Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-338.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-15 16:50:58
Document Index: 199531600

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 338, de 19/04/2018
cve: BOCG-12-D-338
130/000028 Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas. Convalidación... (Página3)
162/000606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Aprobación... (Página8)
162/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional.
Enmiendas... (Página9)
Aprobación con modificaciones... (Página11)
172/000117 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública... (Página11)
172/000118 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades... (Página12)
173/000084 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página13)
Aprobación con modificaciones... (Página17)
173/000085 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página19)
Aprobación con modificaciones... (Página24)
173/000086 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página25)
173/000087 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página28)
154/000008 Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. Aprobación por el Pleno del Informe de la Subcomisión... (Página30)
140/000022 Declaración institucional con motivo del 8 de abril, Día Internacional del pueblo gitano... (Página31)
130/000028
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
REAL DECRETO-LEY 1/2018, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE PRORROGA PARA 2018 EL DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y SE MODIFICA EL ÁMBITO OBJETIVO DE ESTAS
La disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrolla y define el concepto de sostenibilidad financiera que debe concurrir en aquellas inversiones, así como el procedimiento y el ámbito objetivo de aplicación.
En el momento actual, y a falta de los datos de cierre de ejecución presupuestaria del año 2017 de las Corporaciones Locales, los datos correspondientes al tercer trimestre del año 2017 permiten prever que las mismas habrán presentado en este ejercicio pasado una situación de superávit presupuestario, circunstancia que ha venido repitiéndose desde el año 2012. Por otra parte, los indicadores disponibles permiten prever una coyuntura económica para el año 2018 favorable. Es decir, se dan las circunstancias que conducirían a la aprobación de la prórroga de la norma que permite a las Corporaciones Locales destinar su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles.
Por otra parte, en ausencia de la prórroga, las Corporaciones Locales quedarían obligadas, en aplicación del artículo 32 de la LOEPSF, a la reducción del endeudamiento neto. Las Entidades Locales actualmente están liquidando sus presupuestos de 2017 y necesitan conocer si deben aplicar aquella medida o, si reuniendo los requisitos necesarios para ello, pueden destinar el superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles. En este sentido es preciso subrayar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, define en su artículo 28 como infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria el incumplimiento del citado artículo 32 de la LOEPSF. Por lo tanto, por razones de urgencia y de carácter extraordinario, resulta necesario incluir la prórroga en un Real Decreto-ley, como ya se hizo en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre.
Por otra parte, atendiendo al impacto y efectos derivados de la regulación que se hace de las inversiones financieramente sostenibles en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el desequilibrio entre los datos de inversión financieramente sostenible que podrían realizarse y los que realmente se ejecutan (apenas un 26 % con datos de 2016), resulta necesario introducir modificaciones en el ámbito objetivo mediante su ampliación, teniendo en cuenta las actuaciones que desarrollan las Entidades Locales y las competencias que tienen atribuidas. Se persigue con esta modificación que las Corporaciones Locales que han realizado esfuerzos importantes de consolidación tengan mayor capacidad para llevar a cabo inversiones que se traduzcan de forma inmediata en un mayor bienestar para los ciudadanos y que supongan en el medio plazo una mayor capacidad de crecimiento, sin erosionar la
estabilidad de las cuentas públicas. Asimismo, se revisa el régimen de autorización administrativa previa que se contiene en aquella norma. La ampliación del ámbito objetivo de aplicación del concepto de inversión financieramente sostenible, incluye grupos de programas que acogen proyectos de inversión que requieren procedimientos de contratación que, por su complejidad, deben iniciarse a la mayor brevedad posible para poder estar ejecutados en el período máximo que se recoge en la norma. Esta modificación resulta urgente para que ya en el ejercicio corriente las inversiones que se realicen en base a la prórroga respondan a las necesidades actuales de las Corporaciones Locales.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2018,
Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados en los siguientes términos:
"1. Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades Locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros."
Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; Hacienda general y Deuda del Estado, y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, respectivamente.
162/000606
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 309, de 2 de marzo de 2018.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, Marta Sorlí, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley para impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
"1. Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma inmediata, por mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar en un 13 % la financiación del nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo en el que la aportación de la Comunidad Autónoma sea, para cada año y tal y como estipula la ley, al menos igual a la de la Administración General del Estado. Este aumento será, al menos, suficiente para recuperar la financiación con la que contaba el sistema en 2011."
El Gobierno no puede evadir sus responsabilidades, las Comunidades Autónomas y el Estado deben soportar a partes iguales 50/50 la financiación del sistema de la dependencia, tal y como se recoge en el artículo 32 de la LAPAD.
Nuevo punto 2 (el actual número punto 2 pasa a ser el 3, y sucesivos)
"2. Restablecer la inclusión y la dotación de la partida presupuestaria para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales del sistema. Este derecho se
recuperará, de manera urgente, mediante la modificación normativa pertinente. Además, se reconocerá a las personas cuidadoras no profesionales la prestación por desempleo, y se garantizará su derecho a la formación profesional, así como a la prestación por maternidad y paternidad."
Resulta necesario reconocer el trabajo realizado por los cuidadores y cuidadoras no profesionales así como garantizar sus derechos que les fueron arrebatados con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la autonomía y atención de la dependencia.
Añadir un punto número 6 con el siguiente texto:
"6. El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de presentación de la solicitud. El plazo máximo para la resolución del expediente será de 6 meses desde la fecha de la solicitud hasta que se reciba la prestación o servicio contemplados en el programa individual de atención."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 309, de 2 de marzo de 2018, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. Para lograrlo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma inmediata, por los mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar en un 13 % la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011; y abordando la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado.
2. Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las CCAA para acabar con la desatención (limbo de la Dependencia) antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.
5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales su seguimiento y control."
162/000632
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 324, de 23 de marzo de 2018.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional.
