Source: https://www.legislaturabierta.gob.ar/noticia.php?id=1475
Timestamp: 2020-05-31 07:13:59
Document Index: 136241520

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

Proyecto Presentado: el Ejecutivo quiere limitar la antigüedad para Magistrados y funcionarios constitucionales
La iniciativa fue presentada esta semana en el Senador provincial, busca que sólo se puedan acumular para el cómputo del Adicional por Antigüedad hasta la cantidad mínima de años de servicios.
Publicada el miércoles 04 de diciembre de 2019
La regla en el empleo público local, en relación a la forma de computo del adicional por antigüedad, la disponen los distintos escalafones (Leyes Nos. 4934, 5126, 4322, entre otras) y puede resumirse que en casi la totalidad de los casos, el adicional se computa sobre los años de servicio, hasta que el agente logra el beneficio de la jubilación ordinaria, debiendo, en caso de llegar a la edad prevista por el ordenamiento vigente y siempre que tenga los aportes necesario, cesar en su empleo.
Esta previsión estatutaria, es una de las denominadas causas naturales y objetivas de cese de la estabilidad en el empleo público (ver art. 59 del estatuto del Empleado Público, modificado por la Ley Nº 6921).
No obstante, existen un conjunto de funcionarios y agentes, que no tienen esa limitación, y se mantienen en el cargo, mientras dure su buena conducta. En efecto, estos agentes (a diferencia de lo que sucede en la Nación, que tiene prevista la cláusula de edad en el art. 99 inciso 4 de la Constitución Nacional) no tienen la obligación de jubilarse al reunir las condiciones de edad y años de aportes. Es el caso de los miembros de la Suprema Corte, Procurador de ella, miembros de las Cámaras de Apelaciones, Jueces, Fiscales y Defensores, Asesor de Gobierno, Fiscal de Estado, Miembros del Tribunal de Cuentas, los que por mandato Constitucional Provincial son inamovibles mientras dure su buena conducta. Por ende, depende de la voluntad del funcionario o Magistrado, renunciar para obtener el beneficio jubilatorio, una vez que ha alcanzado las condiciones legales para ello.
Existe un supuesto también en el derecho local, en donde el agente puede continuar prestando funciones una vez que se ha jubilado (ver Ley Nº 6929), tal es el caso del docente, cuyo ordenamiento tiene previsto un límite a la acumulación de antigüedad en 24 años (ver artículo 41 de la Ley Nº 4934).
En esa línea es que se propone con este proyecto establecer un límite al pago del adicional por antigüedad que perciben, tanto el Presidente y los Vocales del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia, como los Miembros de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General y demás Magistrados del Poder Judicial de la Provincia, Asesor de Gobierno y Fiscal de Estado; puesto que si bien tienen derecho a que se les liquide y pague el Adicional por Antigüedad, entendemos que por razones igualdad y justicia, ese adicional no debería incrementarse para el caso de que se mantengan en el cargo una vez cumplido los requisitos para jubilarse, en cuyo caso deberán percibir en lo sucesivo, el porcentaje máximo liquidado a la fecha de cumplir esos requisitos.
Dada la intangibilidad del salario que gozan estos funcionarios y magistrados, por expreso mandato constitucional, no puede la norma afectar el salario que hoy perciben los sujetos alcanzados por la misma, por lo que se deja salvado ello desde una doble perspectiva. La primera, referida a aquellos que a la entrada en vigencia de la presente estén percibiendo el adicional de antigüedad por una cantidad superior de años requeridos para la obtención del beneficio previsional, en cuyo caso no podrá ajustarse su salario, debiendo en lo sucesivo seguir percibiendo dicho adicional en la forma liquidada, pero sin que se siga incrementando en la base de computo. La segunda cuestión, se refiere a la antigüedad que se está acumulando en el corriente año, la que da derecho a que sea liquidada a partir de enero del año siguiente, por lo que corresponde se liquide y pague en el año 2020, aun cuando superase el máximo aquí establecido, dejando si de computarse la antigüedad a partir de dicho año.
Por último, pero en la línea que venimos desarrollando, se deja claro que en caso de que el régimen previsional sea modificado a futuro y se reduzca la cantidad de años de servicio necesarios para la jubilación ordinaria, ello no podrá afectar el salario que perciban los afectados cuando ello suceda, por lo que seguirán percibiendo el adicional que les sea liquidado hasta esa fecha aún cuando la antigüedad que se tome en cuenta supere el nuevo límite.
Artículo 1º.- Incorpóranse al artículo 9 de la Ley Nº 4322 los párrafos cuarto y quinto, que quedarán redactados de la siguiente manera:
"Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, los funcionarios a ellos equiparados por ley, así como los otros funcionarios que tienen garantía constitucional de inamovilidad en el cargo, sólo podrán acumular para el cómputo del Adicional por Antigüedad hasta la cantidad mínima de años de servicios requerida por el artículo 9°, primer párrafo, de la Ley Nº 24.018 para obtener la jubilación ordinaria. En dichos supuestos y de mantenerse en el cargo, el adicional por antigüedad ya no podrá incrementarse, debiendo en lo sucesivo liquidarse el porcentaje máximo antes indicado.”
“Para la eventualidad de que se modificara el régimen previsional de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, disminuyéndose la cantidad de años de servicios requeridos para acceder a la jubilación, ello no afectará la cantidad de años de antigüedad adquiridos a esa fecha para el cómputo del adicional, aunque sea mayor al nuevo mínimo, pero inferior al máximo de treinta (30) años previsto en el párrafo anterior."
Artículo 2º.- Deróganse los párrafos segundo y tercero del artículo 4 de la Ley Nº 4.322.
Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 5 de la Ley Nº 4322, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"El presidente y vocales del H. Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado, el Asesor de Gobierno y los demás funcionarios que tienen garantía constitucional de inamovilidad en el cargo, tendrán derecho a la percepción del adicional por antigüedad, el que se liquidará aplicando el régimen previsto para los magistrados".
Artículo 4º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5º.- Si a la entrada en vigencia de la presente ley, a los Magistrados y demás funcionarios constitucionales señalados en los artículos anteriores, se les liquida el adicional por antigüedad sobre la base de computar una cantidad de años de servicios mayor a la requerida por el régimen previsional a ellos aplicable para acceder a la jubilación ordinaria, en lo sucesivo, sólo se les calculará la antigüedad acumulada hasta el 31 de diciembre del 2019; sin que de ninguna manera puedan adicionar más años de servicio a los fines de la liquidación de este adicional.