Source: https://www.scribd.com/document/350923710/Documento-de-Apoyo-3C-La-Clausula-Penal-en-Un-Contrato-Estatal
Timestamp: 2018-08-18 01:38:23
Document Index: 144689801

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 40', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 1715', 'artículo 1594', 'artículo 13', 'artículo 71', 'artículo 1620', 'artículo 14', 'artículo 50', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 68', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18']

Documento de Apoyo (3C) - La Clausula Penal en Un Contrato Estatal
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Description: APOYO
LA CLÁUSULA PENAL EN UN CONTRATO ESTATAL ESTÁ REGULADA POR LOS CÓDIGOS
Las cláusulas penales prestan mérito ejecutivo. Se hace exigible la cláusula a partir del incumplimiento o
de la mora del contratista, y la administración podrá cobrar su valor al contratista, bien sea incluyéndola
en los actos administrativos en que se ejerza alguna de las potestades del artículo 18 de la ley 80 de
1993, bien sea adelantando un proceso ejecutivo contractual ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Igualmente podrá compensarla de acuerdo con las reglas generales del Código Civil.
Bogotá, D.C, mayo veinticinco (25) de dos mil seis (2006).
Número Único: 11001-03-06-000-2006-00050-00
Referencia: Cláusulas penales en los contratos estatales.
Cláusula de multas como cláusula penal. Su regulación en los contratos estatales que
contengan potestades excepcionales, y en los que carezcan de éstas.
El señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. Camilo Ospina Bernal, consulta a la Sala sobre la aplicación
del principio de la autonomía de la voluntad al pacto de multas dentro de los contratos estatales, y sus
Expone que con base en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en la legislación civil y
comercial, en concordancia con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual
"Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales", las entidades públicas pueden pactar en los contratos
estatales, estipulaciones cuyo único fundamento y oponibilidad sea el acuerdo de las partes
materializado con la suscripción del contrato, con la finalidad de conminar al contratista a su
cumplimiento, o de sancionarlo por el retraso o incumplimiento de las obligaciones, facultando a dichas
entidades para imponerlas, previa observancia de un procedimiento que garantice el derecho a la
defensa y a la controvertibilidad de la prueba.
Menciona que con fundamento en el principio arriba indicado y en la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre la materia, el Ministerio de Defensa ha pactado la cláusula de multas como mecanismo
para inducir al contratista a cumplir sus obligaciones dentro del plazo contractual, incluyendo en ella la
potestad de la entidad para imponerlas y descontarlas de lo adeudado, sin necesidad de recurrir al juez
del contrato, A modo de ejemplo cita las fórmulas: "...LA ENTIDAD podrá imponer al CONTRATISTA
multas... “y "una vez en firme la resolución que imponga mullas, podrá ejecutarse la garantía
contractual, o tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere ". En sustento de la juridicidad
de éstos pactos, transcribe apartes de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 4 de Julio de 1998 bajo el número de radicación 13988, en los cuales se lee "...la
administración si tiene competencia para imponer por si y ante si, sin necesidad de acudir al juez, las
multas pactadas en un contrato estatal, en virtud del carácter ejecutivo que como regla otorga el art. 64
del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos administrativos ".
incluyendo la denominada multas. en virtud del principio de autonomía de la voluntad. analizará el artículo 18 del Estatuto General de Contratación de la Administración con el fin de exponer cómo se pueden integrar las cláusulas penales. y por último. la Sala considera: Con el fin de sustentar las respuestas que se dan al final de este concepto. después que se ha conocido la sentencia del Honorable Consejo de Estado aquí mencionada? " Para resolver. en las mismas condiciones expuestas en la pregunta anterior. para declararlas. la vigencia de la póliza haya expirado.¿Procede la confirmación de una Resolución que impuso una multa. a la luz de la legislación ordinaria. enferma expedita.. por lo que "cuando quiera que habiendo sido pactadas las mullas o la cláusula penal conforme a la legislación civil y comercia] vigente. imponerla y descontarla unilateralmente? " "3. " en las estipulaciones contractuales. deberá acudir al juez del contrato a efectos de solicitar la imposición de la correspondiente multa o cláusula penal. se insiste. ¿La estipulación de la cláusula penal. 1. para imponerlas unilateralmente ".Expresa el Ministerio consultante que la cláusula de multas obtiene su carácter excepcional de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. para proceder a explicar por qué la estipulación de las multas que se pacía en la contratación estatal se asimila a las cláusulas penales. al igual que las respuestas que se dan al final. Luis Camilo Osorio. Posteriormente cita un párrafo de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2005 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación. bajo la radicación No. de fecha 14 de diciembre de 2000. pues buena parte de lo planteado en la consulta del Sr. en el que se hizo un amplio análisis sobre las potestades excepcionales en la ley 80 de . procederá la Sala a efectuar el análisis de los siguientes puntos: uno inicial presentando la situación del tema a partir del cambio de legislación ocurrido con la ley 80 de 1993. En el evento de que la respuesta anterior sea negativa: a.293. de contera. con las potestades excepcionales de tal ley El presente concepto. no de las potestades especiales consagradas en la Ley 80 de 1993 a favor de la Administración. imponerlas y descontarlas unilateralmente?" "2. para declararla. "todo lo cual justifica que sea la misma entidad pública quien expida el acto administrativo que declara simultáneamente el incumplimiento parcial y la multa ". pero no pueden pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas unilateral mente... En el contexto de lo antes expuesto.¿Cómo puede la entidad pública declarar. carece el Estado de competencia alguna para introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales al derecho común y. faculta a la entidad. b. y que su eficiencia depende de que la sanción se imponga antes del vencimiento del plazo contractual.1993 y su regulación . el siniestro que faculta al cobro de las pólizas de cumplimiento que comprendan el pago de las multas? si es probable que para el momento en que la decisión judicial se encuentre en firme. ¿El pacto de la fórmula ". Ministro se origina por el tránsito normativo. siguen de cerca uno anterior expedido por esta misma Sala. con ponencia del Dr. pues. el Señor Ministro formula a la Sala los siguientes interrogantes: "1. la administración llegare a percibir un incumplimiento del contrato. en aplicación de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.LA ENTIDAD podrá imponer al CONTRATISTA multas. luego abordará las funciones y tipos de cláusulas penales.. Teniendo en cuenta que según esta sentencia las entidades públicas no pueden imponer directamente la sanción y descontar su valor de los saldos adeudados al contratista. faculta a la entidad. que señala que las entidades públicas pueden estipular la cláusula penal y las multas en ejercicio de la autonomía de la voluntad. en virtud del principio de autonomía de la voluntad. dentro del expediente número 14579.
"los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. Anota la Sala que a partir de ésta idea se generalizó un error que consiste en pensar que en derecho privado no se pueden "imponer" ni multas ni cláusulas penales por parte de la administración. Este último consagraba un doble régimen jurídico para la contratación de las entidades públicas. lo obligaba al pago del valor de tales penas. pues al tenor del primer inciso del articulo 13 de la ley 80 de 1993. no existe una referencia legislativa para su interpretación y la definición de sus efectos.La nueva legislación unifica en una sola categoría jurídica. al distinguir entre la "imposición" de la multa y su "exigibilidad". según el decreto ley en comento. El tránsito legislativo en materia de potestades excepcionales. propia del régimen jurídico de los particulares.El Estatuto General de Contratación de la Administración no incluyó regulación alguna sobre las multas y la cláusula penal pecuniaria. por lo cual las entidades públicas contratantes carecían de las potestades excepcionales junto con el derecho a ejercerlas mediante actos administrativos. en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. A más de la expresión "hacer efectivas" las multas y la cláusula penal pecuniaria. salvo en las materias particularmente regálenlas en esta ley. por lo que se hablaba en ese entonces de contratos de derecho privado de la administración y de contratos administrativos. la de los contratos estatales. comúnmente conocidos como de definición previa y de ejecución oficiosa. se hacia mediante actos administrativos. . modificación. De aquí se han desprendido dos consecuencias. Más delante se vuelve sobre esta imprecisión conceptual. las cláusulas de multas y penal pecuniaria y los problemas en su interpretación. y que en forma unilateral. multas. y la segunda. terminación de los contratos. actual Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. que se encuentra consagrado en forma expresa en ese estatuto. penal pecuniaria. " Era indiscutible que a éstos contratos se les aplicaba integramente el derecho público.. en los temas que apuntan a lo consultado. pero sólo permite incluir las potestades excepcionales en algunos de éstos. que gozan de los privilegios propios del ejercicio de la autoridad. las que prestaban mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva.I. . se utilizaba el vocablo "imponer para indicar que al ejercer estas potestades la Administración se encontraba en una posición de superioridad frente a su contratista. " . la primera consiste en que si en un contrato se estipulan cláusulas con estas denominaciones. así como "las relativas a caducidad administrativa. de suerte que es necesario aplicar las normas del código Civil sobre interpretación de los contratos para establecer su verdadero significado. Los contratos llamados de derecho privado de la administración se entendían celebrados bajo una situación de igualdad de las partes.Esta unificación del régimen legal de los contratos se hace bajo la regulación general del derecho privado. Antes de la expedición de la ley 80 de 1993. el del derecho privado y el del derecho público. . Al hacer una comparación entre la legislación anterior brevemente reseñada y el actual Estatuto General de Contratación. sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestases. Se entendía que era de la naturaleza de los últimos la inclusión de un grupo de estipulaciones que contemplaran la "aplicación de los principios" de interpretación. la totalidad de la contratación pública. se podían "hacer efectivas" mediante acto administrativo que declarase el incumplimiento o en la resolución de caducidad administrativa del contrato. que es licito acordar las cláusulas penales propias del derecho privado. salvo pacto expreso en contrario. En relación con las cláusulas de multas y la penal pecuniaria. garantías.. se precisan tres cambios a saber. se encontraba vigente el Decreto ley 222 de 1983. de lo que se desprendería que tan sólo es el juez el que podría hacerlo. por lo que el ejercicio de los derechos conferidos por las estipulaciones que se acaban de mencionar.
