Source: https://www.fgconsultores.com.ar/l/analisis-practico-juridico-del-congelamiento-administrativo-de-activos-por-parte-de-la-unidad-de-informacion-financiera/
Timestamp: 2019-02-24 05:31:49
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Análisis práctico-jurídico del Congelamiento Administrativo de Activos por parte de la Unidad de Información Financiera :: fgconsultores
En el presente abordaremos los aspectos constitucionales del Congelamiento Administrativo de Activos por parte de la Unidad de Información Financiera, tema que por su actualidad y trascendencia resulta de conocimiento imprescindible para todos los actores del sector público y privado, que intervienen en el sistema de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nº 25.246[1], y sus modificatorias, la Unidad de Información Financiera, es el Organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303[2] del Código Penal) y de Financiación del Terrorismo (artículos 41 quinquies y 306 [3] del Código Penal) [4], y que en el artículo 20[5] de la citada ley se enumeran a las distintas personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que se encuentran obligadas a cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias establecidas por el sistema de prevención de los citados delitos.
Mediante la sanción de la Ley Nº 26.734[6], se modificó la tipificación de los delitos de Terrorismo[7] y de Financiación del Terrorismo[8] y se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una institución desconocida hasta el momento, el "congelamiento administrativo" de bienes o dinero[9], a la vez que se asignó a la Unidad de Información Financiera la facultad de disponer el mismo[10]. Posteriormente, con el dictado del Decreto Nº 918/12[11], reglamentario de la citada ley, la UIF quedó habilitada para el dictado de las citadas medidas, momento a partir del cual ese Organismo emitió diversas Resoluciones disponiendo el congelamiento administrativo de activos.
Fue así que la Unidad de Información Financiera emitió las primeras órdenes de congelamiento,[12] y luego dictó la Resolución UIF Nº 29/13[13], mediante la cual precisó las acciones que deben adoptar los distintos Sujetos Obligados frente a la notificación de una Orden de Congelamiento de Activos. Por esa Resolución también se derogó y reemplazó a las Resoluciones UIF Nº 125/09 y Nº 28/12[14], que disponían la forma, plazo y modalidad mediante las cuales los Sujetos Obligados debían efectuar los Reportes de Financiación del Terrorismo.
Tenemos entonces que el marco jurídico que gobierna el tema tratado en el presente trabajo se conforma por las leyes Nº 25.246 y N° 26.734, el Decreto Nº 918/12 y la Resolución UIF Nº 29/13.
Como se verá, las citadas normas se enmarcan en un sistema internacional de prevención y lucha contra la Financiación del Terrorismo, cuyas bases son la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) y las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En el marco del referido sistema internacional de prevención se atribuye a la Unidad de Información Financiera la facultad de disponer el congelamiento administrativo de activos de personas o entidades sospechadas de estar vinculadas con la financiación del Terrorismo.
A continuación efectuaremos una interpretación sistémica de las citadas normas, a los efectos de intentar echar luz sobre las acciones que deben adoptar los Sujetos Obligados, con el objeto de coadyuvar a un mejor cumplimiento de las mismas por parte de los citados sujetos, a la vez que analizaremos algunos precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se ha expedido acerca de la asignación de facultades jurisdiccionales a Órganos de la Administración Pública, que -nte la falta de precedentes sobre el Instituto en estudio- pueden servirnos para predecir una posible decisión de nuestro más alto tribunal a la hora de resolver en la materia.
II.- CAUSAS, MODALIDADES Y OPORTUNIDADES EN LAS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN EFECTUAR REPORTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (RFT) A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Existen dos motivos por los cuales los Sujetos Obligados deben efectuar Reportes de Financiación del Terrorismo (RFT) a la UIF. Ambos responden en el plano internacional a decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de la citada Organización.
La primera de las Resoluciones mencionadas establece la obligatoriedad[15] de los Estados Miembros[16] de congelar los activos de los terroristas y de las "organizaciones terroristas" que se indican en la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones[17]. La obligación de los Sujetos Obligados será en estos casos la de cerciorarse que sus clientes no se encuentren en las citadas listas.
A esos efectos, la Unidad de Información Financiera ha puesto a disposición de los mismos un buscador[18], que puede ser utilizado por los mencionados Sujetos. Si algún cliente de los Sujetos Obligados se encuentra en las citadas listas, entonces deberá efectuar un Reporte de Financiación del Terrorismo a la Unidad de Información Financiera.
La segunda tiene relación con lo establecido en la Resolución CSONU 1373[19] y se refiere a la obligación de los Sujetos Obligados de reportar a la UIF las operaciones realizadas o servicios prestados, o propuestas para realizar operaciones o para prestar servicios, de cualquier valor, que pudieran constituir indicadores de actos de Financiación del Terrorismo, en los términos del artículo 306 del Código Penal[20].
La Resolución UIF Nº 29/13 dispone que a esos fines los Sujetos Obligados deberán tener en cuenta la naturaleza, el propósito de la operación o servicio de que se trate y las partes involucradas en la misma.
Se establece que los Sujetos Obligados deberán reportar no sólo aquellas las operaciones que efectivamente se hubieran realizado, sino también aquellas que se hubieran tentado[21].
Con respecto a la modalidad y oportunidad, la norma establece que los Reportes de Financiación del Terrorismo (RFT) deben efectuarse sin demora alguna[22] y en forma electrónica, a través del sitio de internet de la Unidad de Información Financiera, de conformidad con lo establecido en Resolución UIF Nº 51/11 y en el artículo 1° de la Resolución UIF Nº 29/13. Aunque en virtud de la necesidad de que la Unidad de Información Financiera cuente con la información en el menor tiempo posible por la urgencia con que deben ser tratados estos reportes, en virtud de su temática, se establece en la Resolución UIF Nº 29/13 que los Sujetos Obligados podrán anticipar la comunicación a la Unidad por cualquier otro medio.
Por los mismos motivos, la citada resolución establece que cuando resulte imposible efectuar el RFT a la Unidad de Información Financiera sin incurrir en demoras, los Sujetos Obligados deberán dar inmediata intervención al Juez competente y reportar la operación a la UIF a la brevedad, indicando el Tribunal que ha intervenido[23].
III.- ACCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA AL RECIBIR UN REPORTE DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
En virtud de la citada normativa, al recibir un Reporte de Financiación del Terrorismo la Unidad de Información Financiera procederá sin demora alguna a su análisis y, de considerar adecuadamente fundados el reporte[24], podrá dictar inaudita parte y sin demora alguna, el congelamiento administrativo de los bienes o dinero[25].
El Decreto Nº 918/12 establece que la resolución que disponga el congelamiento de activos, podrá ser notificada por vía electrónica, en forma personal, mediante cédula o telegrama, o mediante cualquier otro medio de notificación fehaciente.
Un párrafo aparte merece la notificación electrónica de las órdenes de congelamiento que ha utilizado la UIF, estas notificaciones, que se dirigen a la dirección de correo electrónico denunciada por los Sujetos Obligados al momento de su inscripción ante al citado Organismo, han sido recibidas y cumplidas por los Sujetos Obligados que integran el sistema preventivo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en forma casi instantánea, cumpliendo con la celeridad que el tema amerita.
El Decreto Nº 918/12 establece que al momento de disponer el congelamiento administrativo de bienes o dinero respecto de una persona física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas), o de tomar conocimiento de su aplicación en el supuesto especial previsto en el artículo 9º del citado decreto (al que nos referiremos a continuación), la Unidad de Información Financiera deberá comunicar la medida al Juez Federal con competencia penal, a fin de que efectúe el examen de legalidad de la misma. Dispone también que la medida permanecerá vigente mientras los sujetos congelados permanezcan en el citado listado, o hasta tanto sea revocada judicialmente.
Si el congelamiento hubiera sido dictado en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del Código Penal, la Unidad de Información Financiera comunicará tal situación al Ministerio Público Fiscal para su conocimiento y al Juzgado Federal con competencia penal, para que ratifique, rectifique o revoque la medida, los bienes o dinero permanecerán congelados por un plazo de seis meses, prorrogable por igual término, por única vez. Se establece asimismo que de no mediar resolución judicial en contrario, o habiendo sido revocada judicialmente la resolución de la UIF, el congelamiento cesará.
De conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 1452 (2002) y 1735 (2006) y modificatorias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU), aún incluso mientras se encuentre vigente el congelamiento, existen ciertas operaciones que el juez competente puede autorizar, en la medida que se haya determinado que son necesarias para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales razonables y el reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos o tasas o cargos por servicios de mantenimiento de fondos congelados u otros activos financieros o recursos económicos, siempre y cuando notificado el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 de la intención de autorizarlos, el mismo no se hubiera expedido negativamente en el plazo de tres días laborables.
El acceso a los activos congelados por otras razones no previstas en la citada norma, podrá ser autorizado siempre que el Estado haya notificado esa determinación al mencionado Comité y éste la haya aprobado.
Hasta aquí hemos visto -muy sucintamente- cual es el sistema internacional y nacional que se ha establecido a los efectos de la prevención de la Financiación del Terrorismo, las facultades con que cuenta la Unidad de Información Financiera para disponer el congelamiento administrativo de activos y las obligaciones de los Sujetos Obligados en cuanto a reportar operaciones sospechosas de ese delito.
IV.- CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE CONGELAMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Al recibir la notificación de una orden de congelamiento emitida por la Unidad de Información Financiera, los Sujetos Obligados deben implementar en el acto las medidas que se hubieran dispuesto, e informar los resultados a la UIF dentro de las veinticuatro horas de notificados[26] [27], sólo en aquellos casos en los que se hubieran congelado activos o en los que las personas sobre las que rece la medida sean (o hubieran sido) sus clientes.
A estos fines resulta de utilidad lo establecido en el artículo 2º el Decreto Nº 918/2012 que establece que debe entenderse por "Congelamiento administrativo" a la "inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros bienes" y por "Bienes o dinero" a los "bienes, fondos o activos, cualquiera sea su naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés sobre esos bienes, fondos o activos -de conformidad a lo establecido en el artículo 1.1 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Ley Nº 26.024)- y los intereses, dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea generado por esos bienes, fondos o activos; siempre que íntegra o conjuntamente sean propiedad o estén bajo control, directa o indirectamente, de personas o grupos designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas o que puedan estar vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal".
IV.1.- MEDIDA DE CONGELAMIENTO DIRIGIDA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, LAS REMESADORAS DE FONDOS, QUIENES EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR, LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE CAPITALES, LAS EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO O DE COMPRA; LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES; LAS EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE; LAS SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO; LAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS VINCULADAS CON FIDEICOMISOS.
