Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/Libroweb/cap2.htm
Timestamp: 2019-04-25 12:34:22
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EL PERÍODO DE LA DETERMINACIÓN DE LA NACIONALIDAD: 1820 A 1842
Existen diversas formas para fijar períodos de la historia desde la perspectiva del rol del Congreso en la tarea de forjar lo que hoy podemos llamar la historia internacional del Perú.
Una de ellas puede ser planteada desde la perspectiva de la vigencia de las Constituciones en el Perú, que por lo demás fueron aprobadas por Congresos Constituyentes. Como sabemos, el Perú, a diferencia de otros países que tienen una continuidad constitucional desde el inicio de sus vidas republicanas, ha refundado muchas veces el Estado, estableciendo nuevos parámetros del ejercicio del poder. Vista así, la historia internacional del Perú ofrece una suerte de ambivalencia entre rompimiento y continuidad, pero también –y lo que es más grave– una perspectiva de enfrentamiento continuo entre Ejecutivo y Parlamento cuyo análisis, aunque resulte importante, no determina el rol del Parlamento en la gestión externa del Estado.
En realidad, la participación del Poder Legislativo en la política internacional del Perú se inicia con la misma formación primigenia del Estado peruano. En octubre de 1821, poco después de proclamar la Independencia, el General José de San Martín, en su calidad de Protector del Perú, promulgó el Estatuto Provisional que debía regir al territorio liberado de la dominación española. Dicho estatuto creó un Consejo de Estado con las funciones propias de un Poder Legislativo. El Protector debía consultar con dicho Consejo el nombramiento de representantes peruanos en el extranjero, así como la celebración de tratados diplomáticos o comerciales internacionales. Poco después, la primera Constitución del Perú, sancionada en noviembre de 1823, otorgó al Poder Legislativo una serie de atribuciones que se mantendrían constantes en las otras Constituciones, salvo casos especiales.
El análisis de los temas que las Constituciones abordan en cuestiones de gestión externa puede ser vasto y permite una visión sobre el rol normativo del Congreso en este tema. El riesgo es que puede caerse en un análisis puramente normativo que no presenta una visión global respecto de los roles reales ejercidos por el Congreso en los importantes asuntos de la gestión externa. El análisis estrictamente normativo de las Constituciones es importante y lo presentamos a manera de referencia en cada parte del recuento histórico que se analiza. Sin embargo, debe ser complementado con la información histórica de los hechos pasados, como lo veremos más adelante.
Otra forma de fijar períodos en la historia del Congreso está vinculada a determinados indicadores democráticos en el proceso político del Perú. Desde esta perspectiva se presenta la historia del Congreso dividida en cinco épocas: la democracia nominal que va del año 1822 a 1895, durante ese período los procesos electorales, de tales sólo tenían el nombre; la democracia censitaria, desde 1896 hasta 1931 en este período se establecieron, como base del mecanismo de sufragio, los censos o padrones de contribuyentes; democracia masculina alfabeta que abarca los años 1931 a 1955, período en el cual a pesar que la reforma electoral llevada a cabo otorgó a los comicios garantías hasta entonces desconocidas, sobre la base de la organización de un verdadero registro electoral y la eliminación de los privilegios de los grandes contribuyentes, se mantuvo excluido del juego democrático a las mujeres y a los analfabetos; la denominada época de la democracia mixta alfabeta para los años 1956 a 1978 es el período en el cual bajo el impulso de la Declaración de los Derechos Humanos y de las nuevas ideas en torno a la igualdad de derechos y deberes de las personas de ambos sexos, se reconoce a las mujeres el goce pleno del derecho al sufragio y a participar como candidatas en los procesos electorales; y la democracia universal desde 1979 hasta la actualidad, es el período que nace con la Constitución Política del Perú de 1979 por el que se reconoce plenamente el derecho de los analfabetos a participar en los procesos electorales(10) . La división de la historia del Congreso así presentada nos ha servido como referencia general.
También se puede abordar el estudio del rol del Congreso a partir de la división más general y comúnmente aceptada de la historia del Perú, que distingue diversas etapas desde su formación como República hasta nuestros días, visión que fue compartida por connotados historiadores, entre los que podemos mencionar como reconocimiento a don Jorge Basadre y Gustavo Pons Musso.
Respecto a la historia internacional del Perú, conviene resaltar la interpretación de Carlos García Bedoya, para quien la vida internacional del país se desarrolla en tres grandes etapas históricas. Según él, los primeros aspectos de la vida internacional peruana se desenvuelven en la época del Incario, es decir, cuando se estableció un importante imperio sobre la base del actual territorio del Perú y parte de los países vecinos. Dice García Bedoya, refiriéndose al Imperio, que era un Estado que llevaba hacia otros territorios y hacia otras naciones una marca propia y que buscaba asimilarlos a sus intereses y a sus objetivos nacionales, tal como eran concebidos en el Cusco. De tal suerte –continúa– hubo un cierto concepto de vida internacional en la etapa más antigua de nuestra historia, que termina prácticamente con la consolidación del Imperio Incaico. Este Imperio, que cubre unos 200 a 300 años de nuestra historia antes de la Conquista, fue un Estado con las características de un Estado universal y consecuentemente con los intereses internacionales de un Estado universal de su tiempo(11) .
Para este connotado diplomático, la segunda etapa es la colonial, en la que el Estado desaparece al producirse uno de los fenómenos internacionales característicos de la época, por el cual otro Estado no solamente lo absorbe sino que dispone cuáles son los intereses internacionales del territorio que ha conquistado. En el caso del Perú, como en el de toda la América hispana, el interés dominante de la potencia colonial es el que sustituye a los intereses nacionales(12) .
Como tercera etapa viene luego la lucha por la independencia. García Bedoya dice: “Yo a esta etapa le doy una extensión que va desde 1821 hasta la fecha. Nosotros vivimos en la tercera etapa de la historia peruana que es la etapa de la lucha por la independencia”(13) . Evidentemente, alcanzamos nuestra independencia política oficial en 1821 y 1824, y desde entonces vivimos con las características de un Estado independiente, políticamente organizado, no obstante que la lucha por la independencia del Perú no ha terminado.
Para los efectos de este trabajo hemos preferido abordar la periodificación histórica del Perú, antecedida a su vez del marco normativo constitucional vigente para cada época. De esta forma puede analizarse el rol del Congreso en la gestión externa del Estado desde la perspectiva de lo que cada Constitución estableció como marco, para luego tener, en la práctica, una secuencia del devenir histórico del Perú en materia internacional. Hemos optado, pues, por una metodología mixta.
Para el estudio de este capítulo, que denominamos la Determinación de la Nacionalidad, consideraremos el marco normativo que las Constituciones de la época asignaron al Congreso, para luego abordar los asuntos internacionales en los que el Congreso participó directamente.
Este primer período, que va de 1821 a 1842, se caracterizó por una situación de inestabilidad política, económica y social. Puede decirse que, a pesar de esa coyuntura, la clase política logró fijar las bases de la actividad parlamentaria. Como veremos más adelante, uno de los ámbitos en los cuales se desarrolló muy intensamente dicha actividad, fue el de las relaciones internacionales, el cual se enmarcó, en lo que pudo aplicarse, dentro de los alcances de las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834 ó 1839.
Antes de iniciar el recuento sobre la participación del Congreso en los asuntos más importantes de la vida internacional del Perú en esa época, debe destacarse de manera especial que en ese entonces no existía un servicio diplomático especializado y en línea de carrera. La diplomacia nacional estaba aún en proceso de profesionalización, por lo que resulta común encontrar a muchos parlamentarios participando directamente en la tarea de representación del Estado peruano.
En efecto, en los primeros años de la República la función diplomática, al igual que en otros ámbitos de la administración pública, no era parte de una línea de carrera. Los funcionarios diplomáticos y los representantes plenipotenciarios en el extranjero, al igual que los Ministros de Relaciones Exteriores fueron casi siempre personajes destacados del ámbito intelectual nacional pero, sobre todo, del mundo político de la época.
En esa medida, era casi regular que muchos parlamentarios miembros de las Comisiones Diplomáticas de sus cámaras fueran llamados a servir al país como sus delegados en el extranjero. De la misma manera, era frecuente que personajes vinculados a la actividad diplomática, fueran luego electos representantes de la nación al Parlamento Nacional y que, por su trayectoria, pasaran a formar parte de las Comisiones Diplomáticas parlamentarias. Uno de los casos más notables fue, indudablemente, el de José Antonio de Lavalle y Arias de Saavedra, que tendremos oportunidad de apreciar más adelante.
Debemos resaltar aquí que, al igual que en otros aspectos de la administración pública, el Gobierno del Mariscal Ramón Castilla dio importantes medidas en la organización e institucionalización del servicio diplomático y consular. Uno de ellos fue el decreto de 31 de julio de 1846, promulgado el 19 de noviembre de 1853, que normó asuntos del servicio diplomático y consular, fijando criterios para la determinación de uniformes a usar por los distintos agentes diplomáticos peruanos(14) . El responsable de preparar dicha ley fue el Ministro de Relaciones Exteriores José Gregorio Paz Soldán(15) . Fue la primera norma de su clase en América y sirvió como modelo a otros países.
La norma de 1846–53 estuvo acompañada de un decreto complementario que fijó los requisitos para ser nombrado Adjunto de Legación. Los aspirantes debían ser mayores de 18 años, tener buena letra y ortografía, haber estudiado gramática castellana, elementos de historia y geografía, lógica y matemáticas puras, el derecho natural y de gentes, y saber al menos el francés. Una vez elegidos, los adjuntos debían estar bajo el mando y supervisión de los agentes diplomáticos. Debían dividir su tiempo entre las labores que se les encargaran y el estudio de la diplomacia en sí. Anualmente, debían presentar un escrito acerca de algún tema referido al lugar donde estuvieran destacados. Se establecía que aquellos jóvenes adjuntos que destacaran en el servicio, serían considerados por el Gobierno para los ascensos a “los empleos graduales y sucesivos”(16) .
Con el primer Gobierno de Castilla también se regularizó la representación peruana en el extranjero. Se establecieron delegaciones en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Bolivia y Ecuador. Se envió una misión a Nicaragua y se abrieron o ratificaron los consulados en Londres, Génova, Trieste, Madrid, Santander, Bilbao, San Sebastián, Málaga, Cádiz, Islas de Madera y Azores, Bruselas y Amberes. También en Oporto, Cantón, Boston, Nueva York, Hamburgo, Marsella, Copenhague, Isla de Sandwich, Guayaquil, Valparaíso, Guadalajara, La Paz, Panamá y Manabí.
Las relaciones diplomáticas con otros países se intensificaron durante el Gobierno del General José Rufino Echenique, entre los años 1851 y 1854. Se celebraron tratados con Gran Bretaña, Francia, Cerdeña, Portugal, Nueva Granada, Venezuela, Costa Rica, Bélgica, Estados Unidos, Chile y Portugal.
En cuanto al tratamiento de los representantes diplomáticos extranjeros en el Perú, el Gobierno de Castilla aprobó un decreto el 15 de julio de 1845, por el que se estableció las exenciones de que gozaban los ministros diplomáticos, en cuanto a los gravámenes fiscales. Este decreto afectó a los cónsules, quienes no tenían las inmunidades ni las prerrogativas que eran propias de los Ministros, de acuerdo al derecho internacional. A raíz de ello, el cuerpo diplomático residente en Lima presentó su protesta ante el Ejecutivo peruano.
En abril de 1846, el Gobierno emitió otro decreto en el que definía los casos en que el país podía admitir o no reclamaciones diplomáticas. Este dispositivo declaró que los extranjeros que quisieran reclamar por un perjuicio o agravio debían hacerlo bajo el régimen de la Constitución y las leyes nacionales, a través de los jueces, tribunales y demás autoridades peruanas. Sólo podrían recurrir a sus agentes diplomáticos, en caso de que se presentaran denegatorias o retardos en el procedimiento regular. Las reclamaciones directas a través de representantes extranjeros, sólo se admitirían en casos especiales, de acuerdo al Derecho de Gentes, y que por su naturaleza correspondieran a la jurisdicción del Gobierno. El decreto fue comunicado a todos los representantes extranjeros, quienes –a pesar de la justificada disposición– protestaron unánimemente(17) .
Vista la metodología de la periodificación y el rol del Parlamento en la provisión de diplomáticos de la República, pasamos entonces a ver la función de éste en el período de la Determinación de la Nacionalidad, que abarca desde 1821 a 1842. En esta etapa, como veremos, no obstante los cambios que sufrió el marco constitucional, las atribuciones del Congreso en materia de asuntos internacionales se mantuvo un tanto estable. En el terreno práctico, el Congreso de la República tuvo que tomar decisiones importantes en el proceso de determinación del Estado peruano.
Este período se caracterizó por la riqueza de los debates constitucionales para la formulación de nuevas Constituciones, fenómeno comprensible por tratarse de una etapa en la que el Perú se va decantando como Estado y va perfeccionando su sistema de Gobierno. En efecto, durante este período se promulgaron las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834 y 1839. Es decir, antes de cumplirse dos décadas de la fundación de la República, el Perú había tenido ya cinco Constituciones que, calculadas en promedio, no llegaban a cuatro años de vigencia cada una. A pesar de estos sucesivos cambios constitucionales, los roles del Congreso en materia de gestión externa se mantuvieron reafirmados con ciertos matices.
En la Constitución de 1823, la aprobación de los instrumentos jurídicos internacionales se reguló por el artículo 60, inciso 7, otorgando al Congreso las facultades de aprobar los tratados de paz y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores en todos sus aspectos. Del mismo modo, en el artículo 80, inciso 5, el Presidente fue facultado para acordar tratados de paz y de alianza y otros convenios internacionales. El artículo 60, inciso 28, atribuyó al Congreso la responsabilidad de prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras y la estación de escuadras en el territorio y puertos de la República. En el artículo 60, inciso 29, se otorgó también al Poder Legislativo la facultad de prestar o negar su consentimiento para la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República.
Con respecto a la guerra, el artículo 60, inciso 6, atribuyó al Congreso, en forma exclusiva, la responsabilidad de decretar la guerra, tomando en cuenta las instrucciones del Poder Ejecutivo. Este punto también fue normado por el artículo 80, inciso 4, al señalar, como facultad del Presidente declarar la guerra a consecuencia de la resolución del Congreso. Asimismo, en el artículo 90, inciso 3, se determinó como atribución del Senado convocar a Congreso Extraordinario, si fuere necesario declarar la guerra o hacer tratados de paz, o cuando para ello lo solicitare el Poder Ejecutivo. El artículo 60, inciso 6, señaló también como facultad del Congreso, requerir al Ejecutivo para que negociara la paz.
Con referencia a los funcionarios diplomáticos, el artículo 80, inciso 8, estableció como atribución del Presidente de la República, el nombramiento de los Ministros de Estado y agentes diplomáticos de acuerdo con el Senado. En el artículo 90, inciso 9, se señaló como atribuciones del Senado examinar las bulas, decretos y breves pontificios para darles pase o decretar su detención.
Con respecto a la autorización de viajes presidenciales al exterior, el artículo 81, inciso 2, estableció que el Primer Mandatario no podía salir del territorio de la República sin permiso del Congreso.
Algunos temas propios de las relaciones exteriores, tales como el servicio militar de peruanos en el exterior, el asilo y el comercio exterior, no fueron tratados en este cuerpo legal.
La Constitución de 1826 reguló la dirección de las relaciones internacionales en el artículo 83, inciso 21, señalando como una de las atribuciones del Presidente de la República, la de dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, federación, alianza, treguas, neutralidad, armado, comercio y cualesquiera otros, debiendo contar siempre con la aprobación del cuerpo Legislativo.
Con referencia a la seguridad nacional, el artículo 83, inciso 9, contempló como otra de las atribuciones del Presidente de la República, la facultad de disponer de la fuerza permanente de mar y tierra para la defensa exterior de la República. Asimismo en el mismo artículo, inciso 21, estableció como atribución del Presidente dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de diversa índole debiendo preceder siempre la aprobación del Cuerpo Legislativo.
La facultad de autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República no fue tratada en un artículo específico. Sin embargo, se otorgó al Tribunado(18) la iniciativa de conceder el pase a tropas extranjeras, en el artículo 43, inciso 11. Para el caso en que el país se encontrara en peligro ante un conflicto bélico, fue normado por el artículo 30, inciso 5. Allí se señaló que el Presidente de la República quedaría investido con las facultades que se juzgaran indispensables, en tiempo de guerra o de peligro extraordinario, para la salvación del Estado. Del mismo modo, en el artículo 83, inciso 10, se fijaron como atribuciones del Presidente, el mandar en persona los ejércitos de la República en paz y guerra. Asimismo, el artículo 83, inciso 11, facultó al Presidente para poder residir en todo el territorio ocupado por las armas nacionales, en caso de dirigirlas personalmente.
En 1826, el Poder Legislativo estaba conformado por tres cámaras, siendo una de ellas el Tribunado. El artículo 43, inciso 9, concedió a éste la iniciativa de hacer la guerra, o la paz, a propuesta del Gobierno. El artículo 83, inciso 17, otorgó como atribuciones del Presidente de la República, el declarar la guerra en nombre de la República, previo Decreto del Cuerpo Legislativo.
La normatividad sobre el Servicio Exterior y el Cuerpo Diplomático es una constante esencial de la política exterior. Así el artículo 83, inciso 22, señaló como atribución del Presidente de la República, el nombrar a ministros públicos, cónsules, y subalternos del Departamento de Relaciones Exteriores. Del mismo modo, en el mismo artículo, inciso 23, se fijó como atribución del Presidente recibir a Ministros extranjeros.
Con respecto a los viajes presidenciales al exterior, el artículo 84, inciso 5, estableció que el Presidente no podía ausentarse del territorio de la República, ni tampoco de la capital, sin permiso del Cuerpo Legislativo. En el ámbito del comercio exterior, el artículo 43, inciso 14, adjudicó al Tribunado la iniciativa en los negocios extranjeros.
En cuanto a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 47, inciso 10, facultó al Senado para examinar las decisiones conciliares, bulas, rescriptos y breves pontificios, para aprobarlos o no. Por otra parte, el artículo 83, inciso 24, autorizó al Presidente de la República a conceder el pase o suspender las decisiones conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos con anuencia del Poder Legislativo.
La Constitución que comentamos no reguló la autorización a ciudadanos peruanos para servir en ejércitos extranjeros, el asilo, la extradición, ni el permiso a embarcaciones extranjeras para explotar nuestras reservas como lo hicieron las Constituciones posteriores.
La Constitución de 1828 en relación al campo de las Relaciones Exteriores estableció en el artículo 48, inciso 5, como atribuciones parlamentarias, aprobar los tratados de paz y demás convenios internacionales. En el artículo 90, inciso 13, se contemplaron como atribuciones del Poder Ejecutivo, hacer tratados de paz, amistad, alianza, entre otros, pero estableciéndose que debían realizarse con aprobación del Congreso.
La Constitución que comentamos, no tuvo un artículo específico para autorizar a las tropas nacionales su salida del territorio de la República. Sin embargo, el artículo 48, inciso 7, atribuyó al Congreso la facultad de prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, así como para la estación de escuadras en el territorio y puertos de la República. Esta carta magna atribuyó al Congreso la facultad de designar «la fuerza armada de mar y tierra en tiempo de paz y de guerra, y dar ordenanzas o reglamentos para su organización y servicio», en su artículo 48, inciso 3. En el inciso 4 del mismo artículo, también se concedió al Parlamento la responsabilidad de declarar la guerra, una vez oído el Poder Ejecutivo, y requerir a éste para negociar la paz. El artículo 90, inciso 10, autorizó al Presidente a declarar la guerra a consecuencia de la resolución del Congreso.
En lo referente a los funcionarios diplomáticos, el artículo 90, inciso 15, señaló como atribución del Poder Ejecutivo nombrar a los enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y armas, con aprobación del Senado y, en su receso, del Consejo de Estado. En cuanto a la recepción de diplomáticos y admisión de cónsules, el artículo 90, inciso 14, atribuyó ambas responsabilidades al Poder Ejecutivo. Con respecto a los viajes presidenciales al exterior, el artículo 91, inciso 2, señaló que el Primer Mandatario no podía salir del territorio de la República, sin permiso del Congreso, durante el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de dejar el cargo.
En el ámbito comercial, el artículo 48, inciso 12, fijó como atribuciones del Congreso regular el comercio interior y exterior. En lo concerniente a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 90, inciso 24, consignó como atribuciones del Poder Ejecutivo conceder o negar el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios.
