Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-02052-de-marzo-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8456045b7ea0380e0430a0101510380&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 16:19:17
Document Index: 89397478

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 185', 'artículo 90', 'artículo 164', 'artículo 106', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 136']

﻿ Sentencia 1999-02050 de marzo 26 de 2014
SENTENCIA 1999-02052 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL – CONDUCTA DE EMPLEADO PÚBLICO. EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LA IMPUTACIÓN NO SE IDENTIFICA CON LA CAUSALIDAD MATERIAL, PUES LA ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PUEDE DARSE TAMBIÉN EN RAZÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS O JURÍDICOS. UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEFINIDO QUE SE ESTÁ FRENTE A UNA OBLIGACIÓN QUE INCUMBE AL ESTADO, SE DETERMINA EL TÍTULO EN RAZÓN DEL CUAL SE ATRIBUYE EL DAÑO CAUSADO POR EL AGENTE, ES DECIR, SE DEFINE EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN. ATRIBUIR EL DAÑO CAUSADO POR UN AGENTE AL SERVICIO DEL ESTADO SIGNIFICA QUE ESTE SE HACE RESPONSABLE DE SU REPARACIÓN CUANDO EL DAÑO EFECTIVAMENTE HA TENIDO VÍNCULO CON EL SERVICIO. ES DECIR, QUE LAS ACTUACIONES DE LOS FUNCIONARIOS SÓLO COMPROMETEN EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CUANDO LAS MISMAS TIENEN ALGÚN NEXO O VÍNCULO CON EL SERVICIO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SERVIDOR PÚBLICO, EMPLEADO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 1999-02050 de marzo 26 de 2014
Radicación: 25000-23-26-000-1999-02050-01 (27.128).
Actor: María Herminia Garzón de Moreno y otros
Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.
Cumplidos con los trámites propios de esta instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad de la acción(1), procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) acervo probatorio, 3) análisis del caso concreto, 4) condena en costas.
La Sala es competente para conocer el recurso de apelación comoquiera que la pretensión mayor individualmente considerada, es de $ 57´628.000 por concepto de perjuicios materiales a favor de la señora Yolanda Bazurto, monto que supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 1999, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 18´850.000.
2. Acervo probatorio.
Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:
2.1. Oficio de 19 de noviembre de 2001, suscrito por el jefe del Departamento de Informática del Hospital San Juan de Dios, mediante el cual remite copia de la epicrisis y la hoja quirúrgica del señor Juan Pablo Medina Garzón, de las que se resalta:
— Epicrisis del 11 de octubre de 1997, en que se hizo constar que el paciente había sido atropellado por automóvil y presentaba dolor en pelvis, antebrazo derecho y pierna izquierda.
— Hoja quirúrgica del 23 de octubre de 1997, en que se relaciona procedimiento de osteosíntesis de radio y reducción de luxofractura Galeazzi (fls. 117 y 118, cdno. 1).
2.2. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Héctor Miguel Medina Garzón, en el cual se indicó como causa de la muerte shock hipovolémico (fl. 1, cdno. 2).
2.3. Copias auténticas del certificado de registros civiles de nacimiento de Héctor Miguel, María Herminia, José Saúl, Luis Eduardo, Juan Pablo, María Omaira Medina Garzón, en los que se hace constar que son hijos de José Saúl Medina y Herminia Garzón (fls. 2 a 8, cdno. 2).
2.4. Copias auténticas de los certificados de registro civil de nacimiento de María Elizabeth y Johanna Esther Moreno Garzón en el que se hace constar que son hijas de María Herminia Garzón Molina (fls. 9 y 11, cdno. 2).
2.5. Copia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento de Martha Isabel Garzón, en el cual no consta los nombres de sus padres (fl. 10, cdno. 2).
2.6. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Héctor Miguel Medina Garzón y Yolanda Bazurto Barrera (fl. 13, cdno. 2).
2.7. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Yolanda Bazurto Barrera (fl. 14, cdno. 2).
2.8. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Yina Paola Medina Bazurto, en el que consta que es hija de Yolanda Bazurto Barrera y Héctor Miguel Medina Garzón (fl. 15, cdno. 2).
2.9. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Paula Katherine y Angie Carolina Medina Vallejo, en el que se hizo constar que son hijas de Juan Pablo Medina Garzón (fl. 16 y 17, cdno. 2).
2.10. Copia auténtica del registro civil de defunción de Oscar Orlando González Garzón. Como causa de la muerte figura: “insuficiencia respiratoria trauma” (fl. 18, cdno. 2).
2.11. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Oscar Orlando González Garzón, en el cual consta que es hijo de Josefina Garzón y Alejandro González (cdno. 2).
2.12. Certificado de registro civil de nacimiento de Luis Eduardo Garzón, en el que se hace constar que es hijo de Josefina Garzón (fl. 21, cdno. 2).
2.13. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Jairo Humberto Garzón, Héctor Manuel Garzón y Gloria Esperanza González Garzón, en que consta que son hijos de Josefina Garzón (fl. 22, cdno. 2).
2.14. Certificado de registro civil de nacimiento de María Lucrecia Alfonso Moreno (fl. 25, cdno. 2).
2.15. Certificado de registro civil de nacimiento de Desiderio Cipriano Molina Bernal (fl. 26, cdno. 2).
2.16. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Andrés Escobar García, en que consta como causa del deceso “shock hipovolémico, proyectil arma de fuego” (fl. 27, cdno. 2).
2.17. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Andrés Escobar García, en el cual consta que es hijo de Isidro Escobar y Carlina García (fl. 28, cdno. 2).
2.18. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Carlina, Aquilino y Bernardo Escobar García en el cual consta que son hijos de Isidro Escobar y Carlina García (fls. 29 a 31, cdno. 2).
2.19. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Oscar Roberto García y Emilcy Laguna García, en que consta que son hijos de Carlina García (fls. 32 y 33, cdno. 2).
2.20. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Andrés Escobar García y Ana Margarita Fetecua Peña (fl. 34, cdno. 2).
2.21. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Ana Margarita Fetecua Peña (fl. 35, cdno. 2).
2.22. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Kivi Texi y Karima Andrea Escobar Fetecua (fls. 36 y 37, cdno. 2).
2.23. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Kewin Arnold Escobar Sosa (fl. 38, cdno. 2).
2.24. Certificado expedido por el Gerente de la Cooperativa Multiactiva Unión de Comerciantes Plaza Carlos E. Restrepo, mediante el cual hizo constar que el señor Andrés Escobar García era comerciante de esa plaza de mercado (fl. 39, cdno. 2).
2.25. Testimonio rendido por la señora Claudia Yamile Ramírez Beltrán, quien sobre los hechos de la demanda indicó:
“Lo recuerdo (sic) es que nosotros, mi esposo Leonardo Caicedo y mi hermana que es Adriana Ramírez, escuchamos unos disparos, nos asomamos y ya vimos a Miguel Garzón en el piso, y al momento llegaron los tres hermanos a auxiliarlo y los policías los golpearon. Los hermanos son Oscar, Juan Pablo y Héctor.
Ahí comenzaron a alzar a Miguel y a Héctor se lo llevaron en una patrulla y los otros tres hermanos en otra, y de allí no me acuerdo haber visto más.
Estaba al frente a unos dos o tres metros de distancia, nos separaba la pared de la casa, la ventana, eso era lo que nos separaba de la distancia donde estaba Miguel.
PREGUNTADO: Usted le vio algunas heridas al señor Miguel Medina Garzón cuando este se encontraba tirado en el piso.
CONTESTO: Cuando lo vi que lo alzaron yo solo le vi sangre en la parte de los pies.
Miguel administraba o no se (sic) si era dueño de un billar, Oscar era comerciante de cigarrillos, Juan Pablo era taxista y Héctor profesor.
PREGUNTADO: Manifieste al despacho si las personas causantes de los hechos portaban uniformes pertenecientes a la Policía Nacional.
CONTESTO: Sí, ellos estaban vestidos de policía, tenían su uniforme.
PREGUNTADO: Diga si los lesionados se encontraban armados.
CONTESTO: No, ellos no iban armados.
PREGUNTADO: Manifieste al despacho si sabe por qué golpeaban a los hermanos Medina Garzón.
CONTESTO: Lo que vi fue porque no los dejaban acercar al hermano para auxiliarlo y ver qué había pasado, a Oscar vi que dos policías lo retiraron y le pegaron a Juan Pablo al pie de Miguel, no se (sic) porque le pegaban, no escuché el por que (sic)” (fls. 78 y 79, cdno. 2).
2.26. Testimonio rendido por el señor Jaime Enrique Cruz Rodríguez, quien declaró sobre las actividades ejercidas por las víctimas, así: “Miguel tenía un billar (…), Óscar era comerciante, vendía cigarrillos, Juan Pablo era conductor (…) y Héctor trabajaba con el hermano Miguel” (fl. 80, cdno. 2).
2.27. Testimonio rendido por el señor Leonardo Caicedo, quien presenció los hechos y al respecto manifestó:
“Eran como las diez y media de la noche de ese mismo día, se escucharon unos disparos y nos asomamos por la terraza de la casa que queda al frente de donde ocurrieron los hechos, cuando nos asomamos vi a Miguel Medina, tirado (sic) en la esquina del asadero como si fuera a entrar y caló (sic) de espaldas, en menos de nada eso estaba lleno de policías y en cuestión de segundos los hermanos de él se enteraron y llegaron ahí donde estaba él tirado, entonces al ver a Miguel ellos se trataron de arrimar pero les cascaron y no pudieron, el único que se safó de la policía fue Juan Pablo Medina Garzón quien pidió que le ayudaran, entonces la policía le pegó y lo quitó de ahí, a otros dos hermanos Oscar y Héctor no los dejaron acercar. Después los hecharon (sic) en el carro y les pegaron a todos incluso a Miguel que estaba herido, entre Juan Pablo y Oscar Medina los hecharon (sic) en un carro carpado de la policía a (sic) Héctor lo esposaron y lo hecharon (sic) en una luv aparte de ello, se los llevaron y luego se escucharon comentarios de que uno de los carros de la policía había tenido un accidente más abajo, luego se supo que Miguel y Óscar aparecieron muertos y que Juan Pablo estaba en el Hospital, yo lo visité y estaba mal, de Héctor se supo que estaba preso, eso es todo lo que se (sic) de los hechos.
