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Timestamp: 2019-09-17 02:57:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 18', 'artículo 13', 'Artículo 217', 'Artículo 6', 'Artículo 51', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 9', 'artículo 42', 'Artículo 75', 'Artículo 114', 'artículo 166', 'Artículo 103', 'Artículo 48', 'Artículo 75', 'Artículo 48', 'artículo 98', 'Artículo 54', 'artículo 140', 'Artículo 59', 'artículo 195', 'Artículo 96', 'artículo 197', 'Artículo 249', 'artículo 232', 'artículo 195', 'Artículo 109', 'artículo 12', 'Artículo 25', 'Artículo 10', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 33', 'Artículo 102', 'artículo 62', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 142', 'artículo 143', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'Artículo 101', 'Artículo 279', 'Artículo 281', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 198', 'Artículo 201', 'Artículo 205', 'Artículo 215', 'Artículo 228', 'Artículo 25', 'Artículo 23', 'Artículo 35']

Resolución de 24 de octubre de 2005, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, por la que se aprueba y dispone la publicación de la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
Anexo: RELACIÓN DE DISPOSICIONES QUE PRECEPTÚAN LA AUDIENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
V. EXPROPIACIÓN FORZOSA
V.1 LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954.
V.2 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
VI. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
VII. PATRIMONIO
VIII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
IX. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
XI. OTRAS MATERIAS:
XI.I. AGUAS
XI.II CARRETERAS
XI.III TELEFÉRICOS
El artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, dispone que el Consejo publicará periódicamente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del mismo.
En su disposición final segunda el Reglamento concreta la primera publicación, estableciendo que “el Consejo publicará con anterioridad al día 2 de noviembre de 2005, fecha de comienzo del ejercicio de su función consultiva, la relación de las disposiciones que preceptúan la audiencia del mismo”.
En cumplimiento de tales normas, la presente Resolución aprueba, agrupadas por materias, la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. El elenco de esas disposiciones contiene tanto las propias del Principado de Asturias como las del Estado que son de aplicación directa o básica en la Comunidad Autónoma. Igualmente, incluye las contenidas en normativa estatal de aplicación supletoria por la Comunidad Autónoma por tratarse de materias, ámbitos o sectores sobre los que el Principado de Asturias ostenta competencias, conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de que dichas competencias hayan sido o no efectivamente ejercidas.
En la identificación de las normas de aplicación supletoria se ha valorado con especial cuidado la inclusión de las que afectan a ámbitos cuya regulación por parte del Principado no se ha efectuado de modo exhaustivo, procurando distinguir los supuestos en los que la regulación autonómica entraña una laguna legal de aquéllos en los que, más que ante una ausencia de regulación, se está ante una realidad regulada en forma diversa como consecuencia de una opción normativa legítima.
La relación de disposiciones se estructura en once apartados, enumerados correlativamente en cardinales romanos, con una ordenación sistemática por materias. El apartado I se enuncia como General, al incluir las disposiciones de la Ley reguladora del Consejo Consultivo y su Reglamento de Organización y Funcionamiento, en las que se establecen con carácter general sus competencias. En los apartados II a X se agrupan por materias, ordenadas alfabéticamente, los preceptos de las disposiciones del Principado de Asturias o de la normativa estatal aplicable en los que se establece la audiencia del Consejo. En el apartado XI y último se incluyen, agrupados a su vez por materias ordenadas alfabéticamente, aquellos preceptos de la normativa estatal, de aplicación supletoria por el Principado de Asturias, en ámbitos o sectores sobre los que la Comunidad Autónoma ostenta competencias, conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de que dichas competencias no hayan sido efectivamente ejercidas hasta la fecha en el sentido de la regulación o sobre los concretos ámbitos materiales a que la misma se refiere.
Primero.—Aprobar la relación de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que se adjunta como anexo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 y en la disposición final segunda del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, modificado por Decreto 106/2005, de 19 de octubre.
Gijón, 24 de octubre de 2005.—El Presidente.—17.622.
Anexo: RELACION DE DISPOSICIONES QUE PRECEPTUAN LA AUDIENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
I.1. — Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo. (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 4-XI-2004, corrección de errores BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 23-IX-2005).
Artículo 13.—Dictámenes preceptivos.
Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. En el caso de los recursos, la solicitud y emisión del	dictamen tendrá lugar antes de la decisión de recurrir, y en el caso de los conflictos, antes del correspondiente requerimiento de incompetencia previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Conflictos en defensa de la autonomía local planteados por los concejos del Principado de Asturias ante el Tribunal Constitucional, en los términos	previstos en su Ley Orgánica.
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra la Administración autonómica o las Administraciones de las entidades locales radicadas en el territorio del Principado de Asturias.
La redacción de esta párrafo ha sido modificada por la Ley del Principado de Asturias 1/2006, de 16 de febrero, fijando la cuantía de las reclamanciones que han de ser objeto de consulta preceptiva "a partir de seis mil (6.000) euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes
Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales,	interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, y las modificaciones	de los mismos en los supuestos que proceda según lo dispuesto en la	legislación de contratación administrativa.
Interpretación, nulidad, modificación y extinción de las concesiones administrativas, cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las	normas aplicables.
I.2. — Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y por Decreto 106/2005, de 19 de octubre. (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 22-VII-2005 y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 24-X-2005).
Artículo 18.—Dictámenes preceptivos.
Reproduce el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, ya trascrito.
II. ADMINISTRACION FINANCIERA
II.1 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 217.—Declaración de nulidad de pleno derecho.
Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia	de ésta.
Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos	colegiados.
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. (...) 4. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo.
II.2 Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Artículo 6.—Resolución. Apartados 1 y 2.
II.3 Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Ha sido derogada, salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, por la disposición derogatoria de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Artículo 51.—Alcance de la delegación de competencias en relación con la revisión en vía administrativa apartado 1.
III.1 Ley del Principado de Asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la demarcación territorial de los concejos del Principado de Asturias.
Artículo 14.—(Procedimiento ordinario para modificar la demarcación territorial de los concejos).
III.2 Ley del Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia Rural.
III.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Artículo 13. Apartado 1.
III.4 Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Artículo 9. Apartado 4.
En todos los casos de alteración de términos municipales será necesario el previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
Simultáneamente a la petición del dictamen se dará conocimiento del expediente a la Administración del Estado.
A petición de la propia Entidad cumpliendo los requisitos consignados en el artículo 42.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados, con informe del órgano consultivo superior de aquél, donde existiere	o, en su defecto, del Consejo de Estado, y conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 75. Apartado 4.
Artículo 114. Apartado 3.
Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría y de la Intervención de la Corporación, dicte el órgano competente, en cuanto a la interpretación, modificación y resolución de los contratos, serán inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretación y resolución, cuando el precio del contrato exceda de la cantidad fijada por la legislación estatal sobre contratación administrativa, y en los de modificación de estos últimos, cuando la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato, será, además, preceptivo el dictamen del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
III.5 Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
La resolución de los expedientes de municipalización o provincialización corresponderá: (...) 2.º Al Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en los casos siguientes:
Para municipalizar en régimen de monopolio servicios no enumerados en el artículo 166 de la Ley, y
Para todo género de provincializaciones en régimen de monopolio.
III.6 Reglamento de bienes de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Artículo 103. Apartado 2.
III.7 Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Artículo 48. Apartado 1.
La modificación y disolución de las Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal podrá llevarse a efecto:
a) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previa audiencia de las propias Entidades y de los Ayuntamientos interesados, e informes del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de aquellas donde existiera (...) III.8 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Artículo 75. Ter, Apartado 3 (añadido por artículo único, apartado 5, de la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, dentro del título IV, capítulo IV “De los conflictos en defensa de la autonomía local”) Una vez cumplido el requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formalización del conflicto, deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenezcan las Corporaciones Locales corresponda a varias o a una Comunidad Autónoma. En las Comunidades Autónomas que no dispongan de órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Estado.
IV. CONTRATACION
IV.1 Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Ha sido derogado, con excepción de un capítulo en el que no se incluyen los preceptos trascritos, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Artículo 48.—Pliegos de cláusulas administrativas generales.
Actualmente artículo 98, apartado 3, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con el tenor literal siguiente: “Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.”
Artículo 54.—Formalización de los contratos. Apartado 3.
Actualmente artículo 140, apartado 3, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Este precepto, en la redacción dada al mismo por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, no prevé la resolución por la no formalización del contrato en plazo ni, por tanto, la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado y, cuando se formule oposición por el contratista, el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. En tal supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 59.—Prerrogativas de la Administración. Apartado 3.
Actualmente artículo 195, denominado “Procedimiento de ejercicio” del capítulo de “Prerrogativas de la Administración”, apartado 3, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Conforme a la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, el precepto dispone: “No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 euros.”
Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros).
Artículo 96.—Resolución por demora y prórroga de los contratos.
Actualmente artículo 197, apartado 1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P&úblico, con el tenor literal siguiente: “En el supuesto a que se refiere el artículo anterior, si la Administración optase por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano de contratación o por aquél que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.”
Artículo 249.—Prerrogativas y derechos de la Administración.
Apartado 2 (añadido por Ley 13/2003, de 23 de mayo).
Actualmente artículo 232, apartado 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Conforme a la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, el precepto dispone: “El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación. En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que se encuentren en el caso previsto en el artículo 195.3.b) y en aquellos supuestos previstos en la legislación específica.”
IV.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Artículo 109.—Procedimiento para la resolución de los contratos.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: (...) d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
V. EXPROPIACION FORZOSA
V.1 LEY DE EXPROPIACION FORZOSA, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954.
VI. FUNCIONARIOS PUBLICOS
VI.1 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico.
Artículo 25. Apartado 5.
En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos no podrán adoptarse sin el previo dictamen del Consejo de Estado.
VI.2 Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
Artículo 10.—Funcionarios transferidos. Apartado 2.
VII.1 Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Régimen Jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.
Esta ley ha sido derogada por la ley 13/2006, de 26 de mayo
Artículo 3.—Régimen de notificación. Apartado 6 (en redacción dada por la disposición adicional vigésimo quinta, apartado 3, de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre).
El Real Decreto por el que se establezca el régimen a que se refiere este artículo, que será acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente por razón de la materia y previo dictamen del Consejo de Estado, deberá estar en vigor con anterioridad a la realización de los actos de disposición recogidos en el artículo 2 y determinará: (...) Disposición adicional segunda.—Sector público de las entidades locales, apartado 1.
Corresponden a las Comisiones de Gobierno las competencias de los Ministerios respectivos.
VIII.1 Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 33.—Tramitación, apartado 5. (Dentro del capítulo V. del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general).
Cuando por razón de la importancia de la materia objeto de regulación, o por aplicación de lo preceptuado en las disposiciones vigentes, sea preceptivo o, en su caso, se entienda conveniente, el proyecto de disposición será sometido a dictamen de los órganos consultivos correspondientes.
VIII.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 102.—Revisión de disposiciones y actos nulos, apartados 1 y 2 (en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2.
El Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, en su ARTÍCULO 22. REVOCACIÓN DEL DERECHO, dispone lo siguiente:
“1. De conformidad con lo establecido en Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la declaración errónea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.
2. A tal efecto, la Comisión, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de la persona interesada, y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, declarará de oficio la nulidad de las resoluciones de concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.”
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su ARTÍCULO 142, APARTADO 3, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRRIMONIAL, en redacción dada al mismo por la Disposición Final Cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, dispone lo siguiente:
“3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerÁ reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.”
IX.1 Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Artículo 12.—Dictamen. Apartado 1.
Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano instructor propondrá que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
A este efecto, remitirá al órgano competente para recabarlo todo lo actuado en el procedimiento, así como una propuesta de resolución que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.
X.1 Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Artículo 101.—Modificación de los instrumentos de ordenacion urbanística. Apartado 3.
Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zonificación o el uso de las zonas verdes previstas en el instrumento de ordenación de que se trate, la aprobación será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, previo informe favorable del Consejo de Estado y, a partir de su constitución, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias en lugar de aquél.
X.2.	El Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en sus artículos 279.3.c) y 281.2, dispone lo siguiente:
Artículo 279. Modificación de los instrumentos de ordenación urbanística. Apartado 3.c)
3.— Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación (art. 101.1 TROTU), con las siguientes salvedades:
c) Las modificaciones que tengan por objeto alterar la zonificación o el uso de las zonas verdes previstas en el instrumento de ordenación de que se trate, la aprobación será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, previo informe favorable del Consejo de Estado y, a partir de su constitución, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias en lugar de aquél (art. 101.3 TROTU).
Artículo 281. Modificaciones cualificadas. Apartado 2
2. La tramitación de estas modificaciones se ajustará al procedimiento ordinario establecido en la normativa territorial y urbanística para cada tipo de instrumento con las siguientes particularidades:
Con ocasión de la elevación del expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para su último pronunciamiento en el procedimiento, ésta deberá emitir informe y, de ser favorable, se solicitará asimismo informe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. En otro caso, debe devolverse el expediente al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias observadas.
Cuando el informe del Consejo Consultivo sea favorable, el expediente de modificación se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación, a propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
XI. OTRAS MATERIAS
XI.I.1 Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (Titulo IV, de la utilización del dominio público hidráulico. Capítulo.IV, de las Comunidades de Usuarios).
Artículo 81.—Obligación de constituir comunidades de usuarios.
Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al ............... (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma).
El .............. (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma) no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.
Artículo 82.—Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios. Apartado 4.
Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el .............. (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma) podrá establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado.
XI.I.2 Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
El título del Reglamento ha sido modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, quedando dicho título redactado en los siguientes términos: «Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.»
Artículo 198. Apartado 1.
Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al ............... (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma).
Artículo 201. Apartado 8.
El .............. (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma) no podrá denegar la aprobación de los estatutos u ordenanzas y reglamentos, si no infringen la legislación vigente, y no podrá introducir variantes en ellos sin previo dictamen del Consejo de Estado. Se considerará que en cualquier caso no está cumplida la legislación vigente si, además de cuanto se exige en la Ley de Aguas y se desarrolla en este Reglamento, no se atienden en las propuestas de ordenanzas los siguientes requisitos mínimos ..
Artículo 205. Apartado 4.
Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo de seis meses a partir del momento en que fueran requeridas para ello por el .............. (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma). En caso de incumplimiento, este organismo podrá establecer las que considere procedentes, previo dictamen del Consejo de Estado.
Artículo 215. Apartado 3.
El .............. (la Administración hidráulica competente de la Comunidad Autónoma), por causa justificada y derivada de la necesidad de garantizar el buen orden del aprovechamiento colectivo, podrá obligar a las comunidades existentes a actualizar sus ordenanzas y reglamentos, quedando facultado para redactar y aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las modificaciones en caso de incumplimiento.
Artículo 228. Apartado 3.
Cuando sin causa debidamente justificada, no se diera cumplimiento al requerimiento del organismo para la constitución de la comunidad de usuarios exigida en los artículos 87 y 88 del texto refundido de la Ley, cualquiera que sea el tipo de comunidad, podrá dicho organismo, sin perjuicio de aplicar el procedimiento sancionador, convocar y presidir las Juntas Generales, redactar de oficio los estatutos y proceder a su aprobación, con dictamen del Consejo de Estado si la Junta General no hubiera llegado a ninguna decisión.
XI.II.1 Ley 8/1972, de 10 de mayo, reguladora de la Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas de Peaje en Régimen de Concesión.
Artículo 25. Apartado 3.
Corresponderá en todo caso PHP Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function paginaComunPie(), 0 passed in C:\inetpub\ccasturias\eject\verNormativa.php on line 26 and exactly 1 expected in C:\inetpub\ccasturias\eject\funcionesPaginaComun.php:71 Stack trace: #0 C:\inetpub\ccasturias\eject\verNormativa.php(26): paginaComunPie() #1 {main} thrown in C:\inetpub\ccasturias\eject\funcionesPaginaComun.php on line 71 al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, aprobar la ampliación, previo dictamen del Consejo de Estado. (...) XI.II.2 Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
Cláusula 110. Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario. Párrafo tercero.
Corresponderá al Consejo de Ministros la aprobación del convenio (para la extinción de la concesión por mutuo acuerdo), previo informe del Consejo de Estado.
XI.III TELEFERICOS
XI.III.1 Ley 4/1964, de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos.
Artículo 23.—Caducidad por incumplimiento, apartados 1 y 3.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que en el Reglamento o en el pliego de condiciones se califiquen como esenciales, o el incumplimiento reiterado de cualquier otra condición, dará lugar a la caducidad de la concesión. (...) 3. En el expediente de caducidad serán preceptivos los informes de los Consejos de Obras Públicas y de Estado.
XI.III.2 Reglamento para la aplicación de la Ley 4/1964, de 29 de abril, sobre concesión de teleféricos, aprobado por decreto 673/1966, de 10 de marzo:
Artículo 35.—Rescate.
El expediente de rescate seguirá la siguiente tramitación:
(...) 6. El expediente se elevará por la Jefatura Regional de Transportes Terrestres a la Dirección General de Transportes Terrestres, que, previo el informe del Consejo de Obras Públicas, lo someterá al Ministro de Obras Públicas para que éste, previo informe del Consejo de Estado, dicte la resolución que corresponda