 del art. 3; del apartado 3 del art. 4; y del párrafo segundo del art. 44.
d) Delimitado el conjunto de preceptos que han de considerarse adecuadamente impugnados, cumple determinar si persiste inalterado el objeto de este proceso constitucional a la vista de que el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, ha modificado el Real Decreto controvertido. A tal efecto, atenderemos a “si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes, de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales, la consecuencia necesaria será la no desaparición del conflicto” (STC 102/2013, de 23 de abril, FJ 2, remitiéndose a la STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2).
3. Entrando al análisis de fondo de la cuestión controvertida, hemos de proceder al encuadramiento competencial de la materia, que en este caso es la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la rehabilitación y protección de los espacios afectados por actividades mineras en su conjunto.
Conforme a su disposición final segunda, todo el Real Decreto 975/2009 tiene carácter básico, excepto el anexo V (salvedad introducida por el Real Decreto 777/2012 en respuesta, por cierto, al requerimiento de incompetencia planteado por la Xunta con carácter previo al planteamiento del presente conflicto constitucional). El apartado 1 de esa disposición final declara que el Gobierno dicta el reglamento al amparo del art. 149.1.23 CE, que reserva al Estado la legislación básica sobre protección medioambiental. Su apartado 2 precisa, no obstante, que varios preceptos (entre ellos, los impugnados arts. 2, apartados 2 y 3; 4, apartado 3; 5; 13, 14, 15; 44, párrafo segundo; y 46) se dictan al amparo de la competencia estatal para adoptar las bases del régimen minero y energético (art. 149.1.25 CE); y que el título II —que incluye los impugnados arts. 42, apartados 2, 3 y 4; y 43 apartados 3 y 4— constituye legislación básica sobre seguros (art. 149.1.11 CE). La Xunta de Galicia asume los títulos competenciales de cobertura a que se refiere esta disposición final; matiza sólo que el art. 5 del Real Decreto 975/2009 debe encuadrarse en la competencia estatal sobre procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE). En cambio, el Abogado del Estado entiende que el título prevalente que justifica la totalidad del Real Decreto es la protección del medio ambiente ex art. 149.1.23 CE, según resulta de su preámbulo, objeto y finalidad última.
El Real Decreto 975/2009 incide sobre materias diversas, singularmente las explotaciones mineras y el medio ambiente; combate los efectos perniciosos que las primeras producen sobre el segundo. El Estado dispone de competencias para adoptar legislación básica en ambas materias (apartados 25 y 23, respectivamente, del art. 149.1 CE). Sin embargo, no es irrelevante determinar la categoría específica, de entre las dos en liza, “a la que primordialmente se reconducen las competencias controvertidas” (STC 80/1985, de 4 de julio, FJ 1); el alcance de las exigencias impuestas al legislador básico puede ser diferente “en función del subsector” de que se trate (SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60; 184/2012, de 17 de octubre, FJ 3). Para decidir si la controversia debe encuadrarse en el apartado 25 o en el 23, ambos del art. 149.1 CE, la cobertura competencial enunciada por el Real Decreto enjuiciado o la propuesta por las partes del proceso constitucional pueden ser indicativas; naturalmente, no vinculan al Tribunal Constitucional: “para llegar a una calificación competencial correcta” hay que atender “tanto el sentido o finalidad de los varios títulos competenciales”, como al “carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido” (por todas, SSTC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 5; 97/1996, de 28 de noviembre, FJ 3, y 236/2012, de 13 de diciembre, FJ 3).
