Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S23-05.html
Timestamp: 2018-02-23 00:59:02
Document Index: 5417938

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 304']

Narciso Barrios y otros v. Venezuela, Caso 204/04, Informe No. 23/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
PETICIÓN 204/04
3. En el transcurso del trámite de la petición, la Comisión tomó conocimiento del fallecimiento de dos miembros más de la familia Barrios: Luis Barrios fallecido por impactos de bala el 20 de septiembre de 2004 y el menor de 15 años de edad, Rigoberto Barrios muerto a causa de una hemorragia estomacal producto de haber recibido ocho (8) impactos de bala el 9 de enero de 2005. Cabe mencionar que Luis Barrios junto con otros miembros de la familia Barrios habían sido objeto de una solicitud de medida cautelar por parte de la CIDH del 22 de junio de 2004. En virtud de tomar conocimiento de la muerte de Luis Barrios y dada la continuidad en los actos de amedrentamiento y agresiones sufridos por varios miembros de la familia Barrios, el 23 de septiembre de 2004 la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte Interamericana” o “Corte”) que otorgara Medidas Provisionales en favor de varios miembros de la familia Barrios. Entre las personas protegidas por las medidas dictadas por la Corte se encontraba el menor Rigoberto Barrios.
4. A la fecha del presente informe, el Estado no había presentado observaciones referentes a la admisibilidad de esta petición.
6. El 16 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por Luis Aguilera, Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua en representación de Narciso Barrios, Eloisa Barrios, Elvira Barrios, Luis Barrios, Oneida Barrios y Justina Barrios contra el Estado venezolano. La Comisión radicó la petición bajo el número P-204/04. El 13 de mayo la Comisión recibió información adicional del peticionario que daba cuenta de la detención, tortura y maltrato físico del menor Oscar José Díaz Barrios. El 3 de junio la Comisión recibió del peticionario una actualización del proceso de investigaciones relacionado con la muerte de Narciso Barrios. El 9 de agosto de 2004 la Comisión recibió información adicional del peticionario.
7. El 19 de agosto de 2004 la CIDH transmitió las partes pertinentes de dicha petición al Estado de conformidad con el artículo 30(2) del Reglamento de la CIDH con un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones.
8. El 14 de octubre de 2004 la CIDH recibió información adicional del peticionario alegando retardo procesal en las investigaciones sobre la muerte de Narciso Barrios a la vez de argüir la existencia de problemas en la investigación llevada a cabo en el caso del asesinato del señor Luis Barrios. Esta comunicación fue trasladada al Estado el 18 de noviembre de 2004. A la fecha del presente informe la Comisión no había recibido respuesta alguna por parte del Estado con relación a la petición.
11. Por su parte, el mismo 18 de mayo, el peticionario informó a la Comisión que un funcionario de la Guardia Nacional llegó al domicilio de la señora Eloisa Barrios en las horas de la mañana manifestando que era el funcionario comisionado para ejecutar la medida de protección acordada por el Tribunal de Control. El funcionario indicó que pasaría una vez por día, a la vez de informarle a la señora Barrios que no podría darle protección cuando no tuviera permiso, estuviera lloviendo, o el vehículo tipo motocicleta no se encontrara en condiciones mecánicas para salir. Además, habría sido instruido a dar protección solamente a la señora Eloisa Barrios, pero no al resto de su familia.
12. El 22 de junio de 2004 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Eloisa Barrios y sus familiares a la vez de solicitar que se llevara una exhaustiva investigación de los actos de intimidación y amenazas recibidas por los beneficiarios de las medidas.
b) el 18 de septiembre de 2004, una comisión de la policía estatal adscripta al comando de Guanayen llegó a la vivienda de Oscar y Luis Barrios y les manifestó que no se sorprendieran cuando los visitaran unos encapuchados;
c) el 20 de septiembre de 2004 fue asesinado Luis Barrios en el patio de su casa en la población de Guanayen.[6]
14. El 20 de septiembre de 2004 la Comisión fue informada que el señor Luis Barrios, impulsor de las investigaciones referentes a la muerte de Narciso Barrios, y beneficiario de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión, habría sido ejecutado extrajudicialmente en el patio de su casa, ubicada en la población de Guanayen, por dos hombres encapuchados que le habrían disparado en cuatro oportunidades causándole la muerte instantánea. En virtud de dicha información y dado que las medidas cautelares de la CIDH habían sido ineficaces para prevenir el asesinato del señor Luis Barrios, y por la continuidad de los hechos intimidatorios sufridos por diversos miembros de su familia, el 23 de septiembre de 2004 la CIDH sometió a la Corte una solicitud de medidas provisionales a favor de Eloisa Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solorzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios, Carolina García y Juan Barrios. Al someter la solicitud de medidas provisionales a la Corte, la Comisión resaltó que los beneficiarios son familiares del señor Narciso Barrios, que habrían sido testigos oculares o familiares que han incentivado la investigación de su muerte.
16. El 23 de noviembre de 2004 la Corte Interamericana ratificó en todos sus términos la resolución de su Presidente del 24 de septiembre de 2004.
17. El 13 de enero de 2005 la Comisión remitió información adicional y urgente a la Corte informando que el 9 de los mismos mes y año, el menor Rigoberto Barrios, beneficiario de las medidas de protección ordenadas por la Corte, había recibido ocho disparos de bala y que se encontraba en estado crítico en el Hospital Central de Maracay. El 26 de enero de 2005 la Comisión informó a la Corte haber tomado conocimiento de que el 19 de enero del mismo año, el joven Rigoberto Barrios había fallecido en el Hospital antes mencionado.
22. El peticionario aduce que el hecho de que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas haya enviado el expediente a la Fiscalía sin concluir las investigaciones demuestra retraso y negligencia. Juntamente, a lo anterior, el peticionario indica haber interpuesto el 1º de marzo de 2004 denuncia por la muerte de Narciso Barrios ante la Fiscal Superior del Ministerio Público, sin haber obtenido respuesta. El 28 de julio presentó denuncia ante el Fiscal Superior denunciando retardo procesal. Indica que el 29 de julio de 2004 presentó denuncia ante la Fiscalía Superior antes nombrada haciendo conocimiento de la Fiscal de todas las irregularidades encontradas en el expediente.
27. La Comisión no ha recibido respuesta del Estado con respecto a la admisibilidad de la petición a pesar de haber sido debidamente notificado.
30. La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado también que “el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial".[14] La Comisión recuerda por lo tanto a Venezuela que tiene la obligación de cooperar con los órganos del Sistema Interamericano de derechos humanos, a los efectos del óptimo cumplimiento de sus funciones, tendientes a la protección de los derechos humanos.
31. El peticionario posee locus standi para presentar peticiones conforme al artículo 44 de la Convención. En la petición se identifica como presuntas víctimas a personas individuales, cuyos derechos, en el marco de la Convención, se ha obligado a respetar y garantizar la República Bolivariana de Venezuela. En lo que respecta al Estado, Venezuela es un Estado parte de la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977. El peticionario denuncia actos u omisiones directamente imputables al Estado. La Comisión considera, por lo tanto, que posee competencia ratione personae.
32. La Comisión posee competencia ratione materiae, ya que en la petición se alegan violaciones del Estado a los derechos humanos de las presuntas victimas, protegidos por la Convención Americana.
33. La Comisión posee competencia ratione temporis, ya que los hechos alegados en la petición se produjeron en un momento en que la obligación de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención estaba en vigor para el Estado.
34. La Comisión posee competencia ratione loci para entender en la petición por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos garantizados por la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.
35. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado.
37. La Comisión y la Corte han insistido repetidamente en su carácter de órganos "coadyuvante[s] y complementari[os]"[[15]] dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,[[16]] condición que se refleja en el artículo 46(1)(a) de la Convención, que permite a los Estados partes decidir casos dentro de su propio marco jurídico, antes de que sea necesario recurrir a un procedimiento internacional.
