Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23557
Timestamp: 2019-09-22 11:51:33
Document Index: 52020923

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'e contrario', 'Artículo 23', 'Artículo 127', 'Artículo 154', 'Artículo 154', 'Artículo 159', 'Artículo 159', 'Artículo 159', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 80', 'Artículo 219', 'Artículo 223', 'Artículo 395', 'Artículo 184', 'artículo 184', 'Artículo 184', 'artículo 184', 'Artículo 185']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 180/2013
AUTO 180/2013, de 17 de septiembre
ECLI:ES:TC:2013:180A
Pleno. Auto 180/2013, de 17 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 3766-2006 . Inadmite las recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad 3766-2006 y otros veinticinco procesos constitucionales. Votos particulares.
Añade la institución recusante que también constituyen datos indiciarios adicionales sobre la falta de imparcialidad del Excmo. Sr. Presidente que omitiera su condición de afiliado al Partido Popular en la comparecencia que tuvo lugar ante la Comisión de Nombramientos del Senado el 6 de octubre de 2010, así como que hubiera sido colaborador asiduo de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), fundación privada vinculada al Partido Popular desde su creación, lo cual pone de manifiesto una relación con la dirección de dicho partido político que encaja en el concepto de amistad íntima a los efectos de las causas de recusación alegadas. Por último expone que en el año 2006 publicó un libro bajo el título “Parva Memoria”, constituido por un conjunto de sentencias breves o aforismos, algunos de los cuales ponen de manifiesto sus prejuicios hacia el nacionalismo catalán.
Se alega también que el Excmo. Sr. Pérez de los Cobos no dio cuenta de la mencionada vinculación política en la comparecencia celebrada el 6 de octubre de 2010 ante la Comisión de Nombramientos del Senado; del mismo modo que tampoco lo puso en conocimiento del resto de miembros del Tribunal Constitucional con ocasión de su elección como Presidente del mismo. También se señala que habría omitido incluir en el currículum presentado en el Senado la referencia a varias de las colaboraciones realizadas para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), organización claramente vinculada al Partido Popular, coincidiendo algunas de sus intervenciones con el objeto de varios de los asuntos y cuestiones que ahora están pendientes de resolución por el Tribunal. Igualmente se considera como hecho relevante que el Excmo. Sr. Presidente hubiese escrito en un libro, titulado “Parva Memoria”, una serie de aforismos y máximas, algunos de los cuales denotan una manifiesta animadversión hacia los catalanes, Cataluña y el nacionalismo catalán. Los aforismos son: “El dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña”; “La única ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el nacionalismo”; “No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo”; “Cuando un catalán está satisfecho lo expresa diciendo: ‘A mí, ya me va bien’”.
Tras lo anterior pasa a concretarse la calificación de los hechos bajo las dos causas de recusación invocadas. En primer lugar, la núm. 9 del art. 219 LOPJ, que se refiere a los supuestos de amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. En este caso, la amistad íntima vendría dada por la especial naturaleza del vínculo personal que se establece entre los miembros de un partido político, en la medida que la militancia comporta no únicamente una afinidad ideológica sino, esencialmente, asumir voluntariamente y compartir un compromiso de cooperación en la acción del partido, lo que genera una afección o nivel de dependencia que sin duda puede inclinar en la misma o mayor medida que un puro sentimiento de amistad o de enemistad, el ánimo de quien ha adquirido ese compromiso. Por su parte, la enemistad manifiesta quedaría puesta de manifiesto en los aforismos contenidos en el libro “Parva Memoria”, que la parte califica como expresión, no tanto de unas ideas como de una actitud de menosprecio hacia una ideología, la nacionalista, lo que resulta incompatible con el respeto y consideración que se merecen todas las partes en los procesos constitucionales.
En segundo lugar, respecto de la causa de recusación prevista en el núm. 10 del art. 219 LOPJ —consistente en tener interés directo o indirecto en el pleito o causa— se aduce por la parte la existencia de una “contaminación por interés” debida al compromiso del Magistrado con los estatutos del Partido Popular, su programa político y la consecución de sus objetivos. Se afirma que en modo alguno se está cuestionando la ideología del Presidente del Tribunal, pues no es su orientación ideológica el motivo que determina su interés en las causas en las que se plantea la recusación, sino su compromiso personal, su implicación en una organización política determinada, su pertenencia al Partido Popular, que como actor preeminente en la vida política y social de este país, y por la presencia y acción organizada de sus representantes en las instituciones, traduce su programa político en normas legales y en recursos ante el Tribunal Constitucional, condicionando indefectiblemente y por mandato de sus propios estatutos, la actuación de sus militantes.
f) Por último, debe recordarse que tal y como establece el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ, “la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite”. Tan inequívoco aserto establece una causa de inadmisión a limine, cuya razón legal está inspirada en evitar que la posibilidad de recusación de cualquier Juez llegue a convertirse en una suerte de amenaza o presión para el juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera interesar a su conveniencia, sine die, amparado en la indeterminación —o difícil probanza— del momento de la citada toma de conocimiento.
“La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.”
Idéntica redacción presenta el art. 19.1.6 LOTC. En nada obsta que el art. 159.4 CE añada que “en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial”, pues la interdicción para éstos de la pertenencia a partidos políticos no es propiamente una incompatibilidad, sino una prohibición; y la expresión “en lo demás” no supone una rectificación, sino una confirmación de lo que en el párrafo precedente se ha dispuesto con claridad. El diseño de la jurisdicción constitucional obliga a considerar que si tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no han prohibido a los Magistrados constitucionales la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, tampoco cabrá entender que esa afiliación pueda ser introducida por las partes como causa genérica de recusación en sí misma, y cualquiera que sea el proceso.
Se trata de una nota diferencial en relación con los miembros del Poder Judicial que el constituyente ha establecido conscientemente —tal y como se evidencia en los trabajos parlamentarios de la elaboración del texto constitucional— y que se corresponde con la especial naturaleza del Tribunal Constitucional, con la limitación temporal del mandato de sus miembros, con el carácter político de sus designaciones por los tres poderes del Estado y con el efecto de las propias resoluciones del Tribunal, susceptibles de corregir las decisiones de esos tres poderes.
Esa nota diferencial del Tribunal Constitucional respecto del Poder Judicial resulta habitual en el Derecho comparado. Así, en Alemania el art. 18.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo de 1951, dice en relación con sus Magistrados que no se incurre en parcialidad por razón de la afiliación a un partido político. Y cabe destacar que el Tribunal Constitucional Federal alemán ha afirmado que “la antigua pertenencia a un partido político no sólo no es incompatible con el desempeño de la función judicial, sino que cuando se trata de un Magistrado del Tribunal Constitucional, es precisamente esa experiencia política la que puede enriquecer la jurisprudencia del Tribunal” (Sentencia de 11 de agosto de 2009, 2 BvR 343/09). En Italia, la Ley de 11 de marzo de 1953 no prohíbe a los miembros de la Corte Constitucional, durante su mandato, la afiliación política pero sí la realización de actividades relacionadas con asociaciones o partidos políticos. No obstante, en Italia no se permiten recusaciones de los miembros de la Corte Constitucional (art. 29 de la Norma Integradora de los procesos seguidos ante la Corte Constitucional de 7 de octubre de 2008) salvo en los procesos de enjuiciamiento penal de determinados altos cargos del Estado atribuidos a ese Tribunal (art. 25 de la Ley núm. 20 de 25 de enero de 1962). En Francia, el art. 2 del Decreto núm. 59-1292 de 13 de noviembre de 1959, relativo a las obligaciones de los miembros del Consejo Constitucional, establece únicamente la prohibición de ocupar puestos de responsabilidad o de dirección en el seno de un partido o agrupación política. Igualmente en Portugal, la Ley 28/1982, de 15 de noviembre, de organización, funcionamiento y proceso del Tribunal Constitucional, impide el ejercicio de funciones en los órganos de los partidos, asociaciones políticas o fundaciones conexas (art. 28.1), pero no la afiliación a partidos o asociaciones políticas (art. 29.2); si bien esta afiliación queda suspendida ex lege durante el desempeño del cargo de Magistrado (art. 28.2). Este fue el criterio implícito de las Constituciones europeas inauguradoras de la jurisdicción constitucional concentrada —y, en España, el de la Ley de 14 de junio de 1933, reguladora del Tribunal de Garantías Constitucionales— que tampoco contemplaron la incompatibilidad entre la Magistratura constitucional y la mera afiliación a formaciones políticas.
En consecuencia, este Tribunal tiene declarado que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no impide que los Magistrados constitucionales puedan pertenecer a partidos políticos y solo les impide ocupar cargos de carácter directivo dentro de los mismos, pues una afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir (ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3). Y en diversas resoluciones este Tribunal declara que la afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación (ATC 195/1983, de 4 de mayo; y STC 162/1999, de 27 de septiembre). De especial interés resulta destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la STEDH de 22 junio 2004, caso Pabla Ky c. Finlandia, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la afiliación política en la imparcialidad de los miembros de tribunales. En la demanda que origina el mencionado proceso fue alegada la falta de imparcialidad de uno de los Jueces del Tribunal de Apelaciones de Helsinki, del que formaba parte en condición de especialista por razón de la materia, y que, simultáneamente, ostentaba la condición de miembro del Parlamento finlandés, situación permitida por el ordenamiento nacional. La demandante destacaba, además, la filiación política socialdemócrata del Juez afectado, coincidente con la del Presidente y la del Primer Ministro de la República en el momento de los hechos, señalando que los socialdemócratas tenían interés en la materia juzgada (§§ 22 y 24 y 33). Pues bien, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “aunque la demandante señala la filiación política de M. P., el Tribunal no encuentra ninguna indicación en este caso de que su pertenencia a un partido político concreto tuviera ninguna conexión o vínculo con ninguna de la partes en el procedimiento o con la sustancia del litigio presentado ante el Tribunal de Apelación” (§ 33), excluyendo así la vulneración del art. 6.1 del convenio (§ 35).
Las meras colaboraciones —mediante la participación en seminarios con anterioridad al nombramiento como Magistrado del Tribunal Constitucional— con una fundación de estudios, aunque esté vinculada a una formación política, resultan en principio inocuas, porque “debemos descartar en línea de principio que los trabajos científicos de los profesores universitarios, así como de otros juristas, de estudio de normas legales, bien vigentes, bien en contemplación hipotética de normas venideras, puedan apreciarse como casos subsumibles en ninguno de los supuestos de esta causa de recusación” (ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 8).
En efecto, este Tribunal tiene declarado que “salvo que se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad, no puede pretenderse la recusación de un Juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver. No sólo el Tribunal Constitucional sino también el resto de Tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración. Por imperativo constitucional, sólo pueden ser nombrados Magistrados del Tribunal Constitucional quienes reúnan la condición de ‘juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional’ (art. 159.2 CE), por lo que no es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de Magistrados, en el ejercicio de sus respectivas profesiones de procedencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que, finalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento constitucional que tienen legalmente atribuida. Lo que precisa la función jurisdiccional son Jueces con una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que están, normalmente, en función de las circunstancias específicas del caso” (ATC 18/2006, de 24 de enero, FJ 3).
b) El segundo de los hechos aducidos es la publicación en el año 2006 de un libro, titulado “Parva Memoria”, constituido por un conjunto de sentencias breves o aforismos, algunos de los cuales pondrían de manifiesto, a juicio de las instituciones recusantes, los prejuicios de su autor contra los catalanes, Cataluña y el nacionalismo catalán. Los aludidos aforismos han sido reproducidos en los antecedentes de esta resolución.
Por todo ello, ha de concluirse que no existe base objetiva razonable para poder afirmar que los aforismos incluidos en la publicación “Parva Memoria” aducidos como fundamento de la recusación hayan comprometido la opinión del Magistrado Sr. Pérez de los Cobos sobre los procesos constitucionales a los se refieren los escritos de recusación.
Debe recordarse que debemos ceñirnos a los concretos hechos planteados por las partes. El Reglamento del Senado establece en su art. 184.3 que las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios pueden proceder a presentar los candidatos, acreditando los requisitos legales de idoneidad para desempeñar el cargo. Dado que los grupos parlamentarios o las Asambleas Legislativas tienen libertad para fijar el contenido de la relación de los méritos profesionales y demás circunstancias que “en su opinión” manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto, son los miembros de la Comisión de Nombramientos los que durante la comparecencia pueden solicitar al candidato “aclaraciones sobre cualquier extremo relacionado con su trayectoria profesional o sus méritos personales” (art. 185.4 del Reglamento). Este Tribunal ya puso de relieve con ocasión de la reforma del apartado 7 del art. 184 del Reglamento del Senado, que dicha Cámara era “plenamente libre en relación con el juicio de idoneidad que le merezcan las distintas candidaturas ante ellas presentadas” (STC 101/2008, de 24 de julio, FJ 9). No habiéndose suscitado en el acto de comparecencia ante el Senado del entonces candidato Sr. Pérez de los Cobos la cuestión de su afiliación a partidos políticos, no cabe deducir que la falta de declaración sobre su afiliación a un determinado partido político constituya un acto de ocultación de una circunstancia que pudiera afectar al ejercicio de sus funciones como Magistrado constitucional.
5. Por último, es preciso realizar algunas consideraciones en respuesta al modo en que las partes recusantes entienden el sentido y alcance de las causas de recusación 9 y 10 del art. 219 LOPJ. Cabe apreciar, como punto de partida, que la primera de ellas —la amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las partes, ex art. 219.9 LOPJ— afecta a la imparcialidad subjetiva del Magistrado, en el sentido de que su concurrencia revelaría una relación de éste con las partes del proceso; mientras que, por el contrario, el “interés directo o indirecto” en el asunto (art. 219.10 LOPJ) afecta a la relación previa del Magistrado con el objeto del proceso.
a) Con relación a la causa establecida en el art. 219.9 LOPJ, al entender de las partes recusantes, la amistad íntima vendría dada por la especial naturaleza del vínculo personal que se establece entre los miembros de un partido político, en la medida que la militancia comporta no únicamente una afinidad ideológica sino, esencialmente, asumir voluntariamente y compartir un compromiso de cooperación en la acción del partido, lo que genera una afección o nivel de dependencia que puede inclinar en la misma o mayor medida que un puro sentimiento de amistad o de enemistad, el ánimo de quien ha adquirido ese compromiso. Por su parte, la enemistad manifiesta quedaría reflejada en los aforismos contenidos en el libro “Parva Memoria”, que la parte califica como expresión, no tanto de unas ideas como de una actitud de animadversión hacia el nacionalismo catalán.
Como se afirmó en el ATC 226/1988, de 16 de febrero, FJ 3, y se reiteró en la STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 7, “la causa legal de recusación no es cualquier relación de amistad, sino aquella que aparezca connotada por la característica de la intimidad entre dos personas, concepto que ciertamente puede considerarse en sentido técnico como indeterminado, pero que en ningún caso permite que se le califique como vago o subjetivo. De la amistad dice el Diccionario de la Lengua, en la primera de sus acepciones, que es afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato, y aparece caracterizado por la nota de la intimidad cuando penetra y se sitúa en la zona espiritual y reservada de la persona”. Posteriormente, el ATC 351/2008, de 4 de noviembre, rechazó de plano la recusación de varios Magistrados de este Tribunal, señalando que “la amistad íntima con alguna de las partes de la que habla el art. 219.9 LOPJ es patente que nada tiene que ver con una supuesta y desde luego arbitrariamente insinuada afinidad ideológica entre los Magistrados recusados y la Sra. Presidenta de este Tribunal de la que habla el recurrente, so pena de confundir ideología y amistad, y que naturalmente no son conceptos intercambiables”.
A lo anterior no cabe oponer el argumento esgrimido por los recusantes de que el Magistrado constitucional afiliado a un partido político puede encontrarse en algún caso ante un doble mandato jurídico contradictorio: el mandato constitucional y correlativo deber de imparcialidad derivado de su posición de Magistrado, por un lado, y el deber de colaborar en la consecución de los fines de su partido, de acuerdo con el art. 8.4 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, y los estatutos del partido político en cuestión, por otro. Así como la naturaleza del Tribunal Constitucional excluye cualquier relación de subordinación o sujeción a otros órganos o instituciones del Estado, como señala el art. 1.1 LOTC, al establecer que “está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica”, cada uno de sus Magistrados queda también sometido únicamente a la Norma Fundamental y a la Ley Orgánica de este Tribunal.
Faltando el antes referido carácter personalísimo, el problema se reconduce a la existencia o no de una “amistad o enemistad ideológica” a la que no cabe otorgar relevancia a efectos de recusación, pues, como dijimos, “en el sistema de valores instaurado por la Constitución, la ideología se halla sustraída al control de los poderes públicos, prohibiéndose toda suerte de discriminación en base a la misma. Nadie puede, pues, ser descalificado como Juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los Magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen” (ATC 358/1983, de 20 de julio, FJ 2).
b) La segunda de las causas de recusación invocadas es la prevista en el núm. 10 del art. 219 LOPJ, consistente en “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. Por “interés directo o indirecto” ha de entenderse aquello que proporciona al Magistrado una ventaja o beneficio o le evita una carga o perjuicio, para sí o para sus allegados. Ha de tratarse de un interés singularizado en relación con el concreto proceso en que se plantee la recusación (ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 7) y actual, esto es, concurrente en el momento en que se promueve el apartamiento del Magistrado mediante su recusación.
Publíquese este Auto en el “Boletín Oficial del Estado”
Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez al Auto del Pleno que inadmite a trámite los incidentes de recusación promovidos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en los procesos núms. 3766-2006, 8434-2006, 8741-2009, 7454-2010, 7611-2010, 7722-2010, 5491-2012, 6777-2012, 7208-2012, 7279-2012, 301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 995-2013, 1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-2013, 1983-2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 4911-2013, 4912-2013 y 5107-2013
Ya hemos declarado en la STC 162/1999 que en el ámbito de la independencia judicial, “las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos”.
Se obvia así, el haber entrado en la vía marcada en situaciones anteriores por este Tribunal de una interpretación sistemática, tal como se hizo en la STC 5/1983 (FJ 3) en la que se consideró que el art. 23.2 CE debía ser interpretado “considerando la Constitución como un todo, en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación a todos los demás”. Igualmente en al ATC 60/1981 se explica que no cabe una interpretación de los preceptos constitucionales que se realice “aisladamente y desde sí mismos, sino siempre en relación con otros preceptos y con la unidad de la propia Constitución en la que están insertos”.
Entre estos preceptos constitucionales están, sin duda el art. 159.2 que exige de los miembros del Tribunal ser “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”; el art.159.4, in fine, que remite las incompatibilidades de los Magistrados del Tribunal Constitucional “en lo demás” a las propias de los miembros del Poder Judicial; el art. 159.5 que exige a los Magistrados del Tribunal Constitucional ser independientes en el ejercicio de sus funciones; y el art. 165 que remite a una Ley Orgánica el estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional. En aplicación de esta última remisión, el art. 1 LOTC establece la independencia del Tribunal respecto de los demás órganos constitucionales y su sometimiento sólo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. El art. 19.1 in fine, repite el reenvío de las demás causas de incompatibilidad a las propias de los miembros del Poder Judicial. Por fin el art. 22 establece que los Magistrados ejercerán su función de acuerdo con el principio de imparcialidad inherente a la misma.
En todo caso, tal como ha sido alegado, no cabe dejar de reflexionar sobre el régimen jurídico que une a los miembros de un partido político con su organización. Así, en el art. 8 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, se establece el cuadro de derechos y deberes mínimos de los afiliados, además de los que se establezcan en los Estatutos del partido. En este cuadro podemos encontrar, de un lado, entre los derechos, el de participar en las actividades del partido, a ejercer el derecho de voto, asistir a la Asamblea general, y ser elector de los cargos del mismo. Igualmente se contienen, entre otras, las siguientes obligaciones de sus miembros: “a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas. b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. c) Actuar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.”
“b) Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normas que constituyen el ordenamiento interno del partido, las instrucciones y directrices emanadas de sus Órganos de Gobierno y Grupos Institucionales, y ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular.
i) Difundir los principios ideológicos y el proyecto político del Partido Popular.”
Como señaló Tomás y Valiente en su discurso de toma de posesión de los Magistrados nombrados en 1992, “Esa (la razón jurídica) es la razón que en este Tribunal se ha ejercido durante doce años. Con ellas hemos enjuiciado problemas jurídico-constitucionales, sabiendo que el Derecho es producto y límite del poder político”. Palabras similares, que destacaban la independencia de este Tribunal de los órganos políticos del Estado y de los partidos políticos en concreto, fueros pronunciadas en los discursos de los dos últimos Presidentes del Tribunal en las tomas de posesión de los actuales Magistrados.
Como ha señalado Pérez Tremps, “el hecho de que los conflictos constitucionales entendidos en sentido amplio tengan una gran trascendencia política, no significa que su resolución no pueda sujetarse a criterios de Derecho y a formas jurisdiccionales, ese es el sentido de la justicia constitucional, la reducción del conflicto a cauces jurídicos, sin que ello suponga el ignorar su naturaleza política”.
