Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070912-C.html
Timestamp: 2019-04-25 19:52:28
Document Index: 107133830

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 85', 'Artículo 32', 'artículo 74', 'artículo 74', 'Artículo 51', 'Artículo 61', 'artículo 184', 'Artículo 85', 'artículo 110', 'Artículo 107', 'artículo 74', 'Artículo 110', 'artículo 61', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 107', 'artículo 51', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 34', 'Artículo 31', 'Artículo 39', 'artículo 31', 'artículo 36', 'Artículo 33', 'Artículo 45', 'artículo 41']

Gaceta Parlamentaria, año X, número 2339-C, miércoles 12 de septiembre de 2007
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2339-C, miércoles 12 de septiembre de 2007.
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA; ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; DE COORDINACIÓN FISCAL; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por conducto de esta Honorable Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; General de Desarrollo Social; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, el 20 de junio de 2007, para su estudio, análisis y dictamen.
Los integrantes de estas Comisiones Unidas, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:
El Titular del Ejecutivo Federal presentó el 20 de junio de 2007 ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; General de Desarrollo Social; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 20 de junio de 2007, la Iniciativa señalada en el párrafo anterior se turnó para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados.
Desde el miércoles 27 de junio hasta el 1 de agosto del presente año, la Comisión de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo 15 reuniones de trabajo con diversos sectores económicos, sociales y académicos del país, quienes con sus propuestas contribuyeron a modificar y enriquecer las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal.
En todas las reuniones se contó con la presencia e intervención de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por su parte, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados celebró seminarios de análisis sobre las propuestas de gasto público contenidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. Asimismo, celebró sesiones plenarias para discutir al seno de la Comisión la referida iniciativa y el Dictamen que se somete a consideración de esa Honorable Asamblea.
Cabe destacar que para realizar el estudio y análisis de las propuestas, las Comisiones Unidas contaron con el apoyo de los Centros de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL
Estas Comisiones Unidas dan cuenta de que la iniciativa que se dictamina versa sobre tres temas primordiales: 1) incrementar la calidad del gasto; 2) prever erogaciones plurianuales en inversión para infraestructura, y 3) fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
1) Incrementar la calidad del gasto
En relación con el primer tema, la iniciativa incluye propuestas para establecer un presupuesto con enfoque en el logro de resultados; es decir, que los órganos públicos fijen los objetivos que se lograrán con los presupuestos que se asignen a sus respectivos programas y el grado de cumplimiento de dichos objetivos sea efectivamente verificado, con base en indicadores y metas específicas susceptibles de evaluar y comprobar. Con base en lo anterior, la información sobre el desempeño de las políticas y los programas públicos se consideraría para retroalimentar el proceso presupuestario para el siguiente ejercicio, aportando más elementos para la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos.
En este sentido, la iniciativa propone que la evaluación del desempeño se realice a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.
Para tal efecto, propone constituir un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas en sustitución del actual Consejo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, ampliando sus atribuciones para que puedan realizar evaluaciones a las políticas y los programas públicos de toda la Administración Pública Federal y facultándolo para evaluar también el desempeño de las dependencias y entidades al ejecutarlos.
Asimismo, se propone que el sistema de evaluación del desempeño incorpore indicadores para evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño formarían parte del Presupuesto de Egresos y se incorporarían sus resultados en la Cuenta Pública.
Asimismo, la iniciativa establece los criterios para llevar a cabo las evaluaciones: • Todas las evaluaciones se harían públicas, incluyendo el nombre del evaluador independiente que, en su caso, haya sido designado para realizar la evaluación, así como las recomendaciones que se realicen derivado de los resultados de dichas evaluaciones.
• Las evaluaciones se realizarían sobre las políticas públicas, los programas correspondientes y las instituciones encargadas de llevarlos a cabo.
• Para tal efecto, se establecerían los métodos de evaluación que sean necesarios de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas.
• Se establecería un programa anual de evaluaciones.
• Se daría seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las evaluaciones correspondientes. Como complemento al sistema de evaluación del desempeño, la iniciativa propone establecer un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación.
Por otro lado, se propone en la iniciativa hacer extensiva la evaluación de los resultados sobre la aplicación de los recursos públicos federales que son transferidos a los órdenes de gobierno locales para su ejercicio, por instancias técnicas locales, las cuales sean independientes de los órganos locales que ejerzan los recursos federales con el fin de garantizar la objetividad de las evaluaciones.
En relación con la planeación y ejecución del gasto de inversión, se propone establecer un mecanismo de planeación de las inversiones en el cual se identifiquen las prioridades en materia de inversión en cada sector, en el corto, mediano y largo plazo. Este mecanismo observaría criterios de rentabilidad socioeconómica, asignación eficiente de recursos, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.
Asimismo, la iniciativa contempla modificaciones para precisar el ámbito de competencia de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública en materia de inversión y de control del gasto público federal.
La iniciativa propone también incluir disposiciones que fortalezcan la competencia y libre concurrencia en los procesos de contratación; así como prever que en dichos procesos no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o el efecto de limitar la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, e independientemente de que las dependencias y entidades cuentan con atribuciones para determinar las aptitudes y requisitos que deberán demostrar y cumplir los participantes en los procesos de contratación, se propone facultar a la Comisión Federal de Competencia para emitir recomendaciones en materia de competencia entre los participantes dentro de dichos procesos y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases de las licitaciones públicas, cuyas condiciones tendrían que ser fijadas por las propias dependencias y entidades conforme a sus facultades, lo cual, en su caso, podría aportar a éstas elementos para mejorar dichas bases.
Finalmente, en ese mismo sentido se propone incorporar expresamente en el texto legal que los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación cuyo objeto sea que dos o más licitantes se asocien, ofrezcan propuestas conjuntas y/o incorporen a socios estratégicos, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, sin perjuicio de que las dependencias y entidades deberán determinar los requisitos, características y condiciones de los mismos, en ejercicio de las atribuciones que la Ley les otorga para cumplir funciones específicas del Estado. Asimismo, los licitantes podrán consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la consistencia de una proposición conjunta con base en la legislación en materia de competencia.
2) Erogaciones plurianuales para proyectos de inversión.
La iniciativa propone establecer que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se incluiría un capítulo específico que detalle los proyectos que cuentan con autorización plurianual de gasto, incluyendo, en su caso, los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Cabe destacar que se mantendrían los compromisos de gasto plurianual –los cuales son contratos de naturaleza distinta– cuyas asignaciones quedarán sujetas a la aprobación anual de la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos. Asimismo, para fortalecer el seguimiento y la transparencia sobre dichos proyectos, se propone establecer que deberá preverse un apartado específico en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión, para reportar sobre la ejecución de dichos proyectos.
3) Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se propone que se realice al interior del Gobierno, como instrumento para la toma de decisiones en los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la asignación de los presupuestos y, en general, para todos los órganos públicos, así como para rendirle cuentas a la sociedad sobre cómo se gastaron los recursos puestos a disposición del Gobierno y los resultados obtenidos.
El presente Dictamen es el resultado de un análisis profundo y una discusión plural que realizaron las Comisiones que dictaminan, escuchando las opiniones de los sectores interesados, manteniendo un intercambio constante de planteamientos con los sectores público, privado, social y académico. Lo anterior, con el objetivo de lograr que las modificaciones materia del presente Dictamen efectivamente redunden en un beneficio para la sociedad.
En principio se establece que, dados lo retos que enfrenta la nación, es necesario atender las prioridades que enmarcan las modificaciones que se proponen en la iniciativa en cuestión. Si bien las Comisiones dictaminadoras coinciden en que es necesario modificar el esquema fiscal del país de forma tal que éste cuente con mayores ingresos que le permitan atender sus necesidades, estiman que también debemos lograr que el gobierno gaste mejor. Incrementar la calidad en el gasto significa utilizar los recursos disponibles de tal forma que se expanda el impacto social que causa. En otras palabras, incrementar la calidad en el gasto debe significar gastar de manera más eficiente logrando más y mejores resultados en beneficio de la población.
Se estima que las modificaciones que se proponen para establecer un presupuesto con enfoque en los resultados son necesarias para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales. Asimismo, se considera que, al introducir un mecanismo de indicadores de resultados y evaluaciones del desempeño, los órganos públicos podrán identificar áreas de oportunidad y asignar recursos de manera más eficiente a los programas.
Por otra parte, es pertinente apuntar que para lograr que el gasto público federal sea de mayor calidad, es necesario incluir a las entidades federativas. Las entidades federativas reciben importantes montos del gasto público federal, por lo que es necesario conocer si esos recursos han logrado el resultado deseado en la sociedad. Por tal motivo, las Comisiones que suscriben consideran necesario introducir los preceptos legales necesarios para que el gasto federalizado también esté sujeto a las evaluaciones del desempeño en el ejercicio de los recursos públicos.
Las Comisiones dictaminadoras apuntan al hecho de que, con el fin de incluir erogaciones plurianuales en materia de infraestructura, la iniciativa que se dictamina propone modificar las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propuesta que, se considera, representaría ahorros importantes en los proyectos de infraestructura.
Además se estima que, en atención a la magnitud de los montos involucrados, resulta indispensable que el Ejecutivo Federal tenga la obligación de informar del avance en la ejecución de los proyectos dentro de los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión.
Por otro lado, es pertinente que los programas y proyectos de inversión se sujeten a un mecanismo de planeación de las inversiones, que considere criterios de reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional, concurrencia con otros programas y proyectos y de rentabilidad socioeconómica.
Otro tema central que plantea la iniciativa y el cual se refuerza de manera importante en el presente Dictamen como más adelante se detalla, es la austeridad en el gasto público. En este sentido, se considera pertinente establecer programas de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, a través de medidas que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad y generen ahorros en el gasto de administración y operación.
Finalmente, se considera adecuado reforzar la actual legislación para que las contrataciones gubernamentales se realicen en términos más favorables para el Gobierno; en este sentido es pertinente fortalecer la competencia y libre concurrencia en los procesos de contratación, así como prever que en dichos procesos no podrán establecerse requisitos por los convocantes ni los proveedores podrán realizar prácticas que tengan por objeto o el efecto de limitar la competencia y la libre concurrencia.
Conforme a los objetivos expuestos anteriormente, las Comisiones dictaminadoras realizaron diversos ajustes en relación con las propuestas contenidas en la iniciativa de mérito, como a continuación se detalla, las cuales se sustentan en las siguientes premisas generales: 1. Garantizar el uso adecuado de los recursos públicos para que se destinen efectivamente a satisfacer las necesidades de la población y no al gasto de administración del gobierno.
2. Respetar el diseño institucional previsto en la Constitución, específicamente en relación con la distribución de competencias entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en relación con la evaluación de programas y evitar el incremento del gasto burocrático en dicha materia. Con base en lo anterior, se someten a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes ajustes: • Modificar la propuesta del Ejecutivo en relación con el establecimiento del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas y, en lugar de lo anterior, establecer los principios generales a los que deberán sujetarse las evaluaciones de desempeño que realicen todas las instituciones públicas existentes que tienen dicha función.
• Asimismo, se precisa que el actual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social se continuará sujetando al marco de evaluación previsto en la Ley General de Desarrollo Social, manteniendo a su cargo la coordinación de la evaluación de los programas en dicha materia; en este sentido las atribuciones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública no interferirán con aquéllas del referido Consejo.
• El Ejecutivo Federal establecerá el compromiso de que antes de concluir su administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de ahorro anual del 5% como mínimo.
• Prever programas de austeridad para las entidades paraestatales, quienes deberán informar sus metas de ahorro. Además, en las entidades que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de operación, incluyendo el gasto en recursos humanos.
• Condicionar la creación de plazas y las nuevas contrataciones en el gobierno federal, a que se tengan fondeados previamente todos los gastos inherentes a las plazas correspondientes (impuestos, aportaciones a seguridad social, primas de los seguros institucionales, entre otros). Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas.
• Establecer que, adicionalmente, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, deberán:
a) Reducir el gasto en servicios personales.
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo.
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en casos justificados.
d) Cancelar plazas de personal de confianza que no tengan tareas asignadas.
e) Establecer indicadores (para evitar retrasos y sobrecostos) respecto a la ejecución de obras.
Para tal efecto deberán celebrar convenios de desempeño en los cuales se establecerán las metas a alcanzar en cada rubro.
• Prever que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán suscribir convenios de desempeño fijando metas de ahorro acordes a sus características.
• Prohibir que las prestaciones aplicables a los trabajadores sindicalizados se hagan extensivas a los funcionarios de confianza, con excepción de las de seguridad social y protección al salario.
• Establecer la obligación de informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre las acciones realizadas en materia de ahorro.
• Prever que el Ejecutivo Federal realice un diagnóstico sobre las delegaciones, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional del Agua, entre otras delegaciones. Dicho diagnóstico identificará:
a) El valor agregado de las delegaciones.
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto.
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos de un programa de mediano plazo en materia de ahorro y eficiencia.
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales locales.
• El diagnóstico sería entregado a la Cámara de Diputados en el mes de mayo de 2008, así como las medidas de contención de gasto, incluyendo: (i) recortar los gastos en los servicios generales, materiales y suministros y en la adquisición de bienes, y (ii) introducir medidas de racionalización.
• Establecer requisitos para ser delegado (entre otros, estudios y experiencia en la materia que corresponda a la delegación).
• Garantizar el "blindaje electoral" de las delegaciones que tengan a su cargo la ejecución de programas con reglas de operación a través de los siguientes mecanismos:
a) Sujetarse estrictamente a las reglas de operación.
b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;
ii) La relación de localidades en las que opera el programa;
iii) El número de beneficiarios en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad;
iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos, y
v) En su caso, el ajuste semestral de los apoyos monetarios. b) Incluir en toda la documentación y difusión de los programas la leyenda del Programa Oportunidades: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
c) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa.
• Prever que la Tesorería de la Federación, en concordancia con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debería adoptar el principio de unidad de caja, el cual se basa en un sistema de cuentas cuya titularidad corresponde únicamente a la Tesorería y en la cual deben ingresarse los recursos federales de todo tipo y realizarse todas las erogaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo que se traduce en ahorros por la reducción de costos financieros asociados al manejo de cuentas bancarias, además de que contribuiría a un manejo más eficaz de las disponibilidades de la Tesorería de la Federación, ya que traslada los beneficios económicos al Gobierno Federal y no a los intermediarios financieros, lo que hace que exista una mayor eficiencia financiera en las finanzas públicas. IMPACTO PRESUPUESTARIO
Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estas Comisiones Dictaminadoras llevaron a cabo la valoración del impacto presupuestario del presente Dictamen, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Al respecto, con base en los estudios y análisis realizados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre otros, "Aspectos Relevantes de la Propuesta Reforma Integral de la Hacienda Pública", de fecha 25 de junio de 2007; "Sistema de Evaluación del Desempeño. Una reflexión parlamentaria", de fecha 2 de agosto de 2007; "Seminario de Análisis de la Reforma Fiscal: Temas vinculados al Gasto Público", de fecha 3 de agosto de 2007, y de las exposiciones que los funcionarios del referido Centro de Estudios realizaron en diversas reuniones ante las Comisiones dictaminadoras, se concluye que, en caso de que esa Honorable Asamblea apruebe el presente Dictamen, la nueva legislación promoverá un ejercicio del gasto más eficiente y eficaz, lo cual redundará en importantes ahorros en los gastos de operación y de administración del Gobierno Federal, recursos que podrán ser reasignados a la atención de la población y de mayor inversión en infraestructura que el país requiere.
Cabe señalar que el presente Dictamen incluye una disposición transitoria para que el Ejecutivo Federal establezca el compromiso de que durante el periodo 2008-2012, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de ahorro anual del 5% como mínimo. Dichos ahorros y aquéllos que se generen por las disposiciones que se prevén en el presente Dictamen serán informados a esta Soberanía a través de los informes trimestrales sobre las finanzas públicas y serán destinados a los fines señalados en el párrafo anterior.
Finalmente, cabe destacar que los recursos adicionales que se recauden como consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas leyes y de los decretos de reforma a diversas leyes fiscales que, en su caso, esa Honorable Asamblea apruebe, también se sujetarán a la nueva regulación que se propone en el presente Dictamen, por lo que serán asignados, ejercidos y fiscalizados de forma más eficiente y eficaz.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; DE COORDINACIÓN FISCAL; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 34, fracciones I, II y III; 65, fracción VIII; 78, primero y segundo párrafos; la denominación del Capítulo III, Del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para quedar como Capítulo III, De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado, comprendiendo el artículo 85, y 110, y se ADICIONAN los artículos 32, con un último párrafo; 34, con una fracción IV; 41, fracción II, con el inciso ñ); 51, con un sexto párrafo; 61, con los párrafos tercero y cuarto; 65, con una fracción XII; 85, y 107, fracción I, con un inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue
"Artículo 32.- ...
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos.
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros;
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos.
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la Secretaría;
II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales;
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:
a) Rentabilidad socioeconómica;
b) Reducción de la pobreza extrema;
c) Desarrollo Regional, y
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
Artículo 51.- ...
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a sus unidades responsables y de administración.
Artículo 61.- ...
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, establecerá un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas;
XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mando y personal de enlace.
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y protección al salario.
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca.
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.
Artículo 107.- ...
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por la Función Pública y las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados.
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables;
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información:
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador;
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad;
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación;
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros;
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador externo;
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones, y
V. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las evaluaciones correspondientes.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el artículo primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de ahorro anual del 5% como mínimo.
II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de operación, incluyendo el gasto en recursos humanos.
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar las siguientes acciones:
a) Reducir el gasto en servicios personales;
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo;
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se justifique su permanencia;
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras.
Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo anterior.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus características.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los mismos.
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará:
a) El valor agregado de las mismas;
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto;
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia de ahorro y eficiencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos:
a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la adquisición de bienes, y
b) Otras medidas de racionalización del gasto.
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en infraestructura y a programas de desarrollo social.
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las fracciones anteriores del presente artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente artículo.
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho artículo.
ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 31, fracciones XV, XVI, XVII y XIX, y 37, fracción I, y se ADICIONA el artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:
I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva;
c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y
d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley, y
III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación que requieran de la participación de una o más delegaciones ubicadas en una o varias entidades federativas para entregar un beneficio social directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:
a) Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación;
b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información siguiente:
i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;
iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos;
v) El ajuste semestral de los apoyos monetarios, de ser el caso;
c) Incluir en toda la documentación y en la difusión del programa, la leyenda siguiente: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", y
d) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa.
XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;
XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública federal;
XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;
XIX. Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;
XX. a XXV. ...
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. a XXVII. ..."
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 49, párrafo tercero y las fracciones III y IV, y se ADICIONA el mismo precepto con una fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
"Artículo 49.- ...
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 31, segundo párrafo, 36, fracción II y 39, párrafo primero, y se ADICIONA el artículo 34, párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
"Artículo 31.- ...
I. a XXVI. ...
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de los procesos de contratación, y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones públicas cuyos requisitos, características y condiciones deberán ser determinados por las propias dependencias y entidades en el ámbito de sus atribuciones. En ningún caso se establecerán requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la dependencia o entidad en cada ejercicio fiscal, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su difusión en dicho medio, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas.
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la consistencia de una proposición conjunta con la legislación en materia de competencia, y dicha Comisión, sin juzgar sobre las proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta exclusivamente por lo que se refiere a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y entidades que correspondan, las cuales determinarán lo conducente conforme a sus atribuciones.
II. Corresponderá a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades establecer criterios de libre competencia de participantes y licitantes en sus políticas, bases y lineamientos, considerando los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar orientados a favorecer a algún licitante o establecer restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia;
Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos o más proveedores de la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación, y que no tenga como objeto o efecto restringir el proceso de competencia y libre concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia conforme al artículo 31, último párrafo, de esta Ley, en materia de distribución entre dos o más proveedores de la partida de un bien o servicio.
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 33, párrafo segundo, y 45, párrafo tercero, y se ADICIONA el artículo 36, con un párrafo tercero, pasando los actuales párrafos tercero a quinto a ser párrafos cuarto a sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
"Artículo 33.- ...
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de los procesos de contratación y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones públicas. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
Artículo 45.- ...
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria."
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2007.
Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga, Susana Monreal Ávila, Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Mario Alberto Salazar (rúbrica), Artemio Torres Gómez, Andrés Marco Antonio Bernal, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Juan Adolfo Orci Martínez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Francisco Rueda Gómez (rúbrica).
Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Emigdio Garza Garza, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Ramón Ceja Romero (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Lüdlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert, María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), José Antonio Almazán González, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), José Murat, Édgar Martín Ramírez Pech (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica).