Source: https://www.cccyl.es/es/extracto-doctrinal/iv-recursos-inconstitucionalidad-conflictos-competencia-con/c-doctrina-consejo-supuestos-concretos/2-reforma-estatuto-politico-euskadi-dictamen-200-2005-15-ma
Timestamp: 2020-07-13 16:36:48
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2.- Reforma del Estatuto Político de Euskadi (Dictamen 200/2005, de 15 de marzo) - Consejo Consultivo de Castilla y León
2.- Reforma del Estatuto Político de Euskadi (Dictamen 200/2005, de 15 de marzo)
Procedencia del planteamiento del conflicto de competencias en relación con la propuesta de reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, aprobada por Acuerdo del Parlamento Vasco adoptado en el Pleno de 30 de diciembre de 2004.
A) Incompatibilidad de lo previsto en el artículo 2.3.d) de la propuesta de reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Es preciso concluir, en virtud de lo expuesto, que la regulación propuesta, en lo que se refiere al enclave de Treviño, resulta incompatible con lo dispuesto en la disposición transitoria séptima, 3, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León por los siguientes motivos:
En primer lugar, porque el artículo 2.3 de la Propuesta de Reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (PREPCE) introduce, en los requisitos de agregación de un enclave, la posibilidad de abrir un proceso de negociación sobre la segregación del mismo. Sobre esta regulación carece de título competencial alguno, por lo que se vulnera la reserva estatutaria del artículo 147.2.b) de la Constitución sobre delimitación del territorio.
En segundo término, y en relación con el anterior, porque el artículo 2.3.d) de la PREPCE supone de hecho una modificación de la disposición transitoria séptima, 3, de nuestro Estatuto de Autonomía. Ello supone una incompatibilidad de dos normas estatutarias sobre una misma regulación, por lo que existe una invasión competencial por parte de la Comunidad del País Vasco, en virtud asimismo de la reserva estatutaria consagrada en el artículo 147.2.b) de la Constitución, ya que este precepto supone el aseguramiento de que los aspectos relativos a la delimitación del territorio de una Comunidad no pueden quedar fijados por otra “pues ello entrañaría la mediatización de la directa infraordenación de los Estatutos a la Constitución, siendo así que, como hemos señalado anteriormente, ésta constituye el único límite que pesa sobre cada uno de ellos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1986, de 11 de julio).
Por último, en la medida en que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León resultaría modificado sin seguirse en absoluto el procedimiento previsto en su artículo 55, la regulación propuesta supone una lesión de la reserva estatutaria que para la modificación de estas normas contempla el artículo 147.3 de la Constitución y, por ello, una invasión del ámbito de autonomía de nuestra Comunidad. En este sentido, cualquier actuación de una institución no contemplada en el artículo 55 –que determina expresamente que sólo la Junta y las Cortes de Castilla y León, estas últimas con un carácter absolutamente indispensable, así como las Cortes Generales intervienen o pueden intervenir en el citado procedimiento– que, directamente o a través de la plasmación de su voluntad en un texto como ahora lo es la PREPCE, pretenda modificar nuestra norma estatutaria, se halla viciada de incompetencia.
Por todo ello puede afirmarse que el artículo 2.3.d) de la PREPCE, en lo que se refiere al enclave de Treviño, supone una regulación incompatible con lo que dispone sobre la segregación de enclaves el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por lo que, como hemos examinado, existe una directa vulneración del orden de competencias previsto constitucional (artículos 147.2.b y 147.3 de la Constitución) y estatutariamente (disposición transitoria séptima, 3, y artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León), por lo que, desde el punto de vista material o de fondo, puede afirmarse la existencia de una competencia controvertida que permitiría, en su caso, formular un conflicto constitucional de acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
B) Posibilidad de plantear un conflicto de competencia frente a un acuerdo adoptado por un Parlamento en ejercicio de su función legislativa.
A modo de resumen, cabe afirmar que la circunstancia de emanar el acto en cuestión de un parlamento no constituye por sí sola un obstáculo para su impugnación ante el Tribunal Constitucional por la vía del conflicto de competencia.
Por el contrario, la cuestión de si puede impugnarse un acuerdo adoptado por un parlamento en ejercicio de su función legislativa resulta mucho menos clara, careciendo el Tribunal Constitucional de criterio no ya consolidado sino siquiera establecido con una mínima firmeza, por cuanto que sólo ha tenido la oportunidad de tratarla con carácter ciertamente esporádico y puntual.
Con carácter general, parece difícil admitir dicha posibilidad frente a cualesquiera actos “legislativos”, en la medida en que podría resultar perturbado el libre debate y confrontación de ideas y posiciones políticas propios del ámbito parlamentario. Sin embargo, no cabe desconocer que en el supuesto de hecho ahora planteado concurren circunstancias singulares, en particular en cuanto que con el acuerdo examinado se perfecciona y pone fin a la fase “autonómica” de tramitación legislativa de la reforma de un Estatuto de Autonomía.
Por ello, no puede descartarse de antemano y en sentido absoluto la viabilidad procesal de la eventual decisión de plantear un conflicto de competencia, decisión que el Consejo reconoce, aunque no pueda entrar en su valoración por resultarle vedado por lo dispuesto en el artículo 2 de su Ley reguladora, que ha de adoptarse tras la adecuada ponderación de todos los intereses en conflicto, de los cuales los estrictamente jurídicos son sólo una parte.
C) Posibilidad de plantear el conflicto de competencia una vez que la propuesta ha sido rechazada por las Cortes Generales.
En conclusión, a la vista de cuanto se ha explicado anteriormente, este Consejo considera que, tras el rechazo de la PREPCE por las Cortes Generales, legítimas representantes del pueblo español en el que reside la soberanía y del que emanan todos los poderes del Estado (artículos 1.2 y 66.1 de la Constitución), no cabe formalizar ante el Tribunal Constitucional el conflicto positivo de competencia sobre el que recae la consulta, por falta de objeto procesalmente adecuado para su planteamiento.