Las cláusulas penales cumplen variadas funciones. se ha referido a ellas. en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes. . como se dijo. no son exclusivos del derecho sancionador. o la de servir como una sanción convencional con caracterizada función compulsiva. por lo que se pasa a analizar brevemente la regulación de las cláusulas penales en los Códigos Civil y de Comercio II. La ley le permite a las partes. de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación. Las funciones de las cláusulas penales en derecho privado.Reseñados los cambios legales. agrega que la cláusula penal también se emplea como garantía. resalta la Sala los siguientes asertos que servirán de base al mismo: . en consecuencia. es necesario darle un contenido preciso a los mismos con el fin de proceder a las respuestas solicitadas por el Sr. para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada función compulsiva. y en lo que tiene que ver con el concepto que se expondrá mas adelante. la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial. Esa es la razón. toda vez que.La doctrina más autorizada. se refiere la Sala a la ordenación de estas últimas en el derecho privado. ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato. destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. según se pasa a explicar. Carlos Esteban Jaramillo. Expediente No. pues considera que cuando en un contrato estatal se pacten estipulaciones bajo las primeras denominaciones. . pues entonces. las que se conocen como cláusulas penales. la cláusula penal pecuniaria y en general sobre cláusulas penales. Ponente Dr. incluyan algunas estipulaciones en los contratos con estas finalidades.Ante todo. las cláusulas penales tienen como finalidad la de ser una apreciación anticipada de los perjuicios. la que "sólo se ofrece cuando la pena se estipula a cargo de un tercero. y en materia de contratos. . en su Sala de Casación Civil. como la de ser una tasación anticipada de los perjuicios. no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo. que al margen de sus mandatos. deben interpretarse bajo las reglas de las terceras. además.Por regla general. fijada por los contratantes. permita la acumulación de ambos conceptos. Del párrafo transcrito. los términos sanción y pena. a saber: "Entendida. ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato. la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios. no necesariamente hay que ser autoridad pública para poderlas exigir. Ministro consultante. y sólo mediante pacto expreso e inequívoco cumple las finalidades de servir de apremio o de garantía. los cuales. para sancionarlo o para indemnizarlo. y a riesgo de ser superflua la advertencia. evento en el que. y donde. Es necesario recordar que las cláusulas penales son una forma de regulación contractual de los efectos del incumplimiento de las partes de un contrato. para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios." (Sentencia del 23 de mayo de 1996. se transcribe el siguiente párrafo. bien sea para prevenirlo. Dada la inexistencia de la regulación por parte del Estatuto General de Contratación de la Administración sobre el tema de las multas. pues. La Corte Suprema de Justicia. y por ser explicativa de los temas que se analizan. el tratamiento jurídico deberá ser diferente tanto para la pena como para la indemnización. 4607). entonces. en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular. la primera dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda. por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido. y solamente por vía de excepción. el acreedor tiene la alternativa de hacer efectiva la obligación principal sobre el patrimonio del deudor o de exigirle la pena a dicho garante” .
Lo dicho. o reconviniéndolo para constituirlo en mora. Puede ocurrir que el deudor deshonre su compromiso. de suerte que si hay mora. pues al tenor del articulo 1599 del Código Civil "habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado. para que el juez proceda a efectuar las declaraciones y condenas que se deriven del contrato y del incumplimiento. pues por lo general se deben entender como tasación anticipada de perjuicios. Se anota que para exigir el pago de una cláusula penal no es necesario que el juez declare el incumplimiento del contrato basta que esté en mora o haya sido reconvenido." . salvo que el contrato no preste mérito ejecutivo.". Lo usual es que los deudores cumplan con las obligaciones a las que se han comprometido. salvo: 1. que es indispensable para cobrar perjuicios. LA CLÁUSULA PENAL. se debe apreciar como estimación de los perjuicios. Del anterior aserto se desprende otra consecuencia que es conveniente reseñar: si la sanción pecuniaria estipulada en una cláusula penal es exigible aún por la vía ejecutiva. de manera que el acreedor tiene el derecho a exigirle que le satisfaga su crédito. Estas funciones las cumplían. puesto que la proposición en la que se afirme el incumplimiento del deudor. en la medida en que el contrato reúna las condiciones para servir de titulo ejecutivo. quien tiene derecho a exigirlo. al menos parcialmente. según se explica más adelante. es también aplicable a las cláusulas penales. en forma inmediata. es obvio que también puede ser compensada por ministerio de la ley. pues se cobraría dos veces la obligación. sino una u otra. Que se trate de cláusula penal moratoria y no compensatoria. El profesor Hernando Morales Molina explica las anteriores afirmaciones en estos términos: 181. entonces el acreedor cumplido debe proceder a instaurar un proceso judicial de conocimiento.. pues opera la regla general de la exigibilidad para ejecutar. las obligaciones que allí se encuentran pueden ser ejecutadas por el juez. Ante la mora. Efectuado el pago se extingue la obligación y termina normalmente el contrato. no debe probarse dentro del proceso ejecutivo. si fuere exigible. b) Que después de la mora. el acreedor puede acudir al juez para pedir que ejecute a su deudor para hacer efectivo el cobro de la sanción. haciendo el respectivo pago a su acreedor. tal como lo dispone el artículo 1715 del Código Civil. según el caso. caso en el cual habrá que acudir al juez para que declare que el deudor está obligado a pagar el valor de la pena estipulada. De aquí se desprende que si hay dudas en la interpretación de una determinada estipulación. el acreedor no puede pedir al tiempo la obligación principal y la cláusula penal.El pacto de las cláusulas penales facilita la exigibilidad del pago de los perjuicios causados. pero si no tiene esta fuerza. 2.. las derogadas disposiciones del decreto ley 222 de 1983 sobre multas y cláusula penal pecuniaria.. y si no lo hace.” "Esta norma (artículo 1594 del c. sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. que se predica de todos los contratos. Que se haya estipulado la compatibilidad entre la pena y la obligación principal.) implica: a) Que antes de la mora del deudor puede el acreedor demandar el cumplimiento de la obligación principal." Este brevísimo recuento le permite a la Sala llamar la atención sobre el hecho de que en el derecho privado las cláusulas penales cumplen las funciones de apremio. Es interesante también insistir en la forma de interpretar las cláusulas penales. se pueden considerar en sentido de cumplir las otras funciones.c. o sea que aquella sea mera garantía. de garantía y de valoración de perjuicios de conformidad con la jurisprudencia y doctrina citada que interpreta las reglas de los artículos 1592 al 1601 del Código Civil. lo obvio es que el deudor pague la obligación accesoria acordada en la cláusula penal. Dicho de otra forma. siempre que el correspondiente contrato preste mérito ejecutivo. o sea en su objeto inicial y en su equivalente en dinero. así como de la sanción convencional a manera de apremio o de garantía. y sólo por pacto expreso e inequívoco en palabras de la Corte. el acreedor puede acudir al juez para pedirle que lo ejecute y obligue a cumplir con lo pactado.
