Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38823
Timestamp: 2019-12-10 06:34:13
Document Index: 81179060

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 76', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'Artículo 19', 'Artículo 16', 'Artículo 27']

Gaceta: LXII/1PPO-77/38823
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, de la LXII Legislatura del Senado de la República, fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, Firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.
En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 177 numeral 1 y 2,178 numeral 3, 182 numerales 1 y 2, 187, 190 numeral 1, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República, las suscritas comisiones formulan el presente dictamen conforme a la siguiente:
I.- El Lic. Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, mediante el oficio N° SEL/300/409/12, de fecha 29 de octubre de 2012, remitió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, elTratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, a efecto de que dicho instrumento sea sometido a consideración de este Senado de la República, para los efectos precisados por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.- La Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio N° DGPL-1P1A.1360, de fecha 30 de octubre de 2012, turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Justicia, el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, para su estudio, discusión y dictamen correspondiente, bajo los siguientes elementos:
II.- OBJETO, DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO YEL TEXTO NORMATIVO
La evolución actual de la delincuencia, en particular de la organizada, ha tenido como resultado el impulso de la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia, tomando como premisa que los delincuentes ya no operan en forma individual sino a través de organismos estructurados, permitiéndoles cometer actos ilícitos empleando, inclusive, las nuevas tecnologías de la información. Esto ha exigido a la comunidad internacional establecer mecanismos novedosos de asistencia jurídica que sean eficientes y expeditos.
Conscientes de que la forma más efectiva para combatir este tipo de conductas es por medio de acciones colectivas, como la cooperación internacional, México y la República Dominicana decidieron promover la celebración de un tratado en materia de asistencia jurídica en materia penal, que les permitiera fortalecer su cooperación para investigar y perseguir los delitos cometidos en sus respectivos territorios.
Durante la Visita de Estado que el Presidente Leonel Antonio Fernández Reyna realizó a nuestro país el 6 de diciembre de 2011, se presentó a las autoridades del país caribeño, el modelo de tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, elaborado conjuntamente entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En junio de 2012 concluyeron las negociaciones del Tratado, que fue suscrito en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. Los aspectos más significativos del Tratado son los siguientes:
Las Partes podrán brindarse asistencia jurídica en materia penal para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las disposiciones del Tratado y lo establecido en su respectiva legislación nacional. La asistencia comprenderá la notificación y entrega de documentos procesales; obtención de pruebas; entrega de documentos, objetos y medios de pruebas; intercambio de información; localización e identificación de personas y objetos; toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios; desahogo de dictámenes periciales; ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito; citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente; traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro un proceso penal en calidad de testigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica; y la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, en calidad de observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica.
El Tratado no facultará a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a esas autoridades, en términos de lo dispuesto en su ordenamiento jurídico interno; no se aplicará para la detención de personas con fines de extradición, ni para el otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.
A solicitud de la Parte Requirente, se podrán ejecutar las medidas precautorias que resulten necesarias, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente.
El Tratado también incluye la posibilidad de que la solicitud de asistencia jurídica pueda ser denegada cuando su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida; el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida, a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del Tratado; se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida, o la acción penal haya prescrito; se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza; existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica fue presentada con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones; o bien se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, en este caso, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará.
El Tratado consigna que se deberá mantener la confidencialidad de la solicitud de asistencia y las actuaciones relacionadas, por lo que el Estado Requirente no podrá utilizar ninguna información o prueba obtenida mediante este Tratado, para fines distintos a los declarados en la solicitud correspondiente, sin la previa autorización de la Parte Requerida.
Establece la posibilidad de que la comparecencia de testigos o peritos que se encuentren en el territorio de la Parte Requerida, se efectúe mediante videoconferencia, en cuyo caso los costos respectivos serán reembolsados por la Parte Requirente a la Parte Requerida, posibilitando, además, el traslado temporal de personas detenidas para rendir declaración o para otras actuaciones procesales, excepto si la persona no expresa su consentimiento por escrito.
Respecto de las ganancias y/o productos del delito prevé que las Partes las compartan.
Indica que la Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios que deriven del cumplimiento de las solicitudes de asistencia jurídica, excepto aquéllos relacionados con la comparecencia por videoconferencia, gastos y honorarios de peritos, o aquéllos relativos al envío y devolución de objetos, en cuyo caso, éstos serán asumidos por la Parte Requirente.
El Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, está conformado por veintisiete artículos, a continuación se transcribe el contenido.
Las Partes se prestarán, de conformidad con el presente Tratado y su respectiva legislación, asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y persecución de los delitos.
El presente Tratado se extenderá a las investigaciones y procedimientos jurídicos sobre cualquier delito previsto en la legislación de las Partes.
La asistencia jurídica se prestará aún cuando los hechos que den lugar a las solicitudes de asistencia jurídica no sean considerados como delitos por la legislación de la Parte Requerida; excepto cuando las solicitudes se presenten para la ejecución de medidas precautorias en cuyo caso será necesario que el hecho que de lugar a la solicitud también sea considerado como delito por la legislación de la Parte Requerida.
Asimismo, la asistencia jurídica se prestará cuando la solicitud se refiera a delitos relacionados con impuestos, derechos de aduana, control de cambios y otros de naturaleza fiscal.
El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia jurídica presentada después del inicio de su entrada en vigor, inclusive si los hechos que dieron lugar a la petición tuvieron lugar antes de esa fecha.
Alcances de la Asistencia Jurídica
la notificación y entrega de documentos procesales;
la obtención de pruebas;
la entrega de documentos, objetos y medios de pruebas;
la localización e identificación de personas y objetos;
la toma de declaraciones, testimonios e interrogatorios;
el desahogo de dictámenes periciales;
la ejecución de medidas cautelares sobre activos o bienes, tales como registro, aseguramiento u otras que restrinjan la posesión, propiedad o dominio de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito;
la citación y traslado de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente de la Parte Requirente;
el traslado temporal de personas detenidas para comparecer en el territorio de la Parte Requirente dentro de un proceso penal, en calidad detestigos o víctimas o para otras actuaciones procesales, previamente determinadas en la solicitud de asistencia jurídica;
la autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente, como observadores, durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, y
cualquier otra forma de asistencia jurídica de conformidad con los fines del presente Tratado, que sea compatible con la legislación de la Parte Requerida.
Restricciones de la Asistencia Jurídica
El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el territorio de la Otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las autoridades de esa otra Parte de conformidad con su legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 10.
Las disposiciones del presente Tratado no otorgan derecho alguno a favor de personas físicas o morales para la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica.
El presente Tratado no será aplicable:
a la detención de personas con fines de extradición ni para la ejecución de solicitudes en esa materia;
a la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas sentenciadas, o
al otorgamiento de asistencia jurídica directa a terceros Estados.
Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia jurídica objeto del presente Tratado, se designan como Autoridades Centrales, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, a la Procuraduría General de la República y por parte de la República Dominicana, a la Procuraduría General de la República Dominicana.
Las Partes se notificarán sin demora, por los canales diplomáticos, cualquier modificación de sus Autoridades Centrales y a sus ámbitos de competencia.
Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes de asistencia jurídica a que se refiere el presente Tratado, así como las respuestas a éstas.
La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá las solicitudes de asistencia jurídica en forma expedita o las transmitirá para su ejecución a la autoridad competente, alentándola para el cumplimiento rápido y adecuado de las mismas.
Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Tratado estarán dispensados de cualesquiera trámites de legalización o cualquier otra formalidad análoga.
A solicitud escrita de la Parte Requirente, y en caso de que el procedimiento requerido en la solicitud de asistencia jurídica sea admisible de conformidad con la legislación de la Parte Requerida, ésta podrá ejecutar las medidas precautorias correspondientes, con el fin de mantener el estado que guarde la situación de hecho y de derecho existente protegiendo los intereses jurídicos amenazados, o para preservar las pruebas al respecto.
En casos urgentes, las medidas precautorias podrán ser ordenadas desde el anuncio de una solicitud de asistencia jurídica, siempre que se haya proporcionado la información suficiente que permita determinar que se han satisfecho las condiciones para ordenar medidas precautorias y, serán canceladas, si la Parte Requirente no formaliza la solicitud de asistencia jurídica dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación.
Trámite y Contenido de la Solicitud de Asistencia Jurídica
La solicitud de asistencia jurídica se formulará por escrito.
La Parte Requerida procederá inmediatamente a tramitar la solicitud de asistencia jurídica al recibirla por fax, correo electrónico o a través de cualquier otro medio de comunicación similar, debiendo transmitir la Parte Requirente la solicitud de manera formal dentro de los diez (10) días siguientes a su envío por los medios mencionados.