En la Resolución UIF Nº 29/13 se precisan cuáles son las acciones que los distintos Sujetos Obligados deben adoptar al recibir una Orden de Congelamiento por parte de la UIF. En el artículo 4º de la citada resolución se indica que las entidades financieras y cambiarias, las remesadoras de fondos, quienes exploten juegos de azar, los intermediarios del mercado de capitales, las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; las empresas dedicadas al transporte de caudales; las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; las sociedades de capitalización y ahorro; las asociaciones mutuales y cooperativas y las personas físicas o jurídicas vinculadas con fideicomisos (Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 13., 20. y 22. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias) deben:
En primer lugar congelar todo bien, dinero o crédito que fuese propiedad de las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo, o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas, informando los resultados de la aplicación del congelamiento dentro de las veinticuatro horas de recibida la notificación, sólo en aquellos casos en los que se hubieran congelado activos.
También cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar a la Unidad de Información Financiera si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que se dispuso el congelamiento, han realizado operaciones con ellos. Es decir si son, o han sido, sus clientes.
Cabe aclarar que las acciones a que se refieren los párrafos precedentes sólo deben comunicarse a la UIF cuando se hayan congelado activos o la persona sobre la que hubiera recaído el congelamiento hubiera sido cliente del Sujeto Obligado, de lo contrario no debe efectuarse comunicación alguna a la UIF.
En los casos en los que proceda, los Sujetos Obligados deberán efectuar la comunicación utilizando el aplicativo REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO (ROC), que se encuentra disponible en la página de internet de la UIF, a la que deberán ingresar utilizando su clave de acceso. En respuesta a una orden de congelamiento nunca procederá efectuar un Reporte de Financiación del Terrorismo (RFT).
Los Sujetos Obligados deberán tener en consideración la orden dictada por la UIF a los efectos de congelar todo activo que pudiera ser detectado, ingresado, recibido, etc., durante la vigencia de la orden de congelamiento. De comprobarse esta situación deberán comunicarlo a la UIF mediante un REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO.
En virtud de las disposiciones relativas al secreto establecidas en los artículos 21 inciso c. y 22 de la Ley N° 25.246, la Resolución UIF N° 29/13 establece que ante cualquier consulta acerca de las personas o de los bienes congelados, que reciban los Sujetos Obligados, sólo deberán indicar que los activos se encuentran congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nº 26.734, en el Decreto Nº 918/12 y en la citada Resolución UIF Nº 29/13, absteniéndose de informar, tanto a sus clientes, como o a terceros, cualquier otra cuestión vinculada con el congelamiento.
IV.2.- MEDIDA DE CONGELAMIENTO DIRIGIDA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, DE EMBARCACIONES Y DE AERONAVES
Los Registros de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor y créditos prendarios, de embarcaciones y de aeronaves[28], que deben efectuar virtualmente las acciones indicadas en el punto IV.1 con la particularidad de que en este caso, se establece en la Resolución UIF N° 29/13 que al recibir la Orden de Congelamiento deben tramitar la Orden de como si se tratara de una inhibición[29].
IV.3.- MEDIDA DE CONGELAMIENTO DIRIGIDA EMPRESAS ASEGURADORAS.
Con relación a las empresas aseguradoras la Resolución UIF N° 29/13 dispone que deberán cumplir con lo establecido en el punto IV.1. Sin embargo, en virtud de las particularidades del sector se ha establecido expresamente que la medida de congelamiento no resultará de aplicación en los casos en los que deban abonarse sumas de dinero a terceros no incluidos en la misma con motivo de la ocurrencia de siniestros, en virtud de seguros obligatorios[30], ello a los efectos de resguardar debidamente los derechos de esos terceros.
IV.4.- MEDIDA DE CONGELAMIENTO DIRIGIDA A QUIENES SE DEDICAN A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, ETC., A LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS, A LOS DESPACHANTES DE ADUANA, A LOS PRODUCTORES, ASESORES, ETC. DE SEGUROS, A LOS AUDITORES EXTERNOS O SÍNDICOS, A LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS, A QUIENES SE DEDICAN A LA COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS, BARCOS Y AVIONES, A LOS CLUBES DE FÚTBOL Y A LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución UIF Nº 29/13, los mencionados Sujetos Obligados, enumerados en los incisos 7., 12., 14., 16., 17., 19., 21. y 23 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, al recibir una Orden de congelamiento por parte de la UIF, deberán cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar a la UIF si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que se dispuso el congelamiento son, o han sido, sus clientes. También deberán tener en consideración la orden dictada por la UIF durante toda su vigencia, a los efectos de informar si la persona es cliente del Sujeto Obligado en ese período.
Como en los casos antes indicados, los Sujetos Obligados deberán comunicar a la UIF cualquiera de las situaciones antes descriptas mediante el REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO (ROC) que se encuentra disponible en la página de internet de la UIF, a la que deberán ingresar utilizando su clave de acceso. Este Reporte sólo deberá efectuarse en el caso que las personas resulten ser cliente del Sujeto Obligado.
Los Sujetos Obligados no deben responder a las órdenes de congelamiento que reciban de la UIF realizando un Reporte de Financiación del Terrorismo, En respuesta a una orden de congelamiento nunca procederá efectuar un RFT.
IV.5.- MEDIDA DE CONGELAMIENTO DIRIGIDA AL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, LOS REGISTROS PÚBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PERSONAS JURÍDICAS.
Los citados Organismos Públicos, Sujetos Obligados, enumerados en los incisos 6. y 15. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, deberán informar a la UIF si las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo han realizado con anterioridad o, realizan trámites con posterioridad a la notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada resolución.
Esa información deberá ser remitida mediante el REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO (ROC), a través de la página de internet de la UIF, a la que deberán acceder los Oficiales de Cumplimiento de los citados Organismos, utilizando su clave de acceso.
Tal como en los casos anteriores cabe reiterar que este Reporte deberá efectuarse sólo en aquellos casos en los que las personas sobre las que recae el congelamiento hayan realizado trámites frente a los Sujetos Obligados, y que en ningún caso deberán responder las órdenes de congelamiento emitidas por la UIF realizando un Reporte de Financiación del Terrorismo (RFT).
V.- MEDIDAS ESPECIALES
V.1.- SECTORES BANCARIO, CAMBIARIO, DEL MERCADO DE CAPITALES Y DE SEGUROS
El Decreto Nº 918/12[31] y la Resolución UIF Nº 29/13[32] establecen un procedimiento especial respecto de los Sujetos Obligados correspondientes a los sectores bancario, cambiario, del mercado de capitales y de seguros, por el cual los mencionados Sujetos Obligados[33] al verificar que alguno de sus clientes se encuentra incluido en el listado de personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones, deberán efectuar, en el acto e inaudita parte, el congelamiento de los bienes o dinero involucrados en sus operaciones, informar inmediatamente a la Unidad de Información Financiera de tal situación y emitir, sin demora alguna, un Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
V.2.- ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Particular mención requieren las Organizaciones Sin Fines de Lucro. En este sentido debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido en la Recomendación 8 de las 40 Recomendaciones del GAFI y su Nota Interpretativa indican que las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y que los países deben asegurar que no sean utilizadas para la Financiación del Terrorismo, por Organizaciones terroristas que simulen ser entidades legítimas o que se utilicen entidades legítimas como conducto para financiar al terrorismo (o para escapar a las medidas de congelamiento de activos) o para ocultar el desvío de fondos, destinados a propósitos legales, hacia organizaciones terroristas.
La resolución UIF Nº 29/13[34] establece medidas especiales que deben adoptar las Organizaciones Sin Fines de Lucro, que resultan ser Sujetos Obligados en virtud de lo dispuesto en el inciso 18. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Como primera medida la resolución establece -de conformidad con la citada Recomendación del GAFI-, que las citadas Organizaciones deben identificar y llevar registros de todos sus beneficiarios y prestar especial atención a las operaciones internacionales y a los beneficiarios que tengan vinculaciones internacionales.
Sentado ello, y refiriéndonos ya a las acciones que deben adoptar al ser notificadas de una Resolución de Congelamiento de Activos dictada por la UIF, deberán congelar todo activo que fuese propiedad de las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales que recayera la Orden, o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas y cotejar sus bases de clientes (a los efectos de conocer si esas personas son, o han sido, sus clientes -sea en calidad de donantes, aportantes o beneficiarios-), a los efectos de informar a la Unidad de Información Financiera, dentro de las 24 horas de notificada, cualquiera de las situaciones descritas.
Cabe aclarar que las referidas acciones sólo deben comunicarse a la UIF cuando se hayan congelado activos o la persona sobre la que hubiera recaído el congelamiento hubiera sido cliente del Sujeto Obligado, de lo contrario no debe efectuarse comunicación alguna a la UIF.
A los efectos de efectuar la comunicación los Sujetos Obligados deberán utilizar el aplicativo REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO (ROC), que se encuentra disponible en la página de internet de la UIF, a la que deberán ingresar utilizando su clave de acceso. Cabe reiterar que, como se ha indicado en los casos antes tratados, en respuesta a una orden de congelamiento nunca procederá efectuar un RFT.
Asimismo, la Resolución dispone que los sujetos Obligados deberán congelar, durante la vigencia de la citada resolución, todo activo y que tenga como beneficiarios a las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo, que pudiera ser detectado, ingresado, recibido, etc., con posterioridad a la notificación de la medida de congelamiento. En tal caso, deberá efectuar el correspondiente REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO.
Por último se establece que deberán abstenerse de informar a sus donantes, aportantes, beneficiarios o a terceros los antecedentes de la resolución que dispusiere el congelamiento administrativo de bienes, dinero o créditos. En todo caso, sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nº 26.734, en el Decreto Nº 918/12 y en la Resolución UIF Nº 29/13.
VI.- NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONGELAMIENTO VIGENTES A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SE REGISTREN CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO.
En la medida que resulta de vital importancia establecer un procedimiento para que los Sujetos Obligados que se registran frente a la UIF puedan conocer y cumplir las resoluciones de congelamiento de activos dictadas con anterioridad por la UIF, el artículo 12 de la Resolución UIF Nº 29/2013, prevé que a los Sujetos Obligados que se registren ante la Unidad de Información Financiera, serán notificados de aquellas resoluciones que se encuentren vigentes.
VII.- PRÓRROGA Y LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE CONGELAMIENTO.
En los casos en los que la orden de congelamiento fuera prorrogada por la Unidad de Información Financiera, o revocada o rectificada judicialmente, la UIF notificará tal situación a los Sujetos Obligados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 in fine de la Resolución UIF Nº 29/13.
Con relación al levantamiento de la medida de congelamiento el Decreto establece que de comprobarse que la misma afecta a una persona física o jurídica o a una entidad diferente a la designada por las Naciones Unidas, dicha medida podrá ser levantada por el juez federal competente a petición de parte, debiendo notificar el levantamiento a la Unidad de Información Financiera[35]. Se entiende que la misma actitud podrá adoptar el Juzgado interviniente en los casos en que la medida se hubiera dispuesto en virtud de un caso motivado en las disposiciones del artículo 306 del Código Penal.
