Source: https://www.slideshare.net/ELENAMELENDEZT/su182-1998-15276324
Timestamp: 2019-08-23 12:20:18
Document Index: 147685185

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 74', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 29', 'artículo 86', 'Artículo 17', 'artículo 352', 'Artículo 18', 'artículo 365', 'artículo 86', 'artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 75', 'artículo 86', 'artículo 333', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 4']

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1. Sentencia SU.182/98 DOCTRINA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA- Señalamiento de los que resultan aplicables y protección por tutelaHay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentro delEstado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y ahacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama dederechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuantoestrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de lasgarantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio dederechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuandoson vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interésdirecto o indirecto. La naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, lafunción específica que cumplen y los contenidos de los derechosconstitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se enunciano se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resultenaplicables. Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizadosescrupulosamente por el sistema jurídico en cuanto de una u otra forma sereflejan en las personas naturales que integran la población, la CorteConstitucional ha destacado derechos fundamentales como el debido proceso,la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertadde asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, elacceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeasdata y el derecho al buen nombre, entre otros. En conexidad con esereconocimiento, las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, losenunciados derechos y están cobijadas por las garantías constitucionales queaseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el ordenjurídico consagra. De allí que son titulares no solamente de los derechosfundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener suefectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción uomisión de una autoridad pública o de un particular. DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA PUBLICA-No están excluidas de lo que se ajusta a su naturaleza, actividad y funcionesDentro de las personas jurídicas, las estatales propiamente dichas así comolas de capital mixto -público y privado- no están excluidas de los derechosfundamentales, en lo que se ajuste a su naturaleza, actividad y funciones, todavez que, por conducto de sus órganos y con indudable repercusión en elinterés y en los derechos de los seres humanos, son sujetos que obran conmayor o menor autonomía dentro del cuerpo social, que no puede menos dereconocer su existencia y su influjo, benéfico o perjudicial según cada caso,como tampoco ignorar sus obligaciones, deberes, cargas y prerrogativas. La
2. persona jurídica pública no es un simple enunciado teórico ni una ficción,como durante algún tiempo lo aceptaron la ley y la doctrina, sino unaincontrastable y evidente realidad que las normas no ignoran ejerce derechosy contrae obligaciones. DERECHOS FUNDAMENTALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Función públicaLo que distingue a las empresas de servicios públicos, más que su naturalezajurídica específica, que puede ser pública o privada, es la función quecumplen, que en todo caso es pública, si bien, en cuanto sujetos que actúan enel mundo jurídico, son titulares de derechos -entre ellos los fundamentalesque les son aplicables- y de obligaciones y responsabilidades. Se trata, comopuede verse, de entidades activas, reales e individualizables y no tan sólo depersonas virtuales. De su gestión, como sujetos de derecho, depende en buenaparte el logro de los objetivos constitucionales de orden social inherentes a laprestación de los servicios públicos, en especial los domiciliarios, de los quehace parte la telefonía. Por tanto, no puede descartarse la posibilidad -tanpatente y próxima como la que se tiene en el caso de cualquier ente oindividuo gobernado- de que las autoridades, en punto de las funciones querespecto de las empresas de servicios públicos deben ejercer, incurran enactos u omisiones del género previsto en el artículo 86 de la Constitución, queamenacen o violen sus derechos fundamentales. DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO-Sometimiento a la Constitución y a la leyEn la medida en que las personas jurídicas de Derecho Público ejercenfunciones públicas, están supeditadas a la Constitución y a la ley en relacióncon ellas y por tanto no podrían ejercer acción de tutela para esquivar sucumplimiento ni las responsabilidades inherentes a tal ejercicio, ni tampocopor fuera del ámbito de competencias que les corresponden, pero ello noobsta para que, según ha señalado la doctrina constitucional deba reconocerel juez de constitucionalidad la existencia de principios y derechos decarácter universal a los cuales puede apelarse indistintamente por personasnaturales o jurídicas, públicas o privadas. Tal ocurre con los principiosobjetivos de índole procesal -que desde el punto de vista subjetivo sustentan elderecho de toda persona al debido proceso-, aplicables y exigibles a todos lostrámites judiciales y administrativos, en los cuales, si las personas jurídicasde Derecho Público son partes o terceros afectados, tienen derechofundamental a la plenitud de las garantías constitucionales. DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-AlcanceLa garantía constitucional que así se define y protege no consiste en nadadiferente de impedir que, al iniciarse entre las personas -naturales o
3. jurídicas- una competencia para alcanzar o conseguir algo -lo cual, en lamateria objeto de revisión, se relaciona con la prestación de un serviciopúblico mediante el acceso al espectro electromagnético-, alguno o algunosde los competidores gocen de ventajas carentes de justificación, otorgadas oauspiciadas por las autoridades respectivas con criterio de exclusividad opreferencia, o se enfrenten a obstáculos o restricciones irrazonables odesproporcionados en relación con los demás participantes. El acceso al usodel espectro electromagnético, para emplearlo de conformidad con la gestiónque de su manejo y utilización hace el Estado, debe obtenerse por quienes a élaspiren, en un plano de igualdad y equidad, garantizado en diversas formaspor el sistema, por fuera del monopolio y la concentración, que la CartaPolítica de 1991 quiso erradicar. IGUALDAD ENTRE PERSONAS JURIDICAS-Protección de la igualdad entre individuos de la especie humanaEs evidente que, cuando se protege la igualdad entre personas jurídicas,públicas o privadas, finalmente se ampara la igualdad entre individuos de laespecie humana, pues las personas jurídicas deben a aquéllos su existencia ysu subsistencia, aun en los casos en que son creadas por el Estado, ya que elobjetivo y justificación de éste se encuentra necesariamente referido a lapersona humana. MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA EN SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA-Afectación derechos de los usuarios por interrupción del proceso de creación LIBERTAD DE CREACION DE EMPRESAS COMISION REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES- Omisiones que amenacen o vulneren derechos fundamentales IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Protección por tutela LIBERTAD DE EMPRESA-Limitaciones LEY-Igualdad en el contenido y en la aplicación Referencia: Expedientes acumulados T- 141334, T-141745, T-141785, T- 142430, T-143410 y T-143426 Acción de tutela incoada contra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por Empresas Municipales De Cali, Empresas Publicas De Pereira, Empresa De Telecomunicaciones De Santa Fe De
4. Bogota, Empresas Públicas De Medellin, Empresas Publicas De Bucaramanga Y Edatel S.A. Magistrados Ponentes: Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ y Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDOSentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mesde mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).I. INFORMACION PRELIMINAREn diferentes días de los meses de mayo y junio de 1997, los gerentes yrepresentantes legales de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe deBogotá; Empresas Municipales de Cali (EMCALI); Empresas Públicas dePereira, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Públicas deBucaramanga y Edatel S.A, incoaron acción de tutela contra la Comisiónde Regulación de Telecomunicaciones.Las sociedades actoras consideraron que la Comisión vulneraba su derechoa la igualdad porque mientras permitía a TELECOM tomar parte en laprestación del servicio de telefonía local, les impedía a ellas entrar acompetir en el servicio de telefonía de larga distancia. La omisión enexpedir la regulación que abriera, en larga distancia, la competencia conTELECOM, otorgó a ésta, en contra de las ya citadas compañías, unaprotección injusta de su posición dominante, según se sostuvo en lasdemandas.Las empresas peticionarias solicitaron que el juez de tutela ordenara alorganismo demandado expedir de manera inmediata la reglamentaciónnecesaria para que se promoviera la indicada apertura en la competencia.Según las solicitantes, para la prestación del servicio de telefonía, tantolocal como de larga distancia, es preciso que la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones expida la correspondiente reglamentación, tal como loseñalan la Ley 142 de 1994 y las resoluciones 001/93 y 013/94, expedidaspor la Comisión.Mediante la Resolución 036 de 1996, la Comisión expidió lareglamentación necesaria para la prestación del servicio domiciliario detelefonía local, la cual permitió a TELECOM prestar dicho servicio entodos los municipios de Colombia, incluidas las ciudades de Santiago deCali y su zona de influencia; Pereira; Santa Fe de Bogotá y Soacha;Bucaramanga; Medellín y algunos municipios de Antioquia y Chocó. Sinembargo -alegaron-, la Comisión no ha hecho lo indispensable paragarantizarles acceso a la prestación del servicio de telefonía de largadistancia nacional e internacional.
5. El Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotáseñaló, además de lo anterior, que, según lo dispone la Ley 142 de 1994, esobligación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones"promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones" (74.3a),"reglamentar la concesión de licencias de telefonía básica de larga distancianacional e internacional, y señalar las fórmulas de tarifas que se cobraránpor la concesión" (74.3d).Los actores sostuvieron, igualmente, que en el artículo 25.9 de laResolución 28 de 1995, expedida por la Comisión, se señaló que los nuevosoperadores del servicio de telefonía de larga distancia iniciaríanoperaciones, a más tardar, el 1 de diciembre de 1996. Sin embargo, a pesarde que entre finales de 1995 y el 3 de junio de 1996 se expidieron algunasresoluciones reguladoras de este asunto, desde el 9 de noviembre de 1996se dejó de reglamentar la materia.Consideraron que la omisión de la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones en la reglamentación del servicio de telefonía de largadistancia "genera una ventaja ilegítima en cabeza de TELECOM", porcuanto mientras esta empresa puede prestar su servicio de telefonía local enCali, Pereira, Santa Fe de Bogotá y Soacha, Medellín, Bucaramanga yAntioquia, las empresas que representan no tienen oportunidad decompetirle en el servicio de telefonía de larga distancia. Lo anterior lascoloca -reiteraron- en una situación de indefensión, pues no tienenmecanismos para impedir dicha ventaja de TELECOM.Manifestaron, además, que el Ministro de Comunicaciones, el Viceministroy el Coordinador de la Comisión, en una declaración del 26 de febrero de1997, reconocieron que era "legal, legítima y justa la aspiración de lasempresas de telefonía local de ingresar a la competencia en el servicio delarga distancia nacional e internacional". El Gerente de la Empresa deTelecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá agregó en su escrito que laimportancia de dicha declaración es que, antes de emitida, "ni siquiera sereconocía a la E.T.B ni a las empresas locales la oportunidad de poderprestar el servicio de telefonía básica de larga distancia, no como entidaddescentralizada -no obstante lo dispuesto en el citado art. 15.6 de la Ley142-, ni como empresa de servicios públicos pues solo podía ser socia conun determinado porcentaje de una empresa que se constituyera al efecto".El Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotáaseveró también que, a pesar de la existencia de la declaración del Ministrode Comunicaciones, la vulneración a la igualdad de oportunidades persiste.Ello por cuanto se ha manifestado que la aspiración de las empresas detelefonía local de ingresar a la telefonía de larga distancia nacional einternacional solamente puede ser atendida dentro del marco de la ley, locual implica que requiere de la reglamentación respectiva y de la obtenciónde la licencia de concesión que expide el Ministro de Comunicaciones.
6. Los peticionarios expresaron que el trato desigual denunciado se evidenciaen el discurso del Ministro de Comunicaciones del 30 de abril de 1997, enel que señaló que la promoción de la competencia en el servicio detelefonía de larga distancia estaba sometida a las reglas que TELECOMhabía pactado con sus sindicatos en la Convención Colectiva del 8 deagosto de 1996. Para las solicitantes, la Convención es un acuerdo bilateralentre tales partes y no las vincula legalmente a ellas ni a la Comisión deRegulación de Telecomunicaciones.II. SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIALa Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe deBogotá, al resolver sobre la acción de tutela incoada por la Empresa deTelecomunicaciones de la ciudad (Sentencia del 6 de junio de 1997), señalóque, aunque el amparo no procede en principio como instrumento paralograr el cumplimiento de leyes o resoluciones -objetivo que deberíaperseguirse a través de la acción de cumplimiento-, es procedenteinterponerla cuando la vulneración de un derecho fundamental "no esexclusiva o que el no cumplimiento de la norma constituya una lesión oamenaza al derecho fundamental del accionante". Adicionalmente, juzgaprocedente la tutela aplicando el criterio residual, ya que la acción decumplimiento "no ha sido desarrollada ni reglamentada".Sostuvo el fallo que si esta acción estuviera reglamentada, la Empresa deTelecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá podría recurrir a ella para"obtener la ejecución de los mandatos contenidos en la Ley 142 de 1994que dispone la apertura a la libre competencia, en desarrollo de clarospreceptos constitucionales, como lo son los artículos 75 y 333, para que porla autoridad competente se dictara la reglamentación necesaria para laconcesión de licencias para la prestación del servicio de telefonía de largadistancia nacional e internacional".Consideró que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones vulneróel derecho a la igualdad de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fede Bogotá al reglamentar la telefonía local y omitir expedir lareglamentación correspondiente en cuanto a la larga distancia nacional einternacional.Para el Tribunal, a diferencia de lo que se expresa en las intervenciones delMinistro de Comunicaciones y de la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones, el servicio de telefonía local no es libre, circunstanciaque se pone de presente con la reglamentación expedida por la Comisión deRegulación de Telecomunicaciones y con los artículos 22, 25 y 26 de laLey 142 de 1994.De acuerdo con el Tribunal, existe un trato diferente otorgado a TELECOMfrente a la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, puesmientras que a la primera se le ha permitido competirle a la segunda en elcampo de la telefonía local, a ésta no se le permite competirle a aquélla enel servicio telefónico de larga distancia. Este trato no tiene una
7. justificación razonable, ya que no cumple ni con el principio de neutralidadni con la prohibición de la utilización abusiva de la posición dominante,ambos consagrados en la Ley 142 de 1994. La justificación esbozada por laComisión de Regulación de Telecomunicaciones -el cumplimiento de laConvención Colectiva pactada entre TELECOM y su Sindicato- no esadmisible para el Tribunal, porque "busca extender los efectos inter partesde un negocio jurídico a terceros, con claro desmedro de preceptos legalesy constitucionales".La Sala Civil del Tribunal ordenó que la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones, en el término de las 48 horas siguientes a lanotificación de la tutela, "proceda a elaborar un cronograma de actividadestendientes a que en el término máximo de tres (3) meses, se tomen lasmedidas pertinentes, para que se restablezca el derecho a la igualdad de lasempresas de telecomunicaciones, en cuanto a la prestación de los serviciostelefónicos local y de larga distancia en el Distrito Capital de Santa Fe deBogotá y Soacha". Aclaró que el amparo constitucional se circunscribía a lasituación de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá,porque, además del efecto inter partes de la tutela, "es claro que solofrente a dicha entidad existe el actual trato discriminatorio".El 10 de junio de 1997, la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquiaresolvió, en el mismo sentido que la Sala Civil del Tribunal Superior delDistrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, acerca de la acción de tutelapresentada por las Empresas Públicas de Medellín contra la Comisión deRegulación de Telecomunicaciones.El 18 de junio de 1997, la Sala Penal del Tribunal Superior del DistritoJudicial de Cali resolvió sobre la acción de tutela presentada por EMCALIcontra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sostuvo que aésta se le asignó, mediante el Decreto 1524/94, la función "de establecer losrequisitos generales a los cuales deben someterse los operadores delservicio de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional... yde reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento deoperadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional einternacional".Manifestó que la reglamentación de la telefonía local fue debidamenteexpedida, hecho que permitió a TELECOM entrar a competir conEMCALI. Sin embargo -dijo-, dado que la reglamentación del servicio detelefonía de larga distancia no ha sido expedida, "se le ha reconocido unaposición monopólica en la prestación del servicio a TELECOM, lo cualconstituye una clara vulneración al derecho a la igualdad de la entidaddemandante con respecto a dicho servicio".En relación con el argumento de la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones acerca de que los acuerdos realizados entreTELECOM y sus trabajadores "son los que han incidido para detener elproceso de apertura del servicio de larga distancia, mediante la omisión dela correspondiente reglamentación", indicó el Tribunal que un acuerdo
8. inter partes no puede oponerse para defender el incumplimiento de la leyy, además, "no excusa a la CRT por el incumplimiento notorio, que ademásacepta, por factores que no pueden ser considerados para la persistenteomisión, que ya va para más de tres años".El Tribunal, en consecuencia, tuteló el derecho a la igualdad de EMCALI yordenó a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que, en eltérmino de 48 horas siguientes a la notificación, tomara las medidastendientes a hacer efectivo el derecho a la igualdad de aquélla entidad conrespecto a la prestación del servicio de telefonía de larga distancia nacionale internacional.El 17 de junio de 1997, la Sala Civil del Tribunal Superior del DistritoJudicial de Pereira concedió la tutela del derecho a la igualdad de lasEmpresas Públicas de Pereira. En su sentencia, el Tribunal utilizóargumentos similares a los que adujo el Tribunal de Cali.Destacó, además, que la Ley 142 de 1994, al regular los instrumentos de laintervención estatal en los servicios públicos, consagra como principio elde la neutralidad, el cual dispone que "todas las decisiones de lasautoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivosque determina la ley; y los motivos que invoquen deben ser comprobados".Por lo tanto, estimó que si las razones políticas o de orden públicoinvocadas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que seremitían a la Convención firmada entre TELECOM y sus sindicatos no seajustaban a la Constitución y a la ley, se vulneraba el derecho a la igualdadde oportunidades de las Empresas Públicas de Pereira.Añadió el fallo que la Comisión de Regulación de Telecomunicacionescuenta con todos los elementos de juicio para reglamentar la concesión delicencias, tal como lo señala el Ministro cuando manifiesta que, endiciembre de 1996, la firma "Arthur DIittle" presentó el "Plan Nacional deTelecomunicaciones", y que ya se han adelantado estudios para lograr laapertura en el menor tiempo posible.Se ordenó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en eltérmino de las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, dictara "laresolución pertinente enfocada a continuar el proceso de apertura queinterrumpió y en el tiempo prudencial de tres (3) meses produzca lareglamentación para que las Empresas Públicas de Pereira puedan acceder ala prestación del servicio de telefonía de larga distancia nacional einternacional, y, de reunir los requisitos legales, pueda conseguir la licenciacorrespondiente".El 24 de junio de 1997, el Juzgado Sesenta y Ocho Penal del Circuito deSanta Fe de Bogotá tuteló el derecho a la igualdad de EDATEL y ordenó ala Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que, dentro de las 48horas siguientes, tomara las medidas indispensables para que en el lapso desesenta días se hiciera efectivo el derecho a la igualdad de la empresaaccionante. En sus consideraciones sostuvo haber solicitado a la Comisión
