Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614846
Timestamp: 2020-07-07 16:08:47
Document Index: 38187788

Matched Legal Cases: ['Artículo 382', 'Artículo 392', 'artículo 354', 'artículo 13', 'artículo 152', 'artículo 382', 'artículo 30', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 30', 'artículo 392', 'artículo 404', 'artículo 250', 'artículo 404', 'artículo 382', 'artículo 392', 'artículo 354', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 430', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 30', 'artículo 392', 'artículo 392', 'artículo 404', 'artículo 250', 'artículo 116', 'artículo 250', 'artículo 144', 'artículo 8', 'Artículo 354', 'artículo 152', 'artículo 385', 'artículo 383', 'artículo 30', 'Artículo 392', 'Artículo 404', 'artículo 414']

Sentencia de Constitucionalidad nº 620/01 de Corte Constitucional, 13 de Junio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614846
Ley 600 de 2000. Art: 144 parg. 2, 254(p), 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392 (p), 404(p) . Codigo de procedimiento penal. Medidas cautelares de los funcionarios judiciales. Definicion de situacion juridica. Habeas corpus. Lineamientos de la accion publica. Contenido de la peticion. Informe de captura. Tramite. Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. Investigacion penal. Control medida de aseguramiento. Variacion conducta punible. Exequible, inexequible, inhibida.
Sentencia citada en: 177 sentencias, 17 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, un formulario, 2 noticias
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Alcance/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-No vulneración por diversidad de sanciones
SANCION CORRECCIONAL-Alcance
PODER DISCIPLINARIO DEL JUEZ-No es absoluto/SANCION CORRECCIONAL POR JUEZ-Sujeción al debido proceso/PODER DISCIPLINARIO DEL JUEZ-Sujeción al debido proceso
El poder disciplinario del juez no es absoluto, pues a la luz de la Constitución de 1991, dichas actuaciones deben enmarcarse dentro del ámbito del derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, el poder disciplinario del juez, consistente en la facultad de imponer sanciones correccionales a quienes pretendan obstaculizar o irrespetar la administración de justicia, debe sujetarse al desarrollo previo de un proceso, no obstante éste sea sumario, que garantice al presunto infractor el derecho a la defensa, sin que con ello se desconozca la suprema autoridad de que esta investido el Juez, ni su capacidad y calificación.
MEDIDA CORRECCIONAL-Presupuestos esenciales
Deben cumplirse unos presupuestos esenciales en la imposición de las medidas correccionales, a saber: que el comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las mismas. De este modo, ''se armoniza el ejercicio del poder disciplinario por parte del Juez, esencial para el cumplimiento de sus deberes, y la garantía constitucional de un debido proceso para los ciudadanos, cualquiera sea el tipo de actuación que se surta.''
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección de bienes jurídicos/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-No vulneración por conducta que afecta varios bienes jurídicos
FUNCION PUNITIVA-No convalidación de visión unidimensionalista
PROCESO PENAL-Definición de situación jurídica/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Finalidad de la imposición
INDAGATORIA-Imputación fáctica y no jurídica
ETAPA DE INSTRUCCION-Tipificación definitiva del hecho/CALIFICACION DEL SUMARIO-Tipificación definitiva del hecho punible
DERECHO DE DEFENSA EN INDAGATORIA-Participación en hechos/INDAGATORIA-Medio de defensa del imputado
CALIFICACION DEL SUMARIO-Revocación de situación jurídica provisional
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Facultad del legislador de establecer una sola/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-No hace parte del debido proceso
DETENCION PREVENTIVA-Definición de situación jurídica
DETENCION PREVENTIVA-Imposición
HABEAS CORPUS-Aplicación inmediata
HABEAS CORPUS-Instrumentos internacionales
HABEAS CORPUS-Garantía de libertad, vida e integridad
LEY ESTATUTARIA-Puede contener normas no reservadas/LEY ORDINARIA-No contiene normas estatutarias
La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que las disposiciones que deben ser objeto de regulación por medio de ley estatutaria, concretamente, en lo que respecta a los derechos fundamentales y los recursos o procedimientos para su protección son aquellas que de alguna manera tocan su núcleo esencial o mediante las cuales se regula en forma ''íntegra, estructural o completa'' el derecho correspondiente.
HABEAS CORPUS-Sujeción a trámite estatutario
CODIGO Y LEY ESTATUTARIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Regulación/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LEY ESTATUTARIA DE HABEAS CORPUS-Operancia anterior y posterior
HABEAS CORPUS-Imparcialidad en resolución
HABEAS CORPUS-Competencia e imparcialidad
Quien conoce y decide las peticiones de habeas corpus debe ser un juez o tribunal autónomo e independiente con el fin de garantizar al máximo la imparcialidad y el principio de justicia material, como sucede en otros países, pues la autoridad judicial que debe resolver el habeas corpus, ''necesita toda la dignidad e inviolabilidad que la majestad de la justicia puede otorgar, porque su deber consiste en amparar al débil contra el fuerte, a la persona humana individual contra el poder del Estado utilizado como fuerza opresiva
HABEAS CORPUS-Presentación ante cualquier autoridad judicial
HABEAS CORPUS-Reserva de ley
INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA EN HABEAS CORPUS-Reserva de ley
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos de conveniencia
SISTEMA PENAL EN COLOMBIA-Carácter mixto/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Facultades judiciales
PRINCIPIO DE COLABORACION FUNCIONAL-F.es y jueces
PROCESO PENAL-Es uno sólo
UNIDAD DE JURISDICCION EN PROCESO PENAL-F.es y jueces
RESOLUCION DE ACUSACION-Calificación jurídica provisional
RESOLUCION DE ACUSACION-No definitiva/ETAPA DE JUZGAMIENTO-Variación de la calificación jurídica provisional
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana A.R.G. demandó los artículos 9, 144, 203, 354 inciso 1°, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392 parcial, 404 parcial de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
"Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El F. General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.
"Artículo 382: H.C.. El hábeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.
"1. Acudir ante cualquier autoridad judicial para que decida a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite y la decisión corresponde exclusivamente al juez penal.
"En todo caso se dará aviso a la F.ía General de la Nación y al interesado.
"Artículo 392: Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el F. General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.
"Formulada la petición ante el F. de la Nación o su delegado, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente reparto. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.
"1. Si el F. General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.
"Cuando el proceso sea de competencia del F. General de la Nación, podrá introducir la modificación por medio de memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- El inciso primero del artículo 354 de la misma ley vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, por las siguientes razones: cuando se resuelve situación jurídica, el funcionario judicial asume su posición respecto del cargo y con relación a las pruebas obrantes, lo que trae como consecuencia que la defensa y los demás sujetos procesales rectifiquen, si es el caso, sus estrategias iniciales. De conformidad con el inciso demandado, ''quienes van a poder realizar esa corrección de posición son los sindicados por delitos que tengan, eventualmente, detención preventiva. En los demás eventos, como no es obligatorio resolver situación jurídica, los procesados van a llegar a ciegas al momento de la calificación respecto de los cargos y la valoración de la prueba'', sin existir fundamento alguno para ello. Se constituye entonces, en un acto discriminatorio que afecta la defensa del sindicado. Por lo mismo, señala la demandante, la situación jurídica debe ser resuelta para toda persona vinculada a una investigación penal.
- Los artículos 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 389 de la Ley 600 de 2000, que regulan el H.C., violan el literal a) del artículo 152 de la Constitución, por cuanto, siendo un instrumento constitucional que busca proteger uno de los derechos fundamentales primigenios cual es la libertad, dichas normas deberían hacer parte de una Ley Estatutaria. Añade la demandante que si estas razones no son tenidas en cuenta para declarar inexequibles las citadas disposiciones, entonces se declare la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 382 de la misma ley, por cuanto el artículo 30 de la Carta Política establece que el H.C. puede ser interpuesto en cualquier momento y la norma demandada limita arbitrariamente su interposición al contemplar que si la persona está legalmente privada de su libertad, ya no procede el recurso ante cualquier funcionario judicial sino que la petición debe formularse ante el funcionario que lleva la instrucción.
Igualmente, solicita que se declare inexequible la expresión "juez" incluida en el numeral 1 del artículo 383, inciso 2 del artículo 384, incisos 1 y 3 del 385, 386, 388 e inciso 1 del 389, por violar el artículo 30 del Estatuto Superior, pues en él se dice ''autoridad judicial'', incluyendo así a jueces y magistrados.
- El inciso 2° del artículo 392 de la Ley 600 de 2000 viola los artículos 1°, 2°, 28 y 228 de la Constitución Política. Señala la demandante, haciendo referencia a un pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando revisó la figura del control de legalidad en el Código de Procedimiento Penal anterior, que la medida de aseguramiento comporta la afectación de la libertad de la persona y esa constatación llevó al legislador a rodear su aplicación de una serie de requisitos de orden sustancial y formal. "El plexo normativo revela los dos extremos entre los cuales se mueve la decisión que haya de adoptarse sobre la disposición acusada: de un lado, muestra a la F.ía General de la Nación, constitucionalmente facultada para dictar medidas de aseguramiento y, de otro, recaba sobre la protección de los derechos fundamentales tan caros al modelo institucional introducido con la Carta de 1991. Por lo mismo las labores de investigación, de acusación y las de juzgamiento deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales. En un auténtico Estado de derecho, la coacción que el poder público ejerce, en cuanto involucra la afectación de derechos individuales, debe estar lo suficientemente justificada."
Señala la actora que durante la vigencia de la Ley 81 de 1993, el control de legalidad, por directrices malformadas de la Sala Penal de la Corte de Casación, se redujo a un simple control de forma y, por lo mismo, nunca tuvo operancia, llevando al legislador a que expresamente incluyera el aspecto sustancial, es decir, la prueba. Cuestiona que este control sustancial de la legalidad de la medida de aseguramiento se limite a tres causales, cuando lo que se buscaba era dar plenitud a dicho control, ya que al interior de la F.ía no operan los recursos, toda vez que el F. General de la Nación puede desplazar a cualquier F. delegado. Se debe aspirar a que haya un control por parte del juez lo suficientemente amplio, para que el criterio de la Corte Constitucional, según el cual la "delicada tarea que impone la salvaguardia de los derechos, autoriza, y con creces, la razonable previsión de controles tanto internos como externos a las tareas que realiza la F.ía General de la Nación", no quede en letra muerta.
- Finalmente, la demandante señala en su escrito que la parte final del inciso 2° del numeral 2° del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 es inconstitucional porque de conformidad con el numeral 2° del artículo 250 superior, es función exclusiva de la F.ía General de la Nación calificar las investigaciones realizadas, y si el juez puede decretar la nulidad de la resolución de acusación por insistencia del fiscal en la calificación, entonces, en últimas, quien estaría calificando sería aquél y no el fiscal.
La ciudadana M.S.O.Q., actuando en representación de la F.ía General de la Nación, intervino en este proceso para defender la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
El señor P. General de la Nación, Dr. E.M.V., en concepto No. 2430 recibido el 2 de febrero de 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de los artículos 144 y 354 y la expresión "juez" contenida en los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000, así como la exequibilidad formal de estas normas; declarar la inconstitucionalidad del inciso 2 del numeral 2 del artículo 404 ibídem; estarse a lo dispuesto en la sentencia C-301 de 1993 en relación con el artículo 382 de la misma ley, por existir cosa juzgada material e inhibirse de pronunciarse de fondo sobre el artículo 392 de la citada ley por ineptitud sustancial de la demanda.
- Respecto del inciso 1° del artículo 354, señala el P. que no contraría la Constitución, pues la única medida de aseguramiento imponible conforme a dicha norma es la detención preventiva, y la resolución de situación jurídica es el momento procesal en el cual corresponde adoptar medidas tendientes a garantizar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal (con fundamento en el artículo 250-1 de la Carta) y evitar la alteración de pruebas, por lo cual resulta lógico que sólo en los eventos en que sea procedente la detención preventiva, sea viable y necesario emitir un pronunciamiento sobre si el sumariado puede permanecer en libertad o corresponde imponerle detención preventiva, es decir, definir su situación jurídica.
Por otra parte, la ausencia de resolución de la situación jurídica en los procesos adelantados por delitos respecto de los cuales no procede la detención preventiva no afecta el debido proceso, toda vez que esta decisión no constituye un elemento esencial de la estructura del proceso penal, como sí lo es la resolución calificatoria. Sustenta el P. su argumentación con un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de 1997.
- En cuanto a las normas acusadas que regulan el H.C., el P. aclara que los cuestionamientos que la demandante expone ya fueron objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional, en la sentencia C-301 de 1993, cuando al examinar el artículo 2° de la Ley 15 de 1992, que modificó el artículo 430 del Decreto 2700 de 1991, cuyo texto es idéntico al artículo 382 de la Ley 600 de 2000 hoy demandado, no sólo declaró su exequibilidad integral, sino que adicionalmente reconoció la viabilidad de regular la acción de H.C. dentro del Código de Procedimiento Penal, aunque igualmente deba ser objeto de una Ley Estatutaria por tratarse de un derecho fundamental, en consideración a sus innegables vínculos con la acción penal y constituir un mecanismo de control de legalidad de las medidas restrictivas de la libertad.
Por las anteriores consideraciones, en lo que se refiere al contenido normativo del artículo 382 de la Ley 600 de 2000, el P. solicita estarse a lo dispuesto en la sentencia C-301 de 1993 por existir cosa juzgada material. De igual forma, con base en la referida doctrina constitucional solicita declarar la exequibilidad formal de los artículos acusados, por considerar viable la regulación del H.C. como una forma de control de legalidad, dentro del Código de Procedimiento Penal.
Añade que no existe reparo de constitucionalidad en la asignación de la competencia al juez penal para tramitar y decidir tal recurso, pues con fundamento en el artículo 30 superior, el legislador ha establecido que ésta se pueda invocar ante cualquier autoridad judicial pero que su trámite y decisión corresponde exclusivamente al juez penal. Se apoya en el auto del 4 de julio de 1992 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se expresó que "la norma superior antes transcrita está indicando que el amparo de hábeas corpus puede ser 'invocado' ante cualquier autoridad judicial, sin haber determinado competencia alguna para su trámite y resolución. Por ello, lo que la norma legal atribuye al juez penal, resulta compatible con la disposición constitucional transcrita(...)"
Ahora bien, sobre la competencia del juez colegiado, el P. comparte lo dicho por la Corte Suprema en el mismo auto, que a continuación se transcribe:
- Sobre el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, el P. se abstiene de hacer un pronunciamiento de fondo por cuanto considera que la demandante no expone el concepto de violación ni señala de qué forma y cuáles normas superiores son violadas con la norma acusada, lo cual impide hacer un estudio del texto por ineptitud de la demanda. Considera que una simple mención de una hipotética inconstitucionalidad por omisión no puede considerarse como la formulación concreta de un cargo contra el citado artículo 392. En tal virtud, solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicho precepto legal.
- En lo atinente a la parte final del inciso 2 del numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, el director del Ministerio Público comparte el criterio de la demandante y solicita declarar la inexequibilidad de la expresión acusada, en cuanto faculta al juez para decretar la nulidad de la resolución de acusación cuando el fiscal se opone a variar la calificación jurídica, ya que de esta forma la función de acusación estaría siendo realmente ejercida por el juez y no por la F.ía General de la Nación, como lo dispone el artículo 250-2 de la Carta Política. Señala que por mandato constitucional, las funciones de investigación y juzgamiento de los delitos deben ser y permanecer separadas, según los artículos 29 y 252 superiores. Esta última disposición armoniza con el inciso 3° del artículo 116 ibídem que prohibe a las autoridades administrativas adelantar la instrucción de sumarios y juzgar delitos. Del mismo modo, dice, el artículo 250 de la Ley Fundamental atribuyó en forma clara y expresa la función de investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores a la F.ía General de la Nación.
El P. advierte que la expresión impugnada, al facultar al juez de conocimiento para despojar al fiscal de la acusación e imponerle su valoración jurídica, constituye un mecanismo coercitivo que impide al fiscal expresar en forma independiente, libre y autónoma su criterio jurídico sobre la instrucción y la calificación de la conducta investigada, pues de hacerlo y no compartir las consideraciones del juez sobre dicha calificación, resultaría sancionado con la nulidad de su decisión judicial. De esta forma, además, se establece una nueva causal de nulidad carente de fundamento, cual es la discrepancia de criterios entre el juez y el fiscal de conocimiento sobre la calificación jurídica de la conducta en la etapa de juicio.
Por todo lo anterior, considera el P. General de la Nación se debe declarar inexequible la expresión "si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación" contenida en la norma demandada. Por último, aclara que en el evento de persistir el fiscal en la calificación jurídica dentro de la audiencia, deberá entenderse que corresponde al juez dictar sentencia en consonancia con la resolución calificatoria o absolver.
Parágrafo 2º del artículo 144 de la Ley 600 de 2000
Se desprende del principio de la cosa juzgada y fue expresamente consagrado en el artículo 8 de la ley 599 de 2000 bajo el Título 1, ''De las normas rectoras de la ley penal colombiana'', como uno de los pilares que debe orientar y permear todas las actuaciones judiciales en materia penal, en los siguientes términos:
''Prohibición de la doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales.''
El non bis in idem ha sido materia de varios pronunciamientos de esta Corporación, en los cuales se ha definido en qué consiste y cuál es su alcance. En sentencia T-162 de 1998 M.P.E.C.M., la Corte se refirió a él de la siguiente manera:
''Non bis in idem, es una expresión latina que significa ''no dos veces sobre lo mismo'', ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras que no debe resolverse dos veces el mismo asunto.
...el principio de non bis in idem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada al ámbito del ius puniendi, esto es, al campo de las sanciones tanto penales como administrativas... equivale en materia sancionatoria, a la prohibición de someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta'', que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in idem.''
''...encuentra la Corte que la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes. Lo anterior - valga anotarlo - tampoco significa sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, esto es, contrariar al principio ''non bis in idem'', toda vez que se trata de determinaciones de naturaleza particular tomadas para cada caso por autoridades de competencia también diferente.'' Sentencia C-037 de 1996, M.P. V.N.M.
''...durante el desarrollo de un determinado proceso, las partes actúan, no frente a la persona del juez, la cual amerita respeto, sino ante el pueblo soberano que ha depositado en aquel la facultad que le es propia de impartir justicia, lo que hace que la relación no sea simétrica, entre ciudadanos, sino asimétrica, entre éstos y la majestad misma de la justicia, a la cual se someten y le deben el máximo respeto y consideración; de ahí la gravedad de aquellos comportamientos que impliquen irrespeto, pues no sólo se están desconociendo los derechos del juez como individuo, sino los del pueblo soberano representado en él; ello, por sí solo, justificaría la constitucionalidad del poder disciplinario que se le otorga al funcionario a través de las normas impugnadas, poder cuestionado por el actor, para quien dicha facultad atenta, en el marco de un Estado Social de Derecho, contra el derecho fundamental al debido proceso.'' Sentencia C-218 de 1996, M.P. F.M.D.
''... se armoniza el ejercicio del poder disciplinario por parte del Juez, esencial para el cumplimiento de sus deberes, y la garantía constitucional de un debido proceso para los ciudadanos, cualquiera sea el tipo de actuación que se surta.''
Artículo 354 inciso 1 de la ley 600 de 2000
''La providencia que resuelve la situación jurídica, es producto de un proceso deductivo que hace el juez de los hechos y las pruebas que existen en el proceso. Por tanto, su requisito esencial lo constituye la existencia de una imputación fáctica más no jurídica, que le permita al sindicado ejercer en debida forma su derecho de defensa.
Por tanto, lo importante es hacer referencia en la indagatoria a todos los hechos y conductas que se investigan e imputan al indagado, mas no expresamente mencionar un tipo penal por su denominación jurídica. Si no se indaga sobre algunos hechos, es claro que la providencia en que se resuelve la situación jurídica no pueda fundarse en ellos, razón por la que se requiere una nueva citación para ampliar la indagatoria inicialmente presentada.'' Sentencia T-121 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía
En efecto, en la diligencia de indagatoria el indagado puede voluntariamente rendir las explicaciones necesarias para su defensa, suministrado información respecto de los hechos que se investigan y que de manera provisional puedan adecuarse a un determinado tipo penal. De esta forma, la diligencia de indagatoria es el primer medio de defensa del imputado en el proceso, a través del cual explica su posible participación en los hechos. A su vez, es fuente de prueba de la investigación penal, porque le permite al juez hallar razones que orienten la investigación a la obtención de la verdad material. Por eso resulta equivocado pensar que en el auto que resuelve la situación jurídica del indagado debe hacerse la calificación jurídica de los delitos que se investigan Sentencia T-439 de 1997 M.P.V.N.M., pues, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia:
''... es la misma ley la que dispone indagar por los hechos estructurantes de la imputación y de los cuales emerge posteriormente (primero al resolverse la situación jurídica y luego al calificarse el proceso) la acomodación jurídica que a ellos debe dársele. Porque el sindicado, al defenderse de los hechos concretos, en principio, ya se está defendiendo de la hipotética adecuación que en derecho éstos merezcan'' Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 31 de agosto de 1995. Proceso Nº 9193. M.P.: F.A.R...
''... es un evidente desconocimiento de la realidad procesal (...) creer que la apreciación probatoria que se haga en el auto mediante el cual se define la situación jurídica del indagado, no puede ser modificada al momento de calificar el mérito del sumario sin que hayan surgido nuevas pruebas, como si con esa decisión se diera por consolidada una determinada situación de manera absoluta. No hay ninguna disposición procesal que impida que al momento de calificar el sumario se dé a los hechos una denominación jurídica distinta a la del auto de detención, ni que la valoración probatoria sea diferente, pues por su propia naturaleza la definición de la situación jurídica es provisional, y por lo mismo de ejecutoria formal, susceptible de revocatoria'' Cfr. Proceso Nº 7830. M.P.: R.C.R...
''No se puede interpretar en el sentido de que las reglas legales plasmadas para los distintos procesos sean inmodificables, pues el legislador tendrá siempre las posibilidades de introducir en ellas las variaciones y adaptaciones que estime indispensables. Lo que la Constitución exige es la observancia de la normatividad en el curso de los procesos y en modo alguno la petrificación de ella.'' Sentencia C-491 de 1996, M.P.J.G.H.G..
Definición sólo en los casos en los que proceda la detención preventiva
Artículos 382 a 389 de la ley 600 de 2000
Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.
La acción debe resolverse en el término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de inmediato su libertad." GACETA CONSTITUCIONAL número 82, página 12.
''El habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el habeas corpus es parcial o totalmente suspendido.''
Los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;
La organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y funciones electorales;
Las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; y
Con esta clase de leyes quiso el constituyente ''dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad.'' C-425/94 M.P.J.G.H.G.
En cuanto a la regulación de los derechos fundamentales y de los recursos y procedimientos para su protección, la Corte ha señalado que mediante ley estatutaria no se ''supone que toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la competencia del legislador ordinario'' ibidem. La ley estatutaria si bien debe ''desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, ellas no fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos, pues, de algún modo, toda la legislación, de manera más o menos lejana, se ve precisada a tocar aspectos que con ese tema se relacionan (...)los derechos fundamentales pueden verse afectados directa o indirectamente, de una u otra forma, por cualquier regla jurídica, ya en el campo de las relaciones entre particulares, o en el de las muy diversas actividades del Estado. En últimas, en el contenido de todo precepto se encuentra, por su misma naturaleza, una orden, una autorización, una prohibición, una restricción, una regla general o una excepción, cuyos efectos pueden entrar en la órbita de los derechos esenciales de una persona natural o jurídica." sent. C-13/93 y C-311/94 MM. PP. E.C.M. y V.N.M., respectivamente
En consecuencia, ha considerado la Corte que la exigencia de ley estatutaria ''no podría conducir al extremo contrario del que, por exagerado, se ha venido desechando -el de que pueda el legislador afectar el sustrato mismo de los derechos fundamentales mediante ley ordinaria-, en cuanto ello representaría la nugatoriedad de los artículos 152 y 153 de la Constitución y, lo que es más grave, la pérdida del especialísimo sentido de protección y garantía que caracteriza a nuestro sistema constitucional cuando de tales derechos se trata. La regulación de aspectos inherentes al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la que signifique consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los mismos, únicamente procede, en términos constitucionales, mediante el trámite de ley estatutaria.''
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido como "la naturaleza jurídica de cada derecho, esto es, el modo de concebirlo o configurarlo (...) Desde esta óptica, constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito, sin las cuales el derecho se desnaturalizaría" Sent. C-179/94 M.P.C.G.D.. Igualmente, se ha dicho que el núcleo esencial se refiere a "los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula del derecho. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte del contenido del mismo que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De ese modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección" ibid..
No obstante lo anterior, la Corte también ha aceptado la tesis de ''que cuando el legislador asume de manera integral, estructural o completa la regulación de un tema de aquellos que menciona el artículo 152 superior, debe hacerlo mediante ley estatutaria, aunque dentro de esta regulación general haya disposiciones particulares que por su contenido material no tengan el significado de comprometer el núcleo esencial de derechos cuya regulación se defiere a este especial proceso de expedición legal. Es decir, conforme con el aforismo latino que indica que quien puede lo más puede lo menos, una ley estatutaria que de manera integral pretende regular un asunto de los que enumera la precitada norma constitucional, puede contener normas cuya expedición no estaba reservada a este trámite, pero en cambio, a la inversa, una ley ordinaria no puede contener normas particulares reservadas por la Constitución a las leyes estatutarias.'' Sents. C-251/98 y C-1338/00 MMPP. J.G.H.G., A.M.C., C.P.S.
En síntesis: la jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que las disposiciones que deben ser objeto de regulación por medio de ley estatutaria, concretamente, en lo que respecta a los derechos fundamentales y los recursos o procedimientos para su protección son aquellas que de alguna manera tocan su núcleo esencial o mediante las cuales se regula en forma ''íntegra, estructural o completa'' el derecho correspondiente.
En el artículo 385 se establece el procedimiento a seguir cuando la persona haya sido capturada: "Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que remita la petición de habeas corpus, y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquella, solicitará por el medio más eficaz, información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se le dará respuesta inmediata, remitiendo copìa de las diligencias adelantadas contra el capturado. Se podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión una información urgente sobre todo lo concerniente a la captura. El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada. En todo caso se dará aviso a la F.ía General de la Nación y al interesado."
Quien conoce y decide las peticiones de habeas corpus debe ser un juez o tribunal autónomo e independiente con el fin de garantizar al máximo la imparcialidad y el principio de justicia material, como sucede en otros países, pues la autoridad judicial que debe resolver el habeas corpus, ''necesita toda la dignidad e inviolabilidad que la majestad de la justicia puede otorgar, porque su deber consiste en amparar al débil contra el fuerte, a la persona humana individual contra el poder del Estado utilizado como fuerza opresiva....'' S.V.C., El habeas corpus, garantía de la libertad, 2 edición, Buenos Aires, E.. P..
Igualmente, vale la pena señalar respecto de esta misma disposición y del artículo 383 que asigna únicamente al juez penal la competencia para resolver las peticiones de habeas corpus, que la Constitución es clara al señalar en el artículo 30, que éste se puede interponer ante ''cualquier autoridad judicial''.
Artículo 392 inciso 2° de la ley 600 de 2000
Artículo 404 numeral 2 inciso 2° de la ley 600 de 2000
6.1. Facultades judiciales de la F.ía General de la Nación
La Constitución de 1991 ha establecido algunos elementos propios del llamado sistema acusatorio en materia procesal penal, pues distingue las funciones de investigación y acusación, y la de juzgamiento, de tal forma que corresponde a la fiscalía investigar y calificar y al juez adelantar la etapa del juicio y tomar la decisión final. Así pues, la F.ía hace parte de la rama judicial y en tal virtud, le han sido asignadas por la Constitución una serie de funciones y facultades determinadas (art. 250), de modo que se le ha atribuido la titularidad de la acción penal y la dirección de las investigaciones penales, en tanto que se ha reservado a los jueces el juzgamiento que comprende la adopción de la decisión que resuelve el proceso.
Sin embargo, es menester aclarar que el procedimiento penal no obedece a un sistema acusatorio puro, pues de ser así, el ente acusador no haría parte de la rama judicial, lo que ocurre en el sistema colombiano, donde la fiscalía hace parte de esta rama del poder. Es por ello que esta Corte ha sostenido que el sistema colombiano es mixto, pues si bien existe una diferencia de funciones entre los fiscales y los jueces, ambos poseen, dentro de la órbita de sus competencias, facultades judiciales Sentencia C-609 de 1996, MM.PP. A.M.C. y F.M.D..
Ahora bien, aunque fiscales y jueces tengan funciones distintas dentro del proceso penal, esto no significa que exista una absoluta separación de funciones, pues conforme al principio de colaboración funcional (CP art. 113), es razonable que la ley permita la intervención de los jueces durante la etapa de instrucción y de los fiscales en la de juzgamiento. En efecto, así como en virtud del sistema acusatorio mixto consagrado por el constituyente, los fiscales intervienen en el juicio como sujetos procesales, así mismo, con base en el criterio de colaboración armónica entre fiscales y jueces, esta Corporación ha considerado que son constitucionales disposiciones como las que permiten el control por parte de los jueces de las medidas de aseguramiento. Sentencia C-395 de 1994, M.P.C.G.D..
"Conforme al principio acusatorio es natural que los fiscales intervengan en el juicio, como sujetos procesales, pues una de la ideas esenciales de este sistema, parcialmente adoptado por el Constituyente, es que la verdad procesal surja de un debate contradictorio entre los argumentos de la acusación y de la defensa frente a un tercero imparcial, que es el juez. Es congruente con el espíritu garantista de la Carta que se extremen los rigores frente a medidas que, como los autos de detención o las órdenes de allanamiento, limitan derechos fundamentales, como la libertad o la intimidad, por lo cual es perfectamente legítimo que el Legislador pueda establecer la intervención facultativa u obligatoria de los jueces durante esta fase instructiva, con el fin de controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales." Op. Cit. Sentencia C-609 de 1996
Así las cosas, no existe una división infranqueable entre la fase de instrucción y la etapa de juzgamiento. El proceso penal es uno sólo, conformado por diferentes etapas no excluyentes entre sí, sino, por el contrario, complementarias, pues lo que se busca es la consecución de la verdad, tanto en la etapa de investigación que adelanta el fiscal, como a lo largo de la etapa de juzgamiento, en aras de hacer efectivo el principio de justicia material. En consecuencia, no se puede pretender que el juez quede atado a las decisiones del fiscal, máxime teniendo en cuenta que en él radica la decisión final del proceso Sentencia T-439 de 1997, M.P.V.N.M.. Ciertamente,
"... cabe resaltar, una vez más, la colaboración e intercomunicación entre fiscales y jueces que como miembros de la rama judicial no se excluyen, pudiendo estos últimos intervenir en la fase instructiva, sin desconocer, claro está, las competencias señaladas a los primeros. La inclusión de la F.ía General de la Nación dentro de los órganos que administran justicia, permite aseverar la existencia de la unidad de jurisdicción, razón de más para sostener que el control de legalidad previsto en el artículo 414A del Código de Procedimiento Penal, no constituye una injerencia indebida en las actuaciones de la F.ía sino que obedece a la complementariedad de las labores que desempeñan distintos funcionarios judiciales, al principio de economía procesal, ya que va a permitir subsanar posibles fallas y desaciertos, garantizando una etapa de juzgamiento depurada de vicios, y, por contera, al propósito inabdicable de proteger celosamente los derechos del procesado." Op. Cit. Sentencia C-491 de 1996
"la provisionalidad de la calificación - que, por supuesto implica la posterior facultad judicial de modificarla - cobra sentido en esta etapa procesal por cuanto mediante la resolución de acusación se da lugar al juicio, con base en unos motivos estimados suficientes por la F.ía a la luz de las reglas procesales aplicables y como resultado de la investigación, pero no se decide, lo cual corresponde al juez, de acuerdo con la estructura del proceso penal en el sistema acusatorio previsto por la constitución.
Basta sugerir, a título de ejemplo, lo que acontecería si - en el supuesto de una norma legal como la quiere la demandante -, calificado el hecho punible bajo un determinado tipo legal en la resolución de acusación y hallado en el curso del proceso que el sindicado no cometió ese delito, sino otro, plenamente probado, fuera imposible para el juez proferir el fallo de condena en cuanto le estuviera vedado modificar la calificación jurídica inicial. El delito, entonces, por mal calificado, quedaría impune, frustrándose el postulado constitucional que obliga al Estado a realizar un orden justo." Ibid
Así pues, se entiende que la resolución de acusación no es definitiva Ver también Sentencia C-541de 1998, M.P.A.B.S. ya que el proceso penal no se agota en la etapa de instrucción, de modo que durante la etapa de juzgamiento el juez puede modificarla si, luego del análisis del acervo probatorio, encuentra que el delito establecido por el fiscal en la acusación no corresponde a la conducta realmente llevada a cabo por el procesado. Op. Cit. Sentencia T-439 de 1997 Es inadmisible entender que la posibilidad de modificar la calificación jurídica vulnera el derecho de defensa, ya que sería absurdo sostener que su protección radica en la permanencia en el error o la omisión en que haya podido incurrir el fiscal al proferir dicha providencia. Adicionalmente, la provisionalidad de la calificación responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, toda vez que protege la presunción de inocencia, la cual sólo se desvirtúa con la sentencia condenatoria. Así,
"si las diligencias iniciales dentro del proceso daban lugar para pensar algo que en el curso del mismo se demuestra equivocado o susceptible de ser corregido, la obligación del juez al adoptar decisión de mérito es la de declarar que el equívoco o la inexactitud existieron, dilucidando el punto y resolviendo de conformidad con lo averiguado, y en ello no se ve comprometida la defensa de la persona sometida a juicio, quien accede a la justicia precisamente para que se defina su situación, fundada en la verdad real y no apenas en calificaciones formales ajenas a ella." Op. Cit. Sentencia C-491 de 1996
La Corte no comparte entonces el criterio de la demandante y del P., cuando afirman que al facultar al juez para declarar la nulidad de la resolución de acusación se estaría violando el ámbito de competencia del fiscal, pues de sostenerse que la decisión del fiscal debe quedar incólume, es decir, que sea inmodificable por el juez, se caería en el absurdo de avalar la permanencia en el error con la excusa de estar protegiendo los ámbitos de competencia del juez y del fiscal.
Auto nº 261/02 de Corte Constitucional, 6 de Noviembre de 2002