Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-01930-de-junio-7-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759f9c14a55f90fee0430a01015190fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 05:31:16
Document Index: 347736688

Matched Legal Cases: ['artículo 453', 'artículo 479', 'artículo 479', 'artículo 279', 'artículo 458', 'artículo 479', 'artículo 93', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 257', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 9', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 230', 'artículo 458', 'artículo 187', 'artículo 143', 'artículo 457', 'artículo 453', 'artículo 3', 'artículo 40', 'artículo 19', 'artículo 38']

﻿ Sentencia 2004-01930 de junio 7 de 2005
SENTENCIA 2004-01930 DE 07 DE JUNIO DE 2005
Sentencia 2004-01930 de junio 7 de 2005
Rad.: 110010102000200401930 03
Aprobado según Acta de Sala Nº 73 de la fecha
Demandante: Adeco Sindicato Ecopetrol contra: Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, un tribunal de arbitramiento, Ecopetrol S.A., Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado.
Bogotá, D.C., junio 7 de 2005.
1. Materia de debate.
Aceptado el impedimento alegado por el doctor Fernando Coral Villota y subsanada la irregularidad que originó la declaratoria de la nulidad de la actuación surtida a partir de la notificación del fallo proferido el 9 de febrero de 2005 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por el cual se negó el amparo de derechos fundamentales del debido proceso y otros y se declaró improcedente el ataque contra el Decreto 3164 de 2003, se procede a resolver la impugnación presentada en contra por la Asociación de Directivos, Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo “Adeco” en su condición de accionante, por el señor José Jhonny Martínez Donoso, como presidente y representante legal del sindicato, en la que actúan como demandados el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, un tribunal de arbitramiento, Ecopetrol S.A., la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Obra en la actuación, escrito de impugnación presentado por la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo “USO” y de oposición por parte de Ecopetrol alegando ilegitimidad por activa de la USO para censurar el fallo.
2. Argumentos de la acción.
Aduce, en su escrito de demanda, el señor José Jhonny Martínez Donoso, presidente y representante legal de la Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresa de la Industria del Petróleo “Adeco” que:
2.1. En Ecopetrol S.A., hoy constituida como sociedad pública por acciones vinculada al Ministerio de Minas y Energía, coexisten dos sindicatos de primer grado y de industria, concretamente la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “USO” y la Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresa de la Industria del Petróleo “Adeco”, respectivamente.
2.2. A los sindicatos citados les corresponde conjuntamente, por ministerio de la ley, la representación de los trabajadores sindicalizados de la empresa.
2.3. Manifestó el actor que, no obstante que Adeco declaró a la USO su interés en la inclusión de peticiones de los trabajadores de Ecopetrol afiliados a Adeco, en asamblea del personal sindicalizado de Ecopetrol se aprobó el pliego sindical unificado de peticiones que fue presentado el 26 de noviembre de 2002.
2.4. Sostuvo también que habiéndose presentado el pliego sindical de peticiones el 28 de noviembre de 2002 y simultáneamente con la denuncia sindical de la convención colectiva de trabajo vigente, la etapa de arreglo directo y su prórroga se inició el 5 de diciembre de 2002 sin lograrse acuerdos parciales.
2.5. Sin embargo, Ecopetrol y los delegados de la USO de manera ilegal prorrogaron la etapa de arreglo directo sucesiva e indefinidamente hasta el 8 de diciembre de 2003.
2.6. Dijo, también que el Ministerio de la Protección Social mediante Resolución 382 del 25 de marzo de 2003, de manera extemporánea e ilegal, ordenó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento Obligatorio para dirimir el conflicto colectivo, notificándose sólo por edicto, pero no a los sindicatos a sus direcciones registradas, lo cual debió ejecutarse antes del emplazamiento.
2.7. Adujo que no aparecen dentro del trámite seguido en el Tribunal de Arbitramento Obligatorio las razones por los cuales el ministerio designó inicialmente al doctor Jairo Villegas Arbeláez y luego al doctor Jaime Cerón Coral como “árbitro de la USO”, sin permitir que los trabajadores sindicalizados escogieran libremente su árbitro, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual el tribunal de arbitramento se compondrá de tres miembros, uno designado por la empresa, uno por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores o en defecto de éstos, por los trabajadores en asamblea general y, otro de común acuerdo por dichos árbitros, tales condiciones no fueron acatadas.
2.8. Tras toda esa serie de inconsistencias, precisó, finalmente el tribunal de arbitramento produjo laudo del 9 de diciembre de 2003, laudo aclaratorio del 17 de diciembre de 2003 y laudo complementario del 23 de julio de 2004, en los cuales se abstuvo de resolver los tres puntos del pliego de peticiones presentado por Adeco en representación de sus afiliados que laboran en Ecopetrol S.A. En virtud de lo anterior, Adeco, interpuso recurso de anulación contra ellos.
2.9. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2004, desató el recurso confirmando el laudo pero ordenando su complementación, disponiendo la remisión del expediente al Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que resolviera en 10 días hábiles a partir de la ejecutoria de dicha sentencia (31 de marzo de 2004), no obstante lo cual sólo el 23 de junio de 2004 se profirió el laudo complementario denegando los tres puntos del pliego sindical.
2.10. Contra el laudo de fecha 23 de julio, Adeco interpuso, ahora, nuevo recurso de anulación parcial, como quiera que lo consideró inconstitucional e ilegal porque desconoce derechos fundamentales como las garantías sindicales, la actualización salarial, el salario móvil y vital de los afiliados, la libertad de afiliación sindical y fue expedido en forma extemporánea, lo que implicaba pérdida de la competencia funcional.
2.11. Así mismo alegó que Ecopetrol formuló ilegalmente denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo vigente suscrita el 11 de junio de 2001, pretermitiendo el trámite legal previsto en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.12. Entonces, como pretermitió Ecopetrol las formalidades legales que exige el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, para que fuera válida su denuncia, el conflicto laboral suscitado por la petición que formulan los trabajadores sindicalizados sólo debió ceñirse a los puntos del pliego sindical de peticiones presentado por los sindicatos, por lo cual, ni las partes en la etapa de arreglo directo ni el Tribunal de Arbitramento Obligatorio podían estudiar aspectos contenidos en la fallida denuncia patronal de la convención colectiva de trabajo, ni entrar a variar las condiciones de empleo que se habían pactado convencionalmente.
2.13. Reflexionó que, además el Tribunal de Arbitramento Obligatorio no tenía competencia para modificar el régimen convencional de pensiones, porque los trabajadores de Ecopetrol están excluidos legalmente del sistema general integral de seguridad social en pensiones por expreso mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
2.14. Asimismo adujo que, para convalidar la decisión del Tribunal de Arbitramento, el Gobierno reglamentó el Decreto 3084 de 1998 con el objeto de excluir actividades propias y esenciales de la industria del petróleo como la de extracción, producción, mantenimiento de pozos de petróleo y refinerías y otras que estaban clasificadas en los escalafones de cargos convencionales en las empresas de petróleos que tiene convenciones colectivas de trabajo vigentes y eliminó la cláusula de estabilidad laboral, lo cual es inconstitucional y con el Decreto Legislativo 284 de 1957 exceptuó de su campo de aplicación las prestaciones sociales extralegales contenidas en convenciones colectivas y laudos arbitrales pactados para el personal contratista.
2.15. Resaltó que también el Decreto 3164 de 2003 fue expedido para reducir el campo de aplicación de las convenciones colectivas de trabajo de las empresas dedicadas a la industria del petróleo, razón por la que Adeco instauró ante la Sección Segunda del Consejo de Estado acción de nulidad contra tales decretos, habiéndose admitido la demanda contra el segundo de ellos y ordenando remitir por competencia la demanda contra el primero a la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual carece de competencia para ello.
2.16. En síntesis, demandó la protección de los derechos fundamentales de asociación sindical, negociación colectiva, trabajo en condiciones dignas y justas en conexión con el mínimo vital y el derecho al salario móvil y vital, el de igualdad de trato salarial y el debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades señaladas en precedencia, en el trámite del proceso arbitral por denuncia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Ecopetrol y los sindicatos USO y Adeco en el año 2001.
3.1. La presente acción de tutela fue presentada en una primera oportunidad en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial que la rechazó mediante providencia del 21 de julio de 2004, actuación que, por ende, no fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.2. Con fundamento en el auto del 3 de febrero de 2004 proferido por la Corte Constitucional en trámite de revisión por acciones públicas presentada ante las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció que, esas y todas en las que existiera la misma situación de vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y la no tutela efectiva de los derechos fundamentales, los ciudadanos tenían el derecho de acudir a cualquier juez unipersonal o colegiado en busca de la protección de sus derechos.
