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Timestamp: 2020-02-24 22:05:24
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Voces múltiples por el derecho a la comunicación | El Dipló
Absurda (e interesada) discriminación
Voces múltiples por el derecho a la comunicación
En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una norma heredada de la dictadura militar que prohíbe a las organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro acceder a licencias de radiodifusión. La medida constituye un importante avance hacia una Ley de Radiodifusión democrática que ordene el caos y la alta concentración imperante en el espectro radioeléctrico nacional. La existencia de medios comunitarios es un factor fundamental para la promoción de los derechos humanos.
“Si tu radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; si tu radio informa verazmente; si en sus programas se estimula la diversidad cultural; si ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; si en tu radio no se toleran las dictaduras, ni siquiera la musical, impuesta por los sellos grabadores; si en tu radio la palabra de todos vuela sin discriminación ni censuras… ¡Tu radio es ilegal! ¡Marche preso!”.
Este mensaje, extracto de una cuña producida por la emisora FM Alas de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, salió al aire en el año 2002 como parte de una campaña de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO)1 en contra de un proyecto para penalizar a las emisoras de radio “ilegales”.
El 23 de octubre de 2002, a pesar del rechazo de FARCO y la Asociación Periodistas de Argentina –amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos2– y del reclamo de entidades internacionales como Reporteros sin Fronteras, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó en general dicho proyecto de ley que, entre otros artículos, incorpora al Código Penal el artículo 197 bis. Allí se establece que “el que, sin autorización del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) realizare emisiones de radio o televisión (…) será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si el hecho impidiere, estorbare o entorpeciere de cualquier manera la realización o la repetición debidamente autorizadas de emisiones de radio o de televisión, las penas previstas en el párrafo anterior se elevarán al doble”.
Impulsado por la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI3) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), el proyecto de ley contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, votada en octubre de 2001 en un trámite sin debate y particularmente veloz. En los días anteriores se habían producido interferencias en el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS, en inglés) del Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, que ciertos medios de prensa se habían apresurado a atribuir a las radios “ilegales”. Sin embargo, la Fuerza Aérea determinó luego que la causa de esas interferencias había sido las señales de las radios FM Aspen y Metro, que cuentan con licencias otorgadas por el COMFER4.
En cualquier caso, el proyecto parece hoy enterrado, pues nunca ha sido tratado en particular ni cuenta con el impulso del actual Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pero distintas fuentes advierten que el senador del Partido Justicialista Miguel Ángel Pichetto ha intentado reflotarlo en los últimos días.
“Desastre organizado”
La necesidad de ordenar el espectro radioeléctrico es reconocida por todos los actores de la radiodifusión. Según las fuentes, el número de emisoras sin licencia varía entre 3.000 y 6.000. Pero las irregularidades superan ampliamente el problema de la existencia de emisoras “no autorizadas”: en realidad, existe un caos de medidas contradictorias, monopolios, transferencias no aprobadas, testaferros, etc. En 2001, el ex interventor del COMFER, Gustavo López, denunció la “existencia de un desastre perfectamente organizado”5. Desde FARCO señalan que el desorden es responsabilidad del Estado. Néstor Busso, presidente de la entidad y periodista de Radio Encuentro de Viedma (Río Negro) sostiene que “la ilegalidad no está en las radios; está en el Estado, que no ha arbitrado los medios necesarios para administrar las frecuencias, lo que constituye una obligación constitucional”. Gastón Montells, director de FM La Tribu, del barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires, afirma por su parte que “la penalización es política, no legal”6.
Las radios comunitarias vienen reclamando desde hace años la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la Ley 22.285, sancionada en 1980 por la dictadura militar y modifique su artículo 45 (que prohíbe a las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro acceder a licencias de servicios de radiodifusión), cuya inconstitucionalidad ha sido reconocida en dos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver Villafañe, pág. 33). Todo este tiempo funcionaron en base a amparos o medidas cautelares, en una relación casi esquizofrénica con el mismo Estado, que en muchos casos las ha declarado de interés público, colabora con ellas en campañas ciudadanas o incluso, como en la Provincia de Río Negro, las patrocina legalmente.
