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Timestamp: 2015-04-20 00:44:27
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 4', 'Artículo 52', 'artículo 3', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 3', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 59', 'artículo 4']

Alternativas en la Ley contra la corrupción
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March 6, 2013	por Maria Cristina Comentarios (0)
alternativas, ley, contra, corrupción	Partes: 1, 2, 3
Consideraciones sobre delitos cometidos contra la cosa pública
La ley contra la corrupción
Algunos de los delitos contempladas en la ley contra la corrupción
El nuevo sistema penal bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal
Análisis de fallos sobre delitos cometidos en la administración pública
Venezuela constituido en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Dentro de los mencionados valores la ética es considerada un valor constitucional que condiciona la actuación del Estado y que impone que los funcionarios que dirigen los órganos que ejercen el poder público atiendan únicamente a los fines públicos y no a intereses particulares. Por tal razón se utiliza como plataforma legal a La Ley Contra la Corrupción que constituye en sí una garantía de ese valor.
Sin embargo la opinión generalizada es que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo y que nada se hace para corregir esa situación.
La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar estadísticamente los casos de corrupción denunciados y conocidos por el Ministerio Público y las decisiones judiciales dictadas con respecto a los mismos. Sobre el particular, especialmente se utilizaron fuentes secundarias que permitieron obtener información, analizarla y tomarla para las conclusiones y recomendaciones derivadas del marco teórico referencial. Los resultados permitieron conocer que en la investigación de los delitos cometidos contra la cosa pública se pueden utilizar tanto el Código de Procedimiento Civil, como el Código Orgánico Procesal Penal en materia probatoria, observándose la dificultad de la prueba por su complejidad documental y la necesaria experticia que debe tener el investigador en materia presupuestaria, económica, financiera, etc., la demora de los entes del Estado en dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público en cuanto a información se refiere y el escaso personal que las pocas Fiscalías del Ministerio Público con competencia en materia de Salvaguarda tienen para enfrentar la excesiva cantidad de casos. Como aporte se hicieron consideraciones para efecto de desarrollar actividades que permitan el conocimiento de los medios de prueba y la necesidad de asignar mas fiscales especializados en la materia y dotarlos tanto del personal idóneo como de los recursos financieros y materiales a fin de evitar la impunidad que se aprecia por no llegarse a probar los hechos que se imputan.
El trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de analizar los delitos cometidos contra el "Patrimonio de la Nación", estudiar estadísticamente la relación existente entre la cantidad de denuncias realizadas sobre hechos de corrupción y la cantidad de fallos dictados por nuestros tribunales, a objeto de conocer el porque de la impunidad, tomando en cuenta la especificidad de los delitos contemplados en la novísima Ley Contra la Corrupción.
El tema objeto de la investigación se encuentra enmarcado en el área del Derecho Penal, del Derecho Procesal Penal y en el área probatoria, constituyéndose los hechos cometidos contra la cosa pública, delitos que requieren para las investigaciones y su comprobación, conocimientos especializados en atención a las dificultades que surgen a lo largo del proceso por los elementos técnicos intrínsecos de la materia, al estatus social y profesional relativamente elevado de los imputados que en algunos casos llegan a ser altos funcionarios en ejercicio del poder publico, la inoperancia de nuestro sistema judicial y complicidades.
Para el logro de los objetivos planteados se realizó una revisión bibliográfica sobre los delitos de corrupción, las pruebas y sus medios, asistiendo a fuentes secundarias que conforman doctrina, bajo cambios sustanciales en el devenir histórico cuando se vive una época en la cual se pasó del sistema inquisitorio al sistema acusatorio y cambios en las normas sustantivas penales referentes al tema en estudio.
Para la obtención de la información de las fuentes secundarias (bibliografía) se aplicó la técnica de investigación documental a través de fichaje, selección de fuentes bibliográficas, resumen y transcripción de información de igual manera se realizó un estudio de casos, para lo cual se acudió a la Dirección de Salvaguarda del Ministerio Público la cual tiene bajo su adscripción once (11) fiscalías del Ministerio Público con competencia a nivel nacional, una (1) fiscalía del Ministerio Público a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, tres (3) fiscalías del Ministerio Público con competencia en Materia Civil, cuatro (4) fiscalías del Ministerio Público en el Área Metropolitana de Caracas, nueve (9) fiscalías del Ministerio Público distribuidas en diferentes circunscripciones judiciales y el Equipo de Apoyo Anticorrupción.
Como se puede acceder a la información disponible de forma fidedigna en la ciudad de Caracas, se hizo uso de ella, determinándose que en el Area Metropolitana de Caracas existen solo cuatro fiscalías identificadas como Fiscalías 7, 68, 78 y 79, en vista de ello se seleccionó a la Fiscalía Septuagésima Octava para realizar el estudió, considerándose que representa el 25% del total de Fiscalías en materia de salvaguarda en la ciudad de Caracas.
Delimitamos la información a estudiar los casos ingresados y actos conclusivos emitidos en la Fiscalía 78°, durante el año 2004, por ser más representativa.
Confrontamos muchos problemas para acceder a las estadísticas que mensualmente deberían emitir los Juzgados de Control del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por diferentes motivos; son 52 Tribunales, los operarios judiciales (jueces, secretarios y asistentes de tribunales) fueron en su mayoría renuentes a colaborar con la investigación y en los pocos tribunales que logramos algún tipo de ayuda se presentó la situación que durante el año 2004 no conocieron un solo caso en materia de corrupción.
Reunida la información documental, se aplicó la técnica del análisis de contenido adaptadas al tipo de dato recogido para ser interpretadas de acuerdo a la metodología de la investigación y así conformar el cuerpo de conclusiones y recomendaciones.
Cumplida la investigación se elaboró el informe que se presenta estructurado en capítulos que se desarrollaron en la forma siguiente: Capítulo I: Consideraciones sobre delitos cometidos contra la cosa pública, con referencia al concepto de corrupción, historia y una breve reseña de los diversos instrumentos jurídicos que en Venezuela se han puesto en práctica en el transcurrir de nuestra historia republicana; Capítulo II: La Ley Contra La Corrupción, promulgación, algunas consideraciones referentes a la ley; Capítulo III: Se realizó un pequeño análisis acerca de los funcionarios públicos en el marco de la legislación venezolana; Capítulo IV: El patrimonio público desde la perspectiva de la Ley Contra La Corrupción; Capítulo V: En este capitulo se analizaron algunos delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, su estructura, naturaleza jurídica, elementos objetivos y subjetivos; Capítulo VI: El nuevo sistema penal bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal; Capítulo VII: Reflexiones sobre la función del Ministerio Público en el modelo del sistema acusatorio en Venezuela; Capítulo VIII; Consideraciones generales sobre la prueba en la legislación venezolana, con referencia a la valoración de la prueba; Capítulo IX: Análisis de fallos sobre casos de delitos cometidos en la administración pública. Finalmente las conclusiones y recomendaciones.
Partes: 1, 2, 3 Partes: 1, 2, 3 CAPITULO I
CONSIDERACIONES SOBRE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA COSA PUBLICA.
La corrupción pública o corrupción administrativa, nos lleva siempre a imaginar a un funcionario investido de funciones públicas otorgadas por nuestro ordenamiento jurídico, quien utiliza el poder que le ha sido atribuido por un tercero para su interés personal.
La doctrina mediante diferentes autores ha tratado el tema indicando que la corrupción no sólo se refiere al ámbito de lo público, sino también al ámbito de lo privado. Incluso hay autores como Sabán Godoy (1991), quien sostiene que:
"tras todos los casos de corrupción pública existe una complicidad privada".
El autor español ha señalado que corrupción es:
"la utilización de un poder otorgado por un tercero para el interés personal del cesionario, interés distinto del que persigue el titular del poder cedido".
La corrupción pública es, para el referido autor:
"la utilización de potestades públicas para el interés privado cuando éste difiere del general a que toda actuación pública se debe".
En la actualidad el concepto de corrupción está íntimamente vinculado al concepto de legalidad tal como lo sostiene José Vicente Haro (2003), por eso el autor español Sabán Godoy señala que existe un vínculo entre corrupción y legalidad, porque toda conducta corrupta es una conducta ilegal y ello por oponerse siempre al tenor de la ley.
Gianfranco Pasquino (1976) autor italiano señala que:
"la corrupción es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es inducido a actuar de manera distinta a los estándares normales del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una remuneración. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquél que ocupa un rol en la estructura estatal".
El autor italiano Mario Caciagli (1996) al comentar a Pasquino señala que:
"el rasgo relevante de la referida definición es la necesidad del ejercicio de una función pública, de un rol en la estructura estadal sobre el que Pasquino con razón insiste. Es decir, que no hay corrupción en las transacciones privadas". Para el autor, esto es algo aceptado universalmente.
Al tratar de resumir las diversas definiciones acerca de la corrupción, el autor español Joaquín González, en su obra "Corrupción y Justicia Democrática", señala que la violación del deber y la utilización ilícita del poder recibido por el titular de la especial situación jurídica constituyen el sustrato común de todas las formas de corrupción, en razón de lo cual, práctica corrupta sería:
"toda acción u omisión tendente a obtener una ventaja ilícita de cualquier naturaleza, ya sea para sí o para otro, llevada a cabo con violación de un deber jurídico por quien se halla en una posición singular, y de la cual se deriva un perjuicio efectivo para tercero o el riesgo de su producción".
1.1.2 HISTORIA DEL CONCEPTO
Según José Vicente Haro (2003),
"La corrupción es uno de los principales factores de deslegitimación de un gobierno electo democráticamente, constituye el principal signo de ejercicio arbitrario del poder para fines que no son los previstos en la Constitución y, por ello representa el cáncer de la democracia".
La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden jurídico y la justicia, así como contra el desarrollo integral de nuestro país.
No es un fenómeno nuevo, según Beltrán Haddad (1996) en el antiguo derecho romano se encuentran las fuentes de los orígenes del peculado el cual es una de las formas como se manifiesta la corrupción.
"En la antigua Roma los dineros públicos estaban considerados cosa sagrada y aquellos que los sustraían eran objeto de castigo, con el mismo tratamiento que se infligía a los sacrílegos",
En nuestro país se remonta a los años de la independencia, con el famoso decreto del Libertador Simón Bolívar, en la que condenaba a muerte a todos los que sustrajera el dinero de la nación.
En los últimos años el fenómeno se ha extendido cual cáncer en toda la administración pública nacional, a tal punto de que se han realizado algunos esfuerzos por combatir el flagelo.
1.1.3 INSTRUMENTOS JURIDICOS PUESTOS EN PRÁCTICA EN VENEZUELA.
Tal vez uno de los más resaltantes de la época post-independentista sea el decreto firmado por Simón Bolívar el 12 de enero de 1824 desde Lima.
"Teniendo presente como "Libertador y Presidente" que "una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por alguno de sus funcionarios que han intervenido en ellos" y que "el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y decreto":
"Artículo 1: Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a pena capital.
Artículo 2: Los jueces a quienes, según la Ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3: Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1.
Artículo 4: Se fijará este decreto en todas las oficinas de la república, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos".
Quedaba así escrita nuestra primer Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público en forma de decreto, cuya vigencia duró varios años.
Entre 1855 y 1891, según los trabajos recopilados por Arzola, se procedió a la aprobación de cinco instrumentos legales con la misma finalidad que el decreto firmado por Bolívar.
Decreto de fecha 28 de febrero de 1855, dictado por el general José Tadeo Monagas, destinado a ordenar los ingresos del fisco provenientes de las aduanas y a la distribución del presupuesto de acuerdo con el crédito público y las necesidades sociales.
Ley sobre la Responsabilidad de los Empleados en el Régimen Político de Provincias de fecha 25 de mayo de 1857, durante la presidencia de José Tadeo Monagas, destinada a lograr el rendimiento de la actividad administrativa de las provincias.
Ley que fija los Casos de Responsabilidad de los Empleados Nacionales y establece el procedimiento y las penas, de fecha 20 de marzo de 1869, promulgada durante la presidencia del general José Ruperto Monagas.
La Ley sobre Procedimientos en los Juicios de la Responsabilidad del Presidente de la República y de otros de los Funcionarios de los Estados, de fecha 30 de junio de 1869.
La Ley sobre la Responsabilidad de los Empleados Nacionales, de los Presidentes y de los Altos Funcionarios de los Estados, de fecha 30 de junio de 1891.
Entre 1905 y 1948, se procedió con la promulgación de los siguientes instrumentos:
La Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de fecha 10 de julio de 1905, mediante la cual todos los funcionarios eran responsables de los delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones.
La Ley sobre la Responsabilidad de los Empleados Públicos, promulgada durante la presidencia del general Juan Vicente Gómez.
A la caída del general Isaías Medina Angarita, la junta de gobierno surgida en esa oportunidad dictó una serie de decretos destinados a institucionalizar la moral en el manejo de los fondos públicos, e incluso se creó un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, para establecer la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, contra actos perjudiciales a la cosa pública.
La Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y los Empleados Públicos, de fecha 18 de octubre de 1948, promulgada durante la presidencia de Rómulo Gallegos.
Ya durante la democracia insurgida luego del 23 de Enero de 1958, tenemos la siguiente legislación y medidas puestas en práctica:
Durante la primera presidencia de Rafael Caldera, a partir de 1968 y por decreto, se crea una Oficina de Quejas y Reclamos bajo la conducción del General Monserrat De Pérez, para atender denuncias de corrupción.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público del 2 de diciembre de 1982, quedaron derogadas la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 7 de junio de 1912, la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos o Empleados Públicos en su versión del 30 de marzo de 1974 y varios artículos del Código Penal.
Durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, a partir de 1995 y por decreto, se crea el cargo de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, bajo la conducción de Adelso González Urdaneta, con tres funciones básicas: vigilar el correcto manejo de la administración, promover gestiones de transparencia y eficiencia en la administración pública y ejecutar acciones tendentes a crear mejores climas éticos en el país.
El 22 de octubre de 1997 es publicado en Gaceta Oficial el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, cuyo objeto radicaría en establecer las disposiciones relativas a la organización del control interno de los organismos de la administración central y descentralizada.
El 15 de enero de 1997 también se publicó una resolución según la cual se implanta en todo el sistema educativo formal, el Proyecto de Plan Nacional Compromiso Educativo Anticorrupción.
En 1997 se realiza en Margarita la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y se firma la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El 15 de julio de 1998 se hace público en Gaceta el Código de Ética de los Servidores Públicos, el cual tiene por objeto normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios que han de regir el ejercicio de las funciones que desempeñan en la administración pública nacional.
En 1999 se celebra en Caracas la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia sobre la Corrupción.
Se aprobaron en 2001 de las Normas Éticas de los Jueces de Venezuela.
Estos son los antecedentes históricos en Venezuela de la Ley Contra La Corrupción.
Actualmente Venezuela cuenta con la "Ley Contra la Corrupción", la cual entró en vigencia al ser publicada mediante Gaceta Oficial N° 5.637, Extraordinario, en fecha 07 de abril de 2003, y que derogó a la conocida y poca aplicada "Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público", que se encontraba vigente a partir del 15 de abril de 1983, publicada en la Gaceta Oficial N° 3.077 Extraordinario, del 23 de diciembre de 1982.
La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público tuvo una vigencia de veinte años y la misma derogó en su mayor parte, la normativa ordinaria del Código Penal y la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos reformada en 1974. No obstante, a dicha promulgación tenemos que en la práctica no puso freno en la lucha contra la corrupción muy a pesar de la profusión de nuevos tipos delictivos, de las amenazas de severas sanciones y de las previsiones procesales que contemplaron, entre otras cosas, la eliminación del juicio en libertad, de proscripción de los denominados "beneficios procesales" y la consagración del juicio en ausencia, que devino en pena anticipada de auto exilio.
En otras palabras, con la promulgación de dicha ley cuyo objetivo era meramente represivo, sirvió para un instrumento eficaz para evitar conseguir que muchos ciudadanos honestos, sin apoyo político, tuviesen fundados motivos para no aceptar cargos públicos; para desestimular a gran número de verdaderos servidores públicos, a merced de denunciantes de oficio: y para erigirse en poderosa arma en orden a la ejecución de venganzas políticas.
ALGUNAS CONSIDERACIONES REFERENTES A LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN.
El objetivo principal de la Ley Contra la Corrupción es crear mecanismos preventivos y represivos que resulten eficaces para confrontar la corrupción.
Al artículo 1 de la Ley Contra la Corrupción establece:
"La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público".
La diferencia entre la Ley Contra la Corrupción y la ya derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público es que la primera no es sólo una ley represiva, ya que no se detiene únicamente en el establecimiento de sanciones administrativas y penales contra los funcionarios públicos que infrinjan las normas allí previstas, sino que se busca crear mecanismos preventivos que procuran dotar de mayor transparencia la administración de recursos públicos.
La Ley Contra la Corrupción desarrolla los principios establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como se encuentra plasmado en el artículo 1 de la ley cuando señala como uno de sus objetos el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público y garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.
Ese primer objetivo busca crear mecanismos de carácter preventivo, es decir herramientas útiles para prevenir la corrupción, evitando que existan las condiciones para que tales actos se produzcan.
El artículo 1 además se refiere a otro de los objetivos de la Ley Contra La Corrupción. Se trata de la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes violen esas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público.
Este segundo objetivo es netamente represivo, pues, se trata de establecer sanciones para los funcionarios públicos que incurran en actos que estén tipificados como delitos o sanciones administrativas, y con ello se utiliza a la sanción administrativa y la pena como mecanismos de disuasión frente a la comisión de hechos de corrupción.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA
Se consideran funcionarios públicos: las personas que ejercen funciones públicas
El artículo 2 numeral 1 de la Ley Contra La Corrupción considera funcionarios públicos a todas las personas que ejerzan funciones públicas para la República en cualquiera de sus cinco poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, haciendo una descripción bastante amplia en la que incluye a los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, del distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder Público.
Según el artículo 3 numeral 2, también son considerados funcionarios públicos los Directores y Administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por alguna de las personas a que se refiere el artículo 4 de la Ley, o cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio provenientes de una o varias de estas personas represente el cincuenta por ciento o más de su presupuesto o patrimonio; y los directores nombrados en representación de dichos órganos y entes, aun cuando la participación fuere inferior al cincuenta por ciento del capital o patrimonio.
Pero no solamente son los funcionarios públicos los que pueden entrar dentro de los supuestos que establece la ley, por cuanto el numeral 3 del artículo 3, hace referencia a "Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley", por lo que existe la posibilidad de que un acto que afecte el patrimonio público sea cometido no sólo por funcionarios públicos, sino también, por personas que no tienen una relación de función pública con la administración. En este caso, la ley puede sancionar a esas personas y puede establecerles sanciones administrativas o penas por determinados hechos.
1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PATRIMONIO PÚBLICO
Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier título a los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional, los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal, los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los distritos y distritos metropolitanos, los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás Entes locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales, los Institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, el Banco Central de Venezuela, las universidades públicas, las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, distritales y municipales, las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyen con la participación de aquéllas, las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en los cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
Se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a particulares por los entes del sector público mencionados en el artículo anterior, mediante transferencias aportes, subsidios, contribuciones o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades. Los particulares que administren tales recursos estarán sometidos a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta ley y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Nacional de Control Fiscal.
1. ALGUNOS DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN.
1.1. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (PROCEDIMIENTO)
"Incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar al requerido y que no constituya otro delito.
Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esta Ley, se tomarán en cuenta:
La situación patrimonial del investigado.
La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.
La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento.
Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes indicados en el artículo 4 de esta Ley.
Además de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley; podrán incurrir en enriquecimiento ilícito:
1 Aquellas a las cuales se hubiere exigido declaración jurada de patrimonio, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley.
2 Aquellas que ilegalmente obtengan algún lucro por concepto de ejecución de contratos celebrados con cualquiera de los entes u órganos indicados en el artículo 4 de esta Ley.
Los bienes que constituyen el enriquecimiento ilícito, por el sólo hecho de la sentencia ejecutoriada, pasarán a ser propiedad de la entidad afectada, cuando se le produjere un perjuicio económico. En los demás casos, ingresarán a la Hacienda Pública Nacional.
Cuando por cualquier medio, el Ministerio Público conozca de la existencia de indicios de que se ha incurrido en un presunto enriquecimiento ilícito, acordará iniciar, por auto motivado, la investigación correspondiente y ordenará practicar todas las diligencias encaminadas a demostrar dicho enriquecimiento. El Ministerio Público, a fin de sustanciar la referida investigación, podrá apoyarse en cualesquiera de los órganos de policía.
Los funcionarios o empleados públicos y los particulares están obligados a rendir declaración de los hechos que conozcan y a presentar a la Contraloría General de la República o a sus delegados, al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente, según sea el caso, libros, comprobantes y documentos relacionados con el hecho que se averigua, sin observar lo pautado en el Título VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Cuando se tratare de inspección de cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia o comunicación, se procederá de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil y el Código Orgánico Procesal Penal.
Terminada la investigación, si no resultaren probados los hechos averiguados, el Ministerio Público hará declaración expresa de ellos. En caso contrario procederá de la forma siguiente:
Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta Ley, intentará la acción penal correspondiente.
Si resultare que el investigado está incurso en la comisión de hechos constitutivos de infracciones de índole fiscal, se remitirá a la Contraloría General de la República, a fin de que decida lo correspondiente, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Si resultaren comprobados daños y perjuicios causados al patrimonio público, bajo supuestos distintos a los contemplados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ejercerá la acción civil respectiva.
1.1.1 PECULADO DOLOSO PROPIO (Artículo 52, Primera Parte)
"Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito"
1.1.3 SUJETO ACTIVO;
El funcionario público.
1.1.4 SUJETO PASIVO;
1.1.5 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO;
El deber de lealtad y fidelidad del funcionario para con la Administración
1.1.6 OBJETO MATERIAL SOBRE EL CUAL RECAE LA ACCIÓN;
Bienes Públicos o del Patrimonio Público.
Bienes de Particulares en poder de algún organismo público
1.1.7 ACCIÓN CONSTITUTIVA DEL DELITO
"APROPIARSE" Implica disposición material de los bienes confiados al sujeto activo, como si éste tuviese la calidad de propietario de éstos, con ocasión del cargo.
"DISTRAER" Requiere modificación del destino de la cosa o del bien que habían sido recibidos en razón de la confianza, con ocasión de sus funciones.
Es un delito DOLOSO, por cuanto el sujeto activo tiene la conciencia de que su acción redunda o ha de redundar "en provecho" del agente o de un tercero.
1.2 PECULADO DOLOSO IMPROPIO (Artículo 52, Segunda Parte)
"Se aplicará la misma pena si el agente, aún cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público".
1.2.1 ACCIÓN CONSTITUTIVA DE DELITO
"CONTRIBUIR" a que los bienes públicos o privados sean apropiados o distraídos en beneficio propio o de un tercero.
Los bienes no se hallan directamente en manos del sujeto activo, es decir éste no es quien está a cargo de su percepción, administración o custodia.
También se vulnera el deber de fidelidad para con la administración pública.
1.3 PECULADO CULPOSO (Artículo 53)
"Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley que teniendo, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes, será penada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años".
1.3.1 SUJETO ACTIVO;
Debe ser el funcionario público que tiene en su poder la disponibilidad material de los bienes del patrimonio público o privado.
Es un Delito Bilateral.
La acción dolosa de una tercera persona sin ninguna especie de acuerdo con el sujeto activo en virtud del cual, los bienes que se encuentran bajo la custodia del "intraneus", son objeto de una acción delictiva del "extraneus" que los traslada a su esfera patrimonial o de disponibilidad material.
1.4 PECULADO DE USO (Artículo 54 primera parte)
"El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis meses (6) a cuatro (4) años.
Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos.
1.4.1 SUJETO ACTIVO
El funcionario público o cualquier persona que tenga de hecho a su cargo
trabajadores o bienes públicos.
1.4.2 ACCIÓN CONSTITUTIVA DEL DELITO
"UTILIZAR" para fines de orden particular, ajenos o contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio los objetos materiales que se describen.
1.4.3 OBJETO MATERIAL SOBRE EL CUAL RECAE LA ACCIÓN
Únicamente los trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales afectados o destinados a un organismo público.
1.5 MALVERSACIÓN GENÉRICA SIMPLE (Artículo 56)
" El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aún en beneficio público, será penado con prisión de tres (3) meses a tres (3) años, según la gravedad del delito".
1.5.1 SUJETO ACTIVO;
No es cualquier funcionario público sino quien se encuentra con los fondos o rentas estatales y pueda disponer de los mismos.
1.5.2 SUJETO PASIVO;
1.5.3 ACCIÓN CONSTITUTIVA DEL DELITO;
"DAR" a los fondos o rentas que se hallan a cargo del funcionario una aplicación diferente a la presupuestada o destinada";
"DISTRAER" los bienes con fines u objetivos de la propia administración e incluso en su propio beneficio.
Consiste en dar una aplicación arbitraria a los fondos por parte del funcionario público encargado de su manejo y cuya custodia se encuentra funcionalmente confiados para un empleo específicamente destinado.
1.5.4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO,
La administración pública, específicamente el deber de fidelidad del funcionario que al distraer los fondos o rentas que tiene a su cargo, lesiona con abuso manifiesto de sus funciones, la estricta regularidad y legalidad en la inversión ordenada de dichos fondos, por cuanto con su actuar se obliga a proveer con otros medios económicos no previstos las necesidades que aquellos habían de cubrir o dejar desatendidos los servicios públicos para los que había sido presupuestados.
Es un delito de lesión y de mera o predominante actividad.
Se consuma instantáneamente, con el sólo hecho de la inversión de los fondos con el objeto diverso sin ningún resultado ulterior.
Los fondos o rentas deben estar destinados para un fin determinado y se aplicaron a otro fin diferente dentro de la administración pública.
1.6 MALVERSACIÓN ESPECÍFICA (Artículo 59)
"El funcionario público que excediéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra alguna de las entidades o instituciones indicadas en el artículo 4 de la Ley, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario, a fin de evitar la paralización de un servicio, obtuviere la autorización del gasto por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría o, en su defecto a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional".
1.6.1 SUJETO ACTIVO;
1.6.2 SUJETO PASIVO;
EL Estado en su carácter de administrador y gestor de sus intereses fiscales
1.6.3 ACCIÓN CONSTITUTIVA DEL DELITO;
"EFECTUAR" gastos.
"CONTRAER" deudas o compromisos
En ambos casos, hacen del Estado un Estado deudor
Es un delito doloso, no se prevé su comisión en forma culposa.
Es un delito de mera o predominante actividad.
1.6.4 REQUISITOS PA