Source: http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/Desaparecidos/IConvencion.html
Timestamp: 2017-09-21 01:27:17
Document Index: 381574674

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 233', 'artículo 139', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 234', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 319', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4']

I CONVENCION DE ORGANIZACIONES Y MASAS POR UNA AUTENTICA COMISION DE LA VERDAD
Lima, 10 de agosto del 2001
FUNDAMENTOS CONCLUSIONES Y ACUERDOS
Todos quienes demandamos una solución política a los problemas derivados de la guerra nos pronunciamos por una auténtica Comisión de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes y familiares y exigimos que el actual gobierno presidido por Alejandro Toledo quien en su mensaje presidencial ha reiterado su voluntad de institucionalizar la Comisión de la Verdad y dar carácter vinculante a sus acuerdos, escuche nuestra voz, la voz de quienes demandamos que se esclarezcan los hechos y que los genocidios y violaciones de los derechos fundamentales no sigan quedando impunes y que su gobierno de una solución política a los problemas pendientes; de otra manera la Comisión de la Verdad no cumplirá su papel y quedará como fué en su momento la Comisión Uchuraccay y otras que en el pasado solo sirvieron a encubrir y avalar las violaciones de los derechos fundamentales y peor aún los genocidios perpetrados por las fuerzas armadas y las fuerzas policiales aplicando la estrategia contrasubversiva de la llamada " guerra de baja intensidad" guiada por una línea y política genocida.
En cuanto al Decreto Supremo Nº 065-2001 PCM del 4 de Junio del 2001 que conforma la Comisión de la Verdad desde su parte considerativa expresa su posición de defensa y mantenimiento del orden imperante al imputar de "violencia contra la humanidad" a las organizaciones levantadas en armas y exculpar al Estado peruano de línea y política genocida aplicada desde el 82 reduciéndola a "simples violaciones de los derechos humanos por parte de algunos agentes del Estado" eximiendo así de responsabilidad a los genocidas Belaúnde, García Pérez y principalmente a los genocidas Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos quienes para perpetuarse en el poder utilizaron las esporádicas acciones de los que aún quedan en armas y se negaron a una solución política potenciando el aplastamiento militar a sangre y fuego para levantarse como vencedores, aumentando los gastos en armas para así engrosar más sus arcas corruptas, ellos son los responsables de los muertos, heridos y prisioneros, de draconianas leyes antisubversivas, de la institución de la cadena perpetua, de los tribunales militares y jueces sin rostro, de una guerra de exterminio que sumada a la de los dos gobiernos anteriores ha dejado miles de muertos y desaparecidos, expatriados, requisitoriados, son responsables de la aplicación de una política carcelaria de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado en las cárceles, nefasto sistema llevado al colmo de la crueldad y venganza política con la creación por Montesinos y Fujimori del Penal Militar de la Base Naval del Callao en el cual violando la propia Constitución del Estado y todos los Convenios y Tratados Internacionales han construido exprofesamente para someter al Dr. Abimael Guzmán Reinoso y Elena Iparraguirre Revoredo a un aislamiento absoluto y perpetuo ensañándose con ellos y llevando posteriormente a otros prisioneros políticos todos quienes aún se encuentran allí pese a que siendo civiles no tenían porqué estar ni un minuto en un penal militar.
Por otro lado el Decreto Supremo 065-2001 PCM desde su punto de partida es unilateral pues carga la responsabilidad de las violaciones de derechos fundamentales a las organizaciones que se levantaron en armas y a priori, antes de investigar emiten juicios al tipificar de "terrorista" a la acción armada contradiciéndose con lo que es uno de sus objetivos "esclarecimiento pleno de los hechos", y repitiendo así la imputación acuñada por el imperialismo yanqui desde la Administración Reagan para desprestigiar y combatir todo movimiento de protesta popular o revolucionario en su afán de erigirse en superpotencia hegemónica única en lo que hoy ha devenido y negando el derecho político por excelencia cual es el de rebelarse contra la opresión para transformar el mundo y construir uno nuevo.
En su parte resolutiva desde el artículo primero persiste en imputar de "terrorismo" como ya lo hemos planteado y con lo cual no estamos de acuerdo pues para cumplir su objetivo la Comisión debe investigar con objetividad, sin ideas preconcebidas y sin uniteralidad sino en función de servir realmente a la verdadera reconciliación nacional y proponer las soluciones que sirvan a este fin.
Respecto a los objetivos planteados en el artículo segundo " analizar las condiciones políticas, sociales y culturales" no se puede hacer esto si es que no se parte como cuestión esencial de escuchar la posición de las organizaciones levantadas en armas principalmente la del Partido Comunista del Perú que fué quien inició en mayo de 1980 la guerra interna pues queremos escuchar sus razones y fundamentos y se aclaren muchos hechos que se les imputa pues anteriormente no se nos ha dejado ni escucharles menos aún que se difundan sus posiciones pues la sola mención del Partido Comunista del Perú o el MRTA es considerado delito de "apología al terrorismo" y objeto de persecución y detención que se extendió incluso a nosotros familiares de los asesinados, desaparecidos y prisioneros; por otra parte exigimos que los organismos del Estado peruano, Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales informen públicamente y respondan de los innúmeros genocidios y múltiples violaciones de los derechos fundamentales cometidos durante los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori; así como también debe escucharse la posición de nosotros los familiares que hemos sufrido en carne propia las consecuencias de esa brutal política genocida aplicada por dichos gobiernos de turno; así mismo debe escucharse la posición de las organizaciones populares, gremiales, sindicales, barriales, obreras y de mujeres, los organismos de derechos humanos, de la iglesia, los colegios profesionales, etc. Y no estamos de acuerdo que sólo se siga escuchando o teniendo en cuenta la opinión de las autoridades del Estado o de unos cuantos llamados "senderólogos" y no se tome en cuenta la posición, razones y motivos de los protagonistas de dicha guerra y la del pueblo con sus diversos organismos y representantes.
Nos llama la atención que en el artículo tercero entre los hechos a esclarecer no se considere los genocidios ¿ por qué ? lo que se pretende es encubrir una vez más los genocidios cometidos en campo y ciudad por las Fuerzas Armadas, Policiales y complementarias como "Rodrigo Franco", "Gato", "Escorpión", "Colina", etc. Que actuaron por expresa dirección y bajo órdenes de los presidentes de la república de turno, como lo reconoce la propia Defensoria del Pueblo que en el cuarto considerando de la Resolución Defensorial Nº 57 del 15 de noviembre del 2000 señala que "Los presuntos agentes directos o indirectos de la detención fueron, de acuerdo a la información disponible, miembros de las fuerzas del orden.... las desapariciones forzadas respondieron a las estrategias diseñadas por las instancias de mando, como ocurrió en otros países de la región" y en cuanto a cifras citamos de la propia Defensoria y de la misma Resolución donde plantea que de todos los casos denunciados de desaparecidos el 98.6% son atribuibles a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra , la Policía Nacional y las fuerzas complementarias.
Resaltamos que el problema de la Comisión de la Verdad es de gran importancia para la sociedad peruana en su conjunto pues tiene que ver con la democratización de la sociedad peruana y la solución política a los problemas derivados de la guerra y para concretar y cumplir realmente sus objetivos debe concluir en una verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional que es necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Somos conscientes y la experiencia nos ha demostrado que para conquistar, defender y restablecer nuestros derechos debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas en nuestra unidad para luchar organizadamente combatiendo todo afán de hegemonismo o intereses subalternos para actuar como un solo puño. Y alertamos ante las posiciones que pretenden utilizar la Comisión de la Verdad torciendo sus objetivos buscando encontrar violaciones de los derechos humanos en las organizaciones levantadas en armas para así querer contrapesar a las cometidas por el Estado peruano y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; así mismo consideramos y denunciamos a los sectores más recalcitrantes de la otra colina opuestos a la Comisión de la Verdad como lo hacen las conspicuas representantes del fujimorismo y el reaccionario, venenoso y macartista Editorial de Expreso del 7 de julio del 2001 titulado "La verdad, de las verdades" donde califican a la Comisión de la Verdad de "fatal pérdida de tiempo, inútil viaje sin destino" abarcando en su ciego odio anticomunista incluso a la denominada izquierda peruana, lo que muestra que sólo quienes están de espaldas al futuro y al proceso histórico del país son quienes se oponen a la Comisión de la Verdad.
La desaparición de personas o desaparición forzada de personas como se denomina en la terminología internacional, se inicia en el Perú en 1983 con el ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir directamente la guerra subversiva o lucha armada iniciada por el Partido Comunista del Perú en Mayo de 1980, pues antes no se había dado ningún caso de desaparecidos. Fue en el año 1983 que los desaparecidos alcanzaron el número de 730. El año 84 se registraron 2,881 desaparecidos que sumados a los 1,767 asesinados el 83, alcanzó un total de 2,497 asesinados en el seno de las masas en dicho año; y en1984, sumados a los 2,522 asesinados alcanzó el número de 5,403 asesinados, siendo ese año la cumbre más alta del genocidio ejecutado por las fuerzas armadas durante el gobierno de Belaúnde Terry. Y con García Pérez hasta el año 86 los desaparecidos fueron 4,000 que sumados a los 4,700 asesinados hasta entonces totalizó el número de 8,700 asesinados, porque las desapariciones no son sino viles asesinatos como lo reconocen la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nro. 57 sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú, páginas 12 y 13, dice: "En más del 25% (137) de casos de ejecución extrajudicial estudiados, los familiares denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición forzada, en base a sus propios testimonios o a los de testigos de la detención. La Defensoría del Pueblo pudo constatar que en la mayoría de estos casos se consignaba la presencia de huellas de tortura en los cuerpos de las víctimas o de disparos en la cabeza con fusiles tipo FAL como los utilizados por las fuerzas del orden o de indicaciones que los cadáveres habían sido sometidos a explosiones de granadas. Estos casos permiten corroborar parcialmente que el destino final de los desaparecidos fue la muerte". O bien como lo presume la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 29 de Julio de 1998 recaída en el caso Manfredo Velásquez Rodríguez, sostiene que esta práctica "Ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron". (Caso citado por la Defensoría del Pueblo en la resolución referida).
La Defensoría del Pueblo da los siguientes porcentajes sobre las denuncias analizadas: "El 30.6% de las desapariciones ocurrieron durante la segunda administración del Presidente Belaúnde Terry; el 41.8% durante el gobierno del Presidente García Pérez y el 27.6% durante los 6 primeros años del gobierno del Presidente Fujimori ".
Frente al uso cada vez mayor de la inhumana y genocida política de desapariciones en los conflictos internos, los organismos internacionales se han abocado a investigar, a conceptualizarlo, como la Organización de las Naciones Unidas, que creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias, en febrero de 1980. Este Grupo de Trabajo llegó a precisar que la desaparición forzada de personas vulnera el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al régimen humano de detención y a no ser objeto de tortura. Asimismo, del derecho a la vida, el derecho de los familiares de la víctima, los derechos económicos, sociales y culturales. Además, refiere que constituye "una de las técnicas más perniciosas de violación de derechos humanos, conceptuándolo como un método eficaz de eliminación de adversarios políticos o sospechosos de realizar acciones subversivas al sacarlos del ámbito protector de la ley y evitar una reparación inmediata, de igual manera como una táctica para acabar con los insurgentes o sofocar las disidencias". Citado en el Informe de la Defensoría del Pueblo "La Desaparición forzada de personas en el Perú".
Por su parte la Comisión Interamericana se abocó, en mérito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a recepcionar y tramitar denuncias. Y la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de personas, la cual entró en vigencia en Marzo de 1996. La Convención en su artículo II define a la detención desaparición como: "la privación de la libertar a una o más personas, cualquiera que fuere la forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha precisado: "que la declaratoria de los estados de emergencia se constituyó como el escenario determinante de las desapariciones, en tanto que sirvieron para amparar el abuso de los poderes otorgados a las fuerzas armadas, que detenían a las personas sin cargos, sin registrarlos y privándolos de los recursos legales pertinentes….." y precisó "que las detenciones fueron ejecutadas por miembros de las fuerzas armadas al mando de los jefes políticos militares y los jefes de las bases militares y por policías fundamentalmente de la DINCOTE…" Cita del informe de la Defensoría sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de tramitar numerosas denuncias contra el Estado Peruano por desaparición forzada, afirmó: "que en el período 1989-1993 existió en el Perú una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado Peruano, o al menos tolerada por dicho Estado. La llamada práctica oficial de desapariciones forzadas formó parte de la llamada lucha antisubversiva, sin perjuicio de que muchas veces afectó a personas que no tenían nada que ver con actividades relacionadas con grupos disidentes". (Del mismo informe de Defensoría del Pueblo).
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.
Todos estos derechos vulnerados y negados por el Estado Peruano en todo el proceso de la guerra contrasubversiva están declarados reconocido y garantizados por la Constitución Política del Perú, tanto por la de 1979 como por la de 1993 y por los Convenios y Tratados Internacionales como son: "Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", que de conformidad con el articulo 101 de la Constitución del 79 y el articulo 55 de la del 93, estos convenios forma parte del Derecho nacional , de obligada aplicación por el Estado peruano.
Ambas prescriben que ninguna persona puede ser detenida sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, y en este caso debe ser puesto a disposición del Juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. En el caso de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, no rige el término de 24 horas, puede estar en poder de la policía hasta 15 días pero deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, el que puede asumir jurisdicción antes de los 15 días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 9no. Prescribe, que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 7mo. Incisos 1,2,3,4,5,6 y 7 sostiene lo mismo. El inciso 1. textualmente dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales". Y el inciso 2do. "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". Y el inciso 3ro. Dice: "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios".
En el caso de los desaparecidos del Perú, en todo el proceso de la guerra interna, se hizo tabla rasa de este derecho, se detuvo a las personas sin ningún motivo ni causa, se los secuestró, es decir, se las arrancó violentamente de su familia o de su medio habitual de vida, ocultándola de sus familiares y/o de las demás personas con las que convivía, para luego torturarlos salvajemente sin ningún sentimiento ni escrúpulo humano, hasta asesinarlos, como lo acreditan los testimonios de los familiares de personas desaparecidas o de las personas que después de haber sido detenidas y/o secuestradas tuvieron la suerte de salir vivos, testimonios que aparecen en el Informe "La desaparición forzada de personas en el Perú", de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo el siguiente: " (….) yo a las justas me podía arrastrar para hacer mis necesidades fisiológicas, es entonces que se asustaron que me sangraba la herida que tenía en la pierna y dijeron que iban a traer a un médico, es entonces que arrastrándome salí del ambiente donde había permanecido y todo esto porque como era tanto tiempo sin alimentarme bien, que las marrocas que sujetaban mis muñecas en principio me apretaban pero ese día mi mano salió fácilmente y pude librarme de tales marrocas; me arrastré por debajo de los vehículos que se ubicaban en un patio contiguo al lugar donde estaba detenido y me percaté de un ómnibus de color rojo, el mismo que transportaba a diverso personal del cuartel y me instalé en la parte de encima de la corona; es cuando que a las 19:30 horas, este vehículo salió del cuartel "9 de Diciembre" y entre las avenidas Ayacucho y Amazonas me arrojé; en cuanto casi me atropella un vehículo taxista, pero al explicarle me recogió y me llevó hasta los Próceres, y de ahí caminando llegué a mi domicilio (….)" Legajo Nro. 11 Expediente Nro. 1254 fojas 4 y 5. Distrito judicial de Junín. Manifestación de Reaparecido Huancayo 12-14-91. pág 144 del Informe en mención.
"Los demás días fueron hostilizados y amenazados para que confesaran pero ya no los maltrataban tanto, hasta el primero de Setiembre de 1991 en que entraron al calabozo el sub-oficial Navarro, el sargento Robles y el cabo García y otros soldados no identificados, además del sargento Rosas, manifiesta que éstos estaban al parecer embriagados y comenzaron a golpearlos simultáneamente a los dos, y que el sargento Robles y el cabo García lo golpeó a él, y el sub-oficial Navarro y el Sargento Rosas se encargaron de golpear a su primo hasta dejarlo en estado inconsciente, a Efraín, permaneciendo en el calabozo completamente adoloridos, que ellos se retiraron hasta la noche en que volvieron para ver cómo seguían, y el sub-oficial Navarro al ver que Efraín estaba sumamente adolorido le dio una pastilla para el dolor a los dos. Que durante la noche observó que su primo ya no podía hablar y que sólo roncaba. Que al día siguiente a las 6 a.m. los despertaron y fueron separados, su primo quedó en el calabozo y él conducido a otro de la misma base permaneciendo en una habitación contigua, donde escuchaba que los soldados llamaban a su primo Efraín pero que éste no contestaba. Al día siguiente, 04 de Setiembre entró a la habitación donde se encontraba el recurrente, el mayor Rodríguez Tadeo quien le preguntó qué tenía, y él le contó que lo habían golpeado cruelmente y en ese momento entró el sub-oficial Navarro quien replicó que eran terroristas; posteriormente a la 1:30 de la tarde su primo y él fueron sueltos y llevados a uno de los dos carros militares que habían llegado y los llevaron con destino a Huaraz, pero uno de los carros se atrasó y el carro se detuvo en un puesto policial a la entrada de Huaraz, puesto de Tacllan, mientras esperaban que llegase el otro carro, allí manifiesta que mientras esperaban, su primo que estaba apoyado sobre él falleció (….) y luego el cadáver de su primo fue llevado al cuartel de Huaraz, donde salvo a él lo llevaron al calabozo, desconociendo qué habrían hecho con el cadáver de su primo…." Legajo 46 (Lima, violaciones de Derechos Humanos Expediente 113-93) Exp. Sin foliar, manifestación del reaparecido F.B.S.M. ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Lima 18 de Febrero de 1993" Pág. 170 y 171 del mencionado Informe.
Otro: Parte del testimonio de la esposa de un desaparecido que aparece en la publicación de la Defensoría del Pueblo "Las voces de los desaparecidos". Testimonio de los familiares pág 43, 44, 45, 46 y 47. "A las 12 de la noche del 1ro. De Diciembre han entrado y a él lo han inculpado que era terruco, pero en realidad él no era así. Si fuera así no estaría durmiendo en su casa…….Él tenía 28 años, yo tenía 18 años……. Esa noche estábamos durmiendo, teníamos un cuartito alquilado, mi esposo era cerrajero, teníamos un local ése también era alquilado. Yo no me había quedado totalmente dormida. Entonces en eso mi esposo estaba durmiendo, me decía "creo que han entrado" yo pensaba que eran rateros pero no eran, de noche han allanado. La puerta de calamina han pateado. Eran de la policía.
Al día siguiente cuando he ido me han dicho en la Comisaría "Anoche han salido en la patrulla, el ejército, la guardia republicana, el servicio de inteligencia, todo mezclado han salido". Cuando entraron dijo así: "Nos tienes que acompañar". No querían que prendiéramos la luz tampoco. Entonces en ese momento a mi esposo lo empezaron a levantar del cabello. En eso yo me he desesperado, me he agarrado de mi esposo, de su chompa. Querían llevar así con su ropita con la que estaba dormido, descalzo, querían llevar, entonces yo me he levantado, mi bebito llorando, el chiquito desesperado, "¿Porqué vas a llevar a mi esposo, mi esposo qué culpa tiene? "Terruca cállate! Ahorita te vamos a volar los sesos" me dijo "¿Porqué? ¿Qué cosa hemos hecho? Estamos en nuestra casa, en donde ustedes han encontrado a mi esposo, mi esposo trabaja acá". Entonces nada no lo han soltado. En eso mi esposo les ha dicho "Me voy a poner mi ropa" ¿Cómo me van a llevar así descalzo? Pero como yo le he agarrado de su ropa, mi esposo rapidito se ha puesto su chompa, sus zapatos y su casaca. En eso, empezaron a jalarlo del cabello delante de mí estaban golpeando, "terruco" le decían, tratando de lisuras, conchasumadre…… yo me he prendido: ¿Porqué lo van a llevar?. En eso, me han puesto arma en la cabeza, nada, yo no tenía miedo en ese rato. "Aunque sea mátame, yo no lo voy a soltar, no lo van a llevar".
Entonces dos me han agarrado, me han quitado mi mano, mi dedo me habían torcido, yo me había caído, casi 15 encapuchados en un cuarto llenecito, en el ropero ahí nomás todititas nuestras cosas empezaron a buscar, las ropas en el suelo, la cama que han levantado, hasta a mi chiquita, a mi bebita la han hecho caer al suelo. Empezaron a golpear el colchón todo, empezaron a buscar pero no han encontrado "¡Qué cosa van a encontrar, nada!" Yo me había quedado desmayada, me han tirado como trapo al suelo, no sé con qué me he chancado y así parece que dormida me he quedado. Entonces me he despertado y ya no estaban. Entonces veo la puerta de afuera nos habían amarrado. Mi bebita estaba a mi lado llorando. Cuando me he despertado ella estaba ahí…… Todas mis cosas en el suelo, teníamos nuestra platita que hemos guardado porque no podíamos guardar en el Banco porque era para cancelar nuestro terreno, todo eso, nuestra plata se la han llevado. La plata se habían llevado. El de 4 años también estaba llorando desesperado.
Entonces al día siguiente, cuando amaneció yo no sentía nada, yo apenas que amaneció me he ido al cuartel, entonces ahí primerito le pregunto: "dónde van a llevar?, dónde voy a ir a buscar? ¿Porqué van a lllevar así?" "vas a ir cuartel" así me dijo, y de ahí al día siguiente me he ido al cuarte, me dijo: "cómo vas a llorar, de un terruco no vale la pena", y me insultaron. Después he venido a la comandancia, fui a buscar desde ese día nada. Al fiscal desde ese día he llevado denuncia. Todo eso hice al día siguiente……."
De vuelta he escuchado que habían 9 cadáveres en Infiernillo hay un huayco, ahí también he ido, cargando a mi bebito pero hemos encontrado cinco cadáveres con unas señoras más hemos ido, tres hemos ido de ahí he bajado, no sé cómo he bajado, he llegado y ahí también me parecía que estaba vivo, que estaba respirando pero por la espalda habían cortado con un cuchillo y entonces por ahí, como estaba agusanado, estaba saliendo sangre, toditito le habían calateado, bien calatitos estaban, dos chicas y tres varones. Entonces yo para reconocer su cara le he volteado, toditida su cara le habían cortado con cuchillo. Y su ojo le habían sacado, le habían puesto pintura. Y así, más abajo estaban todos".
Al gobierno, nosotros queremos que nos escuche. Hace mucho tiempo que nos hemos presentado para un diálogo, nada de diálogo, no nos recibe. "Eso siempre vamos a estar exigiendo, no nos vamos a callar hasta saber lo que ha pasado con ellos". Julio del 2000.
SOBRE EL DERECHO A TENER EL DEBIDO PROCESO, O DEBIDO JUICIO O JUICIO IMPARCIAL.-
También en ambas Constituciones lo garantizan del mismo modo los Tratados.
La Constitución del 79 en el artículo 2do. Inciso 20 parágrafo L) prescribe: "Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos a los previamente establecidos, ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación" y en el artículo 233 establece las garantías de la administración de justicia.
La Constitución del 93 en su artículo 139 inciso 3ro. Establece: "La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 inciso 1ro. Dice: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicio en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 8 con sus cinco incisos y 7 parágrafos establece todas las garantías judiciales que garantizan el debido proceso o debido juicio. Nada de esto se aplicó, pues sus captores y secuestradores los torturaron, los juzgaron, sentenciaron y los desaparecieron, crímenes de lesa humanidad que el Estado peruano debe responder, porque la política de Desaparecidos ha sido estructurada para combatir la subversión, ha sido política del Estado.
SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.-
También el Estado Peruano reconoce este derecho. La Constitución del 79 en su artículo 1ro. Dice: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla" Y en el inciso 1ro. Del Artículo 2do. Establece "Toda persona tiene derecho: a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad……" Estos derechos están en concordancia con lo que establece el inciso 20 del artículo 2do. De la misma Constitución, que, establece el derecho a la libertad y seguridad personales ennumerando esos derechos en sus 13 incisos. Por su parte la Constitución del 93 repite lo mismo. En su artículo 1ro. Prescribe "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" y el artículo 2do. Inciso 1 dice: "Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…." Este contenido concuerda con el inciso 24 parágrafo H del mismo acápite.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6to. Establece: "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica".
Y el "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 3ro. Establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prescribe: "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".
Como vemos este articulado supone el reconocimiento de todo un conjunto de derechos que adquiere el ser humano como ser social, desde el derecho a la vida, pasando por el derecho de conservar su salud física, mental y moral hasta los derechos personales, judiciales, sociales, económicos y políticos. Es decir, todos esos derechos fundamentales, que los pueblos en su larga lucha histórica ha ido conquistando para la humanidad".
SOBRE EL DERECHO DE TODA PERSONA AL SER DETENIDA, SE RESPETE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Esto es que principalmente se le otorgue un trato humano, que se le permita su defensa, las acciones de Habeas Corpus, que no sea sometido a tratos vejatorios, humillantes y a crueles y monstruosas torturas, hasta quitarles la vida, como se ha hecho. La Constitución Política del 79 dice en su artículo 234: "Nadie puede ser sometido a torturas y tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede solicitar al juez que ordene de inmediato el exámen médico de la persona privada de su libertad si cree que ésta es víctima de maltratos….."
La Constitución Política del 93 en su artículo 2do. Inciso 24 parágrafo h) dice: "Nadie debe ser víctima de violencia moral síquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes……Quien la emplea incurre en responsabilidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5to. Establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 5 inciso 2do. Prescribe: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".
SOBRE EL DERECHO A LA VIDA.
Este ya hemos tratado en puntos anteriores. Las Dos Constituciones Políticas, lo reconocen. Igualmente los Tratados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3ro. Dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 4to. Establece el "Derecho a la vida" y se especifica en sus 6 incisos, así el inciso 1ro. Dice: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y, en general a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
EL DERECHO A TENER UNA VIDA FAMILIAR Y EL DERECHO A LA REPARACION.-
La Constitución Política del Perú, tanto la del 79 como la del 93, reconoce estos derechos dentro de los derechos sociales, económicos y políticos. Es dentro de este mismo rubro de derechos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" los reconoce.
DERECHO DE LOS FAMILIARES A CONOCER LA SITUACION Y PARADERO DE SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS.
Los familiares de las personas desaparecidas han venido exigiendo a los gobiernos de Belaúnde Terry, de García Pérez y Fujimori Fujimori, se les dé a conocer qué pasó, dónde están sus familiares no habidos desde que fueron detenidos y/o secuestrados. Quieren saber la verdad, tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos. Tienen el derecho de petición garantizado por la Constitución del 79 en su artículo 2 inciso 18 y por la actual Constitución Política del 93 en su artículo 2do. Inciso 20, , por la que el Estado peruano, el gobierno está obligado a dar a los familiares una respuesta por escrito dentro de un plazo, bajo responsabilidad. Esta sin el perjuicio ni la contraposición de que una Auténtica Comisión de la Verdad, investigue qué ocurrió con los miles de nuestros familiares desaparecidos. El Estado peruano debe decir qué ocurrió con las víctimas, hechos, circunstancias, motivos en qué y porqué se produjo su detención y desaparición de sus seres queridos y su situación final. Pero no es sólo un derecho de los familiares, sino un derecho de todo el pueblo, de la sociedad de conocer la verdad de lo ocurrido.
DERECHO AL NICHO.-
Los familiares tienen derecho a enterrar a sus seres queridos, darles sepultura y rendirles homenaje de acuerdo a sus costumbres, creencias y prácticas rituales. Para ello, es una necesidad que conozcan el destino final de sus seres queridos. Si están muertos, debe el gobierno decir dónde están sus restos y hacer entrega de los mismos para recibir sepultura y el homenaje familiar y de la comunidad.
Isabel Sánchez Covarrubias - Huamachuco 1984
Meregildo Guerrero Huamán y Artemio Córdova Villegas. Enero 99 en la Comunidad de Perico - Jaén Cajamarca, fueron detenidos cuando pescaban en el río Chinchipe.
2 estudiantes de la Universidad del Centro desaparecidos, sus cadáveres aparecieron muchos días después "muertos por asfixia" y con huellas de tortura. 1991.
Desaparecidos en Pucallpa - Ucayali en 1991.
Según datos de "Reconstrucción y desarrollo de comunidades desplazadas" de PROMUDEH-PAR, se estima que entre 1980-92, 120 mil familiares ( 600.000 personas) tuvieron que desplazarse de los departamentos más pobres del país como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurimac (85% del total de desplazados) hacia las ciudades de Ayacucho, Lima, Junín, Apurimac principalmente, lugares a donde llegaron más de las ¾ partes de los desplazados. De ellos el 70% lo constituyen la población campesina y nativa, el 20% procede de los sectores urbanos-marginales y el 10% restante corresponde a sectores urbanos de estrato medio.
Por otro lado en un artículo del "Que hacer" N° 75 de Enero-Febrero de 1992 dice que los desplazados más del 50% eran menores de edad, hoy son jóvenes y no tienen las condiciones para desenvolverse en el estudio y el trabajo.
El Estado peruano no ha dado ninguna solución al problema de los desplazados por la guerra interna, por el contrario el gobierno de Fujimori usó esta situación en función de sus planes de "pacificación" dentro de la línea y política genocida para presionar a la población, así vemos en el artículo de El Comercio del 28/11/93 "cientos vuelven a su terruño" dice: "apoyados por el ejército que les da seguridad", "ahí se deben ajustar a nueva organización que parte desde la disciplina, a las 7 a.m., 1a lista, 6 p.m. la segunda cuando regresan del campo" y "nadie sale de la comunidad excepto los ronderos de turno en vigilancia". Ósea el control de la población y recursos en especies de aldeas estratégicas y rondas campesinas. A lo que se suma la explotación indignante que IDL planteara en un número de su revista al señalar "que en estos lugares, como los hombres son obligados a vigilar son las mujeres que trabajan en la comunidad". Estas formas organizativas han sido aplicadas a través del PAR (Programa de Apoyo al Repoblamiento) creado por el gobierno de Fujimori por el DS 073-93-PCM del 06/10/93 que de ninguna manera ha servido a dar condiciones para el desarrollo de estas zonas a las que regresan los pobladores sino para proseguir su opresión y explotación.
Prueba de que el PAR ha actuado al servicio de la dictadura genocida vendepatria de Fujimori para su "pacificación" y planes reeleccionistas es que de 600.000 desplazados 300.000 han regresado (según se calcula en la revista domingo del 13/05/01 en el artículo "Desplazados por la violencia no todos vuelven") la mayoría por sus propios medios pues de estos 300.000 sólo 29.000 fueron atendidos por el anterior gobierno y todos los que han regresado están con "un pie en su tierra natal y el otro en Lima porque buscan medios para sobrevivir" (como dice la señora Coral presidenta del PAR en el artículo de El Comercio de el 22/07/01).
El 28 de julio en su asunción de mando el Presidente de la Republica Alejandro Toledo Manrique dijo respecto a los peruanos que salieron del país por mejoras económicas, que propondrá al Congreso la ley del retorno para crear condiciones y facilitar el retorno al país de 2'500.000 peruanos que hoy viven diseminados en el exterior. Aquí sólo se refiere a quienes migraron del país por mejoras económicas olvidándose de los miles de peruanos que se vieron obligados a salir por motivos de la guerra interna sometidos a persecuciones políticas, de ahí que esto se debe incluir y cesar la persecución y requisitoria de los expatriados.
e) Pedir que se derogue el Decreto Ley en donde se estipula que aquellos que no han hecho uso de sus tierras durante dos años pierden automáticamente su derecho a la propiedad de la "tierra abandonada".
c) Pedir la derogatoria de toda la estructura legal de persecución, en particular el Decreto Supremo que despoja de personalidad (jurídica o nacionalidad),a personas acusadas de realizar "apología al terrorismo",etc.en el extranjero.
En el proceso de la guerra interna desenvuelta en el país, el Estado peruano a través de los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori han aplicado una línea y política genocida desde Diciembre de 1982 poniendo en marcha su plan de utilizar masas contra masas siguiendo la vieja norma imperialista de contraponer nativos contra nativos, reclutó contingente entre licenciados y campesinos ligados al gamonalismo y abigeato; sobre esta base formó mesnadas que bajo mando militar y en acciones combinadas con las Fuerzas Policiales y Armadas que actuaban disfrazadas de campesinos desataron el terror blanco en el campo, asesinando a las masas campesinas tildándolas de "terroristas", recurriendo al más negro, protervo y criminal genocidio de exterminio una de las más grandes infamias de la historia republicana del Perú, alcanzando características macabras de arrasar y desaparecer hasta pueblos enteros como en el campo donde aplicaron la política de robar todo, quemar todo y matar a todos, aplicaron tierra arrasada. Así en el año 83, en el Departamento de Ayacucho, en Espite, provincia de Cangallo, en junio, desde helicópteros ametrallaron a las masas y lanzaron granadas a al población que buscaba huir por los cerros. En el mes de Julio en Oqopeja y Uchuraqay pueblos de la Provincia de Huanta, también desde helicópteros las masas fueron ametralladas y aniquiladas con granadas; y en Paccha, pueblo de Vinchos, provincia de Huamanga, la mayoría fue asesinada y el resto de la población llevada a Lima. En esta negra ola de muerte el arrasamiento se extendió, un botón de muestra es el operativo de Incaraqay, que luego de robar todo, incendió 500 viviendas, así el exterminio llegó a desaparecer pueblos, el 15 de julio el ejército con apoyo de mesnadas aniquiló a toda la población de Quinuas y desapareció el pueblo totalmente, borrándolo del mapa. Y el 85 en Lima, en las invasiones de Garagay y Bocanegra, la policía a caballo arrasó sus viviendas de estera destruyendo y quemando todo. Desaparecieron a los pobladores y nunca más se supo de ellos.
El 19 de Junio de 1986, luego de su grotesca farsa manipulando la llamada "Comisión de Paz" que la conformaban Max Hernández, César Rodriguez Rabanal y Cabieses, el gobierno aprista desencadenó el más protervo y negro operativo de exterminio, violando incluso elementales leyes de guerra consagradas universalmente como las de Ginebra, movilizando al Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Policiales bajo el Comando Conjunto consumó el más infame genocidio asesinando a 300 hijos del pueblo prisioneros de guerra de El Frontón, Lurigancho y El Callao que se habían rebelado en defensa de sus propias vidas, demandando 26 reivindicaciones muy justas y racionales, así el gobierno aprista se bañó una vez más en la ardorosa sangre popular. Los cadáveres de los prisioneros caídos en Lurigancho fueron regados en los cementerios desde Cañete hasta Barranca, de El Frontón, los pocos cuerpos o pedazos de ellos que aparecieron fueron dejados en los cementerios de San Bartolo y Pachacamac, de los desaparecidos nunca más se supo.
El 05 de Mayo de 1992 el gobierno expidió su anticonstitucional D.L. Nro. 25475, estableciendo la cadena perpetua como pena, los jueces y tribunales sin rostro, barriendo así todas las garantías judiciales; le siguió el D.L. Nro. 25499 llamada Ley de Arrepentimiento, luego viene el inconstitucional D.L. Nro. 25659 expedido el 13 de Agosto de 1992 que crea el llamado delito de "Traición a la Patria" y establece la competencia del fuero militar para los civiles; el D.L. Nro. 25706 que establece el procedimiento sumario para los juicios de Traición a la Patria en el teatro de operaciones, entre otras aberraciones jurídicas; el D.L. Nro. 25728 que establece el juzgamiento y condena en ausencia; el D.L.Nro. 25744 que establece la detención policial de los presuntos implicados por término indefinido, la negación del derecho de defensa, el abogado defensor no puede patrocinar a más de un encausado; el D.L. Nro. 25880 por el que comprenden en el delito de "Traición a la Patria" a los docentes que "influyan en sus alumnos haciendo apología de ese delito", el D.L. Nro. 25916 que reitera prohibición de los beneficios penitenciarios. Y dentro de todas estas normas violatorias de todos los derechos fundamentales reconocidos universalmente, se da la Resolución Suprema Nro. 114-92-JUS del 13-08-92 que aprueba el Reglamento del Régimen de visita a los internos por delito de terrorismo, reduciendo la visita a una vez por mes. En junio del 92 expidieron el D.L. Nro. 25564 por la que modificó el inciso segundo del artículo segundo del Código Penal. Este artículo establecía que el menor de 18 años está excento de responsabilidad penal; con el D.L. que lo modifica establece que el menor de 15 a 18 años tiene la misma responsabilidad que los mayores al determinar que se juzgaría con el D.L. Nro. 25475 llamada Ley Antiterrorista, así conculcó los derechos de los menores frente a la responsabilidad penal reconocidos universalmente; por este decreto ley muchos niños fueron recluídos en cárceles de máxima seguridad como el penal de Yanamayo.
En conclusión lo que se a aplicado contra los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de conformidad al artículo 319 inciso 3ro. Del Código Penal peruano constituye una modalidad de genocidio porque busca el exterminio sistemático de las personas comprendidas en los llamados delitos de "Terrorismo y Traición a la Patria".
Las ejecuciones extrajudiciales atentan contra el derecho a la vida reconocido no sólo por la Constitución del Estado Peruano sino también por la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", así como el artículo 6 to. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". En la Constitución del 79 no existía la pena de muerte sino solamente en caso de traición a la patria en guerra externa. En la Constitución del 93 establece la pena de muerte en caso de guerra y delito de terrorismo y si no lo aplicaron judicialmente fue porque estuvieron impedidos de hacerlo pues previamente tenían que "renunciar"a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 4to. Inciso 3ro. Lo prescribe y dice: "No se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido"., en conclusión estaban impedidos de aplicarla judicialmente; pero la realidad es que el Estado peruano no necesitó de un proceso legal porque extrajudicialmente aplicó la pena de muerte usando diversas formas a través de las fuerzas armadas, fuerzas policiales y complementarias, comités de autodefensa o rondas campesinas.
Que quede claro que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales no son acciones individuales como pretende justificar el D.S. Nro. 065-2001-PCM donde se crea la Comisión de la Verdad que dice ".....algunos agentes del Estado", sino es parte de la política aplicada por el Estado peruano en su guerra contrasubversiva por los gobiernos de Belaúnde, García Pérez y Fujimori, como la misma Defensoría del Pueblo no puede dejar de reconocer en su informe "Desapariciones forzadas de personas en el Perú" del año 2000 señala "...el hecho violatorio al que nos referimos no se entiende como el acto de un particular, sino como resultado de una orden superior enmarcado dentro de una política gubernamental que permite al ejecutor actuar con gran impunidad y sin temor de ser castigado".
Durante el gobierno de Belaúnde empezaron los asesinatos extrajudiciales y matanzas masivas, aparecieron cadáveres regados a pocos kilómetros de la ciudad de Ayacucho, familiares tenían que recoger lo que perros y alimañas dejaban de sus seres queridos, muchos de estos cadáveres eran ciudadanos que fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y Policiales, en batidas públicas donde todo sospechoso de "senderista" era ajusticiado sumariamente luego de ser brutalmente torturado.
En Chuschi, Ayacucho, año 84, a un campesino le ataron dinamita en el cuerpo y lo volaron mientras gritaban "así mueren los terrucos".
El 28 de Julio de 1985 asumió el poder Alan García Pérez quien en su verborrea demagógica dijo: "respeto a los derechos humanos", "no responder a la barbarie con la barbarie", "Combatir con la ley en la mano", pero los hechos demostraron su esencia genocida, de ahí que el 2 de Agosto comienza un operativo que arrasó pueblos en Huambalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuaman, Vischongo y Cangallo. El 10 de Agosto arrasan Huamanmarca. El 14 de Agosto, una patrulla del ejército ingresó a Accomarca, sacó a viva fuerza a los pobladores, los torturaron, mataron, las mujeres fueron violadas. En un cuarto metieron a mujeres y niños, ametrallaron la casa y arrojaron granadas al interior e incendiaron la casa. 39 adultos y 23 niños fueron asesinados y 3 campesinos desaparecidos. El responsable de este hecho genocida Telmo Hurtado, en ese entonces sub-teniente en lugar de ser sancionado lo premiaron ascendiéndolo años después hasta el grado de Mayor y siguió operando en la selva.
El grupo Rodrigo Franco, ejecutó decenas de asesinatos como el del estudiante iqueño Luis Alberto Morán muerto tras ser absuelto en un juicio por "terrorismo", José Abel Malpartida y Luis Alberto Alvarez, asesinados con explosivos.
En este mismo gobierno detuvieron a un grupo de sikuris y a otras personas en diferentes lugares de la capital, que luego aparecieron muertas cerca de la fábrica RENASA acusándolos de haber dinamitado dicha fábrica y que murieron en un supuesto "enfrentamiento" con las fuerzas del orden lo cual era falso, los implicaron en ese hecho para justificar su asesinato.
El año 87 detienen a una joven en estado de gestación, por las inmediaciones del Fuerte Rímac, la involucran en los hechos del restaurante "El Piano", el ejército la introduce a dicho cuartel donde la asesinan a punta de bayoneta, apareciendo su cadáver en la morgue donde fue reconocida por sus familiares.
El gobierno de Fujimori que se inició el año 90 violó sistemáticamente su Constitución, normas y leyes; prosiguiendo y desarrollando su política genocida, dijo actuar dentro de marcos "legítimos" cuando lo que hacía arrasar sus principios demoburgueses, pero se escondía en la formalidad legal y la apariencia democrática.
Fujimori fomentó la impunidad, no ha denunciado a los autores ni expresado su condena o pedido de sanción frente a los crímenes salvajes cometidos por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pues los genocidios se hicieron por mandato del mismo Fujimori, ordenó al Parlamento para que no apruebe la acusación de genocidio contra su antecesor García Pérez, así se permitió que el genocidio de los penales del año 86 quede en la impunidad. Ocultó documentos del ejército que el periodista Hildebrandt presentó a la televisión acerca de cómo las Fuerzas Armadas planteaban: "el mejor terrorista es el muerto", "exterminio a familiares y amigos", "Ejecutar sin dejar huella".
El ensañamiento y ferocidad con que asesinaban las Fuerzas Armadas era tal que llegaron a torturar y fusilar a niños por el simple presumir que eran hijos de "senderistas", esto consta en las declaraciones que hizo a la prensa el mismo Telmo Hurtado, ejecutor del genocidio de Accomarca cuando le preguntan porqué había matado niños, responde que "a estos niños de 7 y 8 años los adoctrinaban, iban a crecer e iban a ser terroristas".
Entre Agosto y Octubre del 90 encontraron en Ayacucho 3 fosas comunes, difundieron que se trataba de "cementerio senderista"; los diarios dijeron que eran cadáveres pre -incas, de estos genocidios tiene responsabilidad el Jefe Político militar del Frente Nro. 5 de Huamanga, Fernández Dávila Carnero. En Mamaru, Apurímac violaron a todas las niñas del colegio y a campesinas pobres, muriendo 10 colegialas a consecuencia de las violaciones.
En cuanto a las rondas campesinas la política de Fujimori fue armar y entrenar ronderos. Las Fuerzas Armadas les proveían el armamento requerido, esto se impulsa más a partir del 92, entregaron el primer lote a comunidades de la sierra central en Alto y Bajo Tulumayo, organizados en rondas. Los ronderos de Andamarca-Junín, previa decapitación entregan 14 cabezas de "senderistas" al Jefe Militar del Frente Mantaro. Ronderos de Apurímac desatan redadas en Yanachoqecc por el distrito de Julcamarca, las rondas organizadas por Huayhuaco desatan matanzas. La comunidad ashaninka también fue organizada en rondas. Son varias las denuncias que existen ante la Fiscalía de Ayacucho contra los ronderos por las atrocidades cometidas.
El 23 de Abril de 1994 aplicaron el Operativo Aries, con helicópteros artillados bombardearon el Huallaga y Ayacucho, efectivos del ejército en diferentes pueblos haciendo genocidio. Como resultado de este operativo detuvieron a 500 personas a quienes chantajearon y presionaron para que sus familias a quienes suponían "senderistas" se entreguen.
Como resultado de la guerra interna desenvuelta en el Perú desde Mayo de 1980 se iniciaron las detenciones y con ellas las torturas y violaciones, las que en la mayoría de los casos terminaban en cobardes asesinatos y desapariciones para ocultar sus crímenes y crueldad con la que trataban a los detenidos y como parte de la violencia política que aplicaba el Estado para "castigar a los levantados en armas", así como también la usaban para que los detenidos se autoinculparan y dieran supuestas informaciones y así justificar las atrocidades cometidas.
Aquí es importante tener en cuenta la conclusión a la que ha llegado la Defensoría del Pueblo con respecto a las torturas: "La tortura, habría sido la práctica utilizada por las fuerzas del orden que formó parte de la política antisubversiva implementada".
5.- Que se deroguen todas las leyes anticonstitucionales como la que estableció la Cadena Perpetua, la que creó Tribunales militares y jueces sin rostro, la que creó el llamado delito de "Traición a la Patria", la que prohibe los beneficios penitenciarios, la ley de arrepentimiento, la que niega el derecho a la defensa, etc. El cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao, Yanamayo y Challapalca.
8.-Exigir como una cuestión concreta la inmediata derogatoria de la Ley de "Apología al terrorismo".Nulidad de procesos seguidos por Tribunales Militares y jueces sin rostro. Retorno de los prisioneros a sus lugares de orígen.
Comunidad Cristiana - Ministerio Casa del Banquete
Federación de Instituciones Regionalista Cangallo - Pdte. de la Federación.
Consejo de Gobierno y Desarrollo Zonal - Comas
Asociación de Mujeres - Humamarca .- San Juan de Miraflores
Asociación Americana de Juristas - Rama del Perú
Movimiento Democracia para el Perú - Plaza San Martín
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Yanamilla - Ayacucho
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huamancaca - Huancayo
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huacariz - Cajamarca
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de El Milagro - Trujillo
Comisión de Familiares de Prisioneras Políticas de Aucallama - Huaral.
Sra. Raida Condor - Familiar del caso de la Cantuta
Un miembro de la Asociación Nacional de Desaparecidos - Huamanga. Vino a título personal.