Source: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N348.xhtml?dcmi_identifier=BO-L-N348&format=xhtml
Timestamp: 2019-11-12 11:49:39
Document Index: 274987510

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 68', 'Artículo 72', 'Artículo 72', 'Artículo 72', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 246', 'Artículo 254', 'Artículo 256', 'Artículo 267', 'Artículo 270', 'Artículo 271', 'Artículo 272', 'Artículo 252', 'Artículo 308', 'Artículo 308', 'Artículo 310', 'Artículo 312', 'Artículo 310', 'Artículo 313', 'Artículo 84', 'Artículo 154', 'Artículo 252', 'Artículo 271', 'Artículo 272', 'Artículo 312', 'Artículo 312', 'Artículo 312', 'Artículo 85', 'Artículo 250', 'Artículo 250', 'Artículo 250', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

Bolivia: Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 9 de marzo de 2013
Marco constitucional, objeto, finalidad, alcance y aplicación
Artículo 1°.- (Marco constitucional) La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
Artículo 2°.- (Objeto y finalidad) La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
Artículo 4°.- (Principios y valores) La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
Artículo 5°.- (Ámbito de aplicación)
No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley.
Artículo 6°.- (Definiciones) Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:
Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, el genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.
Artículo 7°.- (Tipos de violencia contra las mujeres) En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia:
Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o ciudado.
Artículo 8°.- (Políticas públicas) Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y presidido por el Ente Rector, adoptar y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente Ley, en toda política pública y Plan Nacional que involucre la prevención de la violencia hacia las mujeres, su atención y protección.
Artículo 9°.- (Aplicación) Para la aplicación de la presente Ley, los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán:
Artículo 10°.- (Planificación) Los Órganos del Estado, las Instituciones Públicas y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y capacidades, incorporarán en sus estrategias, planificación operativa anual y presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la presente Ley, y contarán con el personal idóneo para su implementación. Centrarán sus acciones y recursos en la atención especial a las mujeres en situación de violencia y a las que estén en condiciones de vulnerabilidad, de manera prioritaria en el área rural.
Artículo 11°.- (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género - SIPPASE)
El Ente Rector tendrá a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, que reorganiza todo el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados, que se inscribirá en un registro único sobre la violencia en razón de género. La información de datos que este sistema genere será de carácter reservado.
La entidad responsable de este registro podrá emitir certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores públicos, y sobre toda información que pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción de casos individuales, a sólo requerimiento fiscal u orden judicial.
Artículo 12°.- (Formación) Los Órganos del Estado, el Ministerio Público e Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General del Estado, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Escuela de Jueces del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y toda otra entidad pública o que preste servicios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán y desarrollarán programas de formación específica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre equidad de género, entre otros, los cuales deberán ser permanentemente actualizados y serán aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarquía, sin excepción y con carácter obligatorio.
Artículo 13°.- (Acceso a cargos públicos)
Para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. El Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE certificará los antecedentes referidos en el presente Artículo.
Artículo 14°.- (Políticas sectoriales) El Ente Rector del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarán medidas específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto y una vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con carácter indicativo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse, los siguientes programas:
Artículo 15°.- (Participación y control social) Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, ejercerán la participación y control social en el marco de la Ley correspondiente, participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios especializados, públicos y a los privados que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado.
Artículo 16°.- (Ente rector) El Ministerio de Justicia, en el marco de sus competencias y atribuciones es el Ente Rector responsable de coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 17°.- (Criterios de prevención)
Artículo 18°.- (Prevención comunitaria) Las autoridades indígena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
Artículo 19°.- (Medidas en el ámbito educativo)
Artículo 20°.- (Medidas en el ámbito de salud)
El Ministerio de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas, dirigidas a garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de violencia, el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y protección, como un problema de salud pública:
El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y servicios privados, deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento.
Los servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios privados, tienen obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, así como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan, enviando una copia firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusión al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos.
