Source: https://issuu.com/alexanderriojabermudez/docs/jur199
Timestamp: 2017-05-25 16:38:57
Document Index: 327359460

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 19', 'artículo 142', 'artículo 427', 'artículo 427', 'artículo\n446', 'artículo 2003']

interes para obrar en las excepciones y defensas previas by alexander rioja bermudez - issuu
SUPLEMENTO DE ANÁLISIS LEGAL DE EL PERUANOMartes 20 de mayo de 2008 • Año 5Interés para
obrar en las
4, 5 y 62•GERARDO SÁNCHEZ-PORTURAS GANOZAEmergencias
en el PerúOHENRY CARHUATOCTO SANDOVAL3•
El libro: El Arbitraje en las distintas
del Derecho (colectivo)
7 y 8•
Fiscalización posterior en los gobiernos
locales con el sistema de muestreoOPEDRO ALBERTO
TOLEDO CHÁVEZORICARDO
VÁSQUEZ KUNZE2•jurídicaSuplemento de
análisis legal<.BSUFTEFNBZPEF>Las emergencias
ambientales en el Perú
HENRYCARHUATOCTO
SANDOVALAbogado por la UNMSM
Estudios de Maestría y Doctorado en la UNMSMLos altos niveles de contaminación
de plomo de la ciudad de la Oroya,
ocasionó que el Tribunal Constitucional (Expediente Nº 2002-2006-PC/TC)
ordenara al Ministerio de Salud implementar un sistema de emergencia
para atender la salud de las personas
contaminadas por plomo en esa ciudad, debiendo priorizarse la atención
médica especializada de niños, niñas
y mujeres gestantes, a efectos de su
inmediata recuperación. Este caso
puso en evidencia la ausencia de regulación de las declaratorias de emergencias ambientales en el país.
El artículo 28º de la Ley General del
Ambiente (Nº 28611) y la Ley que regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental (Nº 28804), fueron signiﬁcativos avances sobre el tema. El D. S.
Nº 024-2008-PCM, publicado el 2-0408, le brinda, al ﬁn, operatividad a la
institución al establecer los criterios y
el procedimiento para la declaración
de Emergencia Ambiental.
Las emergencias ambientales se producen básicamente debido a un daño
ambiental súbito, inesperado o con
tendencia a su incremento abrupto
y superando signiﬁcativamente los
niveles de afectación ambientales establecidos por el CONAM y que pone
en grave peligro el ambiente y la población local.jurídicaLos efectos que pueden
generar una emergencia ambiental son la destrucción de
hábitats frágiles, raros o de
sustento de especies en peligro de extinción; contaminación de fuentes de aguas
para consumo doméstico,
aguas subterráneas, aguas
superﬁciales; contaminación
atmosférica; afectación a humedales, tierras de cultivo,
plantaciones o actividades
productivas; afectación a la
salud pública en general,
entre otros. Una emergencia
ambiental afecta de manera
directa la calidad de vida, la
salud y los servicios ambientales que nos brinda nuestro
El objetivo de la declaratoria de emergencia ambiental es adoptar medidas
inmediatas para resguardar el ambiente y la salud
humana, permitiendo que
se recupere un estado ecológicamente equilibrado y
digno para la vida humana.
NIVELES DE DAÑO AMBIENTAL
La clasiﬁcación de estos niveles están
establecidos en la norma y distingue
• Leve (Nivel amarillo): Cuando el
daño ambiental es mínimo de acuerdo
a los indicadores ambientales vigentes y aprobados por el CONAM, en
coordinación con el MINSA.
• Moderado (Nivel anaranjado):
Cuando el daño al ambiente es importante pero no llega a ser signiﬁcativo
de acuerdo a los estándares ambientales vigentes.contaminación por petróleo en el río
Corrientes.• Signiﬁcativo (Nivel rojo-emergencia ambiental): Cuando el daño
ambiental es signiﬁcativo y constituye una amenaza para la vida, salud,
propiedad y ambiente. En dicho caso
se requerirá una movilización de recursos suﬁcientes para controlar la
situación de emergencia y recuperar
las condiciones ambientales naturales de la zona afectada. Situaciones
de emergencias ambientales fueron:
la cuarta y quinta rotura de tuberías
de gas producida el 24-10-2005, que
ocasionó la contaminación del río
Urubamba, la contaminación de mercurio ocurrida en Choropampa [1] o laPLAN DE ACCIÓN
El plan de acción inmediato y de corto
plazo para atención de la emergencia ambiental que se implementa en
dicho contexto tiene por objeto controlar la situación de emergencia y
atender los efectos negativos sobre la
salud publica, ambiente y actividades
productivas. Los gobiernos regionales
junto con otras entidades públicas
competentes son responsables de
la implementación del mencionado
documento pudiendo en estos casos
acudirse por la emergencia a una
exoneración de procesos de selección
para la adquisición de bienes y servicios. [2]
Finalmente, recordemos que el
causante de la degradación ambiental, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación que
corresponda o, cuando lo anterior no
fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados,
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales
a que hubiera lugar de conformidad
con el artículo IX de la Ley General
del Ambiente. X[1] Cfr, Primer Pleno Casatorio Civil de laCorte Suprema de Justicia de la República,
publicado en “El Peruano”, el 21-04-08.