La Constitución de 1834, con relación a los instrumentos jurídicos internacionales, señaló en su artículo 85, inciso 13, como atribuciones del Presidente celebrar tratados de paz, amistad, alianza y otros convenios, con aprobación del Congreso. Su artículo 51, inciso 7, fijó como atribuciones del Congreso prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República y para la estación de escuadras en sus puertos. Esta Constitución confirió al Congreso la facultad de decretar la guerra, una vez obtenida información del Poder Ejecutivo, en su artículo 51, inciso 4. En correspondencia, el artículo 85, inciso 10, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de declarar la guerra a consecuencia de una resolución del Congreso. El artículo 51, inciso 5, facultó al Congreso para aprobar o desechar los tratados de paz y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores.
El artículo 85, inciso 15, confirió al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los diplomáticos y cónsules, con aprobación del Senado y, en su receso, del Consejo de Estado, así como la atribución de removerlos a su voluntad.
Con respecto a los viajes presidenciales al exterior, el artículo 86, inciso 2, señaló que el Presidente no podía salir del territorio de la República sin permiso del Congreso, durante su período de mandato y hasta que no hubiera concluido la Legislatura inmediata a su salida del cargo.
Al igual que en Constituciones precedentes, el artículo 85, inciso 25, definió como facultad del Poder Ejecutivo conceder o negar el pase a decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios. Para ello, debía contar con consentimiento del Congreso.
La Constitución de 1839 confirió la dirección de la política exterior al Presidente. En su artículo 87, inciso 16, facultó al Primer Mandatario para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con los demás Estados hispanoamericanos, siempre con aprobación del Congreso.
Con respecto a la seguridad nacional, el artículo 87, inciso 1, definió como atribución presidencial la conservación del orden interior y la seguridad exterior de la República. En referencia a la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales, el artículo 55, inciso 3, facultó al Congreso para aprobar o desechar tratados de paz y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores.
La carta magna que comentamos no trató específicamente la cuestión de la salida de tropas nacionales del territorio de la República. Sin embargo, el artículo 55, inciso 5, fijó como atribución del Congreso prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República y la estación de escuadras en sus puertos.
Con respecto a la guerra, el artículo 55, inciso 2, señaló que el Congreso era responsable de decretar la guerra, una vez oído el Poder Ejecutivo, y también de requerir a éste para negociar la paz. El artículo 87, inciso 13, señaló como atribuciones del Presidente declarar la guerra y hacer la paz con aprobación del Congreso y, en su receso, del Consejo de Estado.
El artículo 87, incisos 18 y 19, definió como facultades presidenciales el nombramiento y remoción de plenipotenciarios, ministros residentes, encargados de negocios, cónsules y vicecónsules, con aprobación del Senado y, en su receso, del Consejo de Estado. Además, el inciso 17 del mismo artículo responsabilizó al Primer Mandatario de recibir a los ministros extranjeros y admitir a los cónsules. El artículo 88, inciso 3, prohibió al Presidente salir del territorio de la República sin permiso del Congreso.
En lo referente a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 87, inciso 37, definió como atribuciones presidenciales el conceder o negar el pase a decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios.
Si bien la Constitución que comentamos no hizo referencia directa al comercio exterior, su artículo 20 estableció como atribuciones parlamentarias el establecimiento de aduanas y la fijación de escalas de derechos de importación y exportación.
Como hemos visto, el corto tiempo de vida republicana fue escenario para formular Constituciones, en las que los roles importantes sobre gestión externa fueron atribuidos al Congreso o a algunos de sus órganos, especialmente al Senado.
b) El Congreso y los asuntos externos del Estado
Según Jorge Basadre, el connotado historiador de la República, los primeros veinte años de nuestra existencia republicana fueron denominados como los de la Determinación de la Nacionalidad.
Inmediatamente después de la declaración de independencia, entre 1822 y 1827, los trabajos del Congreso en el ámbito internacional estuvieron orientados al fortalecimiento de la solidaridad continental. Dos temas fueron cruciales en las labores parlamentarias: el debate sobre la influencia colombiana, primero, y la influencia boliviana, después.
Como sabemos, los Estados que surgieron del proceso de independencia se constituyeron en base a dos principios jurídicos: el principio de Libre Determinación de los Pueblos Emancipados y el principio del «uti possidetis». El primero reconoce la constitución legítima de una nueva nacionalidad por la expresión voluntaria de los pueblos que quieren conformar aquella. En el caso de nuestro país, los pueblos que integraban el Virreinato peruano en 1821, decidieron por sí mismos integrarse al Perú independiente. La excepción fue Guayaquil, que optó por incorporarse a la Gran Colombia en julio de 1822, con el apoyo decidido del Libertador Simón Bolívar.
El segundo principio, subordinado al primero, apareció inicialmente en el Derecho Romano. La fórmula original era «quote uti possidetis, ita possideatis», es decir: como poseéis, así poseáis. Según este principio, cuando se daba un litigio por posesión, la parte poseedora continuaba en ejercicio de tenencia hasta el fin de dicho litigio. En el caso de América, los Estados independientes aceptaron, explícita o implícitamente, que cada uno conservaría la posesión de los territorios que tenían cuando eran colonias. El momento histórico acordado como límite del período colonial fue el año de 1810, cuando se produjo la formación de las Juntas de Gobierno Separatistas en Latinoamérica, aun cuando en su mayor parte fueron desmanteladas por las autoridades realistas. Es en consonancia con esta decisión que posteriormente los países americanos sustentan sus derechos de posesión sobre determinados territorios. Para ello, la existencia de documentos coloniales que demostraran esa posesión previa fue gravitante(19) .
El Congreso tuvo que pronunciarse en numerosas oportunidades en materia de gestión externa del Estado, sea en los asuntos con la Gran Colombia, con Bolivia, con Ecuador o con países no limítrofes de ese entonces como Chile, México y España.
i. Las relaciones con la Gran Colombia
En 1822, el Perú inició sus relaciones diplomáticas con la República de la Gran Colombia, compuesta entonces por las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.
A fines del año previo, el Libertador Bolívar nombró a Joaquín Mosquera Ministro Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno del Perú. La misión de Mosquera tenía dos objetivos: lograr un Tratado de alianza para la defensa común contra España y el reconocimiento de la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia, tal como lo había planeado Bolívar. El Ministro Mosquera llegó a Lima a mediados de 1822 e inició negociaciones con Bernardo de Monteagudo, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Monteagudo se negó a sancionar la inclusión de Guayaquil en la Gran Colombia mediante un Tratado, sin que antes el propio pueblo guayaquileño expresara su voluntad libremente.
A pesar de este desacuerdo, ambos representantes firmaron el Tratado Monteagudo–Mosquera de 6 de julio de 1822, que estableció el acuerdo de defensa común. La demarcación de límites entre ambas repúblicas quedó pendiente para un convenio posterior. Este Tratado fue aprobado al año siguiente por el Congreso peruano y por su similar Grancolombiano, en ejercicio de sus atribuciones(20)
Debe destacarse también el hecho de que Bolívar llegó al Perú en setiembre de 1823, llamado por el Congreso peruano con la finalidad de derrotar definitivamente a los realistas y culminar así el proceso de Independencia.
