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Timestamp: 2015-11-28 07:38:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 22']

Direito Humanos | Observatório de Relações Internacionais da UFOP
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Publicado em 27/10/2014 por Waldir Araújo	Resposta	A Bahraini Prince could face prosecution over claims he tortured protesters during an Arab Spring-inspired uprising after the High Court overturned a decision granting him diplomatic immunity.
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CtIDH – “Sentencia Sobre el Alcance del Principio de Legalidad y de Retroactividad y el derecho a Recurrir el Fallo para Altas Autoridades en Suriname”
Publicado em 05/06/2014 por Lucas D'Ambrosio	Resposta	San José, Costa Rica, 24 de marzo de 2014.- La Corte Interamericana de derechos Humanos notificó el viernes 21 de marzo de 2014, la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, sometido a la jurisdicción de la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de enero de 2012. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos.
El señor Liakat Ali Alibux ejerció los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos Naturales entre septiembre de 1996 y agosto de 2000. El 18 de octubre de 2001 se adoptó la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos (en adelante “LAFCP”), con el propósito de regular el procedimiento para el juzgamiento de quienes ejerzan o hayan ejercido cargos en la administración pública por presuntos actos delictivos cometidos en el ejercicio de sus funciones, establecido en el artículo 140 de la Constitución de Suriname. El señor Alibux fue investigado con motivo de la compra de un inmueble realizada entre junio y julio de 2000 en su calidad de Ministro de Finanzas, y sometido a un procedimiento ante la Asamblea Nacional y juzgado ante la Alta Corte de Justicia de Suriname en instancia única. Adicionalmente, el 3 de enero de 2003 al señor Alibux se le impidió salir de su país para un viaje personal. El 5 de noviembre de 2003 el señor Alibux fue sentenciado por la comisión del delito de falsificación y condenado a la pena de un año de detención y tres años de inhabilitación para ejercer el cargo de Ministro. El 27 de agosto de 2007 fue establecido en Suriname un recurso de apelación, para los procedimientos realizados con base en el artículo 140 de la Constitución, no obstante, el señor Alibux no utilizó dicho recurso.
En su Sentencia, la Corte concluyó que Suriname no era responsable por las alegadas violaciones de los principios de legalidad y de retroactividad, y a la protección judicial. No obstante, declaró la violación respecto del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior y el derecho de circulación y residencia. En particular, la Corte consideró que al ser el proceso una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una norma que regula el procedimiento con posterioridad a la comisión de un supuesto hecho delictivo no contraviene per se el principio de legalidad. Partiendo de lo anterior, la Corte constató que al momento de cometidos los hechos imputados al señor Alibux, estaba previsto el delito y el artículo 140 de la Constitución establecía las bases del procedimento para su juzgamiento, por lo que la aplicación inmediata de la LAFCP no afectó el tipo penal ni la severidad de la pena. La Corte concluyó que el Estado de Suriname no violó, en perjuicio del señor Liakat Ali Alibux, el principio de legalidad y de retroactividad, establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.
Adicionalmente, la Corte determinó que la designación del máximo órgano de justicia a efectos del juzgamiento penal de altos funcionarios públicos, no es por sí misma contraria al derecho de recurrir un fallo ante juez o tribunal superior. No obstante, en el presente caso se constató la inexistencia de un recurso judicial que garantizara al señor Alibux su derecho a recurrir el fallo condenatorio al momento de su emisión, y para cuando dicho recurso fue creado en el 2007, la totalidad de la condena ya había sido cumplida, por lo que careció de efectividad. En virtud de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado de Suriname incurrió en violación del artículo 8.2(h) de la Convención Americana. Respecto de la alegada violación del derecho a la protección judicial, la Corte constató que mediante la Resolución Interlocutoria de 12 de junio de 2003, la Alta Corte de Justicia resolvió las objeciones preliminares interpuestas por el representante legal. Adicionalmente, si bien la Corte reconoció la importancia de los Tribunales Constitucionales como protectores de los mandatos constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, el cual está a cargo de todos los órganos del Estado.
Por tanto, el Estado no violó de manera autónoma el derecho a la protección judicial.
Respecto a la prohibición de salida del país impuesta al señor Alibux el 3 de enero de 2003, el Estado no demostró la existencia de una regulación clara y precisa que determine la legalidad de la restricción al derecho de circulación para el presente caso, por lo que incumplió con lo dispuesto em el artículo 22, incisos 2 y 3 de la Convención Americana.
En virtud de dichas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.
La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot, Juez.
