Source: http://www.jurischile.com/2017/09/se-ordena-pagar-indemnizacion-familia.html
Timestamp: 2020-06-03 00:00:48
Document Index: 22990449

Matched Legal Cases: ['artículo 781', 'artículo 2329', 'artículo 299', 'artículo 358', 'artículo 144', 'artículo 425', 'artículo 4', 'artículo 142', 'artículo 146', 'artículo 152']

JurisChile 2020: Se ordena pagar indemnización a familia de víctimas de aluvión en Farellones. Normas reguladoras de la prueba no violadas. Art. 2330 CC
Se ordena pagar indemnización a familia de víctimas de aluvión en Farellones. Normas reguladoras de la prueba no violadas. Art. 2330 CC
Primero: Que en estos autos caratulados “Aspillaga Rodríguez, Fernando con Sauvageot Torrecilla, Hector y otros”, Rol Ingreso de esta Corte N°10.373-2017, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en el fondo deducidos por los demandados Cristian Sauvageot Torrecilla, Sociedad Agrícola Dos mil Uno S.A. y Municipalidad de Lo Barnechea, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando el fallo de primer grado, los condena solidariamente al pago de un total de $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por concepto de daño moral.
Segundo: Que el primer arbitrio de nulidad sustancial es aquel presentado conjuntamente por los demandados Cristian Sauvageot Torrecilla y Sociedad Dos Mil Uno S.A., denunciando la infracción del artículo 2329 del Código Civil. Exponen que el fallo recurrido acepta la interpretación del tribunal de primera instancia, que concluye que los demandados tuvieron un actuar negligente, en circunstancias que se encuentra acreditado que ellos fueron declarados inocentes en los juicios criminales que se siguieron por los mismos hechos y que, además, las obras construidas sólo aportaron una fracción insignificante al aluvión que causó los daños sufridos por el actor. Agregan que los sentenciadores del grado reproducen de manera incompleta el Informe Técnico Complementario emitido por la Dirección General de Aguas que contiene las características del terraplén construido por su parte y de acuerdo al cual la obra sólo tenía 29 metros cúbicos de volumen, resultando imposible que pueda considerarse que fue la causa directa de la ocurrencia de los hechos.
Tercero: Que, a continuación, se dan por infringidas las leyes reguladoras de la prueba, citando al efecto los artículos 342, 346 y 425 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que estiman transgredidas en tanto el fallo establece el fallecimiento de la hija del demandante, sin que tal hecho conste en autos a través del correspondiente certificado de defunción o la sentencia de muerte presunta. En segundo lugar, la sentencia incurre en error cuando habla de un aluvión, mientras que todos los informes agregados en la causa establecen que en la misma fecha se verificaron un mínimo de tres aluviones.
Octavo: Que, además, se acusa la infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 299 letra c) del Código de Aguas. Afirma la recurrente que estas normas, que establecen las facultades de las municipalidades, no contemplan una obligación de supervigilancia o policía respecto de los cursos de aguas, de manera que hacerla responsable por actuaciones o abstenciones en relación a ellos resulta contrario al texto expreso de la ley, puesto que el artículo 299 del Código de Aguas es claro en disponer que tal función le corresponde a la Dirección General de Aguas.
Duodécimo: Que, finalmente, acusa la demandada la vulneración del artículo 358 Nº7 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se rechazó la tacha de su parte contra uno de los testigos presentados por el actor, deponente cuyas declaraciones permiten dar por acreditada una amistad que lo inhabilita para declarar. Por otro lado, el municipio también fue condenado en costas, contrariando lo dispuesto en el artículo 144 del mismo cuerpo legal, puesto que de la parte resolutiva de la decisión fluye que no se accedió al total de los daños demandados.
Décimo cuarto: Que los antecedentes se inician con la demanda deducida por Fernando Aspillaga Rodríguez en contra de Cristian Sauvageot Torrecilla, Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A., el Fisco de Chile, la Dirección General de Aguas y la Municipalidad de Lo Barnechea, en razón de los hechos ocurridos el día 6 de septiembre del año 2009 en el sector de Farellones, fecha en la cual un alud de lodo y rocas destruyó completamente la casa del actor ubicada en Camino a Farellones N°20.301, comuna de Lo Barnechea, provocando la muerte de su cónyuge, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la ribera del Río Mapocho y la desaparición de su hija. Agrega – en lo que se refiere a los recurrentes – que posteriormente a la ocurrencia del aluvión se enteró que uno de los vecinos del sector, Cristián Sauvageot Torrecilla, residente en Camino a Farellones N° 20.500-D, había ejecutado movimientos de tierra y obras con maquinaria pesada en el terreno de propiedad de la Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A. – de la cual es representante legal – interviniendo y alterando el cauce de la Quebrada El Ñilhue, sin contar con autorización para ello. Las señaladas obras intervinieron con maquinaria pesada ambas laderas de la quebrada, derramando material, tierra y rocas hacia la misma, alterando el régimen de escurrimiento de las aguas. Explica que de no haberse intervenido la quebrada, las aguas caídas por la lluvia habrían escurrido normalmente, sin salirse del cauce.
Por su parte, tanto la Dirección General de Aguas como la Municipalidad de Lo Barnechea tenían conocimiento de que Cristian Sauvageot Torrecilla ejecutaba obras que intervenían el cauce de la Quebrada El Ñilhue, puesto que el día 28 de febrero del año 2006 el Departamento de Inspección del municipio realizó una inspección que concluyó con la Resolución Sección 2ª N° 22/2006 del Departamento de Recursos Finales e Inspección y del Director de Obras, que ordena la paralización de los trabajos. Sin embargo, no se fiscalizó que esa orden se cumpliera efectivamente, de manera que el demandado continuó ejecutando sus movimientos de tierra impunemente, a vista y paciencia de la propia municipalidad. En razón de los hechos reseñados, demanda el daño patrimonial y moral causado por la negligencia inexcusable de los demandados Cristian Sauvageot Torrecilla y Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A. y la falta de servicio incurrida por la Municipalidad de Lo Barnechea, solicitando su condena solidaria.
3. María Fernanda Corvalán Herrera y Daniela Paz Aspillaga Corvalán, cónyuge e hija del demandante, respectivamente, se encontraban en la vivienda familiar al momento de producirse el aluvión, siendo arrastradas por dicho torrente al cauce del Río Mapocho, resultando ambas fallecidas. El cuerpo sin vida de la primera fue encontrado en la ribera del Río Mapocho, en la comuna de Vitacura; la segunda nunca fue hallada.
4. La Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A. es dueña del Lote A del Fundo Antahuara de la Quebrada El Ñilhue, ubicado en la intersección con la Ruta G-21, Camino a Farellones N°20.500, donde además se encuentra el cauce. Por su parte, Cristian Sauvageot Torrecilla es propietario del Lote B del mismo fundo, tratándose de predios colindantes.
6. El 28 de septiembre de 2009 la Dirección General de Aguas realiza una visita inspectiva al lugar donde se produjo el alud, observando intervenciones en el cauce de la quebrada, destacando que aproximadamente a 242 metros aguas arriba del cruce del Camino a Farellones con la quebrada El Ñilhue, existían restos de un terraplén construido en la propiedad de la Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A., cuestión que según la resolución aparece reconocida por Cristian Sauvageot Torrecilla. Esta construcción data de tres años antes del aluvión, formando una especie de dique, de dimensiones aproximadas máximas de 3 metros de altura, 15 metros de ancho y 10 metros de largo, esto es, un volumen aproximado máximo de 450 metros cúbicos.
Décimo sexto: Que, sobre la base fáctica antes señalada, la sentencia de primera instancia concluye, en lo que dice relación con los recurrentes, que el terraplén en cuestión tenía por objeto la unión de los lotes A y B del Fundo Antahuara, contando Cristian Sauvageot Torrecilla con pleno conocimiento del ilícito que se cometía en el Lote A, dada su calidad de representante legal de la propietaria y considerando, además, que los trabajos estaban destinados a favorecer al Lote B de su propiedad.
Tales obras no cuentan con las autorizaciones competentes que contemplan los artículos 32 y 41 del Código de Aguas, resultando acreditado que esta situación se mantuvo a lo menos durante tres años hasta el acaecimiento de los hechos, período en el que tampoco se gestionó la autorización de la Dirección General de Aguas como había sido ordenado por la entidad edilicia, resultando claramente establecida una acción, al menos negligente, en la intervención fluvial efectuada tanto por la sociedad demandada como por Cristian Sauvageot Torrecilla.
A conclusión similar es posible arribar respecto de la irresistibilidad, toda vez que los demandados estaban en condiciones de evitar o al menos mitigar las consecuencias del aluvión. En el caso de la sociedad demandada y de Cristian Sauvageot Torrecilla, habría bastado con derribar la construcción efectuada. Por estas consideraciones, se estima que el aluvión en la Quebrada El Ñilhue, ocurrido el 6 de septiembre del año 2009, no constituye un caso fortuito que permita eximir de responsabilidad a las demandadas, al no configurarse sus elementos esenciales.
