Source: https://supremo.vlex.es/vid/553470894
Timestamp: 2019-12-10 23:54:48
Document Index: 54946729

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 219', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 97']

STS, 10 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 553470894
Número de Recurso: 80/2014
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Maite , representada y defendida por el Letrado Sr. Pérez Sáez, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 6 de noviembre de 2013, en el recurso de suplicación nº 670/2013 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 31 de enero de 2013 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete , en los autos nº 130/2012, seguidos a instancia de dicha recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENEAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad.
PRIMERO.- La actora, Dª Maite , nacida el NUM000 /1970, con DNI n. NUM001 , contrajo matrimonio con D. Fermín el día 20/07/1991, naciendo en el seno de dicha unión matrimonial D. Raimundo el día NUM002 /1993. SEGUNDO.- En el año 2005 se produce la separación de hecho del citado matrimonio. El día 31/07/2007 se solicita por la actora la adopción de medidas provisionales previas, dictándose Auto de fecha 02/11/2007 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín en el Procedimiento de Medidas Provisionales 440/2007 , acordando como medidas provisionales la separación provisional de los cónyuges quedando revocados los poderes concedidos entre ellos y la atribución de la guarda y custodia del hijo a Dª Maite . Con fecha 04/03/2009 se dicta sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Hellín, en el Procedimiento de Separación de Mutuo Acuerdo 683/2007, estimando la separación y aprobando en su totalidad la propuesta de Convenio Regulador, en el que se establece, en su apartado IV, la atribución a Dª Maite de una pensión compensatoria de 220  mensuales durante dos años. Con fecha 15/07/2011 se firma por ambos cónyuges nuevo Convenio Regulador, que viene a sustituir al anterior, estableciendo una nueva pensión compensatoria a favor de Dª. Maite , en la cantidad de 230  mensuales. TERCERO.- Con fecha 15/08/2011 se declara el fallecimiento de D. Fermín . CUARTO.- Formalizada la solicitud de Pensión de Viudedad, la Dirección Provincial del INSS de Albacete resuelve con fecha 08/11/2011 denegar la prestación en base a "...no tener derecho, en el momento del fallecimiento, a la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil , de acuerdo con el artículo 174.2 párrafo primero de la Ley General de la Seguridad Social ... por no ser receptor de pensión compensatoria, ni haberse producido la separación judicial y/o divorcio con anterioridad a 01 de enero de 2008, según el artículo 174.2 y Disposición Transitoria Decimoctava, de la Ley General de Seguridad Social ...". QUINTO.- Con fecha 13/12/2011 se interpone Reclamación Previa, nuevamente desestimada por la Dirección Provincial del INSS de Albacete por Resolución de 21/12/2011. SEXTO.- Se da íntegramente por producido el Expediente Administrativo obrante en actuaciones a los folios 46 a 66 y a los folios 68 a 117. SÉPTIMO.- Para el caso de estimarse la pretensión la Base Reguladora asciende a la cuantía de 2.352,78  y fecha de efectos de 15/08/2011.
El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: Que estimando la demanda formulada por Dª Maite contra el INSS y la TGSS, debo declarar el derecho de la actora a la percepción de la Pensión de Viudedad con Base Reguladora de 2.352,78  y fecha de efectos de 15/08/2011, y debo condenar y condeno al INSS y a la TGSS a estar y pasar por esta declaración.
El 6 de noviembre de 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, en los autos nº 130/2012, seguidos a instancia de dicha recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad.
Para la resolución referencial, el acuerdo extrajudicial de 10 de Enero de 1998 posee validez y carácter vinculante; con él se cumple la finalidad de la norma introducida por la Ley 40/2007, pues acredita una cierta dependencia económica del beneficiario respecto del causante; además, la referencia tal regulación hace al art. 97 del Código Civil debe comprender toda pensión compensatoria, incluso aunque no haya sido aprobada judicialmente. Adicionalmente, elimina cualquier intencionalidad fraudulenta a la que el documento extrajudicial fue suscrito antes de la muerte del causante.
Los cambios en la realidad social y la insatisfacción del régimen vigente en materia de pensiones de viudedad cuando se trata de proteger a quienes en el momento del fallecimiento del causante tienen la condición de antiguos cónyuges, como consecuencia de previa separación o divorcio, han propiciado sucesivas modificaciones en el tenor del artículo 174.2 LGSS . Ahora tan solo interesa atender a las relacionadas con la introducción de un requisito previo para que surja el derecho: la dependencia económica de quien aspira a percibir pensión respecto de quien ha muerto.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, introdujo la principal innovación: El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil , ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante . La Exposición de Motivos de la norma brinda escasas pistas acerca de su alcance pues se limita a exponer que "El acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil ".
Asimismo, esa Ley 26/2009 añadió a la LGSS una Disposición Transitoria Décimo Octava estableciendo excepciones a la exigencia de pensión compensatoria para los supuestos de separación judicial o divorcio anteriores a 1 de enero de 2008, siempre que el hecho causante se hubiera producido antes de 31 de diciembre de 2009 y se cumplieran determinados requisitos adicionales. Al cabo, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, añadió nuevas previsiones flexibilizadoras para determinados colectivos que hayan cumplido los 65 años de edad.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R. 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 , 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 ).
Pese a todo ello, se trata de diferencias que no han sido tomadas en cuenta por ninguna de las dos resoluciones a la hora de abordar la solución de los respectivos litigios; en consecuencia, las divergencias fácticas reseñadas acaban teniendo un carácter periférico y puede entenderse concurrente la preceptiva identidad, coincidiendo en esa valoración con el Ministerio Fiscal. Es más: las diferencias operan en sentido favorable a la posibilidad de contrastar los supuestos porque todas ellas servirían para justificar una doctrina adversa al cobro de la pensión en el caso de contraste (mientras que la sentencia lo reconoce) y para acceder a la prestación en el examinado (mientras la sentencia lo deniega). Es decir, la contradicción surge a fortiori porque las disparidades servirían, en todo caso, para alejar el cumplimiento del requisito en el caso de contraste y acercarlo en el presente.
Si atendemos a la vertiente jurídica se confirma esa valoración: pese al momento en que se produce la muerte en el supuesto de contraste (2008) no entra en juego la excepción recogida en la Disposición Transitoria 18ª LGSS como consecuencia de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sino que en ambas resoluciones se razona acerca del alcance que posean las previsiones del artículo 174.2 LGSS tal y como fueron redactadas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
Sostiene la recurrente que un convenio regulador privado, no aprobado judicialmente, puede considerarse incluido en las previsiones del artículo 174.2 de la LGSS a los efectos de causar la pensión de viudedad, sin concurrir las excepciones previstas en la D.T. 18º de la LGSS , introducida por la Ley 26/2009. Las sentencias comparadas albergan fallos contradictorios (estimación, desestimación) y doctrinas opuestas:
Por el contrario, a la luz del criterio interpretativo acogido por la Sala con sede en Valladolid es claro que el pacto de 15 de julio de 2011 sería útil a los efectos del artículo 174.2 LGSS , máxime cuando no concurre indicio alguno de fraude.
Inoponibilidad de pactos privados.
Interpretación finalista del concepto de pensión compensatoria.
Tal y como dijimos en STS de 18 septiembre 2013 (R. 2985/2012 ) lo que el art. 174.2 LGSS exige es que el cónyuge supérstite sea acreedor de una pensión compensatoria en la fecha del hecho causante y que ésta se extinga con el fallecimiento, no que la citada pensión se esté percibiendo efectivamente en el momento del fallecimiento del causante, y sin que su falta de reclamación extinga la pensión ni suponga renuncia a la misma.
A)Términos de la remisión al Código Civil.
Puesto que lo ahora discutido (si un convenio regulador privado no aprobado judicialmente puede considerarse bastante) pende de la interpretación armonizada que se haga de dos cuerpos legales (LGSS y CC) interesa prestar especial atención a la norma remitida. El artículo 174.2 LGSS , en el pasaje que se viene analizando, establece como requisito para lucrar la pensión de viudedad que las personas beneficiarias sean "acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil ".
Veamos las razones por las que de esa interacción de los dos bloques normativos deriva la validez de la pensión compensatoria establecida en convenio regulador que no está judicialmente aprobado, pero que tampoco se considera fraudulento, cuando concurren circunstancias como las del presente caso. Esas razones se mueven en dos frentes: en el de la regulación remitida (Código Civil) y en el de la remitida (LGSS).
La remisión al CC no puede poseer carácter expansivo.
Una interpretación sistemática tampoco conduce de forma necesaria y absoluta a la solución postulada por la sentencia recurrida. Como pusiera de relieve la Resolución de 10 noviembre de1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Aran. 1995, 8086), existen importantes razones que obligan a concluir que esa aprobación judicial no se ha de predicar respecto de todos los acuerdos recogidos en el convenio regulador sino, exclusivamente, de los que afectan a los hijos o de aquellos que de modo expreso quedan sustraídos a la autonomía de la voluntad, como el eventual derecho de alimentos. Allí se dan hasta nueve argumentos de interpretación sistemática que tienden a reforzar ese criterio. En el mismo sentido puede verse la Resolución de 1 de septiembre de 1998 (Aran. 1998, 6593).
Tampoco es inconveniente recordar que no puede equipararse la alteración del propio matrimonio con determinada obligación económica derivada de la misma. Basta recordar que el art. 76 de la Ley de 8 de julio de 1957, del Registro Civil , ha venido exigiendo la inscripción de "las sentencias y resoluciones sobre validez, nulidad o separación del matrimonio", mientras que el art. 77 solo prescribía que "podrá hacerse indicación de la existencia de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal". Es decir: no todo hecho relevante para la institución matrimonial está afectado por las mismas exigencias de control, visado judicial y publicidad registral.
A fin de no desbordar los confines del criterio que ahora estamos asumiendo (toma en cuenta de la pensión compensatoria derivada de convenio regulador sin homologación judicial) interesa destacar de nuevo algunos datos del supuesto examinado:
El acuerdo privado en cuestión no era el primero, sino uno nuevo que prácticamente reproducía el anterior, ya expirado. b) El primer acuerdo regulador entre los cónyuges separados fue aprobado "en su totalidad" por el Juzgado. c) La cuantía de la pensión compensatoria incluida en el segundo convenio es similar a la del primero. d) Solo transcurre un mes entre la suscripción del segundo convenio y el fallecimiento, por lo que bien pudiera pensarse que iba a someterse a tal trámite. e) No hay denuncia o argumentación respecto de un posible fraude.
Lo acaecido en este supuesto, por otro lado, concuerda con el carácter temporal que la pensión compensatoria puede tener ( STS-CIV 43/2005 de 10 febrero, rec. 1876/2002 ), de modo que la inicial fijación por periodo de dos años condujo a la renovación del deber de abonarla nuevamente, manteniendo así la situación de dependencia económica de la recurrente respecto del fallecido. Parece muy razonable entender que el órgano judicial habría aprobado los términos del nuevo acuerdo y que la pensión derivada del mismo cumple exactamente la misma función que la abonada durante los dos primeros años.
El Convenio regulador suscrito entre el fallecido (D. Fermín ) y la demandante (Dª Maite ) con fecha 15 de julio de 2011 ha de considerarse bastante para cumplir la exigencia comprendida en la remisión que el art. 174 LGSS realiza al art. 97 CC .
La pensión compensatoria de 230 euros mensuales reconocida por tal convenio en favor de la Sra. Maite , en cuanto válidamente establecida, ha de tomarse en consideración en orden a reconocer su derecho a pensión de viudedad.
Debe confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete con fecha 31 de enero de 2013 , estimando la demanda de la interesada sobre reconocimiento de su derecho a pensión de viudedad.
- Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de Dª. Maite .
- Casamos y anulamos la sentencia 11302/2013, de 6 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha.
- Resolvemos el debate planteado en suplicación, desestimando el recurso de tal índole formalizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social .
- Confirmamos íntegramente la sentencia 31/2013, dictada el 31 de enero de 2013 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete , en los autos nº 130/2012.
- No ha lugar a la imposición de costas ni a la adopción de decisiones específicas respecto de consignaciones o depósitos.
STSJ Comunidad de Madrid 126/2011, 8 de Febrero de 2011
SAP Granada 68/2016, 30 de Marzo de 2016