3.3. Ante la situación jurídica aludida, el sindicado Adeco, presentó acción de tutela ante esta corporación que en proveído del 11 de agosto de 2004 declaró que la jurisdicción es competente para conocer de la acción de tutela, pero con el objeto de garantizar el principio de la doble instancia, dispuso su remisión al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
3.4. El 25 de octubre de 2004, la Sala a quo dictó sentencia declarando improcedentes las peticiones del actor.
3.5. El fallo fue impugnado por el actor en los mismos términos de la demanda.
3.6. Esta colegiatura, en proveído del 24 de noviembre de 2004, aprobado en la Sala Nº 182 de esa calenda, declaró la nulidad de lo actuado, dado que no se constituyó el litisconsorcio necesario, debiendo llamarse al trámite de tutela, por tener interés en las resultas de la misma, a los magistrados del Consejo de Estado que adelantan el trámite de nulidad del Decreto 3164 de 2003. Mantiene en su vigor la prueba acopiada.
3.7. El 25 de enero del año que trascurre, el magistrado ponente en la primera instancia, doctor Álvaro León Obando Moncayo declaró su impedimento para continuar conociendo del asunto, en la medida en que llamando a los magistrados del Consejo de Estado, la doctora Margarita Olaya Forero fue su esposa y mantiene con ella relación de amistad íntima y una sociedad comercial.
3.8. El doctor Rafael Vélez Fernández, magistrado integrante de dicha Sala, resuelve aceptar el impedimento y convoca a la doctora Elka Venegas Ahumada para conformar la sala dual.
3.9. El 27 de enero de 2005, se admite el trámite de la acción de tutela instaurada por el señor José Jhony Martínez Donoso, cumple lo ordenado por esta Sala y se llama a la Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo USO, entre otros, por cuanto la decisión a adoptar podría afectar sus intereses (1) Se enviaron las comunicaciones a todas las personas señaladas en dicha providencia (2) .
3.10. En providencia de fecha 9 de enero de 2005, pero posteriormente la misma Sala advierte la existencia de un error por cuanto su producción fue el 9 de febrero, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura profiere fallo en el que no declara la nulidad pedida por los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, niega algunas pretensiones de la acción de tutela —específicamente la existencia de vía de hecho— y declara improcedente la misma respecto de lo demandado de cara al Decreto 3164 de 2003 (3) .
3.11. Las notificaciones de dicha sentencia se realizan mediante el envío de oficios a los intervinientes, con fecha 10 de febrero de 2005 (4) , sin que en ellos aparezca relacionado el nombre del accionante o del sindicado Adeco que representa.
3.12. Con fecha 16 de febrero el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo “USO” impugna el fallo de primera instancia.
3.13. El 21 de ese mes, el Magistrado Ponente, doctor Rafael Vélez Fernández, asevera: “Presentada oportunamente la impugnación por la accionante “USO” contra el fallo de tutela de fecha 9 de febrero de 2005, remítanse las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura…” (5) .
3.14. Se comunicó a todos los intervinientes, excepto al demandante, representante legal de Adeco, la concesión del recurso y el envío del expediente a esta Colegiatura (6) .
3.15. El apoderado General de Ecopetrol, doctor Jorge Arturo Jiménez Leal en escrito presentado en la Secretaría de la Sala a quo, se opone a la prosperidad del escrito presentado por la USO habida cuenta que no se encuentra legitimada por activa, por no actuar como demandante ni como agente oficioso (7) .
3.16. El 3 de marzo de 2005, el señor José Johnny Martínez Donoso, presidente del sindicato “Adeco” presentó escrito en la secretaría de esta Sala, en el que manifestó su inconformidad por la actitud omisiva de la Sala de primera instancia en comunicarle las decisiones tomadas dentro del trámite de la acción de tutela, a partir de la declaración de nulidad por esta colegiatura y que por ende no pudo tener acceso a la impugnación oportuna del fallo, razón por la cual aseguró se notifica por conducta concluyente y sustenta la impugnación de la decisión del a quo o se tenga en cuenta lo expuesto por la USO.
3.17. En el mismo sentido, el 4 de marzo, presentó escrito en la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, documento remitido con oficio 1292 y recibido en esta Sala el 17 de marzo.
3.18. El 7 de marzo del año en curso, el señor apoderado de Ecopetrol presenta escrito en esta colegiatura, mediante el cual manifestó su oposición a la prosperidad de la impugnación presentada por el sindicato “Adeco”, por ser extemporánea.
3.19. Esta Sala mediante proveído del 30 de marzo próximo pasado, declaró la nulidad por indebida notificación del fallo de primera instancia y ordenó a la Sala de primer grado rehacer la actuación echada de menos, lo cual se cumplió y con ello se dio oportunidad a que el accionante pudiera ejercer el derecho de contradicción respeto de las decisiones asumidas, razón por la cual ahora arriba a esta colegiatura.
Luego de iniciado el trámite y comunicado a los accionados, presentaron sus escritos de oposición a la prosperidad de las pretensiones del demandante, el Tribunal de Arbitramento Obligatorio y Ecopetrol, mientras que el Ministerio de Minas y Energía, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Corte Suprema de Justicia depreca la nulidad de lo actuado por haberse definido el asunto mediante decisión en firme y se rechace la acción de tutela.
Fue dictado el 9 de febrero de 2005 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por el cual no declaró la nulidad solicitada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, considerando que la acción de tutela también procede contra las decisiones de ese alto tribunal, cuando constituyan vía de hecho; negó la acción de tutela porque, en su criterio, respecto de las decisiones adoptadas por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, el accionante hizo uso de los mecanismos legales para rebatirlas, con resultados negativos. Lo propio hizo la Corte —precisa la primera instancia— al resolver las diferentes anulaciones propuestas por el actor que no contienen elementos constitutivos de vía de hecho, pues, fueron objeto de juicioso, lógico y coherente estudio que mantiene relación entre lo probado y lo decidido.
Arguyó el juez de tutela de primera instancia que, no se pronunciaba en torno a cuestiones no consideradas por la Corte Suprema en armonía de criterio en cuanto que tales aspectos deben ser debatidos ante la justicia contenciosa administrativa, en donde al parecer avanzan las actuaciones.
En cuanto a las decisiones del Tribunal de Arbitramento Obligatorio cuestionadas por el accionante como inclinadas a favorecer intereses personales no son suficientes para predicar la incursión en vía de hecho único presupuesto para entrar a su análisis.
En cuanto al contenido del Decreto 3164 de 2003, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, declara improcedente la acción de tutela. Considera que el trámite inadecuado impartido a la demanda por acción de nulidad, del cual se duele el accionante tiene sus propios mecanismos de inconformidad ante el Consejo de Estado, y no comporta competencia al juez constitucional para dilucidar tal situación.
6.1. En su condición de Presidente del Sindicato de industria de primer grado denominado “Asociación de Directivos, Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo, “Adeco”, el ciudadano José Johnny Martínez Donoso, propone impugnación contra el fallo del 9 de febrero de 2005, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria bajo la siguiente argumentación, resumida de los extensos y diversos escritos que ha allegado en las dos instancias:
6.1.1. Considera que deben practicarse pruebas en esta instancia a saber:
6.1.1.1. Certificación sobre el IPC expedida por el DANE para acreditar el demérito salarial de los trabajadores de Ecopetrol por los años 2003, 2004 y 2005.
6.1.1.2. Tener en cuenta la copia de sentencia de anulación dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 4 de 2004 por la cual dispuso no anular el laudo complementario del 23 de julio de 2004.
6.1.1.3. Se pida al magistrado ponente en la segunda instancia en el proceso de Ecopetrol informaciones solicitadas por escrito, por cuanto el apoderado de Ecopetrol las ha aportado para confundir en lo relativo a los trabajadores en misión, como misionales de planta u operativos y los de apoyo o soporte del área administrativa y de soporte.
6.1.1.4. Solicitar a Ecopetrol S.A. certificación de los indicadores de productividad del personal de planta o misión y de apoyo y los ajustes salariales hechos a la nómina directiva y convencional y los ajustes —porcentajes— salariales hechos al personal de nómina directiva acogido por el Acuerdo 01 de 1977 por los años 2003, 2004 y 2005.
6.1.2. En lo atinente a la sustentación de la impugnación como tal, precisó que el laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003 y su complementario del 16 de diciembre del mismo año, y la sentencia de anulación de fecha 31 de marzo de 2004, el auto que deniega su aclaración y adición y el auto del 30 de junio de 2004, como el laudo complementario de fecha 23 de julio de 2004 y la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2004 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que constituyen vía de hecho por violación del debido proceso y los derechos fundamentales de negociación colectiva en cuanto el laudo homologado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afectó derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, por extralimitación en las facultades conferidas a los árbitros, que lo hacen anulable por defecto sustantivo, fáctico y procedimental, además de extemporáneo.
