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Timestamp: 2018-08-19 23:10:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 58', 'artículo 69', 'artículo 32', 'artículo 11', 'artículo 1']

﻿ RESOLUCIÓN 716 DE 2003
RESOLUCIÓN 716 DE 23 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. SE SUSTITUYE EL ACTUAL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BOLETÍN N°:GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 922 DE ABRIL 24 DE 2003
RESOLUCIÓN 716 DE 2003
(Nota: Adicionada por la Resolución 948 de 2005 artículo 3º de la Secretaría General de la Comunidad Andina)
El reglamento de la secretaría general y, en especial, el literal c) de su artículo 11, y las resoluciones 279 y 309 en las cuales se aprueba el reglamento interno de la secretaría general; y,
Que, en virtud del mandato contenido en el literal c) del artículo 11 del reglamento de la secretaría general, corresponde al secretario general aprobar, mediante resolución, el reglamento interno de la secretaría general, previa opinión favorable de la comisión; y,
Que, con ocasión de su período ochenta y cuatro de sesiones ordinarias, realizado en la sede de la secretaría general con fecha 14 de febrero de 2003, la Comisión de la Comunidad Andina emitió opinión favorable a la reforma del reglamento interno de la secretaría general que le fue informada;
ART. 1º—Sustitúyase el actual reglamento interno de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por el texto que figura como anexo de la presente resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil tres.
ART. 1º—El presente reglamento rige las condiciones de empleo y define las obligaciones y los derechos de los funcionarios de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante “los funcionarios” y “la secretaría general”, respectivamente). Del mismo modo, tiene como finalidad establecer normas generales de trabajo que regulen el orden administrativo y laboral entre la secretaría general y los funcionarios, con el objeto que la prestación de servicios se desarrolle con la mayor transparencia, comprensión y eficacia. A los efectos de las materias reguladas por el presente reglamento, la secretaría general estará representada por el secretario general o por el funcionario en quien éste delegue.
b) Hermano, cuñado, primo o sobrino, o
A. Por el plazo del contrato
ART. 8º—(Modificado).* Los funcionarios podrán ser contratados:
a) A plazo fijo. Contrato suscrito por la secretaría general con el funcionario por un período mínimo de un año, renovable por mutuo acuerdo de las partes hasta por un total de siete años como máximo en los términos señalados en los artículos 15 y 18 del presente reglamento.
b) A plazo indeterminado. Los funcionarios locales que hubieren prestado servicios a plazo fijo por un período de siete años en conjunto, podrán suscribir un contrato a plazo indeterminado con la secretaría general por mutuo acuerdo de las partes en los términos señalados en el artículo 18 del presente reglamento.
*(Nota: Modificado por la Resolución 948 de 2005 artículo 2º de la Secretaría General de la Comunidad Andina)
B. Por la naturaleza de la contratación
ART. 9º—(Modificado).* Por la naturaleza de su contratación, los funcionarios pueden ser funcionarios internacionales o funcionarios locales. La secretaría general determinará la naturaleza de la contratación de sus funcionarios.
ART. 10.—(Modificado).* Tendrán condición de funcionarios internacionales los siguientes:
— Cualquier otro funcionario que el secretario general determine, según los términos de su contratación.
d) La representatividad que el funcionario asuma en nombre de la secretaría general, y
C. Por la formación académica y experiencia
Funcionarios que alcanzaron grado de bachiller universitario;
ART. 15.—(Modificado).* Los funcionarios a los que la secretaría general otorgue la naturaleza de funcionario internacional serán contratados a plazo fijo. La renovación del contrato de cada funcionario internacional se realizará sobre la base de su evaluación y el período de su contratación no podrá exceder de siete años continuos. A los efectos del presente artículo, no se considerará que la cesación del vínculo laboral entre la secretaría general y el funcionario interrumpe el período de siete años, salvo que esta cesación se prolongue por al menos un año; en tal caso, el período de siete años se contará a partir del restablecimiento del vínculo laboral.
ART. 17.—Los candidatos a funcionarios internacionales podrán ser sometidos a un período de prueba antes de su contratación definitiva. La duración del período de prueba será establecida en el respectivo contrato. El pago de los beneficios que corresponden a los funcionarios internacionales que no fueren residentes del país sede o, de ser el caso, que no fueren residentes del país de la dependencia en la cual vayan a cumplir sus funciones, quedará sometido a la contratación definitiva del candidato, una vez transcurrido el período de prueba.
ART. 18.—(Modificado).* Los funcionarios a los que la secretaría general otorgue la naturaleza de funcionario local serán contratados a plazo fijo y sus contratos podrán ser renovados hasta por siete años en conjunto previa evaluación de su desempeño. Culminado dicho plazo y por mutuo acuerdo de las partes, los funcionarios locales podrán continuar sus labores bajo un contrato a plazo indeterminado.
Los candidatos seleccionados a ser contratados como funcionarios locales deberán cumplir un período de prueba de tres meses, finalizados los cuales la secretaría general informará al candidato sobre los resultados de la evaluación y, si la misma es favorable, éste podrá ser contratado como funcionario. Se dispensará del período de prueba en los casos de renovación o prórroga sucesiva del contrato.
b) Aceptar honores, condecoraciones, obsequio o remuneraciones de ningún gobierno o fuente ajena a la secretaría general, salvo autorización expresa del secretario general.
ART. 22.—No obstante lo previsto en el artículo anterior, y con autorización expresa del secretario general, los funcionarios podrán formar parte, de manera honoraria y sin remuneración, de fundaciones u otras instituciones caritativas, culturales, educativas, artísticas, políticas, deportivas, sociales o similares, sin fines de lucro. En ningún caso se concederá autorización cuando la participación en estas instituciones pueda generar un conflicto de interés. Tampoco se autorizará la participación cuando ésta implique poderes de decisión o responsabilidades administrativas en la institución de que se trate.
ART. 23.—Los funcionarios se abstendrán de desarrollar actividades que resulten incompatibles con el correcto desempeño de sus deberes. Lo anterior no impedirá el ejercicio del derecho de voto, ni la militancia en un partido o grupo político, en la medida en que éstos no resulten incompatibles con el correcto desempeño de los deberes del funcionario, ni afecten de manera negativa la imagen de la secretaría general.
ART. 24.—Los funcionarios se abstendrán de colocarse en una situación que pueda generar conflicto de interés con las funciones que tengan asignadas. En caso de que un funcionario tenga dudas acerca de si una situación pudiera considerarse incompatible con el correcto desempeño de sus deberes o pudiera generar una apariencia de conflicto de interés con las funciones que tiene asignadas, estará obligado a informar de tal situación al secretario general, con el fin de que éste se pronuncie.
ART. 25.—Los funcionarios deberán declarar sus compromisos docentes o académicos, y solicitar autorización del secretario general, antes del inicio de cada período lectivo. En la declaración, se deberá identificar el curso, informar el monto de la remuneración si la hubiera e indicar el horario y número de horas semanales de las actividades docentes o académicas.
ART. 30.—Los funcionarios deberán observar la mayor discreción en lo relativo a asuntos concernientes a sus responsabilidades. En este sentido, no comunicarán a persona alguna cualquier información conocida por ellos en razón de sus responsabilidades, salvo cuando se trate de información no confidencial y su comunicación corresponda al desempeño de sus funciones o cuando cuenten con autorización del secretario general. En ningún caso usarán esta información para obtener ventajas personales. Los funcionarios tampoco podrán divulgar públicamente discusiones ni documentos internos de la secretaría general. Las obligaciones previstas en el presente artículo subsistirán aún después de que finalice el vínculo laboral del funcionario con la secretaría general.
b) Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas que intervengan en el procedimiento, o
ART. 36.—Sin perjuicio de lo previsto en el presente capítulo, el secretario general podrá establecer, para los funcionarios cuyos roles o responsabilidades así lo ameriten, deberes u obligaciones adicionales en materia de comportamiento ético. En tal sentido, el secretario general podrá disponer para algunos funcionarios la obligación de solicitar autorización previa para poder desempeñar ciertas actividades, por un período de hasta un año después de terminado su vínculo laboral.
b) Sus hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad hasta los 25 años, absolutamente incapacitados para trabajar o que sigan estudios superiores universitarios o técnicos y que vivan a expensas del funcionario, y
c) Su padre o madre, o ambos, cuando dependan directamente del funcionario y éste no tenga otros dependientes por declarar.
ART. 38.—Los funcionarios gozarán de los beneficios establecidos en el presente reglamento y demás normas internas a partir de la fecha en que éstos sean generados, haciéndose efectivos al momento de la presentación de la documentación correspondiente.
Sección A. Gastos de instalación y repatriación
Sección B. Bonificación familiar
Sección C. Bono de vivienda
Sección D. Bonificación de fin de año
Sección E. Fondo de previsión
Sección F. Bono especial de ayuda escolar
Sección G: Fondo de retiro
ART. 46.—(Derogado).* La secretaría general mantendrá un fondo de retiro con el fin de atender el pago de la compensación por tiempo de servicios de sus funcionarios, así como para el pago de cualquier otro beneficio específico relacionado con las contingencias que origine el cese en sus servicios.
*(Nota: Derogado por la Resolución 948 de 2005 artículo 1º de la Secretaría General de la Comunidad Andina)
Sección H: Vacaciones
ART. 47.—Todos los funcionarios tendrán derecho a disfrutar de 22 días hábiles por concepto de vacaciones remuneradas por cada año de servicios y proporcionalmente por las fracciones de año cumplido. El secretario general determinará un período de descanso colectivo anual, exceptuando los casos en que por necesidad del servicio se determine lo contrario. El funcionario tendrá libre disponibilidad del saldo de su descanso vacacional.
ART. 48.—Los funcionarios podrán gozar de licencia con goce de haber en los siguientes casos:
a) Maternidad. Las funcionarias de la secretaría general tendrán derecho al goce de cuatro semanas calendario antes del parto y seis semanas calendario posteriores al mismo. Dichas semanas podrán ser acumulables. Los funcionarios de la secretaría general de sexo masculino tendrán derecho al goce de cinco días calendario posteriores al parto de sus cónyuges o compañeras permanentes;
b) Fallecimiento de cónyuge o compañero permanente, hijos o padres. Tres días hábiles como máximo. Esta licencia podrá extenderse cuando el funcionario deba desplazarse fuera del país sede, considerándose dos días hábiles adicionales por efectos de traslado;
c) Enfermedad. Que inhabilite total o parcialmente al funcionario para trabajar hasta un máximo de tres días hábiles consecutivos o seis días hábiles alternados como máximo en un año;
d) Incapacidad temporal. Que inhabilite total o parcialmente al funcionario para trabajar y siempre que se cuente con el respectivo certificado médico, hasta por seis meses consecutivos o alternados en un año, y
ART. 49.—Los funcionarios podrán gozar de licencia sin goce de haber en casos de:
a) Incapacidad permanente. Que inhabilite total o parcialmente al funcionario para trabajar durante un lapso superior a los seis meses calendario y hasta un máximo de doce meses calendario en un año, y
ART. 50.—A los efectos de los artículos precedentes, se considera que existe incapacidad cuando el funcionario quede inhabilitado para trabajar en forma total o parcial, temporal o permanente, por razones de enfermedad física o mental o por accidente.
ART. 51.—Los funcionarios que disfruten de una licencia seguirán obligados a cumplir con las normas éticas previstas en el presente reglamento y en las demás normas aplicables. El funcionario que sea autorizado por el secretario general para ejercer actividades durante su licencia, deberá evitar especialmente colocarse en situaciones que puedan generar conflictos de interés.
Sección J: Seguros
ART. 52.—La secretaría general asegurará a sus funcionarios pudiendo otorgarles las siguientes coberturas:
c) Accidentes de viaje, y
El seguro de vida se pagará al beneficiario o beneficiarios que designe el funcionario y en las proporciones que éste indique.
Sección K: Prestaciones en caso de muerte
ART. 53.—Cuando un funcionario cuyo país de origen según se especifique en su contrato no sea el país sede o, de ser el caso, no sea el país de la dependencia en la cual cumple sus funciones fallezca durante el ejercicio de su cargo en un país distinto a su país de origen, la secretaría general asumirá frente a los dependientes de que trata el artículo 37 de este reglamento los gastos por la repatriación del cuerpo del funcionario fallecido hasta el país sede o hasta el país de origen según sea el caso. La repatriación de los dependientes de un funcionario internacional que fallezcan, durante la vigencia del contrato, en el país sede o, de ser el caso, en el país de la dependencia en la cual el funcionario cumple sus funciones procederá bajo las mismas condiciones. Igualmente procederá la repatriación del cuerpo de cualquier funcionario que fallezca durante un viaje de servicio.
ART. 54.—Los gastos generados por viajes de servicio serán responsabilidad de la secretaría general. Los mismos serán solicitados por el coordinador respectivo y autorizados por el director general, salvo disposición contraria del secretario general.
ART. 55.—La jornada normal de trabajo será de 8 horas diarias o 40 semanales. La semana de trabajo constará de cinco días, de lunes a viernes, ambos inclusive.
ART. 56.—A los efectos del presente reglamento, se considerarán días inhábiles, además de los sábado y domingos, los días que así se establezcan en el calendario que anualmente dé a conocer el secretario general. Los funcionarios de nacionalidad distinta a la peruana tendrán derecho a no concurrir a laborar en el día de la fiesta nacional de su país.
ART. 57.—Cuando un funcionario se vea imposibilitado para asistir al trabajo por cualquier causa, deberá comunicarlo a la coordinación de recursos humanos.
ART. 58.—La ausencia injustificada de un funcionario a su lugar de trabajo por más de tres días hábiles consecutivos o de seis no consecutivos en el curso de un año, permitirá a la secretaría general presumir que el funcionario se halla incurso en causal de falta grave por abandono de trabajo.
ART. 59.—Todos los funcionarios serán objeto de evaluación periódica con base en el desempeño y cumplimiento de las responsabilidades encomendadas. Dicha evaluación será realizada sobre bases objetivas, imparciales y profesionales. Los funcionarios tendrán derecho de conocer los resultados de sus respectivas evaluaciones y de presentar sus comentarios a las mismas.
ART. 60.—El incumplimiento de los deberes que emanen del contrato de trabajo, del reglamento interno o del manual de personal generará responsabilidad por parte del funcionario, la misma que podrá calificarse como falta leve o grave, según el caso.
ART. 61.—Se entenderá que el funcionario ha incurrido en falta grave cuando haya cometido una infracción o manifieste una conducta incompatible con los deberes esenciales que emanen de su contrato de trabajo, del reglamento de la secretaría general, del presente reglamento o del manual de personal, de manera tal que se determine la imposibilidad de subsistencia del vínculo laboral.
d) Incurrir en conducta contraria a la ética, incluyendo la profesional y laboral, entre otras por el incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en los artículos 25 al 36 de este reglamento, o
— El sabotaje, y
ART. 62.—A los efectos del literal a) del artículo anterior, se entenderá que existe reiteración en el incumplimiento de las funciones inherentes a su cargo, cuando tal incumplimiento se manifieste a través de conductas continuadas o repetidas en el tiempo. A los efectos de determinar la reiteración en el incumplimiento de funciones, se considerará, entre otros elementos, si el funcionario ha sido objeto de llamados de atención por parte de sus supervisores por el incumplimiento o por el cumplimiento tardío o deficiente de sus responsabilidades. En el caso de que el funcionario hubiese sido objeto de tres amonestaciones escritas en el lapso de un año o de cuatro en dos años o cuando hubiese sido objeto de dos suspensiones en el lapso de un año se podrá presumir que existe reiteración en el incumplimiento de sus funciones.
ART. 63.—A los efectos de los artículos 20 al 24 y 32 y del literal c) del artículo 61 de este reglamento, incurre en falta grave el funcionario que solicite o acepte instrucciones respecto al cumplimiento de sus deberes por parte de algún gobierno, entidad o persona ajena a la secretaría general; que acepte honores, condecoraciones u obsequios o remuneraciones de algún gobierno o fuente ajena a la secretaría general, salvo que cuente con la autorización expresa del secretario general; que desarrolle actividades incompatibles con el correcto desempeño de sus deberes o con la independencia e imparcialidad que exige su condición de funcionario o que puedan influir negativamente sobre éstas; o que conscientemente intervenga en un caso en el cual tenga interés para su ventaja o provecho personal, sin solicitar autorización al secretario general para inhibirse.
ART. 64.—A los efectos de los artículos 25 al 36 y del literal d) del artículo 61 de este reglamento, incurre en conducta contraria a la ética, incluyendo la profesional y laboral, entre otros, el funcionario que se abstenga injustificadamente de declarar a la secretaría general su participación en otras actividades; publique un texto o presente una conferencia sobre el proceso de integración o sobre cualquier otro tema vinculado con áreas de competencia de la secretaría general, absteniéndose injustificadamente de dar aviso a la secretaría general; se abstenga injustificadamente de presentar a la secretaría general la declaración jurada de su patrimonio, o de actualizarla cuando corresponda, o intencionalmente falsee la información allí contenida; comunique o utilice, para su ventaja o provecho personal, información conocida en razón de sus responsabilidades; emita a través de medios públicos críticas a pronunciamientos adoptados por la secretaría general o comentarios que los cuestionen; incurra en abuso de los privilegios e inmunidades de los que disfrute el funcionario o la secretaría general; se abstenga injustificadamente de proporcionar información a la secretaría general que revele situaciones de posible conflicto de interés o que justificarían su inhibición de intervenir en un asunto; se abstenga injustificadamente de comunicar a la secretaría general cualquier situación de conflicto grave con autoridades de países miembros en relación con las inmunidades y privilegios de que goce el funcionario o la secretaría general; o cometa actos de acoso sexual en agravio de otro funcionario o de otra persona vinculada de otra manera a la secretaría general.
ART. 65.—A los efectos del artículo 61 de este reglamento, incurre en abandono de trabajo, no sólo el funcionario que se hubiera ausentado injustificadamente de su lugar de trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 58 del reglamento, sino también el funcionario que de otra manera descuide gravemente sus obligaciones incurriendo en una manifiesta dejación de sus labores, de manera que la secretaría general se vea obligada a asignar sus funciones a otro funcionario o resulte impedida de ejercerlas adecuadamente. Así, por ejemplo, se considerará incurso en abandono de trabajo el funcionario que de manera injustificada e intempestiva deje de concurrir a una actividad para la cual hubiera sido designado, dejando a la secretaría general en imposibilidad material de enviar un reemplazo.
ART. 66.—Los funcionarios que cometan falta serán sometidos a un procedimiento disciplinario que contemple las garantías del debido proceso. De acuerdo con la gravedad de la falta se podrá aplicar una o varias de las medidas siguientes:
a) Amonestación verbal. Será aquella que se derive de la comisión de una falta leve. El coordinador a cargo impartirá esta sanción en términos tales que el funcionario reconozca las implicaciones de la falta cometida para el normal desenvolvimiento de la institución;
— La comisión reiterada de una falta leve, o
— La comisión de una falta que implique la desatención o incumplimiento a los deberes enunciados en el presente reglamento o manual de personal y cuyas características deban constar descritas como prueba de los hechos sancionados a fin de que el funcionario tome debida cuenta de las conductas a enmendar y de las consecuencias de sus actos;
La suspensión sólo será con goce de haber cuando se trate de la medida provisional prevista en el artículo 69 de este reglamento, y
ART. 67.—La secretaría general podrá exigir, incluso judicialmente, a aquellos funcionarios que de manera dolosa o intencional, o por negligencia, ocasionaren daño o perjuicio grave a bienes o derechos de su propiedad, una reparación por los daños o perjuicios causados.
ART. 68.—Conforme a lo previsto en el artículo 32 del reglamento de la secretaría general, el funcionario al que se le haya imputado la comisión de falta grave, tendrá derecho a presentar por escrito sus descargos dentro del plazo de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de la imputación de los cargos.
ART. 69.—Un funcionario al que se le impute la comisión de falta grave, podrá ser suspendido con goce de haber mientras se realiza la investigación cuando a juicio de la secretaría general hubiere un indicio que justifique esta medida.
ART. 70.—El vínculo laboral se puede extinguir por:
h) Mutuo acuerdo, o
ART. 71.—La destitución por causal de falta grave se producirá de acuerdo con lo previsto en el capítulo VIII de este reglamento. La disolución del vínculo laboral por destitución por causal de falta grave exime a la secretaría general del pago de indemnización alguna, incluyendo la indemnización por gastos de repatriación de funcionarios internacionales. Adicionalmente, la secretaría general podrá exigir al funcionario destituido, cuando la destitución se hubiera producido antes de la terminación del plazo de su primer contrato, el reembolso de la indemnización que le hubiere sido concedida por gastos de instalación, por un monto proporcional a la fracción del plazo del contrato que le faltara por cumplir. La secretaría general tendrá derecho además a obtener reparaciones por los daños y perjuicios resultantes de la comisión de la falta, que se hubieren determinado bien por transacción o por recurso a mecanismos de resolución de conflictos, tales como procedimientos arbitrales o judiciales.
