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Timestamp: 2016-06-27 21:20:06
Document Index: 28269652

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo54', 'Artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 159', 'artículo 10']

Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones internacionales so…
Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones internacionales sobre desplazamiento forzado en Colombia 2004 - 2005. Informe para el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente d
Ley 387 deplazados
SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALESSOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 2004 - 2005 Informe para el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas
ISBN: 958-8000-11-4Primera edición: Diciembre de 2005© Servicio Jesuita a Refugiados ColombiaDocumento elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas y el Servicio Jesuita a Refugiados ColombiaIlustración portada: Collage “Rupturas”, cortesía de la autoraFotografías: Comisión Colombiana de Juristas, Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento Interno y Servicio Jesuita aRefugiados ColombiaSe permite la reproducción total o parcial citando a los autoresDiagramación e impresión:EDITORIAL CÓDICE LTDA.Carrera 15 No. 53-86Tels.: 2494992 - 2494753casaeditorial@etb.net.coBogotá, D.C.2
TABLA DE CONTENIDO Pág.INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5El desplazamiento forzado en Colombia, “un estado de cosas inconstitucional”. Resumen delos principales diagnósticos sobre la materia ............................................................................ 6 CAPÍTULO I EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 91.1. El marco normativo de prevención y atención al desplazamiento forzado (2004-2005): reformas y medidas regresivas ......................................................................................... 91.2. Participación restringida de la población desplazada y de las ONG que las apoyan ........ 12 CAPÍTULO II PREVENIR SIGNIFICA ATACAR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 142.1. Un Sistema de Alertas Tempranas dependiente de la política de “seguridad democrática” 142.2. Otros programas estatales de prevención del desplazamiento forzado ........................... 172.3. Recrudecimiento de los desplazamientos forzados por causa de las operaciones militares 182.4. Fortalecimiento de los grupos paramilitares, un factor generador de desplazamiento ... 19 2.4.1. Impunidad para los responsables de los desplazamientos forzados..................... 19 2.4.2. Legalización y consolidación del poder paramilitar: factor de desplazamiento .. 20 2.4.3. Fortalecimiento de los nexos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares 232.5. El interés sobre las tierras y los recursos naturales, antesala de los desplazamientos ..... 25 CAPÍTULO III EL DEBER DE PROTEGER A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y A LOS QUE TRABAJAN A SU FAVOR 293.1. La protección militar por encima de los derechos y libertades de la población civil ........ 293.2. Ataques contra las comunidades desplazadas en resistencia civil ................................... 313.3. Recrudecimiento de las judicializaciones y detenciones arbitrarias contra comunidades desplazadas y retornadas.................................................................................................. 323.4. La defensa de los derechos humanos considerada como actividad terrorista por el Gobierno ........................................................................................................................... 34 3
CAPÍTULO IV LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE GARANTIZAR EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 354.1. La inscripción en el Registro: el primer obstáculo para acceder a la protección estatal 364.2. Violación del derecho a una alimentación adecuada ....................................................... 384.3. Retroceso en la política de atención en salud a la población desplazada ........................ 414.4. El derecho a la educación de la niñez desplazada no está garantizado ........................... 434.5. Del destierro a la exclusión urbana: desplazados y destechados ...................................... 454.6. El derecho al autosostenimiento: un agujero en la política pública ................................ 47 CAPÍTULO V VOLUNTARIEDAD, SEGURIDAD, DIGNIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RETORNOS 49 CAPÍTULO VI REPARACIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DEL PATRIMONIO ABANDONADO POR LAS PERSONAS DESPLAZADAS 526.1. Legalización del despojo de las tierras a la población desplazada ................................... 546.2. Reconciliación forzada con los responsables de los desplazamientos forzados ............... 55 CONCLUSIONES 57 RECOMENDACIONESEn relación a la prevención y protección de las violaciones a los derechos humanos de laspersonas desplazadas ................................................................................................................. 58En relación a la existencia o continuación de violaciones a los derechos humanos de las perso-nas desplazadas ......................................................................................................................... 58En relación a la prevención de la repetición de violaciones a los derechos humanos de laspersonas desplazadas ................................................................................................................. 59En relación a la reparación a las personas desplazadas por la violación de sus derechos ........ 59En relación a la comunidad internacional y el sistema de las Naciones Unidas ....................... 604
INTRODUCCIÓNEste documento tiene como objetivo presentar al Representante del Secretario General de las NacionesUnidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, Sr. Walter Kälin, unseguimiento a la aplicación de algunas de las recomendaciones formuladas por el Sistema de las Nacio-nes Unidas para prevenir el desplazamiento forzado y promover la plena vigencia de los derechos hu-manos de las personas desplazadas en Colombia.En 1994, la primera visita a Colombia del entonces Representante del Secretario General de las Nacio-nes Unidas sobre Personas Internamente Desplazadas, Sr. Francis M. Deng, estimuló el interés de lacomunidad internacional sobre el desplazamiento forzado en este país. Cinco años más tarde, el repre-sentante visitó nuevamente Colombia y formuló una serie de recomendaciones puntuales y acertadassobre la prevención y la atención al desplazamiento forzado, enmarcadas en la aplicación de los Prin-cipios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas adoptados en 19981. Posterior-mente, otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas2 y órganos de la Organización de losEstados Americanos3 presentaron también recomendaciones al Gobierno colombiano para que estecumpla con sus obligaciones internacionales de prevenir el desplazamiento forzado y proteger los dere-chos humanos de las víctimas.Las recomendaciones internacionales constituyen una herramienta valiosa para la aplicación, en uncontexto concreto, de las obligaciones estatales derivadas de los tratados internacionales. La Comisiónde Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha insistido en la importancia que revisten las recomen-daciones de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en los siguientes términos: “los go-biernos a los que se dirigen los llamamientos urgentes deberían comprender la gravedad de la preocu-pación a que obedecen y responder lo más rápidamente posible”4. Por lo tanto, es evidente que no sepuede limitar el alcance de las recomendaciones a meras sugerencias, en tanto participan del mandatodel Sistema de Naciones Unidas de velar por la plena vigencia de los derechos humanos.Sin embargo, el Gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones de las Naciones Unidassobre el respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario. En materia de desplazamientoforzado, por ejemplo, la mayoría de las recomendaciones internacionales fueron ignoradas por el Go-bierno; más aún en cuanto a la prevención del desplazamiento forzado y a la protección de las vícti-mas, el Gobierno ha ido en contravía de las mismas.Si por un lado es deber de los Gobiernos observar y aplicar las recomendaciones, es responsabilidadtambién de las entidades internacionales que las emiten pedir cuentas sobre su aplicación, o no, en lapráctica. En este proceso, es oportuno que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las perso-1 Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución1999/47 de la Comisión, 56º período de sesiones, E/CN.4/2000/83/Add.1, 11 de enero de 2000.2 Se entiende por procedimientos especiales los relatores, los representantes especiales, los grupos de trabajo y los expertos independientesnombrados por decisión de la Comisión de Derechos Humanos.3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Humanos en Colombia. 3er Informe de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos, Bogotá, 1999; ver también las resoluciones anuales sobre personas internamente desplazadas de la Asamblea General de laOrganización de Estados Americanos.4 Comisión de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo entre período de sesiones de composición abierta, sobre el fomento de la eficaciade los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos, 56 período de sesiones, E/CN.4/2000/112, 16 de febrero de 2000, párr. 25 y 28. 5
nas desplazadas aporten información a las entidades internacionales y se apropien de las recomenda-ciones para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. El Marco para la Acción del Semina-rio Regional sobre Desplazamiento Interno en América realizado en febrero de 2004, por iniciativa delentonces Representante Francis M. Deng, recordó el papel clave de los actores internacionales y regio-nales en monitorear la implementación de las recomendaciones y se sugirió crear un mecanismo paraproveer al Representante información al respecto5.Por todo lo anterior, consideramos necesario aportar al Representante del Secretario General sobre losderechos humanos de las personas desplazadas y a las demás entidades del Sistema de las NacionesUnidas nuestro análisis sobre la aplicación de las recomendaciones internacionales en materia de des-plazamiento forzado por parte del Gobierno colombiano. Para tal efecto, se seleccionaron algunasrecomendaciones que consideramos las más específicas y pertinentes en el contexto actual. En concre-to, se hará seguimiento, en este documento, a recomendaciones del Representante del Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas sobre Personas Internamente Desplazadas6, del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados ACNUR7, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, del Marco para la Acción sobre Desplazamiento Interno en las Américas8, de laRelatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, y de la División Interagencialsobre desplazamiento interno9. Debido a la amplitud del tema abordado, el informe no pretende haceruna evaluación exhaustiva y se circunscribe a un período temporal limitado a los últimos dos años(2004 y 2005).A continuación se presenta un resumen de los diagnósticos existentes sobre el desplazamiento forzadoy un análisis inicial sobre la evolución del marco normativo e institucional durante los últimos dosaños. Posteriormente, los seis capítulos se refieren a las diferentes fases de atención al desplazamientoforzado y a los derechos de las víctimas: la prevención del desplazamiento forzado, la protección de laspersonas desplazadas, los derechos económicos sociales y culturales (asistencia humanitaria, salud,educación, vivienda, autosostenimiento y estabilización económica), reubicación y retorno, repara-ción integral y derecho a la restitución del patrimonio. Al final, se presentan conclusiones y recomen-daciones al Representante del Secretario General.El desplazamiento forzado en Colombia, “un estado de cosas inconstitucional”.Resumen de los principales diagnósticos sobre la materia El Representante Francis M. Deng reconoció en 1999 que, a pesar de no disponer del número exacto de personas desplazadas en Colombia, los diagnósticos existentes sobre el fenómeno eran suficientes para que el Estado conozca la envergadura y la gravedad de las violaciones de derechos humanos que generan y pueda atenderlo integralmente10 .Durante los últimos dos años, entidades nacionales e internacionales, estatales y no gubernamentales,han presentado numerosos diagnósticos sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Se puede desta-car, entre otros documentos, el análisis de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-025 de5 Marco para la Acción sobre Desplazamiento Interno en América, adoptado durante el “Seminario Regional sobre desplazamiento interno enAmérica” realizado en ciudad de México del 18 al 20 de febrero de 2004, y patrocinado por el Gobierno de México, la oficina del Representantedel Secretario General de las Naciones Unidas para las Personas Internamente Desplazadas, y el Proyecto de la Institución Brookings-Universidad Johns Hopkins SAIS sobre Desplazamiento Interno, recomendación 16.6 Francis M. Deng 2000, citado supra en nota 1; y Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazadosinternos, Sr. Walter Kälin, presentado de conformidad con la resolución 2004/55 de la Comisión de Derechos Humanos, 61 período de sesiones,E/CN.4/2005/84, 31 de diciembre de 2004.7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Balance de la política pública de prevención, protección y atención aldesplazamiento interno forzado en Colombia agosto 2002 - agosto 2004, Bogotá, diciembre de 2004.8 Marco para la Acción sobre Desplazamiento Interno en Américas 2004, citado supra en nota 5.9 División Interagencial sobre Desplazamiento Interno de las Naciones Unidas, Informe de la misión a Colombia realizada del 16 al 27 de enerode 2005, Ginebra, 2005, mimeo.10 Francis M. Deng 2000, citado supra en nota 1, párr. 108.6
200411, el informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República12, los informes conjuntos de laDefensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación en el marco del seguimiento al cumpli-miento de la sentencia T-025, el Balance de la política pública del ACNUR13, el informe de visita de altosfuncionarios de OCHA14, y los numerosos informes de ONG nacionales e internacionales.Todos estos informes coinciden en calificar el desplazamiento forzado en Colombia como una gravecrisis de derechos humanos y humanitaria que afecta aproximadamente a 3 millones de personas. ElDefensor del Pueblo destacó que el desplazamiento forzado se agudizó en los últimos años y “se haconvertido en uno de los factores que evidencia de mejor forma la grave crisis humanitaria que seafronta en el país”15. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, “el total de personas desplazadas siguió creciendo, aun cuando persistió la tendencia dedisminución de nuevos desplazamientos forzados, la cual se estaría revirtiendo en el segundo semestrede 2004”16. Dicha afirmación se confirmó el año siguiente: según la Consultoría para los DerechosHumanos y el Desplazamiento Forzado CODHES, desde el principio de 2005, 252.801 personas han sidoforzadamente desplazadas, lo cual representa un incremento del 23% con relación al mismo períododel año anterior. Además, esta ONG informó que entre el 7 de agosto de 2002, día de posesión del actualGobierno, hasta el 30 de septiembre de 2005, fueron forzadamente desplazadas 950.000 personas,mientras que durante el mismo período del Gobierno anterior se registraron 1.107.287 personas des-plazadas17.Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el “desplazamiento suele ser una estrategia deliberada,no una consecuencia del conflicto”18. En efecto, el desplazamiento forzado suele ser utilizado comométodo para usurpar las tierras de la población rural: según la División Interagencial sobre Desplaza-miento Interno, “la adquisición ilegal de tierras por medio de amenazas y actos de violencia constituyeuna causa frecuente de desplazamiento forzado y amplias extensiones de tierra han llegado de manerailegal a manos de narcotraficantes y grupos paramilitares”19.Las causas directas de los desplazamientos forzados continúan siendo las violaciones masivas y siste-máticas de los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario: según las estimaciones delComité Internacional de la Cruz Roja, basadas en el testimonio de las personas desplazadas que asisten,“las amenazas y las ejecuciones sumarias continuaron siendo importantes factores de desplazamientoforzado”20. La Defensoría del Pueblo señala además como factores de desplazamiento forzado los si-guientes: el aislamiento de vastas regiones, particularmente rurales; las mayores limitaciones a laacción humanitaria; la presión en zonas de frontera; y “las amenazas cada vez más frecuentes a líderesde organizaciones de población desplazada, con lo que se quebrantan los incipientes procesos orga-nizativos”21.Todas las partes del conflicto han desatendido el llamado hecho por el Representante Francis M. Dengde respetar el derecho humanitario y evitar que los enfrentamientos armados causen desplazamientoforzado. Las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito originan desplazamientos forzados de perso-nas, pero estas no son reconocidas como tales por parte de las autoridades.11 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P Manuel José Cepeda Espinosa. .:12 Defensoría del Pueblo, Duodécimo Informe del Defensor del Pueblo ante el Congreso de la República, Bogotá, 2005.13 ACNUR 2004, citado supra en nota 7.14 División Interagencial de las Naciones Unidas 2005, citado supra en nota 9.15 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 12, pág. 100, párr. 4.1.1.16 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe anual sobre la situación de derechos humanos y derechohumanitario en Colombia, 61 período de sesiones, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párr. 121.17 “Codhes: peor trimestre de desplazamiento en 3 años”, diario El Tiempo, 28 de octubre de 2005, www.eltiempo.com18 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Colombia. Informe actividades 2004, Bogotá, mayo de 2005, publicado en www.cicr.org19 División Interagencial de las Naciones Unidas 2005, citado supra en nota 9, pág. 3.20 Según estas estimaciones, los factores generadores de desplazamiento son: amenazas de muerte (40%), presión para colaborar (13%),enfrentamientos (13%), ejecuciones (10%), campos minados (5%), amenazas de reclutamiento forzado (4%), restricciones (3%), masacres(3%), desapariciones (2%), otros (6%) y no sabe, o no responde (1%), en CICR 2005, citado supra en nota 18.21 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 12, pág. 100, párr. 4.1.1. 7
Durante los últimos dos años, se ha presentado un aumento importante de los desplazamientos forza-dos bajo las modalidades intraurbana e interveredal22. Otras comunidades en proceso de retorno o enriesgo de desplazamiento forzado, principalmente de población campesina, afrodescendiente o indíge-na, fortalecen sus procesos de resistencia civil por la vida y el territorio, a través de la reivindicación desus derechos y de la aplicación de los principios humanitarios de inmunidad de la población civil y dedistinción entre combatientes y no combatientes.Las poblaciones más afectadas por el desplazamiento forzado en Colombia son las niñas y los niñosentre 5 y 14 años, que representan aproximadamente el 44% de la población desplazada23. En términosrelativos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han sido en mayor proporciónvíctimas del desplazamiento forzado que el resto de la población: los pueblos indígenas representanaproximadamente el 6% de la población desplazada, cuando sólo son el 2% del total de la poblacióncolombiana, y las comunidades afrodescendientes representan el 18% de la población desplazada cuandoequivalen al 11% del total de la población24. Las mujeres adultas representan aproximadamente el 49%de la población desplazada25, y el 29% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina26. SegúnAmnistía Internacional, las mujeres “son las más afectadas por el trauma del desplazamiento. Muchasacaban de enviudar y se han visto obligadas a huir con sus hijos de sus hogares en el campo, abando-nando su ganado y sus posesiones para refugiarse en condiciones precarias en barrios marginales enlos cinturones de miseria en las ciudades” y “debido a su particular situación social, psicológica yeconómica, las mujeres internamente desplazadas corren más peligro de ser víctimas de agresionessexuales y violaciones, así como de verse obligadas a ejercer la prostitución”27.Por todo lo anterior, la Corte Constitucional declaró, en la sentencia T-025 de febrero de 2004, que eldesplazamiento forzado en Colombia constituye un estado de cosas inconstitucional. En este fallo,basado en la revisión de 108 expedientes de acciones de tutela interpuestas por 1.150 núcleos de fami-lias desplazadas, la Alta Corte concluyó que por la acción o la omisión de las autoridades en brindar ala población desplazada una protección oportuna y efectiva, miles de personas sufren violaciones múl-tiples y continuas de sus derechos humanos. Durante los últimos años, la satisfacción de los derechosde la población desplazada no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso deltiempo. Esta situación demuestra las fallas del Estado en asumir sus obligaciones constitucionales deproteger los derechos humanos a las personas desplazadas y de aplicar tanto los Principios Rectorescomo las recomendaciones del Representante Francis M. Deng. La Corte identificó las principales debi-lidades y obstáculos en la atención a la población desplazada, con base en las observaciones y laspruebas enviadas por entidades estatales y organismos de derechos humanos, e impartió órdenes gene-rales sobre la elaboración y la ejecución de la política pública y órdenes específicas sobre las acciones detutela revisadas.Más de un año después de emitido este fallo, la Corte Constitucional declaró que el estado de cosasinconstitucional aún no se había superado28. Las acciones realizadas por el Gobierno para cumplir lasórdenes dictadas en la sentencia T-025 de 2004 han sido insuficientes y los avances en la protección delos derechos de la población desplazada han sido lentos e irregulares. En consecuencia, la Corte profi-rió, el 29 de agosto de 2005, tres autos ordenando a las entidades estatales garantizar: (1) el esfuerzo22 Ibídem, pág. 102.23 CICR 2005, citado supra en nota 18.24 Cifras de la Red de Solidaridad Social citadas en Comité Internacional de la Cruz Roja y Programa Mundial de Alimentación, Identificaciónde las Necesidades Alimentarias y No Alimentarias de los Desplazados Internos. Una Encuesta Conjunta de las Poblaciones DesplazadasInternamente en Colombia, Bogotá, marzo 2005, mimeo, pág. 7.25 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Colombia: programas de protección y asistencia para las personasinternamente desplazadas y refugiadas, marzo 2004, www.unhcr.ch, página consultada el 8 de noviembre de 2005.26 Secretariado Nacional de Pastoral Social, Rut Informa sobre Desplazamiento Interno, Boletín especial estudio de caso Nº 10, La familia ensituación de desplazamiento, Bogotá, agosto de 2005, páginas 5, 6 y 18.27 Amnistía Internacional, Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflictoarmado, octubre de 2004, pág. 30.28 Corte Constitucional, comunicado de prensa, Órdenes finales para el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, Bogotá, 13 de septiembrede 2005.8
presupuestal necesario para la atención al desplazamiento forzado29; (2) un mayor compromiso tantopresupuestal como administrativo de las entidades territoriales para la atención a la población despla-zada y una mejor coordinación de estas con las entidades nacionales30; y (3) la adopción de los correctivosa las falencias institucionales y el goce efectivo de los mínimos de protección de los derechos de lapoblación desplazada31. CAPÍTULO I EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL AL DESPLAZAMIENTO FORZADODesde su posesión en agosto de 2002, el Gobierno ha enmarcado la política de atención al desplaza-miento forzado dentro del programa gubernamental 2002-2006 llamado “Política de Defensa y Seguri-dad Democrática”. Esta política no ha cumplido con las recomendaciones nacionales e internacionalesde respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario, como se demostrará más adelante en elinforme. A continuación, se presentan las reformas principales al marco normativo e institucionalpara la prevención y la atención al desplazamiento forzado adoptadas durante los últimos dos años, yuna evaluación del derecho a la participación de la población desplazada en la elaboración de estapolítica.1.1. El marco normativo de prevención y atención al desplazamiento forzado (2004-2005): reformas y medidas regresivas El Representante Francis M. Deng recomendó en 1999 adoptar medidas para llevar a la práctica las políticas, y en particular, convocar el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD); apoyar la creación y el fomento de la capacidad de los Comités municipales y departamentales y asegurar la transferencia oportuna de fon- dos a esos Comités32. En 2004, el ACNUR recomendó que el CNAIPD cumpliera a cabalidad su mandato en materia de formulación de la política y asignación de los recursos y el funcionamiento eficaz de los comités territoriales y de las administraciones departamen- tales y municipales. Además, instó al Gobierno a adoptar un Plan nacional de atención al desplazamiento que estableciera responsabilidades específicas de las diferentes entidades, mecanismos de coordinación, metas concretas, asignación de recursos, y un sistema de seguimiento a la gestión. Dicho plan debería asegurar un adecuado balance entre la pre- vención, la atención de emergencia y las soluciones duraderas en la definición de las me- tas y en la asignación de los recursos, y garantizar que cualquier norma o acto adminis- trativo referente a la cesación de la condición de desplazado esté enmarcado en los prin- cipios jurídicos internacionales33.29 Corte Constitucional, Auto 176 del 29 de agosto de 2005, Órdenes relativas al esfuerzo presupuestal necesario para implementar las políticasde atención de la población desplazada, de acuerdo a la sentencia T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión, M.P Manuel José .:Cepeda Espinosa.30 Corte Constitucional, Auto 177 del 29 de agosto de 2005, Órdenes impartidas en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno forzado, M.P Manuel José Cepeda .:Espinosa.31 Corte Constitucional, Auto 178 del 29 de agosto de 2005, Órdenes contenidas en los ordinales segundo, cuarto, quinto, octavo y noveno dela parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, impartidas para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamientoforzado interno, M.P Manuel José Cepeda Espinosa. .:32 Francis M. Deng 2000, citado supra en nota 1, párrafos 109, 110 y 111.33 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, pág. 289, párr. 10 y 11. 9
Con frecuencia se afirma que Colombia tiene uno de los marcos normativos e institucionales mássofisticado para atender al desplazamiento forzado, refiriéndose a los siguientes elementos normativose institucionales: la ley 387 adoptada en 1997; el reconocimiento de los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos como parte del bloque de constitucionalidad34; una entidad gubernamentalencargada de coordinar las acciones de las diferentes autoridades con competencia en el tema (Agen-cia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –en adelante Acción Social–,anteriormente Red de Solidaridad Social35). Sin embargo, estas normas no han alcanzado una aplica-ción real y efectiva, por falta de voluntad política y precaria asignación presupuestal. Además, durantelos últimos años, el Gobierno ha adoptado medidas, especialmente por vía administrativa, que tiendena desmantelar este marco sin necesidad de reformar la ley 387. A continuación se resaltan algunascaracterísticas principales de este desarrollo normativo e institucional:a. Muchas de las normas adoptadas son sectoriales y no han sido expedidas conforme a un plan coordinado para una política integral de prevención y atención al desplazamiento forzado. Ade- más, estos decretos se quedan esencialmente en el componente asistencialista de la política y no aportan soluciones de largo plazo para la reparación integral y la restitución de los derechos concul- cados36.b. Muchas de estas normas suelen incluir la atención a la población desplazada en los programas de asistencia social existentes para la población pobre, a pesar de que estas disposiciones no respon- dan adecuadamente a la situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas y no tengan suficiente cobertura y asignación presupuestal37. Muchas de las entidades gubernamentales no han desarrollado programas específicos de atención a la población desplazada38.c. Las normas no crean programas o mecanismos que aseguren un enfoque diferencial en la aten- ción a los sectores de población desplazada en situación de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres, las niñas y los niños, la tercera edad y los grupos étnicos.d. En febrero de 2005, el Gobierno adoptó el decreto 250 por el cual se expide el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada39. La esencia de dicho Plan consiste en recordar las obligacio- nes legales de las entidades del SNAIPD ya previstas en la ley 387 y ubicar la atención al desplaza- miento forzado dentro de la política gubernamental de “seguridad democrática”40, la cual consiste principalmente en la recuperación y control del territorio por parte de la Fuerza Pública y la parti- cipación y cooperación de la población civil en tareas contrainsurgentes: “cada ciudadano contri- buye a la prevención del terrorismo y la delincuencia, proporcionando información relacionada con las organizaciones armadas ilegales”41, y es “parte fundamental en el tema de la recolección de información (para la inteligencia militar)”42. Estas prácticas han resultado ser violatorias de los34 La Corte Constitucional colombiana ha reconocido que los convenios de derechos humanos ratificados por Colombia tienen prevalencia enel orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad. En este mismo sentido se ha pronunciado con respeto a losPrincipios Rectores, los cuales deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulacióndel desplazamiento forzado (ver, entre otras sentencias de la Corte Constitucional: sentencia SU-1150 de 2000, M.P Eduardo Cifuentes .:Muñoz; sentencia T-1635 de 2000, M.P José Gregorio Hernández Galindo; sentencia T-025 de 2004, M.P Manuel José Cepeda). .: .:35 Decreto 2467 del 19 de julio de 2005, por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red deSolidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.36 Entre 2003 y 2005 han sido expedidos varios decretos, acuerdos y resoluciones relacionados con la atención a la población desplazada ensalud, educación, estabilización socioeconómica, vivienda, tierras y situación militar, entre otros.37 Es el caso del decreto 2131 de 2003, por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la ley 387 de 1997, el último inciso del artículo54 de la ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006) frente a la atención en salud de la población desplazada por la violencia yse dictan otras disposiciones; y del decreto 2284 de 2003, por el cual se modifica el decreto 2131 de 2003.38 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ejemplo, atiende a esta población a través de sus programas regulares en lasmismas condiciones que la población vulnerable.39 Decreto 250 del 7 de febrero de 2005, por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violenciay se dictan otras disposiciones.40 Decreto 250 de 2005, citado supra en nota 39, numerales 1.1 (Contexto) y 1.3 (Política Gubernamental sobre Desplazamiento Interno).41 Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá, 2003, pág. 60, publicadoen www.alpha.mindefensa.gov.co, página consultada en noviembre de 2005.42 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006, Hacia unEstado Comunitario, Bogotá, pág. 34.10
derechos humanos de la población civil en cuanto la involucra militarmente en el con- flicto armado interno. La mayoría de las acciones y programas pre- vistos en el Plan corresponden a la política social dirigida a sectores poblacionales en situación de pobreza y no se orientan específicamente a la población desplazada, como en el caso de la Red de Seguridad Ali- mentaria (RESA)43. La formulación de pla- nes operativos para la atención de la pobla- ción desplazada que determinarán metas, actividades, tareas, responsables y el presu- puesto de cada institución, está sujeta a “la oferta de servicios disponible”44. Con el fin de resolver parte del déficit presupuestal, el Plan presenta como uno de Manifestación de población desplazada en Bogotá, 2004. sus principios de intervención “la respon- sabilidad compartida, Cooperación y Soli- daridad”, basado en “el concurso solidario de ONG nacionales o internacionales con el Gobierno Nacional”. Esto implica que el Gobierno tiende a equiparar la responsabilidad de las ONG naciona- les e internacionales con la responsabilidad primaria del Estado frente al desplazamiento for- zado45. Finalmente, el Plan establece criterios meramente económicos para definir la cesación de la “con- dición de desplazado”, lo cual es inadecuado y contrario al espíritu constitucional, a la normatividad internacional y a la recomendación del ACNUR.e. En 2004, el CNAIPD volvió a sesionar, después de permanecer dos años inactivo, con el propósito de atender los requerimientos de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y aprobar el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada. Esta decisión del Gobierno es positiva pero no ha logrado resolver todavía los problemas de descoordinación institucional y la falta de compromiso de algunas entidades gubernamentales, como bien lo ha señalado la Corte Constitucional en sus autos de agosto de 2005 dentro del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025.f. En materia presupuestal, el Departamento Nacional de Planeación estimó, en abril de 2005, que los costos para la atención de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro (SUR) de 1996 a 2004, correspondían a la suma de $4,8 billones46. Para la vigencia de 2005, el Presupuesto General de la Nación presentó la cifra de $198.000 millones para la política de aten- ción a la población desplazada47. Por lo tanto, se estaría asignando únicamente el 22% de los recursos necesarios para alcanzar la protección de los derechos de la población desplazada que ha logrado la inscripción en el SUR. Esta cifra resulta aún más insuficiente frente al número real de43 La Red de Seguridad Alimentaria –RESA– es una iniciativa dirigida a pequeños productores rurales que disponen de tierras cultivables.44 Decreto 250 de 2005, citado supra en nota 39, pág. 51.45 En el Informe de Avance presentado el 26 de octubre de 2004 a la Corte Constitucional en relación a la fijación de la dimensión del esfuerzopresupuestal necesario para cumplir con la política pública de protección a los derechos de la población desplazada, el CNAIPD estimó que elflujo de recursos de cooperación internacional ($155’853.64) le permitirá cubrir una parte importante de los fondos para dicha política. Noobstante, el CNAIPD incluyó en este monto los recursos que habían sido gestionados y ejecutados independientemente por organismosinternacionales y ONG nacionales.46 Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD), acta N.° 5 del 4 de abril de 2005, pág. 3.47 Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD), acta N.° 5 del 4 de abril de 2005. 11
personas desplazadas, el cual es superior al número de personas desplazadas registradas en el SUR por el subregistro que presenta este mecanismo.El 29 de noviembre de 2005, el Gobierno anunció que $1,3 billones fueron asignados para 2005-2006,y que se requerirán $3,9 billones para cubrir las necesidades entre el 2007 y 2010, de los cuales$989.000 millones deberán ser aportados por las entidades territoriales. Este anuncio constituye unavance en comparación con el año anterior pero resulta todavía insuficiente.En relación con la transferencia de fondos a las entidades locales, el Gobierno se limitó a incluir unparágrafo en la ley de presupuesto según el cual estas autoridades “darán prioridad en la ejecución desus respectivos presupuestos a la atención de la población desplazada por la violencia, de acuerdo conel plan diseñado por el Gobierno Nacional en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004 proferida por laHonorable Corte Constitucional”48. Esta disposición resulta insuficiente para garantizar un compromi-so efectivo por parte de las entidades territoriales.1.2. Participación restringida de la población desplazada y de las ONG que las apoyan El Representante Francis M. Deng reconoció en sus recomendaciones la importancia de promover espacios de cooperación y diálogo entre el Gobierno y las ONG49. En el mismo sentido, el ACNUR recomendó mantener y desarrollar las instancias y los mecanismos de participación de la población desplazada, incluida la participación equitativa de las mujeres, la niñez, la juventud, los/las adultos mayores, los pueblos indígenas y los gru- pos afrodescendientes50. “La buena voluntad de participación que puedan tener las organizaciones de población desplaza- da se ve truncada por el ‘dirigismo’ de las autoridades. Este ‘dirigismo’ se traduce entre otras manifestaciones en el llamado que hacen las autoridades a algunas organizaciones de población desplazada con el fin de ratificar decisiones ya tomadas o para simples acciones de información”, Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento Interno conformada por cuatro organizacio- nes de población desplazada51.A raíz de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el CNAIPD ha impulsado, desde mayo de 2005,la conformación de la Mesa de Fortalecimiento del Proceso Organizativo de la población desplazada,así como un encuentro nacional de organizaciones de personas desplazadas52. Para algunas organiza-ciones de población desplazada, estos espacios no propician un verdadero diálogo con el Gobierno yuna participación efectiva de la población desplazada, en cuanto no se les avisa con suficiente antela-ción de los temas a tratar, no se entregan los documentos a discutir, y no hay posibilidades de incidirsobre las decisiones ya tomadas. Por el contrario, estos espacios han servido para legitimar la políticagubernamental, utilizando el argumento de que la población desplazada fue consultada. En muchasocasiones, las organizaciones de población desplazada fueron invitadas para recibir información sobredecisiones ya tomadas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Atención a Población Desplazada, adoptado enfebrero de 2005, no fue producto de una elaboración concertada y abierta.48 Artículo 58 de la ley 921 de 2004, mediante la cual se decreta el Presupuesto General para la vigencia 2005.49 Francis M. Deng 2000, citado supra en nota 1, párrafo 112.50 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, párrafo 12, pág. 289.51 Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica Adescop, Asociación Nacional de Desplazados Indígenas y Campesinos de ColombiaAndicol, Asociación de Desplazados Revivir al Futuro, y Asociación de Mujeres Desplazadas Yo Mujer, acompañadas por la FundaciónMenonita Colombiana para el Desarrollo Mencoldes.52 Corte Constitucional, Auto 178 del 29 de agosto de 2005, numeral 2.2., pág. 21.12
Según la Defensoría del Pueblo, lasmedidas adoptadas por el Gobiernoconstituyen un avance, pero no hanpermitido alcanzar una participa-ción efectiva de la población despla-zada, especialmente en el ámbitolocal: la gran mayoría de la pobla-ción desplazada no ha recibido losinformes del CNAIPD, ni conoce loscriterios y mecanismos de participa-ción en las reuniones sobre la for-mulación e implementación de lapolítica pública de atención al des-plazamiento53. La falta de voluntadpolítica de las autoridades munici-pales, distritales y departamentalesse ha visto claramente reflejada Encuentro de población desplazada con representantes del Estado, 2004.también en la improvisación con laque se adelanta la convocatoria alas sesiones de los Comités de Atención o en los temas de la agenda dedicados principalmente a asuntoscoyunturales o asistencialistas.Finalmente, la participación de la población desplazada se ha visto dificultada por la presencia derepresentantes de la Fuerza Pública en las sesiones de los Comités locales. Esta presencia ha generadointimidación y temor a la población desplazada por la posibilidad de ser objeto de señalamientos yacusaciones de pertenencia a los grupos insurgentes o de sufrir posteriores represalias por parte de losgrupos paramilitares si se atreven a denunciar las violaciones a los derechos humanos54.El Gobierno tampoco ha promovido un mecanismo amplio de diálogo con las ONG de derechos huma-nos y humanitarias que trabajan en pro de los derechos de las personas desplazadas. Desde octubre de2004, a raíz de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el CNAIPD convocó a algunas ONG aparticipar en reuniones temáticas. Sin embargo, a pesar de que varias ONG presentaron análisis yrecomendaciones sobre temas diversos, como prevención y protección, derecho a una vivienda digna y“cesación de la condición de desplazado”, estos aportes no fueron tomados en cuenta a la hora dedecidir sobre la política pública.Al contrario, el Gobierno ha seguido desconociendo y estigmatizando la labor de las ONG que apoyana la población desplazada. El 5 de julio de 2005, días después de la audiencia informativa convocadapor la Corte Constitucional sobre el seguimiento a la sentencia T-025, en la cual participaron organiza-ciones de población desplazada y ONG, la Unidad Técnica Conjunta, dependencia de Acción Social,envió una carta en la que afirmó que las ONG atentaban contra la “autonomía, transparencia, plura-lidad y tolerancia” de los espacios de discusión creados por el Gobierno. Según Acción Social, existe“manipulación de los conceptos y criterios propios de las organizaciones comunitarias por parte dealgunas ONG, que, a nuestro modo de ver, quieren aprovechar la coyuntura para transferir a través delos líderes comunitarios, ideas y conceptos que no nacen de la dinámica colectiva que viven los hogaresrepresentados y obviamente no corresponden a la realidad del desplazamiento”55.53 Defensoría del Pueblo, Principales conclusiones de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-025 de 2004, documento presentado durante la Audiencia convocada el 29 de junio de 2005 por la Corte Constitucional.54 El artículo 7 de la ley 387 de 1997 señala que, además de las autoridades civiles, los Comités están conformados por el Comandante deBrigada o su delegado y el Comandante de la Policía Nacional o su delegado.55 Red de Solidaridad Social, Unidad Técnica Conjunta, comunicación del 5 de julio de 2005 dirigida a la Mesa Nacional de Fortalecimientoa las Organizaciones de Población Desplazada (OPD) con copia a ONG. 13
CAPÍTULO II PREVENIR SIGNIFICA ATACAR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO El ACNUR recomendó al Gobierno colombiano adoptar una estrategia integral de preven- ción, la cual consiste en contrarrestar los hechos que generan el desplazamiento y no el desplazamiento en sí mismo56. Además, según el Representante Walter Kälin, una política de prevención debe tener en cuenta las causas de los conflictos que provocan los desplaza- mientos y la situación general de derechos humanos en un país determinado57.En materia de prevención del desplazamiento forzado, el decreto 250 de 2005 establece acciones esta-tales de prevención, tales como la protección y el acompañamiento humanitario de las comunidades enriesgo, las acciones institucionales de la Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento del ComitéInterinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT, encargado del Sistema de Alertas Tempranas SAT) y laprotección de los bienes de las personas desplazadas. Este decreto no constituye una respuesta adecua-da a las recomendaciones internacionales: por un lado, cita la legislación y las medidas ya existentes,las cuales no han resultado efectivas para prevenir el desplazamiento forzado; y por otro lado, reitera laaplicación de la política de “seguridad democrática”, la cual ha generado violaciones masivas a losderechos humanos y favorecido respuestas militaristas antes que humanitarias.Una política integral de prevención, tal como se plantea en las recomendaciones internacionales ante-riormente citadas, implica no sólo el funcionamiento adecuado de un sistema de alertas tempranas yrespuestas adecuadas a posibles riesgos, sino también la adopción de medidas para luchar efectiva-mente contra las causas del desplazamiento forzado. A continuación, se presenta una evaluación deldesempeño del Gobierno en cada uno de los aspectos constitutivos de una política integral de preven-ción: respuesta adecuada a las situaciones de riesgo; garantías para que los operativos militares delucha contrainsurgente no tengan a la población campesina y a los líderes desplazados como objetivode la actuación militar y no afecten de manera indiscriminada a la población civil; adopción de medi-das efectivas para luchar contra la impunidad, desmantelar el paramilitarismo, cesar los nexos entremilitares y paramilitares; y finalmente, proteger la tenencia y uso de las tierras de la población campe-sina, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.2.1. Un Sistema de Alertas Tempranas dependiente de la política de “seguridad democrática” En 2004, el ACNUR recomendó reestructurar el Sistema de Alertas Tempranas de manera que pudiera resolverse la tensión entre las estrategias de seguridad y las de protección de la población en medio del conflicto. El Director de la División Interagencial sobre Despla- zamiento Interno de las Naciones Unidas recomendó modificar el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas y crear un mecanismo de rendición de cuentas frente a la falta de acción de los funcionarios públicos58. Finalmente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó adoptar normas que regulen la composi- ción y las funciones del CIAT y establecer las sanciones por el no acatamiento de las alertas emitidas59.56 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, pág. 302, párr. 57.57 Walter Kälin 2004, citado supra en nota 6, párr. 34.58 División Interagencial de las Naciones Unidas 2005, citado supra en nota 9, recomendación 2.59 OACNUDH 2005, citado supra en nota 16, párr. 131.14
A mediados de marzo y mayo de 2005, se desplazaron forzadamente más de 2.000 personas, en su mayoría población campesina, afrocolombiana e indígena, de la zona rural de Bojayá hacia los cascos urbanos de Bellavista y de Quibdó60, para “no quedar en medio de un fuego cruzado ante la avanzada de los paramilitares y la presencia de las Farc en el río Bojayá”61. Esta situación se debió a la consolidación del control paramilitar en la parte baja del río Bojayá desde abril de 2005, a pesar de la presencia permanente de la Fuerza Pública en el río y en los cascos urbanos cercanos. De hecho, los controles rigurosos realizados por la Fuerza Pública “sólo valían para la población civil, mientras los paramilitares se seguían moviendo con total libertad”62. El desplazamiento forzado ocurrió a pesar de que durante el año 2004 la Defensoría del Pueblo presentó cinco notas de seguimiento a un informe de riesgo por la “probable ocurrencia de enfrentamientos armados con interposición de la población civil, desplazamientos forzados, res- tricciones a la circulación de personas y bienes, y asesinatos selectivos contra los pobladores”63. Según las Naciones Unidas, el Gobierno no adoptó las medidas adecuadas para que se mejorara la situación humanitaria y se minimizaran los riesgos de desplazamientos forzados64.En 1999, el Estado constituyó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT)65, un instrumento de prevenciónde violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el marco de lapolítica de “seguridad democrática”, el Gobierno modificó el funcionamiento del SAT, con el objetivo deque entidades gubernamentales se encargaran de emitir las alertas tempranas, función asumida hastaentonces por la Defensoría del Pueblo. Así, se creó el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas(CIAT), compuesto por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia y elMinisterio de la Defensa Nacional, para valorar las informaciones provenientes de los informes de laFuerza Pública, los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y decidir la emisión de la alertatemprana.Desde que se implementó la reforma del SAT, el Gobierno no ha formalizado legalmente la creación delCIAT, por lo cual no existe claridad sobre su conformación, responsabilidades y funcionamiento. Tam-poco se conocen los criterios utilizados por el CIAT para valorar las fuentes de información y decidir laemisión de una alerta temprana a partir de los informes de riesgo presentados por la Defensoría delPueblo. En el decreto 250 de febrero de 2005, el Gobierno estableció que el CIAT debe “diseñar protoco-los y rutas de acción para coordinar entre las diferentes dependencias del Gobierno, del Estado y lasadministraciones locales medidas preventivas y protectivas de acuerdo con su competencia institucional”,y “poner en marcha mecanismos de seguimiento de las respuestas generadas ante las situaciones deriesgo”66. Hasta la fecha no se conocen avances en la materia.En la práctica, la reforma del SAT y la creación del CIAT no han garantizado una respuesta ágil yefectiva a las situaciones de riesgo. Según una evaluación encomendada por el Gobierno nacional yrealizada por Management Systems International por encargo de USAID en noviembre de 2004, el SAT“es frecuentemente muy lento y engorroso para las emergencias y tan solo comienza a desarrollarestrategias extensas para afrontar amenazas de mediano plazo”67. La mayoría de los informes de riesgo60 Defensoría del Pueblo, Carta dirigida a Julio Ibraguen Mosquera, gobernador del Chocó, Quibdó, julio 18 de 2005.61 Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Diócesis de Quibdó, Apartadó, Istmina, Tadó, Segunda carta abierta al Presidente de la República sobrela crisis de legitimidad del Estado en la región del Atrato, Quibdó, 27 de abril de 2005.62 Ibídem.63 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 12, pág. 689.64 “Agencias de la ONU en Colombia lanzan alerta. Grave situación en Bojayá”, El Mundo, 6 de abril de 2004, www.elmundo.com.co65 Departamento Nacional de Planeación, Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado, 10 de noviembre de 1999,pág. 9 a 11 y 18.66 Decreto 250 de 2005, citado supra en nota 39, numeral 5.1.1.E.67 Management Systems International MSI, “Evaluación del Sistema de Alertas Tempranas en Colombia”, Washington, mimeo, 3 de noviembrede 2004, pág. 1. 15
presentados por la Defensoría del Pueblo al CIAT no se convirtieron en alertas tempranas durante elaño 2004: de los 90 informes de riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo al CIAT, sólo 17 fueronconsiderados Alertas Tempranas, lo cual representa el 19%, y “de las 64 notas de seguimiento, el CIATle dio el carácter de Alerta Temprana a 20 de ellas, lo que representa el 31%”68. Al respecto, el Gobiernonacional argumenta que las autoridades responden igualmente a todos los informes de riesgo, así denlugar o no a una alerta temprana por parte del CIAT69. Esta declaración, además de causar perplejidadsobre la poca importancia que el Gobierno otorga al CIAT en cuanto el mismo Gobierno trataría su-puestamente todos los informes de riesgo de igual manera, no corresponde a la realidad. En efecto, seha constatado que existe más probabilidad de que ocurra la violación en los casos que no fueronformalizados como alerta temprana: de los informes de riesgo convertidos por el CIAT en alertas tem-pranas (29 de los 84 informes de riesgo generados por la Defensoría del Pueblo durante el año 2003),ocurrieron las violaciones en el 34,5%, y en los casos que no fueron aceptados como alertas tempranas(55 de los 84 informes de riesgo), las violaciones sucedieron en el 49% de los casos70. Durante el año2004, según la Defensoría del Pueblo, “varios de los hechos advertidos en los Informes de Riesgo que nofueron considerados como Alertas Tempranas por el CIAT, se consumaron posteriormente”71.Según la Procuraduría General de la Nación, “en lugares sobre los cuales se han emitido informes deriesgo y alertas tempranas, siguen presentándose violaciones graves al derecho a la vida y la integridadpersonal, como consecuencia de las cuales se han producido también desplazamientos forzados. Tal esel caso de la región del río Atrato, en el Chocó y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, enAntioquia (…). A pesar de las alertas emitidas, la población sigue siendo obligada a desplazarse, unaparte de ella incluso luego de haber retornado. Situación que, lejos de mejorar, se agrava cada día, pesea la presencia de la Fuerza Pública en la zona”72.Según la Defensoría del Pueblo, cuando el Gobierno ha respondido a situaciones de riesgo, la actuaciónha sido “exclusivamente militar, dejando de lado otras acciones de prevención previstas en la norma-tividad, como son las funciones de los Comités (de Atención a la Población Desplazada), la declaratoriade riesgo de desplazamiento contemplada en el Decreto 2007 de 2001 y la adopción de medidas socia-les, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de lascausas que generan este fenómeno, ordenadas en el artículo 10.2 de la Ley 387 de 1997”73.En el marco de la respuesta a la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el Gobierno ha reportadoestas acciones militares contrainsurgentes como parte de la estrategia de prevención del desplazamien-to forzado. La realidad ha mostrado que dichas acciones no previenen la ocurrencia del desplazamien-to forzado ni garantizan la protección de los derechos humanos de las víctimas. Por el contrario, elcontrol territorial por parte de la Fuerza Pública o las operaciones militares desarrolladas en zonas deretorno de población desplazada en muchas ocasiones no han respetado los principios del derechohumanitario de distinción y de inmunidad de los civiles, han generado mayores riesgos para la pobla-ción.Por lo anterior, se puede concluir que la reforma y operación del SAT según los parámetros de la políticade seguridad del Gobierno generan incoherencias fundamentales para una prevención de violacionesde derechos humanos y de los desplazamientos forzados. La reforma del SAT no ha mejorado la preven-ción, por lo cual las recomendaciones internacionales en la materia siguen vigentes.68 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 12, pág. 685.69 Declaración de un representante del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante laaudiencia informativa de la Corte Constitucional sobre el seguimiento a la sentencia T-025 el 29 de junio de 2005 en Bogotá.70 Management Systems International MSI, citado supra en nota 66, pág. 19.71 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 12, pág. 686.72 Procuraduría General de la Nación, Conclusiones definitivas sobre cumplimiento de la sentencia T-025, Bogotá, 29 de junio de 2005, mimeo,pág. 5.73 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 53.16
2.2. Otros programas estatales de prevención del desplazamiento forzado En 2004, el ACNUR recomendó al Gobierno articular el programa de defensores comuni- tarios de la Defensoría del Pueblo, constituido en el año 2000 para prevenir las violacio- nes de derechos humanos y acompañar a comunidades en situación de riesgo de despla- zamiento forzado74, a una respuesta integral de prevención y protección, basada en la presencia civil del Estado. En cuanto a las misiones humanitarias, recomendó a las auto- ridades evaluar, desde el punto de vista humanitario, los riesgos que puedan presentar para las comunidades instrumentos como el Programa de Acción Integral cuando son vinculados al desarrollo de operativos militares75. El 17 de junio de 2004, las 110 personas de la Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita, muni- cipio de Dabeiba (Antioquia), fueron forzadamente desplazadas por la presencia de un grupo de paramilitares en su finca. Más de un mes después, el 22 de julio de 2004, el Gobierno aceptó la realización de una visita de una comisión humanitaria de verificación para evaluar las garantías de retorno. Una verificación exhaustiva se dificultó por la presencia de miembros de la Fuerza Pública durante la visita de la Comisión, que filmaron a miembros de la comunidad y de las ONG acompañantes, generando temor y zozobra en la comunidad. La presencia militar fue decidida por los representantes del Gobierno, sin consultar previamente a la comunidad y a los demás integrantes no gubernamentales de la Comisión, desconociendo las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cobijan a estas personas y disponen que las medidas de prevención deben ser consultadas con los beneficiarios76.La Defensoría del Pueblo ha jugado un papel importante en la protección de los derechos de las perso-nas desplazadas. Sin embargo, esa entidad no ha contado con un respaldo decidido por parte de lamayoría de las entidades estatales y gubernamentales, ni en lo político ni en lo económico. Por ejemplo,gran parte de los recursos de la Defensoría del Pueblo destinados a sus proyectos de atención al despla-zamiento forzado provienen de la cooperación internacional77.Según el ACNUR, el programa de defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo “no está sopor-tado en una estrategia del Estado y responde más a la iniciativa de las comunidades y de la Defensoríadel Pueblo”78. Gracias a los recursos de la cooperación internacional, el número de defensores comuni-tarios ha aumentado y cubre en la actualidad 20 zonas del país79. Desgraciadamente, el aumento de lacobertura geográfica de este programa se ha hecho en detrimento de la calidad del acompañamientoen el terreno de grupos poblacionales en situación de especial vulnerabilidad. Como consecuencia deello se ha disminuido el acompañamiento a comunidades con las cuales la Defensoría había asumidocompromisos, lo cual genera dificultades para el seguimiento a la situación de las mismas y la preven-ción de nuevos ataques en su contra80.74 El programa de defensores comunitarios fue constituido para acompañar a comunidades en situación de especial vulnerabilidad, prevenir lasviolaciones de derecho humanos y apoyar a las comunidades en la exigibilidad de sus derechos y en fortalecer su identidad y autonomía, enDefensoría del Pueblo, Revista Población civil, n°. 1, Bogotá, mayo - julio de 2004, pág. 5.75 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, pág. 303, recomendación 61 y pág. 304, párr. 67.76 Información recolectada durante la visita conjunta de la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.77 Intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, Sr. Roberto Meier, ante laCorte Constitucional en la audiencia de información en cumplimiento de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, Bogotá, 29 de junio de2005.78 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, pág. 303, recomendación 61.79 Costa Pacífica Nariñense, Costa Pacífica Valle del Cauca, Bajo Atrato, Cacarica, Medio Atrato, y Alto Baudó en el Chocó, San José deApartadó (Antioquia), Noroccidente Antioqueño, Alto Sinú en Córdoba, Sierra Nevada de Santa Marta, la región del Catatumbo, BajoPutumayo, San Vicente del Caguán, Macizo colombiano en el Cauca, Sur del Tolima, Risaralda y Caldas entre otros.80 Por ejemplo en el caso de la comunidad en proceso de retorno en el municipio de Dabeiba (Antioquia), en el Cacarica, en el Jiguamiandó yCurbaradó (Chocó), en Tierralta (Córdoba) o en al Alto Naya. 17
El decreto 250 de 2005 define otros programas de prevención del desplazamiento forzado, como “lapresencia estatal en zonas focalizadas en el marco del Proyecto de Protección a Comunidades en Ries-go”, “las acciones de educación en prevención de accidentes por minas antipersonales”, “la proteccióny el acompañamiento humanitario mediante acciones civilistas y humanitarias y acciones especiales deprotección”81. El Proyecto de Protección a Comunidades en Riesgo “busca elevar los niveles de protec-ción de los derechos humanos de las comunidades en riesgo por causa de la violencia que han sidofocalizadas, teniendo en cuenta a comunidades de zonas rurales, de difícil acceso, con baja presenciainstitucional, con dificultades de comunicación y ubicadas en zonas en disputa entre los actores arma-dos ilegales”. Las estrategias incluyen el fortalecimiento de la capacidad de protección de las institucio-nes del Estado a nivel nacional, regional y local, y el restablecimiento o mejoramiento de las relacionesentre el Estado y la comunidad82.Según la Defensoría del Pueblo, el Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo sigue siendo unaestrategia a futuro sobre la cual “surgen interrogantes como: criterios para focalizar las zonas deriesgo, respuesta real y material frente a los riesgos identificados, coordinación interinstitucional paraatender la problemática del desplazamiento, e intervención de las comunidades en las acciones deprevención, entre otros aspectos”83. En el mismo sentido, el ACNUR concluyó en el 2004 que este pro-yecto presenta limitaciones en su cobertura geográfica y temporal y “dificultades para promover res-puestas coordinadas tanto por los limitados recursos como por la diferencia de criterios en relación conel tipo de respuesta que debería darse”84.Desde mediados de 2005, el Gobierno ha instalado a representantes permanentes del Proyecto de Co-munidades en Riesgo en diferentes regiones, como en Apartadó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba). Estemecanismo, descentraliza la respuesta del Gobierno nacional frente a las violaciones de derechos hu-manos y en la práctica resulta inadecuado y no garantiza una mayor protección de las comunidades.En efecto, el funcionario delegado cumple funciones esencialmente de mediación entre las comunida-des y el Gobierno, y carece de las facultades necesarias para requerir a los funcionarios locales elcumplimiento de sus deberes constitucionales.El Gobierno menciona también, como estrategia de prevención del desplazamiento forzado, la realiza-ción de misiones humanitarias. Sin embargo, cuando las comunidades en riesgo y las ONG que lasapoyan han exigido comisiones de verificación y misiones humanitarias ante situaciones de riesgo oviolaciones de derechos humanos, el Gobierno ha respondido con demora y sin una participación ade-cuada de las diferentes entidades gubernamentales responsables. En otros casos, las “Misiones Huma-nitarias” realizadas por el Gobierno no han respondido de manera adecuada a los factores de riesgoidentificados por las comunidades y han ido en contravía de las exigencias de las mismas. Como en elejemplo presentado al inicio de este apartado, el Gobierno promovió a través de las misiones “humani-tarias” el acompañamiento y la presencia de la fuerza pública, desconociendo acuerdos previos con lascomunidades y el carácter civil que deberían tener estas misiones.2.3. Recrudecimiento de los desplazamientos forzados por causa de las operaciones militares En la vereda Peñas Blancas, municipio de Rioblanco (Tolima), 12 familias indígenas de la etnia Paez (aproximadamente 30 personas), fueron forzadamente desplazadas hacia el corregimiento81 Decreto 250 de 2005, citado supra en nota 39, numeral 5.1.1.B.82 Ibídem.83 Defensoría del Pueblo 2005, citado supra en nota 53.84 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Recomendaciones del ACNUR sobre la política pública de prevención yatención al desplazamiento interno forzado en Colombia 2002-2004”, 6 de agosto de 2004, párr. 80.18
de La Herrera, luego de una operación militar realizada el 21 de septiembre de 2004. Según las denuncias que recibió el Consejo Regional Indígena el Tolima (CRIT), los uniformados procedie- ron a destruir las viviendas, enseres y víveres, provocando el desplazamiento forzado de estas familias85.En el marco de la política de recuperación del territorio por la Fuerza Pública, se ha presentado unaumento del desplazamiento forzado en zonas donde se han desarrollado operativos militares. En muchasocasiones, dichos operativos se han realizado sin las debidas precauciones para la población civil.Ha sido el caso por ejemplo del Plan Patriota, que se inició en enero de 200486 y ha cubierto los departa-mentos del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vichada87. Durante el primer semestre de 2004, di-chos departamentos aparecen dentro de los diez más afectados por el desplazamiento forzado y dondeel número de personas desplazadas ha aumentado en comparación con el año anterior, según la Red deSolidaridad Social y la ONG CODHES88. Durante el año 2004 el número de personas desplazadasforzadamente en el departamento del Caquetá fue de 21.271; en el departamento del Meta, de 11.545;en el departamento del Putumayo, de 8.503; en el departamento del Guaviare, de 3.901; y en el depar-tamento del Vichada, de 859. Los municipios de estos departamentos que más recibieron personasdesplazadas fueron Cartagena del Chairá (Caquetá), San Luis de Cubaral, San José del Guaviare(Guaviare), San Juan de Arama (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Florencia, capital deldepartamento del Caquetá, es el tercer municipio receptor de población desplazada89. Simultáneamen-te a los operativos militares, se ha constatado el fortalecimiento de los grupos paramilitares especial-mente en San José del Guaviare (Guaviare), Villavicencio (Meta), y en el sur del departamento deCaquetá90.2.4. Fortalecimiento de los grupos paramilitares, un factor generador de desplazamiento forzadoEl Gobierno no ha adoptado medidas efectivas para luchar contra los grupos paramilitares que hansido responsables de la mayoría de los desplazamientos forzados. Al contrario, el Gobierno ha permiti-do que se mantuviera una total impunidad para los miembros de estos grupos y se ha fortalecido lacapacidad de control de estos grupos sobre amplias zonas del país, gracias a la acción, omisión, yaquiescencia de la Fuerza Pública.2.4.1. Impunidad para los responsables de los desplazamientos forzados Con el fin de resolver el clima de impunidad que aumenta la inseguridad, el Sistema de las Naciones Unidas ha recomendado de manera reiterada al Gobierno llevar ante la justicia a los responsables de crímenes en contra de personas desplazadas y sus abogados91 y avanzar en materia de condenas por el delito de desplazamiento forzado92.85 “Indígenas denuncian atropellos del Ejército”, diario El Tiempo, 22 de noviembre de 2004, en www.eltiempo.com86 “Éxodo en el sur por Plan Patriota”, diario El Tiempo, 7 de mayo de 2004, en www.eltiempo.com87 “Tropas permanecerán en las áreas arrebatadas a las Farc”, diario El Colombiano, 8 de septiembre de 2004, en www.elcolombiano.com88 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, 12 de enerode 2005, Bogotá, mimeo, pág. 6; y Codhes, Desplazamiento: hacia un fracaso de la seguridad democrática, Codhes Informa, 2 de septiembrede 2004, en www.codhes.org.co89 Codhes, Desplazamiento en el limbo, Informe 2004, Bogotá, 1 de febrero de 2005, en www.codhes.org.co90 Información corroborada por la Comisión Colombiana de Juristas, durante sus visitas a las zonas en enero y febrero de 2005.91 Marco para la Acción sobre Desplazamiento Interno en Américas 2004, citado supra en nota 5, recomendación 14.92 ACNUR 2004, citado supra en nota 7, pág. 294, recomendaciones 33, 34 y 35; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,Declaración sobre Colombia del Presidente de la Comisión 2003, párrafo 39. 19
En el caso del desplazamiento forzado de más de mil personas en el municipio de San Francisco, (Antioquia) en marzo de 2003, en respuesta a un derecho de petición, la Procuraduría General de la Nación, regional Antioquia, respondió que no se había encontrado ninguna queja por estos hechos, y la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia informó que “no se registró informa- ción alguna sobre este hecho y en consecuencia tampoco existen investigaciones al respecto”93 . La Defensoría del Pueblo confirmó la ocurrencia del desplazamiento forzado94.El artículo 15 de la ley 387 de 1997 prevé que “el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Naciónemprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamien-to”, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional95 ha reconocido que el Estado debe asegurar que sehaga justicia en los casos de desplazamiento forzado, que se revele la verdad de los hechos y que seobtenga de los autores del delito una reparación. En el año 2001, el desplazamiento forzado fue tipifi-cado como delito en el artículo 159 del Código Penal. En 2005, el decreto 250 transcribió literalmente elobjetivo, señalado en el artículo 10.4 de la ley 387 de 1997, de “crear y aplicar mecanismos que brindenasistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, larestitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados”96.A pesar de la normatividad existente, se siguen presentando índices de impunidad de prácticamente el100% en relación con las principales violaciones de derechos humanos y las infracciones de derechohumanitario. Según un estudio de la Contraloría General de la República, solo el 5% de las denunciasde desplazamiento forzado presentadas a la Fiscalía General de la Nación son radicadas ante la admi-nistración de justicia y se conoce de un solo caso evacuado con sentencia ordinaria97.A pesar de las recomendaciones internacionales, el Gobierno no asume su deber de garantizar el dere-cho a la verdad y a la justicia de las personas desplazadas, derechos que no incluyó tanto en la caracte-rización de las necesidades de la población desplazada, ni en la estimación del esfuerzo presupuestal.La permanencia de la impunidad impide una prevención del desplazamiento forzado en cuanto pro-mueve la tendencia no sólo a la repetición de nuevos daños irreparables, sino a la ampliación de losmismos.2.4.2. Legalización y consolidación del poder paramilitar: factor de desplazamiento forzado Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas han insistido repetidamente en la necesidad de iniciar “diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera”. Los diálogos y las negociaciones debe- rán priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional humanitario y los derechos hu- manos (…) los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas”98. En la región del Magdalena medio99, el desplazamiento forzado ha aumentado en 2004: durante el segundo semestre de 2003 se contabilizaron 200 familias desplazadas y durante el primer93 Procuraduría, oficio PRA-3842 del 27 de mayo de 2003; Fiscalía, oficio 003105 del 12 de junio de 2003.94 Defensoría del Pueblo, oficio 5001-226-S del 30 de mayo de 2003.95 Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, y sentencia T-025 de 2004. .:96 Decreto 250 de 2005, numeral 2.2.97 Contraloría General de la República, La política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia: ¿solo buenas intenciones?, Bogotá,2004, pág. 54 y 55.98 OACNUDH 2005, citado supra en nota 16, párr. 142.99 Barrancabermeja, San Vicente y El Carmen de Chucurí y Puerto Wilches, departamento de Santander; San Pablo, Cantagallo, Morales ySanta Rosa, departamento de Bolívar; Yondó y Remedios, departamento de Antioquia.20
semestre de 2004 fueron 617 familias100. La mayoría de los desplazamientos forzados rurales e intraurbanos fueron causados por los grupos paramilitares a pesar de que en esta época, los paramilitares del Bloque Central Bolívar que se encuentran en la zona “dijeron haber replegado a sus hombres tanto de Barrancabermeja (Santander) como de otros cuatro municipios del nor- deste antioqueño y del sur de Bolívar (a partir del 14 de marzo de 2004)”101. De hecho, según información de prensa, el comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Jorge William Gil Caicedo, reconoció: “hasta donde sé y he visto, ellos (los ‘paras’) nunca cumplieron el anuncio de que se iban”102. Los días 21 y 22 de abril de 2005, la población del casco urbano de San Pablo, sur de Bolívar, realizó protestas contra la Policía, “en rechazo al asesinato de un joven comerciante (José María Pinzón) a manos de presuntos paramilitares, quienes supuestamente actuaron en complicidad con algunos agentes que prestan su servicio en el municipio, en hechos que ocurrieron el 20 de abril de 2005”103. “Según información suministrada por algunos medios, el comandante de la Policía del Magdalena Medio, teniente coronel Jorge William Gil Caicedo, admitió la posible infil- tración paramilitar en las filas de la institución, y señaló que se adelanta una investigación al respecto”. Frente a las protestas, la Gobernación del departamento solicitó el relevo de los agentes y el 26 de abril de 2005, el general Hipólito Herrera Carreño, comandante de la policía, informó que los 30 agentes de policía de San Pablo habían sido cambiados de pueblo y dijo: “Esperamos que ésta sea parte de la solución, pues, según mi criterio, no es problema de la fuerza pública sino que es un problema de años”104. No se tiene información sobre los resultados de la investigación sobre la presunta colaboración de la Policía con los grupos paramilitares y sobre la aplicación de sancio- nes contra estos agentes.En diciembre de 2002, el Gobierno inició un proceso de negociación con los grupos paramilitares de lasAutodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el período cubierto por este informe, no se han adelanta-do negociaciones de paz con los grupos insurgentes.Cuando iniciaron las negociaciones con el grupo paramilitar de las AUC, el Gobierno nacional planteóque esta iniciativa y el “cese de hostilidades” al cual se comprometieron contribuirían a la prevencióndel desplazamiento forzado. Sin embargo, desde esta fecha hasta el 30 de junio de 2005, más de 2.548personas han sido asesinadas o desaparecidas forzadamente por fuera de combate por estos gruposparamilitares105, hechos que han generado numerosos desplazamientos forzados. Si bien el Alto Comi-sionado para la Paz reconoció públicamente el incumplimiento del cese de hostilidades106, esto no hatenido consecuencia para el proceso mismo y las autoridades estatales no han tomado medidas paraesclarecer los hechos, identificar a los responsables y prevenir nuevas violaciones de derechos humanosy desplazamientos forzados.100 Información publicada por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).101 “Magdalena M., cada día 3 familias desplazadas”, diario El Tiempo, 4 de agosto de 2004, en www.eltiempo.com. El 8 de noviembre de 2003,los miembros de este Bloque paramilitar habían reiterado en una acta de reunión con el Gobierno nacional firmado por el Alto Comisionadopara la Paz, “su voluntad de mantener y perfeccionar el cese de hostilidades como muestra palpable de buena voluntad ante el país y lacomunidad internacional”, en Acta de la reunión entre el Gobierno nacional y el Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca, Montañas deCaldas, 8 de noviembre de 2003, en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co102 “Magdalena M., cada día 3 familias desplazadas”, diario El Tiempo, 4 de agosto de 2004, en www.eltiempo.com103 “Gobernación solicitó rotación de policías”, diario El Universal, 25 de abril de 2005, en www.eluniversal.com.co104 “Trasladaron 30 policías en San Pablo”, diario El Colombiano, 25 de abril de 2005, en www.elcolombiano.com105 Cifras de la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas.106 “Proceso de Paz-Grupos de Autodefensas. Balance del Cese de Hostilidades Diciembre de 2002-Diciembre de 2003”, publicado enwww.altocomisionadoparalapaz.gov.co 21
De otro lado, es conocido que dichos grupos conti- núan ejerciendo su poder por la vía de las armas y la fuerza en diversas regiones del país107 y se está llevando a cabo su inserción oficial en la vida política institucio- nal del país, a través de la conformación de movimien- tos políticos o de la partici- pación dentro de las listas electorales de los partidos tradicionales. Los paramili- tares también están crean- do fundaciones, cooperati- vas y ONG para promover “proyectos productivos” y or- ganizar trabajos comunita- En memoria de las víctimas, Cacarica (Chocó). rios donde están presentes.Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en las comunas de Medellín, luego de la supuesta desmovilizacióndel Bloque Cacique Nutibara el 25 de noviembre de 2003. Después de comprobar que no existían inves-tigaciones penales en contra de los integrantes de este grupo, relacionadas con graves violaciones a losderechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los paramilitares, en virtud del decreto 128, fueronenviados a sus casas108. Posteriormente, los paramilitares crearon la ONG Corporación Democracia yfundaron centros de reunión en distintos puntos de la ciudad especialmente en las comunas controla-das por ellos109. Varias de estas personas ahora son dirigentes de esta ONG y participan activamente dela vida política de la ciudad. Entre ellas se encuentra Giovanny Marín, actual director de la organiza-ción y antiguo líder político del Bloque Cacique Nutibara. En abril de 2005 se anunció la candidaturade Giovanni Marín a las elecciones al Congreso de marzo de 2006110.La magnitud del control alcanzado permite que los paramilitares no necesiten mantener una presenciamilitar abierta. Pero esto no significa que hayan abandonado la utilización de las armas. De acuerdocon testimonios recogidos por Amnistía Internacional en las Comunas de Medellín “Hoy su control esmás sutil: no existe patrullaje con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible,con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios”111.Recientemente, el director de la Policía Nacional anunció que en diciembre de 2005, 2.000 paramilitaresreinsertados serían incorporados a esta institución para prestar servicios como guías cívicos, auxiliaresde tránsito y bomberos en diferentes ciudades del país. El General Castro señaló que los reinsertados yase encuentran realizando cursos de capacitación para desarrollar este tipo de actividades112, para lascuales no portarán armas. La historia del país demuestra que este tipo de mecanismos ha contribuidode manera determinante al sostenimiento de las estructuras del paramilitarismo.107 En dos departamentos con fuerte presencia y dominio paramilitar, Cesar y Magdalena, hubo candidatos únicos para el cargo de Gobernador;en uno y otro departamento los votos en blanco y las tarjetas no marcadas superaron con creces los votos obtenidos por el candidato; véaseintervención de Antonio Navarro Wolff en el Congreso de la República el 29 de enero de 2004.108 Amnistía Internacional, Colombia - Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?, Londres, septiembre de 2005, en http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR230192005.109 Ibídem.110 Ibídem.111 Ibídem.112 “Desmovilizados se vincularán a la Policía Nacional”, Caracol Radio, boletín del 30 de septiembre de 2005, en www.caracol.com.co22
Esta situación esta siendo posible gracias a la adopción de un marco jurídico que agiliza el paso de la“desmovilización” a la vida civil, sin que tengan que responder por las violaciones de derechos humanosque cometieron. Estas normas jurídicas no garantizan el esclarecimiento de la verdad y la justicia porlos millones de desplazamientos forzados perpetrados por los grupos paramilitares partes del proceso.En primer lugar, el decreto 128 de 2003113 permite a todas las personas desmovilizadas que no tienenprocesos judiciales o condenas no amnistiables o indultables, que son la mayoría, no ser objeto deinvestigación judicial y de indagatorias aún en el caso de que tengan información o estén involucradosen otros delitos atribuibles al grupo armado en la región donde operaba. Así, todos los crímenes come-tidos en los que no exista un proceso penal, o habiéndolo no esté individualizado un paramilitar comopresunto autor, quedan en la impunidad y los posibles responsables quedan libres. En segundo lugar, laley 975 de 2005, impropiamente llamada de “justicia y paz”114, no establece incentivos para que losdesmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad, y mecanismos institucionales para esclarecerlos hechos de desplazamientos forzados. Estas disposiciones afectan especialmente a las víctimas deldesplazamiento forzado por lo que este delito no está siendo judicializado, como se explicó anterior-mente.Según el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos humanos, dicha ley “no logra reunir los elementos esenciales aconsejables para estableceruna justicia transicional que, en aras de ser un instrumento de paz sostenible, prevea incentivos yofrezca beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades, a lavez que garantice adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la repara-ción. La ley ofrece muy generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas de privaciónde libertad y amplias posibilidades de libertad condicional, a quienes hayan cometido graves crímenes,sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación. Por esta razón, podríaabrir paso a que haya impunidad”115.Sobre esta ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión del fallo sobre el casoMapiripán, donde reconoció la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado, reiteró “sujurisprudencia constante en el sentido de que ninguna ley ni disposición de derecho interno puedeimpedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violacio-nes de derechos humanos. En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas deprescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investiga-ción y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos - como las delpresente caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal reitera que la obligación del Estado de investi-gar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los responsables, debe cumplirse diligentementepara evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse116.2.4.3. Fortalecimiento de los nexos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares Como lo recomendó en 1999 el Representante Francis M. Deng, las medidas preventivas para garantizar la seguridad física de las poblaciones en peligro entrañan una mayor presencia de las instituciones nacionales en las zonas de alto riesgo, a condición de que sus actividades se desmarquen de las realizadas por los paramilitares y otros grupos armados117. En 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos113 Decreto 128 de 2003, por el cual se reglamenta la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 enmateria de reincorporación a la sociedad civil.114 Ley 975 de 2005 llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armadosorganizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones paraacuerdos humanitarios”.115 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, Consideraciones sobre la ley de ‘justicia y paz’,comunicado de prensa, Bogotá, 27 de junio de 2005, www.hchr.org.co116 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 15 de septiembre de 2005, caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, párr. 304,www.corteidh.or.cr117 Francis M. Deng 2000, citado supra en nota 1, párr. 117 23