Source: http://democraciamexico.blogspot.com/2009/08/
Timestamp: 2017-06-24 06:50:49
Document Index: 329863556

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 6', 'artículo 115', 'Artículo 42', 'Artículo 239', 'Artículo 272']

María Amparo CasarLa de 2007 ha sido una de las reformas electorales más controvertidas a pesar de haber sido votada por la mayoría de los legisladores en ambas cámaras. Alabada por algunos por haber cambiado el modelo de relación medios-elecciones, denostada por otros por atentar contra la libertad de expresión, criticada por otros más por los efectos que ha tenido sobre el proceso electoral y sus principales jugadores, la reforma de la reforma es inminente. Extrañó a los observadores por los acuerdos que generó entre las tres principales fuerzas políticas, asombró a los analistas porque se enfrentó a las televisoras e indignó a muchos por haberse pactado a costa de descabezar al Consejo General.La reforma no sólo ha sido criticada. Ha sido combatida en los juzgados desde diversos posiciones ideológicas, intereses y principios: partidos, empresarios, intelectuales y televisoras.Algunos de los partidos llamados emergentes impugnaron, entre otros, los artículos referidos a las coaliciones. Un conjunto de intelectuales se ampararon en contra de la prohibición a terceros para comprar tiempos de radio y televisión, argumentando que ese precepto violaba la libertad de expresión y asociación, entre otros derechos, amén de que el proceso de reforma no se había apegado a lo que la Constitución estipula. Lo mismo hicieron diversas organizaciones empresariales. Finalmente, varios concesionarios se ampararon en atención a que “que la reforma no sólo limita la libertad de expresión, sino también impone límites al libre comercio… concede atribuciones y facultades a diversas autoridades electorales para intervenir en la programación de las emisoras de radio en relación con las pautas a transmitir en materia electoral… es inequitativa y discriminatoria al dejar que otros medios de comunicación, como los medios impresos, sí puedan publicar propaganda de las campañas políticas. De esta manera, concluyen, la reforma al COFIPE regula inconstitucionalmente una actividad comercial propia de la materia civil, mercantil y administrativa de radio y televisión y, por lo tanto, son francamente violatorios de las garantías constitucionales con las que cuentan las concesionarias quejosas, como lo son la de igualdad, legalidad, libertad de expresión, certeza jurídica y libertad de comercio”.1Además de los argumentos que se incorporaron a los amparos, la crítica mayor ha sido que la reforma reforzó la partidocracia y dejó de lado al ciudadano. Es cierto que la reforma no fortaleció a los ciudadanos pero tampoco les restó poder. La reelección, candidaturas independientes y formas de participación directa —plebiscito, referéndum, iniciativa popular— que hoy se esgrimen como prueba de la situación de indefensión del ciudadano o del desmedido poder de los partidos, no existían en la ley de 1996 y siguieron sin incorporarse en la nueva. Por su parte, las normas más impugnadas ya existían en la legislación previa: la prohibición de que los privados compraran propaganda con fines electorales y la proscripción de las llamadas campañas negativas.En todo caso, poco habría de durar el nuevo experimento. Antes aun de que acabara el proceso electoral para el que fue diseñada, el Senado había convocado a un foro público para reformar la reforma.Génesis de la reforma de 2007Entre los argumentos para reformar una ley que había funcionado razonablemente bien —la de 1996— se esgrimieron motivos de tipo estructural. Se dijo que cuatro elecciones (1997, 2000, 2003, 2006) y 10 años de desarrollo del sistema de partidos mostraron la necesidad de abordar temas que habían quedado pendientes y de revisar y corregir algunos otros. Por ejemplo, quedó claro que el secreto bancario impedía vigilar adecuadamente a los partidos, que las precampañas no podían ser fiscalizadas, que los convenios de coalición desvirtuaban la voluntad del votante y permitía a partidos sin representación mantenerse en el escenario político y lucrar de él; que la fórmula utilizada para calcular los recursos económicos a los partidos crecía fuera de toda proporción, que no había lógica alguna para que las elecciones presidenciales y las intermedias costaran lo mismo. Igualmente, se reparó en el hecho de que cada vez más recursos de los partidos iban a parar a las radiodifusoras y que eso, además de encarecer los procesos electorales, daba un poder creciente a los medios electrónicos. El gasto en radio y TV en las elecciones de 2006 alcanzó mil 900 millones de pesos, equivalente al 95% del financiamiento público para gastos de campaña.2 A ello se agregaban los problemas para fiscalizar el gasto de los partidos en la compra de propaganda en medios. Por ejemplo, los partidos no pudieron acreditar 248 mil de los 600 mil spots transmitidos en esa elección.También hubo razones de coyuntura, todas ellas producto de las impugnaciones al proceso electoral 2006. De entre éstas, dos fueron las principales: la inconformidad de los jugadores con el árbitro y el creciente “disgusto” con la arrogancia y parcialidad de las televisoras.Se argumentó que un IFE en el que no confiaba la mayoría de los partidos políticos no podría arbitrarlos. El PRD desconfiaba porque cuando se renovó el Consejo General en 2003 el partido se automarginó del proceso de selección y cuando quiso “echar reversa” ya no encontró disposición. El “PRI del 2006” porque los candidatos del 2003 fueron propuestos por quien entonces dominaba a la bancada de ese partido: Elba Esther Gordillo. El candidato perdedor porque se asumió como víctima de un fraude electoral en el que el IFE habría participado. El candidato ganador y su partido porque, según ellos, el Consejo General no había sido lo suficientemente enfático sobre su triunfo la noche del 6 de julio. Con las televisoras la insatisfacción era pareja: todos los partidos se sintieron abusados y por un momento no estuvieron dispuestos a seguir consintiendo ese abuso.La prueba 2009Puede concederse que la reforma constitucional y el COFIPE acertaron en abordar muchos de los temas que quedaron pendientes en 1996, que buscó corregir algunas de las imperfecciones, lagunas y desaciertos de la legislación anterior, que la exposición de motivos incluía propósitos loables y compartibles y que el espíritu de la ley o principal valor que ella perseguía —el de la equidad— era el adecuado.Todo esto es cierto, pero también lo es que su concreción en nuevas normas constitucionales y legales fue, en muchos casos, desafortunada, y que lejos de abonar a lo que la propia exposición de motivos señalaba la nueva legislación tuvo a menudo el efecto contrario. No sólo eso, además, fomentó conductas nocivas para el asentamiento y legitimidad de la democracia electoral. A esto se agregó un Consejo General que con su protagonismo y sus decisiones contribuyó en ocasiones a complicar aún más las cosas,3 y un tribunal cuyas resoluciones han llevado a algunos a hablar de una “democracia sin garantes”.4Total, las peores predicciones sobre la reforma electoral acabaron por materializarse. Algunos de los errores y desaciertos fueron evidentes desde que el contenido de la ley fue hecho público. Otras modificaciones parecieron adecuadas pero no resistieron la prueba del proceso electoral.Entre los primeros estuvieron: la remoción anticipada del Consejo Electoral designado en 2003 que mermó la autonomía de la institución y el nuevo mecanismo de selección de consejeros, la prohibición de las popularmente llamadas “campañas negativas”, la conversión de los consejeros en jueces o guardianes de la moral al hacerlos responsables del contenido de la propaganda. Pero quizá el más grave fue la adopción de un mal modelo para un buen principio: me refiero al modelo medios/elecciones y al principio de equidad.Entre los aciertos estaban: la desaparición del secreto bancario, el fin de la “cláusula de la vida eterna” y las nuevas normas para las coaliciones, la unificación de calendarios, la disminución en la duración de las campañas, la reducción en el gasto electoral o, al menos, el alto a su incremento, la mayor transparencia y vigilancia a los partidos y las precampañas.De estos aciertos es claro que no resistieron la prueba electoral los dos últimos. Las precampañas acabaron por ser poco más que un disfraz para seguir teniendo campañas largas y para transferir recursos a los partidos, porque la inmensa mayoría de los candidatos fueron nombrados por el tradicional método “del dedazo” o por métodos que no requerían medir fuerzas entre precandidatos. En cuanto a la información y transparencia de los partidos, un ejemplo basta para mostrar su ineficacia: para finales de 2008 los principales partidos sólo reportaban información de cuatro de los 12 rubros a los que estaban obligados: documentos básicos, reglamentos, directorio de sus órganos y listado de sus fundaciones, centros o institutos. No había información de: remuneración, convenios, monto de financiamiento público mensual, informes de ingresos y gastos, situación patrimonial, inventario de bienes inmuebles, relación de donantes y montos, y resoluciones de órganos disciplinarios.5Pero más allá de los argumentos anteriores, hay dos buenas maneras para juzgar la ley electoral. Por una parte, analizando su impacto sobre los diferentes actores a los que está dirigida o a los que debe regular. Por la otra, evaluando si los propósitos asentados en la exposición de motivos fueron logrados.El impacto sobre los actoresEn el IFELa reforma provocó una sobrecarga de funciones producto, en parte, de la ley y, en parte, de las propias decisiones tomadas por el Consejo General. De organizadores de la elección y promotores de la democracia se les convirtió en administradores, contralores, intermediarios, vigilantes, censores, impartidores de justicia y hasta en legisladores. Al otorgarle más tareas al IFE se obligó al Consejo Electoral a un mayor activismo y se multiplicaron los puntos de conflicto y litigio entre árbitro y arbitrado, y entre autoridad administrativa y autoridad judicial. De aquí que durante el proceso electoral hayamos visto un constante enfrentamiento entre partidos e IFE y entre este último y el Tribunal Electoral.En los partidos y candidatosLa sobrerregulación, el impedimento a los partidos para responder con oportunidad a las exigencias de dinamismo propias de una campaña, la censura que implica la prohibición de campañas que “denigren” las instituciones y las lagunas en la ley se convirtieron en un incentivo para tres conductas recurrentes. Primero, arriesgarse a contravenir las normas que ellos mismos aprobaron bajo el principio de que es posible que no me pesquen, si me pescan puedo litigar el caso y evitar la sanción, si me sancionan sigue siendo rentable mi acción porque palo dado ni Dios lo quita. Segundo, judicializar toda disputa. Tercero, buscar compromisos con las televisoras para gozar de una mayor exposición mediática.En las campañasLa spotización y consecuente pauperización de la política gracias al crecimiento exponencial de los tiempos dedicados a radio y TV y a la partición de ellos en segmentos de 30 segundos. Crecimiento que, por cierto, no tuvo los efectos deseados: la mayor identificación de los ciudadanos con alguna de las opciones partidarias, brindar información para votar por un candidato u otro, incitar a los votantes a acudir a las urnas.En las autoridadesDada las nuevas restricciones, la búsqueda de la mayor exposición mediática por cualquier medio posible: aparición en noticiarios, gacetillas, participación en programas de entretenimiento, entrevistas “casuales”, infomerciales que no son más que actos públicos convertidos en propaganda. Todos ellos, mecanismos que buscan darle la vuelta a la prohibición de comprar tiempo en los medios y a la disposición de que la propaganda deberá tener carácter institucional y en ningún caso “incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.En los votantesUn hartazgo mayor, producto de la sobreexposición en medios de la propaganda electoral del IFE y los partidos, una percepción más negativa de las autoridades electorales y la persistencia en el desinterés en la política.En los mediosLa simulación y la persistencia de preferencias marcadas en cuanto a partidos y actores políticos. Por ejemplo, un monitoreo de medios encargado por el Senado reveló que del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2007 los senadores responsables de aprobar la reforma prácticamente desaparecieron de los noticiarios de Televisa y TV Azteca, mientras que en ese lapso Peña Nieto apareció 700 veces y Ebrard 449. En contraste, el senador con más menciones en ese periodo fue Manlio Fabio Beltrones con 29, seguido por Carlos Navarrete con 11, Ricardo Monreal con 9, y Santiago Creel con 8.No es posible comprobar que las televisoras hayan recibido una “contraprestación” por esta mayor exposición, pero sí que esta exposición extraordinaria acaba con la equidad en medios que se buscaba a través de la reforma y con la prohibición de la propaganda personalizada que marca el artículo 134.También es comprobable que el gasto en comunicación de los gobiernos del D.F. y del Estado de México ha crecido de manera injustificada.Adicionalmente, las televisoras han mostrado una conducta de reto permanente a las nuevas reglas y a las autoridades con el fin de averiguar hasta dónde son capaces de llegar en la aplicación de la ley.En el TEPJFOtra falla queda evidenciada en el exceso de intervenciones que ha requerido este proceso electoral de parte del TEPJF para aclarar, subsanar o interpretar la norma, además de las veces —ya no se sabe si pocas o muchas— que ha enmendado la plana a las resoluciones del IFE. La afirmación de la presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanís, en el sentido de que “desde la jurisdicción se están construyendo las precisiones necesarias para hacer operable la reforma electoral” (El Universal, 15 de junio de 2009), habla de una ley deficiente. A esto habría que algunas de las sentencias más relevantes del tribunal han tenido un débil sustento y, sobre todo, han alterado el sentido de la reforma.6En términos de las conductas que ha propiciado en los principales copartícipes de los procesos electorales, el balance no deja lugar a dudas: los incentivos están mal alineados y la irresponsabilidad o falta de compromiso de los principales jugadores con la reforma está a la vista.Este recuento parece pesimista y catastrófico, pero puede reforzarse a través del análisis de algunos de los principales objetivos que se perseguían con la reforma y que se encuentran en la exposición de motivos:Generar confianza ciudadana en las instituciones y prácticas electorales.Aceptación por parte de los partidos del trabajo del IFE y sus decisionesAmpliar la equidad a través de impedir que: “actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados”; “el poder del dinero influya en los procesos electorales a través de la compra de propaganda en radio y televisión”; “servidores públicos utilicen la propaganda oficial pagada con recursos públicos o utilicen los tiempos oficiales para la promoción personal.Acabar “con campañas electorales que han derivado en competencias propagandísticas dominadas por patrones de comunicación que les son ajenos, en los que dominan los llamados spots de corta duración, en que los candidatos son presentados como mercancías y los ciudadanos son reducidos a la función de consumidores”.Terminar con “campañas de propaganda fundadas en la ofensa, la diatriba, el ataque al adversario” y propiciar campañas propositivas.7La mayor confianza en las autoridades y credibilidad en los procesos electorales no se cumplió. En algunas encuestas permanecieron en los mismos niveles mientras que en otras se redujeron. Por ejemplo, la calificación que el ciudadano otorga al IFE se ha mantenido más o menos en el mismo rango desde 2007 (por encima de 7 según Consulta Mitofsky). En contraste, mientras que el 67% de los encuestados en 2006 afirmaba que el IFE garantizaba la imparcialidad en las elecciones, en junio de 2009 esa cifra había disminuido a 42% (GEA-ISA).Por su parte, la selección de un nuevo consejo general para “recuperar” al PRD fue recibida por su entonces líder, López Obrador, con la frase de que quienes voten la ley a favor “le están haciendo el juego a Calderón y Beltrones”.El propósito de avanzar en la equidad tampoco arrojó muy buenos resultados, salvo en lo que se refirió a la compra de propaganda por parte de “particulares” que, en realidad, nunca fue una práctica recurrente. Las televisoras siguieron interviniendo e inclinando la balanza, el dinero siguió fluyendo aunque ahora de manera soterrada y los funcionarios y autoridades electos de todos los niveles de gobierno se las arreglaron para utilizar en beneficio propio la propaganda oficial.El enfrentamiento con las televisoras fue sustituido por el silencio de los partidos que un año antes habían votado la reforma y por la vacilación de los consejeros para aplicar la ley. El caso más dramático fue el de los famosos cortes promocionales y las cortinillas en los eventos deportivos de enero de 2009 y “el perdón” (sobreseimiento) del IFE ante a estos hechos. Pero también están el aumento del gasto federal en compra de tiempo aire para sus propios promocionales y campañas con el fin de compensar a las televisoras su pérdida.Por otra parte, el supuesto fin a la presentación de los partidos y candidatos como mercancías y a los spots de corta duración, se tradujo en la peor spotizacion de la política que jamás se haya visto: 23 millones de spots (incluidas las repeticiones) de 30 segundos cada uno8 (48 minutos diarios durante 151 días:9 40 de precampaña, 51 de intercampaña y 60 de campaña).Finalmente, no puede hablarse de que las campañas electorales hayan sido ni más propositivas ni menos sucias que en el pasado. Los monitoreos recogen muchas acusaciones —algunas sustentadas, otras no— y pocas propuestas. Las encuestas revelan poca recordación de las promesas de campaña y una percepción de campañas más sucias que en el pasado. Por ejemplo, la última encuesta de GEA-ISA revela que el 72% de los ciudadanos piensa que las campañas de diputados federales fueron igual o más negativas que en el pasado.Mirar hacia adelanteDa pudor hablar nuevamente de una reforma electoral cuando lo que necesita este país es que sus legisladores se pongan de acuerdo en cómo acabar con la pobreza y en cómo mejorar las perspectivas de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, ya que la reforma de la reforma está en marcha, no está de más apuntar algunos derroteros a seguir.Uno. Mantener el espíritu de una legislación que privilegie la equidad en las tres vertientes arriba mencionadas, pero evitando aquello que la ha hecho ineficaz.En realidad, no es a través de la legislación electoral que se puede terminar con la inequidad que producen los medios de comunicación electrónica. La única manera de hacerlo es a través de modificar la estructura duopólica de la televisión: un mercado sin competencia que se traduce en la posibilidad de fijar precios pero también en el poder de discriminación.Ahora bien, si no se piensa en eso o mientras se piensa en eso, hay mejores modelos de relación medios/elecciones. El esquema adoptado no pudo haber sido más complicado, costoso, controvertible y proclive al conflicto. Un modelo tanto más sencillo —manteniendo la prohibición de compra de propaganda— sería establecer una “barra de información electoral” a cargo de los tiempos de Estado de cinco minutos en horario matutino, vespertino y nocturno. Adicionalmente, se reservaría el tiempo necesario para uno o más debates que proporcionaran a la población mayor información sobre los candidatos y sus propuestas.Un esquema de esta naturaleza evitaría la necesidad de monitoreo, desespotizaría las campañas, permitiría a las televisoras planear sus pautas, impediría la interrupción de la programación y dejaría al televidente o radioescucha en entera libertad para someterse o no a la propaganda política.Dos. Por redundante, eliminar de la legislación electoral lo referente a la calumnia y a la denigración, porque limita innecesariamente la libertad de expresión y porque los ciudadanos tenemos derecho a saber y los candidatos a recordarnos las pillerías, mentiras e incumplimientos de los competidores. Ya el artículo 6º y el Código Civil contienen lo concerniente a los límites a la libre manifestación de las ideas. No hay por qué ampliarlos ni imponer sanciones distintas a su violación. Por añadidura, se prescindiría de la tarea de censores y jueces que con tan malos resultados se ha encargado a los consejeros electorales. Urge, por ello, dotar a cada una de las autoridades electorales de las funciones para las que están preparadas: el IFE a organizar y administrar, y el TEPJF a impartir justicia electoral.Tres. Adecuar la legislación en materia de lo que se permite y prohíbe a las autoridades. Sé que no es políticamente correcto hablar en este país de que los mandatarios intervengan en las campañas. Pero ya es tiempo de que se deje de confundir el hecho de hacer proselitismo a favor del partido al que se pertenece y hacerlo en los tiempos y con los recursos públicos. No hay país democrático que impida a un mandatario federal o estatal hacer proselitismo a favor de su partido. En todo caso, si de verdad los legisladores van a permitir la reelección, este problema se va a plantear de inmediato o ¿acaso pretenden que todos aquellos que aspiren a reelegirse van a tener que renunciar a sus puestos antes de las campañas?Cuatro. Disminuir aún más los recursos económicos dedicados a partidos y elecciones. Tres mil 633 millones para ocho partidos es mucho dinero. Este recorte debe incluir, además de lo que se otorga a los partidos, lo que se destina al IFE. Somos el único país que mantiene una burocracia electoral federal permanente y 32 burocracias locales, también permanentes. Más aún, si el gobierno federal decidiera hacer buena su obligación de la credencial de identidad, en automático se podría ahorrar el 40% del presupuesto del IFE, que es el que se dedica al registro electoral y emisión de credenciales.Cinco. Revisar la legislación de precampañas. Tal y como resultó el experimento, las precampañas sirvieron para ampliar y legitimar el otorgamiento de recursos —en efectivo y en tiempos de radio y televisión— y para compensar la reducción en los tiempos de campaña. Si las precampañas son para la selección de candidatos y la mayoría de ellos son nombrados por métodos que no requieren de la lucha entre contendientes, no hay necesidad ni de financiamiento público, ni de tiempos en medios, ni de fiscalización especial.Seis. Abordar los temas pendientes: reelección, candidaturas independientes, fórmulas de representación y formas de democracia directa. Ninguno de estos temas es de “blanco o negro”. Las modalidades que pueden adoptar son muy variadas, como también lo son sus consecuencias. Por ejemplo, se requiere una discusión seria sobre quién, cómo y en qué asuntos se admite el plebiscito, sobre las consecuencias de la disminución de la representación proporcional, sobre el número de reelecciones que se quiere permitir.Se requiere, también, evitar la expectativa de lo que estas reformas pueden gene-rar. Ninguna de ellas curará los males de la política mexicana ni allanará el camino a los acuerdos. No se olvide, por ejemplo, que si la reelección de los diputados llegara a aprobarse, los electores tendrían que escoger de entre los partidos existentes porque no hay de otros.Habría que revisar otros temas, como el método de nombramiento de los consejeros o el órgano de fiscalización del IFE. Incluso reflexionar so-bre reformas un poco más audaces y que ayuden a resolver los problemas de gobernabilidad. Reflexionar sobre la pertinencia de permitir que los candidatos a la presidencia compitan a la vez por un asiento en el Senado; hacer coincidir el liderazgo de los partidos y de la fracción parlamentaria en la misma persona; introducir mecanismos para que las alianzas electorales se transformen en alianzas parlamentarias.En todo caso, pocas reglas sencillas, claras, operables y a las cuales esté atada una sanción creíble son siempre la mejor receta para una reforma exitosa. Derechos y deberes razonables, razonados y exigibles, son un buen camino para aminorar la crisis de representación.Sin embargo, hay que dejar en claro que ninguna reforma aguanta la voluntad de los actores a los que pretende regular de contravenirla, y de las autoridades encargadas de aplicar la ley de no hacerlo.María Amparo Casar. Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.1 Gabriel Sosa, “Radiodifusores: más amparos contra ley electoral”, en Razón y Palabra, Revista Electrónica, México, julio 2009.2 Los porcentajes respectivos para las elecciones de 1994, 1997, 2000 y 2003 fueron 25%, 55%, 54% y 49% (Ciro Murayama, “Financiamiento a los partidos políticos: el nuevo modelo mexicano”, en Córdova, L. y Salazar, P., Estudios sobre la Reforma Electoral 2007, TEPJF, México, 2008).3 Menciono tres. La decisión de utilizar todos los tiempos oficiales (48 minutos) durante el interludio entre las precampañas y las campañas; la decisión de sobreseer la acusación contra las televisoras por haber transmitido en un solo bloque los spots y haberlos precedido de una cortinilla responsabilizando al IFE de tal situación y la reglamentación emitida por los consejeros para completar la tarea que dejaron inconclusa los legisladores.4 Al respecto, ver los análisis de las sentencias del Tribunal Electoral en Democracia sin garantes: Las autoridades contra la Reforma Electoral, IIJ-UNAM, 2008.5 Reforma, 3 de noviembre de 2008.6 El caso más escandaloso es el del PVEM, que aprovechando a su grupo parlamentario utilizó un supuesto informe de labores para hacer propaganda político-electoral. El IFE condenó y sancionó la conducta, el partido impugnó y el TEPJF contra todo pronóstico dio la razón al PVEM7 Existieron, desde luego, otros propósitos que sí cubrieron las expectativas o al menos lo hicieron parcialmente: coaliciones, reforzamiento del TEPJF, capítulo sobre sanciones, recursos para campañas, calendarios, disminución del periodo de campañas, liquidación de los partidos que pierden registro, disminución del límite a las aportaciones privadas, renovación escalonada de los consejeros, reglas para el recuento de votos.8 150,624 spots electorales (IFE + partidos) entre las 6 a.m. y las 12 p.m. a través de 217 canales de TV y 1,352 estaciones de radio.9 Durante las precampañas que comienzan el 31 de enero y terminan el 11 de marzo corresponden 18 minutos a los partidos y 30 al IFE; durante la intercampaña que va del 12 de marzo al 2 de mayo, los 48 minutos son para el IFE; durante las campañas que van del 3 de mayo al 2 de julio 41 minutos son para los partidos y 7 para el IFE.
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPAEl jueves pasado Francisco José Paoli Bolio renunció a pertenecer al Partido Acción Nacional, al que se vinculó en 1991 y del que fue miembro sobresaliente desde 1993. Pidió al presidente del partido, César Nava que borre su nombre del padrón de miembros por tres poderosas razones: “el partido ha dejado de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos”; él ha dejado de ser “una persona útil al PAN como” cree “haberlo sido por más de tres lustros”; y a fin de “quedar en mejores condiciones para realizar la investigación sobre el sistema de partidos”, que ha emprendido. Pues, explica, “es muy difícil que mi análisis del PAN y de los otros partidos pueda ser considerado imparcial mientras sea miembro activo “de esa organización.Doctor en Ciencias Sociales, Paoli recorrió un largo trayecto político, que en ocasiones dejó espacio para una fructífera tarea académica. Además de dirigir departamentos y divisiones de estudios en la Universidad Iberoamericana, su alma mater, y en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, sirvió a esta institución como rector de la unidad Xochimilco, y como abogado general. Su amplia producción bibliográfica muestra que aún en sus etapas de intenso activismo, pudo reflexionar sobre la historia y la política de nuestro País, de las que es un profundo conocedor. Ha hecho también literatura; está por salir de las prensas su novela más reciente, que gira en torno de la vida de Justo Sierra O’Reilly y tiene como trasfondo siglo y medio de historia de su natal Yucatán y la península toda.Desde muy joven, cuando cursaba la carrera de Derecho, obedeció a su impulso de buscar o construir un espacio que ensanchara la estrecha democracia en el sistema autoritario priísta en que vivimos durante décadas. Trató de aclimatar en México la democracia cristiana y en ello andaba cuando pareció surgir una posibilidad de raigambre nacional. Lo que ocurriría décadas después empezó a manifestarse en amplias porciones de la sociedad cuando Carlos A. Madrazo, despedido del PRI por la rigidez feroz de Gustavo Díaz Ordaz, se encaminó a generar una nueva opción política, recuperando valores populares y democráticos como los que animaron, aunque suena a paradoja, a Vasconcelos y Cárdenas. El Partido de la Patria Joven (el bautizo corrió a cargo de Paoli) se anunció como una promesa feraz que no pudo fructificar por las vacilaciones de su inspirador y luego, de modo más definitivo, por su muerte, que tardíamente su hijo Roberto ha tenido como resultado no de un accidente sino de un atentado.Frustradas esas primeras esperanzas, Paoli se adhirió a la que promovía Heberto Castillo. A su lado, como dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, Paoli se aproximó a la meta de los políticos de buena cepa, aquella en la que se sustituyen ideales y sueños por proyectos. No pudo concretarlos cuando el PMT se unió a la izquierda comunista para crear el Partido Mexicano Socialista.Tras un breve receso, Paoli atendió la invitación de su amigo y contemporáneo Diego Fernández de Cevallos quien propició, sin forzar su ingreso al partido, que Paoli fuera diputado federal. Luego, afiliado ya al PAN, se desempeñó como un activo y leal militante. En su carta de renuncia, Paoli recuerda a Nava que fue miembro de la Asamblea de Representantes, elegido por mayoría en su distrito; secretario de estudios del Comité Nacional presidido por Felipe Calderón; y miembro del propio comité encabezado por Luis Felipe Bravo Mena. Fue consejero nacional durante seis años, coordinó la elaboración de la plataforma legislativa en 1997, mismo año en que volvió a la Cámara. Fue en esa histórica Legislatura, la primera donde el PRI no contó con la mayoría, subcoordinador de la bancada panista, y su eminencia en la nueva forma de conducir los trabajos legislativos se expresó en el papel que tuvo en la reforma a la Ley Orgánica y en ocupar la primera presidencia de la Cámara elegida por un periodo anual, no mensual.Durante casi tres años, fue Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Santiago Creel, a quien Paoli manifestó su desacuerdo, desde una perspectiva ética, jurídica y política, por otorgar a Televisa permisos para establecer centros de apuestas, que se han multiplicado para daño de la juventud. Y todavía realizó tareas programáticas para el Gobierno de Calderón. “Agradezco, dice a Nava, las encomiendas de todas esas tareas y responsabilidades, que me hicieron posible servir a México como miembro del PAN”.Pero ese partido, según su parecer ha abandonado algunos de sus principios y modos: “En la mayoría de los casos para la selección de candidatos a diputados federales, no hubo respeto a los principios y procedimientos democráticos…sino que las decisiones se tomaron en la cúpula del partido” se ejercieron “presiones sobre precandidatos que no eran del gusto de la dirigencia nacional.En la expresión de convicciones que lo llevaron a enfrentarse a Manuel Espino, Paoli denuncia que el PAN “ha sido penetrado por grupos ultramontanos de extrema derecha que tienen privilegios para el lanzamiento de candidatos, nombramientos gubernamentales y paragubernamentales, en los equipos del Gobierno nacional, de los estados y los municipios”La renuncia de Paoli debería ser un insumo para la Comisión de Análisis y Reflexión creada a regañadientes ante el desastre del 5 de julio. Pero temo que en vez de estudiarla, se le aseste trato de desertor.
Macario SchettinoAyer se publicó ya el dato del PIB en el segundo trimestre de este año, reportando una caída de 10%. El peor momento de la crisis, en términos de producción, ha pasado. En junio tocamos el fondo, y desde entonces han pasado dos meses. La información económica suele publicarse con retraso, y en muchas ocasiones provoca confusión, porque se refiere a fenómenos que ya han cambiado. La crisis global, la que ha provocado una gran contracción en todos los que venden a Estados Unidos, terminó su fase de caída.De aquí en adelante empezaremos a ver cifras menos malas, y es muy probable que antes de fin de año tengamos ya reportes de crecimiento en diversas áreas de la economía, tanto en Estados Unidos como en México. No se espera una recuperación muy rápida, ni totalmente sólida, pero ya no hay ninguna razón para pronosticar mayores caídas.En México, sin embargo, entramos en otra etapa que ya no compartimos con nadie más. Es nuestra propia crisis, la de siempre, la que tiene que ver con nuestra incapacidad de crecer. La caída en ingresos petroleros que sufrirá el gobierno mexicano es considerable, y será permanente. De 2008 a 2016, perderemos cerca de 6 puntos del PIB en las aportaciones que nos daba la producción de petróleo.No es imaginable contraer las actividades del gobierno en la misma magnitud. Se podría, sin duda, buscar eficiencia en esas actividades, pero esto implicaría enfrentar intereses creados. Por un lado, sindicatos que sostuvieron por décadas al régimen político y que siguen cobrando esos servicios; por otro, grupos políticos que utilizan sus puestos para incrementar su poder. Finalmente, los beneficiarios de programas inútiles, que se han acostumbrado a vivir de lo que el gobierno les ofrece.La otra alternativa sería cobrar más impuestos, pero es también inimaginable. No parece posible que el IVA se generalice, ni mucho menos que la tasa se ubique en un nivel más parecido al de los países civilizados, 18 o 20%. El impuesto sobre la renta, apenas se alcanza a cobrar a quienes están controlados, por ser asalariados. Elevar la tasa, que podría ser muy útil, implicaría exprimir en exceso a los pocos que pagan. Queda apenas corregir las tarifas, evitando tonterías como el subsidio a la gasolina, que en 2008 alcanzó 200 mil millones de pesos. Pero ya queda poco por obtener en este renglón. Tal vez en el caso del agua sería muy útil, pero no tanto por la recaudación disponible como por limitar el consumo de un bien cada vez más escaso.Así que sólo queda la opción de la deuda, pero tampoco es fácil imaginarla. Es evidente que tenemos capacidad de endeudamiento para el próximo año. Incluso hasta tenemos ya la línea de crédito autorizada, por 47 mil millones de dólares, que superan nuestras necesidades. Pero pensar en la posibilidad de financiar toda la caída de ingresos petroleros, hasta 2016, con este mecanismo, es absurdo. Incluso es difícil creer en que podamos tener acceso a créditos para 2011, si no se han tomado decisiones relevantes en el gasto y los ingresos.En suma, todo está fuera de lo posible. No se puede reducir el gasto por los grupos de interés, no se pueden incrementar los ingresos por lo mismo, y no se puede contratar deuda porque nadie creerá en nuestra capacidad de pago. Para 2010 no hay, en realidad, ningún problema: usaremos el crédito del FMI, aprovecharemos parte de la recuperación estadounidense, y el año será razonablemente bueno. Pero para después, ya no hay nada claro.Queda sólo la opción de pensar lo inimaginable y hacerlo posible. Es decir, con todo y las inmensas dificultades que implica pensar en enfrentar los grupos de interés en el gobierno y fuera de él, de no hacerlo lo que enfrentaremos será un problema financiero inmenso en los siguientes años que nos puede llevar a una economía estancada, con inflación creciente, y con el dólar cotizándose tres veces más caro que hoy en cinco años.Tal vez enfrentar los grupos de interés tenga costos, políticos, económicos, sociales. Pero no hacerlo tiene también costos muy elevados. Como pocas veces, hoy el costo de seguir solapando vividores supera el de enfrentarlos. Hoy, mantener a esos grupos tiene un costo tangible, claro, que la sociedad puede comparar con el esfuerzo que implica terminar con los privilegios.Construir una sociedad de individuos con los mismos derechos y obligaciones, en lugar de este país de castas, plagado de privilegios, es una tarea que iniciamos hace más de cien años, y que fue interrumpida por el régimen medieval que se inventó su propia historia. Inimaginable como es, el futuro se gana.www.macario.com.mxProfesor de Humanidades del ITESM - CCM
Ricardo MedinaCuando uno tiene que tomar decisiones los datos más frescos se agradecen; lo que ya perdimos hace más de 50 días debe quedar registrado, pero no es muy útil el dato para saber dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Haga usted la prueba. Tome el teléfono y ofrezca a sus mejores amigos la noticia de la catástrofe: "¿Ya sabes la última? ¡El PIB cayó 10.3% en el segundo trimestre!". ¿A cuántos les resultará novedosa esta catástrofe? Dudo que sean muchos.Pero nuestros medios de comunicación, al menos en la red, parecen convencidos de que con ese dato, que a veces ni siquiera entienden, están conmoviendo al mundo.El Financiero: "Se desploma la economía mexicana"El Economista: "Cae economía mexicana 10.3% en segundo trimestre"Reforma: "Tiene PIB su mayor caída en la historia"EL Universal: "PIB se desploma 10.3% en 2do. trimestre"La Jornada: "Se desploma 10.3% la economía en el segundo trimestre del año: Inegi"Milenio: "Se contrae PIB 10.3% en el segundo trimestre: INEGI"Excélsior: "Registra PIB mayor caída de su historia"La Crónica de Hoy: "Registra PIB su mayor caída en la historia"El Sol de México: "Cae PIB 10.3% segundo trimestre, peor tropiezo en 30 años"La Razón: "Se desploma el PIB 10.3 por ciento"CNN-Expansión: "La economía mexicana cae 10.3%"El Semanario: "Registra PIB México su peor caída en la historia, -10.3%"Es Mas: "INEGI: Cae economía 10.3% en el segundo trimestre"Hechos TV.com: "Registra PIB caída de 10.3% en segundo trimestre"¿Cae o cayó?, ¿se desploma o se desplomó?, ¿registra o registró?, ¿es o fue?Veamos: La caída es anual, segundo trimestre de 2009 contra segundo trimestre de 2008, y es dramática porque es de las más altas de las que se tenga registro en la estadística económica de México. Pero es una catástrofe antigua: ¡Estamos a 20 de agosto y ya han pasado 51 largos días del tercer trimestre del año, esto es: ya transcurrió más del 55 por ciento del siguiente trimestre al que se está reportando!, si eso no es estar obsesionado con el espejo retrovisor...Bien. La caída trimestral del PIB, respecto del trimestre inmediato anterior, y no respecto del mismo trimestre del año pasado, fue de 1.2 por ciento sin efectos estacionales, como la Semana Santa. Por cierto, en Estados Unidos y en otros países esa medición, la de las variaciones de un trimestre a otro sin efectos estacionales, son las que suelen difundirse y utilizarse.La cifra es espantosa, pero ya lo sabíamos y si se quiere uno poner puntilloso la noticia debería ser acaso que la media de los pronósticos, que hablaba de una caída de 10.6 por ciento anual en el segundo trimestre, fue 0.3 puntos porcentuales más "pesimista" que la realidad. Nada tampoco para conmover al mundo.Cuando uno tiene que tomar decisiones los datos más frescos se agradecen; lo que ya perdimos hace más de 50 días debe quedar registrado (y si alguien acaso tuviese un seguro contra caídas del PIB ya sabrá cuánto puede reclamar de indemnización por el pasado trimestre), pero no es muy útil el dato para saber dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos.En ese sentido, el IGAE, también difundido hoy por el INEGI, ofrece mejores pistas: Caída anual en junio de 8.1 por ciento. Caída mensual (junio contra mayo) de 0.2 por ciento (en mayo fue de 0.8 por ciento contra abril). En promedio durante los cinco primeros meses del año las caídas mensuales del IGAE habían sido de uno por ciento mensual, así que la cifra de junio (que, también, ya es historia pasada) no se ve tan mal.Pero hay otros indicadores más oportunos y frescos, a mi juicio más útiles para tomar decisiones:*Ventas anuales totales de ANTAD a julio de 2009: crecimiento de 1.3 por ciento.*Ventas anuales totales de Wal-Mart a julio de 2009: ¡crecimiento de 5.9 por ciento!*Crecimiento mensual de la producción de automóviles en julio: ¡35 por ciento! (el "truco" es que en julio GM y Chrysler volvieron a producir después de su proceso de bancarrota; ahora, habrá que calcular cómo se verá la huelga de VW en las cifras del mes de agosto, pero eso lo leeremos en los periódicos ¿de noviembre o de diciembre?).*Crecimiento mensual del empleo: 19 mil empleos más en junio respecto de mayo y 15 mil empleos más en julio respecto de junio.
Ricardo MedinaEn buena medida algunos municipios son pobres por elección, por vocación y hasta por comodidad. Es más fácil rogarle al señor gobernador, que a su vez irá a tocar puertas a la Federación pidiendo más participaciones, adelantos, aportaciones extraordinarias esgrimiendo el argumento de los municipios en quiebra. Hasta hace algunos años la doctrina del Partido Acción Nacional ubicaba al municipio como la escuela y el sostén de la democracia. Si entendí bien lo que entonces decían los panistas ilustres, citando con frecuencia a Manuel Gómez Morín, se trataba de ejercitar, aprender y difundir las virtudes cívicas que dan sustento a la democracia desde el municipio y en el municipio.El razonamiento es que difícilmente el país consolidaría su democracia si no había democracia en el municipio. El municipio es el ámbito más cercano a nuestro vida cotidiana, donde se toman decisiones cruciales para el bienestar o el malestar de las personas, que tienen que ver con la policía preventiva, con la recolección de basura, con el uso del agua, con el drenaje, con los parques y lugares comunes, con la funcionalidad de calles y avenidas.También algunos ideólogos del PRI han cantado, a lo largo de la historia, las virtudes del municipio. Recuerdo que Miguel de la Madrid, por ejemplo, promovió algunas reformas al artículo 115 de la Constitución y, con ese motivo, se difundieron sesudas reflexiones republicanas acerca del municipio, como célula básica de la vida democrática.Esa es la teoría, desde luego. En esa teoría, las dos principales virtudes cívicas de las que el municipio debería ser escuela son la libertad y la responsabilidad. Y esto vale para gobernantes y para gobernados, para mandatarios (los que hacen los mandados, como dice con graciosa ironía Gabriel Zaid, pero también con filosa exactitud en relación a la teoría democrática) y para quienes mandamos (se supone) a estos mandaderos.Para que el municipio sea de veras libre, y todo eso que dice la teoría, necesita contar con recursos propios y necesita responsabilizarse de su mantenimiento con el cobro de los impuestos y de los servicios locales que previene la Constitución.El problema NO es que nuestras leyes no le den atribuciones fiscales a los municipios, aunque podría revisarse -¡otra vez!- el asunto, sino que los presidentes municipales y quienes conforman el ayuntamiento con frecuencia no quieren pagar los altos costos políticos que supone el cobro de impuestos y, también con mucha frecuencia, los gobernadores no quieren ayuntamientos con finanzas más o menos fuertes o "ricos" que puedan opacar su poder o, dicho coloquialmente, ponérseles al brinco.En buena medida algunos municipios son pobres por elección, por vocación y hasta por comodidad. Es más fácil rogarle al señor gobernador, que a su vez irá a tocar puertas a la Federación pidiendo más participaciones, adelantos, aportaciones extraordinarias esgrimiendo el argumento de los municipios en quiebra.El mejor ejemplo de esta indolencia fiscal municipal es el cobro del impuesto predial. Un gravamen netamente municipal que en México arroja en promedio una recaudación risible. Hoy trata el asunto Diego Petersen en "Milenio" y las cifras comparativas que ofrece entre lo que se recauda en México de predial y lo que se recauda en el Reino Unido o en Canadá son para irse de espaldas.Pero no, el cuento del municipio pobre es muy rentable. Y eso que mejor dejamos para otro día hablar de cuántas camionetas Suburban, Lobo, Explorer y similares han pagado las participaciones federales que llegan a los municipios. Incluso a los más pobres... Algún presidente municipal de uno de los municipios más pobres del estado de Veracruz le decía, sin rubor, hace unos años al reportero de televisión Samuel Prieto que lo de las camionetotas era de rigor, porque "ni modo que lleguemos a las reuniones con el Gobernador en un pinchurriento carrito, ¡como te ven, te tratan!".El municipio, escuela de democracia. ¡Oh, sí!
Isaac KatzLa previsión de un debilitamiento significativo de las finanzas públicas debe ser aprovechada para limpiarlas de todo aquél gasto que significa una destrucción de riqueza. ¿Estará el Presidente dispuesto a proponerlo y los diputados a respaldarlo? El anuncio del Secretario de Hacienda de que el próximo año se estima habrá un faltante de recursos fiscales por 300 mil millones de pesos que se buscaría cerrar con mayores impuestos, medidas administrativas de tributación, ajustes al gasto público y posiblemente un mayor déficit, da para muchos comentarios; solo trataré dos.La afirmación del “destino nos alcanzó” en materia fiscal no es algo novedoso. El gobierno mexicano, particularmente el nivel legislativo, nunca mostró una visión de Estado dada la comodidad de tener los ingresos petroleros para el financiamiento del gasto público, por lo que siempre se pospuso la instrumentación de una reforma tributaria de fondo. Ahora que ya se nos acabó el petróleo y la caída de los ingresos petroleros es permanente, lo que era previsible desde hace varios años, resurge la urgencia de una reforma tributaria, la cual tiene que plantearse con dos objetivos en mente. El primero es darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas a través de una base sólida de recaudación. El segundo es alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de promover el trabajo, el ahorro y la inversión, es decir con el crecimiento económico. Estos dos objetivos sólo pueden lograrse mediante un IVA homogéneo, la adopción integral del IETU, la abolición del ISR a las personas morales y la adopción de un ISR a las personas físicas con una tasa impositiva proporcional que grave la diferencia entre los ingresos globales brutos (incluyendo los de capital) menos un monto fijo igual a la línea de pobreza. ¿Estará el Presidente dispuesto a proponerla y los legisladores dispuestos a entrarle a esta reforma? Lo dudo.Un segundo comentario va por el lado del gasto público. Desde que inició la explotación masiva de petróleo en 1978, el gobierno mexicano se volvió especialista en destruir la riqueza petrolera. El dispendio de billones de pesos obtenidos por la producción de petróleo, recursos que deberían haber sido invertidos en capital físico y humano simplemente se derrocharon a través de un arreglo institucional que privilegió la transferencia de rentas a unos cuantos privilegiados, políticos, empresarios, sindicatos y grupos particulares de interés sin haber generado, por peso gastado, el valor agregado que lo justificara.Lo anterior nos lleva al segundo elemento planteado para cerrar el boquete fiscal. El gobierno, en sus tres niveles, más que desperdicia 300 mil millones de pesos al año. Programas de apoyo a diversos sectores que bajo una estricta evaluación social de proyectos tienen valor presente negativo, pago a miles de burócratas que administran este derroche de recursos, transferencias a sindicatos de entidades gubernamentales que son un verdadero insulto para el resto de la población, 100 mil profesores que nunca se paran en un salón de clase por estar comisionados en el sindicato, obras públicas en infraestructura que son verdaderamente inútiles (como la futura refinería), transferencias al sector rural para mantener a los campesinos en perpetua pobreza y un larguísimo etcétera.La previsión de un debilitamiento significativo de las finanzas públicas debe ser aprovechada para limpiarlas de todo aquél gasto que significa una destrucción de riqueza. ¿Estará el Presidente dispuesto a proponerlo y los diputados a respaldarlo? Lo dudo.
Arturo DammEn México sobra tela de donde cortar para reducir el gasto gubernamental, y debería comenzarse por eliminar, ¡y lo digo en serio!, todas las secretarías de Estado que tengan que ver con alguna actividad económica. Un déficit presupuestario, la diferencia entre los ingresos tributarios y el gasto total, no es, de ninguna manera, una fatalidad inevitable. No, un déficit presupuestario es la consecuencia de la decisión de no ajustar el gasto total a los ingresos tributarios y, por ello, de la decisión de financiar la diferencia con algún ingreso distinto al proveniente de la recaudación, que puede ser, dependiendo del marco institucional de cada economía, o la emisión primaria de dinero, modo de financiamiento del déficit presupuestario que en México está prohibido, o la deuda, que en nuestro país sí está permitida. Cualquiera de las dos opciones presenta más inconvenientes que ventajas, razón por la cual, ante la caída en los ingresos tributarios, lo correcto es reducir el gasto, algo que los presupuestívoros no están dispuestos a aceptar.En México sobra tela de donde cortar para reducir el gasto gubernamental, y debería comenzarse por eliminar, ¡y lo digo en serio!, todas las secretarías de Estado que tengan que ver con alguna actividad económica, como lo son la de Energía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación que, en el peor de los casos, deberían de quedar, reducidas a su mínima expresión, como direcciones dentro de la Secretaría de Economía o, en el mejor, desaparecer, y hacerlo junto con la Secretaría de Economía.Sé que más de un lector pensará que me he vuelto loco, y se preguntará qué pasaría con todas esas actividades económicas sin sus respectivas secretarías de Estado, y qué sucedería con la economía mexicana sin la Secretaría de Economía, como si el buen desempeño de todas esas actividades económicas, y de la economía en su conjunto, dependiera de las secretarías de Energía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y, ¡faltaba más!, de la Secretaría de Economía.Preguntémonos, ¿cuál es la tarea de esas dependencias gubernamentales? En esencia, una de dos. Primera: regular, de manera especial, dichas actividades económicas, decidiendo qué sí y qué no, y si sí cómo sí y cómo no, y cuándo sí y cuándo no y, segunda, otorgar privilegios, es decir, apoyos, protecciones, subsidios, concesiones, etc., tanto directos como indirectos, a los agentes económicos que caen bajo su égida. En ambos casos, regulación especial y otorgamiento de privilegios, se trata de, para perjuicio o beneficio, tratos especiales, que no se justifican, ni desde el punto de vista moral, ni mucho menos desde la perspectiva económica, razón por la cual deben eliminarse.A todos los que piensan que mi propuesta a favor de la eliminación de las cinco secretarías de Estado mencionadas es un despropósito, me resta decirles que pueden dormir tranquilos: apuesto triple contra sencillo a que ninguna de esas secretarías desaparecerá. Es más, en una de esas, se multiplican las secretarías de Estado relacionadas con las actividades económicas, y uno de estos días amanecemos con la Secretaría de la Torta, el Taco y la Tostada, la STTT, ¡baluarte del progreso económico de los mexicanos y las mexicanas!