En consecuencia, entiendo que, teniendo en cuenta la natural evolución del ordenamiento jurídico o lo que Cassese denomina “metamorfosis” de las instituciones, no es posible entender que un Magistrado puede ejercer su función jurisdiccional, sino es en una situación de plena independencia respecto de cualquier otro poder o institución, y que ésta plena independencia no es compatible con el mantenimiento, mientras ejerce dicha función, de un estatuto paralelo de afiliado a un partido político, debido al cuadro de derechos y obligaciones que le liga a dicho partido.
Por ello, no es una mera “formalidad” que un jurista miembro de un partido político que es nombrado Magistrado de este Tribunal, formule una declaración expresa de darse de baja de dicho partido o de realizar un acto de suspensión de dicha militancia. Tal comunicación de renuncia al partido de origen, tiene el profundo significado de un apartamiento de la recepción de las instrucciones, directrices, y colaboraciones que tal militancia exige. Hasta lo que se me alcanza, esta ha sido la práctica de todos aquellos Magistrados que han accedido al Tribunal desde una condición de militancia política.
Recordemos el principio central de nuestro ordenamiento relativo de la interpretación jurídica, contenido en el art. 3.1 de nuestro Código civil, que exige una interpretación de las normas acorde a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Este principio de interpretación evolutiva ha sido resaltado por la doctrina especializada (Canosa Usera) destacando que “en el ámbito de la interpretación constitucional la evolutividad cobre tal importancia que, como ya se ha dicho, merece ser elevada a la categoría de elemento sustancial”.
Las reglas de incompatibilidad del art. 159.4 de la Constitución son reglas auxiliares de la regla principal contenida en el art. 159.5 que exige la independencia de los Magistrados. Esta es la regla central, donde se encierra la esencia de la legitimación de la función de jurisdicción constitucional.
La plenitud de esta regla en nuestro actual momento histórico exige, a mi juicio, entender que la remisión que el propio art. 159.4 hace a las demás reglas de incompatibilidad de los miembros del Poder Judicial, son aplicables a los Magistrados del Tribunal Constitucional, incluida la de la militancia política.
Así, Smend señalaba que “por su propia naturaleza la Constitución no tiende, así pues, a regular supuestos concretos, sino abarcar la totalidad del Estado y la totalidad del proceso integrador. Y es esta misma finalidad la que no sólo permite, sino que incluso exige del intérprete constitucional una interpretación extensiva y flexible, que difiere en gran medida de cualquier otra forma de interpretación jurídica”.
Igualmente, Hesse recordaba que “restringirse a las ‘reglas tradicionales de interpretación’ supone desconocer la finalidad de la interpretación constitucional; supone en buena medida desconocer la estructura interna y los condicionamientos del proceso interpretativo, por lo que sólo de forma imperfecta es capaz de resolver la tarea de una interpretación correcta según principios seguros”.
Finalmente, tal como ha señalado Rubio Llorente, “la interpretación de teleológica de las normas constitucionales, exige, sin embargo, que se tenga en cuenta el telos de la Constitución”.
Para García Pelayo, esta interpretación totalmente objetiva, derivada del constitucionalismo alemán, “puede que sea una manera demasiado unilateral de ver las cosas, pues defender los derechos o las pretensiones subjetivas garantizadas por la Constitución significa concretizar la defensa del orden constitucional objetivo, y defender a éste significa defender los derechos y pretensiones que ampara: lo abstracto vive en lo concreto y lo concreto es la específica articulación en un caso de notas abstractas”.
También Pérez Tremps, se manifiesta en relación a este “control objetivo” de constitucionalidad respecto de conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre la mayoría y la minoría parlamentaria señalando que “las ‘pretensiones de las partes’ en estos casos es verdad que, en el campo de la teoría, están subordinados al interés objetivo, pero sería ingenuo pensar que se plantean como simples vías para garantizar la norma fundamental y que los ‘intereses’ de las partes, por más que sean siempre de naturaleza pública, carecen de valor alguno. El juego de los intereses políticos es, sin duda, de gran importancia e ignorarlo supone caer en un formalismo excesivamente aséptico”.
