Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1199-08.htm
Timestamp: 2017-10-20 21:19:18
Document Index: 410221084

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 241', 'artículo 47', 'artículo 71', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 72', 'artículo 93', 'artículo 72', 'artículo 49', 'artículo 93', 'artículo 72', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 22', 'artículo 72', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 10', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 72', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 59', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 250', 'artículo 30', 'artículo 47']

C-1199-08
Sentencia C-1199/08
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos relacionados con interpretación de normas/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Procedencia excepcional/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia de la Corte para conocer de cargos sobre interpretación de normas
Es claro que a través de los cargos formulados se pretende que esta corporación se pronuncie, no directamente sobre la validez constitucional de los textos legales demandados, sino sobre la interpretación que de ellos pudiere hacerse, así como sobre la eventual adecuación o no de tales interpretaciones con el texto superior, habiéndose señalado que no resulta factible realizar un juicio constitucional frente a las aplicaciones concretas de la norma legal demandada, ni frente a las interpretaciones que de ella pudieran eventualmente hacerse, imposibilidad que obedece a varias circunstancias: de una parte, a que la misión de guardar la integridad y supremacía de la Constitución que compete a esta corporación debe cumplirse “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 superior, precepto que no le atribuye ninguna facultad a este respecto; y de otra, a que la interpretación sobre el sentido de las normas legales corresponde a la corporación judicial que en cada caso ejerce las funciones de órgano límite frente a la materia de que se trate, es decir, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según sea el caso. No obstante, en algunos casos esta corporación ha aceptado la posibilidad de pronunciarse sobre la exequibilidad de las interpretaciones que de las normas legales puedan hacer los operadores jurídicos, únicamente cuando de manera evidente y notoria las interpretaciones cuestionadas entrañan un problema de verdadera naturaleza constitucional, habiendo destacado el carácter claramente excepcional de esta circunstancia.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Requisitos de carga argumentativa mayor a cargo del demandante/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carga procesal sustancial de definir claramente manera como interpretación vulnera la Constitución
La Corte ha resaltado que en los casos en que se demanda la interpretación de una norma, mantienen plena aplicabilidad y vigencia los requisitos mínimos que, dentro del marco del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, la jurisprudencia ha entendido como necesarios e imprescindibles para emprender un análisis de constitucionalidad, y ha hecho énfasis en que en estos casos existe en cabeza del demandante una carga argumentativa incluso mayor a la habitual, a efectos de demostrar, además del cumplimiento de los criterios anteriormente referidos, la clara viabilidad de la(s) interpretación(es) criticada(s), así como las implicaciones constitucionales que ella(s) envuelve(n).
En los cargos en que los actores cuestionan las posibles interpretaciones inconstitucionales que podrían resultar del concepto de “reconciliación nacional”, incluido en el texto de los artículos 2°, 4° y 48° de la Ley 975 de 2005, al iguala que de la expresión “deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva”, que hace parte del texto del artículo 49 de la misma Ley 975 de 2005, pese al hecho de haberse admitido la demanda en relación con tales cargos, por reunirse los requisitos de carácter formal establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, llegados a este punto considera la Sala que no se reúnen a plenitud los requisitos necesarios para hacer posible el juicio de constitucionalidad que a partir de ellos se plantea. Particularmente, se observa que estas glosas no cumplen debidamente con los criterios de certeza y pertinencia, por cuanto no se encuentra que ellos contengan una proposición jurídica real y existente, que se derive directamente del texto de las normas atacadas. Por el contrario, parece notorio que en ambos casos se critica algo que las normas en realidad no dicen, y en lo que atañe a la falta de pertinencia de estos dos cargos, resalta la Corte que no cumplen con este criterio las acusaciones “que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellas otras que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Improcedencia de aducir contenido de decretos reglamentarios como prueba indirecta de interpretación cuestionada
Son varias las razones de fondo, relacionadas con la naturaleza jurídica de los decretos reglamentarios, entre ellas: i) que siendo la ley y el decreto normas cuya expedición corresponde a distintas autoridades, mal podría sostenerse que el contenido de este último sirva para inferir los alcances y la real intención del órgano legislativo que expidió aquélla; ii) que en su auténtico sentido, la potestad reglamentaria no es una herramienta válida de interpretación de las leyes, sino apenas un mecanismo de instrucción de parte de la suprema autoridad administrativa a los restantes miembros de la rama ejecutiva, sobre la mejor forma de ejecutar aquéllas; iii) en directa consonancia con el punto anterior, que el mecanismo de interpretación de las leyes a través de otras normas previsto por la Constitución Política es fundamentalmente la expedición de una nueva ley por parte del Congreso de la República; iv) que al provenir de una autoridad diferente al órgano legislativo, el decreto reglamentario bien podría en realidad exceder o alterar el auténtico contenido de la ley reglamentada, caso en el cual es posible solicitar su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
SENTENCIA CONDICIONADA COMO PRETENSION SUBSIDIARIA-Improcedencia ante inexistencia de cargo sustentado
LEY-Fijación de fecha en que empieza a regir es competencia del legislador/LEY-Competencia para determinación de vigencia/VIGENCIA DE LA LEY/VIGENCIA DE LA LEY-Aplicación de norma supletiva del Código de Régimen Político y Municipal por falta de disposición expresa del legislador/VIGENCIA DE LA LEY-Atribución del legislador para determinar modalidad
Esta corporación ha señalado que dada la ausencia de norma constitucional que regule el tema, la determinación acerca de la fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, teniendo en cuenta los análisis de conveniencia y oportunidad que en cuanto representante de la sociedad y de sus distintos intereses le corresponde realizar, frente a lo cual no resulta posible que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el sentido de su decisión. Dentro de esta autonomía, el legislador puede adoptar cualesquiera reglas de entrada en vigencia, desde que aquélla sea inmediata a la sanción o a la promulgación de la ley, hasta que comience varios meses o años después. También puede disponer una vigencia escalonada o fraccionada en el tiempo, para distintos capítulos de la norma o para preceptos específicos. A falta de de una precisa indicación del legislador que determine la entrada en vigencia de la ley dentro del texto de aquella, se aplican normas legales de carácter supletivo, conforme las cuales la observancia de la ley comienza pasados dos meses desde la fecha de la promulgación.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE VIGENCIA DE LA LEY-Procedencia excepcional
Sólo en casos muy excepcionales en los que las reglas establecidas por el legislador, relacionada con la vigencia de la ley, generen una situación de discriminación o afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior, podría el juez constitucional cuestionarlas o disponer la inexequibilidad de tales normas.
VIGENCIA Y EFICACIA DE LA NORMA-Distinción conceptual
La vigencia es un atributo de naturaleza formal, y hace relación con el tiempo durante el cual la norma tiene carácter imperativo. La vigencia comienza, en la fecha o momento en que lo determine el legislador, la cual debe, en todo caso, ser posterior a la conclusión del trámite constitucionalmente requerido para la expedición de la ley y a su necesaria publicación para conocimiento de sus destinatarios; la vigencia termina con la derogación de la norma, o en su caso, con la declaratoria de inexequibilidad, que conlleva su expulsión del ordenamiento jurídico. Cosa distinta es la eficacia, esto es, la real posibilidad de ejecutarlo, proyectando sus mandatos imperativos a la resolución de un caso concreto. La eficacia de la norma es entonces un atributo relativo, que depende del pleno cumplimiento de los supuestos, tanto materiales como personales, e incluso temporales, a los cuales, por voluntad del mismo legislador, se encuentra sujeta su aplicabilidad. Así bien puede ocurrir que una disposición legal formalmente vigente no sea así mismo eficaz, por no reunirse a cabalidad los criterios fácticos a los que la misma norma haya condicionado su aplicación, o que un precepto vigente, y en principio aplicable, no sea eficaz respecto de un sujeto determinado, por no reunirse en cabeza suya los supuestos materiales y personales necesarios para reclamar dicha aplicación.
VIGENCIA FIJADA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No afecta modelo de justicia transicional, ni los derechos de las víctimas ni el derecho a la paz
La regla sobre vigencia de la Ley 975 de 2005 que el órgano legislativo estableció en su artículo 72, conforme a la cual todas las disposiciones de esta ley rigen a partir de la fecha de su promulgación, no lesiona el modelo de justicia transicional, los derechos de las víctimas desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación, ni el derecho a la paz, razón por la cual resulta claramente exequible, pero ante la posibilidad que algunos operadores jurídicos pudieren interpretar que por el hecho de haber sido transitoriamente vigentes conforme a esta norma, las disposiciones de la Ley 975 de 2005 que esta corporación ha declarado inexequibles o de condicional exequibilidad, y pueden ser aún aplicadas en desarrollo del principio de favorabilidad, la Corte declarará, en la parte resolutiva de esta providencia, que el segmento normativo acusado es exequible, en el entendido de que el derecho a los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005 está sujeto al pleno cumplimiento de los requisitos señalados en la misma Ley, de conformidad con la interpretación que de ellos ha hecho esta corporación en sus pronunciamientos.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Alcance
La Corte ha relievado la importancia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que tienen un contenido propio y específico dentro de un contexto de justicia transicional, los cuales si bien no agotan el catálogo de derechos de las víctimas, constituyen la columna vertebral de tales garantías, resaltando además la cercanía y mutua dependencia existente entre estos tres conceptos, al señalar: “… la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible llegar a la reparación sin la justicia.”
REPARACION INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Contenido
Como resultado de un extenso análisis la Corte destacó que la reparación: i) incluye todas las acciones necesarias y conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello sea posible, los efectos del delito; ii) al igual que el concepto de víctima, tiene una dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se agota en su perspectiva puramente económica, sino que tiene diversas manifestaciones tanto materiales como simbólicas y iv) es una responsabilidad que atañe principalmente a los perpetradores de los delitos que dan lugar a ella, pero también al Estado, particularmente en lo relacionado con algunos de sus componentes.
DERECHO A LA REPARACION DE LA VICTIMA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Prestaciones que comprende
El derecho a la reparación en la ley de justicia y paz tiene un contenido propio, que se deriva del texto de su artículo 8°, norma que si bien no define el concepto de reparación, si se refiere a los distintos tipos de prestaciones que ella engloba, al establecer: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”, observándose que no todos los componentes del concepto de reparación tienen contenido económico, siendo la rehabilitación uno de los aspectos que conforman el concepto de reparación, que se refiere a las acciones que buscan restablecer la salud de las víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna; de allí que pueda aseverarse que todas las acciones de rehabilitación que se ejecuten dentro del marco de esta ley se consideren actos de reparación, pero no al contrario.
REPARACION EN LEY DE JUSTICA Y PAZ-Reparación subsidiaria del Estado
SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO-Alcance de la expresión/SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO-Actividades de carácter permanente de política social
Si bien el término servicios sociales no aparece bajo ese mismo texto en ningún artículo de la Constitución Política, la Corte puede inferir el alcance de la expresión, entendiéndolo, como actividades de carácter permanente y habitual, desarrolladas por el Estado o bajo su coordinación o supervisión, destinadas a satisfacer necesidades de carácter general de la población, en particular aquellas relacionadas con los derechos a los que la Constitución les atribuye un carácter social, o cuya prestación origina gasto público social, como las relacionadas, a título meramente enunciativo, con la atención de necesidades en salud, educación y/o vivienda.
SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO AYUDA HUMANITARIA Y REPARACION DE LAS VICTIMAS-Constituyen deberes y acciones diferenciables/SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO AYUDA HUMANITARIA Y REPARACION DE LAS VICTIMAS-Distinción
La Corte reconoce la separación conceptual existente entre los servicios sociales del Gobierno, la asistencia humanitaria en caso de desastres y la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que si bien se trata de deberes y acciones claramente diferenciables, en lo relacionado con su fuente, su frecuencia, sus destinatarios, su duración y varios otros aspectos, se acepta que ninguna de tales acciones puede reemplazar a otra, al punto de justificar la negación de alguna prestación específica debida por el Estado a una persona determinada, a partir del previo otorgamiento de otra(s) prestación(es) de fuente y finalidad distinta. Así, si bien puede establecerse una relación de complementariedad y mutuo impacto entre los servicios sociales del Gobierno y las acciones encaminadas a la reparación debida a las víctimas, lo que incluso permite aceptar que en determinados casos se presente la simultánea ejecución de ambos tipos de acciones, no es posible, en cambio, llegar a considerar que aquéllos puedan sustituir éstas, precisamente en razón a su distinta razón e intencionalidad, así como al diverso título jurídico que origina unos y otras. Los servicios sociales y las acciones de reparación son responsabilidad de sujetos claramente diferenciados, los primeros atienden al cumplimiento de obligaciones estatales, mientras que las segundas corresponden a los sujetos responsables de los crímenes cuya comisión origina la necesidad de reparación, y subsidiariamente al Estado.
DERECHOS DE LA VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Afectación por norma que incluye los servicios sociales a cargo del gobierno dentro de conceptos de reparación y rehabilitación
El segmento normativo acusado que establece: “Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación” contenido en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, tiene por efecto la posibilidad de que la reparación debida a las víctimas se vea reducida por efecto de los servicios sociales de los que ellas hubieren sido beneficiarias, al punto que en casos concretos algunas víctimas podrían no recibir suma o prestación alguna por concepto de reparación, e incluso, que algunas de ellas vinieran a ser, paradójicamente, deudoras del Gobierno que hubiere provisto los referidos servicios, con lo que se lesionaría el derecho de las víctimas a la reparación integral, dentro de un contexto de justicia transicional. Amén de que resulta inadecuado plantear que la acción gubernamental, en desarrollo de deberes de carácter general que al Estado atañen, pueda suplir la acción reparatoria que recae de manera principal en los perpetradores de los delitos, y que aun cuando en últimas puede ser cumplida por el Estado desde su posición de garante, tiene una naturaleza ostensiblemente diferente.
Referencia: expediente D-6992
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 4°, 47, 48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”
Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008).
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes, María Paula Saffon, Viviana Tacha, Pedro Santana, Carlos Rodríguez, Omar Hernández, Eduardo Cifuentes Muñoz, Luz Nelly Velandia, Alejandro Angulo Novoa, Liliana Silva Míguez, Jorge Arturo Bernal Medina, José Luciano Sanín Vásquez, Jaime Humberto Díaz Ahumada, Apécides Álviz Fernández y Esperanza González Rodríguez, obrando todos en nombre y representación de distintas organizaciones sociales, solicitaron ante esta corporación la declaratoria de inexequibilidad de ciertas expresiones e incisos que hacen parte de los artículos 2°, 4°, 47, 48, 49, 71 y 72 de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”
Mediante auto de octubre 22 de 2007, el Magistrado sustanciador adoptó diversas decisiones en relación con esta demanda, a saber: i) admitió el cargo quinto, relacionado con el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005; ii) inadmitió los cargos primero, segundo y cuarto, dirigidos contra apartes de los artículos 2°, 4°, 48, 72 y 49 de la misma ley, y iii) rechazó el cargo tercero, referente al inciso 1° del artículo 71 ibídem, por existir en relación con él cosa juzgada derivada del contenido de la sentencia C-370 de 2006.
De otra parte, la misma providencia de octubre 22 de 2007 dispuso fijar en lista el presente proceso y correr traslado del asunto al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, diligencias que se cumplieron una vez resuelto el recurso de súplica y subsanada la inadmisión a que se hizo referencia.
Diario Oficial No 45.980 de 25 de julio de 2005
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE LA LEY, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN NORMATIVA. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 <sic> La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.
49.3 <sic> La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.
ARTÍCULO 72. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.”
En primer lugar, y de manera general, los demandantes explican que los cargos y pretensiones que formulan parten del supuesto de que la Corte Constitucional ha reconocido que la Ley 975 de 2005, de la cual hacen parte las disposiciones ahora demandadas, es un instrumento de justicia transicional, a través del cual se busca equilibrar las distintas necesidades de los miembros de una sociedad en fase de post-conflicto[1]. Se refieren particularmente a la necesidad de conciliar los legítimos anhelos y expectativas de las víctimas, entre ellas la prevalencia de la verdad y el castigo de los responsables, con la creación de condiciones que hagan razonablemente atractivo para éstos, el sometimiento y colaboración con la justicia, todo ello con el fin de propender por la efectiva y sostenible realización del derecho a la paz. A partir de esta reflexión, proponen que la constitucionalidad de los contenidos de la Ley 975 de 2005 que ahora se demandan, sea examinada a la luz de este concepto.
Dentro de este contexto, los actores afirman que los preceptos demandados son contrarios al contenido del preámbulo y al de los artículos 1°, 2°, 16, 20, 22, 35, 93, 150, 179, 201, 229, 232 y 299 de la Constitución Política. Aducen que las expresiones demandadas afectan la democracia como valor fundamental del Estado, el derecho a la justicia como valor, fin y derecho subjetivo dentro del Estado Social de Derecho, el derecho a la paz, el derecho a la autonomía, la libertad de expresión y la figura del delito político, de raigambre constitucional. También consideran que estos segmentos normativos infringen el bloque de constitucionalidad, aplicable a partir de lo previsto en el artículo 93 superior, y concretamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En relación con el contenido específico de los reproches de constitucionalidad propuestos, debe resaltarse que tres de ellos (los cargos primero, segundo y cuarto) tienen en común el hecho de cuestionar el entendimiento y la interpretación que pueda hacerse de ciertas expresiones de uso frecuente a lo largo del texto de la Ley 975 de 2005. Se trata del concepto de reconciliación nacional, mencionado en los artículos 2°, 4° y 48 de esta ley (primer cargo), de las reglas sobre vigencia de esta ley, contenidas en el artículo 72 de la misma (segundo cargo), y de la expresión programa institucional de reparación colectiva (tercer cargo), tema que aparece mencionado en el artículo 49 ibídem.
Los demandantes pretenden respaldar la factibilidad y validez conceptual de las interpretaciones que cuestionan como inconstitucionales a partir del contenido de algunos decretos expedidos por el Gobierno Nacional dentro del marco de la potestad reglamentaria, en los que el poder ejecutivo habría implementado la ejecución de la ley a partir de tales interpretaciones[2].
En razón a la diversidad y complejidad de los cargos planteados y al número y extensión de las intervenciones presentadas, la Corte abordará el estudio y resolución de aquéllos de manera separada y sucesiva, en el mismo orden en que fueron propuestos en la demanda. En desarrollo de esta metodología, la parte considerativa de esta sentencia contiene, para cada caso, una presentación más extensa sobre el alcance de los cargos formulados, así como un resumen de las intervenciones ciudadanas y del concepto del Ministerio Público en relación con el respectivo tema. Posteriormente, y a partir de ello, la Corte efectúa sus propias consideraciones y concluye anunciando la decisión que al respecto adoptará en la parte resolutiva.
1. Primer cargo: Sobre el concepto de reconciliación nacional
Como quedó dicho, los demandantes cuestionan algunos de los distintos posibles entendimientos de la expresión reconciliación nacional, que hace parte del texto de los artículos 2°, 4° y 48 de la Ley 975 de 2005, parcialmente demandada. Previa esta consideración, ofrecen algunos ejemplos de aquellas interpretaciones que deberían considerarse incompatibles con el texto constitucional y solicitan la declaratoria de inexequibilidad de las mismas. En subsidio, piden a la Corte declarar la inconstitucionalidad pura y simple de este segmento normativo en cada una de las normas citadas.
En cuanto al principio de la justicia transicional, cuya validez como parámetro de constitucionalidad se atribuye a la antes citada sentencia C-370 de 2006 de esta corporación, explican los accionantes que supone el equilibrio de dos valores generalmente contrapuestos como son la justicia y la paz, lo cual no puede lograrse desde la visión minimalista de reconciliación, ya que ésta sacrifica la justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en aras de una paz ilusoria. Esta misma circunstancia es la que trae consigo la violación del artículo 93 de la Constitución, que integra los derechos de las víctimas dentro del llamado bloque de constitucionalidad.
Por las mismas razones, afirman que la visión maximalista, al no exigir e incluso obstruir, el procesamiento de los responsables y la aplicación de sanciones penales, deja muy en segundo plano, y por ende desatiende, los derechos de las víctimas, en primer término a la justicia, pero también a la verdad y la reparación, puesto que por su misma naturaleza, estas últimas suponen la completa investigación de los hechos criminales. Discurren sobre las finalidades del castigo penal y los efectos socialmente nocivos que tiene el fenómeno de la impunidad, entre ellos el sentimiento de desprotección que invade a las víctimas, así como el latente peligro de repetición de las conductas no sancionadas, a partir de lo cual sostienen que este tipo de reconciliación es contrario al derecho a la paz, al estar ésta sustentada sobre bases deleznables y poco realistas.
Finalmente, agregan que la noción maximalista de reconciliación parte del supuesto de que el perdón es un elemento insustituible de la paz, con lo cual impone a las víctimas una carga demasiado onerosa, que es contraria al principio de autonomía (art. 16 C. P.) y a la dignidad humana (art. 1° ibídem). También explican que la imposibilidad de discrepar sobre las formas y caminos para alcanzar la paz implica la descalificación como actores sociales legítimos de todos aquellos que no estén en capacidad de perdonar o de construir relaciones de confianza con sus antiguos victimarios, lo que a su turno vulnera el principio democrático a que antes se hizo referencia.
El cargo concluye con la sustentación de cómo la Ley 975 de 2005, al no incorporar una definición precisa de qué se entiende por reconciliación, permite que ésta sea espontáneamente entendida desde distintas perspectivas, incluyendo aquellas que en los párrafos anteriores se presentaron como inconstitucionales.
A partir de estas explicaciones los actores sustentan su solicitud de que se declaren inconstitucionales las ya explicadas interpretaciones del concepto de reconciliación nacional, o que en su defecto se decrete la inexequibilidad pura y simple de los textos en los que esta expresión hace parte de los artículos 2°, 4° y 48 de la Ley 975 de 2005.
2. Segundo cargo: Sobre la vigencia de la Ley 975 de 2005 a partir de lo establecido en su artículo 72
En relación con este mismo tema, se refieren a dos casos[3] en los que esta corporación condicionó la exequibilidad de normas legales sometidas a su control en lo referente a la fecha en que dichas leyes deberían entrar en vigencia, al considerar que la regla establecida por el legislador resultaba inconstitucional.
Seguidamente, plantean que el artículo 10 de la ley parcialmente demandada contiene una regla que causa la vigencia escalonada de esta ley, cual es el envío de un listado que el Gobierno Nacional debía remitir a la Fiscalía General de la Nación con los nombres de aquellas personas que por ser miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley, hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por la comisión de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos[4]. Según afirman los demandantes, dado que el envío de este listado tiene el importante efecto de determinar qué personas podrían acceder a los beneficios penales previstos en esta ley, dicha remisión debe entenderse como una condición suspensiva de cuya verificación dependió, en su momento, la entrada en vigencia de un importante número de artículos de esta ley[5].
A partir de las anteriores consideraciones, explican los demandantes que el artículo 72 de la Ley 975 de 2005 podría ser interpretado de manera diferente, entendiendo entonces que la vigencia de todas sus disposiciones comenzó en la fecha de promulgación de aquélla. Señalan que esta interpretación, además de irrazonable e incorrecta puede ser catalogada como inconstitucional, ya que hace posible que en virtud del principio de favorabilidad se reclame la aplicación de disposiciones que fueron declaradas inexequibles por la sentencia C-370 de 2006, bajo el argumento de que tales normas estuvieron vigentes por espacio de casi un año, entre julio de 2005 (fecha de promulgación de la ley) y mayo de 2006 (fecha en que se pronunció la sentencia C-370 de ese año).
La inconstitucionalidad que en este caso se predica por los actores implicaría, en su concepto, ignorar el principio de la justicia transicional para Colombia, violar los derechos de las víctimas, y lesionar el derecho a la paz, consagrado por el artículo 22 de la Constitución Política. Además, aducen que se vulneraría también el principio superior relativo a la favorabilidad penal, ya que dicho principio sólo se aplica a normas que han entrado en vigencia, lo que, insisten, no ocurrió en este caso.
La violación al principio de justicia transicional[6] vendría dada por el hecho de que la aplicación ultra-activa de normas que anteriormente han sido declaradas inconstitucionales traería consigo la ruptura del necesario equilibrio que en estos casos debe procurarse entre los valores de justicia y paz.
Mientras tanto, la vulneración a los derechos de las víctimas, cuya vigencia se deriva del bloque de constitucionalidad y del derecho a acceder a la administración de justicia (arts. 93 y 229 C. P.) vendría dada por el hecho de que al permitirse la aplicación de normas que en su momento fueron declaradas inexequibles en razón a su oposición con estos principios, se produciría una nueva lesión de esos mismos derechos. Por su parte, al decir de los actores, el derecho a la paz (art. 22) se afectaría en la medida en que una pretendida concordia lograda bajo las condiciones antes descritas dejaría muchas heridas abiertas y, por ende, no resulta sostenible en el tiempo.
En lo que atañe al principio de favorabilidad penal, explican los demandantes que éste debe entenderse afectado en caso de aplicarse a situaciones distintas de aquellas para las cuales fue previsto, que es la situación que podría generarse en caso de asumir una interpretación del artículo 72 conforme a la cual se entienda que todas las disposiciones de la Ley 975 de 2005 entraron a regir a partir de la fecha de su promulgación. Ello por cuanto, este último supuesto permitiría invocar, al amparo de la favorabilidad, la aplicación de normas que antes de entrar en vigencia fueron declaradas inexequibles o sólo condicionalmente exequibles, y que por ende, nunca tuvieron vigencia real en sus versiones originales, presupuesto necesario para que pueda invocarse favorabilidad.
3. Cuarto cargo: Concepto y alcances del Programa Institucional de Reparación Colectiva
Frente a estas circunstancias, sostienen los accionantes que la norma demandada permite una interpretación conforme a la cual se dará mayor importancia a los actos de reparación simbólica que a las reparaciones individuales, siendo posible incluso que en algunos casos la reparación se restrinja exclusivamente a los actos de carácter simbólico y colectivo. Aducen que una de las principales finalidades de esta visión restrictiva es el deseo de contribuir al ahorro fiscal que tanto preocupa al Gobierno, frente a lo cual considera desproporcionado que se privilegie el ahorro de recursos públicos frente a la enorme trascendencia e impacto social que generaría una reparación insuficiente[7]. De otra parte, también en este caso, sostienen que una de las más fehacientes pruebas de la viabilidad de la interpretación criticada es la expedición por parte del Gobierno de normas reglamentarias que le imprimen al concepto de reparación este limitado contenido, y en las cuales se establece que no habrá responsabilidad subsidiaria en cabeza del Estado[8].
4. Intervenciones ciudadanas frente a los cargos primero, segundo y cuarto
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República hizo, en primer término, reflexiones generales sobre el contenido de estos cargos. Afirma que, a su entender, los actores no corrigieron la demanda de conformidad con lo planteado en el auto de octubre 22 de 2007, puesto que insistieron en solicitar que la Corte haga declaraciones interpretativas, que sólo por iniciativa de ella misma podrían considerarse. Si bien no formula ninguna solicitud precisa en relación con estos cargos, reitera que no estarían dadas las condiciones necesarias para que esta corporación decida sobre ellos, pese a lo cual, hace los siguientes comentarios:
Frente al segundo cargo, rechaza el razonamiento de los demandantes, e indica que si bien es cierto que los beneficios penales no podían haberse aplicado antes del envío de la lista a que se refiere el artículo 10° de la ley parcialmente acusada, ello es diferente a sostener que la vigencia de una parte de la Ley 975 de 2005 estuviera condicionada al cumplimiento de este requisito. También se opone a los razonamientos de los demandantes frente al principio de favorabilidad, el cual considera que no admite ninguna clase de excepciones dentro del marco de la Constitución.
Por último, en lo que atañe al cuarto cargo de la demanda, considera que el texto del artículo 49 debe interpretarse conjunta y armónicamente con las demás disposiciones de la Ley 975 que se refieren al contenido y alcances de la reparación a las víctimas (cita los artículos 8°, 43, 44, 46, 47 y 48), a partir de lo cual puede, en su concepto, apreciarse el carácter integral de la reparación desarrollada por esta ley. Sostiene además que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en relación con el tema reafirman la integralidad de la reparación antes que desvirtuarla[9].
En esta misma línea, complementa la exposición de los actores en torno a los modelos maximalista y minimalista de reconciliación, a las instituciones de la justicia restaurativa y a los posibles efectos de unas y otras. También ahonda en el contenido del Decreto 3391 de 2006, cuya expedición por parte del Gobierno Nacional demostraría la viabilidad de las interpretaciones que se critican como inconstitucionales y la espontaneidad con que aquéllas pueden surgir.
En relación con el segundo cargo, el representante de este Ministerio contradice la argumentación de los demandantes, en especial la premisa de que la ley puede contener, a lo largo de su articulado, disposiciones que de manera implícita alteren o introduzcan excepciones a la regla sobre vigencia de la norma que directamente hubiere expresado el legislador. Rechaza también la pertinencia de las citas jurisprudenciales traídas por los actores, pues en su concepto no se refieren al tema debatido, y en su lugar plantea que, conforme se explica en la sentencia C-084 de 1996 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), la fecha de entrada en vigencia de la ley depende directamente de la voluntad del legislador o, en defecto de aquella, se rige por lo previsto en la Ley 4ª de 1913 que la establece en dos meses después de la fecha de su promulgación.
En torno al efecto preciso que deba atribuirse a la exigencia contenida en el artículo 10° de la Ley 975 parcialmente acusada, este interviniente propone una tesis, originalmente planteada por un doctrinante italiano, que distingue entre los conceptos de existencia, vigencia, validez, aplicabilidad y eficacia de la norma. A partir de la anterior, sugiere que la regla establecida en el artículo 10° podría tener implicaciones en el campo de la aplicabilidad o la eficacia de la norma, pero no en el de su vigencia, como lo sostienen los demandantes.
Frente al cuarto cargo, dirigido contra la expresión “deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva”, contenida en el artículo 49 de la Ley 975 de 2005, el interviniente trascribe y comenta los demás artículos de esta ley que tratan sobre el tema de la reparación[10], con apoyo en lo cual descarta la tesis de los demandantes sobre la posibilidad de que la norma cuestionada se interprete de un modo restrictivo, que desconozca el carácter integral de la reparación debida a las víctimas.
En apoyo de su solicitud, expresa su desacuerdo con los planteamientos de los actores en relación con este tema y sostiene que sólo mediante una interpretación aislada del texto demandado podría arribarse al entendimiento que aquellos cuestionan. Al igual que otros de los intervinientes, resalta que la reglamentación expedida por el Gobierno antes y después de la presentación de la demanda brinda herramientas suficientes para que la reparación de las víctimas sea verdaderamente integral, con participación tanto de los victimarios como del Estado. Finalmente, llama la atención sobre el hecho de que si bien los demandantes sostienen que el Estado colombiano es capaz de asumir un mayor costo fiscal por concepto de reparaciones a las víctimas, no ofrecen explicaciones ni cálculos específicos que sustenten su apreciación.
A continuación, sostiene que la Ley 975 cuya exequibilidad se discute, constituye un afortunado experimento de aplicación de estos modelos, cuyos mecanismos específicos permitirán la plena vigencia de los principios de verdad, justicia y reparación integral. Esta apreciación la sustenta en el análisis detallado de varias de las instituciones que esta ley desarrolla, entre ellos, la exigencia de cesar inmediatamente los actos de agresión contra la población civil, la necesidad de que los cabecillas se comprometan al desmantelamiento de los grupos por ellos comandados, y el hecho de que sólo puede accederse a los beneficios de rebaja de penas una vez realizado el proceso de desmovilización.
Concluida esta exposición, y sin referirse de manera directa a ninguno de los distintos cargos de la demanda, la interviniente afirma que aquéllos no cumplen los requisitos necesarios para que la Corte Constitucional pueda pronunciarse en relación con ellos, pues en su opinión el concepto de la violación es “disperso, inexacto y vago”.
Señala que esta corporación ha explicado que el análisis de los cargos que se realiza en el momento de proferir sentencia es diferente y de mayor profundidad que aquel que tiene lugar en la fase de admisión de la demanda, por lo que el hecho de que aquélla hubiere sido admitida no impide que en este momento procesal la Corte resuelva inhibirse, por considerar que en realidad no se reúnen las condiciones necesarias para una decisión de fondo. Sobre este tema cita y transcribe algunos extractos jurisprudenciales.
Se pronunció también, únicamente en relación con los cargos primero y cuarto de la demanda, la Corporación Nuevo Arco Iris, la cual concurrió por conducto de su representante legal. Éste comenzó presentando una breve consideración sobre el trabajo de esa entidad y las razones de las cuales se deriva su conocimiento de los temas aquí debatidos.
A partir de estas consideraciones, concluye solicitando a la Corte que declare “la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4° y 48 de la Ley 975 de 2005 en relación con la noción de reconciliación nacional”.
De otra parte, una vez vencido el término de fijación en lista, presentaron sendos escritos de intervención la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR.
Frente al segundo cargo, la Defensoría del Pueblo propuso a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del texto demandado, de tal manera que armonice con las decisiones adoptadas mediante sentencia C-370 de 2006, y advirtiendo que sólo las personas que figuren en el listado a que se refiere el artículo 10 de esta ley podrán reclamar los beneficios que ella establece. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación pidió a la Corte desestimar este cargo, lo que equivaldría a declarar exequible el texto acusado.
5. El concepto del Procurador General de la Nación frente a los cargos primero, segundo y cuarto:
Previamente, el Procurador analiza las características que la jurisprudencia de la Corte exige de los cargos de inconstitucionalidad, resaltando que aquellos debe ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Recuerda que si bien se trata de una acción pública cuyo ejercicio no está sujeto a complejas formalidades, ello no exonera al ciudadano demandante del deber de cumplir unas mínimas exigencias, a partir de las cuales plantee con precisión un problema jurídico de carácter constitucional, y en cuya ausencia la Corte no podría decidir sobre su solicitud.
También resalta que el control de constitucionalidad tiene un carácter abstracto, que se refiere al contenido mismo de la norma y no a la aplicación que de ella se haga. Frente a la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre interpretaciones específicas del texto de una ley, precisa que si bien ello no resulta imposible, sí se trata de una situación claramente excepcional, y podría ocurrir sólo en la medida en que las interpretaciones de discutible constitucionalidad hayan sido efectuadas por los jueces de la República al aplicar dichas normas[11]. Por el contrario, explica que en caso de que las interpretaciones que generan controversia se encuentren en actos de carácter general expedidos por el Gobierno Nacional, lo procedente es buscar la nulidad de tales actos administrativos ante la jurisdicción competente.
Según resulta del documento de corrección de la demanda presentado por los actores el día 29 de octubre de 2007, los tres cargos que se analizan tienen en común el hecho de que la pretensión con la que concluyen busca la declaratoria de inexequibilidad de ciertos “entendimientos” de las expresiones demandadas, que en opinión de los demandantes resultarían opuestos e incompatibles con varias disposiciones constitucionales. Las referidas glosas coinciden también en que cada uno de ellas plantea, como pretensión subsidiaria, la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones que en cada caso fueron acusadas.
Frente a este planteamiento es pertinente recordar que, según se ha explicado de manera reiterada[12], el control abstracto de constitucionalidad se materializa en la confrontación directa, verificable y objetiva del texto legal demandado con los preceptos constitucionales que el actor considera infringidos por aquél. Por el contrario, se ha señalado que no resulta factible realizar un juicio constitucional frente a las aplicaciones concretas de la norma legal demandada, ni frente a las interpretaciones que de ella pudieran eventualmente hacerse, imposibilidad que obedece a varias circunstancias: de una parte, a que la misión de guardar la integridad y supremacía de la Constitución que compete a esta corporación debe cumplirse “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 superior, precepto que no le atribuye ninguna facultad a este respecto; y de otra, a que la interpretación sobre el sentido de las normas legales corresponde a la corporación judicial que en cada caso ejerce las funciones de órgano límite frente a la materia de que se trate, es decir, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según sea el caso.
No obstante lo anterior, tal como lo señalara el Procurador General, es cierto que en algunos casos esta corporación ha aceptado la posibilidad de pronunciarse sobre la exequibilidad de las interpretaciones que de las normas legales puedan hacer los operadores jurídicos, únicamente cuando de manera evidente y notoria las interpretaciones cuestionadas entrañan un problema de verdadera naturaleza constitucional[13]. Sin embargo, en todos esos casos se ha destacado el carácter claramente excepcional de esta circunstancia, cuya presencia depende de la plena y suficiente demostración que el actor debe hacer sobre la espontánea factibilidad de la interpretación cuestionada y sobre el carácter constitucional de las implicaciones que de ella pueden derivarse.
También se ha insistido en el hecho de que para poder ser objeto de un juicio de constitucionalidad la interpretación cuestionada debe tener un carácter sostenido y prevalente, por haber sido invocada de manera uniforme y reiterada en un número considerable de las ocasiones en las que se ha dado aplicación al precepto demandado[14].
En los mismos pronunciamientos antes referidos la Corte ha resaltado además que en esos casos mantienen plena aplicabilidad y vigencia los requisitos mínimos que, dentro del marco del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, la jurisprudencia ha entendido como necesarios e imprescindibles para emprender un análisis de constitucionalidad, como son la formulación de uno o más cargos que puedan considerarse claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[15]. Antes bien, se ha hecho énfasis en que en estos casos existe en cabeza del demandante una carga argumentativa incluso mayor a la habitual, a efectos de demostrar, además del cumplimiento de los criterios anteriormente referidos, la clara viabilidad de la(s) interpretación(es) criticada(s), así como las implicaciones constitucionales que ella(s) envuelve(n).
Antes de abordar este punto es necesario recordar, como en muchas ocasiones lo ha resaltado esta Corte[16], que el análisis de los cargos que se efectúa por la Sala Plena al momento de decidir sobre la acción de constitucionalidad propuesta por el ciudadano difiere sustancialmente en cuanto a su profundidad y sus implicaciones de aquel que realiza el Magistrado sustanciador durante la primera fase del proceso, con miras a la admisión o rechazo de la demanda.
Entrando al análisis concreto de estos cargos, debe recordarse que en el primero de ellos los actores cuestionan las posibles interpretaciones inconstitucionales que podrían resultar del concepto de “reconciliación nacional”, incluido en el texto de los artículos 2°, 4° y 48° de la Ley 975 de 2005, para lo cual ilustran a la Corte sobre las diversas y muy divergentes aproximaciones que en relación con este concepto pueden tenerse. Simultáneamente, tanto la demanda original como el escrito de corrección se refieren a los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional en relación con este tema, cuyo contenido se constituiría, según se afirma en el segundo de estos documentos[17], en “el mejor ejemplo” de que “se trata de interpretaciones derivadas directamente del texto de las propias normas, y no de interpretaciones que solamente hayan sido hechas por los demandantes”.
En estos dos casos, y pese al hecho de haberse admitido la demanda en relación con tales cargos, por reunirse los requisitos de carácter formal establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, llegados a este punto considera la Sala que no se reúnen a plenitud los requisitos necesarios para hacer posible el juicio de constitucionalidad que a partir de ellos se plantea. Particularmente, se observa que estas glosas no cumplen debidamente con los criterios de certeza y pertinencia a los que antes se hizo referencia.
En efecto, no se observa que la sola mención de la reconciliación nacional dentro del texto de estas disposiciones (artículos 2°, 4° y 48) contenga, ni al menos de manera hipotética, los sentidos extremos que según los demandantes afirman, podrían derivarse de esta expresión, menos aún cuando, a partir de la lectura de los apartes no demandados de tales textos, se aprecia claramente que el contenido dispositivo de estas normas no podría entenderse alterado al vaivén del concepto que los distintos operadores jurídicos tengan sobre el concepto de reconciliación nacional.
En esta misma línea, y en lo que atañe a la falta de pertinencia de estos dos cargos, resalta la Corte que no cumplen con este criterio las acusaciones “que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellas otras que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’;”.
Finalmente, aun cuando las consideraciones precedentes bastan para adoptar una decisión inhibitoria con respecto a estos dos cargos, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia, es importante destacar el hecho de que el contenido de los decretos reglamentarios expedidos por el Presidente de la República no puede aducirse en un caso como este como prueba indirecta, pero fehaciente, del real contenido de la norma legal acusada, ni de la factibilidad de las interpretaciones cuestionadas, conclusión que se sustenta en varias razones de fondo, relacionadas con la naturaleza jurídica de los decretos reglamentarios, entre ellas: i) que siendo la ley y el decreto normas cuya expedición corresponde a distintas autoridades, mal podría sostenerse que el contenido de este último sirva para inferir los alcances y la real intención del órgano legislativo que expidió aquélla; ii) que en su auténtico sentido, la potestad reglamentaria (art. 189, num. 11° C. P.) no es una herramienta válida de interpretación de las leyes, sino apenas un mecanismo de instrucción de parte de la suprema autoridad administrativa a los restantes miembros de la rama ejecutiva, sobre la mejor forma de ejecutar aquéllas; iii) en directa consonancia con el punto anterior, que el mecanismo de interpretación de las leyes a través de otras normas previsto por la Constitución Política es fundamentalmente la expedición de una nueva ley por parte del Congreso de la República (art. 150, num. 2° C. P.); iv) que al provenir de una autoridad diferente al órgano legislativo, el decreto reglamentario bien podría en realidad exceder o alterar el auténtico contenido de la ley reglamentada, caso en el cual es posible solicitar su nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 84 Código Contencioso Administrativo).
Como se recordará, el segundo cargo afirma que “la expresión demandada (-rige a partir de la fecha de su promulgación-) admite una interpretación tanto errada como inconstitucional, según la cual la ley 975 de 2005 entró en vigencia a partir de su promulgación para todos los efectos”. Según los actores explican a continuación, la vigencia de esta ley (975 de 2005) a partir de la fecha de su promulgación, es sólo una de las posibles interpretaciones que del texto acusado podrían hacerse, siendo procedentes otras, tales como aquella según la cual “en realidad la ley 975 de 2005 tiene una vigencia escalonada o diferenciada en el tiempo”, conclusión que se derivaría de la existencia de una condición contenida en el artículo 10° de la misma ley, relativa al envío del Gobierno a la Fiscalía General de la Nación de un listado de personas que serían los destinatarios de los beneficios penales establecidos en esta ley.
La Sala observa que los demandantes así como algunos de los intervinientes hacen un importante esfuerzo argumentativo a efectos de demostrar que la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 desde la fecha de su promulgación es apenas una de las posibles interpretaciones que podrían hacerse del fragmento del artículo 72 demandado en este caso. En consonancia con ello, postulan que existen otras posibles interpretaciones de este precepto, particularmente aquella conforme a la cual la ley demandada tendría una vigencia escalonada en el tiempo, a partir del efecto de una condición suspensiva contenida en su artículo 10° que afectaría varias de las disposiciones de este estatuto, condición que sólo se verificó en el mes de agosto de 2006, esto es, con posterioridad al proferimiento y notificación la sentencia C-370 de ese año, de esta corporación.
En reiterada y consistente jurisprudencia[18] ha señalado esta corporación que, dada la ausencia de norma constitucional que regule el tema, la determinación acerca de la fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, frente a lo cual no resulta posible que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el sentido de su decisión.
Dentro de esta autonomía, el legislador puede adoptar cualesquiera reglas de entrada en vigencia, naturalmente siempre que ésta no preceda a la publicación de la ley, lo cual abarca desde que aquélla sea inmediata a la sanción o a la promulgación de la ley, hasta que comience varios meses o años después. También, tal como lo indican los demandantes, puede disponer una vigencia escalonada o fraccionada en el tiempo, para distintos capítulos de la norma o para preceptos específicos. Igualmente, es claro que las reglas sobre la vigencia de la ley no tienen por qué estar necesariamente contenidas en su último artículo (lo cual no es más que una costumbre fuertemente arraigada en nuestra técnica legislativa), pudiendo encontrarse en cualquier otra disposición del cuerpo normativo en cuestión.
Por último, existen normas legales de carácter supletivo que determinan la entrada en vigencia de la ley a falta de una precisa indicación del legislador dentro del texto de aquella. Conforme a estas reglas la observancia de la ley comienza pasados dos meses desde la fecha de la promulgación[19].
Sólo en casos muy excepcionales en los que las reglas establecidas por el legislador generen una situación de discriminación o afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior, podría el juez constitucional cuestionarlas o disponer la inexequibilidad de tales normas. Que sería lo que, conforme a la explicación de los demandantes, y en concepto suyo, ocurre en este caso.
Según se explicó, los actores consideran que este segmento normativo es inconstitucional, en cuanto su efecto práctico, esto es, la simultánea entrada en vigencia de todas las disposiciones de la Ley 975 de 2005 a partir de la fecha de promulgación de aquélla, deja abierta la posibilidad de que se reclame la aplicación, conforme al principio de favorabilidad, de varios preceptos de la misma ley, que esta Corte, mediante sentencia C-370 de 2006, declaró inexequibles o de exequibilidad condicionada[20]. Sostienen que esa situación supondría una lesión al modelo de justicia transicional, a los derechos de las víctimas, al derecho a la paz de que trata el artículo 22 superior, y al principio de favorabilidad, que conforme al artículo 29 superior es parte integrante del debido proceso, y que sería aplicado a situaciones distintas a las previstas por el Constituyente.
Por lo anterior, la Corte precisa entonces que la aplicación de estas normas no puede entenderse como automática, ya que está condicionada, no apenas a la acreditación de su transitoria vigencia, sino al efectivo cumplimiento, durante aquel período, de los presupuestos materiales y personales a que se ha hecho referencia. En otras palabras, es claro que los beneficios que esta ley establece sólo son aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley y de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 de 2006 y en las demás sentencias que esta corporación ha proferido sobre la constitucionalidad de tales preceptos.
Por ello, de cara al cargo de inconstitucionalidad formulado en este caso por los actores, es claro para esta corporación que no existe fundamento para entrar a cuestionar la regla sobre vigencia de la Ley 975 de 2005 que el órgano legislativo, en legítimo ejercicio de sus atribuciones constitucionales, estableció en el artículo 72 de la referida ley. De igual manera, considera la Corte que dicha regla, conforme a la cual todas las disposiciones de esta ley rigen a partir de la fecha de promulgación de aquélla, no lesiona el modelo de justicia transicional, los derechos de las víctimas desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación, ni el derecho a la paz, razón por la cual no resulta violatoria de ninguna de las normas superiores invocadas en la demanda, sino por el contrario, claramente exequible.
Con todo, a partir de lo planteado por los demandantes y algunos de los intervinientes, la Sala reconoce como factible que algunos operadores jurídicos pudieren interpretar que por el hecho de haber sido transitoriamente vigentes conforme a esta norma, las disposiciones de la Ley 975 de 2005 que esta corporación ha declarado inexequibles o de condicional exequibilidad, pueden ser aún aplicadas en desarrollo del principio de favorabilidad. En casos concretos esta situación podría conducir a la sinrazón de prohijar la aplicación de preceptos que han sido desechados del ordenamiento jurídico en razón a su oposición material a la Constitución, o sobre cuya interpretación factible se han formulado precisiones.
En vista de esta situación, la Corte declarará, en la parte resolutiva de esta providencia, que el segmento normativo acusado es exequible, en el entendido de que el derecho a los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005 está sujeto al pleno cumplimiento de los requisitos señalados en la misma Ley, de conformidad con la interpretación que de ellos ha hecho esta corporación en sus pronunciamientos sobre la materia, en especial la sentencia C-370 de mayo 18 de 2006.
7. Quinto cargo: Sobre la inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de la reparación y rehabilitación debida a éstas.
El último cargo de la demanda pide declarar la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, norma que trata sobre el tema de la rehabilitación. Esta solicitud se justifica en el hecho de que, según los demandantes, la contabilización de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas del conflicto como parte de la reparación y la rehabilitación afecta el modelo de justicia transicional, que según lo habría aceptado esta Corte[21], ha sido plasmado en la Ley 975 de 2005, además del derecho a la paz y el derecho de las víctimas a la reparación integral.
En sustento de esta glosa los demandantes plantean la diferencia existente entre varias responsabilidades estatales previstas en la Constitución, a saber: i) la prestación de servicios sociales a la ciudadanía, que es de carácter permanente y que se dirige a hacer realidad, de manera progresiva, los derechos sociales, económicos y culturales garantizados por la Carta Política; ii) la atención humanitaria a las víctimas de situaciones de desastre, que es de carácter temporal aunque eventualmente prolongado, y que a partir de consideraciones de solidaridad y humanitarismo busca garantizar la subsistencia y proteger la dignidad de tales personas, aliviar su sufrimiento y las condiciones de extrema necesidad a que se enfrentan, sin que haya lugar a distinguir a partir de la causa de la situación de desastre, y iii) la reparación debida a las víctimas de delitos atroces, obligación pública de carácter eventual, que normalmente surge en un contexto de justicia transicional y que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primer término reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria, un directo deber de reparación en cabeza del Estado, en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación procurada por éstos.
En la misma línea hicieron también un detallado análisis sobre el precepto contenido en el inciso 1° del artículo 47, norma que no fue demandada dentro de este proceso, y sobre la aplicación que hasta el momento se ha hecho de él. Sin embargo, no propusieron la integración normativa de este aparte, limitándose a adherir a la solicitud de que se declare inexequible el 2° inciso del artículo 47.
El apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia hizo extensas reflexiones sobre este tema, conducentes a solicitar a la Corte declarar exequible el precepto demandado. Como argumento inicial, llama también la atención sobre la posición asumida por esta corporación en la sentencia C-370 de 2006 con respecto a los responsables de la reparación, resaltando que según allí se reconoció, la responsabilidad recae originalmente sobre los autores de los hechos punibles que causaron el daño, y sólo subsidiariamente en el Estado. También subraya que el artículo 5° de la Ley 975 de 2005 define quiénes son víctimas para efectos de la aplicación de esta ley, y que otras normas establecen quiénes son víctimas de los desastres naturales, por lo que mal podrían confundirse, a partir del texto demandado, los destinatarios de los distintos tipos de ayudas.
Por otra parte, a partir de la cita y exposición de varias otras disposiciones, tanto de la misma Ley 975 de 2005 como de leyes anteriores, decretos reglamentarios, e incluso proyectos de ley en curso para el momento de presentarse este escrito, resalta cómo el Estado adelanta diversas acciones específica y exclusivamente dirigidas a las víctimas del conflicto, de tal manera que la relación planteada con las acciones sociales del Gobierno no podría en ningún caso entenderse como reducción de las responsabilidades que éste tiene en materia de reparación.
También se refieren a las obligaciones de Derecho Internacional que en relación con el tema competen a los Estados por el hecho de incumplir su función de garante de los derechos humanos de sus ciudadanos, y resaltan que dentro de este contexto aquéllos tienen una responsabilidad primordial frente al tema de la reparación, pudiendo si fuere el caso, repetir contra los autores de los crímenes por cuya causa se viere obligado a indemnizar.
A continuación se refieren a algunas experiencias internacionales en relación con el tema y plantean los inconvenientes que esta práctica puede originar, particularmente la insatisfacción de las víctimas y la idea de que sólo vía reparación y después de que sus comunidades han sido afectadas por la violencia, es posible que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales de carácter ordinario.
En su concepto de rigor el jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada del inciso 2° del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, objeto de este cargo.
El concepto fiscal resume el alcance de estas obligaciones, indicando que el deber del Estado frente al tema de las reparaciones incluye: i) garantizar a las víctimas la disponibilidad de recursos judiciales efectivos para hacer valer su derecho a la reparación; ii) proteger ese derecho mediante su intervención en las instancias judiciales y administrativas necesarias, previniendo la obstaculización de su ejercicio; iii) proveer la reparación debida en caso de responsabilidad directa por parte del Estado; iv) en caso en que las violaciones de derechos provengan de terceras personas, procurar que sean éllas quienes se hagan cargo de la reparación, y asumirla directamente en caso de no lograr que los responsables cumplan con este deber.
Establece el precepto demandado que “Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.”. Los demandantes cuestionan la exequibilidad de esta norma al considerar que ella permite una sensible disminución en el alcance de la reparación debida a las víctimas, ya que al cuantificar esta última podría descontarse todo lo relacionado con servicios sociales recibidos por ellas, lo cual propiciaría situaciones en las cuales se considerará atendido este deber, pese a que las víctimas hayan recibido muy poco o incluso nada, por concepto de verdadera reparación.
Durante los años recientes la Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas de los hechos punibles. Esta corporación ha destacado que a partir de los postulados del Estado social de derecho establecido en la Constitución de 1991, así como de la expresa mención de las víctimas por el texto superior[22], existe una nueva concepción sobre el rol que a ellas les corresponde dentro del entorno del Derecho Penal, uno de cuyos elementos más relevantes es el abandono de la premisa según la cual el derecho de las víctimas se agotaba en la sola reparación económica de los perjuicios ocasionados por el delito. Esta tendencia se ve acentuada a partir de la vigencia del Acto Legislativo 03 de 2002, que introdujo en nuestro país el sistema procesal penal acusatorio, en cuyo vigor esta corporación ha emitido varios importantes pronunciamientos sobre la materia[23].
Sobre el alcance de los derechos de las víctimas y su fundamento constitucional, expuso la Corte en el fallo C-454 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño):
En sus pronunciamientos sobre el tema esta Corte ha relievado la importancia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, los cuales si bien no agotan el catálogo de derechos de las víctimas, constituyen la columna vertebral de tales garantías. Esta corporación ha resaltado además la cercanía y mutua dependencia existente entre estos tres conceptos, al señalar: “… la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.”[24]
Ahora bien, esa trilogía de derechos tiene un contenido propio y específico dentro de un contexto de justicia transicional como el que, en efecto, subyace a las instituciones contenidas en la Ley 975 de 2005. No en vano, la mayor parte de los cargos de inconstitucionalidad que esta Corte ha decidido en relación con las disposiciones de esta ley han tenido que ver con la eventual vulneración de alguno de esos derechos. Por ello, la doctrina de esta corporación sobre el tema se encuentra contenida en las decisiones proferidas en relación con esas demandas, particularmente en la tantas veces nombrada sentencia C-370 de 2006, en la que esta corporación decidió sobre la exequibilidad de un gran número de artículos de esa ley. Esos enfoques han sido ampliamente reiterados en sentencias posteriores sobre la misma norma, especialmente en el fallo C-575 de 2006 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), y de igual manera resultan pertinentes y por lo mismo se reiteran también en relación con el tema que ahora se plantea.
Cabe agregar que la Constitución resguarda celosamente los derechos de las víctimas, incluso frente a eventuales actuaciones o decisiones de las autoridades estatales que pudieren menoscabarlos. Prueba de ello es que, al establecer la posibilidad de que, por graves motivos de conveniencia pública, puedan otorgarse amnistías o indultos generales por delitos políticos, se hubiere advertido que la concesión de esos beneficios no implica exención de la responsabilidad civil a cargo de tales personas, y que en caso de que así se ordenare por ley, el Estado quedará obligado al pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (arts. 150, num. 17 y 201 num. 2° de la Constitución Política).
Ahora bien, dentro del marco de la Ley 975 de 2005, ingente esfuerzo político cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el derecho a la reparación tiene entonces un contenido propio, que se deriva del texto de su artículo 8°, norma que si bien no define el concepto de reparación, se refiere a los distintos tipos de prestaciones que ella engloba.
Esa disposición (“El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”) es reiterada y desarrollada por el artículo 44 de la misma ley, norma que hace parte del Capítulo IX (artículos 42 a 55), el cual desarrolla las distintas instituciones que integran el derecho a la reparación.
Por otra parte, el antes citado artículo 8° define, después de su enunciado inicial, cada uno de los elementos en él contenidos. Así por ejemplo, establece que la indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito, mientras que la rehabilitación emana de realizar acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. La rehabilitación se refiere entonces a las acciones que buscan restablecer la salud de las víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna.
Precisados los anteriores conceptos, es del caso referirse entonces a los servicios sociales brindados por el Gobierno a las víctimas de conformidad con las normas y leyes vigentes, expresión que hace parte del texto del inciso 2° del artículo 47 demandado en este caso.
Sea lo primero advertir que el término servicios sociales no aparece bajo ese mismo texto en ningún artículo de la Constitución Política[25]. Tampoco se encuentra mencionado en el Capítulo I de la Ley 975 relacionado con principios y definiciones[26], ni en ninguna otra norma de la misma ley, de la cual pudiera deducirse el alcance de dicha expresión.
Sin embargo, revisado el trámite legislativo que antecedió a la aprobación de la Ley 975 de 2005, se observa que el proyecto original[27] contenía un artículo 59 en el que se ejemplificaban las acciones que constituyen servicios sociales y cuya ejecución podría ser considerada parte de la reparación debida a las víctimas, el cual incluía “… entre otros, la asistencia en salud, en educación, subsidio de vivienda, acceso a programas de titulación de tierras para las víctimas directas de desplazamiento forzado, y acceso a créditos para reposición de bienes y reparación de inmuebles”[28].
Reconociendo la gran amplitud del término, a partir de los anteriores elementos puede la Corte inferir el alcance de esta expresión, entendiéndolo, para los efectos de esta decisión, como actividades de carácter permanente y habitual, desarrolladas por el Estado o bajo su coordinación o supervisión, destinadas a satisfacer necesidades de carácter general de la población, en particular aquellas relacionadas con los derechos a los que la Constitución les atribuye un carácter social[29], o cuya prestación origina gasto público social[30]. En este sentido, considera la Corte correcto el entendimiento propuesto por los demandantes quienes asocian esta expresión con el concepto de política social, esto es, actividades de carácter permanente, planeadas y desarrolladas por el Estado a fin de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales garantizados por la Constitución Política, tales como las relacionadas, a título meramente enunciativo, con la atención de necesidades en salud, educación y/o vivienda.
Como se ha explicado, los actores consideran que el precepto demandado permite e incluso promueve una confusión de conceptos, entre servicios sociales del Gobierno, ayuda humanitaria a las víctimas de desastres y acciones encaminadas a la reparación de las víctimas, por efecto de la cual éstas verían menguado el alcance de su derecho a la reparación en la misma medida en que sean beneficiarios de servicios sociales prestados por el Gobierno.
Es así mismo claro, que si bien puede establecerse una relación de complementariedad y mutuo impacto entre los servicios sociales del Gobierno y las acciones encaminadas a la reparación debida a las víctimas, lo que incluso permite aceptar que en determinados casos se presente la simultánea ejecución de ambos tipos de acciones, no es posible, en cambio, llegar a considerar que aquéllos puedan sustituir éstas, precisamente en razón a su distinta razón e intencionalidad, así como al diverso título jurídico que origina unos y otras.
10.4. El contenido dispositivo del precepto demandado
Establece el segmento normativo acusado que “Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.”
La Corte resalta que este precepto corresponde al segundo inciso de una norma (artículo 47) que, según el título asignado por el propio legislador, se refiere a la rehabilitación de las víctimas, entendida ésta como un componente del derecho a la reparación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la misma Ley 975 de 2005. También observa que el artículo 47 parcialmente acusado hace parte del Capítulo Noveno de esta ley, titulado precisamente Derecho a la reparación de las víctimas, por lo que su contenido dispositivo debe interpretarse dentro de este mismo contexto, esto es, como parte de un sistema normativo más amplio (artículos 42 a 56), el cual se refiere en forma detallada a cada uno de los componentes de la reparación y regula de manera completa la materia de que se trata. Por esta razón es claro que la norma acusada no puede interpretarse al margen de las demás disposiciones relacionadas con el tema, como son los restantes artículos de este capítulo.
Primero: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los cargos primero y cuarto de la demanda, relacionados con el riesgo de que se realicen interpretaciones que pudieren resultar inconstitucionales, de los textos demandados de los artículos 2°, 4°, 48 y 49 de la Ley 975 de 2005.
Segundo: Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE la expresión “rige a partir de la fecha de su promulgación”, contenida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que el derecho a los beneficios se obtiene a partir del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes de dicha ley, de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 y demás sentencias sobre tales disposiciones.
Cuarto: Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA C-1199 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de reserva de ley estatutaria (Salvamento parcial de voto)
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Comprende el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación (Salvamento parcial de voto)
VIGENCIA Y EFICACIA DE LA NORMA-Diferencia (Salvamento parcial de voto)
DERECHO-A partir del cumplimiento de requisitos de la ley (Salvamento parcial de voto)
DERECHOS DE LA VICTIMAS A LA REPARACION INTEGRAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desconocimiento por norma que incluye los servicios sociales a cargo del gobierno dentro de conceptos de reparación y rehabilitación (Salvamento parcial de voto)
SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO-No pueden contar como parte de la reparación patrimonial del delito (Salvamento parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar parcialmente mi voto a la presente decisión, teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad de la Ley 975 en su integridad, debía haberse tramitado como una ley estatutaria, al definir el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Además, ni antes de la ley, ni con su expedición, ni antes ni después de la sentencia C-370 de 2006, ha existido verdad, justicia y reparación para las víctimas. Aunque en este fallo la Corte hizo un esfuerzo por precisar el alcance de la responsabilidad de los victimarios, en realidad terminó recortando los recursos para una verdadera reparación, y es que la justicia transicional no puede ser sinónimo de impunidad. En ese orden de ideas, esta ley rompe la proporcionalidad entre delitos y penas llevando a la injusticia extrema.
En este punto hay que tener en cuenta la diferencia entre vigencia y eficacia de la norma jurídica. Como se ha señalado, la ley condicionó su eficacia al cumplimiento de unos pasos que estaban claramente señalados, a saber: desmovilización, presentación de una lista del Gobierno a la Fiscalía General de la Nación, contribución, confesión, resarcimiento, etc. Además, se pueden perder los beneficios y nadie puede exigir eficacia de la ley si no cumple esas etapas, pues el esquema era recíproco. Eso afecta la parte del artículo 72 que establece la entrada en vigencia de la ley “a partir de la fecha de su promulgación.”
El condicionamiento típico mediante el cual se expulsa de la norma legal una interpretación inconstitucional alude al contenido original que la hacía exigible. En este caso, indicó que muchos de los pasos se concretaron bajo el supuesto de que el Gobierno incluiría a los destinatarios de la ley en la lista de las personas que recibirían esos beneficios, pero al momento en que se profirió el fallo puede ocurrir que no estaba esa lista. Al respecto debe señalarse una meta y no quedarse en las etapas, pues es esencial la aceptación individual.
El Derecho surge a partir del cumplimiento de todos los requisitos de la ley, sin indicar que es sucesivo, pues trae un elemento de confusión, ya que se trata de un acto jurídico complejo que requiere del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley.
En torno de los cargos formulados en relación con el artículo 47 de la Ley 975 de 2005, en la norma se hace un perverso efecto de una obligación que tiene el Gobierno con todas las personas, sin consideración a su condición de víctimas o no. A la vez, se sustrae de esos servicios sociales a otras personas que también tienen derecho a ellos. Se desconoce el derecho de las víctimas a la reparación integral que se deriva de la comisión de los delitos, la cual se diluye o termina siendo reemplazado por algo que es una obligación del Estado para con todas las personas. Esos servicios son para todas las personas, independientemente de que sean víctimas o no. Lo demás es inconstitucional, pues el derecho a la reparación económica no se puede excluir, por lo que no se puede aceptar que el suministro de servicios sociales que son un deber del Estado, se cuente como parte de la reparación del delito, con lo cual los victimarios conservarán sus bienes, además, porque el daño patrimonial no se puede cobrar dos veces. Esto no significa que el Gobierno no deba prestar esos servicios sociales, pero no que hagan parte de esa reparación patrimonial. En tal sentido, no se pueden cuantificar y de hacerlo, se puede terminar en deuda con los victimarios que eludirían su obligación. Desde el punto de vista patrimonial, eso no es reparación del delito.
[1] Los demandantes aluden a las reflexiones hechas en la sentencia C-370 de 2006 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Córdoba Triviño, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis y Vargas Hernández), en la que la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de un gran número de normas de la Ley 975 de 2005.
[2] A este respecto citan particularmente los Decreto 3391 y 4436 de 2006.
[3] Sentencias C-302 de 1999 y C-371 de 2000 (en ambas M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[4] Según informan los mismos demandantes, el envío de este listado, y con ello el comienzo de la vigencia del artículo 10 y de varias otras disposiciones de la Ley 975 de 2005 se produjeron apenas el 15 de agosto de 2006, esto es, con posterioridad a la sentencia C-370 de 2006.
[5] Según lo precisan los demandantes, este sería el caso de los artículos 12 a 31, 37, 39, 40, 42 a 45, 63 y 68 de la Ley 975 de 2005.
[6] Cuya validez como parámetro de constitucionalidad atribuyen los demandantes a la sentencia C-370 de 2006.
[7] Los demandantes presentan algunas cifras sobre el tema a partir de las cuales sostienen que el Estado colombiano es plenamente capaz de costear, sin traumatismos fiscales, la plena reparación de las víctimas.
[8] Se refiere nuevamente al Decreto 3391 de 2006 y particularmente a sus artículos 16 y 18.
[9] Se refiere también al Decreto 3391 de 2006, pero además al Decreto 1290 de 2008, expedido con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que ahora se decide.
[10] Cita y trascribe los artículos 8°, 43, 44, 46, 47 y 48 de la Ley 975 de 2005.
[11] A este respecto cita las sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2002 y C-207 de 2003.
[12] Cfr., entre muchas otras, las sentencias C-447 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-1294 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-362 de 2001 y C-1299 de 2005 (en ambas M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-074 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[13] Ver particularmente las sentencias C-1436 de 2000 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), C-426 de 2002 y C-207 de 2003 (en ambas M. P. Rodrigo Escobar Gil) y C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[14] Frente a este aspecto la Corte se ha referido en algunos casos a la llamada doctrina del derecho viviente (cfr., entre otras, las sentencias C-557 de 2001, C-569 de 2004 y C-803 de 2006), relacionada con el carácter práctico y verificable de las interpretaciones y formas de aplicación de la ley, más allá de su sentido literal.
[15] Cfr. sentencia C-1052 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), ampliamente reiterada.
[16] Cfr. a este respecto, entre los fallos más recientes, las sentencias C-074 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), C-111 de 2007 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-187 de 2008 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[17] Folio 178 del expediente.
[18] Cfr. especialmente las sentencias C-084 de 1996 y C-368 de 2000 (en ambas M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-581 de 2001 (M. P. Jaime Araújo Rentería), C-434 de 2003 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) y C-932 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[19] Cfr. los artículos 52 y 53 de la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal).
[20] La sentencia C-370 de 2006 declaró inexequibles los artículos 31, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, así como varias expresiones contenidas en los artículos 11, 13, 17, 18, 20, 25, 29, 34, 44, 46 y 56 de la misma ley. También declaró condicionalmente exequibles varios apartes de los artículos 3°, 5°, 10°, 17, 19, 29, 30, 37, 47, 48 y 54 ibídem.
[21] También en este caso se hace referencia a la sentencia C-370 de 2006.
[22] En la versión original de la Constitución Política de 1991 las víctimas son mencionadas en el numeral 4° del artículo 250 como un sujeto por cuya protección deberá velar la Fiscalía General de la Nación y en el artículo 30 transitorio, relacionado con la posibilidad de que el Gobierno Nacional confiriera indultos o amnistías por delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, siendo imposible conceder estos beneficios por delitos en cuya comisión se hubiere aprovechado el estado de indefensión de las víctimas.
[23] Cfr. especialmente las sentencias C-228 de 2002 (Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet), C-004 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-775 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería), C-454 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) y C-060 de 2008 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla). Estas sentencias contienen además referencias a muchos otros pronunciamientos de esta corporación sobre los derechos de las víctimas, así como a la normatividad y la doctrina internacionales sobre la materia.
[24] Sentencia C-775 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería).
[25] Sin embargo, la Constitución de 1991 contiene repetidas y expresas menciones al concepto de servicio, y en particular a los servicios públicos (ver especialmente los artículos 365 y siguientes), así como un frecuente uso del adjetivo social, por ejemplo en el concepto de Estado social de derecho (art. 1°), en el capítulo sobre derechos sociales, económicos y culturales (arts. 42 a 77), y en las referencias al gasto público social (arts. 350 y 366).
[26] Artículos 1° a 9°.
[27] Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado – 293 de 2005 Cámara.
[28] Esta norma fue excluida del texto del proyecto desde la versión aprobada de manera conjunta en primer debate por las comisiones primeras constitucionales permanentes del Congreso de la República, siendo reemplazada por el inciso 2° del que vino a ser el artículo 47 de la Ley 975, precisamente la norma acusada en este caso.
[29] Artículos 42 a 77.
[30] Artículos 52, 350 y 366.