Andrés Oppenheimer El premio Nobel estadounidense Jospeh Stiglitz se ha convertido en una suerte de estrella de rock en algunos países latinoamericanos por sus contundentes críticas al capitalismo a ultranza. Pero en una extensa entrevista, Stiglitz me dijo algunas cosas que probablemente no les guste escuchar a muchos de sus admiradores en la región.Stiglitz, que ganó el premio Nobel de economía en el 2001, y que un año más tarde escribió El malestar en la Globalización, no se desdice de sus anteriores afirmaciones de que el Fondo Monetario Internacional y las políticas de libre mercado respaldadas por Estados Unidos en años recientes son responsables de parte de la pobreza del mundo, y de la crisis global que nos afecta actualmente.``Soy un crítico de la manera en que se han implementado ciertas versiones del capitalismo'', me dijo el economista, que enseña en la Universidad de Columbia. ``Creo que el capitalismo irrestricto, la desregulación que fue uno de los ejes del capitalismo norteamericano desde el principio de la presidencia de Reagan, es una era que ha llegado a su fin''.Agregó que muchos estadounidenses están repensando el modelo económico de su país, y que existe una creciente preocupación ante la posibilidad de que ``intereses especiales ejerzan su influencia para impedir que se realicen las reformas necesarias''.``En rigor, Estados Unidos no tiene lo que podría llamarse un sistema capitalista puro: hemos estado socializando las pérdidas y privatizando las ganancias'', dijo. ``Tenemos toda clase de intervención gubernamental, pero desafortunadamente, se trata en general de una intervención destinada a ayudar al sector bancario, a las empresas farmacéuticas, a diversos intereses especiales. Es una suerte de sistema de beneficencia para las corporaciones'', agregó. ``De manera que lo que realmente he defendido es una forma más pura de economía de mercado, que no centre su protección en las empresas, sino en la gente''.Pero Stiglitz, que fue recibido con alfombra roja por el presidente venezolano Hugo Chávez, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y varios otros líderes que aplauden sus criticas al FMI, parece haber suavizado sus críticas de esa institución crediticia con sede en Washington.``El FMI es mucho mejor que en el pasado, sin duda alguna'', me dijo. ``Ha cambiado en muchos aspectos, y creo que todo el mundo debe reconocerlo. Ha dicho que dará dinero a ciertos países con buenas tasas de interés, sin el tipo de condiciones que deprimían la economía y convertían una recesión en depresión''.Cuando le pregunté qué debían hacer los países latinoamericanos para crecer y reducir la pobreza más rápido, respondió que debían hacerse más competitivos en la economía global. Y contrariamente a lo que suponen muchos de sus admiradores de la vieja izquierda, Stiglitz parece convencido de que la globalización está aquí para quedarse.``Un aspecto oculto de esta crisis es que, a pesar de ser una crisis financiera, es una crisis económica: marca un hito en la transformación de la economía global, un cambio de las ventajas comparativas'', dijo. ``Para prosperar, Latinoamérica debe elevar su nivel de capacitación, su tecnología, para ser más competitiva en la economía global".¿Por qué?, le pregunté. Porque el pastel de la economía mundial se ha reducido como consecuencia de la crisis, y habrá mayor competencia entre los países en desarrollo para vender sus productos a los mercados más ricos, afirmó.``El pastel se ha achicado, y la gente está compitiendo ferozmente por cuotas de mercado'', dijo. ``Ahora estamos pasando de una economía de manufacturas a una economía de servicios, y esta crisis puede ser un parteaguas. Y eso significa que los países deben prepararse más para la globalización, y que deben tener las capacidades necesarias para competir en el mercado global''.Refiriéndose a México, afirmó que muchos de sus problemas ``se originan por no haber invertido lo suficiente en educación, en infraestructura''. Y agregó: ``China no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero concentró toda su energía en invertir en educación, tecnología, infraestructura, y consiguió superar ampliamente la desventaja de no tener libre acceso al mercado estadounidense''.Mi opinión: Tras la entrevista, me quedé con la impresión de que Chávez, Kirchner y otros presidentes populistas sacan de contexto a Stiglitz cuando lo pintan como un paladín de la antiglobalización. A juzgar por lo que Stiglitz me dijo, no es nada de eso.Sabe que la pobreza del mundo se redujo de 40 a 19 por ciento de la población del planeta en el transcurso de las últimas dos décadas, desde que China, India y otros países se insertaron en la economía global. Ojalá que Stiglitz enfatice más este último punto cuando hable ante sus admiradores globafóbicos: posiblemente el premio Nobel de por sentado que ellos también lo saben, pero en muchos casos no es así.
Armando RegilArmando Regil es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA) de México.En Honduras se debaten dos posibilidades, seguir el camino de la de la libertad o el de la servidumbre. El llamado golpe de Estado que removió al Presidente Manuel Zelaya del poder ha provocado distintas reacciones dentro y fuera de la región.La pregunta fundamental es, ¿Lo que ocurrió en Honduras fue realmente un golpe de Estado o una destitución? Cuando un ciudadano incumple la ley debe asumir las consecuencias. El Presidente de Honduras Manuel Zelaya no cumplió con lo que estipula la Carta Magna de su país y por ello fue destituido de su cargo.El período presidencial de Zelaya debería haber terminado en febrero del 2010 sin derecho a reelección. El error del presidente fue caer en la tentación de cambiar el rumbo de su país hacia el socialismo del siglo XXI que promueve su amigo y aliado Hugo Chávez. Para lograr su objetivo el Presidente Zelaya violó varias normas y consideró que un plebiscito era el primer paso para modificar los límites al periodo presidencial y así perpetuarse en el poder.Estos son algunos artículos de la Constitución de Honduras que demuestran claramente la violación cometida por Manuel Zelaya:Artículo 42: La calidad de ciudadano se pierde: Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República.Artículo 239: El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.Artículo 272. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.El riesgo y el costo de aceptar una violación como la que cometió el presidente hondureño son muy altos pues dan una señal a muchos otros gobernantes de América Latina y de otros países, que no pasa nada si se incumple la ley. Es por ello que en el cumplimiento de su deber, las Fuerzas Armadas de Honduras hicieron lo que tenían que hacer para salvaguardar la integridad de las instituciones democráticas, sacar al Presidente.Es lamentable que muchos países y organismos internacionales den la espalda a los ciudadanos de Honduras. Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo Monetario Internacional, sólo por mencionar algunos, han reiterado su respaldo a Manuel Zelaya.Desafortunadamente, México no fue la excepción. El Presidente Felipe Calderón cometió un grave error al apoyar el regreso de Zelaya al poder. Al hacerlo, dejó de lado la defensa de principios tan fundamentales como el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Apoyar a un hombre sin principios le trajo consecuencias. Apenas hace una semana, Patricia Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores, declaró que México se manifestaba a favor de que el Presidente Zelaya regresara a gobernar su país. Días después, el líder exiliado llegó a México y en su visita dejó claro que no solamente traiciona los principios que decía defender al inicio de su mandato sino que también traiciona a sus “amigos”.En un acto frente a simpatizantes del ex candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Zelaya dijo que era mejor sentirse presidente que serlo, ofendiendo directamente al Presidente Calderón en clara alusión a López Obrador quien se autoproclama “Presidente legítimo”.Muy molesto por este acontecimiento, el Presidente Calderón ordenó al Estado Mayor Presidencial que trasladara a Zelaya de inmediato al Hangar Presidencial para salir del país. Parte de la orden fue que no tuviera ningún contacto con medios de comunicación. Legisladores mexicanos se manifestaron en contra de Manuel Zelaya y lo calificaron de traidor, no es para menos. El señor traicionó a quien le abrió la puerta y le dio la mano.A la luz de todo esto es necesario rescatar varias lecciones. Primero hay que aprender a asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Tanto el Presidente Calderón como los mexicanos y latinoamericanos debemos aprender que para vivir mejor y alcanzar la prosperidad necesitamos tener principios y no dejarlos de lado cuando parece que “estorban” porque es “políticamente correcto” apoyar a quien todos apoyan.Es necesario ser congruentes y eso significa que debe haber una relación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esto hay que recordarlo todos los días de manera personal y también decirlo a nuestros servidores públicos.Apoyar a una persona que viola principios o leyes o lo que sea, nunca puede tener consecuencias positivas. Si Zelaya fue capaz de traicionar a sus ciudadanos al violar su propia Constitución no se puede esperar nada de él.La convivencia pacífica en sociedad sólo es posible si se respeta la ley. El Estado de Derecho es fundamental para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. El respeto a las instituciones y a la democracia es indispensable para mantener la estabilidad política y la paz social. Ojala que Honduras regrese a ese camino que es el de la libertad pues la historia ha demostrado que el camino de servidumbre ha fracasado.