Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-38175-de-noviembre-4-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dfe06001151702ee0430a010151702e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 15:55:27
Document Index: 65823228

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 87', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 2', 'artículo 1742', 'artículo 19', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 1502', 'artículo 142', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 1742', 'artículo 2', 'artículo 1746', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 1742', 'artículo 38', 'artículo 145', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 93', 'artículo 153', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 153']

﻿ Sentencia 38175 de noviembre 4 de 2009
SENTENCIA 38175 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:DESCUENTOS EN LAS PRESTACIONES SOCIALES DEBIDO A PRÉSTAMOS REALIZADOS POR EL EMPLEADOR NO ESTÁN DEL TODO PROHIBIDOS. SOLO CUANDO SE DEMUESTRE QUE ESA IMPOSICIÓN ESTÁ PERJUDICANDO AL TRABAJADOR SE JUSTIFICARÍA SU PROHIBICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CRÉDITO, DERECHOS DEL TRABAJADOR, PRESTACIONES SOCIALES, DERECHO LABORAL, PROHIBICIONES AL EMPLEADOR
Sentencia 38175 de noviembre 4 de 2009
Rad.: 38175
Acta: 42
Lo interpuso la parte demandante con apoyo en la causal primera de casación laboral consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, que subrogó el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, con el cual pretende, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se CASE totalmente la sentencia del tribunal y en sede de instancia esta Sala “Decrete la nulidad absoluta de carácter sustancial del acta de conciliación, por adolecer de objeto y causas ilícitos....” “y se dé aplicación al artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que modificó el artículo 1742, del Código Civil aplicable al caso sub judice, por analogía, principio contenido en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo”, para que en su lugar se revoque la de primer grado y en su reemplazo se dicte la que en derecho corresponda, atendiendo a las pretensiones de la demanda inicial.
Subsidiariamente solicita que se revoque la sentencia del a quo, y en su lugar condene a la demandada a pagar al actor el dinero retenido, deducido o compensado sin la correspondiente autorización legal, condenando a la indemnización moratoria.
Con esa finalidad formuló tres cargos que fueron replicados, de los cuales se estudiarán conjuntamente el primero y tercero, habida consideración que ambos están dirigidos por vía directa, acusan la violación de similares normas legales, aunque aduciendo conceptos de violación diferentes y los argumentos para probarlos son similares.
Denuncia la violación directa en el concepto de infracción directa de “...las disposiciones contenidas artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 6º y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; los artículos 6º, 16, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; los artículos 1º y 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; los artículos 6º y 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por Colombia el 22 de octubre de 1997, en sus artículos 4º, 5º, 6º, y 7º; los artículos 13, 53, 58, 228, y 230 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos”.
Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida de “...las disposiciones contenidas en los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 59, 140, 149, 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 6º y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; los artículos 6º, 16, 633, 641, 1502, 1519 , 1523, 1524, 1740, 1741 y 1746; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; los artículos 12, 12 (sic), 20, 99, 822 y 899 del Código de Comercio; los artículos 6º y 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por Colombia el 22 de octubre de 1997, en sus artículos 4º, 5º, 6º, y 7º; los artículos 13, 53, 58, 228, y 230 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos”.
Para demostrarlos sostiene el recurrente que el fundamento jurídico de la sentencia, está centrado de manera elemental, al decir que no existen causales que pueden invalidar el acto jurídico, y que por tanto, es evidente el efecto de la cosa juzgada, en los términos de los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo.
Aduce, que el fallo impugnado se encuentra sustentado sobre premisas falsas, que conducen necesariamente a la conclusión lógica de que el acta de conciliación es nula, por adolecer de objeto y causa ilícitos; lo cual justifica, en que gran parte de las normas invocadas en el cargo, están contenidas en la legislación civil como parte del Código Civil, de acuerdo con la aplicación supletoria que permite el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.
Copia el artículo 6º del Código Civil, para seguidamente resaltar que esta Sala en sentencia proferida el 6 de julio de 1992, Radicado 4626, definió que el acta de conciliación es un acuerdo de voluntades, para cuya validez y eficacia deben cumplirse los requisitos señalados en el artículo 1502 del Código Civil.
