Source: https://www.scribd.com/document/156359905/C-801-05
Timestamp: 2017-05-24 20:02:56
Document Index: 95830695

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por distritos judiciales/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENALDelitos cometidos antes de la vigencia del nuevo código de procedimiento penal La aplicación gradual del nuevo sistema procesal fue una decisión tomada por el poder constituyente derivado colombiano y que ella vincula al legislador. En este entendido, la decisión tomada en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de indicar los distritos judiciales en los que el nuevo régimen entrará en funcionamiento en cada una de las etapas previstas y dentro de los plazos preclusivos fijados por el constituyente derivado, no es más que una norma de desarrollo de esa decisión contenida en el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. Por lo tanto, tratándose de una norma legal de desarrollo de una atribución conferida al legislador por el mismo constituyente, no concurren argumentos para cuestionar su validez constitucional. La norma demandada no vulnera el artículo 13 superior porque el mandato de no discriminación en la formulación del derecho no se opone a que el mismo constituyente tome la decisión política de darle aplicación progresiva a un nuevo sistema de procedimiento penal, mucho más si esa progresividad es coherente con el esfuerzo institucional que implica darle aplicación a un sistema de esa índole en la medida en que plantea unos frentes de atención que demandan grandes esfuerzos institucionales. Y la norma demandada no vulnera el artículo 29 superior porque una sana hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. Por ello, siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva.
Referencia: expediente D-5576 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 530 de la Ley 906 de 2004 Actor: Alvaro Ramón Nieto Moncada Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
906 DE 2004 (31 de agosto) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal El Congreso de Colombia DECRETA: (…) Artículo 530. Cartagena.3
SENTENCIA en relación con la demanda de inconstitucionalidad que. Pamplona. en uso de su derecho político. Con base en el análisis de los criterios anteriores. Cundinamarca. Manizales y Pereira. Santa Marta. LA DEMANDA El demandante afirma que la disposición demandada vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política por los siguientes motivos: 1. Quibdó. puesto que excluye a las personas de los otros distritos en donde no se implementó el sistema que sean sujetos de los mismos derechos y oportunidades procesales de quienes
. Riohacha. San Gil. I. Cúcuta. entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008. Popayán y Villavicencio. Bogotá. En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia. Buga. Santa Rosa de Viterbo y Tunja. Ibagué. Cali. el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga. Medellín. Sincelejo y Valledupar. Los distritos judiciales de Barranquilla. Florencia. Pasto. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso: LEY No. Neiva. II. La decisión del legislador de aplicar el nuevo sistema penal de manera gradual y selectiva vulnera el derecho a la igualdad. Selección de distritos judiciales. Montería. presentó el ciudadano Álvaro Ramón Nieto Moncada contra el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. y aquellos que llegaren a crearse.
hace parte de la órbita de decisión del legislador determinar el momento a partir del cual entra a regir la ley penal. 4. esa disposición resulta compatible con el carácter progresivo con que el constituyente previó debía entrar a regir el sistema acusatorio en el territorio nacional. en detrimento de las garantías constitucionales del derecho a la igualdad y el debido proceso. III. Por ello le solicita a la Corte que declare su exequibilidad. De la Fiscalía General de la Nación Esta entidad afirma que no existe contrariedad alguna entre la Carta Política y la norma demandada. desconociendo con ello que todos los ciudadanos colombianos deben ser tratados de manera igual por la ley. tendrán diferente protección. Para ello argumenta que esa disposición es una consecuencia lógica de lo dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 03 de 2002. La falta de infraestructura del Estado no puede servir de excusa para la implementación en forma parcial del nuevo sistema penal acusatorio. Estima que el artículo acusado no contraría ni el debido proceso ni el derecho de igualdad y que. B. La implementación gradual del nuevo sistema penal acusatorio no tiene precedente histórico en la legislación colombiana. en el sentido que el sistema procesal penal acusatorio entrará a regir de manera progresiva en el territorio nacional. la Ley 906 de 2004 sea más favorable que el anterior régimen de procedimiento penal. 5. o viceversa. C. dado que ello va en detrimento de los sujetos procesales y de las garantías constitucionales del derecho a la igualdad y el debido proceso. trato.4
cometen los mismos delitos pero que son investigados por distinto procedimiento. Por el contrario. De la Comisión Colombiana de Juristas
. Se vulnera el debido proceso y en especial el principio de favorabilidad. debido a que eventualmente puede suceder que en los distritos en donde empieza a regir el nuevo sistema. Del Ministerio del Interior y de Justicia Este despacho le solicita a la Corte declarar exequible la norma legal demandada. Dos personas sindicadas por un mismo delito pero en distinto distrito judicial. afirma. instrucción y juzgamiento. además. INTERVENCIONES A. pues una cosa es que exista un período de transición para su aplicación plena y otra cosa es diferir en el tiempo la competencia territorial. derecho y oportunidad procesal penal en la investigación. con los derechos de igualdad y debido proceso y con los motivos por los cuales se le introdujo una reforma sustancial al proceso penal colombiano. 2. 3.
. Buga. Además. así: .La segunda etapa se iniciará el primero de enero de 2006 y comprenderá los distritos judiciales de Bucaramanga. la norma legal cuestionada no es más que un desarrollo de esa voluntad del constituyente y ante ello mal puede afirmarse que contraríe el Texto Superior. Afirma el señor Procurador que si la voluntad del constituyente derivado colombiano fue que el sistema acusatorio entrara a regir de manera progresiva. Problema jurídico El artículo 530 de la Ley 906 de 2004 dispone que el sistema procesal acusatorio. B. de la Constitución Política. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN A. de la Ley 906 de 2004. V. hizo una referencia expresa a esa progresividad como una característica del sistema. con el alcance del principio de favorabilidad respecto de aquellas normas procesales de efectos sustanciales. Mucho más si la Corte. numeral 4o. entrará a regir en el territorio nacional en cuatro etapas. autorización constitucional que no desconoce ningún principio. Santa Rosa de Viterbo y Tunja. Cali. pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República. Manizales. en la Sentencia C-873-2003. en este caso. la entrada en vigencia de ese sistema de procedimiento penal puede compatibilizarse. IV. San Gil.La primera etapa se inició el primero de enero de 2005 y comprendió los distritos judiciales de Bogotá. Competencia de la Corte De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241. de acuerdo con las reglas de la hermenéutica penal. la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. Pereira y Armenia. derecho o valor fundante de la Constitución Política. consagrado en la Constitución Política en virtud de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por esa ley. Medellín.
Esta entidad le solicita a la Corte que declare exequible la norma legal demandada pues ella resulta compatible con lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2002 en relación con la entrada en vigencia del sistema acusatorio. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación le solicita a la Corte que declare exequible la disposición demandada pues estima que el artículo 5º del Acto Legislativo 03 de 2002 autorizó al legislador para implementar el sistema penal acusatorio de manera gradual.
En estas condiciones. que la vigencia progresiva del sistema procesal acusatorio no vulnera precepto constitucional alguno y que por ello no hay motivos para que la norma demandada sea excluida del ordenamiento jurídico. Con mayor razón. Cartagena. si esta Corporación ha entendido que precisamente esa progresividad es una de las características constitucionales del sistema acusatorio colombiano. Riohacha. en un distrito en el que aún no ha entrado en vigencia o. concluyen. lo único que ha hecho el legislador. Además. a la inversa.La cuarta etapa se iniciará el primero de enero de 2008 y comprenderá los distritos judiciales de Barranquilla. Santa Marta. esta norma legal. porque genera tratamientos legales diferenciados entre los distintos distritos judiciales del país pues en tanto que en unos de ellos se aplicará el nuevo régimen procesal. por medio de la norma legal demandada. Sincelejo. desconociendo con ello que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera igual por la ley. Pasto. Pamplona. De acuerdo con el actor. Popayán y Villavicencio. en un distrito en el que el nuevo modelo ya haya entrado a regir. Fue el mismo constituyente. C. El Ministerio del Interior y de Justicia. también por resultar más beneficioso. por ser más favorable. Neiva.6
. por una parte. Solución al problema jurídico planteado
. la Fiscalía General de la Nación. sin que haya lugar a aplicar el nuevo régimen. Montería. la Comisión Colombiana de Juristas y la Procuraduría General de la Nación consideran. . de manera unánime. a aplicar el sistema anterior. Ello es así. Si ello es así.La tercera etapa se iniciará el primero de enero de 2007 y comprenderá los distritos judiciales de Antioquia. Ibagué. Cundinamarca. afirman. al disponer que el sistema acusatorio entrará a regir de manera progresiva en el territorio nacional y en la forma ya indicada. el problema jurídico que debe resolver esta Corporación es el siguiente: ¿La aplicación progresiva del Acto Legislativo 03 de 2002 en los distintos distritos judiciales del país. vulnera los artículos 13 y 29 de la Carta Política y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. expone. afirma. en otros se aplicará el régimen procesal anterior. Cúcuta. Florencia. Valledupar y aquellos que llegaren a crearse. esa norma vulnera el derecho al debido proceso ya que impide que se aplique el principio de favorabilidad pues los dos sistemas procesales se aplicarán en distritos judiciales específicos. Quibdó. es desarrollar una norma constitucional que para él resulta imperativa. el que en una norma de carácter transitorio dispuso que la vigencia del nuevo modelo de justicia penal no sería uniforme en todo el país sino que ello ocurriría de manera paulatina. exponen. vulnera los derechos de igualdad y debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la Carta Política? Pasa la Corte a resolver el problema jurídico suscitado.
de la de juzgamiento. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. sometidas a control judicial. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008. también cuenta con elementos particulares que terminan por dotarlo de una identidad propia. por ejemplo. El contenido de esta disposición constitucional es el siguiente: Artículo 5°. con las facultades excepcionales que se le otorgan a la Fiscalía General para tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales. con la ausencia de control judicial sobre la acusación y con la no intervención del jurado popular. Estos sistemas están caracterizados. entre otras cosas.
. la estructura de acusación y juzgamiento se aproximó a los sistemas de tendencia acusatoria. como ya lo precisó la Corte en la aludida Sentencia C-591-05. no implica. por otra. Por medio del Acto Legislativo 03 de 2002 se modificaron los artículos 116. por la distribución de las funciones de investigación y acusación. 2.7
1. por la legitimación democrática del proceso penal a través de instituciones como la elección popular de fiscales y jueces o la participación del gran jurado y del jurado popular. por una parte. se trata de un sistema procesal que si bien se nutre de instituciones propias de otros sistemas. no fue desarrollado por el legislador penal. con la intervención de la víctima y del Ministerio Público. Pues bien. no obstante. su identificación absoluta con otro modelo específico del derecho procesal comparado pues. debe contextualizarse en el marco de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad. Así ocurre. que. en manera alguna. como lo indicó esta Corporación en la Sentencia C-591-05. desde luego. 250 y 251 de la Constitución Política y se lo hizo para variar la estructura básica del proceso penal colombiano. Una de las particularidades de la reforma del proceso penal colombiano tiene que ver con las decisiones que se tomaron en el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo. Vigencia. pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. por la racionalización de la selectividad del sistema penal a través del principio de oportunidad y por la promoción de un juzgamiento público y oral. En virtud de esa reforma que. por la reserva judicial para las afectaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos a que hay lugar con ocasión del proceso penal. El presente Acto Legislativo rige a partir de su aprobación. La aproximación del proceso penal colombiano a los sistemas acusatorios. aunque. por la concentración de las facultades investigativas en la Fiscalía General y de las judiciales en los jueces y tribunales. no obstante haber sido previsto por el Acto Legislativo en razón de la modificación introducida al artículo 116 superior.
Para estos efectos. no se aplique de manera simultánea sino sólo de forma gradual. la ejecución y la evaluación de políticas públicas que. Tales reglas son las siguientes: a. El Acto Legislativo 03 de 2002 se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley. Esta decisión del constituyente se explica por el hecho de que la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de procedimiento penal implica. obrando como poder constituido. Nótese cómo el constituyente derivado colombiano dispuso que el nuevo sistema procesal se aplicará de manera gradual. si bien está vigente. retos cuya atención no sólo demanda disponibilidad de recursos. las reformas introducidas a la estructura básica de acusación y juzgamiento del proceso penal colombiano rigen a partir de la fecha de la aprobación del Acto Legislativo. en especial la de la Defensoría Pública. mandato que resulta ineludible para el legislador.040. existe una manifestación expresa de la voluntad del constituyente en el sentido que el régimen recientemente configurado. Es decir. Es decir. De acuerdo con esta regla de derecho fijada por el constituyente derivado.8
Parágrafo transitorio. se trata de un mandato formulado por el constituyente derivado para que ese régimen se aplique gradualmente. por múltiples razones. pues en esa fecha fueron finalmente aprobadas y. varias fueron las reglas jurídicas que el Congreso de la República.45. no pueden atenderse de manera simultánea en todo el territorio nacional. disponga que ese sistema procesal se aplique de manera progresiva. velará por su cumplimiento. en manera alguna. Por el contrario. Para que el nuevo sistema previsto en este Acto Legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial. El Acto Legislativo 03 de 2002 rige a partir de su aprobación. Lo más que este puede hacer es determinar la forma como va a operar esa gradualidad. publicadas en el diario oficial No. además. Como puede apreciarse. la comisión de seguimiento de la reforma creada por el artículo 4° transitorio. incluidas las presupuestales. deberán estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación. si lo tiene a bien. para el Estado. 3. En este punto se impone precisar que no se trata de una facultad reconocida al legislador para que. pero. b. prescindir de ella pues bien se sabe que el legislador
. tales reformas están vigentes y empezaron a regir desde el 19 de diciembre de 2002. sino también el diseño. el deber de atender los serios retos planteados en materia de capacitación del recurso humano y de dotación de la infraestructura material y técnica. configuró en los enunciados normativos que integran esa disposición constitucional.
En este momento se impone precisar. c. como el de favorabilidad. el mismo constituyente le fijó unos límites temporales específicos al indicar la fecha en que debía iniciarse y la fecha en que deberá entrar en plena vigencia ese nuevo régimen. también tiene naturaleza constitucional y resulta vinculante para todo el ordenamiento jurídico.9
no puede oponer su voluntad a la del constituyente ya que esto implicaría el desconocimiento de la jerarquía normativa de la Carta Política. no solo se variaron las formas procesales. si bien el legislador cuenta con esa potestad. De allí que esa formulación normativa del constituyente no sea más que la manifestación del principio de legalidad del proceso. se apliquen disposiciones que hacen parte del nuevo proceso penal a conductas punibles cometidas con anterioridad a su vigencia. como ya lo hizo la Corte en la Sentencia C-592-05. en manera alguna. frente a situaciones susceptibles de identificarse y si ello favorece los intereses del procesado. Luego. sino que también se modificó el régimen de múltiples disposiciones procesales susceptibles de producir efectos sustanciales al interior del proceso penal. el legislador penal tiene atribuciones para fijar distintas etapas para la entrada en vigencia de ese sistema y también para indicar los ámbitos territoriales en los que habrá lugar
. La aplicación del nuevo sistema procesal se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva y deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008. principio de acuerdo con el cual los procedimientos se rigen por ley vigente al momento de la conducta punible que se imputa. En efecto. En razón de ese principio no es posible que a una conducta punible determinada se le aplique un procedimiento que sólo entró a regir después de su comisión. En este acápite. El Acto Legislativo 03 de 2002 se aplicará únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. Esta disposición permite comprender que la facultad que se le confirió al legislador para que determine la gradualidad con la que se aplicará el nuevo sistema procesal fue relativizada. Y es claro que desvirtuar la aplicación de ese principio constitucional no es. Esto por cuanto la asunción de la Carta como sistema normativo hace evidente que el alcance de esa regla configurada por el constituyente debe armonizarse con un principio que. d. en casos específicos. la regla de acuerdo con la cual las normas jurídicas rigen hacia futuro. Mucho más si frente a una reforma estructural como la emprendida a través del citado Acto Legislativo. para el ámbito de aplicación de la reforma del proceso penal. la forma de lograr una relación de equilibrio entre las múltiples disposiciones de la Constitución Política. el constituyente derivado reiteró. que la regla constitucional que se analiza no debe asumirse como una excepción a la vigencia del principio de favorabilidad pues nada se opone a que.
si no están garantizados esos recursos. En este sentido. en especial la de la Defensoría Pública. el constituyente derivado impuso una condición para la aplicación del nuevo sistema procesal en cada distrito judicial. por parte del legislador. Esa condición consiste en que el sistema sólo podrá aplicarse en un distrito judicial determinado si se hallan garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación y. Para la Corte es claro que si esta condición no se cumple. velará por que estén garantizados los recursos suficientes para la implementación del sistema en el respectivo distrito judicial. no puede desconocer las fechas límite indicadas por el constituyente. estén satisfechas las exigencias de estructura y funcionamiento por él impuestas. de manera prioritaria. f. es razonable pues lo menos que puede exigirse es que en el distrito judicial en el que. debe iniciarse la aplicación del nuevo sistema procesal. a la Corte Constitucional le corresponde la verificación del cumplimiento o incumplimiento. El contenido de esta disposición es el siguiente:
. Ese condicionamiento impuesto por el Congreso de la República. La Corte advierte que mediante esta regla jurídica. No obstante. en cumplimiento de la función de reforma de la Constitución. Para que el nuevo sistema procesal pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial. esa condición opera como un parámetro de control de aquellas normas legales que fijan las progresivas etapas de entrada en funcionamiento del nuevo sistema procesal y por ello. Esto es así al punto que carecería de sentido el giro hacia un sistema de tendencia acusatoria si en él se van a mantener o incrementar las deficiencias estructurales y funcionales que afectan al anterior régimen procesal penal. el sistema no podrá aplicarse en el distrito judicial en el que ello ocurra pues así lo dispuso el constituyente derivado colombiano. contenida en la primera parte del parágrafo del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. La comisión de seguimiento de la reforma creada por el artículo 4° transitorio. por decisión del legislador. Esta regla jurídica fijada por el constituyente hace alusión a la “comisión de seguimiento de la reforma” y luego le atribuye una función específica que guarda relación con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. de esa condición fijada por el constituyente.10
a su progresiva aplicación. Para comprender el alcance de esta disposición. e. en caso de serle planteada a través de la acción pública de inconstitucionalidad. deberán estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación. los del sistema de defensoría pública. debe tenerse en cuenta que esa comisión fue creada por el artículo 4º transitorio de ese acto legislativo. es decir.
presente a consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003. por conducto de este último. el Fiscal General de la Nación. por una parte. Para este fin podrá expedir. tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras. modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia. de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. quien la presidirá. ante el Congreso de la República. y los organismos que cumplen funciones de policía judicial. la Defensoría del Pueblo. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública. el Defensor del Pueblo. Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el presente Acto Legislativo. Si no lo hiciere dentro de este plazo. el Procurador General de la Nación. con la presentación. para que. y tres miembros de la Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General.
. el Defensor del Pueblo. la ley tomará las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular. de los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y. el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien. la Rama Judicial. y tres miembros de la Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General. el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. o los delegados que ellos designen. el Fiscal General de la Nación. el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. la comisión de seguimiento está integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho. los Código Penal.11
Artículo 4°. por el término de dos meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. De este modo. Transitorio. o los delegados que ellos designen. la ley estatutaria de habeas corpus. los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema. tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras. se reviste al Presidente de la República de faculta des extraordinarias. el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación. el Procurador General de la Nación. Las funciones primordiales que debe cumplir esta comisión tienen que ver. quien la presidirá.
con adelantar el seguimiento de la implementación gradual del sistema. no es más que una norma de desarrollo de esa decisión contenida en el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. Respecto de esta segunda función. la decisión tomada en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. en el sentido de indicar los distritos judiciales en los que el nuevo régimen entrará en funcionamiento en cada una de las etapas previstas y dentro de los plazos preclusivos fijados por el constituyente derivado.12
por otra. es importante comprender que en el citado artículo 4º transitorio se dispuso que “El gobierno nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un sistema nacional de defensoría pública”. Y parte importante de esta función consiste en velar “por que estén garantizados los recursos suficientes para la implementación del sistema en el respectivo distrito judicial”. 4. Sobre este punto ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte en Sentencia C-873-03. Fijados estos parámetros. cuya aplicación e implementación se han de llevar a cabo de manera gradual y sucesiva en los distintos distritos judiciales del país. En este entendido. revela que fue voluntad del Congreso de la República. instaurar un nuevo sistema de investigación y juzgamiento en materia penal. En sentencia se razonó de la siguiente manera: Una primera lectura de este artículo. y que resulta vinculante. 5. esta función de la comisión de seguimiento consiste en velar porque el gobierno nacional garantice tales recursos respecto de los distritos judiciales en los que el sistema entrará a regir en cada una de las etapas fijadas por el legislador. Por lo tanto. según lo establezca la ley. no concurren argumentos para cuestionar su validez constitucional. En esa oportunidad se advirtió que aplicación gradual era una de las características básicas del sistema. (Articulo 5º transitorio) en el contexto del Acto Legislativo como un todo. la Corte consideró que se estaba ante un nuevo sistema procesal y que “su instrumentalización gradual es una decisión de política criminal que se ha expresado en términos normativos en el artículo 5º del Acto Legislativo mencionado. la Corte concluye que la aplicación gradual del nuevo sistema procesal fue una decisión tomada por el poder constituyente derivado colombiano y que ella vincula al legislador. que es la que interesa en el presente caso. tratándose de una norma legal de desarrollo de una atribución conferida al legislador por el mismo constituyente. en ejercicio de su función constituyente. por su rango constitucional. Luego. la al la la
. y de conformidad con la disponibilidad de recursos indispensable para ello… Fijada esa base. fallo en el que se hizo una primera aproximación nuevo sistema procesal penal.
antes citado. tales como el Acto Legislativo No. Nótese cómo en el pronunciamiento se hizo claridad sobre la naturaleza constitucional de la aplicación gradual del sistema y sobre el carácter vinculante que esa decisión del constituyente tenía para esta Corporación. y por ende. puesto que es a través de esta disposición que el Congreso. Las conclusiones a las que arribó fueron las siguientes: Teniendo en cuenta los puntos expuestos en los acápites precedentes. se logrará un entendimiento adecuado de los términos utilizados en el artículo 5º Transitorio del Acto Legislativo en mención. la Corte debe atenerse a sus términos al momento de determinar el parámetro de constitucionalidad aplicable en el presente caso. una parte integrante del proceso de diseño y adopción de políticas públicas en materia criminal es la utilización de instrumentos normativos. 3 de 2002. sea indispensable prestar cuidadosa atención a lo dispuesto en el artículo 5º Transitorio de dicho Acto Legislativo. en tanto medida de política criminal del Estado colombiano. como ya se precisó en los acápites precedentes. al definirse en dicho artículo 5º la dinámica del proceso mediante el cual se habrá de dar eficacia jurídica a la enmienda constitucional contenida en el citado Acto Legislativo. Más adelante la Corte advirtió la necesidad de determinar si ese nuevo régimen constitucional constituía parámetro de control de las normas legales preexistentes: …según ha determinado la jurisprudencia de esta Corte. que se podrá determinar el verdadero sentido de su decisión de diferir su materialización en el tiempo.13
para la Corte”. actuando como constituyente derivado. De allí que. Es sólo con base en una comprensión clara de la forma como se introdujo un nuevo sistema de procedimiento penal por el constituyente derivado. la Corte considera necesario efectuar dos precisiones
. Enseguida. con miras a aclarar las razones por las cuales se escogió darle aplicación e implementación en forma gradual y sucesiva. Con este fin. instrumentalizó su decisión de implementar en forma gradual y sucesiva el nuevo sistema de procedimiento penal que adoptó. Por lo mismo. la Corte considera necesario efectuar un análisis breve pero cuidadoso sobre el alcance y las implicaciones del cambio introducido por el constituyente en el sistema de investigación y juzgamiento en materia penal. la Corte emprendió el estudio de rigor para determinar el ámbito de aplicación de las nuevas normas constitucionales como parámetro de control de la ley.
Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández. deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país. y según ha expresado esta Corporación. regirá el sistema preexistente. según dispone el artículo 4º Transitorio de dicho Acto Legislativo. 3 de 2002 existe. por ejemplo.
. otros efectos han sido diferidos en el tiempo –tal como sucede con la
1 Sentencia C-251 de 2002. se presentarán tres (3) etapas distintas en el proceso de materialización del nuevo sistema acusatorio: (i) entre el momento de la aprobación del Acto Legislativo y el 1º de enero de 2005. (ii) entre el 1º de abril de 2005 y el 31 de diciembre de 2008. y (b) Por virtud del mecanismo gradual y sucesivo de implementación establecido en el artículo 5º del Acto Legislativo.5. Por lo mismo.14
adicionales para resolver el problema jurídico sobre el parámetro de constitucionalidad que se debe aplicar en el presente proceso: (a) Ya se señaló que fue voluntad del Constituyente instaurar un nuevo sistema penal. si bien las normas jurídicas que constan en el Acto Legislativo No. éste también incluye tanto (i) las leyes que lo habrán de desarrollar. El Acto Legislativo No. la Corte considera que son relevantes las siguientes conclusiones: 3. en el sentido de que si bien comenzará a surtir ciertos efectos jurídicos a partir de su aprobación –tales como. se presentará una etapa de transición durante la cual coexistirán los dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional. y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008.PP. en la medida en que fue aprobado por el Congreso de la República en ejercicio de su función constituyente. los cuales constituyen parte integrante del nuevo esquema diseñado por el constituyente derivado. caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes y una cierta relación con su entorno” 1. 3 de 2002 son parte integrante de dicho sistema. MM. De esta manera. y para efectos de resolver el problema jurídico bajo estudio. la conformación de una Comisión encargada de preparar los proyectos de ley necesarios para desarrollarlo o el establecimiento de las fechas de inicio y culminación del proceso de implementación gradual del nuevo sistema en la práctica-. como (ii) la infraestructura necesaria para su implementación. por medio de los ocho debates prescritos por la Carta Política. “un sistema se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad. 3.1.5. puesto que así lo dispone su artículo 5º Transitorio al establecer que “rige desde su aprobación”.2. pero su eficacia jurídica ha sido modulada por el constituyente derivado. El Acto Legislativo está vigente.
se adelante a la entrada en vigor del sistema acusatorio que se pretende instaurar en el país. reformas al Código Penal. al interpretar y aplicar las normas constitucionales contenidas en el Acto Legislativo No. Como consecuencia de todo lo anterior. por ejemplo.o excluidos – como ocurre con la aplicación del nuevo sistema a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.5. como se ha explicado. Lo que es más. 3 de 2002. el Congreso de la República eligió. no por el Constituyente de 1991. en tanto medida de política criminal instrumentalizada en una norma constitucional. En ese sentido. desarrollen los mandatos del constituyente derivado. puesto que ello equivaldría a desconocer la voluntad constituyente plasmada en forma expresa en los aludidos artículos 4º y 5º Transitorios. No es viable que la Corte. puesto que todavía no se han aprobado las leyes necesarias para ello. acusación y juzgamiento penal. sería un contrasentido examinar su constitucionalidad a la luz de las normas trazadas. formando parte del mismo sistema. mucho menos cuando el nuevo sistema no se ha empezado a implementar. 3. citados varias veces en esta providencia. 3. esto es.3. teniendo en cuenta que las normas acusadas en este proceso son precisamente partes del Código de Procedimiento Penal y del Estatuto de la Fiscalía actualmente vigentes. que no forman parte del nuevo sistema sino del anterior. debe recordarse que el mismo Acto Legislativo dispone que se deben expedir. 3 de 2002.4. no resulta viable aplicar dichas normas constitucionales como parámetro para juzgar las leyes expedidas con anterioridad al Acto Legislativo. Dado el carácter sistémico del nuevo modelo de investigación.5. dar aplicación e implementación graduales y sucesivas a las normas constitutivas del nuevo sistema. únicamente es viable aplicar las normas constitucionales que lo consagran al examen de las leyes que.
. y a las cuales no fueron hechos extensivos los mandatos constitucionales adoptados por el Congreso. sino por el Acto Legislativo que expresamente prevé reformas a las normas vigentes. al Código de Procedimiento Penal y Penitenciario y al Estatuto Orgánico de la Fiscalía que desarrollen el nuevo sistema. por esa misma razón.15
desaparición del sistema establecido en 1991 y la correlativa instauración del nuevo sistema de corte acusatorio2. la cual ha sido prohibida expresamente por el Acto Legislativo-. concluye la Corte que las normas acusadas en esta oportunidad deberán ser examinadas a la luz de los mandatos constitucionales preexistentes al Acto Legislativo No. en los términos de los artículos 4º y 5º Transitorios del Acto Legislativo. a los artículos originales de la
No obstante. las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva. es posible que. sino que. Desde luego que para la Corte es claro que el principio de igualdad y el vigor y aplicación plenos del nuevo sistema resultan inexcusables en cada uno de los Territorios o Distritos Judiciales en los que ese sistema ya opera. la Corte advirtió que la aplicación progresiva era una característica. tal desarrollo legal no vulnera ni el derecho de igualdad ni el principio de favorabilidad como contenido del derecho fundamental al debido proceso. como ya se indicó. además. En estas condiciones. del nuevo sistema procesal. 8. 7. Siendo ello así. Como puede apreciarse. que esa aplicación progresiva. El actor argumenta que el precepto demandado contraría los artículos 13 y 29 superior. finalmente. en el caso presente no concurren razones para deslegitimar la norma legal demandada pues la aplicación progresiva del nuevo régimen del proceso penal es una característica básica de ese sistema y así lo ha advertido ya la jurisprudencia de esta Corporación. de resultar ello más favorable. susceptibles de identificarse no obstante la mutación del régimen procesal. dado su rango constitucional. que a la fecha se encuentran en plena vigencia. Por ello.16
Constitución de 1991. mucho más si esa progresividad es coherente con el esfuerzo institucional que implica darle aplicación a un sistema de esa índole en la medida en que plantea unos frentes de atención que demandan grandes esfuerzos institucionales. no vulnera los derechos de igualdad y debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la Carta
. siempre que se trate de situaciones específicas. resultaba vinculante para esta Corporación en sede de control constitucional y. que esa progresividad tenía incidencia para la determinación de la aplicación del Acto Legislativo 03 de 2002 como parámetro de control de la ley. aquél no sólo pierde de vista que fue el mismo constituyente el que habilitó al legislador a determinar la gradualidad con la que debía aplicarse ese sistema. una sana hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. aun cuando no consustancial. en desarrollo de la norma demandada. Y la norma demandada no vulnera el artículo 29 superior porque. la Corte ha resuelto el problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones: La aplicación progresiva del Acto Legislativo 03 de 2002 en los distintos distritos judiciales del país. 6. La norma demandada no vulnera el artículo 13 superior porque el mandato de no discriminación en la formulación del derecho no se opone a que el mismo constituyente tome la decisión política de darle aplicación progresiva a un nuevo sistema de procedimiento penal.
RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE.17
Política. Por ese motivo. el artículo 530 de la Ley 906 de 2004 no vulnera la Constitución y debe ser declarado exequible. Cópiese. la Sala Plena de la Corte Constitucional. notifíquese. VI. por el cargo formulado. comuníquese.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO
. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. cúmplase y archívese el expediente. DECISIÓN Con fundamento en las precedentes motivaciones.
. Magistrada doctora CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ. no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.18
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE CONSTAR: Que la H.
03 de 2002. La aclaración de voto a que se ha hecho referencia. como es sabido. entrará en vigor el Código de Procedimiento Penal expedido mediante Ley 906 d 2004 y. esa disposición tiene fundamento de validez constitucional el Acto Legislativo No. respecto de la citada Sentencia C-873 de 30 de septiembre de 2003. mediante la cual se declara exequible. es decir. EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-801 DE 2 DE AGOSTO DE 2005 (Expediente D-5576). quedan fuera del ordenamiento jurídico si en virtud de normas constitucionales posteriores aparecieran contrarias a estas últimas. CONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Alcance (Aclaración de voto) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA EXPEDIDA ANTES DE ACTO LEGISLATIVO DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Confrontación con las normas constitucionales vigentes al momento del pronunciamiento del fallo (Aclaración de voto) SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONALConstitucionalidad condicionada queda en entredicho como quiera que se refiere a la normatividad constitucional anterior que ya no está vigente (Aclaración de voto) Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional me veo precisado en este caso a formular una aclaración de voto en relación con lo resuelto en la Sentencia C-801 de 2 de agosto de 2005. Sin embargo. uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional señala que "la Constitución es norma reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente". Significa entonces este principio que normas de orden legal que eran constitucionales conforme a la Carta Política vigente al momento de su expedición.19
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA. el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. tiene como fundamento que en la norma aludida se fijan las fechas en las cuales. que pese a que la ley fue válida conforme a la Constitución cuando tuvo
. Por ello se predica entonces la existencia de un fenómeno jurídico en razón de la vigencia de nuevas normas constitucionales que afecta a la ley anterior de "constitucionalidad sobreviniente". en lo pertinente. de manera gradual. en los términos que a continuación se reproducen. Entonces se dijo: “2ª. Como es suficientemente conocido. por el cargo formulado. según lo dicho por la Corte en Sentencia C-873 de 2003. el suscrito magistrado salvó y aclaró el voto. y que ahora juzgo conveniente transcribir.
03 de 2002 por el cual se reforma la Constitucional Nacional introdujo modificaciones a los artículos 116. la consecuencia de ese razonamiento significaría la vigencia coetanía de la Constitución anterior y la nueva. “De no ser así la reforma que se introduzca a la Constitución Política no tendría ninguna consecuencia sobre la legislación preexistente y se llegaría al absurdo que permitiría que normas contrarias a la Carta se declararan sin embargo conformes a ella. Por tal motivo. “Y.. ser declarada constitucional a pretexto de que según la Constitución anterior. “4a. fueron expedidas bajo el imperio de la Constitución Política de 1991. la conclusión no puede ser sino una: rige a partir de esa fecha.. “Es claro para el suscrito magistrado que el Acto Legislativo No.20
nacimiento a la vida del derecho.Ley 261 de 2000 "por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones" y los preceptos de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". si la aprobación del acto legislativo aludido y su promu1gación fue el 19 de diciembre de 2002. Política implica de suyo que se confronte esa ley con las normas constitucionales vigentes no al momento en que la ley fue expedida. Del mismo modo esto significa que acusada de inconstitucionalidad una norma de rango legal. ". Una norma no puede ser contraria a la Constitución vigente y. sino con aquellas de la Carta Política que se encuentren en vigor al momento del pronunciamiento del fallo sobre su exequibilidad. pero se aplica de acuerdo con la gradualidad que determine la ley. señaló en su artículo 5° que: "el presente acto legislativo rige a partir de su aprobación. en forma que no admite ningún género de duda. 03 de 2002. por una razón elemental: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. las normas objeto de la acusación en este proceso deberían ser objeto de juzgamiento sobre su validez
. Ello no es posible. cuya declaración de inexequibilidad se impetró en este proceso. Dicho de otra manera. la mutación constitucional le pone fin a la validez de esa ley si con el cambio constitucional resulta contraria a la Carta Política. sí lo era. 250 Y 251 de la Constitución y. sin embargo. o de algunas normas constitucionales actuales y las que las precedieron aún cuando fueran contrarias en su contenido normativo. su validez frente a la Carta. pero antes de la reforma introducida a la Carta por el Acto Legislativo No. la validez constitucional de las normas acusadas debería ser objeto de análisis frente a la Carta Política vigente el 30 de septiembre de 2003. “3a. si las normas contenidas en el Decreto . De acuerdo con lo anteriormente expuesto. fecha en la cual se profirió por la Corte la Sentencia C-873 de ese año que decidió sobre la demanda de inconstitucionalidad de las normas acusadas.
la constitucionalidad condicionada que respecto de algunas normas se declara por la Corte. Simplemente se señalan algunas reglas para su aplicabilidad. resulta referente necesario para el juicio de constitucionalidad. Fecha ut supra.21
constitucional mediante su confrontación con el Acto Legislativo No. como se llegó por la Corte a conclusiones sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las normas acusadas que podrían ser idénticas con independencia de la variación constitucional que se produjo en virtud del Acto Legislativo No. el fundamento jurídico del fallo resulta para el suscrito magistrado en abierta contradicción con la lógica jurídica y con la Constitución Política pues. en efecto. La validez constitucional de las normas acusadas debió haber sido materia de juzgamiento no con respecto a la Constitución sin la reforma que le introdujo el acto legislativo mencionado a la Fiscalía General de la Nación. así se llegue. asunto que es distinto al de su vigencia.250 Y 251. pero precisamente porque el acto legislativo está vigente. que ya hoy no está vigente. lleva más bien a conclusiones contrarias a las que aparecen en el fallo”. a 30 de septiembre de 2003 las normas objeto de la acusación no podían analizarse como si la Constitución original no hubiera sido reformada sino única y exclusivamente frente a las nuevas normas introducidas a la Constitución. punto este que. “De manera pues que en relación con la motivación de la sentencia en cuanto las normas acusadas se analizan según los textos constitucionales originales de la Constitución de 1991 y prescindiendo de las normas contenidas en el Acto Legislativo No. Es decir que. sin perjuicio de la existencia de normas de carácter transitorio. analizada finalmente la sentencia. pese a que la Constitución Política no es sino una y no obstante que universalmente se admite como un imposible jurídico la simultaneidad de regímenes constitucionales dentro del Estado. 03 de 2002 que la reformaron en los artículos 116. sino al contrario. 03 de 2002. por haber reformado la Constitución a partir de su aprobación. queda en entredicho como quiera que ella se refiere a la normatividad constitucional anterior. 03 de 2002 que. mi discrepancia es radical. “Siendo ello así.
. La aplicación será gradual. En ninguna parte de ese acto legislativo se afirma que la vigencia del mismo se posterga. De esta manera. implica la aceptación de la vigencia simultánea de normas constitucionales diferentes. lo cual no se hizo por la Corte. “5a.
mediante el cual se declara exequible por el cargo formulado. argumentos a los cuales me remito. me permito aclarar mi voto a la presente sentencia. que regula la aplicación progresiva del sistema penal acusatorio en el país. JAIME CORDOBA TRIVIÑO Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación. el artículo 530 de la ley 906 de 2004. por cuanto en su momento presenté salvamento de voto parcial a la sentencia C-873 del 2003. Los argumentos esgrimidos como fundamento de mi disenso frente a la sentencia C-873 del 2003 son válidos también frente a la presente sentencia. sentencia que sirve de fundamento en la parte motiva del presente fallo. Fecha ut supra.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-801 DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA Referencia: expediente D-5576 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 530 de la Ley 906 de 2004 Magistrado Ponente: Dr.
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