Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1150788
Timestamp: 2019-05-27 10:18:17
Document Index: 311378317

Matched Legal Cases: ['artículo 258', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 32']

Mediante el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre (BOC n.º 7, de 13 de enero de 2010), se declararon las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y su transposición al ordenamiento jurídico español, mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y que tenía por objeto aprobar la relación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y establecer nuevas medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, además de las que ya resultan de aplicación de acuerdo con la normativa autonómica vigente.
Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, dictada en el asunto C-90/10, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 16 de febrero de 2010, ha venido a declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de determinadas disposiciones de la Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Por una parte, al no haber establecido prioridades, de conformidad con el artículo 4 , apartado 4 , de la Directiva 92/43/CEE, para las zonas especiales de conservación correspondientes a los lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados en territorio español e identificados por la Decisión 2002/11/CE, de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica en aplicación de la Directiva 92/43/CEE ; y por otra parte, al no haber adoptado ni aplicado, de conformidad con el artículo 6 , apartados 1 y 2 , de la Directiva 92/43, las medidas apropiadas de conservación y un régimen de protección que evite el deterioro de los hábitats y las alteraciones significativas de las especies, garantizando así la protección jurídica de las zonas especiales de conservación que incluyen los lugares mencionados en la Decisión 2002/11 situados en territorio español.
Para continuar con el cumplimiento de las obligaciones reguladas en los artículos 6 , apartados 1 y 2 , de la Directiva 92/43/CEE; y 45, apartados 1 y 2, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , la Comunidad Autónoma de Canarias inició entonces la elaboración de los planes de gestión de las ZEC coincidentes con Espacios Naturales Protegidos sin instrumento de ordenación aprobado (ES7010004 Azuaje, ES7010028 Tufia, ES7010038 Barranco de la Virgen, ES7010046 Los Volcanes, ES7020022 Tamanca, ES7020041 Charco del Conde, ES7020066 Roque de Garachico, ES7020074 Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, ES7020075 La Resbala), que culminó con la aprobación de la Orden de 12 de junio de 2015.
Posteriormente, se procede ahora a la aprobación definitiva de las medidas de conservación de las primeras 13 ZEC de un total de 99 coincidentes con espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con instrumento de ordenación aprobado: ES7020002 Roques de Salmor, ES7020025 Barranco del Agua, ES0000108 Los Órganos, ES7020032 Roque Cano, ES7020033 Roque Blanco, ES7020034 La Fortaleza, ES7020045 El Pijaral, ES7020046 Roques de Anaga, ES7020056 Montaña Centinela, ES7010002 Barranco Oscuro, ES7010005 Los Tilos de Moya, ES0000113 Macizo de Tauro, ES7010027 Jinámar.
Se verifica, asimismo, la inaplicabilidad de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre , de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y los Recursos Naturales, que contiene, en sus artículos 8 y 49, un cambio respecto al régimen jurídico anterior y a la tramitación que se ha venido siguiendo, ya que atribuye la competencia para la aprobación de los planes de las ZEC que antes correspondía a la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares, pero afectando esta nueva atribución competencial única y exclusivamente a las ZEC correspondientes a los espacios de la Red Natura 2000 no coincidentes con la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, tal y como recoge el tenor literal del artículo 49.2, párrafo segundo, sin que por tanto, sea este el caso.
En aplicación del artículo 41.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaboró unas Directrices de conservación de la Red Natura 2000 (BOE de 10 de octubre de 2011). Este documento se entiende como un conjunto de directrices y recomendaciones puestos a disposición de las Administraciones Públicas competentes para la planificación y gestión de los espacios de Red Natura 2000. Los presentes planes de gestión se redactan teniendo en cuenta dichas Directrices.
Para la aplicación de las medidas de conservación contenidas en los planes que se aprueban por la Orden que se propone , se ha incorporado una estimación de medidas y actuaciones y su correspondiente evaluación de costes, con objeto de posibilitar la solicitud de cofinanciación comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Directiva Hábitats y el artículo 9 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.
En lo que respecta a la inaplicabilidad del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, tanto en su procedimiento ordinario como abreviado, según lo previsto en el artículo 6.1.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, nos remitimos a la argumentación recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, ponente: Jesús Ernesto Peces Morate), sobre la evaluación ambiental estratégica en planes de ordenación de los recursos naturales y planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales, aplicable por existir identidad en la naturaleza de los planes en cuanto a instrumento de gestión de un recurso natural, a los planes de gestión de las ZEC, que corrobora lo que ya se contempla tanto en la normativa europea como en la nacional, esto es, que los planes de gestión del patrimonio natural, en relación con lo exigido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la medida en que su función es gestionar de forma directa este patrimonio, no deben someterse a evaluación ambiental estratégica. Esta afirmación resulta conveniente en base a las finalidades que ambas figuras jurídicas persiguen: la necesidad de protección del medio ambiente mediante un desarrollo sostenible. La evaluación ambiental se configura como un instrumento que pretende garantizar la introducción de consideraciones ambientales en la creación de planes y programas, integrando los principios de desarrollo sostenible y participación pública en el entramado político desde un primer momento. Idéntica finalidad sería la que busca el instrumento del plan de gestión de una ZEC, puesto que determina criterios de conservación, restauración, protección y uso sostenible de estos espacios. Así, las finalidades de la evaluación ambiental estratégica se encuentran aseguradas en los planes de gestión de las ZEC, por lo que la realización de una evaluación ambiental a estos planes supondría una reiteración de ciertas medidas de protección ambiental que no aportarían nada nuevo a la consecución de su finalidad y así se expone en la sentencia: "como es lógico, estos planes colman las exigencias de evaluación ambiental que para otros planes y programas exige tanto nuestro ordenamiento interno como el comunitario europeo". Todo esto sin mencionar otro presupuesto lógico contemplado en la derogada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en la cual se señalaba que la aplicación principal de esta evaluación se encuentra en los planes y programas que previsiblemente vayan a causar un impacto negativo en el medio ambiente, algo de lo que, aún esgrimiendo el principio de precaución o cautela, principio igualmente inspirador de los planes de gestión de las ZEC en virtud del artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, nunca pueden adolecer este tipo de planes.
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de Canarias, por el que se establece el ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejero en las materias propias de su Departamento en forma de Ordenes Departamentales, así como la habilitación específica prevista en la Disposición final segunda del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y las medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales,
1. Se aprueban, como medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación ES7020002 Roques de Salmor, ES7020025 Barranco del Agua, ES0000108 Los Órganos, ES7020032 Roque Cano, ES7020033 Roque Blanco, ES7020034 La Fortaleza, ES7020045 El Pijarral, ES7020046 Roques de Anaga, ES7020056 Montaña Centinela, ES7010002 Barranco Oscuro, ES7010005 Los Tilos de Moya, ES0000113 Macizo de Tauro, ES7010027 Jinámar, todas ellas pertenecientes a la Red Natura 2000 en Canarias, y declaradas en virtud del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento de un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, sus Planes de Gestión específicos.
2. El contenido de los Planes de Gestión es el previsto en las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 recogidas en los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, publicados mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Los Planes de Gestión de estas trece Zonas de Especial Conservación se encuentran recogidos en el Anexo I de la presente Orden.
3. La delimitación de las Zonas Especiales de Conservación se corresponde con la descripción geométrica establecida en el Anexo II del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales.
A los efectos de delimitar y definir los conceptos incluidos en los Planes de Gestión que se aprueban, incorporado en el Anexo I de la presente Orden, se entenderá por:
A los efectos de delimitar el alcance de los Planes de Gestión, y con objeto de garantizar la conservación, y en su caso, la restauración y recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario, este podrá establecer zonas diferenciadas dentro de su ámbito territorial atendiendo a los distintos niveles de actividad, de protección y las medidas y actuaciones a desarrollar, de acuerdo con la siguiente zonificación:
1. Las Administraciones Públicas quedan vinculadas por las presentes medidas de conservación en el ejercicio de las funciones que legalmente tengan atribuidas, así como para el otorgamiento de autorizaciones y emisión de informes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 4/2010, de 4 de junio , del Catálogo Canario de Especies Protegidas y sus modificaciones; y el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el catálogo de especies amenazadas de Canarias, este último en todo lo que se mantiene vigente.