Source: http://espanito.com/informe-no-11811.html
Timestamp: 2019-02-22 20:11:39
Document Index: 291354519

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 47']

Informe no. 118/11
PETICIÓN 182-03
RENÉ JOSÉ SÁNCHEZ RIVERA
El 7 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o la “Comisión Interamericana”) recibió una petición presentada en nombre propio por René José Sánchez Rivera (en adelante también “el peticionario” o “la presunta víctima”), en la cual se alega la responsabilidad de la República del Perú (en adelante “Perú”, “el Estado peruano” o “el Estado”) por la violación a derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). El peticionario afirmó que en julio de 1999 fue cesado como docente principal en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, a través de un proceso de selección que no habría observado la legislación aplicable, el Estatuto y Reglamento de Evaluación Docente de la citada institución privada de educación superior. Sostuvo que al requerir su reposición a través de una acción de amparo las autoridades judiciales peruanas declararon su pretensión infundada, con criterios arbitrarios y bajo una interpretación errónea de los elementos de prueba presentados por las partes.
El Estado sostuvo que las decisiones en torno a la acción de amparo presentada por la presunta víctima fueron expedidas por autoridades judiciales competentes y de acuerdo con sus atribuciones. Manifestó que los hechos narrados por el peticionario no tienden a caracterizar la violación a derechos previstos en la Convención Americana y solicitó que la CIDH declare la denuncia inadmisible en virtud del artículo 47.b) de dicho instrumento.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo, pero que el mismo es inadmisible por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 47.b) de la Convención Americana, por no exponer hechos que tiendan a caracterizar la violación a derechos garantizados en el referido instrumento. La Comisión decidió notificar el presente Informe de Inadmisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
El 7 de marzo de 2003 la CIDH recibió una nota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual adjuntaba una denuncia formulada por el señor René José Sánchez Rivera en los términos del artículo 44 de la Convención. La denuncia fue registrada por la CIDH bajo el número P 182-03. El peticionario presentó información adicional a la Comisión mediante comunicaciones recibidas el 2 de junio, 10 de julio, 18 de diciembre de 2003, 15 de marzo, 19 de mayo y 1 de diciembre de 2004, 21 de abril y 25 de septiembre de 2008. El 13 de abril de 2009 se transmitió las partes pertinentes de esa documentación al Estado y se le otorgó un plazo de dos meses para que presentara respuesta, de conformidad con el Reglamento de la CIDH.
El Estado presentó su respuesta el 16 de julio de 2009 y remitió comunicaciones adicionales el 23 de diciembre de 2009, 23 de septiembre y 1 de diciembre de 2010. A su vez, el peticionario envió comunicaciones adicionales el 20 de abril, 19 de agosto, 1º de septiembre y 24 de diciembre de 2009, 9 de marzo, 14 y 15 de abril, 3 de agosto y 21 de septiembre de 2010, 8 de febrero, 23 de mayo, 23 de junio y 19 de julio de 2011.
Afirmó que el 2 de octubre de 1984 ingresó a trabajar como docente auxiliar en la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), pasando a ocupar el cargo de docente principal el 27 de junio de 1992. De acuerdo con la información presentada, la UANCV es una institución privada de educación superior.
El peticionario alegó que producto de un proceso de evaluación, ratificación, promoción o separación de docentes llevado a cabo por una Comisión Evaluadora Ad Hoc, fue cesado de su cargo mediante resolución No. 132-99-CU-R-UANCV de 5 de julio de 1999. Manifestó que si bien la citada Comisión Evaluadora señaló que no había alcanzado el puntaje mínimo para que fuese ratificado en la categoría de docente principal, el real motivo de su cese sería una supuesta enemistad con el rector y otros integrantes de la dirección de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la UANCV, por haberles denunciado por supuestas irregularidades administrativas.
El peticionario sostuvo que la Comisión Evaluadora que dispuso su cese fue presidida por el vicerrector académico de la UANCV, quien según lo alegado no estaba facultado para ejercer dicha atribución. Indicó además que fue citado para el proceso de evaluación el día lunes 28 de junio a las 8:00 a.m., día feriado, por lo que no tuvo un plazo razonable para recabar su documentación.
