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Timestamp: 2019-01-19 14:27:08
Document Index: 270548125

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 38', 'artículo 71', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'Artículo 16', 'ARTÍCULO 17', 'Artículo 17', 'ARTÍCULO 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'Artículo 25', 'ARTÍCULO 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 35']

Ley de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (Ley 11/2002, de 18 diciembre) - Normativa de Madrid - Legislación - VLEX 70803465
CAPÍTULO II. Entidades, centros, servicios y sectores de acción social - arts. 4 a 7
SECCIÓN 1ª. Autorización administrativa, comunicación previa, revocación, caducidad y Registro - arts. 8 a 11
SECCIÓN 2ª. De la calidad en la prestación de los Servicios Sociales - arts. 12 a 19
SECCIÓN 1ª. De la Inspección - arts. 20 a 23
SECCIÓN 2ª. De las Infracciones - arts. 24 a 29
SECCIÓN 3ª. De las Sanciones - arts. 30 a 33
SECCIÓN 4ª. De la Prescripción y del Procedimiento Sancionador - arts. 34 a 37
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Autorizaciones administrativas en vigor
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Cambio de titularidad o modificación sustancial de las autorizaciones administrativas en vigor
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Procedimiento de autorización en tramitación
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Régimen sancionador
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Normativa reglamentaria de aplicación transitoria
Norma citada en: 39 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
La autorización administrativa se concibe como un proceso en tres fases, cada una de ellas regulada por un procedimiento específico: visado previo por la Administración regional, otorgamiento de las licencias municipales correspondientes y autorización administrativa por la Comunidad de Madrid. Se sujetan a este procedimiento los Centros y Servicios, si bien, para el caso de los Servicios, con objeto de simplificar el procedimiento administrativo, se exime del trámite de visado previo por no considerarse necesario para garantizar su adecuado funcionamiento. Igualmente, se introduce la posibilidad de excluir de autorización administrativa a las actuaciones de carácter transitorio u ocasional, por tratarse de actividades sociales que carecen de vocación de permanencia y que nacen con objeto de desarrollarse en un breve y concreto espacio temporal. Se someten a autorización admi- nistrativas las modificaciones sustanciales de aquéllas, con la finalidad de que la autorización administrativa concedida no quede desvirtuada, o sea insuficiente, como consecuencia de la actividad desarrollada posteriormente por los Centros o Servicios.
De esta forma se califica de modificación sustancial cualquier variación que suponga un cambio de los requisitos que determinaron la concesión de la autorización precedente.
Se mantiene la existencia del Registro de Entidades,
Centros y Servicios, creándose, en la Sección 2.a, un Registro específico de Directores de Centros de Servicios Sociales.
La Sección 2.a de este mismo Capítulo, denominada 'De la calidad en la prestación de los servicios sociales', refleja la preocupación de la Comunidad de Madrid por impulsar la implantación de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios prestados por los Centros y Servicios autorizados. De esta forma se da un primer paso requiriendo a los Centros residenciales que cuenten con un sistema de calidad específico que facilite la mejora de los servicios sociales que se prestan, exigiéndose a su vez que dicho sistema de calidad recoja una serie de parámetros mínimos referidos a los derechos y deberes de los usuarios, requisitos materiales y funcionales de los Centros y Servicios, personal mínimo y régimen de precios.
La presente Ley tiene por objeto garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales mediante la regulación y ordenación de la actividad de las entidades, los centros de servicios sociales y servicios de acción social en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las condiciones materiales y funcionales establecidas en la normativa vigente en materia de servicios sociales. Igualmente, es objeto de la Ley la regulación y ordenación de las actuaciones de inspección y control de calidad en la prestación de los servicios sociales por dichos centros y servicios. Asimismo, tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos y deberes de los usuarios a fin de contribuir a la mejora permanente en la prestación de los servicios sociales.
A los efectos de esta Ley, se entiende por servicios sociales el conjunto de actividades, prestaciones y equipamientos que tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante la prevención, tratamiento o eliminación, en su caso, de las causas que impiden o dificultan el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en que se integran.
Artículo 1, apartado 1, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación y régimen de prestación.
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a toda aquella organización de recursos materiales y/o humanos, de titularidad pública o privada, que preste servicios sociales en la Comunidad de Madrid.
La Administración de la Comunidad de Madrid, a través de los recursos y medios públicos destinados a la prestación de los servicios sociales, y mediante los organismos competentes en cada caso, desarrollará el Sistema Público de Servicios Sociales. La prestación de servicios sociales por las Administraciones Públicas y por la iniciativa privada se someterá al régimen de autorización o de comunicación previa de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, con el objeto de garantizar la ordenación territorial de los recursos sociales, la adecuación y calidad de los servicios prestados, así como, preservar el interés público que subyace en toda actividad prestadora de servicios sociales.
En todo caso corresponde a la Administración de la Comunidad de Madrid la ordenación de la actividad de servicios sociales en su ámbito territorial, regulando las condiciones de apertura, cierre y funcionamiento de los Centros y Servicios destinados a la prestación de servicios sociales. En el ejercicio de dicha actividad de ordenación, la Administración de la Comunidad de Madrid velará por la distribución territorial de los recursos sociales procurando su proximidad y accesibilidad a los usuarios, en función de la planificación realizada por la Consejería competente en materia de servicios sociales.
La prestación de servicios sociales por la Administración de la Comunidad de Madrid a través de los Centros y Servicios regulados en esta Ley, se realizará directamente o mediante cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta previstas en la legislación vigente, destinándose dicha prestación a todos aquellos usuarios que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora de cada recurso social específico.
Artículo 2, apartado 2, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
CAPÍTULO II Entidades, centros, servicios y sectores de acción social Artículos 4 a 7
ARTÍCULO 4 De las entidades de servicios sociales.
Se entiende por entidad de servicios sociales aquella persona física o jurídica legalmente constituida, de carácter público o privado, que entre sus fines contemple la realización de actividades organizadas para la prestación de servicios sociales.
Las entidades de servicios sociales serán inscritas de oficio en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social de la Comunidad de Madrid.
Artículo 4, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 5 De los Centros de Servicios Sociales.
Se entenderá por Centro de Servicios Sociales la unidad orgánica y funcional, dotada de una infraestructura material con ubicación autónoma e identificable, desde la que se instrumentan prestaciones propias de las áreas de acción social y servicios sociales.
Se distinguirán dos categorías de Centros de Servicios Sociales denominadas Centros Residenciales y Centros No Residenciales, en función de que en ellos se preste o no servicio de alojamiento.
Reglamentariamente se clasificarán y definirán los Centros de Servicios Sociales atendiendo a la función principal que cumplen y al sector al que se dirige la atención. Asimismo se determinarán las condiciones que deban cumplir, en relación con su ubicación, capacidad, habitabilidad, prestaciones y servicios, personal y cualesquiera otras condiciones que se consideren necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y la satisfactoria prestación del servicio que ofrecen.
ARTÍCULO 6 De los Servicios de Acción Social.
Se entenderá por Servicio de Acción Social los medios o acciones organizados técnica y funcionalmente para prestar atención social o desarrollar actuaciones de servicios sociales, de carácter general o especializado, que sean proporcionados a sus beneficiarios sin ser prestados necesariamente a través de un Centro.
Reglamentariamente se determinarán, según la tipología de los Servicios de Acción Social, las condiciones que deban cumplir, en relación con su ubicación, capacidad, habitabilidad, prestaciones y servicios, personal y cualesquiera otras condiciones que se consideren necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y la satisfactoria prestación del servicio que ofrecen.
ARTÍCULO 7 De los Sectores de Atención.
Se entiende por Sector de Atención Social a los grupos de población identificados en relación a la edad o a necesidades específicas, objeto de atención por parte de los servicios sociales.
Reglamentariamente se determinarán, a los efectos de esta Ley, los Sectores de Atención Social a que se refiere el apartado anterior.
CAPÍTULO III Ordenación de la actividad Artículos 8 a 19
SECCIÓN 1ª Autorización administrativa, comunicación previa, revocación, caducidad y Registro Artículos 8 a 11
Sección 1ª, rúbrica modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 8 Autorización administrativa y comunicación previa.
Se entiende por autorización administrativa el acto por el cual la Administración de la Comunidad de Madrid faculta a una Entidad pública o privada, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas, para la prestación de servicios sociales mediante la creación de un centro de servicios sociales. El traslado, cualquier alteración sustancial en la infraestructura material o cambios en la identificación inicial siempre requerirán la creación de un nuevo centro.
El plazo máximo para resolver y notificar será de dos meses desde el momento de la presentación de toda la documentación, transcurrido el cual se entenderá concedida la autorización administrativa.
Se entiende por comunicación previa el acto a través del cual la entidad interesada, pública o privada, pone en conocimiento de la Administración de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas:
El inicio de la prestación de servicios sociales a través de un servicio de acción social.
La modificación de las condiciones funcionales o materiales autorizadas en los centros de servicios sociales, salvo que las mismas supongan alteraciones sustanciales en la infraestructura material o cambios en la identificación inicial que impliquen la creación de un nuevo centro, en cuyo caso se regirá por los dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
La comunicación previa se efectuará a través de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta comunicación previa permite el inicio de la actividad o del acto comunicado desde el día de su presentación, conforme se establece en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A la solicitud de autorización administrativa y a la comunicación previa se acompañará la documentación que se determine reglamentariamente y, en todo caso, la declaración responsable de la entidad titular de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente de servicios sociales.
Los Ayuntamientos, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de apertura, deberán comprobar lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 8, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 8, modificado por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 9 Revocación, caducidad e imposibilidad de continuar con la actividad.
La Consejería competente en materia de servicios sociales acordará la revocación de la autorización administrativa para la prestación de servicios sociales a través de un centro, o bien, declarará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada cuando la prestación de actividades sociales sea a través de un servicio de acción social, en los siguientes supuestos:
Cuando se constate, fehacientemente, la interrupción definitiva de la actividad.
Cuando se constate la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o a la comunicación previa, o su no presentación cuando estén obligados a ello, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Ley.
La autorización administrativa concedida y la comunicación previa caducarán, si en el plazo de un año desde su concesión o presentación, respectivamente, no se hubiese iniciado la actividad.
Artículo 9, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 9, modificado por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 10 Suspensión de actividad.
Artículo 10, suprimido por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 11 Registro de entidades, centros y servicios.
El Registro tiene carácter público, a excepción de los datos considerados reservados por las disposiciones vigentes, y permite conocer los recursos de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, así como el conocimiento exacto de las Entidades, Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción Social que desarrollan sus actividades en su ámbito territorial, a la vez que permite conseguir una mayor efectividad en cuanto a la gestión que esta Comunidad ha de llevar a cabo.
La Consejería competente en materia de servicios sociales inscribirá de oficio en el Registro a aquellas entidades, centros y servicios, de carácter tanto público como privado, que desarrollen las actividades a que se refiere el artículo 1.2 de la presente Ley, tras la resolución administrativa de autorización o tras la comunicación previa.
Artículo 11, apartado 2, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 11, apartado 3, suprimido por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
SECCIÓN 2ª De la calidad en la prestación de los Servicios Sociales Artículos 12 a 19
ARTÍCULO 12 Evaluación de la calidad de los servicios.
La Comunidad de Madrid impulsará la implantación de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios prestados por los centros de servicios sociales y servicios de acción social, entendiéndose por evaluación de la calidad el proceso integral y continuado de medición del servicio prestado a partir de los compromisos declarados, las necesidades de los usuarios y los programas de mejora desarrollados.
La evaluación de la calidad de los servicios prestados en los centros y servicios se realizará respetando el contenido y los requisitos mínimos, funcionales y materiales, que se establecen en la normativa vigente en la materia de servicios sociales y contemplará, en todo caso, la satisfacción del usuario, la profesionalización de la gestión, la formación continua del personal y la mejora continua de los procesos, así como las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Los centros residenciales autorizados para la prestación de servicios a cien o más usuarios, dispondrán de una evaluación de calidad emitida por Organismo acreditado a tal efecto.
Los servicios de acción social, centros de servicios sociales y centros residenciales de menos de cien usuarios, con carácter periódico, realizarán una evaluación de la calidad de los servicios prestados, que podrán referirse a la elaboración de cartas de servicios, definición de protocolos específicos de actuación, certificación de procesos concretos, sistemas de información, definición de estándares e indicadores y planes de formación.
Reglamentariamente, se definirán los sistemas de evaluación de calidad en función de los tipos de centros o servicios.
Artículo 12, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 12, modificado por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 13 Los usuarios de los Centros de Servicios Sociales y/o Servicios de Acción Social.
A los efectos de esta Ley, se entiende por usuario de servicios sociales a toda persona que, temporal o permanentemente, sea receptora de prestaciones de servicios sociales desde cualquiera de los recursos contemplados en esta Ley.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deberán reunir cada uno de los tipos de Centros o Servicios atendiendo, entre otras, a las características específicas y necesidades de atención social de los usuarios a quienes prestan los servicios.
