Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-693-de-septiembre-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d5b310fd3d70034e0430a0101510034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 01:16:48
Document Index: 178540935

Matched Legal Cases: ['artículo 314', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 314', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 314', 'artículo 314']

﻿ Sentencia T-693 de septiembre 3 de 2010
SENTENCIA T-693 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA MUJER CABEZA DE FAMILIA. LA SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA POR LA DEL LUGAR DE RESIDENCIA CUANDO EL IMPUTADO ES PADRE CABEZA DE FAMILIA DE MENOR DE EDAD SI SE CONSTATA LA INCAPACIDAD DE LA MADRE PARA PROVEER EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD O CON DICAPACIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA, SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA
Sentencia T-693 de septiembre 3 de 2010
Ref.: Expediente T-2636351
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Penal —Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia—, el 19 de enero de 2010 y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 18 de marzo de 2010, dentro de la acción de tutela instaurada por Jeiner Guilombo Gutiérrez a través de apoderado judicial contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El señor Jeiner Guilombo Gutiérrez actuando mediante apoderado judicial, instauró, el 7 de diciembre de 2009, acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por considerar que esta autoridad judicial incurrió en una vía de hecho y en la vulneración de los derechos de los niños y de igualdad, al revocarle la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramuros por la detención domiciliaria que había sido concedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión Foncolpuertos —Cajanal—, dentro del proceso penal que se sigue en su contra.
1.1. El 25 de noviembre de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la apoderada de la parte civil, Cajanal EICE, revocó la decisión de fecha 16 de octubre de 2009 mediante la cual el Juez Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos —Cajanal—, concedió la sustitución de la detención preventiva intramuros por la detención domiciliaria al accionante por encontrar que el procesado ostentaba la calidad de padre cabeza de familia, en razón del padecimiento mental de su compañera permanente y madre de la menor hija del procesado de 3 años de edad.
1.2. Advierte el accionante que no obstante que el juez concedió la medida de sustitución para proteger el interés superior del menor con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, así como en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de marzo de 2006 y en la Sentencia C-184 de 2003 de la Corte Constitucional, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial al revocar la decisión argumentó: “…si bien es cierto la progenitora de la menor hija del encausado padece de un trastorno de personalidad, el mismo no la inhabilita para ejercer su rol de madre —aun cuando es evidente que se deben introducir cambios en su tratamiento para maximizar los efectos terapéuticos— y por ende, la menor no se halla en condiciones de abandono y desprotección, que ameriten la concesión del beneficio otorgado”(1).
1.3. Por lo anterior, afirma que el despacho judicial demandado incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico en tanto que para sustentar la revocatoria, citó apartes fuera de contexto del concepto del médico tratante y del dictamen realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para negar la necesidad de la medida de protección para la menor con fundamento en la presencia del rol de madre, desconociendo el otro 99% del dictamen que se refiere a la existencia de síntomas que se describen como “momentos de paranoia, aislamiento, depresión fuerte, pensamientos y conductas suicidas sin pérdida del rol de madre”, que afectan la vida, salud, integridad física y moral de la menor, toda vez que el tratamiento con droga y terapias al que debe someterse la madre en razón del trastorno de personalidad límite o bipolar severo que padece, le impide así no quiera, proteger a su hija y desempeñar efectivamente la función efectiva de la maternidad. Así, el juez no tuvo en cuenta que una cosa es la función real y efectiva de ser madre y otra el rol de madre, con lo cual se desatendió la obligación del Estado de proteger de manera preventiva a los niños.
1.4. Sostiene también que el tribunal, tergiversó y recortó la prueba para ocultar o minimizar el padecimiento grave de la madre de la menor y llevar a creer que no tiene incidencia directa en la vida e integridad física de la menor, lo que trajo como resultado: “a) Una alteración de la verdad plasmada en pruebas; b) una disvaloración o valoración negativa del trastorno que padece la compañera de mi defendida; c) una sobre estimación de algunos apartados del dictamen para así atentar contra la unidad de la prueba; d) una desvaloración por alteración de contenidos reales de las consecuencias del padecimiento de la madre de la menor, esto por pleno desconocimiento deaspectos que en los que la señora magistrada ad quem no es perito; e) y como corolario una vulneración de la necesidad de protección primaria y privilegiada de la menor Mariana Guilombo Gutierrez, así como de los derechos Constitucionales y deberes de mi defendido frente a su menor hija y frente a la imperiosa necesidad de que los jueces se sujeten a la prueba en su conjunto, sin poder tomar trozos aislados para hacer conclusiones contraevidentes y lo que es peor: f) la inexistencia de ataque de fondo sobre todos los aspectos trazados por la Juez Segunda Penal del Circuito de Descongestión: con la alzada lo único que se demuestra es que (sic) decisión judicial a quo no fue controvertida, pues sus contenidos fueron no menos que desconocidos por la funcionaria ad quem (subrayas y negrilla del texto original).