Artículo 21°.- (Medidas en el ámbito laboral)
En coordinación con los servicios de atención y protección para priorizar el acceso, permanencia y ascensos de las mujeres en situación de violencia, a un empleo digno, incluyendo mecanismos específicos en la política nacional de empleo, programas especiales de empleo y la bolsa de trabajo, programas de formación, capacitación y actualización específica, garantizando una remuneración sin brechas de discriminación.
En caso de vulneración de estos derechos, la mujer en situación de violencia laboral podrá recurrir a las instancias administrativa o judicial que corresponda para que sus derechos sean restablecidos, el sea reparado el daño, se apliquen sanciones al agresor, y si corresponde, a los responsables de la atención y protección que incumplieron sus funciones.
Artículo 22°.- (Medidas en el ámbito de la comunicación) El Ministerio de Comunicación, en el ámbito de sus competencias, adoptará la siguiente medida:
Artículo 23°.- (Obligación de los medios de comunicación) Los medios de comunicación adoptarán las siguientes medidas:
Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan o justifican la tolerancia, o que atenten contra los derechos de las mujeres.
Artículo 24°.- (Servicios de atención integral)
Artículo 25°.- (Casas de acogida y refugio temporal) Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural. Deberán contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de violencia; la administración deberá diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales.
Artículo 26°.- (Servicios)
Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su recuperación física y psicológica, que los permita participar, de manera gradual, en la vida pública, social y privada.
Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y valores para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, que el permita independencia respecto al agresor.
Artículo 27°.- (Reserva) Las Casas de Acogida y Refugio Temporal se constituyen en refugio seguro para las mujeres en situación de violencia, por tanto su localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas para acudir a ellos. Se garantizará el anonimato y privacidad de las mujeres acogidas.
Artículo 28°.- (Permanencia) Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Refugio Temporal no podrán permanecer en ellas más de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad física, psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal interdisciplinario conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico asignado por los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la permanencia de la mujer hasta su completo restablecimiento.
Artículo 29°.- (Promotoras comunitarias) Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin.
Artículo 30°.- (Casa Comunitaria de la Mujer) En el área rural, las mujeres organizadas podrán definir la creación de Casas Comunitarias de la Mujer, para lo cual el Gobierno Autónomo Municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las que están articuladas a la red de promotoras comunitarias en las distintas comunidades que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención y detección de casos de violencia, podrán suscribir convenios con autoridades públicas e instituciones privadas.
Artículo 31°.- (Rehabilitación de agresores)
Los responsables de estos servicios, deberán reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE.
Artículo 32°.- (Finalidad)
Artículo 33°.- (Revictimización) Los procedimientos judiciales o administrativos de protección a mujeres en situación de violencia deberán aplicar el principio de trato digno contenido en la presente Ley, bajo responsabilidad en casos de inobservancia.
Artículo 34°.- (Denuncia en proceso judicial) Si durante la tramitación de un proceso la jueza o el juez tuviera conocimiento de actos de violencia en contra de una mujer, tiene obligación, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía penal. Los jueces en materia familiar adoptarán las medidas de protección que considere adecuadas para garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo.
Artículo 35°.- (Medidas de protección) Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes:
Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.
Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.
Artículo 36°.- (Protección a niñas y niños) Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevee.
Artículo 37°.- (Alerta contra la violencia hacia las mujeres)
Artículo 38°.- (Atención en caso de alerta) Cuando se declare la alerta contra la violencia hacia las mujeres, el Ente Rector adoptará las siguientes medidas inmediatas y obligatorias:
Artículo 39°.- (Duración) La alerta contra la violencia hacia las mujeres subsistirá en tanto prevalezcan las causas que dieron lugar a su declaratoria, pero no podrá prolongarse por más de un (1) año.
Artículo 40°.- (Responsabilidad) En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisión e incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Artículo 41°.- (Atención en comunidades indígena originario campesinas)
Artículo 42°.- (Denuncia)
Conocida la denuncia, ésta deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público cuando constituya delito, excepto en el caso del parágrafo II numeral 5, y consiguientemente, reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE.
Artículo 43°.- (Obligaciones) Las instancias de recepción, investigación y tramitación de denuncias, deberán brindar a las mujeres el apoyo y un trato digno y respetuoso, acorde a su situación, facilitando al máximo las gestiones que deban realizar. En consecuencia, además de las obligaciones conferidas por Ley, deberán:
Proveerles información sobre los derechos que tienen y aquellos especiales que la Ley los reconoce y sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento.
Artículo 44°.- (Personal interdisciplinario especializado) El personal responsable de la recepción, investigación y tramitación de denuncias deberá ser especializado o tener experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres o en atención a situaciones de violencia de género.
Artículo 45°.- (Garantías) Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia:
El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido proceso en el que sea oída con las debidas garantías y dentro un plazo razonable.
Acceso a la atención que requieran para su recuperación física y psicológica, en los servicios públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna.
Artículo 46°.- (Prohibición de conciliar)
No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga procesal, bajo responsabilidad funcionaria.
Artículo 47°.- (Aplicación preferente de derecho) En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley.
Artículo 48°.- (Servicios Integrados de Justicia Plurinacional)
Artículo 49°.- (Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctimas) El Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, como institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia, apoyará a mujeres en situación de violencia carentes de recursos económicos, mediante patrocinio legal gratuito y apoyo psicológico para garantizar su acceso a la administración de justicia y la sanción a los agresores. Para el cumplimiento de esta finalidad, este servicio ejercerá sus funciones en atención a lograr la solución más favorable a la víctima.
Artículo 50°.- (Servicios Legales Integrales Municipales)
Reportar todas las denuncias recibidas, el procedimiento aplicado y el resultado final del caso, ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género -SIPPASE.
Artículo 51°.- (Capacitación) Los Gobiernos Autónomos Municipales adoptarán un sistema de capacitación permanente para su personal sobre Derechos Humanos, en especial de las mujeres, enfoque de género y medidas de acción positiva y, para quienes son responsables directos de su atención, incluirán además formación básica en psicología de la mujer maltratada.
Artículo 52°.- (Autoridades indígena originario campesinas)
Artículo 53°.- (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia)
Artículo 54°.- (Plataforma de atención y recepción de denuncias) La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su nivel de atención y recepción de denuncias, tendrá las siguientes funciones:
Orientar a las víctimas sobre los recursos que la Ley los confiere y los servicios de atención y protección existentes a su disposición.
Si la mujer en situación de violencia lo solicita, acompañarla y asistirla mientras retira sus pertenencias personales de su domicilio u otro lugar, evitando la retención de cualquier efecto o documentos personales y llevarla donde ella indique o a una casa de acogida o refugio temporal.
Artículo 55°.- (Unidades móviles contra la violencia) La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su atención móvil, contará con equipo y personal especializado para la recepción de denuncias y el auxilio inmediato, en coordinación con las y los Fiscales de Materia, en el lugar donde se suscite el hecho, priorizando su acción en el área rural.
Artículo 56°.- (Servicios desconcentrados)
Artículo 57°.- (División de delitos de violencia) Además de las funciones generales que las normas vigentes y la Policía Boliviana el asignan para la investigación de delitos, esta división tiene las siguientes funciones específicas:
Recibir las diligencias realizadas en intervención policial preventiva, denuncias y querellas, a través de la plataforma de atención y recepción de denuncias, actos que tendrán calidad de prueba.
Artículo 58°.- (Medidas de actuación)
Ninguna funcionaria o funcionario policial negará el auxilio y apoyo a mujeres en situación de violencia alegando falta de competencia, aunque no forme parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Artículo 59°.- (Investigación de oficio)
Artículo 60°.- (Infraestructura y equipamiento) La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en todos sus niveles de actuación, será provista, con prioridad, de personal especializado y multidisciplinario, infraestructura y equipamiento adecuados, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”.
Artículo 61°.- (Ministerio Público) Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:
Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o el Fiscal Departamental en investigaciones de oficio y presentar ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, sus informes semestrales, con detalle de todas las causas atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito.
