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Timestamp: 2018-06-21 21:32:29
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 228', 'artículo 71', 'artículo 33', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 29']

Carta dirigida al Dr Miguel Samper Strouss - Reconciliémonos Colombia
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Carta dirigida al Dr Miguel Samper Strouss
En La paz es un derecho humano publicado en septiembre 17, 2011 Deja una Respuesta Publicado por Reconciliemonos Colombia
Bogotá D.C, Septiembre 16 de 2011
Director de Justicia Transicional Min-Interior
Los Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas recluidos en el Pabellón de Justicia y Paz de la penitenciaria la Picota de Bogotá, en nombre de los postulados a la Ley 975 de 2005 que representamos, presentamos un respetuoso saludo convencidos que su gestión como Director de Justicia Transicional del Gobierno Nacional, ayudara a consolidar la Paz, la Reconciliación y la Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano y del Gobierno que usted representa.
Distinguido Dr. Samper, hemos recibido con satisfacción las iniciativas y propuestas de diferentes sectores de la dirigencia Nacional, de acompañar y adelantar el proyecto de Ley bandera de este Gobierno, de la creación de un “Nuevo Marco para la Paz” proyecto este que subsanaría las falencias y vacios jurídicos que presenta la Ley de Justicia y Paz y dejaría abiertas las puertas para futuros procesos de Paz.
En este mismo sentido y con la preocupación que nos asiste como destinatarios de la mencionada Ley, queremos dejarle planteado algunas consideraciones jurídico procesales y políticas, a raíz de unas solicitudes por parte del INPEC de querer trasladar postulados a la Ley 975 de 2005 a cárceles y pabellones de Alta y Máxima Seguridad, caso concreto la solicitud que elevo este Instituto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en oficio # 7100 del 19 de Agosto de 2011, solicitando trasladar al Sr. JHON FREDY GALLO BEDOYA postulado a la Ley y Miembro Representante del
extinto Frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio hoy desmovilizadas, solicitud que fue conocida por los firmantes en decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal con el radicado: (Definición No. 37.253, procesado Ramón María Isaza Arango y Otros, de Agosto 31 de 2011).
DEL SUSTENTO JURÍDICO DEL SISTEMA DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEL RÉGIMEN CARCELARIO
El tema de la Paz desde el punto de vista de la normatividad ha sido una constante, sólo que la equivocación en su desarrollo ha sido la frustración, pues el camino es un acto legislativo y después si, su desarrollo legal. Destacamos el interés político por la reconciliación, el interés de los Gobiernos anteriores y el actual en llegar a “una solución política negociada del conflicto” solo que el camino, es crear primero el marco que se va aplicar a los actores del conflicto, llámense particulares y/o agentes del Estado.
Este es el resumen normativo de ese caminar en búsqueda de la Paz.
Ley 418 del 26 de diciembre de 1997.
Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.
Artículo 8º. En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:
a). Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político;
b). Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de éstas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.
Esta base fundamental por la Paz, ha sido prorrogada y modificada por otras normas que apuntaba al mismo objetivo.
Ley 548 del 23 de diciembre de 1999.
Ley 782 del 23 de diciembre de 2002.
Como este marco no tenía la entidad legal para regular un proceso de Paz, el Gobierno anterior propuso al congreso un proyecto de ley el cual se convirtió en la ley 975 del 25 de julio de 2005, regulación más amplia que las anteriores, pero muy cerrada en su aplicación y corta en la visión, motivo por el cual en el Congreso cursa ahora “El Acto Legislativo por la Paz”, sin duda alguna, la herramienta indispensable y real para este propósito tan anhelado en Colombia.
La ley 975 del 2005, trajo importantes aportes al contexto del proceso de Paz, como son entre otros: la desmovilización, postulación, la verdad, la justicia, la reparación, la pena alternativa y desde luego la supremacía de la “Justicia Transicional, sobre la Permanente u ordinaria”.
Hoy en el año 2011, de más de 34.000 procesos en justicia y Paz, solo se han fallado 4, desde luego por el trámite, que en Colombia supera lo sustancial, en abierta disputa con el marco Constitucional en su artículo 228 que ordena… “Lo sustancial debe primar sobre lo adjetivo o procedimental.”
Las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa empezaron en Colombia con el marco jurídico que antecedía a la ley 975 del 2005, el mismo que consagraba el carácter político al decir que “Que las normas se aplicarían a los grupos organizados al margen de la Ley, que el Gobierno les reconozca el carácter político”. Desde luego que este carácter, estuvo implícito en la negociación y posterior desmovilización, pues así fue consagrado en el artículo 71 de la SEDICIÓN, declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, pero por vicios de tramite y no de fondo, por cuanto este carácter político ya viene en las normas antes citadas.
¿Por qué hablar de todo esto?, sencillo, porque lo que consagró el legislador mientras no sea derogado se debe aplicar y las leyes 418, 548, 782 y 975, están en vigencia y como tal se deben aplicar, quiere decir lo anterior que LAS NORMAS SOBRE LA PAZ, son de carácter transicional y no del ámbito permanente u ordinario, como tal “Son diferentes y priman sobre estas últimas” pues la Paz, es un Derecho Fundamental, de rango supra legal, del bloque de Constitucionalidad, a más regulado e inserto en Tratados y Convenios, legalmente suscritos y aprobados por Colombia.
Establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia que la Justicia Transicional y la Ordinaria tienen ámbito de aplicación diferente y la primera de rango superior y especial, es pertinente traer a colación lo dicho en la PRIMERA SENTENCIA EN FIRME DE JUSTICIA Y PAZ, de los desmovilizados EDWARD COBOS TÉLLEZ Y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA INSTANCIA
RAD. 34547. ACTA 139
FECHA. 27 DE ABRIL DE 2011
M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMUS
Significa lo anterior, entonces, que la filosofía de este sistema (Justicia Transicional) difiere del regido por la justicia ordinaria, indispensable es citar las diferencias y ámbito de su aplicación:
Diferencias entre Justicia ordinaria y transicional. Por eso, lo tiene también establecido la jurisprudencia de esta Corporación, entre la legislación penal ordinaria y la transicional se destacan varias diferencias, que bien pueden identificarse de la siguiente manera[1]:
(i) Con relación a sus destinatarios: porque mientras el régimen penal ordinario está dirigido a los ciudadanos del común que eventualmente pudieran ser, en el futuro, responsables de una conducta delictiva, la normatividad concebida para buscar la reconciliación y la conquista de la paz se aplica a personas que hacen parte de grupos organizados al margen de la ley, dedicados en el pasado a sembrar el terror y a quienes el Estado busca ahora atraer a la institucionalidad.
(ii) En cuanto a la expectativa de su aplicación: por cuanto mientras el marco de la regulación ordinaria asegura garantías al justiciable, el ordenamiento previsto en la Ley 975 de 2005 le ofrece a los desmovilizados significativas ventajas punitivas, que de otra manera serían imposibles de alcanzar.
(iii) Frente a los derechos de que son titulares cada uno de los dos procesados en las distintas legislaciones: pues mientras el de la justicia ordinaria tiene derecho a exigir que se le investigue dentro de un plazo razonable, amparado entre otros, por el derecho a la no autoincriminación, el desmovilizado somete su poder al del Estado (entregándole sus armas y cesando todo accionar violento), renunciando a la garantía constitucional contenida en el artículo 33 superior, para confesar voluntariamente sus crímenes, ofrecer toda la información suficiente para que se constate su confesión y esperar a cambio de dicha actitud las ventajosas consecuencias punitivas que consagra la ley a cuyo favor se acoge.
(iv) Respecto de la actitud asumida por el sujeto pasivo de la acción: porque al paso que el procesado por la justicia y con la legislación ordinaria está enfrentado con el Estado, en términos de combativa exigencia, producto del ejercicio pleno de sus garantías procesales, el justiciable desmovilizado se encuentra sometido, doblegado voluntariamente ante el Estado en busca de la indulgencia ofrecida por la alternatividad penal prevista en la Ley.
(v) En lo concerniente al objetivo buscado con la pena: en tanto en la legislación ordinaria el anuncio general de la sanción tiene una función preventiva, frente a la legislación de Justicia y Paz el anuncio de una pena tan benigna busca efectos seductores, si se quiere, de invitación a la reconciliación sin mayor retribución, a la otra oportunidad, al ejercicio de la alternativa por una vida alejada de la violencia, a la restauración de las heridas causadas con su accionar delincuencial, a la transición hacia una paz sostenible, posibilitando la desmovilización armada y la reinserción a la vida civil de los integrantes de aquellos grupos violentos.
(vi) Finalmente, en lo correspondiente al sujeto protagonista del proceso penal: mientras la modernidad lo construyó para rodear de garantías y derechos al sindicado, la legislación de Justicia y Paz colocó como eje central de su accionar a la víctima, para quien hay que reconstruir la verdad de todo lo acontecido, respecto de lo cual hasta ahora sólo ha percibido el dolor de la muerte, el desplazamiento, la violencia sexual y la desesperanza producida por la soledad en la que la abandonó el Estado.
(Hasta aquí apartes Sentencia 34.547 H.C.S.J. 2ª. Instancia)
Como consecuencia del proceso de Paz, de la normatividad creada en reseña, la jurisprudencia nacional e internacional, dado el conflicto que vive Colombia, la justicia ordinaria o permanente no es la llamada a aplicarse a los “grupos organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y sometido a la justicia transicional” y desde luego menos la ley 65 de 1993 (Régimen Penitenciario y Carcelario), pues la misma ley 975 de 2005 en su artículo 30 establece que: El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.
En el artículo 32 de la misma obra establece que: La competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y la obligaciones impuestas a los condenados, radica en Los Tribunales de Justicia y Paz, designados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Con la preceptiva normativa imperante en el artículo 30 de esta norma transicional el Gobierno Nacional a través del INPEC, expidió la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009, creando el RÉGIMEN CARCELARIO QUE REGIRÁ A LOS DESMOVILIZADOS POSTULADOS y para el efecto, en su artículo 5º y parágrafo determinó que “El Gobierno Nacional creará los Establecimientos y Pabellones, cuyos destinatarios son los desmovilizados postulados a la ley 975 de 2005 y que estarán en fase de mediana seguridad.”
En consecuencia no es al INPEC a quien compete trasladar a un desmovilizado y postulado a un centro carcelario de máxima seguridad, pues la resolución en comento establece que son clasificados en mediana seguridad, tiene régimen legal, carcelario y jurisdiccional diferente a la justicia ordinaria, de contera el jefe quien determina o ventila la situación de ubicación es el Magistrado que adelante el proceso, por ,mandato del artículo 32 de la ley 975 de 2005 y al INPEC le corresponde es la vigilancia de los postulados, pero no opera la ley 65 de 1993, por sustracción de materia.
Sabemos que se pretende hacer traslados de postulados, con el comentario que pueden estar delinquiendo, esto es violatorio del debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en el artículo 29 de la Carta Política y 7º del Código de Procedimiento Penal, ya que para ello existe la jurisdicción para investigar lo pertinente y no por presentación de escritos que la prensa o detractores de la Paz, puedan impetrar para derrumbar el proceso de Paz más difícil, pero real adelantado hasta el momento en Colombia.
Como desconocer un régimen legal creado por el legislador y avalado por la judicatura en sendos fallos, donde se establece que la “Justicia Transicional es diferente a la ordinaria” a más de crearse un manual penitenciario especial en la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009.
Respetado Señor Director de Justicia Transicional, el competente para ordenar un traslado de un postulado no es el INPEC, sino el Magistrado que adelanta el proceso de este y el Gobierno debe crear de manera urgente los Establecimientos de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz como lo ordena la Resolución antes citada, por ser la justicia transicional superior y diferente al régimen común.
El INPEC no puede por prohibición Constitucional y Legal, argumentar que va ha trasladar a un postulado de un pabellón de Justicia y Paz a una cárcel de alta seguridad, pues vulnera la Constitución, la ley, los reglamentos, la presunción de inocencia, pues la persona es declarada culpable “cuando haya sido investigado, juzgado, condenado y sin que la providencia tenga recurso alguno”, lo contrario, es acabar con el derecho de un tajo e incurrir en vías de hecho.
-Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz (Min-Interior
– Procuraduría – Alta Consejería para la Reintegración - Fiscalía UNJyP – INPEC)
-Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Sala de Justicia y Paz
-MAPP - OEA