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Timestamp: 2017-09-23 01:10:36
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Matched Legal Cases: ['Artículo 145', 'artículo 24', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 24', 'artículo 48', 'artículo 145', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 145', 'artículo 48', 'Artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 84', 'artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 54', 'in fine', 'artículo 54', 'Artículo 184', 'Artículo 51', 'artículo 197', 'artículo 98', 'artículo 98', 'in fine', 'artículo 197', 'artículo 191', 'artículo 190', 'artículo 21', 'artículo 191', 'artículo 190', 'artículo 191', 'artículo 142', 'artículo 17']

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Aspectos procesales de la liquidacio n concursal
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Cristián Castilla Belmonte
1 A LA MEMORIA DE EMILIO BELTRÁN, AMIGO Y MAESTRO VI Congreso Español de Derecho de la insolvencia Aspectos procesales de la liquidacio n concursal Por Carmen Senés Catedrática de Derecho Procesal. Socia de Dictum I- Delimitación temática Las consideraciones que pasamos a exponer no constituyen un estudio pormenorizado de la liquidación concursal, sino reflexiones sobre concretos aspectos procesales de ésta que se articulan con apoyo en dos ejes: de un lado, los poderes de actuación de los sujetos del proceso concursal (órganos concursales, partes procesales y terceros interesados); y de otro, las implicaciones procedimentales de la anticipación de la liquidación que tuvo a bien liberalizar la reforma de la Ley Concursal efectuada mediante Ley 38/2011. Entre las implicaciones subjetivas de la liquidación concursal dos son las cuestiones que han merecido nuestro interés. La primera, atañe a la capacidad procesal del deudor tras la apertura de la fase de liquidación, que conlleva la necesaria armonización de preceptos cuyos respectivos ámbitos de aplicación no aparecen definidos con claridad en la ley. La segunda, incide en la nueva dimensión de la actuación del juez en relación con las propuestas de liquidación tanto de la administración concursal como de los sujetos legitimados (observaciones y/o propuestas de modificación), así como en la carga de actuación de los interesados, en el tiempo y forma debidos, como presupuesto ineludible para que puedan ver satisfechas sus expectativas y pretensiones de tutela jurisdiccional. Respecto a la anticipación de la liquidación, el Preámbulo de la Ley 38/2011 ya anunciaba su novedosa articulación legal, por cuanto se estructura de manera distinta la apertura de la fase de liquidación del concurso, lo que hace innecesaria la distinción entre liquidación ordinaria y liquidación anticipada y permite tramitar de manera más rápida aquellos concursos en los que el deudor solicite la liquidación en los primeros momentos (IV). La incidencia procedimental de la anticipación de la liquidación suscita dos cuestiones de interés, con un ámbito de aplicación diferente. Una primera, de posible aplicación en los concursos ordinario y abreviado, es la
2 problemática impugnación de las sentencias dictadas en la fase común con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación. La segunda, específica del denominado procedimiento abreviado, atiende a las especialidades de éste para el caso en que el deudor acompañe a la solicitud de concurso un plan de liquidación. En último término, y porque especial es el régimen de sucesión procesal que dispone la ley en caso de enajenación concursal de los bienes y derechos litigiosos, abordamos dicho régimen jurídico. II- La capacidad procesal de concursado persona jurídica tras la apertura de la fase de liquidación Singularmente controvertida ha resultado en la práctica la capacidad procesal del deudor persona jurídica una vez abierta la fase de liquidación, por cuanto la redacción originaria de la Ley Concursal dispuso, junto a la declaración judicial de disolución de ésta, si no estuviese acordada, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder a la liquidación de conformidad con lo dispuesto en esta Ley (art , en redacción anterior a la Ley 38/2011). Como tempranamente puso de manifiesto la doctrina más autorizada, la interpretación literal de este precepto, que imponía la sustitución completa entiéndase, sustantiva y procesal del órgano de administración o liquidación, no podía sostenerse a la luz del derecho de defensa (art. 24 CE), pues impediría que la concursada pudiera sostener intereses propios y diferentes a los que habría de defender la administración concursal en interés de la masa. Así habría de suceder, por ejemplo, si estuviera pendiente la apelación frente al auto de declaración de concurso; o también, si frente a la concursada se ejercitaran acciones de reintegración o se pretendiera la calificación de concurso culpable. De ahí que postulara la superación del tenor literal del precepto y la interpretación de la expresión cese con un alcance limitado a la liquidación. 1 Por su parte, dispares fueron los pronunciamientos de los tribunales sobre el alcance, en el ámbito procesal, del cese de los administradores o liquidadores por causa de liquidación concursal, si bien eran mayoritarios los que sostuvieron la continuidad de éstos en la representación procesal de la concursada. 1 BELTRÁN/MARTÍNEZ FLOREZ, Artículo 145. Efectos sobre el concursado, Comentario de la Ley Concursal (Rojo/Beltrán, Dirs.), Thomson-Civitas, Madrid, 2004, T. II, págs
3 A favor de la capacidad procesal del concursado persona jurídica y de la representación de ésta por los administradores en el concurso, se manifestó el Auto del Juzgado de lo Mercantil (N.º 4) de Madrid, de 28 de septiembre de 2005, entendiendo que aunque el artículo de la Ley Concursal (en relación con el art del mismo texto) prevea, alcanzada esa fase (de liquidación), el cese de los administradores de la sociedad concursada y su sustitución por la administración concursal, ello no puede suponer que desaparezca la capacidad procesal que hasta entonces permitía a la concursada, cuya personalidad se conserva durante la fase de liquidación, mantener su propia voz en el proceso, que no debe ser suplida ni silenciada por un órgano concursal, pues lo contrario implicaría indefensión y vulneraría el artículo 24 de la Constitución ; y constatando la concurrencia, en el caso de autos, de las consideraciones expuestas por la doctrina, abunda en el sentido de que teniendo en cuenta que, entre otras cosas, todavía está en trámite la sección de calificación (donde está prevista, en caso de imputación de culpabilidad, la intervención separada del propio deudor, artículo de la LC) y que quienes han venido siendo los responsables de la concursada puedan enfrentar, en ese y en otros aspectos, sus intereses con los de la administración concursal (que vela por los de la masa y no por los de la concursada), no puede sino concluirse que existe un derecho de la sociedad concursada a mantener durante la fase de liquidación la representación procesal que tenía al inicio del proceso a fin de garantizar su defensa en el marco del concurso, incluidos los incidentes que se susciten en él (de molo análogo a lo previsto en los artículos 51.2 y 54.3 de la LC). 2 Favorable también a la representación propia y separada de la concursada para la defensa de sus intereses en el concurso, se mostró la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 29 de enero de 2009, entendiendo que si el cese y la sustitución ordenados por el artículo 145 se extendieran al ámbito procesal se vaciaría el contenido del precepto que dispone y salvaguarda la capacidad procesal del deudor (art LC): Es cierto que, según el art LC, siendo el deudor concursado una persona jurídica, el auto de apertura de la fase de liquidación conlleva su disolución, si no estuviese ya acordada, "y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta ley". Pero ello no puede suponer que a partir de entonces la administración concursal sustituya a quienes hasta ahora habían sido administradores de la sociedad en la representación procesal de la concursada dentro del concurso, pues ello vaciaría de contenido el art LC, que legitima al deudor concursado a intervenir como parte en el procedimiento concursal y, por extensión, en todos sus incidentes, especialmente en aquellos en que a priori se le reconoce interés directo para ser parte, por ejemplo en los incidentes 2 AJMer (N.º 4) Madrid (AC 2005\1711).
