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Timestamp: 2019-12-12 03:23:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 113', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 55', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 70', 'artículo 78', 'artículo 70', 'artículo 78', 'artículo 84', 'artículo 119', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 34', 'artículo 83', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 49', 'artículo 149']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 29-3, de 19/02/2013
cve: BOCG-10-A-29-3
Núm. 29-3
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, integrada por los Diputados don Guillermo Collarte Rodríguez (GP), don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), doña María Teresa de Lara Carbó (GP), don José Luis Ábalos Meco (GS), doña María José Rodríguez Ramírez (GS), don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), doña Laia Ortiz Castellví (GIP), don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), don Joseba Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV) y don Joan Baldoví Roda (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas a la misma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:
La Ponencia, tras el estudio de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley, adopta los siguientes acuerdos:
- Se aceptan las enmiendas núms. 148 a 158 del Grupo Parlamentario Popular.
- Asimismo, se acepta la enmienda núm. 113 del Grupo Parlamentario Socialista.
- Se mantienen vivas para su defensa en Comisión el resto de enmiendas.
- En lo demás se mantiene el texto del Proyecto quedando el mismo como figura en el Anexo adjunto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2013.-Guillermo Collarte Rodríguez, Rafael Antonio Hernando Fraile, María Teresa de Lara Carbó, José Luis Ábalos Meco, María José Rodríguez Ramírez, Martí Barberà i Montserrat, Laia Ortiz Castellví, Antonio Cantó García del Moral, Joseba Agirretxea Urresti y Joan Baldoví Roda, Diputados.
El legislador de 1988 optó porque los efectos de sus disposiciones, que introducían notables cambios en relación con el régimen anterior, no fuesen inmediatos sino que se demorasen en el tiempo. Entre tanto, y precisamente en atención a ese horizonte temporal declinante, la aplicación de la norma ha dado lugar a una litigiosidad crónica. Y en no pocos supuestos, ni siquiera ha llegado a aplicarse, tolerándose situaciones inaceptables medioambientalmente que aún no han sido resueltas. Tanto la aplicación conflictiva como la inaplicación o incluso la impotencia de la norma para imponerse sobre realidades sociales consolidadas son la prueba de que aquella concepción debe ser corregida.
La ley establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan, añadiendo mayor certeza, seguridad y uniformidad en los deslindes. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
En relación con el régimen concesional, la ley introduce importantes cambios. Se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de setenta y cinco años (al igual que el fijado en la mencionada Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el Texto Refundido de la Ley de Aguas). Además, se permite la transmisión mortis causa e ínter vivos de las concesiones. En el primer caso se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años, se trata de evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho por el transcurso de un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros. En el caso de las transmisiones ínter vivos, su validez requiere la previa autorización de la Administración.
De este modo, se da respuesta, entre otras situaciones, a la extinción de las concesiones que comenzarían a expirar en 2018. Debe subrayarse que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento requiere un informe del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera. Este es un ejemplo donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. Con carácter general, el
plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en setenta y cinco años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones. Con ello se busca estabilizar los derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante. Si bien, la duración de la prórroga de las concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en puertos que no sean de interés general se ajustará al plazo máximo previsto para las concesiones de dominio público portuario en los puertos de interés general.
"Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar siempre y cuando la invasión tenga lugar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1 letra a), y en todo caso siempre que los terrenos inundados sean navegables."
"2. En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados.
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado del siguiente modo:
Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente modo:
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente modo:
"Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmetne por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente."
Trece bis (nuevo). El párrafo único del artículo 64 pasará a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2, que queda redactado del siguiente modo:
"2. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítica, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.
Catorce. El párrafo único del artículo 65 pasará a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:
Quince. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 66 que quedan redactados del siguiente modo:
"2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen."
"3. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años."
Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 70 que queda redactado del siguiente modo:
"Las concesiones serán transmisibles por actos ínter vivos y mortis causa.
La transmisión ínter vivos solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión.
Diecisiete. Se introducen dos nuevas letras, j) y k), al apartado 1 del artículo 78 que quedan redactadas del siguiente modo:
k) La falta de la comunicación expresa prevista en el artículo 70.2 de esta ley en los casos de transmisión mortis causa de las concesiones."
Diecisiete bis (nuevo). Se modifica el apartado 3 del artículo 78, quedando redactado del siguiente modo:
Dieciocho. Se modifica el artículo 84 que queda redactado del siguiente modo:
3.1 Ocupación del dominio público marítmo-terrestre:
3.2. Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor del bien será el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado.
En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el mismo quedará actualizado anualmente, de forma automática, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la variación experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo en los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer
día de cada nuevo año. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada título.
Diecinueve. Se modifica el artículo 119, su actual párrafo pasa a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:
Veinte. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera y se introduce un nuevo apartado 5, que quedan redactados del siguiente modo:
"2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión.
No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.
3. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición."
Veintiuno. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:
Veintidós. Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda redactada del siguiente modo:
Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adicional undécima que queda redactada del siguiente modo:
Veinticuatro. Se introduce una nueva disposición adicional duodécima que queda redactada del siguiente modo:
4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.
Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres meses se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común."
5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
La línea exterior de los paseos marítimos que la Administración General del Estado haya construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:
a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde
2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria primera. (suprimida)
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
Disposición transitoria tercera. Plazo para solicitar la concesión de ocupación de bienes declarados de interés cultural.
Disposición transitoria cuarta. Aplicación de la reforma a los procedimientos administrativos pendientes.
1. Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, deberán ser resueltos conforme a la nueva normativa. Los actos de trámite dictados al amparo de la legislación anterior y bajo su vigencia conservarán su validez, siempre que su mantenimiento no produzca un efecto contrario a esta ley.
2. Los procedimientos de extinción y caducidad de las concesiones previstos en los artículos 78 y 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de la entrada en vigor de la presente ley, deberán ser resueltos en vía administrativa o en su caso, por sentencia judicial firme, para que sus titulares puedan, si procede, solicitar la prórroga prevista en el artículo 2 de la presente ley.
Disposición transitoria quinta. Inscripción de los bienes de dominio público.
Los apartados cuatro y cinco del artículo primero y disposición adicional quinta se dictan al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Los apartados tres, once en relación a la determinación del plazo concesional, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, veintitrés del artículo primero; el artículo segundo y la disposición transitoria quinta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas dictada al amparo de la cláusula 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
El apartado once del artículo primero, en cuanto incorpora un segundo párrafo, relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al apartado 1 del artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el apartado veinticuatro del artículo primero, se dictan al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de hacienda general por el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Revisión del Reglamento de Costas y facultades de desarrollo.
- Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante .