Source: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000112_2013.htm
Timestamp: 2020-02-28 06:26:14
Document Index: 247428386

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 310', 'artículo 315', 'artículo 307', 'artículo 23', 'artículo 307', 'artículo 9', 'artículo 307', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 315', 'ARTÍCULO 253', 'ARTÍCULO 257', 'artículo 19', 'Artículo 110', 'Artículo 52']

Derecho del Bienestar Familiar [CONCEPTO_ICBF_0000112_2013]
10400/1759025739
ASUNTO: Consulta remitida por correo electrónico el día 10 de Julio de 2013.
De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del Código Civil, 13 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 6o, numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se responde la solicitud de concepto definitivo sobre el caso en cuestión, en los siguientes términos:
¿En qué consiste la patria potestad, causales para su privación? y ¿ante qué autoridad se puede solicitar ayuda para la obtención de la visa de un menor de edad, para que pueda vivir con su progenitora en el exterior?
Se abordará el tema analizando: (2.1) Interés superior del niño (2.2) la patria potestad, (2.3) la privación de la patria potestad, (2.4) Delegación de la representación extrajudicial y administración de los bienes del hijo, (2.5) Diferencia entre custodia y patria potestad, (2.6) Permiso para salir del País, (2.7) Trámite para obtener la visa de un menor de edad y (2.8) del caso en concreto.
2.1 El Interés Superior de los niños, las niñas y los adolescentes
La Convención sobre los Derechos del Niño en el numeral primero del artículo tercero establece que “(….) todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, fas autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (subrayado fuera de texto).
La Constitución Política en el artículo 44 enuncia cuáles son los derechos fundamentales de los niños y estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos, para garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Así mismo contempla que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Por su parte, en el artículo 8 del Código de la infancia y la Adolescencia[1] se define el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes como “(...) el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que todas las actuaciones que realicen las autoridades públicas en las que se encuentren involucrados niños, niñas o adolescentes deben estar orientadas por el principio del interés superior.[2]
En efecto, la Corte ha afirmado que “el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal”.[3]
Así mismo, sostuvo que “El interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: 1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir; debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; 2) en segundo término debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos, encargados de protegerlo; 3) en tercer lugar; se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de interés en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; 4) por último debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor”.[4]
2.2 De la Patria Potestad
A su vez, el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia complementa la institución jurídica de la patria potestad establecida en el Código Civil, consagrando la responsabilidad parental, compartida y solidaría, en la que se condensan las obligaciones de los padres inherentes a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación, y proscribe todo acto de violencia física o psicológica en el ejercicio de esa responsabilidad o los “... actos que impidan el ejercicio de sus derechos”.
Frente al tema de la patria potestad, la Corte Constitucional en sentencia C-1003/07[5] manifestó:
- La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre ”
ARTÍCULO 310. “La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.
“No se trata, entonces de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para la educación y bienestar material de la infante, sino de comprobar de manera irrefragable que éste se desentendió totalmente de estos menesteres: por consiguiente, si como lo afirmaron unos testigos, en algunas oportunidades el acciónate dejó a su hija bajo el cuidado de sus abuelos o que en ocasiones la recibía del colegio el celador, le incumbía al juzgador examinar si esos hechos verdaderamente implicaban un total abandono de los deberes filiales del demandado; inclusive, valga la pena destacarlo, tales circunstancias miradas con otra óptica, en verdad razonable podrían estimarse de una manera muy distinta a la que coligió el sentenciador, máxime si se articulan con otras pruebas...”.
2.3. Delegación de la representación extrajudicial y administración de los bienes del hijo
Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre, en cuanto a los primeros se concretan en la facultad reconocida a los progenitores para ordenar, disponer y organizar, de acuerdo con la ley, el patrimonio económico del hijo de familia y lograr de él los mejores rendimientos posibles (Código Civil, art. 291 y siguientes); respecto a la representación legal esta surge como figura jurídica ante la imposibilidad de que todos puedan ejercer directamente derechos o deberes y que requieren de un representante que realice actos jurídicos en su nombre como si hubieran sido realizados directamente.
La ley prevé la delegación de los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo entre los padres, (artículo 307 del Código Civil, modificado por el Decreto 2820 de 1974 art. 40), artículo que es válidamente aplicado para el ejercicio de la representación extrajudicial cuando un niño, niña y adolescente desea salir del País.
2.4. La custodia y cuidado personal
Consideramos importante aclarar que en Colombia no es lo mismo la patria potestad a la custodia y cuidado personal de un niño niña o adolescente, toda vez que la custodia y cuidado personal se traduce en el oficio o función mediante el cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta del niño, niña o adolescente y la cual corresponde de consuno a los padres legítimos, extra matrimoniales o adoptivos y se podrá extender a una tercera persona y la patria potestad hace referencia al usufructo de los bienes administración de esos bienes, y poder de representación judicial y extrajudicial del hijo, en cabeza de los padres y que solo el Juez de Familia podrá disponer en un tercero.
La Ley 1098 de 2006, en su artículo 23, establece:
El Código Civil Colombiano respecto a las obligaciones de los padres con sus hijos nos dice que corresponde a los padres de manera conjunta, o al padre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos[6] y que los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos, pertenecen a la sociedad conyugal.[7]
La custodia se puede fijar por medio de: i) Conciliación entre las partes ii) Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y iii) Proceso Verbal Sumario ante el Juez de Familia.
Según consideraciones de la Corte Constitucional Colombiana con la custodia,[8] se busca, “...como regla general, asegurar el desarrollo armónico, integral, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad”.
Cuando se otorga la custodia del menor de edad a familiares u otras personas, no se trasmite la patria potestad[9] y adicionalmente no sustrae a los padres de las obligaciones contempladas por la ley para con sus hijos.
De lo anterior se concluye por una parte, que la custodia y cuidado personal de un menor de edad es un asunto conciliable y por la otra que la patria potestad no es susceptible de ser transferida de común acuerdo.
2.5 El permiso de salida del país
El permiso de salida del país es una facultad que la ley confiere a los representantes legales del menor de edad conjuntamente, es decir, que se requiere de la autorización de los dos padres, en el evento en que el niño, niña o adolescente pretenda salir con un tercero, o de uno de ellos si el otro no viaja, independientemente de cuál sea la razón para ello, y es en esencia el ejercicio de la representación legal en una figura derivada de la patria potestad.
Sobre la autorización para salir del País de un niño, niña o adolescente, en Colombia, encontramos:
- La Ley de Infancia y Adolescencia[10] establece que el Defensor de Familia puede otorgar el permiso para salir del país a un niño, niña o adolescente cuando: i) Carezca de representante legal ii) Se desconozca su paradero iii) O no se encuentre en condiciones de otorgarlo y la solicitud de permiso podrá ser presentada por quien tenga el cuidado personal del niño, niña y adolescente, la cual debe reunir los siguientes requisitos: i) lugar de destino, li) el propósito del viaje, iii) la fecha de salida y iv) fecha de ingreso de nuevo al país y decidirá sobre el permiso solicitado dentro de los 5 días, el permiso tendrá vigencia por sesenta días hábiles contados a partir de su ejecutoria.
Es de aclarar, que la ley no establece un término de permanencia, para los niños, niñas y adolescentes que desean salir fuera del país, dicho tema es exclusivo de los padres.
- El Decreto 834 de 2013[11] por su parte contempla que la autorización de salida del país en el evento en que el menor de edad salga de territorio nacional acompañado de uno de sus padres, deberá estar autenticado ante notario, autoridad consular u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado según el caso y suscrito por el padre que no acompaña al menor de edad.
- El Decreto 2150 de 1995,[12] establece que la autorización de salida del país podrá otorgarse con carácter general por escritura pública con la constancia sobre su vigencia.