En cuanto al carácter y sentido de las disposiciones traídas al conflicto, el Real Decreto 975/2009 pretende garantizar la rehabilitación de las zonas donde se hayan situado las instalaciones de residuos mineros, regulando la gestión de los derivados de las industrias extractivas en tierra firme; es decir, los resultantes de las actividades de investigación y aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. La exposición de motivos del Real Decreto se refiere expresamente a su “filosofía protectora del medio ambiente”, desarrollada en el marco de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas: “la Directiva 2006/21/CE responde a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, según la cual es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de la gestión de residuos de industrias extractivas, tales como son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Todo ello de conformidad con el apartado 24 del Plan de aplicación de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible, aprobado en el marco de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial del año 2002, según el cual es necesario proteger los recursos naturales que son la base del desarrollo económico y social e invertir la actual tendencia hacia la degradación de los recursos naturales gestionando la base de tales recursos de modo sostenible e integrado”. La “incorporación al ordenamiento español de esta Directiva se lleva a cabo, con carácter básico, mediante este Real Decreto, a través del cual también se pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en el ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulado por la Ley de Minas”. En consonancia con el principio de no regresión (cláusula stand still), el Real Decreto “adecua sus disposiciones a las previsiones de la Directiva 2006/21/CE, si bien conserva en algunos puntos el mayor grado de restricción” previsto en la normativa reglamentaria precedente.
4. Procede ya responder la petición principal de que el Real Decreto controvertido sea declarado inconstitucional y nulo en su totalidad. La solicitud se basa en la consideración de que el reglamento impugnado no se ajusta a la doctrina constitucional sobre la dimensión formal de la legislación básica. El Estado no podría dictar válidamente una norma básica a través de este instrumento porque la exigencia de rango legal sería casi imperativa y porque en ningún caso cabría el desarrollo reglamentario de carácter básico de una ley preconstitucional, como es la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. El Real Decreto impugnado tampoco respetaría las exigencias materiales que la Constitución y su máximo intérprete imponen al legislador básico estatal. Incurriría en un grado tal de detalle que agotaría la regulación de la materia desbordando el ámbito que corresponde a la legislación básica. Este reproche se dirige de manera general al conjunto de la regulación reglamentaria y se razona después, aunque sólo en una pequeña medida y limitadamente a algunos de los preceptos a los que afecta la petición subsidiaria de anulación.
5. Corresponde ahora examinar la impugnación subsidiaria por extralimitación del ámbito material de lo básico planteada respecto de los preceptos indicados en el fundamento jurídico 2 c) de esta Sentencia. El Letrado de la Xunta de Galicia alega respecto de todas estas previsiones (salvo la disposición adicional segunda, impugnada por otro motivo) que el Estado ha sobrepasado el ámbito material de lo básico, solicitando en consecuencia que sean declarados inconstitucionales y nulos. La respuesta a estas impugnaciones habrá de manejar como parámetro de enjuiciamiento, naturalmente, la doctrina constitucional sobre el alcance material de lo básico. Exponemos de manera sintética a continuación los aspectos que aquí interesan de la elaborada específicamente en materia medioambiental.
La STC 69/2013, de 14 de marzo, FFJJ 1 y 2 b), al resolver el recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León contra la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, ha resumido y desarrollado los criterios que la doctrina constitucional, en general; la STC 101/2005, FJ 5, en particular, ha identificado los característicos de las bases medioambientales. La extraordinaria relevancia que la Constitución asigna al medio ambiente y la situación a la que éste se halla expuesto (“sin incurrir en exageración”, puede calificarse de “riesgo actual para el propio bienestar de la sociedad global”) justifican que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia puedan establecer niveles de protección más altos que el legislador básico estatal. Lo “básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso”; las bases estatales son compatibles con las “normas adicionales de protección” de las Comunidades Autónomas, tal como establece literalmente el art. 149.1.23 CE. Por lo mismo, de acuerdo con la tendencia general actual, corresponde al Estado imponer el “encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente”, teniendo en cuenta el alcance no ya nacional, sino internacional que tiene la regulación de esta materia, así como la exigencia de la “indispensable solidaridad colectiva” a que se refiere el art. 45.2 CE. De ahí también que la intervención estatal pueda ser “singularmente intensa”, que la “piedra de toque” para calificar de básica la norma medioambiental sea más su “finalidad tuitiva” que su carácter genérico o detallado, abstracto o concreto. El deber del legislador básico estatal de dejar un margen a la normativa autonómica será “menor que en otros ámbitos”, aunque no pueda llegar “a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido”.
