Source: https://ecologistasenaccion.org/article35030.html
Timestamp: 2018-02-24 23:51:37
Document Index: 124240994

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 148', 'artículo 135', 'artículo 135']

Una Constitución para un mundo sostenible | Ecologistas en Acción
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Diciembre de 2017, por Educación Ecológica | Visitas: 3475
Constituciones para un mundo social y ecológicamente sostenible [1]
El significado de las constituciones
Las Constituciones hablan de lo que una sociedad considera importante normativizar. Una Constitución es la ley fundamental de cada Estado, con rango superior al resto de las leyes. Son producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y las dinámicas de poder de las diferentes entidades políticas, económicas y sociales. A veces son impuestas, otras pactadas entre fuerzas desiguales y otras son conquistadas. También son hijas del tiempo en que fueron concebidas, de las preocupaciones, la cultura hegemónica y los valores de su época. Algunas reflejan a través de las sucesivas modificaciones la evolución de sus sociedades, los cambios de fuerzas y de prioridades. Aunque a menudo los diferentes países no aplican en sus políticas y desarrollos normativos lo que predican sus Constituciones, pueden servir para hacer valer determinados derechos. En ocasiones hablan también de las necesidades, los deseos y los sueños de los pueblos. Son un resultado de la realidad, pero también crean realidad, cultura, valores, normas y pensamiento.
Sin un giro urgente hacia la sostenibilidad no habrá vida digna posible
La realidad que tenemos hoy es que estamos a las puertas (tal vez hemos entrado ya hace tiempo) de un grave deterioro de las bases materiales que permiten la vida de las personas, de los pueblos y de los ecosistemas complejos de los que dependemos para nuestra supervivencia. La mayoría de las Constituciones han sido escritas desde la cosmovisión de un sistema en crecimiento, bajo el axioma no revisado del desarrollo económico y desde una concepción de persona independiente de la naturaleza y autónoma. Y tal vez desde la confianza en que la historia siempre va a mejor. Sin embargo la economía ecológica nos muestra que los bienes que han permitido el desarrollo de las especies y las sociedades humanas están siendo esquilmados, empobrecidos y destrozados por un sistema económico cuya base material necesita crecer a toda costa, aunque sea a base de depredar su base biológica. Esto se manifiesta en una pérdida grave de biodiversidad, en una menor cantidad de agua dulce disponible, en el calentamiento global, en la pérdida de suelo fértil, en la contaminación química y radiactiva y en el declive energético, entre otras muestras graves del deterioro.
La mayor parte de las Constituciones no están preparadas para frenar, cambiar el rumbo y orientarlo hacia una sostenibilidad ecológica y social imprescindible para seguir habitando –y con dignidad– en la biosfera. La mayor parte de las Constituciones son ahora suicidas y nos empujan con sus prioridades economicistas, productivistas y de lucro de unos pocos hacia una catástrofe ecológica, social, energética y probablemente bélica. Mientras se agudizan las tensiones de dominación de clase, de género y de unos territorios sobre otros.
Cualquier proceso constituyente o de revisión constitucional ha de incluir con una máxima relevancia y jerarquía normativa la protección de los ecosistemas, el equilibrio de los factores clave de la composición de la atmósfera, el mantenimiento y recuperación de los bienes comunes, la producción, la extracción y el consumo sostenible y la justicia social. Ha de defender los principios de la sosteniblidad. Muy por encima de los derechos de acumulación y lucro, incluso de crecimiento monetario. Los derechos y los deberes han de preservar la base material que mantiene la vida. Estamos en un momento de la historia en el que es necesario incluir la sostenibilidad ecológica en el rango más alto de los pactos de convivencia, o no habrá convivencia posible.
Las reflexiones de este artículo se han realizado tras la revisión de 37 Constituciones: Argentina, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Bután, Chile, China, República Democrática de Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, India, Islandia (frustrada), Italia, Iroquesa, Letonia, Lituania, Marruecos, Noruega, República Española, Rojava, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Vaticano.
Ignorar o afrontar la dependencia de los ecosistemas y de la tierra en su conjunto
La mayor parte de las Constituciones, si bien hacen alguna mención a la protección del medio ambiente, ponen por delante la producción y el crecimiento económico, tanto en extensión como en jerarquía normativa. Hoy sabemos que el crecimiento económico puede llevarse por delante la base material que permite la vida y finalmente el propio crecimiento. Son pocas las excepciones: “El Estado asegura al pueblo un ambiente de vida y condiciones laborales, cultos e higiénicos, al adoptar medidas para la protección del medio ambiente anteponiéndolo a la producción, para conservarlo y acondicionarlo y prevenir su contaminación” (República Popular de Corea).
Las referencias a la seguridad nacional, con frecuentes alusiones a ejércitos y fronteras, prácticamente nunca incluyen las amenazas, tal vez mayores, procedentes del deterioro ecológico. No hemos encontrado tampoco alusiones a los límites de la biosfera a pesar de ser una evidencia cada día más dramática.
No basta con declarar la importancia del medio ambiente, sino que ha de explicitarse cómo se desarrollan los derechos relacionados con la naturaleza cuando entran en competición con otros. Las Constituciones más modernas incorporan referencias al medio ambiente, pero a menudo con una consideración jerárquica inferior.
Unas pocas Constituciones ponen la sostenibilidad como tema central y la desarrollan con detalle. No es lo mismo hablar genéricamente de medio ambiente que hablar del agua, las tierras fértiles o los bosques. Algunas Constituciones como la de Bolivia nombran con detalle muchos aspectos de la sostenibilidad tales como: la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, el equilibrio ecológico, los recursos naturales renovables, los alimentos de origen agroecológico, la conservación de los suelos, la prohibición de armas químicas, la prohibición de los depósitos de residuos nucleares, las energías alternativas y renovables, el delito ambiental, la prohibición de privatización de los hidrocarburos, la propiedad estatal de los recursos de la minería, la protección de los recursos genéticos y microorganismos, la restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción, las especies animales protegidas, la prohibición de incluir recursos naturales en el mercado de valores, los juzgados agroambientales o la participación de la población en la gestión ambiental. La Constitución Iroquesa habla del agradecimiento a la tierra, por el contrario, en algunas constituciones como la de Emiratos la tierra es invisible, no es nombrada, ni regulada, ni protegida. En la finlandesa se habla de los derechos de la naturaleza. La Constitución de Bután va más allá: “El Gobierno debe asegurar que, con el objetivo de conservar los recursos naturales del país y de prevenir la degradación del ecosistema, un mínimo del 60% de la tierra de Bután se mantenga virgen siempre”.
Algunas Constituciones introducen, aunque tímidamente, los “derechos” o referencias a las generaciones venideras entre otras la de Argentina, Cuba, Bolivia, Egipto, Noruega, Portugal, Sudáfrica o la antigua Constitución lroquesa. La de Bután defiende la equidad intergeneracional. Los derechos de las próximas generaciones tienen numerosas implicaciones, pues significan incluir la sostenibilidad como eje vertebrador, es decir, decir la capacidad de sobrevivir como comunidad en el futuro.
Ninguna hace mención al control de daños que se mantienen durante muchas generaciones como es el caso de los residuos radiactivos.
Es un asunto clave para las constituciones de Egipto, Bután, Cuba, Corea o Bolivia que la propiedad de los bienes naturales pertenezca al pueblo. En la Constitución Iroquesa la propiedad de suelo es de quien vive en él, en la de Bután se reafirma en varias ocasiones: “La posición superior del Estado en la posesión y control de los recursos naturales, frente a posibles injerencias de multinacionales”, mientras que la de Lituania afirma explícitamente: “Las entidades extranjeras pueden adquirir la propiedad de la tierra, de las aguas interiores y de los bosques en la República de Lituania de acuerdo con una ley constitucional.”
La inadecuación de la Constitución Española]
La Constitución Española tiene un enfoque marcadamente productivista, exalta el mercado y, en buena medida, pone al servicio de este el resto de cuestiones. En el artículo 38: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
La tierra es prácticamente invisible y las únicas alusiones que aparecen en el artículo 45 tienen un valor jerárquicamente inferior. Parecen más bien declaraciones de intenciones sin concretar.
Concibe la naturaleza como recurso: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
No está actualizada al momento y contexto actual. Y menos a las dificultades ecológicas y sociales de los tiempos venideros. Y además está configurada de modo que hay mecanismos con cláusulas que no permiten hacer cambios fácilmente.
Aparece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero no hay obligación de que esto sea así. Es un principio rector que, aún siendo importante, no es un derecho fundamental reivindicable. Es sólo una orientación genérica para el Estado. Aunque el artículo 45 abre una pequeña puerta: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. Deja en manos de un desarrollo posterior “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
El artículo 53 establece una jerarquía priorizando los derechos del capítulo segundo y dejando en un menor nivel los del capítulo tercero donde se encuentra el derecho a disfrutar de un medio ambiente. No tiene las garantías que corresponden a otros derechos subjetivos de obligado cumplimiento. Y sólo es exigible ante los tribunales de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. Esto supone una dificultad injustificada para asegurar una salvaguarda activa y eficaz de nuestro entorno [2].
Globalmente no muestra interés en el medio ambiente. Y puede interpretarse que deja al medio ambiente vulnerable en el espacio de una posible mercantilización.
Curiosamente aún cuando la Constitución de la II República Española refleja la práctica inexistencia de preocupaciones ecológicas de la época, sin embargo, se refiere a la naturaleza como riqueza y no como recurso. Además de proponer la socialización de las riquezas naturales.
La actual Constitución no nombra apenas la naturaleza, los elementos claves de la vida como el agua, la energía, la atmósfera o los ecosistemas. Las escasas veces que lo hace es en relación con su explotación tal como aparece en el artículo 148: “explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales”. La palabra “tierra” aparece sólo dos veces y una para referirse al “Ejército de tierra”. El bosque no es nombrado, aunque sí “los aprovechamientos forestales”. El hecho de que aparezca 38 veces la palabra economía (o derivados) y ninguna la palabra ecología indica la simplista visión economicista de la realidad y la ignorancia de la dependencia ecológica que tiene la sociedad. Tras haber sido reformada en 2011 (cuando ya la sensibilidad ecológica mundial era mucho mayor) la única vez que aparece la palabra “sostenibilidad” en el artículo 135 es para hablar de sostenibilidad económica.
Tras la polémica incorporación del artículo 135 no se ha visto, sin embargo, necesario incorporar cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la conservación y restauración de la biodiversidad, la supresión y prohibición de residuos peligrosos o la protección de los factores de equilibrio de los ecosistemas.
Cualquier sociedad que vislumbre su dependencia de la naturaleza y la necesidad de mantener la base material de la vida para poder seguir viviendo y en condiciones dignas y sea consciente del grave deterioro en el que ésta se encuentra ha de tener en cuenta las siguientes propuestas a la hora de redactar o reformar sus Constituciones:
[1] Fernando Cembranos y la Comisión de Educación Ecológica de Ecologistas en Acción de Madrid
[2] Informe ECODES diciembre 2015