sin consideración a la que exista a favor del deudor en caso de contrato bilateral." "Luego. Trascribe la Sala in extenso la explicación del profesor Morales Molina. jurar los perjuicios nacidos del incumplimiento de la obligación. Habrá que analizar en cada caso concreto el pacto en cuestión. entonces quien esto estipula provee a conseguir una indemnización que lo habrá de compensar totalmente" (G. dada la autoridad intelectual del ya fallecido autor. esto es derivadas de la "falta. Figuran también en el título ejecutivo los perjuicios."Este principio se halla implícitamente reiterado en los Arts." "182. 1. que como dicen los autores de derecho civil. como del hecho de englobar en unos pocos párrafos los puntos objeto del análisis que se hace Como en el actual Estatuto General de Contratación de la Administración no existe una regulación de las cláusulas penales o de las multas o similares y el artículo 13 del mismo expresamente remite la regulación de los contratos a los Códigos de Comercio y Civil. Se trae a cuento esta definición con el fin de indicar que una estipulación contractual denominada "multas" puede ser una cláusula penal de las reguladas por el derecho privado en las normas que se comentan. 1608. o que se hable de multa. constituye el avalúo hecho por las partes de los perjuicios a que pueda dar lugar la inejecución (perjuicios compensatorios) o el retardo en la ejecución (perjuicios moratorios) de la obligación. o sea la cláusula penal pactada conforme al Art. El incumplimiento del acreedor ejecutante constituye excepción. III. la palabra multa significa "pena pecuniaria que se impone por mía falta. entre ellas la de contrato no cumplido. la cláusula penal compensatoria o moratoria debe ordenarse pagar en el auto ejecutivo.C. de hacer y de no hacer. 493. por regla general pueden oponerse las mismas excepciones que a la obligación principal. en su caso. lo cual se necesita aunque haya plazo vencido (art. o por contravenir a lo que con esta condición se ha pactado. C. implica por sí misma que se esté pactando una "sanción pecuniaria" a manera de potestad exorbitante. Más para librar ejecución se contempla exclusivamente la obligación que ella sustituye por equivalente. deberá preferirse a aquel en que . lo explica la Corte así. A la cláusula penal. Enseguida se ocupa la Sala de analizar los efectos de estos pactos bajo el régimen del citado estatuto. exceso o delito. según las cuales debe estarse a la intención de las partes una vez sea conocida claramente. 495 y 504 del C. 1595). Final). sea que así se denominen. excepto que las partes digan otra cosa. inc. como para efectos de mora del deudor. de manera que no necesariamente una cláusula así intitulada en un contrato estatal. o que se trate de arras penales como adelante se verá. pág. lo que a contrario significa que la orden de pago debe comprender los perjuicios compensatorios o inóratenos que obren en dicho título. num. 1592 del C. como de carácter privado. aplicando las reglas sobre interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil. para poder cobrarle la cláusula penal. "si no figuran en el titulo ejecutivo". Para el Diccionario de la Real Academia. que autorizan en obligaciones de dar. exceso o delito".. "Cuando por el convenio de las partes aparece que la pena tiende a reemplazar la ejecución de la prestación en forma principal y se debe en el momento de la inejecución. "proposición que indica claramente que en el lenguaje común el término multa se emplea para definir sanciones pecuniarias tanto de carácter público. J. que son las pactadas convencionalmente. tanto para la obligación principal según se dijo. pero si se persigue la obligación principal basta su exigibilidad (salvo en las obligaciones de hacer que en todo caso requieren la mora) para que sea ejecutable. aunque sin el aditamento de la cláusula penal moratoria. de P. las entidades estatales pueden acordar las cláusulas penales reguladas por el derecho privado a las que se ha hecho mención en éste acápite." "Que la cláusula penal se presume compensatoria. y también la que expresa que el sentido en que una cláusula sea capaz de producir algún erecto. 123). No 1933. si el deudor ha sido constituido en mora de cumplir la obligación principal mediante requerimiento (art. Las cláusulas de multas en la contratación estatal y su función como cláusulas penales.
que el régimen del incumplimiento de los contratistas particulares es diferente según se cuente o no con estas potestades. exclusiva del derecho público. que era connatural al primero de ellos. Hecha la correspondiente interpretación. . para terminar integrando lo expuesto en materia de cláusulas penales con tal régimen de incumplimiento. Ministro. que las entidades contratantes gozaran del derecho a incluir las potestades exorbitantes pues se estaba en presencia de contratos administrativos. en lo posible deben ser tenidas como válidas e interpretadas bajo la regulación de las cláusulas penales. que como se dijo. mientras que en el segundo régimen su inclusión era excepcional y expresa. lo que significa.erecto. "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto. para los efectos de este análisis. son obligatorias a partir de la mora del deudor. al no tener referente legal vigente. Considera la Sala que debe detenerse en el tema de la exigibilidad de las cláusulas penales. Se empezó este recuento manifestando que las cláusulas penates son estipulaciones sobre los efectos del incumplimiento contractual. consideraba dos regímenes jurídicos aplicables a los contratos que celebraba la administración. y así lo regulaba la ley. deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno. al desaparecer las cláusulas de multas y la penal pecuniaria como consecuencia del cambio de legislación. y éste es el efecto legal que debe prevalecer al interpretar el contrato en el que se incluyeron. decidieron acordar un apremio. se les deben dar los efectos que correspondan según las reglas antes reseñadas. los contratistas tienen la posibilidad de discutir su clausulado durante la etapa precontractual. de manera que pasa ahora la Sala a ocuparse de la forma como el actual Estatuto General de Contratación de la Administración regula el incumplimiento del contratista. pues si bien los contratos estatales son por lo general de adhesión. En el primer punto de este concepto. Los dos regímenes de incumplimiento del contratista particular en el Estatuto General de Contratación de la Administración. se siguen estipulando cláusulas que se denominan multas o penal pecuniaria que. La Sala considera que al desaparecer la legislación anterior y al tener que interpretarse las cláusulas de multas y la penal pecuniaria bajo el régimen de las cláusulas penales del código civil. una garantía o una valoración de perjuicios. se reitera.. A pesar de que de la ley 80 de 3993 reguló la totalidad de la contratación bajo la categoría jurídica del contrato estatal. creó en la práctica dos especies de contratos estatales. Por el peso de la tradición en la práctica cuotidiana de los contratos estatales. prestan mérito ejecutivo. debe tomarse como estimatoria de los perjuicios. aquellos que tienen las cláusulas excepcionales y los que carecen de ellas. Se entendió. debe primar la verdadera intención de las partes que. Como se advirtió el verbo "imponer" se encontraba en el derogado artículo 71 del decreto ley 222 de 1983." La validez de éstas estipulaciones se fundamenta en los principios de la autonomía de la voluntad y de la buena fe contractual. como se estudia enseguida. pues. se analizaba cómo el decreto ley 222 de 1983. Se anota que si la parte incumplida es la administración. a pesar de su inadecuada titulación. Además. solicitando las modificaciones al mismo en las oportunidades previstas al efecto de manera que no pueden luego alegar la nulidad o la ineficacia de las estipulaciones penales para eludir el pago de las sanciones que voluntariamente convinieron. y se entendió como característico de una relación jurídica de subordinación. De esta manera. conforme al mandato del artículo 1620 del Código Civil. no es posible "imponer" ninguna de las anteriores. y si no las paga voluntariamente. si hay ambigüedad sobre la función que cumple la cláusula penal. no puede hablarse en estricto sentido de "imponer multas" sino de la "exigibilidad" de las penas estipuladas en los contratos. el artículo 14 determinó que las potestades excepcionales sólo se incluirían obligatoriamente en algunos contratos y de manera facultativa en otros prohibiendo su estipulación en los demás. especialmente la de caducidad administrativa. pues según se desprende de la consulta formulada por el Sr. como ya se dijo. el del derecho público y el del derecho privado. En consecuencia. sus efectos se rigen por el artículo 50 del Estatuto General de Contratación de la Administración. deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. IV.
