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Timestamp: 2020-02-19 12:51:17
Document Index: 32806881

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19']

Registro Oficial No 726 - Martes 05 de Abril de 2016 Tercer Suplemento
Última modificación: Viernes, 03 de junio de 2016 | 16:53
Martes 05 de Abril de 2016 - R. O. No. 726
- Del Caso García Ibarra y otros vs Ecuador por concepto de cumplimiento de Obligación Internacional
NAC-DGERCGC16-00000138 Establécense las normas para determinar los ingresos gravables, costos y gastos deducibles imputables a contratos de construcción
- A la publicación del Decreto Ejecutivo No. 894 emitido por la Presidencia de la República, efectuada en el Suplemento del Registro Oficial No. 704 de 3 de marzo de 2016
CASO GARCÍA IBARRA Y OTROS VS. ECUADOR
SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015
El 17 de noviembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ?la Corte Interamericana?, ?la Corte? o ?este Tribunal?) dictó una Sentencia mediante la cual declaró, por unanimidad, que el Estado de Ecuador es responsable por la violación del derecho a la vida, en perjuicio del entonces adolescente José Luis García Ibarra, quien fue privado de su vida el 15 de septiembre de 1992 en un barrio de la ciudad de Esmeraldas, a sus 16 años de edad, por un agente de la Policía Nacional del Ecuador. La investigación y proceso penal interno culminó más de 9 años después de iniciado con sentencia condenatoria contra dicho agente policial a 18 meses de prisión por el delito de homicidio ?inintencional? (culposo). Al respecto, la Corte consideró que, además de la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos y el incumplimiento del principio de plazo razonable, la respuesta investigativa y judicial del Estado, especificada en las actuaciones de las autoridades judiciales en el marco del referido proceso penal, no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer la verdad sobre las circunstancias de la privación de la vida de José Luis García Ibarra. En este sentido, tales actuaciones tampoco satisfacen las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de sus familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos, contenidos en los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, que no fueron garantizados por el Estado, en perjuicio de su madre Pura Vicenta Ibarra Ponce, su padre Alfonso Alfredo García Macías y sus hermanos Ana Lucía, Lorena Monserrate, Luis Alfonso, Santo Gonzalo, Juan Carlos y Alfredo Vicente, todos García Ibarra.
El Estado interpuso tres excepciones preliminares. En la primera, el Estado alegó que la jurisdicción interna procesó al autor material del homicidio del adolecente José Luis García Ibarra y lo condenó a una pena de 18 meses de privación de la libertad, que culminó con sentencia de última instancia dictada por la Corte Suprema de Justicia y que los familiares del adolecente desestimaron el proceso penal en calidad de acusadores particulares. Por ello, el Estado alegó que si la Corte se pronunciara al respecto, violaría el principio de subsidiaridad y actuaría como una ?cuarta instancia?. La Corte consideró que los argumentos presentados por el Estado guardan relación con las alegadas violaciones de los derechos establecidos en los artículos 4.1, 8.1 y 25 de la Convención, en cuanto a la obligación de investigar los hechos y de procesar y, en su caso, sancionar al responsable, así como de reparar las consecuencias de los mismos. Es decir, el planteamiento del Estado no constituye una excepción preliminar y la determinación de si los hechos constituyeron o no violaciones de las obligaciones internacionales del Estado correspondía, naturalmente, al fondo del asunto. En consecuencia, la Corte consideró que el planteamiento del Estado era improcedente.
En su segunda y tercer excepciones preliminares, el Estado alegó una nulidad del Informe de la Comisión y una violación del principio de legalidad en las actuaciones de ésta. En particular, el Estado alegó insuficiente motivación por parte de la Comisión acerca de las violaciones declaradas en su Informe, respecto de lo cual la Corte hizo notar que tal Informe estaba motivado, por lo cual lo planteado se restringía a una discrepancia de criterios respecto de lo decidido por la Comisión. En segundo lugar, el Estado alegó su indefensión al no haber sido notificado del voto disidente de tres Comisionados a dicho Informe. Además de notar que la Comisión verificó que sí notificó el Informe junto con dicho voto, el Tribunal consideró que el Estado no argumentó en qué consistió el supuesto error grave en el procedimiento. En tercer lugar, el Estado alegó que la Comisión no justificó las razones que la llevaron a acumular la admisibilidad con el fondo en su Informe. La Corte estimó que lo que el Estado identificó como un error en su perjuicio constituía una actuación procesal de la Comisión en aplicación de una norma reglamentaria entonces vigente, sin que haya demostrado en qué sentido la misma le habría generado un perjuicio. Por último, el Estado alegó que la Comisión realizó consideraciones que corresponden a los tribunales internos. La Corte consideró que, aún en el supuesto de que tal argumentación fuera pertinente, ello no supondría obstáculo alguno para el ejercicio de su competencia. El Tribunal consideró que no le correspondía analizar lo precedentemente actuado por la Comisión, por lo cual declaró improcedentes la segunda y tercera excepciones preliminares.
II. Hechos A. La muerte de José Luis García Ibarra
El 15 de septiembre de 1992, entre las 20:00 y 20:30 horas, José Luis García Ibarra se encontraba en una esquina en el barrio de Codesa, perteneciente a la Parroquia Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, junto con otras personas. Al lugar llegó Guillermo Segundo Cortez Escobedo, entonces agente de la Policía Nacional, quien, tras una discusión o forcejeo con una tercera persona y propinarle golpes y ?cachazos?, disparó su arma de dotación oficial, causando la muerte de José Luis García Ibarra. Al momento de los hechos, dicho policía se encontraba asignado provisionalmente al llamado ?grupo antipandillas? del Comando Provincial de Policía de Esmeraldas No. 14 y se encontraba en servicio activo. Si bien no existe controversia alguna en cuanto a que el autor del disparo que causó la muerte del adolescente fue el referido agente policial, en el proceso penal fueron consideradas dos versiones de lo ocurrido: por un lado, que el policía le disparó intencionalmente; por otro lado, el propio policía afirmó que su muerte fue accidental producto de dicho forcejeo.
B. Investigaciones y procesos judiciales iniciados en relación con el homicidio de José Luis García Ibarra
Actuaciones de la Comisaria Primera de Policía Nacional de Esmeraldas, del Juzgado Tercero de lo Penal de Esmeraldas y conflicto de competencias entre el fuero penal policial y ordinario
La Comisaria Primera de Policía Nacional de Esmeraldas realizó un reconocimiento del lugar de los hechos, así como reconocimiento, identificación y autopsia del cadáver, entre otras diligencias. La señora Vicenta Ibarra Ponce, madre del adolescente, presentó una denuncia contra el policía ante dicha comisaría. En septiembre de 1992 la Comisaría ordenó que se instruyera el sumario de ley contra Guillermo Cortéz Escobedo, ?como presunto autor por el delito de asesinato del menor?; ordenó su prisión preventiva en cuarteles de la Policía Nacional y ordenó otras diligencias. La señora Ibarra Ponce alegó que el procesado no debía gozar de fuero policial alguno y que debía seguir conociendo el fuero civil. La Comisaría remitió el proceso a la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, luego de lo cual correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Tercero de lo Penal de Esmeraldas. En octubre de 1992 este juzgado confirmó la orden de prisión preventiva; admitió a trámite la acusación particular presentada por la señora Ibarra Ponce y ordenó distintas diligencias.
Paralelamente, el 13 de enero de 1993 el juzgado primero del primer distrito de la Policía Nacional, correspondiente al fuero policial, ordenó diligencias de investigación y solicitó al juzgado tercero de lo penal de Esmeraldas que se inhibiera de continuar en el conocimiento de la causa penal. Luego de varios trámites, la Corte Superior de Justicia de Quito dispuso que no había competencia que dirimir y devolvió el expediente al juzgado tercero.
El juzgado tercero de lo penal de Esmeraldas
realizó otras diligencias y en febrero de 1994 cerró el sumario. El 16 de marzo siguiente el fiscal emitió dictamen, en el que acusó al policía como autor del delito de asesinato, considerando que el joven García Ibarra no tuvo participación en lo ocurrido entre aquél y otro joven, que no estaba armado, que no había ofrecido algún tipo de resistencia y que el policía actuó con intencionalidad de matar o con alevosía. En mayo de 1994 el Juzgado Tercero de lo Penal de Esmeraldas dictó auto de apertura a plenario en contra del imputado. Actuaciones del tribunal penal de Esmeraldas El proceso fue puesto en conocimiento del Tribunal Penal de Esmeraldas el 10 de mayo de 1995. El 25 de julio Vicenta Ibarra Ponce desistió oficialmente de la acusación particular en contra del imputado. Luego de la audiencia pública de juzgamiento, de un nuevo reconocimiento del lugar de los hechos y de una segunda audiencia, el 17 de noviembre de 1995 el tribunal penal emitió una sentencia que contiene tres votos o fallos, cuyo alcance o sentido no es coincidente:
En un primer voto (llamado ?sentencia?) del presidente del tribunal, se consideró que el disparo ?no se produce como consecuencia del cachazo propinado por el policía al [otro joven y] que el arma de dotación del policía era un revólver calibre 38, que no puede ser activada [?] sino por una fuerza imprimida sobre el gatillo?, lo que no puede ?darse por el solo hecho de un cachazo propinado en la cabeza de una persona?. Por ello, se declaraba responsable a Guillermo Cortéz Escobedo por la comisión del ?delito de homicidio simple? y se le imponía la pena de ?ocho años de reclusión?.
En un segundo voto (también llamado ?sentencia?) del vocal tercero del tribunal, se consideró que, en la riña o discusión que mantenía con otro joven, ?por falta de previsión o de precaución [el policía] hizo que el arma que portaba se disparara e hiriera de muerte a José Luis?; se declaró a Guillermo Cortéz Escobedo ?autor responsable del delito de homicidio inintencional?; y se le condenó a la pena de ?dieciocho meses de prisión?.
En un tercer voto (llamado ?voto salvado?) del vocal segundo del tribunal, se consideró que ?el hecho [?] fue ocasionado por el policía [?] en ejercicio de sus funciones [?], por lo que el conocimiento y sustanciación correspondía[n] a los órganos jurisdiccionales de la Policía Civil Nacional, y en consecuencia, ese tribunal carece de competencia para conocer del asunto, y por tanto se inhibe del conocimiento de la causa?.
El texto de la sentencia que contiene tales votos señala que ?los Miembros del Tribunal Penal de Esmeraldas establecen diferentes criterios; y es así que tanto el Presidente como el Vocal Tercero se pronuncian por la sanción al encausado aunque difieren en la tipificación, [?] consecuentemente establecen diferentes penas [?] Por lo expuesto en función de lo dispuesto en el Art.332 del Código de Procedimiento Penal, [?] la pena a imponerse al encausado, es la que ha establecido en el proyecto formulado por el Vocal Tercero?.
En noviembre de 1995 el imputado interpuso recursos de nulidad y casación en contra de la sentencia, por considerar que el tribunal penal no era competente. Ese mismo día el fiscal interpuso recurso de casación, por considerar que el tribunal incurrió en ?[a]plicación indebida, falta de aplicación [y] errónea interpretación de las normas del derecho [? y] de los preceptos jurídicos aplicables para la valoración de la prueba?.
En enero de 1996 el tribunal penal de Esmeraldas constató que el procesado había cumplido la pena de dieciocho meses de prisión impuesta, pues ya había permanecido en calidad de detenido por un tiempo de tres años y tres meses, por lo que ordenó su libertad. En mayo de 2000 la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas rechazó el recurso de nulidad, confirmó la sentencia de primera instancia y remitió los autos al tribunal penal. El proceso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara sobre los recursos de casación.
Sentencia de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia
El 22 de enero de 2001 la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador declaró la deserción del recurso interpuesto por el imputado, considerando que no había cumplido la obligación de fundamentar el recurso. Luego, el 26 de febrero de 2002 emitió sentencia, en la cual declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. Al respecto, la Corte Suprema se refirió a la sentencia del tribunal penal de Esmeraldas como ?sui generis con tres criterios distintos?; consideró que el Ministerio Público equivocó la interposición del recurso de casación por haber invocado como fundamento un artículo de la Ley de Casación Civil, en lugar del correspondiente al Código de Procedimiento Penal, razón por la cual fue declarado improcedente; convalidó la decisión del tribunal penal y no modificó la pena; y consideró que fueron cometidas ?irregularidades? tanto por el tribunal penal de Esmeraldas como por la Corte Superior de Esmeraldas, razón por la cual dispuso ?oficiar al Consejo Nacional de la Judicatura para que examin[ara] las actuaciones de los miembros? de ambos tribunales. La Corte Interamericana hace notar que no se desprende de la información aportada por el Estado que los miembros de esos tribunales hayan sido procesados o sancionados por su participación en el proceso penal seguido por el homicidio de Jose Luis García Ibarra.
a. Derecho a la Vida y Deber de Protección de los Niños, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos
En atención a los hechos del caso, la Corte recordó que en su jurisprudencia ha considerado que en todo caso en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso legítimo de la fuerza, puesto que ?corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados?.
Es un hecho no controvertido que el adolescente García Ibarra fue privado de su vida por el referido agente policial, quien hizo uso letal de su arma de dotación oficial en su contra, sin que conste que aquél haya opuesto resistencia o ejerciera acción alguna contra la vida o integridad de ese policía o de terceros. Sin embargo, el Estado había cuestionado, como excepción preliminar, la facultad de la Corte de pronunciarse en el fondo sobre alegadas violaciones a la Convención en un caso como el presente, en que las autoridades internas han llevado a cabo un proceso relevante en relación con los hechos, que había culminado en una sentencia condenatoria definitiva. Al reiterar que la excepción preliminar había sido desestimada, la Corte señaló que no cabe duda que tiene plena competencia para pronunciarse sobre el fondo del caso sometido a su jurisdicción y, en su caso, determinar si hubo violación a derechos reconocidos en la Convención, como siempre lo ha hecho, aún en casos en que existen decisiones internas relevantes, sean éstas favorables o no a los intereses de las presuntas víctimas en el caso ante este Tribunal. En la jurisdicción internacional, las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de la jurisdicción interna, pues el aspecto sustantivo de la controversia ante la Corte es si el Estado demandado ha violado las obligaciones internacionales que contrajo al hacerse Parte en la Convención y, en tal caso, si corresponde establecer las consecuencias jurídicas.
En este caso, al alegar que el agente policial ?no estaba asignado a ninguna operación?; que ?actuó en condiciones de actor particular?; ?que no se encontraba cumpliendo una orden superior? y que, como Estado, ?no pudo impedir la conducta de un agente público que actúo fuera del control razonable de sus deberes y obligaciones como policía nacional?, el Estado no reconoció propiamente la ocurrencia de un hecho ilícito internacional. Además, dada la forma irregular y ?sui generis? en que fue resuelto, no fue establecido que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, constituyera un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina sobre el modo y circunstancias en que el adolescente fue privado de su vida. En consecuencia, en aplicación del principio de complementariedad, la Corte procedió a determinar si, en los términos del artículo 4.1 de la Convención, esa privación de la vida fue arbitraria.
La Corte recordó que no es un tribunal penal, por lo que la responsabilidad de los Estados bajo la Convención no debe ser confundida con la responsabilidad criminal de individuos particulares. En este caso, según lo manifestado por el propio Estado, el agente policial hizo uso letal de la fuerza sin algún tipo de justificación, bajo la investidura oficial y sin finalidad legítima alguna. En consecuencia, a efectos de determinar la responsabilidad del Estado, no correspondía analizar los hechos bajo los estándares sobre uso legítimo de la fuerza, sino analizar las circunstancias en las cuales tuvo lugar el uso letal de la fuerza a la luz de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la vida.
En el proceso penal fueron consideradas dos versiones en torno a la muerte de Jose Luis García Ibarra en la investigación y proceso penal interno (supra). Dada la forma en que fue resuelto ese proceso, las autoridades estatales no dieron una explicación satisfactoria sobre la legitimidad del uso letal de la fuerza con un arma de fuego por parte de un agente de policía contra un adolescente que no representaba un peligro tal que requiriera defensa propia de la vida o de otras personas. En cualquier caso, la conclusión definitiva de dicho proceso indica que la muerte fue consecuencia de la falta de precaución del policía, lo cual bastaría para comprometer la responsabilidad del Estado. Independientemente de las dos versiones, es claro que el policía hizo uso letal de la fuerza y que no cumplió con las reglas sobre el uso de armas letales.
Por las razones anteriores, la Corte considera que el Estado es responsable por la privación arbitraria de la vida de José Luis García Ibarra, en los términos del artículo 4.1 de la Convención. Dado que la víctima era adolescente al momento de su muerte, la violación de su derecho a la vida se configuró también en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Americana.
b. Garantías Judiciales y Protección Judicial, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos
En primer lugar, la investigación penal no revestía complejidad alguna, pues estaban plenamente identificados el autor de los hechos y la víctima y el lugar del hecho. Por ello, en este caso la debida diligencia en la investigación debía evaluarse en relación con la necesidad de determinar la veracidad de las versiones consideradas sobre lo ocurrido, es decir, si aquella permitió un esclarecimiento judicial de los hechos y una eventual calificación jurídica de los mismos acorde con lo sucedido. En el proceso penal no fueron realizadas diligencias básicas para dirimir las dos versiones existentes en la mayor medida posible (entre otras: interrogatorios de seguimiento; careos entre testigos; reconstrucción de los hechos con participación de expertos; pruebas técnicas de balística que permitieran determinar la viabilidad de un disparo accidental del arma utilizada y la trayectoria del disparo según la posición de la víctima y el victimario). La Corte consideró que la ausencia de estas diligencias generó una carencia de elementos técnicos certeros ante dichas versiones y no procuró genuinamente el esclarecimiento de toda la verdad de lo ocurrido, incidiendo de manera determinante en la calificación de los hechos contenida en el voto de la sentencia al que se otorgó carácter definitivo y, por ende, en la motivación de la misma. En este sentido, el Estado es responsable por la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos.
En segundo lugar, al estimar evidente que no correspondía al Tribunal analizar en cual tipo penal encuadraba la conducta del imputado en el proceso penal, en que se consideraron dos hipótesis sobre el homicidio, la Corte consideró relevante que, en un solo acto jurisdiccional, el tribunal penal de Esmeraldas emitiera una sentencia que contiene un voto diferente por cada uno de sus tres miembros, cuyo alcance o sentido es contradictorio (supra). Lo determinante es que el tribunal penal resolvió de forma irregular y ?sui generis? (en palabras de la Corte Suprema de Justicia) y que, como consecuencia de tal actuación, el criterio para establecer la calificación de la conducta del agente policial no fue determinar la verdad sobre las circunstancias de la privación de la vida de la presunta víctima y de la legalidad del uso letal de la fuerza por parte de un agente policial.
En este sentido, la Corte consideró que, dado que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas. Esto es una de las ?debidas garantías? incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso, no sólo del imputado sino, en casos como el presente, también de los familiares de la víctima en relación con sus derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad, en relación con el artículo 25 de la Convención. En este caso en particular, dada la forma irregular y ?sui generis? en que fue resuelto, no ha sido establecido que el proceso penal constituyera un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las dos hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias en que José Luis García Ibarra fue privado de su vida. Tal actuación irregular no fue, en definitiva, corregida o subsanada posteriormente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación, a pesar de que ésta encontró varias ?irregularidades? en el proceso. Esa sentencia de la Corte Suprema tiene carácter de última instancia, por lo que quedó cerrada a nivel interno la posibilidad de subsanar esas ?irregularidades? y de hacer efectiva la explicación debida por el Estado sobre los hechos. En consecuencia, la Corte considera que la respuesta investigativa y judicial del Estado, especificada en las actuaciones de las autoridades judiciales en el marco del referido proceso penal, no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer la verdad sobre las circunstancias de la privación arbitraria de la vida de José Luis García Ibarra.
