Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00040-de-abril-30-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fa547572130402d8e0430a01015102d8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 03:16:59
Document Index: 70526365

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 305', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 163', 'artículo 161', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 128', 'artículo 230', 'artículo 22', 'artículo 38', 'artículo 305', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 163', 'artículo 305', 'artículo 304', 'artículo 163', 'artículo 672', 'artículo 38', 'artículo 672', 'artículo 38', 'artículo 672', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 161', 'artículo 309', 'artículo 1', 'artículo 310', 'artículo 3201323']

﻿ Sentencia 2012-00040 de abril 30 de 2014
SENTENCIA 2012-00040 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAUDOS ARBITRALES. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LOS FALLOS, QUE TAMBIÉN INVOLUCRA A LOS LAUDOS ARBITRALES, ENCUENTRA FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, QUE DISPONE QUE LA SENTENCIA DEBE ESTAR EN CONSONANCIA CON LOS HECHOS Y PRETENSIONES ADUCIDOS EN LA DEMANDA. LA INCONGRUENCIA, VISTA DE MANERA GENERAL, ABARCA TRES SUPUESTOS: EL PRIMERO, ES CUANDO EL FALLO OTORGA MÁS DE LO PEDIDO (ULTRA PETITA)POR OTRA PARTE, HABRÁ INCONGRUENCIA CUANDO EL FALLO CONCEDE ALGO DISTINTO DE LO PEDIDO (EXTRA PETITA) Y, FINALMENTE, CUANDO SE DEJA DE RESOLVER SOBRE LO PEDIDO (CITRA PETITA). EL CASO BAJO ESTUDIO, TRATA SOBRE EL RECURSO DE ANULACIÓN INVOCADO POR UNA ENTIDAD ESTATAL EN CONTRA DE UN LAUDO ARBITRAL. LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE LA ACCIÓN ERA EL NUMERAL 8º DEL ARTÍCULO 163 DEL DECRETO 1818 DE 1998, QUE POSTERIORMENTE FUE DEROGADA POR LA LEY 1563 DEL 2012. AQUELLA NORMA ALUDÍA A LOS DOS PRIMEROS ASPECTOS, ES DECIR, CUANDO EL LAUDO SE PROFIERE SOBRE PUNTOS NO SUJETOS A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS O CONCEDIÓ MÁS DE LO PEDIDO. POR SU PARTE, EL NUMERAL 9º DEL CITADO ARTÍCULO 163 HACÍA REFERENCIA A DECISIONES SOBRE CUESTIONES SUJETAS AL ARBITRAMENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BANCO DE LA REPÚBLICA, PACTO ARBITRAL, LAUDO ARBITRAL, RECURSO DE ANULACIÓN, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Sentencia 2012-00040 de abril 30 de 2014
Radicación: 110010326000201200040 00
Nº interno: 44.263
Impugnante: Banco de la República
(23)(sic)El recurso fue formulado dentro de la oportunidad establecida por el inciso primero del artículo 161 del Decreto 1818 de 1998(24), teniendo en cuenta que la notificación del auto que resolvió la solicitud de complementación del laudo se produjo el 29 de mayo de 2012 y el recurso de anulación fue interpuesto el 5 de junio del mismo año, es decir, dentro de los 5 días siguientes.
Las partes que celebraron el contrato, alrededor del cual se gestó la controversia sometida a la decisión arbitral, son entidades estatales de aquellas enunciadas por el ordinal 1º, literal a), del artículo 2º de la Ley 80 de 1993; por ende, el contrato tiene naturaleza estatal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de esa misma ley.
Por tratarse de un recurso de anulación contra un laudo arbitral que dirime la controversia surgida en torno a un contrato estatal, la Sala es competente para conocer, de manera privativa y en única instancia, del recurso de anulación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto por el artículo 230 del Decreto 1818 de 1998 y el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, normas que se hallaban vigentes para la fecha en la cual se tramitó el proceso arbitral y se profirió el laudo impugnado.
2. Examen de las causales de anulación invocadas por la recurrente.
El recurso de anulación presentado por el Banco de la República tiene como propósito obtener la infirmación parcial del laudo arbitral del 8 de mayo de 2012 y, para el efecto, el recurrente formuló varios cargos al amparo de las causales 7, 8 y 9 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 (compiladas por el D. 1818/98, art. 163).
El recurso está confeccionado en el mismo orden de precedencia que trae la norma en cita en relación con las causales invocadas; de esta manera, al exponer los cargos de anulación el recurrente comienza por plantear los supuestos que, en su opinión, se subsumen en la casual 7 de la norma señalada, seguida por aquellos que se ubican en las causales 8 y 9; sin embargo, la Sala considera necesario modificar el orden propuesto por el censor, para efectos de lograr un desarrollo sistemático y coherente de la providencia, pues los cargos estructurados con fundamento en la mencionada causal 7, es decir, las contradicciones denunciadas devienen, en parte, según el esquema del recurso, de la adopción de puntos no sujetos a la decisión arbitral y de haber omitido resolver cuestiones que sí estaban sometidas a consideración de los árbitros; por tal razón, se hace imprescindible analizar, en primer lugar, los cargos formulados a la luz de las causales 8 y 9 y, en segundo lugar los cargos propuestos al amparo de la causal 7 ibídem.
2.1. Los cargos formulados.
2.1.1. “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido” (D. 1818/98, art. 163, num. 8º).
Aduce el recurrente que, en el ordinal segundo del acuerdo de terminación del contrato interadministrativo suscrito el 25 de noviembre de 2008, las partes acordaron que el Fonade asumiría la responsabilidad frente a los subcontratistas y a los terceros por la celebración, ejecución, terminación, liquidación y, en general, por cualquier hecho relacionado con los subcontratos celebrados para el desarrollo de los proyectos que eran objeto de aquél, de modo que el Fonade manifestó su intención de dejar indemne al Banco de la República por cualquier reclamación o demanda relacionada con tales subcontratos; además, las partes, de consuno, decidieron excluir del conocimiento de la justicia arbitral tales aspectos.
En sentir del apoderado del Banco de la República, “Constituyen ejemplos claros de las reclamaciones o demandas a las cuales se refiere dicha estipulación convencional, justamente, la solicitud de conciliación prejudicial que formuló contra Fonade el Consorcio Órbita y Cesconstrucciones … y la demanda que contra la misma entidad pública entabló el Consorcio San Andrés 2007”(25).
Añadió el impugnante:
“Por lo tanto, el Tribunal de Arbitramento no podía, como desafortunadamente lo hizo el laudo, condicionar la liquidación definitiva del convenio interadministrativo entre el Banco de la República y Fonade, al resultado de las reclamaciones administrativas y judiciales plantadas (sic) contra dicho fondo por sus antiguos contratistas, pues al hacerlo, no solamente desconoció el sentido real y material del acuerdo de voluntades alcanzado por las partes en relación con este tópico, sino que extralimitó su propia competencia, pues resolvió sobre un asunto que, por la decisión unánime de las partes, había sido excluido de la cláusula compromisoria y, por lo tanto, de una eventual decisión arbitral”(26).
2.1.2. El alegato de la parte no recurrente.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, guardó silencio.
2.1.3. El Concepto del Ministerio Público.
La Procuradora Cuarta Delegada ante esta corporación consideró que el cargo formulado debía prosperar, por cuanto el Tribunal de Arbitramento no podía condicionar la liquidación definitiva del contrato interadministrativo al resultado de las reclamaciones formuladas por los subcontratistas del Fonade y, al hacerlo, extralimitó sus competencias, pues resolvió sobre aspectos que habían sido excluidos del conocimiento de la justicia arbitral.
Precisó la delegada del Ministerio Público:
“Los árbitros, al adoptar la decisión que es objeto del recurso de anulación, trasladó (sic) al Banco de la República los efectos de los reclamos y demandas presentados contra de (sic) Fonade por sus excontratistas de obra, contraviniendo la voluntad de las partes, consignada en el acuerdo de terminación, por lo tanto están asumiendo competencia sobre un punto que las partes con anterioridad habían retirado de su conocimiento”(27).
2.1.4. Consideraciones de la Sala.
La causal de anulación invocada (D. 1818/98, art. 163, num. 8º, norma vigente para la fecha en la cual se produjo el laudo arbitral objeto del recurso extraordinario) se encuentra dirigida a preservar el principio de congruencia de los fallos, principio que se halla consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2289/89, art. 1º, num. 135), el cual dispone que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
Específicamente, la causal prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 alude a los dos primeros aspectos, puesto que el último hace referencia a la causal 9 de la misma norma, que se analizará más adelante.
Así, pues, la causal prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 se configura cuando(28) el laudo arbitral decide ultra o extra petita, es decir, cuando: (i) el laudo recae sobre materias no susceptibles de ser sometidas al arbitramento, por no tener el carácter de transigibles (ii) el laudo decide asuntos que las partes no dejaron sujetos al pronunciamiento de los árbitros en el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso), desconociendo así que el ámbito de su competencia está delimitado y restringido estrictamente a las precisas materias definidas por las partes y (iii) el laudo excede la relación jurídico procesal delimitada por la demanda y su contestación y la demanda de reconvención y su oposición, es decir, cuando el mismo contiene pronunciamientos sobre materias que no fueron planteadas por las partes, de manera que el fallo no guarda consonancia con los extremos de la litis.
En este caso, la censura del recurrente radica, en síntesis, en que, en su opinión, el Tribunal de Arbitramento excedió el marco delimitado por las partes en torno a la competencia de la justicia arbitral para dirimir la controversia, pues condicionó la liquidación del contrato interadministrativo al resultado de las reclamaciones extrajudiciales y judiciales formuladas por los subcontratistas del Fonade, siendo que tales reclamaciones y demandas fueron excluidas expresamente de la cláusula compromisoria, según quedó consignado en el ordinal segundo del acuerdo de terminación bilateral del contrato, suscrito el 25 de noviembre de 2008, lo cual significa que el laudo arbitral es incongruente por haber decidido “asuntos que las partes no dejaron sujetos al pronunciamiento de los árbitros” (laudo extra petita).
La Sala considera que, en principio, podría pensarse que los árbitros no excedieron el marco de competencia de cara al principio de habilitación, para resolver la contienda sometida a su conocimiento, pues el Tribunal de Arbitramento no se pronunció de fondo en relación con las controversias que se gestaron alrededor de los subcontratos celebrados por el Fonade, para ejecutar las obras de los proyectos de San Andrés —Isla— y Neiva, aspecto este que, según lo acordado por las partes en el acto de resciliación del contrato interadministrativo, fue excluido del conocimiento de la justicia arbitral, tal como lo precisó el recurrente; en ese sentido, no se avizora un pronunciamiento extra petita que comprometa la congruencia de la decisión arbitral, por este específico supuesto.
Pese a lo anterior, el cargo se halla estructurado de tal forma que la censura transciende más allá de lo anotado en el párrafo anterior, pues realmente el ataque del recurrente va dirigido a cuestionar la congruencia del fallo, en cuanto a que lo que se resuelva en torno a las reclamaciones judiciales y extrajudiciales de los subcontratistas del Fonade afectará el contenido de la decisión arbitral objeto de cuestionamiento.
