Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-ircfranciaedi.t2.html
Timestamp: 2017-04-28 03:17:36
Document Index: 305734522

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 11', 'artículo 28', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 34']

Instrumento de Ratificación del Convenio entre España y Francia para evitar la doble imposición y establecer normas de asistencia administrativa recíproca en materia de impuestos sobre la renta e impuestos sobre las herencias. TÍTULO II. Doble imposición (Vigente hasta el 01 de Julio de 1997).
TÍTULO IIDoble imposición
CAPÍTULO PRIMEROIMPUESTO SOBRE LA RENTA
1. Este Convenio se aplica a lo impuestos sobre la renta percibidos por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones administrativas y sus corporaciones locales, cualquiera que sea el sistema de percepción.
Se consideran impuestos sobre la renta los impuestos percibidos sobre la renta total o sobre los elementos de esta renta y los impuestos a los cuales se encuentran sujetos los beneficios obtenidos por la enajenación de bienes, muebles o inmuebles y las plusvalías.
2. Las disposiciones de este Convenio tienen por objeto evitar la doble imposición que puede producirse para los residentes de los Estados contratantes por la percepción simultánea o sucesiva por uno y otro Estados de los impuestos indicados en el párrafo anterior.
3. Los impuestos actuales a los que se aplica el presente Convenio en cada uno de los Estados contratantes son:
A) En lo que se refiere a Francia:
1.º El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
2.º El impuesto complementario.
3.º El impuesto sobre los beneficios de las Sociedades y demás personas jurídicas.
1.º La contribución territorial, rústica y urbana.
2.º El impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal.
3.º El impuesto sobre las rentas del capital.
4.º El impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales.
5.º El impuesto sobre las rentas de Sociedades y entidades jurídicas.
6.º La contribución general sobre la renta.
7.º Para las empresas reguladas por la Ley de 26 de diciembre de 1958, que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos, el Convenio se aplica, además de a los otros impuestos enumerados en este artículo, al canon de superficie, al impuesto sobre el producto bruto y al impuesto especial sobre los beneficios de dichas sociedades.
8.º Los impuestos locales sobre renta.
9.º En la provincia del Sahara:
a) El impuesto sobre los rendimientos del trabajo.
b) El impuesto sobre el rendimiento del patrimonio.
c) El impuesto sobre los beneficios de empresas.
10. En las provincias ecuatoriales de Fernando Poo y Rio Muni:
a) El impuesto sobre el rendimiento de las fincas rústicas.
b) El impuesto sobre el rendimiento de las fincas urbanas.
c) El impuesto sobre el rendimiento del patrimonio mobiliario.
d) El impuesto sobre rendimientos del trabajo.
e) El impuesto sobre beneficios de empresas.
11. En la provincia de Ifni:
a) El impuesto sobre los rendimientos de trabajo.
c) El impuesto sobre beneficios de empresas.
4. El Convenio se aplicará también a los impuestos futuros de naturaleza idéntica o análoga que se añadan a los impuestos actuales o que sustituyan a éstos. Las Autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán al comienzo de cada año, las modificaciones introducidas en su legislación fiscal durante el año precedente.
5. En caso de que la legislación fiscal de uno de los Estados contratantes sea objeto de modificaciones que afecten sensiblemente a la naturaleza o al carácter de los impuestos enumerados en el párrafo 3 del presente artículo, las Autoridades competentes de los dos Estados se pondrán de acuerdo para determinar las modificaciones que en su caso, hayan de introducirse en este Convenio.
A partir de: 1 julio 1997
Artículos 8 a 28 derogados conforme establece el número 3 del artículo 32 del Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 («B.O.E.» 12 junio 1997).
1. Las rentas procedentes de bienes inmuebles serán objeto de imposición únicamente en el Estado contratante donde estos bienes se encuentren situados.