Por último, en relación con el ?plazo razonable? de duración total del proceso penal, en los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte constató que el caso no revestía complejidad alguna (supra), ni se trataba de un caso en donde existiera una pluralidad de víctimas o autores, o que involucrara aspectos o debates jurídicos que justificaran un retardo de más de 9 años. Asimismo, los hechos fueron conocidos inmediatamente por el Estado y el autor del disparo fue identificado el mismo día de los hechos; las autoridades correspondientes tuvieron libre acceso a la escena de los hechos y las circunstancias de los mismos no presentan características particularmente complejas. Se constató que desde la apertura del plenario hasta la emisión de la sentencia definitiva por la Corte Suprema de Justicia, el proceso penal estuvo en situación de inactividad injustificada por más de 7 años, sin que la práctica y seguimiento de diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos fuera la razón de tal demora. Por ello, el Tribunal encuentra que el Estado incumplió con el principio del plazo razonable respecto de la duración del proceso penal interno.
En conclusión, la Corte consideró que, en razón de la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, el incumplimiento del principio de plazo razonable y la falta de una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer la verdad sobre las circunstancias de la privación de la vida de José Luis García Ibarra, tales actuaciones no satisfacen las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de sus familiares de acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos, contenidos en los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Pura Vicenta Ibarra Ponce, Alfonso Alfredo García Macías y de Ana Lucía, Lorena Monserrate, Luis Alfonso, Santo Gonzalo, Juan Carlos y Alfredo Vicente, todos García Ibarra.
c. Otras Alegadas Violaciones
En virtud de las conclusiones señaladas en los capítulos anteriores, la Corte consideró que, en las circunstancias del presente caso, tomaría en consideración los efectos que los hechos habían tenido en los familiares al momento de determinar las reparaciones pertinentes, por lo cual no correspondía emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del artículo 5 de la Convención.
La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Además, ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y (ii) pagar 6 los montos señalados en la Sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos.
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Dirección de Derechos Humanos.- Fiel copia del original.- f.) María Amelia Espinosa Cordero, Directora de Derechos Humanos.
No. NAC-DGERCGC16-00000138
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 5 del Código Tributario, el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad, e irretroactividad;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 19 establece que están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base de los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares;
Que el artículo 28 de la Ley de Régimen Tributario Interno, sustituido por el artículo 16 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 405 de 29 de Diciembre del 2014, dispone que los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción liquidarán el impuesto en base a los resultados que arroje su contabilidad en aplicación de las normas contables correspondientes;
Que el artículo 28 de la Ley de Régimen Tributario Interno previo a ser sustituido por el artículo 16 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y que se encontraba vigente hasta el 31 de diciembre del 2014 establecía que las empresas que obtengan ingresos provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a base de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de construcción duren más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas recomendados por la técnica contable para el registro de los ingresos y costos de las obras, tales como el sistema de ?obra terminada? y el sistema de ?porcentaje de terminación?, pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de Rentas Internas;
Que el artículo 39 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno reformado por el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 539, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 2014, dispone que los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su presentación ante los organismos de control correspondientes. Por otro lado, establece además que para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas.
Que el artículo 39 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno previo a ser reformado por el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 539, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 2014, establecía que la contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento;
Que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en Registro Oficial No. 498, del 31 de diciembre de 2008, en la que estableció el cronograma de aplicación obligatoria, a partir del 1 de enero del 2010, de las Normas Internacionales de Información Financiera ?NIIF? por parte de las compañías y entes sujetos a su control y vigilancia;
Que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 11 ?Contratos de construcción? respecto a la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas, en su parte pertinente, establece que cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al fi nal del periodo sobre el que se informa;
Que dicha norma contable señala también que el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos con referencia al grado de realización del contrato es, a menudo, denominado método del porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución del grado de realización en que se encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias, de los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya ejecutado. Este método suministra información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del mismo en cada periodo contable. Bajo el método del porcentaje de realización, los ingresos de actividades ordinarias del contrato se reconocen como tales, en el resultado del periodo, a lo largo de los periodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos del contrato se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. El grado de realización de un contrato puede determinarse de varias formas; según la norma contable, dependiendo de la naturaleza del contrato, los métodos pueden incluir: la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados para el contrato; la inspección de los trabajos ejecutados; o la proporción física del contrato ejecutada;
Que la misma norma contable establece en sus párrafos 40 y siguientes, que una entidad revelará, para cada uno de los contratos en curso, al final del periodo sobre el que se informa, la información sobre: la cantidad acumulada de costos incurridos, y de ganancias reconocidas (menos las correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha; la cuantía de los anticipos recibidos; y la cuantía de las retenciones en los pagos. Establece además, que las retenciones son cantidades, procedentes de las certificaciones hechas a los clientes, que no se recuperan hasta la satisfacción de las condiciones especificadas en el contrato para su cobro, o bien hasta que los defectos de la obra han sido rectificados. Las certificaciones son las cantidades facturadas por el trabajo ejecutado bajo el contrato, hayan sido pagadas por el cliente o no. Los anticipos son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el trabajo haya sido ejecutado. Por otro lado, una entidad presentará los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por los clientes por causa de contratos de construcción; y los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes por causa de estos mismos contratos. Se entenderá que la cantidad bruta debida por los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia entre: los costos incurridos más las ganancias reconocidas; menos la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los contratos en curso, en los cuales los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las pérdidas reconocidas) excedan a los importes de las certificaciones de obra realizadas y facturadas. Y que la cantidad bruta debida a los clientes, por causa de los contratos, es la diferencia entre los costos incurridos más las ganancias reconocidas; menos la suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas para todos los contratos en curso, en los cuales las certificaciones de obra realizadas y facturadas excedan a los costos incurridos más las ganancias reconocidas (menos las correspondientes pérdidas reconocidas).
Que en la práctica, en los contratos de construcción se presentan comúnmente las siguientes etapas: 1) emisión de planillas de avance de obra por parte del contratista; 2) fiscalización y aprobación de planillas por parte del contratante; y 3) emisión de factura del contratista, y pago de las facturas.
Que el artículo 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto al hecho generador del IVA, en su numeral 3 establece que en el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta;
Que el primer inciso del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario establece que en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta al Impuesto a la Renta, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos;
Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,
Establecer las normas para determinar los ingresos
gravables, costos y gastos deducibles imputables a
En el caso de contribuyentes que mantengan contratos de construcción, cuyas condiciones contractuales establezcan procesos de fiscalización sobre planillas de avance de obra, los ingresos se considerarán como gravados para fines tributarios en el ejercicio fiscal en el cual dichas planillas hubieren sido certificadas o aprobadas por parte de sus contratantes, independientemente de la fecha de emisión de la factura o pago de las mismas. La(s) factura(s) de venta deberá(n) ser entregadas(s) por los contratistas en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de aprobación definitiva de la(s) planilla(s). En el caso de que los contratos de construcción se lleven a cabo entre partes relacionadas, la Administración Tributaria realizará las acciones correspondientes con el fin de verificar la fecha de ocurrencia de la emisión y aprobación de las planillas de avance de obra.
De conformidad con lo establecido en los párrafos 40 y siguientes de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 11 ?Contratos de Construcción? y la parte B de la referida norma contable, la Administración Tributaria verificará que el contribuyente haya revelado, en las notas a sus Estados Financieros, los valores que correspondan al Importe Bruto Adeudado por Clientes y las certificaciones o aprobaciones de planillas de avance de obra.
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Internacional de Contabilidad No. 11 ?Contratos de Construcción?, los contribuyentes deberán proceder de la siguiente manera:
De la totalidad de los ingresos, se deberá identificar aquellos provenientes de planillas aprobadas así como aquellos provenientes de las planillas emitidas y no certificadas.
De la totalidad de los costos y gastos, se deberá identificar aquellos asociados a las planillas aprobadas y aquellos asociados a planillas emitidas y no certificadas.
La utilidad o pérdida contable será el resultado de restar, de la totalidad de los ingresos provenientes de las planillas, tanto aprobadas como aquellas emitidas y no certificadas, el total de costos y gastos asociados tanto a planillas aprobadas, como a aquellas emitidas y no certificadas. El contribuyente deberá considerar, de ser el caso, otros ingresos o costos y gastos adicionales.
