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Timestamp: 2020-08-04 00:20:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 400', 'artículo 401', 'artículo 404', 'artículo 2183', 'artículo 1062', 'artículo 406', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 400', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 1061']

Icamalaga.es: febrero 2013
Isabel Alvaz, ponente, durante su intervención
El pasado jueves 14 de febrero se celebró en el Colegio de Abogados de Málaga la Jornada sobre Novedades en ejecuciones hipotecarias y sobre la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Se trata de la primera actividad organizada por la Sección de Derecho Bancario del Colegio, que ha comenzado su andadura recientemente. En la Jornada participaron representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.
La primera ponencia tuvo como protagonista a Doña Isabel Mª Alvaz Menjíbar, Magistrada Juez del Juzgado de 1ªinstancia nº 8 de Málaga, que dedicó su intervención al análisis de las cuestiones que se plantean en la práctica procesal de las ejecuciones hipotecarias.
En esta entrada vamos a centrarnos en la posibilidad de que los jueces conozcan de oficio las cláusulas abusivas en esta materia.
La más frecuente es la cláusula del interés moratorio. El análisis de esta cláusula parte de la referencia obligada a la STJUE 4 de Junio de 2009, que respondía a una cuestión de interpretación de la Directiva 93/13, de 5 de abril 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
La jurisprudencia del TJUE afirma que una cláusula abusiva sobre intereses de demora no vincula al consumidor. No es necesario que el consumidor haya impugnado con éxito tal cláusula, debiendo el Juez nacional examinar de oficio el carácter abusivo o no de la cláusula.
En esta misma línea, la reciente STJUE de 14 de junio de 2012 sobre una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la interpretación de la Directiva 93/13, ya citada, en el marco de un proceso monitorio. El fallo del Tribunal dice entre otras cosas que:
(La Directiva) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento– el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición.
Por lo tanto, si se concluye que la cláusula es abusiva, se tendrá por no puesta. A partir de ahí surgen nuevos problemas de interpretación. Uno de ellos es ¿dónde se pone el umbral para considerar abusivos los intereses?
Hay distintas consideraciones en juego. En Málaga, los jueces han fijado este umbral en un 24%. Uno de los criterios es el uso habitual, por lo que tomaron como referencia que en muchos contratos el interés es del 2% mensual, y de ahí salió el 24%, aunque la propia ponente reconocía que se trata de un umbral muy alto, y espera poder reducirlo con un nuevo acuerdo entre todos los jueces. Otras Audiencias Provinciales lo han fijado en el 20% fijándose en la Ley de Contratos de Seguro. En Madrid se fijó en 10 puntos por encima del interés remuneratorio. En países como Alemania (entre 2-3 / 5-7) puntos por encima del interés remuneratorio que se fije en el contrato.
Isabel Alvaz considera un avance el hecho de que se haya llegado al acuerdo de que se pueda examinar de oficio. La tendencia jurisprudencial es, como vemos, favorable a apreciar de oficio las cláusulas abusivas. Es aconsejable partir de las que el TS ya ha declarado como abusivas.
Cláusula sobre vencimiento anticipado, por impago de alguno de los plazos del préstamo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiende a admitirlas como válidas. En este sentido, STS 7 febrero 2000 y STS 12 diciembre de 2008, en la que el propio Tribunal reconocía que:
La STS de 27 de marzo de 1999 ha considerado abusivas, y, por consiguiente, nulas las cláusulas de vencimiento anticipado cuando las deudas estén suficientemente garantizadas, no obstante la posición de esta resolución no ha tenido continuidad en la jurisprudencia.
Al respecto hay una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE por el Juzgado Mercantil nº3 de Barcelona (C- 415/11). Se puede acceder tanto al Auto planteando la cuestión prejudicial como las Conclusiones de la Abogada General en este enlace.
Nos parece especialmente interesante destacar que en el Auto de planteamiento de la cuestión prejudicial se pide al TJUE que dé contenido al concepto de desproporción en orden:
A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado en un largo lapso de tiempo - en este caso 33 años - por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.
La fijación de unos intereses de demora - en este caso superiores al 18% - que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro (...)
Cuando el impago es muy pequeño, la ponente considera que la cláusula se podría considerar abusiva. Hasta ahora el Tribunal Supremo dice que no es abusiva, por lo que se está a la espera de la resolución de la citada cuestión prejudicial.
Cláusula suelo. En principio, tales cláusulas han de ser consideradas legales, están recogidas en la Ley 2/2009 de contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito y en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
El notario debe ofrecer una información exhaustiva al consumidor. Normalmente, la cláusula suelo debe ir acompañada de una cláusula techo que compense el desequilibrio contractual. Su posible ilicitud se basa en:
falta de información previa al consumidor por parte del notario o de la entidad financiera
falta de simetría entre la posición del prestamista y el prestatario
separación entre las cláusulas techo y suelo en cuanto a los tipos de interés
falta de buena fe por la entidad financiera
Isabel Alba citó a este respecto dos sentencias:
Sentencia AP Cáceres, Sección 1ª, de 24 de abril de 2012
Por último, se mencionó la cláusula de redondeo, que ha sido declarada de forma generalizada como abusiva, cuando:
establece el redondeo sólo al alza
cuando no haya sido negociada individualmente
cuando vaya en contra de las exigencias de la buena fe
También es importante analizar el desequilibrio entre las partes del contrato y la falta de información.
Isabel Alvaz concluyó esta parte de su intervención mencionando la necesidad de continuar trabajando de forma coordinada para llegar a acuerdos entre los jueces y fijar criterios comunes.
ACTUALIZACIÓN, 14 de marzo de 2013
Publicada la Sentencia del TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juez del Juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona.
Sentencia de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11)
Nota de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Sentencia
Entrevista al Juez José María Fernández Seijó, en Diario Jurídico
-Encaso de vuelo frustrado ¿qué podemos reclamar en nombre de nuestro cliente?
-Lacomunicación del despido objetivo
Publicado por Icamalaga en 12:07 No hay comentarios:
Etiquetas: cláusulas abusivas, consumidores, ejecución hipotecaria, jurisprudencia
Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga.
Le divorce. Jean-Baptiste Lesueur
Con cierta asiduidad nos encontramos cuadernos particionales o liquidaciones de bienes en la que el contador atribuye a los cónyuges los bienes en proindiviso, o directamente solicitamos la subasta de los bienes en las acciones de división. Nuevamente el Tribunal Supremo, esta vez de la mano como ponente de D. Jose Antonio Seijas Quintana (del que seguro seguiremos hablando, pues parece ha recibido el testigo que dejara Dª Encarnación Roca), insiste en que la acción de división de cosa común en regímenes de separación de bienes no puede sujetarse a la literalidad de las normas de la división de cosa común y proceder siempre a la subasta del bien. Nos recuerda que, impuesta la necesidad de división de la cosa común, ésta puede hacerse de distintos modos, y no siempre acudiendo a la subasta del bien, como ya indicamos en anteriores comentarios.
Insiste el Tribunal Supremo en la doctrina de que la división, para el Código civil, no significa solamente división material, sino que comprende la división en sentido jurídico, y así en la Sentencia de 22 de enero de 2013, nos dice textualmente que:
" No existen distintas acciones de división según que las cosas sean o no divisibles, y por esta razón el artículo 401, párrafo primero , no puede ser interpretado en el sentido de que excluye un tipo de acción de división pero deja subsistentes otros, puesto que no hay más que una acción de división. El artículo 401 I, enlazado con el artículo 400, ha de ser entendido como exclusión de la acción de división. Por ello, si es posible la división que prevé el artículo 401 II CC, no puede ser aplicado, ni menos en conexión con el artículo 404 CC, precepto que por su origen histórico ( artículo 2183 del antiguo Código civil portugués) ha de ser entendido como previsión de lo que se ha de hacer cuando no puede practicarse una división material o in natura, a lo que se ha de añadir la previsión del artículo 1062 CC, traído a causa por el artículo 406 CC, sobre el desmerecimiento; en tanto que el artículo 401 I CC excluye, sencillamente, la acción división, pues, como han dicho las SSTS de 19 de junio de 2000 y 22 de julio de 2002, a falta de convenio el juzgador ha de examinar si la cosa es divisible o indivisible, entendiéndose que se da esta hipótesis no sólo cuando no sea divisible desde la perspectiva material, según criterios económicos y sociales, sino también cuando desmerezca mucho por la división, en cuyo supuesto se comprende también la inservibilidad ( artículos 404, 406 y 1062 CC ).
La jurisprudencia, además, sigue diciendo la misma sentencia, " ha venido considerando que el tono imperativo del artículo 401 II CC hace inexcusable su aplicación siempre que sea posible, pues se trata de un derecho ejercitable por cualquiera de los copropietarios que se encuentren en tal situación ( SSTS 16 de octubre de 1964, 20 de enero de 1988, 13 de diciembre de 1983 ), que es viable en cuanto se produzca la solicitud y concurran las características ( STS 26 de septiembre de 1990, 1 de marzo de 2001, etc.), siempre que no se exijan obras de enorme importancia ( STS 30 de junio de 1993) y que no se produzca la pervivencia de la copropiedad ordinaria, pues se trata de una forma de división. Se valora, en el sentido de propiciar lo que se ha llamado "esta peculiar forma de división" ( STS 26 de septiembre de 1990 ), la semejanza de los lotes o cuotas asignados a los copropietarios ( SSTS 26 de septiembre de 1990, 13 de julio de 1996, etc.), así como la delimitación suficiente del espacio susceptible de aprovechamiento independiente (Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado de 5 y 7 de enero de 1998) y la susceptibilidad de aprovechamiento independiente, es decir, que no se precise el goce por cada uno de los propietarios de los espacios resultantes (plazas de garaje) de los demás elementos privativos (RR de la DGRN de 12 de noviembre de 1997 y 3 de julio de 2000)." En el caso citado, se acuerda dividir materialmente el bien en dos plantas atribuyendo una a cada cónyuge y respetando el uso concedido en la sentencia.
En la posterior sentencia de 5 de febrero de 2013, Seijas Quintana nos indica además que: "la división de la comunidad no puede producirse como si únicamente el patrimonio de los partícipes estuviera determinado por un único inmueble acudiendo al artículo 400, ya que es un precepto pensado para otro supuesto distinto, esto es, para cuando lo que está en comunidad es un único objeto Precisamente el artículo 406 ordena la aplicación de las normas de la división de herencia a los partícipes en la comunidad en la división de ésta, lo que se adapta perfectamente a la situación en la que lo que está en comunidad es una pluralidad de objetos ( STS 12 de julio 1996 ).
El artículo 406 CC se remite a las reglas concernientes a la división de la herencia para la división de la cosa común - actio communi dividundo- y es el artículo 1061 CC el que proclama el principio de igualdad correspondiente adjudicación de bienes a los partícipes de la comunidad que ponga fin al estado de indivisión, entendido en el sentido de que no se trata de una igualdad matemática o absoluta sino de una adjudicación presidida por un criterio de equitativa ponderación determinado por las circunstancias de cada caso, lo que justifica plenamente la directa adjudicación al cónyuge titular del derecho de uso de la propiedad de la vivienda familiar desechando la posibilidad de su venta en pública subasta, sin perjuicio de la compensación económica que proceda; solución que es totalmente respetuosa no solo con el derecho de uso atribuido a la misma en el proceso de divorcio, en cuanto consolida propiedad y uso, sino con los intereses de quien no lo disfruta por cuanto la venta en pública subasta, si es que se consigue en estas condiciones, va a impedir al esposo, participe al 50% de la propiedad, recibir durante un tiempo considerable la parte del patrimonio que legítimamente le corresponde y consiguientemente proveer al pago de una vivienda en la que acomodarse."
Tanto en la sentencia de fecha enero de 2013, como en la de febrero, el Tribunal Supremo respeta la atribución del uso concedido en la sentencia dictada en el proceso matrimonial, y lo curioso de ambas resoluciones es que obedecen a procesos judiciales ordinarios interpuestos en regímenes de separación de bienes, pero las argumentaciones jurídicas esgrimidas respecto de la división material de los bienes es aplicable también a los cuadernos particionales en sede de gananciales o de herencias. Por ello tomemos nota de ellas y recordemos que la solución que ha de darse en estos procesos de reparto de bienes entre copropietarios debe ser sobre todo eficaz y práctica evitándole a las partes perjuicios innecesarios, pues ya tenemos más argumentos legales con estas nuevas resoluciones.
- Actio communi dividundo: alternativas a la subasta
- Bienes en proindiviso de los cónyuges: novedades legislativas
- División material de la vivienda domicilio conyugal
-Interpretación del significado de "vida marital" como causa de extinción de la pensión compensatoria en la STS 9 de febrero de 2012
Imagen inicial tomada de http://www.culture.gouv.fr/
Etiquetas: actio communi dividundo, familia, jurisprudencia, subasta, tribunal supremo
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