Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-671-de-2010?documento=legcol&contexto=legcol_8034a395101d102ae0430a010151102a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 06:26:45
Document Index: 63388536

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 27', 'artículo 102', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 210', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 48']

DECRETO 671 DE 03 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. DICTA NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE EL PERÍODO DE ELECCIONES AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A REALIZARSE EL 14 DE MARZO DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO DE LAS COMUNICACIONES, POLICÍA NACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, ENTIDAD TERRITORIAL, FUNCIÓN PÚBLICA, ELECCIÓN DEL CONGRESISTA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INTERVINIENTES EN EL DERECHO ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL, ORGANISMOS ELECTORALES, FUERZA PÚBLICA, REGULACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL, PROPAGANDA ELECTORAL, ORDEN PÚBLICO, CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DIARIO OFICIAL N°:47640 DE MARZO 3 DE 2010
DECRETO 671 DE 2010
"Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones al Congreso de la República y se dictan otras disposiciones".
RESOLUCIÓN 41 DE MAYO 11 DE 2016 DIAN
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los numerales 4º y 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 210 del Decreto 2241 de 1986,
ART.1º—Transmisiones. Con miras al normal desarrollo del proceso electoral para congresistas a realizarse el 14 de marzo de 2010, los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos así como la propaganda electoral, deberán realizarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, el buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general, de manera que en ningún momento perturben el desarrollo normal del debate electoral, obstaculicen la acción de las autoridades electorales o constituyan factor de alteración del orden público, sin perjuicio del debate político y del ejercicio del derecho a la oposición y de conformidad con la reglamentación que para el efecto deba expedir el Consejo Nacional Electoral.
Así mismo, en los términos del artículo 27 de la Ley 130 de 1994, los concesionarios de los noticieros y espacios de opinión en televisión, durante la campaña electoral deberán garantizar el pluralismo, la imparcialidad y el equilibrio informativo.
Los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, de espacios de televisión, los canales privados del servicio de televisión por suscripción y los canales regionales y locales, se harán responsables de las informaciones que transmitan que no den estricto cumplimiento a lo preceptuado en este artículo.
Los concesionarios de los espacios de televisión y del servicio de radiodifusión sonora que transmitan publicidad política pagada deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994 y demás disposiciones vigentes. Las autoridades públicas a quienes corresponde ejercer inspección y control sobre la radio, la televisión y demás medios audiovisuales y de comunicaciones, vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
ART.2º—Manifestaciones y actos de carácter político. Con anterioridad a la realización de desfiles, manifestaciones y demás actos de carácter político a efectuarse en los lugares públicos, los interesados deben dar aviso al respectivo alcalde, quien podrá modificar, entre otros, la fecha de su realización, de conformidad con el artículo 102 del Código Nacional de Policía.
A partir del lunes 8 de marzo y hasta el lunes 15 de marzo de 2010, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. Cuando se dé aviso de la intención de celebrar reuniones en espacios abiertos durante dichos días, el respectivo alcalde deberá aplazarlas para una fecha posterior.
ART.3º—Propaganda electoral, programas de opinión y entrevistas. De conformidad con lo previsto en los artículos 29 de la Ley 130 de 1994 y 10 de la Ley 163 de 1994, durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. Se exceptúa de la anterior prohibición el elemento de ayuda que porta el elector en lugar no visible para identificar el partido, movimiento, grupo o candidato por quien votará.
Durante el día de elecciones no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de nave o aeronave. Respecto de los que se hubiesen colocado con anterioridad se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.
PAR.—El día de elecciones, se prohíbe a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, escrita en general y a todas las modalidades de televisión legalmente autorizadas en el país, difundir propagada política y electoral.
ART.4º—Propaganda en espacios públicos. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 130 de 1994, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 140 de 1994, corresponde a los alcaldes y registradores municipales, a través de un acto conjunto, regular la forma, características, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.
Para tales efectos, los alcaldes y registradores municipales deberán tener en cuenta la regulación expedida por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con el parágrafo del artículo 28 de la Ley 130 de 1994.
Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño. El alcalde, como primera autoridad de policía, podrá exigir a los representantes de los partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en espacios públicos no autorizados, que los restablezcan al estado en que se encontraban antes del uso indebido. Igualmente, podrá exigir que se garantice plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas autorizaciones.
ART.5º—Acompañante para votar. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 163 de 1994, los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse de sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación sin perjuicio del secreto del voto. Así mismo bajo estos lineamientos podrán ejercer el derecho al voto, las personas mayores de ochenta años o quienes padezcan problemas avanzadas de visión.
Los votantes podrán ingresar al puesto de votación acompañados de menores de edad.
ART.6º—Uso de celulares en los puestos de votación. Durante la jornada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo medios de comunicación debidamente acreditados.
ART.7º—Información de resultados electorales. El día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, los espacios de televisión del servicio de televisión por suscripción y los contratistas de los canales regionales y locales, sólo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto, señalando la identificación de las correspondientes mesas de votación, con estricta sujeción a lo dispuesto en este decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales de las mesas de votación, de las registradurías municipales, auxiliares, especiales, distritales y zonales de las delegaciones departamentales de la registraduría y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART.8º—De las encuestas. Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.
ART.9º—Información sobre orden público. En materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.
ART.10.—Prelación de mensajes. Desde el viernes 12 de marzo hasta el lunes 15 de marzo de 2010, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.
ART.11.—Colaboración de los operadores de telecomunicaciones en los procesos electorales. Las oficinas telefónicas, telegráficas y postales funcionarán en forma permanente el día de las elecciones y transmitirán con prelación los resultados de las votaciones al Registrador Nacional del Estado Civil y a los correspondientes delegados del registrador nacional, de con-formidad con el plan de comunicaciones que para el efecto establezca la organización electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil señalará la fecha en que deba realizarse el ensayo de transmisión de resultados con el fin de que las oficinas telefónicas, telegráficas y postales funcionen el día señalado y lleven a cabo la transmisión de los mensajes con prelación y celeridad.
PAR.—En el caso de las oficinas telegráficas y postales estas funcionarán además con franquicia para la transmisión de los resultados de las votaciones y también para la realización por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de pruebas o ensayos generales del plan de comunicaciones para cada uno de los comicios que vayan a celebrarse.
ART.12.—Disponibilidad de las grabaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de servicios de radiodifusión sonora mantendrán a disposición de las autoridades, durante la campaña electoral y por lo menos treinta (30) días después de las elecciones, la grabación completa de todos los programas que se transmitan.
ART.13.—Ley seca. Queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la tarde del día viernes 12 de marzo hasta las seis (6) de la mañana del día lunes 15 de marzo de 2010.
Las infracciones a lo dispuesto en este artículo, serán sancionadas por los alcaldes e inspectores de policía, de acuerdo con lo previsto en los respectivos códigos de policía.
PAR.—Los gobernadores, de conformidad con lo decidido en el consejo departamental de seguridad de que trata el artículo 1º del Decreto 2615 de 1991, podrán ampliar el término previsto en este artículo, para prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART.14.—Porte de armas. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto-Ley 2535 de 1993 adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el viernes 12 de marzo hasta el miércoles 17 de marzo de 2010, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expidan las mismas.
PAR.—Las autoridades militares de que trata este artículo podrán ampliar este término de conformidad con lo decidido en los consejos departamentales de seguridad, para prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART.15.—Tránsito de vehículos automotores y de transporte fluvial. Los gobernadores y/o los alcaldes, de conformidad con lo decidido en el respectivo consejo departamental o municipal de seguridad o en los correspondientes comités de orden público, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas, o de estas con acompañantes, durante el periodo que se estime conveniente, con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART.16.—Toque de queda. Los gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo decidido en el consejo departamental y municipal de seguridad, y durante el periodo que se estime conveniente, podrán decretar el toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART.17.—Transporte. De conformidad con lo previsto en el artículo 210 del Decreto 2241 de 1986, las empresas de transporte que tengan rutas y frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas, veredales e intermunicipales, están obligadas a prestar servicio público de transporte con el mínimo del 70% de su parque automotor en el día de elecciones durante las horas de votación. Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autoridad competente.
ART.18.—Fijación de rutas. Los gobernadores, los alcaldes distritales y municipales y las autoridades de tránsito adoptarán las medidas necesarias para fijar rutas de carácter intermunicipal, urbana y veredal que garanticen la movilización y traslado de los ciudadanos a los centros de votación, las que se deberán dar a conocer con la debida anticipación a la ciudadanía, y estarán obligados a controlar la operatividad durante ese día. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte permitirá los cambios de ruta que fueren necesarios durante el día de elecciones.
Las empresas de transporte podrán realizar viajes ocasionales para la movilización de los ciudadanos, en las rutas urbanas, veredales e intermunicipales.
ART.19.—Consejos regionales de seguridad. Se podrá convocar a consejos regionales de seguridad para coordinar con los gobernadores de la región y los demás integrantes señalados en el artículo 2º del Decreto 2615 de 1991, las acciones que permitan garantizar el normal desarrollo de las elecciones.
ART.20.—Delegados del gobierno. Para promover el desarrollo del proceso electoral rodeado de condiciones que permitan plenas garantías, el Gobierno Nacional designará para cada uno de los departamentos y para el Distrito Capital de Bogotá, un funcionario del nivel nacional quien el día de las elecciones deberá realizar el seguimiento del proceso electoral, observar el comportamiento de los servidores públicos en relación con el proceso electoral, los organismos de control y vigilancia y las autoridades nacionales departamentales y municipales; informar a las autoridades nacionales sobre el desarrollo del proceso electoral, y transmitir a las autoridades competentes sus observaciones y recomendaciones.
ART.21.—Apoyo a los delegados. Los gobernadores y alcaldes prestarán a las personas a las que se refiere el artículo anterior, el apoyo necesario para que puedan cumplir su cometido.
ART.22.—Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto por parte de los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, de los espacios y servicios de televisión por suscripción y de los contratistas de los canales regionales y locales, darán lugar a la aplicación de las sanciones consagradas en las normas que regulan la materia y en los correspondientes contratos de concesión.
Las personas naturales o jurídicas que incumplan las prohibiciones establecidas en los artículos 3º y 7º del presente decreto, serán investigadas y sancionadas por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994.
Las empresas de transporte que no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto serán sancionadas por las autoridades competentes de conformidad con las normas que regulan la materia y en especial lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 y las normas que reglamenten, teniendo en cuenta que los vehículos que prestan ese servicio, estarán protegidos por la póliza de seguros vigente que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene contratada para tal fin.
ART.23.—Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, a 3 de marzo de 2010.