En el caso de generar una utilidad contable, se deberá determinar el 15% de la participación de trabajadores sobre la totalidad de este valor.
En la conciliación tributaria, en la casilla ?Otras Diferencias Temporarias? del formulario 101 de la declaración de Impuesto a la Renta, se deberá registrar el efecto neto de los ingresos, costos y gastos atribuibles a planillas emitidas y no certificadas así como la parte proporcional de la participación trabajadores, asociada a dichas planillas.
La utilidad gravable corresponderá a los valores de los ingresos, costos y gastos atribuibles a las planillas de avance de obra aprobadas así como la parte proporcional de la participación trabajadores asociada a dichas planillas, debiendo incluir las demás partidas conciliatorias conforme lo establecido en la normativa tributaria vigente.
Para el ejercicio fiscal 2 o siguientes, se deberá efectuar el mismo procedimiento dispuesto para el ejercicio fiscal 1.
Una vez certificadas las planillas que quedaron pendientes de aprobación del ejercicio fiscal 1, los contribuyentes, en el ejercicio fiscal 2 o siguientes, deberán incluir en la conciliación tributaria, en la casilla ?Otras Diferencias Temporarias? del formulario 101 de la declaración de Impuesto a la Renta, el efecto neto de los ingresos, costos y gastos atribuibles a planillas emitidas y no certificadas así como la parte proporcional de la participación trabajadores, asociada a dichas planillas, que no fueron aprobadas en ejercicio fiscal 1 y se aprobaron en el ejercicio fiscal 2 o siguientes, lo que generará ingresos gravados, costos y gastos deducibles y la respectiva deducción de la parte proporcional correspondiente al 15% de la participación trabajadores pagado en años anteriores.
Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, para efectos de la aplicación de la presente resolución, deberán registrar, los ingresos correspondientes a planillas no aprobadas en la casilla de ?Otras Rentas Exentas?; los costos y gastos correspondientes a las planillas de avance de obra no aprobadas, en la casilla de ?Gastos Incurridos Para Generar Ingresos Exentos?; y la parte proporcional de la participación trabajadores atribuible a las planillas de avance de obra no aprobadas, en la casilla de ?Participación Trabajadores atribuible a Ingresos Exentos?, del formulario 102 de la Declaración de Impuesto a la Renta.
Para los sujetos pasivos que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que hubieren firmado contratos de construcción con anterioridad al ejercicio fiscal 2010, esta Administración Tributaria verificará la correcta aplicación del método de avance de obra u obra terminada de conformidad con los requisitos y condiciones establecidas en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 15 ?Contratos de Construcción?; así como la adopción y aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad No. 11 según el cronograma establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en Registro Oficial No. 498 emitida el 31 de diciembre de 2008 por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para los sujetos pasivos que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que hubieren firmado contratos de construcción desde el ejercicio fiscal 2010 en adelante, esta Administración Tributaria verificará la correcta aplicación de Norma Internacional de Contabilidad No. 11 ?Contratos de Construcción?, en atención cronograma establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en Registro Oficial No. 498 emitida el 31 de diciembre de 2008 por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para las personas jurídicas que no se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con excepción de las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, esta Administración Tributaria verificará que, a partir del ejercicio fiscal 2016, su contabilidad refleje la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad No. 11 ?Contratos de Construcción? y de la Norma Internacional de Contabilidad No. 12 ?Impuesto a las Ganancias?.
Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, esta Administración Tributaria verificará que, a partir del ejercicio fiscal 2016, la contabilización de sus contratos de construcción refleje la aplicación de lo establecido en los párrafos 23.17 al 23.27 de la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias - Contratos de construcción de la NIIF para las PYMES.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- El Servicio de Rentas Internas aceptará la aplicación de las disposiciones expuestas en los artículos 2, 3 y 4 de esta Resolución, en la presentación de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fi scal 2015.
Dado en Quito D.M., a 28 de marzo de 2016.