Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-186-2015-jpi-vitoria-gasteiz-sec-7-rec-218-2014-07-07-2015-47469233
Timestamp: 2017-06-24 12:18:42
Document Index: 220858696

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 80', 'artículo 4', 'artículo 455', 'artículo 458']

Sentencia Civil Nº 186/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 218/2014, 07-07-2015 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilJuzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz2015Trinidad Santos, Maria TeresaEstimaSentencia186/2015218/2014
Sentencia Civil Nº 186/2015, Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz, Sección 7, Rec 218/2014 de 07 de Julio de 2015
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 250/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 102/2015, 20-11-2015 Órden: Civil
Sentencia Civil Nº 229/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 362/2014, 15-10-2015 Órden: Civil
Num. Sentencia: 229/2015
Num. Recurso: 362/2014
Sentencia Civil Nº 182/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 494/2014, 06-07-2015 Órden: Civil
Num. Sentencia: 182/2015
Num. Recurso: 494/2014
Sentencia Civil Nº 174/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 468/2014, 29-06-2015 Órden: Civil
Num. Sentencia: 174/2015
Num. Recurso: 468/2014
Sentencia Civil Nº 127/2016, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 513/2015, 29-04-2016 Órden: Civil
Num. Sentencia: 127/2016
Num. Recurso: 513/2015
El contrato de préstamo (bancario), consiste en el préstamo de dinero en el que una de las partes es una entidad de crédito, y la otra parte puede ser tanto una persona física como jurídica, la entidad de crédito entregará a la otra parte, dinero u otra cosa fungible, con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El préstamo bancario puede ser dos tipos: dinerario, consistente en el préstamo de dinero, y de especie, el cual el más importante es el llamado p... El contrato de apertura de crédito en el Derecho Bancario Órden: Mercantil
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Las cláusulas abusivas son estipulaciones no negociadas de forma individual que sean contrarias a la buena fe y que perjudiquen al consumidor, causando un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que las partes tengan en virtud del contrato. Dichas obligaciones son nulas de pleno derecho, y se tendrán por no puestas.NULIDAD Y RETROACTIVIDAD DE CLÁUSULAS SUELO: El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Devolución cláusulas suelo. Sente... Contrato de préstamo bancario y contrato de cuenta corriente Órden: Mercantil
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Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Villarrobledo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
En el recurso interpuesto por doña MaríaAdoración Fernández Maldonado, notaria de Albacete,contra la nota de calificación de la registradora de laPropiedad de Villarrobledo, doña María JoséRenart Espí, por la que se suspende la inscripción deuna escritura de préstamo hipotecario por razón deexistir una cláusula suelo del tipo de interésordinario (tipo mínimo de 0) sin constar haberse aportado lamanifestación manuscrita de los prestatarios acerca de quehan recibido información ad... Resolución de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan nº 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
En el recurso interpuesto por doña R. M. F., en calidadde acreedor hipotecario, contra la nota de calificación dela registradora de la Propiedad de Alcázar de San Juannúmero 2, doña Eva Leal Colino, por la que sesuspende la inscripción de una escritura de préstamohipotecario concedido por la recurrente, por razón deexistir cláusulas abusivas, en concreto un tipo deinterés ordinario excesivo y una desproporcionadaretención de cantidades del capital concedido.HechosIMediante escritura a... Resolución de 12 de marzo de 2015, de la
En el recurso interpuesto por doña MaríaAdoración Fernández Maldonado, Notaria de Albacete,contra la nota de calificación extendida por el registradorde la Propiedad de Albacete número 4, don JuliánCuenca Ballesteros, por la que se suspende la inscripción deuna escritura de compraventa con subrogación ymodificación de préstamo hipotecario.HechosIMediante escritura otorgada el día 28 de octubre de 2014ante la Notaria de Albacete, doña MaríaAdoración Fernández Maldonado, con númer... Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Villacarrillo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
En el recurso interpuesto por don Gonzalo Largacha Lamela,notario de Valdepeñas, contra la nota de calificacióndel registrador de Propiedad de Villacarrillo, don Francisco ManuelGalán Quesada, por la que se suspende la inscripciónde una escritura de préstamo hipotecario.HechosIMediante escritura autorizada el día el día 10 demarzo de 2016 por el notario de Valdepeñas, don GonzaloLargacha Lamela, número 221 de protocolo, seformalizó un préstamo hipotecario para financiar elpago del pre... Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación practicada por el registrador de la propiedad accidental de Sueca, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario unilateral. Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado
En el recurso interpuesto por don Eduardo Lluna Aparisi, notariode Valencia, contra la nota de calificación del registradorde la propiedad accidental de Sueca, don Gil Vicente MatosesAstruells, por la que se suspende la inscripción de unaescritura de préstamo hipotecario unilateral.HechosIMediante escritura autorizada el día 14 de junio de 2016por el notario de Valencia, don Eduardo Lluna Aparisi,número 721 de protocolo, se formalizó unpréstamo con garantía de hipoteca unilateral otorgad... Ver más documentos relacionados
Núm. Sentencia: 186/2015 Núm. Recurso: 218/2014
Núm. Cendoj: 01059420072015100184
Núm. Ecli: ES:JPI:2015:441
Núm. Roj: SJPI 441:2015
Encabezamiento UPAD MERCANTIL - JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VITORIA-GASTEIZ
MERKATARITZA-ARLOKO ZULUP - GASTEIZKO MERKATARITZA-ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA
AVENIDA GASTEIZ 18 3ª planta - C.P./PK: 01008
TEL.: 945-004877
FAX: 945-004827
NIG PV/ IZO EAE:
01.02.2-14/004352
NIG CGPJ / IZO BJKN :
01.059.47.1-2014/0004352
Proc.ordinario / Prozedura arrunta 218/2014 - I
Demandante /
Demandatzailea:
Belinda Abogado/a /
Abokatua: ANA MARIA ARRAZOLA GOMEZ
Procurador/a /
Prokuradorea: MARIA PILAR ELORZA BARRERA
Demandado/a /
Demandatua: LABORAL KUTXA
Abogado/a / Abokatua :
Prokuradorea: ANA ROSA FRADE FUENTES
S E N T E N C I A Nº 186/2015
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2015..
Vistos por mí, Mª Teresa Trinidad Santos, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos del Juicio Ordinario 218/14 entre partes, de una como demandante,
Belinda representada por la Procuradora Pilar Elorza Barrera y asistida de la Letrada Ana Arrazola y de otra como demandada CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO representada por la Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes y asistida de la Letrada Maria Teresa Cobo Martínez, sobre condiciones generales de la contratación, y los siguientes
Antecedentes PRIMERO.-La Procuradora Sra. Elorza interpone en nombre y representación de
Belinda demanda de Juicio Ordinario contra la entidad Caja Laboral Popular Sociedad Coop. de Crédito (en adelante Caja Laboral), antes Ipar Kutxa, en la que tras alegar los hechos que en ella se indican e invocar los fundamentos jurídicos que estima aplicables, termina suplicando que se dicte sentencia en la que:
1. Se declare la nulidad de la estipulación tercera bis de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria (número
NUM000 , actual
NUM001 ) de fecha 4 de febrero de 2008, manteniéndose la vigencia del contrato sin la aplicación de los límites de suelo del 2,75 % y de techo del 15 %, fijados en aquéllas.
2. Se condene a la entidad demandada a restituir al actor las cantidades que hubiera cobrado en virtud de la condición nula, concretándolas provisionalmente en:
a) 4.420,15 euros (hasta el 10.12.2013), por el préstamo número
b) Las demás cuantías que haya percibido desde las fechas indicadas en el apartado anterior, que deberán determinarse en fase de ejecución.
c) Los intereses legales y judiciales de cada una de las cuantías que hubiera cobrado como consecuencia de la condición nula, desde la fecha en la que se abonaron hasta la fecha que sea restituida.
Todo ello con imposición de costas en caso de oposición.
Con posterioridad, la demandante aporta escrito que denomina de ampliación de demanda, alegando hechos que no puso de manifiesto en la demanda y actualizando a fecha 16.05.2014 la cuantía reclamada que señala en 6.898,33 euros más el interés legal.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para contestar. La demandada contesta a la demanda oponiendo como excepción procesal litispendencia impropia o prejudicialidad civil y como excepciones materiales las indicadas en la contestación, para terminar suplicando que se desestime íntegramente la demanda.
TERCERO.- En la Audiencia Previa, la demandante contesta a la excepción procesal planteada, resolviéndose en el acto en sentido desestimatorio con protesta de la demandada. Se delimitan los hechos litigiosos se propone prueba, se admite y se señala el acto del juicio.
CUARTO.- Estando señalado el juicio para el día 19.05.2015, la demandante presenta el 18.05.2015 escrito solicitando la suspensión del procedimiento y que se plantee cuestión prejudicial de carácter comunitario.
En el acto del juicio, se oye a las partes sobre la suspensión del procedimiento y se acuerda, celebrar el acto del juicio, dar traslado a la parte demandada del escrito presentado confiriéndole un plazo para poder efectuar alegaciones y trasladar la decisión de sobre la cuestión prejudicial al momento previo al dictado de sentencia, de forma que si finalmente se acordara plantear la cuestión se dictaría el oportuno auto y si no se acordara se resolvería en sentencia.
Se celebra el juicio y las partes formulan conclusiones.
En el plazo conferido a la demandada, se ha presentado escrito de alegaciones en cuanto a la cuestión prejudicial propuesta por la actora.