Poco después, en octubre, el Gobierno de la Gran Colombia invitó al Parlamento peruano a que nombrara un Ministro Plenipotenciario, para celebrar el convenio de límites pendiente. En atención a este pedido, el Congreso peruano nombró al representante puneño José María Galdeano.
El resultado de las negociaciones entre ambos plenipotenciarios fue la elaboración de un proyecto de Convención en el que se señalaba al río Tumbes como límite entre los antiguos Virreinatos del Perú y Nueva Granada y, en consecuencia, como frontera entre las dos repúblicas. De este modo el Perú perdía definitivamente el territorio de Guayaquil y una porción de los territorios de Jaén y Maynas.
El proyecto de Convención fue discutido en el Congreso peruano en sesión del 13 de diciembre. La Comisión especializada en el tema, que tenía el nombre de Comisión Diplomática, observó el proyecto al reconocer la validez del principio de uti possidetis, aclarando que el río Tumbes no era la línea fronteriza que separaba a los antiguos virreinatos.
Debe destacarse que la opinión de la Comisión prevaleció en el Congreso, lo que fue comunicado al Ministro Mosquera. El negociador aceptó la observación peruana y descartó la mención al río Tumbes. Como resultado, ambos plenipotenciarios firmaron la Convención Galdeano–Mosquera, el 18 de diciembre de 1823. El acuerdo incluía únicamente la aceptación del uti possidetis como criterio para fijar la frontera entre los dos países.
La Convención fue aprobada por el Congreso peruano el 19 de diciembre de 1823, pero fue desaprobada por el Congreso grancolombiano el 10 de junio del año siguiente(21)
Es decir, un asunto tan importante como es la fijación de la frontera entre dos países, quedó librada a la decisión de los Parlamentos nacionales en ejercicio de la representación que la nación les había conferido. En este caso, fue el Congreso peruano por recomendación de su Comisión Diplomática que, antes de aprobar su texto final, propuso una enmienda trascendental que finalmente no fue aceptada por el Congreso de la Gran Colombia.
a. El Congreso de Panamá de 1826
Uno de los acontecimientos trascendentales sobre la unidad continental fue el tratado en el Congreso de Panamá, realizado en 1826, concebido por el Libertador Bolívar, y que tuvo dos ideales: la solidaridad defensiva contra España y la confederación moral para la paz y la democracia.
La celebración efectiva del Congreso se debió a la voluntad de Bolívar, quien manifestó su ideal de unión continental desde sus escritos más tempranos.
A este efecto, Colombia dio el primer paso hacia la integración hispanoamericana, mediante el envío de dos misiones diplomáticas: la misión Santa María a México y la misión Mosquera al Perú, Chile y Argentina. Ambas debían promover la unión de dichos países mediante tratados de alianza y la designación de representantes plenipotenciarios a una asamblea americana a reunirse en Panamá.
La misión Mosquera tuvo éxito en el Perú, logrando la firma de dos tratados: uno de unión, liga y confederación perpetua con la Gran Colombia, y otro relativo a la asamblea de Panamá.
El 7 de diciembre de 1824, Bolívar y su secretario general José Faustino Sánchez Carrión, enviaron una circular a los países americanos desde el Perú, invitándolos a designar plenipotenciarios para el Congreso de Panamá.
Sánchez Carrión nombró como plenipotenciarios de nuestro país a Manuel Lorenzo de Vidaurre y a José María de Pando, quienes partieron a Panamá el 5 de junio de 1825. En mayo de 1826, De Pando fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, siendo reemplazado por Manuel Pérez de Tudela como Plenipotenciario al Congreso panameño.
La diplomacia hispanoamericana tenía varias cuestiones que resolver en el momento de la Emancipación. El objetivo más importante era lograr la paz con España y el reconocimiento europeo de la independencia. Otra cuestión era el futuro de Cuba y Puerto Rico, que se encontraban aún bajo la dominación española y que México y Colombia ambicionaban anexar. Estados Unidos prefería que ambas islas continuaran bajo el control español, antes de que se independizaran o pasaran al dominio de otro país. Asimismo, desde 1825 existía temor de que el Imperio del Brasil tuviera ambiciones expansionistas.(22)
La invitación al Congreso fue aceptada plenamente sólo por la Gran Colombia, Perú, México y Centroamérica. La Gran Colombia y México invitaron por su cuenta a los Estados Unidos. Asimismo la Gran Colombia invitó a Gran Bretaña y al Imperio del Brasil.
El entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el grancolombiano Tomás Heres, dio una serie de instrucciones a los plenipotenciarios peruanos. Primero, estaban autorizados para renovar el Pacto de Unión, Liga y Confederación perpetua contra España, existente por los Tratados de 1822, y contra la dominación de cualquier otra potencia. Segundo, podían suscribir tratados de auxilios y contingentes para cooperar con la libertad de Cuba y Puerto Rico. Tenían poder para firmar tratados de amistad, navegación y comercio; convenciones consulares; acuerdos sobre derecho de gentes y providencias sobre tráfico de esclavos. Debían oponerse a todo intento de colonización europea, siguiendo la doctrina Monroe.
Los delegados también debían suscribir compromisos ilimitados contra España, dejando abierta la posibilidad teórica de llevar las hostilidades hasta la propia península ibérica. Asimismo, podían apoyar la intervención de gobiernos legítimamente constituidos, contra gobiernos díscolos y ambiciosos, para evitar la anarquía. Finalmente, se ordenaba aceptar el principio de uti possidetis, llegando a precisar rayas divisorias, procurando que fueran a partir de lugares geográficos conocidos, para lograr una frontera natural. De ese modo, se buscaba rectificar los límites históricos con los geográficos lo que, según Porras Barrenechea, era una forma de preparar el camino para que la Gran Colombia y Perú estuvieran separados por el río Amazonas, extendiendo así el territorio grancolombiano.
Debe destacarse que una vez que José María de Pando asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, en 1826, revocó las instrucciones recibidas por los delegados peruanos y las reemplazó por otras más favorables a los intereses del Perú.
Las nuevas instrucciones ordenaron a los delegados cooperar con la alianza contra España, siempre que ésta fuera simplemente defensiva; auxiliar a los otros estados americanos en sus empresas a favor de la libertad ya fuera con contingentes proporcionados a su población o en dinero; reservar el arreglo de la cuestión de límites a una instancia externa al Congreso de Panamá, en el que Colombia tenía gran influencia.
El Perú apoyó la alianza ofensiva contra España y sus delegados retiraron sus ponencias de asamblea perpetua, con carácter arbitral y de ciudadanía común.
La Asamblea Continental llegó a celebrar el Pacto de Liga y Confederación y el convenio accesorio que regulaba sus reuniones. También se celebraron la Convención sobre el Contingente de Fuerzas y Subsidios que correspondían a cada República, en caso de formarse un Ejército y una escuadra federales, y un acuerdo sobre la organización de ellos.
La vigencia de estos tratados para el Perú implicaba la aprobación de éstos por parte del Congreso. El Congreso del Perú no ratificó dichos acuerdos y tampoco fueron ratificados por los Parlamentos de los países participantes.(23)
b. La Guerra con la Gran Colombia de 1827 a 1828
Si bien Bolívar consiguió derrotar definitivamente a los realistas, su creciente poder político, así como la injerencia grancolombiana en los asuntos nacionales, originaron descontento entre los políticos liberales peruanos.
Este descontento aumentó con la Constitución dada en 1826, que declaraba a Bolívar Presidente Vitalicio de nuestro país. A fines de ese año, Bolívar debió partir a la Gran Colombia. Esta circunstancia fue aprovechada por sus opositores peruanos quienes a principios de 1827 tomaron el poder, abolieron la Constitución Vitalicia, restablecieron el Congreso y eligieron luego al Mariscal José de La Mar como Presidente.
A partir de los sucesos mencionados, las relaciones entre el Perú y la Gran Colombia se deterioraron. Por un lado, ciertos sectores peruanos desconfiaban de las intenciones de Bolívar hacia nuestro país y, en algunos casos, eran abiertamente hostiles a él. Por otro lado, el Libertador y sus partidarios resentían estas actitudes, querían tomar posesión de Tumbes y se negaban a renunciar a sus pretensiones sobre Jaén y Maynas.
El incidente que desató los acontecimientos fue la intervención peruana en el derrocamiento del Gobierno pro–bolivarista en Bolivia, a mediados de 1828.
El 3 de julio, el Libertador reaccionó con una violenta proclama contra el Perú y le declaró la guerra poco después.
El Presidente La Mar recibió entonces autorización del Congreso para marchar nada menos que a enfrentar al Ejército de la Gran Colombia. La flota peruana bloquearía la costa de ese país.
La campaña naval peruana culminó con la toma de Guayaquil el 1º de febrero de 1829. El Ejército, por su parte, ocupó las ciudades de Loja y Cuenca, pero sufrió la derrota de una de sus divisiones en Portete de Tarqui, el 27 del mismo mes.
Al día siguiente, el General peruano Agustín Gamarra y el General grancolombiano Juan José Flores firmaron el Convenio de Girón, que restablecía la paz entre los dos países. El Presidente La Mar quería continuar la guerra, por lo que desconoció el convenio y fue depuesto poco después por el General Gamarra. Éste, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército Peruano del Norte, firmó el Armisticio de Piura, el 10 de julio de 1828. Allí se acordó suspender las hostilidades temporalmente, desocupar el territorio grancolombiano y nombrar una Comisión para terminar las negociaciones de paz.
El Tratado de paz definitivo fue firmado en Guayaquil, el 22 de setiembre de 1829, por el peruano José Larrea y el grancolombiano Pedro Gual. Se ratificó el principio de uti possidetis, agregándose que cada país podría hacer pequeñas concesiones con la finalidad de fijar una línea divisoria más natural y exacta para evitar nuevos conflictos. Asimismo, se acordó nombrar una Comisión binacional de límites, para fijar la línea divisoria posteriormente.
El Tratado fue ratificado por los gobiernos de los dos países. Los comisionados grancolombianos se presentaron en Tumbes a principios de diciembre de 1829, pero los peruanos no. Por este motivo, el nuevo Plenipotenciario del país del norte, Tomás Mosquera, presentó un reclamo y propuso que las actividades de delimitación se realizaran en abril. Al mismo tiempo, inició discusiones sobre los futuros límites con José María de Pando, Ministro de Relaciones Exteriores. Finalmente, las negociaciones se interrumpieron por la disolución de la Gran Colombia en 1830.
A raíz de este suceso, los tratados que el Perú había firmado con dicho país se extinguieron (24) .
c. El Senado y el Tratado de Paz con Colombia
El 1º de setiembre de 1829, durante la primera sesión ordinaria del Congreso, el Senado ratificó el nombramiento de José Larrea y Loredo como Ministro Plenipotenciario del Perú en Colombia. Su misión era solicitar la prolongación del armisticio acordado en Piura entre los dos países, con la finalidad de facilitar un acuerdo de paz definitivo.
Luego de varias reuniones entre los representantes de ambas naciones, se firmó en Guayaquil el ya mencionado Tratado de Paz Larrea–Gual, que puso fin definitivo al conflicto, pero que quedaba sujeto a la aprobación parlamentaria.
El Senado del Perú discutió el Tratado en las sesiones del 15 y 16 de octubre. El acuerdo contenía un artículo en el que Colombia solicitaba la restitución de distinciones y honores al Libertador Bolívar y al Ejército Unido. El Senador Antonio Rodríguez, miembro de la Comisión Diplomática, así como el Senador José del Camporredondo, ex integrante de la misma, apoyaron la restitución incondicional de honores al Libertador. Por su parte, los Senadores Pedro Ignacio Morales y Manuel Tellería, también miembros de la Comisión Diplomática, junto al Senador Tomás Diéguez, opinaron que el artículo mencionado era inútil, ya que según ellos dichos honores no habían sido retirados en ningún momento. Finalmente, el Tratado en su totalidad –incluyendo el artículo referente a Bolívar– fue aprobado.(25)
ii. Las relaciones con Bolivia
Según el distinguido historiador Gustavo Pons Muzzo, la mayoría de los tratados entre el Perú y Bolivia a lo largo del siglo XIX, se concentraron en el establecimiento de alianzas, el restablecimiento de la paz luego de conflictos armados y la regularización de relaciones comerciales, entre otros asuntos. Los límites entre ambos países fueron generalmente una cuestión secundaria. Ello se debió a que, ya desde la época colonial, los linderos entre las jurisdicciones de las Audiencias de Lima y de Charcas habían sido ya fijados en gran parte. Por otro lado, los territorios comunes de la región selvática eran poco conocidos y atraían escaso interés.
Poco antes de la consolidación definitiva de la independencia del Alto Perú, el Libertador Simón Bolívar convocó a una asamblea de las provincias altoperuanas. La finalidad de la asamblea era que los representantes de dichas provincias –La Paz, Charcas, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz– decidieran el destino final de su territorio. Una vez reunidos, dichos representantes decidieron constituir una nación autónoma, a partir del principio de libre determinación. Esta decisión fue anunciada públicamente el 6 de agosto de 1825. La medida contó con la aprobación y respaldo del Libertador. Como un gesto de agradecimiento, la nueva República recibió el nombre de Bolivia.
El Consejo de Gobierno del Perú, bajo la presidencia de Hipólito Unanue, reconoció la creación de Bolivia mediante decreto de 1° de mayo de 1826. A pesar de ello, existía malestar y preocupación entre los políticos peruanos por la separación de dos territorios –el Perú y el Alto Perú– tradicionalmente unidos hasta entonces. El Gobierno peruano envió a Bolivia al Ministro Plenipotenciario Ignacio Ortiz de Zevallos que era Fiscal de la Alta Cámara de Justicia, pero fundamentalmente por ser antiguo miembro de la Comisión Diplomática, con el objeto de negociar y conseguir la reunión de ambos territorios.
Realizadas las negociaciones correspondientes, Ortiz de Zevallos firmó un Tratado de Federación y otro de Límites, el 15 de noviembre de 1826. En el primer caso, Perú y Bolivia acordaban formar un ente denominado Federación Boliviana, bajo la jefatura vitalicia del Libertador Bolívar. El Gobierno de Colombia sería invitado posteriormente a integrarse a la federación. En el caso del Tratado de límites, el representante peruano trató de satisfacer a Bolivia mediante una cesión territorial. El acuerdo fijó la línea de frontera en el Morro de Sama, entregando a Bolivia todo el territorio al sur de dicha línea. Este comprendía parte de Tacna, el puerto de Arica y el sur de Tarapacá. A cambio, el Perú recibía la totalidad del Lago Titicaca y sus islas, y la parte superior del río Beni. Además, el país del sur se comprometía a pagar al Perú 5 millones de pesos fuertes, para cumplir con el pago de la deuda externa.
El Consejo de Gobierno, bajo la presidencia del General Andrés de Santa Cruz, hizo varias observaciones a los dos tratados. Debido a ello, finalmente no fueron ratificados. El Gobierno dispuso que Ortiz de Zevallos iniciara nuevas negociaciones, pero el fracaso del régimen bolivariano en los países andinos lo impidió (26) .
a. El Senado frente a las pretensiones expansionistas del General Santa Cruz
Desde Puno, en mayo de 1829, un grupo de partidarios del General Andrés de Santa Cruz, entonces Presidente de Bolivia, solicitó al Congreso peruano que eligiera como Presidente del Perú a dicho general. El Congreso peruano, dominado entonces por los partidarios del Mariscal Agustín Gamarra, prefirió elegir a éste. En vista de ello, Santa Cruz inició una campaña desde Bolivia, con la finalidad de anexar las provincias peruanas del sur a ese país.
Ante estos hechos, el Ejecutivo peruano nombró a Mariano Alejo Álvarez como Ministro Plenipotenciario ante Bolivia, debiendo este nombramiento ser ratificado por el Congreso. Su misión era gestionar la no intervención de Santa Cruz en los asuntos peruanos y propiciar la celebración de tratados de alianza y comercio entre los dos países.
La Comisión Diplomática del Congreso Peruano, sesionando en la sala de la Comisión el 2 de octubre de 1829, emitió un dictamen favorable al nombramiento de Álvarez. Dicho dictamen es notable, por la profunda fraternidad mostrada hacia Bolivia por los miembros de la Comisión. Dice su tenor:
“Señor: La Comisión Diplomática, en vista del nombramiento hecho por el Ejecutivo en la persona del Dr. Mariano Alejo Álvarez como Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario cerca del Gobierno de Bolivia dice: Que desde que esta República, auxiliada por la del Perú, proclamó su independencia de la dominación española, ambas han conservado las más estrechas relaciones de amistad, que sin duda jamás deberán interrumpirse entre Estados hermanos, y cuya libertad civil ha sufrido unos mismos riesgos. Estas consideraciones y las circunstancias actuales, de que se ha instruido el Senado, persuaden más que nunca la necesidad de que por este Gobierno se remita a dicha República un Ministro Plenipotenciario que estreche sus relaciones. En virtud y concurriendo en el nombrado las cualidades necesarias para desempeñar esta Comisión, son de dictamen los que suscriben, puede el Senado aprobar su nombramiento. Sin embargo la Cámara resolverá lo que tuviese por más conveniente. —Sala de la Comisión a 2 de octubre de 1829.— Pedro Ignacio Morales. —Manuel Tellería.— 0 J.B. Camporredondo.”
Una vez en Bolivia, la Misión Álvarez inició las negociaciones que le habían sido encomendadas. Santa Cruz se mostró inflexible en su deseo de fusionar Bolivia con el Perú, por lo que las negociaciones fracasaron. Como resultado, no se llegó a firmar ningún Tratado.(27)
El Presidente Gamarra era partidario de emprender una guerra contra Bolivia, con la finalidad de terminar con las pretensiones de Santa Cruz. Para ello, Gamarra solicitó al Congreso facultades extraordinarias. Sin embargo, el Parlamento no estaba de acuerdo con iniciar un conflicto bélico por lo que, en sesión de 17 de marzo de 1831, las facultades solicitadas por el Presidente fueron denegadas. Tiempo después, en sesión de 18 de mayo, el Senado acordó pedir al Ejecutivo reiniciar negociaciones con Bolivia para evitar un enfrentamiento armado. Como puede verse, a través de las actitudes asumidas en esta parte de la historia, el Congreso del Perú mantuvo una capacidad reflexiva y de análisis y, sobre todo, una vocación de paz y concordia con los países vecinos, llegando incluso a no aprobar o, en su caso, a desautorizar acciones del Poder Ejecutivo.
Más adelante, a mediados de junio, el Ejecutivo designó como Ministro Plenipotenciario ante Bolivia a Pedro Antonio de la Torre. A principios de julio, el Congreso tomó un acuerdo requiriendo al Ejecutivo que De la Torre partiera a la brevedad posible a cumplir con su misión. Las negociaciones de paz entre el Plenipotenciario peruano y el Ministro boliviano Manuel María Aguirre culminaron con la firma del Tratado Preliminar de Paz de Tiquina, del 25 de agosto 1831. Este Tratado fue aprobado por el Senado peruano en sesión de 12 de setiembre de ese año.
El 8 de noviembre de 1831, ambos gobiernos firmaron el Tratado definitivo de Paz y Amistad en Arequipa. El objetivo principal del Tratado era resolver pacíficamente la rivalidad existente entre los caudillos Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz. También se acordó el respeto a los límites corrientes, dejándose pendiente la demarcación limítrofe hasta la creación de una Comisión mixta para tal efecto. A principios del año siguiente las dos repúblicas suscribieron un Tratado de Comercio.
Ambos acuerdos fueron aprobados en el Congreso de la República, siguiendo el procedimiento establecido para los tratados, en este caso por el Senado peruano.(28)
b. Los acuerdos posteriores al fracaso de la Confederación Perú–Boliviana
El General Andrés de Santa Cruz logró realizar su ideal de una Confederación Perú–Boliviana entre 1836 y 1839. Para ello, contó con el apoyo de varios caudillos peruanos, entre los que se encontraba el General Luis José de Orbegoso, quien llegó a ser Presidente del Estado Nor–Peruano. Sin embargo, la Confederación también tuvo que enfrentar una dura oposición de parte de otros caudillos peruanos como los Generales Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra. También del entonces joven militar Ramón Castilla. A ello se sumó la hostilidad de Chile, que consideraba a la Confederación como una amenaza para sus propios intereses. Por esta razón la Confederación fue atacada por dos expediciones militares enviadas desde Chile e integradas por numerosos peruanos descontentos.
A mediados de 1839, luego del fracaso de la Confederación, Perú y Bolivia celebraron una Convención Preliminar de Paz, en la que ambas repúblicas acordaron demarcar sus fronteras tomando como límite natural al río Desaguadero.
iii. Las relaciones con Ecuador
Ecuador surgió como Estado independiente en 1830, luego de la disolución de la Gran Colombia. Fue reconocido por el Perú en 1831, año en que Diego Novoa llegó como Encargado de Negocios de dicho país a Lima. Como resultado de las negociaciones entre Novoa y el Ministro peruano de Relaciones Exteriores José María de Pando, se firmaron dos tratados a mediados de julio de 1832. Uno de ellos era un Tratado de Amistad y Alianza que reconocía el territorio que cada país tenía en ese momento, dejando pendiente un arreglo de límites preciso. Además, anticipaba la idea de formar una cuádruple alianza, sumando a Chile y Bolivia para defenderse en caso de una agresión externa. El otro acuerdo fue un Tratado de Comercio.
Estos dos acuerdos fueron sometidos a la aprobación del Congreso, y finalmente fueron aprobados por el Parlamento peruano a fines de diciembre del mismo año.(29)
iv. Las relaciones con Brasil
El primer intento por entablar negociaciones con Brasil ocurrió en 1826, pero no alcanzó resultados. El 8 de julio de 1841, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Manuel Ferreyros y el señor Duarte Da Ponte Ribeiro, Encargado de Negocios brasileño en Perú y Bolivia, firmaron un Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación. El acuerdo estuvo acompañado de una Convención para establecer las condiciones comerciales en la frontera común y los ríos que conectaban a ambos países.
El Tratado Ferreyros–Da Ponte Ribeiro fijó el criterio demarcatorio de uti possidetis, a partir de la independencia del Perú en 1821. El proceso de demarcación en sí quedó pendiente. Asimismo, ambos países se comprometieron a realizar otro Tratado referido a la navegación peruana por el río Amazonas, en un plazo de diez años.
Sometidos el Tratado y la Convención a consideración del Congreso, estos llegaron a ser ratificados. A pesar de no tener vigencia para los países, estos acuerdos internacionales sirvieron como referente para negociaciones posteriores. (30)
v. Las relaciones con Chile
En 1832 el Gobierno chileno aumentó los derechos de introducción de azúcar peruana a su país. En vista de ello, se presentó un proyecto en el Senado peruano para aumentar los derechos de introducción de harinas y trigos chilenos al Perú.
El proyecto se debatió en sesión de 17 de octubre y fue desaprobado. El Senador Freyre presentó un proyecto sustitutorio, en el que se pedía al Ejecutivo buscar un Tratado de comercio entre los dos países. En caso de que el Gobierno chileno obstruyera la celebración de dicho Tratado, el Ejecutivo estaría autorizado a aumentar los derechos de introducción de productos del país del sur. El proyecto fue discutido en el Senado, contando con el apoyo de los Senadores José Camporredondo y Juan Manuel Corbacho, miembros de la Comisión Diplomática, sumándose el Senador Gómez Sánchez, a pesar de lo cual fue finalmente descartado. (31)
Las consecuencias diplomáticas de la Confederación Perú–Boliviana se prolongaron más allá de su derrota, ocurrida en 1839. El 11 de enero de 1845, en Lima, el Plenipotenciario peruano Matías León firmó un convenio con el Encargado de Negocios de Chile, Manuel Camino Vial. Por tal convenio, el Gobierno del Perú ponía a disposición del de Chile al ex–Protector Andrés de Santa Cruz, en caso de ser capturado en nuestro territorio. Éste debía ser deportado a Europa por un tiempo mínimo de 6 años. El convenio debía ser ratificado y los documentos pertinentes canjeados en un plazo de 3 meses.
Al no realizarse estas formalidades, el 22 de mayo el Congreso peruano decidió negociar un nuevo plazo para obtener la ratificación del convenio. A su vez, a mediados de agosto, el Senado aprobó el nombramiento de Benito Laso como delegado para negociar con agentes chilenos y bolivianos un nuevo acuerdo acerca del destino que se daría a Santa Cruz.
Por otra parte, durante la Confederación, fueron capturadas dos embarcaciones chilenas llamadas “Fletes” y “Feliz Inteligente”. El Gobierno de Chile solicitó una indemnización a su similar peruano. Las negociaciones se extendieron hasta 1845.
Sobre este particular, en sesión de 18 de setiembre, el Senado debatió la devolución del expediente referido a dicha indemnización, con lo que ésta no se haría efectiva. La medida contaba con el apoyo tanto de la Cámara de Diputados, como de la Comisión Diplomática del propio Senado. La propuesta fue aprobada, y se convirtió en resolución legislativa el 6 de octubre de 1845. (32)
vi. Las relaciones con México
Las relaciones entre el Perú y México estuvieron siempre caracterizadas por una correspondencia de objetivos y una gran cordialidad. El 7 de agosto de 1831, el Congreso tuvo conocimiento de una invitación de la República mexicana, para que los estados americanos enviaran representantes con el fin de discutir la posibilidad de organizar la defensa común. Dicha invitación fue puesta a consideración de la Comisión Diplomática del Senado peruano. El dictamen de ésta fue favorable. Paralelamente, el Senador Rodríguez recomendó que se recopilaran los trabajos de la reunión de ministros plenipotenciarios de Panamá de 1826 para que sirvieran como antecedente (33) .
El 16 de noviembre de 1832, en Lima, el Ministro peruano de Gobierno y Relaciones Exteriores Manuel del Río suscribió un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Juan de Dios Cañedo, Vicepresidente mexicano.
El Senado peruano debatió y aprobó el Tratado en sesión del 20 de diciembre. Los acuerdos a que se llegaron fueron la amistad perpetua entre ambas repúblicas, por la identidad de origen, idioma, leyes y costumbres; el goce recíproco de derechos y garantías, libertad de residencia, y libertad de industria, profesión, giro u oficio; la exención del servicio militar; y el sometimiento de propiedades a las mismas cargas pagadas por los nativos. Asimismo, la protección recíproca de derechos civiles y propiedades; el auxilio mutuo de los buques de guerra o mercantes de ambos países; la aplicación del principio de nación más favorecida con respecto a los derechos de exportación e importación; y diversos privilegios, excepciones e inmunidades comunes a los ministros y agentes diplomáticos de ambas naciones. Se acordó también el nombramiento de cónsules. Al mismo tiempo, ambos países se comprometieron a participar de una Asamblea General Americana y a actuar conjuntamente en las negociaciones con España, destinadas a asegurar la paz e independencia de las repúblicas de nuestro continente (34) .
vii. Las relaciones con España
Desde la Independencia de España, las relaciones del Perú con dicho país no fueron restablecidas a pesar de que se realizaron algunos intentos. Como veremos más adelante, esto tuvo consecuencias negativas a mediados del siglo XIX.
Por otro lado, en el siguiente período, denominado de la Prosperidad y el Progreso, veremos cómo el Congreso peruano tuvo una posición determinante frente a la posición poco pacifista de la España de entonces.