Source: http://www.argentina.attac.org/documentos/20.12.htm
Timestamp: 2018-12-16 11:22:43
Document Index: 360523618

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 85', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 11', 'artículo 9']

LA AGRESIÓN CONTRA IRAK
LA AGRESIÓN CONTRA IRAK: CRIMEN INTERNACIONAL Y CRÍMENES DE GUERRA.
CRISIS PROFUNDA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. NECESIDAD DE SU RECONSTRUCCIÓN SOBRE BASES DEMOCRÁTICAS Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD SOBERANA DE TODOS LOS ESTADOS.
III. La sanción del crimen de agresión y de los crímenes de guerra
V. Parálisis y crisis profunda del sistema de las Naciones Unidas
I. LA AGRESION
La invasión a Irak es un crimen de agresión y un crimen contra la paz.
El artículo 6 (a) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg dice: "los crímenes contra la Paz: es decir, la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la prosecución de una guerra de agresión…o la participación en un plan concertado o en un complot para la realización de algunos de los actos mencionados precedentemente". Y la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 30 de setiembre de 1946 dice: "Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen internacional: es el crimen internacional supremo y sólo difiere de los otros crímenes de guerra por el hecho de que los contiene todos".
El Estatuto y la sentencia de Nuremberg son derecho vigente de conformidad con la Resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU de 11 de diciembre de 1946, que confirmó los principios de derecho internacional reconocidos en ambos documentos y así lo ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 [art. 1 (a)].
El crimen de agresión figura en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma, pero, a los efectos de la competencia de la Corte sobre ese crimen, deja su vigencia pendiente de una futura definición de la agresión, aunque la Asamblea General de la ONU definió por consenso la agresión en 1974 [Resolución 3314 (XXIX)].
Pero el crimen de agresión, como se ha dicho, es derecho vigente desde el Estatuto de Nuremberg. Los actos cometidos por Alemania nazi contra otros países, (Austria, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Unión Soviética, etc.) enumerados en la sentencia de Nuremberg y que esta califica como actos de agresión, no dejan lugar a dudas sobre en qué consiste el crimen de agresión.
Ni siquiera el voto aprobatorio del Consejo de Seguridad hubiera podido convertir un crimen internacional en un acto conforme al derecho internacional. El Consejo de Seguridad no puede decidir o autorizar actos de guerra, salvo para restablecer la paz y la seguridad internacionales (art. 42 de la Carta) y en el caso de legítima defensa individual o colectiva (art. 51) sin violar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a los cuales el Consejo de Seguridad tiene la obligación de conformarse (art. 24 (1) de la Carta).
Interpretar el art. 42 de la Carta en el sentido de que las "demostraciones…" y "otras operaciones" a que se refiere su último párrafo, incluyen actos de guerra, si no ha habido previamente un quebrantamiento de la paz o la seguridad internacionales, implica aceptar que el Consejo de Seguridad puede tomar la iniciativa de quebrantar la paz y la seguridad internacionales, es decir violar la Carta de las Naciones Unidas.
La presunta o real violación de los derechos humanos en un país no confiere legitimidad a la agresión, como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia.
De una manera general, refiriéndose al supuesto derecho de intervención, la Corte Internacional de Justicia ha dicho:
"El pretendido derecho de intervención sólo puede considerarse como la manifestación de una política de fuerza, política que, en el pasado, ha dado lugar a los más graves abusos y que no puede, cualesquiera sean las deficiencias actuales de la organización internacional, tener lugar alguno en el derecho internacional. La intervención es aún más inaceptable en la forma en que se la presenta en este caso, ya que, reservada a los Estados más fuertes, podría fácilmente conducir a falsear la propia administración de la justicia internacional." (Corfu Channel, 1949, fondo, pág. 35)
En el caso Nicaragua c/Estados Unidos (actividades militares y paramilitares en Nicaragua) la Corte Internacional de Justicia señaló que algunas disposiciones de la Resolución 2625 (XXV), de 1970, de la Asamblea General, entre ellas los principios de no empleo de la fuerza y de no intervención, constituyen derecho consuetudinario (párrafo 264) y ante el argumento del Gobierno de los Estados Unidos de que en Nicaragua se violaban los derechos humanos, la Corte dijo: "...cuando los derechos humanos están protegidos por convenciones internacionales, dicha protección se traduce en disposiciones previstas en el texto de dichas convenciones, que están destinadas a verificar o a asegurar el respeto de esos derechos" (párr. 267). Y agregó: ..."si los Estados Unidos pueden, por cierto, hacer su propia evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el empleo de la fuerza no es el método apropiado para verificar y asegurar el respeto de esos derechos...". (párr. 268).
