Source: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34092
Timestamp: 2017-11-21 21:28:06
Document Index: 305561440

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 109', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 109', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 209', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 71', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'artículo 13', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115']

Acuerdo 18 de 1998 Consejo Superior Universitario
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
En desarrollo del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren los artículos 3º y 12º, literal b) y 26º del Decreto 1210 de 1993 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31º del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario.
Artículo 1. Contenido. El presente Acuerdo contiene el Régimen disciplinario de los miembros del Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte integral del Estatuto adoptado mediante el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario.
Ver Resolución de Rectoría 1158 de 2002, Ley 734 de 2002.
Artículo 2. Campo de Aplicación. El Régimen Disciplinario que adopta el presente acuerdo se aplicará en su totalidad a los servidores públicos de Carrera Administrativa, a los empleados de Libre Nombramiento y Remoción, a las personas que presten sus servicios en forma subordinada, vinculadas ocasionalmente por el tiempo de ejecución de una obra o contrato y, en lo pertinente a los trabajadores oficiales, de conformidad con lo dispuesto en las normas generales y convencionales vigentes.
Artículo 3. Objetivo del Régimen Disciplinario. El Régimen Disciplinario de que trata este Acuerdo tiene por objeto asegurar a la comunidad universitaria y a la Administración de la Universidad, la eficiencia en la prestación de todos los servicios indispensables para el cumplimiento de su objeto y funciones, así como la moralidad, responsabilidad y buen comportamiento del personal administrativo y los derechos y las garantías que a los miembros del mismo corresponden. La interpretación de sus normas se hará con referencia al Derecho Administrativo Laboral, con preferencia a cualquier otro ordenamiento jurídico.
Artículo 4. Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria es pública e independiente de la acción penal.
Artículo 5. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria corresponde a la Universidad, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las normas vigentes.
Artículo 6. Principios que orientan la acción disciplinaria. La aplicación de la acción disciplinaria se sujeta a los principios constitucionales y legales de la función administrativa y, en especial, a los siguientes:
a. Legalidad. Los servidores públicos a quienes se aplica el presente régimen, sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión, incurran en faltas disciplinarias establecidas en la Ley, y en las normas orgánicas estatutarias o reglamentarias de la Universidad.
b. Debido proceso. Todo servidor de la Universidad que presuntamente haya incurrido en la comisión de una falta disciplinaria, deberá ser investigado conforme a las normas substanciales y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente y observando la plenitud de las formas de procedimiento reguladas en el presente Acuerdo.
c. Derecho de defensa. En toda investigación disciplinaria el investigado tendrá derecho a conocer el expediente, a ser oído en descargos, a que se practiquen las pruebas que solicite, siempre que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, a ser representado por un apoderado, si así lo desea y a ser asesorado por la organización sindical a la que esté afiliado.
Si el investigado decide ser representado por un apoderado, éste deberá ser abogado en ejercicio, ajeno a la Universidad.
Cuando el investigado solicite a la organización sindical a la cual se encuentra afiliado que lo asesore en el ejercicio de su derecho de defensa, el empleado designado para tal efecto por dicha organización sindical tendrá derecho a conocer el expediente disciplinario, pero no podrá actuar como mandatario del investigado.
d. Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá en favor del investigado, cuando no haya modo de eliminarla.
e. Presunción de inocencia. El servidor público a quien se atribuye una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
f. Aplicación inmediata de las normas disciplinarias. Las normas que fijen la competencia o determinen lo concerniente a la substanciación y ritualidad del proceso, se aplicarán desde el momento en que entren a regir, salvo lo que la misma norma determine en contrario.
g. Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias que solicite el investigado o su apoderado.
h. Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aún cuando a ésta se le dé una denominación diferente.
i. Celeridad del proceso. El funcionario competente para adelantar el proceso disciplinario en sus diferentes etapas, impulsará oficiosamente el proceso y suprimirá los trámites y diligencias innecesarios. El incumplimiento de los términos no vicia la actuación disciplinaria pero será causal de mala conducta para quien sea responsable de adelantar el proceso.
j. Responsabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
k. Favorabilidad. En materia disciplinaria las normas favorables o permisivas se aplicarán de preferencia a las restrictivas o desfavorables.
l. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo servidor público o particular en ejercicio de función pública a quien se atribuya una falta disciplinaria, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
m. Igualdad ante la ley. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
n. Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determina este Acuerdo, la Constitución Política, y demás normas vigentes.
Artículo 7. Finalidad del procedimiento. En la interpretación de la ley y las normas procesales, el funcionario competente debe tener en cuenta, además de la prevalencia de los principios rectores, que la finalidad del procedimiento es el logro de los fines y funciones de la Universidad Nacional de Colombia y el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.
Artículo 8. Faltas disciplinarias. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y obligaciones, el abuso o extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones, e incurrir en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses consagrados en la Constitución Política, la ley y las normas de la Universidad.
Artículo 9. Calificación de las faltas disciplinarias. Para efectos de la sanción, las faltas disciplinarias son:
Ver Acuerdo CSU 094 de 1996.
Artículo 10. Criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas disciplinarias. De conformidad con los siguientes criterios, se determinará si la falta es grave o leve:
2. El grado de perturbación del servicio de acuerdo a la misión y a la naturaleza de la Universidad y a los servicios que preste, sin menoscabo de los derechos sindicales reconocidos por la Constitución y la ley.
3. La falta de consideración para con los miembros de la comunidad.
4. La reiteración de la conducta.
5. La jerarquía y mando del servidor público en la Universidad.
6. La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes:
b. Las modalidades o circunstancias de la falta se apreciarán teniendo en cuenta su cuidadosa preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado.
f. Confesar la falta antes de la formulación de cargos.
h. Cometer la falta en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención o gravedad extrema comprobada debidamente.
Artículo 11. Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:
1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio del cargo o de las funciones.
2. Obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o judicial.
4. El servidor público, o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial.
5. La conducta que implique la segregación, discriminación o destrucción parcial o total de un grupo étnico, social, religioso o político.
6. La conducta del servidor público o particular que ejerza función pública que prive a una persona de su libertad, ordenando, ejecutando o admitiendo, a pesar de su poder decisorio, acciones que tengan por resultado o tiendan a su desaparición.
7. La utilización del empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o a influir en procesos electorales de carácter político partidista.
8. Poner los bienes del Estado de cualquier índole que sean, humanos, financieros o el mismo tiempo de la jornada de trabajo al servicio de la actividad, causas, campañas de los partidos o movimientos políticos.
9. El abandono injustificado del cargo o del servicio.
10. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por la ley.
11. Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución Política, en la Ley o en las normas de la Universidad.
Artículo 12. Concurso de faltas. El que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley o normas disciplinarias o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o en su defecto, a una de mayor entidad.
Artículo 13. Justificación de la conducta. La conducta se justifica cuando se comete:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito
2. En estricto cumplimiento de un deber legal
Artículo 14. Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias se clasifican en principales y accesorias.
Artículo 15. Sanciones principales. Se aplicarán las siguientes sanciones principales:
1. Amonestación escrita, sin anotación en la hoja de vida.
2. Amonestación escrita, con anotación en la hoja de vida
3. Multa con destino a la Universidad, en cuantía hasta de una suma equivalente de sesenta (60) días de salario, devengado en el momento de la comisión de la falta. En los casos en que se haya decretado la suspensión provisional, la multa será pagada con el producto de los descuentos que se hayan hecho al investigado.
4. Suspensión de funciones sin remuneración, hasta por sesenta (60) días.
6. Suspensión del contrato de trabajo hasta por sesenta (60) días, cuando se trate de trabajadores oficiales.
7. Terminación del contrato de trabajo, cuando se trate de trabajadores oficiales.
Parágrafo. La destitución de un cargo de libre nombramiento y remoción para el cual fue comisionado un servidor de carrera o que se desempeñe por encargo, implica la pérdida del empleo de carrera del cual es titular y la pérdida de los derechos inherentes a ésta. En el caso de trabajadores oficiales se respetará lo que esté previsto en la convención colectiva vigente.
Artículo 16. Sanciones accesorias. Son sanciones accesorias las siguientes:
1. La inhabilidad para ejercer funciones públicas en los términos y formas consagrados en la ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
2. La exclusión de la carrera administrativa especial de la Universidad en casos de destitución.
3. La devolución, la restitución o la reparación, según el caso, del bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que ellas no se hayan cumplido en el proceso penal, cuando la conducta haya originado las dos acciones.
Parágrafo. En los casos en que la sanción principal comporte retiro del cargo, en el mismo fallo se deberá determinar el tiempo durante el cual el servidor público sancionado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, que no podrá ser inferior a un (1) año, ni superior a tres (3). En firme esta decisión, tendrá efectos inmediatos. Cuando el servidor público sancionado preste servicios en otra entidad oficial, deberá comunicarse al representante legal de ésta para que proceda a hacer efectiva la inhabilidad.
Artículo 17. Selección y Graduación de las sanciones disciplinarias. Para la selección y la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento así sea en forma parcial del perjuicio causado, la situación económica del disciplinado y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagarla.
Artículo 18. Plazo y pago de multa. Cuando la sanción consista en multa que exceda de diez (10) días del salario devengado en el momento de la comisión de la falta y el sancionado continúe vinculado a la Universidad, podrá descontarse proporcionalmente durante los ocho (8) meses inmediatamente siguientes a su imposición.
Toda multa se destinará a una subcuenta de bienestar laboral de la Universidad Nacional.
Si el sancionado no se encontrara vinculado a la Universidad, deberá consignarla en la Oficina correspondiente de la Universidad Nacional o en una cuenta que la Universidad tenga, en el plazo de treinta (30) días y a favor de la misma. De no hacerlo se recurrirá de inmediato ante la jurisdicción coactiva correspondiente. En todo caso las sumas recaudadas se destinarán a la subcuenta de bienestar laboral.
Vencido el plazo señalado en el inciso anterior el moroso pagará el monto de la multa con intereses comerciales moratorias.
Artículo 19. Sanciones aplicables. Según la clase de faltas se aplicarán las siguientes sanciones:
A. Las faltas leves dan lugar a la aplicación de una de las siguientes sanciones:
1. Amonestación escrita sin o con anotación en la hoja de vida.
2. Multa de hasta diez (10) días del salario devengado en el momento de cometer la falta con la correspondiente indexación.
B. Las faltas graves darán lugar a la aplicación de una de las siguientes sanciones:
1. Multa entre once (11) y sesenta (60) días de salario devengado al tiempo de cometer la falta, con la correspondiente indexación.
2. Suspensión en el cargo hasta por sesenta (60) días calendario, teniendo en cuenta los criterios señalados en este Acuerdo.
3. Suspensión del contrato de trabajo hasta por sesenta (60) días calendario teniendo en cuenta los criterios señalados en este Acuerdo, cuando se trate de trabajadores oficiales.
C. Las faltas gravísimas serán sancionadas con destitución o terminación del contrato de trabajo, según el caso.
Artículo 20. Registro de sanciones. Toda sanción disciplinaria impuesta a un servidor público de la Universidad Nacional deberá ser registrada en la Procuraduría General de la Nación para que pueda ser consultada por cualquier entidad del Estado. La anotación tendrá vigencia y sólo podrá ser utilizada por el término de la inhabilidad correspondiente, salvo para los efectos de nombramiento y posesión en los cargos que exigen para su desempeño la ausencia de tales sanciones.
Artículo 21. Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación, y desde la realización del último acto en las de carácter permanente o continuado.
La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del fallo.
Artículo 22. Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
Artículo 23. Renuncia y oficiosidad. El disciplinado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1) año contado a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procede decisión distinta a la declaratoria de prescripción.
Artículo 24. Oficiosidad. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente del servidor público, mediante queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medio siempre y cuando éste amerite credibilidad.
Artículo 25. Obligatoriedad de la queja. El servidor público que de cualquier manera se entere de la ocurrencia de un hecho que constituya falta disciplinaria deberá ponerlo en conocimiento del funcionario competente suministrando toda la información y pruebas que tuviere.
Artículo 26. Exoneración del deber de formular quejas. El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero(a) permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.
Artículo 27. Faltas de funcionarios retirados del servicio. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público haya cesado en sus funciones.
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor está retirado del servicio, se anotará en su hoja de vida, se registrará en la Procuraduría General de la Nación y si se trata de multas, se compulsarán copias de lo pertinente a los funcionarios de ejecuciones fiscales correspondientes.
Artículo 28. Terminación del procedimiento. En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente probado que el hecho atribuido no ha existido, o que la conducta no está prevista como falta disciplinaria, o que está plenamente demostrada una causal de justificación, o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario competente, mediante decisión motivada, así lo declarará.
Artículo 29. Factores determinantes de la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio, el factor funcional y el de conexidad.
Artículo 30. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a la Universidad disciplinar a sus servidores cualquiera sea la forma de vinculación y naturaleza del hecho u omisión.
Artículo 31. Derogado art. 10, Acuerdo CSU 025 de 2004. Competencia para adelantar la investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria se adelantará por la dependencia que señalen las normas internas de la Universidad o por el funcionario que determine el Rector a nivel nacional, o el Vicerrector de la respectiva Sede. El investigador deberá ser de igual o superior jerarquía al investigado.
Parágrafo. Para adelantar la investigación disciplinaria, la Universidad creará en cada Sede una oficina especializada para el efecto.
En los casos de funcionarios del nivel nacional, la investigación la adelantará la Oficina de la Sede Santafé de Bogotá, o el funcionario de igual o superior jerarquía que designe el Rector.
Artículo 32. Derogado art. 10, Acuerdo CSU 025 de 2004. Factor territorial. Es competente en materia disciplinaria la oficina especializada o el funcionario designado de la Sede donde se realizó la conducta o donde debió realizarse la acción en los casos de omisión.
Artículo 33. Competencia por razón de la conexidad. Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas se investigarán y fallarán en un solo proceso.
Cuando varios servidores de la Universidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y fallarán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.
Artículo 34. Derogado art. 10, Acuerdo CSU 025 de 2004. Competencia funcional. Cuando se trata de la comisión de faltas graves o gravísimas, cometidas por servidores públicos del nivel nacional corresponde fallar el proceso en primera instancia al Vicerrector General o a quien desempeñe esa función.
Cuando dichas faltas graves o gravísimas sean cometidas por funcionarios de una Sede, corresponde fallar en primera instancia al Vicerrector de Sede.
En todo caso, el fallo de segunda instancia es de competencia del Rector.
Cuando se trate de faltas leves, fallará el proceso en única instancia el Decano de facultad, el director del Instituto o Centro, Unidad, Dirección, Oficina, División o de la dependencia a la cual pertenezca el funcionario o trabajador, según la distribución que para el efecto haga el Vicerrector de Sede.
En caso de destitución o suspensión de funciones superior a treinta (30) días, la decisión requerirá el concepto previo del Comité paritario en los términos previstos en el artículo 109 de este Acuerdo.
Artículo 35. Acumulación disciplinaria. La acumulación de las investigaciones disciplinarias contra una misma persona podrá hacerse de oficio o a solicitud del disciplinado a partir de la notificación de los cargos, siempre que no se haya proferido fallo de primera instancia. Si se niega, deberá hacerse exponiendo los motivos de la decisión contra la cual procede el recurso de reposición.
Artículo 36. Evaluación de la investigación. La dependencia o funcionario encargado de adelantar la investigación disciplinaria, rendirá informe de evaluación de la misma y según la estimación que se haga de la gravedad de la falta, la remitirá para decisión al funcionario competente. Cuando el funcionario competente estime que la gravedad de la infracción es diferente a la resultante de la evaluación, expondrá su criterio y, si es el caso, remitirá el asunto al funcionario que sea competente para decidirlo. Si con motivo de esta decisión se genera una colisión de competencias, prevalecerá el criterio de competencia decidido por el funcionario competente de superior jerarquía.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la competencia del Comité Paritario en las hipótesis de destitución o suspensión de funciones superior a treinta (30) días, conforme a lo previsto en el artículo 109 del presente Acuerdo.
Artículo 37. Colisión de competencias. El funcionario que considere no tener competencia para decidir sobre una actuación disciplinaria, así lo consignará y la remitirá directamente a quien en su concepto deba decidir el proceso.
El funcionario de inferior nivel, según el factor funcional, no podrá promover colisión de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel de plano resolverá lo pertinente.
Parágrafo. En todos los casos que no puedan resolverse conforme a este artículo, el Rector definirá el funcionario competente para decidir sobre la investigación.
Ver Acuerdo CSU 025 de 2004.
Artículo 38. Declaración de impedimentos. Los servidores públicos competentes para investigar o fallar el proceso disciplinario en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.
Artículo 39. Causales de recusación y de impedimento. Son causases de recusación y de impedimento para los servidores públicos que ejercen la acción disciplinaria, las establecidas en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal.
Artículo 40. Procedimiento. El funcionario impedido o recusado pasará el proceso a su superior, según el caso, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere posible aportará las pruebas pertinentes, a fin de que el superior decida de plano a quien ha de corresponder su conocimiento o quien habrá de sustituir al funcionario impedido o recusado. No están impedidos ni son recusables los funcionarios a quienes corresponda decidir el incidente.
Parágrafo. En el caso de que el impedido o recusado fuere el funcionario investigador, el superior será el competente fallador de única o primera instancia, según el caso.
Si el impedido o recusado fuere el funcionario fallador, el superior será el fallador de segunda instancia, y si el proceso es de segunda instancia será el superior jerárquico.
Artículo 41. No intervinientes en el proceso disciplinario. Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso disciplinario. Su actuación se limita a presentar y ampliar la información o la queja bajo la gravedad de juramento con el deber de aportar las pruebas que tengan en su poder.
Artículo 42. Intervinientes en el proceso disciplinario. En el proceso disciplinario solamente puede actuar el acusado o su apoderado.
Artículo 43. Calidad de disciplinado. La calidad de disciplinado se adquiere a partir de la notificación de los cargos, momento en el cual, en cuanto sea posible, se le entregará personalmente copia de la respectiva providencia.
Artículo 44. Derechos del disciplinado. Son derechos del disciplinado:
a. Conocer la investigación.
b. Rendir descargos por escrito o solicitar expresamente ser oído en declaración de descargos, caso en el cual podrá ser asistido por su apoderado; el funcionario investigador sólo podrá interrogarlo cuando omita explicar alguna de las circunstancias relacionadas con las conductas que se le endilgan.
c. Solicitar que se practiquen las pruebas conducentes e intervenir en la práctica de las que estime pertinentes.
d. Impugnar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
e. Designar apoderado, si lo considera necesario.
f. Solicitar que se le expidan copias de la actuación, salvo las que por mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando dicha reserva no surja de la misma investigación que contra él se siga.
Parágrafo. El apoderado para los fines de la defensa tiene los mismos derechos del disciplinado.
El defensor puede solicitar versión voluntaria sobre los hechos y presentar pruebas en la indagación preliminar. La exposición libre es un acto de defensa que debe asegurarse de manera permanente.
Artículo 45. Principios que la rigen. La actuación disciplinaria se desarrollará de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política siguiendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción, con el alcance que a continuación se precisa:
1. En virtud del principio de economía:
a. En los procesos disciplinarios no se podrán establecer trámites o etapas diferentes de los expresamente contemplados en la ley o en el presente Acuerdo.
b. Los procesos deberán adelantarse con agilidad, en el menor tiempo posible y la menor cantidad de gastos para quienes intervienen en ellos.
c. No se exigirán más documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
d. Los empleados responsables de la función disciplinaria tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y evitarán decisiones inhibitorias.
e. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse con el cumplimiento del correspondiente requisito.
f. Se utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que esto releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
2. En virtud del principio de imparcialidad:
a. Las autoridades disciplinarias deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en propender por la investigación de la verdad de los hechos y la sanción de los responsables, garantizando los derechos de las personas sin discriminación alguna.
b. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según sea el caso.
c. Toda decisión que se adopte en el proceso disciplinario se motivará en forma detallada y precisa.
d. No podrá investigarse disciplinariamente una misma conducta más de una vez.
e. Los investigados tendrán la oportunidad de conocer y controvertir, por los medios legales, las decisiones adoptadas.
f. El funcionario debe investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como los desfavorables a los intereses del disciplinado.
3. En virtud del principio de dirección:
a. Corresponde la dirección de la función disciplinaria a los funcionarios competentes definidos en el presente Acuerdo.
b. Se buscará el cabal cumplimiento de la función disciplinaria, de tal manera que no se actuará con desviación o abuso de poder y se ejercerán las competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley y en este Acuerdo.
c. Al ejercerse la función disciplinaria se tendrá en cuenta que las actuaciones u omisiones antijurídicas generan responsabilidad y dan lugar al deber de indemnizar los daños causados.
d. Todo servidor de la Universidad que por cualquier medio conozca de la comisión de una falta disciplinaria tendrá el deber de ponerla en conocimiento de las autoridades competentes en materia disciplinaria inmediatamente, so pena de responder disciplinariamente.
4. En virtud del principio de publicidad:
a. Las autoridades disciplinarias darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que las normas vigentes establecen.
b. Las sanciones impuestas a los servidores de la Universidad se registrarán en un libro dispuesto para el efecto, así como también se archivarán en la correspondiente hoja de vida.
c. Las autoridades disciplinarias dispondrán lo necesario para asegurar el archivo de los informativos disciplinarios.
5. En virtud del principio de contradicción el investigado tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria, para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas. Por tanto, iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa.
Artículo 46. Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado, salvo las excepciones establecidas en el presente Acuerdo. Las demás formalidades son las que prevé el Código Contencioso Administrativo.
Articulo 47. Notificaciones y providencias que se notifican. Sólo se notificarán las siguientes providencias: el auto de formulación de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación contra los fallos y los fallos mismos.
Los autos que niegan la solicitud de ser oído en exposición espontánea o la expedición de copias, solamente se comunicarán al interesado utilizando un medio idóneo para ello.
La notificación puede ser personal, por estrado, por edicto o por conducta concluyente, de acuerdo con las normas legales.
Artículo 48. Notificación personal. Las providencias señaladas en el inciso 1o. del artículo anterior se notificarán personalmente si el interesado comparece ante el funcionario competente antes de que se surta otro tipo de notificación.
Artículo 49. Notificación en estrados. Las providencias que se dicten en las audiencias públicas o en el curso de cualquier diligencia, se consideran notificadas cuando el disciplinado o su apoderado estén presentes.
Artículo 50. Notificación por edicto. Los autos de formulación de cargos, el que niega pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos se notificarán por edicto cuando, a pesar de las diligencias pertinentes de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se hayan podido notificar personalmente.
Artículo 51. Procedencia de la notificación por edicto. Una vez producida la decisión se citará inmediatamente al disciplinado, por medio eficaz y adecuado a donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el objeto de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
Artículo 52. Notificación por conducta concluyente. Cuando no se haya hecho notificación personal, o se haya notificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso disciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone los recursos contra ellos.
Artículo 53. Notificación por funcionario comisionado. Si la notificación personal debe realizarse en sede diferente a la del funcionario competente, éste podrá remitir copia de la providencia al jefe de la oficina de la entidad disciplinaria o a la que esté vinculado el disciplinado y, subsidiariamente, al personero municipal del lugar en que se encuentre el disciplinado o su apoderado, según el caso, para que la surta. En este evento, el término será de veinte (20) días hábiles y las formalidades serán las señaladas en este Acuerdo. Vencido el término anterior sin que se tuviera constancia de la notificación, se procederá a surtirla por edicto.
AUTOS, FALLOS Y RECURSOS
Artículo 54. Clasificación de las providencias. Las providencias que se dicten en el proceso disciplinario serán:
Artículo 55. Redacción de fallos. Todo fallo contendrá:
a. Una sinopsis de los cargos imputados; si fueren varios los disciplinados, se precisarán por separado.
b. Una síntesis de la prueba recaudada, incluyendo la aportada con posterioridad a los cargos si la hubiere.
c. Resumen de las alegaciones de descargos y las razones por las cuales se aceptan o niegan.
d. Un análisis jurídico probatorio fundamento del fallo.
e. La especificación de los cargos que se consideren probados, con la indicación de la norma o normas infringidas y la determinación, además, de los cargos desvirtuados.
f. Un análisis de los criterios utilizados para determinar la naturaleza de las faltas probadas, su gravedad o levedad y las consecuentes sanciones que se impongan, señalando en forma separada las principales de las accesorias.
g. La decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias para su ejecución.
h. En caso de fallos no condenatorios, además de los requisitos previstos en los literales precedentes, para los casos en que procedió la suspensión provisional, se ordenará el reconocimiento y pago de lo dejado de percibir por conceptos salariales.
Artículo 56. Cumplimiento del fallo y ejecución de la sanción. Cuando la sanción consista en multa hasta de sesenta (60) días de salario, suspensión de funciones o de contrato de trabajo hasta por sesenta (60) días, destitución o terminación del contrato de trabajo, la sanción impuesta se hará efectiva por el nominador. En los demás casos, la sanción será ejecutada por quienes tengan la competencia para fallar en primera instancia, de conformidad con el presente Acuerdo. Quien deba ejecutar la sanción tomará las previsiones o comenzará los trámites conforme a la ley dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la sanción o recibida la comunicación del superior sobre su imposición, si como consecuencia del fallo se produjera vacancia temporal o definitiva del cargo, se tomarán las medidas para proveerlo.
Si la sanción consistiera en multa y no pudiera hacerse efectiva el nominador remitirá los documentos al juez de ejecuciones fiscales correspondiente o a quien haga sus veces, para lo de su cargo e informará de este hecho a la Procuraduría General de la Nación.
Las sanciones que imponga la Universidad serán comunicadas dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la Procuraduría General de la Nación para efectos de las anotaciones respectivas.
Artículo 57. Recursos y su formalidad. Contra las decisiones disciplinarias, en los casos, términos y condiciones establecidas en este Acuerdo, proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales deben interponerse por escrito.
Artículo 58. Oportunidad para interponerlos. Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse desde la fecha en que se dicte la providencia y hasta por el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la última notificación, si ésta se hace en estrados la impugnación y sustentación sólo procede en el mismo acto. Dentro de los mismos términos podrán hacerse modificaciones o correcciones al recurso interpuesto.
Artículo 59. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, si contra ellas no procede o no se interpone recurso.
Las providencias que decidan los recursos de apelación o de queja así como la consulta, quedarán en firme el día en que sean suscritos por el funcionario correspondiente; aquellas que se dicten en audiencia al finalizar ésta, a menos que procedan o se interpongan los recursos en forma legal.
Artículo 60. Reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia.
Artículo 61. Trámite. Cuando el recurso de reposición se formule vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en el Despacho del funcionario investigador por dos (2) días en traslado a la Procuraduría si está interviniendo según lo previsto en el inciso primero del artículo 71 de la Ley 200 de 1995, caso en el cual podrá interponerse recurso de reposición respecto de los puntos nuevos.
Artículo 62. Impugnabilidad. La providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no habían sido decididos en el auto impugnado, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.
Artículo 63. Procedencia de la apelación. El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia.
Artículo 64. Concesión del recurso de apelación. El recurso de apelación procede contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y se concederá en el efecto suspensivo si las niega todas y en el devolutivo si la negativa es parcial.
En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados habrá lugar a la figura del apelante único.
Artículo 65. Sustentación de los recursos. Antes del vencimiento del término de ejecutoria de la providencia, quien interponga los recursos de reposición o de apelación deberá exponer por escrito las razones de la impugnación ante el funcionario que profirió la providencia. En caso contrario aquellos no se concederán.
Artículo 66. Procedencia del recurso de queja. Procederá el recurso de queja cuando se rechace el de apelación.
Artículo 67. Interposición. Dentro del término de ejecutoria del auto que deniegue el recurso de apelación se interpondrá y sustentará el recurso de queja, se solicitará la expedición de las copias pertinentes las cuales se expedirán en un término no mayor de tres días, y se enviarán por el funcionario competente, por cuenta del recurrente, al superior funcional para que lo decida.
Artículo 68. Corrección de errores. En los casos de error aritmético o en el nombre del disciplinado, o del cargo que ocupaba o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, éste deberá ser corregido o adicionado, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo haya dictado y se darán los avisos respectivos.
Artículo 69. Desistimiento de los recursos. Podrá desistiese de los recursos antes que el funcionario competente los decida.
Artículo 70. Consulta. Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 71. Fallos consultables. Cuando no se interponga recurso de apelación, son consultabas las decisiones absolutorias de primera instancia.
Artículo 72. Término para decidir. Es competente para resolver el grado de consulta el Rector de la Universidad, dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo del expediente, transcurrido el cual sin que se haya resuelto el grado de consulta, quedará en firme la providencia proferida en primera instancia.
Artículo 73. Causales de revocatoria. Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la Ley.
Artículo 74. Competencia. Conocerán de la revocatoria directa:
a. En los procesos de única instancia: El Vicerrector de Sede.
b. En los procesos de doble instancia, el Rector de la Universidad.
Artículo 75. Improcedencia. No procederá la revocatoria directa prevista en este Acuerdo, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios. Tampoco procederá cuando se haya notificado el auto admisorio de la demanda proferido por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 76. Efectos. Ni la petición de revocatoria del fallo ni la decisión que sobre ella se tome revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar á la aplicación del silencio administrativo.
Artículo 77. Traslado provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas que pueden ser estimadas como graves o gravísimas y se establezca que en el curso de la misma el investigado pueda entorpecería, el nominador podrá proceder a ordenar el traslado provisional del investigado, de oficio o a solicitud de quien adelanta la investigación.
Artículo 78. Suspensión provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas graves o gravísimas, o se detecten faltantes al patrimonio de la Universidad o se haga imposible el traslado provisional, el nominador procederá a suspender provisionalmente al investigado por un término prorrogable de dos meses calendario.
Artículo 79. Reintegro del suspendido. El disciplinado suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, en los siguientes casos:
a. Cuando la investigación termine porque el hecho investigado no existió, la ley o las normas no lo consideran como falta disciplinaria, o se justifica, o el acusado no lo cometió, o la acción no puede proseguirse, o por haberse declarado la nulidad de lo actuado incluido el auto que decretó la suspensión provisional.
b. Por la expiración del término de suspensión sin que hubiere terminado la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su apoderado.
Parágrafo. Cuando la sanción impuesta fuere de multa la Universidad la descontará el valor de la misma de la cuantía de la remuneración que deba pagarse correspondiente al término de suspensión.
Cuando el disciplinado fuere sancionado con la suspensión de funciones o del contrato, en el fallo se ordenarán las compensaciones que correspondan, según lo dejado de percibir durante el lapso de suspensión provisional.
Artículo 80. Medios de prueba y valor de las mismas. En el proceso disciplinario, serán admisibles los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Penal y en lo no previsto en él, en el Código de Procedimiento Civil, las cuales se apreciarán según las reglas de la sana crítica. Se aplicarán las normas sobre pruebas contenidas en los artículos 117 a 130 inclusive de la ley 200 de 1995.
Ver arts. 128 a 142 de la Ley 734 de 2002.
El fallo sancionatorio sólo procederá cuando haya prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.
Artículo 81. Causales. Son causases de nulidad en el proceso disciplinario:
a. La incompetencia del funcionario para fallar.
b. La violación del derecho de defensa.
c. La ostensible vaguedad o ambiguedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten.
d. La comprobada existencia de irregularidades substanciases que afecten el debido proceso.
Artículo 82. Declaración de nulidad. En cualquier etapa del proceso en que se advierta que existe alguna de las causases previstas en el artículo anterior, de oficio o a petición de parte, se decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.
Podrán proponerse causases de nulidad hasta antes de preferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Únicamente se podrá formular otra solicitud de nulidad por causal diferente o por hechos posteriores.
Artículo 83. Nulidad de providencias. Cuando la nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, sólo podrá decretarse si no son procedentes los recursos contra la providencia.
Artículo 84. Procedencia. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria, se ordenará una indagación preliminar. Esta tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o determinar al servidor público que haya intervenido en ella.
Artículo 85. Término. La indagación preliminar no podrá prolongarse por más de cuatro (4) meses.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de los que fueron objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos; al vencimiento de este término perentorio el funcionario procederá a la evaluación conforme lo dispone el artículo siguiente y sólo podrá abrir investigación o archivar definitivamente el expediente.
Artículo 86. Evaluación. Concluida la indagación preliminar se tendrá hasta un (1) mes prorrogable por un (1) mes mas según la gravedad, para que el investigador proceda a su evaluación, ordenando la apertura de investigación disciplinaria o el archivo definitivo de las diligencias.
Artículo 87. Apertura de la investigación. Cuando de la indagación preliminar, de la queja o del informe y sus anexos, el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria mediante auto motivado en el que señalará la conducta presuntamente violatoria del Régimen Disciplinario, la identidad del inculpado y los elementos probatorios allegados al proceso sobre la existencia del hecho y la presunta responsabilidad. Dicho auto se comunicará al inculpado y a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría.
Artículo 88. Requisitos del auto de apertura. El auto de apertura que ordene la investigación, contendrá lo siguiente:
1. Breve fundamentación sobre la existencia del hecho u omisión que se investiga, y sobre el carácter de falta disciplinaria.
2. La parte resolutiva que contendrá:
a. La orden de abrir investigación con indicación del nombre del funcionario contra quien se abre y del objeto de la investigación.
b. La relación de las pruebas que se encuentren legalmente aportadas al caso y las que se ordenan practicar.
c. La solicitud a la Oficina de Personal correspondiente para que informe los antecedentes laborales disciplinarios que reposen en la hoja de vida del disciplinado, el sueldo devengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad y la última dirección conocida.
d. La orden de informar al superior inmediato y al Rector de la Universidad cuando la Procuraduría ejerza la acción disciplinaria preferente sobre la apertura de investigación disciplinaria, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrirla por los mismos hechos y que si la estuviera tramitando la suspenda y remita lo actuado en el estado en que se encuentre.
e. La orden de dar aviso al disciplinado sobre esta decisión.
Artículo 89. Término. Cuando la falta que se investigue sea grave el término será hasta de nueve (9) meses prorrogable por cuatro meses más, y si la falta es gravísima será hasta de doce (12) meses prorrogables hasta por doce (12) meses más contados a partir de la notificación de los cargos, según la complejidad de las pruebas.
Una vez proferido el auto de apertura de investigación disciplinaria, el investigador tendrá un término de dos (2) meses prorrogables por un (1) mes más para perfeccionar el acervo probatorio.
Parágrafo. Los términos a que se refiere este artículo se refieren al lapso de que dispone la oficina especializada o el funcionario investigador. El término para el funcionario competente, para decidir en única o primera instancia, será en todo caso de un mes contado a partir de la decisión con la cual concluya la investigación y se haya dado traslado para decidir.
Artículo 90. Evaluación. Una vez vencido el término de perfeccionamiento del acervo probatorio, el investigador tendrá treinta (30) días hábiles, prorrogables por treinta (30) días más según la gravedad de la falta, para formular cargos o archivar el proceso, según las siguientes reglas:
a. Archivo Definitivo. Procederá el archivo definitivo de la investigación disciplinaria cuando se demuestre que la conducta no existió, que no es constitutiva de falta disciplinaria o que la acción no podía iniciarse o proseguirse por prescripción o muerte del implicado cuando se trata de uno solo, o cuando se presente alguna de las causases previstas en el artículo 13 del presente Acuerdo.
b. Formulación de cargos. El funcionario formulará cargos cuando está demostrada la falta y existan elementos probatorios que merezcan credibilidad, conforme a los cuales se comprometa la responsabilidad del disciplinado.
Artículo 91. Requisitos formales del auto de cargos. El auto de cargos deberá contener:
3. La individualización funcional e identificación del posible autor o autores de la falta o faltas, señalando el cargo, el empleo y la dependencia en la cual se desempeña o se desempeñaba, así como la fecha o época aproximada de los hechos.
6. Indicación de la norma infringida.
Parágrafo. En caso de que el investigado se negare a firmar, se dejará constancia del tal hecho en la copia del respectivo oficio y firmará un testigo.
Artículo 92. Término para presentar descargos. El disciplinado dispondrá de diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente de la entrega del auto de cargos o de la desfijación del edicto, para presentar sus descargos, y solicitar y aportar pruebas, si lo estima conveniente. Durante este término el expediente permanecerá a su disposición en la oficina del funcionario investigador.
Artículo 93. Término para practicar pruebas. Vencido el término para rendir descargos, el investigador tendrá hasta veinte (20) días para decretar las pruebas solicitadas y las que de oficio considere conducentes, y hasta un máximo de 6 meses para su práctica, pero si fueren más de tres los disciplinados, este término se ampliará en seis (6) meses más.
Artículo 94. Juzgamiento del ausente. Si el disciplinado no presentaré escrito de descargos se dejará constancia en este sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el trámite procesal.
Artículo 95. Pruebas de oficio antes del fallo. Cuando el funcionario competente para decidir considere, antes de fallar, que es necesario practicar pruebas para verificar los hechos relacionados con los cargos, de oficio las decretará y practicará en un lapso no mayor de treinta (30) días. En este caso, practicadas las pruebas o vencido el término para hacerlo, el funcionario competente proferirá decisión de fondo dentro de los dos (2) meses siguientes; en caso de que los investigados sean tres (3) o más, se ampliará quince (15) días más.
Parágrafo. Si no se decretan pruebas de oficio, los términos establecidos en este artículo para proferir decisión se contarán desde el recibo del informe de evaluación.
Artículo 96. Trámite en segunda instancia. Recibido el proceso, el funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. En caso de que los investigados sean tres o mas el término se ampliará en quince (15) días hábiles más.
El funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para la decisión, dentro de un término de veinte (20) días hábiles pudiendo comisionar para su práctica.
Artículo 97. Competencia del superior. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar el proceso disciplinario en su integridad, pero en ningún caso podrá agravar la pena.
Artículo 98. Procedencia. Cuando la falta que se investiga sea leve, o sea admitida por el disciplinado antes de formular cargos, o el autor haya sido sorprendido en el momento de su realización, se aplicará el proceso abreviado.
Artículo 99. Citación a audiencia. El funcionario investigador mediante auto motivado relativo a la existencia de la causal que origina el proceso abreviado, citará a audiencia fijando lugar y fecha de su celebración, la cual no podrá realizarse antes de cinco (5) días hábiles ni después de diez (10) días hábiles de notificado al disciplinado o a su apoderado el auto de citación. Durante este lapso el expediente permanecerá en la oficina del investigador.
Artículo 100. Citación al disciplinado. Producido el auto a que se refiere el artículo anterior, se citará al disciplinado en la dependencia donde labore o en la última dirección que registre en la hoja de vida. Si después de tres (3) días de enviada la citación, no comparece, se fijará edicto por dos (2) días para notificar el auto, vencidos los cuales se entiende notificado y se le designará apoderado de oficio, con el cual continuará el proceso hasta su terminación, sin perjuicio de que el citado comparezca al proceso a hacer valer sus derechos, caso en el cual tomará el proceso en el estado en que se encuentre.
Contra el auto de apertura del procedimiento abreviado, no procede recurso alguno.
Artículo 101. Pruebas. El investigado o su apoderado podrán solicitar por escrito pruebas o aportarlas dentro de los cinco días anteriores a la celebración de la audiencia.
Artículo 102. Celebración de la audiencia. Llegados el día y la hora para su celebración, se dará lectura al auto de apertura y se procederá a resolver sobre la conducencia de las pruebas solicitadas y aportadas, y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.
Artículo 103. Notificación en estrados. La notificación del auto que resuelve sobre pruebas se hará en estrados y contra el sólo procederá el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá inmediatamente. Agotado el trámite se procederá a la práctica de las pruebas.
Cuando éstas deban recaudarse en lugar diferente de la Sede, se podrá comisionar hasta por diez (10) días para el efecto, término durante el cual se suspenderá la audiencia.
Artículo 104. Término probatorio. El término para la práctica de pruebas en audiencia no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles.
El término para la práctica de pruebas se suspenderá cuando deba recaudarse en lugar diferente de la Sede o cuando se decrete prueba pericial. La suspensión será igual al término establecido para la práctica de la respectiva prueba.
Artículo 105. Intervención. Agotado el término probatorio se concederá la palabra al disciplinado y a su apoderado para que ejerza su derecho de defensa.
Artículo 106. Fallo. Concluida la intervención en ejercicio del derecho de defensa, se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo en el transcurso de la misma diligencia. El investigador podrá suspender para este efecto la diligencia por una vez y por un término de cinco (5) días hábiles. El funcionario investigador evaluará el procedimiento y recomendará la decisión con que deba concluir al funcionario competente para decidir.
Artículo 107. Acta. De todo lo actuado en la audiencia se dejará constancia en un acta que será firmada por los intervinientes. En caso de renuencia de alguno de los participantes a firmarla o en el de inasistencia se dejará constancia.
Artículo 108. Recurso de reposición. Contra el fallo proferido sólo procede recurso de reposición que se interpondrá en el mismo acto, se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes y se decidirá en el término de cinco (5) días posteriores a su interposición o sustentación.
Artículo 109. Comité Paritario de Sede. Cerrada la investigación, el Comité Paritario de Sede conceptuará en los fallos de primera instancia cuando la sanción a imponer sea de suspensión superior a treinta (30) días, o de destitución o de terminación del contrato de trabajo.
Artículo 110. Término para conceptuar. El Comité tiene un término de diez (10) días hábiles después de recibido el expediente para conceptuar, lapso durante el cual se suspende cualquier otro término.
El concepto del Comité no es obligatorio para el funcionario competente para decidir, pero deberá ser apreciado en la parte motiva de la providencia.
Artículo 111. Conformación. El Comité Paritario de cada Sede estará conformado por: el Jefe de Personal y el Jefe de la Oficina Jurídica de Sede o quienes hagan sus veces, un profesor elegido por el Comité de Representante Profesorales de la respectiva Sede, y dos empleados de la Universidad Nacional designados por elección popular por los servidores pertenecientes a la planta de la respectiva Sede. Los empleados del nivel nacional tendrán derecho a elegir y a ser elegidos en la elección de los representantes de los empleados de la Sede de Santafé de Bogotá. El Rector reglamentará esta elección y fijará la fecha de iniciación del período, que será de carácter institucional y no personal. Ver Resolución 437 de 1998 de la Rectoría.
El Comité Paritario de la Sede de Santafé de Bogotá cumplirá las funciones de Comité en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios del nivel nacional. Igualmente cumplirá dichas funciones en relación con los procesos que se adelanten contra funcionarios de las Sedes en las cuales no se cuente con todas las dependencias señaladas en el primer inciso de este artículo.
Parágrafo. El período del representante de los profesores y de los empleados en el Comité Paritario será de dos (2) años.
Artículo 112. Docentes comisionados. A los docentes que ocupen en comisión cargos académico-administrativos se les aplicarán las normas y procedimientos establecidos en el Estatuto de personal académico. Igualmente la competencia para investigar y fallar será la establecida en dicho Estatuto.
Artículo 113. Transición. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente Acuerdo se encuentren con auto de apertura de investigación, continuarán hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior, sin perjuicio de que el investigado pueda acogerse voluntariamente al nuevo procedimiento si lo estima más favorable.
Artículo 114. Remuneración. Los abogados designados como apoderados de oficio de los investigados ausentes, se les remunerará a título de honorarios con un salario mínimo legal mensual vigente.
Artículo 115. Vigencia. Este Acuerdo empezará a regir veinte (20) días hábiles después de su expedición por parte del Consejo Superior Universitario, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.