Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43561220
Timestamp: 2020-02-28 13:12:07
Document Index: 148654177

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 29']

Sentencia de Constitucionalidad nº 567/97 de Corte Constitucional, 6 de Noviembre de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43561220
Sentencia de Constitucionalidad nº 567/97 de Corte Constitucional, 6 de Noviembre de 1997
Ley 190/95. Art. 1 parcial. Formato unico de hoja de vida. Habeas data. Inexequible.
Actor: C.M.I.S. Y C.A.P.L.
El Congreso de la República expidió la Ley 190 de 1995, publicada en el Diario Oficial 41878 de junio 6 de 1995.
Los ciudadanos C.M.I.S. y C.A.P.L. demandaron la inconstitucionalidad del artículo 1º (parcial) de la Ley 190 de 1995, por considerarlo violatorio del artículo 15 de la Constitución Política.
El Departamento administrativo de la función pública, intervino mediante apoderado para defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
La Consejera Presidencial para la administración Pública intervino para defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
El F. General de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada.
Los demás datos que se soliciten en el formato único.
Concluye que el numeral demandado no vulnera el derecho a la intimidad, cosa diferente sería que la autorización que consagra se concretara "en un instrumento que excediera las atribuciones de que goza el Estado para conocer a sus servidores y contratistas y restringiera el derecho que todo ciudadano tiene de `conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas', sería ese instrumento el que adolecería del vicio de inconstitucionalidad".
Adicionalmente cita un aparte de la sentencia radicada con el número 793, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, M.P J.H.H.:
De otro lado, señala que el P. de la República al hacer uso de su potestad reglamentaria para desarrollar la norma acusada, debe tener en cuenta que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, y que por lo tanto la norma al solicitar al ciudadano que presenta su hoja de vida, `los demás datos que se soliciten en el formato único', "no está incluyendo información distinta a la estrictamente necesaria para garantizar la idoneidad de los servidores públicos".
El F. General de la Nación sostiene que la disposición acusada es exequible. En su criterio, ésta responde a la colaboración armónica que debe existir entre las ramas del poder público por cuanto "otorga una necesaria flexibilidad para el diseño de los formatos únicos de hoja de vida, posibilitando de la misma forma su fácil modificación o adaptación a circunstancias nuevas que se presenten".
La Corte Constitucional, en su sentencia C-326 de 1997, a propósito de una demanda sobre la expresión "o a celebrar un contrato de prestación de servicios", contenida en el artículo 1º de la Ley 190 de 1995, advirtió que el "formato único de hoja de vida a que se refiere el artículo 1º de la Ley 180 de 1995, no viola el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la C.P.". En esta ocasión, la Corporación señaló lo siguiente:
"El derecho a la intimidad hace referencia al ámbito personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. Lo íntimo, lo realmente privado y personalísimo de las personas es, como lo ha señalado en múltiples oportunidades esta Corte, un derecho fundamental del ser humano, y debe mantener esa condición, es decir pertenecer a una esfera o a un ámbito reservado, no conocido, no sabido, no promulgado, a menos que los hechos o circunstancias relevantes concernientes a dicha intimidad sean conocidos por terceros por voluntad del titular del derecho o porque han trascendido al dominio de la opinión pública" (Corte Constitucional, Sentencia SU 056 de 1995, M.P.D.A.B.C.).
"El Estado puede legítimamente organizar sistemas de información que le permitan mejorar sus funciones de reclutamiento de personal y contratación pública. De otra parte, el uso restringido, asegura que aspectos de la hoja de la vida de quien es o ha sido funcionario o contratista del Estado, cuyo conocimiento indiscriminado puede vulnerar su intimidad y buen nombre, circulen sin su autorización. Las hojas de vida, tienen un componente personal elevado, de suerte que así reposen en archivos públicos, sin la expresa autorización del datahabiente, no se convierten en documentos públicos destinados a la publicidad y a la circulación general. En todo caso, la persona a la que se refiere el sistema examinado, en los términos del artículo 15 de la C.P., tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella y que reposen en dicho activo" (Corte Constitucional, Sentencia C038 de 1996, M.P.D.E.C.M.).
Ahora bien, esa restricción al uso de los sistemas de información no puede extenderse hasta superar los mandatos mismos de la Constitución y de la ley; por eso la prohibición que el legislador consignó en el artículo 3 de la ley 190 de 1995, en el sentido de que la información que alimentara el sistema único de información de personal no podría utilizarse como prueba en procesos judiciales o administrativos de carácter laboral, fue declarada inexequible por esta Corporación Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1996, M.P.D.E.C.M., al establecer que su contenido era contrario a lo dispuesto en el artículo 29 de la C.P.
El punto que se discute en esta ocasión gira en torno de la constitucionalidad de la atribución que la ley otorga al Departamento Administrativo de la Función Pública, para completar los datos que deben consignarse en el "formato único de hoja de vida".
La disposición acusada plasma una competencia administrativa en orden a establecer de manera general los datos personales que, junto a los de origen legal, deben aparecer en el formato único de hoja de vida - que habrán de llenar los aspirantes a ingresar a la función pública -, el cual sirve de instrumento de recolección y actualización de información de un específico banco público de datos. La Corte debe precisar si el tipo de información que se destina a alimentar un banco de datos de una entidad pública, debe exhaustivamente fijarse por la ley o si ésta puede delegar a la administración su determinación final. En este último caso, tendrá que debatirse sobre la necesidad de que la ley fije el marco de la acción administrativa. Finalmente, las respuestas tomarán en consideración las características del banco de datos que la ley demandada ha decidido establecer.
Las entidades públicas, en ejercicio de las funciones administrativas que la ley les confía, suelen exigir, procesar y transmitir distintos tipos de informaciones. El flujo de datos puede simplemente alimentar los archivos de la respectiva dependencia pública y, para este efecto, organizarse y sistematizarse de manera eficiente. Aún en este caso, la persona interesada tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido en los archivos de las entidades públicas. Es consustancial a la actividad administrativa, la conservación de archivos. En estricto rigor, no es necesario que la ley expresamente autorice a las entidades públicas para abrir y mantener ordenadamente el trasunto documentario de su actividad.
No es suficiente que la ley autorice, de manera general o especial, la creación de un banco de datos público, cuya información personal esté destinada a circular. Los datos personales que se recogen, el tipo de tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación, son aspectos de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la autodeterminación informativa. La reserva de ley es tal vez una de las garantías más importantes de la intangibilidad de los derechos fundamentales. La regulación y desarrollo de los derechos fundamentales, es una materia atribuida a la ley estatutaria.
La disposición acusada confiere al Departamento Administrativo de la Función Pública, la función de adicionar al formato único de hoja de vida, los demás datos que considere necesario exigir para este propósito. De acuerdo con lo expuesto, varias glosas merece la norma citada.
N., cópiese, comuníquese al P. de la República y al P. del Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Sentencia nº 19001233100019990107 01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Enero de 2009