4 de reintegración como demandado (art LC) y en la calificación concursal para oponerse a la formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal (arts y LC). La Ley concursal ha querido reconocer una representación procesal propia a la deudora persona jurídica, distinta de la que pudiera llevar a cabo la administración concursal respecto del patrimonio de la concursada que conforma la masa activa, incluso en aquellos casos en que se acuerda desde el principio la suspensión de las facultades patrimoniales de la deudora y su sustitución por la administración concursal. Esta representación propia de la concursada persona jurídica, que responde a la existencia de intereses propios, susceptibles de diferenciarse de los de la masa activa del concurso, puede hacerse efectiva durante la fase común del concurso a través de los administradores sociales, que no cesan por la declaración de concurso sino que simplemente quedan afectados por la limitación de facultades patrimoniales acordada por el juez del concurso (art LC). El problema radica en los casos en que la propia Ley dispone el cese de los administradores y, en su caso, liquidadores de la sociedad o persona jurídica concursada, como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Una interpretación del art LC daría lugar a un absurdo, pues a partir de entonces la administración concursal asumiría la representación procesal de la concursada dentro del concurso, con el riesgo de incurrir en una contradicción de intereses, especialmente en los casos en que estén pendientes incidentes de reintegración y/o de calificación culpable del concurso, pues en ambos casos la propia Ley reconoce a la administración concursal y a la deudora distinta y contradictoria legitimación para ser parte: en la reintegración, la administración concursal tiene la legitimación originaria para ejercitar las acciones (art LC), mientras que a la deudora le corresponde la legitimación pasiva (art LC); y en la calificación concursal, a la administración concursal le corresponde en exclusiva, junto con el ministerio fiscal, la legitimación para pedir la calificación del concurso (art. 169 LC), que en caso de ser culpable, necesariamente irá dirigida contra la deudora concursada (art LC), quien mediante su oposición generará el incidente concursal (art. 171 LC). Para evitar el absurdo que supone atribuir a la administración concursal la legitimación para actuar al mismo tiempo como parte demandante y demandada, pudiendo representar intereses contradictorios, el art LC requiere otra interpretación que respete el derecho que la Ley concursal reconoce a la concursada persona jurídica a hacer valer dentro del concurso sus propios intereses y se acomode a la finalidad del art. 145 LC: aunque la apertura de la liquidación suponga el cese de los administradores de la sociedad o de sus liquidadores, caso de haberse acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad dentro del concurso. Ello no contradice la finalidad pretendida por la Ley con la apertura de la fase de liquidación, que la sociedad se disuelva y que la administración concursal asuma en exclusiva las funciones de liquidación del patrimonio afecto al concurso. Por todo lo cual, procede reconocer a María Milagros legitimación para representar a la sociedad concursada dentro de este incidente de calificación, no sólo para oponerse a la calificación formulada
5 por la administración concursal sino también para recurrir en apelación la sentencia que califica culpable el concurso y, consiguientemente, rechazar la objeción formulada por la administración concursal a la admisión del recurso de apelación. 3 Y en el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 28 de junio de 2011, abundó a favor de la intervención (sic) separada de la concursada en el proceso concursal: Deberá dilucidarse, por ello, la cuestión relativa a la posibilidad de que la concursada en liquidación plantee por sí sola el presente recurso, a la luz de lo que regula el artículo 145,3 LC en cuanto contempla que " Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley". Considera la Sala que dicho precepto no puede suponer, en principio, la pérdida total de capacidad procesal por parte de la concursada puesto que ésta conserva su personalidad durante la fase de liquidación y, por ende, la pérdida de toda voz o posibilidad de intervención durante el proceso, ya que si se entendiera que el órgano concursal silencia, en tal caso, a aquélla, podría vulnerarse el artículo 24 de la Constitución, oponiéndose a tal conclusión, además, la existencia de trámites que prevén explícitamente la intervención separada del concursado (artículos 170 y 171 LC). 4 Estos pronunciamientos judiciales eran corolario de aquel precepto de la Ley Concursal que disponía y dispone la continuación de los órganos de la persona jurídica deudora durante la tramitación del concurso artículo 48.1, aunque no tenemos por menos que reconocer, que siendo esta doctrina garantista para el deudor, entraba en abierta contradicción con aquel precepto que, de forma expresa, dejaba a salvo el supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se declare el cese de los administradores o liquidadores (art LC, en redacción anterior a la Ley 38/2011). Quizás por esta antinomia legal, no faltaron pronunciamientos, como el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 15 de noviembre de 2007, que consideró el cese del administrador (social) causa de inadmisión del incidente planteado por la sociedad concursada durante la liquidación; causa que al no haber sido apreciada por el juez a quo se tornó en causa de desestimación de la apelación interpuesta frente a la sentencia desestimatoria: 3 SAP Barcelona (15ª) (N.º de Recurso: 314/2008; Roj: SAP B 1816/2009). 4 SAP Valencia (9ª) (N.º de Recurso: 386/2011; Roj: SAP V 3107/2011).
