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Timestamp: 2019-08-23 23:21:48
Document Index: 28520463

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ACTOS DE VANDALISMO CONTRA LA COMUNIDAD
ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INDI CONTRA LA REIVINDICACIÓN
Tal como consta en la denuncia que se formulara ante la Fiscalía General del Estado, el 5 de agosto de 200065, siendo aproximadamente las 19:30 horas, un grupo de entre tres a cinco personas con armas de fuego disfrazadas con capuchas y sotanas, procedieron a disparar indiscriminadamente sobre las precarias viviendas de la Comunidad Yakye Axa, y sobre todo sobre el local utilizado como templo para el culto religioso por la misma y donde se encontraba reunida un gran número de sus miembros, incluyendo niños.
Los delincuentes procedieron igualmente a matar gallinas y esparcir la sangre de las mismas alrededor de una especie de cruz de metal que levantaron sobre el suelo en las cercanías de uno de los líderes de la Comunidad, profiriendo amenazas de muerte y advirtiendo que pondrían veneno en los tajamares de donde los indígenas se surtían de agua para beber. Advirtieron además que no se cuelguen más ropas sobre el alambrado perimetral de las tierras reivindicadas.
Esta situación fue corroborada por el Diputado Nacional Rafael Filizzola, que el día 8 de agosto del mismo año, en ocasión de visitar a la comunidad, fue testigo de la prepotencia de dos civiles fuertemente armados que al tiempo de caminar a lo largo del alambrado señalado, iban rompiendo y tirando las ropas y mantas de los indígenas que encontraban a su paso, además de hostigar y molestar con crueldad a los miembros de la comunidad que se encontraban cerca de los mismos66. Estos sujetos formaban parte del personal de la empresa Torocay S.A., arrendatarias de las tierras de la Estancia Loma Verde reclamadas por Yakye Axa.
Ante lo sucedido en dicha oportunidad, fue presentada la correspondiente denuncia no sólo ante la Fiscalía General, sino también ante el INDI y el Ministerio del Interior. Sin embargo, hasta la fecha no existen resultados de la investigación de tan graves hechos que, reiteramos aquí, forman parte de un sistemático y continuo hostigamiento a la Comunidad Yakye Axa por parte de particulares que actúan con la participación y tolerancia del poder público, con el fin de que desista de su reclamo territorial.
Desde el año 1993 cuando la Comunidad inicia la lucha por recuperar sus tierras ancestrales, ocho presidentes ha tenido el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Con la excepción de su actual titular, el Cnel. (SR) Oscar Centurión, sus administraciones se han mostrado en muchos casos como un obstáculo a la reivindicación de la comunidad y se han visto salpicados por escándalos de corrupción en la compra de tierras67.
Algunos de estos presidentes del INDI (casos de Martín Lezcano, Optaciano Villamayor)68, por ejemplo, se han empeñado en convencer a los indígenas de la inviabilidad de su reclamo y de que abandonen su reivindicación ofreciendo trasladarlos a tierras distantes de su territorio tradicional, todo lo anterior en abierta violación a mandatos constitucionales que prohíben expresamente el traslado de los nativos y les reconocen el derecho a la restitución de sus tierras.
En el caso de Martín Lezcano, conforme públicas manifestaciones registradas por la prensa en marzo de 199969, llevó adelante gestiones para el traslado de la comunidad Yakye Axa hasta la Colonia Makxawaiya, la cual desde años atrás se encuentra sobrepoblada y por tal motivo también ha solicitado la ampliación de sus tierras al Estado.
Optaciano Villamayor, quien asumió el cargo en reemplazo de Lezcano luego de los luctuosos sucesos del llamado Marzo Paraguayo70, dirigió sus esfuerzos para el traslado de la Yakye Axa hacia la zona del Departamento de Concepción, ubicado ya no sólo fuera de las tierras tradicionales de dicha comunidad, sino en otra región geográfica del país y en tierras malhabidas.
Por su parte, Elena Pane de Pérez Maricevich, sucesora de Villamayor, aunque con buenos antecedentes en el ámbito indigenista, dictó Resoluciones que dispusieron el finiquito y archivo del expediente administrativo en el que Yakye Axa reivindica sus tierras ancestrales71. Dichas resoluciones posteriormente fueron revocadas dada la irregularidad en su pronunciamiento, pero sirvieron de fundamento para allanar al Juez Martínez Caimén el dictado de la orden de levantamiento de viviendas de la Comunidad72.
