Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20043970
Timestamp: 2019-07-23 15:31:26
Document Index: 28972997

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 41', 'Artículo 102', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 120', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 120', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 488', 'artículo 151', 'Artículo 488', 'Artículo 151', 'Artículo 41', 'artículo 505', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 41', 'Artículo 151', 'Artículo 488', 'Artículo 488', 'Artículo 41', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 76', 'Artículo 41', 'Artículo 120']

C-916 de 2010
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020043970CC-SENTENCIAC916201016/11/2010CC-SENTENCIA_C_916__2010_16/11/2010200439702010SENTENCIA C-916/10 (Noviembre 16; Bogotá DC) ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESCRIPCION ESPECIFICA EN MATERIA LABORAL- No desconoce los derechos al trabajo, igualdad y demás garantías constitucionales de los trabajadores DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer asuntos que no tienen naturaleza ni fuerza material de ley INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA -Procedencia excepcional/ INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA- Hipótesis La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando se torna indispensable para evitar un fallo inocuo o cuando resulta necesaria para poder efectuar un pronunciamiento de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, es factible realizar una integración de la proposición normativa y ampliar el control a otros aspectos normativos cuyo análisis sea indispensable para decidir de fondo la cuestión planteada. Sobre este extremo se presentan, en suma, dos hipótesis. De una parte, la Corte puede ampliar su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda, en el evento en que las expresiones demandadas carezcan de un contenido deóntico claro, unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas. En tal caso, debe precisarse el alcance del precepto demandado mediante la inclusión en el juicio de constitucionalidad de otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la "proposición jurídica completa". La segunda hipótesis se presenta cuando "[l]as normas (…) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa". En esta última circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación "íntima e inescindible" entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última. La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Configuración/ PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL - Término/OPORTUNIDAD EN DERECHO-Concepto/ PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL- Contenido/ PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO -Conveniencia/ PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO -Finalidad Referencia: expediente D-8137
Mauricio González CuervoD8137CONSTITUCIONALIDADSamir Alberto Bonnet Ortiz.Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 488 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, 151 (parcial) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 (parcial) del Decreto 3135 de 1968 y 102 (parcial) del Decreto 1848 de 1969.Identificadores20020043971true64908Versión original20043971Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 488 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, 151 (parcial) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 (parcial) del Decreto 3135 de 1968 y 102 (parcial) del Decreto 1848 de 1969.
SENTENCIA C-916/10
(Noviembre 16; Bogotá DC)
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESCRIPCION ESPECIFICA EN MATERIA LABORAL-No desconoce los derechos al trabajo, igualdad y demás garantías constitucionales de los trabajadores
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer asuntos que no tienen naturaleza ni fuerza material de ley
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Procedencia excepcional/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Hipótesis
La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando se torna indispensable para evitar un fallo inocuo o cuando resulta necesaria para poder efectuar un pronunciamiento de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, es factible realizar una integración de la proposición normativa y ampliar el control a otros aspectos normativos cuyo análisis sea indispensable para decidir de fondo la cuestión planteada. Sobre este extremo se presentan, en suma, dos hipótesis. De una parte, la Corte puede ampliar su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda, en el evento en que las expresiones demandadas carezcan de un contenido deóntico claro, unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas. En tal caso, debe precisarse el alcance del precepto demandado mediante la inclusión en el juicio de constitucionalidad de otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la "proposición jurídica completa". La segunda hipótesis se presenta cuando "[l]as normas (…) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa". En esta última circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación "íntima e inescindible" entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última. La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración/PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL -Término/OPORTUNIDAD EN DERECHO-Concepto/PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL-Contenido/PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO-Conveniencia/PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO-Finalidad
Referencia: expediente D-8137
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 488 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, 151 (parcial) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 (parcial) del Decreto 3135 de 1968 y 102 (parcial) del Decreto 1848 de 1969.
Actor: Samir Alberto Bonnet Ortiz.
1. Textos normativos demandados (objeto de revisión).
El ciudadano Samir Alberto Bonnet Ortiz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 488 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, 151 (parcial) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 (parcial) del Decreto 3135 de 1968 y 102 (parcial) del Decreto 1848 de 1969. Las normas en cuestión son las siguientes (apartes demandados con subraya):
ARTICULO 488.REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
DECRETO-LEY 2158 DE 1948[2]
ARTICULO 151.PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.
"DECRETO 3135 DE 1968
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
"DECRETO 1848 DE 1969
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 de la Constitución Nacional, subrogado por el artículo 41 del acto legislativo No.1 de 1968,
Artículo 102º.- Prescripción de acciones.
2. Demanda: cargo y pretensión.
2.1. Cargo: vulneración de los artículos 53 y 93 de la Constitución por el desconocimiento del artículo 12 numeral 2 del Convenio 95 de la OIT.
- La regla general es que el trabajador no demanda a su empleador para pretender sus derechos sociales, estando vigente la relación laboral, por miedo: le puede significar la pérdida del trabajo -terminación del contrato- y el sustento personal y familiar. A pesar de que teóricamente puede presentar la demanda, la realidad es otra, y la cifra de desempleo así lo indica. La prescripción extintiva se estableció para sancionar la inactividad por negligencia. En este caso, la inacción del trabajador es una especie de estado de necesidad -el temor de perder el empleo- de continuar devengando un salario para vivir dignamente. Luego, esta inactividad no se debe sancionar con la prescripción, en desarrollo de valores y principios constitucionales.
- El Convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT[3], establece en el artículo 12 numeral 2: "Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo arbitral, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato". Así, al obligar al "ajuste final de todos los salarios debidos", el Convenio impuso un límite a los Estados partes en cuanto a la regulación de la prescripción, buscando que el trabajador reciba el pago de todos los salarios debidos. En otras palabras, ha de entenderse que el propósito es que la extinción de la obligación del empleador sea por pago, y no por otro modo, como la prescripción. Por ende, se viola el Convenio 95 con un régimen de prescripción que, llegada la terminación del contrato de trabajo, no hace posible que el trabajador obtenga el "ajuste final de todos los salarios debidos".
2.2. Pretensión: El actor solicita se declare la inexequibilidad de los apartes subrayados contentivos en las normas demandadas, por considerarlos que vulneran los artículos 1, 2, 5, 25, 48, 53 y 93 de la Constitución Política; y el artículo 12 numeral 2 del Convenio 95 sobre la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo, de 1949.
3.1. Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Es indispensable determinar si la ley social colombiana contempla una prescripción sustantiva o adjetiva, pues una cosa es la prescripción del derecho que tiene como efecto que lo extingue y otra distinta es la prescripción de la acción, que no extingue el derecho y que permite plantear la prescripción como excepción procesal. Es importante resaltar que dentro de los derechos sociales no existe norma general que prevea la prescripción extintiva del derecho, esto significa que no hay prescripción sustantiva, sino que por el contrario lo que existe es prescripción de la acción. Los artículos demandados del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social se refieren a la prescripción de las acciones y por ende, se hace con la intención de permitir que procesalmente sólo se pueda atacar la acción y no los derechos.
La prescripción en todas sus formas es una institución válida en el estado social de derecho que conlleva indiscutiblemente a brindar garantía jurídica. Por tal razón, no es admisible la declaratoria de inconstitucionalidad.
3.2. Ministerio de Protección Social.
El legislador goza de un amplio margen de configuración de los requisitos, condiciones y términos para el ejercicio de acciones laborales; para ello debe ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Empezar a contar el término de prescripción cuando termina la relación laboral, como lo pretende el accionante, podría prolongar la acción en el tiempo, perdiendo con ello el principio de inmediatez y de seguridad jurídica, la cual es de interés general y por lo tanto prevalente. Por ende, el término de prescripción como el momento a partir del cual se inicia dicho término, previsto en las disposiciones acusadas, es razonable y proporcional a las necesidades que permiten garantizar la oportunidad en el ejercicio de la acción, así como la seguridad jurídica y la vigencia del orden justo. La afirmación de por el hecho de presentar un trabajador una demanda y/o un escrito para interrumpir el término de prescripción, será despedido, carece de sustento jurídico alguno y se basa en una simple suposición y temor.
3.3. Universidad del Rosario (Extemporánea).
El término de prescripción es adecuado con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo en la medida en que no se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta; simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. Sumado a lo anterior, es importante determinar que el mismo trabajador puede interrumpir el término de prescripción, haciendo extensivo dicho plazo hasta por tres años. Debe resaltarse que, así como es lesivo para el trabajador el no pago de las prestaciones derivadas del contrato de trabajo, resulta oneroso para el empleador tener una prestación indefinida en el tiempo; además, el trabajador tiene a su favor, para hacer el efectivo reconocimiento de derechos e indemnizaciones, la falta de ánimo del empleador para reconocer las mismas - el animus probando-; en ese orden de ideas, la prescripción protege ambos intereses, generando un equilibrio entre las partes. Por lo anterior, deben declararse exequibles las normas acusadas.
