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Timestamp: 2019-10-15 13:23:55
Document Index: 62808060

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 452', 'artículo 125', 'artículo 161', 'artículo 354', 'artículo 374', 'artículo 391', 'artículo 118', 'artículo 68', 'artículo 393']

REGLAS PRACTICAS dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal
Inicio Jurisprudencia C.N.C.P. REGLAS PRACTICAS dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal
Lunes, 26 de Marzo de 2012 21:55
ACORDADA Nro. 1/12
/// la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil doce, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal en sesión plenaria, los señores Jueces de la Cámara Federal de Casación penal que suscriben la presente,
Que resulta necesario, teniendo en cuenta el incremente de procesos complejos –entre otros, causas por delitos contra la humanidad-, siguiendo los lineamientos de la Acordada CSJN, 42/08 y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 4 del Código Procesal Penal de la Nación, a fin de facilitar el debido cumplimiento de las funciones jurisdiccionales, y posibilitar una mayor dinámica y operatividad a las normas procesales en vigor, dentro del marco legal expresamente establecido; aplicar las siguientes reglas y recomendaciones debiendo los jueces asegurar el debido proceso legal y garantizar los derechos de las partes, e interpretarlas de acuerdo a la disposición del artículo 2 del cuerpo legal citado.
Por ello, oído el Ministerio Público, ACORDARON:
Dictar las reglas prácticas contenidas en el ANEXO sin alterar el alcance y espíritu del Código Procesal Penal de la Nación.
Todo lo cual dispusieron con elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dándose por concluido el acto, y firmando los señores Magistrados por ante mí que doy fe.
FIRMADO: Pedro R. DAVID; Gustavo M. HORNOS; Raúl MADUEÑO; Liliana F. CATUCCI; Eduardo R. RIGGI; Alejandro W. SLOKAR; Ana María FIGUEROA; Mariano H. BORINSKY; Juan Carlos GEMIGNANI; Ángela Ester LEDESMA; Luís María CABRAL.
SECRETARIO GENERAL: Javier CARBAJO
Límites a la remisión de los autos principales
En todas las impugnaciones en cualquier instancia deberán remitirse las piezas imprescindibles para su resolución, evitando acompañar los autos principales. Se podrá solicitar alternativamente fotocopias certificadas o registros digitales con su correspondiente autenticación, con aplicación del criterio establecido en el artículo 452 del Código Procesal Penal de la Nación para el recurso de apelación. Igual medida deberá adoptarse para los pedidos “ad effectum videndi”.
Se deberán evitar demoras innecesarias y formulismos que retarden el trámite y no deciden el planteo (artículo 125 del Código Procesal Penal de la Nación).
Aquellos actos que no tengan establecido un término deberán resolverse aplicando la regla general del artículo 161 del código de rito, efectuándose las notificaciones a las partes de manera conjunta –cuando ello resultare pertinente-, computándose el plazo a partir de la última notificación.
Citación a juicio, ofrecimiento y producción de prueba
La notificación a las partes del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación debe hacerse conjuntamente.
El Tribunal deberá ordenar las entregas de las fotocopias que se requieran, de manera que todas las partes dispongan de las copias de las piezas que estimen necesarias para la mejor defensa de sus derechos.
En forma previa a resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida, el Tribunal podrá convocar a una audiencia preliminar con las partes, en la que las invitará a limitar la prueba a aquella que resulta de imprescindible producción en el debate, o que sea relevante o dirimente y a evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos.
En la misma oportunidad podrán acordarse cuestiones operativas del juicio tales como días de debate, lugar de realización, habilitación de feria en caso que sea necesario, días y horarios de las audiencias, establecer las partes pertinentes de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, asegurando de esta manera celeridad, juzgamiento en plazo razonable y el debido proceso legal.
El Ministerio Público Fiscal y la parte querellante podrán presentar una síntesis del requerimiento de elevación a juicio para su lectura en la oportunidad establecida en el artículo 374 del Código Procesal Penal de la Nación, donde consten los datos personales de los imputados, hecho/s atribuido/s, grado de participación, las víctimas y la calificación legal por las que se requiere, la que podrá ser sustituida por una breve exposición oral conteniendo los mismo recaudos. En tal caso, el Tribuna adoptará las medidas dirigidas a que los imputados cuenten previamente con fotocopia íntegra de los respectivos requerimientos acusatorios.
Se podrá admitir la reproducción de videos y medios audiovisuales que se encuentren incorporados en otros debates, que sean pertinentes por cuestiones de conexidad, ya sean de peritos o testigos.
Cuando se propusiere la citación a un testigo que ha declarado durante la instrucción o en otro proceso conexo, en los casos en que se pusiera en riesgo su salud física o emocional, o se lo sometiera a una revictimización, deberá estarse a lo previsto en las pautas de la Regla Quinta.
Las notificaciones y citaciones deberán realizarse procurando evitar que se divulgue el domicilio y otros datos personales de los testigos y víctimas. Para cursar las notificaciones a los testigos se evitará la intervención de agentes de organismos o instituciones estatales a las que pertenezcan o hayan pertenecido las personas imputadas.
Los jueces procurarán asegurar que todas las partes tengan oportunidad de controlar las declaraciones que presten los testigos-víctimas durante la instrucción. Es conveniente la adopción de medidas a fin de resguardar el material probatorio –fílmico o grabado- para el más eficiente control e incorporación de los testimonios en otras instancias procesales.
Podrán admitir la incorporación del registro fílmico o grabado y de las actas correspondientes a testimonios producidos en otras instancias, de ese proceso o de otras actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 391 del Código Procesal Penal de la Nación, según el caso.
Cuando alguna parte se opusiere a la incorporación por lectura o del registro por medios electrónicos de dichos testimonios y solicitase su declaración en la audiencia oral y pública, los jueces podrán requerirle los motivos y el interés concreto de contar con esa declaración en ese acto, como también los puntos sobre los que pretende interrogar. El Tribunal tendrá en cuenta tales alegaciones para resolver lo que correspondiere, debiendo garantizar el derecho de los defensores al control de la prueba o a repreguntar sobre cuestiones que afecten los derechos de sus defendidos.
Se recomienda a los jueces que deban resolver sobre la comparecencia a audiencia oral y pública de víctimas-testigos, sus familiares o testigos menores de edad, que tengan en cuenta los casos en que su presencia pueda poner en peligro su integridad personal, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, o ser pasibles de intimidación o represalias, especialmente en los juicios que involucran agentes del estado, organizaciones criminales complejas, crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad, abusos sexuales, o hechos humillantes, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimazación, privilegiando el resguardo de su seguridad personal. En esos casos, es conveniente acudir a los criterios que surgen de la legislación nacional y de instrumentos internaciones –tales como el artículo 118 del Código Procesal Penal de la Nación, la Declaración de naciones Unidas sobre los “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder” de 1985, el “Protocolo de Estambul”, el “Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales”, las “100 Reglas de Brasilia”, los argumentos expuestos en los artículo 68.2 y 69.2 del “Estatuto de Roma” entre otros-.
Los tribunales frente a la existencia de víctimas-testigos y sus familiares, podrán solicitas –cuando ello sea necesario- colaboración a los programas de protección dependientes del Estado nacional, Estados Provinciales o entes especializados, para la efectiva adopción de las medidas necesarias para el respeto de los derechos humanos y su dignidad; asimismo para su contención y seguridad y el debido resguardo de la confidencialidad de sus datos personales.
Se sugiere –cuando resulte de utilidad- el uso de tecnologías de telecomunicaciones, tales como videoconferencias, en los casos en que los testigos o los imputados no puedan comparecer por motivos de salud o cuando fuera indispensable para garantizar la protección de la seguridad o la dignidad de las víctimas-testigos o cuando residieren en un lugar distante de la sede del tribunal o en el extranjero o para evitar demoras en el desarrollo de las audiencias de debate o por cualquier otra razón que resultare atendible.
Los jueces, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 393, sexto párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, podrán autorizar a las partes que así lo entiendan conveniente y oportuno, la remisión a tramos del requerimiento de elevación a juicio o a documentos, sin necesidad de darles lectura íntegra. La fijación de la duración de los alegatos de las partes deberá establecerse asegurando la naturaleza de las piezas acusatorias y de defensa, atendiendo razonablemente a la complejidad de cada caso.
Recomendamos el uso de la facultad de los tribunales orales de limitar razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en nuevos alegatos, indagatorias o derivaciones impertinentes, en los términos del art. 375 del Código Procesal Penal de la Nación.-
Última actualización el Lunes, 26 de Marzo de 2012 22:06