VIII.- ASPECTOS CONSTITUCIONALES - ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
Por lo novedoso del tema en estudio no contamos aún con precedentes de nuestro más alto tribunal respecto de la validez constitucional de la atribución de la facultad de disponer el congelamiento de activos, en casos de sospecha de Financiación del Terrorismo, efectuada -mediante el artículo 6 de la Ley N° 26.734- a la Unidad de Información Financiera.
Sin embargo, existen algunos casos resueltos por los tribunales inferiores en los que han confirmado órdenes de congelamiento dispuestas por la UIF y otros en los que las han revocado, en alguno de estos últimos casos los jueces intervinientes de forma concomitante a revocar la resolución de la UIF han dispuesto el embargo judicial de las cuentas u otros bienes de las personas sobre las que recayera la medida dictada por el organismo administrativo.
No obstante ello, encontramos ciertos precedentes en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó las bases constitucionales que gobiernan el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de órganos dependientes del Poder Ejecutivo.
El estudio de los precedentes (en particular de los holdings) resulta importante en virtud de la doctrina de la stare decisis de los tribunales, por la cual esos precedentes y las leyes deben ser aplicadas, por los tribunales que los dictaron y los inferiores, a menos que fueran totalmente absurdas o injustas[36] en el caso; es por ello que pueden ayudarnos a predecir cuál podría ser la solución que la CSJN podría llegar a adoptar, si tuviera que decidirse acerca de la constitucionalidad de la facultad asignada a la UIF mediante el artículo 6 de la Ley N° 26.734.
A continuación haremos un estudio de tres importantes precedentes de nuestro tribunal, el caso "Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (suc)" (19/09/1960), "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Secretaría de Energía y Puertos" (05/04/2005) y el más reciente "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ ejecución fiscal" (15/06/2010).
VIII.I- "FERNÁNDEZ ARIAS, ELENA Y OTROS C. POGGIO, JOSÉ (SUC)".
En el precedente "Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (suc)" (19/09/1960) en el que Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció los elementos que debe reunir una norma que atribuya facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, para ser declarada constitucionalmente válida.
En el citado caso el alto tribunal sostuvo que "el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos es uno de los aspectos que, en mayor grado, atribuyen fisonomía relativamente nueva al principio atinente a la división de poderes. Esta típica modalidad del derecho público actual, desde luego, no ha surgido como consecuencia de especulaciones de orden teórico. Tampoco expresa ni encubre una determinada concepción del Estado. Muy por el contrario, constituye uno de los modos universales de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social (...), los que de otra manera sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos (...)", agregando que "así acontece, incluso, en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos, cuya organización política, a semejanza de la existente en la Argentina, confía el ejercicio de la función jurisdiccional a magistrados específicamente encargados de desempeñarla, los que son, además, diferenciados e independientes." y que "también los tribunales argentinos, desde antiguo, han declarado la validez de disposiciones equivalentes que rigieron o rigen en el orden nacional. Así, esta Corte, en numerosos fallos, resolvió que es compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales de índole administrativa destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración (...)".
La Corte agregó que "(...) la referida doctrina, según la cual es válida la creación de órganos administrativos de la especie indicada, no supone (...) la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales. (...) que la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, que, desde luego, no es lícito transgredir. Porque va de suyo que (...) dejan de ser válidos cuando, confrontados con las normas básicas del ordenamiento jurídico, de las que no deben ser sino consecuencia (art. 31, Constitución Nacional), resulta evidente que las infringen, en vez de acatarlas o a lo sumo adaptarlas respetando su esencia. (...) Que entre esas limitaciones preestablecidas figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (...).".
Con relación al alcance que el control judicial debe tener para ser suficiente, el tribunal indicó que el mismo "no depende de reglas generales u omnicomprensivas, sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica. En otras palabras: la medida del control judicial requerido deberá ser la que resulte de un conjunto de factores y circunstancias variables o contingentes, entre los que podría mencionarse, a título de ejemplo, la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la complejidad de la organización administrativa creada para garantizarlos, la mayor o menor descentralización del tribunal administrativo, etc. (...). Y todo ello, como es natural, obliga a examinar, en cada caso, los aspectos específicos que singularizan a la concreta materia litigiosa.".
En suma, en palabras de la Corte suprema, control judicial suficiente implica: "a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (...).".