El señor Sánchez Rivera indicó que el 17 de septiembre de 1999 interpuso una acción de amparo contra el rector de la UANCV, requiriendo la nulidad de la resolución No. 132-99CU-R-UANCV y su reposición como docente principal. Dicha acción planteó la vulneración a los derechos constitucionales al trabajo y estabilidad laboral, así como el derecho a un debido proceso, por el alegado incumplimiento del artículo 46 de la Ley Universitaria (Ley 23733)1, Estatuto y Reglamento de Evaluación Docente de la UANCV.
El peticionario sostuvo que luego de ser conocida por el Primer Juzgado Mixto de San Román-Juliaca y por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, el 11 de julio de 2002 el Tribunal Constitucional dictó sentencia en última instancia, declarando la demanda de amparo infundada. Según la información presentada, esa decisión fue notificada al señor Sánchez Rivera el 18 de diciembre de 2002.
El peticionario manifestó que la Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno y el Tribunal Constitucional fundamentaron su decisión en un documento fraudulento aportado por la parte demandada, consistente en un oficio del decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la UANCV declinando su participación en la Comisión Evaluadora. Sostuvo que dicho documento no obedeció las formalidades empleadas por la oficina de trámite de documentos de la UANCV. Señaló que al presentar informe para la vista de la causa ante el Tribunal Constitucional expresó que el citado documento “no ha sido ofrecid[o] ni admitid[o] por el Juzgado en la etapa postulatoria del proceso, y recién la parte demandada lo ha presentado ante la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de San Román, violándose el Art. 189 del Código Procesal Civil”.
De acuerdo con la información presentada, en el año 2000 el señor Sánchez Rivera interpuso una demanda penal contra el Rector de la UANCV, Germán Rivera Olivera, y el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Juan Luque Mamani, por delito contra la fe pública. Esa información indica que, a solicitud del fiscal apoderado de la causa, la acción penal fue declarada prescrita en el año 2006 por la Sala Penal de San Román Juliaca. Aunque el peticionario sostuvo que los jueces y fiscales que intervinieron en la denuncia por delito contra la fe pública actuaron de forma irregular con el propósito de que operara la prescripción de la acción penal, no presentó información específica sobre las fechas y fundamento de las decisiones adoptadas en el marco del proceso penal.
El peticionario adjuntó la copia de quejas disciplinarias interpuestas el 5 de abril de 2006 ante la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y el 19 de julio del mismo año ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, en las cuales denunció supuestas irregularidades en el mencionado proceso penal. El señor René Sánchez no indicó el resultado de dichas quejas.
El peticionario indicó que durante la tramitación de la acción de amparo se le negó una solicitud de recusación contra un integrante de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, quien sería docente en la Facultad de Derecho de la UANCV. Añadió que varios docentes de dicha Facultad son magistrados en retiro o en actividad, incluyendo el fiscal que solicitó la prescripción de la denuncia penal por delito contra la fe pública y vocales que actuaron en el proceso de amparo y que conocieron la denuncia penal. Según el peticionario, lo anterior demostraría una actuación parcializada por parte del Poder Judicial a favor de la UANCV.
Finalmente, el peticionario argumentó que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención.
Señaló que la Comisión Evaluadora Ad Hoc que decidió por la reprobación del señor Sánchez Rivera había sido nombrada por una resolución dictada regularmente por el Consejo Universitario de la UANCV, en los términos de su Estatuto y Reglamento. El Estado efectuó una narración similar a la del peticionario sobre las decisiones de los tribunales internos en torno a la acción de amparo incoada el 17 de septiembre de 1999.
Argumentó que la decisión que declaró infundada la acción de amparo fue expedida por un órgano competente y dentro de las atribuciones otorgadas por la ley. Indicó que “el hecho de que el peticionario […] haya obtenido un fallo que no acogió su pretensión no implica la vulneración automática de sus derechos reconocidos en la Convención”. Añadió que no correspondería a la CIDH sustituir la valoración de las autoridades judiciales internas que conocieron la acción de amparo formulada por el señor René José Sánchez.
El Estado indicó que en el Perú la permanencia de un trabajador como docente universitario se encuentra regulada tanto por la legislación laboral como por leyes especiales. Señaló que la Ley Universitaria (Ley 23733) condiciona la continuidad en el puesto de trabajo de un docente a la aprobación en un proceso de evaluación. En ese sentido, manifestó que al obtener un puntaje insuficiente para ser ratificado como docente principal, el señor Sánchez Rivera fue desvinculado de la UANCV, sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad internacional al Estado.
En cuanto a la alegada actuación parcializada de jueces y fiscales con vínculos laborales con la UANCV el Estado manifestó que “de acuerdo a lo estipulado en la legislación interna vigente, la labor de Magistrado no es incompatible con el hecho de ejercer la labor de docente universitario” (…).
Finalmente, el Estado alegó que los hechos narrados en la petición no tienden a caracterizar violaciones a derechos protegidos en la Convención y solicitó que la CIDH la declare inadmisible de conformidad con el artículo 47.b) del referido instrumento.
La presente petición se refiere, por un lado, a alegadas violaciones a la Convención Americana a raíz de una decisión supuestamente arbitraria por parte de las autoridades judiciales que conocieron una acción de amparo formulada por el señor René José Sánchez el 17 de septiembre de 1999. De acuerdo con lo alegado por las partes, dicha acción fue decidida en última instancia mediante una resolución del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2002.
Por otro lado, la petición plantea supuestas irregularidades por parte de las autoridades judiciales que conocieron una denuncia por delito contra la fe pública formulada por el señor Sánchez Rivera en el año 2000. Según la información presentada, dicha denuncia fue declarada prescrita y archivada de forma definitiva en el año 2006.
Por lo anterior, la CIDH concluye que la petición satisface el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.
En cuanto los hechos referidos en el párrafo 25 supra, los recursos de la jurisdicción interna fueron agotados mediante resolución del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2002. La información que obra en el expediente indica que esa resolución fue notificada a la presunta víctima el 18 de diciembre de 2002. Dado que la presente petición fue recibida el 19 de marzo de 2003, se encuentra satisfecho el requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención.
Con relación a los planteamientos del peticionario resumidos en el párrafo 26 supra, la denuncia penal incoada por el señor Sánchez Rivera fue decidida en última instancia en el año 2006, es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la presente denuncia. En ese sentido, el requisito previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención se encuentra intrínsicamente vinculado con el agotamiento de los recursos internos, encontrándose por lo tanto satisfecho.
El artículo 46.1.c de la Convención dispone que la admisión de las peticiones está sujeta a que la materia “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional” y en el artículo 47.d) de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias, ni ellas se deducen del expediente.
El artículo 47.b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible una petición cuando en ella no se expongan hechos que tiendan a caracterizar una violación a derechos garantizados en la Convención.
En la presente petición se alega que el señor René José Sánchez Rivera fue desvinculado de su cargo como docente principal en la UANCV sin observarse los procedimientos establecidos en la Ley 23733, el estatuto y reglamento de la citada universidad privada. Concretamente, se indica que a la luz del Estatuto y Reglamento de Evaluación Docente de la UANCV su evaluación correspondía a una comisión conformada por docentes principales y el decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Se aduce que al requerir la nulidad de su despido a través de una acción de amparo, las autoridades judiciales convalidaron las supuestas irregularidades cometidas por una Comisión Evaluadora Ad Hoc constituida de forma irregular al interior de la UANCV. Por otro lado, se indica que la decisión adoptada en segunda instancia por la Sala Civil de San Román-Juliaca y sobre recurso extraordinario por parte del Tribunal Constitucional se basaron en un documento fraudulento aportado por la parte demandada y admitida en el proceso de amparo con posterioridad a la etapa correspondiente.
La información presentada por las partes indica que al declarar infundada la acción de amparo formulada por la presunta víctima, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:
1. De autos se aprecia que el Reglamento de Evaluación para la Ratificación, Promoción o Separación de Docentes, aprobado por Resolución Nº 118-99-CU-R-UANCV, de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, permite que una comisión central ad hoc realice la evaluación de los docentes en reemplazo de una comisión ad hoc si es que no existiese en la facultad correspondiente suficientes profesores principales hábiles para la conformación de la comisión.
Según se desprende de la Resolución Nº 122-99-CU-R-UANCV, de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, las diversas comisiones ad hoc de las facultades de la universidad demandada, entre las cuales se encontraba la competente para evaluar al demandante, declinaron llevar a cabo la evaluación, por lo que se encargó efectuar el proceso la comisión ad hoc, nombrada por el Consejo Universitario de la citada casa de estudios.
Por lo tanto, tratándose de una resolución administrativa expedida por un órgano competente, el acto cuestionado no es inválido.
2. Por otro lado, conforme se advierte de autos, el demandante obtuvo en el proceso de evaluación 49.5 puntos, puntaje desaprobatorio para ser ratificado como docente en la categoría de principal, pues, de acuerdo con lo dispuesto en la Segunda y Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de Evaluación antes mencionado, se requería obtener un puntaje mínimo de cincuenta y cinco puntos (55), por lo que queda acreditado que no se ha violado ningún derecho constitucional2.
En el marco del sistema de peticiones previsto en el artículo 44 de la Convención Americana, la CIDH es competente para analizar la compatibilidad de leyes, políticas o prácticas con los derechos de una persona bajo el referido instrumento internacional. Sin embargo, la presente petición sostiene que la citada resolución del Tribunal Constitucional valoró de forma equivocada los elementos de prueba presentados por las partes e interpretó erróneamente los alcances de la legislación pertinente, a saber la Ley Universitaria (Ley 23733), el Estatuto y Reglamento de Evaluación Docente de la UANCV y el Código Procesal Civil Peruano. Sobre tales planteamientos, la CIDH ratifica su doctrina según la cual no le corresponde reemplazar las autoridades judiciales internas en la interpretación del alcance de las normas de derecho procesal y material aplicables3. La CIDH ha aseverado que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales dentro de los límites de su competencia4.
En cuanto a las alegaciones de que vocales que actuaron en el proceso constitucional de amparo no reunían la garantía de imparcialidad por ser docentes en la UANCV, la información presentada indica que el señor René José Sánchez pudo interponer solicitudes de recusaciones, las cuales fueron decididas por las autoridades competentes y sin que existan planteamientos específicos que indiquen una potencial vulneración a sus garantías judiciales. Del mismo modo, el señor René José Sánchez Rivera no presentó información específica respecto de las supuestas irregularidades cometidas en el proceso penal por delito contra la fe pública iniciado en el año 2000. Ante la ausencia de alegatos específicos que fundamenten una posible violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, la CIDH considera que los planteamientos del peticionario son genéricos y no tienden a caracterizar la violación al derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión concluye que las alegaciones del peticionario no tienden a caracterizar la violación a derechos protegidos en la Convención Americana, por lo cual la denuncia no satisface el requisito previsto en el artículo 47.b de dicho instrumento. En consecuencia,
Declarar inadmisible la presente petición por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 47.b) de la Convención Americana.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de julio de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Dicha disposición establece lo siguiente:
La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se hace por concurso público de méritos y prueba de capacitación docente o por oposición, de acuerdo a las pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad. La promoción, ratificación o separación de la docencia se realizan por evaluación personal, con citación y audiencia del profesor. Participan en estos procesos la Facultad y el Departamento respectivo y corresponde a la primera formular la propuesta del caso al Consejo Universitario para su resolución.
2 Petición inicial recibida por la CIDH el 7 de marzo de 2003, anexo, sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2002, expediente No. 0499-2000-AA/TC, fundamentos 1 y 2.
3 CIDH, Informe No. 79/10, Petición 12.119, Inadmisibilidad, Asociación de Jubilados Petroleros del Perú – Área Metropolitana de Lima y Callao, Perú, 12 de julio de 2010, párrs. 41 y 42; Informe No. 27/07, Petición 12.217, Inadmisibilidad, José Antonio Aguilar Angeletti, Perú, 9 de marzo de 2007, párrs. 41 y 43 e Informe No. 39/05, Petición 792-01, Inadmisibilidad, Carlos Iparraguirre y Luz Amada Vásquez de Iparraguirre, Perú, 9 de marzo de 2005,
párrs. 52 y 54.
4 CIDH, Informe No. 45/04, Petición 369-01, Inadmisibilidad, Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, Perú, 13 de octubre de 2004, párr. 41; Informe No. 16/03, Petición 346-01, Inadmisibilidad, Edison Rodrigo Toledo Echeverría, Ecuador, 20 de febrero de 2003, párr. 38; Informe No. 122/01, Petición 15-00, Inadmisibilidad, Wilma Rosa Posadas, Argentina, 10 de octubre de 2001, párr. 10 e Informe No. 39/96, Caso 11.673, Inadmisibilidad, Santiago Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 71.