Source: https://prl.ceoe.es/informacion/prl-en-el-mundo/rumania/
Timestamp: 2019-07-22 22:25:31
Document Index: 153864891

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Rumanía – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
Seleccione una categoríaAspectos generalesAmbito aplicaciónAdministraciones Públicas competentesDefinicionesDerechos y deberes del empresarioDerechos y deberes de los trabajadoresEvaluación de riesgosPlanificación de la actividad preventivaOrganización de la actividad preventivaAuditoríasFormaciónInformaciónConsulta y participaciónVigilancia de la saludMedidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación, riesgo grave o inminente)Coordinación de actividades empresarialesInfracciones y sancionesNotificación/investigación de AT y EEPPTrabajo de menoresTrabajadores temporalesTrabajadoras embarazadasTrabajadores especialmente sensibles y/o minusválidosTrabajadores autónomosLocales e instalacionesLugares y locales de trabajoLocales e instalaciones de incendiosInstalaciones eléctricasEspacios confinadosATEXEquipos de trabajoEquipos de protección individualManipulación manual de cargasPantallas de visualización de datosAgentes químicosAgentes físicos (ruido, vibraciones, temperatura…)Agentes biológicosAmianto, PVC, SíliceRadiaciones ionizantes/no ionizantesRiesgos ergonómicosRiesgos psicosocialesVacunacionesAsistencia sanitaria en el viaje y destinoSeguridad ciudadanaCondiciones sanitariasRiesgos meteorológicos y de condiciones naturales del país (terremotos, lluvias torrenciales…)Seguridad vialAspectos culturales y de educaciónTrámites
Todo empresario está obligado a establecer condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
En el caso de Rumanía, la legislación preventiva proviene de la Ley de 2006 y 3 decisiones de gobierno (como nuestros reales decretos) de 2006 y 2007.
El marco legal lo constituye la Ley 319/2006, junto a su reglamento H.G. número 1425/2006, que sustituye la experiencia de diez años atrás de la Ley 90/1996. Según esta Ley, la seguridad e higiene en el trabajo, lo constituye “un conjunto de actividades institucionalizadas que pretenden se desarrolle en las mejores condiciones el proceso del trabajo, defensa de la vida, integridad física y psíquicas de las personas participantes en el proceso del trabajo”.
Los principios de esta regulación son: la prevención de riesgos profesionales, protección de la sanidad y seguridad en el centro de trabajo de los empleados, eliminar los factores de riesgo de accidentes, información y consulta, participación equilibrada, instrucción de los trabajadores y sus representantes, y la institución de direcciones generales para el cumplimiento de las previsiones reglamentarias.
Existen normas muy concretas sobre la materia, que en muchos casos, por su minuciosidad y especialidad, deben ser sometidas a expertos en el sector, o a un puesto específico a ocupar por un empleado con certificado de especialidad en ello o a una empresa homologada, como veremos.
• Decisión nº 1218 del 06/09/2006 que se establecen requisitos de salud y seguridad mínima en el trabajo para garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos.
• Decisión del Gobierno nº 1146 de 30/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo de los trabajadores que trabajan.
• Decisión del Gobierno nº 1136 de 30/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos.
• Decisión del Gobierno nº 1135 de 30/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques pesqueros.
• Decisión del Gobierno nº 1093 del 16/08/2006 el establecimiento de requisitos mínimos de salud y seguridad para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
• Decisión del Gobierno nº 1092 de 16/08/2006 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Decisión del Gobierno nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo.
• Decisión del Gobierno nº 1058 de 09/08/2006 sobre los requisitos mínimos para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores que puedan estar expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
• Decisión del Gobierno noº 1051/9.08.2006 sobre los requisitos sanitarios y de seguridad mínimas para la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los trabajadores, en particular de lesión en la espalda.
• Decisión del Gobierno nº 1050 de 09/08/2006 sobre los requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el mineral
• Decisión del Gobierno nº 1049 de 09/08/2006 sobre los requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en la superficie y la industria de la minería subterránea
• Decisión del Gobierno nº 1048 de 09/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal en el trabajo
• Decisión del Gobierno nº 1028 de 09/08/2006 sobre la seguridad mínima y salud en el trabajo en el uso de equipos que incluyen pantallas de visualización
• Decisión del Gobierno nº 1007 de 02/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a junta de enfermería
• Decisión del Gobierno nº 971/26.07.2006 respecto a los requisitos mínimos para la prestación de la seguridad y / o salud en el trabajo.
• Decisión del Gobierno nº 300/02.03.2006 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la construcción temporales o móviles
• Decisión del Gobierno no. 752 de 14/05/2004 que establece las condiciones para la puesta en el mercado de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
• Decisión del Gobierno nº 493 de 12/04/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados del ruido
• Decisión del Gobierno nº 1875 de 22 de diciembre de 2005 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto
Decisión del Gobierno nº 809 de 14 de julio de 2005 que modifica la Decisión del Gobierno nº 115/2004 sobre el establecimiento de los requisitos esenciales de seguridad de los equipos y las condiciones de protección personal para la puesta en el mercado
REQUISITOS EXIGIDOS A LOS DISTINTOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN (FIGURAS, GRADOS, FORMACIÓN REQUERIDA, ACREDITACIONES,…).
La figura del técnico de prevención en Rumanía es muy similar a la que existe en España, y se diferencian tres niveles en función de la formación de la que dispone <50 Trabajadores 50-149 trabajadores >150 trabajadores
En Rumania hay 3 niveles formativos:
• Básico (40 horas).
• Medio (80 horas).
• Superior (260 horas).
Los trabajadores designados deberán contar con formación de nivel medio, como mínimo, y los técnicos que formen parte de los servicios internos de prevención y protección tendrán un nivel medio y/o superior.
Los coordinadores de seguridad y salud deben de tener una experiencia mínima de 5 años y recibir cada tres años formación específica actualizada.
Lo podrá llevar el empresario si tiene la formación suficiente. Si no a servicios externos Designar un trabajador designado (formación media mínima) o un servicio externo Obligación de crear un servicio de prevención interno (formado por medios o superiores).
Ley nº 319/2006 CAPÍTULO II. Art. 3
En Rumanía, la norma principal por la que rige la seguridad y salud en el trabajo es la Ley nº 319, del año 2006. Su ámbito de aplicación viene establecido en su artículo 3. Tal y como dispone dicho artículo, la ley es de aplicación a todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados. Las disposiciones de la Ley se aplican a los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores.
Como excepción, existen particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de servicio público, tales como las fuerzas armadas o la policía, que no vienen incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley.
Los principales organismos que conforman la estructura troncal de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Rumanía son los que a continuación se enumeran:
• Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social: Máxima autoridad del país competente en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
• Ministerio de Salud Pública: Máximo órgano de la administración rumana competente en materia de salud pública.
• Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social de las Personas Mayores: Se organiza y funciona como un órgano especializado de la administración pública central, dependiente del Gobierno, con personalidad jurídica, con la síntesis y la función de coordinación para aplicar la estrategia y las políticas del Gobierno en las áreas de trabajo, la familia, la protección social y los ancianos.
• Inspección de Trabajo: organismo gubernamental cuya misión es velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo, a través de la inspección y fiscalización de la actividad de las empresas del país.
• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para la Seguridad Ocupacional (INCDPM) “Alexandru Darabont”: organismo dedicado a la investigación y desarrollo en materia de seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, promoviendo las políticas nacionales en este campo. Constituye el “focal point” en el país de la Agencia Europea para la seguridad y Salud en el Trabajo.
• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Trabajo y Protección Social (INCSMPS): Realiza también una importante labor de investigación y desarrollo, si bien la actividad de este ente se orienta más a la gestión de los recursos humanos y a la protección social de los empleados.
• Casa Nacional de Pensiones Públicas: autoridad competente para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo para la Seguridad en la mina a prueba de explosiones (INSEMEX): Organismo investigador y divulgador de conocimiento en el campo de la seguridad en el sector minero, desarrollando su actividad con el objetivo de evitar los riesgos de la industria minera y otras industrias con ambientes tóxicos y / o equipos con peligro de explosión, explosivos para uso civil, actividades de rescate, etc.
Si bien no es un organismo entendido como tal, en Rumanía existe una plataforma virtual dependiente de la Administración Pública llamada Programa Revisal, mediante la cual las empresas y gestorías pueden notificar las altas, bajas, modificaciones contractuales, incidencias o cualquier peculiaridad concerniente a los trabajadores.
ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) Es el equivalente Rumano del INEM y de los que se conoce como “Trabajo” en España. Son los que realizan las inspecciones.
Inspección de Trabajo Inspecţia Muncii Facultades relativas a la aplicación de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo.
En Rumanía, las definiciones en cuanto a los conceptos básicos en materia de seguridad y salud vienen legalmente establecidos en el artículo 5 de la Ley nº 319/2006, del 14 de julio de 2006, siendo éstas:
a) Trabajador: Persona empleada por un empresario, por ley, incluyendo a los estudiantes, a los estudiantes para el período de prácticas y el aprendizaje y otras personas empleadas para la realización de una obra o servicio concreto.
b) Empresario: Persona física o jurídica, con empleados a su cargo, que es legalmente responsable de una empresa o establecimiento.
c) Representante de los trabajadores en seguridad y salud : Persona elegida, nombrada o designada por los trabajadores de conformidad con la ley, para que los represente en los asuntos concernientes a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores;
d) Prevención: Todas las disposiciones o medidas adoptadas o previstas en todas las fases del proceso productivo, con el fin de evitar o reducir los riesgos laborales;
e) Evento: Concepto que engloba a los accidentes de trabajo (incluidos los in itinere), enfermedades profesionales e incidentes peligrosos.
f) Accidente de trabajo: Lesión corporal causada por una colisión o intoxicación aguda profesional, que se producen durante las tareas de trabajo o de servicios y que provoca una incapacidad laboral temporal de al menos 3 días, una discapacidad o el fallecimiento de la víctima;
g) Enfermedad profesional: Son aquellas que se producen como consecuencia del ejercicio de un oficio o profesión, causada por agentes nocivos físicos, químicos o biológicos características del lugar de trabajo y que afectan negativamente a órganos o sistemas del cuerpo del trabajador;
h) Equipos de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo;
i) Equipo de protección personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o manipulado por un trabajador para proteger contra uno o varios riesgos que puedan poner en peligro su seguridad y la salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado para lograr dicho objetivo;
j) Lugar de trabajo: Ubicación física a la que el trabajador debe acceder con motivo de la realización de su trabajo, incluyendo dentro de este concepto las diferentes estaciones de trabajo presentes en un edificio o establecimiento.
k) Peligro grave e inminente: Situación concreta, real y actual que entraña el riesgo de que se produzca un accidente en cualquier momento;
l) Seguridad y salud en el trabajo: Todas las actividades destinadas a garantizar las mejores condiciones de trabajo, la defensa de la vida, la integridad física y la salud mental de los trabajadores.
m) Incidente peligroso: Eventos identificables como una explosión, incendio, daños materiales, accidentes técnicos y otras situaciones que no comportan ningún daño personal pero que podrían haberlo provocado de haberse producido en otras circunstancias.
n) Servicios externos: Personas físicas o jurídicas ajenas a la empresa con la capacidad de proporcionar servicios de protección y prevención y seguridad sanitaria en virtud de la ley 319/2006.
Las obligaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo asignadas al empresario las encontramos en las secciones 1 y 3 del Capítulo III de la Ley 319/2006 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. El empresario está requerido a garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, desgranándose de esta premisa diversas obligaciones de las que destacan las siguientes:
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad y salud de la plantilla, prevenir los riesgos laborales, informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y aportar los medios humanos y materiales necesarios.
• Cumplir con los requisitos anteriores siguiendo los principios generales de la prevención: evitar los riesgos, evaluar los que no se pudieron evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta el progreso de la técnica, sustituir lo peligroso por aquello que entrañe menos peligro…etc.
• Evaluar los riesgos para la seguridad y salud, incluyendo la elección de los equipos de trabajo, sustancias o productos químicos utilizados y el diseño de los lugares de trabajo.
• Establecer las medidas preventivas necesarias, así como los métodos y procedimientos de producción y trabajo.
• Tener en cuenta la capacitación de los trabajadores en la asignación de tareas.
• Consultar con el conjunto de trabajadores la introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo y las previsibles implicaciones en cuanto a la seguridad y salud de los empleados.
• Establecer medidas apropiadas en zonas específicas de alto riesgo y limitar el acceso únicamente a trabajadores cualificados a tales áreas.
• Garantizar y vigilar el conocimiento y la aplicación de las medidas de prevención y protección adoptadas por parte de los trabajadores, así como la gestión preventiva llevada a cabo por parte de servicios externos o trabajadores designados.
• Antes de la contratación, informar a los trabajadores recién incorporados acerca de los riesgos presentes en su puesto de trabajo y de las medidas preventivas adoptadas.
• Garantizar la vigilancia del estado de salud de los trabajadores.
• Proporcionar la documentación e información requerida por parte de los miembros de inspección y garantizar el cumplimiento de las medias impuestas por los mismos.
• Proporcionar equipos de protección individual al conjunto de la plantilla.
Tal y como establece la Ley 319/2006, cada trabajador debe operar de acuerdo con la formación e instrucciones del empresario, a fin de no exponer al peligro de accidente o enfermedad profesional a sí mismo y a otras personas que puedan verse afectadas por acciones u omisiones durante el trabajo.
