Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20700
Timestamp: 2017-06-26 13:52:27
Document Index: 191751610

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 297', 'artículo 32', 'artículo 250', 'artículo 300', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 300', 'artículo 297', 'artículo 250', 'artículo 297', 'artículo 250', 'artículo 297', 'artículo 250', 'artículo 297', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 300', 'artículo 250', 'artículo 297', 'artículo 250', 'artículo 297', 'artículo 250']

Sentencia C-190 de 2006 Corte Constitucional
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 2° inciso 3°, 297 parágrafo y 300 de la ley 906 de 2004. Demandante: Rolando Robayo Tamayo.
Bogotá, D.C., Quince ( 15 ) de marzo de dos mil seis ( 2006 )
El 25 de julio del año mencionado, el expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador , incluyendo el oficio No DP- 0685 allegado a esta Corporación el 22 de julio de 2005 , suscrito por EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, Procurador y Viceprocurador General de la Nación respectivamente, quienes solicitan a esta Corte disponer que el Procurador General , en virtud de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7° del Decreto ¿ Ley 262 de 2000 , designe al funcionario que debe rendir el concepto en el proceso de la referencia pues los suscritos se encuentran impedidos.
La razón que aducen para su impedimento es que como Procurador y Viceprocurador , participaron en la Comisión Redactora , el primero , y en la Subcomisión Redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal ¿ Ley 906 de 2004-.
Por tal razón , la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto de treinta ( 30 ) de agosto de 2005, decidió aceptar los impedimentos propuestos y ordenó que el Procurador General de la Nación designará el funcionario que rendiría el concepto . Así las cosas, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
LEY 906 DE 2004 ARTÍCULO 2o. LIBERTAD Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.
ART. 297.¿Requisitos generales. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
PAR.¿Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías.
ART. 300.¿Captura sin orden judicial. En los eventos en que proceda la detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente órdenes de captura cuando en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes causales:
Afirma el demandante que el artículo 2 del Acto Legislativo No 03 de 2002 previó la posibilidad de que la ley pudiera facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas . Para estos efectos, dotó al legislador de poderes para fijar límites y eventos para la procedencia de las capturas. Las normas demandadas se ocupan de reglamentar el ejercicio de esa facultad extraordinaria por parte de la Fiscalía , al establecer que podrá hacer uso de ella cuando tenga motivos fundados acerca de que existe riesgo de que la persona evada la acción de la justicia, represente peligro para la comunidad o pueda obstruir la investigación y cuando razonablemente carezca de oportunidad para solicitar el mandamiento escrito. Agrega el demandante, que conforme con el Art. 28 de la Constitución Política , nadie puede ser aprehendido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Excepción a esta regla es la captura en flagrancia prevista en el art. 32 de la Constitución Política. La Fiscalía General de la Nación, hace parte de la rama judicial del poder público; si bien es autoridad judicial no es competente para emitir mandamiento escrito para la captura o aprehensión de las personas.
Indica el demandante, que el art. 28 Constitucional que establece la libertad personal en las condiciones ya vistas, hace parte del componente dogmático de la Constitución , mientras que el inciso 3 del numeral 1 del artículo 250 del Acto Legislativo No 03 de 2002 , otorgó atribuciones al legislador para facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas, para fijarle los límites y eventos de ésta y previó , para estos casos, que el control de garantías fuera posterior , integra la parte orgánica. Y se adiciona, que la parte dogmática de la Constitución prevalece sobre la parte orgánica , en especial la que regula los derechos fundamentales sobre la que determina la organización estatal.
En consecuencia, se asevera, el Congreso de la República no podía expedir las normas demandadas por ser contrarias a la misma Constitución. IV. INTERVENCIONES
El Fiscal General de la Nación de la época, Luis Camilo Osorio, presentó intervención en el proceso de constitucionalidad, solicitando la declaratoria de constitucionalidad de las normas demandadas, excepto el inciso acusado del artículo 2 , sobre el cual pesa la Cosa Juzgada Constitucional; los argumentos son los siguientes: Se considera, que los artículos 297 parágrafo y 300 demandados , no infringen las disposiciones del artículo 28 Superior porque este no se refiere a la captura sino a la detención preventiva otra forma de restricción a la libertad no regulada por las normas demandadas , y porque la captura como procedimiento restrictivo de la libertad en materia penal está constitucionalmente regulada en forma especial por el artículo 250 de la Constitución Política. Lo que ahora se juzga es un código de procedimiento penal no un código de policía. Se afirma por parte del interviniente, que los artículos 297 y 300 demandados no pueden ser declarados inexequibles porque constituyen los instrumentos legales por medio de los cuales se cumple lo dispuesto por el constituyente en el artículo 2 del Acto Legislativo 03 de 2002.
Así las cosas, se indica, la facultad de ordenar la captura sin orden judicial previa, está sujeta a la observancia de exigencias objetivas imprescindibles para dotar de legitimidad la medida .
El ciudadano Fernando Mestre Ordoñez , en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, interviene en el presente proceso con el fin de solicitar se declare la Constitucionalidad de los arts. 297 y 300 de la ley 906 de 2004. Al respecto expresa los siguiente argumentos:
De otro lado, se afirma, que los restantes artículos demandados están ajustados a la Constitución Política. Con respecto al artículo 297 de la referida ley, se expresa que el parágrafo es Constitucional pues se refiere a las dos excepciones constitucionales a la captura dispuesta por el juez de control de garantías , que son la flagrancia ( artículo 32 Constitucional ) y la orden por la Fiscalía General de la Nación ( artículo 250 numeral 1 ). Se indica por parte del interviniente, que a esta norma no se le pueden hacer extensivos los argumentos de la Sentencia de Constitucionalidad ya referida, por cuanto no se objetó en momento alguno la competencia atribuida constitucionalmente a la Fiscalía para ordenar excepcionalmente la privación de la libertad de las personas. Lo anterior por cuanto lo que se dijo en dicha Sentencia es que la competencia atribuida por el legislador no puede ser indeterminada a tal punto que la fiscalía pueda acceder a su arbitrio a esta posibilidad , convirtiendo la excepción en regla general.
En relación con el artículo 300 de la ley mencionada, el interviniente asevera que a diferencia del artículo 2 inciso tercero declarado inexequible , esta norma enlista con precisión los requisitos para que la Fiscalía emita la orden de captura en ejercicio de su facultad constitucional excepcional. Situación que permite que el análisis de constitucionalidad sea diferente por cuanto esta norma no deja indeterminada la competencia de la Fiscalía , sino por el contrario la determina específicamente, estableciendo los casos en que se puede producir la captura por parte del ente acusador, lo que trae como consecuencia su Constitucionalidad a la luz del artículo 250 Constitucional. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En virtud de la designación realizada por el Procurador General de la Nación en Resolución No. 362 de Septiembre 27 de 2005, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, presentó concepto No. 3966, el 27 de Octubre del presente año. A juicio del Ministerio Público, respecto del inciso 3 del artículo 2 y del artículo 300 de la ley 906 de 2004, ha operado la Cosa Juzgada Constitucional , por cuanto la Corte Constitucional ya se pronunció sobre dichas normas a través de la Sentencia C- 730 y 1001 de 2005, respectivamente. En relación al artículo 297 de la referida ley , solicita se declare inexequible con base en las siguientes consideraciones: Señala el Ministerio Público , que la Constitución en su artículo 250 numeral 1 inciso 3 , clara y expresamente reconoció competencia , ciertamente excepcional a la Fiscalía General de la Nación para disponer la privación de la libertad de las personas , pero únicamente en los casos en que puntualmente señale el legislador . Es decir es una norma constitucional que requiere de desarrollo legal para su aplicación . En otras palabras, no es una norma constitucional de aplicación inmediata. Partiendo de esta habilitación constitucional, se explica, puede afirmarse que la expresión censurada del artículo 297 de la ley acusada no está afectada por vicio de inconstitucionalidad pues partiendo de la potestad reconocida en el artículo 250 Constitucional se establece la captura excepcional dictada por la Fiscalía como uno de los dos únicos eventos en que procede la privación de la libertad sin previa orden del juez de control de garantía. Por ello , señala el Ministerio Público, frente al cargo planteado no puede declararse inexequible el artículo 297 , ya que la Constitución habilita en forma explícita al legislador para otorgar competencia a la Fiscalía cuyo ejercicio debe someterse al control ya no previo, sino posterior del juez de control de garantías. Es decir, a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes no es viable afirmar que la Fiscalía General de la Nación esté impedida para ordenar la captura de personas sin previa orden judicial del juez de control de garantía, si así lo determina y reglamenta una ley.
No obstante lo anterior, se asevera, la expresión demandada debe ser declarada inexequible porque en el ordenamiento procesal penal y con base en las dos Sentencia ya citadas, no están citadas las condiciones, causales y requisitos especiales que deben cumplirse para que proceda la captura por orden de la fiscalía General de la Nación, sin control previo del juez de garantías, anomia que vicia de inconstitucionalidad cualquier disposición que reconozca a la Fiscalía la competencia, bajo el ordenamiento actual, para ordenar la privación de la libertad de cualquier persona. Se agrega por parte del Ministerio Público, que la inconstitucionalidad de la norma deviene por la ausencia de aquellos presupuestos que conforme el artículo 250 constitucional , está obligado el legislador a fijar cuando decide habilitar al ente investigador para afectar el derecho a la libertad personal. Hasta tanto se establezca por el legislador los requisitos y causales específicas de la captura excepcional por orden de la fiscalía , cualquier disposición que reconozca esa competencia resulta violatoria del principio de legalidad , pues el ejercicio de la misma quedaría al absoluto albedrío o capricho del organismo, pero además, desconocería concretamente la norma superior antes citada, que impone al legislador la obligación de regular con celo , es decir, fijar los límites y eventos en que procede la captura cuando decida otorgar esa facultad a la Fiscalía General de la Nación.
Por esta razones, el Ministerio Público solicita la inexequibilidad del artículo 297 de la ley referida , no porque la ley no pueda facultar a la fiscalía para ordenar capturas en casos excepcionales , sino porque la ausencia de reglas para hacerlo torna la norma contraria al artículo 29 y 250 Constitucionales. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
La Corte Constata que mediante Sentencia C- 730 de 20051 se declaró la inexequibilidad de las expresiones " En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, " contenidas en el inciso final del artículo 2° de la ley 906 de 2004.
En consecuencia, siendo las misma expresiones acusadas del art. 2° en la presente demanda, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 730 de 2005 respecto de la acusación formulada en este proceso .
La Corte evidencia, igualmente , que mediante Sentencia C- 1001 de 20052 se declaró la inexequibilidad del artículo 300 de la ley 906 de 2004.
En consecuencia, siendo el mismo artículo acusado en la presente demanda, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 1001 de 2005 respecto de la acusación formulada en este proceso .
No obstante, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos , requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley , conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. Así entonces, la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención, en el presente caso la Fiscalía General de la Nación, solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas . Es decir, ajustadas al principio de legalidad.
En este orden de ideas, estas características deben estar señaladas en la ley y con mayor razón aún si se trata de facultades excepcionales. Por ende, la restricción de la libertad, por excepcional que esta sea , debe tener sus circunstancias expresas en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordenen la captura.
Ahora bien, la expresión "¿ o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación¿" contenida en el artículo 297 parágrafo de la ley 906 de 2004, tiene dos interpretaciones con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Una primera, inconstitucional , según la cual por cuanto las características, presupuestos y requisitos de la captura excepcional en cabeza de la Fiscalía General de la Nación no están claramente definidos por la ley, se estaría violando el principio de legalidad protegido Constitucionalmente. Una segunda, constitucional, en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule , de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.
En consecuencia, esta Corporación declarará exequible la expresión "¿ o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación¿" contenida en el artículo 297 parágrafo de la ley 906 de 2004, en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule , de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.
1 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
2 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.