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Timestamp: 2016-10-20 19:52:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 58', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 43', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 23', 'Artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 9', 'artículo 105', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

⭐1.6.- Indulto. Naturaleza jurídica, y extensión, contenido y alcance de su revisión jurisdiccional.
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Belén Cabrera Rico
1 SALA TERCERA 742 INDICE SISTEMÁTICO I.- ADMINISTRATIVO 1.- ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho y declaración de lesividad de actos anulables. Objeto: actos que hayan puesto fin a la vía administrativa. En caso de actos de trámite pueden dejarse sin efectos, ordenando la retroacción de actuaciones, por aplicación de las normas que obligan a la correcta tramitación del procedimiento por la administración. Minas. Admisión definitiva de la solicitud de permiso de investigación Diferente régimen jurídico de la Revisión de Oficio y la Revocación. Determinación objetiva de la naturaleza de los actos administrativos como favorables o desfavorables. La revocación de actos previos de gravamen no es contraria ni al artículo 9.3 CE ni al 57.3 de la Ley 30/1992. Expropiación forzosa. Desistimiento por parte de la Administración Caducidad del procedimiento administrativo. Personal militar. Baja como Guardia Alumno en el Centro Docente de Formación de la Guardia Civil. Ausencia de carácter sancionador, siendo innecesario tramitar un procedimiento administrativo. Que, de tramitarse, el plazo es el establecido en la Ley 30/ Fecha de producción de efectos del acto: la del acto, no la de la publicación en el boletín oficial. Caducidad del procedimiento administrativo. Separación de servicio de un funcionario por falta muy grave de incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Renuncia del funcionario con antelación a la iniciación de la incoación del expediente. Cese por renuncia Diferenciación entre acto y disposición administrativa. Convocatoria para la selección de municipios candidatos y designación del elegido a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad. Acto administrativo. Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con el medio ambiente Indulto. Naturaleza jurídica, y extensión, contenido y alcance de su revisión jurisdiccional. 1.7 Acuerdo de nombramiento de presidentes y vocales del Consejo de Seguridad Nuclear. Naturaleza jurídica: no es un acto parlamentario, 753 en tanto en cuanto el Congreso de los Diputados no ejercite su facultad de veto Plazo de caducidad del procedimiento. Interpretación del artículo 58.4 de la Ley 30/1992. Rectificación de un único inciso de la doctrina legal declarada en la STS de 17 de noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 128/ ADMINISTRACIONES PUBLICAS Defensa y Fuerzas Armadas. Declaración de zona de interés para la Defensa. Competencias locales y autonómicas sobre el mismo espacio. Prevalencia del título competencial estatal Encomienda de gestión. Interpretación del artículo 15 de la Ley 30/1992. Posibilidad de que el órgano gestor dicte resoluciones jurídicas interlocutorias o de mero trámite. 3.- BIENES PUBLICOS Competencias autonómicas y estatales en materia de protección, defensa y conservación del dominio público portuario. Competencia de las Autoridades portuarias Actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas. Adecuada interpretación de la norma que exige aclarar qué se entiende por actuaciones. La expresión zonas urbanas se refiere al espacio materialmente urbano de un pueblo o ciudad y sus aledaños. La limpieza del cauce de los ríos a su paso por zonas urbanas no es competencia del organismo de cuenca, sino a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo Concesiones de dominio público hidráulico. Plazo máximo de duración de la concesión. El plazo máximo, incluidas las prórrogas, no puede superar setenta y cinco años. Las normas sectoriales pueden fijar un plazo máximo de duración de la concesión distinto del fijado en la Ley 33/2003, siempre con una condición: que no exceda de 75 años Deslinde de términos municipales. Inaplicación del artículo 19 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Nueva fijación del deslinde porque el terreno que se deslinda ha variado: ha aumentado su extensión como consecuencia de haberse ganado terreno al mar en la desembocadura del río. 764 3.5.- Aprobación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Resolución de cuestiones vinculadas a la propiedad. Límites de la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con la jurisdicción civil. Fijación de la propiedad de los terrenos y localización de vía pecuaria afectados por la delimitación del Catálogo. Prejudicialidad general. Suspensión del procedimiento Planificación hidrográfica. Plan Hidrológico de las cuencas intracomunitarias de Cataluña y Plan sectorial de caudales de mantenimiento. La habilitación del art. 12 del Plan Hidrológico de las cuencas intracomunitarias de Cataluña, en que se funda el Plan Sectorial de caudales de mantenimiento, no lesiona el contenido legal obligatorio de los planes hidrológicos que fija el artículo 42.1 del TR de la Ley de Aguas Valoración de los daños causados al dominio público hidráulico, tanto a efectos sancionadores como indemnizatorios. Evolución de la jurisprudencia y criterio que decide el Pleno de la Sala 4.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Necesidad de motivar en los pliegos la elección de la titulación académica Cometidos de las Mesas de Contratación. Discrecionalidad técnica y asesoramientos técnicos externos que tales Mesas pueden recabar La suspensión de una obra para realizar un modificado no implica automáticamente derecho a indemnización. 5.- CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO Tratamiento honorífico y protocolario de los altos cargos de los Colegios de Abogados. Inaplicabilidad a la corporación colegial del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, que aprobó el llamado Código de Buen Gobierno. 6.- REGULACION ECONÓMICA Y DERECHO DE LA COMPETENCIA SECTOR ENERGÉTICO Déficit de tarifa. La disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997 no vulnera el artículo 14 de la Constitución. La imposición de la obligación de financiar el déficit de tarifa a sociedades mencionadas en ese precepto está justificada. 775 Nulidad parcial de la Orden IET/843/2012, de 25-4, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial Nulidad parcial de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas Emplazamiento del almacén temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado MERCADOS FINANCIEROS Y SECTOR BANCARIO Imposición de sanciones a una entidad de crédito autorizada por la ley de Gibraltar, por incumplimiento de la obligación de suministrar la información requerida por el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales TELECOMUNICACIONES Oferta de acceso al bucle de abonado (OBA). Sanción al operador dominante por una infracción muy grave tipificada en el artículo 53.r) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber incumplido la resolución del Mercado de las Telecomunicaciones que le instaba la modificación de la OBA Determinación de los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal durante los ejercicios 2003, 2004 y DERECHO PUBLICO DE LA COMPETENCIA Concurrencia y coexistencia de una dualidad de regímenes jurídicos (gestión pública frente a gestión privada) sobre una misma actividad Actuaciones inspectoras de la Comisión Nacional de la Competencia. Impugnabilidad de las resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación. Derecho a ser informado de la acusación. Autorización judicial para la realización de inspección domiciliaria sin haber recabado previamente el consentimiento del interesado. 786 7.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS Derecho a la vida y a la protección de la salud. Reserva de Ley. Nulidad del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos Derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad (art CE). Establecimiento reglamentario de un límite de edad para acceder a los Cuerpos de Intendencia, Jurídico Militar y Militar de Intervención. 8.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Expropiación por ministerio de la ley. La publicación de las normas de los planes urbanísticos en los boletines oficiales responde a una finalidad de garantía de los administrados que resulten afectados por dichas normas, por lo que debe ser interpretada y aplicada desde dicha perspectiva Cotitularidad de la finca expropiada. Acreditada la condición de copropietario de los bienes y derechos expropiados, no cabe al mismo tiempo negar o desconocer su condición de expropiado, pues la de expropiado es una cualidad ob rem, determinada por la titularidad del bien o derecho afectado por la expropiación Vigencia de la Ponencia de Valores y revisión. La pérdida de vigencia de las ponencias catastrales ha de entenderse en un sentido formal, no material. La normativa catastral contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2004 permite que transcurridos cinco años de vigencia de tales ponencias puede iniciarse, bien de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, una nueva revisión general de los valores en ellas contenidas, sin perjuicio de que las Ponencias están vigentes durante un periodo de diez años Vía de hecho. No existe cuando no se trata de un problema de un exceso de ocupación respecto a la superficie consignada en el acta de ocupación, ni de una actuación administrativa al margen de cualquier tipo de procedimiento, sino ante una discrepancia jurídica sobre los recursos mineros que deberían ser indemnizados Método de valoración. Imposibilidad por parte de la Sala de instancia de acoger un método de valoración distinto del propugnado por todas las partes. 797 8.6.- Retasación. La fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa se produce cuando el acuerdo del Jurado deviene firme, por no haberse recurrido en vía administrativa, o porque una vez recurrido se resuelve el recurso de reposición en el plazo de un mes señalado por el artículo de la Ley 30/1992, o transcurre dicho plazo legal sin resolución expresa Cambio de clasificación urbanística e inaplicabilidad de la Ponencia de Valores Catastrales por modificación de las condiciones urbanísticas derivadas de la aprobación del Plan Parcial. Los valores en polígono son valores de referencia y representan las circunstancias medias del polígono o la valoración correspondiente a la parcela tipo definida en función del planeamiento urbanístico. Carencia de incidencia negativa por el cambio de la clasificación urbanística respecto del valor de la Ponencia aplicado En el ejercicio de una determinada pretensión materializada en una cantidad dineraria total, integrada por diversos elementos, el contenido del principio de "reformatio in peius" ha de ir referido, no a cada uno de los elementos del "quantum" global, sino al total de éste. El valor de repercusión no constituye un concepto indemnizable en sí mismo La Administración no es ajena al procedimiento expropiatorio por el hecho de existir un beneficiario de la expropiación, por lo que no puede desentenderse del cumplimiento del pago del justiprecio 9.- EXTRANJERÍA Y ASILO EXTRANJERÍA Carácter preceptivo de la asistencia del representante del solicitante menor de edad en la entrevista personal celebrada con aquél por parte de la autoridad diplomática o consular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.3 del RD 2393/ Autorización inicial de residencia temporal no lucrativa. Los requisitos que establece el artículo 46 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, entre los que se encuentra que el extranjero solicitante cuente "con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional" (letra d) han de entenderse referidos al período máximo de un año que el propio Reglamento impone a las autorizaciones iniciales de residencia temporal no lucrativa (artículo 49.2 del citado Real Decreto). El inciso "tiempo en que se desee residir en España" ha de entenderse, pues, limitado en todo caso por el plazo máximo que el propio Reglamento impone a las autorizaciones iniciales de 808 residencia, esto es, el ya citado de un año. Habrá de ser al interesar la renovación de una autorización de residencia temporal no lucrativa cuando los solicitantes demuestren que cuentan con "medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que corresponda la renovación" (artículo 51 del mismo Reglamento) El tipo de visado efectivamente solicitado viene determinado por lo manifestado en el formulario de la solicitud de visado y no por la intención recogida en un acta de manifestaciones que acompañe a dicha solicitud ASILO Protección subsidiaria. La condición de seropositivo no se configura como causa automática o cuasiautomática de otorgamiento de la protección subsidiaria a cargo del Estado de acogida cuando el de origen no presta a todos sus nacionales la atención sanitaria que aquél sí podría dispensarles. Sólo en supuestos extraordinarios la devolución a su país de una persona con aquella enfermedad podría reputarse como un "trato inhumano" susceptible de justificar la protección subsidiaria. Acogimiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Acogimiento de lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2013 (asunto C- 199/12) en la que se lleva a cabo una determinada interpretación de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004: la existencia en el país de origen de una legislación penal que tiene como destinatarios específicos a las personas homosexuales y castiga con penas privativas de libertad los actos homosexuales considerados delictivos determina que aquéllas puedan ser consideradas un "grupo social" a los efectos de la Directiva 2004/83. Si, además, el correlativo precepto tipificador del Código Penal se aplica efectivamente en aquel país puede hablarse de un "acto de persecución" desde la perspectiva de la misma Directiva, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las autoridades nacionales ante estas solicitudes tienen la obligación de determinar tanto si en el país de origen de la persona que solicita asilo se aplica en la práctica la pena privativa de libertad prevista por una legislación de ese tipo como si, a partir de la premisa anterior, efectivamente, la persona que solicita asilo tiene fundados temores a ser perseguida al regresar a su país de origen Reconocimiento del derecho de la recurrente a permanecer en España por razones humanitarias, tomando en consideración las circunstancias personales de la recurrente, no vinculadas a la causa 819 de asilo invocada. Examen de la evolución legal de las razones humanitarias como causa de permanencia en España, ya recogido en una anterior STS de 24 de febrero de 2012, dictada en el recurso de casación nº 2476/ La línea jurisprudencial que se ha pronunciado en términos restrictivos sobre las posibilidades de denegar las solicitudes de protección internacional de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 21 de la Ley 12/2009, aunque se ha referido de modo especial a solicitudes de protección denegadas sobre la base de la letra b) del artículo 21.2 de la Ley 12/2009, es igualmente aplicable a los supuestos previstos en la letra a), que a su vez remiten a la correlativas letras c), d) y f) del apartado primero del artículo Revocación del estatuto de refugiado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1.c) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (que la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España). Conformidad de dicho precepto con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 4, de la Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 y con la normativa internacional en materia de asilo, concretamente, con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de FUNCIÓN PÚBLICA Aspirante que ya ostenta la condición de personal estatutario en misma categoría y especialidad aunque en otro Servicio de Salud. Imposibilidad de participar en el proceso. El acceso a la condición de funcionario es único La simple puntuación no vale como motivación cuando se impugna la calificación Concurso-oposición como sistema de selección. El principio de igualdad impone que el turno libre y el de promoción interna operen con la misma autonomía y los mismos criterios de valoración en lo que tengan en común Revisión de la jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo. No es posible distinguir su naturaleza según sea a efectos materiales o sustantivos. Caracterización unívoca a todos los efectos como acto-condición Maternidad inminente en coincidencia con la fecha señalada para realizar el ejercicio de la fase de oposición. Interpretación de las 8210 bases favorable a la igualdad y a la no discriminación por razón de la maternidad Reserva de plazas para personas discapacitadas en las pruebas de acceso. La diferencia de trato que supone esa reserva no permite aplicar distintos criterios de calificación en orden a constatar los principios constitucionales de mérito y capacidad. 11. PODER JUDICIAL. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Reglamento de la Carrera Judicial. Impugnación de diversos preceptos. Estimación parcial del recurso contencioso-administrativo. La Sala en Pleno aprecia el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial Ingreso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez. Interpretación de la base I.16 de la convocatoria que autoriza a elevar la nota de algunos opositores y determinación del alcance del cómputo final de la nota obtenida tras la fase en la Escuela Judicial Régimen de vacaciones impuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Jueces y Magistrados titulares de órganos unipersonales PROPIEDAD INDUSTRIAL, PATENTES Y MARCAS La solicitud de restablecimiento de derechos ex artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas «sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado», sin que pueda realizarse una interpretación extensiva de esta disposición fundada en el principio de equidad, que promueva la ampliación del plazo establecido para el restablecimiento del derecho en caso de impago de la anualidad vencido el plazo, que vulneraría el principio de seguridad jurídica La concurrencia de una prohibición absoluta en una marca vigente y registrada ha de hacerse valer mediante los recursos procedentes contra el acto de registro de esa marca o el ejercicio de la acción de nulidad, pero no es admisible la articulación de este derecho como simple excepción a la oposición que puede formular el titular de la marca supuestamente nula a un nuevo registro que considera incompatible. 8311 Aplicabilidad mutatis mutandis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando el Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, a la concesión de certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios, de la que se desprende que no procede la denegación de la concesión de un certificado complementario de protección al titular de una patente de base relativa a un principio activo o una composición de principios activos innovadores porque en la versión comercial ese principio o principios coexistan con otros principios activos o composiciones que persiguiesen otros objetivos Las facultades de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la hora de proceder a una inscripción registral de la cesión de derechos sobre una marca no se limitan al ejercicio de un control puramente formal. La Oficina, para proceder a la inscripción, debe asegurarse que los actos inscritos responden a la realidad material de los hechos -sin perjuicio de una eventual revisión jurisdiccional de su decisión-. La controversia respecto a la titularidad y capacidad de disposición sobre la marca en cuestión debe dilucidarse en la jurisdicción civil antes de obtener una inscripción registral con efectos frente a terceros Diseño industrial. Examen de los conceptos de impresión general y usuario informado recogidos en el artículo 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infringir el Derecho de la Unión Europea. IVA. Cómputo del plazo de prescripción del artículo de la Ley 30/1992. Criterio que debe aplicarse para decidir si el medio de reacción elegido por el interesado es un medio hábil para interrumpir la prescripción Responsabilidad patrimonial del Estado legislador: pérdida económica. Modificación legislativa: supresión por la Ley 42/2010 de la posibilidad de habilitar zonas de fumadores en establecimientos abiertos al público que permitía la Ley 28/ Responsabilidad patrimonial del Estado: funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Extemporaneidad de la reclamación. Daños continuados o permanentes: secuelas psicológicas o daño morales SERVICIOS PUBLICOS 8412 14.1.-Servicio postal. Evolución normativa del servicio de correos. Exención de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en el impuesto sobre bienes inmuebles. Ámbito de la exención TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Denegación de prórroga del permiso de conducir por residencia en Andorra URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE Aprobación de planes de gestión de lugares de importancia comunitaria. Inexistencia de justificación de la intervención de la Administración autonómica sobre el mar territorial. Vulneración de la competencia exclusiva del Estado sobre puertos de interés general Designación de zona de especial protección para las aves y aprobación de propuesta de lugares de importancia comunitaria. Inexistente vulneración del derecho de participación de los ciudadanos dada la inexigibilidad legal de dicho trámite de acuerdo con la naturaleza de los instrumentos aprobados. Convenio de Aarhus Sometimiento del planeamiento a Evaluación Ambiental Estratégica. Efecto directo de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente Costas. Delimitación del dominio público. La exclusión por vía reglamentaria de "las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencia" no permite considerar comprendidos en la excepción todos los temporales que sean inusuales por su intensidad URBANISMO Articulación de la competencia estatal sobre el dominio público portuario y las potestades urbanísticas de ordenación de los espacios portuarios. Alcance de la intervención preceptiva de la Autoridad Portuaria con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Especial de desarrollo del sistema general portuario. 8513 Idoneidad de los planes generales de ordenación para erigirse en instrumentos de protección en el sentido requerido por la legislación sobre patrimonio histórico Grado de concreción exigible a la motivación contenida en la Memoria del instrumento de planeamiento. Ordenación prevista por el Plan General para un área que revista una caracterización especial Posibilidad de que un mismo Plan Parcial establezca la ordenación de dos sectores de suelo urbanizable delimitados en el planeamiento general El criterio de proximidad entre las fincas de aportación y las parcelas resultantes de reemplazo debe aplicarse también en las adscripciones de terrenos a sistemas generales. La aplicación de la técnica del aprovechamiento medio y los coeficientes correctores de usos no puede suplir la falta de justificación en los criterios de adscripción Deber de concreción del uso dotacional al que se destinarán terrenos calificados como sistema general de equipamiento de contingencia. II.- TRIBUTARIO 1.- Procedimientos tributarios. Declaración de fraude de ley. Impuesto sobre sociedades.- Actas de conformidad y de comprobado y conforme en relación con los periodos y Posterior declaración de fraude de ley de los contratos firmados en dichos periodos al comprobar los ejercicios 2000/01 y 2003/04. Aplicación de la doctrina de los actos propios. 2.- Impuesto sobre sociedades. Base imponible. Compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos. Interpretación del artículo 23.5 de la Ley 43/1995, en la redacción de la Ley 40/ Deducción por I+D. Análisis de la misma. Carácter extrafiscal de la medida. Doctrina del T.S.: inversión de la carga de la Prueba. Existiendo subvenciones públicas a los proyectos de I+ D se invierte la carga de la prueba, de manera que ha de ser la Administración y no el sujeto pasivo la que tiene que probar que no concurren los requisitos exigidos para gozar de aquella deducción. 4.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Calificación catastral de inmueble sito dentro del perímetro que delimita el suelo urbano pero clasificado como suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo. 8614 5.- Procedimiento administrativo. Notificaciones. Vía económicoadministrativa. Notificación practicada en el domicilio señalado por la interesada una vez fallecida. Notificación entregada al portero de la finca. Notificación defectuosa. Conocimiento por los herederos.- Interposición del recurso de alzada. III.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1.- Acuerdo autorizatorio del ejercicio de acciones. Artículo 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción. Doctrina jurisprudencial sobre la suficiencia o insuficiencia a tales efectos del otorgamiento del poder para litigar por el administrador único de la sociedad mercantil. 2.- Capacidad procesal de los grupos parlamentarios. 3.- Costas procesales. Sucesión procesal. Aceptación de la herencia a beneficio de inventario. 4.- Recurso de casación. Cuantía del litigio. Concesiones mineras. Cambio de doctrina jurisprudencial. 5.- Necesidad de promover el incidente de nulidad de actuaciones antes de interponer una demanda de error judicial. 8715 INTRODUCCIÓN Se recoge en esta crónica una selección de resoluciones dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a lo largo del año judicial , si bien debe precisarse que la labor de selección de resoluciones se ha cerrado a finales del mes de junio de 2014, por lo que las posteriores no han podido ser incluidas. La Sala Tercera ha mantenido en este año judicial un alto nivel de entrada de asuntos. El hecho cierto de que desde un punto de vista cuantitativo esa entrada ha descendido en los últimos dos años, por comparación con años anteriores (como consecuencia de las reformas procesales), no ha implicado, sin embargo, un aligeramiento de la carga de trabajo que pesa sobre la Sala, ante todo porque aun así dicha entrada sigue siendo muy elevada, y también porque se aprecia un llamativo incremento cualitativo de la densidad y dificultad de los litigios que ante ella se promueven, que obligan a manejar una normativa extensa y profusa, no sólo interna del Estado español sino también, y cada vez en mayor medida, del Ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Destaca, en este sentido, la significativa presencia de recursos relativos a materias técnicamente complejas como, a título de muestra, la regulación económica, el Derecho de la Competencia, los tributos y el Derecho Patrimonial, que a su elevada dificultad jurídica unen un no menos alto nivel de los intereses económicos en juego. Durante los cinco primeros meses del año 2014 se han registrado de entrada un total de asuntos, y se han resuelto por sentencia y por Auto Se trae a colación este dato para resaltar que la selección de resoluciones que se expone a continuación no puede, por las limitaciones de espacio que son inherentes a esta obra, aspirar a recoger de forma exhaustiva todas las resoluciones de la Sala dignas de ser resaltadas. Se ha procurado, más sencillamente, recoger algunas de las más relevantes, para ilustrar el muy extenso y variado ámbito de competencia de esta Sala, y la relevancia social y económica de los litigios que ante ella se promueven. 8816 I.- ADMINISTRATIVO 1.- ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho y declaración de lesividad de actos anulables. Objeto: actos que hayan puesto fin a la vía administrativa. En caso de actos de trámite pueden dejarse sin efectos, ordenando la retroacción de actuaciones, por aplicación de las normas que obligan a la correcta tramitación del procedimiento por la administración. Minas. Admisión definitiva de la solicitud de permiso de investigación. La STS, Sec. 4ª, , RC 6140/2010, declara que la facultad de revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de los anulables son mecanismos cuyo objeto son actos favorables que hayan puesto fin a la vía administrativa, por lo que para dejar sin efecto la declaración de admisión definitiva de la solicitud de un permiso de investigación, que tiene la naturaleza de acto de trámite, no es necesario emplear tales instrumentos, siendo suficiente con ordenar la retroacción de las actuaciones con el fin de subsanar defectos antes cometidos, puesto que la Administración está obligada a tramitar los procedimientos administrativos con sujeción a las normas que los regulen; a resolverlos; y a no incurrir en vicios o defectos que puedan ser causa de nulidad o anulabilidad de la resolución que les pongan fin Diferente régimen jurídico de la Revisión de Oficio y la Revocación. Determinación objetiva de la naturaleza de los actos administrativos como favorables o desfavorables. La revocación de actos previos de gravamen no es contraria ni al artículo 9.3 CE ni al 57.3 de la Ley 30/1992. Expropiación forzosa. Desistimiento por parte de la Administración. La STS, Sec. 6ª, , RC 2202/2011, examina un supuesto de declaración de necesidad de ocupación de dos fincas situadas en Motrico (Guipúzcoa) en el seno de un procedimiento expropiatorio, analizando el régimen jurídico aplicable para su revocación. Señala que la utilización de los mecanismos de revisión de oficio previstos en la Ley 30/1992 depende de la incidencia objetiva que el acto administrativo tenga en la esfera de derechos y bienes de los destinatarios, siendo indiferente para su consideración como acto favorable (artículos 102 o 103) o restrictivo (artículo 105) a los efectos de la aplicación del régimen aplicable para su revisión la apreciación subjetiva del destinatario, sino que la determinación dependerá, de forma objetiva, del contenido del acto mismo. Y la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa, que implica la privación o limitación singular de bienes y derechos de titularidad privada, es un acto objetivamente desfavorable para el interesado, por lo que resulta de aplicación el procedimiento del artículo 105 cuando se pretende su revocación, implicando el desistimiento del procedimiento expropiatorio por parte de la Administración, sin que tal revocación, al dejar sin efectos un acto previo de gravamen, no se vea afectado por las limitaciones impuestas ni por el artículo 9.3 CE y no por el 57.3 de la Ley 30/17 1.3.- Caducidad del procedimiento administrativo. Personal militar. Baja como Guardia Alumno en el Centro Docente de Formación de la Guardia Civil. Ausencia de carácter sancionador, siendo innecesario tramitar un procedimiento administrativo. Que, de tramitarse, el plazo es el establecido en la Ley 30/1992. La STS, Sec. 7ª, , RC 1813/2012, respecto de la baja de un alumno Guardia Civil, como consecuencia de una sentencia dictada en el orden penal, entiende que, independientemente de que no sea necesario instruir un procedimiento administrativo para comunicar la baja al Guardia alumno, siendo suficiente darle audiencia, si aquel se ha instruido, debe terminarse en el período máximo establecido por la Ley 30/1992 y, en consecuencia, cuando se supera el plazo establecido con carácter general en dicha Ley, en razón a las múltiples audiencias conferidas al recurrente, se produce la caducidad del procedimiento por tratarse de un procedimiento susceptible de producir efecto desfavorable, conforme al art de la Ley 30/ Fecha de producción de efectos del acto: la del acto, no la de la publicación en el boletín oficial. Caducidad del procedimiento administrativo. Separación de servicio de un funcionario por falta muy grave de incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Renuncia del funcionario con antelación a la iniciación de la incoación del expediente. Cese por renuncia. La STS, Sec. 7ª, , RC 931/2012, declara en su FJ 3º que «se impone la estimación del motivo del art de la Ley 30/1992, que, como dice el recurrente, es inequívoco en cuanto al señalamiento de la fecha de producción de efectos de los actos administrativos, que es desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. El apartado segundo de dicho artículo dispone que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto u esté supeditada su motivación, publicación.. No está establecido en este apartado segundo con carácter general que la fecha de la producción de efectos, establecida en el apartado anterior del precepto, deba desplazarse a la de notificación o publicación. Si ello fuera así, el apartado primero carecería de sentido, habida cuenta que, con carácter general, si tal fuera la interpretación del apartado segundo la producción de efectos de los actos de la Administración se produciría, no desde la fecha en que se dicten, como dice dicho apartado primero, sino desde la fecha en que se notifiquen o publiquen. La interpretación sistemática del sentido de dichos dos apartados del art. 57 de la Ley 30/1992 debe llevar a la consecuencia de que la demora de los efectos, supeditándola a su notificación o publicación, debe tener su base bien en una norma que así lo establezca para el caso de que se trate, bien en el propio sentido del acto notificado» Diferenciación entre acto y disposición administrativa. Convocatoria para la selección de municipios candidatos y designación del elegido a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad. Acto administrativo. 9018 Participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con el medio ambiente. La STS, Sec. 3ª, , RC 1124/2012, rechaza la supuesta infracción del artículo 105 CE, en cuanto a la obligación de dar audiencia a los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas, respecto de la convocatoria para la selección del municipio que vaya a albergar el ATC, ya que su naturaleza jurídica no es la de una disposición general, sino la de un acto, singular, cuyo efecto se agota tras la selección de los municipios candidatos y considera que, aun cuando no era exigible conceder tal audiencia, en cualquier caso, se han respetado las exigencias del artículo 6 del Convenio de Aarhus, sobre la participación de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con el medio ambiente. La misma doctrina es reiterada en la STS, Sec. 3ª, , RCA 230/2012, sobre la designación del municipio finalmente elegido para albergar el ATC Indulto. Naturaleza jurídica, y álcance de su revisión jurisdiccional La STS, Pleno, , RCA 13/2013, examina la naturaleza jurídica del ejercicio del derecho de gracia a través del indulto, y la posibilidad, alcance y límites de su control jurisdiccional. La decisión mayoritaria de la Sala parte de la configuración constitucional del indulto, que se caracteriza por las siguientes notas: (1) Constituye el ejercicio del derecho de gracia; (2) se trata de un actuación individual y excepcional del Gobierno; (3) se trata de un acto discrecional del Gobierno; (4) es irrelevante su consideración como acto político del Gobierno; y (5) no tiene, ni cuenta, con la naturaleza de acto administrativo. Insiste la Sala en que el Gobierno puede conceder, o no, la gracia solicitada, de modo que no se encuentra obligado a hacerlo. Más aún, al no tratarse los indultos de actos administrativos ni ser resultado del ejercicio de potestades administrativas, no les son de aplicación técnicas de control referibles a estos, como, v.gr., la desviación de poder. Ahora bien, sí que puede controlarse el ejercicio del derecho de gracia desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos. Señala en este sentido la Sala que Como no es un acto administrativo, no puede exigirse al Acuerdo de concesión o denegación del mismo una motivación en el sentido técnico que requiere la LRJPA, pero no es menos cierto que por la misma Ley de Indulto se exige que del Acuerdo de indulto se desprendan las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" a las que, de forma expresa, se refiere su artículo 11; razones a las que también alude su exposición de motivos cuando señala que la concesión del indulto ha de llevarse a cabo "con pleno conocimiento de los hechos y de todas sus circunstancias, y después de un estudio detenido sobre las consecuencias que haya de producir, bajo el aspecto de la justicia, de la equidad o de la conveniencia social" (FJ 8º) Afirma, así, esta sentencia que el control jurisdiccional no puede extenderse al núcleo esencial de la gracia (decisión de indultar o no indultar), pero sí a la no concurrencia de arbitrariedad en la concesión. Esto es, resulta posible enjuiciar si las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" ---que necesariamente deben de constar en el Acuerdo y que pueden responder a muy distintas causas (que pueden ir desde las carácter penitenciario o social a las de carácter personal o familiar)---, 9119 cuentan con apoyo real reconocible en los elementos reglados o formales que componen el expediente. Señala, llegada este punto del razonamiento, la sentencia que entre la decisión de indultar (en modo alguno revisable jurisdiccionalmente) y la especificación de las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" (legalmente exigibles), se nos presenta un espacio, jurisdiccionalmente "asequible", por el que debe transitarse con los instrumentos de la lógica jurídica. Si el legislador ha establecido la obligación de seguir un procedimiento para la concesión o denegación de los indultos, que ha de materializarse y documentarse en un expediente administrativo, y si el mismo legislador exige "que consten siempre las razones que le movieron a ejercer la prerrogativa constitucional", obvio es que el legislador ha pretendido que de esa "tramitación documentada" se desprendan las tan citadas "razones de justicia, equidad o utilidad pública", legalmente exigibles, pues, de otra forma, la absoluta inutilidad del expediente de indulto resultaría clamorosa. En consecuencia, hemos de tener acceso para comprobar si la operación jurídica llevada a cabo por el Consejo de Ministros, dirigida a especificar y revelar las expresadas razones ---a la vista del expediente tramitado---, que constituyen el interés general de tal actuación, ha conseguido realmente tal finalidad en el terreno ---asequible para nosotros--- de la lógica y la racionalidad jurídica, pues, si bien se observa, la arbitrariedad es la ausencia de racionalidad, y en consecuencia todos los actos del Poder Ejecutivo y de la Administración han de ser racionales. (FJ 8º). Por eso, si se aprecia con claridad la incongruencia o discordancia de la decisión elegida (basada en las expresadas razones legales de "justicia, equidad o utilidad pública"), con la realidad plasmada en el expediente y que constituye su presupuesto inexorable, tal decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y mas concretamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ---art. 9º.3 de la Constitución 1.7 Acuerdo de nombramiento de presidentes y vocales del Consejo de Seguridad Nuclear. Naturaleza jurídica: no es un acto parlamentario, en tanto en cuanto el Congreso de los Diputados no ejercite su facultad de veto. La STS, Pleno, , RCA 64/2013 examina la naturaleza jurídica, desde la perspectiva de su impugnabilidad, del Acuerdo de nombramiento del presidente y los vocales del Consejo de Seguridad Nuclear. Habiéndose opuesto por el Abogado del Estado la Inadmisión del recurso promovido contra unos nombramientos para dichos cargos, justamente por caracterizarse esos nombramientos como actos parlamentarios (vista la cualificada intervención que en dichos nombramientos corresponde al Congreso de los Diputados), la Sala rechaza esa causa de Inadmisión. Analiza la Sala lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear 15/1980, que en su redacción aplicable establece que los candidatos serán nombrados por el Gobierno previa comparecencia ante el Congreso de los Diputados, siendo así que al Congreso se le atribuye en dicho precepto una competencia activa de aceptación o veto de los candidatos propuestos, determinante, pues, para la viabilidad de su nombramiento final. Puesta la Sala en la tesitura de valorar la trascendencia de esa potestad de veto desde el punto de vista de la 9220 determinación de la naturaleza jurídica del acto de nombramiento, concluye que no nos hallamos ante actos parlamentarios (que como tales no serían susceptibles de control por el Tribunal contencioso-administrativo), razonando lo siguiente: Esta actuación relevante del Congreso de los Diputados puede suscitar dudas acerca de la naturaleza de los actos impugnados en la medida que los nombramientos son consecuencia del ejercicio de una competencia materialmente compartida, ya que aunque éstos acto finalizador del procedimiento- se efectúen por el Consejo de Ministros, no pueden realizarse sin la previa conformidad (expresa o tácita) de un órgano parlamentario (Congreso de los Diputados), que actúa en el curso del procedimiento con libertad e independencia de criterio y cuya aceptación a la propuesta constituye un presupuesto ineludible para su aprobación y validez. La Ley reguladora del procedimiento de nombramiento de estos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear otorga la potestad de selección de los candidatos y ulterior nombramiento, única y exclusivamente, al Gobierno, si bien supeditando el nombramiento a la posibilidad de veto por el Congreso de los Diputados nombramiento que, en todo caso y para que sea eficaz, debe ser expreso y resultado de la mayoría cualificada que el art. 5.2 de la Ley 15/1980 establece. De forma que si el veto no llega a formalizarse en estos términos, el Gobierno dispone de plena libertad para ejercer su competencia con plenitud. Y de haberse ejercido esa potestad de veto en tales términos y en relación al mismo estaríamos en presencia de un acto de naturaleza parlamentaria y, como tal, inmune a la fiscalización jurisdiccional. Ahora bien, no habiendo ejercido, en este caso, la Comisión parlamentaria, la potestad de veto, los nombramientos recurridos son el resultado de la voluntad del Gobierno y la competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para su enjuiciamiento se asienta en la evidente naturaleza jurídico administrativa del procedimiento seguido, en el que se inserta, como un trámite más, esa preceptiva y esencial comparecencia ante la Comisión parlamentaria (FJ 1º) Plazo de caducidad del procedimiento. Interpretación del artículo 58.4 de la Ley 30/1992. Rectificación de un único inciso de la doctrina legal declarada en la STS de 17 de noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 128/2002. La STS, Pleno, , RCA 557/2011 interpreta el artículo 58.4 de la Ley 30/1992 (que dispone en uno de sus incisos que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente "[...] el intento de notificación debidamente acreditado") en el sentido de que si el intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento (siempre, por supuesto, que luego quede debidamente acreditado, y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto), producirá aquel concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de 93 Mostrar más
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