Source: https://boe.vlex.es/vid/organica-reforma-poder-judicial-15381822
Timestamp: 2019-10-14 13:08:29
Document Index: 170637265

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 313', 'artículo 311', 'artículo 312', 'artículo 304', 'artículo 304', 'artículo 166', 'artículo 344', 'artículo 420', 'artículo 35', 'Artículo 391', 'Artículo 392', 'artículo 315', 'artículo 23', 'artículo 425', 'artículo 417', 'artículo 418', 'artículo 128', 'artículo 417', 'artículo 120', 'artículo 418', 'artículo 419', 'artículo 420', 'artículo 421', 'artículo 423', 'artículo 424', 'artículo 423', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 425', 'artículo 53', 'artículo 313', 'artículo 311', 'artículo 307', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 216', 'artículo 301', 'artículo 302', 'artículo 375', 'artículo 433', 'artículo 447', 'artículo 1', 'artículo 108', 'artículo 373', 'artículo 44', 'artículo 192', 'artículo 198', 'artículo 200', 'artículo 230', 'artículo 325', 'artículo 394', 'artículo 435']

LEY ORGANICA 16/1994, de 8 de Noviembre, por la que se reforma la Ley organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder judicial. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15381822
Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Diciembre de 1994
Marginal: BOE-A-1994-24612
Norma citada en: 211 sentencias, 41 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 17 resoluciones administrativas
Se incorpora a la Ley la previsión de las llamadas diligencias informativas, que la práctica ha consagrado para evitar la apresurada apertura de expedientes disciplinarios sin un mínimo contraste de la realidad de los hechos denunciados.
La Ley establece el carácter potestativo del recurso en vía administrativa para los Jueces y Magistrados que resulten sancionados y para el Ministerio Fiscal, acogiendo una aspiración unánimemente mantenida en la doctrina, y resuelve el problema suscitado en relación con la posibilidad de que los denunciantes recurran la decisión adoptada sobre la no iniciación del expediente disciplinario o la resolución misma recaída en éste, que había sido denegada por la jurisprudencia a la vista de la actual regulación. A tal efecto, se excluye la impugnación por los mismos en vía administrativa aunque se deja a salvo la legitimación que puedan ostentar en el recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la interpretación que a la luz de la Constitución debe hacerse del artículo 28.1 de la Ley de dicha jurisdicción, y, finalmente, se incluye la legitimación por sustitución de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.
El instructor del expediente disciplinario tiene la consideración de delegado del órgano que ostenta la competencia para acordar la iniciación del procedimiento, quien, consecuentemente, puede no sólo devolver a aquél lo actuado para que complete el pliego de cargos, la instrucción o la propuesta de resolución para que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad sino también acordar su sustitución cuando observe defectos graves en la tramitación del expediente.
Artículo primero Selección de Jueces y Magistrados.
El Tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o Magistrado de Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán Vocales: dos Magistrados, un Fiscal, dos Catedráticos de Universidad de distintas disciplinas jurídicas, un Abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado del Estado y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, licenciado en Derecho, que actuará como Secretario.
El Tribunal será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Los Catedráticos, o, en su caso, los Profesores Titulares serán propuestos por el Consejo de Universidades; el Abogado del Estado, por el Ministerio de Justicia; el Abogado, por el Consejo General de la Abogacía, y el Fiscal, por el Fiscal General del Estado. Las instituciones proponentes elaborarán ternas que remitirán al Consejo General del Poder Judicial para su designación, salvo que existan causas que justifiquen proponer sólo a una o dos personas y sin perjuicio de que el Consejo General del Poder Judicial pueda proceder a su designación directa para el caso de que no se elaboren ternas por los proponentes.
1. Las normas por las que ha de regirse la oposición, el concurso-oposición y el posterior curso teórico y práctico de selección para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez serán aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial, oído el Ministerio de Justicia, o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. En el concurso-oposición, la valoración de los méritos en la fase de concurso se sujetará a lo dispuesto en los apartados 1 a 11 del artículo 313 de esta Ley.
El centro de selección y formación de Jueces y Magistrados en ningún caso podrá incluir en la lista de aspirantes aprobados un número que supere al de vacantes efectivamente existentes en el momento de la formalización de dicha relación.