ARTÍCULO 14 Decálogo de Derechos del Usuario de Centros de Servicios Sociales y/o Servicios de Acción Social.
Toda persona como usuario de los Centros y Servicios a que hace referencia esta Ley gozará de los derechos contenidos en el Decálogo que se recoge a continuación, sin perjuicio de cualquier otro que pueda corresponderle:
El Decálogo de Derechos del Usuario deberá estar expuesto en lugar visible en los centros y servicios de acción social. En el caso de los servicios prestados en el domicilio del usuario, se le facilitará a este el Decálogo de Derechos.
Artículo 14, apartado 3, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 15 Deberes del usuario de Centros de Servicios Sociales y/o Servicios de Acción Social.
ARTÍCULO 16 Condiciones materiales de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
Artículo 16, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 17 Condiciones funcionales de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
Otros aspectos que resulten necesarios para conseguir un adecuado funcionamiento del Centro o Servicio.
Artículo 17, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 18 Directores de los centros de servicios sociales.
Los centros de servicios sociales, de titularidad pública o privada, deberán contar con un Director responsable de la organización, funcionamiento y administración del centro, de acuerdo con la formación y las condiciones que se determinen en la normativa de desarrollo.
Se crea el Registro de Directores de centros de servicios sociales, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, donde se inscribirán de oficio aquellos directores que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 18, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 18, apartado 1, modificado por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 19 Régimen de precios.
La participación de los usuarios en el coste de los servicios sociales prestados por la Administración de la Comunidad de Madrid se regirá por lo establecido en la normativa vigente. En los casos en que los ingresos periódicos del usuario y, en su caso, los de personas obligadas legalmente a prestarle asistencia, no permitan hacer frente al pago del precio correspondiente, reglamentariamente se podrán establecer modalidades alternativas de pago, tales como la cesión de bienes y/o el reconocimiento de deuda.
Los precios de las plazas de Centros y Servicios financiadas por otras Administraciones Públicas se regirán por las normas que éstas establezcan.
Los precios de las plazas de los Centros y Servicios de titularidad privada, no financiadas total o parcialmente con fondos públicos destinados a servicios sociales, estarán sujetos a comunicación previa a la Consejería competente en materia de consumo. La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá establecer un formulario mediante el cual se dará cumplimiento a la obligación que aquí se regula.
En los Centros y Servicios a que se refiere el apartado anterior, el pago del precio pactado se hará efectivo por períodos no superiores al mes. Reglamentariamente podrán establecerse modalidades de pago en especie, siempre y cuando se garantice que se ha determinado previamente el equivalente mensual en dinero del precio, que la Entidad perceptora no dispone mensualmente de cuantía superior a la equivalente para ese período y que el usuario puede disponer del remanente, en su caso, en cualquier momento en que desee causar baja en el Centro o Servicio, sin perjuicio de los plazos de preaviso que para la baja pudieran establecerse.
CAPÍTULO IV La inspección y el procedimiento sancionador Artículos 20 a 37
SECCIÓN 1ª De la Inspección Artículos 20 a 23
ARTÍCULO 20 Objeto de la actuación inspectora.
Es objeto de la actuación inspectora la vigilancia, control, comprobación y orientación en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales.
Dicha actuación se ejercerá por la Consejería competente en la materia.
ARTÍCULO 21 Personal inspector.
La Consejería competente en materia de servicios sociales acreditará al personal inspector a través del cual ejerza las funciones derivadas de lo establecido en el artículo anterior. El número de inspectores tendrá que ser suficiente para el desempeño de los objetivos de esta Ley.
El personal inspector deberá acreditar su condición y exhibirla cuando ejercite sus funciones. En el ejercicio de éstas tendrá la consideración de agente de la autoridad con plena independencia en el desarrollo de las mismas y podrá recabar, cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones, la cooperación de otras instituciones públicas en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
ARTÍCULO 22 Actuaciones inspectoras.
Todos los Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción Social serán inspeccionados periódicamente. Siempre que se produzca una denuncia se llevará a cabo la correspondiente actuación inspectora de cuyo resultado se informará al denunciante. Los Centros residenciales y de atención diurna serán inspeccionados al menos una vez al año.
Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería competente en materia de servicios sociales elaborará Planes Especiales de Inspección en función de las necesidades específicas de comprobación del cumplimiento de los requisitos que se contemplan en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
Las Entidades titulares, sus representantes legales y el personal que se encuentre como responsable de los Centros y Servicios, estarán obligados a facilitar a la inspección el acceso a las instalaciones y el examen de los documentos, libros y datos estadísticos que sean preceptivos, así como a suministrar toda la información necesaria para conocer el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente en materia de servicios sociales.
El personal inspector podrá requerir motivadamente la comparecencia de los interesados en la oficina pública correspondiente al objeto de lo que se determine en la correspondiente citación.
Efectuadas las comprobaciones y averiguaciones oportunas, en todas las inspecciones se extenderán las correspondientes actas en las que se recogerá la identificación de la persona que atiende al inspector, los datos relativos al titular y al Centro o Servicio inspeccionado, y, en su caso, los hechos y circunstancias que pudieran ser relevantes sobre el funcionamiento del Centro o Servicio y el cumplimiento de los objetivos que justifican su existencia.
Los hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas resulte concluyentemente lo contrario.
En el caso de que durante la actuación inspectora se detectase la existencia de riesgo grave para la integridad física y/o psíquica de los usuarios, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se recabará el auxilio judicial que corresponda.
Cuando el inspector aprecie razonablemente la existencia de riesgo inminente de perjuicio grave para los usuarios, por circunstancias sobrevenidas o de fuerza mayor, o por incumplimiento grave de la normativa vigente, podrá proponer a la Consejería competente en materia de servicios sociales, la adopción de las medidas cautelares oportunas.
La duración de las medidas a las que se refiere el apartado anterior, será fijada en cada caso, y no excederá de la que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.
En caso de adopción de medidas cautelares se dará audiencia previa a los interesados por un plazo de cinco días hábiles, salvo que la situación de riesgo considerada haga necesaria la ejecución inmediata de tales medidas, lo que se indicará en la notificación de la resolución por la que se acuerde su adopción. En este último supuesto el titular debe cumplir las medidas adoptadas en la forma y plazo acordado, sin perjuicio de su derecho a formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que considere oportuno, lo cual deberá ser valorado a los solos efectos de mantenimiento, rectificación o anulación de las medidas acordadas.
En ningún caso estas medidas tendrán carácter de sanción. La adopción de medidas cautelares no impedirá el inicio de expediente sancionador cuando los hechos que las motivaron pudieran ser constitutivos de infracción.
SECCIÓN 2ª De las Infracciones Artículos 24 a 29
El Director de los centros, a los solos efectos de inhabilitación y prohibición del ejercicio o participación en el ejercicio de actividades contempladas en esta Ley, en el supuesto de imposición de sanción a los titulares o entidades gestoras por infracción muy grave.
Artículo 25, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 26 Clasificación de las infracciones.
Artículo 27, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Todas aquellas otras acciones u omisiones que constituyan incumplimientos de los requisitos establecidos por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, siempre que genere un riesgo o daño para la seguridad o la salud del usuario de los centros de servicios sociales y servicios de acción social.
Artículo 28, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
Artículo 29, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
SECCIÓN 3ª De las Sanciones Artículos 30 a 33
Las infracciones establecidas en los artículos anteriores darán lugar a las siguientes sanciones:
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para los usuarios de los Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción Social, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid' y en los medios de comunicación social que se consideren adecuados en aras a la prevención de futuras conductas infractoras.
Artículo 30, apartado 1, modificado por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadora s y de Apoyo a la Empresa Madrileña, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 29 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 32 Reincidencia.
ARTÍCULO 33 Revisión y actualización de las sanciones.
SECCIÓN 4ª De la Prescripción y del Procedimiento Sancionador Artículos 34 a 37
ARTÍCULO 35 Del procedimiento.
En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciar el expediente podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer o para prevenir una situación de riesgo o para evitar un perjuicio grave para las personas usuarias.2. Las medidas provisionales, que deberán ajustarse en intensidad y proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán consistir en:
La duración de las medidas provisionales será fijada en cada caso y no excederá de la que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó. Durante la tramitación del procedimiento se han de levantar estas medidas si han desaparecido las causas que motivaron su adopción. La resolución definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto las medidas provisionales adoptadas.
Será competente para iniciar el procedimiento sancionador la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. En ningún caso podrán considerarse como incoación la propuesta de inicio formulada por el personal inspector.
Serán competentes para la resolución e imposición de sanciones a que se refiere la presente Ley:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Cambio de titularidad o modificación sustancial de las autorizaciones administrativas en vigor
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA Procedimiento de autorización en tramitación
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Régimen sancionador
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Normativa reglamentaria de aplicación transitoria
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid'.
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