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Timestamp: 2020-02-18 01:19:37
Document Index: 137005948

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 28', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 7']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 41, de 18/10/2016
cve: DSCD-12-CO-41
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 41
Modificación del orden del día ... (Página2)
Declaración institucional de condena y rechazo a la agresión contra dos miembros de la Guardia Civil y sus respectivas parejas en Alsasua ... (Página2)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ... (Página4)
- Para reprobar al ministro del Interior e instar a su cese. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000557) ... (Página4)
- Sobre la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000072) ... (Página8)
- Relativa a la garantía y respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional en las interceptaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000512) ... (Página13)
- Relativa al reconocimiento del derecho de sindicación a los miembros de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000342) ... (Página18)
- Sobre la integración de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes o vinculados a ella. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000547) ... (Página22)
- Sobre la colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000468) ... (Página27)
- Sobre defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000059) ... (Página30)
- Sobre evaluación de la conveniencia de contratar a empresas privadas la seguridad perimetral de las prisiones. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000211) ... (Página34)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior. En primer lugar quiero agradecer a todos los portavoces su predisposición a cambiar la hora de inicio de la sesión, que estaba prevista para las nueve y media y se ha retrasado a las doce y media. (El señor Trevín Lombán pide la palabra). Sí, señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Quiero intervenir para manifestar mi agradecimiento, señor presidente. Fue el Grupo Socialista el que pidió el cambio de hora de la sesión, y por tanto quería, en nombre de mi grupo, agradecer al presidente y a los portavoces que lo hayan aceptado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín. Aquí estamos todos para ayudarnos en lo que podamos. (El señor Martín-Toledano Suárez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Popular.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Al inicio de la sesión nos gustaría que pudiera adoptarse una declaración institucional mostrando el rechazo a las agresiones que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del sábado, en Alsasua. Hemos hecho un texto y hemos llegado a un acuerdo con PSOE, Ciudadanos, PNV y Podemos, pero no es unánime dado que, tanto Esquerra como Bildu, en el Grupo Mixto, han manifestado que no están de acuerdo con la declaración. No sé si se podrá alcanzar un acuerdo porque creo que es imprescindible la unanimidad para una declaración institucional.
El señor PRESIDENTE: Someteríamos a votación con carácter previo que se tramite la propuesta, y después habría una segunda votación sobre la propuesta en sí misma.
Votamos, en primer lugar, que se tramite esta declaración institucional.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por mayoría con 23 votos a favor, con 2 votos en contra y 1 abstención. Por favor, pásennos la declaración institucional para que la lea la secretaria de la Mesa.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA Y RECHAZO A LA AGRESIÓN CONTRA DOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL Y SUS RESPECTIVAS PAREJAS EN ALSASUA.
La señora SECRETARIA (Cantera de Castro): Paso a leer la declaración institucional que se presenta en la Comisión de Interior, y que dice lo siguiente: Mostramos nuestra más enérgica condena y rechazo a la brutal agresión sufrida la madrugada del pasado sábado contra dos miembros de la Guardia Civil y sus
respectivas parejas en la localidad de Alsasua. Asimismo les deseamos una pronta recuperación. Mostramos nuestro apoyo y solidaridad con la Guardia Civil ante estas injustificadas agresiones. El Estado de derecho funciona y la violencia nunca podrá quedar impune.
En el Congreso de los Diputados, a 18 de octubre de 2016.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria.
Votamos la declaración institucional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (La señora Beitialarrangoitia Lizarralde pide la palabra). Tiene la palabra, señoría.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Señor presidente, yo querría preguntar si, tratándose de una declaración institucional y habiendo votos en contra, se puede dar por aprobada, teniendo en cuenta que las declaraciones institucionales se aprueban por unanimidad. Pregunto.
El señor PRESIDENTE: Se ha sometido con carácter previo a votación para ver si se estaba de acuerdo o no.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Si, pero sigue siendo una declaración institucional, no es otro tipo de iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Lo hemos acordado así y así se ha desarrollado.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: El Reglamento está para algo, entiendo yo.
El señor PRESIDENTE: Si me dice usted el artículo del Reglamento...
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: No lo tengo ahora aquí, pero creo que no es cuestión de que la diputada tenga que decirlo. El Reglamento está para cumplirlo, al margen de que yo me sepa ahora el artículo o no.
El señor PRESIDENTE: Señoría, si usted está hablando del Reglamento tiene que concretar, porque hablar del Reglamento sin decir el artículo...
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Si usted es el presidente tiene que dirigir la Comisión, en cumplimiento del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: ... para imputar al presidente que ha hecho algo contrario al Reglamento, me parece que no es nada procedente.
El señor RUFIÁN ROMERO: Perdón, señor presidente, pero quiero manifestar que estoy de acuerdo con la compañera de Bildu, y reitero el hecho de que la Mesa toma una decisión en contra del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: ¿Me dice el artículo del Reglamento?
El señor RUFIÁN ROMERO: Acabo. Me sorprende que el presidente hable de imputar. Nosotros no le imputamos nada, todavía. Lo que le decimos es que su decisión va en contra del Reglamento y usted lo sabe mejor que yo.
El señor PRESIDENTE: Se ha sometido a la Comisión y se ha votado tomar en consideración la declaración institucional. Yo comprendo los momentos que estamos viviendo, pero ruego que mantengamos la calma y nos ajustemos al Reglamento, y cuando se mencione el Reglamento pido expresamente a sus señorías que digan el artículo al que se están refiriendo en concreto.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el orden del día. El punto 1.º sería la delegación en la Mesa de las facultades previstas en el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de conformidad con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 2 de noviembre de 1983, acordarlo de forma condicionada, de modo que el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. El punto segundo sería la tramitación de las proposiciones no de ley que constan en el orden del día.
Les anuncio que la hora de votación prevista no será antes de las 15:30 horas.
¿Se pueden entender delegados por la Comisión en la Mesa los acuerdos sobre la facultad del artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, esto es, los acuerdos sobre comparecencias, condicionado a que hubiera rechazo de solicitudes de comparecencia? Se exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. ¿Se puede entender acordado por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobado y así se acuerda.
- PARA REPROBAR AL MINISTRO DEL INTERIOR E INSTAR A SU CESE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000557).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de las proposiciones no de ley con el orden del día previsto. Les recuerdo a sus señorías que los tiempos son de cinco minutos para el proponente y de tres minutos para los enmendantes y para fijación de posición. La Mesa va a procurar ajustarse a los tiempos, porque debido a la complejidad de la Comisión de hoy pretendemos que se pueda ver el mayor número de proposiciones no de ley.
Hay una petición planteada por Podemos, con el acuerdo de Ciudadanos, de alterar el orden del día, pasando la proposición número 4.º al séptimo lugar.
Si no hay problema por parte de sus señorías, damos comienzo a la Comisión y a la tramitación de las proposiciones no de ley, empezando por la proposición de ley para reprobar al ministro del Interior e instar a su cese, planteada por el Grupo Parlamentario Mixto, advirtiendo simplemente de que a la una menos cinco los portavoces y el presidente de la Comisión tendremos que ausentarnos un rato para asistir a un acto institucional de la Policía. Quedará la vicepresidenta -que lo hace mucho mejor que yo- presidiendo la Comisión.
El Grupo Mixto tiene la palabra.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.
La iniciativa parlamentaria que hoy nos ocupa y que hemos presentado desde el Partit Demòcrata Català, del Grupo Mixto, encuentra su razón de ser en la puesta en escena, por parte del ministro del Interior y del que era el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, de un guion más propio de House of Cards que de un ministro del Interior del Reino de España. Si eso hubiese sido el guion de un capítulo de House of Cards a este diputado le haría gracia el capítulo, lo habría visto un par de veces e incluso se habría atrevido a recomendarlo a algún amigo. Lo que es triste es que no se trata de ficción, sino de un ministro real de un país real con responsabilidades reales. Eso nos preocupa y motiva esta iniciativa parlamentaria que hoy presentamos.
Les engañaría si les dijera que nos sorprende del todo. Hasta junio de 2016 ya sabíamos que separación de poderes y Partido Popular no siempre cabían en la misma frase, pero ustedes se han superado; quieren ser los primeros de la clase, se esfuerzan, y la verdad es que se han venido arriba en los últimos meses. Recuerdo, a propósito de la redacción de esta proposición, una conversación esperpéntica entre la que en aquel momento era la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, y una amiga suya en un conocido bar de Barcelona, donde la señora Sánchez Camacho, diputada del Parlamento catalán entonces, sacaba pecho por tener más de un fiscal de confianza en algún que otro caso de investigación. Aquello nos pareció ya esperpéntico entonces, pero hoy como he dicho ustedes se superan. Por eso estamos aquí.
El diario Público hizo público a mediados del mes de junio pasado unas conversaciones grabadas supuestamente en el despacho del ministro entre el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, el señor De Alfonso, como les decía, y el señor Fernández Díaz. Las conversaciones no se ciñen, aunque así se nos intente hacer creer, a motivos estrictamente profesionales o vinculados a los cargos de los dos personajes, sino que están orientadas absolutamente a destrozar políticamente a los rivales electorales del Partido Popular. Eso es alarmante, eso es terriblemente preocupante. Me he permitido sacarles algunos trozos para recordarles el vocabulario que se utilizaba en esas conversaciones. El señor De Alfonso dice así: Claro, afinando, afinando, podríamos decir, hombre, la firma del primer decreto por parte de Francesc Homs podría ser un acto prevaricador. Vaya, está en el límite. Si esto se lo mando a la fiscalía y la fiscalía me lo archiva, a mí me echan a los perros. A lo que el señor Fernández Díaz le responde: Pero ahí quedan fatal Felip Puig y Homs, políticamente les hace mucho daño. Señorías, aquí se pone de manifiesto que lo que interesa al ministro y al señor De Alfonso no es hacer justicia ni sacar casos de corrupción, sino destrozar a un rival político, contando cosas que indistintamente de si están o no dentro de la legalidad a ellos les parece que políticamente les hace mucho daño.
La conversación sigue y de hecho hablan más tarde de Xavier Trias, para entonces alcalde de Barcelona, y el propio señor De Alfonso reconoce haber pasado información al hermano del ministro. Yo me preguntaría si ustedes no funcionan como una mafia, porque, ¿cómo puede ser que un concejal del Ayuntamiento de Barcelona tenga contactos directos con el presidente y con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede justificar una cosa como esa?
En cuanto al alcalde, el señor Fernández Díaz le pregunta al señor De Alfonso: ¿Tú qué opinas de Xavier Trias? Y De Alfonso le responde: A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Te lo digo, no te lo iba a decir, pero me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros y un hermano suyo también. Por esas fechas el diario El Mundo sacó en portada que el alcalde Xavier Trias tenía cuentas en el extranjero con 12 millones de euros, y que eso provenía de un informe del Ministerio del Interior, concretamente de la UDEF. Señorías, me temo que tenemos pruebas de dónde salió ese informe, por lo menos tenemos alguna pista.
El motivo de la proposición que hoy presentamos es que nos tememos que su única finalidad es meter miedo al rival, utilizando las instituciones públicas, y eso, señorías, habíamos quedado en que lo enterráramos el 20 de noviembre de 1975. Si no es así, si ustedes están dispuestos a seguir metiendo miedo al rival político para evitar que cumpla con sus propósitos legítimos, es que tienen en su partido auténticos yonquis del franquismo, lo cual debería preocuparles a ustedes y a nosotros si ustedes van a gobernar este país los próximos años. El Parlamento catalán...
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señoría.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Voy terminando, señor presidente.
El Parlamento catalán tardó cuarenta y ocho horas en reprobar y cesar de su cargo al señor De Alfonso, y lo hizo con el apoyo de todos los grupos políticos menos evidentemente el Partido Popular, al que le parecían normales ese tipo de conversaciones. Los grupos afirmaron que era una negligencia notoria y grave en el cumplimiento y deberes del cargo de director. Me atrevo a asegurar que esa afirmación es imputable también para un ministro del Interior, a no ser que alguien de aquí considere que forma parte de las tareas básicas de un ministro del Interior destrozar el sistema sanitario de una parte de su país.
Grupo Vasco, PNV.
La opinión de mi grupo ya la vertimos en el Pleno, donde nos expresamos con claridad y cierta contundencia respecto a la actuación del ministro, pidiendo su dimisión o su cese. Ninguna de las dos cosas se produjo, por lo que apoyaremos la proposición presentada hoy.
Grupo de Esquerra.
El señor RUFIÁN ROMERO: Evidentemente apoyaremos la proposición del Partit Demòcrata Català.
El señor PRESIDENTE: Grupo Ciudadanos.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señorías, nos parece que el señor Fernández Díaz ha hecho un trabajo durante estos años muy cuestionable dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por ese cuestionamiento, no solamente teniendo en cuenta las valoraciones ya realizadas, votaremos a favor de la reprobación del señor ministro. No obstante queríamos decirle al Partido Demócrata Catalán que venir a denunciar este tipo de procesos cuando ellos han hecho cosas muy parecidas, en este caso con instituciones como el Cesicat o intentar utilizar a los mossos para hacer seguimiento de otros partidos políticos, y recabar informes de las actuaciones personales de otros políticos de partidos distintos al suyo, es una cuestión exactamente igual de reprobable. Queremos distinguir esto, y por tanto sí estaremos a favor de la reprobación del ministro, pero entendiendo que no es de forma exclusiva por los hechos que ha mencionado en este caso el proponente de la proposición no de ley. También queremos denunciar que se utilicen estos medios para atacar a contrincantes políticos en actos muy similares a los que ellos mismos están protagonizando en su Gobierno autonómico.
Grupo Podemos-En Común Podem-En Marea.
Manifiesto nuestro voto favorable a la reprobación del ministro por las actuaciones conocidas en los medios, que ya hemos manifestado en el Pleno y en esta Comisión en la legislatura anterior. Nos parecen absolutamente inaceptables los comportamientos que hemos podido conocer a través de los medios, y por los que además ha mostrado su negativa a comparecer y desdecir si eso era cierto o no. En la anterior legislatura esto lo planteamos en condicional y reclamábamos que viniera a sede parlamentaria a dar cuenta de si esos hechos eran ciertos o no. Hubo negativa y desprecio por esta Cámara, algo que consideramos absolutamente inaceptable que lo haga un ministro del Interior.
Asimismo queremos señalar -por añadir algunas cuestiones al relato que viene planteado en la PNL- que nos parece de especial gravedad la existencia de informes policiales, sin número y sin firma, realizados por grupos policiales irregulares para perseguir a la disidencia política. Creemos que eso es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática. En estos momentos la utilización política del Ministerio del Interior es inaceptable para la defensa de los derechos y las libertades, porque precisamente socava esos derechos y esas libertades, e igualmente creemos que es inaceptable por la grave falta de respeto que supone para los funcionarios públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se ajustan a la legalidad y defienden los derechos y las libertades de los españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Vamos a reprobar al ministro y también vamos a pedir su cese inmediato, y lo vamos a hacer por higiene democrática, no solamente por los motivos expuestos en la proposición, porque tenemos más motivos. (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia). El señor Fernández acumula toda una ristra de comportamientos irregulares que ponen en evidencia que tenemos un ministro que no respeta el Estado de derecho. Ese es el motivo fundamental. Los socialistas hemos sufrido además las vigilancias ilegítimas, entre otros al diputado Trevín, portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión. Por tanto efectivamente el ministro debe ser reprobado y cesado, por el bien de la democracia e incluso me atrevería a decir que por su propio bien. No lo estoy diciendo en broma, creo que al ministro le vendría muy bien darse la oportunidad de buscar en su retiro la purificación que le permita acceder al cielo de la democracia. Se tiene que ir porque es impropio de un Estado de derecho -y por tanto propio de otro régimen- que un ministro del Interior organice desde su despacho confabulaciones contra miembros electos y representantes públicos. En el caso de los seguimientos al diputado Trevín se hizo un espionaje político, que además tuvo como consecuencia una purga contra los policías que se entrevistaron con este diputado. No puede ser ministro de una democracia quien levanta y sostiene un sistema de policía política. No puede ser ministro quien utilizando a organismos del Estado busca y usa información para atacar a los adversarios políticos del Partido Popular. El señor Fernández ha atentado gravemente contra el Estado de
derecho, por eso tiene que ser cesado. Ha utilizado su posición para confabularse contra otros grupos políticos. Ha creado en el Ministerio del Interior una camarilla policial que presiona para paralizar investigaciones o encubrir la corrupción gubernamental, como hemos podido conocer a través del caso del ático de Ignacio González. Tiene que irse porque desde su ministerio se ha procedido a la fabricación de dosieres con inclusión de elementos indiciarios de supuestos delitos, y además -cómo no- con las correspondientes filtraciones a medios seleccionados.
