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Timestamp: 2019-10-22 09:13:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 59', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA 21550 DE MAYO 27 DE 2003
SENTENCIA 21550 DE 27 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:INTERÉS PARA RECURRIR. AGRAVIO O PERJUICIO QUE SUFRE LA PARTE AFECTADA CON LA SENTENCIA IMPUGNADA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL, QUE NO LA DEMANDA INICIAL, MARCA LA PAUTA PARA DETERMINAR SI EL NEGOCIO JUDICIAL ADMITE O NO EL RECURSO DE CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, RESOLUCIÓN JUDICIAL, PROCEDIMIENTO LABORAL
Sentencia 21550 de mayo 27 de 2003
Rad. 21550 de 2003
Acta Número 34
Se resuelve el recurso de queja contra el auto dictado el 9 de abril de 2003 por el Tribunal de Pereira.
1. Para el Tribunal de Pereira, el hoy recurrente en queja no tiene el interés jurídico económico suficiente para recurrir en casación por cuanto el motivo de su apelación contra la sentencia del juez de primer grado se centró “exclusivamente en obtener de esta sede la indemnización por despido sin justa causa, la cual se solicita con base en los dispuesto en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945” (fl. 37 cdno. de copias), y como apenas laboró para el demandado por 9.5 años con un salario de $ 382.856, “la indemnización solo ascendería a $ 3.637.132” (ibíd.). Además, en que el incumplimiento en el pago de la dotación de calzado y vestido de labor al terminar la relación, que también mencionó en el recurso de alzada, “no puede generar la indemnización por falta de pago prevista en el Decreto 797 de 1949” (ibíd.), sino apenas la indemnización de perjuicios. Para apoyar su aserto transcribió los apartes que consideró pertinentes de la sentencia de la Corte de 22 de abril de 1988 (Rad. 10.400).
2. En tanto, para que le sea concedido al demandante el recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2003 en el proceso que promovió contra el municipio de Belén de Umbría aduce, a través de su apoderado, que “los hechos o circunstancias que sirven de fundamento para determinar la cuantía son los existentes al momento de constituirse la relación jurídico - procesal, o sea los que existen al momento de presentarse la demanda y contestarse esta. Lo que ocurra con posterioridad a estos dos actos procesales; no alteran la cuantía, ni aumentándola ni disminuyéndola” (fl. 5 cdno. de la Corte), y que “en ninguna parte establece la norma —refiriéndose al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil— que la cuantía se determina teniendo en cuenta la pretensión respecto de la cual se haya recurrido o apelado ni tampoco con posterioridad a la demanda, como lo entiende la Sala” (ibíd.).
Según el recurrente en queja, como en su demanda inicial indicó que la cuantía del proceso la estimaba en más de $ 35.000.000 y la pretensión mayor que formuló fue de la de que se declarara que la terminación del contrato de trabajo no se produjo por causa de mala conducta o incumplimiento del contrato por parte del trabajador, la cual no es cuantificable en dinero, debe aplicarse la regla prevista por el numeral 1º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, o sea, por lo que señaló en su demanda y no fue motivo de discusión por el demandado ni de reparo por el juez del conocimiento.
Desde la vigencia del artículo 59 del Decreto 528 de 1964, que estableció los factores que deben tenerse en cuenta para determinar la cuantía de los asuntos de que se ocupa la Corte en sede de casación introduciendo al efecto el concepto de “interés para recurrir”, bien se sabe que este no se relaciona con el monto de las pretensiones formuladas en la demanda inicial del proceso o, cuando es del caso, al valor que el demandante le haya dado a su demanda.
Desde allí se ha asentado por la jurisprudencia del trabajo que tratándose de la parte demandante el interés jurídico económico para recurrir en casación se establece por el agravio representado en la diferencia entre el valor de las pretensiones que planteó en su demanda inicial y el de las que le fueron concedidas, en otras palabras, por el monto de las súplicas adversas; distinguiendo para ello que si el demandante no apeló el fallo de primera instancia o lo hizo únicamente en cuanto a unos aspectos y a otros no, de hecho lo consintió. Ahora, si el tribunal disminuyó las condenas que le fueron favorables, su interés será el equivalente a la diferencia entre el valor de la condena de primer grado y el de la segunda instancia. Por eso, no es el valor de la demanda inicial el que determina el interés para recurrir en casación, como desatinadamente lo afirma el recurrente, tal y como al respecto, en providencia de 29 de junio de 1999, expresó la Corte:
“Por el aspecto del valor del pleito, no todos los juicios ordinarios laborales de doble instancia o mayor cuantía, admiten el recurso de casación, según lo ha establecido el legislador. Desde este punto de vista, el desarrollo histórico muestra que se han manejado dos conceptos: el de la cuantía del juicio y el del interés jurídico para recurrir en casación o cuantía del recurso.
El antiguo y derogado concepto de la cuantía del juicio significó la posibilidad de permitir el recurso de casación en los procesos que superaran un límite económico asignado por el demandante a sus pretensiones en la demanda, por lo que bien puede decirse que el concepto cuantía del juicio corresponde a la cuantía de la demanda inicial del proceso.
Esta noción de cuantía del juicio estuvo vigente hasta el año 1964, cuando fue introducida la de interés jurídico para recurrir por el Decreto 528 de ese año, que no fue modificada por la Ley 22 de 1977, según lo expresó la jurisprudencia reiteradamente.
El interés jurídico para recurrir en casación es el agravio o perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada. La resolución judicial, que no la demanda inicial, marca la pauta para determinar si el negocio judicial admite o no el recurso de casación.
Tratándose del demandado, el interés jurídico para recurrir en casación lo determina el valor de las condenas de la sentencia que se impugne”.
En el presente caso, las pretensiones elevadas en el libelo demandatorio inicial fueron: intereses a las cesantías, prima de navidad de 2001, vacaciones proporcionales de esa anualidad, dotación de calzado y overol de 1994 a 2001, indemnización por despido, perjuicios morales por el despido, indemnización moratoria, subsidio familiar de los últimos 30 meses, la indemnización del literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945; las cuales se desataron adversamente en su totalidad por el juez del conocimiento.
Contra la anterior decisión el demandante interpuso el recurso de apelación —folios 17 a 21—, en el cual la única inconformidad sustentada fue por la negativa a la indemnización por despido sin justa causa, y en el memorial de folios 26 y 27, se reiteran los mismos planteamientos, adicionándolos solamente en que lo adeudado por dotación solamente se canceló el 12 de julio de 2002 “o sea pasados, nueve meses después de terminada la relación laboral (...) además debe tenerse en cuenta que la suma pagada es inferior a la tasación hecha por el perito designado para valorar el monto de esta prestación. Lo que quiere decir que a la presentación de la demanda el demandado municipio, adeudaba prestaciones al trabajador y por lo tanto se encontraba en mora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949”.
Con las anteriores advertencias, al cuantificar los conceptos sobre los cuales se expresó reparo, arrojan:
a) Indemnización por despido (L. 6ª y D. 2127/45) presuntivo laboral, con asignación mensual de $ 382.856 da un valor de $ 2.297.136;
b) Calzado y vestido de labor por cinco años $ 933.333.33, y
c) Indemnización moratoria (D. 797/49), cuantificada hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, 505 días, arrojan $ 6.444.742.30.
Lo anterior para un gran total de $ 9.675.211.60, lo cual indica que no incurrió entonces el tribunal en el desacierto que le atribuye el recurrente en queja, pues su interés jurídico para recurrir a todas luces resulta inferior al mínimo exigido por el artículo 86 de la Ley 712 de 2001 para que proceda el recurso de casación.
Además, como el fundamento del recurso de queja descansa en una valoración de las peticiones de la demanda y esa valoración no puede tenerse en cuenta, la Sala estima bien denegado el recurso de casación.
1. Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por Luis Alfonso Padilla contra la sentencia dictada el 13 de marzo de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso que le sigue al municipio de Belén de Umbría.
2. Enviar la actuación al tribunal de origen.