Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-645-de-agosto-24-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_92815e80df809072e0430a0101519072&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 18:30:13
Document Index: 70636401

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 157', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 130', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 70', 'artículo 7', 'artículo 211', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 95', 'artículo 38', 'artículo 226', 'artículo 9', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 8']

﻿ Sentencia C-645 de agosto 24 de 2010
SENTENCIA C-645 DE 24 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE Y LA COMUNIDAD ANDINA Y SUS PAÍSES MIEMBROS (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA, POR OTRA PARTE” Y DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1349 DE 2009 QUE LO APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-645 de agosto 24 de 2010
Ref.: Expediente LAT-355
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 47427 de 31 de julio de 2009.
Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte
Artículo 1º. Principios.
Artículo 2º. Objetivos y alcance.
Artículo 3º. Objetivos.
Artículo 4º. Mecanismos.
Artículo 5º. Cooperación en materia de política exterior y de seguridad.
Artículo 6º. Objetivos.
Artículo 7º. Medios.
Artículo 8º. Cooperación en materia de derechos humanos, democracia y buena gobernanza.
Artículo 9º. Cooperación en materia de prevención de conflictos.
— Actividades de promoción del comercio, incluidos intercambios adecuados entre empresas de ambas partes;
— Misiones comerciales; análisis de mercado;
— Estudios sobre la mejor manera de adaptar la producción local a la demanda de los mercados exteriores.
1. Las partes acuerdan que las tecnologías de la información y la comunicación son sectores esenciales de la sociedad moderna, de vital importancia para el desarrollo económico y social y para una transición armoniosa hacia la sociedad de la información. La cooperación en este ámbito contribuirá a reducir la brecha digital y tratará de proporcionar acceso equitativo a las tecnologías de la información, especialmente en las zonas menos desarrolladas.
1. Las partes acuerdan que la cooperación en favor de las poblaciones desplazadas, desarraigadas y antiguos miembros de grupos armados ilegales contribuirá a satisfacer sus necesidades esenciales desde el momento en que finalice la ayuda humanitaria hasta que se adopte una solución a largo plazo para regular su estatuto.
— Previa petición y sin proceder a más trámites, cada país andino deberá readmitir a todos sus nacionales que se encuentren de manera ilegal en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, proporcionarles documentos de identidad adecuados y poner a su disposición los servicios administrativos necesarios a tal efecto; y
— Previa petición y sin proceder a más trámites, cada Estado miembro de la Unión Europea deberá readmitir a todos sus nacionales que se encuentren de manera ilegal en el territorio de un país andino, suministrarles documentos de identidad adecuados y poner a su disposición los servicios administrativos necesarios a tal efecto.
a) En el marco de la aplicación íntegra de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como de los convenios e instrumentos internacionales;
b) Incumplimiento por la otra parte de los elementos esenciales del presente acuerdo a que se refiere el apartado 1 del artículo 1º.
Declaración de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea relativa a la cláusula sobre el regreso y la readmisión de los migrantes ilegales (art. 49)
Declaración de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea Relativa a la cláusula sobre la definición de las partes (art. 53)
ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.N., art. 154); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del gobierno, para efectos de su revisión definitiva (C.N., art. 241-10).
Las reglas específicas, por su parte, prevén que, en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran facultados (i) al Jefe de Estado, al de gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores, para todos los actos relativos a la celebración de un tratado; (ii) a los jefes de misión diplomática para la adopción del texto del tratado con el Estado ante el cual se encuentren acreditados; y (iii) a los representantes ante la Conferencia Internacional o ante la Organización Internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en dicha conferencia, organización u órgano (art. 7º del Convenio de Viena).
Por último, de manera excepcional, el artículo 8º de la Convención de Viena, permite que lo ejecutado por una persona no autorizada pueda surtir efectos, si posteriormente fuera confirmado por el Estado en cuya representación se había autorizado a actuar. La disposición en mención reza:
“Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7º, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.
Sin embargo, y de acuerdo con el artículo 8º de la Convención de Viena, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a esta corporación comunicación OAJ.CAT n. 49768 en la cual informa sobre la concesión de plenos poderes al entonces embajador Valencia Cossio —folios 93, 94 y 95 cuaderno 1—, para la suscripción del referido acuerdo en nombre de la República de Colombia.
3.3.1. Remisión del acuerdo y su ley aprobatoria.
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, se pudo verificar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 1349 de 2009, fue el siguiente.
El respectivo “proyecto de ley número 053 de 2008 Senado”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Nº 471 de 30 de julio de 2008 —folios 5 a 20 cuaderno de pruebas 3—.
El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentado los senadores Martha Lucía Ramírez de Rincón, Mario Varón Olarte, Nancy Patricia Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Jesús Enrique Piñacué Achicué, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Eduardo Barriga Peñaranda y Luzelena Restrepo Betancur, texto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 655 de 23 de septiembre de 2008 —folios 30 a 35 cuaderno de pruebas 3—.
Según consta en el Acta de Comisión Nº 18 de 28 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 453 de junio 8 de 2009 —folio 3 cuaderno de pruebas 3—, se anunció la votación del proyecto de ley en los siguientes términos:
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley por orden del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A. Leg. 01/2003, art. 8º).
1. Proyecto de ley número 053 de 2008 Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado el día 29 de octubre de 2008, es decir, en la siguiente sesión, según consta en el Acta 19, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 454 de junio 8 de 2009 —folio 137 cuaderno de pruebas 3—:
El presidente nombra como ponente para segundo debate en la plenaria del Senado al senador Jesús Enrique Piñacué”.
En la siguiente sesión, que tuvo lugar el día 19 de noviembre de 2008, no se realizó la votación del proyecto, por lo que el mismo fue anunciado dentro de los que se debatirían en la siguiente sesión. Según consta en el Acta de Comisión Nº 24 de 19 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 701 de agosto 6 de 2009 —folio 163 cuaderno de pruebas 3—, se anunció la votación del proyecto de ley en los siguientes términos:
“Por segunda vez, discusión y votación de declaraciones interpretativas al proyecto de ley número 53 de 2008 senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)”.
En la sesión del 25 de noviembre, que fue la que siguió a la del 19 de noviembre, se negó la inclusión de las declaraciones interpretativas del acuerdo y se confirmó la aprobación del proyecto de ley, tal y como se había acordado en la sesión de 29 de octubre de 2008. La aprobación definitiva consta en el Acta 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta 702 de agosto 6 de 2009 —folio 169 cuaderno de pruebas 3—.
En cuanto a los quórum deliberatorio, decisorio y votación del proyecto de ley, Felipe Ortiz M., secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, informó lo siguiente: Se cumplió con el quórum deliberatorio y decisorio porque se encontraron presentes siete (7) de los trece (13) honorables senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado. El proyecto fue aprobado por todos los senadores presentes en el momento de la votación, de manera que la votación fue siete (7) votos por el sí —folio 170 cuaderno de pruebas 3—, según consta en el Acta 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Nº 702 del 6 de agosto de 2009.
El texto definitivo aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda constitucional permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 702 de 6 de agosto de 2009.
La ponencia para segundo debate del “proyecto de ley número 053 de 2008 Senado”, fue presentada por senadores Martha Lucía Ramírez de Rincón, Mario Varón Olarte, Nancy Patricia Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Jesús Enrique Piñacué Achicué, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Eduardo Barriga Peñaranda y Luzelena Restrepo Betancur, habiendo sido publicada en la Gaceta del Congreso Nº 922 del 10 de diciembre de 2008 —folios 38 a 44 cuaderno de pruebas 4—.
En la Gaceta del Congreso Nº 208 del 15 de abril de 2009 —folio 176 cuaderno de pruebas 4—, contentiva del Acta de sesión plenaria 35 del día 11 de diciembre de 2008, aparece publicado el texto del anuncio para votación en plenaria, en los siguientes términos:
Proyecto de ley número 053 de 2008 Senado, “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte” hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003)”.
Durante la sesión plenaria del día lunes 15 de diciembre de 2008, reseñada en el Acta de sesión plenaria 36, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 223 del 21 de abril de 2009 —folio 328 cuaderno de pruebas 4—, fue aprobado el proyecto de ley sometido al examen de la Corte.
“La votación fue de 98 honorables senadores que aparecen asistiendo a la plenaria de la sesión al no solicitarse verificación del quórum, ni de votación nominal, ni constancia de voto negativo” —folio 2 cuaderno de pruebas 4—.
Finalmente, debe decirse que el texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria del Congreso aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 953 de viernes 19 de diciembre de 2008 —folio 60 cuaderno de pruebas 4—.
Puestas así las cosas, la Corte concluye que no se presentó vicio alguno de procedimiento durante la aprobación del tratado internacional por la plenaria del Senado de la República.
3.3.3.1. Aprobación por parte de la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes.
Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 251 de 2008 Cámara, se le repartió a la Comisión Segunda constitucional permanente, siendo designado como ponente el representante Manuel José Vives Henríquez. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 268 del 30 de abril de 2009 —folios 60 a 66 cuaderno de pruebas 5—.
En el Acta 28 de 2009 de la Comisión Segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes, fechada el día 05 de mayo de 2009 y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 544 del jueves 2 de julio de 2009 —folio 41 cuaderno de pruebas 5—, se realizó el anuncio correspondiente en los siguientes términos:
Proyecto de ley número 053 de 2008 Senado, 251 de 2008 Cámara, por medio del cual se aprueba el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003).
En el Acta 29 del día 06 de mayo 2009, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 545 del 2 de julio de 2009 —folios 4 a 6 cuaderno de pruebas 5—, figura la aprobación del proyecto en primer debate de la Cámara —tercer debate para el proyecto—.
“El proyecto de ley número 251 de 2008 Cámara, 053 de 2008, por medio el cual se aprueba el Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003) fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria con la asistencia de 16 honorables representantes” —folio 2 cuaderno de pruebas 5—.
El informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentado el 19 de mayo de 2009 por el congresista Manuel José Vives Henríquez, texto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 389 del 29 de mayo 2009 —folios 47 a 50 cuaderno de pruebas 5—.
En el Acta 188 de junio 17 de 2009 de la Sesión Plenaria, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 840 de 2009, se verifica lo siguiente respecto del anuncio:
“Proyecto de ley número 251 de 2008 Cámara, 053 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de diálogo político, cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte y la Comunidad Andina y sus países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003” —folios 116 y 177 cuaderno de pruebas 7—.
De conformidad con el Acta de Plenaria 189 de la sesión ordinaria del día 18 de junio de 2009, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 861 de septiembre de 2009, fue aprobado el proyecto de ley —folio 211 cuaderno de pruebas 7—.
“Que en sesión plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 18 de junio de 2009, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y tres (153) honorables representantes, fue considerado y aprobado la ponencia para segundo debate por mayoría de los presentes en votación ordinaria el proyecto de ley (sic) El proyecto de ley número 251 de 2008 Cámara, 053 de 2008, por medio el cual se aprueba el Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003) —folio 3 cuaderno de pruebas 6—.
El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 563 de 10 de julio 2009 —información obtenida de la página web de la Secretaría General del Senado(1)—.
Ahora bien, la Corte constató que entre el primer y segundo debates medió un lapso no inferior a ocho días: i) la Comisión Segunda del Senado finalizó el debate del proyecto el día 25 de noviembre de 2008, siendo debatido en plenaria el día 15 de diciembre del mismo año; ii) la Comisión Segunda de la Cámara aprobó el proyecto el día 06 de mayo de 2009 y la plenaria lo debatió el 18 de junio de 2009. Igualmente, entre el final del debate de una cámara y el inicio del debate en la otra cámara mediaron más de 15 días; en este sentido, el proyecto fue aprobado en el Senado el día 15 de diciembre de 2008, mientras que en la Comisión II de la Cámara de Representantes inició el 06 de mayo de 2009.
3.3.4. Cumplimiento de los demás requisitos constitucionales.
3.3.4.1. Publicaciones.
En el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la comisión respectiva. En el trámite ahora estudiado se aprecia el cumplimiento de estas condiciones:
i. El respectivo “proyecto de ley número 053 de 2008 Senado”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Nº 471 de 30 de julio de 2008.
ii. El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 655 de 23 de septiembre de 2008.
iii. El texto definitivo aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda constitucional permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 702 de 6 de agosto de 2009.
iv. La ponencia para segundo debate del “proyecto de ley número 053 de 2008 Senado” fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 922 del 10 de diciembre de 2008.
v. El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria del Congreso aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 953 de viernes 19 de diciembre de 2008.
vi. En lo que concierne al trámite en la Cámara de Representantes, el informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 268 del 30 de abril de 2009.
vii. El informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentado el 19 de mayo de 2009 y publicado en la Gaceta del Congreso Nº 389 del 29 de mayo 2009.
viii. El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 563 de 10 de julio 2009.
3.3.4.2. Anuncios.
i. El anuncio para la votación del proyecto en primer debate, es decir, en la Comisión Segunda del Senado de la República —según consta en el Acta de Comisión Nº 18 de 28 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 453 de junio 8 de 2009—, fue realizado adecuadamente.
ii. El anuncio para la votación del proyecto en segundo debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso Nº 208 del 15 de abril de 2009.
iii. El anuncio de votación para el debate en Comisión en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 545 de 2 de julio de 2009.
iv. El anuncio para la votación en plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en la sesión del día 17 de junio de 2009, cuya acta fue publicada en la Gaceta Nº 840 de 2009.
3.3.4.3. Aprobación por mayorías y quórum requeridos.
El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Senado según consta en Acta 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Nº 702 de agosto 6 de 2009.
El proyecto fue debatido y aprobado en segundo debate con la participación de 98 senadores, que votaron a favor de la aprobación y cero en contra de la misma, según consta en Acta 36 de la sesión de 15 de diciembre de 2008, publicada en Gaceta del Congreso Nº 223 de martes 21 de abril de 2009.