En efecto, al momento de resolver la petición conjunta formulada por las partes (la convocante en la demanda inicial y la convocada en la demanda de reconvención) orientada a obtener la liquidación judicial del contrato interadministrativo, el Tribunal de Arbitramento señaló que el proyecto de liquidación presentado por el perito técnico no tuvo en cuenta que, de los cinco (5) subcontratos que fueron celebrados por el Fonade para la ejecución de las obras, dos (2) no habían sido liquidados a la fecha de la decisión arbitral, entre otras razones, porque los subcontratistas habían formulado algunas reclamaciones económicas que se hallaban pendientes de resolver. Una de ellas estaba en etapa de conciliación extrajudicial en la Procuraduría 34 Judicial para Asuntos Administrativos y la otra estaba siendo tramitada por la vía judicial (no menciona la autoridad judicial que adelanta el proceso) bajo el radicado 88-001-23-31-2011-00023-00(29); por ende, dicho proyecto no incluía las sumas en disputa y, en consecuencia, estimó pertinente acoger, parcialmente, el proyecto de liquidación inicialmente presentado por el perito (antes de la aclaración y complementación de la experticia), el cual, valga decirlo, no comprendía los rubros de “anticipos no amortizados” y posponer la liquidación definitiva a los resultados de las reclamaciones formuladas por los subcontratistas, con sujeción a las siguientes reglas:
“a) Como ‘anticipo no amortizado’ por el Consorcio San Andrés 2007 sólo la parte del saldo del anticipo de $ 28.006.010 que a la conclusión del proceso judicial entre Fonade y dicho consorcio se determine que no quedó amortizada; y
“b) Como ‘anticipo no amortizado’ por el Consorcio Órbita Cesconstrucciones, solo la parte del anticipo de $ 324.361.392 que a la conclusión del proceso de conciliación entre Fonade y tal consorcio se determine que no quedó amortizada”(30).
Adicionalmente, el tribunal señaló:
“En virtud de lo anterior, y considerando, asimismo, que a raíz del acuerdo sobre terminación del contrato las controversias entre Fonade y los consorcios citados quedaron excluidas de la jurisdicción del tribunal, se determina, sin perjuicio de lo que adelante se expone, acoger la liquidación del contrato inicialmente planteada en el dictamen técnico y reproducida en el numeral 191 supra”(31).
“Dicho lo anterior, vuelve el tribunal al tema de los ‘anticipos no amortizados’ y al respecto dispone que si, como resultado de los procesos (jurisdiccional y de conciliación) señalados en el numeral 195 (b) y (c) supra, se determina que los consorcios allí mencionados efectivamente ejecutaron obras que aún no les han sido pagadas, el valor de estas obras deben serle reconocidas por el banco a Fonade, siempre y cuando se llene la totalidad de los siguientes requisitos:
“a) Que se trate de obras ejecutadas bajo el contrato 2071107, en el caso de Neiva, o bajo el contrato 2072025, en el caso de San Andrés;
“b) Que dichas obras no hayan sido previamente pagadas por Fonade al respectivo contratista;
“c) Que el valor de las obras haya sido determinado en forma clara y definitiva en la conciliación, en el caso del contrato 2071107, y en la sentencia que ponga punto final al proceso judicial, en el caso del contrato 2072025;
“d) Que el valor de cada obra sea primeramente imputado al rubro ‘anticipo por amortizar’ (o su equivalente); y
“e) Que el monto resultante calculado con el lleno de los requisitos anteriores sea facturado por Fonade al banco”(32).
Lo anterior permite evidenciar que el Tribunal de Arbitramento difirió la liquidación del contrato interadministrativo a los resultados de los litigios que se gestaron respecto de dos (2) de los subcontratos celebrados por el Fonade y, en esa medida, trasladó con fuerza vinculante para las partes del proceso arbitral los efectos y las decisiones que se desprendieran de aquellos procesos (conciliatorio y judicial), lo que se tradujo en que la decisión arbitral quedó permeada por disposiciones que, a pesar de no haber sido adoptadas expresamente por los árbitros, se integrarán al laudo arbitral impugnado, por virtud de la misma decisión, aún a sabiendas de que las partes de manera expresa, libre, consciente y voluntaria dejaron a salvo de la competencia arbitral todo lo relacionado con las reclamaciones que formularan los subcontratistas por la ejecución de las obras (ver pág. 6 de este fallo).
Así, pues, por disposición del laudo arbitral impugnado las decisiones de contenido económico que se produzcan en los procesos promovidos por los subcontratistas afectarán, por la vía indirecta y de manera automática, al Banco de la República, siempre que se den los presupuestos establecidos en la parte motiva de la providencia arbitral (cuyos apartes se transcribieron atrás), muy a pesar de que en dichos procesos (conciliatorio y jurisdiccional) se vincule o no como parte a esta entidad y no obstante que las partes decidieron dejar al margen de la justicia arbitral la decisión sobre tales puntos, pues, tal como quedó concebido el fallo cuestionado, basta con que el Fonade resulte obligado a pagar los costos de las obras ejecutadas con ocasión de los subcontratos 2071107 (en el caso de Neiva) o 2072025 (en el caso de San Andrés) en las condiciones anotadas párrafos atrás (ver pág. 21 de esta providencia), para que el Banco de la República quede obligado ipso iure a pagarlos al Fonade —lo cual, además, es violatorio del debido proceso en la dimensión del derecho de defensa y contradicción—.
Queda claro, entonces, que el laudo impugnado decidió asuntos que las partes excluyeron válidamente de la competencia arbitral, a través del acto terminación bilateral del contrato suscrito por las partes el 25 de noviembre de 2008, acto jurídico este que reviste la solemnidad que la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que se requiere para modificar las estipulaciones contenidas en la cláusula compromisoria(33), lo cual significa que la decisión arbitral es incongruente, porque los árbitros obraron sin facultades habilitantes y, de esta manera, desconocieron que el ámbito de su competencia estaba delimitado y restringido estrictamente por las precisas materias definidas por las partes, pues, como es bien sabido, el arbitramento está cimentado sobre los principios de voluntariedad y habilitación y, por consiguiente, los árbitros deben respetar el marco de acción estrictamente definido por las partes y no pueden traspasar linderos respecto de los cuales no fueron investidos de atribución alguna para decidir.
2.2.1. “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento” (D. 1818/98, art. 163, num. 9º).
Para estructurar el cargo, el recurrente afirmó que en el proceso arbitral las partes (en la demanda inicial y en la de reconvención) solicitaron al tribunal liquidar el contrato interadministrativo y aunque los árbitros en apariencia decidieron tal pretensión, realmente se abstuvieron de hacerlo, pues resolvieron someter al acaecimiento de un hecho futuro e incierto “la definición de un aspecto que … incide directamente en la liquidación, como es el valor del ‘anticipo no amortizado’ por cada uno de los subcontratistas de obra vinculados por Fonade, para lo cual tendría que determinarse, en las respectivas actuaciones, el valor real de las obras ejecutadas por dichos subcontratistas y las sumas efectivamente pagadas por Fonade (incluyendo los anticipos)”(34).
Señaló que la liquidación del contrato constituye el balance definitivo de la relación negocial, para establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes y para determinar, desde el punto de vista económico, quién debe a quién, cuánto y por qué conceptos.
En ese sentido, señaló que al momento de liquidar el contrato “no pueden dejarse asuntos pendientes, ni siquiera en lo relativo a su cuantificación o concreción aritmética, pues resulta claro que lo que las partes (o alguna de ellas) persiguen cuando acuden a la jurisdicción, o a cualquiera de los medios alternativos de solución de conflictos previstos por el legislador, es obtener la solución definitiva de un litigio o diferencia, generalmente con efectos de cosa juzgada (como sucede en el arbitraje)”(35).
El someter el corte de cuentas, propio de la liquidación del contrato, al acaecimiento de un hecho futuro y extrínseco “lejos de resolver la controversia entre las dos partes … podría llegar a generar nuevas diferencias entre las mismas partes, que requieran, una vez más, la intervención jurisdiccional o la utilización de un medio alternativo de solución de conflictos”(36).
2.2.2. El alegato de la parte no recurrente.
2.2.3. El concepto del Ministerio Público.
La delegada del Ministerio Público consideró que, en este caso, se estructura la causal de anulación contemplada en el numeral 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, por cuanto, en su opinión, los árbitros se abstuvieron de liquidar el contrato interadministrativo y decidieron supeditar el balance de la relación negocial a factores futuros y externos, pese a que contaban con la información necesaria para efectuarla en el mismo proceso arbitral(37).
2.2.4. Consideraciones de la Sala.
La causal que ahora se analiza también encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señaló la Sala párrafos atrás y, además, en lo preceptuado por el artículo 304 ibídem, norma según la cual, la parte resolutiva de la sentencia deberá “contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios … y demás asuntos que corresponda decidir” de conformidad con la ley.
Al examinar la causal prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 fueron expuestas las situaciones que podían dar lugar a un fallo ultra petita o a uno extrapetita y corresponde ahora examinar el escenario opuesto, es decir, el que se presenta cuando el juez deja de resolver sobre lo pedido —fallo “citra petita”—.
La jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado sobre la naturaleza y alcance de esta causal, en el sentido de que ella procede “en aquellos eventos en que el laudo arbitral deja sin resolver las pretensiones de la demanda, es decir, no cumple con la función de decidir la controversia, por lo cual el litigio subsiste respecto de los puntos no decididos”(38).
Para efectos de establecer si en el asunto sub examine el laudo arbitral omitió liquidar materialmente el contrato interadministrativo, tal como lo aduce el recurrente, resulta necesario realizar un proceso comparativo entre lo pedido y lo decidido por el Tribunal Arbitral(39).
Como se dijo en los antecedentes de esta providencia y lo puso de presente la Sala al analizar la causal de anulación precedente, las partes, conjuntamente, deprecaron la liquidación del contrato interadministrativo 1350310050 (195041) del 20 de octubre de 2005 y el Tribunal de Arbitramento decidió, en cuanto a este específico aspecto, acoger, parcialmente, la liquidación inicial presentada por el perito financiero y contable, es decir, la elaborada antes de que presentara la solicitud de aclaración y complementación, que corresponde a la que se describe en la siguiente tabla(40):
1. Valor de los recursos girados por el banco 5.407.192.577
2. Valor recursos ejecutados por Fonade 5.426.629.453
2.1. Costos de la gerencia integral de los proyectos 366.819.834
2.2. Costos causados por la ejecución de los contratos derivados 5.022.361.887
2.1.8. otros gastos directos 37.447.732
Saldo pendiente de giro por el banco a Fonade 19.436.876
Pese a lo anterior, como se anotó líneas atrás (ver las consideraciones del numeral 2.1.4 de la presente providencia), el Tribunal de Arbitramento no liquidó de forma definitiva el contrato, sino que fijó los parámetros para que, después de resueltas las reclamaciones formuladas por los subcontratistas del Fonade las partes procedieran a efectuar el corte de cuentas, teniendo en cuenta:
“b) Como ‘anticipo no amortizado’ por el Consorcio Órbita Cesconstrucciones, sólo la parte del anticipo de $ 324.361.392 que a la conclusión del proceso de conciliación entre Fonade y tal consorcio se determine que no quedó amortizada”(41).
Así, pues, en la parte resolutiva del fallo impugnado se dispuso:
“E. Sobre la liquidación del contrato:
“1. Liquidar el contrato de conformidad con la tabla reproducida en la § G (191) del capítulo IV de este laudo”.
“2. En consecuencia, ordenar el pago por parte del Banco de la República de $ 19.436.876 a favor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.
“3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2º precedente, estar a lo consignado en la § G (200) del capítulo IV de este laudo para fines de un eventual pago por parte del Banco de la República a favor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, con motivo de la liquidación del contrato”(42).
Lo anterior permite constatar que el Tribunal de Arbitramento no resolvió de manera definitiva y con efectos de cosa juzgada material la contienda que se generó entre las partes del contrato interadministrativo, en torno a la liquidación del mismo y, por consiguiente, el conflicto entre las partes aún subsiste, pues el laudo no contiene el balance económico definitivo de la relación negocial y, muy por el contrario, pospuso la realización del mismo a los resultados de las reclamaciones formuladas por los subcontratistas del Fonade, con lo cual, dicho sea de paso, subordinó la liquidación del contrato interadministrativo al albur de los litigios que se generaron por unas relaciones jurídicas completamente autónomas e independientes, en las cuales no tuvo parte el Banco de la República.
El cargo que ahora se analiza guarda una relación inescindible con el que fue resuelto en forma precedente y, por ende, la decisión que deba adoptar la Sala en torno a aquél debe ser consecuente con lo decidido atrás.
Por lo anterior, se considera que, si al examinar el cargo anterior se llegó a la conclusión de que el Tribunal Arbitral excedió el marco de competencia definido por las partes, porque supeditó la liquidación del contrato interadministrativo a los resultados de los litigios que se gestaron respecto de dos (2) de los subcontratos celebrados por el Fonade y que, en esa medida, trasladó e introdujo con fuerza vinculante para las partes del proceso arbitral los efectos y las decisiones que se desprendieran de aquellos procesos (conciliatorio y judicial), debe decirse ahora, al resolver el cargo que ocupa la atención de la Sala, que el Tribunal Arbitral dejó de resolver definitivamente la pretensión de liquidación del contrato interadministrativo, precisamente, porque tal aspecto quedó en suspenso hasta cuando se resolvieran dichas reclamaciones.
2.3.1. “Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento” (D. 1818/98, art. 163, num. 7º).
2.3.1.1. El recurrente señaló que el laudo arbitral decidió acoger las conclusiones consignadas por los peritos, en cuanto a que existían dineros, entregados por el Banco de la República al Fonade a título de anticipo, que no fueron utilizados en la ejecución de las obras y que, además, no fueron reintegrados al Banco de la República. Los peritos denominaron este rubro “anticipos no amortizados”(43).
Afirmó el impugnante que los dineros entregados a título de anticipo pertenecen al dueño de la obra y deben ser utilizados, exclusivamente, en la ejecución de los trabajos contratados y, además, deben ser amortizados por el contratista; por tal razón, cuando dichos dineros no son utilizados para el propósito antes indicado, deben ser reintegrados al contratante, lo que significa que constituyen un pasivo a cargo del contratista.
Pese a lo anterior, los árbitros decidieron “en forma abiertamente contradictoria … que el banco debía pagar a Fonade, eventualmente, el valor de las obras que en el futuro se llegare a determinar que los subcontratistas de Fonade ejecutaron, sin haber sido pagadas previamente por Fonade, siempre que se cumplan las demás condiciones indicadas en dicha sección, entre las cuales se destaca que el valor de cada obra sea ‘primeramente imputado al rubro ‘anticipo por amortizar (o su equivalente)’ … y que la suma resultante sea facturada por Fonade al Banco de la República”(44).
Así, el Tribunal de Arbitramento desconoció lo manifestado en el mismo laudo en relación con los “anticipos no amortizados” e invirtió la ecuación inicialmente planteada, pues, pasó de ser un pasivo a cargo del Fonade, para terminar siendo una obligación a cargo del Banco de la República y a favor de aquél.
La contradicción quedó reflejada —según el recurrente— en la parte resolutiva del laudo arbitral, en cuanto dispuso en el literal E que “aparte de la suma de $ 19.436.876, que el Banco debe pagar a Fonade como saldo de la liquidación del contrato, las partes deben ‘estar a lo consignado en la § G (200) del capítulo IV de este laudo para fines de un eventual pago por parte del Banco de la República a favor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, con motivo de la liquidación del contrato”(45), pero omitió disponer que el Fonade pagara al Banco de la República la parte de los anticipos entregados a los contratistas que, luego de liquidar el contrato, se determinara que no fueron amortizados.
Señaló que la contradicción fue más evidente al resolver la solicitud de aclaración y corrección del laudo arbitral, pues en esta última providencia el tribunal admitió que el Fonade tendría que pagar al Banco de la República los anticipos que no se hubieran amortizado; sin embargo, los árbitros se abstuvieron de corregir el laudo en esa parte y solamente impusieron la obligación de pago a cargo del Banco de la República.
2.3.1.2. La segunda contradicción en la que, en sentir del recurrente, incurrió el laudo arbitral consiste en que, a pesar de haber declarado que el Fonade incumplió el contrato interadministrativo por recibir unas obras defectuosas, en la misma providencia se ordena al Banco de la República reconocer y pagar al Fonade el valor de las obras ejecutadas cuyo valor no alcance a estar cubierto por las sumas de los “anticipos no amortizados”; no obstante, el Tribunal de Arbitramento no condicionó dicho reconocimiento a que se traten de obras distintas de las que presentaban defectos y, en ese sentido, la decisión no es coherente, pues, por un lado, el Banco de la República debe ser indemnizado por el incumplimiento contractual, pero, por otro lado, debe pagar el valor de algunas obras, pudiendo ser, incluso, aquellas que fueron mal ejecutadas.
2.3.2. El alegato de la parte no recurrente.
2.3.3. El concepto del Ministerio Público.
En sentir de la delegada del Ministerio Público, los cargos formulados deben prosperar, porque, en el literal B de la parte resolutiva del laudo, el tribunal declaró responsable al Fonade por el incumplimiento del contrato y lo condenó a pagar a favor del Banco de la República la indemnización de los perjuicios causados por el citado incumplimiento; no obstante, en el literal C de la parte resolutiva de la misma providencia condenó al Banco de la República a reintegrar al Fonade el valor de las obras realizadas por sus subcontratistas.