Pero las radios comunitarias rechazan una ley específica para su actividad. Por un lado, porque ello podría derivar en regulaciones restrictivas que limiten su potencia, contenidos, cantidad de frecuencias disponibles o les prohíba vender publicidad o conectarse en cadena. Pero sobre todo porque su objetivo central es más amplio: “democratizar la palabra para democratizar la sociedad”7. “No estamos trabajando en defensa de nuestras radios, defendemos un modelo diferente de comunicación. La comunicación es un derecho que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. Es el ejercicio de un derecho humano, no un negocio comercial. Se trata de que todos puedan expresarse”, afirma Busso.
El sector privado, por su parte, tiene plena conciencia de lo que está en juego, más aun cuando están prontas a vencer la mayoría de las licencias de las radios AM otorgadas por la dictadura militar por un plazo de 15 años y prorrogadas por 10 años durante el gobierno de Carlos Menem. En una columna titulada “Polémica decisión judicial”, el diario La Nación señalaba que “la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) ha puesto en jaque a todo el mercado de la radio, la TV y el cable. (…) Los radiodifusores privados han encendido luz roja de alerta”8. Ya en 2001, Luis Tarsitano, presidente honorario de la AIR advertía sobre los peligros del fenómeno de la “ilegalidad” radial: “Esto va a producir una retracción en la demanda publicitaria. (…) Está desapareciendo la radio como difusora de marca”9.
Ante los temores generados por la decisión de la Corte, el actual interventor del COMFER, Julio Bárbaro, afirmó que “la ley de la selva en la que algunos se quisieron cobijar no fue una decisión digna. Ahora comprenderán que hace falta una nueva ley”10. Sin embargo, el ritmo que el organismo pretendía imprimir a la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión a comienzos de la gestión de Néstor Kirchner se ha frenado y, a pesar del consenso sobre los proyectos en danza en el Congreso de la Nación, es poco probable que una nueva ley vea la luz este año. Mientras, se produce un vacío legal que podría derivar en una catarata de juicios si el PEN no sanciona un decreto de necesidad y urgencia o el Congreso reforma el artículo 45 de la Ley.
Por ahora, el COMFER trabaja en un registro voluntario de organizaciones sociales que quieren obtener licencias de radio y TV, para distinguirlas de aquellos que se disfrazan de comunitarios. En total se estima que existen entre 250 y 300 radios comunitarias en todo el país. “Los poderosos aceptan a las radios comunitarias siempre que sean pocas, pobres y pequeñas11 –señala Busso– pero no es el tamaño lo que las define, sino las características de su funcionamiento participativo, abierto; su forma de gestión, democrática, horizontal, y también su forma de propiedad, que tiene que ser una propiedad social”.
La construcción de una agenda propia constituye uno de los desafíos centrales de todo proyecto de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Ernesto Lamas, director del Espacio La Tribu, reconoce que los oyentes de la radio admiten cambiar de frecuencia o encender la televisión ante una noticia de alto impacto: “Decidimos no correr detrás de la noticia de último momento (…) sino buscar una mirada más interpretativa, más de opinión, y construir noticias directamente con nuestras fuentes”.
La participación se vuelve entonces fundamental. “Es muy importante construir un diálogo con la sociedad y generar un espacio a través del cual puedan recomponerse los lazos sociales, (…) sobre todo para restituir la capacidad de la respuesta. Mucho más importante que el hecho de que alguien hable es que (…) las instancias de emisor y receptor puedan romperse para constituir un espacio de interlocución”, agrega Montells. Tras la crisis de diciembre de 2001, un grupo de estudiantes, oyentes y vecinos de La Tribu sin experiencia en periodismo se acercó a la radio para hacer pública su voz. Se creó entonces una red de corresponsales populares que transmiten desde la calle inmersos en movilizaciones, asambleas, fábricas recuperadas, comedores…
“Lo que define a la comunicación popular son los actores que hacen ese proyecto (…) no un discurso ideológico arreglado o bonito. Si la dirección de la radio, los que toman las decisiones y hacen los programas son obreros, desocupados, cartoneros, jóvenes, la radio tiene un perfil comunitario”, afirma por su parte Eduardo Nájera, coordinador del consejo de dirección de FM Bajo Flores, creada en 1996 por militantes sociales del comedor infantil Monseñor Enrique Angelelli, que necesitaban ampliar sus objetivos y comunicar las razones de su trabajo. “No tenemos la legalidad de los organismos oficiales, pero después de muchos años consideramos que tenemos la legitimidad del barrio”, agrega. Busso coincide: “Estamos insertos en los sectores populares. No es que vamos a los barrios; somos parte de ellos y somos parte también de sus intereses. (…) La gente se va apropiando de los medios (…) viene a la radio y no pide permiso para hablar, viene a hablar”.
El trabajo en red constituye otro vínculo esencial para las radios comunitarias. Las radios realizan talleres de capacitación e intercambian información tanto a nivel nacional, como regional e internacional. FARCO está integrada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) que integran 17 países y alrededor de 200 radios. Con satélite propio, ALER difunde seis informativos diarios con corresponsalías desde las principales ciudades de América Latina e información que proporcionan todas las radios. Asimismo AMARC, que nuclea a 1.000 radios comunitarias en todo el mundo, intercambia información por correo electrónico. Para Lamas, las radios comunitarias “tienen sentido si trabajan en red. Si trabajan solas pueden significar un mayor o menor impacto en su comunidad, momentos de brillo, pero son experiencias muy efímeras. Hoy, si hay algo que te garantiza coherencia en un camino alternativo es construir en red”.
Por esa razón, La Tribu apoyó al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE12 cuando en el año 2000 decidieron armar una red de radios para las comunidades campesinas de la provincia. El 14 de marzo pasado salió al aire FM del Monte, en la localidad de Quimilí, donde habitan 20.000 personas, y ya está funcionando una segunda radio en la localidad de Tintina. Ángel Lazo, que participa del programa “El gomerazo a tu memoria” señala que el proyecto nació “porque muchas radios FM de Santiago del Estero no tienen alcance rural, y las que sí lo tienen, son herramientas de los partidos políticos. (…) Las comunidades rurales, sean del MOCASE o no, querían tener otra voz, una voz rural y agraria”.
En un tramo del Informe para la Libertad de Expresión 2002 dedicado a los medios de comunicación comunitarios, el Relator Especial ante la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, sostiene que “la libertad de los individuos para debatir y criticar abiertamente las políticas y las instituciones los protege contra las violaciones a los derechos humanos. La apertura de los medios de difusión no sólo promueve las libertades civiles y políticas, sino que a menudo contribuye a los derechos económicos, sociales y culturales. (…) Sin embargo, la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presenta como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores más empobrecidos o vulnerables de la sociedad”13.
Las urgencias sociales suelen ocultar derechos que por intereses o por costumbre son considerados menores. En materia de comunicación, el Estado argentino atrasa al menos 20 años.
FARCO nuclea a alrededor de setenta radios comunitarias (www.farco.org.ar).
El Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional, establece en su inciso 1º que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Asimismo establece en su inciso 3º: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Agrupa a la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas y la Asociación Argentina de Televisión por Cable.
Nación, Buenos Aires, 10-12-01.
P. Stancanelli, “La lucha de las FM comunitarias por sobrevivir”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2001.
“Prohibido transmitir”, Proyectos 19/20, Buenos Aires, julio-agosto de 2003.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), “Carta de las Radios Comunitarias y Ciudadanas”, 29-8-1998 (www.amarc.org/amarc/esp).
La Nación, 6-9-03.
La Nación, 25-8-01.
Referencia a los permisos precarios y provisorios otorgados por el COMFER. Véase P. Stancanelli, op. cit.
Camilo Ratti y Guillermo Posada, “La tierra es nuestra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2000.
Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, cap. IV, E” (www.cidh.org/relatoria/).
Villafañe, Miguel Julio Rodríguez
Las cooperativas, mutuales y demás organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro buscaron siempre brindar, desde su filosofía, servicios de radiodifusión. Tenían clara conciencia de que el derecho humano a la información y a la comunicación es fundamental para el desarrollo de los pueblos y de las personas. En esa impronta, el espíritu cooperativo fue pionero en el esfuerzo mancomunado de permitir el acceso a la televisión a muchos, olvidados en la distancia, a través de la instalación de antenas comunitarias en los diversos rincones alejados de Argentina. Se ayudó de esa forma a morigerar la desigualdad que existía entre los grandes centros urbanos respecto de las localidades más pequeñas del interior del país. Vale recordar que era típico en sectores distantes de los centros de poder que, para lograr ver televisión, tuvieran que instalar onerosas antenas, de imponente altura y costosas para cada usuario individual. La concreción de antenas comunitarias por las cooperativas hizo accesible, para gran cantidad de personas, la recepción de la televisión. Además, como la señal se distribuía por un cableado que intercomunicaba, ello constituyó la antesala del servicio integral brindado por cable. Por su parte, la radiodifusión comunitaria entregaba espacios a los ignorados y sin voz. El avance era importante y muy valioso, en manos de entidades de estructura igualitaria y modalidad democrática. En el mismo impulso, dichas entidades querían fortalecer su presencia en materia de radios y canales de televisión. Ello garantizaría los derechos antes referidos y, además, la identidad cultural, los derechos a la recreación en igualdad de opciones, a participar y controlar la actividad pública, a generar fuentes de trabajo y a enseñar y aprender, desde una perspectiva de la economía solidaria, entre muchos otros aspectos positivos a tutelar.
Pero en 1980, el gobierno militar de facto dictó la ley 22.285. En su artículo 45 se estableció que sólo las entidades comerciales podían acceder a la titularidad de licencias de radio o televisión o brindar servicios complementarios, como antena comunitaria, servicio de cable, etc. De esa manera se marginaba de la licencia para prestar radiodifusión, en sus diversas modalidades, a las organizaciones sin fines de lucro, como cooperativas, mutuales, gremios, fundaciones, iglesias y demás asociaciones civiles que carecen de fines comerciales. Esa ley, concebida al calor de la Doctrina de la Seguridad Nacional, pretendía mantener un férreo control sobre los contenidos de los medios de comunicación.
Pero si todo eso era resultado de tiempos de dictadura, resulta inconcebible que durante todo el período democrático inaugurado en 1983 no se haya derogado esa norma atentatoria de la libertad de expresión. No obstante, algunos emprendimientos, con permisos precarios, brindaban algunos servicios de radiodifusión. Es el caso de la Asociación Mutual Carlos Mugica, que estableció la radio comunitaria La Ranchada, en la ciudad de Córdoba. Esta radio se constituyó en un espacio fundamental y valioso para una importante barriada popular, hogares de ancianos, cárceles y diversas propuestas de expresión de la comunidad. El permiso precario no daba derecho para el momento en que se licitara la frecuencia. En 1999, el Comité Federal de Radiodifusión comenzó a convocar a concurso para optar por un espacio en el dial, pero la exclusión existente hacía imposible a la mutual participar directamente en el concurso, con riesgo concreto de perder la frecuencia. En defensa de ese patrimonio social se acudió a la justicia, y al cabo de una lucha de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sentado que la referida disposición del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión es inconstitucional. El máximo tribunal concluyó que “no se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir que la actora (radio La Ranchada) intervenga en un concurso público para normalizar su situación legal y poder, en el caso de ser seleccionada, ejercer su derecho a la libre expresión. Por lo que el párrafo primero del artículo 45 de la ley citada y las normas dictadas en su consecuencia, en cuanto impiden que la demandante participe en concurso para la obtención de una licencia por no constituirse en una sociedad comercial, resultan violatorios de los artículos 14, 16, 28 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Otra resolución de la Corte en el mismo sentido favorece a la cooperativa de servicios públicos de Santa Rosa de Río Primero (Córdoba).
Ese pronunciamiento del máximo tribunal del país constituye un hecho trascendente en el necesario desmoronamiento del dique de discriminación que implica la exclusión de las entidades sin fines de lucro de la actividad de radiodifusión. La lucha ha sido valiosa y luego de estas sentencias, el futuro es promisorio en el tema. El objetivo obtenido hay que consolidarlo con la reforma de la ley, pero teniendo en cuenta que no se ha peleado para tener medios de radiodifusión o de prensa que brinden, de manera más barata, el mismo discurso único. Se busca, esencialmente, permitir que los medios sean un vehículo que transmita la cultura propia de la vivencia de genuinos valores democráticos y que eduquen en la solidaridad que fraterniza y en la igualdad que dignifica. Así, cooperativas, mutuales, radios comunitarias, gremios y demás organizaciones de la sociedad civil se sumarán a los soportes de los puentes que aseguran, a hombres y mujeres, el necesario paso de súbditos a ciudadanos.
Radio, Televisión, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Periodismo