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Timestamp: 2020-08-12 08:37:21
Document Index: 215031175

Matched Legal Cases: ['Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'artículo 100', 'Artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101']

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Justia México Estatales Baja California Sur Constitución Política del Estado de Baja California Sur TITULO SEXTO CAPITULO III DEL PODER JUDICIAL
Artículo 87.-Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y Jueces del fuero común, en los términos de esta Constitución.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y conforme a las bases que señala esta Constitución.
Artículo 88.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y Jueces del Estado la función jurisdiccional en los asuntos del fuero común, lo mismo que en auxilio a los del orden federal, en los casos que expresamente se la concedan las leyes.
Artículo 89.- El desempeño de la función jurisdiccional corresponde a:
III. Los Jueces de Primera Instancia;
IV. Los Jueces Menores;
V. Los Jueces de Paz;
VI. Los Árbitros;
VII. Se deroga; y
(Reformada mediante decreto No. 2074, publicado el 10 de abril de 2013)
VIII.- Los Jueces de Control.
(Adicionada mediante decreto No. 2074, publicado el 10 de abril de 2013)
IX.- El Tribunal de Juicio Oral.
X.- Los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes
XI.- Los Jueces de Ejecución; y
XII.- Los demás funcionarios y auxiliares de la administración de Justicia.
(Reformado mediante decreto No. 2366, publicado el 31 de julio de 2016)
La ley establecerá las bases mediante las cuales el Consejo de la Judicatura procederá en la selección, formación, actualización y evaluación de los funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Artículo 90.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se integrará por siete Magistrados numerarios nombrados por el Poder Legislativo, de entre las ternas propuestas por el Gobernador del Estado.
Para el trámite de las renuncias, licencias y remociones de los Magistrados, se seguirá el procedimiento que esta Constitución y las Leyes de la Materia establece.
Artículo 91.- Para ser Magistrado se requiere:
I. Ser ciudadano Sudcaliforniano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación;
III. Poseer al día de su elección, con una antigüedad mínima de diez años, Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por la autoridad o Institución legalmente facultada para ello;
V.- No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Contralor General, Procurador General de Justicia, Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción, Diputado Local o Presidente Municipal, durante el año previo al día de la designación.
(Derogada mediante decreto 1787, publicado el 24 de diciembre de 2008)
(Adicionado mediante decreto No. 1883, publicado el 20 de diciembre de 2010)
(Derogado mediante decreto publicado el 6 de abril de 1999)
Artículo 92.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado serán electos por el Congreso del Estado, de la terna que el Gobernador someta a su consideración, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante.
(Reformado primer párrafo mediante decreto No. 2426, publicado el 10 de marzo de 2017)
Artículo 93.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de Ley y podrán ser reelectos por un periodo igual de seis años. Únicamente tendrán derecho a un haber de retiro durante los dos años posteriores a la conclusión del cargo, tanto a quienes hayan durado en su cargo doce años con motivo de una reelección, así como a los que hayan cumplido seis años en el cargo. Este derecho es intransferible.
En caso de resultar reelectos los magistrados, sólo podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Al cumplir doce años en el cargo de Magistrado;
II. Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones;
III. Si no conserva los requisitos establecidos para su nombramiento, previstos en nuestra constitución;
IV. Incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta o negligencia en el desempeño de sus labores;
V. Si no gozan de buena reputación con motivo del ejercicio de su encargo;
VI. Sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad administrativa de servidores públicos o juicio político que los inhabilite o destituya, en los casos que éstos procedan;
VII. Sean jubilados en los términos legales o renuncien a su puesto;
VIII. Desempeñen otro empleo o encargo de la Federación, del Estado, de algún Municipio o particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia;
IX. En los demás casos que establezca esta constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; y
X. No excusarse de conocer los asuntos de los que tenga conocimiento que está impedido conforme a la ley
Tratándose de la fracción I, el Congreso del Estado, a través del Presidente de la Mesa Directiva en turno, notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la privación de su puesto. Para las demás hipótesis previstas en el presente artículo, el Congreso del Estado proveerá lo conducente a fin de iniciar procedimiento de privación del puesto de magistrado respetando en todo caso la garantía de audiencia.
(Adicionado [N.E. Reformado] mediante decreto No. 2366, publicado el 31 de julio de 2016)
Los Magistrados, Jueces de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado no podrán desempeñar los cargos de Secretarios de Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Secretario General o Tesorero del Ayuntamiento durante los dos años siguientes al término de su encargo.
Artículo 93BIS.- Para la reelección de Magistrados, estos deberán demostrar poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles designado, y que su trabajo cotidiano lo desempeñaron de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de honorabilidad, diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, remitiendo al Congreso del Estado los escritos y documentos conducentes a tal efecto.
Para la reelección o no de los magistrados, se seguirá el siguiente procedimiento:
(Reformada mediante decreto No. 2444, publicado el 22 de junio de 2017)
I.- Con una anticipación no menor a sesenta días naturales ni mayor a noventa días naturales, de que concluya el periodo para el que fue nombrado, el Magistrado de que se trate, en uso de su garantía de audiencia presentará por escrito y por duplicado ante el Congreso del Estado, a través del Presidente de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, su intención de reelegirse o no. En caso de que el Magistrado de que se trate se abstenga de presentar el escrito mencionado dentro del plazo señalado perderá su derecho a ser reelecto para un nuevo periodo de seis años.
Con el duplicado del escrito a que se refiere el párrafo anterior, se dará vista a la Comisión dictaminadora correspondiente;
II.- La Comisión Legislativa dictaminadora deberá solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia o al Pleno del Consejo de la Judicatura según corresponda, toda aquella información y documentación que resulte útil y necesaria para conocer el desempeño en el ejercicio del cargo del Magistrado sujeto a evaluación, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, quedando estos obligados a proporcionarla en breve término. La Infracción a estas disposiciones por parte del Pleno del Tribunal o del Pleno del Consejo de la Judicatura, será causa de juicio político.
De igual forma, deberá solicitar al magistrado sujeto a evaluación la información y documentación que considere pertinente, pudiendo además, solicitar a personas e instituciones públicas y privadas, todo tipo de información relativa al desempeño del cargo del magistrado, y estas quedan obligadas a proporcionar en breve término.
III.- Una vez reunida la documentación a que se refieren las fracciones I y II de este articulo, lo Comisión dictaminadora, deberá emitir el dictamen de evaluación correspondiente, en el cual se deberá señalar si el Magistrado posee los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, cumpliendo los requisitos satisfechos para su nombramiento y si se actualiza o no alguno o algunos de los supuestos previstos en el artículo 93 de esta Constitución, así como contener todos aquellos elementos objetivos que den a conocer, si durante el desempeño de su trabajo cotidiano, lo ha ejercido de manera pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable;
IV.- El Congreso del Estado con base en lo anterior, resolverá en definitiva sobre su reelección o no reelección al menos quince días antes de que concluya el periodo para el que fue electo dicho funcionario judicial, con una votación de mayoría absoluta.
Si el Congreso resuelve la no reelección, se procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos que establece esta Constitución y el Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado; y
V.- La resolución del Congreso se hará del conocimiento del funcionario, mediante notificación personal, y de la sociedad en general, mediante su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 94.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia deberán otorgar la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.
Los Jueces protestarán ante el Consejo de la Judicatura; los demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia rendirán su protesta ante la autoridad de quien dependan.
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable conforme a la ley, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.
Artículo 95.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en los términos que lo determine la Ley Orgánica. El Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará de entre los Magistrados al que será Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este durará tres años en su cargo.
Artículo 96.- El Estado se dividirá en partidos judiciales que tendrán la delimitación, cabeceras y número de Juzgados que determine la Ley Orgánica respectiva.
Artículo 97.- Son facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:
(Derogada mediante decreto No. 2420, publicado el 31 de diciembre de 2016)
II. Conocer de los recursos de apelación, queja y cualesquier otros señalados en las leyes comunes;
V.- Discutir, modificar y aprobar en su caso y ejercer de manera autónoma el presupuesto de egresos del Tribunal, que para el ejercicio anual proponga su Presidente, el que se integrará al presupuesto del Poder Judicial para que a través del Ejecutivo se someta a la aprobación del Congreso del Estado.
VII. Ordenar, por conducto del Presidente del Tribunal, que se haga la consignación que corresponda al Ministerio Público en los casos de la Comisión de Delitos Oficiales que deban ser sancionados por las autoridades competentes;
(Reformada mediante decreto No. 2420, publicado el 31 de diciembre de 2016)
X. Conocer de la recusación conjunta de los Magistrados;
XI. Conceder licencia a los Magistrados cuando no sean mayores de un mes en los términos que establezca la Ley;
XII. Emitir la opinión que solicite el Congreso del Estado sobre las iniciativas de Leyes o Decretos relacionados con la administración de Justicia;
(Adicionada mediante decreto No. 2366, publicado el 31 de julio de 2016)
(Reformado primer párrafo mediante decreto No. 2366, publicado el 31 de julio de 2016)
Artículo 98.- La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, regulará la forma de organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de los Juzgados dependientes de éste y determinará los requisitos para ser Juez.
(Derogado segundo párrafo mediante decreto No. 1332, publicado el 6 de febrero de 2002)
(Reformado [N.E. Adicionado] mediante decreto No. 1204, publicado el 6 de abril de 1999)
El Tribunal Superior de Justicia, determinará el número de Jueces que deberán establecerse, su lugar de residencia y su jurisdicción territorial.
(Adicionado [N.E. Y trasladado, antes contenido del artículo 100] mediante decreto No. 2366, publicado el 31 de julio de 2016)
(Derogado mediante decreto No. 2173, publicado el 27 de junio de 2014)
Artículo 99.-Se deroga.
Artículo 99BIS.-Se deroga.
Artículo 100.-.- El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial, con independencia técnica y de gestión, así como para emitir sus resoluciones.
(Reformado mediante decreto No. 2420, publicado el 31 de diciembre de 2016)
Artículo 101.- El Gobernador demandará ante el Congreso del Estado, la destitución de cualesquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia o de los Consejeros de la Judicatura, por delitos, faltas oficiales y omisiones en los que incurran, previstos en esta Constitución y en las Leyes de la Materia.
Si el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, declara justificada la petición, el Magistrado o Consejero de la Judicatura acusado quedará privado, desde luego, de su cargo, independientemente de cualquier responsabilidad legal en la que hubiere incurrido, procediéndose a la nueva designación para cubrir la vacante.
El Gobernador, antes de pedir al Congreso del Estado la destitución de algún Magistrado o Consejero de la Judicatura, oirá a éste en lo privado, a efecto de poder apreciar en conciencia la justificación de tal solicitud.