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Timestamp: 2018-08-19 08:16:26
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 29', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 32']

﻿ DECRETO 683 DE 2002
DECRETO 683 DE 10 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO. RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA SUS SERVIDORES PÚBLICOS. DEROGA EL DECRETO 2730 DE 2001.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1190 DE MAYO 15 DE 2002, PG.1096
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 3548 DE 2003 ARTÍCULO 29 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETO 683 DE 2002
(Nota: Derogado por el Decreto 3548 de 2003 artículo 29 del Departamento Administrativo de la Función Pública).
ART. 2º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General de la Nación, los procuradores delegados y del Defensor del Pueblo será de: cinco millones novecientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($ 5.966.945) m/cte., discriminados así: asignación básica dos millones ciento cuarenta y ocho mil cien pesos ($ 2.148.100) m/cte. Y gastos de representación tres millones ochocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($ 3.818.845) m/cte.
La prima especial de servicios sin carácter salarial, a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso tos supere.
ART. 3º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual del director del instituto de estudios del Ministerio Público, del director nacional de investigaciones especiales, del procurador auxiliar de la Procuraduría General de la Nación, del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, del secretario general de la Defensoría del Pueblo y el Veedor de la Procuraduría General de la Nación, será de: ocho millones trescientos treinta y tres mil veinticinco pesos ($ 8.333.025 m/cte.), distribuida así:
Asignación básica $ 2.440.889
Gastos de representación 2.440.889
Prima técnica 2.143.489
Prima especial 1.307.758
ART. 4º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los defensores delegados grado 22 y los directores nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo, será de: siete millones ciento once mil trescientos veintiséis pesos ($ 7.111.326) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 2.083.959
Gastos de representación 2.083.959
Prima técnica 1.828.088
Prima especial 1.115.320
ART. 5º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual del veedor de la Defensoría del Pueblo será de: cinco millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos ($ 5.995.832) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 1.939.372
Gastos de representación 1.939.372
Prima técnica 1.058.544
Prima especial 1.058.544
ART. 6º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los procuradores departamentales y los procuradores distritales II de Bogotá, D.C. de la Procuraduría General de la Nación; los defensores regionales grado 21 y el secretario privado grado 21 de la Defensoría del Pueblo, será de: cinco millones trescientos treinta mil seiscientos setenta y tres pesos ($ 5.330.673) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 2.091.374
Gastos de representación 2.091.374
Prima especial 1.147.925
ART. 7º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los procuradores regionales será de: cinco millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($ 5.430.439) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 1.757.400
Gastos de representación 1.757.399
Prima técnica 957.820
Prima especial 957.820
PAR.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 264 de 2000, la remuneración mensual del Procurador Regional será de: cinco millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos dos pesos ($ 5.429.402) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 2.681.553
Gastos de representación 2.093.293
Prima especial 654.556
ART. 8º—(Nulo).* A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los procuradores judiciales II ante los tribunales: superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante jurisdicción agraria, de menores y familia, será de: cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($ 5.154.559) m/cte., distribuida así:
Asignación básica $ 2.022.448
Gastos de representación 2.022.448
Prima especial 1.109.663
ART. 9º—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual del Procurador Metropolitano II de Medellín será de tres millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($ 3.697.446) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación.
ART. 10.—(Nulo).* A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los procuradores judiciales I será de: tres millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos ($ 3.575.485) m/cte. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aplicable a los jueces de la República.
ART. 11.—A partir del 1º de enero de 2002, la remuneración mensual de los procuradores distritales 1, procuradores metropolitanos I y procuradores provinciales será de tres millones doscientos setenta y siete mil trescientos veintisiete pesos ($ 3.277.327) m/cte. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá carácter de gastos de representación.
ART. 14.—A partir del 1º de enero de 2002, la asignación mensual de sustanciador en lo Contencioso Administrativo y Sustanciador en lo judicial grado 11 (once), será de un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($ 1.384.748) m/cte.
ART. 15.—A partir del 1º de enero de 2002, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, se regirá por la siguiente escala:
01 335.984 14 1.493.665
02 392.569 15 1.523.103
03 467.604 16 1.692.877
04 553.221 17 1.975.549
05 641.822 18 2.224.858
06 727.517 19 2.466.357
07 814.689 20 2.731.322
08 912.270 21 2.956.939
09 988.139 22 3.279.130
10 1.099.036 23 3.697.446
11 1.170.981 24 4.184.486
12 1.288.691 25 4.798.954
13 1.405.118
PAR.—Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no optaron por el régimen establecido en los decretos 54 de 1993 y 107 de 1994, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 2002 a un incremento de la remuneración que venían percibiendo a 31 de diciembre de 2001, de conformidad con los porcentajes de las siguientes tablas de acuerdo con el rango salarial más cercano que corresponda a dicha remuneración mensual.
Salario 2001 % Salario
2001 % Salario
2001 % Salario %
ART. 18.—A partir del 1º de enero de 2002, los citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a) Para ciudades de más de un millón de habitantes, la suma de treinta y seis mil trescientos once pesos ($ 36.311) m/cte., mensuales.
b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, la suma de veintidós mil ochocientos ochenta y siete pesos ($ 22.887) m/cte., mensuales.
c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, la suma de catorce mil quinientos treinta y ocho pesos ($ 14.538) m/cte., mensuales.
ART. 20.—A partir del 1º de enero de 2002, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a setecientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos ($ 752.839) m/cte., será de veintisiete mil ciento setenta y seis pesos ($ 27.176) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ART. 23.—Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, podrán ser administradas por las sociedades cuya ya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el fondo público que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo señalen, además establecerán las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas sociedades o fondo.
ART. 29.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 2730 de 2001 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2002.