Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1268-de-noviembre-29-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c35bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-20 01:53:25
Document Index: 137593940

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 19', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 74', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA T-1268 DE NOVIEMBRE 29 DE 2001
SENTENCIA T-1268 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE ACCIDENTES AÉREOS. SOLICITUD DE IMFORMACIÓN CON EL FIN DE PRESENTAR DEMANDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE AÉREO, ETAPA DE INVESTIGACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:362 DE FEBRERO DE 2002, PÁG.421
Sentencia T-1268 de noviembre 29 de 2001
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE ACCIDENTES AÉREOS
SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON EL FIN DE PRESENTAR DEMANDAS
EXTRACTOS: «En opinión de esta Sala, el problema central a resolver en el caso sometido a su consideración es, básicamente, el de saber si es posible el ejercicio del derecho a la información, concretamente del derecho a acceder a los documentos públicos, cuando dichos documentos se encuentran, supuestamente, sometidos a reserva. El actor declara en su demanda que la obstrucción para acceder a los documentos relacionados con un accidente aéreo en donde falleció su hermano, le vulnera los derechos de petición, debido proceso, acceso a la justicia e información, por cuanto no se le permite conocer las causas del accidente ni los responsables del mismo, al punto que las acciones ordinarias de justicia también se encuentran enervadas, corriendo el riesgo de la caducidad y/o prescripción de ley.
Como ya se enunció, el derecho de acceso a los documentos públicos está consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política, el cual tiene desarrollo legal en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo, con la adición del artículo 12 de la Ley 57 de 1985, a su vez materializado como un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a la información consultando documentos que reposen en las oficinas públicas, siéndoles permitido igualmente solicitar y obtener copias de los mismos, exceptuando los que estén bajo reserva legal o que se relacionen con la defensa o seguridad nacional.
ART. 74. C.P.—“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley”.
Artículo 12 de la Ley 57 de 1985: "Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter de reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala descarta, ab initio la supuesta reserva sobre información de accidentes aéreos contenida en el reglamento aeronáutico colombiano en su aparte 8.3.2.1., a su turno invocado por la entidad demandada en su escrito de respuesta, y que ya fue transcrito en los antecedentes de este proveído. Lo que de suyo se ajusta a los lineamientos acogidos por esta Corte, al decir:
“Por todo lo anterior, el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos debe, pues, ceñirse a los postulados de la Constitución y la ley tal como lo dispone expresamente el artículo 74. Vale decir: sólo la Carta fundamental y la ley pueden establecer límites al ejercicio de este derecho que por supuesto, incluye la consulta de los documentos in situ y no sólo como pudiera pensarse, la solicitud de copias” (Sent. T-473/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) (negrilla fuera del texto original).
Así las cosas, resulta evidente que la reserva de las investigaciones administrativas sobre accidentes aéreos que la entidad demandada opone al actor para negar los documentos por él solicitados, no emana de la ley, sino de un acto de la administración dictado en ejercicio de su función reglamentaria, como lo es el Manual de Reglamentos Aeronáuticos adoptado por Resolución 2450 de 1974, del jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. Por ello mismo, siendo como es que en el presente caso no se está ante una reserva en sentido estricto, mal podría aducirse un tal reglamento para desatender las pretensiones del demandante.
Ahora bien, como se ha sostenido en este fallo, si en la Constitución Colombiana está ínsito el principio general según el cual la actividad de los órganos del Estado no es reservada ni secreta, y que por lo tanto, los ciudadanos salvo excepción constitucional o legal, tienen acceso a todos los documentos o instrumentos en donde conste su ejercicio, también es cierto que la publicidad de la actuación de los órganos públicos no puede ser un principio absoluto por cuanto se sabe que existen razones de seguridad nacional, de alta conveniencia pública o social, de eficacia del servicio, etc., que pueden hacer aconsejable o necesario mitigar el rigor de la regla; o lo que es igual, en palabras de la jurisprudencia, "los funcionarios públicos, están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por ley tales como los concernientes a la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero, o cambiario, así como a los secretos comerciales e industriales (2) ".
5.12. El Estado que lleve a cabo la investigación de un accidente o incidente donde quiera que éste haya ocurrido, no dará a conocer la información siguiente para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes, a menos que las autoridades competentes en materia de administración de justicia de dicho Estado determinen que la revelación de dicha información es más importante que las consecuencias adversas a nivel nacional e internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras investigaciones.
Esa información se incluirá en el informe final o en sus apéndices únicamente cuando sea pertinente para el análisis del accidente o incidente. Las partes de la información que no son pertinentes para el análisis no se divulgarán".
Por consiguiente, con arreglo a estas disposiciones le es dado al juez constitucional ponderar la situación particular de esta tutela, a fin de establecer la supremacía de la reserva o del derecho a la información respecto del peticionario, toda vez que la mencionada reserva opera, "a menos que las autoridades competentes en materia de administración de justicia de dicho Estado, determinen que la revelación de dicha información es más importante que las consecuencias adversas, a nivel (sic) nacional e internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras investigaciones".
Pues bien, ocurre que en el caso de autos la pretendida imposición de la reserva se contrae a la investigación administrativa sobre un accidente aéreo que a la luz de lo actuado no reviste características que ameriten su preeminencia sobre los derechos que invoca el solicitante. Por lo mismo, la alegada reserva no puede estimarse como un legítimo dique del derecho que tiene el actor a obtener la información recabada en orden a formular las correspondientes demandas ordinarias, laborales, de reparación y reclamación de perjuicios, etc., de suerte que un entendimiento distinto sólo podría conducir al quebrantamiento del núcleo esencial del derecho a la información, y por esa vía, a la negación de su derecho de acceso a la administración de justicia. Pues a derechas, de qué le serviría al peticionario una información que sólo le es suministrará al concluir la investigación administrativa, esto es, en forma probablemente (3) extemporánea de cara a los respectivos términos de caducidad y prescripción. Así mismo, y contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿a guisa de qué debería el solicitante presentar unas demandas sin la suficiente información fáctica, y sobre todo, sometidas al albur de unas eventuales pruebas sobrevinientes, que de suyo excluyen cualquier garantía sobre su oportuna aportación procesal. En verdad no dejan de sorprender estas curiosas sugerencias judicializadoras, al tenor de las cuales lo importante es demandar, que ya se verá después la forma de "reordenar" los hechos y pretensiones en aras del resarcimiento de perjuicios. Cierto es que no por pragmática tal alternativa podría gozar de alguna vocación jurídica sostenible en el espectro de los derechos a la información y al libre acceso a la administración de justicia.
(3) Los principios de celeridad y economía no son precisamente los mejores observados dentro de los procesos administrativos.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de julio de 2001 por la subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la cual se denegó el amparo deprecado por Gonzalo Perdomo Cabrera.
2. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que en el plazo de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, suministre y entregue al señor Gonzalo Perdomo Cabrera la información y documentos que sean necesarios para promover, de acuerdo con la ley, las acciones judiciales a que haya lugar. Debiendo el actor sufragar el costo de las copias que lo justifiquen, según términos del artículo 17 de la Ley 57 de 1985.
(Sentencia T-1268 de noviembre 29 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araújo Rentería).