Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/circular-externa-18-de-mayo-26-de-2016?documento=legcol&contexto=legcol_5356a364fa894515bea33d294d64d165&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 10:59:11
Document Index: 9933073

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 1065']

CIRCULAR EXTERNA 18 DE 26 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CON EL ÁNIMO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS INSTRUCCIONES VIGENTES EN MATERIA DE CLÁUSULAS Y PRÁCTICAS ABUSIVAS, E INCORPORAR AQUELLAS IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN, ASÍ COMO LAS INFORMADAS POR LOS DEFENSORES DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, EN DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE VOCERÍA ATRIBUIDA POR EL ARTÍCULO 2.34.2.1.6 DEL DECRETO 2555 DE 2010, IMPARTE LAS INSTRUCCIONES AL RESPECTO EN ÉSTA CIRCULAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, CLÁUSULA ABUSIVA
CIRCULAR EXTERNA 18 DE 2016
Ref.: Modificación del numeral 6º del capítulo I, título III, parte I de la Circular Básica Jurídica - Cláusulas y prácticas abusivas.
Este despacho, en uso de sus facultades legales y en particular las establecidas en el literal e) del artículo 11 y en el literal d) del artículo 12 de la Ley 1328 de 2009, así como la prevista en el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y con el ánimo de actualizar y modificar las instrucciones vigentes en materia de cláusulas y prácticas abusivas, con el fin de incorporar aquellas identificadas en el ejercicio de la función de supervisión, así como las informadas por los defensores del consumidor financiero, en desarrollo de la función de vocería atribuida por el artículo 2.34.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes instrucciones:
1. Modificar el numeral 6º “Cláusulas y prácticas abusivas” del capítulo I, título III, parte I de la Circular Básica Jurídica (C.E. 29/2014).
2. Las entidades contarán con un plazo máximo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de esta circular, para ajustar los contratos y prácticas a lo dispuesto en las presentes instrucciones.
5.2.3.7. De todas las gestiones realizadas para la recuperación de cartera y de la información que se suministró a los deudores debe dejarse constancia documental, es decir, que pueda ser reproducida y suministrada al deudor cuando este o las entidades competentes así lo requieran.
5.2.3.8. Las gestiones de cobro deben efectuarse de manera respetuosa y en horarios adecuados para los consumidores financieros. Se entenderá por horarios adecuados aquellos que no afecten la intimidad personal y familiar del deudor.
5.2.3.9. Cuando habiéndose desplegado la gestión de cobro en horarios adecuados, no sea posible localizar al deudor, la entidad podrá de manera excepcional, intentar ubicarlo en horarios extraordinarios.
5.2.3.10. Los funcionarios o terceros autorizados para adelantar la gestión de cobranza deben reportar a la entidad vigilada de manera inmediata el acuerdo a que se llegó con el deudor y el dinero cancelado por este, a fin de que la aplicación del pago sea igualmente inmediata.
5.2.3.11. De todos los pagos efectuados por el deudor debe expedirse un comprobante en el cual se encuentre desagregada la aplicación del pago, el cual podrá ser entregado concomitante con el pago o posteriormente.
5.2.3.12. Las entidades vigiladas deben establecer mecanismos tendientes a garantizar, por parte de los funcionarios o los terceros autorizados para realizar la gestión de cobranza, la custodia y reserva de la información del cliente.
5.2.3.13. Las entidades vigiladas deben llevar un registro permanentemente actualizado en el cual se indique a qué casa de cobranza externa fue remitido el deudor, cuando sea el caso.
5.2.3.14. Las entidades deben informarle al deudor el orden de la imputación de pagos.
5.2.3.15. Las entidades deben garantizar que exista transparencia en la información que suministran directamente los funcionarios de esta y terceros facultados para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información.
5.3. Cobranza judicial.
Cuando el cobro de la obligación se realice a través de un proceso judicial, las entidades deben observar las directrices impartidas por el juez en cada etapa del proceso, pues él es el único competente para adoptar los mecanismos tendientes a hacer cumplir sus decisiones.
5.4. Cobranza en los créditos de vivienda.
Tratándose del cobro de créditos de vivienda, las entidades vigiladas deben informar a los deudores que los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de gestiones de cobranza corren por cuenta de la respectiva institución vigilada hasta el momento en que se presente la demanda, y que el cobro judicial corre a cargo del deudor. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 del Decreto 2331 de 1998, en concordancia con el subnumeral 1.3.3 del capítulo VI, título I de la parte II de la presente circular.
5.5. Cobranza en los microcréditos.
En el caso de los gastos de cobranza de las obligaciones derivadas de microcréditos, las entidades vigiladas deben observar lo previsto en el artículo 39 de la Ley 590 de 2000 y sus normas complementarias. Dicha disposición autoriza expresamente a los intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito microempresarial para cobrar honorarios y comisiones de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de Microempresa.
El cobro de honorarios y comisiones autorizadas a las entidades otorgantes de microcrédito se consideran erogaciones autorizadas en tanto se generen en un crédito que está siendo atendido normalmente. No obstante, ante la mora de una obligación de esta naturaleza, resultarán aplicables los lineamientos generales contenidos en los subnumerales 5.2 y 5.3 del presente capítulo.
6. Cláusulas y prácticas abusivas.
De acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante contractual.
En concordancia con lo anterior, el artículo 11 de la citada ley prohíbe expresamente la incorporación de cláusulas o estipulaciones abusivas en los contratos de adhesión que utilicen las entidades vigiladas y el literal e) del mismo artículo le otorga a la SFC la facultad de establecer de manera previa y general cláusulas y estipulaciones que han de ser consideradas como abusivas.
A su turno, el artículo 12 de la misma ley establece algunas prácticas que se consideran abusivas y en su literal d) le otorga a la SFC la facultad de establecer de manera previa y general otras prácticas que se consideran abusivas por parte de las entidades vigiladas.
En desarrollo de todo lo anterior, atendiendo el mandato legal contenido en la Ley 1328 de 2009 y con el propósito de garantizar una adecuada protección a los consumidores financieros, la SFC señala a continuación algunos ejemplos de cláusulas, estipulaciones y prácticas que se consideran abusivas.
6.1. Cláusulas abusivas.
Salvo que medie autorización legal expresa para incorporar este tipo de cláusulas en los contratos que celebren las entidades vigiladas, son abusivas de acuerdo con lo previsto por la Ley 1328 de 2009, las siguientes cláusulas o estipulaciones:
6.1.1.5. Las que limitan el pago anticipado total o parcial de las obligaciones, la posibilidad de elegir si se hace abonar a capital con disminución de plazo o abonar a capital con disminución del valor de la cuota de la obligación.
6.1.1.6. Las que imponen que el consumidor financiero asuma toda la responsabilidad por cualquier operación realizada con la clave asignada, incluso cuando se cause un perjuicio como consecuencia del incumplimiento de normas de seguridad de la información, o debilidades en el sistema de administración de riesgo operativo, por parte de la entidad vigilada.
6.1.1.7. Las que establecen el cobro de cuotas de manejo en cuentas de ahorros o corrientes en las que se consignen las mesadas pensionales y/o subsidios periódicos provistos por el Estado.
6.1.5.6. Las que establecen la prórroga o renovación automática de un contrato sin el consentimiento del consumidor financiero, salvo que esta conlleve un beneficio para el consumidor financiero o se le haya dado la oportunidad de aprobar o rechazar con suficiente antelación si se realiza o no la prórroga o renovación.
6.1.6.10. Las que exijan la suscripción del contrato sin que la entidad vigilada garantice el otorgamiento del producto financiero.
6.1.6.11. Las que exijan la preconstitución de garantías sin que la entidad vigilada haya adelantado los respectivos estudios de crédito.
6.1.6.12. Las que permiten descontar de manera anticipada las cuotas de créditos.
6.1.6.13. Las que establecen el cobro del primer paz y salvo por cancelación total de obligaciones de crédito, incluido dentro de las tarifas a cargo de los consumidores financieros bajo la denominación genérica de certificaciones o cualquier otra semejante.
6.1.6.14. Las que autorizan a la entidad vigilada para exigir al consumidor financiero mantener un saldo mínimo en su cuenta de ahorros.
6.1.6.15. Las que establecen el carácter de vinculante de cualquier documento en el que se mencionen rangos de tasa o precios por concepto de posibles obligaciones derivadas de cualquier contrato financiero, sin que conste allí el pleno conocimiento y aceptación por parte del consumidor financiero, ni asociación al documento contractual que formalice la relación jurídica.
6.1.6.16. Las que establecen que el consumidor financiero debe efectuar pagos desde la fecha de aprobación de los créditos, aun cuando el desembolso de los mismos se realice con posterioridad a dicha fecha.
6.1.6.17. Las que establecen que las entidades vigiladas se exoneran de responder por incumplimientos contractuales originados en conflictos internos o por hurtos ocurridos en sus oficinas o instalaciones.
6.1.6.18. Las que incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal.
6.2.2. El iniciar o renovar un servicio o un producto sin solicitud o autorización previa expresa del consumidor financiero y/o imponiéndole un plazo para comunicar que no acepta el inicio o renovación del servicio y/o producto.
6.2.17. Hacer efectivos los cobros de saldos de transacciones que se encuentran en trámite de objeción por parte de los consumidores financieros.
6.2.18. Exigir documentos no relacionados con la ocurrencia del siniestro, la cuantía de la pérdida o el contrato de seguro para atender el pago de la indemnización derivada de una póliza de seguro.
6.2.19. Indagar los requisitos de asegurabilidad únicamente al momento de ocurrencia de los siniestros y no al momento de la celebración del contrato.
6.2.20. Dilatar de manera injustificada las reclamaciones ante las aseguradoras, por parte de las instituciones financieras, cuando se contratan seguros por cuenta de los consumidores financieros o cuando independientemente de quien haya contratado el seguro, las instituciones financieras figuran como beneficiarios de los mismos.
6.2.21. Generar sobregiros derivados de cargos que se registren contra cuentas corrientes inactivas, o contra cuentas sin saldo por causa distinta al pago de cheques.
6.2.22. Descontar anticipadamente del valor del crédito desembolsado una o varias cuotas no causadas.
6.2.23. Realizar prórrogas de obligaciones por parte de las entidades vigiladas, sin contar con el consentimiento expreso del consumidor financiero.
6.2.24. Solicitar documentos innecesarios para el pago anticipado total o parcial de las obligaciones, de conformidad con los límites establecidos en la ley para el efecto.
6.2.25. Limitar el derecho de los consumidores financieros a dar por terminado los contratos, salvo que se trate de contratos irrevocables o por circunstancias determinadas en la ley.
6.2.26. Aplicar las tasas más altas dentro del rango cuando se han ofrecido tasas de interés por rangos para un crédito, sin especificar los criterios empleados para su aplicación.
6.2.27. Cobrar al consumidor financiero por los extractos entregados en oficinas, cuando no se le han hecho llegar de previamente.
6.2.28. No poner a disposición del consumidor financiero publicidad e información transparente, precisa, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, no suministrar información que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.
6.2.29. No poner a disposición del consumidor financiero información sobre la posibilidad de hacer abonos o pagar anticipadamente un crédito en los términos que establezca la ley.
6.2.30. Obstruir o condicionar el derecho que tienen los consumidores financieros de conocer la liquidación de intereses proyectados a la fecha en la que este pretenda pagar anticipadamente la totalidad o parte del crédito a su cargo.
6.2.31. Obligar al consumidor financiero a la suscripción del contrato o de títulos o valores sin que la entidad vigilada haya autorizado el otorgamiento del producto financiero.
6.2.32. No informar al consumidor financiero sobre la posibilidad de obtener una devolución del valor de la prima pagada en caso de disminución del riesgo por el cambio en el valor del bien asegurado y del tiempo que ha trascurrido de la vigencia del seguro, de conformidad con el artículo 1065 del Código de Comercio.
6.2.33. No dar información clara y completa al consumidor financiero al momento del pago anticipado total de las obligaciones, quedando saldos que luego son reportados a las bases de datos o condicionar el derecho al pago anticipado de las obligaciones en una sola operación, obligando a hacerlo mediante pagos independientes.
6.2.34. Cobrar por certificaciones solicitadas por los consumidores financieros para hacer efectivo su derecho de proceder al pago anticipado total o parcial de las obligaciones.
6.2.35. Restringir o limitar el derecho del consumidor financiero de interponer quejas o reclamos por un solo canal o evitar recibir quejas en las oficinas o por cualquier otro medio.
6.2.36. No dar la aplicación que indique el consumidor financiero a los pagos o abonos extraordinarios para la cancelación anticipada de sus obligaciones.
6.2.37. No informar al consumidor financiero las consecuencias que tiene en la calificación de cartera, cuando se acuerde una refinanciación o restructuración de sus obligaciones.
6.2.38. Realizar cobros de estudios de crédito cuando no haya autorización expresa para ello.
6.2.39. Continuar el cobro de cuotas de manejo después de haber recibido la notificación de la decisión del consumidor financiero de dar por terminado el contrato de apertura de crédito.
6.2.40. Establecer mediante una sola firma, la autorización para el manejo de información personal, la autorización para permitir que la entidad vigilada comparta información personal del consumidor financiero con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, sus filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior y los terceros que apoyan sus operaciones de cobranza y de cualquier otra naturaleza y la autorización para el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones a los operadores de bancos de datos de información financiera o crediticia o hacerlo sin el lleno de los requisitos que establece la normatividad en materia de protección de datos personales.
6.2.41. Exigir que las pólizas que aportan los deudores de seguros de vida o de bienes dados en garantía, sean redactadas de forma exacta al seguro colectivo contratado por la entidad financiera, aun cuando las coberturas otorgadas sean las mismas.
6.2.42. No entregar las condiciones de las pólizas colectivas cuando un asegurado o beneficiario la solicita al establecimiento de crédito o entidad aseguradora.
6.2.43. No informar al consumidor financiero sobre la figura de la compensación automática respecto de cualquier obligación recíproca que exista o pudiera llegar a existir entre el consumidor financiero y la entidad vigilada.
6.2.44. Limitar las consultas, operaciones, traslados y transferencias por internet respecto de cuentas donde se reciben las mesadas pensionales y cuentas de ahorro indistintamente que se manejen o no con libreta, sin informar al consumidor financiero.
6.2.45. Bloquear los saldos de las cuentas con anterioridad a la fecha en la que se efectúa el débito automático de una obligación, a fin de garantizar el pago de los mismos.
6.2.46. No entregar los pagarés con sello de cancelado cuando el consumidor financiero cancela totalmente la obligación garantizada por los mismos.
6.2.47. Negarse a darle al consumidor financiero en su calidad de titular de la cuenta el número de identificación de sus productos o créditos, cuanto este pretenda realizar consignaciones o pagos por ventanilla relacionados con los mismos.
6.2.48. No informar al consumidor financiero las razones exactas por las cuales se le niega la aprobación de un crédito.
6.2.49. Bloquear la adquisición de nuevos productos por el incumplimiento en las obligaciones derivadas de productos previamente adquiridos sin haberle informado previamente al consumidor financiero.
6.2.50. Registrar contablemente el pago de las operaciones realizadas en horario adicional el día hábil siguiente, cuando estas se han realizado en efectivo en la misma entidad, por internet y/o a través del débito automático del dinero depositado por el consumidor financiero en cuentas de la misma entidad financiera.
6.2.51 Disminuir o aumentar el monto del crédito vigente, sin que exista un análisis previo de riesgos, ni se informe de manera previa y expresa al consumidor financiero.
6.2.52. Obligar al consumidor financiero a certificar que se encuentra en un computador seguro.
6.2.53. Vincular a los consumidores financieros a productos respecto de los cuales no son destinatarios, tales como vinculación a fondos de pensiones obligatorias a personas que no deben realizar aportes obligatorios.
6.2.54. Todas aquellas conductas que contravengan los supuestos establecidos como cláusulas abusivas en la ley o en las circulares de esta superintendencia que impartan instrucciones sobre la materia.