Fundamentos PRIMERO.- La demandante ejercita acción individual de nulidad de la conocida como 'cláusula suelo' inserta en el contrato de préstamo hipotecario suscrito con la demandada, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 16 de noviembre).
SEGUNDO.- Son hechos probados, sin perjuicio de los que se irán introduciendo a lo largo de los razonamientos jurídicos sucesivos, los siguientes:
La demandante y su esposo suscribieron el 04.02.2008 con Ipar Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito (hoy Caja Laboral Popular SCC), y ante el Notario Juan Kutz Azqueta, escritura pública de préstamo hipotecario con el número 199 del protocolo notarial (doc. 1 de la demanda). El capital del préstamo, destinado a refinanciar deudas previas del matrimonio según el propio expositivo III de la escritura, ascendió a 205.000 euros, con un plazo máximo de amortización de 35 años, un tipo de interés fijo inicial durante los primeros seis meses del 5,100% y partir del 10.08.08 con revisión semestral, un tipo de interés resultante de adicionar al tipo básico de referencia (Euribor ) un diferencial de 0,80 puntos que podía verse reducido hasta un 0,40 en función de que el prestatario contratara una serie de productos o servicios con la prestamista en las condiciones señaladas en la cláusula adicional de la escritura. Sin embargo la variabilidad del tipo de interés se encuentra limitada por un tipo mínimo del 2,75 % y un máximo del 15 %.
El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior, al
QUINCEpor ciento ni inferior al
DOS CON SETENTA Y CINCOpor ciento nominal anual
El 25.02.2014 la demandada dirigió a la actora una comunicación en la que le ofrecía suprimir la cláusula suelo si bien la prestataria debía renunciar a formular cualquier reclamación en virtud de la misma contra la caja (doc. 2 demanda).
Sobre la consideración de la cláusula impugnada como condición general de la contratación.
La primera cuestión que es objeto de controversia es si estamos no o no ante una condición general de la contratación, pues la demandada lo niega argumentando que ha sido negociada individualmente, que no ha sido impuesta y que forma parte del objeto principal del contrato.
Para considerar la cláusula condición general de la contratación han de concurrir, según el art. 1 de la LCGC, los siguientes requisitos: a) contractualidad; b) predisposición; c) imposición; d) generalidad. En cambio es irrelevante: a) su autoría material, apariencia externa, extensión y cualesquiera otras circunstancias; b) que el adherente sea un profesional o un consumidor, porque la Ley de Condiciones General de Contratación opera para ambos y c) que otros elementos del contrato hayan sido negociados individualmente, si esta circunstancia no se da en la cláusula impugnada y la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.
sentencia del Pleno del Tribunal Supremo nº 464/2014, de 8 de septiembre de 2014, rec. 1217/13 insiste en los mismos razonamientos que la
STS de 09.05.2013 : 'La valoración de los presupuestos o requisitos que determinan la naturaleza de las condiciones generales de la contratación, como práctica negocial, ha sido objeto de una extensa fundamentación técnica en la
Sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2013 (núm. 241/2013 ). En síntesis, entre las conclusiones de la doctrina jurisprudencial allí declarada, (Fundamento de Derecho Séptimo y Octavo, parágrafos 131 a 165), se resaltaban las siguientes consideraciones:
'-parágrafo 144; a) El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, ya que esta se definen por el proceso seguido para su inclusión en el mismo.
c) No excluye la naturaleza de condición general de la contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes de información exigidos por la regulación sectorial'.
'-Parágrafo 165; a) la prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que, se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.
d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario'.
Ahondando en esta cuestión, la
Sentencia de la A.P. de Pontevedra, de 14.05.2014 , señala que: el
art. 1 LCGC no precisa qué debe entenderse por imposición de la condición general por una de las partes, por lo que, al desarrollarse el litigio en materia de condiciones insertas en contratos con consumidores, ha de acudirse al art. 3.2 de la Directiva 93/13 CEE , del Consejo, conforme al cual '(s)e considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de lso contratos de adhesión'. (¿) Finalmente, a los efectos de aplicar esta doctrina en un caso concreto, es preciso traer a colación tanto la regla general establecida en el
art. 281.4º LEC y la doctrina jurisprudencial sobre la exención de la prueba de los hechos notorios (
SSTS de 02.03.2009 ,
09.03.2009 ,
18.11.2010 y
de 09.05.2013 ), como la norma sobre la carga de la prueba recogida en el
art. 3.2 pfo. 3º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril, y en el art. 82.2 pfo.- 2º del TRLCU, según el cual '(e)l empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asumirá la carga de la prueba'.
