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Timestamp: 2017-08-24 11:56:40
Document Index: 160459607

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 38', 'artículo 60', 'artículo 74', 'artículo 86', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 96', 'artículo 97', 'artículo 101', 'artículo 100', 'artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 50', 'in fine', 'artículo 50', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 24', 'artículo 88', 'artículo 171', 'artículo 90', 'artículo 174', 'artículo 91', 'artículo 175', 'artículo 97', 'artículo 183', 'Artículo 28']

Ley 20/2001 de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. TÍTULO II. Normas de gestión y acción administrativa.
Ley 20/2001 de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
Vigencia desde 01 de Enero de 2002. Esta revisión vigente desde 08 de Agosto de 2014
Se modifican los apartados a) y b) del artículo 15.1 de la Ley 9/1997, de 22 diciembre, de diversas medidas tributarias y administrativas, con el contenido literal siguiente:
a) Las relaciones contractuales que conlleven la realización de un gasto de cuantía superior a la reglamentariamente fijada deberán comunicarse trimestralmente a la Intervención General en la forma y el alcance que determine el correspondiente decreto de desarrollo.
b) La contratación de personal y la modificación de sus retribuciones deberá comunicarse trimestralmente a la Dirección General de Función Pública y a la Intervención General en la forma y el alcance que determine el correspondiente decreto de desarrollo.
1. Se modifica la redacción al artículo 26 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el cual quedará con la siguiente redacción::
El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la comunidad autónoma, de sus entidades o instituciones, se llevará a cabo por la autoridad administrativa que sea competente por razón de la materia, la cual acordará el pago dentro de los límites y en la forma que el presupuesto respectivo establezca. Si para ello se necesitara un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, uno u otro deberán solicitarse al Parlamento de las Illes Balears, dentro de los dos meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
2. Se añade una letra c) en el artículo 38.1 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
c. El presupuesto del Servicio Balear de la Salud.
3. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 60 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
4. Se modifica la redacción del artículo 74 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
El déficit de la tesorería derivado de la diferencia entre el vencimiento de sus pagos y el de sus ingresos se podrá cubrir mediante el concierto de operaciones financieras pasivas, por un plazo inferior a un año, siempre que la suma total de estas operaciones no sea superior al 15% de los créditos que para gastos autorice el presupuesto de la comunidad autónoma del mismo ejercicio.
La Ley de presupuestos generales de la comunidad podrá modificar el límite de las operaciones de crédito de la tesorería para cada ejercicio.
En el supuesto de resultar necesario sobrepasar este límite, el órgano competente requerirá la autorización correspondiente del Parlamento.
5. Se modifica la redacción de los apartados a) y c) del artículo 86 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
6. La denominación del capítulo II del título IV de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, «Control de los entes públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears», se sustituye por la de
«Control financiero»
7. El artículo 89 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears se integra en el capítulo I del título IV de la mencionada ley.
8. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 89 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se añade un nuevo apartado 3:
2) Las mencionadas disposiciones serán igualmente aplicables a las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo dependientes de la comunidad autónoma, siempre que exista una intervención delegada. En otro caso, la intervención previa de sus operaciones se sustituirá por el control financiero regulado en el capítulo II de este título.
3) La intervención previa de las operaciones de las empresas públicas dependientes de la comunidad autónoma se sustituirá, en todo caso, por el control financiero regulado en el capítulo II de este título.
9. Se modifica la redacción del artículo 90 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
10. Se añade una letra c en el artículo 96.1 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
c. Las cuentas anuales del Servicio Balear de la Salud.
11. Se modifica la redacción del artículo 97 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
12. Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 101 de la Ley 1/ 1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
1. En los supuestos de las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 100 de esta ley, y sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas a los efectos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo.
En la tramitación de los expedientes derivados de la realización de programas cofinanciados con fondos de la Unión Europea, el procedimiento correspondiente al ámbito de actuación del organismo pagador deberá ajustarse a la normativa específica reguladora de dicho organismo.
De la acción administrativa en materia de caza y actividades conexas
1. En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, y en el artículo 40.1 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. En su lugar, se entenderá que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente expedir la matrícula anual acreditativa de la condición cinegética de los cotos de caza y de los campos de adiestramiento de perros, previo pago de la tasa correspondiente.
2. A efectos del régimen sancionador previsto en la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, y en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, tendrá la calificación de infracción administrativa grave el ejercicio de la caza en cotos que no dispongan de matrícula anual.
3. La Consejería de Medio Ambiente establecerá las condiciones que deban cumplir las sociedades de cazadores para llegar al reconocimiento de su función social. En todo caso, las condiciones para conseguir este reconocimiento se fundamentarán en criterios de accesibilidad a la condición de socios de las mismas, y a la correcta y sostenible gestión de los recursos cinegéticos.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50.2 in fine de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, y en el artículo 50.5 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. En su lugar, será de aplicación lo siguiente:
1. Los perros utilizados para cometer una infracción de caza serán decomisados y depositados en una entidad de acogida de animales oficial o concertada, con sujeción a las siguientes normas:
a) El rescate de los perros exigirá el ingreso previo de 200,00 euros por unidad a favor de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de la obligación adicional de su propietario de abonar al centro de acogida el importe del coste del mantenimiento de los animales.
b) Transcurrido el plazo de dos meses desde la resolución administrativa correspondiente sin que se hayan recogido los animales, éstos se podrán sacrificar o ceder a cualquier entidad de acogida de animales oficial o concertada.
c) En los casos en que por motivos de fuerza mayor o imposibilidad material no pueda procederse al comiso de los perros, éstos se dejarán en poder del supuesto infractor en calidad de depósito, el cual se documentará mediante recibo que se adjuntará a la denuncia. En tales casos, la multa que deba corresponder por la comisión de la infracción se incrementará en 200,00 euros por animal utilizado en la infracción.
2. En aquellos supuestos de utilización de hurones, aves de cetrería, reclamo de perdices u otros animales similares como medio para cometer una infracción administrativa, éstos no serán decomisados y se dejarán en poder del presunto infractor en calidad de depósito, el cual se documentará mediante recibo que se adjuntará a la denuncia. En tales casos, la multa que deba corresponder por la comisión de la infracción se incrementará en 120,00 euros por animal utilizado.
1. Los propietarios de fincas que cumplan con la definición de terreno cerrado regulado en el artículo 19 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, y en el artículo 21 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, que no estén acogidos a otro régimen cinegético especial y que deseen que la caza esté permanentemente prohibida en las mismas, además de la colocación en los accesos practicables a los terrenos de carteles o señales que indiquen la prohibición de entrar en éstas, pueden acogerse, si lo desean, a la señalización complementaria prevista en este artículo, a efectos de reforzar los avisos sobre la condición cinegética de sus terrenos.
2. La señalización complementaria a que se refiere el apartado anterior consistirá en la colocación de señales de un formato único con las siguientes características:
- Material: Cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez.
- Dimensiones: 20 cm de alto x 30 cm de ancho.
- Altura desde el suelo: Entre 1,5 y 2,5 metros.
- Colores: En dos mitades, parte superior en blanco e inferior en verde.
Las señales se colocarán en todas las vías de acceso que penetren en el territorio en cuestión y a lo largo de todo el perímetro con distancias máximas de 100 metros, y deberán estar colocadas de tal forma que un observador situado ante una de las señales tenga a la vista a las dos más inmediatas.
3. La cuantía de la sanción impuesta por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 48.1.9 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, se incrementará en la cantidad de 300,00 euros cuando se trate de terrenos cerrados sujetos a esta señalización complementaria.
De la acción administrativa en materia de costas
De acuerdo con lo que disponen los artículos 57 y 85 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, los vertidos desde tierra al mar se gravarán con un canon en función de la carga contaminante.
Constituye el hecho imponible del canon la realización del vertido al mar.
b) Las personas o las entidades que soliciten la autorización cuando se trate de instalaciones que, en virtud de convenios de colaboración u otros instrumentos jurídicos, sean supervisadas y controladas por cualquiera de las entidades citadas en la letra a) anterior.
Número 2 del artículo 24 redactado por la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2009, 21 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010 («B.O.I.B.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
3º. Base tributaria y cuantía.
La base imponible del canon será directamente proporcional a la naturaleza, las características y el grado de contaminación del vertido.
La cuantía del canon será el resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará, a su vez, multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente K de mayorización o minorización, en función de la naturaleza, las características y el grado de contaminación del vertido. A tales efectos, el precio básico por metro cúbico se fija en 1 céntimo de euro (0,01 euros/metro cúbico) para el agua residual urbana y en 3 céntimos de euro (0,03 euros/metro cúbico) para el agua residual industrial. Por su parte, los valores del coeficiente K se tomarán del anexo del título IV del Reglamento de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y de la Orden de 19 de diciembre de 1989 por la cual se dictan normas para la fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K que aparecen en las tablas, sin multiplicar por 10-5, debido a la variación que ha experimentado el precio básico por metro cúbico fijado, respecto del valor de la unidad de contaminación anterior.
Los vertidos de las aguas pluviales que se realicen en el mar mediante cualquier tipo de conducción, devengarán un canon anual de inspección de 300,51 euros.
El canon de vertido al mar se devengará inicialmente en el momento del otorgamiento de la autorización de vertido y continuará devengándose anualmente el primer día de cada año natural, hasta su extinción.
Durante el primer mes de cada año natural se deberá abonar el canon correspondiente al año en curso.
El importe correspondiente al primer y último canon será proporcional al número de días que transcurran desde la fecha de autorización hasta el final del año en curso y, desde el primero de enero hasta su finalización, respectivamente.
El canon de vertido al mar se devengará independientemente de los cánones, tasas o precios que se puedan establecer para financiar obras de saneamiento y depuración.
1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 88.4 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, y el artículo 171.1 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de costas, el peticionario de la autorización de vertido estará obligado a constituir una fianza para responder del cumplimiento de las condiciones de ésta. El importe de la fianza será el equivalente a un semestre del canon de vertido al mar y será susceptible de revisiones periódicas en función de las variaciones de este último.
2. La fianza será devuelta cuando se produzca el vencimiento, excepto en los casos de renuncia o caducidad, con deducción de las cuantías que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en las que haya podido incurrir el titular de la autorización.
El derecho a la devolución de la fianza prescribirá en el plazo de cinco años contados a partir del momento en que resulte procedente su solicitud.
1. Según el artículo 90.b) de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, y el artículo 174.b) del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de costas, se consideran infracciones la realización de vertidos al dominio público marítimo terrestre sin la autorización administrativa correspondiente.
2. Según el artículo 91.2.f) de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, y el artículo 175.2.f) del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de costas, los vertidos al mar de aguas residuales sin autorización, se consideran infracción grave.
3. El director general de Litoral podrá ordenar el inicio del expediente de infracción que se tramitará de acuerdo con lo que dispone el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora.
4. Se consideran infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Los vertidos de sólidos y líquidos contaminantes al mar y a la zona de servidumbre de protección de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, sin autorización. Las aguas residuales urbanas y las industriales siempre tendrán la consideración de contaminantes.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones de vertido.
5. Se consideran infracciones administrativas graves:
a) La negativa por parte de los titulares de las autorizaciones de vertidos a proporcionar a la Administración las cantidades del vertido así como sus características.
b) El incumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de las obras de saneamiento o de infraestructuras necesarias fijadas por la Administración para dar cumplimiento a la normativa en materia de protección del medio ambiente.
c) Los vertidos desde tierra al mar, líquidos o sólidos, sin autorización, siempre que con el mismo no se produzca ningún tipo de contaminación.
6. Se consideran infracciones administrativas leves:
a) La omisión de datos en la documentación que la Administración requiera para la caracterización de los vertidos o su saneamiento.
b) El mantenimiento de instalaciones, tuberías o emisarios fuera de servicio, cuando se haya ordenado su eliminación por vencimiento o caducidad de la autorización.
1. Según el artículo 97 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de costas, y el artículo 183 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de costas, el importe de la sanción para las infracciones graves será de hasta 300.506,05 euros.
Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones muy graves: multa de 150.253,03 euros a 300.506,05 euros.
- Infracciones graves: multa de 30.050,61 euros a 150.253,02 euros.
- Infracciones leves: multa de hasta 30.050,60 euros.
2. Para el cálculo de la cuantía de las multas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Si las acciones u omisiones implican riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, la magnitud del riesgo producido y la cuantía de los daños causados.
b) El coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
c) En el caso de vertido producido por roturas o averías en las canalizaciones e instalaciones existentes, el estado de conservación de las mismas, su mantenimiento y su adecuación.
d) La relevancia externa de la conducta infractora, la negligencia o intencionalidad del sujeto infractor, el número de infracciones cometidas, así como cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el grado de reprobación de la infracción, en un sentido atenuante o agravante.
3. Las autoridades competentes para imponer las multas serán:
- El director general de Litoral, hasta 30.050,60 euros.
- El consejero de Medio Ambiente, hasta 150.252,03 euros.
- El Consejo de Gobierno, hasta 300.506,05 euros.
4. Independientemente de la sanción impuesta, el infractor tendrá la obligación de legalizar su situación y proceder a la restitución y reposición de las cosas a su estado anterior en los términos que acuerde la Administración.
Otros regímenes administrativos
Artículo 28 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 8/2014, 1 agosto, del juego y las apuestas en las Illes Balears («B.O.I.B.» 7 agosto).Vigencia: 8 agosto 2014