[2] El artículo 19º del T.U.O. de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por el D. S. No 083-2004-PCM,
modificado por la Ley No 28267 y el
artículo 142º de su Reglamento, aprobado
por D. S. No 084-2004-PCM.Directora (e): Delﬁna Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar |
Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurín | Diseño y estilo: Daniel Zavala Agapito
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: fdelsolar@editoraperu.com.peJurídica es una publicación de2008 © Todos los derechos reservados<.BSUFTEFNBZPEFSuplemento de
análisis legal>GOBIERNOS LOCALESCENTRAL DE RIESGO
ADMINISTRATIVOLos gobiernos locales en los últimos
años se han visto obligados a adecuar, modiﬁcar y aprobar sus normas
municipales conforme a los cambios
efectuados en el ordenamiento jurídico vigente, la LPAG (1), la LOM (2),
las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Fiscal,
La Ley del Silencio Administrativo,
los informes y/o pronunciamientos
emitidos por la Defensoría del Pueblo
e Indecopi, la creación y aplicación
de servicios administrativos, entre
otros.públicas, desarrollando el principio
contenido en el numeral 1.16) del Título Preliminar, referido al Privilegio
de Controles Posteriores, y los artículos 31º y 32º, sobre aprobación automática y ﬁscalización posterior, ambas disposiciones de la LPAG.
Las entidades públicas han tenido un plazo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles contados desde su
publicación para implementar la ﬁscalización posterior (4), por lo que a
partir del 21 de febrero del presente
año, está vigente; por tanto, su cumplimiento tiene el carácter de obligatorio. El decreto uniforma las acciones de ﬁscalización posterior por la
administración en los procedimientos
administrativos previstos en el TUPA
sujetos a aprobación automática o a
aprobación previa.MARCO JURÍDICOFISCALIZACIÓN POSTERIORLa norma materia de
análisis prescribe que
la entidad pública debe
aplicar Un Sistema de
Muestreo, que consiste
en la selección por
ingresados para su
ﬁscalización posterior.Este marco jurídico tiene por objetivo
velar y hacer respetar los derechos
fundamentales de los administrados
frente a la administración, los principios que deben regular los procedimientos administrativos, y la conceptualización de lo que debe entenderse
por “autonomía” de los gobiernos locales. Esto debe implicar un cambio
de mentalidad de las autoridades
locales y funcionarios públicos municipales.
En este contexto, el año pasado
salió publicado en el Diario Oﬁcial El
Peruano el D. S. Nº 096-2007-PCM (3),
que regula la ﬁscalización posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte de las entidadesEs la facultad que tienen las entidades
públicas de veriﬁcar la autenticidad
de las declaraciones, documentos,
información y traducciones presentados por los administrados y que
sirvieron de sustento para el inicio o
la conclusión del respectivo procedimiento administrativo. Esta facultad
es ejercida de manera obligatoria.
A ﬁn de ejercer esta ﬁscalización,
la norma materia de análisis prescribe
que la entidad pública debe aplicar un
Sistema de Muestreo, que consiste en
la selección por medios electrónicos o
informáticos de expedientes administrativos ingresados para su ﬁscalización posterior. Para el caso especíﬁco
de procedimientos administrativosde aprobación automática, el sistema de selección deberá garantizar
una muestra aleatoria simple de no
menos del 10% del total de expedientes tramitados en el semestre con un
máximo de 50 expedientes por cada
procedimiento previsto en el TUPA.