Es un hecho notorio que las escrituras públicas de préstamos hipotecarios se redactan por el Notario conforme a la minuta preparada, redactada y presentada por la entidad financiera, y así lo dice expresamente la propia escritura pública. A día de hoy constituye igualmente un hecho notorio que al menos determinadas entidades utilizaron durante un tiempo este tipo de cláusulas limitativas de la variación del tipo de interés en una pluralidad de contratos, y no puede negar la demandada que ella también lo hizo cuando se alega en la contestación prejudicialidad civil por haber sido demandada en el proceso instado por ADICAE en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, precisamente por utilizar este tipo de cláusulas en una pluralidad de contratos, con independencia de variaciones en el tipo mínimo concreto, que insiste se deben a una efectiva negociación de la cláusula, lo que es una cuestión distinta que seguidamente se aborda, pero lo que no puede negar es la predisposición de la cláusula y su destino a ser incorporada a una pluralidad de contratos.
La cuestión es si la cláusula fue objeto de específica y verdadera negociación en este caso o por el contrario es una cláusula impuesta. Imposición que evidentemente no significa que se haya obligado al cliente a contratar con la demandada ¿o que tuviera obligación de hacerlo- sino que se trate de una cláusula que se presenta como necesaria en la oferta que la entidad efectúa al cliente y que éste no puede influir en su supresión o en su contenido. Negociación que correspondería acreditar a la demandada como empresario predisponente ( art. 3.2 pfo. 3º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril, y en el art. 82.2 pfo.- 2º del TRLCU). Sin embargo, pese a que la demandada insiste en negar la naturaleza de condición general de la contratación de la cláusula impugnada, los argumentos que utiliza no pueden ser aceptados porque se oponen a la jurisprudencia antes citada. El que la cláusula se refiera al objeto principal del contrato no excluye la naturaleza de condición general, como tampoco el hecho de que, en teoría, el prestatario pueda elegir entre distintas ofertas del mismo empresario o entre ofertas de distintos empresarios. Si lo que la entidad ofrece al cliente es una oferta global (un determinado capital, plazo de amortización, tipo de referencia, diferencial, bonificable o no, comisiones, tipo fijo inicial,¿) que el cliente solo puede aceptar en bloque o rechazar y optar por otra modalidad distinta de préstamo u otra oferta global en la que cambian sustancialmente el resto de condiciones financieras para obtener un préstamo sin cláusula suelo, no hay verdadera negociación individual. Tampoco por el hecho de haber podido negociar otras cláusulas o condiciones, como el plazo de amortización, o ¿en teoría- el diferencial pactado, se excluiría el carácter no negociado de la cláusula impugnada.
Es esto lo que afirma la demandada en la contestación, cuando señala que si el prestatario hubiera querido podría haberse 'suprimido' la cláusula suelo, pero en este caso variarían el resto de condiciones financieras del préstamo y singularmente el diferencial, que no habría sido tan bajo. En realidad no se trataría de la posibilidad de suprimir o influir en el contenido de la cláusula, sino en tener que optar por la oferta global que le presenta la entidad o por otra distinta (distinto diferencial, distintas comisiones, etc.), con lo que no hace sino reafirmar la propia demandada el carácter impuesto de la cláusula impugnada.
En conclusión, tanto ausencia de toda prueba de la negociación de la cláusula como por los propios argumentos que emplea la demandada resulta la condición de cláusula impuesta en sentido propio definido por el TS.
Aunque no lo alega expresamente la demandada, debe aclararse que resulta plenamente aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, sin que resulta de aplicación el
art. 4.2 LCGC. Este precepto establece que no será de aplicación la referida ley a las condiciones generales que vengan reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes. El
TS en sentencia de 09.05.2013 trató esta cuestión en los párrafos 167 a 178, señalando en este último que 'la existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuento a la organización de las entidades de crédito como en cuanto a los contratos de préstamo hipotecario y las normas de transparencia y protección de los consumidores, no es óbice para que la LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario objeto de esta litis'.
AP de Álava, viene resolviendo, por ejemplo en Sentencia de 25 de noviembre de 2014 que: 'En dichas órdenes no hay un solo precepto (ni siquiera se precisa en el recurso) que obligue a la entidad proferente de la cláusula a redactarla de modo en que se hizo, es decir, que refleje, como dice la norma, una disposición administrativa de carácter general que sea de aplicación obligatoria. La única que se cita es el art. 1 de la OM de 5 de mayo de 1.994 admitiendo no obstante no ser aplicable al caso litigioso. En cualquier caso, dicho artículo 1 no impone la fijación de una cláusula que limite la variabilidad de los tipos de interés y menos, que se redacte en el modo que consta en el contrato de autos. De modo que no cabe invocarla como norma administrativa 'de aplicación obligatoria para los contratantes'.
Sobre el control de transparencia.
