Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-023-16.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:50:20
Document Index: 401300006

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 241', 'artículo 86', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 52', 'artículo 49', 'artículo 93', 'Artículo 6', 'artículo 94', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 89', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 65', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 67']

T-023-16
Sentencia T-023/16
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Reiteración de jurisprudencia
PERSONALIDAD-Implica condiciones tales como el nombre, la nacionalidad, la capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos y el estado civil
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Alcance
REGISTRO CIVIL-Importancia en el ejercicio del derecho a la personalidad
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Se prueba con el registro civil
CEDULA DE CIUDADANIA-Importancia de la cédula de ciudadanía en la identificación de las personas
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Caso en que se suspendió tramite de expedición de cédula de persona desmovilizada
Referencia: expediente T-5184796
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
En el proceso de revisión[1] del fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali (Valle del Cauca), el treinta (30) de julio de dos mil quince (2015).
El señor Juan interpone acción de tutela el día trece (13) de julio de dos mil quince (2015), porque considera que la Registraduría Nacional del Estado Civil le está vulnerando sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y personalidad jurídica al no resolver de fondo las reiteradas solicitudes de cancelación de una cédula en la que aparece registrada su foto y su huella, pero con datos que no corresponden a su identidad real[2].
1.1. Juan es una persona de treinta y cinco (35) años de edad,[3] afirma ser desmovilizado de un grupo al margen de la ley desde hace más de cinco (5) años y encontrarse en proceso de reintegración a la sociedad.
1.2 Indica que perteneció a una organización subversiva desde que era menor de edad, y que esta, lo obligó a sacar una cédula de ciudadanía con un registro civil de nacimiento falso que no corresponde con su verdadera identidad, expidiéndose la cédula a nombre de “Alfredo” con número de identificación “93.350.599 de Rovira (Tolima)” [4]
1.3 Según el accionante este documento de identidad, que tacha de espurio, no lo tiene en su poder ni hace uso de él, dado que su identificación real es Juan con número 1.110.519.916, expedida en Ibagué y con la cual ejerce su ciudadanía. Tal y como se precisará más adelante con la respuesta que dio la Registraduría Nacional del Estado Civil, a nombre de Juan efectivamente existe un registro civil de nacimiento que se presume valido y fue utilizado para tramitar una cédula asignándosele el cupo numérico 1.110.519.916. Sin embargo, la producción de esta cédula a nombre de Juan fue bloqueada cuando se advirtió un intento de doble cedulación, dada la “correspondencia por morfología y puntos característicos con la cédula número 93.350.599, expedida el 13 de abril de 2000 (…) a nombre de ALFREDO.”[5]
1.6 Con base en lo anterior, señala haber presentado tres (3) derechos de petición[6] ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas fechas y motivo se detallan a continuación:
1.8 Para respaldar sus afirmaciones el actor adjunta al escrito de tutela, documentos y certificaciones que en su totalidad están suscritos y expedidos a nombre de Juan y en los que se registra como documento de identificación la cédula de ciudadanía correspondiente al número 1.110.519.916. Estos escritos son: copia de los derechos de petición enunciados en los numerales anteriores; copia del registro civil de nacimiento con serial 5037006 a nombre de Juan[7]; contraseña expedida a nombre de Juan[8]; certificado de antecedentes judiciales y disciplinarios[9]; certificado de participación en el curso técnica empresarial dictado por el Instituto Técnico Laboral “José Antonio Galán” de Yumbo[10]; certificado de que participó del servicio social en el proyecto “En busca del equilibrio ambiental en el río Yumbo” organizado por la Alcaldía de Yumbo, Agencia Presidencial para la Reintegración – ACR, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo[11]; acta de compromiso del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, suscrita el día 22 de abril de 2010[12] y acta de declaración bajo juramento para fines extralegales de la Notaría Única del Circulo de Yumbo, de fecha 11 de marzo de 2015, en la que manifiesta: “pertenecí al grupo al margen de la ley FARC – EP y para efectos de dicha pertenencia fui obligado a sacar un registro civil de nacimiento falso y por ende la cédula de ciudadanía falsa No. 9.350.599 de Rovira – Tolima, con los nombres de Alfredo, de los cuales no hago uso de ellos, ni los tengo en mi poder, siendo mi nombre real Juan, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.519.916 expedida en Ibagué, documento con el cual ejerzo mi ciudadanía.”[13].
2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil[14]
2.2 Como soporte de la contestación de la tutela, la apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil anexa los siguientes documentos: copia simple de la comunicación dirigida al accionante[15], copia simple de la tarjeta decadactilar de preparación de primera vez de la cédula de ciudadanía 93.350.599[16], copia simple de consulta de trabajo en el archivo nacional de identificación de la cédula de ciudadanía No. 93.350.599[17], copia simple de consulta de trabajo en el archivo nacional de identificación de la cédula de ciudadanía No. 1.110.519.916[18], copia simple del registro civil de nacimiento indicativo serial No. 8531480[19], copia simple del registro civil de nacimiento indicativo serial No. 5037006[20] y copia simple del informe de investigación[21].
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[22]
3.1 La acción de tutela, según ha determinado en repetidas oportunidades esta Corte, fue consagrada por el Constituyente como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, no obstante, no se diseñó para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias. Así, el artículo 86 de la Carta dispone que este amparo constitucional “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” [23] .