Seguidamente se remite al contenido de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, para sostener que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación, es nulo de nulidad absoluta, toda vez que contiene a cargo del trabajador cláusulas que declaran a paz y salvo por todo concepto a la empleadora, lo que resulta falso, por cuanto durante la ejecución del contrato de trabajo se cobraron intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, no destinados para la adquisición de vivienda, con violación de los artículos 14, 15, 16, 43, 59, 142, 149, 151, 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.
Hace algunas consideraciones sobre el objeto y la causa ilícita, y manifiesta que la carga del pago de intereses impuesta a la trabajadora sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, y los descuentos del 5% de salario mensual con destino a una caja de ahorros no autorizadas por la ley, son obligaciones sin causa real y lícita, que originan la ilicitud del acto jurídico en cuestión.
En relación con tales aspectos, expresa que siendo las normas del Código Sustantivo del Trabajó contentivas del mínimo de garantías y derechos consagrados en favor de los trabajadores, que por tener el carácter de orden público e irrenunciables y de efecto general inmediato, como lo predican sus artículos 13, 14 y 16 de dicho estatuto, mal podría llegar a creerse que con su quebrantamiento no se violaría el derecho público de la nación en los términos de los artículos 6º, 16, 1518, 1519, 1523 y 1524 del Código Civil.
Agrega que el acta de conciliación celebrada por las partes adolece de objeto y causa lícitos, porque fue utilizada para convalidar actos ilegales cometidos por la empleadora durante la ejecución, desarrollo y terminación del contrato de trabajo, en manifiesta y flagrante violación al derecho público de la nación, como son las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo; y sobre el tema copió apartes de la tesis del antiguo Tribunal Supremo del Trabajo, reiterada posteriormente por esta Sala.
Luego reproduce el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo, así como fragmentos de sentencias de esta corporación del 27 de junio de 1940, y 10 de octubre de 2002 Radicación 18844, y alega que la declaración en forma genérica de la figura de la cosa juzgada, atenta contra las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 13 ibídem, que contempla la irrenunciabilidad de derechos y garantías, y que además, tampoco podría darse sobre conceptos que tienen el carácter de ciertos e indiscutibles respecto de los cuales no cabe la conciliación.
Por último, transcribe el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el artículo 1742 del Código Civil, así como apartes de la doctrina expuesta por el profesor Guillermo Ospina Fernández en su obra “Teoría general de los actos o negocios jurídicos”, sobre la declaratoria de nulidad absoluta, para concluir diciendo:
“Si el tribunal hubiera aplicado las disposiciones indicadas necesariamente habría declarado la Nulidad absoluta del acta de conciliación, como era su obligación oficiosa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 y la restitución del contrato de trabajo, cual es la consecuencia prevista en el artículo 1746 del Código Civil, en armonía con los artículos 140 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965.
La Ley 153 de 1887 en su artículo 38, dispone que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración y por esta normativa, deben aplicarse al caso todas las normas acusadas en el cargo.
En conclusión el acto jurídico cuestionado en el cargo, resulta nulo de nulidad absoluta, por violar el derecho público de la nación, el orden público, la moral las buenas costumbres y atentar contra la seguridad jurídica del Estado social de derecho, en los términos de los artículos 6º, 16, 1502, 1523, 1740 y 1741 del Código Civil y 43 del Código Sustantivo del Trabajo”.
La oposición por su parte, considera que la censura incurre al formular los cargos, en deficiencias de orden técnico y conceptual, por lo que están llamados al fracaso, toda vez que no se acusan las normas relacionadas con la figura de la conciliación; además, centra eje del ataque en el contenido del acta de conciliación, de manera que obliga al estudio de la prueba, por lo que resulta impropia la acusación por el sendero escogido.
Dice que el ataque se constituye bajo el supuesto de la existencia de un objeto ilícito en el acuerdo celebrado entre las partes, aparentemente originado en la aceptación por parte de la actora de unos descuentos que se detallaron en el acta de conciliación y del cobro de intereses sobre préstamos, pero que esos descuentos correspondían a deudas reales con la empleadora lo cual significa que tenían una causa real y lícita, y de otro lado se realizaron después de terminado el contrato.