2. Intervención del accionado y de los terceros vinculados.
2.2. Intervención del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos-Cajanal.
La Juez Segundo Penal del Circuito de Descongestión Foncolpuertos-Cajanal, dio respuesta a la acción de tutela solicitando que se declare su procedencia por haberse demostrado la vía de hecho por defecto fáctico en la providencia. Para sustentar sus afirmaciones la autoridad judicial expone los siguientes argumentos:
En primer lugar considera que el tribunal accionado incurrió en un error en la valoración de las pruebas que resultaban definitivas para la decisión que se tomó y que en su criterio demuestran la condición de padre cabeza de familia del procesado. Por ello, destaca los siguientes hechos probados: (i) el trastorno afectivo bipolar que padecía su progenitora y su tía materna; (ii) la alteración de la estructura de la personalidad de la madre que guarda estrecha relación con las condiciones de su crianza, ya que desde los 22 días de nacida fue entregada a su tía quien la crió y por un período corto convivió con su padre, siendo sometida a maltrato físico y psicológico(2); (iii) el diagnóstico que presenta de “trastorno de la personalidad límite con actual descompensación sintomatólogica”; (iv) los síntomas de la enfermedad que padece la madre, tales como inestabilidad afectiva y emocional, con momentos de tristeza, ansiedad, llanto, ira, agresividad, impulsividad y poca contención a impulsos agresivos predominantemente sobre la niña; (v) la causa de crisis sintomática o descompensación se encuentra relacionada con la internación de su pareja; (vi) evidencia que la función psicológica materna ha logrado metabolizar los elementos destructivos para no lesionar severamente a la niña.
Adicionalmente estima que se configura la condición de padre cabeza de familia, por la incapacidad síquica claramente demostrada con el diagnóstico psiquiátrico de trastorno de personalidad límite, puesto que el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, no exige una enfermedad mental permanente o transitoria del cónyuge o compañera o la existencia del rol de madre, sino su incapacidad física o sensorial.
2.3. Intervención de Cajanal EICE en liquidación como parte civil.
La apoderada judicial de Cajanal EICE en Liquidación, parte civil dentro de la causa penal seguida ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión para Fonfolpuertos —Cajanal—, intervino en la acción de tutela en ejercicio del derecho de contradicción, para solicitar se declare la improcedencia de la acción, argumentado para ello lo siguiente:
Estima que la Sala Penal del tribunal acertadamente concluyó, con fundamento en el análisis juicioso de los dictámenes médicos presentados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que si bien es cierto la madre de la menor padece de un trastorno de personalidad, éste no la inhabilita para ejercer su rol de madre, con lo cual la menor no se encuentra en condiciones de abandono o de desprotección que amerite la concesión del beneficio otorgado, ya que la niña está bajo el cuidado de la madre, quien está en capacidad de ejercerlo, como lo ha hecho durante el tiempo de reclusión del padre(3). Adicionalmente, con base en el material probatorio concluyó de manera seria y fundamentada que no se reúnen los presupuestos trazados por la Corte Constitucional y por la ley para que el procesado sea considerado padre cabeza de familia, ni tampoco está demostrado que la sustitución de la detención preventiva intramuros por la detención domiciliaria sea manifiestamente necesaria ni adecuada en esta caso para la protección de la menor.
2.4. Intervención de la Fiscalía General de la NacióN.
Estima, con base en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 16 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de descongestión Cajanal-Foncolpuertos, que la decisión del tribunal accionado no atenta contra los derechos de protección de la menor, ni vulnera derechos fundamentales, puesto que de conformidad con el dictamen médico legal se concluyó que la madre de la menor padece un trastorno de personalidad que no le impide ejercer su rol de madre, el cual viene desempeñando desde el momento del nacimiento de la menor y no reposa en el expediente prueba alguna que demuestre que la niña haya estado en situación de peligro o de maltrato o descuido por parte de su progenitora.
De otra parte sostiene, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 750 de 2002, para la demostración de la condición de padre cabeza de familia se debe estudiar también las condiciones personales y sociales del procesado para determinar si se pone en peligro a la comunidad, aspecto que fue abordado por la Fiscalía al señalar la conducta desplegada por el señor Jeiner Guilombo como amenazante y dañosa puesto que: “de manera directa y a través de terceras personas desarrolló maniobras ilegales para esquilmar el patrimonio de Cajanal, entidad que finalmente resultó liquidada ante la arremetida de los abogados que de manera ilegal a través de fallos masivos de tutela y demandas laborales lograron que varios jueces penales y laborales del circuito, condenaran a la Caja Nacional de Previsión al pago de millonarias sumas de dinero, que finalmente fueron a parar al patrimonio de los abogados, entre ellos el de Jeiner Guilombo, quien obtuvo con esos peculios varias propiedades”(4). De la misma forma recuerda que el sindicado fue vinculado al proceso el 26 de diciembre de 2006 mediante captura, la cual se hizo efectiva tan sólo hasta el mes de abril de 2009, lo que deja entrever que la menor nunca ha estado bajo el cuidado del sindicado y además desvirtúa la intención de acatar el llamado judicial, máxime si se tiene en cuenta que esa Fiscalía no era la única que la requería.
3.1. La Sala de Casación Penal —Sala de Decisión de Tutelas—, de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 19 de enero de 2010 negó las pretensiones de la demanda por encontrar que el accionante no demostró que la autoridad accionada haya incurrido en algunas de las causales de procedibilidad de la acción contra providencias judiciales, pues la decisión de revocar la sustitución que había sido concedida, está debidamente motivada al considerar que el demandante no tenía la calidad de padre cabeza de familia, por cuanto la menor está bajo la protección y cuidado de su mamá, quien de acuerdo al examen médico legal practicado, está en capacidad de continuar con el cuidado de su hija. Por el contrario, lo que pretende es continuar en sede constitucional con un debate como si éste mecanismo fuera una instancia adicional para revisar las decisiones judiciales.
4.2. En el mismo auto, solicitó a la Asociación Colombiana de Psiquiatría rendir un informe en forma precisa, ordenada y detallada en relación con los siguientes puntos:(5)
“7. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo afectivo entre la señora Leydi Diana Ramírez y su hija, el daño que podría producir la adopción de medidas de protección a favor de la niña que impliquen la separación de su madre, qué tan necesario es para el cuidado de la menor y para el tratamiento de Leydi Diana Ramírez, la presencia permanente del señor Jeiner Guilombo Gutiérrez como cuidador de este núcleo familiar, en el evento en que se le otorgara una detención domiciliaria que le permita ejercer efectivamente su rol de esposo y padre?”.
4.3. Mediante oficio SCC.T-06276, radicado ante la Secretaría General de esta corporación el 19 de julio de 2010, la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, remitió el informe psicológico solicitado de la menor, el cual fue elaborado el 15 de mayo de 2010 por el equipo psicosocial del ICBF Centro Zonal Usaquén. Explica que se utilizó como técnica la observación directa y entrevista de la menor Mariana Guilombo Ramírez. Después de describir algunos rasgos sobre su personalidad, consignó lo siguiente:
“Concepto: Mariana es una niña que presenta un desarrollo evolutivo acorde a su edad. A nivel efectivo se evidencia vacíos y carencias productos (sic) de la situación de su padre, al cual ama inmensamente, ya que este siempre ha sido su referente. Actualmente está presentando pataletas para llamar la atención de las pocas personas que se encuentra (sic) a su alrededor. Se sugiere tener en cuenta el riesgo en (sic) se encuentra la menor en compañía de su madre, ya que esta por su enfermedad no es garante de para (sic) proporcionarle protección, estabilidad emocional y cuidado a la menor”(6).
4.4. Mediante oficio 003055 recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 29 de julio de 2010, la Defensora de Familia de Centro Zonal de Usaquén del ICBF, en respuesta al requerimiento de esta corporación afirmó que “en el último seguimiento adelantado por el equipo interdisciplinario, se evidencia que la señora Lady Diana Ramírez, actualmente se encuentra bajo estricto tratamiento psiquiátrico, tomando su medicamento de acuerdo a la prescripción médica, al igual que cumple en forma adecuada el rol de madre, garantizándole a su hija Mariana Guilombo Ramírez condiciones adecuadas…”.
“(...) Se observa a Lady sensible, vulnerable y nostálgica por la ausencia del esposo en el hogar y todas las situaciones que a raíz de la pérdida de su libertad, se viene presentando.