3.2 Sin embargo, jurisprudencialmente se ha definido que la simple existencia de un mecanismo judicial ordinario de defensa no implica, per se, declarar improcedente el recurso constitucional de amparo promovido, ya que en cualquier caso resulta necesario valorar si el mismo se configura como la herramienta idónea para garantizar el ejercicio integral de los derechos que se estiman conculcados, por cuanto, en el evento de no ser así, la situación ya no sólo se torna legalmente relevante, sino constitucionalmente trascendente.[24]
3.3. Así las cosas, la Corte ha admitido el ejercicio excepcional de la acción de tutela en dos eventos[25]: en primer lugar, cuando se interpone como el medio principal para garantizar la protección inmediata de los derechos invocados, siempre que (i) no exista otro mecanismo judicial disponible dentro del ordenamiento, o (ii) pese a existir, el mismo no resulte idóneo o eficaz para tal fin. En segundo lugar, cuando se ejerce de forma transitoria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, cuya configuración exige la prueba siquiera sumaria[26] de su inminencia, urgencia, gravedad, así como la consecuente necesidad de acudir a este medio constitucional como fórmula de protección impostergable.[27]
3.4 Esta Corporación ha reiterado la procedencia de la tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y ha explicado que el mismo se debe valorar atendiendo las circunstancias del caso concreto, y teniendo en cuenta que sea (a) cierto e inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable. [28]
3.5 Frente a la configuración de un perjuicio irremediable, debe tenerse en cuenta las circunstancias específicas que plantee cada caso concreto, dado que existen ciertas personas con características particulares que padeciendo daños o amenazas no constitutivas de perjuicio irremediable, al encontrarse en condiciones de debilidad, vulnerabilidad o marginalidad tienen derecho a que se les otorgue un “trato diferencial positivo”[29]. En tal caso, se debe ser flexible con el análisis de procedibilidad en consideración a que están de por medio derechos de sujetos de especial protección, como por ejemplo, niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza, o desplazados.
3.6 En el caso de los desmovilizados, la Corte ha definido a quien es “reinsertado” o “desmovilizado” como aquel individuo que decide abandonar voluntariamente las filas de un grupo armado al margen de la ley al que pertenece, para entregarse a las autoridades estatales y reincorporarse a la vida civil dejando de lado la violencia y asumiendo el compromiso de vivir en paz, siendo obligación del Estado brindarle un especial apoyo y protección[30]. Si bien las personas desmovilizadas no son, per se, sujetos de especial protección constitucional pues algunas de ellas cuentan con todos los medios para acudir al juez constitucional en igualdad de condiciones con el resto de la población, esta Corporación[31] sí ha destacado que pueden hallarse en situación de debilidad manifiesta cuando, en virtud del proceso de desmovilización, enfrentan dificultades superiores al resto de la población para garantizar su seguridad personal o para el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
(i) Los trámites administrativos y judiciales que le sugirió al actor la Registraduría Nacional del Estado Civil[32], de obtener un duplicado o rectificación de una cédula expedida presuntamente con un registro civil de nacimiento falso o de acudir a la vía judicial para determinar la fecha y lugar de nacimiento y su filiación materna y paterna, son gestiones que implican avalar un presunto hecho punible y tienen el potencial riesgo de afectar su seguridad personal dada la imposibilidad de desplazarse a la localidad de Rovira (Tolima) a cancelar el registro civil de nacimiento con base en el cual se tramitó la cedula de ciudadanía a nombre de “Alfredo con número 93.350.599”.
(iv) Por otra parte, la Corte ha señalado en casos similares que es procedente la tutela, en la medida en que ser portador de un documento de identidad que no refleja de forma acertada alguno de los atributos de la personalidad genera un perjuicio que tiene la virtualidad de ser grave, pues si se prolonga en el tiempo puede afectar su derecho a la personalidad jurídica, pero además, dificultar la identificación lo cual conlleva a entorpecer el libre desarrollo de la personalidad, su relación con el Estado y las demás personas, siendo necesaria una respuesta institucional expedita[33]. En la tutela bajo estudio, debe tenerse en cuenta que el actor ni siquiera es portador de un documento de identidad, pues la primer cédula la tramitó en contra de su voluntad cuando perteneció al grupo insurgente Farc-Ep, pero no hace uso de ella ni la tiene en su poder; en cuanto a la segunda cédula, la misma empezó a ser tramitada pero nunca fue expedida. Estas circunstancias permiten concluir que al no tener actualmente el actor la posibilidad de identificarse con un documento idóneo la tutela debe atender con urgencia la vulneración de sus derechos constitucionales.
4.1 De acuerdo con el artículo 14 de la Carta, “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.” En igual sentido, lo han señalado normas del Derecho Internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 6)[34], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 16) y la Convención Americana de los Derechos Humanos (artículo 3).
4.2 Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional desde la Sentencia T – 485 de 1992 dijo que el derecho a la personalidad jurídica, “presupone toda una normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, (…)”.[35]
4.3 Pero además la Corte ha sostenido que este derecho de permitir a la persona natural ser titular de derechos y ser sujeto de obligaciones “comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”. Dichos atributos son la capacidad de goce, el patrimonio, el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil”.[36]
4.4 Dentro de los elementos que se derivan del reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, el nombre comprende “el nombre, los apellidos, y en su caso el seudónimo, y sirve para identificar e individualizar a cada persona en relación con los demás y con el Estado.” [37] En cuanto a la nacionalidad esta representa el vínculo que une a una persona con el Estado y que permite “participar en la conformación y control de los poderes públicos y genera derechos y deberes correlativos.”[38] Con respecto a la capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos, esta implica “el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello se requiera acudir a otro.”[39] Y con relación al estado civil de las personas es considerado “la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad, estado mental, si son hijos extramatrimoniales o adoptivos, casados o solteros, etc.”[40]
4.5 Con relación al nombre como atributo de la personalidad jurídica y del libre desarrollo de la personalidad, la Corte ha dicho que la personalidad jurídica no se agota en la facultad del individuo de ser sujeto de derechos y obligaciones sino que comprende una serie de atributos inherentes a la persona que la distinguen, identifican y singulariza[41],[42].
4.6 La Corte desde sus primeras decisiones ha resaltado que el nombre le confiere a la persona identidad en sus relaciones sociales y con el Estado, en la medida en que es expresión de la individualidad que permite su reconocimiento e identificación frente a los demás, de aquí que cumpla una función jurídica relevante para la persona y la sociedad[43]. En este sentido, en Sentencia T-1226 de 2001 afirmó que del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica “se deducen necesariamente los derechos a gozar de una identidad ante el Estado y frente a la sociedad, tener un nombre y un apellido, ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico.” [44], [45].
4.7 En cuanto al estado civil de las personas, como ya se dijo, este es un atributo de la personalidad jurídica que se ha definido como una situación jurídica que expresa la calidad de un individuo frente a la familia y a la sociedad. La Corte ha definido el estado civil como una institución de orden público, universal, indivisible, inherente al ser humano, indisponible, inalienable, irrenunciable, inembargable, imprescriptible, que no puede establecerse por confesión y que confiere estabilidad, y tiene efectos frente a las demás personas. “La función del estado civil es demostrar la capacidad de la persona para que esta pueda ser titular de derechos y obligaciones. Las fuentes del estado civil son los hechos, como el nacimiento, los actos, como el matrimonio, y las providencias, como la interdicción judicial. Los elementos que conforman el estado civil son la individualidad, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y la filiación”. [46] En tal sentido, la información del estado civil es fundamental para el reconocimiento de la personalidad jurídica.
4.8 En relación con el registro civil de nacimiento, este permite el ejercicio de los derechos civiles de las personas, y además, en él se “inscribe todo lo relacionado con el estado civil de las personas, por lo que el legislador estableció unos trámites precisos para modificar o alterar estos documentos.”[47],[48].
4.9 La importancia del registro civil en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica se vislumbra en la medida que es el medio idóneo para probar el estado civil de una persona desde el nacimiento hasta la muerte, pero además, es a través del registro civil que las personas adquieren oficialmente otro de los atributos de la personalidad como es el nombre.[49] “En el registro civil, el cual es único y definitivo (artículo 11), constan todos los hechos y actos relativos al estado civil y a la capacidad de las personas (artículo 10). En la inscripción del nacimiento debe constar esencialmente el nombre del inscrito, el sexo, el municipio y la fecha de nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y del general de la oficina central (sección genérica); asimismo la hora y lugar de nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre, en lo posible la identidad de uno y otro, su profesión, nacionalidad, estado civil, entre otros datos (sección específica) (artículo 52). El nacimiento para efectos de ser registrado, se acredita mediante certificado del médico o de la enfermera que haya asistido a la madre en el parto y, en su defecto, con la declaración juramentada de dos testigos hábiles que se entenderá prestada por el sólo hecho de la firma (artículo 49).”[50], [51].
4.10 En cuanto al instrumento que permite la identificación e individualización de las personas como es la cédula de ciudadanía, la Corte ha señalado su importancia y las funciones que cumple en reiterada jurisprudencia. Por ejemplo en Sentencia T – 522 de 2014, la Sala de Revisión de la Corte se refirió 3 funciones esenciales que cumple la cédula de ciudadanía: “(i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. Además, constituye un medio idóneo para acreditar la “mayoría de edad”, la ciudadanía, entre otras, por lo cual es un instrumento de gran importancia en el orden tanto jurídico como social, por lo que la falta de expedición oportuna de tal documento desconoce el derecho de cualquier persona al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por lo tanto, su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.” [52]
4.11 De esta forma, la cédula de ciudadanía tiene el alcance de prueba de la identificación personal, por cuanto con ella las personas pueden acreditar que son titulares en los actos jurídicos o situaciones donde se exija la prueba de tal calidad. Además, a través de la cédula se tiene la facultad de participar en la actividad política del país, se garantiza la democracia participativa habilitando a los ciudadanos para que puedan elegir y ser elegidos, y promoviendo la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.[53]
4.12 Así mismo, en Sentencia C-511 de 1999 esta Corporación afirmó que la cedula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica “un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. No cabe duda que la cédula de ciudadanía constituye un documento al que se le atribuyen alcances y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad.” [54]
5.3 En relación con lo anterior, la Corte se ha pronunciado en casos en los que se ha dilatado injustificadamente el otorgamiento de una cédula de ciudadanía. Así, en Sentencia T – 721 de 2010se resolvió la acción de tutela interpuesta contra la Registraduría Nacional de Estado Civil, por diez personas que se encontraban privadas de la libertad y que adujeron que la no expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía les estaba vulnerando su “derecho fundamental de identificación”, por lo que se amparó su derecho a la personalidad jurídica. En la decisión se dijo “(…) con relación a la dilación injustificada para expedir la cédula de ciudadanía, que tal omisión es una violación de derechos fundamentales, ya que a pesar de expedirse una contraseña antes de la entrega del documento definitivo, la misma resulta insuficiente para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así las cosas, se ha considerado que dada la trascendencia jurídica de la cédula de ciudadanía, es deber del estado garantizar su oportuno trámite, expedición, renovación, rectificación y devolución.” [55]
5.4 Igualmente, en Sentencia T – 006 de 2011 esta Corporación estudió el caso de un ciudadano que interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar que esta le vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, a la personalidad jurídica y al debido proceso cuando decidió, por una parte, cancelar de sus dos cédulas de ciudadanía la única que consignaba su nombre y datos reales y, por otra, dejar vigente la que presentaba datos diferentes y equivocados. En criterio de la Corte, “(…) la cancelación de cédulas en casos de múltiple cedulación es una competencia que entraña el riesgo de afectar, así sea a causa de un error de buena fe, el derecho a la personalidad jurídica de los ciudadanos. Siendo así las cosas, la pregunta que debe hacerse esta Corte es si ese riesgo de errar y de afectar un derecho fundamental, es un motivo suficiente para concluir que en el trámite de cancelación de cédulas debe respetársele al titular de el o los documentos de identidad, próximos a cancelarse, el derecho al debido proceso, en su dimensión expresamente estatuida del derecho “a ser oíd[o]”, según la fórmula de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1., en concordancia con el artículo 93, C.P.) La respuesta a ese interrogante debe ser afirmativa.” [56]
5.6 Esta sub-regla jurisprudencial fue igualmente reafirmada en Sentencia T – 763 de 2013 en la que se estudió si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso de una mujer que incurrió en doble cedulación, y como consecuencia de ello, le fue cancelada oficiosamente su cédula de ciudadanía más reciente, dejando sin vigencia la que ella consideraba representaba su real identidad, procedimiento en el cual no le permitieron ser oída. En esta sentencia se determinó la procedencia de la tutela para garantizar los derechos fundamentales de la actora en virtud de su condición de indefensión y vulnerabilidad por ser desplazada, y, en consecuencia se dejó sin efecto la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la cual se canceló una de sus cédulas de ciudadanía, ordenando notificar a la actora del inicio del procedimiento administrativo, indicándole que tenía la posibilidad de ser oída para que presentara su versión sobre los hechos y de ser necesario aportara los documentos que considerara necesarios, luego sí, la Registraduría podría cancelar una de las cédulas atendiendo lo establecido en los artículos 67 y 68 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral). [57], [58].
