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Timestamp: 2018-09-25 15:23:08
Document Index: 334033851

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 85', 'artículo 128', 'artículo 770', 'artículo 406', 'artículo 56', 'artículo 24', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 47', 'artículo 56', 'artículo 80', 'artículo 216', 'artículo 60', 'artículo 56', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 56', 'artículo 80', 'artículo 139', 'in fine', 'artículo 81', 'artículo 86']

AUTO nº 14 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Resolution: AUTO nº 14 año 2017 dictado por la SALA DE JUSTICIA
Subject: Recurso de apelación nº 36/17 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo – Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía.
Doctrine summary: Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de inadmisión de la reconvención en primera instancia sin imposición de costas al recurrente. Una vez expuestas las posturas de las partes, la Sala entra en análisis de si la reconvención, regulada en los artículos 406, 407 y 408 de la LEC es admisible en la jurisdicción contable, toda vez que ni la legislación específica del Tribunal de Cuentas ni la LRJCA contemplan esta figura jurídica y alude al Auto 22/2007, de 6 de marzo, de la Sala de Justicia, de acuerdo con el cual y teniendo en cuenta que la reconvención implica que se inviertan las posturas procesales ostentadas por las partes, concluye que la reconvención no tiene encaje en el procedimiento contable porque resulta incompatible con la atribución de legitimación activa en los procesos de dicha naturaleza establecida en los artículos 47 de la LOTCu y 55 de la LFTCu. Y es que al poder existir un perjuicio en los fondos de la Comunidad Autónoma, correspondería a dicha Administración Pública ostentar la legitimación activa en este procedimiento jurisdiccional. Ello no es óbice para que el apelante pueda exigir responsabilidad contable por los hechos que se contienen en la demanda reconvencional a través de la Acción Pública contemplada en el artículo 56 de la LFTCu. En cuanto a la posible indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva que el recurrente aduce, la Sala, tras exponer los requisitos que la jurisprudencia constitucional exige a estos efectos, manifiesta que en modo alguno la inadmisión de la reconvención interesada supone cercenar el derecho a impetrar la protección jurisdiccional que la Constitución Española contempla, puesto que el apelante puede ejercitar por los mismos hechos la Acción Pública del artículo 56 de la LFTCu, antes aludida. La Sala, por último, declara que no procede la imposición de costas al apelante, dada la naturaleza y singularidad de la regulación de la legitimación activa.
Categories: ACCION PUBLICACOSTASDEMANDAINADMISIONINDEFENSIONJURISDICCION CONTABLELEGITIMACION ACTIVARECONVENCIONRECURSO DE APELACIONTUTELA JUDICIAL EFECTIVA
En grado de apelación se ha visto ante la Sala el recurso de apelación interpuesto, por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado, el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía. Se han opuesto al recurso presentado los Letrados de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal.
Ha actuado como ponente el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas Don Felipe García Ortiz, quien, previa deliberación y votación, expresa el parecer de la Sala de Justicia, de conformidad con los siguientes:
PRIMERO.- En el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, con fecha 24 de enero de 2017, se dictó Auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“No haber lugar a admitir la reconvención presentada por la representación de Don A. S. M.”.
SEGUNDO.- Notificado a las partes el anterior Auto, la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., interpuso recurso de apelación, mediante escrito de 21 de febrero de 2017, en el que solicitó que, previos los trámites oportunos, se dictara en su día resolución por la que se acordara estimar el recurso y admitir la demanda reconvencional interpuesta y, en otro caso, se dedujera el testimonio necesario para depurar las responsabilidades contables en que hubiera incurrido la Administración Pública Comunidad Autónoma de Andalucía por los hechos que en la demanda se relatan y que hubieran sido perpetrados por sus legítimos representantes.
TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación del Director Técnico del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento y Secretario del Procedimiento, de 28 de febrero de 2017, se admitió el recurso presentado por la representación procesal del Sr. S. M. y se dio traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo de quince días, pudieran formalizar su oposición, si lo estimaran conveniente.
CUARTO.- En el trámite conferido referenciado en el apartado anterior de esta resolución, los Letrados de la Junta de Andalucía, Don Ignacio Carrasco López y Doña María Victoria Gálvez Ruiz, por escrito recibido en el Registro General de este Tribunal el 30 de marzo de 2017, consideraron que el recurso debía ser desestimado.
En el mismo trámite, el Ministerio Fiscal, por escrito de 3 de abril de 2017, se opuso al recurso formulado, mostrándose de acuerdo con los razonamientos jurídicos del Auto recurrido.
QUINTO.- Por Diligencia de Ordenación del Director Técnico del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Secretario de este procedimiento, de 25 de abril de 2017, se unieron a los autos los escritos referenciados en el apartado anterior y se elevaron éstos a esta Sala de Justicia, emplazando a las partes para que comparecieran, en el plazo de treinta días, ante la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA), con la indicación de que la incomparecencia podría dar lugar, en su caso, a que se declarara desierto el recurso y, en consecuencia, firme la resolución recurrida, con la salvedad contemplada en el artículo 128 de la citada Ley.
En fechas respectivas de 28 de abril y 10 de mayo de 2017 se personaron ante esta Sala el Ministerio Fiscal y la representación del apelante, sin que conste la comparecencia de los Letrados de la Junta de Andalucía.
SEXTO.- Recibidos los correspondientes autos en esta Sala de Justicia, por Diligencia de Ordenación de la Secretaria de 20 de junio de 2017, se acordó abrir el correspondiente rollo, asignándole el nº 36/17, nombrar Ponente, siguiendo el turno establecido, al Consejero de Cuentas Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz y, concluso el recurso, que pasasen los autos al Consejero Ponente a fin de que preparase la pertinente resolución. La remisión de estos autos se realizó el 12 de julio de 2017, conforme consta en la Diligencia de la Secretaria de la Sala expedida en dicha fecha.
SÉPTIMO.- Por Providencia de 18 de septiembre de 2017, esta Sala señaló para deliberación y fallo del recurso interpuesto el día 25 de septiembre de 2017, fecha en la que tuvo lugar el citado trámite.
OCTAVO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales establecidas.
PRIMERO.- El órgano jurisdiccional competente para resolver el presente recurso de apelación, rollo nº 36/17, es la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo (LOTCu), y 52.1. b) y 54.1. b) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de su Funcionamiento (LFTCu).
SEGUNDO.- La Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., fundamenta el recurso de apelación interpuesto en las siguientes alegaciones:
1ª).- La cita del artículo 770 en la demanda reconvencional obedece a un error involuntario, dado que la reconvención interesada tiene su fuente normativa en el artículo 406 de la ley rituaria civil, como atinadamente expresa el Auto recurrido.
2ª).- Al guardar silencio al respecto de la reconvención, tanto las Leyes especiales del Tribunal de Cuentas (LOTCu y LFTCu), como la LRJCA, se habrá de acudir a la siguiente fuente normativa indicada en el Disposición Final Segunda 2. de la LOTCu, esto es a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que, en los artículos 406 y 407, regula su procedencia cuando se reclamen pretensiones que crea que le competen respecto del demandante, sin más requisitos que:
“1.- Guarden relación con las pretensiones reclamadas en la demanda principal.
2.- Que el Tribunal tenga competencia por la materia y por la cuantía”.
3ª).- Los Autos citados en la resolución recurrida (números 22 y 39, de 6 de marzo y 15 de junio, de 2007) no conducen indefectiblemente al rechazo omnímodo de la reconvención.
4ª).- La totalidad de los hechos denunciados en la demanda han sido perpetrados por la actora, por consiguiente, de haber alguna responsabilidad contable le correspondería a ella. Y, al igual que el demandado podría acudir a la Acción Pública del artículo 56 de la LFTCu, que desde este momento se insta ratificando la demanda reconvencional, también el Tribunal de Cuentas, de oficio, podría depurar las responsabilidades que incumben a la propia Administración Autonómica demandada.
5ª).- La no admisión de la reconvención, unida a la inactividad del Tribunal de Cuentas para depurar de oficio las responsabilidades contables que se alegan en el escrito de demanda reconvencional, produciría al apelante una situación de indefensión y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución).
TERCERO.- Los Letrados de la Junta de Andalucía fundamentan su consideración de que el recurso interpuesto ha de ser desestimado en que:
1º).- El ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable viene determinado por las normas que delimitan tanto la legitimación (activa y pasiva), como el objeto de los procesos.
2º).- La responsabilidad, directa o subsidiaria, en ningún caso puede recaer en la propia Administración perjudicada por el menoscabo, pues precisamente es la existencia de éste, que solo puede ser atribuido a las autoridades y funcionarios públicos y a los particulares cuya actuación, aún por negligencia grave, sea causa del quebranto patrimonial, lo que determina el nacimiento de la responsabilidad contable y, en consecuencia, la competencia de esta jurisdicción.
3º).- La Administración perjudicada no es causante del perjuicio patrimonial sufrido, sino, en todo caso, sus agentes. Y, por ello, la perjudicada no puede ser, a la vez, demandante y demandada, o perjudicada y responsable contable.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal, en su escrito de 3 de abril de 2017, fundamenta su oposición al recurso interpuesto en lo siguiente:
1º).- La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en el Auto de 7 de marzo de 2007 (debe referirse al de 6 de marzo de 2007), pone de manifiesto que:
La reconvención no aparece regulada, ni tan siquiera mencionada, en la legislación específica del Tribunal de Cuentas.
La Disposición Final Segunda de la LOTCu establece que, en lo no previsto en esta Ley o en la LFTCu, se aplicarán supletoriamente la LRJCA, la LEC y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por este mismo orden de prelación.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1999 señala que el proceso contencioso administrativo no contempla la posibilidad de que la parte demandada deduzca una pretensión propia por la vía de la reconvención.
No todas y cada una de las instituciones jurídicas que contempla la Ley procesal civil son, sin más, aplicables a la jurisdicción contable, puesto que las mismas no deben resultar incompatibles, en ningún caso, con la esencia de esta jurisdicción.
2º).- Tal como pone de relieve el Auto recurrido, la acción que ejercita el demandado no formula una pretensión frente al demandante, ni reúne los requisitos previstos en la LFTCu exigidos para el ejercicio de acciones de responsabilidad contable. Con su reconvención el demandado pretende que se desestime la demanda dirigida contra él, sin solicitar un resarcimiento a su favor y que se condene a la demandante por estos mismos hechos.
QUINTO.- Expuestas las alegaciones de las partes, y entrando en el análisis del recurso interpuesto, lo primero que argumenta la representación del Sr. S. M. es que la reconvención interesada tiene su fuente normativa en el artículo 406 de la Ley rituaria civil.
En relación con la alegación planteada hay que destacar que, en efecto, la regulación de la reconvención en la LEC se contiene básicamente en los artículos 406, 407 y 408. De conformidad con el primero de ellos, el demandado podrá, al contestar a la demanda, formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto al demandante y el segundo se centra en la posibilidad de reconvenir contra sujetos no demandantes, siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios del actor, y en la forma de contestación a la reconvención, que se ajustará a lo dispuesto para la contestación a la demanda. Mientras que estos artículos regulan la figura de forma más general, el 408 se ocupa del tratamiento procesal de la alegación de la compensación y de la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda, conceptuándolas como dos “excepciones” a lo dispuesto en los precitados artículos anteriores.
La LEC sólo fija una serie de limitaciones para plantear la reconvención, a saber:
Solo se admitirá si existiese una conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.
No se admitirá cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. Sin embargo, podrá ejercitarse, mediante la reconvención, la acción conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en juicio verbal.
Habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos.
En ningún caso se considerará formulada en el escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la demanda principal.
La reconvención, por lo tanto, rige en el ámbito del proceso civil. Ahora bien, lo que debe abordar esta Sala es si podría aplicarse en el orden jurisdiccional contable. Al respecto hay que resaltar que ni la LOTCu ni la LFTCu regulan la reconvención, es más, ni tan siquiera la mencionan. Ahora bien, el silencio de las Leyes especiales del Tribunal de Cuentas y de la LRJCA, régimen de supletoriedad al que se debe acudir en virtud de lo preceptuado en la Disposición Final Segunda 2. de la LOTCu, no significa que se acuda a la reconvención regulada en el artículo 406 de la LEC, como afirma la representación del apelante, ya que, como ha señalado este Órgano <> en el Auto 22/2007, de 6 de marzo, “no todas y cada una de las instituciones jurídicas que la ley procesal civil contempla son aplicables, sin más, a la jurisdicción contable, puesto que las mismas no deben resultar incompatibles, en ningún caso, con la esencia de la jurisdicción a la que nos referimos (ver por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2004)”.
Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que la reconvención implica que se inviertan las posturas procesales ostentadas por las partes, ésta no tendría encaje en este procedimiento, porque sería incompatible con la atribución de la legitimación activa en los procesos contables establecida en el artículo 55.1 de la LFTCu.
En efecto, el artículo 55.1 de la LFTCu establece que <>. Corresponde, por ello, al poder existir un perjuicio en los fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como afirma incluso la representación del apelante en su demanda reconvencional, a la Administración Pública Andaluza ostentar la legitimación activa en este procedimiento jurisdiccional contable.
La alteración de las posturas procesales en este procedimiento, que se produciría con la admisión de la reconvención interesada, vulneraría lo dispuesto en los artículo 47 de la LOTCu y 55 de la LFTCu, circunstancia por la que sería, de forma indubitada, improcedente la admisión de la demanda reconvencional interesada. Tampoco existe en la petición de reconvención un actor público demandante al que la misma se pueda dirigir. El rechazo acordado no sería óbice para que el demandante reconviniente utilizara otros cauces contemplados en la legislación específica del Tribunal de Cuentas para hacer valer su pretensión, conforme se ha señalado en la resolución recurrida, como es el ejercicio de la Acción Pública prevista en el artículo 56 de la LFTCu, para el inicio de un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable o, en su caso, para su posible acumulación posterior al procedimiento principal.
La inadmisión de la reconvención interesada haría innecesario el pronunciamiento sobre el resto de las alegaciones planteadas por la representación del recurrente en la apelación interpuesta. No obstante, se va a dar respuesta, a continuación, al resto de las argumentaciones formuladas en el escrito de recurso.
SEXTO.- En cuanto a la alegación de que los Autos números 22 y 39, de 6 de marzo y 15 de junio, de 2007, citados en la resolución recurrida, no conducen indefectiblemente al rechazo omnímodo de la reconvención en el procedimiento jurisdiccional contable, esta Sala quiere resaltar que, a pesar de la afirmación de la representación del apelante, el Auto 22/2007, de 6 de marzo, señala que “En efecto, la reconvención implica que se invierten las posturas procesales ostentadas por las partes; tiene una naturaleza jurídica autónoma; y provoca un injerto en el proceso -todo ello previsto y regulado por la jurisdicción ordinaria- que no encuentra encaje adecuado en nuestra jurisdicción, cuya esencia está constituida por la sustanciación de la atribución de la responsabilidad dimanante de un daño ocasionado a los fondos públicos…”.
Por su parte, el Auto 39/2007, de 15 de junio, no entra en el fondo de la admisibilidad de la aplicación de la reconvención en el proceso contable, sino que lo que resuelve es la inadmisión de un recurso de apelación por considerar la Sala que “no procede la admisión del recurso interpuesto, al no ser la resolución impugnada susceptible de recurso de apelación en cuanto no nos encontramos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa”.
Por lo expuesto, no puede este Órgano <> compartir las manifestaciones efectuadas por la representación del Sr. S. M.
SÉPTIMO.- Tampoco puede coincidir esta Sala de Justicia con la imputación de la responsabilidad contable a la parte actora, y su declaración, de oficio, por el Tribunal de Cuentas, como aduce la representación del apelante, por lo siguiente:
a).- La Comunidad Autónoma de Andalucía es la titular de los fondos presuntamente perjudicados y, por ende, ostenta la legitimación activa en este procedimiento con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 de la LOTCu y 55.1 de la LFTCu. Como ha puesto de manifiesto este Órgano <> en la Sentencia 9/2017, de 21 de marzo, la víctima patrimonial del presunto alcance, al ser titular de los fondos públicos presuntamente menoscabados, no puede integrarse en el círculo de legitimación pasiva del presente proceso, ya que tal solución llevaría a que se le reclamara el reintegro de unas cantidades por daños ocasionados en su propio patrimonio, en otras palabras, que se indemnizase a sí misma, lo que no resulta atendible ni desde la lógica jurídica ni desde la legalidad procesal aplicable a un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable como éste.
A mayor abundamiento, es de resaltar que sólo pueden incidir en responsabilidad contable los cuentadantes, es decir todos aquellos que recauden, intervengan, administren, custodien manejen o utilicen fondos públicos, y los perceptores de subvenciones. Además de lo anterior, como ha venido reiterando esta Sala (entre otras resoluciones, Auto de 28 de abril de 2000 y Sentencias 6/2016, de 22 de junio y 22/2017, de 13 de julio), para que pueda hablarse de responsabilidad contable es necesario que exista una relación de causalidad o nexo causal entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido, y en la demanda reconvencional este nexo causal se intenta justificar a través de la realización de unas acciones, que se especifican en su apartado Sexto, folios 23 y siguientes, por determinadas personas físicas, que se dan aquí por reproducidas, que han sido altos cargos de la Junta de Andalucía. Es decir, ninguna de las actuaciones que se describen como origen del posible perjuicio se imputa, como no puede ser de otra manera, a la parte actora que es la Administración Autonómica de Andalucía.
b).- En la jurisdicción contable rige el principio de justicia rogada contemplado en el artículo 216 de la LEC. En efecto, el artículo 60.1 de la LFTCu establece que:
Así pues, como ha venido reiterando esta Sala (entre otras resoluciones, Sentencia 20/2017, de 13 de junio), los procesos de responsabilidad contable están presididos por el principio dispositivo, de forma que el juzgador no puede extender su enjuiciamiento más allá de la pretensión de la parte actora y de la resistencia a la misma de la parte demandada, ni salirse de la pretensión impugnatoria de la parte recurrente y de la oposición a la misma de la parte apelada, sin que pueda el Tribunal de Cuentas, por tanto, en modo alguno, depurar, de oficio, las responsabilidades contables como se solicita en el escrito de recurso. Si lo que pretende el apelante es la exigencia de la responsabilidad contable por los hechos que se detallan en la demanda reconvencional deberá ejercitar, como se ha señalado en los párrafos precedentes de esta resolución, la Acción Pública en los términos exigidos en el artículo 56 de la LFTCu.
OCTAVO.- Por último, para terminar de analizar el recurso interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., es preciso pronunciarse sobre si la inadmisión de la reconvención interesada puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y producir al apelante una situación de indefensión, como aduce dicha representación.
La tutela judicial efectiva, que se recoge en el artículo 24.1 de la Constitución, es el derecho fundamental que toda persona tiene a la pretensión jurisdiccional, es decir, a obtener una resolución fundada jurídicamente sobre el fondo de la cuestión que se plantea ante los Órganos Jurisdiccionales.
El Tribunal Constitucional, en numerosas resoluciones (entre otras, Sentencia de 15 de abril de 1991) ha precisado que es esencia del respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva una interpretación de las normas que rigen el acceso a los Tribunales del modo más favorable (“principio pro actione”) y que la resolución sobre el fondo no sea dificultada u obstaculizada con interpretaciones rigoristas o indebidamente restrictivas de las normas procesales.
