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Timestamp: 2019-09-23 01:14:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 248', 'artículo 248', 'in fine', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 248', 'in fine', 'artículo 248']

﻿ SENTENCIA 7609 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2003
SENTENCIA 7609 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y POR PASIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD, LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:383 DE NOVIEMBRE DE 2003, PÁG.2065
Sentencia 7609 de septiembre 16 de 2003
Ref.: Expediente C-7609
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil tres (2003).
Decídese el recurso de casación interpuesto por Graciela de Jesús Laverde de Ramírez respecto de la sentencia de 19 de marzo de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Familia, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra Luz Marleny Holguín Piñeros.
1. En la demanda que originó el proceso de la referencia, la demandante manifiesta que a pesar de haber reconocido el señor Raúl Francisco Ramírez Laverde, su hijo, por escritura pública 2.000 de 17 de octubre de 1995 de la Notaría 53 de este círculo notarial, la paternidad natural del menor David Holguín Piñeros, nacido el 7 de enero de 1995, en Tame (Arauca), realmente no es el padre, debido a que para la época en que se presume que tuvo lugar la concepción, no sostuvo relaciones sexuales con la señora Luz Marleny Holguín Piñeros, madre de aquel.
Además informó que como el señor Ramírez Laverde no estaba seguro de la paternidad, condicionó el reconocimiento a una “ampliación… al examen de genética”. Que después del reconocimiento se recibió el resultado de “tipificación molecular DNA de los genes alelos del sistema HLA de clase II”, “en donde se confirma la exclusión… como padre extramatrimonial”.
2. Con base en los hechos expuestos, la actora, en su calidad de madre de Raúl Francisco Ramírez Laverde, solicita que previos los trámites correspondientes, se acepte la impugnación del reconocimiento que como padre natural del menor David Holguín Piñeros, aquel hizo, y se inscriba la sentencia en los libros del estado civil.
3. Constituida la relación procesal con el curador ad litem designado a la parte demandada, el Juzgado Quince de Familia de esta ciudad, en sentencia de 27 de octubre de 1998, negó las pretensiones de la demanda, decisión que al ser apelada por la demandante, el tribunal confirmó en fallo contra el cual la misma parte interpuso recurso de casación.
1. Luego de indicar que los presupuestos procesales se encontraban presentes y que no se observaba causal de nulidad procesal, el tribunal consignó, con apoyo en jurisprudencia transcrita, así como en los artículos 5º de la Ley 75 de 1968 y 248 del Código Civil, que la demandante carecía de legitimación para impugnar el reconocimiento de la paternidad natural, por no ser la “titular del derecho”, según doctrina que cita, a un “interés actual” “pecuniario”, debidamente acreditado, como sería tener derecho a la herencia dejada por quien hizo el reconocimiento. Descartó así, entonces, el interés “puramente moral”.
2. Al respecto anota que la misma parte actora es quien admite que el “reconocedor está vivo, razón por la cual no puede existir interés alguno en su sucesión, pues ello, para cualquiera, no es más que una expectativa”, como igualmente ocurre con una “eventual demanda de alimentos” del menor reconocido contra la demandante.
Además, el “perjuicio económico” causado a la demandante por el reconocimiento que de la paternidad natural hizo su hijo en favor del menor, “debe ser real” y “aparecer demostrado”, sin que para tal efecto sea suficiente afirmar que el interés pecuniario se reduce, exclusivamente, “a los derechos que se transmiten en la sucesión, sino que es necesaria la acreditación de tales aserciones”.
De los tres cargos formulados en la demanda presentada para sustentarlo, el primero y el tercero fueron inadmitidos, razón por la cual la Corte contraerá el estudio únicamente al segundo.
1. Acúsase en este la sentencia del tribunal por haber quebrantado los artículos 5º de la Ley 75 de 1968 y 248 del Código Civil, como consecuencia de la comisión de “errores en la estimativa probatoria”.
2. El recurrente, luego de hacer referencia a los plazos de caducidad en los términos del artículo 248 del Código Civil, dice que en el caso sí es dable predicar la legitimación de la demandante, pues en la citada norma se identifican dos grupos de personas que pueden impugnar el reconocimiento, unos condicionados a que tengan “un interés actual en ello”, “como podría ser el económico”, otros “los ascendientes legítimos” del padre o madre que reconoce, que no tienen necesidad de demostrar “ningún interés económico como erradamente se ha querido hacer ver”, siempre y cuando demanden, los primeros, dentro de los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual, y los últimos en sesenta días contados desde cuando tuvieron conocimiento del reconocimiento.
Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia impugnada y se dicte la de reemplazo accediendo a las pretensiones de la demanda.
1. Si bien el censor afirma que la violación de las normas citadas ocurrió como consecuencia de la comisión de errores en la apreciación de las pruebas, pero sin distinguir la clase de yerro cometido, una razonable interpretación permite hacer ver que esa precisión no era necesaria, porque en realidad el cargo contiene es un ataque por la vía directa, concretamente, por la errónea interpretación del artículo 248, in fine, del Código Civil, en concordancia con el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, en cuanto al interés para impugnar el reconocimiento de la paternidad natural y al término de caducidad para promover la acción, según se trate de los ascendientes del padre o madre que reconoce, o de personas extrañas a estos. Además, porque sobre el particular en manera alguna desciende al campo de los hechos.
2. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, el reconocimiento de la paternidad solamente podrá ser impugnado “por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”.
Ahora bien, como el reconocimiento de la paternidad por cualquiera de los medios señalados en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, implica confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre del reconocido por la época en que se presume la concepción de este, su impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realizó el reconocimiento. Por esto, el artículo 248, in fine, del Código Civil, legítima para impugnar el reconocimiento únicamente a los que “prueben un interés actual en ello”, así como a los “ascendientes legítimos” del padre o madre que reconoce, los primeros dentro de los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron el “interés actual”, y estos en los sesenta días siguientes, contados desde que tuvieron conocimiento del reconocimiento. Desde luego que la expresión “ascendientes legítimos” no debe entenderse referida a la familia originada en el matrimonio, sino a cualquier ascendiente, natural o legítimo, en consideración a que conforme a la Constitución Política, ambas familias se encuentran en el mismo plano de igualdad, así no se haya decidido sobre su exequibilidad (1) .
Según lo expuesto, la legitimación para impugnar el reconocimiento se reserva a dos grupos de personas, uno conformado por los ascendientes del padre reconociente, y otro integrado por quienes sin ser ascendientes tienen “un interés actual en ello”. Por lo demás, el “interés actual” para la prosperidad de la pretensión de impugnación, en los términos como está concebida la norma, no está vinculado a ambos grupos de personas, como bien se colige de la forma como se computa el término de caducidad con respecto a unos y otros, pues mientras que para el primero este corre desde el instante en que “tuvieron conocimiento” del reconocimiento, para el segundo el mojón de partida lo determina la “fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.
Claro está que si el interés es un presupuesto que concierne a toda legitimación por vía de principio general, lo expuesto a propósito de la norma en comentario no significa que de los ascendientes esté ausente el interés en relación con la pretensión impugnativa. Otra cosa es que ese interés lo suponga la propia ley, en tanto se entiende implícito, dado que el reconocimiento de un hijo es una cuestión moral que incumbe a toda la familia y que eventualmente puede afectar el honor y aún la misma tranquilidad del núcleo. De ahí que tratándose del grupo de extraños, con el fin de salvaguardar los bienes familiares que han quedado identificados, la ley exija, como ocurre con la mayoría de las pretensiones, un “interés actual”, amén de concreto, mensurable a partir de un juicio de utilidad, pues de no ser así la paz y el sosiego de la familia quedarían expuestos al arbitrio de cualquier persona. Al respecto ha dicho la Corte que,
“Entonces, aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, según corresponda en cada situación, son quienes están autorizados legalmente para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia” (2) .
Así las cosas, claramente se advierte que el tribunal incurrió en forma directa en yerro de interpretación del artículo 248, inciso final, del Código Civil, al exigir la prueba de un “interés actual” a los ascendientes del padre o madre del reconociente, para la prosperidad de la impugnación del reconocimiento, cuando esa exigencia se encuentra referida es al otro grupo de personas.
En esa equivocación seguramente incurrió por la cita que fuera de contexto hizo de un autor, al comentar el Código Civil de su país, el de Chile, sin caer en la cuenta que ese cuerpo normativo regula en forma independiente y distinta al colombiano, lo relativo a la impugnación de la legitimación y a la impugnación del reconocimiento (arts. 217 y 275, respectivamente), al punto que para lo último no contempla términos de caducidad y confiere la acción a toda persona que pruebe interés actual en ello, es decir, sin distinguir a los ascendientes. Por esto, el mismo autor explica que respecto de la legitimación, la ley dice que no serán oídas sino las personas que prueben un interés actual en ella y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimante, mientras que al hablar de la impugnación del reconocimiento de un hijo natural, se refiere única y exclusivamente a toda persona que pruebe un interés actual en ella, sin decir ni una palabra del padre o madre del que reconoce (3) .
3. El cargo, en consecuencia, se abre paso
1. En la sentencia apelada, el juzgado desestimó las pretensiones por ausencia de legitimación en causa por activa y por pasiva.
2. Respecto de la primera, porque la impugnación del reconocimiento exigía un interés de “carácter patrimonial”, concretado en una “eventual herencia”, lo que suponía el fallecimiento del padre que reconoce, requisito que no estaba cumplido. Para desvirtuar tal argumentación, la Corte se remite a las consideraciones que condujeron a casar la sentencia del tribunal.
3. En cuanto a la falta de legitimación en causa por pasiva, como lo entendió el juzgado, sin estar en entredicho la maternidad natural, la demanda en realidad fue promovida contra Luz Mery Holguín Piñeros, madre del menor, y no contra este, como tampoco contra quien hizo el reconocimiento, independientemente de que aquella sea la representante de su hijo.
Lo dicho se refleja en que la demanda fue dirigida “contra la señora Luz Marleny Holguín Piñeros” y en que en el emplazamiento realizado ni siquiera se mencionó al menor, como tampoco en el auto admisorio de la demanda. Además, porque no es cierto, como se sostiene en el recurso de apelación, que la madre del padre que reconoce y la progenitora del menor, “son las personas que la ley sustancial faculta y legitima tanto para demandar como para ser demandada en acciones de esta naturaleza”, porque si lo que está en entredicho es el reconocimiento de la paternidad natural, que no de la maternidad, la impugnación debe ser enfrentada por quienes están involucrados en esta especie de filiación.
4. Así las cosas, como la ausencia de uno de los presupuestos sustanciales de la pretensión de impugnación del reconocimiento, como es la legitimación en causa por pasiva, también conduce a negar las pretensiones de la demanda, la sentencia del juzgado debe ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 19 de marzo de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Familia, en el proceso ordinario promovido por Graciela de Jesús Laverde de Ramírez contra Luz Marleny Holguín Piñeros, y en sede de instancia CONFIRMA la proferida el 27 de octubre de 1998, proferida por el Juzgado Quince de Familia de esta ciudad.
Sin costas en casación por haber prosperado el recurso. Las de segunda instancia corren a cargo de la parte apelante. Tásense por el tribunal.
Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de origen.
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-105 de 1994.
(2) Sentencia de 11 de abril de 2003, expediente 6.657.
(3) Vid. Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial. Temis S.A., Editorial Jurídica de Chile, Bogotá 1992, volumen II, Tomo III, pág. 54.
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