Source: http://www.pedrosabogados.es/actualidad-juridica/category/publico/7.html
Timestamp: 2018-02-18 22:16:22
Document Index: 250734922

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 281', 'Artículo 282', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 281', 'artículo 299', 'artículo 281', 'artículo 24']

ENTREVISTA A SANTIAGO CALVO EN ONDA CERO SOBRE EL FIN DEL PAPEL EN LA JUSTICIA. LEXNET.
El pasado 27 de diciembre del 2015 nuestro letrado Santiago Calvo fue entrevistado en Onda Cero en el programa nacional Con Buena Onda, para hablar del fin del papel en la justicia y del Lexnet.
Os adjuntamos el enlace por si no pudisteis escucharlo.
http://www.ivoox.com/lexnet-audios-mp3_rf_10043566_1.html
SI ES PROPIETARIO DE SUELO DOTACIONAL PUEDE FORZAR UNA EXPROPIACIÓN, POR ANA RIERA
SI ES PROPIETARIO DE SUELO DOTACIONAL
PUEDE FORZAR UNA EXPROPIACIÓN
La expropiación, es una figura del derecho público mediante la cual se faculta una transmisión de la propiedad privada desde su titular a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio, a cambio, generalmente, de una indemnización. Como notas características destacaríamos el hecho de que se trata de una transmisión de la propiedad de carácter coactivo y el hecho de que el administrado tiene el derecho de recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del bien expropiado.
Cuando hablamos de expropiaciones deben de concurrir una serie de elementos consustanciales, que si no se cumplen, pueden conllevar la nulidad del proceso. Dichos elementos, que buscan evitar que la administración haga uso de sus facultades más allá de lo previsto, son:
La declaración de utilidad pública o interés social.
El justiprecio.
Y, el derecho de reversión.
A mayor abundamiento, debemos de tener claro que cualquier activo patrimonial puede ser expropiado por la Administración, sirviendo los conceptos de utilidad pública e interés social que consagra el artículo 33.3 de nuestra Constitución, incluso como base de motivación de actos imposibles. Con ello me refiero a que decir que hay interés público, en sí mismo es un concepto hueco que hay que llenar, por lo que los organismos públicos deben de concretar en qué consistirá. Pero ahí es donde entra el tantas veces vapuleado principio de autonomía local, que incorrectamente interpretado por muchos políticos, es considerado como una “Patente de Corso” que permite que las potestades de la Administración se maximicen.
Los Ayuntamientos, dentro de ese afán expropiatorio, llegaron incluso a reservar dentro de un Plan General numerosos terrenos para dedicarlos a la construcción de edificios públicos, viarios, parques, jardines, etc. El suelo destinado por los Planes Generales a usos públicos es denominado legalmente suelo dotacional o suelo de redes públicas. Lo que pasa es que en tiempos de bonanza económica no hubo problema en que los Ayuntamientos procedieran a la expropiación de esos terrenos, pero en la actualidad nos encontramos con numerosos propietarios de suelos dotacionales, ubicados muchas veces dentro de una población, cuyas propiedades se quedan “congeladas” porque ni las pueden usar ni se les paga el correspondiente justiprecio por su expropiación.
Debe de quedar claro que los Ayuntamientos están obligados a expropiar estas parcelas en un plazo máximo desde que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana o instrumento que las califica como suelo urbano consolidado con uso dotacional. Los plazos varían según de la Comunidad Autónoma que se trate, así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, conforme a nuestra Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, es cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del plan sin que se lleve a efecto la expropiación de terrenos dotacionales que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria, cuando los propietarios podrán anunciar al ayuntamiento su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por ministerio de la ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio.
Los consistorios, hacedores de lo que podían y de lo que querían en aquellos tiempos, se encuentran con que a fecha presente no hay cobertura presupuestaria suficiente para abonar los justiprecios que fija el Jurado Provincial de Expropiación, lo que conlleva demoras que incrementan las indemnizaciones por los intereses que se van generando.
Como ejemplo que sirve de patrón podemos citar el del denominado Casino Americano de Valencia, también conocido como el Saudí Park, ubicado entre la avenida Burjassot y la ronda norte, el cual fue construido en 1869 por encargo de Joaquín Megía, un militar de origen granadino destinado en Cuba cuya familia hizo fortuna con el negocio de la caña de azúcar. La expropiación de dicho edificio se planteó en el PGOU de 1988 para ampliar el parque de Benicalap, pero el tiempo pasaba y el entonces dueño tuvo que exigir que el Ayuntamiento incautase el edificio. El Jurado Provincial de Expropiación fijó en 2.274.584 euros el justiprecio en 2008, aunque la demora del consistorio incrementó en 1.200.000 euros el precio fijado. Así, en 2012 el Ayuntamiento tuvo que pagar 3.500.000 euros por el mismo.
Por otro lado, nos encontramos con múltiples ejemplos de expropiaciones en la provincia de L’Horta de València cuyos consistorios valoraron a la baja pero que tras la lucha de los propietarios se han cifrado conforme a ley, como es la del Parque de Cabecera de Valencia cuya ejecución se ha visto afectada por varias retasaciones, o la de la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro en Almàssera, a la que el Ayuntamiento de esta localidad expropió sin acuerdo y en la que tras una sonada condena del Tribunal Supremo acabó pagando a la asociación 7.200.000 euros.
En cualquier caso, los propietarios afectados deben de ser conscientes que el compromiso municipal de llevar a cabo una expropiación nace desde el mismo momento en que el Ayuntamiento tenía la obligación de hacerlo, no pudiendo con posterioridad, aprovecharse este último de una revisión del plan para devolver a las fincas otros usos. El Ayuntamiento de Alzira incluyó en su PGOU de 1985 una superficie de 150.000 metros cuadrados del Hort de Redal como zona verde con compromiso de expropiar, queriendo a posteriori devolver a la finca la condición de suelo de especial protección agrícola, lo que provocó que los titulares de ese huerto de naranjos acudieran al Jurado Provincial de Expropiación, quien reconoció su derecho y fijó la indemnización en 12,5 millones de euros.
LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES
POR ANA RIERA, LETRADA DE PEDRÓS ABOGADOS
En la actualidad estamos ante un escenario social donde el Derecho internacional Privado experimenta un espectacular desarrollo, las situaciones privadas internacionales son más numerosas y diversas que nunca antes, y ello gracias al impulso del derecho comunitario. Es por ello que los Tribunales Españoles se ven cada vez más habituados al tratamiento procesal del Derecho extranjero, pudiendo sentar los criterios indispensables para la prueba del mismo.
La Sala Primera del TS en el siglo XIX, ya elaboró una serie de reglas respecto del tratamiento procesal del derecho extranjero, puesto que el Código Civil de 1889 guardó pleno silencio sobre ello, seguramente por la ausencia de un escenario internacional y una necesidad latente de un estado soberano. Estas tres grandes reglas eran las siguientes:
1.El Derecho extranjero no podía ser tratado procesalmente como Derecho, pues ello supondría un atentado contra la Soberanía española. Pero en cualquier caso declaró que es mismo debía de probarse y alegarse a instancia de parte. España en aquel entonces no estaba muy dispuesta a aceptar mandatos soberanos extranjeros. (STS 9 de enero de 1936, STS 30 de junio de 1962, STS 5 de noviembre de 1971, etc.)
2.El juzgador tenía la facultad pero no la obligación de intervenir en la prueba del derecho extranjero. Se trataba de una potestad discrecional. STS de 13 de enero de 1885, STS de 21 de febrero de 1935, STS de 16 de octubre de 1940, etc.)
3.Si el derecho extranjero no era alegado y probado por la parte interesada, el tribunal español siempre debía de resolver conforme al Derecho material español (Back to the lex fori rule).
Dichas reglas se aplicaron igualmente de forma unánime durante todo el siglo XX, pero tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) la prueba del derecho extranjero sufre una gran revolución, para ajustarse a las exigencias comunitarias.
La regulación respecto de la aplicación y prueba del Derecho extranjero la encontramos en el artículo 281.2 LEC que indica “También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. (…) El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación”.
Con ello constatamos que el legislador español no ha querido elaborar un precepto con una regulación completa y rígida de la prueba del Derecho extranjero. Pudo hacerlo y no lo hizo, sino que prefirió fijar “líneas maestras” y dejó intencionadamente a los tribunales la tarea de elaborar respuestas concretas a las cuestiones no reguladas en la LEC. La STS de 17 de diciembre de 1991 habla de una “textura abierta”1 .
Por ello, podemos afirmar que la regulación española sobre la prueba del Derecho extranjero es una combinación de regulación legal básica y regulación jurisprudencial de desarrollo. A estos efectos, no se pueden sino citar las palabras de V. ITURALTE SESMA, sobre el trabajo de E. ZITELMANN 2 “nunca se conseguirá comprender en los limitados artículos de un código la abundancia inagotable de la vida real con todas las cuestiones jurídicas que ofrece; siempre surgen en la vida casos nuevos que ningún legislador hubiera podido prever”, o incluso aludir al propio ARISTÓTELES, quién en Moral a Nicómaco, libro quinto, capítulo X , la equidad 3, dice sabiamente “…Y así, en todas las cuestiones respecto de las que es absolutamente inevitable decidir de una manera puramente general, sin que sea posible hacerlo bien, la ley se limita a los casos más ordinarios, sin que disimule los vacíos que deja. La ley por esto no es menos buena; la falta no está en ella; tampoco está en el legislador que dicta la ley; está por entero en la naturaleza misma de las cosas; porque esta es precisamente la condición de todas las cosas prácticas. Por consiguiente cuando la ley dispone de una manera general, y en los casos particulares hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber hablado en términos absolutos, es imprescindible corregirle y suplir su silencio, y hablar en su lugar, como él mismo lo aria si estuviera presente; es decir, haciendo la ley como él la habría hecho, si hubiera podido conocer los casos particulares de que se trata.”
Así, puntualizando el contenido de nuestra LEC, a modo de síntesis, esta se limita a afirmar que el Derecho extranjero:
Debe de ser probado.
Debe de probarse respecto de su contenido y vigencia.
Su prueba se practica a instancia de parte, pero con excepciones, puesto que el tribunal puede y/o debe intervenir en la prueba del Derecho extranjero. Artículo 282 de la LEC.
El Derecho extranjero es algo totalmente diferente a la prueba de los hechos procesales, los cuales están sujetos a unas reglas determinadas de prueba que no son aplicables al Derecho extranjero.
En este sentido, como sentencia de referencia, tenemos la STS de 3 de marzo de 1997 4, que razona y desarrolla muy bien los anteriores puntos: “Aunque en sentido genérico se habla, en efecto, de la prueba del Derecho extranjero, criterio que responde en España a una tradición que arranca de la L. 18, Tít. 14 de la Partida 3ª, la evolución doctrinal y jurisprudencial nunca equiparó en sentido estricto la prueba del Derecho extranjero con la prueba de los hechos, pues se ha entendido que no son supuestos idénticos la justificación o acreditación de la norma extranjera y la prueba de los hechos. Se ha hecho notar, en este sentido, que el ‘iura novit curia’, aun atenuado respecto del Derecho extranjero no se excluye como principio en cuanto al conocimiento de las normas no nacionales, si bien las partes deben cooperar con el juez en la busca de la norma extranjera suministrándole los medios de conocimiento, de manera que más que una actividad probatoria en sentido estricto se trata de una colaboración entre las partes y el órgano. En nuestro sistema procesal vigente, tras la redacción del Título Preliminar del CC, el artículo 12.6 deja claro: a) que la norma extranjera se “acredita”; b) que en su función de aplicador, el Juzgador puede valerse de cuantos instrumentos de averiguación considere oportunos. El término “acreditar” no está empleado de manera vulgar, sino en sentido técnico, lo cual significa que no es necesario que la verificación o comprobación del contenido y vigencia de la norma extranjera se ajuste a las reglas de la prueba rigurosa, sino que responde a los postulados más abiertos de la prueba denominada doctrinalmente “libre”, o en otras palabras, prueba que presupone la libertad de medios probatorios (siempre que sean lícitos y se obtengan por medios no prohibidos), y la libertad de valoración o apreciación. Si el juzgador, con la aportación de las partes no se considera suficientemente ilustrado debe y puede actuar de oficio investigando la norma aplicable”.
Ante tal contundencia no podemos sino afirmar que estamos ante un sistema flexible, pero ojo, nuestro sistema procesal se posiciona sobre la base de que quod non est actis non est in mundo, o lo que es lo mismo, lo que no se alega, no puede ser tenido en cuenta. De este modo, sino se alega el Derecho extranjero, este no puede ser tenido en cuenta por el tribunal para fallar el caso. Recordemos que la fundamentación jurídica de las pretensiones de las partes es siempre “objetiva”, a cada pretensión corresponde una fundamentación jurídica, debiendo las partes fundar sus pretensiones en tal derecho extranjero, que si no se alega, la fundamentación jurídica de la pretensión es incorrecta y por tanto debe de ser desestimada. Pero aun así, nos encontramos con resoluciones sorprendentes a subrayar la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005 5 que representa un giro de 180 grados respecto de la precedente y más que centenaria jurisprudencia del TS relativa a la alegación del Derecho extranjero, y aunque no sea una sentencia perfecta, hay que reconocer que representa un avance espectacular en la doctrina de la Sala, subrayamos a continuación las palabras clave de la resolución “En efecto, los hechos están regidos por la regla de la aportación de parte, mientras que, en nuestro ordenamiento, el Tribunal está facultado para valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para la aplicación del Derecho extranjero, lo que significa tanto como que debe aplicarlo si es que lo conoce y, al fin, que de hecho la aportación de parte sólo sea necesaria para suplir aquella información. Por otro lado, la norma jurídica extranjera viene designada por la del conflicto del foro, que pertenece al ordenamiento que el Tribunal debe de aplicar de oficio (artículo 12.6 CC). Como consecuencia el derecho extranjero no tiene que ser alegado en el proceso por las partes para que el Juez deba de tener en cuenta la designación que de él efectúa la norma de conflicto, por más que ello sea para darle el tratamiento procesal que corresponda. Lo que han de alegar las partes son los hechos que, por la concurrencia de elementos extranjeros, se subsuman bajo la previsión de la norma de conflicto. Basta con tal alegación para que, como efecto dicha norma, se considere que el litigio debe resolverse según el Derecho extranjero en ella designado….
..el derecho extranjero no tiene que ser alegado en el proceso por las partes para que el juez deba de tener en cuenta la designación que de él efectúa la norma de conflicto, por más que sello sea para darle el tratamiento procesal que corresponda.”
Ante tal panorama, a grandes rasgos, podemos sentar una regla general y una excepción. Como regla general el derecho extranjero debe de probarse en el proceso concreto y, como excepción, cuando el derecho extranjero ya es conocido por el tribunal, éste no precisa ser probado (la antes citada STS de 10 de junio de 2005). Son muchos los Juzgados de Alicante y de las Islas Baleares los que estiman suficientemente probado el Derecho inglés relativo al régimen económico matrimonial.
Respecto del momento procesal oportuno, como el régimen de prueba del derecho extranjero es sui generis, es decir, no se trata de probar hechos procesales, debe de poder probarse tanto en primera instancia, como en apelación como en casación.
Entrando en los medios técnicos apropiados para su prueba, siempre bajo la premisa de que sólo cabe utilizar medios de prueba admitidos en la Ley española, el artículo 281.2 de la LEC, tampoco especifica qué concretos medios de prueba deben de emplearse para probar el Derecho extranjero. Por lo que, no existiendo una lista cerrada, pueden emplearse todos los medios, instrumentos y herramientas técnicas que, por su propia naturaleza, sean adecuadas para acreditar el contenido, ya sean o no medios probatorios de los admitidos en la LEC (artículo 299.3 LEC por analogía). Como ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 14 de diciembre de 2005 admitió un dictamen elaborado por una profesora de Derecho Internacional Privado en torno al derecho matrimonial marroquí aplicable al caso. En este sentido, la prueba pericial o documental no tienen por qué ajustarse de modo riguroso a las exigencias de la LEC para tales casos.
Independientemente de esta libertad de medios probatorios, son prueba idónea: las certificaciones expedidas por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia Español, sobre el contenido del derecho extranjero, certificación que únicamente puede ser solicitada por los tribunales; documentos privamos como obras doctrinales de autores extranjeros; pruebas periciales de parte o a instancias del propio tribunal; el interrogatorio a expertos en el Derecho extranjero concreto, y un amplio etc. Eso sí, no es preciso la prueba cumulativa de lo anterior.
Para, finalizar, el verdadero problema surge cuando es imposible la prueba del concreto Derecho Extranjero aplicable al caso. En ocasiones puntuales, puede que debamos aplicar el derecho de un país de reciente creación, de un país en guerra, o de un país con una dictadura cuya información legislativa resulte insuficiente. En dichos supuestos, el artículo 281.2 de la LEC, como es de prever, también guarda silencio. En tales casos se nos plantean dos hipótesis, si aplicar el Derecho material español como ultima ratio o aplicar el derecho que más se aproxime al Derecho extranjero inaplicable. Pero en este contexto, lo que sí queda claro es que la prueba del derecho extranjero está animada por el artículo 24 de la Constitución Española, o sea, que la falta de prueba o prueba insuficiente es una situación de crisis procesal que debe resolverse en el contexto del citado artículo, imponiendo una obligación de resultado, que es ofrecer una decisión que ponga fin al proceso conforme a la tutela judicial efectiva. Como desenlace en una controversia de este estilo los tribunales españoles podrían incluso aplicar el derecho extranjero que haya conseguido probarse y, en la parte que no se consiguió probar, aplicar el Derecho material español.
1 STS 17 de Diciembre de 1991.
2 V.ITURRALDE SESMA, lenguaje legal y sistema jurídico (cuestiones relativas a la aplicación de la Ley), Tecnos, Madrid, p.181; E. ZITELMANN “Las lagunas del derecho”.RGLJ, vol. 140, 1922, pp. 544-547.
3 ARISTÓTELES, Moral a Nicómaco, libro V, capítulo X, de la equidad, Proyecto Filosofía en español, © 2005 www.filosofia.org .Obras de Aristóteles Madrid 1873, tomo 1, páginas 146-148.
4 STS de 3 de marzo de 1997.
5 Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005.