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Timestamp: 2020-05-31 06:00:11
Document Index: 257944822

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 53', 'artículo 325', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 33']

{26/11/2018}26.11.2018
{JURI}Comisión de Asuntos Jurídicos
Miguel Viegas, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
*** Procedimiento de aprobación
***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)
(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el proyecto de acto).
Enmiendas a un proyecto de acto
Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas
Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.
En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición de que se trate.
Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado
Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0218),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 16, 33, 43, 50, el artículo 53, apartado 1, los artículos 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 y el artículo 325, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0159/2018),
– Vistos el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas de 26 de septiembre de 20181,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de octubre de 20182,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0398/2018),
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 16, 33, 43, 50, 53, apartado 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 153, apartado 1, letras a), b) y e), 157, apartado 3, 168, 169, 192, 207 y 325, apartado 4, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 31,
(1) Las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley que lesionan el interés público y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, cada vez es mayor el reconocimiento, a escala tanto europea como internacional, de la importancia de garantizar una protección equilibrada y eficaz a los denunciantes. Por consiguiente, la finalidad de la presente Directiva es crear un clima de confianza que permita a los denunciantes informar de las infracciones de la ley y amenazas al interés público que hayan observado o de las que sospechen, y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación consagradas en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se ha de recalcar que estas libertades constituyen la piedra angular del periodismo de investigación y del principio de confidencialidad de las fuentes de información.
(2) A escala de la Unión, la información y las revelaciones comunicadas por los denunciantes y los periodistas de investigación constituyen uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho y las políticas de la Unión al aportar a los sistemas de aplicación de la legislación nacional y de la Unión información que a menudo desemboca en la detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones del Derecho de la Unión, reforzándose de este modo la transparencia y la rendición de cuentas.
(2 bis) Todos los grandes escándalos que han estallado ante la opinión pública desde 2014, como «LuxLeaks» y los papeles de Panamá, salieron a la luz gracias a la actuación de denunciantes.
(3) Las infracciones del Derecho de la Unión pueden provocar perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad y merman la confianza de los ciudadanos en la actuación de la Unión. Puesto que, por lo general, los denunciantes se encuentran en una posición privilegiada para comunicar tales infracciones, y tienen el valor de denunciar o revelar información en aras del interés público, a pesar de los riesgos personales y profesionales que puedan correr, es necesario potenciar la aplicación del Derecho de la Unión garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias e introduciendo cauces de denuncia eficaces, independientes, confidenciales y seguros.
(4) Actualmente, la protección de los denunciantes en la Unión Europea se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros e instituciones, órganos y organismos de la Unión y, además, es desigual entre los distintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza sacadas a la luz por los denunciantes muestran cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo tiene un impacto negativo sobre el funcionamiento de las políticas de la UE en ese Estado, sino que puede extenderse también a otros Estados miembros y a la Unión en su conjunto.
(4 bis) En el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que son parte tanto la Unión como los Estados miembros, se establece claramente la necesidad de medidas jurídicas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a dicha Convención.
(4 ter) A fin de facilitar la revelación de información y establecer una cultura abierta en esta materia, las condiciones aplicables a la revelación de información deben estar en consonancia con la Recomendación CM/Rec(2014)7 del Consejo de Europa sobre la protección de los denunciantes. No debe obstaculizarse, en ningún caso, la actuación de los medios de comunicación a la hora de exponer una irregularidad y cumplir así su función democrática.
(5) En consecuencia, deben aplicarse normas jurídicas mínimas comunes que garanticen una protección eficaz de los denunciantes, con un enfoque general y exhaustivo, en todos los actos y ámbitos de la Unión y nacionales donde: i) sea necesario reforzar la aplicación de la legislación; ii)la escasez de denuncias de infracciones por parte de los denunciantes sea un factor clave que afecte a dicha aplicación, y iii) la infracción del Derecho de la Unión o nacional pueda provocar graves perjuicios al interés público.
(5 bis) Debe garantizarse la protección de los denunciantes para fomentar un entorno propicio a la libertad de información y de los medios de comunicación. Para ello se requiere, en primer lugar, que los periodistas y sus fuentes, incluidos los denunciantes, estén protegidos eficazmente frente a todo ataque contra su seguridad o su integridad mental o física, y que se impida cualquier intento de intimidarlos o menoscabar su independencia.