Se puede concluir que, en el estado actual del derecho internacional (normativo, jurisprudencial y doctrinario) "...el interés jurídicamente protegido reconocido a cada Estado miembro de la comunidad internacional en caso de crimen internacional no significa habilitar a cualquier Estado a actuar sólo...Un sistema tan anárquico suscitaría nuevamente las peores formas de intervención que caracterizaron a las relaciones internacionales en el siglo XIX..."(Eduardo Jiménez de Aréchaga y Attila Tanzi, La responsabilité internationale des Etats, en: Droit International, bilan et perspectives, Tomo 1, pág. 380, Mohammed Bedjaoui, rédacteur général, Editions Pedone et UNESCO, Paris, 1991).
II. LOS CRÍMENES DE GUERRA.
Los actos de guerra realizados en el curso de una agresión son crímenes de guerra, como se dijo en la sentencia de Nuremberg ya citada.
Pero además, en el curso de la agresión contra Irak se están cometiendo diversos crímenes de guerra sancionados por el derecho internacional humanitario (Convenios de La Haya de 1889 y 1907, el Reglamento anexo a este último sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre (R.G.T.), los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos facultativos I y II de 1977, etc.)
Los ataques a la población civil congregada en mercados o en sus viviendas en medio rural no son errores. Tampoco son errores los asesinatos de civiles cometidos en las carreteras con el falso pretexto de que no obedecieron a la orden de detenerse. Son ataques deliberados cometidos en aplicación de la doctrina militar de los Estados Unidos, que los incluye con el fin de paralizar por el terror a la población o inducirla a rebelarse contra las autoridades de su país, como un medio de poner fin a los sufrimientos que le provoca la guerra.
El empleo de bombas de racimo (cluster bombs), destinadas a destruir objetivos "blandos" (es decir provocar la muerte de manera indiscriminada de la mayor cantidad posible de personas), de proyectiles con uranio empobrecido (que provocan daños extendidos y duraderos) violan las disposiciones del artículo 35, inc. 2 del Protocolo I: prohibición de emplear proyectiles, materias o métodos de guerra que produzcan males superfluos, del artículo 36: armas nuevas que están o podrían estar prohibidas por el Protocolo u otra norma de derecho internacional (las pequeñas bombas que están en el interior de las bombas de racimo que quedan en el suelo sin explotar actúan como minas antipersonal, prohibidas por la Convención de Ottawa de 1997, vigente desde el 1 de marzo de 1999). Se argumenta que el empleo de las Acluster bombs@ o bombas de fragmentación no constituye un crimen de guerra porque no existe norma alguna de derecho internacional que las prohiban expresamente.
Pero las Acluster bombs@ entran dentro de la prohibición general del art. 36 del Protocolo I: Aarmas nuevas que están prohibidas o podrían estar prohibidas por el Protocolo u otra norma de derecho internacional@ y pueden asimilarse a las minas antipersonal prohibidas por la Convención de Ottawa.
Además el preámbulo de los Convenios de La Haya relativos a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (1899 y 1907) dice que los casos no regulados por el derecho escrito no quedan abandonados al arbitrio de los beligerantes, sino que se hallan sometidos a la costumbre internacional, a las leyes de la humanidad y a los imperativos de la conciencia pública (cláusula Martens). Este principio se encuentra reproducido en los artículos de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 referidos a la denuncia.
Esta interpretación del carácter obligatorio del derecho internacional humanitario consuetudinario ha sido confirmada en reuniones de expertos convocadas por la Cruz Roja Internacional.
En cuanto al empleo de bombas con una aleación que contiene uranio empobrecido existen múltiples estudios y la experiencia de la primera guerra del Golfo que afirman que la explosisón de tales bombas provocan graves daños a largo plazo en el medio ambiente y en el ser humano. Aun admitiendo la controversia sobre tales efectos, son aplicables los artículos 35 (3) y 55 (1) del Protocolo I: métodos o medios de guerra que causan o se puede esperar que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
3. Bombardeos masivos prolongados.
La destrucción de las instalaciones de agua potable en Bassora y del suministro de electricidad y de agua potable en Bagdad y de otras infraestructuras civiles son crímenes de guerra.
El ataque realizado deliberadamente a la infraestructura civil y particularmente a centrales eléctricas y a las fuentes y conductos de agua potable son violatorios del artículo 54, inc. 2 del Protocolo I: prohibición de poner fuera de uso bienes indispensables a la supervivencia de la población civil.