3.3.5. La sanción presidencial, publicación en el Diario Oficial y la remisión del texto a la Corte Constitucional.
Sin embargo, encontró la Corte que, aunque el texto aprobado por el Congreso incluyó la totalidad de los artículos del “Acuerdo de diálogo político y cooperación” —pues corresponde al publicado en la Gaceta del Congreso Nº 471 de 30 de julio de 2008 (fls. 5 a 20 cdno. de pbas. 3), en la cual se encuentran todos los artículos del acuerdo, incluso el artículo 7º y el artículo 8º—, el texto del tratado que se sancionó y se incorporó en el texto original de la Ley 1349 de 2009, no incluyó la página número catorce (14), que contenía la totalidad del artículo 7º y el primer inciso y el primer literal del artículo 8º del Acuerdo —folios 1 a 73 del cuaderno principal—.
Así mismo, y en coherencia con el proyecto sancionado, el texto de la Ley 1349 de 2009, publicado en el Diario Oficial Nº 47427 de 31 de julio de 2009 —páginas 81 a 92—, no incluyó los artículos séptimo (7º), ni octavo (8º) del “Acuerdo de diálogo político y cooperación” —página 82—.
Percatándose del error cometido, el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió nuevamente la ley sancionada a la Imprenta Nacional, esta vez con el texto completo del tratado de “Acuerdo de diálogo político y cooperación”. La Ley 1349 de 2009 que incorpora el “Acuerdo de diálogo político y cooperación” fue publicada, esta vez con el texto íntegro del acuerdo, en el Diario Oficial Nº 47751 de 25 de junio de 2010 —p. 1 a 13 del Diario Oficial—.
4. Análisis del contenido del Acuerdo de diálogo político.
4.1. Contenido del Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la Comunidad Andina y sus países miembros.
El título II trata sobre el diálogo político entre las partes firmantes, que abarcará todos los aspectos de interés mutuo y cualesquiera otros asuntos internacionales, resaltando que este diálogo preparará el camino para establecer ámbitos comunes en temas de seguridad, resolución de conflictos, derechos humanos, migración ilegal y lucha contra el terrorismo, entre otros —artículo 3º—.
Así, el acuerdo prevé la cooperación en materia de prevención de conflictos, para lo cual involucra como un elemento protagonista la creación de oportunidades políticas, económicas y sociales, así como la gestión eficaz de los asuntos públicos —artículo 9º—. Como mecanismo para lograr las metas propuestas se prevé la desmovilización y desarme de la población involucrada con grupos ilegales y la lucha contra el tráfico ilegal de armas.
La cooperación en materia de modernización de la administración estatal y pública tiene como meta principal la descentralización y la adecuada adaptación a los cambios que exige el proceso de integración andina —artículo 10—, proceso que será reforzado, especialmente en lo relativo al desarrollo y aplicación de su mercado común, mediante la creación de políticas comunes en materias como energía, aduanas, comunicaciones, ambiente y competencias, las cuales deberán ser desarrolladas por instituciones comunes —artículo 11—.
La cooperación en materia comercial incluirá actividades en materia de facilitación del comercio y las aduanas, las normas técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras —artículo 13—. Así mismo, está prevista la cooperación en materia de servicios —artículo 14— y en materia de propiedad intelectual, teniendo como objeto “promover la inversión, la transferencia de tecnología, la divulgación de la información, las actividades culturales y creativas y las actividades económicas afines, así como un acceso más amplio y el reparto de beneficios” —artículo 15, folio 21 cuaderno principal—.
La cooperación en los sectores agrícola, forestal y de desarrollo rural tiene como principio orientador la protección del medio ambiente y la búsqueda de sistemas de desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Este objetivo será alcanzado con medidas relativas a la salud medio ambiental, a las prácticas ecológicamente racionales, medidas relativas a la preservación y promoción de actividades tradicionales que tengan en cuenta identidades específicas de las poblaciones —artículo 22—.
Es de resaltar que la cooperación en el sector minero busca facilitar la exploración, el intercambio tecnológico y el impulso a la inversión, siempre teniendo en cuenta aspectos relativos al medio ambiente, como su respeto y los programas de responsabilidad medioambiental de las empresas que participan en este sector —artículo 24—.
También en materia de transporte se previó que la cooperación incluiría intercambio de información en materia de transporte urbano, transporte fluvial y proyectos para la transferencia de tecnología europea en el sistema mundial de navegación por satélite —artículo 26—.
En materia de cooperación en el ámbito de la sociedad de la información, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones debe destacarse que el objetivo buscado consiste en proporcionar acceso equitativo a las tecnologías de la información en las zonas menos desarrolladas —artículo 27—.
Las políticas macroeconómicas son objeto de referencia al plantear la promoción del diálogo sobre las tendencias en las políticas macroeconómicas, que incluyen la política monetaria, fiscal, de finanzas públicas, deuda externa y estabilización macroeconómica —artículo 32—.
En materia de protección a los consumidores se busca incrementar la compatibilidad de la legislación sobre protección de los consumidores, generar un sistema de intercambio mutuo de información, fomentar la cooperación entre las asociaciones de consumidores y prestar apoyo a la “Mesa andina de participación de la sociedad civil para la defensa de los derechos del consumidor” —artículo 34—.
Un asunto a destacar es la cooperación en materia científica y tecnológica, que deberá desarrollarse como una actividad para promover el intercambio de información y experiencia científica y tecnológica, el impulso al desarrollo de proyectos conjuntos, la cooperación entre universidades, centros de investigación y sectores productivos de ambas regiones, siempre teniendo en cuenta el interés mutuo y el respeto por las normas que protegen la propiedad intelectual generada por la investigación —artículo 36—.
En lo que a educación respecta se tendrá por objetivo mejorar la educación y la formación profesional, para lo cual se tendrán en cuenta los objetivos de desarrollo del milenio. En cumplimiento del objetivo trazado deberá prestarse especial atención a los programas horizontales (ALFA, Alban) que creen vínculos permanentes entre organismos especializados por ambas partes. Así mismo, la cooperación en este ámbito podrá apoyar el plan de acción para el sector de la educación en países andinos, que incluye, entre otros, programas de armonización de los temas educativos andinos —artículo 37—.
El medio ambiente se encuentra dentro de los elementos de protección y conservación en aras de un desarrollo sostenible. Se resalta la relación entre pobreza y medio ambiente y la repercusión que sobre este tienen las actividades económicas. En este sentido la cooperación se centrará en la prevención de su degradación, la promoción de su protección y la gestión sostenible de los recursos naturales y el intercambio de información y de experiencias en lo que se refiere a legislación medioambiental —artículo 38—.
En cuanto a la salud, las acciones de cooperación estarán encaminadas a reforzar la equidad y la adaptación a las necesidades de la población pobre de los servicios de salud. La prevención primaria debe tener en cuenta medidas en educación, agua y saneamiento —sobre lo cual acuerdan cooperar también en el ámbito de infraestructuras básicas—, así como hacer especial énfasis en la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis; igualmente busca involucrar a la sociedad civil organizada, ONG y sector privado para tratar aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva y los derechos relacionados con ella desde un planteamiento atento a las cuestiones de género —artículo 41—.
Como principios que deben guiar el desarrollo social, se subraya la importancia de que este acompañe al desarrollo económico, y que este sea el fruto de procesos de concertación dentro de los que la reducción de la pobreza sea un tema principal. En este ámbito se podrá tener en cuenta la aplicación de la agenda social andina, centrada en torno al mercado andino y a los mecanismos de reducción de la pobreza. Esta tarea podrá ser apoyada por el Consejo Económico y Social Europeo y su homólogo andino —artículo 42—.
Para todos los aspectos de cooperación se entiende que la sociedad civil organizada debe tener un papel importante en diferentes aspectos, como la formulación de políticas públicas a nivel nacional, recibir recursos internos para el desarrollo de su contribución en el proceso y participar en la aplicación de programas de cooperación en los ámbitos que la afecten —artículo 43—.
La política de género también es objeto de referencia, la cual será desarrollada para garantizar y ampliar la participación igualitaria de hombre y mujeres, siendo viable recurrir al mecanismo de las acciones afirmativas a favor de las mujeres —artículo 41—.
Dentro de la agenda de diálogo político se encuentra la cooperación respecto de los pueblos indígenas, la cual tendrá como objetivo la erradicación de la pobreza, la gestión sostenible de los recursos naturales y respeto de los derechos humanos y la democracia. Para ello, entre otros mecanismos, se protegerá las prácticas que representan los modos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica —artículo 45—.
El acuerdo incorpora expresamente la cooperación a las poblaciones desplazadas, desarraigadas y antiguos miembros de grupos armados ilegales. Como mecanismos aplicados a los objetivos planteados se encuentran la reinserción en el tejido socioeconómico, la ayuda a comunidades locales afectadas por estos fenómenos, la creación de zonas de reasentamiento, retorno a sus comunidades de origen y el refuerzo a las capacidades institucionales —artículo 46—.
La lucha contra el problema de las drogas ilícitas es abordado por el acuerdo, previendo el desarrollo de programas para prevenir el abuso de drogas; educación y rehabilitación; armonización de legislación en estas materias; prevención de los cultivos ilícitos; y programas para prevenir el desvío de precursores químicos y controlar el comercio de estos productos —artículo 47—.
La migración es una materia dentro del tratado, para la cual corresponde establecer las causas que la originan, crear legislación que garantice el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1951, establecer las causas que originan la inmigración ilegal y desarrollar la política que incremente los controles a la inmigración ilegal y facilite los procesos de readmisión de los inmigrantes ilegales de cada Estado —artículo 49—.
En su artículo 50 el acuerdo incluye la intención de cooperar en materia de lucha antiterrorista mediante el intercambio de información sobre grupos terroristas y sus redes de apoyo y sobre el intercambio de puntos de vista sobre los medios y métodos utilizados para combatir el terrorismo.
Dentro del título IV, dedicado a las disposiciones generales se tratan distintos temas como el compromiso para facilitar el acceso a fuentes de financiación —artículo 51—; mantenimiento de la Comisión Mixta, creada en virtud del Acuerdo de cooperación de 1983 y mantenida en el Acuerdo marco de cooperación de 1993, como foro de diálogo e institución responsable de la aplicación general del acuerdo —artículo 52—; definición de las partes —artículo 53—; entrada en vigor del acuerdo —artículo 54—; su duración — artículo 55—; y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo — artículo 56—.
4.2. Contexto normativo del acuerdo de diálogo político.
El acuerdo de diálogo político se enmarca dentro de la política de cooperación para el desarrollo llevada a cabo por la Unión Europea. Esta política es prevista en el título XVII del Tratado de Maastricht de 1992 —tratado de la Unión Europea que entró en vigencia en el año 1993— y tiene como objetivos principales los contemplados en el artículo 130 U, disposición que consagra:
— el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, particularmente de los más desfavorecidos;
— la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial;
— la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo;
3. La comunidad y los Estados miembros respetarán los compromisos y tendrán en cuenta los objetivos que han acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales competentes”.
Posteriormente la comisión, el 23 de octubre de 1995, genera otro documento, esta vez llamado: Unión Europea-América Latina - Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación (1996-2000), en el que plantea las directrices para el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina. En la síntesis del mismo se consagra.
En calidad de socio privilegiado de América Latina, la Unión Europea debe estrechar sus relaciones con esta, en concreto con objeto de ayudarla a hacer frente a los retos siguientes:
• consolidación del Estado de derecho;
• lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales;
• terminación de las reformas e incremento de la competitividad.
• el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional;
• el apoyo comunitario a los procesos democráticos;
• el fomento y la protección de los derechos humanos.
El diálogo político tiene también por objeto, al margen de los aspectos estrictamente bilaterales, asociar en mayor medida a América Latina a la gestión de los asuntos internacionales y abordar otros aspectos, como la evolución de las relaciones interamericanas y los retos asociados a la protección del medio ambiente”(2).
El siguiente paso en el camino de la política de cooperación europea con América Latina consistió en favorecer objetivos políticos y económicos que, a escala internacional, se había planteado la Unión Europea, para lo cual deberían fortalecerse políticas de acción en materia de seguridad, protección de derechos humanos y consolidación de la democracia. Estas ideas fueron concretadas en el documento Nueva Asociación Unión Europea / América Latina en los albores del siglo XXI —elaborado por la comisión en marzo de 1999—, en donde se consignó como plan a seguir el desarrollo de una asociación estratégica que tendría por objeto
“[I]ncrementar el poder de negociación en la escena internacional, sobre la base de una visión común del mundo. La UE y América Latina desean un sistema internacional fundado en el principio del multilateralismo, regido por normas consensuales de aplicación universal y mecanismos de vigilancia multilaterales. Por tanto, ambas tienen interés en trabajar conjuntamente.
• La organización: reforma de las Naciones Unidas, creación de mecanismos de prevención y de resolución de conflictos, etc.;
• La legislación y su aplicación: no proliferación de armas de destrucción masiva, control de los flujos migratorios, lucha contra los distintos tipos de tráfico ilegal, etc.;
• El fomento de valores comunes: derechos humanos, democratización, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y equidad social”(3).
Para llegar a esa alianza estratégica, debería intensificarse el diálogo a tres niveles: América Latina en su conjunto, las agrupaciones regionales y la sociedad civil. En el primer nivel se abordarían los principales temas horizontales de interés común, con la posibilidad de organizar encuentros específicos de alcance sectorial, temático o técnico. Sin embargo, la comisión europea hizo manifestaciones en el sentido de considerar “que los interlocutores políticos privilegiados de la UE han de seguir siendo las agrupaciones regionales, pues de ese modo se ven favorecidos los vínculos políticos y los mecanismos de concertación y se incrementan la representatividad exterior y la flexibilidad, lo cual permite adaptarse mejor a la realidad. La sociedad civil debería participar en el diálogo para democratizar y desburocratizar la cooperación política”(4).
En particular los programas Alinvest, Alure, ALFA y Urbal. A excepción de Alure, todos los programas se esforzarán por integrar la dimensión cultural entre las actividades seleccionables”(5).
