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Timestamp: 2019-08-24 22:47:42
Document Index: 39752088

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 23', 'artículo 48', 'artículo 48', 'in fine', 'Artículo 22']

﻿ SENTENCIA 5001233100020060003401 DE NOVIEMBRE 23 DE 2006
SENTENCIA 5001233100020060003401 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL. NO EXISTE CONFLICTO DE INTERESES CUANDO SE TIENE CONDICIÓN DE ASOCIADO DE UNA COOPERATIVA Y EL ASUNTO QUE SE TRATE NO ES DE INTERÉS DIRECTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL, CONFLICTO DE INTERESES DEL CONCEJAL, CONFLICTO DE INTERESES, RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES
Sentencia 2006-00034 de noviembre 23 de 2006
Radicación 050012331000200600034 01
Actor: Carlos Alfredo Molina Guzmán
Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de 2006.
Se encuentra acreditado que el demandado adquirió la condición de concejal del municipio de Donmatías, para el período 2004-2007, según copia auténtica del acta parcial de escrutinio expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y del acta de posesión como concejal de dicho municipio (fls. 98 a 122, cdno. ppal.).
Los hechos de la demanda aparecen aceptados por las partes y debidamente acreditados en el plenario, de allí que la cuestión se contraiga a establecer si la condición de asociado de la Cooperativa Financiera de Antioquia —certificada a folio 6 del expediente— configuraba o no conflicto de interés que imponía al demandado manifestarlo ante la corporación administrativa y ser separado del debate y aprobación del proyecto que se convirtió en el acuerdo de 2005 del Concejo de Donmatías, Antioquia; y si por no haber manifestado ese impedimento ante dicho asunto incurrió o no en la causal de pérdida de la investidura que se le endilga, cual es la descrita en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, la violación del régimen de intereses.
“Artículo 48. (Ley 617 de 2000) Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que al tenor de esas disposiciones se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo en los grados señalados en la última norma transcrita o a socio o socios suyos de derecho o de hecho; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto, y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa de esta corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los congresistas.
3.3. Contenido del Acuerdo 7 de 2005.
En ese orden se tiene que el Acuerdo 7 de 2005 se originó en el Proyecto de Acuerdo 4 de 27 de mayo de 2005, “Por el cual se concede una exención en el pago de industria y comercio”, cuyo contenido u objeto era exonerar del pago del cien por ciento (100%) del impuesto de industria y comercio por un período de cuatro (4) años a la Cooperativa Lechera de Antioquia “Colanta”.
Pero el objeto final del acuerdo en mención resultó ser el de conceder “una exención equivalente al cien por ciento (100%) del pago de impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros a todo el sector cooperativo y solidario (cooperativas, precooperativas, fondo de empleados y asociaciones mutuales) ... por término de diez (10) años contados a partir de la vigencia del presente acuerdo”. Fue expedido con fundamento en los artículos 38 y 313 de la Constitución Política, y de las leyes 14 de 1983, 79 de 198 (sic), 136 de 1994 y 454 de 1998.
3.4. Alcance de la condición de asociado de una cooperativa.
De modo que la distinción que pretende hacer el apoderado del demandado en sus alegatos en esta instancia en el sentido de que su representado no es socio sino asociado de la Cooperativa Financiera de Antioquia no tiene cabida, puesto que esa distinción no existe en la legislación cooperativa.
“Artículo 23. (Ley 79 de 1988) Serán derechos fundamentales de los asociados:
En esas circunstancias es claro que los beneficios financieros que obtenga una cooperativa se traducen en beneficio general de sus asociados y de sus usuarios en una u otra forma; beneficios que indudablemente se acrecientan si se goza de una exención tributaria, por lo tanto en este caso la decisión del Concejo de Donmatías implicaba un beneficio no solo para el concejal demandado, sino también para los demás asociados de las cooperativas con asiento en Donmatías, y de forma más indirecta a la comunidad de Donmatías en general, en tanto usuaria potencial de los servicios que aquellas les ofrece.
Esta Sala, en sentencia de 31 de agosto de 2006, se ocupó de un caso igual al del sub lite, en la cual precisó y concluyó lo siguiente:
“En el caso sub examine está demostrado que la demandada Amparo Yepes de Jaramillo ostenta la calidad de concejal del municipio de Donmatías (Antioquia), elegida para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004, y el 31 de diciembre de 2007, conforme consta a folios 9 y 10 del cuaderno principal.
De tales pronunciamientos se extrae que dicha causal solo se configura ante la posibilidad de un interés directo, particular y concreto del parlamentario, en este caso, de la concejal, en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones (Exp. AC-1433, actora: Claudia Lucía Florez Montoya, sentencia de 4 de agosto de 1994).
De la misma manera, la Sala Plena ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el que le asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no se da la causal alegada, pues en tal caso el servidor público estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio, lo que es ajeno a la naturaleza de la labor desplegada (sentencias de 23 de agosto de 1998, Exp. AC-1675, actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y concepto de 27 de mayo de 1999, rad. 1191).
Cabe resaltar que este argumento fue recogido en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, a cuyo tenor: “1. ...No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”.
Ahora bien, le corresponde a la Sala examinar si la situación de la demandada encaja o no dentro del supuesto antes señalado, esto es, si su interés se confunde, con el de la colectividad en general”.
“Características de las organizaciones de economía solidaria. Son sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo del lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes características:
Así las cosas, se evidencia que la situación bajo examen es igual a la de la sentencia citada, por lo cual cabe darla encuadrada en la excepción prevista en el artículo 48, numeral 1º, in fine, de la Ley 617 de 2000, esto es, “cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal (a su cónyuge o pariente en el grado allí señalado) o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”, “no existirá conflicto de intereses”, pues el beneficio que el acuerdo en comento genera se da en igualdad de condiciones para todas las cooperativas que funcionan en Donmatías y a sus asociados, los cuales aparecen como un número muy representativo de su población según los datos consignados en dicha sentencia.
Luego la situación personal en que se encontraba el demandado no le implicaba un interés específico o directo sino indirecto en la medida en que aparece siendo uno de los numerosos asociados de unas de las varias cooperativas con asiento en el referido municipio.
Así las cosas, no se daba respecto de él un conflicto de intereses que le impusiera manifestar su impedimento para participar en el trámite y aprobación del proyecto respectivo, de donde no se configura la causal de pérdida de la investidura que se le ha endilgado al encausado.
1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 23 de marzo de 2006 del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual niega la solicitud de pérdida de investidura de concejal del municipio de Donmatías que ostenta el ciudadano Libardo Alfonso Yepes Ramírez para el período 2004-2007.
(1) Dicho precepto dice: “Artículo 22. La calidad de asociado de una cooperativa se adquiere: para los fundadores a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados por el órgano competente”.
(2) Sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente 200600033 01, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.