VIII.II.- "ANGEL ESTRADA Y CÍA. S.A. C/ RESOL. 71/96 - SECRETARÍA DE ENERGÍA Y PUERTOS"
En el precedente "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Secretaría de Energía y Puertos" (05/04/2005) la Corte Suprema de Justicia de la Nación brinda elementos adicionales a los contenidos en el fallo "Fernandez Arias", por lo que también habrá que tener en consideración a la hora de evaluar la validez constitucional de la atribución de facultades jurisdiccionales a Organismos de la Administración pública, las siguientes cuestiones:
La "atribución de la jurisdicción primaria a organismos administrativos (doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica cuando la resolución de la controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya sido confiado por la ley a cuerpos expertos, debido a que su dilucidación depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o bien porque están en juego los particulares deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una agencia de la administración; o cuando se procure asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las regulaciones políticas diseñadas por la agencia para una industria o mercado particular, en vez de librarla a los criterios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resultar de las decisiones de jueces de primera instancia (...). Por el contrario, la Suprema Corte de los Estados Unidos entendió que el principio de la jurisdicción primaria no rige cuando la cuestión controvertida es ajena al régimen propio de las agencias. Así, en el caso Nader v. Allegheny Airlines, Inc. (...), dicha Corte estableció que no correspondía someter a la jurisdicción primaria de la Civil Aeronautics Board (CAB) la determinación de si una línea aérea había incurrido en un engaño fraudulento al no informar que podía "sobrevender" sus vuelos e impedir el embarque de pasajeros con reservas confirmadas. En este sentido, la Corte argumentó que no justificaba someter este tema a la jurisdicción primaria de la CAB, desde que para resolver el caso no se necesitaba contar con la experiencia y especialización de dicha agencia. Agregó que "la aplicación de los estándares que rigen una demanda por prácticas fraudulentas corresponde a la competencia convencional de los tribunales ordinarios" y que "el criterio técnico de un cuerpo experto no parece ser útil para la aplicación de estos estándares a los hechos del caso". Es decir, la jurisdicción de las agencias se circunscribe a las materias que configuran "el corazón" de las tareas que tuvo en miras el Congreso que las emplazó. (...) Es que la denominada "jurisdicción primaria" de las agencias administrativas comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios, pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo (...), con la salvaguarda de que la palabra final sobre la validez de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios.".
VIII.III.- "ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS C/ INTERCORP S.R.L. S/ EJECUCIÓN FISCAL"
En el precedente "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ ejecución fiscal" (15/06/2010) la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "el art. 92 de la ley 11.683 contiene una inadmisible delegación, en cabeza del Fisco Nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial. En efecto el esquema diseñado en el precepto, al permitir que el agente fiscal pueda, por sí y sin necesidad de esperar siquiera la conformidad del juez, disponer embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor, ha introducido una sustancial modificación del rol del magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero espectador que simplemente es "informado" de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio de su contraria. (...) Que esta participación menor e irrelevante que se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no sólo violenta el principio constitucional de la división de poderes sino que además desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en los Pactos internacionales incorporados con tal jerarquía en el inc. 22 de su art. 75 (confr. el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal conclusión es posible arribar a poco de que se observe que, de acuerdo con el sistema implementado en la normativa cuestionada, tanto la verificación de la concurrencia de los requisitos específicos para la procedencia de las medidas cautelares ("verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora") como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas de la causa no son realizadas por un tercero imparcial sino por la propia acreedora, que no tiene obligación de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre el patrimonio del deudor."
La Corte también sostuvo en el citado precedente que "las disposiciones del art. 92 tampoco superan el test de constitucionalidad en su confrontación con el art. 17 de la Norma Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley. No resulta óbice a ello el hecho que lo puesto en tela de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente medidas cautelares, pues como correctamente lo señaló el señor Procurador General de la Nación (...) ellas, cualquiera sea su naturaleza, afectan concretamente el derecho de propiedad del individuo, "ya que si bien no importan (en principio) una ablación de su patrimonio, su función es, precisamente, limitar de manera efectiva otros atributos no menos importantes de ese derecho, cuales son los de usar y disponer de él, con función de garantía. A nadie escapa, por dar un ejemplo, que un bien embargado pierde peso económico en el mercado y que limita, en mayor o menor medida, las posibilidades de actuación económica del sujeto...". En este sentido, no es necesario un profundo examen para advertir las negativas consecuencias económicas que sobre el giro normal de las actividades de cualquier comercio, empresa o particular puede tener la traba de un embargo sobre cuentas o bienes.".
El sistema conformado por las Leyes N° 25.246 y sus modificatorias, y N° 26.734, el Decreto Reglamentario N° 918/12 y la Resolución UIF N° 29/13, resulta acorde con las obligaciones asumidas por nuestro país frente a la comunidad internacional, fundamentalmente las que surgen de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los lineamientos y recomendaciones efectuados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las Resoluciones CSONU 1267 y 1373 (y sus sucesivas) establecen un sistema internacional de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento que obliga a todos los Estados miembros a adoptar -entre otras- las siguientes medidas: tipificar como delito la Financiación del Terrorismo, congelar sin dilación los fondos de las personas que financien la comisión de actos de terrorismo y denegar cualquier tipo de apoyo financiero a terroristas o grupos terroristas.
Con el dictado de la normativa antes indicada nuestro país cumple con los más altos estándares internacionales en la materia, lo que se ve reforzado por el importante grado de cumplimiento que los Sujetos Obligados han mostrado en el cumplimiento de las órdenes de congelamiento emitidas por la UIF.
Ahora bien, desde la óptica constitucional debe tenerse presente que habiendo analizado las particularidades del instituto tratado en el presente trabajo, el mismo respeta -a nuestro juicio- los principios de legalidad, debido proceso y división de poderes, de conformidad con los lineamientos trazados en los precedentes de nuestro máximo tribunal, para considerar válida la atribución de facultades jurisdiccionales a Órganos Administrativos. Interpretación que -según la propia Corte- deberá efectuarse teniendo en consideración las modalidades de cada situación jurídica por lo que, en el caso que nos ocupa, no podrá perderse de vista la gravedad del delito de Financiación del Terrorismo, cuya comisión se intenta prevenir -entre otros medios- con la atribución de la citada facultad a la UIF.
Por ello y por la propia naturaleza de las órdenes de congelamiento dispuestas por la Unidad de Información Financiera, se requiere que las mismas se apliquen de forma efectiva y eficiente, con la celeridad que el caso amerita, para cumplir con los efectos preventivos deseados.
