Source: https://www.otrosi.net/administrativo/jurisprudencia/2019-543296
Timestamp: 2020-06-02 18:17:23
Document Index: 273493188

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 12', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 89', 'artículo 248']

Sentencia Audiencia Nacional 3 18/03/2019
Audiencia Nacional 3, 18-03-2019 , nº 1022/2017, rec.,
Pte: Montero Elena, Concepción Mónica
ECLI: ES:AN:2019:798
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Dº Apolonio y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª Raquel Nieto Bolaño, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resoluciones del Ministerio del Interior de fecha 21 y 25 de agosto de 2017, solicitando a la Sala, se dicte sentencia por la que, declarando la no conformidad a Derecho de las resoluciones recurridas, acuerde: 1º la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, 2º el reconocimiento de la condición de apátrida o, subsidiariamente, la remisión de oficio al procedimiento de apatridia, 3º de manera subsidiaria, que se reconozca una autorización de residencia por razones humanitarias
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno y solicitando la desestimación del recurso e imposición de costas a la recurrente.
No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día catorce de marzo de dos mil diecinueve.
Es objeto de impugnación en autos las Resoluciones del Ministerio del Interior de fecha 21 y 25 de octubre de 2017, por la que se deniega el reconocimiento de asilo y protección subsidiaria al solicitante.
El interesado, nacional de No reconocido (Sáhara), asistido por letrada en el procedimiento, solicita protección internacional en el Aeropuerto de Barajas el día 18 de octubre de 2017, donde llegó en vuelo procedente de La Habana.
"El solicitante manifiesta que no tiene familia ya que sus padres fallecieron, y su tía que era la única familia que tenia también murió.
El solicitante tiene miedo a ser encarcelado en el SAHARA, porque en el mes de julio del 2017, un amigo suyo tenía una documentación de estudiante del propio solicitante y este amigo ejecuto un robo en la RABUNI, en un almacén donde guarda el estado los alimentos.
Llega la policía y como principal pista encuentran el documento del solicitante, ¿Qué hacia este amigo con su documentación? Manifiesta que su amigo tenía puesto su abrigo y dentro tenía la documentación.
El solicitante en ese momento se encontraba el Argelia ya que tenía la vuelta para cuba el 25/08/2017, los ladrones huyeron a Mauritania. Su amigo se comunica con el solicitante desde Mauritania y le informa de lo que han hecho, pero nunca le dijo que tenía la documentación, a lo que el solicitante le dijo que él se iba para Cuba.
Cuando el solicitante llega a Cuba, su amigo le informa de que el propio solicitante es el sospechoso del robo porque tenía su carnet de estudiante y la policía lo pillo. Como su carnet cubano como estudiante no le vencía hasta el 31/08/2017, el solicitante se quedó en Cuba y durante este tiempo busco dinero para poder comprar un billete de avión para España.
El solicitante manifiesta que unos amigos que tiene en Cuba le dijeron que se viniera a España y pidiera el asilo político.
¿Cómo sabia tu amigo que habían encontrado la documentación en el robo? Por medio de otros amigos que estaban en el Sahara.
¿Sabe si las autoridades SAHARAUIS le están buscando? Si, su amigo se lo confirmo.
Su miedo es enfrentarse a un juicio injusto, porque en el Sahara sino tiene un apellido fuerte, sino eres hijo de una persona importante pues finalmente acabaría en la cárcel."
El lugar de residencia del recurrente es el campamento de El Aiun, en la provincia de Tinduf, Argelia, según se afirma en la demanda, habiendo residido en Cuba como estudiante.
Los informes de ACNUR, tanto a la solicitud como al reexamen, son desfavorables a la concesión de la protección internacional, si bien señala"No obstante lo anterior, esta Delegación recomienda que dados los indicios que se desprenden del formulario de su solicitud se valore la remisión del solicitante al procedimiento de apatridia, recogido en el RD 865/2001, en aplicación del artículo 2.2 de dicho Real Decreto."
La Resolución impugnada deniega la petición"que la presente petición debe ser denegada según lo previsto en elartículo 21.2.a) de la Ley 12/09en relación con el artículo 25.1.c) por cuanto parte del presente relato plantea cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria."
La Ley 12/2009 define en su artículo 3 la condición de refugiado:
"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."
Artículo 2 d) de la Directiva 2011/95 UE :
"refugiado": un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;"
Artículo 2 g) de la Directiva 2013/33 UE :
"g) "refugiado", un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos delartículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE;"
Estos preceptos y el concepto que describen, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada por el TJUE.
Así, la sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2016, c-443/14, contiene afirmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y derecho de asilo:
A)"A este respecto, debe señalarse que de los considerandos 4, 23 y 24 de la Directiva 2011/95 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la referida Directiva relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes (véase, por analogía, lasentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11,EU:C:2012:826, apartado 42)."
B)"Así pues, la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva debe efectuarse a la luz de la estructura general y de la finalidad de la misma, con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes a los que se hace referencia en elartículo 78 TFUE, apartado 1. Según se desprende del considerando16 de la Directiva 2011/95, tal interpretación debe realizarse también respetando los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, por analogía, lasentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11,EU:C:2012:826, apartado 43 y jurisprudencia citada)."
En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Podemos sintetizarlos:
A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.
B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.
C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea aislada, ya sean cumulativamente.
D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.
Entre las más recientes sentencias del Tribunal Supremo que plasman esta doctrina, podemos citar la de 19 de febrero de 2016, RC 3163/2015 ; la de 6 de marzo de 2015, casación 3060/2014 ; o la de 31 de octubre de 2014, casación 407/2011 .
Examinadas las cuestiones jurídicas generales atinentes al presente recurso, analizaremos las concretas circunstancias concurrentes.
Analizaremos en primer lugar el relato del recurrente.
El temor a la persecución deriva de un robo donde fue encontrada documentación del actor, y el miedo que le provoca no tener un juicio justo.
Es evidente que las causas de persecución alegadas no son las señaladas en el artículo 3 de la Ley 12/2009 ,motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.No aporta indicio alguno en el que sostener que el juicio, si es que llega a ser sometido a él, no respete los requisitos para ser calificado como justo.
En la demanda se añade al relato:
"1. El solicitante es refugiado saharaui, ha nacido y vivido en un campamento cercano a Tinduf y administrado por el Frente Polisario, el campamento de El Aiún.
2. Ha estado estudiando y viviendo los últimos 13 años en Cuba, concretamente en la Isla de la Juventud. Entiende que tiene una oportunidad de experimentar una libertad y unas costumbres de difícil encaje en la sociedad musulmana a la que pertenece.
3. Tiene la posibilidad de realizarse desde el punto de vista intelectual, social y cultural y comparte estas vivencias con compatriotas saharauis desde que llega al país en el año 2004.
4. En el verano de 2016 regresa por primera vez a los campamentos para pasar algún tiempo con su tía, su único familiar con vida ya que sus padres habían fallecido.
5. En el verano de 2017, volvió a los campamentos y estuvo realizando un voluntariado en el hospital de El Aiun, hasta el 25 de agosto de 2017 que regresa a Cuba. (...)"
Tampoco de estas circunstancias deriva una persecución por los motivos previstos en el artículo 3 de la Ley 12/2009 .
No consta persecución anterior por las autoridades saharauis.
El Informe de Human Rights Watch de diciembre de 2008, afirma:
"En el caso de los campos de refugiados de Tinduf, el informe se centra en la libertad de expresión y movimiento. Concluimos que, en la actualidad, el Frente Polisario margina efectivamente a los que cuestionan directamente su liderazgo o su orientación política general, aunque no los encarcela. Permite que los residentes critiquen su administración diaria de los campamentos. En la práctica, los refugiados pueden salir de los campamentos a través de Mauritania, si así lo desean. Sin embargo, el temor y la presión social hacen que los que planean reasentarse en el Sahara Occidental no se atrevan a contarlo antes de irse. (...)
Libertad de expresión. Hoy en día, casi nunca se producen detenciones por motivos políticos en los campamentos de refugiados. Los saharauis pueden criticar y critican a los líderes del Frente Polisario por cuestiones relacionadas con la gestión de los asuntos cotidianos en los campamentos o la "lucha nacional".
La ausencia de una oposición política significativa se debe principalmente al papel dominante del Frente Polisario en la asignación de recursos y empleos en los campamentos depauperados, cuya población está afiliada a organizaciones de masas afines al Frente Polisario (por ejemplo, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, la Unión de Jóvenes Saharauis y la Unión General de Trabajadores Saharauis). Aunque no exista una prohibición oficial o represión directa de su actividad, la situación se vuelve complicada para los que se oponen al Frente Polisario en cuestiones fundamentales; quienes, con frecuencia, terminan simplemente yéndose de los campamentos. Como señala un antiguo refugiado, que salió de un campamento y ha cursado estudios superiores y defiende el plan de autonomía de Marruecos: "Los que intentan oponerse al Frente Polisario desde dentro de los campamentos no llegan realmente a ninguna parte, así que simplemente se levantan un día y se van"."
Esta misma situación se refleja en el informe de Human Rights Watch de octubre de 2014.
No existe pues una persecución que afecta a los derechos fundamentales en los campamentos de Tinduf, aunque existe discriminación respecto a personas que se oponen a las políticas seguidas por el Frente Polisario, pero tal discriminación, como resulta de lo expuesto, no reviste la suficiente gravedad para integrar el concepto de "persecución" que necesariamente, ha de poner en riesgo alguno o algunos de los derechos fundamentales.
De ello concluimos que no existe indicios racionales para afirmar que el recurrente se encuentra en riesgo de persecución al que se refiere el artículo 3 de la Ley 112/2009 , por lo que debe rechazarse su petición de asilo.
Es correcta la aplicación del artículo 21 de la Ley 12/2009 pues la solicitud es infundada.
El artículo 4 de la Ley 12/2009 establece:
"El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en elartículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en losartículos 11y12 de esta Ley."
El artículo 10 de la Ley 12/2009 , establece:
"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en elartículo 4 de esta Ley:
c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno."
No existen elementos objetivos de los que deducir que el recurrente se viera en alguno de los anteriores riesgos caso de volver a su país.
Respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de la Ley 12/2009 , establece:
"3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."
Y, en el mismo sentido, el artículo 37 b) de la Ley 12/2009 .
Pues bien, de lo dicho anteriormente resulta que no puede otorgarse la protección solicitada, tampoco en estos grados, pues no existen datos de los que deducir que el actor se encuentre en una situación de vulnerabilidad, si consideramos que tiene estudios realizados en Cuba durante 13 años y que ha realizado labores de voluntariado en el hospital de El Aiún, lo que implica que está en condiciones de desenvolverse tanto en los campos de Tinduf como en otro lugar donde pueda residir.
Por último, y respecto de la petición de ACNUR de iniciar un procedimiento de apatridia, también es solicitado en la demanda.
El artículo 2.2 del RD 865/2001 , dispone:
"2. Se iniciará de oficio cuando la Oficina de Asilo y Refugio tenga conocimiento de hechos, datos o información que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias determinantes del estatuto de apátrida. En este caso la Oficina de Asilo y Refugio informará debidamente al solicitante para que éste tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones."
El actor es nacional de No reconocido (Sáhara), y no consta que ostente nacionalidad alguna. Ante esta situación es necesario iniciar de oficio del expediente de apatridia, por lo que esta petición de la demanda debe ser acogida.
Por último, y en cuanto a la motivación de las Resoluciones, entendemos que se encuentran motivadas en la medida en que explican las razones de la denegación de la protección internacional. Ahora bien, no se han adoptado las medidas por la Administración para iniciar el procedimiento de apatridia.
De todo lo dicho resulta la estimación parcial del recurso.
No procede imposición especial de costas, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia estimatoria parcial, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución:
Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dº Apolonio y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª Raquel Nieto Bolaño, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resoluciones del Ministerio del Interior de fecha 21 y 25 de agosto de 2017 , debemos declarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada en cuanto no ordena iniciar de oficio el procedimiento de apatridia, y en consecuencia debemos anularla y la anulamos en el señalado aspecto, ordenando el inicio del expediente de apatridia respecto al recurrente, confirmándolas en sus restantes pronunciamientos, sin imposición especial de costas, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación y en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta; siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Auto de aclaración AN (Contencioso) de 21 marzo de 2019
En el presente recurso contencioso se ha dictado sentencia de fecha 18 de marzo de 2019 , habiéndose apreciado error de transcripción en la identificación de la persona del recurrente y de su representación procesal.
Ha sido ponente D. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA.
Conforme a lo dispuesto en el art. 267 de la LOPJ según el cual" 1. Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan", se rectifica el error de transcripción apreciado en la sentencia dictada en fecha 18 de marzo de 2019 en la identificación de la persona del recurrente siendo la que figura Dº Apolonio y su representante la Procuradora Dª Raquel Nieto Bolaño y debiendo constar D. Gervasio y su representante el Procurador Dª Isabel Rufo Chocano.
Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación
LA SALA ACUERDA : Se subsana el error de transcripción apreciado en la sentencia dictada en el presente recurso en fecha 18 de marzo de 2019 en la identificación de la persona del recurrente siendo la que figura Dº Apolonio y su representante la Procuradora Dª Raquel Nieto Bolaño y debiendo constar D. Gervasio y su representante el Procurador Dª Isabel Rufo Chocano.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos./ Ilmos.Sres./Sras. al margen citados;doy fe.