"Dar continuidad en 2018 al "Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España" al objeto de profundizar sus diez líneas estratégicas de actuación y, con mayor énfasis, en los aspectos formativos para corregir las carencias señaladas en el Índice europeo anual de la economía y la sociedad digitales (DESI)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley en defensa del comercio minorista y tradicional del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se modifica el punto primero de la sección propositiva de la Moción, que queda redactado en los siguientes términos:
- Apoyar campañas divulgativas que destaquen las ventajas del comercio minorista tradicional.
- Impulsar el desarrollo del comercio minorista y fomentar su transformación digital, apoyándose en la colaboración público-privada. A tal efecto y en concreto:
a) Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales.
b) Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha).
c) Impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico.
d) Mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores.
e) Tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo digital.
f) Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos.
g) Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor, y en la aparición de nuevos modelos de negocio.
- Seguir impulsando, en los correspondientes foros internacionales tanto de la UE como de la OCDE, medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales, para acabar con la competencia fiscal desleal que sufren los comercios minoristas respecto a estas grandes multinacionales del comercio electrónico.
- Dar cumplimiento, a la mayor brevedad, a la Proposición no de Ley 161/002996, aprobada, sin votos en contra, por la Comisión de Hacienda y Función Pública en su sesión del miércoles 14 de marzo de 2018."
- Impulsar la colaboración público-privada para apoyar el desarrollo del comercio minorista y fomentar su transformación digital.
- Seguir impulsando, en los correspondientes foros internacionales tanto de la UE como de la OCDE, medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales, para acabar con la competencia fiscal desleal que sufren los comercios minoristas respecto a estas grandes multinacionales del comercio electrónico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 324, de 23 de marzo de 2018, en los siguientes términos:
- Dar continuidad en 2018 al "Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España", al objeto de profundizar sus diez líneas estratégicas de actuación, y, con mayor énfasis, en los aspectos formativos, para corregir las carencias señaladas en el Índice europeo anual de la economía y la sociedad digitales (DESI)."
172/000117
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, solicita la presente interpelación urgente al Ministro de Economía y Competitividad sobre la situación de bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
172/000118
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades.
Este año 2018 se celebra el septuagésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Para conmemorarlo, la OMS pretende recordar el objetivo de que todas las personas del mundo tengan acceso a la protección de su salud y que la cobertura sanitaria universal es uno de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Lejos de estos objetivos, el Gobierno del Partido Popular ha dañado seriamente el Estado de bienestar con una política deliberada y profundamente ideológica de recortes sociales, que han afectado de manera especial a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Y también, especialmente, han afectado a los ciudadanos, destinatarios de los servicios de salud, que han visto mermados sus derechos de acceso y equidad en las prestaciones y la calidad de los servicios sanitarios. Y es que, aunque son los determinantes sociales de la salud los factores que más influyen a la hora de explicar la desigualdad en la salud de los ciudadanos, también es cierto que el acceso, la equidad y la calidad de los servicios sanitarios permiten corregir parcialmente esas desigualdades y mejorar la salud de muchos ciudadanos. Una política sanitaria adecuada puede paliar estas desigualdades.
Las políticas sanitarias del Gobierno del PP, al amparo de la situación de crisis económica, han debilitado nuestro Sistema Nacional de Salud y lo han vuelto menos equitativo. Se han preocupado no en hacer eficiente la sanidad española sino en recortar el gasto sanitario, incluido el farmacéutico.
En este sentido, se inauguró el Gobierno del PP con el Real Decreto-ley 16/2012 que acababa con el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, al retirar la tarjeta sanitaria a casi un millón de personas y que estableció un sistema de copagos para los pensionistas, precisamente quienes más necesitan de la prestación farmacéutica.
Durante estos años también se ha constatado la apuesta del Gobierno del PP en el ámbito sanitario: se han visto incrementadas las listas de espera quirúrgicas en todo el territorio nacional;.se ha mermado la aportación estatal a la investigación sanitaria y la asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada;
de los territorios que todavía gestiona este Gobierno (Ceuta y Melilla) o en las prisiones españolas, presenta cada día mayores deficiencias.
Asimismo, los recortes han afectado a los medios materiales y a los profesionales sanitarios que trabajan cada vez en peores condiciones.
Estas situaciones fueron paliadas, en numerosas ocasiones, por las políticas de las comunidades autónomas que han venido a suplir la necesaria acción política del Gobierno en materia de sanidad, y que, precisamente por ello, se han enfrentado a procesos judiciales, al tiempo que esperan desde hace años una modificación de su sistema de financiación.
Pero, además, aunque el Gobierno insiste en que la situación de crisis económica se ha superado en nuestro país, es posible afirmar que la sanidad pública sigue inmersa plenamente en ella.
En este sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 reduce el gasto público estatal en relación con el PIB (del 6 % al 5,8 %) o contempla una partida ridícula para garantizar la cohesión y equidad interterritoriales (3,76 millones de euros, frente a los casi 100 que contemplaba el presupuesto del último Gobierno socialista). Todo ello a la espera de lo que aporten las Comunidades Autónomas, lo que demuestra el escaso compromiso de este Gobierno con la sanidad.
Esta disminución del gasto público sanitario y el correlativo incremento del gasto privado es síntoma evidente de la apuesta de este Gobierno, de nuevo fuertemente ideológica, por la privatización financiera del sistema de salud a costa del derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria. A esta conclusión contribuyen igualmente el incremento de los copagos durante las últimas legislaturas o los procesos privatizadores en sanidad llevados a cabo en comunidades autónomas como Madrid o Valencia.
En definitiva, este Gobierno no cree en la sanidad pública y sus políticas, en tiempo de crisis pero también en situación de mejoría económica, desconocen este pilar fundamental de nuestro Estado social. Es una cuestión ideológica.
Por todo lo expuesto se presenta esta interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000084
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre el papel de España en las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
Venezuela está atravesando una grave crisis que tiene múltiples ramificaciones, desde una fuerte crisis económica, social y humanitaria a una importante crisis política e institucional. Las políticas del régimen bolivariano de Hugo Chávez y, posteriormente, Nicolás Maduro, han tenido resultados devastadores en la economía de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo en materia de hidrocarburos y otros recursos naturales.
Además, Venezuela se sitúa entre los países con mayores niveles de corrupción, ocupando el lugar 169 en la lista de 180 países que elabora cada año Transparencia Internacional. De hecho, varios antiguos altos cargos del Gobierno venezolano han sido acusados recientemente en Estados Unidos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos por adjudicaciones de contratos a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PVSA). Asimismo, la Audiencia Nacional también está investigando actualmente en España a la antigua cúpula de PVSA dentro de la misma trama.
Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que la mayor parte de las importaciones al país se realizan a través de la Administración, lo que está resultando en una importante escasez de alimentos de primera necesidad, medicamentos, e incluso afecta al suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad. A esto se suma la incesante deriva autoritaria del Gobierno bolivariano, ahora en manos de Nicolás Maduro, que ha torcido el orden constitucional venezolano para vaciar de poder a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
En definitiva, la violación de derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, exige una reacción a la altura por parte de la comunidad internacional. Canadá fue uno de los primeros países en aprobar sanciones contra altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro en septiembre de 2017 debido a la represión violenta de las protestas cívicas que tuvieron lugar entre abril y agosto de ese año y la ruptura con el Estado de Derecho. El Gobierno canadiense del liberal Justin Trudeau amplió estas sanciones en noviembre de 2017 hasta llegar a los 49 altos cargos sancionados.
Pese a que el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europea en el Parlamento Europeo había demandado aprobar sanciones al Gobierno de Venezuela desde 2014, la Unión Europea tardó en tomar medidas ante estas múltiples crisis, aprobando únicamente el Reglamento (UE) 2017/2063 que establecía un embargo de material que pudiera ser utilizado en la represión de protestas y sentaba las bases para posibles futuras sanciones. Solo en enero de 2018, cuando la situación institucional continuaba deteriorándose con la persecución de la oposición por parte del Gobierno bolivariano, la Unión Europea hizo efectivas esas sanciones contra 7 altos cargos cercanos a Nicolás Maduro en base al Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017. Como no podía ser de otra manera, la Unión Europea reafirmó que las sanciones tenían un carácter específico sobre individuos y, por tanto, no ahondan en las múltiples crisis que sufren los ciudadanos venezolanos.
Así pues, las voces liberales y progresistas tanto en América como en Europa han liderado la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, también en Venezuela. También en esta línea, Ennmanuel Macron ha expresado recientemente su apoyo a que se amplíen las sanciones de la Unión Europea al régimen bolivariano por su incesante deriva autoritaria. El 8 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado, a iniciativa una vez más del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, de forma clara contra las sistemáticas violaciones de los derechos y libertades fundamentales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Pese a la insistencia del régimen bolivariano de identificarlo como su principal enemigo exterior, el Gobierno ha carecido de liderazgo a la hora de defender los derechos humanos en su acción exterior y, especialmente, en Venezuela, un país con el que España comparte tantos lazos históricos, culturales, sociales y económicos.
"El Congreso de los Diputados acuerda:
a) Expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
b) No reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales de mayo de 2018 por no haber sido realizada por el órgano correspondiente de acuerdo al orden constitucional venezolano, por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre Gobierno y oposición; y, en consecuencia, no reconocer sus resultados.
1. Ejercer un papel de liderazgo internacional en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos.
2. Recomendar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, al propio Presidente Nicolás Maduro y al Vicepresidente Tarick el-Aissami de acuerdo a los artículos 8.3.a y 8.3.b del Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017.
3. Recomendar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos involucrados en el comercio de hidrocarburos, así como a altos funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por socavamiento de la democracia o el Estado de Derecho, de acuerdo al artículo 8.3.b del Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017.
4. Apoyar expresamente la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar un examen preliminar para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela y facilitar la provisión de información por parte del Gobierno de España para la realización de dicho examen.
5. Impulsar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la celebración de una sesión de emergencia sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
6. Llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe la creación de una Comisión o Misión de investigación con el fin de investigar y responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela, así como para exponer a los infractores y facilitar que respondan por sus actos ante la justicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
b) Instar a las autoridades venezolanas a garantizar el cumplimiento de las previsiones legales en la convocatoria de las elecciones presidenciales y la libre concurrencia de todos los candidatos para garantizar un proceso democrático y competitivo. Y si para alcanzar tales objetivos se debieran
posponer las elecciones, que así fuera para garantizar todos los requisitos de unas elecciones democráticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
"El Congreso de los Diputados, reiterando la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las gravísimas crisis económica, social, política e institucional por las que atraviesa su país y desde su firme compromiso con los derechos humanos y la democracia, insta al Gobierno a:
1. Trabajar por la plena normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.
2. Realizar, de manera directa o indirecta, ante el Gobierno de Venezuela todas las gestiones que pudieran ser necesarias a la hora de garantizar las condiciones democráticas de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, incluidas las garantías para posibilitar una plena y libre participación en régimen de igualdad de oportunidades de todas las formaciones opositoras que así lo deseen, para lo cual es necesaria la inmediata liberación de los presos políticos.
3. Ejercer un papel de liderazgo internacional en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos.
4. Mantener, en el marco de las relaciones bilaterales, e impulsar en el seno de las organizaciones supranacionales e internacionales a las que España pertenece, en especial la Unión Europea, un estrecho seguimiento de la evolución de las crisis por las que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, que permita adaptar las reacciones que desde dichos ámbitos se adopten a la evolución de la situación.
5. Prestar la máxima colaboración a la Fiscal de la Corte Penal Internacional en el marco del examen preliminar que ha iniciado para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela.
6. Impulsar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la celebración de una sesión de emergencia sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
7. Llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe la creación de una Comisión o Misión de Investigación con el fin de investigar y responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela, así como para exponer a los infractores y facilitar que respondan por sus actos ante la justicia.
8. Mantener abiertas todas las vías que permitan la recuperación del dialogo entre las partes sobre la base de la buena fe, la sinceridad y el mutuo reconocimiento, desde el convencimiento de que dicho dialogo constituye la fase previa y necesaria para alcanzar un acuerdo que permita devolver de manera estable y efectiva a la sociedad venezolana la normalidad y las plenas garantías democráticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela.
a) Solicitar al Gobierno de Venezuela la suspensión de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y presentar un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos.
1. Solicitar al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.
2. Mantenerse atento a la situación en Venezuela y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales, tal y como marca la Resolución 1095 (2145/18) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de España en la resolución de las múltiples crisis que afectan a Venezuela, ha acordado lo siguiente:
a) Expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos sus derechos políticos.
b) No reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales de mayo de 2018 por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia
electoral acordadas entre Gobierno y oposición; y, en consecuencia, no reconocer sus resultados. Realizar las gestiones que pudieran ser necesarias a la hora de garantizar las condiciones democráticas de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, incluidas las garantías para posibilitar una plena y libre participación en régimen de igualdad de oportunidades de todas las formaciones opositoras que así lo deseen, para lo cual es necesaria la inmediata liberación de todos los presos políticos.
1. Seguir ejerciendo un papel de liderazgo en el ámbito internacional y de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos. Mantener, en el marco de las relaciones bilaterales, e impulsar en el seno de las organizaciones supranacionales e internacionales a las que España pertenece, un estrecho seguimiento de la evolución de las crisis por las que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, que permita adaptar las reacciones que desde dichos ámbitos se adopten a la evolución de la situación.
2. Hacer un llamamiento al Gobierno venezolano a revertir su decisión de declarar persona non grata al Embajador de España, en aras a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España.
3. Recomendar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, por la represión de la oposición y la sociedad civil y por las violaciones graves de los derechos humanos de acuerdo a los artículos 8.3.a y 8.3.b del Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017. Mantenerse atento a la situación en Venezuela y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales, tal y como marca la Resolución 1095 (2145/18) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela.
4. Colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación con el examen preliminar abierto sobre la situación en Venezuela para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela y facilitar la provisión de información por parte del Gobierno de España.
5. Continuar realizando un estrecho seguimiento de la situación de derechos humanos, incluyendo la solución de la crisis humanitaria y la petición de liberación de todos los presos políticos en Venezuela, así como seguir abordando dicha situación en el seno de la UE y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
6. Seguir abordando con profundidad y urgencia la situación en el Consejo de Derechos Humanos en NNUU, analizando cuáles de los posibles mecanismos (sesión de emergencia, creación de comisiones u otros alternativos) sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
8. Solicitar al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.
9. Apoyar los eventuales esfuerzos en aras de un diálogo sincero, eficaz y que produzca resultados concretos, manteniendo la posición que ha venido defendiendo de que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y negociada en el marco del ordenamiento venezolano."
173/000085
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social y de las enmiendas presentadas a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre medidas para garantizar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
"El Congreso de los Diputados reitera su firme compromiso con el sistema de Seguridad Social e insta al Gobierno a adoptar urgentemente medidas para asegurar su equilibrio financiero y corregir el déficit existente, que se ha disparado desde 2012 superando todos los años el 1 por ciento del PIB.
Para ello, el Gobierno deberá:
1. Acordar una fórmula que permita, ya en 2018, asegurar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social e introducir dicho equilibrio como principio informador del Pacto de Toledo.
2. Racionalizar los gastos del sistema de la Seguridad Social de modo que sean los Presupuestos Generales del Estado, y no las cotizaciones sociales, los que financien el coste de políticas ajenas al propio sistema, así como otros gastos (de personal, corrientes, inversión,...).
3. Aumentar los ingresos, incluyendo fuentes de financiación adicionales a las cotizaciones, provenientes de impuestos, dirigidas a lograr el reequilibrio del sistema y garantizar su sostenibilidad.
4. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas mediante su revalorización anual, al menos, con el índice de inflación, e introduciendo una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el índice previsto sea inferior al finalmente alcanzado.
5. Desarrollar una política de empleo que permita y fomente el incremento de los salarios, de modo que el aumento de la cotización media sea una parte crucial del reequilibrio a lograr.
6. Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El Gobierno remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, previa convocatoria y acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, las medidas dirigidas a conseguir este equilibrio financiero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para garantizar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista.
Se modifican los puntos tercero y cuarto de la sección propositiva de la Moción, que quedan redactados en los siguientes términos:
"3. Llevar a cabo reformas estructurales que permitan atajar los problemas de desempleo y precariedad de nuestro mercado laboral, eleven el nivel educativo y formativo de nuestra población potencialmente activa y permitan la conciliación de la vida laboral y personal y el fomento de la natalidad, dirigidas a lograr el reequilibrio del sistema y garantizar su sostenibilidad.
4. Garantizar, para el año 2018, una revalorización del 3 % para las pensiones mínimas (jubilación, viudedad e incapacidad permanente) y para las pensiones no contributivas, de dos puntos de la base reguladora de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años sin otros ingresos, del 1,5 % para las pensiones contributivas de menos de 700 euros al mes y del 1 % para las pensiones entre 700 y 860 euros al mes."
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
Se propone la sustitución del punto 1 de la parte dispositiva de la Moción, que quedaría redactado como sigue:
"1. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social mediante el incremento de ingresos asumiendo, como objetivo prioritario, la garantía de la acción protectora de la Seguridad Social y el mantenimiento de unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes."
El tratamiento de la cuestión de las pensiones debe hacerse siempre partiendo de la obligatoriedad de cumplir el mandato constitucional de mantener un régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (contenido en el artículo 41 CE), así como la suficiencia económica de la ciudadanía durante la tercera edad, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (contenido en el artículo 50 CE) y, a partir de ahí, procurar los recursos económicos necesarios para hacer frente al nivel de cobertura social deseado.
El equilibrio del sistema ha de venir por la vía del aumento de los ingresos, no de la reducción del gasto.
Se propone la sustitución del punto 2 de la parte dispositiva de la Moción, que quedaría redactado como sigue:
"2. Adoptar todas las medidas necesarias para la racionalización de los gastos del sistema de la Seguridad Social, mediante la supresión de las tarifas planas, las bonificaciones y las reducciones de cuotas y el abono con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no de las cotizaciones sociales de los gastos corrientes, de inversión y de personal."
Las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social no sirven para fomentar la creación de empleo, solo premian al que ya contrataría de todos modos ("efecto ganga" o "peso muerto") o la rotación de la contratación, de modo que no vienen a ser más que una rebaja encubierta de cuotas a las empresas que, si son exenciones, disminuyen los recursos de la Seguridad Social y, si son cubiertos por los Presupuestos Generales del Estado, supone destinar recursos públicos de manera ineficiente en lugar de llevar a cabo verdaderas políticas activas de empleo, de orientación profesional y reciclaje. Su mantenimiento supone una fuerte pérdida de ingresos totalmente injustificada y por ello han de ser suprimidas. Así, desde 2014, las reducciones se han duplicado y las bonificaciones han aumentado un 50 % alcanzando en 2016 respectivamente los 2.100 y los 1.635 millones de euros.
El traslado de los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social a los PGE, como el resto del gasto público, liberaría 4.000 millones de euros anuales.
Se propone sustituir el número 3, de modo que quede redactado del siguiente modo:
a) Aumentar los ingresos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas:
1. Destope de las bases máximas de cotización, lo que aumentaría la recaudación en 8.000 millones de euros.
2. Subida del SMI hasta el 60 % del salario medio, con lo que se recaudarían 3.470 millones de euros más al año.
3. Aumento, si fuese necesario y de forma coyuntural, de los tipos de cotización, teniendo en cuenta que por cada punto de incremento la recaudación aumenta en 3.800 millones de euros.
4. Supresión de los beneficios fiscales que promueven la contratación de planes privados de pensiones, lo que incrementaría la recaudación en 1.800 millones de euros.
b) Promover la reforma del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social para establecer, sin perjuicio de la financiación finalista contemplada en dicho artículo, la financiación de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que se garanticen el mantenimiento de la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes."
El déficit de la Seguridad Social no se ha generado porque se gastara más -de hecho, el gasto social en España es bastante inferior a la media europea en relación con el PIB-, sino porque se recauda menos. Entre 1982 y 2017 el importe de las pensiones subió un 800 % y el número de pensiones un 200 %, es decir, que en los treinta y cinco años pasados el gasto en pensiones se multiplicó por 16 veces mientras que, en los próximos 35 lo hará, según el propio Ministerio de Empleo, por 2,5 veces. Por tanto, para garantizar la viabilidad del sistema no es necesario reducir las pensiones ni el nivel de protección social, sino incrementar los ingresos para garantizar el nivel de protección social deseado y la suficiencia de las pensiones que, más allá de otro tipo de consideraciones, viene impuesta por el art. 50 CE.
El mantenimiento de topes máximos de cotización supone una importante pérdida de ingresos para la Seguridad Social que carece de cualquier tipo de justificación al suponer una especie de "regalo" del que se benefician apenas el 7 % de las personas y precisamente aquellas que tienen las rentas más altas. Por esta vía se estima que se podrían recaudar unos 8.000 millones de euros. En este sentido es de destacar que el propio Banco de España reconoció en su Informe acerca de las pensiones que el destope de las bases de cotización supondría un fuerte aumento de ingresos de la Seguridad Social.
La cuantía del SMI para el año 2018 es de 735,90 euros al mes, cuantía manifiestamente insuficiente si tenemos en cuenta que el salario medio de las y los trabajadores españoles, según los datos sobre el Decil de Salarios del Empleo Principal de la Encuesta de Población Activa del último año disponible, el 2014, ascendía a 1.881,30 euros mensuales, y que la Carta Social europea y el. Informe del Comité de derechos sociales del Consejo de Europa consideran que el salario mínimo debe ser de una cuantía del 60 % del salario medio. Por tanto, se hace necesario establecer una cuantía del SMI que sea suficiente para garantizar las necesidades de las y los trabajadores y dar cumplimiento a los tratados internacionales, concretamente, a la Carta Social Europea. Se ha estimado que con el establecimiento de esta medida se recaudarían 3.470 millones de euros más al año.
Otra posible medida a adoptar y que ha de ser objeto de valoración es el aumento, si fuese necesario y de forma coyuntural, de los tipos de cotización, teniendo en cuenta que por cada punto de incremento la recaudación aumenta en 3.800 millones de euros
Los beneficios fiscales a la contratación de planes privados de pensiones suponen una pérdida de ingresos de 1.800 millones de euros al año. Con la mera adopción de esta medida, que únicamente favorece a las rentas medias y altas puesto que las más bajas no se pueden permitir la contratación de planes privados de pensiones, se podría cumplir el objetivo de actualizar anualmente las pensiones con arreglo al IPC real.
Además se propone la modificación del artículo 109 LGSS para garantizar la financiación de la Seguridad Social vía PGE -sin perjuicio, en todo caso, de la financiación finalista prevista en dicho precepto-, como fórmula para garantizar el mantenimiento de la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
Se propone la sustitución del punto 4 por otro del siguiente tenor literal:
"4. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas mediante la sustitución del índice de revalorización por su revalorización anual, al menos, con el índice de inflación real e introduciendo una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el índice previsto sea inferior al finalmente alcanzado, así como mediante la derogación del factor de sostenibilidad."
Para garantizar el nivel adquisitivo de las pensiones públicas se propone su revalorización anual con el índice de inflación. Esta es una medida necesaria y urgente -a la que se introduce una enmienda técnica en el sentido de especificar que la actualización lo ha de ser a la inflación REAL-, pero que resulta totalmente insuficiente para garantizar el nivel actual de las pensiones si se sigue manteniendo el factor de sostenibilidad cuya entrada en vigor es inminente, ya que, si bien estaba prevista inicialmente para el 2027, la reforma de las pensiones llevada a cabo en 2013 por el PP la adelantó a enero de 2019.
