Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43558184
Timestamp: 2020-08-06 21:55:39
Document Index: 231600339

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'artículo 4', 'artículo 295', 'artículo 29', 'artículo 295', 'artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 300', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 297', 'artículo 136', 'artículo 9', 'artículo 298', 'artículo 150', 'artículo 4', 'artículo 295', 'artículo 4', 'artículo 295', 'artículo 7', 'artículo 300', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 297', 'artículo 9', 'artículo 298', 'artículo 300', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 36', 'artículo 295', 'artículo 300', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 189', 'artículo 295', 'artículo 295', 'artículo 4', 'artículo 295', 'artículo 297', 'artículo 8', 'artículo 295', 'artículo 298', 'artículo 9', 'artículo 189', 'artículo 300', 'artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 295', 'artículo 297', 'artículo 300', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 8']

Sentencia de Constitucionalidad nº 248/94 de Corte Constitucional, 26 de Mayo de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558184
Sentencia de Constitucionalidad nº 248/94 de Corte Constitucional, 26 de Mayo de 1994
Dec. 655/93 y dec. 663/93. Varios arts. Estatuto organico del sist. F/ciero. Liq. De entidades. Intervenidas exequibles e inexequibles.
Sentencia citada en: 14 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa
LEY MARCO-Límite para su expedición/ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO-Modificaciones
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Procedimiento de liquidación
LIQUIDADOR-Responsabilidad Personal/SANCION/PRESUNCION DE INOCENCIA
DERECHOS DEL ACREEDOR-Restricción/RENDICION DE CUENTAS DEL LIQUIDADOR-Restricción
JUNTA DE ACREEDORES-Funcionamiento
INVENTARIO-Objeción/AVALUO TECNICO
REF.: Expediente No. D-447
El ciudadano M.E.R.Q., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad que establece el artículo 242 de la Carta Política, presentó escrito de demanda en el que pide se declare la inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones de los decretos 655 y 663 de 1993, así:
Se admitió la demanda y se ordenó su fijación en lista y el traslado correspondiente al Despacho del señor P. General de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia; además, se ordenó practicar las comunicaciones respectivas tanto al señor P. de la República, como a los señores Ministros de Salud Pública, Hacienda y Crédito Público, al Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y al Superintendente Bancario.
"D.I. debidamente valorado se dará traslado a los acreedores por el término de dos meses, contados a partir de la fecha de expedición de la primera resolución de aceptación, a fín de que puedan presentar objeciones. Para tal efecto, los acreedores que representen como mínimo el 75% de los créditos reconocidos, podrán solicitar a la justicia ordinaria que decida sobre el valor de uno o más de los activos o sobre la exclusión o la incorporación de alguno de ellos al inventario mediante proceso abreviado verbal sumario conforme al Código de Procedimiento Civil. Cuando se objete el avalúo, la demanda sólo será admitida si se acompaña de avalúo técnico realizado por una firma de reconocida experiencia en la materia.
"D.I. debidamente valorado se dará traslado a los acreedores por el término de dos meses, contados a partir de la fecha de expedición de la primera resolución de aceptación, a fín de que puedan presentar objeciones. Para tal efecto, los acreedores que representen como mínimo el 75% de los créditos reconocidos, podrán solicitar a la justicia ordinaria que decida sobre el valor de uno o más de los activos o sobre la exclusión o la incorporación de algunos de ellos al inventario mediante proceso abreviado conforme al Código de Procedimiento Civil. Cuando se objete el avalúo, la demanda sólo será admitida si se acompaña de avalúo técnico realizado por una firma de reconocida experiencia en la materia.
En concepto de la demanda el numeral segundo del artículo 4o. del Decreto 665 de 1993, incorporado en el artículo 295 del Decreto 663 de 1993, vulnera el artículo 29 de la Constitución Nacional, porque las actuaciones adelantadas dentro de un proceso de liquidación de entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, tienen el carácter de "administrativas", por tanto en ellas se debe observar en todo momento el debido proceso. De acuerdo con lo anterior, se observa que la norma acusada establece "que si el proceso se adelanta conforme a determinados parámetros no habrá lugar a impugnarlo", limitando en esta forma el "derecho de defensa y debido proceso".
En concepto del actor, el parágrafo 4o. del Decreto 655 de 1993, incorporado en el inciso final del numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993, vulnera el numeral 10 del artículo 58 y 150 de la Constitución Nacional, ya que según su opinión la Ley 35 de 1993, con base en la cual se expidieron las normas acusadas, "en ninguna de sus partes otorga al gobierno la posibilidad de autorizar al liquidador para disponer de los recursos de la entidad intervenida, con el fin de atender los gastos de defensa legal que puedan originarse en su contra por causa de la liquidación".
En concepto de la demanda el artículo 7o. del Decreto 655 de 1993, incorporado en el numeral noveno del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, viola los artículos 25, 29 y 150 de la Constitución Nacional ya que la ley de facultades en ninguno de sus apartes otorga al gobierno la posibilidad de modificar o reformar el proceso de liquidación". La norma acusada, modificó el término quince días establecido en el Estatuto Financiero para la elaboración del inventario de activos y pasivos a partir de que el Superintendente haya tomado posesión de la institución, y lo amplió a seís meses, vulnerando el artículo 150 numeral 10 de la Carta. Además, sostiene que se vulnera igualmente el artículo 29 de la C.N., al establecerse "que la impugnación a cualquier inventario sólo podrá efectuarse por un número de acreedores que representen como mínimo el 75% de las acreencias reconocidas", pues en su opinión, esta disposición impide que cualquiera que resulte afectado inicie acción legal para proteger sus intereses. Por otra parte, indica que la exigencia del 75% de las acreencias hace "nugatoria e ineficaz la acción pues tal consenso será, indefectiblemente, imposible de conseguir".
En la demanda se señala que los dos últimos párrafos del numeral 1o. del artículo 8o. del Decreto 655 de 1993, incorporados en los dos incisos finales del numeral 1o. del artículo 297 del Decreto 633 de 1993, vulnera los artículos 29 y 150 de la C.N.. ya que desborda el ámbito material de las facultades otorgadas por la Ley 35 de 1993. En este sentido sostiene que las facultades otorgadas por la ley se limitaban a reglamentar la forma en que el liquidador debía rendir las cuentas a los acreedores y en "en ningún caso habla de los accionistas como si lo hace la norma impugnada". Adicionalmente, la disposición acusada al establecer un término de dos meses para que los acreedores y posteriormente los accionistas, puedan ejercer acción de reclamo contra el liquidador, desconoce abiertamente el artículo 136 del C.C.A., que por su parte establece un término de 4 meses en favor de los particulares, para acudir ante la vía contencioso administrativa en la acción de restablecimiento del derecho.
También, el artículo 9o. del Decreto 655 de 1993, incorporado en el numeral 1o. del artículo 298 del Decreto 663 de 1993. viola el artículo 150 C.N. ya que como lo indica la Ley 35 de 1993 sólo "faculta al Gobierno para reglamentar algunos aspectos relacionados con el proceso de liquidación de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, pero todo ello sujeto a Estatuto Orgánico Financiero y por que en parte alguna se faculta al gobierno para crear nuevas figuras dentro del proceso, entre ellas la llamada Junta de Acreedores; que no existe dentro de las previsiones del Estatuto".
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se hizo presente ante la Corte Constitucional ypor medio de apoderado impugnó la demanda presentada, justificando la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, así:
Sobre el numeral 2o. del artículo 4o. del Decreto 655 de 1993 y el inciso 5o., numeral 2o. del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 manifiesta que ellos no constituyen limitación alguna al derecho de defensa ni violación del debido proceso, sino consecuencia necesaria de los actos procesales en la liquidación forzosa administrativa y presupuesto para su cabal adelantamiento.
Sobre lo dispuesto por el parágrafo 1o. del artículo 4o. del Decreto 655 de 1993, recogido por el inciso 3o. del numeral 10 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993, sostiene que las acciones judiciales que se dirijan contra el liquidador, son de interés de la liquidación y sus resultados beneficiarán o perjudicarán a la masa de bienes de la liquidación y, por lo mismo, su defensa debe ser oportuna y eficaz, pues, la masa de bienes a la que en principio beneficiarán o perjudicarán los resultados de tales acciones asume la defensa de tales actos sin perjuicio de que si por razón de ellos hay lugar a que seas declarada la responsabilidad personal del liquidador éste responda frente a la masa de la liquidación.
Sobre el artículo 7o. del Decreto 655 de 1993 codificado por el numeral 9o. del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, indica que el artículo 19 de la Ley 35 de 1993 facultó al Gobierno Nacional, entre otras materias, para fijar las acciones que los acreedores puedan seguir en caso de inconformidad con la rendición de cuentas del liquidador, el procedimiento que se aplicará por el liquidador en el trámite del proceso y los recursos administrativos y jurisdiccionales que puedan interponerse contra las decisiones que adopte; por ello debe concluirse que el legislador facultó al Gobierno para introducir este tipo de modificaciones al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Sobre el inciso 3o. y 4o. del numeral 1o. del artículo 8o. del Decreto 655 de 1993, recogido por el inciso 3o. y 4o. del numeral 1o. del artículo 297 del Decreto 663 de 1993, indica que mientras la Ley 35 de 1993, le permite al Gobierno Nacional adoptar disposiciones sobre el procedimiento que se aplicará por el liquidador, la disposición acusada establece un procedimiento sobre la rendición de cuentas a los accionistas, y que no excede entonces las facultades otorgadas; además, tampoco se modifica el término de caducidad previsto en la ley para iniciar las acciones de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues, la norma acusada no se refiere a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por tanto, cuando la ley exige el 50% de las acreencias reconocidas en el proceso liquidatorio para iniciar acciones de responsabilidad contra el liquidador, no se produce violación del debido proceso.
Por último, sobre el artículo 9o. del Decreto 655 de 1993 compilado por el artículo 298 del Decreto 663 de 1993, indica que la ley de facultades autorizó al Gobierno para señalar los términos y condiciones en que los acreedores fiscalizarán a los liquidadores y por tanto, la Junta de Acreedores creada por la norma acusada, no excede en consecuencia las facultades otorgadas.
El Señor P. General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y solicita que se declare que las disposiciones acusadas son exequibles, salvo las expresiones "..que representen como mínimo el 75% de los créditos reconocidos.." y "...realizado por una firma de reconocida experiencia en la materia..." del artículo 300 numeral 9o. del Decreto 663 de 1993, que en su opinión son inconstitucionales; en este sentido indica que por lo que respecta al examen de las partes acusadas del Decreto 655 de 1993 sólo se pronuncia por razones de forma, ya que el juicio por razones de fondo debe adelantarse sobre las partes acusadas del Decreto 663 de 1993 que son las que están vigentes al momento de recibirse la demanda y al de pronunciarse el fallo.
En cuanto hace a la acusación contra los incisos tercero y cuarto del numeral 1o. del artículo 8o. y artículo 9o. Decreto 655 de 1993, indica que estos mandatos no exceden las facultades otorgadas al Ejecutivo para fijar el procedimiento que debía aplicar el liquidador, y para señalar los términos y condiciones en que los acreedores fiscalizarían a los liquidadores, puesto que responde a la naturaleza concursal y universal que el mismo estatuto señaló para esta clase de actuaciones; así, la regulación sobre la rendición de cuentas a los accionistas y las previsiones para la junta de acreedores, son etapas e instancias que facilitan la teleología para la cual fué instituído el proceso liquidatorio.
A.) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 5o. de la Constitución Política, y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su competencia, se observa que corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley dictados por el P. de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, y demandados por razones de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano, como es el caso en el asunto de la referencia.
B.) En verdad, el decreto 655 de 1993, algunos de cuyos apartes se acusan inicialmente, fue expedido con fundamento en el artículo 19 de la Ley 35 de 1993 que facultó al gobierno para dictar las disposiciones y señalar los términos y condiciones para que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras lleve a cabo el seguimiento de la actividad de los liquidadores de su libre nombramiento y remoción, la forma en que éstos deben rendir cuentas de su gestión a los acreedores, las acciones que éstos podrían seguir en caso de desacuerdo o inconformidad, el procedimiento que se aplicará por el liquidador en el trámite del proceso, y los recursos administrativos y jurisdiccionales que podrían interponerse contra las decisiones adoptadas por aquellos liquidadores.
C.) En este mismo orden de cosas, la jurisprudencia de esta Corporación que reitera una tradición jurisprudencial y doctrinaria nacional, señala que el ejercicio de la facultad ordinaria o extraordinaria de expedir estatutos orgánicos o regímenes legales integrales, y la de compilar en un estatuto todas las disposiciones legales relacionadas con una misma materia implica, salvo disposición expresa en contrario, la derogatoria de las normas incorporadas a éstos para integrarlas en un solo cuerpo normativo; así lo advirtió la Corte Constitucional en su sentencia C-558 de 1992 y en esta oportunidad se reitera la misma interpretación.
En consecuencia, la Corte fallará sobre las expresiones acusadas de los artículos 295, 297, 298 y 300 del Decreto 663 de 1993, en cuanto ellos incorporan lo dispuesto por los artículos 4o., 7o., 8o., 9o. del Decreto 655 de 1993, expedidos ambos con base en la misma ley de facultades; obsérvese que en este asunto se trata de dos grupos de facultades extraordinarias comprendidas en la misma Ley 35 de 1993, precisamente en el artículo 19 y en el 36, los que son claramente separables y, en todo caso, en principio no resultan incompatibles en su ejercicio en dos decretos diferentes, ya que, como se vió, un grupo de estas facultades permitía dictar el citado procedimiento (art. 19) y el otro, apenas por razones lógicas y complementarias, el de incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones dispuestas y ordenadas por la misma ley ( art. 36).
D.) Como se señaló más arriba, el mencionado decreto fue dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas tanto por el inciso segundo del artículo 19, como por el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 35 de 1993, por virtud de los cuales se habilitó al Gobierno Nacional para incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones ordenadas o dispuestas por la misma ley, para hacer en aquel Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones en el sistema de titulación y numeración que se requerían y de ubicación de entidades, y para señalar, entre otras materias, "..el procedimiento que se aplicará por el liquidador en el trámite del proceso...."; desde luego, estas competencias no comprendían en ningún caso la facultad de expedir un nuevo estatuto, sino simplemente la de ordenarlo, reenumerarlo y titularlo, conforme a un nuevo sistema (art. 36) y, además, las de señalar entre otros aspectos el procedimiento aplicable por el liquidador en el proceso mencionado (art. 19). Asi lo advirtió esta Corporación en su sentencia no. C-057 de 1994, en la que resolvió sobre la constitucionalidad del literal p) del numeral 9o. del artículo 295 y sobre el numeral 15 del artículo 300 del Decreto 663 de 1993, y por este aspecto no se encuentra violación alguna a la Carta Política en el caso de las disposiciones acusadas.
F.) Se destaca que las facultades conferidas y que aparecen reguladas por lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Ley 35 de 1993, habilitaron al Gobierno Nacional hasta por el término de tres meses contados desde la vigencia de la misma ley, para señalar los términos y condiciones de la fiscalización de los acreedores sobre la actuación del liquidador, el control y seguimiento de sus actividades por el fondo, la forma y términos en los que debe operar la rendición de cuentas a los acreedores, sus acciones en caso de desacuerdo o inconformidad, los recursos administrativos que procedan contra las decisiones que adopte. Por otra parte, obsérvese que el mismo artículo 19 de la mencionada Ley 35 de 1993, se ocupa de la modificación parcial del régimen de la liquidación forzosa de entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, pues dispone que en adelante dicha función debe efectuarse bajo la inmediata dirección y responsabilidad de los liquidadores, personas jurídicas o naturales de libre nombramiento y remoción del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
A.) La Corte encuentra que las partes acusadas del Decreto 663 de 1993, obedecen a unas nociones jurídicas especiales, que pertenecen a un procedimiento concursal de carácter forzoso y de naturaleza administrativa, y que se corresponden cabalmente con las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso y sobre derecho de defensa, ya que se ocupan de algunos de los elementos económicos y administrativos propios de una problemática específica, relacionada con el orden público económico y con el control que, en los términos de los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, debe ejercerse por la administración nacional sobre las actividades de las entidades financieras encargadas del manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro privado.
