Source: https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20190703082928390
Timestamp: 2019-10-19 00:11:49
Document Index: 289751160

Matched Legal Cases: ['artículo 375', 'artículo 375', 'artículo 119', 'artículo 45', 'artículo 371', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 371', 'artículo 27', 'artículo 317']

Abuso sexual agravado. Hijo menor. Jurado popular. Prisión preventiva. Arresto domiciliario. Principio de inocencia
Se condena al imputado a la pena de nueve años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vínculo, perpetrado contra su hija menor, y se desestima el pedido de arresto domiciliario. Ello así, por la decisión unánime arribada por un jurado popular que adoptó un veredicto de culpabilidad con gran solidez y estabilidad, fruto de ser el resultado del verdadero juicio previsto en la Constitución Nacional.
En Necochea, el 1 de julio de 2019, el juez Mario Alberto Juliano designado por sorteo como juez de juicio por jurados en causa 5881 "M., M. J. S/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR EL VINCULO Y LA CONVIVENCIA", procede a dictar sentencia, luego del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado (artículo 375 bis del CPP).
El jurado popular, compuesto por doce personas, declaró a M. J. M. culpable por unanimidad del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia, delito cometido contra su hija A. M., de acuerdo al requerimiento de la acusación. Esta decisión se construyó en función de las siguientes instrucciones:
"INSTRUCCIONES FINALES. Damas y caballeros, agradezco la atención que han prestado durante el juicio y ahora les daré unas últimas instrucciones que ustedes también tendrán por escrito y que, aun a riesgo de ser reiterativo, son fundamentales para el servicio que van a prestar. Recién cuando termine de darlas abandonarán este recinto y comenzarán a discutir el caso en la sala de deliberaciones.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL PROCESO. Debo comenzar por reiterar algunos principios fundamentales de la Constitución, que rigen el proceso en materia penal:
1. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a negarse a declarar, sin que esa negativa haga presunción en su contra.
3. El acusado no está obligado a presentar pruebas, probar nada, y mucho menos su inocencia. El fiscal es quien debe probar la culpabilidad.
4. El estándar probatorio “más allá de toda duda razonable” es esencial para decidir el caso. Les recuerdo que la duda razonable es la que se encuentra basada en la razón y el sentido común. Duda razonable también es la duda que se basa en las pruebas, en la falta de pruebas o en la contradicción entre las pruebas. No es suficiente que los jurados crean o intuyan que el acusado es culpable. Deben estar convencidos de ello más allá de toda duda razonable.
REGLAS Y OBLIGACIONES DE LOS JURADOS. Les voy a mencionar ahora algunas reglas y obligaciones de los jurados.
Su primera y principal obligación es decidir cuáles son los hechos de este caso. Para ello ustedes tomaran en cuenta la prueba que vieron y oyeron durante el juicio, sin considerar ninguna prueba más que esa.
El segundo deber es aplicar la ley que les voy a explicar a los hechos que ustedes determinen. Es absolutamente necesario que comprendan y apliquen la ley tal cual yo se las doy y no como ustedes piensan que es, o como les gustaría que fuera. La justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley.
El jurado es independiente y soberano para decidir y su veredicto debe estar libre de cualquier presión. Deben ignorar cualquier información periodística o externa a la sala del juicio. La decisión tampoco puede estar influenciada por sentimientos de lástima, prejuicio o miedo. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Todos esperamos su valoración imparcial de la prueba.
Si ustedes encuentran culpable al acusado, la pena aplicable no debe tener lugar en las deliberaciones, ya que esa es mi responsabilidad, que decidiré en otra audiencia.
PAUTAS PARA LA DELIBERACION
Cuando entren a la sala de las deliberaciones es muy importante que ninguno de ustedes comience diciéndole al resto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará. Como jurados es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro.
Discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo, si esto es posible.
Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo sólo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las voy a explicar.
Durante las deliberaciones pueden modificar sus puntos de vista si encuentran que estaban equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar el caso.
Lo primero que deben hacer es elegir un presidente o una presidenta del jurado. El presidente o presidenta del jurado debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Cuando hayan acordado un veredicto, el presidente o presidenta deberá fechar y firmar el formulario respectivo.
Durante el tiempo que dure la deliberación los jurados solo deberán hablar entre si y no podrán hacerlo con ninguna otra persona sobre este caso.
Si durante la deliberación surgiere alguna pregunta que no puede ser resuelta entre ustedes, la escriben y se la entregan al oficial de custodia, quien estará en la puerta de entrada de la sala de deliberaciones. El me entregará las preguntas, yo las analizaré junto con las partes y, en la medida que la ley lo permita, la contestaré a la mayor brevedad posible.
Del mismo modo, si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones, o cualquier otra que les hubiese dado con anterioridad, me lo harán saber inmediatamente por nota que le entregarán al oficial de custodia.
A fin de tomar una decisión sobre los hechos del caso ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta, la totalidad de las pruebas rendidas en el debate.
1. lo que declare cada testigo y/o perito, bajo juramento, respondiendo a las preguntas que le formularon los abogados, pero las preguntas no son prueba.
2. Las estipulaciones que acordaron las partes y que les señalé al comienzo del debate.
Ustedes son quienes deciden qué prueba es creíble y que prueba no lo es. Pueden encontrar algunas pruebas más confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo o perito. No existe una fórmula para esto. No obstante, les voy a indicar algunas pautas que pueden facilitar su labor sobre la credibilidad de los testimonios:
1. La oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer sobre los asuntos sobre los que está declarando.
2. La calidad de la memoria que tiene el testigo sobre lo que está declarando.
3. La forma y manera en la que el testigo declare.
4. Si tuvo oportunidad de apreciar, bajo la directa acción de sus sentidos, los hechos sobre los que declara, o si llegaron a su conocimiento por intermedio de terceras personas.
5. Testigo de oídas es aquel que declara sobre hechos que no han caído bajo la directa acción de sus sentidos sino que acceden al conocimiento por terceras personas. Los peritos no son testigos en el sentido técnico, sino que declaran sobre la base de los conocimientos, de su ciencia o su saber.
6. Si el testigo tiene algún motivo de parcialidad o prejuicio.
7. Cuán razonable es el testimonio del testigo al considerarlo respecto de otras evidencias.
8. Si tiene o tuvo algún tipo de relación con el imputado o la víctima.
Del mismo modo respecto de las declaraciones de los peritos, quienes poseen conocimientos especiales, experiencia o título habilitante en la materia que se trate y están autorizados a declarar sobre una cuestión técnica con el propósito de ayudar a comprender dicha cuestión. Sin embargo, el hecho que este este testigo haya brindado su opinión no significa que ustedes deban aceptar la misma como verdadera, pues como acontece con cualquier otro testigo, a ustedes les corresponde decidir si confían en sus apreciaciones. Ustedes pueden tomar en consideración, para valorar la fuerza convictiva de sus dichos:
1. El entrenamiento, la experiencia y los títulos del perito.
2. Si su opinión es razonable y suficientemente fundada.
3. Si su opinión se vincula a la aplicación directa de sus conocimientos; a la aceptación de este saber dentro de la comunidad científica; a su incidencia por sobre los resultados objetivos derivados de la técnica empleada.
4. Si es consistente respecto del resto de la prueba que ustedes consideran creíble.
Por último, se debe tener presente que aquí no se está enjuiciando a la víctima sino al acusado. El carácter o tipo de persona de la alegada víctima no puede determinar sin ulterior consideración la inocencia o culpabilidad del acusado. No es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, el análisis de la prueba debe efectuarse con cautela y amplitud, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer. Que no existan otras pruebas más allá del testimonio de la víctima, no debe suponer que el hecho haya o no existido.
No es prueba:
1. Los cargos formulados por la fiscalía.
2. Los alegatos de los abogados al comienzo y al final del juicio.
3. Nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho durante el juicio.
4. Las anotaciones que ustedes hayan realizado.
5. Cualquier cosa que hayan visto u oído de parte de personas ajenas al debate.
LA LEY APLICABLE AL CASO. Ahora nos detendremos en la ley que ustedes deberán aplicar a este caso.
La fiscalía acusó al señor M. J. M. de ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente en perjuicio de su hija A. M.
Les explicaré primero lo que la ley dice respecto del abuso sexual y sus distintas variantes y agravantes.
De acuerdo a la ley penal argentina existen tres tipos de abusos sexuales: simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal.
El abuso sexual simple, en principio, no forma parte de este juicio, pero es importante que ustedes conozcan en qué consiste, ya que para que exista una de las formas agravadas (gravemente ultrajante, que sí es parte del juicio) tiene que existir el delito básico, el abuso sexual simple.
De acuerdo a la ley penal argentina existe abuso sexual cuando una persona mantenga relaciones de esa índole (con claro contenido sexual, pero sin que exista acceso carnal) con personas menores de 13 años de edad, no obstante que las relaciones hayan sido consentidas, o cuando mediare violencia, amenazas, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción.
Pasando ahora sí a una de las modalidades agravadas del abuso sexual, que sí forma parte de este juicio, les hago saber que para la ley argentina existe abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo o por las características del mismo. La ley no dice cuál es la cantidad de tiempo necesaria para que se configure el abuso sexual gravemente ultrajante, ni tampoco cuáles deben ser sus características, cuestiones que quedan reservadas a la valoración de los hechos de cada caso en concreto, de acuerdo a lo que les han presentado el acusador y que formará parte de sus deliberaciones, para el caso que encuentren probada la acusación.
La ley penal argentina también agrava los abusos sexuales, cualesquiera ellos sean, cuando medien circunstancias particulares. En lo que interesa a este juicio, por el vínculo (cuando los hechos fueren cometidos por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto, encargado de la educación o la guarda), o cuando fueren cometidos contra personas menores de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Finalmente, de acuerdo las convenciones internacionales que rigen el proceso y que la República Argentina se encuentra comprometida a cumplir, deben decidir el caso con perspectiva de género, examinando el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros. La perspectiva de género pretende desnaturalizar el carácter jerárquico atribuido a la relación entre los géneros, pretende modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Consecuentemente, ustedes deberán determinar si la fiscalía probó, más allá de toda duda razonable que en reiteradas oportunidades y en el interior de la vivienda ubicada en ... número ... de Necochea, a fines de marzo de 2013, el señor M. J. M., con clara intención libidinosa, abusó sexualmente de su hija A. M., que por esos entonces contaba con 12 años de edad, mediante tocamientos, de inequívoca connotación sexual, efectuados sobre su cola, vagina y pecho, quitándole la ropa, continuando en estas circunstancias de lugar y modo ininterrumpidamente entre dos o tres veces al mes, hasta el último hecho cometido en el mismo domicilio, más precisamente en el living, el 5 de junio de 2016, en oportunidad en que el acusado, con clara intención libidinosa, abusó sexualmente de su hija A. mediante tocamientos, de inequívoca connotación sexual, en su partes íntimas, como lo hacía asiduamente.
Si ustedes están convencidos, más allá de toda duda razonable, que la fiscalía probó en el juicio que el señor M. J. M. abusó sexualmente en la forma descripta de su hija A. M., deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente.
Por el contrario, si ustedes consideran que la fiscalía no logró probar que el señor M. J. M. realizó las conductas descriptas, deberán rendir un veredicto de no culpabilidad por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente.
Sin perjuicio de lo precedente, para el caso que entendiesen que no han sido acreditadas en el juicio por la acusación alguna de las circunstancias agravantes del abuso sexual, como es el caso de las circunstancias gravemente ultrajantes, tienen la posibilidad de rendir un veredicto de culpabilidad por el delito menor incluido, esto es el abuso sexual simple, que les expliqué con anterioridad. Por supuesto que esta posibilidad no existirá si el acuerdo al que arriban es de no culpabilidad. Es decir, no existe una suerte de compensación. Los hechos se encuentran probados o no se encuentran probados. No hay posibilidades intermedias.
