Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/concepto-cp12-2017-de-febrero-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_08dc00485f254aa1adc6c42085199060&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-03-18 15:42:49
Document Index: 76032761

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 502', 'artículo 495', 'artículo 495', 'artículo 495', 'artículo 502', 'artículo 1956', 'artículo 1956', 'artículo 1956', 'Artículo 1956', 'artículo 853', 'artículo 853', 'artículo 982', 'artículo 812', 'artículo 982', 'Artículo 812', 'Artículo 841', 'Artículo 952', 'Artículo 959', 'Artículo 1956', 'artículo 1957', 'artículo 340', 'artículo 376', 'artículo 323', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 42', 'artículo 189']

﻿ CONCEPTO CP12-2017 DE FEBRERO 15 DE 2017
CONCEPTO CP12-2017 DE 15 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:GOBIERNO DEBE VALORAR EXTRADICIÓN DE MIEMBROS DE LAS FARC. ES EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, NO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUIEN TIENE LA COMPETENCIA PARA VALORAR LA CONVENIENCIA DE EXTRADITAR O NO A MIEMBROS DE LAS FARC, DE ACUERDO CON LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIGENTES NO ES ESTA ALTA CORPORACIÓN JUDICIAL A LA QUE LE CORRESPONDA VERIFICAR LA VINCULACIÓN DE PERSONAS CON ESE GRUPO ARMADO. TAMPOCO, VALORAR EL ALCANCE DE LAS DECLARACIONES QUE SE PUEDAN RENDIR EN UN PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL ADELANTADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y ESA ORGANIZACIÓN SUBVERSIVA.
PONENTE:HERNÁNDEZ BARBOSA, LUIS ANTONIO
Concepto CP12-2017 de febrero 15 de 2017
CP012-2017
Radicación 48477
Aprobado acta 37
Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa
Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política
Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil diecisiete.
Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano O.R.O. (quien antes de cambiar su nombre respondía al de Y.R.O.), presentada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Con fundamento en la nota verbal XXX de 29 de abril de 2016 la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de O.R.O., requerido para comparecer a juicio por delitos de narcóticos, de acuerdo con la acusación sustitutiva XXX (S-1)(ILG) –también conocida como CR-XXX(ILG), dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Documentos aportados con la solicitud de extradición:
Para formalizar la petición de entrega de R.O. se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada de los Estados Unidos de América, los siguientes documentos debidamente traducidos:
(i) Nota verbal XXX del 29 de abril de 2016, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Y.R.O.
(ii) Nota verbal XXX del 8 de julio de 2016 por la cual se protocoliza la petición de extradición.
(iii) Copia de la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte del Distrito Este de Nueva York contra O.R.O.
(iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto es, título 18, secciones 1956, 3238, 3238(a) y 3551 y título 21, secciones 812, 841, 853, 952, 959, 960, 963 y 982 del Código de los Estados Unidos.
(v) Orden de arresto proferida por la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra O.R.O.
(vi) Declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición de A.B.K., fiscal federal auxiliar de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York, en la cual se refiere al procedimiento cumplido por el gran jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, concreta los cargos formulados en contra del requerido e indica los elementos integrantes del delito.
(vii) Declaración jurada de E.A.M., agente especial en la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que informa los pormenores de la investigación en virtud de la cual se solicita la extradición y aporta los datos allegados sobre la identidad del requerido.
(viii) Informes de consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula de ciudadanía XXX expedida a nombre de Y.R.O., quien posteriormente cambió su nombre a O.R.O.
Trámite surtido ante las autoridades colombianas:
Recibida la nota verbal XXX del 29 de abril de 2016 la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de R.O. mediante resolución del 6 de mayo de 2016, la cual se hizo efectiva el 11 de mayo siguiente en XXX por la Policía Nacional.
Protocolizada la solicitud de entrega a través de la nota diplomática XXX del 8 de julio de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de justicia y del derecho con oficio DIAJI XXX del mismo día, en el cual conceptuó:
Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.
En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.
(...) De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamientos jurídico colombiano(1).
El Ministerio de Justicia y del Derecho revisó la actuación y, con base en la citada normativa, determinó que la documentación requerida se encontraba reunida. En consecuencia, con oficio OFI16-XXX-OAI-1100 del 13 de julio de 2016, el jefe de la oficina de asuntos internacionales envió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.
