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Timestamp: 2019-11-12 10:25:11
Document Index: 240371158

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 261', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 261', 'artículo 59', 'artículo 433', 'artículo 194']

¿Se encuentra en peligro la Revisoría Fiscal? ¿Qué cambios deberían presentarse en esta rama?
La Revisoría Fiscal no se encuentra en peligro. Ella será fortalecida por la aplicación de las normas de aseguramiento de la información, tal como se sostuvo durante el trámite de la Ley 1314 del 2009 y como consta en las respectivas ponencias. Los contadores públicos deberán ajustar sus prácticas, de manera que den cumplimiento a las nuevas normas expedidas en desarrollo de la Ley 1314 del 2009. El gran reto de la Revisoría Fiscal es demostrar su utilidad más allá de corresponder a una obligación legal.
Habrá muchos beneficios. Para mí, como abogado, creo que es muy importante que las autoridades de supervisión y disciplinarias tengan un referente para evaluar la conducta de los contadores públicos, terminándose así la larga época en la cual dentro de cada proceso las autoridades resolvían por sí, y ante sí, cuál debería haber sido el adecuado comportamiento de tales profesionales.
Muchas pymes no ven cómo sacarle provecho al tema de las NIIF. ¿Qué le diría a las pymes, qué beneficios económicos podrían sacar de las NIIF?
Es normal que por ahora muchas empresas no vean beneficios de las nuevas normas. Hay que dejar pasar el tiempo para que las conozcan, las apliquen y, finalmente, usen la nueva información. Depende de los contadores públicos demostrar a sus clientes las ventajas de un modelo contable más desarrollado que su antecesor.
¿Piensa que nos quedamos cortos en la forma de socializar y capacitar en este tema con un porcentaje tan grande de pymes en Colombia?
Son de aplaudir los esfuerzos hechos hasta el momento por las autoridades, las universidades, los organismos gremiales y otros actores por difundir las nuevas normas. Pero claramente queda muchísimo por hacer. Especialmente ser capaces de superar la enseñanza de reglas y adentrarse en la filosofía contable de manera que se entiendan los presupuestos de los nuevos modelos, sus ventajas y limitaciones.
Fuente: http://actualice.se/8kx1
Elección de revisor fiscal en sector privado y público, ¿cómo se realiza?
Mientras en las entidades privadas no es obligatorio hacer una convocatoria, en el sector público podría llegar a ser obligatorio, de acuerdo a la naturaleza del monto del contrato. Por lo menos, se deben realizar unas invitaciones públicas para que lleguen varias hojas de vida.
Para el sector privado, independientemente de si son empresas o entidades con o sin ánimo de lucro, si tienen la obligación de tener revisor fiscal, para su elección no es obligatorio hacer una convocatoria.
La norma dice que el máximo órgano social, llámese asamblea de accionistas, junta de socios, asamblea de asociados, o su equivalente, son los que deciden a quién nombran como revisor fiscal
¿En el sector privado se pueden llevar dos o tres hojas de vida? Esto ya es otro asunto. De igual manera, no hay esa exigencia salvo que estatutariamente se haya acordado que antes de elegir un revisor fiscal se deberá publicar un aviso en un periódico o en la radio. Este punto ya es un asunto que se quiere imponer, bien sea por estatutos o un pacto interno que han hecho los asociados o accionistas antes de elegir al revisor fiscal.
No es obligatorio revisar varias hojas de vida para escoger un revisor fiscal. Cualquier accionista puede llegar con una persona recomendada, a quien pone a consideración del máximo órgano social.
Aquí las cosas son diferentes, porque a diferencia del sector privado, estamos hablando de un dinero que no le corresponde a la entidad , sino que de acuerdo a la naturaleza del monto del contrato puede ser obligatorio que se deba hacer, por lo menos, unas licitaciones públicas para que lleguen varias hojas de vida. Aquí, el máximo órgano social de la entidad pública escogerá el revisor fiscal.
Fuente: http://actualice.se/8ksg
Auditor no debería hacer acuerdo de entendimiento para políticas contables
Al momento de realizar una auditoría, no es conveniente que el auditor elabore un acuerdo de entendimiento para políticas contables con la entidad que está examinando, porque esto lo convertiría en un asesor y, por lo tanto, perdería su independencia.
Con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– es necesario tener claras las políticas contables, especialmente desde el momento en que se inicia la aplicación de las NIIF.