4. Concepto de la Procuraduría General de la Nación[4]
4.1. El Decreto 1848 de 1969, al haber sido expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confería el numeral 3º del artículo 120 de la Constitución de 1886, es un decreto reglamentario. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 237.2 y 241 superiores, este tipo de decreto no está sujeto al control de la Corte Constitucional, sino al del Consejo de Estado. Por lo tanto, la Corte carece de competencia para conocer de la demanda contra el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y debeinhibirse de estudiar de fondo la constitucionalidad de éste. Además, El actor señala como infringidos los artículos 5 y 48 superiores, pero omite señalar las razones concretas por las cuales estima infringidas estas normas, de donde se sigue una ineptitud sustantiva de la demanda y la inhibición de los precitados artículos.
4.2. Las normas acusadas no se refieren a la prescripción de los derechos, sino a la de las acciones derivadas de una relación de trabajo, fenómeno que ocurre luego de tres años contados a partir de la fecha en la cual la obligación se hace exigible. Como lo dice la Corte en la Sentencia C-745 de 1999, es necesario diferenciar entre el derecho constitucional a trabajar, el cual es imprescriptible, y el derecho a interponer una acción concreta derivada de la relación laboral, que puede estar sometida a la regulación legal de un plazo. Como se dice en la sentencia mencionada, "el Legislador goza de un amplio margen de configuración de los requisitos, condiciones y términos para el ejercicio de las acciones laborales... Sin embargo, la libertad de configuración política del Congreso no significa arbitrariedad en la determinación de las particularidades de la acción laboral, pues la Constitución limita su acción dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad a los que debe ajustarse el Legislador". (Subraya fuera de texto).
Visto lo anterior, la prescripción es un modo válido de extinguir las acciones laborales. Lo es porque si bien el derecho a trabajar no prescribe, las acciones pueden tener un plazo, y el legislador goza de un amplio margen de configuración para establecer, de manera razonable, los requisitos, condiciones y términos para el ejercicio de las acciones laborales. En el presente caso su conducta no es irrazonable o desproporcionada, pues la prescripción no puede empezar a contarse antes de que la obligación sea exigible, ni tampoco puede postergarse en el tiempo unos días, meses, años, o hasta tanto la relación termine.
4.3. En relación con la posible violación del Convenio 95 de la OIT, la simple lectura de la parte pertinente del mismo basta para comprender de qué manera se debe efectuar el ajuste final de todos los salarios debidos, pues el Convenio dice expresamente que dicho ajuste debe hacerse "de conformidad con la legislación nacional". Si el Convenio deja en manos de la ley de cada Estado señalar la manera en que debe comenzar a correr la prescripción de las acciones, y si el Estado lo hace de manera razonable, la acusación de inconstitucionalidad no puede prosperar.
4.4. La Corte deberá declararse (i) inhibida para fallar en relación con la demanda interpuesta por el actor contra el artículo 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, (ii) declararse inhibida para decidir de fondo en relación con la posible vulneración de los artículos 5 y 48 superiores y (iii) declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas, contenidas en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 41 del Decreto 3135 de 1968, por los cargos analizados.
Esta Corporación deberá determinar ¿Si el establecimiento de un término trienal de prescripción de la acción laboral -contado a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible- violenta de alguna forma el derecho al trabajo
A diferencia del Decreto 3135 de 1968, que fue dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la ley 65 de 1967[5], el Decreto 1848 de 1969 "por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de1968" se expidió en uso de las facultades otorgadas al Presidente de la República a través del ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1886, subrogado por el artículo 41 del acto legislativo No.1 de 1968[6]. Dicha norma establecía como facultad del Presidente en su calidad de Jefe de Estado y Suprema autoridad administrativa, la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria expidiendo órdenes, decretos y resoluciones para la cumplida ejecución de las leyes. En consecuencia, esta Corte no es competente para conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 del referido decreto, por cuanto dicho contenido normativo no tiene la naturaleza de ley ni tampoco fuerza material de tal. (Art. 241, numerales 4° y 5° C.P).
4.1. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando se torna indispensable para evitar un fallo inocuo o cuando resulta necesaria para poder efectuar un pronunciamiento de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, es factible realizar una integración de la proposición normativa y ampliar el control a otros aspectos normativos cuyo análisis sea indispensable para decidir de fondo la cuestión planteada[7]. Sobre este extremo se presentan, en suma, dos hipótesis.
4.1.1. De una parte, la Corte puede ampliar su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda, en el evento en que las expresiones demandadas carezcan de un contenido deóntico claro, unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas[8]. En tal caso, debe precisarse el alcance del precepto demandado mediante la inclusión en el juicio de constitucionalidad de otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la "proposición jurídica completa"[9].
4.1.2. La segunda hipótesis se presenta cuando "[l]as normas (…) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa"[10]. En esta última circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación "íntima e inescindible" entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última[11]. La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional[12].
4.2. En el presente caso se demandó la expresión "…que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible" redactada con mínimas variaciones en ambos cuerpos normativos (Art. 488 CST y art. 151 CPTSS). Dicho aparte demandado no posee identidad propia y carece de contenido unívoco; esto es no se entiende que es lo que se cuenta desde que la obligación es exigible. En conclusión, es indispensable formular la proposición jurídica completa, es decir aquella que explica a que tipo de obligaciones se refiere la expresión acusada y el término que debe contarse desde que dicha obligación es exigible; por ende debe la Corte examinar la constitucionalidad del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, en sus apartes resaltados. A saber:
Artículo 488.REGLA GENERAL.Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. (…)
Artículo 151.PRESCRIPCION.Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. (…)
Artículo 41º.-Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
5.1. Mediante Sentencia C- 072 de 1994, esta Corte estudió el artículo 505 del Decreto 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), hoy artículo 488 y el artículo 151 del Decreto Ley 2158 de 1948 (Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.) En dicha ocasión, el demandante argumentaba la violación de los artículos 1, 2, 4, 13, 17, 29, 53, 58, 150, 215 y 229 de la Constitución Política. En esencia, esta Corte se pronunció sobre la incidencia constitucional de las normas acusadas con relación al derecho al trabajo y si el plazo establecido en ellas vulneraba los derechos del trabajador. Al respecto se señaló:
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de octubre de 1950, explicó el porqué de la prescripción extintiva en los siguientes términos: "El fundamento racional de la prescripción extintiva es análogo al de la prescripción adquisitiva, expresan los expositores Colin y Capitant. El orden público y la paz social están interesados en la consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana".
5.2. En efecto, en la presente demanda el actor cuestiona el régimen de prescripción señalado por cuanto supuestamente "…desconoce la realidad, sanciona el temor de los trabajadores y premia a los empleadores incumplidos", y porque el plazo establecido para dicha prescripción llegada la terminación del contrato de trabajo "hace imposible que el trabajador obtenga el ´ajuste final de todos los salarios debidos'". Al respecto la Sentencia C-072 de 1994 afirma lo siguiente:
Siendo los cargos efectuados por el actor, los mismos con relación a todas las disposiciones demandas, a esta Corporación no le resta sino acoger y hacer suyos los fundamentos ya expuestos en la presente providencia (numeral 5 de Considerandos) y que constituyen el precedente judicial plasmado en la Sentencia C- 072 de 1994. Con base en dichos presupuestos teóricos, esta Corporación declarará exequible la expresión "Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible" contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
En conclusión, esta Corte se declarará inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Se declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994, en relación con contenidos normativos demandados del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y se declarará exequible la expresión "Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible" contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
Primero. Declararse INHIBIDA para conocer de la demanda presentada contra el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-072 de 1994 que declaro exequibles el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión "Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible" contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 151 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
Estarse a lo resuelto (Sentencia C- 072 de 1994 ) Artículo 488 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Estarse a lo resuelto ... Artículo 488 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Exequible la expresión ... Artículo 41 DECRETO_3135_1968_26/12/1968
[1] Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.
[2] Diario Oficial No 44.640 de 8 de diciembre de 2001
[3] Ratificado por Colombia mediante la ley 54 de 1962.
[4] Concepto No 4991 recibido en la Corte Constitucional el 15 de julio de 2010.
[5] Ley 65 de 1967. ARTÍCULO 1o. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de un año contado a partir de la vigencia de esta Ley (…).
[6] Acto Legislativo No 1 de 1968. Artículo 41.- El Artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así: Corresponde al Presidente de la República como jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: (…)
[7] Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997.
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-804 de 2006.
[9] Ver sentencias C-357 de 1999 y C-409 de 1994.
[10] Sentencia C-349 de 2004.
[11] Ver las sentencias C-538 y C-925 de 2005.
[12] Sentencia C-320 de 1997.