Source: http://observatoriodelasalud.blogspot.com.ar/2017/09/
Timestamp: 2018-01-18 17:22:30
Document Index: 332206400

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 68', 'artículo 9', 'artículo 1058', 'artículo 383', 'artículo 271']

Observatorio de Salud UBA: septiembre 2017
Según el último relevamiento sobre el estado sanitario en América, un habitante promedio de la región tiene una expectativa de 75 años. Los datos y las claves más relevantes del estudio, y los puntos salientes para Argentina.
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Este miércoles a las 18 se concentrarán frente al parlamento nacional para exigir el tratamiento de la Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que actualiza los beneficios de las personas con estos males, entre ellos la cobertura de medicamentos y otros insumos. La norma tiene el visto bueno de la Comisión de Salud, pero está paralizada en legislación General y Presupuesto.
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Se declara desierto recurso de apelación de obra social ante demanda por cobertura de prestaciones
Si la obra social consideraba que el acto de afiliación se encontraba viciado por haberse falseado la declaración jurada, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado.
1.-Corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda que perseguía de la obra social el reintegro de los gastos de tratamiento de internación del hijo de los actores, pues la apelante incurre en un evidente contrasentido, en la medida que cuestiona la aplicación de la ley 26682 y, posteriormente, se vale de lo allí dispuesto en el sentido que autoriza la rescisión contractual cuando un usuario haya falseado la declaración jurada, para darle así un marco jurídico a su defensa. (Del voto de la Dra. Medina, al que adhiere el Dr. Gusmán - mayoría)
2.-Si la obra social consideraba que el acto de afiliación se encontraba viciado por haberse falseado la declaración jurada, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado; ello, pues mal puede aquella parte pretender quitarle los efectos propios al acto jurídico cuya validez no ha sido cuestionada de acuerdo a lo que el propio ordenamiento prescribe al respecto. (Del voto de la Dra. Medina, al que adhiere el Dr. Gusmán - mayoría)
3.-No hay mérito para admitir las demandas por el cobro de las facturas que se reclaman por la internación del hijo de los actores, desde que ha quedado demostrado que la decisión de la accionada de resolver el contrato por falseamiento de la declaración jurada de salud no ha sido arbitraria ni abusiva, sino el ejercicio regular de la facultad resolutoria que surge del propio acuerdo y de la ley. (Del voto del Dr. Guarinoni - disidencia)
I.- La sentencia de fs. 252/257, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por J. D. C., por sí y en representación de su hijo D. Esteban C., contra la Obra Social Unión Personal, reclamando, en la causa acumulante n° 11.432/07, el pago de $ 64.000 ($14.500 en concepto de reintegro de los gastos de tratamiento de internación de su hijo -desde enero a julio de 2007- en la institución "Asociación Proyecto U.N.O.", debido a una crisis de salud provocada por el consumo de drogas y la suma de $ 50.000 por daño moral) y, en la causa acumulada n° 1955/09, el pago de 26.900 ($ 21.900 en concepto de reintegro de los gastos de internación de su hijo desde agosto de 2007 a julio de 2008, en la misma institución antes mencionada y la cantidad de $ 5.000 por daño moral).
IV.- Ahora bien, surge del examen de las actuaciones que en mayo de 2006 J. C. suscribió el formulario de solicitud de ingreso a Accord Salud -el plan privado de Unión Personal- junto con la declaración jurada de enfermedades (ver fs. 100 y 101), oportunidad en la cual declaró no tener enfermedades ni internaciones ni cirugías previas ningún miembro de su grupo familiar. En lo que aquí interesa, respondió negativamente a la siguiente consigna "Marque con una cruz en cada casillero, si padece o ha padecido las siguientes enfermedades y/o estados anormales.Droga dependencia u otra toxicomanía". Luego, a la pregunta ¿Ha tenido internaciones?, contestó nuevamente que no.
V.- Por las consideraciones reseñadas, se impone concluir que no hay mérito para admitir las demandas por el cobro de las facturas que se reclaman en ambas actuaciones por la internación de D. Esteban C. en la institución "Proyecto U.N.O.", desde que ha quedado demostrado que la decisión de la accionada de resolver el contrato por falseamiento de la declaración jurada de salud (confr. carta documento de fs. 35) no ha sido, en el caso, arbitraria ni abusiva, sino el ejercicio regular de la facultad resolutoria que surge del propio acuerdo y de la ley (art. 1204 del Código Civil).
Para arribar a esa decisión, el "a quo" consideró que se encontraba acreditada la afiliación del actor y su grupo familiar, como así también que el vínculo se extendió desde el mes de mayo de 2006 hasta mayo de 2007, momento en que la demandada decidió darlo de baja, invocando falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud. Asimismo, el sentenciante puntualizó que, de acuerdo a la declaración jurada obrante a fs. 101, el actor omitió informar que su hijo D. C. tenía antecedentes toxicológicos desde los qu ince años y que, con motivo de ello, había realizado tratamientos de rehabilitación. Sin embargo, ponderó que la sanción posterior a los hechos de la Ley N°26.682, constituyó una circunstancia sobreviniente con entidad suficiente para proyectar influencia en la decisión de la controversia. En ese sentido, entendió que, de conformidad con dicha normativa, la existencia de enfermedades preexistentes de quien aspire a contratar un plan de cobertura, no puede ser criterio de rechazo de admisión de los usuarios. Por ello, y siendo que actualmente la obra social no podría rechazar una solicitud de afiliación del actor y su grupo familiar, concluyó que la parte se encontraba obligada a afrontar los gastos del tratamiento, que debieron ser soportados por el accionante con motivo de la desafiliación. Por tal motivo, hizo lugar a la pretensión deducida respecto a los reintegros solicitados en ambas causas. Por otra parte, desestimó lo relativo al rubro daño moral, en tanto consideró que aquél no se encontraba acreditado.
II.- Dicha decisión fue apelada por la demandada vencida a fs. 264 de la causa n°11.432/07. La obra social expuso sus agravios a fs.273/274, los que, en sustancia, se basan en: a) Yerra el sentenciante al resolver la cuestión planteada aplicando para ello lo dispuesto en la Ley N°26.682, que fuera sancionada varios años después de los hechos que originaron la presente demanda; b) El "a quo" debió considerar que se trata de un supuesto de rescisión contractual por falseamiento en la declaración jurada y que, el propio artículo 9 de la citada norma contempla aquella posibilidad; c) El falseamiento en la información, conocido por el actor y omitido en oportunidad de solicitar su ingreso, genera un grave vicio en el consentimiento y en la voluntad que anula el acto. De este modo, existe un indiscutible dolo que origina la nulidad del negocio jurídico celebrado; d) Las costas del proceso deben ser impuestas al demandante, en virtud de lo dispuesto por el artículo 68 del C.P.C.C.
III.- Corresponde recordar, que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, debiendo en tales casos, declararse desierto el recurso (conf. esta Sala, causa "Magnarelli" del 19.11.10).
IV.- Tal es lo que ocurre con el libelo de fs. 273/274 en el que la recurrente se limita a esbozar argumentos insustanciales con el fin de que se revoque la sentencia de grado. Nótese en primer término, que la accionada reprocha al "a quo", en breves párrafos (fs. 273/273vta.), el haber fundado su veredicto en la Ley N°26.682, la cual no se encontraba vigente al momento en que se desvinculo al accionante de la obra social. Sin embargo, luego justifica la rescisión del contrato que lo unía con el afiliado y su grupo familiar, con sustento en el artículo 9 de dicha normativa. De este modo, la apelante incurre en un evidente contrasentido, en la medida que cuestiona la aplicación en el sub lite de la referida ley y, posteriormente, se vale de lo allí dispuesto en el sentido que autoriza la rescisión contractual cuando un usuario haya falseado la declaración jurada, para darle así un marco jurídico a su defensa.
Sobre este punto, creo necesario formular algunas aclaraciones, para que se comprenda el porqué dichas alegaciones no pueden ser atendidas por el Tribunal para revisar lo resuelto en la anterior instancia.En primer término, debo recordar que el artículo 1058bis del Código Velezano -retomado con alguna variación por el artículo 383 del nuevo Código Civil y Comercial-, prescribía que "la nulidad o anulabilidad, sea absoluta o relativa, puede oponerse por vía de acción o de excepción". De este modo, si la obra social consideraba que el Sr. C. actuó de forma dolosa al momento de la celebración del acto jurídico ahora impugnado, debió formular las peticiones conducentes y acreditar sus dichos en la anterior instancia, observando lo dispuesto en materia de excepciones en el Código de rito. Sin desconocer las manifestaciones genéricas efectuadas por la accionada en el escrito de responde de la demanda (v. fs. 132vta.), lo cierto es que no se introdujo planteo alguno de conformidad con lo normado por los artículos 346, 347 y 350 del Código Procesal para habilitar así su tratamiento en el presente pleito. Dicho de otro modo, si la obra social consideraba que aquel acto se encontraba viciado, debió arbitrar los medios conducentes para así restarle la eficacia jurídica al acuerdo celebrado. Y es que, mal puede aquella parte pretender quitarle los efectos propios al acto jurídico cuya validez no ha sido cuestionada de acuerdo a lo que el propio ordenamiento prescribe al respecto. En virtud de ello, las manifestaciones vertidas por la recurrente para peticionar la revocación de la sentencia, podrían implicar una introducción tardía de una excepción no incorporada, ni menos aún sustanciada, en oportunidad procesal pertinente. Ello bastaría, para que el Tribunal rechace aquel extremo en orden a lo dispuesto por el artículo 271 del Código Procesal.
De lo expuesto se colige, que la manifiesta contradicción desde un enfoque jurídico de la cuestión en la que incurre el apelante, obstaculiza todo tipo de revisión en esta instancia. A lo que agrego, que los relatos fácticos a los que hace referencia a fs. 273 vta. -último párrafo-, siquiera se corresponden con las constancias de autos. En ese sentido, la quejosa manifiesta que "en el caso del actor y teniendo en cuenta que la misma no puede aducir no haber tenido conocimiento de su embarazo" (el subrayado me pertenece), cuando en rigor de verdad se imputó al demandante no haber informado los antecedentes toxicológicos de su hijo Diego.
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