LA VOTACION. El tribunal está compuesto por doce jurados, que son quienes deliberarán en forma secreta y continua, en la que únicamente estarán los miembros titulares.
El veredicto deberá versar sobre la existencia del hecho en que se sustenta la acusación y la participación del imputado en el mismo.
El veredicto de culpabilidad por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, o el delito menor incluido, requiere DIEZ de los votos de los miembros del jurado.
El veredicto de no culpabilidad se alcanza con el voto de la mayoría simple de los miembros del jurado, esto es, con SIETE votos en ese sentido.
Si no alcanzan las mayorías necesarias luego de haber deliberado por un tiempo prudencial, deberán pronunciar un veredicto de no culpabilidad.
Si se registran los votos para arribar a un veredicto de culpabilidad, pero no las mayorías requeridas por la ley, deberán seguir deliberando y votar hasta tres (3) veces. Si luego de esas votaciones no se superan los ocho (8) votos por la culpabilidad, el veredicto deberá ser de no culpabilidad. En cambio, si luego de esas votaciones no logran superar los nueve (9) votos por la culpabilidad, el jurado se declarará estancado y el presidente le hará saber tal circunstancia al secretario, quien me lo comunicará de modo inmediato, para continuar con los mecanismos previstos por la ley.
Cuando tengan el veredicto, deberán anunciar al oficial de custodia que han tomado una decisión. Los convocaremos nuevamente a esta sala para que el presidente del jurado anuncie el veredicto. Es responsabilidad del presidente o presidenta confeccionar el formulario respectivo, fecharlo y firmarlo y entregarme el sobre con los votos luego del anuncio. Como ya les dije, no deben dar razones de su decisión.
Si ustedes deliberan serenamente, usando su sentido común, exponiendo cada uno de sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto".
Así las cosas, habiendo recaído veredicto de culpabilidad, el juez dicta sentencia en base a las cuestiones que siguen (artículo 375 C.P.P.):
PRIMERA: ¿Existen eximentes, atenuantes y/o agravantes?
Concuerdo con la defensa en que la mayoría de las agravantes requeridas por el fiscal ya se encuentran abarcadas por el tipo penal y por las agravantes legales (abuso gravemente ultrajante, abuso cometido por el padre, abuso cometido aprovechando convivencia). El mínimo de la escala penal para el delito por el que se encontró culpable a M. es igual al mínimo del delito de homicidio. Esa equivalencia dimensiona la gravedad de la sanción prevista. La otra calificación en juego en el debate (el abuso sexual simple agravado) tiene una escala mínima de tres años, y la circunstancia que el abuso sexual haya sido considerado gravemente ultrajante por el jurado, eleva ese mínimo a ocho años de prisión. Ese salto de tres a ocho años contiene y se justifica por las diferentes consecuencias que mencionó el fiscal como agravantes: la duración, las circunstancias, etcétera.
También concuerdo con la defensa respecto a la agravante por daño en la salud psíquica y física requerida por el fiscal. Esas circunstancias, de existir, forman parte de un tipo penal específico por el cual M. no fue acusado ni puedo defenderse. Por lo tanto no pueden ser consideradas como agravantes de la pena en esta instancia.
El fiscal solicitó se valore como agravante las consecuencias del delito en la desintegración del núcleo familiar. La víctima se retiró del domicilio y se alejó de su familia. Los diferentes testimonios en el debate dejaron ver que los lazos familiares se dañaron notablemente luego del hecho por el que se declaró culpable al señor M. Esa circunstancia (las consecuencias del delito) sí debe ser valorada como agravante de la pena.
Respecto a las atenuantes, concuerdo con las partes en la existencia de circunstancias que deben valorarse positivamente: el buen concepto que posee M. explicado por varias personas en sus testimonios, la falta de antecedentes penales, y su actitud posterior al delito, ya que se retiró del domicilio y evitó mantener contacto con la víctima sin necesidad de restricción judicial alguna.
A la cuestión planteada, me pronuncio por la afirmativa, por ser mi lógica, sincera y razonada convicción (artículos 106, 210, 371.4 y 373 del CPP)
SEGUNDA: ¿Cómo debe calificarse el hecho?
El hecho debe ser calificado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vínculo, previsto y sancionado por el artículo 119 incisos b y f del Código Penal, y por el cual debe responder M. J. M. en calidad de autor penalmente responsable (artículo 45 del CP).
Así lo voto, por ello mi lógica, sincera y razonada convicción (artículos 373 y 375.1 del C.P.P.).
1. Sobre la pena. Corresponde condenar al señor M. J. M. por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vínculo, hecho ocurrido entre marzo de 2013 y junio de 2016 en Necochea y del que resultara víctima su hija, A. M.
Llegado el momento de individualizar la pena aplicable, y computando los atenuantes (buen concepto, falta de antecedentes, actitud posterior al delito), agravantes (consecuencias del delito en la familia) tenidos en consideración, entiendo que la pena que compone estos intereses es la de 9 (nueve) años de prisión, con costas, la que responde a la lesión causada al bien jurídico, y a la culpabilidad atribuible al señor M.
2. Sobre la detención. El señor M. llegó a debate en libertad. Como consecuencia del veredicto condenatorio unánime del jurado y a solicitud del fiscal, resolví ordenar la inmediata detención de M. La defensa solicitó la disminución de la intensidad de la detención argumentando que el principio de inocencia y el de proporcionalidad así lo recomendaban, ya que la condena aún no está firme, y que no existen peligros procesales de entorpecimiento de prueba (porque el debate ya terminó) ni de fuga (porque no tiene antecedentes, porque tiene arraigo en el medio, porque llegó a debate en libertad).
El fiscal, por su parte, solicitó que no se haga lugar a la atenuación de la prisión preventiva ya que la condena no firme a pena de prisión en sí misma implica el incremento del riesgo de fuga.
En mis 21 años como juez penal he sido (y sigo siendo) muy crítico de la prisión preventiva en términos generales y he tratado, en la medida de mis posibilidades, de obrar en consecuencia, restringiendo su uso o disminuyendo la intensidad de sus efectos. La práctica judicial ha sabido desnaturalizar los peligros procesales y sobreponerse a cualquier límite que legal o convencionalmente se haya tratado de imponer al uso indiscriminado de la prisión preventiva.
Una de las manifestaciones de la prisión preventiva en el sistema de justicia profesional es la que se dicta al momento de la condena de prisión (última parte del artículo 371 del CPP). Se entiende, en general, que en ese momento puede detenerse al imputado porque la condena no firme aumenta el peligro de fuga. En cada oportunidad que tuve en todos estos años (salvo en una ocasión muy particular, hace ya tiempo) me negué a ordenar la detención del imputado basado en una condena que haya impuesto o haya concurrido a imponer. Lo hice basado en mi convicción de la falibilidad del juicio humano, en la imperfección de la bilateralidad y del modelo acusatorio, y en la relativa ficción de la imparcialidad de las y los juzgadores. Nuestro modelo procesal tradicional y nuestras prácticas cotidianas, aún a pesar de las buenas intenciones legislativas y de la buena voluntad de muchas de las personas que operan en el sistema, acumulan de modo inevitable resabios de modelos inquisitivos.
La implementación del juicio por jurados en nuestro modelo procesal implica un cambio radical en la arquitectura del proceso. La presencia de doce ciudadanas y ciudadanos que deben decidir sobre un hecho que no conocen, en función de teorías del caso que no conocen, con pruebas que no conocen, y luego de escuchar a litigantes que hacen un esfuerzo genuino y enorme por presentar la versión más creíble de los hechos en función de esa prueba, nos ubica frente a una verdadera litigación de partes, frente a un órgano juzgador completamente imparcial, por su total falta de contacto previo con todos esos elementos.
En ese contexto, la discusión de las partes por la prisión preventiva me parece inconducente. La discusión se centró en el aumento o no del peligro de fuga en función del veredicto de culpabilidad y en la vigencia o no del principio de inocencia. Esa discusión es adecuada para un juicio desarrollado en un modelo tradicional verticalista y basado en la muy posible falibilidad del juicio de quienes tememos el rol de juzgar a otras personas en primera instancia. Que se entienda bien, la posibilidad de revisar las decisiones de condena es fundamental en cualquier sistema, pero particularmente relevante en sistemas tradicionales donde quienes juzgamos somos jueces y juezas profesionales, con baja calidad deliberativa, y en función de una baja calidad de litigación de partes, con un acusatorio reducido, y la imparcialidad en duda constante por el devenir del proceso.
Cuando la decisión sobre la culpabilidad la toma el pueblo soberano, imparcial y mediante una deliberación de alta calidad, luego de un proceso con también gran calidad de litigación, el veredicto adquiere una legitimidad política e institucional que no pueden jamás alcanzar los veredictos de jueces y juezas profesionales. Claro que ese veredicto del jurado popular no es inmutable, pero ciertamente tiene gran solidez y estabilidad, fruto de ser el resultado del verdadero juicio previsto en la Constitución.
Así, no se trata de dictar o no una prisión preventiva porque el imputado puede o no eludir la justicia. No sé si existe un aumento del riesgo procesal. Se que existe un veredicto de culpabilidad con una legitimidad incuestionable. Y a tal punto incuestionable que, desde el punto de vista estadístico, tomando en consideración que de los aproximadamente 240 veredictos condenatorios dictados en la provincia desde la implementación del juicio por jurados, solamente se revocó uno (el caso de jurado estancado), luego vuelto a modificar por la Corte local.
Considero también, que el concepto de juicio adquiere una dimensión diferente cuando se lleva a cabo por jurado popular, en lugar del tradicional juicio con jueces y juezas profesionales. Cuestión no menor a los fines previstos por el artículo 18 constitucional: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo...", y por el artículo 8.2 de la Convención Americana: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Las preguntas inevitables son: ¿cuál es el juicio previo que habilita la pena? ¿en qué momento se establece legalmente la culpabilidad?
Para el modelo de justicia profesional, verticalista y estamentario, el juicio es una instancia débil, prácticamente un simulacro de juicio. No interesa si se absuelve o se condena, lo que interesa es la palabra de la última instancia judicial, que en la provincia de Buenos Aires implica atravesar cuatro instancias. Cada una de esas instancias irá haciendo sus aportes argumentales a la culpabilidad o inocencia del acusado, aún por fuera de los cargos y descargos realizados por las partes. En este sentido, la causa seguida a Carlos Carrascosa por la muerte de María Marta García Belsunce con sus idas y vueltas a lo largo de más de diez años, es paradigmática.
Por el contrario, el modelo de juicio por jurados es radicalmente distinto. Partiendo de la base que los jurados se limitan a decir "sí o no" a la acusación, y que la revisión consiste en determinar si la construcción de esa decisión ha sido correctamente adoptada, fuera de toda duda razonable. En este modelo, "el juicio" es uno solo: el juicio por jurados.
En el modelo de justicia profesional, podemos encontrar uno, dos, tres y hasta cuatro juicios con suertes diversas, provocados incluso contra recursos bilaterales de la parte acusadora contra absoluciones (en contra de normas convencionales). En ese sistema, la prisión preventiva es un dilema dramático y sin solución. El modelo de justicia letrada que heredamos de Europa continental carece de un final previsible en el tiempo, y de ese modo impide y convierte en ficción al derecho humano básico de las personas acusadas, de las víctimas, y de la sociedad a obtener una definición del conflicto penal en un plazo certero, razonable y conocido de antemano. En un proceso que se eterniza en marañas burocráticas -porque para eso fue diseñada la organización judicial de la Inquisición- se comprende que la presunción de inocencia se extienda hasta ese incierto final, a la espera de que la decisión judicial adquiere una firmeza que parece no concretarse jamás.
El juicio diseñado por nuestra Constitución, en cambio, ubica el final del pleito en un momento muy preciso: el veredicto del jurado al final de un debate público.