Por lo que respecta al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito de esta jurisdicción contable, esta Sala se ha venido pronunciando (entre otras resoluciones, Autos de 7 de mayo de 2001 y 6 de marzo de 2007), señalando que este derecho se infringiría si: a) se niega u obstaculiza gravemente a la persona el acceso a la jurisdicción o al proceso en el que pueda plantear su pretensión ante los Jueces y Tribunales; b) se produce indefensión en el proceso donde se ventila la pretensión; c) no se obtiene una resolución razonable y fundada en derecho; o d) la resolución obtenida no es efectiva.
En cuanto a la indefensión producida que aduce la representación del apelante, es de resaltar que este concepto, que ha sido acuñado en reiteradas Sentencias del Tribunal Constitucional (entre otras, 43/1989, 101/1990, y 105/1995) y recogido por esta Sala (entre otros, Autos 33/2008, de 3 de diciembre y 32/2015, de 11 de noviembre), exige para que se pueda apreciar la misma, en relación con la tutela judicial efectiva, que se haya producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses del afectado.
La indefensión contraria al artículo 24 de la Constitución ha de ser material y no meramente formal. Esto quiere decir que ha de existir previamente un defecto formal que ocasione un perjuicio real y efectivo al recurrente que minore sus posibilidades de defensa.
Atendiendo a lo anterior, este Órgano <> ha venido pronunciándose sobre los requisitos necesarios para apreciar la existencia de indefensión, afirmando (entre otros, en el Auto 33/2008, de 3 de diciembre, y en las Sentencias 3/2005, de 1 de abril, 6/2005, de 13 de abril y 11/2005, de 14 de julio) que la doctrina general del Tribunal Constitucional para apreciar la existencia de indefensión exige, en relación con la tutela judicial efectiva, que se haya producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses del afectado, y que el precitado artículo 24.1 de la Constitución no protege situaciones de simple indefensión formal, sino de indefensión material en que razonablemente se haya podido causar un perjuicio al recurrente.
Partiendo de las premisas anteriores, resulta evidente que, en el caso que nos ocupa, no se ha producido vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, ni indefensión, dado que el apelante ha dispuesto de la posibilidad de alegar lo que ha estimado procedente y la inadmisión de la reconvención interesada se ha fundado jurídicamente, señalándose, como se ha indicado en párrafos precedentes de esta resolución, que la alteración de las posturas procesales en este procedimiento contable vulneraría la atribución de la legitimación activa que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 47 de la LOTCu y 55.1 de la LFTCu.
La inadmisión de la reconvención interesada no implica, en modo alguno, cercenar el derecho a impetrar la protección jurisdiccional que la Constitución Española contempla, puesto que el apelante puede plantear las pretensiones formuladas en la demanda reconvencional ejercitando la Acción Pública prevista en el artículo 56 de la LFTCu.
NOVENO.- Como consecuencia de todo lo argumentado en los Fundamentos de Derecho de esta resolución, no procede otra cosa que desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado, el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía.
DÉCIMO.- Por lo que se refiere a las costas causadas en esta instancia, en aplicación del régimen jurídico supletorio establecido en el artículo 80 de la LFTCu, y Disposición Final Segunda.2 de la LOTCu, y, en concreto, de acuerdo con el artículo 139.2 “in fine” de la LRJCA, no procede su imposición al apelante, dada la naturaleza y singularidad de la regulación de la legitimación activa, en la legislación específica del Tribunal de Cuentas, para actuar ante esta jurisdicción contable.
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Madrid Sanz, en nombre y representación de Don A. S. M., contra el Auto dictado, el 24 de enero de 2017, por el que se inadmitió la reconvención presentada por esa representación procesal en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-225/15-35, Comunidades Autónomas (Cª de Empleo -Ayudas destinadas a empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad- A. G. P.), Andalucía, confirmando, en su integridad, la resolución recurrida. Sin costas.
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN: Notifíquese a las partes, con la indicación de contra esta resolución no procede interponer recurso alguno, a tenor de lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.