1. Para resolver los concursos entre juristas de reconocida competencia a que se refieren los apartados 1, 3 y 4 del artículo 311 el Consejo General del Poder Judicial aprobará reglamentariamente las correspondientes bases, en las que se graduará la puntuación de los méritos que pudieran concurrir en los solicitantes con arreglo al baremo que se fija en el siguiente apartado. La convocatoria, ajustada a las bases aprobadas, será efectuada al menos una vez cada dos años por el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias, serán oídos con anterioridad a la aprobación de las bases y de las convocatorias.
El Tribunal de las pruebas selectivas previstas en el artículo 312 de esta Ley será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial y se compondrá en la forma prevista en el artículo 304, con la salvedad de que los Catedráticos serán designados por razón de materia.
Cuando se trate de pruebas para la promoción a la categoría de Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo y de lo social, la composición del Tribunal será también la establecida en el artículo 304, si bien sus miembros serán designados entre especialistas en Derecho público o Derecho laboral, respectivamente.
Artículo segundo De la composición, atribuciones y funcionamiento de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
Además de éstos se integrarán también, con la consideración de miembros electos a todos los efectos, los Decanos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de esta Ley, hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.
Artículo tercero Provisión de plazas.
En cada Sala o Sección de lo Social, una de las plazas se reservará a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional o que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del que ocupe el mejor puesto escalafonal. Si la Sala o Sección se compusiera de cinco o más Magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos.
a) Dos a Magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y social o pertenecido en este último caso al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo. En este turno se exigirán quince años en la Carrera y sólo cinco en la categoría.
Podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los Abogados y juristas de prestigio que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, reúnan méritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial y hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que hubieran de ser designados.
2. Los pertenecientes al Cuerpo de Magistrados de Trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de especialistas a los efectos de lo establecido en el artículo 344, a), de la Ley.
Artículo cuarto Régimen de Magistrados suplentes y de Jueces sustitutos y de provisión temporal.
3. Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su situación administrativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la edad de setenta y dos años.
Artículo quinto Destino en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo sexto Pérdida de la condición de Magistrado o Juez.
d) Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Magistrado o Juez por la sanción prevista en el artículo 420.1, d).
Artículo séptimo Régimen disciplinario.
9. La resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto recurso contencioso-administrativo, salvo que el Tribunal acuerde su suspensión.
Artículo octavo Medidas de apoyo judicial.
CAPITULO IV BIS. De las medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales
Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial.
Artículo noveno Actividad informante del Consejo General del Poder Judicial.
a) Determinación y modificación de demarcaciones judiciales y de su capitalidad en los términos del artículo 35 de esta Ley.
Artículo décimo Potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia y con subordinación a las leyes, podrá dictar Reglamentos de desarrollo de esta Ley para establecer regulaciones de carácter secundario y auxiliar. Estos Reglamentos podrán regular condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto judicial sin innovar aquéllos ni alterar éste en su conjunto. Podrán aprobarse en los casos en que sean necesarios para la ejecución o aplicación de esta Ley, en aquéllos en que así se prevea en esta u otra Ley y, especialmente, en las siguientes materias:
Sistema de ingreso, promoción y especialización en la Carrera Judicial, régimen de los funcionarios judiciales en prácticas y de los Jueces adjuntos y cursos teóricos y prácticos en el centro de selección y formación de Jueces y Magistrados, así como organización y funciones de dicho centro.
Forma de distribución entre turnos y de provisión de plazas vacantes y desiertas de Jueces y Magistrados.
Tiempo mínimo de permanencia en el destino de los Jueces y Magistrados.
Procedimiento de los concursos reglados y forma de solicitud de provisión de plazas y de cargos de nombramiento discrecional.
Actividades de formación de los Jueces y Magistrados y forma de obtención de títulos de especialización.
Situaciones administrativas de Jueces y Magistrados.
Régimen de licencias y permisos de Jueces y Magistrados.
Valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y derecho propios de las Comunidades Autónomas en la provisión de plazas judiciales en el territorio de la Comunidad respectiva.
Régimen de incompatibilidades y tramitación de expedientes sobre cuestiones que afecten al estatuto de Jueces y Magistrados.
Contenido del Escalafón judicial, en los términos previstos en esta Ley.
Régimen de sustituciones, de los Magistrados suplentes, de los Jueces sustitutos y de provisión temporal y de los Jueces de Paz.
Funcionamiento y facultades de las Salas de Gobierno, de las Juntas de Jueces y demás órganos gubernativos y elecciones, nombramiento y cese de miembros de las Salas de Gobierno y de Jueces Decanos.