El artículo 18 del Estatuto General de Contratación de la Administración. bien sea a través del garante o de otro contratista. Es común que los estudiosos de la cláusula de caducidad de los contratos administrativos y estatales. potestades que significan que entre la autoridad contratante y el particular contratista se genera una relación contractual. que garanticen la ejecución del objeto contratado. adoptará las medidas de control e intervención necesarias. hizo un completo estudio sobre las potestades excepcionales en la ley 80 de 1993. cuando a ello hubiere lugar. imponer mediante acto administrativo debidamente motivado la interpretación. la misma norma que se comenta. denominadas en la literatura jurídica como exorbitantes. es también obvio que hay lugar al pago de los perjuicios que del mismo se deriven. así las cosas. por sí y ante sí. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad. pues ésta es la misma del derecho privado. según la redacción exacta de ellas Es entendido que si éstas serían exigibles por la vía ejecutiva en el derecho privado. se recuerda que las hoy conocidas como potestades excepcionales. en la siguiente forma: "Artículo 18. que en principio supone la igualdad de las partes. con el fin de limitar este análisis exclusivamente al tema de las cláusulas penales. o mantenerlo adoptando las medidas de control e intervención necesarias. la entidad pública tiene la opción de terminar el contrato declarándolo caducado. le da a la caducidad el efecto de ser constitutiva del siniestro de incumplimiento. " De la norma transcrita destaca la Sala que ante el incumplimiento grave del contratista. sino en la posibilidad de realizar unilateral mente las acciones propias de la opción. es claro que la declara mediante acto administrativo que goza de los privilegios de la declaración previa y la ejecución oficiosa. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. que es una de estas potestades excepcionales. en al acto administrativo que la declara puede cobrársela al contratista particular. por lo que se remite al mismo. también lo deben ser por la vía del acto administrativo que declara la caducidad.a) La operatividad de las cláusulas penales en los contratos con cláusula de caducidad. quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista. A pesar de la anterior advertencia. centren su exposición en el ejercicio y límites de los poderes de la administración. La Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto No. La preeminencia pública se refleja. si en un contrato estatal con cláusula de caducidad se pactó alguna cláusula penal. pues se entiende que son tales potestades las que los diferencian de los contratos de derecho privado. .Es obvio que la administración. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. pero que también lleva insita una relación de subordinación. regula la caducidad de los contratos estatales. la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. que significa que la administración puede. 1293 ya relacionado. está habilitada para declarar el incumplimiento del contratista y por ello caduca el contrato. la modificación o la terminación del contrato. y ejercer las atribuciones que se derivan de la institución de la caducidad administrativa en caso de incumplimiento. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado. se caracterizan porque la administración goza de unos privilegios de origen legal. a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad. que garanticen la ejecución del objeto contratado. De la caducidad y sus efectos. es decir. aún sin el consentimiento de su cocontratante. bajo la óptica señalada. Además. de garantía o de indemnización de perjuicios. no en la opción que surge para la administración. que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. la de caducar el contrato o la de adoptar las medidas necesarias para la ejecución del mismo Si la administración se decide por la caducidad. que en varios casos son ordenados directamente por la ley y en otros su pacto es facultativo. a manera de apremio.
no se puede incluir la orden de pagar la cláusula penal debidamente pactada. o cuando su finalidad sea la de compeler al incumplido a que ejecute cabalmente sus compromisos. no pueda obligar al pago de la cláusula penal que por si misma es exigible con el mero incumplimiento. sostener que en la resolución de caducidad de un contrato. De esto se desprende que es absurdo pensar que en el acto administrativo de caducidad de un contrato. las reglas del incumplimiento son las mismas del derecho de los particulares. de acuerdo con lo autorizado por el segundo inciso del artículo 18 trascrito y obviamente en consideración de las reglas de la sana administración. esto es. según lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia. Ahora bien. bajo éste régimen del artículo 18 del Estatuto General de Contratación de la Administración. pues éste último tiene a su favor la vía ejecutiva mientras que la administración debe iniciar un juicio de conocimiento para que declaren la exigibilidad de la cláusula penal. y por lo mismo los efectos del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista particular se rigen por el derecho privado. En caso de haberse pactado cláusulas penales bajo cualquiera de las modalidades antes explicadas en los contratos que carecen de las potestades excepcionales. podría también mediante acto administrativo que declare el retardo o el incumplimiento parcial de la obligación. En este acto modificatorio o aclaratorio de las obligaciones de las partes. puede incluirse el pago de las cláusulas penales. ésta puede. la administración carece de estas atribuciones. Se insiste en que las cláusulas penales así pactadas son exigibles y en principio prestan mérito ejecutivo. Es indiscutible." lleva a poner a la administración en una situación de desventaja frente al particular. adoptarlas y hacerlas obligatorias. Entiende la Sala que las cláusulas penales pactadas en los contratos estatales con cláusula de caducidad. la administración debe actuar como cualquier particular en una relación contractual. y que ésta debe acudir al juez del contrato para que la "imponga. en los contratos en los que está prohibida la inclusión de las potestades excepcionales. o que siendo facultativa su estipulación no se hallen en el contrato. Cuando no existan las potestades excepcionales . sólo que su exigibilidad debe integrarse a los actos administrativos en los que se ejerzan estas atribuciones. al no existir los privilegios propios de las cláusulas excepcionales al derecho privado. aunque el contrato se denomina estatal. b) La operatividad de las cláusulas penales en los contratos estatales que carecen de la cláusula de caducidad. o de aquellos contratos celebrados por entidades públicas que no están sometidos a la ley 80 de 1993. bien sea que sólo ejecuta por la indemnización de perjuicios." Por esta razón es válido tanto su cobro como su compensación. según se expuso. que puede ser la cláusula penal compensatoria. o. regular y sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de los contratantes. cumplen las mismas funciones que en el derecho privado. En éste caso. cuando de su redacción aparezca que contienen una indemnización moratoria. Por tanto. bien sea que se decida caducar o continuar con el contrato celebrado. pues. su exigibilidad se hará conforme con las normas del derecho privado expuestas anteriormente. presta mérito ejecutivo conforme al artículo 68 numeral 4 del código contencioso administrativo. ante la jurisdicción administrativa. la práctica cuotidiana enseña que por lo general se reúnen las partes contratantes y mediante un documento contractual definen las medidas que es necesario adoptar para que la ejecución del contrato llegue a buen fin. la entidad contratante puede decidir no caducar el contrato. según lo ordena el articulo 13 de la ley 80 de 1993. De acuerdo con lo expuesto.Argumentando por el absurdo. Cualquiera de estas decisiones. por lo que su pago es obligatorio. en el que se entiende incorporado el poder de la administración y que goza de los privilegios que le son propios. requerirá a su contratista. independientemente de que alguien decida "imponerlas. en cuyo caso tiene la opción propia del derecho privado: bien sea que ejecuta para el cumplimiento de la obligación principal mas la indemnización moratoria de perjuicios o las cláusulas penales que sea posible acumular con la primera. que si el contratista no se aviene a convenir con la administración las medidas necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado. y bajo el amparo del articulo 18 de la ley 80 de 1993. o cuando haya una garantía a cargo de un tercero. mediante acto administrativo debidamente motivado. y si incumple deberá acudir a la jurisdicción administrativa. Dicho en otra forma. cobrar las cláusulas penales estipuladas para éstas situaciones. Esta situación es similar e la que se vivía bajo el régimen del decreto ley 222 de 1983 con los contratos de derecho privado de la administración. esto es precaver.
y por último. es posible incluir el valor de las cláusulas penales que sean exigibles. quienes deberán proceder a pagar el siniestro o a objetarlo en forma motivada. plantear coordinación con la jurisprudencia y doctrina de la Corporación. el valor causado por la exigibilidad de las cláusulas penales. según las cuales es necesario presentar una reclamación ante las compañías de seguros. Debe recordarse entonces que la ley 80 de 1993 exige por parte del contratista la constitución de una "garantía única". la única solución posible es la de aplicar en éste tema en su integridad las reglas del código de comercio. Entonces. así como a la prescripción. La vigencia de las pólizas de seguros es el lapso en el cual la aseguradora se obliga a responder por el riesgo amparado. sino porque sólo la ley y los reglamentos que la desarrollen pueden asignar funciones públicas. que es para la doctrina lo que el siniestro determina. la segunda es referente a la vigencia de las pólizas de garantía. Las anteriores afirmaciones chocan con la práctica contractual. Dado que al ser exigibles las cláusulas penales prestan mérito ejecutivo. . o cláusulas penales no exigibles. El problema radica en dilucidar cuál es el efecto de una cláusula así establecida por el asegurador y su cliente. recordando además que la póliza presta mérito ejecutivo por si sola en los casos del articulo 1053 del código de comercio. Se aclara que la liquidación unilateral del contrato no puede convertirse en una suerte de nueva potestad exorbitante para que la administración "imponga" sanciones no autorizadas por la ley. las aseguradoras exigen la expedición de un acto administrativo en el que conste el incumplimiento como requisito para el pago del valor del siniestro. como en el acto administrativo que la haga. parece suponer que la declaración del siniestro que faculta al cobro de las pólizas debe hacerse durante la "vigencia" de las mismas. en la forma como se ha expuesto. que deberá mantenerse vigente durante la "vida" del contrato y su liquidación. no sólo porque la administración no es parte del contrato de seguro de cumplimiento. Pasando al" segundo tema. se hace notar que éste institución no es exclusiva de aquellos contratos en los que se hayan pactado o deban ser incluidas las potestades excepcionales.enumeradas en el artículo 14 del Estatuto General de Contratación de la Administración. asunto que remite a la oportunidad de la ocurrencia del siniestro para efectos de hacer exigible "la deuda de responsabilidad". sin tener en cuenta que en el contrato garantizado no se incluyen las cláusulas excepcionales. procede la Sala a efectuar tres consideraciones: la primera consiste analizar la posibilidad y límites que tiene la administración para incluir en la liquidación del contrato. Tanto en el convenio en el que se establezca el mutuo acuerdo para liquidar el contrato. la administración no puede expedir actos administrativos para terminar el contrato. c) Consideraciones finales. bien la consensuada o la unilateral. su expiración no opera ni por falta del pago de la prima ni por la revocatoria unilateral. siendo común a todos los que encajen en la categoría de Estatales y que sean de tracto sucesivo o que por su naturaleza lo requieran. con la expresa advertencia de que tratándose de pólizas. Para concluir éste acápite. pues en el clausulado de las garantías. advierte la Sala que la pregunta formulada en la consulta distinguida con la letra "a)". el contratista del estado Para la Sala es claro que esta estipulación contractual carece de la fuerza necesaria para atribuirle una competencia o potestad administrativa a una entidad pública. En relación con el contenido de la liquidación del contrato estatal. deben ser incluidas en la liquidación del contrato como un pasivo a cargo del contratista. o declarar el incumplimiento total o parcial del mismo. Además sería inútil para la administración expedir unos actos administrativos para el cobro de las garantías que posteriormente serian anulados por la jurisdicción contencioso administrativa por falta de competencia. consistente en una póliza de seguros o una garantía bancaria.
el Código en cita regula dos modalidades de prescripción: la ordinaria.. para declararla. en las mismas condiciones expuestas en la pregunta anterior. bien mediante acto administrativo en los casos en que se ejerciten las potestades del artículo 18 de la ley 80 de 1993. situación que no se presenta dentro de las decisiones judiciales en las que las pretensiones de la demanda limitan el estudio de las normas que debe interpretar y aplicar el juzgador. ¿El pacto de la fórmula ". en especial con la sentencia citada por la misma solicitud de concepto. y la extraordinaria. la que ha recibido amplia divulgación. faculta a la entidad. en virtud del principio de autonomía de la voluntad. o bien mediante reclamación siguiendo el establecido en el código de comercio en los demás. de fecha 20 de octubre de 2005. teniendo en consideración que si cumple una función de apremio o de garantía éstas deben ser inequívocas. como se dijo. en el concepto dictado por esta Sala de Consulta con radicación No. también pueden encontrarse algunas diferencias conceptuales A pesar de la impresión que pudiere darse. bien sea adelantando un proceso ejecutivo contractual ante la jurisdicción contencioso administrativa. Ministro. el término de la prescripción iniciará con la reclamación. Antes de concluir. Igualmente podrá compensarla de acuerdo con las reglas generales del Código Civil. expedida en el proceso No. faculta a la entidad. Con base en las premisas anteriores» la Sala RESPONDE: "1. 14579. la administración podrá cobrar su valor al contratista. sintetizándolos bajo una perspectiva de conjunto. El procedimiento será. que se cuenta desde la ocurrencia del siniestro. debe tomarse como cláusula penal a manera de tasación anticipada de perjuicios. para que las aseguradoras respondan por el riesgo de incumplimiento por ellas asegurado.El Código de Comercio asume el criterio de que el siniestro es la ocurrencia del hecho. ¿La estipulación de la cláusula penal." en principio tal disposición debe ser interpretada siguiendo las reglas propias de las cláusulas penales. de manera que es la fecha de ocurrencia del siniestro la que determina el inicio del término de prescripción respecto de la víctima.. pues respecto del asegurado. de cinco años. y el 867 del código de comercio. y que en caso de duda en su interpretación. " en las estipulaciones contractuales.LA ENTIDAD podrá imponer al CONTRATISTA multas. es exigible a partir del incumplimiento o de la mora del contratista. bien sea adelantando un proceso ejecutivo contractual ante la jurisdicción contencioso administrativa. bien sea incluyéndola en los actos administrativos en que se ejerza alguna de las potestades del articulo 18 de la ley 80 de 1993. éste debe llevarse a cabo dentro del plazo de vigencia de la póliza. imponerla y descontarla unilateralmente?" 2° La estipulación de una cláusula penal está regulada por los artículos 1592 a 1601 del código Civil. y a estas normas habrá de remitirse en caso de ser pactada en un contrato estatal. contada a partir del momento en que el asegurado conoció o debió tener conocimiento del siniestro. De esta manera. la administración podrá cobrar su valor al contratista. "2. Igualmente podrá compensarla de acuerdo con las reglas generales del código Civil . Igualmente. en virtud del principio de autonomía de la voluntad. la Sala en el presente concepto se ha basado en los anteriores pronunciamientos tanto Jurisdiccionales como los expedidos en ejercicio de la función consultiva. si esta cláusula penal intitulada como multa. no existe un referente legal exacto que permita interpretar y extraer los efectos jurídicos de una cláusula en la que se acuerde la facultad para "imponer a) contratista multas. dada la amplitud de las preguntas formuladas por el Sr. " A su vez.. bien sea incluyéndola en los actos administrativos en que se ejerza alguna de las potestades del artículo 18 de la ley 80 de 1993. es claro para la Sala de Consulta y Servicio Civil que la interpretación que ha hecho de la operatividad de las multas en tanto cláusulas penales y la del articulo 18 de la ley 80 de 1993 pueden ser vistas como una contradicción con providencias de la Sección Tercera de esta Corporación. Dado que en el derecho contractual vigente. Si esta cláusula penal es exigible a partir del incumplimiento o de la mora del contratista. 1293 anteriormente citado. imponerlas y descontarlas mi lateralmente? " 1°. para declararlas. En el contexto de lo cintos expuesto. Entonces. de dos años..
cuando el contratista incumpla. a) El garante de las obligaciones del contratista en la contratación estatal. APONTE SANTOS FLAVIO A. RODRÍGUEZ ARCE LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO LIDA YANNETTE MANRIQUE ALONSO Secretaria de la Sala 28 DE JUNIO DE 2006 BOGOTA. es por lo general una compañía aseguradora que ha expedido un seguro de cumplimiento. Este está obligado a pagar."3. el siniestro que faculta al cobro de las pólizas de cumplimiento que comprendan el pago de las multas? si es probable que para el momento en que la decisión judicial se encuentre en firme. la administración deberá presentar una reclamación en los términos del código de comercio. deberá pagar contra la ejecutoria de los mismos.. Transcríbase al señor Ministro de Defensa Nacional y a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO Presidente de la Sala GUSTAVO E.¿Procede la confirmación de una Resolución que impuso una multa. b. 15 DE AGOSTO DE 2006 . D. la vigencia de la póliza haya expirado. En el evento de que la respuesta anterior sea negativa: a. b) Del texto de la consulta formulada a la Sala de Consulta y Servicio Civil no se desprende ningún fundamento para dar respuesta a ésta pregunta. después que se ha conocido la sentencia del Honorable Consejo de Estado aquí mencionada? " 3°. Si carece de ésta facultad. en los términos de su contrato.¿Cómo puede la entidad pública declarar. en forma expedita.C. y. Si la administración está autorizada a dictar actos administrativos como en el caso de las potestades del artículo 18 de la ley 80 de 1993.
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