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Timestamp: 2018-09-20 05:55:06
Document Index: 202808736

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 720', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 863', 'artículo 863', 'artículo 2536', 'artículo 817']

﻿ SENTENCIA 15607 DE FEBRERO 20 DE 2008
SENTENCIA 15607 DE 20 DE FEBRERO DE 2008
CONTENIDO:ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN. ACTOS DEMANDABLES SON LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN UNA SITUACIÓN JURÍDICA. LOS ACTOS DE TRÁMITE SON DEMANDABLES SIEMPRE QUE IMPIDAN QUE UNA ACTUACIÓN CONTINÚE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, DECISIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DEFINICIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA
Sentencia 15607 de febrero 20 de 2008
Radicación número: 76001-23-31-000-2002-03275-01(15607)
Actor: Industrias de Balanzas Baico Ltda.
EXTRACTOS:«Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 28 de febrero de 2005, mediante la cual la Sala de descongestión de los tribunales de Cauca, Quindío y Nariño, declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en consecuencia, se inhibió de fallar el proceso del epígrafe.
Industria de Balanzas Baico Ltda, solicitó la devolución de los saldos a favor registrados en sus declaraciones de IVA de los bimestres 3, 4 y 5 de 1995.
La administración rechazó las solicitudes de devolución mediante resoluciones 12, 23 y 26 de 28 de marzo de 1996, 29 de mayo y 7 de junio del mismo año, respectivamente, las cuales se confirmaron en sede del recurso de reconsideración interpuesto contra cada una de ellas.
Baico Ltda demandó las resoluciones mencionadas y las que las confirmaron, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dichos actos fueron anulados mediante sentencias de 29 de mayo, 24 de septiembre y 30 de octubre del mismo año, las cuales también ordenaron la devolución de los saldos a favor. Tales providencias fueron confirmadas en segunda instancia.
El 2 de marzo de 2001 la actora pidió el reconocimiento y pago de los intereses corrientes generados respecto de los saldos devueltos, desde cuando la administración rechazó la devolución, hasta la fecha en que las sentencias mencionadas quedaron ejecutoriadas.
Esta petición fue negada por oficio 284 del 15 de mayo del mismo año, dado que los fallos referidos no ordenaron la devolución de intereses. Tal decisión se confirmó en reconsideración, mediante Resolución 19 de 8 de mayo de 2002.
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala examinar la procedencia del fallo inhibitorio proferido en el proceso del epígrafe por caducidad de la acción, dado que la demanda se presentó cuatro meses después de la notificación del acto que negó el reconocimiento de intereses corrientes actualizados, respecto del saldo a favor originado en las declaraciones de IVA de la actora, de los bimestres 3, 4 y 5 de 1995.
De acuerdo con el artículo 136 (2) del Código Contencioso Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto que se demanda, según el caso.
Al tenor de los artículos 50 y 135 ibídem, son actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aquéllos que exteriorizan la manifestación de voluntad unilateral de la administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica, decidiendo directa o indirectamente las actuaciones administrativas.
Dicho de otro modo, solo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son pasibles de control de legalidad, junto con las decisiones que los modifican o confirman, con las cuales conforman la voluntad administrativa respecto un asunto particular (1) .
Los actos de trámite que, como tales, se limitan a impulsar la actuación administrativa, no son demandables, excepto cuando impiden que la actuación continúe, pues, en tal caso, estarían poniéndole término a la misma (2) .
En las actuaciones administrativas tributarias de devolución de saldos a favor, reguladas a lo largo del título X del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 1000 de 1997, son actos definitivos los que conceden o rechazan la solicitud de devolución.
La misma naturaleza definitoria tiene el acto que niega el reconocimiento de intereses corrientes de los saldos a favor devueltos, pues, a través de aquel y en ejercicio de la función administrativa en materia de impuestos, la autoridad fiscal resolvió una petición concreta de carácter tributario y no simplemente administrativo como lo entiende la demandada, toda vez que los intereses mencionados son consecuencia directa de las devoluciones de los saldos a favor declarados por la contribuyente, de modo que sin estas (las devoluciones), aquéllos no se generarían. Adicionalmente, dado el contenido económico del concepto pedido, es innegable que la decisión aludida afecta el patrimonio de la actora.
Conforme a lo anterior, la negativa de reconocimiento de intereses corrientes puede recurrirse ante la propia administración (3) mediante el recurso de reconsideración, en virtud del carácter residual que tiene, toda vez que el artículo 720 del estatuto tributario lo previó para atacar todos los actos relacionados con impuestos administrados por la DIAN, distintos a los que expresamente menciona dicha norma (4) , y respecto de los cuales no exista disposición especial que prohíba la impugnación, o que para esta prevea otro recurso.
La decisión del recurso interpuesto por la actora dejó en firme el acto que negó el reconocimiento de intereses, conservando con éste unidad de contenido y de fin. Así, la vía gubernativa quedó agotada con dicha decisión (5) y a partir de su notificación comenzó a transcurrir el término de caducidad que contempla el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Aplicadas estas premisas al caso concreto, deduce la Sala la oportunidad de la acción ejercida contra el acto que negó el reconocimiento de intereses corrientes, solicitado por la actora, y el que no accedió al recurso de reconsideración interpuesto para atacar dicha decisión.
Lo anterior, porque según el edicto que aparece en el folio 73 del cuaderno 2, la Resolución 19 de 8 de marzo de 2002 que resolvió el recurso, fue notificada el 11 de abril del mismo año, de modo que, al tenor del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 2, los cuatro meses para ejercer la acción, contados conforme al calendario común (6) , comenzaron a correr al día siguiente de la notificación, es decir, el 12 de abril, y vencieron el 12 de agosto de 2002, cuando se presentó la demanda.
En consecuencia, no operó la caducidad de la acción, lo cual da lugar a revocar la sentencia apelada y a estudiar del cargo de nulidad que cuestiona la negación del reconocimiento de intereses corrientes actualizados sobre los saldos a favor señalados en las declaraciones de IVA - bimestres 3, 4 y 5 de 1995.
El artículo 863 del estatuto tributario prevé la causación de intereses corrientes respecto de los pagos en exceso y los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución de aquellos, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.
Según dicha norma, los intereses se causan siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que se haya solicitado la devolución del pago en exceso o del saldo a favor, que estos se hayan discutido en vía gubernativa o jurisdiccional y que, como resultado de ello, el pago en exceso o el saldo a favor haya sido aceptado por acto administrativo o providencia judicial.
Así pues, los intereses corrientes respecto de los saldos a favor aceptados, se causan por ministerio de la ley (7) , una vez cumplidos los anteriores presupuestos, ninguno de los cuales refiere a la expresa orden judicial de liquidación y pago de intereses, como lo plantea lo administración.
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que respecto de los saldos a favor de las declaraciones de IVA de la actora, por los bimestres 3, 4 y 5 de 1995, se causaron intereses corrientes en los términos del artículo 863 del estatuto tributario, toda vez que las sentencias obrantes a folios 38 a 89 (cdno. 1) demuestran que dichos saldos fueron solicitados, discutidos y aceptados por providencia judicial.
Así mismo, es claro que el reconocimiento de intereses se sujeta al término general de prescripción que el artículo 2536 del Código Civil consagró para la acción ordinaria (10 años), no al del artículo 817 del estatuto tributario, como quiera que éste fue previsto exclusivamente para la acción de cobro coactivo que ejerce la administración en relación con las obligaciones fiscales legalmente exigibles.
En consecuencia, como la solicitud de reconocimiento y pago de los intereses corrientes, generados por los saldos a favor devueltos (fls. 5-11), se presentó dentro de los 10 años siguientes a la ejecutoria de las sentencias de segunda instancia que confirmaron la devolución (fls. 57-63, 64-71 y 73-90, cdno. 1), se anularán los actos demandados para, en su lugar, ordenar la liquidación y cancelación de los mismos.
Sin embargo, no se ordenará la indexación de los intereses causados, pues, ha dicho la Sala que la actualización de valor en la que consiste la indexación, queda comprendida dentro de los intereses moratorios (8) , los cuales, al igual que los corrientes, se causan por ministerio de la ley (9) , a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
Declárase la nulidad del oficio 284 de 15 de marzo de 2001 y de la Resolución 19 de 8 de marzo de 2002.
A título de restablecimiento del derecho, ordénase la liquidación y pago de los intereses corrientes causados sobre el saldo a favor de las declaraciones de IVA presentadas por el actor para los bimestres 3, 4 y 5 de 1995, desde la fecha de notificación de los actos que negaron la devolución de dichos saldos (10) , hasta la de las sentencias que los anularon (11) . Y de los intereses moratorios que se hubieren causado.
Reconócese personería a la abogada Patricia del Pilar Romero Ángulo, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder visible a folio 216.
(1) CCA, arts. 62, nums. 2º y 63.
(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 13 de octubre de 2005, Expediente 14820, C.P. Lígia López Díaz.
(3) Sentencia del 15 de noviembre de 1996, Expediente 7875, C.P. Consuelo Sarria Olcos.
(4) Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración.
(5) CCA, arts. 62, nums. 2º y 63.
(6) CRPM, art. 62, CPC, art. 121.
(7) Sección Cuarta, sentencia de 20 de octubre de 2000, Expediente 10848, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.
(8) Sentencias de 3 de julio de 2003, expediente 13355, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, 25 de noviembre de 2004, expediente 13347, y 23 de enero de 2006, Expediente 13742, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
(9) E.T., art. 863.
(10) Resoluciones 12 de 28 de marzo de 1996, 000023 de 29 de mayo de 1996 y 26 de 7 de junio de 1996.
(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 9 de abril de 1999, Expediente 9296; 9 de julio de 1999, Expediente 9476 y 24 de septiembre de 1999, Expediente 9595.