Source: http://legalteam.es/lt/es-necesario-acreditar-los-medios-economicos-del-empresarioempleador-en-el-arraigo-social/
Timestamp: 2019-07-22 08:02:46
Document Index: 131822988

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 129', 'artículo 64', 'artículo 88', 'artículo 90', 'artículo 124', 'artículo 50']

¿Es necesario acreditar los medios económicos del empresario/empleador en el Arraigo Social? - Legalteam
Uno de los supuestos más utilizados por los extranjeros en España para regularizar su situación administrativa (obtener «papeles») es el Arraigo Social, un supuesto contemplado en el artículo 124. 2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
Durante años ni los jueces ni las oficinas de extranjeros han logrado ponerse de acuerdo en si para la concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador en los términos previstos en el art. 64.3.e) del Reglamento, o, por el contrario, bastará con presentar un contrato de trabajo -por período de un año- firmado por el trabajador y empresario en el momento de la solicitud (art. 124.2.b).
A nuestro juicio, el mencionado artículo no establece la obligatoriedad del ciudadano extranjero de acreditar la solvencia de su empleador o empresario o bien que dicho empleador o empresario esté al corriente de sus obligaciones con la seguridad social ya que en los supuestos previstos en el artículo 124.2 no se establece la obligatoriedad del ciudadano extranjero de acreditar la solvencia de su empleador o bien que esté al corriente de sus habitaciones con la seguridad social, estableciendo dicho precepto, en su apartado b), que el solicitante debe contar con un contrato de trabajo firmado por el empresario para un período no inferior a un año; aun cuando el artículo 129 del Real Decreto 557/2011 establezca la aplicación preceptiva de los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d), e) y f) del artículo 64.3.b) respecto de los supuestos de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, no lo son para los supuestos de arraigo social.
Existen muchas sentencias judiciales que confirman la tesis de Legalteam y también muchas otras que opinan lo contrario.
Ante este dilema es necesario señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA en relación con el artículo 90.4 de la misma, el Tribunal Supremo ha procedido admitir recursos de casación con base en el art. 88.2.a) LJCA , precisando que la cuestión tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si para la concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador en los términos previstos en el art. 64.3.e) del Reglamento, o, por el contrario, bastará con presentar un contrato de trabajo -por período de un año- firmado por el trabajador y empresario en el momento de la solicitud (art. 124.2.b).
Estamos pendientes, muy pendientes, por su extrema importancia, de qué es lo que finalmente dicta el Tribunal Supremo en este sentido.
Desde Legalteam seguimos manteniendo la tesis de que el extranjero no tiene por qué demostrar algo que no es de su competencia pues lo que establece el artículo 124 b) es que cuente con un contrato de trabajo no inferior a un año. Las circunstancias de solvencia económica de la empresa o empleador o si la empresa o empleador tiene deudas con Hacienda o Seguridad Social es problema de la empresa o empleador; no del trabajador. Son circunstancias ajenas al trabajador y no puede pedírsele al extranjero que acredite algo que no es de su competencia.
No olvidemos tampoco que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por su parte, deja bien claro que “En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. ¿Acaso no vulnera entonces, además, la Administración, la Ley 39 a la vista de todo lo expuesto? Los requisitos de que la empresa o empleador haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen de la seguridad social o que acredite los medios económicos, materiales o personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo viene referido en el artículo 50 c) del Reglamento a las solicitudes de Permiso de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena (artículos 48 a 50) que tiene una relación disímil de la residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo social) –artículos 45 a 47- y un procedimiento también diverso y con distinta distribución sistemática: la autorización de residencia temporal (Capítulo I del Título IV) y la Autorización de Residencia Temporal y Trabajo (Capítulo II del Título IV), instaurando pues el texto reglamentario un régimen jurídico diferenciado para esas situaciones, destacando en cuanto al procedimiento que, en el caso de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales “… deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación” (art. 45.1) mientras que en el supuesto de la solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena quien deberá presentar personalmente o a través de quien tenga atribuida la representación legal empresarial es el empleador o empresario que pretenda contratar a un trabajador extranjero no residente en España” (art. 51.1).
Un tema, jurídicamente, interesante. Muy interesante. Y que afecta a miles y miles de extranjeros que ven en este supuesto una de las vías para regularizar su situación en España. Por esta razón reiteramos que estamos pendientes, muy pendientes, por su extrema importancia, de qué es lo que finalmente dicta el Tribunal Supremo en este sentido.
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