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Timestamp: 2017-11-20 00:15:32
Document Index: 2636952

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 32', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 116', 'artículo 76', 'artículo 150', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 32']

Sentencia C-436 de 2013 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 10/07/2013
SENTENCIA C-436 DE 2013
a). Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.
b). Violación a las normas relativas a la competencia desleal.
a). La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.
b). La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 20061 de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.
a). Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.
b). La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.
c). La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.
d). La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.
e). La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.
Se cumplen las condiciones que para la asignación de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas prevé el artículo 116 y, al mismo tiempo, se contribuye al desarrollo de una justicia que satisface la imparcialidad, la eficiencia y la eficacia. No resulta correcto afirmar la existencia de indeterminación en la disposición demandada en tanto la materia comprendida por “derechos de autor y conexos” se puede precisar a la luz de las disposiciones vigentes contenidas, por ejemplo, en la ley 23 de 1982 así como en los diferentes pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas “[n]o resulta fácil (…) para un funcionario de esa Unidad Administrativa a quien se le encomiende el ejercicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas por la ley 1564 de 2.012, armonizar sus funciones de buscar la aplicación de sus funciones para proteger el derecho de autor y al vez, ser imparcial en el desarrollo de un proceso donde se acusa a un particular de violación de esos derechos de autor”.
En efecto, la disposición acusada (i) determina claramente la materia indicando que se trata de “derechos de autor y conexos” siendo posible identificar el alcance de esa expresión a partir, por ejemplo, de la ley 23 de 1982, (ii) no prevé la asignación de instrucción de sumarios ni de juzgamiento de delitos y (iii) se trata de una competencia a prevención que no excluye el inicio de un proceso ante la jurisdicción ordinaria para plantear las cuestiones relativas a los derechos de autor y de conexos. Es relevante destacar que el parágrafo 6 del artículo 24 del Código General del Proceso prescribe que las competencias definidas en tal disposición no excluyen aquellas otras que hubieran sido asignadas en disposiciones especiales en atención al asunto del que se trate.
Finalmente, un cuarto grupo se caracteriza por el hecho de que la norma de atribución de funciones advierte que ellas podrán extenderse a las materias comprendidas por las facultades jurisdiccionales asignadas a otras autoridades administrativas. Ello se encontraba previsto para el caso del Ministerio de Justicia y del Derecho o quien hiciera sus veces2.
3.2.5.1. Ahora bien en el ordenamiento interno existen también varias disposiciones que se ocupan de precisar el alcance de los derechos de autor y de los derechos conexos. Así en el artículo 1 de la ley 23 de 1982 se señala que dicha ley no solo protege a los autores de obras literarias, científicas y artísticas sino que también ampara a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. En concordancia con ello, las secciones primera y segunda del capítulo II establecen normas relativas a los derechos patrimoniales y a los derechos de autor respectivamente. Asimismo, en el capítulo XII consagra normas que precisan el alcance de los denominados derechos conexos.
“No cabe duda de que la expresión acogida por el Constituyente en esa disposición obedece a la satisfacción de otros principios constitucionales y, principalmente, al respeto por el esquema tradicional de la división de funciones entre los poderes públicos, según el cual corresponde a los jueces administrar justicia. Por ese motivo, cuando, aun sin convertirse en regla general, los asuntos sometidos a esa asignación “excepcional” de competencias resultan excesivos, se percibe una lesión de la voluntad de los constituyentes, tal como se representa objetivamente en los artículos 116 y 113 de la Carta Política.”3
“Estima la Corte que el cumplimiento de las condiciones para atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas constituye una exigencia vinculada al debido proceso. En efecto, el principio de legalidad que se sigue del segundo inciso del artículo 29 de la Constitución, implica que la autoridad judicial competente, así como las formas propias del juicio, tienen que encontrarse previamente definidas, según los requerimientos establecidos por la Constitución.”4
Se encuentra constitucionalmente ordenado que sean disposiciones con fuerza de ley las que asignen funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas5. Aunque el legislador es titular de una extendida libertad de configuración en esta materia, la asignación de tales funciones debe, al menos, (i) señalar las competencias, (ii) establecer las garantías que aseguren el respeto del derecho al debido proceso y (iii) fijar todas las condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes, tal y como lo precisa el artículo 3 de la ley 1285 de 2009.
La Corte ha considerado, atendiendo el margen de configuración derivado de la reserva legislativa, que el Legislador puede establecer -al asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas- un procedimiento diferente a aquel que se aplica cuando tales funciones son ejercidas por autoridades judiciales pudiendo, por ejemplo, prever la imposibilidad de formular recurso alguno en contra de las decisiones. Por el contrario, ha afirmado que se encuentra constitucionalmente proscrito que el legislador adopte disposiciones que tengan como efecto excluir la posibilidad de interposición de la acción de tutela en contra de decisiones jurisdiccionales de las superintendencias6. Igualmente, como se verá, ha reiterado que el legislador debe precisar claramente el órgano encargado de ejercer la función jurisdiccional así como la materia comprendida por ella a fin de proteger, entre otras, la garantía del juez natural.
El carácter excepcional no es sinónimo de transitoriedad. La Corte ha señalado que “[l]o excepcional no es tan solo aquello que no reviste el carácter de permanente. Es más bien aquello que, en los términos del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “constituye una excepción de la regla común” (…). La regla común es el ejercicio de funciones administrativas por parte de las superintendencias, por lo cual la ejecución de funciones jurisdiccionales es excepcional. Lo que el constituyente quiso fue esta excepcionalidad, no la transitoriedad de dicho ejercicio. Si hubiera querido autorizar sólo el ejercicio transitorio, así lo habría dicho”.7
El carácter excepcional impide una atribución excesiva de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. En aquellos casos en los que se evidencia, prima facie, una asignación ascendente surgirá una sospecha de vulneración del mandato de excepcionalidad. Esta sospecha8 deberá identificarse caso por caso.
Las reglas de atribución precisa y de asignación eficiente (infra 3.4.4 y 3.4.5) constituyen criterios relevantes para establecer el cumplimiento de la regla de atribución excepcional. Así, una asignación genérica, incierta, indeterminada o carente de relación con las actividades principales de la autoridad administrativa9, constituirá un indicador del desconocimiento de la excepcionalidad prevista en el artículo 116 de la Constitución.
Ahora bien, entre el tipo de formas de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas opuestas al mandato de precisión cabe mencionar, por ejemplo, (1) la mención altamente indefinida de la materia sobre la que recae, caracterizada por la pretensión de delimitar el ámbito de las competencias refiriéndose a las normas que pueden regulan un determinado tipo de actividades y que impide -desde el principio- identificarlas claramente o (ii) la remisión altamente indefinida o incierta a facultades asignadas a otras autoridades administrativas, que se configura cuando el legislador se remite de manera genérica a las facultades jurisdiccionales asignadas otras autoridades administrativas –indefinida- o que les puedan ser asignadas en el futuro –incierta-.
3.3.4.2. En el proceso de configuración jurisprudencial de esta regla la jurisprudencia constitucional ha considerado que se ajusta al mandato de precisión temática: (i) atribuir a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para expedir durante la indagación preliminar y la investigación disciplinaria, las providencias que se requieran para el aseguramiento y práctica de pruebas10 (atribución por enunciación de facultades estrechamente relacionadas con el cumplimiento de una función autorizada por la Constitución); (ii) asignar a la Dirección Marítima y Portuaria facultades judiciales consistentes en adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción, por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a su jurisdicción11 (atribución por enunciación temática especial); (iii) encomendar a las superintendencias, bancaria, de sociedades y de valores la competencia para declarar la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia previstos en el libro segundo del Código de Comercio12 (atribución por enunciación temática especial); (iv) atribuir a la superintendencia bancaria funciones jurisdiccionales para decidir en aquellos asuntos contenciosos que se susciten entre los clientes y las entidades financieras o aseguradoras relacionados con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional cuya cuantía no sea determinable o no exceda de 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales (atribución por enunciación temática general determinada); y (v) adscribir a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones jurisdiccionales para la aplicación de las normas de protección al consumidor, tal y como ocurre, por ejemplo, con la atribución para “ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan más amplias”13 (atribución por enunciación temática dependiente de un estatuto).
Por el contrario ha considerado contrario a tal mandato: (i) la atribución hecha a la Dirección General Marítima y Portuaria para cumplir la función consistente en investigar y fallar investigaciones por la violación a otras normas que regulan las actividades marítimas e imponer las sanciones correspondientes14 (atribución con mención altamente genérica de la materia sobre la que recae); y (ii) la asignación de funciones Jurisdiccionales al Ministerio del Interior y de Justicia, o a quien haga sus veces, en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales15 (atribución por remisión altamente genérica a facultades asignadas a otras autoridades administrativas).
3.4.5.1. La atribución de una función judicial a las autoridades administrativas demanda que los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades administrativas sean resueltos de manera adecuada y eficaz16. El cumplimiento de esta condición puede identificarse, entre otras cosas, a partir de la relación de afinidad entre las funciones jurisdiccionales conferidas por la ley, y aquellas que ejerce ordinariamente el órgano correspondiente, cuando lo hace en sede administrativa17. Una relación temática lejana entre las funciones administrativas y las funciones judiciales a cargo de una autoridad constituye un indicio de violación del mandato de asignación eficiente.
Aunque en el año 1992 el alcance del artículo 116 se encontraba en una primera etapa de comprensión, la Corte consideró que resultaba constitucional la medida establecida en el artículo 32 del Decreto 350 de 1989 conforme a la cual los jueces que estuvieren conociendo de las objeciones presentadas en los concordatos preventivos obligatorios iniciados con anterioridad a la vigencia del Decreto 350 de 1989, remitirían el expediente contentivo de la actuación al Superintendente de Sociedades, a efecto de que éste resolviera sobre tales objeciones. Entre las razones que tuvo la Corte para declarar su constitucionalidad se encontró la relativa a que ello permitiría un adecuado desarrollo de este tipo de procesos en tanto ya no se presentarían las demoras de los jueces civiles para tomar las determinaciones sobre las objeciones18.
En similar orientación la Corte ha señalado que la asignación de funciones judiciales a la Superintendencia de Sociedades en materia de procesos concordatarios encuentra justificación en su conocimiento especializado así como en su amplia experiencia en el área19.
Dado que la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas exige la extensión de las garantías institucionales previstas para los funcionarios integrantes de la rama judicial, está ordenado el aseguramiento de la imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus competencias. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el cumplimiento de la regla de atribución precisa constituye una condición necesaria –aunque no suficiente- para el aseguramiento de la imparcialidad20.
En aplicación de tal regla esta Corporación señaló que no desconocía la obligación de asegurar la imparcialidad en la asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, atribuir a la Superintendencia de Sociedades la facultad de iniciar acciones revocatorias en contra de una sociedad sometida a un proceso concursal en la que la superintendencia actúe como juez del concurso. Esta conclusión se apoyó en que la acción revocatoria se tramita ante una autoridad judicial diferente y que el inicio de esa clase de acción constituye una expresión del ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control21.
Esta regla fue aplicada por la Corte al declarar inconstitucional la habilitación de la Superintendencia Bancaria para decidir en aquellos asuntos contenciosos que se susciten entre los clientes con las entidades financieras o aseguradoras relacionados con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Para la Corte, considerando que en materia de inspección, vigilancia y control tal Superintendencia cumplía funciones que le permitían dar instrucciones y fijar directrices, la función judicial asignada suponía que al actuar como juez estaría sujeta a sus propios pronunciamientos22.
Esta regla condujo a la Corte a señalar que resultaba constitucionalmente prohibido que el mismo funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio que se ha pronunciado previamente, en desarrollo de facultades de inspección, vigilancia y control, respecto de asuntos en materia de competencia desleal, desarrolle funciones judiciales en relación con las mismas materias. Una vez precisado ello –en aplicación de la regla de aseguramiento de la imparcialidad- advirtió que era posible condicionar su constitucionalidad en el sentido señalado. Ello implicaba que las funciones judiciales debían ser desarrolladas por funcionarios distintos, entre los cuales no mediara relación alguna de sujeción jerárquica o funcional en lo que atañe al asunto que se somete al juzgamiento23.
Una orientación similar siguió la Corte al examinar si resultaba o no constitucionalmente posible asignar a la mencionada Superintendencia funciones judiciales en materia de protección al consumidor. A juicio de esta Corporación ello solo era posible: (i) si por los procedimientos constitucionales previstos, la estructura y funcionamiento de esa superintendencia son ajustados para asegurar que no podrá el mismo funcionario o despacho de la ejercer funciones jurisdiccionales respecto de casos en los que ya se hubiera pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio de alguna de sus funciones administrativas; y (ii) si las funciones jurisdiccionales asignadas van a ser desarrolladas por funcionarios distintos, que no tengan relación alguna de sujeción jerárquica o funcional frente a quienes dictaron o aplicaron pronunciamientos en materia que se refieran directamente al asunto que se somete a su conocimiento24. En similar dirección se pronunció respecto de la atribución de las facultades jurisdiccionales establecidas en el artículo 42 de la ley 1122 a la Superintendencia de Salud. No obstante que existía ya una diferenciación estructural para el cumplimiento de facultades de inspección, vigilancia y control y el desarrollo de las funciones judiciales, su constitucionalidad quedaba condicionada a que ningún funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud ejerciera funciones jurisdiccionales respecto de casos en los cuales se hubiera pronunciado con anterioridad, en razón de sus funciones administrativas ordinarias de inspección, vigilancia y control25.
El legislador acudió a una forma de enunciación temática general determinada consistente en aludir, en el marco de la denominada propiedad intelectual, a una de sus materias generales correspondiente a los derechos de autor y conexos. Esa delimitación legalmente reconocida por diversas disposiciones –Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, ley 23 de 1982 y ley 44 de 1993- según se explicó más arriba (supra 3.2), es además complementada por el artículo 1 del Código General del Proceso al establecer que dicho estatuto se ocupa de disciplinar la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Ello permite entender que las funciones jurisdiccionales asignadas aluden únicamente a los asuntos civiles o mercantiles vinculados a los derechos de autor y conexos.
3.5.2.1. Tampoco el mandato de precisión orgánica es vulnerado por la norma acusada. En ella se prescribe que será la Dirección Nacional de Derechos de Autor la entidad competente para ejercer las funciones jurisdiccionales que se establecen. Se trata de una entidad del orden nacional perteneciente a la rama ejecutiva del poder público, identificada como unidad administrativa especial y regulada por diferentes disposiciones – Decreto 4834 de 2008, Decreto 4835 de 2008 y Decreto 3942 de 2010, entre otros-.
3.5.2.2. El mandato de precisión orgánica no demanda que la ley especifique aquellos funcionarios que deban encargarse del ejercicio de las competencias asignadas. Lo que sí resultaría constitucionalmente problemático sería que se atribuya la función judicial a una entidad administrativa o a quien haga sus veces, en tanto tal indeterminación, acompañada de una asignación temática inespecífica, impediría realizar el cotejo jurídico que se requiere para establecer si existe un riesgo de confusión que afecte la imparcialidad e independencia de la autoridad administrativa26.
(i). En primer lugar, el asunto que plantea la disposición acusada no se diferencia esencialmente de varios casos en los que la Corte ha aplicado la regla señalada. En efecto, como se recordó en otro lugar de esta providencia, en las sentencias C-649 de 2001, C-1071 de 2002 y C-117 de 2008 este Tribunal condicionó -empleando diferentes fórmulas- la exequibilidad de las disposiciones examinadas a que se garantizara la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones (supra. 4.1.6.2.). En efecto, los tres casos antes referidos guardan una estrecha similitud con el que ocupa la atención de la Corte justificándose, en consecuencia, adoptar la misma solución: en todos ellos (i) existían reglas previas que asignaban funciones de inspección, vigilancia y control a una autoridad administrativa, (ii) fueron expedidas, posteriormente, normas que le asignaban funciones judiciales en materias respecto de las cuales cumplían tareas administrativas que las habilitaban, en algunos casos, para imponer sanciones, y (iii) no existía una razón que impidiera superar el riesgo de confusión mediante ajustes normativos o administrativos en la estructura o funcionamiento de la entidad.
(ii). En segundo lugar, la regulación establecida en el artículo 24 de la ley 1564 de 2012 evidencia la preocupación legislativa por asegurar la implementación paulatina de las funciones jurisdiccionales por parte de las entidades que previamente no las ejercían. Es por ello que de acuerdo al principio de gradualidad, consagrado en el parágrafo 2 del artículo 24, estas autoridades deberán informar las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán las funciones jurisdiccionales que les han sido confiadas. De esta manera seguir la regla de constitucionalidad condicionada en virtud de la cual se admite la exequibilidad de la disposición en el entendido de que en su implementación deben evitarse la afectación de la imparcialidad o la independencia, se encuentra en consonancia con el principio de gradualidad y el propósito que le subyace, consistente en permitir que las entidades adopten las medidas que se requieran para asumir las funciones en condiciones compatibles con el ordenamiento jurídico.
(iii). Finalmente y en tercer lugar, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, en virtud del principio democrático y del principio de conservación del derecho que a él se anuda, ante dos interpretaciones posibles de un enunciado normativo, una que se opone a la Carta y otra que se ajusta a ella, debe optarse por declarar su exequibilidad indicando las condiciones bajo las cuales debe entenderse a efectos de evitar la vulneración de la Carta.
4.1. Síntesis del caso
1 El aparte en cursiva fue declarado inexequible en la sentencia C-156 de 2013.
2 Esta última asignación fue declarada inexequible en la sentencia C-156 de 2013.
3 Sentencia C-156 de 2013.
4 Sentencia C-896 de 2012. La segunda función se pone de presente cuando se constata que una regulación contraría al artículo 116 puede comprometer el principio de legalidad y del juez natural, el principio de imparcialidad e independencia y el principio de eficiencia en materia de administración de justicia.
5 En aplicación de lo señalado la Corte consideró compatible con la Constitución de 1991 que la asignación de funciones jurisdiccionales se hubiere producido en un decreto con fuerza de ley expedido en vigencia de la Constitución de 1886. En la sentencia C-212 de 1994 indicó: “En cuanto se refiere a las normas impugnadas, destaca la Corte que el Decreto 2324 de 1984 fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias de las que preveía el artículo 76, numeral 12, de la Constitución anterior (hoy artículo 150, numeral 10) y, por lo tanto, goza de fuerza legislativa.
6 Sentencia C-384 de 2000.
7 Sentencia C-384 de 2000.
8 La afirmación de una sospecha tal fue expuesta en la sentencia C-156 de 2013. Allí explicó: “Con todo, el Legislador podría, mediante la promulgación sucesiva de leyes con un ámbito excepcional de aplicación (en los términos planteados en el párrafo precedente), atribuir demasiadas funciones jurisdiccionales a la administración, asumiendo que siempre quedará un campo más amplio para los jueces. Esa situación, sin duda, debilitaría la administración de justicia como institución pues en lugar de destinar los esfuerzos estatales al fortalecimiento de la actividad judicial, el Estado la privaría progresivamente de funciones y desdibujaría el reparto general de competencias entre las ramas del poder público, de manera que el crecimiento paulatino de las excepciones genera cada vez más dudas sobre el respeto por el principio o condición de excepcionalidad del artículo 116 Superior. Genera una sospecha de inconstitucionalidad.”
9 Ello fue explicado por la Corte en la sentencia C-156 de 2013.
10 Sentencia C-244 de 1996.
11 Sentencia C-212 de 1994.
12 Sentencia C-1641 de 2000.
13 Sentencia C-1071 de 2002.
14 Sentencia C-212 de 1994.
15 Sentencia C-896 de 2012.
16 Esta regla fue fundamentada en la sentencia C-896 de 2012 a partir del artículo 3 de la ley 1285 de 2009.
17 Sentencia C-156 de 2013.
18 En sus consideraciones sostuvo la Corte: “La motivación del artículo 32 que se revisa, proviene de la circunstancia de que pasados más de dos años y medio de la expedición del Decreto 350, aún había procesos pendientes de la decisión de objeciones en los despachos judiciales, en procesos concordatarios obligatorios que se habían iniciado con anterioridad a su entrada en vigencia.”
19 En la sentencia C-1143 de 2000 expresó este Tribunal: “En este sentido, la Superintendencia de Sociedades actúa como un verdadero juez durante el proceso concordatario, lo cual le fue permitido en atención a su conocimiento especializado y a su amplia experiencia en el área; con ello, Colombia se ubica dentro de la tendencia mundial hacia la desjudicialización de ciertos trámites que, por su importancia para la vida económica, requieren gran eficacia y agilidad.”
20 En la sentencia C-117 de 2008 indicó sobre ello: “Con todo, dada la relación estrecha entre el principio de imparcialidad y las condiciones en las cuales funcionarios administrativos pueden ejercer funciones judiciales, esta Corporación verificará si la norma demandada, cumple los tres requisitos constitucionales subrayados por la jurisprudencia para considerar ajustadas a la Carta las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud.” En la sentencia C-896 de 2012 destacó esta Corporación que la ausencia de precisión “impide realizar un cotejo jurídico adecuado para determinar si existe o no un riesgo de confusión o interferencia que afecte la imparcialidad e independencia de la autoridad administrativa.”
21 Sentencia C-1143 de 2000.
22 Sentencia C-1641 de 2000.
23 Sentencia C-649 de 2001.
24 Sentencia C-1071 de 2002.
25 Sentencia C-117 de 2008.
26 Sentencia C-896 de 2012.