Source: http://www.difrol.gob.cl/argentina/tratado-sobre-integracion-y-complementacion-minera-de-1997.html
Timestamp: 2017-12-17 02:11:54
Document Index: 327106230

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 18', 'Artículo 50']

DIFROL - Tratado sobre Integración y Complementación Minera de 1997
TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACION MINERA .
ARTICULO 1 : El Tratado constituye un marco jurídico que regirá el negocio minero dentro de su ámbito de aplicación y tiene por objeto permitir a los inversionistas de cada una de las Partes participar en el desarrollo de la integración minera que las Partes declaran de utilidad pública e interés general de la nación.
Asimismo, las Partes permitirán, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos:
a) El acceso, desempeño y protección de todas las actividades y servicios que tengan relación con el negocio minero, mediante el ejercicio de los derechos establecidos en la legislación de cada una de las Partes, entre los cuales se incluyen las servidumbres y otros derechos contemplados en favor de las concesiones mineras y las plantas de beneficio, fundición y refinación, todos los cuales se extenderán a las concesiones y plantas del territorio de la otra parte en que se aplique el Tratado.
El Protocolo Adicional Específico a que se refiere el Artículo 5, determinará el área de constitución de las servidumbres necesarias y de ejercicio de los derechos consagrados en el párrafo precedente;
ARTICULO 2: Para todos los efectos del presente Tratado, los siguientes términos designan:
A) Negocio Minero: Conjunto de actividades civiles ,comerciales o de otra naturaleza que se relacionan directamente, con la adquisición, investigación, prospección, exploración y explotación de yacimientos o de concesiones y derechos mineros en general; con el beneficio de minerales y obtención, a partir de ellos, de productos y subproductos mediante su fundición, refinación u otros procesos; y con el transporte y comercialización de los mismos.
C) Inversión: Deberá entenderse en los términos definidos por el numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones vigente entre ambas Partes, suscrito el 2 de agosto de 1991.
D) Inversionista: Los "nacionales" y "sociedades" que destinan recursos al negocio minero o a sus actividades accesorias en el ámbito del Tratado. Los conceptos de "nacionales" y "sociedades" son empleados en el sentido que les asigna el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
a) Con referencia a la República de Chile: los chilenos en el sentido de la Constitución de la República de Chile.
- El concepto "sociedades" designa todas las personas jurídicas, constituidas conforme con la legislación de una Parte y que tengan su sede en el territorio de dicha Parte, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.
a) Con referencia a la República de Chile significa: Conjunto de acciones y trabajos que permiten identificar, mediante la aplicación de una o más técnicas de reconocimiento geológico, zonas de características favorables para la presencia de acumulaciones de minerales y yacimientos.
H) Beneficio: Proceso en el cual se someten a tratamiento los minerales, con el objeto de concentrar las sustancias útiles, separándolas de las que carecen de significación económica.
ARTICULO 3: El Ambito de Aplicación del Tratado es la zona definida por la vinculación de las coordenadas geográficas que figuran en el Anexo I. La representación de los puntos que corresponden a los vértices de las coordenadas indicadas en el Anexo I, figura en el mapa referencial que constituye el Anexo II del presente Tratado. Ambos Anexos constituyen parte integrante del presente Tratado.
ARTICULO 4: Dentro del ámbito de aplicación del presente Tratado y con relación a los derechos mineros y a las actividades mencionadas en el Artículo 1, ninguna de las Partes someterá a los inversionistas de la otra Parte, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales y sociedades.
ARTICULO 5: Los inversionistas que requieran de las facilitaciones fronterizas, actividades transfronterizas, la constitución de servidumbres o el ejercicio de los derechos contemplados en el Artículo 1, párrafo tercero, literal a), para el desarrollo de negocios mineros, deberán solicitarlos a la Comisión Administradora establecida en el Artículo 18 del presente Tratado. La Comisión Administradora, previa evaluación, podrá recomendar a las Partes la adopción de Protocolos Adicionales Específicos, en los que se determinará el Area de Operaciones y los procedimientos que en cada caso correspondieren. Los Protocolos Adicionales Específicos entrarán en vigor en la fecha de su firma.
ARTICULO 6 : Las Partes, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y para cada Protocolo Adicional Específico, realizarán acciones de coordinación de sus organismos públicos competentes, de modo de facilitar a los inversionistas de ambas Partes el desarrollo del respectivo negocio minero.
Asimismo permitirán con ese objeto, el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura contemplado en el respectivo Protocolo Adicional Específico, sin discriminación alguna, en relación con la nacionalidad chilena o argentina de los inversionistas.
ARTICULO 7: Las Partes acuerdan que las personas físicas o jurídicas, domiciliadas residentes o constituidas en el territorio de ellas, que se dediquen al negocio minero o actividades accesorias a él, al amparo de este Tratado, se sujetarán en lo relativo a la tributación interna que las afecte, a la legislación interna de cada Parte, o a el o los acuerdos específicos para evitar la doble tributación vigentes entre ellas, y a lo dispuesto en el presente Artículo. Asimismo, las Partes acuerdan que, exclusivamente para efectos tributarios y aduaneros no constituirá importación, exportación ni admisión o salida temporal, el movimiento de bienes provenientes de fuera del Area de Operaciones y que se realice dentro de dicha Area -definida como tal en el Protocolo Adicional Específico correspondiente- los que circularán libremente dentro de ella sujetos a las medidas de facilitación y coordinación que determinen los Servicios competentes. Se aplicarán las normas generales de importación o exportación, según sea el caso, toda vez que un bien salga del Area de Operaciones al territorio de un país diferente de aquel por el cual entró originalmente a dicha Area.
Las mercancías nacionales o nacionalizadas de una u otra Parte que ingresen al Area de Operaciones o salgan de la misma, no estarán afectas al pago de los derechos, impuestos, gravámenes y recargos de orden aduanero o tributario que pudieran afectar la destinación aduanera respectiva, siempre y cuando ese ingreso y salida se efectúe por el mismo territorio. Para los efectos del presente Tratado los ingresos y salidas referidos no constituirán importación o exportación, según proceda. Con todo las transacciones comerciales referentes a dichas mercancías que se lleven a cabo dentro de la citada Area, estarán afectas a los impuestos, derechos, y demás gravámenes aduaneros y tributarios de carácter general, según proceda.
Las mercancías extranjeras para ambas Partes que ingresen a dicha Area o salgan de la misma, se sujetarán a la legislación aduanera y tributaria general aplicable en una u otra Parte, según proceda. Igualmente, las mercancías obtenidas o producidas en el Area de Operaciones se sujetarán a tales prescripciones generales de cada Parte en lo que correspodiere. Cumplidas las exigencias dispuestas en los incisos precedentes, las mercancías referidas podrán circular libremente en las citadas Areas, sujetas a las medidas de facilitación o coordinación que determinen los órganos y servicios competentes. Las personas físicas domiciliadas o residentes y las personas jurídicas constituidas en el territorio de las Partes que desarrollen el negocio minero, quedarán obligadas a acreditar a las autoridades tributarias de la otra Parte que así lo solicitare, de acuerdo a los procedimientos técnicos normalmente utilizados en la actividad minera, el origen del mineral extraído, precisando qué cantidades provienen de una de las Partes y cuáles del territorio de la otra. Asimismo, las Partes se obligan a dar las facilidades que resulten necesarias para que las autoridades tributarias y mineras de la otra Parte puedan verificar físicamente el cumplimiento de tales procedimientos.
Las rentas o ganancias originadas por ventas o exportación del mineral extraído del territorio de una Parte, perteneciente a la persona física domiciliada o residente, o a la persona jurídica constituida o radicada en ella, que desarrolle el negocio minero en la misma, sólo podrán ser sometidas a imposición por esa Parte, aun cuando al producirse esas transacciones el mineral se encuentre situado en el territorio de la otra Parte, por haber sido procesado en ella.
Las Partes acuerdan que los contratistas o subcontratistas contratados por una persona física o jurídica, domiciliada, residente o constituida, según corresponda, en el territorio de una de las Partes, que presten servicios en el territorio de la otra para los efectos de posibilitar la extracción del mineral ubicado en el territorio de la primera Parte, recibiendo exclusivamente contraprestaciones por su servicio de la persona física o jurídica contratante, sólo quedarán sometidos a la tributación interna de la Parte en la que se domicilie, resida o se haya constituido el contratante, respecto de tales servicios y de las rentas que generen.
ARTICULO 8: Los negocios mineros que se desarrollen al amparo del presente Tratado gozarán, cuando corresponda, en cada Estado, de los beneficios y franquicias que las Partes establezcan, no obstante que los procesos involucrados en cada negocio minero, se realicen en los territorios de ambas Partes.
ARTICULO 9: Lo relativo a la seguridad social se sujetará a lo dispuesto en el Convenio de Seguridad Social vigente entre las Partes y a la legisla ión nacional de cada una de ellas, en lo que sea aplicable.
ARTICULO 10: La legislación laboral aplicable será la del país donde el trabajador cumpla sus tareas, preste sus servicios o desarrolle efectivamente la actividad. Cuando las tareas se desarrollen indistintamente en ambos lados de la frontera se aplicará la ley del lugar de la celebración del contrato de trabajo. En caso de duda acerca de la legislación aplicable, prevalecerá el principio de la legislación más favorable al trabajador.
ARTICULO 11: Cualquier gasto de inversión y operación en que deban incurrirlas Partes, sus empresas o instituciones, como consecuencia del desarrollo de un negocio minero, contemplado en el respectivo Protocolo Adicional Específico, deberá ser asumido por el o los inversionistas que emprendan dicho negocio minero.
ARTICULO 12: Las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina según corresponda.
ARTICULO 13: Las Partes aplicarán en el ámbito de la salud de las personas, en las áreas de la salud en general y laboral, las disposiciones de sus legislaciones vigentes. Sin perjuicio de ello, en caso de existir diferencias entre éstas, se deberán adoptar las normas de mayor nivel de exigencia.
Asimismo, las Partes aplicarán su legislación nacional en materias sanitarias relativas a alimentos, productos farmacéuticos, salud ambiental, manejo de productos químicos y otros.
Las empresas titulares de los proyectos mineros comprendidos en el presente Tratado serán responsables de pagar los gastos por atenciones de salud de sus trabajadores y de los de las empresas contratistas o subcontratistas que empleen en el negocio minero respectivo, que le sean otorgadas en los establecimientos asistenciales de la Parte a cuya legislación sanitaria previsional no se encuentren afectos, cuando sean trasladados a ellos para ese efecto a petición de la empresa.
ARTICULO 14: La utilización de los recursos hídricos compartidos, para todos los efectos del presente Tratado, deberá llevarse acabo de conformidad con las normas de derecho internacional sobre la materia y, en especial, de conformidad con el "Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas" del 26 de junio de 1971, del "Tratado sobre Medio Ambiente" entre la República de Chile y la República Argentina firmado el 2 de agosto de 1991 y del "Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina" de la misma fecha.
ARTICULO 15: Las empresas que operen en virtud del presente Tratado, no podrán efectuar trabajos que afecten los hitos o alteren cursos y divisorias de aguas u otros accidentes geográficos que determinan el límite internacional entre las Partes. Cualquier situación especial que pudiera plantearse en relación con esta materia, deberá ser consultada con los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes a fin de que, con intervención de la Comisión Mixta de Límites, sea debidamente considerada. Los gastos de la Comisión Mixta que puedan ser necesarios para atender estos casos, serán sufragados por las empresas interesadas.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Mixta de Límites, serán competentes para conocer de cualquier consulta o requerimiento relativo a la determinación precisa de la traza limítrofe, que realicen las Partes, para efectos de la aplicación del presente Tratado.
ARTICULO 16: Las Partes acuerdan que, una vez que concluya por cualquier causa el negocio minero acogido a las disposiciones del Tratado, los bienes inmuebles adquiridos para el desarrollo de dicha actividad continuarán sujetos a las normas jurídicas de cada Parte.
ARTICULO 17: Ninguna disposición del presente Tratado será interpretada en el sentido de impedir que una de las Partes adopte o aplique medidas de conformidad con el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 o con el Artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1994.
ARTICULO 18: La administración y evaluación del Tratado, estará a cargo de una Comisión Administradora, integrada por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y de Relaciones Exteriores de la República de Chile, y de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la República Argentina y del Ministerio de Minería de la República de Chile. La Comisión Administradora podrá convocar a los representantes de los organismos públicos competentes cuando así lo requieran.
Dicha Comisión se constituirá dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del Tratado y en su primera reunión establecerá su reglamento interno. La Comisión Administradora adoptará sus decisiones de común acuerdo.
e) Cumplir con las demás tareas que se encomienden a la Comisión Administradora en virtud de las disposiciones de este Tratado, sus Protocolos Adicionales, Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que deriven del mismo.
ARTICULO 19: Las controversias que pudieren surgir entre las Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado, sus Protocolos Adicionales, Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que de él se deriven, deberán, en lo posible, dirimirse por medio de negociaciones directas realizadas a través de la Comisión Administradora.
Si mediante dichas negociaciones directas no se llegare a una solución, dentro del término de ciento ochenta días corridos a contar de la fecha en que una de las Partes haya comunicado por escrito a la otra su intención de someter la controversia a la referida instancia, la recurrente podrá someterla a consideración del Consejo de Complementación Económica, conforme al procedimiento previsto por los artículos 4 y siguientes del Capitulo III del Segundo Protocolo Adicional del ACE 16, concertado entre Chile y Argentina.
ARTICULO 20: El Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscripto por la República Argentina y la República de Chile con fecha 2 de agosto de 1991 y actualmente vigente, se aplicará a las controversias que surjan entre una Parte e inversionistas de la otra Parte.
ARTICULO 21: Los Protocolos Adicionales que regulan los negocios mineros desarrollados por inversionistas de cualquiera de las Partes que se hubieren suscripto al amparo del ACE 16 se incorporarán al presente Tratado, a partir de su entrada en vigor.
ARTICULO 22: El presente Tratado será ratificado por las Partes y entrará en vigor en la fecha del canje de los instrumentos de ratificación. Este Tratado tendrá una duración indefinida.
ARTICULO 23: Transcurridos treinta años de su vigencia, cualquiera de las Partes podrá denunciar -por la vía diplomática- el presente Tratado, no pudiendo surtir efecto dicha denuncia, antes de los tres años de efectuada.
ANEXO I. Ámbito de Aplicación del Tratado de Integración y Complementación Minera (9.2 kB)
ANEXO II. Ámbito de Aplicación del Tratado de Cooperación e Integración Minera (188.72 kB)
SIMBIOLOGIA:
Vértice coordenada en Chile
Vértice coordenada en Argentina
EL presente mapa se anexa sólo al efecto de representar los vértices que definen el ámbito de aplicación del Tratado de Integración y Complementación Minera.
El presente mapa representa parcialmente el territorio de cada una de las partes. Las partes se reservan el uso de su propia toponimia en los respectivos territorios.(Mapa no editado).
ANEXO: Protocolo Complementario Tratado Integración y Complementación Minera entre las Repúblicas Argentina y Chile (13.58 kB)