Hizo consistir el defecto sustantivo en que tanto el laudo arbitral de diciembre 9 de 2003, la sentencia de homologación del 321 de marzo de 2004 y el auto que deniega la adición y/o aclaración y el auto que prorroga estando vencido el plazo a los árbitros para resolver los puntos pendientes del pliego sindical de peticiones dentro del trámite del recurso de “anulación” en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho, por cuanto el Tribunal de Arbitramento se extralimitó en las facultades conferidas por el decreto de convocatoria, el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 55 y 58 de la Constitución Política, por afectación de derechos laborales reconocidos por normas convencionales y legales vigentes relacionadas con el régimen pensional, eliminó la cláusula de estabilidad laboral para los servidores nuevos, desconocer sentencias C-1064 de 2001 y C-1017 de 2003 de la Corte Constitucional en materia Salarial.
En materia del defecto fáctico y sustantivo a la vez al darle valor y eficacia a la denuncia patronal de la convención colectiva de trabajo hecha con pretermisión de las formalidades prescritas por el artículo 479 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo; por la convocatoria ilegal del Tribunal de Arbitramento por parte del Ministerio de la Protección Social dada su extemporaneidad y por no haberse tenido en cuenta a los trabajadores habiéndose expedido en forma extemporánea el laudo arbitral, por cuanto se superaron los 10 días.
El defecto orgánico o funcional, lo sustentó en que el Tribunal de Arbitramento expidió el laudo arbitral, vencido el término de 10 días que le otorga la ley para su pronunciamiento, negando las peticiones de Adeco y la USO.
De cara a la procedencia de la acción de tutela, con fundamento en la doctrina constitucional, consideró el impugnante que las decisiones atacadas por esta vía, constituyen vía de hecho y no existe otro medio judicial eficaz para la defensa cierta de los derechos fundamentales violentados, por cuanto ya se ha acudido a las instancias judiciales correspondientes cuyos fallos se apartan de los causes legales.
Explicitó que los derechos laborales en el orden interno son de obligatorio cumplimiento, pues son derechos humanos reconocidos universalmente como tales en los diferentes tratados internacionales y según la OIT su aplicación debe ser armónica con la evolución económica y social de los pueblos y el cumplir de buena fe las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados, consiste en ampliar en lo posible el espectro de protección de los derechos de los trabajadores en el orden interno, de acuerdo con los avances de la legislación y jurisprudencia internacionales.
Hizo mención al bloque de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política de cara a los derechos laborales como protegidos por el orden constitucional y legal interno y se refirió a su alcance en canto a los derechos de asociación, sindicalización y negociación colectiva para que sean respetados.
Refirió que el laudo arbitral es contrario a toda noción y principio de equidad y razonabilidad, viola el principio constitucional de igualdad de los trabajadores ante la ley en cuanto excluye de los beneficios convencionales a los nuevos trabajadores que se vinculen a Ecopetrol y rompe la institución de la unidad de empresa, toda vez que a los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol, afiliados a la USO y Adeco no se les ha incrementado los salarios por más de 2 años.
El Ministerio de la Protección Social no permitió a los trabajadores sindicalizados la libre elección de su árbitro en asamblea general de personal, vulnerando así el derecho fundamental del debido proceso.
Transcribió apartes de la Sentencia SU-937 de 2002 de la Corte Constitucional dentro del trámite del laudo arbitral de la Clínica Shaio en lo atinente al concepto de la equidad manifiesta, para descender al caso de los árbitros que deciden en equidad y no en derecho y por ello, lejos de ser arbitrarias y caprichosas deben ser sustentadas a partir de las especificidades de cada caso, es decir, deben ser razonadas, no en derecho, pero sí en equidad.
En lo relacionado con el Decreto 3164 de 2003 insistió en que rompe la figura de la unidad de empresa para reducir el ámbito y campo de aplicación de las convenciones colectivas y laudos arbitrales en las empresas dedicadas a las actividades del petróleo, es contrario al objeto social de Ecopetrol S.A. y fue dictado como complemento legislativo del laudo arbitral impugnado, dictado con abuso y desviación de poder, con extralimitación de la potestad reglamentaria del Presidente de la República al reglamentar por tercera vez el Acto Legislativo 284 de 1957 y demandado por Adeco en el Consejo de Estado, entidad que no ha admitido la demanda por irregularidades en su trámite y mientras se decide la acción de nulidad deben suspenderse sus efectos “para evitar o precaver un perjuicio irremediable a los trabajadores destinatarios y beneficiarios de las convenciones colectivas o laudos arbitrales …”.
En punto de la procedencia de la acción de tutela como mecanismo alternativo y residual de defensa para la protección eficaz de los derechos fundamentales constitucionales y laborales invocados como violados por las autoridades por inexistencia e ineficacia del medio ordinario de defensa judicial que resultó ineficaz para la protección de los derechos fundamentales.
Pretende la revocatoria del fallo y conceder la tutela propuesta.
6.2. El presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “USO”, presentó escrito mediante el cual impugnó el fallo de tutela aduciendo como argumentos los siguientes:
El juez constitucional de primera instancia no se pronunció respecto de todas y cada una de las violaciones a los derechos fundamentales, no tuvo en cuenta las pretensiones de la USO, no hubo estudio de fondo sobre la violación del debido proceso originado en la indebida conformación del Tribunal de Arbitramento, desconocimiento de los términos procesales, extralimitación de funciones por el tribunal, negación de acceder a la anulación del laudo, razones que lo llevan a pedir la revocatoria de la decisión impugnada y ordenar la protección inmediata de los derechos fundamentales violados a la USO y a sus afiliados.
6.3. La Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol S.A.”, por intermedio de su apoderado general se opone a la prosperidad de la impugnación presentada por la USO, alegando falta de legitimidad por activa, pues, la USO no actuó como coadyuvante ni es accionante, es decir, no tiene la calidad de parte y para el efecto se apoyó en sentencia del 27 de junio de 1994 proferida por la Corte Constitucional, según la cual, “nadie que carezca de legitimación puede asumir la representación de la autoridad pública o del particular contra quien se haya interpuesto la tutela, de tal modo que le juez llamado a actuar en segunda instancia no puede entrar a resolver la sentencia no ha sido impugnada por quien tiene el derecho de hacerlo en los indicados términos o por quienes ejerza como su apoderado o representante legal…”.
Aseguró que el Presidente de la USO no actuó como agente oficioso ni actúa en nombre del accionante en cualquier calidad, razón por la pide no se tenga en cuenta el aludido escrito.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para decidir la impugnación del fallo proferido el 9 de febrero de 2005 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 116 de la Carta Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Si bien es cierto en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha fijado su posición acerca de la competencia básica del Consejo Superior de la Judicatura, al administrar justicia en el ámbito del derecho disciplinario, lo ha hecho con el propósito de determinar que sólo esta corporación tiene facultad constitucional y legal para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores del poder judicial y a los abogados, pero no para negar su condición de juez colegiado frente los postulados del artículo 86 de la Carta Política que no hace discriminación alguna al disponer:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales…”.
El artículo 12 de la Ley 270 de 1996 —ley estatutaria de la administración de justicia— desarrolló el contenido normativo constitucional y al respecto en la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de la mencionada ley y de cara al artículo mencionado, consideró:
“En el presente artículo se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional, entendido este término, contrario a lo expresado con anterioridad, en su significado clásico, es decir, como la facultad de administrar justicia por parte de un órgano del Estado con el fin de declarar o reconocer el derecho mediante la aplicación de la constitución y la ley ...
“La referencia que hace la norma al ejercicio de la administración de justicia por parte de la jurisdicción constitucional —en esta oportunidad la ley emplea el término “jurisdicción” en su sentido orgánico—, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción contencioso administrativa, las jurisdicciones especiales (indígena, militar y jueces de paz) y la ordinaria, se ajusta a lo previsto en el artículo 116 y en las disposiciones que hace parte del título VIII de la Constitución…”.
El artículo 257 de la Constitución Política determinó las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y en el numeral 5º se precisó: “Las demás que señale la ley”, para a su vez, en el Acuerdo 12 del 31 de mayo de 1994, esta misma colegiatura adoptó su reglamento interno y en el capítulo II, artículo 4º, literal j) Fijó como función: “Las demás que le señalen la Constitución, la ley o el reglamento”.
El 12 de julio de 2000, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1382 mediante el cual reguló la forma de reparto de las acciones de tutela con el propósito de racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las mismas, y en lo atinente a la competencia que tiene esta colegiatura para resolver asuntos relacionados con acción de tutela, previó en el inciso segundo del numeral 2º que: “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda…” y el artículo 4º preceptúa: “Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, podrá determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento e la impugnación de los fallos de acción de tutela sean resueltos…”.