5.7 Recientemente, en un caso que similar al que hoy debe resolver la Sala de Revisión, específicamente en la Sentencia T-623 de 2014[59], esta Corporación falló una tutela en la que a una víctima de una red de trata de personas le fue otorgada sin su consentimiento una cédula a la edad de 15 años, la cual se expidió en la ciudad de Cali. Relata la accionante que una vez pudo abandonar ese ambiente, y ya con la edad requerida para obtener su documento de identidad, solicitó en el municipio de Tumaco la cédula de ciudadanía que, a su juicio, la identificaba. Señala por el extravío de este último documento solicitó un duplicado, momento en el cual se percató tanto de la coexistencia de las dos cédulas como del proceso que había iniciado de oficio la Registraduría para cancelar la cédula expedida en Tumaco y dejar vigente la inicial expedida en la ciudad de Cali.
6.1 De acuerdo con los antecedentes de esta providencia, el accionante Juan manifestó que desde que era menor de edad perteneció al grupo insurgente Farc-Ep del cual se desmovilizó en el año 2010[60]. Durante su participación en esta organización armada, fue forzado a tramitar una primer cédula de ciudadanía con base en un registro civil de nacimiento falso que no reflejaba su identidad, expidiéndose por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil una cédula bajo el nombre de “Alfredo” con número de identificación “93.350.599 de Rovira (Tolima)”; agrega que de este documento de identidad no hace uso ni lo posee, pues su nombre real es Juan, con el cual ha ejercido su ciudadanía[61].
Debido a tal situación, elevó infructuosamente derechos de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando la cancelación de la cédula de ciudadanía número “93.350.599 de Rovira (Tolima)” a nombre de “Alfredo”, presentando razones que coinciden con las expuestas en esta tutela[62]. Además, destacando que en virtud de su condición de reinsertado del grupo insurgente Farc-Ep le era imposible por motivos de seguridad desplazarse al municipio de Rovira a cancelar el registro civil de nacimiento en los términos exigidos por la Registraduría. Posteriormente, Juan instauró la tutela que hoy se estudia en sede de revisión.
6.4 De otra parte, un hecho que confirma la vulneración de las garantías constitucionales del señor Juan es que no le contestaron los derechos de petición que presentó a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como se puede observar en la contestación que dio a la tutela la entidad accionada, solo hasta que el amparo constitucional se interpuso se dio respuesta (a través de oficio con radicado interno AT 1924 de 27 de julio de 2015)[63] a las reiteradas e insistentes solicitudes del actor tendientes a permitir el ejercicio de su derecho a la personalidad jurídica a través de la cancelación de una cédula de ciudadanía que no usa ni porta (a nombre de Alfredo) derivada de un registro civil de nacimiento falso, y además, habilitando la expedición del documento de identidad que verdaderamente lo representa e identifica (a nombre de Juan), con el cual declara que ha ejercido su ciudadanía.
Con relación a esta última afirmación del actor, debe destacarse que de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso se demuestra que (i) desde el momento que se reincorporó a la vida civil, se ha identificado ante las autoridades estatales y en su entorno social con el nombre de Juan[64]; (ii) posee el registro civil de nacimiento con serial 5037006 e inscripción en la Notaría Primera de Palmira (Valle del Cauca) el 11 de agosto de 1980, a nombre de Juan, con fecha y lugar de nacimiento el 28 de julio de 1980 en Palmira, documento cuya autenticidad se presume y cuya existencia fue confirmada con la información remitida por la Registraduría en la contestación de la presente tutela[65]; (iii) el acta de compromiso del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas fue suscrita el día 22 de abril de 2010, bajo el nombre de Juan. Es decir, que en su actual condición de desmovilizado de la guerrilla de las Farc-Ep, hay un reconocimiento por parte del Estado en su proceso de reintegración a la sociedad con un nombre y una identificación que hoy el propio Estado pretende negarle.
6.5 No menos preocupante que el silencio de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante estos 5 años para resolver de fondo el problema que plantea el actor, ha sido la respuesta que en el trámite de esta tutela se ha brindado. Así, la contestación de la tutela recoge la respuesta que frente al mismo caso da, de una parte, la Dirección Nacional de Identificación, y de otra, la Dirección Nacional de Registro, ambas dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil[66]. La primera concluye que la solución frente al problema planteado por el actor, es que se identifique “para todos los efectos con la cédula de ciudadanía número 93.350.599 expedida a nombre de Alfredo, documento que a la fecha se encuentra vigente y del cual debe solicitar tramite de duplicado o rectificación en caso de que requiera tramitar algún cambio de sus datos biográficos”[67] (Negrilla fuera de texto original)
6.8 La otra dependencia (Dirección Nacional del Registro) de la Registraduría considera que para que el actor solucione la dificultad que actualmente padece con su identificación, lo pertinente es que “acuda a la vía judicial, con el fin de que se establezca la verdadera fecha y lugar de nacimiento, así como la verdadera filiación paterna y materna del inscrito, de conformidad con las pruebas aportadas.”[68] (Negrilla fuera de texto original)
6.9 Al respecto resulta claro que la determinación de la fecha y lugar de nacimiento, y de su filiación paterna y materna por vía judicial, tiene varias dificultades para el presente caso, pues implica (i) continuar dilatándole más allá de los 5 años que ya han transcurrido, la limitación de su derecho a la personalidad jurídica siendo necesaria una intervención pronta y eficaz; (ii) asignar una carga probatoria desproporcionada dada la condición de vulnerabilidad del actor, que se deriva de su condición de desmovilizado del grupo insurgente (Farc-Ep), lo cual supone haber vivido una parte de su existencia en la clandestinidad y el anonimato para evadir las labores de defensa y seguridad propias de la fuerza pública. Y es que no tiene la misma posibilidad de reconstruir hechos relacionados con su vida, quien ha crecido y se ha desarrollado en condiciones de tranquilidad y normalidad, siendo una persona reconocida en su entorno social y familiar, que aquel que ha vivido desde que era menor de edad, y quien sabe si desde su niñez, ocultándose y evitando exponerse públicamente; (iii) desconocer la especial protección que debe procurar el Estado a quienes deciden abandonar las armas que en algún momento empuñaron contra este, exteriorizando un actuar de buena fe y un compromiso claro y personal en la resolución pacífica del conflicto armado[69], cuyo aporte es significativo pues se manifiesta en su propia decisión de desmovilizarse.[70]
7.1 De acuerdo con la normatividad legal vigente[71], la Sala de Revisión resalta la competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la cancelación de documentos de identidad en casos de múltiple cedulación; igualmente, es claro que de acuerdo con los protocolos de seguridad previstos por la misma entidad, el sistema de identificación con que esta cuenta puede bloquear en forma automática la expedición de un documento de identificación cuando advierta un intento de múltiple cedulación. Sin embargo, tales competencias deben ser ejercidas dando previamente el derecho al afectado a ser escuchado y allegar las pruebas que considere pertinentes.
7.2 En lo que respecta a las actuaciones realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el caso sub judice, la Sala considera que las mismas han afectado el derecho fundamental al debido proceso del actor, pues no fue escuchado previamente a la interrupción del trámite de expedición de la cédula de ciudadanía que inició para, al parecer, recuperar su verdadera identidad. Además, no se le dio respuesta a los derechos de petición[72] presentados por el actor, en los que se exponía las circunstancias específicas, que según él, rodearon la expedición de la primera cédula de ciudadanía (a nombre de Alfredo), remitidos en el año 2010 y 2014, en los que explicó claramente que la guerrilla de las Farc-Ep a la cual pertenecía en aquel entonces, lo forzó a realizar el mencionado trámite.
A LA SENTENCIA T-023/16
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Razones de procedencia del amparo han debido sustentarse en un análisis general de las circunstancias del caso, sin hacer miramientos especiales por la condición de desmovilizado del sujeto (Aclaración de voto)
Aclaro mi voto frente a la sentencia T-023, aprobada por la Sala Primera de Revisión el 2 de febrero de 2016 porque, si bien comparto que en este caso debían tutelarse los derechos fundamentales al debido proceso y a la personalidad jurídica del accionante, las razones de procedencia del amparo han debido sustentarse en un análisis general de las circunstancias del caso, sin hacer miramientos especiales por la condición de desmovilizado del sujeto.
1. En la providencia se establece que "las personas desmovilizadas no son, per se, sujetos de especial protección constitucional"[73], reconociendo que "cuentan con todos los medios para acudir al juez constitucional en igualdad de condiciones que el resto de la población"[74]. Estoy de acuerdo con esta afirmación en tanto las personas reintegradas a la vida civil hacen parte de la sociedad y, por lo mismo, disfrutan de los mismos derechos y deben soportar las mismas cargas que se imponen a cualquier otro ciudadano. En este sentido el análisis de procedencia de la acción de tutela, en tratándose de población desmovilizada, se debe sujetar a los estándares aplicados a la generalidad de la población de acuerdo con las reglas que la jurisprudencia de manera reiterada ha dispuesto.
2. A este respecto debo reiterar que en la jurisprudencia en vigor sobre procedencia de la acción de tutela se establece que una persona -fuere desmovilizada o no-, que se encuentre en unas condiciones en las cuales agotar los mecanismos judiciales ordinarios le genere una carga desproporcionada, esté soportando un perjuicio irremediable, o tenga en entredicho la eficacia de la protección de su derecho, debe tener a su disposición la acción de tutela para la protección efectiva de sus derechos.
3. En el caso analizado se señalaron algunas circunstancias relacionadas con la seguridad personal del actor que daban lugar a la procedencia de la acción de tutela, dado lo gravoso desde el punto de vista iusfundamental de su situación particular: esta circunstancia resultaba suficiente para considerar procedente el mecanismo de la acción de tutela en el caso concreto. Aún más, la procedencia de la acción de tutela se podía derivar fácilmente de la afectación intensa que para los derechos fundamentales de una persona implica no contar con un documento de identidad válido. Es así como en anteriores providencias, la Sala Primera había concedido de manera directa la acción de tutela en este tipo de casos[75], o había optado por identificar el perjuicio irremediable que acarreaba para el accionante una falta práctica de identidad[76]. Este ha debido ser el camino para derivar la procedencia de la acción de tutela, pues no es necesario aplicar un tratamiento diferenciado a quien no sea un sujeto de especial protección constitucional.
4. En el caso analizado, a pesar de que no se adjudica la calidad de sujeto de especial protección al actor por el hecho de su desmovilización, si se considera que ha de brindarse un tratamiento diferenciado por cuanto "la desmovilización es un hecho que, en sí mismo, justifica un tratamiento constitucional favorable"[77]. Esta afirmación sirve de base para algunas observaciones frente al caso, incluyendo la cuestión de la procedencia que se titula de tal manera que da lugar a entender que en el caso de los desmovilizados debería hacerse un análisis distinto al de la generalidad de la población. Con relación a este punto, considero que establecer un trato diferenciado para el análisis de procedencia de la acción de tutela, sin que los tutelantes encuadren en la categoría de sujetos de especial protección constitucional, es inconveniente e incluso contrario al principio de igualdad.
[1] En Auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), la Sala de Selección de Tutelas número diez dispuso la revisión del expediente de la referencia, el cual fue repartido para su sustanciación.
[2] No obstante que en los hechos de la tutela solo se menciona como vulnerado el derecho fundamental de petición, en el acápite de fundamentos jurídicos que sustentan la tutela, también se alude a los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y el debido proceso. Igualmente, en el acápite de declaraciones se mencionan los derechos al buen nombre, la vida en condiciones dignas y el derecho al reconocimiento e identificación personal.
[3] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del registro civil de nacimiento con serial número 5037006, con fecha y lugar de nacimiento 28 de julio de 1980 en Palmira (Valle del Cauca) e inscripción en la Notaría Primera de Palmira el 11 de agosto de 1980. (Folio 12 del cuaderno principal)
[4] A folio 20 del cuaderno principal, el accionante anexa un acta de declaración bajo juramento para fines extraprocesales, realizada en la Notaría Única del circulo de Yumbo en la cual manifiesta: “PERTENECI AL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY FARC-EP Y PARA EFECTOS DE DICHA PERTENENCIA FUI OBLIGADO A SACAR REGISTRO CIVIL FALSO Y POR ENDE LA CEDULA DE CIUDADANIA FALSA No. 93.350.599 DE ROVIRA – TOLIMA, CON LOS NOMBRES DE “ALFREDO”, DE LOS CUALES NO HAGO USO DE ELLOS, NI LOS TENGO EN MI PODER, SIENDO MI NOMBRE REAL JUAN IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.110.519.916 EXPEDIDA EN IBAGUE, DOCUMENTO CON EL CUAL EJERZO MI CIUDADANÍA.”
[5] Folio 34 del cuaderno principal. En adelante cuando se mencione un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal.
[6] A pesar de que en el escrito de tutela el actor manifiesta que radicó tres (3) derechos de petición, en los anexos de la tutela allego cuatro (4) peticiones las cuales obran a folios 8, 9, 10 y 11 del cuaderno principal. Los derechos de petición elevados por el accionante a la Registraduría Nacional del Estado Civil tienen como fechas de envió el 23 de agosto de 2010 (con radicado de la entidad), 27 de febrero de 2012 (aparece sin guía de envío), 4 de noviembre de 2014 (con guía de envío número 908382857 de la empresa Servientrega) y existe una última comunicación que no registra fecha, sin embargo en el expediente aparecen dos guías de envió de documentos a la Registraduría Nacional del Estado Civil con número GN22512583 de la empresa Thomas express y número 7208826686 de la empresa Servientrega.
[7] Folio 12. La fecha en que se asienta el registro en mención es el 11 de agosto de 1980 en la Notaria primera de Palmira (Valle del Cauca). De los datos consignados en el mismo se puede leer: “fecha y lugar de nacimiento: 28 de julio de 1980 en Palmira, datos el nacimiento: Hospital San Vicente de Paúl de Palmira (…)”
[8] Folio 13. La contraseña tiene asignado el número de identificación 1.110.519.916, indica que la fecha y lugar de nacimiento es el 28 de julio de 1980 en Palmira (Valle del Cauca).
[9] Folio 14 y 15. Estos certificados son expedidos a nombre de Juan y en ellos no se registran antecedentes ni judiciales ni disciplinarios.
[10] Folio 16
[11] Folio 17
[12] Folio 19. En esta acta consta que Juan en su calidad de desmovilizado, manifestó su voluntad de acogerse a los parámetros y criterios fijados por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupo Alzados en Armas, aceptando entre otras cosas, recibir un apoyo económico a la reintegración con el compromiso de presentarse y contactarse con el centro de servicios de la ciudad en la cual residirá.
[13] Folio 20
[14] Folio 32 al 37
[15] Folio 37 al 39.
[16] Folio 39 y 40.
[19] Folio 41.
[23] Sentencia T-719 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa)
[24] Al respecto puede verse, entre otras, la sentencia T-489 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica; T-1088 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-034 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-472 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y T-128 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[25] Estas reglas de aplicación fueron desarrolladas en la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[26] En sentencia T-1068 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo: “(…) para demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos sacramentales pero al menos alguna indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su familia”. Posteriormente, en sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, se señaló: “(…) tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada (…). De cualquier manera, no todos los daños constituyen un perjuicio irremediable por el simple hecho de tratarse de sujetos de trato preferencial”. De igual forma, sobre la flexibilidad en la valoración del perjuicio, pueden observarse las sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-167 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-352 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-796 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto; T-206 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio; T-269 de 2013 y T-276 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[27] Estas reglas de aplicación fueron desarrolladas en la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] Sentencia T-719 de 2003 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa)
[29] Sentencia T-416 de 2001 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta decisión se amparó el derecho de salud en conexidad con la vida, de una persona que no había sido atendida por el Instituto de Seguros Sociales, al considerar que su estado de salud, sumado a su condición de persona de tercera edad la ponían en una condición de vulnerabilidad que ameritaban un “trato diferencial positivo” a través de la atención prioritaria.
[30] En la Sentencia T-719 de 2003 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte concede el amparo solicitado por el núcleo familiar de un reinsertado de la guerrilla de las FARC que había sido asesinado. En la decisión se ordenó tutelar los derechos a la seguridad personal y al mínimo vital de la compañera supérstite y de su hijo menor. Para ello, ordenó a la Dirección del Programa de Reincorporación a la Sociedad Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior, realizar varias actuaciones tendientes a la valoración del riesgo a su seguridad personal, la inclusión en un proyecto productivo, el otorgamiento de un soporte económico para garantizar su subsistencia digna y la de su hijo, entre otros.
[31]Así ocurrió, por ejemplo, en la mencionada Sentencia T-719 de 2003 (pronunciamiento hito en materia de seguridad personal para personas en proceso de reintegración a la vida civil, tras su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley), pues la Corte consideró que debía aplicar un análisis de procedencia de la acción flexible, debido a que la peticionaria era una mujer cabeza de familia cuyo esposo fue asesinado por un grupo al margen de la ley del cual decidió separarse, lo que generó una doble condición de vulnerabilidad. De un lado, la imposibilidad económica de asegurar su mínimo vital y, de otro, un alto riesgo para su seguridad y la de su hijo.
[32] Folio 34 y 35.
[33] Sentencia T-963 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería). En esa ocasión, la Corte estudió un caso en el que una persona reclamaba la protección de sus derechos, los cuales estimaba violados por la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de cancelar una de sus cédulas de ciudadanía.
[34] Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
[35] (M.P Simón Rodríguez Rodríguez)
[36] Sentencia T – 729 de 2011 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Esta sentencia revisó si la negativa del Notario Único del Círculo de Belalcázar, Caldas, de corregir a través de escritura pública el error que se presentaba en el registro civil de nacimiento del actor, vulneraba sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la seguridad social, pues en criterio del Notario, tal modificación alteraba el estado civil. Concluyó la Sala de Revisión que se estaban vulnerando los derechos fundamentales del actor, por lo cual ordenó al Notario proceder a la corrección solicitada del registro civil de nacimiento.
[37] Sentencia T – 308 de 2012 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) Aquí se resolvió un amparo constitucional de una accionante en contra de una Notaría, la Registraduría Nacional del Estado Civil y un Hospital, a la cual se le vulneraron sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, entre otros, con ocasión de la cancelación de su cédula de ciudadanía por reportarse como persona fallecida, circunstancia de la que solo se percató cuando se le perdió el documento de identidad y tramitó el duplicado. Entre las órdenes proferidas, se destaca la que se dio a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que corrigiera el registro civil y restableciera el documento de identidad.
[41] Sentencia T-1033 de 2008, (M.P Rodrigo Escobar Gil). En esta sentencia el accionante fue identificado originalmente con un nombre masculino que fue debidamente inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con base en el registro civil de nacimiento. Sin embargo, en el curso de su existencia y en ejercicio del derecho al libre desarrollo de su personalidad, el accionante redefinió su identidad sexual, por medio de un tránsito paulatino de un carácter masculino, impuesto por rasgos físicos y biológicos, a uno femenino libremente optado conforme a su propio reconocimiento y expectativa de proyección en sociedad. No obstante, la pretensión de reorientación del plan de vida del actor encontró una talanquera en la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el sentido de no acceder a su solicitud de modificación del nombre para retornar a aquél originalmente registrado. La respuesta negativa que ofreció la Registraduría Nacional del Estado Civil, en relación con la solicitud de cambio de nombre por parte del actor, estuvo soportada en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 que, en lo pertinente, señala lo siguiente: “El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal”. En la decisión se ampararon los derechos a la personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad y se inaplicó la disposición mencionada.
[42] Sentencia C-109 de 1995, (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[43] Sentencia T-594 de 1993 (M.P Vladimiro Naranjo Mesa).
[44] (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.) En dicha sentencia la Corte tuteló el derecho a la personalidad jurídica de una mujer, desconocido por la omisión de una Notaría de no notificarle el reconocimiento que de ella hiciera su padre como su hija extramatrimonial, al momento en el que firmó su acta de nacimiento. La Corte consideró que dicha omisión vulneraba los derechos al nombre y a conocer la filiación.
[45] Con relación al nombre, el Decreto Ley 1260 de 1970 dispone en su artículo tercero que: “Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. (…)”.
[46] Sentencia T – 450A de 2013 (M.P Mauricio González Cuervo) Aquí se desconocieron los derechos al registro y a la personalidad jurídica, por la no inscripción de un bebé cuyo certificado de nacimiento vivo no precisa el sexo debido a que en el momento de su nacimiento no pudo identificarse si era niño o niña.
[47] Sentencia T – 678 de 2012 (M.P María Victoria Calle Correa) Esta sentencia amparó los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso de una accionante que pedía a la Registraduría Nacional del Estado Civil que se cancelara el segundo registro civil de nacimiento y se expidiera una nueva cédula de ciudadanía en donde se corrigieran sus apellidos.
[48] El Decreto Ley 1260 de 1970, dispone: Artículo 1.- El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley. Artículo 2.- El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos.”
[49] Sentencia T – 277 de 2002 (M.P Rodrigo Escobar Gil) En este caso la demandante considera que el Registrador del Estado Civil ha violado los derechos de su hijo a tener un nombre y una nacionalidad, al negarse a registrarlo con los apellidos maternos e impedir con ello su afiliación al SISBEN, pese a que la actora se encuentra legalmente casada y sin anotaciones adicionales en su registro civil de matrimonio. Al resolver el asunto la Corte previno a la accionante para que proceda a registrar a su hijo con el primer apellido de su esposo, seguido del primero de la madre, tal y como lo ordena el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970.
[50] Sentencia T-231 de 2013 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) En esta sentencia se amparan los derechos a la personalidad jurídica de dos accionantes, a los que se les había negado por parte de las notarías accionadas corregir el registro civil en la casilla del sexo, por lo cual se ordenan las respectivas correcciones a través de escritura pública.
[51] Con relación a las modificaciones que se deban realizar al registro civil, el artículo 89 y 91 del Decreto Ley 1260 de 1970, sustituido respectivamente por el artículo 2 y 4 del Decreto 999 de 1998, dispone: Artículo 2.- Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos del modo y con las formalidades establecidas en este Decreto. Artículo 4.- Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio, (…) Los errores en la inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. (…) Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil.”
[52] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Aquí se resuelven dos casos acumulados, en uno de ellos se declara improcedente la tutela por carencia de objeto, y en el otro, se tutelan los derechos fundamentales a la vida, dignidad, mínimo vital y personalidad jurídica del accionante, que no obstante encontrarse en una situación irregular de doble cedulación conocida por la Registraduría, ve afectados sus derechos al no expedirse el documento de identidad solicitado lo cual le impide reclamar ante una entidad bancaria subsidios para tercera edad de los cuales es beneficiario.
[53] Sentencia T-118 de 2002 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) Con esta decisión se revocaron los fallos que negaron el amparo a los demandantes, y por ende se accedió a la protección de los derechos vulnerados, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil a la expedición de las cédulas de ciudadanía de las peticionarias.
[54] M.P Antonio Barrera Carbonell. En esta sentencia se declaró inexequible la expresión "renovación", contenida en el artículo 65 del Decreto-ley 2241 de 1986, por el cual se adoptó el Código Electoral.
[55] M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[56] M.P María Victoria Calle Correa.
