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Timestamp: 2020-03-29 16:04:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 38', 'artículo 181', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 198', 'artículo 28', 'artículo 213', 'artículo 172', 'artículo 28', 'artículo 213', 'artículo 13', 'artículo 71', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 28']

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Por administración concursal se entiende el órgano específicamente creado por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), para la organización y gestión del concurso bajo la supervisión del Juez Mercantil como Juez del Concurso.
¿Dónde está regulada la administración concursal?
¿Por qué se caracteriza la administración concursal?
¿Cuál es el procedimiento de designación de miembros de la administración concursal?
¿A qué nos referimos con separación de los administradores?
¿Cuáles son las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser administrador concursal?
2. Inhabilitaciones
¿Cómo se produce la aceptación del cargo, la renuncia, nombramiento y recusación?
¿Cómo se retribuye a un administrador concursal?
¿Cuáles son las responsabilidades de los administradores concursales?
El Título II de la Ley regula la administración concursal dividido en dos capítulos, precedidos por el artículo 26 LC 22/2003 dedicado a la formación de la sección segunda que se limita a señalar que declarado el concurso, el Juez ordenará la formación de la Sección Segunda, especificando el contenido de tal Sección: "todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales". El primero de dichos capítulos se denomina "Del nombramiento de los administradores concursales" , y el segundo, se refiere al "Estatuto jurídico de los administradores concursales" .
a) Órgano necesario. La administración concursal constituye el componente personal imprescindible de todo concurso.
b) Órgano de gestión y de cooperación. A la administración concursal se le atribuye la gerencia del concurso mismo, lo que incluye desde la masa pasiva, a las facultades patrimoniales del deudor y, desde luego, del patrimonio, a cuyos efectos es dotado de potestades y poderes jurídicos concretos o determinables por el Juez del concurso. Tiene además facultad de evacuar informes sobre la situación del concursado, y de evaluación de las propuestas de convenio o del plan de liquidación, así como de asesoramiento del juez sobre la marcha del concurso.
La administración concursal estará integrada por un único miembro, que podrá ser una persona física o jurídica que figure inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal, y hayas declarado su disposición a ejercer las labores de administrador concursal en el concreto ámbito territorial donde se proceda a su nombramiento.
Los requisitos para ello se referirán a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar, y a la realización o superación de pruebas o cursos específicos; pudiéndose exigirse requisitos adicionales para los concursos de gran tamaño, o de tamaño medio (cuyos parámetros también serán definidos reglamentariamente)..
Los administradores se nombrarán por el Juez del Concurso a partir de una lista, obrante en cada Juzgado Decano, integrada por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia.
A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles, incluidas las personas jurídicas.
Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados. Igualmente las personas jurídicas podrán solicitar su inclusión, reseñando los profesionales que las integran y, salvo que ya figuraran en las listas, su formación y disponibilidad.
Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. No obstante, el juez:
1. Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso.
2. Para concursosordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso.
En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de éstos podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única designando auxiliares delegados.
Como excepción a lo indicado:
1. En caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de una empresa de servicios de inversión, será nombrado administrador concursal un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por ésta, a cuyo efecto la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al juez la identidad de aquélla.
2. En caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos respectivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.
3. En caso de concursos ordinarios de especial trascendencia el juez nombrará, además del administrador concursal previsto, a un administrador concursal acreedor titular de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe.
A estos efectos, cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores por los créditos señalados estuviera incluida en el primer tercio de mayor importe, el juez podrá nombrar como administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores, si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de economista, titulado mercantil, auditor de cuentas o abogado, quedando sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración concursal.
Una vez se opere el citado desarrollo reglamentario, se distinguirá entre concursos de tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características que permitan definir el tamaño del concurso. De esta forma, la designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción en dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito de competencia territorial del juzgado que lo designe.
La primera designación de la lista se realizará mediante sorteo. Si bien, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o experiencia previa acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o con expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales.
1. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
2. En el caso de las entidades sujetas a supervisión, se nombrará de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. Si se trata de entidades aseguradoras, de entre los propuestos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
4. En aquellos concursos en que exista una causa de interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella. La representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, y su régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. Asimismo, la representación de la administración concursal frente a terceros recaerá sobre el primer administrador concursal. La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al nombramiento.
5. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única, designando auxiliares delegados. En caso de acumulación de concursos a declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las administraciones concursales ya existentes.
El artículo 38 LC 22/2003 establece que, en todos los casos de cese de un administrador concursal, el juez procederá de inmediato a efectuar un nuevo nombramiento. Si el cesado fuera el representante de una persona jurídica administradora, el juez requerirá la comunicación de la identidad de la nueva persona física que haya de representarla en el ejercicio de su cargo. Al cese y nuevo nombramiento se dará la misma publicidad que hubiera tenido el nombramiento del administrador concursal sustituido. En caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación en las competencias que le hubieran sido atribuidas.
En caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación. Esta rendición de cuentas se presentará por el administrador concursal dentro del plazo de un mes, contado desde que le sea notificada la orden judicial, y será objeto de los mismos trámites, resoluciones y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso.
En supuesto de concurrencia de justa causa, el Juez bien de oficio o a instancia del deudor o de cualquiera de sus acreedores, y si se tratare del concurso de una persona jurídica, el órgano de administración o de liquidación, en su caso (artículo 3.1 LC 22/2003), o de cualquiera de los demás miembros de la administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados (artículo 37.1 LC 22/2003).
En el supuesto de que el cesado fuera representante de una persona jurídica administrador, el Juez requerirá que se le designe la persona natural que haya de representar a la jurídica, a no ser que determine que el cese debe afectar también a ésta, procediendo en tal supuesto nuevo nombramiento (artículo 37.2 LC 22/2003). Tal resolución de cese revestirá la forma de auto, recogiendo los motivos en que el juez apoya tal decisión (artículo 37.3 LC 22/2003).
Del contenido del auto el Letrado de la Administración de Justicia dará conocimiento al registro público previsto en el artículo 198 LC 22/2003.
[Las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones se contienen en el artículo 28 LC 22/2003].
No podrán ser nombrados administradores concursales quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Según el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital son causas de incapacidad la minoría de edad, salvo emancipación y la incapacitación por resolución judicial.
a) Por la Ley concursal en caso de sentencia en pieza de calificación que califique al concurso como culpable (artículo 172 de la Ley Concursal 22/2003) respecto de los inhabilitados.
b) Los condenados por delitos contra la libertad, el patrimonio y orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o cualquier clase de falsedad.
c) Los que fueron separados del cargo de administrador concursal en concurso anterior, hasta tanto transcurran los dos años de inhabilitación (artículo 28.2, inciso final, de la Ley Concursal).
d) Los mismos administradores que hayan sido inhabilitados por desaprobación de las cuentas hasta que transcurra el plazo de inhabilitación.
Los que no pueden legalmente ejercer comercio por razón de su cargo. Además, la Ley de Sociedades de Capital establece en el artículo 213 LC 22/2003 que tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.
a) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personasespecialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza.
b) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso.
c) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años.
d) Quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.
e) Por vínculo personal o profesional entre administradores concursales. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal, no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones.
Estas prohibiciones se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera Administraciones Públicas acreedoras, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93.
Puede ser designado o nombrado administrador una persona física o jurídica, estableciendo el artículo 30 LC 22/2003 una serie de disposiciones:
a) En caso de designación de una persona jurídica:
- Al aceptar el cargo, el deber de comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla en el ejercicio de su cargo.
- Será de aplicación al representante de la persona jurídica designada el régimen de incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad y separación establecido para los administradores concursales que se superpone al de las personas jurídicas, que también se someten al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones del artículo 28 LC 22/2003.
- Como consecuencia de nombramientos precedentes por el mismo Juzgado en tres concursos en dos años, salvo que no haya personas suficientes (artículo 28.2 LC 22/2003). Existe una limitación ya que los nombramientos para sociedades del mismo grupo de empresas se computarán como uno solo (artículo 28.2.1 LC 22/2003). Con esta limitación el legislador ha pretendido evitar que sean siempre los mismos administradores en el mismo Juzgado, como acontecía con las suspensiones de pagos en el sistema precedente.
- Cuando la persona jurídica haya sido nombrada por su cualificación profesional, ésta deberá concurrir en la persona natural que designe como representante.
b) En caso de designación como administrador de una persona física, está habrá de comunicar al juzgado si se encuentra integrado en alguna persona jurídica de carácter profesional al objeto de extender el mismo régimen de incompatibilidades a los restantes socios o colaboradores.
El cargo de administrador concursal no es obligatorio. Salvo el administrador acreedor que resulta llamado del propio concurso, tanto el jurista como el economista para ser nombrados han tenido que manifestar su disponibilidad para el desempeño de tal función en el Registro oficial de auditores de cuentas o en el correspondiente colegio profesional en caso de colegiación obligatoria, debiendo en otro caso, inscribirse en las listas que a tal efecto se lleven en el Decanato de los juzgados competentes.
No es suficiente con que se haya manifestado su disponibilidad a pertenecer al órgano de administración concursal en el oportuno Registro, Colegio o Decanato judicial, sino que es precisa la aceptación para el concreto y determinado concurso y la posesión de un seguro de responsabilidad civil.
La Ley equipara los casos de que el designado no compareciese y del que no aceptase el cargo sin justa causa, con el mismo efecto: el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento. A quien sin justa causa no compareciese, no tuviera seguro suscrito o no aceptase el cargo, no se le podrá designar administrador en los procedimientos concursales que puedan seguirse en el mismo partido judicial durante un plazo de tres años (artículo 29.2 LC 22/2003).
"Aceptado el cargo, el designado sólo podrá renunciar por causa grave" (artículo 29.3 LC 22/2003). El juez mandará expedir y entregar al designado documento acreditativo de su condición de administrador concursal (artículo 29.1 LC 22/2003).
Al aceptar el nombramiento, todo administrador concursal deberá acreditar ante el secretario judicial del Juzgado que conozca del concurso la vigencia de un contrato de seguro o una garantía equivalente por cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se obligue, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del propio administrador concursal asegurado de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función (artículo 1 Real Decreto 1333/2012).
Además, al aceptar el cargo, el administrador concursal, deberá facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación y designar un despacho u oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado (artículo 31 LC 22/2003). En caso de persona jurídica debe comunicar la identidad de la persona física que haya de representarla en el ejercicio de su cargo.
Los administradores pueden ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso. Tales personas son el deudor y cualquiera de sus acreedores. Si el deudor fuere persona jurídica será competente el órgano de administración o de liquidación. No está legitimado el acreedor que dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de declaración de concurso hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título singular, después de su vencimiento. En la declaración de concurso de una persona jurídica están legitimados "los socios, miembros o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas de aquélla" .
Son causas de recusación las constitutivas de incapacidad, incompatibilidades o prohibición del artículo 28 y asimismo las establecidas en legislación procesal para la recusación de los peritos (artículo 33 LC 22/2003).
La retribución de la administración concursal se determinará mediante el arancel que se apruebe reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del mismo (artículo 34 LC 22/2003).
Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia (artículo 36 LC 22/2003).
Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares delegados de los actos y omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño.
La acción de responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda, ante el juez que conozca o haya conocido del concurso.
La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo.
Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a la cantidad percibida, se le reembolsen los gastos necesarios que hubiera soportado.
Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen directamente los intereses de aquéllos.
• La administración concursal es un componente personal imprescindible de todo concurso, atribuyéndole la gerencia, lo que incluye desde la masa pasiva, a las facultades patrimoniales del deudor y, desde luego, del patrimonio.
• Los administradores se nombrarán por el Juez del Concurso a partir de una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad.
• En caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación en las competencias que le hubieran sido atribuidas.
• Las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones se contienen en el artículo 28 LC 22/2003.
• Salvo el administrador acreedor que resulta llamado del propio concurso, tanto el jurista como el economista para ser nombrados han tenido que manifestar su disponibilidad para el desempeño de tal función.
• Los administradores concursales responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia