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Timestamp: 2019-09-22 21:04:48
Document Index: 319125077

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 97', 'artículo 94']

﻿ DECRETO 895 DE 2000
CONTENIDO:MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SE REGLAMENTA LA LEY 134 DE 1994, EN LO RELACIONADO CON LA INICIATIVA LEGISLATIVA, REFERENDO, CONSULTA POPULAR, REVOCATORIA DEL MANDATO Y LA APROBACIÓN DE LA REVOCATORIA.
DIARIO OFICIAL N°:44016 DE MAYO 25 DE 2000
“Por el cual se reglamenta la parte operativa de la Ley 134 de 1994”.
Que Colombia es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista”,
Que dentro de los “fines esenciales del Estado” se destacan, para estos efectos, los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y “facilitará la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida política de la Nación” y que uno de esos principios estipula que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo” el cual la puede ejercer “en forma directa”;
Que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas” en sus derechos, dentro de los cuales tienen preeminencia los derechos políticos de participación consagrados en el artículo 40 de la Constitución, desarrollados en parte por la Ley 134 de 1994;
Que el ámbito de la potestad reglamentaria de las leyes estatutarias ha sido reconocido y delimitado por la Corte Constitucional en varios fallos como lo destacan por ejemplo, la Sentencia C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero: “En efecto, en decisiones anteriores esta corporación había establecido bien, en términos generales, corresponde al Congreso la reglamentación de las libertades y los derechos, la Constitución no ha consagrado una reserva legislativa frente a todos los derechos constitucionales, ni frente a todos los aspectos relacionados con la regulación de los derechos. Esto significa que existen ámbitos de los derechos constitucionales en los cuales algunas autoridades administrativas pueden ejercer un poder de policía subsidiario, esto es, puede dictar; reglamentos, normas generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen que ver con el orden público y con la libertad. Pero, como es obvio, tales reglamentos pueden desarrollar la ley pero no contradecirla”,
ART. 1º—Objeto. El presente decreto reglamenta los aspectos operativos regulados en la Ley 134 de 1994 con el fin de facilitar la participación ciudadana. En todo caso, de conformidad con el inciso 3º del artículo 1º de dicha ley lo estipulado en este decreto no debe ser interpretado de manera restrictiva para obstaculizar, limitar o impedir el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en la Constitución o en la ley.
ART. 2º—Definiciones. Para todos los efectos, las nociones de inscripción, registro y certificación contenidas en la Ley 134 de 1994 se definen así:
a) Inscripción. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 134 de 1994, se entiende por inscripción el acto mediante el cual el vocero del comité de promotores entrega formalmente a la registraduría del estado civil correspondiente los formularios en los cuales consta que a lo menos el 5 por 1.000 de los ciudadanos que integran el censo electoral de la circunscripción respectiva apoya la constitución de un comité de promotores de un proyecto de articulado. La inscripción de la iniciativa ciudadana puede corresponder a una iniciativa legislativa y normativa o a la solicitud de un referendo conforme a lo previsto en la Ley 134 de 1994;
c) Certificación. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 134 de 1994, se entiende por certificación el acto mediante el cual el registrador del estado civil declara que se han cumplido los requisitos exigidos en cada una de las etapas de realización de los mecanismos de participación ciudadana desde la inscripción de iniciativas solicitudes de referendo hasta la presentación de la iniciativa legislativa y normativa ante la corporación pública correspondiente o de la solicitud de referendo ante el registrador del estado civil correspondiente.
ART. 3º—De los formularios para la inscripción y el trámite de iniciativas o solicitudes de referendo. La registraduría entregará a los ciudadanos interesados de manera gratuita dos tipos de formularios diferentes, de conformidad con los artículos 11 y 16 de la Ley 134 de 1994:
ART. 4º—Recolección. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 y en el penúltimo inciso del artículo 16 de la Ley 134 de 1994, los respaldos y apoyos remitidos por correo podrán hacerse sobre el formulario entregado por la registraduría, sobre una copia del mismo o sobre un formato donde aparezca la información exigida en el artículo 16 de la citada ley.
ART. 5º—Anexos al formulario. De conformidad con el artículo 16, inciso último de la Ley 134 de 1994, cuando se recojan los apoyos ciudadanos éstos podrán solicitar antes de firmar que le sea presentado el texto completo del articulado correspondiente y las razones que lo hacen conveniente. En todo caso el documento sobre el cual firmarán los ciudadanos que apoyan la iniciativa legislativa y normativa o la solicitud del referendo, deberá ser un formulario diferente a aquel con el cual se efectuó la inscripción en la registraduría correspondiente y contendrá cuando menos la siguiente información:
ART. 6º—Ordenamiento de todos los folios. Antes de presentar ante la registraduría los documentos donde consten los apoyos a una iniciativa legislativa y normativa o a una solicitud de referendo, éstos deberán ser ordenados numéricamente de tal forma que se pueda establecer claramente el número total de folios entregados. En caso de que los promotores hubieren recibido apoyos por correo, los folios correspondientes serán integrados al total de formularios e igualmente numerados.
ART. 7º—Plazos. A los plazos establecidos en la Ley 134 de 1994, se aplicarán los criterios generales de interpretación. Por lo tanto, los plazos en días se contarán teniendo en cuenta los hábiles y los plazos en meses o semanas serán calendarios.
Vencido alguno de los plazos establecido en la ley para que la registraduría expida la certificación a que hubiera lugar, el registrador del estado civil correspondiente dictará el acto en el cual se declare el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos señalados en la ley. (Si el certificado no fuera expedido oportunamente se entenderá que los requisitos fueron satisfactoriamente llenados y, vencido el término, los promotores continuarán desempeñando sus actividades normalmente.)*
(Lo mismo se aplicará a todos los demás plazos establecidos en la Ley 134 de 1994, incluidos aquellos que deba fijar la organización electoral.)*
(Nota: Los textos entre los paréntesis de los incisos segundo y tercero del presente artículo fueron declarados nulos por la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia 6378 de 2001. M.P. Olga Inés Navarrete Barrero).
ART. 8º—Firmas repetidas. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 134 de 1994, si hubiere firmas repetidas, se tendrá por válida la que tenga la fecha más reciente. Cuando una misma persona haya respaldado dos veces la misma iniciativa, sólo valdrá el último respaldo.
ART. 9º—Anulación de firmas. Serán anulados por la registraduría de la circunscripción electoral correspondiente los respaldos y apoyos que no cumplan los requisitos establecidos en el último inciso del artículo 19 de la Ley 134 de 1994. Tales requisitos son de interpretación restrictiva. (El que la fecha corresponda a una misma mano no anulará la firma si los demás datos son auténticos.)*
ART. 10.—Costos del envío de los formularios. De conformidad con el artículo veinte, el Estado asumirá los costos del envío de los formularios firmados por correo. Los promotores podrán escoger una entidad pública para el correo, el cual debe ser certificado y presentarán a la registraduría el costo del envío de dichos formularios con el fin de que ésta los reembolse.
ART. 11.—Delegación operativa. El vocero o los promotores, según el caso, podrán delegar en el representante legal de una organización, persona jurídica, especialmente constituida para el efecto, la administración de los recursos privados provenientes de contribuciones o donaciones. En este evento el representante legal deberá respetar el límite total de gastos que haya fijado el Consejo Nacional Electoral a los promotores. Quince días después de terminado el proceso de recolección de firmas, los promotores deberán presentar a la registraduría el balance correspondiente, suscrito por un contador público juramentado, junto con un informe de la ejecución de los fondos que le transfieran los promotores o el vocero, el cual deberá ser suscrito por un contador público juramentado de conformidad con lo establecido en el artículo 97 inciso segundo de la Ley 134 de 1994.
ART. 12.—Participación de personas naturales y jurídicas. De conformidad con el artículo 94 de la Ley 134 de 1994, las personas naturales y jurídicas de derecho privado podrán promover la recolección de firmas, la participación ciudadana y una posición frente al tema de la iniciativa legislativa y normativa o de la solicitud de referendo siempre y cuando se le indique en los medios de promoción de publicidad empleados el nombre de quien financia las actividades de divulgación, de pedagogía o de propaganda.
Dichas personas podrán emplear los logos, símbolos, colores o cuñas publicitarias que identifican la iniciativa ciudadana que respaldan. En caso de que se opongan a ella deberán emplear publicidad diferente.
ART. 13.—Asignación de espacios institucionales y publicaciones institucionales. Dentro de los cinco días siguientes a la iniciación del período para recolección de apoyos ciudadanos por parte del comité de promotores las autoridades competentes distribuirán de oficio los espacios de televisión, a que éstos tienen derecho. El número de espacios señalados en la ley es el mínimo a que tienen derecho, no podrá ser inferior a los promedios de los asignados a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
ART. 14.—Veracidad en las afirmaciones. Para lo de competencia del Consejo Nacional Electoral se entiende por afirmaciones falsas sobre el contenido de una iniciativa o de un referendo las que no corresponden fielmente al texto del articulado correspondiente. Las opiniones sobre sus implicaciones, sus verdades o sus desventajas no serán en ningún caso consideradas afirmaciones falsas.
ART. 15.—Publicidad. Las normas sobre contribución y publicidad de balance del estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y de la oposición se aplicarán en lo que fueren pertinentes.