Yo al finado Andrés sí lo distinguía, pero ese día cuando yo lo vi pero iba como a media cuadra de la casa, corriendo, o sea que no lo vi con ellos, pero se alejaba del sitio donde ocurrieron los hechos, él murió dos cuadras más abajo, pero no me consta cómo ocurrieron los hechos respecto a él.
Miguel sabía que tenía un billar, no se (sic) si como administrador o propietario, queda a una cuadra más debajo de donde vivo pero en la acera del frente. Respecto a Oscar, yo sabía que tenía una cicla y vendía cigarrillos en ella. Juan Pablo era taxista, como yo soy conductor a veces nos encontrábamos en los carros. De Héctor se (sic) que es profesor, no se (sic) si de primaria o bachillerato.
(…)” (fls. 83 y 84, cdno. 2).
2.28. Testimonio rendido sobre los hechos de la presente demanda por la señora Adriana Zenaida Ramírez Beltrán. Al respecto señaló:
“A eso de las diez y media de la noche, se oyeron tres tiros, mi cuñado Leonardo Caicedo y mi hermana, Claudia Ramírez, nos levantamos y nos asomamos por la asotea (sic) y vimos a Miguel, el fallecido, tirado en el paso en el asadero que estable al frente de nuestra casa, estaba tirado con las piernas hacía adentro del asadero y la otra parte hacía afuera. Al buen rato llegaron los hermanos, vi a Hector (sic) y a Pablo, cuando llegaron, ellos siguieron de largo hasta la otra esquina, ahí les salieron unos policías y comenzaron a pegarles, cuando llegaron a donde estaba Miguel él estaba vivo y estaba pidiendo ayuda, en ese momento llegaron Hector (sic) y Pablo a auxiliarlo, los policías se mandaron sobre ellos y les pegaban con el arma. Los maltrataban mucho. Entre los golpes cogieron a Hector (sic) y le pegaron con el revólver en la espalda y lo subieron a la patrulla, se lo llevaron a él, como a los 15 minutos llegó otra patrulla y Pablo y Oscar levantaron a Miguel del piso y lo fueron a meter en el carro y un policía se acercó y le pegó a Miguel y Pablo y Oscar alegaron con los policías y estos los echaron al carro a golpes, arrancó la patrulla y no me acuerdo más.
PREGUNTADO: Manifieste al despacho si cuando usted vio el cuerpo de Miguel Medina Garzón tirado en la puerta del asadero, que quedaba frente a su casa, le vio alguna herida.
CONTESTO: No le vi ninguna herida, la luz estaba bien muy claro pero no le vi ninguna herida” (fls. 85 y 86, cdno. 2).
2.29. Declaración rendida por Blanca Cecilia Coronado Martínez, testigo presencial de los hechos, quién indicó:
“Eran aproximadamente las 10:20 o 1=30 (sic), un día jueves y yo me encontraba en mi casa, escuché dos disparos y me asomé a la ventana y vi que dos uniformados en la esquina del asadero se encontraban, uno en la puerta de la entrada del asadero y otro al lado de la moto, después vi que corrían unos muchachos del lado opuesto del asadero esos (sic) muchachos eran distinguidos míos, uno se llama Oscar el otro Pablo, el otro Hector (sic), los abordaron los uniformados y les dijeron que pararan la carrera ellos (sic) me alcanzaron a gritar algo, cuando me nombraron, yo bajé del segundo piso y cuando llegué a la calle los chicos gritaban, mataron a mi hermano, cuando llegué a la esquina de la puerta del asadero encontré tirado a Miguel Medina estaba en el piso con los pies hacia afuera de la puerta y la otra mitad hacia hacia adentro, como yo conocía (sic) a él desde pequeño, le grite Miguel qué le hicieron, le preguntaba qué le pasó, el (sic) no me contestó pero se (sic) que aún estaba vivo. Los uniformados pidieron refuerzos y no dejaron acercar los muchachos ahí, los uniformados cogieron a los tres muchachos y los agarraron a golpes para que no se acercaran, yo estaba ahí y les dije déjenlos que son hermanos, ellos me amenazaron con un fusil y me quedé callada, vi que se llevaron a un uniformado herido y se lo llevaron de primeras, el cuerpo de Miguel quedó en el piso y no lo levantaban, pasado el tiempo se llevaron a los otros con Miguel en la otra patrulla, cuando levantaron a Miguel me consta que no estaba herido, lo botaron al carro como un perro, los policías, hay (sic) sí quedó el charco de sangre, de la cintura para arriba no estaba herido porque la camiseta de él era blanca y no se le veía sangre. Después no vi más nada, se lo llevaron y no supe más nada” (fls. 87 y 88, cdno. 2).
2.30. Testimonio rendido por Martha Patricia Pedraza sobre la actividad comercial de venta de pescado desarrollada por el señor Andrés Escobar García en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, por la que a su criterio debía devengar “como un millón trescientos o millón doscientos mensuales” (fl. 89, cdno. 2).
2.31. Testimonio rendido por el señor Miguel Ángel Fetecua quien respecto a la muerte del señor Andrés Escobar García hizo constar:
“Si (sic) tuve conocimiento del operativo que transcurrió entre la noche del 9 de octubre y la madrugada del diez de octubre de 1997. (…) a eso de las nueve o diez de la noche salió Andrés con el dueño del billar Miguel Medina, salieron a buscar algo de comida, como a la hora volvió Andrés Escobar afanado que cerráramos la puerta porque a Miguel le había disparado la policía y él venía herido en un brazo de un disparo, detrás llegó la policía y él dijo que no abriéramos porque a Miguel le habían disparado y matado y a él le habían dicho que lo iban a matar, la policía intentó entrar en varias ocasiones por las ventanas, por el tejado de enseguida, la puerta la estuvieron golpeando pero no se les abrió porque Andrés insistió que no. Pasaron tres o cuatro horas y como vimos que ya no había mucho movimiento y Andrés se sentía frío como débil, salimos Jhon Jairo y yo, a llevarlo al Hospital de Meissen que es el más cercano, cuando habíamos caminado una cuadra más o menos sentimos que nos venían siguiendo y era un grupo de policías, cuando doblamos la esquina ya nos iban a alcanzar, como Andrés estaba bien herido nos dijo que nos fuéramos para que no nos hicieran nada o no nos fueran a involucrar o disparar. Nosotros lo dejamos ahí y adelante escuchamos unos disparos, pensamos que era contra nosotros y nos tocó correr más asustados a buscar transporte. Al otro día llamé a la casa de Andrés a ver cómo había seguido y me dijeron que había fallecido de varios disparos teniendo en cuenta que cuando nosotros lo dejamos no tenía sino un disparo en el brazo izquierdo”.
En cuanto a la actividad económica de Andrés Escobar, el testigo manifestó que se dedicaba a la venta de pescado en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, labor por la que percibía entre un millón y un millón doscientos mil pesos mensuales” (fls. 91 y 92, cdno. 2).
2.32. Testimonio rendido por el señor Luis Alfonso Gaona, quien declaró sobre la actividad laboral y los ingresos de Andrés Escobar (fl. 93, cdno. 2).
2.33. Testimonio rendido por el señor Ángel María Moreno Celis, quien expresó:
“PREGUNTADO: Refiera el testigo si conoció al hoy fallecido Oscar Orlando González Garzón, al igual que a su hermano Héctor Manuel Garzón, en caso afirmativo cuánto hace que los conoció y porque (sic) razón.
CONTESTO: Si (sic) los conocía desde pequeños porque yo conocí a la mamá y ella murió y quedaron los niños y entonces la señora Lucrecia Moreno de Molina, ella recogió a Oscar cuando tenía 3 años y luego él trabajaba con un triciclo vendiendo cigarrillos y cuando Oscar murió ellos, la señora Lucrecia y el marido se fueron para una finca, hasta aquí me consta. A Héctor también lo distinguía porque lo conocí desde pequeño, de su crianza se encargó la señora Lucrecia y Cipriano, no recuerdo el apellido, ellos vivían en el mismo barrio que yo, México” (fl. 96, cdno. 2).
2.34. Testimonio rendido por el señor Víctor Manuel Castro Poveda, quien hizo constar que el señor Óscar Orlando González Garzón era hijo de crianza de los señores Lucrecia Molina y Cipriano Molina, asimismo sostuvo que vivían bajo el mismo techo y aquel se encargaba del sostenimiento de sus padres de crianza. En relación al señor Héctor Manuel Garzón puso de presente que tras la muerte de su madre, fue criado en otro hogar en el campo pero afirmó no saber el nombre de su familia de crianza (fl. 98, cdno. 2).
2.35. Copia del extracto del libro de Policía donde se relatan los hechos objeto de la presente demanda, prueba que fue remitida por el Hospital de Meissen junto a las historias clínicas de las víctimas. En dicho extracto se hizo constar que los señores Óscar Orlando González Garzón y Juan Pablo Medina Garzón resultaron heridos en accidente de tránsito cuando era conducido al Cami Meissen. Respecto a este último se señaló que sufrió trauma craneoencefálico laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Asimismo se relacionó un material decomisado consistente en pistola, proveedor, y cartuchos.
En relación a lo sucedido se hizo constar que unos individuos fueron requeridos para una requisa y arremetieron contra la patrulla resultando herido un agente de Policía, luego cuando los mismos eran trasladados en un “trooper perteneciente a la Ponal” fueron envestidos por un bus.
En anotación posterior se hizo constar el levantamiento de los señores Héctor Miguel Medina Garzón y Andrés Escobar García. Respecto al primero se dice que falleció por heridas en diferentes partes del cuerpo, en cuanto al segundo, por cuatro heridas en diferentes partes del cuerpo luego de enfrentamiento a bala con una patrulla de la Policía (fls. 104 a 106, cdno. 2).
2.36. Copia auténtica de la historia clínica del señor Óscar Orlando González Garzón, de la que se resaltan:
“Motivo de consulta: herida por AF
Enfermedad actual: paciente que es traído por la policía, aparentemente viajaba en un jeep de la policía que fue estrellado por un bus.
Descripción estado físico: se aprecia herida irregular en región frontal izquierda que compromete el cuero cabelludo, hematoma en región frontal izquierda blando de 4 cms.
Tórax: escoriación, hematoma en hemitórax derecho amplio de + o – 9x6 cms.
Impresión diagnóstica: politraumatismo, TCE severo, hematoma subdural agudo” (fls. 106 y 107, cdno. 2).
2.37. Copia auténtica de la historia clínica de Juan Pablo Medina Garzón, en que se hizo constar que tras un accidente en automóvil sufrió un trauma en cráneo con herida en cuero cabelludo y trauma en región lumbar (fls. 108 y 109, cdno. 2).
2.38. Copia auténtica de la historia clínica de Andrés Escobar García, quien ingresó por herida en tórax por arma de fuego sin signos vitales. Se dejó constancia que el orificio de entrada de proyectil era nivel de región paravertebral derecha (fls. 111 y 112, cdno. 2).
2.39. Copia auténtica del protocolo de necropsia del señor Óscar Orlando González Garzón en que se concluyó:
“Hombre adulto quien fallece por insuficiencia respiratoria por trauma craneoencefálico severo secundario a politraumatismo contundente compatible con accidente de tránsito (peatón)” (fls. 118 y 119, cdno. 2)”.
2.40. Copia auténtica del protocolo de necropsia de Andrés Escobar García, en el cual se concluyó:
“Hombre adulto joven quien fallece por shock hipovolémico por lesión de vasos subclavios y pulmón derecho por proyectil de arma de fuego.
Anexo de heridas por proyectil de arma de fuego:
1.1. Orificio de entrada de 1.0 x 1.0 cm a 28 cm del vértice y a 10 cm de la línea media posterior: localizado en región supraescapular derecha con el anillo de contusión sin residuos macroscópicos de disparo.
1.2. Orificio de salida 1.5 x 1.0 cm a 29 cm del vértice y a 3.0 cm de la línea media anterior: localizado en región esternal derecha.
1.3. Lesiones; piel, músculos, intercostales, perfora lóbulo superior pulmón derecho, fractura de primera costilla en su unión con esternón y clavícula y con lesiones de una vena y arteria subclavia derecha.
2.1. Orificio de entrada de 1,2 x 1.0 cm a 41 cm del vértice localizado en superficie anterointerna brazo izquierdo. Sin residuos de disparo. Con anillo de contusión.
2.2. Orificio de salida de 1.0 x 0.8 cm a 39 cm del vértice localizado en superficie posterior interna brazo izquierdo.
(…)” (fls. 120 a 122, cdno. 2).
2.41. Copia auténtica del protocolo de necropsia de Héctor Miguel Medina Garzón, en el cual se concluyó como causa de la muerte shock hipovolémico asociado a hemoaspiración y trauma craneoencefálico por heridas de proyectil de arma de fuego, con dos impactos. Presenta además trauma cráneo encefálico y músculo esquelético de mecanismo contundente, que según antecedentes, recibió en accidente de tránsito, el cual no causó las lesiones mortales (fls. 123 a 125, cdno. 2).
2.42. Declaración rendida por el señor Hernando Moreno García, testigo presencial de los hechos, quien al respecto puntualizó:
“Yo me encontraba en el asadero, cuando venían dos muchachos por la calle y venía una patrulla motorizada de la policía, les pidieron la requisa, los muchachos entraron al asadero, uno de ellos al entrar descargo un arma en una de las materas de la entrada principal, el otro entró a la barra. Un agente le pidió que le permitiera una requisa y el (sic) le contestó que no se le acercaba que el (sic) se encontraba armado, el Sr. Agente se le fue encima y el muchacho hizo unos disparos y uno de esos disparos alcanzó al policía en la pierna, el otro muchacho que había descargado el revolver volvió y lo cogió, hizo unos disparos al aire y salió corriendo. Uno de los agentes que se encontraba afuera salió detrás de él, el muchacho que entro (sic) al asadero e hizo los disparos adentro iba saliendo cuando el Sr. Agente que estaba herido hizo unos disparos y el muchacho callo (sic) en el andén, el intentaba pararse pero no lo podía hacer, en ese momento llegó el refuerzo de la Policía, llegaron 3 muchachos que decían ser hermano (sic) de él, uno de ellos se lanzó sobre el que estaba en el piso y gritaba: mi hermano, mi hermano, qué le pasa, por favor ayúdenlo que está herido.
En ese momento se le acercó un agente de la Policía y le dio bolillo y patadas y lo quitó del lugar, lo subieron a una patrulla a él y a 2 muchachos más, al que estaba herido en el andén tenía heridas en una de las piernas porque no se podía parar.
Yo me acerqué hacía afuera porque en ese momento bajé un poco la reja porque había mucha gente afuera, y en ese momento me di cuenta que a él lo estaban levantando los señores agentes, pero él no tenía heridas en el tórax, ni en la cara. Las heridas que yo alcancé a ver eran en las piernas porque le chorreaba sangre de las piernas. Lo subieron a un carro de policía y se lo llevaron” (fls. 128 a 130, cdno. 2).
2.43. Testimonio rendido por la señora María Olivia Sánchez de Moreno, quien manifestó:
“PREGUNTADO: Refiérale al despacho si conocía al señor OSCAR ORLANDO GONZALEZ GARZON (sic) y en caso afirmativo, porqué (sic) razón le conoció y desde cuándo.
CONTESTO: Si (sic) lo conozco, lo conocí en las circunstancias de que cuando el (sic) tenía tres años, la mama (sic) falleció y el (sic) era el mayor tenía tres años y la hermana 3 meses, a él y la hermana los cogió la señora Lucrecia, hasta cuando él falleció que tenía aprox. 23 o 24 años, él trabajaba con una cicla que tenía un cajoncito atrás, vendía cigarrillos, briquets, galletas, cosas comestibles, andaba por el barrio y por fuera del mismo, así todos los días, con eso ayudaba a los papas (sic) los que lo criaron, cuando el falleció el (sic) estaba viviendo con ellos, el (sic) les pasaba para sostenerse porque sus hijos también se fueron y ellos quedaron solos y doy esta declaración porque yo confío en que eso es así porque nos criamos en el mismo barrio.
PREGUNTADO. Usted tuvo conocimiento de cuánto percibía el fallecido Óscar Orlando González al momento de su fallecimiento por concepto de su actividad laboral que usted acaba de indicar desarrollaba el fallecido.
CONTESTO. Aproximadamente unos $ 40.000 pesos diarios” (fl. 132, cdno. 2).
2.44. Testimonio rendido por el señor Benedicto Hernández Bernal, quien manifestó que Óscar Orlando González Garzón era hijo de crianza de los señores Lucrecia Alfonso de Molina y Desiderio Cipriano Molina, asimismo que los ayudaba económicamente y que sus ingresos diarios eran alrededor de $ 20.000 o $ 30.000. En cuanto al señor Héctor González Garzón señaló que había sido criado por otra hermana de la señora Lucrecia (fls. 134 y 135, cdno. 2).
2.45. Copia auténtica del sumario 335456 surtido ante la Fiscalía 61 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, por el delito de tentativa de homicidio de Rodulfo Torres Hernández, del que se destacan las siguientes piezas procesales: (fl. 136 y ss., cdno. 2).
• Acta de inspección de cadáver de Héctor Miguel Medina Garzón, en la que se describen las siguientes heridas:
“1. Fractura expuesta cuello del pie izquierdo. 2. Herida abierta de 10 cm de longitud cara lateral del pie derecho. 3. Orificio de un centímetro de diámetro en región frontal derecha. 4. Orificio de un centímetro de diámetro de bordes regulares en región escapular derecha. 5. Herida de 10 cm de longitud en región parioctoocipital(sic) derecha. 6. Orificio de un centímetro de diámetro en región para mediana izquierda de la cara anterior del cuello. 7. Herida de 2 cm de longitud en región temporal derecha”.
• Acta de inspección de cadáver de Andrés Escobar García, en que se relaciona herida abierta en el cuero cabelludo y el tórax al parecer con arma de fuego.
• Epicrisis del señor Andrés Escobar García en la que se hizo constar que ingresó al hospital de Meissen sin signos vitales.
• Declaración rendida por el agente Pedro Miguel Daza Roldán, testigo presencial de los hechos, quien al respecto manifestó:
“(…) [E]l agente Torres les dijo por favor una requisa, uno de los sujetos que se encontraba allí de nombre Héctor Manuel Garzón se dirigió al anterior, el Ag. Torres le dijo que la requisa es (sic) afuera y el sujeto le dijo estoy montado y comenzó a dispararle al Ag. Torres, el Ag. Torres gritó auxilio me dieron saco (sic) su arma e hizo varios disparos, entonces el sujeto agresor salió a emprender la huida cuando me vio que yo estaba afuera comenzó a dispararme, reaccioné buscando la forma de cubrirme y noté que dos sujetos más se encontraban armados y me estaban disparando, vi que cayó al piso HÉCTOR MANUEL GARZÓN, desde donde me encontraba vi salir un sujeto al parecer con un revólver corriendo hacia debajo de la estación, me fui a darle vuelta por la otra cuadra y ese sujeto se entró a un billar y de inmediato cerraron la puerta, yo me regresé para ver a mi compañero y ya había llegado otra patrulla para apoyarnos (…), la patrulla solicitó apoyo y llegaron varios compañeros y retuvieron a las otras personas, la patrulla recogió al señor HÉCTOR MANUEL GARZÓN y lo hecharon (sic) a un trooper de la Policía junto con dos personas más que fueron retenidas para trasladarlas al CAMI de Meissen, en el trayecto el Trooper colisionó con un bus de servicio público en donde resultaron heridas las personas retenidas y HÉCTOR MANUEL GARZÓN, las personas heridas son: ÓSCAR ORLANDO GONZÁLEZ (…), JUAN PABLO MEDINA GARZÓN (…) y fueron recluidos en el CAMI de Meissen, el compañero Torres fue trasladado al CAMI de Meissen y luego al Hospital de la Policía, presenta cinco heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Luego aparece otro herido de nombre ANDRÉS ESCOBAR GARCÍA, quien presenta una herida en el tórax y falleció en el CAMI de Meissen y las personas que lo llevaron emprendieron la huida. PREGUNTADO. Informe si como producto del accidente de tránsito resultó algún muerto. CONTESTO. No me consta. (…) Los dos muertos de este caso son el resultado del enfrentamiento de esas personas con la policía, el señor GARZÓN llegó vivo al CAMI y falleció en este hospital. PREGUNTADO. Cuántas veces disparó usted contra esos sujetos. Yo disparé en varias oportunidades y se descargó mi revolver - los sujetos descritos son los que iniciaron el tiroteo”.
• Acta de inspección de cadáver de Héctor Miguel Medina Garzón, en la cual se hizo constar como causa de la muerte “violenta por arma de fuego”.
• Testimonio rendido por la señora Luz Marina Mora Hurtado, quien señaló:
“(…) Cuando íbamos llegando al asadero nos dimos cuenta, mejor yo vi, cuando la policía tenía a Héctor contra la pared y le estaban pegando, y él gritaba no me peguen que no he hecho nada, luego lo subieron dándole golpes hasta la camioneta de la policía y lo esposaron, en ese momento sacaron no sé de donde, pienso que del asadero porque venían de frente a un policía herido, en ese momento vi cuando levantaron al hoy muerto del asadero y hay (sic) mismo los policías se volvieron locos disparaban para donde fuera. Con la balacera me arrinconé contra la pared y me devolví para la casa. Al momento se oyó que la policía se había estrellado, pero no supe cuál carro. (…) Solo vi cuando golpearon y subieron a HÉCTOR MANUEL GARZON (SIC). Los demás no supe, hasta cuando yo vi OSCAR estaba bien. Vi a HÉCTOR MIGUEL en el piso y cuando los policías lo alzaron, uno de la pierna y otro de un brazo, lo cogieron de medio lado, y en ese momento empezaron a disparar no a lo alto o al aire sino de frente y por todos lados, entonces fue cuando me retire del lugar y no alcancé a ver si a HÉCTOR MIGUEL lo subieron al carro, pero por la posición en que lo llevaban parecía que sí”.
• Testimonio rendido por Hernando Moreno García, quien también rindió declaración en el sub judice, como se reseñó anteriormente. En esta ocasión relató:
“(…) [E]l policía se le acercó al muchacho que estaba dentro del asadero y el muchacho le disparó en varias veces al señor Agente, el otro muchacho al oír los disparos volvió y arrecogió (sic) el revólver y hizo (sic) unos disparos al aire para ahuyentar al policía que estaba afuera, el señor MIGUEL N. El difunto iba a salir del asadero y el policía que estaba herido le disparó unas dos o tres veces, el señor cae afuera en el andén (…)”.
• Testimonio rendido por la señora Blanca Cecilia Coronado Martínez, quien afirmó que al momento de presentarse al lugar de los hechos, el señor Miguel Medina aún se encontraba con vida y que cuando lo levantaron le vio la herida en la espalda.
• Resolución 74 de 4 de noviembre de 1997, mediante la cual se resolvió “revocar la providencia de fecha octubre 17 de 1997, por medio de la cual se profirió medida de aseguramiento de DETENCIÓN PREVENTIVA en contra de JUAN PABLO MEDINA GARZÓN Y HÉCTOR MANUEL GARZON (sic), en consecuencia DISPONER LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL de los mismos”.
• Testimonio rendido por el Agente de la Policía Óscar Albey Gómez, quien acudió al lugar de los hechos luego de que resultó herido el Agente Rodulfo Torres. Sobre lo sucedido en el lugar de los hechos, señaló:
“(…) Se solicitó ayuda por parte de una patrulla de la Policía Nacional integrada por el agente Daza y el agente Torres, al llegar al lugar de los hechos se encontraba en el suelo un señor el cual estaba herido y al intentar trasladarlo para el Cami de Meissen, se acercaron otros dos señores quienes de inmediato fueron reconocidos por el agente Daza, me manifestó que los capturáramos porque estos se encontraban anteriormente dentro del Asadero y portaban armamento, en el momento de registrarlos no se le hayo(sic) en su poder armamento alguno, de inmediato los subimos a un vehículo junto con el herido, y el vehículo se desplazaba apara(sic) el Cami y aproximadamente a unos dos cuadras este colisionó con un bus, en el lugar de los hechos se seguían escuchando disparos y cuando nos traslados(sic) aproximadamente unas dos cuadras, desde un establecimiento un billar nos dispararon en repetidas ocasiones, subimos y verificamos y no se logró capturar a nadie, cuando bajamos un señor manifestó que en la esquina había otro herido y que lo traían dos sujetos cargándolo al notar la presencia del policía lo dejaron allí y salieron corriendo. (…)”.
• Testimonio rendido por el Agente de la Policía José Edilberto Toro Bedoya quien declaró que las capturas realizadas en el lugar de los hechos fueron ordenadas por orden del comandante de vigilancia, el Teniente Carlos Morales Rivera.
• Dictamen médico forense rendido por las lesiones sufridas por Héctor Manuel Garzón, como consecuencia de los golpes que le propinaron agentes de la policía el 9 de octubre de 1997, en que se concluyó: “mecanismo causal contundente, incapacidad médico legal definitiva de veinte (20) días a partir de las lesiones y posibles secuelas en un mes”.
• Resolución 0039-61 de 15 de abril de 1998, por la cual el Fiscal sesenta y uno delegado ante los Jueces Penales del Circuito decidió precluir la investigación a favor de Juan Pablo Medina Garzón y Héctor Manuel Garzón por extinción de la acción penal. Entre los considerandos se sostuvo:
Ahora si retrotraemos la declaración del testigo presencial de los hechos, el agente policial Pedro Daza Roldán concluimos sin ninguna dubitación en que la autoría de las lesiones inferidas al uniformado Torres Hernández, recae en el hoy occiso Héctor Miguel Medina Garzón. (…).
[Y] en consecuencia, esta delegada declarará extinguida la acción penal, trayéndose a colación que la presente instrucción contó con suficiente acopio probatorio que permite predicar la (sic) autoría del hecho objeto de estudio recae en el hoy occiso Héctor Miguel Medina Garzón, quien perece dentro de los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre de 1997, y no en los sindicados Juan Pablo Medina Garzón y Héctor Manuel Garzón por ello se parte del supuesto lógico que la muerte del autor punible de homicidio o tentado extingue la acción penal, a más, como se expresó en párrafo que antecede, la ajenidad en los hechos por parte de los ciudadanos en referencia”.
• Dictamen médico forense sobre las lesiones sufridas por Juan Pablo Medina Garzón, con base en la historia clínica y sin examinar al lesionado, se fijó como incapacidad definitiva diez días.
2.46. Comprobante de ingreso a caja por valor de $ 375.000, por concepto de servicio funerario de Óscar Orlando González, pagado por el señor Luis Eduardo Garzón (fl. 144, cdno. 2).
2.47. Comprobante de ingreso a caja por valor de $ 260.000, por concepto de excedente de servicio funerario de Héctor Medina, pagado por el señor Luis Eduardo Medina (fl. 145, cdno. 2).
2.48. Factura de venta 01323 a nombre de la señora Carlina Escobar García, por valor de $ 33.651, por gastos funerarios de Andrés Escobar García (fl. 156, cdno. 2).
Toda vez que la decisión fue apelada por ambas partes, la Sala estudiará en primer lugar lo atinente a la responsabilidad estatal tanto por la muerte de los señores Héctor Miguel Medina Garzón, Andrés Escobar García y Oscar Orlando González y las lesiones sufridas por los señores Juan Pablo Medina Garzón y Héctor Manuel Garzón, así como por la privación injusta de la libertad sufrida por estos últimos. Igualmente, analizará los montos indemnizatorios concedidos en primera instancia, toda vez que, a juicio de la parte actora, algunos de ellos, no se acompasan con los topes fijados por la jurisprudencia.
Previo al estudio del fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse acerca del valor probatorio del proceso penal trasladado al sub judice.
Frente al material probatorio trasladado del proceso penal seguido por la tentativa de homicidio contra el agente de la Policía Rodulfo Torres Hernández, la Sala pone de presente que les dará valor probatorio, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(2).
Sobre la prueba trasladada esta Sala ha puntualizado:
“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en éste. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, (…). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas ha controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demanda, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la Administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba”(3).
Así las cosas, se valorará tanto la prueba documental testimonial trasladada del proceso penal.
Establecido lo anterior, la Sala abordará el estudio del caso concreto.
El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, esto se concreta en los eventos en los cuales se configura un daño antijurídico, o aquel que no se tiene el deber jurídico de soportar.
El daño antijurídico que pueda imputarse al Estado debe ser indemnizado plenamente para lograr que se haga efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.
Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad, son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(4).
Tal como se ha precisado por vía jurisprudencial, en la imputación debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño (imputatio facti) y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado (imputatio juris).
En cuanto a la existencia del daño antijurídico, primer elemento de la responsabilidad a tener en cuenta, este consiste en la muerte de los señores Héctor Miguel Medina Garzón, Óscar Orlando González Garzón y Andrés Escobar García, daño que se encuentra debidamente demostrado en el proceso a través de los registros civiles de defunción obrantes a folios 1, 18 y 27 del cuaderno 2.
Así mismo, se encuentra comprobado el daño consistente en las lesiones sufridas por Juan Pablo Medina Garzón el que se verifica mediante la historia clínica y el dictamen de medicina legal aportado al expediente.
Ahora bien, en cuanto a las lesiones sufridas por Héctor Manuel Garzón como consecuencia de los golpes propinados por miembros de la fuerza pública, el Agente del Ministerio Público afirmó en su concepto que las mismas no se encontraban probadas en el plenario. Sin embargo, contrario a lo expresado por el Procurador Delegado ante esta Corporación, la Sala considera que el daño padecido por el señor Garzón está demostrado a través del examen médico legal que le fue practicado, en el que se dictaminó una incapacidad definitiva de 20 días, así como de los diversos testimonios rendidos en el sub judice y en el proceso penal, que dan cuenta de los golpes recibidos por la víctima en el momento que acudió a socorrer a su hermano herido Héctor Miguel Medina Garzón.
Para determinar si los anteriores daños son imputables a la entidad demandada o si por el contrario se configura alguna causal eximente de responsabilidad, la Sala analizará de forma individual cada uno de ellos para mayor claridad.
En cuanto a la muerte del señor Héctor Miguel Medina Garzón, se tiene que si bien sostuvo un enfrentamiento con un agente de la Policía Nacional, cuando este lo requirió para una requisa y como consecuencia de dicha confrontación hubo un cruce de disparos, iniciados por la propia víctima, en que resultó herido el miembro de la fuerza pública así como el señor Medina Garzón, no es menos cierto que las heridas causadas en ese momento, según lo refieren los diversos testimonios que obran en el plenario, fueron en las piernas y uno de los testigos refiere haber visto la lesión en la espalda.
En efecto, los diversos testimonios recibidos en el proceso, aducen respecto a las heridas del señor Miguel Medina lo siguiente:
Declaración rendida por Claudia Yamile Ramírez Beltrán:
“PREGUNTADO: Usted le vio algunas heridas al señor Miguel Medina Garzón cuando este se encontraba tirado en el piso.
CONTESTO: Cuando lo vi que lo alzaron yo solo le vi sangre en la parte de los pies”.
Testimonio de Blanca Cecilia Coronado Martínez: “de la cintura para arriba no estaba herido porque la camiseta de él era blanca y no se le veía sangre”. La misma testigo en el proceso penal, refiere que la víctima recibió una herida de bala en la espalda.
El señor Hernando Moreno García, quien presenció los hechos dentro del establecimiento denominado Surtidora de Aves de la 22, relató:
“[E]l Sr. Agente que estaba herido hizo unos disparos y el muchacho callo (sic) en el andén, él intentaba pararse pero no lo podía hacer. (…) el que estaba herido en el andén tenía heridas en una de las piernas porque no se podía parar. (…) Yo me acerqué hacía afuera porque en ese momento bajé un poco la reja porque había mucha gente afuera, y en ese momento me di cuenta que a él lo estaban levantando los señores agentes, pero él no tenía heridas en el tórax, ni en la cara. Las heridas que yo alcancé a ver eran en las piernas porque le chorreaba sangre de las piernas. Lo subieron a un carro de la policía y se lo llevaron”.
De lo anterior, se desprende que los diversos testigos son contestes en afirmar que la víctima al momento del enfrentamiento con los agentes de la policía solo fue herida en sus piernas. Sin embargo, en el acta de inspección de cadáver, se relacionaron otras heridas de bala que no coinciden con las que presentaba el occiso al momento de dicho enfrentamiento puesto que en la misma se realizó la anotación de las siguientes heridas:
“1. Fractura expuesta cuello del pie izquierdo. 2. Herida abierta de 10 cm de longitud cara lateral del pie derecho. 3. Orificio de un centímetro de diámetro en región frontal derecha. 4. Orificio de un centímetro de diámetro de bordes regulares en región escapular derecha. 5. Herida de 10 cm de longitud en región pariooctoocipital(sic) derecha. 6. Orificio de un centímetro de diámetro en región para mediana izquierda de la cara anterior del cuello. 7. Herida de 2 cm de longitud en región temporal derecha”.
Aunado a lo anterior, se tiene que el señor Héctor Miguel Medina fue transportado en una patrulla de la policía, momento en el que sufrieron un accidente de tránsito lo que produjo unas lesiones que, tal como quedó verificado, no causaron su deceso y luego fue ingresado al Hospital de Meissen, lugar en el que finalmente falleció.
De lo que se deduce que la víctima estuvo bajo custodia de la Policía Nacional con posterioridad a las primeras heridas recibidas, lo que permite inferir con claridad que fue durante ese lapso que sufrió las nuevas heridas de bala que causaron el desenlace fatal y por tanto, es dable imputar su muerte a la entidad demandada sin que pueda declararse la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Para la Sala es claro que las primeras heridas propinadas al señor Medina fueron justificadas en su propio actuar, a manera de defensa del patrullero herido y como medida para inmovilizar al agresor e impedir su huida pero las lesiones en la región frontal y escapular, de naturaleza mortal, constituyeron un exceso de la fuerza pública puesto que al momento en que fueron propinadas, la víctima se encontraba bajo su custodia y sin armamento, el cual a esas alturas se encontraba en poder de la fuerza pública como se deriva del acervo probatorio.
En consecuencia, se configuró una falla del servicio y por tanto, se impone revocar en este aspecto la decisión de primera instancia que consideró que la muerte de Medina Garzón era imputable a su propio actuar.
Respecto a la muerte del señor Orlando González Garzón y las lesiones sufridas por Juan Pablo Medina Garzón, no cabe duda que las mismas se dieron como consecuencia del accidente de tránsito sufrido por la patrulla de la Policía en la cual eran conducidos tras ser capturados por su supuesta participación en los hechos donde resultó herido el agente Rodulfo Torres.
Por tanto, la Sala comparte plenamente los argumentos expuestos al respecto por el Tribunal a quo y el Ministerio Público y pone de presente que no está llamada a prosperar la excepción de culpa de un tercero, alegada por la entidad demandada en el recurso de apelación puesto que, por un lado la Policía Nacional se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa como es la conducción de vehículos y por otro, las víctimas estaban bajo su custodia al momento de sufrir el accidente.
Así las cosas, se conformará en este aspecto la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró responsable a la entidad demandada por la muerte de Oscar Orlando González Garzón y las lesiones de Juan Pablo Medina Garzón.
Frente a la muerte del señor Andrés Escobar García, para la Sala existen igualmente pruebas suficientes que permiten imputar el daño a la entidad demandada, puesto que del acervo probatorio pudo establecerse que la víctima fue herida en el brazo durante el enfrentamiento inicial con la patrulla de la Policía y huyó del lugar para refugiarse en un establecimiento de comercio cercano donde estuvo escondido varias horas, luego al salir fue perseguido por un grupo de policías que lo estaban esperando y apareció muerto, con múltiples heridas de bala en el Hospital de Meissen.
Así se desprende del testimonio rendido por el señor Miguel Ángel Fetecua, quien se encontraba con Andrés escobar García hasta el momento en que fueron perseguidos por los agentes de la fuerza pública. Respecto a estos hechos manifestó:
“Pasaron tres o cuatro horas y como vimos que ya no había mucho movimiento y Andrés se sentía frio como débil, salimos Jhon Jairo y yo, a llevarlo al Hospital de Meissen que es el más cercano, cuando habíamos caminado una cuadra más o menos sentimos que nos venían siguiendo y era un grupo de policías, cuando doblamos la esquina ya nos iban a alcanzar, como Andrés estaba bien herido nos dijo que nos fuéramos para que no nos hicieran nada o no nos fueran a involucrar o disparar. Nosotros lo dejamos ahí y adelante escuchamos unos disparos, pensamos que era en contra nosotros y nos tocó correr más asustados a buscar transporte” (resaltado fuera del texto original).
Aunado a lo anterior, obra en el plenario extracto del libro de Policía en el que se anotaron los hechos objeto de la presente demanda y las correspondientes constancias de los levantamientos de cadáver de las víctimas. Respecto al señor Escobar García se adujo como causa de la muerte cuatro heridas en diferentes partes del cuerpo luego de enfrentamiento a bala con una patrulla de la Policía, sin dar más detalles de cómo sucedieron los acontecimientos. Sin embargo, esta prueba es un claro indicio de la responsabilidad estatal puesto que la misma entidad reconoce que Andrés García falleció tras una confrontación con sus agentes, la cual es diferente a la inicialmente presentada en el sitio conocido como Surtidora de Aves de la 22, puesto que, como ya se refirió, en estos hechos, el occiso fue herido en el brazo izquierdo, salió con vida y fue a refugiarse a un lugar cercano.