El establecimiento de dichas políticas no significa que sean una camisa de fuerza, pues las mismas pueden ser modificadas según las necesidades y la justificación de la administración de la empresa, para el beneficio de los lectores de la información que contienen los estados financieros.
Los estados financieros pueden ser auditados y el profesional que realice esta labor deberá utilizar técnicas de reconocido valor técnico, como lo son las Normas Internacionales de Auditoría conocidas como NIA o IAS. En consecuencia, el auditor debe limitarse a verificar que la política que está planteada en los estados financieros, y contenida en las notas a los estados financieros cumpla con las NIIF, esa es su labor; no es conveniente que elabore un acuerdo de entendimiento, porque esto lo convertiría en un asesor y, por obvias razones, perdería su independencia.
Ahora, la administración de la entidad puede contratar una firma para que le dé su concepto, no sobre los estados financieros, sino específicamente sobre las políticas contables; para lo anterior, sí podría solicitar la asesoría bien sea de una firma de auditoría, o de un experto en NIIF.
En conclusión, la administración es la responsable de la preparación de las políticas contables; por tanto, es quien debe adoptarlas y sustentar los motivos por los cuales seleccionó determinadas políticas.
El auditor, cuando va a ejecutar su labor, no debe hacer recomendaciones sobre modificar o no modificar las políticas contables, pues en ese caso perdería su independencia. Su deber es emitir una opinión sobre si considera o no, que los estados financieros han sido preparados en congruencia con las políticas contables, y que dichas políticas se ajustan a la realidad de la empresa y a la normatividad sobre preparación y emisión de información financiera.
Fuente: http://actualice.se/8ksh
Inician plazos para presentación de Estados Financieros Períodos Intermedios y de Fin de Ejercicio
El próximo lunes 1 de junio, y durante los primeros cinco días hábiles de dicho mes, se deberá realizar la presentación de Estados Financieros de Períodos Intermedios y de Fin de Ejercicio para sociedades en liquidación judicial.
Según la Circular Externa No. 100-000001 del 26 de febrero del 2010, las sociedades que hayan sido admitidas a un proceso de liquidación judicial (Ley 1116 de 2006) deberán remitir estados financieros de períodos intermedios cada cuatro (4) meses, esto es con corte a 30 de abril y 31 de agosto de cada año, utilizando los formatos diseñados para el efecto y siguiendo las instrucciones que suministre la entidad.
Para las presentaciones señaladas se ha rediseñado dentro del aplicativo STORM, del que dispone esta Superintendencia en su portal de internet, el formulario denominado Informe de Periodos Intermedios y Fin de Ejercicio Liquidación Judicial, Informe 28.
Fuente: http://actualice.se/8kpr
Modificaciones al saneamiento contable de entidades públicas
El artículo 59 de la Ley 1739 del 2014 indica que el saneamiento o depuración de la contabilidad pública, ya no lo tendrán que realizar todas las entidades públicas, sino solo la DIAN. Así lo indica el texto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Dentro del texto aprobado del Plan Nacional de Desarrollo para los años 2014 a 2018, una de las novedades es la contenida en el artículo 261, con el que se modificó el artículo 59 de la Ley 1739 de diciembre 23 del 2014, norma con la que se había ordenado a todas las entidades públicas realizar, entre el 2015 y el 2018, una depuración de su contabilidad, aspecto que en el pasado ya se había ordenado mediante los artículos 1 al 9 de la Ley 716 de diciembre 24 del 2001.
Lo que dice la nueva versión de la norma
“Artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 (modificado con artículo 261 del PND 2014-2018). Depuración contable. La Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, adelantará en un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuere el caso, a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley. Para tal efecto la entidad depurará los valores contables, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:
La única modificación que se realizó al artículo 59 de la Ley 1739 es la de indicar que el saneamiento o depuración de la contabilidad pública en él ordenado, ya no tendrán que realizarlo todas las entidades públicas, sino solo la DIAN.
El resto del texto transmite que la principal depuración que se debe realizar al interior de la DIAN está relacionada con la eliminación de cuentas por cobrar que resulten incobrables. Por tanto, como la cartera de impuestos adeudados que figura en los balances de la DIAN es uno de los activos públicos más importantes, la entidad tendrá que hacer depuración de esta entre el año 2015 y diciembre 31 del 2018.
Fuente: http://actualice.se/8knk
Corrupción y política son dos palabras que van de la mano en nuestro país. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación expresa que debido a que las campañas electorales ya comenzaron y las mismas casas políticas ligadas a la parapolítica están presentes. De igual manera, aparecen personajes vinculados a la corrupción administrativa con posibilidades de llegar al poder, surge el financiamiento con recursos enormes e ilegales. Quizás, lo peor de la situación es que los colombianos votan por la representación de lo anterior.
Con solo nombrar a Kiko Gómez hay un olor a corrupción, la alianza entre Angelino Garzón y Dilian Francisco Toro en el Valle del Cauca es materia de escándalo, Luis Pérez en Antioquia, quien en el año 2011 fue frenado por las denuncias, pero ahora vuelve al ruedo, son algunos de los ejemplos que enumera Valencia.
Lo anteriores nombres hacen parte de un largo listado que bien vale la pena recordar, ya que en el mes de octubre, Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones y los Revisores Fiscales tendrán que estar muy atentos a todos los movimientos que se generen en los partidos políticos, más aún cuando se han destapado tantas ollas podridas.
No hay que olvidar lo que dice el Estatuto Anticorrupción
La norma da a entender que los Revisores Fiscales que deben denunciar los actos de corrupción serán tanto los vinculados a entes del sector privado como los vinculados al sector público, sin importar si el Revisor fiscal está vinculado bajo prestación de servicios o bajo relación laboral, pues la norma no hace distinción alguna.
Ya no hay secreto profesional
En relación con la obligación de denunciar los actos de corrupción “no procederá el secreto profesional”. Hay que recordar que esta es una faceta del oficio del Contador o del Revisor Fiscal, regulada en los artículos 63 hasta 67 de la Ley 43 de 1990, y que indica que los datos que llega a conocer de un cliente no se pueden estar revelando a quien no deba conocerlos.
Sin embargo, cuando se trate de asuntos delicados detectados por el Contador en las sociedades comerciales, para esos casos no opera el secreto profesional pues la Corte Constitucional ha dicho que los Contadores deben velar por los intereses de las personas que no son dueñas de las empresas, es decir, los intereses de la comunidad en general y los del Estado.
10 aspectos a tener en cuenta al momento de hacer una auditoría interna en una campaña política
Cuando se habla de un sistema de auditoría interna en una campaña política se trata de un conjunto de políticas y normas, que deben crear o adoptar los partidos con personería jurídica y los candidatos independientes, para el control, seguimiento de sus ingresos y gastos de funcionamiento. Hay que tener en cuenta como lo dice Consejo Nacional Electoral.
1) El sistema de auditoría interna es permanente y forma parte de la estructura interna de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica que reciben aportes del Estado para sus gastos de funcionamiento y/o para las campañas electorales. Podrá ser organizado con personal propio o mediante contratación.
2) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los candidatos independientes, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral, un escrito suscrito por el representante legal de la respectiva organización política o por el candidato independiente, en el que se especificarán los órganos creados o las personas naturales o jurídicas contratadas.
3) El responsable del sistema de auditoría interna deberá ser Contador Público titulado.
4) Debe velar porque los recursos aportados por el Estado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y/o para la financiación de las campañas electorales, se destinen al cumplimiento de los fines previstos en la ley.
5) Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre financiación de las campañas electorales, como son las sumas máximas de las donaciones y contribuciones de los particulares, y de los gastos máximos de las campañas electorales.
6) Proponer los diseños, formatos, procesos financieros y contables, así como el establecimiento de sistemas integrados de información financiera y otros mecanismos de verificación y evaluación confiables, aplicación de métodos y procedimientos de autocontrol, evaluación del desempeño y de resultados de los procesos de rendición de cuentas.
7) Informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se presenten en el manejo de los ingresos y gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales.
8) Elaborar el dictamen de auditoría interna que sobre los ingresos y gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales, deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral los partidos, movimientos y candidatos.
9) El auditor será responsable si omite informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades en el manejo de los ingresos y gastos de funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
10) El manejo de los libros de contabilidad de los partidos, movimientos y campañas, soportes, informes y auditoría, se regulará por los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y por las disposiciones sobre auditoría interna adoptadas por la Contaduría General de la Nación.
“Por desgracia en los delitos de naturaleza económica siempre hay Contadores involucrados. La costumbre colombiana de graduar Contadores Públicos conduce a esta serie de situaciones. Creo que es hora que la facultad de dar Fe Pública no se otorgarse en forma improvisada, a personas sin experiencia y sin antecedentes suficientes para que la sociedad les confíe una tarea tan importante”: Horacio Ayala, ex director de la DIAN.
Fuente: http://actualice.se/8kjg
¿Qué hubo detrás del caso de Sigifredo López, del computador de Raúl Reyes o de las ‘chuzadas’ del DAS? La respuesta es clara: investigación forense. Dialogamos con Andrés Guzmán Caballero, CEO de Adalid Corp, entidad experta en estos temas y quien nos explicó la forma de realizar todos estos procedimientos.
El cotejo de voz del caso de Sigifredo López, reafirmado por el FBI, las evidencias digitales en los computadores del caso de Bernardo Moreno por las ‘chuzadas’ del D.A.S. y las pruebas técnicas de la defensa del caso Colmenares, hacen parte de alguno casos ‘clásicos’ que han quedado grabados en lamente de los colombianos, los cuales se han apoyado en el análisis técnico forense de evidencias, convirtiendo a los laboratorios especializados en pieza clave de la verdad material.
Con la aprobación de la Ley 906 del 2004, que trajo consigo el sistema acusatorio y partió el sistema judicial en dos,las personas que eran juzgadas y querían mostrar pruebas legalmente efectuadas por peritos privados obtuvieron ese derecho; acciones que antes eran posibles únicamente a través del Estado.
Esta firma fue contratada por el exdiputado Sigifredo López para realizar pruebas acústicas y morfológicas del video que la Fiscalía presentó como prueba reina en su contra., por su presunta participación en el secuestro y asesinato de sus compañeros, los once diputados del Valle. En ese entonces, Guzmán Caballero criticó fuertemente a la Fiscalía y a la Dijín por “los procedimientos” realizados en este caso, frente a los dictámenes acústico y morfológico, en los que se basó la orden de captura y llamado a indagatoria a López.
Existe también un laboratorio de evidencias digitales, el cual es clave para el análisis de pruebas de procesos judiciales en computadores, equipos portátiles y cualquier dispositivo que funcione digitalmente. “Para cada uno de los procesos judiciales analizados en ellos, la compañía garantiza el 100% de validez, debido a su cumplimiento con toda la normativa de estándares nacionales e internacionales para el manejo de evidencias, además de contar con la certificación de Certicámara”, dice Caballero.
Vale la pena decir que estos laboratorios han hecho parte de importantes y conocidos casos jurídicos en el país.Desde extorsiones o difamación por Internet, hasta temas de seguridad como las chuzadas del DAS, el cotejo de voces del caso de Sigifredo López, todos las pruebas técnicas de la defensa del caso Colmenares, y el análisis de evidencias de los computadores de Raúl Reyes, entre otros.
Fuente: http://actualice.se/8kjh
“el compromiso de los entes de supervisión está presente, sin embargo, no todos efectúan el proceso de divulgación”
“El beneficio para los Contadores Públicos en calidad de Revisores Fiscales, en la aplicación de las NAI estará basado en el ahorro de tiempo en la ejecución de un proceso de auditoría”
Considero que no podemos hablar del “peor enemigo” sino de cómo los usuarios (clientes) perciben el servicio de la Revisoría Fiscal, y allí es donde observo que la aplicación de las NAI, en la función de la Revisoría Fiscal, puede aportar valor agregado a las compañías, y que la figura de la Revisoría Fiscal se vea como un asesor de negocios y no como una imposición legal.
Fuente: http://actualice.se/8kgt
Ley contra el soborno transnacional va tomando forma en Colombia
Se busca crear un régimen sancionatorio para las personas jurídicas que incurran en este tipo de soborno. De igual manera, ajustar las normas de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción que contempla el Estatuto Anticorrupción. Se establecen multas hasta de $128.000 millones para firmas nacionales que paguen sobornos en el exterior.
Este mes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la norma que busca endurecer las penas para los empresarios colombianos que incurran en sobornos en el extranjero para ganar licitaciones y contratos.
El proyecto de Ley 159 del 2014 tienes tres objetivos. Primero, modificar el tipo penal de soborno transnacional contemplado en el artículo 433 del Código Penal. Segundo, crear un régimen sancionatorio para las personas jurídicas que incurran en este tipo de soborno. Tercero, ajustar las normas de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción que contempla el Estatuto Anticorrupción.
“Hay multas hasta por 200.000 salarios mínimos mensuales, inhabilidades para ejercer el comercio e imposibilidad de contratar con el Estado hasta por 20 años.”
El texto consta de 30 artículos y explica las medidas a las que deberán someterse las personas jurídicas que sobornen servidores públicos extranjeros. Hay multas hasta por 200.000 salarios mínimos mensuales, inhabilidades para ejercer el comercio e imposibilidad de contratar con el Estado hasta por 20 años.
De igual manera, se le entregan herramientas a la Superintendencia de Sociedades y a la Financiera para investigar y sancionar. “Colombia está demostrando su compromiso para elevar a estándares internacionales las herramientas y los mecanismos para luchar contra estructuras ilícitas transnacionales. Reiteramos los esfuerzos del Gobierno por cerrarle el paso a la corrupción en todos los niveles y sectores”, dijo el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, enPortafolio.
Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, dijo que “las sanciones se graduarán atendiendo criterios como el beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor, su patrimonio, lo reiterativo de la conductas y el reconocimiento o aceptación expresa de la infracción”.
La norma también contempla beneficios por colaboración y abre la posibilidad a que las superintendencias de Sociedades y Financiera concedan beneficios a las personas que, pese a haber participado en conductas de soborno transnacional, entreguen información y pruebas, que faciliten el proceso, tales como la identificación de los demás participantes en estas conductas.
“Este proyecto de ley es un instrumento importante en la lucha contra la corrupción”, explicó a los medios de comunicación el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, quien espera que el resultado esperado de esta iniciativa se reflejará en una mayor transparencia en los sectores público y privado.
La situación real del soborno transnacional en Colombia
Existen vacíos en el marco jurídico colombiano para combatir la corrupción, lo que representa un gran reto para el Gobierno.
Las acciones del Gobierno para evitar que las compañías multinacionales sobornen para hacer sus negocias son muy incipientes.
En Colombia faltan reglas claras sobre las sanciones a las empresas que incurran en el delito de soborno. Aunque el Estatuto Anticorrupción define penas de prisión entre 9 y 15 años, las sanciones financieras son muy bajas frente al poder económico que tienen las empresas transnacionales y sus funcionarios.
Según la normatividad, la sanción para una persona natural puede estar entre 58 y 117 millones de pesos.
Para la OCDE, cerca de uno de cada dos casos de corrupción transnacional implica a “agentes públicos de países cuyo índice de desarrollo humano es alto”, es decir, los países desarrollados. Es una de las conclusiones de uninforme que esta entidad presentó en diciembre de 2014, basado en 427 casos de corrupción juzgados por la justicia desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
En las empresas de más de 250 trabajadores (60%) son los primeros actos de corrupción mientras que en las pymes no supera el 4% de los casos.
En tres de cada cuatro casos, los intermediarios -agentes físicos o vehículos jurídicos como las filiales o las empresas situadas en paraísos fiscales- han estado implicadas. Lo anterior, muestra el punto en que los vehículos jurídicos son “la piedra angular de la corrupción”.
Los países en vía de desarrollo se ven cada año privados de al menos 1.000 millones de dólares que desaparecen en las empresas pantalla a menudo disimuladas en los países de la OCDE.
Fuente: http://actualice.se/8kgu
“la Superintendencia Financiera considera que la reserva bancaria es una de las garantías más valiosas que tienen los clientes que depositan en las entidades financieras, a título de secreto, parte o toda su intimidad económica.”
Desde el punto de vista punitivo, hay que advertir que el Código Penal tipifica la conducta de “divulgación y empleo de documentos reservados” en el Libro Segundo, Título III, Capitulo Séptimo (de la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones), artículo 194, bajo el siguiente tenor:
“El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.
Para Ayala, tratar de identificar a los dueños de las sociedades del exterior es misión imposible porque no hay herramientas jurídicas y administrativas para ello. “Por la misma razón, es un error insistir en firmar acuerdos de doble tributación con el modelo OCDE, para países desarrollados; si tenemos dificultades para controlar las rentas que se generan dentro del país, mucho más para las de afuera”, concluye.
Fuente: http://actualice.se/8kdv