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Timestamp: 2018-10-17 03:43:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 29', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 23', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 15', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 31', 'artículo 32', 'Artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 24', 'in fine', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 53', 'Artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 20', 'Artículo 24', 'artículo 83', 'artículo 20', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 19']

Decreto 173/2009, de 10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012. TÍTULO I. Disposiciones Generales (Vigente hasta el 29 de Mayo de 2010).
El presente Decreto tiene por objeto la aprobación del V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, en aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha y en adaptación al ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
1. Podrán ser personas beneficiarias de los préstamos y de las ayudas señaladas en el presente Decreto quienes cumplan los requisitos previstos con carácter general y para cada tipo de actuación protegida en el mismo, y, en su caso, en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
2. En todo caso, se consideran personas o colectivos beneficiarios con derecho a protección preferente, definidos por la legislación específica que en cada caso les resulte de aplicación, los siguientes:
a) Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM), a efectos del acceso en alquiler a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador, a efectos del acceso en compra a la vivienda.
c) Jóvenes menores de 36 años.
g) Personas afectadas por situaciones catastróficas.
i) Familias monoparentales con hijos o hijas.
j) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias con dependientes a su cargo.
k) Personas separadas o divorciadas al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
m) Personas afectadas por operaciones en áreas de renovación urbana o áreas de rehabilitación integral que sea necesario realojar.
n) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
3. No podrán acogerse a la financiación del presente Decreto quienes incumplan las condiciones establecidas en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y demás normativa concordante.
4. Las personas beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar con uno o varios terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionable, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa concordante.
5. El incumplimiento de las condiciones exigidas en el presente Decreto para obtención de las ayudas conllevará la pérdida del préstamo convenido, de la subsidiación, así como el reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas con los intereses de demora desde su percepción, sin perjuicio de la posible sanción, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa concordante.
6. Las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el presente Decreto y financiadas exclusivamente con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberán tener su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3.b) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
7. Las ayudas a la promoción de Viviendas de Iniciativa Pública Regional y a la urbanización de suelo previstas en los artículos 28.3, 42.3 y 56 del presente Decreto se tramitarán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva previsto en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, cuya tramitación se realizará conforme a las prescripciones sobre procedimiento de concesión, gestión y justificación que se determine en Orden de desarrollo. A partir de: 2 abril 2011 Párrafo primero del apartado 7 del artículo 2 redactado por el número uno del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
El resto de subvenciones se consideran de carácter excepcional, según lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, debido a su carácter excepcional y por la naturaleza del interés público y social de las actuaciones a desarrollar, rigiéndose por lo establecido en el presente Decreto y por las prescripciones sobre procedimiento de concesión, gestión y justificación que determine la Orden de desarrollo y ejecución a la que se refiere la Disposición Final Cuarta del presente Decreto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las ayudas de carácter excepcional previstas en el Título II, Capítulo VII del presente Decreto sobre «Otros instrumentos de gestión» se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Actuaciones Protegidas y viviendas con protección pública
A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se consideran protegidas las siguientes actuaciones:
1. La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, destinadas a venta, uso propio, alquiler o alquiler con opción a compra, incluidas en este último supuesto las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa, así como la promoción de Alojamientos Protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos.
2. Adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción o de vivienda usadas para su utilización como vivienda habitual.
A partir de: 2 abril 2011
Apartado 2 del artículo 3 redactado por el número dos del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
3. El alquiler de viviendas nuevas o usadas, libres o protegidas.
Apartado 3 del artículo 3 redactado por el número dos del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
4. La rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales; la renovación de áreas urbanas y la erradicación de la infravivienda y del chabolismo.
5. La mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad y la utilización de energías renovables, ya sea en la promoción, en la rehabilitación o en la renovación de viviendas y edificios.
6. La adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.
7. La gestión e información a la ciudadanía de las ayudas públicas y otras medidas de fomento en materia de vivienda dentro del ámbito regional de Castilla-La Mancha.
Las viviendas con protección pública podrán ser cedidas de tres formas:
c) Alquiler con opción a compra.
El sistema de acceso a las viviendas con protección pública se determinará en función de la clase de promoción y del tipo de vivienda con protección pública, así como en función de la programación que en cada momento realice la Consejería con competencia en materia de vivienda respecto de las Viviendas de Iniciativa Pública Regional.
Las promociones de viviendas con protección pública podrán ser:
a) Promovidas por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
b) Las promovidas por Iniciativa Pública-Privada, como fórmula intermedia de promoción de viviendas.
c) Las Viviendas de Iniciativa Pública Regional.
1. Tienen la consideración de Viviendas de Iniciativa Pública Regional:
La titularidad de la promoción y de las viviendas resultantes, podrá corresponder, según la fórmula de promoción utilizada, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a Empresas pertenecientes al Sector Público Regional, o bien a otras Administraciones Públicas o empresas adscritas a las mismas, así como a promotoras privadas, personas físicas o jurídicas.
2. La intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la promoción y construcción de viviendas con protección pública podrá efectuarse, mediante:
a) La Promoción Directa, que puede llevarse a cabo mediante cualquiera de las siguientes formas de actuación:
1. Promoción por la Consejería competente en materia de vivienda. Corresponderá a ésta la gestión completa de la promoción, supervisión y aprobación de los proyectos de construcción o rehabilitación, así como la contratación, vigilancia e inspección respecto de la ejecución de las obras y la recepción final de las mismas.
Las viviendas así construidas pasarán a formar parte del patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de conformidad con lo establecido en el Decreto 22/1986, de 1 de abril, por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial respecto del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Urbanismo y Vivienda, y por tanto los procedimientos de adjudicación y financiación le corresponden a ésta.
2. Promoción por Empresas pertenecientes al Sector Público Regional. La Consejería competente en materia de vivienda podrá encomendar en las formas previstas en Derecho a empresas adscritas a la Administración regional o Administraciones consorciadas, la ejecución de promociones realizadas por iniciativa de aquélla, asumiendo dichas empresas o entes, la gestión y el riesgo empresarial para el desarrollo de las promociones encomendadas.
Las viviendas resultantes pasarán a formar parte del patrimonio de dichas empresas o entes. La cesión o transmisión de estas viviendas se efectuará a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente, teniendo en cuenta la modalidad de cesión y clase de promoción y de vivienda de que se trate, a través de los procedimientos de adjudicación de viviendas previstos en la normativa vigente.
b) Promoción Convenida: La Consejería competente en materia de vivienda podrá suscribir convenios para la promoción de viviendas con protección pública con cualquier Administración o entidad de carácter público, incluidos patronatos, sociedades y empresas públicas, existentes o constituidas al efecto.
En dichos convenios se establecerán las condiciones de participación en la promoción, aportación de suelo y grado de financiación, posibles ayudas públicas, las condiciones de titularidad, cesión, adjudicación y uso de las viviendas promovidas, así como los plazos, costes, financiación y abono, y cuantas medidas sean pertinentes para el buen fin de la promoción y su posterior gestión y administración.
En este tipo de promoción se podrá acordar acudir a la promoción concertada para la construcción de las Viviendas de Iniciativa Pública Regional. A tal efecto podrán establecerse ayudas específicas a la urbanización y a la promoción pública de las viviendas con protección pública promovidas mediante esta fórmula.
c) Promoción Concertada: La Consejería competente en materia de vivienda podrá colaborar con promotoras privadas, cooperativas y promotoras individuales para uso propio, para la promoción de viviendas con protección pública, mediante la transmisión, enajenación o cesión a las mismas de suelo público mediante concursos, así como mediante otras fórmulas previstas en derecho para la construcción de viviendas con protección pública.
Entre estas fórmulas estará la cesión mediante concurso del derecho real de superficie sobre suelos propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la promoción, construcción y posterior aprovechamiento mediante cesión en alquiler, de viviendas con protección pública.
Los pliegos de dichos concursos fijarán, entre otras determinaciones, las condiciones de titularidad, cesión, adjudicación y uso de las viviendas promovidas, así como cuantas medidas sean pertinentes para el buen fin de la promoción y su posterior gestión y administración, incluidas, en su caso, ayudas específicas a la urbanización y a la promoción pública de las viviendas con protección pública promovidas mediante esta fórmula.
3. Durante el periodo de vigencia del presente Decreto, prevista en la Disposición Final Octava, las Viviendas de Iniciativa Pública Regional que se construyan sobre suelos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o que hayan sido cedidos o enajenados por la misma, serán Viviendas de Protección Oficial, Viviendas de Promoción Pública o Alojamientos Protegidos. Para determinar la tipología de vivienda concreta a construir de cada promoción se atenderá a la demanda real que resulte del Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha.
Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, la Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, determinará las condiciones y las circunstancias para la construcción de otros tipos de viviendas con protección pública previstos en la Ley 2/2002, de 7 de febrero, reguladora de modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha.
Número 3 del artículo 6 redactado por el número uno de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
A efectos del presente Decreto, los tipos de vivienda con protección pública son los siguientes:
a) Viviendas con protección pública para venta.
b) Viviendas con protección pública para alquiler.
c) Alojamientos Protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos.
Son viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, destinadas a la venta, y que sean así calificadas o declaradas al cumplir las siguientes características en función del tipo de vivienda:
1. Viviendas de Protección Oficial.
A) Las Viviendas de Protección Oficial para venta podrán calificarse o declararse como:
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial: Son viviendas destinadas a adquirentes con ingresos familiares corregidos que no excedan de 2,5 veces el IPREM.
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General: Son viviendas destinadas a adquirentes con ingresos familiares corregidos que no excedan de 4,5 veces el IPREM.
c) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado: Son viviendas destinadas a adquirentes con ingresos familiares corregidos que no excedan de 6,5 veces el IPREM.
B) Superficie. La superficie útil mínima será de 40 metros cuadrados, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 del Decreto 65/2007, de 22 de mayo, por el que se establecen aspectos del régimen jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha, y la superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, excluidos garajes y trasteros.
En caso de viviendas destinadas a personas con movilidad reducida permanente, este límite máximo en cuanto a superficie útil podrá incrementarse en un 20 por 100, mientras que en los supuestos de viviendas para familias numerosas o familias con dependientes a su cargo, este límite máximo será de 120 metros cuadros. No obstante, a efectos de financiación, la superficie útil máxima computable será de 90 metros cuadrados, excluidos garajes o trasteros. En todo caso, en cada promoción, el número de viviendas destinadas a familias numerosas o familias con dependientes a su cargo no podrá exceder del 5 por 100 del total, sin perjuicio del porcentaje mínimo previsto en el artículo 16.1 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha. Si ofrecidas estas viviendas al Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha quedaran vacantes por no existir demanda suficiente por parte de familias numerosas, podrán ser adquiridas por personas que no tengan tal condición, siempre que cumplan los requisitos generales para ser adquirentes de estas viviendas.
Letra B) del número 1 del artículo 8 redactada por el número dos de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
C) Plazos de protección. Por prescripción del artículo 6 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la duración del régimen de protección, que excluye descalificación voluntaria, será de carácter permanente mientras subsista el régimen del suelo, si las viviendas hubieran sido promovidas en suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en suelo dotacional público, y, en todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años, y de 30 años si las viviendas hubieran sido promovidos en otros suelos.
D) Garajes y trasteros. A efectos de financiación sólo se permitirá como anejos una plaza de garaje y un trastero por cada vivienda, que siempre vendrán vinculadas a la misma. En caso de que existan más plazas de garaje que viviendas, éstos quedarán sometidos en primera transmisión al límite de precio del resto de garajes del edificio. En ningún caso podrá condicionarse la adquisición de una vivienda a que se adquiera una plaza de garaje no vinculada a dicha vivienda.
Letra D) del apartado 1 del artículo 8 redactada por el número tres del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
2. Viviendas de Precio Tasado: Son las viviendas con protección pública reguladas en el artículo 4 de la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas con protección pública, y en el Decreto 3/2004 de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública, destinadas a adquirentes cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 7,5 veces el IPREM.
Será de aplicación a las Viviendas de Precio Tasado lo previsto en la letra D). del apartado anterior de este artículo sobre garajes y trasteros.
3. Viviendas de Iniciativa Público-Privada: Son viviendas con protección pública reguladas en el Decreto 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, destinada a adquirentes cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 7,5 veces el IPREM y reúnan las condiciones previstas en dicho Decreto.
Son viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, destinadas al alquiler, que sean así calificadas o declaradas protegidas al cumplir las siguientes características en función del tipo de vivienda:
Las Viviendas de Protección Oficial en alquiler podrán calificarse o declararse como:
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial: Son viviendas destinadas a personas inquilinas con ingresos familiares corregidos que no excedan de 2,5 veces el IPREM.
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General: Son viviendas destinadas a personas inquilinas con ingresos familiares corregidos que no excedan de 4,5 veces el IPREM.
c) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado: Son viviendas destinadas a personas inquilinas con ingresos familiares corregidos que no excedan de 6,5 veces el IPREM.
Se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior para la determinación de superficies y plazo de protección, garajes y anejos, así como la imposibilidad de descalificación voluntaria. La duración mínima del régimen de alquiler será de 10 ó de 25 años, que deberá figurar en la calificación o declaración provisional.
2. Vivienda de Renta Tasada: Son Viviendas de Precio Tasado destinadas a alquiler. Los ingresos familiares corregidos de la persona inquilina no podrán exceder de 7,5 veces el IPREM. La duración mínima del régimen de alquiler será de 5 años desde la declaración definitiva.
A estas viviendas les será de aplicación la determinación de superficies y plazo de protección, régimen de garajes y anejos, así como la imposibilidad de descalificación voluntaria, previstas en el artículo anterior sobre Viviendas de Precio Tasado.
3. Viviendas de Iniciativa Público-Privada para alquiler: Se trata de Viviendas de Iniciativa Público-Privada inicialmente declaradas en venta, reconvertidas a alquiler en las condiciones y circunstancias que, en su caso, se determine, mediante Orden, de la Consejería competente en materia de vivienda.
4. Viviendas de Promoción Pública. Son viviendas con protección pública destinadas, principalmente, a la integración social de los colectivos especialmente vulnerables y que reúnan las características del artículo 44 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
Estas viviendas se beneficiarán del sistema de financiación y ayudas previstas en el presente Decreto si cumplieran las siguientes características:
a) Las viviendas estarán vinculadas al régimen de alquiler protegido por un plazo mínimo de 25 años.
Pasado este plazo, se podrán trasmitir por venta u opción de compra por el precio máximo previsto en el artículo 16.5 del presente Decreto.
El plazo de duración del régimen de protección de estas viviendas será permanente.
b) Las rentas máximas se determinarán conforme a lo dispuesto en los artículos 14.5 y 15.5 del presente Decreto.
c) Los ingresos familiares máximos corregidos de las personas inquilinas no deberán exceder de 2,5 veces el IPREM.
d) En lo no regulado expresamente, se estará a lo previsto en las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
1. En las Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 10 años, en las Viviendas de Renta Tasada y en las Viviendas de Iniciativa Público-Privada para alquiler, podrá incluirse en los respectivos contratos de alquiler una cláusula de opción de compra a favor de la persona inquilina, en cuyo caso éste podrá adquirirla en las condiciones previstas en el artículo 16.4 del presente Decreto. A partir de: 2 abril 2011 Párrafo primero del apartado 1 del artículo 10 redactado por el número cuatro del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
Para el ejercicio de la opción de compra será necesario:
A) Que hayan transcurrido 10 años desde la calificación definitiva para las referidas Viviendas de Protección Oficial. Este plazo se reduce a 5 años en las Viviendas de Renta Tasada y Viviendas de Iniciativa Público-Privada en alquiler.
B) Que la persona inquilina haya permanecido ininterrumpidamente en la vivienda como mínimo durante los últimos 5 últimos en los supuestos de las Viviendas de Protección Oficial referidas. Este plazo se reduce a 2 años para los casos de Vivienda de Renta Tasada y Vivienda de Iniciativa Público-Privada en alquiler.
C) Que la persona inquilina esté al corriente en el pago de la renta y demás gastos derivados de los servicios de que disfrute, en los términos establecidos en la legislación sobre arrendamientos urbanos.
2. En los supuestos de Vivienda de Promoción Pública, la persona inquilina podrá ejercitar la opción de compra sobre las mismas en los plazos y con los precios señalados en los artículos 9.4 y 16.5 del presente Decreto, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones aplicables a este tipo de vivienda reguladas en el Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
1. Los Alojamientos Protegidos para colectivos especialmente vulnerables se destinarán a albergar a los siguientes colectivos:
a) Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el IPREM.
b) Jóvenes, menores de 36 años.
c) Personas mayores de 65 años.
f) Personas afectadas por situaciones catastróficas.
g) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias con dependientes a su cargo.
h) Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
i) Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
j) Personas afectadas por operaciones en áreas de renovación urbana o en áreas rehabilitación integral que sea necesario realojar.
k) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
2. Los Alojamientos Protegidos para otros colectivos específicos se destinarán a albergar a personas relacionadas con la comunidad universitaria, o personal investigador y científico.
a) La promoción podrá ser de iniciativa pública o privada.
c) Deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios destinados en exclusiva y por completo a esta finalidad.
d) La superficie útil de cada alojamiento será como mínimo de 15 metros cuadrados por persona, con un máximo de 45 metros cuadrados. No obstante, un máximo del 25 por 100 del total de los alojamientos de cada promoción podrá tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, con el fin de poder alojar a unidades familiares o grupos de personas que requieran una superficie mayor a la determinada con carácter general.
e) A efectos de financiación por el presente Decreto, la superficie útil protegida destinada a servicios comunes o asistenciales de las personas alojadas, que deberán estar integrados en el propio edificio o conjunto de edificios, no podrá exceder del 30 por 100 del total de la superficie útil de los alojamientos, con independencia de que la superficie real sea superior.
A estos efectos, también podrán estar protegidas las plazas de garaje vinculadas a los alojamientos, según la normativa municipal. Su superficie útil máxima computable, así como su precio máximo de referencia por metro cuadrado de superficie útil, serán los establecidos para las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, cuando se trate de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, o de Viviendas de Protección Oficial de Régimen General, en el caso de los destinados a otros colectivos específicos.
f) La duración del régimen de protección, que excluye descalificación voluntaria, será de carácter permanente mientras subsista el régimen del suelo, si los alojamientos hubieran sido promovidos en suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en suelo dotacional público, y, en todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años, y de 30 años, si las viviendas hubieran sido promovidos en otros suelos, por prescripción de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 2006/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
4. El régimen de ocupación de estos alojamientos será el alquiler protegido. En todo caso, para la determinación de las cláusulas del contrato de alquiler y su duración, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y a las demás circunstancias que se prevean, en su caso, en la Orden que a tal efecto apruebe la Consejería competente en materia de vivienda.
La adjudicación de los Alojamientos Protegidos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de las Empresas pertenecientes al Sector Público Regional se realizará en consonancia con la normativa vigente de adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional.
5. Como excepción a lo previsto en el artículo 12.1, las personas ocupantes de los Alojamientos Protegidos podrán ser titulares de otra vivienda, tanto libre como protegida.
A) Será necesaria la inscripción previa en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Macha, sin perjuicio de las excepciones previstas en la normativa vigente.
C) Ninguno de los miembros de la unidad familiar ha de ser titular de un derecho de pleno dominio o de un derecho real de uso y de disfrute sobre otra vivienda sujeta a protección pública en España, o sobre otra vivienda libre en España, salvo que en este último caso hayan sido privados de su uso por causas no imputables a las personas interesadas.
Excepcionalmente se permitirá la titularidad sobre una única vivienda libre, cuando el valor de la vivienda o del derecho de la persona interesada sobre la misma, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 40 por 100 del precio de la vivienda que se pretende adquirir.
Este valor se elevará al 60 por 100 para los casos de viviendas adquiridas por los siguientes colectivos:
g) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y familias con dependientes a su cargo.
D) Además será necesario no haber obtenido ayudas financieras ni préstamo convenido para el mismo tipo de actuación, al amparo de planes estatales o autonómicos de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual. Se entenderá que se ha obtenido préstamo convenido cuando el mismo haya sido formalizado y que se han obtenido ayudas financieras cuando se haya expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a las mismas.
d) Cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.
E) De igual modo, para acceder a las ayudas financieras para la promoción y compra de viviendas de protección oficial y para la compra de viviendas usadas será necesaria la obtención previa del préstamo convenido, salvo en los supuestos permitidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
2. El contrato de compraventa deberá contener las cláusulas obligatorias previstas en el artículo 22 el Decreto 3/2004 de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
3. Tanto los contratos de compraventa como los de alquiler deberán ser visados en los términos del artículo 23 el Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
4. De igual modo las actuaciones para las que se solicite ayudas deberán haber sido calificadas o declaradas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencia en vivienda y las viviendas objeto de dichas actuaciones deberán ser destinadas a residencia habitual y permanente de la unidad familiar, sin perjuicio de lo establecido respecto a la cesión temporal de vivienda.
Artículo 12 redactado por el número tres de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
a) Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa o relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de préstamo convenido o ayudas financieras a la vivienda. Si la persona solicitante no hubiera presentado declaración, por no estar obligada a ello, deberá presentar, además de la certificación de la exención de dicha obligación, certificación de retenciones de los ingresos percibidos.
En todo caso, la Consejería competente en materia de vivienda podrá recabar cuanta información considere necesaria para la verificación de los ingresos familiares declarados.
c) El número de veces del IPREM resultante se ponderará mediante la aplicación de los siguientes coeficientes correctores multiplicadores, cuyas cuantías dependerán del área geográfica donde este ubicada la vivienda, el número de miembros de la unidad familiar y demás circunstancias familiares previstas en este apartado.
Unidad familiar de 1 a 2 miembros Unidad familiar de 3 a 4 miembros (1) Familias numerosas (2) y determinados colectivos (3)
ATPMS B (4) 0,72 0,71 0,70
ATPMS C (4) 0,73 0,72 0,71
AG 1 (4) 0,74 0,73 0,72
AG 2 (4) 0,75 0,74 0,73
2. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar los coeficientes correctores multiplicadores indicados, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, con sujeción a los límites establecidos, en su caso, en la normativa Estatal.
4. Cuando se trate de promotoras para uso propio agrupadas en cooperativas o en comunidades de propietarios, para adquisición de viviendas, la persona solicitante individual tendrá que acreditar de nuevo sus ingresos, en la forma indicada, al solicitar la subsidiación del préstamo y, en su defecto, en el momento del visado del contrato que le corresponda directamente o por subrogación en el obtenido por la cooperativa o comunidad de propietarios a la que pertenezca.
A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones para obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares nuevamente acreditados al solicitar la subsidiación del préstamo y, en su defecto, en el momento del visado del contrato, no superan en más de un 20 por 100 a los que se determinan en el presente Decreto para cada tipo y tramo de ayudas financieras. En el supuesto de que se superara dicho porcentaje, la persona solicitante individual podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas.
5. El resto de personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha seguirán beneficiándose del acceso a una vivienda y de las ayudas financieras correspondientes, si los ingresos familiares a los que se refiere este artículo, nuevamente acreditados en el momento de la solicitud de ayudas, no superan en más de un 10 por 100 a los que se determinan en el presente Decreto para cada tipo de vivienda y tramo de ayuda financiera. En el supuesto de que se superara dicho porcentaje, la persona solicitante podrá adquirir y ocupar la vivienda en cuestión, sin derecho a préstamos convenidos ni ayudas económicas directas, siempre que el momento de su inscripción siga cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a esa clase de vivienda.
Número 5 del artículo 13 dejado sin contenido por el número cuatro de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
Precios y rentas máximas de las viviendas con protección pública
1. El precio máximo de venta de las viviendas con protección pública para venta se establece mediante la aplicación del Módulo Básico Estatal en función de la tipología de la vivienda y de su localización. El Módulo Básico Estatal será el que determine en cada momento el Consejo de Ministros. En el momento de la publicación del presente Decreto y de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, su valor se sitúa en 758 euros por metro cuadrado de superficie útil.
En concreto, para determinar el precio máximo de venta por metro cuadrado útil se aplicará la siguiente fórmula:
A) Viviendas de Protección Oficial
P = MBE * Cvpo * CL
- P es el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.
- MBE es el Módulo Básico Estatal.
- El Cvpo es el coeficiente de Vivienda de Protección Oficial.
- CL es el coeficiente de localización.
El coeficiente de Vivienda de Protección Oficial (Cvpo) tendrá los siguientes valores:
a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial.
- En Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior (ATPMS) B y C, y en Área Geográfica 1, el coeficiente Cvpo será igual a 1,40.
- En Área Geográfica 2, será de 1,20.
b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.
- En ATPMS B y C, y en Área Geográfica 1, será 1,60.
- En Área Geográfica 2, será 1,40.
c) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.
- En ATPMS B y C, y en Área Geográfica 1, será 1,80.
- En Área Geográfica 2, será 1,60.
El coeficiente de localización (CL) tendrá los siguientes valores:
a) En ATPMS B será 1,29.
b) En ATPMS C será 1,15.
c) En Área Geográfica 1 y 2 será de 1,00.
B) Viviendas de Precio Tasado.
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil será el resultado de multiplicar el precio del metro cuadrado útil de una Vivienda de Protección Oficial de Régimen General en su misma ubicación por 1,20.
C) Viviendas de Iniciativa Público-Privada.
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil, será el resultado de multiplicar el precio del metro cuadrado útil de una Vivienda de Precio Tasado en su misma ubicación por 1,10.
2. Precio máximo de venta de las viviendas usadas.
A) El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas usadas, salvo lo previsto en el apartado B) de este número, será el que corresponda a una Vivienda de Protección Oficial de Régimen General, calificada o declarada provisionalmente en el momento de la venta y en la misma ubicación. En caso de ulteriores transmisiones de estas viviendas, y mientras dure su régimen legal de protección, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil será el que corresponda en el momento de la venta a una Vivienda de Protección Oficial de Régimen General, calificada o declarada provisionalmente en el momento de la venta y en la misma ubicación.
B) Mientras dure el régimen legal de protección, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas, en segundas y ulteriores transmisiones, será el que corresponda en el momento de la venta a una vivienda protegida calificada o declarada provisionalmente, del mismo régimen y en la misma ubicación.
3. Precio máximo de venta de garajes y trasteros.
El precio máximo de venta de garajes y trasteros vinculados a la vivienda no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda. Este límite de precio se aplicará, en su caso, a los garajes no vinculados sólo en la primera transmisión.
A efectos de determinación del precio de venta, la superficie útil máxima computable de los garajes y trasteros será de 25 y 8 metros cuadrados respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 3/2004 de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública, con independencia de que las superficies reales fueran superiores.
En el caso de promociones mixtas, el precio máximo de los garajes o trasteros no vinculados coincidirá con el precio máximo de venta de la tipología predominante en cuanto al número de viviendas.
4. En el supuesto de promotoras para uso propio, el precio máximo de adjudicación, o la suma de los valores de la edificación y el suelo, si se trata de una promotora individual, tendrán los mismos límites que los establecidos en el apartado 1 de este artículo, en los términos del artículo 28 del Decreto 3/2004 de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
5. El precio máximo legal de referencia, por metro cuadrado de superficie útil, de una vivienda protegida destinada al alquiler coincidirá con la cuantía del precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, de una vivienda destinada a la venta de su misma tipología y ubicación.
El precio máximo legal de referencia de las Viviendas de Promoción Pública será el 80 por 100 del precio máximo de referencia previsto para las Viviendas de Protección Oficial de Régimen General en alquiler vigente en el momento de la calificación provisional.
1. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, de una Vivienda de Protección Oficial en alquiler a 25 años será el 2,45 por 100 del precio máximo de referencia de la vivienda.
Para el caso de Vivienda de Protección Oficial en alquiler a 10 años, la renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, será el 3,85 por 100 del precio máximo de referencia de la vivienda.
2. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, de las Viviendas de Renta Tasada y las Viviendas de Iniciativa Público-Privada para alquiler será el 5,5 por 100 del precio máximo de referencia correspondiente.
3. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, de viviendas libres que se rehabiliten para destinarlas a alquiler, será el 3,85 por 100 del precio máximo de referencia. La cuantía de este último será equivalente al precio máximo de venta por metro cuadrado para las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.
4. Las rentas máximas aplicables a los Alojamientos Protegidos serán las previstas para las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial para alquiler a 25 años, cuando se trate de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, y de Régimen General, para otros colectivos. Se imputará un máximo del 30 por 100 de la superficie destinada a servicios comunes o asistenciales, cuyo precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil, será el del régimen y ubicación correspondiente. La prestación de los servicios comunes o asistenciales podrá suponer un incremento de la renta hasta el máximo correspondiente a una Vivienda de Protección Oficial de Régimen Concertado para alquiler a 25 años.
Apartado 4 del artículo 15 redactado por el número cinco del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
5. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil, de las viviendas que se califiquen como Viviendas de Promoción Pública será del 3 por 100 del precio máximo legal de referencia.
No obstante lo anterior, la persona inquilina de una Vivienda de Promoción Pública de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus Organismos Autónomos o demás entidades integradas o dependientes de la misma, tendrá derecho a una reducción de la renta consistente en un porcentaje de la renta inicial o revisada que le corresponda abonar, en función de la circunstancia que en cada caso concurra:
A) Si los ingresos familiares corregidos de la persona inquilina:
- Fueran inferiores o iguales a 1,5 veces el IPREM, la reducción será del 50 por 100 de la renta.
- Fueran superiores a 1,5 veces el IPREM e inferiores o iguales a 2,5 veces el IPREM, la reducción será del 25 por 100 de la renta.
B) Si se tratara de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, familias numerosas, familias monoparentales con hijos o hijas, personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, o familias con dependientes a su cargo, la anterior reducción, con independencia de los ingresos, será del 50 por 100 de la renta.
C) Las anteriores reducciones no serán de aplicación a los alquileres formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, ya que éstos se seguirán beneficiando, en su caso, de las ayudas previstas en el artículo 64 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
La ayudas previstas en el artículo 64 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública, no será de aplicación a los contratos que se formalizaran con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
6. La renta establecida deberá figurar en el visado del contrato de alquiler y se actualizará anualmente en el mismo porcentaje que el Índice General Nacional del Índice de Precios de Consumo, conforme establece el apartado 3 del artículo 31 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
7. Además de la renta, los gastos del alquiler y uso de la vivienda a cargo de las personas propietaria e inquilina serán los establecidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo regulación específica en las normas reguladoras de los distintos regímenes a los que pertenezcan las viviendas con protección pública, conforme establece el artículo 32 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
1. Precio máximo de venta de Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 25 años.
Una vez transcurridos 25 años desde su calificación o declaración definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, las Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 25 años, podrán venderse al precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, que corresponda a una vivienda protegida del mismo tipo y en la misma ubicación, calificada o declarada provisionalmente en el momento de la venta.
2. Precio máximo de venta de Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 10 años.
Una vez transcurridos 10 años desde la calificación o declaración definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, las Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 10 años, podrán venderse a un precio de hasta 1,5 veces el precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, de referencia establecido en la calificación o declaración provisional de la misma.
Si el plazo de tenencia en régimen de alquiler hubiera de prolongarse por encima de 10 años, por exigencia de la legislación de arrendamientos urbanos, dicho precio máximo podrá actualizarse anualmente, a partir de ese momento, en el mismo porcentaje que el Índice General Nacional del Índice de Precios de Consumo.
3. Precio máximo de venta de Viviendas de Renta Tasada y Viviendas de Iniciativa Público-Privada.
Para el caso de Viviendas de Renta Tasada o Viviendas de Iniciativa Público-Privada en alquiler, transcurridos 5 años desde su calificación definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, podrán venderse al precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, que corresponda a una vivienda del mismo tipo y en la misma ubicación, declarada provisionalmente en el momento de la venta.
4. Precios máximos de venta de viviendas con protección pública con opción de compra.
A) Viviendas de Protección Oficial para alquiler a 10 años. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá superar 1,5 veces el precio máximo de referencia establecido en la calificación o declaración provisional, minorado en al menos el 50 por 100 de la renta satisfecha por quien ejerza la opción a compra. Las cuantías máximas de las rentas establecidas en el presente apartado no incluyen la tributación indirecta que recaiga sobre las mismas, en su caso.
B) Viviendas de Renta Tasada y Viviendas de Iniciativa Público-Privada. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, será el que corresponda a una vivienda protegida del mismo tipo y de la misma ubicación, calificada o declarada provisionalmente en el momento del ejercicio de la opción de compra, minorado en al menos el 50 por 100 de la renta satisfecha por quien ejerza la opción a compra. Las cuantías máximas de las rentas establecidas en el presente apartado no incluyen la tributación indirecta que recaiga sobre las mismas, en su caso.
5. Precio máximo de venta de las Viviendas de Promoción Pública.
Una vez transcurrido el período de vinculación al régimen de alquiler de las Viviendas de Promoción Pública previsto en el presente Decreto, podrán enajenarse por un precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, de venta equivalente al 64 por 100 del precio máximo de venta de las Viviendas de Protección Oficial de Régimen General vigente en el momento de la venta. Para los supuestos de que la venta se realizara a favor de la persona inquilina de la vivienda, del precio máximo de venta señalado anteriormente se deducirá como mínimo el 75 por 100 de las rentas satisfechas.
Artículo 16 redactado por el número seis del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar los precios y rentas máximas, así como los coeficientes necesarios para su fijación, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
En todo caso, se producirá una actualización automática del precio de las viviendas con protección pública en los supuestos de modificación por el Consejo de Ministros de la cuantía del Módulo Básico Estatal, regulado en el artículo 9 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Rehabilitación y Vivienda 2009-2012.
Los precios máximos de venta y de referencia de las viviendas protegidas de nueva construcción figurarán en la calificación o declaración provisional y no podrán modificarse, ni en ésta, ni en la calificación o declaración definitiva, una vez obtenido por la promotora el préstamo convenido con la conformidad del Ministerio de Vivienda, incluso si dicho préstamo no se hubiera formalizado. Se exceptúan de esta regla los supuestos siguientes:
a) En caso de alteración de las superficies computables de viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta, dentro de los máximos establecidos en el presente Decreto, y, en todo caso, nunca podrán suponer la alteración del precio máximo por metro cuadrado de superficie útil.
b) Si la vivienda no se vendiera ni alquilara en un plazo de 1 año a contar desde la fecha de la resolución de la calificación o declaración definitiva, los precios máximo de venta y de referencia para esa vivienda coincidirán con los señalados para una vivienda protegida del mismo tipo y en la misma ubicación, calificada o declarada provisionalmente en el momento de la venta o alquiler.
c) En los supuestos de alquiler de vivienda en venta, si la venta se produjera una vez finalizado el alquiler, se estará a lo dispuesto en el artículo 24.1 in fine del presente Decreto.
1. A los efectos del presente Decreto, los municipios de Castilla-La Mancha se organizan en Ámbitos territoriales de precio máximo superior y Áreas geográficas, según lo dispuesto en el Anexo II del mismo.
2. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar la adscripción de un municipio a un Área Geográfica, atendiendo a los costes, al Módulo Básico Estatal y a otras circunstancias sociales, económicas y urbanísticas que así lo aconsejen de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
3. La Consejería competente en materia de vivienda podrá proponer al Ministerio de Vivienda la declaración de nuevos Ámbitos Territoriales de Precio Máximo Superior, de los grupos A, B y C, o la modificación de los que se establezcan en la forma, con el procedimiento y con los límites máximos establecidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Disposición, gestión y uso extraordinario de las viviendas protegidas
1. Las viviendas promovidas, adquiridas, o rehabilitadas para uso propio o para alquiler, se destinarán a residencia habitual y permanente de las personas propietarias o inquilinas, y deberán ser ocupadas por las mismas dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable. Se exceptúan las viviendas destinadas para alojamiento y para realojos temporales derivados de actuaciones de transformación urbanística. En estos supuestos se estará a las normas y procedimientos que se establezcan respecto a la cesión de los mismos.
2. La transmisión inter vivos o cesión del uso de las viviendas y de sus anejos, por cualquier título, antes del transcurso de 10 años desde la fecha de la formalización de la adquisición, requerirá autorización administrativa, salvo en caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo. Durante este plazo se requerirá la previa cancelación del préstamo y, si se hubieran obtenido ayudas financieras, el reintegro de las mismas a la Administración concedente, más los intereses legales.
La autorización exigida en el párrafo anterior podrá concederse en los siguientes supuestos:
a) En viviendas destinadas para alquiler cuya titularidad corresponda a entidades sin ánimo de lucro y sociedades que incluyan en su objeto social el alquiler de viviendas.
b) Por cambio de localidad de residencia de la persona titular de la vivienda.
c) Por necesidad de una vivienda de mayor superficie o más adecuada a necesidades específicas, por el incremento del número de miembros de la unidad familiar para supuestos de familias numerosas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros o en el caso de personas mayores de 65 años.
d) Para personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y familias con dependientes a su cargo, mujeres víctimas de violencia de genero o víctimas del terrorismo, que deseen trasladarse a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades específicas.
e) Cuando concurran otros motivos extraordinarios debidamente justificados.
Una vez transcurridos 10 años desde la formalización del contrato de compraventa, la transmisión inter vivos o la cesión del uso de la vivienda y de sus anejos, conllevará la pérdida de la condición de convenido del préstamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente decidir su resolución.
3. En todo caso, mientras esté vigente el régimen de protección de las viviendas, para las segundas y posteriores transmisiones inter vivos de la propiedad de las mismas y de sus anejos o para la cesión de su uso y de sus anejos será necesario obtener el visado previo de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
La transmisión de las viviendas sólo podrá efectuarse a personas que reúnan los requisitos necesarios para acceder a la vivienda con protección pública de que se trate y estén inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente.
4. Las limitaciones establecidas en este artículo, así como los derechos de adquisición preferente previstos en el artículo 25 del presente Decreto, se harán constar expresamente en los títulos por los que se lleve a cabo la compraventa, la adjudicación o la obra nueva, en el supuesto de la promoción individual para uso propio. Cuando dichos actos se formalicen mediante escritura pública u otro documento público, se acompañará copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda. Asimismo, se acompañará la copia referida a la escritura pública de formalización del préstamo hipotecario, en su caso. En ambos casos, dichas limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, por medio de nota marginal, que producirá los efectos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 53 de la Ley de Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y sus disposiciones complementarias de carácter registral.
5. Las ayudas personales establecidas en el presente Decreto quedan vinculadas a la persona beneficiaria. A estos efectos tendrán la consideración de segundas transmisiones las cesiones, traspasos y cualquier cambio de titularidad inter vivos de viviendas que se produzcan una vez que se haya dictado resolución concediendo cualquier tipo de ayuda.
6. El órgano administrativo competente para autorizar la facultad de disponer de las viviendas a que se refiere este artículo, será en todos los casos la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda donde se localice la actuación.
7. Mientras subsista el régimen de protección de la vivienda no será posible la descalificación voluntaria.
El órgano competente para resolver sobre la concesión de las ayudas previstas en el presente Decreto será, salvo que expresamente se señale otro, y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia presupuestaria, la Delegación Provincial de la Consejería con competencia en materia de vivienda donde se localice la actuación.
1. Las personas propietarias de viviendas protegidas para alquiler podrán ceder su gestión a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro o sociedades cuyo objeto social incluya expresamente el alquiler de viviendas, con la obligación, por parte de los entes gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidas en presente Decreto.
2. Las personas propietarias de viviendas protegidas para alquiler podrán enajenarla por promociones completas a cualquiera de las personas a las que se refiere el apartado anterior. También podrán enajenar viviendas aisladas, cuando las personas adquirentes sean organismos públicos, empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro.
Las enajenaciones podrán efectuarse en cualquier momento, sin sujeción a los precios máximos de referencia que correspondan, previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda donde se localice la actuación.
Las nuevas personas propietarias deberán cumplir las obligaciones inherentes a la calificación definitiva de las viviendas y atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en el presente Decreto, subrogándose en los derechos y obligaciones de las personas transmitentes, y pudiendo subrogarse, total o parcialmente, en las ayudas financieras que éstas hubieran obtenido.
Las personas propietarias a que se refiere este apartado podrán conservar la gestión de las viviendas o promociones enajenadas.
Se podrá modificar el régimen de acceso a las Viviendas de Protección Oficial, de propiedad a alquiler o viceversa, a solicitud de la promotora y siempre que sea por promociones completas, con los siguientes requisitos:
a) La recalificación de promociones completas de Viviendas de Protección Oficial para venta como Viviendas de Protección Oficial para alquiler conllevará, para las viviendas, la adopción del régimen y condiciones propias de este uso, y para la persona propietaria, la asunción de las obligaciones y responsabilidades propias de este régimen, así como la financiación correspondiente, incluyendo la subvención y subsidiación del préstamo convenido para el período de carencia restante desde la recalificación, y la subsidiación que corresponda durante el período de amortización.
b) La recalificación de promociones completas de Viviendas de Protección Oficial para alquiler como Viviendas de Protección Oficial para venta, antes de su calificación o declaración definitiva, conllevará, para las viviendas, la adopción del régimen y condiciones propias de este uso, y para la persona propietaria, la interrupción de las ayudas financieras y la devolución de las recibidas hasta la recalificación, actualizadas con los intereses de demora que correspondan.
La entidad de crédito colaboradora practicará la novación del préstamo convenido para adaptarlo a las características de la nueva actuación protegida.
Artículo 23 redactado por el artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 72/2010, 25 mayo, por el que se modifica el Decreto 173/2009, de 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 28 mayo).
1. Excepcionalmente, en el caso de las Viviendas de Iniciativa Pública Regional calificadas o declaradas para venta, podrá autorizarse a la promotora el alquiler de viviendas aisladas si una vez tramitado el procedimiento ordinario de adjudicación de viviendas previsto en el Decreto 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha y ofrecidas al Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, quedaran vacantes.
b) El contrato deberá ser visado y la renta máxima a satisfacer por la persona inquilina coincidirá con la de una Vivienda de Protección Oficial en alquiler del mismo régimen a 10 años y en la misma ubicación. Si se tratase de Viviendas de Precio Tasado, o de Viviendas de Iniciativa Público-Privada, se aplicará la renta prevista para las Viviendas de Renta Tasada.
La autorización del cambio de uso de venta a alquiler será a solicitud de la promotora, sin perjuicio de tercero y mediante resolución de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda, extendiéndose en la calificación o declaración la correspondiente diligencia, en la que deberá figurar la renta máxima y restantes limitaciones.
El plazo en el que la vivienda debe destinarse al alquiler será el que se determine en el contrato o contratos respectivos. Extinguidos los mismos, si la promotora procediera a la venta de la vivienda, su precio máximo de venta será el que corresponda en el momento de la venta a una vivienda protegida en venta calificada o declarada provisionalmente del mismo régimen y de la misma ubicación. Si la venta se realiza a favor de quien haya sido persona inquilina de la misma, el precio se minorará como mínimo el 30 por 100 de las rentas satisfechas.
2. Esta misma disposición será de aplicación a las Viviendas de Iniciativa Pública-Privada cuya adjudicación corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de acuerdo con el artículo 10.2 del Decreto 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha.
Para autorizar el alquiler de las mismas, se requerirá el ofrecimiento de estas viviendas a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, para acreditar que no existen personas interesadas.
4. No será de aplicación lo previsto en el artículo 20 del presente Decreto sobre la necesidad de cancelación del préstamo convenido y reintegro de ayudas.
Artículo 24 redactado por el número cinco de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
1. Las viviendas con protección pública, en tanto dure su régimen, estarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de conformidad con lo establecido en el artículo 83.1 y 85 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, modificado por Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, debiendo figurar esta sujeción en las correspondientes declaraciones o calificaciones provisionales o definitivas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20.4 del presente Decreto respecto de la necesidad30 de que figuren en el título y a su inscripción en el Registro de la Propiedad. Estos derechos tendrán carácter preferente a cualesquiera otros de naturaleza análoga, a excepción del retracto reconocido al condueño.
Apartado 1 del artículo 25 redactado por el número siete del artículo único del D [CASTILLA-LA MANCHA] 18/2011, 29 marzo, por el que se modifica el D. 173/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 («D.O.C.M.» 1 abril).
2. Las personas propietarias de las viviendas con protección pública sujetas a los derechos de tanteo y retracto, que pretendan transmitir onerosamente dichos bienes, deberán notificar al Registro administrativo de la Administración titular de los derechos de tanteo y retracto, en debida forma, su propósito de efectuar aquella transmisión. La notificación debe incluir, como mínimo, la identificación indubitada tanto física como jurídica del inmueble objeto de la transmisión, el título que se ostenta sobre el inmueble y, en su caso, datos de inscripción registral del mismo, las fórmulas jurídicas previstas para la transmisión y sus condiciones.
El derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión, que no podrá superar el máximo vigente para las viviendas con protección pública a que se refiere el párrafo anterior.
6. De ejercitarse el derecho de tanteo o el de retracto por parte de la persona titular de los mismos, si ha existido sobreprecio, sólo se abonará a la persona oferente o en su caso a la adquirente, el establecido para el régimen al que pertenezca la vivienda. Todo ello sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder a la persona adquirente contra la transmitente y al ejercicio de la potestad sancionadora que compete a la Administración por razón de la materia.
7. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto indicados en este artículo a favor de terceros incluidos en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, que hubieran demandado vivienda usada, estableciéndose el orden según antigüedad de inscripción.
La actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se limitará al ejercicio fehaciente de su derecho conforme a lo establecido en este artículo, indicando expresamente que ejerce su derecho a favor de tercero. A tal efecto, en las escrituras públicas de otorgamiento de la transmisión de la propiedad, resultantes del ejercicio a favor de tercero de estos derechos, se indicará expresamente tal circunstancia. Al acto de otorgamiento concurrirá la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.
8. Los derechos de tanteo y retracto regulados en este artículo serán de aplicación únicamente en las transmisiones onerosas inter vivos, excepto las resultantes de procedimientos de apremio, las derivadas de la disolución de comunidad conyugal o cualquier otra comunidad y las aportaciones a la comunidad conyugal.
9. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, establecerá el procedimiento concreto para el ejercicio del derecho de tanteo o retracto expuesto en este artículo.
Artículo 25 dejado sin contenido por el número seis de la disposición transitoria primera del D [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2013, 20 febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida («D.O.C.M.» 15 marzo).
Incluye familias monoparentales con 1 hijo o hija.
Incluye familias monoparentales con 2 o más hijos o hijas.
Estos colectivos son: personas dependientes o con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo.
A los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 19 del presente Decreto para la definición de estos términos.