Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/747560057
Timestamp: 2019-11-19 16:00:09
Document Index: 257136271

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Sentencia de Constitucionalidad nº 122/18 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 747560057
Sentencia de Constitucionalidad nº 122/18 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA. TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS PARA PROFERIR EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 32 (parcial) del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Alegan los demandantes que la expresión cuestionada vulnera el artículo 86 Superior, al disponer un término superior a diez días para resolver la impugnación de los procesos de tutela. La Corte considera que el aparte normativo demandado es EXEQUIBLE por cuanto no desconoce la Carta Política. Lo anterior, toda vez que el término de 20 días previsto para proferir el fallo de segunda instancia no es óbice para que las solicitudes de tutela se resuelvan en diez días y es, en todo caso un término razonable y proporcional que le permite al juez decretar nuevas pruebas y valorar con detenimiento las razones de la impugnación. Recibo Relatoria:
El 31 de octubre de 2017, el ciudadano Carlos Felipe Rojas Flórez presentó acción pública de inconstitucionalidad en contra de la expresión “y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”, contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”[1].
Mediante el auto de 12 de diciembre de 2017, el magistrado ponente resolvió admitir la demanda de la referencia[2]. Así mismo, ordenó la suspensión de los términos procesales, según lo dispuesto por el auto 305 de 2017. El 31 de julio de 2018, mediante el auto 484 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió levantar la suspensión de los términos procesales en el presente asunto[3]. En consecuencia, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y fijar en lista el proceso, a fin de permitir a los ciudadanos participar en el proceso.
El demandante señaló que la expresión “y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”, contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, vulnera el artículo 86 de la Constitución Política, según el cual “[e]n ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”. En su criterio, la impugnación debe “ser tenida en cuenta como una solicitud que se hace al juez [para] que se continúe con el proceso de tutela en una segunda instancia, regularmente con el fin, en el caso del accionante, de que se amparen sus derechos fundamentales o se amplíe la protección de los mismos, frente al fallo de primera instancia”. En esta medida, dado que la Corte Constitucional resolvió que el término de 10 días, previsto para resolver las acciones de tutela, debía aplicar incluso a “los incidentes de desacato que se presentan dentro de los procesos de tutela, de manera similar, por analogía y aplicación directa de la Constitución, debe la Corte proceder en la presente demanda”. Esto, toda vez que “en ningún caso debe excederse tal término cuando se trata de procesos de tutela, debido a la naturaleza inmediata, especial y preferente”. Así, habida consideración de que el aparte normativo acusado dispone “un término de veinte (20) días para la resolución de la impugnación”, a su juicio, este incurre en una “una violación directa” de la norma constitucional.
Así mismo, el demandante advirtió que el término previsto por la norma es irrazonable. En su concepto, “al fijarse el término de diez días en la Constitución, el Constituyente limitó la autonomía legislativa del legislador a lo dispuesto expresamente por el texto constitucional”. Por lo tanto, “no es posible interpretar que la Constitución del 91 le dio al legislador o al Presidente la autoridad arbitraria de disponer de cualquier término para la resolución de las acciones de tutela” o que el término dispuesto por la Constitución aplica “solamente para el trámite procesal de primera instancia, pues el procedimiento sigue teniendo una naturaleza distinta a los demás en cada una de sus dos instancias”.
En consecuencia, solicitó que la Corte Constitucional (i) declare la inexequibilidad de la disposición demandada y (ii) “exhorte al Congreso de la República a que legisle sobre el término de la impugnación de los procesos de tutela, respetando el término establecido en el artículo 86 de la Constitución”.
Durante el trámite del presente asunto se recibieron 9 escritos de intervención[4]. Todos los intervinientes solicitaron la declaratoria de exequibilidad de la expresión demandada. Como fundamento de su solicitud, expusieron los siguientes 5 argumentos:
El 8 de octubre de 2018, el Procurador General de la Nación rindió concepto en relación con el presente asunto[5]. El Procurador solicitó que se declare la exequibilidad del aparte normativo acusado con base en los siguientes 4 argumentos, a saber: (i) la expresión “‘solicitud’ se refiere a la invocación inicial ante el juez de tutela de una medida de protección de derechos (…), y no se extiende, como lo estima el demandante, al trámite de la impugnación”; (ii) el artículo transitorio 5 de la Constitución “reconoció necesariamente la potestad de configuración normativa al Presidente de la República para diseñar el procedimiento de este mecanismo especial”; (iii) la Constitución no previó un término específico para resolver la impugnación en los procesos de tutela; y, en todo caso, (iv) “la norma acusada no desdibuja el diseño constitucional de una garantía caracterizada por el principio de inmediatez”, por cuanto (a) la impugnación se concede en el efecto devolutivo y (b) el fallo es de inmediato cumplimiento.
Le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿la expresión “y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”, contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, vulnera el artículo 86 de la Constitución, al disponer un término superior a 10 días para resolver la impugnación en los procesos de tutela?
La Corte Constitucional considera que la expresión demandada es exequible. Dicho aparte normativo no desconoce el artículo 86 de la Constitución Política, por cuanto el término de 20 días previsto para proferir el fallo de segunda instancia (a) no es óbice para que las solicitudes de tutela se resuelvan en 10 días y (b) es, en todo caso, razonable y proporcional.
De un lado, el artículo 86 de la Constitución Política dispone que “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”. Por su parte, el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 prevé que “dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo”, el cual, si bien es susceptible del recurso de impugnación, es de “cumplimiento inmediato”, según el artículo 31 ibídem. En tales términos, para la Sala resulta claro que el aparte demandado, al prever el término de 20 días para que se profiera el fallo de segunda instancia en los procesos de tutela, no impide que las solicitudes de tutela se resuelvan en 10 días y que las sentencias impugnadas se cumplan inmediatamente, por lo tanto, no desconoce el artículo 86 de la Constitución Política.
De otro lado, lo cierto es que la expresión normativa “y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”, prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, resulta razonable y proporcional. La razonabilidad y la proporcionalidad de dicho término se fundan en (i) la competencia del legislador para regular la acción de tutela, (ii) las finalidades constitucionalmente legítimas que persigue dicho término y su idoneidad y, además, (iii) en que dicho término no menoscaba la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Primero, el legislador tiene la competencia para definir las reglas procesales de la acción de tutela. En virtud del artículo 152.1 de la Constitución Política[6], el legislador “regulará (…) [d]erechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”. En consecuencia, “le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada proceso judicial”[7]. Así mismo, con fundamento en lo previsto por el artículo transitorio 5.b de la Constitución Política[8], esta amplia libertad de configuración del legislador se extiende al diseño de las reglas procesales de la acción de tutela. Sin embargo, “ese margen, aunque amplio, no es absoluto”[9]. La acción de tutela fue diseñada como “un instrumento apto para obtener la ‘protección inmediata’ de los derechos fundamentales, en un proceso ‘preferente y sumario’”[10]. Esta naturaleza preferente y sumaria impide al legislador diseñar reglas procesales que “alteren el carácter preferente de los procesos constitucionales”[11] o desconozcan “el derecho a obtener del juez de tutela decisiones que ofrezcan ‘protección inmediata’ a los derechos fundamentales”[12].
En esta medida, en lo que se refiere al diseño de los medios de impugnación, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el legislador “debe abstenerse de crear instrumentos de impugnación que impacten la celeridad del amparo susceptible de alcanzarse en un proceso de tutela, por la vía de posponer la protección oportuna de los derechos (…) [y] de rodear los procesos (…) con regulaciones que dificulten irrazonablemente el acceso a la justicia, o que interfieran en el derecho a una administración de justicia efectiva”[13]. De esta manera, es claro que el legislador, en el marco de su amplia libertad de configuración, debe regular los medios de impugnación “conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las normas”[14].
En tales términos, la Sala advierte que el Presidente de la República contaba con la facultad de fijar el término para resolver la impugnación en los procesos de tutela, tal como lo hizo en la norma demandada. Esto es así, en atención a que (i) el artículo 86 de la Constitución Política no dispuso el término para el trámite de la impugnación y (ii) el legislador tiene la competencia para definir el procedimiento de la acción de tutela, según lo previsto por los artículos 152.1 y transitorio 5.b de la Constitución Política.
Segundo, el término de 20 días previsto por el aparate normativo acusado para resolver la impugnación persigue finalidades constitucionalmente legítimas y es una medida idónea para alcanzarlas. La Sala advierte que disponer un término de 20 días para resolver la impugnación es adecuado, en tanto es expedito, célere y ágil, para asegurar las finalidades constitucionalmente legítimas que persigue el trámite de impugnación del fallo de tutela, tales como garantizar (i) el debido proceso en el trámite de segunda instancia[15] y (ii) la corrección de la decisión. La primera, relativa garantizar los derechos de defensa, contradicción y segunda instancia, de las partes en la acción de tutela, esto es, que tengan la oportunidad de aportar pruebas y controvertirlas, así como de recurrir la decisión del juez de primera instancia. La segunda, que la decisión de segunda instancia se profiera tras recaudarse y valorarse los elementos necesarios que le permitan llegar al convencimiento respecto de la situación litigiosa, para lo cual el ad quem “puede de oficio solicitar informes, ordenar la práctica de pruebas, cotejar el acervo probatorio con la demanda y el fallo del a-quo, en fin desplegar todas las actuaciones necesarias”[16], según lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991[17]. Justamente la actividad probatoria en el trámite de la impugnación del fallo de primera instancia fortalece la certeza de las premisas empíricas del caso y, por lo tanto, contribuye a la corrección de la decisión[18].
Estas finalidades devienen, además de legítimas, imperiosas, habida cuenta de que la sentencia que resuelve la impugnación (i) finaliza el trámite de instancias dentro de los procesos de tutela, (ii) no es susceptible de recursos judiciales y, en todo caso, (iii) la revisión por parte de la Corte Constitucional es eventual y no obligatoria.
Finalmente, el término de 20 días previsto por el aparate normativo acusado para resolver la impugnación no menoscaba la protección inmediata de los derechos fundamentales. La Corte advierte que el término previsto por la disposición acusada no afecta en modo alguno la celeridad del amparo ni la protección inmediata de los derechos fundamentales. Esto es así, por cuanto (i) la decisión de primera instancia, que se profiere “dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud”, es de inmediato cumplimiento y (ii) la impugnación, de presentarse y tramitarse, se concede en el efecto devolutivo.
En este orden de ideas, la Corte considera que el término de 20 días para resolver la impugnación no afecta en modo alguno la protección inmediata de los derechos fundamentales ni la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela y, a la vez, permite que se materialicen los derechos al debido proceso, de defensa, de contradicción y el principio de doble instancia. Tal como se señaló en el párr. 10, materialmente el término de 10 días previsto por la Constitución sí se cumple y, en todo caso, la impugnación no sacrifica la protección inmediata de los derechos fundamentales, habida consideración de que se trata de un término expedito, célere y ágil que no impide el cumplimiento inmediato del fallo de primera instancia.
Además, con base en las anteriores razones, la Corte constata la irrazonabilidad de la pretensión del demandante, relativa a que la Corte fije el término de 10 días para resolver la impugnación, tal como lo hizo en relación con el incidente de desacato mediante la sentencia C-367 de 2014. En esa oportunidad, dado que el desacato guarda relación con la “eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes”[24], y que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no previó un término para resolver el incidente, la Corte concluyó que dicha omisión afectaba la garantía de protección inmediata de los derechos fundamentales, y, por lo tanto, determinó que este trámite se adelantara en un término no superior a 10 días. Por el contrario, el aparte normativo sub examine sí previó un término preciso para resolver la impugnación en los procesos de tutela, el cual, como se analizó, no desconoce la naturaleza preferente y sumaria del proceso de la acción de tutela ni menoscaba la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Con base en las anteriores consideraciones, la expresión “y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente”, contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, no vulnera el artículo 86 de la Constitución. Por lo tanto, la Corte Constitucional declarará su exequibilidad.