El valor epistémico del juicio por jurados propone cuestionamientos a nuestra cultura jurídica, cuestionamientos que tendremos que ir decantando con el correr del tiempo, sin despreciar las tradiciones del mundo anglosajón, donde el juicio por jurados se encuentra profundamente arraigado y se encuentran resueltas muchas de las cuestiones que hoy nos planteamos.
En este sentido, aunque sea exótico para nuestra cultura jurídica, es moneda corriente en los países juradistas que el veredicto condenatorio cancele la presunción de inocencia con la que la persona acusada llega a juicio. Cancelación que, por supuesto, no implica menoscabar el derecho a la revisión de ese veredicto o al doble conforme. Confieso que me cuesta aceptar esa idea, quizá por mi entrenamiento y formación judicial verticalista y de numerosas instancias. Pero el juicio por jurados, con su imponente número de jueces y juezas (doce) y la exigencia de unanimidad o de altísimas mayorías para sus veredictos, nos ha colocado frente a nuevas realidades que nos exigen cuestionar ciertos conceptos.
Con la misma lógica, aunque en sentido contrario, se entiende por qué el veredicto de no culpabilidad del jurado cancela también definitivamente y de modo inmediato la persecución penal y cualquier restricción a la libertad de la persona acusada. Contra la absolución del jurado no hay recurso alguno posible y ella obtiene fuerza material de cosa juzgada.
Por esos argumentos es que corresponde rechazar la solicitud de arresto domiciliario pedido por la defensa (artículo 371, última parte, del CPP).
3. Sobre la asistencia al grupo familiar. Al margen del rechazo a esa solicitad, no me resultan ajenas las dificultades económicas que va a enfrentar la familia M. como consecuencia de la detención del principal sostén económico del grupo familiar. Si bien la víctima directa del hecho es A. M., el grupo familiar en su conjunto va a sufrir las consecuencias indirectas del delito y directas de la pena. Es por eso que corresponde requerir al Ministerio Público Fiscal que a través del Centro de Asistencia a las Víctimas adopte de modo urgente las medidas necesarias para dar soporte y contención material y humana a la señora R. L. y sus hijas e hijos, a través de los organismos estatales correspondientes.
Estas medidas deben ser adoptadas en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece entre otras cosas que dorresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo, y que es también obligación del estado garantizar el desarrollo y supervivencia de las niñas y niños, incluso brindando la asistencia necesaria a madres y padres en el desempeño de sus funciones. Particularmente el artículo 27 de la Convención es claro en cuanto a que es obligación del Estado adoptar medidas apropiadas para garantizar un nivel de vida adecuado para su desarrollo a niñas y niños, incluso si es necesario mediante el pago de la pensión alimenticia (artículos 3, 6, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Así lo voto, por ser mi lógica, sincera y razonada convicción (artículos 373 y 375.2 del C.P.P.).
Necochea, 1 de julio de 2019.
I. CONDENAR a M. J. M., DNI ..., argentino, casado, domiciliado en ... ... de Necochea, hijo de R. M. y A. B., nacido en San Antonio de Areco el 21 de agosto de 1978, a la pena de nueve años de prisión, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vínculo, hecho ocurrido entre marzo de 2013 y junio de 2016 en Necochea y del que resultara víctima su hija, A. M. (artículos 29.3, 40, 41, 45 y 119 del Código Penal y artículos 106, 371, 371bis, 373, 375, 375 bis, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal).
II. RECHAZAR la solicitud de arresto domiciliario pedida por la defensa (artículo 317, última parte, del CPP).
III. REQUERIR al Ministerio Público Fiscal que a través del Centro de Asistencia a las Víctimas adopte de modo urgente las medidas necesarias para dar sostén y apoyo material y humano a la señora R. L. y su grupo familiar (artículos 3, 6, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE a las partes y a la víctima. Oportunamente practíquese computo de pena, comunicaciones de ley y dese intervención al juez de ejecución que corresponda (artículos 25 y 500 del C.P.P.).
FIRMADO: Mario Alberto Juliano. Juez Penal
I., R. I. s/ abuso sexual - Sup. Trib. Just. Corrientes - 11/05/2015
Cita digital:IUSJU039749E