4.3. Análisis constitucional del contenido del acuerdo de diálogo político.
“(...) la configuración de un espacio de mutua complementación e integración económica, social y cultural, demanda que en este se proyecten los valores y principios superiores que rigen en el interior de los países y que también ostentan la naturaleza de compromisos internacionales irrevocables, no susceptibles de sufrir suspensión o detrimento alguno. La integración económica, que amplía mercados y genera oportunidades de desarrollo antes no concebidas, no puede aparejar como contraprestación la pérdida o erosión de los principios jurídicos superiores pertenecientes al acervo común de los pueblos que rinden homenaje a la persona humana y a su indeclinable dignidad (...)”(6) —resaltado ausente en texto original—.
“(...) La Constitución de 1991 estableció en su artículo 1º que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república democrática. De esta manera, la Constitución determinó que la legitimidad del poder público en el país reposaría en el acatamiento de diversos valores —expresados en el concepto “Estado social de derecho”— y de diversos procedimientos propios del régimen democrático. Estos presupuestos determinan fundamentalmente la estructura y la acción del Estado colombiano y, por lo tanto, también su actividad a nivel internacional y los procesos de integración en los que participe”.
El reconocimiento de los principios democráticos —que en el caso colombiano había tenido lugar desde la misma Constitución de 1886— ha conducido a que dentro del proceso de integración andino se incorpore también el principio de separación de los poderes, para lo cual se creó, además de diversos órganos ejecutivos, un Parlamento Andino y un tribunal de justicia de la Comunidad Andina. (...)”(7) —resaltado ausente en texto original—.
En este sentido, destaca la Corte que uno de los aspectos más resaltables del acuerdo que ahora estudia es la importancia que el mismo reconoce a la persona como objetivo fundamental del proceso de integración, lo que lleva a la creación de instrumentos tendentes a su protección y desarrollo. En este sentido el acuerdo involucra cláusulas que velan por la protección de los derechos humanos, la disminución de la pobreza, la igualdad de género, planes de protección a comunidades étnicas minoritarias, entre otros, temas estos que se incardinan en el núcleo del principio democrático, elemento esencial a nuestro orden constitucional. Democracia que, en un orden constitucional como el previsto en la Constitución de 1991, no se limita a la posibilidad de participación electoral, sino a una integración de las personas a la sociedad que pertenecen, único método para garantizar una verdadera posibilidad de participación en la vida y las decisiones de esta. En esta línea ideológica se enmarca el acuerdo de diálogo político, que se encuentra en plena armonía con el entendimiento de principio democrático que la Corte ha manifestado en ocasiones anteriores, precisamente, para referirse a las exigencias a los intentos de integración que se lleven a cabo entre los Estados. En este sentido afirmó la Sentencia C-644 de 2004.
“En atención a la naturaleza expansiva y universal de la democracia, es viable que tanto el legislador como las demás autoridades de la República, en el marco de los estrictos límites de su competencia, permitan la extensión de los principios del régimen democrático, en aras de irradiar no solo las relaciones de tipo político, sino también de naturaleza económica, cultural, ecológica, etc. En efecto, la garantía de los derechos y libertades individuales, sociales y económicas, la sujeción de la actividad del Estado al principio de legalidad, el respeto de los principios de participación y pluralismo y, especialmente, la protección reforzada a la libertad e igualdad, no deben pertenecer exclusivamente a la arquitectura de un modelo político constitucional, sino que debe permitirse su funcionamiento normal y reiterado en otros campos de la vida ordinaria de un Estado, en aras de corregir las deficiencias que se presentan principalmente en materias de índole económica y social”(8).
En este sentido el principio de organización democrático del Estado colombiano se refleja en disposiciones constitucionales que se ven complementadas o reforzadas por cláusulas del acuerdo; dichas disposiciones, verbigracia, serían el artículo 1º que señala que Colombia es un Estado social de derecho; el artículo 13 que consagra el principio y el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón del género —llamado sexo por la Constitución—; el artículo 22 que señala la paz como uno de los objetivos a cumplir por parte del Estado; el artículo 70 conforme al cual el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades; el artículo 7º que prevé el principio de diversidad étnica y cultural como uno de los fundamentales a nuestro régimen constitucional; el artículo 211 que consagra los principios para que la administración pública logre eficacia y eficiencia; los artículos 9º y 227 en cuanto a la orientación de la política exterior colombiana hacia la integración latinoamericana y del Caribe, en tanto también se refiere a la cooperación entre países de la región; entre otras.
Este objetivo se ve concretado con elementos tendentes a procurar la eficacia en la administración pública, prestando especial atención a la capacidad que tienen esta para resolver los problemas que aquejan a la sociedad objeto de su administración en asuntos cruciales y determinantes de su viabilidad como sociedad democrática, aspecto plenamente coherente con la reducción de la pobreza y la prevención de conflictos que menciona el acuerdo.
Por otro lado, se recuerda que la cooperación en materia comercial, que incluye aspectos como el aduanero, los servicios, la propiedad intelectual, el favorecimiento de las inversiones, entre otros, debe, como lo ha manifestado la corte en ocasión anterior(9), orientarse al favorecimiento de las condiciones de democracia social propias de un Estado social de derecho, pues solo de esta forma puede decirse que el desarrollo económico va de la mano con el progreso social.
Igualmente, la protección del medio ambiente y el logro de un desarrollo económico sostenible es uno de los principios que involucra el acuerdo al plantear la cooperación en sectores como el agrícola, el forestal, el de desarrollo rural y el minero. De esta forma el acuerdo entra en consonancia con el principio fundamental de protección de los recursos naturales —previsto en el artículo 8º de la Constitución— y con el deber de rango constitucional que tiene el Estado —inciso 2º del artículo 79— y las personas —numeral 8º del artículo 95— de velar por la guarda de dichos recursos. Se reitera en este punto la relación que el mismo acuerdo señala entre pobreza y deterioro ambiental —artículo 38 del acuerdo—.
Además, en esta oportunidad, la Corte considera que el tratado que se revisa impone compromisos sobre la base de facultades y prestaciones equilibradas de las que ambas partes se benefician, lo que resulta acorde con el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional contenido en el artículo 226 de la Constitución y con el artículo 9º que ordena que las relaciones exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, lo que demuestran varios artículos del acuerdo.
Finalmente, se resalta el vínculo que en el acuerdo se señala entre desarrollo social y desarrollo económico y que se busque que este sea el fruto de procesos de concertación en los que la reducción de la pobreza sea un tema esencial, lo que no se reduce a un aspecto en concreto, sino que resulta transversal en los diferentes ámbitos del desarrollo económico.
En cuanto al artículo 54, es evidente que la forma de entrada en vigencia del convenio respeta los requisitos que la Constitución colombiana impone para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente (arts. 189-2, 150-16 y 241-10) ya que indica que “entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquel en el que las partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de los procedimientos necesarios a este efecto”.
Por último, las previsiones en torno a la duración y denuncia del convenio —numerales 1º, 2º, 3º del artículo 55 del acuerdo—, comunes en derecho internacional, respetan la Constitución pues nuestro Estado, en ejercicio de su soberanía, tiene la posibilidad de manifestar si desea de permanecer o no obligado por el mismo.
1. DECLARAR EXEQUIBLE el “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”.
2. DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 1349 de 2009 que lo aprueba.
(1) La dirección específica en que se encuentra la Gaceta del Congreso referida es http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3 Información obtenida el 15 de junio de 2010.
(2) Documento encontrado en el sitio web http://europa.eu/legislation_summaries/other/r14003_es.htm, 14 de junio de 2010.
(3) Documento encontrado en el sitio web http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14004_es.htm, 14 de junio de 2010.
(5) Documento encontrado en el sitio web http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg="es&type_doc=COMfinal&an_doc=2000ν_doc=670, 14 de junio de 2010.
(6) Sentencia C-231 de 1997.
(7) Sentencia C-231 de 1997.
(8) Véase: Verdú, Pablo Lucas. La democracia como régimen político. Curso de derecho político. Volumen II. Tecnos. Madrid. Pág. 262.
(9) Sentencia C-644 de 2004.
Pese a que la ley aprobatoria cumplió todos los requisitos de forma y contenido, sin embargo con respecto al anuncio previo para primer debate en la Comisión Segunda constitucional permanente de la Cámara, tercer debate del proyecto, debo referirme a la forma como se efectuó el mismo, en la sesión del 5 de mayo, correspondiente al Acta 28 de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 544 de 2009. En la lectura de la Gaceta se observa que en el punto V, a propósito de los anuncios de proyectos de ley se anota: “1. Proyecto de ley número 53 de 2008 Senado, 251 de 2008 Cámara, por medio del cual se aprueba el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003.
Hace uso de la palabra el presidente (encargado): “Teniendo en cuenta que no existe ninguna proposición, se termina la sesión. Se levanta la sesión y se les estará informando en sus oficinas para cuando es la próxima sesión”. El proyecto es aprobado en primer debate de la Cámara, en la sesión del 6 de mayo, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 545 del 2 de julio de 2009.
Este anuncio previo en mi criterio, debió ser más preciso, pues en el momento en que se efectúa el mismo, deben fijarse los elementos que permitan a los miembros de la comisión respectiva, determinar con certeza cuándo tendrá lugar la próxima sesión en que se votará el proyecto de ley. Ello para garantizar el cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo Nº 01 de de 2003 y evitar que pueda incurrirse en equívocos, sobre el día en que se llevará a cabo la votación.