El sistema vigente en nuestro país reúne las siguientes características:
Se establece sobre la base de un régimen jurídico propio, centrado en un organismo especializado en la materia (la UIF), con competencia específica para prevenir la Financiación del Terrorismo (de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 25.246) y con facultades para disponer el congelamiento de activos en aquellos casos en que existieran sospechas de la comisión de ese Delito (artículo 6 de la Ley N° 26.734).
La UIF es un Organismo de carácter Federal, único por sus competencias, lo que garantiza la uniformidad de criterio respecto de todos los casos que se produzcan en la República, conformado por personal especializado en la prevención del citado delito (y en la prevención del Lavado de Activos), con facultades regulatorias en lo relativo a la prevención de esos delitos.
Existe una serie de personas físicas y jurídicas (cf. artículo 20 de la Ley N° 25.246) que se encuentran obligadas a poner en conocimiento del citado Organismo todos aquellos casos en los que exista sospecha de Financiación del Terrorismo (cf. artículo 21 de la Ley N° 25.246, Decreto N° 918/2012 y Resolución UIF N° 29/2013).
Cualquier otra persona, incluso del exterior del país puede formular denuncias a la UIF (cf. artículos 14 inciso 2. y 17 de la Ley N° 25.246).
Las órdenes de congelamiento son emitidas por el Órgano legalmente habilitado y con competencia para prevenir el delito de Financiación del Terrorismo.
Las órdenes son notificadas de forma rápida y segura, mediante de un sistema de notificación electrónico. Las notificaciones se dirigen a la dirección de correo electrónico denunciada por los Sujetos Obligados al momento de su inscripción ante al citado Organismo, han sido recibidas y cumplidas por miles de Sujetos Obligados (que integran el sistema preventivo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) sólo minutos después de haber sido emitidas por la UIF.
Las respuestas a las Órdenes de Congelamiento son notificadas a la UIF de la misma forma, lo que garantiza la celeridad en las comunicaciones.
Los Órdenes de Congelamiento que dispone la UIF son inmediatamente puestas en conocimiento del Juez Federal en materia penal competente, para su completa revisión.
La persona sobre la que recayó la medida y/o los eventuales damnificados por la misma tienen la posibilidad de acudir de inmediato ante el Juez que entiende en el caso y plantear sus defensas.
Emitida la Orden de Congelamiento y judicializada la misma, cesan las facultades jurisdiccionales de la UIF, quedando habilitado el Organismo para solicitar al Juez su intervención en carácter de querellante, lo que quedará librado a decisión judicial.
Si el Juez competente decidiera revocar la medida dispuesta por la UIF, será este Organismo el encargado de notificar tal decisión, garantizándose de esta forma que la misma quedará sin efecto con la misma celeridad con la que fue implementada.
Por todo lo expuesto, entendemos que por no verificarse en el Instituto bajo estudio los elementos que llevaron a nuestro máximo tribunal a descalificar las normas legales puestas en crisis en los precedentes antes indicados, la facultad de disponer el congelamiento de bienes o dinero, asignada a la Unidad de Información Financiera mediante el artículo 6 de la Ley Nº 26.734 deberá considerarse constitucionalmente válida.
[1] Publicada en el Boletín Oficial del día 10/05/2000.
[2] El artículo 303 del Código Penal tipifica el delito de Lavado de Activos de la siguiente forma: "1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.".
[3] El artículo 306 de nuestro Código Penal dispone que: "1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. 2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. 3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. 4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento".
[4] Con la nueva tipificación legal de los citados delitos nuestro país cumple adecuadamente con la Recomendación 5 de las Nuevas 40 Recomendaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, aprobadas por el GAFI en febrero de 2012; que dispone que los países deben tipificar la financiación del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar no sólo la financiación de actos terroristas, sino también la de organizaciones terroristas y terroristas individuales, independientemente del vínculo a un acto o actos terroristas específicos. Indicando asimismo que los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos precedentes del Lavado de Activos.
[5] Cabe señalar que el citado artículo 20, fue modificado por la Ley Nº 26.683, mediante la cual se incorporaron nuevos Sujetos Obligados al sistema preventivo.
[6] Publicada en el Boletín Oficial del día 28/12/2011.
[7] El citado artículo establece que: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional."
[8] El artículo 306 del Código Penal dispone que: "1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. 2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. 3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. 4. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento".
[9] Cabe recordar aquí que la Recomendación 6 del GAFI y su Nota Interpretativa establecen que los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones 1267, 1373 y sus sucesoras.
[10] El párrafo final del artículo 6º de la Ley Nº 26.734 establece que: "La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte".
[11] Publicado en el Boletín Oficial del día 14 de junio de 2012.
[12] En el segundo semestre de 2012.
[13] Publicada en el Boletín Oficial del día 18 de febrero de 2013.
[14] Publicada en los Boletines Oficiales de los días 11/05/2009 y 22/02/2012, respectivamente.
[15] En virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta de la ONU.
[16] Argentina ha ratificado su incorporación mediante Decreto Ley Nº 21.195/45.
[17] El artículo 3° del Decreto N° 918/12 establece que: "(...) los sujetos obligados deberán considerar como Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los bienes o dinero involucrados en la operación fuesen propiedad directa o indirecta de una persona física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o sean controlados por ella. b) Que las personas físicas o jurídicas o entidades que lleven a cabo la operación sean personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas. c) Que el destinatario o beneficiario de la operación sea una persona física o jurídica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas.".
[18] En la página de internet institucional (www.uif.gob.ar).
[19] Esta Resolución insta a los Estados a reforzar su capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas, exhortándolos -entre otras medidas- a tipificar como delito la Financiación del Terrorismo, a congelar sin dilación los fondos de las personas que participen en la comisión de actos de terrorismo y a denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas.
[20] El inciso a) del artículo 15 del Decreto 918/12 establece que "(...) los sujetos obligados (...) deberán considerar como Operación Sospechosa de Financiamiento del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en las que los bienes o dinero involucrados pudiesen estar vinculados con la financiación del terrorismo o con actos ilícitos cometidos con finalidad terrorista. Los sujetos obligados deberán reportar sin demora alguna a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dicha operación, o su tentativa".
[21] El artículo 1° de la Resolución UIF Nº 29/13 que establece: "Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán reportar, sin demora alguna, como Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate alguna de las siguientes circunstancias: 1.a) Que los bienes o dinero involucrados en la operación fuesen de propiedad directa o indirecta de una persona física o jurídica o entidad designada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, o sean controlados por ella. b) Que las personas físicas o jurídicas o entidades que lleven a cabo la operación sean personas designadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas. c) Que el destinatario o beneficiario de la operación sea una persona física o jurídica o entidad designada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas. 2) Que los bienes o dinero involucrados en la operación pudiesen estar vinculados con la Financiación del Terrorismo o con actos ilícitos cometidos con finalidad terrorista, en los términos de los artículos 41 quinquies y 306 del CODIGO PENAL. A estos efectos los Sujetos Obligados deben verificar el listado de personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones (pudiendo utilizar el buscador que se encuentra disponible en la página de internet de esta Unidad -www.uif.gob.ar (o www.uif.gov.ar)- y cumplimentar las políticas y procedimientos de identificación de clientes, establecidos en las Resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA respecto de cada uno de ellos.".
[22] A más tardar en el plazo máximo de 48 horas que establece la Ley.
[23] El artículo 2° de la Resolución UIF Nº 29/13 dispone que: "Los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo deberán ajustarse a lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 51/11 (o la que en el futuro la complemente, modifique o sustituya). Los Sujetos Obligados podrán anticipar la comunicación a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA por cualquier medio, brindando las precisiones mínimas necesarias y las referencias para su contacto. Cuando resulte imposible dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente sin incurrir en demoras, los Sujetos Obligados deberán dar inmediata intervención al Juez competente y reportar la operación a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a la brevedad, indicando el Tribunal que ha intervenido".
[24] Lo mismo sucedería en virtud de un pedido formulado por un organismo público nacional que, en el marco de sus investigaciones, tuviera motivos fundados acerca de que los bienes o dinero involucrados en las operaciones realizadas o tentadas pudiesen estar vinculados con la Financiación del Terrorismo o con actos ilícitos cometidos con finalidad terrorista (artículo 15 b) del Decreto Nº 918/12), o por una autoridad competente extranjera, que invoque las disposiciones de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sus sucesivas o modificatorias (artículo 16 del Decreto Nº 918/12).
[25] Cfr. artículo 5 del Decreto Nº 918/12.
[26] Cfr. artículo 7 del Decreto Nº 918/12.
[27] Tal premura resulta acorde con lo establecido en las recomendación del GAFI en el documento "FATF guidance. The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction", que puede ser consultado en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP-Fin-Sanctions-TF-R6.pdf.
[28] Enumerados en el inciso 6. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
[29] Cfr. Artículo 7 de la Resolución UIF Nº 29/2013.
[30] Cfr. Artículo 8 de la Resolución UIF Nº 29/2013.
[31] El artículo 9 del Decreto Nº 918/12 dispone que "Los sujetos obligados correspondientes a los sectores bancario, cambiario, del mercado de capitales y de seguros, deberán verificar el listado de personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones. En el supuesto de verificar que un cliente se encuentre incluido en el referido listado, los mencionados sujetos obligados deberán efectuar, en el acto e inaudita parte, el congelamiento de los bienes o dinero involucrados en las operaciones cuando se verifique alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 3º del presente. Asimismo, deberán informar, inmediatamente, a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la aplicación de la medida de congelamiento y emitir, sin demora alguna, un Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo".
[32] El artículo 3 de la Resolución UIF Nº 29/13, establece que "Cuando los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1., 2., 4., 5., 8., 9. y 11. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias verifiquen alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 1 incisos a), b) o c) de la presente, deberán proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Decreto Nº 918/12".
[33] Estos son: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional; 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos; 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; 8. Las empresas aseguradoras; 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra y 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
[34] Cfr. Artículo 9 de la Resolución UIF Nº 29/2013.
[35] El artículo 13 del Decreto Nº 918/12 dispone que: "Si se comprobare, por cualquier medio, que el congelamiento administrativo de los bienes o dinero afecta a una persona física o jurídica o a una entidad diferente a la designada por las Naciones Unidas, dicha medida podrá ser levantada por el juez federal competente a petición de parte, debiendo notificar el levantamiento a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) deberá comunicar la Resolución de levantamiento del congelamiento al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO para que éste informe lo actuado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la vía correspondiente".
[36] Blackstone, W. Commentaries on the laws of England. Oxford. Clarendon Press, original de 1769, I, p 70, tomado de Sola, Juan Vicente. Constitución y Economía. 1ra edición. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 2004. p 442.