En relación con el tercer cargo, agrega que el tribunal no aplicó gran parte de las disposiciones que se señalan por la censura sencillamente porque no son pertinentes, lo cual es suficiente para afirmar que si no las aplicó por inapropiadas, no pudo incurrir en su aplicación indebida.
Finalmente expresa, que el ad quem simplemente desarrolló lo que se ha convertido en la orientación constante de la Corte, sobre el significado y efecto jurídico de la conciliación como mecanismo de solución de diferencias, por lo que no pueden aceptarse las acusaciones planteadas.
Se comienza por destacar que en estos dos cargos, dirigidos por la vía directa, la censura se aparta de las conclusiones fácticas del juzgador de segunda instancia, al soportar la acusación en un hecho que no aparece acreditado en la sentencia recurrida y respecto del cual no se hizo ninguna alusión en esa providencia, en cuanto afirma que en este asunto el acto de la conciliación es nulo porque contiene a cargo de la trabajadora cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, sobre los cuales durante la vigencia del contrato de trabajo se cobraron aquellos. Es decir, la censura parte de unos hechos distintos a los establecidos por el ad quem, lo que es contrario a las reglas que regulan el recurso extraordinario, que exigen a quien orienta su ataque por el sendero directo, mostrarse conforme con los antecedentes fácticos acreditados en la decisión recurrida, toda vez que mediante esta vía solo es posible controvertir los errores jurídicos en que eventualmente haya podido incurrir el sentenciador.
No obstante lo anterior, encuentra la Sala oportuno precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, tal como ya se dijo en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, de cuyos apartes se hará cita al resolver el segundo cargo.
De otro lado, la aseveración que hace la acusación en punto a que la declaración en forma genérica de cosa juzgada de la conciliación celebrada por las partes, que en este asunto hizo el juzgador, es contraria a las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, no resulta acertada en este caso, pues en la decisión recurrida aparece que se examinó el contenido de la conciliación; con las consideraciones adicionales del tribunal referentes a que las partes la celebraron de conformidad con la ley, sin que se violaran derechos ciertos e indiscutibles del trabajador según la constancia que dejó el funcionario que la aprobó.
Se acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de “...de las disposiciones contenidas en los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con las disposiciones contenidas en 13, 14, 15, 16, 25, 29, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; los artículos 6º, 15, 16, 17, 633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107, 140, 142, 149, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 6º y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; los artículos 12, 20 y 99 del Código de Comercio; el artículo 38 de la Ley 153 de 1887; con violación medio de los artículos 60 del Código Procesal del Trabajo y 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía por disposición del artículo 145 del CPL, los primeros artículos por haberlos aplicado indebidamente y los segundos por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos,…”.
Como errores de hecho cometidos por el tribunal, relaciona:
1. No dar por demostrado, estándolo, que en el acta de conciliación del 10 de julio de 1992, suscrita ante el Juez Primero Décimo del Circuito de Bogotá, entre las partes en litigio, adolece de objeto y de causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que dicho acto reúne todos los requisitos exigidos por la ley para su validez y eficacia.
2. No dar por demostrada, estándola, la nulidad absoluta de carácter sustancial del acta de conciliación, y no declararla en la sentencia, siendo una obligación legal y oficiosa del ad quem.
3. No dar por demostrado, estándolo, que durante los tres últimos años de servicios la demandada, efectuó a la señora Ana Celmira Mora, préstamos o anticipos de salario, sobre los cuales le cobró intereses, que fueron descontados de los pagos mensuales de salario, de las primas semestrales de servicios y de la liquidación de prestaciones sociales registrada en el acta de conciliación.
4. No dar por demostrado, estándolo, que al expediente no obra documento suscrito por la recurrente, que autorice a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para descontar de sus salarios mensuales, primas semestrales de servicios y prestaciones sociales definitivas —como la bonificación por retiro—, el valor de los préstamos o anticipos de salario e intereses.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la caja de ahorros, fondo de recompensas pensiones y jubilaciones de los empleados de la federación y Almacafé S.A.: es un programa de bienestar carente de personería jurídica.
6. No dar por demostrado, estándolo, que los artículos 153 del Código Sustantivo del Trabajo y 38 de la Ley 153 de 1887, para la época de los hechos y en la actualidad se encontraban y encuentran en plena vigencia.
7. No dar por demostrado, estándolo, que al expediente reposa el reglamento interno de trabajo de la entidad demandada, en cuyo artículo 40 se prohíbe a la empresa hacer deducciones, retenciones o compensaciones del salario con destino al pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salario.
8. No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 48 del mismo reglamentó de trabajo, dispone que: “La federación reconocerá y pagará todas las prestaciones establecidas o que establezca a su cargo la legislación del trabajo…”.
9. No dar por demostrado, estándolo, que las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, tienen rango constitucional y hacen parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el constituyente en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
10. No darse por conocedores, siéndolo, que las leyes del trabajo contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos -Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por Colombia el 22 de octubre de 1997 y prevalecen sobre la legislación interna por mandato del artículo 93 de la Constitución Política.
11. No dar por demostrado, estándolo, que la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de este proceso, es violatoria de los derechos humanos, entre otros, por el cobro de intereses sobre préstamos y anticipos de salarios cobrados por la empleadora a la señora Ana Celmira Mora.
12. No dar por demostrado estándolo, que al expediente reposan los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que establecen que la demandada, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que no tiene permitida la actividad financiera de prestar dinero a sus empleados con intereses”.
Con el fin de acreditar los yerros fácticos atribuidos al juez colegiado, el recurrente cita como prueba erróneamente apreciada por el tribunal la documental de folios 31 a 34, que contiene la conciliación celebrada entre las partes, y como dejadas de apreciar, las siguientes:
“1. La demanda y su adición, obrante entre folios 1 a 28 y 62 a 65 del expediente.
2. La documental de folios 48 a 52, que corresponde a la contestación de la demanda.
3.La documental obrante entre folios 2 a 11, 12 y 13 y 14 a 20 del cuaderno anexo, que corresponden a los acuerdos 3 de 1941; 3 A de 1943, y 1 de 1948, expedidos por el Comité Nacional de Cafeteros segundo órgano de dirección y de gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
4. La documental obrante a folio 234 del cuaderno principal, que corresponde a la circular GG-776, de la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en la cual se indica que la caja de ahorros es un programa de bienestar de la federación, carente de personería jurídica.
5. La documental obrante entre folios 306 a 358 del cuaderno original, que corresponde a los comprobantes mensuales de pagos de salarios y primas semestrales de servicios de los tres (3) últimos años de servicios de la señora, en los cuales se registran los descuentos por concepto de intereses sobre préstamos de salario y préstamo de la bonificación por retiro diferentes a préstamos destinados a la adquisición de vivienda.
7. La documental obrante a folios 107 128 del cuaderno anexo, que corresponde a los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
8. La documental de folios 381 a 420 del cuaderno principal, que corresponde a la resolución de aprobación por el Ministerio del Trabajo y al reglamento interno de trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
9. La documental de folios 203 a 211 del cuaderno principal, que corresponde al temario de puntos de inspección judicial propuestos por la parte demandante.
12. La documental vista a folios 363, 366 y 367, que corresponde a las actas de audiencia pública en las cuales se evacuó la prueba de inspección judicial de la parte actora”.
En su demostración la censura expone que el ad quem estimó equivocadamente el acta de conciliación visible a folios 31 a 34, por haberse ocupado únicamente del análisis jurídico de la cosa juzgada, y seguidamente reitera varios de los argumentos jurídicos expuestos en los cargos primero y tercero, para aseverar que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación es nulo, porque durante el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo suscrito entre las partes, la empleadora otorgó al trabajador préstamos o anticipos sobre los salarios y prestaciones, que no tenían como destinación la compra de vivienda o de casa, y sobre los cuales le cobró intereses que le fueron descontados de su salario y de las primas legales y extralegales de servicios, quebrantando de esa manera el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo.
También afirma que el juez colegiado no apreció la documental correspondiente a los comprobantes de pago de salarios de los últimos 3 años de servicios del trabajador, en todos los cuales se registran descuentos por concepto de intereses sobre préstamos o anticipos de salario, con destinación diferente a la financiación de vivienda o compra de casa, que le fueron hechos sin autorización alguna de su parte o del inspector del trabajo; y que igualmente no tuvo en cuenta el certificado de existencia y representación de la demandada, donde consta que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no le era permitido prestar dinero con intereses a sus trabajadores.
La censura sostiene que hay confusión en el planteamiento del cargo, no solo en cuanto a las normas cuya supuesta afectación obra como violación de medio, sino también en lo tocante con el modo de violación aplicable a las distintas normas que se estiman infringidas.
Luego expresa que lo que expone el recurrente es una divergencia sobre la valoración que hizo el tribunal de la conciliación, pero sin discrepar de lo que este leyó de ella, por lo que mal puede aceptarse que en la sentencia recurrida se hubiese producido una distorsión del texto de la misma, lo cual significa que esa mala apreciación afirmada en el cargo no exista.
Lo es cierta la afirmación de la censura, referente a que el juzgador de segundo grado incurrió en la apreciación equivocada del acta de la conciliación celebrada entre las partes por haberse dedicado exclusivamente al análisis jurídico de la cosa juzgada, pues en realidad sí efectuó el estudio del contenido del acuerdo mencionado, incluso estableció que en el proceso no se acreditó la existencia de vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el acto jurídico aludido que llevaran a su invalidez; por lo que dicha aseveración no resulta razonable, ya que sin lugar a dudas el sentenciador hizo el estudio completo del contenido del acta de conciliación que suscribieron las partes.
Fuera de lo anterior, valga anotar que la redacción del acta que la contiene, permite inferir que las partes tenían claridad acerca de lo que estaba conciliando, incluida la forma de terminación del contrato por mutuo acuerdo. Además, de su contexto surge nítidamente que quisieron precaver cualquier conflicto futuro, y que con la suma acordada quedaba cubierta toda obligación y conciliando cualquier derecho que pudiera subsistir a cargo de la accionada, dentro de las que se incluyen obviamente las diferencias numéricas o jurídicas que pudieran resultar por los pagos o deducciones discriminados en la liquidación final de prestaciones sociales del demandante, plasmada expresamente en tal acuerdo, con lo que se evidencia que ese acto jurídico fue lícito, pues en parte se garantizó con la suma convenida, el pago de todo crédito existente o generado a la terminación del contrato de trabajo por cualquier concepto.
En consecuencia, es obvio que las deducciones por préstamos e intereses sobre los mismos, efectuados durante la relación laboral o en la liquidación final de prestaciones sociales, que en sentir de la acusación fueron ilegales, quedaron cubiertos con la suma conciliada, en el supuesto que fueran improcedentes, porque precisamente con tal acuerdo se quiso zanjar cualquier diferencia.
Ahora, en relación a que el ad quem ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación, porque la accionada dedujo de las prestaciones finales del actor, sumas por concepto de préstamos que le había concedido y sus intereses, por ser ello violatorio de la normatividad laboral y civil, se observa que este punto concreto no fue materia del debate propuesto en este proceso, pues para cuestionar la validez de tal acuerdo en la demanda inicial se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber ésta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad de las deducciones mencionadas en la eficacia jurídica del acto conciliatorio.
Sobre el aspecto concreto del cobro de intereses por parte del empleador por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto se efectuaron por la empleadora, que es el punto sobre el cual centra el ataque su inconformidad, por considerar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, corresponde señalar que los mismos no están del todo prohibidos, como tampoco el acuerdo a que se llegue para su pago, y mientras no se demuestre que su imposición estaría perjudicando al trabajador, no hay quebrantamiento de los principios y normas protectoras sobre la materia, tal como lo concluyó esta corporación en sentencia del 19 de marzo de 2004, Radicado 20151, en la cual se dijo:
“...La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en os artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:
“ART. 152.—Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa.
“ART. 153.—Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses”.
“Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.
“No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del estatuto sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto.
“Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen... la naturaleza humana que las inspira y justifica”.
“Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se esta perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como vicepresidente financiero y administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales.
“Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros...”.
Al no salir avante el recurso extraordinario y haber réplica, las costas en casación serán cargo de la parte actora.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por Sala de Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de julio de 2008, en el proceso ordinario adelantado por la señora Ana Celmira Mora contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.