El ministro Fernández rompió hace ya mucho tiempo el buen equilibrio del binomio libertad y seguridad, que constituye un elemento clave para el buen funcionamiento de la sociedad democrática. Además no está a la altura del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Los miembros de estos cuerpos no se merecen en absoluto que les dirija quien pretende utilizarles para favorecer el ventajismo político del Gobierno. Se tiene que ir también -por cierto y no quiero dejar de remarcarlo- porque ofende y ofendió gravemente a las mujeres que ejercen un derecho reconocido en las leyes cuando las comparó con terroristas. Debe quedar una cosa muy clara, todo lo que motiva la reprobación y la exigencia del cese no son conjeturas. Hay pruebas gráficas y pruebas sonoras. La búsqueda ilegítima de información está documentada y es antidemocrática. Por tanto apoyaremos la iniciativa, y solo lamentamos que la exposición de motivos de la misma no haya sido más prolija a la hora de relatar los casos que sostienen la petición de esta reprobación y del cese, porque entonces esta mañana tendríamos un texto enciclopédico, pero muy instructivo.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, y ruego que se ajusten a los tiempos.
El Grupo Popular tiene la palabra.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el portavoz del Grupo Mixto -y también otros grupos- pretende que estemos instalados permanentemente en el Día de la marmota. Otra vez, y ya van unas cuantas, la reprobación del ministro del Interior, y todo ello para continuar con su particular cortina de humo que tape los múltiples problemas que padece la antigua Convergència. El Grupo Popular desde luego no va a reprobar al ministro. Muy al contrario, reprobamos a los que manipulan una reunión absolutamente normal entre instituciones; a los que grabaron de forma delictiva una conversación; a los que la filtraron de forma parcial y manipulada; a los que la aprovechan políticamente afirmando que el ministro dice lo que no dice en ningún momento.
Señorías, todas las denuncias presentadas contra el ministro por esta reunión han sido archivadas y la grabación está siendo investigada como constitutiva de un delito. Su filtración fue interesada en plena campaña electoral. Esto sí, esa filtración, sí parece un complot antidemocrático entre los que grabaron la conversación, los que la filtraron y los que intentaron e intentan aprovecharse políticamente de la comisión de un delito de escuchas ilegales. La antigua Convergència quiere que la sociedad no preste atención a su grave situación política y judicial, a su derrumbe electoral, a la corrupción generalizada en su partido y en las instituciones que gobernaron o a la apertura de procedimientos judiciales contra sus actuaciones ilegales de ruptura de la unidad nacional. Y ante ello, ante ese peligro, como buenos independentistas intentan crear un enemigo exterior que dicen que les ataca injustamente y que conspira contra el pueblo catalán.
Señorías, estos expertos en hacerse los mártires son los que reparten carnés de buenos y malos catalanes a su antojo. Y desde luego el Grupo Popular no les prestará cobertura. Otros que hagan lo que quieran, allá con su responsabilidad. Señorías, no insulten al ministro, no injurien a la policía ni a los fiscales y jueces, no son ellos los que crean pruebas falsas, ni mucho menos, son los independentistas los que día sí y día también persisten en unas actuaciones ilegales que están siendo investigadas por los tribunales de Justicia y que están provocando que muchos de sus dirigentes estén imputados o incluso con juicio abierto por graves delitos. Señorías, el Grupo Popular se posicionará a favor de los que investigan actuaciones presuntamente delictivas; a favor de los que defienden la Constitución, la soberanía nacional, la igualdad entre españoles; a favor de los que respetan las decisiones judiciales y del Tribunal Constitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Disculpe, se le ha acabado el tiempo. Vaya terminando.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Sí, me queda muy poquito, señora presidenta.
Al Grupo Popular no le esperen nunca para favorecer un espectáculo circense que esconde el absoluto desprecio que tienen por el Estado de derecho los partidos independentistas. El Grupo Popular no dudará nunca en denunciar un loco proceso de una minoría independentista que quiere romper con España y con Europa. Es hora de decir basta. Basta ya, señorías, y no seamos cómplices de los independentistas. Se intentan aprovechar de nuestra división partidista y pretenden fomentar la debilidad de las instituciones democráticas. Es hora de decir basta. En ello, en decir basta, está el Grupo Parlamentario Popular y ustedes deciden en qué están.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000072).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. El proponente es el Grupo de Esquerra Republicana, y el diputado señor Rufián tiene la palabra por cinco minutos.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, comienzo recordando que hoy se cumplen setenta y siete años del asesinato, del fusilamiento, del alcalde de lo que en su día se llamó Gramanet del Besòs y hoy es Santa Coloma de Gramanet. Este señor murió por culpa del fascismo, que ganó hace ochenta años. Yo creo que hoy más que nunca conviene recordarlo porque aquellos que ganaron estarían hoy encantados con la ley que hoy pedimos derogar.
26 de marzo de 2015. Se aprueba en sede parlamentaria la Ley Orgánica de protección de seguridad ciudadana, la común y acertadamente rebautizada como Ley mordaza.
12 de octubre de 2015. Celebración del Día de la Hispanidad, montaña de Montjuïc, Barcelona: Hemos visto por ahí a esa rata, Jordi Borràs, os pido a todos que si le veis le deis una buena hostia. Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional, concentración filofascista de Falange Española. Consecuencias: cero.
3 de marzo de 2016. Eibar, casco viejo. Asier López, periodista navarro, fotografía y publica, junto a la pertinente noticia, imágenes de una actuación y detención policial en plena calle de un joven que se había negado a comparecer en vista oral por el corte de una autopista en el año 2007 en protesta por la ilegalización de Segi. Consecuencias para Asier López: multa de 601 euros.
22 de julio de 2015. Celebraciones del Día del Orgullo Gay, pleno del Ayuntamiento de Villaconejos, Málaga: Aquí no se pone la bandera gay, aquí no se pone. ¿Por qué? Hombre, tú imagínate que aquí viene un grupo neonazi y me dice que ponga la bandera esvástica en una de mis fiestas. Adolfo Pacheco, alcalde por el Partido Popular de Villaconejos. Consecuencias: cero.
4 de mayo de 2016. Calle La Rosa, barrio de La Viña, Cádiz. Una patrulla de la Policía local incauta una caja de pescado a un vendedor ambulante. Un vecino graba el momento en el que el vendedor explica a los agentes que es un padre de familia y que es lo único que puede ofrecer a sus hijos ese mes, esa caja de pescado. El vídeo acaba en las redes sociales. Se publica en Facebook. Consecuencias: multa para el vecino de 601 euros.
21 de enero de 2016. Es la mañana de Federico, programa esRadio: Es un partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la Revolución francesa, sin guillotina, porque estoy en contra de la degollación aunque no sean inocentes, pero es que yo veo a Errejón, a Bescansa y a Rita Maestre y me sale, me sale el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo. O sea, menos mal que no la llevo. Federico Jiménez Losantos, periodista, empresario y locutor de radio. Consecuencias: cero.
22 de mayo de 2016. Proximidades del estadio Vicente Calderón. Belén Lobeto pasea con un bolso con el dibujo de un gato y la frase en inglés que dice: Todos los gatos son bellos. Consecuencias: dos policías la paran y sancionan por entender que dicho dibujo, que dicho mensaje en inglés que no entienden, son ofensivos para con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Multa de 601 euros.
22 de septiembre de 2016. Campaña electoral gallega, estudios centrales de la SER: El Gobierno central no puede negociar con la pistola del separatismo encima de la mesa, eso no lo hicimos con ETA y eso eran pistolas que mataban, y acertamos. Alberto Núñez Feijóo, candidato y presidente de la Xunta de Galicia. Consecuencias: cero.
20 de febrero de 2016. Audiencia Nacional en Madrid. Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Radio, se salta una imaginaria línea roja marcada por la policía para acceder a los encausados. Consecuencias: multa de 601 euros.
Acabo enseguida, presidenta. Cualquier día de cualquier mes de cualquier año, cientos de personas encaramadas a una valla con cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla huyendo de la miseria. Fernández Díaz, alias 'esto la fiscalía te lo afina, busca un poquito más', pide la dirección de quienes estamos en contra de esto para enviárnoslos a casa si tanto nos molesta. Consecuencias: él -y sus micrófonos- siguen en su despacho. Esa gente sigue con una concertina entre las piernas.
Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya exigimos por dignidad, decencia, memoria y sentido democrático, que trasciende cualquier ideología, derogar inmediatamente esta canallada, esta purga política hecha ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias, por el esfuerzo de tiempo.
A esta proposición no de ley se han presentado cuatro enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por tres minutos.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que estamos acostumbrados al surrealismo en las exposiciones del señor Rufián. Cuando uno lee realmente el dispositorio y el petitum de esta PNL llega a la conclusión de que lo que realmente pide nada tiene que ver con lo que luego nos expone en Comisión. Es sorprendente el relato que hace de los hechos, en los que habla de las injusticias en distintas exposiciones que ha visto por parte de periodistas o por parte de personas en la esfera de lo civil. Es curioso viniendo de un partido del que estamos acostumbrados a que a la menor ocasión nos vilipendien y nos insulten en los plenos de distinta forma a Ciudadanos.
Por todo ello, y atendiéndonos exclusivamente al texto que tienen a disposición y a los petitum, lo que pedimos es una enmienda de modificación, ya que lo que solicitaba en esta PNL el señor Rufián, y no lo que ha expuesto, es una derogación de la ley orgánica denominada de protección de la seguridad ciudadana en su conjunto y también detener inmediatamente las devoluciones en la frontera de Ceuta y Melilla. Lo que nosotros hacemos en esta enmienda es eliminar, lógicamente para mejorar, los preceptos que puedan ser considerados de arbitrio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para sustituir en este caso el criterio de legalidad por el de oportunidad, dando así una garantía total a los derechos de los ciudadanos. Entendemos que esta ley es mejorable, y por lo tanto, pediremos que haya una mejora, pero no una eliminación completa, sino en aquellos preceptos en los que se pueda entender que se vulneran los principios, derechos y libertades que están garantizados por nuestra Constitución.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por tres minutos. Tienen dos enmiendas, así que se lo distribuyen ustedes como mejor consideren.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En principio voy a intervenir solamente yo. Nosotros compartimos totalmente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra. Algunos diputados que ya vivimos la X Legislatura y la tramitación de la Ley de seguridad ciudadana, de la Ley mordaza, fuimos muy beligerantes con su aprobación y con todo lo que significaba. Las enmiendas que hemos presentado son simplemente para mejorar la redacción. Compartimos tanto el fondo de la derogación de la ley como detener las llamadas devoluciones en caliente; punto que compartimos totalmente y que aborda la ley en una disposición adicional, que no trajo el Gobierno con el proyecto de ley original, sino que fue introducida a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, sin pasar por tanto los dictámenes preceptivos, tanto del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial. Hemos añadido, además, un tercer
punto para que, previendo esa derogación que desearíamos desde nuestro grupo parlamentario, se paralicen automáticamente los efectos más perversos de su aplicación -algunos de los cuales ha comentado el portavoz proponente-, que son los expedientes sancionadores que se han impuesto a través de esta ley, para evitar que su continuidad acabe lesionando derechos y acabe haciendo que sean necesarias tramitaciones posteriores de esos expedientes, si finalmente esta ley se ve derogada.
Quiero concluir diciendo que esta fue una ley que aprobó en solitario el Partido Popular y que para su superación será necesario otro proyecto de ley u otra proposición de ley que derogue aquellas partes que no compartimos la mayoría de los grupos de la Cámara o que conserve aquello que pudiera ser conservable de esta ley, que no tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana, sino con otras cuestiones que tangencialmente ha tocado la ley. Quiero hacer hincapié en que fue una ley que sacó el Partido Popular en solitario, fue un ejemplo de los más importantes de toda la X Legislatura de cómo el Partido Popular construyó un relato y una forma de hacer las cosas en esta Cámara en solitario que lo aisló del resto de grupos de la Cámara y que ha condicionado que posteriormente se siga viendo tan solitario y tan aislado el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular como para obtener determinados apoyos.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, vengo de la Comisión de Justicia y para mí es una alegría saber que cuenta con un amplio respaldo la proposición no de ley que insta la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, la Ley de protección de la seguridad ciudadana. Es triste que las energías de los grupos parlamentarios de esta Cámara, a excepción hecha del Grupo Popular, vayan destinadas a instar la derogación de buena parte de la arquitectura normativa con la que se nos encorsetó en la X Legislatura. El Gobierno sitúo la Ley 4/2015 en el foco de la seguridad ciudadana. Ese fue su primer error, pero no el único. Qué pena que no les preocupen lo suficiente el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas y todo lo que significa su expansión, que, como muy bien saben, son algo más que una simple paquetería de derechos individuales. Como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, son auténticos vertebradores del sistema democrático. Al igual que en otras leyes, estamos también esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero sabemos que el Partido Popular se ha instalado en eso que se conoce como derecho penal del enemigo, y con esta ley, además, alejan a los jueces y al control que ellos puedan ejercer. Se hacen eco de un fenómeno muy característico de nuestro tiempo, son conscientes de que todo lo que afecta a la seguridad pública y las cuestiones penales se ha instalado en el foco de la atención de los medios de comunicación y de esta forma ha pasado a formar parte del debate político, alcanzando un nivel de sobrerrepresentación que, según los estudios sociológicos y criminológicos más solventes, no guardan relación con la frecuencia real de los hechos que acaecen en la sociedad. Además, esta presencia en los medios tiene lugar en la mayor parte de los casos sin el rigor técnico necesario. ¿Qué sucede entonces? Que se configura un proceso en el que los medios, a través de la selección y la presentación pública de hechos noticiables, determinan la configuración de la agenda pública y política. Protestas antidesahucios, escraches, manifestaciones en demanda de empleo o contra el desmantelamiento de la sanidad pública o el sistema educativo se convierten en focos de inseguridad que deben ser atajados por las fuerzas de orden público. El fenómeno no es nuevo, señorías. Fíjense lo que rezaba un axioma del periodismo sensacionalista americano a principios del siglo XX: Dame treinta minutos en la comisaría para hojear los informes policiales y te daré una oleada de crímenes. Estamos alcanzando máximas cotas.
Lo verdaderamente decisivo es que esta forma de construcción social de la realidad criminal ha justificado políticas de mayor intensidad represiva y el incremento de penas, y lo que es más grave, sustrayéndolo bajo no sé sabe muy bien qué excusas de las garantías del sistema penal. Se ubican muchas de ellas en el ámbito puramente gubernativo. Este desarrollo en el marco de las tendencias políticas conservadoras de las últimas décadas se presentó primero en países como Reino Unido y después en otros muchos, y es una pena que haya invadido también el nuestro. De esta forma se ha extendido un discurso profundamente populista, pero atractivo para ustedes.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene que ir finalizando, señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Un segundo.
Esperaban obtener con ello réditos electorales y una popularidad que no viene al caso. Para ilustrar esta situación que les describo suelo recordar una viñeta del gran dibujante El Roto. En ella un orador de chaqueta y corbata -imagen del señor de orden- se dirige a la multitud desde un estrado gritándoles con un megáfono: ¡Por su propia tranquilidad, permanezcan asustados!
Las recetas que ustedes invocan se concretan en el aumento del control social y la reivindicación de los valores tradicionales de la seguridad pública. Hago mías las palabras del profesor Juan Carlos Carbonell cuando habla de la banalización de la legalidad. Señorías, les invito a que apoyen esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta, por su indulgencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias a todos por el esfuerzo que estamos haciendo hoy.
A continuación, turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias.
Es de sobra conocida por sus señorías la oposición de Euskal Herria Bildu a la Ley mordaza; una ley que atenta contra los más elementales derechos y libertades, restringiéndolos de forma injustificada. Es una muestra clara de la falta de calidad democrática del Estado, dispuesto a utilizar cualquier instrumento en su mano para acallar todo tipo de reivindicación o protesta, sea del ámbito que sea, pero que a su vez está pensada para perseguir a un sector de la sociedad contestatario con el proceder represorio y absolutista del Gobierno del PP. Se trata de una ley que convierte en legales actuaciones del todo reprobables, como tratar como perros a aquellas personas que, dejando sus hogares, tienen en el salto a la valla de Ceuta y Melilla depositadas todas sus esperanzas para acceder a un futuro mejor. No me extenderé en este punto del que hablaremos más tarde. Es una ley que, en lugar de actuar contra los desahucios, criminaliza la solidaridad para con las familias desalojadas de sus hogares y la denuncia de los mismos; una ley que pretende esconder los abusos policiales en la represión de manifestaciones pacíficas y legítimas; una ley concebida para perseguir todas aquellas expresiones democráticas de protesta que incomodan al Gobierno, que, además de no permitir un derecho tan básico como el derecho a la protesta o la huelga, lo que pretende es perpetuar la tan antigua tendencia a imponer un pensamiento único. Para ello garantiza todas las protecciones habidas y por haber a la actuación policial, que, además de ser arbitraria e inaceptable en muchas ocasiones, ahora tiene todo a su favor para no tener que dar cuentas por ello, y es que esta ley les otorga un poder añadido para erigirse en jueces, además de ofrecerles total impunidad al impedir la fiscalización de las actuaciones policiales por cuanto que impide la grabación de las mismas, única manera de documentar los abusos policiales que se pudieran dar. Es una ley que establece un verdadero estado policial. En el caso de Euskal Herria, antes el proponente ha mencionado algunos casos concretos, pero, en términos globales, ha supuesto en la práctica que desde julio de 2015 5.000 personas hayan sido multadas en aplicación de esta ley injusta.