El máximo órgano constitucional ha admitido en sus fallos la competencia constitucional y legal, que en carácter de juez de tutela tiene el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria y al efecto citamos:
A propósito del decreto reglamentario de competencia para reparto de acción de tutela, el Auto 153 A de 2003, estimó:
“Esta corporación, mediante providencia del 27 de agosto de 2002, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, expresó sobre el particular: “Si bien es cierto se encuentra vigente el Decreto 1382 de 2000 (…) por cuanto las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Disciplinaria— se profieren por Sala en pleno. Por tanto, se hace necesario aplicar el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que consagra que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud … En esta medida, siguiendo el criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional, no es posible … por cuanto las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se profieren por la Sala en pleno, razón por la cual no se podrá surtir la segunda instancia al no existir seccionales o salas dentro de la Sala mencionada…”.
En el Auto 100 de 2004, referencia ICC-820 consideró:
“Tomando en cuenta que en el caos sometido a consideración de la Sala, el conflicto se presenta entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia —Sala Disciplinaria— y el Tribunal Superior de Medellín —Sala de Familia—, la Corte Constitucional es competente para resolverlo.
“En ese orden de ideas, estima la Sala que para el caso sometido a consideración, tendrían en principio competencia, tanto el Tribunal Superior de Medellín —Sala de Familia— como el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia —Sala Disciplinaria— …”.
Resulta suficiente la ilustración para concluir que esta colegiatura sí tiene competencia para conocer de las impugnaciones contra los fallos de tutela proferidos por los consejos seccionales de la Judicatura, por previsión constitucional y legal y porque ha sido decantada a jurisprudencia de la Corte Constitucional, órgano de cierre en la materia, sobre tal aspecto.
Debe advertirse eso sí, que esta Sala no es órgano de cierre constitucional, pues, una vez tomadas las decisiones de segunda instancia, son enviadas por disposición legal, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, así como tampoco ha pretendido asumir la función de unificador de la jurisprudencia en ninguno de los campos, sino que por el desarrollo jurisprudencial, la acción de tutela también procede contra los fallos de los jueces de la jurisdicción ordinaria o administrativa, cuando, analizados incurren en vía de hecho con afectación de derechos fundamentales de los particulares.
Conviene notar que, si se tratase de aplicar el Decreto 2637 de 2004, basta con señalar que las disposiciones previstas en su artículo 9º son inaplicables por vía de excepción de inconstitucionalidad, en virtud de los artículos 4º y 254 numeral 2º de la Carta Política.
Establecida, una vez más, la competencia para conocer de este asunto, se entrará al estudio de la impugnación.
6.2. Aspecto legal.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política de 1991, la acción de tutela, otorga facultad a cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de una autoridad pública o de particulares en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
Procede sólo cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que exista, probadamente, un perjuicio irremediable que haga imprescindible el amparo constitucional como mecanismo transitorio, ya que si se concede para fines distintos, el objetivo que tuvo en mente el Constituyente de 1991 al consagrarla, resultaría desvirtuado.
Desde que fue instituida esta acción en el artículo 86 de la Carta Política, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia que, una de sus características esenciales es la subsidiariedad, lo que significa que la tutela no constituye dispositivo alternativo ni complementario, para alcanzar la protección de derechos, habiendo otra vía judicial idónea para controvertirlos, hacerlos valer y por ende, obtener su reconocimiento, con el ritualismo que se imponga para tal evento, respetando el principio procesal del juez natural.
En principio no procede contra decisiones judiciales, excepto cuando la decisión constituya vía de hecho, que a su turno se origina por uno de los cuatro defectos de creación jurisprudencial, a saber:
1. Defecto sustantivo: la decisión del juez está basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto.
2. Defecto fáctico: el apoyo probatorio del juez “error de hecho de apreciación de la prueba” en que se basó el juez para aplicar determinada norma es absolutamente inadecuado.
3. Defecto orgánico: ausencia total de competencia del juez.
4. Defecto procedimental: el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.
En suma, cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad actúa en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico, se trata de un vicio constatable a simple vista.
Pacífica ha sido la jurisprudencia constitucional y al efecto traemos a colación apartes de uno de los fallos recientes sobre el tema:
2.1. Vistos los antecedentes del caso, la Sala de Revisión considera que en ella se plantea un problema jurídico que ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia judicial en la que se configura una vía de hecho, afectándose de manera grave los derechos fundamentales? Para resolver este problema la sala de revisión recoge lo dicho en la Sentencia T-800A de 2002 (8) .
“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (arts. 86 de la Constitución Política y 8º del D. 2591/91). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C.P., art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (C.P., art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (C.P., art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad” (9) .
“Las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad erga omnes, deciden entonces aplicar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la Sentencia C-543 de 1992. Así, por ejemplo, puede citarse la Sentencia T-158 de 1993, en la que la Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo de tutela solicitado por el accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil (10) . Al respecto también es preciso citar la Sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo —ponente de la Sentencia C-543 de 1992—, se consideró lo siguiente,
"Así, pues —ha concluido la Corte—, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria".
“Ha agregado que, por tanto, "... en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela".
“En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho” (acento fuera del texto).
“La Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la Sentencia T-231 de 1994 (11) ), en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental”.
“2.3. Por lo tanto, coincide parcialmente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las sentencias de constitucionalidad, específicamente la Sentencia C-543 de 1992, pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía de hecho, o conlleve la amenaza de un perjuicio irremediable.
“No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia Corte Constitucional, así como esta corporación ha reconocido que quién interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (C.P., art. 234), constituye un derecho viviente (12) .
“2.4. Ahora bien, la jurisprudencia ha indicado en varias oportunidades los casos excepcionales en que el amparo procede la acción de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial (13) (14) .
6.3.1. Práctica de pruebas en esta instancia.
Como se reseñó en acápite anterior, el impugnante solicitó a esta colegiatura la práctica de pruebas tendientes a demostrar los hechos en que funda la acción de tutela, a saber: 1) Certificación sobre el IPC expedida por el DANE para acreditar el demérito salarial de los trabajadores de Ecopetrol por los años 2003, 2004 y 2005; 2) Tener en cuenta la copia de sentencia de anulación dictada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 4 de 2004 por la cual dispuso no anular el laudo complementario del 23 de julio de 2004; 3) Se pida al magistrado ponente en la segunda instancia en el proceso de Ecopetrol informaciones solicitadas por escrito, por cuanto el apoderado de Ecopetrol las ha aportado para confundir en lo relativo a los trabajadores en misión, como misionales de planta u operativos y los de apoyo o soporte del área administrativa y de soporte y, 4) Solicitar a Ecopetrol S.A. certificación de los indicadores de productividad del personal de planta o misión y de apoyo y los ajustes salariales hechos a la nómina directiva y convencional y los ajustes —porcentajes— salariales hechos al personal de nómina directiva acogido por el Acuerdo 01 de 1977 por los años 2003, 2004 y 2005.
El legislador le ha otorgado al juez la facultad de intervenir en el proceso punitivo sobre la admisión de la prueba, en primer lugar, limitando el uso de determinadas pruebas ya adquiridas, en segundo, prohibiendo directamente la adquisición y posterior uso de otras ya que el juicio se haga ex ante, o ex post, este último como expresión de auténtica regla de exclusión.
En nuestro ordenamiento punitivo como civil, la participación del juez está referida a los aspectos relacionados con lo que sin mayor ahondamiento, tanto por el legislador como por la propia doctrina, se han denominado principios de conducencia, pertinencia y en su significación concreta a partir de estas dos consideraciones, la utilidad de la prueba
La conducencia dice relación a la idoneidad legal de la prueba para demostrar determinado hecho, quiere decir que su empleo no sea contrario al orden jurídico vigente para demostrar determinado hecho, en otras palabras, que el método empleado esté permitido por la ley o si conforme a ello es el idóneo para demostrar el hecho pretendido.
A su turno, pertinencia, es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de la prueba de este, en suma, es la relación fáctica entre el hecho que se intenta demostrar y el tema del proceso.
La utilidad dice relación al servicio que pueda prestar la prueba dentro del proceso (art. 250 CPP, D. 2700/91, hoy 235 de la L. 600/2000), ante la cual, y en tanto la prueba demandada no lo constituya, puede el juez rechazarla mediante decisión motivada, ya no por ser inidónea, es decir por no tener conducencia el medio pedido para demostrar determinado hecho, sino por su falta de tino respecto del específico proceso al cual se quiera aportar, de suerte que resulte irrelevante para el fallo y por ello entonces inútil, de modo que la prueba al final del inventario probatorio para producir el fallo devenga superflua, redundante, o simplemente corroborante de hechos ya satisfactoriamente probados, siempre que esto no sea absolutamente necesario.
El tratadista Parra Quijano señala que, en principio, las pruebas impertinentes e inconducentes son inútiles, pero puede ocurrir que una prueba aunque pertinente, quiere decir que el medio pretende probar un hecho que se constituye en el tema de prueba en el proceso, o conducente, esto es, que tenga la idoneidad legal para probar determinado hecho, resulten inútiles.
Vemos cómo en el caso que concita nuestra atención, las pruebas referidas por el impugnante, corresponden a la demostración de hechos que fueron objeto de debate jurídico en las instancias correspondientes a la demanda de la convención colectiva suscrita entre Ecopetrol y las organizaciones sindicales USO y Adeco, pero que no redundarán en beneficio de la determinación que aquí se asuma, dado que se trata de la verificación de la violación al debido proceso por la presunta existencia de defectos que constituyen vía de hecho en las decisiones de los fallos del Tribunal de Arbitramento y de la Corte Suprema de Justicia, resultando innecesarias las pruebas citadas por el recurrente, de cara a la determinación a asumir, razón por la cual, se denegarán.
6.3.2. Respuesta a la impugnación de “Adeco”.
Pasa entonces la Sala a estudiar si en el presente proceso se incurrió en vía de hecho, respecto de laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003 y su complementario del 16 de los mismos mes y año, y la sentencia de anulación de fecha 31 de marzo de 2004, el auto que deniega su aclaración y adición y el auto del 30 de junio de 2004, como el laudo complementario de fecha 23 de julio de 2004 y la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2004 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que constituyen vía de hecho por violación del debido proceso y los derechos fundamentales de negociación colectiva en cuanto el laudo homologado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afectó derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, por extralimitación en las facultades conferidas a los árbitros, que lo hacen anulable por defecto sustantivo, fáctico y procedimental, además de extemporáneo.
6.3.2.1. ¿Procede la acción de tutela contra un laudo arbitral y el fallo que ha resuelto el recurso de homologación?
La respuesta es afirmativa si se tiene en cuenta que son decisiones, la primera en equidad y la segunda en derecho, que pueden contener elementos constitutivos de vía de hecho, situación que pasa a analizarse a la luz del precedente y conforme a las citas que hace el recurrente, dado que, en su condición de particulares a quienes se les ha confiado transitoriamente la decisión de un conflicto de carácter jurídico o económico, y al tenor del artículo 230 de la Constitución Política, en sus determinaciones están sujetos a la ley
La Corte ha sostenido al respecto:
“El arbitramento representa un mecanismo para impartir justicia, a través del cual igualmente se hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido, y claramente consagrado por el ordenamiento jurídico” (15) .
El contenido del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, compilado por el artículo 187 del Decreto 1818 de 1998, limita la facultad de quienes en su condición de árbitros para resolver los conflictos toman determinaciones en equidad en los siguientes términos:
“Decisión. Los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes”.
El legislador previó el control de legalidad de los laudos arbitrales por vía del recurso extraordinario de homologación, atribuido por competencia a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al tenor del artículo 143 del Código de Procedimiento Laboral, según el cual “El tribunal (Corte Suprema de Justicia) dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario”.
La Corte Suprema de Justicia ha interpretado la norma transcrita en los siguientes términos:
“La regularidad, en general, puede entenderse como el sometimiento a las reglas tanto sustanciales como procesales, pero en sentido estricto, en lo que toca con el objeto de este recurso extraordinario, se refiere al cumplimiento de lo que la misma ley ha señalado como meta para el tribunal de arbitramento que debe resolver conflictos de carácter económico.
“Ese marco supone que el tribunal debe ocuparse de la resolución de todos los puntos materia de la negociación colectiva que no hayan sido objeto de acuerdo entre las partes durante las etapas que la ley contempla para la búsqueda del mismo, particularmente dentro de la etapa de arreglo directo y su prórroga, aunque es claro que esos acuerdos pueden alcanzarse con posterioridad, en esos lapsos que median entre la finalización de tal etapa y el momento en que se instala el tribunal.
“Entonces, lo primero de lo cual debe ocuparse esta Sala al momento de resolver el recurso de homologación, es de verificar que los puntos resueltos por el tribunal realmente correspondan a los que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes y cobijen la totalidad de ellos. Es entendido que si no hubo ningún acuerdo, los árbitros pueden resolver sobre la globalidad de lo que constituye la materia de la negociación colectiva y, así mismo, si el tribunal no adoptó decisión en torno de todos los aspectos que configuran esa materia, deben devolvérsele las diligencias correspondientes para que complete su obligación de pronunciarse sobre todo cuanto forma parte del conflicto colectivo.
“Resuelto lo anterior, debe proceder la Sala a verificar que los pronunciamientos del tribunal no vulneren disposiciones constitucionales, ni legales, ni contractuales y es allí donde se ubica claramente su función de verificar la regularidad del laudo, es decir, que cumple con ello en el momento en que constata que el laudo se ajusta a las reglas que rigen las relaciones entre las partes del conflicto colectivo, que naturalmente serán las propias de la Carta Política y de la regulación legal correspondiente, además de las que se hayan establecido por la vía de la contratación, particularmente por conducto de la convención o el pacto colectivo” (16) .
Siendo ello así, no es propio de la actividad de los árbitros actuar bajo su propio capricho so pretexto de que sus fallos se producen en equidad, por lo cual, deben respetarse los derechos fundamentales de los intervinientes, sin que se les pueda exigir la misma responsabilidad que los jueces respecto de la práctica y valoración de pruebas.
Con el objeto de determinar si en el caso materia de análisis, el Tribunal de Arbitramento tuvo a su cargo dilucidar un conflicto de carácter económico o jurídico, toma en cuenta la diferenciación hecha por la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:
Nuestro derecho positivo acoge la tradicional división de los conflictos en jurídicos y económicos. Fue así como en el año de 1948 al expedirse mediante el Decreto Legislativo 2158 el Código Procesal de Trabajo, el cual quedó convertido en legislación permanente por el Decreto-Ley 4133 de ese mismo año, se adoptó esta clasificación propuesta por Henri Binet y que es la prohijada por la Organización Internacional del Trabajo, disponiéndose por ello que los jueces laborales únicamente conocieran de los conflictos de la primera clase (CPT, art. 2º y 3º).
“2. Por tal virtud, si bien es cierto que en ambos tipos de conflicto se prevé la posibilidad de que para su solución se profieran laudos arbitrales, y que trátese de uno jurídico ora lo sea de índole económica está previsto el recurso de homologación como mecanismo de control jurisdiccional a lo decidido por los árbitros, nunca puede perderse de vista la diferente naturaleza y finalidad que uno y otro persiguen.
“En el conflicto jurídico las partes si lo quieren derogan la jurisdicción ordinaria por mutuo acuerdo, mediante el compromiso o la cláusula compromisoria, y someten su diferendo a los árbitros para que ellos, al igual que lo haría el juez ordinario a quien reemplazan en el cumplimiento de sus funciones, falle en derecho con aplicación de una forma preexistente al litigio; mientras que en el conflicto de intereses económicos y el originado por la presentación de un pliego de peticiones que puede desembocar en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo (y en ciertos casos en un laudo arbitral) es el conflicto económico por antonomasia —no se trata ya de aplicar normas existentes sino de crearlas, de dar nacimiento a un nuevo derecho—, siendo aquí por ello la función de los árbitros —llamados por un sector de la doctrina arbitradores para distinguirlos— la de solucionar hacia el futuro y por medio de un fallo de índole constitutiva, y no meramente declarativa como lo es la sentencia o laudo que termina un litigio de naturaleza jurídica, el conflicto que enfrenta a las partes insatisfechas con la normatividad imperante y que precisamente han promovido en procura de obtener una nueva que mejor convenga a sus intereses (17) .
Establecido que en este asunto nos enfrentamos a un laudo en el que se discuten intereses económicos, resulta necesario señalar, apoyados en la jurisprudencia de nuestro máximo órgano de la jurisdicción ordinaria que los alcances de la función de la homologación del laudo arbitral, que en su Sala de Casación Laboral se ocupan de: 1) El examen de la regularidad del laudo (18) como control de la legalidad del trámite procesal (19) y, 2) Del ejercicio de la competencia, puesto que el Tribunal de Arbitramento debe hacer sido legal y oportunamente integrado, su decisión deber haber sido proferida dentro del término respectivo y el objeto del mismo no puede exceder los temas de la discordia. En ocasiones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha extendido su control a un aspecto material para evaluar si lo decidido en el laudo resulta en una inequidad manifiesta, concepto que incluye no “menoscabar la viabilidad de la actividad empresarial” (20) .
Dentro de ese ámbito de competencias, dicha corporación, al efectuar el control de legalidad a que nos hemos venido refiriendo sólo puede convalidar, anular o devolver, sin que la misma “esté facultada para tomar decisiones que impliquen una solución del conflicto colectivo económico, que forzosamente debe ser resuelto por las partes o por el tribunal de arbitramento” (21) .
Dada la naturaleza especial del arbitramento en equidad, la acción de tutela sólo es procedente contra un laudo arbitral en materia laboral en circunstancias realmente excepcionales, como en el caso de que después de agotado el recurso de homologación, sea evidente una violación de un derecho constitucional o una grave e inminente amenaza a este. La acción de tutela no es un mecanismo adicional, sustituto ni complementario de los demás recursos constitucionales o legales, en especial del recurso de homologación, considerado como requisito de procedibilidad, cumplido en este caso, para accionar en tutela.
Una vez más, nos ilustraremos en los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el sentido, contenido y alcance de la equidad en la administración de justicia:
“Históricamente, la preocupación por integrar consideraciones de equidad al derecho ha sido continua. En efecto, desde el derecho romano, mediante la labor de los pretores, hasta nuestros días, legisladores y jueces se han preocupado continuamente por adecuar la generalidad de las normas jurídicas a las particularidades de la realidad, introduciendo en ellas matices y excepciones para integrar ciertas consideraciones de equidad. De este modo han surgido diversas instituciones jurídicas. A manera de ejemplo, se puede citar que frente al principio de “pacta sunt servanda” surgió la cláusula “rebus sic stantibus…”, que posteriormente fue adoptada nuevamente a comienzos de siglo por la jurisprudencia administrativa francesa, mediante la decisión del conocido caso de la Compañía de Gas de Burdeos. Esta decisión dio origen a la llamada “teoría de la imprevisión”.
“En segundo lugar, la equidad actúa como un elemento de ponderación, que hace posible que el operador jurídico atribuya y distribuya las cargas impuestas por la norma general, proporcionalmente, de acuerdo con aquellos elementos relevantes, que la ley no considera explícitamente. La consecuencia necesaria de que esta ley no llegue a considerar la complejidad de la realidad social, es que tampoco puede graduar conforme a esta los efectos jurídicos que atribuye a quienes se encuentren dentro de una determinada premisa fáctica contemplada por la ley. Por ello, la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes” (22) (subrayas fuera de texto).
Como se dijo en precedencia, quien decide en equidad dispone de una amplia discrecionalidad para resolver el conflicto sin que ello signifique que la confianza que se le ha depositado le permita ser arbitrario, ya que su función es, precisamente, la de brindar justicia, lo cual le impide fundar sus dictámenes en su capricho, puesto que su misión es razonar en equidad consultando el contexto fáctico del caso, limitado por la normatividad laboral sustantiva y adjetiva que se citó renglones atrás.
Se ha considerado por la doctrina nacional y extranjera que el debido proceso arbitral en equidad comprende unos límites sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de las decisiones de los árbitros en equidad consiste en que si bien éstas no tienen que ser razonadas, de cualquier forma deben ser razonables. Una decisión razonada, o sea, justificada de manera expresa con base en argumentos expuestos en la parte motiva del laudo es una decisión que no carece de razonabilidad, salvo que se demuestre lo contrario, para lo cual deben tener en cuenta la presencia de las partes en contienda y resolver sus pretensiones, con fundamento en las circunstancias fácticas del caso, o sea que no pueden pasar por alto la información empírica; deben abstenerse de decidir con base en prejuicios, como lo son las opiniones racistas, sexistas o exclusivamente ideológicas, dada su estricta condición de administradores de justicia.
Lo contrario a la equidad, es la inequidad manifiesta de un laudo arbitral, cuyo estudio corresponde al juez de tutela, para lo cual debe acudirse a la interpretación de la normatividad relacionada con el trámite y decisión del laudo, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, se ha pronunciado en forma reiterada y evoluciona en el tiempo en sus apreciaciones sobre el tema, (23) que sirven de fundamento a nuestra determinación como que para concluir sobre la inexequibilidad de un laudo arbitral el contenido de la decisión ha de ser extremadamente perjudicial y desequilibrado.
Según su propia jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia no tiene el deber de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, puesto que ello invadiría la órbita de los árbitros, sustituiría su criterio por el del juez y desconocería su amplia discrecionalidad. Para que un laudo sea declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia no basta que sus resultados, es decir, el impacto que pueda derivarse del cumplimiento del laudo, no sean equitativos o que sean simplemente inequitativos. Deben serlo “manifiestamente”, esto es, que la inequidad sea fácilmente perceptible por ser protuberante.
A la jurisdicción constitucional corresponde velar por que el control efectuado por el juez de homologación tenga la virtud de impedir que los laudos cuyo impacto pueda ser manifiestamente inequitativo reciban la fuerza jurídica de sentencia y ello depende de la identificación de cualquier falencia constitutiva de una vía de hecho que justifique el control por parte del juez de tutela de la sentencia de homologación y por ende del laudo arbitral, en virtud de su deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales (C.P., art. 86) en especial el derecho al debido proceso en equidad.
6.3.2.2. Del caso concreto.
Como no hay duda respecto a la procedencia de la acción de tutela contra la providencia de homologación por cualquiera de los cuatro defectos —sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental— señalados por la jurisprudencia constitucional para las decisiones judiciales, debemos descartar como objeto de decisión constitutiva de vía de hecho, el aspecto fáctico, pues en los laudos no se pueden tener en cuenta la equivocada aplicación de normas positivas ni la inobservancia de las exigencias propias del decreto, práctica y apreciación de las pruebas, ya que no se trata aquí de una decisión en derecho que deba cumplir estricta y rigurosamente con normas jurídicas, razón por la cual, desde ya, en criterio de la Sala, contra los laudos arbitrales decididos en equidad no procede la acción de tutela.
Conforme con lo previsto en el artículo 457 del Código Sustantivo del Trabajo los árbitros pueden solicitar que se les presente información valiosa para decidir, lo que en sentido estricto no puede calificarse como la práctica de pruebas, sino como elementos de juicio relativos a las características del contexto fáctico dentro del cual han de fallar en equidad. Igualmente, aunque la equidad impone límites sustanciales a lo que los árbitros pueden decidir y a cómo deben fallar, estos son completamente diferentes a los que se derivan de las reglas legales porque los árbitros no están obligados a fallar aplicando tales reglas, razones que impide a la colegiatura adentrarse en el fondo del defecto fáctico.
Resta a esta Sala determinar si los límites constitucionales que los árbitros deben observar cuando deciden en equidad un conflicto colectivo fueron observados en el presente caso y, si no es así, si la inobservancia de los mismos implica la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, de cara a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral y los pronunciamientos del Tribunal de Arbitramento.
El aspecto atinente a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento Obligatorio, ha sido objeto de cuestionamiento permanente por el accionante, situación que ha sido objeto de debate jurídico, de cara al contenido del artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el numeral 2º, artículo 3º, de la Ley 48 de 1968 y al respecto tenemos:
Ecopetrol denunció siete (7) aspectos de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 11 de junio de 2001 que vencía el 31 de diciembre de 2002, ante el inspector de trabajo y seguridad social e iniciada la etapa de negociación directa no culminó satisfactoriamente, razón por la cual el Ministerio de la Protección Social ordenó constituir Tribunal de Arbitramento Obligatorio para la definición del conflicto y en cumplimiento de tal disposición administrativa, la empresa nombró a un árbitro, ante la renuncia de la USO a designar el segundo, el ministerio tuvo que hacerlo, y como estos dos, según la norma arriba citada, debían designar el tercero, sin que hayan logrado acuerdo sobre este último, el ministerio lo nombró.
Tal forma de proceder se aviene a la normatividad vigente y se encuentra acreditado y aceptado el silencio de la USO en la postulación del árbitro que por ley le correspondía nombrar para la conformación del tribunal que resolvería el conflicto laboral, suscitado a partir de la denuncia que Ecopetrol hiciera a varias disposiciones de la convención colectiva vigente para entonces, con citación de los interesados quienes ejercieron de manera adecuada la oposición a las pretensiones del ministerio, concurrieron a la etapa del arreglo directo que resultó fallida y mediante Resolución 382 del 25 de marzo de 2003, el Ministerio de la Protección Social dispuso la conformación del Tribunal de Arbitramento, la cual, fue objeto de contradicción por la organización sindical por los mecanismos establecidos por la ley, con lo cual se garantizó el debido proceso que hoy reclaman como vulnerado.
La Corte Suprema de Justicia hizo alusión al tema, aclarando que no era de la competencia de dicha corporación al desatar el recurso de anulación efectuar análisis sobre la legalidad del trámite previo a la decisión del Tribunal de Arbitramento, pero consideró de su interés efectuar algunas precisiones, luego de las cuales estimó legítimo el procedimiento surtido, y que ahora siendo objeto de cuestionamiento por vía de la acción de tutela, se somete a nuevo escrutinio, sin que se observe vulneración a derecho fundamental alguno, advirtiendo eso sí, que Adeco se encontraba representada en dicha actuación por la USO.
Es importante precisar que la facultad del Tribunal de Arbitramento se limita, como se ha venido señalando, a la decisión del conflicto laboral que se presenta para su determinación en equidad y no se extiende a la verificación del procedimiento para su conformación y que ahora es objeto de análisis por el juez constitucional, sin encontrar reparo alguno.
Se evidencia en la decisión “laudo arbitral” que para iniciar las deliberaciones sobre el fondo del asunto, el tribunal se vio precisado a tomar determinaciones sobre la recusación que la USO hiciera respecto del árbitro, doctor Jaime Cerón Coral, negándola y se dispuso su notificación previa citación de las partes, a la cual solo concurrió Ecopetrol. No obstante, la USO recusó a los dos restantes integrantes del tribunal, peticiones no consideradas por extemporáneas, lo que llevó al tribunal a solicitar ampliación del término, prórroga concedida en atención a tal aspecto y a la complejidad del asunto, sin que, en el evento de haber superado el término de 10 días fijado por el legislador, hubiera conculcado derecho alguno, máxime cuando las partes tuvieron oportunidad de solicitar aclaración, adición y de postular el recurso extraordinario de anulación.
El contenido del laudo arbitral fue dictado, en criterio de la Corte Suprema de Justicia, consultando al situación económica de la empresa, sus proyectos de producción, la situación económica laboral de sus trabajadores y las aspiraciones y ofrecimientos de las partes en conflicto, fijando un límite en el tiempo para su vigencia lo cual fija las pautas de razonabilidad y equidad, sin que comporte, por ende, una inequidad manifiesta, en cuanto el tribunal hizo una detallada y circunstanciada valoración de la situación económica y financiera para acompasarlas con el equilibrio social que demanda la relación laboral y el mantenimiento de la empresa en condiciones viables.
Si bien es cierto, el laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003 tuvo que ser aclarado y complementado el 17 de ese mismo mes, lo fue a solicitud de la empresa Ecopetrol, también fue sometido al procedimiento regular de notificaciones y luego al trámite del recurso de anulación interpuesto por la organización sindical, no por ello constituye vulneración flagrante de los derechos de los trabajadores, sino, por el contrario, es la clara expresión de la autonomía que les era propia y del interés porque sus decisiones se acomodaran a la situación real que se ventiló en aquel momento.
Se precisa, entonces, no hubo extralimitación del Ministerio de la Protección Social en sus determinaciones de convocatoria, nombramiento de árbitros ni del Tribunal de Arbitramento en la resolución del conflicto, demostrándose así que no adolecen tales actividades del defecto orgánico o funcional alegado por el accionante.
El defecto sustantivo, lo hace consistir el impugnante en la extralimitación de las facultades conferidas al Tribunal de Arbitramento en el acto administrativo de convocatoria y en la regulación nacional, pro cuanto el fallo afectó derechos laborales reconocidos por las normas convencionales y legales vigentes sobre régimen pensional, la eliminación de la cláusula de estabilidad laboral para los nuevos o temporales trabajadores que ingresen a Ecopetrol luego de la ejecutoria del Laudo, desconocimiento de decisiones de la Corte Constitucional relativas a la actualización salarial .
Al efecto se tiene que el Tribunal de Arbitramento fue convocado por razón de la denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo vigente, hecha por Ecopetrol, sustentando, en cada una de las disposiciones denunciadas, las razones que llevan a la empresa a la solicitud de modificación de los textos normativos convencionales y en términos generales se concreta en la proyección del futuro viable de la empresa, dado que se ha generado una alta carga pensional y de costos laborales, así como la afectación de la productividad de continuarse con el régimen de premiación de la permanencia de las personas por antigüedad.
Argumenta Ecopetrol en su denuncia que “escapa al objeto social de Ecopetrol la administración de las prestaciones que se generan de la seguridad social, o cual le resta a la empresa eficiencia y competitividad, y la distrae del cumplimiento de las actividades propias de su operación”. Argumentó que se hace necesario aunar esfuerzos para lograr la armonización de la convención colectiva de trabajo con el sistema de seguridad social, en procura de la estabilidad y futuro de la empresa. Resalta que los trabajadores de la empresa se jubilan a los 47 años de edad y 23 de servicio, lo cual conlleva a falta de competitividad por sobrecostos laborales, incremento del pasivo pensional, exceso de personal a cargo, sobrecostos por terminación de contratos de asociación y concesión por reversión de campos a la Nación. En materia de salud prestada directamente por la empresa a sus trabajadores, pensionados y familiares, se traduce en exclusión al sistema general de seguridad social, racionalización del servicio y concentración en el negocio de Ecopetrol y en lo tocante a los riesgos profesional considera que es indispensable su cubrimiento por una ARP.
Respecto al punto, observa la colegiatura que en el laudo arbitral del 9 de diciembre de 2003, en cuanto al punto de las pensiones se deja expresa constancia de haber sido tratado por las partes en la etapa de la negociación y que presentados a consideración del tribunal por razón de la denuncia y el pliego de peticiones, le otorgaron facultades para decidir en equidad y tuvieron en cuenta la viabilidad de la empresa en el largo plazo en atención a que la producción de petróleo cayó porcentualmente, el volumen de exportaciones se redujo así como el valor en dólares, mientras las reservas disminuyeron, y deben tomarse determinaciones urgentes por cuanto los ingresos vienen decreciendo más rápido que los egresos y por aplicación de los principios de equidad y solidaridad entre empresa y trabajadores y luego de discurrir por largas y detalladas consideraciones, arriban a la conclusión de la modificación, tanto del aspecto pensional como contractual y salarial para los servidores a esa fecha y para quienes sean contratados a partir de la fecha de vigencia del laudo.
Tales argumentaciones, lejos de constituir una extralimitación, desconocimiento de la normatividad vigente y de la jurisprudencia, corresponden a un exhaustivo examen de la realidad económica y de proyección en productividad señalada en los diferentes índices de producción y gastos que se mostraron en el curso de la actuación, reiterando que en criterio de los árbitros las denuncias hechas por Ecopetrol responden a una necesidad sentida de adecuación de la empresa a una realidad económica y financiera que de no surtirse en ese momento conllevaría desequilibrio e inviabilidad de la misma.
Nótese cómo, cuando llegaron a conocimiento del tribunal, los documentos generados con ocasión del curso de la etapa de negociaciones que resultó fallida, ya habían algunos acuerdos y las diferencias que obviamente se mostraron en dicha mesa conllevaron a la ruptura de las mismas y a la conformación del Tribunal de Arbitramento y necesariamente hubo que analizar tales diferencias, al punto que no todas las posturas de Ecopetrol prosperaron, lo cual permite concluir sin hesitación alguna que lejos de actuar por capricho o arbitrariedad, el tribunal fundamentó sus decisiones en una realidad probada y en la consideración de un futuro viable para dicha empresa.
Como respecto del tema del defecto sustantivo, también involucró el accionante a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, se procedió al examen de la providencia del 31 de marzo de 2004, insistiendo en que la actividad del juez constitucional se encuentra limitada por el ámbito de la autonomía funcional de dicha corporación, su labor se contrae a determinar si las censuras hechas en el recurso de anulación fueron resueltas y si por razón de sus argumentaciones se violó el debido proceso, constituyendo una vía de hecho la sentencia proferida por razón de tal inconformidad.
De lo que se aprecia en el voluminoso expediente y los extensos escritos del impugnante, el asunto de inconformidad versa por el fondo del tema en sí, ante la pérdida de importantes prerrogativas que de antaño habían venido disfrutando los servidores de Ecopetrol, sin que se ataque realmente el fondo del asunto, cual es la verificación que de manera específica hizo la Sala de Casación Laboral, de cara, allí sí, a la situación económica por la que atravesaba la empresa para aquel momento y que, por el conocimiento público, tiende a agravarse, en atención a la crisis económica mundial y a la escasez de crudo en el suelo colombiano lo que por sí genera angustia y se refleja en la reducción de muchos de los beneficios de sus trabajadores, en busca de la protección de la sociedad colombiana en general, es decir, anteponiendo el interés general sobre el particular, como elemento esencial del Estado social de derecho, que propende no sólo por lo democrático sino también por el bienestar fijado en la posibilidad que el Estado garantice estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación y recreación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad, por aplicación del principio de igualdad que tanto se reclama.
Y si la decisión de la Corte Suprema de Justicia refleja el compromiso con ese estado social de derecho para aplicar la justicia material, abordó todos los temas objeto de reproche a la decisión del Tribunal de Arbitramento y brindó la respuesta que consideró procedente, teniendo como fundamento de ella el precedente de la misma Sala en todos los aspectos de debate, mostrándose ajena al capricho, a la arbitrariedad y al desdén que le enrostra el demandante en esta acción pública, razón por la cual no se encuentra afectada por vicio alguno que identifique sus pronunciamientos con una vía de hecho.
Con la argumentación que precede, resulta evidente que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, pues, procediendo el estudio de fondo sobre el tema, se arriba a la ineluctable conclusión de que ni el laudo arbitral ni las determinaciones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco los actos administrativos del Ministerio de la Protección Social, en torno a la denuncia parcial de la convención laboral y la integración del Tribunal de Arbitramento se encuentran afectadas por defecto que constituya vía de hecho.
