Source: https://www.diariojudicial.cl/2019/06/01/corte-suprema-credito-con-aval-del-estado-puede-ser-excluido-de-liquidacion-voluntaria-de-persona-deudora/
Timestamp: 2019-09-17 19:35:35
Document Index: 321105111

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 35']

Corte Suprema: Crédito con aval del Estado puede ser excluido de liquidación voluntaria de persona deudora – Diario Judicial Chile
Corte Suprema: Crédito con aval del Estado puede ser excluido de liquidación voluntaria de persona deudora
La Primera Sala del máximo tribunal en fallo del 27 de mayo de 2019, conociendo del recurso de casación Rol 16364-2018, indicó que dado el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley 20.027 frente a la normativa general que regula el procedimiento de liquidación de una empresa o persona deudora, el crédito con garantía estatal del que es titular el Banco necesariamente ha de ser excluido del procedimiento de liquidación voluntaria iniciado.
La sentencia partió por indicar que “la Ley N° 20.720 regula el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una persona deudora. Y en su artículo 8°, con el enunciado “Exigibilidad”, dispone: “Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley. Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”.
A su turno la Ley 20.027 regula, en particular, lo concerniente a los créditos destinados a financiar estudios de educación superior otorgados por instituciones financieras y que cuenten garantía estatal”.
Añade el máximo tribunal que “es así como en su artículo 12 dispone: “Los créditos objeto de garantía estatal no serán exigibles antes de dieciocho meses contados desde la fecha referencial de término del plan de estudios correspondiente, la que se determinará de acuerdo al procedimiento que fije el reglamento”. Esta norma debe ser concordada con lo dispuesto en los incisos 2° y 5° del artículo 11 bis, en cuanto consagran que los deudores que no se encuentren en mora, cuando el valor de la cuota resultante del crédito sea mayor que el monto equivalente al 10% del promedio del total de la renta que hubiere obtenido durante los últimos doce meses, podrán optar por pagar este último monto, beneficio que se otorgará por seis meses pudiendo ser renovado.
Por su parte, el artículo 13 expresa: “La obligación de pago podrá suspenderse temporalmente, total o parcialmente, en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviniente del deudor, debidamente calificada por la Comisión, la que deberá adicionalmente considerar el ingreso familiar del deudor en la forma y condiciones que determine el reglamento.
En cualquier caso, las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra causal, no prescribirán, debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas hasta la total extinción de la deuda, utilizando para ello los mecanismos establecidos en el Título V”.
Los citados mecanismos consisten en la deducción de las cuotas del crédito de las remuneraciones del deudor, deducción que lleva a cabo el empleador; la retención de la devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República y las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que puede iniciar esta última respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía”.
Por otra parte, en lo que se refiere al pago de la garantía estatal a la institución financiera otorgante del crédito la sentencia argumentó que “el inciso segundo del artículo 3° de esta ley dispone que para que sea exigible esta garantía las instituciones de educación superior deberán cumplir con las exigencias establecidas en el Título III de esta ley, en que se regulan los requisitos que deben cumplir las instituciones, los alumnos y los créditos garantizados, siendo el reglamento la sede que señalará las modalidades, exigencias y demás normas necesarias para determinar dichas exigencias.
En este sentido, el artículo 35 del Reglamento de la Ley 20.027 de 7 de septiembre de 2005 dispone en su inciso 2°: “Para los efectos del pago de la garantía se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno no haya pagado, a lo menos, tres cuotas consecutivas de su crédito.
Para que proceda el pago de la garantía estatal, la entidad financiera deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente:
a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales.
b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos señalados en el inciso anterior.
c) La presentación, ante el tribunal competente, de las acciones judiciales tendientes al cobro de lo adeudado.
Efectuado el pago por concepto de garantía estatal, el Estado podrá convenir con la entidad financiera para que ésta continúe con las gestiones de cobranza.
De los recursos provenientes de este cobro, se deberán entregar al Fisco las cantidades que correspondan, de acuerdo al monto pagado por la garantía asociada a este crédito”.
El fallo indica que “los efectos de determinar una relación de especialidad entre una norma y otra, cabe tener presente que la elección del criterio de especialidad implica hacer posible la aplicación de normativas singulares a grupos sociales diferenciados, esto es, permitir que determinados sectores no se rijan por el patrón general, habilitándoles una regulación específica que se adapte en mayor medida a sus particularidades.
De lo hasta aquí razonado resulta claro que los estudiantes que acceden a un crédito con garantía estatal destinado a financiar su educación superior constituyen un grupo de deudores particulares, que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento, entre los que es dable destacar que el alumno y su grupo familiar cuente con ciertas condiciones socioeconómicas que justifiquen su concesión, las que deben ser evaluadas por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos. En este contexto es útil mencionar que, tal como deja constancia en sus considerandos el Reglamento de la Ley 20.027, esta normativa creó un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior y estableció la institucionalidad necesaria para apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no disponen de recursos suficientes para financiar sus estudios.
Por otra parte, no son sólo las particularidades de los deudores y la finalidad del crédito con garantía estatal las que hacen que la regulación contenida en la Ley 20.027 sea especial frente a la normativa general sobre procedimientos concursales, sino también, y muy especialmente, la regulación contenida en la Ley 20.027 para el caso de que el deudor no pague el crédito, relativa a los mecanismos para exigir el pago previstos en su título V, los que ya se enunciaron precedentemente.
Concluye así que “de todo lo anterior surge que, dado el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley 20.027 frente a la normativa general que regula el procedimiento de liquidación de una empresa o persona deudora, el crédito con garantía estatal del que es titular el Banco Itaú Corpbanca necesariamente ha de ser excluido del procedimiento de liquidación voluntaria iniciado por Serjio Enrique García Caroca, de forma tal que, al concluir lo contrario, los jueces del fondo han incurrido en los yerros denunciados, mismos que han influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada en tanto se desestimó la solicitud de exclusión de crédito promovida, la que, a todas luces debía ser acogida”.
Tags: Liquidación y procedimiento concursal
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