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Timestamp: 2019-06-20 20:01:04
Document Index: 86799288

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 1568', 'artículo 1579', 'artículo 14', 'artículo 64']

﻿ LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DERIVADA DE LAS CESIONES DE CONTRATO DE SUS FUTBOLISTAS
CONTENIDO:ES NECESARIO REGLAMENTAR LAS RELACIONES LABORALES SURGIDAS ENTRE DEPORTISTAS Y AGREMIACIONES, INSTITUCIONES, CLUBES Y/O SOCIEDADES DEPORTIVAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE TANTO EMPLEADORES COMO EMPLEADOS SE VEAN SOMETIDOS Y PROTEGIDOS POR REGLAS CLARAS EN MATERIA LABORAL
TÍTULO:LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DERIVADA DE LAS CESIONES DE CONTRATO DE SUS FUTBOLISTAS
AUTOR:JUAN PABLO CABALLERO
REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:181, ENE.-FEB./2014, PÁGS. 31-32
La responsabilidad solidaria de los equipos de fútbol derivada de las cesiones de contrato de sus futbolistas
El pasado 14 de agosto del 2013 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 39916 (M.P. Miranda Buelvas), condenó solidariamente a la Asociación Deportiva Unión Magdalena y el Club Deportico Los Millonarios. Ambos equipos fueron condenados solidariamente al pago de cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, prima de servicios, preaviso, salarios insolutos e indemnización moratoria por el retardo en el pago de los conceptos anteriormente mencionados, al exjugador y entrenador de fútbol Álvaro Orlando Aponte Rojas.
El señor Aponte demandó ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, con el fin de que una vez se declarara que los dos contratos suscritos con la Asociación Deportiva Unión Magdalena (uno de carácter laboral y otro denominado “civil de compra y venta de publicidad”) constituían una unidad contractual laboral, se condenara solidariamente tanto a la Asociación Deportiva Unión Magdalena como al Club Deportivo Los Millonarios al pago de los conceptos descritos anteriormente.
Según los antecedentes de la sentencia, existió una cesión en calidad de préstamo realizada por el Club Deportivo Los Millonarios a favor de la Asociación Deportiva Unión Magdalena por el término de duración de un (1) año, cesión que fue celebrada en el año de 1999. Con este último equipo el señor Aponte celebró dos contratos a saber: un contrato de trabajo por el que percibía una suma de seiscientos quince mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte. ($ 615.595), y un contrato civil de compra y venta de publicidad, por un valor total de sesenta y tres millones de pesos m/cte. ($ 63.000.000) por la duración total del contrato.
La relación laboral surgida entre el señor Aponte y la Asociación Deportiva Unión Magdalena finalizó el día 12 de mayo de 1999, mediante decisión unilateral del empleador. Sin embargo, al momento del pago de la liquidación del contrato de trabajo el señor Aponte se negó a aceptar la liquidación, ya que esta no tuvo en cuenta lo que este se encontraba devengando por concepto del contrato civil de compra y venta de publicidad. Por lo tanto, el señor Álvaro Aponte procedió a presentar la correspondiente demanda ante el juez laboral, con el fin de que la Asociación Deportiva Unión Magdalena y el Club Deportivo Los Millonarios fueran condenados a responder solidariamente por los efectos laborales de la cesión de contrato celebrado por las partes.
En primera instancia el juez absuelve de todas las pretensiones a las partes demandadas. Sin embargo, en segunda instancia la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá considera que existe unidad contractual laboral entre el contrato laboral y el contrato civil de compra y venta de publicidad. Así mismo, considera el tribunal que dentro del proceso quedó demostrada la responsabilidad solidaria de la Asociación Deportiva Unión Magdalena y del Club Deportivo Los Millonarios por el pago de los conceptos mencionados anteriormente. Esta responsabilidad se deriva del contrato de cesión celebrado entre las partes, teniendo como base lo indicado en la Sentencia T-029 de 1999 de la Corte Constitucional.
Debido a que el fallo fue adverso a las pretensiones de los demandados, el apoderado del Club Deportivo Los Millonarios presentó recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
Para el recurrente, el tribunal cometió un error al pregonar la solidaridad de este con la Asociación Deportiva Unión Magdalena, con base en la interpretación que hizo el ad quem de un fallo de la Corte Constitucional, según el cual “(...) esa solidaridad según el artículo 69 del CST es de obligaciones a cargo del Club Deportivo Los Millonarios al momento que contrató al actor la Unión Magdalena (sic), pero no prevé la norma que obligaciones del nuevo patrono (Unión Magdalena) sean cubiertas por el antiguo patrono (Los Millonarios)”.
La Corte considera que no es posible predicar que el tribunal ignoró la existencia del artículo 69 del CST, que regula la responsabilidad que tienen el antiguo y nuevo empleador sobre los créditos del trabajador, ni que el ad quem pretendió establecer que la aplicación de este era inválida. Lo que encontró la Corte es que la comprensión que hicieron los demandados acerca de la solidaridad no era satisfactoria, ya que a la luz de lo establecido en la Sentencia T-029 del 2009, el fallo superaba el contenido de la norma y por lo tanto el juez dejó seducirse por ella.
En aras de buscar la uniformidad de la jurisprudencia de los fallos de la Corte, es importante recordar que tratándose del fenómeno jurídico sustancial de la solidaridad laboral, la jurisprudencia de la Sala ha asentado con suficiencia que la conducta del así obligado no es eximente de esa responsabilidad, pues en tales casos, a quien obra como responsable solidario de obligaciones laborales, y no como directo empleador, se le tiene, simplemente, como garante de las obligaciones prestacionales y salariales que a aquel le compete sufragar a la terminación del contrato de trabajo y que sin razón atendible, o medianamente razonable, se sustrae a cumplir oportunamente. Así, de conformidad con el artículo 1568 del Código Civil, surge la posibilidad legal de repetir lo pagado contra el directo empleador, por virtud de la subrogación prevista en el artículo 1579 del mismo estatuto civil.
En atención a lo dicho, y dejando en claro que el Club Deportivo Los Millonarios fue condenado por la sentencia de segundo grado, no en virtud de ser considerado un empleador directo del actor, sino como “responsable solidario” de quien según el fallo atacado así obró, no constituyó un yerro jurídico del tribunal el no auscultar su conducta al momento de terminar el vínculo laboral en discusión, respecto del no pago de lo debido al trabajador.
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, decidió no casar la sentencia proferida el 28 de noviembre del 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión).
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como en Colombia se está volviendo indispensable la implementación de las normas del derecho laboral en el ámbito deportivo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el manejo que han venido dándole las instituciones, clubes y/o sociedades deportivas a las relaciones originadas de los contratos celebrados entre estas y los deportistas que hacen parte de ellas son objeto de discusión por parte de los jueces de la República. Así pues, no es claro quién termina siendo el juez natural de los futbolistas para la gran mayoría de los aspectos, ya que la Federación Colombiana de Fútbol ha considerado que con base en las normas que la rigen, y según las directrices otorgadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), las disputas laborales que existan entre los jugadores y los clubes deportivos deben ser resueltas por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y no la justicia ordinaría de cada uno de los países miembros de esta entidad.
Debido a lo anterior, en meses pasados el Ministerio del Trabajo, presentó un proyecto de ley tendiente a reglamentar las relaciones laborales existentes entre los futbolistas y los clubes que hacen parte de la Liga de Fútbol Profesional. Sin embargo, fue retirado por el ministerio, ya que sufrió una serie de críticas por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, la cual consideraba que ciertas partes del proyecto no beneficiaban a los deportistas, sino que por el contrario los perjudicaban.
Es importante mencionar que el proyecto de ley buscaba armonizar la legislación laboral colombiana con las directrices indicadas por la FIFA. El proyecto de ley planteó la necesidad de que los contratos celebrados con los futbolistas fueran siempre a término fijo, y que dicho término no podría ser inferior a una temporada ni superior a cinco (5) años. Por otro lado, se dejaba en claro que los futbolistas recibirían como remuneración un salario que debía enmarcarse dentro de los preceptos indicados en los artículos 127 y siguientes del CST, y que todo pago no salarial que recibieran debía quedar pactado en los contratos de trabajo, pactos y/o convenciones colectivas. Que los futbolistas tendrían derecho por lo menos a un (1) día de descanso semanal. Un tema fundamental es el relacionado con las cesiones parciales de contrato; en este caso el proyecto indicaba que los equipos de fútbol podían ceder parcialmente el contrato, sin embargo, esta cesión tendría una serie de implicaciones tales como que el club cedente sería solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que quedaran en cabeza del cesionario, así mismo que por la cesión del contrato el futbolista debía recibir como contraprestación un porcentaje no inferior al doce por ciento (12%) del valor estipulado en el documento de traspaso.
La piedra en el zapato que terminó haciendo fracasar el proyecto de ley fue el literal b) del artículo 14 relacionado con la terminación unilateral del contrato sin justa causa por parte del jugador. Ya que indicaba que:
“ART. 14.—Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En los contratos de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, la cual se pagará así:
(...) B. Terminación unilateral del contrato sin justa causa por parte del jugador.
Corresponderá a una indemnización igual al valor de los salarios equivalentes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado en el contrato. Las partes podrán pactar en el contrato de trabajo una indemnización adicional en cuantía superior a la señalada.
Si el jugador contrata sus servicios con otro club en un plazo de un (1) año contado desde la fecha de terminación unilateral del contrato, el club que lo contrate será solidariamente responsable del pago de la referida indemnización. Transcurrido el plazo aquí establecido, el futbolista quedará liberado del pago de dicha indemnización.
En todo caso, se excluyen del pago de la indemnización los jugadores que a la fecha de terminación unilateral del contrato sin justa causa, devenguen un salario igual o inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes” (negrilla fuera del texto)(1).
Según la agremiación de futbolistas profesionales, este artículo del proyecto sería completamente desfavorable para los futbolistas, ya que a raíz de la modificación realizada al artículo 64 del CST por parte de la Ley 789 del 2002, se eliminó el numeral que indicaba la obligación del trabajador de pagar al empleador una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario en caso de renunciar de forma intempestiva y sin justa causa. Por esta razón y por el hecho de que el proyecto de ley no tocaba lo relacionado con el tema de los derechos deportivos fue que terminó quedando a la deriva. Sin embargo, debido a casos como el indicado en el presente artículo seguimos insistiendo en la necesidad de reglamentar las relaciones laborales surgidas entre deportistas y agremiaciones, instituciones, clubes y/o sociedades deportivas, con el propósito de que tanto empleadores como empleados se vean sometidos y protegidos por reglas claras en materia laboral.
(1) Cámara de Representantes, Comisión Séptima Constitucional Permanente, República de Colombia, Proyecto de Ley 124 del 2013, octubre 10.