ART. 72.—La edad límite para la prestación de servicios como funcionario es de 65 años de edad. Los funcionarios con contrato a plazo fijo vigente que alcanzaran el límite de edad establecido en el presente artículo permanecerán como funcionarios de la secretaría general hasta la finalización del mismo. Los funcionarios con contrato a plazo indeterminado darán por finalizado su servicio al alcanzar el límite de edad establecido.
ART. 73.—En los casos de incapacidad permanente total o parcial, la secretaría general podrá dar por terminado el vínculo laboral. El funcionario siempre podrá, en todo caso, ejercer la opción de renuncia.
ART. 74.—Los funcionarios podrán dar por finalizado el vínculo laboral siempre que medie un aviso previo de dos meses a la secretaría general, la misma que podrá dispensar de dicho aviso previo. La falta de aviso o dispensa eximirá a la secretaría general del pago de cualquier indemnización que hubiere previsto por razones de disolución del vínculo. La renuncia que se produzca antes de que hubiera concluido siquiera la mitad del plazo del primer contrato, eximirá a la secretaría general del pago de indemnización por los gastos de repatriación del funcionario; en este caso, el funcionario renunciante quedará además obligado a reembolsar a la secretaría general el pago de indemnización por los gastos de su instalación, por un monto proporcional a la fracción del plazo del contrato que le falte por cumplir.
ART. 75.—La secretaría general podrá resolver los contratos de manera individual o colectiva debido a causales objetivas o por la supresión de servicios.
ART. 76.—La secretaría general podrá resolver el contrato de un funcionario cuya evaluación compruebe, de manera objetiva y verificable, un desempeño gravemente deficiente del rol y de las responsabilidades que le hubieren sido asignados. A tal efecto, la secretaría general no podrá limitarse a considerar aspectos aislados, sino que deberá tener en cuenta toda la gestión del funcionario dentro de la institución.
ART. 77.—La terminación del vínculo laboral por causales objetivas o por desempeño gravemente deficiente de sus actividades deberá ser notificada al funcionario con un lapso mínimo de dos meses de anticipación; en caso contrario, la secretaría general abonará el haber correspondiente a dicho lapso. En el caso de los contratos a plazo indeterminado, la indemnización por finalización del vínculo laboral corresponderá al equivalente a dos haberes básicos. El manual de personal definirá las indemnizaciones que corresponderán a los funcionarios cuyo vínculo laboral hubiera terminado por causales objetivas o como consecuencia del desempeño gravemente deficiente de sus actividades.
ART. 78.—La secretaría general y un funcionario podrán en cualquier momento dar por finalizado de mutuo acuerdo el vínculo laboral que los unía. En este caso, las partes definirán de común acuerdo las indemnizaciones que correspondan.
ART. 79.—Los derechos sobre cualquier trabajo realizado por funcionarios como parte de sus funciones serán propiedad de la secretaría general.
ART. 80.—La secretaría general podrá disponer la contratación de asesores, expertos, consultores u otros, como profesionales independientes a quienes les podrá encargar la ejecución de proyectos o tareas específicas que serán descritos en los respectivos contratos. Estas modalidades de contratación no supondrán la existencia de vínculo laboral alguno entre la secretaría general y e! contratado, ni el goce de los derechos y beneficios previstos en el presente reglamento.
ART. 86.—El secretario general y los directores generales disfrutan de los beneficios y se sujetan a las obligaciones establecidas en el reglamento interno de la secretaría general, con las modalidades propias de su cargo establecidas en el reglamento de la secretaría general. Los períodos del secretario general y los directores generales se sujetarán a lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena y en el reglamento de la secretaría general y no estarán sometidos a lo previsto en el presente reglamento.
ART. 89.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, literales e), I) y w), del reglamento de la secretaría general, las funciones que el presente reglamento atribuye al secretario general, también podrán ser ejercidas por el funcionario en quien el secretario general las haya delegado.
Disposición transitoria (Derogada).*
A los efectos de lo previsto en los artículos 28 y 29 del presente reglamento, los funcionarios que se encuentren prestando sus servicios a la secretaría general deberán presentar una declaración jurada de sus actividades y patrimonio dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la actual resolución.
*(Nota: Derogada por la Resolución 948 de 2005 artículo 1º de la Secretaría General de la Comunidad Andina)