La Parte Requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica después de haberla recibido de manera formal. Sin embargo, si la Parte Requirente comprueba la urgencia de la asistencia jurídica, la falta de presentación formal de la solicitud de asistencia jurídica no será obstáculo para que la Parte Requerida notifique los resultados de la misma.
3.La solicitud de asistencia jurídica deberá contener:
el nombre de la Institución y de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento penal del que derive la solicitud;
el propósito y la descripción de la asistencia jurídica solicitada;
la descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal;
el texto de las disposiciones legales concernientes al tipo penal y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;
el fundamento y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud de asistencia jurídica, siempre y cuando éste no sea contrario a la legislación de la Parte Requerida;
el plazo dentro del cual la Parte Requirente considera más oportuno y/o conveniente que sea cumplida. No obstante, el plazo para dar cumplimiento a la solicitud de asistencia jurídica será establecido por las Autoridades Centrales, de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;
la información necesaria o útil para la identificación y ubicación de las personas sujetas a investigación o proceso judicial;
el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, así como el número de teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso judicial en curso;
la ubicación y descripción del lugar a catear o inspeccionar;
la ubicación y descripción de los bienes o activos a asegurar o decomisar;
las preguntas a ser formuladas en el desahogo de las declaraciones, testimonios, interrogatorios o en los dictámenes periciales, en la Parte Requerida;
en su caso, la petición para que asistan representantes de las autoridades competentes de la Parte Requirente a la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, y
cualquier otra información que pueda ser de utilidad para la Parte Requerida en el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica.
4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud de asistencia jurídica no es suficiente para efectuarla, podrá solicitar información adicional.
Denegación o Aplazamiento de la Asistencia Jurídica
1. La solicitud de asistencia jurídica podrá ser denegada cuando:
su cumplimiento pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida;
el cumplimiento sea contrario a la legislación de la Parte Requerida,a sus obligaciones internacionales, o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado;
la solicitud de asistencia jurídica se refiera a acciones por las cuales la persona sujeta a investigación o a proceso en la Parte Requirente ya fue sentenciada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la acción penal haya prescrito;
la solicitud de asistencia jurídica se refiera a delitos considerados por la Parte Requerida como políticos o por hechos conexos a delitos de esa naturaleza. Para los fines de este inciso, un ataque intencional contra la integridad física de un Jefe de Estado o contra un miembro de su familia, no constituye delito político;
existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud de asistencia jurídica se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivo de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona pudiera resultar perjudicada por alguna de esas razones;
la solicitud de asistencia jurídica se refiera a un hecho penalmente sancionado con una pena prohibida por la legislación de la Parte Requerida. Sin embargo, la Parte Requerida podrá conceder la asistencia si la Parte Requirente le otorga las seguridades de que dicha pena no se impondrá o ejecutará, y
la solicitud de asistencia jurídica no reúna los requerimientos del presente Tratado.
2. El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para negar la asistencia jurídica.
3. La Parte Requerida podrá denegar o aplazar el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica cuando considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso en su territorio.
4. Antes de denegar o aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica, la Parte Requerida analizará la posibilidad de que ésta se conceda bajo las condiciones que considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia jurídica bajo tales condiciones, estará obligada a respetarlas.
5. Si la Parte Requerida decide denegar o aplazar la asistencia jurídica, lo informará a la Parte Requirente de manera inmediata, expresando los motivos de tal decisión.
La Parte Requerida asegurará la confidencialidad de la recepción de la solicitud de asistencia jurídica, su contenido y cualquier actuación emprendida conforme a la misma. Si para la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica fuera necesario contravenir la confidencialidad, la Parte Requerida solicitará la autorización de la Parte Requirente mediante comunicación escrita. Para tales efectos, la Parte Requirente deberá informar los alcances de la confidencialidad que se invoca. Sin dicha autorización, la solicitud de asistencia jurídica no se ejecutará.
La Parte Requirente no utilizará ni divulgará ninguna información o prueba obtenida mediante el presente Tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia jurídica, sin previa autorización de la Parte Requerida.
En casos particulares, si la Parte Requirente necesitara divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.
El uso de cualquier información o prueba que haya sido obtenida de conformidad con elpresenteTratadoyquetengaelcarácterdepúblicaenlaParte Requirente dentrodelainvestigaciónoelprocedimientodescritoenla solicitud deasistenciajurídica, no estará sujeta a la restricción a que se refiere el numeral anterior.
El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se llevará a cabo de conformidadcon la legislación de la Parte Requerida y de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado. La solicitud de asistencia jurídica se ejecutará a la brevedad.
LaParteRequeridacumplirálasolicituddeasistenciajurídicade acuerdo conlasformasyprocedimientosespeciales indicados en ella por la Parte Requirente, salvo cuando éstos sean incompatibles con la legislación de la Parte Requerida.
La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.
Cuando no sea posible cumplir con la solicitud de asistencia jurídica, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.
Participación de Representantes de la Parte Requirente
en la Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica
La Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida la presencia de representantes de sus autoridades competentes, como observadores, en la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica, pudiendo requerir que en el desahogo de una prueba testimonial o pericial, sus representantes formulen preguntas por medio de la autoridad competente de la Parte Requerida.
La presencia y participación de representantes deberá estar previamente autorizada por la Parte Requerida, misma que informará con antelación a la Parte Requirente sobre la fecha, hora y lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.
La Parte Requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la presencia de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica.
Notificación de Actuaciones
Conforme a la solicitud de asistencia jurídica, la Autoridad Central de la Parte Requerida procederá, sin demora, a realizar o tramitar la notificación de documentos procesales.
Lasolicitudquetengaporobjetola notificación de actuaciones será transmitida con razonable anticipación a la fecha en que las actuaciones deban llevarse a cabo.
El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se acreditará por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario o por medio de una declaración de la autoridad competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de notificación y entrega.
Transmisión de Actuaciones
Cuando la solicitud de asistencia jurídica tenga por objeto la transmisión de actuaciones o documentos, la Parte Requerida tendrá la facultad de transmitir copias certificadas de los mismos, salvo que la Parte Requirente solicite los originales.
Los documentos y las actuaciones originales transmitidos a la Parte Requirente serán devueltos a la Parte Requerida tan pronto como sea posible, cuando esta última así lo solicite.
Inmunidades, Derechos y Prerrogativas
Si la persona relacionada con la solicitud de asistencia jurídica invoca inmunidad, prerrogativa, derecho o incapacidad según la legislación de la Parte Requerida, esta invocación será resuelta por la autoridad competente de la Parte Requerida con anterioridad al cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica y comunicada a la Parte Requirente por medio de la Autoridad Central.
Si la persona invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación de la Parte Requirente, tal invocación será informada por medio de las respectivas Autoridades Centrales, a fin de que las autoridades competentes de la Parte Requirente resuelvan al respecto.
Obtención de Pruebas en la Parte Requerida
1. A solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida respetará los trámites y procedimientos indicados expresamente por la Parte Requirente, salvo disposición contraria de este Tratado, siempre que éstos no sean contrarios a los principios fundamentales del derecho de la Parte Requerida.
2. Si la Parte Requirente desea que las personas a las que se vaya a tomar declaración lo hagan bajo juramento, lo indicará expresamente, y la Parte Requerida atenderá a ello si su legislación no se opone a tal efecto.
3. Si la Parte Requirente lo solicita expresamente, la Parte Requerida le comunicará la fecha y el lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica. Si la Parte Requerida lo autoriza, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán asistir a dicho cumplimiento. En la medida en que lo autorice la legislación de la Parte Requerida, los funcionarios de la Parte Requirente mencionados en la solicitud podrán interrogar a un testigo, probable responsable, parte ofendida o a un perito o pedir que se les interrogue.
4. La Parte Requerida podrá aplazar la entrega de los objetos, expedientes o documentos que se le pida trasladar si le son necesarios para un proceso y/o procedimiento penal en curso.
5. La Parte Requirente conservará los elementos probatorios y los originales de los expedientes y documentos transmitidos en cumplimiento de una solicitud de asistencia jurídica, salvo si la Parte Requerida pide que se le devuelvan.
AsolicituddelaParte Requirente, las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos mencionados en la solicitud de asistencia jurídica.
Comparecencia de Personas en el Territorio de la Parte Requirente
Si la Parte Requirente solicita la comparecencia de una persona en calidad de testigo o perito que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, esta última procederá a su citación y traslado de conformidad con la solicitud de asistencia jurídica formulada.
La comparecencia de la persona, sólo podrá realizarse si ésta manifiesta su aceptación por escrito, no pudiendo ser objeto de medida de apremio o sanción alguna en caso de que no acepte.
La Parte Requerida comunicará por escrito la respuesta de la persona a la Parte Requirente y, en su caso, solicitará la comparecencia mediante citatorio, el cual deberá contener las siguientes excepciones o garantías en la Parte Requirente:
Ninguna persona sea cual fuere su nacionalidad, que se traslade al territorio de la Parte Requirente para colaborar en atención a una solicitud de asistencia jurídica, podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier restricción de libertad personal en el territorio de esa Parte por causas previas a su traslado.
Ninguna persona estará obligada a declarar en actuaciones, ni a colaborar en investigaciones distintas de las actuaciones o investigaciones mencionadas en la citación.
4. Toda citación que la Parte Requerida notifique a la persona deberá mencionar las excepciones o garantías a que se refiere el numeral anterior y señalar que los gastos de traslado corresponden a la Parte Requirente, de conformidad con el Artículo 24 del presente Tratado.
Traslado Temporal de Personas Detenidas
Toda persona que se encuentre detenida en el territorio de la Parte Requerida, cuya presencia sea necesaria para rendir declaración o para otras actuaciones procesales en la Parte Requirente, podrá ser trasladada temporalmente a dicha Parte, si la persona consiente por escrito y la Parte Requerida acepta el traslado y sus condiciones, previo acuerdo entre las Partes y de conformidad con su legislación.
El traslado podrá ser denegado en los casos siguientes:
Si la persona no expresa su consentimiento por escrito;
Si la presencia de la persona es necesaria para la continuación de un procedimiento en el territorio de la Parte Requerida;
Si el plazo de permanencia excede el término fijado para el cumplimiento de una sentencia privativa de libertad en la Parte Requerida, y
Si el traslado pone en peligro la salud, seguridad o vida de la persona.
3. La Parte Requirente custodiará y garantizará la protección de la persona trasladada mientras permanezca en su territorio.
En el caso de que las autoridades de la Parte Requerida levanten la medida restrictiva de libertad de la persona trasladada, la Parte Requirente deberá devolverlo de manera inmediata a la Parte Requerida.
4. El plazo de estadía de la persona detenida en el territorio de la Parte Requirente, será computado para los efectos de la ejecución de la pena impuesta en la Parte Requerida.
Protección de Personas Citadas o Trasladadas a la Parte Requirente
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio.
La Parte Requirente podrá solicitar que la declaración de una persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida, se realice mediante audiencia por videoconferencia.
La Parte Requerida autorizará la comparecencia por videoconferencia en la medida en que no se encuentre prohibida por su legislación, siempre y cuando se disponga de los medios técnicos y compatibles para su realización.
La comparecencia se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas:
Tendrá lugar en presencia de la autoridad competente de la Parte Requerida pudiendo contar, en caso necesario, con un intérprete;
El interrogatorio será dirigido por la autoridad competente de la Parte Requirente, siguiendo las formalidades previstas para este tipo de diligencias en su legislación. No obstante, la autoridad competente de la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias para que en el desarrollo de la comparecencia, se respeten las garantías individuales y procesales del declarante de conformidad con su legislación;
Las autoridades competentes de ambas Partes acordarán, si procede, medidas relativas a la protección de la persona que comparece de conformidad con la legislación de la Parte Requerida;
Al término de la comparecencia, la autoridad competente de la Parte Requerida levantará un acta, indicando la fecha y el lugar de la misma, la identidad del declarante, así como las identidades y calidades de las demás personas que hayan participado en la audiencia, debiendo remitir dicha acta a la Parte Requirente, y
Los costos de la conexión y utilización del equipo técnico, en caso de que deba pagarse por ello en el territorio de la Parte Requerida, el costo de la llamada internacional, el intérprete, así como los gastos de traslado y hospedajeenelterritoriodelaParteRequerida,seránreembolsados por laParteRequirentealaParteRequerida,amenosqueestaúltimarenuncie por escrito al reembolso referido, de manera total o parcial.
1. Por conducto de las Autoridades Centrales, y dentro de los límites de su legislación, las autoridades judiciales o el Ministerio Público de cada Parte podrán, sin que hubiere sido presentada una solicitud en dicho sentido, intercambiar información y medios de prueba con respecto a los hechos penalmente sancionables recopilados durante el curso de su propia indagatoria, cuando estimen que esta transmisión es de tal naturaleza que permitiría a la otra Parte:
a) Presentar una solicitud de asistencia jurídica de conformidad con el presente Tratado;
2. La autoridad que proporcione la información podrá, de conformidad con su legislación, sujetar a determinadas condiciones la utilización de la misma por la autoridad destinataria. La autoridad destinataria está obligada a respetar dichas condiciones.
Registro, Aseguramiento y Restricción del Dominio
1. La Parte Requerida intentará establecer, previa solicitud, si las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con un delito se encuentran en su jurisdicción e informará a la Parte Requirente sobre los resultados de sus indagaciones. En su solicitud, la Parte Requirente comunicará a la Parte Requerida los motivos en los que basa su presunción de que tales ganancias y/o productos pueden encontrarse dentro de su jurisdicción.
2. Si de conformidad con el numeral anterior, se encuentran las ganancias y/o productos que se sospecha proceden de un delito, la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias autorizadas por su legislación para impedir que éstos sean objeto de transacciones, se transfieran o se cedan antes de que un tribunal de la Parte Requirente haya adoptado una decisión definitiva al respecto.
3. La Parte Requerida tramitará, de conformidad con su legislación, una solicitud de asistencia jurídica cuya finalidad sea restringir la posesión, propiedad o dominio de las ganancias y/o productos de un delito.
4. En la medida en que lo permita su legislación y previa solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida deberá solicitar prioritariamente la restitución de la Parte Requirente de las ganancias, productos y cualquier objeto relacionado con los delitos, con miras en particular a indemnizar a las víctimas o restituirlos al propietario legítimo, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
5. La entrega de las ganancias y/o productos se realizará previo acuerdo sobre la compartición de los productos del delito, de conformidad con la legislación de las Partes.
La compartición de las ganancias y/o productos se llevará a cabo a través de un acuerdo entre las Autoridades Centrales, el cual deberá realizarse antes de que cause
ejecutoria la resolución que decida sobre la extinción del dominio y entrega de las ganancias y/o productos del delito.
6. La entrega se efectuará en los términos de la legislación de la Parte Requerida y será previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos.
7. Las ganancias y/o productos de un delito incluyen los instrumentos utilizados para cometer el ilícito.
Intercambio de experiencias en materia de investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos conexos, entre otros;
Intercambio de información sobre modificaciones introducidas a sus sistemas judiciales y nuevos criterios jurisprudenciales en las materias que abarcan el presente Instrumento, y
Capacitación y actualización de funcionarios encargados de la investigación y procesamiento penales.
Transmisión de Sentencias y Certificados de Antecedentes Penales
1. La Parte Requerida presentará en casos especiales, en la medida en que sus autoridades competentes puedan obtenerlos, extractos de expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de Estado.
2. Cuando la Parte Requerida trasmita una sentencia penal, deberá proporcionar también las indicaciones relativas al procedimiento respectivo, en caso de haber sido solicitadas por la Parte Requirente.
3. Los certificados de antecedentes penales necesarios para la autoridad judicial de la Parte Requirente en un procedimiento penal, serán transmitidos a dicha Parte si en las mismas circunstancias podrían ser otorgados a las autoridades competentes de la Parte Requerida.
1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios del cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica, salvo los siguientes, que serán sufragados por la Parte Requirente:
Gastos relativos a la comparecencia por videoconferencia, conforme al Artículo 19 del presente Tratado, gastos concernientes al traslado de las personas a su territorio y de regreso, conforme al Artículo 16 del presente Tratado y a su estadía en territorio de la Parte Requirente, así como otros gastos personales relacionados con el cumplimiento de la asistencia jurídica;
Gastos y honorarios de peritos, y
Gastos relativos al envío y devolución de objetos trasladados del territorio de la Parte Requerida al territorio de la Parte Requirente.
2. Sienelcursodelcumplimientodelasolicitudseidentificaralanecesidad deincurrirengastosextraordinariospararesponderalamisma,lasPartesse consultaránparadeterminarlascondicionesenlasque se podrá seguir cumpliendo.
El presente Tratado no impedirá a las Partes prestarse otras formas de asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser acordes con sus respectivas legislaciones y con los tratados internacionales que les sean aplicables.
Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas en materia de interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado.
Cualquier controversia sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consultas entre las Autoridades Centrales.
En caso de que éstas no lleguen a un acuerdo, la controversia será resuelta mediante consultas a través de los canales diplomáticos.
1. Cada una de las Partes notificará a la Otra, por los canales diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor del presente Tratado. El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de recepción de la última notificación, recibida por los canales diplomáticos.
2. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado, en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte, por los canales diplomáticos. En este caso, la terminación surtirá efectos el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la recepción de dicha notificación. No obstante, las solicitudes de asistencia jurídica que se hayan recibido antes de la fecha en la que surta efectos la terminación del presente Tratado se seguirán tramitando conforme a las disposiciones del mismo.
3.- El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo.
Firmado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el diez (10) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En mérito de lo antes expuesto y tomando en cuenta que el MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN, al Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce,en el seno de estas comisiones unidas consistió en la discusión del presente dictamen al tenor delassiguientes:
PRIMERO.-Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1, fracción II; 147 numeral 2, 150 numeral 3 y 186 numeral 2, del Reglamento del Senado de la República estas comisiones Unidas, son competentes para conocer, analizar y dictaminar el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.
SEGUNDA.- México y la República Dominicana Establecieron relaciones diplomáticas en 1888, México mantuvo durante muchos años una relación discreta y formal, de tal manera que de 1890 a 1943,México y la República Dominicana suscribieron dos instrumentos bilaterales, uno consular (supresión de visas ordinarias) y otro de amistad, comercio y navegación.
Los periodos de inestabilidad política que siguieron al derrocamiento del régimen trujillista y la invasión estadounidense de abril de 1965, fueron factores que impidieron al gobierno de México impulsar la relación bilateral. Tanto en el derrocamiento del régimen constitucional de Juan Bosch en 1963, como durante los graves acontecimientos que se suscitaron con la intervención militar estadounidense en abril de 1965, México mantuvo una posición fundamentada en los principios de no intervención y autodeterminación.
Fue hasta septiembre de 1965, cuando Héctor García Godoy fue nombrado Presidente Provisional de la República Dominicana, cuando México reanudó los contactos diplomáticos con el gobierno dominicano.
TERCERA.- Actualmente, la relación entre México y la República Dominicana se encuentra en un nivel elevado de entendimiento, amistad, diálogo y colaboración recíproca y existe una importante coincidencia en los principales temas regionales y multilaterales. En 2009, México apoyó la inclusión Dominicana en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y en el Proyecto Mesoamérica, y durante los cuatro años de su gestión, el Presidente Leonel Fernández sostuvo cinco encuentros con el Presidente Felipe Calderón, el último de los cuales tuvo lugar durante la Visita de Estado que el Mandatario dominicano hizo a México, el 6 de diciembre de 2011.
Nuestro país ha reaccionado favorablemente a la solicitud de cooperación del gobierno dominicano, en áreas prioritarias para éste, como lo son seguridad, modernización de servicios públicos y fomento a la mediana y pequeña empresa.
CUARTA.- Que de aprobarse el Tratado, permitirá fortalecer el marco jurídico vigente entre México y la República Dominicana en materia de procuración de justicia, el cual además, se integra por los siguientes instrumentos:
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, firmado en la Ciudad de México, el 18 de agosto de 1997, y aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de noviembre del propio año.
La legislación mexicana que avala la implementación de este Tratado se conforma de: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
QUINTA.- Que el Tratado de mérito integra todos los elementos contenidos en otros instrumentos internacionales que México ha celebrado con otros Estados en esta materia, que han contribuido a hacer más eficiente la cooperación jurídica.
Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión tiene a bien aprobar el Tratado, el Ejecutivo Federal estará en posibilidad de notificar a las autoridades dominicanas que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislación nacional, en los términos que refiere el Artículo 27, numeral 1, para su entrada en vigor.
Con base en el análisis de la información y constancias remitidas por la Secretaría Gobernación, estas Comisiones Unidas reconocen que el Tratado que nos ocupa satisface con las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas en las que se manifiesta un respeto a la soberanía nacional y a la seguridad de las relaciones internacionales, ajustándose a las normas imperativas del derecho internacional y desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia estas Comisiones Unidas estiman que es de aprobarse el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce, sometiéndose a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el diez de agosto de dos mil doce.
Senado de la República a 19 de diciembre de 2012.