Si bien no se señala expresamente, la ﬁscalización posterior debe ser
ejercida permanentemente, debiéndose emitirse informes semestrales
por quien efectúa la ﬁscalización al
área en que se tramitaron los expedientes administrativos materia de
control (ﬁscalización). Éste debe comprender, además, el cruce de informa-PEDRO ALBERTOTOLEDO
CHÁVEZAbogado. Funcionario Público.•3ción con aquellas entidades públicas
y privadas que puedan ﬁgurar en el
contenido de las declaraciones, documentos, información y traducciones,
las cuales también deberán pronunciarse en los mismos términos que la
entidad solicitante de la información.Posterior
ANÁLISISjurídicaSi producto de un proceso de ﬁscalización se hayan presentado declaraciones, información o documentación
falsa o fraudulenta, además de aplicar
las sanciones administrativas como,
por ejemplo, la de dejar sin efecto el
acto administrativo emitido, y autorizar al procurador publico municipal
la interposición de la denuncia penal
respectiva, se deberá comunicar a la
PCM tal hecho para ser registrada en
la denominada “Central de Riesgo
Administrativo” (CRA) (5).
En la CRA se registrará el nombre,
documento de identidad o RUC, y domicilio de aquellos administrados que
hayan presentados declaraciones,
información o documentación falsa o
fraudulenta. Esta central será de acceso exclusivo de las entidades de
la Administración Pública, para que
tengan información acerca de los administrados que hayan incurrido en
los actos anteriormente señalados. La
PCM ha aprobado una directiva sobre
el procedimiento de regulación y acceso a la CRA, la que fue aprobada
mediante la Resolución Nº 048-2008PCM (6).
Como se aprecia, en la Administración Pública en general, y especialmente en los gobiernos locales,
pricipalmente, se aplican nuevos
principios y facultades en los procedimientos administrativos que deben
conllevar a una capacitación permanente de quienes deben ejecutar
dichos principios y facultades, el no
hacerlo hará que se corra el riesgo de
ser sujeto de las acciones legales correspondientes. XNorma vigente desde el 11/10/01
Norma vigente desde el 28/05/03.
Publicada el 14/12/07
Según la Segunda Disposición
Complementaria y Transitoria del D.S.
No. 096-2007-PCM.
[5] Véase los artículos 6º y 7º del
acotado Decreto Supremo.
[6] Publicada el 16/02/08 y en la página
web: www.peru.gob.pe
[4]4-5•jurídicaSuplemento de
análisis legalEl interés para
GERARDOSÁNCHEZ-PORTURAS
GANOZA (*)Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
Profesor de Derecho Procesal Civil en la USMPLa creciente insatisfacción del estado
de necesidad de Tutela Jurisdiccional
por parte de la sociedad requiere de
una respuesta legislativa inmediata,
dirigida, en lo posible, a disminuirla.
Una de esas medidas a tomar, sería la
de reducir los existentes trece medios
de “defensa de forma”, a únicamente
cinco “excepciones”; creando, a la par,
la excepción de “falta de interés para
obrar”, la que, a su vez, contando con
una deﬁnición certera y precisa de sus
alcances conceptuales, tendría como
causales, las siete excepciones que actualmente la conﬁguran.
A nuestro juicio, ello contribuiría, sin
duda alguna, a facilitar enormemente el
uso adecuado e idóneo de los citados
instrumentos de defensa formales por
quien demanda impartición de justicia
(justiciable); y su manejo y aplicación
meridiana por parte de los jueces. Asimismo, dada la naturaleza e implicancias de la “excepción de caducidad”,
ésta pasaría a constituirse en causal de
sustento de la “excepción de falta de legitimidad para obrar”.NECESIDAD DE TUTELA
Es lo que la doctrina conoce, y nuestroordenamiento procesal civil vigente recoge, como la categoría procesal denominada “interés para obrar”, regulada,
expresamente, en el inciso segundo del
artículo 427° del Código Civil (CC).
Así, quien imparte justicia civil con
el ﬁn de ingresar a la esfera privada del
particular e imponer allí su autoridad,
aplicando la norma material pertinente
–Tutela Jurisdiccional– debe advertir,
previamente, si quien lo solicita, en efecto, le es imprescindible la intervención
estatal para solucionar el enfrentamiento intersubjetivo de intereses sustanciales, surgido como consecuencia de la resistencia ofrecida por uno de ellos, a que
impere el otro sobre el suyo.
Ello es, en puridad, lo que se con-ﬁgura como el interés o necesidad de
la presencia del órgano jurisdiccional
dentro del ámbito privativo de quienes
impetran su Ius Imperium para lograr la
composición del diferendo.
Desde esa óptica, el interés adjetivo
o necesidad de obrar se convierte en el
medio promotor para lograr que los intereses materiales en oposición, sean
materia de pronunciamiento jurisdiccional con la ﬁnalidad de poner coto a esta
lucha.EL INTERÉS PARA OBRAR EN LA
El maestro Guiseppe Chiovenda lo consigna como “el interés en conseguir el
bien garantizado por la ley por obra delos órganos jurisdiccionales”, para luego agregar que “sin la intervención del
órgano jurisdiccional, el actor sufriría un
daño injusto”.