2. La expresión «bienes inmuebles» se entiende definida con arreglo al derecho del Estado contratante en que los bienes de que se trate se encuentren situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los accesorios, el ganado y aperos de labranza de las empresas agrícolas y forestales, los derechos a los cuales se aplican las disposiciones del derecho privado relativo a la propiedad territorial, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a cánones variables o fijos por la explotación de yacimientos de minerales, fuentes y otras riquezas del suelo.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 antes citados se aplican a las rentas procedentes de la explotación directa, arrendamiento rústico o urbano y de cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles, comprendidas las rentas procedentes de empresas agrícolas o forestales. Dichas disposiciones se aplican también a los beneficios procedentes de la enajenación de bienes inmuebles.
4. Además de a las empresas agrícolas y forestales, las disposiciones de los tres párrafos anteriores se aplican igualmente a las rentas procedentes de los bienes inmuebles de las demás empresas y a las rentas de bienes inmuebles destinados al ejercicio de una profesión liberal.
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante son objeto de imposición únicamente en este Estado, salvo que la empresa ejerza una actividad industrial o comercial en el otro Estado por mediación de un establecimiento permanente situado en el mismo. En este último caso el impuesto podrá ser percibido en el otro Estado sobre los beneficios de la empresa, pero únicamente en la medida en que esos beneficios son imputables a dicho establecimiento permanente.
2. Cuando una empresa de un Estado contratante ejerce una actividad industrial o comercial en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en el mismo se imputarán, en cada uno de los Estados, a este establecimiento permanente los beneficios que había podido obtener si dicho establecimiento hubiera constituido una empresa distinta y separada que ejerciese actividades idénticas o análogas en las mismas o análogas condiciones y tratando con total independencia con la empresa de la cual constituye un establecimiento permanente.
3. Para el cálculo de los beneficios de un establecimiento permanente serán deducibles los gastos demostrados para los fines perseguidos por este establecimiento permanente, comprendidos en ellos los gastos de dirección y los gastos generales de administración, también demostrados, ya sean realizados en el Estado en el cual esté situado este establecimiento permanente o en otra parte.
4. Mientras esté en uso en un Estado contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo no impedirá a este Estado contratante determinar los beneficios imponibles según el método en uso.
5. No se imputará ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que este establecimiento haya comprado mercancías para la empresa.
6. A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los beneficios que han de ser imputados a un establecimiento permanente serán calculados cada año según el mismo método, a menos que existan motivos válidos y suficientes para proceder en otro forma.
a) Una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa del otro Estado contratante; o
b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante, y en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que difieran de aquellas otras condiciones que serían acordadas entre empresas independientes, los beneficios que, sin darse estas condiciones, pudieran haber sido obtenidos por una de las empresas, pero que no tuvieron lugar a causa de las dichas condiciones podrán ser incluidos en los beneficios se esta empresa y, en consecuencia, sometidos a imposición.
1. Las rentas procedentes de la explotación, en tráfico internacional, de navíos o aeronaves son gravables únicamente en el Estado contratante en el cual esté situada la sede de la dirección efectiva de la empresa.
2. Cuando la sede de la dirección efectiva de una empresa de navegación marítima esté a bordo de un navío, dicha sede se considerará situada en el Estado contratante en el cual se encuentre el puerto de matrícula de este navío, o en su defecto, en el Estado contratante en el cual la persona que explote el navío sea residente.
1. Los beneficios obtenidos por la enajenación de bienes o derechos son gravables únicamente en el Estado contratante en el cual el cedente sea residente.
2. El párrafo 1 anterior no se aplica cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes efectos al activo de un establecimiento permanente o de una base fija que el cedente posea en el otro Estado. En estos casos se aplicarán los artículos 9, párrafo 3, 10 y 22, respectivamente.
1. Las Sociedades residentes en alguno de los dos Estados que tengan un establecimiento permanente en el otro Estado, en lo que se refiere a las distribuciones de beneficios que hagan quedan sujetas al impuesto aplicable a estas distribuciones en este último Estado, con arreglo a la legislación del mismo. Sin embargo, el importe del impuesto exigido de esta forma no puede exceder del 15 por 100 del importe bruto de los dividendos gravables en este Estado.
El impuesto determinado con arreglo al párrafo anterior se deducirá del impuesto correspondiente, referente a los mismos beneficios, en el Estado del que la Sociedad sea residente y dentro del límite de este impuesto.
2. La Sociedad residente en alguno de los dos Estados no quedará sujeta en el otro Estado al impuesto a que se refiere el párrafo 1 anterior por su participación en la gestión o en el capital de una Sociedad residente en el otro Estado o en virtud de cualquier otra relación con esta Sociedad; pero los beneficios repartidos por esta última Sociedad y sujetos a este impuesto se aumentarán, en su caso, para determinar la base de dicho impuesto con todos los beneficios o ventajas que la primera Sociedad habría indirectamente obtenido en las condiciones previstas en el artículo 11 precedente. En lo que se refiere a estos beneficios y ventajas, se evitará la doble imposición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.
1. Los dividendos pagados por una Sociedad que sea residente en un Estado contratante a un residente en el otro Estado contratante son gravables en este otro Estado.
2. Sin embargo, el Estado contratante en el cual la Sociedad que paga los dividendos sea residente tiene el derecho de imponer estos dividendos según su legislación, pero el tipo de imposición que establezca no podrá exceder del:
a) Diez por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario de éstos es una Sociedad (excluidas la Sociedades de personas) que tenga directamente, como mínimo, como mínimo un 50 por 100 del capital de la Sociedad que paga los dividendos, con tal que esta participación esté representada por acciones o partes sociales nominativas desde, como mínimo, un año antes de la fecha de distribución.
b) Quince por ciento del importe bruto de estos dividendos en todos los demás casos.
Las autoridades competentes de los dos Estados se pondrán de acuerdo sobre la forma de aplicación de este límite.
3. El término «dividendos» empleado en el presente artículo designa las rentas procedentes de acciones, acciones o bonos de disfrute, partes de mina, partes de fundador u otras partes beneficiarias, y las rentas de otras partes sociales asimiladas a las rentas de acciones por la legislación fiscal del Estado en el que la sociedad distribuidora sea residente.
4. Las disposiciones de los párrafos 1, y 2 no se aplicarán cuando el beneficiario de los dividendos, residente en un Estado contratante, tenga, en el otro Estado contratante en el cual la sociedad que paga estos dividendos sea residente, un establecimiento permanente con el que se relacione efectivamente la participación que genera los dividendos. En este caso, será de aplicación el artículo 10, concerniente a la imputación de beneficios a los establecimientos permanentes.
1. Los intereses procedentes de un Estado contratante pagados a un residente en el otro Estado contratante son gravables en este otro Estado.
2. Sin embargo, el Estado contratante, del que provienen los intereses que se pagan a los residentes en el otro Estado contratante, tiene el derecho a gravar estos intereses según su legislación, pero el tipo impositivo que establezca no puede exceder de los tipos fijados a continuación:
A) En lo que se refiere a Francia:Teniendo en cuenta las disposiciones actuales de la legislación fiscal francesa, el impuesto sobre los intereses de las obligaciones y otros títulos de empréstito negociables procedentes de fuentes francesas y pagados a personas residentes en España no puede exceder del 12 por 100. Todos los demás intereses percibidos por personas residentes en España están exentos.
B) En lo que se refiere a España:Habida cuenta de las disposiciones actuales de la legislación fiscal española, la imposición de los intereses de cualquier naturaleza procedentes de fuentes españolas y pagados a personas residentes en Francia no puede exceder del 10 por 100.
Sin embargo, los intereses de la deuda publica española podrán ser gravados por el Estado español con arreglo a su legislación, sin ningún límite.
Las Autoridades competentes de los dos Estados se pondrán de acuerdo sobre la forma de aplicación de los límites establecidos por este artículo.
3. El término «intereses» empleado en este artículo designa las rentas de fondos públicos, obligaciones de empréstitos, con o sin garantía hipotecaria o con cláusula de participación en beneficios, créditos de cualquier otra naturaleza y cualesquiera otros productos que asimile la legislación fiscal del Estado deudor a las rentas de sumas prestadas.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán cuando el beneficiario de los intereses, residente en un Estado contratante, tenga, en el otro Estado contratante de donde procedan los intereses, un establecimiento permanente al cual esté afectado efectivamente el crédito que los produzca. En este caso, se aplicará el artículo 10 relativo a la imputación de beneficios a los establecimientos permanente.
5. Los intereses serán considerados procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea este mismo Estado, una subdivisión administrativa, una corporación local o un residente en este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente en un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente para cuyas necesidades haya sido realizado el empréstito que produzca los intereses y que soporte la carga de estos intereses, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante donde el establecimiento permanente esté situado.
6. Si a consecuencia de relaciones especiales existentes entre deudor y acreedor, o de las que uno y otro sostienen con terceros, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el cual son satisfechos, excediera del que habrían pactado el deudor y acreedor si no existiesen tales relaciones, las disposiciones de este artículo se aplicarán únicamente a este último importe. En este caso, el exceso de los pagos será gravable conforme a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
1. Los cánones procedentes de un Estado contratante pagados a un residente en el otro Estado contratante son gravables en este otro Estado.
2. Sin embargo, el Estado contratante, del cual procedan los cánones que se paguen a un residente en el otro Estado contratante, tiene el derecho de someter a impuesto estos cánones con arreglo a su legislación, pero el tipo impositivo a aplicar no podrá exceder del 5 por 100 del importe bruto de dichos cánones. Las autoridades competentes de los dos Estados se pondrán de acuerdo sobre la forma de aplicación de este límite.
3. El término «cánones» empleado en este artículo designa las remuneraciones de cualquier naturaleza pagadas por el uso o la concesión del uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, comprendidas las películas cinematográficas, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, procedimientos o fórmulas secretas; el uso o la concesión del uso de un equipo industrial, comercial o científico, y por informaciones relativas a experiencias de orden industrial, comercial o científico.
4. Los beneficios procedentes de la enajenación de derechos y bienes mencionados en el párrafo 3 son únicamente gravables en el Estado contratante en el cual el cedente es residente.
5. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 4 no se aplicarán cuando el beneficiario de los cánones o utilidades residente en un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante del cual procedan los cánones o las utilidades un establecimiento permanente al cual el derecho o el bien que los produzca esté afecto efectivamente. En este caso, el artículo 10 relativo a los beneficios industriales y comerciales será aplicable.
6. Las rentas de la propiedad intelectual o industrial se consideran procedentes de un Estado contratante cuando son debidas por este mismo Estado, por una parte de sus subdivisiones administrativas o de sus corporaciones locales o por uno de sus residentes. Sin embargo, si el deudor, sea o no residente en uno de los Estados contratantes, tiene en uno de estos Estados un establecimiento permanente y si los bienes o derechos de que se trata han sido adquiridos en interés de este establecimiento, las rentas cuya carga soporte el establecimiento permanente son consideradas como procedentes del Estado donde se encuentra situado dicho establecimiento.
7. Si a consecuencia de relaciones especiales existentes entre deudor y acreedor o de las que uno y otro sostienen con terceros, el importe de los cánones pagados, habida cuenta de la prestación por la cual son satisfechos, excediera del que habrían pactado el deudor y acreedor si no existiesen tales relaciones, las disposiciones de este artículo se aplicarán únicamente a este último importe. En este caso el exceso de los pagos será gravable conforme a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21, los salarios, sueldos y otras remuneraciones análogas que un residente en un Estado contratante reciba en virtud de empleo asalariado, únicamente serán gravables en este Estado, a no ser que dicho empleo se desempeñe en el otro Estado contratante. Si el empleo es desempeñado en este último Estado, las remuneraciones recibidas por este motivo son gravables en este otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, las remuneraciones que un residente en un Estado contratante reciba en virtud de empleo asalariado desempeñado en el otro Estado contratante, se gravarán únicamente en el primer Estado si:
a) El beneficiario permanece en el otro Estado durante uno o varios períodos que no excedan en total de ciento ochenta y tres días en el curso del año fiscal considerado.
b) Las remuneraciones se pagan por una persona o en nombre de una persona que no es residente en el otro Estado; y
c) Las remuneraciones no son deducidas de los beneficios de un establecimiento permanente o de una base fija que la persona por cuenta de quien se trabaja tenga en el otro Estado.
Las tres condiciones que preceden deberán concurrir simultáneamente.
3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones referentes a una actividad ejercida a bordo de un navío o de una aeronave en tráfico internacional son gravables en el Estado contratante en el cual esté situada la sede de la dirección efectiva de la empresa.
4. Los trabajadores fronterizos que justifiquen esta cualidad mediante la presentación del documento fronterizo reconocido por convención particular que exista entre los Estados contratantes, serán sometidos a impuestos sobre los sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por el mismo concepto únicamente en el Estado contratante en el cual sean residentes.
1. Las remuneraciones, comprendidas las pensiones pagadas directamente o con cargo a fondos constituidos por un Estado contratante o una de sus subdivisiones administrativas o Corporaciones locales a una persona física en virtud de servicios prestados a este Estado o a estas subdivisiones o Corporaciones en el ejercicio de funciones de carácter público, serán únicamente gravables en este Estado. Sin embargo, esta disposición no se aplicará cuando las remuneraciones se concedan a personas que posean la nacionalidad del otro Estado sin ser al propio tiempo súbditos del primer Estado. En este caso las remuneraciones únicamente serán gravables en el Estado en que estas personas sean residentes.
2. Las disposiciones de los artículos 18, 20 y 21 se aplicarán a las remuneraciones y pensiones, pagadas a título de servicios prestados que tengan relación con el ejercicio de una actividad comercial o industrial por uno de los Estados contratantes o una de sus subdivisiones administrativas o corporaciones locales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19, las pensiones y las rentas vitalicias únicamente serán gravables en el Estado contratante en el cual el beneficiario sea residente.
1. Las participaciones en beneficios, dietas por asistencia y demás retribuciones análogas que un residente en un Estado contratante reciba por su cualidad de miembro del Consejo de Administración o de Vigilancia de una Sociedad que sea residente en el otro Estado contratante, serán únicamente gravables en este último Estado.
2. Las remuneraciones que las personas expresadas en el párrafo 1 reciban por cualquier otro concepto quedan sujetas, según su naturaleza, a lo previsto en el artículo 18 o en el artículo 22.
1. Las rentas que un residente en un Estado contratante perciba por el ejercicio de una profesión liberal o de otras actividades independientes de carácter análogo serán únicamente gravables en este Estado, a menos que dicho residente disponga de manera habitual en el otro Estado contratante de una base fija para el ejercicio de sus actividades. Si dispone de tal base, la parte de renta que puede atribuirse a la misma será gravable en este último Estado.
2. Se consideran profesionales liberales, a los efectos de este artículo, especialmente las actividades científicas, artísticas, literarias, de enseñanza o pedagógicas y la de los médicos, abogados, arquitectos o ingenieros.
Las rentas percibidas por los agentes mediadores, en remuneración de servicios prestados en el ámbito de sus actividades propias, serán gravadas conforme a las reglas siguientes:
a) Se gravan en España las rentas percibidas por un agente mediador de un establecimiento permanente o de una base fija, situados en España, así como las rentas percibidas por un residente en España y no procedentes de un establecimiento permanente situado en Francia.
b) Se gravan en Francia las rentas percibidas por un agente mediador de un establecimiento permanente situado en Francia, así como las rentas percibidas por un residente en Francia y no procedentes de un establecimiento permanente situado en España.
No obstante cualquier otra disposición de este Convenio, las rentas que los profesionales de espectáculos, tales como artistas de teatro, cinematógrafo, radiodifusión o televisión, los músicos y los profesionales del deporte, obtengan por el ejercicio de sus actividades profesionales en su calidad de tales, serán únicamente gravables en el Estado contratante en que estas actividades sean ejercidas.
Las sumas que un estudiante o una persona realizando prácticas, de uno de los Estados contratantes, que permanezcan en el otro Estado con el único fin de proseguir en éste sus estudios o adquirir una formación profesional, reciba para atender a sus gastos de sostenimiento, estudios o formación, no serán gravables en este otro Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de este Estado.