6.3.2.3. Improcedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto.
En lo relacionado con el Decreto 3164 de 2003 insistió el impugnante en que rompe la figura de la unidad de empresa para reducir el ámbito y campo de aplicación de las convenciones colectivas y laudos arbitrales en las empresas dedicadas a las actividades del petróleo, es contrario al objeto social de Ecopetrol S.A. y fue dictado como complemento legislativo del laudo arbitral impugnado, dictado con abuso y desviación de poder, con extralimitación de la potestad reglamentaria del Presidente de la República al reglamentar por tercera vez el Acto Legislativo 284 de 1957 y demandado por Adeco en el Consejo de Estado, entidad que no ha admitido la demanda por irregularidades en su trámite y mientras se decide la acción de nulidad deben suspenderse sus efectos “para evitar o precaver un perjuicio irremediable a los trabajadores destinatarios y beneficiarios de las convenciones colectivas o laudos arbitrales …”.
La Sala homologa de primera instancia, consideró que por tratarse de un acto de la administración que tiene características de general, impersonal y abstracto no puede ser objeto de acción de tutela, sino que el accionante debe acudir a la jurisdicción correspondiente para demandar su nulidad, que por principio general la hace improcedente.
En este sentido y por precedente de la Sala, debe confirmarse, también en este aspecto el fallo de primera instancia, toda vez que en verdad el demandante cuenta con otros medios de defensa judicial para determinar la legalidad del acto administrativo cuestionado ante la falta de demostración de perjuicio irremediable que convoque a la colegiatura a su estudio.
6.3.3. Impugnación de la uso y oposición de Ecopetrol.
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “USO” presentó escrito en el que manifiesta su inconformidad con la decisión de primer grado por considerar que el juez constitucional de primera instancia no se pronunció respecto de todas y cada una de las violaciones a los derechos fundamentales, no tuvo en cuenta las pretensiones de la USO, no hubo estudio de fondo sobre la violación del debido proceso originado en la indebida conformación del Tribunal de Arbitramento, desconocimiento de los términos procesales, extralimitación de funciones por el tribunal, negación de acceder a la anulación del laudo, razones que lo llevan a pedir la revocatoria de la decisión impugnada y ordenar la protección inmediata de los derechos fundamentales violados a la USO y a sus afiliados.
La empresa Ecopetrol, por intermedio de su apoderado general se opuso a la impugnación presentada por el presidente de la USO, en quien radicó falta de legitimidad por activa, dado que no tiene la calidad de accionante.
Sobre este tópico, la Sala, debe precisar que la actuación surtida por la USO tiene como objeto el llamamiento que le hizo el juez de primer grado para que concurriera en calidad de presunto afectado con las decisiones aquí asumidas y al presentar su impugnación hace mención a que la USO se vio afectada con la decisión del Tribunal de Arbitramento y de la Corte Suprema de Justicia, pues representa a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes, en su criterio se han conculcado derechos fundamentales, razones suficientes para concluir que la USO tiene interés jurídico para actuar.
No obstante, revisadas las argumentaciones esbozadas por el recurrente en representación de la USO, encuentra esta colegiatura que son una síntesis de la demanda de acción de tutela que corresponden a las consideraciones de la impugnación de Adeco y cuyos temas fueron ampliamente debatidos en el curso de esta providencia, razón por la cual, sólo nos resta indicar que del material probatorio aportado a esta acción pública se logró establecer que en el trámite arbitral y el posterior recurso de anulación se garantizaron los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes dentro del marco legal, sin desconocer que algunas pretensiones fueron denegadas, como es obvio, por razón de la autonomía funcional que protege las decisiones de quienes ejercen funciones judiciales, sin que ello por sí demande la protección por vía de la tutela, razón por la cual dichas pretensiones no prosperan.
1. Negar, por las razones consignadas, las pruebas pedidas por el impugnante en su condición de presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo “Adeco”.
2. CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el 9 de febrero del año 2005, por las razones esgrimidas en la motivación de esta providencia.
3. Remitir oportunamente esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
(1) Cuaderno original segundo, folio 14 y ss.
(2) Folios 17 a 78.
(3) Folio 220 y ss.
(4) Folios 251 a 271
(5) Folio 283.
(6) Folios 289 a 320.
(7) Folio 284.
(8) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Esta sentencia confirma un fallo de la Sala de Casación laboral que había negado una acción de tutela contra una sentencia, argumentando que nunca eran procedentes las tutelas contra providencias judiciales. Sin embargo, la Corte establece claramente que cuando existe una vía de hecho sí es procedente la tutela contra providencias judiciales, pero que en el caso bajo estudio no se presentaba este fenómeno.
(9) En la Sentencia T-079 de 1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las exigencias de los artículos 175 Código de Procedimiento Civil y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema agregó, además, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción.
(10) En la Sentencia T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (2) , la doctrina acogida por esta misma corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto existe en él evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…) El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia; Segunda, que proceda de la autoridad competente; Tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de la razón jurídica”.
(12) En la Sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideró al respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un proceso particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vivido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto —bien sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales— se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (Cons. Pol., art. 237-1) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (Cons. Pol., art. 234). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados”.
(13) Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(14) Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2003, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. (En esta sentencia la Corte declaró inexequible el numeral 19.14 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, porque ordenaba a las empresas de servicios públicos domiciliarios acudir siempre al arbitramento para dirimir los conflictos que pudieran presentarse con lo que se desconoció el carácter facultativo y transitorio del arbitramento en el caso de servicios públicos no esenciales).
(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia de homologación de junio 30 de 1999, M.P. Germán G. Valdés Sánchez.
(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia de homologación de mayo 18 de 1988.
(18) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación de mayo 20 de 1996: “El recurso de homologación que se otorga contra los laudos que dirimen conflictos colectivos de trabajo se dirige a procurar el examen de la regularidad de estos, teniendo en cuenta las condiciones mínimas de trabajo que consagra la ley y las estipuladas en normas convencionales vigentes, y el ámbito que al poder decisorio de los árbitros señala la denuncia de la convención”.
(19) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación de noviembre 20 de 1970. Sobre la función de la Corte, en el recurso de homologación dicha corporación sostuvo que ella: “Examina la regularidad del laudo, y al proceder en esta forma, no puede eludir, porque va implícito en ello, el estudio de la naturaleza del conflicto, si se han cumplido las etapas de arreglo directo o de conciliación, si el tribunal ha sido integrado conforme a la ley, si ha funcionado tal como esta lo ordena y si ha proferido sentencia dentro del término respectivo y sobre la materia debatida”.
(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación de junio 30 de 1999, M.P. Germán G. Valdés Sánchez: “Ha aceptado esta Sala un criterio adicional, claramente asociado con la regularidad dada la naturaleza económica del conflicto, cual es el del equilibrio que debe existir en las decisiones, dentro de la idea de buscar mejorar las condiciones de los trabajadores sin menoscabar la viabilidad de la actividad empresarial del empleador. Por ello ha aceptado la anulación de disposiciones del laudo cuando observa una manifiesta inequidad en las mismas”.
(21) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, sentencia de homologación, mayo 14 de 1985.
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-1547 de 2000, M.P. (e): Cristina Pardo Schlesinger, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.
(23) La Sala de Casación Laboral —Sección Primera— de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la inequidad manifiesta en los siguientes términos: “De otro lado, como en el cargo se afirma la manifiesta inequidad del laudo, en el artículo a que el mismo se refiere, debe repetirse lo que al respecto tiene dicho con profusión esta misma Sección de la Sala de Casación Laboral de la Corte: "En forma reiterada ha sostenido la jurisprudencia que cuando los arbitradores van a decidir conflictos económicos, el ámbito dentro del cual van a actuar es muy amplio y su decisión sólo debe consultar la equidad y la justicia, caso en el cual no se pueden revisar en sede de homologación los aspectos económicos del laudo, y solamente sería viable en el evento de que el fallo desconociera de manera protuberante la realidad económica de la empresa o entidad patronal o desatienda las peticiones de los trabajadores". Y en desarrollo de este criterio ha sentado así mismo la jurisprudencia que "para dar por establecido que las conclusiones a que llegaron los árbitros son equivocadas desde el punto de vista económico y financiero, y que por lo tanto las decisiones son contrarias a la equidad, sería necesario realizar un estudio de carácter técnico que no cabe dentro del recurso de homologación, pues su finalidad es la de confrontar el laudo con la constitución, las leyes o las convenciones colectivas" (confrontar fallo de homologación del 21 de febrero de 1991, ya citado).” (Se refiere la cita a la sentencia de homologación del 21 de febrero de 1991, Rad. 4330, Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José y Anthoc y Sintrahosclisas, pág. 28).