"En las cuestiones procesales no previstas en tales normas que correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de actos administrativos se aplicarán las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo y los principios de los procedimientos administrativos." (art. 293 num. 2o. del Decreto 663 de 1993).
B.) En primer término, para la Corte Constitucional, las partes acusadas del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 son expresión de la facultad de señalar el procedimiento que debe seguir el liquidador y, además, recoge expresa y literalmente las modificaciones introducidas y ordenadas a este régimen por la misma Ley 35 de 1993, ya que permite que dicho proceso se adelante bajo la responsabilidad inmediata del liquidador; por tanto, por este aspecto la disposición acusada se ajusta a las prescripciones de la Carta en materia del ejercicio de las facultades.
C.) Por otra parte, en cuanto se refiere al numeral 10 del mismo artículo 295, que incorpora al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero lo dispuesto en el Parágrafo primero del artículo 4o. del Decreto 655 de 1993, se tiene que allí se establecen dos hipótesis diversas, pero ambas correspondientes entre si, ya que de un lado se reconoce y afirma, cómo debe ser en estos casos, el principio de la responsabilidad personal de los liquidadores por los delitos y contravenciones u otras infracciones en que incurran, advirtiendo que en dichas condiciones el sancionado no tiene ación contra la entidad en liquidación; en este caso la Corte no encuentra razón alguna para declarar la inexequibilidad de esta parte del numeral 10 del artículo 295, y en sentido contrario, destaca que esta es una previsión que se corresponde con la naturaleza del proceso liquidatorio, con el derecho de defensa, con el debido proceso administrativo, y con las nociones de la responsabilidad personal por los delitos y las penas.
D.) En cuanto hace a lo dispuesto por la parte acusada del numeral 1o. del artículo 297 del Decreto 663 de 1993 que recoge y compila los dispuesto por el numeral 1o. del artículo 8o. del Decreto 655 de 1993, esta Corporación considera que los términos establecidos en dicha disposición no se refieren a la posibilidad de impugnar u objetar con fines de restablecimiento del derecho, ni con los de la mera nulidad del acto de liquidación, o cualquiera otro definitivo como los de aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos, y en general, los que constituyen actos administrativos; solamente se establecen los términos para ejercer acciones de responsabilidad por la actuación personal del liquidador por que se estima que, aprobada la rendición de cuentas por la junta y no impugnada por los acreedores, estando a disposición de los mismos por aquellos términos, estos actos adquieren firmeza y definitividad, son de la junta y de la liquidación en general y no del liquidador, quien sólo elabora la rendición de cuentas y la somete en estos términos a la aprobación de aquella junta; además, los términos para impugnar los actos administrativos ante la jurisdicción contencioso administrativa se mantienen de conformidad con lo establecido por las leyes, para efectos de regular las competencias de aquella jurisdicción, en concordancia con lo establecido en el numeral 2o. del 295, no demandado, pero cuyos términos pertinentes se reproducen:
De igual modo, tal y como lo advierte el numeral 10. del mismo artículo 295 del estatuto, los términos previstos por la ley para regular las controversias o litigios que se originen en hechos o actos de gestión del liquidador o por contratos que celebre, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria mediante el procedimiento que, en cada caso corresponda, según la naturaleza del litigio, lo cual permite despejar las inquietudes del actor. De otra parte, cabe advertir que esta responsabilidad personal a la que se refiere la disposición que se examina, en ningún caso es la responsabilidad penal regulada por las normas del Código Penal y de Procedimiento Penal, régimen que no podía ser modificado por el estatuto; la responsabilidad a la que se refiere la disposición examinada, y que tiene previstos aquellos términos, es la subjetiva de contenido económico directo en relación con la misma liquidación, y no otra modalidad de responsabilidad, como aparece entenderlo el actor. Por estas razones, se decretará la exequibilidad que corresponde en este punto.
E.) En relación con lo dispuesto por el numeral 1o. del artículo 298 de Decreto 663 de 1993, que recoge y compila lo dispuesto por el numeral 1o,. del artículo 9o. del decreto 655 de 1993, la Corte Constitucional encuentra que no asiste razón alguna al demandante, ya que en aquella se establece simplemente un mecanismo fijo de composición y reunión de los órganos temporales necesarios para el ejercicio de las funciones de fiscalización de la actividad de los liquidadores, quienes cumplen una función administrativa transitoria. La junta de acreedores es, en este caso, un organismo técnico y político interno que esta previsto en la ley, para asegurar del mejor modo la expresión democrática de los intereses de los acreedores, en la cual confluyen los distintos intereses y cometidos públicos y privados presentes en el asunto de la crisis de la entidad, con el fin de que el trabajo liquidatorio responda a las exigencias legales y a los intereses motivo de la liquidación.
Además, no es contrario a la Constitución que existan estas juntas de acreedores, y que en ellas participen agentes del Gobierno Nacional, ya que como lo establece el numeral 25 del artículo 189 de la Carta, corresponde al P. de la República "Organizar el Crédito público, reconocer la deuda nacional, arreglar su servicio, modificar, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes a régimen de aduanas, regular el comercio exterior, y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes de ahorro de tercero de acuerdo con la ley". Sin duda, la fijación de las fechas mínimas de reunión, la integración y dejar que el Gobierno señale el modo de designar a sus agentes en dichas juntas, corresponde a estas competencias, en los términos previstos en la Carta Política.
F.) Por último, la Corte encuentra que no proceden los reparos señalados por el actor, contra las previsiones sobre la elaboración de inventarios contenidas en el inciso primero del numeral 9o. del artículo 300 del Decreto 633 de 1993 y que recogen y compilan disposiciones idénticas del artículo 7o. del Decreto 655 de 1993; en efecto, el deber de elaborar el inventario de los activos con base en los avalúos técnicos de carácter pericial y la necesidad de oir el concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras para la selección de las personas o firmas avaluadoras, es otra de las previsiones de control y vigilancia del Gobierno y de la Administración, con fines de salvaguardia de la transparencia y de la pulcritud del proceso de liquidación, con base en la función de intervención, inspección y vigilancia a que se refieren los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Carta.
Primero.- DECLARAR EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 295, inciso final del numeral 10; 297, 298 y 300 numeral 9o. del Decreto 663 de 1.993, salvo los siguientes apartes que se declaran INEXEQUIBLES:
El inciso final del numeral 2o. del artículo 295 que dice: "Si la liquidación se ajusta al inventario aprobado por los acreedores, y a las normas legales que la rigen, no habrá lugar a impugnar la liquidación por parte de terceros".
La expresión "como mínimo el 50% de", del inciso 3o. del numeral 1o. del artículo 297 y "y únicamente sobre el último período" del inciso final de este numeral.
Las expresiones: "como mínimo el 75% de" y "cuando se objete el avalúo, la demanda sólo será admitida si se acompaña de avalúo técnico realizado por una firma de reconocida experiencia en la materia", del inciso 2o. del numeral 9o. del artículo 300
Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLES los apartes de los artículos 4o. parágrafo primero; 7°, 8°, y 9° numeral 1o. del Decreto 655 de 1993, salvo los siguientes apartes que se declaran INEXEQUIBLES:
"Si la liquidación se ajusta al inventario aprobado por los acreedores, y a las normas legales que la rigen, no habrá lugar a impugnar la liquidación por parte de terceros.", del numeral 2o. del artículo 4°;
La expresión "como mínimo el 75% de" y "cuando se objete el avalúo, la demanda sólo será admitida si se acompaña de avalúo técnico realizado por una firma de reconocida experiencia en la materia.", del inciso segundo del artículo 7°; y
La expresión "y únicamente sobre el último período", del inciso final del numeral 1° del artículo 8° del Decreto 655 de 1993.
Tercero. Conforme a los términos de la sentencia No. 113 de marzo 25 de 1993, (Expediente 096 M.P.J.A.M., esta sentencia sólo tendrá efectos respecto de situaciones jurídicas concretas que se consoliden a partir del día siguiente a su notificación.
C., notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.