Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl6030-2017-56265-de-abril-26-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_433fe18ab7b242dc88d7f4ac0a4557ae&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 00:25:10
Document Index: 14435212

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 70', 'artículo 141', 'artículo 69', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 51', 'artículo 54', 'artículo 51', 'artículo 70', 'artículo 108', 'artículo 54', 'artículo 70']

﻿ SENTENCIA SL6030-2017/56265 DE ABRIL 26 DE 2017
SENTENCIA SL6030-2017 DE 26 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD DE SEGUROS PREVISIONALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. SE PRECISÓ QUE LA COBERTURA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ES AUTOMÁTICA, YA QUE, SI SE CONDENA A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AL PAGO DE LA PRESTACIÓN PERIÓDICA, A LA ASEGURADORA, POR MINISTERIO DE LA LEY, SE LE EXTIENDEN SUS EFECTOS EN CALIDAD DE GARANTE Y, POR TANTO, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR LA SUMA ADICIONAL. DE ESA FORMA LA SUMA ADICIONAL IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 100 DE 1993 HACE PARTE DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA REUNIR EL CAPITAL NECESARIO PARA FINANCIAR EL MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. ASÍ LAS COSAS, SE DETERMINÓ QUE NO ES NECESARIO QUE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES EXPLIQUE LA NECESIDAD DE LA SUMA ADICIONAL EN UN MONTO ESPECÍFICO, PUES BASTA CON ACREDITAR LA CAUSACIÓN DE LA PRESTACIÓN Y LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO PREVISIONAL RESPECTIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL, ENTIDAD ASEGURADORA, SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PROTECCIÓN PENSIONAL, PENSIÓN
Sentencia SL6030-2017/56265 de abril 26 de 2017
SL6030-2017
Rad.: 56265
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad Ing. - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de febrero de 2012, dentro del proceso ordinario laboral promovido en su contra por el señor Jaime Gabriel Ochoa Alvarado y al cual fue llamada en garantía la Compañía de Seguros Bolívar S.A.
El señor Jaime Gabriel Ochoa Alvarado presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad ING – Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, a partir del 3 de diciembre de 2007, junto con los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Para tales efectos, señaló que le prestó sus servicios a la empresa Alpinismo Urbano EU y, como consecuencia de ello, fue afiliado al sistema de pensiones administrado por la entidad demandada, desde el 1º de febrero de 2000; que a partir del año 2003 sufrió varios problemas de salud que, finalmente, determinaron una pérdida de su capacidad laboral igual a 50.09%, de acuerdo con un dictamen expedido el 16 de enero de 2009; que solicitó oportunamente su pensión de invalidez y le fue negada, con el argumento de que no cumplía el presupuesto legal de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; y que su empleador le informó que había cancelado el valor de todas las cotizaciones, incluidas algunas en mora, con el respectivo interés.
La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió que le había negado el otorgamiento de la pensión de invalidez al actor y explicó que lo había hecho por cuanto no cumplía la densidad de semanas cotizadas necesaria para ello, además de que solo podía tener en cuenta los aportes recibidos hasta antes de la causación del siniestro, de manera que, por la mora en el pago de los mismos, la prestación debía ser cubierta por el empleador. En torno a los demás hechos, expresó que no eran ciertos. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas frente al fondo de pensiones demandado, prescripción y compensación.
De igual forma, presentó un llamamiento en garantía contra la Compañía de Seguros Bolívar S.A. que, una vez admitido por el juzgado, fue contestado por esta entidad, con oposición a las pretensiones del mismo. Para tal fin, precisó que el pago de la suma adicional no era procedente en este caso, al no haberse verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión de invalidez, además de que, en todo caso, no se había demostrado la “…necesidad de completar el capital necesario para otorgar la pensión…” Arguyó también que el obligado al pago de la pensión era el empleador moroso y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora llamada en garantía, buena fe de la entidad demandada y llamada en garantía, ausencia de cobertura, inexistencia de responsabilidad de la aseguradora en caso de demostrarse que la demandada no cumplió con su obligación de ejercer las acciones de cobro de los aportes en mora, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y falta de prueba de la necesidad de la suma adicional para financiar la pensión.
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Veintisiete Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá profirió fallo, leído por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá el 29 de noviembre de 2011, por medio del cual condenó a la demandada ING – Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – a reconocerle y pagarle al demandante la pensión de invalidez, a partir del 3 de diciembre de 2007, en cuantía inicial de $433.700, con los respectivos incrementos y mesadas adicionales, además de los intereses moratorios causados a partir del 2 de abril de 2009.
Por último, en el numeral cuarto, se abstuvo de efectuar pronunciamiento respecto del llamamiento en garantía de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., luego de considerar que tal aspecto era ajeno a la litis y que la AFP condenada podía adelantar las acciones pertinentes contra dicha aseguradora.
Al resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de ING – Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías y la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la sentencia del 29 de febrero de 2012, revocó el ordinal cuarto de la decisión apelada y, en su lugar, absolvió a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. En lo demás, confirmó la mencionada providencia.
Para justificar su decisión, el Tribunal estimó que los problemas jurídicos que debía resolver estaban dados en definir si la administradora de fondos de pensiones demandada debía tener en cuenta los aportes en mora, para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la causación de la pensión de invalidez, y, de ser necesario, resolver la relación sustancial derivada del llamamiento en garantía.
En ese orden, advirtió que en este caso no mediaba controversia en torno a la condición de invalidez del demandante, la fecha de estructuración del 3 de diciembre de 2007 y que, para tal data, el actor se encontraba afiliado a la sociedad ING.
Luego de ello, relacionó las pruebas aportadas por las partes en el curso de la actuación y trascribió el texto de los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, 13 del Decreto 1161 de 1994 y 2º del Decreto 2633 de 1994, con arreglo a lo cual destacó que esta corporación,
(…) ha unificado la jurisprudencia en torno a este tema enseñando que en respecto al pago de aportes para el sistema general de pensiones, no solamente el empleador tiene la obligación de pagarlos oportunamente. Sino también, la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador le cabe la responsabilidad de informar al trabajador que su empleador está en mora y de ejercer las acciones de cobro. Después de la decisión jurisprudencial citada muy bien por el a quo, en la que la Alta Corporación recogió jurisprudencia anterior, en repetidas ocasiones ha mantenido su posición e interpretación del asunto, como en sentencia del 30 de agosto de 2011 radicado 40001 (…).
Reprodujo apartes de la decisión emitida por esta sala CSJ SL, 1 nov. 2011, rad. 37885, y subrayó que la falta de ejercicio de la facultad de cobro de los aportes aparejaba consecuencias tales como una renuncia tácita, además de la asunción de la responsabilidad en el pago de las prestaciones respectivas. Para el caso concreto, resaltó que la demandada no había adelantado gestión de cobro de los aportes hasta antes de la estructuración de la invalidez; que la queja que había presentado ante la Superintendencia Financiera resultaba irrelevante a esos propósitos; y que tampoco le había informado al afiliado que su empleador estaba en mora, ni le había precisado respecto de qué periodos se presentaba esa situación.
Por lo mismo, concluyó que, en la medida en que la demandada no había demostrado el ejercicio de las acciones de cobro, no se podían desconocer los periodos pagados con mora, después de la estructuración de la invalidez, de manera que, en este punto, se debía confirmar la decisión apelada.
De otro lado, en torno a las pretensiones del llamamiento en garantía, presumió que la controversia estaba circunscrita a determinar si la aseguradora conserva “…la obligación de cumplir con el contrato de seguros puesto que no está probado que haga falta capital para completar la pensión y que ING pensiones no inició las gestiones de cobro de los aportes, lo que la exonera de responsabilidad.” En torno a este punto, sostuvo:
En la respuesta al hecho decimoctavo de la demanda, ING admitió que los aportes se hicieron por fuera del periodo exigido por la ley. Igualmente, en la sentencia de Tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías del Circuito de Bogotá, donde fueron vinculados todas (sic) las partes, se dio por probado que el empleador se encontraba a paz y salvo porque había pagado en marzo de 2009. Por manera que, así hubieran sido pagados en mora los aportes, estos fueron recibidos por ING, y con ellos se cumple el requisito de las cincuenta (50) semanas exigidas por la ley. Por lo tanto, no es necesario que la aseguradora venga en su auxilio a completar capital alguno. En consecuencia, cumple absolver a la llamada en garantía.
Interpuesto por el apoderado de ING – Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías -, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el fallador de primer grado y absuelva a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
En subsidio, pide la casación parcial de la sentencia recurrida y que, en sede de instancia “…condene a Seguros Bolívar S.A. a pagar la suma adicional que sea necesaria para financiar la pensión de invalidez del actor, tal y como lo establece la ley al respecto”.
Con tales propósitos formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser examinados por la Sala.
Se formula de la siguiente forma:
La sentencia acusada violó la ley sustancial por la vía directa en el concepto de infracción directa, por falta de aplicación, del artículo 69 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con el artículo 39 de la misma ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003; como consecuencia de la indebida aplicación de los artículos 22 y 24 de la misma Ley 100 de 1993 y en relación con los artículos 22 del Decreto 326 de 1996 y 39 del Decreto 1409 de 1999, en concordancia con el artículo 16 y 230 de la Carta Política de Colombia y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, en desarrollo de lo preceptuado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
En aras de fundamentar su acusación, el censor aclara que no es su intención discutir los presupuestos fácticos asumidos por el Tribunal, tales como la invalidez del actor, la falta de pago de aportes por su empleador y que, como consecuencia de ello, no tenía 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su estado.
Recuerda también que la decisión del Tribunal se apoyó en varias sentencias emanadas de esta corporación, en las que se ha adoctrinado que el fondo de pensiones es el encargado de asumir el pago de la pensión, a pesar de que el empleador no hubiera cumplido con su obligación de pagar los aportes. En ese sentido, reprocha tales premisas y aduce que el único requisito para adquirir la pensión, con arreglo a los artículos 69 y 39 de la Ley 100 de 1993, es que se cumplan por lo menos 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, de manera que, ante la no acreditación de ese supuesto, el Tribunal dejó de aplicar dichas disposiciones, estando obligado a hacerlo, de acuerdo con los artículos 16 del Código Sustantivo del Trabajo y 230 de la Constitución Política, pues no podía descartarlas so pretexto de “…una interpretación que pretende acomodar disposiciones legales y reglamentarias…”.
Alega también que en este caso se debió tener en cuenta el precedente desarrollado en la sentencia con radicación 16573, del que transcribe varios apartes.
El apoderado del demandante advierte que el Tribunal fundamentó su decisión en los artículos 39 y 69 de la Ley 100 de 1993, de manera que no es cierto que hubiera incurrido en la infracción directa de dichas disposiciones, como se denuncia en el cargo. Agrega que, de cualquier manera, la jurisprudencia ordinaria se ha ocupado de precisar con insistencia que las administradoras de fondos de pensiones deben tener en cuenta las cotizaciones pagadas en mora por los empleadores, si no acreditan el ejercicio de las respectivas acciones de cobro.
El vocero de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. coadyuva la pretensión perseguida en el cargo, de que se case totalmente la sentencia recurrida.
El Tribunal nunca concluyó que al actor le faltaran las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, como lo supone la censura, pues, contrario a ello, al ocuparse de reafirmar la inferencia del a quo, con arreglo a la cual los aportes cancelados en mora debían computarse para esos efectos, por la falta de ejercicio de las acciones de cobro, respaldó la premisa en virtud de la cual los requisitos necesarios para la obtención de la pensión de invalidez estaban plenamente cumplidos. Tal deducción se deriva fácilmente de la afirmación contenida en la sentencia gravada según la cual “…así hubieran sido pagados en mora los aportes, estos fueron recibidos por ING, y con ellos se cumple el requisito de las cincuenta (50) semanas exigidas por la ley.”
Por lo mismo, a pesar de la vía escogida para la acusación, la censura parte de presupuestos fácticos diferentes a los asumidos por el Tribunal, al decir que dicha corporación respaldó el reconocimiento de la pensión, a pesar de que no se acreditaban las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
De otro lado, teniendo en cuenta las mismas precisiones anteriores, como lo destaca la parte demandante en su oposición, no es cierto que el Tribunal hubiera infringido directamente los artículos 39 y 69 de la Ley 100 de 1993, pues precisamente encontró satisfechos los presupuestos esenciales para la causación de la prestación allí regulada y, en ese sentido, les confirió a dichas normas validez y aplicación al caso en estudio.
En torno al otro aspecto que aborda el cargo, el Tribunal tampoco incurrió en la aplicación indebida de los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, pues esta sala de la Corte ha sostenido con insistencia que, con base en dichas disposiciones, la validez de las semanas cotizadas, por la mora del empleador en el pago del aporte, no puede ser cuestionada o desconocida por la respectiva entidad de seguridad social, si antes no acredita el adelantamiento de las acciones tendientes a gestionar su cobro.
Esa es la doctrina reivindicada por esta sala de la Corte desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38622, CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839, y CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802, en la que se concluyó que,
(…) las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.
En correspondencia con lo anterior, también ha dicho la Corte que,
(…) en el caso de trabajadores subordinados, la cotización se causa con la prestación del servicio, con independencia de la fecha en que se efectúe el pago. De ahí, que cuando se cancelan cotizaciones en mora de los trabajadores dependientes, se entiende que corresponden a la fecha en que fueron causadas, esto es, cuando se prestó el servicio subordinado, conforme a las reglas de imputación de pagos. (CSJ SL782-2013).
En ese sentido, la orientación jurisprudencial de la que se vale la censura ha sido superada por esta Sala, a partir de premisas tales como que, en el caso de los trabajadores dependientes, la cotización se causa a partir de la prestación efectiva del servicio (CSJ SL, 30 sep. 2008, rad. 33476, CSJ SL5987-2014); que es el fondo de pensiones el que tiene a su alcance medidas legales eficaces para perseguir el pago de las cotizaciones (CSJ SL4932-2014); que el trabajador no puede asumir las consecuencias de conductas omisivas del empleador ajenas a su responsabilidad; y que, en dicha medida, la cotización debe ser validada, por el periodo correspondiente a su causación, así hubiera sido pagada de manera extemporánea (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 40852, CSJ SL782-2013).
Como consecuencia de lo dicho, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que se denuncian, al deducir que el fondo demandado tenía a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez, así el empleador hubiera incurrido en mora en el pago de los aportes.
La sentencia acusada violó la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 70 y 108 de la Ley 100 de 1993, 3 y 5 del Decreto 876 de 1994, en concordancia con lo señalado en el artículo 54 de la Ley 1328 de 2009 todo esto en aplicación del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
En desarrollo de la acusación, el censor advierte que no discute premisas tales como la pérdida de la capacidad laboral del actor, el número de semanas cotizadas, la mora del empleador, la falta del ejercicio de las acciones de cobro y el reconocimiento de la pensión de invalidez, respaldadas por los juzgadores de instancia.
Expone, en tal sentido, que la administradora del fondo de pensiones no es la única obligada al pago de la prestación, sino que debe concurrir la Compañía de Seguros Bolívar S.A., que fue llamada en garantía y absuelta erróneamente por el Tribunal, con el “…peregrino argumento…” de que no se encontraba probado el hecho de que hiciera falta capital para financiar la pensión y que ING no inició las acciones de cobro.
Afirma que, con arreglo a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez debe financiarse con los recursos de la cuenta de ahorro individual, además de la suma adicional que se contrata con las compañías aseguradoras. Indica también que el artículo 108 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 54 de la Ley 1328 de 2009, estableció la forma y condiciones de la contratación de los seguros previsionales y que no existe duda de que la aseguradora tiene un vínculo legal con el asegurado, que la obliga a completar el capital necesario para financiar la pensión de invalidez.
Agrega que, conforme a los artículos 3º y 5º del Decreto 876 de 1994, la aseguradora participa activamente en el proceso de reconocimiento de la pensión y que ello lleva a concluir que,
(…) la responsabilidad de la aseguradora es objetiva y por lo tanto siempre deberá acudir a responder por la suma adicional si a ello fuere lugar, sin consideración alguna, ya que como responsable de la póliza y en caso de que faltare dinero para completar el monto para pagar la pensión su obligación es responder en beneficio principalmente del afiliado.
Si todo esto es así, como debe concluirse, de la interpretación correcta de la norma aludida, la inteligencia que le dio el ad quem no se atempera a lo allí dispuesto y precisamente en eso consiste, la calificación errada en que se incurrió en la sentencia al decir que no existía prueba alguna “que haga falta capital para completar la pensión y que ING pensiones no inició las gestiones de cobro de los aportes”.
El apoderado del demandante sostiene que el cargo es infundado, pues se basa en consideraciones relacionadas con una pensión de sobrevivientes y no desdibuja el hecho de que el afiliado reunió a cabalidad los requisitos necesarios para obtener la prestación que reclama.
La Compañía de Seguros Bolívar se opone a la prosperidad del cargo y, con tales fines, subraya que el Tribunal no aplicó las normas que el censor considera indebidamente interpretadas. Añade que la ley no consagra alguna especie de responsabilidad automática para las aseguradoras y que, en ese sentido, es a la administradora de fondos de pensiones a quien le compete demostrar que el capital ahorrado en la cuenta individual es insuficiente, con el ánimo de hacer efectiva la póliza del seguro previsional.
En torno al llamamiento en garantía efectuado en el curso de la actuación, el Tribunal verificó que entre ING y la Compañía de Seguros Bolívar S.A. se había suscrito una póliza previsional “…para garantizar el capital para cubrir la pensión del actor, si fuere necesario.”
Asimismo, puso de presente que los aportes del actor habían sido cancelados por fuera del término previsto legalmente, pero que, en todo caso, el empleador se encontraba a paz y salvo. Con base en tales supuestos, concluyó que, “…así hubieran sido pagados en mora los aportes, estos fueron recibidos por ING, y con ellos se cumple el requisito de las cincuenta (50) semanas exigidas por la ley. Por lo tanto, no es necesario que la aseguradora venga en su auxilio a completar capital alguno.” (resalta la Sala).
Esto es, el Tribunal dedujo que, en la medida en que los aportes del actor habían sido debidamente cancelados, así hubiere sido con mora, no era necesario que la aseguradora completara el capital necesario para financiar la pensión, pues, de cualquier manera, se habían completado las 50 semanas exigidas por ley. Tal reflexión, a no dudarlo, apareja un error jurídico sobre el entendimiento de la figura de la suma adicional que consagra la ley para el financiamiento pleno de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, a cargo de compañías aseguradoras contratadas para esos específicos fines.
En efecto, la denominada suma adicional prevista en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 hace parte de los mecanismos establecidos legalmente para reunir el capital necesario para financiar el monto de la pensión de invalidez y no, como lo dedujo confusamente el Tribunal, para suplir alguna falta por la mora en el pago de las cotizaciones. En ese sentido, una vez causada la prestación, por el cumplimiento de los requisitos legales, como se dedujo en el trámite de las instancias y no se logró desvirtuar en casación, por ministerio de la ley la compañía aseguradora tiene el deber de completar los recursos que, sumados a las reservas de la cuenta de ahorro individual del afiliado y el bono pensional, si lo hubiere, hagan falta para lograr su financiación plena.
Ahora bien, frente a la réplica de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., cabe advertir que esta sala ha sostenido que la cobertura de los seguros previsionales en el sistema de seguridad social “…es automática, pues si se condena a la AFP al pago de la prestación periódica, a la aseguradora, por ministerio de la ley, se le extienden sus efectos en calidad de garante y, por tanto, tendrá la obligación de cubrir la suma adicional…” CSJ SL7895-2015.
También ha precisado la Sala que no es necesario que la AFP demuestre la necesidad de la suma adicional, en un monto específico, pues basta con acreditar la causación de la prestación y la existencia del contrato de seguro previsional respectivo, como ocurrió en este asunto. En la sentencia CSJ SL11610-2015 se dijo al respecto:
Frente a la situación plateada, la Sala acoge íntegramente los argumentos que expone el censor en los dos cargos propuestos, en la medida en que la responsabilidad que adquiere la aseguradora se reduce simple y llanamente a cubrir la suma adicional que hiciere falta para completar el capital necesario para acceder a la pensión de invalidez pretendida, en la medida en que ese es el objeto del aseguramiento, sin que sea dable exigirle al llamante en garantía, como equivocadamente lo hace el Tribunal, que demuestre dentro del proceso laboral el déficit o faltante del afiliado fallecido en el financiamiento de la pensión de sobrevivientes, para que de esa forma surja la obligación de la compañía de seguros, pues la condena que eventualmente se imparte por el juez laboral en virtud del seguro previsional, es eminentemente declarativa, y por ende, su efectivización o materialización está supeditada a los términos de la respectiva póliza que suscribieron las partes.
En efecto, si el seguro previsional que toman las entidades administradoras de pensiones con las compañías asegurados, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 70, 77 y 108 de la Ley 100 de 1993, es para el colectivo de los afiliados, el cual se extiende de manera automática a cada afiliado en particular con la sola afiliación a la entidad administradora de pensiones, mal puede afirmarse que para declarar que la aseguradora debe cumplir con los términos de la póliza acordada, que es el pronunciamiento que le compete hacer al juez laboral, deba acreditarse un faltante en las sumas acumuladas en el fondo para financiar la pensión, pues tal verificación solo sería dable efectuarla, una vez se vaya a proceder al cobro, si a ello hubiese lugar, de la suma adicional derivada del respectivo seguro.
Es así como, para poder declarar las respectivas obligaciones derivadas del llamamiento en garantía por ese acuerdo de voluntades contenido en la póliza del seguro previsional, y dentro del proceso en el que se pretende obtener el reconocimiento de la pensión correspondiente a cargo de la entidad administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad, es suficiente con demostrar, la existencia del contrato respectivo, su término de vigencia y que el siniestro que ampara se haya presentado durante el período de cubrimiento de la correspondiente póliza, situación que fue debidamente acreditada en el plenario.
Lo anterior por cuanto, no le compete al juez laboral dentro del respectivo proceso ordinario donde se pretende obtener el reconocimiento de la correspondiente pensión, el determinar o concretar en cada caso específico, si existe o no algún faltante para integrar el capital necesario en el pago de la prestación económica deprecada, pues la obligación de la aseguradora surge o se causa, a partir del momento en que se le impone el pago a la administradora que toma el seguro previsional y a través de la figura del llamamiento en garantía donde se le vincula al juicio, en el que se corroboren los aspectos que ya se dejaron definidos.
Ello por cuanto, como la obligación de la compañía de seguros está condicionada a que exista una suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión de sobrevivientes, tal supuesto es el que debe acreditarse o corroborarse cuando se vaya a realizar el respectivo cobro de la Póliza que cubre el amparo, y no como se reitera, en el proceso ordinario laboral.
Así las cosas, el cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida, en tanto negó la obligación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. de concurrir al pago de la suma adicional.
En sede de instancia, teniendo en cuenta las mismas consideraciones atrás expuestas y estando demostrada la suscripción del seguro previsional en los términos visibles en la póliza de folios 83 a 89, cuya existencia admitió la llamada en garantía, se modificará el numeral cuarto de la decisión de primer grado y, en su lugar, se condenará a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cubrir la suma adicional que, agregada a los recursos de la cuenta de ahorro individual y los bonos pensionales que llegaren a existir, resulte necesaria para completar el capital necesario para financiar la pensión de invalidez.
Sin costas en el recurso de casación. En las instancias a cargo de la sociedad ING y a favor del demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 29 de febrero de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Jaime Gabriel Ochoa Alvarado contra Ing. - Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías -, al cual fue llamada en garantía la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en cuanto absolvió a esta última sociedad del pago de la suma adicional.
En sede de instancia modifica el numeral cuarto de la sentencia emitida por el Juzgado Veintisiete Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, leída por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá el 29 de noviembre de 2011, para en su lugar condenar a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. a cubrir la suma adicional que, agregada a los recursos de la cuenta de ahorro individual y los bonos pensionales que llegaren a existir, resulte necesaria para completar el capital para financiar la pensión de invalidez, en caso de ser necesario.