Artículo 62°.- (Fiscales de Materia Móviles) En el área rural las y los Fiscales de Materia especializados contra la violencia hacia las mujeres deberán desplazarse de forma regular y permanente.
Artículo 63°.- (Asesoramiento especializado) Las y los Fiscales de Materia contra la violencia hacia las mujeres contarán con personal de apoyo especializado, para proporcionar a cada mujer en situación de violencia una atención eficaz y adecuada. En cada Departamento el Ministerio Público contará con al menos un equipo de asesoras y asesores profesionales especializados para la investigación de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual podrán también solicitar la colaboración de organismos e instituciones de derechos humanos y de mujeres.
Artículo 64°.- (Médicos Forenses) Se designarán médicos forenses con especialidad en violencia de género, quienes deberán atender a las mujeres en situación de violencia con el máximo respeto, ciudado, calidez y comprensión. Los informes que emita, bajo responsabilidad, deberán ser expeditos y oportunos, debiendo evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias.
Artículo 65°.- (Certificados médicos) Para establecer el estado físico de la mujer que hubiera sufrido una agresión física o sexual, cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas acreditadas deberá extender un certificado médico, de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único que se establezca. Para fines judiciales, este certificado médico se lo tendrá como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una vez homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por un experto o una experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendió el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer.
Artículo 66°.- (Acceso a documentación) Toda mujer agredida podrá solicitar copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación, desde el momento de la denuncia, las cuales deberán ser otorgadas en forma expedita, sin notificación previa y sin costo adicional al de las fotocopias.
Artículo 67°.- (Dirección Forense Especializada) La o el Fiscal General del Estado, en el marco de sus atribuciones, creará y reglamentará dentro el Instituto de Investigaciones Forenses, una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres, con el personal necesario para garantizar su eficaz funcionamiento.
Artículo 68°.- (Juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres) Se modifican los Artículos 57, 58, 68 y 72 de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, con el siguiente texto:
“Artículo 57.(ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA). Las atribuciones de las salas en materia de familia, niñez y adolescencia son:
1. Conocer en grado de apelación, las resoluciones dictadas por las juezas y los jueces en materias de familia, niñez y adolescencia;
Artículo 58º (Atribuciones de las salas en materia penal) Las atribuciones de las salas en materia penal son:
Artículo 68º (Suplencias) En los casos de excusa y recusación o cualquier otro impedimento de la jueza o del juez, el proceso pasará a conocimiento del siguiente en número de la misma materia y, por impedimento de todos los que corresponden a la misma materia, el orden de suplencias será el siguiente:
Artículo 72º (Competencia de juzgados de instrucción de materia contra la violencia hacia las mujeres) Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
Artículo 72º bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para:
Artículo 72º ter.(COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Los Tribunales de Sentencia contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:
Artículo 69°.- (Designación) Para ser jueza o juez y funcionarias o funcionarios auxiliares de estos juzgados, además de los requisitos señalados por Ley, se exigirá:
Artículo 70°.- (Formación especializada) La Escuela de Jueces del Estado suscribirá convenios con las universidades que puedan organizar cursos de post grado en las especialidades que se requieran para el ejercicio de la función judicial, para exigir que quienes aspiren a ser jueces de materia contra la violencia hacia las mujeres cuenten con una especialización en materia penal con enfoque de género y derechos humanos.
Artículo 71°.- (Equipo interdisciplinario) Los Juzgados y Tribunales Públicos de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres, contarán con un equipo interdisciplinario de las áreas social y psicológica especializados en derechos humanos y derechos de las mujeres o con experiencia laboral en la atención de violencia, emitiendo peritajes técnicos de carácter integral. Estos servicios podrán ser provistos, con igual valor legal, por profesionales, asignados por los Servicios de Atención Integral.
Artículo 72°.- (Funciones) Las funciones del equipo interdisciplinario son:
Artículo 73°.- (Servicios auxiliares) Cuando el caso lo requiera, la jueza, el juez o el tribunal podrá ordenar peritajes y otros servicios de asistencia técnica en otras materias y profesiones que coadyuven a su labor.
Artículo 74°.- (Reporte de causas) El Consejo de la Magistratura, deberá reportar al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género - SIPPASE, el movimiento de causas por violencia hacia las mujeres, con carácter trimestral, desglosando toda la información, además de los indicadores regulares, por género y edad de las partes, delito, estado del proceso.
Artículo 75°.- (Acción de defensa) Las acciones constitucionales de defensa podrán ser interpuestas por las mujeres, u otras personas en su nombre cuando corresponda, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Artículo 76°.- (Aplicación de sanciones alternativas)
Artículo 77°.- (Multa) La imposición de una multa como sanción alternativa o accesoria no sustituye la reparación a la mujer por el daño causado como efecto de la violencia; no podrá ser mayor de trescientos sesenta y cinco días ni comprender para el cálculo más del cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado y cuando el salario es indeterminado, se calculará sobre el cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo nacional. El día de privación equivale a un día multa y es revocable ante el incumplimiento.
Las multas serán destinadas a los Servicios de Atención Integral a cargo de los Gobiernos Autónomos Municipales, quienes constituirán un fondo y abrirán una cuenta fiscal exclusiva para este propósito, debiendo asignar los recursos con carácter preferente a las Casas de Acogida y Refugio Temporal y costo por servicios de salud. Los fondos no podrán ser destinados a otro fin.
Artículo 78°.- (Detención de fin de semana) Es una limitación de la libertad que se aplica desde el día viernes a horas 19: 00 hasta el día lunes a horas 6: 00. A fines de equivalencia, el día de privación de libertad corresponde a un día de detención de fin de semana. Podrá aplicarse también a los días feriados, bajo las mismas condiciones.
Artículo 79°.- (Trabajos comunitarios) El trabajo comunitario consiste en la prestación de trabajos en favor del Gobierno Autónomo Municipal, que se realizará en fines de semana, feriados y los días hábiles en horarios diferentes a los habituales. Esta sanción se aplicará por un mínimo de un (1) año que equivale al trabajo de cincuenta y dos (52) semanas, con sus respectivos feriados y días hábiles, y un máximo de hasta ciento cuatro (104) semanas.
Artículo 80°.- (Medidas de seguridad) La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar.
Artículo 81°.- (Inhabilitación) Podrá aplicarse la sanción inhabilitación cuando quien fuera sancionado por delitos de violencia hacia las mujeres ejerza una profesión u ocupación relacionada con la educación, ciudado y atención de personas, independientemente de su edad o situación, atención médica, psicológica, consejería o asesoramiento, cargo administrativo en universidades o unidades educativas, instituciones deportivas, militares, policiales; suspensión temporal de autoridad paterna por el tiempo que dure la sanción, la clausura de locales y la pérdida de licencias. Tiene un límite temporal de doce años y no pueden imponerse todas las restricciones de esos derechos en una sola sentencia. Transcurrida la mitad del plazo impuesto, o un mínimo de cinco años, puede darse la rehabilitación.
Artículo 82°.- (Cumplimiento de instrucciones) La autoridad judicial podrá aplicar un plan de conducta al condenado cuando el sean aplicadas sanciones alternativas que impliquen su libertad total o parcial, en virtud del cual deberá cumplir con instrucciones que no podrán ser vejatorias o susceptibles de ofender la dignidad o la autoestima. Pueden modificarse durante la ejecución de sentencia y no pueden extenderse más allá del tiempo que dure la pena principal. Las instrucciones que se pueden imponer serán:
Artículo 83°.- (Modificaciones al Código Penal) Se modifican los Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:
“Artículo 246.(SUBSTRACCIÓN DE UN MENOR O INCAPAZ). Quien substrajere a un menor de dieciséis años (16) o a un incapaz, de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años.
La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de dieciséis (16) años y no mediare consentimiento de su parte.
Artículo 254º (HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA) Quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años.
Artículo 256º (HOMICIDIO-SUICIDIO) La persona que instigare a otra al suicidio o el ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) años.
Artículo 267º bis. (ABORTO FORZADO). Quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la mujer el causare un aborto, será sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 270º (LESIONES GRAVÍSIMAS) Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias:
5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier parte del cuerpo.
Artículo 271º (LESIONES GRAVES Y LEVES) Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del Artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días.
Artículo 272º (AGRAVANTE) En los casos de los Artículos 267 bis, 270 y 271, la sanción será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el Artículo 252, exceptuando la prevista en el numeral 1.
Artículo 308º (VIOLACIÓN) Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte(20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir.
Artículo 308º bis.(VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.
Artículo 310º (AGRAVANTE) La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) años cuando:
Artículo 312º (ABUSO SEXUAL) Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.
Artículo 313º (RAPTO) Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere a una persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena será agravada en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente.”
Artículo 84°.- (Nuevos tipos penales) Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:
“Artículo 154 bis.(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE PROTECCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA). La servidora o servidor público que mediante acción u omisión en ejercicio de una función pública propicie la impunidad u obstaculicen la investigación de delito de violencia contra las mujeres, recibirá sanción alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90) días a ciento veinte (120) días e inhabilitación de uno (1) a cuatro (4) años para el ejercicio de la función pública.”
“Artículo 252 bis.(FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
“Artículo 271 bis.(ESTERILIZACIÓN FORZADA). La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual severa, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años.
“Artículo 272 bis.(VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA). Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.
3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.
4. La persona que estuviere encargada del ciudado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad.
“Artículo 312 bis.(ACTOS SEXUALES ABUSIVOS). Se sancionará con privación de libertad de cuatro (4) a seis (6) años, a la persona que durante la relación sexual consentida, obligue a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación.
“Artículo 312 ter.(PADECIMIENTOS SEXUALES). Será sancionada con pena privativa de libertad de quince (15) a treinta (30) años, quien en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población o grupo humano, incurra en las siguientes acciones:
3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la fuerza con la intención de influir en la composición étnica de una población.”
“Artículo 312 quater.(ACOSO SEXUAL).
Artículo 85°.- (Delitos contra la familia) Se modifica el Título VII del Código Penal “Delitos contra la familia”, incorporando el Capítulo III denominado “Delitos de violencia económica y patrimonial”.
“Artículo 250 bis.(VIOLENCIA ECONÓMICA). Será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas:
b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que el sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales.
e) Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que el genere ingresos.
Artículo 250º ter.(VIOLENCIA PATRIMONIAL). Quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, o la disposición de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con multa de cien (100) hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.
Artículo 250º quater.(SUSTRACCIÓN DE UTILIDADES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES). La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal, en perjuicio de los derechos de su cónyuge o conviviente, será sancionada con pena de privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año más multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado hasta trescientos sesenta y cinco (365) días.”
Artículo 86°.- (Principios procesales) En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
Artículo 87°.- (Directrices de procedimiento) En todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán las siguientes directrices:
Artículo 88°.- (Atención permanente) Las y los jueces de Instrucción en materia de violencia hacia las mujeres, por turno, deberán estar disponibles las vienticuatro (24) horas para adoptar las medidas de protección y restricción necesarias.
Artículo 89°.- (Reserva) El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima.
Artículo 90°.- (Delitos de orden público) Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son delitos de acción pública.
Artículo 91°.- (Declaratoria de rebeldía) En los casos de delitos previstos en la presente Ley, se declarará rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia señalada por la autoridad jurisdiccional, después de haber sido notificado legalmente.
Artículo 92°.- (Prueba) Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica.
Artículo 93°.- (Medios alternativos) Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:
Artículo 94°.- (Responsabilidad del Ministerio Público) Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
Artículo 95°.- (Prueba documental) Además de otras establecidas por Ley se admitirá como prueba documental, cualquiera de las siguientes:
Artículo 96°.- (Valoración de antecedentes de personas fallecidas) Los antecedentes de víctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razón de su fallecimiento, siempre y cuando consten en actas escritas y recibidas según procedimiento, serán valoradas como prueba por la autoridad judicial.
Artículo 97°.- (Apreciación de la prueba) Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma.