Sentado que la cláusula impugnada es una condición general de la contratación y que la actora es una consumidora que destinaba el capital prestado a un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, hay que pasar a analizar la validez o nulidad de las cláusulas, pues como ha señalado el Tribunal Supremo, aunque la cláusula suelo como toda condición general de la contratación puede ser lícita, se puede declarar su nulidad por falta de transparencia, debiendo tales cláusulas superar dos niveles diferentes de control.
El Tribunal Supremo ha declarado en varias sentencias la procedencia de realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución. Esta línea jurisprudencial se inicia en
sentencias como las núm. 834/2009, de 22 de diciembre ,
375/2010, de 17 de junio ,
401/2010, de 1 de julio , y
842/2011, de 25 de noviembre , y
se perfila con mayor claridad en las núm. 406/2012, de 18 de junio ,
827/2012, de 15 de enero de 2013 ,
820/2012, de 17 de enero de 2013 ,
822/2012, de 18 de enero de 2013 ,
221/2013, de 11 de abril ,
638/2013, de 18 de noviembre y
333/2014, de 30 de junio .
En relación a las cláusulas que establecen límites a la variación del tipo de interés en contratos de préstamo hipotecario a interés variable suscritos por consumidores, en la
Sentencia de 09.05.2013 el Tribunal Supremos trató por primera vez el doble control de transparencia, no obstante no ser ninguna novedad el proceso de reforzamiento de los derechos de los consumidores y usuarios y la consideración de la contratación bajo condiciones generales un modo de contratar diferenciado del paradigma del clásico contrato por negociación.
Sentencia del TS de 08.09.2014 , ratificaba dicho mecanismo de control: '¿
el control de transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo general del control de inclusión, (
artículo 5 de la Directiva 93/13 ,
artículos 5.5 y
7.b de la LCGC y
artículo 80.1 a TR-LGDCU ) queda caracterizado como un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato,
STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 ).
7. Fundamento. De acuerdo con la anterior caracterización, debe señalarse que en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de este modo de contratar, el control de transparencia responde a un previo y especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales. Fiel a la naturaleza y función de este fenómeno, como a su peculiar presupuesto causal y régimen de eficacia, el control de transparencia se proyecta de un modo objetivable sobre el cumplimiento por el predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada. Se entiende, de esta forma, que este control de legalidad o de idoneidad establecido a tal efecto, fuera del paradigma del contrato por negociación y, por tanto, del plano derivado de los vicios del consentimiento, no tenga por objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado, ni el plano interpretativo del mismo, irrelevantes tanto para la validez y eficacia del fenómeno, en sí mismo considerado, como para la aplicación del referido control sino, en sentido diverso, la materialización o cumplimiento de este deber de transparencia en la propia reglamentación predispuesta;
SSTJUE de 21 de febrero de 2013 , C-427/11 y
de 14 de marzo de 2013 , C- 415/11, así como
STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 ). Extremo o enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni excluye ni suple la mera 'transparencia formal o documental' sectorialmente prevista a efectos de la validez y licitud del empleo de la meritada cláusula en la contratación seriada.
8. Alcance. Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a estos efectos la reciente
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13 , declarando, entre otros extremos, que: 'El
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo'.
Sentencia de 24.03.2015, el Tribunal Supremo , insiste en la misma idea, en una especie de aclaración de la doctrina ya sentada, incorporando en su argumentación la
STJUE de 26.02.2015 y ratificando una vez más el doble control de transparencia al que pueden ser sometidas las cláusulas contractuales predispuestas por el empresario en contratos con consumidores, sin que, como se alegaba por la entidad bancaria en el recurso, ello obedezca a una creación de Derecho que exceda de la función de complemento del ordenamiento jurídico que el
art. 1.6 CC asigna a la Jurisprudencia: ' Este doble control consistía, según la
sentencia núm. 241/2013 , en que, además
del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, « conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por
esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio , el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del 'error propio' o 'error vicio', cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ».
Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, « la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato ».
art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de abusividad (« la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a [...] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible »), porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados.
Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación'.
La STS que se comenta vuelve a citar la
STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto Convenio Colectivo de Empresa de ICOD EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (ICODEMSA)/11, caso RWE Vertrieb AG y la de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , añadiendo que '
Esta doctrina ha sido reiterada en la posterior
STJUE de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 , cuyo
párrafo 74 declara: «de los artículos 3 y
5 de la Directiva 93/13 y de los puntos 1, letras j) y l), y 2, letras b) y d), del anexo de la misma Directiva resulta, en particular, que para satisfacer la exigencia de transparencia reviste una importancia capital la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente los motivos y las particularidades del mecanismo de modificación del tipo del interés, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan (véase, en este sentido, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 73) »' .
