Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2010-00062-de-noviembre-19-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d136cf313a8d00bce0430a01015100bc&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-04 00:02:34
Document Index: 22252916

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 134', 'artículo 8', 'artículo 831', 'artículo 41', 'artículo 206', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 768', 'artículo 134', 'artículo 132', 'artículo 198', 'artículo 157']

﻿ Auto 2010-00062 de noviembre 19 de 2012
AUTO 2010-00062 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. SEGÚN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 134-B DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN IN REM VERSO, CUYA CUANTÍA NO EXCEDA DE 500 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, SERÁ DEL CONOCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS Y EN LA SEGUNDA INSTANCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, COMPETENCIA
Auto 2010-00062 de noviembre 19 de 2012
Rad.: 11001-03-26-000-2010-00062-00(39495)
Actor: Empresa de Servicio Especial Escolar Escoturs Ltda.
4. Debe la Sala resolver si esta corporación es competente para asumir el conocimiento de la demanda en única instancia instaurada con fundamento en la “acción in rem verso por enriquecimiento sin causa”, para reclamar el pago de prestaciones ejecutadas sin respaldo en el contrato celebrado entre el municipio de Puerto Boyacá y la Empresa de Servicios Especial Escolar Escoturs Ltda.
5. Esta sección en sentencia de esta misma fecha —nov. 19/2012—(1), unificó el criterio a propósito de la pluralidad de posiciones en materia enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso en asuntos como son los que se demandan en el sub lite, en los siguientes términos:
12.1 Para este efecto la Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin causa, que en nuestro derecho es un principio general, tal como lo dedujo la Corte Suprema de Justicia(2) a partir del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, y ahora consagrado de manera expresa en el artículo 831(3) del Código de Comercio, no puede ser invocado para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente razón consistente en que la actio de in rem verso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa o cogente.
Así que entonces, la buena fe objetiva “que consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte(4), y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es la fundamental y relevante en materia negocial y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino, se repite, el comportamiento que propende por la pronta y plena ejecución del acuerdo contractual”(5), cuestión esta que desde luego también depende del cumplimiento de las solemnidades que la ley exige para la formación del negocio.
Por consiguiente la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho ”constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario”(6).
En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.
Por consiguiente, de la actio de in rem verso, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales, conocerán en primera instancia los jueces administrativos(7) y en la segunda instancia los tribunales administrativos.
Ahora, de aquella cuya cuantía exceda los 500 SLMLM conocerán en primera instancia los tribunales administrativos(8) y en segunda instancia la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la salvedad que las decisiones serán adoptadas por las respectivas subsecciones.
La competencia del Consejo de Estado en el caso concreto
6. En el caso concreto, observa la Sala que la Empresa de Servicio Especial Escolar Escotours Ltda., presentó en contra del municipio de Puerto Boyacá, demanda en ejercicio de la acción in rem verso para que se declare que este se enriqueció sin justa causa por los servicios de transporte escolar que prestó la sociedad demandante, entre los meses de abril, mayo, agosto y septiembre de 2008 en los colegios José Joaquín Ortiz y el Prado de la entidad territorial y que ascienden a la suma de $ 99.600.277,oo m/cte., no cubiertos ni pagados con cargo al contrato 0100-0110-23-02-010 de 2008 y sus adicionales, suscritos con el municipio demandado para el transporte de los educandos, razón por la cual en el acta 24 de liquidación del contrato dejó la nota de inconformidad a este respecto.
7. De la causa petendi descrita anteriormente y los lineamientos expuestos por la Sala, se puede advertir que la demanda instaurada por la Empresa de Servicio Especial Escolar Escotours Ltda., invocando la acción in rem verso, debe hacerse valer como pretensión por vía de la acción de reparación directa y, por lo tanto, todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad se rigen por los de esta acción (CCA, art. 86, ahora L. 1437/2011, art. 140). De ahí que el proceso tendrá doble instancia de acuerdo con lo establecido en los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, el procedimiento aplicable será el ordinario de conformidad con el artículo 206 ibídem y la competencia en razón del territorio se regirá por la regla de la letra f del artículo 134D de ese ordenamiento.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, según el numeral 6º del artículo 134-B del Código Contencioso Administrativo, la pretensión de la acción in rem verso, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales, será del conocimiento en primera instancia de los jueces administrativos y en la segunda instancia de los tribunales administrativos.
9. Ahora bien, la cuantía de este asunto determinada por el valor de la mayor de las pretensiones acumuladas a la demanda(9) es de $ 99.600.277, suma que equivale a 193,4(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda, inferior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para que la competencia radique en el juez administrativo en primera instancia y la segunda ante el tribunal administrativo.
10. Así las cosas, aplicadas las reglas de competencia de la acción de reparación directa al presente asunto, como lo indica la jurisprudencia unificada de esta sección, es menester concluir que por tratarse de un proceso cuya cuantía corresponde a $ 99’600.277, y dado que la entidad territorial demandada tiene sede en el municipio de Puerto Boyacá (CCA, art. 134D, num. 1º) y que además es el lugar de ocurrencia de los hechos que se narran en la demanda (art. 134D, num. 2º, letra f), su conocimiento en primera instancia corresponde al Juzgado Quinto Administrativo de Tunja y en segunda instancia al Tribunal Administrativo de Boyacá.
11. De conformidad con lo anterior y en atención a las consideraciones realizadas, esta Corporación carece de competencia para el trámite del proceso del asunto de la referencia en única instancia, como quiera que, como ya se indicó, la acción idónea para ventilar la controversia planteada en la demanda por el actor es la de reparación directa, tiene vocación de doble instancia y la competencia en este momento está radicada de acuerdo con los factores territorial y de cuantía en el Juez Quinto Administrativo de Tunja, razón por la cual la demanda será devuelta a esta autoridad, para que adelante el trámite legal correspondiente.
12. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
1. DECLÁRASE incompetente la corporación para conocer en única instancia de la demanda del asunto de la referencia, por los motivos expuestos en esta providencia.
2. DEVUÉLVASE, por secretaría el expediente al Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, para que allí se tramite el proceso.
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 24.897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(2) [75] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, de 12 de mayo de 1955. G.J. LXXX, 322.
(3) [76] ART. 831.—Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.
(4) [77] En este sentido cfr. M.L. Neme Villarreal. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de derecho privado, Nº 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 73.
(5) [78] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, Expediente 18836.
(6) [79] Inciso final del artículo 768 del Código Civil.
(7) [79] Numeral 6º del artículo 134B del Código Contencioso Administrativo.
(8) [80] Numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
(9) Si bien la demanda fue presentada el 4 de agosto de 2010, el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispuso que “en los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011”, disposición esta a cuyo tenor “cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor”.
(10) Para el año 2010 el salario mínimo legal mensual vigente fue establecido por el Decreto 5053 de 30 diciembre de 2009 en la suma de $ 515.000.