Source: https://prl.ceoe.es/informacion/prl-en-el-mundo/paraguay/
Timestamp: 2018-12-19 08:03:28
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Paraguay – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
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En Paraguay, la protección de la seguridad y salud en el trabajo es una materia comprendida ya en la Constitución Política de Paraguay de 1992, cuyo artículo 90 establece que el cumplimiento de las normas laborales y de las de seguridad e higiene en el trabajo quedarán sujetas a la fiscalización de las autoridades creadas por Ley, que establecerán las sanciones en caso de incumplimiento.
Más allá del contenido de la Carta Magna, encontramos en la legislación de Paraguay relativa a la seguridad y salud en el trabajo dos normas principales por las cuales se regula la protección de los trabajadores en el entorno de trabajo.
En primer lugar, el Código de Trabajo de Paraguay (Ley nº 213, del 28 de julio de 1992) incorpora en su Título V una serie de derechos y obligaciones aplicables a empresarios y trabajadores. A lo largo de sus disposiciones se regula que la política de prevención de riesgos laborales se deberá desarrollar a través de la seguridad, higiene y medicina del trabajo, entendida como conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a evitar daños o alteración de la integridad física, funcional o psicológica de los trabajadores. El empresario deberá garantizar la higiene seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución de su actividad laboral. A tales efectos, adoptará cuantas medidas sean necesarias, incluidas las actividades de información, formación prevención de riesgos y la constitución de la organización o medios que sean precisos. Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no implicarán ninguna carga económica para los trabajadores.
En segundo lugar, encontramos el Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo. Esta Reglamento constituye la norma más importante de Paraguay en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este Reglamento General se confeccionó para dotar al país de una reglamentación adecuada en materia de seguridad, higiene y medicina del trabajo, además de reducir la siniestralidad laboral en el país. Regula de forma amplia aspectos relativos a las condiciones y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo establecimiento o centro de trabajo del país.
En acción a estas normas, encontramos otras fuentes jurídicas complementarias que contribuyen a configurar al marco normativo de la prevención de riesgos laborales en Paraguay, siendo éstas:
• Ley nº 836, del 24 de diciembre de 1974, por la que se aprueba el Código Sanitario.
• Decreto nº 5649, del 16 de diciembre de 2010, por el cual se adopta la lista de enfermedades profesionales.
• Resolución nº 472/2012, del 15 de mayo de 2012, “Reglamentación del procedimiento de inspección de seguridad y salud en el trabajo y sanción a la violencia laboral, el mobbing o acoso laboral y el acoso sexual en los lugares de trabajo en empresas y dependencias del Estado.
• Ley nº 4014, del 17 de junio de 2010, de prevención y control de incendios.
• Ley nº 3940, derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
• Decreto nº 4954, del 22 de marzo de 2005, por el cual se reglamenta la Ley 1657/2001 y se aprueba el listado de trabajo infantil peligroso.
Los accidentes de trabajo que se registran en Paraguay en su mayoría son en el ámbito de la construcción, pero no existen registros oficiales debido a la falta de notificación de las empresas que contratan.
Solo el 15% de los trabajadores que poseen algún tipo de trabajo peligroso se encuentra registrado en el Instituto de Previsión Social.
En cuanto a estadísticas de accidentes de trabajo no fatales en 2010, se reportaron 1.074 casos, en los que las extremidades superiores e inferiores –brazos y piernas, respectivamente- son las más afectadas, ya sea por quemaduras o fractura y deben ser amputadas.
En Paraguay, las dos principales normas jurídicas por las que se rgen los derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo son, por un lado, la Ley nº 213, Código de Trabajo, del 29 de octubre de 1993; y el Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
En cuanto al Código de Trabajo de 1993, esta norma tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones de trabajo entre los trabajadores y empresarios, concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Su ámbito de aplicación viene dispuesto en el artículo 2 de la norma, en el que se establece que la Ley aplica a los siguientes colectivos:
• Los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia y sus empresarios. Los profesores de institutos de enseñanza privada y quienes ejerzan la práctica deportiva profesional.
• Los sindicatos de trabajadores y empresarios del sector privado.
• Los trabajadores de las empresas del Estado y de las empresas municipales.
• Los demás trabajadores del Estado, sean de la administración central o de entes descentralizados, los de las municipalidades y departamentos, serán regidos por Ley especial.
• Están excluidos los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Por otra parte, el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo de 1992 dispone en sus artículos 2 y 3 su ámbito de aplicación territorial y funcional, respectivamente. En cuanto al ámbito territorial, se establece que el Reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República de Paraguay. En cuanto al ámbito funcional, se dispone lo siguiente:
• Las normas y medidas de prevención de riesgos profesionales y mejoras del medio ambiente de trabajo son de aplicación a toda actividad productiva desarrollada en el territorio nacional.
• Las normas y medidas mínimas son de general aplicación en el ámbito personal, sin perjuicio de la adopción de normas específicas para colectivos singulares de trabajadores tales como menores, mujeres gestantes o lactantes, disminuidos físicos o psíquicos, trabajo en familia, etc.
La República de Paraguay cuenta con una serie de organismos públicos cuyas funciones y competencias guardan relación con la seguridad y salud en el trabajo, de los cuales cabe destacar los siguientes:
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Órgano del poder ejecutivo, de orden público, al que corresponde la tutela de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en materia de trabajo, empleo y seguridad social. Entre las funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social están las de elaborar, ejecutar y fiscalizar las normas generales y particulares referidas a higiene, salud, seguridad y medicina del trabajo en los lugares o ambientes donde se desarrollan las tareas, en las empresas ubicadas en el territorio nacional, organismos y empresas del Estado y en las empresas binacionales.
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Órgano del poder ejecutivo de Paraguay y que representan la máxima autoridad del país en materia de salud pública. Tiene por misión regir, conducir y garantizar el buen funcionamiento del sistema de previsión de salud, orientado éste a la consecución de la cobertura universal.
• Dirección General de Inspección y Fiscalización del Trabajo: A este órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le compete la inspección, vigilancia y fiscalización de los establecimientos industriales, comerciales, mineros, agrícolas, ganaderos, a las oficinas prestadoras de servicios, con el fin de dar cumplimiento a la legislación laboral y de seguridad social, relativas a las condiciones de trabajo , de salud y seguridad ocupacional, a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidas las normas laborales que protegen especialmente a mujeres, menores y adolescentes.
• Instituto de Previsión Social: Organismo gubernamental que recoge entre sus funciones la cobertura correspondiente al seguro de accidentes y enfermedades profesionales.
En Paraguay, las obligaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo atribuidas a la figura del empresario las encontramos en el artículo 275 del Código de Trabajo y son las siguientes:
• Disponer los exámenes médicos, tanto los de admisión como periódicos, de cada trabajador a su cargo y asumiendo su coste.
• Evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen.
• Establecer las condiciones y métodos de trabajos y de producción que menor incidencia negativa produzcan sobre la higiene, seguridad y salud de los trabajadores.
• Planificar la prevención y determinar las medidas que deberán utilizarse, tanto colectivas como individuales, así como el material de protección que debe utilizarse contra los riesgos inherentes a la actividad desarrollada; y que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo, las operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas presentes en el lugar de trabajo no entrañan riesgos para la salud y seguridad para los trabajadores.
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el trabajo impartiendo órdenes claras y precisas a tales efectos.
• Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales de que sean víctimas los trabajadores, que causen más de tres días de incapacidad para las tareas dentro de los ocho días siguientes a la declaración de la enfermedad y de acuerdo al procedimiento establecido en la reglamentación pertinente.
• Cumplir las normas legales o convencionales, así como las medidas de aplicación inmediata ordenadas por la Autoridad Administrativa del Trabajo, como consecuencia de una intervención o fiscalización.
Además de estas obligaciones de carácter general, existen otras contenidas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo de 1992, como el deber de informar y formar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales, facilitar la participación y consulta, disponer los medios adecuados y suficientes en materia de emergencias, puesta a disposición de los equipos de protección individual y un largo etcétera.
Estos requisitos han sido incorporados en cada uno de los apartados específicos contenidos en esta guía.
En cuanto a la figura del trabajador, la referencia de las principales obligaciones a él atribuidas en materia de seguridad y salud en el trabajo vienen establecidas en el artículo 278 del Código de Trabajo (Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993).
En este sentido, el empleado está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias en cuanto a la higiene, seguridad y medicina laboral, y más concretamente, las siguientes:
• Utilizar correctamente la maquinaria, herramientas y equipos productivos.
• Hacer un correcto uso y mantenimiento de la ropa y equipos de protección individual puestos a su disposición por parte del empresario.
• Evitar el manejo o desactivación de los dispositivos de seguridad de la maquinaria, herramientas y equipos productivos.
• Colaborar con el empresario en la mejora continua de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
• Advertir al empresario o a sus representantes, así como a los mandos con funciones específicas en materia de seguridad y salud, sobre cualquier situación que detecte y que entrañe un peligro grave, así como de todo defecto observado en los sistemas de protección.
Además de estas obligaciones, el artículo 272 del mismo código de Trabajo, reconoce el derecho irrenunciable de los trabajadores a la protección e su seguridad y salud durante el desempeño de sus servicios profesionales.
En Paraguay, una de las principales obligaciones atribuidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en evaluar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores durante el desarrollo de su actividad. Este deber encuentra su fundamento jurídico en el artículo 275 del Código de Trabajo de Paraguay (Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993), por el cual se establece como una de las responsabilidades atribuidas al empresario “evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen”.
Además de este deber general, existen otras referencias legales en relación a la evaluación de riesgos y contenidas en el Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, concretamente en su Capítulo XIII. Dentro de las competencias de los servicios de prevención de la empresa, están la de evaluar los riesgos en las áreas específicas.
Tal y como dispone el artículo 282 del Reglamento, entre las competencias asignadas a los Servicios de Higiene en el Trabajo consta la función de evaluar y corregir todo medio ambiente en donde se desarrollan labores. De forma más específica, el artículo 283 del Código de Trabajo establece las funciones concretas que deberán llevar a cabo estos servicios, entre las que se encuentran:
• Solicitar la toma de muestras anteriores del medio ambiente de trabajo en el que el trabajador desempeña su actividad laboral.
• Realizar seguimiento del análisis de muestras de agentes químicos y/o biológicos.
• Realizar mediciones de agentes físicos presentes en los puestos laborales.
• Evaluar las condiciones de trabajo e informar a la autoridad competente y a su superior inmediato.
• Sugerir medidas correctoras a tomar para el mejoramiento de las condiciones y del medio ambiente de trabajo.
Además del deber de identificar y evaluar los riesgos laborales en los lugares y puestos de trabajo, una de las obligaciones atribuidas al empresario en el artículo 275 del Código de Trabajo (Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993) consiste en planificar la prevención y determinar las medidas que deberán utilizarse, tanto colectivas como individuales, así como el material de protección que debe emplearse contra los riesgos inherentes a la actividad desarrollada.
Este conjunto de medidas y acciones tendrá como fin garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo, las operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas… que estén bajo su control, no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.
Por otra parte, el artículo 271 del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo (Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992) dispone que en todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectuarán actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo.
Estos programas de Salud Ocupacional son desarrollados por los Servicios de Seguridad, Higiene y Medicina de Trabajo. Los artículos posteriores de la norma especifican las funciones atribuidas a cada uno de estos tres servicios, dentro de los cuales se encuentra la necesidad de establecer programas de acción, aplicados a cada una de estas tres especialidades respectivamente.
No se han identificado a lo largo del contenido de la normativa de Paraguay en materia de seguridad y salud en el trabajo disposiciones relativas al deber del empresario de realizar auditorías.
El empresario establecido en Paraguay tiene la obligación de informar y formar a los trabajadores a su cargo en materia de prevención de riesgos laborales, quedando totalmente prohibido el empleo de trabajadores en un puesto de trabajo sin que hayan sido previamente informados y formados en materia de seguridad y salud ocupacional.
Tal y como dispone el artículo 276 de la Ley nº 213, Código de Trabajo, del 29 de octubre de 1993, el empresario facilitará formación e información práctica y adecuada en materia de salud, seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, cuando cambien de puesto de trabajo o bien cuando tengan que aplicar una nueva técnica que pueda generar nuevos riesgos.
Por su parte, el trabajador está obligado a seguir las instrucciones y enseñanzas proporcionadas por su empresario y poner en práctica las medidas y acciones destinadas a proteger su seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.
Este deber general de formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad y salud viene desarrollado en el artículo 15 del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
El cuanto al deber de información, se concreta en transmitir a los empleados la existencia de los riesgos profesionales a los que están expuestos y las medidas preventivas y correctoras destinadas a su eliminación y control.
En cuanto al deber de formar, se resume en la instrucción teórico-práctica sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y garantizar así la protección de su seguridad y salud frente a los mismos. En este sentido, los trabajadores deberán recibir formación sobre las disposiciones legales en materia de seguridad e higiene ocupacional y más concretamente sobre:
• Los derechos y deberes generales de los trabajadores en los lugares de trabajo.
• Los medios de acceso y salida en caso de emergencia.
• Las medidas para mantener el orden y limpieza.
• La localización y utilización adecuada de los servicios de bienestar y de las instalaciones de primeros auxilios proporcionados de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
• El correcto uso y mantenimiento de la ropa de trabajo y equipos de protección individual a él proporcionados.
• Las medidas generales para la higiene personal y la protección de la salud.
• Las precauciones y disposiciones establecidas en materia de lucha contra incendios.
• Los protocolos diseñados a tener en cuenta en caso de urgencia.
• Los requisitos establecidos en las normas y reglamentos pertinentes sobre seguridad y salud.
Estos requisitos generales en cuanto a la formación en prevención de riesgos laborales deberán ser desarrollados en función de la actividad a desarrollar por el empleado y de las exigencias del puesto que se pretende. En concreto, deberán ser objeto de una formación preventiva específica los siguientes colectivos de trabajadores:
• Los conductores y operadores de aparatos elevadores, vehículos de transportes de maquinaria y equipos de trabajo peligrosos.
• Operarios encargados del montaje o construcción de andamiajes.
• Operarios en excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas o túneles.
• Trabajadores que manipulan explosivos o dedicados a actividades de voladura.
• Trabajadores dedicados al montaje de elementos prefabricados o armazones metálicos y de chimeneas de gran altura, así como construcciones de hormigón, encofrados y a otras actividades de este tipo.
• Trabajadores que manipulan sustancias peligrosas.
• Personas encargadas de la transmisión de señales.
• Otras categorías especializadas de trabajadores.
No se permitirá a ninguna persona realizar una actividad laboral a menos que haya recibido la información, instrucción y formación necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma eficiente y en condiciones de seguridad. La información, instrucción y formación deberá facilitarse en el idioma que comprenda el trabajador y, para que el trabajador las asimile, deberán aplicarse métodos escritos, orales, visuales e interactivos.
En todo caso, las sesiones formativas irán a cargo del empresario.
La normativa de Paraguay en materia de seguridad y salud laboral regula de forma conjunta las obligaciones del empresario de formar e informar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Dichos requisitos atribuidos a la figura del empresario vienen definidos en el artículo 276 de la Ley nº 213, Código de Trabajo, del 29 de octubre de 1993, en el que se establece como obligación del empresario facilitar la formación e información práctica y adecuada en materia de salud, seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, cuando cambien de puesto de trabajo o bien cuando tengan que aplicar una nueva técnica que pueda generar nuevos riesgos.
Estas obligaciones son desarrolladas en el artículo 15 del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo (Decreto nº 14390 /1992). Además de los requisitos concernientes a la formación (ver apartado 12, Formación), el punto 6 del artículo 15 de la norma dispone que el empresario deberá facilitar a cada trabajador, al comenzar un nuevo empleo y al cambiar de ocupación, un ejemplar de las normas y reglamentos de Seguridad e Higiene Ocupacional en vigencia.
El resto de disposiciones hacen referencia a la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En Paraguay, el derecho de los trabajadores de ser consultados y participar en las decisiones relativas a su seguridad y salud en el trabajo, y en especial en cuanto a la evaluación de riesgos y la planificación de acciones preventivas, se articula a través de las denominadas Comisiones Internas de Prevención de Accidentes (CIPA). Su regulación viene definida en el Capítulo XIV del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo (Decreto nº 14390 /1992).
Las Comisiones Internas de Prevención de Accidentes (CIPA) deberán ser obligatoriamente constituidas en aquellas empresas que cuenten con 100 o más trabajadores. Estos entes internos deberán ser constituidos de forma paritaria, en número igual de representantes de empresarios y trabajadores.
Los representantes de los empresarios serán designados por la Dirección o Administración de la Empresa en un número no inferior a 4, incluyéndose en ese número un representante de la Dirección y, si los hubiera, un Médico del Trabajo, un Ingeniero de Seguridad o Técnico en Seguridad (si no hubiere en la Empresa, puede ser reemplazado por un Asistente Social, para ejercer actividades de Auxiliar de Enfermería). En caso de no haber Médico, Ingeniero, Técnico ni Asistente Social, se designarán otros representantes que posean calificación e interés en las materias dentro del ámbito de actuación de las Comisión Interna de Prevención de Accidentes.
Los representantes de los trabajadores serán electos por los mismos, en un número no inferior a 4, dando preferencia a los representantes de los lugares de trabajo que ofrezcan mayores riesgos de accidentes, considerando también sus condiciones de liderazgo, su asistencia regular al trabajo, su disciplina, espíritu de observación y noción clara de la actividad pertinente de la Comisión.
La empresa designará 2 representantes, uno como presidente y otro como secretario de la Comisión, que no pertenezcan al grupo asignado como sus representantes dentro de la Comisión. Tanto para los empresarios como para los trabajadores se designará un suplente, para casos necesarios.
El mandato de los miembros de la Comisión será de un 1 año, excepto los responsables de los servicios de Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo, que serán miembros permanentes.
Competencia de los órganos de consulta y participación:
• Investigar el origen y las causas de los accidentes.
• Proponer y recomendar al empresario medidas de prevención de accidentes, de seguridad e higiene del trabajo que considere necesarias.
• Colaborar estrechamente, si los hubiere, con los Servicios de Seguridad, Medicina e Higiene del Trabajo de la Empresa.
• Inspeccionar periódicamente las instalaciones de la empresa, verificando el cumplimiento de las reglamentaciones legales y el estado de conservación de los equipos de protección y dispositivos de seguridad.
• Organizar e instruir equipos encargados del servicio de prevención de accidentes, combate al fuego y primeros auxilios.
• Proponer medidas de acción disciplinaria para los que infringieren normas y reglamentos de seguridad.
• Cooperar para el cumplimiento de las reglamentaciones e instrucciones de carácter oficial o internas, relativas a la prevención de accidentes, seguridad e higiene del trabajo.
• Realizar reuniones, charlas, proyecciones de películas sobre prevención de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo.
• Analizar los accidentes ocurridos y las estadísticas que deben figurar en las actas de reunión.
• Remitir mensualmente al Servicio de Seguridad, Servicio de Higiene y Medicina del Trabajo, para la elaboración de resúmenes, la documentación referente a sus actividades, con copia a la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Obligaciones del empresario en relación a la CIPA:
• Dar apoyo integral a la Comisión, concediendo a su representante todo lo necesario para el desempeño de sus respectivas atribuciones.
• Dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones sugeridas y aprobadas por la Comisión.
Obligaciones de los trabajadores en relación a la CIPA:
• Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentaciones, órdenes que se les dieren en materia de prevención de accidentes, seguridad, e higiene del trabajo.
• Usar obligatoriamente el equipo de protección individual que su actividad requiera.
• Presentar sugerencias para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, buscando la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
Tal y como figura en el artículo 275 de la Ley nº 213, Código de Trabajo, del 29 de octubre de 1993, una de las obligaciones generales del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en organizar los reconocimientos médicos de admisión y periódicos al conjunto de su plantilla.
Este deber es desarrollado en el Título I, Capítulo XII, Sección IV del Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 260 de la norma, todos los trabajadores deben someterse a exámenes médicos:
• Antes de su ingreso a una empresa, por primera vez.
• A intervalos periódicos, dada su periodicidad, cada doce (12) meses en los casos de actividades y operaciones no peligrosas o en ambientes no insalubres, y cada seis meses (6) en los casos de actividades y operaciones peligrosas o ambientes insalubres.
Además de estos tipos de reconocimiento, la Autoridad Laboral está capacitada para ordenar la realización de otros exámenes médicos además de los anteriormente mencionados.
Tal como viene reseñado en el artículo 266, el resultado de los exámenes médicos de las diversas índoles se debe inscribir en registros apropiados, los que deben conservarse para fines de referencia.
Los trabajadores menores de 18 años deben ser objeto de vigilancia médica especial, con exámenes periódicos a intervalos convenientes y manteniendo siempre el secreto profesional, pudiendo exhibir los registros solo a las autoridades competentes.
En ningún caso, el empresario podrá ordenar a un trabajador la realización de una tarea o trabajo cuando el certificado médico del trabajador establezca que el trabajador no cuenta con la aptitud física necesaria para el desempeño del trabajo en cuestión. En este sentido, el empresario deberá hacerlo posible para readaptar el puesto de trabajo o bien reubicar al empleado en un puesto de trabajo acorde a su condición física o mental.
Los trabajadores que hayan sufrido un accidente con lesión grave o una enfermedad prolongada, no podrán reanudar sus tareas sin una autorización médica correspondiente.
Pruebas médicas obligatorias
Examen médico de admisión:
• Examen clínico (vista, oído, piel, extremidades etc.).
• Investigación de (VDEL- Sífilis).
• Inmunofluorescencia (Mal de Chagas).
• Tipificación sanguínea (Grupo sanguíneo y factor RH).
• Examen de rutina (orina).
• Examen parasicológico de heces.
• Test psicológico elemental y de coordinación muscular.
• Investigación V.I.H. (SIDA).
• Examen de rutina, orina.
• Examen ginecológico PAP.
Dentro del ordenamiento jurídico de Paraguay en materia de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones concernientes a la gestión de los primeros auxilios en la empresa vienen establecidas en el Título I, Capítulo I, Sección IV del Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 39 de la norma, en todos los establecimientos y centros de trabajo deberá existir un servicio de primeros auxilios, con medios suficientes para atender a los trabajadores. El personal médico sanitario, las instalaciones y dotaciones de estos servicios deberán ir en proporción al número de trabajadores existentes en la empresa, ubicación dela empresa y características del centro de trabajo y riesgos derivados de la actividad de la empresas y de los puestos de trabajo.
Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de los primeros auxilios, bien señalizado y convenientemente situado, que estará a cargo del personal médico, si lo hubiera, de un socorrista diplomado o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por el empresario.
Por otra parte, aquellos centros de trabajo que cuenten con un volumen de trabajadores mayor a 25 trabajadores deberán disponer de un local destinado a enfermería con elementos y medios suficientes para prestar estos servicios.
Dentro de estos medios, figura el botiquín de rimeros auxilios, le cual deberá disponer del siguiente material: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, termómetro y estetoscopio, mercurio cromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencias, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringas desechables, agujas para inyectables y termómetro clónico. El material de los botiquines deberá ser revisado mensualmente y deberá reponerse el material ya utilizado.
Establecimientos con Servicios Médico
En aquellos centros de trabajo que dispongan de un Servicio de Medicina del Trabajo, serán éstos los encargados de proporcionar a los trabajadores los primeros auxilios en casos de accidente o enfermedad.
Dichos Servicios dispondrán del personal auxiliar médico necesario y medios imprescindibles para desarrollar eficazmente las funciones que se le atribuye.
Además de administrar y proporcionar los primeros auxilios, el empresario es también responsable de trasladar a aquellos trabajadores que hayan sido víctimas de un accidente de trabajo o bien hayan sufrido una enfermedad profesional a un centro asistencial médico o a una clínica del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay.
En las oficinas o en los locales destinados a los servicios de primeros auxilios se colocarán, en lugares visibles, una relación detallada de las direcciones y teléfonos de las unidades de urgencia a los que puedan ser trasladados los accidentados o enfermos.
Establecimientos con riesgo grave de incendio
Tal y como establece el artículo 68 del Reglamento, en los establecimientos y centros de trabajo con riesgo grave de incendio, se instruirá y entrenará especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios sobre el manejo y conservación de las instalaciones y medios de extinción, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados.
El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes aislantes, botas y guantes y cinturones de seguridad; asimismo dispondrá, si fuera necesario evitar específicas intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de respiración automática.
El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escala, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deben emplearlo. El empresario o su representante designarán al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas en prevención de los riesgos laborales, si los hubiere, o a la persona de mayor competencia técnica del establecimiento en estas materias.
Por último, para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención y el entrenamiento de los equipos contra incendios, y para que los trabajadores, en general, conozcan y participen en aquellos, se efectuarán periódicamente simulacros de incendios por orden o bajo la dirección del Jefe de Equipo o Brigada contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas para evitar daños o riesgos innecesarios.
La normativa de Paraguay en materia de seguridad y salud en el trabajo no recoge disposiciones normativas en referencia al deber de los empresarios que concurran en un mismo centro de trabajo de coordinarse entre sí a efectos de garantizar la protección efectiva de la seguridad y salud de sus trabajadores.
En Paraguay, las dos normas principales por las cuales se regula la seguridad y salud en el trabajo son el Código de Trabajo (Ley nº 213 del 29 de octubre de 1993) y el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo (Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992). Sin embrago, es el Código de Trabajo (artículo 374 y siguientes) la norma jurídica que establece la cuantía de las sanciones atribuidas al incumplimiento de las obligaciones contenidas en ambas normas.
Tal y como dispone el artículo 374 del Código, el incumplimiento de cada obligación legal del empresario con la administración del trabajo (entre ellas las obligaciones en materia de seguridad y salud) será sancionada con una multa equivalente de entre 10 a 30 jornales mínimos. En caso de que el empresario reincida en uno de sus incumplimientos, la cuantía de las sanciones será duplicada.
A su vez, el Código de trabajo de Paraguay establece algunas sanciones atribuidas a infracciones concretas, entre las que destacan las siguientes:
• Los incumplimientos derivados de la instalación, equipamiento y dirección del establecimiento en cuanto a la prevención de los riesgos derivados del uso de máquinas, instrumentos, herramientas y materiales de trabajo, así como la ausencia de medidas de prevención adecuadas, conllevarán una sanción económica de 20 a 30 salarios diarios mínimos por cada infracción, sin perjuicio de la obligación de cumplir las normas legales de higiene, seguridad, comodidad y medicina del trabajo. En caso de reincidencia se duplicará la multa.
• Los empresarios que infrinjan los descansos legales de maternidad o nieguen permisos para la lactancia, afrontarán una multa de 50 salarios diarios mínimos, que se duplicará en caso de reincidencia, por cada trabajadora afectada.
• Los empresarios que obligan a los varones menores de 18 años de edad a realizar labores en lugares insalubres o peligrosos, o trabajos nocturnos industriales, serán sancionados con una multa de 50 salarios diarios mínimos, que se duplicará en caso de reincidencia, por cada trabajador menor afectado. También se aplicará esta sanción económica en aquellos casos en los que el empresario ocupe a niños menores de 12 años para la realización de cualquier trabajo.
En Paraguay, el empresario debe notificar a la Dirección General de Higiene y seguridad Ocupacional aquellos accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o incidentes acaecidos en su organización. Dicho deber viene principalmente regulado por el artículo 16 del Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como especifica dicho artículo, el empresario deberá comunicar aquellos accidentes o enfermedades profesionales acaecidos en el seno de su organización.
Deberán ser comunicados a la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional aquellos accidentes que conlleven consecuencias graves o mortales para uno o más trabajadores y, en general, todos aquellos que comporten una ausencia en el trabajo por parte del empleado superior a 3 días.
En el primer caso, el empresario deberá realizar la notificación de forma inmediata desde que tiene conocimiento de lo sucedido. En los casos de accidentes laborales que no sean graves ni mortales pero que generen una ausencia superior a 3 días, el plazo que se otorga al empresario a efectos de comunicación es de 8 días.
En cuanto a las enfermedades profesionales, deberán ser comunicadas al mismo organismo y en el mismo plazo previsto que para los accidentes de trabajo.
Por último, la normativa de Paraguay en materia de seguridad y salud confiere la obligación de comunicar la materialización de incidentes en el puesto de trabajo, si bien limita este deber de comunicación a tres tipos de incidentes específicos:
• Explosiones e incendios graves.
• Desplome de grúas u otros aparatos de elevación.
• Desplome parcial o total de edificios, armazones o andamios.
En estos casos, la notificación deberá realizarse de forma inmediata, independientemente de que se hayan producido heridos o no.
En Paraguay, la protección del menor de edad en el trabajo viene regulada en el Libro I, Título III, Capítulo II de la Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993, por la que se aprueba el Código de trabajo de Paraguay.
Tal y como dispone el artículo 119 de la norma, los menores que no hayan cumplido 15 años no podrán trabajar en ninguna empresa industrial, pública o privada o en sus dependencias, con excepción de aquellas en las que estén ocupados únicamente miembros de la familia del empresario, siempre que por la naturaleza del trabajo o por las condiciones en las que se efectúe, no sea peligroso para la vida, salud o moralidad del trabajador menor.
Por otra parte, el artículo 120 del Código de Trabajo establece que podrán trabajar en establecimientos no industriales los menores de entre 14 y 18 años, cuando se reúnan la siguientes condiciones:
• Que hayan completado la educación primaria obligatoria o que el trabajo no impida su asistencia a la escuela.
• Que posean certificado de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria competente.
• Que se trate de tareas diurnas, livianas, no peligrosas ni insalubres.
• Que medie autorización del representante legal del menor, visada por la autoridad competente.
• Que no trabajen más de cuatro horas diarias, ni más de veinticuatro semanales. Para los menores que todavía asistan a la escuela, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a dos y siempre que el número total de horas dedicadas a la escuela y el trabajo no excedan en ningún caso de siete diarias.
• Que no trabajen en domingo ni en los días de fiestas que la Ley señala.
Además de estas obligaciones, el empresario que se haga con los servicios de un trabajador menor de entre 15 y 18 años, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria competente.
• Limitación de la jornada diaria a seis horas y treinta y seis horas en la semana.
• No ser ocupados en empleos peligrosos para la vida, salud o moralidad, especificados en leyes o reglamentos.
Los exámenes médicos estarán a cargo del empresario y no ocasionarán gasto alguno a los menores o a sus padres.
Los menores de 15 a 18 años no serán empleados durante la noche en un intervalo de 12 horas consecutivas que comprendan desde las 22:00 a 06:00 horas. Se excluye de esta disposición el trabajo doméstico, ejecutado en el hogar del empresario.
Los menores de 13 a 15 años no podrán ser empleados durante la noche en un período de 14 horas consecutivas, por lo menos, que comprendan el intervalo transcurrido entre las 20:00 y las 08:00 horas.
Documentación: todo empresario que ocupe a menores o aprendices menores, está obligado a llevar un libro en el que hará constar los siguientes datos sobre ellos: nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, labor que desempeña, horario de trabajo, fecha de entrada, situación escolar, número de inscripción en el seguro médico, fecha de salida, número y fecha de expedición del certificado de trabajo. El libro de registros, para su validez, deberá tener sus fojas numeradas, selladas y rubricadas por la Dirección General de Protección de Menores, debiendo ser llevado sin enmiendas, raspaduras ni anotaciones entre renglones. El libro será exhibido a los inspectores u otros funcionarios autorizados, cuando fuere requerido.
Por último, se prohíbe la ocupación de menores de 18 años en trabajos tales como:
• Expendio de bebidas alcohólicas de consumo.
• Tareas o servicios susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.
• Trabajos ambulantes, salvo autorización especial.
• Trabajos peligrosos o insalubres.
• Trabajos superiores a la jornada establecida, a sus fuerzas físicas, o que puedan impedir o retardar el desarrollo físico normal.
• Trabajos nocturnos, en los períodos previstos en el artículo 122 y otros que determinen las leyes.
La normativa de seguridad y salud ocupacional de Paraguay no dispone obligaciones concretas al empresario en relación a la protección de los trabajadores temporales. Son considerados trabajadores temporales los que tengan un contrato de trabajo por duración determinada, la cual puede prolongarse como norma general hasta 1 año.
En Paraguay, la protección de la trabajadora embarazada en el trabajo viene regulada en el Libro I, Título III, Capítulo II de la Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993, por la que se aprueba el Código de trabajo de Paraguay (artículo 129 y siguientes).
En virtud del artículo 130, cuando exista peligro para la salud de la mujer, o del hijo en estado de gestación, o durante el período de lactancia, no podrá realizar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicios después de la diez de la noche, así como en horas extraordinarias.
En este sentido, son considerados como trabajos peligrosos o insalubres los que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer o de su hijo.
Toda trabajadora tendrá derecho a suspender su trabajo siempre que presente un certificado médico expedido o visado por el Instituto de Previsión Social, o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que se indique que el parto habrá de producirse probablemente dentro de las 6 semanas siguientes, y salvo autorización médica, no se le permitirá trabajar durante las 6 semanas posteriores al parto. Durante los 3 meses anteriores al parto, las mujeres no desempeñarán ningún trabajo que exija esfuerzo físico considerable.
Desde el momento en que el empresario haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso y el despido decididos por el empresario. Durante su ausencia por reposo de maternidad y en cualquier período adicional entre la fecha presunta y la fecha real del parto, la trabajadora recibirá asistencia médica y prestaciones suficientes, con cargo al régimen de seguridad social.
En el período de lactancia, las madres trabajadoras tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Dichos descansos serán considerados como períodos trabajados, con goce de salarios. A este fin, los establecimientos industriales o comerciales en que trabajen más de cincuenta mujeres, están obligados a habilitar salas maternales para niños menores de dos años, donde éstos quedarán bajo custodia, durante el tiempo de ocupación de las madres. Esta obligación cesará cuando las instituciones de Seguridad Social atiendan dicha asistencia.
Si transcurrido el reposo de maternidad se encontrasen imposibilitadas para reanudar sus labores a consecuencia del embarazo o parto, tendrán derecho a licencia por todo el tiempo indispensable al restablecimiento, conservando su empleo y los derechos adquiridos por virtud del contrato de trabajo.
La Constitución Política de Paraguay de 1992 dispone en su artículo 88 que no se admitirá discriminación alguna por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. El mismo artículo establece además que el trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado.
Aun así, no se han encontrado referencias en cuanto al deber de adoptar medidas preventivas más allá de las habituales a efectos de garantizar un plus en cuanto al nivel de protección de la seguridad y salud de este colectivo de trabajadores.
Por otra parte, la Ley nº 3585/08, relativa a la obligación de incorporar personal discapacitado en las empresas, regula en su artículo 1 el deber de todos los organismos y entidades del Estado, gobernaciones y municipalidades, así como las personas jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria del Estado, de incorporar y mantener dentro de su plantel de personal un porcentaje de personas con discapacidad que no será menor al 5% del total de sus funcionarios.
En Paraguay, todavía falta mucho por recorrer para equiparar los derechos laborales que tienen los trabajadores independientes (trabajadores autónomos) en comparación con el colectivo de empleados asalariados, entre otras razones, porque en Paraguay no existe cobertura del trabajo autónomo en el Sistema de Seguridad Social. Tampoco se disponen obligaciones específicas que apliquen a este colectivo en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Si bien la Constitución de 1992 dispone en su artículo 95 que se promoverá la extensión del Seguro Social a todos los sectores de la población, en 2012 se aprobó una Ley para que el trabajador independiente pueda acceder al sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), a través de un aporte voluntario. Sin embargo, aún no tienen acceso a la cobertura médica.
Con esta Ley, los trabajadores por cuenta propia que se conviertan en aportantes del Fondo de Jubilaciones del IPS tendrán los mismos beneficios que los demás asegurados, como el derecho a la pensión por invalidez por accidente laboral o común, pensión por viudez, pensión a los padres e indemnización a familiares que le sobrevivan al aportante fallecido.
Por otra parte, la Ley vigente de Seguro Social también contempla un seguro optativo en riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad de los trabajadores independientes (Decreto Ley 1860/50). También, está aprobado, aunque no reglamentado, un seguro voluntario de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales.
En Paraguay, los requisitos que deberán cumplir los centros y locales de trabajo a efectos de garantizar y proteger la seguridad y salud de los trabajadores que en ellos operan vienen regulados en el Título I, Capítulo I, Sección I del Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del trabajo. Se exponen seguidamente los principales requisitos contenidos en dicha sección.
Tal y como dispone el artículo 17 del Reglamento, todos los edificios, permanentes y provisionales, serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome, y los derivados de los agentes atmosféricos.
Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que han sido calculados. Asimismo, se indicarán por medio de rótulos o inscripciones las cargas máximas que los locales deben soportar o suspender, prohibiéndose expresamente sobrecargas de pisos y plantas de estos edificios.
Los locales de trabajo deberán reunir las siguientes condiciones:
• Contar con una altura mínima de 3 metros, desde el suelo al techo.
• Superficie libre de 2 metros cuadrados por cada trabajador.
• Espacio libre de 10 metros cúbicos por cada trabajador.
No obstante, en los establecimientos comerciales de servicios y locales destinados a oficinas y despachos, y en cualquier otro que por alguna circunstancia resulte imposible cumplir con la altura mínima de 3 metros, previa autorización correspondiente de la autoridad laboral competente para este último caso, podrá quedar reducida la altura del local hasta 2,50 metros, respetándose en todo caso el espacio libre mínimo para cada trabajador y un sistema de renovación de aire adecuado.
Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrían en cuenta los espacios destinados para máquinas, instalaciones y materiales.
La superficie del suelo constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo, será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo por el uso, de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y, de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%.
En los establecimientos de trabajo donde se manejan líquidos susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán con materiales impermeables, dotando al pavimento de una pendiente no inferior al 1,5% hacia desagües o canales.
Los techos deberán reunir las condiciones necesarias para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. Si han de soportar o suspender cargas, deberán cumplir con los requisitos mencionados en cuanto a seguridad estructural.
Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización, en proporción al número de personas que hayan de circular por ellos y las necesidades propias del trabajo. Los corredores, galerías y pasillos se mantendrán en todo momento libres de obstáculos.
• 1,20 metros para los pasillos principales.
• 1,00 metros de anchura para los pasillos secundarios.
La separación entre máquinas u otros aparatos nunca será menor de 0,80 metros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina. Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación de las personas quedará señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por donde debe transitarse. Alrededor de los hornos, calderas o cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor se dejará un espacio libre no menor de 1,50 metros: el suelo y paredes dentro de dicha área será de material incombustible.
Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80 metros cuando las instalaciones a esta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal.
Cuando exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad.
Además de estos requisitos, la norma también establece las condiciones que deberán reunir las escaleras principales y de servicio, escalas, escaleras de mano, plataformas de trabajo, aberturas en pisos y paredes, puertas y salidas.
En Paraguay, los requisitos legales aplicables a los lugares y locales de trabajo destinados a garantizar unos niveles adecuados de higiene al conjunto de loa trabajadores que en ellos operan vienen regulados en el Título I, Capítulo I, Sección III del Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992. Se desarrolla una síntesis en cuanto a las obligaciones contenidas en dicha Sección:
Los lugares de trabajo deberán disponer de forma suficiente y en lugar fácilmente accesible de agua fresca y potable para el consumo de los trabajadores. En los lugares donde hubiera red de abastecimiento de agua, deben obligatoriamente instalarse bebederos higiénicos y evitar el uso de un mismo vaso para varios trabajadores. Deberá advertirse mediante carteles si el agua es potable o no lo es.
El empresario deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que el sistema de abastecimiento de agua potable no pueda verse contaminado por agua no apropiada para beber.
Por otro lado, en aquellos lugares donde la provisión de agua potable se haga transportándola desde otros lugares, los recipientes para su almacenamiento deben reunir suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, limpiándose con frecuencia y presentando unas condiciones adecuadas. El agua potable transportada y almacenada debe tener siempre un residuo de cloro en una proporción mínima de uno en un millón.
El empresario es responsable de llevar a cabo análisis periódicos de la potabilidad del agua suministrada a sus empleados.
Todos los establecimientos de trabajo dispondrán de vestuarios para el uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. La superficie mínima de estos cuartos será de 1,20 metros cuadrados por cada trabajador que requiera utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,40 metros.
Los vestuarios deberán estar provistos de asientos y armarios o casilleros individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado del trabajador o trabajadora.
Cuando se trate de establecimientos que normalmente impliquen trabajos sucios, se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento de fabricación, se instalarán armarios dobles: uno para la ropa de trabajo y otro para la de calle.
Como excepción a la norma, en oficinas y comercios los vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan depositar la ropa de los trabajadores.
En todos los establecimientos de trabajo existirán estos servicios higiénicos, siendo de fácil acceso y estando debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
En los locales de trabajo, deberán instalarse inodoros con descarga automática de agua corriente, en proporción de uno por 25 hombres, y otro por cada 15 mujeres o fracción de estas cifras que trabajen en una misma jornada de trabajo (en el caso de trabajo a turnos, se computará el número máximo de hombres y mujeres en un mismo turno). Adicionalmente, en los servicios de hombres se instalarán mingitorios en la misma proporción. En cuanto a los servicios de mujeres, deberán disponerse recipientes con tapa para residuos.
Cuando estos servicios higiénicos comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados hacia dichos lugares y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de limpieza o pasillos que tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. En ningún caso tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 de largo y 2,30 metros de altura.
Los establecimientos industriales dispondrán de duchas y lavabos de agua fría y caliente, en la proporción de 1 ducha por cada 20 trabajadores, o fracción de estas cifras, que trabajen en la misma jornada.
Cuando se trate de establecimientos que normalmente impliquen trabajos sucios, se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento de fabricación, se deberá disponer de 1 ducha por cada 10 trabajadores.
Las duchas deberán estar debidamente aisladas, cerradas, en compartimientos individuales con puerta dotada de cierre interior.
En cuanto a los lavabos, éstos deberán disponer de los elementos imprescindibles para la limpieza, debiéndose facilitar en los trabajos tóxicos o muy sucios los medios de asepsia necesarios.
En Paraguay, los requisitos normativos en relación a los locales de trabajo para la prevención de incendios vienen regulados en el Capítulo II del Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como establece el artículo 49 de la norma, los locales de trabajo en los que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se ubicarán a una distancia de 3 metros entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. Cuando la separación entre locales resulte imposible, se aislarán con paredes resistentes de mampostería, hormigón y otros materiales incombustibles sin aberturas.
Como norma general, en los locales de trabajo especialmente expuestos a riesgos de incendios se adoptarán las siguientes disposiciones:
• No deberán existir hornos, hogares, calderas ni dispositivos de fuego libre.
• No se empleará maquinaria, elementos de transmisión, aparatos o útiles que produzcan chispas o cuyo calentamiento pueda originar incendios por contacto o proximidad con sustancias inflamables.
• Las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o de altas temperaturas serán completamente herméticas y estarán constituidas o revestidas de material resistente a roturas, refractario a las llamas y anticorrosivo.
• La instalación eléctrica tiene que estar diseñada para que pueda desconectarse el abastecimiento de la energía, al menos en dos lugares convenientemente separados.
• Las construcciones de más de dos pisos tendrán escaleras exteriores contra incendios y terrazas habilitadas para efectuar rescate de emergencia.
Además de estos requisitos, dicha Sección también dispone las condiciones que deberán cumplirse en cuanto a la distribución interior de los locales, pasillos y corredores, puertas y salidas de emergencia, escaleras, ascensores y montacargas.
Por otra parte, el artículo 59 y siguientes del Reglamento establece disposiciones en cuanto a las instalaciones y medios de extinción de incendios. A tales efectos, la norma dispone las especificaciones aplicables a bocas de incendio, extintores portátiles, columna seca, hidrantes de incendio y sistemas fijos de extinción de incendios.
En aquellos establecimientos de pública concurrencia o bien que ofrezcan un riesgo importante de incendio, las instalaciones mínimas en prevención de incendios estarán compuestas por los siguientes elementos:
• Equipo de control y señalización: Estará situado en lugar fácilmente accesible, de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya sido dividida la instalación industrial.
• Detectores: Estarán situados en cada una de las zonas en que se haya dividido la instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuada para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda producirse en cada local evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia.
• Fuentes de suministro de energía: La instalación estará alimentada, como mínimo, por dos fuentes de suministro de energía, de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria del suministro de energía dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma.
• Equipos o instalaciones de extinción de incendios: bocas de incendios, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción de incendios.
En Paraguay, los requisitos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y terceros, vienen dispuestas en el Título I, Capítulo V, Sección I del Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como dispone el artículo 78 del Reglamento, en aquellas instalaciones y equipos eléctricos se deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para la protección de las personas frente a las partes de la instalación habitualmente en tensión, tales como:
• Se alejarán las partes activas de las instalaciones a distancias suficientes del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan para evitar un contacto fortuito, o por la manipulación de objetos conductores, cuando éstos puedan ser utilizados cerca de la instalación.
• Se recubrirán las partes activas con un aislamiento apropiado, que conserve sus propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo.
• Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales.
Por otra parte, para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones que puedan quedar accidentalmente en tensión, se adoptarán, en corriente alterna, uno o varios de los siguientes dispositivos de seguridad:
• Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas eléctricamente a una toma de tierra o a un conjunto de tomas de tierra interconectadas que tengan una resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como con neutro unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo que indique automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislamiento o que separe automáticamente la instalación o parte de la misma en la que esté el defecto de la fuente de energía que la alimenta.
• Dispositivo de corte automático o de aviso, sensible a la corriente de defecto (interruptores diferenciales) o a la tensión de defecto (relés de tierra).
• Unión equipotencial o por superficie aislada de tierra o de masas (conexiones equipotenciales).
• Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los conductores del circuito de utilización, incluido el neutro.
• Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas.
En Paraguay, las principales referencias en cuanto a la protección de los trabajadores en espacios confinados vienen dispuestas en el artículo 56 del Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Cabe tener en cuenta, no obstante, que las normas contenidas en el artículo 56 del Reglamento no hacen referencia a espacios confinados en general, sino que aplican a los trabajos que vayan a ser efectuados en tanques o depósitos que contengan o hayan contenido productos inflamables.
Tal y como dispone la norma, previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques o depósitos que hayan contenido sustancias inflamables, deberán iluminarse los residuos y comprobarse los niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles.
Los trabajadores deben disponer de equipos adecuados de protección individual y utilizar botas cerradas, con suela antideslizante, puntera reforzada para evitar golpes y que no contengan partes metálicas (para impedir la producción de chispas). Las herramientas y el alumbrado que se utilicen en este tipo de espacios deben ser los adecuados para lugares húmedos y con riesgo de explosión.
Durante el tiempo que el trabajador permanezca en el interior del depósito deberá haber un ayudante en el exterior dispuesto a auxiliarlo, para ello, el trabajador en el interior del tanque deberá estar asegurado con una cuerda cuyo extremo estará sujeto al operario que se encuentra en el exterior.
Para realizar cualquier tipo de trabajo en el interior de estos depósitos será obligatoria una autorización escrita de entrada en la que se especifiquen las operaciones que debe realizar y las precauciones que han de tenerse en cuenta.
Antes de entrar en los tanques, debe comprobarse que la presión en su interior sea igual a la del exterior. Además, deberán bloquearse los conductos de abastecimiento del combustible. En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las medidas necesarias para que, una vez cerradas estas, no se originen perturbaciones por aperturas intempestivas, para lo cual se encargará a un trabajador, debidamente formado, de su vigilancia mientras duren estas operaciones.
En Paraguay, la regulación relativa a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de atmósferas explosivas vienen establecida en el Capítulo III del Título I del Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Tal y como desarrolla el artículo 70 de la norma, se consideran locales con riesgo de explosión aquéllos en los que exista alguno de los materiales siguientes:
• Materiales E 1: Gases o vapores cuya posible mezcla con el oxígeno presente en la atmósfera, en la cantidad y proporción adecuada y a la temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como metano y acetileno.
• Materiales E.2: Materiales en polvo cuya posible mezcla con el oxígeno presente en la atmósfera, en la cantidad, composición y tamaño de partículas, a la temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como derivados de productos agrícolas, metales y plásticos.
• Materiales E.3: Explosivos sólidos o líquidos tales como: pólvora, dinamita, nitroglicerina, peróxidos y otros.
Cualquier establecimiento o centro de trabajo que fabrique, comercie, manipule, almacene, transporte o utilice sustancias explosivas deberá tener:
• Autorización legal pertinente: Queda prohibido cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas sin la autorización previa de la administración.
• Capacidad técnica: Quedan prohibido los trabajos con sustancias explosivas que hayan sufrido algún cambio en su estructura física o química. El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá estar especialmente autorizado para realizar estos trabajos.
• Normas escritas internas, de riguroso cumplimiento, en concordancia con la reglamentación vigente: Estas normas o procedimientos de trabajo deben contar con la aprobación de la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional.
Por otra parte, el artículo 71 del Reglamento establece las condiciones que deberán cumplirse en los locales de trabajo en el que estén presentes materiales explosivos, los cuales varían en función de la categoría a la que pertenezcan dichos materiales:
• Materiales E.1: Se dispondrán instalaciones de sustitución, ventilación o renovación de aire, con caudal suficiente para desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona peligrosa.
• Materiales E.2: Se dispondrían instalaciones colectoras de polvo de modo que se evite la acumulación de concentraciones peligrosas, y se efectuarán operaciones de limpieza periódica, a los efectos de eliminar los depósitos de polvo.
• Materiales E.3: Se observarán las normas establecidas en las disposiciones vigentes, las complementarias que en cada caso establezcan, los establecimientos que los utilicen, y las disposiciones que en materia de trabajos con riesgos especiales se especifican en el Capítulo X, Sección IV, del presente Reglamento.
Además de estos requisitos, deberán cumplirse las normas relativas a la prevención de incendios contenidas en el Capítulo II de la norma (ver apartado 27, Locales e instalaciones incendios).
En Paraguay, la protección de la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo y máquinas viene regulada principalmente por la Sección I del Capítulo VII del Decreto nº 14390, del 28 de julio de 1992, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
El artículo 109 de la norma establece las condiciones generales que deberán cumplirse en cuanto a la instalación de equipos de trabajo, disponiendo lo siguiente:
Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente para permitir su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones.
Se instalarán sobre-pisos de resistencia suficiente para soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles.
Los motores principales y las turbinas, o aquellas máquinas que sean fuente de riesgo para la salud de los trabajadores, se emplazarán en locales aislados o en recintos cerrados, prohibiéndose el acceso a los mismos del personal ajeno a su servicio mediante carteles visibles.
El almacenamiento de materias primas y/o de productos elaborados deberá contar con zonas claramente delimitadas, de modos que no constituyan obstáculos para los operarios. Los útiles de las máquinas que deban ser guardados junto a ellas, estarán debidamente colocados y ordenados en armarios, mesas o estantes adecuados. Se prohíbe almacenar, en las inmediaciones de las máquinas objetos o útiles ajenos a su funcionamiento.
Sistema de protección de las máquinas
A fin de evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos mecánicos agresivos de las máquinas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva o proyectiva, se instalarán las protecciones que resulten adecuadas al riesgo específico de cada máquina.
Para la aplicación de los principios y medios de protección, deberán ser tenidas en cuenta las siguientes condiciones:
Siempre que sea posible, las partes o elementos peligrosos de una máquina deberán ser eliminados, encerrados o protegidos eficazmente en la fase del diseño inicial de la máquina. Si no pueden ser eliminados, deberán incorporarse los medios de protección adecuados como parte del diseño y, si esto tampoco es posible, debe procurarse que estos medios de protección puedan ser fácilmente incorporados en fase posterior.
Deberá preverse el acoplamiento de tipos distintos de protección aquellas máquinas que así lo requieran por su versatilidad.
Cuando se utilice un resguardo, cubierta o pantalla móvil como medio de protección de elementos móviles de la máquina, deberá estar enclavado con el movimiento de los elementos o partes a proteger. Las operaciones de mantenimiento requerirán el aislamiento total de máquina del suministro de energía.
El engrase y las operaciones de mantenimiento necesarias deben ser realizados, en la medida de lo posible, fuera de las zonas de peligro.
Los puestos de trabajo, deben estar dotados de una iluminación portátil de aquellas que se ajustan manualmente a cualquier dirección, y deberá ser alimentada eléctricamente con tensiones de seguridad, preferentemente.
Todos los medios de protección deberán ser de diseño sólido y de resistencia adecuada.
Los resguardos pueden ser de metal, madera, vidrio laminado y templado, materias plásticas o adecuadas a unas combinaciones de estos materiales. Con independencia de las condiciones de uso a que vayan a ser sometidos, sea necesario tener en cuenta las características de resistencia a la rotura de los mismos.
Las protecciones no presentarán riego por sí mismas, tales como atrapamientos, puntas de corte, astillas, asperezas o bordes afilados u otros riesgos que igualmente puedan causar daño físico.
Con carácter prioritario deberá tenerse en cuenta la utilización de aparatos automáticos para introducir y retirar piezas, materiales y sustancias en máquinas.
Cuando los trabajadores de mantenimiento no estén protegidos mediante resguardos de enclavamiento u otros medios de protección adecuados, se deberá disponer de un riguroso sistema de “permiso de trabajo”, que evite que el suministro de energía pueda ser restablecido inadvertidamente mientras se realicen reparaciones.
Además de los requisitos legales relativos a la protección de los equipos de trabajo en general, el mismo Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992, también establece disposiciones que aplican de forma concreta a equipos y máquinas específicos.
Se dispone a continuación un índice normativo en el que se refleja el fundamento jurídico para la protección de los empleados frente a los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo específicos.
• Capítulo VII, Sección II: Máquinas y herramientas Portátiles.
• Capítulo VIII: Aparatos de Izar y Transporte.
o Sección I: Normas generales.
o Sección II: Aparejos (cables, cadenas, cuerdas,…etc.).
o Sección III: Aparatos de izar.
o Sección IV: Ascensores y montacargas.
o Sección V: Transportadores de materiales.
o Sección VI: Manipulación, almacenamiento y transportes.
o Sección VII: Vehículos de transporte por el interior de los centros o lugares de trabajo.
• Capítulo X: Vehículos automotores
En Paraguay, una de las principales responsabilidades atribuidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual necesarios.
Dicho deber viene principalmente regulado en el Título I, Capítulo XII, Sección I del Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992.
Tal y como dispone el artículo 225 del Reglamento, dentro del concepto de protección individual se incluyen todos los elementos destinados a la protección del trabajador frente a un peligro o daño concreto.
Asimismo, la protección individual ha de considerarse como la última barrera entre el hombre y el riesgo, primando la protección colectiva por encima de la individual. Dicho esto, su empleo será obligatorio, siempre que los equipos de protección individual permitan que el riesgo tienda a evitarse o minimizar su magnitud.
Los equipos de protección individual deberán estar diseñados de forma que permitan la realización de los trabajos por parte del usuario sin molestias innecesarias para éste y sin disminución de su rendimiento. En ningún caso los equipos de protección individual podrán constituir un riesgo en sí mismos.
En cuanto a la elección de los equipos de protección individual idóneos, el empresario deberá tomar en consideración las siguientes variables o factores:
• Localización del riego o riesgos existentes y definición de sus características y de su origen (riesgo de origen físico, químico, biológico…).
• Parte o partes del cuerpo que deben ser protegidas (cráneo, cara, aparato visual, aparato auditivo, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, aparato respiratorio, etc.).
• Equipos de protección que resultan necesarios, en función de los riesgos identificados y evaluados.
• Prestaciones del equipo o equipos frente a los riesgos concretos detectados (Prestaciones garantizadas de los equipos, bien para ensayo de homologación o certificados emitidos por centros especializados).
Se prohíbe la utilización de equipos de protección individual no homologados o debidamente autorizados por las autoridades competentes. La utilización de medios de protección individual no homologados se equipara a la carencia de los mismos, salvo prueba en contrario de su calidad.
En cuanto a la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, el Reglamento remite al cumplimiento de las instrucciones del fabricante para la realización de dichas operaciones.
Por último, comentar que el empresario no sólo está obligado a suministrar las prendas y equipos de protección individual adecuados al riesgo, sino que debe además instruir a los trabajadores en el uso correcto de tales prendas, facilitando los medios necesarios para su limpieza y mantenimiento.
Además de estos requisitos aplicables de forma general a los equipos de protección individual, las Secciones siguientes de la norma establecen disposiciones que aplican de forma específica a equipos de protección individual concretos, en función de la parte del organismo al que brindan protección.
En Paraguay, la regulación en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas viene establecida en el artículo 161 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo (Decreto nº 14930/1992, del 28 de julio).
Tal y como dispone dicho artículo, los trabajadores encargados de la manipulación y almacenamiento de mercancías otro tipo de cargas deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad. El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador es de 50 kilogramos, con tolerancia de hasta un 10% para supuestos especiales.
Por otra parte, los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de prendas de protección individual apropiadas a los riesgos a que están expuestos.
En aquellas operaciones que impliquen la manipulación manual de cargas y el almacenamiento de las mismas en pilas, deberá comprobarse la estabilidad de las mismas y la resistencia del área en la que se encuentran dichas pilas de materiales. Cuando las pilas tengan alturas superiores a 1,50 metros, se proporcionarán medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de medios mecánicos en los casos en los que se rebasen los 2,50 metros en la altura de la pila. Cuando se apilen sacos, el apilamiento deberá realizarse por capas cruzadas. El cierre de los sacos debe orientarse hacia el interior de la pila y éste se realizará en pirámide dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, el saco de los extremos.
No se han encontrado referencias normativas en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores usuarios de pantallas de visualización de datos.
El empresario tiene la obligación de garantizar un nivel eficaz en cuanto a la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, también frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos. Dicho deber viene dispuesto en el artículo 236 y siguientes del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
Cabe decir que el Reglamento regula de forma conjunta los riesgos químicos y biológicos, por lo que algunos requisitos contenidos en este apartado pueden aplicar también a productos y materiales biológicos.
Todos los productos químicos y biológicos deberán llevar una marca que permita su identificación, de modo que los trabajadores que manipulan y utilizan los productos químicos reconozcan y distingan los productos.
Los productos químicos y biológicos peligrosos deberán llevar además, una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores en la que se facilite información sobre:
• Denominación comercial.
• Símbolo de peligro.
• Índole de los riesgos particulares que entrañe la utilización del producto.
• Nombre, dirección y teléfono del proveedor.
• Identificación de que puede obtenerse del empresario fichas de datos de seguridad con informaciones complementarias.
Los empresarios que utilicen productos químicos o biológicos peligrosos deberán obtener de su proveedor las fichas de datos de seguridad donde se dispondrá información sobre la identificación del producto y del fabricante, composición o información sobre sus ingredientes, identificación de los riesgos, medidas en caso de primeros auxilios, incendio, desprendimiento o derrame, manipulación y almacenamiento, control en caso de exposición y protección individual, información toxicológica (incluyendo las vías de posible penetración en el organismo y la posibilidad de sinergia con otros productos químicos o biológicos), información ecológica, información sobre el modo de eliminar el producto, información sobre el transporte e información sobre la reglamentación vigente.
En cuanto a las responsabilidades atribuidas a la figura del empresario se contemplan las siguientes:
• Asegurarse de que solo sean utilizados productos clasificados, identificados y evaluados previamente.
• Disponer del debido etiquetado de cada uno de los productos implicados en el proceso productivo.
• Asegurarse de que sus trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos o biológicos por encima de los valores límites de exposición y el control del medio ambiente establecido por la autoridad competente.
• Vigilar, evaluar y registrar la exposición de los trabajadores a productos químicos o biológicos peligrosos anualmente, en el tiempo que esté prescripto por la autoridad competente.
• Asegurar la protección de los trabajadores contra los riegos en la utilización de productos químicos o biológicos, por medios apropiados y especialmente:
o Escogiendo y reemplazando los productos químicos peligrosos por otros que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo.
o Eligiendo tecnologías que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo.
o Aplicando medidas adecuadas de control técnico.
o Adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo.
o Adoptando medidas adecuadas de higiene del trabajo.
o Cuando las medidas que acaban de anunciarse no sean suficientes, se facilitarán sin costo para el trabajador, equipos de protección individual y ropas protectoras, asegurando el adecuado mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de protección.
• Limitar la exposición a los productos químicos o biológicos peligrosos para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, como así la de tomar medidas adecuadas en situaciones de urgencias.
Además de estos requisitos, el empresario es responsable de instruir teórica y prácticamente a los trabajadores que fabriquen, manipulen o empleen productos químicos o biológicos sobre los siguientes aspectos:
• Métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de seguridad e higiene.
• De la utilización correcta y adecuada de los medios de protección individual que dispone.
• De la necesidad de atenerse a la prescripción y control médico, así como a las medidas higiénicas en el trabajo.
• La información contenida en la etiqueta y fichas de datos de seguridad.
En Paraguay, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores laboralmente expuestos a fuentes de ruido o de vibraciones viene regulada en la Sección II del Capítulo XI del Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
La existencia de agentes físicos nocivos en el ambiente de trabajo deberá corregirse: en primer lugar, evitando o reduciendo su generación en la fuente de origen; en segundo lugar, evitando o disminuyendo su difusión en el medio ambiente de trabajo; y en tercer lugar, y sólo cuando resultare imposible corregir el riesgo por los procedimientos anteriores, se utilizarán prendas de protección individual o se reducirán los tiempos de exposición dentro de los límites permisibles.
Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible, se empleará la iluminación natural.
En los establecimientos o centros de trabajo que así lo requieran, existirá una iluminación de emergencia capaz de mantener, al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.
En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será, al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total de aire varias veces por hora, no inferior a seis veces para trabajos sedentarios o leves, ni a diez veces par a trabajos que exijan esfuerzo físico superior al normal.
Se fijan como límites normales de temperatura y humedad en locales y para los distintos trabajos, siempre que el procedimiento de fabricación lo permita, los siguientes:
• Para trabajos sedentarios: 17 a 30 °C.
• Para trabajos ordinarios: 14 a 27 °C.
• Para trabajos que exijan acusado esfuerzo muscular: 14° a 25° C.
La humedad relativa de la atmósfera oscilará de 40 a 60 %, salvo en instalaciones que haya peligro por generarse electricidad estática, que deberá estar por encima del 50 % y no mayor del 60 %.
Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestos se aislarán adecuadamente y, en el lugar donde se ubiquen, solo trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas, de las que distarán como mínimo 0,70 metros de los tabiques medianeros y 1 metro respecto de las paredes exteriores o columnas.
El control de ruidos agresivos en los centros de trabajos no se limitará al aislamiento del foco que los produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores.
En cuanto a los límites permisibles de ruido, los límites de tolerancia máximos admitidos por los lugares de trabajo sin el empleo de dispositivos de protección individual, tales como tapones, auriculares, cascos, etc., quedan establecidos en las tablas contenidas en la norma y que hacen referencia a los límites de exposición permisibles en cuanto a ruido ocupacional continuo y de impacto.
Cabe decir que el Reglamento regula de forma conjunta los riesgos químicos y biológicos, por lo que algunos requisitos contenidos en este apartado pueden aplicar también a productos químicos.
Al contrario de lo que ocurre en nuestro país, en Paraguay la utilización del amianto no solo está permitida sino que además está generalizada, especialmente en el sector de la construcción.
Ahora bien, este uso permitido del amianto no exime al empresario de su responsabilidad de garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a partículas de amianto.
Así viene dispuesto en el Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992. Tal y como dispone su artículo 242, en los locales en que se produzcan sustancias en forma de polvo nocivas para los trabajadores (polvo de sílice, amianto, partículas de cáñamo, esparto, etc.) el empresario deberá implementar medios para la captación y eliminación de estas sustancias por el procedimiento más eficaz.
Asimismo, el empresario que exponga a sus trabajadores a este tipo de riesgos deberá proporcionarles los equipos de protección individual necesarios para la protección de su seguridad y salud: máscaras respiratorias, equipos de protección para la zona del cráneo, protección de los ojos…y ropa de trabajo que confiera protección a la parte desnuda de la piel.
Además de estas obligaciones generales, el empresario deberá cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución nº 750, del 21 de octubre de 2002, para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos Peligrosos Biológicos-Infecciosos, Industriales y Afines.
En Paraguay, los requisitos que deberá cumplir el empresario a efectos de garantizar una eficaz protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a radiaciones vienen estipuladas legalmente en el artículo 233 y siguientes del Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992.
Se dispone una síntesis normativa de tales requisitos, en función del tipo de radiación a la que puede estar expuesto el empleado en su puesto de trabajo.
En los lugares de trabajo en los que exista exposición intensa de radiaciones infrarrojas, se instalarán, tan cerca de la fuente de origen como sea posible, pantallas absorbentes, cortinas de agua, u otros dispositivos apropiados para neutralizar o controlar el riesgo.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores expuestos, a intervalos frecuentes, a este tipo de radiación están provistos de los equipos de protección ocular adecuados. En el caso de que la exposición sea constante, se dotará además a los trabajadores de casquetes con viseras o máscaras adecuadas, ropas ligeras y resistentes al calor, manoplas y calzados que no se endurezcan o ablanden debido al calor. A su vez, la pérdida parcial de la luz ocasionada por el empleo de gafas o pantallas absorbentes deberá ser compensada con un aumento paralelo de los niveles de iluminación general y local.
Dicho esto, el empresario deberá además adoptar las medidas de prevención oportunas para evitar la insolación de los trabajadores sometidos a radiaciones infrarrojas, proporcionándoles bebidas con sales y protegiendo las partes descubiertas de su cuerpo con cremas aislantes del calor.
Ningún empresario podrá emplear a menores de edad y personas que padezcan enfermedades cutáneas o pulmonares en trabajos en los que exista exposición frecuente a radiaciones infrarrojas.
En los trabajos de soldadura y otros que conlleven el riesgo de emisión de radiaciones ultravioletas en cantidades perjudiciales, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la difusión de dichas radiaciones o disminuir su producción, mediante la colocación de pantallas alrededor del punto de origen entre éste y los puestos de trabajo. Además, deberán implementarse medidas orientadas a reducir al máximo la superficie sobre la que incidan dichas radiaciones.
Además de estas medidas de protección colectiva, el empresario deberá proporcionar a la plantilla expuesta los equipos de protección individual (gafas o máscaras protectoras con cristales coloreados para absorber las radiaciones, guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes para las partes del cuerpo que queden descubiertas).
Todo trabajador sometido a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva será especialmente instruido, en forma repetida, verbal y escrita, de los riesgos a que está expuesto y sobre los medios apropiados de protección.
Se prohíbe el empleo de trabajadores menores de edad y mujeres embarazadas en puestos de trabajo que impliquen exposición a este tipo de radiación.
Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán ser informados e instruidos previamente por una persona competente sobre los riesgos que su puesto de trabajo comporta para su salud, las precauciones que deberán adoptar, el significado de las señales de seguridad o sistemas de alarma, el uso adecuado de las prendas y medios de protección individual y la importancia de someterse a reconocimientos clínicos periódicos y a prescripciones médicas.
Ninguna persona podrá efectuar trabajos que expongan a radiaciones ionizantes sin un previo reconocimiento médico que certifique su aptitud para las exigencias y riesgos asociados al puesto de trabajo. Estos reconocimientos se repetirán cada 6 meses y siempre que surja un peligro anormal de irradiación o la sospecha de que se haya producido.
Para los trabajos con radiaciones ionizantes, el empresario deberá disponer recintos especiales, convenientemente aislados y señalizados con carteles de seguridad muy visibles, ubicados en el interior de los recintos y en la zona exterior de los mismos. Los haces de rayos primarios serán orientados, en lo posible, de modo que no alcancen a las zonas adyacentes y ocupadas por el público. La sección eficaz y el tiempo de haz primario se limitarán al máximo indispensable para el trabajo a realizar.
En cuanto a los límites de dosis equivalentes que establece la norma, éstos varían en función de las consecuencias derivadas de la exposición al haz radiante en cuestión.
• Para la limitación de riesgos cuyos efectos sean estocásticos (probabilísticos) el límite de dosis será de 5 rems por año para trabajadores ocupacionalmente expuestos y de 0,1 rems por año para el público en general.
• En tanto, el límite de dosis equivalentes para prevenir riesgos de efectos no estocásticos (no probabilísticos) es igual a 15 rems por año.
Además de estas obligaciones generales que deberán cumplir los empresarios que expongan a sus trabajadores a radiaciones ionizantes, deberán cumplirse las obligaciones contenidas en el documento “NORMAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL ÁREA DE SALUD”, del Departamento de Producción Radiológica y Seguridad Nuclear, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La normativa de Paraguay en materia de seguridad y salud en le trabajo establece escasas disposiciones normativas en cuanto a la gestión preventiva que deberán llevarse a cabo en cuanto a la exposición a riesgos ergonómicos en el trabajo.
En primer lugar, el Código de Trabajo (Ley nº 213, del 29 de octubre de 1993) dispone en su artículo 281 que todo lugar de trabajo deberá estar provisto de asientos con respaldo en número suficiente, para el uso de cada trabajador ocupado, cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Además, el personal tendrá derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo, si la naturaleza del mismo no lo impidiese.
Por otra parte, el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, (Decreto nº 14390/1992, del 28 de julio de 1992) establece en su artículo 161 los requisitos en materia preventiva que deberán cumplirse en aquellas tareas que impliquen la manipulación manual de cargas (pueden consultarse dichos requisitos en el apartado 34, Manipulación manual de cargas).
La legislación de Paraguay en materia de seguridad y salud en el trabajo no contempla disposiciones normativas en cuanto a la protección de los trabajadores frente a riesgos psicosociales en general.
Ahora bien, sí que existe regulación en cuanto a la violencia en el lugar de trabajo y situaciones de acoso laboral y sexual, encontrando su base jurídica en la Resolución nº 472/2012, del 15 de mayo de 2012, “Reglamentación del procedimiento de inspección de seguridad y salud en el trabajo y sanción a la violencia laboral, el mobbing o acoso laboral y el acoso sexual en los lugares de trabajo en empresas y dependencias del Estado”.
Cabe destacar, no obstante, que esta norma no está enfocada desde un punto de vista preventivo, sino más bien reactivo, incidiendo en el procedimiento sancionador ante este tipo de conductas en el trabajo.
Según la información detallada en la base de datos de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España, aquellos ciudadanos extranjeros que decidan entrar dentro del territorio nacional de Paraguay deben estar vacunados frente a la Fiebre Amarilla, aunque no en todos los casos. Asimismo, existen otras vacunaciones que, si bien no son exigidas para ingresar en el país, resultan igualmente recomendables.
• Fiebre amarilla: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de más de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. El Certificado de vacunación frente a la Fiebre Amarilla es válido de por vida. En el resto de casos, se recomienda igualmente esta vacuna para todos los viajeros a partir de 9 meses de edad, excepto los se limiten a visitar solo la ciudad de Asunción.
• Hepatitis B: En función de las actividades de riesgo previstas se deberá valorar la recomendación de esta vacuna, si no ha pasado la enfermedad ni se han vacunado con anterioridad.
• Rabia: Se recomienda esta vacuna si puede estar expuesto al riesgo por tener contactos con animales tanto salvajes como domésticos
Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de la Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, si se trata de un desplazamiento temporal y ambos países tienen suscrito un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, como es el caso de España y Paraguay, los trabajadores de ambos países pueden mantener su legislación de Seguridad Social en los términos y requisitos acordados. El Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España y Paraguay aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, independientemente de la nacionalidad de los mismos.
Por lo tanto, el ciudadano español que se desplace de forma temporal a Paraguay podrá seguir sujeto al sistema de Seguridad Social español durante su estancia temporal en el país. Las prestaciones que incluye el Convenio de Seguridad Social firmado entre ambos países y a las que tiene derecho el ciudadano español son las siguientes:
• Prestaciones económicas por incapacidad temporal, por enfermedad común o accidente no laboral.
• Prestaciones económicas por maternidad.
• Prestaciones económicas de invalidez, vejez, muerte y supervivencia.
• Prestaciones económicas de protección familiar.
• Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Para los trabajadores por cuenta ajena, que ejercen su actividad en una empresa española y que son desplazados por la misma a realizar temporalmente su actividad en Paraguay y para los trabajadores por cuenta propia que ejerzan normalmente su actividad en España y que se trasladen temporalmente a realizar su trabajo a Paraguay, se solicitará ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de la misma, la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento.
La empresa efectuará su solicitud mediante el modelo TA.300, ”Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable” y acompañarán el formulario E/PA.1 (Cert) “Certificado de legislación aplicable”, cumplimentado en tres ejemplares. El formulario expedido por la Dirección Provincial o Administración correspondiente, certifica que el trabajador continúa sometido a la legislación española de Seguridad Social durante su desplazamiento en ese país, y en consecuencia está exento de cotizar a la Seguridad Social paraguaya.
El periodo máximo de la duración del desplazamiento es de veinticuatro meses, tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para los trabajadores por cuenta propia.
Si el desplazamiento o traslado en ese país debe prolongarse mas allá de los dos años antes indicados, el empresario o trabajador por cuenta propia, deberán efectuar la solicitud de prórroga, antes de la finalización del periodo ya autorizado, ante la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La solicitud de prórroga deberá efectuarse en el modelo TA.300 “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable”. Dada la conformidad por parte de la Seguridad Social de Paraguay la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social expedirá el formulario E/PA.2 (Cert.) “Certificado de legislación aplicable.-Prórroga”, que acredita que el trabajador continúa sometido a la Seguridad Social española durante el periodo que ha sido autorizado.
El Convenio no determina el periodo máximo de prórroga.
Tal y como se hace constar en la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España, el nivel de seguridad ciudadana en Paraguay es más que aceptable. De hecho, en los últimos años apenas se ha tenido ninguna noticia de denuncias de viajeros españoles por inseguridad ciudadana en circuitos y zonas frecuentados por turistas, como el denominado “circuito de oro” (Departamentos Central, Cordillera y Paraguarí) o las misiones jesuíticas en el Departamento de Itapúa.
Existen algunas zonas en el país que representan un nivel de riesgo en materia de seguridad ciudadana y que conviene sean conocidas por el personal que vaya a desplazarse al territorio de la República de Paraguay:
• Asunción: Aunque los niveles de inseguridad ciudadana son aún inferiores al de las otras capitales de la región, existe una preocupación creciente por el aumento del número de robos y homicidios. No obstante, no son numerosos los casos de delitos y crímenes contra turistas. Las autoridades han subrayado la obligación de llevar siempre encima la documentación de identidad o pasaporte. Es conveniente observar las precauciones de seguridad propias de la vida en una gran ciudad (más de un millón de personas si se incluye la periferia), y en particular hay que tener en cuenta que la mayoría de las denuncias se registran en las horas de la noche en el centro de la ciudad, en barrios marginales y localidades de la periferia en los transportes públicos (colectivos) y en ciertas aglomeraciones, como el Mercado Cuatro, donde conviene que el viajero preste mayor atención a sus objetos de valor. Es recomendable no hacer prueba de ostentación llevando joyas o relojes vistosos. Se desaconseja visitar el barrio de la Chacarita (en el centro de la ciudad) incluso durante el día, debido a su elevado índice de criminalidad. La Costanera, un nuevo paseo a lo largo de la ribera del río Paraguay, se encuentra en las inmediaciones del mencionado barrio de la Chacarita, por lo que se recomienda prudencia en las visitas a la misma.
• Ciudad del Este. Esta localidad registra mayores índices de inseguridad. Dadas las grandes aglomeraciones de gente que se concentran en las calles en horarios comerciales, conviene que el viajero preste mayor atención a sus objetos de valor. Al cerrar los comercios (a partir de las 17,00 horas) la ciudad queda prácticamente despoblada, y no resulta aconsejable deambular por las calles en solitario.
• En la zona fronteriza entre los Departamentos de Concepción y San Pedro se encuentra relativamente activo el denominado Ejército del pueblo paraguayo, al que se le atribuyen diversas acciones violentas. Como consecuencia de las mismas existe un mayor despliegue policial y militar en la zona. La ciudad de Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay, por su situación fronteriza, registra mayores índices de criminalidad que otras zonas del país, si bien estas actividades delictivas, por su propia naturaleza, no suelen afectar al viajero ocasional.
• En los últimos meses se ha tenido conocimiento de varios asaltos en la ruta por autobús Sao Paulo-Asunción, por lo que se recomienda extreme las precauciones en caso de utilizar este servicio.
Las condiciones sanitarias que presenta el territorio de Paraguay requieren de la adopción de una serie de precauciones para evitar o minimizar el riesgo de contraer enfermedades por parte de las personas allí desplazadas.
En primer lugar, tal y como informa el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España, no es posible descartar la aparición de nuevos brotes de fiebre amarilla, a pesar de que el último tuvo lugar entre finales de 2007 y principios de 2008.
Por otra parte, los brotes de paludismo no se suelen dar más que en regiones alejadas de los centros urbanos. Es frecuente el uso de productos repelentes para los insectos. En las zonas de la región oriental más proclives a sufrir brotes de paludismo, exceptuando Asunción y las principales ciudades de la zona, es recomendable la profilaxis con cloroquina para estancias superiores a 8 días. Asimismo, conviene consultar al médico en caso de fiebre durante el mes siguiente al retorno.
En el Departamento de Alto Paraná se han registrado casos de fiebre tifoidea. Deben tomarse precauciones especiales a la hora del consumo de alimentos y agua. Se recomienda el consumo de agua mineral, a causa del alto contenido en cloro del agua del grifo.
En los últimos años se han registrado brotes epidémicos de dengue, que suelen ser más frecuentes en los primeros meses del año, coincidiendo con la época de más calor. El dengue no suele ser mortal, salvo en el caso de variedad hemorrágica, que puede afectar a personas que ya hayan padecido la enfermedad y se infecten de nuevo, niños, ancianos o, en general, personas con sistema inmunológico debilitado. En 2014 sólo se registraron 5 muertes por dengue frente a las 252 vidas que se cobró en 2013. No existe ningún fármaco eficaz en el tratamiento del dengue, por lo que la mejor manera de hacer frente a esta enfermedad, frecuente en Paraguay y que se mantiene como prioridad en la agenda sanitaria, es prevenirla.
En este sentido, se recomienda combatir los síntomas con paracetamol. Para evitar la picadura del mosquito transmisor (hembra del Aedes Aegypti), se recomienda encarecidamente:
• Utilizar ropa fresca y cómoda, de colores claros y tejidos naturales como el lino o el algodón, que cubra la mayor parte de la superficie corporal.
• Aplicar en las zonas expuestas un repelente antimosquitos, sobre todo al amanecer o al atardecer, que es cuando el mosquito transmisor de la enfermedad suele aparecer.
• Utilizar mosquitera en la cama.
• Durante la noche usar spray o difusores con insecticida.
• El mosquito transmisor del dengue necesita agua para reproducirse por lo que el Ministerio de Sanidad paraguayo recomienda igualmente revisar la vivienda en la que se resida para eliminar agua acumulada en cualquier recipiente, así como tapar herméticamente los tanques, baldes y/o botellas que se utilicen para acumular agua potable.
En caso de padecer alguno de los síntomas (fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, molestias musculares generalizadas, pequeñas ampollas en boca y manchas rojizas en la piel y, en ocasiones, náuseas y vómitos) la persona deberá acudir inmediatamente a un centro médico.
En cuanto al chikungunya, esta enfermedad también se transmite por el mismo tipo de mosquito (Aedes Agypti). El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha advertido en marzo de 2015 sobre el riesgo de adquirir el virus a viajeros, sobre todo a personas procedentes del Caribe. Para evitar el riesgo, se están realizando controles exhaustivos en determinados puntos de entrada a Paraguay.
Tal y como se recomienda desde la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación (MAEC), Gobierno de España, conviene permanecer alerta en cuanto a las alertas de tormentas y precipitaciones.
En Paraguay, son frecuentes las lluvias y precipitaciones que, además, pueden provocar crecidas en ríos y afluentes, ocasionando a su vez importantes inundaciones y el bloque temporal de carreteras en el país.
Las recomendaciones que suele proporcionar la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay ante alertas de lluvias copiosas, tormentas eléctricas y vientos fuertes son las siguientes:
• No salir mientras dure el temporal.
• Desconectar todo tipo de artefactos eléctricos, antes y durante el temporal.
• Tener siempre disponible y en condiciones una radio, linterna, pilas de emergencia y celulares.
• No acercarse a cables y postes del tendido eléctrico.
• Tener especial cuidado con niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
• No refugiarse bajo árboles frondosos ante el riesgo de descarga de rayos, y permanecer en los vehículos, cuyos neumáticos son aislantes.
• Evitar cruzar raudales y torrentes de agua cuya intensidad no se puede apreciar, o cuyo caudal impida visualizar deformidades del terreno o depresiones que podrían ser profundas.
Según lo dispuesto en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013 de Paraguay, este país cuenta con unos índices de accidentabilidad y mortalidad en carretera cuanto menos preocupantes.
Se estima que anualmente fallecen en carreteras paraguayas unas 1500 personas, y que aproximadamente 12.000 resultan heridas por accidentes de tránsito, sin contar las cuantiosas pérdidas materiales.
La población más vulnerable, según el Observatorio de Violencia y Lesiones de Causas Externas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es el grupo con rango de edad entre 15 años y 34 años con un 55% de las víctimas y el sexo masculino es el más afectado. Estos datos reflejan la gravedad del problema al ser afectado un grupo de población en edad plenamente productiva, lo cual afecta seriamente la economía de los hogares y en conjunto la economía del país, con los consecuentes problemas familiares y sociales.
La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) estimaba en 6 783 372 habitantes la población de Paraguay en 2013. La densidad de población, de 16,5 hab/km², es menor que la de la mayoría de los otros países de América Latina y su distribución a lo largo del territorio es muy irregular: las zonas más densamente pobladas se concentran en la Región Oriental, mientras que el resto del territorio se encuentra débilmente ocupado.
Si bien no existe ningún dato oficial sobre la composición étnica del pueblo paraguayo, debido a que la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay no incluye los conceptos raza o etnia en las encuestas de censo, la población paraguaya es considerada como el resultado de una mezcla heterogénea: mestizos, criollos, inmigrantes portugueses, alemanes, italianos, menonitas, indígenas de ascendencia guaraní e indígenas pámpidos, además de otras etnias minoritarias.
Un aspecto destacable de la cultura paraguaya es que este país tiene el menor porcentaje de indígenas de Latinoamérica (1,8% de la población, aproximadamente unas 116.000 personas). La gente local no aparenta, no se viste ni se comporta como indígena. Los términos mestizo y ladino no se utilizan en el español de Paraguay y no existen conceptos de mestizaje cultural o racial a diferencia de otros países americanos. Las personas se caracterizan por ser muy hospitalarias, tradicionalistas, conservadoras y de muy buenas costumbres, especialmente en el interior del país.
Tampoco cuenta la población paraguaya con ascendencia afroamericana debido a la ausencia española, y posteriormente paraguaya, de costumbres esclavizadoras adoptadas por otros países (de ahí la presencia casi nula de personas afroamericanas).
En cuanto al idioma, las dos lenguas oficiales de Paraguay son el guaraní y el español. La lengua guaraní es hablada y comprendida aproximadamente por el 95% de la población; mientras que la lengua española es comprendida y hablada por el 90% de la ciudadanía local.
Los ciudadanos españoles que deseen desplazarse al territorio nacional de Paraguay no requieren de la ostentación de un visado para poder acceder a él. Paraguay no exige visado a los ciudadanos españoles ni en los viajes turísticos ni en los desplazamientos que responsan a otro motivo. Tampoco se exige el DNI.
Sí que es exigida, no obstante, la presentación del pasaporte. Se recomienda que este documento mantenga una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada al país, especialmente si se planea visitar otros países de la zona. El pasaporte deberá contar además con al menos una de sus páginas en blanco.
Otros requisitos que pueden ser exigidos son la demostración fehaciente de que el ciudadano dispone de fondos o fuentes de ingreso suficientes durante la duración de su estancia, presentar el vuelo de regreso (dependiendo de la duración o tipo de viaje) o disponer de la documentación necesaria para desplazarse a terceros países, cuando así esté planificado.
Por otra parte, otro requisito que se le exige a los ciudadanos españoles que deseen establecerse en Paraguay es apostillar antes de salid de España todos sus documentos personales. Desde el año 2014, entre España y Paraguay funciona el sistema de la apostilla. Es posible permanecer en el país sin visado hasta 90 días, y se puede solicitar una prórroga acudiendo a la autoridad paraguaya competente (Dirección General de Migraciones). Esta misma Dirección General es también competente para la tramitación de la residencia en el país, pudiendo hacerse dicho trámite a lo largo de la estancia ordinaria de 90 días.
Dicho esto, aquellos ciudadanos españoles que pretendan residir de forma temporal en el país más allá de los 90 días, pueden optar a tramitar el visado antes de realizar el desplazamiento. Dependiendo de la duración de la estancia, se deberá tramitar la visa de residente permanente o de residente temporal.
En ambos casos, deberá presentarse ante la Embajada de Paraguay en España o la red de consulados de Paraguay en nuestro país la documentación siguiente:
• Formulario de solicitud firmada por el titular del pasaporte, sus representantes legales o terceros debidamente autorizados, en el formulario adoptado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Pasaporte con vencimiento posterior de por lo menos dos (2) años al momento de presentar la solicitud.
• Dos (2) fotografías tipo carnet actualizadas.
• Certificado de Antecedentes Penales o policiales del país de origen y/o de la INTERPOL, expedidos en el lugar de su residencia de los últimos cinco (5) años, debidamente legalizados. Se exceptúa de esta obligación a los menores de catorce (14) años.
• Certificado médico expedido por la autoridad sanitaria, en la que se establezca la condición psicofísica del solicitante, debidamente legalizado.
• Partida de nacimiento y de estado civil o prueba supletoria en su defecto, debidamente legalizado.
• Declaración Jurada mencionada en el Art. 23 de la Ley Nº 978/96 “De Migraciones”.
• Título profesional o certificado que acredite la actividad y oficio que desarrollará en el Paraguay, debidamente legalizado.
• Certificado o constancia fehaciente de solvencia económica, debidamente legalizado.