6. Cumple ya resolver las concretas impugnaciones que la Xunta de Galicia realiza respecto de los artículos a los que hemos restringido el objeto del presente conflicto.
a) El Letrado de la Xunta de Galicia impugna los arts. 2 (apartados 2 y 3) y 46 así como la disposición adicional segunda. El art. 2 se refiere al ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009. Conforme a su apartado segundo, la “entidad explotadora, titular o arrendataria del derecho minero original o transmitido, que realice actividades de investigación y aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, queda obligada a realizar, con sus medios, los trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras así como por sus servicios e instalaciones anejas, en los términos que prevé este real decreto. Asimismo deberá abordar la gestión de los residuos mineros que su actividad genere enfocada a su reducción, tratamiento, recuperación y eliminación”. El apartado 3 se remite en lo no regulado por el Real Decreto a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Por otra parte, el art. 46, de “Régimen sancionador”, incluye remisiones al régimen sancionador de varias leyes estatales. A su vez, la disposición adicional segunda, sobre “inventarios” dispone: “El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio realizarán antes del 1 de mayo de 2012, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un inventario de las instalaciones de residuos mineros clausuradas, incluidas las instalaciones de residuos mineros abandonadas, situadas en territorio español, que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud o seguridad de las personas y bienes o para el medio ambiente y que será actualizado periódicamente. El Ministerio de Sanidad y Política Social colaborará en la realización del inventario en caso de instalaciones de residuos mineros que puedan causar una amenaza grave para la salud humana”.
b) El letrado de la Xunta de Galicia impugna varios preceptos relativos al diseño, objetivos y contenidos del plan de restauración [arts. 3.4, 12, 13, 14, 15, 18.1 b) (números 1 y 2), 17.2, 19 (apartados 3 y 4), 22.3, 24.2, 27.3, 28 (excepto párrafo primero), 30.3, 31, 32 (apartados 2, 3 y 4), 33 (apartados 3 y 4), 37.4 (párrafo segundo), 38 (párrafo segundo)] y a la inspección de las actividades de vertido (art. 44, párrafo segundo).
En el marco de los objetivos y contenidos mínimos del plan de restauración, sólo algunos preceptos impugnados establecen determinaciones muy precisas. Se fija: en 48 horas el plazo de que dispone la entidad explotadora para notificar los sucesos que puedan afectar a la estabilidad de la instalación de residuos mineros y los efectos medioambientales adversos significativos revelados por los procedimientos de seguimiento de la instalación (art. 32.2); en un año (a contar desde la comunicación por parte de la entidad explotadora de su autorización de cierre con los informes y certificado correspondiente del organismo de control) el tiempo que ha de transcurrir para que pueda considerarse clausurada la instalación de residuos mineros (art. 33.4); en un año (a contar desde la inspección final in situ, la elevación de los informes correspondientes y la obtención de una certificación del organismo de control de ausencia de peligro) el tiempo que ha transcurrir para el abandono definitivo de las labores de aprovechamiento (art. 15.4); en determinadas fechas (1 de mayo 2008 y 1 de mayo de 2018), el momento a partir del cual la concentración de cianuro disociable en ácido débil en el punto de vertido de los residuos mineros debe estar ajustada a ciertas cantidades mínimas (art. 30.3). Del mismo modo, se fijan las escalas de planos anejos al “estudio geológico-geotécnico” (art. 22.3) y al proyecto constructivo de instalaciones de residuos mineros (art. 19.3); y las normas de cálculo de aceleración sísmica que debe aplicar el “estudio de estabilidad geotécnica” (art. 28).
c) La Xunta de Galicia impugna varias previsiones relativas a la “autorización del plan de restauración”: arts. 4.3, 5 y 6.3. El primero se refiere a la solicitud, que contendrá “al menos” determinadas informaciones relativas a la identidad de la entidad explotadora, la gestión de los residuos mineros, la ubicación de las instalaciones de residuos, la propuesta de garantía financiera, los datos que precisa la autoridad competente para elaborar el plan de emergencia exterior y la justificación documental de haber realizado el trámite de evaluación de impacto ambiental.
d) La Xunta de Galicia impugna el anexo III, que regula el “organismo de control”, definido en su párrafo primero como “cualquier entidad pública o privada que, reuniendo determinados requisitos, verifique el cumplimiento de las disposiciones de este real decreto mediante auditorías e inspecciones de los aprovechamientos de recursos mineros y sus servicios e instalaciones anejas”. La demanda de interposición del conflicto denuncia la “desproporción de contenido” de este anexo; el Real Decreto controvertido habría incurrido en demasiado detalle al establecer la exigencia de la acreditación previa del organismo de control y afirmar el carácter renovable de la autorización autonómica de ese organismo, así como por “lo concreto” del párrafo sexto.
e) El título II se refiere a las garantías financieras o equivalentes que la entidad explotadora deberá constituir “para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración” (art. 41.1). Regula específicamente las exigidas, por un lado, para “la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación, preparación, concentración y beneficio de recursos minerales” (art. 42) y, por otro, para “el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros” (art. 43). Establece criterios para el cálculo de tales garantías, partiendo de que “terceros independientes y debidamente cualificados podrán evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario”: “el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los terrenos a rehabilitar”, en un caso (art. 42.2); y “la repercusión ambiental probable de las instalaciones de residuos, en particular la categoría de las instalaciones, las características de los residuos y el uso futuro de los terrenos rehabilitados”, en otro (art. 43.2). La garantía se revisará “anualmente” de acuerdo con los trabajos ya realizados y de las superficies afectadas, en un caso (art. 42.3); y “periódicamente de acuerdo con los trabajos de rehabilitación que sea necesario efectuar en los terrenos afectados por las instalaciones de residuos tal y como describa el plan de restauración autorizado” (art. 43.3). A su vez, la entidad explotadora podrá solicitar la liberación de la garantía financiera una vez finalizada la ejecución del plan de restauración (art. 42.4) o autorizado el cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros (art. 43.4). La demanda impugna únicamente los apartados 2, 3 y 4 del art. 42 así como los apartados 3 y 4 del art. 43, limitándose a denunciar que adolecen de una concreción excesiva; establecería tiempos cerrados y protocolos de inviable desarrollo posterior que impiden el desarrollo de políticas propias.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 7869-2009
Planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto.
Competencias sobre minas y medio ambiente: adecuado ejercicio de las competencias básicas estatales.
Se controvierte el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas. Concretamente, se impugnan los preceptos relativos a la entidad explotadora, inventarios, diseño, objetivos, contenidos y autorización del plan de restauración, inspección de las actividades de vertido y garantías financieras o equivalentes.