Actuación cumplida en esta corporación:
El 26 de julio de 2016 la Corte asumió el conocimiento del trámite y requirió la designación de defensor, el cual fue nombrado por el reclamado. Surtidos los traslados correspondientes, el 26 de octubre siguiente la Sala denegó la práctica de las pruebas solicitadas por el apoderado de O.R.O. Ejecutoriada tal determinación, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión.
El Ministerio Público, representado por la procuradora tercera delegada para la casación penal, realizó un recuento de las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para la emisión de concepto por parte de la Corte y resumió la actuación adelantada y los documentos aportados por el gobierno requirente.
Abordó el estudio de la validez formal de la documentación allegada, señalando los requisitos para su expedición y presentación, de manera especial su traducción y autenticación por las autoridades correspondientes en el país requirente, y el cumplimiento del trámite diplomático para su presentación, todo lo cual le permite concluir que esos requerimientos se encuentran satisfechos.
Igual criterio expresó acerca de las exigencias previstas en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, relacionadas con la demostración plena de la identidad del requerido, el principio de doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
En consecuencia, consideró satisfechos los requisitos exigidos en el procedimiento penal para emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano O.R.O., razón por la cual pidió a la Corte que, si acoge su criterio, exhorte al Gobierno Nacional para que formule al país reclamante los condicionamientos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos del requerido, en atención a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política colombiana.
La defensa de O.R.O. solicitó a la corporación que conceptúe desfavorablemente al requerimiento por cuanto el reclamado pertenece al Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y “su relación con el narcotráfico fue única y exclusivamente por ser miembro de este grupo armado”.
En su criterio, tal afirmación se sustenta en los informes rendidos en desarrollo de la operación internacional XXX, según los cuales la referida organización, a través de alias XXX y alias XXX, como era conocido el solicitado, “sacaban cargamentos de narcóticos de las zonas rurales del Cauca, por el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano”.
Sumado a lo anterior, resaltó que R.O., de conformidad con la normativa estadounidense, era menor de edad para la época en que se involucró con las actividades ilícitas desplegadas por la referida organización. Y reseñó el contexto de pobreza y violencia en que creció el requerido en extradición, para concluir que su vinculación con las FARC y el narcotráfico se originaron en la ausencia de oportunidades e intervención estatal.
Por tal motivo, considera que son las autoridades colombianas quienes deben investigar y juzgar a O.R.O. por el delito de rebelión, cuya ejecución tuvo lugar únicamente dentro del territorio nacional.
En ese orden, pidió que se analice el requisito de extraterritorialidad conforme con los criterios que llevaron a emitir concepto desfavorable a la petición de extradición de W.T.C.A. (CSJ CP, 10 Jun 2015, Rad. 45207). Así mismo, demandó la aplicación de los razonamientos contenidos en las sentencias C-621 de 2001 y SU-110 de 2002.
La competencia de la corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por otro país, se circunscribe a la verificación de las exigencias contenidas en los artículos 490, 493, 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, regulación a la cual se acude porque los hechos también ocurrieron bajo su vigencia.
Esos requisitos consagrados en los artículos 495 y 502 de la ley en cita se concretan en i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, iii) la presencia del principio de la doble incriminación y iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal.
La Corte, por consiguiente, procede a estudiar si en el caso bajo examen se cumplen dichos presupuestos.
1. Validez formal de la documentación:
Conforme a lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución. Todo ello acompañado de los datos que hagan posible identificar plenamente al reclamado. Igualmente, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al asunto.
Del mismo modo, la documentación debe ser expedida con sujeción a las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar traducida al castellano, si es del caso.
Tales requisitos de carácter legal están encaminados a demandar del Estado requirente la ineludible remisión de los soportes en sustento de la solicitud de extradición, en todos los casos y frente a cada una de las específicas obligaciones que amerite el asunto, no de manera simple, sino con el cumplimiento íntegro de las exigencias formales expresadas.
En el caso particular, la corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano O.R.O., al efecto, anexó copia de la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG) —también conocida como CR-XXX(ILG)—, dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por la referida autoridad judicial extranjera.
También allegó la declaración jurada de A.B.K. fiscal federal auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, en la que se refiere al procedimiento cumplido por el gran jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, concreta los cargos formulados en contra de O.R.O., indica los elementos integrantes del delito y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo del agente E.A.M., encargado de la investigación adscrito a la Administración para el Control de Drogas, DEA.
De igual manera, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y épocas de su ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, como se explicará más adelante.
A su vez, dichos documentos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por J.M.G., director asociado de la oficina de asuntos internacionales de la división de lo penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocida como tal por su procuradora L.E.L.
Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por John F. Kerry, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y por Z.D., funcionario auxiliar de autenticaciones de la misma dependencia, cuya firma, a su turno, fue refrendada por el Cónsul de Colombia en Washington, D.C., L.Q.C., la cual está legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez.
En ese orden, es claro para la corporación que el primer requisito exigido por el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, se encuentra acreditado.
2. Demostración plena de la identidad del solicitado.
Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad y, por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquel cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
Acorde con la normativa procesal aplicable y la jurisprudencia de la Corte, la acción de individualizar implica especificar a una persona a partir de sus rasgos, características y condiciones particulares, de tal forma que sea posible distinguirla de todas las demás.
En ese orden, la obligación legal impuesta por el legislador de verificar la “plena identidad” del pedido en extradición está encaminada a garantizar que no resulte vinculado como sujeto pasivo de la acción penal extranjera una persona distinta a la que desplegó la conducta punible.
En el caso examinado, confrontada la nota verbal XXX del 8 de julio de 2016, a través de la cual se formalizó la petición de extradición, advierte la Sala que el reclamado responde al nombre de O.R.O., nacido el 7 de febrero de 1984, titular de la cédula de ciudadanía colombiana XXX.
La persona aprehendida se identificó con aquel nombre y documento de identidad al ser enterado de la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, sin efectuar reproche alguno al respecto.
Además, el lugar y la fecha de nacimiento registrados en la tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía coinciden con los datos ofrecidos por el país requirente y el cotejo dactiloscópico efectuado por perito a las huellas dactilares del capturado, concuerdan con las que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por tanto, corrobora que se trata de la misma persona.
De lo anterior se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano colombiano pedido en extradición, pues su información personal, relacionada en la solicitud de la autoridad extranjera, como se ha visto, es la misma con la cual se presenta y firma y con la que ha actuado en este trámite.
3. Principio de la doble incriminación.
Frente a este requisito corresponde a la corporación examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en los Estados Unidos tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan una pena mínima no inferior a cuatro años de privación de la libertad.
Para abordar el análisis de este aspecto debe partirse del cotejo de los cargos formulados en la acusación aportada por la autoridad extranjera con la normatividad interna colombiana, a efectos de establecer o descartar la equivalencia exigida por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.
En este sentido, la Sala encuentra que los hechos imputados en la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte del Distrito Este de Nueva York contra O.R.O. se concreta en dos cargos:
(Concierto internacional para distribuir cocaína)
1. Entre el 1º de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016, o alrededor de esas fechas, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, el acusado O. (sic) R.O., también conocido como “Y.R.O.”, “J.R.O.” y “XXX”, en junto con otros, con conocimiento y con intención se confabuló para distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos desde un lugar del extranjero; dicho delito implicó una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de categoría II, en contravención de los artículos 959(a) y 960(a)(3) del título 21 del Código de los Estados Unidos. La cantidad de cocaína implicada en el concierto que puede atribuirse al acusado como consecuencia de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices que él podía prever de manera razonable, fue cinco kilogramos o más de una sustancia controlada que contenía cocaína.
(Artículos 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(c) del título 21 del Código de los Estados Unidos; y los artículos 3238 y 3551 y siguientes del título 18 del Código de los Estados Unidos).
(Concierto para lavar dinero)
2. Entre el 1º de enero de 2004 y el 30 de abril de 2016, o alrededor de esas fechas, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, el acusado O. (sic) R.O., también conocido como “Y.R.O.”, “J.R.O.” y “XXX”, en junto con otros, con conocimiento e intencionalmente se confabuló para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos de un lugar en los Estados Unidos a uno o más lugares fuera de los Estados Unidos, y a través de esos lugares, a saber: Colombia, (a) con la intención de promover la realización de una actividad ilícita específica, a saber: narcotráfico, en contravención de los artículos 841(a)(1), 846, 848, 952(a), 960(a)(1) y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos, en contravención del artículo 1956(a)(2)(A) del título 18 del Código de los Estados Unidos, y (b) sabiendo que los instrumentos monetarios y los fondos involucrados en el transporte, la transmisión y la transferencia representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilegal, y que dicho transporte, transmisión y transferencia estaban diseñados total y parcialmente (i) para ocultar y disimular la índole, el lugar, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias de una actividad ilegal específica, a saber: narcotráfico, en contravención de los artículos 841(a)(1), 846, 848, 952(a), 960(a)(1) y 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos, en contravención del artículo 1956(a)(2)(B)(ii) del título 18 del Código de los Estados Unidos, y (ii) para evitar uno o más requisitos de información de transacción según las leyes federales, en contravención del artículo 1956(a)(2)(B)(ii) del título 18 del Código de los Estados Unidos.
(Artículo 1956(h) y 3551 y siguientes del título 18 del Código de los Estados Unidos).
Alegaciones de decomiso penal respecto al cargo uno
3. Estados Unidos por este medio notifica al acusado que, una vez que sea condenado por el delito contenido en el cargo uno, el gobierno solicitará el decomiso, de acuerdo con el artículo 853(a) del título 21, del Código de Estados Unidos, que exige que toda persona condenada por tales delitos ceda por decomiso todo bien que constituya, o se derive, de ganancias obtenidas directa o indirectamente por tales delitos, y todo bien usado, o que haya tenido la intención de usarse de cualquier forma o parte, para cometer o ayudar a que se cometiera dicho delito.
4. Si alguna de las propiedades antes descritas, sujetas a decomiso, por causa de algún acto u omisión del acusado:
(a) no puede localizarse mediante el ejercicio de los trámites debidos;
(b) ha sido transferida, vendida, o depositada bajo la custodia de un tercero;
(c) ha sido colocada fuera de la jurisdicción del tribunal;
(d) ha disminuido considerablemente de valor; o
(e) se ha unido a otra propiedad de forma que no se puede subdividir sin dificultad;
es la intención de los Estados Unidos, de acuerdo con el artículo 853(p) del título 21 del Código de los Estados Unidos, procurar el decomiso de cualquier otro bien del acusado hasta llegar al valor de los bienes decomisables descritos en esta cláusula de decomiso.
(Artículos 853(a) y 853(p) del título 21 del Código de los Estados Unidos).
Alegación que ocasiona el decomiso penal por el cargo dos
5. Los Estados Unidos por medio del presente avisa al acusado, que una vez que sea condenado por el delito imputado en el cargo dos, el gobierno buscará el decomiso de conformidad con el artículo 982(a)(l) del título 18 del Código de los Estados Unidos, de toda propiedad que haya estado involucrada en dicho delito, y todas las propiedades que sean rastreables a dicha propiedad, como resultado de la condena del acusado por dicho delito.
6. Si alguna de las propiedades antes descritas, sujetas a decomiso, por causa de algún acto u omisión del acusado:
A su turno, la declaración de apoyo del agente especial de la administración para el control de drogas E.A.M. refirió la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y la pertenencia del requerido a la misma. Así lo indicó:
6. La investigación determinó que entre aproximadamente el 1º de enero de 2004 y el 11 de mayo de 2016, R.O. fue miembro de una organización delictiva que se especializaba en el transporte de múltiples cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de Costa Rica y Panamá, a México por embarcación marítima, sabiendo y con la intención de que la cocaína se transportara finalmente a través de la frontera mexicana a los Estados Unidos para su posterior distribución. Desde aproximadamente enero de 2010 al 11 de mayo de 2016, R.O. fue líder de la organización. Los agentes del orden público incautaron lícitamente más de mil kilogramos de cocaína durante esta investigación, como se explica a continuación.
7. Las pruebas en contra de R.O. incluyen el testimonio de testigos cooperadores cuyo testimonio está corroborado por otras fuentes de información y pruebas, incluidas las incautaciones legales de cocaína durante la investigación.
Finalmente, el fiscal federal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, precisó en su declaración que:
7. El 10 de junio de 2016, un gran jurado federal, en sesión en el Distrito Este de Nueva York, aprobó y presentó una acusación formal de reemplazo en contra de R.O. por los siguientes delitos: concierto para distribuir sustancias controladas, a saber, cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, con la intención, y a sabiendas, de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior, en contravención de los artículos 963, 959(a), 959(c), 960(a)(3), 960(b)(l)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, y los artículos 3238 y 3551 del título 18 del Código de los Estados Unidos (cargo uno); y de concierto para lavar instrumentos monetarios, en contravención de los artículos 1956(h), 1956(a)(2)(A), 1956(a)(2)(B)(ii) y 3551 del título 18 del Código de los Estados Unidos (cargo dos). La cocaína es una sustancia controlada de conformidad con el artículo 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos. La acusación formal de reemplazo también contiene cláusulas de decomiso de conformidad con los artículos 853(a) y 853(p) del título 21 del Código de los Estados Unidos, en relación con el cargo uno, y el artículo 982 del título 18 del Código de los Estados Unidos, en relación con el cargo dos. R.O. no ha sido enjuiciado ni condenado anteriormente por ninguno de los delitos por los cuales se solicita la extradición, ni se le ha impuesto ninguna sentencia por ninguno de los delitos que fundamentan esta solicitud.
Las conductas imputadas en la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte del Distrito Este de Nueva York contra O.R.O. son descritas en el Código de los Estados Unidos de la siguiente manera:
Artículo 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos: categorías de sustancias controladas
(a) Establecimiento
Existen cinco listas de sustancias controladas, conocidas como las listas I, II, III, IV y V. Dichas listas inicialmente constarán de las sustancias indicadas en este artículo...
(c) Categorías iniciales de sustancias controladas
(a) A menos que se haga la excepción específicamente o a menos que se enumere en otra categoría, cualquiera de las siguientes sustancias producidas directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente de los medios de síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química:
(4) Cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros... o cualquier compuesto, mezcla o preparado que contenga alguna cantidad de cualquier sustancia mencionada en este párrafo.
Artículo 841 del título 21 del Código de los Estados Unidos. Actos prohibidos A
(a) Actos prohibidos
Excepto si lo autoriza este subcapítulo, será ilícito que una persona, a sabiendas o intencionalmente--
(1) para... distribuir... o poseer con la intención de... distribuir... una sustancia controlada.
(b) Penas
... (1)(B) En el caso de una infracción al inciso (a) de este artículo que implique--
(ii) 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de--
(II) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros;
dicha persona deberá ser sentenciada a un período de encarcelamiento que no podrá ser menor de 5 años ni mayor de 40 años...
Artículo 952 del título 21 del Código de los Estados Unidos: Importación de sustancias controladas
(a) Sustancias controladas de la lista... II...; excepciones
Será ilícito importar al territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de dicho territorio (pero dentro de los Estados Unidos), o importar a los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de los Estados Unidos, cualquier sustancia controlada de la lista... II del subcapítulo I de este capítulo...
Artículo 959 del título 21 del Código de los Estados Unidos: Elaboración o distribución
(a) Elaboración o distribución con la finalidad de importación ilícita
Será ilegal que una persona elabore o distribuya una sustancia controlada I o II... o una sustancia química enumerada.
(1) con la intención de que dicha sustancia o sustancia química se importe ilícitamente a los Estados Unidos o a aguas que estén dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos; o
(2) sabiendo que dicha sustancia o químico serían importados ilegalmente a los Estados Unidos....
(c) Actos cometidos fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos; lugar
Este artículo tiene por objeto abarcar los actos de elaboración o distribución cometidos fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. Toda persona que infrinja este artículo será juzgada en el tribunal federal de distrito de los Estados Unidos en el punto de entrada donde dicha persona haya ingresado a los Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito de Columbia.
Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos
Actos prohibidos A
(a) Actos ilícitos
El que –
(1) en violación de las secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionadamente importe o exporte una substancia controlada,
(2) en violación de la sección 955 de este título, con conocimiento de causa o intencionadamente trae o posea a abordo de una embarcación, aeronave o vehículo una sustancia controlada, o
(3) en violación de la sección 959 de este título, fabrique, posea con intenciones de distribuir, o distribuya una sustancia controlada,
Será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.
Artículo 1956 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Lavado de instrumentos monetarios
(a) (2) Todo el que transporte, transmita o transfiera, o trate de transportar, transmitir o transferir un instrumento monetario o fondos desde un lugar en los Estados Unidos o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, o a un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos—
(A) con la intención de promover la realización de una actividad ilícita específica; o
(B) sabiendo que el instrumento monetario o los fondos implicados en el transporte, la transmisión o la transferencia representan las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, y sabiendo que dicho transporte, transmisión o transferencia están diseñados por completo o en parte—
(i) para ocultar o disimular la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad o el control de las ganancias de una actividad ilícita específica; o
(ii) para evitar un requisito de informar la transacción según las leyes estatales o federales...
(h) Toda persona que conspirare para cometer algún delito definido en este artículo o en el artículo 1957 estará sujeto a las mismas penas que las que se indiquen para el delito cuya realización era el propósito del concierto.
En ese orden, examinados los cargos imputados por la Corte Este del Distrito de Nueva York, la Sala advierte, en primer lugar, que encuentran equivalencia en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006, del concierto para delinquir agravado, que contempla sanción privativa de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) años de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo, el cargo uno se actualiza en el artículo 376 del Código Penal, modificado por el canon 11 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lo reprime con pena prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por último, la situación fáctica referida en el cargo dos se identifica con la conducta descrita en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015, que describe el lavado de activos y lo sanciona con pena de prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Confrontados los supuestos referidos en la acusación y en las normas invocadas por la autoridad extranjera con las disposiciones internas de Colombia, se advierte que las conductas de asociarse para traficar estupefacientes, así como para blanquear capitales, y materializar esas conductas, constituyen comportamientos proscritos y penalizados en los dos países, de manera que los cargos atribuidos por la Corte del Distrito Este de Nueva York a O.R.O. corresponden a tipos penales nacionales que tienen prevista pena superior a los 4 años de prisión, razón por la cual se encuentra satisfecho el principio de la doble incriminación.
En tanto la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York expone la extinción del derecho de dominio, es preciso señalar que tal afirmación no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
Como lo ha venido expresando esta corporación respecto de situaciones semejantes, el señalamiento de la extinción del derecho de dominio no comporta imputación alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala.
4. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal colombiano.
Esta última exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno.
Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.
Así las cosas, se tiene que la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte del Distrito Este de Nueva York contra O.R.O., al igual que ocurre con la pieza de la misma índole en el ordenamiento colombiano, marca el comienzo del juicio, etapa en la cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos a él atribuidos.
En estas condiciones, es indiscutible la equivalencia existente entre la acusación dictada en el país extranjero y la pieza procesal contemplada en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004. Naturalmente, conviene advertir, se trata de una identidad material y no de forma.
5. Respuesta a los alegatos.
Según la defensa, dos situaciones impiden conceptuar de manera favorable al requerimiento formulado por las autoridades norteamericanas: i) la presunta vinculación del requerido con el grupo subversivo FARC-EP y ii) el incumplimiento del requisito de extraterritorialidad, en razón a que el delito de rebelión en que incurrió el solicitado debe ser juzgado preferentemente por las autoridades nacionales.
Frente a la primera censura, encuentra la Corte que más allá de las afirmaciones realizadas por la defensa el requerido no obra en la actuación ninguna evidencia o indicio sobre su pertenencia a la guerrilla de las FARC-EP. Incluso, debe resaltarse que durante el traslado a pruebas no aportó ninguna que diera cuenta de su militancia en el mencionado grupo subversivo.
En contraste, la autoridad extranjera señaló que O.R.O. pertenecía a una organización de narcotráfico vinculada directamente con los carteles XXX y XXX, la cual lideró entre enero de 2010 y mayo del 2016. Incluso, la declaración juramentada del agente especial en la Administración para el Control de Drogas, DEA, da cuenta de que al menos 100 kilogramos de una carga incautada en octubre de 2014 era propiedad del solicitado. Así mismo, le atribuyó el lavado del dinero proveniente de dicha actividad ilícita.
Con todo, precisa la Sala que la pertenencia del requerido a las FARC-EP se escapa de los aspectos que debe verificar en esta instancia y, por ello, no constituye factor que impida conceptuar favorablemente a la presente solicitud de extradición.
En efecto, de las normas de rango constitucional y legal aplicables actualmente vigentes no se establece, ni tácitamente, que a la corporación le corresponda verificar la vinculación del solicitado con ese grupo y, menos aún, valorar el alcance de las declaraciones que pueda rendir al interior del proceso de justicia transicional adelantado entre el Gobierno Nacional y esa organización.
Tal labor le concierne al Presidente de la República, a quien le corresponde sopesar la conveniencia de privilegiar la jurisdicción extranjera frente a la nacional en lo atinente a la protección de los derechos de las víctimas en el evento en que el reclamado se postule a la justicia transicional aprobada en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
En otras palabras, es el Gobierno Nacional el llamado a examinar la supuesta militancia de O.R.O. en la guerrilla de las FARC-EP y si ello es razón suficiente para negar su extradición a los Estados Unidos de América.
En ese contexto, la labor de la corporación se circunscribe a informar ese hecho al ejecutivo para que lo esclarezca y tome la determinación que estime conveniente.
Ahora bien, en lo que respecta al segundo reproche planteado, esto es, a la imposibilidad de conceptuar favorablemente al requerimiento de extradición porque el actor debe ser juzgado por las autoridades nacionales como presunto autor del delito de rebelión, advierte la Sala que, en armonía con lo antedicho, esa circunstancia se escapa de la competencia funcional de la Sala, en tanto dicho asunto debe ser analizado y ponderado por parte del Presidente de la República.
En el mismo sentido, indicó la defensa que al haberse ejecutado el delito de rebelión en el territorio nacional se incumple el presupuesto de extraterritorialidad. Sin embargo, es manifiesto que las autoridades extranjeras no persiguen el juzgamiento de dicha conducta, sino de los punibles de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Por tanto, es respecto de estos que debe verificarse la concurrencia del presupuesto de extraterritorialidad. Así las cosas, la acusación de la Corte del Distrito Este de Nueva York permite determinar que los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos atribuidos a R.O. estaban encaminados inequívocamente a introducir sustancias estupefacientes a los Estados Unidos a través de Centroamérica, según lo indicó en su declaración jurada E.A.M., agente especial de la Administración para el Control de Drogas, por manera que aunque el accionar del requerido se ejecutó en el territorio nacional, sus efectos se extendieron al país requirente.
Según la acusación extranjera O.R.O. participó en el envío de más de mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos. Además, la Corte del Distrito Este de Nueva York le reprocha su pertenencia y liderazgo en una organización delincuencial internacional de tráfico de drogas con sede en Colombia e incidencia en ese país. Por tal motivo, no le es aplicable el precedente contenido en el concepto CSJ CP, 10 Jun 2015, Rad. 45207, pues en esa oportunidad se estableció que la conducta atribuida al requerido no trascendió el territorio nacional.
La jurisprudencia y la doctrina han establecido los siguientes criterios para determinar dónde ocurrieron los hechos: a) el lugar de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad, b) el sitio donde se produjo el efecto de la conducta, y c) la teoría de la ubicuidad o mixta, que considera cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial y en el sitio donde se produjo o debió producirse el resultado.
Siguiendo dichos parámetros, la Sala concluye que las conductas atribuidas a R.O. por la Corte del Distrito Este de Nueva York traspasó en sus efectos las fronteras colombianas, de lo cual resulta satisfecha la condicionante constitucional referida a que el hecho haya sido cometido en el exterior, sin que le esté dado a esta Sala, como pretende la defensa, analizar dicho requisito por conductas distintas a las señaladas en los instrumentos diplomáticos y la acusación emitida por la autoridad extranjera.
En consecuencia, respecto de tales conductas se cumple la exigencia del numeral 3º del artículo 14 del Código Penal, según el cual estas se consideran realizadas en “el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado”, dado que, se reitera, los delitos atribuidos al solicitado tenían como fin introducir sustancias estupefacientes a los Estados Unidos de América.
Por lo anterior, no se accede a conceptuar en manera negativa, como solicita la defensa.
6. El concepto de la corporación.
En razón de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano O.R.O. formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Bogotá, para que sea procesado por los cargos uno y dos incluidos en la acusación formal de reemplazo XXX (S-2)(ILG), dictada el 10 de junio de 2016 por la Corte Este de Nueva York.
La Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, que en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, imponga al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o se resuelva definitivamente su situación jurídica de manera semejante en el país solicitante. Igualmente cuando sea liberado, una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.
De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención americana de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.
La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.
Además, es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política. Así mismo, que se le ofrezcan las atenciones médicas que su estado de salud demande, acorde con las afecciones médicas referidas por el requerido.
También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.
Por lo demás, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por O.R.O. con ocasión de este trámite.
Adviértase al Gobierno Nacional, para los efectos que estime pertinentes, que el requerido en extradición ha afirmado ser miembro de las FARC-EP.
Comuníquese por secretaría de la Sala esta determinación al requerido O.R.O., a su defensa, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y de Derecho para lo de su competencia.
Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.
1 Folios 63 a 64 de la carpeta anexa.