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Timestamp: 2019-11-17 01:46:51
Document Index: 160735607

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 2', 'artículo 600', 'artículo 1', 'artículo 182', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 102', 'artículo 54', 'artículo 6', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 2', 'e contrario']

REGULACIÓN DE ACUERDO DE VIDA EN PAREJA
Senador Larrain P., Carlos
Senador Walker P., Ignacio
Senador Sabag C., Hosaín
Senador Tuma Z., Eugenio
Senador Chahuán C., Francisco
Senador Pérez S., Martín Lily
Senador Cantero O., Carlos
Senador Bianchi C., Carlos
Senador Allende B., Isabel
Senador Zaldívar L., Andrés
Senador Letelier M., Juan Pablo
Senador Orpis B., Jaime
Senador Escalona M., Camilo
Senador Girardi L., Guido
Senador Muñoz A., Pedro
Senador Rossi C., Fulvio
Senador García H., Sanfuentes Ale
Senador Pizarro S., Jorge
Senador Coloma C., Juan Antonio
Senador Gómez U., José Antonio
Sesión 83ª, en martes 7 de enero de 2014
(De 16:18 a 19:47)
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que crea el acuerdo de vida en pareja, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7873-07 y 7011-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
1) Del primer proyecto (7873-07), se da cuenta en sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
2) Del segundo proyecto (7011-07), se da cuenta en sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa se halla en segunda discusión.
Cabe recordar que los artículos 14 y 19 tienen rango orgánico constitucional, por lo cual para su aprobación se requieren al menos 21 votos favorables; y que los artículos 11, 16, 17 y 26, letra ii), son de quórum calificado, por lo que deben ser aprobados con un mínimo de 19 votos afirmativos.
En la última sesión en que se trató este proyecto quedaron inscritos para hacer uso de la palabra, en el mismo orden que señalaré, los Senadores señores Espina, Sabag, Cantero, Ignacio Walker, Víctor Pérez, Carlos Larraín, Gómez, Chahuán y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la segunda discusión, no hallándose presente el Honorable señor Espina, le ofrezco la palabra al Senador señor Sabag.
¿No? ¿Después?
Tiene la palabra, en consecuencia, el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, yo he colaborado desde hace ya varios meses en la revisión del proyecto en debate.
La Comisión hizo un esfuerzo serio por comprender todas las situaciones que se plantean y darles una solución plausible.
Ahora, el texto que hoy día conocemos en general es muy distinto de aquel con que se dio inicio al trámite constitucional de esta iniciativa.
Operó en el curso de la tramitación una fusión de proyectos previos, y luego, una discusión en general y en particular que incluyó la incorporación de textos nuevos ajenos a los fusionados.
Eso es meramente formal.
Yendo más al fondo, debo puntualizar que la idea original, que consistía en poner determinado orden patrimonial y sucesorio a relaciones no formalizadas, las cuales abarcarían hipotéticamente a 2 millones de personas, ha ido quedando abandonada en el camino.
Esa idea era un propósito laudable, aunque las relaciones informales suelen revestir este carácter porque se desea que sean informales: ¡la informalidad tiene cierto encanto para algunos...!
Se ha invocado constantemente, tanto en la etapa introductoria del proyecto como durante el proceso de discusión, la premisa falsa de que esos 2 millones de personas que viven en una situación no formalizada y que sin embargo cuando eran heterosexuales, para ordenarse, tuvieron la posibilidad de contraer matrimonio, mediando o no divorcio -el trámite hoy no es particularmente engorroso-, acudirían en grandes números a las notarías y a los oficios del Servicio de Registro Civil al objeto de suscribir un acuerdo de vida en pareja complejo y que cada vez reviste mayor complejidad, en la forma como se está proponiendo.
Esa premisa -repito- es falsa y, como tal, lleva a una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque el proyecto sirve a una premisa ideológica. Y la ideología consiste en una simplificación que distorsiona la realidad.
El contrato, en la forma sugerida, incluye elementos muy parecidos a los del matrimonio civil.
Por lo pronto -aquí entro en algún detalle-, crea un estado civil, en circunstancias de que la condición derivada del AVP no genera permanencia, uno de los componentes esenciales del estado civil.
En seguida, no tiene duración mínima para surtir sus efectos. Entonces, alguien podrá celebrar, por ejemplo, diez AVP en un año.
Y no solo crea estado civil: además, otorga derechos sucesorios idénticos a los que confiere el contrato matrimonial. Los convivientes pasan a ser legitimarios, según el artículo 9°. Es decir, una situación igual a la del cónyuge sobreviviente: marido o mujer que se acompañaron 25, 30, 40 o más años.
De otro lado, el sistema propuesto permite elegir regímenes patrimoniales propios del contrato matrimonial -por ejemplo, separación de bienes, comunidad de bienes muebles e inmuebles-, de entre los cuales debería optarse a la hora de celebrar el contrato.
Se consigna el derecho a reparaciones patrimoniales, como los que merece el cónyuge que cumplió los deberes de cuidar el hogar y a los hijos. Es decir, hay aquí una nueva equiparación, a mi juicio muy grave y sobremanera desalentadora para quienes contraen matrimonio.
Los conflictos que puedan derivar de esta convivencia reglada quedan sujetos a la jurisdicción de los tribunales de familia, con lo cual de nuevo hay un equiparamiento con la situación de las uniones que tienen como base el contrato matrimonial.
Sin embargo, a pesar de esos elementos propios del matrimonio, el acuerdo de vida en pareja es disoluble unilateralmente en cualquier momento; no se exige un plazo de duración. En rigor, los AVP podrían durar una semana.
Aquello puede tener grandes ventajas para los intervinientes. Pero ciertamente, si se pactan estados de comunidad patrimonial, se va a crear un soberano enredo en materia de quién es dueño de qué, ya que será factible que la comunidad incluya bienes inmuebles.
En teoría, como expresé, alguien podrá casarse diez veces en un año. ¿Y cómo queda la historia de la propiedad inmueble?
Solo me refiero a un alcance práctico¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Debo recordarles a Sus Señorías que, reglamentariamente, la segunda discusión genera una disminución del tiempo a cinco minutos.
Voy a dar dos minutos más a cada orador, pero pido atenerse al tiempo asignado.
En sus dos minutos adicionales, puede proseguir el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- La materia es de tal envergadura que, en mi concepto, bien podemos alargar un poco la discusión.
Señor Presidente, la consecuencia de lo que vengo señalando es que las mismas ventajas del matrimonio se otorgan a aquellos a quienes la propia ley en proyecto llama "convivientes legales". Empero, esta no consagra ninguna de las exigencias que impone el matrimonio, como la obligación de tener un hogar compartido o la de fidelidad, que, entiendo, no es ajena a ninguna relación afectiva.
Podemos tratar de anticipar algunas consecuencias.
Se acentúa la provisionalidad que la onda cultural predominante parece desear imponer hoy día.
En seguida, el carácter desechable de las relaciones afectivas se refuerza una vez más. Y la verdad es que las relaciones afectivas suponen, incluso entre personas de orientación homosexual, sintonías profundas y duraderas.
Es curioso: cuando se discutía la ley de divorcio se expresaba que el matrimonio resultaba innecesario, pues era un cartón, y que lo único que valía eran los afectos; ahora sucede que los afectos no valen nada y que lo único valedero es el contrato.
Se quiere desalentar el matrimonio, que es, según definición de la ley, "base principal de la familia", y privar a muchos de ese cimiento de cariño y protección tan favorable para el desarrollo personal.
La baja tasa de nupcialidad en Chile debiera alarmarnos: se registra una caída de 50 por ciento en 12 años.
Nadie disputa que la familia estable es la mejor incubadora y el "lugar natural" de todos los individuos de la especie. Pues bien, el proyecto va directamente contra la institución familiar. Si se aprueba en su forma actual, traerá muchos frutos amargos, que tardan en madurar; pero serán inevitables.
Merece un capítulo aparte el hecho de que el proyecto, tan disolvente, haya sido impulsado¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
Les advierto a los asistentes en las tribunas que no pueden incurrir en ningún tipo de manifestación ni de expresión por las intervenciones. No es cuestión de que sean a favor o en contra. De otro modo, me veré obligado a pedirles que abandonen la Sala. La idea es que ustedes puedan escuchar el debate al igual que todos los presentes.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, ¿puede dejarme para un turno posterior, por favor?
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme.
Puede intervenir el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, como Senador y me atrevería a decir también que como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, estamos muy contentos de concurrir a la aprobación de la iniciativa en debate, que crea el acuerdo de vida en pareja.
¿Por qué ello es tan importante?
La familia legalmente constituida, en términos generales, es y debe ser un objetivo de política pública.
Este no es un aspecto religioso. Lo estoy enfrentando desde el punto de vista -repito- de una política pública. Así lo ha entendido en Europa, por ejemplo, el danés Esping-Andersen, uno de los grandes sociólogos, quien demuestra cómo le conviene a la sociedad regular legalmente las relaciones de familia. Ello tiene todo tipo de efectos virtuosos.
Y junto con citar a Esping-Andersen, hago presente que muchos países de ese continente estiman, desde una perspectiva de avanzada, por así decirlo, o progresista, que darle un marco jurídico a tales vínculos beneficia a la sociedad en su conjunto.
Desde la perspectiva de las parejas que conviven -lo primero fue una aproximación más general a las relaciones de familia-, la lógica debería ser muy similar en el ámbito de la política pública. Darles un estatuto jurídico, ya sean homosexuales o heterosexuales, debiera ser un objetivo en este último ámbito.
Lo anterior no solo favorece a quienes conviven y se acogen al estatuto. La regulación legal de las relaciones, además de ser positiva para la familia, en sus distintas expresiones, o para la pareja, también lo es para el conjunto de la sociedad.
Por eso, no se trata solo de un asunto privado de las personas que deciden convivir o establecer una relación de pareja. Es algo que asimismo tiene un efecto público.
La estabilidad de las relaciones de familia y de pareja es un buen objetivo de política pública. El que esta última apunte, entonces, a dar un estatuto jurídico a relaciones de hecho, ya sean de pareja o de familia -y en la primera situación, homosexual o heterosexual-, es un fin que una sociedad determinada debiera perseguir, incluida, desde luego, la chilena.
Ciertamente, el matrimonio es una de las instituciones -tal vez la más completa y sofisticada- que estatuyen una relación de familia, en nuestro caso entre personas de sexo diferente.
Anticipo que soy de los que creen que es, por su naturaleza jurídica -el punto es harina de otro costal y corresponderá a la discusión de un proyecto de ley distinto, porque es preciso enfrentar todos los temas y no puede haber vetos ni materias vedadas-, un contrato entre un hombre y una mujer.
Pero ¿qué pasa con las parejas que no están en condiciones de concretar una relación jurídica de ese tipo y simplemente conviven?
La opción de convivir es legítima. Por cierto que debe ser respetada. Pero a la sociedad, sin perjuicio de la pareja, le conviene contemplarla especialmente cuando se proyecta en el tiempo, cuando es estable, e insisto en que ello debiera ser también un objetivo de política pública, lo que requiere respuestas legislativas.
¿Por qué podría haber aquí una discriminación arbitraria en relación con las parejas homosexuales? Porque si solo existe el matrimonio y nada más, y el resto es la convivencia de hecho, hay precariedad y más vulnerabilidad.
Reitero que el matrimonio debe ser, a mi juicio, entre un hombre y una mujer. La propia ley contra la discriminación arbitraria, que aprobamos el año pasado, contempla una diferencia muy interesante entre lo que puede ser objeto de esa calificación, hecho reprobable y que sanciona, y lo que es una distinción razonable. Y afirmar que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer lo es.
Sin embargo, sería una discriminación arbitraria el que a la pareja homosexual no se le diera ninguna oportunidad de configurar jurídica o legalmente su vínculo. No solo se le dejaría en el desamparo, en la precariedad, en la vulnerabilidad, particularmente cuando quiere mantener una relación estable, sino que también podría considerarse que se configura esa situación.
Por ello, el acuerdo en análisis, que crea un estado civil y cuyas normas se rigen por el Derecho de Familia, es un avance muy importante en nuestro país, no solo desde el punto de vista -repito- especialmente de las personas homosexuales, que hoy día no cuentan con ningún estatuto, sino también de una sociedad que persigue el objetivo de regular legalmente las relaciones de hecho¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).-¿ de pareja o de familia.
Quiero terminar consignando que en la Democracia Cristiana hemos estado permanentemente en primera fila respecto de estos temas: con el Presidente Frei Montalva, quien instituyó la planificación familiar, los métodos anticonceptivos; con los Presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle y la Ministra de entonces, señora Soledad Alvear, cuando pusimos fin a la odiosa distinción de hijos legítimos e ilegítimos, proyecto del cual me tocó ser Diputado informante durante dos años. Cabe agregar la nueva Ley de Matrimonio Civil, de la cual fui coautor con Mariana Aylwin, y la ley contra la discriminación arbitraria.
En nuestra colectividad política ha habido siempre un interés por conciliar ciertos principios, como la familia, el derecho a la vida, etcétera, con la realidad social. Y, por eso, estamos contentos hoy día de poder aprobar la iniciativa sobre el acuerdo de vida en pareja.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Deseo hacer uso de ella en un momento más, señor Presidente, porque estoy revisando lo que expresaré.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Me adhiero absolutamente a las expresiones de mi colega Ignacio Walker, Presidente de mi Partido.
El proyecto en debate, iniciado en mensaje y en una moción del entonces Senador señor Allamand, conforma una de las promesas más destacadas de la actual Administración.
Fue aprobado en general en la Comisión de Legislación por cuatro votos contra uno, y contiene normas de rango orgánico constitucional y de quórum calificado, como ya lo manifestó el señor Secretario.
El propósito que se persigue es el establecimiento de un nuevo tipo de contrato, denominado "acuerdo de vida en pareja", a través del cual se regulan los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo celebren.
Se entiende que lo suscribirá una pareja. Y aunque se ha puesto énfasis en que beneficiará a aquellas constituidas por personas del mismo sexo, causará un importante efecto en las heterosexuales que, por distintas razones, han preferido no contraer matrimonio civil y que, por carecer el país de una solución intermedia, enfrentan un sinnúmero de problemas prácticos, hasta ahora resueltos por la vía de la constitución de sociedades.
Los convivientes no pueden ser carga uno de otro ni heredar en caso de fallecimiento, como tampoco asumir la responsabilidad ante decisiones médicas, dentro de muchas otras limitaciones.
No es posible que la iniciativa sea considerada un paso previo al matrimonio homosexual, porque se trata de situaciones por completo diferentes. El texto se inspira en la necesidad de resolver problemas prácticos, de la vida cotidiana, y no se refiere al establecimiento de un vínculo determinado, asunto que debe ser dispuesto a través de una propuesta legal específica.
Votaré a favor de la idea de legislar.
Naturalmente, cabe formular las indicaciones correspondientes en la discusión particular.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo expresar mi opinión acerca del proyecto que crea el acuerdo de vida en pareja.
A mi juicio, este último finalmente reduce a su mínima trascendencia, de acuerdo con el trabajo realizado por la Comisión de Constitución, la institución del matrimonio, contemplada hace más de cien años en nuestro Código Civil.
El acto que se nos propone es tan parecido, en cuanto a los derechos que crea, que bien vale la pena preguntarse qué interés habrá en contraer el vínculo matrimonial si a través del mecanismo en estudio se alcanzan los mismos derechos, sin las mismas obligaciones, y con un procedimiento de disolución mucho más ágil, expedito y económico.
Escuché a señores Senadores aseverar que el Estado debe lograr la promoción y protección de la familia, así como también su desarrollo. Cuando debilitamos la principal institución destinada al cumplimiento de esos objetivos, evidentemente actuamos en contra de uno de los pilares fundamentales de nuestra vida en sociedad. Lo estamos desprotegiendo. Y, en consecuencia, no seguimos la dirección por la cual debe avanzar nuestro ordenamiento jurídico.
Se ha insistido mucho en que aproximadamente dos millones cien mil personas, según las cifras del último censo, viven en pareja. La gran mayoría de ellas son heterosexuales, y un porcentaje bastante menor, homosexuales. Esa es la cifra global, de acuerdo con una pregunta que se formulaba.
Sin embargo, no es posible sostener que eventualmente ellas podrían resultar favorecidas con el proyecto de ley. Primero, no sabemos cuántas de esas parejas no pueden contraer un acuerdo como el que nos ocupa, pues probablemente registran un vínculo anterior no disuelto, lo cual les impide acogerse a las disposiciones en análisis.
Y, por otra parte, cabe preguntarse legítimamente por qué los jóvenes, en particular, no recurren hoy día al matrimonio y cuáles son las dificultades que ven para ello. Si parejas solteras no dan el paso de regularizar su situación por esta vía, ¿por qué tendrían que hacerlo a través del acuerdo de vida en pareja? Francamente, me parece que nada puede hacernos pensar que, en ese caso, optarán por el procedimiento en examen.
Por último, señor Presidente, soy de aquellos que creen que dicha institución debe estar reservada a un hombre y una mujer, y que el proyecto, al ser tan similar su contenido, avanza, sin ninguna posibilidad de volver atrás, en la pretensión del matrimonio igualitario, de manera que voto en contra de la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el proyecto, tal como expresa su artículo 1º, norma los efectos jurídicos derivados de la vida afectiva en común de dos personas. No se trata de un contrato de compraventa, ni de arriendo, ni de permuta, sino de la regulación que hace el Estado respecto de una relación que surge del cariño, del amor.
