Source: https://www.scribd.com/doc/13858810/Boletin-Informativo-01-Abril-2009-Derecho-Inmobiliario-y-de-la-Construccion
Timestamp: 2016-08-25 23:04:42
Document Index: 140890854

Matched Legal Cases: ['Artículo 139', 'artículo 200', 'artículo 25', 'in fine', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 70']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreESTUDIO YATACO ARIASABOGADOS
Lima, 01 de Abril de 2009.
DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL MIÉRCOLES 01 DE ABRIL. Modifican diversos aspectos del Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.(D.S. N° 021-2009-EM) Establecen disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación en la Zona Sur del país Se aprobó el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación en la Zona Sur del país, el cual será publicado en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe). (D.S. N° 009-2009-PRODUCE) Decreto Supremo que precisa, modifica e incorpora disposiciones del Reglamento de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación. (D.S. N° 010-2009-PRODUCE) Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, correspondiente al mes de marzo de 2009. (R.J. N° 098-2009-INEI) Índice de Precios Promedio Mensual al Por Mayor a Nivel Nacional correspondiente al mes de marzo de 2009. (Res. N° 090-2009/SUNAT) JUDICIALES Nada reseñable.
REPRESENTANTES DEL MEM Y COFIDE FRUSTRAN REUNIÓN SOBRE DOE RUN EN VANO LOS ESPERARON EN EL CONGRESO. CUESTIONAN FALTA DE TRANSPARENCIA Y ANTECEDENTES DE LA MINERA. Ante el inminente salvataje estatal a Doe Run Perú (DRP), la Comisión de Energía y Minas del Legislativo tenía previsto analizar ayer la situación económica de la operadora del complejo metalúrgico de La Oroya, sin embargo, la inasistencia de los funcionarios y ejecutivos invitados complicó este objetivo. Felipe Isasi, viceministro de Minas, Alfonso Rivas, presidente ejecutivo de COFIDE, y Juan Carlos Huyhua, gerente general de Doe Run Perú (DRP), estaban convocados a la cita, pero presentaron sus excusas, lo cual generó incomodidad entre los legisladores. En el caso de DRP en lugar de Huyhua asistió el vicepresidente de Asuntos Ambientales, José Mogrovejo, pero los parlamentarios vetaron su participación señalando que el objetivo era analizar la situación económica de la empresa. RECELO El presidente del citado grupo de trabajo, Rolando Reátegui, dijo que es inaceptable que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y COFIDE argumenten que no tienen nada que decir sobre el tema.
Por su parte, la legisladora nacionalista Janeth Cajahuanca criticó la excesiva reserva con que se maneja el rescate de la empresa que opera en La Oroya y dijo que hay que tener mucho cuidado con “faenones y aceitadas”. A su turno, Víctor Andrés García Belaunde calificó de “muy rara” la inasistencia de los funcionarios, mientras que David Waisman lamentó el poco respeto que demuestran las autoridades con el primer poder del Estado. Al final, los congresistas optaron por discutir un informe sobre la situación de DRP e insistir en invitar a los funcionarios inasistentes. LA CLAVE DRP. José Mogrovejo se excusó de dar detalles sobre las negociaciones de salvataje, pero dijo que DRP necesita US$ 71 millones para el PAMA y US$ 84 millones para proyectos de infraestructura. CAMBIO DE TIMONEL EN EL DIRECTORIO DEL BCP Dionisio Romero Paoletti reemplaza a su padre. Dionisio Romero Seminario que permaneció 30 años en el cargo. El directorio del Banco de Crédito del Perú (BCP) designó como su nuevo presidente a Dionisio Romero Paoletti y a Raimundo Morales Dasso como vicepresidente de la misma entidad. “Agradezco la confianza depositada en mí por el directorio para asumir esta gran responsabilidad, que seguiré ejerciendo con el mismo espíritu de trabajo que nos ha permitido consolidar al BCP como la institución financiera más sólida e importante del sistema financiero peruano”, manifestó Romero Paoletti. Dionisio Romero Seminario anunció ayer su retiro del cargo tras 30 años como presidente del mismo y 42 años como director en la institución. “Me retiro tranquilo tras más de cuatro décadas en el BCP, sabiendo que dejo tanto la presidencia como la gerencia general en las mejores manos”, expresó por su parte Romero Seminario. DIARIO EL COMERCIO
CONSORCIO TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS SE HIZO DE PAITA Con una cuota de suspenso mayor de la previsible, por la ausencia de dos de los tres postores precalificados, Pro Inversión entregó ayer la buena pro del puerto de Paita al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), que ofreció invertir US$227,8 millones y cobrar el índice tarifario estándar (ITE) mínimo previsto en las bases de la concesión. Si bien la inversión inicial prevista para el puerto fue de US$127 millones, la propuesta económica del consorcio TPE (integrado por Tertir Terminais de Portugal, Cosmos Agencia Marítima y Translei del Perú) incluyó un compromiso por US$100,8 millones más para obras de infraestructura. Y es que al ofrecer cobrar la tarifa mínima (US$120 dólares para contenedores de 20 pies y US$151,43 para contenedores de 40 pies), TPE activó el proceso previsto para definir un potencial desempate, es decir, la inversión adicional. Para Cayetana Aljovín, directora ejecutiva de Pro Inversión, el resultado del proceso demuestra que hay confianza para invertir en el Perú. Destacó también que el norte del país contará con un puerto moderno y competitivo que podrá atender incluso a naves de gran calado.
A su vez, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo, destacó que con los niveles de inversión comprometidos desde ahora, el puerto de Paita no solo complementará la labor del puerto del Callao sino que ayudará a que el país aproveche su posición geográfica y se convierta en el “hub” portuario (punto de interconexión) de la región. Agregó que la importancia de Paita radica en que es el primer tramo del eje multimodal de transporte que unirá el norte del país con el noroeste de Brasil, que incluye además la IIRSA Norte y el puerto fluvial de Yurimaguas. Aunque los miembros del consorcio TPE prefirieron no brindar declaraciones, el gerente general de Cosmos, Enrique Vargas, comentó que la primera etapa de la construcción del puerto comenzará inmediatamente después de que se firme el contrato de concesión. Aljovín detalló al respecto que Pro Inversión tiene 60 días para elaborar el contrato y definir su suscripción. TRABAJADORES RECHAZAN CONCESIÓN Trabajadores portuarios y organizaciones políticas rechazaron ayer en Paita la concesión del puerto a través de un mitin de protesta, en el que también se anunció la realización de un paro de 72 horas por parte de los empleados de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). La manifestación se realizó en el malecón del puerto, congregó a menos de 500 personas y contó con la presencia de los congresistas humalistas Marisol Espinoza Cruz e Isaac Mekler Neiman, además del ex candidato presidencial Ollanta Humala. Precisamente este último afirmó: “En el 2011 vamos a revertir ese contrato. El Gobierno y los empresarios ya están notificados. El 2011, el muelle de Paita volverá a ser de Paita, y el aeropuerto de Collique volverá a ser del pueblo peruano”. Ollanta Humala instó a los paiteños a que no permitan que el consorcio que ganó la concesión se instale en el terminal. DIARIO GESTIÓN
NUEVOS GIROS EN LA DISPUTA POR EL HOTEL COUNTRY CLUB DE LIMA La disputa entre la empresa Los Portales y el Real Club dueño del Hotel Country Club, respecto a la administración de éste último, se resolverá mediante un Tribunal arbitral. Lo nuevo en la disputa hotelera es que Los Portales solicitó resolver el caso tomando en cuenta la addenda del contrato de arrendamiento de 1997 que incluía una cláusula arbitral de conciencia. Esto quiere decir que se tomarían en cuenta criterios diferentes a los legales. Sin embargo, la actual dirigencia del Real club no estaba de acuerdo con esta posibilidad, puesto que prefería tomar el camino del arbitraje de derecho. Frente a este desacuerdo el Tribunal Arbitral que tendrá que resolver la contienda, optó por seguir la ruta legal. Gestión supo que este proceso se esta llevando a cabo bajo las reglas del Centro de arbitraje de la cámara de Comercio de Lima. EL PROBLEMA Tal como hemos informado, Los Portales firmó un contrato de arrendamiento en 1997 que le permitía el control del Hotel Country Club. La administración era por el período entre el 28 de febrero de 1997 y el 28 de febrero del 2013. Luego, una nueva gestión del Real club incorporó una adenda al contrato que lo ampliaba hasta el 2030. Sin embargo, dicha junta no es reconocida por la actual administración del club. El argumento para esta oposición es que el contrato de arrendamiento no
puede exceder los 10 años. Por esta razón, la actual administración considera que el plazo ya se ha vencido. Lo que ha complicado la situación es que en octubre del 2008 el real Club firmó un contrato de usufructo con una tercera empresa: Casa andina. El trato fue que le entregaría la administración del Hotel sanisidrino por 20 años. INDECOPI La Comisión de Competencia Desleal de INDECOPI admitió el 2 de marzo la denuncia presentada por Los Portales contra la cadena Casa Andina por presuntos actos de competencia desleal. Frente a ello, Gestión conoció que la demanda habría quedado temporalmente suspendida. Esta situación se da puesto que Casa Andina apeló la resolución de admisión argumentando que no estaba suficientemente motivada y la Comisión decidió admitir la apelación. Sin embargo, el 18 de marzo la Comisión ha remitido una segunda resolución ampliando con mayor detalle la argumentación para admitir la demanda contra Casa Andina. Si bien el proceso quedará temporalmente suspendido hasta que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie, ello no debería tomar más de 10 días por tratarse de un tema accidental dijo una fuente consultada. DIARIO CORREO
LLEGA NUEVA MARCA DE CARROS INGRESAN AL PAÍS VEHÍCULOS CHINOS CUYO COSTO ES DE US$14,000 El 2008 fue extraordinario para el mercado de vehículos nuevos porque creció más allá de lo proyectado a inicios de año y cerró con cerca de 100 mil unidades vendidas, declaró a Correo Ramiro López de Romaña, gerente general del Grupo Altos Andes, que en el Perú lanzó la marca china Haima (modelos Family, Haima3 y Freema). Refirió que en el 2009 habría mayor demanda de vehículos ligeros por sus menores precios, por lo que estimó que se comercializarán entre 80 mil y 85 mil unidades. "La gente está siendo más conservadora desde el último trimestre del año pasado, tendencia que se mantiene, pero el mercado de vehículos no se ha detenido. Las ventas de este año serán 10% menos de las conseguidas el 2008, porque éste fue un año muy bueno, pero comparadas con el 2007 serán mayores", agregó.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE AMPARO SENTENCIA Nº 06311-2007-PA/TC DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009. Amparo contra Amparo. Este Tribunal fijó reglas vinculantes en base al artículo al VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, con relación al “amparo contra amparo”, las cuales si bien incluyen la posibilidad de cuestionar decisiones estimatorias de segundo grado, ello estará sujeto a la constatación de un agravio manifiesto y probado a los derechos fundamentales o que la decisión haya sido emitida al margen de la doctrina jurisprudencial de este Colegiado. Así, este Colegiado estableció una serie de reglas que deben tenerse en cuenta para la procedencia del “amparo contra amparo”, a saber: a) Que se trate de violaciones a los derechos fundamentales que resulten manifiestas; b) Sólo opera por
una sola y única oportunidad; c) Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias; d) Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o mas derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e) Procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) Se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder el agravio constitucional; g) En principio, no procede como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, pues para estos casos existe el recurso de agravio directo; y, h) No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. Para mayor información visite la siguiente página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06311-2007-AA%20Resolucion.html HÁBEAS CORPUS SENTENCIA Nº 06246-2008-PHC/TC. DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009. Derechos Conexos del Hábeas Corpus. Que la Carta Política de 1993 (artículo 200º, inciso 1), acogiendo una concepción amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso constitucional de la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el artículo 25º, in fine, establece que el hábeas corpus también procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. Que sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la presunta afectación de los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la interposición de una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que dicen ser violatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos al derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que frente a una alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales conexos, estos sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma debe redundar en una amenaza o afectación a la libertad individual. Para mayor información visite la página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06246-2008-HC%20Resolucion.html PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL FISCAL RESOLUCIÓN Nº 09610-7-2008 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2008. La presentación de declaración sobre la adquisición de un predio no interrumpe la prescripción del Impuesto Predial, ya que sólo lo pueden hacer las que reconocen la existencia de la obligación tributaria. Se revoca la apelada en el extremo relativo a la solicitud de prescripción de Arbitrios. Se señala que las normas que sustentaron el cobro de tales tributos no cumple los parámetros de validez establecidos por el Tribunal Constitucional por lo que en ningún caso se puede ejercer la facultad de cobro. Se indica que corresponde considerar el plazo de prescripción de 6 años, dado que el recurrente no presentó declaración jurada del Impuesto Predial pues se registró como propietario cuatro años después del año respecto del cual se solicita la prescripción. Se señala que la presentación de la declaración jurada constituye un acto que interrumpe el plazo prescriptorio en tanto implica un reconocimiento de la obligación; en tal sentido, no puede considerarse que la
presentación de cualquier declaración tenga este efecto, sino solo de aquellas cuyo contenido indique que el interesado está aceptando la existencia de una obligación tributaria (ejemplo declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial), por lo que los documentos que obran en autos (correspondiente a la comunicación de adquisición del predio) no se consideran como actos de interrupción; en consecuencia a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción, esta no había operado. Para mayor información visite la siguiente página: http://apps.mef.gob.pe/TribunalFiscal/busq_rtf.jsp
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN CONSTRUCCIÓN (*) Dr. Gustavo Paredes y Dr. Jaime Gray Especialistas en Derecho de la construcción. 1. Introducción Debido a su complejidad (multiplicidad de sujetos, objeto eminentemente técnico, alto costo involucrado, externalidades, etc.) la actividad de la construcción ha sido una de las primeras actividades en buscar resolver sus conflictos a través de medios alternativos a sus órganos judiciales estatales. En el Perú, la falta de celeridad, especialidad y predictibilidad de los fallos judiciales en materia de solución de disputas empresariales, han sido las notas características de un Poder Judicial que -en especial- para la actividad de la construcción han constituido y constituye un factor de incremento de riesgo y por tanto de encarecimiento de la contratación. Ante ello, el interés de los particulares y del propio Estado en flexibilizar poco a poco sus normas para reconocer y dar paso a otros medios alternativos de solución de disputas, son -en buena cuenta- medios orientados a reducir los costos de transacción y cuyas ventajas deben ser aprovechadas. Es preciso empezar señalando que el análisis de eficiencia de los contratos de construcción no sólo pasa por asignar adecuadamente los riesgos a las partes que los suscriben, sino que además este análisis pasa también por verificar el establecimiento de adecuados mecanismos de solución de sus disputas, que garanticen una efectiva estabilidad en las reglas de juego. Esta diversidad de mecanismos va desde el diseño de métodos destinados a evitar que surjan controversias, mecanismos de control del conflicto y hasta métodos definitivos de solución como el arbitraje. El presente trabajo tiene por objeto dar una mirada descriptiva y crítica de los diversos mecanismos alternativos de resolución de disputas empleados en la actividad de la construcción en un entorno globalizado que nos permita explorar mejores condiciones de eficiencia en la contratación. 2. ¿Qué son los Mecanismos Alternativos de Solución de Disputas? Se denominan así a los diversos mecanismos (acuerdos, procedimientos de negociación y administración privada de controversias) que las partes de una relación contractual diseñan con la finalidad de: (i) (ii) Evitar o minimizar que las controversias puedan surgir entre ellas durante la ejecución de la relación contractual, y; Resolver expeditivamente aquellas disputas que, a pesar de los esfuerzos efectuados previamente, no han podido ser resueltas por las partes.
El artículo completo se encuentra publicado en la Revista de Derecho Administrativo Nº 4, 2008.
Se les denomina mecanismos alternativos en cuanto constituyen una vía justamente alternativa a la resolución de disputas tradicional, representado en aquel órgano judicial llamado a tomar una decisión definitiva. Entre los mecanismos alternativos más conocidos en el Perú se encuentra el arbitraje y la conciliación. Sin embargo no son los únicos en un entorno global; son conocidos y utilizados también la mediación y la opinión experta como métodos de ayuda a las partes para poner fin a los conflictos que entre ellas puedan surgir. Internacionalmente existen otros mecanismos como el Partnering, los Dispute Boards (DAB, DRB, CBD) bajo formatos contractuales FIDIC o reglas de la ICC, el Mini Trial, etc., que difieren básicamente en los sujetos intervinientes, el momento y duración de los procesos, entre otros; pero en cada uno de ellos - excepto quizás en el partnering, donde operan facilitadores- nuevamente son terceros quienes buscarán darle una solución al conflicto. El origen de estos mecanismos alternativos es básicamente voluntario, integrado en un contrato o en cualquier otra manifestación que evidencie de manera clara la voluntad de las partes. Sin embargo, en otros casos el sometimiento a mecanismos alternativos resulta mandatorio por expresa decisión del legislador. Un ejemplo de esto es nuestra Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el cual obliga a los particulares y a las entidades públicas a resolver las disputas derivadas de la ejecución de sus contratos a través de mecanismos alternativos de resolución de controversias, específicamente, a través de la conciliación y el arbitraje. Finalmente, replantear la finalidad de estos mecanismos -y muy en especial para los contratos de construcción- se torna en una tarea obligatoria, ya que reducir el riesgo contractual de una actividad, por su naturaleza, altamente riesgosa, es una tarea difícil. Es por ello que estos mecanismos alternativos de solución de disputas deben ser internalizados no sólo como simples métodos privados de solución de conflictos sino como herramientas idóneas de gestión y administración eficiente de los contratos de obra. 3. Clasificación y Etapas Este apartado mostrará una clasificación general de los mecanismos alternativos de solución de disputas, cómo vienen siendo empleados y las ventajas y desventajas que su empleo puede tener en la actividad de la construcción en el Perú. Para el análisis de eficiencia de la solución de conflictos dentro de la actividad de la construcción, utilizaremos como herramienta la curva de influencia de costo de Cushman, Myers, Butler and Fisher. Esta curva de influencia muestra la relación directa entre el tiempo y costo en la solución de disputas, a mayor tiempo en la solución de la disputa, mayor costo. Resolver un conflicto vinculado con la concepción del proyecto, diseño o su administración en etapa misma de la construcción, resulta altamente costoso llegando a su nivel más alto en el momento de su conclusión. Imaginémonos, por un momento lo altamente costoso que significaría resolver una disputa relacionada con el diseño de un proyecto de construcción en su etapa de funcionamiento. Ello sería una aventura altamente costosa que muy pocos contratistas podrían soportar. De esta manera, para el análisis de eficiencia en el manejo de las disputas en los contratos de construcción, resulta más eficiente evitar el conflicto o por lo menos resolverlo en tiempo real o cuando ésta aparezca. 3.1 Etapa de Prevención y Cooperación Esta etapa abarca todos aquellos métodos orientados a evitar o reducir el surgimiento de la controversia o disputa, pues debemos remarcar que la disputa más barata de solucionar es aquella que no llega a surgir. 3.1.1 Prevención
3.1.1.1 Localización del Riesgo Partamos de la siguiente premisa: Los contratos perfectos no existen. Bajo una perspectiva económica, no sería eficiente incluso que existan, por los altos costos que estos representarían impidiendo, en muchos casos, la contratación. Esta premisa nos lleva a afirmar que cuando se negocian los contratos, las partes deberán priorizar y discernir qué discutir e incluir en el texto del contrato y qué obviar o no incluir. El tema que mayor cuidado debe demandar a las partes es el de conocer los riesgos concretos que el contrato de construcción los llevarán a tomar, situación en muchas ocasiones es pasada por alto. En el Perú, los contratos de obra entre particulares generalmente incluyen de manera general alguna discusión sobre los riesgos que ambas partes identifican, responsabilizándose de acuerdo a las condiciones del proceso de contratación y la especialidad de la obra. Sin embargo, tal no es el caso cuando se tiene al Estado –o mejor dicho a una entidad estatal – como una de las partes en dicho contrato. Ciertamente al tratarse de contratos estatales, es la Entidad quien busca imponer la mayor de las responsabilidades en el contratista, y no espera conocer sus preocupaciones y situaciones que le serían también útiles de prever. Este divorcio, alguna vez compartido con funcionarios de Entidades y del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), ha sido explicado en algunos casos como “necesario” ya que se afirma que la responsabilidad de hacer el contrato recae en la Entidad y en los consultores por éstos contratados; y, en otros, como “irrelevante” ya que si estas preocupaciones fueran tan válidas de ser compartidas, afirman que deberían ser finalmente aceptadas por el Comité Especial a través de la etapa de consultas u observaciones. Sin embargo, lo cierto es que con esta actitud se está perdiendo una magnífica oportunidad para tomar de la experiencia del contratista, aquellos asuntos cuya previsión pueden ser útiles a las partes. En los Estados Unidos, el Construction Industry Institute (CII) ha desarrollado un documento denominado “Dispute Potential Index”, el cual evalúa de manera histórica, las posibles disputas que pueden presentarse en razón de la naturaleza de la obra a ejecutarse, a través de la resolución de cuestionarios. Luego de identificar las posibles disputas, el documento las evalúa y reporta el resultado para poder tomar acciones correctivas o preventivas que hagan que dichas controversias o contingencias no lleguen a surgir. Este cuestionario ha sido bautizado como el "test del colesterol", en cuanto avisa el estado de salud general del contrato, ya que los resultados darán a las partes pautas de precaución que determinarán un mejor resultado del contrato. Entonces, cuando nos referimos a la localización de los riesgos, nos referimos a identificar cuál de las partes asumiría cada riesgo potencial del contrato. Este principio puede ser resumido en simplemente “asignar a cada parte el riesgo – o responsabilidad – que es capaz de manejar o administrar mejor que su contraparte”; y como tal, aunque debería no es generalmente empleado en la industria de la construcción. Los abogados del comitente generalmente no hacen tal ejercicio y simplemente tratan de cargar al contratista todos los riesgos y responsabilidades que unilateralmente puedan imaginar. En el caso de las entidades públicas esta práctica llega a extremos casi inimaginables. No obstante, lo que esta práctica genera es que un contratista, medianamente experimentado, las trate de compensar – incrementando los costos de transacción- en otras palabras, cargándole dichos costos al precio. Bajo esta apreciación, es como que el comitente tenga incentivos para presionar que se promulgue una ley que incremente los impuestos a los constructores, para que la mayor recaudación sea administrada a favor de los comitentes. El resultado de tal despropósito no sería otro que la inmediata subida de los precios que pagan los comitentes por sus obras. Por lo tanto, las partes deben ser muy cuidadosas para asignar adecuadamente los riesgos contractuales de manera eficiente, ya que un contrato de construcción con una inadecuada asignación de riesgos es fuente generadora de reclamos casi desde el primer día de ejecución de la obra.
3.1.1.2 Incentivos para Cooperar Un contrato de construcción, utilizando las herramientas del análisis económico del derecho, puede ser perfectamente comprendido bajo una relación de agencia; y al hacerlo, identificaremos mejor cómo alinear los intereses del principal y su agente a través de incentivos. Una manera de alinear intereses es, por ejemplo, premiando a través de un pago no sólo al contratista sino también a los subcontratistas de un proyecto que logren los objetivos trazados antes del plazo pactado. De esta manera todos los sujetos que intervienen en la construcción estarán interesados en facilitar y apoyar las labores de los demás, además de motivar la identificación de objetivos comunes por sobre objetivos específicos o individuales. En otras palabras, el propietario de la obra verá satisfecho su interés contando con su obra antes del plazo y el contratista maximizará la rentabilidad de su contrato. Muchos objetivos pueden ser materia de este mecanismo de alineación de intereses, como son la conclusión física de determinadas metas o “milestones”, la inexistencia de reclamos de terceros o trabajadores o la inexistencia de accidentes inhabilitantes durante el proyecto. Estas fórmulas de cooperación reducen la aparición de reclamos. 3.1.2 Cooperación 3.1.2.1 Partnering El partnering es la búsqueda del esfuerzo de equipo, que permite a las partes establecer relaciones cooperativas de trabajo, a través de una estrategia formal de compromiso y comunicación mutuamente diseñada, ya sea para un proyecto en particular o para mantener relaciones duraderas entre ellas. En los proyectos particulares, generalmente se diseñan al inicio de la obra, luego de haberse seleccionado al contratista, efectuándose una reunión de inducción o retiro, en la que interviene el personal del contratista y propietario que tenga responsabilidades de liderazgo, técnicas o administrativas. Los participantes son asistidos por un facilitador independiente a fin de comprender las necesidades e intereses de la contraparte, así como expectativas y objetivos del otro, reconozcan tareas comunes, inicien comunicaciones abiertas y establezcan procesos que eviten que cada una de ellas se reconozca como adversario de la otra. Los pioneros de estos procesos fueron la Army Corps of Engineers, quienes han demostrado que este proceso favorece la cooperación y el esfuerzo de equipo. Los pactos de partnering contienen acuerdos de buena fe y trato justo, entendiéndose como tales, a los deberes de respetar y hacer sus negocios dentro del marco legal que regula su actividad; ayudar y evitar estorbar la actuación de la otra parte; cumplir sus obligaciones diligentemente, cooperar, etc. Pero este marco general se complementa con decisiones específicas de procedimiento relacionado con la forma de llevar a cabo reuniones, formas de llevar a cabo la evaluación de solicitudes de la otra parte, etc., dentro de un marco objetivo que permita que el partnering resulte efectivo y eficiente para concluir la construcción, dentro del presupuesto, en el plazo y de acuerdo al expediente técnico. Llevando estos temas al Perú, debemos decir que estos esfuerzos son muy útiles en cuanto sean hechos seriamente, de manera permanente y no sólo al inicio de la obra sino durante su ejecución. Expliquemos porqué. Cuando la obra está por iniciarse, existe confluencia en las expectativas de ambas partes. No obstante, a medida que esta se desarrolla, las relaciones se van deteriorando fundamentalmente, porque en ingeniería no existe un proyecto perfecto ya que se trabaja sobre estimados, que se contrastan con la realidad durante la ejecución de la obra. Así, las iniciales percepciones de las partes van migrando hacia una mutua y natural desconfianza. El Propietario llega a pensar que el Contratista está buscando incrementar sus ganancias, mientras que el Contratista llega a pensar que al Propietario le interesa pagar lo menos posible.
Para evitar esto, el partnering podría ser perfectamente utilizado en el Perú, siendo necesario que el facilitador permanezca durante el desarrollo del proyecto, hasta su conclusión, apoyado con profesionales y técnicos que ayuden a proponer soluciones y así maximizar sus beneficios. A la fecha no conocemos de alguna obra -privada o pública- que haya desarrollado un programa de este tipo, razón por la que aún más creemos que este mecanismo innovará el tratamiento de la administración del conflicto en obras en el país. 3.2 Etapa de Control de Disputas En esta etapa, si los esfuerzos preliminares no han logrado que las diferencias se eliminen, sino por el contrario que éstas subsistan, siempre las partes se encontrarán en la mejor condición para controlar el conflicto y al hacerlo estarán en aptitud para resolverlo de manera eficiente. En esta etapa, encontraremos tanto mecanismos de control directo como aquellos que requieren de un tercero que ayude a las partes a resolver sus disputas. 3.2.1 Mecanismos de Control Directo 3.2.1.1 Negociación La negociación es un proceso constante y presente en todas las facetas de la vida humana y derivada de la interrelación con otras personas, que aparece luego de percibir un conflicto, que debe ser resuelto para poder alcanzar determinados objetivos. La actividad de la construcción no es ajena a lo expuesto, al contrario, al existir multiplicidad de sujetos y relaciones, es importantísimo saber que a través de la negociación se puede controlar las disputas o controversias que surjan, a pesar de los procedimientos detallados en los numerales anteriores. En el manejo de conflictos, la disputa surge a partir de visiones diferentes del mundo real, las mismas que a su vez ocurren, porque están basadas en valores, ideologías, creencias y aprendizajes diversos. El estudio de lo que es un conflicto, las variables que intervienen y cómo contribuyen en él, resulta de necesidad indispensable para comprender la forma de cómo debemos solucionarlos. En la ingeniería y construcción, el monto de lo involucrado y la trascendencia de los asuntos hacen que sea una actividad proclive de suscitar conflictos entre las partes y por ende, las negociaciones deben ser rápidas, efectivas, completas y significar no sólo una real solución de ésta, sino también un aporte al contrato y a la ejecución futura de las obras. Si los conflictos no son adecuadamente administrados, pueden usualmente desembocar en situaciones inadecuadas para una de ellas, que a la corta o a la larga generarán inestabilidad e inseguridad en las interacción humana vinculante. Por ejemplo, manejando el sencillo principio de la oportunidad, si un Contratista decide presentar sus reclamos en una etapa no adecuada, pero justamente crítica de la obra, generará la percepción en su contraparte, que lo que busca es utilizar la presión que genera dicha coyuntura para que se le reconozca su pedido. Esto nos lleva a la necesidad profundizar en el manejo de percepciones para que las partes finalmente entiendan la posición del opuesto en toda negociación a fin de darle un sentido de legitimidad a su pedido Esta es la razón por la que en los últimos años el manejo del conflicto ha alcanzado el rango de toda una disciplina, existiendo en la actualidad más de cuatrocientos programas sobre “conflict management” en diversas escuelas de Derecho y Administración de los Estados Unidos de Norteamérica. En el Perú, no existe aún tal iniciativa. Ahora, cabe preguntarse cuáles son las características más resaltantes de una negociación en construcción: - Es multiparte. Es decir, existen dos o más partes involucradas. En efecto, en la actividad de la construcción no sólo intervienen dos partes sino muchas, como el proyectista, el contratista, el propietario, los subcontratistas especializados y el supervisor o inspector. - Cada una de las partes anteriormente señaladas tiene interés o conflicto con respecto a uno o más asuntos. Así por ejemplo, el proyectista quiere que se respete su proyecto en caso de encontrarse un error en él, generalmente entra en conflicto con el supervisor. El contratista
aprovecha de presentar un reclamo, incrementando el precio. El supervisor tiende a su vez de reducir o en algunos casos a rechazar de inmediato el reclamo, representando a su mandante, el propietario de la obra, etc. - Por lo general, la actividad de construcción, al igual que la teoría general de la negociación, involucra la presentación de posiciones y propuestas por una parte y la evaluación de éstas por la otra, seguida de concesiones y contra-propuestas. Así, la actividad se torna más secuencial que simultánea. Los estilos utilizados en las negociaciones en construcción, al igual que en la teoría de la negociación en general, pueden a clasificarse en tres: - El estilo del “negociador duro”.- Es decir, aquel estilo que hace uso de estrategias coercitivas para lograr que la otra parte haga concesiones. Las partes tienden a tomar posiciones extremas y presionar por ellas sin considerar los intereses de su contraparte (y a veces sin considerar sus propios intereses). Por ejemplo, no es raro que el propietario de una obra con natural tendencia al estilo “negociador duro” amenace al contratista con resolverle el contrato a pesar que ello le puede significar pérdidas económicas. Esto es especialmente crítico en las obras públicas donde se sobreponen intereses formales a intereses reales –buena ejecución, por ejemplo- olvidándose los funcionarios públicos de que el interés no es la ley, sino la obra. A todo ello, el contratista, con frecuencia, responderá con estrategias igualmente "duras", lo cual traerá como resultado que ambas partes se agoten y corran el riesgo de entramparse en un conflicto infranqueable. Las consecuencias de este enfoque son relaciones conflictivas y el resultado de sus negociaciones tienden a ser soluciones disgregantes en lugar de ser soluciones integrantes. - El estilo del “negociador suave”.- Alude aquello que luchan por un acuerdo buscando por todos los medios no generar tensión o conflicto, otorgando concesiones fácilmente. Esto no es del todo extraño en la ingeniería y construcción, ya que para este estilo el objetivo es no poner en peligro la relación. Sin embargo, existe el riesgo que los intereses y las necesidades básicas de las partes se mantengan insatisfechas creando problemas en el futuro. Estos negociadores pueden ser percibidos como "débiles" por los negociadores "duros". - El estilo del “negociador que trabaja basado en principios”.- Alude a aquellos que deciden sobre los asuntos en base en sus méritos y buscan ganancias mutuas (soluciones integrantes) donde sea posible. Este enfoque depende del entendimiento real de los intereses que subyacen tras sus posiciones y de la creación de opciones que los satisfagan o del uso de reglas estándar para guiar a las partes a un acuerdo adecuado, justo y satisfactorio. Con frecuencia, este enfoque, para la resolución de problemas por medio de la colaboración, fortalece las relaciones de trabajo a largo plazo. No obstante, para este estilo negociador, en la construcción, requiérese ganar la confianza de la contraparte, ya que los intereses en conflictos y el estilo general con que se desarrolla la construcción (la del no socio, la del adversario permanente) se constituye en una barrera de entrada a cualquier intento negociador. Esta barrera, en obras públicas se ve permanentemente incrementada por la presencia distorsionadora de la Contraloría General de la República, que en muchos casos lejos de actuar como un real “auditor”, actúa directamente tomando decisiones de gestión durante la ejecución de la obra, como es el caso de presupuestos adicionales que exceden del porcentaje legal limitante, a los que su ley orgánica las denomina “materia no arbitrable”.
3.2.1.1.1 Negociación Directa Surgida una controversia, que no ha podido ser manejada a través de procedimientos preventivos, quienes mejor conocimiento tienen de cómo resolverla son las mismas partes. Por ello, cuando aquí hablamos de negociación directa, nos estamos refiriendo a aquella negociación sin incluir a terceros. Esta acepción “negociación directa” no alude solamente a que las partes serán las mismas, sino que los negociadores serán los mismos involucrados. Es importante que una negociación sea temprana en la ejecución de la obra (cuanto antes mejor), sea rápida, tenga objetivos claros y que las partes sustenten sus pretensiones en fundamentos claros (técnicos, legales, etc.) y no se limiten a llevar la negociación a una mera confrontación de posiciones o motivos estrictamente “de justicia”. El hecho que la negociación sea directa, no quiere decir que el negociador directo no pueda actuar con asesoría, quienes inclusive pueden estar facultados a participar activamente pero respetando los límites y prerrogativas que se les haya concedido o dentro del rol asignado por quienes tienen el poder decisorio en la negociación. Ya que la actividad de la construcción es plurisubjetiva, el llegar a una negociación es casi inevitable; siendo por tanto importante que los negociadores tengan claro la conveniencia o inconveniencia que representa para ellos la conclusión de este mecanismo sin acuerdo alguno. Cabe señalar que en el Perú, las negociaciones en obra, son generalmente duras y pocas veces arriban a acuerdos ventajosos para las partes, ya que quienes viven – literalmente en las obras – sienten que es mejor que las decisiones importantes, para su tranquilidad, las tomen los niveles de superior jerarquía en la empresa. Esto, lo podemos entender -mas no justificar- por el pobre nivel de empowerment de nuestras empresas peruanas en general. Nuevamente, en el caso de las entidades públicas, debemos referirnos a ellas con suma preocupación, ya que si bien la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado incentiva la utilización de mecanismos alternativos de resolución de controversias, como la conciliación, son muy pocos los casos en que se puesto en práctica. En muchos casos, el efecto “Contraloría” limita la capacidad del funcionario público para negociar; y lo que es peor, obligándolos a buscar que las decisiones que tomen no sólo sean avaladas por su superior jerárquico, sino también –al final del día- por el propio tribunal arbitral o árbitro único de ser el caso. Así, no es raro que al Tribunal Arbitral conformado se le acerquen las partes solicitando que ratifiquen las decisiones que ellas “extraoficialmente” han tomado. Esta distorsión del mecanismo de negociación se debe a que no existen parámetros claros sobre qué negociar y qué no y cómo tomar decisiones costo – beneficio. 3.2.1.1.2 Negociaciones Ejecutivas Las negociaciones ejecutivas se llevan a cabo cuando a un determinado nivel de la negociación directa no se ha logrado obtener el resultado positivo esperado; en otras palabras, cuando se ha visto, al menos momentáneamente frustrado un arreglo entre las partes, o éstas han decidido simplemente no discutir más sobre el tema en particular. En este contexto, corresponde generalmente a los ejecutivos de las compañías que participan en la negociación retomar la discusión a fin de tender puentes de acercamiento entre las partes con el objeto de restablecer las relaciones y propiciar un escenario favorable para que, posteriormente, aquellos que tienen el poder decisorio, puedan encontrar la fórmula de acuerdo definitivo con arreglo a sus intereses. Se debe destacar que, en ocasiones, la personalidad de los negociadores directos puede impedir el llegar a un acuerdo, por lo que las negociaciones ejecutivas, en las que los representantes de las partes (generalmente directivos) desprovistos ya de apasionamientos pueden lograr un acuerdo que respete y garantice los intereses de ambas partes.
El nivel de los ejecutivos que son imbuidos en la negociación no siempre es el mismo, pero se recomienda que sean ejecutivos del mismo nivel en todas y cada una de las partes. El objetivo es único, buscar objetividad Inter Pares, quienes además del problema de obra mismo, son especialmente claros en los análisis globales del negocio. En los Estados Unidos, incluso se dice que es mejor propender en esta etapa a separar en dos la negociación ejecutiva, a efectos de llegar a resultados de manera rápida y eficiente. ¿Cómo? Haciendo que sean gerentes quienes se encarguen de la primera parte de la negociación y que sean los Presidentes de las empresas los que se encarguen de la segunda parte, dándoles plazos ciertos para que lleguen a un acuerdo en la primera. Esto hará que los gerentes tengan incentivos para demostrar su eficiencia, llegando a una solución integral dentro del plazo trazado, ya que de no hacerlo estarían demostrando un cierto grado de “ineficiencia” frente a los Presidentes de sus compañías. Muy por el contrario, de lo que se podría pensar, esto viene desarrollándose con relativo éxito en el Perú, y justamente porque ningún gerente de una mediana o grande compañía constructora querrá que su Presidente – quien le ha delegado no una negociación, sino la solución a un problema – pierda tiempo en asuntos que teóricamente él mismo debe resolver. 3.2.2 Resolución No Obligatoria En esta etapa se describirán aquellos mecanismos que pueden ser utilizados una vez que las negociaciones no han podido arribar a un acuerdo alguno. Empezaremos analizando aquellos mecanismos que promueven que las mismas partes tomen sus decisiones, y luego aquellas en que la opinión de un tercero no es obligatoria salvo que muestren su pleno acuerdo. A ello nos referimos con el término de “Solución no Obligatoria”. Entre las alternativas de solución de conflictos, la mediación es la que más desarrollo ha tenido en los últimos 30 años en la actividad de la construcción. Su presencia ha significado reducción de costos legales, ahorro de tiempo, posibilidad de solventar cuestiones complejas en confidencialidad y la eliminación de incertidumbres, entre otras ventajas. Así, muchas compañías y firmas de abogados se interesan por la mediación y otros mecanismos alternativos como la conciliación donde la solución, si es adoptada tendrá valor definitivo en la solución del conflicto, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo. La complejidad de la actividad de la construcción, presenta un campo fértil para el desarrollo de la mediación, en la medida en que ésta ofrece soluciones orientadas a preservar la relación entre empresas y clientes, y evitan las paralizaciones de obras con sus costos consecuentes. La Mediación y la Conciliación se han convertido en los medios más eficaces y menos onerosos que el Poder Judicial para la solución pacífica de sus disputas. La existencia de estas vías alternativas o medios extrajudiciales de solución de conflictos, en nuestros países -además de ser una solución de eficiencia y connotación privada- están también íntimamente relacionados con la identificación de diversas insuficiencias de nuestros sistemas judiciales. En otras palabras, existe un evidente déficit de recursos, dado que el índice de conflictualidad en la sociedad contemporánea supera largamente las asignaciones hechas a los sistemas judiciales, en base a previsiones generales. La utilización de los medios extrajudiciales de solución de conflictos, no niega la vía judicial, sino por el contrario busca su fortalecimiento como medio eficaz de solución de conflictos debido a que por su utilización se puede reducir la carga de la administración judicial. Asimismo busca neutralizar la diversidad de conflictos derivándolos a un acuerdo entre las partes. Nuevamente, nos toca mencionar que la industria de la construcción es especialmente proclive a buscar en estos mecanismos una alternativa eficiente de solución al Poder Judicial. 3.2.2.1 La Mediación En sentido amplio puede afirmarse que el uso de la mediación contribuye a generar un cambio en la conducta de las relaciones humanas facilitando una mejor calidad de vida y promoviendo la paz social. En este contexto, la mediación constituye un procedimiento no adversarial y pacífico de resolución de conflictos, tendiente a lograr un acuerdo rápido y económico en términos de tiempo,
dinero y esfuerzo, objetivo difícil de conseguir cuando los conflictos, repetimos, deben dirimirse en sede judicial. También puede ser definida como un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial (mediador) quien actúa como facilitador y conductor de la comunicación. Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismos el proceso cuyo desarrollo es rápido e informal. Se trata de una instancia voluntaria a la cual asisten las partes interesadas solas o, en su caso, asistidas por sus abogados si lo creen necesario. Su objetivo primordial es superar el conflicto, arribando a un acuerdo que evite la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia. Es un proceso donde no existen ganadores ni perdedores, pues todos los interesados se benefician de los acuerdos que se logren. Es importante, señalar que en la mediación, las partes conservan la responsabilidad y el control de la controversia y no transfieren el poder de toma de decisiones al mediador. El mediador sólo emite una opinión preliminar del caso, no obligatorio salvo que sea aceptada por las partes. Efectivamente, la opinión preliminar que el mediador emita no será obligatoria, a no ser que sea aceptada por las partes ya sea expresamente o a través del transcurso de un plazo determinado, sin que la discusión sea llevada a sede arbitral. Como señalamos, la actividad de la construcción es un terreno fértil de disputas y siendo ello así, la mediación es una alternativa para posibilitar la solución del conflicto. En este contexto habrá mayor o menor posibilidad de conflicto en cuanto las características de la obra las alienten o desalienten. Por ejemplo: Por la duración de la obra (si los plazos son holgados o muy cortos para el logro de las metas físicas establecidas) Por el número de personas que interactúan Por las variables condiciones de trabajo (aquí tiene mucho que ver la experiencia o información con que cuenten las partes al aceptar su intervención en la obra) Por la responsabilidad profesional, Por la interrelación de los subcontratistas especializados, Por la influencia del clima en los plazos previstos de entrega. Etc. Frente a estas realidades, los actores ligados al sector de la construcción deben buscar la manera de: Evitar los conflictos o reducirlos al mínimo, Limitar los recursos dedicados a la resolución de conflictos (tiempo y dinero), Preservar la relación de trabajo y garantizar su continuidad mientras se resuelven las diputas. Utilizar el asesoramiento de peritos en la construcción, como opiniones no vinculantes. Si esto es así, la mediación tiene a su favor, entre otras, las siguientes ventajas: Evita que las relaciones comerciales se deterioren o destruyan como consecuencia de la tramitación de prolongados juicios. Informalidad y flexibilidad,