“Cumple adecuadamente el rol de madre; Mariana se aprecia en adecuadas condiciones físicas y anímicas, su presentación personal es adecuada al igual que sus habilidades sociales. No se observa vulneración de ninguno de los derechos fundamentales de la niña”(7).
Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 241, numeral 9º, de la Constitución Política.
2. Problema jurídico,
El problema jurídico que debe resolver la Sala en esta oportunidad consiste en determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, incurrió en una vía de hecho por indebida apreciación del dictamen médico legal, al revocar por vía de apelación la decisión que concedió la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural por la domiciliaria, por considerar que si bien la progenitora de la menor hija del accionante padece de “trastorno de personalidad límite con descompensación sintomatológica”(8), este no la inhabilita para ejercer su rol de madre y por ende la menor no se halla en condiciones de abandono y desprotección y, por lo mismo, el padre no ostenta la calidad de padre cabeza de familia.
3.1. La acción de tutela contra providencias judiciales, tiene un claro fundamento normativo y jurisprudencial. Los artículos 2º y 86 de la Carta, reconocen su procedencia cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” Una amplia línea jurisprudencial desarrollada por la Corte constitucional(9), la concibe como una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo procede ante situaciones en las que no existe otro mecanismo judicial idóneo para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste no resulta tan eficaz para la protección de los derechos de los asociados o la persona afectada se encuentra ante un perjuicio irremediable.
Esta línea jurisprudencial que inicialmente se conoció bajo el concepto de “vía de hecho”, ha pasado a denominarse “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales(10), con el propósito de superar una percepción restringida que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial(11).
3.2. El primer requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial(12), responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador(13). No es el camino para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas(14) en los procesos judiciales ordinarios(15). Se trata de lograr una diligencia mínima de los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales(16), salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial(17), circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así, puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos eventos: (i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales mediante acciones u omisiones de los operadores jurídicos que desconozcan de manera grave o inminente tales derechos(18), no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales(19). Esta segunda hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de presentación de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la protección constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la actuación constitucional resulta generalmente transitoria.
3.3. El segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, el de inmediatez, reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de tutela(20). Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además la seguridad jurídica.
3.4. Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se requiere que se consolide en la decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que esta corporación ha encontrado “una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial”(21). Tales defectos, en consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:
(ii) Se produce un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, —en una dimensión negativa—, que se omitió(33)la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez(34). En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”(35). En una dimensión positiva, el defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución”(36). Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29)(37). En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia(38)”(39).
(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento establecido(40), es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”(41), con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado(42).
4.1. El artículo 43 de la Carta Política estableció que “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. En desarrollo del anterior artículo, fue promulgada la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”, que en el inciso 2º del artículo 2º dispuso que “(...) es mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, efectiva, económica o socialmente, en forma permanente hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
El Decreto 190 de 2003 que reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, señala que la madre cabeza de familia sin alternativa económica es la “mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada”.
La Corte ha considerado jurisprudencialmente que el concepto de miembro cabeza de familia podría ser igualmente aplicado al padre que se encuentre en similares circunstancias a la mujer, con base en el interés superior consagrado en el artículo 44 de la Carta Política respecto de los derechos fundamentales de los niños(47). En Sentencia SU-389 de 2005(48), esta corporación unificó su jurisprudencia acerca de los requisitos y beneficios aplicables a los “padres cabeza de familia”. En dicha providencia, la Corte manifestó que será tenido como padre cabeza de familia, no solo el que provea los recursos económicos para asegurar unas condiciones mínimas de subsistencia de sus hijos, sino aquél que demuestre ante las autoridades competentes, que cumplía con algunas de las siguientes condiciones:
“(i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo dq1e procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos.
(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición. En efecto, de conformidad con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 82 de 1993: “esta condición (la de mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de familia) y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto, se causen emolumentos notariales a su cargo”(49).
4.2. En materia penal, la Ley 750 de 2002(50), estipuló que cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, previo el lleno de los requisitos allí exigidos, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de su residencia, institución consignada en el artículo 38 del Código Penal que regula la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión(51).
