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Timestamp: 2017-07-22 23:21:22
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ÍNDICE PARA LA REFORMA MÉXICO DE LA PROFESIÓN JURÍDICA PARA. Junio de American Bar Association
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Pedro Quintero Ruiz
1 ÍNDICE PARA LA REFORMA DE LA PROFESIÓN JURÍDICA PARA MÉXICO Junio de 2011 American Bar Association2 Las declaraciones y los análisis presentados aquí son obra de la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de los Estados Unidos ( American Bar Association Rule of Law Initiative ) (ABA ROLI). Las declaraciones y los análisis expresados son exclusivamente de los autores, y no han sido aprobados por el Cámara de Delegados o el Consejo de Gobernadores de la Asociación de la Barra de los Estados Unidos, y no representan la posición o la política de la Asociación de la Barra de los Estados Unidos. Asimismo, nada de lo incluido en este informe deberá interpretarse como asesoría legal para casos específicos. Este informe se hizo posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( United States Agency for International Development ) (USAID). Los contenidos son responsabilidad de ABA ROLI y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. ISBN: (edición en rústica) ISBN: (PDF) Impreso en los Estados Unidos de América Todos los derechos reservados 2012 American Bar Association th Street, NW, Washington, DC La Asociación de la Barra de los Estados Unidos (ABA) autoriza la reproducción de estos materiales, en su totalidad o en parte, para su uso en clases en una institución de educación superior o para su uso por organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando el uso sea sólo para fines informativos, no comerciales y que cualquier copia o parte de los materiales incluya un reconocimiento de su publicación original por ABA, incluyendo el título de la publicación, el nombre del autor y la leyenda Reimpreso con autorización de la Asociación de la Barra de los Estados Unidos (ABA). Todos los derechos reservados.3 TABLA DE CONTENIDOS Introducción...i Resumen Ejecutivo... 1 Información sobre México... 5 Contexto Jurídico... 5 Contexto Histórico... 8 Descripción de la Profesión Jurídica... 9 Colegios Profesionales en el ámbito del Derecho Análisis LPRI para México Tabla de Correlaciones I. Libertades y Garantías Profesionales Factor 1: Capacidad Para Ejercer con Libertad la Profesión Jurídica Factor 2: Inmunidad Profesional Factor 3: Acceso a Clientes Factor 4: La Confidencialidad entre Abogado y Cliente Factor 5: Acceso a la Información (Igualdad de Armas) Factor 6: Derecho de Audiencia II. Educación, Formación, y Admisión al Ejercicio de la Profesión Factor 7: Requisitos Académicos Factor 8: Preparación para la Práctica de la Profesión Jurídica Factor 9: Procedimiento de Capacitación Profesional Factor 10: Otorgamiento de la Cédula para Ejercer la Profesión Jurídica Factor 11: Admisión No Discriminatoria III. Condiciones y Normas para la Práctica Factor 12: Formación de los Despachos Independientes de Abogados Factor 13: Recursos y Remuneración Factor 14: Educación Jurídica Continua Factor 15: Representación de Minorías y de Género Factor 16: Ética y Conducta Profesional Factor 17: Procedimientos Disciplinarios y Sanciones IV. Servicios Jurídicos Factor 18: Disponibilidad de Servicios Jurídicos Factor 19: Servicios Jurídicos para los Desfavorecidos Factor 20: Resolución Alternativa de Conflictos V. Colegios Profesionales Factor 21: Gobierno Organizacional y Autonomía Factor 22: Servicios para Miembros Factor 23: Programas de Interés Público y Concientización Factor 24: Papel en la Reforma Jurídica Lista de Acrónimos... 694 5 Introducción El Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica (LPRI por sus siglas en inglés), es una herramienta de evaluación aplicada por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de los Estados Unidos (ABA ROLI, por sus siglas en inglés). El LPRI fue desarrollado por la Iniciativa para el Estado de Derecho para Europa Central y Eurasia de la ABA (ABA/CEELI), hoy en día una división de ABA ROLI, en conjunto con sus otras divisiones regionales para África, Asia, América Latina y el Medio Oriente/África del Norte. Su objetivo es evaluar el proceso de reforma entre los abogados en las democracias emergentes. El LPRI se fundamenta en una serie de 24 factores derivados de estándares para la profesión jurídica reconocidos internacionalmente por organizaciones tales como el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas. Los factores del LPRI establecen puntos de referencia en áreas cruciales como las libertades y garantías profesionales; educación, capacitación, y admisión a la práctica profesional; condiciones y estándares de la práctica; servicios jurídicos; y asociaciones profesionales. El objetivo primordial del LPRI es el de habilitar a la ABA ROLI, así como a otros agentes que llevan a cabo asistencia jurídica o financiamiento para la asistencia jurídica, y a las propias democracias emergentes, para implementar mejores programas de reforma jurídica y para monitorear su progreso con miras a establecer una práctica de la profesión jurídica más ética, eficiente e independiente. Además, el LPRI, junto con los otros proyectos de ABA ROLI como son el Índice para la Reforma Judicial (JRI, por sus siglas en inglés), el Índice para la Reforma de la Fiscalía (PRI, por sus siglas en inglés), y el Índice para la Reforma de la Educación Jurídica (LERI, por sus siglas en inglés), también ofrece información sobre temas relacionados como la corrupción, la capacidad del sistema legal para resolver conflictos, los derechos de las minorías y la igualdad entre los sexos, y la reforma de la educación jurídica. ABA ROLI inició este proyecto sabiendo que no existe un acuerdo generalizado sobre todos los detalles de los que se compone una reforma de la profesión jurídica. En particular, ABA ROLI reconoce que existen diferencias en las culturas jurídicas que pueden hacer que ciertos temas sean más o menos relevantes en un contexto específico. Sin embargo, después de más de una década trabajando en este campo, ABA ROLI ha concluido que cada uno de los 24 factores que se examinan aquí puede tener un impacto importante en el proceso de reforma de la profesión jurídica. Por ende, una evaluación de dichos factores establece una base sobre la cual estructurar un programa de asistencia técnica, y valorar los elementos más importantes del proceso de reforma. El carácter técnico del LPRI distingue a este tipo de herramienta de evaluación de otras evaluaciones independientes de naturaleza similar, tales como el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU. y el informe de Naciones en Tránsito de Freedom House. La evaluación del LPRI no provee un comentario exhaustivo sobre la situación general de la profesión jurídica en un país determinado. En lugar de ello, la evaluación identifica condiciones específicas, disposiciones legales, y mecanismos presentes en el sistema jurídico de un país, y determina qué tan bien se correlacionan con criterios específicos de reforma en el momento en que se lleva a cabo la evaluación. Además, ha de notarse que este proceso analítico no constituye una encuesta estadística. El LPRI está fundamentado en una evaluación de la normativa jurídica pertinente, en discusiones con grupos de enfoque informales, en entrevistas con fuentes clave, y en la información relevante disponible. El LPRI es, en principio y mayormente, una consulta jurídica que hace uso de una fuente diversa de información para describir el sistema legal de un país en un momento histórico determinado, visto a través del prisma de la profesión jurídica. Alcances de la Evaluación Evaluar la reforma de la profesión jurídica enfrenta dos retos principales. El primero es definir los términos profesión jurídica y abogado. El título Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica i6 es en cierto sentido ambiguo. El LPRI enfoca su atención en los abogados, sin embargo, la mayor parte de las profesiones jurídicas en el mundo se encuentran divididas en varias categorías. Por ejemplo, el Consejo de Europa hace una relación de varias categorías distintas de profesiones jurídicas, tales como jueces, fiscales, abogados, notarios, actuarios y comisarios. ABA ROLI pudo haber incluido a todas estas profesiones, y a otras más incluso, dentro de su evaluación, sin embargo consideró que de esa manera el diagnóstico podría resultar demasiado complejo o demasiado superficial. Con el fin de mantener manejable el proceso de evaluación del LPRI, así como de mantener sus posibilidades de aplicación global y de transferencia, el LPRI se enfoca en aquéllas profesiones jurídicas que constituyen el núcleo del sistema jurídico, por ejemplo aquéllas profesiones que son universalmente centrales para el funcionamiento de los sistemas democráticos y de las economías de mercado. Como consecuencia de ello, ABA ROLI excluyó del LPRI a profesiones como notario, actuario y comisario, debido a las limitaciones y diferencias existentes en sus funciones de un país a otro. Asimismo, ABA ROLI decidió eliminar del alcance de la evaluación del LPRI a los jueces y fiscales, para enfocar esta herramienta técnica a la principal actividad profesional a través de la cual los ciudadanos defienden sus intereses frente al estado. Los abogados independientes, a diferencia de los jueces y fiscales, no constituyen una parte del gobierno. Por otra parte, ABA ROLI ha desarrollado el JRI, que se enfoca en el proceso de reforma judicial en las democracias emergentes; el PRI, una herramienta de evaluación para fiscales; y el LERI, una herramienta para la evaluación del estado de la educación jurídica en un país determinado. Una vez que ABA ROLI determinó qué categoría de profesionales jurídicos serían evaluados por el LPRI, el problema restante era definir el término abogado. En los EE.UU., así como en algunos otros países, los abogados constituyen una categoría unificada de profesionales. Sin embargo, en la mayoría de los países, los abogados son divididos además en diferentes grupos según su derecho de comparecer ante los tribunales. Por ejemplo, en Francia, hay tres categorías principales de abogados litigantes: avocats, avoués à la Cour, y avocats aux Conseils. El avocat es un abogado con plenos derechos de audiencia en todos los tribunales, que puede aconsejar y representar a sus clientes en todos los tribunales, y que es instruido directamente por sus clientes para presentar argumentos en los tribunales en su representación. El avoué à la Cour posee el monopolio de la presentación de peticiones ante los tribunales de apelación, excepto en cuestiones penales y laborales, en cuyo caso su derecho de presentación se comparte con los avocats. En la mayoría de los casos el avoué à la Cour solamente puede presentar peticiones pero no presentar argumentos orales ante el tribunal; no tiene ningún derecho de otra índole ante los tribunales. El avocat aux Conseils representa a sus clientes en juicios orales y por escrito ante el Tribunal de Casación y el Consejo de Estado (el tribunal administrativo más alto en Francia). Ver Sanglade & Cohen, The Legal Professions in France, en THE LEGAL PROFESSIONS IN THE NEW EUROPE: A HANDBOOK FOR PRACTITIONERS, p.127 (Tyrrell & Yaqub eds., 2nd ed. 1996). Además del derecho de audiencia, otros factores complican la definición del término de abogado, incluyendo el gran número de abogados que trabajan para el gobierno, así como los asesores jurídicos corporativos, que no son considerados como profesionales independientes, así como la práctica existente en algunos países que consiste en permitir la representación legal de clientes a personas sin capacitación jurídica formal. Estos asuntos presentan un dilema, ya que si ABA ROLI se enfocara exclusivamente en los abogados litigantes (generalmente entendidos como aquellos profesionales que tienen el pleno derecho de audiencia ante los tribunales penales), podría quizás obtener un diagnóstico preciso de una parte, pequeña pero común, de la profesión jurídica en su totalidad, pero dejaría fuera del alcance de la evaluación a la mayoría de los abogados independientes, y por lo tanto dejaría al lector con una impresión sesgada de la reforma de la profesión jurídica. Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), había 22,048 abogados practicando la profesión jurídica en Polonia en el año De ese número, solamente 5,315, o sea el 24%, eran abogados litigantes. Si, por otro lado, el LPRI incluyera a todas las personas que están autorizadas para practicar la profesión jurídica, ello también podría generar una imagen ii7 imprecisa, ya que de esa manera incluiría a personas que no son abogados, así como a abogados que no practican la profesión jurídica. Con el fin de mantener un diagnóstico relativamente exhaustivo y sencillo a la vez, ABA ROLI decidió incluir en el LPRI a los abogados litigantes y abogados de causas civiles que han obtenido un grado en derecho de alguna escuela de derecho reconocida, y que practican la profesión jurídica de manera independiente y con regularidad, lo que da la posibilidad de excluir de la evaluación a los abogados de gobierno y a los asesores jurídicos corporativos. Adicionalmente, ya que ciertos factores se aplican exclusivamente a los abogados litigantes, ABA ROLI decidió expandir y contraer el universo de abogados dependiendo del factor en cuestión. Metodología El segundo reto más importante que se enfrenta al evaluar la profesión jurídica está relacionado con los medios y con cuestiones sustantivas. Si bien ABA ROLI pudo utilizar ampliamente elementos del JRI en términos de estructura y procedimiento, la investigación en materia de reforma jurídica es escasa. La poca investigación existente tiende a concentrarse en temas de judicatura, y a dejar a un lado a otros componentes importantes del sistema jurídico, como son los abogados y los fiscales. De acuerdo con el estudioso de la democracia Thomas Carothers, los promotores de estado de derecho tienden a traducir el estado de derecho a una lista de verificación institucional, con énfasis en lo judicial. CAROTHERS, PROMOCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN EL EXTRANJERO: EL PROBLEMA DE CONOCIMIENTO (Serie de Estado de Derecho CEIP, No. 34, Ene. 2003). Además, como sucedió con el JRI, ABA ROLI, encontró que muchos factores relacionados con la valoración de la educación jurídica son difíciles de cuantificar, y que la dependencia de criterios subjetivos en vez de objetivos puede ser ( ) susceptible de crítica. ABA/CEELI, ÍNDICE PARA LA REFORMA JUDICIAL: MANUAL PARA ASESORES DEL JRI (edición revisada, 2006). En el diseño de la metodología del LPRI, ABA ROLI buscó atender estos temas y críticas incluyendo criterios tanto subjetivos como objetivos y basando los criterios analizados en estándares internacionales y regionales fundamentales, tales como los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas; los Estándares para la Independencia de las Profesión Jurídica, los Principios Generales de la Profesión Jurídica, y el Código de Ética de la Asociación Internacional de Abogados; la Carta de Turín sobre el Ejercicio de la Abogacía en el Siglo XXI de la Unión Internacional de Abogados; la Recomendación No. R(2000)21 sobre la Libertad de Ejercer la Profesión de Abogado del Consejo de Europa; y la Carta de Principios Esenciales de la Abogacía Europea y el Código Deontológico de los Abogados Europeos del CCBE. Además, ABA ROLI se apoyó en las mejores prácticas establecidas a través de más de diez años de experiencia en asistencia técnica legal reformando la profesión jurídica en democracias emergentes. Con base en las fuentes señaladas anteriormente, ABA ROLI recopiló una serie de 24 declaraciones de aspiraciones, o de factores que indican el desarrollo de una profesión jurídica ética, eficiente e independiente. Para apoyar a los asesores en la evaluación de dichos factores, ABA ROLI desarrolló un manual que proporciona una guía comentada sobre los factores y los estándares internacionales en los cuales están basados, esclarece la terminología utilizada, y proporciona una orientación flexible en las áreas de investigación. Se ha hecho un esfuerzo especial para evitar favorecer a los conceptos del derecho común, con respecto a aquellos pertenecientes al derecho civil. Así, se incluyen ciertos factores que pudieran resultar poco familiares para el abogado especialista, ya sea en derecho común o civil, por lo que debe resaltarse que la intención fue captar lo mejor que ofrecen las principales tradiciones jurídicas, en lugar de tomar el sistema jurídico de un solo país como modelo para el LPRI. Las principales categorías incorporadas abordan las libertades y garantías profesionales, la educación, capacitación y admisión a la práctica profesional, así como las condiciones y estándares de la práctica, los servicios jurídicos y las asociaciones profesionales. iii8 En la elaboración del LPRI, ABA ROLI utilizó como base su experiencia en la creación del JRI, así como las nuevas adiciones, tales como el Herramienta para el Evaluación para CEDAW. 1 Por ejemplo, el LERI hace uso del mecanismo de puntuación del JRI y, de tal manera logró evitar el debate interno difícil y polémico que ocurrió durante la elaboración del JRI. En pocas palabras, el JRI, y ahora el LPRI, emplean evaluaciones cualitativas específicas a los factores; sin embargo, ambas herramientas de diagnóstico renuncian a cualquier intento de asignar un puntaje numérico total a los avances de reforma en un país, ya que los intentos de una puntuación acumulativa basada en este enfoque puede resultar contraproducente. 2 A cada factor del LERI, o declaración, es asignado uno de tres valores: positivo, neutral o negativo. Dichos valores reflejan únicamente la relación de los factores con las normas y las prácticas relativas a la profesión jurídica en cada país. Cuando la declaración corresponda en gran medida con la realidad del país en cuestión, al país se le asigna una calificación de positiva para esa declaración. Sin embargo, si el factor o declaración no representa en manera fiel a las condiciones en dicho país, se le asigna una calificación negativa. Si las condiciones dentro del país corresponden con la realidad en algunos puntos mas no en todos, se le asigna una calificación neutral. Los resultados de las 24 evaluaciones separadas son agrupados en un formato estandarizado en cada diagnóstico que hace el LPRI de un país. Como es el caso con el JRI, el PRI, y el LERI, los informes incluyen la correlación evaluada para cada uno de los factores junto con un resumen breve que describe las bases para cada conclusión correspondiente. Además de esto, se incluye un análisis más detallado, en el que se precisan los varios temas involucrados. Catalogar los datos en este formato facilita su incorporación en una base de datos, y permite a los usuarios comparar y contrastar fácilmente el desempeño de distintos países en una variedad de áreas dentro de un país y a lo largo del tiempo, conforme los LPRI se vayan actualizando. Existen dos motivos principales por los cuales se utilizan el proceso de valoración, la puntuación y el formato del JRI. El primero es su sencillez. Construir sobre las bases de la metodología comprobada y reconocida del JRI, facilitó una elaboración y un desarrollo más rápido del LPRI. El segundo es la uniformidad. Diseñar formatos uniformes permite a ABA ROLI realizar consultas de referencia cruzada de la información generada por el LPRI con la información ya existente generada por el JRI, el PRI y el LERI. Esto también permite a ABA ROLI proporcionar una visión mucho más integral de la reforma jurídica en los países evaluados. Dos innovaciones que se fundamentan en la experiencia del JRI son el establecimiento de un comité de correlación y el uso de grupos de enfoque informales. Con el propósito de proveer de mayor coherencia a los factores correlacionados, ABA ROLI forma un comité ad hoc que incluye al asesor, al Director y personal local del país en cuestión, y a personal seleccionado de ABA ROLI en Washington, D.C. El concepto detrás del comité es agregarle una perspectiva comparativa a la experiencia específica de su país que tiene el asesor y proporcionar un mecanismo para asegurar una puntuación coherente en los diagnósticos de un país a otro. El uso de grupos de enfoque informales, integrados no solamente por abogados, sino también por jueces, fiscales, representantes de ONG y otros funcionarios públicos, puede ayudar a identificar temas y a aumentar la precisión general del diagnóstico. Los especialistas en ciencias sociales pueden argumentar que sería preferible que se establecieran algunos de los criterios de la valoración por medio de sondeos de opinión o entrevistas más exhaustivas con abogados y con el personal de los tribunales. Consciente del costo potencialmente enorme y de las restricciones de tiempo involucradas, ABA ROLI optó por estructurar dichos temas de manera tal que se puedan contestar de manera eficaz a través de un interrogatorio de una sección transversal de abogados, jueces, periodistas, y observadores 1 CEDAW es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEELI desarrolló la Herramienta para el Evaluación para CEDAW en el Para una discusión más profunda a este respecto, se puede ver Larkins, Independencia Judicial y Democratización: Un Análisis Teorético y Conceptual, 44 AM. J. COMP. L. 605, 611 (1996). iv9 externos con conocimientos detallados del sistema jurídico. A grandes rasgos, el propósito del LPRI es el de ser un instrumento de rápida implementación por parte de uno o más especialistas en derecho que estén familiarizados de manera general con el país y con la región y que recaben datos objetivos y realicen las entrevistas necesarias para obtener una valoración para cada uno de los factores del LPRI. El LPRI fue diseñado para cumplir con varias funciones. Primero, el LPRI provee a los gobiernos y a los profesionales de la práctica jurídica de un diagnóstico exhaustivo del estado de la práctica de la profesión jurídica en el país, permitiendo con ello que den prioridad y se enfoquen en los esfuerzos de reforma. Segundo, ABA ROLI y otros proveedores de asistencia en materia de estado de Derecho podrán utilizar los resultados del LPRI para diseñar programas más eficaces relacionados con el mejoramiento de la calidad de la representación jurídica independiente. Tercero, el LPRI proporciona a las organizaciones donantes, diseñadores de políticas, ONG y organizaciones internacionales, información difícil de encontrar acerca de la estructura, naturaleza y estatus de la práctica de la profesión jurídica en los países donde se haya puesto en marcha el LPRI. Cuarto, junto con el JRI, el PRI y el LERI, el LPRI contribuye al entendimiento integral de como funciona el estado de Derecho en la práctica. Por último, los resultados del LPRI pueden servir de punto de partida para iniciativas locales tales como campañas de educación pública sobre las funciones del abogado en una sociedad democrática, temas de derechos humanos, creación legislativa, así como para esfuerzos de cabildeo de base con el fin de mejorar el cumplimiento de los gobiernos con los estándares internacionalmente establecidos para la práctica de la profesión jurídica. Reconocimientos ABA ROLI quisiera agradecer al equipo que desarrolló el concepto y el diseño del LPRI, y que incluye a los coordinadores del proyecto Claude Zullo, Director Asociado de ABA/CEELI para los Programas del Cáucaso, y Andrew Solomon, Codirector del Departamento de Investigación sobre el Estado de Derecho de ABA/CEELI, así como a Michael Maya, Director Adjunto de ABA ROLI y Director Regional NIS, Cristina Turturica, Becaria de ABA/CEELI, y Gavin Weise, Asociado al Programa ABA/CEELI. Durante el año que tomó el proceso de desarrollo del LPRI, se solicitó información y comentarios críticos a una serie de expertos sobre los temas que conciernen a la práctica de la profesión jurídica. ABA ROLI quisiera agradecer el liderazgo de David Tolbert, antiguo Director Ejecutivo; de Mary Greer, Directora del Programa de Derecho Penal de ABA ROLI y Coordinadora del Área de Enfoque sobre la Reforma de la Profesión Jurídica; así como a Scott Carlson, antiguo Director Regional para Europa del Central y del Este, y Coordinador del Área de Enfoque sobre la Reforma Judicial, por revisar las versiones iniciales de los factores y de la estructura del LPRI. Adicionalmente, ABA ROLI quisiera agradecer al Equipo de Expertos del LPRI, quienes ayudaron a revisar la estructura y los factores iniciales del LPRI, y que incluyen a Kathleen Clark, Kathryn Hendley, Stéphane Leyenberger, William Meyer, Avrom Sherr, Christina Storm, Roy Stuckey, Rupert Wolff, y, en particular a Mark Dietrich, quien implementaría la fase piloto del LPRI. Por último, ABA ROLI quisiera agradecer también a los abogados residentes que participaron en el proceso de desarrollo, y que incluyen a Marin Chicu (Moldavia), Tatiana Chernobil (Kazakistán), Gulara Guliyeva (Azerbaiján), Jetish Jeshari (Kósovo), Azamat Kerimbaev (Kirguistán), y Eduard Mkrtchyan (Armenia). Equipo de Diagnóstico El diagnóstico LPRI 2011 para México fue dirigido por Linn Hammergren, una experta internacional sobre la reforma jurídica, y por Alonso González Villalobos, Director de ABA ROLI México, con el importante apoyo por parte de Jessie Tannenbaum, Analista Jurídica Principal de ABA ROLI en Washington, D.C. Olga Ruda, Coordinadora de Investigación para ABA ROLI, así como la Analista Jurídica Tessa Khan fungieron como coordinadoras generales del proyecto y v10 editoras del reporte. El equipo recibió un gran apoyo del personal de ABA ROLI para México, incluidos la Subdirectora, Katia Ornelas Núñez, el Coordinador para Facultades de Derecho y Colegios de Abogados, David Fernández Mena, y la Gerente Financiera, Gabriela Cruz Ortiz, asi como en Washington, D.C., que incluye al Director de la Oficina de Investigación y Diagnóstico, Simon Conté, al Director de la División para América Latina y el Caribe, Michael McCullough, a la Gerente de Programas, Chantal Agarwal, al Oficial de Programas, Jeremy Biddle, a la Asistente Administrativa Cynthia Arévalo, y al pasante Carl Patchen. Las conclusiones y el análisis contenidos en este informe se basaron en entrevistas que se llevaron a cabo en México, en los Estados de Baja California y Yucatán, así como en el Distrito Federal, durante marzo del 2011, así como en documentos relevantes que fueron revisados en ese periodo y hasta junio del Los registros de las autoridades relevantes, así como una lista confidencial de personas entrevistadas, se encuentran archivados en las oficina de Washington, D.C. de ABA ROLI. El equipo de diagnóstico agradece profundamente el tiempo y la ayuda que proporcionaron aquéllas personas que aceptaron ser entrevistadas para este proyecto. La ABA ROLI desea también reconocer el invaluable apoyo recibido de parte de las instituciones que forman su Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Educación y la Profesión Jurídicas en México, quienes fueron parte fundamental del proceso de revisión del presente diagnóstico. La ABA ROLI agradece expresamente a dichas instituciones, que son las siguientes: la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Tecnológico de Monterrey; la Escuela Libre de Derecho; la Universidad Panamericana; el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; la Universidad La Salle, campus Cd. de México y Cuernavaca; la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali; la Universidad Iberoamericana, campus Tijuana; la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca; la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Facultad Libre de Derecho de Monterrey; la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca; la Barra Mexicana, Colegio de Abogado, A.C.; el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.; la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California; la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, A.C.; la Barra de Abogados del Estado de Durango; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo; la Barra de Abogados del Estado de Morelos; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Oaxaca; el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.; y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Naturalmente, el contenido del presente diagnóstico es responsabilidad exclusiva de la ABA ROLI, y no necesariamente representa la opinión institucional de las entidades que conforman el referido Grupo de Trabajo. vi11 Resumen Ejecutivo Breve Descripción de los Resultados El diagnóstico del Índice para la Reforma de la Profesión Jurídica (LPRI) para México del 2011 refleja una profesión legal que está en gran medida descentralizada, desregulada, y llena de retos resultantes de la escasa supervisión y de la falta de una clara estructura organizacional. México no cuenta con un marco legal específicamente diseñado para regular a la profesión jurídica; en lugar de ello, existen 32 leyes diferentes promulgadas por cada una de las entidades que constituyen la federación, y que son aplicables a todos los profesionistas en general. Las únicas referencias específicas a los abogados se encuentran en los códigos de procedimientos penales y civiles, que regulan ciertos aspectos de la práctica en el contexto del litigio y de las relaciones entre los abogados y sus clientes en general. Estas deficiencias se reflejan en el hecho de que de los 24 factores analizados en este diagnóstico, sólo tres (la admisión no discriminatoria, la formación de despachos independientes, y recursos y remuneración) recibieron correlación positiva, mientras que siete factores (acceso a clientes, preparación para la práctica de la profesión jurídica, procedimiento de capacitación profesional, procedimientos disciplinarios y sanciones, disponibilidad de los servicios jurídicos, gobierno organizacional y autonomía de los colegios jurídicos, así como interés público y programas de concientización) recibieron correlación negativa. Los restantes 14 factores recibieron correlación neutral. La situación actual de la profesión jurídica en México debe ser analizada en el contexto de las recientes reformas constitucionales, promulgadas en el 2008 con el fin de facilitar la adopción de un sistema procesal penal acusatorio que ha de entrar en vigor en todo el país en el Dichas reformas son vistas por lo general como parte de un proceso para fortalecer las libertades y las garantías profesionales de los abogados mexicanos, así como para expandir el acceso a los servicios jurídicos de calidad para la gente de pocos recursos económicos, al reformar los sistemas de defensor público existentes en la actualidad. Además ha habido un gran debate con respecto a la introducción de la afiliación obligatoria a los colegios profesionales como condición para la práctica de las profesiones en las áreas que afectan la vida, la salud, la seguridad, la libertad y la propiedad, en conjunto con un sistema de certificación bajo los auspicios de dichos colegios. Un paso importante es la moción para reformar la Constitución Federal, con el fin de adoptar un marco de ley federal, que se presentó ante el Senado en octubre del 2010, pero es difícil considerar cuanto tiempo pasará antes de que se produzca algún cambio concreto. Inquietudes con Respecto a los Estándares para el Ejercicio de la Profesión Jurídica La admisión a la práctica de la profesión jurídica es esencialmente automática y solo necesita de la presentación por parte del solicitante de un título universitario válido que compruebe la terminación de su educación jurídica. No existe un examen establecido por parte de los colegios jurídicos, ni se necesita haber cumplido con un período de pasantía, y el procedimiento burocrático para el otorgamiento de las cédulas profesionales no incluye un sistema para asegurarse que el solicitante esté adecuadamente calificado. La Constitución Federal ha sido interpretada de tal manera que se impide la incorporación de un sistema de certificación profesional obligatoria, así como la afiliación obligatoria en un colegio jurídico oficialmente reconocido. Si bien México cuenta con un marco nacional voluntario para la certificación profesional, la profesión legal no ha optado por participar en dicho proceso. México no cuenta con un código de ética obligatorio aplicable a todos los abogados. Algunos colegios jurídicos de afiliación voluntaria han elaborado sus propios códigos de conducta, de carácter bastante exhaustivo, sin embargo, éstos son aplicables solamente a aquéllos pocos abogados que eligen afiliarse a los colegios, y no 112 son de naturaleza obligatoria. La conducta de los abogados también está sujeta a las restricciones establecidas por los códigos penales y las leyes de profesiones. A pesar de este marco nominal, existe una impresión generalizada de que las violaciones a los códigos de ética son comunes, y que frecuentemente no son sancionadas. Los abogados obtienen su cédula de por vida y éstas pueden ser suspendidas o invalidadas por orden judicial solamente en caso de que el abogado haya participado en actividades delictivas de tipo penal o haya violado las disposiciones de las leyes de profesiones. Algunos colegios jurídicos han establecido mecanismos para aplicar sus códigos de ética y pueden llegar a expulsar a los infractores, pero carecen de la autoridad para invalidar sus cédulas profesionales. Esto significa que un abogado que ha sido expulsado de un colegio puede continuar a practicar la profesión jurídica e incluso afiliarse a otro colegio. El consenso es que los casos de infracciones a los códigos de ética son frecuentes y que los reglamentos disciplinarios por lo general no son aplicados. No existe ningún requisito para que los abogados se sometan a un proceso de renovación de su certificación o para que participen en educación jurídica continua (EJC) como condición para el mantenimiento de sus cédulas profesionales. A pesar de esta falta de incentivos formales, la mayor parte de los colegios asegura que sus programas de capacitación son su mayor aportación para sus afiliados. Existen también numerosas oportunidades de capacitación que se ofrecen a través de universidades, ONG, y patrocinadores internacionales. La calidad de estos eventos es muy variable y, más allá de los registros de inscripción que guarda cada proveedor de EJC, no existe un sistema unificado para el registro de la participación de los abogados. Inquietudes con Respecto al Papel de los Colegios Jurídicos La Constitución Federal se ha interpretado de manera que se prohíbe reconocer a un único colegio de profesionistas como el oficial, impedir la creación de colegios adicionales, u obligar a los abogados a afiliarse a un colegio jurídico como condición para el otorgamiento de su cédula profesional. Como resultado de ello, no existe un único colegio jurídico nacional en México, los varios colegios jurídicos existentes (tanto oficiales como extra oficiales) son de afiliación voluntaria, y no está claro si la afiliación a un colegio ofrece alguna ventaja legal o práctica. Se estima que menos del 6% de los abogados con cédula profesional en el país se han afiliado a uno o más colegios jurídicos. Sólo unos pocos de los colegios jurídicos nacionales, la mayoría de los cuales se encuentran en la capital, operan bajo un régimen independiente y autónomo y están activamente comprometidos con la promoción de los intereses de sus miembros. Los servicios que ofrecen incluyen oportunidades para la EJC y para el establecimiento de redes de contactos profesionales, aplicación de los códigos de ética, y la protección de los abogados en caso de hostigamiento por parte del gobierno. La gran mayoría de los colegios jurídicos funcionan como clubes para la promoción de los intereses de las clases dirigentes o política local, que a menudo son las que patrocinan sus actividades. Algunos al parecer incluso pagan a sus miembros para que estos se afilien, principalmente con el propósito de establecer nexos políticos que pudieran ayudar a la dirigencia y a los afiliados a obtener puestos en el gobierno. La mayoría de los colegios no llevan a cabo programas de interés público y de concientización y están por lo general al margen de los procesos de reforma jurídica. 213 Inquietudes con Respecto al la Falta de Libertades y Garantías Profesionales A pesar de las elaboradas garantías constitucionales con respecto al acceso a la asistencia jurídica para los individuos detenidos, las autoridades al parecer permiten el uso de prácticas añejas, informales y a menudo corruptas, que impiden la implementación de dichas disposiciones. Las detenciones ilegales, a menudo con el propósito de obtener un soborno, así como las detenciones formalmente legales, en las que el detenido es mantenido incomunicado por la policía, son al parecer frecuentes. Estos problemas aparentemente disminuyen una vez que el detenido ha comparecido ante el juez, pero aún entonces, los abogados pueden verse obligados a pagar pequeños sobornos a los guardias de los centros de detención. Las reformas constitucionales del 2008 reiteran su compromiso con el acceso de los inculpados a la asistencia jurídica, aunque hay inquietudes con respecto al si con ello se conseguirá eliminar los obstáculos existentes para el acceso que se encuentran fuera de la ley. Una vez que el abogado ha conseguido el acceso a un cliente detenido, las comunicaciones confidenciales son difíciles en la práctica. Los centros de detención pueden carecer de espacios para las conversaciones privadas, las autoridades de la prisión al parecer suelen utilizar cámaras y guardias para facilitar la escucha a hurtadillas, y las comunicaciones por escrito con un detenido deben ser revisadas por los oficiales de prisiones. La situación es más difícil aún para los detenidos acusados de crimen organizado. No está claro si esto es resultado de una política oficial, de un intento de las autoridades del estado por supervisar las comunicaciones, o una consecuencia no intencional de las condiciones de las instalaciones en las cárceles. Los abogados por lo general cuentan con la libertad necesaria para ejercer libremente su profesión, pero algunos aparentemente sufren de intimidación, interferencia y hostigamiento por parte del gobierno, de sus contrapartes, e incluso de sus propios clientes. Si bien estos son sobre todo casos aislados, por su naturaleza misma son motivo de gran preocupación para la profesión jurídica. Los abogados que defienden a supuestos narcotraficantes, así como aquéllos que representan a supuestas víctimas de abusos de derechos humanos por parte del gobierno, enfrentan especial peligro en la práctica de su profesión. Otra inquietud, que se limita a los abogados que ejercen en el Distrito Federal, está relacionada con la definición en sentido amplio del delito de fraude procesal. Este interfiere con las estrategias usuales de litigio en casos civiles, ya que otorga a la parte perdedora mayores oportunidades para presentar una demanda penal en contra del abogado de la parte opositora. A pesar de que el derecho de audiencia ante el tribunal está constitucionalmente garantizado, el ejercicio de este derecho está impedido por la presencia mínima del juez en muchos casos juzgados en primera instancia y a nivel estatal. Un problema aún mayor tienen que ver con la práctica muy arraigada en México que permite a las partes o a sus abogados tener conversaciones ex parte ( alegatos de oreja ) con el juez que conoce de su caso. Estas comunicaciones, que no son ni fomentadas ni prohibidas por la ley, pueden llegar a ser un factor determinante en el resultado de algunos casos. La introducción del sistema procesal penal acusatorio podría ayudar a reducir la incidencia de dichas conversaciones. Inquietudes con Respecto a la Calidad y Disponibilidad de la Asistencia Jurídica México ha experimentado una proliferación de escuelas de derecho en los últimos 20 años, lo que resultó en el establecimiento de muchos programas de derecho que 314 están por debajo del nivel óptimo, cuyos egresados son considerados como legítimos al momento de solicitar su cédula para la práctica de la profesión jurídica. Adicionalmente, la mayoría de las escuelas de derecho ofrecen a sus estudiantes pocas oportunidades para el desarrollo de sus habilidades prácticas, que los estudiantes generalmente deben obtener a través de actividades extracurriculares y de carácter voluntario. La calidad de las habilidades obtenidas mediante estas actividades depende del nivel de profesionalismo del abogado que las supervisa. Como resultado de ello, muchos abogados ingresan al mercado de trabajo sin la preparación adecuada para ofrecer servicios jurídicos de calidad a sus clientes. En México hay bastantes abogados licenciados, pero en muchas áreas rurales hay pocos abogados, o en algunos casos no hay. Tampoco hay un requerimiento ejecutable que requiere a los abogados proveer asistencia legal a los desfavorecidos. Despachos de abogados, colegios de abogados, universidades y ONG ofrecen unos servicios legales pro bono. Sin embargo, estos servicios no satisfacen las necesidades de los grandes números de ciudadanos indigentes mexicanos, la mayoría de los cuales viven en regiones donde estos servicios no se proveen, o no están conscientes de su disponibilidad ni de cómo obtenerlos. Por ende, las personas de bajos recursos quedan vulnerables a los abogados sin escrúpulos, dada la falta de estos que ofrezcan servicios fiables y económicos. El uso de diferentes formas de resolución alternativa de conflictos permanece en una etapa incipiente. Muchas de las oficinas de los fiscales y de los tribunales han establecido centros de justicia alternativa para mediar en casos de disputas penales, familiares, civiles y mercantiles. Desafortunadamente su uso es limitado, en parte porque los abogados no los recomiendan, probablemente por temor a ver reducidos sus ingresos. También hay inquietud en cuanto al mantenimiento de registros y en cuanto a si las partes son informadas adecuadamente de las implicaciones de dicho proceso. El uso del arbitraje por lo general se limita a la resolución de conflictos comerciales entre grandes compañías multinacionales. Las reformas constitucionales del 2008 han resultado en una serie de desarrollos positivos en esta área. Estos incluyen el requisito de que la representación jurídica en los tribunales en la mayoría de los casos sea proporcionada por abogados con cédula para practicar la profesión jurídica, la garantía de acceso a un defensor publico para todo acusado de un delito que no puede permitirse pagar asistencia jurídica privada; así como el énfasis renovado en la creación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, justicia restaurativa, y arbitraje. 415 Información sobre México Los Estados Unidos Mexicanos [de aquí en adelante México] es un país de grandes dimensiones que colinda al norte con los Estados Unidos de América [de aquí en adelante EE.UU.], al sureste con Guatemala y Belice, así como con el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Pacífico del Norte. La población en el año 2010 era de aproximadamente millones de personas, entre ellas 52 grupos indígenas reconocidos que representan alrededor del 15% de la población total del país. Ver INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PRINCIPALES RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010, p. 1, 67 (2011), disponible en [de aquí en adelante CENSO DE POBLACIÓN 2010]; ver también Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nombres de lenguas, pueblos y distribución (enero 2010), disponible en Históricamente, México fue la cuna de avanzadas civilizaciones amerindias. Fue colonizado por España durante tres siglos y obtuvo su independencia en el año En 1910 estalló en México una guerra civil, que llevaría finalmente a la promulgación de la actual Constitución Federal en México fue gobernado por un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde 1929 hasta el año 2000, año en que el Partido Acción Nacional (PAN) ganó las elecciones de forma democrática y puso fin a más de 70 años de gobierno de un solo partido. Actualmente el PAN gobierna el país con un segundo mandato presidencial pero con minoría en un Congreso de la Unión controlado por los tres partidos principales: el PRI, el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática. La situación política actual se distingue por los debates nacionales sobre la lucha contra la pobreza y contra el crimen organizado (especialmente el narcotráfico); la mejora de la seguridad pública; y la reforma del sistema de justicia penal y de los regímenes fiscales y de derecho laboral. México es una economía de libre mercado, y es miembro de todas las principales estructuras supranacionales, económicas, políticas y de otra índole, así como de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas [de aquí en adelante ONU], la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Organización Mundial del Comercio. También ha firmado numerosos tratados de libre comercio y acuerdos sobre aranceles aduaneros con más de cincuenta países, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [de aquí en adelante TLCAN]. Si bien tiene uno de los productos internos brutos más grandes de América Latina y cuenta con un ambiente macroeconómico de dimensiones considerables, México debe aún conseguir una distribución equitativa de su riqueza. Muchas comunidades, algunas de ellas indígenas, así como comunidades pertenecientes a alguna minoría o de alguna otra manera desfavorecidas, carecen de igualdad de oportunidades en lo que respecta a la educación, el empleo, los servicios de salud, y la participación política. Contexto Jurídico La Constitución Federal se promulgó en 1917 con el fin de instaurar una avanzada república federal y democrática, e incorpora principios importantes de la Revolución de 1910, como por ejemplo el sistema pluripartidista, la prohibición de la reelección presidencial, así como varios tipos de derechos individuales y sociales. Ver en general, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (aprobada el 5 de febrero de 1917, última reforma publicada el 10 de junio del 2011) [de aquí en adelante CONST. FEDERAL]. El gobierno en México se fundamenta constitucionalmente en el principio de la separación de poderes, y en un sistema de equilibrio de poderes entre los distintos sectores del estado. Id., art. 49. Es una república federal conformada por 31 estados y un Distrito Federal (la Ciudad de 516 México) [de aquí en adelante D.F.]. 3 Id., art. 43. Este último, además de ser la sede de los poderes federales, a mitad de los años noventa obtuvo un estatus de autonomía similar al de los estados federados. Id., arts. 44, 122. El poder legislativo federal es ejercido por un Congreso de la Unión bicameral que consiste en el Senado y la Cámara de Diputados federales. Id., art. 50. La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos que representan distritos electorales, y 200 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales. Id., art. 52. La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores elegidos por períodos sexenales, incluyendo dos por cada estado, elegidos según el principio de votación mayoritaria, uno por cada estado asignado a la primera minoría, así como 32 senadores elegidos según el principio de representación proporcional. Id., art. 56. Ni los senadores ni los diputados podrán ser reelectos para el período inmediato. Id., art. 59. El poder ejecutivo federal tiene la facultad de promulgar leyes y decretos sobre una amplia gama de temas. Id., arts. 70, El poder ejecutivo federal es conferido a un Presidente, elegido mediante votación popular por un mandato único de seis años. Id., arts. 81, 83. Entre otras cosas, el Presidente tiene la facultad de nombrar a los secretarios del despacho, y de designar Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [de aquí en adelante SCJN] y al Procurador General de la República (con ratificación del Senado), también dirigir la política exterior del país, y fungir como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Id., art. 89. El Presidente también tiene poder de veto sobre leyes y decretos promulgados por el Congreso de la Unión. Id., art. 72. El poder judicial federal en México consiste en la SCJN, así como en tribunales de circuito y juzgados de distrito, que ejercen tanto jurisdicción federal y constitucional como jurisdicción secundaria, examinando las decisiones de los tribunales estatales. Id., arts. 94, La SCJN también tiene jurisdicción en el caso de controversias constitucionales entre entidades de gobierno, así como sobre posibles contradicciones entre las normas constitucionales y otras leyes. Id., art Adicionalmente, la SCJN tiene la facultad de expedir acuerdos generales con el fin de resolver controversias en la interpretación de la ley o en la aplicación de jurisprudencia. Id., art. 94. La SCJN está conformada por 11 ministros elegidos por un período no renovable de quince años, de una lista de tres candidatos presentada por el Presidente. Id., arts. 94, 96. El Consejo de la Judicatura Federal designa a los jueces de circuito y de distrito, y es el órgano disciplinario y administrativo de los mismos. Id., arts. 94, 97. El sistema judicial federal incluye también tribunales especializados en áreas como asuntos electorales, así como en asuntos relacionados con las leyes tributarias y administrativas; estas últimas fueron establecidas por el Congreso de la Nación de acuerdo con la Constitución. Id., art. 99; ver también en general LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (aprobada el 26 de abril del 2007, última reforma publicada el 3 de junio del 2011). El derecho laboral es competencia inicialmente de una junta tripartita llamada Junta de Conciliación y Arbitraje, y sus decisiones pueden ser apeladas ante un tribunal federal. CONST. FEDERAL, arts. 103, 107, 123. México cuenta con una estructura de derecho civil que permite la revisión judicial de actos administrativos o legislativos. Los tratados internacionales firmados por el Presidente y aprobados por el Senado, junto con la Constitución federal y las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión, constituyen la ley suprema de la nación. Id., art México ha ratificado la gran mayoría de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, incluyendo aquéllos que incorporan el principio del debido proceso legal. 4 Los instrumentos que ha ratificado 3 Para los propósitos de este diagnóstico, el D.F. está incluido en la categoría de Estados. 4 De acuerdo con la reforma constitucional promulgadas en junio del 2011(es decir después de la conclusión de éste diagnóstico), al parecer las disposiciones referentes a derechos humanos de los tratados internacionales tienen ahora el mismo valor jurídico que la Constitución Federal, y cualesquiera conflictos potenciales han de ser interpretados de la manera más favorable a la persona. CONST. FEDERAL, art. 1. Además, las normativas internacionales sobre derechos humanos son ahora directamente aplicables en los tribunales estatales, en los casos en que dichas disposiciones estén en conflicto con las leyes estatales. Id. 617 México incluyen a los siguientes: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [de aquí en adelante ICCPR, por sus siglas en inglés]; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En 1999, la SCJN esclareció que, en la jerarquía legal, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución Federal, pero por encima de las leyes federales y locales. Ver Decisión del Pleno de la SCJN referente al Amparo en revisión 1457/98, presentado por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (11 de mayo del 1999). Si bien se trata de una federación, en la práctica los estados federados han sido tradicionalmente controlados por el poder federal central. Como consecuencia de ello, la estructura de los poderes de los estados emula a la del sistema federal, con algunas variantes menores: el poder ejecutivo es conferido a un Gobernador; el poder legislativo es ejercido por una única Cámara de Diputados estatal; mientras que el sistema judicial está compuesto por juzgados y tribunales de apelaciones con jurisdicción general sobre asuntos referentes al estado, así como por las juntas estatales de conciliación y arbitraje. CONST. FEDERAL, art La Constitución establece que todos los poderes que no son conferidos a la federación pertenecen a los estados federados. (ver id., art. 124), y durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos para otorgar mayores poderes a los estados. A pesar de ello, las realidades sociales y políticas subyacentes de la historia de México explican por qué, tradicionalmente, la toma de todas las decisiones más importantes (incluyendo las decisiones de tipo jurídico) se ha concentrado en su ciudad capital, y no siempre corresponden con las metas a las que aspira el público mexicano en general. Todas las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión eran aplicables al D.F. (antes de que obtuviera el estatus al que hicimos referencia anteriormente) y a toda la nación, en cuanto correspondían a asuntos federales. Por ejemplo, existía un código civil nacional aplicable al D.F. y a todos los asuntos civiles federales. Las leyes estatales, sin embargo, estaban en gran medida diseñadas con base en las leyes federales correspondientes. Todos los 31 códigos civiles estatales, por ejemplo, se asemejan en lo general al Código Civil Federal (que en su momento era a la vez el código civil federal y el código civil para la Ciudad de México). La Implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio En junio del 2008, el Congreso de la Unión reformó la Constitución Federal con el fin de permitir la adopción de un sistema procesal penal acusatorio que, de acuerdo con las cláusulas de transición, entrará en vigor en todo el país en el año DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Transitorio Art. Segundo (aprobado por el Congreso de la Nación, el 28 de mayo de 2008). Dicha reforma tiene el propósito de incorporar el principio de debido proceso, que es uno de los requisitos establecidos por varios de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por México. La transición requerirá la elaboración de una serie de legislaciones secundarias que incluyen, pero no se limitan a, los nuevos códigos de procedimiento penal que tendrán que ajustarse a los nuevos estándares constitucionales. El gobierno federal ha creado un indicador cuyo propósito es el de medir el progreso realizado por todos los estados en su camino hacia la implementación total de la reforma constitucional. De acuerdo con este indicador, para enero del 2011 siete estados ya habían conseguido alcanzar la última etapa de la implementación, mientras que los demás estados se encuentran aún en diferentes etapas anteriores del procedimiento de implementación. Gobierno Federal, Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Secretaría 718 Técnica, Avances en la implementación de la reforma de justicia penal, p. 6 (enero del 2011), disponible en De las cuatro entidades analizadas en este diagnóstico (Baja California, Yucatán, el D.F., y el gobierno federal) solo Baja California ha aprobado un código procesal penal revisado. Sin embargo, el nuevo código no ha entrado en vigor en todo el estado. El nuevo código fue aprobado en el año 2007 y entró en vigor, solamente en el partido judicial de Mexicali, en agosto del Entrará en vigor en el partido judicial de Ensenada en mayo del 2012, y en mayo del 2013 en los demás partidos judiciales del estado. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Transitorio Art. Primero (arobado el 20 de septiembre del 2007, última reforma el 1 de junio del 2011) [de aquí en adelante NUEVO C.P.P. DE BAJA CALIFORNIA]. Por lo tanto, con la excepción de Mexicali, el Código de 1989 continúa estando en vigor en Baja California. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (promulgado el 20 de agosto de 1989, última reforma el 13 de diciembre del 2004) [de aquí en adelante C.P.P. DE BAJA CALIFORNIA DE 1989]. Adicionalmente, Yucatán cuenta con un proyecto de un código procesal penal que ha sido aprobado por la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública por iniciativa de las ramas ejecutiva y judicial del gobierno, y que, al momento en que se realizó este diagnóstico, se esperaba que fuera aprobado también por la legislatura del estado en la próxima sesión. Ver, por ejemplo, Comunicado, Se aprueba la iniciativa del Código Procesal Penal (Diario de Yucatán, 16 de mayo del 2011), disponible en 9/ se-aprueba-la-iniciativa-del-codigo-procesal-penal.htm. Cabe mencionar desde el inicio que, en la ausencia de códigos procesales penales revisados, es difícil en la actualidad determinar si los derechos creados por las reformas constitucionales del 2008 son aplicables tanto en el contexto federal como en los estados. Algunas disposiciones establecen claramente que las autoridades legislativas han de presentar una legislación secundaria para la implementación de dichas reformas; mientras que en aquellas entidades en donde no se han implementado las reformas mediante un nuevo código procesal penal, permanecen en vigor los antiguos códigos procesales penales, a pesar de ser inconsistentes con la Constitución. Otras disposiciones, como por ejemplo el límite de dos años para la detención en espera de juicio, son menos claras, y los defensores de los derechos humanos alegan que si un estado no ha aprobado un código procesal penal revisado que incluya las reformas constitucionales del 2008, las disposiciones del antiguo código no tendrían valor por ser inconsistentes con la Constitución. Esta cuestión podría resolverse en última instancia si un prisionero o detenido en un estado que utiliza aún el antiguo código presenta un recurso de amparo (un remedio constitucional contra la conducta ilegal o inconstitucional por parte de los funcionarios públicos) y el asunto llega a la SCJN. Sin embargo, en la actualidad, esta cuestión sigue sin resolverse. Contexto Histórico La profesión jurídica tiene raíces profundas en la historia de México. En el siglo XVIII, durante la época de la colonia española, se fundó en la Ciudad de México la primera asociación jurídica profesional de las Américas, asociación que sigue vigente hoy en día. Durante el sigo XIX, se llevaron a cabo importantes contribuciones al debate constitucional, entre ellos la inclusión del amparo, que fuera subsiguientemente adoptado por varios otros países. La Constitución Federal, promulgada en 1917, fue una de las primeras en incorporar derechos sociales. Entre otros derechos, la Constitución Federal garantiza expresamente el libre ejercicio de la profesión que a cada uno le acomode, siendo lícita. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. CONST. FEDERAL, art. 5. La Ley determina en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Id. Debido a esto, México no cuenta con un marco legal específico, federal ni estatal, diseñado específicamente para regular la profesión jurídica. En su lugar, las 32 entidades federativas de la Unión han promulgado la legislación secundaria 819 necesaria para implementar dichas disposiciones constitucionales, aplicables en general a todas las profesiones, al igual que las modificaciones propuestas en la actualidad. La mayor parte de estas leyes están basadas en la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL (promulgada por el Congreso de la Unión el 26 de mayo de 1945, última reforma publicada el 19 de agosto del 2010) [de aquí en adelante LEP/D.F.], que se aplica tanto en el D.F. como en asuntos federales a lo largo y ancho del país. El ejercicio de la profesión jurídica es, sin excepción, uno de los campos que requieren del certificado del título de grado. Ver, por ejemplo, LEP/D.F., Transitorio art. 2; LEY DE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, art. 11 (aprobada el 15 de agosto del 2002, última reforma el 1 de junio del 2006) [de aquí en adelante LEP/BC]; LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE YUCATÁN, art. 2 (aprobada el 20 de febrero de 1989) [de aquí en adelante LEP/Y]. Más allá de ello, las únicas referencias específicas a los abogados se encuentran en los códigos sustantivos y procesales, y si bien regulan ciertos aspectos de la práctica, lo hacen únicamente en el contexto del litigio y de las relaciones entre abogado y cliente en general. Como con cualquier otra profesión reglamentada, con el fin de estar autorizado para ejercer la profesión jurídica se necesita obtener el otorgamiento de una cédula por parte de la Dirección General de Profesiones [de aquí en adelante DGP], una entidad federal que opera bajo la dirección de la Secretaría de Educación Pública [de aquí en adelante SEP]. Ver LEP/D.F., art. 25. Casi todos los estados simplemente eligieron adoptar el procedimiento para el otorgamiento de cédulas establecido por la LEP/D.F. La implicación de esto es que una persona necesita únicamente demostrar que obtuvo un título de grado para obtener una cédula federal, válida para todo el país (las 32 entidades federativas, así como en lo relacionado con cuestiones federales), y que permite al titular practicar la profesión jurídica en cualquier foro. No es necesario cumplir con ningún otro requisito, excepto el hecho de que en algunos estados se requiere que la cédula federal sea registrada con la autoridad estatal correspondiente. Descripción de la Profesión Jurídica La profesión jurídica en México se compone hoy en día de las siguientes categorías de practicantes: Abogados o Licenciados en Derecho. Esta categoría de profesionistas representa la mayor parte de los practicantes de la profesión jurídica e incluye a aquellas personas que se han titulado con por lo menos un grado de Licenciatura en derecho, y que han obtenido su cédula de conformidad con la LEP de su estado correspondiente. Tienen el derecho de representar a sus clientes en cualquier procedimiento ante cualquier tribunal o autoridad administrativa, incluidos los tribunales penales. Esta categoría incluye, además de los abogados litigantes, a los abogados corporativos y de transacciones. Fiscales, que trabajan para una de las 33 Agencias del Ministerio Público (una por cada de las 32 entidades federativas y una federal) y supervisan las investigaciones y acciones judiciales en contra de presuntos criminales y acusados. Tradicionalmente el único requisito necesario para ser designado como fiscal era que tuvieran su cédula para practicar la profesión jurídica, y su designación era generalmente de naturaleza política. Durante la última década se han llevado a cabo serios esfuerzos para elevar el nivel de capacitación de los fiscales, y hoy en día casi todas las Agencias del Ministerio Público requieren que el candidato siga un proceso de capacitación y apruebe unas evaluaciones adicionales, antes de ser designado como fiscal. Defensores Públicos, que trabajan para una de las 33 oficinas de Defensoría Pública (una por cada de las 32 entidades federativas y una federal) y representan a acusados que no tienen la posibilidad económica de pagar asesoría jurídica privada (sobre todo, pero no exclusivamente, en casos penales). De manera parecida a los fiscales, un candidato para un puesto de defensor público tradicionalmente necesita solamente 920 contar con la licenciatura en derecho, y su elección responde generalmente a cuestiones de tipo político. Sus salarios están muy por debajo de aquellos de los fiscales. Las reformas constitucionales del 2008 han resultado en serios esfuerzos por elevar el nivel de calificación entre los defensores públicos, así como por mejorar su remuneración jurídica, adecuándola a la de los fiscales. Jueces, que cumplen con sus funciones en todo tipo de tribunales, ya sea estatales o federales. Tradicionalmente solo los candidatos a la SCJN necesitaban cumplir con requisitos adicionales al de la posesión de una cédula profesional válida. Ver CONST. FEDERAL, art. 95. En los últimos 10 o 15 años, sin embargo, se han realizado esfuerzos importantes para que los candidatos reciban una mayor capacitación, y para que los procedimientos de selección y evaluación sean más rigurosos, tanto en las designaciones de los jueces federales como en los estados. Notarios, que certifican o autentican instrumentos, acuerdos entre partes, así como las firmas de aquéllos que suscriben acuerdos transaccionales, y eventos que suceden dentro de su jurisdicción. Los notarios están regulados por los estados, y deben contar con su cédula profesional, así como aprobar una serie de exámenes antes de que las autoridades del estado en cuestión les otorgue la patente notarial, que es válida únicamente en el territorio del estado que la otorga. Una categoría similar de practicantes de la profesión jurídica es la de los corredores públicos, que tienen poderes similares a los de los notarios, pero cuya jurisdicción se limita a los asuntos mercantiles. 5 Por una cuestión metodológica este análisis se enfoca únicamente en el primer grupo de profesionales jurídicos, es decir aquéllos que en este reporte son denominados como abogados. Una cuestión adicional es que la práctica del derecho laboral en México no está restringida a los abogados que cuentan con cédula profesional, sino que cualquier persona con capacidad legal puede ser designada por el litigante para que actúe como su representante legal. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, arts (aprobada el 2 de diciembre de 1969, última reforma publicada el 17 de enero del 2006) [de aquí en adelante LEY DEL TRABAJO]. Hasta las reformas constitucionales del 2008, un estándar similar era aplicable en el caso del derecho penal, en que cualquier persona podía representar a un acusado, sin necesidad de ser un abogado certificado. Una vez que el nuevo sistema procesal penal acusatorio entre en vigor en todo el país en el 2016, todo representante legal en casos penales tendrá que ser un abogado que cuenta con cédula para practicar la profesión jurídica. CONST. FEDERAL, art. 20. Colegios Profesionales en el ámbito del Derecho La LEP/D.F., así como la mayor parte de las LEP estatales correspondientes, prevé la creación de colegios de profesionistas. El propósito de los colegios es en términos generales el de supervisar el ejercicio de la profesión para garantizar los más altos estándares éticos y legales por parte de sus miembros. Los colegios están autorizados también para sugerir reformas a los planes de estudio en derecho, para fungir como mediadores en casos de conflictos entre sus miembros, así como entre los miembros y sus clientes, y tienen el derecho de expulsar a cualquier miembro del colegio con justa causa. Adicionalmente, los colegios deben mantener un registro del trabajo voluntario gratuito realizado por sus miembros. Una característica importante de los colegios, sin embargo, es que su afiliación es absolutamente voluntaria. No existe un requisito legal para que un abogado deba afiliarse a uno 5 La estructura jurídica de México distingue entre el derecho exclusivamente civil y el derecho mercantil, e incluye toda una serie de leyes mercantiles federales, tribunales mercantiles especializados, así como a, entre otros, los corredores públicos. 10 Mostrar más
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