Source: https://nosoloaytos.wordpress.com/2016/09/12/el-computo-de-plazos-en-la-ley-de-procedimiento/?replytocom=6529
Timestamp: 2020-05-28 12:07:17
Document Index: 5437462

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 30']

El cómputo de plazos en la Ley de procedimiento – Nosoloaytos
Administración electrónica, Derecho
El cómputo de plazos en la Ley de procedimiento
Publicado por valmonacid el septiembre 12, 2016 octubre 2, 2016
Ante la ya inminente entrada en vigor de la Ley de procedimiento, publicamos un estudio más, el enésimo, sobre las novedades relativas de su contenido. Hoy hablaremos de las nuevas (y viejas) reglas sobre el cómputo de plazos, que pivotan sobre el cómputo por horas, consecuente con la tramitación electrónica, y del que deriva la máxima de que salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil (art. 30 LPA).
Obligación de resolver. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo (art. 21 LPA).
Imagen de “Alicia en el país de las maravillas”. El conejo blanco está obsesionado con los plazos. Con esta recopilación de reglas, no se confundirá
Suspensión del plazo máximo para resolver. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los casos establecidos en el art. 22 LPA.
Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno (art. 23 LPA).
Dies a quo: Se dice del día a partir del cual (luego de su expiración) se comienza a contar un plazo procesal o legal de caducidad o prescripción (fuente: Enciclopedia jurídica).
Dies ad quem: Se dice para designar al último día de un plazo procesal o de prescripción (fuente: Enciclopedia jurídica).
Sello de tiempo: Asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento. Por su parte, una simple Marca de tiempo (concepto comprendido en el anterior), se define como la «asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico» (Glosario de términos del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica).
Además de la regla mencionada (“Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil”), se establecen las siguientes:
Plazos señalados por horas. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
Plazos señalados por días (los sábados pasan a ser inhábiles). Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
Plazos señalados por días naturales. los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
Plazos fijados en meses o años. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Calendario de días inhábiles. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
Regla para la compatibilidad de días hábiles e inhábiles según el territorio. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
Regla para la compatibilidad con el horario de los centros de trabajo. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas (art. 30 LPA).
Cómputo de plazos en los registros
Horario de las oficinas de registro. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
Cómputo de plazos en el registro electrónico. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.
Funcionamiento del registro electrónico. Se regirá por las siguientes reglas: a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.
Calendario de días inhábiles del registro electrónico. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6 (art. 31 LPA).
Regla general sobre ampliación de plazos. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
Aplicación a procedimientos con efectos en el extranjero. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
Reglas de procedimiento para la ampliación de plazos. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Incidencias técnicas. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido (art. 32 LPA).
Sobre ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, véase ut supra (o el art. 23 LPA).
Regla general. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Acuerdo no recurrible. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 33 LPA).
Obligatoriedad de términos y plazos y responsabilidad de los empleados públicos
Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos (art. 29 LPA).
El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable (art. 22.6 LPA).
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016.
10 preguntas y respuestas sobre la notificación electrónica
Admisión de documentación para licitar en distinto huso horario | vía Fiscalizacion Local
“Dies a quo” de los intereses de demora en certificación de obra | vía Fiscalizacion Local
Entrada anterior 8 certezas absolutas de que vamos a extinguirnos (que relativizan la supuesta importancia de otros problemas)
Entrada siguiente LEOS – drafting legislative texts made easy!
septiembre 12, 2016 de 6:57 pm
Estaba redactando un artículo sobre esta materia, pero Víctor Almonacid lo explica de una manera tan genial, que mejor es leer este gran resumen sobre plazos. Gracias por el trabajo.
Pingback: BIBLIOGRAFÍA: El cómputo de plazos en la (nueva) Ley de procedimiento. / Modelo de PCAP adaptado al efecto directo de las directivas de contratos. | Contrato de obras
Pingback: Novetats en el procediment administratiu. – Avançat
abril 29, 2018 de 6:51 pm
Hola, sigo teniendo una duda. El plazo máximo para notificar la resolución es el que diga la norma (máx 6 meses salvo excepciones) o si no dice nada la norma, máx 3 meses. Pero luego en el artículo 40, la ley dice que la notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde la fecha en que el acto se dictó. Por tanto, ésta es la fecha máxima para notificar o “cursar la notificación” es un concepto distinto? Gracias
agosto 16, 2018 de 12:37 pm
Hola Lucía, voy a permitirme responderte. La obligación del cumplimiento del plazo para resolver a que se refiere el artículo 21 LPAC, tiene en cuenta el procedimiento administrativo que corresponda en cada caso. Así, en un procedimiento sancionador cuyo plazo para resolver sea de 3 meses, la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución deberá producirse, necesariamente, dentro del plazo de 3 meses. En cambio el plazo de 10 días a que se refiere el artículo 40 LPAC tiene en cuenta no el procedimiento sino la resolución correspondiente dentro de cualquier procedimiento administrativo. Esta resolución puede ser de trámite o definitiva,y deberá ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que se dictó.
Las consecuencias del incumplimiento de uno u otro plazo son distintas. En el primero el incumplimiento del plazo para resolver (y notificar la resolución) que establezca la norma reguladora de cada procedimiento llevará consigo o bien la caducidad (artículo 25.1 b) LPAC) o bien la estimación o desestimación presunta (artículos 24 y 25.1 a) LPAC), según los casos. En cambio, el incumplimiento del plazo para cursar la notificación desde que se dictó el acto administrativo, y a que se refiere el artículo 40 LPAC, no es causa de invalidez del acto sino mera irregularidad no invalidante.
Espero que te haya quedado clara la diferencia 🙂
agosto 16, 2018 de 12:48 pm
Es curioso que en materia de cómputo de plazos se estudie siempre el artículo 30 LPAC, pero éste se refiere a plazos que conciernen al administrado, como así se deduce de los apartados tercero y cuarto del mismo. En este caso los plazos, tanto en días como en meses, se computan a partir del día siguiente al de la notificación, publicación, estimación o desestimación del acto.
Pero esta regla es distinta cuando los plazos conciernen a la Administración, y a los que se refiere el art. 21.3 LPAC, donde el dies a quo es el acuerdo de iniciación o la fecha en que la solicitud ha entrado en el registro del órgano competente para su tramitación, y no el día siguiente como en el caso anterior. Esto supone que en un procedimiento iniciado de oficio por acuerdo del órgano competente un 5 de marzo, y cuyo plazo de resolución es 3 meses, el último día para resolver sea el 4 de junio, ya que en caso contrario el plazo sería de 3 meses y 1 día.
Esta cuestión, muy importante desde el punto de vista práctico, no suele comentarse nunca, ni en cursos ni en manuales ni en blogs, pero considero importante tenerla en cuenta.
Benjamin corell dice:
diciembre 18, 2018 de 9:52 am
Tengo una duda. Iniciado un procedimiento administrativo de regularización tardan 6 meses y medio en resolver, Agosto de por medio. Caduca el expediente y están obligados a archivar o Agosto les permite resolver en 7 meses?. Gracias.
Responder a Benjamin corell Cancelar respuesta