Sin embargo, fue Gian Antonio Michelle, quien, en una de las deﬁniciones más precisas, nos produjo la elucubración, materia de este comentario,
cuando al “interés para obrar” lo plasma
como la “situación de insatisfacción en
que un sujeto puede llegar a encontrarse
si no recurre al juez, en cuanto que solo
la obra de este último puede satisfacer
dicho interés. Esto es, hacer desaparecer la insatisfacción misma”.
En consecuencia, resulta ineludiblemente perentorio, que la justicia animada haga efectivo dicho postulado,<cual es, en principio, el de eliminar en
el actor ese estado de insatisfacción
emocional, y, luego, material si es que
logramos, como ya hemos anotado, cubrir con la premura respectiva su interés procesal.
Es más, para que el que imparte
justicia encuentre justiﬁcado saciar
esa tutela exigida por el potencial pretensor, debe proceder a diagnosticar
la demanda incoada, advirtiendo si es
que ésta observa a plenitud los presupuestos procesales, tanto los formales
como los materiales (fondo), conocidos
también como “condiciones de la acción”. Luego, es conveniente, de igual
modo, veriﬁcar las posiciones doctrinarias al respecto.TEORÍAS SOBRE LAS
Existen dos teorías que informan los presupuestos materiales o condiciones de la
acción. A saber:
1) La primera, de la norma adjetiva
con rostro humano, defendida por el precursor del Derecho Procesal Civil en nuestro país y de cuyo manantial intelectual
beben incluso conspicuos tratadistas de
nivel internacional. Nos referimos a nuestro maestro y probo jurista, Carlos Parodi
Esta teoría radica su postulación en
que al dictarse una sentencia estimatoria es donde se encuentre acreditada
la conﬂuencia copulativa de las “condiciones de la acción - condiciones parauna sentencia favorable”, que el maestro
llama como la “voluntad de la ley o el amparo legal, legitimidad para obrar –sea
ésta ordinaria o extraordinaria, principal
o secundaria, total o parcial - y el interés
para obrar”.
Ella se encuentra respaldada por tratadistas de la talla de Hernando Devis
Echandía, Hugo Alsina e incluso el citado Giuseppe Chiovenda, concluyendo en
que dichos requisitos de fondo no deben
ser auscultados por el juzgador ni al caliﬁcar la demanda y menos posteriormente, sino recién en el momento de emitir su
sentencia ﬁnal o decisión jurisdiccional.
2) La segunda, es aquella que pregona y que por cierto es la asumida por
nuestro ordenamiento procesal civil, que
las “condiciones de la acción” deben ser
veriﬁcadas en los sucesivos diques de
contención del “derecho de acción” que
regula nuestro proceso civil. Es decir, en
principio, al caliﬁcar el emplazamiento.
Luego, al llevar a cabo similar ritual con la
contradicción, y, ﬁnalmente, en la etapa
del saneamiento procesal. Excepcionalmente, se hará al momento de dictarse la
sentencia, la cual, inexorablemente, será
inhibitoria, si es que en ella se ha establecido la invalidez de la relación procesal.
Esta teoría que solo reconoce como
“condiciones de la acción”, a la “legitimidad y al interés para obrar”, es postulada en nuestro país por el reconocido y
reputado procesalista nacional, Juan Federico Monroy Gálvez, quien es avalado
por Enrique Véscovi y aún por Liebman,
quienes estiman que el juez se encuentra obligado a otorgar “protección jurisdiccional”, o, mejor dicho, a satisfacer la
necesidad de ella, sólo si la acción muestra indubitablemente la presencia de las
citadas “condiciones de la acción”.
Es pertinente anotar, que de esta
teoría se nutre el Código Procesal Civil
Modelo para Latinoamérica, así como de
las vigentes legislaciones procesales de
Uruguay, Brasil y Venezuela, por citar las
más recientes. Asimismo, de la de Italia y
Francia, en Europa.¿INTERÉS PARA OBRAR
COMO EXCEPCIÓN?
Pese a que el impetrante haya logrado
que el juez permita se abran las compuertas del dique de contención de ingreso al
canal de ﬂuidez procesal (admisión a trámite de la demanda luego de caliﬁcarla)
si el compelido considera que éstos no
debieron ser abiertos, puede - muy bien,
ejercitando su derecho de contradicción-,
tratar de cerrarlas, deduciendo para ello.BSUFTEFNBZPEF>las respectivas “excepciones” que la norma reguladora franquea. Éstas, sin duda,
no vienen a ser sino “medios de defensa
de forma”, destinados a poner en conocimiento del guardián de la formalidad
procesal (el juez), la carencia o débil presencia de los “presupuestos de fondo o
condiciones de la acción”.
Siendo que, uno de ellos, es el “interés
para obrar”, en principio, el inciso segundo del artículo 427° del acotado corpus
iuris, faculta a la “justicia en acción”, a
que, de oﬁcio, rechace liminarmente la
demanda incoada, si advierte su maniﬁesta ausencia en ésta.
De no haber procedido así, entonces el
accionado tiene habilitado y, a su disposición, como ya se ha plasmado, una gama
o variedad de “excepciones” que comportan la “falta de interés para obrar”. Si
bien esta “condición de fondo” no ha sido
legislada como una “excepción”, es de
concluir que, certeramente, siete de ellas
–excepciones- son las que lo conﬁguran
y, como tal, muestran a plenitud tal posición. En efecto, de acuerdo con el artículo
446° del mismo código, ellos son:EXCEPCIONES
- Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa. En ésta, porque al no haber
alcanzado la “cosa decidendi” en sede
administrativa, aún le cabe al accionante la posibilidad que su pretensión sea
acogida en la misma; luego la vía común
todavía no le es la pertinente.
- Litispendencia. Al respecto conviene
precisar que, la “Necesidad de Tutela o
Interés para Emplazar”, como se dijo al
comienzo, conlleva a conseguir la intervención estatal, vía la judicatura, en la
posible solución del trance de intereses
materiales, mas no necesariamente a que
prevalezca el del requirente por sobre el
del requerido. No. La insatisfacción de
Tutela se complace por el dador de justicia con su sola presencia y, a cargo de
la dirección del proceso civil en trámite.
Así, de tal manera, el interés procesal
o necesidad de tutela, estará hartamente
colmado. La prevalencia del “interés material o sustantivo del demandante”, no
se encuentra dentro de los alcances del
“interés adjetivo o urgencia de tutela”.
Por eso, cuando se llega a veriﬁcar que
aparte del proceso donde se ha deducido esta excepción existe otro en ciernes,
o sea, sin pronunciamiento deﬁnitivo y,
asimismo, posea la triple identidad de
partes, similar petitorio e igual interés
para obrar. En este caso, se debe recha-6•jurídicaSuplemento de
análisis legal<.BSUFTEFNBZPEF>zar, pues ya consiguió la intervención o
presencia del Estado. Intentarlo de nuevo
e inmediatamente es fútil.
• Cosa juzgada. Aquí no debe interesar si
se trata de “cosa juzgada absoluta o relativa, material o formal”. Es lo de menos.
Lo cierto es que el pretensor, ya obtuvo
una “decisión jurisdiccional ﬁrme”. Por
consiguiente, no sólo ha aplacado su interés procesal, sino que incluso ha generado la actuación y declaración del derecho
objetivo, al margen de que la sentencia
expedida, no haya satisfecho su interés
material. Siendo así, es intonso un nuevo intento de arrimo a la tutela. Ingresan
al radio de acción de esta excepción, los
acuerdos arribados extrajudicialmente y
que por su naturaleza de “ﬁrmes” se homologan a una sentencia con la “calidad
de cosa Juzgada”, bien sea como “conciliación” o bien como “transacción”.
• Desistimiento de la pretensión. Si el impetrado acredita que el peticionante ya
se había retraído de igual petitorio que el
incoado, exigirlo doble y posteriormente,
conlleva a establecer, a no dudarlo, que
ya no ofrece un estado de necesidad de
tutela. Esta excepción también debe demostrar la triple identidad.
• Conclusión del Proceso por Conciliación o Transacción. Aquí, lo único
que interesa al juzgador, para poder
determinar si hay necesidad de tutela,
es ver si la controversia de intereses
sustantivos, culminó o no en un proceso anterior que coincide en identidades, y que cuenta con la aprobación
del juez de los acuerdos arribados, vía
el uso por las partes procesales, de
dichas formas de conclusión del proceso, esto es, la de “conciliación” y
“transacción” intra proceso.
Mas no considera en lo absoluto, para
poder acoger la excepción deducida, que
los convenios asumidos mediante esas
modalidades de ﬁniquitamiento procesal,
se hayan validado cual decisión jurisdiccional con la santidad de la “cosa juzgada”. Asumirlo así, de un lado, involucraría a desestimarla, pues la apropiada o
idónea para hacerlo valer sería la de cosa
juzgada, donde sí tienen cabida, con propiedad, como conocemos, las conciliaciones y transacciones extrajudiciales.
Por otro lado, la excepción de caducidad de ninguna manera comporta carencia de interés procesal o falta de interés
para obrar. La caducidad, como bien sabemos, artículo 2003° del CC, desaparecela relación jurídica material entre las partes, a raíz de haber precluido el espacio
temporal estimado legislativamente.
Al haberse esfumado ese vínculo de
éstas con el derecho material, “este medio de defensa de forma”, en realidad está
conformado a demostrar que no existe legitimidad para obrar, como consecuencia,
precisamente, reaﬁrmo, de haberse extinguido ese contacto entre la persona con
la norma material, puesto que ya no hay
esa coincidencia de identidades entre la
persona concreta que acciona o es inquirida, con la persona abstracta a quien la
ley habilita para emplazar o contra quien
se dirige la acción.
• La prescripción extintiva. Ésta lo que
desvanece, dado la perentoriedad del
transcurso del tiempo concedido por la
ley, es la posibilidad de que el Estado se
inmiscuya en el contorno particular de
quien exige su incursión. Este instrumento formal de defensa es la que da la estocada mortal a la “necesidad de amparo
procesal o de tutela”.
• El convenio arbitral. Al concertar las
partes materiales que, ante las posibles
atingencias que pueda manar la relación
jurídica sustantiva constituida, la satisfacción de su necesidad la buscarán, no
en el fuero común, sino en el privativo;
entonces, dirigirse a aquél y no a éste
conforme a lo previsto por ellos, es redundante y demostrativo de lo innecesario de
la presencia estatal en el pleito.
Ahora, aún cuando de los recaudos
y del texto de la demanda impetrada,se advierta que la necesidad de tutela
o interés para obrar no es maniﬁesto,
al haber prescrito el derecho de acción
(prescripción extintiva) o por que los sujetos ya han estipulado avenirse al fuero
privativo (convenio arbitral), el juzgador se encuentra impedido de aplicar lo
preceptuado por el segundo numeral
del articulo 427° ya consignado, por
prohibírselo, expresamente, los artículos
1992° del CC y 15° de la Ley General de
Arbitraje, respectivamente.
Finalmente, “las defensas previas”
de no haberse efectuado, también denotan aun la “no necesidad de tutela o
interés adjetivo”. Si el potencial actor,
antes de cruzar la frontera que delimita el territorio material del proceso, no
ha llevado a cabo los actos sustantivos
anteriores que le conciernen, entonces,
todavía no debe requerir la actuación del
órgano jurisdiccional.CONCLUSIÓN
En consecuencia, para culminar, debemos aﬁrmar con plena e imperativa certeza que, existiendo, aparte de las defensas previas, hasta siete excepciones que
conﬁguran la maniﬁesta falta de interés
para obrar. Nada obsta, a efectos de una
saludable y efectiva satisfacción de la necesidad de tutela jurisdiccional por parte
de los hacedores de justicia, que se le legisle, constituyéndose la “excepción de
falta de interés para obrar”.
Los alcances de esta excepción no
sólo comprenderían la ausencia de necesidad de tutela, sino, inclusive, nos
atrevemos a señalarlo, a la carenciadel derecho mismo a la tutela jurisdiccional. Así, la subsunción o encuadre
en ella, como causales de fundamento,
de las actuales excepciones vertidas,
y las defensas previas, habremos conseguido, didácticamente, no sólo facilitar su adecuado uso por todos los que
hacen realidad el derecho y la justicia,
sino, lo más importante, viabilizado
enormemente, cualitativa y cuantitativamente, la satisfacción de la necesidad de tutela jurisdiccional de nuestra
población que demanda justicia.
Se delimitaría de esa forma, con precisión meridiana, el ámbito de su aplicación y no como sucede ahora, que existe una confusión e invasión de linderos
conceptuales entre las excepciones que
se subsumen dentro de la ausencia de interés adjetivo. Y lo que es más, se podría
pretender incluso, si se advierte intención
de distracción vana a la función judicial,
que esta excepción invada el ámbito del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,
denunciando su frágil presencia, tanto en
lo ordinario como en la diferenciada.
No estaría demás, revisar la conceptuación de la “excepción de falta de legitimidad para obrar”, la que como hemos
avistado, también es denunciada por la
excepción de caducidad. Esta última,
junto con las excepciones de falta de legitimidad para obrar tanto activa como
pasiva, podrían convertirse en vertientes
de aquella, y así obtener una mayor instrumentalización. X
(*) En conmemoración a los dos años del
sensible fallecimiento de mi señor padre.<.BSUFTEFNBZPEFSuplemento de
análisis legal>jurídica•7El Arbitraje en
RICARDOVÁSQUEZ
KUNZEAbogado por la PUCPEl arbitraje en las distintas áreas del
derecho se encuentra tratado amplia
y detalladamente en los volúmenes 3
y 4 de la Biblioteca de Arbitraje, bajo
la dirección del ilustre jurista peruano
Jorge Luis Collantes González. Libros
editados por Universitat Abat Oliba
CEU, Palestra Editores y Mario Castillo Freyre. Lima, 2007. Ésta es una
obra colectiva que reúne la imperdible
producción académica de veinticinco
juristas españoles con amplia experiencia docente e investigadora de las
universidades más importantes de la
Los dos volúmenes de los que consta el libro comprenden cuatro partes
diferenciadas. La parte I está dedicada
a La legitimidad del arbitraje, la parte
II trata sobre el Arbitraje y derecho público, la parte III: Arbitraje y derecho
privado, y la parte IV al Arbitraje en la
sociedad internacional y el entorno jurídico de nuestros días.
En ambos volúmenes se aborda el
arbitraje desde el prisma de sus respectivas especialidades en el derecho que
en esta obra son una legión de académicos especializados bajo la dirección
de Collantes González, diseñador de la
estructura de la misma.LOS AUTORES
Pertenecen a distintas áreas de conocimiento, universidades, generaciones y
concepciones jurídicas. Se trata de una
obra plural no solo en cuanto a las materias que reúne sino también en el enfoque que, desde cada disciplina, se haObra colectivaTomo 1 (primera parte), Tomo 2 (segunda parte) / Editorial Palestra, Lima 2007
podido dar al arbitraje, contando cada
trabajo con el aporte personalísimo de
cada autor, sin la menor interferencia
que vaya más allá del reparto de temas
de su diseñador.
La obra está prologada por el
profesor Mario Castillo Freyre, de la
Pontiﬁcia Universidad Católica del
Perú (PUCP), quien resalta que la publicación de una obra como ésta, que
recoge la experiencia vivida en España sobre el arbitraje y su desarrollo,
puede representar claros indicadores
y derroteros que el derecho peruano
podría evaluar y seguir en beneﬁcio
de la solución más idónea de las controversias y de la institución arbitral,
que tanto contribuye a tal objetivo.Asimismo, en las primeras páginas
el director agradece a los autores haber hecho posible la materialización
de una iniciativa colectiva "haciendo
posible que un libro inédito escrito
desde mi querida España sea publicado en mi entrañable Perú".PRIMERA PARTE
Se reúnen en dos capítulos tanto la legitimidad constitucional del arbitraje
(R. Escalé. U. Pompeu Fabra) como la
pretendida anulación del laudo arbitral
y la posición de los tribunales españoles al respecto, aludiéndose a la Ley
60/20003 de 26 diciembre de 2003 (J-P.
González Velasco. Universidad San Pablo CEU).SEGUNDA PARTE
En la parte de derecho público se reúnen los trabajos sobre Arbitraje y administraciones públicas (J. V. González
García. U. Complutense de Madrid), El
arbitraje y el derecho de la contratación
pública (B. Díaz Madrera. U. de Oviedo),
Arbitraje y derecho del medio ambiente (Javier Junceda Moreno. U. Internacional de Cataluña), Arbitraje y derecho penal: ¿viabilidad de un arbitraje
en materia penal? (R. Ventas Satre. U.
Rey Juan Carlos de Madrid), Arbitraje
y recientes desarrollos en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad (M. A. Davara Fernández
de Marcos. U. Europea de Madrid).8•jurídicaSuplemento de
análisis legal<.BSUFTEFNBZPEF>TERCERA PARTE
Los autores abordan El arbitraje en
derecho societario (Mª P. Perales Viscasillas. U. de la Rioja), Arbitraje y
derecho de la competencia (M. Gonzalo Quiroga. U. Rey Juan Carlos de
Madrid), El arbitraje y el derecho de
los consumidores y usuarios (J. Guillén Caramés. U. Rey Juan Carlos de
Madrid), Arbitraje y resolución extrajudicial de controversias en el derecho
de la publicidad (S. Pérez Escalona. U.
de La Rioja), Arbitraje y derecho de la
propiedad intelectual (D. Bello Janeiro. U. de la Coruña), El arbitraje en el
ámbito marítimo (B. de la Vega Justribó. U. Carlos III de Madrid), Arbitraje y
derecho de familia (I. Viola Demestre.
U. de Barcelona), Arbitraje y derecho
de sucesiones: el arbitraje testamentario (F. Yáñez Vivero), Arbitraje y derecho deportivo (A. Roldán Martínez.
U. Europea de Madrid), Arbitraje y
derecho laboral: puntos conﬂictivos
del arbitraje en materia electoral y de
la impugnación judicial del laudo (M.
Arroyo González. U. Europea de Madrid), Arbitraje y derecho inmobiliario:
los procesos arrendaticios, en concreto, los relativos a la resolución del contrato, al desahucio por falta de pago y
la sumisión a tribunales arbitrales (S.
González Seoane. U. San Pablo CEU).CUARTA PARTE
Contiene trabajos en los que aﬂora el
fenómeno de desjudicialización de las
controversias internacionales. En esta
parte encontramos los trabajos Arbitraje y derecho internacional público
(J. L. Collantes González. Universidad
Internacional de Cataluña), Arbitraje
y derecho del comercio internacional
(a propósito de los problemas en el
derecho internacional privado) (Lydia
Moreno Blesa. U. Europea de Madrid),
El arbitraje y otras formas de resolución
extrajudicial de conﬂictos en el derecho
comunitario (C. Hermida del Llano. U.
Rey Juan Carlos de Madrid), Arbitraje y
protección de inversiones (N. Zambrana Tévar. U. de Navarra), El arbitraje a
la luz de las jurisdicciones internacionales: los tribunales arbitrales internacionales (C. Parra Rodríguez. U. Abat
Oliba de Barcelona), El sistema arbitral
del Centro Internacional de Arreglo
(CIADI) (Pedro Claros Alegría.) y El arbitraje en el marco de la Organización
Mundial del Comercio (E. López Barrero. U. Politécnica de Madrid).Mario Castillo Freyre.ANÁLISIS
El conjunto de los títulos abordados
por los autores habla por sí solo de la
expectación que esta creación bibliográﬁca representa. Más allá de la multidisciplinariedad arbitral de la que secompone el libro, resulta muy creativo
que una laboralista, otra profesora de
derecho de familia, o de sucesiones, o
de ﬁlosofía del derecho, otras de derecho internacional privado o de derecho
mercantil o de derecho penal, entre
otras disciplinas, descubran que sus
dominios temáticos tienen insospechadas conexiones con el arbitraje, lo cual
enriquece, en primer lugar, su propia
materia de derecho y, seguidamente,
demuestra que el arbitraje pasa a formar así parte de su especialidad.
Pero quizá el poder de esta obra
consista en la constatación del porqué
el arbitraje pasa a convertirse en un
tema fundamental en cualquier área
del derecho. Y la respuesta es que cualquier área del derecho es impensable
sin un mecanismo jurídico de solución
Lo raro no es que durante siglos el
mecanismo jurídico de solución de controversias en el derecho de familia, en
el derecho penal o en el de sucesiones,
por poner unos ejemplos, hayan sido
los jueces de justicia del Estado. Lo im-pensable hasta hace apenas unas décadas es que pudiera dejar de serlo. Y
que hoy la justicia del Estado, en tanto
jurisdicción pública, no solo deje lugar
al arbitraje en diferentes sectores, sino
que ceda y muchas veces entronice a
la jurisdicción privada como medio de
solución jurídica de controversias en
una gama antes impensada que lo que
hace es retornar el protagonismo a la
sociedad. Lo que quiere decir, en buen
romance, el declive de la jurisdicción
estatal y el alba de la jurisdicción privada en el derecho.
Que el arbitraje como medio de solución de controversias se globaliza al
ritmo de la sociedad es lo capital en
esta obra, la que sigue la línea discursiva de los volúmenes 1 y 2 de la Biblioteca de Arbitraje, a saber: Arbitraje.
El juicio privado: la verdadera reforma
de la justicia (Mario Castillo Freyre y
Ricardo Vásquez Kunze. Cátedra Garrigues/Universidad de Navarra, Palestra
Editores) y Arbitraje y debido proceso,
correspondientes a 2006 y 2007, respectivamente. XAll pages:12345678InfoSaveLikeShareDownloadMoreinteres para obrar en las excepciones y defensas previas Published on Oct 1, 2009 Interesante articulo del Dr Monroy sobre la figura del interes para obrar que tienen las partes para interponer excepciones y defensas previ...See MorealexanderriojabermudezFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore