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Timestamp: 2014-04-23 09:21:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 531', 'artículo 533', 'artículo 1579', 'Artículo 1599', 'artículo 585', 'artículo 646', 'artículo 646', 'artículo 640', 'artículo 646', 'artículo 646', 'artículo 646', 'artículo 646', 'artículo 585', 'artículo 898', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 24', 'artículo 92', 'artículo 585', 'artículo 92', 'artículo 585', 'artículo 646', 'artículo 585', 'Artículo 10']

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Guía básica Para Conocer La Ley De Arrendamiento Inmoviliario
GUÍA BÁSICA PARA CONOCER LA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS EL UNIVERSAL domingo 30 de octubre de 2011 12:00 AM 1. ¿Qué aspectos regula la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que autorizó recientemente el Parlamento? El marco le
Comohacer Cumplir La Ley De Arrendamiento
1. ¿Qué aspectos regula la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que autorizó recientemente el Parlamento? El marco legal aprobado el pasado jueves regula varios aspectos de las relaciones arrendaticias como el contrato entre propietario e inquilino, las rentas a cobrar por los dueños (cánones de arrendamiento), los procesos de desalojo de los inquilinos y las ventas de las viviendas que tienen más de 20 años alquiladas.
2. Los contratos de alquiler, de acuerdo a la nueva ley, ¿por cuánto tiempo se firmarán? Los contratos tendrán una duración mínima de un año y podrán ser renovados por preferencia del arrendatario (inquilino).
3. ¿Cómo será el contenido de los contratos? Los contratos notificarán los acuerdos entre las partes y deberán tener un anexo en el que estará la resolución emitida por la Superintendencia de Nacional de Arrendamientos (organismo que sustituirá a la Dirección Nacional de Inquilinato) con la fijación del canon de arrendamiento. Del contrato se tienen que hacer tres ejemplares: uno para el propietario, otro para el inquilino y otro para la Superintendencia.
4. ¿Por qué se tiene que entregar un ejemplar del contrato al nuevo ente supervisor? Porque la Superintendencia de Arrendamientos tendrá entre sus atribuciones calcular el canon y revisar los contratos. El organismo, según la ley, "tiene que verificar que los acuerdos cumplan con todos los aspectos que están contemplados en el texto, especialmente los que se refieren a las condiciones del arrendamiento y el canon".
5. ¿Qué hará la Superintendencia con los contratos? Esa instancia creará un registro de contratos de arrendamiento. El plazo para la conformación de ese mecanismo estará definido en el reglamento de la ley.
6.¿Cómo se realizará el cálculo del canon de arrendamiento? En la ley existe una fórmula inicial. El organismo para poder estimar la renta tiene que fijar el valor del inmueble y para ello tomará en cuenta cinco aspectos: valor de reposición del bien, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. En el reglamento se detallarán otros criterios para el cálculo del canon, allí se incluirían los tipos de vivienda y los materiales de construcción, entre otros puntos. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya adelantó que se acelerará la norma para definir el cobro de la renta.
7. ¿Cómo será la rentabilidad por el alquiler? La rentabilidad estará entre 3 y 5% y el Ejecutivo Nacional la podrá revisar por razones de interés público o social.
8. ¿Cada cuánto tiempo se revisará el canon? El canon se revisará cada año, porque es el plazo de duración del contrato. La ley permite efectuar una revisión previa al vencimiento si el arrendador ha ejecutado mejoras en el inmueble y si los costos de ello excedan el 20% del valor de la vivienda.
9. Una vez que se firme el contrato ¿cuándo notificará el organismo supervisor el monto a cobrar por el alquiler? En la Ley se fijan algunos procedimientos y se indica que una vez que se presente la solicitud para el cálculo del canon la Superintendencia de Arrendamientos tendrán un lapso de 20 días para determinarlo.
10.¿Qué contempla la ley sobre las preferencias arrendaticias? Cuando el contrato de arrendamiento haya llegado a su vencimiento el inquilino tendrá derecho preferente a seguir ocupando el inmueble, si el propietario decide seguir arrendando la vivienda. El inquilino que la ocupa tendrá preferencia sobre un tercero, siempre que esté solvente en sus pagos.
11. ¿Qué sucede si el inquilino que ocupa la vivienda opta por no seguir con el contrato? Tiene que notificárselo al propietario 30 días antes del vencimiento del contrato.
12. Si el propietario le informa al inquilino que el contrato no se renovará, porque el inmueble será vendido, pero en verdad lo alquila nuevamente ¿qué prevé la Ley? El propietario que incumpla con la preferencia y engañe al inquilino tendrá que indemnizarlo con 100 Unidades Tributarias (7.600 bolívares) por cada mes que haya permanecido de forma indebida fuera de la vivienda.
13. Con la reforma ¿cuáles son las causales de desalojo? La reforma permitirá la desocupación cuando el inquilino, sin causa justificada, haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento. Eso significa que si el arrendatario justifica la morosidad, el dueño de la vivienda no podrá pedirle el desalojo. La desocupación también procederá si el dueño del inmueble tiene la necesidad "justificada" de ocupar la vivienda con alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado.
14. ¿Existen más causas para ordenar la desocupación? Sí. La Ley señala que el desalojo procederá si el arrendatario ha destinado el inmueble a usos deshonestos, si ha ocasionado deterioros mayores a los provenientes del uso normal del inmueble o incumple las normas de convivencia ciudadana. El texto, adicionalmente, contempla los procesos para las demandas así como los pasos para las audiencias de mediación y los juicios.
15. ¿La Ley hace referencia a los desalojos forzosos? Sí, pero los procedimientos contra esas desocupaciones forzosas están en detalle en la Ley contra los Desalojos Arbitrarios que fue oficializada en mayo.
16. Si en las audiencias o juicios se falla a favor de los propietarios ¿en qué momento los inquilinos dejarán las viviendas? Los arrendatarios desocuparán las viviendas cuando la Superintendencia o el Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o un destino habitacional definitivo.
17. El incumplimiento de la Ley, ¿qué implicará? El texto prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares) y se aplicarán si no se garantiza el uso pacífico de las casas, si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas. También se multará si los dueños incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler según los términos de la ley, si realizan cobros en moneda extranjera o no efectúan reintegros por los cobros en exceso.
18. Si hay reincidencias ¿cómo serán las sanciones? En la primera reincidencia la multa se duplicará, pero a la tercera reincidencia se realizará la expropiación de los inmuebles si el propietario que incumple la ley tiene más de cinco inmuebles.
19. Con los inquilinos que habitan en los edificios que están destinados al alquiler ¿qué procedimientos fija la ley? La venta de las viviendas. El texto señala que "los arrendatarios tendrán derecho a ser titulares de la vivienda constituida sobre los edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento". La Superintendencia de Arrendamientos establecerá los precios en esas operaciones de venta. Los propietarios de los inmuebles tendrán que dar descuentos en los precios, que estarán sujetos a los años de relación arrendaticia. Las rebajas en los precios de los inmuebles serán de 10 a 25%.
20. ¿Quiénes estarán exentos de esa obligatoriedad de venta de las viviendas? Los pequeños arrendadores no cumplirán con esa disposición transitoria de la Ley. En el marco legal, los parlamentarios establecieron dos clases de propietarios. Se considera pequeño arrendador aquel que tenga en alquiler de una a dos viviendas (apartamentos o habitaciones). El multiarrendador es quien tiene en alquiler más de tres inmuebles.
21. ¿Qué ha argumentado el Gobierno para impulsar la ley? En primer lugar las autoridades han respaldado la ley porque fue presentada por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional y argumentan que normará las relaciones entre propietarios e inquilinos, acabando con los abusos y la especulación. El diputado Diosdado Cabello ha salido al paso a las críticas con señalamientos como los siguientes: "Los que dijeron que se iban a acabar los alquileres y que se vería afectada la propiedad privada le mintieron al país" porque esta Ley "evitará atropellos, persecuciones y será cumplida".
22. ¿Qué sostienen quienes critican la ley? Representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción, así como propietarios de inmuebles, han formulado varios cuestionamientos. Entre otras cosas señalan que la ley no es equilibrada porque castiga al dueño del inmueble. También han señalado que el texto promoverá la formación de un mercado irregular de alquileres, reducirá la oferta y desincentivará la inversión en el sector. Presentarán un recurso de nulidad de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia. MAH
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES-LEY VENEZOLANA
Al principio, el arrendamiento po¬día ser de cosas, obras o servicios. La idea de servicios tiene su origen en la idea ro¬manista de la locatio conductio, y así, si bien como señala Diez-Picazo, el que pro¬mete pagar el precio se llama "conduc¬tor", en el denominado arrendamiento de obras se invierte la terminología y el que paga el precio es llamado " locator".
El presente trabajo escrito pretende desarrollar de manera concreta lo referente a Contratos de Arrendamientos de bienes muebles, explicando sus características, extinción entre otras cosas, según lo que estipula nuestro Código Civil vigente, estableciendo primeramente lo concerniente a bienes muebles, así mismo como lo del Arrendamiento en general. Todo esto con la finalidad de ampliar los conocimientos del lector con ideas claras en materia de arrendamiento.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Para hablar de los contratos de arrendamiento de bienes muebles es menester definir y clasificar los bienes muebles, así como también el concepto de Arrendamiento, para así llegar al tema que nos atañe. Cabe señalar que se hará referencia únicamente a los bienes muebles, sin embargo en las páginas de anexo se localiza un cuadro comparativo entre los bienes muebles y los inmuebles (Ver anexo I).
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES
En tal sentido, a continuación se presentan algunas definiciones de Bienes Muebles extraídas de diversas páginas de Internet, las cuales son relevantes para presentar la primera parte de esta investigación q trata de los contratos de arrendamiento de bienes muebles, a saber: “Se entiende por bien mueble cualquier propiedad o bien tangible que siendo móvil no sea un buque, ya que éste está calificado como bien inmueble al poder ser objeto de hipoteca entre otras razones”. (http://www.creditosperu.com.pe/glbienesmuebles) “Todos aquellos bienes tangibles, compuestos por mobiliario, maquinaria, equipo, bienes de desecho, entre otros. Todos aquellos bienes que pueden cambiar de lugar”. (http://www.bancoex.gov.ve/web/index.php/glosario?start)
“Aquéllos susceptibles de apropiación que no tengan la consideración de bienes inmuebles. Pueden ser desplazados de un sitio a otro”.
(http://www.edufinet.com)
“Son un conjunto de bienes que se caracterizan por su movilidad es decir por la posibilidad de traslado de un lugar a otro”.
(http://www.bolsavalencia.es/diccionario/b.htm)
“Son mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc.” (http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/)
Por otro lado, M. GRATERÓN (2009) en su obra Bienes y Derechos Reales de Derecho Civil II, lo define de la forma siguiente, la cual se cita:
“Son aquellos que pueden desplazarse de un lugar a otro, es decir, los cuerpos móviles que pueden transportarse de un sitio a otro, por su propia fuerza, como los animales, o movidos por una fuerza exterior”. (Pág. 72)
Sin embargo, es de observar que esta definición se entiende de acuerdo a la clasificación de los mismos. En conclusión, son bienes muebles aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro sin cambiar su naturaleza.
Clasificación de Bienes Muebles:
El Código Civil Venezolano establece la clasificación de los bienes muebles en su artículo 531, el cual dice que “los bienes son muebles por su naturaleza, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la Ley”. (Ver anexo I).
Así como en los artículos 532 y 533 se contempla las definiciones de cada clasificación, las cuales se citan respectivamente:
•	Por su Naturaleza:
"Son bienes por su naturaleza los bienes que pueden cambiar de lugar, bien por si mismos o movidos por una fuerza exterior." (C.C. ART. 532).
En éste artículo se insertan las naves, los automóviles; las sillas, mesas que constituyen el mueblaje (Art. 535), materiales provenientes de demolición de un edificio y los reunidos para la construcción de uno nuevo, hasta que no sean empleados (Art. 534). Entre los muebles por su naturaleza forman una categoría especial integrada por aquellos que, como las naves, aeronaves y vehículos de motor, están sujetos a una matricula administrativa. Ello supone que dichos bienes sean susceptibles de identificación o individualización, aunque no todos los bienes identificables están sometidos al régimen de matriculación. Por lo demás, los bienes sujetos a matricula o registro administrativo pueden ser sometidos a régimen jurídico tradicionalmente reservados a los inmuebles, aunque a veces la ley les aplica dicho régimen (como es el caso de los automóviles), o solo lo hace en forma parcial (como es el caso de las naves).
•	Por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la Ley:
"Son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles; y las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles. En este ultimo caso, dichas acciones o cuotas de participación se reputaran muebles hasta que termina la liquidación de la sociedad.
Se reputan igualmente muebles las rentas vitalicias o perpetuas a cargo del Estado o de los particulares, salvo, en cuanto a las rentas del Estado, las disposiciones legales sobre Deudas Publicas." (C.C. ART. 533).
En el enunciado del artículo 533 se insertan los derechos, las obligaciones y acciones que tengan por objeto cosa mueble; las acciones o cuotas de partición en las sociedades civiles y de comercio. Entendiéndose que los primeros se tratan de derechos reales, en tanto que las obligaciones constituyen derechos de créditos. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
El contrato de arrendamiento o locación (en latín locatio-conductio) es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado.
El precio puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. También puede pagarse la renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada, por ejemplo, con los frutos que produce la cosa arrendada (renta en especie); que a la vez puede ser una cantidad fijada previamente o un porcentaje de la cosecha (aparcería). Este también se puede llamar canon, pensión o alquiler.
El concepto de arrendamiento, según AGUILAR G. (2009) en su libro “contratos y Garantías” de Derecho Civil IV, ha variado mucho debido a cambios en las concepciones económico-sociales que han modificado hasta la terminología jurídica en la materia. El arrendamiento en el Derecho Venezolano, propiamente en nuestro Código Civil, se descompuso lo que era el arrendamiento del Código Napoleónico, en dos tipos contractuales: el arrendamiento, limitado a las cosas, y la prestación de servicios, subdividida en contratos de obras (locatio-conductio operis faciendi) y contrato de trabajo (locatio-conductio operarium).
Para seguir el mismo orden de ideas se cita el artículo 1579 de nuestro Código Civil el cual define “Arrendamiento” como:
“… un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella.
Se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con la obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las cosas arrendadas”. (C.C. ART. 1579)
De acuerdo con lo anterior, los elementos esenciales del tipo contractual son:
1.	La obligación de hacer gozar una cosa mueble o inmueble;
2.	Un cierto tiempo respecto del cual se asume esa obligación lo que no implica que haya de ser por un tiempo determinado, pero sí incluye que sea perpetuo; y
3.	Un precio, que puede fijarse en dinero o especie.
Características del Arrendamiento.
Entendido que el arrendamiento es un contrato, se ubica dentro de la clasificación de los mismos, es decir, con características propias de un contrato:
1.	Bilateral: Las partes asumen obligaciones reciprocas, es decir, se requiere del concurso de dos o mas voluntades.
2.	Oneroso: Requisito de la esencia del arrendamiento, de ser gratuito degeneraría en un Contrato de comodato.
3.	Consensual: Que engendra obligaciones recíprocas desde el momento de su celebración y se extinguen sucesivamente en el tiempo. Una de las consecuencias de esto es que en caso de incumplimiento sólo puede pedirse la terminación, pero no la resolución.
4.	Que origina obligaciones principales.
5.	De tracto sucesivo: Porque las obligaciones se generan y extinguen sucesivamente en el tiempo. Una de las consecuencias más importantes de esto es que en caso de incumplimiento sólo puede pedirse la terminación, pero no la resolución; y
6.	Obligatorio: En el sentido de que no es traslativo de la propiedad u otro derecho real.
•	El mutuo disenso.
•	La expiración del término fijado.
•	La voluntad unilateral de una de las partes en el caso de arrendamiento por tiempo indeterminado.
•	La pérdida o destrucción de la cosa.
•	La resolución por incumplimiento.
•	La enajenación de la cosa arrendada.
Expresamente dispone la ley que el arrendamiento no cesa por muerte del arrendador o del arrendatario; lo que es una simple regla supletoria destinada a impedir que se alegue la cesación del contrato por muerte de una de las partes en casos en que pudiera pretenderse que existe algún elemento "intuitus personae" en el contrato.
Precisamente por ser una norma supletoria no se aplica cuando las partes han dispuesto lo contrario. Así, por ejemplo, si se arrienda una vivienda por la duración de la vida del arrendatario, la muerte de éste pone fin al arrendamiento.
Entrando en el tema y como su título lo indica, constituye un contrato entre dos partes obligadas recíprocamente; una a conceder y otra a pagar, en el cual la cosa arrendada es un bien mueble. (Ver anexo II)
Estos contratos también varían, podría decirse, de acuerdo a la necesidad de las partes
•	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE A PLAZO DETERMINADO Éste contrato, presenta un plazo determinado, es decir, las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de mutuo acuerdo, que se computarán a partir de la fecha de suscripción de el documento hasta el día fijado por las partes; fecha en la que EL ARRENDATARIO está obligado a devolver el bien arrendado. De la misma forma, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso del bien descrito en favor de EL ARRENDATARIO, a título de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. Como se menciona en el Código Civil Venezolano, se cita: “Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado, sin necesidad de desahucio” (C.C. Artículo 1599). •	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE A PLAZO INDETERMINADO En este tipo de contrato las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el presente contrato, cuyo término inicial se computará a partir de la fecha de suscripción de este documento. Como consecuencia de ello, cualquiera de las partes podrá dar por concluido el contrato de arrendamiento de bien mueble a plazo indeterminado, cursando a la otra parte una comunicación por vía notarial, con suficientes días de anticipación, vencidos los cuales EL ARRENDATARIO estará obligado a devolver el bien arrendado. EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. •	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE CON FIANZA
Por el presente contrato, presenta una en una de sus cláusulas una garantía de fianza, donde un tercero claramente identificado, quien voluntariamente se constituye en fiador de la obligación asumida por EL ARRENDATARIO. Dicha fianza se realiza en calidad de ilimitada, irrevocable, indivisible y de ejecución inmediata. EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso del bien descrito en favor de EL ARRENDATARIO, a título de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. JURISPRUDENCIA VENEZOLANA
Se conocen muchos casos de Sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales esta el caso CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) contra Sociedad Mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A. (Ver anexo III)
FERTICAL Guayana C.A.’ y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) suscribieron Contrato de Arrendamiento de concesión para la Explotación y Subsiguiente explotación del yacimiento de mármol dolomítico. Con un plazo de vigencia de veinte (20) años contados a partir de su autenticación, de fecha 08 de octubre de 2009, el mismo se encontraba vigente para el momento de emisión recibo de la factura supra.
La CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) (demandante) representada judicialmente por los abogados ADELAIDA MORENO, MAGDAMELYS MARCANO, CARLOS MARTINEZ y YAMILE BERMUDEZ.
La Sociedad Mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A., (demandada) representada judicialmente por los abogados FELICIA ESCOBAR VASQUEZ, NORA VASQUEZ DE ESCOBAR, NAYROBIS BRICEÑO URQUIOLA y RAFAEL FRANCISCO GIORDANO TROCONIS
El presente caso trata de una demanda por cobro de bolívares interpuesta contra la FERTICAL GUAYANA C.A, derivado por incumplimiento de obligaciones asumidas de la demandada mediante suscripción de contrato de de Arrendamiento de Concesión para la Explotación y Subsiguiente Explotación del Yacimiento de Mármol Dolomítico, correspondiente a los pagos de regalía a C.V.G. por concepto de ajuste a la Producción Mínima de 150.000 IM Anual de Mármol Dolomítico (Cláusula Décima Segunda), así como las derivadas de las cláusulas Quinta, Décima Cuarta, Vigésima Cuarta y numeral 6 de la Cláusula Vigésima Octava del Contrato, relativas a la presentación del Informe Final de Explotación, el estudio Técnico, financiero y ambiental, Pago de Arrendamiento de la Concesión y Diferencial por Producción Mínima, Pago de Intereses de Mora, Instalación de Servicios Públicos y Cumplimiento de Ventajas Especiales, en concordancia con las disposiciones legales contenidas en los artículos 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 47 y 49 de la Ley de Minas del Estado Bolívar, vigente para la fecha de suscripción del Contrato, y con lo establecido en la Cláusula Trigésima del referido Contrato.
Por otro lado FERTICAL Guayana C.A. mantiene una presunta deuda con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que en su escrito identifica como “La Corporación”, deuda ésta derivada del incumplimiento de dicho contrato por un monto que asciende a la suma de Setecientos Quince Mil Ochenta y Tres Bolívares con 05/100 (Bs. 715.083,00) correspondiente a capital más intereses de tres (3) facturas, deudas ésta que negamos, rechazamos y contradecimos a todo evento y así solicitamos sea declarado en la definitiva.
De la Pretensión. Mediante escrito presentado en fecha dos (02) de agosto de 2010, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), fundamentó su demanda de COBRO DE BOLIVARES contra la empresa FERTICAL GUAYANA C.A siendo el objeto de su pretensión que: “…convenga o a ello sea condenada por el Tribunal en pagarle…las cantidades siguientes: 1º.	La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 48/100 CENTIMOS (bs. 556.554.48), por concepto del pago de las Facturas Serie B-Nº 0247 de fecha 10 de enero de 2008, Serie B-0673, Nº de Control 000198 de fecha 04 de marzo de 2009, Serie B-00804, Nº de Control 002429 de fecha 08 de marzo de 2010…
2º.	Los intereses de mora calculados hasta la total y definitiva cancelación de la deuda, tal como lo estipula la Cláusula Décima Cuarta del Contrato. 3º.	Ordene la Corrección o Indexación Monetaria, entre la fecha de la admisión del libelo de la demanda y la ejecución del fallo.(…). Asimismo, solicitamos la condenatoria en costas y costos del presente proceso. ”. Asimismo solicitó Medida Preventiva de Embargo.
De la anterior transcripción se desprende que la parte demandada no aceptó la factura, dentro de los ochos días siguiente de su entrega, (la factura fue recibida el día 23 de marzo de 2010 y la no aceptación el 26 de marzo de 2010), amparándose en la ocurrencia de un caso fortuito, hecho éste que fue participado con antelación por la demandada a la actora, mediante comunicaciones que corren inserta del folio 129 al 131 de la segunda pieza, debidamente recibidas por la Vicepresidencia de Desarrollo Industrial C.V.G. en fecha 11 de marzo de 2009, donde se le notificó la parada por reparación de la trituradora primera. En razón de ello, no se evidencia que la parte recurrente ante tales excusas, procediera en aquella oportunidad a realizar las inspecciones pertinentes –amparada en la cláusula Décima Novena del contrato- para comprobar la paralización y así desvirtuar la no aceptación presentada en ese momento por la parte accionada, a fin de preparar la vía judicial para el cobro de misma hoy reclamadas al pago, por tanto, la factura Serie B-00804, Nº de Control 002429 de fecha 08 de marzo de 2010, debe tenerse como no aceptada; y así se declara. Visto, que la parte demandada no logró demostrar que canceló la Factura Serie Nº B-Nº 0247 de fecha 10 de enero de 2008, así como la no aceptación de las Factura Serie B 0673, Nº de Control 000198 de fecha 04 de Marzo de 2009 y Serie B-00804, Nº de Control 002429 de fecha 08 de marzo de 2010; este Tribunal forzosamente debe declarar no Ha lugar la pretensión de cobro de bolívares interpuesta por la Corporación Venezolana de Guayana en contra de la empresa Fertical Guayana C.A. Y así se dispondrá en la parte dispositiva de este fallo.
En mérito de las consideraciones expuestas, el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, DECLARA: 1º.	SIN LUGAR lademanda por COBRO DE BOLÍVARES incoada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), contra la empresa FERTICAL GUAYANA C.A. 2º.	Se deja sin efecto la medida cautelar de embargo preventivo decretada en fecha 15 de diciembre de 2010, a favor de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A.
Éste trabajo se enfoco en las especificaciones necesarias en materia de arrendamiento inmobiliario, es decir, este expuso los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del tema, muy específicamente en arrendamientos de bienes muebles.
En tal sentido se concluye los Contratos de arrendamientos poseen las características típicas de cualquier contrato, con tres elementos esenciales tales como: Primero, la Obligación de hacer gozar un bien mueble o inmueble; Segundo, un cierto tiempo bien sea determinado o indeterminado; y Tercero, el precio, canon, pensión o alquiler fijado en dinero o especie.
Cuando hablamos de Arrendamientos de bienes muebles, y pretendemos definirlo sólo destacamos en el concepto básico de Arrendamiento, la premisa de que son “Muebles”. Cabe destacar que por muy claro y sencillo que esté el contenido de esta investigación, no abarca el tema en su totalidad, por lo tanto se sugiere a los estudiantes o interesados, indagar aún más en otras fuentes de documentación referente al mismo.
•	Código Civil de Venezuela (1982). Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario. Distribuidora ML.
•	Aguilar G., J. L. (2009). Derecho Civil IV “Contratos y Garantías” (19na EDICIÓN). Caracas, Venezuela. U.C.A.B.
•	Aguilar G., J. L. (2007). Derecho Civil II “Cosas, Bienes y Derechos Reales” (8va EDICIÓN). Caracas, Venezuela. U.C.A.B.
•	Graterón G., M. S. (1998). Derecho Civil II “Bienes y derechos Reales” (3ra EDICIÓN). Caracas, Venezuela. Fondo Editorial U.S.M., C.A.
•	Página WEB “vlex.com.ve/tags/arrendamiento-de-bienes-muebles-1006607”
•	Página WEB “vlex.com.ve/tags/contrato-arrendamiento-bien-mueble-523184”.
•	Página WEB “www.monografias.com › Derecho”
•	Página WEB “http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2010/diciembre/2348-15-FE11-X-2010-000112-.html”.
ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Bienes inmuebles	Bienes Muebles
Objeto de Propiedad	Pública o Privada (C.C.V. Art. 525)	Pública o Privada (C.C.V. Art. 525)
Criterio de Distinción	Físico (C.C.V. Art. 526)	Físico (C.C.V. Art. 532)
Naturaleza	Toda construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio (C.C.V. Art. 527)	Bienes que pueden cambiar de lugar, bien por sí mismos o movidos por una fuerza exterior (C.C.V. Art. 532)
Destinación	Cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio (C.C.V. Art. 528)
Todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en él constantemente, o que no se puedan separar sin romperse o deteriorarse sin romper o deteriorar la parte del terreno o edificio a que estén sujetos (C.C.V. Art. 529)	Objeto a que se refieren. Determinación legal	Derechos del propietario y los del enfiteuta sobre los predios sujetos a enfiteusis
Las acciones que tiendan a reivindicar inmuebles o a reclamar derechos que se refieran a los mismos (C.C.V. Art. 530)	Derechos, obligaciones, acciones que tienen por objeto cosas muebles.
Régimen de Registro	Debe registrarse todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca (C.C.V. Art. 1920, N° 1)	No requieren régimen de registro salvo en el caso de algunos muebles especiales que excepcionalmente requieren registro, tales como:
•	Establecimientos mercantiles o fondos de comercio.
•	Las motocicletas, automóviles, camionetas de pasajeros, autobuses y otros aparatos para circular, las locomotoras y vagones de ferrocarriles.
Limitaciones Legales de la Propiedad	Innumerables limitaciones legales	Menos limitaciones legales
Oponibilidad de la trasmisión de la propiedad y de la constitución y transmisión de otros derechos reales	la trasmisión de la propiedad y la constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles si ni ha sido previamente registrado no surte efecto contra los terceros que por cualquier titulo hayan adquirido o conservado legalmente el inmueble	La posesión produce, a favor de los terceros de buena, fe
Eficacia de la protección de la propiedad y otros derechos reales	Se protege los bienes inmuebles en materia penal y civil	Es menos que en los bienes inmuebles
Garantías Reales	Se puede constituir por simple afectación, o sea mediante el registro de un documento en virtud del cual el bien queda especialmente afectado al pago de una deuda determinada. La garantía que constituye así recibe el nombre de hipoteca	La constitución de la garantía implica que el constituyente se desprenda de la posesión de la cosa. esa garantía constituida mediante desposesión o desapoderamiento se llama prenda
Medidas Preventivas	Prohibición de Enajenar y Gravar	Embargo Preventivo
Autonomía de la protección posesoria	La protección posesoria puede ser independizarse fácilmente de la protección de la propiedad u otros derecho real porque derecho y posesión permanecen diferenciado claramente	No se especifica por la naturaleza del Art. 794 C.C.V.
Competencia Judicial por razón del territorio	Acciones personales y reales	Acciones reales
Derecho Internacional Privado	Aplica	Aplica
Administración	Se exige autorización judicial para dar o tomar en arrendamiento	No se exige autorización judicial
Derechos Esenciales	La enfiteusis, los derechos de habitación y hogar y la servidumbre.	La Prenda
Expropiación por causa de utilidad pública y social
Exclusiva de los inmuebles	ANEXO II: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE (Máquina de Helados)
Entre, BASAM AL KALANI KALANI, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad N°. 12.904.045 y de este domicilio, quien en lo adelante y para los efectos del presente contrato se denominara “EL ARRENDADOR”, por una parte y por la otra NELSON MANUEL HURTADO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N°. 7.129.820 y de este domicilio, quien en lo sucesivo y para todos los efectos de este contrato se denominara “EL ARRENDATARIO”, se ha convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento sujeto a las cláusulas que a continuación se especifican: -
PRIMERA: “EL ARRENDADOR” cede en arrendamiento a “EL ARRENDATARIO”, Una (1) Máquina de Helado Granizado, usada, MARCA: UGOLINI; SERIAL: 0410432406, MODELO: HT2UL; SEGUNDA: El canon de arrendamiento mensual se ha convenido en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 220.000,00) por mensualidades vencidas, que “EL ARRENDATARIO” se obliga a pagar a “EL ARRENDADOR” en dinero efectivo de curso legal dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes en la dirección o cuenta bancaria de “EL ARRENDADOR” que “EL ARRENDATARIO” declara conocer. El último recibo cancelado no hace presumir el pago de los anteriores, debiéndose acreditar su pago mediante la presentación de los recibos a requerimiento de “EL ARRENDADOR”. En caso de moratoria en el pago del canon de arrendamiento de “EL ARRENDATARIO” pagara el interés del uno (1 %) mensual sobre las cantidades adeudadas; TERCERA: El presente contrato comenzara a regir a partir del primero (01) de octubre del 2.000 tendrá una duración de Tres (3) meses fijos prorrogables a su vencimiento por igual periodo en forma automática y sucesiva a menos que una de las partes, de a la otra un aviso con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo, en que manifieste no estar interesado en prorrogar el contrato; CUARTA: “EL ARRENDATARIO” no podrá subarrendar, traspasar, ceder, ni total ni parcialmente el objeto de este contrato. El incumplimiento de lo aquí convenido dará derecho a “EL ARRENDADOR” a pedir la resolución de este contrato y a exigir la inmediata entrega del mueble, con el pago de daños y perjuicios si fuere el caso; QUINTA: “EL ARRENDATARIO” declara recibir en perfectas condiciones de uso el bien mueble arrendado y en esa misma forma se obliga en devolverlo al finalizar el contrato; Continúa…
SEXTA: “EL ARRENDATARIO” pagara a sus propias expensas los servicios de mantenimiento para el buen funcionamiento y uso del bien mueble en referencia, y reparación en caso de ser necesarias.; SEPTIMA: “EL ARRENDATARIO” responderá en caso de robo, incendio u otros siniestros del bien mueble objeto de este contrato, y se fija como precio de referencia la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), los cuales “EL ARRENDATARIO” se compromete en pagar inmediatamente que esto ocurra a “EL ARRENDADOR”; OCTAVA: “EL ARRENDATARIO” se obliga a mantener el bien mueble objeto del presente contrato de arrendamiento en perfectas condiciones sanitarias, asiéndose responsables de las sanciones que les fueren impuestas por su no ejecución; NOVENA: La falta de pago de una (1) mensualidad o canon de arrendamiento convenido, así como el incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas a que antes se ha hecho mención dará derecho a “EL ARRENDADOR” a dar por resuelto de pleno derecho el presente contrato de arrendamiento y como consecuencia de ello “EL ARRENDATARIO” deberá pagar a titulo de cláusula penal, todas las mensualidades que falten del termino contractual correspondiente para el momento del incumplimiento, sin ninguna responsabilidad ni garantía por parte de “EL ARRENDADOR”; DECIMA: Todos los gastos que ocasione este contrato, hasta su definitiva terminación, así como los de cobranza judicial, extra judicial, incluido honorarios de abogados, será por la exclusiva cuenta de “EL ARRENDATARIO”, así mismos serán por cuenta de este, todos los gastos de cualquier procedimiento de desalojo u otros que se instauren en su contra. DECIMA PRIMERA: Para todo lo no previsto en el presente contrato se tomara en cuenta las disposiciones pautadas en el Código Civil Venezolano Vigente, Decretos y demás Leyes conexas que regulen la materia; DECIMA SEGUNDA: para todos los efectos del presente contrato y sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial a la Ciudad de Guacara del Estado Carabobo a cuya jurisdicción de cuyos Tribunales declaran expresamente someterse. Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Guacara a la fecha de presentación. EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO ANEXO III: SENTENCIA. CASO CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) CONTRA SOCIEDAD MERCANTIL FERTICAL GUAYANA, C.A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar ASUNTO PRINCIPAL: FP11-G-2010-000036 ASUNTO: FE11-X-2010-000112 En la demanda por cobro de bolívares incoada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), contra la sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A., procede este Juzgado a dictar sentencia en el recurso de oposición incoado por la representación judicial de la demandada contra la sentencia dictada el quince (15) de diciembre de 2010, que decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la demandada, se procede a dictar sentencia con la siguiente motivación. I. ANTECEDENTES Mediante demanda presentada el dos (02) de agosto de 2010, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), parte recurrente, fundamentó su pretensión contra la sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A, mediante sentencia dictada el seis (06) de agosto de 2010, se admitió la demanda interpuesta ordenando abrir cuaderno separado para proveer la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por el demandante. Mediante sentencia dictada el quince (15) de diciembre de 2010, este Juzgado declaró procedente la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A. Mediante escrito presentado el veintidós (22) de marzo de 2011, la representación judicial de la parte demandada, formuló oposición al decreto de medida cautelar de embargo preventivo dictado por este Juzgado Superior el quince (15) de diciembre de 2010. II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN II.1. Observa este Juzgado que la representación judicial de la empresa demandada se opuso al decreto de medida preventiva de embargo dictado por este Juzgado expresando que el decreto judicial infringió el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil alegando que la demandante no demostró el peligro en la demora ni la presunción de buen derecho necesarias para el decreto de medidas preventivas, que también infringió el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil al considerar documentales fundamentales de la demanda, el contrato de arrendamiento de concesión de exploración y explotación de mármol dolomítico y el acto administrativo mediante el cual la Corporación Venezolana de Guayana rescindió el referido contrato, acto éste que impugnó mediante el ejercicio de un recurso contencioso administrativo que conoce la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y al fundamentar la corporación demandante su pretensión en el procedimiento de intimación, las facturas que presentó no se encuentran aceptadas aunadas que de los instrumentos que consignó no se evidencia obligaciones líquidas y exigibles porque no son títulos ejecutivos, sumado a que canceló en su totalidad una de las facturas cuyo cumplimiento se le demanda. II.2. Procede este Juzgado a pronunciarse sobre el alegato de la empresa demandada opositora que el decreto judicial de embargo preventivo de bienes dictado por este Juzgado infringió el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, en razón que los documentos presentados por la Corporación demandante no se encuentran dentro de los requeridos en la norma referido y necesarios para el decreto de la medida preventiva, citándose parcialmente su argumentación: “En este orden de ideas, no menos importante es considerar que, la parte actora fundamenta también su pretensión en un Procedimiento Especial, como lo es el procedimiento intimatorio cuya regulación se encuentra contenida en el libro cuarto, titulo II, capítulo II, del Código de Procedimiento Civil el cual, por naturaleza propia, es un procedimiento excluyente del procedimiento ordinario, diferenciado de éste en cuanto a lapsos, documentos fundamentales de la demanda y otros elementos que le son propios de un procedimiento especial. (…) Tal y como lo ha entendido el máximo tribunal nacional y lo ha dispuesto clara y concretamente la norma, las causales para recurrir y proceder por la via de la intimación son taxativas y no dejan lugar alguno para interpretación de quien las alegue. Dichas causales enunciadas por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil (CPC) son las siguientes: 1- que el demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero; 2- que el demandante persiga la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles y; 3- que el demandante persiga la entrega de una cosa mueble determinada, casos en los cuales el juez decretará la intimación del deudor para que pague o realice la efectiva entrega de la cosa (fungible o mueble). Para el caso que nos ocupa, si bien es cierto que la parte demandante persigue el pago de una suma de dinero, se hace inexorable resaltar que, esa obligación de pagar una determinada suma debe estar contenida en un instrumento o documento que pueda configurarse como una prueba escrita y cumplir además con el requisito de ser una suma “líquida y exigible”. A este respecto, el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, en el que la parte actora fundamenta su requerimiento, dispone como documentos fundamentales de una demanda por el procedimiento especial de la vía intimatoria los siguientes: instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, o cualquier otro instrumento negociable, documentos éstos que no se corresponden en ningún momento con los documentos que la parte actora emplea para fundamentar su solicitud y demanda por la vía intimatoria. Por otra parte, y conforme lo ha entendido la doctrina patria, estos documentos han de contener obligaciones de entrega de suma líquida y exigible de dinero, condiciones que se presentan cuando llegada la fecha de pago el deudor no ha dado cumplimiento efectivo de su obligación de hacer, como lo es, en este caso, realizar un pago, haciéndose exigible el derecho contenido en un documento de crédito de carácter mercantil conocido normalmente como título-valor, no obstante, aún y cuando la parte actora alega que llegada la fecha de vencimiento nuestro representado no ha realizado el pago o cumplimiento de su obligación es de considerar que para ello, en el caso de las facturas dispone de manera expresa la norma que se trata de “facturas aceptadas”, es decir, no se trata de simples facturas como las presentadas por la parte actora sino que las mismas hayan sido expresamente aceptadas por el deudor, condicionamiento éste con el que no cumplen las facturas que presenta la actora para alegar su pretensión”. Observa este Juzgado que el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil se encuentra incluido dentro del Capítulo II, titulado “Del procedimiento por intimación” y dispone: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas” (Resaltado añadido). Destaca este Juzgado que el artículo 646 eiusdem no es aplicable al caso de autos, porque este Juzgado no acordó tramitar la presente demanda por el procedimiento por intimación sino por el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el Capítulo II, Sección Primera, denominada “Demandas de Contenido Patrimonial”, por ende, para decretar una medida cautelar en un procedimiento contencioso administrativo como el de autos, no se requiere que la demanda este fundada en los instrumentos establecidos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desestima el alegato esgrimido por la demandada de su infracción. Así se establece. II.3. Determinado lo anterior procede este Juzgado a pronunciarse sobre el alegato de infracción del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, invocado por la empresa demandada, alegando que el decreto judicial se dictó sin que se encontraran concurrentemente cumplidos el peligro en la demora y la presunción de buen derecho, se cita la argumentación esgrimida al respecto: “…para tratar de fundamentar su solicitud la parte actora pretende hacer valer como prueba un documento de cuyo contenido no se evidencia o no se demuestra efectivamente el hecho de que su pretensión pueda quedar ilusoria al momento de un eventual fallo que le favorezca, pues el documento presentado por la actora como fundamento de su solicitud corresponde a un documento cuyo contenido es claro, exacto y preciso respecto de actuaciones que ha realizado nuestra representada en sus actuaciones cotidianas y propias reguladas por la normativa mercantil nacional, y del que no se desprende el derecho que reclama la parte actora ni se desprende prueba alguna de lesiones a los derechos reclamados por ella. A este respecto, es preciso destacar que la norma es expresa al indicar que, de la prueba presentada para solicitar la medida preventiva no sólo debe derivar la presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo sino también la presunción del derecho reclamado, lo cual no demuestra la parte actora al señalar ella misma que se fundamenta sobre un “probable” derecho, argumentando una “…evidente insolvencia…” hecho éste que no logra ser demostrado por la parte actora toda vez que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico la declaratoria de “insolvencia” sólo deriva de una sentencia firme y definitiva dictada por un tribunal competente en materia mercantil tal y como lo dispone el artículo 898 del Código de Comercio Venezolano. (…) Ahora bien mas grave aun, es que la parte demandante reconoce el hecho de que, todos los bienes de “Fertical Guayana, C.A.”, se encuentran tomadas administrativamente por la Corporación Venezolana de Guayana, C.A.”, desde el 15 de enero de 2010, según señalan en la página 3 del escrito contentivo del libelo de la demanda, donde reconoce y sostiene que “…La Corporación pasa a tomar posesión de todas las construcciones y mejoras existente afectas a “EL CONTRATO”, las cuales pasan en plena propiedad a “LA CORPORACIÓN…”, pero, no señala en el escrito libelar que también tomaron posesión de todos los bienes muebles, maquinaria y productos, lo cual se demuestra en copia de la inspección ocular levantada por nosotros que anexamos marcada “B”, en consecuencia, mal podría quedar ilusoria una demanda sobre los bienes de una compañía que se encuentran tomados por la demandante de forma ilegal, toda vez que, ni siquiera el Acto Administrativo que acuerda la rescisión unilateral del contrato, se encuentra firme. (…) En consecuencia, atendiendo a lo expresado de manera taxativa por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en la solicitud realizada por la parte actora no se encuentran dados supuestos para la aplicación y procedencia de una medida preventiva, pues la parte actora no da cumplimiento a los condicionantes y requisitos exigidos por el citado artículo para que pueda ser dictada una medida preventiva de embargo. (…) Por su parte, el Tribunal para adoptar y decretar la medida de embargo no se acoge al dispositivo contenido en el artículo 585 eiusdem, toda vez que, encontrándose en pleno conocimiento de la improcedencia de la medida sobre los argumentos expresados por la parte actora que fueron indicados arriba, el Tribunal para decidir y decretar la medida considera como documentos fundamentales los siguientes: 1- El título minero otorgado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) identificado con el Nº 04-06; 2- El contrato de arrendamiento y; 3- El dictamen emitido por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) mediante el cual se rescinde el contrato de arrendamiento de concesión (acto administrativo que no se encuentra definitivamente firme ya que fue impugnada por la Vía Jurisdiccional mediante el respectivo Recurso de Nulidad ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), del cual se anexa copia marcada “C”. Al respecto, es necesario observar que tales hechos, supuestos o documentos considerados por el Tribunal sobre los que fundamenta su decisión, no se corresponden tampoco con ninguno de los requisitos exigidos taxativamente por el artículo in comento (art. 585 CPC), pues estos documentos o instrumentos en los que este Juzgado se fundamenta para adoptar y declarar la medida preventiva de embargo no constituyen por sí mismos riesgo alguno de que quede ilusoria la ejecución de un eventual fallo y menos aún constituyen medios probatorios de ello, así como tampoco constituyen prueba alguna del derecho pretendido por la parte demandante, por lo que, consecuentemente el tribunal ha adoptado una medida al margen de lo dispuesto por la normativa nacional”. Observa este Juzgado que la Corporación Venezolana de Guayana, parte demandante y solicitante de la medida preventiva, es un instituto autónomo regido por el Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana, en cuyo artículo 24 dispone lo siguiente: “La Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas tuteladas tendrán las mismas prerrogativas y privilegios otorgados por Ley a la República”. Al gozar la Corporación demandante de las prerrogativas procesales de la República se aplica la establecida en el artículo 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, el cual prevé lo siguiente: “Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren. Esta caución debe ser aprobada por la representación de la República” (Resaltado añadido). Aplicando las normas jurídicas citadas al caso de autos, gozando la Corporación Venezolana de Guayana de las mismas prerrogativas procesales que la República, bastaba para el decreto judicial de medida preventiva de embargo, que la Corporación demandante demostrara uno sólo de los requisitos requeridos, es decir, o la presunción de buen derecho o el peligro en la demora, en este aspecto la sentencia que decretó medida preventiva de embargo de bienes muebles en contra de la demandada de autos, consideró satisfecha la presunción de buen derecho con la siguiente motivación: “En este sentido, debe este Juzgado verificar en el caso concreto la existencia de los requisitos antes referidos, para lo cual observa de las actas que conforman en el expediente lo siguiente: 1. Que en fecha treinta (30) de mayo de 2006, el Instituto Autónomo Minas Bolívar otorgó a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), titulo minero identificado con el Nº 04-06, para la exploración y subsiguiente explotación de mármol dolomítico, en un terreno propiedad de la referida corporación. 2. Que en fecha 27 de noviembre de 2006, fue suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y la Sociedad Mercantil Fertical Guayana un contrato de “Arrendamiento de Concesión para la Exploración y Subsiguiente Explotación de Mármol Dolomítico”. 3. Que mediante Resolución Nº 039-09 de fecha ocho (08) de octubre de 2009, el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), emitió dictamen declarando rescindido el contrato de arrendamiento de concesión suscrito con la demandada por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la referida relación contractual, recomendando el ejercicio de las acciones legales para recuperar el dinero entregado a la contratista. De las aludidas actuaciones, se desprende, en principio, el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Sociedad Mercantil Fertical Guayana en fecha 27 de noviembre de 2006. Así, la posibilidad de que los derechos reclamados por la parte actora sean ciertos y exigibles, conforman la apariencia de buen derecho necesaria para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada por la Corporación, en virtud de lo cual este Juzgado estima satisfecho el requisito de fumus boni iuris, a su vez, los derechos reclamados por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) en caso que se dicte sentencia estimatoria podrían ser afectados conformándose el peligro en la demora requerido para el otorgamiento de la protección cautelar. Así se decide”. Observa este Juzgado que el fumus boni iuris o la presunción grave del derecho que se reclama, su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente que exista una apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. En efecto, se trata de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho reclamado, citándose al respecto sentencia dictada por la Sala Político Administrativa el 22 de junio de 2006, que dispuso: “De allí que, es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Respecto al primero de los requisitos, esto es, fumus boni iuris o la presunción grave del derecho que se reclama -como antes se señaló- su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente que exista una apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. En efecto, se trata de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho reclamado. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados, el periculum in mora, ha sido señalado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia que su constatación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese; bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Debe acotarse, respecto de las exigencias mencionadas, que su simple alegación no conduciría a otorgar la protección cautelar sino que tales probanzas deben acreditarse. En este orden de ideas, el juzgador habrá de verificar en cada caso la existencia en el expediente de hechos concretos que permitan comprobar la certeza del derecho reclamado, el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo y, por último, (específicamente para los casos de medidas cautelares innominadas) que el peligro de daño o lesión sea grave, real e inminente. Conforme se aprecia, a los efectos de conceder al solicitante el decreto de las medidas preventivas, resulta indispensable que el juzgador, entre otros aspectos, tenga elementos de convicción suficientes que lo lleven a presumir la certeza del derecho reclamado, toda vez que precisamente la tutela cautelar está dirigida a su protección. Ahora bien, en el caso bajo examen, visto que quien solicita la medida es la representación de la Procuraduría General de la República, debe esta Sala hacer referencia al contenido del artículo 92 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, el cual prevé lo siguiente… De conformidad con la norma transcrita, para el decreto de las medidas preventivas solicitadas por la Procuraduría General de la República, basta con que el Juez verifique tan sólo la existencia del fumus boni iuris o del periculum in mora, pues no es necesaria la concurrencia de ambos requisitos”. En este orden de ideas, la sentencia transcrita que decretó medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A, consideró que del titulo minero identificado con el Nº 04-06, para la exploración y subsiguiente explotación de mármol dolomítico, en un terreno propiedad de la referida corporación, del contrato de “Arrendamiento de Concesión para la Exploración y Subsiguiente Explotación de Mármol Dolomítico” suscrito en fecha 27 de noviembre de 2006, entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y la sociedad mercantil Fertical Guayana y de la Resolución Nº 039-09 de fecha ocho (08) de octubre de 2009, mediante la cual el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), declaró rescindido el contrato de arrendamiento de concesión suscrito con la demandada por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la referida relación contractual, acto administrativo que goza de la presunción de veracidad y legitimidad, que probablemente y en principio la pretensión de la demandante podría ser declarada procedente, a menos que la demandada en el transcurso del proceso demostrare lo contrario, por lo que, este Juzgado desestima el alegato de la demandada que la sentencia contra la que se ejerce oposición infringió el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. II.4. Aunado a lo anterior este Juzgado procedió a verificar el alegato de la demandada que pago íntegramente una de las facturas demandadas y que las dos restantes no aceptó, se cita parcialmente sus alegatos: “Adicionalmente, la parte actora no fundamenta su pretensión sobre ninguno de los títulos ejecutivos o documentos enumerados taxativamente por el artículo in comento, sino que, sólo fundamenta su pretensión sobre el contrato de arrendamiento considerado por el Tribunal para decretar la medida y realiza una sencilla enumeración de facturas no aceptadas, toda vez que, la parte demandante pretende fundamentar su actuación por la vía intimatoria sobre tres (3) facturas, una totalmente cancelada y dos que fueron expresamente no aceptadas por el supuesto deudor (nuestra representada) siendo ellas las siguientes la primera de las facturas serie B-Nº 0247 de fecha 10 de enero de 2008, la cual se encuentra totalmente cancelada o pagada tal y como se evidencia en los documentos que se anexan al presente escrito de Oposición marcados como anexo “D”, constante de cuarenta y nueve (49) folios útiles; la segunda de esas facturas no aceptadas correspondiente a la serie B-Nº 0673, Nº de control 000198 de fecha 04 de marzo de 2009, correspondiente al pago de las regalías del año 2008 la que, nuestra representada “FERTICAL GUAYANA, C.A.” no aceptó y procedió, en fecha 10 de marzo del 2009, a realizar la debida manifestación de disconformidad con el monto estipulado en la factura ya que no existió producción por una causa extraña no imputable y ajena a la misma, la cual exime de responsabilidad por incumplimiento a “FERTICAL GUAYANA, C.A.”, y a su vez la factura fue emitida tomando en consideración un precio del material muy por encima del estimado para el año 2007, desconociendo nuestra representada cuales fueron los valores, y cálculos efectuados para estimar este monto, se anexa marcada “E”, la mencionada comunicación, realizada dentro del lapso legal establecido, que hace de esta factura, una factura “No Aceptada”; y la tercera factura serie B-00804 Nº de Control 002429 de fecha 08 de marzo de 2010 las cuales fueron expresamente “No Aceptada” por nuestra representada e impugnada dentro del lapso establecido por la ley tal y como consta de comunicación dirigida al ciudadano Carlos Eduardo Morán Torres, Vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en fecha 26 de marzo de 2010 y que se anexa marcado “F” por lo que, si pretende la parte actora emplear tales factoras como documentos fundamentales de su pretensión debe tenerse presente que las mismas no cuentan con la condición expresa del citado artículo como lo es ”la aceptación”, la cual debe estar contenida de manera expresa, clara e indubitable en el documento que sirve de fundamento para el procedimiento de intimación. En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto por esta disposición la parte actora para solicitar una medida de embargo preventivo debe fundamentar su pretensión en algunos de los instrumentos indicados expresamente por el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, en las condiciones mismas indicadas en tal artículo”. Aprecia este Juzgado que en el libelo de demanda la Corporación admite los depósitos que efectuó la demandada, pero alegó que existe un saldo deudor a su favor y cuyo pago demanda y es el objeto del presente proceso a dirimir en la sentencia de fondo que se dicte, se cita lo expuesto al respecto por la demandante: “Ahora bien ciudadano Magistrado, de acuerdo al procedimiento aperturado y conforme al estado actual de la deuda al 01/06/2010 elaborado por el Departamento de Cobranzas de “LA CORPORACIÓN”, el cual se anexa marcado “G”, la empresa FERTICAL GUAYANA C.A., mantiene una deuda con “LA CORPORACIÓN”, derivada del incumplimiento de dicho contrato, por un monto de setecientos quince mil ochenta y tres bolívares con 05/100 Ctmos, (Bs 715.083,05), corresponde al capital, más la cantidad de sesenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco bolívares con 68/100 Ctmos, (Bs. 62.545,68), correspondientes a los interesados generados a la fecha 01/06/2010, menos los pagos realizados por la empresa FERTICAL GUAYANA C.A, por un monto de doscientos veintiún mil setenta y cuatro con 25/100 Ctmos. (Bs. 221.074,25), ascendiendo dicha deuda a un monto total de quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro bolívares con 48/100 Ctmos. (Bs. 556.554,48). Dicho monto corresponde a las siguientes Facturas: 1. Factura Serie B-Nº 0247 de fecha 10 de enero de 2008, emitida por “LA CORPORACIÓN”, Gerencia de Minería, a la orden de la empresa Vertical Guayana C.A., por un monto de Ciento ochenta y cuatro mil Ctmos, (Bs. 184.435,31), por concepto de pago de regalias a la CVG por Ajuste a la Producción Mínima de 150.000,00 TM Anual de Mármol Dolomítico, correspondientes a los meses de Enero/Noviembre 2007, e recibida en fecha 26-02-2008 por el representante de la empresa Vertical Guayana C.A., tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda de “EL CONTRATO” suscrito entre las partes. 2. Factura Serie B-0673, Nº de Control 000198 de fecha 04 de marzo de 2009, emitida por “LA CORPORACIÓN”, a la orden de la empresa Vertical Guayana, C.A., por un monto de trescientos nueve mil seiscientos treinta y dos bolívares con 09/100 Ctmos, (Bs. 309.632,09), por concepto de pago de regalías a la CVG por Ajuste a la Producción Mínima de 150.000,00 TM Anual de Mármol Dolomítico, correspondientes a los meses de Enero/Diciembre 2008, recibida en fecha 10/03/2009, tal como lo establece la Cláusula Décima Segunda de “EL CONTRATO”. 3. Factura Serie B-00804, Nº de Control 002429 de fecha 08 de marzo de 2010, emitida por “LA CORPORACIÓN”, a la orden de la empresa Vertical Guayana C.A., por un monto de doscientos un mil quince bolívares con 65/10 Ctmos. (Bs. 201.015,65), por concepto de de pago de regalías a la CVG, por Ajuste a la Producción Mínima de 150.000,00 TM Anual de Mármol Dolomítico, correspondientes a los meses de Enero/Diciembre 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda de “EL CONTRATO”. Se anexan las Facturas antes identificadas en copias certificadas Marcadas “H”, “I” y “J” respectivamente”. De lo precedentemente narrado considera este Juzgado que la sentencia mediante la cual decretó embargo preventivo de bienes muebles contra la demandada de autos, no infringió el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, al encontrarse cumplido uno de los requisitos para el decreto de la medida preventiva solicitada, como lo es la presunción de buen derecho que se determinó con los documentos administrativos consignados por la demandante que como tales hacen fe hasta prueba en contrario y de los montos facturados, presunción que podrá ser desvirtuada en el transcurso del proceso. Así se decide. III. DISPOSITIVA En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la OPOSICION interpuesta por la demandada sociedad mercantil FERTICAL GUAYANA, C.A contra la medida cautelar de embargo preventivo de bienes muebles solicitada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), decretada por este Juzgado mediante sentencia dictada el quince (15) de diciembre de 2010. Se ordena la notificación de las partes de la presente sentencia, una vez que cursen en autos la última de las notificaciones de las partes se iniciara el lapso para la interposición del recurso de apelación. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación. LA JUEZA BETTI OVALLES LOBO LA SECRETARIA ANNA FLORES FABRIS
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