El personal docente, residente en un Estado contratante, que se traslade temporalmente al otro Estado para enseñar en Universidades, Liceos o Colegios de este otro Estado durante un período no superior a dos años, no estará en este último Estado sujeto al impuesto por las indemnizaciones que el mismo conceda por el desempeño de la función docente durante dicho período, y como complemente al sueldo que perciba del Estado de origen.
Las rentas no mencionadas en los artículos precedentes son gravables únicamente en el Estado en el cual el beneficiario sea residente, salvo que estas rentas se deban a la actividad de un establecimiento permanente que dicho beneficiario posea en el otro Estado contratante.
La doble imposición se evitará de la forma siguiente:
1. Las rentas cuya imposición, según este Convenio, se atribuye exclusivamente a España serán exceptuadas de los impuestos franceses mencionados en el artículo octavo, párrafo tercero, A. de dicho Convenio.
2. No obstante las disposiciones de párrafo 1 precedente, los impuestos franceses a que se refiere dicho párrafo podrán calcularse, en cuanto a las rentas gravables en Francia en virtud de este Convenio, a los tipos que correspondan al conjunto de las rentas gravables según la legislación francesa.
3. Francia podrá, para la liquidación de los impuestos aplicables a las personas residentes en su territorio, comprender en las bases de estos impuestos todas las categorías de rentas cuya imposición, según este Convenio, no esté atribuida exclusivamente a España. Sin embargo, Francia deducirá de los impuestos así calculados el importe del Impuesto español que grave las rentas cuya fuente esté en España y que estén comprendidas en las bases de imposición de los dos Estados contratantes. Esta deducción se limitará, sin embargo, a la parte de los impuestos franceses correspondientes a la relación existente entre, de una parte, dichas rentas y, de otra, la renta global gravable en Francia.
4. En lo que se refiere a las rentas de los valores mobiliarios, a que se alude en los artículos 15 y 16 del presente Convenio, la deducción mencionada en el párrafo 3 del presente artículo, se hace en las siguientes condiciones:
a) Para los dividendos procedentes de España y que hayan soportado por retención en la fuente el impuesto español sobre las rentas de capital en las condiciones previstas en el artículo 15 antes mencionado, este impuesto se deduce, sea de la retención que ha tenido lugar en la fuente a título de impuesto sobre la renta de las personas físicas, sea, cuando esta retención no proceda, de los impuestos en la base de los cuales se encuentran comprendidos estos dividendos.Sin embargo, cuando los dividendos procedentes de España y percibidos por un residente en Francia hayan sido sometidos al impuesto español sobre los beneficios de las sociedades petrolíferas, este impuesto se considera que cubre la retención hecha en el origen de que se habla en el párrafo anterior y aplicable en Francia a estos dividendos.
b) Para los intereses procedentes de España que hayan soportado como retención en la fuente el impuesto español sobre las rentas de capital, en las condiciones previstas en el artículo 16 antes mencionado, este impuesto se deducirá:Si se trata de intereses de obligaciones y demás títulos de empréstito negociables, sea de la retención hecha en el origen a título de impuestos sobre la renta de las personas físicas, sea, cuando esta retención no es exigible, de los impuestos en base de los cuales se hallan comprendido.
Si se trata de intereses de otros títulos de préstamo, de los impuestos en la base de los cuales estos intereses se hallan comprendidos.
Para tal imputación, los intereses que disfrutan de una reducción del impuesto español en aplicación del artículo 1 del Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, que concede reducciones de ciertos impuestos aplicables a los empréstitos emitidos por las empresas españolas y a los préstamos emitidos por las empresas españolas y a los préstamos que les son otorgados por Organismos financieros extranjeros para financiar nuevas inversiones, se considerarán como si hubieran soportado el impuesto español en las condiciones previstas en el artículo 16, párrafo B.
1. Las rentas cuya imposición se atribuye exclusivamente a Francia con arreglo a lo dispuesto en este Convenio serán exceptuadas de los impuestos españoles mencionados en el artículo 8, párrafo 3. B, anterior.
2. Sin embargo, los impuestos a que se refiere el párrafo precedente podrán calculase teniendo en cuenta, para la determinación del tipo aplicable, todas las rentas, cualquiera que sea su origen, que habrían podido ser gravadas en virtud de la legislación española.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, España podrá incluir en la base de los impuestos aplicables a sus residentes las rentas de cualquier naturaleza gravables en virtud de la legislación española, como si este Convenio no existiera.No obstante, España deducirá del total de los impuestos así obtenidos la menor de las cantidades siguientes:
a) El importe de los impuestos pagados en Francia sobre las rentas percibidas en Francia y que hayan sido integradas en la base del impuesto español.
b) El producto del tipo medio efectivo de gravamen aplicable, en este caso, en España a las rentas de origen francés.
CAPITULO IIIMPUESTOS SOBRE LAS HERENCIAS
1. Este capítulo se aplica a los impuestos sobre las herencias exigidos por cada uno de los Estados contratantes.
Se consideran impuestos sobre las herencias los que se exigen por causa de muerte en forma de impuestos sobre el caudal relicto y sobre las cuotas hereditarias, y los que recaen sobre las donaciones «mortis causa».
2. La finalidad de este Convenio es evitar la doble imposición que puede producirse al fallecimiento de una persona residente en uno de los dos Estados contratantes, por la exacción simultánea de los impuestos españoles y franceses sobre las herencias.
3. Son objeto de este Convenio los siguientes impuestos:
a) En lo que se refiere a España:
El impuesto sobre el caudal relicto.
El impuesto sobre las herencias exigido sobre las cuotas hereditarias.
b) En lo que se refiere a Francia:
4. Se suscribe este Convenio teniendo en cuenta la legislación vigente en España y en Francia en la fecha de su firma. Se aplicará también a los impuestos futuros de idéntica o análoga naturaleza que se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán, al comienzo de cada año, las modificaciones introducidas en su legislación fiscal durante el año anterior.
5. Si la legislación fiscal de uno de los Estados contratantes sufriera modificaciones que afectaran sensiblemente a la naturaleza o al carácter de los impuestos mencionados en el párrafo 3 de este artículo, las autoridades competentes de los dos Estados se pondrán de acuerdo para determinar las adaptaciones que, en su caso, deban realizarse en este Convenio.
6. Salvo lo dispuesto en los artículos 37 y 38, el Convenio no se aplica a los impuestos que se exijan por las donaciones entre vivos.
Los bienes inmuebles (incluidos los accesorios) sólo se someten al impuesto sobre las herencias en el estado contratante en que están sitos. El ganado y aperos de labranza que se utilicen en una explotación agrícola o forestal tributarán únicamente en el Estado contratante en que ésta esté situada.
Se consideran bienes inmuebles los derechos a los que se aplican las normas del Derecho privado sobre propiedad territorial y los derechos de usufructo sobre inmuebles. Se exceptúan los créditos de cualquier naturaleza garantizados con hipoteca.
La calificación de un bien o de un derecho como inmueble o como accesorio de un inmueble se hará con arreglo a la legislación del Estado en que esté sito el bien de que se trata o el bien sobre el que recaiga el derecho.
1. Los bienes muebles corporales o incorporales dejados por causante que sea residente en el momento de su muerte en uno de los dos Estados contratantes e invertidos en una empresa comercial, industrial o de otra naturaleza, se someterán al impuesto sobre las herencias, según las reglas siguientes:
a) Si la empresa posee un establecimiento permanente únicamente en uno de los dos Estados contratantes, los bienes sólo se gravarán en este Estado, y la misma regla se aplica si la empresa realiza actividades en el territorio del otro Estado sin tener en él un establecimiento permanente.
b) Si la empresa tiene establecimiento permanente en ambos Estados contratantes, los bienes se someten al Impuesto en cada Estado en la medida en que estén afectados al establecimiento permanente situado en el territorio de este estado.
Con el término «establecimiento permanente» se designa toda instalación fija de negocios, tal como se ha definido en el artículo cuatro de este Convenio, y por lo que se refiere a las sociedades civiles inmobiliarias, cualquier inmueble explotado con arreglo a su objeto social.
2. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán a las inversiones hechas por el causante en forma de valores mobiliarios (acciones, obligaciones, partes de beneficiarios, u otros títulos), de participaciones sociales en las sociedades de capitales (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, sociedades civiles sujetas al régimen fiscal de las sociedades de capitales) o en forma de comandita en las sociedades en comandita simple.
Los bienes muebles corporales o incorporales que dependan de instalaciones permanentes y estén afectados al ejercicio de una profesión liberal en uno de los dos Estados contratantes, sólo se someterán al impuesto sobre herencias en el Estado en que se encuentren dichas instalaciones.
Los bienes muebles corporales, incluido el mobiliario, la ropa, el ajuar doméstico y los objetos y colecciones de arte distintos de los muebles a los que se refieren los artículos 31 y 32, se someten al impuesto sobre herencias en el lugar en que estén efectivamente en la fecha de la muerte del causante.
No obstante, los barcos, las aeronaves, los automóviles y demás vehículos de motor se gravarán en el Estado en el que se hayan matriculado.
1. Los bienes incorporales de la herencia a los que no sean aplicables los artículos 31 y 32 sólo se someterán a los impuestos sobre herencias en el Estado en el que el causante fuera residente en el momento de su muerte.
2. Para la aplicación del párrafo anterior:
Los valores mobiliarios y los demás créditos se considerarán bienes incorporales.
Las patentes, marcas de fábrica y los derechos de la propiedad intelectual se gravarán en el Estado contratante en que se han inscrito. Si se hubieran inscrito en los dos Estados contratantes, el Estado en el que el causante no tuviera su domicilio exigirá el impuesto sobre el valor de los derechos que se deriven de la inscripción realizada en su territorio.
1. Las deudas relativas a las empresas indicadas en los artículos 31 y 32 se imputarán a los bienes afectados a estas empresas. Si la empresa tiene según los casos un establecimiento permanente o una instalación permanente en cada uno de los dos Estados, las deudas se imputan a los bienes afectados al establecimiento o a la instalación de que dependan. Si dependen de varios establecimientos o instalaciones permanentes, se imputan estas deudas a prorrata del valor del activo bruto de dichos establecimientos o instalaciones.
2. Las deudas garantizadas con inmuebles o derechos inmobiliarios, o con barcos, aeronaves o vehículos de motor comprendidos en el artículo 33, con bienes afectados al ejercicio de una profesión liberal en las condiciones previstas por el artículo 32, o con bienes afectados a una empresa de las incluidas en el artículo 31, se imputarán a estos bienes. Si la misma deuda está garantizada a la vez por bienes sitos en los dos Estados, la imputación se hace sobre los bienes situados en cada uno en proporción al valor bruto de estos bienes.
Esta disposición sólo se aplicará a las deudas indicadas en el primer párrafo en la medida en que no se cubran por la imputación prevista en este párrafo.
3. Las deudas no incluidas en los párrafos uno y dos se imputarán a los bienes a los que se aplica lo dispuesto en el artículo 34.
4. Si la imputación prevista en los tres párrafos anteriores dejase un saldo sin cubrir en uno de los Estados contratantes, se deduciría dicho saldo de los demás bienes sometidos al impuesto sobre herencias en el mismo Estado.
No obstante lo establecido en este Convenio, cada Estado conserva el derecho de calcular el impuesto sobre los bienes hereditarios que le corresponde gravar exclusivamente, según el tipo que habría de aplicarse si se considerase el conjunto de los bienes sometidos a tributación por su legislación interna.
Los súbditos de cada Estado contratante disfrutarán en el territorio del otro Estado, en lo que se refiere a impuestos sobre herencias o donaciones, de los mismos beneficios que, en atención a la situación y cargas familiares, ostentan los nacionales de este último Estado.
Las colectividades y los establecimientos públicos, los establecimientos de utilidad pública y las sociedades asociaciones, instituciones y fundaciones que tengan su sede en el territorio de uno de los dos Estados contratantes gozarán en el territorio del otro, en las condiciones previstas por la legislación de éste, de las exenciones, deducciones y bonificaciones y de los demás beneficios concedidos en materia de impuestos sobre las donaciones y sobre las herencias a las entidades de la misma clase o similares que tengan su sede en el territorio de este último Estado.