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Timestamp: 2014-03-11 15:43:25
Document Index: 186163033

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 231', 'artículo 24', 'artículo 60', 'artículo13', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 98', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 131', 'artículo 21']

› Observatorio de Justicia Constitucional» Derechos ColectivosTabla de ContenidosMostrando únicamente secci�n 44. Protección del espacio público4.1. Concepto de espacio público
La Corte ha definido el concepto de espacio público como el conjunto de inmuebles públicos, los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes nota 1
Corte Constitucional, Sentencia SU-360-99 Reiterada por T-983-00 , SU-601A-99 , T-754-99 , T-706-99 , T-364-99 , T-499-99 , T-900-99 , T-940-99 4.2. Prohibición de efectuar cerramientos de construcciones que impliquen apropiación del espacio público
Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001, por la cual se expedía el régimen de propiedad horizontal. La norma permitía a determinadas construcciones solicitar a la autoridad urbanística, licencia para convertirse en Unidad Inmobiliaria Cerrada, siempre que con ello no se afecte significativamente, el espacio público existente. La Corte se refiere a la consagración constitucional del derecho a gozar del espacio público, como derecho colectivo que exige al Estado velar por su protección y conservación impidiendo, entre otras cosas, (i.) la apropiación por parte de los particulares de un ámbito de acción que le pertenece a todos, (ii.) decisiones que restrinjan su destinación al uso común o excluyan a algunas personas del acceso a dicho espacio (iii.) la creación de privilegios a favor de los particulares en desmedro del interés general.
De acuerdo con la Corte, si bien el legislador debe sentar unos parámetros generales que orienten la actuación de la administración en materia de espacio público, no puede exigírsele regular en detalle una materia esencialmente variable según las circunstancias fácticas, cuya regulación concreta obedece a consideraciones de orden técnico y compete a autoridades administrativas, en principio, locales. Por eso, las disposiciones legales que desarrollan la manera como se articulan la protección del espacio público frente a los derechos de los particulares, deben trazar criterios inteligibles que constituyan una pauta clara de la acción administrativa al respecto, en lugar de acudir a expresiones tan vagas que no ofrezcan un parámetro que oriente a la administración y a los jueces que controlarán sus actos.
En estos eventos será preciso que el legislador señale, al menos, las finalidades que han de guiar a la administración y los criterios materiales que orientarán la regulación para alcanzarlas. La Corte declaró inexequible el inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675/01, por cuanto el cerramiento del espacio público por parte de un grupo de propietarios privados para su beneficio particular representa, una afectación permanente y grave del espacio público. Dicho cerramiento se traduce en la práctica en la apropiación de una porción del espacio público por unos particulares y en la consecuente exclusión del resto de los habitantes del acceso a un espacio destinado por mandato constitucional al uso común. Condicionar la posibilidad del cerramiento a una autorización administrativa, sin señalar criterios que impidan dicha apropiación y exclusión, resulta insuficiente para proteger los bienes constitucionalmente garantizados. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia C-265-02 4.3. Deber de recuperación del espacio público frente a vehiculos estacionados en lugares prohibidos
Se demandó el numeral 186 del Decreto 1809 de 1990, que modificó el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito, pues a juicio del actor, quienes recogen los carros que ocupan indebidamente el espacio público, lo hacen sin contar con la respectiva orden judicial, toda vez que se trata de empleados administrativos que carecen de la competencia legal para adelantar dicha labor. Censura que sea un inspector de tránsito quien resuelve la situación jurídica del vehículo retenido cuando es llevado a los patios, por carecer de autorización para ello, dado el carácter administrativo de su investidura. De acuerdo con la Corte, la medida contemplada en la norma tiende a proteger el espacio público y su destinación al uso común, garantizar la libertad de locomoción (artículo 24 Constitución Política), así como la vida y la integridad de las personas que transitan por las vías públicas o las zonas de uso común.
El retiro por parte de las autoridades de tránsito de los vehículos que se encuentran estacionados en zonas prohibidas, o abandonados en la vía pública, no es una medida que tenga que ser adoptada por los jueces de la República, toda vez que se trata de un acto de carácter preventivo respecto de una situación que requiere una acción inmediata por parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de todos y por el normal desenvolvimiento de las actividades en el área de su jurisdicción. La medida no puede asimilarse a la figura de la extinción de dominio ni al decomiso definitivo de bienes, pues únicamente se trata de la aprehensión de un vehículo de manera temporal y con el único objetivo de permitir la libre circulación de personas.
Se trata de una decisión de aplicación inmediata que comporta una medida de carácter policivo preventiva y correctiva respecto del uso indebido de la propiedad, con el fin de permitir la circulación de personas y cosas. El artículo demandado no faculta a las autoridades de tránsito para definir la situación jurídica del bien retenido, sólo se refiere al deber de retirar los vehículos y a su conducción a los patios oficiales o estacionamientos autorizados. La medida es razonable, pues resulta idónea para proteger los valores y derechos constitucionales que pueden resultar afectados por el indebido uso del espacio público y por el abuso de la propiedad privada. Por lo anterior se declaró exequible la norma demandada. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia C-1408-00 4.4. Improcedencia general de la tutela para proteger el derecho al espacio público
El actor, dueño de un predio frente al mar, consideró violados sus derechos al uso del espacio público y a la igualdad, debido a que el municipio permite que algunas personas establezcan negocios en las playas. La Corte consideró que no es cierto que su utilización del espacio público constituya un derecho constitucional fundamental, pues su ubicación dentro del cuerpo de la Carta Política, la relación que guarda con el interés general y el hecho de no ajustarse a ninguno de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional para tenerlo por fundamental, claramente sugieren la idea de que se trata de un derecho constitucional colectivo, que se desprende de la obligación del Estado colombiano de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común.
La forma en que se utilice el espacio público, en cambio, puede incidir en la violación de un derecho constitucional fundamental, de manera tal que afecte su núcleo esencial, evento en el cual esa facultad puede protegerse mediante la acción de tutela, no tanto para rescatar la utilización del espacio público en sí, sino para defender aquellos derechos fundamentales amenazados o efectivamente vulnerados. En principio, el uso del espacio público, en tanto derecho constitucional de carácter colectivo, solamente puede protegerse por vía de acciones populares y no en ejercicio de la acción de tutela ya que ésta fue establecida por el Constituyente como medio excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas. Por lo anterior se rechazó la acción por improcedente. nota 1
En otro caso, el actor consideró violado su derecho al espacio público por la negligencia de la administración municipal, que ha permitido que una entidad privada, use el espacio público como propio, haciendo referencia al cercamiento por parte de entidad privada de una bahía pública, hecho ilegal que dado el tráfico de la ciudad trae consecuencias graves para la comunidad.
La Corte expresó que, si bien es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la forma en que se utilice el espacio público, puede incidir en la violación de un derecho constitucional fundamental, de manera tal que afecte su núcleo esencial, evento en el cual la acción de tutela se hace procedente, no tanto para rescatar la utilización del espacio público en sí, sino para defender aquellos derechos constitucionales fundamentales amenazados o efectivamente vulnerados, también lo es que el juez de tutela debe ser precavido de no entrar a definir situaciones que, por su carácter, escapan de la competencia asignada a él por la Constitución, conducta que no sólo puede resultar desconocedora de las funciones asignadas a otros funcionarios, sino de derechos fundamentales de los sujetos en conflicto, incluso de terceros, como lo serían, por ejemplo, el derecho al debido proceso y el derecho de contradicción. Por lo anterior se negó la tutela. nota 2
Los accionantes sostuvieron que el cierre de un parque, vulnera su derecho al espacio público. Para la Corte es claro que, en ausencia de una situación jurídica en la que se encuentren comprometidos derechos fundamentales, no es dable a la Corte emitir conceptos y absolver dudas sobre hipótesis extrañas a problemáticas de carácter judicial. Por lo anterior se negó la tutela, ya que no existe relación entre los derechos invocados y derechos fundamentales amenazados o vulnerados. nota 3
Corte Constitucional, Sentencia T-530-97 Corte Constitucional, Sentencia T-664-99 , ver tambi�n T-114-94 Corte Constitucional, Sentencia T-395-95 4.5. Procedencia excepcional de la tutela frente al derecho al espacio público cuando se afectan derechos fundamentales
El accionante, representante de una liga de fútbol, instauró tutela por considerar que la administración violó su obligación de proteger el espacio público. Esto se debió a la concesión que hizo, para que en un estadio de fútbol se llevara a cabo un festival, inutilizando el estadio por un lapso de tiempo para la recreación y poniendo en peligro las instalaciones del mismo. La Corte sostuvo que la protección del espacio público es una obligación del Estado, sin embargo el cumplimiento de esta no puede llegar a vulnerar otros derechos. La Corte ha reiterado en otros casos, que cuando se enfrenta otro derecho a la protección del espacio público, a lo que se debe llegar es a un acuerdo. El caso del derecho a la recreación no es diferente, se debe sopesar perjuicios y beneficios e intentar llegar a un acuerdo.
En el caso bajo estudio, se concedió la tutela de manera transitoria, por cuanto era necesario proteger tanto el derecho a la práctica del deporte de los jugadores que utilizan habitualmente el Estadio, pues este derecho se ve afectado frente al peligro que representa para su integridad física, la presencia de vidrios, puntillas, escombros, etc., en el campo de juego, como el derecho a la recreación de los espectadores adictos a tal deporte. nota 1
En otro caso, el actor, en su condición de sacerdote, consideró violado su derecho a la libertad de culto, ya que se le ha impedido desarrollar sus servicios de guía en el cementerio de la ciudad donde habita. La Corte ha sostenido que la doctrina constitucional sobre prevalencia de los derechos fundamentales impide que, so pretexto de defender el espacio público, se sacrifique la libertad de la persona para efectuar actos propios del culto en ámbitos que se consideran integrantes de aquél, negándole en absoluto toda práctica ceremonial o de divulgación religiosa.
Esto se fundamenta en el hecho de que el núcleo esencial de la libertad de cultos está constituido por las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de dar testimonio externo de las propias creencias, en espacios abiertos o cerrados, siempre que, al expresar mediante el culto las convicciones espirituales que se profesan, quien lo lleva a cabo no cercene ni amenace los derechos de otros, ni cause agravio a la comunidad, ni desconozca los preceptos mínimos que hacen posible la convivencia social.
Por esto la Corte estableció que, las autoridades y personas encargadas de la administración de un camposanto pueden introducir reglas de comportamiento en su interior. Pero, para que tales reglamentos internos se avengan a la garantía constitucional de la libertad de cultos, es indispensable que las restricciones impuestas sean también razonables y no impliquen prohibición absoluta o limitación permanente a la libre expresión religiosa. Esta, como regla general, debe estar a disposición de todas las personas, sin discriminaciones entre ellas. En consecuencia, se concedió la tutela y se ordenó al administrador del cementerio abstenerse de obstaculizar al actor la práctica del culto religioso. nota 2
Corte Constitucional, Sentencia T-252-93 Corte Constitucional, Sentencia T-602-96 4.6. Armonización del conflicto entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes4.6.1. Deber de reubicación de los vendedores ambulantes
Los accionantes, vendedores informales, alegaron la violación de su derecho al trabajo, ya que la administración expidió un decreto que prohibió la instalación de ventas callejeras en un amplio sector del centro del municipio, lo que les privó de su actividad laboral de la cual derivaban la subsistencia propia y la familiar. La Corte expresó que del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes. Sin embargo, su ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución.
Esto significa que, cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. Por lo anterior se negó la acción de tutela y se ordenó a la entidad competente reubicar a los vendedores afectados, de forma tal que se les garantice su derecho al trabajo y se proteja el espacio público. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-225-92 reiterada por T-983-00 , T-372-00 , T-398-97 , T-091-94 reiterada por T-372-00 , T-754-99 , T-706-99 , T-364-99 , T-499-99 , T-900-99 , T-940-99 , T-983-00 , T-778-98 , T-135-10 4.6.2. Presupuestos para la reubicación de los vendedores desalojados
La actora vendedora informal, consideró violado su derecho al trabajo, por haber sido desalojada del espacio público, por un agente de la Policía. De acuerdo con la Corte, aceptar que quien de manera ilegítima, esto es sin autorización de autoridad competente, ocupe un espacio público, automáticamente se hace acreedor al derecho de ser reubicado en otro espacio público, daría paso a la prevalencia de la arbitrariedad y las vías de hecho, y al menoscabo de la autoridad de los alcaldes en tanto jefes superiores de policía de sus respectivos municipios.
Para que los derechos de las personas puedan ser reivindicados como tales han de originarse o configurarse en hechos y situaciones de legitimidad, esto es de acuerdo con la Constitución y la ley, no pueden las personas configurarlos a través de acciones arbitrarias que desconozcan sus disposiciones o atenten contra derechos de terceros. Por esto en aquellos eventos en que las autoridades locales se propongan recuperar el espacio público ocupado por comerciantes informales, deberán diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación, con el objeto de conciliar los intereses que se enfrentan. Se trata de lograr soluciones que hagan compatible la prevalencia de la obligación del Estado de recuperar el espacio público sobre los intereses particulares, sin que por eso éste se despoje de su deber de proteger y garantizar el derecho al trabajo de las personas que resulten afectadas con sus decisiones.
Sin embargo se debe dejar claro que, la obligación que le corresponde cumplir al Estado, de reubicar, en caso de desalojo por motivos de interés general, a los vendedores ambulantes que venían ocupando debidamente autorizados un determinado espacio público, se genera siempre que se den los siguientes requisitos: a) Que la medida se genere en la necesidad de hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. b) Que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado instalados allí. c) Que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas autoridades, a través del respectivo permiso o licencia. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-160-96 4.6.3. La protección del espacio público no impide el derecho al trabajo
Los actores, vendedores ambulantes, consideraron violado su derecho al trabajo debido al decreto que ordenó la recuperación del espacio público donde se desempeñaban como vendedores informales. La Corte afirma que las reglas diseñadas para la preservación del espacio público, desde que sean razonables, no pueden ser consideradas como un impedimento para la libertad de las personas sino la base misma de esa libertad, extendida y articulada para todos. En consecuencia los ciudadanos deben sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la comunidad y de sus deberes constitucionales.
Para la Corte, siendo prerrogativa de los Concejos Municipales reglamentar el uso del suelo, también a ellos les compete, designar los sitios susceptibles de ser ocupados con determinada actividad, hecho que no se opone a la libertad constitucional de escoger profesión u oficio. El fundamento de tal libertad está en la posibilidad de escoger la actividad que el individuo quiere desarrollar sin que pueda ser constreñido u obligado a no ejercerla, lo que no excluye la facultad de las autoridades de establecer límites y restricciones a su práctica en guarda del interés general. Con respecto al derecho al trabajo, la Corte señaló que, el conflicto entre el deber del Estado de recuperar y proteger el espacio público y el derecho al trabajo, ha sido resuelto en favor del primero de éstos, por el interés general en que se fundamenta.
Pero se ha reconocido, igualmente, que el Estado en las políticas de recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes. Sin embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. Se entiende que el comercio informal requiere lugares estratégicos para que la actividad sea más productiva, pero ello no significa que las autoridades competentes no puedan disponer de los sitios que consideren más convenientes. Por lo anterior, se concedió la tutela para proteger el derecho al trabajo de los actores y se ordenó al Alcalde realizar lo necesario para reubicarlos. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-372-93 4.6.4. Requisitos para la legitimidad de los planes de restituci�n del espacio p�blico ocupado por comerciantes informalesAl conocer de una acción de tutela instaurada por vendedores ambulantes que fueron desalojados de un parque público tras un atentado terrorista en un sector de éste, la Corte Constitucional precisó los requisitos para la legitimidad, desde la perspectiva constitucional, de los planes de restitución del espacio público ocupado por comerciantes informales que ejercen esta actividad bajo el amparo de la confianza legítima.
De acuerdo con ellos, las autoridades están enteramente facultadas para llevar a cabo acciones tendientes a la recuperación y preservación del espacio público, a condición que:
i) se adelanten con observancia del debido proceso y el trato digno a quienes resulten afectados con la política; ii) se respete la confianza legítima de los comerciantes informales; iii) estén precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia entre su alcance y las características de dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales a través del ofrecimiento de alternativas económicas a favor de los afectados con la política; y iv) se ejecuten de forma tal que impidan la lesión desproporcionada del derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, al igual que la privación a quienes no cuentan con oportunidades de inserción laboral formal de los únicos medios lícitos de subsistencia a los que tienen acceso.
En el caso concreto, la Corte encontró que las autoridades accionadas habían ejecutado ya las acciones tendientes a garantizar los derechos de los vendedores ambulantes que habían interpuesto la acción de tutela. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-465-06 4.7. Principio de la confianza legítima
El actor discapacitado consideró violado su derecho al trabajo por haber sido desalojado de su puesto de trabajo, dentro del programa de recuperación del espacio público que realizó la administración del lugar donde reside. La Corte parte del principio de confianza legítima, según el cual, la administración debe facilitar a todos aquellos que desempeñaban la actividad respecto de la cual se ha producido el cambio en las políticas administrativas, una adaptación razonable en términos que la implantación abrupta de los nuevos criterios no signifique daño o perturbación para el ejercicio de sus derechos, cuando la administración decida sorpresivamente prohibir una actividad o práctica que era permitida, lícita y aun auspiciada por la autoridad.
No significa ello que la protección de la confianza legítima se erija en impedimento absoluto para que las autoridades adopten políticas innovadoras, menos todavía si lo hacen en desarrollo de mandatos emanados del propio orden jurídico, como acontece con la preservación, conservación y recuperación del espacio público, que tiene sustento en la Constitución y en el Código Nacional de Policía. Lo que ocurre es que tales correcciones en el rumbo de la gestión administrativa y en la adecuación de los procedimientos a los imperativos sociales no pueden desconocer la dignidad humana ni los derechos fundamentales de quienes habían venido actuando objetivamente fundados en la confianza legítima que en ellos provocaba el habitual comportamiento de las autoridades. Por lo anterior, se concede la acción de tutela a aquellos vendedores que probaron la violación del derecho al trabajo. nota 1
Los solicitantes manifestaron que se han venido desempeñando desde hace varios años como vendedores estacionarios y que, reconociendo el interés de la pasada Administración Distrital de proteger el espacio público, crearon una cooperativa en la zona y presentaron ante la Junta Administradora Local un proyecto de desarrollo con el fin de acceder a recursos que les permitieran construir un centro comercial y lograr una cofinanciación de su proyecto. La Junta Administradora Local en la pasada administración distrital, debatió e incluyó dentro del plan de desarrollo local, el proyecto mencionado. La nueva administración local desconociendo el acuerdo anterior y en cumplimiento de la política establecida por la Administración central, inició los procesos policivos tendientes al desalojo del espacio público de todos los vendedores que se encontraban en la zona.
Los vendedores consideraron violados sus derechos a la igualdad, al trabajo y los derechos de los niños, al desconocerse de plano el derecho adquirido con el acuerdo logrado con la administración anterior. De acuerdo con la Corte, otra definición que se le puede dar al principio de la confianza legítima es la fórmula de conciliación conforme a la cual la administración cumpla su deber de proteger el espacio público, sin que ello signifique desconocimiento del derecho al trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del espacio público. Por lo anterior “ha ordenado que las autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia armónica de los intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer el fenómeno social que conlleva esta economía informal. nota 2
Corte Constitucional, Sentencia T-020-00 Corte Constitucional, Sentencia SU-360-99 Reiterada por T-983-00 , SU-601A-99 , T-754-99 , T-706-99 , T-364-99 , T-499-99 , T-900-99 , T-940-99 4.7.1. Condiciones para que el principio de la confianza leg�tima sea aplicableAl conocer de una acción de tutela instaurada por verdedores ambulantes tras ser desalojados del parque donde habían ejercido su actvidad informal por más de quince años y con la anuencia de las autoridades, la Corte se refirió a las condiciones que se deben reunir para que el principio de la confianza legítima sea aplicable.
La Corte reiteró que la aplicación de este principio puede darse cuando se acredite que:
i) exista la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público, lo que para el caso, se acredita a partir de la obligación estatal de proteger la integridad del espacio público y los derechos constitucionales que son ajenos a su preservación; ii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre administración y los ciudadanos, la cual es connatural a los procedimientos de restitución del espacio público ocupado por vendedores informales; iii) se trate de comerciantes informales que hayan ejercido esa actividad con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar el espacio público por ellos ocupado y que dicha ocupación haya sido consentida por las autoridades correspondientes y iv) la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad, deber que la jurisprudencia constitucional relaciona con el diseño e implementación de políticas razonables, dirigidas al otorgamiento de alternativas económicas que garanticen la subsistencia de los afectados con las medidas de restitución del espacio público. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-465-06 . En el mismo sentido, ver la Sentencia T-053-08 4.7.2. Aplicación del principio de la confianza legítima en caso de desalojo masivo que vulnera el debido proceso y el derecho al trabajo
Los actores demandaron la presunta violación de los derechos fundamentales de circulación y locomoción, a la libertad de ejercer oficio o profesión, al trabajo y al debido proceso, dado que la empresa de desarrollo urbano de la ciudad cercó almacenes de su propiedad lo cual afectó de manera grave las ventas. La Corte sostuvo que con base en el principio constitucional de la buena fe, es posible predicar la denominada "confianza legítima" en relación con aquéllos ocupantes del espacio público que creen tener un derecho legitimo sobre aquél, puesto que la respectiva autoridad pública no les ha impedido su ocupación, sino que por mucho tiempo les ha permitido y tolerado dicha ocupación, acompañada de la realización de diversas actividades, tales como, vivienda, comercio, recreación, etc.
La Corte consideró que se deben proteger los derechos al debido proceso y al trabajo de los accionantes, ya que no es posible, así se invoquen presuntas razones de interés público, como serían la de buscar la mejor organización y la formalización del comercio que ejercen los vendedores informales, mediante la construcción de nuevas edificaciones y la dotación de servicios más funcionales para los usuarios, trasladar de manera abrupta a quienes han venido ejerciendo el comercio, bajo la creencia, fundada en la buena fe exenta de culpa, de que su actividad es legitima y que están ejerciendo actos de posesión igualmente legítimos amparados por la ley, sin que se les garantice que podrán ejercer su derecho al trabajo en un lugar apropiado para el desarrollo de sus actividades comerciales. Por lo anterior se concedió la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo de los accionantes. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-396-97 Reiterada por T-983-00 4.7.3. Teoría de la confianza legítima en caso de reubicación de desalojados
El accionante, en nombre de una sociedad comercial, consideró violados sus derechos al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a la vivienda y al debido proceso, debido a que los miembros de la misma fueron desalojados de sus puestos de trabajo, dentro de un proyecto de recuperación del espacio público. La Corte sostuvo que, la denominada confianza legítima tiene su sustento en el principio general de la buena fé. Si unos ocupantes del espacio público, creen, equivocadamente, que tienen un derecho sobre aquél porque el Estado no solamente les ha permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear, es justo que esos ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho.
Pero, es necesario aclarar, la medida de protección que se dé no equivale a indemnización ni a reparación, como tampoco es un desconocimiento del principio de interés general. Por lo anterior, se tuteló el derecho fundamental al debido proceso de quienes aún permanecen en las colmenas en el sentido de que no pueden ser desalojados sino previos trámites legales o por concertación y con diligencias paralelas hacia la reubicación. De igual forma se hizo un llamado a prevención al municipio y a las demás entidades demandadas para que en adelante, tratándose de recuperación del espacio público, no procedan a desalojar sin providencia en firme o concertación con el ocupante, y que, en ambos casos, se hagan las diligencias propias para una adecuada reubicación. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-438-96 4.7.4. Aplicación del principio de la confianza legítima por permisividad de la administración
El actor sostuvo que sus poderdantes ocupan un sector de espacio público, desde hace más de 30 años y conforman un grupo de comuneros dedicados al reciclaje, del cual derivan su sustento y la Administración Municipal ha ordenado el desalojo según se dice para cederle el terreno a una forma de transporte colectivo. Para la Corte es claro que, el espacio público y los bienes de uso público deben ser protegidos y al hacerlo el funcionario policivo cumple con su deber y por lo mismo su conducta es legítima y la orden de desalojo a quienes lo ocupan tiene la obligatoriedad propia del acto administrativo, pero sin embargo se debe tener en cuenta el principio de la Confianza legítima, como medida de protección a los administrados, el cual se origina cuando de un acto de aplicación de una norma, aun procedente del Poder Legislativo, supone para sus destinatarios un sacrificio patrimonial que merece un calificativo especial, en comparación del que pueda derivarse para el resto de la colectividad.
En este caso para la Corte es claro que la administración permitió la ocupación de unas tierras que constituían Espacio Público y no hizo nada para impedirlo, estableciendo con su permisividad la confianza por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una solución de vivienda. Lo anterior supone que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal Espacio Público, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. La conducta de la administración, vulneró el principio de confianza que debe preceder toda relación entre el administrado y el administrador, porque si bien es cierto se concretó un principio de solución razonable, sólo fue una solución parcial para algunos de los ocupantes.
Esto incide en el caso concreto en un doble aspecto: Por un lado no se ha desocupado el lote pese a su carácter de bien de uso público y a la prevalencia del interés general, y por el otro, para algunas personas no ha habido otorgamiento de soluciones de vivienda por cuanto en la fase de ejecución se les entregó lo proyectado a personas ajenas al conflicto con criterio de clientela política. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-617-95 Reiterada por T-548-96 , T-754-99 , T-706-99 , T-364-99 , T-499-99 , T-900-99 , T-940-99 , T-503-92 , T-610-92 . Ver tambi�n la Sentencia T-200-09 4.7.5. Aplicación del principio de la confianza legítima en proceso de restitución de inmueble ubicado cerca de un humedal
La accionante consideró vulnerado su derecho a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna, con la medida de desalojo adoptada, como consecuencia de un proceso de restitución de espacio público, cuyo querellante es la alcaldía del Municipio, respecto del inmueble ubicado cerca a un humedal, en el que ha habitado durante el lapso aproximado de 29 años y sobre el cual ha pagado servicios públicos e impuesto predial. En cuanto al deber del Estado de velar por la protección del espacio público y por la diversidad e integridad del ambiente, la Corte partiendo del mandato constitucional de protección y conservación del medio ambiente, reitera la importancia que los humedales revisten no sólo por ser bienes de uso público, cuando no nacen ni mueren en el mismo predio, sino por tener un importante valor ecológico para el ecosistema que el Estado debe preservar, por lo cual solo son admisibles los usos compatibles con la conservación.
En cuanto al espacio público afirma el Tribunal Constitucional que este se plasma como un derecho de carácter colectivo que se rige por el principio de primacía del interés general, y en tal virtud está por encima del interés particular, consagrado exclusivamente al uso común, por lo cual no puede prediCARe del mismo propiedad alguna por parte de particulares e impide que éstos puedan alegar derechos adquiridos y menos la posibilidad de una prescripción adquisitiva de dominio sobre los bienes que lo conforman. De otra parte, reitera la Corte que los alcaldes, como primera autoridad de policía de los municipios, están investidos de autoridad para rescatar el espacio público ilegalmente ocupado, y para señalar su restricción por motivos de interés general.
Pero, dicha facultad no es ilimitada, pues debe ser ejercida respetando el debido proceso y el principio de la confianza legítima, toda vez que ellas son por mandato constitucional también responsables de las alternativas que en ese sentido se puedan desplegar para dar solución a los problemas de sus localidades. Afirmó la Corte que en estos eventos no se impone a la administración la limitación de adoptar modificaciones normativas o realizar cambios políticos, sino que tales cuestiones no pueden ser sorpresivas para el administrado, afectando sus derechos, quien además ha estado soportado en hechos externos de la administración que dan imagen de aparente legalidad.
Además señaló que no cualquier ocupación da lugar a reubicación y menos aquella que haya sido objeto de actuaciones arbitrarias, pues se daría lugar a las vías de hecho, al desconocimiento de obligaciones constitucionales y al menoscabo de la autoridad. El principio de la buena fe impone a las autoridades mantener cierta coherencia en sus actuaciones, así como respeto por los compromisos a los que se ha obligado y garantía de estabilidad y durabilidad de situaciones que objetivamente ha respaldado. Constituyen entonces prueba de buena fe los permisos otorgados, las promesas hechas, lo tolerancia y permisión de uso de espacio público, la prestación de servicios públicos y la recepción de pago de impuestos.
En razón a que se halla gravemente comprometido el derecho a la vivienda digna, en conexidad con el derecho al mínimo vital de la accionante, así como su dignidad humana al estar próxima a ser desalojada de la vivienda en la cual ha residido y que se desconoció el principio de la confianza legítima, el cual está fundamentado en el derecho constitucional a la buena fe, la Corte revocó los fallos proferidos y en su lugar concedió la tutela incoada, igualmente ordenó al Alcalde que antes de proceder al desalojo de la accionante, realice un acuerdo con ella para lograr su reubicación y, en todo caso, le reconozca las mejoras que se hubiesen efectuado. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-034-04 4.8. Uso del espacio público por personas con discapacidad4.8.1. Calidad de vida
Personas con discapacidad instauraron acción de tutela contra entidades estatales, por considerar que no existen medios para su desplazamiento, ante esto la Corte consideró procedente la acción de tutela de manera transitoria, para la protección del espacio público, como derecho colectivo, cuando su violación implica la violación de un derecho fundamental en este caso los derechos a la vida, salud e igualdad de personas con discapacidad. Por lo anterior, se concedió el amparo invocado para que las entidades restablezcan el derecho fundamental a la igualdad de los accionantes que viene siendo vulnerado. Se ordenó a la Alcaldía Municipal disponer lo necesario para que el ciudadano con discapacidad pueda gestionar asuntos ante dicha entidad y a la universidad pública que programe las actividades académicas del estudiante en espacios adecuados a su condición de persona con discapacidad. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-1639-00 4.8.2. Protección a las personas con discapacidad frente a la discriminación en el uso del espacio público
Un Defensor del Pueblo regional instauró tutela en nombre de personas con discapacidad física, por considerar que se los ha discriminado, con medidas que les dificulta la entrada a escenarios deportivos. De acuerdo con la Corte, la destinación del espacio público al uso común, incluye la garantía de acceso al mismo para toda la población. La finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y seguro del espacio público por parte de las personas, en especial de aquéllas limitadas físicamente, impone la toma de medidas especiales para asegurar dicho acceso y permanencia. Esta norma debe ser tenida muy en cuenta, ya que corrientemente, so pretexto de la aplicación de reglamentaciones genéricas se discrimina por omisión a las personas con discapacidad.
Adicionalmente, la existencia de prejuicios, actitudes de vergüenza, de temor supersticioso, de incomodidad o de intolerancia, impide en la práctica la integración y participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Frente a esta realidad social, el Estado está en la obligación de intervenir mediante la adopción de medidas en favor de los grupos discriminados, por expreso mandato constitucional. El derecho de estas personas al uso de la pista atlética se deriva de su derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en tanto no se adopten, por parte de la administración del estadio, las medidas para garantizar efectivamente el goce de los derechos constitucionales de las personas limitadas físicamente.
Carece de objetividad y razonabilidad el hecho de que unas personas (las bastoneras) hagan parte del espectáculo y otras no (las personas con discapacidad). Esta apreciación es subjetiva en la medida en que establece una condición física - belleza y juventud - como fundamento de un trato especial, mientras que no se valora a quienes por la Constitución tienen derecho a recibir un trato especial, debido a las limitaciones físicas que presentan y que les impiden el goce de sus derechos. También carece de razonabilidad la diferenciación por el hecho de hacer o no parte del espectáculo, cuando bajo razones como estás pueden esconderse prejuicios sociales contra los limitados físicos y mentales, como sentimientos de incomodidad, conmiseración, vergüenza o desagrado.
La Corte advierte que la existencia de una discriminación por omisión de trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica diversos extremos: (1) un acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los discapacitados. La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad.
Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable. En este caso se concedió el amparo, por cuanto se probó que la actuación acusada configura una violación del derecho a la igualdad de oportunidades, ya que con ellas se discrimina, sin justificación objetiva y razonable, a los peticionarios respecto de los demás espectadores cuando se les somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho constitucional. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-288-95 , T-551-92 4.8.3. Protección a las personas con discapacidad con lugares especiales de parqueo de vehiculos
El actor consideró que el artículo 60 de la Ley 361 de 1997 al contemplar una medida que facilita a los vehículos “conducidos por una persona con limitación” lugares especiales de parqueo, no obstante tener una finalidad garantista, desconoce el derecho a la igualdad de todos los Colombianos. Según la Corte, la gestión estatal debe estar encaminada a garantizar a todas las personas condiciones mínimas de dignidad y, en un orden social justo, tal gestión presupone la aplicación de instrumentos y mecanismos capaces de lograr la rehabilitación e integración de quienes se encuentran en estado de debilidad manifiesta, con miras a que, por sí mismos, puedan satisfacer sus aspiraciones.
La Corte sostuvo que el aparte demandado desconoce el derecho a la igualdad de aquellos que por sus circunstancias físicas, mentales o económicas ameritan un trato especial, puesto que les exige unas condiciones que no pueden cumplir para acceder a los medios materiales que requieren para vivir con dignidad –artículo13 Constitución Política- con el objeto de que las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, puedan superar la limitación que les impide integrarse a la sociedad, en condiciones de normalidad, las autoridades deben, entre otros aspectos, prever que en todos los lugares se destinen espacios apropiados para el estacionamiento de los vehículos en que aquellas se transporten y regular su uso debidamente, con el objeto de hacer realidad su derecho de acceder al espacio físico, como presupuesto indispensable de igualdad.
La Corte consideró que disponer de lugares preferentes de parqueo para las personas con discapacidad que conducen, no solo reconoce la necesidad generalizada de las personas con discapacidad de contar con acceso a todos los lugares, sino que también recuerda que, no obstante su habilidad para conducir, mientras la dificultad de desplazamiento permanezca, estas personas, con el objeto de aminorar su diferencia, y por qué no de suprimirla, requieren de medidas que les permitan, efectivamente, integrarse a la sociedad, como presupuesto indispensable de rehabilitación. Por lo anterior se declara la exequibilidad del aparte demandado. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia C-410-01 4.8.4. La protección a la integridad del espacio público y el derecho de acceso de las personas con discapacidad
El actor es una persona con discapacidad que debido a la instalación de bolardos en las aceras vio disminuida su calidad de vida, por lo cual solicitó que se retiraran aquellos que no protegen el espacio público, pero obstaculizaban su llegada a laborar. La Corte consideró que las autoridades deben propender por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, sin olvidar que según la Constitución Política se debe dar trato preferencial a los disminuidos físicos no solo porque el artículo 47 ordena protegerlos sino porque el artículo 13 determina que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Lo anterior implica que, en lo relativo al espacio público, atendiendo el derecho a la igualdad, se debe facilitar el adecuamiento, diseño y construcción de mecanismos de acceso y tránsito, hacia y en el espacio público, que no solo garanticen la movilidad general, sino también el acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad. En otras palabras, la accesibilidad, al y en el espacio público, es esencial para los disminuidos físicos. Y si no se les viabiliza la accesibilidad, se viola la diferenciación positiva consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política. En este caso se concedió la acción de tutela por encontrarse que efectivamente existían bolardos mal ubicados. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-024-00 4.9. La utilización de las vias como elemento del espacio público4.9.1. Disposición de la administración sobre el sentido de las vías
Antes de iniciarse las obras de una de las calles donde reside el accionante, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó una evaluación de los volúmenes de transito por el sector, de lo cual surgió la necesidad de cambiar el sentido de algunas vías. Vecinos de las vías por donde se envió el tráfico se vieron afectados por esta decisión, por lo que se dirigieron a la administración para que se les solucionara el problema. La Corte expresó que, las vías de las ciudades y poblaciones son bienes de la Nación, de uso público, el uso y goce de dichas vías corresponden a todas las personas. Dichas vías hacen parte del espacio público, y, por disposición constitucional, la protección y su destino al uso común prevalece sobre el interés particular. Es claro entonces que la administración puede disponer el sentido de las vías, cuando con ello proteja la seguridad de los particulares, o cuando esto se haga necesario. Por lo anterior se negó la tutela. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-184-93 4.9.2. Prohibición de cerrar las vias públicas para uso particular
El accionante representante de un conjunto residencial, adujo que la anterior administración le otorgó el derecho al conjunto de cerrar cierta vía y que la nueva administración no reconoce los derechos adquiridos. De acuerdo con la Corte, el cierre de vías públicas o su obstrucción en cualquier forma afecta la libertad de locomoción y que el ejercicio de esta es un derecho fundamental a cuya defensa están obligadas las autoridades públicas. La obstaculización de las vías quebranta el derecho que tiene la colectividad al uso del espacio público a cuya protección está obligado el Estado y que se constituye por tanto en abuso inaceptable, bien que provenga de particulares o de la decisión de autoridades o funcionarios carentes de la competencia para regular el uso del suelo urbano.
La restitución a la comunidad del espacio que había sido ocupado ilegalmente o limitado en virtud de decisión administrativa que luego se encuentra opuesta al interés público, es no solamente una potestad sino una verdadera obligación de las autoridades, susceptible de impetrarse por medio de las acciones populares o de la acción de tutela desde la perspectiva del individuo cuyos derechos fundamentales resultan vulnerados por el cierre. nota 1
En otro caso similar, el acciónate solicitó la protección de su derecho a la circulación, debido al sorpresivo cercamiento por parte de entidad privada de una vía que desde el surgimiento del municipio se ha visto como pública. De acuerdo con la Corte, a pesar de la presencia de otro medio de defensa judicial, la Constitución brinda la posibilidad de la protección tutelar si se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Obligar a los actores a deambular por sitios peligrosos, evidentemente los expone a perjuicios en su vida e integridad. Por lo tanto, para prevenir estos eventuales daños irreparables, se concedió a los peticionarios la tutela incoada, pero en la modalidad de mecanismo transitorio, con miras a que sea la justicia ordinaria la que, en últimas, defina la controversia respecto de la vía. nota 2
Corte Constitucional, Sentencia T-551-92 Corte Constitucional, Sentencia T-370-93 4.9.3. Prohibición de obstrucción de vía pública
El ciudadano consideró violado su derecho de petición y su derecho al espacio publico, ya que un vecino instalo en la acera chuzos que impiden la libre circulación y atentan contra la integridad de los demás vecinos. La Corte ha sostenido que, una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de que constituye una apropiación contra el derecho al espacio público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.
No pueden tampoco ocuparse los andenes -que son parte de la vía pública- ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como el estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de vendedores ambulantes. Tampoco puede invadirse el espacio público con materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades municipales. En este caso, la administración adelantó la diligencia de recuperación del espacio público por lo cual se negó la tutela. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-1302-00 4.9.4. Limitaciones al uso de vías públicas por razones de seguridad requieren permiso de autoridad competente
Consideró el actor que el cierre de algunas calles de la ciudad, adyacentes a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), vulnera sus derechos fundamentales a la libre locomoción y a la igualdad, por lo cual solicita la inmediata restitución de las vías públicas derribando los obstáculos existentes, que impiden el libre paso de personas y vehículos. La Corte sostuvo que, tratándose de asuntos que comprometen tanto el bien de la colectividad como el derecho fundamental de la persona considerada individualmente, la existencia de la acción colectiva no excluye la de tutela en cuanto una y otra tienen finalidades constitucionales distintas. Quien instaure la acción de tutela alegando su propio perjuicio o la amenaza de su derecho debe probarlo pues en caso de no poder hacerlo, se concluye que no es su propio interés el que está en juego, excluyéndose así la vía de la tutela y dando paso a la acción popular.
En este caso la Corte consideró que existen razones de seguridad que pueden justificar el cierre de las vías, pero el DAS debe solicitar el permiso correspondiente a la autoridad distrital, pues no se encuentra dentro de su competencia tomar esta decisión. Se concedió la tutela, con la aclaración de que si el permiso de cierre se concede, el uso del espacio público en el sector aludido deberá ajustarse a las instrucciones que imparta la autoridad competente al concederlo. Si, por el contrario, transcurre el término otorgado sin haberse obtenido la autorización, deberán abrirse las citadas vías para el uso público, con las debidas precauciones y medidas de seguridad que el propio Departamento Administrativo determine según la ley y dentro de la órbita de sus competencias. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-550-92 4.9.5. Bahías de parqueo ubicadas en espacio público no son de uso exclusivo de entidades públicas o privadas o establecimientos comerciales
El actor en su demanda de inconstitucionalidad consideró que el artículo 78 de la Ley 769 de 2002 al establecer que: “Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes”, viola los derechos adquiridos de constructores que conforme al Acuerdo 6 de 1990, construyeron bahías frente a sus establecimientos para el parqueo de sus vehículos o el de sus clientes, con lo cual se desconocen los principios de la confianza legítima y la buena fe que deben orientar todas las actuaciones del Estado.
Consideró la Corte, en primer término, que no se puede acudir a la teoría de los derechos adquiridos por cuanto dicha noción requiere como uno de sus elementos básicos que el derecho adquirido haya entrado al patrimonio de una persona natural y jurídica y que haga parte de él, requisito éste que obviamente no se puede predicar de los bienes de uso público, como lo son las calles y vías públicas. De otra parte, afirmó que si bien frente a la recuperación del espacio público no es posible invocar derechos adquiridos, ello no significa que frente a situaciones jurídicas consolidadas los administrados se encuentren desamparados frente al Estado, con lo cual se desconocería el principio de la confianza legítima, en tanto constituye una proyección del principio de la buena fe, que debe gobernar las relaciones entre administración y administrado.
Pretender entonces que las entidades públicas o privadas o los propietarios de locales comerciales tienen derecho al uso exclusivo de las bahías de parqueo construidas en el espacio público como requisito para la obtención de las licencias de construcción, resulta constitucionalmente inaceptable pues, no sólo se viola el principio de la prevalencia del interés general, sino que desconoce abiertamente la libertad de locomoción de la población, en cuanto se restringe el derecho de las personas a transitar por espacios públicos que por su naturaleza deben ser accesibles a todos los miembros de la colectividad en igualdad de condiciones. La norma acusada, no prohíbe que las entidades públicas o privadas ni los propietarios de establecimientos comerciales parqueen sus vehículos en las zonas construidas para ese fin.
Lo que establece la disposición que se examina es impedir un “uso exclusivo” para tal fin frente a las entidades públicas o privadas, o establecimientos comerciales. Ni las leyes que regulan la protección e integridad del espacio público, ni el Acuerdo 6 de 1990 a que alude el demandante, otorgaron derecho alguno a los constructores de bahías de parqueo. Sencillamente se exigió el cumplimiento de un requisito para obtener una licencia de construcción, sin que ello signifique reconocimiento de derechos sobre el espacio público, o la desafectación de su carácter de público por el uso inveterado de esas zonas, como bien lo afirma la entidad interviniente. En razón de las razones expuestas la Corte declaró exequible el inciso segundo del artículo 78 de la Ley 769 de 2002. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia C-108-04 4.10. Por motivos de seguridad vial las autoridades locales competentes deben decidir las vías por las cuales pueden transitar vehículos de tracción animal
Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, mediante el cual se ordenaba la erradicación de los vehículos de tracción animal en los municipios de categoría especial y en los municipios de primera categoría del país, en el término de un (1) año, contado a partir de la iniciación de la vigencia de la ley. A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederían a retirar los vehículos de tracción animal. Plantea el actor que la norma demandada atenta entre otros, contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo, consagrados en la Constitución. Según la Corte la razón de la norma es que la estructura vial de los municipios de categoría especial y de primera categoría ha alcanzado niveles de complejidad incompatibles con el tránsito de vehículos de tracción animal y que la conducción de los últimos se ha convertido en un riesgo para la seguridad de las vías públicas, es decir, para los derechos de terceros y para el interés general.
En cuanto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, dedujo la Corte que no cualquier restricción de este derecho es permisible y que sólo lo son aquellas limitantes que sean legítimas, idóneas, necesarias y proporcionales a la necesidad de conservar la integridad de los intereses públicos. El propósito de la disposición no es contrario a los preceptos constitucionales pues mediante el artículo demandado el legislador persigue el incremento de los niveles de seguridad y salubridad públicas en las vías de ciertos municipios del país. Se reitera que la función de regular el uso del suelo y del espacio público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no es apenas una facultad sino un deber de prioritaria atención, además es del propio texto de la Constitución que el legislador recibe la autorización para expedir normas relativas a la regulación del tránsito, por tal razón concluye la Corte que es legítima la intención del legislador de prohibir la circulación de estos vehículos.
Sin embargo, la medida de excluir de circulación los vehículos de tracción animal no es proporcional al fin perseguido por el legislador, cual es el de garantizar y aumentar los niveles de seguridad vial en los municipios de categoría especial y de primera categoría, toda vez que la distribución y conformación de las ciudades y de su sistema vial no es pareja, por lo cual no es posible afirmar de manera racional que todas las vías de las grandes ciudades sean incompatibles con el tránsito de vehículos de tracción animal. En aras a la proporcionalidad de la medida y para proteger el derecho al trabajo de los individuos a los que va dirigida la disposición, la Corte retiró del ordenamiento jurídico las expresiones “erradicar” y “A partir de la fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal”. Decidió que las autoridades competentes de la regulación del tránsito local, en los municipios de las categorías a las que se refiere la norma, deben ser las encargadas de establecer, en cada caso, cuáles son las vías que pueden ser utilizadas por los propietarios o tenedores de vehículos de tracción animal y cuáles les está vedado transitar por motivos de seguridad vial. De igual forma, la Corte consideró que el establecimiento del término de un año para implantar la medida restrictiva no puede hacerse sin tener en cuenta la voluntad real de cada una de las administraciones locales para adelantar los programas de capacitación a que debe someterse a los poseedores de los vehículos de tracción animal.
De lo contrario la Administración estaría atentando contra el principio de confianza legítima, ya que habría impuesto una restricción al ejercicio de una actividad lícita sin conferir a los afectados por la medida, una posibilidad real y efectiva de buscar alternativas laborales acordes con el ordenamiento jurídico y el interés público, por tal razón, se condicionó la exequibilidad a que el año a partir del cual puede implantarse la restricción al tránsito de los vehículos de tracción animal debe comenzar a regir, no desde la vigencia de la ley, sino del momento en que la administración local –municipal o distrital- ponga en funcionamiento los programas de capacitación y las actividades alternativas y sustitutas para los conductores de dichos vehículos. En consecuencia, declaró la inexequibilidad de la expresión “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley” nota 1.
Posteriormente, fue demandado el literal A-12 del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. Los actores consideran que la disposición acusada resulta contraria al artículo 13 de la Constitución Política, debido a que la prohibición de prestar el servicio público de transporte en vehículos de tracción animal, sin contemplar ningún periodo de transición para que las personas que desarrollan estas actividades puedan capacitarse y buscar otra fuente de empleo, ni brindar alternativas para mitigar el impacto que la medida puede generar en ellas, implica desconocer el principio de igualdad material, que le impone al Estado la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Esto dado que quienes operan estos vehículos de tracción animal, son, en su mayoría, personas de escasos recursos, sin alternativa económica para proveerse el sustento y cuyo trabajo, en labores tales como el reciclaje, botar escombros o el transporte de productos de ferretería, no les genera los ingresos necesarios y ni siquiera les brinda el acceso al sistema de seguridad social.
En el momento de prohibir la prestación del servicio público en vehículos de tracción animal, el legislador no tuvo en cuenta que se estaría dejando sin trabajo y, en consecuencia, en estado de vulnerabilidad, a muchos colombianos, a quienes no se les puede privar de una alternativa de empleo, sin antes darles la oportunidad de que resuelvan sus necesidades mínimas. Para la Corte, el servicio público de transporte en vehículos no automotores o de tracción animal, sólo podría prestarse en los términos y en las condiciones que, en el marco de la ley, determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencia. Dentro de ese marco de regulación legal se encuentra, por ejemplo la previsión del literal A-11 del Articulo 131 de la Ley 769 de 2002, que establece la prohibición para este tipo de vehículos de transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, o en general, vías de alto tráfico. Pero al margen de las normas imperativas de alcance nacional, la autoridades locales pueden definir los términos y las condiciones en las cuales, para ciertos servicios y determinado tipo de vehículos, cumpliendo unas condiciones previamente definidas, es posible prestar el servicio público en vehículos de tracción animal o no automotores y en que otros casos ello queda proscrito por consideraciones de seguridad, salubridad, movilidad u otras que resulten legítimas a la luz de la Constitución. En ese proceso, las autoridades competentes deberán obrar, en todo caso, de manera que se respete la confianza legítima de quienes, con la anuencia de las autoridades, han venido desarrollando las actividades que, hacia el futuro, serían objeto de proscripción o restricción. La Corte resuelve declarar la exequibilidad del numeral 12 del literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, bajo el entendido de que la sanción allí prevista sólo será aplicable previa reglamentación, por las autoridades territoriales competentes, en la que se señalen las condiciones de tiempo, de modo y de lugar que originan la restricción allí establecida. nota 2
Corte Constitucional, Sentencia C-355-03 Corte Constitucional, Sentencia C-981-10 4.11. Garant�a del derecho de defensa y debido proceso para ocupantes del espacio p�blicoCon miras a la recuperación del espacio público, una autoridad municipal desalojó y decomisó las casetas de vendedores informales, quienes interpusieron acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, toda vez que no fueron notificados adecuadamente, ni pudieron ejercer su derecho de defensa. La Corte tuteló los derechos invocados, ordenó restituir las casetas con todas las mercancías relacionadas en el acta del operativo y lo correspondiente a la ubicación de los puestos de ventas de las accionantes. El desalojo de personas que ocupan el espacio público como vendedores informales que tienen permiso otorgado por la respectiva autoridad y cumplen con la normatividad impuesta, será procedente cuando se adelante el trámite administrativo correspondiente, sujeto a reglas previas comunicadas a los posibles afectados; además se debe permitir a las personas afectadas seguir trabajando mediante su reubicación en condiciones dignas. nota 1
Corte Constitucional, Sentencia T-722-06 Ocultar columna InexequibleUna norma es declarada inexequible por la Corte Constitucional, cuando es contraria a los preceptos constitucionales. Ocultar significado