Inspección de Juzgados y Tribunales y tramitación de quejas y denuncias.
Publicidad de las actuaciones judiciales, habilitación de días y horas, fijación de las horas de audiencia pública y constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.
Forma de cese y posesión en los órganos judiciales y confección de alardes.
Cooperación jurisdiccional.
Honores y tratamiento de Jueces y Magistrados y reglas sobre protocolo en actos judiciales.
Los proyectos de Reglamentos de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados y de las corporaciones profesionales o asociaciones de otra naturaleza que tengan reconocida legalmente representación de intereses a los que puedan afectar. Se dará intervención a la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Justicia, y a las de las Comunidades Autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del Reglamento o sea necesario coordinar éstas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de legalidad sobre el proyecto.
Los Reglamentos, que deberán ser aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría de tres quintos de sus miembros, autorizados por su Presidente, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».»
Artículo undécimo Régimen presupuestario del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo duodécimo Incompatibilidades y prohibiciones de Jueces y Magistrados.
Artículo 391. No podrán pertenecer a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial, Magistrados que estuvieren unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que, por previsión legal o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 155 y 198.1 de esta Ley existieren varias secciones, en cuyo caso podrán integrarse en secciones diversas, pero no formar Sala juntos.
Artículo 392.1 Los Jueces o Magistrados no podrán intervenir en la resolución de recursos relativos a resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones a que hace referencia el artículo anterior, ni en fases ulteriores del procedimiento que, por su propia naturaleza, impliquen una valoración de lo actuado anteriormente por ellas.
Artículo decimotercero Competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos contra disposiciones y actos emanados de los Ministros y de los Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía administrativa de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entidades distintos, cualquiera que sea su ámbito territorial. Asimismo conocerá de los emanados de los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, exclusivamente en las materias referidas a ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
Artículo decimocuarto Acuerdos y deliberaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo decimoquinto Excedencia voluntaria de los miembros de la Carrera Judicial.
3. Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los miembros de la Carrera Judicial cuando lo soliciten por interés particular. En este supuesto no podrá declararse la excedencia voluntaria hasta haber completado cinco años de servicios efectivos desde que se accedió a la Carrera Judicial o desde el reingreso, y en ella no se podrá permanecer más de quince años, o un período igual, como máximo, al de servicios efectivos que hubiera prestado el solicitante en períodos consecutivos o alternos. No podrá permanecerse en dicha situación menos de dos años.
Artículo decimoséptimo Representación y defensa del Estado.
1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, salvo que, en cuanto a éstos, sus disposiciones autoricen otra cosa, así como las de los órganos constitucionales, corresponderán a los letrados integrados en los servicios jurídicos del Estado. La representación y defensa de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en ambos casos, y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, puedan ser encomendadas a abogado colegiado especialmente designado al efecto.
Artículo decimoctavo Incompatibilidades, prohibiciones y jubilación de los Secretarios Judiciales.
Artículo decimonoveno Representación de las partes.
Artículo vigésimo Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
Artículo vigésimo primero Institutos de Medicina Legal.
2. En el curso de las actuaciones procesales en las que tomen parte como consecuencia de las funciones de asistencia técnica que les sean encomendadas, estarán a las órdenes de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Encargados del Registro Civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de su dependencia, del Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente.
Artículo vigésimo segundo Concurso del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Tampoco podrán concursar los que no llevaran destinados el plazo que reglamentariamente se determine y que no será inferior a un año tanto en destino forzoso como voluntario.
Artículo vigésimo tercero Territorialización de las convocatorias de oficiales, auxiliares y agentes.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 315 de esta Ley, la convocatoria podrá ser territorializada, de forma que se agrupen las vacantes de uno o varios territorios, coincidentes con el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia. En este caso el aspirante deberá optar por uno de los ámbitos territoriales que exprese la convocatoria y, de resultar aprobado, será destinado obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el mismo.
Artículo vigésimo cuarto Horario de audiencia pública de Juzgados y Tribunales.
Artículo vigésimo quinto Horario y jornada de las Secretarías y Oficinas judiciales.
Disposición adicional primera Responsabilidad disciplinaria judicial en el ámbito de la Jurisdicción Militar.
La responsabilidad disciplinaria de quienes, conforme a la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, ejerzan cargos judiciales, fiscales y Secretarías Relatorías, será exigida con arreglo a lo dispuesto al efecto para Jueces y Magistrados en el capítulo III y del Título III del Libro IV de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con las adecuaciones pertinentes y las salvedades que se establecen a continuación.