Por tanto, las demás heridas de bala presentadas, que valga la pena resaltar fueron de carácter mortal(5), se presentaron tras la persecución realizada por los miembros de la fuerza pública, tal como lo narró el testigo presencial de los hechos y no es posible aducir que se presentó una culpa exclusiva o concurrente de la víctima puesto que esta causal eximente de responsabilidad no fue demostrada por la demandada y no obra en el expediente prueba que demuestre que el señor Escobar atacó a los uniformados y menos aún que algún otro agente de la Policía, a excepción del patrullero que resultó lesionado por el señor Héctor Miguel Medina, haya resultado herido.
En consecuencia, el señor Andrés Escobar García fue ejecutado por los miembro de la Policía Nacional, lo que constituye una clara falla del servicio, por lo que se impone revocar en este aspecto de denegatoria de las pretensiones y acceder a las indemnizaciones solicitadas por los familiares del señor Andrés Escobar García, como consecuencia de su fallecimiento.
Finalmente, frente a las lesiones padecidas por el señor Héctor Manuel Garzón, la Sala aclara en primer término que, contrario a lo sostenido por la providencia de primera instancia, las mismas no fueron causadas como resultado del accidente del tránsito sufrido por el vehículo de la Policía Nacional donde eran transportadas algunas de las víctimas, puesto que quedó verificado en el plenario que al señor Garzón lo transportaban en un vehículo diferente. Sin embargo, las heridas sí son imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional puesto que los testigos son acordes en afirmar que Héctor Manuel Garzón recibió golpes injustificados de parte de los agentes de la policía que hicieron presencia en el lugar de los hechos, lo que le generó una incapacidad laboral de 20 días conforme lo dictaminó medicina legal.
Así las cosas, al presentarse un exceso en el uso de la fuerza pública, la Sala considera responsable imputar responsabilidad a la entidad demandada por las lesiones causadas al señor Héctor Manuel Garzón a título de falla del servicio.
Ahora bien, el Tribunal de instancia encontró responsable a la entidad demandada por la privación injusta de la libertad de los señores Juan Pablo Medina y Héctor Manuel Garzón, aspecto que no fue objeto del recurso de apelación.
No obstante lo anterior, para la Sala no es posible imputar responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, toda vez que no es la entidad llamada a responder por estos hechos puesto que la privación de la libertad de Juan Pablo Medina y Héctor Manuel Garzón se dio como consecuencia de la medida de aseguramiento que les fue dictada por la Fiscalía 61 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, por el delito de tentativa de homicidio de Rodulfo Torres Hernández. En consecuencia, debía demandarse a la Fiscalía General de la Nación en aras de establecer su responsabilidad por el tiempo que estuvieron privados de la libertad presuntamente de manera injusta.
Así las cosas, en virtud de lo establecido por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo(6) y conforme a la providencia de 9 de febrero de 2012, de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, radicación 21.060(7), se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional respecto a la privación injusta de la libertad de los señores Juan Pablo Medina y Héctor Manuel Garzón y en ese aspecto se revocará la sentencia apelada.
3.1. Liquidación de perjuicios.
Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar los perjuicios sufridos por la parte actora teniendo en cuenta la responsabilidad establecida previamente y el recurso de apelación presentado por los demandantes quienes consideraron que los montos otorgados por el Tribunal no se acompasaban con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.
Así las cosas, la Sala analizará los perjuicios procedentes respecto a cada una de las víctimas.
3.1.1. Grupo familiar de Héctor Miguel Medina Garzón.
Respecto a los familiares de Héctor Miguel Medina Garzón, se tiene acreditada la legitimación en la causa por activa de su madre Herminia Garzón, sus hermanos María Herminia de Grisales, Luis Eduardo Medina Garzón, José Saúl Medina Garzón, María Omaira Medina Garzón, María Elizabeth Moreno Garzón y Johana Esther Moreno Garzón, Juan Pablo Medina Garzón, su esposa Yolanda Bazurto Barrera y su hija Yina Paola Medina Bazurto, conforme a los registros civiles de nacimiento y matrimonio que obran en el expediente.
No sucede los mismo frente a la señora Martha Isabel Garzón, quien no logró acreditar su calidad de hermana de la víctima puesto que en el certificado de registro civil de nacimiento no consta el nombre de sus padres, lo que hace imposible a la Sala acreditar el parentesco.
Frente al señor Héctor Manuel Garzón, quien alega ser hermano de crianza de la víctima, no obra ninguna prueba al respecto, por lo que tampoco puede tenerse por acreditada tal condición.
En consecuencia, no es posible derivar perjuicios frente a los señores Martha Isabel y Héctor Manuel Garzón por la muerte de Héctor Miguel Medina Garzón.
Tanto la madre, la esposa, hija y hermanos del señor Héctor Miguel Medina Garzón deprecaron perjuicios morales como consecuencia de su muerte.
En cuanto a los perjuicios morales, conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(8).
Respecto a la prueba de la existencia del perjuicio moral y su monto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha puntualizado lo siguiente:
“En cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso(9).
Sin contrariar el principio que se deja visto, pero teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimientos que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia se corresponda con la exteriorización de su presencia, ha tenido esta Corporación(10) que es posible presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.
Idénticos parámetros jurisprudenciales maneja actualmente la Corte Suprema de Justicia(11) que ha entendido que la valoración de este tipo de perjuicios corresponde al juez, quien podrá declarar su existencia con base en la prueba indiciaria, en la cual, el parentesco resulta ser un elemento que permite deducir y tener por demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares(12).
Sobre la utilización de este medio probatorio de las presunciones para la tasación del daño moral, la Corte Constitucional ha considerado que tal criterio decantado por las Altas Cortes tiene la connotación de precedente jurisprudencial obligatorio para las jueces de menor jerarquía y, en consecuencia, ha ordenado su aplicación en los casos en los cuales se verifique que no han sido acogidos los lineamientos de tales precedentes sin que exista justificación para hacerlo(13).
Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.
Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia también—, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrum judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto —el del quamtum— obra como referente”(14).
Toda vez que en el caso concreto está establecido el parentesco de la parte actora con la víctima, lo que hace presumir el dolor por ellos sufridos por la muerte de su hijo, esposo, padre y hermano, la Sala reconocerá el perjuicio moral conforme a los topes establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera en caso de fallecimiento de familiares cercanos, así:
Para Herminia Garzón (madre), Yolanda Bazurto Barrera (esposa) y Yina Paola Medina Bazurto (hija), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas por perjuicios morales.
Para María Herminia Medina de Grisales, Luis Eduardo Medina Garzón, José Saúl Medina Garzón, María Omaira Medina Garzón, María Elizabeth Moreno Garzón y Johana Esther Moreno Garzón, Juan Pablo Medina Garzón (hermanos), cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos por perjuicios morales.
En relación al daño material, en primer lugar se tiene acreditado el daño emergente solicitado por el señor Luis Eduardo Medina por el excedente de los gastos funerarios de Héctor Miguel Medina, que ascendieron a la suma de $ 260.000, conforme a prueba que obra a folio 145 del cuaderno 2. Suma que será actualizada conforme a la siguiente fórmula:
Vr = 678.600
Se reconocerá a favor de Luis Eduardo Medina, la suma de $ 678.600 por concepto de daño emergente.
Frente al lucro cesante, este será reconocido a la esposa e hija del señor Héctor Miguel Medina Garzón.
Para acreditar el mismo, se tiene una serie de testimonios en los que se afirma que la víctima trabajaba en un billar, sin que se tenga claridad sobre el ingreso percibido, por tanto se tasará conforme al salario mínimo legal mensual vigente, toda vez que este es mayor al del año 1997, actualizado a la fecha, que asciende a la suma de 448.933.
El salario mínimo actual, equivalente a $ 616.000, será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se les restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja la suma de $ 577.500 que será el valor que se toma para calcular el lucro cesante, suma esta que se dividirá así: 50% para la esposa Yolanda Bazurto Barrera ($ 288.750) y 50% para la hija Yina Paola Medina Bazurto ($ 288.750).
Para la señora Yolanda Bazurto Barrera, se liquidará un periodo consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Héctor Miguel Medina (oct. 9/97) hasta la fecha de la presente sentencia (mar. 26/2014), esto es un total de 196,5 meses.
S = $ 94´699.076
El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (mar. 27/2014) hasta el tiempo de vida probable de la actora, debido a que era la mayor de los esposos, correspondiente a 24.28 años(17) (291.3 meses).
S = 44´905.975
El lucro cesante correspondiente a la señora Yolanda Bazurto Barrera, asciende a la suma de ciento treinta y nueve millones seiscientos cinco mil cincuenta y un pesos ($ 139´605.051).
Para la señora Yina Paola Medina Bazurto, se liquidará un período consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Héctor Miguel Medina (oct. 9/97) hasta el 31 de mayo de 2012, fecha en que cumplió 25 años de edad, momento hasta el cual se tiene establecido, los hijos dependen económicamente de sus padres.
S = 79´903.814
El lucro cesante para la señora Yina Paola Medina Bazurto, corresponde a la suma de setenta y nueve millones novecientos tres mil ochocientos catorce pesos ($ 79´903.814).
3.1.2. Grupo familiar de Oscar Orlando González Garzón.
En relación a los familiares de la víctima Óscar Orlando González Garzón, en primer lugar se tiene debidamente establecido a través de la prueba testimonial que sus padres de crianza fueron los señores María Lucrecia Alfonso Molina y Desiderio Cipriano Molina Bernal, con quienes además convivía al momento de su fallecimiento.
Asimismo se tiene acreditado el parentesco existente entre el señor González Garzón y sus hermanos Héctor Manuel, Luis Eduardo, Jairo Humberto Garzón y Gloria Esperanza González Garzón.
En consecuencia, de conformidad a las consideraciones anteriormente expuestas en cuanto a la procedencia del reconocimiento del perjuicio moral se les otorgarán las siguientes sumas de dinero, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales sobre la materia y caudal probatorio allegado al expediente, toda vez que en criterio de la Sala los montos otorgados por el Tribunal de primera instancia no repararon de manera integral el daño causado en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Para los padres de crianza María Lucrecia Alfonso Molina y Desiderio Cipriano Molina Bernal, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Para cada uno de sus hermanos Héctor Manuel, Luis Eduardo, Jairo Humberto Garzón y Gloria Esperanza González Garzón, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En cuanto al perjuicio material en la modalidad de daño emergente, reconocido al señor Luis Eduardo Garzón por los pagos realizados por concepto de servicio funerario de Óscar Orlando González, la Sala simplemente se limitará a actualizar el valor otorgado por la sentencia recurrida, toda vez que este punto no fue objeto de apelación por las partes.
Vr = 1´540.090.
El valor a reconocer por daño emergente a favor de Luis Eduardo Garzón es de un millón quinientos cuarenta mil noventa pesos (1´540.090).
Respecto al lucro cesante, se tiene acreditado que el señor Óscar Orlando González Garzón vivía con sus padres de crianza y velaba por su sostenimiento, en consecuencia es procedente la indemnización por este concepto toda vez que dejaron de percibir la ayuda económica de su hijo.
Sobre la labor y el ingreso percibido por el señor González Garzón, la prueba es inminentemente testimonial, la cual da cuenta que la víctima vendía cigarrillos en una bicicleta en diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, labor por la que algunos dicen percibía entre $ 20.000 y $ 30.000 y otros alrededor de $ 40.000 diarios. Sin embargo, ante la inexactitud y diferencia existente entre dichos guarismos y no contarse con más respaldo probatorio acerca del ingreso de la víctima pero toda vez que se tiene que Óscar Orlando González desarrollaba una actividad lícita, se liquidará el lucro cesante conforme al salario mínimo legal mensual vigente (616.000), el cual es superior al del momento de los hechos debidamente actualizado (448.933).
La suma de $ 616.000, será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se le restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja un valor de $ 577.500, montó que será dividido entre los padres de crianza de la víctima, esto es $ 288.750 para cada uno.
Para cada uno de los padres, se liquidará un período consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Óscar Orlando González Garzón (oct. 10/97) hasta la fecha de la presente sentencia (mar. 26/2014), esto es un total de 196,5 meses.
El lucro cesante futuro comprende el día siguiente a la decisión (mar. 27/2014) hasta el tiempo de vida probable del señor Desiderio Cipriano Molina Bernal, esto es 10,48 años (125.76).
S = 27´111.127
El lucro cesante a reconocer al señor Desiderio Cipriano Molina Bernal, es de ciento veintiún millones ochocientos diez mil doscientos tres pesos ($ 121.810.203).
El lucro cesante futuro a favor de la señora María Lucrecia Alfonso Molina, comprende desde el día siguiente a la decisión (mar. 27/2014) hasta el tiempo de su vida probable correspondiente a 12.16 años (145,92).
S = 30.115.135
El lucro cesante a reconocer a la señora María Lucrecia Alfonso Molina es de ciento veinticuatro millones ochocientos catorce mil doscientos once pesos ($ 124´814.211).
3.1.3. Grupo familiar de Andrés Escobar García
En lo atinente a los familiares de la víctima Andrés Escobar García, en primer lugar se tiene acreditado el parentesco y la afinidad existente entre el mismo y los actores Carlina García (madre), Carlina, Bernardo y Aquilino Escobar García, Oscar García y Emilcy Laguna (hermanos), Ana Margarita Fetecua (esposa), Kivi Texi y Karina Andrea Escobar Fetecua y Kewin Arnoldo Escobar Sosa (hijos).
En consecuencia, de conformidad a las consideraciones expuestas respecto al reconocimiento del perjuicio moral, se les otorgarán las siguientes sumas de dinero:
Para la madre Carlina García, la esposa Ana Margarita Fetecua y los hijos Kivi Texi y Karina Andrea Escobar Fetecua y Kewin Arnoldo Escobar Sosa, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Para cada uno de los hermanos Carlina, Bernardo y Aquilino Escobar García, Óscar Roberto García y Emilcy Laguna, cincuenta (50) salarios mensuales vigentes.
En cuanto al perjuicio material en la modalidad de daño emergente, solicitado por la señora Carlina García por los pagos realizados por concepto de servicio funerario de su hijo Andrés Escobar, se reconocerá la suma acredita por dicho gasto en el proceso, correspondiente a $ 33.651, actualizada conforme a la siguiente fórmula:
Vr = 87.830
El valor a reconocer por daño emergente a favor de Carlina García es de ochenta y siete mil ochocientos treinta pesos ($ 87.830).
Respecto al lucro cesante, este se reconocerá a favor de la esposa e hijos del señor Andrés Escobar García.
Sobre la labor y el ingreso percibido por el señor Escobar, se tiene establecido que se desempeñaba como comerciante en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, no obstante, los testimonios rendidos sobre el ingreso percibido por esa labor no son uniformes ni cuentan con otro respaldo probatorio, por lo que la Sala liquidará el perjuicio conforme al salario mínimo legal mensual vigente (616.000), el cual es superior al del año 1997 debidamente actualizado (448.933).
La suma de $ 616.000, será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y se restará el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, lo que arroja un valor de $ 577.500, monto que será dividido entre la esposa de la víctima, a quien le corresponde un 50% esto es $ 288.750 y el 50% restante para cada uno de los hijos, equivalente a $ 96.250 para cada uno.
Para la señora Ana Margarita Fetecua, se liquidará un periodo consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Andrés Escobar García (oct. 9/97) hasta la fecha de la presente sentencia (mar. 26/2014), esto es un total de 196,5 meses.
S = $ 94.699.076
El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (mar. 27/2014) hasta el tiempo de vida probable de la señora Fetecua, toda vez que era mayor que su esposa Andrés Escobar, correspondiente a 29,46 años (353,52).
S = 48.666.243
El lucro cesante a reconocer a la señora Ana Margarita Fetecua es de ciento cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos diecinueve pesos ($ 143´365.319).
Para la hija Kivi Texi Escobar García, se liquidará un período consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Andrés Escobar García (oct. 9/97) hasta el 16 de agosto de 2009, fecha en que cumplió 25 años de edad, momento hasta el cual se tiene establecido, los hijos dependen económicamente de sus padres.
S = 19.667.876
El lucro cesante para la señora Kivi Texi Escobar Fetecua, corresponde a la suma de diecinueve millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos ($ 19.667.876).
Para la hija Karima Andrea Escobar García, se liquidará un período consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Andrés Escobar García (oct. 9/97) hasta el 11 de marzo de 2011, fecha en que cumplió 25 años de edad, momento hasta el cual se tiene establecido, los hijos dependen económicamente de sus padres.
S = 23.647.977
El lucro cesante para la señora Karima Andrea Escobar Fetecua, corresponde a la suma de veintitrés millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos ($ 23.647.977).
Para el hijo Kewin Arnold Escobar Sosa, se liquidará un período consolidado que comprende desde el momento de la muerte de Andrés Escobar García (oct. 9/97) hasta la fecha de la presente sentencia (mar. 26/2014), esto es un total de 196,5 meses.
S = 31.566.358
El lucro cesante futuro comprende desde el día siguiente a la decisión (mar. 27/2014) hasta el 23 de junio de 2020, fecha en que Kewin Arnold Escobar cumplirá 25 años de edad.
S = 1.908.287
El lucro cesante a reconocer a favor de Kewin Arnold Escobar Sosa corresponde a treinta y tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($ 33´474.645).
3.1.4. Grupo familiar de Juan Pablo Medina Garzón.
De otro lado, el señor Juan Pablo Medina Garzón, su compañera permanente e hijas solicitaron el reconocimiento de perjuicios como consecuencia de la lesión padecida por el primero.
Previo al análisis del perjuicio, la Sala pone de presente que, tal como lo afirmó el Tribunal de primera instancia, la señora Ana Guillermina Vallejo Morales no logró acreditar la calidad de compañera permanente con la que acudió al proceso puesto que no obra ninguna prueba en tal sentido.
En consecuencia, se impone confirmar la excepción de falta de legitimación en la causa por activa que encontró probada la sentencia apelada.
Por el contrario, se tiene acreditada la relación de parentesco entre el señor Juan hablo Medina y Paula Katerine y Angie Carolina Medina Vallejo, conforme a los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 16 y 17 del cuaderno 2.
Respecto al perjuicio moral, la Sala tiene por establecido que en caso de lesiones por mínimas que estas sean, se presume la angustia y dolor que las mismas causan tanto en la víctima directa como en su núcleo familiar cercano, sin embargo, la Sala pone de presente que no confirmará el valor reconocido por la providencia apelada puesto que en esta se concedió el perjuicio tanto por las lesiones padecidas como por la privación injusta de la libertad del señor Medina, aunado a que el monto otorgado no se compadece con el daño sufrido por el demandante, consistente en una incapacidad definitiva de diez días.
Así las cosas, la Sala reconocerá a favor del señor Juan Pablo Medina por perjuicio moral, la suma de 5 salarios mínimos legales y a cada una de sus hijas, Paula Katerine y Angie Carolina Medina Vallejo, un monto de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora depreca el reconocimiento del lucro cesante dejado de percibir por el señor Juan Pablo Medina, sin embargo, como consecuencia de la lesión sufrida por éste, se le dictaminó una incapacidad laboral definitiva de diez días, tiempo durante el cual se encontraba recluido en un establecimiento carcelario como quedó demostrado en el acervo probatorio y por tanto, no hay lugar a dicho reconocimiento.
En relación al daño fisiológico (hoy daño a la salud) y el daño emergente solicitados en la demanda, la Sala pone de presente que este fue negado en primera instancia y no fue objeto del recurso de apelación.
3.1.5. Perjuicio reclamado por Héctor Manuel Garzón.
Respecto al perjuicio moral, la Sala reitera que hay lugar a su reconocimiento sin importar la gravedad de la lesión, sin embargo, la Sala, en igual sentido de lo manifestado en líneas anteriores, aduce que el monto otorgado en primera instancia no se compadece con el daño sufrido por el demandante, consistente en una incapacidad definitiva de veinte días, por lo que reconocerá a su favor la suma de 5 salarios mínimos.
Frente al reconocimiento del lucro cesante dejado de percibir por el señor Héctor Manuel Garzón, como consecuencia de la lesión sufrida por éste, se le dictaminó una incapacidad laboral definitiva de veinte días, tiempo durante el cual se encontraba recluido en establecimiento carcelario y por tanto, no hay lugar a dicho reconocimiento.
En relación con los demás perjuicios solicitados en la demanda, los mismos fueron negados en primera instancia y no fueron objeto del recurso de apelación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
Primero: Modificar la sentencia del 24 de diciembre de 2003, proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
“1. Declarar la falta de legitimación por activa de Ana Guillermina Vallejo Morales y Martha Isabel Garzón, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, responsable patrimonialmente por los perjuicios causados por la muerte de los señores Héctor Miguel Medina Garzón, Óscar Orlando González Garzón y Andrés Escobar García, así como por las lesiones causadas a los señores Juan Pablo Medina Garzón y Héctor Manuel Garzón.
3. Como consecuencia de lo anterior, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales las sumas que a continuación se relacionan:
a. Por la muerte de Héctor Miguel Medina Garzón: para Herminia Garzón (madre), Yolanda Bazurto Barrera (esposa) y Yina Paola Medina Bazurto (hija), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada una de ellas. Para María Herminia Medina de Grisales, Luis Eduardo Medina Garzón, José Saúl Medina Garzón, María Omaira Medina Garzón, María Elizabeth Moreno Garzón y Johana Esther Moreno Garzón, Juan Pablo Medina Garzón (hermanos), cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada uno de ellos.
b. Por la muerte de Óscar Orlando González Garzón: para María Lucrecia Alfonso Molina y Desiderio Cipriano Molina Bernal (padres de crianza), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada uno de ellos. Para cada uno de sus hermanos Héctor Manuel, Luis Eduardo, Jairo Humberto Garzón y Gloria Esperanza González Garzón, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia.
c. Por la muerte de Andrés Escobar García: para la madre Carlina García, la esposa Ana Margarita Fetecua y los hijos Kivi Texi y Karima Andrea Escobar Fetecua y Kewin Arnoldo Escobar Sosa, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia para cada uno de ellos. Para cada uno de los hermanos Carlina, Bernardo y Aquilino Escobar García, Óscar Roberto García y Emilcy Laguna, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia.
d. Por las lesiones sufridas por Juan Pablo Medina la suma de 5 salarios mínimos legales y a cada una de sus hijas, Paula Katerine y Angie Carolina Medina Vallejo, un monto de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia.
e. Por las lesiones sufridas por Héctor Manuel Garzón la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia.
4. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, las sumas que a continuación se relacionan:
a. A favor de Luis Eduardo Medina, la suma de $ 678.600, por los gastos funerarios de Héctor Miguel Medina Garzón.
b. A favor de Luis Eduardo Garzón, la suma de un millón quinientos cuarenta mil noventa pesos ($ 1´540.090).
c. A favor de Carlina García, la suma de ochenta y siete mil ochocientos treinta pesos ($ 87.830).
5. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que a continuación se relacionan:
a. Para la señora Yolanda Bazurto Barrera, la suma de ciento treinta y nueve millones seiscientos cinco mil cincuenta y un pesos ($ 139´605.051).
b. Para la señora Yina Paola Medina Bazurto, la suma de setenta y nueve millones novecientos tres mil ochocientos catorce pesos ($ 79.903.814).
c. Para el señor Desiderio Cipriano Molina Bernal, la suma de ciento ventiún millones ochocientos diez mil doscientos tres pesos ($ 121´810.203).
d. Para la señora María Lucrecia Alfonso Molina la suma de ciento veinticuatro millones ochocientos catorce mil doscientos once pesos ($ 124´814.211).
e. Para la señora Ana Margarita Fetecua la suma de ciento cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos diecinueve pesos ($ 143´365.319).
f. Para la señora Kivi Texi Escobar Fetecua, la suma de diecinueve millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos ($ 19.667.876).
g. Para la señora Karima Andrea Escobar Fetecua, la suma de veintitrés millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos ($ 23.647.977).
6. Denegar las demás pretensiones de la demanda”.
Tercero: Ordenar expedir copia auténtica al apoderado de la parte demandante que ha obrado a lo largo del proceso, en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
(1) La demanda fue presentada el 5 de agosto de 1999 y los hechos que originaron la presente acción sucedieron el 9 de octubre de 1997, por tanto se interpuso dentro del término establecido por el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo.
(2) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (resaltado fuera del texto).
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 18747.
(4) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999, expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(5) Conforme al protocolo de necropsia el señor Andrés Escobar García falleció por: “shock hipovolémico por lesión de vasos subclavios y pulmón derecho por proyectil de arma de fuego”.
(6) “ART. 164.—Excepciones de fondo. (…) En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada. (…) El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus”.
(7) Al respecto se puntualizó: “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada”.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente13.232-15.646.
(9) Corte Constitucional, Sentencia T-212 de 2012 “la libertad a un juez para que tome una decisión bajo su arbitrio judicial, no es un permiso para no dar razones que sustenten lo decidido, no es una autorización para tomar decisiones con base en razonamientos secretos ni tampoco para tomar decisiones basado en emociones o pálpitos. Como se indicó, por el contrario, demanda un mayor cuidado en el juez al momento de hacer públicas las razones de su decisión”.
(10) El tema de los perjuicios morales ha sido de una constante evolución en la jurisdicción contenciosa. Es así como en sentencia de la Sala Plena del 5 de noviembre de 1997, expediente S-259 se estimó la posibilidad de presumirlos tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, pero que debía probarse respecto de los demás familiares. Posteriormente en sentencia del 17 de julio de 1992, la Sección Tercera consagró en favor de todos los hermanos, menores y mayores, la presunción del perjuicio moral. Y por último la Sección ha precisado que la presunción del daño moral operaba respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, precisando que si no se demostraba el parentesco y la legitimación se sustentaba en la condición de damnificado del demandante, éste tenía la carga de demostrarlo.
(11) Al igual que el Consejo de Estado, la Corte Suprema en un primer momento histórico negó la posibilidad de presumir los perjuicios morales, al considerar que su causación debía estar debidamente acreditada dentro del proceso. Sólo a partir del año 1997, rectificó su postura jurisprudencial en el sentido de aceptar la prueba indiciaria y, con ella, la presunción por parentesco, como sustento de una condena por perjuicios morales.
(12) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de agosto de 1997, M.P. DR. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO S. Oportunidad en la cual explicó: “si bien es cierto que no basta con invocar sin más la existencia de un agravio moral, también es verdad que no… se exige una prueba irrefragable de su real ocurrencia, prueba esta del todo imposible por la naturaleza de esta clase de daños, pero que a pesar de esta circunstancia, bien puede deducírsela de signos exteriores cuya verificación la ley difiere al discreto arbitrio judicial, luego corresponde por norma general al prudente juicio de los sentenciadores, en cada caso, reconocerlo como daño indemnizable, atendiendo al hecho generador de responsabilidad y a las circunstancias particulares que rodean dicho caso que, a su vez han de suministrar las bases de cálculo adecuadas para fijar el monto de la satisfacción pecuniaria debido por este concepto… para efectos de la indemnización de perjuicios no patrimoniales por la pérdida de una persona allegada, al demostrar el cercano parentesco entre el actor y esta última, se acredita sin duda la existencia de una relación que en guarda del postulado de razonabilidad en las inferencias jurisdiccionales, permite construir la presunción del daño moral o afectivo, que por lo mismo puede ser desvirtuada por la parte interesada”12.
(13) Corte Constitucional. Sentencia T-934 de 2009 mediante la cual se revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 15 de agosto de 2008, al considerar que dicha decisión iba en contravía del precedente jurisprudencial de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
(14) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2012, radicación 24.392, M.P. Hernán Andrade Rincón.
(15) IPC correspondiente a febrero de 2014.
(16) IPC correspondiente a octubre de 1997.
(17) Conforme a la Resolución 497 de 1997.
(18) IPC correspondiente a febrero de 2014.
(19) IPC Correspondiente a diciembre de 2003, mes de la sentencia de primera instancia.
(20) IPC correspondiente a febrero de 2014.
(21) IPC correspondiente a octubre de 1997.