9. de Regulación de Telecomunicaciones que justificara las razones paraotorgar un trato diferente a EDATEL y TELECOM, y dijo que, en surespuesta al Juzgado, dicha Comisión no brindó elementos de juiciosuficientes para considerar que el trato diferente era razonable.El 4 de julio de 1997, el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de SantaFe de Bogotá, anteriormente Juzgado Setenta y Cuatro Civil Municipal,tuteló los derechos de las Empresas Públicas de Bucaramanga. La partemotiva del fallo se formuló en el mismo sentido que la del Tribunal de Calipara la tutela interpuesta por EMCALI. Asimismo, la parte resolutivacoincide con las de los otros procesos descritos.III. DECISIONES DE SEGUNDA INSTANCIALa Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia,mediante fallo del 16 de julio de 1997, modificó la providencia proferida enprimera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fede Bogotá, en el sentido de ordenar a la Comisión que, en un términomáximo de 48 horas, elaborara un cronograma del proceso de concesión delicencias para telefonía de larga distancia, con el fin de ajustar los plazosprevistos en la Resolución 054.La Sala señaló que los criterios básicos que tuvo en cuenta el Congreso alexpedir la Ley 142 de 1994 fueron, entre otros, el reconocimiento de quelos servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y eldeber del Estado de asegurar su prestación a todos los habitantes delterritorio nacional, garantizando cobertura, eficiencia y calidad de losservicios. Expresó que el logro de estos objetivos dependía, en parte, de lalibertad para participar en la prestación de los servicios públicos, delofrecimiento de garantías para la competencia en su prestación, y de laexistencia de "control sobre los prestatarios de los servicios en calidad demonopolio para evitar abusos en la posición dominante; vigilancia sinobstrucciones burocráticas, y sanciones eficaces para los infractores de lasnormas".La Corte Suprema estimó que la derogatoria de la Resolución 54, queregulaba el procedimiento de concesión para que pudieran establecerseoperadores de larga distancia, "paralizó el proceso de apertura en relacióncon este servicio, rompiendo así la igualdad frente a la competencia en latelefonía local, regulada a través de las Resoluciones 35 y 36".Por otra parte, consideró el tribunal de segunda instancia que lasdiferencias existentes entre los servicios de telefonía local y los de telefoníade larga distancia, no implicaban que también la regulación de lacompetencia debiera ser diversa, ya que, "de un lado, se desconoceríanprincipios rectores de la Ley 142 de 1994 en cuanto a la eficiencia de losservicios, abuso de la posición dominante y consagración de monopolios, yde otra parte, se eliminaría toda posibilidad de libertad de competencia enel servicio de telefonía pública de larga distancia nacional e internacional,rompiéndose el respeto del principio de neutralidad con el fin de que no
10. exista ninguna práctica discriminatoria en la prestación del servicio y,según lo fija claramente, como criterio orientador de la intervención estatalel numeral 3.9 del artículo 3 de la citada Ley".Según la Corte Suprema, existió una clara violación del derecho a laigualdad de oportunidades de las empresas demandantes, y expresó que"dejar sin efecto la reglamentación tantas veces señalada, cuando expedirlaoportunamente es una de las funciones que le corresponden por ley, y que,para el caso de la prestación del servicio de telefonía local por parte deTELECOM sí fue cumplida, es un claro acto de discriminación".El juez de segunda instancia recordó que la Ley 142 exige que lasdecisiones de las autoridades en materia de servicios públicos se funden enlos motivos que determine la ley, y que las razones que se invoquen seancomprobadas. A su juicio, dichos mandatos no se respetaron, toda vez queel Coordinador de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y elMinistro de Comunicaciones justificaron la suspensión del proceso deapertura con base en razones de conveniencia que no fueron bienexplicadas y que estaban centradas, según parece, "en el cumplimiento delas cláusulas de la Convención Colectiva firmada entre TELECOM y suSindicato", lo cual resulta ser inaceptable porque implica la subordinaciónde la Constitución y la Ley a los intereses de las organizaciones sindicales,y el desconocimiento del postulado constitucional "según el cual es deberde las autoridades organizar los servicios en la forma que mejor convenga alos usuarios".La Corte Suprema afirmó que la Resolución 057 del 9 de noviembre de1996 era ineficaz por ser contraria a la Constitución y que, por tal motivo,la Resolución 054 del 1 de noviembre de 1996, recobraba plenamente suvigencia, "correspondiéndole a la Comisión, mediante cronograma queexpida al efecto, hacer los ajustes en el tiempo para que los plazos previstosen la citada Resolución tengan cumplimiento en cada caso, teniendo encuenta además los proyectos y observaciones presentados hasta la fecha encumplimiento del fallo de tutela del Tribunal".La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia,mediante providencia del 17 de julio de 1997, resolvió en idéntica forma laimpugnación presentada contra el fallo del Tribunal Superior del DistritoJudicial de Pereira. En la misma fecha, dicha Sala confirmó la decisión deprimera instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial deAntioquia.Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidadpresentada por el apoderado de TELECOM contra la decisión del TribunalSuperior de Pereira. Sostuvo que no se vulneró el derecho de defensa de talentidad, ya que del hecho de que pueda intervenir en el proceso comocoadyuvante, no se desprende para el juez la obligación de citarlo almismo, pues la tutela está dirigida contra la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones.
11. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallodel 29 de julio de 1997, confirmó en su integridad la providencia delTribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con base en similarescriterios a los aludidos, y tuvo en consideración también los procesos denulidad que cursan en la Sección Tercera del Consejo de Estado contra lasresoluciones de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,especialmente la 28 de 1995 y la 14 de 1994. Además, respecto de laResolución 054 del 1 de noviembre de 1996, manifestó la Sala que laComisión decidió derogarla por medio de la Resolución 057 del 6 denoviembre del mismo año, sin motivación alguna, por cuanto la Comisiónexpuso como única razón para ello que lo "ha considerado conveniente".Para la Sala tal acto del demandado es "violatorio de las exigencias que enel cumplimiento de sus funciones le impone la Ley 142 de 1994", y generauna desigualdad indefinida entre las demás empresas descentralizadasfrente a TELECOM, en tanto le asegura a esta última entidad un monopoliono permitido por la Constitución.Concluyó que la Resolución 057 del 9 de noviembre de 1996, violaba laConstitución y la ley, "debiéndose por tanto aplicar al respecto la excepciónde inconstitucionalidad, a fin de que las cosas vuelvan al estado en que seencontraban antes del citado acto administrativo y cese la vulneración alderecho de igualdad cuyo amparo se reclama".Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe deBogotá, mediante fallo del 6 de agosto de 1997, confirmó integralmente eldel Juzgado 68 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, y decidió noacceder a las pretensiones del apoderado de TELECOM.El 19 de agosto, también el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de SantaFe de Bogotá confirmó en su integridad el fallo del Juzgado Setenta y UnoCivil Municipal de Santa Fe de Bogotá, en virtud del cual se tuteló elderecho a la igualdad de las Empresas Públicas de Bucaramanga. Aclaróque, aunque la Ley 393 de 1997 reglamentó la acción de cumplimiento, almomento de haberse propuesto la acción de tutela tal reglamentación aúnno se encontraba vigente, razón por la cual era procedente la protecciónconstitucional por la vía consagrada en el artículo 86 de la Carta.Así mismo, denegó la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado deTELECOM contra la decisión del Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipalde Santa Fe de Bogotá, con base en los mismos argumentos que la SalaCivil y Agraria de la Corte Suprema expuso al denegar la solicitud denulidad formulada por TELECOM contra la sentencia del TribunalSuperior del Distrito Judicial de Pereira.Cabe anotar que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,mediante las resoluciones 79, 80 y 81, todas ellas expedidas el 18 de juliode 1997, dio cumplimiento a los anteriores fallos.Así mismo, el 8 de septiembre de 1997, el Coordinador General de laComisión de Regulación de Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo
12. ordenado por una de las providencias, expidió la Resolución 086, mediantela cual se reglamentó el proceso de concesión de licencias para elestablecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública BásicaConmutada de Larga Distancia, de acuerdo con lo establecido en losliterales c) y d) del artículo 74.3 de la Ley 142 de 1994.El apoderado de TELECOM solicitó a la Sala de Casación Civil y Agrariade la Corte Suprema de Justicia la aclaración de la sentencia del 17 de juliode 1997, favorable a las Empresas Públicas de Pereira. Consideró que ladecisión tomada en ese fallo habría sido diferente si se hubieranconsiderado los siguientes aspectos: que el Coordinador de la Comisión deRegulación de Telecomunicaciones, al responder la tutela, señaló que laComisión tenía previsto un contrato con la Unión Internacional deTelecomunicaciones -UIT- para realizar los ajustes finales al proceso y fijarlas condiciones con el fin de que el Ministro de Comunicaciones y laComisión expidieran, respectivamente, las licencias y la reglamentaciónnecesaria; que la Comisión, en cumplimiento del fallo de primera instancia,elaboró el documento "redireccionamiento (sic) de la apertura", y que aúnno habían sido definidas las reglas del juego que regirían el proceso deapertura, por lo cual "no basta con la elaboración de un cronograma quepermita hacer los ajustes en el tiempo para que los plazos señalados en laResolución 054 puedan tener cumplimiento, tal como lo señala el fallo".Estimó el apoderado que de la lectura del documento de"Redireccionamiento (sic) de la Larga Distancia" surgían interrogantessobre aspectos fundamentales del proceso de apertura, en cuanto atañe a ladeterminación del monto a cobrar por el ingreso (valor de la concesión), alperíodo de exclusividad para los nuevos concesionarios, a la coberturamínima del servicio, al plazo para el cubrimiento universal del servicio(todo el territorio nacional) y a la forma de financiación del serviciouniversal (inversión social). Afirmó, además, que el mismo documentoplantea objetivos no tenidos en cuenta al expedir la Resolución 054, talescomo: garantizar recursos para los fondos de pensiones, dar viabilidad aTELECOM y a las empresas locales, lograr un "redireccionamiento" (sic)de TELECOM, hacer efectiva la protección de los activos de la Nación, lacapitalización del sector y el ordenamiento del sector o regulaciónbalanceada. De otro lado, señaló el apoderado de TELECOM que laComisión estaba realizando un estudio preliminar con la UIT sobre lastarifas que debían cobrarse por el pago de las licencias de larga distancia.Finalmente el mencionado abogado pidió que se aclarara la sentencia en lossiguientes aspectos: "a) La inaplicación de la Resolución 57 de la CRT, revive la Resolución 54 ya derogada. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que el juez atribuya vigencia a la norma derogada? b) Si la Resolución No. 54 no concluyó la regulación y la CRT llega a la conclusión que (sic) deben modificarse estructuras y condiciones ya
13. existentes, por ser desventajosas e inconvenientes, ¿Puede la CRT modificar aspectos de la Resolución 54? e) Si los elementos de la Resolución 54 y de las observaciones presentadas hasta la fecha de la sentencia, no son suficientes para elaborar la regulación, ¿Qué debe hacer la CRT? d) Si la CRT no tiene elementos para la determinación del valor de la concesión, ¿Qué debe hacerse? e) ¿Cómo se deben garantizar los recursos para los fondos de pensiones de TELECOM? ¿Cómo se debe garantizar la viabilidad para que TELECOM participe en igualdad de condiciones en la prestación del servicio de larga distancia? ¿Cómo proteger los activos de la Nación y de TELECOM dentro del proceso de apertura? f) Si la CRT llegare a la conclusión que (sic) el sistema más conveniente es un TRIPOLIO, ¿Cómo cumplir con las seis tutelas a favor de empresas públicas de distintos entes territoriales, que ordenan garantizar el derecho a la igualdad para cada una de ellas? g) Si con el cumplimiento de la tutela, se llega a la conclusión de la no viabilidad de TELECOM, ¿Qué debe hacerse?"Por las mismas razones, el apoderado de TELECOM solicitó aclaración delas sentencias de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Supremade Justicia, del 16 de julio de 1997, dictadas en favor de la Empresa deTelecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá y de las Empresas Públicas deMedellín.El 4 de agosto de 1997, la Sala de Casación Civil y Agraria de la CorteSuprema de Justicia negó las aclaraciones solicitadas, pues esa Corporaciónestimó que no se observaban en las partes resolutivas de las sentencias,conceptos o frases que ofrecieran motivo de duda. Sostuvo, además, queTELECOM no era parte en el proceso, sino que había actuado comocoadyuvante de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la cualno ha pedido aclaración de la sentencia, "antes por el contrario, cumplióoportunamente la orden de tutela".El 18 de julio de 1997, el Presidente del Sindicato de Industria deTrabajadores de las Telecomunicaciones -ATT-, solicitó a la Corte Supremade Justicia la declaración de nulidad de todo lo actuado en el procesoinstaurado por la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotácontra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, por cuantoestimó que en el trámite se vulneró el derecho al debido proceso, ya queATT no fue notificada de la existencia del proceso, por lo que no pudoejercer su derecho de defensa.Manifestó el presidente del Sindicato de ATT que han tenido noticia de"que el fallo de segunda instancia proferido dentro de este expediente,sostiene que la falta de reglamentación de la larga distancia justificada en laConvención Colectiva firmada por los Sindicatos y TELECOM esinaceptable para ese Despacho, desconociéndose así los derechos a lanegociación colectiva y las demás garantías laborales".
14. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema denegó lasolicitud de nulidad presentada por el Presidente del Sindicato de Industriade Trabajadores de las Telecomunicaciones -ATT-. Consideró esa Sala queel Sindicato efectivamente podía intervenir en el proceso comocoadyuvante de la autoridad pública contra la que se dirigió la acción siestimaba que tenía un interés legítimo en el resultado del proceso, pero queno existía obligación para el juez de tutela de citarlo al mismo, porque laacción de tutela estaba dirigida contra la Comisión de Regulación deTelecomunicaciones, entidad encargada de promover la competencia en elsector de las telecomunicaciones.IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL1. CompetenciaLa Corte Constitucional es competente para revisar los fallos acumuladosen referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la ConstituciónPolítica y con arreglo a las disposiciones del Decreto 2591 de 1991.Este asunto correspondió por reparto a la Sala Tercera de Revisión, la que,por razón de su importancia y con el objeto de unificar criteriosjurisprudenciales, decidió traerlo a Sala Plena para su resolución definitiva,según el Reglamento de la Corporación.El Pleno de la Corte asumió el conocimiento de la revisión y como quieraque la ponencia original, elaborada por el Magistrado Eduardo CifuentesMuñoz, no fue acogida, fue sustituida por el presente fallo.2. Los derechos fundamentales de la personas jurídicas. Titularidad dela acción de tutela. El caso de la persona jurídica públicaEsta, a juicio de la Sala Plena, es ocasión propicia para que la Cortereafirme su ya reiterada doctrina en lo relativo a los derechosfundamentales de las personas jurídicas y en particular, por lascaracterísticas del caso, los que puedan corresponder a las de DerechoPúblico.Es en principio la dignidad de la persona humana, cuya protección ypromoción constituyen finalidades primordiales del Estado y del ordenjurídico, la que sirve de fundamento a la proclamación constitucional einternacional de los derechos fundamentales, motivo por el cual, aun en elcaso de derechos inherentes a aquélla pero no enunciados expresamente,existe una garantía en el más alto nivel normativo para su protección yefectividad (art. 94 C.P.).Pero, del hecho de que se predique de la persona natural un conjunto dederechos básicos e inalienables alrededor de los cuales la Carta Políticaedifica todo un sistema jurídico organizado precisamente con miras a suplena y constante realización, no se desprende que ese ámbito -el de cadaindividuo de la especie humana- agote por completo el núcleo de vigencia
15. y validez de los derechos constitucionales de carácter fundamental, cuandoen la sociedad actúan -y cada vez representando y comprometiendo demanera más decisiva los derechos de aquélla- las denominadas personasjurídicas, surgidas merced al ejercicio de la libertad de asociación entre lasnaturales o por creación que haga o propicie el Estado.Hay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentrodel Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y ahacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama dederechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuantoestrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo delas garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio dederechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuandoson vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interésdirecto o indirecto.La naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, la función específicaque cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales conducennecesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Cartaen favor de la persona humana les resulten aplicables.Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizados escrupulosamente por elsistema jurídico en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personasnaturales que integran la población, la Corte Constitucional ha destacadoderechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, lainviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación,la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a laadministración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y elderecho al buen nombre, entre otros.En conexidad con ese reconocimiento, ha de señalar la Corte que laspersonas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos yque están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran suejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídicoconsagra. De allí que la Corte Constitucional haya sostenido desde susprimeras sentencias que son titulares no solamente de los derechosfundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener suefectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acciónu omisión de una autoridad pública o de un particular (art. 86 C.P.).Al respecto cabe reiterar lo dicho varias veces: "Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros.
16. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la libertad de asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29), entre otros. Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúen en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) "Una vez más debe insistir la Corte en que la forma de protección que a los derechos constitucionales fundamentales brinda el artículo 86 de la Carta Política no comprende únicamente a las personas naturales, (...) sino que se extiende a las personas jurídicas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-551 del 7 de octubre de 1992).Dentro de las personas jurídicas, las estatales propiamente dichas así comolas de capital mixto -público y privado- no están excluidas de los derechosfundamentales, en lo que se ajuste a su naturaleza, actividad y funciones,toda vez que, por conducto de sus órganos y con indudable repercusión enel interés y en los derechos de los seres humanos, son sujetos que obran conmayor o menor autonomía dentro del cuerpo social, que no puede menos dereconocer su existencia y su influjo, benéfico o perjudicial según cada caso,como tampoco ignorar sus obligaciones, deberes, cargas y prerrogativas. Lapersona jurídica pública no es un simple enunciado teórico ni una ficción,como durante algún tiempo lo aceptaron la ley y la doctrina, sino unaincontrastable y evidente realidad que las normas no ignoran ejercederechos y contrae obligaciones.
17. Las empresas de servicios públicos, de las que hacen parte lasdemandantes, son concebidas por el Derecho colombiano vigente (art. 17de la Ley 142 de 1994) en los siguientes términos: "Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. Parágrafo 1. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado. Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta Ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta Ley. Parágrafo 2. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas".En relación con su objeto, la misma Ley señala: "Artículo 18. Objeto. La Empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa. Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de escala o de aglomeración en beneficio del usuario. En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita. Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras empresas de servicios públicos; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrán también asociarse, en
18. desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas. Parágrafo. Independientemente de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas para hacer inversiones en empresas de servicios públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre se entenderá incluida la facultad de promover y constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones de esta Ley y de la ley que las regule. En los concursos públicos a los que se refiere esta Ley se preferirá a las empresas en las que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en igualdad de condiciones con los demás participantes".La Constitución contempla y hace viable su operatividad, aun con laparticipación de personas privadas bajo el control y la vigilancia estatales,señalando en el artículo 365 que los servicios públicos están sometidos alrégimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados por el Estado,directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.Lo que distingue a tales empresas, más que su naturaleza jurídicaespecífica, que puede ser pública o privada, es la función que cumplen, queen todo caso es pública, si bien, en cuanto sujetos que actúan en el mundojurídico, son titulares de derechos -entre ellos los fundamentales que lesson aplicables- y de obligaciones y responsabilidades.Se trata, como puede verse, de entidades activas, reales e individualizablesy no tan sólo de personas virtuales. De su gestión, como sujetos de derecho,depende en buena parte el logro de los objetivos constitucionales de ordensocial inherentes a la prestación de los servicios públicos, en especial losdomiciliarios, de los que hace parte la telefonía (art. 1 de la Ley 142 de1994).Es natural que, estando sometidas tales entidades -para cumplir su objeto- adeterminaciones y actuaciones oficiales de diverso origen, a nivel nacional,seccional y local, y aunque ellas también cumplen un papel dentro delcomplejo de la actividad pública, establezcan con las autoridades en susdistintas categorías unas relaciones análogas a las que existen entre elciudadano o la persona puramente privada y aquéllas.Por tanto, no puede descartarse la posibilidad -tan patente y próxima comola que se tiene en el caso de cualquier ente o individuo gobernado- de quelas autoridades, en punto de las funciones que respecto de las empresas deservicios públicos deben ejercer, incurran en actos u omisiones del géneroprevisto en el artículo 86 de la Constitución, que amenacen o violen susderechos fundamentales.La Corte debe ahora reafirmar que, en la medida en que las personasjurídicas de Derecho Público ejercen funciones públicas, están supeditadasa la Constitución y a la ley en relación con ellas y por tanto no podríanejercer acción de tutela para esquivar su cumplimiento ni las
19. responsabilidades inherentes a tal ejercicio, ni tampoco por fuera delámbito de competencias que les corresponden, pero ello no obsta para que,según ha señalado la doctrina constitucional en varias ocasiones, debareconocer el juez de constitucionalidad la existencia de principios yderechos de carácter universal a los cuales puede apelarse indistintamentepor personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Tal ocurre, porejemplo, con los principios objetivos de índole procesal -que desde elpunto de vista subjetivo sustentan el derecho de toda persona al debidoproceso-, aplicables y exigibles a todos los trámites judiciales yadministrativos, en los cuales, si las personas jurídicas de Derecho Públicoson partes o terceros afectados, tienen derecho fundamental a la plenitud delas garantías constitucionales.Reitérase, entonces, la doctrina sentada en Sentencia C-360 del 14 deagosto de 1996 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que con enteraclaridad se expresó que "las personas jurídicas de Derecho Público puedenser titulares de aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza así loadmita y, por lo tanto, están constitucionalmente habilitadas paraejercitarlos y defenderlos a través de los recursos que, para tales efectos,ofrece el ordenamiento jurídico".Como antes se ha dicho, uno de los derechos que el sistema jurídicoreconoce a las personas jurídicas, y cuya naturaleza lo admite, es el de laigualdad, y de él no están excluidas las que presten servicios públicos,menos todavía cuando ellas, como acontece con las telefónicas locales,representan los intereses de comunidades integradas por personaspertenecientes a distintas regiones, quienes deben ser tratadas por la ley ypor la autoridad pública en un plano de equilibrio e imparcialidad propiodel reconocimiento a su igual importancia, sin preferencias nidiscriminaciones.Así, pues, las empresas demandantes en los procesos materia de análisispodían ejercer la acción de tutela para reclamar del Estado -en cabeza de laComisión Reguladora de Telecomunicaciones- un trato igual al queobtuvieron otras empresas con su mismo objeto, en las mismascircunstancias y ante los mismos servicios.La Corte reitera en esta ocasión su doctrina constitucional, que hareconocido a las personas jurídicas de naturaleza pública el derecho a laigualdad ante la ley (Cfr. Corte Constitucional, entre otras, las sentenciasC-271 del 20 de junio de 1996 M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell, y C-036 del 2 de febrero de 1996).Profundizará ahora esta Corporación, como se verá más adelante, en talderecho, a propósito de un aspecto muy específico -la igualdad deoportunidades- y en un campo expresamente aludido por la Constitucióncomo escenario de especial garantía, brindada a todas las personas (art. 75C.P.): el acceso al uso del espectro electromagnético.
20. Debe observarse finalmente, dentro del tema de la procedencia de la acciónde tutela por el aspecto de la naturaleza jurídica de la entidad peticionaria,que no sería admisible la exclusión absoluta de las personas jurídicas deDerecho Público del ejercicio de una determinada acción, menos todavía sies la concebida para la protección de derechos fundamentales, pues ellosignificaría negarles todo acceso a la administración de justicia. Si sontitulares de derechos sustantivos y si, como resulta del DerechoAdministrativo, pueden ser partes -activas o pasivas- en procesos en loscuales se ventilan asuntos de naturaleza puramente legal o reglamentaria,con mayor razón deben hallarse en posibilidad de acceder a los estradosjudiciales en demanda de protección para sus derechos fundamentales derango constitucional.3. La igualdad de oportunidades en el acceso al espectroelectromagnéticoDice el artículo 75 de la Constitución Política: "Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético".La Corte Constitucional entiende que en la norma transcrita se consagra underecho fundamental, que no deja de serlo por hallarse incorporado a uncapítulo de la Carta Política distinto del que se destina a la enunciación detales derechos (Cfr. Sentencia T-02 del 8 de mayo de 1992. M.P.: Dr.Alejandro Martínez Caballero).Ese derecho, reconocido por la Constitución no solamente a las personasnaturales sino a las jurídicas -incluidas las de naturaleza pública-, nopresenta un contenido que sustancialmente lo sustraiga de los elementosbásicos del derecho a la igualdad. Por el contrario, hace parte de él; es unade sus especies y, en consecuencia, obedece a los fundamentos y postuladosconstitucionales que informan aquél -los cuales han sido extensamenteanalizados por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte-, de donde seinfiere que, ante violaciones o amenazas a su ejercicio, cabe la acción detutela para impetrar de los jueces inmediata y completa protección.En torno a la igualdad de oportunidades se ha pronunciado ya la Corte enlos siguientes términos: "El concepto genérico de igualdad encuentra uno de sus desarrollos específicos en la llamada igualdad de oportunidades, que, sin desconocer las reales e inmodificables condiciones de desequilibrio fáctico, social y económico en medio de las cuales se desenvuelve la
21. sociedad, exige de la autoridad un comportamiento objetivo e imparcial en cuya virtud, en lo que respecta a las condiciones y requisitos que ella puede fijar, otorguen las mismas prerrogativas y posibilidades a todos aquellos que tienen una determinada aspiración (ingreso a una plaza de trabajo o estudio, ascenso dentro de una carrera, reconocimiento de una dignidad o estímulo, culminación de un proceso académico, etc)". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-624 del 15 de diciembre de 1995. Subrayado fuera de texto).En el fondo, la garantía constitucional que así se define y protege noconsiste en nada diferente de impedir que, al iniciarse entre las personas-naturales o jurídicas- una competencia para alcanzar o conseguir algo -locual, en la materia objeto de revisión, se relaciona con la prestación de unservicio público mediante el acceso al espectro electromagnético-, alguno oalgunos de los competidores gocen de ventajas carentes de justificación,otorgadas o auspiciadas por las autoridades respectivas con criterio deexclusividad o preferencia, o se enfrenten a obstáculos o restriccionesirrazonables o desproporcionados en relación con los demás participantes.Pretende la Constitución que en el punto de partida y a lo largo de lacompetencia, hasta su culminación, todos los competidores reciban igualtrato, se les otorguen las mismas garantías e iguales derechos; se lespermita el uso de los mismos instrumentos y medios de acción; se lescobije bajo las mismas normas y reglas de juego; se prevea para todos elmismo sistema de selección y calificación; se les evalúe y clasifique dentrode los mismos criterios, objetiva e imparcialmente, y se exija a todos unmismo nivel de responsabilidades. Obviamente, siempre sobre el supuestode la equivalencia de situaciones y circunstancias (igualdad real y efectiva).El espectro electromagnético es definido por la Constitución como un bienpúblico, cuya apropiación por determinadas personas no es permitidadentro de nuestro sistema jurídico, de donde surge que apenas su uso puedeentregarse por el Estado a particulares o a personas jurídicas de capitalmixto, a título precario y temporal y dentro de las reglas, controles yrestricciones que la ley señale y que deben aplicar las autoridadescompetentes.El acceso al uso del espectro electromagnético, para emplearlo deconformidad con la gestión que de su manejo y utilización hace el Estado,debe obtenerse por quienes a él aspiren, en un plano de igualdad y equidad,garantizado en diversas formas por el sistema, por fuera del monopolio y laconcentración, que la Carta Política de 1991 quiso erradicar.4. La igualdad de oportunidades en el caso objeto de controversiaAhora bien, en el caso que ocupa la atención de la Corte, ¿son las entidadesdemandantes titulares del derecho a la igualdad ante la ley y, enconsecuencia, sus derechos a la libertad de empresa, libertad económica ylibre competencia deben ser protegidos a través de la acción de tutela?
22. Para responder a ese interrogante, debe aplicarse la doctrina constitucionalexpuesta en los apartes anteriores, examinando inicialmente lo que esta Corteha señalado como punto nodal para decidir si se reconoce, en un asuntoespecífico, a las personas jurídicas de Derecho Público como titulares dederechos fundamentales: su titularidad directa, por cuanto se afecten interesesbásicos del ente jurídico, o la afectación transitiva, por conducto de lapersona jurídica de naturaleza pública, de los derechos de personas naturales.En la Sentencia C-036/96, proferida por esta Corte, se dijo: "El objetivo primordial y directo del principio de igualdad es la persona natural, pues lo que ella implica es el reconocimiento de prerrogativas propias e inalienables del hombre en cuanto constituye para el Estado un fin valioso en sí mismo, por lo cual tan sólo a través de la persona humana y en cuanto toca con ella es susceptible de protección constitucional la igualdad entre personas jurídicas y entre instituciones. "Así, para el caso de los municipios, la consideración acerca de si resulta constitucionalmente viable introducir distinciones entre ellos sólo podría tener asidero en la medida en que el trato diferente injustificado repercutiera en discriminaciones entre los habitantes de una y otra célula municipal en aspectos básicos como su supervivencia, su dignidad o el ejercicio de sus derechos fundamentales"La referencia doctrinal concreta corresponde a posibles discriminacionesentre entidades públicas de carácter territorial -los municipios-, respecto delos cuales la propia Carta Política, de manera expresa, autoriza que sehagan distinciones o se introduzcan categorías, como el aludido fallo lopuso de presente.Por otro lado, en el plano del enunciado general, la Corte lo ratifica en lapresente Sentencia, como alusivo a la igualdad en cuanto salvaguarda delreconocimiento de la dignidad humana, lo que conduce a relacionar, enúltimas, toda respuesta institucional a violaciones de la misma, por laintroducción de fueros, privilegios o discriminaciones, con el imperativoconstitucional de evitar que, por motivos accidentales, se establezcanestratos o capas dentro de la sociedad, compuesta por seres humanos.Es evidente que, cuando se protege la igualdad entre personas jurídicas,públicas o privadas, finalmente se ampara la igualdad entre individuos de laespecie humana, pues se repite que las personas jurídicas deben a aquéllossu existencia y su subsistencia, aun en los casos en que son creadas por elEstado, ya que el objetivo y justificación de éste se encuentranecesariamente referido a la persona humana.Entonces, no es errado o contrario a la doctrina constitucional que seaplica, buscar los efectos de la discriminación aducida por las empresas
23. demandantes, en la situación de las personas naturales que las conforman,una vez convertidas aquéllas en empresas de economía mixta, o cualquierotra de las modalidades asociativas con las que la ley dispuso democratizarla concurrencia de los particulares a la prestación del servicio público de latelefonía local y de larga distancia. Además en este caso, como en todosaquellos en los que las entidades públicas afectadas por la posiblevulneración de sus derechos fundamentales tienen como objeto laprestación de servicios públicos domiciliarios, también debe consultarse lasituación de los usuarios de tales servicios (normalmente personasnaturales), pues en ella se deben manifestar los efectos desfavorables deltratamiento discriminatorio dado por la ley o las autoridades a las entidadesprestadoras, cuando se afirma que resulta violado su derecho a la igualdad.Nada distinto de la satisfacción de necesidades netamente humanas es loque buscan los artículos 365 y 366 de la Constitución, al consagrar elobjeto de los servicios públicos: ellos "son inherentes a la finalidad socialdel Estado", el cual tiene el deber de "asegurar su prestación eficiente atodos los habitantes del territorio nacional" (se subraya). Y, de otra parte,"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de lapoblación son finalidades sociales del Estado".Inicialmente debe señalarse que, de acuerdo con la doctrina constitucional,la situación de los usuarios de un servicio público a cuya prestación puedenlegalmente concurrir varios prestadores, no puede ser objeto de unadecisión oficial por medio de la cual se impida, limite o restrinja a losparticulares la contratación del servicio con la entidad prestadora de supreferencia, sin que tal intervención sea calificada de ilegítima y constituyauna discriminación contraria al ordenamiento constitucional. Esta subreglafue aplicada por la Corte en la Sentencia C-216 del 28 de abril de 1994(M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), por medio de la cual se sentó doctrinasobre los límites de la administración para optar por un solo prestador delservicio público, sin respetar la libertad de los particulares, usuarios delmismo y titulares del derecho a escoger libremente entre todos los queconcurren a la prestación; consideró la Corte en esa oportunidad: "Con respecto a la supuesta violación del derecho a la igualdad aducida por el demandante, esta Corporación encuentra que, por lo contrario, la finalidad esencial que persigue la norma acusada es la de garantizar en derecho, tal como lo consagra el artículo 13 superior, al no establecer privilegios en favor de ningún notario. En este caso la igualdad consiste en que no pueden establecerse privilegios ni, por ende, discriminaciones, por parte de la Administración pública, la cual, por excelencia, debe siempre obrar con objetividad, y no puede estar legitimada para hacer discriminaciones de ninguna índole, otorgando privilegios, prerrogativas o excepciones a las personas naturales o jurídicas que tienen que tratar con ella. La igualdad es un parámetro que debe guiar a la Administración, de manera que es un contrasentido pretender que ésta tenga una facultad discrecional para determinar la Notaría que preste el servicio por ella requerido.
24. Mientras los particulares son titulares de derechos subjetivos y pueden decidir lo que les convenga de acuerdo con sus preferencias y opciones, la Administración tiene una potestad ejercible sólo en condiciones objetivas predeterminadas por la Ley."Los actos de la Administración pueden recaer sobre una persona, como adaptación de la generalidad al caso concreto, pero lo que nunca pueden hacer, en el caso que nos ocupa, es optar, sin unas condiciones preestablecidas y objetivas, por una determinada Notaría, desconociendo a las demás su derecho a la igualdad de oportunidades. Es por ello que el reparto tiene que estar reglamentado, con la condición de no vulnerar el derecho a la igualdad". (Subraya la Corte).Son los usuarios, "titulares de derechos subjetivos, que pueden decidir lo queles convenga de acuerdo con sus preferencias y opciones", quienes sequedaron sin opción alguna en cuanto a entidades prestadoras del servicio detelefonía de larga distancia -aunque la Ley 142 de 1994 ordenó terminar conla situación monopólica existente en la prestación de este servicio, y lasempresas demandantes venían cumpliendo el proceso administrativorequerido por los artículos 22, 25 y 26 de esa norma-, cuando la Comisión deRegulación de Telecomunicaciones decidió interrumpir el proceso, e hizoimposible la concurrencia de las empresas demandantes a la prestación delservicio en un mercado de libre competencia.Sin embargo, esa no es, para las personas naturales, la única consecuenciaconstitucionalmente relevante de que la CRT haya interrumpido el proceso decreación de condiciones para un mercado de libre competencia en laprestación de la telefonía de larga distancia; es más grave, y definitivo en elplano constitucional, que la actuación cuestionada por las entidadesdemandantes, haya hecho nugatorio el derecho consagrado en el artículo 10de la Ley 142 de 1994, porque contradice la doctrina de la Corte sobre lanecesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al uso delespectro electromagnético, fijada en varias sentencias de esta Corte, enespecial en la C-093 del 7 de marzo de 1996 (M.P.: Dr. Hernando HerreraVergara), reiterada después por las números C-310 del 11 de julio de 1996(M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), y C-350 del 29 de julio de 1997 (M.P.:Dr. Fabio Morón Díaz): "Es decir, que en tratándose de medios de comunicación como la televisión, que requieren del uso de un bien público técnicamente restringido como es el espectro electromagnético, el legislador está en la obligación, a través de la ley, de regular el uso del mismo de manera tal que a tiempo que no se interfiera el derecho fundamental de las personas a fundarlos, se les garantice a todas igualdad de oportunidades para acceder a su uso, y se le garantice a la sociedad que el mayor número de ciudadanos tendrá la oportunidad de hacerlo (subraya fuera del texto). "El espectro electromagnético es un bien público sujeto a la gestión y control del Estado (C.P. art. 75). A diferencia de otros operadores de medios de comunicación, los que se ocupan de la televisión
25. necesariamente deben hacer uso del espectro electromagnético. Por consiguiente, su situación y régimen jurídico no puede ser igual al de los restantes medios de comunicación, inclusive desde el punto de vista de libertad de acceso. Aquellos no usan el espectro y, por ende, no están sujetos a las restricciones que surgen de su gestión y control, las cuales a su vez, en parte se explican por razones técnicas, entre las cuales, una significativa es el número limitado de frecuencias y espacios que podrían adjudicarse, lo que torna imposible garantizar la libertad de acceso al espectro para todas las personas que decidan ser operadores de televisión". "Ahora bien, para efectos de llevar a cabo la emisión, transmisión y recepción de datos o informaciones, gran parte de los medios de comunicación requieren del uso de instrumentos técnicos, algunos de los cuales son bienes de uso público que por su naturaleza pertenecen al Estado. Este es el caso del espectro electromagnético, que de conformidad con el artículo 75 de la Constitución Política es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, quien debe garantizar el acceso a su uso en igualdad de oportunidades de conformidad con los términos que fije la propia ley" (subraya fuera del texto).Resulta entonces que, en este caso, al suspender la CRT el proceso deconformación de un mercado de libre competencia en la prestación de latelefonía de larga distancia, no sólo afectó el derecho de los usuarios aescoger la empresa prestadora de su preferencia, y les privó, en consecuencia,de las ventajas que en precio y calidad corresponden a la libre competencia,sino que también les hizo nugatorio el derecho de crear empresas paraconcurrir a la prestación de los servicios públicos (C.P. art. 365, desarrolladoen el art. 10 de la Ley 142 de 1994), y les imposibilitó acceder en pié deigualdad, a través de la conformación de tales empresas, al uso de un bienpúblico escaso, en contravía de lo dispuesto por la Constitución y la ley.Así, debe concluirse que las entidades demandantes en este caso sí sontitulares del derecho fundamental a la igualdad, y que éste resultó violado porla revocación de las normas administrativas expedidas para ejecutar elmandato constitucional y legal de permitir la libre concurrencia -libertad decrear empresas con tal objeto-, y garantizar la libre competencia en laprestación del servicio de telefonía de larga distancia.No se entienda lo expresado en este Fallo como la aceptación de la viabilidadde la acción de tutela para forzar a las autoridades administrativas a queejerzan en concreto una determinada competencia discrecional, ni comomodalidad de coadministración judicial.En cuanto al primer aspecto, debe decirse que la CRT estaba obligada por lapropia Constitución (art. 75) a obrar con prontitud y eficiencia para asegurar,mediante el conjunto de sus actuaciones y directrices, la igualdad deoportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético. Y si laacción de cumplimiento no es aplicable a su omisión -del todo injustificada,
26. como lo muestra el expediente, pues la revocación del acto inicial de aperturacon el fin indicado obedeció primordialmente a la Convención Colectivacelebrada entre TELECOM y su Sindicato- ello acontece por haber halladoesta Corte (Sentencia C-157 del 29 de abril de 1996) que tal mecanismo no esapto para obtener el acatamiento a postulados o reglas constitucionales, locual excluye la existencia de un medio eficaz para la verdadera y oportunadefensa del derecho violado y abre paso a la procedencia de la acción detutela.En cuanto al segundo asunto, no puede olvidarse que se trata de una omisión,que sólo se contrarresta mediante una orden de actuar en aquello respecto delo cual, debiendo haberse actuado, no se actuó. Ni se pierda de vista que, a laluz del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede no sólo anteactuaciones sino también respecto de omisiones de las autoridades públicasque violen o amenacen derechos fundamentales.Bien obraron, entonces, los jueces y tribunales de instancia al conceder lastutelas impetradas, y por ello sus providencias serán confirmadas.Es claro, por otra parte, que las entidades actoras no contaban con otromecanismo de defensa, puesto que asuntos como los aquí considerados -siuna persona jurídica de derecho público es titular del derecho fundamentala la igualdad, y si, en consecuencia, está legitimada para procurar suprotección en sede de tutela- son puntos sobre los cuáles sólo se puedepronunciar el juez constitucional a través del proceso en el que decide siotorga o no amparo judicial a los derechos fundamentales aducidos comoconculcados o gravemente amenazados por las entidades demandantes.Al respecto, reiteró y precisó su doctrina la Corte Constitucional en laSentencia T-100 del 9 de marzo de 1994 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), enlos siguientes términos: "En conclusión, la Corte mantiene su doctrina, reiterando que: el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el mecanismo alternativo de defensa judicial que es aplicable al caso, es igual o más eficaz que aquella. "La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluídos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se
27. suplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias. "En los casos en los que, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela, por las razones anotadas, resulte prevalente, el juez de tutela podrá señalar en su fallo, la libertad del actor para acudir al otro medio de defensa del derecho, a fin de reclamar la responsabilidad en que ya haya incurrido quien lo violó o amenazó". (Subraya la Corte).Por lo demás, las entidades demandantes no acudieron ante el juezconstitucional en procura de la efectividad de un derecho colectivo; en cadauno de los procesos acumulados, la entidad demandante reclamó elrestablecimiento de su derecho fundamental a la igualdad, violado por unaactuación administrativa que, como ya se consideró, efectivamente vulneróel derecho del que cada una de ellas es titular.5. Situación de las empresas frente a la Constitución y a la Resoluciónque originó la demandaFuera de las consideraciones anteriores, debe señalarse que la actuación de laCRT que originó estos procesos, impuso a las entidades demandanteslimitaciones a la libertad de empresa que no fueron establecidas por la ley y,por tanto, resultan contrarias a la doctrina de la Corte sobre el asunto, que fuesentada en los siguientes términos mediante la Sentencia T-291 del 22 dejunio de 1994 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz): "No obstante lo anterior, las limitaciones constitucionales de la libertad de empresa, para que sean legítimas, deben emanar o ser impuestas en virtud de una ley y no afectar el núcleo esencial de este derecho. La legitimidad de las intervenciones depende de la existencia de motivos adecuados y suficientes para limitar los procesos de creación y funcionamiento de las empresas. El derecho consagrado en el artículo 333 de la Carta Política no sólo entraña la libertad de iniciar una actividad económica sino la de mantenerla o proseguirla en condiciones de igualdad y libertad. "La intervención del poder público en el ámbito económico no puede llegar a alterar injustificadamente la situación inicial de igualdad en que deben permanecer los particulares frente a la posibilidad de obtener las autorizaciones administrativas para la explotación de una actividad económica determinada. El derecho a la libre empresa no sólo supone la igualdad en la competencia, sino también la libre concurrencia en condiciones de igualdad (CP art. 13). "Si el respeto a la igualdad condiciona la intervención del Estado en el campo de la libertad económica, con mayor razón, ésta deberá observarse cuándo, como ocurre con los juegos de suerte y azar, se
28. seleccionan las personas con las que se suscribirán los contratos de operación y explotación, y se conceden permisos para la apertura y funcionamiento de establecimientos en los que ellos se realizan. Los beneficios que los particulares derivan de estos permisos y contratos, constituyen oportunidades de ampliación de su esfera de acción económica en el marco de una actividad sujeta a monopolio estatal y, por lo tanto, no pueden distribuirse ni adjudicarse sin dar aplicación estricta a las más exigentes reglas de igualdad" (subraya fuera del texto).6. Desigualdad en la aplicación y en la creación del actoLas personas tienen derecho a la igualdad en el ordenamiento constitucionalcolombiano, no apenas en la formalidad de las normas legales que desarrollanel Estatuto Fundamental, sino en la materialidad de la aplicación de esasnormas a través de actos y hechos de la administración; así lo entendió laCorte en la Sentencia T-230 del 13 de mayo de 1994 (M.P.: Dr. EduardoCifuentes Muñoz), en la que se sentó una doctrina tan inequívoca como esta:"De otra parte, debe tenerse en cuenta no sólo la igualdad en el contenido dela ley (de iure) sino también en la aplicación de la misma ( de facto)"(subraya fuera del texto).Uno de los antecedentes de esa doctrina se encuentra en la Sentencia T-614del 15 de diciembre de 1992, reiterada en la T-450 del 19 de octubre de 1994,en la que se afirma como base para la inaplicación de normas administrativas: "Ya en la Sentencia T-614 del 15 de diciembre de 1992 tuvo la Corte ocasión de referirse al tema, manifestando: El artículo 4 de la Constitución consagra, con mayor amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de otro orden a un caso singular. "Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe preservarse el principio que establece una presunción de constitucionalidad. Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las normas inferiores que con ellos resultan incompatibles"
29. DECISIONCon fundamento en las consideraciones que se dejan expuestas, la SalaPlena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre delpueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE:CONFIRMANSE los fallos revisados, que concedieron a las empresasdemandantes la tutela del derecho a la igualdad.Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la CorteConstitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA PresidenteANTONIO BARRERA CARBONELL EDUARDOCIFUENTES MUÑOZ MagistradoMagistradoCARLOS GAVIRIA DIAZ JAIME BETANCURCUARTAS Magistrado ConjuezJOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO CARMENZA ISAZADE GOMEZ Magistrado Magistrada (E)ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORONDIAZ MagistradoMagistrado
30. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General
31. Salvamento de voto a la Sentencia SU-182/98 DERECHOS FUNDAMENTALES-Pérdida de fuerza normativa por generalización (Salvamento de voto)Hay dos formas de disolver el concepto de derecho fundamental y de atentarcontra su eficacia. La primera, sin duda, es la de atribuir a todo derecho ofacultad, el carácter de derecho fundamental. La segunda consiste enextender de manera general a todas las personas, incluidas las de origenestatal, la titularidad activa de los derechos fundamentales. Los defensoresde esta teoría, de buena fe, creen que así contribuyen a potenciar losderechos fundamentales, cuando en realidad lo que se hace es socavar sueficacia: si todo derecho es derecho fundamental, nada es derechofundamental; si todas las personas naturales y estatales, por el hecho deserlo, son titulares de derechos fundamentales, sobra el reconocimientoconstitucional. No sorprende que a raíz del desconocimiento de lo queuniversalmente sirve de fundamento a los derechos fundamentales, elmecanismo de defensa previsto en la Constitución para hacer efectivo losderechos de la persona humana - la acción de tutela - contra las acciones uomisiones del Estado que los vulneren, se convierta ahora en medio judicialal cual pueden indiscriminadamente apelar porciones del Estado cuandobusquen ejercer derechos o pretensiones contra el mismo Estado o contraparticulares. La generalización de los derechos fundamentales,indefectiblemente lleva a que éstos pierdan fuerza normativa. ACCION DE TUTELA-Consecuencias por la universalización (Salvamento de voto)La universalización de la acción de tutela, la pervierte y degrada. Sobrarecordar que la acción de tutela se contempló con el objeto de equilibrar laasimetría en la que se encuentra la víctima de una lesión de un derechofundamental frente a las autoridades del Estado. Autorizar el empleogeneralizado de la tutela por parte de entidades de derecho público, esto es,permitir que una parte del Estado se valga de este régimen procedimentalexcepcional para resolver controversias contra otra parte del Estado,desconoce radicalmente su función y desvirtúa su sentido tuitivo vinculado ala guarda de la libertad y dignidad propias de la persona humana que seexpresan en múltiples manifestaciones individuales y colectivas, que noestatales. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Transitividad no permite transformar las competencias y objeto en derechos fundamentales (Salvamento de voto)El argumento de la "transitividad" que se implora en la sentencia, no permitetransformar las competencias, funciones, objeto, expectativas e intereses delas entidades de derecho público, en derechos fundamentales. No se discuteque la actividad de una empresa pública de teléfonos sirve un interéscomunitario esencial y que su buena o mala fortuna, su eficiencia o
32. ineficiencia, su mayor o menor campo de acción, no deja de repercutir sobreel bienestar individual o colectivo. Sin embargo, ninguno de estos criterios ofactores convierte a la empresa pública en titular de derechos fundamentales,ni tampoco eleva a rango de derecho fundamental la actividad descrita en suobjeto social. REGIMEN JURIDICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-Fijación por ley/LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-No es derecho fundamental (Salvamento de voto) DERECHOS FUNDAMENTALES-No lo son por ejercicio de actividad edificada sobre derechos legales (Salvamento de voto)No puede calificarse como derecho fundamental, el ejercicio de una actividadedificada sobre derechos que se derivan de la ley, cuyo alcance es el que éstadetermine y cuyo ejercicio puede eventualmente cesar cuando el Estadodecida trasladarla a su órbita de acción. DERECHOS FUNDAMENTALES-Transitividad no es argumento para definirlos (Salvamento de voto) ACCION DE TUTELA-Improcedencia contra actos de carácter general, impersonal y abstracto (Salvamento de voto) TEST DE IGUALDAD-Aplicación (Salvamento de voto) ACTOS DE LA ADMINISTRACION-Vulneración de la igualdad no implica que la competencia radique en juez de tutela (Salvamento de voto) DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA- Reconocimiento en algunos casos (Salvamento de voto)Se ha señalado por la Corte Constitucional que, en algunos casos, laspersonas jurídicas pueden ser titulares de ciertos derechos fundamentales. Setrata de una formulación que en modo alguno tiene alcance absoluto. Por elcontrario, la Corte se ha cuidado de otorgarle un campo asaz circunscrito ysiempre subordinado a la consideración esencial de que la adscripcióneventual de un derecho fundamental en su cabeza dependerá de que lanaturaleza del derecho en cuestión permita su extensión a la persona jurídicay que, de otra parte, ello sea estrictamente necesario para garantizar ámbitosde libertad y dignidad de las personas naturales que se encuentran en la basede la organización. El test debe, por lo menos, pasar dos pruebas: (1) lanaturaleza del derecho; (2) la comunicabilidad de la lesión a las personasnaturales. DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA PUBLICA-Titularidad en casos excepcionales (Salvamento de voto)
33. Tratándose de personas jurídicas de derecho público, la Corte ha sidotodavía más restrictiva. Las entidades públicas, como emanación del Estado,normalmente ocupan la posición pasiva de los derechos fundamentales. Encasos excepcionales se ha admitido que tales sujetos - cuya actuación se midey se explica en términos de las competencias atribuidas por la ley y no enrazón de una necesidad de libertad y de protección originarias - pueden sertitulares de derechos fundamentales. Sólo derechos como el debido proceso,que por su propia naturaleza son susceptibles de tener un valor objetivo quetrasciende la dimensión humana hasta convertirse en reglas defuncionamiento del sistema jurídico como un todo, pueden excepcionalmentepredicarse de entes públicos. DERECHOS FUNDAMENTALES-Carácter de límite a la democracia y su inalienabilidad (Salvamento de voto)Las pretensiones que constituyen el objeto de un derecho fundamental sesustraen al principio de las mayorías políticas, que da vida y sentido a lademocracia. Las leyes, pese a provenir del órgano que articula el principiodemocrático, no pueden afectar el núcleo de los derechos fundamentales y, entodo caso, las limitaciones o restricciones que aparejen deberán serrazonables y proporcionadas. En este sentido, puede decirse que los derechosfundamentales limitan y orientan a la democracia. El constituyente eleva a lacategoría de derechos fundamentales facultades y posibilidades de ser y deacción, que no desea sean menoscabadas o permanentemente puestas encuestión por la democracia. Lo que en esencia pertenece a un derechofundamental, está por fuera del debate democrático y de sus vicisitudes. Enúltimas, esta es la razón de ser de su consagración. Para el titular de underecho fundamental, su contenido no le puede ser cercenado ni transferido aotro. Menos al Estado. Los derechos fundamentales comportan asignacionesde valor y de status que realiza el constituyente como reconocimiento a ladignidad de la persona humana. Privar a la persona de un derechofundamental, por consiguiente, equivale a negar su condición como sujetomoral. Los derechos fundamentales no son expropiables por el Estado, ni éstepuede reservarse para sí su ejercicio. REGIMEN JURIDICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-Fijación por ley/SERVICIOS PUBLICOS-Actividad regulada por la ley no es derecho fundamental (Salvamento de voto)En el caso de los servicios públicos, justamente porque su prestacióneficiente a todos los habitantes del territorio nacional, constituye un deberpara el Estado, la Constitución ha dispuesto que ellos queden sometidos "alrégimen jurídico que fije la ley". Los servicios públicos son, pues, unamateria que en su integridad se remite al régimen que determine la ley. Elcontenido y alcance del quehacer concreto que corresponda al concepto deservicio público no lo señala la Constitución. Mal puede afirmarse aquí laexistencia de derechos fundamentales, cuando la articulación de derechos,obligaciones, limitaciones, restricciones, etc., se libra a la ley. Naturalmente,la ley que establezca el régimen de los servicios públicos, como toda ley,
34. debe sujetarse a la Constitución, extremo forzoso que en modo alguno indicaque la actividad regulada sea en sí misma un derecho fundamental. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS-Derechos no tienen el carácter de fundamentales/DERECHO DE LIBERTAD ECONOMICA-No tiene carácter de fundamental/DERECHO DE LIBERTAD DE EMPRESA-No tiene carácter de fundamental (Salvamento de voto)Los derechos de los operadores de los servicios públicos establecidos en laley, precisamente por tener este origen, no tienen el carácter de derechosfundamentales. Ahora bien, si estos derechos son desconocidos por el Estadoo por el organismo de segundo grado al cual se le ha confiado la regulaciónde algunos aspectos del sector, las acciones correspondientes tendrán queelevarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este caso,no solamente existen medios judiciales ordinarios, sino que el derechoconculcado no tiene la naturaleza de un derecho fundamental, puesto que setrata de discutir pretensiones o facultades que emanan de la ley. Aún en elevento de que se llegare a considerar, en gracia de la discusión, que elderecho de los operadores de servicios públicos corresponde al derecho delibertad económica y libertad de empresa consagrados en la Constitución,tampoco la acción de tutela sería procedente. Ninguno de los dos derechostiene a juicio de la Corte, el carácter de fundamental, en cuanto no seenuncian así en la Constitución, carecen en abstracto de conexidad esencialcon los que sí ostentan esta condición y, finalmente en este campo, el espaciode configuración normativa y de intervención por parte del legislador essignificativo. Por lo demás, el derecho a la libertad económica y a la libertadde empresa, tienen íntima relación con el derecho de propiedad que, enprincipio, no reviste tampoco el carácter de fundamental. ACCESO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA-Naturaleza legal (Salvamento de voto) DERECHO LEGAL-Desconocimiento en la aplicación no se trueca en violación del derecho a la igualdad (Salvamento de voto)En la fase de aplicación de la ley, el desconocimiento de un derecho legalsingular no se trueca en violación del derecho a la igualdad, así la lesión notenga carácter universal, sino que se mantiene como violación de la ley. Delo contrario, toda violación a la ley en el estadio aplicativo del derecho, seresolvería en un quebranto del derecho fundamental a la igualdad. Por estecamino, los derechos simplemente legales o los constitucionales nofundamentales mutarían su condición a derechos fundamentales y, por ende,la acción de tutela adquiriría la función de defensa de todos los derechosexistentes. DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA-Violación (Salvamento de voto)