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Timestamp: 2019-01-21 10:14:43
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1742', 'artículo 1742', 'artículo 2', 'artículo 1519', 'artículo 1502', 'artículo 1742', 'artículo 34', 'artículo 1742', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1742']

﻿ SENTENCIA C-597 DE OCTUBRE 21 DE 1998
SENTENCIA C-597 DE 21 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN:" Y EN TODO CASO POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1742 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:325 DE ENERO DE 1999, PÁG.136
Sentencia C-597 de octubre 21 de 1998
NULIDAD ABSOLUTA POR OBJETO O CAUSA ILÍCITOS
CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
EXTRACTOS: «Ejerciendo la acción, pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Angela Janeth Galvis Ardila, presenta demanda contra un aparte del artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, por considerar que viola el preámbulo y los artículos 2º y 34 de la Constitución.
A continuación se transcribe el texto completo de la disposición, subrayando la expresión que es objeto de demanda:
“ART. 1742.—La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria”.
En primer término, es pertinente anotar que en relación con este tema la Constitución solamente establece la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad (art. 29): “En ningún caso podrá haber prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”; y la de algunos bienes: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 63).
“Todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con claridad de los artículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros. Por supuesto, es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse"(5).
(5) Sent. C-217/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1519 del Código Civil, hay objeto ilícito “en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”. También “Hay objeto ilícito en la enajenación: 1. De las cosas que no están en el comercio, 2. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello” (C.C., art. 1521).
“... Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así: la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”
El objeto y la causa lícitos han sido consagrados por el legislador como requisitos necesarios para la validez de los actos o contratos, como se lee en el artículo 1502 del Código Civil, que establece:
“Para que una persona se obligue a otro por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita...”.
La demandante fundamentada en la sentencia C-374 de 1997(6) mediante la cual se declaró inexequible la prescripción de la acción de extinción del dominio por cuanto permitía el saneamiento de las “fortunas ilícitas”, lo cual contrariaba la Constitución, ya que “los vicios que afectan el patrimonio mal habido jamás pueden sanearse, y menos todavía inhibir al Estado para perseguir los bienes mal adquiridos”, solicita que se declare inexequible el aparte demandado del artículo 1742 del Código Civil, por violar la moral social, contenida en el artículo 34 de la Carta.
La prescripción extraordinaria de la nulidad absoluta generada por objeto o causa ilícitos, no es nueva en nuestro ordenamiento, pues el artículo 1742 del Código Civil tal como aparecía antes de expedirse la Ley 50 de 1936, que lo modificó, la autorizaba a los treinta (30) años. Con la Ley 50 de 1936 —artículo 2º parcialmente acusado—, se autoriza el saneamiento de la nulidad absoluta cuando no es generada en objeto o causa ilícita por ratificación de las partes y, en ambos casos por prescripción extraordinaria, la que fija en 20 años (art. 1º ibídem), como se expresó en párrafos anteriores.
Ha sido universalmente aceptado que la causa que justifica el instituto de la prescripción de la acción, es sin duda, la seguridad jurídica y el orden público, pues el interés general de la sociedad exige que haya certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que es la lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien deba hacerla valer oportunamente, esto es, dentro del tiempo y condiciones que consagre la ley, “porque las acciones duran mientras el derecho a la tutela jurídica no haya perecido y ese derecho, generalmente, subsiste tanto y en cuanto no se haya perdido por la inactividad del titular"(7).
Savigny sostiene que:
“El interés social u orden público es la nota que caracteriza al instituto de la prescripción. Las normas que conducen a la pérdida del derecho no ejercido por el transcurso del tiempo, no pueden quedar desvirtuadas por convenciones que ofendan el espíritu de la legislación, inherentes a aquellos preceptos que persiguen la seguridad jurídica de la obligación; a pesar de satisfacer esto la prestación objeto de un nexo extinguido, no por ello debe aprehenderse esa conducta como una desviación a esa esencia del orden público de la prescripción, exista o no el deber de conciencia”(8).
(8) Citado en tratado práctico de derecho civil francés, tomo VI.
Quizás resulte pertinente, en este punto, traer a colación un pasaje esclarecedor de Alessandri:
“(...) la ley ha tenido que conciliar la necesidad de sancionar las infracciones a ella con el interés público, el cual exige cierta estabilidad en las situaciones jurídicas, porque derechos inciertos impiden el normal desarrollo de las actividades de una colectividad. Y por muy inconveniente que sea mantener un acto o contrato que adolece de nulidad absoluta, hay que reconocer que no es tampoco conveniente dejar en suspenso ese acto indefinidamente, como ocurriría si pudiere ser anulado en cualquiera época después de su celebración.
Por tal motivo, la ley, reconociendo que es menos peligroso consolidar una situación jurídica anormal derivada de un acto o contrato ilícito, inmoral o contrario a sus disposiciones fundamentales, que dejaría en suspenso por tiempo indefinido, porque es preferible la estabilidad que la incertidumbre de los derechos, ha señalado un plazo, transcurrido el cual la nulidad absoluta se sanea, es decir, el acto o contrato viciado se convierte en plenamente eficaz e inatacable, considerándosele como purgado del vicio o defecto de que adoleció. El plazo de quince años es el máximo que contempla nuestro Código Civil para la consolidación definitiva de todo derecho o situación incierta, y por eso lo ha adoptado también para el saneamiento de la nulidad absoluta”(9).
(9) Alessandri Besa Arturo. La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil. Tomo II.
De manera análoga al proceso de curación personal por el olvido, el transcurso del tiempo también obra efectos benéficos en el organismo social, con respecto a las transgresiones, no sólo de obligaciones morales, no siempre fáciles de identificar, especialmente dentro de una sociedad pluralista, sino aún de los más claros deberes jurídicos. En otros términos: en beneficio de la paz social y de la seguridad jurídica, el derecho objetivo no únicamente convalida situaciones que ab initio puedan considerarse censurables en virtud de una perspectiva moral compartida por un gran número de miembros de la comunidad, sino que renuncia a sancionar, transcurrido un tiempo fijado por el legislador, a quien ha incurrido en una conducta inequívocamente delictiva, contenida en una norma cuya capacidad vinculante no está condicionada por la aceptación social o psicológica de que goce. Es el caso de la prescripción de la acción penal y de la pena misma.
Fundamentos análogos a los señalados para la prescripción extintiva (de la que aquí se trata), justifican la prescripción adquisitiva. Lo que en principio es una situación fáctica (aún violenta) no amparada por el derecho, deviene, transcurrido un lapso que el legislador juzga razonable, en interés jurídico digno de protección. La negligencia o aún la indolencia de quienes están habilitados para enmendar, con su acción, la situación o la conducta reprochables, la toma en cuenta el derecho objetivo para construir un derecho subjetivo, con todas las consecuencias que ello implica.
La convivencia pacífica, consagrada en el artículo 2º de la Constitución, consecuencia del interés general consignado en el primero, exigen que existan reglas jurídicas claras a las cuales deban someter su conducta las personas que viven en Colombia, y que no subsistan indefinidamente situaciones inciertas generadoras de disputas y litigios sin fin, incompatibles con la seguridad jurídica y, en último término, con el derecho a la paz, que es el eje de toda nuestra normatividad superior.
Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 1742 del Código Civil, que dice “... y en todo caso por prescripción extraordinaria”.
(Sentencia C-597 de octubre 21 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).