Lo primero que me nace preguntar es qué razón existe para que dos seres humanos a quienes une un vínculo afectivo, pero son homosexuales, no puedan contar con un amparo legal para su relación. Porque quienes somos heterosexuales nos encontramos hoy día en una situación distinta: muchos llevamos años casados y hemos tenido la posibilidad de construir una familia, de formalizar nuestros lazos de afecto y de cariño. Pero dos homosexuales no tienen posibilidad jurídica alguna de consolidar una relación que nace del sentimiento.
Con toda franqueza, me parece que esta es una discriminación arbitraria inaceptable en una sociedad que se dice inclusiva. No se puede ser partidario de una sociedad solidaria, integradora, sin otorgar instrumentos jurídicos legítimos para que una relación que nace del afecto, del cariño, sea objeto de una regulación en el ordenamiento vigente.
Deseo recordar que todavía se escucha mucho una frase. Cuando un hombre devela que es gay, o una mujer, que es lesbiana, se dice que "salió del clóset". Y hemos de entender que eso significa que un ser humano estuvo por años escondido, viviendo el drama de ocultar su verdadera identidad sexual, por temor, por cultura social, por sensación de reproche. ¿Y cuál es su pecado? ¿Cuál es el crimen que ha cometido: tener una definición sexual distinta a la de los heterosexuales?
Por eso, a este proyecto le asigno un valor moral enorme. Porque el Estado de Chile es inclusivo, abierto, solidario. Es un Estado que debe permitir que se regulen jurídicamente las relaciones existentes entre seres humanos, más aún cuando nacen del afecto y del cariño, ¡que por Dios que le falta a la sociedad chilena en muchos aspectos!
Y, obviamente, el AVP debe generar estado civil. Porque el colmo de la incongruencia es sostener que las personas tienen un acuerdo de vida en pareja pero que su estado civil será de soltero, o decir que será de casado, porque la institución del matrimonio está concebida en la sociedad chilena para un hombre y una mujer. En consecuencia, es natural que esa relación genere un estado civil distinto. ¿Cómo se debe denominar? Lo estamos discutiendo y esperamos seguir analizándolo, porque se planteaba el de "convivencia legal", lo que significaría que existiría una convivencia ilegal. Por lo tanto, hay que definir una denominación.
Y se señala que el AVP tiene que celebrarse conforme a procedimientos distintos. Uno de ellos, mediante escritura pública, y otro, ante un oficial del Registro Civil. ¡Eso es lo que corresponde, señor Presidente!
Luego, la discusión apunta a si el acuerdo de vida en pareja debiera comprender también a los heterosexuales, pese a existir la institución del matrimonio. Quienes creemos en una sociedad basada en la libertad y en el derecho del hombre a escoger los caminos y su propio futuro en la medida que no afecte los derechos de terceros y lo ejerza con responsabilidad social, estimamos que resulta absolutamente razonable que, tal como una pareja puede escoger casarse, haya otra que se incline por un AVP. Porque, si se cree en la libertad de opción, de elegir, de ejercer la libertad con responsabilidad social y sin afectar los derechos de terceros, no veo ningún motivo para que a un ciudadano de nuestro país se le impida escoger entre estas distintas opciones que la sociedad le está ofreciendo cuando con ello no afecta los derechos de nadie.
Por lo tanto, más allá de que este proyecto, como todos, es susceptible de ser mejorado, me parece que es una buena iniciativa. Mejora la inclusividad en la sociedad chilena. Establece derechos y obligaciones en relaciones afectivas. Y constituye un avance, como lo fue la Ley Antidiscriminación, que en un instante fue muy criticada y que terminó siendo un instrumento aceptado por la sociedad chilena como una ley positiva para evitar que a las personas se les discrimine por su sexo, por su condición racial, por sus creencias, por su ideología. Las sociedades deben tender a que las personas sientan que caben en ellas y que pueden ejercer sus derechos, en la medida que no afecten los derechos de otros y los ejerzan en forma responsable.
Por esas razones, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este es un debate que durante largo tiempo gran parte del país ha estado esperando, demandando. Y cuando hablamos de construir una nueva sociedad, este proyecto constituye una señal clara, nítida, en el sentido de que estamos dando pasos sustantivos en la construcción de esa nueva sociedad, una donde se respete mucho más el derecho a la libertad, donde haya menos restricciones para desarrollarnos como hombres o mujeres libres. Y creo que esta iniciativa apunta en esa dirección.
El que algunos tengamos un vínculo matrimonial -afortunadamente es mi caso; un vínculo matrimonial muy fuerte, muy férreo, que ha seguido una tradición de defensa de la institución de la familia- no significa que no podamos estar de acuerdo en que otros que no adopten la decisión de contraer matrimonio establezcan una forma de convivencia con otro título, con otra juridicidad.
Por tanto, considero que el Senado chileno está dando un paso muy importante en orden a abrir una alternativa en la libertad de elección.
Yo presido una Comisión que se encuentra revisando el sistema previsional. Y la base que hemos instalado en ella es la libertad de elegir. Ahora se les obliga a todos a cotizar en una AFP. Queremos que los trabajadores decidan el tipo de previsión que quieren y dónde poner su plata.
Pero la libertad de elección también tiene que ver con una opción de vida, de convivencia, de cómo una relación nacida del afecto, del cariño, del amor, se transforma en una institución reconocida por el Estado, al igual que el matrimonio civil.
En consecuencia, creo que la aprobación de este proyecto abre un camino para muchas familias que han estado en condición de convivencia sin el amparo de una legislación.
Espero formular indicaciones a la iniciativa, porque he estado revisándola y la situación del concubinato no está bien resuelta. Planteo esto porque hay personas que han convivido durante 10, 15, 20 o más años y, sin embargo, al fallecer una de ellas, quien hereda es alguien con quien tuvieron un muy breve período de relación matrimonial, hace 20 o 30 años, quedando la situación amarrada y zanjada para siempre, sin considerar los derechos de el o la conviviente.
Yo presenté en la Cámara de Diputados el año 2006 un proyecto que regulaba el concubinato. Pasó a la Comisión de Familia, donde durmió el sueño de los justos. Por ello, espero que la presente iniciativa considere una indicación que presentaré para mejorarla, con el objeto de que quienes vivan en concubinato también sean reconocidos en sus derechos.
Me parece que este paso habla bien del Senado. Aunque tardío -quizás debimos darlo antes-, es un avance importante en la libertad de los ciudadanos y del ser humano, así como para lograr una sociedad más justa y más libre.
Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, el proyecto de ley que nos convoca en esta oportunidad constituye uno de los compromisos que contrajo el Presidente Sebastián Piñera, ya que se hace necesario regular la situación -según se nos ha informado- de aproximadamente dos millones de personas que viven en pareja sin estar casadas o que se encuentran en una convivencia que no posee respaldo jurídico, fundamentalmente en lo que se refiere a sus aspectos patrimoniales y sucesorios.
No obstante que esta cifra es bastante contundente, no se ha señalado en forma desagregada cuántas de estas personas son parejas heterosexuales que viven sin haberse casado ni cuántas de ellas son parejas homosexuales. Y tampoco se ha desagregado el número de parejas heterosexuales que conviven pero que tienen un vínculo matrimonial no disuelto, por diversas razones, muchas de ellas ajenas a su voluntad.
Este último dato es de particular importancia, en nuestra opinión, porque, al encontrarse en esta situación, no podrían acceder al contrato de acuerdo de vida en pareja que contempla el proyecto de ley, por cuanto es un requisito para poder suscribirlo el no tener un vínculo matrimonial anterior.
Nuestra Constitución establece, en su artículo 1º, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, recogiendo de este modo no solo una tradición bicentenaria en nuestra vida como nación, sino también el principio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, al prescribir que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado".
Por otra parte, en el artículo 101 de nuestro Código Civil se establece que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer.
Consideramos de tal magnitud la importancia del matrimonio, que en Chile no solo debe tener reconocimiento legal, sino que además debe revestir, al igual que en muchos otros países, rango constitucional.
Fue precisamente con tal sentido que en el mes de enero del año 2011 presentamos, junto con los Senadores Prokurica y Horvath, un proyecto de reforma constitucional que así lo consagrara en el artículo 1° de la Carta Fundamental (boletín N° 7458-07), el cual se encuentra radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo cual consideramos que, después de tres años de ingresado a dicho órgano de trabajo legislativo, ya debiera abordarse su discusión.
Pero también un hecho que no debemos desconocer es que no siempre los matrimonios duran por toda la vida, ya que, por diversos motivos, las relaciones que emanan de tal vínculo se rompen. La Ley de Matrimonio Civil se hace cargo de tales casos, disponiendo diversos procedimientos para regular la separación de los cónyuges, la declaración de nulidad matrimonial, el divorcio y los medios para remediar o paliar las rupturas conyugales.
Estas rupturas o disoluciones matrimoniales muchas veces dan lugar a nuevas uniones, esta vez de hecho, al no existir un vínculo jurídico que las ligue, pero de las cuales igualmente pueden nacer hijos, de filiación no matrimonial, que del mismo modo conforman una familia, que si bien no posee una legitimidad en los términos del artículo 101 del Código Civil, sí deben ser consideradas como grupo familiar. Se deben reconocer los diversos tipos de familia que hoy día existen en el país.
Por eso, como ya lo manifesté anteriormente, es necesario que también se regulen legalmente tales situaciones.
Por otra parte, existen uniones de personas de distinto sexo que no se vinculan entre sí por un lazo de carácter matrimonial, pero que desarrollan una vida en común, procrean hijos y adquieren bienes. Y cuando una de ellas fallece, se suscitan diversas cuestiones, principalmente de carácter sucesorio.
También debemos asumir que este tipo de uniones se da, en una cifra que va en constante aumento, entre personas del mismo sexo, quienes desarrollan una vida en común, al igual que si fuesen una pareja heterosexual.
Nuestra legislación, hasta ahora, contempla diversas disposiciones relativas a los bienes en común de los cónyuges y los efectos sucesorios que se producen cuando uno de ellos deja de existir, como asimismo establece reglas de sucesión entre los descendientes.
No habiendo normas claras relativas a esta misma materia en el ámbito de las uniones de hecho entre personas de distinto sexo, se han ido imponiendo algunas reglas de creación jurisprudencial, vale decir, emanadas de la interpretación que hacen los tribunales acerca de los bienes y las formas de sucesión que han de aplicarse en tales casos.
Así, fallos de la Corte Suprema han establecido que cuando dos convivientes han tenido una vida en común prolongada y han adquirido bienes, tanto muebles como inmuebles, se ha formado una comunidad de bienes, o sea, han pasado a tener la calidad de propietarios de estos en partes iguales, por lo cual se deben aplicar las reglas sucesorias dispuestas para las comunidades.
Ahora bien, en lo que respecta a las uniones de hecho entre personas de distinto sexo, varios países, incluso de nuestro continente, han adoptado normas relativas a los vínculos de tal tipo, a los que denominan "uniones civiles", no obstante lo cual les aplican una serie de requisitos para que, de esta forma, adquieran legitimidad ante el resto de la comunidad, y además regulan sus efectos sucesorios.
Sin que ello implique en modo alguno la sustitución del matrimonio -que, tal como he señalado, debe ser entre un hombre y una mujer, por cuanto persigue un objetivo bastante definido, como es el de desarrollar una vida en común, de apoyo y auxilio, y tener el ánimo de procrear-, creemos necesario regular las uniones civiles, tanto de carácter heterosexual como homosexual, por tratarse de situaciones que no podemos esconder ni menos desconocer y que no pueden quedar en la incertidumbre jurídica.
Durante la discusión en la Comisión, se suscitó un interesante debate que recogió diversas posiciones en materias tales como la concreción del acuerdo de vida en pareja, ya sea por escritura pública o por inscripción en el Registro Civil; sus aspectos patrimoniales, si debe incluir tanto los bienes muebles como los inmuebles; sus implicancias desde el punto de vista sucesorio, y también si debe generar derechamente un nuevo estado civil, lo que en mi concepto resulta discutible, aunque la posición de la mayoría de los miembros de dicho organismo lo estimó conveniente.
En síntesis, creemos que el proyecto, debatido en forma conjunta con la moción del ex Senador Andrés Allamand (lo que ha permitido enriquecer su idea matriz), constituye un buen avance en este ámbito, aunque, indudablemente, requerirá de un análisis más profundo mediante las diversas indicaciones que se presentarán a su texto, por cuanto se hace necesario regular este tipo de relaciones, que ya constituyen una realidad indesmentible en nuestro país, fruto de la diversidad de pensamiento consustancial a toda democracia, las cuales, por ende, han de ser respetadas.
He señalado, señor Presidente, que cualquier regulación que se plantee respecto del acuerdo de vida en pareja, ya sea de personas de distinto o del mismo sexo que vivan bajo un hogar común, en ningún caso debe debilitar el carácter del matrimonio, el cual debe ser siempre entre un hombre y una mujer.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, para mí es un orgullo apoyar a un Gobierno que ha impulsado y presentado un proyecto de ley de esta naturaleza, que causa un impacto en la sociedad no solo de carácter legal, legislativo, sino también ético y moral.
Recuerdo que años atrás, cuando discutimos la ley de divorcio, quienes estaban en contra señalaron que se iba a acabar el sentido del matrimonio, que se iba a terminar la familia en Chile, y que se iba a desnaturalizar el origen de la esencia familiar. Ninguna de esas cosas ha sucedido.
El matrimonio tiene un valor en sí mismo. Y por eso la gente aspira a estar en pareja.
Nuestra sociedad ha ido venciendo las discriminaciones, paso a paso. ¡Puchas que nos costó sacar la Ley Antidiscriminación! Y fue el actual Gobierno el que también dio un paso adelante en esa normativa.
Por tal razón, me siento muy orgullosa de que sea bajo la Administración del Presidente Piñera que se haya enviado la presente iniciativa legal, que va a conferir igualdad jurídica a aquellas parejas que conviven. En nuestro país millones de personas conviven -parejas de hecho y no de derecho-, de modo que cuando una de ellas desaparece o muere, la otra queda en la desafección total.
Y porque nosotros, los legisladores, tenemos que dar respuesta legal a los problemas de la sociedad chilena, resulta urgente legislar sobre esta materia.
No son las leyes las que cambian los hábitos de las personas; son las sociedades las que empujan para que las leyes existan.
Por eso, resulta muy importante aprobar hoy el acuerdo de vida en pareja, porque da respuesta a la necesidad imperiosa de que las parejas tengan protección, no solo con respecto a su patrimonio, a sus bienes jurídicos, sino también en cuanto a algo que tiene que ver con una palabra que ha estado ausente hasta el momento en este debate: el amor, que es más que afecto y cariño. Y cuando dos personas se aman, no tiene ninguna relevancia su orientación sexual.
Esta ley es para todos y para todas: parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo. Porque nosotros, los legisladores, no vamos a discriminar en los efectos que ella produzca. Queremos que todos y todas tengan igualdad de derechos para proteger y cautelar sus relaciones familiares y de pareja.
Por esa razón, me siento muy orgullosa de haber apoyado una indicación orientada a que los conflictos que se generen en estas uniones sean resueltos en los tribunales de familia. El mensaje del Presidente Piñera habla de la existencia de distintos tipos de familia, lo que da cuenta de que existe la necesidad imperiosa de reconocer que las personas que conviven, sean heterosexuales o del mismo sexo, deben tener idénticos derechos, sobre todo cuando estamos hablando de amor.
El amor no tiene sexo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Quiero señalarles a las personas que nos acompañan que no está permitido aplaudir.
Si ustedes quieren permanecer en el recinto, deben escuchar con tranquilidad y no realizar manifestaciones. Está hablando una Senadora, y es bueno que oigan su opinión.
Si no actúan de esta forma, me veré obligado a desalojar las tribunas. Y eso sería un error.
Así que les pido escuchar y guardar silencio.
Puede continuar la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, con todo, a mi juicio, este tipo de iniciativas implica mucha fuerza moral en lo que estamos haciendo, porque las personas necesitan tener un Estado que resguarde sus derechos y les dé herramientas legales, a fin de que las parejas decidan lo que es propio de su libertad. Por tanto, él debe proporcionarles eso.
Ahora, lo que el Congreso Nacional debe hacer -el Senado en particular- es entregar las respuestas legislativas a quienes representamos. Por tal razón, es muy importante este proyecto, que constituye un avance, junto con la Ley Antidiscriminación y muchas otras en las que hemos trabajado durante años.
En la época en que sacamos adelante el proyecto sobre libertad de cultos, ¡por Dios, cómo eran discriminados los miembros de los movimientos evangélicos! Y muchos que hoy día alardean de defenderlos votaron en su contra.
Por ello, creo que es trascendental también la coherencia en los asuntos públicos y en este tipo de votaciones. Porque aquí lo relevante es resguardar.
Estoy convencida de que la familia tiene un valor al igual que el matrimonio. Pero eso no es privativo del desarrollo de la sexualidad de las personas, la cual es parte de su libertad individual.
Por lo anterior, me sumo con entusiasmo a apoyar este proyecto de ley y las indicaciones que sean necesarias para contar con una buena ley y, por supuesto, para resguardar el derecho de las personas, con el objeto de que no sufran discriminación alguna.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, considero muy positiva la iniciativa en debate sobre acuerdo de vida en pareja. De su nombre, de la semántica, de sus conceptos, se desprende que se trata de un pacto, un convenio, un contrato entre personas que llevan una vida en común, la que puede estar fundada en elementos afectivos, sociales, culturales, espirituales, etcétera.
Lo anterior nada tiene que ver con aquello que preocupa a algunos: el concepto de "matrimonio". Son cosas muy distintas. Este es un acuerdo de vida en pareja, con alcances en diferentes ámbitos. Responde, en primer lugar, a las necesidades humanas, a la aspiración de las personas de vincularse. Y de esa vinculación -puede ser heterosexual, homosexual o como quiera que sea-, surgen frutos y requerimientos que deben satisfacerse.
El acuerdo de vida en pareja busca cautelar esta clase de situaciones. Por tanto, me parece que son importantes, por ejemplo, los aspectos relacionados con el régimen patrimonial, es decir, los bienes que emanan de esa relación; los asuntos previsionales, que tienen que ver con la protección en la edad adulta, cuando ya las personas están en la etapa del reposo; los temas vinculados a la salud, para cautelar cuestiones ligadas a las isapres o cosas parecidas; los elementos de tuición.
Considero relevante trabajar en esa línea, para evitar discriminaciones arbitrarias.
Es perfectamente posible que dos personas puedan ponerse de acuerdo en torno a tales elementos.
Estimo un exceso llegar a interpretaciones como la que he escuchado en algún momento en la Sala: que esta propuesta daña la relación de la familia. Este proyecto no tiene nada que ver con eso. Al contrario, va a contribuir a dar más estabilidad a la relación de las personas, por un lado, y va a permitir avanzar en una reflexión mucho más profunda en cuanto a la familia, por otro.
Al respecto, vale la pena señalar que la relación de familia no se vincula en absoluto con la presencia de un padre o una madre y sus hijos ni tiene, en mi opinión, ninguna significación, en ese sentido, el que dos personas se unan para ejercer actos reproductivos. En realidad, dicho concepto no se halla ligado a las personas, sino a las relaciones que ellas generan.
Considero muy relevante distinguir en ese ámbito qué tipo de relaciones surgen, porque, a veces, algunas familias mantienen relaciones muy poco familiares, como también amigos que desarrollan relaciones muy poco amistosas. En fin, creo que el tema debiera ser analizado desde la perspectiva de la calidad de la relación, de su sentido y del fruto que emana de ella.
A mi entender, es fundamental ese aspecto, toda vez que actúa en coherencia con principios ligados a los derechos humanos y con declaraciones internacionales en las que Chile ha sido concurrente. Además, alinea los esfuerzos legislativos en una dirección propicia, generando igualdad ante la ley para cierto tipo de personas.
Por otro lado, la actuación del Tribunal Constitucional y lo pertinente al Poder Judicial me parece que adquieren también coherencia en el esfuerzo que se está haciendo, que considero muy positivo, pues ayuda a extender aspectos relacionados con la capacidad contractual de la que son titulares las personas.
Quizás una cosa trascendente es que en esto también emergen las personas.
La sociedad contemporánea, el mundo moderno e, incluso, el posmoderno han insistido mucho en los individuos como entes poco definidos. Sin embargo, aquí surge la persona, aquella con capacidad para establecer acuerdos, pactos o convenios y asumir ciertos compromisos.
Ahora bien, algunos hablan de la temporalidad. ¡Bueno, pero todo los contratos tienen la misma temporalidad! En consecuencia, lo que corresponde al respecto es incentivar que efectivamente se respeten los acuerdos y que sean aplicados en todo su alcance y contenido a las personas que serán parte del acuerdo de vida en pareja.
Señor Presidente, estimo muy positivo el esfuerzo que se está haciendo en esta línea. En consecuencia, anuncio mi voto favorable, junto con felicitar a los autores de la iniciativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el 19 de diciembre del año 2007 presenté un proyecto de ley que buscaba regular un contrato que reconociera y diera amparo a muchas relaciones de vida en pareja que, por distintos motivos, no pueden formalizarse en un contrato de matrimonio, pero que existen en la práctica y no cuentan con ningún tipo de resguardo ni protección legal.
En los fundamentos de dicha iniciativa, señalé que había una realidad que no podíamos eludir en nuestra sociedad actual: la transformación en las estructuras de las relaciones sociales, lo cual ha sido recogido en la legislación comparada, en distintas formas y modalidades, pero no así en nuestro ordenamiento interno.
Entre los aspectos más relevantes que me hicieron presentar la iniciativa en ese entonces, se hallaba, sin duda, el constatar que en nuestro país se está produciendo un considerable aumento del número de parejas que conviven. Son cifras que, obviamente, no pueden ser desconocidas.
De ahí que formulara esa moción con el fin de reconocer aquella realidad y, al mismo tiempo, de dar protección a los afectados, poniendo énfasis en la situación de esa mujer que debe convivir, que no puede casarse por diversos motivos y que la mayoría de las veces, luego de años de entrega, de sacrificio, de compartir, es por lo general abandonada por su pareja sin que la ley le proporcione compensación alguna ni protección, quedando en el más absoluto de los desamparos.
Posteriormente, otro grupo de Senadores, y más tarde el Gobierno, presentaron iniciativas legales que también propusieron figuras jurídicas con el objeto de regular las relaciones de hecho, que hasta la fecha no tienen reconocimiento legal.
Señor Presidente, en esta discusión nos hemos centrado no en el propósito inicial del proyecto presentado el año 2007: reconocer estas relaciones de convivencia sin distinción de los sujetos a quienes beneficiaría, sino en el reconocimiento de las relaciones de personas de un mismo sexo a nivel social. Aunque valoro esto y, obviamente, lo respeto, lamento que se haya desviado la atención de los esfuerzos hacia ese fin. Pero creo que debiera orientarse a un objetivo tanto o más importante en nuestra discusión, cual es -como señalé al principio de mi intervención- la protección de las parejas que deben convivir y, sobre todo, de la mujer que se halla en esa situación.
Hago énfasis en que, con relación al proyecto que presenté en 2007, la Comisión de Constitución desestimó en su momento sumarlo o considerarlo dentro de la iniciativa que nos ocupa, como hizo con otro presentado por un Honorable colega. Y, por tanto, queda absolutamente sin resguardo una relación que es mayoritaria hoy día en nuestro país: la que se da entre un hombre y una mujer, sin que se haya consagrado mediante el vínculo del matrimonio, razón por la cual esta última queda en total desamparo.
Ese era el objetivo, sin dejar de lado la mirada a la convivencia entre personas de un mismo sexo.
Ante este panorama, luego de efectuarse la fusión de dos iniciativas y de diversas modificaciones a ellas, mi análisis del proyecto apunta a saber si este dará una verdadera solución al problema que viven miles de chilenos que, por diversos motivos, llevan una vida en común distinta a la del matrimonio y, sobre todo, si se contempla de manera integral la situación de la mujer que, tras años de convivencia, queda abandonada por su pareja.
Así las cosas, lo primero que deseo analizar es el artículo 2° del proyecto, que señala: "Tampoco podrá celebrar el acuerdo" -de vida en pareja- "aquella persona que esté sujeta a vínculo matrimonial o a un acuerdo de vida en pareja vigente".
Sobre este punto, para nadie es un misterio que, no obstante que actualmente rige una ley de divorcio en el país, muchas personas no pueden tramitarlo por falta de recursos o porque no pueden ubicar a su cónyuge. Con la limitante que se establece, se está dejando fuera de una efectiva solución a todas aquellas personas que deben convivir.
Por esto, creo necesario idear fórmulas para corregir las dificultades existentes en la práctica para demandar el divorcio unilateral, modificando la Ley de Matrimonio Civil en asuntos como el que acabo de señalar.
Otro punto dice relación con la aplicabilidad del artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales en casos donde se requiera intervenir ante un tribunal.
La referencia que hace el proyecto a ese precepto resulta técnicamente imprecisa, pues es efectivo que, en materias tratadas en el artículo mencionado, siempre en el ámbito judicial, los auxiliares de la administración de justicia, como el conservador de bienes raíces, los notarios, etcétera, no pueden cobrar. Si se quiere ampliar el ámbito de su aplicación, cuestionamos por qué ha de aplicarse la figura del privilegio de pobreza solo a la constitución del estado civil de "conviviente legal" y no abrir tal posibilidad a la celebración de un matrimonio o, por ejemplo, a la compra de un sitio para instalar una mediagua por parte de una familia de escasos recursos, con varios hijos, llenos de deudas, etcétera.
Yo quiero celebrar este proyecto de ley.
No importa si alguien ha tratado de desviar la atención al señalar que la iniciativa legitima el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque claramente el país entiende que eso no es lo que está en discusión. Lo que estamos votando es una cosa absolutamente necesaria en Chile: legitimar la relación entre dos personas, donde hay amor, afectos, una convivencia. Aquí, como se ha querido sostener, hoy no nos estamos pronunciando respecto del matrimonio entre personas de un mismo sexo.
Voy a participar con mi voto favorable.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no es la primera sesión en que nos abocamos a estudiar esta materia y hacemos la discusión en general del proyecto llamado "AVP", que establece un nuevo contrato para el acuerdo de vida en pareja, que permite regular derechos y obligaciones entre quienes lo celebren. Además -esto es lo más importante-, posibilita dar forma jurídica a la realidad de millones de personas que sufren en silencio, que han sido discriminadas, que muchas veces se han visto humilladas, que no tienen derechos previsionales y que carecen de derechos hereditarios y de otros beneficios que otorga la vida en común, simplemente por no haber optado por el matrimonio.
Al escuchar a algunos de mis colegas, recordé que fui una de los diez firmantes de la normativa conocida como "Ley de Divorcio" o de las modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil, junto a los Diputados de entonces, señor Ignacio Walker y señora Mariana Aylwin. Y también evoco la discusión habida en ese momento.
El nivel de pasión que en algún instante surgió hizo que se nos catalogara como rupturistas. Se dijo que estábamos en contra de la familia y provocaríamos un verdadero desastre. En realidad, costó mucho dar a entender que era nuestra obligación hacer políticas públicas en beneficio de una sociedad que debe disponer de ciertas normas y regulaciones. Y tuvimos que hacer entender a la ciudadanía que, si la gente si divorciaba, no era porque había una ley, sino porque se trataba de seres humanos y que, como tales, podían fracasar en sus matrimonios.
Igualmente, tuvimos que explicar que las personas tienen el legítimo derecho -afortunadamente lo logramos establecer hace unos años- a rehacer sus vidas y a intentarlo en otros matrimonios. Por eso, se les permite disolver el vínculo, luego de lo cual pueden volver a casarse.
Y lo traje a la memoria por el nivel de pasión, de descalificación y de amenazas existente, porque supuestamente estábamos levantando fuerzas oscuras, actuando en contra de la familia y provocando la disolución de la sociedad.
A mi entender, es legítimo que haya opiniones diferentes. Cuando se usa tal tipo de lenguaje y se acude a esos argumentos, es bueno recordar que lo malo que se pronosticó en aquella ocasión, por supuesto, no ocurrió.
Hoy día el matrimonio sigue existiendo, lo cual es muy apreciado por algunos, pero no por otros. Efectivamente, mucha gente hoy día prefiere no casarse, porque no puede, y otra que prefiere hacerlo. Esto producirá ruido a algún Senador presente en la Sala, pero afortunadamente las personas son seres humanos que tienen la posibilidad u opción de escoger. Y yo creo que ese es un tremendo -¡tremendo!- valor.
Y hoy día nosotros estamos dando la oportunidad de dar un paso más y evitar la discriminación, la humillación y las situaciones que viven muchas parejas heterosexuales u homosexuales que no gozan de ciertos derechos.
Por otra parte, quiero recordar que la iniciativa en debate surge tanto de una moción del entonces Senador señor Allamand cuanto de un mensaje del actual Presidente de la República, quien dijo al país: "Nos ocuparemos de los dos millones de chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de constituir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente".
Además, en mi opinión, esto también tiene sustento en la Constitución Política. Y esta es una cuestión importante, porque en su artículo 1° dice que el Estado tiene como finalidad promover el bien común de sus habitantes. Por lo tanto, debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual.
Cuando pensamos en la discriminación, en lo que costó sacar adelante la ley respectiva; cuando observamos largos y dolorosos juicios contra la familia de origen o la lucha del conviviente que sobrevive a una relación para tener derechos previsionales o suceder una herencia, nos damos cuenta de que se trata de situaciones desreguladas y que han sido humillantes, han provocado enormes problemas y generado tremendas injusticias en parejas, sean homosexuales o heterosexuales -sobre todo en las primeras-, que han vivido juntas por muchos años -y son doblemente discriminadas- y que, por supuesto, hasta ahora no han tenido posibilidad alguna de acceder a estos derechos.
Por eso, por tener la convicción de que no solo es una realidad de la cual debemos hacernos cargo, sino porque además creo que es importante dar pasos que terminen con las discriminaciones, que hagan posible regular, que les permitan efectivamente a esas parejas acceder a una serie de derechos (lo que hoy día se les impide), y porque tengo la convicción de que los seres humanos "nacen libres e iguales en dignidad y derechos", pienso que este proyecto constituye un avance importante. No es el único. Ya llegará la ocasión en que podamos discutir otros. Pero hoy día estamos dando un paso en lo relativo al acuerdo de vida en pareja. De eso se trata.
Ahora, evidentemente hay que perfeccionar su texto. Existen algunos temas pendientes. En tal sentido, yo misma he presentado una indicación -me acompaña en ella el Senador Rossi-, a fin de incorporar al artículo 182 del Código Civil el siguiente inciso segundo:
"Tratándose de una pareja de mujeres, las madres del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son las mujeres que se sometieron a ella".
Hace poco se llevó a cabo un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por este tipo de situaciones, y quizás nosotros debiéramos avanzar en cómo ir solucionando casos semejantes que hoy se dan en la vida real.
En esto me voy a quedar con las palabras de la Fundación Iguales en cuanto a que la homosexualidad no es una conducta enferma o desviada, sino una expresión más de la naturaleza humana, que lleva a un hombre o a una mujer a desear y a amar a otro ser del mismo sexo, conservando el instinto de formar pareja y hogar.
Pienso que sería bueno que dejáramos de tener la mirada de la conducta desviada, enferma, ya que no nos hace bien y no muestra más que intolerancia -termino de inmediato, señor Presidente-, por lo que ratifico que voy a votar a favor en general de la iniciativa.
Sin perjuicio de ello, quiero señalar que sería bueno introducir a su articulado algunos perfeccionamientos.
Así, me parece que deberíamos hablar de "convivientes" más que de "contratantes"; que el procedimiento ante el oficial de Registro Civil no se halla todavía del todo regulado; que este acuerdo debiera celebrarse solo ante el Registro Civil, no ante notario, porque es un acto de Estado en donde interviene un funcionario público y hay involucrados deberes que no pueden simplemente tratarse en una notaría. Además, existen otros aspectos sobre el régimen de bienes que tenemos que ver en detalle.
Por todas estas razones, señor Presidente, y sobre todo considerando el tremendo paso adelante que podemos dar al dejar de realizar lo que hoy día hacemos como sociedad: discriminar e impedir a determinadas personas regular las situaciones de su vida en pareja, anuncio que votaré a favor del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito autorización a la Sala para que pueda ingresar el señor Subsecretario General de Gobierno, don Mauricio Lob.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, ya nos encontramos al término de este debate y debo decir que me parece que esta legislación constituirá un avance, aunque seguramente tendríamos que haberla abordado mucho antes.
Como ya se mencionó, aquí se han presentado iniciativas parlamentarias y también del Ejecutivo. Eso sí, me llama la atención que, siendo un proyecto del Gobierno, no sea acompañado por los parlamentarios que lo representan en la Sala, al objeto de darle el total y suficiente respaldo, por haber convencimiento acerca de que tiene que existir.
Creo que el acuerdo de vida en pareja es necesario. Y la verdad es que no solo se reconoce la posibilidad de celebrar este tipo de acuerdos, sino que se efectúa toda una revisión de la legislación para adecuar sus efectos desde los puntos de vista civil, patrimonial, penal, familiar, etcétera.
En tal sentido, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento realizó un trabajo bastante completo, pese a que se requieren perfeccionamientos, y debemos estar contentos por su labor.
Ahora, opino que el Senador Bianchi cometió un error al señalar que este proyecto no considera solamente a las personas de un mismo sexo, sino que se refiere a toda vida en pareja, sea de igual o distinto sexo, pues el artículo 1° dice que "es un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos".
A mí eso me parece bien. Porque, si legisláramos nada más que para las personas de un mismo sexo, efectivamente estaríamos discriminando. Este acuerdo de vida en pareja es para personas de igual o distinto sexo. Y así debe quedar, a pesar de que algunos parlamentarios hayan manifestado ser partidarios de que solo sea para la gente de un mismo sexo. De no ser así, caeríamos en cierta discriminación.
En seguida, este contrato no es igual que el matrimonio. Tiene otra connotación. La definición del artículo 102 del Código Civil es diferente, por supuesto, a la declaración que hacemos aquí en el artículo 1°. Y considero bueno distinguir eso; porque, como dijo el Senador Walker, es una distinción razonable, no discriminatoria.
Por otro lado, también pienso que la Comisión hizo bien en avanzar en algo que se tendrá que profundizar más: en que este tipo de contratos debe celebrarse con solemnidad, como se dice aquí, pero no ante notario o en el Registro Civil. A mi modo de ver, tiene que celebrarse solo en este último, de tal manera que allí, en forma solemne, dos personas que se unen por relaciones afectivas, sean de un mismo sexo o de diferente sexo, suscriban un acuerdo de vida en común. Y el Registro Civil debiera llevar, así como en el caso del matrimonio, un registro de estos acuerdos, de tal manera de disponer de una reglamentación coherente. Porque ambos actos son distintos, pero tienen algunos efectos similares y comunes.
En definitiva, soy partidario de eliminar lo referente a que el contrato se haga ante notario. Creo que hay que modificar en ese sentido el artículo 3°. Pero me parece que la legislación que nos propone la Comisión es muy buena, antes que nada, al determinar cómo se pone término a este tipo de acuerdo, con el objeto de que se regule la situación de crisis que se puede producir entre dos personas de un mismo sexo o de distinto sexo. Así como existe el divorcio en materia matrimonial, tiene que haber una manera de anular o de dejar sin efecto el acuerdo de vida en pareja.
Existe un punto, eso sí, que no se aborda -en eso tiene razón el Senador Bianchi-: cómo se resuelve la situación de muchas parejas que por diversas causas entraron en crisis, se separaron y perdieron el rastro uno del otro, y que no pueden poner término a su estado civil anterior, pues no tienen cómo hacerlo.
Creo que eso debe facilitarse, porque numerosas parejas sufren efectos muy negativos en todo lo referido a temas patrimoniales, de herencia y otros. Muchas veces uno recibe reclamos de gente que, al morir su segunda pareja, con quien ha convivido largo tiempo, ve que aparece su pareja inicial a reclamar derechos de herencia. En eso no hay justicia y se provocan dificultades.
Entonces, nosotros tenemos que reglamentar esta materia, nos guste o no. A ninguno de nosotros nos agrada entrar en crisis matrimoniales. A todos nos interesa mantener nuestro matrimonio. Pero, seamos claros, hay crisis que uno no quiere o que a lo mejor provoca. Eso debe reconocerse. Y con tal fin ha de existir la legislación: para dar solución a esos problemas.
Por lo anterior, señor Presidente, voy a aprobar en general este proyecto, que considero un buen avance, una buena solución. Con todo, hay que corregir los puntos que he señalado, y ojalá que con ello avancemos para terminar con la discriminación respecto de bastantes personas que hoy día conviven, que tienen una relación sentimental y que son del mismo sexo.
A mi juicio, se debe acabar de una vez por todas con esas discriminaciones y tratar de ser conscientes de que quien asume determinado estado civil o de convivencia -como queramos llamarlo- tiene el derecho a hacerlo de acuerdo con su propia voluntad y decisión.
Por tales razones, señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa en general y espero que a la discusión en particular llegue con las perfecciones que hemos señalado.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la sociedad conyugal, que probablemente es el régimen que más se usa en nuestra sociedad para regular las relaciones afectivas entre adultos, está absolutamente cuestionado por los tribunales internacionales. Y Chile ha sido mandatado para cambiar e incluso superar la sociedad conyugal, porque es una institución absolutamente discriminatoria. Tanto es así que considera a uno de sus participantes, en particular, a la mujer, incapaz de administrar sus propios bienes en el matrimonio, a tal punto que estos son administrados por el hombre como si fueran suyos, aunque provengan de herencias previas al mismo contrato.
Hago esa reflexión por cuanto es evidente que las instituciones o los contratos que regulan las relaciones afectivas en nuestra sociedad requieren una revisión desde hace tiempo.
En tal sentido, he meditado bastante sobre la evolución de los distintos contratos existentes; sus nombres y alcances. Y no tengo ninguna duda de que el proyecto que hoy discutimos es infinitamente mejor que el que se presentó originalmente en el Congreso Nacional.
Se trata de una iniciativa que, indudablemente, avanza en establecer un tipo de contrato entre dos adultos que, más allá de las relaciones afectivas, regula derechos sucesorios; garantiza las obligaciones de ayuda mutua y, sobre todo, genera un estado civil a través de un procedimiento solemne (para mí es obvio que debe celebrarse ante un oficial del Registro Civil y no entiendo en lo más mínimo por qué se considera a los notarios).
En términos conceptuales, el contrato que se define en esta ocasión es, en muchos aspectos, superior al que más usan las personas que hasta ahora se casan de acuerdo al artículo 102 del Código Civil, quienes en su mayoría lo hacen bajo el régimen de sociedad conyugal. Indiscutiblemente, el nuevo tipo de contrato no tiene los vicios de este.
Debo decir, señor Presidente, que ha sido posible avanzar en la tramitación del proyecto gracias al trabajo de la Comisión de Constitución. Y me sumo al reconocimiento y a las felicitaciones que merecen sus integrantes, pero también quienes han acompañado su debate, como la Fundación Iguales y el Movilh, que durante todos estos años han seguido su tramitación, proponiendo textos, reflexionando y mejorando su redacción.
Señor Presidente, voy a votar a favor de la iniciativa.
Considero que en esta materia -por decirlo suavemente- nuestra sociedad tiene una gran deuda.
Por otra parte, deseo formular la siguiente reflexión para aclarar algunos dichos de las bancas de enfrente y, además, de un caballero que se ha instalado a la entrada al Parlamento desde hace algunas semanas con un megáfono y que grita todo tipo de cosas en contra de quienes pensamos distinto de él.
La relación afectiva es un derecho humano básico. Y el Estado debe facilitar la regulación de la que mantienen dos personas mayores de edad. Nadie está obligado a un acuerdo de vida en pareja.
Lo único que les pido a algunos colegas del frente que tienen su propio concepto de familia es que no pretendan imponérmelo. ¡Es su visión de familia! Es muy restrictivo que algunos traten de seguir imponiendo en forma autoritaria su mirada de la sociedad, su mirada de la familia, su mirada de cómo tienen que ser los afectos, su mirada de cómo deben ser los contratos.
Repito: nadie está obligado a suscribir un acuerdo de vida en pareja. Si alguien quiere estar en matrimonio, si desea mantener una relación heterosexual, ese es su derecho, y es también mi opción personal.
Sin embargo, no veo por qué -tal vez por temor a la diversidad- debiera negarse a otras personas, mayores de edad, ejercer su derecho humano básico a contar con un contrato reconocido por el Estado para regular su relación afectiva, sus deberes y sus obligaciones, con todas las solemnidades necesarias.
Me llama la atención que algunos sientan miedo -eso parece- de que el avance del acuerdo de vida en pareja destruya a la familia. ¿Qué familia va a destruir? Esta no se destruye por las leyes, sino que fracasa o no conforme a principios, valores, afectos. Para comprobarlo basta mirar la historia de la humanidad; este es un problema muy antiguo. Y, a mi juicio, quienes estiman que por mantener un nuevo tipo de contrato y generar diversas opciones se va a dañar a la familia tienen una visión muy reduccionista de esta.
En la década pasada logramos que se reconocieran los diferentes tipos de familia que hay en nuestro país, y que se valorara que ello es bueno. Hoy día estamos aprobando un proyecto que va mucho más allá de lo que pensaron sus autores originalmente, y les estamos haciendo un bien no solo a quienes desean ser parte de un acuerdo de vida en pareja¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor LETELIER.- ¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias.
A mí me gusta expresar las cosas como las pienso. Y creo que el acuerdo de vida en pareja es, no exclusivamente, pero sí por sobre todo, para personas del mismo sexo. En hora buena que sea así, porque está pendiente en nuestra sociedad reconocer el derecho de personas del mismo sexo a tener un estado civil reconocido con las formalidades y solemnidades del Estado. Y no andemos más con ciertos sofismos que no vienen al caso.
Repito que votaré a favor, señor Presidente.
Agradezco a las instituciones que ayudaron con sus proposiciones a mejorar el texto que hoy votamos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Senador señor Prokurica ha pedido abrir la votación, manteniendo el tiempo de cada intervención.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no voy a tratar de imponer mis concepciones, bajo ningún punto de vista. Pero siempre las he declarado explícitamente y la ciudadanía me ha elegido con estas convicciones.
Reconozco que este ha sido uno de los temas más complejos de abordar.
Al menos desde mi perspectiva, la norma jurídica no es una creación abstracta llamada solo a regular realidades. Tras una disposición de carácter jurídico se expresa un conjunto de valores que, al momento de legislar, uno siempre debería plantearse: cuál es el bien jurídico que se desea proteger o promover y en qué tipo de sociedad queremos vivir.
La norma jurídica, entonces, no es neutra.
La vida en comunidad es compleja. Pero más allá de las propias complejidades, históricamente se han realizado esfuerzos para que se desarrolle en un marco de estabilidad en que se impongan derechos y obligaciones. La sola vida en comunidad implica que la libertad no puede tener un carácter absoluto, porque mis propias decisiones podrían afectarme no únicamente a mí, sino también a terceros que también forman parte de aquella.
Toda vida en comunidad parte de una célula básica: la familia. De ahí se construye el resto de la sociedad.
Si uno se aproximara a esta discusión pensando solamente en que hay que "regular realidades", bastaría con estudiar cómo legislar para resolver los problemas de más de 35 por ciento de hogares monoparentales o de más de dos millones de personas que viven en pareja.
¿Es esa la sociedad en que deseamos vivir? Ciertamente, no es la sociedad en la cual yo aspiro vivir, aunque reconozco que, desde un punto de vista cultural, el concepto de familia ha ido variando en el tiempo.
A mi juicio, aquella cifra es dramática, y nos lleva a reflexionar con mayor profundidad.
Más que estar en crisis la familia tradicional, lo está la voluntad del ser humano para generar relaciones más estables. Hoy día cada vez menos parejas desean comprometerse, y si lo hacen quisieran un estatuto jurídico que les diera las más amplias facilidades para dejar sin efecto esa relación, por los más diversos motivos. Ninguna persona quiere contraer una obligación; solo pensar en sí misma al amparo del concepto de la libertad.
Yo, por el contrario, señor Presidente, creo que debemos hacernos cargo de esa situación, no simplemente regularla con el objeto de recoger las nuevas realidades, sino, al mismo tiempo, de crear un estatuto jurídico que promueva relaciones más estables y contemple, por cierto, libertades y, junto con ellas, derechos pero también obligaciones.
Por lo tanto, frente a esta norma uno debería preguntarse: el acuerdo de vida en pareja ¿genera relaciones más estables?
Para la gente de un mismo sexo, ciertamente que lo hace. Hoy día las personas unidas por lazos afectivos no tienen ninguna regulación o reconocimiento; no cuentan con un estatuto jurídico que les reconozca su dignidad y resuelva, desde un punto de vista legal, las situaciones que se les presentan cuando esa relación se termina.
Sin embargo, en el caso de las parejas heterosexuales el acuerdo de vida en pareja debilita la promoción de relaciones más estables.
Las parejas heterosexuales tienen la institución del matrimonio. Y para enfrentar las situaciones de crisis se aprobó la Ley de Divorcio, que les permite solucionar problemas que hacen imposible la continuación de la vida en común. Se generó una salida. Pero, más allá de cuál sea el resultado final de esa unión, existe la intención de las parejas que contraen matrimonio de formar un hogar común, de generar una relación estable en el tiempo.
Con el objeto de hacer frente a las dificultades se aceptó el divorcio, incluso unilateral. Así lo establece el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, que expresa: "El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común". Y en el inciso segundo agrega:
"Se incurre en dicha causal, entre otros casos," y detalla un conjunto de causales adicionales.
Si no existe incumplimiento grave respecto de uno de los contrayentes o de los hijos, el divorcio debe ser de común acuerdo.
En síntesis, la vida en común que libremente decidieron abordar impone obligaciones.
Por consiguiente, señor Presidente, la vía natural de unión de las parejas heterosexuales es el matrimonio. Si, por alguna razón, esa relación fracasa, existe la salida del divorcio, pero al recurrir a este deben asumir los efectos y responsabilidades que implica esa vida en común, tanto respecto de los contrayentes como de los hijos.
La Ley de Divorcio no es solo una salida para quienes tienen dificultades en el matrimonio, sino que también constituye un medio para formalizar las relaciones de convivencia. Si quienes conviven no desean contraer matrimonio es porque no quieren formalizar esa relación. Entonces, frente a tal situación, a las parejas heterosexuales este proyecto les propone el "acuerdo de vida en pareja" como estado civil de conviviente.
No obstante, señor Presidente, en materia de disolución de vínculo, la iniciativa en debate llega al extremo de establecer, en el artículo 6°, que se podrá poner término al acuerdo de vida en pareja, "e. Por voluntad unilateral de uno de los contratantes, la cual deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante el oficial del Registro Civil, (¿) Copia de dicho acto deberá enviarse al otro contratante por carta certificada notarial, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su otorgamiento" e inscribirse en un registro especial.
Es decir, según el acuerdo de vida en pareja, para poner término a una relación de convivencia no se necesita ningún fundamento. Basta manifestar esa voluntad ante un notario o ante un oficial del Registro Civil y notificar de ello, por carta certificada, al otro contratante.
En cambio, en el caso del divorcio unilateral, como señalé, la Ley de Matrimonio Civil exige esgrimir una causal, un fundamento para concretarlo. El texto en estudio no exige nada. Y, suponiendo que se apruebe esa norma, puede ocurrir que una pareja haya estado conviviendo bajo este sistema durante décadas y cualquier día uno de ellos, estando con sus hijos en su casa, reciba una carta certificada en la cual la otra parte da término a la vida en común.
Estoy seguro de que las relaciones de convivencia se construyen sobre fundamentos más sólidos, pero es indudable que un estatuto jurídico puede contribuir a que ellas sean más estables y a tomar decisiones más responsables.
Concluye mi tiempo, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene un minuto más, señor Senador.
El señor ORPIS.- Gracias.
Dicho quizás en términos más burdos, cuando en el inicio de la relación cuento con la más amplia posibilidad de dejarla sin efecto, ¿qué incentivo tengo para reflexionar, para madurar, para dimensionar todo lo que ello implica? ¡Ninguno!
Por eso, señor Presidente, voy a aprobar la idea de legislar, pero acotada a que el acuerdo de vida en pareja se aborde solamente respecto de personas de un mismo sexo y no de las uniones, a través del matrimonio, de parejas heterosexuales.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, valoro el clima en el que se ha llevado adelante esta reflexión y la altura de miras con que se ha enfrentado el debate, que es muy importante y trascendente para la sociedad chilena.
Este intercambio de opiniones demuestra que muchas veces los alineamientos tradicionales en los temas valóricos se modifican. En efecto, resulta evidente que en este tema no se produce una división entre gobiernistas y antigobiernistas, sino una bifurcación entre personas con una mirada conservadora y otras con una diferente, distinta, que aceptan la diversidad y la tolerancia como un aspecto básico y esencial del ordenamiento nacional en el que hoy debemos actuar y vivir.
En ese sentido, voy a referirme a uno de los aspectos planteados en el debate.
Pienso que el decaimiento que se ha generado, no solo en Chile, sino en la sociedad global, en la institución del matrimonio no se corresponde con los cuerpos legales actualmente vigentes. Las causas son sinnúmeras.
Hay un cambio epocal en la cultura de la humanidad contemporánea y las personas no consideran la relación de pareja como un compromiso que se establece desde la adolescencia, o desde el momento en que esta se cruza y se termina, hasta que concluye la vida humana. Ahora la visión de las personas sobre el particular es diametralmente distinta. Ello se debe a cambios muy profundos que ha vivido la sociedad. Y tiene que ver, incluso, con cómo se han modificado las profesiones. Ya la persona no puede pensar que va a vivir de un solo oficio desde que comienza su vida laboral hasta que finaliza. La sociedad global ha originado cambios vertiginosos, siderales, en la vida actual.
Por lo tanto, es necesario entender que instituciones como el divorcio -aprobada por el Congreso Nacional no hace mucho tiempo- pasan a ser elementos inevitables en la manera de vivir desde fines del siglo XX y en lo transcurrido del siglo XXI. Y tal vez ella vuelva a cambiar en el futuro. Pero pensar que el matrimonio, como institución, ha decaído como consecuencia de cuerpos legales de la naturaleza del que estamos debatiendo y eventualmente aprobando es un gravísimo error.
Meses atrás conversé con el destacado jurista y ex Diputado don Sergio Elgueta, quien me enumeró más de veinte causales, contempladas en el sistema del Código Civil nacional, en las que se establecen obligaciones y cargas para las personas que contraen matrimonio, las cuales no afectan a quienes no lo contraen. Dichas causales son mediatas e inmediatas y de diferente naturaleza, de distinta índole.
Muchas veces, para el diario vivir, es mucho más fácil que la persona no esté casada y que, simplemente, pueda mantener una relación de pareja estable, seria y responsable.
En tal sentido, este cuerpo legal de acuerdo de vida en pareja es, sin duda, una solución. Y es más que un avance: es dar cuenta de un estado de cosas; es asumir la realidad tal cual es, no como uno quisiera que fuese.
Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la vida en pareja de personas del mismo sexo. La homosexualidad existe seguramente desde los albores de la humanidad. No nos equivoquemos en esta materia.
Todos conocemos la literatura universal y sabemos de héroes o símbolos en determinado momento de la humanidad, por diferentes razones, a las cuales la antropología todavía no encuentra respuesta porque no existen las herramientas científicas para conocer en detalle todos y cada uno de los diferentes estadios por los que ha pasado el ser humano, que, por la cultura de su época, practicaron la homosexualidad, como Alejandro Magno.
Por lo tanto, no demonicemos este cuerpo legal.
Creo que ese es un gravísimo error, sobre todo proviniendo de personas del mundo evangélico, por las que trabajamos sistemáticamente para el reconocimiento de sus derechos como comunidad, por el respeto a su fe y religión; para que no fueran perseguidas ni discriminadas. Costó mucho tiempo desplazar las barreras de la discriminación hacia los evangélicos, por lo que no debiesen ahora proceder con la intolerancia con que actúan.
Además, estos temas no se deberían usar como un factor electoral. Si hay algo que me causó profunda desazón en la última elección fue ver cómo se manipulaban estas cuestiones, que son muy profundas, de sociedad y de país, con fines de corto alcance. Comprometer la fe y la
religión de las personas por unos cuantos votos más en una elección próxima francamente me parece un error garrafal. Con ello se siembran las semillas del odio y de la intolerancia que no corresponden.
A mi juicio, con este cuerpo legal en estudio nuestro país realiza un ejercicio de pleno y profundo reconocimiento a la diversidad, y, en consecuencia, lo voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, estimo que este es un debate relevante, que habla del tipo de sociedad que queremos construir.
Yo siempre me pregunto, cuando discutimos estos asuntos, cuáles son las razones profundas que esgrime la Oposición en iniciativas como la que nos ocupa. Creo que lo que hay detrás de su postura es una visión conservadora, la cual se sustenta -parece muy importante relevarlo, porque la sociedad requiere hacer una terapia al respecto- en la existencia de un sector de ella que se siente superior al resto, que piensa que sus valores son los únicos correctos, y en nombre de esa supremacía valórica está dispuesto a imponer a los demás ciudadanos, a las demás personas, un estándar de dignidad distinta a la suya, pues considera que no es legítimo -aunque para él sí lo es- que otro pueda tomar igual decisión y tener el mismo derecho que a este le asiste en cuanto a la propia vida.
Eso me parece grave, porque por iguales razones en el pasado hubo brutales atropellos a los derechos humanos, y en nombre de esa superioridad se exterminaron y persiguieron a personas en el mundo entero.
Quiero recordar que en materia de homosexualidad hay todavía, en el siglo XXI, países africanos que condenan a muerte a quienes la practican.
Hoy día es la homosexualidad. Ayer fueron las mujeres, que no tenían derecho a voto; antes, los negros, que eran convertidos en esclavos, porque se consideraba que carecían de valores equivalentes a los blancos, y en nombre de esa supremacía se los exterminaba o se los esclavizaba.
Por lo tanto, estimo que esos conservadores deberían hacer una reflexión de fondo sobre el particular.
Sin embargo, esto tiene una doble implicancia, porque existe la voluntad de imponer cierta visión ideológica-religiosa, que si bien es legítima para ellos, no es lícito que se trate de imponer al conjunto de la sociedad.
Esa visión religiosa sobre la sexualidad, para un sector de nuestra sociedad, tiene una finalidad determinada: la reproducción, y todo lo que está al margen de ella es "indebido".
Por eso, dicho sector se opuso sistemáticamente en el pasado, por ejemplo, a la promoción del condón. ¿Por qué se oponían a ello si el condón no es abortivo, lo único que hace es evitar un embarazo no deseado y una enfermedad de transmisión sexual? Porque, finalmente, el objetivo del condón "era promover la perversión". ¿Y en qué consistía esa perversión? En vivir la sexualidad como algo que trasciende la reproducción.
Yo siempre he dicho que si hay algo que caracteriza a los seres humanos respecto de los animales, tanto de mamíferos como de invertebrados, cuya sexualidad tiene como función exclusiva la reproducción, que nos hace diferentes y simboliza a la especie humana -tal vez es la más connotada de sus virtudes-, es su capacidad de conciencia, de sentir emociones complejas diversas -aunque los animales también sienten alguna emoción, e incluso las plantas- al vivir su sexualidad como algo trascendente, que va más allá de la reproducción.
Sin embargo, tal sector, como niega esa dimensión de la sexualidad, se ha opuesto a la educación sexual, a apoyar a los jóvenes en la búsqueda del valor de su sexualidad, y a todo lo que pueda significar una sexualidad responsable que ponga en cuestión esa visión ideológica al respecto.
Por eso, en nuestro país treinta y tantos Diputados presentaron un requerimiento contra la "píldora del día después", pero también contra la "te" y todos los métodos de anticoncepción, que permiten, justamente, asumir la sexualidad de manera libre y responsable.
¿Por qué coloco el punto en este contexto? Porque cuando se habla de aquellos que tienen una opción sexual distinta, o de los homosexuales o lesbianas, hay un doble cuestionamiento. Primero, porque no se acepta que personas del mismo sexo puedan tener vínculos de afecto entre ellas. Por lo tanto, las tratan como infrahumanas y les quitan la dignidad que le es propia, en una doble dimensión.
Aquí, acabo de escuchar a algunos decir: "Bueno, este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día debe ser solo para los homosexuales, porque los heterosexuales tienen derecho a contraer matrimonio". ¡No! En la sociedad cada cual resuelve acerca del vínculo que quiere tener. Los heterosexuales pueden decidir si se casan o conviven.
En consecuencia, este acuerdo de vida en pareja tiene como propósito permitir la libertad a otros para decidir si quieren convivir, y, por tanto, someterse algún día al mecanismo propuesto, o casarse.
Sin embargo, como yo considero que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, la misma dignidad, que está puesta aquí en cuestión de una manera casi brutal -a mi juicio-, creo que los homosexuales, a menos que se diga lo contrario y se exprese claramente, tienen la misma dignidad, iguales derechos, la misma condición de persona que los heterosexuales, y, por ende, el derecho a usar el instrumento sugerido en este proyecto, o entrar en la lógica de la vida del matrimonio.
Porque poseen los mismos derechos, es que debemos consagrar esto como algo fundamental en la sociedad chilena y en el mundo entero. Tenemos que entender que en el pasado las diferencias menoscabaron la dignidad y el derecho de cierta gente.
En Chile, se persiguió a personas, porque no se les reconoció la misma dignidad, iguales derechos humanos, en función de que tenían ideas políticas distintas, o el color de la piel diferente -como aconteció en algunas partes-, o visiones u opciones religiosas diversas.
En nuestro país, el pueblo evangélico, con el cual yo marché para que tuviera los mismos derechos que los sectores conservadores de la Iglesia Católica, que se oponían, fue perseguido.
No obstante, por la misma razón, con la misma fuerza, hay que defender entonces a aquellas personas para que, no obstante tener una opción sexual distinta, el color de la piel diferente,¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Dispone de un minuto adicional para terminar su intervención, señor Senador.
El señor GIRARDI.-¿ o profesar una visión política diversa, puedan acceder a los mismos derechos, a la misma dignidad de la que gozan otras.
El problema estriba en que algunos parlamentarios, aparentemente, consideran que existen infrahumanos, personas que no deben tener la misma dignidad que otras, que no deben tener los mismos derechos que el conjunto de la gente, en función justamente de no reconocer aquella diferencia, que puede ser legítima y buena para la sociedad, y establecerla, no como un valor, sino como un disvalor.
En el pasado los disvalores motivaron que muchos seres humanos sufrieran, vivieran dramas.
Eso es parte de lo que debemos resolver.
Reconocer el derecho de los homosexuales al matrimonio es parte de los derechos humanos.
Yo voy a votar a favor de la ley en proyecto. Pero, para mí, ella no soluciona el problema de fondo, cual es que debe haber matrimonio igualitario.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Estamos discutiendo un proyecto de ley muy importante para muchos de los que se hallan en las tribunas. Así que pido por favor escuchar con paciencia y no efectuar manifestaciones, porque ellas motivan otras y, en definitiva, obligarán a proseguir la sesión sin presencia de público.
Falta poco para determinar si se aprueba o no esta iniciativa.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ya hice uso de la palabra durante la primera discusión, y en esa oportunidad entregué la fundamentación central de mi punto de vista.
Como señalé, voy a votar favorablemente este proyecto de ley. Sin embargo, durante el debate en particular procuraré introducirle cambios bastante significativos a una parte de su articulado.
Yo pienso que es necesario reconocer la falta de regulación legal de la convivencia de personas que viven unidas en pareja por relaciones afectivas y que tienen un afán duradero, de compromiso por tiempo indefinido.
Es justo ese reconocimiento, pues de hecho tales relaciones se producen y generan vacíos que la ley no debe dejar de considerar.
Por lo tanto, me parece importante regular.
No obstante, yo hago una diferencia entre la situación que afecta a personas del mismo sexo y la que afecta a personas de distinto sexo. Y ello, no por arbitrariedad, sino porque estas últimas hoy día tienen una posibilidad para resolver su convivencia en forma institucional si así lo quieren.
Nadie se halla obligado a contraer matrimonio. Pero ahí está. Las personas, hombre y mujer, pueden contraerlo, y sobre esa base, resolver sus relaciones de pareja en forma estable y duradera, como lo señala la ley. Y hoy día, con el divorcio -según se indicó-, no es una caja sin salida, no es una situación indisoluble como antes, y, por consiguiente, está dotado de la flexibilidad que muchos querían para no tener problemas ante el quiebre de la convivencia.
Empero, aquello no existe como razón para las personas del mismo sexo, quienes hoy día carecen de espacio para lograr una convivencia regulada legalmente que les permita evitar las múltiples dificultades surgidas -ya se han señalado acá- cuando terminan su relación, sea por fallecimiento de un miembro de la pareja o por mutuo acuerdo.
Ahí se registra el vacío jurídico: la relación afectiva, que tuvo fuerza mientras estaba vigente, carece de protección legal, pues no se ha regulado jurídicamente.
En consecuencia, se justifica el establecimiento de una entidad jurídica, pero para las personas del mismo sexo; porque las de distinto sexo ya tienen resuelto el problema.
Son situaciones diferentes, que se adecúan a realidades diversas y que, por ende, justifican la existencia de una normativa distinta.
Hay quienes han dicho en esta Sala que aquello sería discriminatorio.
A juicio de representantes de algunos movimientos, la tesis que yo planteo sería discriminatoria.
Sobre el particular, quiero decir que no se trata de una tesis original mía. Está en otras legislaciones.
Por ejemplo, Alemania resolvió así la cuestión. Y no lo hizo con afán discriminatorio, sino para darles soluciones jurídicas adecuadas a realidades diferentes.
Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión.
Muchos de quienes han intervenido acá han dicho que sería discriminatorio tener AVP para personas del mismo sexo y matrimonio solo para personas de distinto sexo. Y varios han manifestado que aceptan el matrimonio para personas de distinto sexo, pero no para homosexuales.
Si establecemos acuerdo de vida en pareja para personas del mismo sexo o de distinto sexo y matrimonio para personas de distinto sexo, yo pregunto por qué no se puede tener matrimonio para personas del mismo sexo.
Hay una incoherencia en la lógica de quienes sustentan que puede haber acuerdo de vida en pareja para personas del mismo sexo o de distinto sexo, pero matrimonio solo para personas de distinto sexo.
¡Eso es incoherente! ¡Eso es discriminatorio!
No es discriminatorio, sí, dar soluciones jurídicas para realidades distintas.
Yo no soy partidario del matrimonio para personas del mismo sexo. Porque creo que el matrimonio es una institución diferente, con características propias, con historia propia, con una derivación especial precisamente por la eventualidad de que nazcan hijos, lo cual genera una serie de obligaciones que no existen en el caso de personas del mismo sexo.
Entonces, no se trata de discriminar, sino de resolver los problemas, pero con soluciones adecuadas a su naturaleza propia.
Se justifica regular el contrato matrimonial por las consecuencias que tiene para la sociedad la vinculación que establece. Y tratándose de personas del mismo sexo se justifica una relación de distinta índole, porque no existen las mismas consecuencias, pero sí muchas que hoy día la ley no recoge.
Por consiguiente, me parece muy significativo efectuar aquella diferenciación.
Es probable que no tenga los votos suficientes; no lo sé: yo no trabajo por cálculos electorales, sino por convicción.
Considero justo que haya un AVP. La dignidad de las relaciones pertinentes merece un reconocimiento legal. Pero no creo que se justifique que ello dé lugar a un matrimonio, como tampoco que las personas de distinto sexo tengan acuerdo de vida en pareja, pues ya cuentan con una solución.
Con AVP, en la forma que sea; con matrimonio, del modo que se desee, siempre existirán las convivencias de hecho. Y a este proyecto le faltan soluciones para las personas que no quieren AVP ni matrimonio -por las razones que sean-, pero que igual conviven de aquella manera. Entonces, ahí se produce una fractura, pues cuando esa relación se quiebra no hay soluciones legales.
Asimismo, me parece necesario que, a través de normas que suplan el silencio de las partes, se establezca que, habiendo estas convivido de hecho y no formalizado su relación, es factible resolver legalmente muchos problemas que merecen atención.
Así es que espero que todos los conceptos que acabo de plantear y que desarrollé extensamente en la primera discusión puedan materializarse durante el debate en particular.
Por ahora, voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en la sesión de 18 de diciembre último algunos Senadores tuvimos la oportunidad de expresar en esta Sala lo que pensábamos sobre el proyecto de ley en discusión.
Al calor del debate de esta tarde, quiero agregar algo a lo que ya señalamos en aquella oportunidad.
De lo que dijimos en la referida sesión, voy a reiterar un solo concepto: en Chile, hoy día estos asuntos -creo que lo reflejó en esta ocasión el Senador Escalona- tienen una dimensión que trasciende la política del día a día.
Procurando ser objetivo, debo manifestar que ciertos temas de la sociedad chilena los ha ido imponiendo la centroizquierda o el progresismo, pero actualmente son patrimonio transversal. El medioambiente, los derechos de los consumidores, la no discriminación, el divorcio, la legalización o despenalización del consumo de drogas, la interrupción del embarazo son materias que cortan transversalmente la política nacional.
Es cierto: mayoritariamente, en este Hemiciclo la mitad más uno está en un sector; sin embargo, la situación no era así hace 20 o 30 años.
Y lo mismo ocurría con cuestiones como la pena de muerte y otras.
Entonces, quiero decir en primer término que la materia en análisis es transversal. Y esto ya es un acierto como sociedad.
En segundo lugar, debo puntualizar que la aprobación del acuerdo de vida en pareja va a hacer de Chile un país más inclusivo, menos injusto, más tolerante, que nos acoja a todos en nuestros derechos, en lo que deseamos, en lo que soñamos, en lo que nos gusta, en la medida que no afectemos a terceros.
Entonces, está la cuestión del libre albedrío. ¿Y saben por qué? Porque Chile es una nación menos insegura, donde existe menos susto a la diferencia.
Eso es lo que se está haciendo. ¡Si aquí hay un concepto entre conservadores y progresistas! Y no lo inventamos nosotros: es histórico.
¿Quiénes son los conservadores? Aquellos que quieren mantener las cosas como están, dejarlas como son, pues anhelan que siempre sean así. Y hay en toda sociedad, incluida la nuestra, sectores que desean empujar el carro, y no solo por voluntad, por deseo o por buenas ideas (eso es factible), sino también porque palpan y ven una realidad que clama por un reconocimiento distinto.
Hoy día tenemos acá un cambio en la sociedad chilena.
No recuerdo cuál de mis colegas mencionó los tantos cambios que ha habido en Chile.
Pena de muerte: también nos dividió.
El derecho a voto, ¿cómo fue al principio en nuestro país, históricamente? Votaba quien tenía recursos: voto censitario. ¿Y las mujeres? ¡No!
¿Cómo fue la instrucción primaria obligatoria? Un sector no la quería, y otro, sí.
Todo ello reflejó una manera de ver la vida.
Y puedo seguir dando ejemplos.
Vamos al ámbito religioso: en Chile, si hay una religión que ha sido perseguida es la evangélica. Me atrevo a decir que incluso ha sido más perseguida que la judía o la musulmana. ¡Es cosa de ver la historia del pueblo evangélico!
En consecuencia, se trata de no discriminar.
Al respecto, quiero hacerme cargo de algo que dijo el Senador Orpis -escuché atentamente su intervención-, en el sentido de que no se trata de andar regulando realidades, de que hay que tener miradas más permanentes en el tiempo. Fue lo que capté.
Pero sucede que yo tengo otra óptica: no pretendo regular realidades, sino otorgar derechos iguales para todos.
Si alguien posee cierta concepción de familia, le asiste pleno derecho a llevarla a cabo. Lo que ocurre es que nadie tiene el monopolio del afecto o del amor, una visión única para desarrollarnos como seres humanos.
Por ello, el acuerdo de vida en pareja -y no me pierdo; sé que esto no es prioritario para la sociedad chilena en su conjunto: para ella, lo primordial es que la salud funcione, que haya empleo decente, que la educación sea de calidad, que exista seguridad en las casas y en los barrios- y otras cuestiones de esta naturaleza hacen que las sociedades trasciendan.
En consecuencia, cuando escucho a mis colegas de la vereda de enfrente decir que van a aprobar la idea de legislar y que presentarán indicaciones concluyo que hemos dado un tremendo paso como país y que hemos madurado desde el punto de vista social.
Yo me alegro de lo que estamos haciendo esta tarde.
Como dije, no se trata de regular realidades, sino de otorgar derechos.
Hoy día estamos dando un paso gigantesco. Empero, para mí no es suficiente.
Acá, varios pensamos que el matrimonio igualitario también es un derecho. Y puede tener razón el Senador Hernán Larraín cuando habla de la incoherencia de algunos sectores. Sin embargo, lo medular es que hoy la mayoría va a decir que todos somos iguales en derechos y que ha de garantizarse que el Estado y la sociedad chilena no nos discriminarán ni por cómo nos vestimos, ni por el color de nuestra piel, ni por el barrio donde vivimos, ni por los afectos que tenemos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hoy quiero felicitar a todos aquellos que han dado esta lucha y nos han hecho posible llegar hasta aquí: a la Corporación Humanas, al MOVILH, a la Fundación Iguales, a todas y a todos por no dejar de soñar que otro país es factible.
Han pasado 500 años desde la época en que Pedro de Valdivia enfrentaba una situación que actualmente viven miles de parejas en Chile. Hace 472 años, él y sus soldados fundaban la ciudad de Santiago. En esa ocasión Pedro de Valdivia no tenía al lado a su esposa, sino a su conviviente, doña Inés de Suárez.
Inés de Suárez estuvo con Pedro de Valdivia en momentos cruciales de su existencia, y no había dudas del amor que ambos se profesaban. El problema era que él estaba casado y no había forma de que se divorciara de su cónyuge, quien se hallaba en España.
Incluso, se siguió contra Pedro de Valdivia un juicio mediante el cual el virrey Pedro de la Gasca le ordenó imperativamente terminar su relación con Inés de Suárez; lo conminó a casarla con un vecino de su elección, y le recomendó seguir las directivas de la Iglesia respecto a su legítimo matrimonio.
Al final, luego de más de diez años de convivencia y forzado por las circunstancias y la presión de la época, Pedro de Valdivia obligó a Inés de Suárez, por su propia seguridad, a casarse con otro conquistador: Rodrigo de Quiroga.
A más de 500 años de acaecida tal situación, recién estamos discutiendo en este Parlamento un proyecto que regula legalmente la convivencia entre dos personas.
Me parece que, hasta ahora, el debate no ha ido nada bien. Desde el momento en que la palabra "homosexual" entró en el ruedo, todo se ha torcido. Porque hay un sector político que pretende condicionar su apoyo al proyecto sobre AVP a una declaración de inconstitucionalidad del matrimonio homosexual, y por otro lado están los eternos poderes fácticos, que inducen a que en Chile prefiramos hacernos los tontos antes que abordar y discutir las realidades de frente y sin eufemismos.
En ambos casos el argumento central del rechazo al AVP es que "la familia es el núcleo de la sociedad", o sea, que una pareja se une solo para procrear.
Nuestra legislación sobre las relaciones de pareja se rige por una máxima: hay determinados roles sociales que nos corresponden y de ahí no podemos movernos.
En el fondo, lo que nuestra legislación está haciendo es decirles a personas que su función en la sociedad actual es unirse en pareja para tener hijos, y nada más.
Eso es lo que están defendiendo quienes hablan de "matrimonio".
Por ello, a las parejas que conviven, dependiendo de su orientación sexual, les negamos la opción del matrimonio o las obligamos, de manera muy poco sutil, a firmar el contrato matrimonial porque "deben tener hijos".
¿Y qué pasa cuando no pueden hacerlo?
Muchas veces se dice que en Chile no existen datos que permitan saber por qué las parejas optan por convivir y cuántas personas se encuentran en tal situación, y que, por ende, no habría bases para legislar al respecto, ya que no mediaría una "necesidad social" en tal sentido.
El censo de 2012, para desgracia nuestra, se hizo tan mal que seguiremos sin tener datos fidedignos sobre cuántas parejas conviven.
Pero quiero ser muy enfática en esto.
Para desgracia de los promatrimonio, el asunto no es de datos.
Digamos las cosas como son, señor Presidente.
Cuando ser homosexual constituía la forma más rápida de morir en la hoguera; cuando todos los jóvenes eran casados a la fuerza con quienes sus padres decidían; cuando para tener alguna aspiración social y económica era obligatorio casarse, había parejas que convivían.
Aun cuando se derogase el artículo 102 del Código Civil y todas las parejas pudieran casarse, muchas elegirían convivir.
¿Y por qué sucede aquello? Porque la persona no vive en pareja para cumplir el rol que le han impuesto, sino para estar con alguien a quien ama. Y la pareja permanecerá junta mientras dure el amor, no mientras la obligue un papel o un supuesto "rol social".
En la práctica, si hay un motivo por el cual la gente no se casa aun cuando pueda hacerlo es porque el matrimonio en sí tiene poco que ver con el amor. Las personas se casan porque la legislación actual presenta una serie de atractivos que tornan "rentable" o "conveniente" el matrimonio o porque tienen convicción al respecto. Algunas lo hacen para tener una residencia; para acceder a cierto estatus; para sumar puntos a los efectos de obtener un subsidio; para cumplir exigencias del colegio de los niños, o para contraer un vínculo formal.
Si esos atractivos o ventajas son indispensables para determinado proyecto o para satisfacer alguna necesidad, la gente se casará.
¿Cuál es el punto de conflicto para los convivientes? Que están en desamparo legal.
Para obligar a la gente a casarse a fin de que cumpla su rol social, se pretende que esas "ventajas" y dichos "atractivos" legales (derechos de herencia, patrimonio, salud, etcétera) solo sean exclusivos para quienes firman el contrato conyugal.
Con el propósito de desestimar la necesidad de un AVP, se alega que hay jurisprudencia y mecanismos legales para garantizar los derechos mínimos de una pareja que convive. Pero esa jurisprudencia y tales mecanismos legales están enturbiados por la imposición de que las parejas "cumplan con su rol" y porque estos mecanismos están dispersos en diferentes normas: Código Procesal Penal, Código Civil, Código Penal, ley de Violencia Intrafamiliar, ley de Tribunales de Familia, ley de revalorización de fondos de pensiones, ley de Accidentes del Trabajo.
Además, si de algo no podemos alardear es de una jurisprudencia clara. Por ejemplo, en sentencia de 6 de abril de 1994, la Corte Suprema señaló: "Existiendo una relación de convivencia permanente entre un hombre y una mujer, y adquirido un bien raíz en esa época, que les permitió vivir juntos y bajo el mismo techo, se produce entre ellos una comunidad de bienes". Por el contrario, en sentencia de 23 de diciembre de 1996, la Corte de Apelaciones determinó que "el haber existido un concubinato de más de 20 años entre dos personas, es ineficaz para dar por sentado que los bienes que aparecen integrando el patrimonio de una, hayan pertenecido a una comunidad entre ambos". En virtud de otra sentencia de la Corte Suprema, de 2012, una mujer cuyo conviviente murió fue compensada sobre la base de la equidad, pero el fallo, en sí, viola la Ley de Matrimonio Civil, que establece que la compensación económica corresponde solo si el matrimonio¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.
La señora RINCÓN.-¿ termina por divorcio o nulidad.
Mucha atención han puesto los detractores en la separación de las parejas de hecho, como una manera de reforzar lo "desechable" de estas uniones. Pero ¿qué pasa cuando uno de los convivientes muere? En Chile, si hay legitimario, solo una cuarta parte de los bienes se puede otorgar por testamento a la pareja. ¿Es justo que una persona homosexual negada por sus padres durante los 30 años que ha vivido con alguien del mismo sexo sepa, al morir, que todo lo que ha construido con su pareja irá a parar a quienes lo rechazaron? ¿De verdad a alguien le parece justa esa situación?
El acuerdo de vida en pareja no es perfecto. Pero dejemos de ser hipócritas: existe un vacío legal que ha perjudicado a millones de chilenos desde los tiempos de Pedro de Valdivia, y hoy damos un paso en el sentido correcto. Por eso, voto a favor.
Y aprobaré también el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario cuando sea sometido a nuestra consideración.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el país viene avanzando desde hace años en la superación de diversas formas de discriminación existentes en nuestra sociedad. Por razones de distinta índole, esta se ha caracterizado por mantener situaciones de postergación y diferenciación que afectan a muchas personas y resultan hoy inaceptables.
Como ejemplo se puede señalar la odiosa distinción entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos, la cual persistió por décadas y solo fue eliminada hace unos años. Costó mucho terminar con ella. Se manifestaron reticencias y argumentos encendidos.
Vale la pena recordar algo de ese hito, por el tipo de fundamentación expuesta y que resulta extraordinariamente similar a mucho de lo que se escucha hoy.
Así, el entonces Diputado señor Bombal expresaba, en su intervención en la Cámara:
"No tengo duda alguna que al borrarse arbitrariamente toda diferencia en materia de filiación, estaremos debilitando para siempre la institución del matrimonio, naturalmente llamada, por antonomasia, a ser el cauce ético y legal más propio para constituir una familia.".
Agregaba posteriormente: "Con este proyecto habremos incorporado al grupo familiar a terceras personas de un modo completamente diferente a aquel que hasta ahora conocía nuestro ordenamiento jurídico".
El Senador señor Alessandri, en tanto, manifestaba:
"También es lógico deducir que la madre legítima, además de ver disminuidos los derechos que le corresponden en razón de ser una mujer casada, pierde respetabilidad y jerarquía social, pues, al ser todos los hijos iguales, la madre ilegítima se le equipara en cierta forma, adquiriendo la conviviente un nuevo status social y económico que mejora el anterior, que le permitirá disputar en condiciones semejantes los derechos de sus hijos ilegítimos con los de los hijos y madre legítimos". "Los bienes comunes en el matrimonio -concluía- son la resultante del trabajo del padre y de la madre. ¿Cuál es la razón para que tengan que compartirlos con los hijos ilegítimos?".
Se mencionó entonces que la igualdad constituía una amenaza para el matrimonio y la familia; que se incorporaban personas ajenas al hogar; que se estaban igualando situaciones diferentes. Todo ello, unido a valoraciones religiosas, éticas y morales y a acusaciones de la más distinta índole a los impulsores de la medida.
Hoy se ha eliminado esa odiosa diferenciación. Nuestra sociedad avanzó. Millones de niños, jóvenes y adultos han visto reconocidos sus derechos. Y no se han producido los apocalípticos efectos que se suponían.
Así también, lo que se encuentra hoy en discusión es otra muestra de una sociedad que avanza en el reconocimiento de la igualdad entre sus integrantes.
El Estado y sus instituciones, por mandato constitucional, deben establecer las garantías que aseguren a todos los habitantes su mayor realización material y espiritual posible, y otorgar las condiciones que lo permitan. Ello no se logra hoy en la situación de miles de parejas del mismo sexo y también heterosexuales que han decidido unir sus vidas en una forma distinta del matrimonio.
Los efectos de esta omisión jurídica son múltiples y conocidos, no siendo necesario ahondar en demasía.
Existen problemas evidentes, vinculados al parentesco y al régimen sucesorio. El caso más dramático es el de miles de personas homosexuales que, al no poder testar a sus parejas más del 25 por ciento de sus bienes, ven cómo la mayor parte de ellos quedará en poder de quienes en vida les rechazaron y denigraron.
Igualmente se registran dificultades relacionadas con el régimen patrimonial y la administración y destino de bienes adquiridos en comunidad.
También se plantean cuestiones de orden doméstico, de la vida cotidiana, pero tremendamente relevantes y sensibles, tales como la voluntad para la donación de órganos, el ingreso en calidad de familiar a hospitales y las decisiones que tienen que ver con la sepultación.
Es hora de enfrentar ello con decisión y de avanzar en la superación de la diferencia.
No hay razón alguna para que personas de igual o de distinto sexo que deciden tener una vida en común no puedan regular ante la ley su situación personal y el régimen de bienes.
Destaco la importancia de que la normativa en discusión incluya la definición de un estado civil, entendido este como "la posición que una persona ocupa en la sociedad en función de sus relaciones de familia, de la cual emanan obligaciones y derechos". Ello se refiere a las relaciones filiales y de pareja que adopten o generen las personas.
Si el acuerdo de vida en pareja será un estatuto que regulará, como en el matrimonio, la vida afectiva, no hay razón alguna para que no produzca también efectos en materia de estado civil.
Establecer este estado civil contribuirá a darle solidez al vínculo que se crea, a través de la imposibilidad, por ejemplo, de suscribir otro acuerdo similar; redundará en efectos civiles importantes, como en el régimen sucesorio, e introducirá prohibiciones e inhabilidades relevantes, con consecuencias en los ámbitos civil, penal y administrativo.
Por tanto, no puedo sino manifestar mi satisfacción por este nuevo progreso en la larga lucha de nuestro país contra toda forma de discriminación, así como también en la formalización de miles de relaciones de pareja que han esperado por décadas el respaldo de la ley y del Congreso.
No es, con todo, una tarea agotada. Sabemos que quedan pasos por dar y avances que se deben seguir materializando en los próximos años.
Hago notar, además, que no debe perderse de vista que estamos ante un enorme desafío, esencialmente cultural antes que legal, el que nos impone la necesidad de seguir desterrando patrones o estereotipos que afecten la dignidad de grupos o de individuos.
Se equivoca el que cree que la realidad se cambia con leyes. Estas ayudan, pero son solo un ámbito.
Es fundamentalmente la persistencia de varias generaciones en estos objetivos la que ha generado y seguirá generando resultados, como lo hemos visto en los últimos años.
Cabe reconocer, en este sentido, el trabajo y empeño de organizaciones y ciudadanos que han dedicado su tiempo a la noble tarea de luchar contra la discriminación y desigualdad.
Aun con los problemas que persisten, el país es hoy, gracias a todos, una sociedad más inclusiva que hace solo unos lustros.
Estamos dando un paso importante, que favorecerá a miles de compatriotas, quienes podrán regular su situación, tanto en materia de bienes cuanto personal, al generarse un estado civil que les amparará y protegerá.
Por el bien de Chile, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, prácticamente todos los que han intervenido en esta sesión ya lo hicieron también en la anterior. Me alegro de que esta vez podamos votar el proyecto.
Sin duda alguna, el acuerdo de vida en pareja presenta un valor muy grande, por reconocer formas de construir familia que van más allá del matrimonio. En efecto, asimismo ese vínculo puede ser originado por uniones no matrimoniales. Y, desde esa perspectiva, es una buena noticia la de que se avanza en esta dirección.
No puedo compartir el argumento del Senador señor Hernán Larraín en el sentido de que solo se resuelven los problemas de las relaciones entre personas del mismo sexo, porque, evidentemente, no todas las familias ni las parejas aspiran al matrimonio o desean contraerlo. Basta considerar los distintos tipos de relaciones sentimentales, emotivas, afectivas existentes en la sociedad: el pololeo, el noviazgo, el matrimonio, la convivencia.
Lo que estamos haciendo hoy día es establecer una regulación para un grupo muy significativo de personas que se encuentran absolutamente desprotegidas: los convivientes, tanto homosexuales como heterosexuales.
Y, en este sentido, resulta muy importante el valor que se da desde la perspectiva de la institucionalidad que se está creando. El proyecto es, de alguna manera, fundacional. Por eso es tan relevante asignar la dignidad que debe tener un contrato de la naturaleza del que nos ocupa.
De ahí que vamos a presentar algunas indicaciones, como la de establecer la modificación, aunque parezca algo meramente formal, respecto de convivientes y contratantes.
A ello asimismo obedece que hayamos dicho que el acuerdo de vida en pareja debería significar un cambio de estado civil. Eso es tan evidente como el hecho de que quien haya resuelto celebrarlo no pueda contraer matrimonio.
Y pensamos que no debe verificarse en una notaría. Por lo mismo, tiene que empezar a regir desde el día uno. Siempre se deberá materializar frente a un oficial del Registro Civil.
En igual sentido, hemos manifestado que, dada la dignidad de contratantes o convivientes, necesariamente debe establecerse un sistema de cese unilateral que se haga cargo de dicho aspecto y no consista, lisa y llanamente, en una carta certificada o declaración en una notaría.
¿Qué quiero señalar con lo anterior? Que el acuerdo de vida en pareja no es un contrato comercial cualquiera: involucra afectos y sentimientos. No basta con hacerse cargo, entonces, de la cuestión patrimonial, sucesoria, en fin.
Mas también me parece pertinente consignar que, desde cierto punto de vista, el acuerdo de vida en pareja viene a significar una consagración de una injusticia parcial para personas del mismo sexo -y ahí hago el distingo- que sí deseen construir familia a través del matrimonio.
Al artículo 102 del Código Civil le doy una, dos, tres vueltas, ¡pero en el siglo XXI! Porque si me hubiera tocado vivir en el siglo XIX, cuando las mujeres no estudiaban ni trabajaban, o antes de 1952, en el siglo XX, cuando no votaban en elecciones parlamentarias, a lo mejor tendría una mirada distinta.
Llama la atención que en pleno siglo XXI haya quienes sostengan que el matrimonio es para personas de distinto sexo. ¿Por qué?
Además, se trata de un contrato que, en el aspecto pecuniario, entrega beneficios a quienes lo celebran. Se podría argumentar en el sentido de que si alguien paga impuestos, ¿por qué no tiene derecho a casarse con alguien del mismo o de distinto sexo?
¿Acaso afecta la moral pública el que una pareja de homosexuales contraiga el vínculo? ¿Ello incide en la vida de un tercero? Estimo que impedirles el matrimonio es una forma de violación de los derechos humanos en el mundo moderno, así como también de discriminación. ¿Por qué esto último? Porque la discriminación no es otra cosa que reconocer menos derechos humanos, en virtud de características externas, como la orientación sexual en el caso que nos ocupa.
Lo mismo rige respecto de la adopción.
¿Qué es lo importante en quien se queda con un hijo o lo cuida y cría? ¿El género, la orientación sexual, o el afecto, el cariño y los valores que se entregan? ¡En esto último radica el bien superior del niño! ¿Qué tiene que ver con ello la orientación sexual de sus padres?
En consecuencia, vamos a presentar una serie de indicaciones tendientes a fortalecer la institucionalidad del acuerdo de vida en pareja justamente conforme a lo que estamos mencionando, es decir, la dignidad de dos personas.
¿Qué pasa con el hijo criado en el hogar común cuando, en una relación de convivencia en la que media un acuerdo de vida en pareja, fallece uno de los integrantes que es su padre o madre? ¿El tribunal de familia se lo entregará a un tío a quien nunca le ha importado o a algún pariente alcohólico? ¿Eso es mejor a que la tuición le corresponda al conviviente que sobrevive, quien lo crió y le entregó cariño, amor, afecto?
¿Qué es más importante hoy día -es la pregunta que tenemos que hacernos- en nuestra sociedad?
La ética social es cambiante. ¡Pasó el tiempo de la censura! ¡Pasó el tiempo en que la violencia intrafamiliar era un asunto de la vida privada! ¡Pasó el tiempo en que se toleraban el acoso sexual o el laboral! ¡Pasó el tiempo en que las mujeres no tenían derecho a voto! ¡Pasó el tiempo en que se penalizaba la sodomía! ¡El de ahora es el tiempo de la libertad y la democracia!
Por eso, voy a votar a favor...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Dispone de un minuto para concluir, señor Senador.
El señor ROSSI.-¿ y a seguir impulsando, con mucha fuerza, como muchos otros colegas, el matrimonio igualitario, para que tengamos una democracia de verdad, en la que haya igualdad de oportunidades y de derechos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar deseo advertir que, por muchas leyes que existan, los resultados pueden ser muy distintos de los que se persiguen.
Por ejemplo, la inscripción automática iba a ser casi milagrosa: tendríamos a todo el mundo incorporado. En el caso de los que aún no tomaban la decisión de cumplir el trámite en los registros electorales, entonces, habíamos encontrado el mejor método. Resultado: menos vota la gente.
A mi juicio, aquí puede pasar exactamente lo mismo. El argumento que se esgrime en relación con el proyecto es que un poco más de dos millones de personas conviven. Pero ¿por qué lo hacen? Porque lo han resuelto así. Y ahora se quiere formalizar algo opuesto a la determinación a la cual los mismos interesados han llegado -el motivo que les asiste es natural: tienen libertad para hacerlo- y para lo cual existe, si se desea recurrir a ella, la institución del matrimonio.
En ese sentido, creo que se va mucho más allá de las razones señaladas en la propuesta tanto del Gobierno como de la misma Comisión. Me parece que se quiere cambiar un modelo de sociedad. ¡Seamos francos! Y todos tenemos que ser tolerantes en la materia, lo que acepto.
Le hago presente al Senador señor Escalona, en cuanto a su alusión a quienes han defendido el matrimonio como institución, como es el caso de los evangélicos, que tal punto de vista forma parte de la libertad que tenemos en el país para poder dar a conocer nuestras opiniones. Por lo tanto, quiero valorar, aunque a lo mejor no estemos todos de acuerdo al respecto, la posibilidad de que ellos también ejerzan el derecho a expresarse.
Y eso no es intolerancia, Su Señoría. ¡Todos los chilenos...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Diríjase a la Mesa, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Lo expongo por su intermedio, señor Presidente.
Decía que todos los chilenos podemos dar a conocer nuestras opiniones y participar en la discusión que se lleva a cabo en el Congreso.
Aunque se va a aprobar la idea de legislar, el Senador que habla -y lo dice con todo orgullo- va a votar en contra con un convencimiento absoluto, por estimar que no se va a favorecer a nuestra sociedad. No podemos tener matrimonios de primera, de segunda o de tercera categoría.
La institución de la familia, por lo menos en el país en que vivimos, es muy importante, y no solo considerando la misma estabilidad de ella, sino también la de quienes son el fruto del amor en su seno.
Para mí, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Atribuirle una característica distinta, como se está haciendo ahora, creo que es bajarle el nivel. Porque, miren, para la venta de un auto, ambos contratantes deben acudir al Registro Civil; es decir, se necesita la aprobación de los dos. Pero para terminar un acuerdo de vida en pareja bastaría con enviar una carta certificada.
¡Esa es la solemnidad que se está dando!
¿Esa es la seriedad que se le quiere dar a una institución básica, paralela al matrimonio?
Creo que se está cometiendo un error profundo, cuyas consecuencias no las viviremos nosotros, sino las generaciones venideras y, posiblemente, los hijos que resulten de estos acuerdos de vida en pareja.
Yo me pregunto si un AVP no tiene límite. Solo lo tendría si uno de los convivientes se casara por su cuenta -ahí moriría ese acuerdo-, o le comunicara al otro que ha iniciado una nueva vida en pareja.
Con todo el respeto que tengo por ustedes, porque sé que se va a aprobar el proyecto, creo que a la larga la historia demostrará que no será positivo para el país, por muy buenas que sean las intenciones. Es cosa de leer el artículo 2°, que dice: "Tampoco podrá celebrar el acuerdo aquella persona que esté sujeta a vínculo matrimonial o a un acuerdo de vida en pareja vigente".
Una de las razones esgrimidas para acceder a la unión es que hay quienes han convivido durante mucho tiempo -20, 30 años-, después de haber contraído matrimonio y de haberse separado y que, como bien lo han planteado varios Senadores, no vieron nunca más su cónyuge y no pudieron, por tanto, disolver su vínculo mediante divorcio. Y resulta que ahora esas personas no tendrán derecho a usar este instrumento. Lo dice expresamente la norma.
Lo importante, en mi opinión, es pensar en qué sociedad queremos. Eso es lo que me preocupa.
El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y su objetivo es dar estabilidad emocional, brindarles amor a los hijos, proporcionarles una vida lo más digna posible.
Creo que ese es el modelo de sociedad que debemos preservar.
Por lo tanto, señor Presidente, con todo orgullo, voto en contra del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi acuerdo con la idea de legislar en esta materia.
Chile, tal como lo conocemos, ha cambiado significativamente en los últimos años. Cada día más la ciudadanía entiende a la familia ya no solo desde una visión rígida, única, sino con un sentido más amplio, que abarca diversos tipos de vínculos afectivos que no se limitan únicamente al matrimonio. Además, las parejas se casan menos: o viven juntas, o postergan su decisión por una opción personal.
Por consiguiente, las uniones de hecho han aumentado notoriamente en nuestra sociedad y son una realidad. Fundamentalmente, se trata de parejas heterosexuales, pero también hay un número cada vez mayor de parejas del mismo sexo.
Frente a tal situación, hay dos opciones. Una de ellas es dejar las cosas como están, lo que significa que cada vez un número mayor de personas estará carente de protección o de regulación legal desde todo punto de vista. Siendo así, quedarían sin regulación o regirían las reglas generales -que no necesariamente responden a las aspiraciones de estas parejas- respecto de la situación patrimonial entre ambos contrayentes; los frutos de la vida en pareja o la convivencia; la división de roles, que deja a un miembro más que al otro como encargado de la provisión económica. Se deja sin regular también el aspecto sucesorio o hereditario. Se deja sin regular la protección que el sistema previsional o de salud asigna a las parejas de los cotizantes ante diversas circunstancias. Se deja sin regular las situaciones que involucran a terceros, tanto desde un punto de vista económico como desde la perspectiva familiar.
Me parece que dejar las cosas como están, señalando solamente que la única alternativa es el matrimonio, no contribuye a incentivar el contrato matrimonial. Lo único que hace, en definitiva, es establecer una desprotección y una inseguridad jurídica en las relaciones de pareja.
Por eso, creo que legislar en esta materia no solo es positivo, sino que resulta indispensable. Las parejas unidas por vínculos afectivos, sean de la orientación sexual que sean, deben contar con herramientas que brinden protección entre ellas y frente a terceros.
Creo también que este contrato debe hacerse extensivo a todas las parejas, no solo a las del mismo sexo, como aquí se ha planteado. Pretender que se aplique únicamente a las parejas homosexuales sería profundizar la discriminación que hoy día están sufriendo estas. Ello sería más grave aún porque estaríamos usando la propia ley como un instrumento de segregación o de discriminación.
Por eso, apoyo la idea de legislar en esta materia, señor Presidente.
Sin duda, los mejoramientos que se han hecho con motivo del estudio de proyectos que se han presentado han ido enriqueciendo el texto que estamos debatiendo. Las iniciativas enviadas a la Comisión de Constitución eran claramente insuficientes. De ahí que se formularan indicaciones que permiten regular y fortalecer los derechos de los chilenos, hombres y mujeres del mismo o de distinto sexo que viven en común.
Es fundamental que el acuerdo de vida en pareja genere el estado civil de conviviente. ¿Puede alguien creer razonable que, luego de firmar un AVP, se considere soltera a la persona para todos los efectos legales? ¿Tiene sentido, lógica, que una persona llegue al hospital a ver a su pareja enferma y se la considere soltera para esos efectos, sin reconocerle vínculo alguno con quien suscribió el contrato de acuerdo de vida en pareja?
Por esa razón, después de un largo debate, se logró incorporar el estado civil dentro del texto del proyecto de ley, ya que resultaba impensable regular relaciones familiares sin el debido reconocimiento jurídico de los deberes y derechos que emanan de este contrato.
Es fundamental también que el contrato se firme ante un oficial del Registro Civil y se inscriba en un registro público. Si no, no habría forma de controlar la multiplicidad de acuerdos de vida en pareja que podría tener una misma persona, con el fraude que significaría frente a otras parejas o frente a terceros.
A su vez, es importante entregar una solemnidad especial para estos contrayentes. Si se pretende regular un contrato que supera con creces los contenidos privados de índole patrimonial, creemos que el oficial del Registro Civil es el funcionario más idóneo ante quien celebrarlo.
Asimismo, resulta primordial que se cuente con acceso a la diversidad de regímenes patrimoniales. Es de toda lógica. Si uno de los principales efectos de este contrato es disponer de una forma clara de administrar el patrimonio, nada justifica restringir las alternativas. Lo obvio es dar acceso a todas las opciones disponibles.
Estimo, además, que las controversias que se generen a propósito de un acuerdo de vida en pareja deben ser vistas por los tribunales de familia, porque todo lo relativo a materias de estado civil y de familia debe ser conocido por dichos órganos jurisdiccionales, que tienen las especialidades, los profesionales y la infraestructura para abordar ese tipo de asuntos.
Señor Presidente, son varios los antecedentes por los cuales resulta fundamental legislar en este ámbito.
En seguida, quisiera rescatar la modificación que se logró introducir en materia sucesoria. Se elimina el plazo en que empezarían a regir los derechos de cada uno de los miembros de la pareja que firme un acuerdo de vida en común. En este sentido, me parece esencial que los efectos y los derechos empiecen a regir inmediatamente y no tengan un plazo que vaya más allá de lo que los mismos contrayentes estimen necesario.
Señor Presidente, este es, tal vez, uno de los temas que han generado más discusión en nuestra sociedad. Y pienso que el Senado ha llevado a cabo un debate, un diálogo sumamente importante para poder legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto adicional.
¡No porque sea el Presidente en ejercicio debe tener algún tipo de privilegio¿!
El señor COLOMA.- ¡Es víctima de su propia rigurosidad¿!
El señor PIZARRO.- ¡El que a hierro mata, a hierro muere¿!
Aplique el Reglamento, no más, señor Presidente. No hay problema.
Solo quería destacar, al final, que el debate que se ha llevado adelante en la Comisión, con la participación de distintos actores, organizaciones, la intelectualidad y el mundo académico, da cuenta de la realidad de la sociedad chilena actual, de los diferentes tipos de familia que la componen y que viven en nuestras ciudades, que buscan generar familias a través de una relación afectiva de pareja, de personas de distinto o del mismo sexo que merecen tener la protección jurídica necesaria para lograr una mejor calidad de vida.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un debate llamado a hacer historia. Tuvieron que pasar más de cien años para que se pudiera aprobar el divorcio en Chile. No se le quería dar curso. ¡Fueron cien largos años negando una realidad que existe: las parejas se separan! Y no había ningún mecanismo que regulara la situación, razón por la cual había que recurrir a la ilegalidad, a la creatividad y al alto costo de los abogados para poder encontrar una figura que reflejara dicha realidad: que la gente se separaba, porque se terminaba el amor o simplemente por conveniencia.
En definitiva, esta negación de la realidad me lleva a reflexionar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Existe una visión sacrosanta del matrimonio, el cual ha sido idealizado. Se lo ha visto como garantía de felicidad, de seguridad, de estabilidad, de continuidad. Pero no es así. El matrimonio no garantiza ninguna de esas condiciones. Lo que garantiza la unidad es el amor. Cuando las parejas sienten amor, se mantienen unidas; cuando este se acaba, termina el matrimonio, salvo que haya un interés de por medio.
Por lo tanto, decir que el matrimonio, como referente, es la institución que posibilita la estabilidad, contrasta con la realidad. El 52 por ciento de los niños nacen fuera de este vínculo en Chile. La pregunta es si cabe señalar, tal como sostuvo un intendente de mi Región, que el inconveniente de la juventud actual es que los hijos nacen fuera del matrimonio, y que por ese hecho puntual se encuentran condenados a ser distintos de los demás, a ser niños problema.
La verdad es que tengo amigos con matrimonios muy bien formados, perfectos, cuyos hijos manifiestan graves inconvenientes. Y también conozco parejas que conviven con hijos envidiables: formales, respetuosos.
Creo que esta ocasión es propicia para reflexionar sobre el fondo del asunto y ver qué es lo que se quiere.
Cuando en Chile se anunció que habría educación primaria obligatoria, los partidos de Derecha de la época dijeron: "¡Se van a despoblar los campos!". Se señaló que si los niños estudiaban obligatoriamente, no iba a haber quién trabajara la tierra. Y los conservadores de entonces -hablo de 1920- se opusieron a lo que planteaban Darío Salas, Mac-Iver, en cuanto a que debía haber educación primaria obligatoria, considerando que en Chile existía un millón 600 mil analfabetos.
Siento que hay resistencia a los cambios.
Como aquí se ha sostenido, el conservadurismo es miedo a los cambios. Pero yo les tengo una noticia: los cambios ya ocurrieron. ¡El 52 por ciento de los niños nace fuera del matrimonio! ¡Hay ley de divorcio y la gente se separa!
En definitiva, estamos constatando algo tardíamente y legislando sobre una realidad que está ahí: la gente convive y lo hace por años, y está en desventaja, en desamparo, porque no hay una legislación que la proteja.
El año 94 murieron 21 mineros en Schwager debido a una explosión de grisú. Yo estuve en el velorio. Había mineros que llevaban 40 años separados de sus cónyuges. Sin embargo, estas llegaron y se fueron con los ataúdes, dejando en completo abandono a las convivientes y sus hijos.
Yo recuerdo titulares de la crónica roja que decían: "Lo pillaron junto a su conviviente". Era un estigma ser conviviente. Cuando en los censos le preguntaban a un individuo si se hallaba en tal condición, todos lo negaban.
Yo siento que esta ley ayudará a borrar ese estigma y a valorar a las personas en su total dimensión.
En tal sentido, señor Presidente, creo que damos un paso muy importante en materia de igualdad, de legislar sobre lo que la realidad nos pide y de reconocer que hay distintos tipos de familia: los tuyos, los míos y también los nuestros. Hay familias diversas. ¡Esa es la realidad! No hay una familia ideal, única. Son distintas, pero todas tienen los mismos derechos. Todos los hijos y todas las parejas deberían tenerlos.
Aquí se ha hecho un esfuerzo. Y quiero hacer un reconocimiento a todos quienes han participado, a los que han impulsado el debate sobre esta materia, incluso desde las bancas de enfrente; al Senador Espina, al Senador Rossi. Se ha hecho un esfuerzo que yo valoro, con el objeto de establecer un cambio profundo, que para algunos podrá tener un significado, y para otros, uno distinto.
Lamento que la UDI, en particular, tenga la visión que ha manifestado. Por supuesto, tienen derecho a tenerla, y se la respeto. Está aquí, para ser debatida. Ya veremos qué dice la Sala cuando conozca las indicaciones. Pero lo claro es que el acuerdo de vida en pareja se convertirá en ley; en una ley que le hará bien a Chile, a la familia. En mi opinión, nos va a volver más sinceros. Porque lo otro es hipocresía, es meter estos problemas debajo de la alfombra. Lo justo y necesario, en una sociedad que convive y se mira a los ojos, es reconocer lo que somos. Y lo que somos nos indica que hay diversas familias, que hay convivencia en pareja, y que, en definitiva, los chilenos adoptan la mejor manera de ser felices. Para algunos será el matrimonio, lo cual respeto. Y por eso la gente se casa y organiza su boda, aunque algunas de estas son más largas de lo que dura el matrimonio, porque a los dos meses los cónyuges ya están separados. Duran la nada misma. ¡Tenemos ejemplos cercanos¿!
Por eso, señor Presidente, siento que este proyecto de ley sincera el alma nacional, nos hace ser mejores al reconocer nuestra realidad. Lo que tenemos que hacer los parlamentarios es legislar sobre la realidad, no sobre lo etéreo. Y la realidad nos indica que esto existe y que hoy lo estamos regulando para proteger los derechos de las personas.
Yo celebro que el Senado vaya a aprobar esta iniciativa, que viene a saldar una deuda tremenda que teníamos con una parte importante de la sociedad, con los heterosexuales y también con quienes viven con parejas del mismo sexo y tienen los mismos derechos y dignidad, tal como aquí se ha dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo creo que este es un debate importante. No porque uno tenga una posición que probablemente no sea la de la mayoría no va a considerar importante la discusión.
Por ello, quiero partir revindicando lo que ha hecho la UDI en términos de facilitar que este debate se verificara, y no -como algunos pretendían- haber votado este proyecto hace dos semanas después de que habían hablado cinco parlamentarios. Ahora han intervenido treinta. No obstante, eso no fue problema para que algunos, desde las bancadas del frente, caricaturizaran, junto a los periodistas, nuestra forma de actuar en política.
A mí me interesa que los temas se debatan, se discutan. Y me parece altamente grave que cuando uno trate de hacer eso se confunda a la opinión pública diciéndole que aquí hay un grupo de personas que están haciendo zancadillas respecto de determinada discusión.
A mi juicio, la mejor forma de comprobar lo que estoy señalando es lo que ha ocurrido esta tarde: en vez de haber votado esta iniciativa con la participación de solo cinco Senadores -tengo la lista-, lo vamos a hacer habiendo intervenido treinta. Creo que esa es la manera de actuar transparentemente en Chile.
Dicho eso, señor Presidente, paso a abocarme al tema que nos ocupa.
¿Qué se pretende con esta legislación? Básicamente, regular institucionalmente situaciones de hecho vinculadas a la convivencia afectiva no matrimonial y que, en lo medular, se concentra -esto es mío- en cuatro elementos fundamentales: regular los problemas patrimoniales que surgen a su término; establecer anticipadamente aspectos personales vinculados a los afectos y patrimonio de una pareja; buscar normas que indirectamente ayuden a las prestaciones sociales mutuas dentro de una relación de dos personas que se tienen afecto, y, lo más importante, generar una nueva institución.
Entonces, desde mi perspectiva al menos, la reflexión que corresponde es cuándo se debe generar una institución. No basta simplemente ir constatando una realidad para luego dar origen a una institucionalidad. Porque, si no, quiere decir que el Derecho o la capacidad social de ordenar conductas -o por lo menos orientarlas- va a ir siempre detrás de lo que en una sociedad, en un momento determinado, pueda ocurrir. Y las sociedades, igual que los parlamentarios, se equivocan y mucho. Por eso la reflexión es importante.
Desde mi punto de vista, tienen que darse a lo menos dos condiciones esenciales: que haya una necesidad excluyente e indispensable de regulación; y, segundo, que los efectos que esta produzca no sean peores que los beneficios que pretende.
Así las cosas, cabe preguntar: ¿es indispensable esta iniciativa? Desde mi modesta visión, todo lo que se busca lograr a través del AVP es perfectamente posible conseguirlo mediante la actual legislación.
Se habla de los efectos patrimoniales. Perdón, pero aquí mismo se ha legislado respecto de los términos de la convivencia. Y la jurisprudencia chilena asegura los derechos recíprocos de quienes conviven, siendo la necesidad de probar el esfuerzo común la esencia de lo que al final se dispone.
O sea, si ese es el problema, está resuelto.
Una segunda lógica tiene que ver con cómo enfrentar situaciones patrimoniales no producidas a la muerte de alguien, sino dentro de la convivencia. Hoy día hay numerosa legislación societaria, testamentaria que permite exactamente hacer todo lo que se pueda deducir respecto de esta institucionalidad. ¡Todo!
Y, por último, en cuanto a normativas nuevas que se pueden establecer, evidentemente no hay problema alguno en modificar el Código Civil respecto de los bienes familiares, de las cuartas de mejoras o de libre disposición o de la declaración de herencia yacente; o enmendar el Código del Trabajo en lo relativo a la incorporación de la convivencia en las remuneraciones que correspondan al trabajador fallecido; o los actos y contratos en lo que respecta a viviendas adquiridas con ayuda del Estado. Nada de eso requiere crear una nueva institucionalidad.
Entonces, claramente esa no es la razón. La razón es otra: crear esta institución nueva, distinta, que para algunos podrá dar satisfacción a una igualdad o a una necesidad afectiva, pero que, sin duda -y aquí está el tema de fondo-, genera efectos sociales que, al menos desde mi perspectiva, son equivocados.
De partida, no se acaban los problemas descritos. Porque ninguna pareja que conviva va a estar obligada, eventualmente, a tener además un AVP. O sea, vamos a tener los matrimonios, los AVP y los convivientes. Eso no se va a dar. Nadie puede ser obligado a cambiar de estado. Por lo tanto, la institucionalidad no va por ahí.
Lo que se está buscando al final es generar un equivalente paralelo al matrimonio y ojalá darle el mayor equilibrio posible. Y, según mi parecer, eso obviamente afecta la familia matrimonial.
El paralelismo, sobre todo en la heterosexualidad, debilita socialmente la estabilidad y permanencia de la institución.
Y permita el señor Presidente que uno de repente pueda expresarse con más pasión. Es evidente que si hay un matrimonio y paralelamente existe algo muy parecido, pero que no tiene ninguno de los requisitos del primero y sí involucra mucho menos obligaciones, el incentivo social hace mucho más dificultoso seguir el camino no fácil del matrimonio. Lo dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra: es un camino de esfuerzo, pero que, al final, tiene un sentido social muy positivo, particularmente respecto de los hijos. Aquí se da una señal distinta, en que pareciera que se opta más por facilitar los escenarios de convivencia y, por lo tanto, por debilitar la estabilidad matrimonial, que para mí es muy importante.
En seguida, creo que también debe oírse a los referentes morales del país. El otro día me ocurrió algo que me sorprendió: hablé de Dios en el Parlamento y me dijeron que era una exageración hacerlo. Yo no lo considero una exageración. Y me parece que los referentes morales de la Iglesias católica y evangélica son importantes en los debates públicos. Y es curioso que coincidan exactamente en estos puntos esenciales. Para ellas, la defensa del matrimonio no aparece armónica con la institución que aquí se pretende instalar.
Por último, debo señalar que esto es un paso al matrimonio homosexual. Yo creo que, instalado el AVP, se hace casi lógico avanzar al estado siguiente. Si se parte de la premisa de que no hay razones de fondo para oponerse a la reglamentación pública de esta convivencia, ¿por qué alguien tendría que estar impedido de acceder al compromiso matrimonial? ¿Por qué negar entonces la adopción?
Yo creo que este es un paso vinculante, como lo reconocen algunos de los inspiradores de esta legislación. Según Pablo Simonetti, a quien he leído, "La correcta conceptualización del AVP como un instituto de familia permitirá dar abrigo a millones de familias en el futuro, fijando de paso sus límites con el matrimonio, institución a la cual también debieran acceder las parejas del mismo sexo".
Entonces, en mi opinión, aquí se encuentra el tema de fondo. Y como yo soy profundamente contrario al matrimonio homosexual, por razones que cada uno respetará -hay otros que pueden ser partidarios-, me parece que aprobar el AVP es indudablemente un paso equivocado, según el sentido de lo que yo al menos pienso.
Por eso, señor Presidente, voto en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el debate de esta tarde es una muestra muy clara de que Chile cambió. Estamos en un Estado laico, pero es la primera vez desde el origen mismo de la República que se permite a personas de igual o distinto sexo que comparten una vida en común el celebrar un acto solemne como el que aquí se ha planteado, acto solemne que originalmente no se consignaba en el proyecto que se presentó.
Muchas veces uno, con razón o sin ella, critica al Gobierno. Yo estoy en la Comisión de Obras Públicas, donde hemos visto el caso del puente sobre el río Cau Cau, en Valdivia, que se instaló con los brazos hidráulicos invertidos.
Respecto de muchas materias, uno a veces plantea algunas críticas. Sin embargo, hoy día tenemos acá una decisión resuelta del Gobierno del Presidente Piñera de echarle para adelante, más allá de la resistencia de algunos sectores más conservadores de la Derecha. Y digo "algunos sectores", porque, para ser riguroso, no es toda la Derecha, sino probablemente la misma que se va a oponer en el futuro a una nueva Constitución, a cambiar el binominal y seguir aferrada al modelo neoliberal creado en la Constitución del 80.
Por lo tanto, este es un paso enorme, desde el punto de vista de la trascendencia y de los efectos que tiene.
Aquí, como muchos Senadores han planteado, ha habido una participación del Gobierno, un compromiso presidencial. Pero, claramente, estamos ante un proyecto enriquecido en el debate parlamentario, en la Comisión de Constitución, con los Senadores de distintas bancadas.
También se dio la posibilidad de escuchar a la sociedad civil. Si no, nos hubiésemos quedado sin duda en un acuerdo de vida en pareja que solo regulara aspectos patrimoniales. Lo que hoy tenemos -lo decía muy bien el Senador señor Zaldívar- se relaciona con los derechos sucesorios, previsionales, apoyo mutuo, en fin, un conjunto de elementos que constituyen la protección para personas que llevan una vida en común, donde hay afecto, cariño, bondad y todos los atributos que uno puede imaginar en una familia que, como se señaló acá, ha evolucionado con el correr de los años.
Entonces, este es un paso importante que nos debe hacer reflexionar, porque el debate se ha dado a ratos con una confusión de parte de nosotros mismos. Lo digo porque aquí ha habido colegas que han querido imponer una mirada legítima, una convicción, una fe religiosa, en circunstancias de que quienes estamos en esta Sala somos representantes de la sociedad. A nosotros no nos ha enviado acá un grupo religioso, por respetable que sea.
Señor Presidente, creo que nosotros no podemos olvidar lo que fueron las guerras cristianas de los años 1524 y 1697, que eran conflictos de intolerancia.
Un prestigioso filósofo liberal, Karl Popper -al que algunos en esta Sala probablemente han leído una y muchas veces, para justificar seguramente sus posiciones económicas, respetables desde luego-, nos señala que en una sociedad abierta no cabe la posibilidad de ser tolerantes con los intolerantes.
En mi opinión, eso cobra mucha vigencia en el actual debate. No podemos ser tolerantes con los intolerantes, porque estos últimos no han tenido respeto ni siquiera por quienes estamos acá. Y no me refiero precisamente al señor que se ubica en las afueras del Congreso con un megáfono.
Uno se pregunta igualmente: ¿Cómo es posible que esto ocurra y que al amparo de algunas creencias religiosas se pueda injuriar, calumniar y ofender a personas?
Considero que esta discusión, probablemente, la pudimos haber tenido mucho antes. Sobre todo hay que ser justos. Hubo cierta convicción del Gobierno. También Senadores de la actual Oposición presentaron muchos proyectos de ley de la Concertación. De igual modo, hubo muchos avances durante su Administración en varios ámbitos: movilización, superación de la pobreza. Pero, cuando a veces hemos hecho autocrítica, planteamos que hubo renuncias. Efectivamente fue así. Y nosotros debimos haber avanzado con mucha anterioridad en una materia como esta.
Hace tiempo ya -como decían algunos señores Senadores- que comprobamos que no se verifican matrimonios o que no se invita a nuevos, porque no se están celebrando. Lo que hay hoy en día, cada vez más, es mayor convivencia de personas de igual o de distinto sexo.
Por eso, creo que esta es una gran noticia en el inicio del año, que representa una muestra de tolerancia y una decidida expresión del Senado en orden a terminar con cualquier tipo de discriminación.
Como se ha señalado aquí, es un avance que, probablemente, después de futuros debates, en otro momento, en los próximos años -a lo mejor en un tiempo no muy lejano-, dará lugar a otro paso: extender el matrimonio a personas de igual sexo, con la posibilidad incluso de adoptar hijos.
Hoy día nos enfrentamos a una opción concreta.
Tenemos numerosos niños en Chile sin familia, sin apoyo, sin cariño, sin la figura de un padre o una madre. Y también hay muchísimas parejas del mismo sexo, de distintos niveles socioeconómicos, que estarían felices entregando amor a pequeños que lo necesitan.
Entonces, pienso que el debate recién comienza.
A mi juicio, esta es una mala noticia para los intolerantes del país que pretenden, en nombre de cualquier creencia, imponer determinada visión.
Nadie tiene derecho a salir a ofender o amenazar en nombre de Cristo, de Alá o de Buda.
Actualmente tenemos un Senado que se hace cargo de un sentimiento profundo y una sociedad que ha cambiado y que ha dicho: "No más discriminación".
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, he pedido intervenir, porque en la próxima legislatura no estará la palabra del Partido Radical en esta Sala.
Hay momentos importantes que son históricos.
Estimo que hemos avanzado en el país al romper algunas discriminaciones existentes. Hoy día estamos discutiendo un proyecto de ley trascendente, similar a los que hubo en materia educacional y en otros temas.
Es importante señalar que el 27 de diciembre pasado el Partido Radical cumplió 150 años.
Somos herederos de los Matta, de los Valentín Letelier, de los Pedro Aguirre Cerda, de los Pedro León Gallo, que lucharon contra el centralismo; porque existiera la separación de la Iglesia y el Estado; por cementerios laicos; por el voto de la mujer; por el divorcio; por libertades civiles; por defender al pueblo evangélico que en esos tiempos era discriminado: no se le permitía enterrar a sus muertos en los cementerios católicos.
De esa colectividad -el Partido Radical- soy heredero.
Por eso, hoy día, es tan significativo manifestar que nuestra posición es votar favorablemente un proyecto como el que está en debate, lo que implica en el país abrir puertas, abrir las mentes de todos los chilenos. Porque la discriminación en distintos ámbitos es mala.
Y aquí se confunde el sacramento del matrimonio con un contrato. Para la Iglesia Católica es determinada fórmula y para los que no profesamos esa fe es un contrato.
Y en esa lógica, cuando uno hace esa distinción, en Chile es posible que quienes creen en ese sacramento se casen por la vía religiosa e inscriban su matrimonio en el Registro Civil.
Por lo tanto, avanzar en estos proyectos y en estos procesos de cambio es relevante. Y bajo esa razón y desde la perspectiva histórica, uno podría considerar lo que ha pasado en el mundo respecto de tales temas.
En ese sentido, tengo en mi poder un documento que dice que el matrimonio, era un contrato entre particulares. Y lo fue antes de que la religión lo adoptara y transformara en un sacramento por razones políticas y económicas. Recién en el siglo IV, en Roma, el matrimonio entre parejas del mismo sexo fue prohibido por decreto del emperador, luego de la adopción del cristianismo como religión del Imperio.
O sea, hay una razón que ha generado la historia sobre las concepciones que cada parte llevó adelante.
Por eso, hoy día, en Chile, en un tiempo distinto, es importante, por lo menos para nosotros, como parte de esta sociedad y representantes del Partido Radical, votar favorablemente este proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos contra 6 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Kuschel y Larraín (don Carlos).
Se abstuvieron los señores Chahuán y Prokurica.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a quienes se encuentran en las tribunas guardar silencio y tomar asiento, porque la sesión tiene que seguir.
¿Qué fecha sugiere el Presidente de la Comisión de Constitución? ¿El 13 o el 20 de enero?
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, aun cuando no represento a toda la Comisión en esta decisión, porque no lo hemos conversado todavía, me gustaría entregar un criterio.
Nosotros tuvimos la discusión en general y particular en esa instancia de estudio, y durante el año pasado celebramos innumerables sesiones. Por lo tanto, en este caso -por supuesto se van a presentar indicaciones que serán discutidas en su totalidad-, no se justifica un plazo amplio. Entonces, no sé si habría acuerdo en un plazo de una semana o dos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya fueron presentadas algunas, señor Senador.
Podría ser el lunes 13 o el lunes 20.
El señor WALKER (don Patricio).- Puede ser el lunes 20.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 20, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar con la sesión, ofreceré la palabra a la señora Ministra. Luego se pondrán en votación diversos proyectos de acuerdo.
La señora PÉREZ (Ministra Secretaria General de Gobierno).- Señor Presidente, quiero agradecer en nombre del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Hoy es un día histórico, porque con señales concretas y no solo con palabras, Chile avanza hacia ser un país inclusivo, un país que respeta, un país que acoge a los chilenos, independiente de su condición sexual.
Agradezco a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque, a pesar de las diferencias, logramos llegar hoy día acá con este proyecto y dar juntos este paso histórico.
Quiero agradecer a los Senadores y a las Senadoras que nos han dado un tremendo respaldo con la mayoría importante manifestada en el voto de aprobación a la iniciativa que crea el acuerdo de vida en pareja.
Quiero agradecer, pues ha sido el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el que ha puesto estos temas sobre la mesa: sacamos adelante una Ley Antidiscriminación; hoy avanzamos en el acuerdo de vida en pareja y esperamos seguir haciéndolo con un proyecto que sanciona la incitación al odio, porque esas son las cosas que tanto mal le hacen a nuestro país;¿
¿ que le hicieron mal en el pasado; que se lo siguen haciendo en el presente,¿
¿ y que se lo seguirán haciendo en el futuro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Ministra¿
La señora PÉREZ (Ministra Secretaria General de Gobierno).- Algunos hablan de tolerancia.
La señora PÉREZ (Ministra Secretaria General de Gobierno).- La tolerancia, señor Presidente,¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito a los asistentes a las tribunas que están provocando disturbios que se sirvan abandonar la Sala.
¿Pueden salir, por favor?
Se les advirtió en todos los tonos que no debían realizar manifestaciones.
Por favor, retírense de la Sala. Si no, los voy a hacer desalojar.
¡Por favor, salgan tranquilamente de la Sala!
Bien. Agradezco su comprensión.
La señora PÉREZ (Ministra Secretaria General de Gobierno).- ¿Sigo, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede continuar, señora Ministra.
La señora PÉREZ (Ministra Secretaria General de Gobierno).- Gracias.
Señor Presidente, algunos hablan de tolerancia, pero la verdad es que esta tiene una acepción negativa. La palabra adecuada es "respeto". Esto es lo que algunos no entienden cuando ganan las mayorías y existe la posibilidad de que se expresen todas las diferencias.
Quiero agradecer en nombre de miles de mujeres y hombres que requieren del Estado una respuesta, la cual debe ser de protección, pero también de reconocimiento. Y esto contempla el acuerdo de vida en pareja.
Quiero agradecer, pues son miles las mujeres y los hombres que necesitan respeto y dignidad en sus relaciones de amor.
Tolerancia no es la palabra correcta. Insisto: la tolerancia es negativa en su concepción más natural. Respeto y dignidad son los vocablos y el actuar que nos deben guiar en el futuro.
Y quiero agradecer, porque señales como esta, que más que palabras son hechos concretos, permiten que nuestro país, que avanza hacia el progreso y el desarrollo, continúe haciéndolo, pero con todos. Ello, de manera que exista un Chile inclusivo; un Chile que acoge; un Chile que no discrimina; un Chile donde hay acuerdo de vida en pareja para su población entera; un Chile que -insisto- empiece a dar señales concretas de que se pasa de hablar de que no se debe discriminar, a actuar para que no se discrimine.
Muchas gracias, señores Senadores y Senadoras, y ojalá que sigamos abordando proyectos de ley orientados a que nuestro país acoja; a que nuestro país incluya; a que nuestro país no siga excluyendo a personas por sus distintas condiciones religiosas, sexuales o sociales.