La misma Ley 319/2006 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo recoge, en su Capítulo IV, las obligaciones generales atribuidas a la figura del trabajador:
• Operar de acuerdo a la formación recibida y a las instrucciones dadas por el empresario a efectos de preservar su seguridad y salud y la de los que están a su alrededor.
• Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y otros equipos y materiales empleados.
• Uso y mantenimiento adecuados del equipo de protección individual proporcionado por el empresario.
• No deshabilitar los dispositivos de seguridad empleados en máquinas o equipos de trabajo, así como de cualquier medida de protección colectiva.
• Informar inmediatamente al empresario o trabajador asignado en materia preventiva sobre cualquier deficiencia detectada que pueda suponer un riesgo para su seguridad y salud, la de compañeros o la de terceros.
• Informar inmediatamente al empresario en caso de ser víctima de un accidente laboral.
• Colaborar con el empresario y/o trabajadores designados en la disposición de un entorno de trabajo seguro, así como en el cumplimiento de cualquier acción o medida impuesta por la inspección de trabajo.
• Cumplir con la legislación en materia de seguridad y salud que la norma le impone.
• Colaborar con los miembros de la autoridad laboral durante el transcurso de las visitas de inspección.
Una de las obligaciones impuestas a la figura del empresario en la Ley 319/2006 consiste en la realización de una evaluación de riesgos. Este requisito, no obstante, no viene acompañado de una metodología estricta a seguir, quedando ésta en manos del criterio del técnico que la elabora.
Si bien la evaluación de riesgos debe realizarse sobre los puestos de trabajo, la legislación rumana contempla también realizar la evaluación sobre las actividades desarrolladas en el lugar de trabajo. Al igual que ocurre en nuestro país, deberá tenerse en cuenta la vulnerabilidad que presentan determinados colectivos especialmente sensibles.
Al igual que ocurre en España, se deberán tener en cuenta a efectos de contenido de la evaluación factores de riesgo como manipulación manual de cargas, agentes cancerígenos o mutágenos, vibraciones, ruido, amianto, campos electromagnéticos y los propios de los lugares de trabajo.
En Rumanía se evalúan los Riesgos Higiénicos, Riesgos de Seguridad, Riesgos Ergonómicos y Psicosociales. En la normativa de Rumanía no se hace mención explícita a los riesgos psicosociales, aunque sí que se hace referencia a la salud mental del trabajador como parte del concepto “seguridad y salud en el trabajo”. En definitiva, existe indeterminación en cuanto a la inclusión de estos riesgos en la evaluación de riesgos.
En cuanto a la periodicidad con la que deben llevarse a cabo las evaluaciones de riesgos, la normativa rumana no establece como supuesto para la revisión el transcurso del tiempo. Los supuestos que motivan la necesidad de reevaluar los riesgos presentes en las actividades y puestos de trabajo son:
• Materialización de un accidente de trabajo.
• Por modificaciones inherentes al puesto de trabajo o actividad objeto de la evaluación.
En cuanto a la documentación relativa a la gestión de la prevención en general y a las evaluaciones de riesgo en particular, se detalla la información que debe ser objeto de registro documental:
• Identificación de peligros y evaluación de riesgos para cada componente de la obra, es decir, la ejecución de tareas, significa empleo equipo/trabajo y el entorno laboral en el trabajo/estaciones de trabajo.
• Redacción de instrucciones de cumplimentación y/o aplicación de los reglamentos de salud y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta las especificidades y actividades de la unidad/de la empresa y las estaciones de trabajo/trabajo.
• Registros zonas de alto riesgo.
• Determinar las áreas que requieren una seguridad y salud en el trabajo, que determinan el tipo de señalización y localización de acuerdo con la Resolución del Gobierno nº 971/2006 sobre los requisitos mínimos de seguridad y/o la salud en el trabajo.
• Los registros de oficios y profesiones previstas por la legislación específica, es necesario autorizar su ejercicio.
• Registros del equipo de trabajo y de las comprobaciones periódicas y, en su caso, de las pruebas periódicas de los equipos de trabajo a realizar por personas competentes, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión del Gobierno nº 1.146/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores trabajan.
• Identificar el equipo de protección personal requerido para las estaciones de trabajo de la empresa y la preparación necesarias para dotar a los trabajadores el equipo de protección personal, de acuerdo con la Resolución del Gobierno nº 1048/2006 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual en el trabajo.
• Verificar el estado de funcionamiento de los sistemas de alarma, de alerta, de señalización y de seguridad de emergencia.
• Informar al empresario por escrito de las deficiencias detectadas durante las inspecciones en el trabajo y proponer medidas de prevención y protección.
• Informes y/o listas proporcionadas por las decisiones gubernamentales emitidos de conformidad con el art. 51 párr. (1). b) de la Ley, incluidas las relacionadas con el amianto, las vibraciones, el ruido y las obras de construcción temporales o móviles.
Tal y como dispone el artículo 13 de la Ley 319/2006, el empresario deberá presentar una memoria de la actividad preventiva y propuestas para el plan del año siguiente. Este informe deberá ser remitido, una vez aprobado, a la delegación territorial de la Inspección de Trabajo competente.
Una vez evaluados los riesgos presentes en los puestos y en las actividades desarrolladas en la empresa, deberán diseñarse las medidas preventivas y los métodos de trabajo y de producción necesarios a efectos de garantizar la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de que estas medidas incorporen la integración de nuevas tecnologías en el proceso productivo, adquisición de nuevos equipos o cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, el empresario deberá consultar con los trabajadores o su órgano representativo previamente a su implementación.
La normativa rumana atribuye a la figura del empresario la obligatoriedad de incluir en la planificación de la actividad preventiva estos tres elementos:
1. Se debe designar a los responsables de la actividad planificada.
2. Establecer un plazo de ejecución de las actividades planificadas.
3. Asignación de recursos humanos y materiales para la implementación de cada una de las medidas.
La planificación de la actividad preventiva deberá ser además registrada documentalmente, a efectos de poder ser consultada por los miembros de la autoridad laboral durante el transcurso de las visitas de inspección.
Por último, la planificación de la actividad preventiva deberá atenerse siempre a los principios jerárquicos de la actuación preventiva:
• Evaluar aquellos que no pueden ser evitados.
• Sustitución de aquello peligroso por otros elementos que acarreen un riesgo menor.
• Priorización de medios de protección colectivos por encima de los medios de protección individual.
• Planificación de la prevención en base a una aportación coherente de la técnica, organización del trabajo, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales.
• Instrucción adecuada al trabajador.
La planificación de la actividad preventiva debe ser objeto de ser registrada documentalmente y ser puesta a disposición de la autoridad laboral.
El empresario está requerido a planificar, organizar y poner a disposición los medios materiales y humanos necesarios para la gestión de la prevención en el seno de su organización.
Existen cuatro modalidades que el empresario puede (o debe) adoptar en función del volumen de su plantilla y del tipo de actividad que se desarrolla en su empresa:
1. Asunción del empresario: Permitido para aquellas empresas de hasta 49 trabajadores, incluyendo entre ellos al propio empresario. Esta modalidad puede ser adoptada siempre y cuando la actividad de la empresa no sea considerada de riesgo especial, el empresario trabaje de forma habitual en el centro y cuente con una formación de nivel básico en PRL. En el caso de que la actividad sea considerada como de riesgo especial (cuando quede incluida en el anexo V de la Norma 11/10/2006 relativa a la aplicación de la Ley 319/2006), el empresario solo podrá asumir personalmente la prevención en empresas de hasta 9 empleados.
2. Trabajador designado: elegido por designación libre del empresario, estos trabajadores deben poseer una formación mínima de nivel medio en seguridad y salud en el trabajo. El empresario debe poner a su disposición unos recursos y tiempo suficientes y adecuados para el desarrollo de la gestión preventiva. Los trabajadores designados, no podrán verse perjudicados con motivo de su actuación encaminada a la protección y prevención de la seguridad y salud de los empleados. Asimismo, deberán disponer de tiempo suficiente para el ejercicio de las funciones atribuidas con motivo del desempeño de su rol. En el caso de que el empresario no cuente entre su plantilla con trabajadores que posean la formación o experiencia acreditada para ejercer como trabajador designado, deberá recurrir a un servicio externo.
3. Servicio externo: La actividad técnica de estos servicios debe estar dirigida por un técnico jefe que cuente con una formación superior en seguridad y salud. El resto de profesionales deben ostentar un nivel de formación medio como mínimo. Estos servicios de prevención externos deben estar registrados como tales para poder efectuar su actividad.
En el caso de que el empresario haya optado por contratar un servicio externo, deberá proporcionar información relativa a las condiciones laborales presentes en el lugar de trabajo que puedan suponer un riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores, y en concreto sobre:
• Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como las medidas y acciones aplicadas a efectos de prevenir y proteger a los trabajadores sobre éstos.
• La referencia de los trabajadores que desempeñan un rol específico en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.
• Formación y equipos disponibles con los que cuenten los mencionados trabajadores.
4. Servicio interno: A partir de los 150 trabajadores, el empresario deberá adoptar esta modalidad obligatoriamente. En el caso de que la actividad de la empresa se enmarque dentro del anexo V de la Norma 11/10/2006 (riesgo específico), la constitución de un servicio interno será de obligado cumplimiento a partir de los 50 trabajadores. Los requisitos de formación del personal de este servicio son los mismos que los mencionados para los servicio externos. El empresario pondrá a su disposición los recursos y tiempo necesarios para el desarrollo de su labor.
No existe obligación de pasar auditorías legales, las únicas referencias a auditorías son las que tienen que ver con certificados de los sistemas de gestión OHSAS 18001.
En Rumanía, el deber atribuido al empresario de formar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud laboral lo encontramos en la sección VII de la Ley 319/2006.
La formación en prevención de riesgos laborales deberá ser llevada a cabo por uno de los integrantes que conformen el servicio de prevención de la empresa, independientemente de la modalidad preventiva adoptada. En caso de asunción personal del empresario, será éste el formador.
Existen diversos tipos de formación, en función del contenido y el objetivo que persiga cada una de ellas:
• Formación inicial: Se imparte formación de carácter general sobre la actividad desarrollada en la empresa o centro de trabajo, qué riesgos profesionales entraña la mencionada actividad y qué medidas preventivas y en materia de emergencias existen para hacer frente a tales riesgos. Esta formación se puede impartir de forma individual o en grupo, hasta un máximo de 20 alumnos por sesión. Su duración dependerá del tipo de actividad de la empresa y de los riesgos que presente, mas no podrá alcanzar las 8 horas.
• Formación específica del puesto de trabajo: Esta formación hace referencia en exclusiva a los riesgos propios del puesto, a las medidas preventivas adoptadas y a los procedimientos de trabajo establecidos. Su duración no deberá ser inferior a las 8 horas.
• Formación de reciclaje: De forma periódica, los trabajadores deberán recibir una formación orientada a refrescar aquellos conceptos adquiridos en sesiones anteriores. El intervalo entre formaciones será de 12 meses para el personal no técnico y de oficinas, y de 6 meses para el resto de empleados. La duración de estas sesiones es la misma que la contemplada para la formación específica.
La formación deberá darse siempre dentro del horario de trabajo de los empleados. Su contenido, al igual que ocurre en nuestro país, debe ser teórico-práctico.
Las sesiones de formación en prevención de riesgos laborales son obligatorias siempre que se produzca una de las causas que se listan a continuación:
• Introducción de nuevos equipos de trabajo o modificación de los que ya estaban presentes.
• Introducción de nuevas tecnologías al proceso productivo.
• Ejecución de trabajos especiales.
En términos de formación exigible a empresas externas, se especifica en la norma que el empresario deberá asegurarse de que los operarios externos que operen en su establecimiento cuentan con la formación en prevención de riesgos laborales necesaria para llevar a cabo su actividad en condiciones de seguridad. Asimismo, el empresario titular del establecimiento deberá formar a los trabajadores externos sobre los riesgos presentes en el lugar de trabajo y sobre los derivados de la actividad que en él se desarrolla.
Por otro lado, existen distintos colectivos que, por la naturaleza de la actividad que desarrollan, requieren de un plus en materia de formación. Es el caso de los representantes de los trabajadores que tienen una función específica de seguridad y salud, de los equipos de primeros auxilios, primera intervención y equipos de evacuación.
El empresario deberá mantener el registro de la formación recibida por cada trabajador en su respectivo expediente.
El deber de información lo encontramos reflejado en el artículo 16 de la Ley 319/2006. En él, se dispone que el empresario pondrá a disposición los medios necesarios, y aplicará las medidas pertinentes para que los trabajadores o sus representantes reciban información sobre:
• Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y las medidas preventivas y correctoras implementadas para cada uno de los puestos y actividades desarrolladas dentro de la organización o establecimiento.
• Equipos disponibles con los que cuenten los mencionados trabajadores.
Esta información dependerá del tamaño de la empresa, volumen de plantilla y tipo de actividad y procesos desarrollados en la empresa.
Cabe destacar también que estas materias, de la cuales los empleados deben ser debidamente informados, aplican también en el caso de trabajadores externos que operen de forma permanente o temporal en el centro de trabajo.
En el caso de los representantes de los trabajadores que desarrollen una función específica en materia de seguridad y salud, deberán tener pleno acceso a la siguiente documentación:
• Evaluación de riesgos y medidas preventivas, incluyendo los medios y equipos de protección que se utilizarán.
• Registro de siniestralidad en el que se quede constancia de los accidentes que desencadenen una ausencia superior a 3 días, una discapacidad o el fallecimiento del trabajador accidentado. Asimismo, deberán constar las enfermedades profesionales contraídas por parte de la plantilla y los incidentes peligrosos ocurridos.
• Información sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y la información de las instituciones y autoridades en el control de campo.
El empresario deberá mantener documentada por escrito la información proporcionada a sus trabajadores relacionada con la seguridad y salud.
En Rumanía, la participación y consulta en materia de seguridad y salud ocupacional es un derecho reconocido a los trabajadores y, por ende, constituye una obligación legal para el empresario.
Para aquellas empresas con menos de 50 empleados, este derecho se articula mediante la figura del representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud. El número de representantes vendrá determinado mediante convenio colectivo o reglamento interno de la organización. Todo representante debe poseer una formación de nivel básico en seguridad y salud.
Tal y como se define en el artículo 5 de la Ley 319/2006, los representantes serán elegidos por y entre los empleados de la empresa y/o establecimiento, tal como se defina en el convenio colectivo, el Reglamento o las normas de organización y funcionamiento.
Estos representantes, o trabajadores designados, con una función específica en materia de seguridad y salud tienen como funciones legalmente asignadas las que a continuación se detallan:
a) Trabajar con los empresarios para mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo
b) Acompañar al equipo/persona encargada de la evaluación de riesgos.
c) Acompañar a los trabajadores para que reconozcan la necesidad de implementar medidas de seguridad y salud.
d) Informar al empresario o representante de seguridad conocido de los comités de salud y los trabajadores sobre las propuestas para mejorar las condiciones de trabajo.
e) Aplicar medidas del plan de protección y prevención.
f) Facilitar información de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud a las autoridades competentes.
Las empresas con más de 50 empleados en plantilla deben constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se deberá reunir con una periodicidad trimestral. Su regulación se encuentra en el Capítulo IV de la Ley 319/2006. En este caso, la norma sí hace mención específica al número de componentes que deben formar la parte de representación de los trabajadores:
Ø 50 a 100 empleados: 2 representantes
Ø 101 a 500 empleados: 3 representantes
Ø 501 a 1.000 empleados: 4 representantes
Ø 1001 a 2000 empleados: 5 representantes
Ø 2001 a 3000 empleados: 6 representantes
Ø 3001 a 4000 empleados: 7 representantes
Ø Más de 4000 empleados: 8 representantes
Su composición deberá guardar siempre una paridad en cuanto a la representación de empresario y trabajadores.
El inspector del trabajo puede requerir el establecimiento de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas con menos de 50 trabajadores, en función de la naturaleza y los riesgos identificados.
Cuando el trabajo se lleva a cabo unidades territorialmente dispersas se pueden configurar varios comités de seguridad y salud en el trabajo; el número está determinado por el convenio colectivo de trabajo aplicable o los reglamentos o normas de organización y funcionamiento internos.
Los representantes de los trabajadores en el trabajo del comité de salud y seguridad serán elegidos por un período de dos años.
Cuando los representantes de uno o más trabajadores, con una función específica para la salud y seguridad de los trabajadores, se retiran de la seguridad y la salud en el trabajo, serán reemplazados pronto por otros trabajadores electos.
El empresario debe remunerar el tiempo de trabajo efectivo de los representantes en el ejercicio de sus funciones.
El tiempo asignado para esta actividad será considerado para el empleo y será por lo menos:
a) 2 horas por mes en las unidades con una plantilla de hasta 99 empleados;
b) 5 horas por mes en las unidades con una plantilla de 100 a 299 trabajadores;
c) 10 horas al mes en unidades con una plantilla de 300 a 499 trabajadores;
d) 15 horas por mes en las unidades con una plantilla de 500 a 1.499 empleados;
e) 20 horas por mes en las unidades con una plantilla de 1.500 empleados o más.
Estas horas de desempeño deberán estar enmarcadas dentro de la jornada de trabajo de los trabajadores representantes.
En cuanto a las funciones legalmente atribuidas a los comités de seguridad y salud en el trabajo, se enumeran las siguientes:
Analizar y hacer propuestas sobre la política de seguridad y protección de la salud y el plan de prevención, de acuerdo con las reglas o normas internas que regulan la organización y funcionamiento;
Perseguir la protección y el plan de prevención, así como la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo las disposiciones y su eficacia en términos de mejora de las condiciones de trabajo;
III. Promover el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la información, consulta y participación de los trabajadores, de conformidad con el art. 16, 17 y 18 de la Ley 319/2006.
Teniendo en cuenta la introducción de nuevas tecnologías, la selección de los equipos, teniendo en cuenta las consecuencias sobre la salud y la seguridad, los trabajadores, y hacer sugerencias al encontrar algunas debilidades;
Analizar la elección, la compra, mantenimiento y uso de los equipos de trabajo, los equipos de protección individual y colectiva;
Revisar el desempeño de los deberes del servicio externo de prevención y protección, y el mantenimiento o, en caso necesario, sustituirlo;
VII. Proponer medidas teniendo en cuenta la presencia de los grupos de riesgo sensibles (TES);
VIII. Examinar las peticiones de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo y la manera en que realizan sus tareas designadas personas y / o de servicios externos;
Buscar la manera de aplicar y cumplir con las regulaciones legales sobre las medidas de salud y seguridad en el trabajo ordenado por el inspector del trabajo y los inspectores de salud;
Comunicar a los trabajadores los análisis realizados en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como mejorar las condiciones de trabajo.
Analizar las causas de los accidentes, enfermedades profesionales y los sucesos, y proponer medidas técnicas complementarias para la investigación;
XII. Llevar a cabo sus propios controles sobre la aplicación de los procedimientos de trabajo establecidos y generar informes con los resultados obtenidos en estos controles.
XIII. Discutir el informe escrito presentado por el propio Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con la gerencia de la empresa, a fin de que, al menos una vez al año, sea valorada la eficacia de las acciones preventivas realizadas durante el año, a la vez que se elaboran propuestas para su implementación en el siguiente periodo.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán llamados a participar los trabajadores designados, los representantes de los servicios internos de prevención y protección y, si el empresario ha contratado a uno o más servicios externos de prevención y protección, sus representantes.
La vigilancia de la salud, como una de las obligaciones atribuidas a la figura del empresario, viene regulada en la Ley 319/2006 y, de forma mucho más ampliada, en la Decisión del Gobierno 355/2007.
La vigilancia de la salud vendrá dada por médicos del trabajo, bien pertenecientes a la empresa o bien mediante contratación. Cabe destacar, que la vigilancia de la salud no es la única actividad contemplada en la norma para este colectivo profesional, incluyéndose también entre sus funciones la promoción de la salud.
En términos de vigilancia de la salud, se deben realizar reconocimientos médicos a los trabajadores recién contratados, a los que se le asignen nuevas tareas que entrañen nuevos riesgos, o a los que cambien de puesto de trabajo. De todas formas deberán ser sometidos a examen, en un plazo no superior a 7 días, los empleados que vuelvan tras una ausencia de 90 días por motivos médicos o de 6 meses por cualquier otro motivo. De igual forma, se realizará un chequeo médico siempre que el médico del trabajo o el mismo empresario así lo soliciten. Para cualquiera de estos supuestos, el trabajador está obligado a someterse al reconocimiento médico.
Los resultados de los exámenes determinarán la aptitud, no aptitud o aptitud con restricciones del empleado para la realización de las tareas propias de su puesto de trabajo. El médico puede proponer la adaptación del puesto de trabajo o la recolocación del trabajador a otro puesto acorde con su estado de salud. Por su parte, el trabajador tiene reservado el derecho a impugnar el resultado del reconocimiento médico.
El trabajador tiene derecho a conocer los resultados del reconocimiento médico, los cuales son estrictamente de carácter confidencial. El empresario deberá mantener el registro de los mismos por un periodo igual a la duración media de la exposición.
Una vez finalizado el vínculo contractual con un trabajador, el empresario debe poner a su disposición una copia de los informes médicos si éste así lo solicita.
Como nota a destacar, la Decisión 355/2007 contiene en su Anexo I las pruebas mínimas a llevar a cabo y la periodicidad de las mismas para determinadas circunstancias de trabajo y factores de exposición específicos.
Las disposiciones legales en materia de gestión de emergencias en el ambiente laboral las encontramos en la Sección III de la Ley 319/2006.
Cabe destacar también que en el apartado de obligaciones legales atribuidas a la figura del empresario ya se contempla como una de ellas la gestión de las emergencias en el establecimiento. Aun así, es la Sección III de la misma norma la que aporta un nivel más de profundidad, indicando las funciones concretas que deberá desarrollar o bien delegar:
• Adoptar las medidas necesarias para los primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, en función de la naturaleza de las actividades, el tamaño de la empresa y/o establecimiento y la posible presencia de personal externo.
• Establecer vínculos adecuados con los servicios especializados, en particular en materia de primeros auxilios, servicio médico de emergencia, rescate y contraincendios.
En cuanto a la exigencia relativa a la adopción de medidas, el empresario deberá designar a aquellos trabajadores que vayan a desempeñar un rol específico en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Por otro lado, estos trabajadores deberán disponer de una formación y un equipamiento de emergencias acorde con la tipología de los riesgos presentes en el centro de trabajo o unidades del mismo, teniendo en cuenta los puestos en él presentes y las actividades que en él se desarrollan.
Además de la puesta a disposición de los medios humanos y materiales suficientes para una adecuada gestión de emergencias, el empresario es responsable de asegurar que se llevan a cabo las siguientes acciones en dicho sentido:
• Formación de equipos “de paralización del trabajo”: se encargan de asegurar la paralización de la actividad de la empresa al darse una situación de emergencia. Deberán disponer de una formación específica para el desempeño de esta función.
• Evacuación: el empresario debe diseñar e implementar un plan de evacuación y designar a un equipo (previa formación específica) encargado de asegurar una evacuación rápida en las instalaciones de la organización.
• Comunicación con servicios externos: el empresario debe poner los medios necesarios para garantizar una comunicación ágil con los servicios de emergencia externos (bomberos, policía…) y designar al personal responsable de tal comunicación.
• Jerarquía: en el plan de evacuación deberá establecerse una jerarquía de los supuestos de riesgo grave e inminente para los empleados, según su tipología (incendio, explosión, desastre natural…) y la magnitud de los mismos. La actuación planeada a llevar a cabo dependerá de esta previa categorización de los riesgos.
• Eliminación del riesgo: el empresario deberá formar un equipo encargado de actuar frente a la emergencia sobrevenida, dotándoles de una formación adecuada y de los medios materiales necesarios para su labor.
Estos principios de actuación generales deberán ser adaptados por el empresario a la realidad palpable de su organización, teniendo en cuenta variables como la actividad de la empresa, número de trabajadores, distribución y condiciones materiales de las instalaciones y posible presencia de personal ajeno a la empresa.
En ningún caso podrá el empresario exigir a uno o más miembros de su plantilla permanecer en su puesto de trabajo o en el establecimiento cuando exista una situación de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de las personas allí presentes. En el caso de que una situación de esta índole se produjera, los trabajadores tienen pleno derecho a evacuar el centro de trabajo. También tienen derecho a intentar solventar la situación por ellos mismos, siempre y cuando posean la experiencia o formación técnica para ello y no esté presente un superior jerárquico para consultarle previamente. Bajo ningún concepto un trabajador podrá ser sancionado en estos casos.
Por último, el empresario es requerido a organizar simulacros periódicos a efectos de comprobar la eficacia de las medidas implementadas en cuanto a la gestión de emergencias en el centro de trabajo.
Tal y como establece la Ley 319/2006 en su artículo 17, aquellas empresas que concurran en un mismo centro de trabajo tienen la obligación de coordinarse entre sí para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Este deber de coordinación, contemplado de forma muy general en la norma, establece cuatro requisitos para su cumplimiento:
• Cooperación entre empresarios concurrentes para la determinación de consignas en materia de seguridad y salud aplicables en el centro de trabajo.
• Coordinar sus acciones teniendo en cuenta la actividad de cada una de las empresas presentes en el establecimiento, contemplando también los posibles riesgos originados por la concurrencia.
• Compartir información entre ellas sobre sus respectivos riesgos profesionales.
• Informar a los trabajadores y/o sus representantes sobre dichos riesgos.
Aun así, encontramos un desarrollo de este deber de coordinación en el caso de obras de construcción temporal o móvil, concretamente en la Decisión del Gobierno 300/2006. En ella se incluyen disposiciones sobre el rol que deben jugar el contratista principal, subcontratistas, coordinador de seguridad…en cuanto a la coordinación de actividades, así como los documentos legalmente requeridos para la misma.
Las sanciones y responsabilidades vienen reguladas en la Ley 319/2006, que diferencia entre:
Delitos con responsabilidad penal (artículos 37 y 38). En ellos especifica los delitos que están tipificados con pena de cárcel.
DELITOS CON RESPONSABILIDAD PENAL
Artículo 37. – (1) La falta de tomar medidas necesarias de la seguridad jurídica y la salud de la persona, si crea un peligro grave e inminente de un accidente de trabajo o enfermedad profesional constituye un delito punible con pena de prisión de un año a dos años o multa.
(2) Si el acto en el párrafo (1) produce consecuencias graves, la pena es de prisión de uno a tres años o con multa.
(3) En el acto en el párrafo (1) intencionalmente, se castiga con prisión de tres meses a un año o multa, y actuar en el párrafo (2) intencionalmente se castiga con prisión de seis meses a un año o con multa.
Artículo 38. – (1) El incumplimiento por parte de cualquier persona de las obligaciones y medidas establecidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, si esto crea un peligro grave e inminente de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es un delito y será castigado con pena de prisión de un año a dos años o multa.
(3) Si la infracción consiste en la nueva puesta en marcha del equipo o maquinaria de forma previa a la eliminación de todas las deficiencias, la pena de prisión puede ir de un año a dos años, además de una posible sanción económica.