La Sentencia desestima íntegramente el conflicto, encuadrando el Real Decreto en la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Se declara que los preceptos que regulan la entidad explotadora que realiza trabajos de rehabilitación no excluyen el ejercicio de las competencias medioambientales de la Comunidad Autónoma de Galicia. De modo que, la remisión a leyes estatales no puede interpretarse como excluyente de la legislación autonómica de desarrollo. Asimismo, se declara que la disposición referida a los inventarios no invade las competencias ejecutivas que tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Galicia, sino que establece que la creación del inventario debe hacerse en colaboración con dicha Comunidad. En cuanto a los preceptos que regulan el diseño, objetivos y contenidos del plan de restauración y la inspección de las actividades, se declara que el alcance de lo básico es la finalidad tuitiva de la norma, más que su nivel de concreción o detalle. En este sentido, el Real Decreto introduce garantías medioambientales sin excluir que las Comunidades Autónomas prevean otras. Respecto a la autorización del plan de restauración, la Sentencia declara que se trata de un criterio coordinador en el que el Estado garantiza una mínima homogeneidad que compatibilice el desarrollo de las competencias autonómicas con la política medioambiental general, sin menoscabarlas. La referida autorización también puede entenderse como una base del régimen minero y energético en consonancia, por tanto, con los criterios de economía procedimental que dinamizan el principio constitucional de eficacia. La regulación del organismo de control respeta la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer su procedimiento de autorización, introduciendo un criterio mínimo de homogeneidad para compatibilizar aquella competencia autonómica con la política medioambiental general. Por último, el régimen de garantías financieras a que se sujetan las entidades explotadoras debe reputarse básico y de competencia estatal, sin que ello obste al desarrollo normativo autonómico de mayores estándares de protección.
No basta la mera invocación formal de los preceptos impugnados en la demanda, ni la sola solicitud expresa de su declaración de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos; es preciso, además, que en el cuerpo del recurso se contenga la argumentación específica o razonamientos que fundamenten la presunta contradicción de éstos con la Norma fundamental [SSTC 146/1994, 214/1994, 195/1998] [FJ 2].
El Real Decreto sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su conjunto incide, principalmente, en las explotaciones mineras y el medio ambiente; materias ambas cuya legislación básica es competencia estatal, debiendo atenderse tanto al sentido o finalidad de los varios títulos competenciales, como al carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido (SSTC 153/1989, 97/1996, 236/2012) [FJ 3].
Los preceptos del Real Decreto en cuestión que regulan la entidad explotadora que realiza trabajos de rehabilitación no excluyen el ejercicio de las competencias medioambientales de la Comunidad Autónoma de Galicia, por lo que la remisión a leyes estatales no puede interpretarse como excluyente de la legislación autonómica de desarrollo [FJ 6].
La disposición de la norma impugnada referida a los inventarios no invade las competencias ejecutivas que tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Galicia, sino que establece que la creación del inventario debe hacerse en colaboración con dicha Comunidad [FJ 6].
Los preceptos que regulan el diseño, objetivos y contenidos del plan de restauración y la inspección de las actividades establecen el alcance de lo básico como finalidad tuitiva de la norma, más que su nivel de concreción o detalle; de modo que el Real Decreto introduce garantías medioambientales sin excluir que las Comunidades Autónomas prevean otras [FJ 6].
La autorización del plan de restauración regulado en el Real Decreto consiste en un criterio coordinador con el que el Estado garantiza una mínima homogeneidad que compatibilice el desarrollo de las competencias autonómicas con la política medioambiental general, sin menoscabarlas; autorización que también puede entenderse como base del régimen minero y energético en consonancia, por tanto, con los criterios de economía procedimental que dinamizan el principio constitucional de eficacia [FJ 6].
La regulación del organismo de control contenida en el Real Decreto respeta la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer su procedimiento de autorización, introduciendo un criterio mínimo de homogeneidad para compatibilizar aquella competencia autonómica con la política medioambiental general [FJ 6].
El régimen de garantías financieras a que se sujetan las entidades explotadoras debe reputarse básico y de competencia estatal, sin que ello obste al desarrollo normativo autonómico de mayores estándares de protección [FJ 6].
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. Gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras
Artículo 18.1 b) apartado 1
Artículo 18.1 b) apartado 2
Artículo 27.3
Artículo 32.3
Artículo 33.4
Artículo 37.4 párrafo segundo
Artículo 42.4
Artículo 5.3 , f. 4
Artículo 45.2, ff. 5, 6
Artículo 149.1.11, ff. 1, 3, 6
Artículo 149.1.13, ff. 3, 6
Artículo 149.1.23, ff. 1, 3, 5, 6
Artículo 149.1.31, f. 6
Artículo 27.30, f. 1
Artículo 28.3, f. 1
Artículo 2.3 , f. 6
Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998. Acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril. Transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia
Plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible, de 4 de septiembre de 2002
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006. Gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE
Artículo 1.1 a), f. 5
Título I, capítulo IV, f. 6
Artículo 2.2, ff. 2, 3, 5, 6
Artículo 2.3 , ff. 2, 3, 5, 6
Artículo 2.3 (redactado por Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo), f. 2
Artículo 3.4, ff. 2, 6
Artículo 3.7 g), ff. 2, 6
Artículo 4.3, ff. 2, 3, 6
Artículo 5, ff. 2, 3, 6
Artículo 5.3 (redactado por Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo), f. 2
Artículo 5.5, f. 6
Artículo 5.6, f. 6
Artículo 5.7, f. 6
Artículo 6.3, ff. 2, 6
Artículo 13, ff. 2, 3, 6
Artículo 13 párrafo segundo, f. 6
Artículo 14 párrafo primero, f. 6
Artículo 15, ff. 2, 3, 6
Artículo 15.4, f. 6
Artículo 17.2, ff. 2, 6
Artículo 18.1 b) apartado 1, ff. 2, 6
Artículo 18.1 b) apartado 2, ff. 2, 6
Artículo 19.3, ff. 2, 6
Artículo 19.4, ff. 2, 6
Artículo 22.3, ff. 2, 6
Artículo 27.3, ff. 2, 6
Artículo 28, ff. 2, 6
Artículo 30.3, ff. 2, 6
Artículo 31, ff. 2, 6
Artículo 32.2, ff. 2, 6
Artículo 32.3, ff. 2, 6
Artículo 32.4, ff. 2, 6
Artículo 33.3, ff. 2, 6
Artículo 33.4, ff. 2, 6
Artículo 37.4 párrafo segundo, ff. 2, 6
Artículo 38.2, ff. 2, 6
Artículo 42.2, ff. 2, 3, 6
Artículo 42.3, ff. 2, 3, 6
Artículo 42.4, ff. 2, 3, 6
Artículo 43.3, ff. 2, 3, 6
Artículo 43.4, ff. 2, 3, 6
Artículo 44.2, ff. 2, 3, 6
Artículo 46, ff. 2, 3, 6
Disposición final segunda, ff. 3, 6
Disposición final segunda, apartado 2, f. 3
Anexo II, apartado 4 párrafo primero, f. 6
Anexo III, ff. 2, 6
Anexo III, párrafo segundo, f. 6
Anexo III, párrafo sexto, f. 6
Anexo III, párrafo tercero, f. 6
Anexo IV (redactado por Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo), f. 3
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo. Se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras
Anexo IV, f. 3
Anexo V, f. 2
Competencias autonómicas de desarrollo normativoCompetencias autonómicas de desarrollo normativo, ff. 1, 5
Competencias en materia de medio ambienteCompetencias en materia de medio ambiente, ff. 1 a 6
Competencias en materia de régimen mineroCompetencias en materia de régimen minero, f. 1
Desarrollo reglamentario de normas básicasDesarrollo reglamentario de normas básicas, f. 4
Legislación básicaLegislación básica, ff. 1 a 3
Legislación de desarrolloLegislación de desarrollo, ff. 1 a 4
Modificación de la legislación básicaModificación de la legislación básica, f. 3
Protección del medio ambienteProtección del medio ambiente, ff. 1 a 6
Régimen mineroRégimen minero, ff. 1 a 3
Requisitos formales de la normativa básicaRequisitos formales de la normativa básica, ff. 1, 4
Requisitos materiales de la normativa básicaRequisitos materiales de la normativa básica, ff. 1, 4 a 6
Residuos industrialesResiduos industriales, f. 1