5. Ataques a los medios de comunicación y asesinato de periodistas.
Primero quedaron inexplicadas la muerte y la desaparición de varios periodistas en zonas controladas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Pero el 8 de abril se hizo evidente en Bagdad que las tropas estadounidenses asesinan deliberadamente a periodistas, cuando cañonearon sin razón aparente alguna el Hotel Palestina, donde se alojan la mayoría de los periodistas, que filmaron y pueden atestiguar cómo se produjeron los hechos. Como resultado del ataque murieron dos periodistas y varios resultaron heridos. La misma mañana bombardearon la sede en Bagdad de la TV de Qatar Al Jazira: un periodista muerto.
Los precedentes no faltan: durante la invasión a Panamá en 1989, una de las primeras operaciones de la aviación estadounidense consistió en destruir con un misil la estación de TV panameña. Durante la guerra contra Yugoslavia en 1999 bombardearon la TV de Belgrado, causando 14 muertos y en 2001 bombardearon la sede de la TV Al Jazira en Kabul.
Estas son violaciones intencionales al art. 79 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra (Medidas de protección de los periodistas).
6. La asistencia a las víctimas.
Impedir o demorar el libre tránsito de organizaciones internacionales neutrales, con suministros esenciales para la población civil (agua, alimentos, medicamentos, equipos y personal sanitario, etc.), mientras los mismos invasores se exhiben haciendo la labor "humanitaria", constituyen violaciones al Primer Convenio de Ginebra (art. 10 y otros) , al Cuarto Convenio (arts. 23 y 61) y al Protocolo I (arts. 17 y otros).
7. Seguridad de la población de las zonas ocupadas.
Los ocupantes tienen una responsabilidad criminal al no garantizar la seguridad de las personas y los bienes en las zonas bajo su control. En Bagdad, los ocupantes ni siquiera han impedido el saqueo de un hospital, que ha quedado casi sin personal y totalmente despojado del equipo y del material para atender a los heridos que llegan al mismo. Esta responsabilidad de los ocupantes deriva de los principios generales del derecho internacional, que determinan que quien tiene el control efectivo de un territorio es responsable de la seguridad de sus habitantes y del artículo 2 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 (Protección de las personas civiles en tiempo de guerra), que dice: ... A El Convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte contratante, incluso si esta ocupación no encuentra ninguna resistencia militar@...
III. LA SANCIÓN DEL CRIMEN DE AGRESIÓN Y DE LOS CRÍMENES DE GUERRA.
La base jurídica para sancionar el crimen de agresión es el artículo 6 (a) del Estatuto de Nuremberg, como se ha señalado al principio de este documento.
También se dijo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional sólo menciona el crimen de agresión, pero ha dejado para más adelante la definición de dicho crimen y las condiciones en las cuales ejercerá su competencia respecto del mismo (artículo 5 (2) del Estatuto). Es decir que la Corte Penal Internacional no tiene por ahora competencia (y no la tendrá por bastante tiempo) para juzgar el "crimen internacional supremo", como se lo llamó en la sentencia de Nuremberg.
El artículo 85 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra considera infracciones graves los hechos descriptos que han sido cometidos deliberadamente y dice que deben ser sancionados como crímenes de guerra.
Si en el caso de una guerra de agresión y de crímenes de guerra puede hablarse de agravantes hay que decir que en este caso hay premeditación y alevosía: preparación del ataque durante doce años, debilitando al enemigo con bombardeos aéreos casi cotidianos y con el embargo, renovado regularmente por el Consejo de Seguridad hasta la Resolución 1454 del 30 de diciembre de 2002, que agravó aun más el embargo y, finalmente, la obtención de información militar a través del trabajo de los inspectores.
IV. LAS RESPONSABILIDADES.
1.Crimen de agresión. Son responsables del crimen de agresión quienes tomaron la decisión y la ejecutaron: Bush, Cheney, Powell, Rumsfeld, Rice, Blair, Straw, etc. Hay que destacar que la mayoría de ellos se benefician económicamente con la guerra. El caso más flagrante es el del vicepresidente Cheney, vinculado a la empresa Halliburton, que ya está operando en Irak merced a contratos adjudicados sin licitación por la administración estadounidense
2. Crímenes de guerra. Son autores quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron, a lo largo de toda la cadena de mandos.