En cuanto a la relación de causalidad, existen antecedentes en el proceso que acreditan que el estado climático no fue la única causa del alud, sin embargo, de acuerdo al informe pericial rendido en la causa, los Informes Técnicos de la Dirección General de Aguas acompañados y la prueba testimonial, es posible concluir que la construcción al menos contribuyó a su magnitud, al impedir el libre escurrimiento de las aguas, ocasionando los daños que fundan la acción. Finalmente, respecto de la exposición imprudente al daño que alegan las demandadas, se acompañó un certificado emanado de la Municipalidad de Lo Barnechea que acredita que la vivienda que habitaba el actor no contaba con los permisos de edificación correspondientes.
Tal situación no puede operar como hipótesis de exposición imprudente al daño, puesto que su calidad de arrendatario no permite suponer que conociera dicha circunstancia. Tampoco es posible deducir de esa única prueba que ella tenga algún nexo causal con el daño producido o que el demandante estuviera en condiciones de prever que se estaba exponiendo a un riesgo. En consecuencia, se causó un daño moral cuyo resarcimiento dispone el tribunal de primer grado en $630.000.000 (seiscientos treinta millones de pesos) en total.
Décimo octavo: Que los recursos deducidos contienen defensas comunes que resulta conveniente analizar de manera conjunta. En efecto, ambos recurrentes postulan que las obras construidas por la Sociedad Agrícola Dos Mil Uno S.A. y Cristian Sauvageot Torrecilla no fueron la causa directa del aluvión que afectó a la familia del actor, puesto que se trató de trabajos cuya dimensión no era capaz de provocar la destrucción que finalmente se verificó. Tal afirmación se sustenta en el mérito de la prueba pericial rendida, cuya valoración reprochan por estimar vulneratoria del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil. Del tenor de ambos recursos puede inferirse que el reproche de los demandados se construye contra los hechos ya establecidos en la causa, proponiendo otros que a su juicio se encontrarían acreditados.
Así, ambos afirman que la construcción no tuvo influencia alguna en la magnitud del alud que causó daños al demandante y que, en este orden de ideas, se trató de un fenómeno de la naturaleza, imprevisible e irresistible, en circunstancias que se estableció que se trató de una obra que, sin contar con las autorizaciones competentes, albergaba un volumen de material de 450 metros cúbicos aproximadamente como máximo, que se hallaba construida a lo menos tres años antes de la ocurrencia de los hechos objeto de esta causa, tiempo durante el cual fue fiscalizada por la Municipalidad de Lo Barnechea, que dispuso la paralización inmediata de los trabajos sin controlar que tal orden fuera efectivamente cumplida, como tampoco informó su existencia a la Dirección General de Aguas. Así, el 6 de septiembre del año 2009 la construcción retuvo una cantidad de agua tal que la hizo colapsar y aumentar la fuerza destructiva del aluvión.
Específicamente en cuanto al error de derecho relativo a la prueba pericial, que ha de ponderarse conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde resaltar que en el análisis de ese medio probatorio entran en juego las razones jurídicas asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud el tribunal les asigna o resta valor atendiendo especialmente a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de los antecedentes del proceso, de modo que este examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. En el contexto anterior resultaba indispensable para la configuración del error de derecho hecho valer, que los recursos describieran y especificaran con claridad las reglas de la lógica, máximas de experiencia y los conocimientos científicos que dejaron de ser considerados en el fallo y el modo en que ello fue capaz de influir en lo dispositivo del mismo, presupuestos que no concurren en ninguna de las presentaciones.
Vigésimo: Que, a mayor abundamiento, la omisión en el análisis de la prueba pericial que denuncian los recurrentes no es tal puesto que, por un lado, el fallo no indica categóricamente que el terraplén haya reunido 450 metros cúbicos de material, sino que expresamente se señala que éste sería el volumen aproximado máximo, reconociendo que la Dirección General de Aguas realizó nuevas mediciones de acuerdo a las cuales las medidas aproximadas eran de 3 metros de largo y 4,9 metros de ancho.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera fuera el volumen real que pudiere tener la obra construida por los demandados, su sola existencia impidió el normal escurrimiento de las aguas y produjo una acumulación que posteriormente, al ceder, implicó que la quebrada aumentara significativamente de caudal, aportando fuerza destructiva al alud. Así se aprecia tanto del informe pericial en cuestión, como de la prueba documental consistente en Informes Técnicos de la Dirección General de Aguas y, por último, de la testimonial. Con ello, tampoco reviste influencia el hecho de haberse tratado de uno o de tres aluviones, puesto que cualquiera sea el número de eventos, resultó asentado que su magnitud se vio aumentada por la existencia de las obras señaladas. De lo expuesto, fluye que lo que en definitiva las recurrentes reprochan es la forma o manera en que fue valorada la prueba pericial por la sentencia impugnada, toda vez que sus cuestionamientos esenciales dicen relación con el alcance y sentido que corresponde atribuirle, actividad que, en esos términos, escapa al control de casación y se agota con las conclusiones asentadas por los jueces del fondo, por lo que la denuncia sobre este particular no podrá prosperar.
Vigésimo primero: Que, por otro lado, la sociedad demandada y Cristian Sauvageot Torrecilla atribuyen la calidad de reguladoras de la prueba a los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, cuya infracción se habría verificado en tanto se resolvió que la hija del demandante resultó fallecida, sin haberse aportado el correspondiente Certificado de Defunción o la sentencia donde se declare la muerte presunta. Sobre el punto, es efectivo que el fallo expresamente señala que la menor se encontraría fallecida, hecho que puede razonablemente presumirse atendido el tiempo transcurrido y las circunstancias de su desaparición. Sin embargo, no es posible apreciar cuál sería la influencia sustantiva de tal hecho en lo dispositivo del fallo, por cuanto él no dice relación alguna con la conclusión arribada por los sentenciadores de que las obras construidas por los propietarios de los predios vecinos sin autorización impidieron el libre escurrimiento de las aguas y provocaron que, ante la gran cantidad de lluvia caída el día 6 de septiembre del año 2009, se formara el alud que terminó con la destrucción del inmueble del demandante y la pérdida de parte de su familia. En consecuencia, esta parte del arbitrio de nulidad tampoco podrá prosperar.
Vigésimo tercero: Que la Municipalidad de Lo Barnechea denuncia que la decisión recurrida le impone deberes de supervigilancia sobre los cursos de aguas, que no forman parte de las atribuciones legales que le confiere su ley orgánica y, por el contrario, se trata de facultades que corresponden a la Dirección General de Aguas. Sin embargo, de la sola lectura del fallo impugnado fluye que la responsabilidad municipal se sustentó precisamente al tenor de la Ley N°18.695 que le entrega en su artículo 4 letra f) funciones relacionadas con la urbanización.
Es a la luz de dicha norma que el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que corresponde a la Dirección de Obras Municipales la fiscalización de las obras de edificación que se ejecuten dentro de la comuna y, a su vez, el artículo 146 de este cuerpo normativo permite ordenar la paralización de cualquier trabajo que se desarrolle sin autorización.
A mayor abundamiento, fueron esas las potestades que el municipio ejerció a través de la dictación de la Resolución N°22/2006 que ordena la paralización de los trabajos realizados por los propietarios de los Lotes A y B del Fundo Antahuara durante el año 2006, sin fiscalizar luego el cumplimiento de esa orden y sin informar tampoco a la Dirección General de Aguas a fin de que este órgano administrativo ejerciera las funciones que le son propias, configurándose de esta forma una falta de servicio de la cual debe responder, al tenor del artículo 152 de la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, tampoco se vislumbra una infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.695 y 299 letra c) del Código de Aguas.
Sin embargo, no resultó discutida la calidad de arrendatario que el actor tenía en relación al inmueble donde ocurrieron los hechos, de manera que difícilmente podría a él imputársele negligencia en una construcción de la cual no participó ni tampoco tuvo injerencia alguna en la elección de su emplazamiento.
A ello se agrega que la posibilidad de habitar una vivienda sin permisos municipales – circunstancia esta última acreditada a través de un certificado emanado del mismo municipio – dice relación únicamente con la falta de fiscalización de la Municipalidad puesto que, según ya se ha expuesto, ella goza de facultades para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dentro de las cuales se encuentra la existencia de permisos de edificación y de estudios específicos para el emplazamiento de viviendas. En este orden de ideas, no puede la demandada invocar su propia negligencia para eximirse de responsabilidad. Finalmente, tampoco esa circunstancia puede ser conectada causalmente con los hechos que causaron perjuicios al demandante, puesto que, aunque la vivienda hubiese contado con permiso municipal, el actor no estaba en posición de prever que los dueños de predios cercanos realizarían construcciones sin autorización, que tendrían como efecto impedir el libre escurrimiento de las aguas, de manera de exponerlo a los perjuicios que finalmente se materializaron. Por tanto, este acápite del recurso tampoco podrá prosperar.
Vigésimo sexto: Que todo lo anteriormente razonado conduce a concluir que los recursos en estudio adolecen de manifiesta falta de fundamento, motivo por el cual ninguno de ellos puede prosperar. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en el fondo interpuestos en lo principal de fojas 972 y 982, ambos en contra de la sentencia de diez de enero de dos mil diecisiete, escrita a fojas 966.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y Sr. Carlos Aránguiz Z., y el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con feriado legal y el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica.
Publicado por Unknown el septiembre 05, 2017