[57] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) “ARTÍCULO 67. Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes:
[59] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] A folio 11, consta el acta de compromiso del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, suscrita el día 22 de abril de 2010, en la que Juan en su calidad de desmovilizado manifestó su voluntad de acogerse a los parámetros y criterios fijados por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupo Alzados en Armas, aceptando entre otras cosas, recibir un apoyo económico a la reintegración con el compromiso de presentarse y contactarse con el centro de servicios de la ciudad en la cual residirá.
[61] Como prueba de esta afirmación el actor allego: certificado de antecedentes judiciales y disciplinarios; certificado de participación en el curso técnica empresarial dictado por el Instituto Técnico Laboral “José Antonio Galán” de Yumbo; certificado de que participó del servicio social en el proyecto “En busca del equilibrio ambiental en el río Yumbo” organizado por la Alcaldía de Yumbo, Agencia Presidencial para la Reintegración – ACR, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo; acta de compromiso del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, suscrita el día 22 de abril de 2010 y acta de declaración bajo juramento para fines extralegales de la Notaría Única del Circulo de Yumbo, de fecha 11 de marzo de 2015, en la que manifiesta que “pertenecí al grupo al margen de la ley FARC – EP y para efectos de dicha pertenencia fui obligado a sacar un registro civil de nacimiento falso y por ende la cédula de ciudadanía falsa No. 9.350.599 de Rovira – Tolima, con los nombres de Alfredo, de los cuales no hago uso de ellos, ni los tengo en mi poder, siendo mi nombre real Juan, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.519.916 expedida en Ibagué, documento con el cual ejerzo mi ciudadanía.”. Todos estos documentos y certificaciones están suscritos y expedidos a nombre de Juan, registrándose como documento de identificación la cédula de ciudadanía con el número 1.110.519.916.
[62] Los derechos de petición elevados por el accionante a la Registraduría Nacional del Estado Civil tienen como fechas de envió el 23 de agosto de 2010 (con radicado de la entidad), 27 de febrero de 2012 (aparece sin guía de envío), 4 de noviembre de 2014 (con guía de envío número 908382857 de la empresa Servientrega) y existe una última comunicación que no registra fecha, sin embargo en el expediente aparecen dos guías de envió de documentos a la Registraduría Nacional del Estado Civil con número GN22512583 de la empresa Thomas express y número 7208826686 de la empresa Servientrega.
[63] Este oficio está suscrito por la Dirección Nacional de Identificación – Coordinación Grupo Jurídico y es anexado a la contestación de la tutela que da la Registraduría, visible a folio 37 al 39.
[64] En el expediente obra copia del registro civil de nacimiento con serial 5037006 a nombre de Juan; contraseña expedida a nombre de Juan expedida; certificado de antecedentes judiciales y disciplinarios; certificado de participación en el curso técnica empresarial dictado por el Instituto Técnico Laboral “José Antonio Galán” de Yumbo; certificado de que participó del servicio social en el proyecto “En busca del equilibrio ambiental en el río Yumbo” organizado por la Alcaldía de Yumbo, Agencia Presidencial para la Reintegración – ACR, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo; acta de compromiso del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, suscrita el día 22 de abril de 2010 y acta de declaración bajo juramento para fines extralegales de la Notaría Única del Circulo de Yumbo, de fecha 11 de marzo de 2015, en la que manifiesta que “pertenecí al grupo al margen de la ley FARC – EP y para efectos de dicha pertenencia fui obligado a sacar un registro civil de nacimiento falso y por ende la cédula de ciudadanía falsa No. 9.350.599 de Rovira – Tolima, con los nombres de Alfredo, de los cuales no hago uso de ellos, ni los tengo en mi poder, siendo mi nombre real Juan, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.519.916 expedida en Ibagué, documento con el cual ejerzo mi ciudadanía.” Todos los documentos y certificaciones a los que se hace referencia en este numeral, están suscritos y expedidos a nombre de Juan, registrándose como documento de identificación la cédula de ciudadanía con el número 1.110.519.916.
[65] De acuerdo con la respuesta que a la tutela da la Registraduría Nacional del Estado Civil y luego de las labores de verificación encontró que tanto el registro civil de nacimiento con serial 5037006 a nombre de Juan, como el registro civil de nacimiento con serial 8531480 a nombre de Alfredo, son válidos y de los mismos se presume su legalidad.
[66] Folio 32 al 37.
[67] Folio 34.
[68] Folio 35.
[69] Sentencia T-719 de 2003 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). En esta providencia se concluye que las autoridades estatales incumplieron su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad personal y al mínimo vital de la peticionaria y su hijo, en tanto familiares supérstites de un reinsertado de la guerrilla, y por ello sujetos de especial protección constitucional. Por tanto se tutelan sus derechos a la seguridad personal y al mínimo vital.
[70] Ibídem. Como lo ha señalado la Corte “el individuo “desmovilizado” o “reinsertado” está haciendo explícito su deseo de volver a vivir en paz – esto es, de ejercer el derecho constitucional que consagra el artículo 22 de la Carta, que dispone: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Por lo mismo, su condición debe ser objeto de especial atención por parte de todas las autoridades estatales”.
[71] Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) ARTÍCULO 67. Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes:
[72] Los derechos de petición elevados por el accionante a la Registraduría Nacional del Estado Civil tienen como fechas de envió el 23 de agosto de 2010 (con radicado de la entidad), 27 de febrero de 2012 (aparece sin guía de envío), 4 de noviembre de 2014 (con guía de envío número 908382857 de la empresa Servientrega) y existe una última comunicación que no registra fecha, sin embargo en el expediente aparecen dos guías de envió de documentos a la Registraduría Nacional del Estado Civil con número GN22512583 de la empresa Thomas-Express y número 7208826686 de la empresa Servientrega.
[73] Sentencia T-023/2016, p. 10.
[75] Cfr. Sentencias T-006/2011 y T-426/2013 M.P. María Victoria Calle.
[76] Cfr. Sentencia T-678/2012 M.P. María Victoria Calle.
[77] Sentencia T-023/2016, p. 11