Source: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_panama.asp
Timestamp: 2017-12-11 19:19:58
Document Index: 116557656

Matched Legal Cases: ['Artículo 219', 'Artículo 220', 'artículo 142', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 276', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 299', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 83', 'artículo 77']

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La administración pública panameña posee controles internos y externos, cuyo objetivo es el de fiscalizar los bienes y recursos del Estado. Los controles internos son los propios de las agencias gubernamentales regidos mediante normas y resoluciones internas. Los controles externos son organismos estatales creados por la Constitución Política con el objetivo de controlar los bienes y recursos del Estado para su rendición de cuentas:
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas
El La Defensoría del Pueblo
Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral
De acuerdo con lo establecido en el capítulo tres de la Constitución Política de la República de Panamá, la Contraloría es responsable del control del gasto público a través de fiscalización, regulación, y control de movimientos de fondos y bienes públicos. Además, posee la función de examinar las cuentas de los funcionarios y/o entidades públicas que manejan los fondos o bienes gubernamentales. Mediante el Decreto No 57 de 2000, se crean la Dirección de Auditoría Interna, la Dirección de Auditoría General, la Dirección de Fiscalización General, y la Unidad de Fiscalización Especial.
La Contraloría se rige por su Ley Orgánica No 32 de 1984. En ella se determina que el Contralor General de la República se encarga de la Contraloría y es secundado por el Subcontralor General. Son nombrados por la Asamblea Legislativa por un periodo igual al Presidente de la República (cinco años).
Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas
La Ley No 67 de noviembre de 2008 derogó el Decreto de Gabinete No 36 de 1990 y sustituyó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República por el Tribunal de Cuentas. Mediante esta misma ley se creó la Fiscalía de Cuentas que investiga las irregularidades detectadas por la Contraloría General sobre la malversación de fondos y bienes públicos de forma que el Tribunal de Cuentas aplique las sanciones correspondientes.
El Tribunal de Cuentas es una institución de rango constitucional encargada de velar por la legalidad, transparencia, economía y eficiencia de la gestión financiera y económica del sector público. Sus objetivos son, garantizar la recuperación de que los fondos o bienes del Estado que han sido sustraídos y malversados; adelantar los procesos de responsabilidad patrimonial, a fin de resarcir al Estado de las lesiones patrimoniales causadas; mantener un estricto apego a las normas de procedimientos administrativos relacionados con las garantías del debido proceso y demás garantías procesales a los investigados o procesados.
Estas actividades se llevan a cabo a través de exámenes, auditorías o investigaciones realizadas por la Contraloría General, o bien por denuncias ante la Contraloría contra funcionarios privados y públicos.
El Artículo 219 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que el Ministerio público será ejercido por El Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros y los demás funcionarios que establezca la Ley.
EL Artículo 220 señala que son funciones del Ministerio Público: defender los intereses del Estado, promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas, vigilar la conducta de los funcionarios públicos, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales y servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos.
La Procuraduría de la administración goza de independencia funcional, se encarga del control de la legalidad de los actos de la Administración Pública, tiene jurisdicción a nivel nacional, de la misma manera que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y con esta última encabeza el Ministerio Público. El Procurador de la Administración tiene la misma jerarquía, prerrogativas y derechos que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y los Ministros de Estado.
La función principal de la Defensoría del Pueblo es velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la República de Panamá. Tiene también atribuciones para investigar y denunciar actos u omisiones de las entidades que prestan servicios públicos.
Fue establecida mediante la Ley 7 de 1997 que le otorga autonomía financiera y administrativa. La Defensoría es representante del pueblo y delegada del poder popular y no cuenta con funciones jurisdiccionales.
El Defensor es propuesto por la Asamblea Legislativa y ratificado por el Presidente de la República por un periodo de cinco años.
La Defensoría del Pueblo puso en funcionamiento el Nodo de Transparencia en la Gestión Pública, el cual consiste en un portal de información en el que las diferentes Instituciones del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil publican información de acceso público, cumpliendo a través de este sitio en Internet con el requerimiento de la Ley para la transparencia en la gestión pública, Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, como una herramienta adicional a la obligación de hacerlo en sus respectivos sitios Web.
A través de este Portal de Internet se puede acceder a información inherente a la planilla, compras gubernamentales, informes de auditoria, presupuesto, entre otras, permitiendo al ciudadano conocer como se manejan los recursos públicos y escrutar a las instituciones del Estado y aquellos organismos de la sociedad civil que reciben fondos público
El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral
Entre las funciones del Tribunal Electoral, establecidos en el artículo 142 de la Constitución Política, se incluyen la de garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio. La Fiscalía General Electoral está adscrita al Tribunal Electoral, y según el estatuto de elecciones de 1972, se le asigna las mismas funciones del Ministerio Público en materia electoral; vigilar y fiscalizar la transparencia de las elecciones. Ejerce sus funciones de manera independiente y de apoyo de la jurisdicción especial electoral. Durante el período electoral, la Fiscalía Electoral, guiada por el Código Electoral, reactúa como aparato jurisdiccional o representa a la sociedad en los procesos administrativos electorales. En suma, la Fiscalía General Electoral investiga y recomienda los casos, y el Tribunal Electoral juzga y decide sobre los mismos.