Privacidad y confidencialidad, Rapidez y economía Hincapié en la resolución de asuntos esenciales, participación de las partes en oposición en la resolución de los conflictos, bajo riesgo y alto rendimiento potencial, La mediación tiene un alto índice de éxito debido a que para unos, ésta nunca falla, aún cuando las partes no logren llegar a una solución, ya que al terminar el procedimiento habrán logrado obtener una mayor comprensión de la controversia o, por lo menos, han logrado circunscribir la controversia a su verdadera dimensión; Iniciar un procedimiento de mediación supone pocos riesgos. Las partes siempre tienen el control de la controversia. Cada parte puede poner término a la mediación en cualquier momento, aun cuando estime que no avanza el procedimiento, que el procedimiento es muy oneroso o que la otra parte no actúa de buena fe. Por lo tanto, el compromiso de las partes con la mediación es revocable en cualquier momento. En conclusión, la mediación constituye una alternativa interesante para la actividad de la construcción cuando algunas de las situaciones que se mencionan a continuación constituyen prioridades importantes para una o ambas partes: Minimizar el volumen de los costos inherentes en la solución de la controversia; Mantener el control del procedimiento de solución de la controversia; Una solución rápida; Mantener el carácter confidencial de la controversia; o Preservar o desarrollar una relación comercial subyacente entre las partes en la controversia; Brindar a los participantes la posibilidad de gestionar su propio acuerdo; Sin embargo, debemos ser claros en señalar que este mecanismo no constituye un método apropiado, cuando involucran cuestiones jurídicas con pocos o ningún precedente, alto grado de incertidumbre sobre el resultado final; o cuando, la credibilidad de los protagonistas es dudosa, las partes o sus abogados son poco confiables en aceptar y asegurar un compromiso convenido. Importantes cambios están ocurriendo en nuestro país en el modo de resolver las disputas y/o conflictos entre las partes. En años recientes, se han acentuado los procedimientos de mediación en aquellos contratos estatales de obra que cuentan con fuente de financiamiento internacional, como es el caso de los contratos que siguen los procedimientos de las guidelines del BID, etc. En el sector de la construcción, probablemente uno de los más dinámicos en el Perú, a pesar de la aguda crisis experimentada1, es una alternativa privada, informal y eficiente de resolución de conflictos. Cada vez y con más frecuencia en el Perú, los contratos de construcción vienen incorporando acuerdos de este tipo antes de recurrir al arbitraje o a un litigio.
POSEEDORES INFORMALES PODRÁN CONVERTIRSE EN PROPIETARIOS GRACIAS A LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. Comentario realizado por el Área Inmobiliaria y de Construcción Los pobladores de terrenos ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 2004 podrán convertirse en propietarios gracias a la expropiación y posterior titulización promovida por el Estado. En efecto, el último 11 de febrero ha sido publicado en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 29320 que modifica el artículo 21 de la Ley Nº 28687. “Ley de desarrollo y complementaria de formalización
de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos”, con la finalidad de establecer el marco legal idóneo para permitir la expropiación de terrenos ocupados por posesiones informales a favor de los invasores. El artículo 21 de la mencionada ley establecía que las municipalidades provinciales podían requerir la expropiación de terrenos ocupados por posesiones informales mediante resolución del Consejo Provincial siempre que aquellos cuenten con su respectivo proyecto de vivienda social, técnica y financieramente viable. Asimismo, se precisaba que las municipalidades provinciales actuaban como sujeto activo de la expropiación y los beneficiados asumían el pago del justiprecio. Con dicho marco legal se hacía bastante difícil hacer efectiva la expropiación en este supuesto, por lo que la presente modificación busca posibilitar dicho mecanismo excepcional de afectación de la propiedad. Así, la nueva norma comienza declarando de “necesidad pública” la expropiación y posterior titulación en beneficio e los pobladores de los terrenos ocupados de 2004 de esta manera, se busca legitimar dicha expropiación en la necesidad pública prevista en el artículo 70 de la Constitución. Sin embargo, la mayoría de especialistas ha señalado que el hecho de expropiar una propiedad privada a favor de “invasores” no puede constituir necesidad pública desde que los beneficiados son exclusivamente un grupo determinado de personas. La noción de necesidad pública respondería más bien a la idea de bienestar general que se logra, por ejemplo, con la creación de una carretera o un hospital. Por otro lado, con la modificación se extiende la legitimación activa en el proceso de expropiación, por lo que esta corresponde ahora al: i) Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda; ii) el Organismo Formalizador de la Propiedad Informal (Cofopri); y a los iii) Gobiernos Locales. En el caso de los dos último la legitimación activa se realiza a través de las municipalidades provinciales correspondientes. Cabe señalar que la inscripción de la transferencia de los terrenos afectados se hace a favor del Estado, y se efectúa en mérito de la copia certificad del documento que acredita el pago de la indemnización justipreciada por parte del Estado. Una vez inscrita la transferencia de propiedad a favor del Estado, el ente formalizador ejecuta las acciones de formalización de la propiedad sobre los terrenos expropiados. Como se observa, a diferencia de la disposición anterior, se establece que el Estado quien asume el pago de la indemnización justipreciada. No obstante el título de adjudicación contiene una cláusula inscribible en el Registro de Predios que asegura el reembolso al Estado del pago efectuado por concepto de indemnización justipreciada que corresponde a cada predio. Lo peligrosos de esta disposición es que podría incentivar la posesión masiva e informal de predios privados, dado que el costo asumido por el invasor parece ser muy reducido, solo una cláusula que “asegura” el reembolso al Estado.
TERMINOLOGÍA LEGAL DE DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES La SBN es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional necesaria para la ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración, registro y control de los bienes de propiedad estatal cuya administración está a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente. COFOPRI El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, es un organismo público descentralizado adscrito al Sector Vivienda con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. COFOPRI es el organismo rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el programa de formalización de la propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones con esta finalidad
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