Source: https://transparencia.org.ve/project/proyecto-de-ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-de-la-contraloria-general-de-la-republica-y-del-sistema-nacional-de-control-fiscal/
Timestamp: 2019-04-26 12:03:08
Document Index: 91238433

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'Artículo 1', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 2', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 3', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 4', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'Artículo 5', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 6', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 27', 'Artículo 7', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'artículo 9', 'artículo 94', 'artículo 28', 'Artículo 8', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 85', 'Artículo 85', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 91', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 94', 'Artículo 94', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 94', 'artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 40', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 5']

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal | Transparencia Venezuela
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Aprobada en Segunda Discusión el 18 de julio de 2016
Sancionada el 19 de Julio de 2016
Esta Ley persigue promover y fortalecer institucionalmente a los órganos de control fiscal al establecer que la designación de sus titulares, a excepción de la Contraloría General de la República, debe hacerse mediante concurso público que garantice la idoneidad, aptitud técnica para el mejor ejercicio de sus funciones y la estabilidad necesaria para actuar de conformidad con las exigencias constitucionales y legales.
De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República, es un órgano del Poder Ciudadano, al que le corresponde ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, el control de la deuda pública y de la gestión y evaluación del cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas, cuyas actuaciones se orientan a la realización de auditorías, inspecciones y a cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.
Asimismo, se establece que los cargos de los funcionarios al ser servicio de la Contraloría General de la República serán de carrera y su ingreso mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en el Texto Fundamental.El artículo 29 fue modificado a fin de establecer los requisitos e inhabilidades para participar en los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, entre los que destaca la imposibilidad generada por la relación de parentesco con las máximas autoridades jerárquicas del ente u órgano contratante en los casos de órganos de control interno y del gobernador o miembros de los consejos legislativos o alcalde o alcaldesa o los concejales en los casos de las contralorías estadales, distritales y municipales y la que emana de haberse desempeñado como directivo o militante o de un partido político o grupo de electores u organización con fines políticos.
En beneficio del control fiscal, de la protección del patrimonio público y de la lucha contra la corrupción, es positivo y ajustado a la Constitución que exista un sistema nacional de control fiscal, integrado, entre otros organismos de control fiscal, por la Contraloría General de la República, las Contralorías estadales y las Contralorías Municipales, pero siempre y cuando ese sistema no coloque al Contralor General de la República en situación de menoscabar la estabilidad en el ejercicio del cargo de los titulares de los órganos de control fiscal ni su designación al margen del mecanismo de concurso públicos que garantice la idoneidad, aptitud técnica e independencia para el ejercicio de sus funciones.
Con la presente reforma se atiende a las recomendaciones formuladas por el comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El presente proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Fiscal cumple con su función de limitar competencias previamente atribuidas al Contralor General de la República, estableciendo un sistema equilibrado de pesos y contrapesos en el régimen de designación y remoción de los órganos de control externo y reformas orientadas al fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sin crear nuevas competencias o funciones. En consecuencia, se estima que la promulgación de la presente Ley no comporta para el Estado impacto o incidencia presupuestaria alguna, al no requerir para su cumplimiento la adquisición de nuevos compromisos presupuestarios y financieros.
LEY ORGÁNICA DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
Artículo 1°. Se modifica el artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 11. Para ser designado o designada Contralor o Contralora General de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, de reconocida honradez y competencia, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quince (15) años de graduado en alguna de las siguientes profesiones: derecho, economía, contaduría pública, administración comercial o ciencias fiscales; diez (10) años de experiencia en órganos de control fiscal, con al menos cinco (5) años, en el ejercicio de cargos directivos o gerenciales en los referidos órganos de control.”
Artículo 2°. Se modifica el artículo 19, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Artículo 19. La administración de personal de la Contraloría General de la República se regirá por esta Ley, por el Estatuto de Personal y por las demás normas que a tal efecto dicte el Contralor o Contralora General de la República. Los funcionarios de la Contraloría General de la República serán de carrera o de nombramiento y remoción del Contralor General de la República. Serán funcionarios de carrera, quienes ingresen a la Contraloría General de la República, mediante concurso público para el desempeño de cargos permanentes.
Se considerarán cargos de libre nombramiento y remoción, los cargos de alto nivel o de confianza que se determinarán en el Estatuto de Personal, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los funcionarios o funcionarias de la Contraloría General de la República, incluyendo lo relativo al ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, estabilidad laboral, previsión y seguridad social. En ningún caso podrán desmejorarse los derechos y beneficios de que disfrutan los funcionarios o funcionarias de la Contraloría.
Artículo 3°. Se modifica el artículo 27, el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 27. Con excepción del Contralor o Contralora General de la República, todos titulares de los órganos de control fiscal serán designados o designadas mediante concurso público que garantice la capacidad e idoneidad para el ejercicio del cargo y la independencia en el ejercicio de las funciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, así como en la resolución que dicte el Contralor General de la República para reglamentar los referidos concursos públicos, la cual se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Los titulares así designados o designadas durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas mediante concurso público, por una sola vez; y no podrán ser removidos o removidas, ni destituidos o destituidas del cargo sin la previa autorización del Contralor o Contralora General de la República, a cuyo efecto se le remitirá la información que éste o ésta requiera.
Las faltas temporales y absolutas de los titulares de los órganos de control fiscal, hasta tanto se celebre el respectivo concurso público, serán suplidas por el funcionario de rango unidad de auditoría interna.
Artículo 4°. Se modifica el artículo 28, el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 28. Los contralores o contraloras estadales, distritales y municipales serán designados por el Consejo Legislativo Estadal, Consejo Metropolitano o Distrital, o por el Concejo Municipal, respectivamente, de conformidad con los resultados del concurso público que se realizará en los términos establecidos en la presente Ley, así como en la resolución a que se refiere el artículo 27 de la presente Ley, en la cual deberá privilegiarse la experiencia laboral en órganos de control fiscal, y tomar sólo en consideración el desempeño como titular de dicho órganos, cuando la designación se hubiere realizado mediante el respectivo concurso público que garantice la aptitud para el desempeño del cargo, así como la transparencia de su designación.
Los titulares de las unidades de auditoría interna serán designados o designadas por la máxima autoridad jerárquica del respectivo órgano o entidad, de conformidad con los resultados del concurso público.
La convocatoria para el concurso público para la designación de los Contralores o Contraloras Estadales, Distritales y Municipales será realizada por el Consejo Legislativo Estadal o Consejo Metropolitano o Distrital, o Concejo Municipal, respectivamente, mediante acto motivado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento del período para el cual fue designado el Contralor o Contralora Estadal, Distrital o Municipal saliente; o de producirse la vacante absoluta del cargo, transcurrido un (1) año de su designación; o de la creación de una Contraloría Distrital o Municipal.
El concurso público para la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Distrital o Municipal y sus entes descentralizados, será convocado por la máxima autoridad jerárquica del respectivo ente u organismo, mediante acto motivado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento del período para el cual fue designado el auditor o auditora interno saliente; de producirse la vacante absoluta del cargo, transcurrido un (1) año de su designación; o del inicio de las actividades, en caso de constitución de unidades de auditoría interna.
Cuando la vacante absoluta del cargo se produzca antes de haber transcurrido un año de la celebración del respectivo concurso público para la designación del titular del órgano de control fiscal, se designará a quien haya ocupado el segundo lugar en el concurso, o a los sucesivos participantes, si éste no asumiere el cargo, siempre que haya obtenido la puntuación mínima requerida.
El Contralor o Contralora General de la República, podrá convocar los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, cuando hubiere transcurrido el lapso a que se refiere el presente artículo, sin que el órgano o autoridad correspondiente hubiere convocado el respectivo concurso.
Igual potestad tendrá el respectivo Grupo Parlamentario Estadal ante la Asamblea Nacional, cuando se trate de los concursos públicos para la designación de los contralores estadales.”
Artículo 5°. Se modifica el artículo 29, el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 29. Para participar en el concurso público para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, los aspirantes deberán cumplir los requisitos siguientes:
2) No menor de veinticinco (25) años de edad.
3) Ser de reconocida solvencia moral.
4) Poseer título universitario registrado, con grado de licenciatura o similar, expedido por una universidad venezolana o extranjera, reconocido o revalidado y estar inscrito en el respectivo colegio profesional, si lo hubiere.
5) Poseer, al menos, título de Técnico Superior registrado, expedido por una institución venezolana o extranjera, reconocido o revalidado, en el caso de participantes en los concursos para la designación de Contralores o Contraloras Municipales y de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Municipal y sus entes descentralizados, en Municipios que según estimaciones oficiales, posean una población inferior a cincuenta mil inmediato anterior, inferior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias (405.000 UT), siempre que no se trate de Municipios ubicados en la capital de los Estados o en el Área Metropolitana de Caracas.
6) Haber ejercido con probidad cargos en el sector público durante al menos, tres (3) años; o cinco (5) años, cuando se trate de concursos para la designación de Contralores o Contraloras de los Estados o de los Distritos; de los Municipios ubicados en la capital de los Estados o en el Área Metropolitana de Caracas; o de aquellos Municipios que según estimaciones oficiales, posean una población igual o superior a cincuenta mil (50.000) habitantes y un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, igual o superior a cuatrocientas cinco mil unidades tributarias (405.000 UT); o para la designación de los titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, del Banco Central de Venezuela, y los entes descentralizados u órganos desconcentrados de estos.
No podrán participar como aspirantes en los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, quienes:
1) Estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública; hayan sido sancionados administrativamente por ilícitos vinculados con el patrimonio público; o condenados por la comisión de delitos.
2) Tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas u otros directivos del ente u organismo convocante, cuando se trate de los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal interno; o con el Gobernador o Gobernadora o Miembros del Consejo Legislativo del respectivo Estado; Alcalde o Alcaldesa o los Concejales o Concejalas del respectivo Distrito o Municipio, cuando se trate de los concursos para la designación de Contralores o Contraloras Estadales, Distritales o Municipales, según corresponda. en el ente u organismo convocante; o en la Gobernación o Consejo Legislativo, Alcaldía o Consejo Metropolitano o Distrital o Concejo Municipal, cuando se trate de los concursos para la designación de Contralores o Contraloras Estadales, Distritales o Municipales, según corresponda.
4) Se hayan desempeñado en los últimos diez (10) años, como contralor estadal, distrital o municipal, o auditor interno, en el órgano de control fiscal cuyo titular será designado, sin haber sido seleccionado para dicho cargo mediante concurso público.
5) Se hayan desempeñado como directivos o militantes de un partido político, o de un grupo de electores o asociación deliberante con fines políticos, en los últimos tres (3) años.
Artículo 6°. Se reforma el artículo 30, el cual queda redactado de la manera siguiente:
“Artículo 30. El Jurado del concurso estará integrado por tres (3) miembros principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes y deberán reunir los requisitos para participar en dichos concursos y no estar incursos en las inhabilidades previstas en el artículo 29 de esta Ley. El Jurado y sus suplentes serán designados dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la convocatoria.
En los concursos públicos para la designación de Contralores o Contraloras Estadales el Jurado estará conformado de la manera siguiente:
1) Dos (2) representantes del respectivo Grupo Parlamentario Estadal ante la Asamblea Nacional.
2) Un (1) representante del Consejo Legislativo Estadal.
Cuando el Grupo Parlamentario Estadal o el Consejo Legislativo Estadal no designaren a su representante en el jurado en el lapso previsto en la presente Ley, la Contraloría General de (15) días hábiles siguientes.
En los concursos públicos para la designación de Contralores o Contraloras Distritales o Municipales el Jurado estará conformado de la manera siguiente:
1) Dos (2) representantes de la Contraloría del Estado.
2) Un (1) representante del Consejo Metropolitano o Distrital o del Concejo Municipal, según corresponda.
Cuando el Consejo Metropolitano o Distrital Estadal no designaren a su representante en el Jurado en el lapso previsto en la presente Ley, la Contraloría del Estado designará al representante con su respectivo suplente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
En los concursos públicos para la designación del Contralor Contralora del Municipio Libertador del Distrito Capital y del Contralor o Contralora del Distrito Metropolitano de Caracas el Jurado estará conformado de la manera siguiente:
1) Dos (2) representantes de la Contraloría General de la República; y
2) Un (1) representante del Consejo Metropolitano o del Concejo Municipal, según corresponda.
Cuando el Consejo Metropolitano o Concejo Municipal no designaren a su representante en el Jurado en el lapso previsto en la presente Ley, la Contraloría General de la República designará al representante con su respectivo suplente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
El jurado para los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal interno será designado por el Contralor General de la República en la Resolución a que se refiere el artículo 27 de la presente Ley.”
Artículo 7°. Se modifica el artículo 32, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Artículo 32. El Contralor o Contralora General de la República podrá revisar los concursos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, siempre que detecte la existencia de graves irregularidades en la celebración de los mismos, o en el acto de la designación, y ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio del principio de la autotutela administrativa revoquen dicho acto y procedan a la apertura de nuevos concursos, e impondrá a los responsables de las irregularidades las multas señaladas en el artículo 94 de esta Ley.
Cuando las graves irregularidades detectadas, hubieren ocurrido en la celebración del concurso, se designará como titular del órgano de control fiscal, con carácter provisional, al funcionario de rango inmediatamente inferior dentro de la contraloría estadal, distrital o municipal, o de la unidad de auditoría interna, hasta tanto se celebre el respectivo concurso público, el cual deberá ser convocado por el órgano o autoridad a que se refiere el artículo 28 de la presente Ley, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al acto de revocatoria.
En caso de que la irregularidad haya ocurrido en el acto de la designación, se posesionará y juramentará al participante que hubiere obtenido la mayor puntuación en la lista por orden de mérito elaborada por el jurado del concurso, salvo que éste manifieste formalmente su imposibilidad de asumir el cargo, en cuyo caso, se designará a quien haya ocupado el segundo lugar, o a los sucesivos participantes, si éste hiciere igual manifestación, siempre que haya obtenido la puntuación mínima requerida para ganar el concurso, de conformidad con el reglamentación dictada por el Contralor General de la República a tal efecto.”
Artículo 8°. Se modifica el artículo 34, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Artículo 34. La Contraloría General de la República evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y en tal sentido tomará las acciones pertinentes. Si de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones, el Contralor o Contralora General de la República podrá intervenir los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley.
Para intervenir a las contralorías estadales, distritales o municipales se requerirá la opinión favorable del Consejo Legislativo Estadal, Consejo Metropolitano o Distrital, o Concejo Municipal, respectivamente.
Artículo 9°. Se modifica el artículo 85, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Artículo 85. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, como consecuencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno, así como por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos.
A los efectos de la formulación de reparos se considerará que existe daño al patrimonio público, salvo prueba en contrario, cuando quienes administren, manejen o custodien los recursos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la presente Ley, omitan presentar los comprobantes de la inversión de tales recursos a los órganos de control fiscal competentes.
Si se demuestra que los comprobantes omitidos fueron entregados al sustituto, el reparo se formulará a cargo de este último. Cuando se detecten indicios de que se ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, pero no sea procedente la formulación de un reparo, los órganos de control fiscal remitirán al Ministerio Público los indicios de responsabilidad civil.
Las diligencias efectuadas por los órganos de control fiscal, incluida la prueba testimonial, tienen fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial.”
Artículo 10°. Se modifica el artículo 91, el cual queda redactado en los términos siguientes:
La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, por interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones que establezcan las leyes.
La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.
La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certificaciones, autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento en un procedimiento relacionado con la gestión de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo los que se emitan en el ejercicio de funciones de control.
La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios o funcionarias que intervinieron en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la irregularidad.
El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean responsables el particular o funcionario respectivo o funcionaria respectiva, salvo que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.
Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los usuarios o usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies fiscales, tales como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.
El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resultado, o la utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin, que realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por razón de su cargo, en la celebración de algún contrato, concesión, licitación, en la liquidación de haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el suministro de los mismos.
La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República.
Quienes intervengan en la toma de decisiones, acto, contrato o resolución de asuntos en los que tenga interés de naturaleza particular, directo o indirecto; del que pueda resultar algún beneficio para sí, su cónyuge, concubina o concubino, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o de terceros con los que tenga o haya tenido, durante los últimos cinco (5) años, relaciones profesionales, laborales o de negocio.
Quienes utilicen en beneficio propio o de su cónyuge, concubina o concubino, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o de terceros con los que tenga o haya tenido, durante los últimos cinco (5) años, relaciones profesionales, laborales o de negocios, información secreta, reservada o confidencial de la que hubiere tenido conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Quienes obtengan para su cónyuge, concubina o concubino, o personas con quienes esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ventajas, concesiones o privilegios, en razón del cargo o posición ocupada dentro del órgano o ente en el cual se desempeña o se haya desempeñado durante los últimos cinco (5) años, o sobre los que ejerza control de tutela, estatutario o accionarial, en contraposición a los intereses de dichos órganos o entes.
Quienes utilicen recursos del órgano o ente donde presta su servicio, para identificar bienes, obras o vestimenta de servidoras o servidores públicos, con su nombre, imagen, símbolos, seudónimo o eslogan con el fin de promocionar su gestión, o la de organizaciones con fines políticos, grupos de electores o candidatura a cargos de representación popular.
Quienes estando obligado a ello, no suministren o exhiban los comprobantes de la inversión de los fondos públicos bajo su administración, ni demuestren por cualquier medio el destino dado a los mismos.
Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.”
Artículo 11. Se modifica el artículo 94, el cual queda redactado en los términos siguientes:“Artículo 94. Serán sancionados, de acuerdo con la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados, con multa de cien (100) a un mil (1.000) unidades tributarias, que impondrán los órganos de control previstos en esta Ley, de conformidad con su competencia:
Quienes entraben o impidan el ejercicio de las funciones de los órganos de control fiscal.
Quienes incurran reiteradamente en errores u omisiones en la tramitación de los asuntos que deban someter a la consideración de los órganos de control fiscal.
Quienes sin motivo justificado, no comparecieren cuando hayan sido citados por los órganos de control fiscal.
Quienes estando obligados a enviar a los órganos de control fiscal informes, libros y documentos no lo hicieren oportunamente.
Quienes designen a los titulares de los órganos del control fiscal en los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley al margen de la normativa que regula la materia.”
Artículo 12. Se modifica el artículo 105, el cual queda redactado en los términos siguientes:
Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor o Contralora General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación administrativa para el ejercicio de cargos de carrera o libre nombramiento y remoción hasta por un máximo de cinco (5) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.
En ningún caso el Contralor o Contralora General de la República podrá acordar la inhabilitación para el ejercicio de cargos de elección popular, ni para su postulación o elección.
Cuando sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución.
Las máximas autoridades de los organismos y entidades previstas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquier funcionario público o funcionaria pública, están obligados a consultar el registro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevará la Contraloría General de la República. Toda designación realizada al margen de esta norma será nula.
Artículo 13. Se crea una nueva disposición transitoria cuarta en los términos siguientes:
Se dejan sin efecto jurídico y extintos de pleno derecho los actos dictados por el Contralor General de la República, por los cuales se acordó la inhabilitación política que cercenó derechos políticos a la participación y al sufragio pasivo.
Artículo 14. Se modifica el contenido de la disposición final octava en los términos:
“Octava. Los bloques parlamentarios estadales ante la Asamblea Nacional, convocarán los respectivos concursos públicos para la designación de los Contralores o Contraloras Estadales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.
Asimismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la convocatoria, designarán dos (02) representantes en el jurado y sus respectivos suplentes; realizarán el llamado público a participar en concurso y notificarán al consejo legislativo estadal para que designe a su representante y su respectivo suplente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a notificación.
Si el Consejo Legislativo Estadal no designare a su representante en el jurado en el lapso previsto en la presente Disposición Transitoria, el grupo parlamentario regional ante la Asamblea Nacional designará al representante en el jurado con su respectivo suplente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Hasta tanto se dicte la resolución que reglamente los concursos públicos para la designación de los contralores estadales, dichos concurso se regirán por lo previsto en el
Reglamento sobre los Concursos públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.350, en cuanto resulte aplicable, debiendo obtener la puntuación mínima para ganar los concursos de auditores internos en los órganos que ejercen el Poder Público Nacional, prevista en el artículo 40 de dicho Reglamento.
En dichos concursos sólo se tomará en consideración la experiencia laboral como titular de órgano de control fiscal, cuando el participante haya sido designado en dicho cargo mediante el respectivo concurso público que garantice la idoneidad y capacidad para su desempeño, la independencia en su ejercicio, así como la transparencia de su designación.
Artículo 15. Se modifica la disposición final novena en los términos siguientes:
“Noveno. La Contraloría General de la República realizará, conjuntamente con la Oficina Nacional de Crédito Público, un Informe de gestión de la deuda pública, durante los últimos diez (10) años, en el cual incluirá un saldo de la deuda y su servicio, así como el balance de las operaciones de crédito público realizadas.
Dicho informe será presentado a la Asamblea Nacional dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.”
Artículo 16. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un sólo texto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto íntegro, incorpórese, donde sea necesario, el lenguaje de género y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los …. días del mes de….. de dos mil dieciséis. Año … de la Independencia y…. de la Federación.