Source: http://www.scribd.com/doc/44008439/1091-BUCR-10-ley-suspension-180-dias-ejecuciones-hipotecarias-vivienda-unica
Timestamp: 2013-12-12 06:37:59
Document Index: 393092761

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 79', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

1091-BUCR-10. ley suspension 180 dias ejecuciones hipotecarias vivienda unica
P. 11091-BUCR-10. ley suspension 180 dias ejecuciones hipotecarias vivienda unica1091-BUCR-10. ley suspension 180 dias ejecuciones hipotecarias vivienda unicaRatings: 0|Views: 567|Likes: 0Published by Evaristo RuizArtículo 1.-	SUSPÉNDASE por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, los términos procesales de todos los juicios que tengan por tengan por objeto la ejecución de una hipoteca que no haya sido admitida hasta la fecha en el “Sistema de Refinanciación Hipotecaria” creado por Ley Nacional 25.798 y sus modificatorias.Artículo 1.-	SUSPÉNDASE por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, los términos procesales de todos los juicios que tengan por tengan por objeto la ejecución de una hipoteca que no haya sido admitida hasta la fecha en el “Sistema de Refinanciación Hipotecaria” creado por Ley Nacional 25.798 y sus modificatorias.More info:Categories:Government & PoliticsPublished by: Evaristo Ruiz on Nov 25, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, DOC, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/44008439/1091-BUCR-10-ley-suspension-180-dias-ejecuciones-hipotecarias-vivienda-unica11/25/2010pdftextoriginal EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA RUZSANCIONA CON FUERZA DEL E Y
Artículo 1.-SUSPÉNDASE
por el término de ciento ochenta (180) días hábiles,los términos procesales de todos los juicios que tengan por tengan por objeto laejecución de una hipoteca que no haya sido admitida hasta la fecha en el “Sistemade Refinanciación Hipotecaria” creado por Ley Nacional 25.798 y susmodificatorias.
Quedan comprendidas en la presente Ley, las viviendas hipotecadasque cumplan con las siguientes condiciones:
Que la vivienda tenga las características de única, familiar y de ocupaciónpermanente.
Que el importe del origen del crédito hipotecario no exceda la suma depesos cien mil ($ 100.000).-
Que la vivienda sea habitada por el deudor, lo que deberá justificarmediante Declaración Jurada.
Artículo 3.- DISPÓNESE
que la falsedad en la Declaración Jurada, referida en elartículo 2 inc. c), comportará la pérdida de los beneficios establecidos en lapresente norma.
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOSMESA DE ENTRADAS Y SALIDASENTRO: 24/11/2010HORA: 19:35PROY Nº: 1091
Firma el Señor Diputado: Jorge Fernando CRUZ.-F U N D A M E N T O SSeñor Presidente:
Por la presente iniciativa, venimos a proponer lasuspensión por ley, durante el plazo de 180 días hábiles, de los juicios deejecución hipotecaria en trámite ante los tribunales ordinarios de Santa Cruz,cuando se trate de vivienda familiar única y permanente y el monto de la garantíano supere los $ 100.000, cuando dichas deudas no hubieran sido admitidas en el“sistema de refinanciación hipotecaria” establecido por la ley nacional n° 25.798.La presente, reconoce como antecedentes normativos alas leyes n° 3.008, n° 2.954, n° 2.773, n° 2.724 y n° 2.666, esta última de adhesióna la ley nacional n° 25.798.Considerando que el derecho a la vivienda digna estáconsagrado por el Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, así como en losdistintos tratados de derechos humanos que forman parte de ella en virtud de suArt. 75 Inc. 22. En este sentido, el Art. 25 de la Declaración Universal estableceque "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asícomo a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tieneasimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".El Art. 11° del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (PIDESC- 16 diciembre 1966), refiere que
"losEstados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a unnivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad deeste derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de lacooperación internacional fundada en el libre consentimiento".
En igual sentido, el Art. 27° de la Convención sobre losDerechos del Niño establece que "
los Estados Partes reconocen el derecho detodo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,moral y social (...). Los Estados Partes, de acuerdo con las condicionesnacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas paraayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y lavivienda".
En este sentido, la consagración de la vivienda como underecho se inscribe en un escenario internacional (el del derecho internacional delos derechos humanos) que despoja a la vivienda de su calidad de simpledemanda moral supeditada a la buena y filantrópica voluntad de los poderespúblicos, para consagrarla, desde la lógica del derecho, como un mandatovinculante que genera obligaciones jurídicas para los Estados. Es decir, el derechoa la vivienda no surge de bases morales o de simples interpretaciones teóricas;por el contrario, cuenta con un universo importante de normas jurídicas, tanto dederecho internacional como del derecho local, que establecen qué debeentenderse por vivienda y cuáles son las obligaciones de los poderes políticos, enel marco de una gestión responsable. De esta forma, se tornan explícitas lasobligaciones del Estado en materia de política habitacional, así como cobranclaridad los extremos que definen el déficit habitacional desde una perspectiva querescata a la vivienda como un derecho.Estas previsiones contenidas en nuestra Carta Magnapone sin dudas en cabeza del Estado la responsabilidad de salvaguardar losderechos de la familia entendida como sujeto de protección. Entendemos ademásque el diseño de políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, el mandatoconstitucional implica la presencia eficaz del Estado para garantizar que a lo largode la vida familiar el derecho se mantenga vigente.En lo que atañe a la especial y delicada situación dedeudores por créditos contraídos para la adquisición, mejora, construcción y/oampliación de vivienda, o la cancelación de mutuos constituidos originalmentepara cualquiera de los destinos antes mencionados, independientemente de lamoneda de curso legal al momento en que se contrajo la misma, y que al día de lafecha han sido ejecutados judicialmente y en los que la garantía de cumplimientode una eventual sentencia favorable a la pretensión del acreedor, lo constituye suúnica vivienda, la protección constitucional implica invariablemente la adopción demedidas por parte del Estado que permitan arribar a una solución equitativa paraaquellos que tienen la intención de pagar su deuda y aquellos que legítimamentepretenden cobrar sus créditos.El Estado debe asumir la obligación que le compete enmérito a que a más de la previsión constitucional, resulta responsable de la crisiseconómica que azotó a nuestro país a partir del año 2.001, y que continúa hasta lafecha de acuerdo a las disposiciones que emanan de la Ley N° 26.456 (publicadaen el B.O. 16/12/08 y que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009, la vigenciade la Ley 26.204, prorrogada por su similar 26.339 que prorroga la Ley Nº 25.561 -Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario).En consideración del espectro amplio de casosdiferenciados de deudores hipotecarios, el Estado no ha asumido su cuotaparte degarante de los derechos que emanan de nuestra Constitución nacional, para elcaso de los adjudicatarios de mutuos hipotecarios sea en época previa sanción dela Ley 23.928 por un lado -refiriéndonos específicamente a los tomadores decrédito con el Ex - Banco Hipotecario Nacional- o previa sanción de la Ley 25.561,dentro del espectro de la Banca Privada que hayan o no entrado al Sistema deRefinanciación establecido por la Ley 25.798.
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