2.3.4. Consideraciones de la Sala.
La causal invocada consagra dos supuestos de configuración: uno referido a los errores aritméticos, aspecto que, en este caso, no es cuestionado por el recurrente y otro que alude a las disposiciones contradictorias contenidas en la parte resolutiva del laudo, asunto sobre el cual versa el planteamiento en el asunto sub examine.
El legislador previó el cumplimiento de determinados requisitos para la procedencia de esta causal: (i) que el laudo contenga disposiciones contradictorias, (ii) que dichas contradicciones hagan imposible el cumplimiento de la sentencia por contener decisiones opuestas que se excluyan abiertamente entre sí, (iii) que las contradicciones se presenten en la parte resolutiva de la sentencia y (iv) que la irregularidad del fallo haya sido puesta en conocimiento del Tribunal de Arbitramento oportunamente, es decir, dentro del término previsto para solicitar la aclaración(46) o la corrección del laudo(47).
La jurisprudencia de esta corporación(48) ha precisado que se configura esta causal “en el evento de que la parte resolutiva de la sentencia contenga declaraciones o disposiciones contradictorias; pero estas contradicciones deben ser tales que se haga imposible la ejecución simultánea de todas las resoluciones de la sentencia”.
En el mismo sentido, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que “solo cuando la sentencia contenga resoluciones encontradas, de tal manera que se haga imposible la ejecución simultánea de las mismas, se abre paso la impugnación, pues … la mencionada causal implica lógicamente la coexistencia de disposiciones en que se afirme una cosa y en otra se niegue, en forma que haga imposible la ejecución simultánea de los ordenamientos judiciales”(49).
Es evidente que la causal está limitada a los errores y contradicciones que se presentan en la parte resolutiva del laudo y, por lo tanto, no resulta procedente invocar la causal cuando aparezcan contradicciones entre la parte motiva y la resolutiva.
La causal invocada por el recurrente descansa sobre la base de dos cargos que pretenden demostrar las contradicciones que se hallarían consignadas en el laudo arbitral; sin embargo, el escrito de sustentación sólo plantea las divergencias que, en opinión del censor, se presentan entre la parte motiva y la resolutiva del laudo, pero no plantea exclusión alguna entre las disposiciones de la parte resolutiva que impidan, inexorablemente, cumplir la decisión arbitral, cual es, como quedó visto, uno de los requisitos fundamentales para que pueda prosperar el ataque.
A este respecto, debe recordarse que el recurso extraordinario de anulación está gobernado por el principio procesal dispositivo, lo cual implica que el juez del recurso debe ceñirse estrictamente a resolver la impugnación sobre la base de los cargos propuestos por el censor, lo que, dicho en otras palabras, significa que al fallador no le está permitido complementar los cargos que informan la impugnación, para que se estructure cabalmente la causal de anulación, de tal suerte que, si el impugnante no advierte expresamente las contradicciones que se presentan entre las disposiciones contenidas en la parte resolutiva de la providencia arbitral y no las identifica con suficiente precisión y claridad, la censura no puede tener vocación de éxito.
3. Corrección y adición del laudo impugnado.
La decisión arbitral sólo es impugnable a través del recurso extraordinario de anulación, cuya finalidad es controvertir algunos errores de procedimiento en que haya incurrido el Tribunal de Arbitramento.
Precisamente, uno de los problemas que ha discutido la doctrina gira alrededor de la consecuencia que se sigue en aquellos casos en que, de prosperar alguna de las causales de incongruencia previstas en la ley, el juez del recurso debe pronunciarse sobre el fondo de la decisión arbitral. En estos casos, se asume una competencia in iudicando, muy restringida, en tanto se pueden valorar aspectos jurídicos de fondo, pero dentro de los estrictos límites de la decisión adoptada por los árbitros, razón por la cual, cuando el fallo arbitral recae sobre puntos no sujetos a su decisión, o se concede más de lo pedido, el juez del recurso puede anular la parte respectiva(50).
No obstante, la Sala estima, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que si se omite decidir sobre cuestiones sujetas al arbitramento se debe proceder a adicionar el laudo o a llenar los vacíos dejados por la decisión; pero, nunca a sustituir o reemplazar, completamente, el laudo arbitral, “ya que el arbitraje por naturaleza no puede tener dos instancias porque sería necesario convocar otro Tribunal de Arbitramento para prever el proceso fallado por un tribunal anterior, lo que contraría la institución”(51).
En efecto, en sentencia de 15 de mayo de 1992(52), se dijo:
“A través de los cargos que se formulen contra el laudo, dentro de los precisos y estrictos límites que imponían las taxativas causales del recurso, previstas por el derogado artículo 672 del Código de Procedimiento Civil, y hoy por el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, ha de pretenderse la infirmación del laudo (judicium rescinuens), sin que la decisión que adopte el juez del recurso pueda reemplazar o sustituir la que pronunció el Tribunal de Arbitramento (iudicium rescisorium), como acontece, por ejemplo, con el recurso de apelación. Se exceptúa de lo anterior, como lo anota Morales Molina la causal 9ª del derogado artículo 672 del Código de Procedimiento Civil, hoy causales de los numerales 7º a 9º del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, en cuyo caso incumbe al juez de la anulación salvar las contradicciones o colmar la laguna dejada por el Tribunal de Arbitramento (crf. Hernando Morales: ‘Estudios de derecho’ Ediciones Rosaristas. Bogotá, 1982, pág. 237). De ahí que el penúltimo inciso del artículo 672 citado hubiera previsto que en caso de hallarse próspera una de las causales la 1ª a 6ª, se debería decretar ‘la nulidad de lo actuado’; en tanto que sí se encontrase fundada una de las causales 7ª a 9ª, ambas inclusive, ‘se corregirá o adicionará’ el laudo arbitral. Eso mismo prescribe el artículo 40, inciso segundo del Decreto 2279 de 1989, que hoy rige la materia, al establecer que ‘cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 38 de este decreto, declarará la nulidad del laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará’”.
Así, pues, la prosperidad de las causales contempladas en los numerales 8º y 9º del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 permite al juez del recurso subsanar o eliminar las decisiones extra o ultra petita y decidir la cuestión que, habiendo estado sujeta al arbitramento, no fue resuelta por los árbitros, para lo cual puede ser necesario estudiar aspectos de fondo, y aún de carácter probatorio, pero siempre y cuando con ello no se modifiquen las decisiones del laudo que no sean violatorias del principio de congruencia.
Por lo anterior, la Sala infirmará parcialmente la decisión recurrida y anulará, exclusivamente, la decisión contenida en la letra E de la parte resolutiva de la providencia arbitral y, en su lugar, adicionará el laudo para resolver definitivamente sobre la liquidación del contrato interadministrativo 1350310050 (195041) del 20 de octubre de 2005, tal como lo solicitaron las partes en la demanda inicial y en la demanda de reconvención y de acuerdo con la prueba allegada al proceso arbitral.
Ahora, para efectos de establecer el balance económico de la relación negocial, las partes solicitaron la práctica de varios dictámenes periciales, los cuales fueron rendidos, en su oportunidad, por los peritos designados por el Tribunal de Arbitramento.
El dictamen técnico presentado por el perito Jorge Torres Lozano, el cual contiene el proyecto de liquidación del contrato interadministrativo, fue confeccionado con base en las cifras presentadas en el dictamen pericial financiero y contable practicado en el proceso arbitral por el perito Jorge Hernán Melguizo.
El procedimiento adoptado para efectuar el cruce de cuentas fue, básicamente, tomar en consideración los desembolsos efectuados al Fonade por el Banco de la República en desarrollo del contrato y discriminar la utilización de dichos recursos para su ejecución.
En efecto, el perito técnico tomó las cifras plasmadas en el dictamen financiero y contable y los valores incluidos por el Fonade en el proyecto de acta de liquidación bilateral del contrato interadministrativo, en torno a los desembolsos efectuados por el Banco de la República y a favor del Fonade, todo lo cual arrojó como resultado que aquél giró a favor de esta última entidad la suma de $ 5.407’192.577, discriminados así (se transcribe como aparece a fl. 203, cdno. de pbas. 10):
“Por concepto de ejecución de los proyectos $ 5.091’192.577
“Por gerencia integral del convenio $ 316’000.000
“Total $ 5.407’192.577
A continuación, el perito señaló que el costo real de la gerencia integral de los proyectos ascendió a $ 366’819.834, resultado que obtuvo de tomar el valor total pactado por tal concepto ($ 389’000.000) y prorratearlo por el número de meses de ejecución del contrato interadministrativo (35.833 meses de 38 meses previstos).
Enseguida, el perito estableció el costo total de cada uno de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos (7 subcontratos), lo cual arrojó un gran total de $ 5.022’361.887, entre contratos liquidados y contratos pendientes de liquidación.
Asimismo, el dictamen técnico tuvo en consideración un rubro que denominó “Otros gastos directos” (fl. 210, cdno. de pbas. 10), el cual comprende los pagos realizados a las curadurías y la publicación de avisos, por un monto de $ 37’447.732.
En suma, la liquidación definitiva del contrato interadministrativo fue estimada por el perito, inicialmente, así (ibíd.):
Las partes solicitaron la aclaración y complementación del anterior dictamen pericial, con el fin de precisar “si el valor del anticipo no amortizado (o pendiente de legalizar) entregado por Fonade a los subcontratistas de obra de los dos proyectos, debe descontarse o restarse del valor correspondiente a los ‘costos causados por la ejecución de los contratos derivados’” (fl. 66, cdno. pbas. 15).
Para dar respuesta a la solicitud, el perito señaló que “Los valores no amortizados de los anticipos que se relacionan en los numerales 2.2.6 y 2.2.7 deben ser recuperados por Fonade y, en consecuencia, deben descontarse de los valores facturados y constituyen un menor valor de los costos causados por la ejecución de los contratos derivados” (fl. 66, cdno. pbas. 15).
Por lo anterior, el dictamen pericial fue corregido, en el sentido de ajustar el valor de la liquidación del contrato interadministrativo, tomando en consideración el valor de los anticipos no amortizados en relación con los contratos de obra 2072025 y 2071107, así (ibíd.):
“Contrato 2072025 (San Andrés): $ 28.006.010
“Contrato 2071107 (Neiva): $ 324.361.392
“Total: $ 352.367.402
En consecuencia, el balance económico fue corregido de la siguiente manera (se transcribe como aparece a fl. 68, cdno. pbas. 15):
2. Valor recursos ejecutados por Fonade 5.074.262.051
2.2 Costos causados por la ejecución de los contratos derivados 5.022.361.887
2.2.1. Anticipos no amortizados -352.367.402
Valor a reintegrar por Fonade al banco 332.930.526
La Sala considera que la tabla que antecede refleja el balance definitivo de lo que, en materia económica, fue la ejecución del contrato interadministrativo 1350310050 (195041) del 20 de mayo de 2005, en la medida en que expone de manera fundamentada los costos totales en los que se incurrió en la ejecución de los contratos derivados para la realización de los proyectos de San Andrés Isla y Neiva, hasta la fecha de resciliación del contrato interadministrativo.
Desde luego, la liquidación del citado contrato no puede quedar supeditada al albur de los litigios promovidos alrededor de los contratos celebrados por el Fonade para la ejecución de las obras, pues se trata de relaciones jurídicas distintas de las cuales no hace parte el Banco de la República y que, por consiguiente, no lo pueden afectar por vía de reflejo.
Cosa distinta es que entre el contrato interadministrativo y los contratos vinculados, denominados por el Tribunal Arbitral subcontratos, exista una coligación o una especie de coordinación para la ordenación de los intereses que se pretendían satisfacer, lo que se traduce en una interdependencia funcional que, por supuesto, no era capaz de afectar la autonomía de los negocios jurídicos, pues cada uno de ellos podía subsistir o extinguirse de manera independiente.
Así, pues, el balance económico o el cruce de cuentas entre el Fonade y el Banco de la República, con ocasión del contrato interadministrativo, también es independiente de los contratos vinculados y, por ende, sólo puede comprender los valores desembolsados por el Banco de la República al Fonade en desarrollo del contrato, para la ejecución del mismo, tal como lo hicieron los peritos.
No se impondrá condena en costas, por cuanto el recurso extraordinario prosperó (L. 446/98, art. 129, compilado por el D. 1818/98, art. 165).
1. DECLÁRASE FUNDADO el recurso de anulación interpuesto por el Banco de la República contra el laudo arbitral del 8 de mayo de 2012, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias originadas con ocasión del contrato interadministrativo 1350310050 (195041), del 20 de octubre de 2005, suscrito entre el Banco de la República y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, en lo que concierne, exclusivamente, a la letra E de la parte resolutiva de la mencionada providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, se anula la letra E de la parte resolutiva del laudo arbitral del 8 de mayo de 2012 y, en su lugar, se dispone:
“1. Declarar judicialmente liquidado el contrato interadministrativo 1350310050 (195041), del 20 de octubre de 2005, celebrado entre el Banco de la República y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, conforme a la siguiente tabla:
1. Valor de los recursos girados por el banco $ 5.407.192.577
2. Valor recursos ejecutados por Fonade $ 5.074.262.051
2.1. Costos de la gerencia integral de los proyectos $ 366.819.834
2.2 Costos causados por la ejecución de los contratos derivados $ 5.022.361.887
2.2.1 Anticipos no amortizados -$ 352.367.402
2.1.8 Otros gastos directos $ 37.447.732
Valor a reintegrar por Fonade al banco $ 332.930.526
“2. En consecuencia, ORDÉNASE al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, reintegrar la suma de trescientos treinta y dos millones novecientos treinta mil quinientos veintiséis pesos ($ 332’930.526) m/cte. al Banco de la República”.
4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de Arbitramento, a través de su secretaría.
5. Reconócese al doctor Fernando Díaz Peña, titular de la tarjeta profesional 83.449 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del Banco de la República, en los términos y para los fines del poder conferido, visible a folio 331 del cuaderno del Consejo de Estado.
(24) El artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 establece que el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo aclare, corrija o complemente.
(25) Folio 308, cuaderno, Consejo de Estado.
(27) Folio 327, cuaderno, Consejo de Estado.
(28) En el mismo sentido se citan las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 21 de mayo de 2008, expediente 33643, del 27 de marzo de 2008, expediente 33645, del 4 de abril de 2002, expediente 20356, del 23 de agosto de 2001, expediente 19090.
(29) Ver folio 258, cuaderno, Consejo de Estado.
(30) Folio 251, cuaderno, Consejo de Estado.
(32) Folio 252, cuaderno, Consejo de Estado.
(33) En el auto de unificación proferido por la Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación el 18 de abril de 2013 (exp. 17.859) se precisaron los requisitos para que las partes puedan modificar el pacto arbitral. Al respecto, dijo la Sala:
“Pues bien, así como las partes deciden, de común acuerdo, someter sus diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, empleando para ello la celebración de un pacto cuyas principales características son que sea expreso y solemne, de la misma manera aquéllas deben observar de consuno tales condiciones (forma expresa y solmene) si su voluntad es deshacerlo o dejarlo sin efectos, de suerte que, si optan libremente por la justicia arbitral y no proceden como acaba de indicarse para cambiar lo previamente convenido, no tienen la posibilidad de escoger entre acudir a ésta o a los jueces institucionales del Estado, teniendo en cuenta que su voluntad inequívoca fue someterse a la decisión de árbitros.
“Esta tesis, que ahora acoge la Sala, no significa que el pacto arbitral celebrado entre las partes de un contrato estatal sea inmodificable o inderogable. Lo que comporta es que, para modificarlo o dejarlo sin efecto, aquéllas deben observar y respetar las mismas exigencias que las normas legales establecen con miras a la formación del correspondiente pacto arbitral, de tal suerte que, para ello, haya también un acuerdo expreso y escrito, lo cual excluye, por ende, la posibilidad de que el pacto arbitral pueda ser válidamente modificado o dejado sin efecto de manera tácita o por inferencia que haga el juez institucional, a partir del mero comportamiento procesal de las partes. Al respecto, es de recordar que ‘en derecho las cosas se deshacen como se hacen’”.
(34) Folio 313, cuaderno, Consejo de Estado.
(35) Folio 314, cuaderno, Consejo de Estado.
(36) Folios 315 y 316, cuaderno, Consejo de Estado.
(37) Folio 328, cuaderno, Consejo de Estado.
(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: sentencias del 20 de mayo de 2004 (exp. 25.759), del 4 de abril de 2002 (exp. 20.356) y del 2 de marzo de 2006 (exp. 29.703).
(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: sentencia del 28 de noviembre de 2002, expediente 22.526.
(40) Cfr. folios 248, cuaderno, Consejo de Estado y folio 210, cuaderno pruebas 10.
(41) Folio 251, cuaderno, Consejo de Estado.
(42) Folio 260, cuaderno, Consejo de Estado.
(43) Folio 303, cuaderno, Consejo de Estado.
(44) Folio 305, cuaderno, Consejo de Estado.
(46) El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 de 1989, prescribe: “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”.
(47) El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89, art. 1º, num. 140) establece el deber del juez de corregir errores aritméticos y de otra índole en los fallos dictados, así:
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 3201323.
(48) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: Sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 34.594.
(49) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de octubre de 1976.
(50) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2007, expediente 32.711.
(51) Instituto Panamericano de derecho procesal, “Derecho Procesal Moderno”. págs. 77 y ss.
(52) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 5.326.