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Timestamp: 2017-06-29 15:45:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 145', 'artículo 417', 'artículo145', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 9', 'artículo 81']

Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo | Aborto: ¿Quieres abortar?
Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
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Versión 14 de mayo de 2008.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sexualidad y la capacidad reproductiva son manifestaciones consustanciales a lanaturaleza humana y cauce de expresión y afirmación de la propia persona. Hoy existeun amplio consenso expresado en distintos instrumentos internacionales acerca de lacontribución esencial de ambas al bienestar individual de las personas y enconsecuencia sobre la necesidad de que los poderes públicos integren la atención aestas áreas en las políticas públicas de salud.El desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación está directamentevinculado a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y esobjeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, deaquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimosy personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbitoesencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a nointerferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condicionespara que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes loprecisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significaciónpara las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad, son hechos que afectanprofundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechosde las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta demanifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas,la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra laMujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 dediciembre de 1979, establece en su artículo 12 que “Los Estados Partes adoptarántodas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en laesfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entrehombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que serefieren a la planificación de la familia.”. Posteriormente, la Plataforma de Acción deBeijing, acordada por 189 países en la IV Conferencia mundial sobre la mujercelebrada en 1995, ha reconocido que “los derechos humanos de las mujeres incluyenel derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad,incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”.Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado laResolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en estamateria en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de losEstados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados yeducación sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constataciónde la enorme desigualdad que sufren las mujeres europeas en el acceso a losservicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del2embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Convención sobre los Derechos de lasPersonas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, quedispone la obligación de los Estados Partes la obligación de respetar “el derecho delas personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable elnúmero de hijos que quieren tener […] y a tener acceso a información, educaciónsobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan losmedios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”, así como que“mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás”La finalidad de la presente Ley es adecuar nuestro marco normativo al consenso de lacomunidad internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticaspúblicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual yreproductiva. La ley parte de la convicción, avalada por el mejor conocimientocientífico, de que una educación sexual adecuada, la mejora del acceso a métodosanticonceptivos y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual yreproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes,las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.La Ley pretende abordar la protección y garantía de los derechos relativos a la saludsexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento lasdefiniciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y saludreproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en elámbito sanitario como en el educativo. Establece asimismo una nueva regulación de lainterrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal y que, siguiendo la pautamás extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, busca garantizaradecuadamente los derechos de autonomía y libertad de las mujeres sin descuidar elinterés en la protección de la vida prenatal.IIEl primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyasrelaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa generecerteza y seguridad en sus destinatarios, pues la libertad sólo encuentra refugio en elsuelo firme de la claridad y precisión de la ley. Ese es el espíritu que inspira la nuevaregulación de la interrupción voluntaria del embarazo.Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problemas social de los abortosclandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres yatendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de losderechos de las mujeres en relación con la maternidad, despenalizó en ciertossupuestos la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma del Código Penalsupuso, ciertamente, un avance al posibilitar el acceso a las mujeres a un aborto legaly seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: gravepeligro para la vida o la salud psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fueraconsecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de gravesmalformaciones físicas o psíquicas en el feto. A lo largo de estos años, sin embargo, laaplicación de la ley ha generado incertidumbres y falta de seguridad, conconsecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para laeficaz protección del bien jurídico penalmente tutelado.En un ámbito tan singular como éste, la ley debe extremar la claridad y precisión conel fin de que la autonomía personal en la toma de decisiones sobre la propia persona,quede salvaguardada del error o la incertidumbre. La necesidad de reforzar la3seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sidoenfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 demarzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que “en este tipo de situaciones lasprevisiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de laposición jurídica de la mujer embarazada” y, por otro lado, que “un vez que ellegislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo quese limiten las posibilidades reales de obtenerlo”.En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marcode opciones abierto por la Constitución, desarrollar los derechos fundamentales deacuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. Laexperiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance delreconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres, tanto en el ámbitopúblico como en su vida privada, así como la tendencia normativa imperante en lospaíses de nuestro entorno, abogan por una regulación de la interrupción voluntaria delembarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadastanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz protección del bien jurídicorepresentado por la vida prenatal. En este sentido, la Asamblea Parlamentaria delConsejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, ha declarado el derechode todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física ya la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última derecurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, hainvitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos degestación razonables.Teniendo en cuenta el marco constitucional, la Ley ha armonizado los derechos ybienes en juego, estableciendo unas condiciones para la práctica de la interrupciónvoluntaria del embarazo progresivamente más exigentes a medida que avanza elperíodo de gestación.Se ha optado así, por un modelo en el que dentro de las primeras catorce semanas, segarantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre lainterrupción del embarazo, sin participación de terceros, porque en esa fase de lagestación prevalece el derecho de autodeterminación de las mujeres. Por otra parte, laexperiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a travésde políticas activas de apoyo al embarazo y la maternidad a las que pueda teneracceso la mujer embarazada. La tutela del interés en la vida prenatal se articula através de la voluntad de la mujer embarazada y no frente a ella, facilitando que ladecisión sea adoptada con toda la información relevante sobre las ayudas yprestaciones de apoyo al embarazo y la maternidad y tras un plazo de al menos tresdías, una vez se le ha hecho entrega de esa información por escrito y en sobrecerrado. La Ley garantiza así la neutralidad de esa información y que su entrega serealice en un ambiente exento de presión para la mujer.Junto a la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer, la Ley prevéciertos supuestos de interrupción por causas médicas cuando, dentro de las primerasveintidós semanas, exista un grave riesgo para la vida o la salud de la mujerembarazada o un riesgo de graves anomalías en el feto, y después de las 22semanas, sólo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalíasincompatibles con la vida ó una enfermedad extremadamente grave e incurable en elmomento del diagnóstico. Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo decarácter médico, se regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayorseguridad posible la concurrencia de la indicación. A tal fin se exige, con caráctergeneral, que así conste dictamen emitido por dos médicos especialistas, salvo que setrate de una enfermedad extremadamente grave e incurable, supuesto en el que el4nivel de garantías se eleva al exigir que sea un comité clínico pluridisciplinar quien trasla confirmación del diagnóstico autorice a la vista del caso la interrupción delembarazo.La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a laprestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de laintimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretendedar solución a los problemas de inequidad en el acceso y vulneración de la intimidad aque había dado lugar el actual marco regulador.Se ha dado nueva redacción a algunos apartados del artículo 145 del Código Penal,con el fin por un lado de dar carta de naturaleza a la situación de inexigibilidad de otraconducta que concurre en la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de loscasos permitidos por la Ley, mediante la previsión de la posibilidad de reducción depena en los casos en que así lo aprecie razonadamente el juez o tribunal. Por otrolado, se ha introducido la penalidad correspondiente de las conductas de quienespractican una interrupción del embarazo, dentro de los casos contemplados por la ley,pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.Finalmente, se ha dado una nueva redacción a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,básica reguladora de la autonomía del paciente con el fin de que la prestación delconsentimiento para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo se sujeteal régimen general previsto en esa Ley.IIILa Ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, una disposición adicional, unadisposición derogatoria y cinco disposiciones finales.El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores dela Ley y proclama los derechos que garantiza.El Título Primero, bajo la rúbrica “De la salud sexual y reproductiva, se articula encuatro capítulos en los que se fijan los objetivos y medidas de las políticas públicas enmateria de salud sexual y reproductiva. El capítulo II contiene las medidas en el ámbitosanitario y el capítulo III se refiere a las relativas al ámbito educativo. El capítulo IVtiene como objeto la previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de SaludSexual y Reproductiva como instrumento de colaboración de las distintasadministraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas en estamateria.En el Título Segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria delembarazo y las garantías en el acceso a la prestación.La disposición adicional única mandata que la Alta Inspección verifique elcumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido enel Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fuemantenida por el Código Penal de 1995.La disposición final primera da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 del artículo145 del Código Penal y la disposición final segunda modifica el apartado cuarto delartículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía5del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentaciónclínica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al fundamentoconstitucional de la Ley, su carácter, la habilitación al Gobierno para su desarrolloreglamentario y a la entrada en vigor que se fija en cuatro meses desde supublicación, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plenaaplicación.TÍTULO PRELIMINARDISPOSICIONES GENERALESArtículo 1.- Objeto.Constituye el objeto de la presente ley orgánica garantizar en un entorno libre decoerción, discriminación y violencia, los derechos fundamentales en el ámbito de lasalud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria delembarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.Artículo 2.- Definiciones.A los efectos de lo dispuesto en esta ley se aplicarán las siguientes definiciones:a) Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente laausencia de afecciones o enfermedades.b) Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionadocon la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación yviolencia.c) Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural enlos aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que sepueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándotenerlos.Artículo 3.- Principios y ámbito de aplicación.1. En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todaslas personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vidasexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos delas demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes.2. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.3. Ninguna persona podrá ser privada del acceso a las prestaciones y serviciosprevistos en esta Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción uopinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otracondición o circunstancia personal o social.64. Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán acabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantíade la salud sexual y reproductiva.Artículo 4.- Garantía de la equidad.En el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, el Estado velará por laequidad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el SistemaNacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley.TÍTULO PRIMERODE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVACAPITULO IPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAArtículo 5.- Objetivos de la actuación de los poderes públicos.1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas ysociales promoverán:a) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbitode la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmentediseñados para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales.b) El acceso universal a la información y la educación sexual.c) El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva.d) El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.e) La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a laspersonas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho ala salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios enfunción de su discapacidad.2. La promoción de la salud sexual y reproductiva en el ámbito sanitario irá dirigida a:a) Proporcionar educación sanitaria integral y con enfoque de género sobre saludsexual y salud reproductiva.b) Promover la corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea laorientación sexual.7c) Proporcionar información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro queprevenga los embarazos no deseados y las enfermedades e infecciones detransmisión sexual, incluido el VIH.Artículo 6.- Acciones informativas y de sensibilización.Los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de formación sobre saludsexual y salud reproductiva, con especial énfasis en la prevención de embarazos noplanificados, dirigidas, principalmente, a la juventud y colectivos con especialesnecesidades.CAPITULO IIMEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIOArtículo 7.- Atención a la salud sexual y reproductiva.Los servicios públicos de salud garantizarán:a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción deestándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible.b) El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de lareproducción, proporcionando métodos anticonceptivos adecuados a cadanecesidad.c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejasdurante el embarazo, el parto y el puerperio.d) La atención perinatal, centrada en la familia y en el desarrollo saludable.Artículo 8.- Formación de los profesionales de la salud.La formación de los profesionales de la salud se abordará con un enfoque de géneroe incluirá:a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curricularesde las carreras relacionadas con las ciencias de la salud.b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva.c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lolargo del desempeño de la carrera profesional.CAPITULO III8MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVOArtículo 9.- Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva alsistema educativo.El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva,incluyendo un enfoque integral que contribuya a:a) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a laprevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales.b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.c) El desarrollo armónico de la sexualidad.d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual yespecialmente la prevención del VIHe) La prevención de embarazos no planificados.Artículo 10.-Actividades formativas.Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización deactividades formativas relacionadas con la educación sexual, la prevención deinfecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados, facilitandoinformación adecuada a los padres y las madres.CAPITULO IVESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAArtículo 11. Elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual yReproductiva.Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley el Gobierno, con lasComunidades Autónomas aprobará un Plan que se denominará Estrategia Nacional deSalud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedadescientíficas y profesionales y las organizaciones sociales.La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacionalde Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especialesnecesidades.La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos deevaluación bienal que permita la valoración de resultados y en particular del accesouniversal a la salud sexual y reproductiva.9TÍTULO IIDE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZOCAPÍTULO ICONDICIONES DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZOArtículo 12.- Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Se reconoce y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en lascondiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en elmodo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de lamujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de lapersonalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertadideológica y a la no discriminación.Artículo 13.- Condiciones comunes de obligado cumplimiento.Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:Primero. Que se practique por un médico o bajo su dirección.Segundo. En centro público o privado acreditado.Tercero. Con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en sucaso, del representante legal.Este consentimiento se prestará de conformidad con lo establecido en la normativalegal sobre autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia deinformación y documentación clínica. Podrá prescindirse del consentimiento expresoen caso de urgencia por riesgo vital para la gestante si ésta no se encuentra encondiciones de prestarlo.Artículo 14. – Interrupción del embarazo a petición de la mujer.Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestacióna petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:a) Que se haya entregado a la mujer embarazada información por escrito y en sobrecerrado, relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a lamaternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17de esta Ley.b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, entre la entrega de lainformación mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.Artículo 15. – Interrupción por causas médicas.Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuandoconcurra alguna de las circunstancias siguientes:10a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista graveriesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitidocon anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que lapractique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podráprescindirse del dictamen.b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgode graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad ala intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en undictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas, distintos del quepractique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedadextremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme uncomité clínico, al que corresponderá en este caso autorizar la interrupción a solicitudde la embarazada.Artículo 16.- Comité clínico.1. El comité clínico al que se refiere el artículo anterior estará formado por un equipopluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia oexpertos en diagnóstico prenatal, uno de ellos elegidos por la mujer, un pediatra y unpsicólogo clínico.2. El comité deberá pronunciarse sobre la solicitud de la intervención con carácterurgente. La mujer tendrá derecho a ser escuchada. Confirmado el diagnóstico,procederá la intervención cuando el comité así lo autorice.3. En cada Comunidad Autónoma habrá al menos un comité clínico en un centro de lared sanitaria pública. Los miembros designados por las autoridades sanitariascompetentes, lo serán por un plazo no inferior a un año.4. No podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a lapráctica de la interrupción voluntaria del embarazo.Artículo 17.- Contenido de la información previa al consentimiento de lainterrupción voluntaria del embarazo.1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupciónvoluntaria del embarazo recibirán con carácter previo a la prestación de suconsentimiento, información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo,las condiciones para la interrupción previstas en esta ley y las condiciones para sucobertura por el servicio público de salud correspondiente.2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada enel artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la siguienteinformación:a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la coberturasanitaria durante el embarazo y el parto.11b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestacionesy ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficiosfiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobreanticoncepción y sexo seguro.d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamenteasesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien enlos centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con lainformación en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de lafecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinadareglamentariamente por el Gobierno.3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15 deesta Ley, la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado primerode este artículo, información por escrito y en sobre cerrado sobre los derechos,prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personascon alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistenciasocial a estas personas.4. La información prevista en este artículo será clara, comprensible, accesible a todaslas personas con discapacidad y neutral.CAPÍTULO IIGARANTÍAS EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓNArtículo 18.- Garantía del acceso a la prestación.Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias,aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria dela interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitosestablecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicioscomunes del Sistema Nacional de Salud.Artículo 19.- Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud1. Con el fin de asegurar la equidad y calidad asistencial de la prestación a lainterrupción voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentesgarantizarán los contenidos básicos que el Gobierno reglamentariamente determine.Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación conindependencia del lugar donde residan.2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará encentros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo laprestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a12acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escritode asumir directamente el abono de la prestación.3. Las intervenciones contempladas en la letra c del artículo 15 de esta Ley serealizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública.Artículo 20- Protección de la intimidad y confidencialidad.1. Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán laintimidad de las mujeres y la confidencialidad de sus datos de carácter personal.Con este fin establecerán los mecanismos apropiados de automatización ycodificación de los datos de identificación de las pacientes atendidas, en los términosque reglamentariamente se determinen.Los datos de identificación comprenderán, el nombre, los apellidos, el domicilio, losdatos telefónicos y de correo electrónico y cualquier documento que revele suidentidad, física o genética.2. Los centros prestadores del servicio deberán acreditar la existencia de sistemas decustodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantarmedidas de protección máxima para el tratamiento de los datos de carácter personal.Artículo 21.- Tratamiento de datos.1. En el momento de la solicitud de información sobre la interrupción voluntaria delembarazo, los centros, sin proceder al tratamiento de dato alguno, habrán de informara la solicitante que los datos identificativos de las pacientes a las que efectivamentese les realice la prestación serán objeto de codificación y separados de los datos decarácter clínico asistencial.2. En el momento de la primera recogida de datos de la paciente, se le asignará uncódigo que será utilizado para identificarla en todo el proceso.3. Los centros sustituirán en la historia clínica de la paciente sus datos identificativospor el código, de forma que no pueda producirse, con carácter general, el acceso a losmismos.Artículo 22.- Acceso y cesión de datos de carácter personal.1. El acceso a los datos codificados de la historia clínica de la paciente únicamenteserá posible en los casos previstos en las disposiciones legales reguladoras de losderechos y obligaciones en materia de documentación clínica. Este acceso serealizará mediante autorización expresa del órgano competente en la que se motivaránde forma detallada las causas que la justifican y se limitará a los datos estricta yexclusivamente necesarios.2. No será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario paraactividades de publicidad o prospección comercial. No podrá recabarse elconsentimiento de la paciente para el tratamiento de los datos para estas actividades.Artículo 23.- Cancelación de datos.131. Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de embarazodeberán cancelar de oficio la totalidad de los datos de la paciente una veztranscurridos cinco años desde la fecha de alta de la intervención. No obstante, ladocumentación clínica podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas, deinvestigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, encuyo caso se procederá a la cancelación de todos los datos identificativos de lapaciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo dispuestoen el artículo anterior.2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio por lapaciente de su derecho de cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.Disposición adicional única. De las funciones de la Alta Inspección.El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación delcumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta ley en todoel Sistema Nacional de Salud. A tal efecto el Ministerio de Sanidad y Política Socialelaborará un informe anual de situación en cada servicio de salud que se presentará alConsejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.Disposición derogatoria única. Derogación del artículo 417 bis del código penal.Queda derogado el artículo 417 bis del texto refundido del Código Penal publicado porel Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, redactado conforme a la Ley Orgánica9/1985, de 5 de julio.Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 denoviembre, del Código Penal.1. El apartado 2 del artículo 145 del Código Penal queda redactado de la formasiguiente:“2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se locause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena demulta de seis a veinticuatro meses.”2. Se añaden los apartados 3 y 4 al artículo 145 del Código Penal, que tendrán lasiguiente redacción:“3. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitaciónespecial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos oconsultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses ados años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique unainterrupción del embarazo sin dar cumplimiento a alguno de los requisitossiguientes:a) haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa alos derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;b) haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;c) contar con los dictámenes previos preceptivos;14d) practicado en centro acreditado.4. La embarazada no será penada a tenor del apartado anterior de esteprecepto ni cuando se incumpla el requisito de ejecutar la interrupción delembarazo en un centro público o privado acreditado.”3. Se suprime el inciso “417 bis” de la letra a) del apartado primero de la disposiciónderogatoria única.Disposición final segunda. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,básica reguladora de la autonomía de paciente y de derechos y obligaciones enmateria de información y documentación clínica.El apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladorade la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información ydocumentación clínica, tendrá la siguiente redacción:“4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humanaasistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría deedad y por las disposiciones especiales de aplicación”Disposición final tercera. Carácter orgánico.La presente Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución.Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el capítulo II del Título II, ladisposición adicional única y las disposiciones finales segunda, cuarta y quinta notienen carácter orgánico.Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.El Gobierno aprobará o modificará las disposiciones reglamentarias necesarias parala aplicación y desarrollo de la presente Ley.En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido, mantiene su vigencialas disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia.Disposición final quinta. Entrada en vigor.La ley entrará en vigor en el plazo de cuatro meses a partir del día siguiente al de supublicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazoVota esta noticia Noticias relacionadas que te recomiendo:
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