Artículo 98°.- (Responsabilidad civil) Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial procederá a la calificación y reparación del daño civil.
Artículo 99°.- (Tercero coadyuvante)
Artículo 100°.- (Denuncia o acusación falsa) Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado como autor y/o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente Ley, podrá iniciar la acción correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada.
Artículo transitorio 1°.- Para la implementación de la presente Ley, todas las instituciones públicas involucradas deberán:
Artículo transitorio 2°.- Las instituciones públicas y privadas, cuando corresponda; responsables de la atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, deberán integrar sus respectivos protocolos específicos en un formulario único para la detección y atención de salud, recepción de denuncias, registro, tramitación y seguimiento, del cual cada una empleará la parte que el corresponda y constituirá documento legal válido durante el proceso judicial. Este instrumento deberá ser implementado en un plazo no mayor a tres (3) meses.
Artículo transitorio 3°.- El Consejo de la Magistratura creará e implementará los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, conforme a un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la carga procesal.
Artículo transitorio 5°.- La Fiscalía General del Estado, adoptará las medidas necesarias para la creación de las Fiscalías de Materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y la Dirección Forense Especializada, para que funcionen dentro de los tres (3) meses a partir de la promulgación de la presente Ley, dentro los cuales deberán aprobar todos los instrumentos y protocolos para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo transitorio 6°.- La Policía Boliviana modificará sus manuales de funciones e implementará la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en un plazo de tres (3) meses, designando al personal necesario para su funcionamiento en todo el país.
Artículo transitorio 7°.- El nivel central del Estado adoptará las medidas necesarias para la creación, adaptación y funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta Ley, en el plazo de tres (3) meses a partir de su promulgación. Las Entidades Territoriales Autónomas, podrán adoptar convenios intergubernativos para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. Los Municipios Tipo A, podrán aplicar de manera gradual las obligaciones que la Ley los asigna.
Artículo transitorio 8°.- Todas las disposiciones que corresponden al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, serán incluidas sin modificaciones en ambas normas cuando se proceda a su modificación.
Artículo 1°.- Se derogan los Artículos 308 Ter (Violación en Estado de Inconsciencia), 314 (Rapto Impropio), 315 (Con Mira Matrimonial), 316 (Atenuación), y 317 (Disposición Común), del Código Penal.
Artículo 2°.- Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Es dado en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece años.
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Lucio Marca Mamani, Claudia Jimena Torres Chávez, Marcelina Chavez Salazar, Marcelo William Elío Chávez, Angel David Cortéz Villegas.
Gaceta 494NEC, Ley, marzo/2013
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/141685
Gaceta Oficial de Bolivia 494NEC, 201303c.lexml
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Lucio Marca Mamani, Claudia Jimena Torres Chávez, Marcelina Chavez Salazar, Marcelo William Elío Chávez, Angel David Cortéz Villegas. Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y P. S. E INTERINO DE DEFENSA, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia Stacy Peña Claros, Amanda Dávila Torres.
[BO-DP-N2326] Bolivia: Decreto Presidencial Nº 2326, 15 de abril de 2015
13 DE ABRIL DE 2015.- Desígnese MINISTRO INTERINO DE JUSTICIA, al ciudadano José Gonzalo Trigoso Agudo, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mientras dure la ausencia de la titular.
Capítulo ÚNICO - Marco constitucional, objeto, finalidad, alcance y aplicación
Título II - Políticas públicas e institucionalidad
Capítulo I - Políticas públicas
Capítulo II - Institucionalidad
Título III - Prevención, atención y protección
Capítulo I - Prevención de la violencia hacia las mujeres
Capítulo II - Atención a mujeres en situación de violencia
Título IV - Persecución y sanción penal
Capítulo II - Investigación
Capítulo III - Persecución penal
Capítulo IV - Jurisdicción ordinaria
Título V - Legislación penal
Capítulo I - Sanciones alternativas
Capítulo II - Delitos de violencia contra las mujeres
Capítulo III - Simplificación del procedimiento penal para delitos de violencia contra las mujeres