Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-28-octubre-2005-ministerio-de-justicia-112124
Timestamp: 2016-10-28 15:09:38
Document Index: 394269435

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 9', 'artículo 461', 'artículo 461', 'artículo 461', 'artículo 157', 'artículo 5']

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial	RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial Mis Leyes
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial Estado	:
BOE 261/2005	Fecha Disposición	:
01/11/2005	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.
Madrid, 28 de octubre de 2005.El Secretario de Estado, Luis López Guerra.
Se trata, según allí se exponía y se mantiene ahora, de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos a la par que responsable ante ellos, dejando claro que los ciudadanos podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Justicia y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar. Se concebía y defiende para ello una Justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada y, por fin, protectora de los más débiles víctimas del delito, menores, discapaci tados, extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, vino a consagrar el objetivo general de transparencia proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, articulándolo a través de un instrumento técnico destacadamente novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y obediente al firme propósito de desterrar definitivamente la opacidad informativa que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Tal instrumento no era otro que el Plan de Transparencia Judicial, a través del cual las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y los propios ciudadanos deberían tener a su disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada acerca de la actividad y la carga de trabajo de todos
los órganos jurisdiccionales del Estado, lo que a su vez permitiría el tratamiento estadístico y su aplicación en todo tipo de procesos de planificación y modernización de la Administración de Justicia, enlazando así con uno de los grandes ejes programáticos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.
De modo concreto establecía el apartado 1 del artículo 14 de la Ley 15/2003 que el Plan deTransparencia Judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para las siguientes finalidades:
a)	El desarrollo del programa legislativo del Estado en materia procesal.
b)	La planificación presupuestaria en materia de retribuciones de los miembros de la carrera judicial, así como sobre los recursos humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
c)	La actualización y modificación de la organización judicial.
d)	El funcionamiento de los servicios de inspección sobre los juzgados y tribunales.
Tal Comisión Nacional de Estadística Judicial, que estará integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, deberá aprobar los planes estadísticos, generales y especiales, de la Admi nistración de Justicia y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español, sin perjuicio de que las Administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia puedan llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que las consideren necesarias o útiles para su gestión.
Dicha disfunción acredita con claridad que el conocimiento de la población en general sobre la Administración de Justicia no se corresponde adecuadamente con la realidad, contribuyendo de manera injustificada a la deslegitimación de un poder del Estado que presta un servicio público esencial para el funcionamiento de la democracia social y avanzada que predica nuestra Constitución. Ahora bien, la valoración relativamente positiva de los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia no debe provocar confusión, ya que supera mínimamente a los usuarios que lo valoran negativamente, acreditando, por tanto, que dicho servicio está lejos del nivel de excelencia reclamado por los ciudadanos, lo que erosiona su credibilidad y se agrega a la valoración negativa de la ciudadanía en general, perjudicando al papel institucional de la Administración de Justicia,
cuya legitimidad será tanto más firme cuanto mejor cumpla con su función social, lo que permitirá conformar, de esta manera, una opinión pública que se reconozca en la misma, igual que sucede con otras instituciones públicas mejor valoradas.
Debe despejarse, así mismo, qué causas motivan las impuntualidades en los procesos, así como dar a conocer las quejas de los usuarios sobre el trato recibido por cada uno de los intervinientes en el pleito, ya que la impuntualidad y el mal trato constituyen una piedra de toque para los usuarios sobre la calidad del servicio público de la Administración de Justicia, siendo exigible concretar también las pautas necesarias para medir tanto el volumen de trabajo de cada órgano jurisdiccional, cuanto la calidad de las actuaciones de todos quienes intervienen en el proceso. Se garantizará, de este modo, la planifica ción presupuestaria en materia de retribuciones y la correcta gestión de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, contribuyendo finalmente a clarificar los costes reales de los procesos, lo que constituye un arcano denunciado reiteradamente por los investigadores especializados en la Administración de Justicia, quienes reclaman la identificación efectiva de sus costes generales y particulares para permitir, de este modo, valorar racionalmente si las inversiones, realizadas sostenidamente en este servicio público por las diversas Administraciones competentes, han logrado los objetivos perseguidos o, por el contrario, han podido ser inútiles o desproporcionadas para los resultados obtenidos, siendo exigible conocer también los costes que los usuarios satisfacen a los diferentes profesionales que intervienen en el proceso. Debe conocerse finalmente si los servicios de justicia gratuita, cuyo coste aumenta geométricamente año tras año, atienden adecuadamente las demandas sociales de justicia, lo que obligará a identificar costes y resultados en todos los ámbitos del Estado.
Se impone, por otro lado, publicar en tiempo real el resultado de todos los litigios, permitiendo, de esta manera, que las Administraciones afectadas y los ciudadanos en general puedan conocer eficazmente el funcionamiento de nuestros Tribunales, así como la evaluación del funcionamiento de las normas legales y su capacidad de resolver los conflictos sociales, siendo especialmente pertinente iluminar el resultado de las ejecuciones de los
distintos títulos ejecutivos, porque dicha precisión constituye indudablemente un medidor determinante de la eficacia de la Administración de Justicia.
Es necesario, en fin, precisar los rasgos esenciales que permitan reconocer la calidad del desempeño de cada uno de los intervinientes en la Administración de Justicia, utilizando, a estos efectos, tanto los instrumentos de control interno de calidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia identificándose, entre otros, la utilización por cada órgano jurisdiccional de mecanismos de buenas prácticas determinadas por las distintas Administraciones, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado; el volumen de recursos que soporta cada órgano judicial respecto a los demás órganos de la misma jurisdicción; así como las confirmaciones y revocaciones de sus resoluciones judiciales, prestándose especial atención a las sentencias anuladas; y también la intervención de jueces titulares o sustitutos, cuanto los mecanismos de control externo, en los que los usuarios del servicio público jugarán un papel determinante, con atención particular a la publicación del resultado de las encuestas especializadas y a la sistematización de las quejas sobre el funcionamiento de los Tribunales. Deben publicarse también los datos de control externo sobre el desempeño de los diferentes profesionales que intervienen en el proceso, acentuándose, a estos efectos, el papel de los diversos Colegios profesionales en el análisis y evaluación del trabajo que se realiza en las oficinas judiciales. Y han de darse a conocer los datos de evaluación del desempeño de sus propios colegiados por los medios que cada Colegio llegue a disponer.
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1 como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en su artículo 6 y la Constitución española en el artículo 24 reconocen, con distintas formulaciones, el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los tribunales en un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.También el artículo 120 de la Constitución resalta el carácter público de las actuaciones judiciales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, y añade la obligación de que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública. Primer principio, pues, que debe figurar recogido en el Plan de Transparencia Judicial es el relativo a la necesaria publicidad de las actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales: proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.
Visto el carácter de derecho fundamental que se otorga a la publicidad del proceso y los objetivos que la publicidad de los juicios trata de cumplir, no debe olvidarse tampoco que la protección del derecho de los justiciables y la necesaria imparcialidad de los jueces puede aconsejar la reflexión colectiva de la sociedad acerca de los límites de las libertades de expresión e información en determinados supuestos, al no existir en España protección especial alguna frente a los juicios paralelos más allá de las acciones que puedan ejercitarse al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen o, en el orden penal, de las acciones por delitos de injurias o calumnias o las acciones para perseguir los delitos cuando los datos o imágenes de las personas para su posterior difusión se hayan obtenido ilegalmente. La transparencia judicial, pues, en su vertiente de publicidad del proceso, no debe perder de vista la necesaria protección de derechos e intereses legítimos que puedan verse afectados por la falta de autorregulación de los medios de comunicación sobre los límites que no han de sobrepasarse en una sociedad avanzada. Además de ello, la idea de transparencia judicial ha de relacionarse necesariamente con lo establecido en el artículo 9 de la Constitución española. Para poder exigir de los poderes públicos la responsabilidad que pregona dicho precepto y a la que también se alude en los artículos 106 y 121 del texto constitucional, en este último en el concreto ámbito de la Administración de Justicia, es preciso que se pueda conocer no sólo el contenido de las resoluciones judiciales, sino también el tiempo medio en que éstas deberían haber sido dictadas, lo que dará un parámetro suficiente acerca de si el funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido, en su caso, anormal y por tanto tributario de una indemnización con cargo al Estado y conforme a la Ley.
1.	Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio.Resulta innegable en nuestros días la importancia de desarrollar, en el ámbito de la Administración de Justicia, criterios de gestión tendentes a la optimización de los recursos disponibles, a la búsqueda de la mayor calidad, a la implantación de técnicas de control de la misma, al establecimiento de planes de cumplimiento de determinados objetivos y a la determinación de un régimen adecuado de responsabilidad por el funcionamiento del servicio. Entre las finalidades del Plan de Transparencia que derivarían de este objetivo general se encuentran las siguientes:
Comprobar la posibilidad de articular un sistema de sustituciones naturales entre titulares de órganos del mismo y, en su caso, de distinto orden jurisdiccional, en función de cargas de trabajo y cumplimiento de objetivos. Identificar los tiempos medios de duración de las fases de cada uno de los procedimientos, su duración total y las desviaciones en el tiempo de tramitación de cada tipo de asunto con respecto a los plazos establecidos legalmente.
2.	Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial.Ha de alcanzarse este objetivo a través al menos de las siguientes herramientas:
3.	Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas.Para el cumplimiento de este objetivo es imprescindible:
Obtener datos estadísticos fiables sobre delitos y penas, evoluciones de la litigiosidad criminal con criterios geográficos, de los autores de los delitos o faltas sexo, nacionalidad, edad, situación socioeconómica-, del volumen de población y de otros parámetros que se consideren oportunos.
En efecto, en materia de Derecho Penal, para la consecución de los fines de prevención general del delito parece conveniente que en la información estadística se recojan no únicamente datos objetivos del procedimiento, sino también características socioeconómicas y familiares de los sujetos afectados, información ésta que permitirá no sólo el desarrollo de una labor asistencial hacia los más necesitados, sino también una labor social y educativa que será a la larga el principal modo de evitar situaciones tales como que los menores en desamparo se conviertan en menores delincuentes y después en mayores delincuentes; que los menores se conviertan en mayores maltratadores; que continúe la actual situación de falta de conciencia ciudadana acerca de la prevención de delitos que afectan a la comunidad, por ejemplo en materia medioambiental incendios forestales, contaminación acústica, construcciones ilegales en zonas protegidas.
1.	Estadística judicial 1.1	Desarrollo de una nueva estadística judicial.El Plan de Transparencia Judicial se constituye en el marco necesario para el desarrollo de una nueva estadística judicial, que será obligatoriamente el instrumento básico para el despliegue operativo del propio Plan de Transparencia, proporcionando a las Administraciones Públicas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado los elementos necesarios para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia, prestando especial atención a todas las finalidades recogidas en el artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que han sido expuestas antes.
La estadística judicial deberá asegurar, por tanto, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, de información actualizada, dotada de rigor y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales del Estado, así como sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento, garantizando, en cualquier caso, que los ciudadanos tengan acceso a la misma, lo que se constituye en requisito imprescindible para conformar una opinión pública informada, que esté en condiciones de influir efi cazmente en el proceso de reformas que precisa la Administración de Justicia.
Se promueve, así, un objetivo ambicioso, que beneficiará a todas las Administraciones afectadas, así como al conjunto de la ciudadanía y que exige el abandono de actuaciones unilaterales de cada una de las Administraciones en materia estadística, que se han revelado poco eficientes aún cuando determinadas iniciativas deban valorarse positivamente, dando paso a una estadística judicial realizada por todos en pie de igualdad, en la que todas las Administraciones puedan reconocerse porque beneficiará a todas por igual, asegurando, de esta manera, que el servicio público de la Administración de Justicia juegue en todo el territorio del Estado el papel esencial que le corresponde en una democracia social avanzada. Lograr los objetivos propuestos, asegurando una estadística judicial capaz de proporcionar a poderes públicos y ciudadanos una información de las características ya descritas, facilitando, para ello, la obtención, tratamiento y transmisión de los datos estadísticos a través de tecnologías de la información avanzadas, exigirá aprobar planes estadísticos generales y especiales de la Administración de Justicia y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.
1.2	Constitución de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.La misión a la que se refiere el apartado anterior de este Plan ha sido encomendada a la Comisión Nacional de Estadística Judicial por el artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que previene que dicha Comisión se integre por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, encomendándose reglamentariamente el establecimiento de su estructura, composición y funciones al Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, lo que evidencia la exigibilidad de que dicha norma sea consecuencia del máximo consenso de todos los interesados.
1.3	Obtención de los datos estadísticos desde las propias aplicaciones de gestión procesal y otras fuentes complementarias de información.Es palmaria la necesidad de que la información estadística de los asuntos sometidos a conocimiento de los Juzgados y Tribunales se obtenga al mismo tiempo y como un subproducto natural de la herramienta de gestión procesal adoptada, haciendo que el proceso estadístico esté integrado en el de gestión y no suponga para el funcionario del órgano correspondiente una tarea o esfuerzo adicionales.
El Plan de Transparencia Judicial no puede desdeñar, sin embargo, otras fuentes complementarias de información no estrictamente intraprocesal, pero que puedan suministrar datos cuya medición contribuya a los objetivos deseados, tales como las fiscalías en sus actividades extraprocesales, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal, las Unidades Administrativas, los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, las Oficinas de Atención a los Ciudadanos y los barómetros de opinión internos y externos.
1.4 Adecuado tratamiento, transmisión y explotación de los datos estadísticos.La información estadística, una vez elaborada, se constituye en el único referente de apoyo a la toma de decisiones, el cual se fundamenta en tres pilares: la necesidad de construir un repositorio único de información Datawarehouse; la necesidad de construir y asegurar los procesos de extracción, transporte y almacenamiento; y la explotación estadística de la información.
El repositorio único constituye un Directorio Nacional de Asuntos DNA que permitirá mapear en el mismo los datos de la aplicación o aplicaciones procesales utilizadas tanto por el Ministerio de Justicia como por las Comunidades Autónomas, y de esta manera poder llevar una constancia de dichos datos.
La explotación de dicha información habrá de generarse de manera gradual, para que los distintos colectivos de usuarios de la información agregada se incorporen al sistema no globalmente, sino en distintas fases con el fin de conseguir funcionalidades dependientes de cada grupo de usuarios. Así, en un primer momento de desarrollo de la explotación de la nueva estadística judicial puede explotarse la información necesaria para las siguientes instancias: Administraciones públicas gestoras del servicio, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Secretarías de Gobierno, los propios órganos judiciales y fiscalías y las Oficinas de Atención al Ciudadano. Para pasar en una segunda fase a atender necesidades de colectivos profesionales, e incluso a la consulta individual a través de Internet por parte del ciudadano. En definitiva, el DNA debería recoger de manera sistemática todos aquellos datos que permitan responder a preguntas referentes a la misión del propio Plan de Transparencia Judicial servicio público, ejecución de gasto,
costes de la justicia, eficacia de la misma, calidad y costes de la no calidad, y al menos los siguientes:
a)	En referencia al asunto tramitado en el juzgado o conocido por la fiscalía: asuntos tipificados, fechas hito en la vida del asunto, estado del asunto en el instante de recogida del dato, siguientes pasos en la vida del asunto, previsión estadística calculada mediante modelos de comportamiento de la duración de los pasos siguientes, resoluciones relativas al mismo.
b)	En referencia al coste y a la racionalización del gasto: fechas hito, intervinientes, coste/hora de cada interviniente, escandallo o prorrateo de los costes fijos, resultados de cada asunto, y correlación con otras variables estadísticas como pueden ser tipología de la población, tipología de causas/delitos más frecuentes y otros parámetros que se consideren de razonable interés.
c)	En referencia a la calidad/no calidad: comparativas de resultados reales contra resultados esperados. Estos resultados esperados habrán de calcularse una vez se posean datos suficientes para diseñar modelos estadísticos de comportamiento. Como ejemplo, y aún siendo un modelo grosero, en el trabajo que se realiza actualmente de recogida de sentencias se compara el número de sentencias recogidas telemáticamente con datos de años anteriores en los que se enviaban en papel al Centro de Documentación Judicial.
d)	En referencia a la excelencia judicial y al servicio público: obtención por agregación de oferta de niveles de servicio y creación, por lo tanto, de una carta de servicios orientada al ciudadano.
