Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-425929694
Timestamp: 2020-07-06 11:42:14
Document Index: 334656842

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 239', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 35', 'Artículo 240', 'Artículo 239']

Sentencia de Tutela nº 987/08 de Corte Constitucional, 10 de Octubre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 425929694
Sentencia de Tutela nº 987/08 de Corte Constitucional, 10 de Octubre de 2008
Derecho al trabajo, vida, salud, igualdad, dignidad humana y protección de la mujer embarazada y del recien nacido a gozar de un mínimo vital. La accionante trabajaba en la entidad accionada a partir del año 2006, en la casa de la cultura con una asignación mensual de $550.000, y nunca le fue cancelado y menos exigido el pago de aportes a seguridad social. En julio de 2007 se enteró que estaba embarazada y procedió a comunicar a la accionada su estado como su embarazo era de alto riesgo fue incapacitada inicialmente por 30 días prorrogandosele por 15 días más. La nueva administración municipal a pesar de que mediaba incapacidad médica la retiró del servicio sin autorización de las autoridades laborales, tuvo a su bebe prematuramente y los gastos médicos fueron cubiertos en parte por el sisben y por familiares y amigos, manifiesta que no cuenta con medios económicos para sufragar los gastos de ella y de su hija, por lo que solicita su reintegro. Estabilidad. Laboral reforzada de trabajadoras en estado de embarazo vinculadas por medio de contrato de prestación de servicios. No se demostró una causa justa para la no renovación del contrato, por lo que se ordenará reintegrarla al cargo que venía desempeñando o a uno de superior jerarquía y reconocer los montos dejados de percibir durante la interrupción contractual. Concedida
T-987-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-987/08
Acción de tutela interpuesta por R.M.C.L. en nombre propio y en representación de su hija T.V.G.C. contra la alcaldía municipal de Apulo (Cundinamarca).
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito del mismo departamento, en el trámite de la acción de tutela iniciada por R.C. a nombre propio y en representación de su hija T.G. contra la alcaldía municipal de Apulo Cundinamarca.
La señora C.L., interpuso acción de tutela contra la entidad referenciada, por considerar que vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, a la vida, a la salud, a la igualdad, a la dignidad, a la protección efectiva de las mujeres en estado de embarazo y al recién nacido a gozar de un mínimo vital y a la prevalencia de los derechos de los niños.
Manifiesta que ingresó a laborar a la alcaldía de Apulo el 1 de septiembre de 2006 como auxiliar de ludotecas en las instalaciones de la casa de cultura del municipio, con una asignación mensual de $550.000 oo.
Sostiene que nunca le fue cancelado ni mucho menos exigido el pago de aportes en seguridad social integral, lo que era una obligación legal administrativa desprotegiéndola frente a riesgos profesionales, afecciones en su salud y frente a la oportunidad de cotizar al sistema pensional.
Asegura que las labores como auxiliar de ludotecas era la atención a los visitantes por lo general niños de 1 a 8 años, sirviendo de guía personal infantil brindando recreación, capacitación, orientación y en general la organización de los implementos, libros y demás funciones que le fueran asignadas por la directora R.C.T.L..
Sostiene que durante el tiempo de labores, siempre mantuvo buena conducta y que nunca tuvo un llamado de atención, por el contrario era muy apreciada por su labor a favor de la infancia.
Comenta que el 12 de julio de 2007 se enteró que estaba en estado de embarazo y procedió a comunicar a la directora de la ludoteca y a la alcaldía municipal de Apulo sobre su estado de embarazo.
Relata que el 23 de diciembre de 2007, acudió a la unidad de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Girardot, por presentar problemas serios en su embarazo, diagnosticándosele  Dx: Alto riesgo Obulitrino 73gr por lo que ameritó una incapacidad de 30 días a partir del 23 de diciembre de 2007, la cual fue prorrogada 15 días más desde el 23 de enero de 2008.
Considera que la administración municipal entrante en el año 2008 a pesar de tener conocimiento sobre los serios problemas de su salud, por presentar síntomas de preclancia (sic) y mediando una incapacidad médica, decidió como primeros actos de su mandato, vulnerar todos los preceptos constitucionales fundamentales de mi patrocinada, al retirarla del servicio con la disculpa que había terminado la vigencia del contrato de (OPS) que la mantenía vinculada con la administración municipal, desconociendo la protección reforzada que a la mujer embarazada concede la carta magna.
