Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-5-2018-17-747971437
Timestamp: 2019-06-26 14:20:55
Document Index: 96985113

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 9', 'artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 39', 'Artículo 19', 'artículo 82', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 2', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 16', 'Artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 4']

Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 747971437
Marginal: BOE-A-2018-16540
CAPÍTULO II. Indemnizaciones por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos - arts. 5 y 6
Sección 1ª. Disposiciones comunes - arts. 7 y 8
Sección 2ª. Vivienda habitual de las personas físicas - arts. 9 a 12
Sección 3ª. Establecimientos mercantiles o industriales y sedes de las entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo - arts. 13 a 15
CAPÍTULO IV. Asistencia sanitaria, psicológica y psicopedagógica - arts. 16 y 17
CAPÍTULO V. Ayudas y medidas educativas - art. 18
CAPÍTULO VI. Medidas en materia de empleo, vivienda pública y cultura y deporte - arts. 19 a 21
CAPÍTULO VII. Ayudas extraordinarias - art. 22
CAPÍTULO VIII. Subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo - art. 23
CAPÍTULO IX. Distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas - arts. 24 y 25
CAPÍTULO X. Protección de datos y confidencialidad - art. 26
CAPÍTULO XI. Procedimiento para la concesión de las ayudas económicas y medidas asistenciales - arts. 27 a 31
A los efectos de la presente ley, se entiende por acción terrorista la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, o la llevada a cabo con estos fines por personas no integradas en organizaciones o grupos criminales.
Artículo 2 Ámbito temporal y subjetivo de aplicación.
La ley será de aplicación:
Así mismo, será de aplicación a los establecimientos mercantiles e industriales, establecidos en el territorio de la Comunidad de Madrid, que hayan sido objeto de daños materiales en sus instalaciones como consecuencia de una acción terrorista, así como a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones de naturaleza privada y sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, que estén establecidas o tengan representación en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Será también de aplicación a las comunidades de propietarios ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid, en el supuesto de indemnización por daños como consecuencia de una acción terrorista, en los elementos comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal previsto en el artículo 9.
Serán destinatarios de las ayudas y medidas:
Los titulares de establecimientos mercantiles e industriales y las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones previstas en el apartado 3 del artículo 2, tendrán derecho a las ayudas por daños materiales en los términos de los artículos 13 y 14.
Será requisito para acogerse a las ayudas económicas y medidas asistenciales reguladas en esta ley, además de los derivados de los artículos 2 y 3, que los órganos de la Administración de Justicia o el órgano competente de la Administración General del Estado hayan reconocido previamente al interesado el derecho a percibir las indemnizaciones y compensaciones previstas en la normativa estatal, en los términos del artículo 3 bis de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Artículo 4 Clases de ayudas, medidas y reconocimientos.
La Comunidad de Madrid, al amparo de la ley, podrá conceder los siguientes tipos de ayudas y reconocimientos:
Las ayudas económicas y medidas asistenciales concedidas al amparo de esta ley serán complementarias respecto a las establecidas para los mismos supuestos por la Administración General del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo y en los artículos 23.3 y 39.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
En el caso de las demás ayudas y medidas asistenciales reguladas en esta ley, cuando el destinatario haya percibido ayudas económicas de la Administración General del Estado por el mismo concepto, tendrá derecho a recibir ayudas de la Comunidad de Madrid si el importe de las percibidas es inferior al que le corresponde al amparo de la presente ley. Si el importe percibido coincide o es superior al de las ayudas que le corresponderían al amparo de la presente ley, el destinatario no tendrá derecho a recibir ninguna cantidad de la Comunidad de Madrid.
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las indemnizaciones por fallecimiento o por daños físicos o psíquicos, que serán compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran derecho sus destinatarios, salvo que estos ya hubieran recibido ayudas por el mismo concepto por parte de la Comunidad de Madrid o de otra Comunidad Autónoma, en cuyo caso tendrán derecho a percibir la diferencia si el importe de las ayudas recibidas es inferior al de las ayudas que le corresponden al amparo de la presente ley.
En las leyes anuales de presupuestos generales se consignarán los créditos ordinarios que sean necesarios para financiar las ayudas establecidas o previstas en este ley y, en su caso, se tramitarán los créditos extraordinarios o suplementos de crédito que sean precisos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y con las limitaciones que, en materia de gasto público, impone Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.
La cuantía de las ayudas y medidas que se presten al amparo de esta ley podrán modularse en función de la naturaleza y entidad de los daños ocasionados y de las circunstancias socio-económicas concretas de sus destinatarios, correspondiendo su modulación al órgano competente para concederlas.
Las ayudas y medidas establecidas en esta ley son compatibles con la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, si bien aquéllas se imputarán a la indemnización que pudiera reconocerse por este concepto, detrayéndose de la misma.
CAPÍTULO II Indemnizaciones por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos Artículos 5 y 6
Artículo 5 Indemnizaciones por fallecimiento y destinatarios.
La cuantía de la indemnización en caso de fallecimiento como consecuencia de una acción terrorista será el equivalente al 30 por 100 de la cantidad concedida por la Administración General del Estado para el mismo supuesto.
Son titulares del derecho a percibir la indemnización por fallecimiento las personas incluidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 3, con referencia a la fecha en que se haya producido el fallecimiento, y con el siguiente orden de preferencia:
De concurrir dentro de una misma letra del apartado anterior varios destinatarios, la distribución de la cantidad a que asciende la indemnización se efectuará de la siguiente forma:
Artículo 6 Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos.
CAPÍTULO III Ayudas y medidas por daños materiales Artículos 7 a 15
Sección 1ª Disposiciones comunes Artículos 7 y 8
Artículo 7 Objeto de las ayudas y medidas por daños materiales.
En el supuesto de que se produzcan daños materiales como consecuencia de una acción terrorista a quienes no fueren responsables de los mismos, serán de aplicación las disposiciones previstas en el presente capítulo en función de la naturaleza del bien y del daño producido.
Quedan excluidos de las ayudas por daños materiales los bienes propiedad de los órganos, organismos y entes integrantes del sector público de las Administraciones Públicas españolas y extranjeras, así como de los organismos internacionales.
Artículo 8 Cuantía de las ayudas y peritación de los daños.
Se establece la cuantía máxima de las ayudas por daños materiales concedidas al amparo del presente capítulo en 45.000 euros por siniestro y solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.2.
La valoración económica de los daños se realizará tomando en cuenta la tasación que hubiera realizado la Administración General del Estado a través de los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros y, en su defecto, la llevada a cabo por parte de los técnicos de la Consejería competente para aprobar las ayudas.
En caso de que el solicitante de la ayuda discrepe de la tasación llevada a cabo por la Administración podrá presentar una tasación pericial alternativa a su costa. En caso de ser estimado íntegramente el cambio en la valoración de estos daños, la Administración resarcirá al solicitante el coste de la tasación.
No obstante lo anterior, se podrá prescindir de la tasación cuando la cuantía total de los daños, acreditada mediante la presentación de factura o presupuesto de reparación, no alcance los 300 euros.
Sección 2ª Vivienda habitual de las personas físicas Artículos 9 a 12
Artículo 9 Reparación de los daños.
Cuando, como consecuencia de una acción terrorista, se produzcan daños en la estructura o en los elementos esenciales de la vivienda habitual, se podrá conceder una ayuda que cubra los gastos de reparación, con el límite indicado en el apartado 1 del artículo 8.
A los efectos de esta ley, se entiende por vivienda habitual aquella donde el destinatario de la ayuda esté empadronado al tiempo del acto terrorista.
Se entenderá por elementos esenciales de la vivienda habitual aquellos cuyos desperfectos hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan gravemente sus condiciones normales de habitabilidad, incluyéndose las instalaciones y el mobiliario absolutamente indispensables para tal fin, y con exclusión de los elementos de carácter suntuario.
A efectos de este artículo se tomarán en consideración los daños producidos tanto en los elementos privativos de las viviendas, como en los elementos comunes de los edificios en que se ubiquen, siempre que en uno y otro caso los desperfectos hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan gravemente sus condiciones normales de habitabilidad.
El importe de la ayuda se abonará a los propietarios o a los arrendatarios u ocupantes que legítimamente pretendieran efectuar la reparación o hubiesen abonado la misma. En caso de daños causados en elementos comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la ayuda podrá satisfacerse a la comunidad de propietarios.
Estas ayudas no se concederán en el caso de que la Administración General del Estado encargue la reparación de los inmuebles a empresas constructoras, abonando a estas directamente su importe, o cuando haya celebrado un convenio con el Ayuntamiento, al objeto de que éste asuma la ejecución de las obras de reparación.
Artículo 10 Alojamiento provisional.
La Comunidad de Madrid proporcionará alojamiento provisional a las personas que, como consecuencia de los daños ocasionados por una acción terrorista en su vivienda habitual, se vean impedidas de utilizarla temporalmente.
La duración de esta ayuda será la de las obras de reparación, salvo que estas se prolonguen por causa imputable al destinatario.
La Comunidad de Madrid podrá optar, en función de las disponibilidades de viviendas de propiedad o protección públicas, entre facilitar directamente dicho alojamiento, o sufragar los gastos que originen, con el límite de 90 euros diarios, si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hotelero, o de 1.500 euros mensuales si se trata del alquiler de una vivienda. El ejercicio de esta opción corresponderá al órgano competente para conceder la ayuda.
Artículo 11 Cambio de vivienda.
En el supuesto de que la vivienda habitual se pierda definitivamente como consecuencia de una acción terrorista, se aplicarán las reglas siguientes:
El cálculo del valor real a que se refiere la letra a) del apartado anterior, se llevará a cabo mediante su tasación pericial conforme al procedimiento descrito en el artículo 8.
Si, tras el agotamiento de las ayudas previstas en este artículo, persistiera la situación de necesidad, se podrán conceder, atendiendo a las circunstancias particulares que concurran en cada caso, las ayudas extraordinarias previstas en el capítulo VII.
Artículo 12 Concurrencia con indemnizaciones de entidades colaboradoras.
Sección 3ª Establecimientos mercantiles o industriales y sedes de las entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo Artículos 13 a 15
Artículo 13 Daños en establecimientos mercantiles o industriales.
Artículo 14 Daños en las sedes de las entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo.
Artículo 15 Concurrencia con indemnizaciones de entidades aseguradoras.
CAPÍTULO IV Asistencia sanitaria, psicológica y psicopedagógica Artículos 16 y 17
Artículo 16 Asistencia sanitaria y psicológica.
Las personas que hayan sufrido lesiones físicas como consecuencia de una acción terrorista y no tuvieran cubiertos los gastos de asistencia sanitaria por cualquier sistema de previsión, público o privado, recibirán dicha asistencia por parte de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid prestará asistencia psicológica especializada de urgencia a las víctimas del terrorismo, a las personas vinculadas por razón de su parentesco, convivencia o relación de dependencia con la víctima y, en su caso, a quienes, sin tener la consideración de víctimas, hayan sufrido daños materiales como consecuencia de una acción terrorista.
Tanto la asistencia sanitaria como la psicológica y social serán gratuitas y se prestarán a través de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comunidad de Madrid promoverá la formalización de los instrumentos de colaboración que resulten necesarios, con el fin de financiar el tratamiento y atención específicos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo a todas aquellas víctimas del terrorismo que, estando incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, así lo necesiten.
Artículo 17 Asistencia psicopedagógica.
Los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, como consecuencia de una acción terrorista, padezcan problemas de aprendizaje o de adaptación social, recibirán asistencia psicopedagógica de la Comunidad de Madrid, complementaria a la prestada por los servicios educativos.
El acceso a esta asistencia será prioritario y gratuito y, en la medida de lo posible, se prestará a través de los recursos propios de la Administración. No obstante, para asegurar la prestación de la asistencia, la Comunidad de Madrid podrá formalizar los instrumentos de colaboración que estime oportunos con otras instituciones o entidades.
CAPÍTULO V Ayudas y medidas educativas Artículo 18
Artículo 18 Destinatarios, prestación y procedimiento.
Cuando como consecuencia de una acción terrorista, se deriven, bien para el propio estudiante, para su cónyuge, pareja de hecho o hijos del fallecido, para sus padres, tutores o guardadores legales daños personales de especial trascendencia o que les incapaciten totalmente para el trabajo habitual, se concederán ayudas para la enseñanza, transporte y comedor en los ámbitos de la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria y del bachillerato, que sean impartidas en centros públicos dependientes de la Comunidad de Madrid.
La solicitud y concesión de estas ayudas se someterán a los plazos y procedimientos establecidos en las citadas convocatorias.
Se atendrá a las necesidades específicas físicas y psicológicas del estudiante a fin de garantizar el acceso a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades.
El solicitante de las ayudas y medidas educativas deberá tener en cuenta la incompatibilidad de las ayudas al estudio concedidas por la Administración General del Estado con las que pueda percibir, por el mismo concepto, de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
CAPÍTULO VI Medidas en materia de empleo, vivienda pública y cultura y deporte Artículos 19 a 21
Artículo 19 Medidas en el ámbito del empleo.
La Comunidad de Madrid diseñará planes de reinserción profesional y programas de autoempleo que, con carácter gratuito, permitan la adaptación a la actividad laboral de las víctimas y a las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como a las personas vinculadas por razón de su parentesco, convivencia o relación de dependencia con la víctima. En todo caso, alcanzarán a su cónyuge, o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos los dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos.
Cuando se trate de funcionarios públicos, se facilitará su adscripción al puesto de trabajo cuyo desempeño se adapte mejor a sus peculiaridades físicas y psicológicas, de acuerdo con la legislación sobre función pública y a través del desarrollo por la Comunidad de Madrid del artículo 82.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 20 Acceso a las viviendas de protección pública de titularidad de la Comunidad de Madrid.
Artículo 21 Acceso a la cultura y al deporte.
La Comunidad de Madrid establecerá bonificaciones que faciliten el acceso de las víctimas del terrorismo, y de las personas vinculadas por razón de su parentesco, convivencia o relación de dependencia con la víctima, a las actividades culturales que organice directamente la Administración autonómica.
Además, la Comunidad de Madrid establecerá bonificaciones que faciliten el acceso de esas personas a las actividades deportivas que organice directamente la Administración autonómica, así como a las instalaciones deportivas dependientes de la Comunidad.
CAPÍTULO VII Ayudas extraordinarias Artículo 22
Artículo 22 Situaciones excepcionales de necesidad.
CAPÍTULO VIII Subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo Artículo 23
Artículo 23 Destinatarias de las subvenciones.
Las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, podrán ser destinatarias de subvenciones conforme a la normativa especial que resulte de aplicación y en los términos que prevean las bases reguladoras de las subvenciones.
En todo caso, se tendrá en cuenta para la concesión de las subvenciones, en el caso de las asociaciones de víctimas, la representatividad e implantación social y territorial de la entidad dentro del colectivo de víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid.
CAPÍTULO IX Distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas Artículos 24 y 25
Artículo 24 Distinciones honoríficas.
Artículo 25 Actuaciones en memoria de las víctimas.
CAPÍTULO X Protección de datos y confidencialidad Artículo 26
Artículo 26 Confidencialidad y protección de datos.
La Comunidad de Madrid velará por el respeto a la confidencialidad de la información de las víctimas del terrorismo, así como la correspondiente a las personas vinculadas a las mismas por razón de parentesco, convivencia o relación de dependencia y a cualesquiera otras a las cuales sea de aplicación la ley.
Todos los organismos de la Comunidad de Madrid que participen en la protección a las víctimas y personas vinculadas a las mismas darán cumplimiento a la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, en el tratamiento de los datos establecidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley y aplicarán las medidas necesarias en virtud de lo estipulado en el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, de protección de datos de carácter personal, o en la normativa que en cada momento se encuentre vigente.
Los datos personales son recabados con la finalidad de expresar el reconocimiento y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo mediante el establecimiento de ayudas y medidas asistenciales. En las solicitudes de ayuda, el interesado podrá autorizar a la Comunidad de Madrid a recabar por sí misma los datos relativos a los documentos a presentar, eximiéndose de la necesidad de aportarlos, de conformidad con lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. Dicha autorización quedará reservada a la finalidad prevista y en los términos señalados en la ley.
CAPÍTULO XI Procedimiento para la concesión de las ayudas económicas y medidas asistenciales Artículos 27 a 31
Artículo 27 Principios del procedimiento y derechos de los interesados.
El procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas económicas y medidas asistenciales, se regirá por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el procedimiento de concesión se respetarán los derechos establecidos en los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En especial, los interesados en el procedimiento tendrán derecho a:
Artículo 28 Requisitos.
El procedimiento administrativo de concesión de las ayudas económicas y medidas asistenciales se iniciará de oficio o a instancia de los interesados.
En el caso de inicio del procedimiento a instancia del interesado, se harán constar en la solicitud los siguientes extremos:
En el portal de internet de la Comunidad de Madrid se pondrá a disposición de los interesados un modelo normalizado de solicitud, así como toda la información necesaria acerca del procedimiento.
Junto con la solicitud, los interesados deberán aportar los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 28, así como los acreditativos de estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley, salvo que los documentos hayan sido elaborados por cualquier Administración o hayan sido aportados anteriormente por el interesado, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en el artículo 28, apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud podrá presentarse por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes de ayudas por acciones terroristas acaecidas a partir de la entrada en vigor de esta ley se presentarán en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del reconocimiento por el Estado de la condición de víctima del terrorismo.
La tramitación de los expedientes administrativos corresponderá a la Consejería competente según la naturaleza de la ayuda o medida.
La tramitación de las indemnizaciones por fallecimiento y por daños físicos y psíquicos corresponderá a la Consejería competente en materia de seguridad.
En todo caso los trámites serán efectuados por personal específicamente formado en materia de protección de los derechos y atención de las víctimas del terrorismo.
Artículo 31 Resolución y pago.
El plazo máximo de resolución y notificación de la concesión de las ayudas y medidas será de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, si el procedimiento se ha iniciado de oficio, o desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación, si se inicia a solicitud del interesado. Transcurrido dicho plazo, se podrá entender estimada la solicitud, siempre que el solicitante cumpla los requisitos para obtener las ayudas establecidas en esta ley.
La concesión de las indemnizaciones por fallecimiento y de las ayudas extraordinarias, cualquiera que sea la cuantía de las mismas, así como del resto de ayudas económicas cuyo importe sea superior a 12.000 euros, corresponderá al Consejo de Gobierno.
La aprobación de las restantes ayudas y medidas asistenciales corresponderá a los titulares de las Consejerías competentes por razón de la materia. Las indemnizaciones por daños físicos corresponderán a la Consejería competente en materia de seguridad.
El pago de las ayudas de carácter económico deberá realizarse en un plazo máximo de cuatro años a contar desde la fecha de la resolución estimatoria de la solicitud, no siendo de aplicación a las obligaciones reconocidas y liquidadas por dicho concepto el plazo general de prescripción del derecho a exigir su pago establecido por el artículo 42.1 b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional primera Aplicación a los hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
Las personas, físicas o jurídicas, que pretendan acogerse a alguna de las ayudas económicas o medidas asistenciales reguladas en la ley, cuando el hecho que lo motive haya tenido lugar con anterioridad a su entrada en vigor, y tengan la condición de víctima del terrorismo podrán presentar la solicitud dirigida a la Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la ley. Para aquellos que no tuvieran el reconocimiento de víctima, el plazo de seis meses empezará a contar desde el momento de dicho reconocimiento.
En este caso, la Comunidad de Madrid abonará las ayudas económicas en un plazo de ocho años a contar desde la fecha de la resolución estimatoria de la solicitud, siempre que, además de cumplir el resto de requisitos, los destinatarios, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4, no hubieran recibido ayudas de otros organismos o las hubieran recibido en cuantía inferior a la que les corresponda al amparo de la ley.
Disposición adicional segunda Plan de protección civil frente a los riesgos asociados al terrorismo.
Disposición adicional tercera Protocolo de actuación del derecho a la imagen personal y confidencial.
Disposición adicional cuarta Actualización de cuantías.
Queda derogada la Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.
Asimismo, quedarán derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en la ley.
Decreto 107/2010, do 17 de xuño, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto de colectores xerais da cunca do río Mendo, do concello de Salvaterra de Miño.
Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Francisco Javier Morillo Fernández, Notario de Sonseca, contra la negativa de la Registradora Mercantil de Toledo, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.