Las referencias que se hacen en dicho capítulo al Ministerio Fiscal se entenderán hechas a la Fiscalía Jurídico Militar.
Las menciones que se contienen a la vía o recurso contencioso-administrativo se entenderán hechas a la vía o recurso previsto en el artículo 23.6 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, con excepción de lo previsto en el segundo párrafo del apartado 8 del artículo 425 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que no será de aplicación en el ámbito de la Jurisdicción Militar.
No serán de aplicación, en el ámbito de la Jurisdicción Militar, las faltas previstas en los artículos 417.2 y 10, 418.8 y 12 y 419.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
La mención a «competencias judiciales» contenida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se entiende hecha, para el ámbito de la Jurisdicción Militar, a «competencias judiciales, fiscales y de las Secretarías Relatorías». Las menciones del artículo 418.2 y 3 de la misma Ley a «otro Juez o Magistrado» y a la «condición de Juez», se entenderá hechas, para el mismo ámbito, a «otro órgano judicial o fiscal» y a «las funciones judiciales o fiscales», respectivamente.
Se considerará falta muy grave en el ámbito de la Jurisdicción Militar: «Los enfrentamientos graves y reiterados, por causas imputables a las personas a que se refiere el artículo 128 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, con las Autoridades y con los Mandos Militares de la circunscripción en que desempeñen su cargo».
La falta muy grave tipificada en el apartado 7 del artículo 417 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, tendrá, para el ámbito de la Jurisdicción Militar, el siguiente contenido: «Provocar el nombramiento para funciones judiciales, fiscales o de Secretaría Relatoría en que concurra alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en el artículo 120 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, o mantenerse en el desempeño de su cargo sin poner en conocimiento del órgano competente las circunstancias necesarias para proceder al cese en el destino».
Se considerará falta grave en el ámbito de la Jurisdicción Militar: «El incumplimiento, por los Fiscales, de las Ordenes concretas e Instrucciones sobre aplicación e interpretación de las leyes, con carácter general o referentes a un hecho determinado, que se les hayan dado por sus superiores».
Las faltas graves tipificadas en los apartados 5, 11 y 14 del artículo 418 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, tendrán, para el ámbito de la Jurisdicción Militar, el siguiente contenido, respectivamente:
«El exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los subordinados, miembros de la Fiscalía Jurídico Militar, abogados, procuradores y de quienes acudieren a los Órganos Judiciales Militares en cualquier concepto».
«El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y los Auditores Presidentes de los Tribunales Militares Central y Territoriales y, en el caso de quienes desempeñen cargos fiscales, del Fiscal General del Estado, Fiscal Togado o los Fiscales Jefe de los Tribunales Militares o sus respectivos representantes, o la obstaculización, en su caso y en todos los supuestos, de sus funciones inspectoras».
«La abstención injustificada cuando así sea declarada por el Órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Procesal Militar».
Las faltas leves tipificadas en los apartados 2 y 5 del artículo 419 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, tendrán, para el ámbito de la Jurisdicción Militar, el siguiente contenido, respectivamente:
«La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico judicial o fiscal, con los miembros de la Fiscalía Jurídico Militar, abogados y procuradores, con los Secretarios, oficiales, auxiliares del órgano jurisdiccional y con quienes acudieren a los mismos en cualquier concepto».
«La desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y los Auditores Presidentes de los Tribunales Militares Central y Territoriales y, en el caso de quienes desempeñaren cargos Fiscales, del Fiscal General del Estado, Fiscal Togado, los Fiscales Jefe de los Tribunales Militares o sus representantes».
Las sanciones de traslado forzoso y de separación, previstas en el artículo 420 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se sustituyen en el ámbito de la Jurisdicción Militar por las de pérdida de destino y separación del servicio, respectivamente, teniendo aquélla como efecto el cese en el cargo que desempeñe el sancionado quien no podrá durante dos años ser destinado a cargos judiciales, fiscales o de Secretaría Relatoría.
