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Timestamp: 2018-04-26 04:36:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 275', 'artículo 295', 'artículo 30', 'artículo 41', 'artículo 295']

Tema: Investigaciones y procesos penales - PDF
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Hugo Valdéz Aranda
1 Tema: Investigaciones y procesos penales Resumen del contenido: Límites de acceso a información de investigaciones y procesos penales, Información acumulada para prevención e investigación de delitos, Legajo de investigación del Ministerio Público, Acceso al expediente penal de abogados no acreditados como partes, Investigaciones criminales de cuerpos policiales judiciales, Libros de entrada de despacho judiciales penales, Archivo criminal, Datos sobre procesos penales no pueden ser almacenados en registros privados. La información acumulada por el Ministerio de Seguridad Pública con ocasión de su actividad de colaboración con los tribunales de justicia, de prevención e investigación de delitos y la producida por la investigación de delitos no es por sí misma de interés público. ( ) Queda claro que la información acumulada por el Ministerio de Seguridad Pública con ocasión de su actividad de colaboración con los tribunales de justicia (artículo 9.5) y de prevención e investigación de delitos (artículo 9.6) no es por sí misma de interés público, y mucho menos lo es la producida por la investigación de delitos, como es este caso, que contiene información que puede dañar ilegítimamente a terceros. VII.- Esto lleva a definir que el expediente que solicitó el recurrente, por tratarse de la investigación desarrollada para esclarecer la muerte de una persona, contiene información que podría perjudicar, sin causa, a terceros, sobre todo porque las conclusiones a las que pueda llegar el Ministerio en su función administrativa de investigar delitos no son concluyentes de la participación de personas en los hechos denunciados e investigados ni de su responsabilidad, tarea que corresponde exclusivamente al Poder Judicial ( ). (Resolución n del 22 de febrero de 1993) Las partes pueden examinar las actuaciones del legajo principal o de investigación; sin embargo, el Ministerio Público tiene la posibilidad de declarar el secreto total o parcial de las actuaciones -legajo paralelo- en la medida que su publicidad pueda entorpecer la investigación. ( ) el derecho que tienen las partes de examinar las actuaciones, abarca no sólo al legajo principal o de investigación (elaborado por el Ministerio Público con el fin de preparar su acusación, tal y como señala el artículo 275 del Código Procesal Penal), sino también al legajo paralelo que contiene todas las diligencias practicadas por el Fiscal a cargo del caso y que no son susceptibles de ser incorporadas como prueba válida al juicio. Existen entonces para el Fiscal la posibilidad de declarar el secreto
2 total o parcial de las actuaciones -legajos- en la medida que su publicidad pueda entorpecer la investigación. Tales medidas deben ser siempre motivadas, razonadas, fundamentadas con base en las circunstancias que rodean el hecho y los elementos probatorios con los que cuenta el Fiscal en esa etapa del proceso. ( ). (Resolución n del 27 de marzo de 1998) Criterio reiterado Los abogados que aún no están acreditados como partes en el proceso penal, si lo requieren para decidir si aceptan o no el caso, pueden tener acceso a la documentación del legajo de investigación, pero no pueden sacarle copias. ( ) la autoridad recurrida no está en la obligación de suministrar fotocopia de las actuaciones comprendidas en el legajo de investigación que al efecto lleva a un tercero extraño a la causa que allí se tramita, pues aunque se alegue un interés legítimo en conocer sobre el hecho que se investiga o sobre el imputado de ese proceso -en este caso específico para decidir si acepta o no la defensa de la amparada-, el representante del Ministerio Público sólo puede limitarse a informarles sobre los aspectos indicados para que los abogados adopten la decisión que más les convenga, o permitirles el acceso a la documentación, pero no a sacar fotocopias de las actuaciones que sirven de base a la causa penal, que apenas está en un proceso de investigación para determinar si procede formular la acusación o eximir de responsabilidad al imputado (ver artículos 62 y 63 del Código Procesal Penal), por lo que resulta contrario al sentido común que abogados que aún no están acreditados como partes en el proceso, pretendan sacar copias de las actuaciones contenidas en el legajo de investigación para decidir si aceptan o no el caso. ( ). (Resolución n del 21 de abril de 1998) Criterio reiterado No puede revelarse ninguna pieza del expediente de la investigación administrativa ni informarse de aspectos de índole tangencial, cuando el resultado pueda derivar procesos de responsabilidad penal, civil o administrativa. ( ) En el presente caso, se trata de un administrado que desea ser informado sobre la firmeza de un determinado acto administrativo, que pertenece a un caso en el cual no se puede dar libre acceso a todos los administrados porque eventualmente se puede vulnerar la intimidad de una persona, o se puedan revelar hechos que serán materia de una investigación penal, está claro que no debe la Administración emitir información alguna, para evitar que las posibles pruebas puedan llegar a ser adulteradas, ni siquiera deberá la Administración informar aspectos de índole
3 tangencial como lo sería expresar si un acto administrativo está firme, porque a pesar de que sea una información aparentemente inocua, no pueden los funcionarios saber si esa información unida a otras informaciones con que cuente el peticionario, tenga como efecto revelar lo que no debe salir a la luz pública. La información que se pide es parte de un todo, sobre el que no hay derecho de acceso, porque si no hay acceso a las piezas de un expediente, no puede entenderse que pueda haber parte de la información que sí pueda emitirse y otra parte que no ( ). (Resolución n del 10 de abril del 2003) La información sobre una relación de hechos de los que, eventualmente, podría derivarse responsabilidad penal para alguna persona es de acceso restringido. ( ) Siendo que la información versa sobre una relación de hechos de los que eventualmente se podría derivar responsabilidad penal para alguna persona, estima esta Sala que lo solicitado no es información de libre acceso público, si como informa la administración, en la documentación se hace referencia a hechos que podrían implicar una eventual responsabilidad penal que achacará a una determinada persona, tales hechos no pueden hacerse de conocimiento público porque roza con el derecho a la intimidad de esa persona a la que se imputarán esos hechos, o con el deber de sigilo que deben guardar los funcionarios ante un asunto que pueda someterse a la jurisdicción penal, y en consecuencia es correcto obligar al recurrente a exponer las razones por las cuales desea acceder a esa información para valorar si su interés particular lo legitima para tener acceso a la información solicitada. ( ). (Resolución n del 9 de mayo del 2003) En materia penal y penal juvenil, el acceso a los expedientes es aún más restringido, en atención a principios como el estado de inocencia y el derecho a la protección de la intimidad, así como la protección especial que merecen los menores. ( ) La norma, que impide el acceso irrestricto a los expedientes judiciales, pretende garantizar el derecho a la justicia pronta y cumplida, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de defensa, sin lesionar el derecho a la intimidad de las partes involucradas en la controversia. En materia penal y penal juvenil, el acceso a los expedientes es aún más restringido, en atención a principios como el estado de inocencia y el derecho a la protección de la intimidad. ( ). (Resolución n del 9 de mayo del 2003)
4 Investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, son materia confidencial. ( ) el contenido esencial del derecho de acceso a la información administrativa, tiene los siguientes límites: ( ) 4) Otro límite al acceso a la información lo encontramos en la averiguación de los delitos, doctrina del párrafo tercero del numeral 295 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de los funcionarios de guardar secreto cuando se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, lo que tiene el propósito no solo de garantizar el acierto y éxito de la investigación, sino también, la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de los presuntos involucrados en los hechos investigados. ( ). (Resolución n del 18 de noviembre del 2003) Criterio reiterado Los libros de entrada de los despachos judiciales son de acceso irrestricto para cualquier persona, salvo en materia penal, penal juvenil y de familia. ( ) la Sala concluye que la posición del Consejo Superior del Poder Judicial, en lo relevante para el presente caso concreto es que los libros de entrada de los despachos judiciales son de acceso irrestricto para cualquier persona, salvo en materia penal, penal juvenil y de familia y que en la actualidad no está permitido fotocopiarlos o reproducirlos por medios electrónicos sino únicamente transcribir información. ( ). (Resolución n del 4 de febrero del 2004) Los informes de las investigaciones preliminares que recomienden la apertura de procedimientos de responsabilidad penal, civil o administrativa son confidenciales. ( ) Un informe preliminar en el que se recomienda incoar los procedimientos administrativos y penales para lograr establecer la verdad real de las diferentes irregularidades cometidas por funcionarios o terceros ajenos al servicio no tiene el carácter de interés público, debiendo ser manejado de forma reservada para evitar lesionar la presunción de inocencia, la honra y el honor objetivo de las personas que involucra. ( ). (Resolución n del 20 de febrero del 2004)
5 La etapa preparatoria de los procesos penales es privada. La información de las investigaciones es confidencial. Denunciante administrativo no tiene acceso. ( ) el hecho de que el recurrente haya sido el denunciante ante el Tribunal Supremo de Elecciones contra el Presidente de la República, denuncia que dio base a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, no implica que deba dársele la información solicitada, pues el procedimiento preparatorio es privado y las autoridades penales que conocen del asunto bien pueden limitar el acceso a la información que obra en la investigación a fin de que ésta no se vea entorpecida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Penal, sin que por ello se viole derecho fundamental alguno. ( ). (Resolución n del 31 de enero del 2005) Límites extrínsecos del derecho de acceso a la información. Investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales son materia confidencial. ( ) esta Sala comprende lo delicado y complejo de lo alegado por el amparado y que no se le puede informar sobre las actuaciones de la Policía respecto al combate del flagelo del narcotráfico, que en el fondo es el problema, e incluso en lo concerniente a las limitaciones o límites extrínsecos del derecho de acceso a la información administrativa, se ha aceptado como una de ellas la averiguación de los delitos, cuando se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas involucradas. (Ver en ese sentido el Voto de las quince horas veintidós minutos del 15 de enero de 2003). ( ). (Resolución n del 25 de febrero del 2005) La información contenida en el archivo criminal es confidencial. La solicitud efectuada por un particular para conocer en términos generales si existen registros suyos, es improcedente. ( ).En el caso concreto, ( ) únicamente alega que no se le brindó acceso a los registros del Archivo Criminal para determinar si existe un registro suyo, lo cual resulta improcedente por tratarse de una base de datos que contiene información de
6 carácter confidencial, en los términos señalados supra, tal y como oportunamente le fue indicado al amparado por el funcionario recurrido. ( ). Su pretensión se reduce a una petición genérica, en el sentido de que se le indique si cuenta o no con un registro policial, gestión que esta Sala estima improcedente, ya que no se trata de una gestión cubierta por el artículo 30 de la Constitución Política, que tutela el derecho de libre acceso a los departamentos administrativos, con propósitos de información sobre asuntos de interés público. El amparado pretende accesar una base de datos que contiene información de carácter confidencial, a la cual solamente tiene acceso la policía para labores de investigación y persecución criminales, tal y como lo dispuso el legislador al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial,. ( ). (Resolución n del 20 de julio del 2007) Administración no tiene obligación de brindar información de interés público cuando ésta es objeto de una investigación penal. ( ). Desde esa perspectiva, alegan los recurridos que el 24 de noviembre de 2006 presentaron una gestión ante la autoridad recurrida a efectos de que le entregaran documentación relacionada con los contratos de reaseguro que el INS ha firmado con distintas entidades dedicadas a tal actividad. No obstante lo anterior, el INS ya no tiene la obligación de brindar tal información, pues en este momento el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación sobre los contratos de reaseguro mencionados. Bajo ese punto de vista, el INS sólo estaría compelido a entregar a los particulares (incluyendo a los recurrentes y la amparada) la información relacionada con el tema, en el tanto éstos demuestren que no existe relación entre la investigación que se lleva a cabo por el Ministerio Público, ( ). (Resolución n del 25 de abril del 2008) Debe demostrarse interés legítimo para acceso a expediente judicial. ( ) la obligación de las autoridades del Poder Judicial que tramiten asuntos de carácter penal, consiste en atender a los abogados que invoquen un interés legítimo dentro de un proceso, informales sobre los hechos que se investigan, los imputados y eventuales detenidos de la causa, e incluso, de mostrarles el expediente de su interés, a fin de que tengan la oportunidad de decidir, conforme a sus principios éticos, si asumen o no la dirección de un determinado proceso. Desde esta perspectiva, no considera la Sala que la negativa del juez accionado en facilitar fotocopias del legajo de investigación, y de exigirle para ello que estuviera apersonado al expediente, tenga la virtud de lesionar derecho fundamental alguno,
7 sino todo lo contrario, pues con esa medida se pretende proteger el derecho a la intimidad de las partes involucradas, así como cumplir con la privacidad del proceso penal cuando así lo estime pertinente un despacho judicial ( ). (Resolución n del 23 de febrero del 2010) Criterio reiterado Los datos referentes a procesos penales no pueden ser almacenados en registros o ficheros privados; y en los registros públicos serán de acceso restringido. ( ) Por lo que esta Sala tiene idóneamente acreditado que, efectivamente, en la base de datos que administra la empresa recurrida, y a la que pueden acceder las distintas entidades de intermediación financiera del país, aparecía la información cuestionada por el recurrente (aparecer en la base de datos relacionado con un delito de estafa, falsificación de tarjetas de crédito ). Lo que implica una infracción a los derechos fundamentales del amparado, pues, en cuanto al tema de la información referente a causas penales, esta Sala ha confirmado que tanto los libros de entradas en materia penal como los respectivos expedientes judiciales son de acceso restringido -art. 295 del Código Procesal Penal-, al igual que los datos contenidos en el Registro Judicial de Delincuentes -arts. 13 y 15 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales-. ( ). (Resolución n de 19 de agosto del 2011) No existe disposición de ley, que restringa acceso en etapa intermedia. ( ) Esto, se aclara, nuevamente, pese a que el referido expediente judicial ya había superado la etapa preparatoria señalada en la Circular No y, por el contrario, se encontraba en la etapa intermedia del proceso penal, para la cual, a la fecha, no se ha girado o emitido disposición expresa alguna que autorice restringir el acceso a las actuaciones judiciales. Al carecer de dicha disposición, este Tribunal Constitucional entiende que no se puede, consecuentemente, actuar de la forma en que se actuó el Juzgado recurrido. ( ). (Resolución n del 8 de marzo del 2013) El acceso a la información en una causa penal en el procedimiento preparatorio sólo está permitido a las partes o sus representantes.
8 ( ) Aunado a lo anterior, se acreditó que en la Fiscalía de Guatuso se le negó al licenciado William Rodríguez, acceso al expediente de la causa penal que se investiga contra el recurrente, en vista que no se encontraba apersonado en ese proceso penal (informe). Esa actuación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Penal, la Circular No adicionada por el Consejo Superior del Poder Judicial en la Sesión No de 26 de julio de 2012 ±según los cuales, el acceso a la información en una causa penal en el procedimiento preparatorio sólo está permitido a las partes o sus representantes, de manera que demostrándose, en forma suficiente, que se cumple este requisito no se puede negar el acceso al expediente- y el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, No tomado en la sesión de 17 de enero de Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado. ( ). (Resolución n del 15 de marzo del 2013) Criterio reiterado