Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970212-23-06-1999-96601
Timestamp: 2020-07-14 22:25:47
Document Index: 209117809

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 36', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 51']

Resolución de TEAF Navarra, 970212, 23-06-1999 | Iberley
Se solicita la exención de gravamen de cantidad percibida en concepto de finiquito como consecuencia de expediente de regulación de empleo, solicitando subsidiariamente cálculo de la cantidad de gravamen y con oposición a los intereses de demora. Se desestima el recurso al reiterarse el criterio del Órgano, que señala que la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. En cuanto a la pretensión subsidiaria, considera que el tratamiento de renta irregular dado por la sección a la renta percibida, es correcto, al igual que lo adoptado con respecto a los intereses de demora dado su carácter reparatorio o resarcitorio del daño padecido por la Administración.
Exención de gravamen de finiquito derivado de expediente de regulación de empleo, con pretensión subsidiaria de cálculo de la cantidad de gravamen y con oposición a los intereses de demora.
Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y año 1995.
PRIMERO.- El ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (?)/95) por el Impuesto y año de referencia en 23 de abril de 1996, resultando de la misma una cantidad a devolver de 810.495 pesetas, como consecuencia de exceso de retenciones y pagos a cuenta (888.202 pesetas) respecto de la cuota líquida (77.707 pesetas).
SEGUNDO.- Practicada liquidación provisional modificativa de la primitiva declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1997, insistiendo en su pretensión de que sea declarada exenta de gravamen en su totalidad la cantidad que le fue abonada en concepto de finalización de su relación laboral con la empresa "(...)" (ahora (...)), puesto que fue fijada en Convenio Colectivo; y añadiendo, subsidiariamente las siguientes consideraciones: que el único límite legal indemnizatorio establecido es el 45 días por año de trabajo, fijado para el despido improcedente; que no se ha tenido en cuenta que en Acta anexa al Convenio Colectivo se dice expresamente que la indemnización satisfecha habrá de acogerse a lo dispuesto en materia de exenciones en el artículo 10 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; que resulta improcedente la exigencia de intereses de demora en el caso; que el interesado cobró cantidades computadas como tres anualidades, por lo que debe tomarse la indemnización percibida como renta irregular; que, con todo, tampoco se ha calculado correctamente la cantidad imputable en concepto de renta según el criterio de la Administración. Solicita, pues, sea tomada en consideración la petición principal o, en su caso, las accesorias.
SEGUNDO.- A la vista de los documentos obrantes en el expediente se deduce que la indemnización del caso proviene de finalización de la relación laboral del interesado con la empresa "(...)" (ahora (...)) como consecuencia de expediente de regulación de empleo. Procede, pues, en primer lugar, observar si resulta de aplicación al caso la Disposición Adicional Tercera de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo tenor literal es el siguiente:
SEXTO.- Por último, en cuanto a la virtualidad que haya de atribuirse al contenido de acta complementaria del convenio colectivo de "(...)" para el período 1994-1996, publicado en el Boletín Oficial de Navarra el (...) de 1995, ha de empezar por decirse que la dicha acta determina expresamente que "al personal que extinga su relación laboral con la Empresa como consecuencia de expediente de regulación de empleo tramitado en cumplimiento del Plan de Competitividad de la (...) en virtud de acuerdo suscrito el (?).93 entre la Corporación de (...) y la representación sindical, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo". Pues bien: dicha mención por sí sola carece de toda virtualidad a los efectos de lograr la pretendida exención de las indemnizaciones derivadas del mencionado expediente de regulación de empleo ya que se trata de un pacto que está fuera del contenido negocial posible, puesto que se trata de materia indisponible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo tenor "la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos o convenios no surtirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas". Es decir, el convenio colectivo no puede establecer cuándo una indemnización por despido o cese está o no exenta, hasta el punto de que han de tenerse por no puestas en el convenio colectivo cláusulas del tenor de la que es objeto de nuestro examen. Lo que sí puede hacer el convenio es establecer el derecho de los trabajadores a percibir unas determinadas indemnizaciones en estos supuestos de despido, en cuyo caso ya vendrán las normas tributarias a determinar conforme a su propia metodología calificatoria (artículo 25 de la Ley General Tributaria) si las tales indemnizaciones se hallan exentas o no según lo dispuesto en el tantas veces citado artículo 10.c) de la Ley Foral 6/1992. En definitiva, no se puede pretender "a posteriori" (es decir, a través del acta complementaria a que más arriba hemos aludido) mudar la naturaleza de las cosas, sino que los hechos y actos jurídicos deben calificarse con fundamento en las circunstancias que los rodearon al tiempo de su surgimiento. Ello nos impide, por tanto, atender esta pretensión del interesado.
SEPTIMO.- Visto ya que los pedimentos principales en materia de exención de la indemnización percibida no han sido atendidos, ha de hacerse referencia ahora a los subsidiarios, relativos fundamentalmente a los cálculos realizados con fundamento en la indemnización percibida. Y así ha de verse que de los 9.096.723 pesetas percibidas por el interesado en el año a que se contrae el recurso (y de una sola vez, por lo que la íntegra imputación al año 1995 se estima correcta: otra cosa es que la indemnización se fije en función del salario anual del sujeto pasivo) en concepto de indemnización y que corresponden a tres anualidades de su salario, ya se había declarado por la Sección gestora la exención de una anualidad (conforme a lo prescrito en el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores, que, como hemos visto en Fundamento de Derecho anterior es aplicable al caso interpretando a contrario sensu el contenido de la Disposición Adicional Tercera de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo) y es por ello que en los cálculos se parte de 6.604.482 pesetas. A dicha cantidad la Sección gestora le ha restado 145.579 pesetas en concepto de gastos de difícil justificación, de lo que resulta un rendimiento neto de 5.918.903 pesetas, que, de conformidad con lo previsto en los artículos 55.1.b), 59.1.c) y 60 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se divide entre el número de años de permanencia del sujeto pasivo en su empresa (en el caso, 25), de lo que resulta un cociente de 236.756 pesetas que pasan a formar parte de la base imponible regular, mientras que los restantes 5.682.147 pesetas se integrarán en la base imponible irregular. Por ello se estima que las operaciones llevadas a cabo en fase de liquidación son totalmente correctas.
OCTAVO.- Por último, por lo que se refiere a la exigencia de intereses de demora respecto de la deuda tributaria resultante de la liquidación provisional desde la fecha del final del plazo ordinario de declaración e ingreso, ha de señalarse que, en la actualidad, la liquidación provisional practicada por la Administración dentro del sistema de autoliquidación implantado a partir de 1978 no tiene la misma naturaleza que las que practicaba en tiempos pretéritos: así como las liquidaciones de antaño se confeccionaban exclusivamente por la Administración con fundamento en los datos declarados por el interesado y en aquellos otros que obraban en su poder y sólo entonces podía decirse que se había fijado la deuda tributaria, actualmente el sistema de autoliquidación exige del sujeto pasivo no sólo la declaración de los hechos imponibles, sino también la aplicación de la normativa y la fijación de la deuda tributaria (actuación que, sin embargo, no puede incardinarse en la categoría de los actos administrativos, porque no proviene de la Administración). Así que la deuda debe quedar fijada e ingresada en el oportuno plazo de presentación de declaraciones. La posterior actuación de la Administración tiene un puro carácter revisor de las actividades llevadas a cabo por los sujetos pasivos y no de fijación primera de la deuda tributaria, como ocurría con el sistema anterior. Y teniendo los intereses de demora un puro carácter reparatorio o resarcitorio del daño padecido por la Administración al haber dejado de ingresar en tiempo oportuno las cantidades adeudadas, no cabe sino estimar correcta la exigencia en el caso de intereses de demora desde el día siguiente a aquél en que vence el plazo ordinario para la presentación de la declaración e ingreso de la deuda tributaria resultante de la misma.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra liquidación provisional número (?) practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1995, confirmándose dicha liquidación en todos sus extremos.