“La garantía de un Tribunal independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio constituye una garantía procesal que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional. La imparcialidad judicial aparece aquí dirigida a asegurar que la pretensión sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que esa libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios, o lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho…
En cualquier caso, desde la óptica constitucional, para que en la garantía de la imparcialidad un Juez pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto es siempre preciso que existan dudas objetivamente justificadas; es decir exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Ha de recordarse que, aun cuando en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirara a los ciudadanos en una sociedad democrática, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente del que los recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.”
Entender, como se entendió en ese mismo Auto, que una postura científica en materia de reparto competencial “constituye un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad con la que el Magistrado recusado está en condiciones de abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada” —postura de la que estoy radicalmente en contra—, y, en cambio, entender en el Auto del que discrepo, que la afinidad política de un Magistrado con una de las partes procesales, no es motivo para entender que los recusantes tengan una duda objetivamente justificada que no ha surgido únicamente de su mente, supone, a mi juicio, un cambio excesivo de criterio que el análisis casuístico no explica, ni justifica suficientemente.
4. Lo mismo cabe decir con relación a las manifestaciones realizadas por el Magistrado recusado con relación a Cataluña y al nacionalismo, que coincide con la actual condición e intereses de los recurrentes. Afirmar que “la única ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el nacionalismo” y que “no hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo”, constituye una manifestación muy contundente de un pensamiento radicalmente contrario a la misma naturaleza política de los recurrentes: Gobierno catalán de ideología nacionalista y Parlamento catalán de mayoría nacionalista.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré al Auto del Pleno que inadmite a trámite los incidentes de recusación promovidos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en los procesos constitucionales núms. 3766-2006, 8434-2006, 8741-2009, 7454-2010, 7611-2010, 7722-2010, 5491-2012, 6687-2012, 6777-2012, 7208-2012, 7279-2012, 301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 995-2013, 1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-2013, 1983-2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 4912-2013 y 5107-2013
Un juicio algo más reposado, basado en el examen del sistema jurídico que, en su conjunto, rige la jurisdicción constitucional, priva de la obligada consistencia jurídica a conclusiones precipitadas sobre esta problemática. Como se ha razonado, el Tribunal Constitucional tiene, por voluntad del poder constituyente, una indeclinable dimensión política que, en lo aquí importa destacar, se manifiesta en la activa intervención que en el nombramiento de los magistrados tienen los restantes poderes constituidos. Estos, desde luego, han de seleccionar a “juristas de reconocida competencia” (art. 159.2 CE). Pero es ésta una exigencia constitucional que, pese a su indiscutible relevancia, no agota o absorbe el perfil de la personalidad del Magistrado elegido, que, al acceder al alto cargo, ya cuenta con un relevante patrimonio de ideas y valores que en modo alguno puede dejar de hacerse presente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando los poderes constituidos —las cámaras legislativas, el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial— proponen a los candidatos que han de cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional, aquellos ya han procedido con carácter previo a valorar y ponderar debidamente y, sobre todo, de manera agregada la integridad de las experiencias profesionales, de las vivencias personales y de las creencias ideológicas de estos. Y en ese enjuiciamiento de conjunto, dichos poderes han de hacerse eco, como no podía ser de otro modo, de las diferentes sensibilidades políticas e ideológicas presentes en una sociedad pluralista, perteneciendo a la normalidad constitucional que la selección misma recaiga en juristas cuyo pensamiento jurídico resulte, en términos generales, convergente o divergente con distintas opciones de política de derecho; con aquellas sostenidas, defendidas, compartidas o criticadas precisamente por el poder que interviene en cada concreta propuesta de selección.
La confianza de la ciudadanía exige extremar, con exquisito rigor, las garantías de imparcialidad. La sociedad evoluciona, la Constitución evoluciona y el Tribunal Constitucional debe evolucionar al ritmo de los tiempos. Tiempos que no son de torres de marfil, sino de casas de cristal. En referencia a ese prisma, la STC 46/1998 (FJ 5) dejó dicho que “la acción de los Tribunales, que son garantes de la justicia y cuya misión es fundamental en un Estado de Derecho, tiene necesidad de la confianza del público y también conviene protegerla contra los ataques carentes de fundamento”. Por ello, un Auto de inadmisión a limine en una cuestión de la relevancia constitucional de los presentes incidentes de recusación puede poner entre paréntesis ese principio de confianza y, consiguientemente, el crédito de los veredictos presentes y futuros de esta institución.
Tampoco robustece la inadmisión liminar la confianza depositada por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña al someter a nuestra consideración las controversias sustanciadas en los procedimientos afectados por las recusaciones, que no son sino reflejo de la delicada función arbitral conferida al Tribunal Constitucional en los conflictos que enfrentan a los poderes del Estado. Al plantear una duda de imparcialidad basada en razones de diferente factura fáctica y naturaleza jurídica, las alegaciones presentadas por las partes recusantes habrían de haberse ponderado durante la tramitación prevista para los incidentes de recusación, que —sin entrar ahora en innecesarios detalles— comprende la audiencia a las partes, al propio recusado, el recibimiento a prueba y el informe del Ministerio Fiscal. Y, particularmente, dichas alegaciones habrían de haberse valorado, de modo inexcusable y mediante un análisis singularizado, teniendo en cuenta la integridad de los elementos de juicio, de cuyo resultado no ha lugar a enjuiciar aquí y ahora. Una inadmisión liminar como la adoptada, en mi opinión, no favorece la percepción pública sobre la imparcialidad e independencia no solo ni tanto del Magistrado recusado sino, de manera señalada, del propio Tribunal.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 3766-2006
Recusación de Magistrados del Tribunal Constitucional, deniega: amistad íntima; interés en el pleito; posicionamiento previo sobre el fondo del asunto. Magistrados del Tribunal Constitucional: afiliados a partidos políticos; imparcialidad. Tribunal Constitucional: independencia del Tribunal Constitucional. Votos particulares: formulados dos.
Se analizan la solicitud de recusación de un magistrado del Tribunal Constitucional, presentada por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en veintiséis procesos constitucionales.
Se inadmite la recusación, reiterando la doctrina sentada en el ATC 109/1981, de 30 de octubre, según la cual para que una solicitud de recusación pueda ser admitida es requisito imprescindible que el escrito en que se formule exprese, concreta y claramente, una causa de recusación de las previstas legalmente, con expresión de los motivos en que se funda y acompañando un principio de prueba sobre los mismos. De este modo, en el caso examinado, la improcedencia de la recusación solicitada se funda particularmente en la carencia de fundamento suficiente.
El Auto contiene dos votos particulares discrepantes.
Ley Orgánica de la República española, de 14 de junio de 1933. Tribunal de Garantías Constitucionales
Artículo 23.2, VP I
Artículo 127.1, f. 3
Artículo 154.4, VP I
Artículo 154.5, VP I
Artículo 159.2, f. 4, VP I, VP II
Artículo 159.4, f. 3, VP I
Artículo 159.5, VP I, VP II
Artículo 19.1, VP I
Artículo 19.1.6, f. 3, VP I
Artículo 22, ff. 2, 3, VP I
Artículo 80, ff. 1, 2
Artículo 219.9, ff. 1, 5
Artículo 223.1 párrafo 1, f. 2
Artículo 395, f. 3
Artículo 184.3 (redactado por la reforma del Reglamento del Senado de 21 de noviembre de 2007 por la que se modifica el artículo 184), f. 4
Artículo 184.7 (redactado por la reforma del Reglamento del Senado de 21 de noviembre de 2007 por la que se modifica el artículo 184), f. 4
Artículo 185.4, f. 4
§ 23, f. 2
§ 22, f. 3
Abstención y recusación de magistrados del Tribunal ConstitucionalAbstención y recusación de magistrados del Tribunal Constitucional, f. 5
Afiliados a partidos políticosAfiliados a partidos políticos, ff. 3 a 5, VP I, VP II
Imparcialidad de magistrados del Tribunal ConstitucionalImparcialidad de magistrados del Tribunal Constitucional, f. 2, VP I, VP II
Independencia del Tribunal ConstitucionalIndependencia del Tribunal Constitucional, VP I, VP II
Magistrados del Tribunal ConstitucionalMagistrados del Tribunal Constitucional, ff. 3 a 5, VP I, VP II
Recusación de magistrados del Tribunal ConstitucionalRecusación de magistrados del Tribunal Constitucional, Deniega, f. 6
Votos particularesVotos particulares
Posicionamiento previo sobre el fondo del asuntoPosicionamiento previo sobre el fondo del asunto, f. 4