SEXTO.- Debe partirse de que la demandante alega el hecho negativo de falta de información suficiente que le permitiera conocer la existencia de la cláusula suelo, y menos aún la incidencia real que tiene en el precio del préstamo y el riesgo que con los concretos topes mínimo y máximo asumía una y otra parte. Frente a ello, la demandada, que es quien alega el hecho positivo, es quien debería encontrarse en disposición de aportar la prueba que acredite la información y documentación que se entregó a la prestataria (regla de la facilidad y disponibilidad de la prueba,
art. 217.7 LEC ). Sin embargo, la demandada no aporta ni un solo documento con su contestación que se refiera a la información que pudo facilitar a los prestatarios en el curso de la oferta comercial. Lo que aporta es el documento de autorización al tratamiento de datos de carácter personal, lo que nada nos dice a los efectos que interesan. Se vale en primer lugar de la escritura pública aportada por la actora, para sostener, en prueba de la transparencia de la cláusula, que el Notario leyó la escritura pública y que la prestataria plasmó su firma en la misma. Efectivamente en la escritura se indica que se procede a su lectura, previa a firma de las partes, como no podía ser de otro modo en cumplimiento del Reglamento Notarial. Pero con lo que se lleva dicho debería comprenderse que la lectura notarial no suple el deber de información que recae sobre la entidad financiera y que se refiere al proceso de comercialización previo, no al otorgamiento de la escritura y que la mera claridad gramatical o formal de la cláusula no colma las exigencias de transparencia conforme a la jurisprudencia de TJUE y del propio TS. El control de transparencia, ni queda reducido a la claridad, inteligencia gramatical y comprensibilidad formal de la cláusula, ni tiene por objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado, pues no tratamos de vicios del consentimiento. Por si quedara alguna duda, sobre la intervención del Notario en el otorgamiento de la escritura, establece el
TS en la sentencia de 08.09.2014 :
'¿también resulta significativo que la parte recurrida, fuera de probar los anteriores extremos en el curso de la reglamentación predispuesta, descargue el cumplimiento de su propio deber de transparencia en los protocolos notariales de los contratos celebrados. En este sentido debe señalarse, sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia'.
S. de 25.03.2015, el TS añade que
'(d)ebe tomarse en consideración que el art. 84 TRLCU solo prevé que el notario no autorizará los contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Y que el art. art. 7. 3. 2. c) de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, al prever que el notario advertirá sobre los « [...] límites a la variación del tipo de interés », establece que «en particular cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el Notario consignará expresamente en la escritura esta circunstancia, advirtiendo de ello a ambas partes ». Y, como se declaró en la
sentencia de esta Sala núm. 241/2013 , la razón de considerar abusiva las condiciones generales que establecían la cláusula suelo, objeto de aquella sentencia, no era el desequilibrio entre el suelo y el techo, sino la falta de transparencia en el establecimiento del suelo por debajo del cual no bajaría el tipo de interés variable pactado.
Por último, la intervención del notario tiene lugar al final del proceso que lleva a la concertación del contrato, en el momento de la firma de la escritura de préstamo hipotecario, a menudo simultáneo a la compra de la vivienda, por lo que no parece que sea el momento más adecuado para que el consumidor revoque una decisión previamente adoptada con base en una información inadecuada.'
Tampoco el cumplimiento de la normativa sectorial excluye el control de transparencia. Así lo indicó el
TS en su Sentencia de 09.05.2013 : '
la existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuanto a la organización de las entidades de crédito como en cuanto a los contratos de préstamo hipotecario y las normas de transparencia y protección de los consumidores, no es óbice para que la LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario objeto de esta Litis¿' (pfo 178 ).
La demandada mantiene que la Orden Ministerial de 05.05.1994 no resultaba aplicable al caso al superar el importe del préstamo el umbral de los 25 millones de pesetas. Sin embargo, el que no resultara de aplicación la indicada Orden no exime a la entidad financiera de cumplir con los específicos deberes de transparencia e información al prestatario consumidor. Se llame oferta vinculante o de otro modo, es evidente que una información precisa, clara y completa, empieza por proporcionar al potencial cliente documentación escrita sobre las condiciones del préstamo que se le está ofreciendo. Ni rastro hay de tal documentación. Menos aún de documentación que refleje toda la información que el prestatario precisa en orden a una comprensibilidad real de la cláusula, es decir, información que permita al prestatario conocer el funcionamiento concreto de la cláusula y su relación con el resto de cláusulas del contrato (en este caso singularmente con la que establece las bonificaciones del diferencial que por la época en la que se suscribe la hipoteca resultaban ineficaces), información que destaque que se trata de una cláusula que incide en el precio del préstamo, es decir, en el objeto principal del contrato y que le permita conocer la carga económica de la misma (onerosidad y sacrificio patrimonial que le puede representar) y la carga jurídica que asume con ello, tanto en relación a los elementos típicos del contrato, como en relación al reparto de riesgos que representa. Información que no se proporciona con la mera referencia a la existencia de un tipo mínimo y un tipo máximo que incluso puede ser engañoso o inducir a error al prestatario al aparentar una reciprocidad que realmente no existe habida cuenta de los tipos mínimos y máximos concretos.
