Source: https://revistainternacionalcienciasjuridicas.org/2016/01/20/breve-aproximacion-al-estado-actual-de-la-vulneracion-a-los-derechos-humanos-de-los-migrantes-en-mexico-y-estados-unidos-j-g-belman-leal/
Timestamp: 2017-12-18 04:51:41
Document Index: 171360170

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 18', 'artículo 18']

Breve aproximación al estado actual de la vulneración a los derechos humanos de los migrantes en México y Estados Unidos./ J.G. Belman Leal – Revista Internacional de Ciencias Jurídicas
Título: Breve aproximación al estado actual de la vulneración a los derechos humanos de los migrantes en México y Estados Unidos.
Title: Brief approach to the current state of the violation of human rights of migrants in Mexico and the United States.
Autor : Jesús Guillermo Belman Leal *
Resumen: El incremento de la violencia y la escasez de fuentes de trabajo bien remunerado impulsan a que gran parte de la población mexicana y centroamericana emigre a los Estados Unidos. La política migratoria tanto en México como en la Unión Americana se debate entre dos discursos, uno que incentiva la generación de esquemas cada vez más rígidos de seguridad nacional y otro que promueve el respeto a los derechos humanos como base de legitimación social y política; sin embargo, la falta de claridad en la construcción de instrumentos jurídicos y políticos en materia migratoria, ha generado condiciones sociales que motivan la proliferación de actos de vulneración a la dignidad humana de los migrantes, así como la creación de discursos demagógicos que pretenden criminalizar la migración internacional.
Palabras clave: Migración internacional, derechos humanos, política migratoria.
Abstract: The increase in violence and a shortage of jobs well paid propels much of the Mexican and Central American population to migrate to the United States. Immigration policy in Mexico and in the American Union is torn between two speeches, one that encourages the generation of increasingly rigid national security schemes and another that promotes respect for human rights as the basis of social and political legitimacy; however, the lack of clarity in the legal and political instruments on migration, has generated social conditions that encourage the proliferation of acts that violate human dignity of migrants, as well as the creation of demagogic speeches that seek to criminalize international migration.
Keywords: International migration, human rights, immigration policy.
Sumario: 1. Introducción. 2. Evolución del fenómeno migratorio en la región. 3. Estado actual del problema. 4. Histórico reciente de las políticas públicas en materia migratoria. 5. Conclusión.
La vulneración de los derechos humanos de los migrantes en la zona geográfica de Estados Unidos de América y México, es un problema que precisa analizarse desde una perspectiva holística y multidisciplinaria, ya que involucra factores propios de la Economía, las Relaciones Internacionales, las Políticas Públicas y el Derecho que resultan necesarios para comprender la dimensión del conflicto y con ello poder elaborar una alternativa de solución viable y válida que provea respuesta a las actuales limitaciones institucionales y sociales que impiden positivizar los derechos que los migrantes tienen reconocidos en los cuerpos normativos nacionales e internacionales.
De manera reciente, en los Estados Unidos diversos actores políticos han incentivado la generación de políticas públicas diseñadas para dificultar la migración de individuos provenientes de países de Latinoamérica como México, a la par que las condiciones económicas y sociales de nuestro país han orillado a millones de personas a abandonar el territorio nacional en busca de mejores oportunidades de trabajo y subsistencia, en los países vecinos. Es en éste contexto, en el que se ha construido el ambiente propicio para la violación de los derechos humanos de migrantes en la zona fronteriza de nuestro país y Estados Unidos, los cuales pese a ser fuente de desarrollo económico en los lugares donde laboran, son estigmatizados, perseguidos y orillados a vivir en condiciones muchas veces infrahumanas.
En México, cada año una amplia cantidad de personas de origen centroamericano y del Caribe cruzan el territorio nacional con el afán de llegar a Estados Unidos, los cuales en su trayecto se ven en la necesidad de confrontar altos niveles de violencia por parte de nuestros ciudadanos y las autoridades, quienes como resultado de una cultura de legalidad débil y altos niveles de corrupción, vulneran su dignidad humana a través de diversas formas de coacción. Pese a que a raíz de los eventos desafortunados acaecidos en Tamaulipas en los años 2010 y 2011, se tomó la decisión de reformar la Ley General de Población y crear la Ley de Migración, la cual establece por vez primera una política migratoria con un eje rector basado en el respeto a los derechos humanos y no en el discurso de seguridad nacional, sigue sin establecerse mecanismos institucionales claros que permitan cumplir con los objetivos de dicha ley secundaria, la cual adolece de diversas lagunas que no han podido ser corregidas o suplidas hasta el momento.
En el ámbito internacional México ha signado y ratificado un número importante de convenios y tratados en materia de derechos humanos que son de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno en atención al principio Pacta Sunt Servanda (artículo 26 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados), así como a los principios de interpretación conforme y pro-persona y al control difuso de convencionalidad derivados del contenido de artículo 1º de nuestra Carta Magna, no obstante lo anterior, la falta de preparación tanto de las autoridades como de la ciudadanía a derivado en que gran parte del cuerpo normativo vigente no logre positivarse. Por su parte, Estados Unidos ha sido renuente a ratificar la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de los pocos que ha signado y ratificado, no ha establecido mecanismos jurídicos idóneos para hacerlos respetar frente a la normativa interna de sus estados, toda vez que en dicha nación cada entidad federativa dispone de amplias facultades para legislar en su ámbito interno sobre algunas cuestiones que deberían corresponder exclusivamente a la federación, como es el caso de la política migratoria.
Pese a que el respeto a los derechos humanos, entre ellos los de los migrantes, en ambos países funge como un instrumento de legitimación política, las instituciones encargadas de materializar en la práctica la legislación existente carecen de estructuras institucionales adecuadas, de instrumentos cuantitativos claros para monitorear los resultados y de procesos burocráticos pertinentes que permitan llevar a la práctica de manera eficaz los objetivos de política pública en el sector. Aunado a lo anterior, la falta de voluntad política de la clase gobernante ha impedido aprovechar la participación ciudadana y la experiencia de otros países en la ideación de soluciones congruentes con las obligaciones sustraídas y las expectativas planteadas.
Resulta evidente que México y Estados Unidos no han cumplido cabalmente sus compromisos en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes vulnerando con ello los principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad, pese a disponer de leyes e instituciones públicas en el ámbito nacional y subnacional que se abocan al estudio de dicho rubro de la vida jurídica.
Evolución del fenómeno migratorio en la región.
En el año 2004 diez millones de mexicanos vivían en Estados Unidos y la tendencia era que cada año 400 000 más emigraban a ese país. Ese movimiento permanente creció de manera sostenida durante los últimos cuatro decenios, para alcanzar cerca de 360 000 personas por año de 1995 a 2000 (OCDE, 2005). Durante la segunda mitad de los noventa México fue el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con la mayor tasa de emigración y una de las más altas del mundo. Como resultado, en el año 2000, 8.5 millones de personas nacidas en México residían en Estados Unidos, lo que representaba cerca de 30% de su población extranjera y casi 9% de la población mexicana.
Respecto a la migración centroamericana de transito por México resulta conveniente señalar que entre 1974 y 2011 México adoptó una legislación que criminalizaba la migración irregular, imponiendo penas de hasta dos años de prisión a quienes ingresaran de manera irregular al país, como respuesta a un exacerbado ingreso de migrantes indocumentados como consecuencia de guerras civiles que se prolongaron por todo el sur desde los años cincuenta y que a inicio de los noventa concluyeron. Pese al termino de las hostilidades bélicas, la migración de tránsito centroamericana continuó incrementándose, alimentada por la precariedad laboral, la miseria, la criminalidad y, en algunas naciones, por la inestabilidad política (Fernández, 2014). A la problemática anterior, se han ido sumando nuevos conflictos esencialmente de naturaleza económica, producto de los efectos de la caída del precio del café y de las catástrofes ocasionadas por fenómenos naturales en la región, como es el caso del huracán Mitch ocurrido en 1998, el terremoto del 2001 en el Salvador y el huracán Stan de 2005. De manera paralela a los factores de expulsión ya referidos, con el paso del tiempo se han ido generando dinámicas migratorias nuevas como el paulatino fortalecimiento de las comunidades migrantes de los países centroamericanos en Estados Unidos y la consolidación de sus redes transnacionales.