2.	Tecnologías de la información y comunicaciones 2.1	Unificación o compatibilidad de las distintas aplicaciones informáticas utilizadas en las Oficinas judiciales.Debe añadirse como un instrumento más que avale el propósito de transparencia judicial que articula este Plan la razonabilidad de que existiera una sola aplicación informática para todos los órganos judiciales y para todas las Fiscalías convenida por todas las Administraciones competentes o que las aplicaciones informáticas fueran compatibles entre sí. Todos los sistemas informáticos de gestión procesal deberán seguir las normas establecidas en el Test de Compatibilidad de Aplicaciones de Gestión Procesal para la Administración de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 1999. Además de estas normas, deberán establecerse unos valores de dominio comunes para el intercambio de datos y unos esquemas comunes de tramitación, sobre todo en la definición de hitos que pudieran ser utilizados como referentes a la hora de obtener estadísticas sobre la vida procesal de los asuntos.
Actualmente, incide en la escasa fiabilidad de los resultados estadísticos la existencia de necesidades particulares y diferentes en la gestión dentro de cada uno de los ámbitos de decisión. Sin embargo, sólo existe una fuente principal de información correcta para el análisis: la información de los procesos judiciales. Toda la información de gestión necesaria se obtiene de los expedientes procesales, que tienen como soporte operacional un único sistema en todas las Comunidades Autónomas que todavía corresponden al ámbito de competencia del Ministerio de Justicia Libra/Minerva, y sistemas de información similares en su objeto, pero muy distintos en su concepción, en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de justicia.
A la hora de plantearse un sistema de apoyo estadístico para la toma de decisiones, es claro ya que el entorno de la Administración de Justicia plantea al menos los siguientes inconvenientes: mucha dispersión geográfica; entornos tecnológicos heterogéneos; y una utilización no homogénea e incompleta de los sistemas por parte de los usuarios, que habitualmente priman la rapidez en el trabajo frente a la solidez de la información que se registra, lo que dificulta la obtención de información de calidad y fiable desde el punto de vista de la gestión del servicio. Es necesario, pues, poder garantizar la convergencia entre los modelos de datos coexistentes, los rangos en los dominios de valores asuntos, procedimientos, fases, estados, la convergencia tecnológica y aún en mayor medida es preciso asegurar la gestión del cambio necesaria para invertir la tendencia actual de primar la rapidez en el trabajo frente a la solidez de la información.
2.2	Páginas de información de las distintas Administraciones concurrentes en el ámbito de la Justicia.Instrumentos adecuados para la consecución del objetivo de transparencia judicial que avala este Plan son también los portales de Justicia del Ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, de las Comunidades Autónomas y de la Fiscalía General del Estado. Baste recordar, a este fin, que al apartado 2 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece el derecho de los ciudadanos a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible, lo que evidencia la necesidad de mantener permanentemente actualizadas estas páginas de información, que posibilitarán también el acceso a las aplicaciones de información que se deseen, para cuyo acceso se utilizará la autentificación mediante certificados, mecanismos de usuario y clave o aquellos otros sistemas que se estimen convenientes en cada caso.
El acceso a la estadística judicial que pueda publicarse en el portal del Ministerio de Justicia y, en su caso, en los portales de las Comunidades Autónomas, será pleno para los ciudadanos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 461.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para la presentación de estos datos se estudiará el empleo de un Sistema de Información Geográfico GIS que sea ali mentado automáticamente desde las propias aplicaciones de gestión procesal.
2.3	Sistemas de interconexión e intercambio de documentos en el proceso.Como otro instrumento decisivo para la consecución de los objetivos establecidos, se propone en este Plan de Transparencia la implantación generalizada de sistemas de interconexión e intercambio de documentos. Se trataría de sistemas de correo «securizado», que permitirían el intercambio de documentos entre los operadores jurídicos y los órganos judiciales, de modo que la presentación de escritos y el traslado de copias desde los Procuradores y Abogados hacia las Oficinas judiciales y las notificaciones desde éstas hacia los operadores jurídicos se realice de forma automática, a través de certificados de firma digital reconocida. Como consecuencia, los sistemas se verían revestidos de los principios de autenticación el remitente es quien dice ser, confidencialidad sólo el remitente y el destinatario pueden conocer el contenido de los documentos, integridad el documento no puede ser alterado por nadie y no repudio el remitente no puede negar el hecho del envío ni el destinatario el hecho de su recepción. Estos sistemas garantizarían además el sellado de tiempo, de tanta importancia en el flujo de documentos entre operadores jurídicos para la consecución de los plazos vigentes en materia procesal.
2.4	Sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales.Instrumento decisivo también de cualquier propósito de transparencia judicial es la existencia de un sistema central de comunicaciones, seguro y restringido entre las distintas redes judiciales territoriales. En estos momentos el Punto Neutro Judicial, servicio de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial, constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las distintas aplicaciones centralizadas acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes, por ejemplo. En un horizonte de transferencias en materia de justicia totalmente finalizado, el Punto Neutro Judicial constituirá, por tanto, el nexo de comunicaciones que permitirá a las Comunidades Autónomas acceder a dichas aplicaciones,
pero es de prever que también a la información estadística derivada del Plan de Transparencia Judicial y de los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia. Será por ello necesario optimizar las prestaciones del Punto Neutro Judicial, aumentando su margen de tolerancia a fallos así como su capacidad para dar respuesta al volumen de información que generará el Plan de Transparencia y los planes estadísticos de la Administración de Justicia. Y así mismo deberá convenirse con las Comunidades Autónomas las conexiones que sea preciso establecer para dar acceso a todos los datos estadísticos del sistema judicial español.
La oferta de servicios que se viene prestando a través del Punto Neutro Judicial es variada y se extiende a la comunicación de los órganos jurisdiccionales en relación con la tramitación de los procedimientos judiciales, y ello en relación con la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, laTesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina o la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
3.	Buenas prácticas procesales 3.1	Correcto funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales. Criterios uniformes para el registro de asuntos.Se deduce ya, de todo lo expuesto hasta ahora, que el buen funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de la Oficina judicial es pieza o instrumento esencial del Plan de Transparencia. Deberá, por tanto, procederse a la aprobación de normas estandarizadas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que permitan la obtención y clasificación homogénea de los datos, asegurando la compatibilidad de los distintos sistemas informáticos de las Administraciones implicadas en el Plan.
3.2	Reforma de las normas procesales.El Gobierno está impulsando también la necesaria reforma de las leyes procesales que coadyuve a evitar la comisión de malas prácticas como las descritas y otras tendentes a la opacidad o alteración de la realidad de la carga de trabajo del sistema judicial español, imponiendo cuantos mecanismos procesales sean pertinentes para ello y además los que sean precisos para la correcta regulación del derecho de los litigantes a conocer en todo momento el estado de tramitación de los pleitos en los que son parte y a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes en ellos.
4.	Registros de la Administración de Justicia El Plan de Transparencia Judicial aboga igualmente por la definitiva mejora del sistema de Registros Judiciales, que constituye un referente ineludible para el ejercicio eficaz de las funciones que, en materia penal, y en el caso del Registro Central de Rebeldes Civiles, en materia civil, las leyes atribuyen a la Administración de Justicia. Su gestión se ha beneficiado de las innovaciones que las nuevas tecnologías han venido ofreciendo, lo que ha determinado unas posibilidades de información inimaginables en el momento en que su organización fue concebida, pero supone, a su vez, nuevas oportunidades y también riesgos en la utilización de la información en ellos contenida. No parece necesario señalar detenidamente la singular sensibilidad de esta información.
La entrada en vigor de nuestra Carta Magna consagró el principio de legalidad en la actuación administrativa y el carácter instrumental de su actuación, al servicio de los intereses generales y con respeto a los derechos individuales, singularmente a los que hacen referencia al honor y a la intimidad personal y familiar. Estos aspectos son de singular sensibilidad en la actuación de los Registros Judiciales y deben presidir su actuación. La promulgación de leyes generales de tanta trascendencia pública y privada como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, constituyen elementos determinantes en este proceso. La globalización de la sociedad ha venido a dar una nueva perspectiva al Registro Central de Penados y Rebeldes. La necesidad de que los delitos sean enjuiciados y sancionados con independencia del lugar en el que se perpetren, el carácter cada vez más transnacional de la conculcación de las leyes y normas de convivencia, con especial énfasis en el terrorismo y en el tráfico de drogas, la mayor y más especial cooperación internacional en la persecución de los delincuentes y su detención, constituyen nuevos retos que sólo pueden ser abordados con la perspectiva de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Los acuerdos o convenios suscritos con Estados en ámbitos de cooperación bilateral o multilateral obligan al Registro a una continua evaluación de sus procedimientos, innovándolos cuando sea necesario, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, en un marco legal flexible, pero con respeto a los principios a que responde su creación.
Con el fin de asegurar el adecuado servicio a los Juzgados de Menores y a las Fiscalías, se cuenta con un nuevo sistema de comunicaciones que garantiza, con la colaboración de todos, una actualización permanente de la información, para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y, al igual que los restantes Registros, constituye una fuente preciosa de información en relación con los ilícitos cometidos por menores, sus especificidades y características principales. Dado que las comunicaciones se realizan telemáticamente, es posible además asegurar una rapidez y calidad de la información que de otro modo sería imposible El artículo 157 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ordenó que en el Ministerio de Justicia existiera un Registro Central de Rebeldes Civiles, mandato que fue desarrollado por el Real Decreto 231/2002, de 1 de marzo, que regula la organización, contenido y funcionamiento del Registro, y según su exposición de motivos «se constituye en un instrumento clave para solucionar una de las causas de retraso en el desarrollo normal del proceso, contribuyendo, a partir de la certeza, a la rapidez y eficacia de las actuaciones judiciales respecto del demandante, al tiempo que proporciona garantía de los derechos de aquellos ciudadanos demandados que no pueden ser notificados por desconocerse su domicilio».
Desde los órganos judiciales se harán: Consultas sobre personas (físicas o jurídicas).
Peticiones de inscripción. Peticiones de cancelación.
Contesta a las consultas de los órganos judiciales. Resuelve las peticiones de inscripción, realizando nue-
vas inscripciones o anexos a inscripciones existentes. Resuelve las incidencias enviadas por los órganos judiciales Agrupa los datos de consultas e inscripciones correspondientes a la misma persona física o jurídica, y en general vela por la calidad de los datos del Registro y define y elabora estadísticas del uso del Registro.
La creación y puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares en el orden jurisdiccional penal constituirá un instrumento de gran utilidad, tanto desde la perspectiva del desempeño de la función jurisdiccional en cada caso concreto, permitiendo al Juez o Magistrado disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, como desde el punto de vista más general de la valoración cuantitativa y estadística de los datos contenidos en este Registro En conjunto, éste debería ser el marco de actuación, que va a exigir desarrollos normativos que proporcionen la necesaria seguridad jurídica en el ejercicio de sus dere chos a los ciudadanos y también a las Administraciones que deben gestionar una información sensible, reservada y sobre la que toda precaución puede ser insuficiente. La utilización de los datos en el proceso de toma de decisiones exigirá a su vez desarrollos tecnológicos nuevos que potencien los sistemas de información con todos los instrumentos y herramientas que de las nuevas tecnologías se derivan. Por último, los gestores públicos deberán desarrollar, siempre en el marco de la legalidad a que nos hemos referido, instrumentos de coordinación que faciliten una información veraz, compartida, actualizada y con utilidad superior a su coste, que justifique los esfuerzos económicos y humanos que un sistema de información va a requerir.
5.	Arquitectura judicial Abundando en la descripción de los instrumentos que han de servir para la más correcta ejecución del Plan de Transparencia Judicial y en el ejercicio de las competencias del Ministerio de Justicia en materia de organización y medios materiales en todos aquellos territorios pertenecientes a Comunidades Autónomas que todavía no han asumido las competencias en materia de justicia, el Ministerio adquiere el compromiso de tener presente en la proyección y diseño de las sedes judiciales la necesaria relación entre los objetivos de transparencia y la arquitectura judicial, relación que ha de manifestarse al menos en los siguientes extremos:
6.	Potenciación de los objetivos de transparencia en relación con la actuación del Ministerio Fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales 6.1 Transparencia del trabajo del Ministerio Fiscal en la Administración de Justicia.Por lo que hace a la necesaria integración del Ministerio Público en el Plan de Transparencia Judicial, son dos los ámbitos principales en los que habrá de profundizarse.
En el primero de ellos, y en relación al desarrollo del Plan de Modernización Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, se deberá establecer un marco uniforme de actuación del Ministerio Fiscal a través de medios informáticos y telemáticos para el más eficaz cumplimiento de sus funciones. Así, se configurará un Sistema de Información del Ministerio Fiscal que canalice el intercambio de información entre la Fiscalía General del Estado y las distintas Fiscalías. Dicho Sistema lo constituirá en esencia una base de datos centralizada que se alimentará de los datos existentes en los diferentes sistemas de gestión procesal puestos a disposición de las Fiscalías por las Administraciones competentes en la materia. A estos efectos, las distintas aplicaciones de gestión procesal implantadas en las Fiscalías deberán adecuarse a unos mismos estándares de codificación de valores delitos, materias, tipos de procedimiento, tipos de intervención, órganos judiciales y a unos mismos esquemas de tramitación aprobados por la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal en el marco de los criterios uniformes que llegue a establecer la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
6.2	Nueva estructura del Cuerpo de Secretarios Judiciales.Instrumento eficaz para la consecución de los objetivos de este Plan de Transparencia habrán de ser también las circulares e instrucciones de servicio que dicten los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán hacerse cumplir por los secretarios judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales o por aquellos otros que tengan su puesto de trabajo en las Unidades Procesales de Apoyo Directo a los órganos jurisdiccionales y habrán de tender, al menos, a la consecución de las siguientes finalidades:
7.	Modernización del lenguaje jurídico El Plan de Transparencia contiene igualmente el compromiso del Gobierno de proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, creada por Orden JUS/3126/2003, de 30 de octubre, con objeto de alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia consistente en obtener una Justicia comprensible, tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas o comparecencias y en las propias resoluciones judiciales, todo ello sin perjuicio de las exigencias que deriven de la correcta técnica jurídica. Convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y, especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las Oficinas judiciales dirijan a los ciudadanos, quienes en las últimas Encuestas a usuarios de la Administración de Justicia realizadas por el Consejo General del Poder Judicial todavía manifiestan, en un porcentaje que sería deseable reducir que no han entendido el lenguaje jurídico que los tribunales han empleado, permaneciendo como usuarios con más problemas con este lenguaje los de clase baja o media-baja, los usuarios de juicios de faltas y juicios penales y, más en concreto, los denunciados, los acusados, los testigos y los testigos-víctimas, por este orden.
8.	Quejas, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos Otro instrumento relevante en el Plan de Transparencia Judicial es el mejor desarrollo del derecho de los ciudadanos a formular quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia y a recibir respuesta a ellas con la mayor celeridad, y en todo caso en el plazo máximo de un mes, que fue recogido ya en la Carta de Derechos de los Ciuda-
danos ante la Justicia.
9.	Cooperación jurídica internacional Por fin, no ha de olvidarse en este Plan de Transparencia que la cooperación judicial internacional constituye en la actualidad un instrumento indispensable para la eficacia de la Justicia. La existencia de información fiable y detallada acerca de la Administración de Justicia facilitará la respuesta a las demandas solicitadas para las evaluaciones internacionales que puedan realizar las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa u otras organizaciones internacionales.
Datos de carácter general.Todos estos datos se reflejarán, en cuanto sea posible, con indicadores generales a nivel estatal, de Comunidad Autónoma, provincial y de partido judicial, midiendo, cuando así proceda, la distribución de los indicadores por género.
1.	Datos sociales y económicos significativos.
1.4	Porcentaje de paro sobre población.
1.6	Cuota de mercado.
1.13	Índice de actividad económica.
1.15	Producto Interior Bruto.
1.16	Estadísticas oficiales publicadas por el Banco de España.
2.1	Número de empleados y evolución en la Administración General del Estado.
2.2	Número de empleados y evolución en el Ministerio de Justicia.
2.3	Número de empleados y evolución en la Administración de Justicia.
2.4	Presupuestos Generales del Estado. Datos por Ministerios y Centros Gestores.
2.5	Presupuestos del Ministerio de Justicia. Evolución mes a mes del gasto.
2.6	Libro amarillo de Presupuestos. Compromisos del Ministerio de Justicia.
2.7	Presupuestos de las Comunidades Autónomas.
2.8	Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial.
2.9	Presupuestos destinados a la función Justicia en España.
2.10	Cifra y fecha de los traspasos realizados a las Comunidades Autónomas en materia de Justicia.
2.11	Datos económicos de otros países del entorno Unión Europea.
2.12	Consultas dinámicas de gastos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas asociados al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales:
Gastos de personal. Altos cargos. Funcionarios. Personal laboral. Otro personal. Gratificaciones.
Cuotas Seguridad Social y Acción Social. Gastos corrientes.
Gastos corrientes se detallarán gastos en vigilancia y seguridad, limpieza, peritaciones, servicios, y en general todo el detalle de gastos corrientes asociados al funcionamiento de la Administración de Justicia.
Dietas e indemnizaciones. Transferencias corrientes. Asistencia jurídica gratuita.
Aportaciones a las Comunidades Autónomas. Otras subvenciones.
Gastos de inversiones Obras y Patrimonio, Nuevas Tecnologías y Otros. Inversión nueva. Inversión de reposición. Transferencias de capital. Anticipos reintegrables.
2.13	Contratos del Ministerio de Justicia para la Administración de Justicia.
2.14	Salarios de tramitación.
2.15	Expedientes de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
2.16	Gasto público en cada orden jurisdiccional.
Son varios los objetivos de la medición y transparencia de estos datos. En primer lugar, ofrecer información sólida y en tiempo lo más real o actualizado posible por ejemplo, para la ejecución presupuestaria o para los contratos que se están licitando en cada momento. En segundo lugar, ofrecer a quien realice la consulta el hecho de que ésta sea dinámica y se pueda crear a medida, pues son muchos los datos cuando la información que se desea a veces puede ser simple. En tercer lugar, brindar la posibilidad de establecer comparaciones entre el Ministerio de Justicia y otros organismos o entornos públicos. Todo ello con el mayor respeto y control por la protección de datos objeto de análisis.
El ciudadano podrá analizar cada año cuáles son los principales objetivos de las políticas de gasto libro amarillo y ver si el grado de ejecución del mismo satisface las expectativas inicialmente previstas. Estos son datos que tradicionalmente la Administración no ha venido ofreciendo y que pueden constituir un elemento diferenciador notable en el Plan de Transparencia Judicial.
En un mayor detalle, sería posible conocer a un nivel de gasto pormenorizado, cuánto gasta cada una de las Administraciones en cada partida que pueda ser especialmente interesante: en el abono de las nóminas a un determinado colectivo, en los gastos corrientes luz, agua, teléfono, vigilancia, limpieza, en gastos de peritación, traducción o servicios, en indemnizaciones y dietas.
3.	Ingresos por tasas judiciales.
3.2 Tasas en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
3.4	Otras tasas asociadas al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia.
3.5	Comparación evolución de la recaudación por tasas judiciales de otras tasas recaudadas por el Estado y/o las Comunidades Autónomas.
4.	Datos económicos de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales.
4.1	Saldos por órdenes jurisdiccionales.
4.2	Cuentas expediente en cada órgano judicial y por órdenes jurisdiccionales y en cada fiscalía:
Número de cuentas expediente abiertas. Número de ingresos.
4.3	Duración media de los procesos relacionados con las cuentas expediente desde el primer ingreso hasta la orden del último mandamiento de devolución.
4.4	Ingresos por multas distinguiendo por tipos de multas más significativas, en especial las penas de multa y las multas coercitivas.
4.5	Ingresos por delitos relacionados con el narcotráfico.
4.6	Ingresos por intereses de las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales:
Finalmente, y de acuerdo a la normativa actualmente en vigor, la gestión de estas cuentas se realiza a través de una entidad bancaria mediante contrato licitado públicamente y renovable cada cierto período de tiempo. Los intereses que a estos saldos aporta la entidad bancaria son susceptibles en una parte de generar crédito en el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia de modo directo, mientras que otra parte se ingresa directamente en el Tesoro Público, datos que actualizadamente habrán de reflejarse por disposición del Plan de Transparencia que nos ocupa.
5.	Retribuciones. Clases o componentes. Legislación aplicable.
5.1	Jueces y Magistrados.
5.4	Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
5.5	Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
5.8	Facultativos Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses.
5.9	Resto del personal del INTCF e Institutos de Medicina Legal.
5.10	Jueces de Paz.
5.11	Secretarios de Paz.
5.13	Otro personal contratado.
Los datos señalarán las retribuciones fijas básicas o complementarias, las retribuciones variables y las retribuciones especiales de cada una de las categorías antes enumeradas.
Dentro del personal laboral o contratado ofrecerán particular interés social los datos relativos al personal de los Equipos Técnicos de Menores y de las Unidades de Atención Psicosocial psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales.
6.1 Pagos a Abogados. Contratación particular.
6.2	Pagos a Procuradores. Contratación particular.
6.3	Pagos a Graduados Sociales o Diplomados en Relaciones Laborales.
6.4	Pagos a peritos.
6.5	Distribución de los honorarios por órdenes jurisdiccionales.
6.6	Distribución de los honorarios por tipos de procedimientos.
Los indicadores que se recogen en este apartado tienen como objetivo conocer de manera aproximada cuál es el componente de gasto que supone para el ciudadano particular o para las empresas acudir a la justicia. Evidentemente resultará difícil que los datos recogidos sean reales, dada la libertad de honorarios existente en los pagos a estos profesionales, pero sí se pretende recoger al menos los datos que resulten de las tarifas orientado ras de los Colegios profesionales. Ello permitirá, al menos, una aproximación al dato real que puede ser de gran utilidad en la evaluación general del coste de la justicia. Se han excluido de este epígrafe los datos referidos a justicia gratuita, que aparecen especialmente consignados en el apartado 9 de este documento.
7.	Oficinas de información a los ciudadanos en materia de Justicia.
7.1	Oficinas de Comunidades Autónomas.
7.3	Oficinas del Consejo General del Poder Judicial.
7.4	Oficinas de Colegios profesionales.
7.5	Servicios de Orientación Jurídica.
7.6	Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
7.7	Oficinas de Organizaciones no Gubernamentales. En la actualidad son varios los medios que se están utilizando para dar información u orientación a los ciudadanos respecto a la justicia en general o respecto a su problema legal en particular. Los indicadores recogidos en este epígrafe pretenden sistematizar la información dispersa y determinar cuántas y cuáles son las unidades en donde se desarrolla esta actividad, con el objetivo añadido de lograr una mayor coordinación entre ellas y una mejor planificación en su constitución. Una vez establecido un mapa de Oficinas de Atención de carácter general, se iría al análisis y publicación de la información facilitada por cada una de ellas, para obtener datos como: número de consultas evacuadas, contenido de éstas, perfil del solicitante sexo, edad, nivel socioeconómico, materia sobre la que versó la consulta, datos a los que se podrían ir añadiendo otros según el tipo de explotación que se pretenda realizar y el contenido de los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia que pueda establecer la Comisión Nacional de Estadística Judicial.
8.	Profesiones jurídicas. Colegios profesionales. Especialidades. Indicadores a añadir a los generales: por número de habitantes y por demarcaciones generales.
8.3	Graduados Sociales o Diplomados en Relaciones Laborales.
8.5	Registradores de la Propiedad.
8.6	Número de cada uno de estos profesionales por número de habitantes.
9.1 Dotaciones presupuestarias. Administración central. Administraciones autonómicas.
9.3 Número de solicitudes. Número total.
Por cada orden jurisdiccional. Por instancias.
9.4	Resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo el derecho. Número total.
9.5	Resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita denegando el derecho. Número total.
9.6	Recursos interpuestos. Motivos.
9.7	Resultado de los recursos.
9.8	Clase de asistencia prestada. Asesoramiento gratuito previo al proceso. Asistencia de abogado al detenido o preso.
Identificación del objeto del proceso. Asistencia pericial gratuita. Asistencia de traductores gratuita.
10.	Centros de enseñanza. Número de estudiantes ingresados en el período. Número de licenciados en el mismo período. Estudios de grado y de postgrado. Centros públicos y privados.
10.1	Ciencias Sociales o Jurídicas. Primer ciclo. Gestión y Administración Públicas.
Ciencias Empresariales. Relaciones Laborales. Graduado Social.
10.2	Ciencias Sociales o Jurídicas. Segundo ciclo. Derecho.
Ciencias Políticas y Sociales. Ciencias Políticas.
Ciencias Políticas y de la Administración. Ciencias del Trabajo.
Ciencias Económicas y Empresariales. Derecho Hispano Francés.
10.3	Estudios de masters y doctorado.
11.	Organización territorial de la Administración de Justicia.
11.1 Partidos judiciales. Superficie.
Municipios que lo integran. Población.
Sedes judiciales. Titularidad.
Distancias de los municipios a las sedes judiciales. Volumen y clase de litigiosidad, identificando la pro-
cedencia territorial de los litigios. Evolución de las cargas de trabajo.
11.2	Número y clase de órganos por órdenes jurisdiccionales.
11.3	Juzgados de Paz. Desempeño de sus Secretarías. Agrupaciones de Secretarías.
Personal al servicio de la Administración de Justicia. Otro personal idóneo.
11.4 Fiscalías. Titularidad del edificio.
Distancia de cada una de ellas a las sedes judiciales. Partidos judiciales a los que sirven.
11.5	Institutos de Medicina Legal.
Servicios y especialidades con los que cuentan. Delegaciones de las Clínicas Médico Forenses existen-
tes en cada Instituto de Medicina Legal. Número de intervenciones realizadas. Autopsias.
Exámenes en incapacidades e internamientos. Juicios rápidos.
11.6	Organización de la medicina forense en los partidos judiciales en los que no hay Instituto de Medicina Legal.
Institutos Anatómico-Forenses. Agrupaciones de Forensías.
11.7	Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Número de análisis realizados y consultas evacuadas. Órgano y procedimiento para los que se realizan. Clases de análisis realizados y consultas evacuadas. Información toxicológica facilitada a autoridades, hos-
pitales y centros sanitarios o ciudadanos.
12.	Medios personales. Titulares y sustitutos.
12.1	Jueces y Magistrados.
Procedencia o vía de acceso a la carrera judicial. Especialización.
Conocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propio de las Comunidades Autónomas que lo tengan. Tiempo de permanencia en la carrera judicial.
En el momento de recogida del dato. De acceso a la carrera judicial.
Porcentajes de hombres y mujeres. En las promociones sucesivas.
En los distintos órdenes jurisdiccionales. En las distintas instancias.
Situaciones administrativas. Servicio activo.
Excedencia voluntaria por cuidado de familiares. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia por desempeño de cargos políticos o de confianza.
12.2 Fiscales. Categorías.
Tiempo de permanencia en la carrera fiscal. Especialización.
En el momento de recogida del dato. De acceso a la carrera fiscal.
De acceso a la categoría de Fiscal. Promedio general de edad.
En las distintas especializaciones. En las distintas categorías.
En las distintas instancias. Situaciones administrativas. Servicio activo.
12.3 Secretarios judiciales. Especialización, en su caso. Titulaciones adicionales.
Tiempo de permanencia en el Cuerpo. Edad.
En el momento de recogida del dato. De acceso al Cuerpo.
Promedio de edad en las distintas categorías del Cuerpo. Sexo.
En las promociones sucesivas. En las distintas instancias. Situaciones administrativas. Servicio activo.
12.4	Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Promedio general de edad. Sexo.
Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Suspensión de funciones.
12.5	Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
12.6	Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Titulaciones adicionales.
12.7 Médicos forenses. Especialización. Titulaciones adicionales.
Porcentajes de hombres y mujeres. En las promociones sucesivas. Situaciones administrativas. Servicio activo.
12.8	Funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Especialización. Titulaciones adicionales.
12.9	Personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.
Área funcional de Administración. Titulados Superiores de Administración. Titulados Medios de Administración. Técnicos Superiores de Administración. Técnicos de Administración.
Oficiales de Administración. Auxiliares de Administración.
Área funcional técnica, de mantenimiento y oficios. Técnicos Superiores de ActividadesTécnicas, Manteni-
miento y Oficios.
Oficiales de Mantenimiento y Oficios. Auxiliares de Mantenimiento y Oficios. Área funcional de servicios generales.
Titulados Superiores de Servicios Generales. Técnicos de Servicios Generales.
Auxiliares de Servicios Generales. Ayudantes de Servicios Generales. Ordenanzas.
Operarios de Servicios Generales. Área funcional sanitaria y asistencial.
Titulados Superiores Sanitarios y Asistenciales. Titulados Medios Sanitarios y Asistenciales. Auxiliares Sanitarios y Asistenciales.
Área funcional docente y cultural. Titulados Medios Docentes y Culturales. Contrataciones externas.
En este epígrafe deben incluirse todos los indicadores referidos a los profesionales «internos». Son datos válidos para todos los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia, así como para Jueces y Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales. Interesa además conocer el número de cada uno de ellos existente por partido judicial, provincia, comunidad autónoma y a nivel estatal, debiendo igualmente obtenerse los mismos datos por cada 100.000 habitantes, lo que permitirá comparar estas ratios entre sí y con las de otros países de nuestro entorno. La comparación interna de los datos, puesta en relación con el nivel de litigiosidad por el mismo número de habitantes, permitirá destacar los partidos judiciales, provincias o comunidades autónomas menos favorecidos, para tratar de corregir eventuales desequilibrios territoriales. En cuanto a los funcionarios titulares de los Cuerpos Generales y Especiales al Servicio de la Administración de Justicia, especialmente aquéllos que no requieren para su acceso titulaciones universitarias o formación de grado superior, será de mucha utilidad poder distinguir quiénes tienen estas titulaciones o tal nivel de formación superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo correspondiente, no sólo para averiguar el grado de formación teórica de estos funcionarios, sino también para saber quiénes estarían en condiciones de hacer sustituciones entre diversos Cuerpos, sustituciones que permiten respuestas ágiles y eficaces en muchos casos.
Por último, y respecto al personal laboral, aunque la obtención de datos puede ser más dificultosa por cuanto no tienen un marco idéntico de regulación en el ámbito del Ministerio de Justicia y en el de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, es interesante cuantificar su número por áreas funcionales y ámbito territorial, comparándolo entre sí y con la contratación externa que completa la labor de estos profesionales,
para conseguir mayor especialización en algunos casos y economía de recursos en otros.
13.	Organización y medios de los juzgados y tribunales.
13.2	Unidades Procesales de Apoyo Directo por cada uno de los órdenes jurisdiccionales.
Número de Jueces y Magistrados. Número de Secretarios judiciales.
13.3	Servicios Comunes Procesales. Clases de Servicios Comunes Procesales.
13.4	Otros centros de destino. Registro Civil Central.
Registros Civiles Únicos. Institutos de Medicina Legal.
Secretarías de Gobierno. Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Oficinas comunes de apoyo a las Oficinas judiciales. Clases de Unidades Administrativas u Oficinas comu-
nes de apoyo.
Ámbito de actuación. Dependencia jerárquica.
Funcionarios de la Administración del Estado. Funcionarios de las Comunidades Autónomas. Dotación de créditos para su funcionamiento.
13.6 Medios materiales. Mobiliario y maquinaria.
Sistemas de comunicaciones: redes LAN y WAN. Equipos de videoconferencia.
13.7	Fiscalías y medios personales y técnicos con que cuenta cada una de ellas.
14.	Datos del sistema policial.
14.1	Número y clase de efectivos personales, con especial indicación de los adscritos a las Unidades de la Policía Judicial.
14.2 Distribución por Cuerpos. Cuerpo Nacional de Policía. Guardia Civil.
Policías de las Comunidades Autónomas. Policías Locales.
14.5	Casos de los que se ha conocido. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas.
14.6	Casos resueltos. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas.
14.7	Casos de los que han conocido y que han resuelto las Unidades especiales de los distintos Cuerpos.
SEPRONA Guardia Civil y N.B.Q. Protección ambiental Cuerpo Nacional de Policía.
Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Servicios de Criminalística, Identificación, Analítica e Investigación Técnica y Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
Las nuevas formas de delincuencia suponen un reto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para la respuesta que se da desde la Administración de Justicia. Para afrontar este reto es preciso lograr que las Unidades Especializadas de los distintos Cuerpos y Fuerzas sean eficaces. Parece conveniente conocer el número de efectivos y los recursos que se destinan a estas Unidades y el número de casos resueltos por cada una de ellas, para concretar si necesitan de una mayor dotación presupuestaria que permita un aumento de efectivos o de medios materiales con objeto de que coadyuven eficazmente a la administración de justicia. Esta Unidades investigan, entre otros, los fraudes cometidos a través de las nuevas tecnologías, las estafas y fraudes perpetrados a través de Internet, la pornografía infantil, los vertidos ilegales de tipo industrial o las acciones terroristas en las que se utilicen agentes no convencionales radiológicos, químicos, biológicos. La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se encarga del análisis, estudio y tratamiento de los elementos probatorios del delito. Entre sus Servicios cuenta con el Laboratorio Biológico-ADN y el Laboratorio Químico-Tóxico. También cuenta con los servicios de Dactiloscopia, Antropología, Balística Forense, Acústica Forense y Documentoscopia. Por su parte, la Guardia Civil cuenta con los Servicios especiales de Criminalística, Identificación, Analítica e Investigación Técnica y con una Unidad Técnica de Policía Judicial. La escasez de efectivos hace que las causas, incluso las causas con preso preventivo, se demoren en muchas ocasiones por la tardanza en la elaboración de los informes. A la escasez de efectivos se une el hecho de que quienes elaboran los informes deben acudir a juicio a fin de ratificarlos y/o ampliarlos, lo que supone el empleo de tiempo durante muchos días al año, lo que podría evitarse con un buen conocimiento estadístico de todos estos pormenores y con la utilización, cuando el caso concreto lo permita, de los sistemas de videoconferencia existentes en algunas sedes judiciales.
15	Datos del sistema penitenciario, de ejecución de penas, de cumplimiento de medidas judiciales en materia de menores y de protección de menores.
15.1	Número y clase de efectivos personales. Categorías profesionales.
Profesionales que forman parte de los Equipos Técnicos. Ratio número de internos/Equipo Técnico.
15.2	Número y clase de establecimientos penitenciarios.
15.5	Población en régimen de prisión provisional. Duración.
Tipo de acusación. Condenas definitivas.
Nacional o extranjero y, en su caso, país de origen. Edad.
Nivel de estudios. Estado civil. Situación laboral. Número de hijos. Delito cometido. Condena impuesta.
Menores de tres años que acompañan a las internas. Reincidencia, en general y con respecto a delitos específicos.
15.7	Convenios con la Administración y entidades públicas en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas educativas.
15.8	Cumplimiento de medidas judiciales impuestas a los menores.
Régimen cerrado. Régimen semiabierto. Régimen abierto. Edad del menor.
Tipo delictivo. Duración de la medida. Situación familiar. Escolarización.
Parece conveniente conocer el número de Equipos Técnicos en cada centro penitenciario, el número y titulación de los profesionales que forman parte de ellos, y la ratio internos/ Equipo Técnico. Los Equipos son quienes elaboran el «Protocolo de personalidad» de los presos preventivos y de los penados. Es importante conocer si los Equipos Técnicos son suficientes para atender a la población reclusa, pues una labor eficaz de aquéllos puede y debe incidir en la reeducación y reinserción del penado, una vez salga del establecimiento penitenciario. La nacionalidad del interno es también un dato fundamental para las políticas criminales y las políticas en materia de inmigración.
Parece igualmente importante llegar a conocer datos relativos a reincidencia, particularmente en determinados supuestos violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual, lesiones, a fin de poder establecer programas adecuados de rehabilitación y educación.
16.	Quejas, reclamaciones y sugerencias por el funcionamiento de la Administración de Justicia.
16.1	Por el órgano ante el que se formulan.
16.2	Por el órgano frente al que se plantea la queja. Órganos judiciales.
Servicios comunes procesales. Unidades Administrativas. Centros penitenciarios.
Colegios de Abogados o sus colegiados. Colegios de Procuradores o sus colegiados.
Colegios de Graduados Sociales o sus colegiados. Institutos de Medicina Legal o Clínicas Médico-Forenses. Fiscalías.
Quejas genéricas. Otros.
16.3	Por el tipo de presentador. Particulares.
Abogados. Procuradores. Graduados sociales. Funcionarios.
Colectivos, asociaciones, organizaciones. Organismos públicos.
16.4	Resultados de la queja, reclamación o sugerencia.
Diligencias informativas. Expedientes disciplinarios.
16.5	Expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Órganos judiciales responsables de dicho funciona-
Recursos interpuestos en vía jurisdiccional. Resultado de los recursos.
Datos concretos de cada Órgano Jurisdiccional o Fiscalía.Los datos que aquí se indican se recogerán por cada uno de los órganos jurisdiccionales o fiscalías y se agregarán después para ofrecerlos a nivel de partido judicial, provincia, Comunidad Autónoma y Estado, midiendo, cuando así proceda, la distribución de los indicadores por género.
De suma importancia para la correcta gestión de la Administración de Justicia por sus responsables resultará también el conocimiento exacto del número de sustituciones de Jueces, Magistrados y Fiscales y otro personal que se producen en los Juzgados y Tribunales, sus causas, su duración y su coste, lo que permitirá planificar una política correcta de fomento de las sustituciones entre titula res de los órganos judiciales y racionalización en el llamamiento de Jueces sustitutos, Magistrados suplentes y Fiscales sustitutos. Con los mismos criterios de racionalización y a partir del conocimiento de los datos exactos deberá afrontarse una correcta política de personal interino o de provisión temporal en los restantes Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. De otro lado, el ofrecimiento de datos reales y completos sobre el movimiento de asuntos especialmente significativos que se tramitan en las Oficinas judiciales y fiscales españolas permitirá a los poderes públicos planificar políticas adecuadas no sólo en orden a la planta judicial, sino también de cara a posibles reformas legislativas y a la implementación de políticas sociales, educativas y criminológicas que ayuden a la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Al mismo fin servirá el tratamiento y explotación de los datos obtenidos de los distintos Regis-
tros de la Administración de Justicia.
17.	Identificación del órgano.
17.1	Denominación y orden jurisdiccional al que pertenece.
17.4	Fecha de entrada en funcionamiento.
17.5	Modificación experimentada, en su caso.
18	Medios personales y materiales.
18.1	Jueces y Magistrados. Titulares y sustitutos.
Duración y causa de la sustitución. Coste de la sustitución.
