Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1952-15-19-06-2015-1422281
Timestamp: 2018-12-18 22:19:00
Document Index: 149954182

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 124', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 93']

Resolución Vinculante de DGT, V1952-15, 19-06-2015 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1952-15 de 19 de Junio de 2015
Núm. Resolución: V1952-15
Ley 37/1992 art. 4, 5, 7 y 93.TRLIS RD Leg 4/2004, art: 9 y 124.
Si la entidad consultante estaría dentro de la exención total del Impuesto a que se refiere el artículo 9.1, y en ese caso, si existe alguna obligación de presentación de documentación a efectos tributarios o meramente declarativos.
En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuáles son las obligaciones tributarias y de presentación de documentos, así como las de retención y repercusión del impuesto. La duda se origina en relación con las actividades de prestación de determinados servicios que puede realizar en el ejercicio de sus funciones de contraprestación en forma de precios públicos, puesto que la actividad que va a tener es fundamentalmente la investigación, el desarrollo y la innovación y la transparencia del conocimiento a los sectores privados de la sociedad y la economía. Se trata de una actividad de carácter público y en el ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas por la Comunidad Autónoma y la prestación de servicios de mercado remunerados mediante un precio público fijado en una norma.
La entidad consultante es un ente de Derecho Público creada por la Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de la Ciencia, y la Innovación de Extremadura, adscrito a la Consejería competente en materia de I+D+i, dotado de personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía funcional y de gestión, correspondiéndole el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos dispuestos en la normativa que le es de aplicación.
Los fines de la entidad consultante son los de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en materia de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, teniendo institutos adscritos al mismo donde desarrollar las tareas propias y actividades relacionadas con estos fines.
La entidad consultante cuenta con personal funcionario, laboral, personal procedente de otras instituciones en el marco de convenios de colaboración con Instituciones, Universidades, etc y personal funcionario investigador.
Conforme a sus propios estatutos se financia mediante transferencias consignadas en los Presupuestos Generales de Extremadura, ingresos propios como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios, disposiciones legales para entidades públicas o privadas, enajenación de bienes de su patrimonio, rendimiento de sus bienes y valores, aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades públicas y privadas.
El artículo 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (en adelante LIS), dispone que serán contribuyentes del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español, las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Dado que la entidad consultante tiene personalidad jurídica propia será sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
Por su parte, el artículo 9.1 de la LIS, dispone que:
Ñ1. Estarán totalmente exentos del impuesto.
h) El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadasÒ.
Respecto a la tributación de la consultante a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, hay que analizar si ésta es una entidad de derecho público de carácter análogo a los organismos autónomos del Estado.
De acuerdo con la letra b) del artículo 9.1 de la LIS, están totalmente exentos del Impuesto sobre Sociedades los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, "los Organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y se les encomienda en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos." Por su parte, el artículo 61.1 de la misma Ley dispone que "la creación de los Organismos Autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley."
En definitiva, de la información facilitada en el escrito de la consulta parece que la entidad consultante tiene la condición de entidad de análogo carácter de una Comunidad Autónoma, creada por la Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de la Ciencia, y la Innovación de Extremadura, dotado de personalidad jurídica propia, patrimonio y tesorería propios, y autonomía funcional y de gestión, correspondiéndole el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines.
De acuerdo con la normativa anterior, gozan de exención en el Impuesto sobre Sociedades los organismos autónomos del Estado que tengan esta naturaleza jurídica y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, la entidad consultante, está exenta de tributación por el Impuesto sobre Sociedades ya que tiene la condición de organismo autónomo o entidad de análogo carácter.
R>Finalmente, en cuanto a las obligaciones de declaración de la entidad consultante, cabe remitirse a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 124 de la LIS en el que se regulan las obligaciones de declaración, en los siguientes términos:
ÑLos contribuyentes exentos a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley no estarán obligados a declararÒ.
El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que estarán sujetas al citado tributo "las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen."
El apartado tres del mismo artículo 4 aclara que la sujeción al Impuesto se produce "con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular."
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente."
Los preceptos anteriores son de aplicación general y, por tanto, también aplicables a los entes públicos, como el consultante, que tendrán la condición de empresarios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial mediante la realización continuada, a título oneroso, de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de tal actividad.
El artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que ha sido objeto de nueva redacción por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre (BOE de 29 de diciembre) de modificación de la Ley del impuesto sobre el Valor Añadido). Este precepto establece la no sujeción de las siguientes operaciones:
R>f´) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos.
De conformidad con lo expuesto, estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios prestados por la consultante mediante una contraprestación consistente en un precio público.
El concepto de Administración pública recogido en el párrafo segundo y tercero del número 8º del artículo 7 de la Ley del Impuesto, se aplica a todos los efectos de este artículo, así:
Por otra parte, el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado podrá efectuarse siempre que se cumplan la totalidad de requisitos y limitaciones previstos por el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992.
En particular, el artículo 93, apartado Cinco, de la Ley del impuesto recoge una norma específica para este tipo de entidades, señalando que:
Ley 10/2010 de 16 de Dic C.A. La Rioja (Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2011) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de La Rioja Número: 154 Fecha de Publicación: 20/12/2010 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2011 Órgano Emisor: Presidencia
D.T. 3ª. Plazo de adaptación de Estatutos y Reglamento y renovación de órganos de gobierno de Caja Rioja.