Source: https://www.accesoalajusticia.org/control-difuso-de-la-constitucionalidad-del-articulo-324-del-codigo-de-procedimiento-civil/
Timestamp: 2019-07-21 23:49:55
Document Index: 279718942

Matched Legal Cases: ['artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 34', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 317', 'artículo 324']

Control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil – Acceso a la Justicia
Sentencia Nº 831 Fecha: 27 de octubre de 2017
Caso: Revisión de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se desaplicó parcialmente, por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil
Decisión: 1.- CONFORME A DERECHO la desaplicación -parcial- por control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, efectuada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia N° 95, dictada el 15 de marzo de 2017. 2.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, en lo que respecta a exigir a los abogados que se dispongan a actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia, que posean el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; así como a la obligación de acreditar tales condiciones, ante el respectivo Colegio de Abogados, a los efectos de efectuar las actuaciones descritas en la norma desaplicada. 3.-Se ORDENA notificar al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente. 4.-Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
Extracto: “…los requisitos y formas exigidos legalmente para la tramitación de los recursos, serán manifiestamente violatorias del derecho a la tutela judicial efectiva (en sus vertientes del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso), cuando impongan limitaciones en el acceso a los recursos, que carezcan de toda justificación razonable, es decir, cuando se rompa la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde la perspectiva antes reseñada -fundamentada en el principio pro actione, resultan manifiestamente contrarias al contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las interpretaciones judiciales, e inclusive, las normas legales adjetivas, atinentes a los requisitos de admisibilidad de los recursos, cuyos contenidos sean puramente formalistas, en la medida en que se desvinculen de su finalidad propia, reduciéndose a unas formas vacías de sentido.
Por tanto, esta Sala Constitucional comparte el resultado decisorio plasmado en la decisión del 15 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, así como también los razonamientos empleados para articular la justificación de dicho fallo, toda vez que, tal como se indicó supra, aplicar al caso de autos el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, derivaría, a la vista de las circunstancias fácticas que rodean el presente caso, consecuencias irremediablemente inconstitucionales. Así se declara”.
Comentario de Acceso a la Justicia: Se advierte con esta sentencia el grave peligro que representa por “modificar” los requisitos legales que deben cumplir los abogados para ejercer el recurso de casación ante el TSJ, pues obvia las garantías mínimas que son necesarias para interponer este recurso extraordinario y la complejidad y requerimientos que el mismo contiene. Lo cierto es que esta decisión de la Sala Constitucional (SC), que avala un criterio de la Sala de Casación Civil (SCC), no garantiza para nada el imperio de la ley, además de desnaturalizar la esencia e importancia de este medio procesal extraordinario en la legislación procesal venezolano.
Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán: “…considera la Magistrada disidente que las exigencias contenidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil en modo alguno constituyen simples “formalismos inútiles”, carentes de finalidad legítima y plausible, por el contrario, se trata de requerimientos lógicos y razonables dentro del ámbito de configuración del recurso extraordinario de casación en el proceso civil.
El hecho es que el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencia requiere estar sometido a la satisfacción de un mínimo de requisitos que permitan cotejar de forma objetiva las supuestas ilegalidades del fallo con el resto de las actas procesales teniendo como referencia las argumentaciones contenidas en la formalización. En otras palabras, siendo que el objeto de la técnica casacional es que la formalización contenga las especificaciones y los razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias; aquella encuadra perfectamente dentro de la expresión “escrito razonado” a la que alude el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y ello exige de un profesional que cumpla con las exigencias del artículo 324 eiusdem”.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204617-831-271017-2017-17-0532.HTML