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Timestamp: 2020-08-08 12:40:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 376', 'artículo 179', 'Artículo 179', 'artículo 376', 'artículo 376', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 400']

BOE.es - Documento BOE-A-2017-3108
Documento BOE-A-2017-3108
«BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2017, páginas 20647 a 20660 (14 págs.)
BOE-A-2017-3108
En el recurso interpuesto por doña M. I. C. J., actuando en su condición de administradora única y en nombre y representación de la sociedad «Cruzjara, S.L.», contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Badajoz número 1, don Luis José Moreno Camacho, por la que se deniega la inscripción de una escritura de compraventa.
Presentadas las anteriores escrituras en el Registro de la Propiedad de Badajoz número 1, en unión de sendas diligencias subsanatorias, se produjo la inscripción de la cancelación, siendo denegada la inscripción de la escritura de compraventa que fue objeto de la siguiente calificación: «Entrada: 2417/2016. Hora: catorce horas y veinte minutos. Presentante: don M. I. C. J. Fecha de presentación: 26/07/2016. Número de asiento: 29. Diario: 76. Objeto: compra. Protocolo: 746/2.016. Fecha del documento: 26/07/2016. Autorizante: don Fernando Gutiérrez Valdenebro. Aportación de documento: 19/09/2016/14/11/16. Retirado: Devuelto: Registro de la Propiedad número uno de Badajoz Calificado el precedente documento, copia autorizada en soporte papel con nota de oficina liquidadora de escritura de compraventa autorizada por el notario de Mérida don Fernando Gutiérrez Valdenebro el 26.07.16, con el n.º 746 de protocolo, del que otra copia autorizada electrónica fue presentada telemáticamente el mismo día de su otorgamiento, habiéndose aportado por vía telemática el 19.09.16 dos diligencias subsanatorias de igual fecha y aportado la copia calificada el 19.09.16 junto con testimonio de igual fecha en soporte papel comprensivo de dichas dos diligencias (si bien en el mismo se dice referir a la matriz 745 del protocolo cuando en realidad, por su contenido, ha de referirse a la n.º 746, pudiendo tratarse de un error material), habiéndose aportado hoy, por la representante de la sociedad compradora, simple fotocopia de escrito presentado al Juzgado Mercantil por la sociedad vendedora, de diligencia de ordenación de 07.11.16 y de providencia de dicho Juzgado de 09.11.16, de las que no resulta posible verificar su autenticidad, todo exclusivamente respecto de la participación indivisa de finca descrita con el n.º 2, única radicante en la demarcación de este registro, se deniega y suspende la inscripción, por haberse observado el/los siguiente/s defectos insubsanable y subsanable sobre la base de los hechos y fundamentos de derecho que a continuación se expresan: 1.–Sin que conste asiento alguno relativo a procedimiento concursal en el Registro de la Propiedad, se encuentra cerrada la hoja de la sociedad vendedora en el Registro Mercantil en virtud de lo ordenado por el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz en auto 69/2016 de 09.03.16, del que se incorpora testimonio inscrito en el Registro Mercantil a la escritura de compraventa, mediante el que se declara el concurso de la vendedora y, simultáneamente, por apreciar insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, la conclusión del concurso, acordándose la extinción de la sociedad y el cierre de su hoja registral. «Concurso Express». (Art. 176.1.3 y 176. bis. 4 y 178.3 LC). 2.–Razona el auto en su fundamento tercero para justificar la insuficiencia de masa, que si bien existen dos fincas cuyo valor de mercado asciende a 8.341.448,79 €, las mismas se encuentran afectas a un crédito, no contra la masa sino concursal privilegiado garantizado con dos hipotecas sobre las mismas, siendo la deuda principal a favor de BBVA de 10.117.284 €, resultando por tanto el valor de las fincas insuficiente para abonar dicho crédito privilegiado, quedando un activo de unos 25.000 € para cubrir el resto del pasivo ascendente a 827.718,70 €, por lo que se concluye que no concurre suficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, siendo por ello procedente la admisión a trámite del concurso de la ahora vendedora y su simultánea conclusión en referido auto. 3.–Con la misma fecha y n.