La imposición de sanciones a que se refiere el artículo 421 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se limita, en el ámbito de la Jurisdicción Militar, a quienes ejerzan cargos judiciales militares, siendo competente, a tal efecto, para las correspondientes a faltas leves la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
La designación de Instructor delegado, a que se refiere el artículo 423.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se ajustará, en el ámbito de la Jurisdicción Militar, a lo siguiente: «En el acuerdo que mande iniciar el procedimiento se designará Instructor delegado a un miembro del Cuerpo Jurídico Militar que ejerza funciones judiciales militares, de empleo superior al de aquél contra el que se dirija el procedimiento, salvo que el Instructor designado sea Oficial General que será válido para cualquier expedientado. A propuesta del Instructor delegado se designará un Secretario del mismo Cuerpo y en las mismas funciones».
La suspensión provisional del expedientado, que se contempla en el artículo 424 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, requerirá además, en el ámbito de la Jurisdicción Militar, la audiencia previa de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
En los procedimientos por faltas graves y muy graves deberá solicitarse informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central una vez evacuado o finalizado el trámite de alegaciones a la propuesta de resolución. Igualmente se solicitará dicho informe en el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 423 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
El artículo 143 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, queda redactado en los siguientes términos: «Serán competentes para la imposición de sanciones: 1. Para imponer la de advertencia, el Fiscal Jefe respectivo. 2. Para imponer la sanción de multa en toda su extensión, el Fiscal General del Estado y por su delegación, el Fiscal Togado. 3. Para imponer las sanciones correspondientes a faltas muy graves, el Ministro de Defensa a propuesta del Fiscal General del Estado».
Quedan sin contenido los artículos 129 a 134 y 136 a 142 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.
Se mantiene la vigencia, para los miembros de la Fiscalía Jurídico Militar y de las Secretarías Relatorías, de las normas de competencia y procedimiento contenidas en los artículos 143, según la redacción dada por el apartado 16 de esta disposición adicional, 144, 145, 146, 147 y 148, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, si bien las referencias que en ellos se hacen al artículo 142 se entenderán hechas al artículo 425 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuanto les sea aplicable.
Disposición adicional segunda Acceso a la Carrera Judicial.
Disposición adicional tercera Sistemas de formación para Jueces y Magistrados.
Disposición adicional cuarta Cobertura de plazas por Jueces de provisión temporal.
Disposición adicional quinta Desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución Española.
Disposición adicional sexta Menciones al Ministerio de Justicia.
Disposición transitoria primera Potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial.
Disposición transitoria segunda Régimen transitorio de las convocatorias de pruebas de selección, promoción y especialización.
El nuevo régimen de selección, de concurso para el acceso a la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia y de pruebas de promoción y de especialización será de aplicación a las convocatorias que se efectúen a partir de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, con las excepciones establecidas en los siguientes apartados.
Las pruebas de selección, de concurso para el acceso a la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia y de promoción y especialización ya convocadas en la fecha de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por las normas vigentes en la fecha de la convocatoria. El Consejo General del Poder Judicial efectuará todas las convocatorias a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Las convocadas antes de transcurrir los seis meses siguientes a dicha entrada en vigor se regirán por la normativa anterior, en lo que resulte aplicable.
Las disposiciones introducidas por esta Ley sobre desarrollo de la entrevista y forma de puntuación en los concursos para el acceso a la categoría de Magistrado entre juristas de reconocida competencia serán de aplicación a los concursos que se estuvieren desarrollando en el momento de su entrada en vigor, siempre que no hubiera comenzado la fase de entrevistas.
La norma sobre facultades del Consejo General del Poder Judicial respecto de las propuestas de los Tribunales calificadores contenida en el artículo 313.11, modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial será de aplicación a las propuestas que se hagan a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Los Magistrados y los miembros de la Carrera Fiscal podrán presentarse a las pruebas de especialización convocadas a partir de la entrada en vigor de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial con las modificaciones introducidas por esta Ley.
Las normas sobre composición de Tribunales de oposiciones introducidas por esta Ley Orgánica serán aplicables a las convocatorias que se aprueben a partir de su entrada en vigor.
La facultad de realizar por especialidades la convocatoria de los concursos para el acceso a la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia prevista en el artículo 311.3, modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Las facultades de iniciativa para la convocatoria de pruebas de selección y concursos y de audiencia en la elaboración de normas reglamentarias y en la convocatoria de pruebas de selección y de acceso a la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia serán de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria tercera Régimen de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos y de provisión temporal.
Las modificaciones introducidas por esta Ley en el régimen relativo a los Magistrados suplentes, Jueces sustitutos y de provisión temporal se aplicarán a partir de las primeras propuestas o acuerdos de nombramiento o de prórroga que corresponda efectuar a partir de su entrada en vigor, con las excepciones establecidas en el siguiente apartado.
