Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-00231-de-abril-2-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_8496cc0dc4598098e0430a0101518098&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-14 12:59:42
Document Index: 339333958

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 116', 'artículo 10']

﻿ Sentencia 2005-00231 de abril 2 de 2009
SENTENCIA 2005-00231 DE 02 DE ABRIL DE 2009
CONTENIDO:PARTICIPACION DE LOS BACHILLERES PEDAGOGICOS EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA DOCENTE. PROFESIONALIZACIÓN DE LA LABOR DOCENTE. EN EL MARCO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD PUEDE DISCUTIR LA EXISTENCIA DE UNA OMISIÓN REGLAMENTARIA
Sentencia 2005-00231 de abril 2 de 2009
Rad. 11001-03-25-000-2005-00231-00(9901-05)
Consiste en decidir si procede la anulación, solicitada por el ciudadano, Cristian Albert Uscátegui Sánchez, del Decreto 4235 del 16 de diciembre de 2004, proferido por el Gobierno Nacional por haberse excedido en el ejercicio en las facultades reglamentarias, a el conferidas.
El artículo 1º del antes citado Decreto 4235 de 2004, acto acusado, fue derogado por el artículo 21 del Decreto 3982 de 2006(1), pero el artículo 7º conservó idéntica previsión(2) en lo que se refiere a los requisitos para participar en el concurso de méritos para ingresar a la Carrera Administrativa Docente, es decir títulos en educación superior(3).
Como ya lo ha precisado la Sala Plena(4), pese a la existencia de una norma que deroga la aquí juzgada es procedente un pronunciamiento de mérito respecto del decreto acusado porque pudo haber producido efectos jurídicos durante su vigencia.
Como se lee del texto transcrito la norma censurada se fundamentó en su expedición en los artículos 5º, numeral 5.7, de la Ley 715 de 2001 y 9º del Decreto Ley 1278 de 2002(5), normas que en su orden preceptúan:
5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente(6).
PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará (de manera general el contenido y los procedimientos de) cada una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y señalará los puntajes correspondientes para la selección y clasificación, (determinando cuáles de ellas admiten recursos y su procedimiento)”(7).
De otro lado la norma acusada se remite, para efectos de requisitos de acceso al concurso de méritos, a las normas previstas en los artículos 116 y 118 de la Ley 115 de 1994(8), en concordancia con lo establecido en los artículos 3º, 10, 12 parágrafo 1º, 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002(9), normas que, en general, ordenan la denominada profesionalización de la educación.
El demandante alega, conforme al concepto de violación arriba sintetizado, que el Gobierno Nacional omitió incluir a los bachilleres pedagógicos escalafonados participar en la convocatoria efectuada por el decreto acusado, con lo cual les impide ejercer la labor docente; en otras palabras; esta alegando la existencia de una violación normativa y constitucional por la omisión del ejecutivo en incluir a los bachilleres pedagógicos entre los opcionados a inscribirse en la carrera administrativa docente.
Con respecto a la inconstitucionalidad por omisión la Sala de la Sección Segunda en reciente providencia(10) ha sentenciado que es procedente alegar la existencia de esta figura en los decretos del Gobierno Nacional, al respecto señaló: “en la inconstitucionalidad por omisión se juzga la conducta negativa, de inercia o inactividad de un órgano del poder que no adecuó su conducta, total o parcialmente, al cumplimiento de la obligación de dictar una norma tendiente a garantizar la efectividad de los mandatos constitucionales y legales.
A los ciudadanos se les deben proporcionar las vías procesales idóneas con el fin de que los afectados con la omisión inconstitucional puedan acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la descalificación de la conducta omisiva, pues un derecho sin acción o posibilidad de ejercicio resulta inexistente”(11).
En efecto las normas que reglamenta el decreto acusado, especialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”, excluyeron del concurso de acceso a la carrera administrativa docente a los bachilleres pedagógicos, norma que, además, fue revisada en su constitucionalidad y declarada ajustada a derecho, entre otras razones, por las omisiones alegadas por el recurrente.
Posición, además reiterada por esa misma corporación en Sentencia C-647 de 2006 que declaró la exequibilidad de los artículos 2º, 3º, 18 y los incisos primero y segundo del artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, reiteró que la exigencia de títulos de idoneidad resultan razonables y acordes con los fines del legislador “de procurar una educación de calidad superior”.
Además, el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en Concepto del 7 de abril de 2005, Radicación 1630, solicitante: Ministro de Educación Nacional, Consejera Ponente: Dra. Gloria Duque Hernandez, señaló que a partir de la vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002, estatuto de profesionalización docente, conceptos como necesidades del servicio o carencia de personas licenciadas o escalafonadas no resultan imperantes al momento proveer las vacantes de un cargo docente.
En consecuencia no se existe una omisión del Gobierno Nacional cuando por el decreto reglamentario acusado excluyó a los bachilleres pedagógicos del concurso de méritos, pues se insiste, el precepto demandado no podía variar o modificar la intención del legislador.
La anterior circunstancia, no implica, como lo alega la parte demandante, que los bachilleres pedagógicos se quedaran sin posibilidades de acceder a la carrera docente sino que deben adquirir un mejor nivel académico y para ello pueden optar por actualizarse, adelantando los dos (2) años faltantes para obtener el título de normalista superior(12).
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala señala que la asimilación de normalista superior al de tecnólogo en educación, se deduce del artículo 116, parágrafo 2º, de Ley 115 de 1994, norma que, en lo pertinente establece: “Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente ley, se encuentren cursando estudios en programas ofrecidos por instituciones de educación superior conducentes al título de tecnólogo en educación podrán ejercer la docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e inscripción en el escalafón nacional docente”(13).
Al respecto, conviene indicar, como ya lo ha precisado la Sala que las facultades del Gobierno no se limitan a repetir el texto de las leyes sino que pueden y deben contener ordenamientos que hagan efectiva y eficiente la ley(14).
Conforme a lo antes expuesto la Sala denegará las pretensiones formuladas con la demanda.
Reconócese a la doctora Adriana María Sánchez Vergara, identificada con cédula de ciudadanía 51.975.762 de Bogotá y tarjeta profesional 67768 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación, Ministerio de Educación, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder visible al folio 123 del expediente.
(1) “ART. 21.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los decretos 3238 de 2004, 3755 de 2004, 4235 de 2004 y 3333 de 2005”.
(2) Norma que en lo pertinente, establece: “ART. 7º—Requisitos para participar en el concurso. Podrán inscribirse en el concurso de docentes y directivos docentes quienes reúnan respectivamente los requisitos señalados en los artículos 116 y 118 de la Ley 115 de 1994, los artículos 3º y 10 del Decreto-Ley 1278 de 2002. Para efectos del concurso de ingreso a la carrera administrativa docente, el título de tecnólogo en educación será equivalente al de normalista.
(3) ART. 116.—Título exigido para ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de postgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normas reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente ley y en el estatuto docente [inciso declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-473 de 2006, en forma condicionada, en el entendido de que los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y hayan sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2277 de 1979, podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en las condiciones previstas en el mismo decreto. Para este efecto, los títulos de normalista, institutor, maestro superior, maestro, normalista rural con título de bachiller académico o clásico, son equivalentes al de bachiller pedagógico, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 10 de dicho decreto, siempre y cuando hayan sido inscritos en el escalafón].
(4) Sala Plena de 14 de enero de 1991, Expediente S-157, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, al respecto concluyó: "Y por ello mismo es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos de carácter general, impugnados en ejercicio de la acción pública de nulidad, pues su derogatoria expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el espacio de los efectos que haya generado, ni de la presunción de legalidad que los cubre, la cual se extiende también a los actos de contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo de ella y durante su vigencia. De lo contrario, el juzgamiento de tales actos particulares, por la jurisdicción contenciosa resultaría imposible, pues tendría que hacerse, entre otros, a la luz de una norma, la disposición derogada, cuya legalidad no podía controvertirse por el hecho de no tener vigencia en el tiempo".
(5) Decreto declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-208-07 de 21 de marzo de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, "siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la ley general de educación y demás normas complementarias".
(6) Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618-02 de 8 de agosto de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, "con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia".
(7) Parágrafo declarado exequible por el cargo formulado, salvo los apartes entre paréntesis que se declararon inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-734-03 de 26 de agosto de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(8) Ver nota al pie 3.
(9) Las normas citadas preceptúan: “ART. 3º—Profesionales de la educación. Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores”.
ART. 12.—Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses [...].
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del escalafón docente, previa acreditación de requisitos y superación de las correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias, y existencia de disponibilidad presupuestal”.
(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de octubre de 2008, Ref.: Expediente 110010325000200400092-00, número interno: 1017-2004, Actor: Asociación Nacional de Pensionados de Álcalis de Colombia y Carlos Arturo Pérez Ayarza, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
(11) Ver entre otros, Universidad de Talca, Facultad de ciencias jurídicas y sociales, Revista semestral del centro de estudios constitucionales, julio de 2006, Autor: Luz Bulnes Aldunate. La insconstitucioanlidad por omisión, Teoría general, José Julio Fernández Rodríguez, Civitas.
(12) Cfr. Decreto 2903 de 1994 por el cual se reestructuran las escuelas normales.
(13) Ver Decreto Nacional 804 de 1995 Decreto Nacional 2903 de 1994. Educación en escuelas normales superiores. Ver Decreto Nacional 272 de 1998.
(14) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2005, Expediente 110010325000200200262 01 (5427-02), Actor: Nixon José Torres Carcamo, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.