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Timestamp: 2018-11-14 20:13:02
Document Index: 56607193

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 2', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 17', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 18', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 9', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 19', 'Artículo 40']

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Viernes 27 de febrero de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 10 y segundo transitorio de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; 13, 17, 21, 26, 27, 28, 30 bis, 32, 36, 38, 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, he tenido a bien expedir el siguiente
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 3.- La Comisión, creada por la Ley, tendrá el carácter de permanente, y sus miembros son los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Desarrollo Social, Educación Pública, Turismo, y de la Procuraduría. Asimismo, tendrán participación los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Consejo Nacional de Población, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y los demás que designe el Titular del Ejecutivo Federal, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 4.- La Comisión tiene por objeto coordinar las acciones de sus integrantes para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional y los Programas Permanentes, así como aquellas que realicen para prevenir el delito de trata de personas, las de protección, atención y asistencia a las víctimas.
Artículo 5.- La Comisión sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces al año, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias, en los términos que señale el Reglamento Interno.
Artículo 6.- La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación, en caso de ausencia de éste, las sesiones serán presididas por el servidor público que designe el Titular de dicha dependencia.
Artículo 7.- La Comisión, además de los deberes que le impone la Ley, tendrá las funciones siguientes:
Artículo 8.- El Presidente tendrá las siguientes funciones:
Artículo 9.- Los miembros de la Comisión tienen las obligaciones y funciones siguientes:
Artículo 10.- La Comisión contará con un Secretario Técnico y éste tendrá las funciones siguientes:
Artículo 11.- La Comisión podrá conformar grupos de trabajo en temas específicos, con carácter temporal o permanente, para analizar y opinar sobre asuntos específicos prioritarios en materias de prevención y sanción del delito de trata de personas o de protección, atención y asistencia a las víctimas.
La Comisión, podrá determinar la participación de invitados en los grupos de trabajo a expertos académicos vinculados con la trata de personas que, en su caso, su participación será voluntaria y honorífica.
Los trabajos y sesiones de los grupos de trabajo en temas específicos, se desarrollarán en los términos que establezca el Reglamento Interno.
Artículo 12.- Se crea la Subcomisión Consultiva, como cuerpo colegiado de análisis y opinión de los asuntos competencia de la Comisión.
Artículo 13.- La Subcomisión Consultiva sesionará bimestralmente de forma ordinaria, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias, en los términos que señale el Reglamento Interno.
Artículo 14.- La Subcomisión Consultiva se integrará por servidores públicos, con nivel mínimo de Director General u homólogo, con derecho a voz y voto, designados por los miembros titulares de la Comisión.
En la Subcomisión Consultiva, podrán participar como invitados servidores públicos y expertos académicos vinculados con la trata de personas, en los términos que establezca el Reglamento Interno.
Artículo 15.- La coordinación de la Subcomisión Consultiva estará a cargo del servidor público que designe el Presidente, que tendrá las mismas funciones de aquél en el ámbito de la Subcomisión.
Artículo 16.- La Subcomisión Consultiva tendrá las siguientes funciones:
I. Conocer de los asuntos que le sean turnados por acuerdo del Pleno de la Comisión, a fin de analizar la información existente, para dar su opinión a los miembros de la Comisión, sobre los mismos;
II. Proponer a la Comisión asuntos que puedan incluirse en el orden del día de las sesiones de aquélla;
III. Rendir informe a la Comisión sobre el avance del Programa Nacional y los Programas Permanentes;
IV. Rendir a la Comisión los estudios e informes que le requiera, y
V. Las demás que le encomiende la Comisión o el Reglamento Interno.
DEL PROGRAMA NACIONAL Y LOS PROGRAMAS PERMANENTES
Artículo 17.- Los Programas Permanentes a que se refiere el artículo 2 de la Ley, se realizarán y desarrollarán en congruencia con el Programa Nacional.
Artículo 18.- Las dependencias, entidades y la Procuraduría deberán informar a la Comisión, con la periodicidad que ésta determine, las acciones realizadas en cumplimiento al Programa Nacional y a los Programas Permanentes.
DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
Artículo 19.- Las dependencias, entidades y la Procuraduría promoverán la realización de acciones coordinadas en los ámbitos de sus respectivas competencias, para informar a la población sobre:
I. Los riesgos e implicaciones de la trata de personas;
II. Los mecanismos para prevenir la comisión del delito de trata de personas;
III. Las diversas modalidades de sometimiento para la trata de personas, así como sus repercusiones;
IV. Los derechos de las víctimas;
V. Los métodos utilizados por los responsables para la comisión del delito de trata de personas, y
VI. Los daños físicos y psicológicos que sufren las víctimas y sus familiares.
Artículo 20.- El Instituto Nacional de las Mujeres, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar en la formulación de políticas públicas gubernamentales para la prevención, atención y sanción del delito de trata de personas;
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas sectoriales e institucionales específicos, así como las acciones y procedimientos de las dependencias, entidades y la Procuraduría, cuando así proceda;
III. Proponer a la Comisión modelos para la prevención y atención de las víctimas;
IV. Registrar los modelos federales para la prevención y atención del delito de trata de personas;
V. Brindar la capacitación especializada al personal de los albergues, y
VI. Coadyuvar en la capacitación de los servidores públicos de las dependencias, entidades y la Procuraduría que integren la Comisión.
Artículo 21.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco de las facultades señaladas por la Ley de Asistencia Social, promoverá modelos de detección, atención y protección a víctimas menores de dieciocho años de edad.
Artículo 22.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de los funcionarios consulares, desarrollará todas las acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que sean necesarias, para proteger y asistir a víctimas de nacionalidad mexicana con domicilio en el extranjero, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 23.- Las dependencias, entidades y la Procuraduría deberán tomar las medidas necesarias para procurar la protección de identidad de la víctima y, en su caso, de su familia.
Artículo 24.- El modelo y programas de protección y asistencia inmediata a que se refiere el artículo 17, fracciones I y III de la Ley, serán elaborados coordinadamente por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, y buscarán los objetivos siguientes:
I. Fortalecer los procesos de asesoría jurídica, atención psicológica y médica, así como la capacitación para el trabajo;
II. Considerar las edades, sexo y necesidades especiales de las víctimas, y en particular las necesidades especiales de los menores de dieciocho años de edad;
III. Establecer la existencia y funcionamiento de albergues, como espacios de estancia voluntaria, para el alojamiento y tratamiento especializado e integral;
IV. Asegurar que los albergues estén a cargo de personal capacitado en la atención de las víctimas, capaces de implementar los protocolos y técnicas de rehabilitación integral con calidad y con perspectiva de derechos humanos;
V. Brindar, cuando el caso lo amerite, atención a la víctima con personal multicultural que hable el idioma de aquella, y que facilite su identificación y confianza durante el proceso de intervención, y
VI. Atenderán lo establecido por el Protocolo, y en lo conducente por la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.
Artículo 25.- La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría establecerán un programa de protección de testigos o víctimas que tenga por objeto impedir que los probables responsables o sentenciados, por sí o interpósita persona contacten con éstos, amenacen, corrompan o intimiden a los testigos, a las víctimas o a los familiares de éstos.
El programa antes señalado establecerá el procedimiento y requisitos para acceder a la protección prevista en el mismo a las víctimas o a los familiares de éstos, en los casos en que sea de notoria relevancia y peligrosidad, preferentemente a los de delincuencia organizada, evaluando la idoneidad de los testigos o víctimas y escogiéndoles cuidadosamente para su inclusión en el mismo.
Artículo 26.- La información recabada y generada por la policía en relación con el delito de trata de personas será integrada y administrada, con la debida secrecía, en el sistema informático de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de prevenirlo o apoyar su investigación.
Artículo 27.- La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría establecerán campañas que motiven a la ciudadanía a denunciar el delito de trata de personas.
Artículo 28.- La Procuraduría para garantizar la protección y asistencia a las víctimas tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
I. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;
II. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica y psicológica de urgencia;
III. Brindar a las víctimas la información sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;
IV. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;
V. Garantizar la seguridad de los denunciantes que tengan objetivamente un riesgo;
VI. Establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión del delito de trata de personas, así como canalizarlas a las unidades y órganos competentes, y
VII. Clasificar como reservada la documentación y demás información que se genere con motivo de las acciones previstas en las fracciones anteriores durante el procedimiento de Averiguación Previa, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 29.- La Procuraduría deberá emitir la normatividad para garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos que intervengan en la averiguación previa y el proceso penal, tratándose del delito de trata de personas.
Artículo 30.- El Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría implementarán mecanismos de coordinación, en términos de la fracción III del artículo 18 de la Ley, a efecto de otorgar facilidades a las víctimas para permanecer en el país mientras dure el procedimiento penal.
Artículo 31.- Para proteger la identidad, privacidad y dignidad de las víctimas o testigos, el Ministerio Público promoverá ante el juez la rendición de los testimonios por medios indirectos o desde lugares remotos a los de la diligencia.
Artículo 32.- El Ministerio Público buscará y se allegará de pruebas suficientes para acreditar y cuantificar la reparación del daño a que hace referencia el artículo 9 de la Ley.
Artículo 33.- Tratándose de la reparación del daño a mexicanos en el exterior, las representaciones diplomáticas adoptarán las medidas tendientes a procurar para la víctima la reparación del daño u otros beneficios que establezcan la legislación y los procedimientos correspondientes del Estado receptor.
Artículo 34.- Las acciones de protección y asistencia a que se refieren los artículos 16 de la Ley y 22 de este Reglamento, así como cualquier medida adicional a favor de las víctimas mexicanas en el extranjero, se ejercerán en todo momento, considerando el mejor interés de éstas.
Artículo 35.- Para efectos de reparación del daño, cuando la víctima no resida en el territorio nacional ésta podrá ser asistida vía consular para recibirla.
DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO
Artículo 36.- La repatriación de las víctimas a su país de origen se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales vigentes aplicables.
Artículo 37.- Tratándose de víctimas de origen extranjero, menores de dieciocho años de edad o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, el consentimiento para su repatriación, será sustituido por una investigación profesional en la que se determine la probabilidad de revictimización derivada del regreso a su país.
Artículo 38.- Para la repatriación de las víctimas o testigos del delito de trata de personas, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Procuraduría se comunicará al consulado del país de origen a efecto de verificar la nacionalidad y notificar la calidad de víctima de su connacional, así como la voluntad de la persona de ser repatriada. El Instituto Nacional de Migración atendiendo a sus procedimientos, repatriará a la víctima de manera pronta y expedita.
A fin de facilitar la repatriación de las víctimas, el Ministerio Público procurará agilizar la práctica de las diligencias que requieran la presencia de aquéllas en la investigación o proceso.
Artículo 39.- Para los efectos del artículo 19 de la Ley no podrá obligarse a la víctima a permanecer en el país.
Artículo 40.- En los casos en los que el agente del Ministerio Público, identifique a un extranjero víctima o testigo del delito de trata de personas, dará aviso inmediato al Instituto Nacional de Migración, para solicitar su legal estancia durante el procedimiento penal y al efecto le hará llegar la documental pública expedida por la autoridad competente para otorgar la calidad de víctima del delito de trata, con la finalidad de que el Instituto Nacional de Migración emita el acuerdo correspondiente que acredite la legal estancia.
En ningún caso podrá exigirse mayor requerimiento para otorgar la legal estancia de las víctimas del delito de trata de nacionalidad extranjera, salvo lo siguiente:
a) La manifestación de la voluntad de la víctima de permanecer en el país;
b) La documental pública expedida por autoridad facultada para otorgar la calidad de víctima del delito de trata, enviada al Instituto Nacional de Migración de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este artículo y
c) El Acuerdo expedido por el Instituto Nacional de Migración donde se funde y motive la necesidad de su legal estancia en el país.
Artículo Segundo.- La Comisión publicará su Reglamento Interno en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo Tercero.- Las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República en cumplimiento del presente Reglamento, se sujetarán a los recursos presupuestarios aprobados para tales fines.
Artículo Cuarto.- El Programa Nacional deberá publicarse en un término no mayor a un año a partir de la instalación de la Comisión.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a once de febrero de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres.- Rúbrica.