Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-1986.html
Timestamp: 2017-09-25 08:23:50
Document Index: 81623921

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 148', 'artículo 31']

TITULO PRIMERO. Del Sistema de Servicios Sociales
TITULO III. De las subvenciones y prestaciones económicas
TITULO V. De los órganos de dirección, asesoramiento y participación
L 14/2010 de 16 Dic. CA Castilla-La Mancha (de servicios sociales)
Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 3/1986, 16 abril, derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha («D.O.C.M.» 31 diciembre) el 30 de junio de 2011.
Los Servicios Sociales en la actualidad, se caracterizan, en su función operativa, por la ausencia de sistemática, debido ello principalmente a la gran dispersión legislativa existente, a la multiplicidad de organismos estatales competentes en Servicios Sociales, y a que la legislación está en gran parte sectorializada y dirigida principalmente a la regulación de prestaciones económicas.
Y así, Servicios Sociales se prestan en nuestro país desde instancias tan diversas como los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Justicia, Cultura, Educación y Ciencia, etc. Esta dispersión organizativa sobreañadida a la legislativa dificulta notablemente la indispensable labor de planificación y coordinación de los servicios.
De esta forma se han producido y se vienen produciendo lagunas legislativas en unos Servicios Sociales y duplicidades en cuanto a otros, y desequilibrios territoriales en perjuicio de las comunidades rurales, las cuales por su propia estructura social y poblacional tienen más difícil acceso a los recursos, quedando secularmente olvidadas, y a las que sólo llegaban Servicios Sociales de carácter benéfico.
Esta ausencia de sistemática en el propio sector público ha afectado también a la iniciativa social privada, que al carecer de un proyecto integrador, se ha volcado en la solución de los problemas puntuales, no atendidos por el sector público o atendidos deficientemente, dándose el caso repetido de que instituciones privadas con fácil acceso a las fuentes de financiación se han sobredotado de medios y recursos con costes económicos no plenamente justificados, aprovechándose de la propia descoordinación entre las distintas administraciones públicas. Como consecuencia, el ciudadano se ha visto obligado a una constante peregrinación en busca de recursos para sus necesidades, causándose lógicamente un deterioro de la Administración ante la incapacidad de ofrecer soluciones globales y responsables en el campo de los Servicios Sociales.
El Estado de las Autonomías, nacido con la Constitución de 1978, introduce en el cuerpo estatal una nueva administración, que requiere, para su eficaz gestión política y administrativa, la necesaria potestad normativa para aunar los esfuerzos de las distintas administraciones públicas operantes en el territorio de cada comunidad, marcar las líneas programáticas oportunas a la iniciativa social privada y someter los Servicios Sociales al control y seguimientos públicos por parte del Gobierno Regional en orden a la consecución de una política social moderna, eficaz y solidaria.
Nos encontramos para ello en un momento oportuno que nos permite estructurar los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha e iniciar un proceso racionalizador y coordinador que nos conduzca paso a paso a una concepción amplia del bienestar social.
Por una parte los poderes públicos, según la norma constitucional aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39.1), la protección integral de los hijos (artículo 39.2), la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico (artículo 40.1), el descanso necesario del trabajo mediante la promoción de centros adecuados (artículo 40.2), las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural (artículo 48), la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (artículo 49) y la promoción del bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de Servicios Sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (artículo 50).
Por otra parte, el artículo 148.1 del texto constitucional faculta a las Comunidades Autónomas a asumir plenitud de competencias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales. Así lo ha hecho en nuestra Comunidad en el artículo 31.p) de su Estatuto. Dichas competencias permiten, mediante la presente Ley, establecer en la Comunidad Autónoma los fundamentos de una política global de Servicios Sociales integradora y de normalización encaminada a prevenir y evitar las causas de marginación y de disgregación social y de recursos hoy existentes y que afectan a sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad.
Se pretende, pues, por medio de la presente Ley, corregir, dentro de nuestras actuales competencias los defectos de la situación descrita y preparar los instrumentos jurídicos necesarios para la asunción de las futuras. Introducir criterios de unidad, globalidad y coherencia, articulando los Servicios Sociales fuera del ámbito de la Beneficencia Pública. Dotar de racionalidad y eficacia a los servicios existentes, gestionando mejor y evitando el despilfarro de los recursos económicos públicos. Concentrar los esfuerzos, públicos y privados de la Comunidad, vinculándolos al necesario e imprescindible control institucional. Clarificar todo el sistema competencial, dentro de nuestro territorio, entre las distintas administraciones, asumiendo cada una de ellas su responsabilidad pública.
Con el fin de permitir una más eficaz participación del usuario en la planificación y control de los servicios, la Ley propugna una línea de máxima descentralización, haciendo del municipio la unidad básica de servicios y facilitando así el acceso a ellos del ciudadano, a la vez que mantiene la necesaria unidad de planificación y programación que se elaborará por la Comunidad Autónoma dentro de las directrices de la Ley, en función de las necesidades detectadas y las posibilidades presupuestarias, procurando el logro de la solidaridad y la igualdad en toda la Región.
El acento participativo de la presente Ley se verá reforzado, tanto en la Comunidad Autónoma como en los Entes locales con la colaboración de los Consejos de los Servicios Sociales cuya composición y funcionamiento aportarán, sin duda, valiosos elementos de participación ciudadana.
Pretendemos, como objetivo último, el establecimiento de unas bases integradoras que se podrán complementar en el tiempo con otros servicios de salud, consumo, vivienda, ocio y cultura con el horizonte puesto en una política general de bienestar social que eleve el nivel de calidad de vida de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.