Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-1453-de-febrero-23-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_9fb6d3c1f6d8003ee0430a010151003e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 16:55:57
Document Index: 143795222

Matched Legal Cases: ['artículo 530', 'artículo 519', 'artículo 2', 'artículo 363', 'artículo 519', 'artículo 30', 'artículo 72', 'artículo 519', 'artículo 519', 'artículo 571', 'artículo 363']

﻿ Sentencia 2000-1453 de febrero 23 de 2011
SENTENCIA 2000-1453 DE 23 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:CONTRATO DE FLETAMENTO. ES DIFERENTE DEL CONTRATO DE TRANSPORTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRANSPORTE, IMPUESTO DE TIMBRE, CONTRATO DE FLETAMENTO, RETENCIÓN EN LA FUENTE
Sentencia 2000-1453 de febrero 23 de 2011
Rad.: 1300123310002000145301 (17397)
Actor: Atunes de Colombia S.A. en Liquidación
Demandado: Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe determinar si se ajustan a derecho los actos administrativos demandados, en los que la DIAN modificó la declaración privada de retención en la fuente del primer período del año 1999.
Para el efecto, la Sala debe resolver si procede la adición de retenciones a título de impuesto de timbre por concepto del contrato de fletamento suscrito entre la parte actora y la sociedad Ocean Trading International S.A., sociedad extranjera sin domicilio en Colombia.
Sobre el tema objeto del presente recurso de apelación, esta sección, mediante sentencias del 29 de abril de 2010, expedientes 17754 y 17823, M.P. William Giraldo Giraldo, y del 12 de mayo de 2010, expediente 17012, 17014, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 30 de septiembre de 2010, expediente 17939, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, analizó otros casos concretos de la demandante, pero referidos a la nulidad de los actos administrativos que modificaron la declaración de retención en la fuente del 6º período de 1999, quinto período de 1999, marzo de 1999, diciembre de 1998 y agosto de 1999, respectivamente. En dichas oportunidades, la Sala precisó(3):
“Naturaleza jurídica del contrato de fletamento frente al contrato de transporte
La Sala analiza si conforme al artículo 530 (num. 27) del estatuto tributario(4), el contrato de fletamento suscrito por la actora está exento del impuesto de timbre. Para esto estudia si el contrato de fletamento es o no un contrato de transporte.
“El fletamento por tiempo es un contrato que tiene por objeto la navegación del buque, durante un cierto tiempo, a cambio de una contraprestación económica denominada flete(5).
El transporte de mercancías propias o ajenas podrá ser la finalidad económica última del fletamento: el fletador quiere disponer de un buque para realizar transportes, pero no se identifica conceptualmente con él. Navegar es una actividad más amplia que la de transportar. Ciertamente el fletamento por tiempo y el transporte podrán ser locatio operis, pero el contenido de esa ‘obra’ puede ser bien distinto; los ejemplos conocidos en el tráfico marítimo moderno ponen de manifiesto que el contrato de transporte no explica suficientemente la utilización del buque para el tendido de cables submarinos, la pesca, (...), el crucero, (...), la perforación del subsuelo, la prevención, vigilancia y lucha contra la contaminación, el almacenamiento de crudo, (...), actividades todas ellas que pueden ser desarrolladas en el marco de un contrato de fletamento por tiempo y que no pueden ser calificadas como transporte”(6) (resalta la Sala).
“... la finalidad es la puesta a disposición de un buque para la realización de un viaje que podrá tener otros objetivos distintos del transporte. El naviero no se obliga a transportar, se obliga concretamente a realizar un viaje determinado (...). En la doctrina general sobre los contratos de utilización del buque, la causa del contrato del fletamento no se identifica con el transporte: su finalidad económico-social es la navegación, incluyendo actividades tan distintas como la pesca, el traslado de personas o cosas, la investigación oceanográfica, el tendido de cables submarinos, la prevención o lucha contra la contaminación, el alojamiento a bordo, etc.”(7) (resalta la Sala).
“PRIMERA: Ocean Trading International S.A., es operadora de un buque pesquero atunero del tipo purse seiner, de nombre “Enterprise”, de bandera colombiana, cuyas características físicas son las siguientes: (...).
El artículo 519 del estatuto tributario(8), vigente para el año 1999, dispone que el impuesto de timbre se causa a la tarifa del 1.5% sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a $ 48.900.000 (D. 2649/98 [2], valor año base 1999), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio superior a $ 780.700.000 (D. 2649/98 [2], valor año base 1999).
A su vez, el hecho de que la mercancía se entregara en zona franca colombiana, como lo precisó la actora, no le quita el carácter de obligación cumplida en territorio colombiano. Conforme al artículo 2º del Decreto 2233 de 1996, aplicable en 1999, las zonas francas se definían como áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, cuyo objeto era promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios, destinados primordialmente a los mercados externos(9).
No asiste razón a la actora, pues la norma en mención empezó a regir el 12 de enero de 2002, fecha de su publicación en el Diario Oficial (art. 33, ib.).
Y, según el artículo 363 de la Constitución Política(10), la ley tributaria no puede aplicarse retroactivamente.
En consecuencia, cuando la aludida ley entró en vigencia (2002), ya el impuesto se había causado, pues, el contrato se suscribió en 1998 y en el periodo discutido estaba en ejecución”.
Para la Sala es evidente que los actos administrativos demandados no son nulos, por cuanto, conforme con las anteriores consideraciones, sí se configuró el hecho generador del impuesto de timbre en los términos del artículo 519 del estatuto tributario En efecto, está probado que la empresa demandante celebró, en el extranjero, contrato de fletamento con la sociedad Ocean Trading Internacional S.A. También está acreditado que dicho contrato tiene un componente dinerario y que, además, genera obligaciones que deben cumplirse en el territorio colombiano.
Ahora bien, como, para la época en que se celebró contrato de fletamento, no existía ninguna exención la actora debió declarar las retenciones por impuesto de timbre, por el período objeto de discusión. La Sala reitera que no es posible aplicar al caso concreto el beneficio consagrado en el artículo 30 de la Ley 730 de 2001, porque para cuando la ley entró en vigencia (ene. 12/2002), el impuesto de timbre ya se había causado, pues el contrato de fletamento se suscribió en el año 1998 y se ejecutó en el período objeto de discusión.
En consecuencia, la Sala desestima los argumentos de la parte demandante y, por ende, confirmará la sentencia apelada.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 10 de junio de 2008, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.
2. RECONÓCESE personería a la abogada Nohora Elizabeth Sánchez Garzón, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder conferido.
(3) Al decidir un asunto idéntico al presente, la Sala, en sentencia del 2 de diciembre de 2010, expediente 18045, reiteró lo dicho en las sentencias nombradas.
(4) ART. 530.—Se encuentran exentos del impuesto de timbre. Están exentos del impuesto:
(5) Arroyo Martínez Ignacio. Curso de derecho marítimo, Segunda Edición 2005. Editorial Thomson Civitas. Navarra (España) Pág. 454 y 455 y 472.
(7) Ob. cit. Pág. 472.
(8) El artículo 72 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, modificó el artículo 519 del estatuto tributario así: ART. 72.—Modifícase el inciso primero y adiciónase un parágrafo al artículo 519 del estatuto tributario, los cuales quedan así:
— Al cero por ciento (0%) a partir del año 2010".
(9) Norma derogada expresamente por el artículo 571 del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999.
(10) C.P., artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.