38. El artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que cuando un peticionario alega que no le es posible agotar los recursos internos, se transfiere al Gobierno la carga de probar que determinados recursos internos siguen representando un correctivo eficaz frente al perjuicio alegado. No obstante, el Estado puede renunciar expresa o tácitamente a su derecho de plantear la cuestión del agotamiento de los recursos internos. Específicamente si no responde a la petición dentro del plazo pertinente, planteando en esa oportunidad sus argumentos referentes al agotamiento de los recursos internos, ello constituye una renuncia tácita a invocar el argumento del no agotamiento de dichos recursos.[17] En el caso de autos, la petición fue transmitida al Estado el 19 de agosto de 2004, concediéndose al Estado un plazo de dos meses para responder. A la fecha del presente informe el Estado no había formulado observación alguna, por lo cual ha renunciado tácitamente a su derecho de alegar la falta de agotamiento de los recursos internos.
39. En la petición que se considera, la CIDH ha concluido que el Estado de Venezuela renunció tácitamente a su derecho de oponer la objeción de falta de agotamiento de recursos internos, por lo cual no es aplicable el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. No obstante, las disposiciones de la Convención que requieren el previo agotamiento de los recursos internos y la presentación de la petición dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia definitiva dictada en el ámbito de la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto la Comisión Interamericana debe determinar si la petición de que se trata fue presentada dentro de un período razonable. A ese respecto la CIDH observa que la petición original fue recibida el 15 de marzo de 2004. Los incidentes que se denuncian en la petición tuvieron su inicio en diciembre de 2003. La CIDH considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable.
40. De las manifestaciones del peticionario no se desprende que la petición esté pendiente ante ningún otro procedimiento o foro internacional o que sea sustancialmente igual a alguna otra anteriormente estudiada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo tanto la Comisión considera que en el caso de autos se han cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
42. El peticionario ha formulado alegaciones que, si se comprobaren como ciertas, podrían configurar violaciones al derecho a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25), en concordancia con la obligación general prevista en el artículo 1(1) del citado, y que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes". Adicionalmente, de conformidad con el principio general de la legislación internacional iura novit curia, los organismos internacionales tienen el poder, e incluso el deber, de aplicar todas las disposiciones jurídicas pertinentes, incluso aunque no hayan sido invocadas por las partes.[18] A la luz de este principio, la CIDH considera que de los hechos alegados por el peticionario podrían caracterizarse violaciones al artículo 21 (derecho a la propiedad privada) de la Convención Americana. Por lo tanto, sin prejuzgar sobre los méritos del caso, la Comisión considera que se han cumplido los requisitos de los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana.
44. En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
[2] Comunicación del Estado a la CIDH 18 de mayo de 2004.
[9] Los testigos promovidos se identifican como: Wilfredo Antonio Cerezo Rangel, Yelitza Lugo Pelaeez, Jorge Barrios, Pablo Solorzano, Elvira Barrios, Yarelis Caldero Colorado, Inés Josefina Barrios, Orismar Carolina Alzul García, Caudy Barrios.
[10] El artículo 304. del Código Orgánico Procesal Penal establece que: “El querellante podrá solicitar al fiscal las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.208 Extraordinario de 23 de enero de 1998.
Duración. El Ministerio Público procurará dar término al procedimiento preparatorio con la diligencia que el caso requiera.
Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al juez de control la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación.
Vencido el plazo fijado, el Ministerio Público deberá, dentro de los treinta días siguientes, presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento.
[12] Véase, por ejemplo, CIDH Nº 129/01, Caso 12.389, Admisibilidad, Jean Michel Richardson, Haití, 3 de diciembre de 2001, párrafo 11.
[13] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), Serie C, Nº 4, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 135-36.
[14] Idem, párrafo 138; y CIDH, Informe Nº 28/96, Caso 11.297, Guatemala, 16 de octubre de 1996, párrafo 45.
[18] Comisión IDH, Informe Nº 38/96, Caso 10.506 – Argentina, 15 de octubre de 1996.