2.6 Trámite para obtener la visa de un menor de edad
Debe precisarse que, en todo caso, la obtención de la visa de un colombiano para viajar a otro país, deberá gestionarse ante la Embajada de dicho país en Colombia, cumpliendo con los requisitos y condiciones que se exijan para expedir la visa a un menor de edad.
2.7 El caso en concreto
En relación a que la embajada de Alemania ha solicitado como requisito para expedir la visa de un adolescente la presentación del fallo expedido por un Juez de Familia, aclarando la patria potestad de la madre que vive en Alemania con apostilla y traducción, esta Oficina Asesora Jurídica advierte que:
1. El País que expide la visa es autónomo de establecer los trámites, procedimientos y regulaciones para el ingreso a su territorio.
2. En Colombia la suspensión o la privación de la patria potestad del padre sobre su hijo menor de edad, debe ser decretada por el Juez de Familia, siempre que se establezca alguna de las causales establecidas en los artículos 310 y 315 del Código Civil Colombiano.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código Civil Colombiano, y el artículo 9 del Decreto 2150 de 1995, podrá delegarse entre los padres los derechos para el ejercicio de la representación extrajudicial del adolescente que desea salir del País, mediante escritura pública ante Notario.
Primero: En Colombia, la patria potestad es entendida como el conjunto de derechos radicado en cabeza de los padres para la protección, bienestar y formación integral de sus hijos, surge para los progenitores por su condición de padre o madre, sin que sea necesario la obtención de certificación, y que se prueba con el registro civil de nacimiento del niño, niña o adolescente.
Segundo: La pérdida o suspensión de la patria potestad, por ser ésta una institución jurídica constitucional y legalmente irrenunciable, intransferible, imprescriptible y temporal, debe ser decretada mediante sentencia por el Juez de Familia, solo cuando se configure una de las causales taxativas contempladas en la ley.
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código Civil Colombiano y el artículo 9 numeral del Decreto 2150 de 1995, podrá delegarse entre los padres los derechos para el ejercicio de la representación extrajudicial del adolescente que desea salir del País, mediante escritura pública ante Notario.
El presente concepto[13] no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con los numerales 8 y 15 del Decreto 987 de 2012.
1. Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006.
2. Corte Constitucional, sentencia T-408-95, expediente T-71149, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.
3. T-503 de 2003 y T-397 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Cita sacada de la sentencia T-502 de 2011, expediente T-2622716, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
4. Corte Constitucional, sentencia T-587 de 1997, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
5. Corte Constitucional, Sentencia C-1003/07, Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 (parcial) del artículo 315 del Código Civil, M.P: Calra <sic> Inés Vargas Hernández.
6. ARTÍCULO 253 CRIANZA Y EDUCACION DE LOS HIJOS>, <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos
7. ARTÍCULO 257. <CRIANZA, EDUCACION Y ESTABLECIMIENTO:>. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos, pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella, se dirán.
<Inciso segundo modificado por et artículo 19 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente:> Si el marido y la mujer vivieren bajo estado de separación de bienes, deben contribuir a dichos gastos en proporción a sus facultades.
8. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. M.P. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, Sentencia T 510 de junio 19 de 2003.
9. Artículos 288 y 315 del Código Civil Colombiano “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. - Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”, y “La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales: 1. Por maltrato del hijo. 2- Por haber abandonado al hijo. 3. Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 4. Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. - En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aún de oficio”.
10. Ley 1098 de 2006 Artículo 110
11. Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia, Artículo 52
12. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
13. “Como al realizar las referidas intervenciones la Administración debe aplicar el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimientos jurídicos, o cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se hace necesario que aquélla haga uso del poder de instrucción, a través de las llamadas circulares del servicio, o de conceptos u opiniones, y determine el modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios. Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa, la coordinación de las actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto administrativo, la uniformidad de las decisiones administrativas e igualmente, la unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trazadas por los órganos superiores de la Administración, con lo cual se cumple el mandato del Constituyente contenido en el art. 209 de la Constitución, en el sentido de que la función administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad.(...) cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio.” Corte Constitucional. Sentencia C- 877 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonel.