Source: http://absta.info/accion-de-grupo-competencia.html
Timestamp: 2019-12-06 05:06:30
Document Index: 379139272

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 65', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4']

Accion de grupo competencia
DISTRITO CAPITAL - Sanciones urbanísticas / SANCIONES URBANISTICAS - Distrito capital / OMISION ADMINISTRATIVA - Imputación del daño / IMPUTACION DEL DAÑO - Omisión administrativa
CADUCIDAD DE LA ACCION - Presupuesto procesal / ACCION DE GRUPO - Término de caducidad. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION RESARCITORIA - Novedad de la acción de grupo
ACCION DE GRUPO - Daño continuado. Cómputo del término de caducidad / ACCION DE GRUPO - Daño inmediato. Cómputo del término de caducidad
ACCION DE GRUPO - Cómputo de caducidad. C esación de la acción vulnerante causante del daño
ACCION DE GRUPO - Cómputo del término de caducidad. Constatación del daño. Cesación de la acción vulnerante
ACCION VULNERANTE - Acción de grupo. Cómputo de caducidad / ACCION DE GRUPO - Acción vulnerante. Cómputo de caducidad
ACCION DE GRUPO - Competencia
Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las acciones de grupo “originadas en la actividad de las entidades públicas”, en virtud de lo establecido, en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998. En el caso objeto de análisis, la acción de grupo se presentó contra el Distrito Capital de Bogotá, luego no existen dudas sobre el conocimiento de esta jurisdicción. De conformidad con el parágrafo del artículo 51 de la misma ley, le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de esta acción de grupo, toda vez que cuando se presentó no existían los jueces administrativos, y la primera instancia se tramitaba ante los Tribunales Administrativos. Así mismo, se establece en el artículo 13 del Acuerdo 58 del Consejo de Estado, que le corresponde a la Sección tercera de la Corporación, conocer de “las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado”.
LICENCIA DE CONSTRUCCION - Legalidad / LICENCIA DE CONSTRUCCION - Condiciones del terreno / REGLAMENTACION URBANISTICA - Concepto / DESARROLLO POR CONSTRUCCION - Concepto / LICENCIA DE CONSTRUCCION - Zona de alto riesgo / ZONA DE ALTO RIESGO - Licencia de construcción / URBANIZACION SANTA ROSA - Licencia de construcción / URBANIZACION SANTA ROSA - Incumplimiento de la constructora
Desde la perspectiva de la normatividad que orienta la expedición de las licencias de construcción, sea lo primero advertir, que la jurisprudencia ha sido muy clara en señalar que el cuestionamiento sobre la legalidad de éstas, solo se puede hacer en relación con las normas de superior jerarquía vigentes al momento de su expedición. Las licencias de urbanización y desarrollo integral de obras expedidas por el DPD del Distrito Capital que en este caso resultan objeto de análisis, son al menos como se dijo, las Resoluciones 398 de 29 de mayo de 1992, la 1253 de 1993 y la 2124 de 1995, lo que significa que se expidieron en vigencia plena de la Ley 9 de 1989 y el del POT contenido en el Acuerdo Distrital 6 de 1990. En lo que respecta al primero de los instrumentos normativos, de manera general se hacía referencia a la necesidad de la respectiva licencia (…) y en lo que respecta a la responsabilidad del constructor en relación con la calidad de la vivienda, establecía la obligación de éste, de constituir una póliza de seguros al respecto. En desarrollo de esto, el Acuerdo Distrital 06 de 1990 contentivo del POT vigente al momento de expedición de las licencias indicadas, concibió a las “reglamentaciones urbanísticas” como uno de los instrumentos para desarrollar las políticas de ordenamiento urbano de la ciudad, y dentro de éstas a más de los decretos proferidos por el Alcalde Mayor, incluyó a las Resoluciones expedidas por el DPD. De manera específica y en lo que concierne a la construcción de edificaciones, se hizo referencia al concepto de “Desarrollo por construcción” el cual comprendía “las acciones encaminadas a la construcción de edificios, su ampliación, adecuación o remodelación”. Como se observa, en relación con este concepto, no se hizo alusión a las condiciones de los terrenos sobre los que se concederían las respectivas licencias, y supeditó ello a la reglamentación específica que sobre estas se hiciera. En lo que se refiere a este último punto, el POT tampoco hizo desarrollos significativos, y en el título correspondiente a las licencias (noveno) centró también la atención en reglas relacionadas con el debido proceso que se debía seguir, e indicó que la reglamentación del punto correspondía hacerla al Alcalde Mayor. Donde sí se establecieron reglas en relación con las condiciones del terreno donde se autorizara la construcción a través de las respectivas licencias, fue en el Decreto Distrital 657 de 1994 en el que se señaló el deber del Distrito Capital de solicitar concepto sobre las condiciones geológicas, hidráulicas y eléctricas, a la Oficina para Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá, D.C., (OPES), y en caso de que este resultara negativo, no podía éste autorizar ninguna construcción. De manera contundente, en el instrumento normativo, se prohibió construir en aquellas zonas que al entender de la OPES, resultara de alto riesgo. Este Decreto se expidió el 25 de octubre de 1994, es decir, con posterioridad a, al menos, dos de las licencias arriba citadas, que como se dijo, permitieron el inicio de las construcciones. En lo que respecta a la licencias proferidas con posterioridad a la vigencia del mismo, vale la pena anotar que aquellos hacen expresa referencia a su cumplimiento y al respectivo concepto de la OPES. Sin pretender, de manera alguna, hacer un juicio de legalidad de las Resoluciones expedidas por el DPD contentivas de las licencias, toda vez que esto escapa del objeto de la presente acción de grupo en atención a las pretensiones de la parte demandante, se observa, una no muy marcada atención normativa por las condiciones geológicas de los terrenos a la época de expedición de las primeras licencias, y un cumplimiento de las normas existentes por parte del DPD del Distrito Capital, lo cual refuerza la apreciación antes hecha de que los daños de manera alguna pueden imputársele a esta entidad, en relación con las licencias que expidió para el desarrollo de la urbanización Santa Rosa. No le asisten dudas a la Sala, en el reconocimiento de que en relación con las mencionadas licencias, solamente le resulta imputable el daño a la Constructora Santa Rosa, toda vez que esta se abstuvo de cumplir los requerimientos que desde un principio se evidenciaron en los conceptos técnicos y en las licencias, que estaban orientados a mitigar los riesgos propios de un terreno que dificultaban la construcción sobre él, mas no la impedían. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 4 de noviembre de 1999. Exp. 5508. Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa; Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Se deduce de manera inequívoca la obligación y por consiguiente la capacidad del Distrito Capital, de imponer sanciones cuando quiera que no se diera cumplimiento por parte del constructor de los requerimientos contenidos en las respectivas licencias, consistentes en multas, suspensión de las obras, e inclusive demolición de algunas de las edificaciones ya construidas. Como se aprecia, todas estas medidas, están directamente relacionadas con la ejecución de las obras y tal y como lo entendió la parte actora en la demanda, han debido ser adoptadas por el Distrito Capital con ocasión de la verificación del incumplimiento de los requerimientos contenidos en las licencias de construcción y en los conceptos técnicos que les sirvieron de fundamento. Como antes se anotó, de las pretensiones de la demanda se deriva la alegación de la imputación del daño sufrido por los actores, a dos situaciones: la relativa a la expedición de las licencias, ya resuelta de manera desfavorable, y la concerniente a la omisión del Distrito Capital, consistente en su conducta pasiva, frente a la constatación de la inobservancia de los requerimientos técnicos por parte del constructor. Esta segunda, que ahora se analiza, se traduce en el contexto de una terminología jurídico administrativa, en una omisión administrativa. Se evidencia así, que la omisión del Distrito analizada, condujo de manera inequívoca (a más del incumplimiento de los requerimientos técnicos por parte del constructor) al daño que en esta sentencia se examina. Para la Sala resulta probada entonces la omisión administrativa del Distrito Capital, consistente en la ausencia de medidas por parte de ésta entidad territorial, orientadas a garantizar el cumplimiento de lo establecido en las licencias de construcción.
Le compete al juez de conocimiento de cualquier acción de lo contencioso administrativo hacer la evaluación de este fenómeno, toda vez que constituye presupuesto fundamental del desarrollo del proceso. La Ley 472 de 1998 contiene una regla especial en materia de caducidad de la acción de grupo, que trasciende la lógica convencional de lo establecido al respecto, para las acciones ordinarias de tipo individual y alcances resarcitorios que se ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como se observa, al menos desde una eminente perspectiva jurídico positiva, mientras que la caducidad de las acciones resarcitorias ordinarias, se establece en relación con el acto, el hecho, la omisión o la operación administrativa que produce el daño, en el caso de la acción de grupo, ésta introduce un aspecto novedoso al referir el momento “en que se causó el daño”, es decir, centrar la atención en el daño y no, en la conducta administrativa que lo produce. Lo anterior no obsta para que se descuide la acción productora del daño, toda vez que a renglón seguido se hace referencia a la “cesación de la acción vulnerante” como otro factor, para, a partir de él, contabilizar la caducidad. La novedad indicada, de señalar la verificación del daño como el momento a partir del cual se debe contabilizar el tiempo de la caducidad en la acción de grupo, constituye sin duda, una respuesta del derecho positivo a un problema que había sido afrontado por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, cual es, el de verificar problemas para constatar la procedencia de las acciones ordinarias resarcitorias, cuando el daño se evidencia tiempo después de ocurrida la acción: notificación del acto u ocurrencia del hecho u omisión, o verificación de la operación administrativa. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 11 de mayo de 2000. Expediente No. 12200, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez
ACCION DE GRUPO - Cómputo de caducidad. Fecha en que se causó el daño / OCURRENCIA DEL DAÑO - Cómputo del término de caducidad. Acción de grupo / DAÑO - Diferente a perjuicio / PERJUICIO - Diferente a daño / DAÑO INSTANTANEO - Concepto / DAÑO INMEDIATO - Concepto / DAÑO CONTINUADO - Concepto / DAÑO DE TRACTO SUCESIVO - Concepto / CADUCIDAD DE LA ACCION - Cómputo. Daño instantáneo. Daño continuado
Esta novedad del derecho positivo, centra la atención en la efectiva ocurrencia del daño, que por supuesto, se predica de la totalidad del grupo. Desde que se constata entonces, una afectación o afrenta a la integridad de un “numero plural o un conjunto de personas”; a una cosa, a una actividad, o a una situación, relacionadas con aquellas, se contabilizarán los dos años a los que hace referencia la ley, en materia de caducidad de esta acción. La identificación de la época en que se configura el daño, ha sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños. En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce. A título de ejemplo puede citarse la muerte que se le causa a un ser humano, con ocasión de un comportamiento administrativo. En este tipo de daño, vale la pena observar que, sus víctimas pueden constatar su existencia desde el momento mismo en que éste ocurre, como por ejemplo cuando estaban presentes en la muerte de su ser querido; pero también puede acontecer, que ellas se den cuenta de éste, luego de transcurrido algún tiempo, como cuando los familiares encuentran muerto a su ser querido, luego de una larga agonía en que se pensaba que éste estaba tan solo desaparecido; en esta segunda hipótesis, resultaría impropio contabilizar el término de la caducidad desde el momento en que se causó el daño (la muerte en el ejemplo traído), toda vez que las víctimas no sabían de ello, y más bien, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, debe hacerse desde el momento en que se tuvo conocimiento del mismo. En lo que respecta, al (2) daño continuado o de tracto sucesivo, se entiende por él, aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente. Se insiste, la prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como tal. La doctrina lo ejemplifica comúnmente en relación con conductas omisivas. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 10 de noviembre de 2000. Expediente No. 18805. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Auto de 19 de julio de 2007, Expediente 31.135. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
DAÑO CONTINUADO - Diferente prolongación de la conducta / ACCION DE GRUPO - Daño continuado. Conducta prolongada / DAÑO CONTINUADO - Diferente a agravación del daño / CADUCIDAD DE LA ACCCION - Daño continuado. Cómputo / DAÑO CONTINUADO - Cómputo del término de caducidad
La diferencia entre daño continuado y conducta o acción productora del mismo que se extiende en el tiempo, detenta particular importancia, con ocasión de la acción de grupo, toda vez que como se dijo, el artículo 47 de la ley 472 de 1998, contiene para efectos de la contabilización de la caducidad en la acción de grupo dos hipótesis: la verificación del daño; y la cesación de la acción vulnerante causante del mismo. Adicional a lo anterior, debe señalarse que la importancia para la consideración de esta tipología de daño, se observa principalmente, con ocasión de la contabilidad del término de caducidad. En efecto, al igual que en la categoría de daño anterior, también aquí lo que importa, es la noticia que se tenga del mismo, y no su efectiva ocurrencia; de nada sirve verificar si un daño se extiende en el tiempo si las víctimas no conocen la existencia del mismo. Solo que en este caso, aunque las víctimas hayan tenido conocimiento de la existencia del daño antes de que éste haya dejado de producirse, el término de caducidad, en atención a su esencia, se contabilizará desde el momento en que cesó su prolongación en el tiempo. Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros. En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coincidan. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 28 de enero de 1994. Expediente No. 8610. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo
Los dos tipos de daño analizados (inmediato y continuo), como se observa, en relación con la acción de grupo, producen unas reglas bien particulares, que se proceden a sistematizar así: El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir del daño, debe centrar su atención en éste, y no en los efectos o perjuicios que se generan, ni en la conducta que lo produce. El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir del daño, se debe contar desde el momento en que este se produce, o desde el momento en que se tenga noticia del mismo, en el caso de que estas dos circunstancias no coincidan. El término de caducidad de la acción de grupo que se contabiliza a partir del daño, cuando éste es continuado, se cuenta desde el momento en que se deja de producir, a menos que se tenga noticia del mismo en un momento posterior, caso en el cual se hará a partir de allí. Las anteriores reglas no cambian, si se presenta una agravación del daño, toda vez que éste último, se supone, se ha producido con anterioridad, sea inmediato o continuo.
ACCION DE GRUPO - Cómputo de caducidad. Cesación de la acción vulnerante causante del daño / CESACION DE LA ACCION VULNERANTE CAUSANTE DEL DAÑO - Cómputo del término de caducidad. Acción de grupo
Esta segunda hipótesis contemplada por la ley, como se aprecia, es muy similar a la lógica convencional del derecho positivo nacional, en materia de acciones ordinarias de tipo resarcitorio; en efecto, centra su atención, no en la configuración del daño, sino en la conducta que lo produce (acción vulnerante) y ésta, en relación con la comprensión tradicional de la actuación administrativa en Colombia, puede verificarse a través de la configuración de operaciones administrativas, o de la ocurrencia de hechos u omisiones administrativas. Como se advirtió antes, para concebir la lógica de la caducidad de la acción de grupo, hay que apartarse de aquella de las acciones ordinarias de tipo indemnizatorio, y en este sentido, la consagración de la “acción vulnerante” (a más de la configuración del daño) encuentra una razón de ser, en atención a la connotación plural que caracteriza la parte actora en las acciones de grupo. En efecto, la conformación del grupo es uno de los aspectos más complejos de esta acción, habida cuenta que todas las personas que lo integran, en virtud de lo establecido en la ley, deben detentar una condición de uniformidad en relación con una causa común que produce el daño. Al ser esto así, puede suceder que la constatación del daño no se pueda predicar de un número determinado de personas, es decir de un grupo cierto, en un concreto momento, sino que la conformación de éste, solo sea viable que se consolide, luego de un largo período; en este caso resultaría difícil o prácticamente imposible conformar un grupo desde la configuración del daño ya que sería necesario esperar a que el grupo se integre. Es justamente, por este motivo, que la ley consagra la contemplación de la caducidad, no solo desde la configuración del daño, sino también desde la cesación de la acción vulnerante. En el caso referido, la acción de grupo no estaría caducada, aunque entre la verificación del daño de las primeras víctimas y el de las últimas, hubieran transcurrido más de dos años, toda vez que para estos efectos, la ley contempla que la caducidad debe contarse desde la cesación de la acción vulnerante, es decir desde que los medicamentos causantes de los daños, se recojan del comercio.
Con miras al mantenimiento de la acción de grupo, comprendida como instrumento en pro de la economía procesal y el acceso a la justicia, existen casos en que sin prejuicio de la oportunidad de las acciones ordinarias de tipo resarcitorio, no se puede contabilizar el término de su caducidad, a partir de la configuaración del daño, sino a partir de la cesación de la acción vulnerante: acto, hecho, omisión u operación administrativos. Del anterior análisis se deduce, que las dos hipótesis de caducidad contenidas en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en términos estrictos no son concomitantes, ni mucho menos, la una es subsidiaria de la otra. En virtud de la lógica propia de las acciones de grupo, seguramente el término de caducidad podrá y deberá contabilizarse a partir de la constatación del daño, en los términos antes señalados, siempre que exista certeza de la determinación del grupo; pero en el caso de que sea incierta la composición del mismo, aunque se verifique el daño en cabeza de algunos de sus potenciales miembros, el término de caducidad deberá contarse, a partir de la cesación de la acción vulnerante. En el caso, del daño sufrido por los habitantes de una población que padece una catástrofe natural, en la que se evidencia una omisión del Estado, consistente en la falta de prevención y adopción de medidas en este sentido antes y después del evento, al existir certeza de la determinación del grupo (la población afectada) y del daño sufrido (destrucción de sus casas por ejemplo), resultaría inviable la contabilización del término de caducidad, a partir de la cesación de la acción vulnerante (en este caso la omisión del Estado, que puede persistir aún después de la catástrofe) ya que necesariamente, debería hacerse desde la verificación del daño.
ACCION DE GRUPO - Acción vulnerante. Hecho. Operación. Omisión / ACCION VULNERANTE - Caducidad. Acción de grupo / HECHOS ADMINISTRATIVOS - Caducidad. Acción de grupo / OPERACION ADMINISTRATIVA - Caducidad. Acción de grupo / OMISION ADMINISTRATIVA - Caducidad. Acción de grupo
Para efectos de una mayor claridad de la hipótesis de caducidad que se estudia, esta Sala considera pertinente, hacer algunas precisiones en consideración al tipo de acción vulnerante, que se constate: hecho, operación y omisión administrativas. En lo atinente a los hechos administrativos; si un hecho de este tipo, produce un daño y existe una identificación cierta del grupo afectado, el término de caducidad se deberá contar desde la configuración del mismo -como en el caso en que un avión militar se cae sobre unas casas- o desde el momento en que se tuvo noticia del daño -como cuando se sabe que unas personas que se consideraban desaparecidas, fueron asesinadas, por miembros de la fuerza pública-. Si en cambio, el grupo afectado con el daño no es susceptible de una identificación cierta, será necesario, para efectos de contabilizar el término de la caducidad, acudir a la hipótesis de la acción vulnerante. Como se observa, cuando se trata de analizar al hecho administrativo como acción vulnerante, se verifica una identificación entre ésta y el daño continuado, de manera que el término de la acción de caducidad sería el mismo, de manera independiente a que se analice la verificación del daño (continuado) o la cesación de la acción vulnerante. En lo que respecta a la operación administrativa, resultan extensivas las consideraciones formuladas con ocasión de los hechos administrativos, dada la naturaleza de esta. Finalmente, en lo referente a las omisiones administrativas, vale la pena indicar en primer lugar, que aunque la expresión “acción vulnerante” desde una perspectiva semántica pareciera excluirlas, de ninguna manera esto se puede interpretar así, pues la naturaleza resarcitora de las acciones de grupo, no puede limitarse a unos comportamientos, en este caso de la administración pública, y excluir otros, toda vez que en el derecho colombiano, todos ellos pueden causar daños y como consecuencia, pueden generar responsabilidad del Estado. Al igual que con el hecho y la operación; la omisión administrativa generadora de daño, dará lugar a la contabilización del término de caducidad a partir del análisis de la acción vulnerante, siempre que no exista una determinación cierta del grupo. Si en cambio, la omisión da lugar a un daño predicable de un grupo de personas cierto, la contabilidad del término de caducidad debe hacerse, desde el momento en que se configuró éste.
Sobre la hipótesis de la acción vulnerante como conducta que sirve para la contabilidad del término de caducidad de la acción de grupo se puede concluir: La acción vulnerante predicable de la administración pública, puede materializarse con ocasión de distintas conductas administrativas, tales como hechos, operaciones y omisiones administrativas. La acción vulnerante que sirve para contabilizar el término de caducidad de la acción de grupo, no debe concebirse como concomitante ni subsidiaria a la otra hipótesis contenida en la norma (la verificación del daño). Si bien, la identificación del grupo y la participación de un número mínimo de los miembros de este, constituyen un presupuesto para la interposición de una acción de grupo, la acción vulnerante que sirve para contabilizar el término de la caducidad de ésta, se utilizará, en aquellos casos, en que no resulte viable, al momento de presentar la demanda, una determinación cierta del grupo, entendiendo por esta, no la identificación de todos y cada uno de sus miembros, sino el reconocimiento de que éste no va a cambiar su tamaño con el pasar del tiempo. La acción vulnerante que se predica de los hechos administrativos, para efectos de contabilizar el término de caducidad, coincide con la constatación del daño continuado, luego dicho término, se podrá hacer de manera indistinta, aludiendo a una u otra hipótesis. La acción vulnerante que se predica de las omisiones administrativas resulta procedente también, cuando no resulta posible una identificación cierta del grupo (en los términos arriba indicados), al momento de interponer una acción de grupo.
ACCION DE GRUPO - Urbanización Santa Rosa. Conformación progresiva del grupo / ACCION DE GRUPO - Conformación progresiva del grupo. Caducidad de la acción / ACCION DE GRUPO - Acción vulnerante. Omisión / ACCION VULNERANTE - Omisión. Urbanización Santa Rosa
Existe prueba de que los daños se extendieron a la totalidad de las viviendas de la urbanización Santa Rosa, tiempo después de la presentación de la demanda; de lo que se infiere, que antes de que se presentara ésta, existía afectación a un número considerable, mas no a la totalidad de ellas; aspecto este, que puede corroborarse, con la conformación del grupo de manera progresiva y no inmediata, lo cual constituye un indicio, de que en la medida en que las personas se veían afectadas, iban acudiendo a integrar la parte demandante de la acción interpuesta en primer momento por aquellas perjudicadas desde antes. En este orden de ideas, se puede indicar, que si bien, en la actualidad, el grupo de personas afectadas puede determinarse de manera cierta (la totalidad de los propietarios de las viviendas de la urbanización Santa Rosa), al momento en que se presentó la demanda esto no era posible, motivo por el cual, en aquél entonces el término de caducidad no se podía contar desde la configuración del daño, según se indicó antes, sino en atención, a la acción vulnerante causante del mismo; en este caso, la omisión administrativa del Distrito Capital, consistente en no imponer sanciones, ni medidas preventivas contra la constructora, con ocasión del evidente incumplimiento de ésta, de lo establecido en las licencias de construcción y los estudios previos que les sirvieron de fundamento, fue como se dijo, la acción vulnerante. Como se observa entonces, al momento de presentarse la demanda, por las características del grupo, la caducidad debía ser contabilizada en atención a la acción vulnerante, en este caso la omisión, luego no existía caducidad de la acción.
ACCION DE GRUPO - Alteración de las condiciones de existencia / ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA - Concepto / URBANIZACION SANTA ROSA - Alteración de las condiciones de existencia / ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA - Urbanización Santa Rosa
La doctrina, especialmente la francesa, ha entendido por alteración de las condiciones de existencia (les troubles dans les conditions d’existence), el sufrimiento padecido por las víctimas de un daño, consistente en la modificación anormal del curso de su existencia, es decir de sus ocupaciones, sus hábitos y sus proyectos. Un daño puede entonces producir perjuicios, que desbordan la lógica de aquellos materiales, e incluso de los morales, cuando logra alterar el devenir cotidiano del comportamiento humano, no por comprometer su integridad física, ni sus sentimientos, sino por alterar sus condiciones de existencia, que no son otra cosa, que sus costumbres relacionadas con su proyección de vida. En el caso objeto de análisis, tal y como lo indica el Tribunal de Cundinamarca, los propietarios de las viviendas de la Urbanización Santa Rosa, debieron cambiar los hábitos relacionados con su proyección de vida, toda vez que su aspiración de mejorar la calidad de ella, con ocasión de la adquisición de sus casas y apartamentos, se vio troncada con el deterioro de los mismos. La vida habitual de las víctimas del daño que se analiza, cambió de manera anormal con ocasión de éste; como se observa, en el caso objeto de análisis, sí se probó, según se dijo antes, la alteración de las condiciones de existencia, a partir del uso de la presunción como medio probatorio. El daño indiscutible sufrido por los actores, da lugar a una alteración, de nada más y nada menos, que de las condiciones del sitio donde estaban forzados a vivir; la vivienda debe comprenderse en este caso, como algo más que una cosa, como algo más que lo físico, debe concebirse además, como el lugar por excelencia, donde se desenvuelve la cotidianeidad de la vida misma. El reconocimiento de esta situación por parte del a quo, se insiste, se hizo sin embargo, desde una perspectiva conceptual, de manera equivocada. En la sentencia de primera instancia, se confundió el perjuicio moral con aquél propio de la alteración de las condiciones de existencia; como se observa de lo antes indicado, estos son esencialmente distintos; una cosa es el dolor, el sufrimiento, la congoja y otra muy distinta, el cambio anormal de los hábitos en función de la proyección vida. Esta falencia conceptual, no puede dar lugar, sin embargo, a un desconocimiento de la condena impuesta por este perjuicio en la sentencia de primera instancia; por este motivo, este cargo del apelante no prosperará, aunque se advierte que el reconocimiento que el a quo hizo de perjuicios morales, corresponde más bien a perjuicios por alteración de las condiciones de existencia. Este cambio formal o conceptual se introducirá entonces, en la parte resolutiva de la sentencia. Así mismo, la sala estima que la indemnización de perjuicios por este concepto debe ser de 30 salarios mínimos, legales mensuales, en razón de cada una de las viviendas afectadas.
ACCION DE GRUPO - Condena. Tasación concreta de perjuicios / PERJUICIOS MATERIALES - Acción de grupo. Tasación concreta / ACCION DE GRUPO - Sentencia. Contenido / ACCION DE GRUPO - Condena ponderada / CONDENA EN ACCION DE GRUPO - Naturaleza. Ponderada
De la trascripción que al comienzo se hiciera de la parte resolutiva de la decisión adoptada por el a quo, éste, en lo que respecta a los perjuicios materiales, no hizo una tasación concreta o específica de cada uno de los miembros del grupo, sino que se limitó a hacer una condena en abstracto por este concepto. Así mismo, vale la pena recordar, que lo allí dispuesto en este sentido, no fue objeto de apelación. Esta conducta de cierta manera contraviene la esencia de la acción de grupo, toda vez que por el carácter resarcitorio de ésta, resulta coherente que las condenas se hagan en concreto y no en abstracto. En este sentido, se establece en el numeral 1 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 como contenido indispensable de la sentencia de esta acción, cuando quiera que se acojan las pretensiones de la demanda: “El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales”. Esta conducta del Tribunal de Cundinamarca que constituye un incumplimiento de la norma trascrita, y que sin duda alguna, afecta los intereses del grupo, deberá ser remediada por esta Sala, y por este motivo se procederá a concretar la condena, de conformidad con lo solicitado por la parte actora en la demanda y reconocido por el a quo en abstracto. (…) Al respecto estima la Sala, que si bien no todas las viviendas son iguales, ni se encuentran en el mismo estado, ni fueron compradas en el mismo momento, la ley le permite al juez elaborar una condena ponderada, y en virtud de esto, puede tomar el valor correspondiente a la vivienda del ejemplo desarrollado in extenso por el perito, apenas aludido, y multiplicar éste por el número de viviendas cuyos propietarios fueron debidamente acreditados dentro del proceso, adicionado por el número de viviendas estimado, cuyos propietarios no se hicieron parte del grupo y que pueden alegar sus derechos con posterioridad a esta sentencia.
ACCION DE GRUPO - Ejecución de la sentencia. Urbanización Santa Rosa / FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - Ejecución de la sentencia. Urbanización Santa Rosa / URBANIZACION SANTA ROSA - Ejecución de la condena
Reglas para la ejecución de esta sentencia y que deberán ser tenidas en cuenta para este efecto, por el administrador del Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos: Se le pagará a cada uno de los miembros del grupo acreditados dentro del proceso, y con posterioridad de esta sentencia, el porcentaje del valor de la vivienda referido, correspondiente al porcentaje que estos tengan de propiedad de la misma. El pago se hará en primer lugar a los propietarios de las viviendas que se hayan constituido como parte en este proceso y cuya condición resulte acreditada, y luego a los que acrediten serlo con posterioridad a esta sentencia. Tanto los miembros del grupo acreditados dentro del proceso, como aquellos que lo hagan con posterioridad de esta sentencia, deberán presentar ante el liquidador para recibir su pago: (1) copia del poder conferido a su representante judicial en el presente proceso; (2)copia auténtica de la escritura de compraventa a la urbanizadora Santa Rosa y del certificado de libertad y tradición que los acredite como propietarios; y (3) Documento que acredite el traslado de dominio exento de gravámenes, que estos hacen a la parte demandada que pague la condena impuesta en esta sentencia.
ACCION DE GRUPO - Objeto / ACCION DE GRUPO - Orden de hacer / ACCION DE GRUPO - Reparación integral del daño / REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO - Acción de grupo / ACCION DE GRUPO - Reubicación. Urbanización Santa Rosa
El artículo 3 de la Ley 472 de 1998, establece que “la acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”. Como consecuencia de ello, se debe resolver la siguiente inquietud: ¿Es viable adoptar órdenes de hacer, en desarrollo del reconocimiento de la indemnización de perjuicios a víctimas de daños reconocidos en las acciones de grupo? La Sala considera que este interrogante, debe resolverse de manera afirmativa, por las razones que pasa a exponer: La acción de grupo de conformidad con su configuración constitucional y legal, puede resultar viable, cuando se afecten derechos o intereses individuales, pero también de índole colectiva. Perfectamente puede suceder que se produzca un daño a un grupo de personas, y que (en parte o por completo) la antijuridicidad de éste, se configure, con ocasión de la violación a derechos o intereses colectivos. La oportunidad de la acción de grupo frente a situaciones que comportan violación de derechos o intereses colectivos, trae como consecuencia que al momento de reparar el daño de manera integral, el juez deba atender medidas propias de estos derechos, que como se ha evidenciado en la evolución de las acciones populares, demanda, en muchas oportunidades, la necesaria adopción de medidas diferentes a la simple indemnización patrimonial del daño. En el caso objeto de estudio, esta situación se hace evidente: De manera independiente a la configuración del daño, que como se ha indicado, no ha sido objeto de discusión en la segunda instancia de este proceso; con éste se produjo la violación a algunos derechos de tipo individual, como la propiedad privada; pero también a algunos derechos de naturaleza colectiva, como “la seguridad pública” (literal g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998) y “la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes” (literal m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998). Para la reparación de un daño que involucra estos derechos, como se observa, no resulta suficiente una condena patrimonial de indemnización de perjuicios; se hace necesario además, la adopción de medidas orientadas a mitigar sus efectos, como la adopción de órdenes de reubicación.
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