La orden de desalojo de la Comunidad se produjo el 29 de agosto de 2001, ya durante le gestión de la Sra. Olga Rojas de Báez, sucesora de la anterior, pese a su compromiso asumido como representante del Estado durante el trámite de solución amistosa, de garantizar a las familias de Yakye Axa la ocupación pacífica del tramo Pozo Colorado – Concepción.
Como consta en las tramitación del presente caso ante la CIDH73, la Sra. Olga Rojas fue partícipe durante su administración74, de gestiones dirigidas a que en el proceso de restitución de tierras la extensión de éstas fueran reducidas a 3000 hectáreas, pese a que dicha superficie no satisface el mínimo de cien hectáreas por familia indígena en la zona del chaco, establecido por la Ley 904/81.
Como corolario de este punto digamos finalmente que ante éstos hechos, es de notar que la comunidad tuvo que enfrentar durante años, no solo la ignominia del despojo continuado de sus tierras, sino la arbitraria y sistemática denegación de sus derechos bajo responsabilidad de distintos agentes del Estado, incluyendo a aquellos que tendrían que trabajar para tutelarlos y garantizarlos, como son el INDI y el Poder Judicial.
III.a. Violación del Derecho a la Propiedad (Art.21)
El artículo 21 de la Convención Americana dispone que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” (num.1) y que “nadie puede ser privado de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por ley” (num.2).
Respecto a dicha disposición convencional, la H.Corte ha dejado claramente establecido en el caso “Awas Tingni Vs. Nicaragua” que:
“...Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos - , esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal...”
Tal como podrá notar la H. Corte, de las actuaciones realizadas ante la Ilustre Comisión en el presente caso, surge como un hecho no controvertido por el Estado que la Comunidad Yakye Axa tiene derecho a la propiedad sobre las tierras que reclama y en tal sentido, ha declarado las mismas parte de su hábitat tradicional y manifiesta expresamente en su respuesta a las recomendaciones que le formulara la CIDH en el Informe de Fondo 67/02 cuanto sigue:
“...[que] el hecho de que el Estado no pueda informar a la Comisión sobre el cumplimiento de [esta] recomendación, no debe entenderse como su negativa o rechazo, en consecuencia su incumplimiento, sino simplemente su imposibilidad de cumplir con la recomendación en el plazo establecido...” (numeral 5, pág. 2).
(i) El Derecho de Propiedad en el Sistema Interamercicano
La doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano en materia del derecho de propiedad ha establecido bajo el sistema individual de peticiones y de supervisión de la situación de los DDHH en el hemisferio, que el respeto a los derechos colectivos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales constituye una obligación de los Estados partes de la Convención, y que su inobservancia compromete la responsabilidad internacional de los mismos.
Es así que la Comisión desde ya varios años ha venido formulando recomendaciones similares y uniformes en sus distintos informes, llamando a los Estados miembros a implementar medidas destinadas a restablecer derechos conculcados a los pueblos indígenas ligados a la observancia de las disposiciones del Artículo 21 de la Convención. Esta práctica se manifiesta en casos como el de los Guahibos en Colombia75, donde la Comisión hace referencia a la obligación del Estado de defender las tierras indígenas; o como el de los Yanomami en Brasil, cuando en 198576 la Comisión recomendó delimitar y demarcar el Parque Yanomami como parte de su hábitat.
Esta línea jurisprudencial de la Comisión se cristaliza en el caso conocido como “Awas Tingni” de Nicaragua, en el cual la CIDH ha sometido a conocimiento de la Corte Interamericana el 4 de junio de 1998, la demanda de reconocimiento de los derechos de propiedad territorial de la comunidad indígena Mayagna (Sumo) fundada expresamente en la violación del Estado nicaragüense del Artículo 21 de la Convención, entre otros, siendo así declarado por la H. Corte en su Sentencia sobre el Fondo de fecha 31 de agosto de 2001.
Respecto a dicha disposición convencional, la H. Corte dejó claramente establecido en el caso “Awas Tingni Vs. Nicaragua” que:
Sintetizando los alcances de dicho fallo, podemos decir que deja claramente establecido que:
- El derecho de propiedad conforme en el artículo 21 de la Convención Americana, ampara no solo la propiedad privada individual, sino también la posesión y propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas sobre las que han sido históricamente sus tierras en el Continente.
- El derecho de propiedad, para ser efectivo, conlleva la obligación de los Estados de demarcar y titular a favor de las comunidades indígenas sus tierras ancestrales, debiendo establecer para el efecto mecanismos de derecho interno si no los hubiere.
- El derecho incluye, como corresponde habitualmente en el ámbito de los derechos reales, el derecho de exclusión de terceros que pretendan turbar la posesión o eventualmente realizar actos contra su integridad, sobre la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en las zonas geográficas donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad, como dice la Corte, reconociendo también de este modo la naturaleza jurídica de la posesión tradicional de los Pueblos Indígenas, ligadas a sus actividades tradicionales de subsistencia.
- La obligación de los Estados de restituir sus tierras a comunidades indígenas, debe realizarse acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas.
Si consideramos que una de las características fundamentales del derecho consuetudinario es su oralidad, o dicho de otro modo, su carácter no escrito, nos encontramos a partir de esta Sentencia con el reconocimiento y efectividad en el ámbito internacional, de derechos no legislados en el orden jurídico estatal y, por tanto, derechos que mal podrían haber sido en algún momento creados o derogados por la legislación doméstica. Ello se desprende de que, por definición, los derechos humanos son derechos inherentes a la persona humana y, como tales, su vigencia no depende de ley alguna.
Lo novel en esto es la afirmación jurídica definitiva de los derechos indígenas en el ámbito de los derechos humanos, expresada por la Honorable Corte Interamericana, pues la conciencia jurídica universal respecto a los mismos va reconociendo cada vez con mayor fuerza una naturaleza común, de la que aquí nos quisiéramos permitir rescatar, sin perjuicio de otras caracterizaciones relevantes que pudieran hacerse, que los derechos humanos y los derechos indígenas, preexisten a los Estados.
Y aquí retornamos al derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios, para decir que el objetivo de la breve disquisición precedente ha sido subrayar que su derecho propietario también está regulado en el ámbito consuetudinario, que es inherente a la condición humana y anterior a la constitución de los Estados, y por tanto, no podía extinguirse ni por actos soberanos de la Corona Española durante la conquista, ni a consecuencia del orden jurídico de los Estados Nación que se edificara sobre las que fueran sus provincias77. Nos permitimos decir aún más: su derecho propietario nunca se ha extinguido, porque siempre ha estado presente en la conciencia de los Pueblos Indígenas del continente, pese a su negación por la cultura jurídica occidental, como componente esencial de sus reivindicaciones históricas.
Como corolario de este punto, destaquemos aquí que, cuando en casos como el de los Pueblos Indígenas, determinados derechos han sido formalmente reconocidos en la cúspide de un ordenamiento jurídico como inherentes a la persona o grupo humano, quedan definitiva e irrevocablemente integrados a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y tutelada por los órganos del Estado y la comunidad internacional: hablamos de Derechos Humanos.
(ii) El Derecho de Propiedad Indígena en el Orden Jurídico Paraguayo
Tal como nota la Comisión y hemos mencionado anteriormente, el orden jurídico paraguayo consagra taxativamente la obligación del Estado de respetar el derecho a la propiedad de las tierras a los pueblos indígenas, tanto por disposición de la Constitución Nacional como del Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 234/93.
Estas normas de derecho interno e internacional, constituyen fuente de interpretación de las obligaciones internacionales del Estado paraguayo en el Sistema Interamericano. En este sentido “la Comisión utiliza también como norma complementaria de interpretación (lex especialis) el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, fundamentado en el principio de plena garantía establecido por los artículos 29b y 64 de la Convención Americana”78.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-5/8579 ha señalado que “[si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”.
En virtud del artículo 29 (b)80 de la Convención, las obligaciones del Estado paraguayo interpretadas según el principio "pro homine", se extiende asimismo a normas de derecho interno, tales como las consagradas en la Constitución y en la Ley 904/81 que oportunamente hemos señalado. En este mismo sentido, la doctrina también señala que “siempre dentro de las pautas normativas del mencionado Art.29 encontramos herramientas para la optimización del sistema, para su progresividad, para la opción por el mejor resultado. Vemos así que en la jurisdicción internacional no se puede interpretar una norma del tratado para excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano y al sistema democrático, y como emprender la búsqueda de todo “plus” que pueda estar alojado en el derecho interno”81.
Hechas estas consideraciones acerca de la recepción en el Sistema Interamericano de normas del Convenio 169 y de la legislación paraguaya respecto a la obligaciones del Estado paraguayo en el presente caso, expondremos a la Honorable Corte respecto al alcance del derecho de propiedad establecido por el artículo 21 de la Convención conforme derecho positivo del Paraguay en materia de derechos indígenas.
La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 62:
“...la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas anteriores a la formación y la organización del Estado paraguayo”.
Así mismo, el artículo 63 dispone:
“queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”.
De las citadas disposiciones constitucionales, que reconocen la preexistencia de los pueblos indígenas y su derecho a seguir viviendo y desarrollarse en las tierras que conforman su hábitat tradicional, se desprende el reconocimiento de la antigüedad y anterioridad de los derechos de propiedad y posesión indígenas sobre las tierras que comprenden ese hábitat.
Por su parte, el artículo 64, dispone:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.”
Los territorios hoy reivindicados por los pueblos indígenas no son indeterminados, y no “constituyen básicamente todo el Paraguay dado que todo el país estaba poblado por indígenas al tiempo de los españoles”, como ha sido argumentado varias veces por voceros del Estado para deslegitimar las reivindicaciones indígenas. Las comunidades indígenas reivindican la propiedad de sus tierras en cuanto tienen una correlación directa con su pasado y su historia. De hecho, a través del Mapa etnográfico de la República del Paraguay elaborado por Branislava Súsnik, el Estado reconoce oficialmente los territorios ocupados por las 17 naciones indígenas (véase mapa adjunto, Anexo () ).
Es entonces sobre estas tierras que el artículo 64 de la Constitución les reconoce el derecho de propiedad comunitaria a los pueblos indígenas, pues su interpretación no puede ser ajena a los reconocimientos mencionados anteriormente, en especial, el derecho a la vida en su respectivo hábitat, de donde resulta necesariamente que este derecho de propiedad es anterior a cualquier otro derecho otorgado por el Estado.
Los artículos precedentes son perfectamente complementados por las disposiciones pertinentes del Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley No. Ley 234/93, que en su Artículo 14 dispone:
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
Al referirse a las tierra que tradicionalmente ocupan, la Ley 234/93 abarca intencionadamente las situaciones donde los pueblos indígenas ocupaban un territorio y lo han dejado de ocupar por diversas causas o cuando estos han ocupado un área geográfica en períodos intercalados de tiempo. En particular, se tutela el derecho territorial de pueblos indígenas que han sido forzados por presiones externas de diversa índole –invasión militar, colonización, condiciones económicas acuciantes- a vivir en sitios distintos –situación muy frecuente en gran parte de los países del mundo donde hay pueblos indígenas- y que constituye el caso particular de la comunidad Yakye Axa. Ello se complementa cabalmente con lo dispuesto por el artículo 16 del mismo estatuto, que prohíbe el traslado de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan y, en todo caso, su derecho a regresar a las mismas cuando cesen las causas que motivaron el traslado o reubicación.
En el mismo sentido, el Artículo 16 de la Ley 904/81 que dispone:
” Los grupos indígenas desprendidos de sus comunidades, o dispersos, ya agrupados o que para el cumplimiento del objeto de esta Ley deban agruparse, constituidos por un mínimo de veinte familias, deberán ser ubicados en tierras adecuadas a sus condiciones de vida.”
El derecho de propiedad al que aluden las anteriores normas, también debe analizarse en relación con los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 14, en cuanto disponen la adopción de medidas para determinar las tierras sobre las que recaen los derechos de propiedad y posesión, y la institución de procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras, sin imponer límites en cuanto a la ocupación en el tiempo ni respecto a cuándo hayan surgido las reclamaciones.
En cuanto a que la ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe al simple núcleo de casas de los indígenas, la legislación paraguaya cuenta además con la Ley 43/89, que en su artículo N° 3 señala:
“Esta Ley considera asentamiento de comunidades indígenas a un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural, atribuyéndose una superficie mínima de veinte (20) hectáreas por familia en la Región Oriental y de cien (100) hectáreas en la Región Occidental”.
A manera de conclusión podemos decir que la legislación de Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre las tierras que constituyen su hábitat; que éstas tierras están comprendidas no solo por los sitios de asentamiento sino también por las áreas a las que acceden los indígenas para los cultivos, aprovechamiento de recursos naturales, plantaciones y su entorno ligado a su tradición cultural; que este derecho es anterior a la formación del Estado y, por tanto, anterior a cualquier otro título que el Estado hubiera podido otorgar a otras personas o particulares sobre dichas tierras; y, que el Estado tiene la obligación de proteger y reconocer este derecho demarcando y otorgando los títulos correspondientes.
(iii) Violación del Derecho a la Propiedad Indígena
De acuerdo con el análisis de los abundantes hechos enunciados y su confrontación con la normativa aplicable, puede concluirse que el Estado de Paraguay ha infringido lo dispuesto en el Artículo 21 de la Convención en cuanto a la propiedad sobre las tierras ancestrales de la Comunidad Yakye Axa, con base en los siguientes presupuestos, debidamente demostrados: Las tierras reclamadas por la Comunidad Yakye Axa forman parte de su hábitat tradicional, su derecho de propiedad es anterior a la formación del Estado y éste tiene la obligación de reconocerlo, y, el Estado no ha adoptado los medios apropiados para satisfacer el derecho de la Comunidad y cumplir su obligación.
a) Las tierras reclamadas por la Comunidad Yakye Axa forman parte de su hábitat tradicional.
Conforme con los informes de la Sociedad Misionera Sudamericana se demuestra que la zona estaba habitada por indígenas Enxet a principios de siglo (véase fotocopia adjunta y su traducción correspondiente, Anexo () ) y que la información referida en el informe antropológico de Chase-Sardi esta basado en documentos serios.
La presión ejercida contra los indígenas, constriñéndoseles a vivir en los cascos y retiros de las estancias y a trabajar para las mismas, no impidió que los indígenas siguieran ocupando parte de su territorio tradicional, por supuesto, con las restricciones aludidas en los hechos. No todos los indígenas viviendo en las estancias eran empleados, y a muchos se les toleró, en mayor o menor medida, practicar la caza, pesca y recolección, sus actividades tradicionales, de modo a complementar los miserables salarios recibidos.
Como se dijo en el acápite anterior (Artículo 3 Ley 43/89), los recursos naturales utilizados y recorridos por los miembros de una comunidad: bosques, bañados, espartillares, lagunas y demás, durante sus partidas de caza, pesca y recolección también constituyen parte de su asentamiento. En este sentido, el informe de Chase Sardi hace referencia a que los indígenas siguieron y/o siguen ocupando su territorio a pesar de habérselos trasladado a El Estribo en el año 1985. En principio, Chase Sardi aclara que varias familias de Yakye Axa quedaron en la Estancia Loma Verde hasta el año 1994 y al menos una sola familia hasta 1996, quienes si bien eran en su mayoría empleados de la estancia, éste no era el motivo originario de su presencia en el lugar sino su antiguo arraigo. Con esta familia, las trasladadas a El Estribo mantuvieron relaciones de intercambio y no dejaron de visitar la zona, incluso de afirmar su decisión de regresar a ella, lo cual hicieron efectivamente en el año 96, para asentarse en el sitio en que se encuentran actualmente.
Una vez erigidas las casas de los miembros de Yakye Axa sobre la ruta a Concepción, estos volvieron a recorrer sus tierras para sus actividades de subsistencia, es decir, han reafirmado la ocupación de las tierras que reivindican, sin bien esto ha sido obstaculizado y es prohibido en el presente por los titulares de las tierras. Aún cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad instaurada por la comunidad, que buscaba revocar los fallos en contra de un amparo interpuesto para poder entrar a cazar en las tierras reivindicadas, este rechazo no se basó en una cuestión de fondo sino en la supuesta extemporaneidad del amparo interpuesto.
La conexión entre la comunidad y su hábitat, como señala Chase-Sardi, se demuestra por la existencia de una toponimia específica de diversos lugares dentro y fuera del territorio reivindicado, uno de ellos es Elwatekok (Maroma), tal como se puede ver en los mapas adjuntos de principios de siglo elaborados por los anglicanos y por su testimonio. El mismo nombre original de la Estancia Maroma, The Pass (El Paso), proviene de los indígenas como menciona el informe de la Sociedad Misionera Sudamericana ya citado. Otro ejemplo constituye el nombre del bañado Paisantawa que inclusive forma parte de la toponimia nacional.
A más del informe antropológico de Chase-Sardi, constituye documento probatorio el Informe de Evaluación del Programa “La Herencia” 1985/1986, donde se explica claramente como la opresión y explotación practicada por los dueños de la Estancia Loma Verde en contra de los indígenas, forzó a la mayoría de la comunidad Yakye Axa a resignarse a ser trasladados a El Estribo, señalándose a su vez su antiguo arraigo en aquellas tierras.82 A esto cabe agregar que, conforme al testimonio de uno de los líderes de la comunidad, la partida de la mayor parte del grupo se aceleró por la falta de claridad por parte de la Iglesia Anglicana, pues sólo se llevaron a cabo unas cuantas reuniones y sin que la idea de la mudanza a El Estribo estuviera madura, llegó, sin previo aviso, un camión para el efecto. A esto se suma el estado de desprotección en que se encontraba la comunidad respecto de sus tierras porque todavía no tenía suficiente información -ni apoyo- de que sus derechos territoriales les eran reconocidos por las leyes nacionales y por ende que podía reivindicar sus tierras ancestrales ante el Estado, como se hace mención en los documentos de la Iglesia Anglicana.
Otros documentos probatorios de la existencia de la comunidad Yakye Axa en el área reclamada, son el censo adjunto de la Iglesia Anglicana del año 1978, donde se indica la presencia de 47 personas del pueblo Enxet-Lengua, así como también se agrega una copia del Censo Nacional Indígena de 1981 donde figura la Estancia Loma Verde con una población de 50 personas del mismo pueblo.
Empero, no obstante aún en el caso de que los indígenas hubieran salido totalmente de la estancia Loma Verde para nunca más regresar a ella –lo que no ocurrió de tal modo- y decidiesen reagruparse a efectos de reivindicar años después esta área, su derecho esta plenamente garantizado por la Ley 904/81 y en particular por la Ley 234/93, que ratifica el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales tampoco fueron aplicados por el Estado.
b) El derecho de propiedad de la Comunidad Yakye Axa es anterior a la formación del Estado.
Tal afirmación se desprende no sólo de lo prescrito en los artículos 62 y 63 de la Constitución Nacional de Paraguay en cuanto a la existencia de los pueblos indígenas como grupos anteriores a la formación del Estado y el reconocimiento de su derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. El propio Estado ha reconocido de manera explícita este hecho en varias oportunidades, reconociendo que las tierras reivindicadas por Yakye Axa constituyen su hábitat tradicional y que el derecho de posesión sobre las mismas es anterior a la conformación del Estado y prevalece sobre la propiedad privada.
Está demostrado también por los muchos materiales probatorios arrimados al proceso, que el Pueblo Exnet, al que pertenece la Comunidad Yakye Axa, tiene asentamiento previo al otorgamiento de los títulos de propiedad por parte del Estado a particulares y empresas extranjeras y que ha sido paulatinamente despojado de manera ilegítima sobre gran parte de este territorio, siendo los últimos actos despojo realizados a partir de la negativa a permitirles la realización de sus actividades tradicionales, que la justicia paraguaya se negó a proteger.
Concluimos por tanto que el hecho de que el Estado Paraguayo hasta la fecha no haya garantizado efectivamente a la Comunidad de Yakye Axa la posesión y el acceso a la propiedad de sus tierras tradicionales y recursos naturales, constituye una clara y continua violación del artículo 21 de la Convención Americana, determinando un grave cuadro de denegación de otros derechos garantizados por dicho instrumento, que seguidamente pasamos a exponer.
III.b VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA (Art. 4)
El artículo 4 de la Convención establece que “...toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente...”-
A su vez el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales83, al referirse a comunidades vulnerables como los Pueblos Indígenas obliga a los Estados en su Artículo 10(2) a hacer efectivo el derecho a los salud mediante el reconocimiento de la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas;
Dicho Protocolo garantiza además el Derecho de toda persona a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual (Art.12).
Conjuntamente con las garantías especiales que hemos citado y que forman parte del haber jurídico de Yakye Axa como comunidad indígena, la jurisprudencia y doctrina en derechos humanos entiende que Íntimamente ligado con la vigencia del derecho a la vida, a la alimentación, la salud y la educación de los Pueblos Indígenas, se encuentran sus derechos de propiedad y posesión sobre sus tierras. Así lo ha entendido como ya lo hemos señalado ut supra, la H.Corte al subrayar respecto a los Pueblos Indígenas que “...la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica...”.
Agrega el fallo de la Corte Interamericana en el Caso Villagrán Morales y Otros que“...el deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo.84.” .
Por su parte, respecto a los Pueblos Indígenas y el acceso a sus derechos fundamentales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) señaló que:
“Las actividades relacionadas con el desarrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas contra su voluntad de sus territorios y entornos tradicionales, con la consiguiente pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones”85
(I) Del Derecho a la Vida de la Comunidad Yakye Axa y sus miembros.
Honorable Corte: en el caso que nos ocupa, nuestra parte sostiene que el Estado paraguayo, ha incumplido las obligaciones establecidas en la normativa precedentemente expuesta, respecto a garantizar el derecho a la vida a la Comunidad Yakye Axa, mediante el efectivo acceso a su territorio, fuente de su superviviencia, mediante el otorgamiento de alimentos básicos y por último, mediante la prevención de enfermedades, su eventual tratamiento y el establecimiento a tales efectos de de servicios de salud comunitarios.
Esta conducta omisiva ha trasuntado en una situación de riesgo permanente a la vida de los miembros de Yakye Axa al resultar ineficaces los recursos internos intentados desde el año 1993 para acceder a sus tierras y recursos naturales ( agua, alimentos silvestres, etc) que pudieran mejorar su calidad de vida y disminuir los peligros de enfermedades, que conforme habremos de probar en el presente proceso, produjeron la muerte de varias personas – menores y ancianos – de la Comunidad, ligadas a las condiciones deplorables de su actual asentamiento al costado de una carretera pública.
Adjuntamos a este escrito para mejor ilustración de este punto, un informe de profesional médico respecto a las causas de defunción de las víctimas que se han señalado como fallecidas en el asentamiento de la comunidad, en el que queda establecio el nexo causal de las muertes con las condiciones antedichas. Consta en dicho informe asimismo, la imposibilidad casi absoluta de los miembros de Yakye Axa de asisitir a los centros hospitalarios próximos, por la distancia a cubrir y la falta de ingreso monetarios de los mismos al no acceder por falta de sus tierras a recursos naturales con los cuales comerciar y el exiguo trabajo asalariado en la zona.
En este contexto, el Estado ha irrespetado también obligaciones especiales asumidas libremente respecto a garantizar el derecho a la vida de los miembros de la Comunidad Yakye Axa, pues pese a reconocer la existencia de esta situación de vulnerabilidad a través del Decreto Presidencial N° 3789/99, no ha garantizado suficientemente el derecho a la vida de los miembros de la comunidad Yakye Axa adoptando medidas de auxilio que como se verán, eran sencillas ( V.gr. Proveer de un dispensario médico en el asentamiento o un almacén comunitario con alimentos básicos); posibles (formar promotores de salud) y de urgente implementación conforme reconocen actos propios del Estado. En este sentido el Decreto aludido reza en sus partes pertinentes cuanto sigue:
Que, estas comunidades se hallan privadas al acceso a los medios de subsistencia tradicionales ligados a su identidad cultural, por la prohibición de los propietarios al ingreso de éstos en el hábitat reclamado como parte de sus territorios ancestrales.
Artículo 1°. Declárese en estado de emergencia a las comunidades indígenas Yaxye Axa y Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet Lengua del Distrito de Pozo Colorado del Departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo.
Artículo 2°. Dispóngase que el Instituto Paraguayo del Indígena conjuntamente con los Ministerios del Interior y de Salud Pública y Bienestar Social ejecuten las acciones que correspondan para la inmediata provisión de atención médica y alimentaria a las familias integrantes de las comunidades señaladas, durante el tiempo que duren los trámites judiciales referente a la legislación de las tierras reclamadas como parte del hábitat tradicional de las mismas.86
Se pretende a continuación, ilustrar las problemáticas y aspectos que determinan y han determinado no sólo la calidad infrahumana de vida de la comunidad en concausa con la no restitución de sus tierras, sino su posibilidad de desarrollo, con algunos indicadores que dan cuenta de la magnitud del daño que se ha realizado a Yakye Axa y que necesariamente compromete en mayor grado la responsabilidad internacional del Estado y el subsiguiente resarcimiento a favor de ella, al tiempo que corresponda un fallo en este proceso ante el Sistema Interamericano.