Source: http://www.emprenderconalas.cl/2019/11/02/cual-es-la-participacion-efectividad-del-indh-en-la-proteccion-de-la-ninez-y-adolescencia/
Timestamp: 2020-01-19 14:41:02
Document Index: 154407497

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 150', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 142']

La efectividad del INDH en la protección de la Niñez y Adolescencia – ONG Emprender con Alas
La efectividad del INDH en la protección de la Niñez y Adolescencia
2 noviembre, 2019 2 noviembre, 2019 Agencia-NNA 0 comentarios
La ley 20.405 año 2009 crea el instituto Nacional de Derechos Humanos.
Es una corporación autónoma cread en el año de derecho público destinada a promover y proteger los derechos humanos de las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional.
Fue el 21 de Octubre cuando el INDH realizo la siguiente declaración » El INDH, desde el inicio de las manifestaciones el día 19 de octubre y en todo Chile, ha tomado contacto directo con mil 333 personas detenidas, siendo 181 niños, niñas o adolescentes, en 79 visitas a unidades policiales. Ha realizado 32 observaciones de manifestaciones; ha visitado recintos hospitalarios constatando 88 personas heridas con ocasión de la situación del país, con arma de fuego, con 5 personas graves y 1 con riesgo vital. El INDH, asimismo, ha interpuesto 12 querellas por denuncias de torturas y apremios ilegítimos, 1 amparo constitucional ante Corte de Apelaciones y 2 amparos ante Juez de Garantía. Los datos antes referidos se complementan con las cifras que otras organizaciones y servicios públicos han informado.»
El Instituto es dirigido por un Consejo elegido proporcionalmente por 2 consejero elegidos por el presidente, 2 consejero elegidos por el Senado, 2 consejero elegidos por Cámara de diputados , un consejero elegido por la academia y 4 consejeros elegidos dentro de las organizaciones registras ante este instituto . El Consejo elije a su Director . Para el desarrollo de sus tareas, el Consejo podrá establecer comisiones internas de trabajo, que se encargarán de tareas o materias específicas que sean propias del Instituto. Cada comisión será presidida por un miembro del Consejo y se podrá invitar a participar de ellas a personas destacadas y de probada experiencia en la materia de que se trate. Los miembros del Consejo podrán participar en todas las comisiones que se formen, sin limitación alguna. Los acuerdos de las comisiones referidas tendrán el carácter de recomendación para el Consejo o el Director.
Cooperar con las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes, en la promoción y protección de los derechos humanos, informando de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional, incluyendo la formación impartida al interior de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Públicas, y promover la realización de investigaciones, estudios y publicaciones, otorgar premios, patrocinar actos y eventos relativos a estas materias, y realizar todo aquello que propenda a consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el país, pudiendo al efecto celebrar convenios con organismos públicos o privados tanto nacionales como extranjeros.
Prestar su asesoría, en materias de su competencia, a organismos públicos y privados que lo soliciten; asimismo, desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Instituto, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común.
Mantener, debidamente actualizado, el registro de instituciones a que se refiere el artículo 6°, letra e) de esta ley. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado. Podrá asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. De igual modo, podrá comisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. El Instituto se regirá por las normas de la ley sobre acceso a la información pública.
como ha sido hasta ahora la Vigilancia Independiente del Instituto Nacional de Derechos humanos.
Fuente: Solicitud de transparencia N° 516
CIFRAS HISTÓRICAS DE ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS POR EL INDH EN DIVERSOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON NIÑEZ Y PARA LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS .
TORTURA 150 A C.P (artículo antes de la Reforma)
Fuente: ley de Transparencia
Bien jurídico afectado: Integridad física y psíquica.
Acción Fecha Estado tramitación
Caso de tortura estudiante desnudada en Comisaría de La Florida
El 14-03-2014 se declara la incompetencia del Tribunal. Se interpone recurso de apelación con fecha 27-11-2012 en contra de la resolución que declara la incompetencia. Con fecha 03-03-2014 se declara abandonado el recurso por no concurrencia del recurrente.
Estudiantes de Rancagua desnudadas/os 01-12-2012
Terminada. Decisión de no perseverar.
Caso de tortura de niño en San Bernardo por funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros
Con fecha 6 de junio de 2013, JG se declara incompetente para conocer de la querella, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Militar.
Caso de tortura de niño detenido por funcionarios de Policía de Investigaciones en manifestación pública
Con fecha 09 de mayo de 2017 se llega a un procedimiento abreviado y se condena Favio Torres Pulga por apremios ilegítimos a la pena de 993 días con pena remitida por 3 años.
Caso de tortura a niña y adultos detenidos por funcionarios de Policía de Investigaciones en manifestación pública
10-12-2013 Terminada por incompetencia, enviada a fiscalía militar
Caso de tortura de niño en manifestación de día internacional de la mujer 01-08-2014
Terminada. Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar (22-01-2016).
Caso de tortura niño en Plaza Sotomayor (Antofagasta)
Condena a tres años de presidio menor en su grado medio y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, como coautor del delito de apremios ilegítimos, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código/ nulidad pendiente
En Ercilla, en el contexto del proceso de reivindicación
territorial que dicha comunidad lleva adelante respecto del predio en cuestión,
Razón que motivó el desalojo de los ocupantes por parte de Carabineros, en donde agreden a niños y adultos 30-10-2014 Terminada. Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar
Querella Desnudamiento adolescente 48° Comisaría
Terminada. Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar
Querella, alumnos Instituto Nacional
Querella alumno INBA.
Que se condena al acusado como autor del delito de apremios ilegítimos o innecesarios, perpetrado en Santiago, el día 28 de marzo de 2014, a la pena de un año de suspensión del empleo en su grado mínimo y multa de 11 UTM
Querella por 150 A a F.R.C. y S.C.R.
Querella Tortura a adolescente V.S.Á.C.
Querella por 150 A a C. J.
Querella por 150 A a L.V.
Termina con Suspensión condicional del procediendo
Acciones para el cumplimiento de la convención de los derechos del Niño
Áreas de derecho Acción específica Sociedad Civil involucrada Organismos estatales involucrados 2015 2016 2017 2018 2019
w) Educación, incluida la formación y orientación profesionales En el Informe Anual Sobre la situación de los Derechos Humanos 2015, se incluye un capítulo sobre el derecho a educación, en el que se analizan los impactos en la educación en derechos humanos y el ejercicio del derecho a educación de varios proyectos de ley: La Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de educación parvularia; la Ley de Desarrollo profesional Docente; la ley de Formación Ciudadana. Se señalaron recomendaciones específicas tanto al poder ejecutivo y legislativo, en torno a garantizar la implementación de estas políticas y asegurar calidad de educación y educación inclusiva.
(IA 2015, p. 233-234) x
se ha oficiado al Ministerio de Educación para que tome medidas que eviten los efectos discriminatorios de los requisitos a becas y gratuidad en la educación superior, en los años 2017 y 2018. Acción en respuesta a la denuncia de organizaciones y movimientos sociales, como la ONG Raíces x x
El INDH es patrocinante y socio del proyecto “Fortalecimiento del Derecho a la Comunidad Migrante a una Educación de Calidad” para generar espacios de capacitación y diseño de prácticas inclusivas en las escuelas de la región de Antofagasta. Fundación Educación2020 es la entidad a cargo del proyecto que cuenta con financiamiento de la Unión Europea X X
x) Propósitos de la educación
Y) Enseñanza de los derechos humanos Monitoreo de la reforma curricular para asegurar que se incluyan los aprendizajes que corresponden en torno a los propósitos del derecho a educación y los contenidos que ha relevado el Comité de los Derechos del Niño (entre otros organismos pertinentes). Este monitoreo quedó plasmado en un Informe de publicación digital. ONGs que trabajan en el campo de la Niñez y la Educación, como Corporación Opción, Foro Nacional de Educación en talleres y seminarios.
Presentación de resultados a las autoridades competentes del Ministerio de Educación (Unidad de Currículum y Centro de Perfeccionamiento Docente), para los ajustes al currículum y los sistemas de evaluación del sistema escolar x x x x
Se participa de la Mesa por una Educación Intercultural, que trabaja el tema de acceso, permanencia y calidad de la educación de los niños y niñas migrantes. Se ha colaborado en la elaboración de un manual, desarrollo de talleres y articulación con el Mineduc Varias organizaciones y universidades participan de la mesa:
Servicio Jesuita Migrante, Educación2020, Vicaría de la Educación, Universidad Alberto Hurtado; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Se propicia la recepción de observaciones a los estándares de formación inicial docente por parte del Mineduc a través del CPEIP x x x x
Curso para docentes del sistema a escolar sobre educación en derechos humanos
Además, se ha establecido convenios de colaboración para el desarrollo de con la Universidad del Biobío, en la ciudad de Concepción (2015 y 2016); con la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez en Santiago (2015-2019) y con la Las dos últimas versiones se implementan con tutores y relatores de la Universidad Católica de Valparaíso. Se implementa a través del CEIP del Mineduc, x x X
Diplomado sobre Educación en Derechos Humanos Desarrollado en convenio Universidad del Bíobío X X
Y) Enseñanza de los derechos humanos Diplomadosobre derechos humanos para profesionales de la educación Desarrollado en convenio Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez en Santiago x x x x
Diplomado de educación en derechos humanos en contexto de intercultural ( Desarrollado en convenio con Universidad Católica de Temuco y en la que participan educadores tradicionales X X
c) interés superior del niño Serie de talleres de capacitación sobre derechos del niño y enfoque de derechos humanos para la revisión de instrumentos de selección y lineamientos del proyecto de ley de Adopción Sename, equipo nacional de Adopciones X
i) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia Capacitación sobre enfoque de derechos humanos y prevención de la tortura, para la revisión de prácticas de discriminación y maltrato Sename, funcionarios/as de primera línea en centros de la ciudad de Antofagasta X
INFORMES DE NIÑEZ A ORGANISMOS INTERNACIONALES
COMITÉ / ÓRGANO TIPO DE DOCUMENTO PRESENTADO POR INDH AÑO EXTRACTO
Comité Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Lista de cuestiones previas al séptimo informe periódico de Chile 2019. 25. Respecto a la violencia que afecta a Niños/as y Adolescentes en programas de protección estatal, la Misión de Observación27 realizada por el INDH en 2017 en 171 centros de protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME), sobre una muestra de 405 niños y niñas encuestados/as28, reveló que 85% de las niñas y el 83% de los niños entrevistadas/os29 enfrentaron castigos por parte del personal de estas instituciones.
El INDH llama al Comité a consultar por las iniciativas desarrolladas para eliminar toda forma de violencia y/o maltrato ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes que viven bajo la custodia del Estado en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), generando los mecanismos adecuados de prevención, así como de investigación, establecimiento de responsabilidades, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de ocurrir dichas situaciones.
27. Durante 2017, el INDH realizó un estudio en Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC), donde se practica la privación absoluta de libertad de adolescentes, donde se constató que existe uso de la fuerza y desnudamientos a los/as adolescentes durante los procedimientos de allanamientos preventivos. Estos datos críticos se enmarcan dentro de una crisis general de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Por esta razón, desde 2017 se tramita un proyecto de ley que crea un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil,36 pero hasta la fecha no ha superado las fases iniciales previstas la formación de las leyes.
Según lo mencionado se solicita al Comité que consulte al Estado por las medidas adoptadas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal que están internados en algún centro del SENAME, así como la urgencia legislativa que se otorgará al trámite de la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Comité de Protección de los Derechos de Todos/as los/as Trabajadores/as Migratorios/as y de sus Familias Lista de cuestiones previas al segundo informe periódico de Chile 2018 2. Chile carece de una ley de migración acorde a las normas internacionales de protección de los derechos de los/as trabajadores/as migratorios/as y de sus familiares y, en particular, con las disposiciones de la Convención. El 23 de agosto de 2017, fue ingresado por el Ejecutivo al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece una ley de migraciones. El proyecto ingresado presenta las siguientes debilidades: no aborda el derecho a la nacionalidad, ya que omite señalar que esta le será reconocida ipso iure a todas las personas nacidas en territorio nacional, con total prescindencia de la situación migratoria de sus padres; no incorpora explícitamente el principio de no devolución; las visas por motivos laborales seguirían estando supeditadas al hecho de obtener un contrato de trabajo; los requisitos para obtener una visa de residencia temporal serían fijados por reglamento (es decir, mediante un acto administrativo) y no por la ley misma; reconoce el principio de la reunificación familiar solo entre padres y madres, hijos e hijas, y cónyuges o convivientes; promueve el derecho a la salud para todas las personas en situación migratoria regular y para las personas en situación irregular en caso de urgencia vital, atención de niñas y niños, y de mujeres embarazadas, lo que implica un retroceso respecto de lo establecido en el Decreto 67 del Ministerio de Salud publicado el 10/03/2016 que modifica el Decreto 110 de 20042 y que señala que una persona migrante en situación irregular que suscribe un documento declarando su carencia de recursos puede afiliarse al Seguro Público de Salud y recibir atención gratuita; prohíbe el ingreso al territorio nacional de las personas extranjeras que no reúnan los requisitos para el otorgamiento en frontera del permiso de turista o visitante, situación que podría aumentar el tráfico de personas.
37. Se solicita al Comité que requiera al Estado información sobre acceso a prestaciones de salud por parte de personas migrantes y sus familiares, desagregada por sexo, edad y región de residencia en Chile. Además, se solicita que se requiera información sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en la Circular A 15/06, de 9/06/15, donde se indica que los establecimientos integrantes del Sistema Público de Salud deben atender a determinadas personas migrantes aun cuando carezcan de documentos o de permisos de permanencia, como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, y casos de urgencia médica.
Consejo de Derechos Humanos Examen Periódico Universal
Informe complementario del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile 2018
Recomendaciones 121.105-121.108: mediante la Ley N° 21.013 (D.O. 6.6.17), se tipificó un nuevo delito de maltrato y se aumentó la protección de personas en situación especial, entre ellas, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
Ley de protección integral para NNA (recomendación 121.36)
Para abordar la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentran en el Congreso Nacional tres proyectos de ley que subsanarían la situación mencionada: sistema de garantía de los derechos de la niñez10, creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil11, y creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas12. Los dos últimos proyectos mencionados no han superado el primer trámite legislativo en el Congreso Nacional.
Discriminación por orientación sexual e identidad de género (recomendaciones 121.70, 121.72-121.73)
Respecto a los niños, niñas y adolescentes (NNA) trans —al no haber una ley de identidad de género que autorice el cambio de nombre y sexo registral— una de las principales prácticas discriminatorias que los afecta es que no se respete su identidad y se les obligue a utilizar su nombre legal y las expresiones de género propias del sexo asignado al nacer. Respecto a la situación de los NNA intersex, no existen protocolos clínicos claros para evitar que los recién nacidos que presentan una morfología sexual no-binaria, no sean sometidos a cirugías cuyo fin sea simplemente “normalizar” la apariencia de sus genitales, estableciendo que se protejan sus características sexuales, se respete su desarrollo progresivo y se evite, de este modo, que los afecten problemáticas y discriminaciones futuras
Investigación y sanción del abuso policial (recomendaciones 121.79-121.82)
Se han presentado denuncias de abuso sexual policial contra adolescentes mujeres durante manifestaciones, como también contra niños, niñas y mujeres indígenas durante allanamientos policiales en zonas rurales y territorios indígenas, donde la fuerza ha sido utilizada sin criterios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad. Las detenciones en las manifestaciones y allanamientos han provocado un escenario de escaso control hacia el actuar policial, donde mujeres, adolescentes y niños/as han denunciado tocaciones y maltrato físico por parte de funcionarios/as no debidamente identificados/as
Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas Informe Complementario al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
Primer Informe Periódico del Estado de Chile
8. La desaparición forzada se encuentra tipificada en el artículo 6° de la Ley N° 20.35717 sobre crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. En dicha disposición se establece como requisito de la tipicidad subjetiva “la intención de sustraer a una persona durante largo tiempo a la protección de la ley”, exigencia que nose contempla en la definición del artículo 2° de la CED. Por otro lado, dicha ley no menciona de manera expresa la responsabilidad penal que recae en todos/as quienes intervengan criminalmente en los términos establecidos en el artículo 6 de la Convención. Sin perjuicio del carácter potestativo del artículo 7° letra b) de la Convención, cabe informar que la Ley N° 20.357 no incorpora las agravantes basadas en la situación de especial vulnerabilidad de determinadas categorías de personas, como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.
47. En Chile no existe normativa referida expresamente a la apropiación de niños/as víctimas de desaparición forzada, aquellos/as cuyos/as madres o padres hayan sido víctimas de desaparición forzada y aquellos/as nacidos/as durante el cautiverio de madres que hayan sido víctimas de desaparición forzada. Cuando existe sustracción de menores de 10 años de edad, se aplica el artículo 142 del Código Penal.
49. Respecto a los procedimientos legales previstos para garantizar el derecho de los/as niños/as desaparecidos/as y de personas adultas que crean ser hijas de madres o padres sometidos a una desaparición forzada, a recuperar su verdadera identidad, cabe señalar que estos procedimientos se tramitan ante los Ministros en Visita Extraordinaria designados por la Excelentísima Corte Suprema de acuerdo a las normas contenidas en el antiguo Código de Procedimiento Penal- que data del año 1906- y en el Código Penal.
50. Desde el año 2018 el Ministro Mario Carroza, de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, sustancia la mayor cantidad de casos de sustracciones de menores y adopciones irregulares entre el periodo 1950-2001, que incluye más de 500 casos en que se indaga a una red de tráfico de niños y niñas, seguidos en la causa rol 1044-2018, y que en la actualidad se encuentra en la etapa de investigación.
51. El INDH es querellante en 19 casos de desaparición forzosa de niños/as en el periodo 1973 – 1990, quienes desaparecieron en diversas circunstancias desde hospitales públicos. Uno de estos casos ocurrió en el contexto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos en dictadura. Adicionalmente, el INDH ha presentado diez denuncias de personas que sospechan haber sido sustraídas y de casos en que las familias sí pudieron dar con el paradero de sus hijos/as pérdidos/as.
52. Respecto a mujeres detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas al momento de su detención, las instancias calificadoras han reconocido un total de diez. En los procesos judiciales desarrollados en estos casos, las condenas se centran en el delito de secuestro de las detenidas, no se registran condenas por eventual aborto forzado o sustracción de niños/as nacidos/as, y se carece de información respecto a si esos embarazos llegaron a término, si hubo niños/as que nacieron en prisión y su actual paradero.
22. Registrar de manera inmediata toda privación de la libertad, en particular aquellas producidas en el contexto de movilizaciones masivas que involucran niños, niñas o adolescentes, notificando a las familias a la mayor brevedad posible.
38. Dar celeridad a las investigaciones judiciales en curso respecto a los casos de sustracción de menores y adopciones irregulares ocurridas entre 1950 y 2001.
39. Prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños/as víctimas de desapariciones forzadas, de niños/as cuyos madres o padres sean víctimas de una desaparición forzada y de niños/as nacidos /as durante el cautiverio de madres que han sido víctimas de una desaparición forzada, así como la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de esos niños y niñas, tomando todas las medidas necesarias para su ubicación y recuperación de identidad.
Sexto Informe Periódico del Estado de Chile Informe Complementario al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
Sexto Informe Periódico del Estado de Chile 2018
6. El INDH insta al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al SENAME, que velen por la eliminación de toda forma de violencia y/o maltrato ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes que viven bajo la custodia del Estado en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), generando los mecanismos adecuados de prevención, así como de investigación, establecimiento de responsabilidades, y aplicando las sanciones correspondientes en caso de ocurrir dichas situaciones.
8. El INDH llama a que las policías y el Ministerio Público adopten todas las medidas necesarias para asegurar que las denuncias de violencia sexual policial ejercida en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, en contextos de manifestaciones pacíficas, sean oportunamente investigadas, a fin de determinar responsabilidades y ulteriores sanciones.
15. La violencia contra niños/as y adolescentes en la familia permanece como una problemática extendida, principalmente en el tramo de 14 a 17 años, grupo que también se ve desproporcionadamente afectado por violencia sexual
16. Respecto a la violencia que afecta a Niños/as y Adolescentes en programas de protección estatal, la Misión de Observación realizada por el INDH en 2017 en 171 centros de protección de SENAME, sobre una muestra de 405 niños y niñas encuestados/as17, reveló que 85% de las niñas y el 83% de los niños entrevistadas/os18 enfrentaron castigos por parte del personal de estas instituciones. Dentro de estos castigos, un 12.2% del total correspondía a maltrato físico leve, un 5,9% a maltrato físico grave, y 45,6% a maltrato psicológico. Adicionalmente, del total de denuncias de abuso sexual ocurrido al interior de los centros SENAME, un 79,7% afecta a niñas y un 20,3% a niños. En cuanto a la violencia entre pares, el 48.4% de los participantes del estudio señaló haber sido víctima de violencia reiterada por parte de sus pares en los últimos 12 meses, situación que afecta por igual a niños y niñas19.
17. En relación a la institucionalidad en materia de infancia, ésta se ha fortalecido en los últimos años. Por una parte, en 2018 se aprobó la Ley N° 21.067 crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Ley N° 21.090 que crea la Subsecretaría de la Niñez. Por otra parte, en el año 2015 ingresó al Parlamento el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez20, que contempla un ordenamiento coordinado de disposiciones legales y un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo los niños, niñas y adolescentes. En junio de 2017 se publicó la Ley 21.013, que agrega una serie de delitos al Código Penal, referidos a maltrato de personas menores de 18 años de edad, adultos/as mayores, o personas en situación de discapacidad.
18. Respecto a violencia sexual policial en contra de niñas y adolescentes en el marco de manifestaciones pacíficas, el INDH conoció de dos casos de desnudamientos en comisarías producidos durante las movilizaciones del 2012. Una de estas querellas fue remitida por la justicia ordinaria a la Justicia Militar21. El otro caso, ocurrido en agosto del 2012 en la ciudad de Rancagua, durante la toma de un Liceo, quedó en la justicia ordinaria tras debatirse el problema de la competencia, pero finalmente en enero del 2016 el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación22.
19. Posteriormente el INDH ha recibido más denuncias similares que dan cuenta de la persistencia de estas prácticas y el lento avance de la justicia. Así, en la ciudad de Concepción tras el desalojo de una toma en un Liceo de niñas en junio de 2016, se realizaron desnudamientos y malos tratos en contra de 10 adolescentes mientras permanecían detenidas en un recinto de Carabineros, incluyendo la extracción del aro que una de ellas tenía en la nariz, con un alicate. Existe una querella presentada por el INDH por estos hechos. Otras dos querellas del INDH dicen relación con desnudamientos de adolescentes realizados en la ciudad de Santiago, en dos comisarías distintas.23. Ambos casos están aún en estado de investigación a cargo de la Fiscalía Centro Norte, sin imputados formalizados. Del mismo modo, en el contexto de una marcha estudiantil en mayo de 2016, una mujer embarazada denunció a una funcionaria policial por patearla y provocarle un aborto, caso en que el INDH presentó una querella por torturas. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, recién en febrero de 2018 la funcionaria fue formalizada por el presunto delito de apremios ilegítimos24. En marzo del 2018 tres niños y una niña mapuche denunciaron haber sido objeto de un procedimiento policial ilegal, por parte de Carabineros, en que además de ser revisadas sus pertenecías en un terreno deshabitado, tres de ellos (los varones) fueron obligados a bajarse los pantalones. Sus familiares interpusieron un recurso de amparo constitucional a través de la ONG CID-SUR, al cual el INDH adhirió. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso en primera instancia, por estimar que no resultaron probadas las infracciones legales señaladas, pero luego la Corte Suprema revocó esa sentencia, declarando que las actuaciones de carabineros “constituyen una vulneración a la libertad personal y seguridad individual de los amparados, desde que se los somete a un control e interrogatorio informal, que limitó y afectó, aunque sea brevemente, los señalados derechos, sin autorización legal”
27. En relación a la capacitación, se han realizado importantes esfuerzos para fortalecer la formación de las fuerzas policiales, incorporando contenidos sobre tortura y derechos humanos46. Con todo, falta incorporar con mayor sistematicidad y profundidad temáticas referidas a violencia de género, protección a niños, niñas y adolescentes y las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos en el período 1973-1990.
29. En cuanto a los abusos policiales contra miembros de pueblos indígenas, entre diciembre del 2011 y diciembre del 2017 el INDH interpuso 31 recursos de amparo por actuaciones policiales en contra de miembros del pueblo mapuche, y en 21 de ellos las personas afectadas son menores de edad. Del total de acciones judiciales, 22 de ellas fueron acogidas por las Cortes, que instruyeron especialmente a las policías respecto a la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos, sobre todo en lo relativo a la posibilidad de que con sus actuaciones se vean afectados niños, niñas y adolescentes. Así, en la primera de estas sentencias la Corte de Apelaciones de Temuco invoca la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de OIT, y “ordena a la Prefectura de Carabineros Malleco efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”49. En una sentencia posterior la misma Corte dispone además que la policía debe abstenerse “en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración al momento de practicar detenciones en situación de flagrancia la posible concurrencia de menores de edad, para ajustar su proceder en cuanto a la intensidad, necesidad y proporcionalidad de la fuerza empleada para practicar las detenciones a este grupo etáreo, y las medidas necesarias de reducción y control de imputados menores de edad una vez que ya han sido detenidos, cuya presencia en este tipo de sucesos no es infrecuente”50. Adicionalmente, entre el 2013 y el 2017 se interpusieron por el INDH 10 querellas por tortura en contra de miembros del pueblo mapuche. Todas ellas están aún en fase de investigación. Dentro de ellas, uno de los casos más graves corresponde al de Brandon Hernández Huentecol, adolescente mapuche de 17 años, quien, en la localidad de Collipulli en diciembre de 2016, resultara gravemente herido por el disparo por la espalda de una escopeta por parte de un carabinero, en el contexto de un procedimiento policial de control de un vehículo, mientras se encontraba reducido. El adolescente estuvo en riesgo vital, y ha tenido una lenta recuperación posterior. Recién en enero de 2018 el responsable del disparo fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Collipulli, y fue sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total
62. Entre los años 2014 y 2015, el INDH identificó un total de 60 muertes producto de riñas o agresiones en las cárceles públicas, y 10 en las concesionadas. Además, se registraron en ese mismo período 6 suicidios en unidades penales tradicionales y 10 en las concesionadas102. En relación a menores de edad, de acuerdo a información solicitada por el INDH al SENAME, en el período 2005-2016 hubo un total de 243 niños/as y adolescentes fallecidos en internación, de los cuales 33 (el 14%) se encontraban cumpliendo una sanción privativa de libertad en centros administrados directamente por SENAME, y 210 (el 86%) estaban en residencias u hogares del sistema de protección de SENAME y sus organismos colaboradores103.
76. De acuerdo al Informe del Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público del INDH, correspondiente al año 2015, las acciones de control del orden público que implicaron uso de la fuerza disminuyeron un 7% en comparación con el informe anterior, sin embargo, se observó un uso no focalizado de la fuerza durante las manifestaciones. Otro tema que se aborda en este Informe es la gradualidad de los métodos disuasivos utilizados en las manifestaciones, disminuyendo el uso de gradualidad para los medios disuasivos de un 50% en el 2014 a un 37,5% en el año 2015, por tanto, en un 67,5% de los casos en que se utilizaron medios disuasivos estos no fueron graduales. Se registraron personas heridas en el 43 % de las manifestaciones observadas en 2016, cifra comparativamente mayor a la observada en 2015 (18 %). El principal motivo fue la acción directa de Carabineros. Asimismo, se han detectado infracciones a los deberes emanados de la función policial en relación a las personas privadas de libertad, así como abusos policiales en contra del pueblo mapuche, varios de los cuales afectan derechos de niños y niñas mapuche, muchas de ellas en el contexto de reivindicaciones territoriales. En este sentido, preocupa especialmente la ausencia de un procedimiento de control interno en el uso de armamento y cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia. Durante el 2016 esos hechos motivaron la interposición por el INDH de 10 recursos de amparo y 11 querellas por tortura/apremios (art. 150 A antes de la Ley 20.968). En uno de los casos más graves ocurridos en el año 2013, el de Enrique Eichin (que perdió la visión de su ojo derecho al ser impactado por balines de pintura de Carabineros), el Tribunal Constitucional decidió mantener la causa en la justicia ordinaria128, evitando el traspaso a la Justicia Militar, pero la causa penal por lesiones graves sigue abierta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago129. En otro caso grave, el de las lesiones causadas a Rodrigo Avilés tras el impacto del chorro de un carro lanza-aguas en Valparaíso el 2015, el Ministerio Público en acuerdo con la defensa del imputado Manuel Noya intentó en mayo de 2018 llegar a un juicio abreviado aplicando la pena de un año de presidio menor en su grado mínimo en modalidad de pena remitida, como autor del delito de lesiones graves, pero el INDH como parte querellante se opuso, por lo cual la causa sigue abierta a la espera del cierre del plazo de investigación
Comité de los Derechos del Niño Informe Complementario al Comité de los Derechos del Niño
2015 https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/821
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Informe complementario al Comité para la
Mujer (CEDAW) 2018 https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1155
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Informe Complementario
2014 77. En el 2010 hubo 4.806 casos de embarazo adolescente y 7.803 madres adolescentesregistradas por el departamento de salud del estudiante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar yBecas (JUNAEB), y 65 denuncias ante el Ministerio de Educación por el no resguardo del derecho aeducación en estudiantes embarazadas o madres. Esto evidencia que, pese a su prohibiciónexpresa desde el año 2000110, hay escasa capacidad para fiscalizar y contener prácticas dediscriminación, las que no logran ser eliminadas solo por la vía legal. Esta preocupación ha sidoexpresada con anterioridad por el Comité de CEDAW y por el de los Derechos de los Niños111, sinque se evidencien avances significativos en la adopción de medidas para hacer efectiva lacontinuidad de estudios de estas adolescentes.
Mujer (CEDAW) 2012 15. La reducción del embarazo adolescente fue objetivo sanitario para el período 2000-2010, conla meta de disminuir a 46 por mil nacidos vivos la tasa de fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19años y a 0, la de niñas entre 10 y 14 años19. La evaluación de cumplimiento muestra que para2007, la de las jóvenes se mantenía en 53,4 por mil nacidos vivos y la de niñas no bajó más de 1,2por mil nacidos vivos. Resulta oportuno que la autoridad sanitaria haya mantenido la reducción delembarazo adolescente como una de las metas en el Plan Nacional de Salud para el Logro de losObjetivos Sanitarios 2011-202020.
18. Chile es país de origen, tránsito y destino de trata de hombres, mujeres, niñas y niños con finesespecíficos de explotación sexual y laboral. Si bien fuera del período bajo análisis en este informe,el INDH adelanta como un avance la nueva tipificación del delito de trata de personas adoptadapor el país en abril de 2011, que además de la explotación sexual amplía el delito a trabajos oservicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos26.
La reforma no incluye la trata interna de personas, aun cuando existen antecedentes de suocurrencia en el país.
26. Los temas de cobertura del sistema educativo hace tiempo que dejaron de presentar brechasde género. Sin embargo, las razones de deserción o no asistencia educacional (Encuesta deCaracterización Socio-Económica Nacional CASEN 2009), responden a patrones tradicionales degénero: los hombres desertan por trabajo y las mujeres por funciones reproductivas y domésticas.
Los déficits se concentran en grupos específicos de niñas y jóvenes, entre estas, las dificultadesque enfrentan aquellas en situación migratoria irregular y las refugiadas para acceder al sistemaeducativo en razón de la carencia de documentación que dé cuenta de sus años de estudio. Auncuando existe normativa del Ministerio de Educación sobre el particular, esta contienedisposiciones que no necesariamente atienden estas dificultades. Situación similar enfrentan lasjóvenes privadas de libertad: varios centros de reclusión provisoria no cuentan con escuelas oprogramas de educación regular; sólo el 31% de las mujeres en internación provisoria acceden aprocesos de reinserción escolar; y quienes están en regímenes semicerrados y que deben insertarse en establecimientos regulares de educación enfrentan segregación lo cual conlleva autoexclusión y una baja participación escolar, particularmente en el sistema regular
Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De
Discriminación Racial Informe Complementario Indh
Aplicación De La Convención InternacionalSobre La Eliminación De Todas Las Formas DeDiscriminación Racial 2013 49. Particularmente preocupantes han sido las denuncias sobre abusos y violencia policialejercida por funcionarios de la policía uniformada contra miembros del Pueblo Mapuche ysobre todo en relación a niños y niñas
51. Las situaciones descritas han motivado por parte del INDH la interposición de accionesconstitucionales de protección a favor de niños, niñas y adolescentes indígenas, las que enalgunos casos han sido acogidas por los tribunales superiores de justicia.
Comité Sobre Derechos De Las Personas Con Discapacidad Informe Complementario Al Comité Sobre Derechos De Las Personas Con Discapacidad 2016 https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/907
Comité De Derechos Humanos Informe Complementario Al Comité De Derechos Humanos
Sexto Informe Del Estado De Chile Ante El Comité De Derechos Humanos 2013
48. En este contexto, es un avance en materia de educación que el Estado de Chile asegure a todas las niñas, niños y adolescentes el ingreso y mantención en la educación preescolar, básica y media, con independencia del estatus migratorio de sus padres. Asimismo, en salud, las normas vigentes aseguran la atención médica de urgencia a los inmigrantes en situación irregular, y el acceso de todas las inmigrantes embarazadas y de los/as niños/as y adolescentes, con independencia de su condición migratoria, a la atención de la salud. No obstante, en la práctica el INDH ha constatado que en situaciones la atención de salud en hospitales es supeditada al pago y que, en el caso de educación, y los jóvenes migrantes, por ejemplo, no tienen acceso al crédito que otorga el Estado para cursar estudios universitarios.
69. Violencia infantil. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país se ha visibilizado y algunas de sus manifestaciones han experimentado un notorio y preocupante incremento. Por una parte, existe un aumento sostenido de las denuncias por violencia contra personas menores de 14años, a ello se suma que los dos últimos informes sobre violencia intrafamiliar de Unicef (2006 y 2012) muestran que la violencia física grave afecta a 25,9% de los niños/as, no observándose mejoría, y que el 70% ellos/as es víctima de violencia psicológica. En lo que respecta a trabajo infantil, una de las peores formas de violencia contra este segmento de la población, los informes demuestran que ha aumentado entre 2003 y 2012, llegando el año pasado a la cifra de 219.000 (6.9%) niños, niñas y adolescentes en el país. La encuesta indica que 90% de los niños, niñas y adolescentes que trabaja lo hace en trabajos peligrosos por su naturaleza o las condiciones en que se realiza. Preocupa al INDH la carencia de una institucionalidad que permita el diseño y evaluación de políticas públicas de infancia, así como la ausencia de una ley de protección integral de los derechos de niñas y niños. Este déficit institucional, entre otros aspectos, impide contar con un sistema integrado de información que dote de eficacia la acción estatal dirigida a niños y niñas, que permita la adecuada articulación de servicios y garantice su acceso universal.
71. Preocupa al INDH que los centros de SENAME en los que los/as adolescentes cumplen medidas y sanciones privativas de libertad, no satisfacen los estándares mínimos en términos de infraestructura, salubridad, acceso a tratamiento de salud física y mental, personal idóneo y capacitado, y plan amplio socioeducativo que fomente la inclusión social de los/as adolescentes, entre otros. Asimismo, se ha constatado que algunos centros no funcionan con la autorización correspondiente del Ministerio de Salud. En esta línea, el 2 de agosto del 2012 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley83 que modifica la institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile, concretándose el compromiso del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos de niños y niñas a través de instituciones modernas. Esta iniciativa legal busca suprimir el actual SENAME, canalizando sus facultades en dos servicios independientes: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Lo anterior con el propósito de mejorar la gestión y otorgar efectivas garantías para los derechos de niños, niñas y adolescentes.
88. Por otra parte, dado que el tema de restitución de tierras es una de las principales fuentes de conflicto, debe evitarse la utilización exclusiva del proceso penal como respuesta. Del mismo modo, el INDH ha recibido denuncias de hechos de violencia policial hacia pueblos indígenas ante ocupaciones de predios sobre los que alegan derechos ancestrales. En algunos de tales hechos también se ha ejercido violencia contra niños y niñas indígenas, lo que ha merecido el reproche de los tribunales de justicia.
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Los 10 días en que el Terrorismo de Estado vuelve a campear por Chile. →