Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000030_2011.html
Timestamp: 2019-11-21 02:38:06
Document Index: 183419234

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 209', 'artículo 124', 'artículo 28', 'artículo 110', 'artículo 27', 'artículo 110', 'artículo 126', 'artículo 37', 'artículo 30', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 53', 'artículo 44', 'artículo 20', 'Artículo 23']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000030_2011]
CONCEPTO 30 DE 2011
C-030-2011
Ref.: Su oficio P.P.P. 1002
Plantea usted en su consulta varios interrogantes relacionados con el alcance disciplinario de algunas conductas de proselitismo político.
Dicho lo anterior, paso a resumir las preguntas formuladas:
1ª ¿Pueden los diputados y concejales en ejercicio y que aspiran a ser reelegidos, ingresar y estacionar sus vehículos particulares con su publicidad política en los edificios públicos?
2ª ¿Pueden los servidores públicos y los contratistas ingresar y estacionar sus vehículos particulares con publicidad política alusiva a sus candidatos a estos edificios públicos?
3ª ¿En la eventualidad que tales situaciones transgredan el ordenamiento disciplinario, podría esta Provincial ejercer acción disciplinaria contra ellos o contra la administración que permite el acceso de estos vehículos en estas condiciones?, ¿existe responsabilidad disciplinaria?
4ª ¿Se puede tomar este comportamiento como participación en actividades proselitistas o la utilización de los edificios públicos para ejercer actividad o proselitismo político?
Para abordar los temas planteados, empecemos por decir que el principio de responsabilidad jurídica al que se refiere el artículo 6 de la Norma Superior, establece un vínculo de sometimiento más intenso entre los servidores públicos y el Estado, que entre los particulares y éste.
Es así como mientras los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que la Constitución, la ley y el reglamento les permitan, respondiendo no sólo por acción, sino por omisión.
Otro principio rector que inspira el ejercicio de la función pública, es el de imparcialidad, el cual se consagra de manera expresa en el artículo 209 de la Carta, entre otros principios más.
Ahora bien, la responsabilidad de los servidores públicos, una de cuyas modalidades es la responsabilidad disciplinaria, fue definida por el legislador en la ley 734 de 2002, atendiendo el mandato contenido en el artículo 124 de la Constitución Política. En dicha ley, el fundamento de exigibilidad de una conducta diversa a la ejecutada, es el concepto de “falta”:
Es “falta” en materia disciplinaria, “la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”(1).
Pues bien, en materia de prohibiciones, el legislador ha edificado algunas que pretenden adecuar la conducta oficial de los servidores públicos, a la expectativa del rol que la sociedad espera de ellos en la época electoral, la cual no es otra que la transparencia, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Las prohibiciones que sobre el particular se encuentran en el ordenamiento jurídico colombiano, se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al cuerpo normativo que las contenga:
1. Prohibiciones constitucionales y
2. Prohibiciones de ley de garantías
1. Prohibiciones constitucionales.
De la lectura del artículo 110 de la Norma Superior, surge para todos los servidores públicos la prohibición de hacer contribuciones, de cualquier tipo, a las organizaciones políticas o candidatos. Puede haber excepciones legales a esta regla general, según lo autoriza la norma constitucional en cita, como la que se encuentra en el numeral 6° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, donde se dispone que una excepción a las fuentes de financiación prohibidas de los partidos, movimientos políticos y campañas, son los aportes que hagan los miembros de corporaciones públicas de elección popular:
Culmina el artículo 110 constitucional, complementando la prohibición en comento, en tanto que también se extiende a la conducta de inducir a otros a que hagan las mencionadas contribuciones.
De otra parte, en el artículo 126 de la Norma Superior, encontramos una norma que cobra particular importancia en la época pre electoral: Se prohíbe a los servidores públicos “nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”. Tampoco pueden designar “a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. En los dos casos anteriores, se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.
En el canon 127 de la Norma Superior (inciso 2°), se encuentra la prohibición dirigida a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, los órganos electorales, de control y de seguridad, de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio del libre ejercicio del derecho al sufragio.
Respecto de los demás servidores públicos, se autoriza constitucionalmente dicha participación, en las condiciones que señale la ley estatutaria respectiva (inciso 3° ib ídem). Sin embargo, cuando el legislador pretendió señalar dichas condiciones de ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos no limitados constitucionalmente, se encontró con la siguiente respuesta de la Corte Constitucional:
En consecuencia, la Corte Constitucional no avaló la exequibilidad del artículo 37 de la ley 996 de 2005 (Sentencia C-1153/05), de modo que se mantiene la regla general de prohibición respecto a las conductas que pudieren considerar intervención en política por parte de los servidores públicos.
Si bien en términos generales el ordenamiento jurídico ha prohibido la intervención en política a los servidores públicos, como ha quedado dicho, es necesario precisar que la denominada Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) permite en unas condiciones particulares que algunos servidores públicos, principalmente el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República que aspiren a la reelección inmediata, intervengan en política.
Sin embargo, esta autorización excepcional está acompañada de una estricta regulación de la forma y los tiempos en los que dicha intervención en política puede llevarse a cabo.
Las prohibiciones contenidas en la ley de garantías pueden ser clasificadas en tres grupos: de un lado se tiene las que se encuentran dirigidas al Presidente y al Vicepresidente de la República que aspiren a la reelección (artículo 30); el objeto de la consulta que aquí se atiende, no impone referirse a ellas. De otro lado, las que se dirigen a todos los servidores públicos, en general (artículo 38) y finalmente, las que hace a algunos servidores públicos en particular.
PROHIBICIONES A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN GENERAL:
Las prohibiciones que la Ley de garantías hace a los servidores públicos están en vigencia desde los cuatro meses anteriores a la fecha de las elecciones, es decir, en el proceso electoral actual, desde el 30 de junio de 2011. Son las siguientes:
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la ley (la 996).
Dispone expresamente el artículo 38 de la ley en comento, que la infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.
PROHIBICIONES A ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PARTICULAR:
Conforme lo dispone el Parágrafo del artículo 38 de la ley 996, a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, se les prohíbe celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.
Ahora bien, en los numerales 39 y 40 de la ley 734 de 2002, se tipificó como falta gravísima, en que pudiera incurrir cualquier servidor público, independientemente del cargo que ocupe y del nivel jerárquico que este tenga:
De otra parte, téngase en cuenta que las organizaciones políticas intentan, con sus campañas electorales, dar a conocer sus planteamientos e ideas, movilizar a sus simpatizantes e influir y politizar a la población, con el fin de captar sus preferencias políticas, es decir, procuran la consecución de prosélitos que adhieran a la candidatura de sus respectivos líderes.
Para este último objetivo se recurre a diversas estrategias, una de las cuales, la más usada tal vez, es la propaganda electoral, la cual tiene una diversidad de manifestaciones y técnicas.
Siendo entonces una actividad lícita, el proselitismo político se torna indebido en los servidores públicos que no estuvieren expresamente autorizados para tales efectos.
Sumase a las reflexiones precedentes, el que de manera expresa el legislador dispuso, en el artículo 41 de la ley 996 de 2005, que “No se aplicará a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, las limitaciones contenidas en las disposiciones de este título”, lo cual en criterio de la Corte Constitucional es válido, pues “sería desproporcionado restringir la actuación política de los miembros de corporaciones públicas, cuya labor es principalmente política, a aquellas formas de participación previstas en el artículo 39 del capítulo III de la presente Ley” (Sentencia C-1153 de 2005).
En este orden de ideas, es claro que los diputados y concejales, como miembros de corporaciones públicas que son, están al margen de cualquier cuestionamiento que se les pretenda hacer por el proselitismo político en que pudieren incurrir, puntualmente, por utilizar vehículos particulares que llevan adherida publicidad política de sus campañas; tampoco habría lugar a reprocharles el ingreso de dichos vehículos a los parqueaderos de edificios públicos.
Cuando la misma conducta es ejecutada por un servidor público distinto de los anteriores, el operador disciplinario deberá analizarla de cara a los principios que rigen el ejercicio de la función pública, en especial el de imparcialidad, pero sin desconocer que el principio de legalidad que rige en materia disciplinaria (artículo 4 de la ley 734 de 2002), impone una tipificación precisa de las conductas que son objeto de censura.
Igual prudencia deberá tener al analizar la conducta del contratista de la administración, quien por regla general no es sujeto disciplinable, pues solo lo será en el evento en que por razón del contrato que ejecute, ejerza alguna función pública, en los términos del artículo 53 de la ley 734 de 2002, recientemente reformado por el artículo 44 de la ley 1474 de 2011.
Finalmente, téngase en cuenta que conforme al artículo 20 de ley 734 de 2002, uno de los propósitos que persigue el proceso disciplinario es la búsqueda de la verdad material, de manera que ante la duda respecto al alcance de una conducta, la respectiva investigación será la que determine si esta es típica, sustancialmente ilícita y existe algún título de atribuibilidad de la misma respecto de un sujeto disciplinable.
C-030-11
JCNB-MDCR
1. Artículo 23 de la ley 734 de 2002