Agrega que el nuevo alcalde en su calidad de médico, debía prever que la señora R. en ese momento estaba en condiciones de inferioridad por su delicado estado de salud y aun más por su riesgoso embarazo.
Del mismo modo afirma que la administración municipal no la tenía afiliada a ningún tipo de seguridad social, ni tampoco hizo nada para que ésta lo hiciera, como era su deber. Por esta razón, algunos amigos y familiares la auxiliaron en los gastos de: medicamentos, transportes para el traslado a los controles de su embarazo y parto, exámenes médicos, los cuales fueron prestados por el Sisben.
Considera que la situación del embarazo y grave riesgo que presentó, la puso en una situación de DISCRIMINACIÓN, máxime cuando es una mujer cabeza de familia, por cuanto su compañero y padre de la niña, estaba en esos momentos reubicándose socialmente, toda vez que se encontraba privado de la libertad en un establecimiento penitenciario del país, lo cual hizo que estuviese sola en todo este problema.
Comenta que el pasado 18 de febrero, en un parto de alto riesgo y de forma prematura tuvo a su bebé. Igualmente, que los gastos médicos fueron cubiertos en parte por el Sisben y en parte por amigos y familiares de la accionante.
Manifiesta que no cuenta con los recursos económicos para sufragar las erogaciones personales ni las de su hija de dos meses de edad, por cuanto el municipio de Apulo al tenerla trabajando sin seguridad social, le impide el derecho de gozar de una licencia por maternidad.
En cuanto al estado de salud propio y de su hija comenta que sufre de  ALTERACIÓN DEL SISTEMA HORMONAL COMO RESULTADO DE LA PRECLANCIA Y QUIZÁ LO MÁS PREOCUPANTE ES LA SALUD DE LA BEBÉ QUIEN PADECE DE DIFICULTADES GASTROINTESTINALES CON REFLUJO, según diagnósticos que anexa. Sumado a ello afirma que su hija requiere un servicio de salud especializado el cual el Sisben no cubre, desmejorando día a día su estado de salud.
Finalizando, comenta que la alcaldía de Apulo al momento de despedir a la señora C., lo hizo sin la autorización previa de las autoridades laborales como lo dispone la Ley. De otra parte trascribió sendos pronunciamientos de esta Corporación referentes al tema de la estabilidad laboral reforzada.
Contestación del ente territorial accionado.
El alcalde municipal del municipio de Apulo Antonio de J.T.V., señaló que la accionante se vinculó a la administración como contratista de prestación de servicios en la ludoteca del municipio durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año y desde el 8 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante orden de prestación de servicios y sus honorarios mensuales ascendían a la suma de quinientos cincuenta mil pesos.
Argumentó que el municipio no tenía la obligación de cancelar los aportes a la seguridad social de la contratista, siendo informada de dicha obligación pues quien presta servicios como independiente debe asumir la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social, por tanto fue la señora C. la que incumplió el deber de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales. Más aún como en el caso de la contratista quien a sabiendas de su estado de gestación debió asumir la responsabilidad que le correspondía tanto de su salud como de su hija y no endilgarle responsabilidad al Estado.
El 28 de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo de Apulo Cundinamarca, decidió tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales a la dignidad humana, la familia, la integridad personal, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo y la estabilidad laboral alegados por la accionante y ordenó: () que dentro del termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación del presente fallo, reintegre a la actora al cargo que desempeñaba o a otro de condiciones similares, y cancele la indemnización de que trata el articulo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el pago de las 12 semanas de descanso remunerado y demás salarios y prestaciones que le corresponden a la actora desde el momento del despido o que no le fue renovado la orden de prestación de servicios, como quiera que este careció de todo efecto hasta su reintegro.
Igualmente, manifestó que no se cumplieron los requisitos legales para la desvinculación, para ello dijo que la jurisprudencia de la Corte ha venido reiterando que el vencimiento del plazo pactado para la ejecución de la obra o prestación de la orden de servicio, no constituye razón de peso para que el empleador sea particular o publico, tratándose de cualquier tipo de contrato, no prorrogue el respectivo contrato de una mujer que se encuentra en estado de embarazo. Reforzó diciendo que el cargo subsiste integralmente y según las pruebas practicadas en él funge desde el 4 de febrero otra persona.
Agregó sobre la base de las pruebas obrantes, que la accionante jamás tuvo algún inconveniente en su conducta o laboral, que desempeñaba bien sus funciones.