Son cómplices por acción quienes facilitaron la comisión de los mismos, entre ellos los jefes de Gobierno que permitieron el uso de bases militares en su jurisdicción (de Alemania, España, Italia, etc.) y los que autorizaron el tránsito por su espacio aéreo de los aviones de los Estados agresores en misión de ataque (Francia, etc.). Y también son cómplices los Estados miembros del Consejo de Seguridad que renovaron periódicamente el embargo y los 13 Estados Miembros que votaron el 30 de diciembre 2002 la Resolución 1454 del Consejo de Seguridad agravando el embargo incluso de medicamentos, con el pretexto del posible doble uso (también militar) de ciertos productos. Denis Halliday, ex coordinador humanitario de las Naciones Unidas para Irak ha calificado el embargo de "genocidio". Según Jutta Burghardt, ex directora del Programa Alimentario Mundial en Irak, el programa petróleo contra alimentos sirve para ocultar los efectos reales del embargo. La señora Burghardt renunció en marzo del 2000 y el señor Hans-Christof von Sponek, coordinador del PAM en Irak, renunció en la misma fecha cuando llegó a la convicción de la imposibilidad de proporcionar una ayuda humanitaria eficaz a Irak.
El embargo ha tenido consecuencias humanitarias tan catastróficas que quienes lo promovieron, lo autorizaron y/o lo consintieron pueden ser imputados de crímenes contra la humanidad en los términos del artículo 6, inciso c) del Estatuto de Nuremberg y del artículo 7 inciso k) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Esta descripción de las responsabilidades no significa que las mismas sean fácilmente justiciables: el camino de la Corte Penal Internacional contiene sólidas salvaguardas para los ciudadanos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en particular para los ciudadanos del principal agresor, Estados Unidos, que no es parte en el Estatuto de la Corte. Y particularmente para los ciudadanos de Estados Unidos existe el cerrojo de la Resolución 1422 del Consejo de Seguridad, que les garantiza la impunidad.
En efecto, el 12 de julio de 2002, bajo presión de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 1422 por la cual ordena por un año renovable a la Corte Penal Internacional que se abstenga de investigar sobre acusaciones contra ciudadanos de Estados – en misión autorizada por la ONU – que no son parte en el Tratado de Roma, como por ejemplo los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, y particularmente los Estados miembros que son parte del Tratado de Roma, han violado el Tratado, interpretando de manera arbitraria su artículo 16 (por sí muy limitativo de la independencia de la Corte frente al Consejo de Seguridad). Dichos Estados violaron también el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que prohibe a los signatarios de los Tratados realizar actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del Tratado. Queda no obstante una ínfima brecha en la resolución 1422 cuando dice "misión autorizada por la ONU" y la agresión a Irak no fue autorizada por la ONU.
V. PARÁLISIS Y CRISIS PROFUNDA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
- Tampoco se ha utilizado el procedimiento de que la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas pidan la convocatoria urgente de una sesión especial de la Asamblea General. (artículo 20 de la Carta).
1)La Asamblea General puede "discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas…" (artículo 11, párr. 2, y artículos 34 y 35 de la Carta);
La Asamblea General ha utilizado el"procedimiento Acheson" en varias oportunidades y en distintas épocas: intervención militar en Egipto (1956), en Hungría (1956), Líbano (1958), conflicto indo-pakistano (1971), Jordania (1980), Afganistán (1980), Namibia (1981), Bosnia- Herzegovina (1992), etc.
Y en cuanto a la Asamblea General, un principio de democratización podría consistir en incorporar a las delegaciones estatales representantes con voz de los parlamentos, de las asociaciones profesionales, del medio académico y de otros sectores sociales, como se puede interpretar que lo permite el artículo 9(2) de la Carta de las Naciones Unidas. Así lo sugería el profesor Benedetto Conforti, en un artículo publicado en el Recueil des Cours de l=Académie de Droit International de La Haye en 1988, (V, T. 212), en el que llamaba a Aluchar para conseguir que se propague la idea de la democratización de las organizaciones internacionales@.
"Cuando se habla del conjunto de la comunidad, 'no se entiende de manera alguna exigir el reconocimiento unánime de todos los miembros de esa comunidad y atribuir así a cada Estado un inconcebible derecho de veto'; lo que se exige es el reconocimiento, 'no solamente de uno u otro grupo (incluso mayoritario) de Estados, sino de todos los componentes esenciales de la comunidad internacional'. En otras palabras, corresponde al conjunto de la comunidad internacional imponer al resto de los Estados las normas a las cuales aquélla le ha atribuido preeminencia"(Profesor Augustin Macheret, Le noyau intangible des droits de l'homme: sources nationales et internationales, en: Le noyau intangible des droits de l'homme, VII colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme à l'Université de Fribourg, Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 1991, págs. 41‑42.).