De acuerdo con el Consejo Nacional la Raza, en el 2010 la oficina del Censo en Estados Unidos registró una población de origen hispana de 50.5 millones de personas, lo que equivale al 16% del total de la población de los Estados Unidos, en el año 2000 la población hispana era de 35.3 millones de personas (NCR, 2010), lo que nos indica una tendencia de crecimiento de éste sector de la población mayor al crecimiento poblacional total de los Estados Unidos de América, que pasó de 281,421,906 habitantes en el 2000 a 308,745,538 en el 2010, lo cual implica que en ese lapso la población total creció el 9.7% frente al 31% de crecimiento poblacional del sector hispano.
El incremento de la población hispana en los Estados Unidos ha generado malestar en un amplio sector de la población norteamericana en virtud de que la percepción ciudadana se inclina en muchas ocasiones a considerar al migrante como un factor de desempleo y disminución de la calidad de vida, puesto que se parte de la premisa de que los migrantes están dispuestos a trabajar por un salario menor lo que necesariamente genera que las empresas sustituyan mano de obra nacional por indocumentada o en su caso se vean poco incentivadas en respetar las leyes laborales, entre ellas las relativas a los salarios mínimos.
En los Estados Unidos, desde inicios del presente milenio, han surgido grupos civiles antiinmigrantes como Minuteman Project, Ranch Rescue, Border Rescue, Civil Homeland Defense, Americans for Zero Immigration, quienes se han dado a la tarea de impedir el acceso de migrantes a la unión americana en ocasiones mediante el apoyo político y mediático a legislaciones antimigrantes como la llamada Ley Sensenbrenner; y el resto del tiempo a través del uso de armas durante el patrullaje ciudadano de las fronteras basados en su derecho al arresto ciudadano (Trujeque, 2007).
Muchos políticos mexicanos y estadounidenses, han sacado partido de la situación actual de la migración y los cambios devenidos de diversos episodios catastróficos de nuestro sistema económico, para generar en base a discursos demagógicos, capital político para impulsar sus carreras, ya sea prometiendo mejoras a la calidad de vida de los migrantes para obtener el apoyo del sector o en caso contrario, prometiendo el diseño de programas políticos enfocados en desincentivar la migración y con ello proteger la mano de obra nacional.
De un total de 866 personas entrevistadas por miembros del Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la iniciativa Frontera Norte de México, entre el 2011 y 2012, se tiene el reporte de cerca del 52 por ciento sufrieron violaciones a sus derechos humanos (Moreno, 2013).
Respecto a los centros de detención de los Estados Unidos, los entrevistaron denunciaron que en ellos se carece de privacidad, existen escasos ineficientes procedimientos para atender quejas, hay deficiencias graves en la devolución de las pertenencias personales, la comida es insuficiente e inadecuada, se somete a los retenidos a largos periodos de privación del sueño, las celdas son demasiado frías y durante la transportación de un centro a otro se aprecian de manera recurrente negligencia por parte de las autoridades migratorias en el uso de cinturones de seguridad sobre los detenidos esposados.
En relación a las faltas al debido proceso en los Estados Unidos, de acuerdo a los datos aportados por los entrevistados, se tiene noticia de una práctica reiterada de omisiones en el otorgamiento de información a los y las migrantes acerca del lugar a dónde estaban siendo deportados, lo que frecuentemente derivó en que fueran deportados a áreas geográficas desconocidas para ellos, sin que se les diera la oportunidad de comunicar su paradero a miembros de su familia. De igual manera, se tiene registro de que más del 80 por ciento refirió no haber recibido copia alguna de los documentos legales que se les obligo a firmar como parte de su procedimiento de expulsión, dejándolos así en la incertidumbre sobre su situación jurídica. Resulta relevante mencionar que entre las quejas de los migrantes se señala el poco o nulo acceso a la representación consular, actos recurrentes de coerción para firmar documentos que ellos no entendían por no dominar el idioma inglés y del poco o nulo acceso a intérpretes adecuados.
Un dato perturbador que el reporte expone es que durante el proceso de repatriación, las esposas y esposos suelen ser separados uno del otro, así como de sus hijos con ciudadanía norteamericana y que las autoridades de los Estados Unidos son omisas en regresar pertenencias personales de los migrantes tales como teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas de débito y de identificación; dejando a los inmigrantes deportados a merced de autoridades policiacas mexicanas que acostumbrar utilizar la falta de identificación y otras pertenencias de los migrantes como un pretexto para detenerlos “por vagancia” y “alteración del orden público”; una vez que los migrantes terminan bajo la custodia de la policía, éstos les roban las pocas pertenencias de valor que pudiesen cargar consigo y proceden a extorsionarlos a efecto de conseguir más dinero de ellos.
Paradójicamente a los datos anteriormente revelados, es pertinente evidenciar que salvo por algunos casos aislados derivados de la inseguridad en nuestro país, especialmente en el estado de Chihuahua (Washington, 2005), resulta inusual que los migrantes estadounidenses sufran violaciones a sus derechos humanos durante su estancia y traslado en México o en sus mutuos territorios, aunado a que no precisan de visado para viajar, lo que es un indicativo de un trato desigual en las relaciones internacionales de los dos países.
Por otra parte, resulta pertinente dejar en evidencia que los migrantes centroamericanos y del Caribe que cruzan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, se encuentran con un escenario más desolador que el de nuestros connacionales, toda vez que tan sólo en el 2013 se deportaron 80, 079 personas de nuestro territorio (Isacson, 2014), las cuales en su mayoría fueron víctimas de graves abusos a su dignidad humana por parte de las autoridades mexicanas, grupos de delincuencia organizada y un parte importante de la propia ciudadanía que en zonas de alto transito migratorio suele incurrir en actividades abusivas y denigrantes tendientes a obtener todo tipo de provechos de los migrantes indocumentados.
La Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas, Gabriela Rodríguez Pizarro, en su informe del año 2002 expuso que en México era posible apreciar un clima general de hostigamiento y aprovechamiento a la situación de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos. En el aludido informe enunció que era una práctica cotidiana en México que los migrantes fueran sometidos a asaltos, malos tratos e inclusive ejecuciones en caso de oponer resistencia por bandas delincuenciales especializadas en asaltar a migrantes. En el caso de las mujeres, era bastante común las violaciones sexuales, muchas de las cuales llegaban a perpetrarse delante de sus esposos o inclusive sus hijos por parte de delincuentes y funcionarios estatales, actos degradantes que se caracterizaban por su total impunidad (Naciones Unidas, 2002).
Seis años más tarde, el siguiente Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas expresó que:
La migración transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales. Estas prácticas están directamente relacionadas con el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y los niños, especialmente a lo largo de las fronteras septentrional y meridional y en los lugares de tránsito. Como tal, la impunidad por las violaciones de los derechos humanos de los migrantes es un fenómeno generalizado. Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan. Los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua parecen constituir la mayoría de las víctimas.
Amnistía Internacional (2010) ha hecho del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la violencia sexual contra las mujeres migrantes ha generado una práctica común en varios países de Centroamérica conocida entre los migrantes como “la inyección anti-México”, consistente en la aplicación de un anticonceptivo de nombre Depo-Provera que las mujeres se aplican antes de iniciar su recorrido, pues están conscientes de que van a ser agredidas sexualmente en algún momento de su recorrido. Por su parte, la organización no gubernamental Witness for Peace (Fenner, 2012), en un documental titulado Caras de la Migración: Los Peligros de la Migración, denuncia que seis de cada diez migrantes centroamericanas son víctimas de violación en su recorrido por el territorio mexicano. La CNDH a lo largo de los años ha recibido múltiples quejas de agresiones sexuales por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, algunas de las cuales han derivado en recomendaciones como la tristemente célebre 54/2012 “sobre el caso de agresión sexual a la menor migrante V1” (en la que una muchacha hondureña de quince años fue agredida sexualmente por el delegado local del INM en Tenosique Tabasco), sin que funcionarios públicos sean castigados o mínimamente cesados de sus respectivos cargos.
De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, el paulatino involucramiento de organizaciones criminales en el negocio de la migración irregular y los delitos contra los migrantes es explicable por los altos márgenes de utilidad que reporta en relación con su relativo bajo nivel de riesgo. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). Actualmente la migración transnacional irregular y el delito de trata de personas en el que muchos de los migrantes internacionales terminan siendo víctimas, componen dos de las principales fuentes de financiación de la delincuencia organizada en nuestro país.
Histórico reciente de las políticas públicas en materia migratoria.
La imagen cultural que se tiene sobre el extranjero que viene o el nacional que se retira, tiene un impacto significativo en la definición de la política pública migratoria y la Unión Americana ha sido el sitio, donde se ha hecho más patente dicha afirmación, toda vez que uno de cada cinco migrantes en el mundo tiene como destino dicho país y el trece por ciento de la población de dicha nación no nació en la misma. (De los Ríos, 2015)
De acuerdo con Pedro Marmora (2002):
La construcción de las políticas públicas se asienta, por un lado, en las diferentes percepciones que sobre las migraciones tienen distintos sectores de las sociedades de origen y recepción; por otro, en los argumentos que dichos sectores o los gobiernos utilizan para sustentar la adopción de políticas específicas; y en tercer lugar, por lo que los gobiernos entienden como “política migratoria”.
Estados Unidos tiene una antigua tradición migratoria derivada de su propia conformación como país, lo cual obliga a su población al debate permanente sobre la pertinencia o no de un modelo de sociedad pluricultural y sobre lo que verdaderamente significa ser americano, es decir, sobre los cimientos donde se construye su identidad nacional. Con motivo de lo anterior, buena parte de la población acepta la migración internacional mientras que otra parte significativamente amplia la observa con desconfianza, con un profundo temor de que ésta traiga los problemas propios de sus respectivos lugares de origen.
Es posible apreciar tendencias de política migratoria en Estados Unidos que se inclinan a favorecer o desfavorecer la migración de acuerdo con eventos coyunturales que inspiran al ciudadano americano a pensar de una manera u otra su relación con el migrante.
A inicios de los noventa, como consecuencia de la alta cifra de migración mexicana y centroamericana, en los Estados Unidos, algunos grupos políticos propuestas como la 187 de California, que instaba a profesores, doctores y otros trabajadores del servicio público a denunciar a los extranjeros sospechosos de ser ilegales, proyecto legislativo que fue votado y aprobado por el electorado de dicha entidad federativa para posteriormente ser declarado inconstitucional por la federación; trayendo consigo una profunda estigmatización hacia los inmigrantes no documentados al legitimar con votos el llamamiento popular a su expulsión (Martin, 1995), logrando que un año más tarde a nivel federal se promulgaran una serie de reformas que limitaron el acceso de los migrantes a los servicios públicos, endurecieron la persecución gubernamental de los indocumentados y dificultaron los procesos burocráticos para migrar de manera legal.
No obstante lo anterior, los migrantes que sí cumplían con los requisitos para regularizar su situación lo hicieron, creando un enclave electoral que empezó a ser identificado como “voto latino” y como consecuencia, algunos políticos trataron de aprovechar dicha tendencia, como fue el caso del presidente Clinton quien para el año 2000, amenazó con vetar la Ley de Apropiaciones de Comercio, Justicia y Estado, porque no incluía una legislación que permitiera legalizar a un gran número de inmigrantes (Wasem, 2002). Ese mismo año, se votó la iniciativa de ley de equidad para latinos y migrantes (LIFA: Latino and Immigrant Fairness Act) que no prosperó (Coutin, 2007).
De acuerdo con Susan Coutin (2003), a partir de las políticas migratorias de 1996, que pretendían desincentivar la migración internacional, el número de los residentes legales permanentes que se solicitaron ciudadanía llegó a cifras record, buena parte de los emigrantes autorizados temporalmente demandaron el derecho a la inmigración permanente y muchos de los inmigrantes en situación irregular se organizaron para solicitar amnistía y un programa de legalización de base amplia.
Tras los sucesos de 11 de septiembre de 2001, hubo de nueva cuenta un cambio de la perspectiva del migrante que ocasionó que reviviera el discurso xenofóbico, pues la figura del migrante y del terrorista se mezclaron en la retórica política (Cole, 2001). Conforme los americanos empezaron a descalificar paulatinamente la lucha contra el terrorismo propugnada por Bush, la retórica antimigrante perdió fuerza, sin embargo tras el incremento de los niveles de inseguridad al sur de la frontera consecuencia de “la guerra contra el narcotráfico” entablada por el gobierno mexicano y la explosión de la burbuja inmobiliaria que trajo consigo la crisis del 2008, el discurso xenofóbico ha revivido con más fuerza en gran parte de la población, haciendo que algunos políticos, como es el caso del actual precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se aprovechen de éste.
El caso mexicano, es igualmente complejo, toda vez que en la administración pública federal nunca se ha tenido una clara estrategia sobre cómo deberían de actuar ante los flujos migratorios indocumentados las instituciones que están abocadas a su atención. Antes de la creación de la Ley General de Población el 7 de enero de 1974 la cual se hizo cargo de la materia migratoria hasta mayo de 2011, la migración era un tema carente de interés para el gobierno federal, por lo que quien lo atendía era principalmente la secretaría de seguridad pública y la Procuraduría General de la República, ya que el ingreso sin documentos hasta la reforma de 2008, era un delito federal que ameritaba pena privativa de libertad. No fue sino hasta la década de los noventa, cuando el tema migratorio se volvió relevante con la formación del Instituto Nacional de Migración (INM), el 9 de junio de 1993, como respuesta a la lógica de la integración de México al bloque económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que en ese momento se negociaba y entraría en vigor en 1994, donde se requería contar con una institución que fuera homologa a sus equivalentes estadounidense y canadiense.
Según la perspectiva de Casillas (2015) desde sus primeros años el INM fue ineficaz en su propósito de instaurar mecanismos que fueran de utilidad para recolectar, sistematizar y analizar información generada a partir de sus actividades cotidianas respecto a posibles rutas de tráfico de personas y redes de traficantes, principalmente por el hecho de que el INM, como parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), no disponía de obligaciones y/ o facultades de investigación en esa materia, ya que estas estaban reservadas para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); sin embargo, el hecho mismo de que el Cisen dispusiera de tales facultades no implicaba necesariamente que el tema migratorio haya sido un asunto relevante dentro de su agenda de seguridad nacional, como comenzó a serlo a partir de los atentados terroristas contra Estados Unidos en el 2001.
Casillas expone que:
El problema con esa división tajante de atribuciones es que las dependencias que producían información no tenían facultades de investigación y las que investigaban no contaban con insumos suficientes para hacerlo; en tanto, la autoridad investigadora por excelencia en materia penal, de acuerdo con el sistema legal, era el ministerio público, y éste no tenía entre sus funciones la de retroalimentar a otras dependencias con información relevante que ayudara a reformular estrategias institucionales. Lo que ocurría era una falta de conexión entre las dependencias federales.
Se entiende que ese enfoque de la administración pública sobre la división tajante de competencias partía del supuesto erróneo de que, al ser todas integrantes del Gobierno federal, tendrían esquemas de cooperación y coordinación para atender fines comunes, situación que en la práctica ocurría sólo en algunos ámbitos, pero no para la atención de los flujos migratorios de extranjeros indocumentados. En este sentido, lo que se tenía era un cúmulo de información desagregada y almacenada en cada dependencia, que por sí sola no explicaba nada y menos aún permitía generar un diagnóstico claro para la elaboración de políticas públicas integrales de atención al fenómeno en cada fase, según su complejidad y evolución.
Tras la emisión la ley de migración en el 2011. Nuestro país pasó de una lógica de securitización a una de respeto a los derechos humanos de los migrantes, al menos en el texto de la ley, sin embargo buena parte de los enunciados jurídicos contenidos en la nueva legislación no han podido llevarse a la práctica, materializándose en severas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, como lo relativo al tratamiento de los menores migrantes previsto por la fracción II, del artículo 107 y la fracción I del artículo 112, ambos de la ley de migración, que en la práctica son letra muerta ya que no hay espacio suficiente ni se cumplen con los estándares de alimentación y tratamiento a menores de edad en ninguna de las cuarenta y siete estaciones migratorias existentes en el país y el sistema nacional del DIF ha sido omiso en atender sus obligaciones derivadas de la ley migración para proveer de custodia y alojamiento a niños y adolescentes migrantes (Morales, 2012). De la misma manera, otros preceptos jurídicos contenidos en la legislación mexicana no han pasado de ser un mero catálogo de buenas intenciones, como es el caso de la supuesta participación de la sociedad civil en la formulación de opiniones que se tomarían en cuenta para la elaboración de política en materia migratoria, prerrogativa prevista en la fracción I del artículo 18 de la ley de Migración que no concuerda con el contenido del numeral 27 en su fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, instrumentos jurídicos que proveen a la Secretaría de Gobernación de facultades para constituirse en autoridad migratoria; el artículo 18 de la ley de migración no especifica la forma en que la sociedad civil participaría y no existe legislación complementaria o reglamentos que subsanen dicha deficiencia.
La falta de estructuras gubernamentales adecuadas y procedimientos administrativos y jurisdiccionales claros ha traído como consecuencia malos resultados en materia de política migratoria a nuestra región y lo anterior se profundiza al momento de tratar de proyectar la coordinación interinstitucional a un ámbito internacional, toda vez que los mismos patrones se repiten en el contexto de la transterritorialidad con el reto adicional de confrontar legislaciones, intereses y perspectivas diversas respecto a un mismo fenómeno que afecta a dos países completamente distintos.
Existe un mercado para la mano de obra migrante y poderosos incentivos para su movilización internacional. Mientras esto siga siendo así, en el corto plazo resulta estéril tratar de desalentar mediante las instituciones de seguridad la migración internacional, por lo que se precisa investigar alternativas que logren dar satisfacción a los diferentes intereses vinculados con el fenómeno migratorio, generando con ello el menor perjuicio posible a los diversos actores involucrados.
Queda mucho por hacer en materia migratoria, pero proteger los derechos humanos de los migrantes debe ser el primer paso, no sólo por respeto a la dignidad humana de las personas y la legitimación que éste acto trae a los gobiernos, sino por la necesidad apremiante de incentivar la humanización de las instituciones públicas y promover la solidaridad que debe existir entre las diversas naciones, especialmente aquellas que por cuestiones geográficas comparten fronteras y estrechos vínculos políticos, económicos e históricos, como es el caso de México y los Estados Unidos.
* Estudiante del segundo semestre del doctorado en Políticas Públicas en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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