Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/marina8ago02.html
Timestamp: 2017-05-29 11:24:40
Document Index: 111890133

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 194', 'artículo 27', 'artículo 75', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 10']

Equipo Nizkor - Recurso Extraordinario federal.
8ago02
Recurso Extraordinario federal sobre el Recurso de Casasión del caso Marina Schifrin.
AUTOS: "SCHIFRIN, MARINA S/ RECURSO DE CASACION"
EXPEDIENTE: 3905 CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL.
OBJETO: INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO.
DARÍO RODRÍGUEZ DUCH, abogado, CPACF. T. 34, F. 898m defensor de la imputada Marina Schifrin, con el patrocinio letrado de los
Dres. HORACIO RICARDO GONZÁLEZ y VILMA ISABEL BISCEGLIA, ratificando el domicilio procesal en Belgrano 909, Piso "2", Dto. "A" de la
ciudad de Buenos Aires, en las presentes actuaciones, a V.E. me presento y como mejor proceda digo:
Conforme el trámite previsto por el art.14 de la ley 48 para el Recurso
Extraordinario federal, vengo a interponer el mismo en tiempo y forma oportuna
contra la sentencia dictada en la presente causa con fecha 03/07/2002, cuya
lectura de fundamentos fuera realizada con fecha 11/07/02, conforme surge de la
A través del presente recurso estará llegando finalmente ante la
Excma. Corte Suprema de Justicia una causa de indudable importancia institucional. El Estado argentino está integrado a la comunidad de naciones civilizadas, y se ha comprometido en el respeto por las libertades fundamentales de los individuos y en el derecho de gentes. A través de la reforma constitucional de 1994 quedó consolidada esta tendencia, al asignarle jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de los que surgen los derechos a los que haremos referencia en este escrito. La misma Corte Suprema de Justicia, especialmente en la última década, ha marcado un rumbo para los Tribunales Nacionales, signado también por la integración de la República Argentina a la comunidad de las naciones y
el respeto de las obligaciones internacionales asumidas por el país.
En esta causa el Estado Argentino debe actuar en su integración
a la comunidad internacional. Los Tribunales que han entendido en la causa en
las instancias anteriores, no se han encuadrado jurídicamente en función de
dicha normativa universal, hallándose aún pendiente una solución definitiva al
problema de fondo de las presentes actuaciones. En base a los fundamentos expuestos, nuestra parte estima que deberían llevar a la Exma. Corte Suprema
a resolver la cuestión en el sentido que solicitamos. La revocación de la resolución recurrida no sólo es un imperativo
vinculado al Derecho de Gentes, sino también un imperativo legal, stricto
sensu. Una resolución similar por parte del mas alto Tribunal de la República
significaría un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado Argentino, un apartamiento inaceptable de las normas
más elementales que en materia de derechos humanos han adoptado las
naciones del mundo, y un desconocimiento del derecho nacional e internacional.
Al fallar esta causa, la Corte Suprema de Justicia, cabeza de uno
de los poderes de nuestro Estado, estará hablando por el Estado Argentino, aún
si no se avocase, en tanto es el órgano público encargado de resolver la
cuestión y de decidir si se cumplirán o no los compromisos asumidos con la
comunidad internacional referidos al respeto de los Tratados y Cartas
Fundamentales suscritos por Argentina y que hoy rigen los principios de las
legislaciones de la humanidad integrada al mundo. Por lo tanto, de lo que se
resuelva aquí depende que la República Argentina obre en consonancia con los
mandatos de los constituyentes y con la conciencia universal que expresa la
comunidad internacional respecto de los derechos y libertades esenciales de los
III.- PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.	En el presente juicio se encuentran reunidos los requisitos que condicionan la admisibilidad del remedio federal reglamentados por los artículos 14 y siguientes de la ley 48. Se trata de una causa judicial en la cual V.E. ha resuelto confirmar la sentencia condenatoria dictada por el Juez Federal de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
Mi defendida tiene un interés personal y jurídico en la tramitación y
resolución del presente recurso extraordinario dado que ha sido condenada a la
pena de tres meses de prisión en suspenso y costas, como coautora penalmente
responsable del delito de impedir y entorpecer el normal funcionamiento de los
medios de transporte por tierra y aire sin crear una situación de peligro común (
artículos 26,27 bis, 29 inc.3, 45 y 194 del Código Penal), fijándose además una serie de reglas de conducta que- de quedar firme el fallo- estarían sujetas, en caso de incumplimiento, a las consecuencias previstas en la última parte del art. 27 bis del Código Penal.
Se trata de una sentencia judicial definitiva dictada por el Superior Tribunal de la causa, en este caso la Sala I, de la Cámara Nacional de Casación Penal que, de quedar firme, le produciría a mi defendida un gravamen irreparable de insusceptible reparación ulterior.
En la presente causa existe caso federal suficiente para abrir la instancia
extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto por estar en
debate la inteligencia y alcance de expresos derechos constitucionales, habiendo resuelto V.E. en contra de su vigencia, como por tratarse de una sentencia arbitraria, que debe ser descalificada como tal, en los términos de la doctrina en la materia de nuestro más Alto Tribunal de Justicia.
Mi defendida, a lo largo de la causa penal, ha invocado que su conducta se enmarca dentro del ejercicio de los derechos constitucionales de peticionar, de reunión y de expresar sus ideas garantizados por los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional y las disposiciones similares, también de jerarquía constitucional, contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75 inciso 22).
Desde la reforma del 94 el derecho de reunión ha sido incorporado expresamente al bloque constitucional por los distintos tratados internacionales de derechos humanos ( art. XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
No existe duda de que el derecho de reunión es uno de los derechos que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno (conf. art. 33 de la Constitución). Desde antiguo nuestra Corte
Suprema ha reconocido el derecho constitucional de reunión, " teniendo su
origen en la libertad individual, en la libertad de palabra, en la libertad de
asociación". No se concibe como podrían ejercerse esos derechos, " sin la
libertad de reunirse o de asociarse, para enseñar o aprender, para propagar sus
ideas, peticionar a las autoridades, orientar a la opinión pública y tratar otros
fines lícitos" (Armando Arjones y otros, 17/11/41,J.A. 76-743).
En sentido coincidente, la Corte Suprema estadounidense ha establecido
que la libertad de reunión pacífica es un derecho vinculado íntimamente con las
libertades de palabra y de prensa y, como estas, es igualmente un derecho
fundamental. Sin embargo, en la resolución de la presente causa se ha realizado una
exégesis contraria a la vigencia de los mencionados derechos constitucionales
configurándose el caso federal previsto en el art.14 inciso 3 de la ley 48. Existe
cuestión federal bastante en los términos de la ley 48, dado que el Tribunal
decidió en forma contraria, a la pretensión de la condenada.Basicamente, en la
cuestión constitucional referida a la limitación indebida de la libertad de
expresión, de reunión y de petición fundado en una interpretación restrictiva y
groseramente errónea de los artículos 14 y 22 de la Constitución Nacional. Se ha dictado una sentencia inconstitucional que está en abierto
conflicto con el bloque de constitucionalidad vigente.
Dentro de la causa se ha planteado, en todo momento, que se
encontraban en juego en su resolución derechos fundamentales de mi
defendida. Su tratamiento al dictar sentencia ha sido contrario a su vigencia.
La cuestión constitucional aplicable al caso ha sido desenvuelta
y mantenida a lo largo del trámite de las presentes actuaciones.
En relación con los agravios constitucionales de mi defendida,
quiero recordar que la doctrina judicial y de opinión en los EEUU (fuente de
orientación aplicada habitualmente por la Corte Suprema Argentina) ha
encuadrado en el concepto de expresión libre dentro de los tipos de expresión
que van acompañados por actos llamándolos como "expresión incrementada
", " expresión simbólica " y " expresión acompañada por la acción ".
Estos conceptos surgen de la necesidad " de ampliar la protección
constitucional a actividades como los piquetes, las protestas, las marchas y las
manifestaciones." ( Geofrey Marshall, Teoría Constitucional, Espasa-Calpe
S.A.,Madrid 1982, páginas 240/241).
Una serie de derechos constitucionales, de contenido no
patrimonial, merecen un tratamiento especial como libertades preferidas, así
la libertad de expresión y asociación, la libertad religiosa, el derecho a la
privacidad, los derechos de la participación política. En todos los casos la
injerencia estatal que se admite es mínima, en resguardo del proceso político
El derecho a la libertad de expresión, en el sentido amplio que lo
tipifica la doctrina y la jurisprudencia estadounidense, abarca actividades
como los piquetes, las protestas, las marchas y las manifestaciones. " En
cierto sentido, todas estas actividades son formas de expresión análogas y
relacionadas con la expresión y el derecho de petición" (G. Marshall,
ob.cit.,pág. 241).
La jurisprudencia de la Corte estadounidense, como señala con acierto
el voto en disidencia, a partir de los fallos "Hague v. Cio, 307 US 496 (1939) y
Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939) considera a las calles y parques como
lugares privilegiados para la expresión pública, "�.. usándose desde siempre
para el propósito de que los ciudadanos se reunan en asambleas, se comuniquen
entre sí y discutan sobre cuestiones públicas" ("Hague"). Esa doctrina se ha
consolidado a partir de considerar la Corte que es fundamentalmente en la vía
pública dónde se produce la expresión de la ciudadanía.
Así el juez Brennan sostuvo que "Los métodos convencionales de
petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios
de ciudadanos" ("Adderley v. Florida", 385 U.S. 39 (1966). En la misma causa
el juez Douglas, en su voto particular destacó que " el derecho de petición para
la reparación de agravios tiene una larga historia y no se limita al hecho de
escribir una carta o enviar un telegrama a los diputados; .....Quienes no
dominan la radio y la televisión, quienes no pueden hacer publicidad en los
periódicos o publicar panfletos muy elaborados solo tienen un acceso muy
limitado a la función pública. Los métodos que empleen, en consecuencia, no
deben condenarse como si se tratara de tácticas de obstrucción y hostigamiento
siempre que la reunión y la petición sean pacíficas" (fallo citado, 385 U.S.
39,49-51 (1966).
En definitiva, el criterio del Tribunal es el reconocimiento de que la
libertad de expresión era la norma y las restricciones sobre esta libertad, la
excepción" (Christopher Wolfe, La transformación de la interpretación
constitucional, Civitas, Madrid 1991, página 339). Se trata de una doctrina de
la Corte estadounidense que " reconoce que las libertades civiles, y no las
libertades económicas eran esenciales para el mantenimiento de la dignidad
humana y la actividad democrática".(Edward S. Corwin, La Constitución de los
Estados Unidos y su significado actual, Ed. Fraterna, Bs.As,1987, página 397).
Discrepo, totalmente, con el Tribunal de la causa en cuanto considera
que la conducta de mi defendida no debe enmarcarse en el legítimo ejercicio de
un derecho. No se trata de un derecho más lo que está en juego, sino de derechos
humanos fundamentales que tienen especial relevancia en un estado de derecho
democrático. Se trató en el caso del ejercicio de derechos constitucionales,
expresamente garantizados por los artículos 14, 33 y 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional. Se ejerció el derecho de peticionar a las autoridades comprensivo del
derecho de reunión y de una libertad de expresión amplia. La interpretación que realiza V. E., para resolver el caso, del art. 14 de
la Constitución Nacional altera sus sustancia. Ninguna de las conductas o
actividades desarrolladas por mi defendida coinciden con las descripciones
prohibidas por el Código Penal como pretende el Tribunal. Al descalificarlo
como medio para obtener un fin que evalua legítimo desnaturaliza el ejercicio
A ello se suma la retorcida introducción en el caso, por los jueces, del
art. 22 de la Constitución Nacional y la cita doctrinaria que realiza que es
totalmente inadecuada y fuera del contexto legal y fáctico en análisis. Ello es
así en cuanto la conducta de mi defendida no estaba dirigida a sustituir la
organización política, económica y social, definida por nuestra Carta Magna,
sino a afirmarla reclamando la plena vigencia de derechos como el referido a la
obligación de garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación
pública estatal ( art. 75 inc.19 Constitución Nacional).
El ejercicio de los derechos de peticionar, reunión, expresión pública y
activa de las ideas y reclamos, el de crítica a las autoridades, forma parte
indisoluble del estado de derecho democrático. Su ejercicio no puede ser
restringido sustancialmente, encuadrándolo en un tipo penal, sin atentar contra
la Constitución. Las molestias ocasionadas en forma temporal con motivo del
ejercicio de los derechos mencionados, como los que puede ocasionar el
ejercicio del derecho de huelga, forman parte de su naturaleza y de su propia
historia desde el reconocimiento por los estados de derecho de estas libertades
Sin libertades democráticas, sin la posibilidad de su ejercicio pleno, que
se expresa no solo en el acceso a la justicia sino, también, en la distintas formas
de participación ciudadana que han tenido un amplio desenvolvimiento
jurídico, en el nuevo capítulo de " Nuevos Derechos y Garantías" después de la
reforma del 94 y, práctico a través de la espontaneidad y creatividad popular.
Ejemplo de ello han sido los denominados " cortes de ruta " para llamar la
atención de las autoridades sobre el cumplimiento de obligaciones
constitucionales o los más recientes formas de los "cacelorazos" que ya han
merecido reflexiones de parte de la doctrina especializada. El derecho debe
estar atento y ser capaz de recepcionar estas nuevas formas de participación
dentro de una democracia como la que surge de nuestra constitución (
mecanismos de consulta popular, iniciativa legislativa, derechos de incidencia
colectiva, etc.)
No existe incompatibilidad alguna entre las libertades reconocidas en el
artículo 14 de la Constitución Nacional, siendo obligación de los jueces
resolver sobre su vigencia en el caso concreto. No se puede pretender anular la
libertad expresión en espacios públicos bajo la pretensión que obstruye el
tránsito tipificando su ejercicio como un delito. Desde ese punto de vista la
sentencia carece de razonabilidad en la interpretación del texto constitucional.
En ese sentido destaco el acierto del voto en disidencia cuando señala que el
Estado no es el único titular del bien afectado y podríamos agregar que tanto
daño o molestia producen los actos masivos a favor de las autoridades como
aquéllas que se hacen para criticar o reclamar prestaciones positivas a los
gobiernos. La democracia exige en mayor medida tutelar el ejercicio de los
derechos en la crítica más que en la aprobación.
Conforme uniforme doctrina de nuestra Corte (Fallos 319:2965)
corresponde habilitar la instancia extraordinaria al referirse los agravios a la
inteligencia que corresponde dar a los artículos 14, 22 y 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional. En este caso se condena a mi defendida resolviéndose
en forma contraria a sus pretensiones la cuestión constitucional que fue materia
de litigio y que fundara en el citado art.14 y en los tratados internacionales de
derechos humanos ( art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
A ello cabe agregar, para sostener más ampliamente la admisibilidad del
recurso, el carácter inconstitucional de la sentencia, conforme se detalla a lo
largo del escrito, configurando también el caso federal por arbitrariedad al
violar el fallo el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y,
fundamentalmente, las libertades civiles y el standard de razonabilidad
garantizado por los artículos 18,14 y 28 de la Constitución Nacional.
IV.- ANTECEDENTES:
Consideramos procedente describir con detenimiento los hechos
acaecidos en Bariloche aquel 21 de marzo de 1997, a fin de contextualizar las
actitudes de la mayoría de los distintos actores del hecho y de comprender con
mayor precisión las razones por las que no resulta aplicable a mi asistida, Marina
Schifrin, la figura del art. 194 del Código Penal.
Aquel día una asamblea de padres reunidos en la escuela de educación
Técnica había resuelto, a las 13, 30 hs. aproximadamente, con la solidaridad de
los docentes y los alumnos, realizar una manifestación en la Av. 12 de octubre a
la altura del denominado "Puente Ñireco" para llamar la atención de quienes se
encontraban a cargo de sostener la educación pública en la provincia. Este accionar no obedeció en modo alguno a un acto aislado y fuera de
contexto sino que, muy por el contrario, fue la culminación de toda una serie de
acciones previas de la comunidad a fin de obtener alguna respuesta por parte de
las autoridades educativas provinciales entre las cuales se incluyeron diversos
paros, manifestaciones en el Centro Cívico de la ciudad, comunicados de prensa,
recursos administrativos judiciales presentados por los padres y docentes en
forma conjunta. Todos ellos habían resultado absolutamente improductivos hasta
el presente en cuanto a sus nulos efectos sobre quienes tenían el poder de
Fueron más de 300 los adultos, docentes, directivos, e incluso parte
destacada de la clase dirigente barilochense, que se hallaban presentes. Vale destacar que en un momento dado se halló a la cabeza del reclamo el
entonces Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche, César Miguel y su
Secretario de Gobierno, Jorge Olguin, quien manifestó públicamente su reclamo
a las autoridades educativas con sede en la capital de la Provincia de Rio Negro.
Resulta procedente detallar el hecho de que existió en todo momento una
vía alternativa (la de un segundo puente denominado "Quimey Quipan" distante
a menos de 300 metros) y aún así, como varios testigos manifestaran
oportunamente (Olguín, Ñancufil, etc.) en el lugar de la manifestación, no hubo
impedimento de circulación ("el que se mandaba pasaba"). Se encontró en todo momento garantizada la seguridad de los
transeúntes, automovilistas y pasajeros de empresas de transporte. Se hallaban
las autoridades locales en el lugar de los hechos y la policía fue quien dispuso
el corte en sí y señalizó en todo momento el camino alternativo por sobre el
segundo puente "Quimey Quipan" a escasos 300 metros del lugar. En menos de una hora y media de la medida, la movilización de personas
resolvió, otra vez en asamblea, levantar el acto a las 15 horas, despejando la
Avenida 12 de octubre de su esporádico atascamiento.
Tal fue el hecho endilgado a nuestra asistida Marina Schifrin aquel día.
Tan desplazado temporal y socialmente de la realidad, a la luz de la actualidad
nacional, como la arbitraria discriminación que realizó el Juez Federal, a la hora
de seleccionar a seis de las mas de 300 personas que participaron aquel día de
legítima manifestación popular, a fin de instruirles proceso penal en los términos
previstos en el art. 194 del Código Penal y que motivara las presentes
actuaciones. Ningún ciudadano realizó denuncia alguna en contra de mi asistida,
ni tampoco ninguno de los asistentes aquel día, siendo simplemente la decisión
personal de un Juez y la de un Fiscal la que determinó la instrucción de la
presente e insólita causa y la injusta condena en contra de la Sra. Marina Schifrin.
El día 11 de abril de 1997 el Fiscal Federal de Bariloche, Dr. Jorge
Bagur Creta formula requerimiento de instrucción de sumario por los hechos
Los días 8 y 9 de mayo de 1997 el Juez Federal de Bariloche, Dr.
Leónidas Moldes, recibe declaración indagatoria de las siguientes personas:
Mirta Abdala, Germán González, Alfredo Chávez, Marina Schifrin, Ana María
Fernández, Julia Cristina Cifuentes, Leonardo Jalil Bayer, y Alejandro
Carfagnini, siendo citado el sr. Edgardo Luis Straini para tal fin el día 25 de
Con fecha 30 de marzo de 1998 el citado Juez, decretó los
procesamientos de Marina Schifrin, Mirta Abdala, Graciela Bedini, Ana María
Fernández, Germán González y Edgardo Luis Straini, por considerarlos, prima
facie, autores del delito previsto en el art. 194 del Código Penal.
El 6 de abril de 1998 el entonces defensor particular de Marina
Schifrin y Ana María Fernández, Dr. Gallardo, interpone recurso de apelación
contra dicho auto de procesamiento, el que con fecha 23 de setiembre de 1999
es desestimado por la Cámara Federal de General Roca.
También en el plazo previsto por el art.349 del C.P.P. el defensor
particular de los procesados Abdala, Bedini y González, Dr. Marigo, interpone
recurso de apelación y excepción de falta de acción, formándose incidente por
separado, el que con fecha 15 de febrero del 2001 recibe resolución de la
Cámara Federal de Gral. Roca en la que se rechaza el incidente. El 16 de junio del 2000, a fs. 283, el Agente Fiscal solicita la elevación
de la causa a prueba, con la salvedad de que hace notar la solicitud de la
suspensión de la causa a prueba de los imputados Ana María Fernández y de
Germán González, por lo que éstos dos últimos quedarán desvinculados de la
acusación mas adelante.
Con fecha 8 de junio del 2001, a fs. 327, el Juez Moldes resuelve
elevar a juicio en la presente causa a Marina Schifrin, Mirta Abdala, Graciela
Bedini y Edgardo Luis Straini, por la figura prevista en el art. 194 del C.Penal.
A fs. 332, 333 y 335, con fechas 12, 15 y 22 de junio del 2001, los
imputados Graciela Bedini, Mirta Abdala y Edgardo Straini respectivamente,
solicitan la suspensión del juicio a prueba.
La audiencia prevista por el art. 76 bis del Código Penal se realizó el 15
de agosto del 2001 a fs. 365/ 366 del expediente, resolviendo el Juez Federal
hacer lugar a la suspensión de la causa a prueba por el plazo de un año respecto
de Mirta Abdala, Graciela Bedini y Edgardo Straini, plazo durante el cual
deberán mantener una actividad laboral remunerada y acreditarlo al final del
mismo, haciendo efectivas las donaciones por valor de $ 350.- cada uno, que se
destinarán a establecimientos de educación pública ubicados en zonas rurales y
a la escuela especial n� 6, haciéndose saber la medida al Registro Nacional de
Reincidencia. Marina Schifrin resuelve entonces no acogerse al beneficio de la
denominada "probation".
Se encuentran agregadas a la causa distintas notas en contra de la
evolución de este proceso y de solidaridad con la docente Marina Schifrin por
parte de Organizaciones de Derechos Humanos, tales como A.P.D.H,
delegaciones Bariloche y La Plata, Movimiento Pampeano por los Derechos
Humanos, Red Patagónica por los Derechos Humanos, Corriente de Militantes
por los Derechos Humanos; del Rector de la Universidad Nacional del Comahue,
Dr. Jorge Rabazza, de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de
Buenos Aires, de los Sindicatos Unter (docente de Rio Negro), Suteba (docente
de Pcia. de Bs.As.).
A fs. 433, con fecha 20 de setiembre del 2001 se realiza el acto de
debate, declarando los testigos ofrecidos por fiscalía y en presencia de distintos
medios de prensa. A fs. 444 el Juez Moldes solicita apoyo al escuadrón de
Gendarmería Nacional a fin de "prevenir posibles alteraciones en la normal
realización del acta de lectura de sentencia".
Finalmente el 25 de setiembre del 2001 el Juez Federal de Bariloche,
Leónidas Moldes, dicta sentencia en la causa en contra de la Sra. Marina
Schifrin, condenándola a la pena de tres meses de prisión en suspenso,
estableciéndole como reglas de conducta las de fijar residencia y de "abstenerse
de concurrir a concentraciones de personas en vías públicas de comunicación
interjurisdiccionales en momentos en que se reúnan más de diez personas
durante el plazo de dos años".
En el plazo previsto por el art. 463 del C.P.P. la Sra. Marina Schifrin
designa como nuevo defensor al Dr. Darío Rodríguez Duch, quien plantea
Recurso de Casación ante el Juzgado Federal de Bariloche, el que fue
concedido por éste último y mantenido por la misma defensa por ante la
Cámara Nacional de Casación Federal a fs. 448-456, 474/489, 539/540 y 546.
Habiendo sido motivo en un primer momento del rechazo por parte de
la Cámara por una supuesta extemporaneidad en el planteo, la defensa plantea
recurso de reposición, con reserva de acudir en queja por ante la Corte, dado
que no había observado la Cámara el hecho de que el feriado del 12 de octubre
del 2001 había sido trasladado al lunes anterior, por lo que la misma Cámara
Con fecha 24 de abril del 2002 la Sala I de la Cámara Nacional de
Casación Penal Federal declara improcedente el recurso de casación respecto
de las siguientes causales planteadas por el mismo: 1).-La carencia de
competencia material para conocer el caso; 2).- La imposibilidad de que el
Magistrado a quo resulte imparcial en razón de haber actuado tanto en el juicio
como en su etapa preparatoria; 3).- Por no haber participado el Juez en la
declaración indagatoria de la imputada; 4).- Por no habérsele descripto en ese
acto la prueba existente en su contra ni el hecho objeto del proceso en forma
precisa y circunstanciada; 5).- Por habérsele impedido a la defensa el control de
las declaraciones testimoniales del sumario por falta de notificación de las
audiencias; 6).- Por haber durado irrazonablemente esa etapa del proceso; 7).-
Por haber resultado la imputada víctima de discriminación; 8).- Por violación
del principio de "razonabilidad";; 9).- Por prescripción de la acción penal y
10).- La afectación insignificante del bien jurídico protegido.
Declara procedente, sin embargo, el recurso de casación en cuanto a dos
de los agravios planteados en el mismo, a saber: 1).- Falta de tipicidad objetiva
entre la conducta de la imputada respecto de la figura prevista en el art. 194 del
Código Penal y 2).- La existencia de la causal de justificación prevista en el art.
34 inc. 4� del Código Penal, en cuanto aún siendo típica la conducta, la misma
no resulta antijurídica por haberse planteado amparada en el legítimo ejercicio
En mayo del 2002 la defensa presenta el escrito de ampliación de
fundamentos previsto en el art. 466 del CPP. detallando particularidades
doctrinarias que versaran sobre las dos causales por las que la Sala I había
concedido el recurso de casación.
El 9 de mayo del 2002 el Fiscal de Cámara, Romero Victorica, emite
su dictamen expidiéndose en forma exclusiva en el sentido de considerar típica
a la conducta de la imputada y no emitiendo juicio alguno respecto de la causal
prevista en el art. 34 inc. 4� del C. Penal.
El 6 de junio del 2002 se hacen presentes la imputada y su abogado
defensor ante la Sala I en ocasión de producir el informe "in voce" previsto en
el art. 454 del C.P.P, incorporando elementos a las causales consideradas
procedentes por el Tribunal y que no hubieran sido planteados hasta el
momento en el escrito de ampliación de fundamentos. Entre ellos se
encuentran: 1).- La existencia del art. 41 del código Contravencional de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, que regula la figura y la excluye como
contravención cuando la conducta se realiza en defensa de un derecho
constitucional; 2).- La valoración "no sospechosa" que la sociedad y las
autoridades realizan respecto de las conductas en juego; 3).- La garantía que
brindaba la presencia de las autoridades municipales en el acto a la cabeza del
mismo; 4).- La intervención de terceros (policía) para la realización efectiva del
supuesto resultado dañoso; 5).- El agotamiento total de otras vías previas por
parte de los manifestantes; etc.
Finalmente, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal
Federal dicta sentencia en la causa, la que se lee en audiencia pública el día 11
de julio del 2002 , rechazando el recurso en su totalidad. V.- FUNDAMENTOS: Conforme los antecedentes expuestos, el objeto procesal quedó reducido
a la consideración de la tipicidad y antijuridicidad del hecho. Habiendo sido la
decisión del tribunal de Casación adversa a la pretensión absolutoria de la
defensa con argumentos que lesionan derechos y garantías básicos, consagrados
en la Constitución Nacional, venimos a promover el presente recurso en virtud
de los siguientes fundamentos:
1)	LA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA: El delito reprimido en el art.194 del C.Penal es de mera actividad, el
resultado (impedimento, estorbamiento o entorpecimiento del normal
funcionamiento de los transportes), coincide temporalmente con el verbo
utilizado en el tipo penal.
Son -en consecuencia- de aplicación los más modernos criterios de
imputación objetiva que vinculan el resultado a la acción. Tal como lo ha
venido sosteniendo esta defensa, en el caso de autos, el hecho resulta
socialmente adecuado y -además- no se realiza en el resultado.
Abordaremos por separado ambas cuestiones teniendo siempre por
referencia los fundamentos controvertidos del fallo.
A)	LA CONDUCTA ES SOCIALMENTE ADECUADA: La imputación se excluye si la conducta se encuentra cubierta por un
riesgo permitido. "Aquí se va a enteder por riesgo permitido una
conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que de
modo general (independientemente del caso concreto) está
permitida y por ello, a difirencia de las causas de justificación,
excluye ya la imputación al tipo objetivo.|1|
Un sector de la doctrina penal propone considerar esta permisión como
una causa de justificación. En este sentido, el voto en minoría del Dr.
Rodriguez Basavilbaso en la sentencia recurrida: "Tolerancia, consentimiento,
aquiescencia, aceptación, colaboración -y me abstengo de decir fomento- son
conceptos que, más allá de sus distintos matices y consecuencias técnico
jurídicas, significan, de hecho, un mandato permisivo implícito que concurre a
la justificación de la conducta típica". Esta defensa, por el contrario, ha reiteradamente sostenido que la
manifestación realizada en la vía pública es una forma de expresión universal
que se remonta a tiempos inmemoriales y, en consecuencia, se encuentra
cubierta por el riesgo permitido.|2|
"El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual". Es inherente a
la calidad de "muchedumbre" la cantidad de personas y previsibles los efectos
de impedir, estorbar, entorpecer (art.194 CP), |3|
El entorpecimiento transitorio del tráfico vehicular en su inmediato
entorno de modo alguno significa la alteración de "la normal circulación del
transporte", concepto mucho más axtenso y que contiene una lesividad mayor,
sobre la que los juristas argentinos citados en el fallo apelado (Creus, Fontán
Balestra, Soler, Nuñez) son contestes. Resulta por cierto curioso que sea el propio tribunal de casación quien
los utilice para fundamentar el criterio opuesto, sin tener presente que el bien
jurídico protegido es la "seguridad de los medios de transporte y
comunicación" y no la imperturbable paz del transportista. Tampoco puede reprocharse a nuestra defendida las consecuencias
remotas y colaterales del acto cívico en lugar público, tales como la demora en
los vuelos aéreos, los retrasos de los particulares en sus ocupaciones diarias y
otras circunstancias vagamente apuntadas en la sentencia, que escapan al
ámbito de protección del tipo penal|4|.
La reunión de personas tiene diversos "propósitos", pero ello no hace al
tipo penal y aquí reside el agravio más importarte de nuestra impugnación: es la finalidad peseguida por los manifestantes la que ha sido criminalizada y no el acto.
La propia condena pone en evidencia esta arbitrariedad: la imputada ha
sido condenada a "abstenerse de concurrir a concentraciones de personas en las
vías públicas de comunicación...". Se deduce con facilidad entonces que la
concentración de personas en las vías públicas de comunicación es
absolutamente legal y jurídicamente irrelevante.
Que la imputada no pueda concurrir obedece a una regla de conducta
signada por criterios peligrosistas (art.27 bis, inc.2 CP) que se apartan del
principio de responsabilidad por el acto. Implica un acto de censura que excede
con creces las incumbencias del que juzga.
Surge inmediatamente la siguiente pregunta: qué diferencia habría entre
la manifestación en la que Marina Schifrin participó y aquellas -legítimas y
previsibles- en las que no puede participar?. Ninguna. Entonces, por qué criminalizar la que ocurrió en la ciudad de San Carlos
de Baricloche, el 21 de marzo de 1997, entre las 13.30 y las 15hs?.
Criminalizar la protesta parece ser un modo eficaz, poco a poco, caso
por caso, de restarle participantes a los actos que tienen por finalidad la
demanda social. En el caso de autos, por el deplorable estado de las escuelas y
el hambre de los niños que concurren a ellas. Esas manifestaciones son, según
los Dres. Bisordi y Catucci, las que "producen violencia", "fastidio",
"contribuyen al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos".
Sin embargo esos derechos que se enumeran en la sentencia, "transitar
libremente, ejercer el comercio, trabajar en libertad, vivir con tranquilidad y
seguridad y preservar su propiedad", han sido afectados no por Schifrin, sino
desde el poder, tal como lo ha remarcado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el memorable y reciente caso "Smith, Carlos A. C/Poder Ejecutivo
Nacional o Estado Nacional s/Sumarísimo"|5|.
Cualquier manifestación en la vía pública implica la realización de
alguno de los verbos mencionados en el art.194 del C.Penal. Varían sólo en el
ánimo que las convoca: festejar el resultado de una contienda deportiva,
presenciar un espectáculo, o reclamar la atención sobre un conflicto colectivo
Si sólo este útimo motivo altera la voluntad del intérprete de la norma,
si sólo es el contenido del discurso lo que torna ilícito el acto público, estamos
ante la arbitrariedad y la intolerancia política y esto no se puede admitir sin
resignarse a la idea de volver a la criminalización pura y dura del objetor de
conciencia.|6|
El hecho de que exista una división formal de poderes no es garantía de
independencia de los jueces y tribunales frente a los otros centros de poder
(especialmente el ejecutivo). "Pero su valor no brilla con luz propia pues tiene
una función instrumental: el aseguramiento de la imparcialidad de los órganos
jurisdicciónales. Por tanto, el ordenamiento pretende un juez imparcial y para
ello trata de dotarle de una posición independiente, ya que juega la presunción
de que el juez no independiente tampoco sea imparcial".|7|
El propósito que se persigue mediante la manifestación (religioso,
recretivo o político), escapa al tipo penal. Que un colectivo de personas
entorpezca el tránsito vitoreando al gobierno o su artista favorito en ocasión de
un espectáculo público; que una procesión religiosa embandere calles y plazas
obstruyendo toda circulación vehicular varios cientos de metros a la redonda o
que una maratón auspiciada por empresas privadas detengan, desvíen e
interrumpan en todo su alrededor el tráfico vehicular y provocando quien sabe
cuántas otras consecuencias colaterales más, no llaman la atención del juez ni
se plantea éste la necesidad del reproche o de su justificación.
Pero si el ánimo de la multitud se demuestra adverso al gobierno, la
intervención de la justicia no se hace esperar y entonces el argumento es que
"las vías de hecho no son aptas para reclamar" y los reclamos así realizados,
"fuera del sufragio...no reflejan la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo
sumo la de un grupo sedicioso".|8|
"Los manifestantes no tenían un mayor o menor derecho que las
personas que no podían pasar", dice el fallo recurrido, sin embargo parece que
otros manifestantes (afines al poder, religiosos o deportistas) sí lo tienen. Todo
depende del discurso político que expresen para ser catalogados de
"ciudadanos" o "sediciosos".
B) EL TRATAMIENTO SEDICIOSO DEL ACTO EN LA VIA PUBLICA:
El delito de sedición no ha sido recriminado a nuestra defendida, sin
embargo se lo utiliza para fortalecer los argumentos de las sentencias tanto de
primera como de segunda instancia. Parecería que la acción prevista en el
art.194 del C.Penal ha sido interpretada como una forma de realizar la
conducta reprimida en el art.230 inc.1 , o bien un como un acto preparatorio de
De ese modo se intenta, contrariando el alcance del tipo penal del
art.194 CP, darle relevancia al propósito de la manifestación a la vez que
se introduce un elemento normativo inexistente: la autorización o permiso
para manifestarse (que se analiza en el siguiente punto).
Se dice en la sentencia recurrida que mal puede invocarse el derecho de
reunión y petición "desarrollando conductas que coincidan con una de las
descripciones prohibidas por el Capítulo 2 Título 7 Libro 2 del Código
Penal...". Con ese argumento se pasa a descartar la presencia de una
"justificante idónea" , sobre lo que volveremos más adelante al tratar el
problema de la antijuridicidad.
Sólo queremos reflejar la permanente contradicción, confusión y por
ende la falta de verdad, objeto del proceso cognositivo, en toda la sentencia.
Reiteramos, se dice que la conducta estaría subsumida en el "Capítulo 2
Título VII..." e inmediatamente, párrafo abajo se argumenta el reproche con la
figura de SEDICIÓN, que se ubica en el Capítulo II pero del Título X de
Código Penal. Citando al art.22 de la Constitución Nacional, que termina con la
palabra "...sedición", se emprende la engorrosa tarea de vincular la demanda de
"la copa de leche" con la "atribución" de la soberanía popular.
Y entonces, con el auxilio de Ekmedjian, los camaristas Catucci y
Bisordi sostienen "que la única forma legítima y verificable de la expresión
soberana del pueblo es el sufragio".
Tan estrecha opinión deja a todos sorprendidos. Hasta las encuestas
resultan prohibidas por la norma constitucional, según se expresa en la
sentencia. Como corolario se dice: "...que muchas de las quejas o reclamos de
los manifestantes podrían seguramente estar guiados por nobles propósitos
sociales y humanitarios, pero insisto que las vías de hecho no son el medio
apto para reclamar".
Esta conclusión del tribunal despeja toda duda, las únicas
manifestaciones en la vía pública que merecen ser criminalizadas son las que se
realizan con el fin de peticionar a las autoridades (art.14 Constitución
Nacional), lo que -como ya se dijera- escapa al tipo penal del art.194 y a todo
el Capítulo II del Título VII del Código Penal.
C) INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN A UNA SUPUESTA NORMA DE CUIDADO: La sentencia resulta absolutamente confusa: se pretende restringir los
derechos de peticionar, de reunión, de expresión, mediante la aplicación de inexistentes normas que "reglamenten su ejercicio" (art.14 de la C.Nacional).
Se descarta de este modo el "ejercicio regular" del derecho porque no ha
existido "permiso policial" , citando un fallo de 1941 con remisión a los edictos
policiales vigentes por entonces en la Capital Federal.
En igual sentido, aplicando analógicamente al caso las previsiones del
art.41 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, por no
haberse dado "aviso a la autoridad competente".
Esta norma fue incorporada al litigio por nuestra parte a modo
ilustrativo, en demostración de cómo la moderna legislación considera atípica
(o eventualmente justificada) la obstrucción al tráfico cuando se realiza en
"ejercicio legítimo de un derecho"|9|
Pero el ejercicio del derecho de reunión no requiere en su relación con
el art.194 del C.Penal "permiso", ni "aviso". No existe -ni existió al momento
y en el lugar del hecho- norma nacional, provincial o municipal que exija un
deber especial para reunirse en acto y lugar públicos.
Por otra parte, si hubiera una norma de cuidado local en relación a la
reunión de personas en la vía pública, el hecho sería una contravención, como
sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo lo actuado nulo por
razones de incompetencia.
La sententencia extiende el tipo penal de un modo arbitrario trayendo al
caso elementos normativos inexistentes para ilegalizar el ejercicio de un
derecho. La referencia a un fallo de la CSJN (196:647) de hace por lo menos
sesenta años atrás es inadmisble porque los edictos policiales han sido
derogados (por ejemplo el del 16/03/1932)|10|. Llama la atención que tan alto tribunal recrimine con tal énfasis a mi defendida el incumplimiento de una norma de cuidado que no tiene vigencia temporal ni espacial sobre el caso
ventilado. Por su parte, el art.15 de la C.A.D.H., no impone restricciones ni regula
el derecho de "reunión pacífica y sin armas", ni se vincula a ella ninguna otra,
de modo que su invocación resulta improcedente y engorrosa la comprensión
del fallo puesto en crisis.
En síntesis, se hace una arbitraria ponderación de los bienes jurídicos en juego y se reprocha a nuestra defendida no haber cumplido con normas de
cuidado o requisitos inexistentes para hacer valer su legítimo derecho de
reunirse y de peticionar a las autoridades (art.14 C.Nacional), todo lo cual
vulnera los principios de legalidad, de reserva y de defensa en juicio (art.18
C.Naicional), sin saber mi parte a qué atenerse.
D) LA ATRIBUCIÓN POR LO ACTUADO EN LA ESFERA DE RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD:
Es tan evidente la legitimidad del uso de la vía pública para expresar las
ideas que -como lo apunta el Dr. Rodriguez Basavilbaso en su voto- "la policía
colabora desviando el tránsito o escoltando las caravanas...". En el caso de autos, durante la hora y media que duró el acto público, la
policía se encargó ella misma de desviar el tránsito y de tomar los recaudos
para que se usaran caminos alternativos. Esta circunstancia se encuentra
probada en la causa y no ha merecido observación en ninguna instancia.
El actuar de la policía ha sido conforme a derecho y a las expectativas
que la comunidad tiene en relación al ejercicio del poder. La intervención de la
autoridad no sólo se dio de ese modo sino que el intendente de Bariloche, César
Miguel, se hizo presente en la manifestación, acompañándola por la virtud de
sus propósitos y la legitimidad del medio empleado.
Por lo tanto, el tránsito vehicular inmediato fue dirigido por la
policía que custodiaba la manifestación y la manera en que esta autoridad
resolvió la situación, la oportunidad y eficacia con que condujo la misma y
sus consecuencias, no son atribuibles al accionar de Schifrin.
"Una vez que la policía había asumido la seguridad del tráfico, el suceso
ulterior entraba dentro de su esfera de responsabilidad y ya por esa razón no se
le puede imputar a A. El alcance del tipo no abarca el suceso posterior".|11|
E) AUSENCIA DE TIPO SUBJETIVO: La figura del art.194 del C.Penal requiere dolo a los efectos de su configuración, definiéndose éste como el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos del tipo objetivo.
Conforme lo hemos manifestado precedentemente, nuestra defendida
realizó una conducta cubierta por el riesgo permitido, con consciencia de ello. Hemos señalado también la inexistencia de otros elementos del tipo
penal (o de exclusión de punibilidad, según se adopte una u otra postura) tales
como el "permiso", "autorización", o "aviso". Y -finalmente- que excede al
tipo penal el reproche por lo actuado bajo la esfera de dominio de la autoridad.
En consecuencia, mal puede considerarse que hubo dolo en relación a
tales extremos. Sin dudas decimos que el hecho es atípico. 2) LA JUSTIFICACION DE LA CONDUCTA: En atención a que un amplio sector de la doctrina considera el ejercicio
legítimo de un derecho como una causa de justificación prevista en el art.34
inc.4 del C.Penal, con abstracción de la tolerancia y fomento señaladas
precedentemente en relación a la manifestación en la vía pública, abordaremos el problema de la antijuridicadad y de su exclusión en el caso concreto.
La antijuridicidad presume la existencia de una colisión de bienes
jurídicos, excluyéndose el injusto de la lesión de uno de ellos por preferencia al
más valorado, "con lo que el resultado es que pese al sacrificio de un bien
jurídico se produce algo socialmente provechoso o al menos no se produce un
daño social jurídicopenalmente relevante".|12|
En toda manifestación callejera siempre se interrumpe
inevitablemente el tránsito, provocando una colisión entre dos valores
jurídicos "el de las personas a circular y el de los habitantes a manifestar
por su derecho, prevaleciendo este último derecho, por encima del
anterior, dada su lógica jerarquía superior".
Así lo determinó un reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación
Penal en su Sala IV , en una causa Nro.1743 defendida por el Comité de
Acción Jurídica (CAJ), (autos Natera - Gatti s/infracción al artículo 194
del Código Penal) en la cual el máximo tribunal en la materia hizo lugar al
planteo de la defensa, respecto de que el "corte de ruta" celebrado como
manifestación de reclamo pacífico es un derecho constitucional y no un delito,
como lo había determinado el juez de primera instancia. El ejemplar fallo fue
dictado por unanimidad por los doctores Gustavo Hornos, Amelia Berraz de
Vidal y Ana Maria Capolupo de Durañona y Vedia .
Contraria y sorprendentemente, los Dres. Bisordi y Catucci,
coincidiendo con el Juez Leónidas Moldes de Bariloche, han sostenido en esta
sentencia que "El accionar analizado en este legajo no constituye de ninguna
manera el legítimo ejercicio de un derecho...Mal entonces puede ejercerse el
derecho de peticionar a las autoridades...desarrollando conductas que coinciden
con una de las descripciones prohibidas por el Capítulo 2, título 7, libro 2� del
C. Penal". Colocan en igual jerarquía los derechos de peticionar a las autoridades y
el de transitar libremente, reduciendo el primero al "sufragio" y toda otra forma
de expresión popular al delito de sedición. En cuanto al derecho de reunión, condicionan su validez al "permiso
policial", sin especificar de donde surge tal requisito, confundiendo los ámbitos
temporales y espaciales de los que se citan.|13|Por otra parte, siendo la policia la que dirigia el transito y cortaba el lugar del acto publico, es evidente que autorizó el acto, pues de lo contrario lo hubiera impedido, y no apoyado, en cumplimiento de sus funciones especificas.
Luego de una serie de valoraciones acerca del fenómeno social de los
piquetes de los últimos años, concluyen "Esa forma de expresarse provoca
innegable violencia, pues entra en colisión con el derecho de otras personas a
transitar libremente, ejercer el comercio, trabajar en libertad, vivir con
tranquilidad y seguridad y preservar su propiedad... y no debería dudarse que la
inacción, la inoperancia o el apartamiento de la ley por parte de quienes
estamos obligados a aplicarla constituye una formidable contribución al caos, la
anarquía y la destrucción de los derechos". En disidencia, el Dr. Rodríguez Basavilbaso considera que sí existe
causal de justificación y cita antecedentes jurisprudenciales en su respaldo. |14|
"Tolerancia, consentimiento, aquiescencia, aceptación, colaboración - y
me abstengo de decir fomento - son conceptos que, más allá de los distintos
matices y consecuencias técnico-jurídicas, significan, de hecho, un mandato
permisivo implícito que concurre a la justificación de la conducta típica"
Por tanto éste último resuelve en el sentido de aceptar al legítimo
ejercicio de un derecho como causal de justificación del supuesto delito. Sin
embargo se condena a Marina Schifrin por el voto de la mayoría.
Podemos afirmar, junto con Fontán Balestra, que "Siendo lo antijurídico uno sólo, debe regir el principio de la no contradicción, por el cual lo que el derecho autoriza en una norma, no puede prohibirlo en otra coexistente. La
licitud o ilicitud de un acto resulta del juicio que se alcanza con los elementos
que proporciona la totalidad del orden jurídico" (Fontán Balestra, Derecho Penal, T. I. Pág. 273).
Más claridad aún sobre el particular aporta Sebastián Soler cuando nos
enseña "Ordinariamente el precepto penal contiene sólo elípticamente una
prohibición. Todas las figuras delictivas suponen que su realización es
delictiva, no ya cuando es típica, sino cuando es ilícita, y ese carácter de ilicitud no se lo imprime a la acción la ley penal, sino el derecho total y unitariamente
entendido. No hay una antijuridicidad penal específica, autónoma o distinta,
como no hay una antijuridicidad civil, administrativa, etc. Antijurídico es el acto
que contradice al derecho todo, pues lo contrario llevaría a la atomización del derecho y eventualmente a la contradicción interna"... "Las normas
ordinariamente no las da el precepto penal, las supone, donde las hallamos es
en el derecho no penal. Pero hallada la norma que rige un caso, ésta precede al
precepto penal, lo desplaza..." (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, T.I,
En razón de lo antedicho, resultaría impensable aplicar aisladamente a un
supuesto agente la figura del art. 173 inc. 2 del C. Penal (retención indebida) sin
tomar en consideración la existencia del derecho a retener que le brinda el art.
3939 del Código Civil y por el cual le corresponde "conservar la posesión de la
cosa hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa".
Mal se ha interpretado entonces el contenido del art. 194 del Código Penal
sin realizar siquiera un somero análisis de contexto, en consonancia con los
derechos aludidos y que serán objeto de mayor abundamiento en el desarrollo del
Por ello a esta altura se torna esencial determinar con claridad la jerarquía de
las normas en juego, lo que nos permitirá dilucidar con probidad la situación de
derecho aquí planteada.
El mismo Soler nos lo impone con la lucidez meridiana de su doctrina al decir
"Una vez más se hace necesario atender especialmente a la jerarquía de
normas, porque de ello puede deducirse, a veces con toda claridad, que
determinada conducta constituye un derecho anterior y superior a la
descripción penal. Este es el caso, por ejemplo, de la circuncisión ritual, cuya
licitud deriva de principios constitucionales sobre libertad de cultos sin que exista
ley que restrinja su ejercicio. La admisión del culto hace la licitud del rito"
(Sebastián Soler, op.cit. pág. 417).
El voto mayoritario ha descartado de plano, en el presente juicio, la existencia
de una causa de justificación (art. 34 inc. 4 del CP). Los funcionarios niegan
jerarquía a los derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional en
pos de una supuesta "igualdad de derechos", por la cual el derecho de transitar
libremente, no podría ser menoscabado en forma alguna por otro.
Llamativamente, el Fiscal de Cámara Romero Victorica nada expresa en su
dictamen acerca de la existencia o no de esta causal de justificación prevista en
el art. 34 inc. 4 de nuestro Código Penal,limitándose a explayarse acerca de la
causal de falta de tipicidad objetiva.
a) SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA MANIFESTACIÓN EN LA VIA
PUBLICA COMO MODO DE EJERCER EL DERECHO: El excesivo simplismo, por no decir silencio, con que el fallo de Casación
intenta descartar de plano las complejas y esenciales cuestiones de derecho
internacional planteadas en los fundamentos del recurso de Casación, obliga a
esta parte a insistir en tal planteo, esta vez con un mayor abundamiento sobre la
cuestión de fondo a fin de dejar definitivamente sellada nuestra posición y
solicitar al respecto que sea la Corte Suprema de Justicia quien tenga la última
Ello es así en tanto resulta primordial, a fin de la obtención de
definiciones jurídicas que englobaran una notable importancia institucional, tal
como la que se solicita en el presente, que una cuestión de tal naturaleza e
importancia sea entendida y resuelta seria y definitivamente por el más alto
Tribunal de la República, conforme las normas que se hallan en la cúspide de la
Pirámide Jurídica de nuestro Estado.
En la sentencia se ha sostenido "...a lo que en verdad aspira la defensa
es a que se acepte que sólo conculcando la garantía del art. 14 de la
Constitución Nacional - en cuanto prevé la libertad de tránsito, locomoción,
circulación o movimiento, podían asegurarse los manifestantes el ejercicio de
aquellas facultades también constitucionalmente reconocidas, aspiración que,
por absurda, resulta manifiestamente rechazable. Parece ocioso decir,
asimismo, que la propia forma en la que se enuncia la supuesta afectación de
disposiciones de tratados complementarios de los derechos y garantías
establecidos por la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) envuelve su
manifiesta improcedencia para justificar la conducta de la acusada".
La Constitución reformada en 1994 incorpora el art. 75 inc. 22, por el
cual los tratados expresamente mencionados en su texto poseen jerarquía incluso
superior a las leyes nacionales, tales como el Código Penal. Dentro de esos
tratados se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana
La Convención de Viena de 1969 y la Jurisprudencia de Tribunales
internacionales consagra el principio de que "un Estado no puede invocar su
derecho interno para eximirse de cumplir un tratado internacional".
Existiendo en la Constitución normas de carácter operativo y otras
meramente programáticas, aclara el mismo autor que se ha de partir de la
presunción de que "las cláusulas de los tratados sobre Derechos Humanos
son operativas". Por tanto, no requieren para su aplicación, de ninguna ley que
reglamente su ejercicio.
Hacemos especial hincapié sobre este tema porque de una lectura atenta
de los tratados con jerarquía constitucional adoptados por Argentina, surge
claramente una oposición flagrante con la interpretación literal que se hace en la sentencia del art. 194 del Código Penal.
Así, la Convención Americana de Derechos Humanos nos brinda un
concepto amplio de la denominada "Libertad de Expresión". El art. 13, pto. 1
detalla: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
procedimiento de su elección".
Esta amplitud en la descripción de tal derecho nos brinda mas
precisiones mas adelante, en el punto 3 del mismo artículo cuando dice "No se
puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares..."
Análogos conceptos son vertidos por los art. 19, punto 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de
A su vez, los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades,
tanto como el de resistencia a la opresión, aún hallándose implícitos en nuestra
Constitución (excepto el de petición) se encuentran contenidos, con pequeñas
variantes en cuanto a su nivel de desarrollo, en los citados cuerpos legales.
Es inadmisible que se confunda el derecho a peticionar a las
autoridades con el derecho a la justicia. Del voto en mayoría surge una
inequívoca ponderación de dos conductas, la recriminada en autos ("vías de
hecho", "sedición"), y la que paralelamente se realizó ante la administración de
justicia ("vías de derecho"), juzgando a la segunda como la única admisible en la
"organización social y política de nuestro país". En especial cabe mencionar que según coincidente doctrina
internacional, el derecho de petición procede siempre, aunque lo pedido sea
improcedente o hasta absurdo. La petición no significa en manera alguna el
derecho a obtener lo peticionado. La mayor parte de la doctrina establece
que ni siquiera significa el derecho a obtener respuesta. El hecho en sí de la
petición crea un canal de comunicación entre comunidad y gobierno, sea
vertiendo expresiones políticas o directamente presionando a éste último.
En un caso similar al aquí ventilado (causa n� 49135-B, "F. s/Av. Inf.
Art. 194 del CP"), en la provincia de Mendoza, generada a partir de un reclamo
de productores agrícolas en la Ruta Nacional n� 40, el Juez Federal de dicha
provincia, Dr. Luis Alberto Leiva, fundadamente declaró inaplicable el art. 194
del Código Penal. Expresó el magistrado que:"...de haberse pretendido
precisamente impedir, obstaculizar o entorpecer el uso de esta vía terrestre
claramente la duración del reclamo hubiese sido mayor, y con características
especiales que indiquen que ése era el objetivo y no una simple manifestación
en reclamo de algún derecho. Es precisamente dentro de este marco que debe
analizarse la conducta desplegada por los imputados. Es aquí donde me
pregunto si tal reclamo constituye o no el legítimo ejercicio de un derecho; o
en todo caso, si aquél se ajusta o no al marco de legalidad. La respuesta la
obtengo provisoriamente de los argumentos arriba vertidos y en sentido
afirmativo. Dadas las circunstancias puede provisoriamente sostenerse que la
conducta de los imputados constituye el ejercicio legítimo del derecho de
peticionar que ampara nuestra Constitución Nacional. Y en consecuencia,
aquellas que se ven recogidas por el tipo permisivo que contempla el art. 34
inc. 4) de nuestro Código Penal".
Dice al respecto la Sala I de la Cámara Federal de San Martín (causa
44.596 de 1995, El Derecho. T.163,pág.445) que "Siempre que sea forzoso
optar por la salvación de uno entre dos valores jurídicos contrapuestos, la
elección efectuada a favor del que posee mayor jerarquía de ningún modo
puede ser considerada irrazonable (Fallos 246-345,258-133)...En el caso, es
evidente que la afectación al derecho de tránsito - aunque innegablemente
molesta y de un potencial pero cierto mayor disvalor...está situada en
cuanto al valor protegido, en la medida en que ha sido menoscabado, en un
nivel axiológico menor que el derecho de reunión y los a él conexos, que se tornarían en ilusorios si se impusiese para su ejercicio un respeto absoluto
por el valor circunstancialmente contrapuesto en el caso..."
Sobre este fallo en particular aclara especialmente Bidart Campos en un
artículo publicado en la Revista El Derecho (t.163.pág.443) que "Parece
indudable que, en las particulares circunstancias de esta causa, la mayor
jerarquía axiológica del derecho de reunirse había de ganar la preferencia, y
descartar la criminalidad de la conducta que, con apariencia superficial y literal,
hubiera sido sancionada sin coincidir con una razonable interpretación de la
tipicidad descripta en la ley".
De lo expuesto se deduce que evidentemente opera la causal de exclusión
de antijuridicidad prevista en el art. 34 inc. 4 de nuestro Código Penal (legítimo
ejercicio de un derecho), por haberse ejercido el derecho de peticionar en forma
absolutamente razonable: en forma temporal (una hora y media de duración) y
con un camino alternativo para el tráfico automotor.
B) LA PREVALENCIA DE LAS NORMAS CONSAGRADAS EN LOS
TRATADOS DE RANGO CONSTITUCIONAL:
La Corte Suprema de la Nación sostiene que el Poder Judicial, en tanto
constituye uno de los tres poderes del Estado, debe velar por el fiel
cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado Argentino ha
asumido. Esta doctrina ha venido a acompañar el creciente número de Tratados
internacionales que ha ratificado el Estado Argentino, y que en materias
variadas, pero muy especialmente en el ámbito de los derechos humanos, han
"internacionalizado" una porción considerable de las principales normas que
rigen estas materias. De este modo, la Corte Suprema ha resuelto poner su
poder jurisdiccional al servicio de que el Estado argentino cumpla con las
obligaciones asumidas, y lo ha hecho en forma decidida, modificando en varios
temas la jurisprudencia que sostenía anteriormente. ("Ekmekdjian, Miguel A.
c/Sofovich, Gerardo y Ot.", del 7 de julio de 1992, cons. 19�; Cf. también Corte
Suprema, "Cafés La Virginia S.A.", 13-10-94, cons. 27� del voto del Dr.
Boggiano). Más adelante, "Giroldi, Horacio y otro", sentencia del 7 de abril de
1995, LL, 1995-D, 462) y "Fibraca". Tras haber sostenido la primacía del derecho internacional por
sobre las leyes del Congreso Nacional la Corte Suprema sostuvo: "Por lo tanto, lo
afirmado en las causas citadas, en el sentido de que el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados -aprobada por ley 19.865,
ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor
desde el 27 de enero de 1980- impone a los órganos del Estado argentino -una vez
resguardados los principios de derecho público constitucionales- asegurar
primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma
interna contraria, no obsta a la aplicación del sistema de consolidación en el
presente caso." (Corte Suprema, in re "Hagelin, Ragmar c. Estado Nacional -
Poder Ejecutivo-, del 22 de diciembre de 1993, LL 1995-A, p. 67).
En 1994, finalmente, se produjo la reforma constitucional que acogió
esta doctrina y aun la amplió. No sólo reconoció la mayor jerarquía normativa
de los tratados respecto de las leyes nacionales, en el actual artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional, sino que dio rango constitucional a un grupo
determinado de instrumentos internacionales, y agregó un mecanismo de
decisión para otorgar ese rango a otros tratados de derechos humanos.
Así, es indudable que esta nueva perspectiva del problema impone revisar
los criterios relativos a la jerarquía de las normas internas y los instrumentos
internacionales. En rigor, corresponde modificar los parámetros tradicionalmente
utilizados y adaptarlos a la nueva realidad impuesta hoy no sólo por vía
jurisprudencial del Máximo Tribunal, sino por la propia Constitución.
En función de lo antedicho podemos concluir de momento en que los
hechos que se investigan en esta causa encuadran en conductas referidas al
legítimo ejercicio de derechos reconocidos en los diversos instrumentos
internacionales y decisiones de organismos internacionales que se han
No existe lugar a dudas acerca de la obligación del Estado Argentino
de reconocer tales derechos humanos fundamentales sin menoscabarlos en
manera alguna con la excusa de regulaciones internas.Ello es así en virtud
de los compromisos internacionales asumidos al momento de firmar la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y ratificar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y las convenciones
específicas, todas ellas analizadas precedentemente.
Cuando el Estado Argentino incumple con su obligación de garantía
de tales derechos genera responsabilidad internacional en su contra, de
modo que el Poder Judicial, en tanto órgano integrante del Estado, debe
resolver en consonancia con los compromisos asumidos con la comunidad
internacional, como veremos a continuación. Comenzaremos demostrando que la eventual aplicación literal y
restrictiva de lo normado en el art. 194 del Código Penal implicaría
inevitablemente la violación de numerosos pactos de derechos humanos y de
obligaciones del derecho de gente. Dada la estructura jerárquica de las fuentes
de derecho en nuestro país, este hecho es causal de inconstitucionalidad de las
leyes, en tanto se contradicen con normas de jerarquía superior.
1.- Violación al derecho de expresión: Del mismo modo en que ha sucedido en los ámbitos internos de los
Estados, el derecho a la libertad de expresión ha sido considerado como un
derecho particularmente relevante por los organismos internacionales de
Según las expresiones de la Corte Interamericana: "La libertad de
expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de
una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión
pública. También constituye una "conditio sine qua non" para el desarrollo de los
partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en general,
todos los que desean influir al público. En resumen, representa la forma de
permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente
informada. En consecuencia, puede decirse que una sociedad que no está bien
informada no es verdaderamente libre".
La misma Comisión Interamericana se ha expresado de la siguiente
manera respecto del derecho de libertad de expresión: "... El consenso observado
en los órganos de derechos humanos de América y de Europa pone de manifiesto
que la protección de la libertad de expresión como elemento indispensable de la
democracia se encuentra perfectamente fundamentada en el derecho
internacional... el derecho a la libertad de expresión y pensamiento garantizado por
la Convención está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una
sociedad democrática ... Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda
mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma"|15|.
Ha expresado también la Corte Interamericana que, dado que la libertad
de expresión y pensamiento desempeña una función crucial y central en el debate público, la Convención Americana otorga un valor "sumamente elevado" a
este derecho y reduce al mínimo toda restricción del mismo. Como lo señaló la Corte, es en interés del "orden público democrático", tal como está concebido
por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de
cada ser humano de expresarse libremente|16|.
"Debido a esta función primordial que la libertad de expresión cumple en
las sociedades democráticas, la protección que se le otorga es, en líneas generales, más generosa que la de otros derechos"|17|. La libertad de expresión "es vista como una condición necesaria para la existencia de un debate público sobre asuntos políticos o de interés general, debate que es esencial para la existencia misma de la sociedad democrática. Por lo tanto, el nivel de protección del derecho dependerá en forma directamente proporcional a la vinculación que el caso tenga con el debate de asuntos de interés público"|18|.
Así aquellas expresiones referidas a temas esencialmente políticos
recibirán un nivel de protección muy importante, como consecuencia
directa de su contenido |19|.
En el informe anual de 1980-81, la Comisión declaró que la libertad de
expresión es universal y encierra en concepto la facultad jurídica que asiste a
toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir
y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de
informarse también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas
a recibir la información que los demás le comuniquen sin interferencias que la
distorsionen"|20|. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, apuntó que la libertad de
expresión tiene dos aspectos: uno individual y otro social|21|. En su dimensión individual, "la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios"|22|. En su dimensión social, "la
y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende
el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de
el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena
o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la
propia"|23|. En este punto coincide la doctrina constitucional argentina al indicar que
el actual desenvolvimiento de la misma permite distinguir el derecho de
expresión en sus múltiples especies, entre ellas la política comprensiva de manifestaciones, mitines, derecho de petición, etc. Podemos finalmente afirmar que en casos como el presente, la
interferencia al derecho a la libertad de expresión se configura básicamente
en la actitud del Estado argentino, que decide perseguir penalmente a
aquellos que legítimamente hicieron uso de su derecho a manifestar sus
demandas al gobierno provincial y a la sociedad en general con el objetivo de
La manifestación de Bariloche de aquel 21 de marzo de 1997 reflejaba
una imperiosa necesidad de la sociedad por hacer escuchar de alguna
manera su posición frente a las autoridades provinciales. Tanto fue así que el mismo Intendente supo interpretar el modo en que los vecinos eligieron para
lograr su objetivo y ninguna de las autoridades competentes decidió impedir
aquella forma de manifestar.
2. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN:
"En cuanto al derecho de reunión -también invocado en pos de la licitud
de la conducta- cabe señalar que, implícitamente reconocido por el art. 22 de la
C.N. -interpretado a contrario sensu (Joaquín V. González, Manual de la
Constitución Argentina (1853-1860), p. 175, actualizado por Humberto Quiroga
Lavié, La ley Bs. As., 2001) o uno de los derechos clásicos implícitos del art. 33
-según el mencionado actualizador- su ejercicio, cuando las reuniones o
manifestaciones -pacíficas por cierto- se realizan en la vía pública, requiere
permiso policial, del mismo modo en que si el carácter abierto de las reuniones
de los partidos políticos hace presumir gran cantidad de público (C. S.J.N.,
Fallos: 196:647), porque en tal caso el aviso previo policial permite que se
tomen medidas de seguridad adecuadas. De más está decir que, en el caso,
dicho permiso no ha existido y que, por tanto, el ejercicio del derecho
constitucional invocado no ha sido regular" (Voto de los Dres. Bisordi y
Catucci, pág. 24/25).
A esta altura de nuestra argumentación no podemos dejar de inferir
que los derechos a la libre reunión y manifestación se hallan igualmente
comprometidos en el de libertad de expresión antes citado. Debemos
también apuntar que éstos derechos son derechos fundamentales en toda
sociedad democrática; pues si no se los incorporara a la lista de libertades
públicas, éstas quedarían incompletas ya que estaría ausente uno de los instrumentos más útiles para hacer real la existencia de una sociedad pluralista y democrática: la posibilidad de discutir y plantear alternativas a los
Diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos han reconocido explícitamente estos derechos, a saber: en el art. 20 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 21 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 15 de la Convención
Americana y en los incisos 1,2, y 3 del art. 19 del Pacto Internacional de los
En este sentido, el artículo 15 de la CADH establece: "Se reconoce el
derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por ley, que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás". El intercambio de ideas y la expresión de las mismas, supone el
ejercicio de derechos concomitantes, tales como el derecho de los ciudadanos a
reunirse y manifestar, los cuales resultan imprescindibles, precisamente para
que se produzca el libre flujo de opiniones que constituye un requisito básico
para el buen funcionamiento de un estado democrático.
Podemos definir al derecho de reunión como la facultad que un número
indeterminado de personas tiene para congregarse, de una manera discontinua o
temporal, en un lugar, de acuerdo a una convocatoria previa o sin ella, y con un
mínimo de organización, para escuchar ideas u opiniones, ponerse de acuerdo
en la defensa de determinados intereses o dar publicidad a ciertos problemas.
Su contenido esencial reside en la plena realización, sin obstáculos ni trabas,
de la posibilidad de agruparse concertadamente para la realización de una
Encontramos un origen visible del mismo en las polis griegas, donde
el ciudadano se desarrollaba en cuanto tal en función de su participación en la
vida pública que se llevaba a la práctica, casualmente, mediante el desarrollo de
asambleas en espacios públicos, donde se debatían la totalidad de los asuntos
concernientes a la comunidad. Por ello, la circunstancia de que la población
se reúna y se manifieste colectivamente está en el origen de nuestro sistema
La libertad de reunión es un derecho instrumental, en tanto no puede
concebirse en forma abstracta y aislada del resto de los derechos
fundamentales. Obra como soporte y/o instrumento para el desarrollo de otros
derechos, de modo que, así entendido, el derecho a la libertad de reunión se
interpretará como un medio a través del cual pueden alcanzarse todos los fines
que no estén expresamente prohibidos en el ordenamiento jurídico vigente en
En 1947 la Corte Suprema de Justicia, respecto de la Campaña Popular
en Defensa de la ley 1420 (Fallos. T.207, P.251) refirió al respecto que "El
derecho de reunión, no enunciado expresamente en la Constitución
Nacional, nace de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno, está implícita en el art. 33 de aquella y se vincula con la libertad
individual, de palabra y de asociación. Puede ser reglamentado, por
normas uniformes y razonables, que no importen su desconocimiento..."s
Esta doctrina de la Corte se ve cumplimentada con posteriores fallos de
la misma en los que expresan "El derecho de reunión es uno de los
fundamentales en el ordenamiento jurídico argentino. Toda disposición que
importe restringirlo debe interpretarse con suma prudencia. La suspensión de
aquel sin discriminar la naturaleza diversa de las reuniones entraña un
ejercicio no razonable de la facultades establecidas por art. 23 de la
Constitución nacional... El derecho de reunión, aunque no esté reglado por ley, emana tácitamente de los art. 14 y 33 de la Constitución Nacional y, sin duda, se encuentra entre los de máxima jerarquía" (Voto del Dr. Luis María Boffi Boggero. Corte Sup. 1959, "Sofía, Antonio y otro". Fallos. T 243, P,504.
Expresará la Corte en otro fallo que "El derecho de reunión está sujeto
a la reglamentación que la Constitución Nacional prevé y compete al congreso,
pero éste no puede llegar a suprimirlo so pretexto de reglamentarlo o de
defender las instituciones /Corte Sup, 1941, "Arjones, Armando y otros".
Fallos. T. 191, P. 197.
En este sentido, podemos concluir que los argumentos vertidos en el
fallo de Casación por los Dres. Bisordi y Catucci, en cuanto pretenden
restringir el derecho de reunión a la sola posibilidad de que exista un "permiso
policial", resultan insuficientes y contrarios a la doctrina que han impuesto la
misma Corte Suprema de Justicia y el Derecho Internacional invocado.
3. DE LA INEXISTENCIA E INJUSTIFICACION DE LAS RESTRICCIONES
A LOS DERECHOS ANTES MENCIONADOS
Corresponde a esta altura analizar si, tal como establece la Corte
Interamericana, la restricción a los derechos enumerados se encuentra justificada
por la persecución de un interés público de tal magnitud que prepondere sobre la
necesidad social del pleno goce del derecho a la libertad de expresión y si el medio
utilizado ha sido el menos lesivo.
Respecto de la libertad de expresión, debemos recordar las palabras de la
Corte en tanto afirmó que "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo
debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Resulta pertinente referir las palabras de la Corte Suprema de los
Estados Unidos cuando acertadamente afirmó que "la garantía
constitucional de la libertad de expresión fue creada para asegurar el
irrestricto cambio de ideas con el objeto de provocar los cambios políticos
y sociales deseados por el pueblo"|24|.
Según demostraremos a continuación, los requisitos exigidos por la
Convención hacia los órganos de control interno de los Estado para que
una restricción a la libertad de expresión sea legítima, no se verifican en
este caso. Al vulnerar la libertad de expresión de los manifestantes,
concomitantemente, el Estado intenta comprometer, los derechos de petición,
reunión y manifestación. Así, el derecho de petición se ejerce a través de la
expresión, en cambio los derechos de reunión y manifestación son formas
de llevar adelante la expresión. Con relación a las posibles restricciones a la libertad de expresión, las
únicas permitidas se ejercen mediante la responsabilidad posterior. En efecto, tal
como ha afirmado la Corte Interamericana "la censura previa está absolutamente
prohibida". Las únicas restricciones legítimas a la libertad de expresión se
ejercen mediante la responsabilidad ulterior en caso de que se abuse de ese
derecho|25|.
"La persecución punitiva exacerbada adoptada por el Estado violenta
el principio de legalidad, establecido por la Corte como uno de los requisitos
fundamentales para que una restricción pueda considerarse legítima y
específicamente el principio de legalidad penal. Roxin expresa que "el principio de legalidad posibilita una limitación
del poder del Estado y con ello asegura la libertad del individuo. El Estado
sólo puede hacer responder al individuo por sus hechos en la medida en que lo
determine una ley anterior a dichos hechos ..."|26|. En igual sentido Bustos Ramírez afirma que "el Estado debe tener
límites muy precisos y claros en su intervención sobre el ciudadano; a su vez el
contenido de esos actos de intervención han de estar suficientemente detallados
y especificados y por último el ciudadano ha de tener la posibilidad real de
conocer con toda claridad tanto el contenido de esos actos como también el
fundamento de ellos |27|".
El artículo 9 de la Convención Americana establece: "Nadie puede ser
fueran delictivos según el derecho aplicable...". Puestos a analizar el caso concreto debemos decir que con el texto
escogido por el legislador para la redacción del art. 194 del Código Penal no
se cumple con tal requisito. Téngase en cuenta que es factible decir que la
citada figura legal está redactada en términos tan amplios que necesariamente
debe hacerse un análisis exhaustivo que permita distinguir en ella las
conductas que conmueven la norma prohibitiva de aquellas que no lo hacen,
aún cuando a primera vista parezca que tal situación acontece de todos modos. La amplitud de la figura queda puesta de manifiesto cuando se
advierte que el entorpecimiento en el normal funcionamiento del transporte
queda configurado por hechos cotidianos que de ningún modo constituyen
delito. Ejemplos claros de estos supuestos son el simple estacionamiento en
doble fila que obstaculiza el paso del transporte en una calle, el peatón que
cruzando la calle por un lugar y en un modo prohibido genera la frenada
brusca de un autobús; sin embargo resulta absolutamente descabellado
suponer que estos hechos que en principio pueden considerarse alcanzados
por la norma sean objeto de sanción conforme lo establece el artículo
referido del Código Penal de la Argentina. Protestas sindicales en distintos lugares se suscitan a diario, y a
menudo ello conlleva el corte de rutas, avenidas o calles imposibilitando
consecuentemente la circulación de transporte por éstas, sin que luego le siga
a ello una respuesta penal por parte del Estado. Por lo tanto, esta novedosa e
ilegítima interpretación de la normativa vigente, por parte de los integrantes
de la Cámara de Casación, quienes han incorporado una regulación al
derecho de protesta en la vía pública (permiso o aviso previo a la autoridad
policial de Bariloche), debe entenderse en el marco de una desviación de
poder, que propugna callar las voces de protesta, haciendo cesar los derechos
consignados, utilizando para ello la norma penal nacional a casos distintos
para los que fue prevista. Debe decirse además que las distintas localidades han fijado como
faltas contravencionales (aquellas que reprimen los propios municipios, por
falta de contemplación en el Código Penal de la Nación), el cortar calles en el
marco de manifestaciones, sin que previamente se dé aviso a la autoridad. Al
respecto el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, en su
artículo 41, tipifica como contravención el "impedir u obstaculizar la
circulación de personas o vehículos por la vía pública o espacios públicos,
salvo que sea en ejercicio de un derecho constitucional, y se haya dado previo
aviso a la autoridad". Obsérvese que este cuerpo normativo de reciente
sanción, contempla expresamente el hecho de que lo tipificado puede
constituir el ejercicio de un derecho constitucional y consecuentemente lo
exime de sanción. Resulta evidente que se refiere a este tipo de
manifestaciones, con lo cual no se entiende como es que debe protegerse ese
derecho solamente en el marco de determinados municipios, y no en toda la
Esto nos lleva a concluir dos cosas:
1. En primer lugar que sólo constituye falta el no dar aviso a la
autoridad, pero el derecho a expresarse y peticionar subsiste siempre, aun
cuando implique una molestia para el transporte, de modo que el
cercenamiento del mismo, es siempre ilegítimo.
2. En segundo lugar que si esta falta ha sido legislada por los gobiernos
municipales, es porque la Nación la ha dejado sin sancionar, de modo que es
imposible concluir como lo han hecho los fiscales y jueces federales citados.
Como se vio, la lógica descripta indica que corresponde dejar impune,
según el Código Penal de la Nación, a los hechos que motivan el presente
escrito, que las propias legislaturas locales han regulado las conductas que
conllevan cortes de vías de comunicación al llevarse a cabo protestas, cuando
no se da aviso con anterioridad a la autoridad.
En todos los casos se trata de la violación de derechos de los
denominados preferidos por la doctrina internacional, que deben tener
prevalencia. Los derechos de libertad cuentan con una valuación superior a los
estrictamente patrimoniales y por lo tanto resultan menos limitables que estos
Se trata de derechos de contenido universal, indisponibles, inalterables,
personalísimos, que forman parte inescindibles del modelo del Estado
constitucional de derecho . " No se trata de derechos del Estado, para el
Estado... sino de derechos hacia y, si es necesario contra el Estado, o sea,
contra los poderes públicos aunque sean democráticos o de mayoría" (28).
4. La cuestión zanjada claramente por el voto en disidencia:
Resultan más que oportunos los conceptos que el Dr. Rodríguez Basavilbaso
trajo en su voto disidente cuando manifestó que "No se piensa en ilicitud
cuando se sufren esos trastornos - serios por cierto - aparejados a
espectáculos masivos formalmente aceptados por las autoridades locales...El
Estado es el que tiene a su cargo el control al que se viene aludiendo, y en tal
carácter, aún sin que hubiera mediado solicitud de autorización formal, ha
consentido la celebración de aquellas manifestaciones y ha asumido los
perjuicios que le son inherentes, al menos, los vinculados a la libertad de
transporte. Huelga describir las multitudes que en los últimos años han decidido
reunirse y expresarse con desmedro de la libre circulación y transporte de sus
conciudadanos: tanto la entorpecen los piqueteros, como los estudiantes, las
asambleas barriales, las marchas con cacerolas o sin ellas, los "escraches" y los
maratonistas urbanos..."
"Frente a ello, la policía colabora desviando el tránsito o escoltando las
caravanas en prevención de desmanes extremos que nada tienen que ver con el
corte pacífico de calles o de rutas que ha sido aceptado, como lo demuestra
la absoluta falta de actividad tendiente a hacer cesar la supuesta comisión
del delito provisto en el art. 194 del Código Penal, y como si ese mensaje
fuese equívoco, leo en el último ejemplar dominical de "La Nación" que el
Presidente hace pública la tolerancia oficial con los cortes de ruta". "Tolerancia, consentimiento, aquiescencia, aceptación, colaboración - y me
abstengo de decir fomento - son conceptos que, más allá de los distintos matices
y consecuencias técnico-jurídicas, significan, de hecho, un mandato permisivo
implícito que concurre a la justificación de la conducta típica.
5. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN:
Resulta de vital importancia a esta altura de nuestra argumentación
acercarnos al concepto vertido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos cuando en su artículo 8 manifiesta que "Toda persona tendrá
derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales Nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley". Podemos mencionar al respecto
el largo peregrinar de padres, docentes y alumnos por los Tribunales locales de
Bariloche para evitar, por la vía del amparo, tener que llegar a la medida que
finalmente debió adoptarse.
Esta idea nos permite traer a colación la doctrina de la "inconstitucionalidad por omisión", por la cual los poderes de un Estado (sean Ejecutivo, Legislativo o Judicial) transgreden la Constitución cuando no hacen lo que la misma manda hacer. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó este criterio en el caso "Ekmedkjian c/ Sofovich" del 7 de julio de 1992 cuando dice: "La violación de un tratado puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones
que hagan posible su cumplimiento".
En nuestro caso, no sólo el Poder Ejecutivo, representado por el
Gobernador y sus Ministros, pecó por omisión ante los reiterados reclamos de la
Comunidad educativa barilochense, sino que también fue el Poder Judicial el que
omitió brindar las herramientas aptas para lograr cumplir con aquel justo reclamo
social. Podríamos citar innumerables acciones legales de amparo planteadas por
dichos vecinos, tanto como por los docentes, individual y colectivamente, con
anterioridad a la protesta que nos ocupa, todas ellas "carentes de efecto" por falta
de presupuesto o simplemente rechazadas por cuestiones formales. El "recurso
efectivo" jamás existió en el sistema provincial más que en contadas ocasiones en que se procedió a reparar provisoriamente edificios.
Menciona al respecto Bidart Campos que "El silencio prolongado
de la administración acerca de los pedimentos de los administrados traduce una
inactividad o negligencia que merece reparo a través de determinadas vías, que
pueden canalizarse mediante recursos tendientes a lograr, no la satisfacción de lo
pedido, sino el deber de la administración de resolverlo"(op.cit. pág. 452). Lo
expuesto por el autor no hace otra cosa que adelantarse a los acontecimientos que
se vivieron aquel 21 de marzo de 1997.
En función de lo antedicho podemos inferir que el modo elegido
aquel día por los vecinos, padres, docentes y alumnos para manifestar su
descontento hallaría una adecuada justificación, tanto en la legislación
En este sentido, la multitud de 300 personas hizo uso de su derecho de reunión y, sucesivamente, del de peticionar a las autoridades en virtud de su derecho a "un recurso efectivo", a ser oídos y expresarse por "cualquier procedimiento de su elección" ante la total sordera (omisión de tomar medidas) de las autoridades oficiales, pese a los reiterados intentos realizados por todos los medios legales conocidos".
Aplicando el mismo principio al caso que nos ocupa, podríamos adelantar que ni siquiera sería necesario mencionar un concepto como el de "causa de justificación", cuando las normas constitucionales e internacionales
aludidas en el presente acápite se hallan contenidas en el mismo ordenamiento
jurídico que incluye normas tales como el art. 194 del Código Penal, por lo que
correspondería, más que una causal de justificación, una interpretación amplia y contextualizada del derecho positivo que ya disponemos en nuestro sistema jurídico argentino.
No encontramos manera más oportuna y decisiva de concluir la
presente descripción que en las palabras del gran jurista Phil Croce, quien dijera
que "El concepto de norma es inseparable del de libertad, y por esto la
afirmación de que es posible un derecho compuesto solamente de mandatos
y prohibiciones es autocontradictorio. El hipotético tirano, para destruir la
libertad por ese camino, tiene al mismo tiempo que destruir el concepto de
derecho". (Croce, Phil, Della Práctica, pág. 337).
VI) FORMULAMOS RESERVA:
Para el caso de declararse inadmisible el presente recurso
extraordinario por parte del mismo Tribunal que dictó la Sentencia de Casación
formulamos reserva de acudir en Queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Para el caso de que, declarándose admisible el mismo sea rechazado en su
forma o en su contenido por el mas alto Tribunal de la República hacemos reserva
de denunciar al Estado Argentino ante estrados y Tribunales internacionales por
violación a las obligaciones que en materia de derechos humanos ha asumido la
1.	Tenga por presentado y se haga lugar al presente Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e legal tiempo y forma.
2.	Por fundado el mismo y redactado en carácter de autónomo.-
3.	Por realizada la crítica circunstanciada del fallo de Casación recurrido.-
4.	Por ratificado el domicilio procesal indicado.-
5.	Se revoque la sentencia de Casación recurrida decretando la absolución de nuestra asistida Marina Schifrin, en virtud de las causales expuestas en el presente.
1.Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, T.I, p.371, Editorial Civitas SA, Madrid, 1997. Volver 2. La sola pertenencia a una agrupación sindical o política y la consecuente exteriorización de adhesiones o disensos con la gestión del poder constituido, sea mediante marchas populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar el malestar, no significa más que el ejercicio de los derechos constitucionales propios de los ciudadanos que habitan un estado de derecho inscripto entre las democracias occidentales liberales. (C.Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 2�, 14/1/1993, - sin datos#1). Volver
3.José Ortega y Gasset. Fragmento de La rebelión de las masas, Planeta, Barcelona 1984, págs. 43 a 45. La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible....El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo, sin alterarlo, a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados.
La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda, pues, por masas sólo ni principalmente "las masas obreras". Masa es "el hombre medio". De este modo se convierte lo que era meramente cantidad -la muchedumbre- en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es una determinación cualitativa: es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de los otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. �Qué hemos
ganado con esta conversión de la cantidad a la cualidad? Muy sencillo: por medio de ésta comprendemos la génesis de aquella. Es evidente, hasta perogrullesco, que la formación normal de una muchedumbre implica la coincidencia de deseos, de ideas, de modo de ser en los individuos que la integran. Se dirá que es lo que acontece con todo grupo social, por selecto que pretenda ser...". Volver
4. Roxin, ob.cit. p.378. Cabe aclarar que la manifestación no fue en las inmediaciones del aeropuerto de Bariloche. Volver
5.Resulta elocuente el siguiente párrafo del fallo citado: "...Frente a tan singular situación, la restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no se advierte la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin propuesto con su implementación para conjurar la crisis ya que no significa una simple limitación a la propiedad
sino que, agregada al resto de las medidas adoptadas, coadyuva a su privación y
aniquilamiento". Volver
6.En este sentido, los fallos de la SCJN de 1941, legitimantes de los tan cuestionados edictos policiales que "regulaban" hasta al supresión, el derecho de reunión. "Las reuniones no pueden ser prohibidas en razón de las ideas, opiniones o doctrinas de los promotores de aquéllas, sino de los fines con que han sido convocadas".(Corte Sup., 1941, - Arjones, Armando y otros.#1).Fallos T 191, P. 197. Volver
7.Juan Igatúa Salaverría, El Caso Marey, p.21, Editorial Trotta, Madrid, 1999. Volver
8. Se transcribe la parte pertinente del fallo: ..."Expresa Miguel Angel Ekmedjian en Tratado de Derecho Constitucional, T.II, p.599, Ed. Depalma, que 'lo que afirma el art.22 de la Constitución Nacional es que la única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio. Por medio de éste, rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Este artículo rechaza la anarquía del populismo y el autoritarismo de decha o de
izquierda, así como cualquier intento del quebrantamiento del sistema constitucional y de las instituciones políticas. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas o lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañados por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso'...A su vez, no es ocioso indicar que muchas de las quejas o reclamos de los manifestantes podrían seguramente estar guiados por nobles propósitos sociales y humanitarios, pero insisto que las vías de hecho no son el medio apto para reclamar. Los manifestantes no
tenían un mayor o menor derecho que las personas que no podían pasar....". Volver
9.La presente consideración en el plano de la tipicidad. En el caso de la sentencia se especifican. Otro sector de la doctrina consideren tales requisitos como causas que "dispensan la sanción" (exención de punibiliad), tal como se menciona en la sentencia requrrida. Volver 10. Incluso antes de su derogación se ha puesto en crisis el derecho del poder ejecutivo para restringir o prohibir el ejercicio del derecho de reunión: La Corte Suprema de Justicia dela Nación sostuvo que "desde luego, las reuniones no pueden prohibirse en razón de las ideas, opiniones o doctrinas
de sus promotores, sino en razón de los fines con que han sido convocadas. No siendo el fin de la reunión contrario a la Constitución Nacional, a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres, o no siendo circunstancias de oportunidad o de hecho peligrosas para el orden y la tranquilidad públicos, no pueden ser prohibidas. Las ideas, doctrinas u opiniones están fuera de contralor de la policía".(C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 1�, 18/12/1997, - CASTELLS, Raúl Aníbal s/procesamiento).Magistrados: Vigliani , Riva Aramayo). Volver 11. Roxín, ob. Cit. , p.398. Volver
12. Roxín, ob. Cit., p.558. Volver
13. Se hace una genérica referencia del art.41 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de nula apliación al hecho ventilado en autos y que dice: "Impedir u obstaculizar la circulación de personas o vehículos por la vía pública o espacios públicos, salvo que sea en ejercicio de un derecho constitucional y se haya dado previo aviso a la autoridad competente". También se cita un fallo de 1941 cuando estaba vigente el edicto policial del 16/03/1932. Volver
14. El voto del Juez Roberts de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, quien en un fallo de 1939 (Hague vs/ CIO, 307 US 496) decía que "El derecho de todo ciudadano de usar las calles y plazas públicas para la comunicación de ideas puede ser regulado en nombre del interés general, no es absoluto sino relativo, debe sumarse al bienestar general, en consonancia con principios de paz y orden, pero no puede, bajo la excusa de regulación, ser restringido o denegado". También un fallo del Tribunal Federal de Suiza del 28-8.98, en Bulletin de Jurisprudence Constitucionalle,
Comisión de Venecia, Estrasburgo, Ed. 1998, 3, pág. 501, que dice que "Las autoridades no están sólo sujetas a los principios de razonabilidad y de igualdad de tratamiento, sino que también deben respetar la libertad de expresión y de reunión. Éstas obligaciones fundamentales implican, además
de una obligación negativa de la autoridad pública, una obligación positiva: El Estado debe asegurarse de que las manifestaciones pueden realizarse sin ser perturbadas por movimientos opuestos..." Volver
15. C.I.D. H., Informe Anual, año 1994, pág. 215-216,OEA / Ser.L / V/ II.88, Doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995, pág. 215/6. Por su parte, el Tribunal Europeo ha sostenido: "Su función supervisora impone al tribunal prestar una atención extrema a los principios propios de una 'sociedad democrática'. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Sujeta a lo dispuesto por el punto 2 del artículo 10, es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o
indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una "sociedad democrática" (TEDH, Caso "Handyside", sentencia del 7 de diciembre de 1976,
Versión en castellano en Tribunal Europeo, op. cit., pág. 361/362, párr. 49). En el mismo sentido, y según surge de las anotaciones del texto del proyecto del Pacto Internacional sobre Derechos Humanos, la libertad de expresión y de opinión es la "piedra de toque de todas las libertades a las cuales se consagran las Naciones
Unidas" y "una de las más sólidas garantías de la democracia moderna".
16. Corte I.D.H., OC 5/85, cit. Volver
17. Felgueras, Santiago, "El derecho a la libertad de expresión e información en la jurisprudencia internacional" en La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, Del Puerto, 1996, pág. 476. Volver
18. Ibíd., págs. 476/77 Volver
19. Ibíd. pág. 477. Tal como sostuvo el TEDH: " ... la libertad de las controversias políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad democrática", Corte Europea de Derechos Humanos, Caso "Lingens", Sentencia de 8 de julio de 1986; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1984-1987, Cortes Generales, Madrid, 1981, pág. 125, párrafo 42. Volver
20. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión 1980-81. Volver
21. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC 5/85, cit. párrs. 31 y 32. Volver
22. Ibíd, párr. 31. Volver
23. Ibíd., párr. 32. Volver
24. Corte Suprema de los Estados Unidos, Caso New York Times v. Sullivan, 1964. Volver
25. Sagues, Nestor P.,Elementos de Derecho Constitucional, to.2, 3 edición, Astrea,Bs.As,1999, página 422. Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-5/85, cit. párr. 139. Volver
26.Ibíd., pág. 101. Volver
27. Bustos Ramírez, J., Manual de Derecho Penal, Parte general, Ariel, Madrid, 1989, pág. 143 Volver
28. Organizaciones CAJ y CELS de la República Argentina. "La criminalización de la protesta social en Argentina". Volver