En Sentencia C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)(52), la Corte explicó que la medida concreta que eligió el legislador para desarrollar los mandatos constitucionales de defensa a la mujer cabeza de familia, a la niñez y a la familia, es permitir que las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en un centro de reclusión penitenciaria cumplan la condena en su lugar de residencia. De esta manera podrán atender sus responsabilidades como cabezas de la familia y no dejar desprotegidos y entregados a su suerte a sus hijos o demás personas a su cargo, siempre y cuando: (i) sea lo mejor en el interés superior del menor y (ii) no represente un peligro o amenaza para los derechos de los demás y la tranquilidad de la sociedad.
En la mencionada sentencia, la Corte reconoció el derecho de prisión domiciliaria en los términos en que está consagrado en la Ley 750 de 2002 a aquellos hombres que se encuentren en la misma situación, de hecho, que una mujer cabeza de familia que esté encargada del cuidado de niños, y cuya presencia en el seno familiar sea necesaria, puesto que efectivamente los menores dependen, no económicamente, sino en cuanto a su salud y su cuidado, de él. Así se garantiza la posibilidad de que se cumpla el deber que tienen los padres en las labores de crianza de sus hijos “alejándose del estereotipo según el cual, el cumplimiento de este deber sólo es tarea de mujeres y tan sólo a ellas se les pueden reconocer derechos o beneficios para que cumplan con dichas labores. Con esta decisión se asegura a la vez, que los titulares del derecho realmente se lo merezcan, en razón a que es lo mejor en el interés superior del niño, no una medida manipulada estratégicamente en provecho del padre condenado que prefiere cumplir la pena en su residencia. Compete a los jueces penales en cada caso velar porque así sea”.
4.3. El concepto del interés superior del menor, plasmado así en el artículo 44 CN: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”, constituye un principio orientador para la resolución de los conflictos que involucren a un niño(53). Desde ésta perspectiva, el menor se hace acreedor de un trato preferente que obedece a su caracterización jurídica como sujeto de especial protección. En virtud de la condición de prevalencia de los derechos de los niños, cuando un derecho de un menor se enfrenta al de otra persona, si no es posible conciliarlos, aquel deberá prevalecer sobre éste. Ahora bien, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, ningún derecho es absoluto en el marco de un Estado social de derecho, por lo que es posible que en ciertos casos el derecho de un menor tenga que ser limitado(54).
En la Sentencia C-997 de 2004, en relación con el interés superior del menor, la Corte Constitucional precisó que las autoridades administrativas y judiciales, encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares, cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés. Esto implica que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección, deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones(55).
4.4. De la misma forma, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004(56) modificado por la Ley 1142 de 2007, prevé que la detención preventiva en establecimiento carcelario, como medida de aseguramiento, puede sustituirse por la del lugar de residencia en determinados eventos(57).
Corresponde al juez penal verificar que quien reclama tal beneficio cumpla con los siguientes requisitos: (i) que el delito que se le imputa no esté excluido expresamente; vale decir, que no se trate de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, extorsión, secuestro, o desaparición forzada; (ii) que no registre antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos; (iii) Que sea una mujer o un hombre cabeza de familia; (iv) que el desempeño personal, laboral, familiar o social del procesado permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente(58).
5. Ausencia de desconocimiento del interés superior de la menor por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
Como lo ha dicho la Corte Constitucional, en la valoración del defecto fáctico, no corresponde al juez de tutela convertirse “en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(59), ni tampoco realizar una nueva valoración del acerbo probatorio para emitir otro juicio, sino examinar si en el caso concreto, el juez cuestionado actuó de manera arbitraria.
“Es evidente, por que así lo conceptúa el forense que Leidy Diana Ramirez Suarez, compañera permanente de Jeiner Guilombo Gutiérrez y madre de una menor de edad, común hija de estos, i) se halla afectada por un trastorno de personalidad límite, con actual descompensación sintomatológica, ii) que tiene preservado su rol de madre, que iii) el trastorno de personalidad que tiene esta no se considera en términos psiquiátricos forenses como una incapacidad permanente de orden mental para ejercer el rol de madre, y iv) en virtud de la sintomatología persistente de esta, a pesar del tratamiento psiquiátrico instaurado, se sugieren cambios y ajustes, con inclusión en un programa interdisciplinario en salud mental ambulatorio”(60).
"podemos decir que la examinada tiene un diagnóstico psiquiátrico denominado trastorno de personalidad límite que se caracteriza por una alteración en su auto imagen e identidad, un estado afectivo sensible al estrés del medio social, una impulsividad que le hacen proclive a autolesionarse a ella misma y en ocasiones a los demás y una tendencia a tener ideas paranoides transitorias de persecución como respuesta al gran estrés. Este trastorno de personalidad límite no se considera desde el punto de vista psiquiátrico una enfermedad mental sino como la forma de verse así misma y de relacionarse con el medio, que en algunos momentos de estrés puede tener un sufrimiento psicológico significativo o disfunción en algún área de funcionamiento. Dado que el diagnóstico de trastorno de personalidad límite no altera por sí mismo su prueba de realidad de manera permanente sino solo como respuesta al gran estrés, este diagnóstico no compromete su capacidad de asumir su rol de madre y no se considera en términos psiquiátrico forenses como una incapacidad permanente de orden mental”(61).
"m) Sí es posible que en la descompensación sintomatológica de la examinada la interacción con su hija se pueda ver interferida y esta es una de las razones para brindar el máximo de eficiencia del tratamiento para apoyar el retorno del equilibrio psicológico, pero esta interferencia no es equivalente a la ausencia del rol y de la función mental compleja materna. Como se planteó en el informe inicial, se resaltó que la examinada Leidy Diana logra pensar sus síntomas, logra hacer consciente las implicaciones de sus síntomas en la relación con su hija y alcanza a darle a estos pensamientos un sentido adverso, ella identifica que eso no es lo que ella quiere para su hija, esto traduce que en la adversidad de la crisis hay rol y función mental compleja de madre, lo que se requiere es apoyar al máximo esta función materna por un tratamiento integral que ofrezca mayores posibilidades de cambio que el tratamiento que venía instaurándose(62)".
p) El trastorno de personalidad es una entidad psiquiátrica, no considerada como un trastorno o enfermedad mental, de difícil diagnóstico como quedó ampliamente explicado en el informe inicial….”(63).
Así, de las declaraciones rendidas ante notario, y allegadas a esta causa, se pone de presente el trauma que como es lógico generó la privación de libertad de Guilombo Gutiérrez, para su núcleo familiar, pero nada se dice en torno a que su menor hija quedara expuesta al abandono. En concreto manifiesta Laidy Diana Ramírez Suárez, que, “me devuelvan a mi compañero pues mi situación económica es agobiante, pero abogo por mi hija, pues ella necesitar (sic) un tratamiento psicológico con su padre y su salud mental está en riesgo, espero sean escuchadas mis suplicas y velen por el bienestar de mi hija que tanto necesita de su padre"(64), quien a la postre refiere un problema “psicológico” en su hija, no en ella. En el mismo sentido declaran Jhon Edwar Zuluaga Holguín(65) y Carmen Tulia Suárez de Zuluaga(66), los que refieren la afectación que ha traído la privación de libertad de Guilombo Gutiérrez, que se reitera es connatural a situaciones de tal naturaleza, pero no hacen referencia a un estado de abandono de la menor o el peligro que le represente la salud de su progenitora.
"La presencia de sintomatología psiquiátrica no invalida el rol de madre, esta afirmación es resultado de un racionamiento lineal, simplificado y automático, de ser así todas las personas que han presentado síntomas psiquiátricos y todas las personas que presentan trastornos de personalidad no podrían criar a sus hijos por ausencia del rol de madre y este presupuesto o generalización es falsa(67)".
“Se concluye de lo anterior que, si bien es cierto la progenitora de la menor hija del encausado padece de un trastorno de personalidad, el mismo no la inhabilita para ejercer su rol de madre —aun cuando es evidente que se deben introducir cambios en su tratamiento para maximizar los efectos terapéuticos— y por ende, la menor no se halla en condiciones de abandono y desprotección, que ameriten la concesión del beneficio otorgado.
“No ha de predicarse entonces para estos efectos la condición de padre cabeza de hogar para Jeiner Guilombo Gutierrez, sustento sobre el cual se edificó la detención domiciliaria concedida, toda vez que Leydi Diana Ramirez Suarez, madre de su menor hija no se halla incapacitada mentalmente”(68).
De conformidad con el informe psicológico practicado con posterioridad por el equipo multidisciplinario del Centro Zonal del ICBF el 28 de julio de 2010 para atender el requerimiento de la Corte Constitucional, obrante a folio 26 del cuaderno 2 del expediente, la progenitora se encuentra tomando sus medicamentos, cumple adecuadamente con el rol de madre y ha desarrollado los mecanismos de ajuste necesarios para lograr el equilibrio y protección para su hija, el hijo por nacer y ella misma.
De conformidad con el informe psicológico practicado con posterioridad por el equipo multidisciplinario del Centro Zonal del ICBF el 28 de julio de 2010 para atender el requerimiento de la Corte Constitucional, obrante a folio 26 del cuaderno 2 del expediente, y ha desarrollado los mecanismos de ajuste necesarios para lograr el equilibrio y protección para su hija, el hijo por nacer y ella misma.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema que confirmó la sentencia proferida el 19 de enero de 2010 por la Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia que negó la acción de tutela interpuesta por Jeiner Guilombo Gutiérrez a través de apoderado judicial contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial, por considerar que no se había incurrido en una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la prevalencia del interés superior de los niños alegados por el actor.
2. INSTAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a establecer un proceso de seguimiento periódico a la señora Leydi Diana Ramírez con el fin de verificar que continúa ejerciendo adecuadamente su rol parental, mientras permanezca privado de la libertad el señor Jeiner Guilombo Gutiérrez.
(1) Folio 06 del cuaderno principal. En adelante, los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario.
(2) Según lo afirma el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión en el escrito de respuesta a la acción de tutela. Folio 178.
(3) Folio 191.
(4) Folio 211.
(5) Cfr. Folios 55 y 56, cuaderno principal. Mediante escrito del 1º de septiembre de 2010, el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, se negó a resolver la solicitud, por no contar “con personas contratadas que puedan atender la solicitud de la referencia” y por considerar que “las personas que se encuentran obligadas a rendir dictámenes psiquiátrico forenses en esta ciudad capital son en primera instancia los psiquiatras peritos de planta de la nómina del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en segundo lugar, los psiquiatras que sean funcionarios públicos,” a lo cual agregó “cabe notar que ya el Estado colombiano cuenta con alrededor de unos 50 peritos psiquiatras pertenecientes a la nómina de planta del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales están en la capacidad de resolver todo tipo de cuestionarios enviados por las autoridades (sic) incluidas las objeciones y ampliaciones solicitadas, así como también existe una nómina numerosa de psiquiatras que trabajan con las Fuerzas Militares y otros que laboran en la Secretaría de Salud de Bogotá, todos ellos funcionarios públicos que bien pueden disponer del tiempo necesario para la práctica de una experticia psiquiátrica que requiere de bastante dedicación y diligencia como la solicitada con un cuestionario tan extenso, teniendo en cuenta que la gran responsabilidad que se asume pone en riesgo muchas veces no solo la integridad personal del perito sino también que el dictamen expedido es definitivo para la vida de las personas comprometidas en el proceso que se atienda”.
(6) Folio 13 del cuaderno de la Corte.
(7) Folio 24 del cuaderno de la Corte.
(8) Folio 65.
(9) Consultar al respecto, entre otras, las sentencias C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero); T-079 de 1993(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-483 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-458 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Hernando Herrera Vergara); SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería); SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra); T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-029 de 2004 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-1157 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); T-778 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-237 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-448 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-510 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); T-953 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); T-104 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); T-387 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-446 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-825 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-1066 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-243 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-266 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); y T-423 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(10) Ver las sentencias T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas); y T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), entre otras.
(11) Da cuenta de esta evolución la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(12) Ver las sentencias T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-742 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas) y T-606 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
(13) Sentencia SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(14) Sentencias C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero); T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-511 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y T-108 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
(15) Sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(16) Sentencia T-116 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(17) Sentencias T-440 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(18) Sentencia T-1009 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(19) Sentencias SU-1159 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis) y T-578 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(20) Sentencia T-578 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(21) Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(23) Sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(24) Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
(26) Sentencia SU-1185 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, SV. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández).
(27) Ver las sentencias T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-1285 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(28) Ver las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet); T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(29) Sentencias T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1285 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(30) Sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(31) Sentencias T-1285 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-193 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(32) Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1625 de 2000 (Martha Victoria Sáchica Méndez), T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-047 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(33] Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araú.jo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
(35) Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
(37) Ver la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
(38) Cfr., Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(39) Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
(41) Sentencia SU-1185 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, SV. Manuel José Cepeda espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández).
(42) Ver la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
(43) Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
(44) Ver, entre otras, las Sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(45) Sentencia T-1285 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(47) Para los efectos del presente proceso resulta relevante recordar que la jurisprudencia de la Corte ha precisado que la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los "niños" ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años. Así lo explicó esta Corporación en la Sentencia C-092 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), en la que examinó el alcance de las expresiones niño, adolescente y menor, a que alude la Constitución en diferentes artículos, así como a las referencias que a ellos se hacen en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional y concluyó que en Colombia, los adolescentes gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños y que en este sentido todo menor de 18 años tiene derecho a la protección superior establecida en la Carta. La Corte ha reiterado esta doctrina entre otras en las Sentencias C-247 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-015 de 2004 y T-853 de 2004.
(48) Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
(49) Sentencia SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería, AV. Jaime Araújo Rentería).
(50) El artículo 1° de la Ley 750 de 2002, consagra que: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: // Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente. // La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos. // Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: // Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia. // Observar buena conducta en general y en particular respecto de las personas a cargo. // Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello. //Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del Inpec. // El seguimiento y control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez, autoridad competente o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia con apoyo en el Inpec, organismo que adoptará entre otros un sistema de visitas periódicas a la residencia de la penada para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo”.
(51) El artículo 38 del Código Penal estipula lo siguiente: “La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: || 1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos. || 2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. || 3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia. 2) Observar buena conducta. 3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo. 4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del Inpec. || El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará, entre otros, un sistema de visitas periódicas a la residencia del penado para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo. || Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de prisión. || Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia, se declarará extinguida la sanción”.
(52) En dicha sentencia, la Corte declaró exequibles los apartes demandados del artículo 1° de la Ley 750 de 2002, en el entendido que cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá ser concedido por el juez a los hombres que se encuentren en la misma situación que una mujer cabeza de familia, para proteger “el interés superior del hijo menor o del hijo impedido”.
(53) Sentencia T-900 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(54) Sentencias C-157 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, AEV. Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett y Jaime Córdoba Triviño) y C-1003 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(55) Sentencias T-397 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-293 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez).
(56) En sentencia C-154 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, AV. Jaime Araújo Rentería), la Corte declaró inexequible las expresiones “de doce (12) años” y “mental” contenidas en el numeral 5° del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, “no porque llanamente establezca una diferencia de trato entre los menores de 12 años y los mayores de esa edad, pues dicha diferencia de trato no es prohibida por los textos constitucionales y, en cambio, algunas normas legales avaladas por la Corte lo permiten, sino porque esa diferencia de trato en el caso de la norma sub judice reduce injustificada y desproporcionadamente el esquema de protección prevalente del menor de 18 años. No obstante, el juez deberá verificar en cada caso concreto que efectivamente se cumplan las condiciones de desprotección del menor para conceder el beneficio de la detención preventiva domiciliaria, es decir, debe tener en cuenta, siempre que analice su procedencia, el interés superior del menor”.
(57) Señala el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, a propósito de los casos en que una medida de detención preventiva con medida de aseguramiento, puede sustituirse por la del lugar de la residencia: “1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. || 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. || 3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento. || 4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. || El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital. || 5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. || La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5º. || En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez. || El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec, el cual realizará un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por el juez se puedan adoptar las correspondientes acciones”.
(58) Ver sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, julio 16 de 2003, Rad. 17089. M.P. Edgar Lombana Trujillo.
(59) Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(60) Conclusión del dictamen médico legal obrante a folios 20 a 28 del cuaderno Original 28 de juzgamiento.
(62) Folio 67 cuaderno original 28 juzgamiento.
(64) Folio 57, cuaderno 16 de juzgamiento.
(65) Folio 56 ídem: "Por el conocimiento que de esta tengo me constan que es la madre de Mariana Guilombo Ramirez de 3 años de edad, Leidy Diana Ramirez Suarez vive sola con su hija, no tiene ningún familiar cercano en Bogotá y le toca sola, vivía muy bien con su esposo Jeiner Guilombo 2quien es un excelente hombre y se veían muy unidos, siempre estaban juntos, aun bajo las circunstancias el esta con ella y la menor Mariana es demasiado apegada a su papá".
(66) Folio 58 ídem: "Declaro que el señor Jeine es una buena persona, convive con la sobrina mía de nombre Leidy Diana Ramírez y de esa unión procrearon una hija de nombre Mariana, manifiesto que mi sobrina y su hija se encuentran afectados por lo que sucede con su compañero sobre todo su hija y declaro que ella y su hija no tienen apoyo económico de nadie, ella reside en Bogotá o sea muy alejada de la familia no tiene ingresos de ninguna clase ya que no labora y su madre falleció hace tres años y se encuentra sola".
(67) Folio 17 de Cuaderno original 28 de juzgamiento.
(68) Ordinal t, ampliación dictamen folio 18 cuaderno citado 20 numeral 111, ídem.