18.2 Fiscales. Titulares y sustitutos.
18.3 Secretarios judiciales. Titulares y sustitutos.
Clases de sustituciones. Secretarios de provisión temporal. Duración y causa de la sustitución. Coste de la sustitución.
18.4	Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Causas de interinidad y duración. Coste de la interinidad.
18.5	Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
18.6	Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Titulares e interinos.
Infraestructura inmobiliaria: superficie y distribución. Salas de Vistas.
19.	Cargas de trabajo y resolución.
19.1 Vías previas a la jurisdiccional. Conciliaciones civiles.
Conciliaciones ante órganos constituidos mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos. Reclamaciones económico-administrativas.
19.2	Movimiento de asuntos en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.
Número y clase de asuntos ingresados. Número de litigantes.
Tipo de litigantes. Personas físicas. Personas jurídicas.
Litigantes no representados por Procurador. Litigantes no asistidos de Letrado ni Graduado Social. Número y clase de asuntos resueltos.
Asuntos en que se adoptaron medidas cautelares. Asuntos resueltos antes de dictar sentencia.
Por conciliación. Por caducidad. Por desistimiento.
Por renuncia a la acción ejercitada. Por transacción.
Por satisfacción extraprocesal. Sentencias totalmente estimatorias. Sentencias parcialmente estimatorias. Sentencias desestimatorias.
Sentencias dictadas sin oposición del demandado. Asuntos terminados por Auto, con el mismo desglose.
Asuntos terminados por Decreto. Número y clase de asuntos en trámite. Procedimientos con actividad procesal.
Procedimientos pendientes de caducidad. Procedimientos suspendidos por voluntad de las partes.
Procedimientos suspendidos por prejudicialidad. Procedimientos pendientes de dictar resolución final. Recursos devolutivos en tramitación.
19.3	Movimiento de asuntos en el orden jurisdiccional penal.
Denunciantes. Denunciados. Tipo de litigantes. Personas físicas.
Personas jurídicas. Administraciones públicas.
Denunciantes/víctimas: edad, sexo y nacionalidad. Denunciados: edad, sexo y nacionalidad. Litigantes no representados por Procurador. Litigantes no asistidos de Letrado.
Delito objeto del procedimiento. Lugar de comisión del delito. Juicios de faltas.
Casos que se tramitaron con asistencia jurídica gratuita. Casos en que se adoptaron medidas cautelares. Sentencias condenatorias.
Sentencias absolutorias. Otros datos de interés. Delito cometido.
Edad del condenado. Sexo del condenado. Lugar de nacimiento.
Situación socioeconómica del condenado Penas principales y accesorias. Medidas de seguridad.
Número y clase de asuntos en trámite. Procedimientos con actividad procesal. Procedimientos pendientes de prescripción. Procedimientos suspendidos por prejudicialidad. Procedimientos pendientes de dictar resolución final. Recursos devolutivos en tramitación.
19.4	Movimiento de asuntos particularmente significativos en el orden jurisdiccional penal. Con indicación para cada uno de ellos de: delito imputado, número de asuntos terminados, duración media del asunto, número de sentencias condenatorias y número de sentencias absolutorias.
Faltas inmediatas. Juicios rápidos.
Causas con preso provisional. Procedimientos de Jurado. Asuntos de Extranjería. Violencia Doméstica.
19.5	Movimiento de asuntos particularmente significativos en otros órdenes jurisdiccionales.
Asuntos concursales. Asuntos de familia. Actos de conciliación. Procesos monitorios.
Despachos de auxilio judicial. Conflictos colectivos. Despidos disciplinarios.
Extinciones de contratos por causas objetivas. Asuntos de Extranjería Instituciones novedosas de reciente introducción procesal en cualquier orden jurisdiccional.
19.6 Ejecución de sentencias. Registradas.
Resueltas. En trámite. Evolución.
Ejecuciones provisionales y definitivas. Incidentes de oposición.
Por razones procesales. Por motivos de fondo.
Número de días en que se celebraron vistas. Número de vistas celebradas.
Número de vistas suspendidas. Causas de las suspensiones.
Tasa de litigiosidad. Tasa de sentencia. Tasa de pendencia. Tasa de resolución. Tasa de congestión.
19.9 Series anuales. Asuntos ingresados. Asuntos resueltos. Asuntos en trámite. Sentencias.
19.10	Módulos de trabajo. Cumplimiento de objetivos. Productividad.
19.11	Indicadores de trabajo de los Fiscales. Procedimiento penal.
Asistencia a juicios ante el Juzgado de lo Penal. Asistencia a juicios ante la Audiencia Provincial. Asistencia a juicios ante el Tribunal del Jurado. Asistencia a juicios rápidos.
Escritos de acusación. Sentencias recurridas.
Informes sobre suspensión de condena. Informes sobre sustitución de condena.
Informes sobre liquidación de condena. Informes sobre refundición de condenas. Informes sobre expulsión de extranjeros. Informes sobre pago aplazado de multas.
Informes sobre pago aplazado de indemnizaciones. Informes sobre declaración de insolvencia. Informes sobre expedientes de indulto.
Informes sobre fecha de licenciamiento definitivo. Informes sobre archivo provisional o definitivo de la ejecutoria.
Informes sobre cancelación de antecedentes penales. Procedimiento civil.
Asistencia a las comparecencias en materia de familia. Incapacitaciones, tanto solicitadas por el Fiscal como aquéllas en que se persona como parte demandada. Internamientos.
Jurisdicción de menores. Reforma de menores.
Incoación de diligencias preliminares. Instrucción de expedientes de menores. Solicitud de adopción de medidas cautelares. Escritos de alegaciones.
Informes a lo largo de la ejecución de la medida. Informes de recursos en materia de régimen disciplina-
rio de los menores que cumplen medida de internamiento. Presentación de demanda de responsabilidad civil y asistencia a la vista. Protección de menores.
Visitas a Centros de Menores. De reforma.
Dictámenes en los supuestos en que proceda. Asistencia a vistas en el orden social cuando se alegue vulneración de derechos fundamentales.
Diligencias de investigación al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Diligencias preprocesales.
Visitas a Centros de Mayores e Incapacitados. Indicadores de calidad.
Correcta fundamentación de los informes y dictámenes. Conviene destacar especialmente, de entre los datos ofrecidos en este apartado, el interés que encierra la posibilidad de conocer todos los juicios de faltas, que actualmente no tienen acceso al Registro de Penados y Rebeldes, sino únicamente al Registro Central de Violencia Doméstica. Es muy conveniente conocer todas las condenas impuestas por la comisión de faltas para poder valorar la peligrosidad del individuo autor de las mismas y así, en la eventualidad de que cometa un delito, poder solicitar, en su caso, la prisión provisional o, una vez penado, llegar a conceder los beneficios de la suspensión de condena, por lo que el Ministerio de Justicia proyecta la inclusión de las condenas por juicios de faltas en el Registro de Penados y Rebeldes.
20.	Indicadores de calidad de la justicia.
20.1	Porcentaje de sentencias dictadas por el titular del órgano.
20.2	Porcentaje de sentencias dictadas por el titular de otro órgano actuando como sustituto.
20.3	Porcentaje de sentencias dictadas por juez sustituto o magistrado suplente.
20.4	Porcentaje de sentencias dictadas en sistemas de refuerzos.
20.5	Correcta formulación y motivación de las sentencias.
20.6	Resoluciones finales recurridas. Número.
Porcentaje sobre las dictadas por el órgano judicial. Comparación con las resoluciones recurridas a los órganos del mismo orden jurisdiccional.
20.7	Resoluciones de segunda instancia. Confirmatorias.
Totalmente revocatorias. Parcialmente revocatorias.
20.9	Duración de los procesos.
Duración total por cada clase de procedimiento. Duración de cada una de sus fases o hitos.
20.10	Cumplimiento del horario establecido para la celebración de los juicios.
20.11	Cumplimiento del horario de audiencia pública y del establecido para cada uno de los Cuerpos.
Prestada por el Juez o Magistrado. Prestada por el Fiscal.
Prestada por el Secretario judicial. Prestada por los funcionarios.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial	Trámites