Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-428260602
Timestamp: 2019-03-19 02:42:06
Document Index: 259115072

Matched Legal Cases: ['artículo 1058', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 13', 'Artículo 1047', 'Artículo 34']

Sentencia de Tutela nº 751/12 de Corte Constitucional, 26 de Septiembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 428260602
Actor: Maria Eugenia Portillo Linares y Otro
Demandado: Bbva Seguros Devida Colombia y Otros
Expediente: T-3464362 Y OTROS ACUMULADOS
Mínimo vital. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En los casos estudiados se tiene que entidades bancarias otorgaron créditos de vivienda que fueron amparados a través de seguros de vida tomados con empresas aseguradoras, cuya vigencia iniciaba en la misma fecha del crédito para garantizar el pago del mismo en caso de muerte o incapacidad total y permanente del deudor. En un primer caso la accionante fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 91,15% por padecer esquizofrenia y deficiencia por alteraciones emotivas y tras hacer la reclamación a la aseguradora y solicitar el pago de los saldos insolutos del crédito bancario, se denegó la petición bajo el argumento de reticencia al momento de celebrar el contrato, por la omisión de declarar que padecía de cáncer y que conocía este diagnóstico desde hacía cuatro años atrás. En el segundo caso se declaró la pérdida de la capacidad laboral al esposo de la accionante en un porcentaje del 85,50% como consecuencia de un accidente cerebrovascular y otras patologías y la aseguradora negó el pago del crédito solicitado, alegando que en la declaración de asegurabilidad se había manifestado que no se padecía ninguna enfermedad, pese a que con anterioridad a la suscripción de la póliza si se le había diagnosticado al tomador de la misma diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión arterial y enfermedad coronaria, omisión que configuraba una declaración reticente que generaba la nulidad del contrato de seguro. Se analiza la siguiente temática: 1º. Procedencia de la acción de tutela contra empresas particulares del sistema financiero y asegurador. 2º. Naturaleza y características del contrato de seguro. Se conceden.
T-751-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-751/12
Acciones de tutela instauradas por M.E.P.L. contra BBVA Seguros de Vida Colombia y por N.M.B. contra Davivienda S.A. y Seguros Bolívar S.A.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, M.V.C.C., M.G.C. y L.G.G.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos en el expediente T-3464362, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) y, en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), y en el expediente T-3478279, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) y, en segunda instancia, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué el once (11) de enero de dos mil doce (2012), dentro de los procesos de tutela iniciados por M.E.P.L. contra BBVA Seguros de Vida Colombia y por N.M.B. contra Davivienda S.A. y Seguros Bolívar S.A.[1]
I.A. del expediente T-3464362
1.1. El 16 de enero de 2004 el Banco Granahorrar, hoy Banco BBVA, le otorgó a la accionante, M.E.P.L., un crédito para la compra de vivienda por valor de $20.000.000, que amparó a través de un seguro de vida grupo deudores que tomó el citado Banco con Seguros Alfa S.A, hoy BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que inició su vigencia en la misma fecha y garantizaba el pago del crédito ante la muerte o la incapacidad total y permanente de la señora P.L..[2]
1.2. La accionante trabajaba como docente en el Instituto Técnico La Esperanza de Valledupar. El 29 de marzo de 2010 fue valorada por medicina laboral a través de F.S.A., calificándola con una pérdida de la capacidad laboral del 91,15% por enfermedad común, por padecer deficiencia por esquizofrenia y deficiencia por alteraciones emotivas, estableciendo como fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral el 20 de abril de 2010.[3]
1.3. El 28 de junio de 2010 la peticionaria solicitó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A hacer efectiva la póliza de seguro que amparaba la incapacidad total y permanente de la señora P.L., y así cancelar los saldos insolutos del crédito adquirido con el banco BBVA.
Finalmente, la peticionaria precisó en su escrito de tutela que si bien la aseguradora se había negado a hacer efectivo el amparo de la póliza de seguro por la preexistencia de la enfermedad, el seguro tomado no es para amparar enfermedades si no (sic) el pago de la deuda o saldo de las deudas por muerte del asegurado o por incapacidad total y permanente ().
Respuesta BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., a través de su representante legal, se opuso a las pretensiones de la accionante. En primer lugar, señaló que existen otros medios de defensa judicial para dirimir esta clase de conflictos. Así mismo, aseguró que la señora P.L. fue reticente al momento de diligenciar la declaración cuando tomó el seguro, pues omitió señalar que presentaba diagnostico de cáncer de tiroides, tal como se indicaba en la historia clínica de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social del 28 de febrero de 2000, y señaló:
Estas circunstancias afectan directamente el contrato, y la omisión en informarlas al asegurador es conocida como dolo negativo o reticencia contenida en el artículo 1058 del Código de Comercio, norma de carácter imperativo de obligatorio cumplimiento por principio de territorialidad de la ley. En ese sentido debemos resaltar que no es de recibo el argumento de la señora M.E.P.L., respecto de que el seguro tomado no es para amparar enfermedades sino el pago de la deuda, toda vez que el legislador establece específicamente el deber de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el riesgo.[6]
El doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de la accionante, pues de conformidad con la jurisprudencia constitucional las aseguradoras deben dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al inicio del contrato para evitar ambigüedades en el texto del contrato, y en el caso bajo estudio la entidad accionada no realizó los exámenes correspondientes para establecer el estado de salud de la señora P.L.. En consecuencia, ordenó al Banco BBVA, como tomador de la póliza No. 0110043 seguro de vida grupo deudores, pagar los saldos insolutos a abril 20 de 2010 de la obligación No. 510-9670021512.
Antecedentes del expediente T-3478279
1.1. El 6 de junio de 2008 el Banco Davivienda le otorgó un crédito al señor A.O.P., cónyuge de la accionante, por valor de $9.000.000, el cual fue amparado con un seguro de vida ITP de la compañía Seguros Bolívar S.A.[7] que inició su vigencia en la misma fecha y garantizaba el pago del crédito ante la muerte o la incapacidad total y permanente del señor O.P..
1.2. El 20 de marzo de 2010 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del T. determinó que el señor O.P. presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 85.50%, como consecuencia de un accidente cerebrovascular y las enfermedades diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo y depresión. Así mismo, se fijo como fecha de estructuración de la invalidez el 10 de noviembre de 2009.[8]
1.3. El 5 de abril de 2010 el señor O.P. solicitó a Davivienda y Seguros Bolívar realizaran los trámites necesarios para que el seguro adquirido al momento de tomar el crédito amparara el monto que restaba por cancelar, ya que presentaba una incapacidad total y permanente.
1.4. El 30 de abril de 2010 Seguros Bolívar S.A. negó el pago del crédito solicitado por el señor O.P., pues adujo que en la declaración de asegurabilidad el señor A.O. había manifestado que no padecía ninguna enfermedad, sin embargo, con anterioridad a la suscripción de la póliza, se le había diagnosticado diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. En consecuencia, con esta omisión se incurrió en una declaración reticente que generó la nulidad del contrato de seguro.[9]
1.5. El 11 de julio de 2011 falleció el señor O.P..[10]
1.6. El 26 de julio de 2011, la señora N.M.B., cónyuge del señor O.P., elevó una nueva solicitud al banco Davivienda para que se hiciera efectiva la póliza de seguro que amparaba el crédito adquirido por su cónyuge ante el fallecimiento de éste.[11]
1.7. Davivienda trasladó esta petición a Seguros Bolívar,[12] entidad que dio respuesta negativa a la misma el 5 de octubre de 2011, reiterando que el señor O. había incurrido en una conducta reticente al omitir en su declaración las enfermedades que padecía.[13]
1.8. En noviembre de 2011 la peticionaria interpuso acción de tutela para que se ordenara a Seguros Bolívar S.A. realizar el trámite necesario para pagar a Davivienda, como tomador de la póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores, el saldo insoluto de la obligación crediticia adquirida por el asegurado con dicho banco, a partir de la fecha en que se estructuró la invalidez (10 de noviembre de 2009). Así mismo, solicitó el reembolso de la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de la obligación crediticia adquirida por su cónyuge a partir del 10 de noviembre de 2009 hasta mayo de 2011, fecha de la última cuota cancelada.
La señora B. asegura que las entidades accionadas le están dando una interpretación errónea a la historia clínica de su cónyuge, toda vez que el contrato de seguro se suscribió en junio de 2008, y el antecedente de la enfermedad de diabetes mellitus data del 27 de noviembre del mismo año, mientras que el accidente cerebrovascular ocurrió el 10 de noviembre de 2009, el mismo día en el que se estructuró la invalidez del señor O.P.. Agrega que a pesar de la invalidez de su cónyuge, siguieron cancelando las cuotas mensuales derivadas del crédito hasta mayo de 2011, fecha en la que se hizo económicamente insostenible cumplir con ese deber debido a mi condición de debilidad manifiesta, y a la fecha de esta acción el crédito presenta una mora de más de 140 días.
Respuesta de Davivienda S.A.
Respuesta de Seguros Bolívar S.A.
Seguros Bolívar S.A. dio respuesta a la acción de tutela a través de apoderado solicitando se declarara la improcedencia de la misma. La entidad accionada reiteró que el señor O. no informó su verdadero estado de salud en la declaración de asegurabilidad, por lo que incurrió en reticencia que generó la nulidad relativa del contrato. Igualmente, indicó que la tutela no es procedente por cuanto existen otros medios de defensa judiciales.
¿Vulneraron las entidades accionadas el derecho fundamental al mínimo vital de las accionantes (M.E.P.L. y N.M.B.) al negarse a hacer efectivas las pólizas de seguro de vida grupo deudores que amparaban las respectivas obligaciones crediticias adquiridas por la señora P.L. y el cónyuge de la señora B., argumentando que habían sido reticentes al momento de firmar la declaración de asegurabilidad, pues habían omitido informar de enfermedades que padecían con anterioridad a la suscripción de los respectivos contratos de seguros?
3.1. Conforme el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela procede, por regla general, contra las autoridades públicas que con su acción u omisión infringen o amenazan derechos fundamentales de una persona, y excepcionalmente, contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de las cuales el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, en los casos que establezca la ley.
3.2. El Decreto 2591 de 1991 establece los casos a que hace mención la norma constitucional, y dispone en su artículo 42, que [l]a acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: () 9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
3.3. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la subordinación se refiere a una relación de índole jurídica, en la que una persona depende de otra, mientras que la indefensión hace referencia a la situación en la que una persona ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona.[14]
Con base en lo anterior, esta Corporación ha destacado la situación de indefensión en que pueden encontrarse los ciudadanos frente a las entidades del sistema financiero, toda vez que dichos establecimientos gozan de una posición dominante en el mercado frente a los usuarios. En este sentido, en la sentencia T-1085 de 2002,[15] esta Corte indicó que las entidades bancarias ostentan una posición dominante frente a los usuarios del sistema, en la medida en que son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización, etc. Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes.[16]
Ello teniendo en cuenta la precaria situación económica que aqueja a la señora N.M.B., pues no posee en la actualidad una fuente de ingresos, ya que está a la espera de que se reconozca la pensión de sobrevivientes, aunado a que es madre cabeza de familia de dos menores de edad.[18] En cuanto a la señora M.E.P.L., ésta sufre una discapacidad que le impide trabajar[19] y es madre cabeza de familia de dos menores de edad.[20] Las circunstancias descritas evidencian su estado de debilidad manifiesta en los términos del artículo 13-3 de la Constitución Política.
Naturaleza y características del contrato de seguro
De otro lado, las condiciones particulares del contrato de seguro se elaboran de manera individual y específica para cada contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el tomador y reflejan asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado, la voluntad de los contratantes.[22]
Jurisprudencia constitucional relativa al contrato de seguro
De las pruebas allegadas al expediente, se deduce que simultáneamente a la adquisición del crédito, la actora llenó el formulario para ingresar a la póliza como asegurada, con el fin de garantizarle a la entidad bancaria que en caso de muerte o como efectivamente ocurrió, por incapacidad total y permanente, C.S.A. se ha[ría] cargo del saldo insoluto de la deuda que registre en la respectiva fecha de la ocurrencia del siniestro.|| Igualmente, no se observa que Colseguros S. A. haya realizado algún tipo de examen médico, ni exigido que la accionante como asegurada allegara uno, esto con el fin de determinar su estado de salud, para así indicar desde un principio y dejar constancia de las exclusiones y preexistencias del contrato que son responsabilidad de la compañía establecer () || En el caso objeto de estudio, la Sala de Revisión encuentra que C.S.A. fue negligente al omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora G.M.T.R. a la póliza de vida grupo deudores.
5.7. La discusión se cifra entonces en un problema fáctico y probatorio consistente en indagar si los accionantes faltaron a la verdad al momento de suscribir las solicitudes de aseguramiento, evento en que la objeción de las aseguradoras se hallaría justificada; o si su declaración fue seria y sincera, supuesto en que la objeción debería rechazarse. Estos aspectos, por supuesto, deben ser resueltos en principio ante la jurisdicción ordinaria, en la especialidad civil. Sin embargo, en los trámites acumulados, debido a la condición de especial vulnerabilidad en que se encuentran los accionantes, y en atención a que la efectividad de la póliza incidirá en la eficacia de sus derechos al mínimo vital (en el caso de la señora N.B.) y al mínimo vital y la vivienda digna (en el asunto correspondiente a M.E.P., debe ser asumida directamente por el juez de tutela.
6.1. Caso de M.E.P.L..
6.1.1. El Banco Granahorrar (hoy, BBVA) tomó un seguro de vida grupo deudores con Seguros Alfa S.A. (actualmente, Seguros de Vida Colombia S.A.). La señora M.E.P.L. adquirió un crédito hipotecario con el Banco citado por valor de $20.000.000 (Crédito No. 430090002151-2), y suscribió solicitud de aseguramiento dentro del citado seguro de vida grupo, con el objeto de garantizar el pago del saldo insoluto, ante los riesgos de muerte o incapacidad total y permanente.[25]
6.1.2. En la solicitud de aseguramiento, y anexa al contrato de seguro, suscrita el 5 de enero de 2004, la accionante declaró que su estado de salud era normal y refirió no tener conocimiento de enfermedad alguna que la aquejara.[26]
6.1.3. El 29 de marzo de 2010, el grupo de medicina laboral de F.S.A. calificó a la señora P.L. con pérdida de la capacidad laboral del 91,15%, por deficiencias asociadas a esquizofrenia y alteraciones emotivas, y estableció como fecha de la declaratoria el 20 de abril de 2010. Con base en este dictamen, la actora solicitó a la compañía aseguradora accionada el pago del saldo insoluto del crédito adquirido con el Banco Granahorrar, de conformidad con las cláusulas del contrato de seguros.
6.1.5. Por su parte, la peticionaria alega que el diagnostico de cáncer de tiroides que tuvo en cuenta la compañía aseguradora para negar el pago de la póliza resultó errado, y precisó que en la actualidad no padece la enfermedad como lo prueba el dictamen de medicina laboral, donde se estableció que su incapacidad asciende al 91,15%, sin mencionar nada asociado al supuesto cáncer de tiroides. Las enfermedades por las que se estableció ese nivel de incapacidad fueron deficiencia por esquizofrenia y deficiencia por alteraciones emotivas, las cuales no fueron objetadas como inexistentes por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., ni declaradas al momento de suscribir el contrato.
Así, en el formulario Solicitud de seguro de incendio y terremoto y vida grupo deudores Banco Granahorrar, se prevén determinadas preguntas sobre la salud del solicitante. Entre esas preguntas, y para la solución del problema que concierne a la Sala, cabe mencionar las siguientes: Su estado de salud es normal?, a la que la accionante respondió sí; y ¿Padece o ha padecido enfermedades tales como enfermedades congénitas, cardíacas, vasculares, renales, neurológicas, psiquiátricas, pulmonares, trastornos inmunológicos, HIV-SIDA, hipertensión arterial de cualquier grado, cáncer, tumores, cirrosis, diabetes o hiperglicemia de cualquier grado? a la que la peticionaria respondió no.
6.1.11. El tercer elemento es la propia declaración de la accionante. Analizada en el marco del principio de buena fe, y en virtud de los indicios que apoyan su versión recién explicados-, resulta plenamente plausible que la peticionaria haya omitido declarar un diagnóstico, considerándolo errado con base en su propio conocimiento sobre su situación de salud.
6.2. Caso de la señora N.M.B..
6.2.1. El señor A.O., cónyuge de la peticionaria, actualmente fallecido, tomó con el Banco Davivienda un crédito por valor de $9.000.000, para lo cual dicho Banco suscribió un contrato de seguro de vida grupo con la compañía Seguros Bolívar el 6 de junio de 2008.
6.2.2. De acuerdo con la declaración de asegurabilidad suscrita el por el señor A.O. el 27 de mayo de 2008, anexa al contrato de seguro, el amparo cubría la muerte e incapacidad total del crédito, estableciéndose como beneficiaria del seguro a su cónyuge (peticionaria dentro de este trámite).[28] Al suscribir la solicitud de aseguramiento (en donde constan las condiciones particulares del contrato de seguros, según se ha explicado, el actor declaró que no padecía de ninguna enfermedad y su estado de salud era normal[29]. En el documento se incorporó, además, una cláusula remisoria a los artículos 1058 y 1185, en estos términos: de acuerdo con la cual Si usted falta a la verdad al suscribir esta Declaración, el contrato de seguro será nulo. (Arts 1058 y 1158 de Código de Comercio).[30]
6.2.3. El 20 de marzo de 2010 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del T. determinó que el señor O.P. presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 85.50%, como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV), y las enfermedades diabetes mellitus tipo II, hipotiroidismo y depresión. Así mismo, se fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 10 de noviembre de 2009. Como base del dictamen se tomó como fundamento la historia clínica completa del señor O. y con base en ésta, se indicó que la diabetes mellitus fue detectada el 27 de noviembre de 2008.[31]
Seguros B.S.A objetó la reclamación, aduciendo que de acuerdo con la historia clínica del señor O., éste padecía de diabetes mellitus desde el año 2007, esto es, con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro, por lo que al no haber sido declarada tal enfermedad, incurrió en reticencia e inexactitud.
El señor A.O. falleció el 11 de julio de 2011, y la accionante inició una nueva reclamación con el objeto de hacer efectiva la póliza suscrita por su esposo. La entidad accionada nuevamente objetó la reclamación con base en los argumentos previamente mencionados.
En el caso de la señora N.B., la posición de la entidad accionada se basa en la presunta preexistencia de la enfermedad diabetes mellitus, previa la configuración del riesgo de incapacidad permanente, que originó la primera reclamación adelantada por su difunto esposo ante la entidad aseguradora accionada; y la posterior reclamación de la peticionaria ante la ocurrencia del riesgo de muerte de su esposo.
En este caso, observa la Sala que esa posición es evidentemente errónea desde un punto de vista probatorio. De acuerdo con el dictamen de pérdida de la capacidad laboral del señor A.O., la enfermedad objeto de la controversia se dictaminó un mes después de suscribir el contrato de seguro con la accionada. No existe ningún elemento probatorio aportado al expediente que sustente la versión de la parte accionada, mientras que el Dictamen de Pérdida de la Capacidad Laboral del señor A.O. es una prueba contundente a favor de la narración de los hechos presentada por la accionante.
Por otra parte, el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor O. mencionó diversas afecciones, sin que pueda determinarse con seguridad que haya sido la diabetes mellitus la condición médica que desencadenó su pérdida de capacidad laboral.
En virtud de lo expuesto, esta Sala de Revisión considera que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para resolver la controversia aquí debatida, toda vez que la objeción realizada por las compañías aseguradoras carece de fundamento, se basa en una interpretación del contrato de seguros que descuida las condiciones particulares de cada una de las pólizas suscritas, y en una interpretación de los hechos que no se compadece con los hechos probados en el expediente observados desde la perspectiva del principio constitucional de buena fe. Por las condiciones personales de las peticionarias, este desconocimiento de obligaciones contractuales conlleva una violación a su derecho fundamental al mínimo vital y, en el caso de la señora M.E.P., una amenaza a su derecho constitucional a la vivienda digna.
Por lo tanto, se ordenará a las compañías aseguradoras pagar a las respectivas entidades bancarias los saldos insolutos de las obligaciones crediticias en cuestión a la fecha en que se haya estructurado la invalidez de la señora P.L. y el señor O.P..
6.2.5. En consecuencia, en el proceso de tutela T-3464362, esta Sala de Revisión revocará la sentencia de segunda instancia proferida el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, y en su lugar, confirmará la sentencia de primera instancia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar que tuteló los derechos fundamentales de la señora M.E.P.L. y en la que se ordenó al banco BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pagar al banco BBVA los saldos insolutos del crédito por ella adquirido a abril 20 de 2010, fecha en la que se fijó la estructuración de la invalidez.
6.2.6. Por su parte, en el proceso de tutela T-3478279, esta S. revocará la sentencia del once (11) de enero de dos mil doce (2012) proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué que a su vez confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, y en su lugar, tutelará los derechos fundamentales de la señora N.M.B., por lo que se ordenará a S.B.S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al banco Davivienda S.A., como tomador de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación crediticia adquirida por el señor A.O.P. con dicho banco a 10 de noviembre de 2009, fecha de estructuración de la invalidez.
La Sala ordenará a Seguros Bolívar S.A y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, efectúen el pago de los saldos insolutos de los créditos adquiridos por la señora M.P.L. y el señor A.O. desde la fecha en que declaró la incapacidad total y permanente.
Primero.- REVOCAR el fallo del quince (15) de febrero de dos mil doce (2012) proferido en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, y en su lugar CONFIRMAR el fallo del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar que amparó el derecho fundamental al mínimo vital de la señora M.E.P.L..
Segundo.- ORDENAR al banco BBVA que, en caso de que la señora M.E.P.L. haya continuado cancelando con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, esto es, el 20 de abril de 2010, las respectivas cuotas del crédito por ella adquirido, se realice la devolución de dichas sumas a la accionante dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente sentencia.
Tercero.- REVOCAR el fallo del once (11) de enero de dos mil doce (2012) proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué que a su vez confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al mínimo vital de la señora N.M.B..
Cuarto.- ORDENAR a S.B.S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al banco Davivienda S.A., como tomador de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto a 10 de noviembre de 2009, de la obligación crediticia adquirida por el señor A.O.P. con dicho banco.
Quinto.- ORDENAR al banco Davivienda S.A. que, en caso de que el señor A.O.P. o la señora N.M.B. hayan continuado cancelando con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez del señor O.P., esto es, el 10 de noviembre de 2009, las respectivas cuotas del crédito por él adquirido, se realice la devolución de dichas sumas a la accionante dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente sentencia.
[2] F. 19 del cuaderno principal. En adelante, siempre que se mencione un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal del respectivo expediente, a menos que se diga expresamente que hace referencia a otro cuaderno.
[10] A folio 33 obra el registro civil de defunción del señor A.O.P..
[14] Sentencia T-1040 de 2006 (M.P.H.A.S.P..
[15] MP. J.A.R..
[16] Ver también las sentencias T-323 de 2003, T-281 de 2004 y T-018 de 2005 (M.P.A.B.S.); T-608 de 2004 (M.P.C.I.V.H.) y T-863 de 2005 (M.P.Á.T.G..
[17] Sentencias T-118 de 2000 (M.P.J.G.H.G.) y T-152 de 2006 (M.P.R.E.G.).
[20] A folio 36 del expediente T-3464362 reposa copia de una declaración extraproceso rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Valledupar por la señora V.A.M. en la cual declara que conoce a la señora M.E.P.L. desde hace 26 años. Afirma que la accionante es madre cabeza de familia de dos menores de edad y no convive con su cónyuge desde hace más de 9 años, siendo ella la única persona que aporta al sostenimiento de su familia.
[21] Código de Comercio. Artículo 1047. CONDICIONES DE LA PÓLIZA. La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato:
PARÁGRAFO. En los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. (N. y subrayas fuera del texto).
[22] Corte Suprema de Justicia  Sala de Casación Civil y Agraria -. Sentencia del 2 de mayo de 2000. Expediente No. 6291. M.P.J.S.B..
[23] En el caso de los contratos de seguros, esta Corporación ha expresado: la oposición de preexistencias que no se consignaron de manera explícita en el contrato de seguros en salud para negar el cubrimiento del riesgo reclamado, tiene efectos similares a los que se ocasionan cuando en los contratos de medicina prepagada se pretende utilizar tal posición con la misma intención, es conducta donde hay ejercicio de posición dominante con la que la compañía aseguradora elude la responsabilidad contractual, inobservando de paso el principio de buena fe y con la que se afecta la salud de los asegurados poniendo en riesgo en conexión con ella, sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal y por tanto, es viable prodigar su amparo a través de la acción de tutela. Sentencia T-271 de 2006 (M.P.C.I.V.H..
[24] M.P.N.P.P..
[25] Folios 11 y 12. La incapacidad total y permanente es definida en las condiciones generales del contrato de seguro como la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión o enfermedad, que le impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su educación, formación o experiencia. Dicha incapacidad se considera siempre y cuando haya persistido por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días. La calificación de invalidez determinada por la junta calificadora será superior al 65% y que no haya sido provocada a si mismo por el asegurado.
[29] El formulario suscrito por el señor A., en lo pertinente, establece: () en mi calidad de Asegurado Principal, declaro que mi estado de salud es normal porque: 1. No sufrí ni sufro actualmente dolencias tales como: enfermedades congénitas, enfermedades del corazón y/o enfermedades de las arterias, VIH-Sida, tensión arterial alta, cáncer, diabetes, hepatitis B; enfermedad crónica del hígado y/o riñón, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, pulmonares, lupus, várices en el esófago, trombosis, derrame cerebral, tromboflebitis, enfermedades de la sangre, enfermedades del páncreas o transplantes () R. que lo manifestado en esta declaración es verídico y que tengo conocimiento de que cualquier falta al a verdad es causal de nulidad de este seguro. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la ley 23 de 1981, autorizo expresamente a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para tener acceso a mi historia clínica y a todos aquellos datos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y a obtener copia de ese documento y de sus anexos y para compartir, reportar, procesar, solicitar, suministrar o divulgar a cualquier entidad legalmente autorizada para manejar o administrar bases de datos, con las entidades del sector financiero, asegurador y con las demás entidades subordinadas o controladas de Sociedades Bolívar S.A. toda mi información personal que reposa en sus archivos ().
[32] M.P.N.P.P.. En la sentencia T-832 de 2010 se analizó un caso similar a presente.
Sentencia de Tutela nº 300/13 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2013
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63715 de 13 de Noviembre de 2012
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 66169 de 25 de Abril de 2013