Por consiguiente no habiéndose acreditado una causal objetiva diferente del simple vencimiento del plazo de la ejecución de la orden de prestación de servicios, consideró que se ha debido dar estricto cumplimiento a las previsiones del articulo del CST, 239, referente a la autorización previa del funcionario del trabajo.
Por ultimo, encontró que según las pruebas obrantes en el expediente el empleador conocía el estado de embarazo de la empleada, al igual que hizo referencia a la afectación del mínimo vital de la señora C. el cual encontró ampliamente afectado.
- Que la demandante nunca solicitó al alcalde municipal el reintegro al cargo, los oficios que la señora C.L. dirigió al alcalde nunca manifestaron tal petición.
-Que el 14 del mes de marzo de 2007, es decir 6 días después de suscrita la orden de prestación de servicios con el municipio la accionante se afilió al régimen contributivo. Lo cual a su juicio demuestra claramente que la demandante si tenía conocimiento de la obligación de afiliarse al sistema general de seguridad social.
En conclusión, manifestó el señor juez fue inducido a error por la accionante y su apoderado, que lograron confundir al Despacho para proferir una decisión con base en supuestos falsos e inexistentes, que surgen de una equivocada interpretación de las normas, contrario a la jurisprudencia, y que lo lleva a legislar cambiando de un plumazo en su sentencia, la modalidad contractual ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS para convertirla judicialmente en UN CONTRATO DE TRABAJO.
El 20 de mayo de 2008, el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, decidió revocar el amparo concedido por la primera instancia, considerando que no obstante a que la actora afirma en su demanda que su contrato fue terminado por decisión de la alcaldía de Apulo a partir del 31 de diciembre de 2007, tan solo instauró acción de tutela tres meses y medio después (17 de abril de 2007) tal y como consta en la presentación personal ante el juzgado del a-quo. Significando lo anterior que para su caso no se cumple con el presupuesto jurisprudencial de encontrarse en situación de riesgo inminente, ni necesitar una acción urgente, puesto que trascurrieron más de tres meses desde su desvinculación con la alcaldía, sin que considerase que corría riesgo su mínimo vital, ni el de su hija recién nacida.
En palabras del juez: la declaración judicial de la existencia o no de un contrato de trabajo o de una vinculación legal y reglamentaria, es asunto de la exclusiva competencia de los jueces del trabajo o de los jueces administrativos, a través de un procedimiento ordinario, según el caso.
Adicionalmente, manifestó que el precedente de la estabilidad laboral reforzada, no aplica en el caso de de la señora R.C., ya que como claramente lo dice su contrato de prestación de servicios, el mismo no genera el pago de prestaciones sociales y como la misma no ostenta la condición de trabajadora oficial, ni de empleada pública, no le es dable predicar vulneración a un derecho fundamental que no tiene.
Por lo tanto, decretó: REVOCAR en todas sus partes el fallo de fecha 28 de abril de 2008, que viene de revisarse y mediante el cual el juzgado Promiscuo Municipal de Apulo dispuso la protección de los derechos fundamentales.
Fotocopia de la orden de prestación de servicios de fecha 8 de marzo de 2007 suscrita entre la accionante y la alcaldía de Apulo (folio 2).
Fotocopia de prueba de embarazo positiva de la accionante, proveniente del laboratorio clínico del Hospital Marco F.A., del 12-07-07. (Folio 3).
Fotocopia de escrito dirigido a la alcaldía de Apulo, suscrito por R.C., donde informa que entrega fotocopias de incapacidades médicas derivadas de su embarazo con fecha de recibido 4 de febrero de 2008 (folio 4).
Fotocopias de certificados de incapacidad (folios 5,6 y 7).
Fotocopia de memorial suscrito por la accionante dirigido a la entidad accionada en la que solicita que se defina su situación laboral (folio 8).
Escrito de contestación a la solicitud contenida en el punto 5 por parte de la alcaldía (folios 9 y 10).
Fotocopias de la historia clínica relacionada con la evolución del embarazo de la señora C. (folios 13 a 30).
Registro civil de nacimiento de la niña T.V. (folio 31).
Declaración juramentada de la accionante ante una notaría (folio 34).
Fotocopias de formulas medicas y facturas de gastos de la señora C. (folios 38 a 44).
Contrato de arrendamiento suscrito por la accionante (folio 46).
Declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por R.C.T.L. directora de la ludoteca del municipio (folios 89, 90 y 91).
Corresponde a esta Sala de Revisión, establecer si la alcaldía municipal de Apulo Cundinamarca, vulneró o no los derechos fundamentales alegados por la señora R.C.L., por la no renovación de su contrato de prestación de servicios, desconociendo la protección especial a la mujer trabajadora en estado de gravidez. Del mismo modo se resolverá si el municipio debe cancelar las prestaciones a la seguridad social integral de la accionante.
La estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Reiteración de jurisprudencia.
ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Subrayado fuera del texto original.
ARTICULO 53. igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. S. fuera del texto original.
(...) la mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones mas claras de discriminación sexual [o de género] ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas. Por ello, los distintos instrumentos internacionales han sido claros en señalar que no es posible una verdadera igualdad entre sexos, si no existe una protección reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada. [1]
Así mismo, la Corte en Sentencia T-291/05 reiteró que la estabilidad laboral reforzada en el caso de la mujer es: () un derecho fundamental[2], que se deriva del derecho fundamental a no ser discriminada por ocasión del embarazo[3] y que implica una garantía real y efectiva de protección a favor de las trabajadoras en estado de gestación o de lactancia[4].
(...) carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario competente. Esto significa que para que el despido sea eficaz, el patrono debe obtener la previa autorización del funcionario del trabajo, para entonces poder entregar la correspondiente carta de terminación del contrato. Y en caso de que no lo haga, no sólo debe pagar la correspondiente indemnización sino que, además, el despido es ineficaz.
Igualmente, la Corte ha sido enfática en señalar que donde: () exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo, toda vez que al margen del tipo de relación laboral que este operando, durante el período de embarazo la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de manera legal.[8]
Condiciones especiales para que proceda el amparo de estabilidad laboral reforzada por vía de tutela de mujeres en estado de embarazo. Reiteración de jurisprudencia.
a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el "fuero de maternidad", esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo).
 b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley.
 c) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique.
d) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo si se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada pública.
 e) Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer.
La estabilidad laboral reforzada de trabajadoras en estado de embarazo vinculadas por medio de contrato de prestación de servicios. Reiteración de jurisprudencia.
En este caso, después de estudiar las subreglas aplicables al caso la Corte resolvió tutelar transitoriamente: () los derechos constitucionales de la mujer embarazada de la señora V.I.S.V. y, en consecuencia, ordenar, al Director del Hospital San Martín de Sardinata, restablecer una relación con la peticionaria que le permita a ella continuar trabajando en condiciones similares a aquellas en que lo venia haciendo, dentro del termino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación del presente fallo.[15]
Posteriormente, se tuvo en cuenta el caso contenido en la Sentencia T-529 de 2004, en el que a una mujer diseñadora grafica que prestaba sus servicios de manera interrumpida mediante la celebración sucesiva de contratos y órdenes de prestación de servicios para la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. La entidad accionada argumentaba que la actora nunca comunicó su estado de embarazo y que la razón de la no continuación contractual se debió al cumplimiento del plazo para el cual estaba pactado el contrato de prestación de servicios.
Conceder la tutela transitoria a los derechos fundamentales de C.M.A.V. y S.G.A., con el propósito de evitar un perjuicio irremediable y, en consecuencia, ordenar a la Universidad Militar Nueva Granada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, reintegre a C.M.A. a la Facultad de Educación a Distancia, en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios como diseñadora gráfica. [16]
6.1. Concierne a esta Sala de Revisión, establecer si la alcaldía municipal de Apulo Cundinamarca, vulneró o no los derechos fundamentales alegados por la señora R.C.L., por la no renovación de su contrato de prestación de servicios, desconociendo la protección especial a la mujer trabajadora en estado de gravidez. Del mismo modo se resolverá si el municipio debe cancelar las prestaciones a la seguridad social integral de la accionante.
El representante de la alcaldía de Apulo argumenta que la terminación del contrato no se dio por motivo de su embarazo sino por el contrario a la terminación del objeto contratado y el plazo establecido para tal fin, por tanto procedió a remplazarla. Igualmente, manifestó que el contrato de prestación de servicios no genera un vínculo laboral por medio del cual se pueda solicitar la estabilidad laboral solicitada, teniendo como consecuencia que no se debe solicitar autorización de la autoridad laboral.
El Juzgado Civil del Circuito de la Mesa en segunda instancia decidió revocar el amparo concedido, en la medida que la acción de tutela fue interpuesta tres meses y medio después de la ocurrencia de los hechos. De otra parte señaló que no puede utilizarse la acción de tutela para obviar los procedimientos judiciales fijados por el legislador para resolver determinados conflictos, por tanto el presente caso lo debía conocer la jurisdicción laboral.
Por ultimo, adujo que el precedente de la estabilidad laboral reforzada, no aplica en el presente caso ya que según el contrato de prestación de servicios entre la alcaldía y la accionante no genera el pago de prestaciones sociales y como la misma no ostenta la condición de trabajadora oficial, ni de empleada pública, no le es dable predicar vulneración a un derecho fundamental que no tiene.
Que el despido se ocasione durante el período amparado por el "fuero de maternidad", esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo).
Conforme al material probatorio obrante en el expediente entre la señora R.C. y el municipio de Apulo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2006 se celebró un contrato de prestación de servicios consistente en la labor de auxiliar de ludoteca y demás procesos que adelante la administración municipal[17], al igual que para la ejecución y vigencia del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2007. De lo anterior se colige que entre uno y otro contrato se presentó solución de continuidad, pero se renovó en la misma persona que es la señora R.C..
De otra parte reposa a folio 31 certificado del registro civil de nacimiento de la niña T.V.G.C. con fecha de nacimiento del 18 de febrero de 2008. De lo anterior se desprende que la desvinculación del empleo de la señora C. ya sea que se cuente del 31 de diciembre de 2007 o del 4 de febrero de 2008[18] fecha por la que se renovó el contrato con otra persona, la no renovación del contrato se presenta claramente dentro del periodo de gestación de la accionante, por tanto se cumple el primer presupuesto.
Que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley.
Si bien en es tajante la afirmación del representante del municipio concerniente a que no fue notificado del estado de embarazo, la Sala encuentra elementos de prueba para colegir que al momento de la no renovación contractual el municipio tenía conocimiento del estado de embarazo de la señora C.L., (i) a folio tres 3 reposa prueba de embarazo positiva expedida el 12 de julio de 2007 por el hospital M.F.A. y se cuenta con la afirmación del apoderado de la accionante en la que dice que en esa fecha, su prohijada al conocer su estado de embarazo le comunicó su condición a la directora de la ludoteca, al igual que a la alcaldía municipal afirmación que no fue desvirtuada por la entidad accionada; (ii) en la declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por parte R.C.T.L. funcionaria de la ludoteca, aparece lo siguiente: PREGUNTADO: que tenía la calidad de jefe inmediato de R.M.? CONTESTO: yo, era la jefe inmediato, auque ella tenía contrato con la alcaldía. PREGUNTADO: La señora M.C., le comentó a usted el estado de embarazo, en caso afirmativo en qué forma, verbal o escrito? CONTESTO: Sí, ella lo manifestó, tal vez como entre mayo y junio del dos mil siete (2007), fue verbal y también por escrito, presentó un certificado médico. [19]
En relación a lo que se estudia en este acápite, es pertinente referirse al estado de gravidez como hecho notorio. Al respecto, esta corporación ha dicho que no se exige como requisito para la protección constitucional del derecho a la maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al empleador, deba ejecutarse siguiendo ciertas formalidades. Así, la notificación es sólo una de las formas por las cuales el empleador puede llegar al conocimiento de la situación del embarazo de sus trabajadoras, pero no la única; de esta manera, el juez constitucional debe indagar y establecer si efectivamente, el empleador estaba en condiciones de saberlo. En ese sentido, esta corporación ha admitido que dicho conocimiento se puede establecer mediante la figura del hecho notorio[20].
En el caso concreto de la mujer embarazada, son evidentes los cambios que sufre ésta con el trascurso del tiempo, lo que se traduce en el ámbito jurídico en una condición que afianza, entre más pasa el tiempo de embarazo, la posibilidad que tienen las otras personas de percibirlo.
Igualmente, reposa en el expediente escritos del 29 de enero y 4 de febrero de 2008, dirigidos al nuevo alcalde por parte de la señora C. en la que anexa incapacidades médicas por 30 días derivada de complicaciones en la gestación a partir del 23 de diciembre de 2007[21], renovada el 31 de enero de 2008[22] y en las que solicita que se defina su situación laboral. Por tanto, al momento de analizar la situación de la señora R.C., el nuevo alcalde del municipio de Apulo, debió ponderar que se trataba de una persona en estado de embarazo que tenía serias complicaciones en su proceso de gestación, debiendo renovar como se venía haciendo el contrato de la señora R.C. cumpliendo con la estabilidad laboral reforzada que la Constitución expresamente le brinda a las mujeres.
La entidad expone que la terminación del contrato no se presentó por motivo del embarazo sino por el contrario a la terminación del objeto contratado y el plazo establecido para tal fin. El objeto del contrato según el documento, era la de adelantar la prestación de Realizar los servicios como Auxiliar de Ludoteca y demás procesos que adelante la administración municipal.[23], o en palabras de la directora de la ludoteca la de realizar actividades lúdicas con los niños de los jardines y de la básica primaria[24].
Así, debió observar que en dos ocasiones (periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2006 y del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2007, se le había adjudicada esta labor a la señora R.C. y a pesar de tener conocimiento de su estado de embarazo no lo renovó, para la Corte esta conducta es discriminatoria y desconocedora de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo que la Constitución contempla para todo tipo de relaciones contractuales, incluso para los contratos de prestación de servicios como el que dio lugar a esta acción de tutela.
Igualmente, el contrato de auxiliar de ludoteca que ejecutaba la accionante, el 4 de febrero de 2008 según lo informó la directora del lugar[25], se renovó con el mismo objeto y funciones que venía ejerciendo la señora C., por tanto al subsistir las causas del contrato se debió tener en cuenta la protección de la mujer en estado de embarazo tomando las medidas necesarias que garantizaran la estabilidad laboral reforzada de la señora R.C..
Del mismo modo, en el escrito de solicitud de tutela sobre la conducta de la accionante en el desempeño de su cargo se manifestó: durante el tiempo de labores en la ludoteca municipal, siempre mantuvo buena conducta, nunca tuvo un llamado de atención, por el contrario era muy apreciada por su loable servicio a favor de la infancia, afirmación corroborada por la propia parte accionada cuando en la contestación de la demanda manifestó que dicha afirmación es cierta.
De esta manera la entidad accionada no argumentó la causal objetiva y relevante que justificara la no renovación del contrato de la señora R.C., es decir se limitó a afirmar que el objeto contractual y el plazo para el cual había sido contratada la accionante estaba terminado y no corrió con la carga de la prueba exigida por esta corporación, de sustentar el factor objetivo que le permite desvirtuar la presunción de discriminación, como por ejemplo que estaba imposibilitado para reubicarla porque el contrato no se pudo renovar, que la conducta de la señora C. en ejercicio de sus funciones era reprochable o por la razón que fuere. [26]
Para la Sala es evidente que el mínimo vital de la accionante y de su hija, se encuentran afectados, por la difícil situación económica en que ha quedado sumida como producto de la no renovación del contrato de prestación de servicios, frente a está situación aparece la siguiente afirmación de su representante judicial:  Le tocó sufrir su embarazo de alto riesgo y más aun ahora que con una bebé, los gastos que esto significa, no cuenta con los recursos económicos para sufragar sus erogaciones personales ni las de su hija[27].
Sumado a lo anterior, en el expediente reposan fotocopias de formulas medicas posteriores a la fecha del parto y facturas de gastos[28] de la señora C. para esa época por un valor aproximado de 250.000 pesos. Igualmente aparece contrato de arrendamiento suscrito por la accionante por valor de $170.000 pesos, lo anterior ligado a los gastos de servicios públicos y alimentación para una persona que devengaba 550.000 mil pesos mensuales, ostensiblemente atenta contra su mínimo vital y el de su hija.
Teniendo en cuenta lo anotado, se deben proteger los derechos invocados: a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la condición especial de la mujer embarazada y el mínimo vital de la peticionaria y de su hija, pues no se demostró una causa justa para la no renovación del contrato de la señora R.C.L.. Por tales razones y como se expuso, opera la presunción de la no renovación del contrato por discriminación en razón del embarazo.
Como consecuencia, se ordenará al municipio de Apulo, (si aun no lo hubiere hecho) que deberá restablecer la relación contractual con la peticionaria al cargo que venía desempeñando o a uno equivalente o de superior jerarquía, en las mismas o mejores condiciones que se venía desarrollando. Adicionalmente, la alcaldía del municipio de Apulo deberá reconocer a la señora R.C.L. los montos dejados de percibir durante la interrupción contractual, es decir desde la fecha en que debió haberse renovado el contrato y hasta la fecha en que se haga efectiva esta decisión.
6.3. De otra parte, sobre las demás pretensiones relacionadas con la existencia del vinculo laboral, el pago de la licencia de maternidad y prestaciones sociales, en la medida que se reprocha por la accionante la existencia del mismo, ante la falta de claridad, se advertirá a la señora C. que si lo considera pertinente podrá acudir a la justicia laboral para que determine el tipo de vinculación que tenía con la entidad territorial demandada y allí ventilar las pruebas y argumentos que considere necesarios. Lo mismo acontece con la orden de pago de indemnizaciones, salarios y prestaciones sociales atrasadas, toda vez que tal decisión depende de la determinación que el juez laboral eventualmente adopte sobre el tipo de vinculación que existía entre la accionante y la accionada.
ARTÍCULO 50. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
() Énfasis por fuera del texto original.
En el presente caso, la señora C. sabía que la seguridad social corría por su cuenta, es decir como bien lo probó la entidad accionada la señora R.C. el 14 de marzo de 2007, seis días después de suscribir el contrato de prestación de servicios con la alcaldía se afilió al régimen contributivo a través de la EPS Solsalud pero no volvió a cancelar los aportes.[31] Sumado a ello en el mes de julio de 2007 se enteró de su estado de embarazo, pero prefirió ser atendida por el Sisben entidad la cual según el acervo médico probatorio atendió su periodo de gestación y parto, al igual que las complicaciones en su salud y las de su hija.
6.5. Para finalizar, la Sala no puede dejar pasar por alto uno de los argumentos esgrimidos por el juez de segunda instancia para denegar el amparo en cuanto a que la acción no prosperaba ya que se había interpuesto tres meses y medio después de la ocurrencia de los hechos.
Si bien el Decreto 2591 en su articulo 11 contemplaba: La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente, el aparte subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por esta Corporación a través de la Sentencia C-543 de 1992. Dicho plazo no operaba para todos los temas como lo pretende hacer ver el juez de instancia, sino por el contrario, solo fue pensado para sentencias y providencias judiciales y en la actualidad se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico, por tanto no puede ser tenido en cuenta en ninguna providencia por parte del juez de los derechos fundamentales.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa Cundinamarca que denegó el amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR por las razones y en los términos de esta sentencia, los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la condición especial de la mujer embarazada y el mínimo vital de la señora R.C.L. en nombre propio y en representación de su hija T.V.G.C..
Adicionalmente, la alcaldía del municipio de Apulo reconocerá a la señora R.C.L. los montos dejados de percibir durante la interrupción contractual, es decir desde la fecha en que debió haberse renovado el contrato y hasta la fecha en que se haga efectiva esta decisión.
TERCERO.- ADVERTIR a la señora R.C.L. que si lo considera pertinente, podrá acudir a la jurisdicción laboral para que determine la relación laboral que exista entre el municipio y ella, con el fin de que determine sobre el derecho que tenga al pago de indemnizaciones, salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, para lo cual podrá exponer las pruebas y argumentos que considere pertinentes ante dicha jurisdicción.
[1] Sentencia C-470/97.
[2] Posición reiterada en las sentencias T-1177 y T- 286/03, entre muchas otras.
[3] Este criterio ha sido tratado, por las Sentencias: T-568/96, C-710/1996, C-470/97, C-373/98, T-141/93, T-497/93, T-119/97, T-606/95, T-311/96, T-426/98, T-174 /99, T-315/99, T-771/00. T-778/00, T-664/01, T-1101/01, T-167/03, T-501/04, T-063/06, T-38/06 y T-195/07, entre otras.
[4] Sentencia T-373/98.
[5] Modificado por el artículo 35 Ley 50 de 1990.
[6] Artículo 240 Código Sustantivo del Trabajo.
[7] Artículo 239 Código Sustantivo del Trabajo.
[8] Ver Sentencias T-873/05, T-889/05, T-862/03, T-550/04, T-069, T-221, T-465, T-056 y T-561/07 entre otras.
[9] Al respecto confróntense las Sentencias T-1236/04, T-063/06, T-381/06 y T-195/07, T-1008/07, T-513/08, T-549/08, entre otras.
[10] Acerca de estos presupuestos pueden consultarse las Sentencias T-373/98, T-426/98, T-874/99; requisitos que han sido aplicados por la jurisprudencia de la Corte en las recientes Sentencias: T-002, T-014, T-053, T-063, T-070, T-381 , T-619 y T-1040 de 2006 y las T-056, T-069, T-071, T-195, T-221, T-465, T-546, T-561, T-761/07, T-1008/07, T-513/08, T-549/08, entre otras.
[11] Sentencia T-1040/06.
[12] Sentencia T-1003/06.
[13] Sentencias T-040A/01 y T-1003/06.
[14] Sentencias T-862/03, T-1138/03, T-176/05 y T-1003/06.
[15] Sentencia T-1201/01.
[16] Sentencia T-529/04.
[18] Según la declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por parte R.C.T.L. funcionaria de la ludoteca, a folio 90 aparece lo siguiente: PREGUNTADO Actualmente el cargo de auxiliar de ludoteca subsiste, en caso afirmativo quién lo ejerce y de qué fecha? CONTESTÓ: Sí existe, lo ejerce la señora M.G., creo que a partir del cuatro (4) de febrero de este año. PREGUNTADO: Actualmente las funciones que ejecutaba o ejercía M., como auxiliar de ludoteca, quién las está realizando? CONTESTÓ: La nueva auxiliar.
[19] Con relación a la notificación del estado de mujer embarazada, la Corte en sentencia T-550/04, estimó que no se exige como requisito para protección constitucional del derecho a la maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al empleador, deba ejecutarse atendiendo ciertas formalidades . Qué en este caso se cumplen.
[20] Sentencias T-362 de 1999 y T-778 de 2000.
[21] Folio 5.
[22] Folio 6.
[23] Folio 2.
[24] Folio 90.
[25] Folios 89, 90 y 91.
[26] En este sentido ya se había pronunciado la Corte en sentencia T-1084 de 2002, manifestando: (...) el solo advenimiento del término, en el caso de los contratos a término fijo, no constituye elemento objetivo suficiente para la terminación del contrato, debido al poder de irradiación del principio de estabilidad laboral, menos aún en el caso de las mujeres embarazadas frente a quienes, por tratarse de sujetos de especial protección, opera una estabilidad laboral reforzada. Por consiguiente, le corresponde al empleador correr con la carga de la prueba de sustentar en qué consiste el factor objetivo que le permite desvirtuar la presunción de discriminación que pesa sobre sí, en el caso de las trabajadoras que debido a su estado de gravidez, no son nuevamente contratadas o son despedidas. (N. fuera del texto original).
[27] Folio 49.
[28] Folios 38 a 44.
[29] Sentencia T-1040 de 2006.
[30] Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
[31] Folios 67 y 68.
[32] Al respecto entre muchas otras, se pueden ver las Sentencias (SU.961/99, T-344/00, T-537/00, T-1229/00, T-1570/00, T-1694/00, T-217/01, T-527/01, T-873/01, T-1169/01, T-1335/01, T-028/02, T-033/02, T-079/02, T-105/02, T-558/02, T-575/02, T-577/02, T-657/02, T-728/02 T-780/02, T-825/02, T-826/02, T-843/02, T-957/02, T-971/02, T-996/02, T-1122/02, T-056/03, T-176/03, T-194/03, T-262/03, T-305/03, T-307/03, T-386/03,,T-418/03, T-455/03, T-456/03, T-699/03, T-712/03, T-728/03, T-730/03, T-753/03, T-759/03, T-764/03, T-796/03, T-958/03, T-1020/03, T-1023/03, T-1216/03, T-1217/03, T-052/04, T-132/04, T-567/04, T-481/04, T-520/04, T-627/04, T-635/04, T-705/04, T-778/04, T-802/04, T-812/04, T-814/04, T-1223/04, T-013/05, T-164/05, T-280/05, T-288/05, T-515/05, T-570/05, T-951/05, T-1148/05, T-222/06, T-268/06, T-294/06, T-304/06, T-613A/06, T-654/06, T-675/06, T-692/06, T-851/06, T-1069/06, T-001/07, T-116/07, T-185/07, T-193/07, T-231/07, T-274/07, T-335/07, T-372/07, T-387/07, T-587/07, T-620/07, T-672/07, T-681/07, T-987/07, T-1058/07, T-1062/07.
[33] Al respecto, en la Sentencia SU-961 de 1999, la Corte estableció: La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.
[34] Folio 8.
[35] Folio 4.
[36] Folios 13 a 30.