Por todo ello, Euskal Herria Bildu se sumará a toda iniciativa encaminada a dejar sin efecto la aplicación de dicha ley, que supone, junto a la última reforma del Código Penal, un nuevo intento por restringir libertades fundamentales cuando la labor de las autoridades debería ser más bien la contraria: defender las libertades y profundizar en los más exigentes mecanismos de prevención de abusos y excesos policiales. Por todo ello apoyaremos la iniciativa que hoy se ha presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Gracias.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Vasco. (Pausa). No está todavía. Si no les importa, pasamos ahora a dar la palabra al Grupo Popular y, si el Grupo Vasco llega antes de terminar, le daremos la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo respecto a esta proposición no de ley que nos presenta hoy en la Comisión de Interior el señor Rufián. Vaya por delante recordar que, efectivamente, como dijo el señor Sixto, algunos de los aquí presentes hemos sido ponentes de esta Ley de seguridad ciudadana, que fue una ley que, antes de entrar en sede parlamentaria y sufrir mejoras, ya se calificó como la Ley mordaza. Hoy siento satisfacción de votar en contra del señor Rufián, en contra de Bildu, que califican esta ley como
de estado policial, de abusos; de votar en contra precisamente de las enmiendas de Ciudadanos y del Grupo Socialista, que habla de represión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por todo eso estoy feliz de votar en contra de estos postulados que ustedes pretenden hacer creer a la sociedad española.
Esta fue una ley que surgió precisamente tras veintidós años de existencia de otra ley que había que mejorar y adaptar al siglo XXI. Es una ley que permite precisamente que aquellas personas que se quieran manifestar tranquilamente ejerzan su derecho, solo se castiga a los que los vulneran, a los agresivos, a los que no van a manifestarse pacíficamente. Como ejemplo a todas estas mentiras que hoy se han vertido en esta Comisión puedo decir que se han celebrado el año pasado solo aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid 3.085 manifestaciones, veintisiete más que el año anterior con esta ley. Y tengo que decir que en el total de España, solo se han prohibido cien manifestaciones, setenta y ocho porque estaban pedidas fuera de plazo, tres por motivos de orden público y dieciocho por mandato de la Junta electoral. Estos son los datos, señorías, de esto ustedes no han hablado en el posicionamiento en contra de esta ley.
Respecto a las sanciones, les voy a decir una cosa: solo un 0,3 %, es decir, 150 sanciones, son por el tema de las manifestaciones, el 88 % son por drogas, armas y explosivos, y ahí nos van a tener en contra, porque la sociedad española quiere seguridad y por eso lo primero que valora son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ustedes hoy con esta iniciativa intentan denigrar. (Aplausos).
Por último, respecto al perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, como ponente de esta ley puedo decir que nos entrevistamos con sesenta y nueve asociaciones y todas coincidían en que Ceuta y Melilla son una frontera singular pero que son una frontera del Estado español y de Europa que teníamos que controlar, y en ese momento no había otras soluciones mejores, ni ninguna de las sesenta y nueve asociaciones con las que nos entrevistamos dieron una opción mejor para solucionar este problema. Es más, esto ayuda a las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado a desarrollar su trabajo en esas fronteras, que les invito a que las vayan a visitar y les escuchen a ellos también sobre cómo día a día ellos tienen que estar defendiendo la frontera de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Señora Vázquez, finalice.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Finalizo, señora presidenta, diciendo que efectivamente lo inaceptable en esta Comisión es que vengan hoy a presentar una iniciativa como esta. (Aplausos).
Señor Rufián, ¿acepta usted alguna de las enmiendas o mantiene la PNL en sus propios términos?
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidenta.
Aceptamos la enmienda del PSOE y la tercera de Podemos.
Quiero recordar a la portavoz del PP que no es un perímetro, es una valla con cuchillas. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Por alusiones, presidenta.
Efectivamente, he visitado esa valla que en su momento instauró el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero en 2005. (El señor Rufián Romero pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): No puedo abrir un debate.
El señor RUFIÁN ROMERO: No es un debate, es por alusiones. Sabrá mejor que nadie lo que es tanto ella como su filial Ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): No podemos establecer una conversación ahora.
Quería informarles que pasamos la proposición no de ley número 3.º después de la 6.º y ahora vamos a debatir la que aparece con el número 4.º, que es la presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un momento, porque tendría que bajar yo al escaño. ¿Cambiamos el orden también, no les importa? Pasamos entonces a la quinta proposición que también es de Podemos, sobre devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. ¿Estamos todos los que tenemos que intervenir? Doña Susana Sumelzo
no está. Vamos a ver si podemos localizarla. Vamos a hacer un pequeño receso de cinco minutos para evaluar la situación.
- RELATIVA A LA GARANTÍA Y RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LAS INTERCEPTACIONES EN LAS FRONTERAS DE CEUTA Y MELILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000512).
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Reanudamos la sesión. Ya hemos sacado una conclusión de esta experiencia, y es que los dos vicepresidentes tenemos que estar siempre. Esta es la primera conclusión para poder seguir funcionando adecuadamente. Ahora, dada la situación, para no frenar la Comisión y si tenemos a todos los diputados y diputadas que van a intervenir en la siguiente PNL, que es la 5.º, reanudamos la Comisión por la 5.º y la 3.º y la 4.º las acumulamos para después de la 6.º ¿Estamos todos y todas? (Asentimiento).
La PNL está propuesta por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre devoluciones en caliente de Ceuta y Melilla en casos de interceptaciones. Tiene la palabra por cinco minutos la señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Señora presidenta, señorías, buenos días.
Hoy presento una proposición no de ley sobre las devoluciones en caliente, que en realidad no es otra cosa que un eufemismo para denominar lo que han sido y siguen siendo devoluciones ilegales de personas migrantes y personas refugiadas en la frontera sur española. En términos formales, el 21 de octubre de 2014, el mismo día que concluía el plazo para presentar enmiendas parciales a lo que se ha llamado Ley mordaza, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, en lo que podíamos denominar una chapuza legislativa de primer orden, si no fuera porque en realidad lo que estaban haciendo era una jugada para justificar vulneraciones de derechos humanos que se llevan produciendo en esta frontera sur desde hace ya dos décadas.
En primer lugar, este procedimiento supone un uso abusivo de lo que se denomina derecho de enmienda. El derecho de enmienda -les recuerdo- no permite introducir ex novo un nuevo tema de debate a la iniciativa legislativa. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del 5 de julio de 2011. Y yo me pregunto a qué tenía miedo el Partido Popular, si tenía miedo a un debate, a que la ciudadanía pudiera tener un debate y que pudiera tenerse un debate en esta Cámara sobre las devoluciones en calientes. ¿Y a qué se debían esas prisas? Querría saber si tienen algo que ver con la imputación del coronel de la Guardia Civil Ambrosio Martín. Me pregunto también por qué se ha tratado de eludir el sometimiento a los informes previos prescriptivos. En concreto, el contenido de la enmienda se tenía que haber sometido a los informes prescriptivos del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado o al menos a aquellos que informaron la Ley de Extranjería cuando se aprobó. Una vez más nos preguntamos por qué el Partido Popular tenía miedo, por qué se escaquea del Estado de derecho y por qué tenía miedo a este debate. Probablemente el Partido Popular le tenía miedo a este debate porque esos informes iban a poner de manifiesto que se estaba tratando de legalizar lo que no es legalizable, lo que es de toda forma ilegal. Es un atentado contra nuestra legislación nacional e internacional en materia de seguridad jurídica, de derechos humanos y de protección internacional. El intento de legalizar las devoluciones en caliente, estas expulsiones colectivas y sumarias de personas en la frontera sur, en Ceuta y en Melilla y, por extensión, también en toda la frontera marítima, incumple la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos de los Niños y la Convención de Ginebra -ahí es nada-, todas ellas, recuerdo, de obligado cumplimiento para España.
A veces tengo la sensación de que en esta Comisión se tratan temas muy graves, que generan un gran sufrimiento a muchas personas y, sin embargo, se tratan con un sentido, una distancia y una apariencia de neutralidad que me preocupa profundamente. Por eso, voy a intentar explicar esta proposición con un ejemplo, que siempre se entiende mejor. Lasana -es el nombre ficticio de un niño de catorce años- es una de los cientos de personas que la Guardia Civil ha rechazado en los últimos meses. Lasana recuerda haber estado encaramado en la tercera valla de Melilla y caer al suelo, no se acuerda de nada más. Se despertó diez días más tarde, después de haber estado en coma, en el hospital de Nador.
Por suerte se despertó, porque podía no haberse despertado. Por suerte, no acabó en la frontera de Argelia y Mauritania, como tantos otros. No se sabe qué pasó, él no lo sabe, pero yo puedo hacerles una reconstrucción. Puede ser que la Guardia Civil abriera la puerta de la valla, como ocurrió en el salto del 10 de septiembre -por el que hemos pedido la comparecencia del ministro del Interior-, puede ser que las fuerzas auxiliares marroquíes entraran en territorio español y recogieran a Lasana inconsciente y lo abandonaran después en la puerta del hospital de Nador. Me gustaría que el Partido Popular explicara con claridad y saber de verdad cómo piensan que las devoluciones ilegales permiten asegurar que se pueda identificar a niños como Lasana, y les recuerdo que antes que inmigrantes son niños cuyos derechos debemos proteger. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas y sumarias a personas solicitantes de asilo permiten identificar quién puede o podría tener derecho a la protección internacional en nuestro país. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas permiten cumplir el principio de no devolución. El principio de no devolución dice que no se puede devolver a nadie a un país donde pueda sufrir tratos degradantes y les recuerdo los cientos de denuncias que ha tenido Marruecos, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como por organismos internacionales, como el Comité para la Prevención de la Tortura, por todos los abusos y malos tratos que reciben las personas migrantes y solicitantes de asilo en este país.
Sea lo que sea lo que el Gobierno del Partido Popular entienda por rechazo en nuestras fronteras, este procedimiento nunca puede incumplir otras normas de rango superior. Por ello, hasta que podamos formar un Gobierno que derogue de forma inmediata esta disposición adicional décima, instamos a que se elabore un reglamento concreto donde se explique cómo haciendo cumplir esta enmienda además se va a cumplir la normativa internacional, especialmente el principio de no devolución. Esto no lo pedimos solo nosotros, lo pide la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -por cierto, exsenadora del Partido Popular-, el Comité de Prevención de la Tortura e incluso la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Hasta entonces exigimos al Gobierno que se abstenga de devolver a ninguna persona a Marruecos, un país que bajo ningún concepto puede considerarse un lugar seguro para personas migrantes y solicitantes de asilo. Si no podemos garantizar que se cumplen los derechos humanos, no se puede...
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Disculpe, su tiempo ha finalizado.
La señora BELARRA URTEAGA: Acabo ya.
Si no podemos garantizar que se cumplen los derechos humanos, tenemos prohibido -repito, prohibido- devolver a nadie a ese país.
Por último, quiero recordarles una cosa. Por mucho que sus políticas migratorias represivas y racistas hayan puesto el foco en Ceuta y en Melilla para generar una sensación de avalancha y una sensación de inseguridad ciudadana, en realidad España es hace tiempo un país de emigración. Desde 2011 tenemos un saldo migratorio negativo. ¿Por qué? Porque sus políticas de desigualdad y que generan altos niveles de pobreza están expulsando a la gente de nuestro país. Dejen ya de criminalizar a las personas que buscando una vida mejor y huyendo muchas veces de situaciones desesperadas están tratando de alcanzar territorio español a través de Ceuta y Melilla.
Se han presentado cinco enmiendas. Las primeras cuatro enmiendas corresponden al Grupo Mixto, y tengo entendido que a Bildu. Por tanto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
En la valla de Ceuta y Melilla hemos visto todo tipo de irregularidades: expulsiones sumarias fuera de la legalidad, cortes y heridas graves por las cuchillas concertinas y también hemos visto muertos. Por eso creemos que hay que ir a la raíz del problema y hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué saltan la valla? Por eso consideramos positiva la iniciativa presentada por Podemos y hemos querido presentar una serie de enmiendas. Además, al final hemos llegado a una enmienda transaccional satisfactoria que creemos que mejora el texto inicial y dará una respuesta mejor a la situación que venimos a denunciar.
Según Acnur, el 80 % de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo, pero si el 90 % de las personas que entran de manera irregular lo hacen por Barajas y del 10 % que lo hacen por Ceuta y Melilla una ínfima parte lo hace saltando la valla, habría que preguntarse qué colectivo es este último. Evidentemente los que no tienen nada, aquellos que huyen de la persecución,
de la guerra o de la miseria y que no les queda otra que saltar la valla jugándose la vida porque no pueden pagar pasaportes, no pueden pagar mafias. Tras la carnicería de Tarajal y las presiones de la ONU, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, el Gobierno español procedió a abrir oficinas de asilo en los puestos de frontera, algo que consideramos positivo, pero a su vez a estas oficinas solo pueden acceder aquellas personas de origen magrebí o árabe. Cada vez que un subsahariano se acerca a los puestos de frontera es rechazado y agredido, por eso solo pueden saltar. Consideramos que hay algún tipo de acuerdo no escrito entre los reinos de España y Marruecos, ya que si no, no tendría sentido que esto ocurriera. Por ello hemos propuesto medidas para que nadie que tenga derecho a solicitar asilo deba saltar la valla jugándose la vida. Entendemos que las vías son fáciles: que el Gobierno español hable con sus amigos marroquíes para que permitan el acceso a las oficinas de asilo o, si no, que habiliten los consulados para ello. Si hay voluntad política es posible llevar a cabo estas medidas que harán desaparecer o reducir al menos drásticamente las dantescas imágenes a las que nos empezamos a acostumbrar, aunque a esto creo que nadie se acostumbra nunca.
En referencia a las expulsiones sumarias, se expulsa a personas de territorio español sin saber su identidad, ni su origen, ni su edad, ni su situación, y cuando no, se les agrede por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Se les expulsa además a un territorio que no cumple con los derechos humanos. Por tanto, voy a acabar con tres reflexiones. Una de ellas es una pregunta, ¿por qué actúa el Gobierno español como si estas personas no existieran? Y las otras dos reflexiones son las siguientes. El Estado tiene derecho a proteger sus fronteras, pero también la obligación de cumplir la legislación internacional y los tratados de los que es parte en materia de protección internacional y derechos humanos. Por último, señorías, es positivo que se regule, pero ¿por qué no tomamos medidas para que nadie tenga que saltar ninguna valla entre cuchillas y golpes para tener que pedir ayuda en Europa? Sobre eso deberíamos reflexionar todos y todas.
El Grupo Socialista celebra la presentación de esta iniciativa y el debate de hoy porque es una cuestión importante y es significativo que se debata en una de las primeras reuniones de esta Comisión de Interior. Estamos hablando del refuerzo y la protección de los derechos humanos en un lugar tan sensible como es la puerta de entrada a Europa. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes, debemos establecer todos los mecanismos necesarios para que esta protección sea efectiva. El Grupo Parlamentario Socialista coincide prácticamente con lo que se pide en esta iniciativa: garantizar el derecho a la protección internacional de todos aquellos que llegan o intentan entrar en España. Por ese motivo, mi grupo va a presentar una enmienda a esta proposición no de ley con un único objetivo: perfeccionarla y blindar las garantías en el cumplimiento de los derechos humanos de todas aquellas personas que intentan acceder a España a través de las vallas de Ceuta y de Melilla. Recientemente he visitado Melilla y debo decir a las señorías que no conozcan esta ciudad que la valla que separa España de Marruecos estremece, más todavía cuando se piensa que son numerosas las personas para las que no es un obstáculo, tal es su desesperación personal. Por eso solicitamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que acepte nuestra enmienda, que voy a explicar a continuación.
La enmienda se articula en tres puntos. El primero recoge en esencia el primer párrafo de la exposición de motivos de su iniciativa, pero va más allá de la proposición y plantea la derogación de la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que abre la puerta a las devoluciones en caliente. El Grupo Parlamentario Socialista es partidario de suprimir esa disposición. Con el segundo punto pretendemos completar su proposición no de ley, exigiendo la retirada de las concertinas instaladas en esas vallas, ya que provocan graves lesiones físicas y atentados contra la dignidad humana. El objetivo del tercer punto, que -insisto- no cambia sustancialmente la proposición no de ley, es concretarla. Pretende dictar las instrucciones necesarias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la vigilancia de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla de forma que se respete el principio de no devolución, se garantice el derecho a solicitar asilo y a que se apliquen los trámites de repatriación de acuerdo con la legislación vigente y de conformidad con los procedimientos legalmente previstos. Espero que se acepte nuestra enmienda, que, como decía anteriormente, tan solo pretende ser más precisa y
proteger aún más los derechos humanos y las garantías legales de las personas que intentan acceder a nuestro país desde estas dos ciudades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Gracias. Parece que vamos recuperando el cumplimiento del tiempo. A continuación, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Mixto.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Solo quiero decir que vamos a apoyar esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vasco.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para mostrar nuestro apoyo a la iniciativa. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene la palabra el Grupo de Esquerra Republicana.
El señor RUFIÁN ROMERO: Siguiendo la misma línea, vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, esta iniciativa. Hay que recordar que el único delito que comete esta gente es ser pobre y que la pobreza, por mucho que se diga desde según qué posicionamientos, no se pega. Son pobres y ya está. Seguramente algún grupo parlamentario que está hoy aquí representado se interesaría mucho más si esta gente, por ejemplo, fuera venezolana.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.
Señor Rufián, no se preocupe, que si fuesen venezolanos pensaríamos lo mismo si en lugar de entrar por los puestos fronterizos hiciesen un asalto tumultuario. ¿Qué quiere que le diga? La verdad es que nosotros en esta enmienda vemos distintos criterios, por lo que reservaremos el sentido de nuestro voto a la espera de las enmiendas que se vayan a aprobar. Solo quiero decir una cosa. El Tribunal Supremo ha entendido que las devoluciones en frontera solo son medidas impeditivas para la entrada ilegal frente a los que quieren eludir la entrada obligatoria por los puestos fronterizos, que son los habilitados para tal efecto. Y cuando hablamos de asilo y refugio, quiero recordar a los proponentes que se realiza en las oficinas de asilo y refugio, en los puestos fronterizos de entrada al territorio español, en los centros de internamiento de extranjeros, en las comisarías provinciales o en las misiones diplomáticas y oficiales consulares españolas en el extranjero. Yo también he estado en Ceuta y en Melilla, he visto la valla y la verdad es que llama la atención, pero también les digo una cosa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de defender nuestra frontera y el hecho singular de las ciudades de Ceuta y Melilla nos hace entender que están cumpliendo con su primera obligación: la seguridad de todos los españoles y como valedores de las fronteras del sur de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: El Grupo Popular es consciente de que estamos hablando, más que de un problema, de una realidad que viven miles de personas. Son personas que nos preocupan y que nos importan, por eso queremos hacer una normativa en materia de inmigración que haga realidad los deseos de estas personas que huyen del hambre y de la desesperación. Pero hacer realidad los deseos de esas personas se tiene que conciliar con el cumplimiento de la ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
España, como Estado soberano integrante de la Unión Europea, tiene la obligación de vigilar y proteger sus fronteras, que no son solo fronteras de España sino también de la propia Unión. Estamos obligados por el código de fronteras Schengen y, por supuesto, por nuestra ley. Quiero manifestar también que, en el cumplimiento de estas funciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que respaldamos, actúan siempre de acuerdo con el cumplimiento estricto de la ley, de los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, y que dicha actuación se desarrolla siempre velando por la seguridad de las personas y el respeto a los derechos humanos. El derecho de asilo en Ceuta y en Melilla se encuentra garantizado igual que en el resto del territorio nacional. En este sentido, se establece en nuestro país una
distribución de competencias reguladas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y corresponde de manera exclusiva a la Guardia Civil la vigilancia del perímetro entre los pasos fronterizos con el fin de impedir que las personas se sustraigan a las inspecciones fronterizas. La Policía Nacional tiene competencia exclusiva en el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros por los puestos fronterizos habilitados, así como las funciones previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración.
El procedimiento de devolución que debe seguirse de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en nuestro país, incluyendo a los que sean interceptados en las fronteras y sus inmediaciones, consiste en la conducción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la custodia de nuestras costas y fronteras, de las personas que hayan interceptado a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a la mayor brevedad posible, al objeto de que se pueda proceder a su identificación y, en su caso, a la devolución. La Policía Nacional es competente en la instrucción de los expedientes que puedan conllevar una decisión de retorno, ya sea por el procedimiento de expulsión o de devolución. En todo caso, quiero insistir en que en cualquiera de los procedimientos anteriormente descritos se respetan las garantías jurídicas a las que hace referencia la Ley Orgánica 4/2000, así como los derechos fundamentales en toda su extensión. En este sentido, los extranjeros tienen derecho a la asistencia jurídica, a la asistencia de intérprete, así como derecho al recurso de los actos y devoluciones administrativas adoptados.
Se ha hablado también de menores. Se ha aprobado un protocolo marco para actuar en materia de menores, de tal manera que el Gobierno es consciente de que es un colectivo especialmente vulnerable. Se ha establecido y se ha aprobado también un protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos y también se han creado las oficinas de asilo como mecanismo rápido para poder atender a todas las personas que tienen derecho a solicitar asilo en nuestro país.
Para finalizar, quisiera hacer un llamamiento a todos los grupos políticos. Inicié mi intervención diciendo que somos conscientes de que estamos hablando de personas. Pido que todos lo seamos. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de personas. Rogaría que se despolitizara toda esta cuestión. La señora portavoz del Partido Socialista ha llegado a decir que se estremeció cuando vio la valla. La valla la puso un Gobierno de su partido político, el Gobierno del señor Zapatero. De ahí arranca la valla. Por tanto, se debió estremecer también cuando su propio partido la puso. (Aplausos). Se ha hablado de menores, se ha hablado de personas a las que no se respeta, a las que se agrede, a las que se devuelve. Señora portavoz de Podemos, ustedes defienden un modelo por el que se mete en la cárcel a los que no están de acuerdo con él. Derechos humanos para todos, derechos humanos en todos los países. (Aplausos).
Vamos a despolitizar este tema, vamos a ser serios y vamos a plantear una política de inmigración que parta de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Estamos ante un problema complejo, ante un problema dinámico del que no se deben aprovechar las mafias. Las mafias no se deben aprovechar de nuestra división. Tenemos que estar unidos. Tenemos que tener una voz común en Europa, en primer lugar, para garantizar los derechos y una mejor calidad de vida para todos los que vienen a nuestro país y, en segundo lugar, para que Europa nos apoye y nos ayude no solo con medios materiales sino también con presupuesto para poder atender a todos los que llegan de otros países buscando la acogida en España. (Las señoras Sumelzo Jordán y Belarra Urteaga piden la palabra).
Señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Simplemente quiero decir que yo no he dicho que me estremecí cuando vi la valla de Melilla, sino que -leo literalmente como se puede ver en el "Diario de Sesiones"- la valla que separa España de Marruecos estremece.
La señora BELARRA URTEAGA: Simplemente quiero señalar que me parece muy burda la utilización de argumentos falsos cuando estamos hablando de un incumplimiento reiterado y estructural de la normativa internacional de protección...
El señor PRESIDENTE: Alusiones concretas; abrir debate no, señoría.
Nos tiene usted que informar con respecto a las enmiendas.
La señora BELARRA URTEAGA: Hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y con Euskal Herria Bildu y la han apoyado Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Ahora la hago llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muy amable.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE SINDICACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000342).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa al reconocimiento del derecho de sindicación a los miembros de la Guardia Civil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor DELGADO RAMOS: Señor presidente, señorías, el derecho de sindicación en la Guardia Civil es un derecho social y una reivindicación histórica de los trabajadores y las trabajadoras de la Guardia Civil. De hecho, en la Guardia Civil ya hubo un sindicato clandestino -es decir, no reconocido legalmente- a finales de los ochenta y principios de los noventa. Aprovecho este momento para trasladar desde mi grupo nuestro reconocimiento y agradecimiento a aquellos guardias civiles que tuvieron la valentía de poner en marcha el SUGC, el Sindicato Unificado de Guardias Civiles, no con pocas dificultades. De hecho, aún tenemos una cuenta pendiente que saldar con ellos. Ya en el año 2009 se aprobó en este mismo Congreso por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a la reincorporación de los miembros expulsados del cuerpo por pertenecer a aquel sindicato y, siete años después, todavía están esperando justicia.
Como decía, el derecho de sindicación en la Guardia Civil es una reivindicación histórica que nos demanda la inmensa mayoría de los guardias civiles. Para nuestro grupo es además una reivindicación lógica y de sentido común, puesto que entendemos que nada impide en estos momentos -excepto la prohibición de la ley- que los agentes y las agentes de la Guardia Civil tengan derecho sindical. Aunque sistemáticamente se les ha negado argumentando que no es posible encajar sindicatos en la Guardia Civil, la realidad es que no existe ningún impedimento para ello. Como ustedes saben, la Constitución hace una clara diferenciación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil se enmarca dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como cuerpo de policía que es. Una cosa es un cuerpo de policía militarizada y otra bien diferente es formar parte de las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas y, por tanto, tiene que tener el mismo derecho que el resto de policías de este país. ¿Cuál es la diferencia entre la Guardia Civil y el resto de cuerpos de policía? Su carácter militar. Sin embargo, su carácter militar no es incompatible con tener sindicatos. De hecho, en Europa tenemos el ejemplo de países donde incluso sus Fuerzas Armadas tienen sindicatos, por ejemplo, Alemania y Holanda, entre otros. Si en esos países las Fuerzas Armadas tienen sindicatos, ¿cómo no va a ser posible que en España los guardias civiles y los policías puedan tener sindicatos? Es más, les doy otro dato. En Europa más del 85 % de los países -es decir, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea- tienen policías con derecho sindical. Estoy hablando de países avanzados como Reino Unido, Alemania, Holanda, Finlandia o Dinamarca, y lo mismo pasa a nivel mundial. Los países más avanzados tienen ese mismo modelo en el que los cuerpos de policía tienen derecho sindical: Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etcétera. Incluso las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos van en esa misma línea; de hecho, hace muy poco condenó a Francia por querer limitar ese derecho a las fuerzas armadas y a las asociaciones de policía.
¿Cuál es la diferencia entre tener sindicatos y no tenerlos? Los sindicatos son un mecanismo para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito laboral y para mejorar la propia institución, y aquí podemos ver claramente la diferencia entre quienes no tienen sindicatos y quienes los tienen. En este caso, los guardias civiles son los únicos policías que no tienen ese derecho, son los policías peor retribuidos, los que tienen más derechos limitados, los que tienen peores condiciones de trabajo, sin jornada laboral digna para poder conciliar su vida laboral con la vida familiar; la policía donde
se aplica de forma más severa el régimen disciplinario y sin que se implemente en su trabajo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Recordemos, además, que España ha sido varias veces condenada por este motivo. Y un dato muy grave y dramático: la Guardia Civil tiene el índice de suicidios más alto de toda la Unión Europea en lo que se refiere a cuerpos de policía. Los datos son escalofriantes: cada veintinueve días se suicida un guardia civil; 447 desde los años ochenta. Son más muertes que las causadas por el terrorismo. No quiero decir que esto ocurra por no tener sindicatos, sino que la ausencia de mecanismos de defensa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil provoca indefensión, abusos, arbitrariedades y corruptelas, como bien ha quedado demostrado.
La Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, y en este punto tendríamos que preguntarnos: ¿a qué precio? Al precio que anteriormente les he expuesto, siendo la cenicienta de las policías en España. Desde luego, donde no hay sindicatos se carece de mecanismos de control de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, se carece de transparencia, y se imponen los abusos, las arbitrariedades y la represión a los representantes de las asociaciones. Algunos incluso tratan de negar este hecho y esgrimen razones históricas, cuando ya tenemos el ejemplo en España de la desmilitarización y sindicación de un cuerpo de policía cuando se pasó de la Policía Armada a la actual Policía Nacional, sin traumas, sin perder eficacia.
Hoy, la Policía Nacional cuenta con el mismo reconocimiento y prestigio que la Guardia Civil, y precisamente hoy quiero recordar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles -la mayoritaria-, con más de 30.000 afiliados, ha sacado un manifiesto defendiendo el derecho de sindicación de los guardias civiles, manifiesto que ha sido firmado y respaldado por organizaciones de todo tipo e índole. Entre ellas, sindicatos de la Policía Nacional, de la policía catalana, de la policía vasca, de la policía navarra, de Eurocop, que es una confederación de sindicatos europeos que agrupa a más de veintisiete países, con 500.000 afiliados, de Euromil, que es una organización europea de sindicatos de militares que agrupa a más de veintiún países y tiene 500.000 afiliados, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Asociación Pro Derechos Humanos, de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, de asociaciones de la Guardia Civil, y un largo etcétera, que representan a la sociedad a la que se supone que nosotros representamos.
Pueden ustedes mirar para otro lado o tienen hoy la oportunidad de oír a todas esas organizaciones, en especial a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, y votar sí a dignificar de una vez por todas a los guardias civiles, dotándoles de derechos básicos que ya tienen el resto de cuerpos de policía y ciudadanos en general en este país. El Partido Socialista ya nos ha dicho que no, que prefiere dejar las cosas como están, que a los guardias civiles, como siempre, mejor sin derechos; una policía barata y obediente y mejor sin sindicatos. Tampoco nos sorprende, porque llevan años defendiendo una cosa y la contraria y ya es hora de que se retrate, de que digan la verdad a los guardias civiles. Y el Partido Popular hoy tiene la oportunidad de enmendar la política de retroceso en materia de derechos que ha llevado a cabo durante estos años de Gobierno. Unos y otros son los responsables directos de la precaria situación en la que se encuentran los guardias civiles. Los dos han tenido responsabilidades de Gobierno y ninguno ha hecho nada para saldar la cuenta que tenemos pendiente con los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Ambos han llevado a cabo la política de policías y guardias civiles baratos y obedientes.
Señorías, estamos en el momento adecuado para llevar a cabo esta modernización y democratización de la Guardia Civil.
El señor DELGADO RAMOS: Acabo.
Que la democracia, con todos sus beneficios, entre de lleno en los cuarteles, porque los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil no se merecen tener menos derechos que el resto, simplemente se merecen tener al menos los mismos derechos que el resto de policías de este país. Sindicatos para la Guardia Civil, sí, y no a la aplicación del Código Penal Militar.
Por el Grupo Socialista, que ha presentado enmiendas, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar quiero decirle al proponente que sí, que nos vamos a retratar como siempre nos retratamos, porque somos un partido de gobierno y ahí está la Ley Orgánica 11/2007, aprobada durante la primera legislatura del Gobierno del presidente Zapatero, y que el propio proponente ha destacado como un reconocimiento de derechos de la Guardia Civil.
Coincidimos en la necesidad de realizar un balance de aplicación de la ley y su régimen de libertades y en el diagnóstico del proponente: los derechos consagrados en esta ley orgánica no han podido ser plenamente desarrollados por los impedimentos que han puesto desde la dirección política del Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Guardia Civil, que están frenando un efectivo desarrollo de las libertades que para los y las integrantes del cuerpo consagra esta ley orgánica, así como las innegables mejoras que la ley plantea, no solo en el campo de la asociación profesional sino también en las efectivas mejoras en las condiciones de desarrollo de su actividad cotidiana.
Coincidiendo como coincidimos en el análisis de la situación y en el diagnóstico del grado de cumplimiento y aplicación de esta ley orgánica de 2007 que realiza el proponente, discrepamos sin embargo en las soluciones propuestas. Sin querer entrar en temas de detalle jurídico, estoy segura de que el proponente conoce la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2016, que ha venido a reiterar la imposibilidad legal de reconocer el derecho de sindicación a los integrantes de cuerpos sometidos a disciplina militar, como él ha citado y como es el caso de la Guardia Civil, así como el reconocimiento del acomodo de la actual normativa española sobre la materia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y seguro que conoce también el proponente la necesidad de desprenderse del carácter militar del cuerpo para que sus miembros puedan acceder a la libertad sindical. Quizá ese es otro debate y quizá ese es el debate de fondo que no hace explícito el proponente y al que conduce en línea recta su proposición, el que se plantearía en el caso de dos fuerzas y cuerpos de seguridad de ámbito estatal, Policía y Guardia Civil, si las dos fueran de naturaleza civil. Pero que las ramas no nos impidan ver el bosque.
La realidad es que si en 2016 no podemos hablar de una eficiente mejora en las condiciones profesionales de los y las guardias civiles en el ejercicio de sus derechos profesionales, no es por carecer del reconocimiento de una libertad sindical -que no tiene encuadramiento en nuestro actual ordenamiento jurídico- sino porque necesitamos de un Gobierno que lleve a cabo algo tan revolucionario como cumplir el ordenamiento jurídico vigente.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa). ¿Por el Grupo Vasco? (Pausa). Tiene la palabra.
Intervendré muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a la iniciativa porque entendemos que, dentro de las posibilidades del artículo 28.1 de la Constitución, sería un avance, sin dejar de considerarlo un instituto armado de naturaleza militar. No hay ningún obstáculo para que el legislador considere el derecho de sindicación en este instituto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso apoyaremos la iniciativa.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias.
Nuestra posición es la abstención pero felicitamos al proponente por intentar dar un paso por dignificar las condiciones laborales de los trabajadores de un cuerpo de seguridad del Estado que ojalá algún día sea realmente civil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Miquel i Valentí pide la palabra). Sí, señoría.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Señor presidente, no me ha dado tiempo antes a encender el micro y ya había pasado la palabra al Grupo Vasco.
Queremos mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa presentada para regularizar y dar igualdad de derechos a los guardias civiles.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el reconocimiento del derecho de sindicación de los miembros de la Guardia Civil, quiero dejar en primer lugar muy claro el respeto profundo y la consideración del Grupo Parlamentario Popular por todo el cuerpo de la Guardia Civil y por todos y cada uno de los miembros, de los hombres y las mujeres que lo integran, destacando de una manera muy relevante la labor esencial, insustituible, que hacen en defensa de la convivencia, de la seguridad y de la libertad de todos los ciudadanos.
Dicho esto, también tenemos que valorar, señorías, que el ámbito subjetivo de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, incluye a todos los trabajadores por cuenta ajena, pertenezcan o no a las administraciones públicas, y únicamente quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las fuerzas e institutos armados de carácter militar, así como jueces, magistrados y fiscales mientras se hallen en activo, y dicha excepción se incluye y se ampara en los artículos 28.1 y 127.1 de la Constitución.
Pues bien, tal y como ha recordado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, para que se pueda llegar a limitar de alguna manera el ejercicio de este derecho de sindicación se tiene que hacer por medio de una ley orgánica en nuestro ordenamiento. Las leyes orgánicas que han traspuesto este contenido constitucional, esta excepción o limitación al derecho de sindicación son la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, la Ley Orgánica 2/1986, que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la Ley Orgánica 11/2007, que regula los derechos y obligaciones de la Guardia Civil.
Pues bien, señorías, en la proposición que hoy nos traen a esta Comisión, el señor Delgado dice, en nombre de su grupo, que la presenta al amparo de la legislación, de la Constitución y de la jurisprudencia. Nosotros queremos dejarle muy claro que no es así. Lo pone en el texto. (El señor Delgado Ramos: Yo no lo he dicho). Pues en el texto que usted ha presentado lo pone y por eso nosotros lo que queremos decirle es que la Audiencia Nacional deja de forma muy clara en la sentencia 316/2014 que efectivamente la Ley Orgánica 11/2007, por un lado, regula los derechos y las libertades públicas reconocidos y garantizados para todos los ciudadanos en nuestra Constitución, pero a la vez lo compagina con algunas limitaciones que pueden tener determinadas personas en función de su trabajo o, en este caso, de su carácter de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Sí.
Pues bien, señoría, tanto la Audiencia Nacional, que dice que efectivamente la ley orgánica lo regula, como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional lo dejan claro, pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que el artículo 11 no es aplicable a la legislación vigente porque cuando se aprobó por España -le ruego que se lo repase- se hizo una excepción, y así también lo recoge.
En cuanto a otros temas que tocan, como el acoso laboral y sexual en el desempeño de sus funciones, a partir de abril de 2013 hay todo un protocolo en el que se regulan todos los supuestos de prevención y control y también hay todo un proceso garantista para que eso no pueda ser.
Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, repito, vamos a votar en contra de esta iniciativa porque, según la legislación vigente, el Constitucional, y según la jurisprudencia, Supremo-Constitucional -así lo avalan-, no sería aplicable el artículo 11 de ese determinado convenio, desde la garantía de que el derecho de asociación está garantizado en nuestra legislación y, por tanto, todos los integrantes del cuerpo de la Guardia Civil, hombres y mujeres, tienen todo un procedimiento y proceso garantista por el que sin lugar a dudas gozan de un sistema de representación...
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Ahora mismo termino, señor presidente.
... que garantiza plenamente la defensa y promoción de sus derechos tanto profesionales como económicos y sociales, que son legítimos, legales y efectivos.
Señor Delgado, ¿quiere posicionarse sobre la enmienda presentada? (El señor Ramírez Freire pide la palabra).
Señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Presidente, somos el Grupo Ciudadanos y no nos ha dado la palabra para tomar posición.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.
Este comisionado se ha reunido en numerosas ocasiones con la Asociación Unificada de Guardias Civiles de la provincia de Las Palmas, a la que represento como diputado, y debo decir que la negociación colectiva es fundamental para asegurar los derechos de los hombres y las mujeres que conforman el cuerpo de la Guardia Civil. Es cierto que se quejan de que hay una clara violación de las medidas de prevención de riesgos, en los conflictos, incluso en los puntos de acoso y abuso, aunque la ponente del Grupo Popular haya dicho que hay un protocolo. Es cierto que a veces el protocolo no funciona todo lo bien que a nosotros nos gustaría y ellos me lo han transmitido en numerosas ocasiones.
El ámbito de esta PNL no es la forma de resolver esta problemática que tienen los hombres y las mujeres del cuerpo de la Guardia Civil que a nosotros nos preocupa sobremanera y que hemos dejado demostrado, porque para nosotros es uno de los cuerpos que más prestigio tiene y que es de gran importancia para la seguridad de este país.
Nosotros en el día de hoy nos vamos a abstener en esta proposición no de ley porque vamos a presentar la petición de una subcomisión, precisamente para el estudio de la mejora de las condiciones del cuerpo de la Guardia Civil que establezcan un cuerpo moderno y del que nos podamos sentir orgullosos todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias y reitero las excusas.
Tiene la palabra el señor Delgado para fijar la posición sobre la enmienda.
El señor DELGADO RAMOS: La única enmienda la rechazamos.
- SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES O VINCULADOS A ELLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000547).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figuraba en el orden del día con el número 4.º, sobre la integración de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, del Grupo Ciudadanos.
Señorías, entre las funciones de los funcionarios de prisiones figura la vigilancia y el cuidado de los reclusos desde lugares estratégicos del recinto penitenciario, como son los accesos al recinto, los puestos de vigilancia o los monitores de las cámaras de vigilancia. El funcionario se encarga, entre otras cosas, de encerrar a los presos en sus celdas, del cuenteo de los mismos, de permitir que salgan en los tiempos de ocio o de registrar las celdas en busca de drogas o de armas. Asimismo realizan labores tales como la identificación de los internos, la tramitación de expedientes o las labores de reinserción social y reeducación.
De acuerdo con el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administración Pública de enero de 2016, a día de hoy existen 209.046 efectivos en la Administración General del Estado, de los cuales 23.439 efectivos corresponden a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, lo que supone el 11,21 % del total de personal. Desde el año 2015 al 31 de marzo de 2016 se han registrado en las cárceles españolas 2.118 agresiones de presos a los trabajadores encargados de su custodia. Entre
estas agresiones, 181 han sido catalogadas como graves o muy graves. Durante el primer trimestre de 2016, último periodo registrado oficialmente, se han registrado ya 38 agresiones a funcionarios. Estas cifras representan más de la mitad de las agresiones sufridas por el conjunto de los trabajadores de la Administración General del Estado y casi un 80 % del total de las agresiones consideradas graves o muy graves. En todo caso, el número de agresiones es muchísimo mayor al no estar recogidas todas las que se producen, ya que además no se facilitan datos de lo que se denomina técnicamente resistencias de los internos, que también producen daños a los trabajadores.
Les voy a contar algunos casos de este tipo de agresiones. Los pasados 17 y 18 de junio, en el centro penitenciario Madrid VII, en la localidad de Estremera, se registraron dos incidentes violentos consecutivos, uno de ellos por ataque con un pincho carcelario a un preso del área de aislamiento y a uno de los funcionarios que le vigilaban. En el módulo 7, aislamiento de la prisión Salto del Negro en Gran Canaria, tuvo lugar otro episodio de agresiones a funcionarios. Después de pasar consulta la doctora del centro y negarse a expedir una medicación que consideró innecesaria, cuatro internos se pertrecharon con palos de escoba quebrados y afilados y se dirigieron a la oficina de los funcionarios intentando romper el metacrilato de las ventanas y acceder entre los barrotes. Amenazaron de muerte por sus nombres a los funcionarios y se encararon con otro recluso que no participaba en esta situación violenta. Más tarde, los internos, desde el fondo del patio, persistían en su actitud y no arrojaban los pinchos carcelarios, por lo que, avisado un mayor número de funcionarios de seguridad, se tuvo que entrar al patio y enfrentarse a una situación de tensión y de peligro.
El 18 de agosto de 2015 tuvo lugar otra agresión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde un interno agredió a tres funcionarios, que permanecieron de baja varios días. El suceso se produjo en el área de aislamiento, donde el interno, que contaba con un amplio historial de agresiones y conflictos, la emprendió a patadas y puñetazos contra los funcionarios. Estos hechos sucedieron durante el reparto de la comida, momento en que el interno insultó y amenazó a los funcionarios que se negaron a que tuviera un economato extra. Hay un ejemplo similar con amenazas de muerte ocurrido en la cárcel de Aranjuez y otro ejemplo de agresiones en la enfermería del centro penitenciario de Villahierro, en León -las enfermerías son un lugar muy habitual donde se producen agresiones en estos centros-, donde uno de los reclusos comenzó a lanzar sillas en un momento de enajenación producida por su adicción a las drogas, dejando heridos a tres funcionarios con contusiones y desprendimiento de parte de una oreja de uno de ellos.
Tras el cierre masivo de un gran número de centros psiquiátricos -este es un tema que me gustaría que abordásemos en esta Comisión en otro momento-, las enfermerías de las prisiones son un lugar muy frecuente donde tienen lugar gran parte de las agresiones, ya que albergan un gran número de presos con algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Entre el 22 y el 25 % de las agresiones cometidas a los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo son cometidas en las enfermerías por reclusos con algún tipo de enfermedad mental.
Señorías, a pesar de todas estas cifras, el 30 de julio de 2015 fue aprobado en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado o en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Este protocolo venía a dar respuesta a una de estas situaciones que más preocupaban a los trabajadores públicos, como es sufrir percances en el desempeño de su trabajo. El preámbulo de este protocolo establecía específicamente que, cuando se hace referencia a los riesgos que afectan a la salud de los empleados públicos como consecuencia del trabajo que realizan, se asimile en la mayoría de los casos a riesgos comunes, como caídas, golpes, cortes o intoxicaciones. Sin embargo no se suelen tener en cuenta riesgos causados por otras personas, como ocurre en el caso de los funcionarios de prisiones.
La Mesa general de negociación acordó, respecto de los funcionarios de prisiones, valorar en un corto periodo de tiempo la posibilidad de contemplar alguna regulación especial dentro del protocolo, para lo que constituiría una comisión técnica de prevención de riesgos laborales, un grupo de trabajo con la participación de Instituciones Penitenciarias. No obstante este grupo se reunió para llevar a cabo esta ponencia, y desgraciadamente no fueron capaces de llegar a un acuerdo sobre qué tipo de protocolo de actuación debía utilizarse o emplearse en el caso de los funcionarios de prisiones. El resultado de esto fue que finalmente los funcionarios de prisiones quedaron excluidos de este protocolo.
Señorías, lo que pedimos en estos momentos creemos que es de justicia, puesto que no podemos tener un colectivo tan numeroso, empeñado en una labor tan importante como es la de vigilar y dar la protección adecuada a los propios internos, además de garantizar sus condiciones saludables dentro de
la institución penitenciaria, sin proteger de alguna manera el trabajo que estos funcionarios vienen desempeñando a favor de todos los ciudadanos. Por lo tanto, señorías, creemos que debe incluirse a este colectivo de trabajadores dentro de este protocolo o, como se recoge en alguna de las enmiendas que estamos en este momento tramitando de otros grupos parlamentarios, proponer que se cree un protocolo específico para integrar a este colectivo de funcionarios de prisiones que permita garantizar no solo su seguridad, sino además tratar de evitar estas incidencias en la medida de lo posible, y desde luego garantizarles su propia seguridad.
Se han presentado dos enmiendas. Una por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidente.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista tiene mucho que ver con la propuesta que hace el Grupo Ciudadanos, porque consideramos que ante un colectivo especial, con características especiales como es el de los funcionarios de prisiones, también es necesario que haya un acuerdo y que se regule de manera especial la actividad que hace este colectivo. Es un colectivo que sufre agresiones diarias, que tiene unas circunstancias especiales y que se enfrenta a unas circunstancias laborales que precisan, sobre todo, un tacto y una delicadeza por parte de la Administración y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que hasta el momento no han tenido. Agradecemos el gesto de Ciudadanos por proponer esta proposición no de ley, ya que esta es una cuestión sobre la que el Partido Socialista viene trabajando desde hace tiempo y que no es más que otro dato indicativo de la gestión que se está haciendo por don Ángel Yuste al frente de Instituciones Penitenciarias. No es de recibo que haya cárceles en nuestro país terminadas y que estén cerradas; no es de recibo que con los recortes se haya buscado una excusa para despilfarrar dinero público a la hora de hacer contratos con empresas privadas, no solo para tratar de vigilar el recinto perimetral, sino también para suministrar contratos de mantenimiento o de limpieza en las prisiones. Como tampoco es de recibo y resulta miserable que por parte del ministerio se haya tratado de recortar el gasto farmacéutico, y que haya presos que en estos momentos tengan que pagar por recibir medicación, sobre todo en algunos tratamientos de larga duración. Por estas cuestiones lo que planteamos es una enmienda a esa proposición no de ley, que trata de aportar justicia y una nueva visión a lo que debe ser la labor de estos funcionarios públicos, y sobre todo para que la puedan ejercer con seguridad en su entorno laboral, para que puedan verse protegidos y tengan un asidero legal en caso de que sufran agresiones, tanto verbales como físicas.
Por el Grupo Popular, que ha presentado enmienda, tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular comparte la preocupación por la violencia en el trabajo, en este caso en el ámbito de las instituciones penitenciarias, y esa es la razón que nos ha llevado a presentar una enmienda, porque creemos que ese ámbito penitenciario tiene una serie de matices y especificidades que no comparte con el resto de la Administración General del Estado, como a continuación intentaré explicar.
El propio concepto de violencia en el lugar de trabajo que utiliza ese protocolo, y que es el que ha utilizado la OIT en 2003, se vincula a comportamientos o incidentes que se apartan de lo razonable, y eso presenta grandes coincidencias con la realidad de las personas ingresadas en prisión, así como de las circunstancias que motivaron su ingreso. Además el objeto del protocolo de actuación se refiere únicamente a la violencia externa, entendida como la ejercida por los usuarios de los servicios a los empleados públicos durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones legalmente retribuidas. En este caso los usuarios son los internos recluidos, y desde luego la relación jurídica de especial sujeción que une a un interno con la Administración penitenciaria no es asimilable, ni mucho menos equiparable a la relación jurídica de cualquier ciudadano con cualquier otro departamento ministerial u organismo público de la Administración General del Estado. De hecho ese protocolo sí se aplica directamente cuando nos referimos en el mismo ámbito penitenciario a abogados, visitas y familiares, pero no cuando se refiere a los internos. Además en muchas ocasiones las personas ingresadas en prisión presentan patologías previas como
trastornos mentales, dependencia de sustancias tóxicas, comportamientos agresivos, problemas de autocontrol; en definitiva circunstancias que les llevan a comportamientos inadaptados, pero tanto dentro como fuera del centro penitenciario. Con todo eso la Administración penitenciaria ni puede ni debe tomar como medida preventiva la disminución de la interacción interno-funcionario, puesto que esa relación es constante y potenciada para desarrollar eficazmente el servicio público que tienen encomendado, que no es otro que trabajar para garantizar la convivencia pacífica y ordenada en el centro penitenciario, tratando en todo caso de evitar o disminuir conductas agresivas, y con ello lograr que los internos realicen los programas de intervención o tratamientos que individualmente se consideran más adecuados, preparándoles para una vida en libertad y conforme a la ley penal.
Los funcionarios de dicha Administración Penitenciaria se encuentran especialmente cualificados para el desempeño de sus cometidos, están sometidos a formación continua, y además no pueden ser sustituidos por funcionarios de otros cuerpos o escalas de la Administración pública. Otro objetivo del protocolo de actuación es sensibilizar para que las conductas agresivas hacia empleados públicos no queden inmunes. Pues bien, en la Administración penitenciaria ya disponen de un procedimiento disciplinario que permite sancionar las conductas violentas que estén tipificadas como infracciones, las tipifican en muy graves, graves y leves, y en función de eso se fija la sanción. Además la imposición de la sanción conlleva importantes efectos en el cumplimiento de la pena, impidiendo en muchos casos el acceso a determinados beneficios penitenciarios. Esa es otra de las diferencias con el resto de la Administración General del Estado.
Si analizamos las medidas proactivas del protocolo veremos que todas van encaminadas a disminuir o evitar conductas violentas, a generar seguridad en términos generales. En el ámbito penitenciario todo ha sido diseñado para garantizar esa seguridad. Cada centro penitenciario tiene su plan de seguridad, en el que se fijan las actuaciones para situaciones de riesgo, con distintos niveles de actuación según los distintos incidentes, y además esos procedimientos son complejos y en determinados supuestos se coordinan con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En conclusión, la disminución e incluso extinción de las conductas violentas en los establecimientos penitenciarios es un asunto prioritario para la Administración penitenciaria, si bien presenta una problemática compleja que debe abordarse desde una perspectiva global e integradora que abarque prácticamente todas las áreas organizativas de la Administración penitenciaria, y forma parte intrínseca del servicio penitenciario. Por ese motivo no puede circunscribirse o reducirse...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo ya, señoría.
La señora CORTÉS BURETA: ... al ámbito de la prevención de riesgos laborales, tal y como se aborda en ese protocolo. Consideramos que conviene realizar un análisis adicional multifuncional y en profundidad de aquellos incidentes del régimen con internos que conlleven una agresión corporal a los empleados públicos penitenciarios, a fin de determinar la necesidad de acometer ajustes o mejoras en las medidas de seguridad existentes encaminadas a evitar o disminuir las precipitadas conductas agresivas. En ese sentido hemos presentado una enmienda que intentaremos transaccionar con el grupo proponente, Ciudadanos.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Vamos a abstenernos en esta iniciativa.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias.
Seré muy breve, señoría. Como acaban de señalar el protocolo es de aplicaciones en Instituciones Penitenciarias, siempre que no afecte a las relaciones de sujeción especial, es decir, a los internos, a los reclusos, Pero también es cierto que el número de incidentes es muy elevado, y los graves también son considerables. En este sentido, llámesele seguridad o higiene en el trabajo o riesgos laborales o tácticas operativas para la seguridad, creemos que hay un problema que debe ser abordado, y no solo desde cada institución penitenciaria, sino desde el conjunto de las instituciones penitenciarias, como tácticas operativas
o como un subapartado de este protocolo, lógicamente con las peculiaridades que tendrá, porque estos protocolos de los que estamos hablando están orientados a ciudadanos, es decir, en una agresión ordinaria, en que se tiene que estar acompañado, en que no se esté en espacios con poca iluminación, en que no se confronte con el ciudadano. Por tanto no tiene ninguna lógica la aplicación de este protocolo adaptándolo a las peculiaridades de un recluso o un penado, aunque también es cierto que es necesario afrontarlo de manera transversal, y no de una manera singular en cada centro o institución. En ese sentido y con estos matices apoyaremos la iniciativa.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; tiene la palabra el señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señor presidente.
Antes de hablar de lo accesorio me gustaría hablar de lo principal, porque he creído que anteriormente, en la intervención que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, se ha acusado directamente a este grupo de connivencia por encarcelar a la oposición política o algo por el estilo. Como de alguna manera yo me siento aludido en las convicciones democráticas, creo que hay que reafirmar esto, y más en una institución como en la que estamos, haciéndolo tantas veces como sea necesario. Es preocupante que existan este tipo de afirmaciones gratuitas por un partido que apoya a un Gobierno como el que tenemos. Dicho esto voy a entrar directamente en el tema. Creo que la proposición de Ciudadanos viene de alguna manera a responder a solicitudes de centrales sindicales que ya habían planteado el tema de que se incluya al colectivo dentro del protocolo de la Administración General del Estado. Hablo de la Administración General del Estado -y me parece un planteamiento ajustado- porque después de lo que he escuchado parece que las cárceles son una especie de excepción en la Administración o no forman parte de la misma, y que por tanto las personas que trabajan allí y que tienen relaciones entre ellos no formarían parte de una relación normal con una Administración pública. Independientemente de las connotaciones ciudadanas que puede tener el hecho de estar ingresado en un centro penitenciario, esto es así. Es decir, es una Administración normal y por lo tanto se apoyará esta moción porque vamos caminando hacia el hecho de que sea una Administración normal.
Frente a esto hay dos enmiendas. Una del PSOE que lo que intenta es llevarlo a una comisión técnica de prevención, y otra del PP que tira por elevación diciendo que se va a estudiar y se va a hacer en el marco de medidas de seguridad. Entendemos que la respuesta que se ha dado por la Administración -y que ahora hemos escuchado- a esta petición sindical es poco consistente. Hemos oído hablar aquí de muchas cuestiones, hemos oído hablar de las relaciones de sujeción especial, y hemos oído hablar en ese sentido de que los presos no están sometidos a una Administración normal. Las relaciones de sujeción especial son un invento del Estado prusiano, que el Estado nazi acogió, y que en los años cincuenta llegó a España a través de la doctrina administrativista, que también fue acogida con fervor en aquel momento político, y que el Tribunal Constitucional rescató en un momento determinado para justificar la restricción de derechos -en nuestra opinión, por encima de lo debido- de algunas personas, y que no afecta únicamente a las personas privadas de libertad, sino que afecta a otro tipo de personas. Tradicionalmente han sido, tanto los estudiantes como los militares o como las personas presas. Por lo tanto, cuidado con manejar este tipo de conceptos, porque al final podemos llegar a una restricción indebida de derechos, y a generar ciudadanos de segunda, porque a lo que nosotros nos negamos es a que esto se trate directamente como un problema de seguridad. Seguramente están creciendo las agresiones o las denuncias en este sentido de los funcionarios del Estado. Dichosos ellos que pueden denunciarlas, porque cuántas agresiones en un ambiente de violencia habrá a presos o entre presos que no sabemos, y este ambiente de violencia, ¿a qué es debido? Nosotros tenemos un diagnóstico clarísimo: a menos intervención en el tratamiento, a menos inversión del Estado para el objetivo de intentar cumplir los ideales de reinserción social, a más seguridad por la seguridad, más ambiente de violencia, y por lo tanto más inseguridad para todas las personas que conviven en un centro penitenciario, absolutamente para todas.
El señor SANTOS ITOIZ: Apoyamos esta PNL sin más porque aunque forma parte parcial de la solución, puede contribuir a ella, pero desde este marco que estamos planteando.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, para fijación de posición o enmienda.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Estamos transaccionando una enmienda con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, y en breve la pasaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muy amable, gracias.
- SOBRE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000468).
El señor PRESIDENTE: Señorías, nos quedan tres PNL y nos quedan cincuenta minutos de Comisión. Pido por favor a los portavoces que se ajusten a los tiempos, porque si no me veré obligado a cortarles el uso de la palabra.
Vamos a comenzar por la del Grupo Parlamentario Popular, proposición no de ley sobre colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local.
La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la seguridad es el fundamento para el desarrollo de una sociedad libre, constituye un elemento esencial y definitorio de la calidad de nuestra democracia y una exigencia que demandan nuestros propios ciudadanos. Por ello mantener unos buenos niveles de seguridad ha sido, es y será una prioridad siempre para el Partido Popular. En España en los últimos años han mejorado, tanto los índices de delincuencia como la tasa de criminalidad, bajando esta última en 4,7 puntos, casi 5 puntos, convirtiéndose esta en la más baja de los últimos doce años, y situando por tanto a España como uno de los países más seguros de Europa. Estos datos vienen a confirmar que todas las mejoras y actualizaciones realizadas por el Gobierno del Partido Popular del marco normativo de las leyes que vertebran la seguridad de nuestro país han sido muy positivas, en contra de las consignas que los partidos de la oposición se empeñaron y se empeñan en difundir. Datos que demuestran que dichas mejoras legislativas no han recortado para nada nuestra libertad, sino todo lo contrario: lo único que han recortado ha sido la inseguridad y la criminalidad, aumentando con ello nuestra seguridad.
Sin embargo los desafíos de la seguridad en nuestra sociedad son cada vez de mayores proporciones, y lógicamente cada vez se necesitan respuestas más rápidas y más acertadas así como también una mayor coordinación, cooperación y colaboración de los medios existentes, tanto humanos como materiales, que permitan obtener mejores resultados en beneficio de la seguridad ciudadana y el bienestar de las personas, rigiéndose por los principios de eficacia, economía de los medios, competencias y por supuesto respetando siempre la legalidad vigente. Y sin duda para hacer frente a estos nuevos desafíos España cuenta con unos grandes profesionales, con una gran vocación de atención al ciudadano, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, cómo no, también la Policía Local, cada una ejerciendo sus competencias, pero teniendo claro que están al servicio de garantizar los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. Por ello, señorías, hoy presentamos esta iniciativa; una iniciativa que pretende impulsar precisamente la elaboración de convenios específicos con los distintos municipios, de acuerdo con lo contenido en la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con el convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, siempre como no podía ser de otra manera con pleno respeto a la autonomía municipal y a las competencias que las comunidades autónomas tienen en el terreno de la seguridad ciudadana. Se trata por tanto de continuar en la línea de los trabajos que ha venido realizando el propio Ministerio del Interior, como consecuencia de los sucesivos convenios que se han firmado desde el año 2002, y otro que se firmó en el año 2006 y se mejoró ligeramente en el año 2007, todos ellos con el fin de garantizar la seguridad de todos y mejorar nuestra convivencia. En definitiva, señorías, una iniciativa con un claro objetivo que no es otro que impulsar la colaboración y la coordinación operativa entre los cuerpos de
seguridad del Estado y los cuerpos policiales dependientes de los municipios, que han obtenido logros muy positivos para la seguridad del ciudadano, revirtiendo en muchas ocasiones la situación de delincuencia reduciendo con ello la comisión de delitos en algo más del 50 % en algunos municipios. Además debemos tener en cuenta que dicha colaboración permite potenciar las juntas de seguridad como instrumento máximo de eficacia y eficiencia en dicha colaboración y coordinación entre los distintos cuerpos policiales que intervienen dentro del mismo ámbito territorial. También permite garantizar a los ciudadanos una respuesta policial ágil, rápida y eficaz, evitando actuaciones que supongan una innecesaria duplicidad de intervenciones así como el intercambio de toda información relevante para la seguridad ciudadana. Es decir, señorías, hablamos de impulsar un acuerdo de colaboración que no solo redundará en beneficio de los ciudadanos, sino que también va a contribuir a crear una cultura de cooperación y de eficacia de recursos policiales que resultan imprescindibles para nuestra seguridad. En este sentido nos parece también importante, a la vez que necesario, la realización de evaluaciones periódicas por parte del ministerio sobre la aplicación de este convenio, de cómo está funcionando con cada uno de los respectivos ayuntamientos que ya lo han firmado, previa valoración de los responsables policiales de cada municipio.
Señorías, a esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tengo que manifestar a su portavoz que nos hubiera gustado llegar a algún tipo de acuerdo con ustedes, pero el texto que nos han presentado deja muy poco margen al entendimiento, porque sinceramente vemos que no aporta nada positivo que permita enriquecer el texto inicial de la iniciativa, sino todo lo contrario. Pretende dibujar un escenario con respecto a la seguridad ciudadana que no corresponde a la realidad de nuestro país, cuando precisamente garantizar la máxima seguridad ha sido una de las cuestiones que ha ocupado un lugar muy importante en la agenda del Ministerio del Interior.
La señora BLANCO GARRIDO: Voy terminando. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, aunque creo que coincidimos plenamente en la importancia de esta iniciativa, tenemos diferencias con algún que otro concepto, que lamentablemente nos impide llegar a ese posible acuerdo.
Presidente, concluyo ya, no sin antes manifestar que desde el Grupo Parlamentario Popular esperamos que esta iniciativa cuente con el respaldo suficiente para ser aprobada al tratarse de un tema muy importante, como es la colaboración del sistema público de seguridad, con el fin de garantizar el máximo grado de eficacia, el servicio y el interés de todos y cada uno de los ciudadanos.
Grupo Vasco, para defender su enmienda.
Haciendo uso de la recomendación de que el tiempo apremia, intervengo simplemente para manifestar que este debate lo tuvimos en la anterior legislatura con los mismos textos, las mismas enmiendas y las mismas posiciones. Por eso este grupo no cambiará el sentido de su voto.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el Grupo Socialista.
Nos trae el Partido Popular, como bien decía el portavoz del PNV, una iniciativa que ya se debatió en la Comisión de Interior en la legislatura pasada, es decir, hace tan solo pocos meses. Como ocurriera en aquel debate, quisiera preguntarle al grupo proponente, al Grupo Popular, dónde queda aquella proposición no de ley que presentaron en el año 2012, que se debatió y aprobó en esta Comisión en octubre de 2012, y que proponía al Gobierno de Rajoy elaborar un proyecto de ley de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías locales. Ni más ni menos que un proyecto de ley, ¿dónde queda aquello? ¿Dónde queda el compromiso del propio ministro del Interior de desarrollar este proyecto de ley de coordinación así como el compromiso del ministro de llevar a cabo una comisión de trabajo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el propio ministerio para esta cuestión?
Pues ni lo uno ni lo otro. En estos cuatro años de gobierno del Partido Popular ni se ha llevado a cabo ese proyecto de ley ni se ha celebrado comisión alguna de trabajo entre la FEMP y el Ministerio del Interior.
Ahora lo que pretenden es aprobar una proposición no de ley que desde luego no responde ni a las demandas que en estas materias de coordinación y colaboración hace la Federación Española de Municipios y Provincias ni a lo que demandan las policías locales ni las autonómicas ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Problemas de coordinación y colaboración que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian, y que también ha advertido mi grupo en varias ocasiones, hace tan solo unas semanas, registrando una iniciativa donde denunciábamos esos problema de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que se han venido produciendo desgraciadamente con este Gobierno y con este ministro del Interior, el señor Fernández. Denuncia que también han hecho los responsables de Interior del Gobierno vasco o del Gobierno catalán que han visto cómo, pese a estar en alerta cuatro por el terrorismo yihadista, esto no ha supuesto -como todos entendemos que sería lo correcto- un incremento en el intercambio de información ni en la convocatoria a efectos operativos de los instrumentos de coordinación que existen.
No menos importantes han sido las fricciones entre Policía Nacional y Guardia Civil, que después de una larga lista de encontronazos podemos resumir sacando algunas noticias como: Jueces detectan descoordinación en operaciones antiterroristas, Sindicato Profesional de Policía denuncia una nueva actitud desleal de la Guardia Civil. Tras estas noticias que vemos día sí, día también, en estos últimos cuatro años con este Gobierno del Partido Popular, el colmo ha sido ver cómo la Policía Nacional denuncia a la Guardia Civil ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el pasado 13 de junio, por una presunta intromisión desleal. Aquí tengo el informe que se remite a la fiscalía. Señorías, podemos hablar de coordinación con la Policía Local, pero no podemos dejar de hablar de esa falta de coordinación que ha existido en este tiempo, insisto, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde mi grupo hemos presentado una enmienda de modificación, porque estando de acuerdo con la necesidad de buscar una mayor coordinación entre policías locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo que el PP nos propone no es más que un parche, que no arregla la situación de descoordinación que ya hemos venido denunciando. Por eso nuestra enmienda propone, en resumidas cuentas, que volvamos a dotar de contenido a todos los mecanismos de coordinación que ya existen, y que en esos cuatro años y medio han dejado de funcionar desgraciadamente de manera interesada por parte del Gobierno del Partido Popular.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Vamos a votar en contra de esta proposición. Cuando los diputados de la antigua Alianza Popular estén dispuestos a hablar de coordinación entre cuerpos de seguridad, incluyendo los cuerpos de seguridad que actúan en Cataluña, estaremos dispuestos a hablar.
El señor PRESIDENTE: Grupo de Esquerra.
Desde el Grupo de Esquerra Republicana nuestra posición es que no, más que nada porque entre otras cosas se olvidan de los mossos d'esquadra que, aunque esa especie de marca blanca del Partido Popular llamada Ciudadanos crea que es una especie de CSI judeomasónico, es un cuerpo que merece respeto y del cual siempre se olvidan.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que no ofende quien quiere, sino quien puede, y en el caso de Rufián, su mismo apellido lo dice. Usted mismo, con sus consideraciones permanentes y su obsesión con Ciudadanos... (El señor Rufián Romero: Superoriginal). No, original usted, que está obsesionado. (El señor Rufián Romero: Y tú). Por otra parte, a Ciudadanos nos da una cierta lástima ver lo que ocurre en un tema en el que tendría que existir un consenso fácil, porque nadie puede estar en contra de que haya una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, como nadie puede estar en contra
de que se aumente también esa coordinación dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -entre Policía Nacional y Guardia Civil-, como nadie puede estar en contra de que se incluya también esa necesidad de coordinación -según la Ley de Seguridad Privada- con la propia seguridad privada, que también tiene muchos miles de efectivos en la calle, y sobre todo porque creo que el objetivo que nos tiene que mover a todos es conseguir la seguridad integral de los ciudadanos y entender que es un bien preciado. Por tanto, a mayor formación, a mayor coordinación y a mayores medios materiales, mayor capacidad para afrontar los retos que en este momento tenemos, que es un aumento de los delitos con violencia, el riesgo de atentados yihadistas y al mismo tiempo afrontar nuevos retos con distintos tipos de delitos. Por eso nos da un poco de lástima que el Grupo Popular no haya pactado algo más con los grupos que habían presentado enmiendas, para conseguir que al final hubiera una transaccional o algún tipo de ajuste o de retoque que permitiera que se hubieran podido aprobar, porque consideramos que en esto no puede haber diferencias, sino que la coordinación tiene que empezar por los propios grupos parlamentarios, que tenemos que entender que la seguridad es un bien preciado de todos los ciudadanos, que defiende nuestras libertades y que con esto no se juega.
El señor DELGADO RAMOS: Señor presidente.
El resultado de hablar de coordinación tiene que ser la mejora de la eficacia que se da a los ciudadanos, y las políticas que ha venido haciendo estos años el Partido Popular y también en parte de la última legislatura de gobierno del Partido Socialista han dado como resultado, por ejemplo, que desde el año 2010 tenemos 20.000 policías y guardias civiles menos en la calle; tenemos peores medios, ya que hay policías y guardias civiles trabajando con coches de más de 400.000 kilómetros o policías y guardias civiles sin chalecos antibalas. Creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y ponernos a trabajar en lo que se refiere a la Ley 2/86 para saber qué modelo policial queremos para que sea más eficaz y esté mejor coordinado. Tenemos unidades como la UCO o como la UDEF que como ustedes saben trabajan para desactivar las mafias de la corrupción, y que según denuncias de ellos mismos están bajo mínimos. Por tanto, la situación no ayuda mucho a mejorar esa coordinación y sobre todo a la efectividad que se pide a todos los cuerpos de policía para que funcionen mejor. Les daré un dato. En España tenemos, según en qué territorios, hasta cinco cuerpos de policía diferentes y ninguno comparte las bases de datos, incluso con la Policía vasca, catalana o navarra. Compartir esas bases de datos sería el inicio para intentar mejorar la eficacia y la coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se pueda trabajar de forma más coordinada. Insisto, hay que tratar sobre todo de reformar la Ley 2/1986, que regula las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque esta ley, de hace más de treinta años, cuando no existían otras policías, no tiene nada que ver con la situación actual. Tenemos que reformar esa ley.
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, ¿qué tiene que decir sobre las enmiendas presentadas?
La señora BLANCO GARRIDO: No se acepta ninguna.
El señor PRESIDENTE: No se aceptan. Muchas gracias.
- SOBRE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000059).
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Socialista sobre defensa de los derechos de los miembros de la Guardia Civil.
Este Congreso es mucho más interesante que el que había en 2011-2015; da mucho más juego, es necesaria una mayor negociación y creo que eso va a ser positivo para el país, si tenemos legislatura en este año. (Rumores).
Señorías, el himno de la Guardia Civil tiene una estrofa que debemos atender: Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Les puedo asegurar que en los últimos cinco años
este Gobierno ha hecho cualquier cosa menos honrar a la Guardia Civil. (Rumores). Lo que ha hecho fundamentalmente han sido contrarreformas que fueron sistemáticamente en contra de este benemérito cuerpo.
Contrarreformas económicas y personales. Hoy tenemos 1.000 millones de euros menos en seguridad que los que teníamos hace cinco años en los Presupuestos Generales del Estado; hoy tenemos 20.000 guardias civiles y policías menos que los que teníamos hace cinco años; hoy tenemos, señorías, más robos en viviendas y en automóviles y más homicidios que los que teníamos hace cinco años.
La contrarreforma legislativa fue otro de los elementos fundamentales de estos cinco años contra la Guardia Civil. Fíjense bien, empezó con una aplicación del Código Penal Militar completamente alejada de la ley que se había aprobado en 2007, hasta el punto de que se aplicó este Código Penal Militar y se hizo cambio de calificación jurídica cuando se recurrió una sanción. Se llegó a aplicar el Código Penal Militar a hechos que previamente se sancionaron como infracción disciplinaria, pero la presentación del recurso llevó a que se les aplicara el Código Penal Militar sin estar en unidades militares, ni en acciones en el exterior, ni en situación de guerra. Es más, cuando llega el momento de hacer frente a una nueva legislación, se añade en el Código Penal Militar un artículo 7 bis que de una forma muy clara se carga un elemento esencial para nosotros, como era que, en ningún caso, a un guardia civil que estuviera en función policial se le pudiera aplicar el Código Penal Militar. A partir de ahora, el Gobierno, que ya lo venía haciendo con una mala interpretación de la anterior ley, lo está haciendo mucho más. Creemos, sinceramente, que no es el camino para honrar a la Guardia Civil.
Contrarreforma en los derechos de los guardias civiles, porque se está dificultando y persiguiendo el derecho de asociación de la Guardia Civil. Señorías, en el año 2007, lo que hicimos en la ley que se aprobó en aquel momento fue hacer frente a la modernización del cuerpo. ¿En qué? En reconocer que tenían derecho a asociación y que esas asociaciones, no siendo sindicatos, sí debían tener atribuciones para la defensa de intereses económicos, laborales o de opinión de los guardias civiles. Esas asociaciones -que, repito, no son sindicatos, ni nunca lo planteamos; son asociaciones como las que tienen jueces o fiscales o las que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas- deben ser efectivas y tienen que tener un órgano en el que expresar su opinión: el consejo. ¿Por qué esta contrarreforma de derechos? Se están abriendo a representantes de asociaciones de la Guardia Civil expedientes disciplinarios. En el año 2005 solamente a UGC, a dos de sus representantes, se les incoaron expedientes disciplinarios. Hay claramente un objetivo de hostigar a los representantes de los guardias civiles y coartar su labor reivindicativa.
Contrarreforma en la conciliación. No se puede seguir así. Además, en ese caso, hay advertencias de que los hombres y mujeres de la Guardia Civil tienen derecho a la conciliación familiar y, por tanto, tiene que primar ese derecho a otros de ordenación del servicio. La pasividad del director general de la Guardia Civil en este aspecto hizo que la Fiscalía togada determinara que no se había cumplido, en el ámbito de la jornada laboral, una orden del propio Gobierno que indicaba que a 30 de marzo de 2016 tenía que estar establecido el sistema de turnos. Como les he dicho, los intereses personales en los ámbitos de conciliación deben estar unidos a los intereses de servicio, pero dejan subordinados exclusivamente los primeros en función de los segundos.
Por último, contrarreforma de agravios. Señorías, pocas veces en España los dos cuerpos estuvieron tan enfrentados, con agravios que la mayor parte de las veces no tienen ni pies ni cabeza. Los dos directores generales han sido nefastos. El director de la Guarda Civil y el director de la Policía han logrado crear agravios entre cuerpos que pagaremos muy duramente. Lo hemos visto en enfrentamientos, como los que se han mencionado en alguna intervención anterior, o en la falta de coordinación.
Acabo, presidente. Estas son las razones por las que presentamos esta proposición no de ley, que trata de reconocer la labor que desarrolla la Guardia Civil y honrarla de verdad; que trata de rechazar la utilización del régimen disciplinario para impedir la actuación lógica de las asociaciones profesionales, pidiendo al Gobierno que reforme el nuevo Código Penal Militar, que se paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones y que mejoren las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de la Guardia Civil para que pueda ejercer su trabajo en condiciones dignas.
En turno de defensa de enmiendas, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señor Trevín, la cuenta de los expedientes no la lleva bien del todo. En 2005 fueron muchos más; se lo dice alguien que lo sufrió, no es por otra cosa. (El señor Trevín Lombán: Me la dio su antigua asociación).
El señor PRESIDENTE: No abramos debate.
El señor DELGADO RAMOS: Señor presidente, señorías, hace unos minutos nuestro grupo acaba de presentar una iniciativa proponiendo que los guardias civiles tengan derechos sindicales. El Grupo Socialista ya ha manifestado su intención de no apoyarla y ahora, para lavar su imagen frente a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, nos trae un documento que en realidad es un brindis al sol, papel mojado, una propuesta sin concreciones claras, es decir, más de lo mismo. Habla de derechos, de apoyar a los representantes frente a los expedientes a los que son sometidos y de aplicar el Código Penal Militar, pero solo como ellos propusieron en el año 2007, es decir, sí al Código Penal Militar. Resulta curioso que el mismo partido que cuando gobernaba les expedientaba hable ahora de derechos. Es el mismo que pactó con el Partido Popular la modificación de la Ley de Derechos y Deberes para limitar el derecho de manifestación a los guardias civiles, el mismo que prohibía las manifestaciones cuando reclamaban derechos y que amenazaba a los guardias civiles por manifestarse; prohibición del derecho de manifestación que una y otra vez los órganos judiciales tenían que enmendar in extremis, dando la razón a los agentes de la Guardia Civil, que sí tenían derecho a manifestarse. Le voy a recordar algunas manifestaciones de guardias civiles que ustedes prohibieron. En el año 2005, 6.000 guardias civiles salieron a la calle reclamando derechos, los que el Gobierno del Partido Socialista les negaba. En enero de 2007, 10.000 guardias civiles vestidos de uniforme salieron a la calle reclamando derechos. ¿El resultado? Treinta expedientes a representantes de aquellas asociaciones. Aquella manifestación fue el precio que tuvieron que pagar los guardias civiles por tener esa Ley de derechos y deberes que nadie les regaló. En octubre de 2008, por primera vez en la historia, policías y guardias civiles juntos salen a la calle reclamando equiparación salarial. ¿Resultado? Seis expedientes a representantes de UGC. En septiembre de 2010, manifestación de 16.000 guardias civiles reclamando una jornada laboral digna, prohibida por el Gobierno del PSOE y autorizada in extremis por el juez, también esa misma representación. ¿El resultado? Dos expedientes a dos agentes de la Guardia Civil representantes de asociaciones. Ahora el Partido Socialista habla de proteger a los representantes de las asociaciones y se olvida de que eran ustedes mismos los que cuando estaban en el Gobierno les expedientaban. Solo en la etapa del Gobierno socialista se abrieron más de doscientos cincuenta expedientes disciplinarios por hacer uso de la libertad de expresión. ¡Y ahora hablan de mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil! ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno? Nosotros proponemos la modificación en este punto que se refiere a la no aplicación del Código Penal Militar, nunca, a los guardias civiles. Nosotros lo tenemos claro: sindicatos, sí; aplicación del Código Penal Militar, no. Ustedes, de una vez por todas, retrátense y digan qué quieren para los guardias civiles.
¿Grupo Mixto? (Pausa). Grupo Vasco, PNV.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
Se han tratado dos puntos, el 5 y el 7, que tienen aspectos coincidentes. Nosotros nos hemos posicionado a favor del punto 5, la sindicación, porque creemos que avanza de una manera más decidida en este proceso de abandono de facto al menos de la naturaleza militar. Por tanto, no apoyaremos este punto 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Grupo Esquerra.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, queremos mostrar nuestro rechazo más absoluto a la agresión que sufrieron recientemente en Navarra dos guardias civiles y sus parejas.
Por otra parte, queremos mostrar nuestro reconocimiento a la Guardia Civil por su abnegación y por su trabajo en pos de la seguridad. Entendemos que es algo digno de encomio y vamos a dar todas las facilidades para intentar conseguir que tengamos una Guardia Civil propia del siglo XXI. Por eso, estamos de acuerdo con esta propuesta que el Partido Socialista ha hecho. Nuevamente volvemos a extrañarnos de que en la intervención del Grupo Socialista se echen en cara al Partido Popular cuestiones que luego otros grupos vuelven a echar al Partido Socialista. Creo que tenemos que intentar buscar una hoja de ruta en la que aglutinemos lo mejor de cada uno para evitar estar recriminándonos permanentemente en esos pasos adelante y pasos atrás. Además, en nuestro programa electoral estaban recogidas parte de las propuestas que el Partido Socialista está haciendo con relación a quitar los derechos de los guardias civiles de ese Código Penal Militar y eliminar ese retroceso que se ha hecho en 2016 sobre la legislación que ya había en 2007. Por eso entendemos que es oportuna. Consideramos que se tiene que paralizar la potestad disciplinaria, como se ha dicho, contra los dirigentes de asociaciones de guardias civiles por defender derechos económicos y laborales y por mostrar su propia opinión. Creemos que es un pasito más.
Durante toda esta legislatura deberemos acordar cuestiones serias y profundas para ayudar a que las condiciones laborales y de vida de este cuerpo tan importante para nuestro país sigan siendo refrendadas en las actuaciones que hagamos desde el ámbito legislativo. Hasta ahora se ha hablado mucho y bien de la Guardia Civil, pero hemos adoptado pocas medidas que realmente le favorezcan. Emplazamos al resto de los grupos a que durante este tiempo trabajemos realmente por conseguir que esa dignidad a la que todos apelamos se traduzca en sus condiciones laborales, en sus condiciones de vida y en los medios materiales que tengan como cuerpo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vaya por delante además de nuestra condena al brutal ataque que se ha producido este fin de semana en Alsasua, ya expresada por mi grupo parlamentario...
El señor PRESIDENTE: Señoría, como ya hemos hecho una declaración institucional relativa a este punto -creo que algunas de sus señorías no estaban presentes cuando la hemos aprobado-, ciñámonos al orden del día, porque nos queda muy poco tiempo de Comisión y todavía queda una PNL.
La señora HOYO JULIÁ: Iba a decir que además de esta condena ya expresada por nuestro grupo a través de la declaración, queremos hacer un reconocimiento al trabajo diario de la Guardia Civil en beneficio de los ciudadanos, garantizando nuestra protección y defendiendo nuestros derechos y libertades. Que el índice de valoración sea bueno para ellos no es una casualidad, es fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo, trabajo muy bien hecho. El modelo que tenemos de Guardia Civil no solo es reconocido dentro de nuestras fronteras, sino también fuera. Es ejemplo a nivel internacional. España puede presumir y sacar pecho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tiene. Vienen de muchos países a estudiar nuestro modelo de Guardia Civil para exportarlo; digo yo que no será tan malo si otros países lo quieren para sí.
El Grupo Parlamentario Popular, igual que nuestro partido, cree en la naturaleza y doble condición militar y policial del cuerpo de la Guardia Civil. Partiendo de ello, siempre nos encontrarán para trabajar en la mejora de las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil. La seguridad es una cuestión de Estado y, como tal, merece toda nuestra responsabilidad y esfuerzo para llegar a consensos.
Celebro, señor Trevín, que esta legislatura venga con más capacidad y voluntad de consenso. Realmente espero que sean más coherentes, porque tengo que recordar que en la X Legislatura compartimos ponencia en una ley, la Ley de régimen de personal de la Guardia Civil, y ustedes ponían unas líneas rojas que cambiaban cuando nosotros las aceptábamos. Por ello, celebro que en esta
legislatura vengan con más capacidad de consenso y con voluntad de llegar a más acuerdos. Aprobamos, con su abstención, una Ley de Personal de la Guardia Civil que creemos que beneficia mucho a los guardias civiles, una ley muy consensuada con las asociaciones de la Guardia Civil, y que la beneficia a muchos niveles: a nivel administrativo, de formación y promoción profesional de la Guardia Civil y también a nivel social, con muchas medidas a favor de la igualdad, de la conciliación de la vida personal y laboral, de la prevención de la violencia de género y de la atención y protección a las víctimas del terrorismo.
En la proposición no de ley que estamos debatiendo se hacen afirmaciones que no son ciertas, ya que el régimen disciplinario no impide que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan defender sus derechos y puedan trasladar sus demandas a las instituciones democráticas. La Guardia Civil no emplea las normas disciplinarias más allá de los límites y circunstancias dispuestos en las mismas, sin que este último caso deba considerarse como una limitación ilegítima a cualquier derecho. En cuanto a la reforma del Código Penal Militar, la Ley Orgánica 14/2015 resulta de aplicación a los miembros de la Guardia Civil cuando, como consecuencia de su condición militar, realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense o en el desempeño de aquellas funciones o cometidos esenciales que no se encuentren encuadrados en el servicio peculiar que presta el cuerpo en el ámbito policial.
La señora HOYO JULIÁ: Así que de forma expresa excluye su aplicación ante acciones u omisiones derivadas del ejercicio de sus funciones y cometidos de naturaleza policial.
Por otra parte, hay que destacar que los expedientes disciplinarios que se incoan contra cualquier miembro de esta institución no lo son por el ejercicio de los derechos de asociación profesional o libertad de expresión, sino por la presunta comisión de cualquiera de las faltas disciplinarias contempladas en la Ley Orgánica 12/2007.
La señora HOYO JULIÁ: Sí, presidente.
Por todo lo expuesto, presidente, he de decir que no compartimos los puntos 2 y 3 de esta proposición no de ley, aunque sí el punto 1, y por ello hemos pedido al grupo proponente que acepte su votación separada.
Señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, aceptamos la votación por puntos y lamentamos no poder aceptar la enmienda, porque la hemos acordado con la Asociación Unificada de la Guardia Civil en todos sus puntos y, por tanto, no podemos salirnos de ese acuerdo.
- SOBRE EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE CONTRATAR A EMPRESAS PRIVADAS LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LAS PRISIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000211).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día: proposición no de ley sobre evaluación de la conveniencia de contratar a empresas privadas la seguridad perimetral de las prisiones, del Grupo Socialista.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Quiero traerles a la memoria un desgraciado y terrible acontecimiento de la democracia española. Ocurría a mediados de 1997: el brutal asesinato de un político español. Fue un asesinato que removió la conciencia de los demócratas, un asesinato que puso sobre la mesa la cuestión de la seguridad personal de aquellas mujeres y hombres que en su día a día luchaban y trabajaban por la democracia, por la libertad, por la paz, en unas tierras que estaban siendo azotadas por el terrorismo de ETA. Políticos de diferentes ideologías, fiscales, jueces y autoridades veían como el terrorismo amenazaba brutalmente su vida. Ante esto, la clase política decidió mayoritariamente que aquellas personas que estuvieran bajo el punto de mira de los terroristas fueran protegidas, fueran salvaguardadas como bienes preciados que
permitían garantizar lo que tanto había costado ganar: la libertad, la vida, la democracia. Fue esa clase política la que decidió que a esos objetivos había que ponerles unos ángeles de la guarda, unos ángeles que les protegieran frente al terrorismo de ETA. A esos ángeles les llamábamos escoltas, escoltas cuya efectividad en su trabajo fue del cien por cien, repito, del cien por cien. Ningún protegido ni ninguna protegida fueron asesinados durante su servicio. Acompañaron a sus protegidos y protegidas durante diez y catorce horas al día, los siete días de la semana y en turnos incansables para que estuvieran en todo momento a salvo, algunos durante más de quince años. Hasta tal punto fue su efectividad, que aquellas y aquellos ángeles de la guarda se convirtieron a su vez en objetivos, en txakurras -perros les llamaban los asesinos-.
Pasó aquello y llegaron buenos tiempos, de lo cual nos congratulamos. Aquellos ángeles de la guarda que tan necesarios fueron pasaron a ser innecesarios y quedaron en el paro, aproximadamente 3.500. La sociedad democrática, la clase política y especialmente sus protegidos y protegidas estarán siempre en deuda con ellos, una deuda que el Ministerio del Interior y el Gobierno del PP les prometieron que iban a saldar. ¿Y cómo les prometieron que la iban a saldar? Les dijeron que para darles trabajo se privatizaría la seguridad perimetral de las cárceles. Con aquella excusa se vendió una privatización. Póngase por punto que el Partido Socialista está en contra de la privatización de la seguridad de las cárceles. Se vendió una privatización y se les dijo que las empresas de seguridad contratadas para prestar esos servicios a su vez les contratarían a ellos. Se vendió a la sociedad esta privatización, se dijo a la ciudadanía que la deuda se iba a pagar y que esos ángeles de la guarda podrían seguir ganándose la vida con dignidad. Lo que el Gobierno no les dijo es que les estaba mintiendo, que para esto ya tenían también un power point. El resultado, señorías, se lo voy a decir: una mujer escolta durmiendo en su coche, que tuvo que ceder la custodia completa de sus hijos a su exmarido por no poder cuidarlos por haber perdido su casa; varios escoltas comiendo en los comedores sociales o yendo a los bancos de alimentos, a la Cruz Roja o a Cáritas; cinco escoltas durmiendo en las calles, debajo de los puentes, porque su curriculum vitae dice que trabajaron en los últimos quince años de escoltas de políticos del PP -Leopoldo Barreda, Alfonso Alonso, Javier Maroto, Borja Sémper o Iñaki Oyarzábal- y de otros varios que podría nombrar, entre ellos también miembros del PSOE; y varios suicidios entre estos escoltas. El resultado de cómo el PP ha pagado su deuda con los escoltas ha sido el rescate de las empresas de seguridad privada, vinculadas muchas de ellas a miembros del PP y sus familiares. El PP privatizó en el año 2014, con la excusa de recolocar a los escoltas, la seguridad perimetral de las cárceles por 40 millones de euros, para más de 800 puestos de trabajo, de los cuales apenas unas decenas fueron para ellos. Ahora, con 'agosticidad' -por llamarlo de alguna manera- y alevosía, un Consejo de Ministros de un Gobierno en funciones aprueba de nuevo la licitación de un contrato por más de 58 millones de euros para más de 900 puestos, un nuevo rescate para las empresas privadas de seguridad. El Gobierno del PP no ha demostrado con ningún informe -repito, ningún informe- que esta privatización suponga un incremento para la seguridad de las prisiones y un beneficio público; en ningún caso ha justificado el alto coste para el erario público. Las empresas ganan a razón de 3.200 euros por puesto de trabajo y pagan a sus trabajadores una media de 1.200. La diferencia económica, ya saben ustedes, señorías, como vulgarmente se dice, va a la buchaca de las empresas.
Señorías -y termino-, tenemos una deuda con los escoltas y tenemos una deuda con la sociedad, no tenemos una deuda con las empresas privadas. Tenemos que pagar esta deuda. No queremos privatizar la seguridad de las cárceles, pero, si la privatizamos, paguemos lo que debemos. Hemos propuesto una transaccional al Grupo Popular y a Ciudadanos, que también está revisando Podemos. Esta transaccional ha sido rechazada por el Grupo Popular y ha sido sin embargo aceptada por Ciudadanos; la decisión última de Podemos todavía está pendiente. Señorías, paguemos con dignidad la deuda que debemos. No tratemos a nuestros ángeles de la guarda como les trataban otros. Tratemos a nuestros ángeles de la guarda como ángeles y no como txakurras.
Para presentar su enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: En nuestra enmienda pedimos que se suprima una parte del punto 2, para dejar escrito que más allá de los aspectos negativos, que también hay que valorar, hay que tener en cuenta los aspectos positivos, y tal como está redactado eso no quedaba claro.
También queremos solicitar al grupo proponente la votación por puntos. Queremos votar en contra del tercero y, por eso, si es posible, pedimos la votación separada.
Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.
La exposición de motivos tiene que ver con la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, y la transaccional que hemos acordado tiene más que ver con la seguridad pública y la seguridad privada relativa al perímetro de las prisiones. Creemos que a la hora de poner condiciones, en el caso de que se privatice la seguridad perimetral de las prisiones, hay que reunir una serie de requisitos, y por eso hemos aceptado esta transaccional. También es cierto que nos acabamos de enterar en vivo, durante las intervenciones, de que el Grupo Popular, que participaba en la misma, se ha descolgado.
Volviendo al debate en cuestión -entendemos que son dos debates-, estamos de acuerdo con que haya una serie de mejoras puntuales para esas personas que vienen de desarrollar el puesto de escoltas de cargos públicos, especialmente en territorios que en su momento estaban en peligro a causa del terrorismo. Estamos totalmente de acuerdo y no tenemos ningún problema en que haya un mayor control para saber cuánto nos cuestan la seguridad pública y la seguridad privada, en que se evalúe la seguridad privada para saber que está preparada para aportar el servicio que realmente requieren nuestras prisiones, así como en que existan una serie de requisitos formales y sobre todo el respeto del convenio colectivo del sector por parte de esas empresas para evitar precisamente eso que se comentaba antes de cuánto cobran los trabajadores, cuántas horas trabajan y, al mismo tiempo, qué están recibiendo como contraprestación por las entidades públicas. Tiene que aumentar la transparencia en el procedimiento de contratación, y por eso vemos bien las propuestas que se han hecho para poder comprobar cómo van la seguridad privada y la seguridad pública y poder tomar decisiones en cada momento para elegir lo que sea mejor para el erario público y para el Estado. Estamos de acuerdo con eso y, evidentemente, con la medida que se ha acordado para que los escoltas puedan tener una oportunidad laboral, tal y como se planteaba en el inicio de esa justificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Tiene la palabra el Grupo Popular para la defensa de enmiendas.
La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente, señorías, buenos días.
Con todos mis respetos hacia el grupo proponente, no puedo evitar extrañarme por la forma y el contenido de la proposición no de ley del Grupo Socialista. Lo digo porque mientras toda la exposición de motivos parece ir dirigida única y exclusivamente a la defensa de un colectivo de personas, los exescoltas privados de muchas autoridades y cargos públicos, haciendo responsable al Gobierno actual de su situación de desempleo, sorprendentemente en el petitum de la proposición no de ley esta preocupación queda relegada a una sexta parte de la misma y ni aparece en su enunciado. ¿Dónde ha dejado a los ángeles de la guarda, como les ha llamado, señora Cantera?
Señoría, la demagogia no es buena compañera ni es elegante cuando se utiliza a personas o se juega con situaciones muy precarias y dramáticas de personas que lo están pasando mal como un medio para hacer oposición, más preocupada en cómo atacar que en cómo proponer para mejorar. Demuestra la falta de interés y de respeto que tienen por las personas aludidas. Señorías del Grupo Socialista, parece que ustedes hablan de la necesidad de dar una salida laboral a los exescoltas, pero lo que realmente están haciendo, como dice el propio enunciado de su proposición no de ley, es pedir -cito textualmente- una evaluación de la conveniencia de contratar empresas privadas para la seguridad perimetral de las prisiones. Lea, señoría, la intervención que ha hecho para ver dónde ha dejado a los ángeles de la guarda.
Señorías, saben perfectamente que fue una iniciativa del antiguo Grupo de Convergència i Unió la que promovió la reforma de la normativa de seguridad privada que favorece el empleo de vigilantes de seguridad aprobada en la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, para así reforzar la seguridad que prestan tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía. Se aprobó en mayo de 2012 y, en abril de 2013, se hizo realidad a través del plan piloto de seguridad en las prisiones, el cual se implementó en veintiún centros penitenciarios y fue ampliado el 1 de octubre de 2014 a la totalidad de los centros, a los sesenta y siete. No se trata, por tanto, señoría, de que ahora, como pretenden, se autorice o no al Gobierno a que haga esto. Esta Cámara lo autorizó en 2013 y está ya implantado. Como el contrato
termina ahora, en octubre, esa evaluación que ustedes piden ya la ha realizado el Gobierno en funciones, como es su obligación antes de proceder a una nueva adjudicación de este servicio. El coste del mismo no es el que ustedes reflejan en su proposición no de ley, 58 millones, sino 34.600.000 euros, algo que deberían conocer. Además, como he dicho anteriormente, antes del inicio del expediente para proceder a la nueva adjudicación, se solicitan -así lo establece el procedimiento administrativo-, señorías, por parte del ministerio los informes correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los cuales se ponen de manifiesto la eficacia del servicio y la ausencia de incidencias, incidencias que ustedes dicen que hay porque lo han visto en los medios de comunicación, una base documental muy fehaciente, señoría.
Por otro lado, sobre las cláusulas a establecer en el pliego de condiciones, señores proponentes, de todos es sabido o debería de serlo, -a la vista de lo solicitado no lo saben-, que la legislación sobre contratos del sector público exige, además de otros requisitos, la aportación de una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar y manifestación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Sobre la formación de los trabajadores que presten estos servicios, la legislación actual -deberían saberlo- exige la titulación de vigilante; la autorización, según los distintos puestos de trabajo, de porte de armas; y la realización de una formación específica para prestar servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad. Dentro de los profesionales que cumplan con estos requisitos, es la propia empresa de seguridad adjudicataria, como dice la legislación vigente -que tampoco se la saben-, la que elige al personal encargado de prestar servicios según sus protocolos internos, sin que la Administración deba interferir en el proceso.
La señora ESCUDERO BERZAL: Termino.
Respecto a lo pedido, a que se comprometan las empresas adjudicatarias a contratar un número determinado de escoltas en desempleo -la decimosexta parte de lo que piden esos ángeles de la guarda, que ha sido el único tema de su intervención-, es en lo único en que podemos estar de acuerdo. En consecuencia, por el compromiso moral y ético que todos debemos tener y por el agradecimiento -el Partido Popular lo tiene, no otras formaciones políticas, como se ha demostrado aquí- hacia todas las personas que con su vida han protegido y defendido, siempre dentro de la legalidad, como deben hacerse las cosas, la vida de cargos públicos y autoridades durante muchos años -no cito ningún nombre-...
El señor PRESIDENTE: Señorías, concluya, por favor...
La señora ESCUDERO BERZAL: ... como consecuencia de la barbarie terrorista -termino- y de la amenaza real al que la banda de los asesinos de ETA han sometido a los españoles, hemos presentado la enmienda de modificación que a todos ustedes les consta.
Les advierto a los portavoces que están negociando una transaccional que, en cuanto acabe el debate, comenzamos la votación, porque estamos obligados a terminar antes de que comience el Pleno y vamos ajustados. Les ruego que nos las hagan llegar a la Mesa.
Para la defensa de posición, el Grupo Vasco.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente, pero dada la hora no haré uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, señoría.
Estamos a favor y, sin que nos haya gustado todo lo que ha dicho la proponente, la felicitamos por su valentía.
Grupo En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señoría.
Vamos a votar en contra porque la seguridad perimetral de las prisiones es un servicio público que está encomendado por la Ley Orgánica General Penitenciaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son quienes realmente están preparados para eso. No debemos mezclar debates que son diferentes y que no sabemos qué vigencia tienen. Evidentemente, uno de los caballos de Troya que se utilizaron en su momento para privatizar esta seguridad perimetral fue el hecho de dar trabajo a determinadas personas que, por razones de todos conocidas, habían perdido su dedicación profesional en ese momento. Independientemente de la obligación moral que puede haber o no en este sentido, la enmienda de Ciudadanos, antes de la transaccional, era muy clara: si usted privatiza, aténgase a las consecuencias. Es decir, es la empresa privada la que va a contratar a las personas que vayan a hacer esto en la medida en que las condiciones le convengan y le vengan bien; y no me diga usted a quién tengo que contratar o no.
En definitiva, por no alargarnos mucho que es muy tarde, es un servicio inútil, innecesario para cualquiera que haya entrado en una prisión, que tiene evidentes problemas, por ejemplo, la falta de acceso por la Ley Orgánica de Protección de Datos a los datos de las prisiones, con lo cual difícilmente se puede controlar la seguridad sin tener acceso a esos datos; que sí ha habido incidencias; que hay una especie de obligación no escrita por la cual las personas que se hacen cargo, evidentemente guardias civiles, están formando a estos vigilantes de seguridad sin tener la obligación de hacerlo, y además cuando ha habido -y se han denunciado- una reducción de las plantillas de las fuerzas y cuerpos dentro de la cárcel. Evidentemente, vamos a encubrir una privatización de la seguridad que puede ser el caballo de Troya de otra serie de privatizaciones, en el ámbito penitenciario, y de las cuales no queremos volver a hablar.
Para finalizar, esta proposición no de ley coquetea, de una forma u otra, con esta privatización y no es clara en el sentido de decir -como a nosotros nos hubiera gustado- que cuando acaben estos contratos no se renovarán y se acabó, que es lo que nosotros hubiéramos votado a favor.
Esperamos medio minuto mientras nos llega la transaccional y procedemos a las votaciones. (Pausa).
Muchas gracias por la colaboración de los portavoces y de todos los miembros de la Comisión. Si estamos ya todos los grupos, vamos a proceder a la votación. (La señora Cantera de Castro pide la palabra).
Señora secretaria, ¿qué desea?
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Dadas -como han dicho varios miembros de la Comisión- las vicisitudes de esta legislatura que son variables, quiero decir que se añada en el "Diario de Sesiones" que el Partido Popular, en el último momento, ha realizado una modificación de la transacción, y nos ha informado de que va a votar favorablemente, lo cual le agradecemos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
Vamos a votar en el orden en que aparece en el orden del día. Comenzamos con el punto número 2 del mismo, que es la primera PNL, la número 557.
Punto número 3 del orden del día. Votamos la enmienda transaccional planteada por los grupos a la proposición no de ley número 72.
Punto número 4 del orden del día. Votamos la transaccional a la PNL número 547.
Punto número 5 del orden del día, que se vota en sus propios términos, PNL número 342.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 23; abstenciones, 5.
Punto número 6 del orden del día. Votamos la transaccional a la PNL número 512.
En el punto número 7 se ha pedido votación separada por apartados, solicitud que ha sido aceptada por el proponente. Votamos el apartado primero de la PNL número 59.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 8; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado primero.
Votamos el apartado segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, 4.
Votación de la PNL con enmienda transaccional: punto 8.º del orden del día
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 8; abstenciones, 1.
El último punto del orden del día se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Al haber habido empate, vamos a hacer la ponderación de voto. (Pausa).
Se da por aprobada esta última proposición no de ley por el voto ponderado de la votación resultante.
Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.