Adscrito al Tribunal Electoral se encuentra la Comisión de Transparencia del Proceso Electoral que vela por la transparencia e imparcialidad de los funcionarios que trabajan el proceso electoral protegiendo los derechos de los ciudadanos. La Comisión investiga las denuncias que recibe acerca de irregularidades de funcionarios del Tribunal Electoral.
En 1994 se creó la Comisión de Transparencia como órgano responsable de investigar irregularidades de los funcionarios del Tribunal Electoral. El fin es de vigilar la transparencia e imparcialidad de los funcionarios que ejecutan tareas del proceso electoral para proteger los derechos de los ciudadanos.
Convenio de Cooperación Entre El Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo
El Convenio fue firmado en 2002 para facilitar el trabajo cívico-electoral de carácter nacional desarrollado por ambos órganos. Tiene los siguientes objetivos:
Fortalecer los valores democráticos;
Promover la participación electoral,
Promover la actualización y depuración oportuna del Registro Electoral, pero combatiendo, a la vez, los cambios dolosos de residencia.
Promover la tolerancia.
Hacer docencia en cuanto al uso de las boletas de votación, particularmente en las áreas rurales.
Otros proyectos que a bien estimen en conjunto realizar.
Uno de los programas prioritarios es la Campaña de Educación Cívica que promueve y divulga los valores de la cultura democrática para una ciudadanía activa y responsable.
Proyecto Nacional de Reforma a la Administración Financiera (RAF)
El Proyecto Nacional de Reforma a la Administración Financiera (RAF) fue desarrollado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo de USAID con fin de integrar la administración financiera.
La RAF fue creada para identificar y recomendar cómo mejorar la administración financiera del Estado para el control de la gestión gubernamental. Una de las recomendaciones más importantes impulsadas por la RAF fue la de crear el Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA).
Dirección Nacional de Contabilidad-SIAFPA
Se estableció a través de la Resolución 002 el 28 de enero de 2000 como parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene a su cargo administrar la herramienta de la gestión financiera del Estado a nivel central; y facilitar el ejercicio del control gubernamental brindando la información requerida para las auditorías de las instituciones públicas que lleva a cabo la Contraloría General de la República para los niveles ejecutivo, fiscalizador y gestor.
La adhesión en marzo de 1996, y la ratificación en julio de 1998, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción CICC fue uno de los primeros pasos tomados por Panamá en su política para combatir la corrupción. Como consecuencia del compromiso adquirido en su calidad de Estado parte de la CICC, se creó la Dirección Nacional contra la Corrupción, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto Ejecutivo No. 99 de 13 de febrero de 1999.
Posteriormente, mediante la Ley No. 15 de 10 de mayo de 2005, la República de Panamá ratificó también la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, de octubre de 2003.
En el año 2002, durante el Gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, se creó la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, con sustento en el Decreto No. 7 de 22 de enero de 2002. Las funciones que por este instrumento se atribuyen a la Comisión comprenden: Observar los procesos de contratación en los que interviene el Gobierno nacional, elaborar normas y procedimientos para evitar actos ilícitos en la Administración pública, diseñar programas para promover la moralidad y la ética entre los servidores públicos, propiciar la participación de la sociedad civil en las prevención y combate a la corrupción, e informar a las autoridades competentes de actos de corrupción de los que tengan conocimiento.
Durante el mismo período se promulgó la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública y establece el Habeas Data.
Ley No 6 “Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones”
Esta Ley, publicada el 23 de enero de 2002 destaca la libertad y el acceso a la información en el artículo 2 del capítulo II, realzando que toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de ofrecer una justificación, la información de acceso público. Esta medida incluye también a empresas privadas que prestan servicios públicos.
La Ley recoge el tema del acceso a la información en el Capítulo III, titulado “Obligación de Informar por Parte del Estado”, donde explica que las instituciones del Estado están obligadas a brindar información (no confidencial ni de acceso restringido) sobre su funcionamiento y sus actividades a cualquier persona.
Esta Ley derogó el Decreto Ejecutivo No 13 de 1991 "Por el cual se adoptan los principios éticos de los servidores públicos” que explica los principios éticos que los funcionarios públicos están obligados a adoptar.
Está reglamentada por el Decreto Ejecutivo No 124 de 2002 que establece los mecanismos administrativos para facilitar a los particulares el ejercicio del derecho de libertad de información sancionado en la Ley.
Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción (CNTC)
En 2004 se creó el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción (CNTC), mediante Decreto Ejecutivo No 179 (con modificaciones en 2009 a través del Decreto Ejecutivo No 232 de julio de 2009.). Está adscrito al Ministerio de la Presidencia, y asesora al Órgano Ejecutivo en el diseño e implementación de políticas publicas en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Vela por el cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción, adoptadas por el país. Investiga y publica informes anuales sobre los resultados de la detección, prevención, sanciones de la corrupción ante el Órgano Judicial. En 2008 el CNTCC publicó su primer estudio exploratorio descriptivo sobre la corrupción en Panamá.
El Ministro de la Presidencia, o en su defecto el Director de la Unidad de Análisis Financiero
El Procurador o Procuradora General de la Nación o en su defecto un Fiscal Anticorrupción designado
El Contralor General de la República o en su defecto el Director de Auditoria General de la Contraloría General de la República.
El Ministro de Economía y Finanzas o en su defecto el Director General de Ingresos
El Fiscal de Cuentas o en su defecto el Fiscal de Cuentas Suplente
Plan Estratégico 2009-2014 del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción
El Consejo publicó el Plan Estratégico 2009-2014 que contiene el programa del gobierno para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción; y presenta las modificaciones al Decreto Ejecutivo 179 de octubre de 2004, con el fin de restituir las facultades al Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, las cuales habían sido reformadas mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de mayo de 2007.
Las medidas para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción incluyen: “implementar la obligación de declarar los bienes de manera anual, de todo funcionario, de manejo; procurar el acceso a la información general de todo funcionario, implementar un sistema de motivación para el ejercicio de la transparencia en la gestión pública y castigo a la corrupción.”. Así mismo, “reforzar la enseñanza de los valores éticos y morales por medio de campañas periódicas con la participación de los gremios y clubes cívicos.”.
Otras iniciativas gubernamentales
Programa de Transparencia e Integridad: Buenas Prácticas de Integridad de la Administración Publica Panameña, 2007 y el Sistema de Buenas Prácticas de Integridad de Panamá (SIBUPRAIP)
En 2006, el CNTCC promovió el intercambio de buenas prácticas entre las 68 entidades públicas panameñas con el objetivo de brindar al público un servicio más eficiente y transparente. Asimismo, se creó el Sistema de Buenas Prácticas de Integridad de Panamá (SIBUPRAIP) donde dichas entidades comparten los procesos exitosos en materia de integridad. La meta de ambos es de promover el modelo de buenas prácticas de integridad en el sector público panameño para lograr:
El desempeño institucional para elevar la calidad de sus servicios
Fortalecer la transparencia en el sector público
Promover una ciudadana responsable y una cultura de valores
A través de la realización de estas actividades, las instituciones podrán alcanzar un reconocimiento público y moral que fortalece la confianza de la sociedad civil en dichos órganos públicos.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se estableció a través de la Ley 26 del 1996 “Por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos” y tiene como objetivo el de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos adecuados, eficientes, confiables, ambientalmente seguros, a precios justos y razonables.
Sus funciones incluyen controlar y fiscalizar la prestación de los servicios públicos; de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural. Esta función se hace a través de procedimientos en las diferentes áreas.
Proyecto Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas para la Integridad en la Gestión Pública Panameña
El objetivo de este proyecto de 2006 es el de promover y difundir las buenas prácticas en la gestión publica, basado en los principios de ética, transparencia y prevención de la corrupción. Su trabajo se realiza en cinco áreas: gestión por resultados, rendición de cuentas, acceso a la información publica, sistema de atención de denuncias de actos de corrupción, participación ciudadana. Las conclusiones del proyecto sirven para apoyar a las demás entidades del sector público.
La Red Interinstitucional de Ética Pública y Transparencia
La Red Interinstitucional de Ética Pública y Transparencia, coordinada por la Procuraduría de la Administración, asiste en el desarrollo de políticas públicas para evitar la impunidad y la corrupción. Actualmente la Red cuenta con 86 instituciones participando en sus actividades, y 112 coordinadores asistiendo a sus actividades de formación. La Red produce boletines informativos de forma virtual acerca de su trabajo, así como también información de capacitación y el Código Uniforme de Ética del Servidor Público.
Oficina de Concertación y Participación Ciudadana
Creada en 2008 mediante la Resolución No 332 “Por medio de la cual se crea la Oficina de Concertación y Participación Ciudadana”, la Oficina está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Además, promueve la implementación del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.
Proyecto de Ley “Que crea una Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia para Prevenir, Detectar y Sancionar Actos de Corrupción en el Órgano Judicial”
Promueve el control interno en la Corte Suprema de Justicia, protegiendo así las libertades y garantías ciudadanas y defendiendo valores esenciales de la democracia.
Creada en el año 2009 mediante la Ley 65, esta Autoridad promueve el uso de la tecnología de información y comunicaciones para modernizar la gestión pública. Uno de los proyectos realizados es el Sistema Nacional de Transparencia que desarrolla la posibilidad para que los ciudadanos puedan hacer denuncias y monitoreo de las investigaciones a través de un sistema, impulsando una mayor transparencia en la gestión publica.
Acuerdo 1089 “Por el Cual se Instituye el Encuentro de Rendición de Cuentas en el Órgano Judicial”
La Corte Suprema de Justicia organiza jornadas de rendición de cuentas entre la ciudadanía y los funcionarios jurisdiccionales y administrativos sobre la actuación judicial y la gestión administrativa. Este programa tiene el objetivo de fortalecer la transparencia en dicho órgano y se hace en conjunto con la Dirección Administrativa.
En el marco de la celebración de este encuentro en Guatemala en abril del año 2009, se emitió una declaración conjunta firmada por todos los países participantes.
Los objetivos de la Secretaría incluyen elaborar un listado de instrucciones, marcos normativos, y acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se están llevando a acabo en los países de la región con el fin de que este informe sirva como mecanismo para compartir “buenas prácticas” entre los gobiernos. Además es la encargada de la elaboración de un informe que facilite a los Estados signatarios el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción.
Comisión Permanente para la Modernización del Estado en Función de Nuevas Tecnología de la Información y Comunicación por la Comisión e-Panamá
La Comisión Permanente se creó a través de la Ley No 72 de 4 de junio de 2002. Está adscrita al Ministerio de la Presidencia y tiene las funciones de coordinar, impulsar y facilitar la ejecución de las iniciativas e impulsar la búsqueda de recursos financieros para estas iniciativas. En el 2004, la Comisión Permanente publicó un informe de sus actividades realizadas.
Programa e-Panamá
El Programa es una iniciativa del gobierno para establecer una plataforma de e-gov. Utiliza la tecnología de la informática y la comunicación para elevar el nivel tecnológico de Panamá. Uno de los objetivos es mejorar la transparencia en la gestión pública. El Programa está basado en cinco pilares entre los que se incluyen el de evitar las distorsiones en el uso del presupuesto nacional. Los proyectos del Programa tienen enfoque en distintos áreas, incluyendo e-gobierno, e-economía, e-seguridad, con objetivo final de convergir la información, las redes, las bases de datos y la comunicación gubernamental de los diferentes sectores.
El Nodo de Transparencia se creó a base de la Ley No 6 de 2002. Es el portal donde el público puede acceder información sobre la sobre la gestión de los recursos públicos; compras gubernamentales, informes de auditoría, presupuesto, entre otros. Según capítulo III de dicha Ley, las instituciones públicas están obligadas a entregar la información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan con excepción de la información confidencial y de acceso restringido.
El portal apoya a la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No 5 del año 1985 sobre la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos que destaca que una sociedad desinformada no puede ser plenamente libre.
La Dirección Nacional de Contabilidad-SIAFPA se creó a través de la Resolución 002 el 28 de enero de 2000 como dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. A partir del sistema integrado, la Dirección organiza, dirige y controla el proceso y recursos de los sistemas de información de la administración financiera. Esta información contribuye a la formulación del presupuesto general y la gestión financiera del Estado. El objetivo es de mejorar el acceso de la información del presupuesto nacional y la gestión financiera en los niveles institucional, sectorial y global.
Dirección General de Contrataciones Públicas y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (PanamaCompra)
La Dirección General de Contrataciones Públicas y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, creada mediante la Ley No 22 del año 2006, es una entidad autónoma con las funciones de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar los procedimientos de selección de contratista de las instituciones estatales. Además, sus funciones incluyen la administración del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (PanamaCompra).
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (PanamaCompra)
Las entidades públicas están obligadas a publicar en PanamaCompra toda la información acerca de los procedimientos de selección de contratista. De esta manera, el público se puede enterar de las ofertas de negocios y las transacciones entre compradores y proveedores del Estado. El Sistema tiene como meta incrementar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las compras gubernamentales.
Digitalización de la Gaceta Oficial
El proyecto de digitalizar la Gaceta fue desarrollado por la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. La Dirección General de la Gaceta Oficial del Ministerio de la Presidencia fue creada a través de la Ley No 53 de 28 de diciembre de 2005 “Que dicta normas para la modernización de la Gaceta Oficial y adopta otras disposiciones”. Esta Ley le otorga a la Dirección la responsabilidad de crear la página Web para la publicación digital de la gaceta. Así, se permite el acceso a través del Internet a la promulgación y publicación de las normas y los actos ordenados por la Constitución Política y la Ley.
Se reconoce en el artículo 2 la validez jurídica a la publicación de la Gaceta Oficial por Internet, salvo que existan pruebas en de lo contrario, lo que garantiza la fidelidad y vigencia de toda la información contenida en este sitio web.
El gobierno de Nicaragua firmó la Declaración de Tegucigalpa de 2002 durante la Conferencia sobre Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico para el Desarrollo e Integración Regional en Centroamérica.
La Red GEALC es una iniciativa creada en el 2003 por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) para promover la “cooperación horizontal entre América Latina y el Caribe en el uso de las nuevas tecnologías de la información TIC.”. La Red GEALC sirve además como mecanismo de soporte técnico y financiero para las iniciativas de gobierno electrónico que se llevan a acabo en los diversos países de la región. Algunas de las actividades de cooperación en la que han participado los países a través de la red son las siguientes:
En 2009 tuvo lugar en Panamá, el taller sobre interoperabilidad y procesos públicos institucionales en la región donde se compartieron experiencias y conocieron los avances en el área diseñando un mapa de ruta en interoperabilidad. Las actividades de la Red incluyen la creación de una base de datos de expertos en gobierno electrónico, cursos en gobierno electrónico, mecanismos de monitoreo sobre iniciativas en gobierno electrónico.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, fundada en 1995, es el “capítulo panameño” de la ONG Transparency International para promover los valores de transparencia, anticorrupción y participación ciudadana a través de campañas educativas. Uno de sus trabajos es la realización del Índice de Integridad de las Instituciones públicas de Panamá. Este Índice hace parte de las encuestas anuales sobre la percepción de corrupción, desarrolladas por Transparency International. La Fundación apoya proyectos complementarios realizados por otras organizaciones que comparten estos principios.
Es una organización internacional creada con el objetivo de asistir a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región en temas como la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra el fraude y la corrupción.
OLACEFS tiene sede en Panamá y sus actividades incluyen la realización de investigaciones científicas, la organización de eventos de capacitación, y la creación de una base de datos sobre estos temas.
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores está constituida por diferentes comisiones y comités dedicados a los temas de la OLACEFS y ofrece apoyo técnico a las EFS.
Creada en el 2000 para consolidar los esfuerzos de la sociedad civil en la promoción de reformas judiciales, como la independencia del poder judicial, la despolitización en la selección de magistrados y la mejora de la administración de justicia para enfrentar el crimen y la impunidad, promociona la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la agenda ciudadana de seguridad, justicia y transparencia. Actualmente, la Alianza apoya el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt.
La Fundación Libertad es una organización que tiene los siguientes objetivos: a) identificar acciones que restringen la libertad individual; b) proponer el debate de temas asociados a la defensa de la libertad; y c) realizar actividades de capacitación que contribuyan a construir una sociedad de personas libres y responsables. Además, lleva a cabo la difusión de información a través de debates, publicaciones de artículos, programas de capacitación y eventos educativos.
Constitución de la Republica de Panamá
La carta magna de la República de Panamá, según el artículo 17, dispone que las autoridades de la República estén obligadas a proteger la vida, honra y bienes de los nacionales, dondequiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. La Constitución señala, mediante los artículos 43 y 44, que toda persona tiene el derecho de solicitar información pública a los servidores públicos, y de promover la acción de habeas data (el derecho constitucional de proteger la información de una persona).
Decreto No 106 “Normas del Control Interno Gubernamental para la República de Panamá”
Estas normas se fundamenta en el artículo 276 de la Constitución y en la Ley No 32 de 1984 “Por la cual se Adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”.
Las normas generales y específicas, diseñadas por la Contraloría General de la República, son de cumplimiento obligatorio y aplicable a todo tipo de gestión, operación, y función administrativa.
Estas normas garantizan la subordinación de los actos administrativos al principio de legalidad. La evaluación de las normas es responsabilidad de las unidades de auditoria interna y la Contraloría General de la Republica.
Es de aplicación a todas las instituciones que conforman el sector público gubernamental según lo establece el artículo 1.
Decreto Ejecutivo No 99 “Por el cual se crea la Dirección Nacional contra la Corrupción”
Fue la consecuencia del suscrito a la Convención Interamericana contra la Corrupción; la necesidad de crear una entidad para “prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción descritos en la Convención… y que no han sido asignados por Ley a otra entidad o dependencia.”
El artículo 4 se refiere a la facultad de crear mecanismos para promover la participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción.
Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la Republica
Ley No 59 “Que Reglamenta el Artículo 299 de la Constitución Política y Dicta otras Disposiciones contra la Corrupción Administrativa”
La Ley regula el estado patrimonial de los funcionarios públicos; obligándolos a hacer una declaración jurada al inicio y al término de su cargo. Además, menciona las medidas para las denuncias de incumplimiento de este procedimiento o de enriquecimiento injustificado a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
La Ley establece que es la Contraloría General de la República es la que determina la existencia de enriquecimiento injustificado, mientras que la Procuraduría General de la Nación ejecuta las investigaciones apropiadas.
Este marco legal es de aplicación al servidor público indicado en el artículo 1.
Ley No 38 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales”
Establece los objetivos de la Procuraduría que incluye promover y defender el estado de derecho, fiscalizar el cumplimiento de la Constitución Política, y apoyar a la Administración Pública en el desarrollo de una gestión transparente, eficiente y moral en la prestación de servicios públicos.
La Procuraduría, adscrita al Ministerio Público, asesora y aconseja en materia jurídica, a los servidores públicos administrativos.
El Libro Primero es de aplicación a la Procuraduría de la Administración y el Libro Segundo se aplica en todas las entidades públicas.
La Ley destaca la libertad y el acceso a la información en el artículo 2 del capítulo II, realzando que toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar una justificación, la información de acceso público. Esta información incluye también las de las empresas privadas que prestan servicios públicos.
La Ley recoge el tema del acceso a la información en el Capítulo III, titulado ”Obligación de Informar por Parte del Estado”, donde explica que las instituciones del Estado están obligadas a brindar información (no confidencial ni de acceso restringido) sobre su funcionamiento y sus actividades a cualquier persona.
La Ley está reglamentada por el Decreto Ejecutivo No 124 de 2002 que establece los mecanismos administrativos para facilitar a los particulares el ejercicio del derecho de libertad de información sancionado en la Ley.
Decreto Ejecutivo 246 “Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central”
El Código recoge los principios generales y particulares por los cuales los funcionarios o servidores de servicios públicos deben guiarse. De igual manera, reconoce la obligación de denunciar los actos que constituyen un delito o violación contra el Código. También explica cuales son las prohibiciones y las sanciones cuando no se adhiere al Código.
Es de aplicación específica para los funcionarios o servidores públicos en las instituciones del gobierno central y otras entidades con participación estatal mayoritaria.
Ley No 33 “Que adopta el Código de Ética y Honor Parlamentario”
El Código aporta las normas básicas para la conducta moral y ética de los Diputados y sus suplentes. Estas normas se basen en los valores éticos y morales de los derechos humanos, universalmente reconocidos, con el fin de generar la confianza y la credibilidad por parte de la sociedad panameña.
Es de aplicación a todos los Diputados y sus suplentes mientras ejerzan el cargo de Diputado.
Ley No 14 “Que adopta el Código Penal”
El Código aclara la legislación sobre todos los delitos incluidos en la dimensión de la administración pública. En el título X del Código, “Delitos Contra la Administración Pública,” existen capítulos que tratan los siguientes temas: la sustracción de los fondos o bienes del Estado; el enriquecimiento injustificado; y las sanciones para los servidores públicos y/o personas que cometen actos de corrupción. El capítulo II es trata las sanciones aplicables a los funcionarios, de las diferentes instituciones públicas, que cometen actos de corrupción.
Ley No 34 “De Responsabilidad Social Fiscal”
Promueve la disciplina fiscal en la gestión de las finanzas públicas bajo los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. El capítulo VI trata específicamente sobre la transparencia del acceso público a la información en los poderes del Estado como la difusión de los presupuestos anuales, los ingresos, los gastos, el financiamiento y la deuda externa. Además, el artículo 27 promueve la transparencia de los procedimientos vinculados al presupuesto nacional para toda institución pública.
Es de aplicación al sector público según el artículo 1.
Ley No 41 “Que Reforma la Ley 22 de 2006, Que Regula La Contratación Pública, y Dicta otra Disposición”
La Ley modifica la Ley No 22 “Que regula la Contratación Pública y Dicta otra Disposición” que recoge las reglas y principios que rigen los procedimientos de selección de contratista para contribuir a la transparencia de la gestión publica.
En el artículo 8 de la Ley No 22, se creó la Dirección General de Contrataciones Públicas como entidad autónoma con patrimonio propio. Según lo establece el artículo 9, las funciones de la Dirección incluyen: asesorar las entidades públicas en sus procesos de contrataciones y fiscalización; y dictar actas administrativas para la aplicación de la Ley y su reglamento.
Es de aplicación específica a los contratos públicos realizados por el Gobierno Central, las entidades (semi)autónomas, los intermediarios financieros, las sociedades anónimas (donde el Estado es propietario del 51%o más de sus acciones o patrimonio); y las entidades académicas que utilizan los fondos públicos, según lo establece el artículo 1.
Ley No 63 “Que adopta el Código Procesal Penal”
El Código implanta la obligación de los funcionarios públicos o las personas que trabajan con interés público, de denunciar los delitos de acción pública (artículo 83). Además, establece que las investigaciones de delitos en toda la República se hacen bajo la dirección del Ministerio Público (artículo 77). Además, el Ministerio Público tiene el deber de velar por la protección de la víctima, el denunciante, los testigos y los colaboradores durante el procedimiento penal.
Se presentaron modificaciones a la Ley a través del Anteproyecto de Ley No 59 “Que modifica artículos de la Ley 63 de 2008 que adopta el Código Procesal Penal relativo a su entrada en vigencia”.
Ley No 67 "Que Desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y Reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República"
Constata que la Jurisdicción de Cuentas es para juzgar la responsabilidad patrimonial de las supuestas irregularidades. Juzga los reparos en varios casos presentados ante la Contraloría General de Cuentas, incluyendo las irregularidades en el manejo de los fondos públicos por los empleados y los agentes de manejo.
En esta legislación se crea el Tribunal de Cuentas. que regulará el establecimiento de Juzgados de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas, también determina los fiscales que actuarán ante el Juzgado de Cuentas.
Decreto Ejecutivo 179 “Por el Cual Se Crea el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción”
El objetivo del Consejo es asesorar al Órgano Ejecutivo en la política de transparencia y prevención contra la corrupción, también investiga e identifica las denuncias de corrupción en la gestión pública. Estas atribuciones fueron limitadas al desarrollo de propuestas de políticas anticorrupción mediante el Decreto Ejecutivo No 110 (2007).
Hubo más modificaciones en el año 2009 mediante el Decreto Ejecutivo No 232 del 21 de julio, con la asignación de nuevas funciones al Secretario Ejecutivo para un combate más efectivo y visible contra la corrupción en la administración.
Se aplica al Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción.
Resolución No 49 “Por medio de la cual se crea la Secretaría de Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal y las Unidades de Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal en Coclé y Veraguas”
Entre las funciones de la Secretaría se incluyen ejecutar las medidas de protección antes, durante y después del proceso penal. En concreto, debe ayudar con el control de identidad del testigo y el interesado, e imposibilitar e impedir la identificación visual de los sujetos de protección. Además, La Secretaría maneja la gestión de las Unidades Regionales de Protección y la asistencia a víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso.
Esta Resolución tomó en consideración la Ley No 31 “De la Protección a las Víctimas del Delito” de 1998 que establece que las víctimas tienen el derecho de recibir protección de las autoridades públicas de amenazas contra su integridad o la de su familia.
Es de aplicación en el Segundo Distrito Judicial, provincias de Coclé y Veraguas.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Panamá
Panamá ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Panamá en el 2005, los objetivos de la Convención son los siguientes:
1) Prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente y eficaz
B. Programas de Cooperación con Panamá financiados por Organismos Internacionales
Proyectos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Panamá (Gobernabilidad Democrática)
Apoyo a la Gestión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (PNUD)
El objetivo del Programa es potenciar la eficacia y eficiencia de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en el cumplimiento de sus funciones, tales como el control, la fiscalización y la prestación de los servicios públicos.
Al final del programa se esperan obtener los siguientes resultados:
La mejora de las funciones de regulación y fiscalización de los servicios públicos.
El diseño e implementación del programa de entrenamiento y actualización del personal de la ASEP.
La mejora de la infraestructura y los recursos tecnológicos de fiscalización, vigilancia y control de los servicios.
La mejora de la atención a usuarios con calidad y efectividad.
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Apoyo al Programa de Innovación Gubernamental (PNUD)
El Programa busca crear capacidades, en materia de innovación gubernamental al interior de la Secretaría de la Presidencia, con el fin de fomentar las sinergias gubernamentales que contribuyan a mejorar la transparencia en la gestión pública, a través de las tecnologías de información y comunicación TIC.
Los resultados esperados del Programa son:
Planificación, diseño e implementación de sistemas e infraestructura de información y comunicación en instituciones del Gobierno Central y descentralizadas.
Implementación de sistemas que simplifiquen los trámites y/o servicios públicos, de acuerdo a lo establecido en la estrategia de Panamá Digital.
Modificación de marcos regulatorios para cumplir con las estrategias de innovación gubernamental realizadas.
También se continuará ofreciendo asistencia técnica a diversas instituciones entre las que se encuentran el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU), el Registro Público, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Migración y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Económica y Fiscal–Etapa II (PNUD)
El objetivo es apoyar el fortalecimiento institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y sus dependencias a fin de que estas sean más eficientes en la gestión fiscal y financiera. El PNUD apoya la implementación de actividades de modernización institucional a través de la asistencia técnica en la gestión de administración del proyecto; la capacitación en metodologías de gestión por resultados; y el apoyo a la administración financiera del proyecto.
Los resultados esperados se clasifican por las siguientes actividades:
Apoyo administrativo: fortalecimiento de la base de datos de acceso múltiple compartida entre Registro Público y la Dirección General de Ingresos (DGI).
Fortalecimiento administrativo: fortalecimiento de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y control del sistema de administración financiero del sector público; a) implementación de la herramienta SIPRES WEB para modernizar la elaboración y seguimiento del Presupuesto Nacional; b) gestión de cobro electrónico para el pago de la deuda pública; c) pagos por el sistema ACH (por sus siglas en inglés) (Casa de Compensación Automática) para todos los funcionarios y proveedores del gobierno; y d) implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA) perfeccionado y expandido al sector público descentralizado y gobiernos locales seleccionados.
Fortalecimiento inversión: Fortalecimiento Institucional de la Autoridad Nacional de Aduanas a través de la mejora de las metodologías para el análisis e identificación del riesgo fiscal, seguimiento al plan quinquenal sectorial de inversiones públicas para el periodo 2007-2011.
Fortalecimiento Institucional: Desarrollo de campañas de información masiva y difusión personalizada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fortalecimiento del Sistema Tributario: controles eficaces para combatir la evasión fiscal, seguimiento de la cartera morosa, y pago electrónico de las obligaciones tributarias vía internet.
Estrategia de País con Panamá 2004-2009
Este documento identifica los tres principales retos del gobierno (durante el período 2004–2009) y desarrolla estrategias para superarlos.
Una de las principales áreas sobre las cuales se enfocan las estrategias es en mejorar la eficiencia en la producción de bienes públicos mediante “el reforzamiento del Estado de Derecho a través del fortalecimiento de la justicia y garantizando el acceso al sistema de justicia al ciudadano”.
De igual manera, se promueve la transparencia de las decisiones públicas relacionadas con los contratos, las concesiones y los impuestos. Este enfoque busca “fortalecer la gobernabilidad y la transparencia”.
PN-T1017: Integridad en la Gestión Pública Panameña (BID)
El objetivo final es fortalecer la integridad y la transparencia en el sector público a través de la creación de una cultura de la Gestión del Conocimiento.
TC0010012: Intercambio Entidades Fiscalizadoras (BID)
Este Proyecto ofrece la oportunidad de intercambiar las experiencias del funcionamiento de las contralorías de la región y la administración de recursos humanos.
PN0157: Mejoramiento de la Administración de Justicia-Etapa II (BID)
Su objetivo final es fortalecer el estado de derecho y la modernización del sistema de justicia y la prestación de sus servicios a través del reforzamiento del sistema penal, la gestión judicial y la transparencia.
TC0112049: Apoyo al Plan de Acción para la Modernización del Sector Público (BID)
El BID apoya al gobierno en el desarrollo de un Plan de Acción para la Modernización y la Reforma del Sector Público Central con enfoque en el gobierno digital.
Para más información acerca de otros proyectos del BID en Panamá, haga clic.
P105710: Primer préstamo para políticas de desarrollo destinado a la gestión de las finanzas públicas y la competitividad (BM)
El Programa de Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPL), brinda apoyo al gobierno para desarrollar políticas con el objetivo de: a) promover un crecimiento sostenido para la competividad del sector privado; b) reducir los procesos burocráticos; y c) modernizar los sistemas de la gestión pública. El objetivo final es mejorar la eficiencia del sector público y contribuir a una mayor estabilidad fiscal.
P098376: Préstamo para políticas de desarrollo institucional y finanzas públicas (BM)
El préstamo está destinado a los programas estatales de mejoramiento de las políticas fiscales e institucionales. Los programas se enfocan en la transparencia y la eficiencia del gasto público prioritario, contribuyendo al objetivo de desarrollar “la gestión, la transparencia, el seguimiento y la evaluación del aumento del gasto y la inversión pública”.
En resumen, el Préstamo busca apoyar al gobierno en torno a los programas y las reformas que busquen lograr una sostenibilidad fiscal; mejorar la gestión financiera pública y la transparencia fiscal.
4. Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development (USAID))
Programa “La Buena Gobernabilidad”
En 2007, USAID, a través de su Programa “La Buena Gobernabilidad”, apoyó a las metas del Plan Estratégico del Consejo Nacional Anticorrupción mediante talleres para fortalecer el marco regulatorio, la política pública y las instituciones públicas que luchan contra la corrupción. USAID fortaleció la capacidad institucional de las organizaciones civiles en sus actividades de participación ciudadana y de anticorrupción.
Reporte de Información sobre Panamá, 1996-2009 (Country Data Report for Panama, 1996-2009) (Banco Mundial)
Reporte de Información sobre Panamá, 1996-2008 (Country Data Report for Panama, 1996-2008) (Banco Mundial)
Publicado en 2009, el Reporte provee información sobre seis indicadores de gobernabilidad medidos durante el periodo 1996-2008.
El reporte analiza diversos temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción, tales como: la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la eficacia gubernamental, el estado de derecho y el control de la corrupción.
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Global Integrity Index (Índice de Integridad Global)
En 2004, Global Integrity realizó un proyecto piloto de 25 países del Índice de Integridad que incluyó a Panamá. Para ver el informe de 2004 sobre Panamá, haga clic.
El Barómetro Global de la Corrupción es una de las principales herramientas que emplea Transparency International (TI) para medir la corrupción y se basa en una encuesta de más de 59 mil personas en 62 países. Este barómetro aborda la percepción del ciudadano medio frente a la corrupción e indica la forma y el alcance de este fenómeno desde su punto de vista.
Panamá quedó como uno de los países donde entre 6 y 15% de los ciudadanos encuestados pagaron algún soborno durante los últimos 12 meses. De nuevo, Panamá quedó como un país donde entre 31 y 50% de los encuestados dicen que la corrupción afecta a la vida política en gran medida.
Cultura Política de la Democracia en Panamá, 2008: El impacto de la gobernabilidad (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
El estudio forma parte del Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre la estabilidad de la democracia con preguntas que incorporan los siguientes factores: creencia en la democracia como el mejor sistema posible; creencia en los valores esenciales de los que depende la democracia; creencia en la legitimidad de las instituciones clave de la democracia; creencia de que se puede confiar en otros.
El documento está dividido en tres partes; la primera, trata del contexto político y económico del país con una explicación de la muestra. La segunda, presenta la relación entre la corrupción y la manera en que la han experimentado los ciudadanos. De igual manera, analiza el impacto que tiene el crimen en la estabilidad de la democracia. Por último, la tercera parte, profundiza en la importancia que tienen la legitimidad del sistema político y la tolerancia política en la estabilidad democrática.
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Índice de Integridad de las Instituciones Públicas de Panamá 2009
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparency International), apoyada por la Fundación de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), ha desarrollado este Índice que consiste en medir la transparencia, la participación ciudadana y la institucionalidad de 31 instituciones públicas panameñas.
Este estudio no busca medir la corrupción existente en las entidades evaluadas, sino que permite identificar los riesgos de prácticas corruptas en las entidades que no poseen sistemas formales ni parámetros de calidad en la gestión pública.
El Sistema cuenta con diferentes variables (como participación ciudadana o transparencia), cada una identificada con indicadores específicos. Para encontrar una descripción mas detallada de los indicadores descritos, haga clic.
El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta de opinión realizada por Transparency Internacional (TI). El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. Este informe se diferencia del estudio “Índice de Percepción de la Corrupción”, ya que este último está basado, principalmente, en percepciones del sector privado, mientras que el Barómetro se enfoca en las percepciones y opiniones del sector del público.
La investigación se enfoca en las siguientes áreas para proponer soluciones al problema de la corrupción: causas y consecuencias de la corrupción; las fortalezas y debilidades de la infraestructura ética en la región. En la conclusión, se hace una síntesis de las iniciativas, el diagnóstico y las propuestas de las lecciones aprendidas en materia de lucha contra la corrupción
De los 180 países incluidos en el estudio, Panamá ocupa el lugar 84 y tiene una puntuación de 3,4. Nueva Zelandia quedó en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
Para la elaboración del Informe 2009, se realizaron alrededor de 20.204 encuestas aplicadas en 18 países de América Latina, representando a más de 500 millones de habitantes. Hay versiones de estudios de años anteriores disponibles en la página web.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Panamá del progreso en la reducción de la corrupción quedó en segundo lugar, 13 puntos más alto que el promedio de 39. En primer lugar fue Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con el menor puntuación de 13. Además, Panamá quedó con una puntuación de 8 ante la pregunta de conocer algún pariente de algún acto de corrupción en los últimos doce meses. El promedio fue 13 y en primer lugar fue Brasil con una puntuación de 34 y El Salvador quedó en el último lugar con una puntuación de 5.
Para la elaboración de este informe, se utilizan los datos que aparecen en las ediciones 2009 de las siguientes publicaciones: Freedom in the World, de Freedom House; Index of Economic Freedom, de The Heritage Foundation y Wall Street Journal; y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International 2009.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Panamá, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 49º de los 168 países en el índice.
Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (2009)
En dicho estudio participan 17 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El Índice se obtiene a partir de estudios realizados en los países anteriormente mencionados y su finalidad es medir la transparencia en los procesos presupuestarios de la región y fortalecer la participación de los ciudadanos mediante la generación del conocimiento relevante para entender mejor el accionar de cada uno de los organismos responsables.