Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-065-05.htm
Timestamp: 2018-07-18 08:42:40
Document Index: 116821599

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'Artículo 323', 'artículo 227', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 206', 'artículo 227', 'artículo 228', 'artículo 28', 'artículo 206', 'artículo 157', 'artículo 227', 'artículo 157', 'artículo 227', 'artículo 227', 'artículo 323', 'artículo 206', 'artículo 323', 'artículo 206', 'artículo 13', 'artículo 16']

C-065-05
Desde la perspectiva de la Constitución de 1991, no es legítima una disposición que pretenda establecer diferenciaciones con base en conductas sexuales. Por tanto, el fin es ilegítimo y la norma debe ser declarada inexequible. Al ser un fin ilegítimo, puesto que lo perseguido por el texto de la Constitución es no discriminar a los individuos por su conducta sexual, sino, al contrario, proteger el desarrollo de este ámbito personal, la norma debe ser sacada del ordenamiento jurídico, sin que sea necesario agotar los demás pasos del test estricto de igualdad. Podría pensarse que la norma se estableció por razones puramente sanitarias. No obstante, al considerar las implicaciones fácticas de la limitación del pago de incapacidad laboral a los trabajadores del petróleo con enfermedades venéreas en estado grave se observa que el fin buscado, desde una perspectiva lógica, no pudo ser éste. En efecto, entre menos se le permita a una persona cuidar de su enfermedad a través de la remuneración del tiempo en el cual está laboralmente incapacitado, más será el riesgo de que la enfermedad de transmisión sexual se agrave y pueda ser transmitida a los sujetos del entorno. La norma acusada desconoce el artículo 25 constitucional en cuanto a que si bien no prohíbe trabajar en empresas del petróleo, lo permite en condiciones contrarias a la dignidad humana. En efecto, el derecho al trabajo en condiciones dignas no sólo implica la posibilidad de trabajar, sino también la posibilidad de no verse forzado a laborar cuando las condiciones físicas no le permitan al trabajador seguir desempeñándose en su labor, so pena de agravar su estado de salud. Cuando al trabajador si bien no se le prohíbe hacer un receso en sus labores por su estado de salud se le permite sin obtener una remuneración equivalente a la que obtendría de estar en pleno uso de sus facultades físicas se le está forzando a laboral bajo condiciones contrarias a la dignidad humana. Lo anterior, puesto que se hace imprescindible para el empleado seguir laborando para conseguir su sustento mínimo vital el cual, por regla general, equivale al salario.
“Artículo 323 En los casos de enfermedades venéreas en estado agudo, de trabajadores de empresas de petróleos, no hay derecho al auxilio monetario de que trata el artículo 227".
En parecer de la interviniente, la inexequibilidad del artículo demandado se deriva del desconocimiento de los artículos 13 y 53, como indican los demandantes. Además, en criterio de la Entidad, se desconoce el artículo 25 constitucional, pues la norma demandada pone al trabajador a escoger entre hacer explícita su enfermedad o trabajar y devengar enfermo, igualmente, toda vez que desconoce el trabajo en “condiciones dignas” pues no se debe reprender con consecuencias pecuniarias negativas el hecho de contraer una enfermedad.
A esto agrega la violación de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2-1, 3, 23 y 26, los cuales prescriben la igualdad o prohíben la discriminación; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2-2, 3, 4, 7, 9, 10 y 12-2-c y d, que consagran: igualdad de trato en materia de derechos sociales, goce de condiciones de trabajo equitativas, derecho de toda persona a la seguridad social, protección social a la familia, disfrute más alto posible de la salud física, tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales, y asistencia médica; violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 17 y 24: protección a la familia y trato igualitario de parte de la Ley; Convenio de la OIT No 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, artículos 1 y 2: prohibición de trato discriminatorio en materia laboral; y Convención de la OIT relativa al Seguro contra enfermedades de los trabajadores de la industria del Comercio y de los sirvientes domésticos, artículos 1, 2, 3 y 4: obligación de establecer un seguro obligatorio contra enfermedades laborales y tratamiento gratuito médico. De estos artículos hace especial énfasis en el artículo 3 el cual señala: “todo asegurado incapaz de trabajar a consecuencia del estado anormal de su salud corporal o mental, tendrá derecho a una indemnización en dinero pagadera por lo menos durante las primeras veintiséis semanas de incapacidad a partir del primer día en que sea valedera tal indemnización, inclusive (...)”, sin establecer dentro de las causales para suspender dicha indemnización el hecho de contraer una enfermedad venérea.
Afirma que la Ley 100 de 1993 indica en su artículo 206 que el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas por enfermedad general “de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. Para señalar cuál es la normatividad aplicable en la actualidad al auxilio por incapacidad laboral señala el interviniente que “la disposición legal vigente para el sector particular, se entiende a la fecha, es el Código Sustantivo del Trabajo en su capítulo II, el que en su artículo 227, en relación al auxilio monetario por enfermedad no profesional, establece que en caso de incapacidad comprobada del trabajador para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, tendrá derecho a que le sea pagado por el patrono (hoy por la EPS a la cual se encuentre afiliado el trabajador, en razón al Sistema General de Seguridad Social en Salud) el valor de un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, del que durante el tiempo de noventa (90) días corresponda a las dos terceras (2/3) partes del salario y por el tiempo restante, es decir los noventa (90) días faltantes, corresponderá a la mitad del salario. En caso de que el trabajador no devengue salario fijo, esto es, en el caso de salario variable, para efectos del pago del auxilio por enfermedad general, se tendrá como base, el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si no alcanzare un (1) año según lo contemplado por el artículo 228 del Código Sustantivo del Trabajo.”
Añade el Ministerio que, según Circular 11 de 1995 de la Superintendencia de Salud, la enfermedad general de origen no profesional para el sector privado “es el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.(...)” En este orden de cosas, se tiene que en la actualidad no existe discriminación en materia de enfermedades no profesionales con respecto al reconocimiento de auxilios. Para que haya lugar al auxilio, basta que la persona con enfermedad no profesional haga parte del régimen contributivo y no se encuentre dentro de alguna de las excepciones del artículo 28 del Decreto 806 de 1998.
Para comenzar, afirma la Vista Fiscal que desde la Constitución de 1991 se introduce el concepto de seguridad social integral. Dentro de la integralidad de la seguridad social se encuentran los subsidios frente a las incontingencias por accidentes de trabajo o enfermedades de origen común para proteger el ingreso de los trabajadores. El pago de las incapacidades por estos factores está en cabeza de la ARP o la EPS, respectivamente. En este sentido, el artículo 206 de la Ley 100 señala: “Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.”. Este artículo se desarrolla en los Decretos 1295 de 1994, 1890 de 1995 y 1406 de 1999.
Cuando entró a regir el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, se dio una derogatoria de todas las disposiciones que amparaban a los trabajadores respecto de las incapacidades laborales. En este orden de cosas, “en el tema de las incapacidades existe toda una perspectiva legal que regula (...) el auxilio monetario a que alude el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, a que remite el artículo impugnado, no está siendo regulado por esas disposiciones, sino por los nuevos preceptos que entraron a regir a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 y su reglamentación correspondiente; por lo que es claro, que existe una derogatoria debido a la reglamentación integral de la materia.” Al haber carencia actual de objeto sobre el cual fallar, en juicio del Procurador, la Corte se debe inhibir.
“Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.”(subrayas ajenas al texto)
Al remitirse, en lo no modificado, a las disposiciones legales vigentes, en materia de incapacidades laborales, es claro que se debe acudir al Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de éste se encuentra el artículo 227 según el cual: “En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: Las dos terceras (2/3) partes del salario durante los noventa (90) días, y la mitad del salario por el tiempo restante.”
Con la lectura del artículo 227 C.S.T. en conjunción con el 206 de la Ley 100 se podría pensar que el artículo demandado ha perdido vigencia. No obstante, esto no es así. En efecto, la naturaleza normativa del artículo 323 es exceptiva frente a la regla general comprendida por los artículos 227 C.S.T. y 206 de la Ley 100; al serlo, frente al grupo de trabajadores mencionados en éste no se aplica lo dispuesto en los artículos 227. Como el artículo 206 de la Ley 100 remite al 227 C.S.T. y el alcance de éste sólo se puede determinar una vez observadas sus excepciones, el artículo 323 no es sólo una norma exceptiva, sino que, es una norma de tal naturaleza que hace parte de “las disposiciones legales vigentes” a las cuales se refiere el artículo 206 de la Ley 100.
Se trata pues de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuando una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. En este caso se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de perso­nas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables.[2]
Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga diferen­cias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. La igualdad de protección consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efectivamente, “gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades” (art. 13). Esta dimensión del principio de igualdad, por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual. Es positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones objetivas relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el Estado adopte acciones para garantizar la igual protección. Para saber si esta dimensión del derecho a la igualdad ha sido violada es preciso constatar el grado efectivo de protección recibida a los derechos, libertades y oportunidades, y en caso de existir desigualdades, establecer si se han adoptado medidas para superar ese estado de cosas y cumplir así el mandato de la Carta Política. No basta con saber si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere determinar si la protección brindada por las leyes es igual para quienes necesitan la misma protección.”[3] (subrayas fuera del texto)
Debe la Corte analizar si el tener una enfermedad venérea en estado grave es razón suficiente y válida en nuestro ordenamiento jurídico para dejar de reconocer el auxilio monetario en caso de incapacidad. Tal análisis se desarrollará con base en un test estricto de igualdad, en virtud de que la diferenciación se establece con base en criterios de sexo –conducta sexual- y esto, en consideración al inciso primero del artículo 13 constitucional, es una clasificación sospechosa. Con respecto a la necesidad de la aplicación de este test en situaciones como la presente y los pasos de análisis que éste implica, ha dicho la Corporación:
Con respecto al test estricto de razonabilidad, los elementos de análisis de la constitucionalidad son los más exigentes. El fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por la medida.”[4](subrayas ajenas al texto)
“Así como se puede llegar a ordenar el pago de salarios y mesadas pensionales, también se puede exigir el pago de incapacidades laborales, puesto que éstas son el monto sustituto del salario para la persona que, por motivos de salud, no ha podido acudir al trabajo[5]. Al respecto ha señalado la Corporación que:
“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”.[6]
Así las cosas, de estar demostrada la afectación del mínimo vital por el no pago de las incapacidades laborales, procederá la tutela para ordenar su cancelación.”[7]
“(...) resulta de trascendental importancia advertir y reconocer que la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana tiene en la actualidad una importante connotación en el ámbito laboral. No sólo por el impacto social y económico que genera el hecho de que la mayoría de las personas infectadas con este virus se encuentran en edad productiva, amenazando el sostenimiento económico de los trabajadores y sus familias, sino también porque el lugar de trabajo constituye una de las áreas fundamentales para evitar la propagación de la infección, a través de la adopción de precauciones y medidas necesarias para garantizar un ambiente sano y seguro.
Para el cumplimiento de este objetivo, los empleadores no sólo tienen la responsabilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la contaminación y propagación de la infección, tales como el suministro de equipo de protección personal, de primeros auxilios y su mantenimiento, sino que también son titulares de ciertas obligaciones frente al trabajador infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, deberes orientados a proteger los derechos fundamentales y la dignidad de sus trabajadores infectados con el virus. El acondicionamiento del lugar de trabajo del empleado infectado, el otorgamiento de permisos para asistir a controles médicos, la adopción de medidas de apoyo, la promoción de un ambiente que no sea discriminatorio, la prohibición de exigir pruebas tendientes a determinar si ha sido contagiado por el virus de inmunodeficiencia humana para acceder o permanecer en una actividad laboral y la permanencia de la persona infectada en su actividad laboral o cualquier otra que presente menos peligro para ella o para los demás, son las recomendaciones señaladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algunas de las cuales han sido acogidas en nuestro ordenamiento jurídico interno.”[8]
La Corte ya se ha pronunciado con relación al derecho al desarrollo de una vida sexual en condiciones normales, como parte del libre desarrollo de la personalidad y, en particular, el desarrollo de la vida de relación[9] y ha afirmado que “una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera integral teniendo en cuenta, por tanto, el aspecto corporal o físico. La relación sexual es una de las principales manifestaciones de la sexualidad”[10].
“Es claro que hace parte del derecho fundamental a la vida, el que tiene toda persona a gozar de una vida sexual normal; en repetidas ocasiones esta Corporación se ha ocupado de considerar la trascendencia del tratamiento médico de afecciones que impiden el desarrollo normal de la fisiología sexual humana, y de valorar la importancia que él tiene en el desarrollo de la persona y en el de la personalidad individual de cada uno[9]. Por tanto, no es de recibo el argumento que sirvió de base para negar la tutela en este caso: no está comprometida la vida del actor. Tal consideración, llevaría a hacer inane el derecho a una protección inmediata de la vida y la integridad personal, pues condenaría al afectado por la falta de tratamiento médico, a demostrar que el daño ocasionado por esa omisión es de tal magnitud, que la actuación del juez constitucional no lograría devolverle la salud perdida”
“Debe resaltarse que lo comprometido en este caso no es sólo una afección psicológica que merma la autoestima del actor; su padecimiento pone en juego su capacidad de relación, en uno de los aspectos esenciales de la misma: la vida de pareja, y compromete el ejercicio de otros derechos indudablemente fundamentales, como el de formar libremente una familia y el de la pareja para decidir sobre la procreación de los hijos.” (T-926/99)
“Tanto para aquellos reclusos que tengan conformada una familia como para los que no, el derecho a la visita íntima constituye un desarrollo claro del derecho al libre desarrollo de la personalidad contemplado en el artículo 16 de la Carta. Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera integral teniendo en cuenta, por tanto, el aspecto corporal o físico. La relación sexual es una de las principales manifestaciones de la sexualidad. La privación de la libertad conlleva una reducción del campo del libre desarrollo de la personalidad, pero no lo anula. La relación física entre el recluso y su visitante es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas a la privación de la libertad.”(T-269/02)(subrayas ajenas al texto)