Siendo ello así, debe declararse que, adoleciendo de falta de transparencia, la cláusula impugnada resulta nula, pues el defecto o déficit de información conecta directamente con el juicio de validez de la cláusula predispuesta.
STS de 09.05.2013 , declaraba en el punto décimo del Fallo que 'No ha lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia'.
Con ello, declaraba la mal llamada 'irretroactividad' absoluta de la sentencia, lo que determinó que los Juzgados y Tribunales que hacían aplicación automática de dicha doctrina a los juicios en los que se ejercitaba una acción individual de nulidad de las cláusulas suelo, frente a la acción colectiva que se dilucidaba en el asunto resuelto por el TS, determinaran en sus sentencias estimatorias que la entidad financiera solo debía devolver las cantidades que se cobraran en aplicación de la cláusula suelo a partir de la declaración de nulidad. Frente a ello, otros Juzgados y Tribunales, estimando que los argumentos que se empleaban en la S. de 09.05.2014 no eran trasladables directamente a los pleitos en los que se ejercitaban acciones individuales de nulidad, declaraban la plena aplicación del
art. 1303 CC , amparándose en la Jurisprudencia de TJUE y del propio TS en otros casos ajenos a las llamadas cláusula suelo; línea a la que, como bien saben las partes, se acogía este Juzgado y la A.P. de Álava.
Sin embargo, la reciente
Sentencia del TS de 25.03.2015 obliga a cambiar el planteamiento, tanto de quienes aplicaban la irretroactividad absoluta, como de quienes aplicábamos sin limitación alguna el
art. 9 LCGC en relación con el art. 1303 CC . La referida sentencia, resuelve el recurso de casación planteado por el BBVA contra la Sentencia de 21.11.2013 de la A. P. de Álava, que a su vez desestimaba la apelación contra la
Sentencia de este Juzgado de 02.07.2013 . En la indicada sentencia, el
TS, aunque reconoce, al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, que en el pleito resuelto por la previa Sentencia de 09.05.2013 la pretensión de restitución de cantidades no se articuló como acción acumulada a la colectiva de cesación que allí se ejercitaba, y en cambio aquí, en la acción individual de nulidad, dicha pretensión se introduce en el objeto del pleito ¿aunque habría que decir, no como pretensión acumulada, sino consustancial a la pretensión de nulidad-, y por ello, por entender que ello constituye un obstáculo procesal, desestima el recurso, al resolver el recurso de casación, y esto es lo fundamental, asume y reitera el criterio de la 'irretroactividad' en el ejercicio de acciones individuales de nulidad, aunque ahora con carácter limitado.
Señala que aunque la regla general en el caso de ineficacia de los contratos, o de algunas de sus cláusulas, es destruir sus consecuencias o restituir las cosas al estado anterior como si la cláusula declarada nula nunca hubiera existido, lo que se traduce en las consecuencias que resultan del
art. 1303 CC , sin embargo, entiende que no obstante la regla general, en aplicación del principio de seguridad jurídica, es posible limitar la eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad. Citando la
STJUE de 21 de marzo de 2013 , RWE, Vertrieb, el TS aplica, en aras a la seguridad jurídica, dos criterios que permiten decidir dicha limitación: la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves.
Refuta el argumento de que los 'riesgos de trastornos graves' no se pueden predicar en un pleito en el que en ejercicio de una acción individual, las cantidades a restituir al consumidor, resulten irrisorias para la entidad financiera. Sostiene: '
La afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto'. Y en relación a la 'buena fe de los círculos interesados', reitera como datos indicativos de la buena fe de las entidades financieras los motivos expresados en el apartado 293 de la S de 09.05.2013..
Pero siendo todo ello así, y aclarados los motivos que le llevaron en la aludida
S. de 09.05.2013 a declarar la irretroactividad, motivos que asume en esta última sentencia al resolver una acción individual de nulidad, mantiene que a partir de la fecha de publicación de la
S. de 09.05.2013 los 'círculos interesados' no pueden alegar buena fe, como ignorancia de que la información que se suministraba no cubría las exigencias de transparencia que, dice, fueron definidas en dicha sentencia, con lo que a partir de entonces, las entidades financieras pueden indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en los contratos de préstamo con interés variable por ellas concedidos cumplen con tales requisitos de transparencia. Si mantienen dichas cláusulas, no son eliminadas de forma voluntaria por la entidad y se llegan a declarar nulas por falta de transparencia, que no por otros motivos, en sentencias recaídas en procesos promovidos por los prestatarios, deben restituir las cantidades cobradas en aplicación de dichas cláusulas a partir de la publicación de la
S. de 09.05.2013 . De ahí la limitación o corrección de la 'irretroactividad' absoluta declarada en la primera Sentencia.
Es indudable que con ello el TS ha querido zanjar la problemática de las soluciones dispares que se venían dando por los distintos Juzgados y Audiencias a raíz de la polémica
S. de 09.05.2013 , con clara y expresada voluntad unificadora. Así lo dice expresamente en el F. D. Octavo y termina fijando en el punto 4. del Fallo la siguiente doctrina: 'Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la
sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 ,
ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y
la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la
sentencia de 9 de mayo de 2013 '.
La demandante pretende que por este Juzgado se eleve cuestión prejudicial al TJUE planteando al tribunal europeo si la limitación de los efectos de la nulidad que señala el
TS como doctrina en esta última Sentencia de 25.03.2015 es o no contraria a la Directiva 93/13 /CEE del Consejo, en particular al art. 6.1 de la Directiva y jurisprudencia comunitaria que lo interpreta.
art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
a. sobre la interpretación de los Tratados;
b. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
art. 267 TFUE establece que solo los órganos jurisdiccionales de última instancia, cuyas decisiones no pueden ser objeto de recurso, son los que están obligados a plantear la cuestión si lo solicita alguna de las partes del litigio principal, pero no así los demás órganos jurisdiccionales, de forma que es facultad del órgano judicial decidir si en el caso que debe resolver necesita o no plantear la cuestión. Para ello el órgano judicial debe valorar si estima necesaria la decisión al respecto del Tribunal de Justicia para poder emitir su fallo (
art. 267 TFUE ), necesidad que en este caso no existe.
En consecuencia, procede revisar el criterio que venía manteniendo este Juzgado y declarar que siendo nula la cláusula suelo impugnada en este pleito por déficit de transparencia, la entidad demandada debe restituir a la prestataria las cantidades cobradas en concepto de intereses ordinarios, en aplicación de la cláusula suelo del 2,75 % y por diferencia de lo que tendría que haber pagado de aplicarse estrictamente el último Euribor publicado a fecha de cada liquidación, más el diferencial que le resultara de aplicación en cada cuota en función de los productos o servicios contratados para obtener la bonificación del mismo. Todo ello desde la fecha de la publicación de la
sentencia del TS de 09.05.2013 hasta la efectiva supresión de la cláusula. A ello hay que añadir el interés legal del dinero desde las respectivas fechas de cobro hasta el pago, sin perjuicio de la aplicación del
art. 576 LEC . SÉPTIMO.- Estimada parcialmente la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (
Art. 394 LEC ). Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta
Belinda representada por la Procuradora Pilar Elorza Barrera frente a CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO representada por la Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes,
La nulidad de la cláusula recogida en la estipulación Tercera Bis de la escritura pública de préstamo hipotecario suscrita por las partes el 04.02.2008 ante el Notario Juan Kutz Azqueta (nº de protocolo 199) en la parte relativa a la limitación al alza ya la baja del tipo de interés, y concretamente, en la parte que dice:
DOS CON SETENTA Y CINCOpor ciento nominal anual ';
manteniendo la vigencia del contrato con el resto de sus cláusulas.
CONDENOa la demandada:
-A devolver al demandante la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases: La demandada habrá de restituir al prestatario las cantidades cobradas en cada una de las cuota del préstamo, en concepto de intereses ordinarios, que excedan de la estricta aplicación del último Euribor publicado en el BOE a fecha de cada liquidación más el diferencial que le fuera aplicable en cada cuota y que hayan sido cobradas en aplicación de la cláusula suelo del 2,75% a partir de la publicación de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 09.05.2013 , hasta la efectiva supresión de la cláusula.
-A abonar los intereses legales de las cantidades anteriores desde la fecha de su respectivo cobro hasta el pago, conforme al
art. 1108 CC , y sin perjuicio de la aplicación del art. 576 LEC . Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
MODO DE IMPUGNACIÓN:mediante recurso de
APELACIÓNante la Audiencia Provincial de ALAVA (
artículo 455 LEC ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
VEINTE DÍAShábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (
artículo 458.2 LEC ). Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 0844 1111 04 021814, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02- Apelación. La consignación deberá ser acreditada al
interponerel recurso (
DA 15ª de la LOPJ ).
PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, estando la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial doy fe, en VITORIA-GASTEIZ, a 7 de julio de 2015.
Directiva 93/13/CEE de 5 de Abr DOUE (Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores)
VIGENTE Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 95 Fecha de Publicación: 21/04/1993 Fecha de entrada en vigor: 11/05/1993 Órgano Emisor: Consejo ANEXO. CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 3