Source: https://juri-dileyc.com/actualidad-europea-23/
Timestamp: 2019-11-18 09:35:50
Document Index: 309794754

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 131', 'artículo 138', 'artículo 138']

Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 23 - JURI-DILEYC
Publicado por Juridi-NEWS | Feb 13, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017
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Derecho de la UE Práctico: la iniciativa ciudadana europea
Nuestra selección del DOUE (semana del 7 al 13 de febrero de 2017)
Jurisprudencia TJUE: Arancel Aduanero Común ; Azúcar ; Cooperación en materia de obligaciones de alimentos ; Derechos fundamentales ; Espacio de libertad, seguridad y justicia ; Impuesto sobre la renta ; IVA ; Publicidad.
Club de lectura: Justicia Civil en la Unión Europea (dir: Carmen Otero García-Castrillón)
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Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana
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Articulo 11.4 Tratado de la Unión: Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_toggle title=”Requisitos exigidos a los organizadores y a los firmantes (art. 3)” el_id=”1486998601244-46003dfe-2c6e”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Registro de una iniciativa ciudadana propuesta (art. 4)” el_id=”1486998724676-8dcb1c9a-3469″]
La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en línea que la Comisión pondrá a disposición para este fin («el registro»).
4. Las iniciativas ciudadanas propuestas que se registren se harán públicas en el registro. Sin perjuicio de los derechos de las personas cuyos datos se tratan de conformidad con el Reglamento (CE) n° 45/2001, las personas interesadas tendrán el derecho de solicitar la retirada de sus datos personales del registro tras la expiración del período de dos años a partir de la fecha de registro de una iniciativa ciudadana propuesta.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Procedimientos y requisitos para la recogida de las declaraciones de apoyo (art. 5)” el_id=”1486999104494-15d78808-0a23″]
A efectos del presente Reglamento, las declaraciones de apoyo que se hayan firmado electrónicamente utilizando una firma electrónica avanzada, en el sentido de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, serán tratadas de la misma manera que las declaraciones de apoyo en papel.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sistemas de recogida a través de páginas web (art. 6)” el_id=”1486999200700-086db650-bc37″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Número mínimo de firmas por Estado miembro (art. 7)” el_id=”1486999483386-6260fce6-da2f”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Verificación y certificación por parte de los Estados miembros de las declaraciones de apoyo (art. 8)” el_id=”1486999574967-ffdaa2a2-78c6″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Presentación de una iniciativa ciudadana a la Comisión (art. 9)” el_id=”1486999704713-e6a42b58-0d58″]
El importe de los apoyos y la financiación recibidos de cualquier fuente que supere el nivel a partir del cual deben facilitarse informaciones será idéntico al establecido en el Reglamento (CE) no 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Procedimiento de examen de una iniciativa ciudadana por la Comisión (art. 10)” el_id=”1487000168557-53528977-6bec”]
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1147″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Del 7 al 13 de febrero de 2017″ tab_id=”1479145426208-7e0d658f-d92137d1-73c7341f-ba0db49d-08ae298b-c7a8e4ce-ffa7″][vc_column_text]
7 de febrero de 2017: L 032; C 039; C 039 A; C 040
8 de febrero de 2017: L 033; C 041; C 041 A
9 de febrero de 2017: L 034; C 042; C 042 A
10 de febrero de 2017: L 035; C 043; C 043 A; C 044
11 de febrero de 2017: L 036; C 045
13 de febrero de 2017: C 046
Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el marco común de seguimiento y evaluación conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis (DOUE L 33, 8 de febrero de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/208 de la Comisión, de 31 de octubre de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para las salidas adicionales de liquidez correspondientes a necesidades de garantías reales como consecuencia de los efectos de condiciones adversas del mercado en las operaciones con derivados de una entidad (DOUE L 33, 8 de febrero de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, relativo al registro de la flota pesquera de la Unión (DOUE L 34, 9 de febrero de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/246 del Consejo, de 7 de febrero de 2017, por la que se establece una Recomendación para prorrogar la realización de controles temporales en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento global del espacio Schengen (DOUE L 36, 11 de febrero de 2017)
Reglamento (UE) 2017/228 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la denominación y los ámbitos de competencia de las comisiones técnicas científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (DOUE L 35, 10 de febrero de 2017)
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DERECHOS FUNDAMENTALES. Según el Abogado General Mengozzi, los Estados miembros están obligados a expedir un visado humanitario si existen razones serias y fundadas para creer que la denegación de tal visado expondrá a las personas que buscan protección internacional a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-638/16, 7 de febrero de 2017, X y X).
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PUBLICIDAD. La publicidad comparativa de precios entre establecimientos de formatos y tamaños diferentes no es lícita en determinadas circunstancias. Esta publicidad puede ser también engañosa si no se informa claramente al consumidor en la propia publicidad de la diferencia de formato y tamaño de los establecimientos comparados (TJUE, Carrefour Hypermarchés SAS contra ITM Alimentaire International SASU, 8 de febrero de 2017, C-562/15).
La Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en la redacción que le da el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, debe interpretarse en el sentido de que un producto utilizado para la fabricación de comprimidos de calcio en forma de comprimidos sencillos, comprimidos efervescentes y comprimidos masticables, compuesto de carbonato de calcio en polvo de constitución química definida y de almidón modificado, añadido para facilitar la obtención de los comprimidos, cuyo contenido de almidón es inferior, en peso, al 5 %, debe clasificarse en la partida 2106 de esta Nomenclatura (TJUE, Madaus GmbH contra Hauptzollamt Bremen, 9 de febrero de 2017, C‑441/15).
El artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2038/1999 del Consejo, de 13 de septiembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo de la pérdida media, es preciso dividir el importe total de los gastos reales vinculados a las restituciones a la exportación de los productos comprendidos dentro del ámbito de dicha disposición entre la totalidad de las cantidades de dichos productos exportadas, con independencia de que se hayan pagado o no efectivamente restituciones en relación con esas últimas cantidades.
El artículo 33, apartado 2, del antedicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo global de las cotizaciones por producción, ha de tenerse en cuenta la pérdida media calculada dividiendo el importe total de los gastos reales vinculados a las restituciones a la exportación de los productos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la referida disposición entre la totalidad de las cantidades de dichos productos exportadas, con independencia de que se hayan pagado o no efectivamente restituciones en relación con esas últimas cantidades.
Los Reglamentos (CE) n.º 2267/2000 de la Comisión, de 12 de octubre de 2000, que fija, para la campaña de comercialización 1999/2000, los importes de las cotizaciones a la producción así como el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar, y (CE) n.º 1993/2001 de la Comisión, de 11 de octubre de 2001, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2000/01, los importes de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar, son inválidos (TJUE, Raffinerie Tirlemontoise SA contra État belge, 9 de febrero de 2017, C‑585/15).
Cooperación en materia de obligaciones de alimentos
Las disposiciones del capítulo IV del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en particular el artículo 41, apartado 1, de este Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que un acreedor de alimentos, que ha obtenido una resolución en su favor en un Estado miembro y que desea ejecutarla en otro Estado miembro, puede presentar su solicitud directamente a la autoridad competente, como un tribunal especializado, de este último Estado miembro, y no puede estar obligado a presentar su solicitud a tal autoridad a través de la autoridad central del Estado miembro de ejecución.
Los Estados miembros han de garantizar la plena eficacia del derecho previsto en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 4/2009 modificando eventualmente sus normas procedimentales. En cualquier caso, incumbe al juez nacional aplicar las disposiciones del citado artículo 41, apartado 1, dejando inaplicadas en caso de necesidad las disposiciones contrarias del Derecho nacional, y, por consiguiente, permitir a un acreedor de alimentos presentar su solicitud directamente ante la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, incluso si el Derecho nacional no lo prevé (TJUE, M. S. contra P. S., 9 de febrero de 2017, C‑283/16).
No obstante, deberá celebrarse una audiencia oral cuando concurran circunstancias concretas, relativas a los elementos de que dispone la autoridad competente o a la situación personal o general en la que se inscribe la solicitud de protección subsidiaria, que la hagan necesaria para examinar dicha solicitud con pleno conocimiento de causa, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, M contra Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General, 9 de febrero de 2017, C‑560/14).
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que prohíbe que un Estado miembro cuya legislación tributaria permite la deducción de «rendimientos negativos» correspondientes a una vivienda deniegue esta deducción a un trabajador por cuenta propia no residente cuando éste percibe en el territorio de este Estado miembro el 60 % de sus ingresos totales y no percibe en el territorio del Estado miembro donde se encuentra su vivienda ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente.
La prohibición derivada de la respuesta a la primera cuestión se aplica a todo Estado miembro de actividad en cuyo territorio perciba el trabajador por cuenta propia ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente, en proporción a la parte de estos ingresos percibida en el territorio de cada uno de los Estados miembros de actividad. A este respecto, es un «Estado miembro de actividad» todo Estado miembro que sea competente para gravar los rendimientos de la actividad de un no residente percibidos en su territorio, con independencia del lugar donde se ejerza concretamente esta actividad.
El hecho de que el contribuyente no residente de que se trate perciba parte de sus ingresos imponibles, no en el territorio de un Estado miembro, sino en el de un Estado tercero, no afecta a la respuesta que se ha dado a la segunda cuestión (TJUE, X contra Staatssecretaris van Financiën, 9 de febrero de 2017, C‑283/15).
El artículo 131 y el artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la Administración tributaria de un Estado miembro deniegue la exención del impuesto sobre el valor añadido de una entrega intracomunitaria por el único motivo de que, en el momento de dicha entrega, el adquirente, domiciliado en el territorio del Estado miembro de destino y titular de un número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido válido para las operaciones en dicho Estado, no se encuentre registrado en el sistema de intercambio de información sobre el IVA ni esté sujeto a un régimen de tributación de las adquisiciones intracomunitarias, aun cuando no exista ningún indicio serio de fraude y se haya acreditado que concurren los requisitos materiales exigibles para la exención. En este caso, el artículo 138, apartado 1, de la Directiva sobre el IVA, interpretado a la luz del principio de proporcionalidad, también se opone a que se deniegue tal exención en el supuesto de que el vendedor conozca las circunstancias de la aplicación del IVA que caracterizan la situación del adquirente y tenga la expectativa de que, en un momento posterior, éste obtenga el registro como operador intracomunitario con efectos retroactivos (TJUE, Euro Tyre BV contra Autoridade Tributária e Aduaneira, 9 de febrero de 2017, C‑21/16).
Resumen del libro: Esta obra surge con motivo del seminario sobre “Justicia Civil en la Unión Europea: Evaluación de la experiencia española y perspectivas de futuro” celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 2 de junio de 2016 en el marco el proyecto de investigación Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union -EUPILLAR-, financiado por la Comisión Europea. EUPILLAR es un proyecto de investigación en el que participan siete Universidades de seis Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de analizar la puesta en práctica en cada uno de estos países de los instrumentos comunitarios más clásicos de Derecho internacional privado, así como el papel que juegan las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la construcción del sistema de solución de diferencias para el tráfico jurídico intracomunitario. Junto a los resultados y conclusiones del trabajo de campo realizado sobre la práctica en nuestro país, este volumen recoge la amplia mayoría de las ponencias presentadas en el seminario celebrado el 2 de junio de 2016. En ellas se abordan cuestiones específicas que, cubriendo todos los ámbitos materiales que alcanza el proyecto, combinan el análisis académico y práctico con el fin de detectar y profundizar mejor en las fortalezas y debilidades del sistema en nuestro país así como, de esta forma, proyectar la continuación de nuestro esfuerzo en pro de la mejora de la justicia civil transfronteriza intracomunitaria.
Dykinson, S.L., 2017, 294 p., 18,75 € (ebook)
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