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Timestamp: 2020-08-07 21:57:15
Document Index: 192480099

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 156', 'artículo 116', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 15', 'artículo 55', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 56', 'artículo 55', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 58', 'artículo 6']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 463, de 15/03/2018
cve: DSCD-12-CO-463
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 463
- Sobre la modificación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, para que su aplicación no dé lugar a discriminaciones indirectas por razón de sexo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002283) ... (Página2)
- Relativa a la reducción de la contratación temporal y a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002630) ... (Página6)
- Sobre establecimiento de un sistema de bonus/malus que fomente la contratación indefinida. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002894) ... (Página12)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el futuro del trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002959) ... (Página17)
- Relativa a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones el próximo 1 de enero de 2019. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002967) ... (Página21)
- Relativa a impulsar la puesta en marcha de la tarjeta social universal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003020) ... (Página27)
Se abre la sesión a las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1299/2006, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PARA QUE SU APLICACIÓN NO DÉ LUGAR A DISCRIMINACIONES INDIRECTAS POR RAZÓN DE SEXO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002283).
El señor PRESIDENTE: Abrimos esta sesión con un orden del día integrado por el debate y votación de proposiciones no de ley. El presidente comunica a la Comisión que no votaremos antes de las 13:30. Así que les animo a la concreción.
En primer lugar debatiremos la proposición no de ley sobre la modificación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, para que su aplicación no dé lugar a discriminaciones indirectas por razón de sexo. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora González Bayo, por un tiempo no superior a siete minutos.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero felicitar desde aquí a todas las mujeres que salieron a la calle el día 8 de marzo a decir alto y claro que los privilegios masculinos implícitos en nuestra sociedad han llegado a su fin. Pero también quiero felicitar a todos aquellos hombres que nos acompañaron en esta reivindicación. El Grupo Parlamentario Socialista viene trabajando a favor de una sociedad igualitaria, como ha demostrado cuando hemos gobernado en España y como demostramos cada día en aquellas comunidades autónomas donde hoy gobernamos, con leyes y con acciones. El presidente Zapatero pasará a la historia como el presidente más feminista que ha tenido este país, porque puso en marcha una ley por la igualdad y posteriormente la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto demostró que la sociedad española iba por delante de otras sociedades europeas. Muchas veces los españoles miramos a nuestros vecinos con complejo de inferioridad. Pues en esto hicimos una sociedad más justa y vamos por delante de Alemania, Francia o Suecia en la lucha contra la violencia machista y la igualdad.
El reconocimiento de la igualdad formal en la ley y los instrumentos jurídicos diseñados para garantizarlo, sobre todo en la Ley de Igualdad, fueron un paso importante, pero tenemos que seguir avanzando en ella. Por eso hoy traemos aquí una iniciativa. Tenemos que seguir avanzando porque nuestra sociedad todavía sigue resintiéndose de la brecha salarial, de la violencia de género, de la discriminación de la mujer en las pensiones de viudedad, de la escasa presencia de mujeres en puestos de relevancia, tanto en política como en el ámbito social, de la cultura o la economía, y también en la vida, en la conciliación, en el reparto de tareas, para poder disfrutar hombres y mujeres de su tiempo libre, de la vida laboral y también de la familia. Tenemos muchas tareas pendientes todavía como sociedad en las que tenemos que avanzar. A veces subsisten en las leyes, directa o indirectamente, discriminaciones que dejan a la mujer en un papel inferior frente al hombre y tenemos que eliminar todos esos obstáculos y estereotipos sociales que hacen que las mujeres vayamos por detrás. Estas fueron las reivindicaciones, entre otras muchas, de las mujeres que salieron el día 8 de marzo a la calle.
Esta iniciativa que traemos aquí juega un papel fundamental, porque en la lucha por la igualdad de género en el ámbito laboral son determinantes las actuaciones que se hacen en materia de seguridad y salud laboral; son actuaciones sobre las que no se ha incidido ni legislativamente ni en la práctica empresarial relacionadas con la gestión de la prevención. Y si bien este tratamiento se ha ido ampliando progresivamente, este enfoque neutro que tiene ahora mismo nuestra legislación lleva a ocultar o a ignorar la diferencia de género en la gestión de la prevención y subestima la magnitud de aquellos riesgos que afectan especialmente a las profesiones donde mayoritariamente están representadas las mujeres, y obvia las soluciones preventivas más adecuadas en aspectos con la mayor incidencia de riesgos psicosociales debido a la situación de la mujer en el mercado de trabajo y su mayor implicación en el cuidado de la familia y las dificultades que se encuentra a la hora de la conciliación o la mayor incidencia de riesgos ergonómicos, poco identificados y planificados por las empresas. La segregación ocupacional incide de forma directa en la prevención de riesgos laborales y en el deterioro de la salud de las mujeres trabajadores, pues, como todos sabemos, existen ocupaciones que están muy feminizadas, como
limpiadoras, camareras de piso, mariscadoras, manipuladoras de fruta, auxiliares sanitarias, cajeras, planchadoras, costureras, trabajadoras de ayuda a domicilio y así podría seguir con otras muchas que engloban a miles de mujeres en esta sociedad. Un elemento que es determinante es la exigencia de movimientos repetitivos; todas estas profesiones llevan movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de productos y actividades en las que la mujer está expuesta intensivamente a riesgos musculoesqueléticos que suelen derivar en procesos de enfermedades profesionales en los que aspectos de la gestión de la prevención como la ergonomía o la organización del trabajo deberían formar parte de los objetivos preventivos de todas las empresas de este país.
En este orden de cosas, no es solo que no se dé la suficiente relevancia a la influencia de los aspectos de género en la gestión de la prevención y la salud laboral, pues la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo no hacen ninguna otra referencia al género como aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar -no planifican ni adoptan medidas preventivas más allá de las medidas que vienen vinculadas a la maternidad-, sino que el contenido y aplicación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social es claramente discriminatorio, ya que el concepto de enfermedad profesional viene previsto en el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que una enfermedad profesional tiene que tener tres ítems importantes: que la enfermedad sea contraída a consecuencia del trabajo prestado por cuenta ajena, que la enfermedad sea consecuencia de la actividad que se especifica en el cuadro reglamentario y que la patología proceda de la acción de elementos o sustancias incluidas en el cuadro reglamentario que se indica para cada enfermedad profesional. Esto tiene una gran relevancia, pues en las enfermedades listadas en este cuadro como tales no es necesaria la prueba de nexo causal lesión-trabajo en virtud de esta presunción. Al trabajador no se le exige ninguna prueba de laboralidad sino que es directamente contingencia profesional.
Las enfermedades profesionales no incluidas en el cuadro pero que sean ocasionadas por el desempeño del trabajo serán tipificadas como accidentes de trabajo, pero esto implica la necesidad de litigar. Entre ellas se encuentran principalmente las de aquellas profesiones desempeñadas por mujeres, enfermedades profesionales provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. El cuadro solo contempla a pintores, escayolistas, montadores de estructuras, mecánicos, chapistas, caldereros. Seguramente haya mujeres que desarrollen estas profesiones, pero mayoritariamente las mujeres desempeñan otras profesiones. Por eso, hoy el Grupo Parlamentario Socialista trae aquí una iniciativa que lo único que persigue es que ante una misma dolencia hombres y mujeres seamos tratados de igual manera.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, así que pasamos al turno de fijación de posiciones, por un tiempo no superior a tres minutos. No veo a ningún miembro del Grupo Mixto. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Barandiaran.
Intervendré solo un momento para señalar nuestra conformidad con el planteamiento de la proposición no de ley. Ya hemos comentado con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la materia que estamos de acuerdo no tanto en la referencia a determinadas enfermedades profesionales, sino en el reconocimiento de que ciertas patologías se deben asociar a una situación determinada de incapacidad, que al fin y al cabo es lo que un nuevo reglamento debe desarrollar. En todo caso, no solo entendemos los motivos y la justificación de la proposición no de ley, sino hasta la propia redacción, aunque nos gustaría en su momento -y, si hubiera oportunidad, en un reglamento- poder matizarla.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una proposición no de ley relativa a la modificación del Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social para que su aplicación no dé lugar a una discriminación indirecta por razón de
sexo. Señorías, después del día reivindicativo del 8 de marzo, nos parece muy apropiado traer esta proposición no de ley a la Comisión en el día de hoy. En la actualidad nos encontramos con profesiones mayoritariamente desarrolladas por hombres y otras mayoritariamente desarrolladas por mujeres, ya que en muchas ocasiones son adjudicadas por parte de la sociedad a uno u otro sexo, incluso llegando a discriminaciones para el acceso a la profesión. En este real decreto se enumeran de manera taxativa las enfermedades de profesiones que -curiosamente- son realizadas mayoritariamente por hombres y que por tanto tienen una presunción iuris et de iure. Las enfermedades causadas por la actividad laboral en aquellas profesiones no reconocidas, que son mayoritariamente realizadas por mujeres, no gozan de esa presunción y las enfermas tienen que acudir a los tribunales para que se les reconozcan además del calvario de tener la enfermedad.
Señorías, recientemente la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia ha emitido una resolución por la que se reconoce por primera vez el síndrome del túnel carpiano de una vendedora como enfermedad profesional. En su puesto de trabajo esta vendedora realiza tareas tales como empaquetar y grapar muebles, mover objetos de considerable peso y tareas de limpieza y sufre el síndrome del túnel carpiano en ambas muñecas debido a las posturas forzadas y a la manipulación manual de carga que implican las condiciones de su trabajo. Por otra parte, una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha reconocido como enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano a una trabajadora de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Asimismo, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para determinar si se trata de una enfermedad profesional tiene que cumplirse alguno de los tres requisitos que exige la norma para ello: que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinen o que esté provocada por la acción de elementos o sustancias que se determinen para cada enfermedad. Además, la doctrina del Tribunal Supremo normaliza una lista abierta en la que podrían tener encaje otras profesiones o actividades. Por tanto, señorías, compartimos plenamente la necesidad de actualizar la lista de enfermedades y de que queden establecidas para que esos trabajadores y esas trabajadoras que no tienen reconocidas esas enfermedades profesionales en el catálogo del real decreto y cumplan con los requisitos de enfermedad laboral no pasen un calvario teniendo que acudir a los tribunales de justicia. Por todo ello, apoyaremos la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente.
La propuesta denuncia la segregación ocupacional que provoca la discriminación de género existente en el catálogo de enfermedades profesionales, que está, como ya han dicho los grupos anteriores, en el anexo 1 del Real Decreto 1299/2006. Este cuadro determina las patologías asociadas a la ocupación y establece una presunción de causa laboral a favor del trabajador o la trabajadora cuando padece una patología de las contenidas en el cuadro. En esta iniciativa se denuncia que, para las profesiones masculinizadas, como construcción, pintores, escayolistas, mecánicos, chapistas, caldereros, etcétera, se prevén como enfermedades profesionales las provocadas por posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, inflamación de las vainas tendinosas, mientras que no se contempla en el cuadro la presunción de laboralidad de las enfermedades derivadas de la actividad de profesiones más feminizadas, como pueden ser las del sector textil y confección, enseñanza, hostelería y comercio, sanidad, camareras de piso, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajo doméstico y un largo etcétera. En estas profesiones están expuestas a los mismos riesgos ergonómicos y psicosociales y se obliga a estas mujeres enfermas a litigar para determinar esa contingencia como profesional. Esta situación provoca una evidente discriminación de género en la misma catalogación de las enfermedades profesionales, como ya se puso de manifiesto recientemente en una sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Como no podría ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa. Nos parece muy pertinente. Han pasado diez años desde la aprobación del catálogo de estas enfermedades profesionales y es más que obvio que es necesaria la actualización de las mismas. Hoy en día en nuestro mercado laboral predomina aún más el sector servicios y es imprescindible adaptar este catálogo a esa nueva realidad. Cada día más
trabajadoras y trabajadores se encuentran desamparados ante la falta de reconocimiento de la causa profesional de las enfermedades que les impiden trabajar. Como ya dije antes, son trabajadoras de la sanidad, profesionales de la dependencia, bomberos forestales, profesionales del sector de la hostelería, de la agroalimentación, del marisqueo, etcétera. A esto se une además -que no han sido nombradas aquí- las malas prácticas de las mutualidades privadas que se encargan de la gestión y la cobertura de las enfermedades profesionales y que sistemáticamente niegan la causa profesional de estas patologías para maximizar el beneficio. A esto hay que sumar la facilitación del despido por absentismo justificado establecido en la reforma laboral de 2012. La consecuencia es que cada vez más trabajadoras se ven obligadas, forzadas a elegir entre la precariedad y el previsible despido o acudir a trabajar pese a parecer enfermedad profesional, con el consiguiente daño no solo a su salud individual sino también a la salud pública.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Reynés.
La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías.
Nuestro compañero de Ciudadanos comentaba que este debate tiene mucho sentido, pues está enmarcado en lo que hemos estado debatiendo estos días en el Pleno por el hecho de haber estado celebrando el Día Internacional de la Mujer. Creo que ha quedado muy claro por parte de todos los partidos que estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando para conseguir la igualdad plena y efectiva y que lo hemos de hacer todos juntos. Yo creo que eso ha salido de todos esos debates.
El Grupo Socialista presenta hoy esta propuesta de modificación del Real Decreto 1299/2006. La cobertura de la Seguridad Social de las enfermedades causadas por el trabajo se realiza bien a través de un reconocimiento automático de la enfermedad profesional, según el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, o bien por aplicación del artículo 156.2 e) y f) de la Ley General de la Seguridad Social, que reconoce que las enfermedades no catalogadas en el cuadro de enfermedades profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo serán consideradas accidente de trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo causa exclusiva en la ejecución del mismo.
Con la publicación de este real decreto se aprobó un nuevo cuadro de enfermedades profesionales y se introdujeron importantes modificaciones respecto al anterior, suponiendo eso una actualización importante y adecuada a la lista de la realidad productiva, así como a los nuevos procesos productivos de organización. Es posible justificar con datos que este real decreto no da lugar a discriminación, tanto en hombres como en mujeres, ya que la mayor concentración de enfermedades se produce en el grupo 2 de agentes físicos, al que pertenecen el 81,05 % de los partes en el caso de los hombres y el 83,36 % en el caso de las mujeres, tal y como esta tabla de Cepross demuestra. Por tanto, a pesar de que digamos que este real decreto no garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, creo que queda muy claro que las enfermedades causadas por agentes físicos tienen un tanto por ciento más elevado en mujeres. A la vista de esta información, nuestro grupo parlamentario opina que en la lista de enfermedades profesionales no existe discriminación por razón de género. He leído una sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda interpuesta por una trabajadora, donde dicho tribunal falla que el sistema de declaración de enfermedades utilizado en España -es una lista cerrada-, el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, más la posibilidad de considerar accidente de trabajo a las enfermedades que no constan en esa lista es la fórmula recomendada por la Organización Internacional del Trabajo de las tres posibles, porque las otras dos son la lista única sin la posibilidad de añadir ninguna otra enfermedad, y la valoración en cada caso de si la enfermedad es profesional sin la existencia de lista. Sigue diciendo, y creo que es lo más importante en este caso concreto, que los profesionales médicos pueden consultar las directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales, que son unos estudios hechos por unos expertos de sanidad y en este caso relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos. La sentencia sigue diciendo los casos en que se produzca un apoyo prolongado y repetido, de forma directa o indirecta, sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión, movimientos extremos de hipoflexión y de hiperextensión, trabajos que requieran movimientos repetidos, etcétera, y a continuación de esta definición constan las profesiones en que se realizan estos trabajos. La redacción es: ... como lavanderos, cortadores de tejidos, etcétera. La clave de la sentencia reside en el adverbio como. Sin lugar a dudas, indica que se trata de una lista abierta, al igual que ya sucedía con la lista del derogado Real Decreto 1995/1978. Esa línea es la que defiende en esta propuesta mi grupo parlamentario.
En lo que se refiere al segundo apartado de la iniciativa para el presente año 2017, tras el correspondiente acuerdo con las comunidades autónomas se ha planificado la realización de numerosas campañas en materia de prevención de riesgos laborales, con el fin de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores con independencia de su sexo, y también actuaciones que atienden específicamente a la condición de las mujeres trabajadoras y campañas en sectores o actividades en las que hay un predominio de empleo femenino.
Voy acabando, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Acabe, acabe.
La señora REYNÉS CALVACHE: Quiero contestar a la señora González Bayo, que ha empezado diciendo que el señor Zapatero había sido el presidente del Gobierno más feminista. Si mandar a 1 400 000 mujeres al paro resulta que es ser feminista, señora González Bayo, qué quiere que le diga... Supongo que escucharon ayer a nuestra vicepresidenta...
El señor PRESIDENTE: ¿Puede ir concluyendo? Es que ha sobrepasado el tiempo excesivamente.
La señora REYNÉS CALVACHE: Bueno, el señor de Podemos ha hablado más. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: No, no, no ha excedido tanto el tiempo.
La señora REYNÉS CALVACHE: Bueno, ya acabo.
El señor PRESIDENTE: Sí, por favor.
La señora REYNÉS CALVACHE: Creo que es importante remarcar lo que dijo ayer nuestra vicepresidenta, que antes de venir aquí a plantear nuevas cuestiones lo que tenemos que hacer es juntarnos más, pensar lo que ha votado cada uno en esta Cámara que beneficia a las mujeres y que concilien lo que hacen ustedes en la Cámara con lo que votan. Y quiero recordarles que ustedes han votado en contra de las bonificaciones especiales a la contratación indefinida de mujeres...
El señor PRESIDENTE: Concluya. Está duplicando el tiempo que tiene concedido.
La señora REYNÉS CALVACHE: ... a la ampliación y equiparación del permiso de lactancia -acabo presidente-, a la ampliación del derecho de reducción de jornada y para el cuidado de hijos de ocho a doce años y a la duplicación del permiso de paternidad. Por eso, trabajemos juntos, pero no hagamos demagogia, señores del PSOE.
El señor PRESIDENTE: Pero trabajemos con los tiempos que nos damos, si es posible.
No hay enmiendas, con lo cual no hay turno de fijación de posiciones.
- RELATIVA A LA REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL. (Número de expediente 161/002630).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a la reducción de la contratación temporal y a tiempo parcial, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra, por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que no toca ya -lo hemos hecho en multitud de ocasiones- hacer un diagnóstico de la gravedad de nuestro mercado laboral y de la precariedad galopante que hay en el mismo. Me voy a limitar a poner sobre la mesa propuestas concretas para mejorar todo lo que tiene que ver con la contratación temporal y la contratación parcial y espero que el resto de los grupos puedan rebatirlas si creen que estas no son las mejores medidas para acabar con la precariedad laboral en nuestro país.
Uno. Unificar las distintas figuras de contratación temporal en una misma figura contractual, eliminando así todas las cláusulas actualmente existentes. Se reforzará asimismo la causalidad económica asociada a dicha temporalidad. Todo ello lo hacemos para evitar el uso de una figura contractual y el extendido fraude que se ha producido y que se sigue produciendo a día de hoy. Dos. Regular que los contratos a tiempo parcial deberán incorporar el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar
la tarea objeto del contrato, así como fijar el cómputo de jornada con referencia semanal. Para nosotros es clave establecer mínimos de derechos necesarios para promover la mejora de las condiciones de los trabajadores con contratos a tiempo parcial. Eliminación de las horas complementarias, que han sido una bolsa de fraude gigantesco. Establecer un malus, o sea una penalización, en la cotización a la Seguridad Social de las empresas que abusen de la contratación a tiempo parcial. Establecer por ley el derecho del trabajador o la trabajadora a tiempo parcial con más de un año de antigüedad en la empresa a incrementar su jornada al 75 % de la jornada completa si parte de una jornada inferior al 50 %, o incrementarla al 100 % de la jornada ordinaria si parte de una jornada parcial superior al 50 %, como es el caso, por ejemplo, de los grandes almacenes. Tres. Establecer que los contratos temporales, independientemente de su causa, se convertirán de forma inmediata en contratos indefinidos cuando se supere el año de duración. Para ello es necesario reformar el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar las distintas exenciones que recoge actualmente, de tal forma que se establezca como límite para encadenar contratos temporales que siempre que los trabajadores hubiesen estado contratados por una empresa o grupo de empresas durante un plazo superior a doce meses, en cualquier circunstancia adquirirán la condición de trabajadores indefinidos. Cuatro. Prohibir el encadenamiento de contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo. Por ello, se entenderá que una empresa estará incurriendo en fraude de ley siempre que prescinda de un trabajador con contrato temporal de doce meses para volver a realizar un nuevo contrato temporal con una persona distinta que realice las mismas tareas, como sabemos que, tristemente, ocurre masivamente. Cinco. Aumentar y mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales sucesivos para asegurar que no se encadenen contratos a distintas personas por una misma causalidad. Seis. Incorporar una penalización, un malus opuesto al bonus -el bonus no deja de ser otra cosa que premiar a la gente por cumplir la ley, y no somos nosotros la única voz que critica esto- para aquellas empresas que tengan una elevada ratio de trabajadores temporales respecto a indefinidos. La penalización consistirá en un incremento del tipo de cotización de la empresa a la Seguridad Social por contingencias sobre el 23,6 que se paga actualmente. Siete. Incrementar la indemnización prevista en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores para la terminación de los contratos temporales hasta los veinte días por año, extendiendo tal derecho a los trabajadores y trabajadoras contratados para la sustitución de otros trabajadores interinos del artículo 15.1, que hasta ahora son excluidos. Como saben, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. Ocho. Realizar una campaña de la inspección de trabajo de oficio mediante una instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo con objeto de combatir el fraude en la contratación y garantizar el cumplimiento de la normativa señalada anteriormente. Por último, el contrato temporal sin causa habilitante habrá de considerarse un fraude de ley y, por tanto, la extinción de estos contratos, como se demuestre el fraude, deberá ser calificada como causa de despido nula en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Del mismo modo, se procederá a elevar de forma significativa las sanciones administrativas impuestas en caso de utilización de la contratación temporal en fraude de ley ya que, como dije, sabemos que ocurre masivamente en nuestro mercado laboral.
Este es el paquete de medidas concretas que ponemos sobre la mesa para acabar con la precariedad en nuestro país, para acabar con los abusos en contratación temporal y parcial. Esperamos el debate y la posición de los diferentes grupos.
A continuación tienen la palabra los grupos que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, está de acuerdo con el fondo de esta iniciativa y con lo que en ella se recoge, puesto que defendemos siempre el empleo estable, de calidad, y estamos en contra de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, como no puede ser de otra manera, que precariza y nos lleva a un mercado laboral inestable y con contratos prácticamente, si me permiten la expresión, basura.
Nuestra enmienda propone unas mejoras técnicas que entendemos que deja más clara, explícita y mejor regulada la intención que pretende el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos de traer propuestas concretas para acabar de una vez por todas con este mercado laboral precario al que nos ha llevado la reforma laboral que realizó el Partido Popular. Nuestra legislación laboral siempre ha dado
prioridad al principio de estabilidad en el empleo, dando preferencia a la contratación indefinida frente a la temporal y admitiendo esta en supuestos tasados en los que se justifique la causa del contrato de duración determinada prevista en la norma. A pesar de la forma taxativa en la que nuestra legislación se pronuncia sobre la necesaria causa del contrato de trabajo y la reiterada jurisprudencia al respecto, nuestro mercado de trabajo siempre se ha caracterizado por una dualidad; dualidad que ha permitido la coexistencia de dos tipos de trabajadores claramente diferenciados, uno con empleo fijo y protegidos con una indemnización relevante y el acceso a la protección por desempleo, y otro temporal con inestabilidad y escasa o nula protección ante un despido e incluso dificultades para acceder a la protección por desempleo, sobre todo en los momentos actuales.
La excesiva contratación temporal es uno de los principales problemas del actual mercado de trabajo. El Gobierno del Partido Popular y el grupo que lo sustenta alardean de la creación de empleo pero ocultan que el empleo que se crea es, fundamentalmente, temporal. Además, el empleo que se crea no solo es temporal sino también parcial y cada vez de más corta duración, situación que está provocando la irrupción de un nuevo fenómeno: los trabajadores pobres. La reforma laboral de 2012, como he dicho anteriormente, ha propiciado esta contratación de duración determinada, aunque uno de sus objetivos anunciados fue combatir la segmentación del mercado de trabajo. La flexibilización del despido por causas económicas que esta reforma introdujo y que ha llevado a que esta sea la causa general para extinguir a bajo coste una relación laboral, además de la introducción de modalidades contractuales que aun siendo catalogadas como de carácter indefinido incorporan características propias de los contratos temporales y precarios, han llevado a la sustitución del empleo fijo por empleo temporal. Así lo reflejan las estadísticas, que señalan que hoy nueve contratos de cada diez que se firman son temporales. No solo es que la tasa de temporalidad ha repuntado y que los empleos temporales sean los que más crecen siendo el 27,4 % del total de la contratación, según la EPA del tercer trimestre de 2017, sino que el empleo que se crea es cada vez más temporal y más precario, como lo demuestra el hecho de que sean necesarios 26,73 contratos para crear un puesto de trabajo, circunstancia que evidencia la enorme rotación de los trabajadores en las empresas.
En 2017 se superaron por primera vez en la historia 20 millones de contratos firmados en un solo año; cada año se sustituyen 650 000 puestos de trabajo fijo por empleo temporal. Esa es la realidad del mercado laboral en España. Y estamos asistiendo a tres elementos nuevos en la utilización abusiva de la contratación temporal que ha añadido mayores cotas de precariedad, de devaluación salarial, de inseguridad jurídica y de pérdida de derechos de los trabajadores. Nos referimos, en primer lugar, al uso de contratos de corta duración, incluso de contratos de un día, que se han disparado desde el inicio de la crisis; de 17 700 contratos en el primer trimestre del año 2008 a 35 800 en el mismo periodo de 2016, lo que se traduce en una subida del 102 %; siguen subiendo y, según los últimos datos de la EPA, son un 25,7 % del total. Como segundo elemento, me gustaría insistir en que estamos asistiendo a la concertación de medidas de contratos temporales a tiempo parcial. El tercer elemento es un uso abusivo de subvenciones o de incentivos al emprendimiento, que no dejan de ser falsos contratos a autónomos o falsos trabajadores a tiempo parcial.
Sé que se me está acabando el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Se le ha acabado ya.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, sí, termino enseguida, presidente.
Esta situación conlleva a que haya trabajadores precarios, trabajadores pobres, trabajadores que no tiene formación, trabajadores que tienen más alta siniestralidad laboral, y todo esto perjudica muchísimo más a las mujeres, por eso entendemos en el Grupo Parlamentario Socialista que hay que abordar ya una reforma integral de nuestro mercado laboral, de nuestro Estatuto de los Trabajadores y derogar la reforma laboral del año 2012. Mientras tanto, esperamos que acepten la enmienda que hemos presentado para mejorar técnicamente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Albaladejo, cinco minutos.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. La agradezco por adelantado la gentileza que tendrá en el tiempo que me otorgará, como ha tenido con otros proponentes en anteriores intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Si esta va a ser la tónica, les voy a ir cantando los tiempos de cada uno y a partir de ahora cortaré a los cinco minutos y ya está.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Le agradezco igualmente su predisposición a ir cantándonos los tiempos en nuestra intervención.
El señor PRESIDENTE: Es que no tiene mucho sentido cuando la persona que ha duplicado el tiempo que tenía concedido era de su grupo.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Le agradezco en todo caso que haya tenido usted la oportunidad de hacerlo también con una compañera de mi grupo. Solamente quiero agradecérselo, mi intervención inicial ha sido en ese sentido, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: De bien nacidos es ser agradecido, señor Albaladejo. Comience cuando quiera. Ahora le doy al tiempo. Todos los agradecimientos han sido gratis.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Siempre es bueno ser agradecido. Muchísimas gracias, señor presidente.
Al oír las intervenciones de los diferentes proponentes, como la de la señoría que ha presentado la enmienda, se ve evidentemente que hay una intención -se puede llegar a entender- de intentar evitar que haya parcialidad en la contratación laboral en nuestro país, pero objetivamente lo que se pretende es demoler la legislación laboral que el Partido Popular ha impulsado en este país, con la mayor creación de empleo de la historia en democracia y que garantiza nuestro Estado de derecho. Nosotros presentamos una enmienda propositiva, una enmienda que además avala la actuación del Gobierno de España y de los diferentes interlocutores sociales en esta materia en la que se viene a denominar mesa del empleo de calidad, donde se está negociando todo lo que tiene que ver con la precarización laboral y la temporalidad laboral.
En el análisis de la propuesta de Podemos vemos que, por ejemplo, sus dos puntos iniciales forman parte de propuestas que ya se están negociando y se están tratando dentro de esa mesa de calidad: reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo, reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal en el marco de la negociación colectiva y determinar el volumen de contratos de duración determinada. A mayores, analizamos además que hay una cuestión que hay que tener muy clara en relación con la materia vinculada a la creación de empleo en este país, porque si todos queremos que nuestros pensionistas cobren mucho más dinero y tengan mejor calidad sus pensiones, tendremos que tener en cuenta que tiene que haber un mayor número de cotizantes y personas empleadas que puedan contribuir a nuestro Estado del bienestar. El punto tres de la proposición tiene un tema muy singular, y es que en cuanto al derecho de los trabajadores a incrementar su jornada, al margen de si concurre o no la circunstancia que justifica dicho incremento, la modificación que propone Podemos generaría inmediatamente un aumento potencial de la tasa de paro por dos razones básicas que hay que explicar para saber lo que aquí se pretende aprobar. Impediría la entrada de nuevos trabajadores y, por otro lado, generaría una extraordinaria rigidez que se traduciría en reducciones de plantilla si una empresa es obligada a mantener una prestación de trabajo con independencia de sus necesidades productivas reales. ¿Eso no le suena a nadie aquí? ¿No le suena a nadie aquí lo que ha pasado hace una serie de años en cuanto a la destrucción de empleo, con 3,5 millones de españoles que se han ido al paro, al margen de la destrucción del tejido empresarial vinculado a esa destrucción de empleo y a ese cese de actividad económica? ¿Eso no lo recuerda nadie?
El Grupo Popular tiene la responsabilidad de presentar esta enmienda a pesar de que sepamos que nadie nos la va a querer apoyar porque la finalidad primera y última es la demolición de una legislación que ha creado empleo en este país y que ha permitido que tengamos una sostenibilidad hasta el momento de un Estado del bienestar que en otros lugares no se ha podido conseguir.
Los puntos 4 y 5 de la proposición no de ley de Podemos tratan, fundamentalmente, de la limitación tanto en la duración de los contratos, con independencia de su causa, como en su contratación. Hay que señalar que la limitación y la duración de los contratos temporales de manera que el trabajador adquiera la condición indefinida al margen de la causa, es un punto que hay que manifestar aquí y ahora que ya está siendo objeto de negociación en la mesa del empleo de calidad. En cuanto a la prohibición de la concatenación de contratos temporales, ya figura establecida en el artículo 15. 5 del Estatuto de los Trabajadores. Los puntos 6 y 7, que se han explicado aquí en la mañana de hoy, incluyen aumentar y
mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales sucesivos e incorporar una penalización; también en la mesa se han incluido sendas propuestas concretas en ese sentido. Por lo tanto, nada nuevo hasta el momento. Creo que merece la pena que oigamos a los interlocutores sociales y que sepamos si podemos consensuar un impulso en esta materia que es tan sensible para todos. Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en materia de fraude en la contratación es algo importante, como también lo es establecer desincentivos para las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y a la rotación excesiva. Sería importante que estos dos aspectos tuvieran un presupuesto general del Estado aprobado porque eso motivará a que haya una mayor capacidad de poder incrementar plantillas que ayuden a la inspección en este sentido. Por lo tanto, es bueno pedir, pero también tener responsabilidad a la hora de pedir lo que se quiere pedir, fundamentalmente en materia de creación de empleo vinculado a la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Respecto del incremento de la indemnización prevista en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, hay que decir igualmente que está siendo objeto de negociación en la mesa de empleo de calidad respecto de las propuestas efectuadas de indemnización creciente. Hay que hacer una consideración en cuanto a la extinción de los contratos temporales sin causa porque el que tengan en consideración despido nulo los convierte en un contrato indefinido en régimen especial; un contrato temporal sin causa es un contrato por definición indefinido respecto del que operan las causas distintivas propias de ese contrato y con el régimen previsto en el artículo 56 del Estatuto de los trabajadores y del artículo 55 si concurriesen, como todos ustedes saben, las mismas circunstancias prevenidas en dicho artículo.
Nosotros hemos presentado una enmienda con una serie de puntos, que fundamentalmente impulsan reducir las modalidades contractuales a tres; establecer un límite temporal para el contrato de duración predeterminada, salvo en determinadas causas; incluir dentro de la limitación de encadenamiento de los contratos temporales del artículo 15.5 cualesquiera contratos celebrados por necesidades temporales de la mano de obra, con las únicas exclusiones de los contratos formativos y los contratos de sustitución de trabajadores jubilados; la previsión de un mecanismo legal que impida la utilización abusiva de los contratos de duración determinada y aumentar y mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales. Todo esto, señor presidente, todo esto señorías, lo solicitamos en nuestra enmienda y pedimos que, al menos, sea tenido en cuenta en la medida en que la finalidad del Grupo Popular es acreditar que con nuestras propuestas en España se crea trabajo. Con las propuestas de Podemos en la mañana de hoy, tristemente, la realidad es que vamos hacia la misma situación del mercado laboral de los años 2008 y 2009, de infausto recuerdo para al menos 3,5 millones de españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo, por ceñirse al ámbito de cortesía del presidente. (Risas).
Grupo Parlamentario Mixto, ¿señor Campuzano? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Seré muy breve. Quiero señalar que no vamos a apoyar esta proposición no de ley y no porque estemos en desacuerdo con parte de sus propuestas. Entendemos que aborda en parte un elemento fundamental que siempre ha sido el eje de nuestra intervención política, que es solicitar la causalización del contrato de trabajo y, por lo tanto, condenar o evitar la descausalización a las que creemos que se condenó a través de las sucesivas reformas laborales. En ese sentido, cuando se aborda la contratación temporal bajo ese prisma, estaríamos de acuerdo con esa parte de las propuestas que realiza y merecería nuestro apoyo. No así en otras, que además coinciden con la siguiente proposición no de ley, relativa al establecimiento de determinadas categorías de bonus o malus en el ámbito de la cotización, con lo cual estamos en radical desacuerdo. Entendemos que es una función valorativa que solo puede corresponder a los tribunales respecto de otras consecuencias y respecto del incumplimiento legislativo y no en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social, ya que creemos que sería una especie de imposición de un nuevo elemento casi tributario, una especie de impuesto sobre el trabajo respecto de diferentes empresas. Finalmente, respecto de aquellas en las que se señala la existencia de un ámbito de control o en las que se hace un llamamiento a la inspección de trabajo para que ejerza su actividad, como siempre la viene ejerciendo, simplemente son reiterativas de funciones legales que ya están insertas en su estatuto y no creemos que aporten nada. Por tanto, me abstendré en esta proposición no de ley ya que no aporta nada.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿señor Salvador? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, señor presidente.
Ruego al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que me permitan la expresión, y es que tengo la sensación de que con esta proposición no de ley ustedes pretenden matar moscas a cañonazos, ya que si pretenden erradicar la precariedad en el trabajo, háganlo a través de una proposición de ley, como así ya lo ha hecho Ciudadanos. Si hay algo que nos une en muchos temas es el diagnóstico, y es que en España la tasa media de desempleo con los dos viejos partidos ha estado rondando el 18 %. Esto es totalmente inaceptable y me resisto a pensar que es estructural. De ello, señor Albaladejo, me acuerdo absolutamente todos los días; tanto de ustedes como del Partido Socialista. En cualquier caso, los problemas laborales de los ciudadanos españoles no se acaban al conseguir un empleo, ya que muchos de los nuevos trabajos que se crean en nuestro país son tremendamente precarios y el 26,7 % de los asalariados tienen un contrato temporal. En nuestro país hay más de 4,25 millones de ocupados con un contrato temporal, cuando hace un año eran poco más de 4 millones. Esta situación hace que nuestros jóvenes no puedan desarrollar su vida con normalidad, independizarse y tener hijos, afectando esto muy directamente al sistema de pensiones, ya que tenemos una de las poblaciones más longevas y con una baja tasa de reposición. Así, por ejemplo, en 2017 hubo en España nada menos que 21,5 millones de contratos, de los cuales 19,57 millones fueron temporales, el 91 %. Pocos datos como este muestran la principal debilidad de las cifras de paro y Seguridad Social, la precariedad e inestabilidad. Nuestro mercado laboral es una absoluta anomalía en Europa, abocándonos a una situación inaceptable en cualquier país desarrollado. Vistos los datos, como le decía, podemos compartir el enfoque, el diagnóstico de la proposición no de ley, pero no las soluciones.
Quiero recordar a la señora Serrano que el Grupo Parlamentario Ciudadanos no sustenta al Gobierno, simplemente lo que pretendemos es dar estabilidad a nuestro país, y ustedes lo único que pretenden es derogar y derogar leyes, por tanto, ni están ni se les espera en muchas ocasiones. Yo les exhortaría a que se uniesen a la proposición de ley de Ciudadanos para la lucha contra la precariedad laboral, ya que piden unificar todos los contratos temporales y apuestan, además, por el contrato indefinido único. De su petitum extraemos que los contratos temporales se conviertan en indefinidos al año. Ya nos podrán explicar cómo evitar que se despida a los 364 días o el encadenamiento de contratos. No sé, nos lo podrán explicar. Mejor apoyen nuestras medidas contra la falsa temporalidad y rompan el muro entre trabajadores fijos y temporales para que todos tengamos las mismas oportunidades. En definitiva, para que nuestros jóvenes puedan formarse y aportar a las empresas o puedan aspirar a estar en otra empresa para continuar creciendo sin perder derechos o puedan seguir formándose. Señorías, únanse a nuestra propuestas.
Más control y más campañas de la Inspección de Trabajo. Pero, señorías, el año pasado se firmaron 21,5 millones de contratos, de los que casi veinte millones fueron temporales.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: ¿Pretenden tener a los inspectores haciendo horas extras? ¿Han calculado cuántos inspectores necesitamos para controlar 21 millones de contratos? Señorías, únanse a nuestras propuestas.
Voy terminado, señor presidente.
El señor CANO FUSTER: Agradezco su bondad, como siempre. (Rumores.-Risas).
El señor PRESIDENTE: Hoy soy el presidente bonus. (Risas).
El señor CANO FUSTER: Piden un malus sin pedir un bonus ya que para ustedes los empresarios son muy malos y hay que castigarlos. Y es que, señorías, no permiten premiar a quienes hacen las cosas bien y solo castigar a los que lo hacen mal. No tienen ningún sentido. Pero lo que no tiene ningún sentido y resulta del todo esperpéntico es que para ustedes una empresa de diez trabajadores, y con dos entrando y saliendo continuamente, está bien.
El señor PRESIDENTE: Señor Cano, ¿termina, por favor?
El señor CANO FUSTER: Termino. Dos frases.
Pues, señorías, lo que debemos hacer es premiar justo lo contrario, a las empresas que menos despiden y solo a ellas. (Una señora diputada: ¡Hala!). Señorías, únanse a nuestras propuestas.
El señor PRESIDENTE: Señor Cano, le rogaría que se ciñera un poquito más al tiempo.
Tiene la palabra el Portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre si acepta las enmiendas o no; puede hacerlo al final si lo desea.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí, estamos en ello, presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas gracias.
- SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE BONUS/MALUS QUE FOMENTE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002894).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, sobre establecimiento de un sistema de bonus/malus que fomente la contratación indefinida, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; tiene la palabra por ese grupo el señor Del Campo, por un tiempo no superior a siete minutos, por favor.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Vemos por la Comisión de hoy y las de las últimas semanas y meses -y creo que es digno de celebrar- que todos estamos poniendo encima de la mesa que, aunque tenemos un crecimiento económico importante después de pasar un tiempo de recesión y de gran destrucción de empleo, se está creando empleo, lo cual es bueno, pero seguimos teniendo problemas en nuestro mercado de trabajo, que son los problemas, y no lo decimos solo nosotros, que preocupan realmente a la sociedad: el primero es el desempleo y el segundo la precariedad que existe todavía en nuestro mercado de trabajo. Las cifras lo dicen por sí solas. Las tasas de desempleo que duplican a las tasas que tenemos en la Unión Europea, impactando sobre todo en el empleo de jóvenes y de mayores de cincuenta años. Si cogemos a los desempleados menores de treinta años tenemos más de un millón; de mayores de cincuenta años tenemos casi un millón, y en este sentido yo creo que durante los últimos treinta años no se han tomado las medidas oportunas para luchar contra esto, porque los datos nos lo dicen: hemos superado el 20 % de desempleo en más de tres ocasiones en estos últimos treinta años, y es la Comisión Europea quien nos viene suspendiendo cada año o cada semestre con sus informes, que nos dicen que no hacemos los deberes, sobre todo en las que desde nuestro punto de vista deben ser las políticas de reinserción y de lucha contra el desempleo más importantes, como son las políticas activas de empleo, en las que en España se invierte poco y se invierte mal, probablemente porque no tenemos ningún organismo de evaluación de este tipo de políticas por el que nosotros hemos peleado y se aprobó aquí precisamente una PNL en ese sentido, y por otro lado porque la inversión es bastante inferior a la de otros países de la Unión Europea sobre todo en estas políticas de protección del tránsito a la nueva realidad de la economía entre empleo y empleo, y también en España todavía en el tránsito del desempleo al empleo. Creo que por ahí deberíamos mejorar nuestras inversiones y nosotros estamos intentando hacerlo desde que hemos llegado aquí a través de los Presupuestos Generales del Estado, incrementando las partidas que van en esa dirección.
Y la segunda de ellas trata de un tema del que se ha hablado en la proposición no de ley anterior, y es precisamente la precariedad del mercado de trabajo, que viene básicamente por dos vías, por un lado la temporalidad, otro de los problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo de los últimos treinta o cuarenta años, sobre todo desde las primeras reformas en los años ochenta del Partido Socialista, que nos han llevado a tener esas tasas de temporalidad en torno al 27 % en la actualidad, y a que el 90 % de los contratos que se firmen sean temporales y necesitemos firmar en torno a 44 contratos para consolidar un único empleo. Por otro lado, también se ha hablado aquí del incremento de los contratos a tiempo parcial involuntarios, que también nos llevan en determinados casos a riesgos de pobreza. Por eso nosotros registramos hace poco una proposición de ley en relación con la lucha contra la precariedad, que
desde nuestro punto de vista incide en ambos problemas, también en el de la temporalidad. Creo que es bueno que otros partidos hayan traído hoy aquí propuestas muy parecidas en algunos aspectos, como es el caso del Grupo Parlamentario Podemos, aunque hay algunas cuestiones que no van en la dirección correcta, porque no se adaptan a la realidad que tenemos en la actualidad.
Nuestra proposición de ley básicamente tiene tres patas fundamentales, la primera de las cuales es el establecimiento de tres modalidades de contrato, manteniendo los contratos formativos -que vemos que presentan grandes tasas de inserción- y los contratos de sustitución -donde incluiríamos la interinidad-, pero eliminamos las contrataciones temporales y creamos un contrato único a través del cual conseguimos que ya no haya trabajadores de primera y de segunda, sino que haya un solo tipo de trabajadores, lo cual no ocurriría si apoyásemos la proposición no de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Podemos. Con esa propuesta todos los trabajadores serían despedidos al año. Por otra parte, no da la necesaria flexibilidad a las empresas a la hora de realizar contratos, como sí hace nuestra propuesta -solo tenemos que ver lo que ocurre en la actualidad con el artículo 15-, y tampoco protege de la misma forma a los trabajadores temporales indefinidos, porque hay que diferenciar lo que es una indemnización por finalización de contrato, como la que propone Podemos, de lo que es una indemnización por despido. En nuestro caso aumentamos la indemnización a veinte días, pero todos los trabajadores quedarían bajo el mismo paraguas del despido objetivo de los artículos 52 y siguientes. Por tanto con nuestra proposición sí igualamos en derechos, dado que todos los trabajadores tienen la misma tutela judicial efectiva, ya que las causas de extinción deberán ser controladas en ambos casos, como no ocurriría con su iniciativa.
La segunda propuesta está más relacionada con la protección del trabajador y no tanto de la del puesto de trabajo, al que me refería en las políticas proteccionistas que vienen de los países del norte de la Unión Europea en cuanto a políticas activas de empleo. Tiene que ver con una mochila de derechos de los trabajadores, en la que será el trabajador el que tenga esa mochila a través de una cuenta individual en la Seguridad Social. Esta mochila da flexibilidad al empresario en cuanto a las indemnizaciones, porque una parte de esa mochila se irá ingresando mes a mes, de manera que al empresario en una situación de futura crisis, que esperemos que no ocurra, tendrá mucha más facilidad a la hora de consignar los despidos, y por otra parte, protege mucho más al trabajador porque esa cuenta es suya y se la lleva cuando quiere, independientemente de que sea una baja voluntaria o sea despedido, e incluso la puede acumular a la jubilación, de forma que también estamos ayudando a que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga un remanente de liquidez económica que no nos viene nada mal, teniendo en cuenta cómo están las cuentas de la Seguridad Social, como vimos ayer durante el debate.
El último de los bloques se refiere precisamente a este bonus del que hablamos hoy. En nuestra proposición planteamos un bonus que diferencie por sectores, porque lógicamente la temporalidad o el número de despidos no son iguales en unos sectores que en otros, y que, fijándose en este aspecto, premie a las empresas que menos despidan. Mientras tanto -mientras se tramita esta ley que espero que todos los grupos parlamentarios apoyen- creemos conveniente que en esa dirección el Gobierno pueda establecer un sistema de bonus malus, para que, siendo esta una de las medidas menos conflictivas en cuanto a su aplicación y modificación normativa de nuestra proposición no de ley, se pueda poner en marcha cuanto antes, así que les pido su apoyo.
Por parte de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya por cinco minutos.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Buenas tardes a todos y a todas.
Yo creo que tras el debate de las distintas proposiciones no de ley que han llegado hoy a esta Comisión ha quedado manifiestamente claro que todos los grupos coincidimos en que este país tiene un problema, que entre otras cuestiones está ocasionado por el exceso de temporalidad que sufrimos ahora mismo, y esto ha provocado una deriva por la cual distintas organizaciones, como la OIT, nos han sacado los colores cuando han denunciado la presencia de una nueva clase de trabajadores, que son los trabajadores pobres, que sufren de una manera desmedida no solo la temporalidad, sino también la precariedad y sobre todo muchos contratos a jornada parcial, con una duración que en muchos casos no supera ni siquiera una semana.
Entrando en la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento es cierto que al Grupo Parlamentario Socialista nos parece a bote pronto bastante cuestionable, y no solo por sus conceptos jurídicos indeterminados cuando hacen uso de expresiones como "utilicen de manera abusiva" -¿qué es para ellos de manera abusiva?-, "un exceso de despidos de contratos de duración determinada" -los contratos se acabarán cuando se cumpla el término del contrato- o "que despidan menos por esta causa". Igual que en relación con la frase anterior no despedirán, se acabará el contrato. Otra cosa es que pasen a situación de desempleo. Lo cierto es que esta iniciativa y sus desafortunadas expresiones pueden dar lugar a otorgar carta de naturaleza a utilizar de forma fraudulenta la contratación temporal, y solo cuando sea demasiado, como apunta Ciudadanos, a adoptar medidas. No distingue entre uso indebido acausal del contrato, pretende además asemejarlo a usarlo con abuso, y siempre es un abuso y un uso indebido una contratación de manera fraudulenta. Por eso nosotros creemos que hay que reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo y que la contratación temporal responda a causas justificadas; evitar que sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo aumentando las sanciones por fraude, con el fin de disuadir su incumplimiento generalizado, y que se revise además la regulación de la causa de temporalidad y vinculando la contratación al puesto, de forma que el límite de duración no se refiera solo al trabajador, sino al puesto cubierto a través de modalidades contractuales de duración determinada. También creemos que sería necesario modificar la Lisos a efectos de endurecer el régimen sancionador vinculado a la sanción a cada contrato celebrado en fraude de ley, establecer campañas de inspección de trabajo que incidan en el control de la causa de la temporalidad y no tanto en la concatenación del contrato, posibilitando la declaración en fraude de ley de los contratos temporales de corta duración, así como su ajuste a la normativa sobre modalidades contractuales, y también para controlar que los trabajadores trabajen en un horario establecido en su contrato y no distinto al que viene establecido en el mismo, y por supuesto establecer penalizaciones a las empresas que abusen de la contratación temporal y de la rotación de empleados mediante porcentajes de recargos automáticos.
Las conclusiones de la FIDE, la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, se pronuncian además en esta línea. Ni la estacionalidad ni la especialización productiva española justifican el alto número de contratos temporales de muy escasa duración en un elevado porcentaje ni el uso abusivo del encadenamiento de contratos temporales. En la patología de esta dualidad caracterizadora del mercado de trabajo español está el uso indebido de la contratación temporal acausal, uso que no ha sido perseguido fiscalmente por las sucesivas normas reformadoras, pese a considerarlo formalmente su objetivo. Es mayoritaria la conclusión sobre la necesidad de incorporar a la legislación laboral fórmulas efectivas y eficaces de control y disuasión de ese uso indebido de la contratación temporal acausal. FIDE entiende que debe otorgarse un tratamiento marcadamente diferenciado entre la contratación temporal justificada y la que no lo está. La contratación temporal irregular ha de dar lugar a indemnizaciones claramente disuasorias. Además han de existir medidas desincentivadoras reales y eficaces del uso de la contratación temporal irregular, incluidas las sanciones.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que va en la línea de la exposición que hemos hecho, porque aunque sí coincidimos en que efectivamente debe haber una penalización para aquellas empresas que incumplen con la legislación laboral y que hacen un uso fraudulento de la contratación temporal, no coincidimos en que esto tenga que ser en la misma dirección cuando una empresa cumple con la ley. Por eso hemos presentado una enmienda y esperamos que el Grupo Ciudadanos se pronuncie sobre la misma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente, y dentro del respeto y el aprecio que le tengo, hoy el bonus bueno es para usted. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Se agradece.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días, señorías.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabaja para hacer frente a diversos retos que presenta el mercado laboral, y como objetivos se ha marcado los siguientes: alcanzar los veinte millones de empleos
a finales de 2019 e incrementar la tasa de ocupación a más del 70 %; avanzar hacia un empleo cada vez de mayor calidad y acompañar a los trabajadores en las transformaciones derivadas de la globalización y la digitalización de nuestra economía, mediante la actualización y adecuación de las necesidades formativas, sin dejar de adaptar nuestro marco jurídico a las necesidades laborales derivadas del futuro del trabajo.
Efectivamente esto se suscribe en el pacto de investidura suscrito con el Grupo Ciudadanos, y se establece en su punto número 39. El petitum de la PNL que hoy debatimos es exactamente el contenido de ese acuerdo suscrito. Esta medida no es solo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sino que es una medida pactada con el Gobierno, que obviamente compartimos desde el partido que lo sustenta. Por ello buscamos fortalecer la contratación estable y priorizar este modelo de contratación en nuestro mercado laboral. Trabajamos para que, en el marco del diálogo social y con la participación de los interlocutores sociales, se planteen tantas medidas como sean necesarias para desincentivar la contratación temporal injustificada que perjudica a los trabajadores, que distorsiona el mercado, merma la productividad y la competitividad, y además tiene efectos nocivos para la sociedad al reducir los ingresos públicos.
El grupo proponente debe conocer, puesto que es público, que ya se han iniciado contactos por parte de la ministra, en el seno de la Mesa para la Calidad en el Empleo, con los sindicatos y empresarios para establecer un sistema de bonus malus que premie, por la vía de las cotizaciones, a las empresas que apuesten por la estabilidad en el empleo y penalice a las que abusen de los contratos temporales y de la rotación laboral. Es decir, la puesta en marcha de esta medida ya ha comenzado de la mano del grupo del Partido Popular. Es en el marco del diálogo social y en la mesa constituida para estos fines donde se debe acordar esta medida, que como hemos dicho ya ha sido recientemente remitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la Mesa del Diálogo Social para la Calidad en el Empleo en relación con la implantación de este sistema de cotización bonus malus, con el fin de incrementar las cotizaciones sociales por desempleo a las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y que tengan una rotación excesiva, y con el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que firmen contratos temporales sin causa justificada, a través de la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
Son pasos en la dirección correcta para reducir los niveles de temporalidad en el empleo. A la vista de todo ello, y considerando que cualquier modificación en el marco de las relaciones laborales debe de ir de la mano del acuerdo social, como ya conocen sus señorías, hemos presentado un texto alternativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candón. Usted va a ser el diputado bonus también. (Risas).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano. Tres minutos.
La iniciativa que ha defendido el señor Del Campo es una cuestión que se ha discutido en otras ocasiones en el seno de esta Comisión en otras legislaturas, la necesidad de establecer un sistema de malus bonus para evitar el abuso de la contratación temporal. En esos otros debates hemos apoyado la existencia de una regulación de este tipo, y por tanto ya anuncio nuestro apoyo a esta iniciativa.
Simplemente tres consideraciones. Una primera es que no se puede obviar ni olvidar que si este bonus malus estuviese técnicamente mal configurado podríamos perjudicar negativamente a aquellos sectores productivos que, por necesidad, deben de utilizar la contratación temporal. Una de las realidades del tejido productivo en nuestra economía implica una presencia importante de sectores que necesariamente deben utilizar contratos temporales, singularmente el sector del turismo, el sector agrario y el sector de la construcción. Por tanto estamos de acuerdo con el planteamiento del bonus malus, pero hacemos una primera advertencia: debe hacerse con todo rigor para evitar penalizar a aquellos sectores que necesitan contratos temporales.
Segunda consideración. He escuchado atentamente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y efectivamente sería bueno que una reconfiguración de la prestación por desempleo de estas características fuese avalada por los interlocutores sociales. Ahí le planteamos al Grupo Parlamentario Popular nuestra preocupación por la parálisis que vive el diálogo social en esta legislatura. Aún no ha sido capaz de abordar ninguno de los retos en materia de empleo y de protección social que tienen planteados la economía y la sociedad. Singularmente quiero reclamar al Grupo Parlamentario Popular y también al Grupo Parlamentario Ciudadanos que no bloqueen una de las propuestas fruto de la iniciativa social, que es la iniciativa legislativa popular que está pendiente de tramitación en esta Comisión.
Finalmente, más allá del debate que nos plantean el señor Del Campo y el Grupo Parlamentario Ciudadanos probablemente habrá que seguir con mucha atención el debate que sobre la prestación por desempleo ha propiciado el presidente Macron, y que está en discusión en el seno del diálogo social en Francia. La temporalidad va a continuar creciendo en todas las economías avanzadas, y quizá lo que nos debería preocupar sería empezar a diseñar una protección por desempleo que no tuviese carácter contributivo y que fuese financiada a través de impuestos, con independencia de que los contratos sean temporales o indefinidos o de si son trabajadores autónomos o trabajadores del hogar. Este es uno de los debates en los que estoy convencido de que avanzaremos en los próximos tiempos. De momento apoyaremos esta iniciativa que nos plantea Ciudadanos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Señorías, en España, tanto el legislador como el Ejecutivo, han incurrido históricamente en graves errores respecto a la regulación de la contratación. En concreto se ha incurrido en dos errores importantes: uno es imponer a la legislación una capacidad que no tiene, que es la de creación de empleo -no es la legislación la que crea empleo, sino la economía-, y el otro es bonificar a las empresas con privilegios fiscales para la creación de empleo o para incentivar la buena calidad del empleo sin filtro alguno, sin estudios de efectividad y sin evaluación del resultado de las acciones ya experimentadas anteriormente. Actualmente, señorías, tenemos un 16 % de desempleo y sin embargo la tasa de crecimiento de la economía ronda el 3 %. Si antes de la crisis el desempleo estructural estaba entre el 7 y el 11 %, según el Banco de España, cuando se estabilice la situación el desempleo estructural estará rondando el 18 %. Diez años después del comienzo de la crisis nuestros niveles de empleo siguen muy lejanos a los de 2007; de hecho tenemos concretamente 2,3 millones de empleos menos que en 2007. Todo esto por no hablar de la pésima calidad del empleo que se crea después de las reformas laborales de 2010 del Partido Socialista y de 2012 del Partido Popular. La temporalidad, la parcialidad y la elevada rotación de los puestos de trabajos son las características que definen ahora mismo a nuestro mercado laboral. Les voy a dar algunos datos muy sencillos y muy rápidos. El 90 % de los contratos realizados en 2017 fueron temporales. Según el Servicio Público de Empleo Estatal la duración media de los contratos en 2007 -justo antes de la crisis- era de 86 días y sin embargo en 2017 fue de 56 días, 30 días menos que hace diez años. Esa es la firma y la marca del Partido Popular respecto a la creación de empleo.
Lo que hoy nos está presentando Ciudadanos incurre en el segundo de los dos problemas que les he comentado anteriormente, en el del abuso de las bonificaciones. Ya incurren en imponer a la normativa laboral la capacidad que no tiene de creación de empleo con su proposición de ley de contrato único. El SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, recoge ya una infinidad de beneficios fiscales para este año, y podemos decir que según los datos que he expuesto anteriormente muchos de ellos los podemos considerar prácticamente inútiles. Hoy el Partido Ciudadanos nos propone añadir aún más beneficios fiscales, un bonus a las empresas que cumplan con la legislación, y quitar esos beneficios fiscales, lo que ellos llaman malus, a las empresas que no cumplan. Esto me recuerda al episodio de Modern family -no sé si lo verán ustedes; yo sí lo veo- en el que el sobrino de Gloria explica una estrategia de emprendimiento para educar a las mascotas, en este caso a los perros, a los que ofrecía una galletita de perrito bueno cuando lo hacían bien y una galleta de perrito malo cuando lo hacían mal; por tanto no tenía ningún efecto. Algo así sería lo que nos está proponiendo hoy el señor Del Campo. Me llama mucho la atención, y con esto termino, porque justo ayer en el debate de las pensiones tanto M. Rajoy como Albert Rivera sugirieron que quizá era hora de ir pensando en revisar estas bonificaciones constantes, estas reducciones, porque entre otras cosas a lo mejor hará falta algo de dinero para pagar las pensiones y para recuperarlas. Nosotros acabamos de presentar una proposición no de ley para efectivamente...
El señor PRESIDENTE: Señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: ... penalizar -con esto concluyo- a las empresas que no cumplan. Creo que esto es lo que hay que hacer, porque si no también le propongo a Ciudadanos que, en vez de
dar beneficios a las empresas que cumplan con la ley, se den beneficios a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país que cumplan con su trabajo diariamente y, por qué no, ya que estamos, también a los pensionistas...,
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: ... que han sacado adelante este país en estos años de crisis y cuyas pensiones sin embargo se están revalorizando muy por debajo del coste de la vida. Podría ser un buen beneficio que se revalorizaran las pensiones con el IPC.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: Con esto concluyo.
¿El grupo proponente acepta las enmiendas?
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Estamos mirándolo.
El señor PRESIDENTE: Vale, al final se verá.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002959).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del libro blanco sobre el futuro del trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Alberto por un tiempo no superior a siete minutos. Muchas gracias.
El mundo laboral está cambiando. Vemos cómo desaparecen profesiones y surgen otras nuevas, cómo está cambiando la búsqueda de empleo, las formas de trabajo, etcétera. Por esa razón resulta imprescindible estudiar e identificar los riesgos y oportunidades del mercado laboral que viene en un futuro cercano. El Gobierno ha trabajado de forma conjunta con los interlocutores sociales y la Organización Internacional del Trabajo para que el impacto de fenómenos tan importantes como la globalización, la transformación de los procesos productivos, la digitalización, la economía colaborativa o la inteligencia artificial tengan un efecto positivo en el modelo de relaciones laborales y en nuestra sociedad. En marzo de 2017 en la Conferencia Nacional Tripartita sobre el Futuro del Trabajo se hizo un análisis con el fin de recoger las aportaciones de la sociedad civil, de interlocutores sociales y de la Organización Internacional del Trabajo, sobre lo que será el presente y el futuro del trabajo en España. La Agenda Integral de la Calidad en el Empleo, en la que trabajan el Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, busca sentar las bases sólidas sobre las que construir el empleo del futuro. Se busca la colaboración y el trabajo conjunto para, entre todos, pacto a pacto, lograr más y mejores empleos en el futuro. España ha de ser capaz de adaptarse a los retos que supone el nuevo entorno del mercado laboral. Para ello el Gobierno ha impulsado desde el comienzo de la legislatura varias mesas de diálogo social y, a su vez, ha visto con buenos ojos la necesidad de elaborar un libro blanco sobre el futuro del trabajo que sirva de aportación a los debates que tendrán lugar en el ámbito internacional, y que se pondrá a disposición de dichas mesas del diálogo social para orientar la definición de la política sociolaboral del Gobierno de España para afrontar los nuevos retos del mercado de trabajo. En esta línea se ha acordado con los interlocutores sociales la creación de un grupo de trabajo plural e interdisciplinar compuesto por expertos de reconocido prestigio en el ámbito laboral, económico, sociológico, tecnológico y empresarial, cuyos trabajos comenzarán próximamente.
El objetivo final de este trabajo debe ser el de implementar una agenda de talento que aporte más trabajadores, más motivados y plenamente capacitados. En este sentido se propondrá a los interlocutores sociales crear una herramienta digital para concienciar a los trabajadores de la importancia de su
capacitación permanente, a través de la cual se informe sobre la oferta formativa que se les ofrece desde el Sistema Nacional de Empleo y les facilite el acceso a ella.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad trabajar para adelantarnos a las necesidades futuras del mercado de trabajo y a los nuevos retos a los que se enfrentarán los ciudadanos en la búsqueda de empleo y oportunidades en un mundo cada vez más global y cambiante, que requerirá una gran capacidad de adaptación. En este sentido, la elaboración de un libro blanco sobre el futuro del empleo puede constituir una herramienta útil para conseguir adaptarnos a los requerimientos y desafíos de nuestro futuro mercado de trabajo. Por eso, pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Eso es todo, muchas gracias. (Aplausos).
Solo ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que tiene la palabra la señora Ramón, por un tiempo no superior a cinco minutos.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias presidente.
En marzo del año 2017, en la presentación de las conclusiones de la Conferencia Nacional Tripartita, la ministra señora Báñez anuncia que creará un grupo de trabajo con expertos para reflexionar y elaborar propuestas sobre el empleo futuro. El jueves día 11 de enero de 2018, la ministra de Empleo, señora Báñez, anunció de nuevo que España elaborará un libro blanco sobre el futuro del trabajo y plantea la necesidad de que el objeto del pleno empleo y del trabajo decente y de calidad para todos y para todas y de la protección social deben de estar en el centro de las actuaciones del Gobierno y de los interlocutores sociales. La misma señora ministra, en su comparecencia del día 25 de enero ante esta Comisión, manifiesta nuevamente que se ha comprometido con la OIT a elaborar un libro blanco sobre el futuro del trabajo, que continuará siendo la aportación española al debate, que concluirá en el año 2019, sobre el futuro del trabajo en el mundo, y manifiesta que así lo acordaron en el marco del diálogo social, crear ese grupo de trabajo plural e interdisciplinar de expertos. En fin, que la señora ministra, perteneciente al mismo grupo político, el Partido Popular, que trae hoy aquí esta iniciativa, lleva ya más de un año anunciando la creación de un grupo de expertos para hacer este libro blanco, y ahora vienen ustedes con este impulso a su creación, lo que pone de manifiesto que está claro que a estas alturas no han hecho absolutamente nada. Me parece lamentable. En lugar de traer hoy aquí esta iniciativa, lo que deberían traer son los trabajos de ese libro blanco y sobre qué elementos pivota.
Mientras que ustedes piensan en estudiar el futuro del trabajo, el presente actual que tenemos muestra un panorama desolador. Ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro, más de 1 200 000; aumentan los parados de larga duración; aumenta y sigue aumentando la tasa de temporalidad, que es la más alta desde el año 2008; datos de febrero de 2018: de 3296 contratos, 2949 son temporales y solo 347 indefinidos, y buena parte de estos temporales son parciales. El 91 % de los contratos firmados en 2017 fueron temporales, unos contratos que cada vez -como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones- son más cortos y muchos de ellos a tiempo parcial. Todo esto tiene como consecuencia la devaluación salarial, que condena al 14 % del total de la población ocupada a la condición de trabajadores pobres y, por lo tanto, a no poder llevar una vida con dignidad.
Muchos informes que tenemos en la actualidad ponen de manifiesto que en España ha aumentado la desigualdad con esta supuesta recuperación económica. Esto hace que esa recuperación económica no llegue a todas las personas por igual. De hecho, ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres. Es uno de los países, España, donde más ha crecido la desigualdad. Esta es la realidad actual y este es el presente. Si leemos la exposición de motivos de su proposición no de ley y lo cotejamos con lo que está haciendo el Gobierno, vemos dos situaciones diametralmente opuestas. Y quiero recordar que, como dice el refrán, "Obras son amores y no buenas razones". Hay que actuar, hay que legislar y hay que revertir la situación de precariedad que están viviendo los trabajadores y trabajadoras en este país. No basta con sacar pecho por que se está creando empleo. ¡Faltaría más! Con ello están ustedes vendiendo esta recuperación económica. Hay que crear empleo pero no cualquier empleo. Necesitamos empleo pero un empleo digno y de calidad, con unas retribuciones dignas y que a su vez aumenten las cotizaciones para mantener el sistema de pensiones que ustedes, con sus políticas, están poniendo en situación de riesgo.
Mi grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley y con esta enmienda tratamos de exigirles que den cumplimiento a la moción socialista aprobada por la Cámara el pasado día 25 de enero
de 2018, en la que se pedía al Gobierno una estrategia clara sobre cómo va a garantizar una economía digital inclusiva y cómo va a paliar los efectos negativos. En definitiva, una batería ingente de medidas. Esta moción fue aprobada -quiero recordarlo- por 208 votos a favor y 129 votos en contra. En este punto es en el que debería estar el Gobierno, aparte de en el libro blanco, que no discutimos y no enmendamos.
Quiero afear la actitud del Partido Popular de traer esta iniciativa que lo que pone de manifiesto es que un grupo que debería estar funcionando aún no se ha constituido. Lo contrario es palabrería.
Tienen la palabra el resto de los grupos para manifestar su posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano. Tres minutos.
Efectivamente, esta iniciativa del Grupo Popular abre una discusión de una relevancia evidente relativa a la puesta en marcha de un grupo de trabajo que tenga como misión elaborar un libro blanco sobre el futuro del trabajo. No es un tema anecdótico ni es un tema menor. Hemos de entender que esta iniciativa se enmarca en el seno de los debates que desde la Organización Internacional del Trabajo se están propiciando y aprovecho, señor presidente, para decir que quizá sería interesante contar con la presencia algún día en esta Comisión del representante de la OIT en España para que comparta con nosotros los debates que en este sentido están promoviendo y a los que están interpelados también el Gobierno español y el conjunto de los Gobiernos autonómicos. Decía que esta iniciativa, que debe enmarcarse en esta reflexión tan relevante, quizás hubiese exigido por parte del Grupo Parlamentario Popular un esfuerzo por hacer una iniciativa conjunta con el resto de los grupos parlamentarios e incluso sería buena una mayor concreción sobre la naturaleza de este grupo de trabajo: participación de interlocutores sociales, participación de expertos, participación de responsables de los ámbitos de gestión de las políticas de empleo en las comunidades autónomas... Una mayor concreción, como digo, hubiese sido deseable.
Paso al tercer elemento de preocupación. El debate que la OIT está promoviendo lleva ya un cierto tiempo en marcha y sería inquietante que a estas alturas del año, bien entrado el mes de marzo, la creación de este grupo de expertos estuviese aún en su fase muy inicial. Nos preocuparía.
Hechas estas advertencias de tipo más formal, es evidente que apoyaremos la iniciativa que nos plantea el Grupo Popular porque sobre la cuestión de fondo no podemos tener discrepancia. Somos conscientes de que el reto, la magnitud y la seriedad del asunto del que estamos hablando exigen de este grupo de trabajo un esfuerzo muy serio de trabajo y un debate muy serio en el Parlamento. El reto es enorme, está vinculado a los cambios relativos a la globalización e internacionalización económica, está vinculado a las disrupciones tecnológicas que están en marcha, que rompe con nuestros lugares comunes sobre el trabajo y el empleo y afecta profundamente a nuestro modelo de protección social y a la redistribución de la riqueza vía la fiscalidad. Por tanto, debates muy serios que espero que este grupo de trabajo y este libro blanco aborden de manera adecuada. Esperemos a tener más información al respecto.
Me permito recordarles que se trasladó la convocatoria para que la OIT, el ministerio y los agentes sociales, sindicatos y patronal, presentaran el informe sobre el futuro del trabajo y estamos esperando que nos digan en qué fecha lo tendrán para trasladársela.
Por otro lado, esta tarde viene Matthew Taylor, director ejecutivo de la Royal Society for the encouragement of Arts que hizo un informe para el Gobierno inglés de la máxima relevancia sobre este tema y que tienen colgada en la web su convocatoria, es a las cinco de la tarde. Evidentemente, están todos invitados e invitadas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Ramírez Freire, tres minutos.
La propuesta que nos trae hoy el Grupo Popular parte de la premisa de que es necesario, desde luego, establecer un libro blanco para contemplar los nuevos modelos de empleo. Es innegable que el
mercado laboral está cambiando. El informe que se conoció en mayo del año pasado sobre el estado del mercado laboral en España exponía claramente que en ciberseguridad, robótica, en users experience y en gestión ágil de proyectos se estaban abriendo puestos de trabajo nuevos y emergentes. Estamos a favor, por supuesto, de esta propuesta y, como no puede ser de otra manera, la apoyaremos. Pero déjenme que haga algunas matizaciones a la portavoz del Grupo Popular.
En primer lugar, es complicado -y eso lo sabe usted perfectamente- afrontar los nuevos retos de un mercado de trabajo, sobre todo cuando los trabajos todavía no existen. La famosa destrucción creativa no es nueva, esto ya lo planteó el señor Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia allá por 1942. Por tanto, si hay algo claro es que el mercado laboral cambia y que nos tenemos que adaptar. Para eso nosotros creemos que lo mejor es hacer un esfuerzo en inversión y en formación, con instrumentos concretos como el cheque formativo que Ciudadanos dotó en los Presupuestos Generales del Estado tras la negociación con 1200 millones de euros o desarrollando e implementando de una vez la Ley 30/2015, sobre el Sistema de Formación Profesional, o conociendo el perfil de nuestros desempleados y trabajadores, mediante un sistema de perfilado estadístico. La segunda consideración es que esta PNL del Grupo Popular nos parece que incluye en su exposición de motivos algunas frases que son puramente propagandísticas. Algo como: Nuestros compromisos en esta legislatura son seguir impulsando una recuperación económica que sea intensiva en creación de empleo, inclusiva y que no deje a nadie atrás. Después de ver claramente los datos de desempleo y de precariedad -y, por eso, hemos planteado la ley contra la precariedad laboral- son claramente inciertas, faltan a la verdad cuando dicen esto.
La propaganda no acaba aquí, porque el pasado 11 de enero el gabinete de comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunciaba que: La ministra Báñez creará un grupo de trabajo con expertos para reflexionar y elaborar propuestas sobre el empleo futuro. Como pueden ver en esta imagen (muestra una foto); esto está sacado de la página del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por tanto, no entendemos que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno pida al Gobierno, se inste a sí mismo, a hacer algo que ya está decidido que se va a hacer de antemano. Como les decía no es la primera que va a traer hoy de sentido propagandístico porque luego veremos otra.
En cualquier caso, apoyaremos la creación del grupo de trabajo para el libro blanco de las nuevas profesiones porque nos parece fundamental para un empleo de calidad, digno y para dar respuesta a los desempleados de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez Freire.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra doña Isabel Salud. Tres minutos.
El Grupo Popular nos presenta esta iniciativa que, como ya han dicho otros grupos, insta al Gobierno a crear un grupo para elaborar el libro blanco sobre el futuro del trabajo en España. Pero es que estamos debatiendo en estos momentos en esta Comisión esta proposición no de ley cuando ya la ministra Fátima Báñez ha anunciado públicamente que España elaborará ese libro blanco y ha propuesto incluso a los interlocutores sociales su participación.
Nuestro Grupo Confederal se pregunta por qué ustedes nos traen hoy a debate una iniciativa que insta al Gobierno a hacer algo que ya ha anunciado el propio Gobierno a través de su ministra de Empleo. Esta situación nos parece surrealista y una pérdida de tiempo y sin que hayan hecho nada desde el Gobierno durante estos meses. Pero es que además ustedes aprovechan esta iniciativa para decirnos en la exposición de motivos que hemos salido de la crisis y que además la política del Gobierno ha sido una política muy positiva cuando saben perfectamente que esto no es cierto, que incluso la Comisión Europea hace unos días alertó del elevado nivel de pobreza y desigualdad existente en nuestro país. Por tanto, señorías del Partido Popular, las cifras macro irán bien pero las cifras micro, aquellas que afectan a la economía de las familias, a las personas jubiladas, a las mujeres y a un largo etcétera, no van tan bien. Y nos encontramos con una iniciativa del Partido Popular que solo sirve para darse autobombo con palabras tan bellas como vacías y además desgraciadamente alejadas de la cruda realidad de las gentes de nuestro país. Si no, dígannos ustedes a qué se refieren cuando nos hablan en esa iniciativa de construir esa España moderna, abierta, plural, próspera, inclusiva y de talento, a qué se están refiriendo, de qué nos están hablando. Déjense de tanto discurso vacío y pónganse ustedes a trabajar para esa España al
servicio de la mayoría social trabajadora, al servicio del reparto de la riqueza y al servicio de la justicia social.
Por el grupo proponente, señora Alberto, para manifestarse sobre la enmienda del Grupo Socialista.
La señora ALBERTO PÉREZ: La aceptamos.
- RELATIVA A SUSPENDER LA ENTRADA EN VIGOR DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES EL PRÓXIMO 1 DE ENERO DE 2019. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002967).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la quinta proposición no de ley relativa a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones el próximo 1 de enero de 2019, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Campuzano, por un tiempo no superior a siete minutos.
Efectivamente planteamos esta iniciativa que reclama la suspensión de la entrada en vigor del denominado factor de sostenibilidad y al mismo tiempo de mandatar al Pacto de Toledo a que alcance un acuerdo sobre el mismo. Es una iniciativa del Partit Demòcrata que parte de la preocupación de que si esta Cámara no toma medidas, de manera irreversible a partir del próximo 1 de enero y en cumplimiento de las previsiones legales hoy existentes se incorporará un nuevo elemento para determinar la cuantía inicial de las pensiones, que es el determinado factor de sostenibilidad que se reguló en la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones.
Nosotros en su momento expresamos nuestra preocupación por esa nueva previsión legal que se introdujo en la reforma que impuso el Partido Popular en el año 2013. Entendíamos que era necesario que la legislación del Estado español incorporase un factor de sostenibilidad en la línea de otras legislaciones europeas y, en este sentido, cuando en 2011 en la reforma que propició el Gobierno socialista y que tenía el apoyo de los interlocutores sociales se contemplaba que a partir del año 2027, una vez alcanzásemos la edad legal de los sesenta y siete años se incorporaría a la legislación española en materia de pensiones un factor de sostenibilidad, nos pareció adecuado ese planteamiento. Como decía, otros países europeos han incorporado previsiones de ese tipo: Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal, pero ciertamente no todos los países que han incorporado el factor de sostenibilidad en sus legislaciones lo han incorporado en los términos y las fórmulas en que se incorporó en España en el año 2013. La diferencia sustancial es que en la mayoría de los países europeos -Dinamarca, Grecia, Italia y Países Bajos- el factor de sostenibilidad es un elemento a tener en cuenta a la hora de determinar cuál es la edad de jubilación. Es un mecanismo -cuando se vincula el factor de sostenibilidad a la edad de jubilación- que permite gradualidades, permite flexibilidades y permite exclusiones de determinados colectivos de trabajadores que por razones del empleo que han tenido difícilmente se puede pensar que deba prolongarse su edad de presencia activa en el mercado de trabajo. Y el factor de sostenibilidad es un instrumento que puede ayudar a adaptar algunos de los parámetros del sistema público de pensiones a lo que es un elemento relevante en su sostenibilidad a medio y largo plazo, que es el aumento de la esperanza de vida.
Otros países han optado por el modelo español, en el que el factor de sostenibilidad se convierte en un elemento decisivo en la determinación de la cuantía inicial de las pensiones; es el caso, por lo que yo sé, de Finlandia y de Portugal. Pero este planteamiento de determinación inicial de cuantía de las pensiones de entrada tiene dos efectos. Por un lado, tiene el efecto de que si aumenta la esperanza de vida, la pensión mensual que recibiría el pensionista sería inferior a la que recibiría sin la existencia de ese factor de sostenibilidad. Se produce un sacrificio cierto para ese pensionista, que quizá no tenga la posibilidad de vivir esa esperanza de vida de su cohorte. Es un sacrificio cierto con un beneficio incierto. Además, ese factor no tiene en cuenta que no todas las personas tienen la misma esperanza de vida por razones de clase, por razones de origen o por el tipo de profesiones que han desarrollado; así, los trabajadores que tengan una mejor calidad de vida, un mayor nivel de formación o que probablemente han
nacido en familias con mayores recursos, tendrán una esperanza de vida más alta. Simplemente hay que comparar. Yo aconsejo a los diputados del Grupo Popular que comparen la esperanza de vida de un ciudadano nacido en Ciudad Meridiana, en Barcelona, con un ciudadano nacido en Tres Torres, también en Barcelona, y apreciarán que la diferencia en esperanza de vida es sustancial; se puede hablar de siete, ocho o nueve años de diferencia en cuanto a esperanza de vida. Este factor constituye un elemento que reduce, de entrada, la pensión de estas personas y el hecho de que quizá lleguen a esa esperanza de vida, o no, nos pareció injusto. Por eso mi grupo se opuso a la reforma de 2013 en cuanto al factor de sostenibilidad, porque es una reducción injusta que, acumulada al índice de revalorización de las pensiones, configura un achatamiento de las pensiones públicas y pone en riesgo uno de los principios fundamentales del Pacto de Toledo, que es la suficiencia de las pensiones. El debate está en la vinculación de ese factor de sostenibilidad y de ese índice de revalorización de las pensiones. De ahí este debate.
¿Esto quiere decir que desde el Partit Demòcrata somos contrarios a la existencia de un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la evolución de la esperanza de vida y que lo tengamos en cuenta en los trámites de nuestro sistema de pensiones? No. Mi grupo es coherente con aquello que defendió en el año 2011 respecto de la reforma del año 2011, que se diferencia de la reforma de 2013 en que la del año 2011 fue acordada con los interlocutores sociales. Aquello que el Parlamento discutió y aprobó con el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente fue avalar un acuerdo de los interlocutores sociales con el Gobierno. Esta es la diferencia de la reforma del año 2011 respecto de la reforma de 2013, donde no se produjo ese acuerdo con los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales en el año 2011 incorporaron la idea del factor de sostenibilidad y, por tanto, somos partidarios de la existencia de un factor de sostenibilidad que deberíamos de acordar en el seno del Pacto de Toledo.
Hoy hemos recibido enmiendas de diversos grupos y hemos llegado a un acuerdo respecto de la enmienda que nos ha planteado el Grupo Socialista, que también va a contar con el apoyo del Grupo de Unidos Podemos, y en la que coincidimos en dos aspectos. Por un lado, en cuanto a la derogación de esa reforma del año 2013 y, por otro, en la necesidad de alcanzar acuerdos en el seno del Pacto de Toledo que responda a los dos principios de suficiencia de las pensiones y sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema en el corto, medio y largo plazo.
Espero que esta proposición no de ley salga aprobada hoy en esta Comisión y que eso estimule a poder alcanzar en el Pacto de Toledo los acuerdos necesarios en esos dos parámetros: el parámetro de la suficiencia y del parámetro de la sostenibilidad.
A continuación intervienen los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Les rogaría que se ciñeran a los cinco minutos para no situar al presidente en una posición incómoda que sé que nunca le desean.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz. Tiene cinco minutos.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado bastantes enmiendas a esta cuestión porque toca uno de los elementos centrales de las dos últimas reformas en materia de Seguridad Social regresivas que hemos tenido en nuestro país. ¿Cuales son los antecedentes legislativos del factor de sostenibilidad? Sin lugar a dudas, la ley del Partido Socialista, la Ley 27/2011; en segundo lugar, el informe del comité de expertos al que acudió el Partido Popular en el año 2013 y, en tercer lugar, las Ley 23/2013, del propio Partido Popular.
La primera pregunta que querría formularles es si es sostenible algún sistema de pensiones. Esta es la primera pregunta que deberíamos formularnos. La segunda cuestión que queremos manifestarles es que estamos radicalmente en contra del factor de sostenibilidad, y mucho más radicalmente en contra de lo que se ha plasmado en las legislaciones que antes he citado, muy particularmente en la redacción vigente que trae causa de la ley del Partido Popular en su artículo 211. Por eso en la enmienda que se transacciona pedimos expresamente su derogación. ¿Y por qué razón? Porque cuando se legisló por parte del Partido Popular se hizo una vez más contra todo el mundo, y digo contra todo el mundo porque era hasta contra el Consejo Económico y Social. Me querría detener en el dictamen 7/2013 porque creo que es bueno hacer memoria y reflexionar sobre lo que nos decían de aquella en aquel informe. En dicho informe se señalaba por parte del dictamen del Consejo Económico y Social que, efectivamente, no había conformidad con ese factor de sostenibilidad y, además, decían que mucho menos tal y como lo estaba
formulando el Partido Popular. Como ya dijo el proponente, efectivamente, hay factor de sostenibilidad según otros modelos en países europeos, pero nunca tal y como se han hecho en esta ocasión. Por ejemplo, el dictamen dice -y leo literalmente- que algunas variables demográficas con incidencia en la evolución del gasto del sistema, relacionadas con el envejecimiento de la población, han sufrido cambios particularmente llamativos. Pero no se hace mención, en cambio, a la evolución de los ingresos marcada en los años más recientes por el desplome del empleo y, en consecuencia, dejan como un factor claramente pendiente. No solamente eso, sino que el propio Consejo Económico y Social decía también y le alertaba al Partido Popular -y leo literalmente-: Cabe recordar que en torno al 50 % de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales y que... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Díaz, un segundo, por favor. ¿Pueden hablar un poco más bajo, al menos?
La señora DÍAZ PÉREZ: ... el 27,7 % de las pensiones tienen complementos por mínimos al no alcanzar la cuantía mínima del sistema. Ya no les leo los votos particulares que emitieron los sindicatos y demás. Es decir, que ustedes incorporaron esta medida contra todo el mundo.
Es cierto, y aquí querríamos explicarlo bien, que el factor de sostenibilidad no es propio de un sistema público de pensiones. Está pensado, como dicen los especialistas en esta materia, en la lógica, en la filosofía de un sistema de capitalización. Esto es realmente lo que hacen los factores de sostenibilidad, muy particularmente el factor de sostenibilidad del artículo 211, del Partido Popular, y es que la sostenibilidad de la que habla el Partido Popular es la sostenibilidad financiera. Cuando en nuestro sistema hablamos no de sostenibilidad de pensiones, sino de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, obviamente, hay un punto de inflexión y nos dirigimos en realidad hacia un sistema de capitalización. Esto no lo decimos nosotros; lo dicen los más ilustres catedráticos y catedráticas de Seguridad Social de nuestro país, que han escrito largo y tendido sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque, efectivamente, se vincula a esto que tanto le gusta tanto al Partido Popular, que es el equilibrio financiero del sistema. ¿Qué hace este factor de sostenibilidad? Pues lo que criticaba el Consejo Económico y Social: un recorte inmediato, brutal, de nuestras pensiones en nuestro país con un impacto de género brutal del que ya alerta el propio consejo. Efectivamente, las mujeres vivimos más, pero tenemos pensiones mucho más reducidas, la brecha es del 39 %, y lo más grave, que no es reversible. Es decir, cuando entre en vigor el factor de sostenibilidad el día 1 de enero del próximo año, no hay vuelta atrás. Además, se dice con claridad en todos los papeles que escribe el Partido Popular que se trata de reducir la cuantía de las pensiones. (Rumores). Además, no hay matiz entre ellos, y el ajuste o el planteamiento filosófico que hacía el Partido Popular -no olvidemos que incluso en su propia ley- es que todo esto se hacía porque había una crisis económica. Pero hoy, como todo el mundo sabe, el Partido Popular dice que nos va fenomenal, que somos la locomotora de Europa y que no hay causa para seguir recortando las pensiones.
Por tanto, nuestro planteamiento va obviamente en lo que decía el informe: actúen en la materia de los ingresos. Suprimamos el artículo 211, por supuesto la ley del Partido Popular, el factor de sostenibilidad, y la reforma del actual artículo 58, para eliminar el índice de revalorización de conformidad con el 0,25 %, para incorporarlo al índice de precios al consumo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.
Aclaro a la señora Perea que el orden es el de entrada de las enmiendas en la Comisión.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo, por un tiempo de cinco minutos también.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente; probablemente seré más breve.
Después de haber debatido sobre pensiones el martes y haber tenido ayer un Pleno monográfico, nosotros defendemos que se sigue teniendo una visión muy parcial del problema que tenemos en materia de pensiones. Creo que el equilibrio financiero es necesario -ya lo hemos defendido-, pero también la suficiencia del sistema y nosotros vamos a defender que los pensionistas sigan manteniendo su poder adquisitivo. Íbamos a apoyar en un primer momento esta proposición no de ley del Partit Demòcrata tal
como venía escrita, porque en su redacción inicial hablaban de revisar, de suspender la aplicación de este factor de sostenibilidad en los términos diseñados en el año 2013 por el Partido Popular; y nosotros habíamos hecho una enmienda que iba precisamente en el sentido de suspender, revisar, ver cómo puede ser la aplicación de este factor de sostenibilidad que, como ha dicho el señor Campuzano, la mayoría de los países de nuestro entorno lo están aplicando de una forma u otra. No lo llamemos factor de sostenibilidad, pero sí que entren en el sistema de pensiones de una u otra forma las nuevas realidades sociales como son que tenemos una esperanza de vida que es cada vez más alta, lo cual es muy bueno, pero crea ciertas tensiones a nuestro sistema de pensiones. Por lo tanto, en esa redacción inicial, en la que se hablaba de revisar y no de derogar ese factor de sostenibilidad, que ya se contemplaba en la reforma del año 2011 y que posteriormente la reforma del año 2013 también contempla, sin perjuicio de que lo haga en otros términos con los que podemos estar o no de acuerdo, nosotros no creemos que haya que eliminarlo como dice la enmienda transaccional que nos han pasado, porque sacamos la esperanza de vida del sistema y creo que tiene que estar. Nosotros creemos que se tiene que debatir en el marco del Pacto de Toledo cómo tenemos que introducir el debate de la esperanza de vida en nuestro sistema de pensiones, si tiene que ser en una cuantía mínima, como hizo en la cuantía inicial el Partido Popular en el año 2013, en la edad de jubilación o donde sea, pero la esperanza de vida tiene que estar en el sistema de Seguridad Social. Por lo tanto, no podremos apoyar esta enmienda transaccional en la que se propone derogar el factor de sostenibilidad, volver a un incremento del IPC del 1,6 % y no se habla nada sobre qué reformas vamos a hacer para incrementar los ingresos. Como solo va en esa dirección, nosotros no podremos apoyarla.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea, también por un tiempo de cinco minutos.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracia, presidente.
Yo creo que con esta proposición no de ley y con la transaccional planteada por el Grupo Socialista, por la que no estamos dispuestos a admitir una suspensión, como plantea Ciudadanos, sino que realmente creemos en la derogación -y así ha sido expuesto tanto por el PDeCAT como por Unidos Podemos-, llegamos a las tesis que el Partido Socialista sostiene desde el inicio de la legislatura. (Rumores).
Presidente, hay mucho ruido, ¿no?
El señor PRESIDENTE: Sí. Por favor, nos queda todavía una proposición no de ley más. No es necesario que estén en la sala si no quieren atender a la portavoz.
Evidentemente, con esta transaccional se llega a las tesis del Partido Socialista desde el inicio de la legislatura -y que ya en 2013 planteamos-, según las cuales o instamos iniciativas o el Pacto de Toledo no va para delante. Ayer tuvimos un ejemplo claro de que el Partido Popular y Ciudadanos están instalados en el inmovilismo. Recuerdo que en 2013 se adoptó una ley sin la anuencia del diálogo social ni del Pacto de Toledo, y hoy estamos aquí como consecuencia de todo aquello. Esto ya lo dijimos el martes en el debate de otra de las iniciativas que planteaba el Partido Socialista. (Rumores). En concreto son 33 las iniciativas que hemos planteado desde el inicio de esta legislatura, y la verdad es que nos alegramos de esta proposición no de ley... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Nuevamente les pido silencio. Hay mucho ruido.
La señora PEREA I CONILLAS: ... porque viene a constatar otra vez la soledad del Partido Popular y de Ciudadanos. Ayer en el Pleno del Congreso se puso de manifiesto la tomadura de pelo por parte del Partido Popular, en concreto del presidente Mariano Rajoy, que vino a no decir nada -como siempre-, lo cual demuestra de nuevo que le importa cero el Pacto de Toledo y que le importa cero el consenso, y la prueba es que nos remitió a los Presupuestos Generales del Estado para adoptar medidas.
Desde el inicio de la legislatura, el Grupo Socialista ha planteado la necesidad de garantizar el poder adquisitivo, de ahí la transaccional, donde se le exigen al Gobierno dos cuestiones. En primer lugar, adopten ya un decreto -no lo demoren hasta los Presupuestos Generales del Estado- que permita revalorizar las pensiones para 2018, con efectos a 1 de enero, sobre la base del IPC, y en segundo lugar,
ni se les ocurra aplicar el factor de sostenibilidad el día 1 de enero de 2019. Francamente, creo que le estamos haciendo un favor al Partido Popular, porque si esto entra en vigor, a la ministra le tocará despeinarse y tener que explicar muy bien a los pensionistas por qué van a perder de entrada en sus pensiones del orden de un 10 a un 15 %. Evidentemente, si se aprobara esta proposición no de ley y el Gobierno no adoptara un decreto de forma inmediata, esto volvería a ser una burla a los pensionistas, y en este sentido a mí me gustaría que Ciudadanos se posicionara, porque de la lectura de la enmienda transaccional se deduce muy claramente que hablamos de pensiones dignas y suficientes y de equilibrio económico-financiero. Claro que sí, la propuesta del Partido Socialista ha sido de racionalizar gastos y de mirar los ingresos. No entiendo por qué este posicionamiento atroz por parte de Ciudadanos, pero, bueno, poco a poco se les va viendo ya la patita, y casi nos alegramos. Hará falta que nos digan, si es que quieren garantizar el poder adquisitivo, sobre la base de qué: si del IPC -que su portavoz hoy ya ha dicho que no, y esto se lo tendremos que explicar a los pensionistas fuera de estas paredes-, o si tienen otro índice que hasta el momento desconocemos.
Insisto, hoy el Gobierno mediante decreto-ley podría perfectamente revalorizar las pensiones sobre la base del IPC, así como permitir que las pensiones de viudedad se revaloricen, tal y como plantea la Ley 27/2011. ¿Por qué hago especial mención a la pensión de viudedad? Porque de nuevo ayer el presidente del Gobierno manifestó que en los Presupuestos Generales del Estado algo haría -no dijo qué-, como si nos viniera con limosnas, y en las pensiones no hay limosnas. Por otra parte, hoy hemos escuchado al ministro Nadal que, por error -quiero pensar que no ha sido por desconocimiento, por ignorancia, sino que pienso mas en que ha habido mala fe-, ha dicho que hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado estas medidas no se pueden adoptar, lo cual es falso. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular saben que si el Gobierno quisiera, y con apoyo de Ciudadanos, hoy podríamos tener perfectamente la revalorización de las pensiones sobre la base del IPC.
Evidentemente, la recuperación del poder adquisitivo es una victoria de las personas que están fuera reclamando dignidad. Estamos hablando de un sistema de protección social que no es para los pensionistas de hoy, sino para los de mañana; estamos hablando de que hemos de garantizar la dignidad para todos y cada uno de nosotros y un sistema público de pensiones que permita tener un proyecto colectivo. Para nosotros los socialistas -lo dijimos el martes- es una bandera que tenemos que llevar para adelante todos aquellos que pensamos que el sistema de protección social nos ha dado los mejores momentos de nuestra historia como país. Por ello, pedimos tanto a Ciudadanos como al Partido Popular que se añada a esta proposición no de ley transaccionada con el PDeCAT, donde se ha buscado el acuerdo, y eso es importante. Instamos a que, por favor, se retome el diálogo social con los sindicatos, que desde el mes de febrero, es decir, ya hace más de un año, se ha ignorado, y que adopten medidas desde la generosidad y desde la conciencia de que es la única manera de poder tener un país digno con personas que tienen capacidad para tener sus propios proyectos de vida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea.
A continuación, los grupos que no han presentado enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran. (Denegaciones). Por parte del Grupo de Esquerra Republicana, señor Salvador. (Denegaciones). Por parte del Grupo Popular, el señor Camps tiene la palabra por tres minutos.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias. Espero que el señor presidente siga siendo el presidente bonus en este caso, porque habrá podido observar que la mayor parte de las intervenciones no han ido dirigidas a fijar posición sobre la proposición no de ley que presentaba el Grupo Mixto, sino a criticar la actitud del Gobierno, el sistema actual de pensiones y algunas medidas adoptadas por el mismo.
El señor PRESIDENTE: Debería estar usted acostumbrado, señor Camps. Ciñámonos a los tres minutos, por favor. (Rumores).
El señor CAMPS DEVESA: Estoy muy bien acostumbrado a la crítica, pero quiero recordarle que han trascendido el tiempo todos los que han hablado en este punto con anterioridad a mí.
El señor PRESIDENTE: Un minuto cada uno, que es lo mismo que le voy a dar a usted.
El señor CAMPS DEVESA: Voy a empezar recomendando una lectura: Manuel Conthe, El largo de las pensiones, en el periódico Expansión de hace dos días. Ustedes fijan todo el debate sobre el ancho
de pensiones y olvidan el largo de las pensiones y, como muy bien decía uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país, el señor Bandrés, el problema real no es la longevidad, sino jubilarnos a la misma edad que cuando la esperanza de vida era menor. Es insostenible mantener un periodo de jubilación tan largo. Por eso, se introdujo el factor de sostenibilidad por parte del Partido Popular, un factor de sostenibilidad que ya estaba acordado socialmente y que también tenía refrendo político por esta Cámara, solo que no había sido desarrollado, anticipándolo únicamente del año 2027 al año 2019, un factor de sostenibilidad que lo que hace no es injusticia, señor Campuzano, sino muy al contrario, justicia, porque lo que persigue es tratar de manera igual a las personas que se jubilan con la misma edad y con el mismo historial laboral pero en años diferentes y que, como consecuencia de su distinta esperanza de vida, terminan beneficiándose del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto. Eso es lo que corrige el factor de sostenibilidad.
Señorías, a diferencia de lo que han dicho otros grupos, este factor de sostenibilidad está introducido en la mayor parte, por decir la amplísima mayoría, de los países de nuestro entorno que tienen sistema de reparto, no de capitalización. Se lo digo a la portavoz de Podemos. En un primer grupo de países -yo quiero ser serio y riguroso- encontramos aquellos con sistemas de aportación definida, como Dinamarca, en los que el importe de las prestaciones se ajusta automáticamente a los cambios de la esperanza de vida a través del valor de las anualidades. En segundo lugar están los países con sistemas financieros basados en cuentas nocionales -Letonia, Noruega, Polonia y Suecia-, en los que ante el aumento de la esperanza de vida se reduce automáticamente el importe de la cuantía inicial de las nuevas pensiones. En tercer lugar -ahí vamos nosotros-, Finlandia, Japón y España, con sistemas de prestación definida, han introducido mecanismos automáticos que afectan al importe de la pensión obtenida por la fórmula de cálculo. En Portugal el importe inicial de las pensiones se ve afectado por la variación de la esperanza de vida, y en Francia, sin embargo, se ha optado por aumentar el número de trimestres necesarios para alcanzar el cien por cien. Además, hay países como Alemania, Japón, Portugal o Suecia, que han introducido medidas adicionales a las descritas mediante el establecimiento de un ajuste automático de las pensiones a los cambios en relación con el número de trabajadores por pensionista o el saldo financiero del régimen de reparto. Verán, señorías, que es difícil que estén equivocados todos los Gobiernos y todos los expertos de todos estos países a la hora de introducir un mecanismo como es nuestro factor de sostenibilidad. Pero no me quiero quedar ahí. El último informe de la OCDE sobre sistemas de pensiones -les aconsejo también su lectura- concluye que las reforma de 2011 y 2013 desaceleran el crecimiento del importe inicial de la pensión, pero España seguirá contando con un sistema de pensiones comparativamente generoso dentro de la Unión Europea. Tengo que recordarle constantemente a la señora Perea que la reforma de 2011 minora mucho más el crecimiento del gasto del sistema de pensiones que la reforma de 2013. Sean ustedes coherentes. Si ustedes ven oportuna la reforma de 2011, que minora mucho más el crecimiento del gasto, no sé por qué ven la reforma de 2013 -que continúa en la misma línea- como el origen de todos los males de nuestro sistema de pensiones. Además, señora Perea, sea usted coherente por una vez también. Pide usted un decreto para que aumenten las pensiones revalorizándose según el IPC y, en cambio, dice que no puede venir aquí una Ley de Presupuestos Generales del Estado que aumente las pensiones mínimas, que aumente las pensiones de viudedad y que rebaje también la renta fiscal de nuestros pensionistas. (Aplausos.-Rumores). Hay que ser coherentes, señoría.
Los sistemas de pensiones, para que sean adecuados, necesariamente tienen que ser sostenibles. La tasa de reemplazo que, como saben ustedes muy bien, es la última pensión respecto al último salario, en España es más alta que la media de la Unión Europea y más alta también que en la mayoría de los países de la OCDE. Incluso con la aplicación de las reformas de 2011 y 2013, en 2061 la tasa neta de reemplazo de España seguirá siendo de las más altas, alcanzando el 81,8 %, frente a la media de la OCDE del 62,9. Yo prefiero las predicciones de la OCDE, señor Campuzano, que las de la Unión General de Trabajadores.
Se puede concluir, señorías, en este debate, que exigir un aumento en la vida activa en el futuro al sistema seguirá concediendo pensiones con niveles comparativamente más altos que la media de la OCDE y el factor de sostenibilidad se convierte, por tanto, en un elemento básico del sistema de pensiones. Por ello, no podemos votar a favor de la proposición no de ley, aunque trabajaremos en el marco del Pacto de Toledo para ver si encontramos un acuerdo con respecto al factor de sostenibilidad.
Tiene la palabra el grupo proponente para manifestarse sobre el sentido de las enmiendas, aunque parcialmente lo ha hecho durante la intervención.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, señor presidente. Hemos planteado una enmienda transaccional con el Grupo Socialista y el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que todas sus señorías ya conocen y que es el texto que vamos a someter a votación.
- RELATIVA A IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA TARJETA SOCIAL UNIVERSAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003020).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último punto del orden del día, relativo a impulsar la puesta en marcha de la tarjeta social universal. Ha sido presentada por el Grupo Popular y la defiende la señora España, por tiempo de siete minutos.
Queridos compañeros, en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró el pasado 17 de enero de 2017 el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas acordaron impulsar la tarjeta social. En abril de ese mismo año se constituyó un grupo de trabajo. La tarjeta social universal es un sistema de información que permitirá conocer, en tiempo real, las prestaciones sociales de contenido económico que gestionan la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Por lo tanto, es un sistema que contribuye a una mayor simplificación administrativa y a reducir las cargas para el ciudadano. Es decir, es un sistema de información de prestaciones públicas, con unos objetivos muy claros: proporcionar a los ciudadanos información completa sobre sus prestaciones y sobre sus situaciones subjetivas; dar una mayor transparencia a los programas sociales que son gestionados por las distintas administraciones públicas, así como mejorar la eficiencia y la coordinación y detectar, fundamentalmente y con precisión, las situaciones de mayor vulnerabilidad, evitando así la posible desprotección. Este grupo de trabajo se ha reunido en varias ocasiones, ha puesto de manifiesto la buena evolución de los trabajos, ha anunciado que será una tarjeta universal, se han identificado más de quinientas prestaciones públicas y, como he dicho antes, servirá como mecanismo para simplificar los trámites administrativos. Por lo tanto, esta tarjeta social universal mejorará el sistema de protección a los ciudadanos y, fundamentalmente, lo que se quiere también con ella es que nadie se quede atrás, es decir, que nadie que tenga derecho se pueda quedar sin una prestación. Por tanto, nosotros con esta PNL pretendemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de la tarjeta social universal en la que participan todos los niveles de la Administración estatal, autonómica y local, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse, a la mayor brevedad, de las ventajas inherentes a la misma.
Espero recibir el apoyo del resto de los grupos de la Comisión. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
El único grupo que ha presentado enmiendas ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodríguez, tiene la palabra por cinco minutos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Gracias, presidente.
Mi grupo ha presentado una enmienda a esta iniciativa porque entendemos que la tarjeta social tiene que ser universal y es importante asegurarnos de que en ningún caso se establecerán requisitos para la emisión de la tarjeta que vulneren la universalidad del derecho a la atención social, ni de que se deje de atender a personas en situación de urgencia social por no disponer de dicha tarjeta o de que esta no se convierta en un instrumento para estigmatizar a las personas necesitadas porque solo sirva para acreditar que su titular pertenece a un club de pobres. Dicho esto, también tengo que decir que toda actuación que quiera desarrollar el Gobierno de España en este tema es necesario que lo haga de manera consensuada y en coordinación con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.
Por otra parte, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista rechaza contundentemente cómo se están planteando algunos de los documentos que conocemos. Parece que lo único que realmente
se pretende en aras de la transparencia es detectar duplicidades o supuestos fraudes y abusos de los perceptores de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales. Para el Grupo Parlamentario Socialista resulta inadmisible extender la sospecha de fraude en el cobro de prestaciones; esta nos parece una postura recurrente en los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. A nadie se le ocurriría proponer una tarjeta patrimonial que permitiera conocer las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que perciben las personas más adineradas que, bajo distintas fórmulas, gestionan la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales e incluso empresas públicas en aras de la transparencia y para detectar duplicidades, extendiendo una sospecha de fraude generalizado. Se calificaría como un atentado a la intimidad y a la dignidad de dichas personas. Para nosotros la dignidad y la intimidad de las personas pobres, los desempleados de larga duración o las familias vulnerables tienen el mismo valor que las de las personas acaudaladas. El Grupo Parlamentario Socialista está a favor de la transparencia, la eficacia, la coordinación y la complementariedad de las acciones de todas las administraciones en este tema y no nos oponemos a que se establezca un instrumento técnico que sea universal que lo facilite. Así lo hemos demostrado donde gobernamos, por ejemplo, en Andalucía, donde hemos regulado en la reciente Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales dos instrumentos técnicos: la tarjeta social y la historia social; pero nuestra perspectiva está muy clara, no es incriminatoria ni estigmatizadora. El Gobierno socialista andaluz con la tarjeta social lo que hace es establecer un derecho de todas las personas -todas las personas son titulares del derecho de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía-, lo que posibilitará la continuidad y la coherencia del itinerario de intervención social y facilitará la homogeneidad de la información existente en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Por otra parte, todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales en los términos definidos en el artículo 6 de la ley andaluza tendrán una única historia social vinculada a la tarjeta social, que será abierta en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y recogerá el conjunto de la información relevante sobre las necesidades de atención, planificación, seguimiento y evaluación del proyecto de intervención social.
Señorías, termino. El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con crear un instrumento técnico básico que permita la relación entre los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, así como la interrelación y coordinación con los servicios del sistema sanitario público, con la finalidad de conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones que deben aplicarse desde los distintos niveles y sectores de actuación. Pero nunca estaremos de acuerdo en crear un instrumento que, solapadamente, incrimine y siembre las dudas sobre la honorabilidad de los más necesitados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Grupos que no han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano.
Efectivamente, transparencia necesaria y lucha contra el fraude imprescindible, pero mecanismos que, por la puerta de atrás, supongan una vulneración de las competencias exclusivas en materia social de las comunidades autónomas no es aceptable para el Partit Demòcrata, y eso nos va a llevar a rechazar esta iniciativa.
En la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas en la que se acordó el establecimiento de esta tarjeta no participó el lendakari Urkullu. Si lo hubiera hecho, seguramente la unanimidad no hubiera estado presente. Como acaba de mencionar el señor Campuzano, la posibilidad de establecer alguna... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.
El señor BARANDIARAN BENITO: Como decía, el establecimiento de esta tarjeta social no nos parece que en principio vaya a tener el objeto que pretendidamente asoma en su exposición de motivos, sino otro diferente. Entendemos que quizá, coincidiendo con el planteamiento que ha hecho el Partido Socialista, subyace una pretensión más de control a las competencias de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta, además, que las competencias en materia social son exclusivas de ellas.
Hay además otro aspecto determinado, que es el de la transferencia de datos que se solicita a través de este volcado, porque se refiere a datos personales, sin tener en cuenta la Ley de protección de datos, ya que requeriría el establecimiento o el señalamiento de una causa de interés general que motivaría la transmisión de datos personales, que es lo que está solicitando esta tarjeta social. No nos oponemos, todo lo contrario, y así se lo han manifestado al ministerio los titulares del Gobierno vasco, estamos dispuestos a transferir todo tipo de datos para su explotación estadística, no así los relativos a la explotación de datos personales, que están sometidos -repito- a la Ley de protección de datos y que, además, se demuestran innecesarios para este objeto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador. (Denegaciones). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Brevemente.
Con esta PNL consumamos la transmutación de esta Comisión en la agencia de publicidad del Partido Popular, porque volvemos a traer una propuesta que ya tienen en marcha. Nos parece sorprendente que el Partido Popular inste a su Gobierno a plantear una propuesta que está en marcha, como puede verse en la hoja de comunicación del 13 de febrero de 2018 del propio ministerio. Más allá de la forma, estamos de acuerdo con el fondo y, de hecho, me han dejado un poco perplejo algunos de los comentarios del Partido Socialista que he escuchado aquí, porque cuando se habla de ayudar a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad les llama "club de pobres". Me llama poderosamente la atención y me escandaliza escuchar ese tipo de aseveraciones.
Esta propuesta va en la línea del acuerdo que teníamos con el Partido Popular. En los 150 puntos se avanzaba mediante el diálogo y el acuerdo en una mayor armonización del sistema de servicios sociales para una mayor cohesión, una mayor calidad y una mayor equidad de los mismos. Creo que es fundamental. En ese sentido, también introducíamos que se tenía que aprobar una ley básica de servicios sociales de ámbito nacional que garantice... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, le hacen muy difícil el trabajo a las compañeras que están tomando nota de sus intervenciones. Apelo a su consideración con ellas.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Entiendo que son conversaciones muy interesantes, señor presidente.
Como decía, esto estaba dentro de los 150 puntos que teníamos con el Partido Popular en ese acuerdo de investidura. Lo que intentábamos era promover una mejor coordinación, un refuerzo en las ayudas y en las rentas y las prestaciones sociales. También quiero tranquilizar a los partidos de carácter nacionalista cuando hablan de que es un intento de subyacer las competencias exclusivas que tienen las comunidades, todo lo contrario, se trata precisamente de colaboración con el ámbito autonómico y con el ámbito estatal para que se pueda hacer con la mayor transparencia y con la mayor complementariedad -no suplementario, sino complementario- y potenciar la eficacia.
Por tanto, votaremos a favor de esta propuesta del Partido Popular, eso sí, solicitándoles que cuando trabajen en esta Comisión por lo menos lo hagan con iniciativas que sean innovadoras o, por lo menos, que no hayan sido ya puestas en marcha por el Gobierno, porque, si no, transmutamos, como decía al principio, esta Comisión en una agencia de publicidad que deja con muy poco sentido lo que trabajamos aquí.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Marcello.
Hoy el Partido Popular vuelve a la carga con lo que ya nos intentó colar por la Comisión de Servicios Sociales y, como decía el Grupo Ciudadanos... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un segundo, señora Marcello.
Por favor, quedan tres minutos, tres, solo tres.
El Partido Popular -como decía- nos trae algo que ya nos ha intentado colar por la Comisión de Servicios Sociales y, como decía el Grupo Ciudadanos, ya parece que esta en marcha la tarjeta social, que ahora llaman universal. Pero, señorías del Partido Popular, les tenemos que decir -como ya se lo dijimos en su día- que no necesitamos ni apostamos por un carné de pobre. Muchos, quizá, puedan pensar que la música de esta iniciativa pueda sonar bien cuando ellos planteaban que quieren dar una llave de acceso a todas las prestaciones y a todas las personas. Esta vez es verdad que se han cuidado mucho en la terminología que han utilizado en su intervención y en su proposición, y han omitido otros términos que utilizaban en otras ocasiones, cuando decían que querían evitar la duplicidad de prestaciones y el uso indebido o abusivo de las prestaciones, cuando hemos visto y comprobado en los estudios que el fraude que pueden cometer las personas pidiendo prestaciones económicas no llega ni al 0,26 %.
Este planteamiento que nos hacen hoy, en 2018, no es nada nuevo. Ya lo intentó Ana Mato cuando era ministra de Sanidad y Servicios Sociales, al plantear la necesidad de crear un catálogo de servicios y prestaciones. Y fracasó en su intento, quizás porque estaba muy liada con aquello que hoy conocemos como la Gürtel, y empezó a introducir ya lo que se llamaba la tarjeta social, sin llegar a implementarla. En aquellos entonces, los profesionales de los servicios sociales ya nos oponíamos a ella por el carácter que tenía de estigmatización de los pobres. Como digo, este modelo no es nada nuevo. Esta filosofía o este modelo que hoy nos quieren plantear, y que parece que ya está en marcha, ya lo planteaba la que nosotras llamamos la madre de los servicios sociales, que fue Mary Richmond, en 1917 -ya ha llovido-, que planteaba en aquel entonces que se dedica más tiempo al análisis de los ingresos que declaran los solicitantes de las ayudas económicas que a recopilar toda la información y estudiar las causas que hacen que demanden esas ayudas, se dedica mucho menos tiempo y muchos menos recursos para erradicar esas causas. Repito, eso lo planteaba en 1917 -se hablaba de la obsesión del control de los pobres-, años en los que existía un modelo de beneficencia y de asistencialismo, y parece que vamos caminando hacia este modelo otra vez más.
Señorías del Partido Popular, siguen sin entender que cuando una persona reclama un derecho, una ayuda económica, un recurso o un servicio no busca una historia de vida, no busca un carné que se le acredite, lo que busca realmente es que se erradiquen las causas que generan todas esas situaciones de pobreza y exclusión social. Y mucho más peligroso nos parece lo que se denota de esta proposición y de esta intención de crear este mecanismo, que es dar acceso tanto a las entidades privadas como a las entidades públicas, porque eso nos parece ya -como planteaba el compañero- una privación sobre todo del derecho sobre los datos personales.
Sinceramente, señores del Partido Popular, les pregunto: ¿Ustedes han evaluado el impacto social que se pretende generar con este carné de pobres? ¿Pretenden volver al sistema del padrón de beneficencia de los años ochenta? ¿Creen ustedes que la mejor manera de erradicar la pobreza es la expedición de un carné de este tipo? Nosotras estamos convencidas de que este camino no es el correcto y apostamos por un cambio de modelo para fortalecer el sistema público de protección social, crear empleo de calidad y que empiecen a levantar el veto a nuestras leyes, así como una reforma integral del sistema público de prestaciones y garantizar el acceso universal a todos las personas, porque el control de los pobres no hace que se reduzcan. (La señora España Reina: Me he debido de explicar fatal).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcello.
Por parte del grupo proponente, doña Carolina, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista?
La señora ESPAÑA REINA: Sí, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Estupendo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones, porque parece que todos están presentes. Votamos la primera proposición no de ley, sobre la modificación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, para que su aplicación no dé lugar a discriminaciones indirectas en razón de su sexo, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista y que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 1; abstenciones, 14.
Votamos la segunda proposición no de ley, relativa a la reducción de la contratación temporal y a tiempo parcial, planteada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en los términos de la enmienda transaccional realizada con el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Hay que ponderar porque se ha producido empate. ¿Alguien se lo quiere pensar? (Risas). Pues hay que ponderar. Votos a favor, una vez ponderados, 160; votos en contra, una vez ponderados, 166; abstenciones, 3. Con lo cual queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley, sobre establecimiento de un sistema de bonus/malus, que fomente la contratación indefinida, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que había aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 9.
Votamos la cuarta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un libro blanco sobre el futuro del trabajo, que se vota en sus términos y que ha sido planteada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 2; abstenciones, 7.
Votamos la proposición no de ley relativa a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones el próximo 1 de enero de 2019, planteada por el Grupo Parlamentario Mixto, en los términos de la enmienda transaccional realizada con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 5.
Finalmente, votamos la proposición no de ley relativa a impulsar la puesta en marcha de la tarjeta social universal, planteada por el Grupo Parlamentario Popular, que incorpora la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 10.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.