La entrada en vigor en enero de 2019 del factor de sostenibilidad supondrá la aplicación de una serie de parámetros ajenos a las bases de cotización o el número de años cotizados por cada persona (como es la esperanza de vida de la población) en el momento de fijación inicial de la pensión y su revisión cada 5 años, lo que va a dar lugar a una rebaja sustancial de las pensiones, que se ha estimado que será del 5 % por década, de modo que en el año 2050 se llegaría a una reducción del 20 %.
Por eso entendemos que para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas, junto con la revalorización anual con arreglo a la inflación real, es imprescindible la supresión del factor de sostenibilidad.
Se propone la sustitución del punto 5 por otro del siguiente tenor literal:
"5. Promover la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, así como desarrollar una política de empleo que permita y fomente la estabilidad laboral y el incremento de los salarios y elevar el
SMI hasta el 60 % del salario medio, de modo que el aumento de la cotización media sea una parte crucial del equilibrio a lograr."
Las reformas laborales de 2010 y 2012 han provocado una enorme precarización del mercado laboral, lo que no solo supone un recorte de los derechos de los trabajadores sino que provoca además una importante pérdida de ingresos a la Seguridad Social con el consiguiente perjuicio para todo el sistema, por ello urge su derogación y desarrollar políticas de empleo que permitan y fomenten la estabilidad laboral y el incremento de los salarios.
La cuantía del SMI para el año 2018 es de 735,90 euros al mes, es decir, todavía por debajo del objetivo que el Gobierno se había marcado diez años atrás, para el 2008, que era alcanzar la cuantía de los 800 euros mensuales.
Esta cuantía resulta manifiestamente insuficiente si tenemos en cuenta que el salario medio de los trabajadores españoles, según los datos sobre el Decil de Salarios del Empleo Principal de la Encuesta de Población Activa del último año disponible, el 2014, ascendía a 1.881,30 euros mensuales, y que la Carta Social europea y el Informe del Comité de derechos sociales del Consejo de Europa consideran que el salario mínimo debe ser de una cuantía del 60 % del salario medio. Además, la cuantía del SMI en España es muy inferior a la cuantía del SMI de los países de la Unión Europea.
Por tanto, se hace necesario establecer, como se refleja en la Proposición de Ley de este Grupo sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional (exp. 122/000026), cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno de la Cámara el pasado 22 de noviembre de 2016, una cuantía del SMI que sea suficiente para garantizar las necesidades de los trabajadores y, en segundo lugar, dar cumplimiento a los tratados internacionales, concretamente, a la Carta Social Europea
Se ha estimado que con el establecimiento de esta medida se recaudarían 3.470 millones de euros más al año.
Se propone la sustitución del punto 6 por otro del siguiente tenor literal:
"6. Intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, mediante:
1. La introducción de modificaciones en la legislación laboral y de Seguridad Social, especialmente en el régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial para evitar las conductas y situaciones irregulares y fraudulentas que han proliferado al amparo del actual marco normativo.
2. El endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas.
3. La intensificación de la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular, desarrollando campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación a tiempo parcial, como puede ser la hostelería y el comercio."
Las sucesivas reformas de la contratación a tiempo parcial han introducido un nuevo elemento de dualidad en el mercado de trabajo, favoreciendo la aparición de los llamados "trabajadores pobres" que sufren el uso abusivo de esta modalidad de contratación. La inexistencia de garantías legales adecuadas ha hecho posible que el contrato a tiempo parcial se utilice masivamente para enmascarar jornadas a tiempo completo, causando un grave perjuicio a los ingresos de la Seguridad Social y un no menos grave deterioro de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, tanto durante el desarrollo de la relación laboral, como con posterioridad a esta, en la medida en que la situación de infracotización se traduce en prestaciones inferiores a las que les corresponderían en función de las horas efectivamente trabajadas.
Por ese motivo entendemos que la intensificación de la acción de la Inspección de Trabajo, para que pueda ser realmente efectiva, debe ir necesariamente acompañada de modificaciones de la legislación laboral y de SS -especialmente en materia de contratación a tiempo parcial, con el objeto de evitar que
continúe siendo uno de los puntos negros de la legislación laboral que permite que se generen enormes bolsas de fraude a la Seguridad Social- y del endurecimiento de las sanciones aplicables a las empresas, adecuándolas a las conductas fraudulentas que han proliferado como consecuencia de las últimas reformas laborales y de SS de PP y PSOE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para asegurar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social, ha acordado lo siguiente:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, ya en 2018, el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, mediante el incremento de sus ingresos y asumiendo como objetivo prioritario la garantía de la acción protectora de la Seguridad Social y el mantenimiento de unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes.
2. Racionalizar los gastos del sistema de la Seguridad Social de modo que sean los Presupuestos Generales del Estado, y no las cotizaciones sociales, los que financien el coste de políticas ajenas al propio sistema, así como otros gastos como las bonificaciones y reducciones de cuotas, los gastos corrientes, de inversión y de personal.
3. Aumentar los ingresos, incluyendo fuentes de financiación adicional a las cotizaciones, proveniente de impuestos, dirigidas a lograr el reequilibrio del sistema y garantizar su sostenibilidad.
4. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas mediante su revalorización anual, al menos, con el índice de inflación, e introduciendo una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el índice previsto sea inferior al finalmente alcanzado, así como mediante la derogación del factor de sostenibilidad.
5. Desarrollar una política de empleo que permita y fomente el incremento de los salarios, de modo que el aumento de la cotización media sea una parte crucial del reequilibrio a lograr, y el incremento del SMI hasta el 60 por ciento del salario medio.
6. Intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular, e impulsar modificaciones legislativas para reforzar el régimen de infracciones y sanciones y evitar situaciones irregulares y fraudulentas, especialmente en el régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial.
173/000086
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular y de las enmiendas presentadas a la misma.
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata (PDeCAT), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular.
1. Tramitar con celeridad una proposición de Ley, consensuada por una mayoría de grupos parlamentarios, en el marco de los trabajos de la Subcomisión para la reforma electoral, con el fin de modificar el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para suprimir el sistema de voto rogado, mejorar el derecho fundamental de voto para las personas que viven en el extranjero y volver a los principios de la anterior legislación, con el objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente y con todas las garantías.
2. Reprobar al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por las reiteradas negligencias del Servicio Exterior en la aplicación de las previsiones legales vigentes para facilitar el derecho fundamental de voto para los residentes españoles en el extranjero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
"2. Reprobar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por las reiteradas negligencias del Servicio Exterior en la aplicación de las previsiones legales vigentes para facilitar el derecho fundamental de voto para los residentes españoles en el extranjero."
Nuevo punto número 2
"2. Abordar la modificación del artículo sexto de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a fin de asegurar que sean inelegibles los prófugos o huidos de la Justicia contra los que la Autoridad judicial haya dictado una requisitoria de búsqueda y detención, en el marco de un procedimiento de instrucción por los delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, mientras dure su situación de rebeldía."
El apartado segundo del artículo sexto enumera las causas de inelegibilidad, esto es, las causas en atención a las cuales una persona no puede ejercer el derecho al sufragio pasivo. En la actualidad, en las causas de inelegibilidad se incluye a los condenados, por sentencia firme, a pena privativa de libertad y a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado.
Es preciso, no obstante, ampliar el abanico de las causas de inelegibilidad para abarcar a los huidos de la Justicia. El huido de la Justicia se encuentra en una situación objetiva que le debería impedir jurídicamente disfrutar del sufragio pasivo, en tanto en cuanto implica una incompatibilidad jurídico-constitucional consistente en una voluntad cierta de no someterse a uno de los poderes del Estado, lo cual resulta harto incompatible con la voluntad de aspirar a ser representante público y, por tanto, de otro de los poderes del Estado.
En cualquier caso, es preciso tomar en consideración que la situación de inelegibilidad es provisional y, en particular, dura exclusivamente hasta tanto dure esa situación voluntaria consistente en huir de la Justicia.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà).
Se sustituye el primer punto de la Moción, que queda redactado como sigue:
"1. Tramitar con celeridad una proposición de Ley, consensuada por una mayoría de grupos parlamentarios, en el marco de los trabajos de la Subcomisión para la reforma electoral, con el fin de modificar el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para
suprimir el sistema de voto rogado, ampliar los plazos y modalidades de votación existentes e implementar procedimientos que garanticen la adecuada actualización del censo electoral, con el objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente y con todas las garantías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2018.-Raimundo Viejo Viñas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular.
1. Tramitar una proposición de ley, consensuada por una mayoría de grupos parlamentarios, en el marco de los trabajos de la Subcomisión para la reforma electoral, con el fin de modificar el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para suprimir el sistema de voto rogado y mejorar el derecho fundamental de voto para las personas con nacionalidad española que viven en el extranjero, con objeto de que los derechos democráticos de participación de todos quienes están en esa situación se puedan ejercer en condiciones de normalidad, sin trabas y con todas las garantías.
2. (Supresión)."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso de los Diputados acuerda tramitar con celeridad una Proposición de Ley, consensuada por una mayoría de Grupos Parlamentarios, en el marco de los trabajos de la Subcomisión para la reforma electoral, con el fin de modificar el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para suprimir el sistema de voto rogado, mejorar el derecho fundamental de voto para las personas que viven en el extranjero y volver a los principios de la anterior legislación, con el objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente y con todas las garantías."
173/000087
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler, para su debate en el Pleno.
La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 recortó a tres los años de duración de los contratos de alquiler, disminuyendo aún más las garantías de las personas arrendatarias. La reforma de las SOCIMIS bajó el Impuesto de Sociedades de estas entidades al 0 %, dotándoles de beneficios fiscales sin un retorno social garantizado. Ambas reformas legislativas han sido una pista de aterrizaje para que entidades financieras y fondos inversores hayan visto en el mercado del alquiler una nueva fuente de alta rentabilidad económica, a costa de los derechos de las personas arrendatarias. Mediante estas políticas públicas, se ha continuado fomentando la vivienda como un bien de inversión, potenciando su valor de cambio, en vez de potenciar el derecho constitucionalmente garantizado de la ciudadanía.
En España el 43 % de la población destina el 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea de población que destina ese 40 % está en el 28 %. En Alemania, ese porcentaje baja hasta el 23 % de la población, en Francia hasta el 16,5 %. La situación en el Estado español es especialmente grave más allá de estas cifras.
Un parque público del 2 % en todo el Estado (del que no todo es alquiler) provoca que, en situaciones de incremento de precios de alquileres privados, no exista un contrapeso público que pueda arrastrar los precios a la baja. Esto es consecuencia de 30 años de política pública de vivienda que ha apostado por un modelo que devolvía las viviendas públicas al mercado libre (VPO) al cabo del período de protección, y que seguía priorizando el acceso a la vivienda pública en propiedad, y no en alquiler.
El contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 demuestra que el Gobierno del PP, una vez más, no quiere realizar ningún cambio estructural en unas políticas públicas que tratan la vivienda como un bien de inversión y un elemento "dinamizador del mercado", por encima de su consideración como bien de primera necesidad y un derecho básico que las Administraciones públicas deben garantizar.
El Plan debería incorporar líneas de financiación para que CCAA ampliaran su parque público de alquiler mediante la compra de vivienda ya construida o la cesión de edificios por parte de grandes propietarios. Ambas medidas pueden llegar a ser más económicas que el fomento de la nueva construcción y, a la vez, permitirían hacer frente a las operaciones especulativas en las que fondos de inversión compran edificios enteros a la espera de la rápida finalización de los contratos de los inquilinos/as para hacerse con el inmueble, rehabilitarlo (o no) y subir los alquileres.
El Plan condiciona las ayudas a las inquilinas a la suficiente disponibilidad presupuestaria, por lo tanto, sin un incremento de las partidas destinadas a los programas del Plan, las previsiones son papel mojado, pues no llegarán ni a los sectores más necesitados de la población. Además, si no van acompañadas de reformas legislativas que impidan las subidas abusivas de precios, pueden acabar incrementando aún más los precios.
El Gobierno alega que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incrementa un 62,5 % las ayudas en subvenciones respecto el anterior, afirmación que es desgraciadamente falsa. Ese cálculo se hace utilizando una parte de todo el Plan Estatal 2013-2016 y comparándola con la totalidad del presupuesto del nuevo Plan. Si pueden considerarse "subvenciones" a la subsidiación de préstamos a VPO o a las ayudas al alquiler de la Renta Básica de Emancipación, que se pagaban en el paquete del Plan Estatal 2013-2016, se vería claramente que la cifra disminuye un 37 %.
Es imprescindible que la planificación en materia de vivienda se formule poniendo los derechos de las personas en el centro de las políticas públicas, y no atendiendo a los intereses económicos de las grandes entidades financieras. El Plan Estatal debería ir acompañado de una dotación presupuestaria suficiente para garantizar subvenciones públicas a toda la ciudadanía que cumpla los requisitos mínimos de necesidad económica. No se trata de un privilegio, sino de la consecución del derecho a una vivienda digna y adecuada.
1. Aumentar la dotación de los próximos Presupuestos Generales del Estado destinados a los programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas.
2. Impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos de alquiler, mejorar la protección de las personas inquilinas y regular los precios de los alquileres, como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables, con la finalidad de asegurar unas rentas asequibles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler.
1. Aumentar la dotación de los próximos Presupuestos Generales del Estado destinados a los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas. Los recursos que son transferidos a las comunidades autónomas deben ser como mínimo triplicados en relación a la dotación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
2. Impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos de alquiler, introducir modalidades de contratos de alquiler de larga duración que sean beneficiosos para el inquilino y el propietario, mejorar la protección de las personas inquilinas y regular los incrementos
anuales durante la duración del contrato de acuerdo con el IPC, e impulsar medidas de transparencia en el mercado de alquiler que permitan la contención de los precios de los alquileres y su adecuada relación con las posibilidades económicas reales de la población, como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables, con la finalidad de asegurar unas rentas asequibles.
3. Realizar un mapa de viviendas propiedad de la SAREB y del Fondo Social de la Vivienda con el fin de ceder, a las administraciones territoriales, el uso de estos inmuebles ubicados en áreas con falta de vivienda social."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan estatal de vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda de alquiler.
"2. Impulsar los programas encaminados a incrementar la oferta de viviendas en alquiler, con el objetivo prioritario de mejorar la situación de los arrendatarios con una situación de mayor vulnerabilidad social y económica recogidos en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021."
154/000008
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 12 de abril de 2018, ha aprobado sin modificaciones el texto del Informe de la Subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, creada en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 323, de 22 de marzo de 2018.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
140/000022
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente Declaración institucional con motivo del 8 de abril, día internacional del pueblo gitano.
"Esta celebración responde a la conmemoración del primer Congreso Mundial Roma/Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, con la finalidad de unir la voz del Pueblo Gitano. A partir de entonces, esta fecha ha servido además de para recordar su historia y rendir homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos, para fomentar el reconocimiento de su cultura y sus valores y para reivindicar la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas en favor del Pueblo Gitano.
A pesar de ello, la actualidad sigue marcando que aún persisten prejuicios negativos hacia las personas gitanas, tal y como indica la "Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020". Esta reconoce de manera explícita la persistencia de estos prejuicios negativos en parte de la población española, provocando el rechazo sistemático de este Pueblo, que pasa a convertirse en uno de los grupos que mayor animadversión social padece. Sin embargo, los planes de integración para el pueblo gitano que se han venido implementando desde los años 80, a pesar de sus progresivos avances, siguen sin tener en cuenta en su totalidad la complejidad demográfica de esta minoría étnica, así como las contribuciones que ha aportado al patrimonio cultural.
Además, el género y la edad son dos categorías que articulan la exclusión múltiple en relación con la pertenencia étnica, dando lugar a complejas formas de discriminación interseccional. Por ello, es necesario reconocer el impacto diferencial que tanto la realidad histórica gitana, como la configuración institucional presente, ejercen hoy día sobre los derechos de las gitanas y los gitanos en función de su edad, con especial atención sobre la juventud y la participación de las mujeres.
El Pueblo Gitano sigue siendo visto en España desde la perspectiva del prejuicio y el estereotipo, fundamentalmente por la imagen distorsionada que la sociedad tiene de él, en ocasiones fruto de la interpretación de la realidad que recogen los medios de comunicación, entre los que incluimos las redes sociales por cuanto amplían y reconfiguran la organización mediática y los sistemas de difusión de la información y el conocimiento. Las personas gitanas ven mermadas así sus posibilidades de evolución y desarrollo social, económico y cultural: las ideas preconcebidas, fomentadas en masa, actúan como freno para su incorporación real y efectiva en la sociedad.
Por eso, manifestamos el más firme rechazo y condena desde toda perspectiva legal, ética, estética y democrática a cualquier práctica comunicativa, ya sea periodística, corporativa o privada, que refuerce o extienda prejuicios y estereotipos que representen la imagen distorsionada de la realidad gitana, porque con ellos se extienden la xenofobia, la estigmatización y la expresión de odio hacia el Pueblo Gitano.
El artículo 10.2 de la Constitución recoge que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". En ellas se incluyen todas las Declaraciones, Pactos, Cartas Europeas y Convenciones que garantizan los derechos humanos desde un enfoque integral con perspectiva interseccional a la población gitana.
Asimismo, tomamos en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos de la Integración de los Gitanos en la Unión relacionados con los Derechos Fundamentales: Combatir el Antigitanismo (2017, UE) aprobada por todos los partidos de esta Cámara que tienen presencia en el Parlamento Europeo.
Hoy, el Pleno del Congreso de los Diputados reafirma su compromiso unánime con el Pueblo Gitano, para que, según las estimaciones, el millón de personas gitanas que hay en España puedan hacer oír su voz y desarrollar su vida como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho."