Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd2244-1979.html
Timestamp: 2017-10-23 15:48:59
Document Index: 264345084

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 66', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 5']

Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo
Publicado en BOE de 01 de Octubre de 1979
Vigencia desde 21 de Octubre de 1979. Revisión vigente desde 21 de Octubre de 1979 hasta 17 de Enero de 1986
Artículo 1 Objeto y naturaleza del recurso
Artículo 2 Consecuencias de la simultaneidad
Artículo 3 Competencia para resolverlo
Artículo 4 Plazo de interposición
Artículo 5 Efectos de la interposición
Artículo 6 Legitimación
Artículo 7 Representación y dirección técnica
Artículo 8 Iniciación del recurso
Artículo 9 Puesta de manifiesto del expediente
Artículo 10 Presentación del recurso
Artículo 11 Suspensión del acto impugnado. Garantías
Artículo 12 Otros interesados
Artículo 13 Extensión de la revisión
Artículo 14 Dictamen previo
Artículo 15 Resolución del recurso
Artículo 16 Forma y contenido de la resolución
Artículo 17 Notificación y comunicación de la resolución
Artículo 18 Improcedencia de nuevo recurso
Artículo 19 Improrrogabilidad de los plazos
BOE 17 Noviembre. Corrección de errores RD 2244/1979 de 7 Sep. (de reglamentación del recurso de reposición previo al económico-administrativo)
Artículo 11 redactado por el Capítulo II del R.D. 448/1995, 24 marzo, por el que se modifica determinados artículos del Reglamento General de Recaudación, del Real Decreto por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y del real decreto por el que se desarrolla determinadas directivas comunitarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación («B.O.E.» 28 marzo).
RD 2631/1985 de 18 Dic. (procedimiento sancionador en las infracciones tributarias)
Número 8 del artículo 11 introducido por la Disposición Adicional Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986). Número 9 del artículo 11 introducido por la Disposición Final Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986). Número 10 del artículo 11 introducido por la Disposición Final Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986). Número 11 del artículo 11 introducido por la Disposición Adicional Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986).
R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 17 noviembre). R.D. 2244/1979, 7 septiembre, derogado por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa («B.O.E.» 27 mayo), el 27 de junio de 2005.
La importancia cada vez mayor que en nuestros días tiene la función tributaria, entendida ésta como conjunto de medios y de técnicas a través de los cuales despliegan todos sus efectos las previsiones normativas en las que se concreta la capacidad de pago de los contribuyentes, exige se preste la necesaria atención a los procedimientos de gestión tributaria y a las incidencias que en ellos puedan surgir.
Una faceta que siempre hay que destacar a la hora de disciplinar las relaciones jurídicas del Fisco con los contribuyentes es la especial relevancia que en ellas tiene el principio de legalidad, cuya contrapartida son los medios de impugnación frente a las actuaciones de la Administración Financiera no conformes a derecho.
Al mismo designio responde la presente disposición, que instrumenta un procedimiento ágil, dentro del respeto a las garantías jurídicas del administrado, para tratar de resolver ante los mismos Organos de la Administración activa las discrepancias que puedan surgir con motivo de la gestión tributaria, sin perjuicio de que el interesado tenga siempre abierta la posibilidad de acudir a la vía económico-administrativa, de tanta solera y tradición en el ramo de Hacienda.
El presente Real Decreto concibe el recurso de reposición bajo unas perspectivas nuevas, ausentes en la reglamentación actual, a la que hay que imputar gran parte del fracaso de este medio de impugnación en la práctica. Entre las novedades más sobresalientes merecen destacarse la ampliación del plazo para interponer el recurso, si bien con la necesidad de que el escrito de iniciación lleve siempre incorporadas las alegaciones, y la regulación de la suspensión del acto administrativo impugnado; en relación con ellas, dos medidas reflejan asimismo el espíritu que preside esta disposición, a saber: la previsión de que inmediatamente pueda el contribuyente instruirse del expediente o de las actuaciones practicadas y el haber introducido la fianza personal a prestar, en determinadas condiciones, cuando se solicite la suspensión de la ejecución de actos administrativos de gestión tributaria de pequeña cuantía.
También cabe destacar la armonización que se consigue con la vía económico-administrativa, regulándose los efectos de la simultaneidad de este recurso con aquélla, la introducción de la forma escrita en las actuaciones, la tecnificación del procedimiento, el nuevo régimen jurídico de la resolución presunta y la reconducción al esquema general de la actuación de la Intervención de la Hacienda Pública.
Por todo lo expuesto y al amparo de lo que disponen los artículos 97 de la Constitución, 17 a) y 160 a 162 de la Ley General Tributaria, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación y aprobación por el Gobierno en sesión de 7 de septiembre de 1979,
1. Todos los actos de la Administración General o Institucional del Estado reclamables en vía económico-administrativa serán susceptibles de ser impugnados previamente en reposición con arreglo a lo que se dispone en el presente Real Decreto.
2. El recurso de reposición tendrá carácter potestativo, pudiendo los interesados interponer directamente la reclamación económico-administrativa contra dichos actos.
3. Si el interesado interpusiese el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que aquél se haya resuelto expresa o presuntamente.
1. No podrán simultanearse el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.
2. Los Tribunales Económico-Administrativos declararán inadmisible toda reclamación relativa a cualquier acto de la Administración en el instante en que conste que dicho acto ha sido previamente impugnado en reposición y que ésta no ha sido resuelta, y devolverán el expediente a la Oficina de procedencia. Ello no será obstáculo para que, en reclamación posterior y una vez terminado el recurso de reposición, puedan resolver sobre el fondo del mismo asunto.
3. Al interponer el recurso de reposición, el interesado hará constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa.
4. Si pese a ello se acreditase la existencia de una reclamación sobre el mismo asunto y anterior al recurso de reposición, se dará éste por concluido sin más trámite, por medio de diligencia, remitiéndose todo lo actuado, con el expediente en su caso, al Tribunal Económico-Administrativo.
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición, el Organo que haya dictado el acto administrativo impugnado.
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de quince días contados desde el siguiente a la notificación del acto cuya revisión se solicita.
El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse inicialmente a partir de la fecha en que se hubiere practicado la notificación expresa de la resolución recaída o, en su caso, del día en que se entienda presuntamente desestimado.
1. Podrán interponer el recurso de reposición:
a) Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos.
b) Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión, y
c) El Interventor general de la Administración del Estado y sus delegados en el ejercicio de la función fiscalizadora de los ingresos públicos que les confieren las disposiciones vigentes.
c) Los denunciantes, salvo en lo concerniente a participación en las sanciones.
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
1. El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:
e) El lugar y la fecha de interposición del recurso, y
f) Que no se ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa.
2. En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.
3. Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el artículo 11 del presente Real Decreto.
1. Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la Oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.
2. La Oficina o Dependencia de gestión, bajo la responsabilidad del Jefe de la misma, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran.
El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del Organo que dictó el acto administrativo que se impugna o, en su defecto, en las Dependencias u Oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá si en el momento de interponerse el recurso se garantiza el ingreso de las cantidades a que se refiere el apartado cinco de este artículo.
2. Si es recurso no afecta a la totalidad de la cifra liquidada, la suspensión se referirá a la diferencia que sea objeto de impugnación, quedando obligado el recurrente a ingresar el resto en los plazos reglamentarios.
3. La suspensión regulada en el presente artículo solo producirá sus efectos en este recurso.
4. La garantía a constituir por el recurrente para obtener la suspensión podrá consistir en:
b) Aval o fianza solidario prestado por un Banco oficial o privado o por una Caja de Ahorro.
c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad, de reconocida solvencia, para débitos inferiores a cien mil pesetas.
5. La caución alcanzará a cubrir el importe de la deuda triburaria recurrida y el interés de demora que origine la suspensión. En el caso previsto en la letra a) del párrafo cuarto, sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda, el interés de demora se calculará sobre treinta días.
6. La suspensión se comunicará a la Intervención y durará mientras no se resuelva el recurso de forma expresa. Si la pretensión no prosperase, el plazo de ingreso de la deuda tributaria recurrida será igual al que, en la fecha de interponer el recurso, faltare por transcurrir del período voluntario.
7. Los intereses de demora que origine la suspensión serán objeto de liquidación y notificación por la oficina competente y deberán ser ingresados en los plazos que indica el Reglamento General de Recaudación.
A partir de: 18 enero 1986
Número 8 del artículo 11 introducido por la Disposición Adicional Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986).
Número 9 del artículo 11 introducido por la Disposición Final Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986).
Número 10 del artículo 11 introducido por la Disposición Final Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986).
Número 11 del artículo 11 introducido por la Disposición Adicional Segunda del R.D. 2631/1985, 18 diciembre, sobre procedimientos para sancionar infracciones tributarias («B.O.E.» 18 enero 1986).
Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días formulen lo que a su derecho convenga.
1. La reposición somete a conocimiento del Organo competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso.
2. Si el Organo estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.
Si se plantearen cuestiones de especial complejidad jurídica, antes de resolverse el recurso, deberá solicitarse dictamen de la Abogacía del Estado que será evacuado por vía de urgencia y, en todo caso, en el plazo señalado en el artículo 86.2, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1. El recurso será resuelto en el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los artículos 12, 13 y 14, en los que el plazo se computará desde el siguiente al que se emita el dictamen, se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.
2. Se considerará desestimado el recurso si a los treinta días de su interposición no se hubiera notificado su resolución expresa.
3. La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.
1. La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.
2. Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.
1. La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de diez días desde que aquélla se produzca.
2. En el mismo plazo deberá ser comunicada a la Intervención a los efectos pertinentes.
Los plazos previstos en el presente Real Decreto serán improrrogables.
Los recursos de reposición contra los actos relativos a las Haciendas Locales se regirán por su normativa específica.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para que en el ámbito de su competencia pueda dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
Queda derogado el artículo 5.º del Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas de 29 de julio de 1924, en la redacción dada por el Decreto de 2 de agosto de 1934, y en general, cuantas normas se refieran al recurso de reposición previo al económico-administrativo.
Las normas por las que se rige el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas tendrán carácter supletorio de las articuladas por la presente disposición.