6 La declaración de concurso no disuelve de manera automática la sociedad, aunque quedará, en su caso, disuelta de pleno derecho si se abriese la fase de liquidación (cfr. art LC). Así se desprende igualmente de la nueva redacción dada por la DF 2.a LC a la causa tercera del art. 221 CCom., así como de los arts LSA y LSRL, reformados por la Disposición final 20.a y 21.a, (respectivamente). La Ley establece de un modo expreso la subsistencia de los órganos de la sociedad durante la tramitación del concurso, a quienes se entienden encomendados los deberes que la ley impone al concursado, sin perjuicio de las limitaciones inherentes a la intervención o suspensión de sus facultades patrimoniales (cfr. art LC). Ahora bien, la apertura de la fase de liquidación producirá, en su caso, la disolución de la sociedad y el cese de los administradores sociales, siendo sustituidos por la administración concursal (vid. arts y LC). La disolución de la sociedad se produjo mediante auto de 12 de junio de 2006 dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Navarra en el Procedimiento Concursal Ordinario n.º 169/2005, que disponía el cese de los administradores sociales y su sustitución por el administrador concursal. Expuesto lo anterior no se entiende que el incidente concursal interpuesto por la referida procuradora en nombre de la citada mercantil, se efectúe en base a una representación que tiene acreditada en el Procedimiento Concursal Ordinario no 169/2005, pero omitiendo en su encabezamiento de la interposición del incidente el nombre del administrador de la concursada que le encarga la interposición del incidente referido, siendo que al tiempo de interposición del mismo, 26 de septiembre de 2006, los administradores de la sociedad fueron cesados y sustituidos por el administrador concursal, en virtud de aquel auto de junio de Abstracción hecha de la fundamentación de la sentencia apelada, el recurso de apelación no se debió admitir (al igual que el incidente ante el Juzgado) dado que se ha abierto la fase de liquidación y el ejercicio de las acciones de la sociedad recae en la administración concursal, por lo que la causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación. 5 La controversia sobre la representación procesal de la concursada tras la apertura de la fase de liquidación fue solventada en parte por la reforma de la Ley Concursal llevada a cabo mediante Ley 38/2011, de 10 de octubre; reforma que, por una parte, adicionó un inciso final al apartado 3 del artículo 145, para dejar a salvo del cese de los administradores la continuación de éstos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte ; y, por otra, suprimió la referencia al cese de los administradores a causa de la apertura de la fase de 5 SAP Navarra (3ª) (N.º de Recurso 88/2007; Roj: SAP NA 1138/2007). En la demanda incidental, la concursada interesó el pago de los gastos con cargo a la masa con carácter previo al crédito que ostenta el Gobierno de Navarra y a los restantes créditos concursales, y el pronunciamiento transcrito fue dictado con motivo del recurso de apelación interpuesto frente a la desestimación de aquélla.
7 liquidación del apartado 1 del artículo 48, evitando con ello cualquier acicate a la representación procesal de la concursada hasta la conclusión del procedimiento concursal. 6 Es más, el contenido del apartado 3 del artículo 48 tras la citada reforma abunda en el alcance meramente sustantivo del cese, al disponer que los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación de la entidad dentro del concurso. El mismo alcance sustantivo estimamos que concurre en la afectación de los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso (art II LC), que no alcanzará al poder especial otorgado al procurador para la representación de la concursada en el procedimiento concursal (ex art LC). En este sentido, ilustrativa es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 12 de julio de 2012: En relación a que el poder hubiera devenido ineficaz por la declaración de concurso, debe indicarse que si nos atenemos a lo manifestado por la parte apelante (ya que el poder no aparece en los autos), de que fue otorgado con anterioridad al concurso por el administrador de la sociedad, especialmente para solicitar el concurso y actuar en el mismo, dicho poder no se extinguió con la declaración de concurso, como sostiene la parte demandada, por cuanto si bien es cierto que el mandato se extingue con la declaración de concurso, no es menos cierto que el citado poder al ser especial para actuar en el procedimiento concursal, no puede considerarse extinguido al ser el requisito de postulación que se exige para que la concursada pueda actuar en el mismo. La ausencia de poder o la insuficiencia del mismo no constituye una falta de legitimación, sino una ausencia del requisito procesal de postulación. 7 Pero el inciso final adicionado al apartado 3 del artículo 145 plantea otros interrogantes, pues siendo clara la voluntad del legislador de preservar la representación de la concursada en el concurso cuál es el sentido y alcance de esta representación en los incidentes en los que sea parte? Dicho en otros términos: autoriza la ley la continuación de la representación sólo en los incidentes pendientes, o comprende también la incoación de otros nuevos? Y a remolque de éste, exigiría el planteamiento de nuevos incidentes o la interposición de recursos algún tipo de prevención o cautela en evitación de que se minore la masa activa? 6 La redacción anterior del artículo 48 era la siguiente: 1. Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición y salvo el supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación se declare el cese de los administradores o liquidadores (...). 7 SAP Castellón (3ª) (JUR 2012\370468).
8 Las reservas que pueda plantear la actuación separada del deudor en el concurso evoca el debate suscitado sobre el ejercicio de las acciones y defensas de éste en otros procedimientos, ya pendientes o por incoar (arts. 51 y 54 LC); procedimientos para los que la Ley Concursal ha dispuesto mecanismos para evitar el menoscabo de la masa activa, a saber: a) Respecto de los procedimientos pendientes al tiempo de la declaración de concurso, y para el caso de sustitución de las facultades patrimoniales del deudor, condicionando su representación y defensa separada a que garantice, de forma suficiente ante el juez del concurso, que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena en costas, no recaerán sobre la masa del concurso (art II LC). El condicionamiento al que se somete la actuación del deudor es aplicable a la concursada en liquidación, dado que la ley le impone el régimen de suspensión tras la apertura de ésta (art LC), a cuyo efecto, deberá concedérsele un plazo razonable para la obtención de la preceptiva autorización del juez del concurso. 8 La expresión legal que garantice, apunta la viabilidad de cualquier afianzamiento (hipoteca de tercero no deudor, aval bancario, consignación judicial ), e incluso la asunción de la deuda por un tercero que requerirá el consentimiento de la administración concursal en interés de la masa (ex art CC). Cuestión diferente es si la suficiencia de la garantía que exige la ley es solo cuantitativa en relación con el importe de los gastos de representación y defensa y la estimación de la eventual condena en costas, o si es también cualitativa, atendida la mayor o menor liquidez de la garantía. En todo caso, la decisión del juez del concurso favorable a la representación y defensa separada del concursado autorización deberá ser adoptada previa audiencia de la administración concursal (cfr. art LC) y constituye un requisito de procedibilidad sin cuya acreditación estimamos no será admisible su actuación (art. 425 LEC). Esta consideración que postulamos tiene no obstante como presupuesto la personación de la administración concursal en las actuaciones sin perjuicio de que la sustitución procesal se produzca ope legis, pues en tanto dicha personación no se produzca, el deudor conservará la capacidad procesal para actuar en el procedimiento. 9 En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, de 23 de diciembre de 2011, confirmatoria de que la sucesión procesal no se produce de forma automática: 8 Tal es el supuesto que contempla el AAP Barcelona (15ª) (JUR 2012\294977) respecto del recurso de apelación anunciado por la concursada en liquidación que posteriormente fue objeto de renuncia por la administración concursal. 9 Cfr. CORDÓN, Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes, Comentarios a la Ley Concursal (Cordón, dir.), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004, pág. 425.
9 Los términos imperativos en que aparece redactado el precepto llevaría a entender que el concursado deja de ser parte pues ese el efecto de la sustitución. Sin embargo, ni tal sustitución se opera automáticamente ni la privación de facultades le impide continuar siendo parte. La sustitución automática no tiene encaje en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en los tres casos de sucesión que prevé (por muerte, por transmisión inter vivos del objeto litigioso, y por intervención provocada, artículos 16 a 18 LEC), requiere solicitud y audiencia de las demás partes. El propio artículo 51.2 de la Ley Concursal contempla la personación de la administración concursal y la concesión de un plazo de cinco días para que se instruya de las actuaciones, pero continúa no obstante, la sustitución no impedirá que el deudor mantenga su representación y defensa separada por medio de sus propios procurador y abogado. Esto último es totalmente contradictorio con la sustitución procesal y algún autor ha escrito que el legislador de la LC nos presenta una filigrana jurídica. En conclusión podemos decir que el concursado no llega a perder su capacidad para ser parte y comparecer en juicio, que por la comparecencia como parte de la administración concursal se consideraría interviniente (así lo llama el art de la Ley Concursal), con facultades para defender sus pretensiones independientemente (artículo 13.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 51.3 de la Ley Concursal) entre ellas la de recurrir pero, si la administración concursal no se ha personado por las razones que sean, conserva tales facultades y el recurso ha sido interpuesto por parte legítima. 10 Para el caso de intervención, la ley somete los actos de disposición del objeto del proceso a la autorización de la administración concursal y, en evitación de que se minore la masa activa, excluye las costas impuestas a causa del desistimiento o allanamiento autorizados de las deudas de la masa (arts. 51.3; º LC). En relación con los gastos de representación y defensa del concursado en los procesos pendientes al tiempo de la declaración de concurso, los tribunales han entendido que su consideración de créditos contra la masa, en la generalidad de supuestos entiéndase, en supuestos diferentes al desistimiento, allanamiento, defensa separada y transacción, es independiente de que los servicios profesionales se prestarán antes o después de tal declaración, dado que la continuación de los procedimientos merece una consideración unitaria a efectos de la Ley Concursal: La cuestión principal que se traslada a este Tribunal es por tanto la de interpretar, a los efectos de calificación como créditos contra la masa, el artículo º de la Ley Concursal y en particular su inciso siguiente: 2.- Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 10 SAP Huelva (2ª) (JUR 2012\64129).
10 3º.- Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor...en los juicios que, en interés de la masa, continúen...conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos. De la lectura de este precepto lo que se constata es que su interpretación está anudada causalmente a los artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, reguladores, el primero, de los juicios declarativos que se inicien declarado el concurso frente al concursado, y el segundo, de los juicios declarativos pendientes al tiempo de la declaración del concurso. De estos preceptos, al caso, nos interesa el segundo, el artículo 51 que regula el supuesto de procesos declarativos...en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso... precepto que prevé (con carácter general e imperativo tras la reforma operada por la Ley 38/11) la continuación ante el órgano judicial en que se hubieran iniciado, de los juicios declarativos principiados hasta la firmeza de la sentencia, al tiempo que regula lo relativo a la capacidad procesal del concursado en atención a que esté suspendido o intervenido. En dicha norma se aprecia, a la hora de determinar la continuación del proceso, una consideración unitaria del proceso, fijando como momento de conclusión del mismo el de la firmeza de la Sentencia. Por tanto, desde la perspectiva de la Ley Concursal, el proceso constituye un iter indisoluble a los efectos de su compaginación con el proceso concursal, sin que compadezca adecuadamente con esta apreciación legal la posibilidad admitida en el apartado B) de la Disposición General Segunda del Baremo de Honorarios, que autoriza y cuantifica los honorarios de actuación profesional por periodos en un mismo proceso, y ello por cuanto que dicha norma sólo pretende racionalizar una cuantificación de honorarios en el marco del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales con el cliente mientras que la norma que nos ocupa, se destina a calificar el crédito de que se trata. Las finalidades son los suficientemente diversas como para vincular como criterio interpretativo esta norma, meramente orientadora por otro lado, con otra de naturaleza imperativa. Pero es que además el artículo 51 LC, contiene una norma que fija lo relativo a las costas con ocasión de determinados actos procesales, calificándolas. En efecto, y con igual conclusión ya se trate del caso de intervención o suspensión, en materia de costas contiene el artículo 51 una regla especial para el caso de crisis procesal, en concreto, para los supuestos de allanamiento o desistimiento, defensa separada y transacción, estableciéndose que en los casos de allanamiento y desistimiento en los procesos existentes al tiempo del concurso, las costas tendrán la consideración de crédito concursal. Se podría decir que la norma se refiere a otro tipo de procesos distintos a los contemplados en el artículo º LC porque no exige interés para la masa, pero, sin embargo, entendemos que está presunto ese interés en los procesos a que se refiere el artículo 51 LC dado que se trata de
11 procesos competencia del Juez del concurso y que, en todo caso, el precepto no excluye de tal calificación a los que en todo caso, tuvieran interés para la masa. Siendo así, la conclusión que se alcanza es que las costas de los procesos pendientes tienen, a excepción de los supuestos de conclusión de los mismos por allanamiento o desistimiento (no mencionamos los casos de defensa separada o transacción que son distintos) la consideración de créditos contra la masa en los términos del artículo º siempre y cuando reúnan una condición específica, el tratarse de procesos seguidos en interés de la masa. Pero dándose tales circunstancias, teleológica y temporal, la consideración de créditos contra la masa debe otorgarse a los gastos originados con ocasión del proceso mismo con independencia de que se hayan generado antes o después de la declaración del concurso pues tal diferencia no la establece la ley ni en el artículo 84 ni, como hemos visto, en el artículo 51 para calificarlos como créditos ordinarios. 11 b) Respecto de las acciones de índole no personal ejercitadas por la administración concursal en caso de sustitución de las facultades patrimoniales, excluyendo de las deudas de la masa las costas que se impusieren al deudor que hubiera actuado de forma separada (arts. 54.3; º LC) 12 ; y en caso de intervención, condicionando el ejercicio de acciones o la interposición de recursos a la conformidad de la administración concursal. 13 En rigor, este último requisito que lo es de procedibilidad, y cuya inobservancia deberá ser apreciada de oficio por el tribunal 14 se exige respecto de la interposición de demandas o recursos que puedan afectar al patrimonio del deudor, aunque la eventualidad de la condena en costas, presente en todo proceso y recurso jurisdiccional, hace ilusoria esta restricción SAP Alicante (8ª) (JUR 2012\252957). En el mismo sentido, SAP Murcia (4ª) (JUR 2012\374179). 12 Frente al condicionamiento de la actuación del deudor en los procedimientos pendientes al tiempo de la declaración de concurso en caso de estar sometido al régimen de sustitución artículo 51.2 II de la LC, la actuación del deudor en los procesos incoados por la administración concursal no está condicionada a la prestación de garantía, circunstancia que bien pudiera favorecer la intervención del deudor apoyando la pretensión ejercitada por la administración concursal (v. CORDÓN, Artículo 54. Ejercicio de acciones del concursado, Comentarios, op. cit., pág. 439). 13 El Tribunal Supremo ha reiterado que la exigencia de autorización de la administración concursal para que el concursado interponga recursos no es aplicable a los procesos pendientes al tiempo de la declaración de concurso [STS (1ª) ; RJ 2012\9316], por más que esta doctrina suponga un acicate a la actuación de los administradores concursales (ex art LC). Al respecto, v. el Voto particular de Sancho Gargallo. 14 Entre otras resoluciones, v. AAP Oviedo (1ª) (JUR 2009\93116) y SAP Cádiz (2ª) (JUR 2013\221679). 15 La exigencia de autorización de la administración concursal y la exclusión de las deudas de la masa de los gastos de representación y defensa separada del concursado son aplicables a la solicitud, por éste, de la declaración de concurso de un tercero [AAP Castellón (3ª) ; AC 2012\1850].
12 Retomando las cuestiones planteadas, nos planteamos hasta qué punto los requisitos y condicionamientos de la actuación separada del deudor en otros procedimientos son aplicables al concurso, en particular, tras la apertura de la fase de liquidación. Y a este respecto estimamos que el derecho de defensa del deudor en el procedimiento concursal no puede no debe tener más límite que la actuación conforme a la buena fe, y el consiguiente rechazo de las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude de ley o procesal (arts. 11 LOPJ; 247 LEC). De ahí que, tras la apertura de la liquidación, la representación de los administradores continúe no solo en el concurso y los incidentes ya incoados en los que sea parte, sino que se extienda también al ejercicio de las acciones y la interposición de los recursos que a su derecho convengan, sin perjuicio de la restricción de los créditos contra la masa por los gastos de representación y defensa separada si los recursos fueren desestimados con expresa condena en costas: art º in fine. 16 La plena capacidad procesal que reconocemos al concursado tras la apertura de la liquidación, además de ser una exigencia elemental del derecho de defensa, entronca con la forma contradictoria del proceso concursal, que no en vano, se dirige siempre frente al deudor, incluso cuando sea promotor de la declaración del propio concurso. Tan es así, que la ley le reconoce la condición de parte necesaria en todas las secciones del procedimiento, sin ni siquiera subordinación al acto de comparencia en forma (art LC). 17 A nuestro parecer, la posición de parte pasiva que indefectiblemente le corresponde al concursado justifica que el régimen de su actuación procesal sea más flexible y favorable en el concurso que el correspondiente a su intervención en otros procedimientos, y destierra la aplicación analógica de los condicionamientos a los que ésta se somete. Y es que, a diferencia de la sustitución procesal de la administración concursal en otros procesos, en los que se produce una verdadera subrogración de la masa en los derechos y obligaciones ejercitados 18, la actuación del deudor en el concurso lo es en interés propio. 16 En sentido contrario, la SAP Murcia (4ª) (AC 2013\1327) considera que el artículo 54.3 es aplicable a la personación y defensa separada del deudor en el incidente de calificación del concurso no así, el art º, si bien el marco en el que se dicta este pronunciamiento (obiter dictum) es la consideración de los gastos de representación y defensa de la concursada como créditos ordinarios, sin que exista pronunciamiento sobre la necesidad de que hubiera contado con la autorización de la administración concursal para la interposición del recurso frente a la sentencia de calificación. 17 v. SENÉS, Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor, Comentario de la Ley Concursal, op. cit., Tomo II, pág Como ha puesto de manifiesto Cordón, en el plano estrictamente procesal, el correcto entendimiento de esta sustitución exige tener presente que la administración concursal ostenta la representación procesal de la masa de bienes del concurso (art º LEC) que es la que en realidad sustituye al deudor, produciéndos una
13 III- Poderes del juez y cargas procesales respecto del plan de liquidación La Ley Concursal, en su redacción originaria, previó un tratamiento dispar respecto del plan de liquidación presentado por la administración concursal, tanto en lo que respecta a los poderes de actuación del juez como respecto de las posibilidades de actuación del deudor y los acreedores concursales. Expuesto de forma sucinta, la disparidad era la siguiente: si en el plazo conferido al efecto quince días siguientes a la fecha en la que el plan hubiere quedado de manifiesto en la Oficina judicial no se hubieren formulado observaciones, el juez habría de dictar auto declarando aprobado el plan, en tanto que, si se hubieran presentado observaciones o propuestas modificación, el juez, previo informe de la administración concursal, y según lo estimara conveniente a los intereses del concurso, habría de resolver su aprobación mediante auto, ya en los términos en que fue presentado, ya introduciendo en él las modificaciones que estimase conveniente en función de aquéllas ; auto de aprobación del plan de liquidación frente al que la ley concedía recurso de apelación (art en versión anterior a la reforma de la Ley 38/2011). Tras la reforma llevada a cabo mediante Ley 38/2011, la aprobación del plan de liquidación tiene un régimen unitario. Por una parte, en cuanto la ley amplía el poder de actuación al juez respecto al contenido del plan, que podrá modificar con independencia de que se hayan presentado observaciones o propuestas de modificación; y ello, porque estimamos que si la ley le autoriza acordar la liquidación con arreglo a las reglas legales supletorias, cuanto más podrá acordar la modificación de contenidos concretos. Y, por otra parte, en cuanto la ley unifica el régimen de impugnación frente al auto que apruebe el plan, que en todo caso se canaliza mediante el recurso de apelación. El poder de actuación que reconocemos al juez no es contradictorio con el carácter rogado del proceso civil en general y el concurso en particular (art. 216 LEC), y encuentra cobertura legal en la actuación que estime conveniente para el interés del concurso (art LC). En relación con esta apelación conviene efectuar algunas consideraciones en relación con la legitimación. En primer lugar, que su interposición precisa la personación en la sección quinta, la cual, eventualmente, tendrá lugar para la interposición del recurso, dado que la formulación de observaciones al plan no precisa la comparecencia en forma de interesados distintos al deudor (art LC). En segundo lugar, que la legitimación genérica para recurrir no exonera a las partes de verdadera subrogación en el derecho u obligación ejercitados (CORDÓN, Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes, Comentarios, op. cit., pág. 425).
14 la actuación diligente en el procedimiento, a cuyo efecto, la ley desplaza sobre el deudor y los acreedores concursales la carga de presentar alegaciones a la propuesta de liquidación presentada por la administración concursal (art LC). 19 De ahí que no estén legitimados para recurrir quienes sin haber presentado alegaciones persigan en apelación la modificación de contenidos que han permanecido inalterados en el plan aprobado. 20 Cuestión diferente será la legitimación para recurrir de quienes en la apelación persigan la revocación de contenidos que por primera vez se plasman en el auto que aprueba el plan de liquidación, con independencia de que hubieran actuado con anterioridad, y siempre y cuando los contenidos innovados no se correspondan de forma íntegra o sustancial con las modificaciones o propuestas que hizo valer el apelante. 21 IV- La reproducción de las cuestiones controvertidas en incidentes promovidos en la fase común mediante apelación más próxima La reforma de la Ley Concursal llevada a cabo mediante Ley 38/2011, dio nueva redacción al apartado 4 del artículo 197 para dar acogida a la consideración legal de qué apelación es la más próxima a los efectos de reproducir las controversias promovidas en la fase común (incidentes), que como regla son irrecurribles. 22 Hasta la reforma de 2011, esta definición legal estaba residenciada en artículo 98, que otorgaba recurso de apelación frente a la resolución auto que ponía fin a la fase común; apelación que la ley consideraba más próxima a los solos efectos de reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes concursales planteados durante la fase común a que se refiere el artículo Como quiera que la Ley 38/2011 derogara el contenido íntegro del artículo 98, prima facie, pudiera parecer que el sentido y alcance de la reforma fue la mera reubicación de la norma en cuestión. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En efecto; la supresión de una resolución formal auto que ponga fin a la fase común obligó a reformular el contenido de la apelación más próxima, de suerte que, merece tal consideración 19 En este sentido, cfr. HUALDE, La fase de liquidación en el proceso concursal (apertura, efectos y operaciones de liquidación), Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 441 y siguientes. 20 Al respecto, cfr. AAP Zaragoza (5ª) (JUR 2007\294115) y SAP Pamplona (3ª) (AC 2010\1692). 21 Sobre la necesaria consistencia de las observaciones presentadas al plan de liquidación, v. SAP Madrid (28ª) (AC 2010\1283). 22 Las únicas excepciones al respecto son las sentencias resolutorias de acciones de separación y de reintegración promovidas en la fase común, que tras la reforma de la Ley 38/2011 son directamente apelables (art , antepenúltimo inciso).
15 la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio (art , segundo inciso). Pero estimamos que en esta definición subyace el discurrir del procedimiento concursal en su versión originaria, es decir, con sucesión temporal de las fases común y de convenio o liquidación. Sin embargo, la realidad procedimental que nos devuelve la reforma de 2011, con posible anticipación de la liquidación, hace inviable la reproducción de las controversias suscitadas durante la fase común si la sentencia incidental sobreviene a la apertura de aquélla, reproduciéndose de nuevo la polémica sobre cuál es el concreto recurso de apelación que sirve de vehículo para articular la impugnación de los pronunciamientos no consentidos por haber sido objeto de protesta. El ejemplo más significativo de lo que decimos es aquel en el que la apertura de la fase de liquidación tiene lugar en el propio auto de declaración de concurso (art. 191 ter.1 LC). La cuestión que planteamos, en puridad, no es absolutamente novedosa, pues las circunstancias descritas bien podían acontecer con la fallida liquidación anticipada que instauró el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (antiguo art. 142 bis), aunque la norma vigente agrava la indeterminación de qué apelación tiene la consideración de más próxima; veamos: Con motivo de la liquidación anticipada, en su momento sostuvimos que puesto que el sistema de impugnación diferida de las sentencias dictadas en la fase común perseguía agilizar el procedimiento y facilitar la pronta conclusión de un convenio, desde el momento en que esta solución concursal había sido descartada no tenía sentido la limitación temporal de las impugnaciones; y, sobre la base de la norma general de doble instancia establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sostuvimos la apelación directa de las sentencias dictadas con posterioridad a la apertura de la liquidación (anticipada). 23 Pero esta conclusión no es de fácil aplicación en los supuestos de anticipación de la liquidación si tenemos en cuenta que la reforma ha excluido de la privación de recurso a sentencias determinadas (las dictadas sobre acciones de separación y de reintegración: art in fine LC). Por otra parte, incluso respecto de las sentencias dictadas en la fase común con anterioridad a la apertura de la fase de liquidación no es fácil determinar la concreta resolución susceptible de apelación que permita reproducir la cuestión, dado que la ley, de forma expresa, no concede recurso frente al auto que acuerda la apertura de la liquidación, sino que considera apelación más 23 SENÉS, La <<integración legal>> de la apelación más próxima en el proceso concursal, ADCo, N.º 18, , págs. 135 y 136.
16 próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de liquidación (cfr. 142; LC). 24 Por último, empieza a abrirse paso una interpretación apegada a la literalidad del apartado 4 del artículo 197, que con apoyo en la privación de recurso frente a las sentencias dictadas en incidentes promovidos en la fase común y la posibilidad de reproducir la cuestión, exige que en la apelación que se interponga se invoque de forma expresa la impugnación de la resolución apelable, bajo amenaza de la firmeza de aquéllas. Así, en este último sentido se manifiesta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 19 de noviembre de 2013, respecto de la omisión de la impugnación del auto de apertura de la fase de convenio: La sentencia apelada se dictó en incidente promovido en la fase común y contra ella no cabe recurso. No es que el art citado permita recurrirla como tal si bien difiera el comienzo del plazo para ello a un momento posterior a su dictado, sino que lo que establece es que no cabe recurso contra ella, sino contra otras determinadas resoluciones, en este caso la más próxima será el auto de apertura de la fase de convenio, y en el curso del recurso de apelación que corresponda frente a este auto es cuando se puede reproducir la cuestión objeto del anterior incidente, pero no cabe que, sin apelación de la propia resolución contra la que cabe el recurso, solo se formule apelación respecto de la sentencia del incidente previo que por si sola no puede recurrirse. La apelante debió recurrir en apelación el auto por el que se acordaba la apertura de la fase de convenio aunque fuera sobre la base de que no cabía tal apertura ni el consiguiente cierre de la fase común sin reconocer el derecho de los trabajadores a cobrar en concepto salarial lo que se pidió en el previo incidente, pero no es tal lo que se recurre, sino expresamente la sentencia incidental anterior pidiendo la revocación de ésta y solo de ésta, no del auto de apertura de la fase de convenio que en absoluto se discute ni recure, con la consecuencia de que la fase de convenio quedaría abierta por resolución firme, por no recurrida, entre tanto se podrían modificar las actuaciones concluidas en la previa fase común, lo cual no es acogible. Todo ello y el tenor literal del art citado determina que lo que debía apelarse es el auto de apertura de la fase de convenio y el cierre que supone de la fase común y, ya dentro de tal apelación, reproducir las pretensiones para que no pueda dejarse abierta la fase e convenio sin resolver la cuestión propia de la fase común en firme y, en caso de estimarse el recurso, para dejar sin efecto la apertura de nueva fase, pero no cabe aprovechar el plazo para recurrir 24 A este respecto, compartimos la opinión de López Sánchez en el sentido de que la ley, aunque con una regulación muy deficiente, viene a conceder recurso de apelación frente a toda resolución que acuerde la apertura de la fase de convenio o de la fase de liquidación, salvo que ésta se acuerde como pronunciamiento separado en una resolución firme al amparo del artículo II de la LC [LÓPEZ SÁNCHEZ, El proceso concursal, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 430].
17 una resolución concreta (apertura de fase de convenio) para recurrir otra distinta y previa y solo ella, como si el art exclusivamente estableciera una dilación temporal del comienzo del plazo para recurrirla y no lo que realmente establece: que contra esta sentencia no cabe recurso, pero su dictado no impide que la cuestión que resuelve pueda plantearse nuevamente en la apelación de otra resolución distinta, que es la que aquí ni se recurre ni se pide su revocación. 25 Atendidas las consideraciones anteriores, y siendo conscientes de que la cuestión es dudosa, estimamos que cuando la apertura de la fase de liquidación se produzca con anterioridad a la resolución de un incidente promovido en la fase común, la sentencia será directamente apelable tanto si el incidente se promovió con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación pues será un inciden planteado durante esta fase (art LC) como si el incidente estaba pendiente al tiempo de sobrevenir aquélla (art por analogía). 26 Por lo demás, con la apertura de la fase de liquidación precluye la posibilidad de impugnar las sentencias ya dictadas en la fase de común, que habrán de ser recurridas mediante el recurso de apelación contra el auto que la acuerde; auto que, en algunos supuestos, no debería acordar la finalización de la fase común, como la jurisprudencia transcrita parece suponer. 27 V- Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación En sede del denominado procedimiento abreviado, la Ley 38/2011 adicionó un artículo 191 ter cuyo contenido lo integran una amalgama de extremos inconexos, que no hace sino corroborar el artificio que supone una regulación que bien podría haber engrosado el articulado del concurso ordinario. 28 Las especialidades de esta especialidad en que consiste el abreviado son las siguientes: 25 SAP Toledo (1ª) (N.º de Recurso: 1/2013; Roj: SAP TO 927/2013). En el mismo sentido, SAP Badajoz (3ª) (N.º de Recurso: 345/2013; Roj: SAP BA 954/2013). 26 Al respecto, LÓPEZ SÁNCHEZ, El proceso concursal, op. cit., págs. 438 y Así debiera suceder no obstante el tenor literal de la ley (arts y VI LC) si existieran impugnaciones pendientes que afectaran a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso. 28 Sobre el particular, SENÉS, Concurso y proceso, Teoría & derecho. Revista de pensamiento jurídico (Perspectivas actuales de derecho concursal), N.º 12, 2012, págs. 29 y siguientes.
18 1ª) La apertura de la fase de liquidación tiene lugar de inmediato. Siendo necesaria la previa declaración de concurso, estimamos que cuando el deudor hubiera solicitado la liquidación "de acuerdo con lo previsto en el artículo 190.2" querrá decir, 190.3, la apertura de la fase de liquidación debería ser uno de los pronunciamientos del auto de declaración de concurso, siendo innecesaria una resolución separada, como sin lugar a dudas supone el tenor del apartado 1-1º del artículo 21 (modificado por la Ley 38/2011 solo en lo que respecta a la propuesta de convenio anticipado). Aunque las especialidades contenidas en el artículo 191 ter están previstas para el supuesto en que el deudor acompañe a su solicitud de concurso el plan de liquidación, ello no obsta su aplicación a remolque de la transformación de un procedimiento ordinario ex artículo 190.4, solicitada por la administración concursal con apoyo en la conservación de los bienes del modo más conveniente para los intereses del concurso (art LC). Tal es la transformación del procedimiento y la aplicación del artículo 191 ter que acuerda el Auto del Juzgado de lo Mercantil (N.º 12) de Madrid, de 4 de diciembre de 2012: una ponderada lectura de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, lleva a concluir que el Legislador pretende que el procedimiento concursal sea ágil, rápido y flexible. Sirva a tal consideración, alguna de las previsiones del Preámbulo de la Ley, que, en su Epígrafe IV prevé La Ley pretende, en segundo lugar, que la solución de la insolvencia no se retrase en el tiempo, algo que no hace sino perjudicar al concursado y a sus acreedores al minorar el valor de sus bienes de cuya realización depende su cobro, eliminar posibilidades de garantizar su viabilidad y aumentar los costes. Para ello, se simplifica y agiliza el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando y regulando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio. (..) La Ley se detiene en la regulación de un verdadero concurso abreviado, ofreciendo soluciones más rápidas y económicas cuando concurran determinadas circunstancias que la experiencia de estos años de aflicción de la Ley Concursal ha permitido constatar, tales como la situación de la empresa en crisis, el número de trabajadores, las negociaciones que la empresa pudiera haber iniciado para su venta o la modificación estructural de la sociedad deudora. Si por normal tramitación del procedimiento concursal ha de entenderse la habitual dilación en la liquidación con sucesiva pérdida de valor de los activos, pues es obvia la distinta valoración de éstos según se pondere si la empresa está en funcionamiento o no, es preferible la alternativa que nos ocupa, que si no es frecuente, es la principalmente buscada por el Legislador AJMer (N.º 12) Madrid (AC 2012\1385).
19 2ª) La reducción del plazo ordinario para que el administrador concursal evalúe el plan de liquidación de quince a diez días, que cuenta con el precedente de la liquidación anticipada (antiguo artículo 142 bis). La ley explicita que el informe "deberá incluir necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto de la resolución de los contratos sobre las masas activa y pasiva del concurso"; exigencia esta que parece referida a los "contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes", atendida la correlación sistemática de la norma con aquella otra que dispone que el juez se pronuncie sobre la resolución de tales contratos en el auto que apruebe el plan de liquidación (excepción hecha "de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la unidad productiva o de parte de ella ). 3ª) La restricción de la legitimación para presentar "alegaciones" al plan, que únicamente se atribuye a los acreedores, frente a la legitimación atribuida a "las partes personadas y demás interesados" en la derogada liquidación anticipada (antiguo art. 142 bis LC); y, 4ª) La posible exigencia a los impugnantes del inventario y de la lista de acreedores de una caución que garantice los daños y los perjuicios por la demora que puedan sufrir las operaciones de liquidación, en el caso de que se haya acordado la suspensión de éstas. Estimamos poco probable en la práctica que la suspensión de la liquidación de bienes concretos que no de la generalidad de las operaciones de liquidación (art LC) venga propiciada por la impugnación de la lista de acreedores; e igualmente, estimamos inviable el requerimiento de caución si la suspensión fuere acordada de oficio. VI- La enajenación concursal de bienes y derechos litigiosos La circunstancia de existir contienda pendiente sobre la titularidad de los bienes y derechos incluidos en la masa activa no es obstáculo para la enajenación de éstos, que lo serán con el carácter de litigiosos, y cuyo adquirente quedará a las resultas del litigio pendiente. La administración concursal deberá comunicar el negocio jurídico concluido al tribunal que esté conociendo del litigio; comunicación cuya recepción producirá, de pleno derecho, la sucesión procesal del adquirente en la posición procesal del concursado (art. 150 LC), cualquiera que ésta sea, y cualquiera que sea la instancia o el recurso extraordinario en que se encuentre el proceso. Frente al régimen general de sucesión procesal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal consagra una norma especial, en virtud de la cual, la sucesión se produce de forma automática (ope legis), sin necesidad
20 de audiencia a la contraparte, ni posible oposición de ésta, ni subordinación de su eficacia a la personación del adquirente. 30 El fundamento de la norma especial no es otro que favorecer la enajenación de los bienes y derechos litigiosos integrados en la masa activa, garantizando al adquirente la certeza de la sucesión. En consonancia con esta norma especial, la Ley Concursal adicionó un nuevo apartado al artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el que se sanciona la plenitud de los medios de ataque y de defensa de la contraparte frente al sucesor (adquirente), incluidas las excepciones y el derecho a reconvenir que pudieran corresponderle frente al concursado (art LEC). La norma garantiza al adquirente un estatuto procesal pleno, en consonancia con el favorecimiento de la enajenación de los bienes y derechos litigiosos que persigue la Ley Concursal Cfr. HUALDE, La fase de liquidación en el proceso concursal, op. cit., pág SENÉS, Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Comentario de la Ley Concursal, op. cit., Tomo II, pág