º 744 de protocolo del mismo Notario se otorga por BBVA una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas sobre expresada participación de finca que se ha inscrito con fecha 26.10.16. Siendo el importe de principal de dichas hipotecas de 7.762.238,79 € (el de la inscripción 8.ª) y de 296.000 € (el de la inscripción 12.ª). En la misma se afirma que yendo a ser transmitida la participación hipotecada se ha alcanzado el acuerdo de que la parte prestataria (la ahora vendedora) reintegre al banco 750.000 € y 300.000 €, -que el banco recibe mediante sendos cheques en la escritura de compra calificada para destinar a esa cancelación-, «condonando el banco a la sociedad vendedora el resto de los importes de los préstamos». 4.–Dicha condonación evidencia la aparición de un activo sobrevenido, (s.e.u.o. 7.008.238,79 sólo en cuanto al capital de la participación de finca calificada), que aboca a la reapertura del concurso ex Art. 179.2 LC. limitada a la liquidación del activo, a la que se ha de dar la publicidad de los artículos 23 y 24 de la LC., procediendo a la reapertura de la hoja en el Registro Mercantil. Y si bien ciertamente la reapertura debe ser objeto de solicitud, por aplicación del principio de rogación, en cualquier caso y ante su falta, lo que no se produce es la conclusión definitiva del procedimiento concursal y la reanudación del régimen ordinario de las sociedades establecido en la Ley de Sociedades de Capital, sino que la declaración de fin del concurso y de extinción de personalidad jurídica lo es bajo la premisa de que el conjunto de las relaciones jurídicas del deudor estén asimismo extinguidas. Si no es así la titularidad sigue siendo de la persona jurídica cuya personalidad subsiste sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento precise declaración del juez competente conforme artículo 179.2 de la Ley Concursal. Lo que no es posible entender es que la sociedad haya dejado de estar en concurso y la aparición de activo sobrevenido derivado de la condonación actúe como si el concurso no existiera. (Cfr. Último párrafo del fundamento 3 y fundamento 4 de la RDGRN 17.12.12). 5.–Aunque no hubiese existido tal activo sobrevenido, se ha procedido al otorgamiento de la compraventa -según resulta de la primera de las diligencias de subsanación-, por quien en su día fuera el administrador solidario de la extinguida sociedad, (sustituyéndose así en la diligencia el concepto de liquidador solidario con el que intervenía en la redacción originaria de la escritura). La sociedad así extinguida por resolución del Juez del concurso (Art. 178.3 Ley Concursal) que, aunque no se hubiese dado la circunstancia de activo sobrevenido, ya era titular de ciertos bienes (al menos las fincas) no sobrevenidos ni aparecidos después, que han de integrarse en el tráfico y ser enajenados, ha de tener la necesaria personalidad para ello y precisa de un proceso liquidatorio de tales bienes que no se ha llevado a cabo al haberse cerrado la hoja registral a pesar de no haberse procedido, previamente, a la constancia registral de su disolución y liquidación (Art. 247 del RRM), como ocurriría ordinariamente en el régimen de la LSC. En esta extraña situación la Ley no determina cómo se lleva a cabo ese proceso liquidatorio, ni quiénes ni en qué concepto han de realizarlo, ni siquiera a quienes ni en qué concepto corresponde la legitimación para los actos dispositivos, por lo que cabe afirmar que: A).–No pueden entenderse legitimados los administradores como tales, pues la disolución de la sociedad abre el período de liquidación (371 LSC.) y, con la apertura de éste período, cesan los administradores extinguiéndose su poder de representación (374 LSC), ni tampoco pueden estimarse convertidos automáticamente en liquidadores a quienes fueron los administradores de la sociedad conforme al art. 376.1 de la Ley de Sociedades de Capital ya que -además de la necesidad de comprobar la inexistencia de disposición estatutaria en contrario, que no consta- el propio artículo 376.2 de citada ley excluye tal conversión, al determinar que «no procede el nombramiento de liquidadores si la disolución es consecuencia de la apertura de la fase de liquidación en concurso». Y, aunque en este doctrinalmente denominado «Concurso Express» no habría propiamente apertura formal de dicha fase, sí que habría la declaración judicial de la extinción de la sociedad que implicaría la disolución y la consiguiente automática apertura de la fase de liquidación ex art. 376.1 de la LSC y, si no estuviese expresamente excluido por el art. 376.2 LSC, la conversión en liquidadores de quienes hubiesen sido administradores, salvo disposición estatutaria en contrario. B).–El auto judicial dispone 1.–declaración concurso, 2.–declaración de la conclusión del mismo, 3.–extinción de la sociedad y, 4.–finalmente el cierre de su hoja registral, pero todo en un mismo y simultáneo acto, precisando el fundamento tercero que «los efectos de esta resolución serán los propios de la conclusión del concurso y no los de la declaración. En definitiva, ni se nombrará administrador concursal, ni desplegará la declaración del concurso los efectos sobre el deudor, los acreedores y los actos perjudiciales para la masa. Por otro lado deberá acordarse la extinción de la persona jurídica y el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil. (Art. 178.3 LC)». Ello implica que la liquidación habría de llevarse a cabo en el ámbito del cumplimiento de lo tercero ordenado por el juez, es decir de la «extinción» de la sociedad, pues la misma implica un proceso comprensivo de disolución, liquidación y cierre de hoja y, por tanto fuera del concurso. Pero como las cuatro cosas están ordenadas simultáneamente, lo lógico sería que la liquidación se hubiese practicado, aun extra concursalmente, antes del cierre de la hoja registral (247 RRM) lo que, desde luego, no se ha hecho. Como no se ha hecho así, volver ahora a ese punto precisaría, en principio, que la sociedad tuviese hoja abierta en el RM de donde resultaría la legitimación representativa para ese proceso liquidatorio, ya fuese de los administradores convertidos en liquidadores automáticamente por no existir disposición estatutaria en contra (376.1) o ya de los liquidadores que fuesen nombrados e inscritos siendo a ellos a quienes correspondería no sólo la legitimación sino el deber de enajenar los bienes sociales ex Art. 387 de la LSC. C.–Finalmente la LSC (Art. 400), en sede de regulación de activo y pasivo sobrevenido en el ámbito societario ordinario no concursal (que no sería propiamente el caso ya que la finca existía), establece un régimen no sólo para la formalización de los actos anteriores a la cancelación de los asientos registrales, sino para todos los supuestos en que concurra la circunstancia de «…o cuando fuere necesario», determinando que «los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta», lo que no solucionaría el problema de la legitimación dispositiva en el presente supuesto ya que, como se ha dicho, en nuestro caso ni hay ni hubo liquidadores antes del cierre de la hoja. Sin embargo el 400.2 en relación con el n.º 1 anterior sí parece que ofrece una vía de solución, pues cabría afirmar que «…cuando fuere necesario….2.–En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad». Se entiende, Juez de lo Mercantil, naturalmente ahora no por ser el juez del concurso sino el competente para las cuestiones civiles que se promuevan al amparo de la normativa de sociedades mercantiles (Cfr. Art. 86.ter 1 y 2.a de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Lo que en el presente caso, dado que la escritura ya se ha otorgado, implicaría la necesidad de que dicho Juez Mercantil -no del concurso- la ratificase, previos los trámites oportunos. Por todo lo cual se deniega y suspende la inscripción pretendida por los siguientes defectos insubsanable el primero y subsanable el segundo, de no haber existido el primero: 1.–Resultar de los hechos anteriores la aparición de un activo sobrevenido con posterioridad a la declaración de conclusión del concurso por insuficiencia de masa para satisfacer los créditos contra la misma, que aboca a la reapertura del concurso con finalidad exclusivamente liquidatoria de dicho activo en los términos que han quedado expresados, sin perjuicio de que la reapertura del procedimiento precise declaración del juez competente. 2.–Aunque no hubiese existido el defecto anterior, no resultar acreditada la legitimación de los otorgantes ni la validez del acto dispositivo contenido en el título calificado en los términos referidos. Arts. 18 Ley Hipotecaria, 1259 Código Civil, 371, 376, 387 400 de la Ley de Sociedades de Capital, 176, 176 bis, 178, 179 de la Ley Concursal 247 Reglamento del Registro Mercantil y demás preceptos concordantes, así como RDGRN de 17 diciembre de 2012, (BOE 25.01.13) entre otras. Contra la presente nota de calificación (…) Badajoz a catorce de noviembre del dos mil dieciséis.–El registrador de la Propiedad (firma ilegible) Fdo: Luis José Moreno Camacho».
Contra la anterior nota de calificación, doña M. I. C. J., actuando en su condición de administradora única y en nombre y representación de la sociedad «Cruzjara, S.L.», interpuso recurso el día 15 de diciembre de 2016 en el que, resumidamente, expone: «Hechos y fundamentos Primero.–(…) Cuarto.–Sobre el primer defecto insubsanable: aparición de un activo sobrevenido que aboca a la reapertura del concurso. Señala la nota de calificación y refiere en su apartado 4, que la condonación de deuda por BBVA evidencia la aparición de un activo sobrevenido que aboca a la reapertura del concurso. Manifestamos nuestro total desacuerdo con dicho criterio. Dispone el artículo 179.2 de la Ley Concursal: «Artículo 179. Reapertura del concurso (...) 2. La reapertura del concurso del deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de maso será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará o la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24, procediendo también la reapertura de la hoja registral en la forma previsto en el Reglamento del Registro Mercantil.» Como señala el artículo trascrito, procede la reapertura del concurso en el caso de que aparezca un bien o un derecho del deudor con posterioridad a la conclusión del concurso, con la finalidad de liquidar ese bien o derecho y con el precio o cantidad obtenida proceder al pago de créditos de los acreedores. Pues bien, no alcanzamos a ver ni fundamenta la nota de calificación por qué se considera que la condonación de una parte del crédito de BBVA supone la aparición de un activo sobrevenido. Estaremos en todo caso ante un menor pasivo de Cruzmar, pero en modo alguno ante la aparición de un bien o un derecho que se pueda liquidar en sede concursal y del que se pueda obtener liquidez para atender el pago de créditos. Cita la Calificación la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de diciembre de 2012, que no se considera aplicable porque parte de la efectiva existencia de un activo sobrevenido, circunstancia que como se ha expuesto no concurre en este caso. Quinto.–Sobre el segundo defecto subsanable: no resultar acreditada la legitimación de los otorgantes ni la validez del acto dispositivo contenido en el título calificado. Con relación a la legitimación de los otorgantes entendemos que la nota de calificación se refiere únicamente a Cruzmar como parte vendedora. Sobre este extremo hemos de manifestar lo siguiente: A) Como ha sido reconocido por esa Dirección General, entre otras en la Resolución número 722/2013, de 17 de diciembre, «(...) Esta Dirección General tiene declarado (Resolución de 5 de marzo de 1996 [RJ 1996,1851] y muchas otras posteriores) que (...) la cancelación registral de la sociedad no implica per se la extinción de la misma pues la extinción, como efecto jurídico, no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la sociedad. Por esta razón la cancelación de asientos, en cuanto operación de mecánica registral, no puede suponer un obstáculo para la práctica de los asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique.» Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo, que en su sentencia de 20 de marzo de 2013 señala, «(...) la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir». Se reconoce, por tanto, lo que se denomina una «personalidad jurídica controlada o residual» de la sociedad, hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas. En este sentido, debe entenderse que a pesar de la cancelación de Cruzmar en el Registro Mercantil como consecuencia de la conclusión del concurso, dicha sociedad conservaba en la fecha de la Escritura de Compraventa su personalidad jurídica y la conservará hasta la completa liquidación de sus bienes y hasta la extinción de todas las relaciones jurídicas pendientes. B) Partiendo de lo anterior, la cuestión controvertida es quién está legitimado para actuar en nombre y representación de Cruzmar en la Escritura de Compraventa. Sobre esta cuestión señala la nota de calificación: a) En el apartado 4.A), que no pueden entenderse legitimados los administradores, porque la disolución de la sociedad abre el período de liquidación y, con la apertura de éste período, cesan los administradores extinguiéndose su poder de representación; y aunque en el «concurso express» no hay apertura formal de la fase de liquidación, considera que la declaración judicial de extinción de la sociedad implica la disolución y la apertura de dicha fase liquidataria ex. artículo 376.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Señala también que por aplicación del artículo 376.2 de la citada Norma, los administradores tampoco pueden entenderse convertidos en liquidadores. Discrepamos del criterio del Sr. Registrador, por los siguientes motivos: Como señala el auto número 19/2015, de 16 de febrero, de la Audiencia Provincial de Barcelona, «(...) la conclusión del concurso se configura en la Ley como un medio de extinción de las personas jurídicas, alternativo a la forma ordinaria de extinción que representa la disolución de la sociedad y su posterior liquidación (previo pago a los acreedores de todos las deudas sociales y el reparto del remanente entre los socios).» Es claro en este sentido el artículo 178.3 de la Ley Concursal, cuando dispone que la resolución judicial que declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, acordará la extinción de la sociedad y la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda; sin hacer ninguna referencia a la disolución ni a la liquidación previa de la sociedad extinguida y sin que sea necesario que se cumpla el requisito de previa satisfacción de acreedores que exige la Ley de Sociedades de Capital para la extinción ordinaria. En la misma línea, los juzgados y tribunales cuando han tenido que resolver los problemas prácticos derivados de la aplicación del artículo 178.3 de la Ley Concursal en el caso de sociedades extinguidas sin previa liquidación de sus bienes y relaciones jurídicas, han acudido a la doctrina de la personalidad jurídica controlada o residual a la que hemos hecho anterior referencia, sin aplicación de las normas de la Ley de Sociedades de Capital relativas a la fase de liquidación. Así, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona antes citado señala: «(...) En definitiva, la extinción de la persona jurídica no ha de suponer un obstáculo, como sostiene la recurrente, para iniciar ejecuciones contra la concursada o paro cerrar acuerdos dirigidos a la liquidación de todo el haber social. Los administradores o liquidadores de lo sociedad deberán hacer un uso responsable de esa personalidad jurídica residual hasta la completa extinción de todas sus relaciones jurídicas.» Así mismo, si comparamos el artículo 145 de la Ley Concursal, que regula los efectos de la apertura de la fase de liquidación sobre el concursado, y el 148 de la misma Norma, que regula los efectos de la conclusión del concurso, vemos como el legislador en el primer caso hace mención expresa a la disolución de la sociedad y al cese de los administradores, mientras que en el segundo omite cualquier referencia a ambas circunstancias. De acuerdo con lo anterior, no compartimos el criterio de que la extinción de la sociedad en el concurso express implique su disolución y liquidación, en los términos y con los mismos efectos (entre otros, el cese de los administradores sociales) previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Por otro lado, e incidiendo en la misma idea de que no podemos asimilar la extinción de sociedades según el procedimiento ordinario y el concursal, en el caso de la apertura de la fase de liquidación en el concurso, el artículo 145.3 de la Ley Concursal reconoce a los administradores sociales capacidad para seguir representando a la sociedad en el procedimiento y en los incidentes concúrsales, lo que difiere del régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en el que con la apertura de la fase de liquidación se produce el cese de los administradores y cesa su capacidad de representación a todos los efectos. Por todo lo anterior, mantenemos que la Ley Concursal recoge un procedimiento de extinción de sociedades específico de sociedades concursadas en que se declara la conclusión por insuficiencia de masa, que por estar contemplado en una ley especial, debe prevalecer sobre el procedimiento de disolución y liquidación ordinario recogido en la ley general (Ley de Sociedades de Capital). Este procedimiento específico, complementado con la doctrina de la «personalidad jurídica controlada», habilita a los administradores sociales a concluir las operaciones de liquidación durante la fase posterior a la cancelación registral. Y es que no podría ser de otra forma, si tenemos en cuenta que a la fecha de extinción de la Sociedad, no solo no ha habido un cese de administradores, sino que no ha existido nombramiento de administración concursal ni de liquidadores, por lo que únicamente el órgano de administración con cargo vigente a la fecha de la cancelación registral, puede tener capacidad para representarla en actos dirigidos única y exclusivamente a la liquidación de sus bienes y relaciones jurídicas preexistentes. b) En el apartado 4 C) señala la nota de calificación que el artículo 400.2 de la Ley de Sociedades de Capital «parece que ofrece una vía de solución», consistente en que la Escritura de Compraventa sea ratificada por el Juez Mercantil competente. Discrepamos también de este criterio, por los siguientes motivos: Como se ha expuesto anteriormente, el procedimiento de extinción de sociedades concursadas en el concurso express se configura como alternativo al de disolución y liquidación ordinario previsto en la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, dicho procedimiento, complementado con la doctrina de la «personalidad jurídica controlada», habilita a los administradores sociales para llevar a cabo actos de liquidación post extinción de la sociedad. Mantener ese criterio va en contra del espíritu de la Norma que pretende el cierre express del concurso; de entenderlo aplicable, supondría acudir al juez mercantil para que ratificase o interviniese en cada uno de los actos de liquidación de la sociedad extinguida: desde una compraventa de un inmueble, una máquina o incluso chatarra, hasta su intervención en procesos judiciales en los que la sociedad extinguida sea parte. No parece que sea esa la intención del legislador, que de haber pretendido la intervención judicial en cada acto de liquidación no habría dispuesto la conclusión del concurso en el caso del concurso express. Más bien al contrario, cuando la Ley Concursal habilita al juez del concurso a declarar la conclusión por insuficiencia de masa, conociendo la existencia de bienes y derechos pendientes de liquidar, debe entenderse implícita la habilitación a la sociedad a través de sus representantes legales en el momento de la conclusión, para una liquidación extrajudicial de dichos bienes y derechos. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, mantenemos que el compareciente en nombre de Cruzmar en la Escritura de Compraventa, D. F. C. P., en su condición de administrador solidario de la Sociedad a la fecha en que se dictó el auto de declaración y conclusión del concurso, estaba perfectamente legitimado para dicho otorgamiento. Por último, entendemos que cuando la nota de calificación cuestiona la validez del acto dispositivo lo vincula únicamente a la cuestión de la legitimación de los otorgantes, pues ninguna otra referencia se hace en los hechos y fundamentos de derecho. Por tanto, reiteramos los argumentos ya expresados en este apartado. No obstante, si queremos poner de relieve la contradicción que supone el hecho de que el Sr. Registrador haya inscrito la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca a la que se refiere en el apartado 3 de su nota de calificación y, a la vez, cuestione la validez de la compraventa. Como se expresa en dicho apartado, BBVA firma la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca porque en el mismo acto Cruzmar reintegra 750.000 euros y 350.000 euros del préstamo, que recibe mediante sendos cheques en la Escritura de Compraventa. Ambas escrituras documentan un mismo negocio jurídico y la de carta de pago y cancelación de hipoteca no puede existir al margen de la de compraventa; la condonación de la deuda y cancelación de la hipoteca no son actos realizados a título gratuito, sino que tienen una causa onerosa que es el reintegro al banco de las cantidades antes señaladas recibidas como precio de la compraventa».
– La sociedad «Construcciones Cruzmar, S.L.», es titular de tres cuartas partes indivisas de la finca registral 32.087 de Badajoz y de otra finca radicante en otro distrito hipotecario. Dicha participación estaba gravada con las hipotecas de sus inscripciones 8.ª y 12.ª a favor de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.».
– Con fecha 26 de julio de 2016, la sociedad «Construcciones Cruzmar, S.L.», la entidad «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.» y la sociedad «Cruzjara, S.L.», otorgaron escritura de compraventa de la citada finca, procediéndose en escritura separada, a la cancelación de los préstamos hipotecarios que gravaban la misma, previa condonación a la entidad deudora de la parte de crédito no cubierta con el importe de la venta y otorgando carta de pago por la totalidad de la deuda.