Serán inmediatamente aplicables las disposiciones sobre sustitución de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y sobre régimen de actuación de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos y sobre el cese de unos y de otros.
Lo previsto en el artículo 307 respecto a la duración del curso teórico y práctico de selección no será de aplicación a las dos primeras convocatorias que se realicen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en las cuales su duración mínima será de un año.
Disposición transitoria cuarta Normas sobre requisitos de ingreso y permanencia en la Carrera Judicial.
Disposición transitoria quinta Concursos de traslado.
Disposición transitoria sexta Miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
Los funcionarios destinados en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial continuarán en situación de servicio activo en su cuerpo o carrera de origen, salvo cuando se acojan al derecho que se regula en el siguiente apartado.
Los funcionarios destinados en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial que hubieren sido designados en la forma prevista en el artículo 146.1, modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán acogerse a la situación de servicios especiales prevista en el apartado 3 del mencionado artículo en el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley. En el caso de que se acojan a dicha situación, el plazo a que se refiere el artículo 146.1, modificado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, comenzará a computarse a partir del día de la entrada en vigor de esta Ley. En el caso de que no se acojan a dicha situación conservarán sus derechos con arreglo a la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los funcionarios destinados en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial que se hubieren acogido al derecho establecido en el apartado 2 de esta disposición, cualquiera que sea el Cuerpo o Carrera a que pertenezcan, podrán tomar parte en los concursos de provisión de puestos de trabajo correspondientes para hacer efectivos los derechos inherentes a la situación de servicios especiales.
Los Magistrados y Secretarios Judiciales con destino en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en el momento de la entrada en vigor de esta Ley que se hubieren acogido al derecho establecido en el apartado 2 de esta disposición, cuando cesaren en su cargo, a menos que hubiesen obtenido plaza, quedarán adscritos con carácter provisional a las Salas del Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial, bien de Madrid, bien a las de la población en la que se encontraban destinados al ser nombrados para los órganos técnicos del Consejo, según elijan.
La adscripción a que se refiere el apartado 4 de esta disposición se mantendrá hasta que obtengan plaza a su instancia en el órgano a que se hallaren adscritos. A tal efecto vendrán obligados a tomar parte en todos los concursos en los que se anuncien plazas correspondientes a los mismos. La falta de participación en los referidos concursos dará lugar a su destino forzoso a la primera plaza que resultare desierta.
Disposición transitoria séptima Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
A la entrada en vigor de la presente Ley, el Centro de Estudios Judiciales pasará a denominarse Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. El personal, el patrimonio y los medios y recursos económicos se transfieren al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
El Director, el Jefe de Estudios y el Secretario del Centro de Estudios Judiciales continuarán en sus funciones hasta que tomen posesión los titulares de los correspondientes órganos directivos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
Los cursos que se estuvieran celebrando serán asumidos por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que desarrollará también los siguientes hasta que se promulgue su Reglamento.
Hasta tanto se promulgue su Reglamento el Director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, con categoría de Director general, será nombrado y separado por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior.
Disposición derogatoria única Quedan derogados:
El régimen de responsabilidad disciplinaria procesal de Jueces y Magistrados, contenido en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal y, en particular, los preceptos que se concretan en los apartados siguientes.
El párrafo segundo del artículo 216, el párrafo tercero del artículo 301, el artículo 302, el párrafo segundo del artículo 375, el artículo 433, el artículo 447 y el párrafo segundo del artículo 1.475 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la expresión «al Juez o Tribunal y» y la frase «o si han de ser solamente de cuenta de las partes» del párrafo primero del artículo 108 y la frase «y les impondrán las demás correcciones disciplinarias a que dieren lugar» del párrafo primero del artículo 373 de dicha Ley.
El párrafo tercero del artículo 44, el inciso «y el superior apremiará al moroso con corrección disciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que pueda incurrir» del párrafo segundo del artículo 192, el párrafo segundo del artículo 198, la frase «o promueva la corrección disciplinaria a que hubiere lugar» del artículo 200, el segundo inciso del párrafo tercero del artículo 230, el artículo 325, el artículo 394 y el segundo inciso del artículo 435 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cuantas Leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica.
LEY 5/1994, de 29 de Noviembre, de Creacion del Ente publico puertos de Galicia.