(4) Si el acto en el párrafo (1) y (3) es cometido por negligencia, será sancionado con prisión de tres meses a un año o multa, y en el párrafo (2) de forma intencionada se castiga con prisión de seis meses a un año o con multa.
DELITOS CON SANCIÓN ECONÓMICA
Delitos con sanción económica (artículos 39 a 44). En ellos se especifica la cuantía y la infracción; cabe destacar lo dispuesto en el artículo 40 referente a los servicios de prevención externos y la infracción con multa de 5.000 – 10.000 lei por no realizar el informe trimestral de actividades.
Los incumplimientos que conllevan sanción económica son dispuestos en el artículo 39 de la Ley, correspondiendo cada sanción a las infracciones especificadas en cada caso, en función del artículo que se vulnera dentro de la misma Ley. Las cuantías de las multas son las siguientes:
• Sanción económica de £ 5.000 a £ 10.000: Cuando se da incumplimiento de alguna de las obligaciones contempladas en el artículo 13b), c), p) y g).
• Sanción económica de £ 3.000 a £ 10.000: Por las infracciones que contravengan lo legalmente dispuesto en el artículo 13 n)
• Sanción económica de £ 4.000 a £ 8.000: Estas sanciones se contemplan para los actos u omisiones que contravengan alguna de las obligaciones contempladas en el artículo 12 (párrafo (1), letras a) y b)); en el artículo 13 (letras. a), d), f), h) y m)); en el artículo 20, en el artículo 29 (párrafo 1 a)) y en el artículo 32 (párrafo 2).
• Sanción económica de £ 3.500 a £ 7.000: Infracciones que contravengan el artículo 7 (párrafos 4, 5 y 6) el artículo 8, el artículo 11 (párrafos 1 y 3), el artículo 13 (letras. q) y s)) y el artículo 27 (párrafo 1 a) y b).
• Sanción económica de £ 3.000 a £ 6.000: Atribuibles a las infracciones de las obligaciones previstas en el artículo 9 (párrafo 1), y los artículos 10, 14, 15 y 34 (párrafo 1).
• Sanción económica de £ 2.500 a £ 5.000: Incumplimiento de los artículos 11 (párrafos 2 y 4) y del artículo 17, 19 y 21.
• Sanción económica de £ 2.500 a £ 4.000: Sanciones contempladas para los incumplimientos del artículo 12 (párrafo 1 c) y d)), artículo 13 (letra g), artículo 18 (párrafo 5 y 6), artículo 34 (letra 5) y artículo 36;
• Sanción económica de £ 5.000 a £ 10.000 para los siguientes supuestos:
a) la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación o utilización de sustancias o productos químicos y desechos peligrosos;
b) evitar la presencia de más de los límites permisibles de químicos, físicos o biológicos, y el uso excesivo de los diversos órganos o sistemas del cuerpo;
c) puesta en marcha o puesta en servicio, parcial o total, los trabajos de construcción de los equipos y procesos nuevos o reparados para la aplicación;
d) Preparación de la documentación técnica y el cumplimiento de la realización de trabajos que requieran medidas especiales de seguridad;
e) utilizar provocar fuego y el humo en los lugares de trabajo donde están prohibidas;
f) la ejecución por la prevención de accidentes de electrocución, operación, mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos eléctricos y prevenir los efectos de la electricidad estática y el relámpago;
g) el suministro y el uso de equipos eléctricos de edificios adecuados en los lugares de trabajo donde haya peligro de incendio o explosión;
h) el suministro de las dos fuentes de los equipos de trabajo de fuente de alimentación;
i) transporte, manipulación y almacenamiento de los equipos de trabajo, materiales y productos;
j) la delimitación, el vallado y señalamiento de zonas peligrosas;
k) la provisión de seguridad y / o la salud en el trabajo;
l) garantizar un funcionamiento sin peligro de los cilindros de gas con gas comprimido o licuado, instalaciones mecánicas y la presión alta, las tuberías por las que los fluidos presurizados y también otro equipo de trabajo;
m) el uso, mantenimiento, revisión periódica y reparación de equipos de trabajo;
n) asegurar el marcado y mantenimiento de vías de acceso y el tráfico;
a) garantizar la iluminación de seguridad;
p) organizar el almacenamiento, el mantenimiento y la desintoxicación de los equipos de protección personal; parámetros funcionales y documentación.
q) el seguimiento de los equipos de trabajo y los informes de servicio para instalaciones con operación especial;
r) los métodos de minería, construcción, operación y mantenimiento de la minería, el desarrollo y el funcionamiento del sistema de ventilación, de acuerdo con la clasificación de las unidades en términos de emanaciones de gases;
s) organización de puestos de trabajo para trabajar en altura, en espacios reducidos y de manera aislada.
Tal y como dispone el artículo 42, las infracciones y multas previstas en el art. 39 (párrafos 2 – 9) y el artículo 40 son emitidas por los inspectores de trabajo.
Graduación y sus criterios
El incumplimiento de cualquiera de las medidas legales de salud y seguridad en el trabajo por la persona que tenía el deber de adoptar las medidas, si existe un riesgo grave e inminente de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es un delito y castigado con penas de prisión de un año a dos años, o una multa.
Si esta omisión ha acabado produciendo consecuencias importantes, la pena de prisión prevista es de un año hasta tres años, además de una posible sanción económica complementaria.
Asimismo, si se comprueba que este acto ha sido consecuencia de una negligencia por parte del empresario, será éste castigado con prisión de tres meses a un año o una multa.
Todos estos supuestos que motivan la interposición de una sanción, así como el importe de la misma (independientemente de que se aluda a la responsabilidad administrativa o penal del empresario) son susceptibles de ser recurridos.
Los organismos judiciales que intervienen son:
• Audiencia Territorial: Establece la decisión judicial en primera instancia
• Tribunal de Apelación del Distrito: decide en segunda instancia, previo recurso de la persona física o jurídica encausada.
Cabe destacar también que los miembros de la Inspección de Trabajo de Rumanía están habilitados para la paralización y suspensión de los trabajos, en caso de detectar una situación de peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores.
La Ley 319/2006 dispone que el empresario, establecido en Rumania, tiene la obligación legal de registrar y notificar los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta comunicación deberá remitirse a la delegación territorial de la inspección de trabajo, así como a la entidad aseguradora de accidentes y enfermedades profesionales.
El artículo 26 de la citada Ley atribuye a la figura del empresario la obligación de comunicar la materialización de accidentes de trabajo a los siguientes entes:
• Inspección de trabajo: cuando se produzca un accidente laboral. Aun así, no todos los accidentes deben ser reportados, tan solo los que motiven el fallecimiento o lesión del trabajador accidentado.
• Compañía aseguradora: en Rumanía todos los trabajadores deben contar con un seguro frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este sentido, el empresario se hace responsable de notificar los accidentes o enfermedades que ocasionen una incapacidad temporal, invalidez o muerte de la víctima.
• Las autoridades judiciales: en determinados casos concretos.
• Médico del trabajo: en el caso de que se tenga la sospecha de que uno o más trabajadores han contraído una enfermedad profesional, deberá ser comunicado al médico del trabajo, siendo el empresario responsable de que esta notificación sea efectivamente llevada a cabo.
En cuanto al contenido mínimo de tales notificaciones, deberá respetarse los puntos siguientes:
• Dirección e información de contacto de la empresa o establecimiento.
• Lugar en el que se produjo el suceso.
• Fecha y hora del evento.
• Nombre y apellidos del trabajador accidentado.
• Datos personales de la víctima (estado civil, personas a cargo, ocupación, antigüedad y lugar y puesto de trabajo).
• Circunstancias presuntas y conocidas que motivaron el accidente.
• Consecuencias del accidente.
• Nombre y cargo de la persona que comunicó el suceso;
Fecha de la comunicación;
Lugar en el que el trabajador fue hospitalizado, en el caso de aplicar.
Dicho esto, el empresario es de igual modo responsable de que se lleve a cabo una investigación de los accidentes de trabajo acaecidos en el seno de su establecimiento. En el caso de que la investigación correspondiera a la Autoridad Laboral, el empresario deberá llevar a cabo las medidas necesarias para mantener el “status quo” de las condiciones presentes en el lugar del accidente de trabajo (siempre y cuando éste no hubiese sido provocado por una situación de riesgo grave e inminente que ponga en peligro la integridad física o salud del resto de personal). En el caso de que no fuera viable la no alteración del área de trabajo, deberán tomarse fotografías u otros soportes que ilustren la modo en el que el accidente tuvo lugar.
Dependiendo de la gravedad del accidente laboral, el sujeto responsable de dicha investigación varía:
• Es el Empresario: si el accidente de trabajo provoca una incapacidad temporal.
• Es la Delegación de la Inspección de Trabajo, si el accidente laboral da lugar a una incapacidad permanente, invalidez o muerte.
• O la Inspección de Trabajo, si se trata de un accidente múltiple generado por un evento extraordinario: explosión, escape, etc.
Las enfermedades profesionales también deben ser objeto de una investigación encaminada a determinar la relación causa-efecto entre trabajo y enfermedad. Esta investigación es realizada por el médico del trabajo del servicio de seguridad y salud que presta su actividad al servicio de la empresa.
En el caso de que el accidente de trabajo se hubiera materializado en el trayecto del trabajo a casa del trabajador, o viceversa, será el cuerpo de policía el encargado de notificar el suceso a la Administración.
La norma establece un requisito adicional en cuanto a la cumplimentación del informe de investigación en los casos en los que el accidente haya tenido como consecuencia el fallecimiento del trabajador. En concreto, se deberá remitir a la inspección de trabajo el informe del forense en un plazo no superior de 7 días a contar desde la fecha de la muerte de la víctima.
Además de las obligaciones de notificación y de investigación de los mencionados sucesos, la empresa deberá proceder al registro documental de los mismos a efectos de poder ser consultados y analizados por los miembros de la Autoridad Inspectora de Rumanía. En concreto, deberá registrar los sucesos que a continuación se detallan:
• Registro Único de heridos en el trabajo (anexo 15 de la ley 319/2006).
• Registro Único de incidentes peligrosos (anexo 16 de la ley 319/2006).
• Registro de accidentes por contacto eléctrico (anexo 17).
• Registro único de lesiones con incapacidad superior a 3 días hábiles (anexo 18).
Son considerados como tales los trabajadores que no han alcanzado los 18 años de edad. La edad mínima para trabajar es de 16 años, si bien se permite el trabajo a menores de 15 años para algunas actividades muy concretas que presentan para su seguridad y salud un riesgo mínimo. Siempre, eso sí, con el consentimiento firmado de sus padres o tutores legales.
En Rumanía, el trabajo de menores viene específicamente regulado en la Decisión nº 600 de 2007. En esta normativa se dispone que el colectivo de los menores podrán desarrollar una actividad económica siempre y cuando ésta no comprometa su seguridad y salud, su desarrollo físico, mental, moral y académico; por lo que se excluyen las actividades catalogadas como de riesgo especial o especifico (exposición a radiaciones ionizantes, ATEX, amianto, plomo, sustancias tóxicas…). En particular, el empresario no podrá emplear a un trabajador joven para el desarrollo de un trabajo en el que:
• Las exigencias físicas y mentales del trabajo superen claramente a la capacidad del menor para afrontarlas.
• Trabajos que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, alteradores del sistema genético, o susceptibles de provocar un efecto adverso crónico en la salud humana.
• Puestos o actividades en los que exista exposición a radicaciones.
• Trabajos cuyos riesgos no se puedan claramente identificar su magnitud con motivo de la inexperiencia del trabajador o falta de formación del mismo.
• Trabajos que impliquen la exposición del trabajador a estrés térmico (bien por frío o bien por calor), niveles nocivos de ruido y vibraciones.
El detalle de las actividades legalmente prohibidas para el empleo de menores viene legalmente tipificado en el Anexo I de la Decisión 600 de 2007.
Para el resto de actividades, el empresario deberá evaluar el puesto de trabajo a ocupar por el menor de forma previa al inicio del trabajo, teniendo en cuenta como factor de riesgo adicional la falta de experiencia del trabajador. En dicha evaluación de riesgos se deberán tener en cuenta los riesgos derivados de:
• Los equipos de trabajo empleados en el proceso productivo.
• La organización del trabajo en el establecimiento.
• Naturaleza, nivel y duración de la exposición a agentes químicos físicos, biológicos. En caso de detectar que los niveles de exposición pueden poner en peligro el desarrollo del menor, este puesto o actividad no podrá ser desarrollada por el joven trabajador.
• Posible utilización por parte de los trabajadores menores de máquinas, dispositivos y aparatos eléctricos.
• Nivel de formación y capacitación necesaria para asegurar una correcta protección de la seguridad y salud del joven trabajador.
• Analizar la necesidad de elaborar procedimientos específicos de trabajo.
Si a través de los resultados de la evaluación de riesgos se revela que existen riesgos susceptibles de afectar negativamente a la seguridad, salud física o mental, o el desarrollo de los jóvenes, el menor no podrá ser empleado para tal puesto o actividad. Si estos riesgos existieran pero pudieran ser controlados mediante los medios de protección colectiva e individual, el trabajador podrá ser empleado pero deberá ser sometido a controles periódicos de su estado de salud.
Posteriormente a la evaluación, el empresario informará al joven empleado y a sus representantes legales sobre los riesgos del puesto y las medidas preventivas adoptadas, para posteriormente instruirlo en materia preventiva.
Antes del inicio de los trabajos, el menor deberá ser sometido a un examen médico para verificar su aptitud física y mental para el puesto. Una vez incorporado el trabajador, la periodicidad de los siguientes reconocimientos médicos vendrá determinada por los resultados de la evaluación inicial de riesgos de su puesto.
Aspectos laborales a tener en cuenta en cuanto a la contratación de menores.
• El tiempo máximo de la jornada diaria del menor no podrá ser superior a las 6 horas, siendo el tope máximo de jornada semanal 30 horas.
• No se permite la realización de tiempo extraordinario de trabajo para este colectivo (artículo 11).
• Cuando los jóvenes acumulen varias funciones sobre la base de contratos individuales de trabajo, el trabajo realizado se acumularán y no pueden exceder de una duración acumulada de 6 horas, siendo el tope máximo de jornada semanal 30 horas
• Los jóvenes no pueden realizar trabajos nocturnos. Los niños empleados conforme a lo dispuesto en el art. 5 no puede realizar el trabajo en el horario de las 20.00 y las 6.00.
• El joven disfrutará de un descanso para comer de por lo menos 30 minutos consecutivos, en los que el tiempo de trabajo diario sea superior a 4:30.
• Entre los dos días de trabajo, los jóvenes reciben un período mínimo de descanso de 12 horas consecutivas. Entre los dos días de trabajo, los niños empleados reciben un período mínimo de descanso de 14 horas consecutivas. El joven gozará de un período de descanso semanal de dos días consecutivos, por lo general los sábados y domingos.
• Los jóvenes reciben licencia anual adicional de al menos 3 días. En los casos contemplados en los art. 5 los empresarios deberán asegurarse de que el período libre de todo el trabajo se incluye, en la medida de lo posible en las vacaciones escolares de los niños sujetos a la escolaridad obligatoria, a tiempo completo, requeridos por la legislación nacional.
No se han identificado en la legislación rumana en materia de seguridad y salud ocupacional referencias específicas en cuanto a la protección de la seguridad y salud de este colectivo de trabajadores.
En el artículo 35 de la Ley 319/2006 se establece que los grupos de riesgo sensibles, tales como las mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia, jóvenes y las personas con discapacidad deben ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica dada su situación de vulnerabilidad aumentada a determinados riesgos.
En el Capítulo VII, artículo 36 se establece que los empresarios están obligados a organizar los trabajos, teniendo en cuenta la presencia de los grupos de riesgo sensibles.
Además de esta mención de carácter general ubicada en la principal legislación del país en materia de seguridad y salud en el trabajo, las trabajadoras en estado de embarazo, posparto y en periodo de lactancia son objeto de una protección especial otorgada por el ordenamiento jurídico de Rumanía, concretamente en el Decreto gubernamental 96/2003.
La trabajadora tiene la obligación de informar al empresario de su estado de embarazo, momento a partir del cual el empresario es requerido a garantizar una protección especial a la trabajadora. Este colectivo no puede ser empleado en determinadas actividades contempladas en el Anexo I de la citada norma. Para otras actividades o circunstancias que puedan afectar a su salud o a la del feto o neonato, resulta necesario evaluar el puesto de trabajo para que, posteriormente, el médico de trabajo determine si existe riesgo dados los niveles de exposición. En caso de ser así, el empresario deberá asignar a la trabajadora nuevas tareas o reubicarla en un nuevo puesto de trabajo, siempre manteniendo sus derechos laborales adquiridos. Si todo esto no fuera posible, la relación de trabajo deberá quedar suspendida hasta acabado el permiso de maternidad. Lo mismo ocurre con el trabajo nocturno, en el que la trabajadora debe ser reubicada si así lo solicita (en caso de ser inviable la relación de trabajo se suspende y goza del permiso de maternidad). En caso de que el empresario no siga estos principios de actuación, la trabajadora o sus representantes están legitimados para presentar una denuncia ante los organismos de inspección
Por su parte, la Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo establece en su artículo 17 que las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
En Rumanía, los trabajadores minusválidos son incluidos dentro del colectivo de trabajadores especialmente sensibles. Tal y como establece el artículo 23 de la Ley 319/2006, los grupos de riesgo sensibles, tales como las mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia, los jóvenes y las personas con discapacidad deben ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica. Por lo tanto, durante la fase de identificación de riesgos a efectos de proceder a la evaluación deberán tenerse en cuenta aquellos riesgos que puedan tener una incidencia especial sobre este colectivo de trabajadores con motivo de su situación.
En el artículo 36 se establece que los empresarios están obligados a organizar los trabajos, teniendo en cuenta la presencia de los grupos de riesgo sensibles.
Los requisitos mínimos de salud y seguridad para los lugares de trabajo ya en uso, tal y como rige en los Anexos I y II de la Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo, deberán tener en cuenta también a los trabajadores con discapacidad. Esto aplica a la configuración del centro, incluyendo puertas, pasillos, escaleras, duchas, lavabos, retretes y puestos de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores con algún tipo de discapacidad.
Las obligaciones en materia de seguridad y salud dispuestas por la Ley 319/2006 aplican a la totalidad de trabajadores, sean éstos por cuenta propia o ajena, por lo que los trabajadores autónomos deben atenerse a ellas de igual modo.
Además, dependiendo de la actividad específica que el trabajador autónomo desarrolle y sus riesgos profesionales asociados, deberá respetar las disposiciones contempladas en la legislación específica aplicable.
La Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo, en su artículo 16 habla sobre los locales de descanso.
Cuando las condiciones de trabajo así lo requieran, especialmente en cuanto al tipo de actividad que realiza la empresa y el número de empleados que en ella realizan su actividad, el empresario deberá facilitar una sala de descanso de fácil acceso para el uso por parte de la plantilla.
Los locales de descanso deberán ser lo suficientemente grandes y estar equipados con un número de mesas y de asientos con respaldo acordes con el número de trabajadores.
En los locales de descanso deberán adoptarse medidas adecuadas para proteger a los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
Si las horas de trabajo se interrumpen regular y frecuentemente y no existen locales de descanso, deben ser proporcionadas otras habitaciones en las que los trabajadores pueden permanecer durante el descanso.
En el artículo 19 se especifican los espacios para primeros auxilios:
• Según el tamaño de los locales, el tipo de trabajo realizado y la frecuencia de los accidentes se debe proporcionar una o más habitaciones para primeros auxilios.
• Deben estar equipados con las instalaciones y dispositivos de primeros auxilios esenciales y ser de fácil acceso para las camillas.
• Deben ser marcados de acuerdo con la decisión del Gobierno nº 971/2006.
• Además, el equipamiento de primeros auxilios debe estar disponible en todos los lugares donde las condiciones de trabajo lo requieran. Además, deberá estar bien señalizado y ser de fácil acceso.
• Este equipo debe estar señalizado de forma adecuada y de fácil acceso.
La principal norma regulatoria en Rumanía sobre los lugares de trabajo la constituye la Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo. Las obligaciones establecidas en el Anexo de la Decisión se aplicarán teniendo en cuenta las características del lugar de trabajo, la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo presente.
No se aplican las disposiciones legales contempladas en esta normativa para los siguientes establecimientos (contenidos en el artículo 2 de la mencionada norma):
• Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa y/o establecimiento o lugar de trabajo.
• Las obras de construcción temporales o móviles;
• Las industrias extractivas.
• Campos, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa agrícola o forestal y situados fuera del edificio de la empresa.
El resto de establecimientos son a efectos de la mencionada norma de locales de trabajo, por lo que están sujetos a los requisitos legales, en ella contenidos.
Con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los locales de trabajo, el empresario deberá tomar las medidas que se detallan en el artículo 8, siendo éstas las siguientes:
• Asegurar que las rutas y vías que conducen a las salidas de emergencia y accesos en general quedan libres y no obstaculizan el tráfico de trabajadores. Número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, del equipo y de las dimensiones de los lugares de trabajo y el número máximo de personas que puedan estar presentes.
• Llevar a cabo el mantenimiento técnico en los lugares de trabajo y equipos y dispositivos presentes.
• Mantener el orden y limpieza para asegurar una correcta higiene en el lugar de trabajo, especialmente en los equipos y dispositivos que aparecen en el punto 6 del Anexo I y Anexo II de la norma.
• Asegurar un mantenimiento regular y comprobado de los equipos y dispositivos destinados a evitar o eliminar riesgos, especialmente los que aparecen en el punto 6 del Anexo I y Anexo II de la norma.
Los requisitos que dispone la norma sobre los lugares de trabajo difieren en función de si se hace un primer uso del lugar o bien se trata de lugares de trabajo ya existentes. Tales requisitos vienen recogidos en los Anexos I y II de la Decisión nº 1091 de 16/08/2006.
Tal y como establece el punto 5 del Anexo I de la Decisión del Gobierno 1091 de 2006, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, el empresario es responsable de proporcionar unos medios de detección, alarma y extinción de incendios suficientes y adecuados. Para determinar la puesta a disposición de éstos, el empresario deberá tener en cuenta el tamaño y uso del edificio, los equipos en él presentes, las propiedades físicas y químicas de las sustancias y materiales que se utilizan y el número de trabajadores operando en el centro de trabajo.
Los medios de extinción no automáticos deberán estar debidamente señalizados, accesibles y de fácil uso. En cuanto a la señalización de los medios de extinción, deberán seguirse los requisitos establecidos en la Decisión del Gobierno 971/2006, colocándose las señales de seguridad en un sitio adecuado y bien visible, y siendo de un material resistente a fin de evitar un rápido deterioro.
Estas obligaciones incluidas en la Decisión 1091 de 2006 son de carácter mínimo y general, aplicando a todos los locales e instalaciones del país.
Se detalla a continuación un índice normativo de legislación específica en materia de seguridad contra incendios:
• Ley 307/2006 sobre protección contra incendios.
• Ref. 106 del 09/01/2007, por la que se aprueban los criterios para la determinación de los consejos locales y se obliga a los operadores económicos a emplear al menos un personal técnico y especializado con responsabilidades en materia de seguridad y actuación frente incendios.
• Ref. 160 del 23/02/2007 para la aprobación de la planificación, organización, progreso y finalización de las actividades encaminadas a la prevención de emergencias.
• Ref. 1474 del 12/10/2006 para la aprobación de la planificación, organización y realización de actividades de formación para la prevención de situaciones de emergencia.
• Decreto 163/2007 para la aprobación de la protección general contra incendios.
• Solicitud 712/2005, modificada y completada por la Orden 786/20058, por la que se aprueba las disposiciones generales sobre la formación requerida a los empleados con un rol específico en cuanto a la gestión de emergencias.
Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo. Las instalaciones eléctricas deben estar diseñadas y construidas de manera que no representen un peligro de incendio o explosión.
Publicado en la Gaceta Oficial, Parte I no. 739 de 30/08/2006 Los trabajadores deben estar protegidos contra el riesgo de lesiones por contacto eléctrico directo y / o indirecto.
El diseño, construcción y elección de los materiales y dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión nominal, la influencia de las condiciones externas y la competencia de los trabajadores que tienen acceso a partes de la planta.
No se ha encontrado en la fase de estudio regulación específica que aborde los requisitos en clave de prevención sobre los trabajos efectuados en espacios confinados. Aun así, el ejercicio de trabajos u operaciones en espacios confinados puede acarrear la existencia de otros riesgos que pueden disponer de legislación específica, con sus correspondientes obligaciones. Es el caso, por ejemplo, de las regulaciones en materia de atmósferas explosivas.
Decisión del Gobierno nº 752/2004 por la que se establecen las condiciones para la puesta en el mercado de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Decisión nº 1058 de 09/08/2006 sobre las disposiciones mínimas para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores que podrían estar expuestos a un riesgo potencial de atmósferas explosivas.
Art. 4 – Las disposiciones no se aplican a:
a) las áreas utilizadas directamente para y durante el tratamiento médico de los pacientes; publicado en la Gaceta Oficial, Parte I no. 737 de 29/08/2006
b) el uso de los aparatos de gas de acuerdo con la decisión del Gobierno nº. 453/2003 que establece las condiciones para la comercialización de los aparatos de gas, a publicar;
c) la fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos o químicamente inestables;
d) las industrias extractivas regulados por la Decisión del Gobierno nº. 1050/2006 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en el mineral o por decisión del Gobierno nº. 1049/2006 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores en la minería de superficie y subterránea;
e) el uso del transporte por tierra, agua y aire, contenido en las disposiciones pertinentes de los acuerdos internacionales y la legislación nacional de transposición de las directivas de aplicación de dichos acuerdos. Los medios de transporte destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas no están excluidos.
Art. 5 – Con el fin de garantizar la protección contra explosiones, el empresario adoptará las medidas técnicas y organizativas adecuadas a la naturaleza de la operación, en orden de prioridad y con sujeción a los siguientes principios básicos:
a) impedir la formación de atmósferas explosivas;
b) cuando la naturaleza de la actividad no lo permita evitar la ignición de atmósferas explosivas; y
c) limitar los efectos perjudiciales de una explosión de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
En su caso, las medidas antes mencionadas deben combinarse y / o complementarse con medidas contra la propagación de las explosiones y se revisará periódicamente y, en cualquier caso, cuando se produzcan cambios significativos.
Cabe destacar que en Rumanía existe una regulación específica que aplica a aquellos equipos y sistemas de protección para aquellos espacios que, si bien no constituyen una atmósfera explosiva según la ley rumana, sí que existe el riesgo que bajo determinadas circunstancias, operaciones a realizar, características de las instalaciones, etc. acaben siendo una atmósfera explosiva.
La legislación rumana atribuye a estos espacios de trabajo el nombre de “atmósferas potencialmente explosivas”. A la hora de adquirir estos equipos y sistemas de protección, el empresario deberá verificar que éstos cumplen con los requisitos de conformidad incluidos en la normativa.
Según la Resolución nº 30/08/2006 1146 sobre las disposiciones Seguridad y Salud mínimas sobre utilización de los equipos de trabajo. El empresario está obligado a garantizar que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa y/o establecimiento sean adecuados para el trabajo a realizar y que, en su caso, se realicen las adaptaciones necesarias para este propósito, sin poner en peligro la seguridad y salud de los operarios que los vayan a emplear.
En el momento de la selección de los equipos de trabajo, el empresario deberá prestar atención a todas las condiciones de trabajo, sus características específicas y los riesgos existentes, en particular en el empleo dentro de la empresa y/o establecimiento y/o los riesgos que puedan surgir al utilizar los equipos de trabajo.
Cuando no sea posible garantizar que el equipo de trabajo es usado sin riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas adecuadas para reducir el riesgo.
En todo momento, el empresario debe verificar que los equipos de trabajo adquiridos cumplen con:
• las disposiciones de todos los reglamentos técnicos rumanos de transposición de la legislación comunitaria pertinente;
• los requisitos mínimos establecidos en el anexo. 1, si no se aplican o aplicar reglamentos técnicos parcialmente rumanos transposición de la legislación de la UE;
El empresario está obligado a garantizar un mantenimiento adecuado a nivel técnico para cumplir, en su caso, lo dispuesto anteriormente.
Tal y como establece la Ley 319/2006, en su artículo 5, el empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores tengan la información adecuada y, en su caso, las “hojas de trabajo” para el uso seguro de los equipos de trabajo utilizados.
Estas hojas de trabajo deberán contener la siguiente información:
– Las condiciones de uso de los equipos de trabajo.
– Las situaciones anormales previsibles.
– Las conclusiones que se puedan extraer en su caso de la experiencia adquirida en el empleo de los equipos de trabajo.
Los trabajadores deben ser conscientes acerca de los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como de los derivados de trabajar en su proximidad. Deberán conocer también los riesgos que pudieran derivarse de la modificación que pudieran sufrir dichos equipos.
Las hojas de información y datos tienen que ser comprensibles para los trabajadores afectados, y adaptadas a un idioma que el trabajador comprenda.
La Decisión nº 1048 de 09/08/2006, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal en el trabajo, dispone en su artículo 4 los equipos de protección individual que deben utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Los Equipos de protección personal debe cumplir con la decisión del Gobierno nº 115/2004 sobre el establecimiento de los requisitos esenciales de seguridad de los equipos y las condiciones de protección personal para la puesta en el mercado.
Todo el equipo de protección personal debe cumplir con las siguientes condiciones:
a) Ser adecuado a los riesgos que implica, sin que su uso conlleve un aumento del riesgo;
c) Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y el estado de salud del trabajador;
d) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
Los equipos de protección personal se distribuyen gratuitamente por el empresario, garantizando un buen funcionamiento y un estado higiénico satisfactorio por medio del mantenimiento, reparación y reemplazos necesarios.
El Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia podrá establecer disposiciones para requerir a los trabajadores la contribución a los gastos de ciertos equipos de protección personal, en situaciones donde el uso de equipos no es exclusivo de los lugares de trabajo.
El empresario informará previamente al trabajador de los riesgos contra los que protege el uso de equipo de protección personal.
El empresario proveerá capacitación a los trabajadores y, en su caso, organizará la formación sobre cómo utilizar equipo de protección personal.
El equipo de protección personal sólo podrá utilizarse para los fines especificados, y de acuerdo con la hoja de instrucciones, a excepción de las circunstancias específicas y excepcionales.
Antes de elegir el equipo de protección personal, el empresario deberá evaluar los equipos de protección personal que se propone utilizar. Esta evaluación incluye:
a) analizar y evaluar el riesgo que no puede ser evitado por otros medios;
b) la definición de las características que debe poseer el equipo de protección personal para ser eficaz contra los riesgos contemplados en el punto a), teniendo en cuenta los riesgos que puede causar el propio equipo;
c) la comparación de las características de los equipos de protección personal disponibles, con las características establecidas en el punto b).
Artículo 15 -. La evaluación se refiere el art. 14 se revisa en base a cambios en cualquier elemento del equipo de protección personal.
El Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, establece las normas generales para el uso de EPIS y/o las normas que rigen los casos y situaciones en que el empresario debe suministrar los equipos de protección personal de protección personal, teniendo en cuenta los reglamentos técnicos rumanos transposición de la legislación comunitaria sobre la libre circulación de dichos equipos.
La manipulación manual de cargas es un riesgo profesional que cuenta con regulación propia en Rumanía. Concretamente, la Decisión del Gobierno nº 1051 del 09.08.2006, por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de seguridad mínimos para la manipulación manual de cargas que supone un riesgo para los trabajadores, en particular de lesión de espalda.
A efectos de esta regulación, la manipulación manual de cargas se define como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, como el levantamiento, colocación, el empuje, tirar, transportar o mover una carga, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, supone un riesgo para los trabajadores expuestos, en particular riesgos dorsolumbares.
En los casos en que no se puede evitar la necesidad de la manipulación manual de cargas por los trabajadores, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que implica la manipulación de estas tablas manualmente.
En los casos en que no se puede evitar la necesidad de la manipulación manual de cargas por los trabajadores, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios, a fin de reducir el riesgo que implica la manipulación manual de estas masas, teniendo en cuenta los factores establecidos en el anexo I de la citada norma.
En todos los casos en que la manipulación manual de cargas por los trabajadores no se pueda evitar, el empresario deberá organizar el trabajo de manera que la manipulación se realice de forma segura y habiendo reducido su riesgo lo máximo posible, llevando a cabo las siguientes medidas para ello:
a) evaluar de antemano las condiciones de seguridad y salud para el tipo de trabajo de que se trate y examinar en particular las características de las masas, de acuerdo con el anexo. 1
b) tratar de evitar o reducir los riesgos para los trabajadores, especialmente lesiones en la espalda mediante la adopción de medidas apropiadas, dadas las características del entorno de trabajo y los requerimientos del negocio, de acuerdo con el anexo. 1.
Tal y como viene contemplado en el Capítulo III de la Decisión 1051/2006, el empresario deberá incluir la consideración de los riesgos de manipulación manual de cargas en las obligaciones a él atribuidas en materia de información, formación, consulta y participación de los trabajadores a su cargo.
El trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) dispone en Rumanía de regulación específica, la Decisión nº1028 de 09/08/2006 sobre la seguridad mínima y la salud en el uso de equipos que incluyen pantallas de visualización.
Quedan excluidos de su ámbito los siguientes equipos:
• Dispositivos empleados en taxis o en el control de cabina de vehículos y máquinas;
• Sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte;
• Sistemas informáticos destinados principalmente para uso público;
• Sistemas portátiles de los que no se haga un uso prolongado en la estación de trabajo;
• Máquinas, cajas registradoras y cualquier equipo equipado con una pantalla pequeña o datos de medición necesarios para la utilización directa de este equipo el cálculo;
• Máquinas de escribir de diseño tradicional.
La norma también define el concepto estación de trabajo: “conjunto que comprende un equipo con pantalla de visualización, provisto de un teclado o un dispositivo de entrada y / o de un programa para el establecimiento de interfaz operador/máquina, de accesorios opcionales, incluida la unidad de disquete y/o una unidad óptica, teléfono, modem, impresora, porta-documentos, de una silla, una mesa o superficie de trabajo, y el ambiente de trabajo”
Se detallan a continuación las obligaciones atribuidas al empresario que emplee a uno o más trabajadores en una estación de trabajo provista de una o más pantallas de visualización de datos:
• Realizar un análisis de las estaciones de trabajo para evaluar las condiciones de seguridad y salud a las que están expuestos los trabajadores, en particular en lo que respecta a los posibles riesgos para la vista, problemas físicos y de carga o fatiga mental.
• Tomar las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos identificados en el análisis, teniendo en cuenta los riesgos adicionales y/o combinados con los derivados de la manipulación manual de cargas.
• Tomar las medidas adecuadas para que las estaciones de trabajo cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el anexo de la presente norma.
• Organizar las tareas de los trabajadores de manera que la pantalla de visualización de uso diario se interrumpa periódicamente por medio de pausas o cambios de actividad, reduciendo la exposición mediante tiempos de recuperación.
Además de estas medidas, la Decisión 1051/2006 incorpora medidas específicas para la protección de la visión de los trabajadores expuestos a pantallas de visualización de datos:
• Vigilancia de la salud de los trabajadores que incorpore exámenes de la vista, siendo estos llevados a cabo por una persona competente. Estos exámenes deberán desarrollarse:
o Antes del comienzo de la actividad.
o A partir de entonces, a intervalos regulares.
o Siempre que se produzcan anomalías en la visión que pueda ser causada por la actividad del trabajador.
o Siempre que la evaluación de riesgos lo aconseje.
• Si los resultados del examen muestra la necesidad de integrar dispositivos de corrección normales, los trabajadores deben recibir dispositivos correctores especiales, correspondientes a esa actividad.
Estas medidas no debe implicarán en ningún caso un coste financiero a los trabajadores.
INSTRUCCIÓN PROPIA SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO CON EQUIPOS INFORMÁTICOS
El artículo 44 de la Decisión nº. 1028, del 9 de agosto de 2006, establece que los usuarios de equipos informáticos provistos de pantalla de visualización deben conocer la necesidad y las posibilidades de ajustar el equipo y mobiliario de trabajo. Se harán ajustes en relación con los requisitos de la tarea, las condiciones ambientales y las características individuales y psicofísicas.
Se ajustará principalmente:
1) La luminancia de la pantalla, en contraste con la posición de fondo, la pantalla (altura, orientación, inclinación);
2) La altura y los documentos de soporte de inclinación;
3) altura de la mesa de trabajo (si es ajustable);
4) La altura de la superficie de asiento del asiento, la inclinación del respaldo y la altura.
En Rumanía, la principal referencia normativa en materia de prevención de riesgos laborales en trabajos con presencia de agentes químicos la encontramos en la Decisión del Gobierno 1218/2006.
La mencionada norma establece una serie de obligaciones al empresario en relación a la gestión de los riesgos presentes en su organización y derivados del uso, manipulación, almacenamiento o transporte de agentes químicos. Las responsabilidades que a esta figura se le atribuyen son:
• En el cumplimiento de su deber de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, el empresario deberá tomar las medidas preventivas necesarias que se refiere el art. 7 párrafo (1) – (3) de la Ley 319/2006.
• El empresario debe garantizar que el riesgo para la salud y la seguridad en el proceso de trabajo inducida por un agente químico peligroso se elimina o se reduce al mínimo.
• Respetar los valores límites obligatorios incluidos en el Anexo I de la norma y reducir los niveles de exposición lo máximo posible. Los valores límite establecidos son los valores máximos permisibles.
• El empresario determinará la existencia de agentes químicos peligrosos en el trabajo y evaluará los riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores derivados de la presencia de dichos agentes químicos, teniendo en cuenta:
a) Sus propiedades peligrosas;
b) La información proporcionada por el vendedor en la salud y la seguridad, como las hojas de datos de seguridad de acuerdo con la decisión del Gobierno nº. 490/2002, sus modificatorias y complementarias;
c) El nivel, tipo y duración de la exposición;
d) Las condiciones en que el trabajo en la presencia de dichos agentes, incluyendo su importe;
e) Los valores límite de exposición profesional o los valores límite biológico nacional
f) El efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban adoptarse;
• Tomar medidas para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la salud y la seguridad en los procesos de trabajo con agentes químicos peligrosos, en particular, por:
a) El diseño y la organización de los sistemas de trabajo en el lugar de trabajo;
b) El suministro de equipo adecuado para trabajar con agentes químicos, desarrollar y poner en práctica los procedimientos de mantenimiento para asegurar la salud y seguridad en el lugar de trabajo;
c) Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos o potencialmente expuestos;
d) Reducir al mínimo la duración de la exposición y la intensidad;
e) Las medidas de higiene adecuadas;
f) La reducción de la cantidad de agentes químicos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de actividad;
g) Los procedimientos adecuados que incluyen, en particular, a las normas técnicas para la manipulación, almacenamiento y transporte de lugar de trabajo seguro de agentes químicos peligrosos y residuos que contengan tales agentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 18, 22 y 23 de la Ley 319/2006, el empresario deberá garantizar que los trabajadores o sus representantes contarán con:
• Los datos obtenidos en las disposiciones del art. 12-16 y la información adicional siempre que los principales cambios en el lugar de trabajo conduce a un cambio de tales datos;
• Información sobre los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, tales como la identidad de los agentes, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición profesional y las disposiciones legales;
• Formación e información sobre las precauciones y medidas que deben adoptarse para protegerse y proteger a los demás trabajadores en el lugar de trabajo adecuadas;
• El acceso a toda ficha técnica, proporcionada por el proveedor de conformidad con el segundo. VIII de las normas de desarrollo en materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, aprobado por Decisión del Gobierno nº92/2003.
Registros médicos: Cuando una empresa cese su actividad, de salud y exposición se pondrán a disposición de la salud pública del condado y Bucarest.
La Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo hace referencia a los niveles de temperatura en el ambiente de trabajo en el artículo 7.
Durante las horas de trabajo, la temperatura en los ambientes de trabajo debe ser adecuada para los empleados, teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores.
Además de esta obligación de carácter general, existe regulación específica en cuanto a los riesgos profesionales causados por temperaturas extremas. La principal referencia en este sentido la encontramos en el Decreto de urgencia nº 99 de junio del 2000, por el que se recogen las medidas a aplicar en los periodos de temperaturas extremas a efectos de proteger a los trabajadores. Este decreto es de obligado cumplimiento cuando se registren en el lugar de trabajo los siguientes niveles de temperatura:
• 37ºC o nivel más alto de temperatura.
• -20ºC o nivel inferior de temperatura.
Como desarrollo del mencionado decreto, la Decisión 580 del 06/07/2000 incorpora las normas metodológicas para la aplicación de las exigencias normativas contenidas en el Decreto Gubernamental nº 99/2000.
Resolución n º 493 de 12.04.2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados del ruido.
La Decisión del Gobierno 493/2006 establece los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados, o que puedan derivarse de la exposición al ruido, sobre todo el riesgo para el oído. Los valores límite de exposición y los niveles de exposición al ruido que provoca la acción de seguridad del empresario y de la salud.
Para aplicar lo legalmente establecido en la Decisión del Gobierno 493/2006, los valores límite de exposición y los valores de exposición que desencadenan la acción de seguridad del empresario y de la salud en relación con los niveles de exposición diaria al ruido y la presión acústica de pico se fijan como sigue:
• Los valores límite de exposición: L (EX, 8 h) = 87 dB (A), respectivamente, p (pico) = 200 Pa 1);
• Valor de exposición más alta es la acción de disparo es: L (por ejemplo, 8 horas) = 85 dB (A), respectivamente p (pico) = 140 Pa. 2);
• El valor de exposición más bajo que desencadena la acción: L (por ejemplo, 8 horas) = 80 dB (A), respectivamente p (pico) = 112 Pa 3)
Decisión del Gobierno nº 1876 de 22 de diciembre de 2005, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de las vibraciones, establece los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan producirse debido a la exposición a vibraciones mecánicas.
Los valores límite de exposición y los valores de exposición que desencadenan la acción
Publicado en la Gaceta Oficial, Parte I nº 81 del 30/01/2006 Para la vibración mano-brazo:
a) el valor límite de exposición diaria, calculado para un período de referencia de 8 horas es de 5 m/s2;
b) los valores de exposición diaria que se calculan para un período de referencia de 8 horas es de 2,5 m/s2.
La exposición del trabajador a la vibración mano-brazo se evaluará o medirá con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 de la parte A del anexo, que forma parte de esta decisión.
Para la vibración de todo el cuerpo:
a) el límite de exposición diaria, calculada en un período de referencia de 8 horas, se fija en 1,15 m/s2, o bien tener un valor de dosis de vibraciones de 21 m/s1, 75;
b) los valores de exposición diaria que se calculan a partir de un período de referencia de 8 horas, deben ser de 0,5 m/s2, o bien tener un valor de dosis de vibraciones de 9,1 m/s1 75 .
La forma en la que deberá medirse la exposición del trabajador a la fuerza vibratoria transmitida al cuerpo entero viene definida en la Sección 1 del anexo B de la norma.
En Rumanía, el trabajo con agentes biológicos y la gestión preventiva que de ello se deriva viene específicamente regulada en la Decisión 1092, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.
En su artículo 5, la norma establece la clasificación de los agentes biológicos en 4 grupos, en función de su capacidad para incidir negativamente sobre la salud humana:
• Grupo 1 – Los agentes biológicos pueden causar enfermedades humanas;
• Grupo 2 – Los agentes biológicos pueden causar enfermedades humanas y son un peligro para los trabajadores; poco probable que se propague a la colectividad. Existe, en general, profilaxis o tratamiento.
• Grupo 3 – Agentes biológicos que pueden causar enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores; que pueden presentar un riesgo de propagación a la comunidad, pero no existe profilaxis o un tratamiento suele ser eficaz.
• Grupo 4 – Agentes biológicos que pueden causar enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los trabajadores; que pueden presentar un alto riesgo de propagación a la comunidad y no existe profilaxis o tratamiento eficaz.
El empresario tiene la obligación legal de identificar y evaluar los niveles de contaminantes biológicos a los que están (o pueden llegar a estar) expuestos los trabajadores a su cargo. Para la correcta identificación y evaluación, la evaluación se basará en la información disponible y sobre la base de los siguientes elementos:
• Clasificación de los agentes biológicos, según los criterios anteriormente comentados.
• Las recomendaciones emitidas por los inspectores de trabajo y / o las autoridades de salud pública, en las que se indica la necesidad de controlar la presencia de un agente biológico con el fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos.
• Información sobre las enfermedades que se pueden contratar debido a la labor de los trabajadores;
• Efectos alérgicos y toxigénicos que pueden resultar debido a la labor de los trabajadores;
• Hacer una especial consideración sobre aquellos trabajadores que ya acarreen una enfermedad profesional.
Cabe tener en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la norma, el cual indica que si los resultados de la evaluación de riesgos muestran que la exposición, o exposición potencial, se relaciona con un agente biológico del grupo 1, las obligaciones contenidas entre los artículos 11 y 34 no serían de aplicación, pudiéndose aplicar simplemente las disposiciones generales de seguridad, salud e higiene en el trabajo. De no ser así, el empresario deberá llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar la exposición al agente biológico en cuestión. Cuando esto no sea posible, teniendo en cuenta la actividad y la evaluación de riesgos, el empresario debe reducir el riesgo de la exposición a un nivel lo suficientemente bajo como para proteger adecuadamente la salud y la seguridad de los trabajadores de que se trate, aplicando para ello las siguientes medidas:
• Limitar a un nivel lo más bajo posible el número de trabajadores expuestos o potencialmente expuestos;
• El diseño de los procesos de trabajo y las medidas técnicas orientada a evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo;
• Las medidas de higiene adecuadas para evitar o reducir al mínimo la transferencia objetiva o liberación accidental de un agente biológico fuera del lugar de trabajo;
• Medidas de protección colectivas y / o medidas de protección cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios;
• El uso de paneles que indican riesgo biológico, de acuerdo con el anexo 2 de la Decisión 1092, y otras señales de aviso pertinentes;
• La elaboración de planes que se aplicarán en caso de accidentes relacionados con agentes biológicos;
• Si es necesario y técnicamente posible, fuera del confinamiento físico primario detectar la presencia de agentes biológicos utilizados en el trabajo;
Según el artículo 22, el empresario debe hacer un inventario de los trabajadores expuestos a la lista de agentes biológicos de los grupos 3 y / o 4 de la labor llevada a cabo y, cuando sea posible, el agente biológico al que hayan estado expuestas y, en su caso, los datos de exposiciones, accidentes e incidentes.
Esta lista de trabajadores expuestos a agentes biológicos de los grupos 3 y / o 4 se mantiene durante al menos 10 años después de la exposición, de acuerdo con la ley. Pudiendo llegar a 40 años.
Si la evaluación pone de manifiesto un riesgo para la seguridad y la salud causado por la exposición a agentes biológicos contra los que existan vacunas eficaces, el empresario deberá proporcionar la vacunación.
La vacunación debe realizarse de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Rumanía. Los trabajadores deben ser informados sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación y su ausencia.
La vacunación no debe implicar costos financieros para los trabajadores.
Podría ser emitido un certificado de vacunación, expedido al trabajador de que se trate y, previa solicitud, por la Autoridad de Salud Pública del Condado o de Bucarest.
La principal norma del ordenamiento jurídico rumano en materia de seguridad y salud referente a la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto viene dada por la Decisión del Gobierno nº 1875 de 22 de diciembre de 2005.
Esta Decisión se aplica a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos durante su actividad, el polvo liberado de amianto o de materiales que contengan amianto.
En su artículo 5 se indica que los empresarios deben asegurarse de que ningún trabajador esté expuesto a concentraciones de amianto en el aire superior a 0,1 fibras por cm3 medidas relativas a una media ponderada en el tiempo durante un período 8 horas (TWA).
En el artículo 8 se establece que cualquier actividad que pueda suponer un riesgo de exposición al polvo procedente del amianto, o de materiales que contengan amianto, el empresario debe haber realizado esta evaluación de riesgos, a fin de determinar la naturaleza de la exposición, la variedad respectivamente mineralógicos de amianto y tamaño de la fibra, y el grado de exposición de los trabajadores al polvo procedente del amianto o de materiales que contengan amianto.
El artículo 11 indica que las actividades a las que se refiere el art. 4 están sujetas a un sistema de notificación coordinada por la Inspección del Trabajo y la Autoridad de Salud Pública del Condado o de Bucarest.
El artículo 12 indica que, antes de iniciar el trabajo, el empresario tiene que mandar notificar a la Inspección del Trabajo Territorial.
El artículo 13 sobre notificación, de conformidad con el art. 12, deberá contener, como mínimo:
a) Una breve descripción de la obra;
b) Una breve descripción del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado;
c) Una breve descripción de las actividades y procesos involucrados;
d) El número de trabajadores implicados;
e) Fecha de comienzo de los trabajos y la duración de la actividad;
f) Una breve descripción de las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al amianto.
Según el artículo 14 los trabajadores y/o sus representantes en la empresa/unidad deben tener acceso al documento de notificación en la organización / unidad en el que operan.
Según el artículo 15, el empresario debe presentar una nueva notificación cuando sea probable que un incremento significativo de la exposición al polvo procedente del amianto, o de materiales que contengan amianto, conduzca a un cambio en las condiciones de trabajo.
Por el artículo 31, el empresario deberá establecer un plan de trabajo antes del comienzo de demolición o de retirada de amianto y / o materiales que contienen amianto en edificios, estructuras, maquinaria y barcos. Además el plan mencionado debe prever medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo:
• Retirada de amianto y / o materiales que contengan amianto antes de las técnicas de demolición se aplican, salvo que eliminaría un mayor riesgo para los trabajadores que si el amianto y / o materiales que contengan amianto se deben dejar allí donde es;
• Asegurar, si el equipo de protección necesario, personal especificado en el art. 28 letras. a);
• Comprobar la ausencia de la exposición al amianto en el trabajo después de terminar la remoción de asbesto y demolición.
• El plan de trabajo debe incluir información sobre:
o La naturaleza y duración probable de los trabajos;
o Cuando se llevará a cabo el trabajo;
o Los métodos empleados, cuando los trabajos impliquen la manipulación de amianto o de materiales que contengan amianto;
o Las características de los equipos utilizados para la protección y la descontaminación del personal encargado de la obra;
o Los métodos para la protección de otras personas presentes en el lugar donde el trabajo se lleva a cabo o en su cercanía.
A petición de la inspección del trabajo y del condado direcciones de salud pública territoriales y Bucarest, el empresario debe presentar el plan previamente al inicio de los trabajos, excepto en casos de emergencia.
Por el artículo 43 el empresario debe mantener un registro de los trabajadores asignados para llevar a cabo las actividades mencionadas en el art. 4 en un registro en el que se indicará la naturaleza y duración de su actividad y la exposición a la que están sujetos. El médico responsable de supervisar el trabajo de la salud puede tener acceso al registro. Cada trabajador interesado tendrá acceso a sus propios resultados contenidos en el registro mencionado. Los trabajadores y/o sus representantes en la empresa o centro tengan acceso a las informaciones colectivas anónimas que figuran en el registro mencionado en el párr. (1).
El registro contemplado en el art. 43 y los historiales médicos contemplados en él deben mantenerse al menos 40 años después del cese de la exposición. Cuando la empresa cese su actividad, el empresario debe entregar las direcciones de salud pública del condado y los documentos de Bucarest que se refiere el párrafo (1), de acuerdo con la normativa vigente.
En la Decisión nº 1136 de 30/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos se indica que los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos deberán eliminarse o reducirse al mínimo, teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.
Los límites de exposición a radiaciones vienen definidos en la propia Decisión, publicada en la Gaceta Oficial, Parte I nº 769 del 11/09/2006. Los valores límite de exposición son definidos en función de la frecuencia y presentan las siguientes cantidades:
a) Los valores límite de la exposición sirven para la densidad de corriente para campos variables en el tiempo hasta 1 Hz, para prevenir los efectos sobre el sistema nervioso central y cardiovascular;
b) Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan valores límite de exposición para la densidad de corriente con el fin de prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso central;
c) Entre 100 kHz y 10 GHz valores límite de exposición se proporcionan en el SAR para prevenir la fatiga calorífica de cuerpo entero calentamiento local excesivo de los tejidos. En la gama de frecuencias entre 100 kHz y 10 MHz valores límite de exposición se proporcionan en la densidad de corriente y el SAR;
d) Entre 10 GHz y 300 GHz, proporciona los límites de exposición para la densidad de potencia con el fin de prevenir un calentamiento excesivo del tejido en o cerca del área de superficie corporal.
La Decisión nº. 1093 del 16/08/2006 establece los requisitos mínimos de salud y seguridad para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Incluye entre otras, a la radiación solar excesiva.
Si los resultados de la evaluación contemplada en el art. 6 de la Decisión nº 1136 destacan un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, el empresario deberá proporcionar a la inspección del trabajo territorial y/o del condado autoridad de salud pública o de Bucarest, previa solicitud, información adecuada.
La Decisión nº 1091 de 16/08/2006 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo en el Art. 23 trata sobre los principios ergonómicos, véase:
23.1. Dimensión laboral se realiza de acuerdo a la anatomía particular, el cuerpo humano fisiológico y psicológico, y el tamaño y características de los equipos de trabajo, el trabajo de los muebles, el movimiento obrero y en la distancia de seguridad la actividad. Los dispositivos compatibles con la manipulación de las masas, y la necesidad de asegurar que el confort psicofísico.
23.2. Eliminación de posiciones forzadas, trabajador del cuerpo natural y proporcionar oportunidades cambian de posición durante el funcionamiento se logra mediante la organización de trabajo, optimizando el flujo de procesos y el uso de equipos de trabajo que cumplen la normativa.
23.3. Los lugares de trabajo que están trabajando en una posición sentada, estarán equipados con bien diseñado sillas de características antropométricas y funcionales del cuerpo humano, y el trabajo que se lleva a cabo, en correlación con la altura del asiento del plano de trabajo.
23.4. En los lugares de trabajo donde el trabajo en posición ortostática debe estar asegurado, por lo general significa colocar al trabajador, al menos, durante cortos períodos de tiempo (por ejemplo, sillas, bancos).
Mesa de trabajo 23.5. Equipo y banco deben proporcionar suficiente espacio para las piernas de apoyo cómodo y estable durante la actividad, con la posibilidad de su movimiento.
23.6. La altura de plan de trabajo sentado está determinada por la visión de la distancia óptima, trabajos de precisión, las características antropométricas del trabajador y la magnitud del esfuerzo de las extremidades superiores.
23.7. Para evitar la torsión y movimientos del cuerpo y muy amplios movimientos de los brazos de flexión, se deben tomar las medidas apropiadas para organizar el flujo de manejo adecuado tecnológico de materias primas y productos de equipos de trabajo al que el trabajador interviene directamente.
No existe normativa en Rumanía con referencias a riesgos psicosociales
No se requiere de ninguna vacunación en concreto para poder acceder al país.
Dicho esto, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Gobierno de España, se recomiendan las siguientes vacunaciones:
RUMANIA TETANOS-DIFTERIA
RUMANIA HEPATITIS B
RUMANIA GRIPE
RUMANIA HEPATITIS A
Además de las mencionadas vacunaciones, se recomienda la vacunación contra la rabia en caso de ser mordido por un perro.
A efectos de garantizar la cobertura del trabajador en el país de destino, la empresa debe asegurar el acceso lícito por parte del empleado al sistema sanitario del país: en el caso de Rumanía resulta válida la Tarjeta Sanitaria Europea. Con este documento, el trabajador tendrá acceso a las mismas prestaciones básicas de atención médica que los asegurados rumanos.
Cabe destacar que la TSE equipara los derechos a la asistencia sanitaria del trabajador a los asegurados del seguro obligatorio del país de destino. En el caso de Rumanía, determinados servicios médicos como el dental o el oftalmológico, por ejemplo, son de pago para el asegurado rumano y para el trabajador allí desplazado.
En caso de olvido, extravío, robo o dilatación de los trámites, la Seguridad Social española puede hacer entrega al trabajador de un Certificado Provisional Sustitutorio. Este certificado otorga los mismos derechos que la TSE, si bien es válida tan solo por 3 meses.
Por último, pese al grado de protección que otorga la TSE, se recomienda la contratación de un seguro médico privado que permita al empleado acceder a la asistencia médica de carácter privado.
La seguridad en Rumanía es variable, y conviene informarse de la zona o barrio que uno pretende visitar durante el viaje. En las grandes ciudades conviene tomar las precauciones habituales en cualquier viaje. En las zonas rurales es bastante seguro.
Recomendaciones de autoprotección y seguridad:
Aunque la policía de Bucarest ha conseguido considerables avances en la lucha contra los pequeños delitos contra la propiedad, cuyas víctimas son mayoritariamente extranjeros, el viajero puede sufrir este tipo de hechos que suelen producirse en el centro de la ciudad y en las cercanías de los hoteles internacionales, estaciones de autobuses o ferrocarril.
Se recomienda no perder de vista los objetos personales en lugares públicos o medios de transporte ni dejar objetos a la vista en el interior de los coches.
Algunos timos frecuentes son ejecutados por personas que fingen ser policías de paisano que tratarán de hacerle creer que Usted ha cometido alguna infracción. En estos casos, trate de conservar la calma, exija la presencia de una patrulla policial de uniforme y no entregue ninguna documentación, dinero o efectos personales.
Zonas de riesgo (deben ser evitadas): No hay
Zonas de riesgo medio: No hay
En general, se puede afirmar que las condiciones sanitarias en el país son aceptables, si bien éstas divergen mucho en función de la zona (entorno urbano o rural) en la que el paciente vaya a recibir tratamiento.
El sistema público de salud rumano se resiente de la situación económica que atraviesa el país y, aunque hay buenos médicos, las instalaciones y medios sanitarios son bastante deficientes en comparación con los europeos occidentales. No obstante, estas diferencias se ven considerablemente reducidas si se hace referencia a los hospitales privados del país y ubicados en las principales ciudades de Rumanía.
Es precisamente por eso que, además de la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea, se recomienda la suscripción de una póliza de seguro médico de viaje con la que poder acceder a clínicas privadas. Conviene que esta póliza contenga además en su paquete de cobertura los gastos devengados de la repatriación del trabajador.
En cuanto a la disposición de medicamentos, no existen problemas de disposición de los mismos y son puestos a la venta en farmacias, si bien algunos de ellos necesitan de receta médica para su adquisición. La posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea permite al trabajador desplazado poder optar a la adquisición de receta y medicamentos de forma gratuita. Por lo contrario, deberá abonar un importe por el servicio médico.
Los riesgos naturales más importantes en Rumanía los constituyen las inundaciones y los movimientos sísmicos, algunas de las zonas del país presentan una actividad sísmica considerable.
Por otro lado, el centro de Rumanía está considerado como zona de riesgo sísmico, si bien la probabilidad de un terremoto de grandes dimensiones es baja.
Sequías, altas temperaturas, incendios y desprendimientos de tierra son fenómenos susceptibles de materializarse de forma ocasional a lo largo del país.
Validez del permiso de conducción:
El permiso de conducir español es válido para conducir en Rumanía durante 90 días desde su entrada en territorio rumano. Posteriormente a tal fecha, el interesado deberá proceder al canje u obtención de un documento válido en el país.
Canje del permiso de conducción:
Los ciudadanos españoles, residentes en Rumanía, titulares de permisos de conducción españoles, podrán solicitar el canje de dicho permiso por documento similar rumano, conforme a lo establecido en la Directiva2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 diciembre de 2006 sobre el permiso de conducción.
Dicha Directiva establece que la sustitución de un permiso de conducción debida a extravío o robo podrá obtenerse exclusivamente de las autoridades competentes del Estado miembro en que el titular tenga su residencia usual.
A tal efecto, los ciudadanos españoles presentarán en la Policía de Tráfico de la localidad donde residan, la siguiente documentación:
1. Permiso de conducción español en original y la traducción del mismo al idioma rumano.
2. El pasaporte español: original y una fotocopia.
3. La tarjeta de residencia en Rumanía: original y una fotocopia.
4. El impreso conteniendo los datos del solicitante, completado a máquina.
5. La certificación médica realizada en el centro médico (policlínica) de la marcación territorial donde resida el solicitante, conforme al Art.57 c) del Anejo a la Decisión de Gobierno nº 85/2003.
6. La certificación psicológica conforme a la normativa anteriormente señalada.
7. Certificación de antecedentes penales de España y su traducción al idioma rumano.
8. Declaración ante notario rumano (declaratie pe propria raspundere), de que el permiso de conducción español presentado no es falso y que el titular no posee otro permiso de conducción español o rumano.
9. El recibo de haber pagado la tasa correspondiente. Actualmente la tasa es de 68 RON y se abona en CEC (Casa de Economii si Consemnatiuni).
10. Dos fotografías para permisos de conducción que se toman en la misma Policía de Tráfico.
Normas del código de circulación de Rumanía:
Está severamente penalizado conducir bajo los efectos del alcohol. La tasa de alcoholemia autorizada es 0 mg. Los controles son frecuentes y la sanción puede llevar aparejada la retirada del permiso de conducir.
A pesar de las mejoras experimentadas por las infraestructuras en los últimos años, algunos tramos de carretera pueden ser deficientes. La velocidad máxima permitida es de 130 km/h en autopistas y autovías, 100 o 90 km/h en carreteras nacionales y 50 km/h en zonas urbanas. Hay que tener en cuenta que las carreteras atraviesan frecuentemente áreas urbanas en las que hay que reducir la velocidad a 50 km/h.
A la entrada en Rumanía, el ciudadano extranjero que viaja en coche, tiene que comprar una pegatina («rovinieta») para circular por las carreteras nacionales (se trata de una tasa obligatoria). En función del periodo de estancia, la pegatina puede ser válida un día, una semana, un mes, tres meses o un año y se puede comprar en los puntos aduaneros, en las gasolineras OMV, PETROM, MOL, oficinas de correo, por internet, etc. La falta de este documento se sanciona con multa.
Antes de emprender un viaje, especialmente si las condiciones meteorológicas son malas, es recomendable consultar la situación de las carreteras en el servicio “Infotrafic” de la Policía rumana. En el invierno la legislación obliga a utilizar ruedas de invierno cuando hay nieve o hielo en las carreteras. De no hacerlo, las multas pueden llegar a 4.000 lei (aproximadamente 900 €).
Al conducir de noche, hay que prestar atención especial a los vehículos que incumplen las normas de autoseñalización, y a los peatones y a vehículos de tracción animal.
También puede darse el caso de agresividad verbal por parte de algunos conductores.
La moneda nacional es el leu (en plural, lei) y su denominación en los mercados internacionales es RON.
Las divisas más aceptadas son el euro y el dólar de EE.UU. Se puede cambiar al tipo oficial en las entidades bancarias o en las agencias de cambio legalmente establecidas. El tipo de cambio puede variar ligeramente entre unas agencias y otras. Está prohibido cambiar divisas fuera de los establecimientos autorizados. El uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito está generalizado en el área de Bucarest y otras grandes ciudades (Cluj, Timisoara, Sibiu, Brasov, Craiova, Iasi, etc.).
La diferencia horaria de Rumanía con respecto a España varía en función de la época del año:
• En Invierno: UTC+2 (CET)
• En verano: UTC+3 (CEST)
En cuanto al horario laboral estándar en el país, la jornada de trabajo a tiempo completo suele ir de 8:00-9:00 de la mañana a 17:00-18:00 de la tarde.
Los días considerados como festivos nacionales en Rumanía son los siguientes:
2 de Enero – Día después de Año nuevo
Abril-Mayo – Semana Santa ortodoxa (El lunes después de Pascua)
Mayo-Junio – Pentecostés (Día 50 y 51 después de la semana santa ortodoxa)
15 de Agosto – Fuerzas Navales de Rumanía (Santa María)
30 de Noviembre – San Andrés (Patrón de Rumania)
1 de Diciembre – Día Nacional de Rumania
Otra información relevante para el personal desplazado:
• Tipo de enchufe telefónico: RJ-11
• Tipo de enchufe eléctrico: Tipo C, de patilla fina y sin toma de tierra, y tipo F
Trámites personales de registro ante la embajada (relacionados con su situación de residentes/ no residentes en el extranjero para las autoridades españolas):
“No Residentes” (también llamados comúnmente transeúntes): Para aquellos españoles que proyectan una estancia temporal en Rumanía sin intención de ser permanente, por un tiempo inferior a un año y sin cambiar su empadronamiento anterior.
Acreditación de la identidad (D.N.I. y/o pasaporte)
La inscripción como “No Residente” concluye a solicitud del interesado o automáticamente al transcurrir un año.
“Residentes”: Para aquellos españoles con intención de establecer su residencia habitual en Rumanía, cambiando por tanto el empadronamiento y la inscripción en el censo electoral.
Formulario debidamente cumplimentado: Solicitud de inscripción como residente.
Acreditación documental de la residencia habitual en Rumanía. Ejemplos de documentos admisibles a este efecto:
Certificado de residente extranjero en Rumanía (CNP)
Inscripción escolar, universitaria, etc.
Acreditación de alojamiento (alquiler, propiedad, invitación, etc.)
Advertencia: La realización de determinadas gestiones en España puede suponer la baja automática como Residente en el Registro de Matrícula de la Embajada (por ejemplo ante un Ayuntamiento o Comisaría de Policía). Si su interés es el de seguir dado de alta, conviene informarse de ello ante el organismo español o comprobar ante la Embajada si continúa registrado como Residente.
Trámites personales de registro ante las autoridades rumanas:
Si durante ese periodo inicial de estancia, se desea permanecer en el país por un tiempo superior a los tres meses, deberá solicitar personalmente la inscripción como residente en la Dirección Provincial de la Comisaría de Extranjería correspondiente a su lugar de domicilio. El mismo día que solicite Ud. la inscripción en dicha Dirección, la administración rumana le entregará un Certificado de Registro (“Certificat de Inregistrare”) a efectos de residencia que incluye el número único de registro asignado (CNP: Código Numérico Personal).
Información sobre actividades laborales en Rumanía:
Si la estancia es superior a tres meses, es obligatorio registrarse en la Oficina Rumana para Inmigración correspondiente a la localidad de su residencia.
Para viajar a Rumanía sin un permiso de residencia permanente, hay que solicitar un visado en la misión diplomática de Rumanía que le corresponde según el domicilio en España (si en la parte de atrás de la tarjeta no aparece la mención “PERMANENTE”, “LARGA DURACION” o “RESIDENTE”).
El período de espera para la resolución de la solicitud de visado es de unos 10 días. Si para solucionar las solicitudes no es competente la misión diplomática, este período se puede prorrogar hasta 30 días.
Todos los documentos se presentarán en original y fotocopia.
La tasa de visado es de 60 Euros y se abonará en la Sección Consular a la hora de solicitar el visado.