Fonte: Central de Imprensa – Corte Interamericana de Direitos Humanos
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Publicado em 15/01/2014 por Renata Nogueira	Resposta	“O Tribunal Penal Internacional (TPI) é um tribunal permanente, criado pelo Estatuto de Roma, em 1998. Por seu caráter permanente, distingue-se dos dois tribunais ad hoc instalados por Resolução do Conselho de Segurança da ONU, exclusivamente para julgar crimes cometidos durante um determinado período nos territórios da extinta Yugoslávia e em Ruanda. Distingue-se também desses tribunais por ser um Tribunal independente do sistema das Nações Unidas.”
Tribunal da Ex-Iugoslávia
O que é o TPI, Cartilha
Texto integral da Cartilha
Do Tribunal Penal Internacional
Estatuto de Roma, Manual de Ratificação e Implementação do
PDF 0,90 MB Declaração de Haia
Posição das ONGs do Hemisfério Sul sobre o TPI
O Caso Milosevic
O Caso Drazen Erdemovic
O Caso Dusan Tadic
O Caso Radovan Karadzic
O Caso Jean Kanbanda
O Caso Jean-Pierre Bemba
O Caso Omar Al Bashir
O Caso Haider
O Caso Stroessner
Tribunal Penal Internacional: Afirmação contemporânea de uma idéia clássica e sua recepção na Constituição Brasileira Salomão Barbosa
PDF 1,59 MB O Tribunal Penal Internacional
PDF 0,03 MB Tribunal Penal Internacional: uma nova realidade do Direito Penal Internacional para a garantia da segurança dos Direitos Humanos Dissertação de Mestrado de Renata Costa Silva Brandão
PDF 0,73 MB O Tribunal Penal Internacional e a Nova Ordem Internacional Susana Costa
PDF 0,50 MB O Tribunal Penal Internacional:
De uma cultura de impunidade para uma cultura de responsabilidade
PDF 0,31 MB A importância do Tribunal Penal Internacional para a Proteção Internacional dos Direitos Humanos Valério de Oliveira Mazzuoli
PDF 0,10 MB Tribunal Penal Internacional:
Apontamentos acerca da moralidade e legalidade Monografia de Juliane da Silva Pessoa
PDF 0,05 MB O papel das vítimas nos procedimentos perante o Tribunal Penal Internacional:
Seus direitos e as primeiras decisões do Tribunal Paulina Vega González
PDF 0,13 MB Com TPI, países preferem o Direito à força Entrevista com Sylvia Steiner PDF 0,07 MB Folha de Informação: África e o Tribunal Penal Internacional PDF 0,08 MB Dinamismo do Direito Internacional Penal após o Estatuto de Roma: Da Sudan Room a situação em Darfur, Sudão
PDF 0,21 MB O Tribunal penal Internacional e sua compatibilidade com a Constituição Brasileira quanto a aplicação da pena de Prisão Perpétua pela Corte Monografia de Karina Gomes e Silva
PDF 0,07 MB Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Mini-Guia O julgamento de Jean Kambanda e o genocídio em Ruanda
PDF 0,52 MB Timor-Leste: Justiça na Sombra – Tribunal Penal Internacional Anistia Internacional
PDF 0,67 MB Golpe na Venezuela
A Carta Interamericana de Direitos humanos
Ataque aos Estados Unidos e Afeganistão
Torturas norte-americanas em Abu Gharib
Fernando Botero retrata as infames torturas ianques no Iraque
Fonte: DireitosHumanosnet.org
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Publicado em 22/12/2013 por Renata Nogueira	25	Lei dá imunidade a agentes estatais que cometeram crimes contra a humanidade durante o franquismo
15 de novembro de 2014. Esta é data máxima dada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para que a Espanha modifique a Lei de Anistia de 1977, que dá imunidade aos agentes do Estado que cometeram crimes durante a guerra civil (1936 – 1939) e a ditadura de Francisco Franco (1939-1975). A modificação é uma das várias recomendações que o CED (Comitê contra os Desaparecimentos Forçados, em sua sigla em inglês) incluiu em seu relatório final, em 15 de novembro deste ano. Nele, o CED admite que no país ibérico existem 114.226 pessoas desaparecidas e que 30.960 bebês foram roubados no período entre 1936 e 1975.
Segundo Dulitzky, o desaparecimento forçado se define como qualquer tipo de privação da liberdade de uma pessoa por agentes estatais ou por particulares que atuam com a tolerância ou cooperação do Estado. Além disso, o conceito também abrange o fato de o Estado se negar a reconhecer a detenção ou o lugar onde a pessoa se encontra detida e, por isso, esta pessoa fica fora da proteção da lei.
Entre os principais tratados internacionais que regulam este tipo de crime estão a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, de 1992, e a convenção internacional de mesmo nome adotada em 2006. Como país signatário, a Espanha é obrigada a cumprir as normas dos tratados.
Para o CED, os principais problemas encontrados na Espanha são o tempo transcorrido desde que os desaparecimentos ocorreram, a falta de um procedimento claro, detalhado e específico em relação às exumações e identificações e a inexistência de uma base de dados genéticos de familiares das pessoas desaparecidas. Além destes fatores, Dulitzky destaca a eliminação completa dos fundos estatais para exumações.
No último governo socialista, o Estado destinou 6,5 milhões de euros em subvenções para o trabalho de identificação dos restos mortais encontrados nas mais de 2,3 mil valas comuns identificadas em território espanhol. Deste total, segundo as associações de vítimas, menos de 400 foram abertas. O governo de Mariano Rajoy (PP) cortou os subsídios que estavam amparados pela Lei da Memória Histórica.
“O que aprendemos é que as anistias não servem para garantir a justiça, não servem para garantir a verdade e muitas vezes também não são sinônimos de garantia da paz e da estabilidade democrática”, diz Dulitsky. No relatório final, os integrantes do comitê admitiram certa surpresa com a sentença final do Tribunal Supremo espanhol sobre a possibilidade de julgar os crimes do franquismo.
Nesta sentença o tribunal afirmava: “[…] a argumentação sobre a permanência do delito não deixa de ser uma ficção contrária à lógica jurídica. Não é razoável argumentar que um detido ilegalmente em 1936, cujos restos não foram achados em 2006, possa racionalmente pensar-se que seguiu detido além do prazo de prescrição de 20 anos […]”.
Os tratados assinados pela Espanha consideram que, para iniciar a conta para a prescrição dos delitos de desaparecimento forçado, é preciso que a pessoa ou os restos mortais dela apareçam. Ou seja, enquanto a pessoa segue desaparecida, o crime não prescreve. “Esta decisão do Tribunal Supremo pode ser discutível. Muitos setores jurídicos aqui na Espanha não estão de acordo”, conta o juiz Joaquim Bosch.
“De acordo com a evolução do direito internacional, as anistias completas que impedem a investigação, o julgamento e a sanção dos crimes internacionais, como os que ocorreram na Espanha, são consideradas ilegais”, explica Dulitzky.
Além da modificação da lei de anistia, o comitê também convida a Espanha a criar uma Comissão da Verdade, com “especialistas independentes encarregados de determinar a verdade sobre as violações aos direitos humanos ocorridas no passado”.
Sobre as comissões da verdade, Dulitzky explica que “uma de suas características é que não estudam casos isolados, mas sim padrões gerais. E, segundo, são comissões de oficiais do Estado, é o reconhecimento estatal da verdade. Esta é a verdade de acordo ao Estado. Como este tipo de crimes são necessariamente cometidos pelo Estado, é o Estado que diz: tudo isso é o que fizemos”.
Apesar de apontar as falhas do Estado, o comitê da ONU não tem poder de aplicar nenhuma sanção em caso de não-cumprimento das recomendações. Dulitzky assume que o mais importante para eles é “o que vai suceder na sociedade espanhola, o debate que será gerado na Espanha e a responsabilidade que as autoridades espanholas irão assumir”.
Já o juiz Joaquim Bosch acredita que algumas recomendações serão cumpridas. “Algumas [questões do relatório] eu acredito que têm muita viabilidade porque não tem sentido que a Espanha tenha assinado o convênio internacional sobre desaparecimentos forçados e que siga tendo mais de 100 mil desaparecidos em seu território”. Entretanto, Bosch não é tão otimista em relação às mudanças de maior importância: “as outras questões propostas, que se derrogue a lei de anistia, por exemplo, dependerá das forças políticas e do poder legislativo”.
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Política de austeridade: espanhola é demitida por faltar ao trabalho no dia do próprio despejo
Publicado em 29/10/2013 por Renata Nogueira	36	Amaya Muñoz representa o drama da população espanhola frente às políticas de austeridade: sem emprego e sem casa
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Publicado em 09/10/2013 por Renata Nogueira	19	O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, manifestou haver possibilidade jurídica de punir agentes do Estado que cometeram crimes durante a ditadura (1964-85). Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Janot muda o entendimento do antecessor, Roberto Gurgel, para quem a questão estava enterrada desde que em 2010 a Corte se manifestou pela plena constitucionalidade da Lei de Anistia, aprovada pelo Congresso em 1979, ainda durante o regime.
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