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Timestamp: 2020-01-18 22:36:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 228', 'artículo 61', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 183', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 90', 'artículo 4', 'artículo 140', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 25', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 66', 'artículo 366', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1502', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 74', 'artículo 183', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 253', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 105', 'artículo 183', 'artículo 30', 'artículo 151', 'artículo 183']

CECOLDA - Centro Colombiano del Derecho de Autor - Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 27 de abril
Inicio Derecho de Autor Normas y Jurisprudencia Jurisprudencia Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 27 de abril
RADICACIÓN 14.837 DE 2006
CONSEJERO PONENTE: DR. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.
ACTOR: VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
DEMANDADOS: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
1. En el presente asunto no interviene la magistrada María Elena Giraldo Gómez, puesto que, mediante auto del 29 de enero de 2004, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró fundado el impedimento por ella manifestado, en tanto que se encuentra incursa en la causal prevista en el artículo 150, numeral 2°, del Código de Procedimiento Civil.
2. Mediante demanda presentada el 22 de mayo de 1995, por medio de apoderado, el señor Víctor Manuel Gutiérrez González solicitó que se declarara que la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho es responsable por los perjuicios materiales y morales que sufrió con ocasión de la sentencia proferida el 2 de junio de 1993 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual resolvió revocar la sentencia del 6 de septiembre de 1992 del Juzgado 2° Civil del Circuito de esa misma ciudad y, en s u lugar, negar las pretensiones de la demanda (fls. 1 a 13 del cdno. 1).
“Primera. Que LA NACIÓN COLOMBIANA (RAMA JUDICIAL) es responsable de no haber recuperado el demandante las sumas de:
a) UN MIL GRAMOS ORO o su EQUIVALENTE en moneda nacional por concepto de PERJUICIOS MORALES ocasionados a sus derechos de autor y generados por violación de los artículos de la citada ley según los considerandos de la SENTENCIA de PRIMERA INSTANCIA proferida por la JUEZ 2 CIVIL DEL CIRCUITO de Santafé de Bogotá, el día 6 de septiembre de 1992;
b) DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 12.300.000.00) POR LUCRO CESANTE y TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MENSUALES ($ 369.000.00) desde el 19 de abril de 1989 y hasta la fecha en que se produzca su cancelación por DAÑO EMERGENTE o sea conceptos estos correspondientes a los PERJUICIOS MATERIALES, y
c) El cincuenta por ciento (50%) del valor de las costas de la referida sentencia proferida el 6 de septiembre de 1992 por el juzgado A QUO...
Segunda. Que como consecuencia del pronunciamiento anterior la parte demandada está en la obligación de pagar al demandante el valor de TODOS LOS PERJUICIOS debidamente ACTUALIZADOS a saber:
A) A título de perjuicios MORALES la cantidad de 4.000 gramos oro, o su equivalente en moneda nacional, discriminados así: 1.000 gramos oro para el actor, 1.000 gramos oro para la esposa de éste señora HAYDI GONZÁLEZ CARDONA, 1.000 gramos oro para su hijo CARLOS RENÉ GUTIÉRREZ y, 1.000 gramos oro para su otro hijo VÍCTOR RENÉ GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
B) A título de perjuicios MATERIALES la suma de $ 46.546.788.00 por LUCRO CESANTE, que se discriminan así: b.1) Valor hipoteca de COLMENA $ 4.480.000.00 que causaron unos intereses desde julio de 1988 hasta diciembre de 1994 por valor de $ 4.590.000.00. b.2) Valor hipoteca de 2° grado al señor LUIS ARMANDO AGUILERA U. por valor de $ 11.000.000.00 que causaron unos intereses al 4% mensual desde el 5 de abril de 1993 al 5 de abril de 1994 por valor de $ 5.280.000.00; b.3) Valor otra hipoteca de 2° grado de $ 13.500.000.00 que causaron unos intereses al 3.5% mensual desde abril 18 de 1994 hasta el 18 de diciembre de este mismo año por valor de $ 3.780.000.00; (sic) b.5) Valor de la educación de los hijos del actor en cuantía de $ 12.245.788.00 desde junio de 1988 hasta diciembre de 1994; y b.6) Valor del transporte, ropa y alimentación por la suma de $ 14.325.000.00.
Tercera. LA NACIÓN por intermedio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la misma, resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses comerciales dentro de los 6 meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de dicho término”.
“1. Víctor Gutiérrez, en su condición de compositor de música tropical, al verse explotado, como muchos otros que han muerto en la indigencia total, por parte de la disquera multinacional SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Colombia) antes DISCOS CBS S.A., que sin AUTORIZACIÓN de manera abusiva, sin contar con los contratos respectivos violó la ley de derechos de autor 23/82 en sus arts: 4°, 12, 21, 30, 76, 77, 106, 138, 176 y 183 fijó sobre el disco LARGA DURACIÓN N° 14002250 denominado MANDUCO CAÑA DULCE sus temas musicales “AE, AE, AE, Y POR ESO LA DEJE” Y, EL AMOR Y EL DESAMOR” vendiéndolos en Colombia y en todo el mundo sin darle NI UN PESO al AUTOR en DISCOS y CASETTES desde la fecha de su prensaje, se vio precisado conforme lo establecen los arts. 2° y 61 de la C.N. a acudir en ACCIÓN DE PAGO por DERECHOS DE AUTOR ante la justicia civil.
2. Por conducto del Juzgado 2° Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, buscó la efectividad de sus derechos y obtuvo el reconocimiento de los mismos y que se condenara a la multinacional al pago de sus derechos musicales y los perjuicios correspondientes por el abuso de que había sido víctima, mediante sentencia de primera instancia del 6 de septiembre de 1992.
4. El actor obtuvo en primera instancia una sentencia ajustada totalmente a derecho que le fue favorable y que desarrolló el DERECHO SUSTANCIAL contenido en las normas generadoras del derecho de autor consagradas en la Ley 23/82 y el Juzgado 2° Civil del Circuito aplicó el procedimiento en forma correcta.
5. La sentencia correcta de primera instancia, proferida por la Juez 2ª Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, concluyó diciendo que el actor tenía derecho a recibir unos dineros por concepto del abuso y utilización abusiva de las obras musicales de su autoría, y denominadas “AE, AE, AE, Y POR ESO LA DEJE” Y, EL AMOR Y EL DESAMOR” que una millonaria empresa transnacional como es SONY MUSIC grabó en discos y CASSETES que puso para su venta en el mercado nacional y extranjero, para lucrarse a costa del talento de éste,
6. Al llegar el proceso a SEGUNDA INSTANCIA ante la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL DEL DISTRITO CAPITAL, los MAGISTRADOS que actuaban como jueces, no en una cuestión de opinión simplemente, que se podía fallar de una u otra manera sino que obrando con impericia, negligencia en observancia del derecho SUSTANCIAL de que trata la ley de derechos de autor, contradiciendo en forma grave y ostensible todas las normas sustanciales que el A QUO le desarrolló al demandante y en especial omitiendo dar cumplimiento a los pri ncipios superiores consagrados por el artículo 228 de la Constitución Nacional, optó por despojarle los derechos de autor a VÍCTOR GUTIÉRREZ, mediante sentencia del AD QUEM del 2 de junio de 1993.
7. El TRIBUNAL negó rotundamente los derechos del compositor y se los echó por tierra, SIN TOMARSE LA MAS MÍNIMA molestia de estudiar la sentencia de primera instancia, en cuanto a las PRUEBAS y en especial en cuanto al DERECHO SUSTANCIAL que le DECLARABA sus derechos incumpliendo de esta manera con el deber que le correspondía de garantizar sus derechos y administrar justicia y DESCONOCIÓ QUE ESTABA DEMOSTRADO en forma clara, precisa y contundente, aplicando de manera caprichosa, únicamente normas del Códi go de Procedimiento Civil.
11. El tribunal procedió a desacreditar la justicia, pues invirtió la causa, quien reclamaba un abuso de un derecho era VÍCTOR GUTIÉRREZ, un compositor COLOMBIANO, y a quien le dio la razón fue a la Empresa Transnacional SONY MUSIC, como quien dice que puede continuar atropellando en COLOMBIA a nuestros compositores apropiándose de la música de éstos y vendiéndola en discos y cassettes (sic) al precio que quiera no solo en el país, sino también en el extranjero, que tal?
17. Los MAGISTRADOS de la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL en su fallo del 2 de junio de 1993 NO APLICARON los artículos 2° y 228 de la Constitución Nacional, ni la Ley 23 de 1982 sobre DERECHOS DE AUTOR y se negaron aplicarla y SACRIFICARON EL DERECHO SUSTANCIAL de sus normas porque para ellos no tenía ninguna importancia EL ESTAR INSTITUIDOS para proteger a todas las personas residentes en COLOMBIA en sus bienes, como lo es el derecho fundamental de la propiedad intelectual tutelado en el artículo 61 de la misma C onstitución.
18. A los magistrados de la SALA CIVIL del Tribunal NO LES GUSTÓ la consagración de derechos sustanciales que estructura la ley de derechos de autor, a favor de los compositores de música y menos aun que éstos tengan derecho a ganar dinero por lo venta de su talento.
19. La conducta de los magistrados en su aberrante fallo presupone la CULPA GRAVE o sea que a los referidos magistrados, no se les puede perdonar un fallo así, pues no se podían equivocar de tal manera pues se supone que son abogados y que como tal conocen el derecho sustancial que contiene la ley de derechos de autor, y sin embargo, omitieron aplicarla en sus artículos 4°, 12, 21, 30, 76, 77, 106, 138, 176 y 183 como si lo hizo en su análisis de fondo sobre la Ley 23/82 la juez 2ª del Circuito de Santafé d e Bogotá.
a) Artículo 4: Son titulares del derecho EL AUTOR DE SU OBRA...
27. Los magistrados integrantes de la SALA CIVIL del Tribunal, no se tomaron la mas (sic) mínima molestia de consultar, valorar las pruebas y el fallo de primero instancia.
5. La demanda fue admitida el 5 de junio de 1995 (fl. 16 del cdno. 1) y notificada en debida forma. Dentro del término de fijación en lista, la Nación -Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante apoderado, contestó la demanda paro oponerse o las pretensiones de la misma, manifestar que algunos de los hechos simplemente describen opiniones del demandante y otros deberán probarse (fls. 29 a 40 del cdno. 1). Al exponer sus razones de defensa, manifestó, en resumen, lo siguiente:
i) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, literal a), de la Ley 23 de 1982, el autor puede disponer de su obra a título gratuito y oneroso libremente, mediante contratos consensuales, con excepción de los contratos de enajenación del derecho de autor que deben constar en escritura pública por disposición del artículo 183 de esa misma ley. Luego, como bien lo sostuvo el tribunal, el contrato celebrado por el demandante, que era de inclusión de fonogramas, no requería formalidad alguna.
iii) El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 es claro en señalar que cuando uno o más autores, mediante contrato de servicio, elaboren una obra según plan señalado por otro persona, por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán los honorarios pactados en el contrato. Ahora, como el demandante recibió los beneficios económicos por el contrato de servicios, es lógico que el tribunal concluyera que la empresa demandada no debía cancelar los recursos cobrados por el demandante.
Finalmente, formuló la excepción de indebida representación de la Nación, puesto que, de conformidad con el artículo 4° del Decreto 2652 de 1991, la representación judicial de la Rama Judicial estará a cargo del director nacional de administración judicial.
6. El a quo decretó pruebas mediante auto del 12 de octubre de 1995 (fls. 52 a 56 del cdno. 1). Vencido el período probatorio, se citó a audiencia de conciliación, la cual se celebró el 27 de febrero de 1997, pero fracasó por ausencia de ánimo conciliatorio (fls. 70 y 71 del cdno. 1).
7. Mediante auto del 21 de marzo de 1997, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 81 del cdno. 1).
Oportunamente, los apoderados dee la parte demandante (fls. 82 a 84 del cdno. 1) y de la entidad demandada (fls. 85 a 92 del cdno. 1), presentaron sus alegatos de conclusión para reiterar los criterios expresados en la demanda y la contestación de la misma, respectivamente.
8. Mediante auto del 24 de julio de 1997, el tribunal resolvió poner en conocimiento de la esposa y los hijos del señor Víctor Manuel Gutiérrez, la nulidad saneable por falta de poder (fls. 95 a 98 del cdno. 1).
Como no fue alegada la nulidad, el proceso continúo su curso.
Mediante sentencia del 11 de diciembre de 1997, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió denegar las súplicas de la demanda. Fundamentó su decisión en la siguiente forma (fls. 105 a 135 del cdno. 1):
Expresó, en primer lugar, que no prospera la excepción formulada por la parte demandada porque, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-388 de 1994 al analizar la constitucionalidad del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, la representación judicial de la Nación por actuaciones u omisiones de la administración de justicia, con anterioridad a la vigencia de la Ley 270 de 1996, corresponde al Ministerio de Justicia.
En cuanto al caso concreto, el tribunal encontró probado que: i) el demandante fue el director artístico de la disquera Sony Music desde el 2 de julio de 1984, ii) demandó a esa empresa porque no le pagó los derechos económicos por la inclusión de temas musicales de su autoría en el disco Manduco Caña, iii) el juez de primera instancia accedió a pretensiones, porque consideró que la disquera no estaba expresamente autorizada para vender 3 canciones de autoría del demandante y abusó de su posición incluyéndo las en el disco y, iv) mediante sentencia del 2 de junio de 1993, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
Finalmente, el tribunal consideró que no existió error jurisdiccional en la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por los siguientes motivos: i) porque no se probó que la disquera hubiere usurpado la titularidad de los derechos del demandante, por lo que la sentencia no desconoció el artículo 4° de la Ley 23 de 1982, ii) porque la conducta adoptada por el actor ente la disquera permitía deducir que autorizó la inclusión de sus obras en el fonograma, con lo cual no se desconoció el artí culo 12 de la misma ley, iii) porque, de acuerdo con el artículo 21 de la normativa en cita, la disquera tenía derechos que nacieron con la autorización del autor sobre sus obras, iv) tampoco existió error jurisdiccional porque, contrario a lo sostenido por el demandante, el ad quem no debía aplicar el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, v) porque, en aplicación de los artículos 76, 77, 106 y 183 de esa normativa, la sentencia reconoció la existencia de un contrato consensual por medio del cual el autor de la obra musical autorizó a la disquera a incluirlo en el disco y, esta última, pagó regalías.
Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se fundamentó en los siguientes argumentos (fls. 137 a 141 del cdno. 1):
Manifestó que la sentencia objeto de recurso “viola de manera directa las normas sustantivas de carácter constitucional siguientes arts: 2°, 4°, 13, 29, 61, 90 y 228... y en especial la ley sustantiva contenida en las siguientes normas arts: 32 y (sic) 2341 o 2360 del C.C., ley 153/87 arts: 4°, 5° y 8° y específicamente los normas sustantivas de derechos de autor contenidas en la Ley 23 de 1982 siguientes: arts: 4°, 12, 21, 30, 76, 77, 106, 122, 138, 176 y 183 ibídem”.
El actor reiteró que la disquera no estaba facultada para fijar, sobre el disco de larga duración, temas musicales del demandante, sin que hubiese pagado los correspondientes derechos de autor, por lo que la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá contiene un “error inexcusable”, que causó perjuicios que deben ser indemnizados por el Estado.
4.1. El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 5 de marzo de 1998 y admitido el 27 de mayo siguiente (fls. 143 y 147 del cdno. 1).
4.2. Corrido el traslado a las partes para alegar, y al Ministerio Público para rendir concepto, intervinieron el apoderado del demandante y la procuradora sexta delegada ante el Consejo de Estado. El primero, reiteró los argumentos expuestos en anteriores oportunidades procesales (fls. 151 a 153 del cdno. 1). Y la procuradora delegada ante el Consejo de Estado intervino para solicitarle a la Sala que confirme la sentencia apelada. Los argumentos que apoyan su conclusión, se resumen así (fls. 155 a 172 del cdno. 1):
Sostiene, en primer lugar, que el error jurisdiccional se presenta “cuando la decisión adoptada por el juez, adolece de defectos en la valoración de los hechos y su prueba o en la aplicación del derecho al caso concreto”. Por lo tanto, difiere de lo afirmado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 1° de octubre de 1992, en el sentido de afirmar que no solo son indemnizables los perjuicios derivados del error grosero, grave y ostensible, sino también los que se producen cuando la provid encia es legal. Posteriormente, realizó un recuento de las diferentes posiciones jurisprudenciales en este tema, para concluir que con posterioridad a la vigencia del artículo 90 de la Constitución, no hay duda de que existe responsabilidad patrimonial del Estado cuando se presenta error jurisdiccional que produce un daño antijurídico.
En segundo lugar, el Ministerio Público analizó el material probatorio que obra en el proceso y concluyó que el señor Gutiérrez González sí autorizó la grabación de las canciones de su autoría, por lo cual recibió regalías que fueron pagadas por la disquera. Ahora, confrontados esos hechos con los artículos 72, 74, 151 y 183 de la Ley 23 de 1982, es fácil deducir que “la decisión de segunda instancia de la cual se pregona el error judicial, no deja ver por parte alguna la existencia de este, pues se advirti ó además una completa valoración de las piezas probatorias allegadas al proceso”. Luego, el hecho de que el ad quem hubiese revocado la sentencia de primera instancia no implica, por sí solo, la existencia de un error jurisdiccional.
La entidad demandada manifestó que no podía ser condenada porque la Nación se encuentra indebidamente representada, en tanto que, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto 2652 de 1991, la representación judicial de la Rama Judicial correspondía a la Dirección Nacional de Administración Judicial y no al Ministerio de Justicia.
Aunque el planteamiento no corresponde a un medio exceptivo sino al alegato de lo causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7°, del Código de Procedimiento Civil, consistente en la indebida representación del demandado, la Sala procede a estudiarlo.
Esta sección ha sostenido, en varias oportunidades, que, antes de la vigencia de la Ley 270 de 1996 y de acuerdo con la interpretación sistemática de las normas que regulan el tema, la cual fue ratificada por la Corte Constitucional en Sentencia C-388 de 1994, la representación de la Nación a cargo del Consejo Superior de la Judicatura que había señalado el Decreto 2652 de 1991, solamente correspondía a los aspectos administrativos y de gestión económica y contractual relativos a esa entidad y sus organismo s integrantes(1).
A pesar de que si bien es cierto, a diferencia de lo que ocurre en España(2), en nuestra Carta Política no existe norma expresa que consagre la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos u omisiones derivadas del ejercicio de la jurisdicción, no lo es menos que la constitucionalización del deber estatal de reparar los daños antijurídicos causados por la omisión o acción de todos las autoridades públicas constituye una regla de principio que incluye, como autoridades públicas que son, a los jueces y magistrados (art. 90 superior).
En efecto, en el proceso de afianzamiento del deber del Estado de responder patrimonialmente por los daños causados en ejercicio de sus funciones, la responsabilidad por los hechos, omisiones y decisiones judiciales tomó más tiempo y amplia discusión doctrinal y judicial, por cuanto un sector importante en los dos ámbitos, sostenía que los daños causados con ocasión de la administración de justicia debían ser soportados por los administrados “como una necesidad social”(3) en aras de preservar la estabilidad e intangibilidad de la cosa juzgada. Mientras que otro sector de la doctrina consideraba que “la responsabilidad en esta área no solo es posible sino necesaria, ya que los daños que causen o los particulares tienen una gravedad tanto más condenable cuanto que deben ser soportados en nombre de la justicia”(4).
Ahora bien, el sector doctrinario y jurisprudencial que defiende la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por acciones u omisiones de los jueces y magistrados en sus providencias, fue enfático en sostener que no se afecta la cosa juzgada y la intangibilidad del fallo porque no se trata de revocar o modificar las sentencias injustas, sino de enmendar el daño por ellas causado. De hecho, el análisis que hace el juez contencioso administrativo se limita a averiguar si la providencia o la omis ión judicial causó daños antijurídicos que deban repararse, pero de ninguna manera su labor estará dirigida a confirmar, modificar o revocar la providencia judicial, pues no se trata ni de adelantar otra instancia, ni de alterar los principios de separación de jurisdicciones y superioridad funcional que le son propios al Estado social de derecho. Por consiguiente, según esta tesis, con el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos de los jueces se logra “la conciliación del valor de seguridad jurídica con el valor de justicia”, con lo cual se obtiene un mecanismo que “permita el reconocimiento de que la justicia falló y que la sociedad debe una reparación al perjudicado”(5) y, al mismo tiempo, se conserva la cosa juzgada.
De todas maneras, con posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 y la clara consagración, en su artículo 90, de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando las autoridades públicas causan, con su acción u omisión, daños antijurídicos, resulta evidente que existe una garantía constitucional de reparar a la persona que ha sido dañada por autoridades públicas, en ejercicio o con ocasión de sus funciones judiciales y/o jurisdiccionales. Ello resulta coherente con la filosofía del constituyent e de 1991 dirigida a otorgar mayor protección a las personas frente a la actuación u omisión de todos los órganos del Estado, quienes en ejercicio de su deber o desbordándolo, pueden afectar derechos y causar daños antijurídicos.
Esa garantía constitucional fue posteriormente desarrollada y reglamentada, especialmente para el caso de la responsabilidad por el ejercicio de la función judicial, entre otros, por los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, en tanto que regularon, en forma expresa, la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones de sus agentes judiciales que incurran en error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (que incluye el denominado por la doctrina error judicia l) y privación injusta de la libertad. No obstante, como en el presente asunto se discute la existencia de un error jurisdiccional, presuntamente contenido en la sentencia proferida el 2 de junio de 1993, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, antes de la vigencia de la Ley estatutaria de administración de justicia, el análisis del mismo solo se fundamentará en el artículo 90 de la Constitución como cláusula general de reparación patrimonial del Estado, incluyente de la responsabilidad Estado-Administrador, Estado-Juez y Estado-Legislador.
“La determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado, como se vio, es una facultad que deriva directamente de la Constitución Política; declarar la existencia del error judicial tampoco implica la interferencia del juez contencioso administrativo en las decisiones judiciales, como que la providencia que contiene el error conserva la intangibilidad de cosa juzgada; y no es cierto que la concesión de la tutela no pueda eventualmente tener consecuencias patrimoniales, por cuanto como lo sostuvo la mi sma Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, “ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuido por el derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución”(6).
En relación con el concepto de error judicial y jurisdiccional, pues no los distingue, la doctrina española se ha dividido, de un lado, entre quienes consideran que este “supone un resultado equivocado, no ajustado a la ley, bien porque no se haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se hayan establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad” y, de otro, los que opinan que “existe error judicial cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos se dict a una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de los hechos y que, por tanto merece calificativo de injusta”(7). En otras palabras, un sector de la doctrina española sostiene que, con independencia de la intención o negligencia que antecedan a la decisión, existe error jurisdiccional cuando el juez no aplica correctamente el derecho, mientras que otro sector opina que esta fuente de la responsabilidad estatal solo se aplica cuando la sentencia es injusta porque hay una equivocación que fue producida por dolo, negligencia o falta de conocimiento o apreciación de los hechos.
En efecto, en Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional concluyó que “el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichoso, arbitraria y flagrantemente violatorio del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y de las pruebas aportadas”(8). Mientras que, a partir de la sentencia del 4 de septiembre de 1997, la Secció n Tercera del Consejo de Estado manifestó que el error jurisdiccional no podía identificarse con el concepto de vía de hecho en tutela porque se desconocería el artículo 90 de la constitución que es la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, según la cual “este deberá indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa”(9).
Esta última tesis, reiterada por esta sección en otras oportunidades(10), entiende que el error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origin a el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo. En este sentido, resulta interesante lo afirmado por el Tribunal Supremo Español, Sala Penal, en sentencia del 9 de abril de 2002:
“El error judicial entraña la desatención del juzgador de datos de carácter indiscutible, con o sin culpa, generadora de una resolución absurda que rompe la armonía del concierto jurídico, introduciendo un factor de desorden en el que se origina, en su caso, el deber del Estado de indemnizar sin necesidad de que sea declarada la responsabilidad del juzgador, incluyendo equivocaciones manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la ley, pues puede entenderse des de dos perspectivas, una, cuando se proyecta sobre hechos y, otra, en relación al ordenamiento jurídico aplicable, cuando se funda esa aplicación en normas inexistentes”(11).
a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue c laramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996;
b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección(12), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares;
“el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”(13).
Es necesario aclarar que la mayoría de los hechos en que fundamenta la parte demandante sus pretensiones, debían demostrarse con el análisis del proceso civil. Por consiguiente, por tratarse del objeto del proceso, esa prueba fue decretada por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 12 de octubre de 1995, teniendo en cuenta, además, que la copia fue solicitada oportunamente por las dos partes (fls. 12, 38 y 54 del cdno. 1). Así, el Juzgado 2° Civil del Circuito de Bogotá r emitió copias autenticadas de todo el proceso verbal que originó la sentencia cuyo supuesto error jurisdiccional se pretende reparar.
1. El señor Víctor Gutiérrez González laboró en la sociedad “Discos CBS S.A.”, desde el 2 de julio de 1984, en calidad de director artístico de la misma. Obra en el expediente contrato de trabajo a término indefinido (fls. 127 a 130 del cdno. 2).
2. Aunque no consta en el contrato de trabajo, con los interrogatorios de parte practicados al demandante y al representante legal de la empresa demandada en el proceso civil, se pudo establecer que, en cumplimiento de su labor como director artístico, el señor Gutiérrez González tenía a su cargo la selección de grupos musicales, de temas para grabación, de repertorios para ser incluidos en los fonogramas y la dirección y arreglos de los mismos (fls. 166, 166r y 167 del cdno. 2).
3. En el ejercicio del cargo, era usual que el señor Gutiérrez González incluyera canciones de su autoría en los fonogramas que grababa la firma Discos CBS S.A. En el expediente reposan copias auténticas de contratos celebrados entre el representante legal de esa empresa y el señor Gutiérrez González, para la divulgación, utilización e inclusión en fonogramas de obras musicales compuestas por el último (fls. 94, 101 a 125 del cdno. 2).
4. Cuando aún trabajaba en la disquera demandada, el señor Víctor Gutiérrez González incluyó los temas musicales de su autoría denominados “AE, AE, AE”, “Y por eso la dejé” y “El amor y el desamor”, en el fonograma de la compañía demandada “Manduco Caña Dulce” (fls. 166 y 167 del cdno. 2). De acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, como anticipo de regalías autorales por esas obras musicales, el demandante recibió varios pagos (fls. 196, 199, 202, 206, 269 y 270 del cdno. 2 y 151 a 1 67, 178, 179, 189, 192 y 203 del cdno. 3).
5. Después de retirarse de la empresa Discos CBS S.A. en razón de disputas originadas por el incumplimiento del horario laboral, el señor Gutiérrez González demandó a su antiguo empleador paro solicitar el pago de los derechos de autor por la explotación comercial de las tres canciones incluidas en el fonograma “Manduco Caña Dulce” y la indemnización de perjuicios causados. La copia auténtica de la demanda reposa en los folios 415 a 419 del cuaderno 2.
6. Esa demanda correspondió, por reparto, al Juzgado 2° Civil del Circuito de Bogotá, quien, en sentencia del 6 de septiembre de 1992, resolvió acceder a las pretensiones del demandante y condenar a la empresa demandada a pagar los perjuicios morales y materiales causados, por cuanto consideró que la disquera abusó de su derecho al incluir los temas musicales en el disco mencionado, sin la autorización escrita de su autor. La copia auténtica de la providencia obra a folios 390 a 396 del cuaderno 2.
7. La anterior providencia fue revocada, mediante sentencia del 2 de junio de 1993, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda (fls. 462 a 470 de cdno. 2 y 31 a 39 del cdno. 3).
Aunque no aparece en el expediente constancia de la fecha de ejecutoria de la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso verbal promovido por el Víctor Gutiérrez González contra Discos CBS S.A., lo cierto es que esa decisión fue oportunamente notificada y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, en la forma como fue modificado por el Decreto 2289 de 1989, el recurso extraordinario de casación no procede en este tipo de procesos verbales(14) (fls. 469 a 473 del cdno. 2).
Al contrario de lo que ocurre con los recursos ordinarios, consagrados por la ley para la impugnación de las providencias judiciales por regla general, salvo aquellas expresamente excluidas, los recursos extraordinarios constituyen una manera excepcional de impugnar las sentencias, tanto que no proceden en todos los procesos ni contra todas los sentencias sino únicamente en aquellos eventos en que la ley los autorice y por las causales taxativamente señaladas”(15).
De otra parte, la demanda parte del supuesto de que la sentencia de segunda instancia incurrió en error jurisdiccional porque violó los artículos 4°, 12, 21, 30, 76, 77, 106, 138, 176 y 183 de la Ley 23 de 1982. Luego, se plantea la existencia de un error jurisdiccional de derecho, porque no se aplicaron, o la aplicación se hizo en forma equivocada, normas que resultaban aplicables al caso concreto. En consecuencia, para saber si en este asunto, realmente, existió un error jurisdiccional de derecho, es nece sario evaluar si, como lo sostiene el demandante, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá violó esas disposiciones.
El Juzgado 2° Civil del Circuito de Bogotá, en primera instancia, consideró que la ausencia de documento privado celebrado entre el autor y la disquera para que esta pudiera vender las obras musicales cuyos derechos reclama el primero, implicó un abuso del derecho autoral que produjo provecho económico a la empresa y perjudicó el patrimonio del demandante.
A su turno, paro revocar la sentencia apelada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá desarrolló planteamientos sobre el derecho de autor que, en lo esencial, expresan:
“Al adentrarnos en este campo (derechos de autor) se hace indispensable acotar que el autor, al disponer de su obra a título gratuito u oneroso, conforme lo prevé el literal A del artículo 3° de la Ley 23 de 1982, lo hace dentro de la órbita de su libre albedrío, de suerte que solo está limitado en cuanto al hacerlo choque con la ley. Al transmitir sus derechos, el autor ejecuta un acto que emerge de su fuero interno como manifestación de voluntad, con virtualidad suficiente para obligarlo, pues cae dentro del ámbito del artículo 1.491 del Código Civil, si de otro lado se cumplen las prescripciones del artículo 1502 de la obra citada. Lo anterior para significar que los contratos que se perfeccionen en materia autoral, son eminentemente consensuales pues la legislación sobre la materia así lo estatuye. No otra cosa se puede predicar al observar el texto del artículo 9° de la Ley 23 citada y que es del siguiente tenor: “la protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intele ctual, sin que requiera registro alguno”. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen (el resaltado es nuestro). De la disposición transcrita se barrunta que las formalidades en los contratos concedidos por la ley de derechos autorales, no tienen la categoría de esenciales al contrato. “De conformidad con los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, los requisitos necesarios en determinados casos para el valor de los actos j urídicos son de dos clases: internos o de fondo y externos o de forma. Los externos se subdividen en formalidades esenciales para el valor y la existencia del acto, por la propia naturaleza de este o por su gran trascendencia en las relaciones jurídicas, llamadas ad solemnitatem , o simples requisitos no esenciales destinados a dar mayor autenticidad y fijeza al respectivo acto, con el principal objeto de facilitar su demostración y existencia, denominados ad probationem ” (CSJ, Cas. abr. 12/40 G.J. T. XLIX, pág. 240). Armonizando el artículo 9° con los artículos 74 y 183 de la codificación autoral concluye la Sala que la existencia del documento es solo de tipo ad probationem pues no de otra manera se explica que el artículo 74 mencionado saque del contexto general al contrato para asimilarlo a documento, o a contrario sensu , a un documento le dé la connotación de contrato, cuando uno y otro concepto por naturaleza son distintos. Nótese que el artículo 183 establece que la escritura o documento privado auténtico, para que tenga validez frente a terceros debe ser registrado, de donde se infiere que para que produzca efecto entre los contratantes no es necesario tal requisito y entonces no es solemne. Así las cosas y bajo la premisa de no ser requisito esencial el documento para la validez del contrato de inclusión en fonograma, conclusión que se ve reforzada al desentrañarse el sentido del artículo 151 que lo desarrolla, y que exige simplemente una autorización del autor para grabar o fijar lo obra, nos ubicamos en el campo probatorio con miras a establecer si el productor del fonograma fijó o grabó en el disco MANDUCO CAÑADULCE las obras “AE, AE, AE” “Y POR ESO LA DEJE” y “EL AMOR Y EL DESAMOR” sin la autorización del autor. Pieza probatoria importante para lograr tal objetivo la constituye el interrogatorio de parte absuelto po r el demandante Víctor Manuel Gutiérrez, quien al ser preguntado por la labor que ha desarrollado en la empresa disquera afirmó que consistía “en hacer arreglos musicales para los diferentes artistas que se me designaban y dirigirlos puesto que si no les dirige un músico no funciona la grabación”. Acepta que fue arreglista de las 3 obras musicales objeto de demanda y que son de su autoría y agrega que una vez se retiró de la empresa en forma no amistosa, le dijo a su jefe inmediato, Gabriel Muñoz que las úl timas obras que habían arreglado por orden de él, al no pertenecer yo ya a la compañía las iba a grabar con artistas de otros sellos y por lo tanto no se podían editar”. Al ser preguntado si era cierto o no que al retirarse de la empresa demandada la prohibición la formuló para la edición de las obras reclamadas expresó: “Es cierto y claro es que yo no podía prohibir la grabación de las obras puesto que ya estaba hecha, grabación que había tenido lugar estando yo ligado laboralmente a la empresa”. Para la S ala las respuestas traídas a colación por el demandante reflejan intención inequívoca de permitir a la compañía disquera la fijación y grabación de las piezas musicales referidas puesto que si concurrió con la empresa, en el proceso enunciado, no otra connotación puede tener tal actividad. El artículo 151 comentado señala que la grabación o fijación de la obra sobre un disco fonográfico, etc. tiene como finalidad la reproducción, difusión o la venta. Si el actor permitió que se fijara, obvio es entender que como corolario de tal proceso se imponga la reproducción (llamada por el demandado edición)... De otro lado tal asunto también lo corrobora el hecho de haber recibido el demandante pagos por concepto de regalías por las obras demandadas como consta en los documentos que militan a folios 116, 121, 122, 133, 134, 141 y 146 entre otros documentos estos que no fueron tachados y que al tenor de lo estatuido en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 252 numeral 2° ibídem consti tuye prueba fehaciente del deseo del demandante de autorizar la reproducción de su obra con la intención de lucrarse de tal actividad. De todo lo anterior se colige que la pretendida violación de los derechos de autor en cabeza del demandante no se operó y por ende, al no haberse acreditado el supuesto de hecho de la acción, las pretensiones no prosperarán” (paréntesis de la Sala).
En síntesis, a juicio del ad quem , la empresa demandada estaba facultada para comercializar el fonograma “Manduco Caña Dulce”, en tanto que ese tipo de contrato no es solemne y, por lo tanto, bastaba la autorización efectuada por el autor para incluir las obras musicales en el disco que, como director artístico de la compañía, grabó para fines comerciales. Para llegar a esa conclusión, el tribunal aplicó los artículos 3°, 9°, 74, 151 y 183 de la Ley 23 de 1982; 1491, 1502, 1740 y 1741 del Código Civil.
El demandante sostiene que debió aplicarse el artículo 4° de la mencionada normativa que, en lo pertinente, señala:
A juicio de la Sala, a pesar de que el tribunal no lo dijo expresamente sí aplicó adecuadamente esa disposición, pues toda la discusión jurídica se fundamentó, precisamente, en el supuesto incontrovertible de que el señor Víctor Gutiérrez González fue el autor y, por ende, el titular de los derechos morales y patrimoniales respecto de las obras musicales tituladas “AE, AE, AE”, “Y por eso la dejé” y “El amor y el desamor”. Pero, incluso, como el debate jurídico estaba centrado en la utilización para fines c omerciales de dichas obras, era lógico no referirse en forma expresa a esa disposición porque se partió de que ese hecho estaba demostrado. Luego, no se encuentra que la sentencia hubiere incurrido en error respecto de esta disposición.
De igual forma, la demanda consideró que la sentencia objeto de análisis “violó” el artículo 12 de la Ley 23 dee 1982, que, en lo pertinente preceptúa:
Como se observa en los textos normativos transcritos, del ejercicio de la titularidad de los derechos de autor, se derivan la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, grabación en fonogramas, adaptación y comunicación de una obra musical al público. Sin embargo, esas disposiciones no señalan requisitos y condiciones especiales para expresar esas autorizaciones o prohibiciones, pues simplemente reconoce al titular las facultades de disposición de su derecho. Por esta razón, no era necesario que el t ribunal las citara en forma expresa ni las interpretara más allá de su texto literal porque, como se dijo, el debate jurídico que debía resolver el tribunal se limitaba a establecer si debía entenderse que la inclusión de las tres obras musicales en el fonograma “Manduco Caña Dulce” cuando el demandante era director artístico de la compañía, implicaba la autorización para comunicar la obra al público o si tal autorización debía constar por escrito o debía estar rodeada de ciertas solemnidades. En consecuenc ia, la Sala no encuentra que el tribunal hubiere incurrido en error jurisdiccional por violación de estas disposiciones.
PAR. 1°—Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir o autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo.
PAR. 4°—Los derechos mencionados en los apartes d) y e) solo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar”.
Conforme a los artículos 12 a 30 de la Ley 23 de 1982, los derechos de autor pueden ser morales y patrimoniales. Los primeros, como se lee en la norma transcrita, no son susceptibles de cesión o renuncia, pues el autor tiene sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e intransferible. Mientras que los derechos de autor patrimoniales, por su propia naturaleza, están sometidos a la libertad del titular que puede usar, gozar y usufructuar su obra, por lo que, obviamente, el autor podría celebrar contratos para ceder el goce y disposición del derecho patrimonial. En tal sentido, a pesar de que es cierto que el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 autoriza la celebración de contratos respecto de los derechos de autor de contenido patrimonial, no indicó si ellos debían someterse o formalidad alguna, simplemente manifestó que podrían ser objeto de acuerdos de voluntades entre las partes. Y, como, de acuerdo con el artículo 1.500 del Código Civil, los contratos pueden ser solemnes o consensuales, era válido concluir, como lo hizo el tribunal que, en esta oportunidad, no se requería la celebración de un contrato escrito, con formalidades especiales para que la disquera comercializara las 3 obras musicales de autoría del demandante en el fonograma que grabó en cumplimiento del contrato laboral celebrado con esa empresa. Por consiguiente, no se encuentra error jurisdiccional en la interpretación del artículo 30 de la Ley 23 de 1982.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 105 de esa misma ley, el contrato de edición es aquel por medio del cual “el titular del derecho de autor de una obra literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se compromete a publicarla meediante su impresión gráfica propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo”. Y, de acuerdo con la doctrina especializada, “este es un contrato regulado porque debe pactar como mínimo, si la obra es inédita o no, si la edición es exclusivo, el plazo , las condiciones de entrega del original, la venta de la edición, la duración del contrato, el número de ediciones o reimpresiones autorizadas, la cantidad de ejemplares, la regalía que corresponde al autor o titular de la obra”(16).
Nótese que las normas objeto de análisis regulan algunos derechos y deberes de las partes en un contrato de edición de obra, pues, de un lado, el titular del derecho de autor se obliga a entregar la obra artística, literaria o científica y, de otro, el editor se obliga a pagar unas regalías y a imprimir y distribuir la obra. En ese sentido, el hecho de que el señor Gutiérrez González hubiere incluido y grabado sus obras artísticas en el fonograma “Manduco Caña Dulce”, implicó la entrega de las mismas a la e mpresa que debía pagar unos regalías, como en efecto lo hizo, de acuerdo con lo probado en el expediente, y a distribuir el fonograma que contenía las obras musicales en disputa. De ahí que, estas normas no solo se interpretaron válidamente, sino que se aplicaron en debida forma.
“Las normas de este capítulo(17) son aplicables en lo pertinente a los contratos de edición de obras musicales. No obstante, si el editor adquiere del autor una participación temporal o permanente en todos o en algunos de los derechos económicos del autor, el contrato quedará rescindido de pleno derecho en cualquiera de los siguientes casos:
A. Si el editor no pusiere a la venta un número de ejemplares escritos suficiente para la difusión de la obra. a más tardar a los tres meses de firmado el contrato.
De acuerdo con la doctrina, el contrato de inclusión de fonograma “comprende la utilización del autor para grabar en un disco fonográfico, una banda, una película, un rollo de papel o cualquier otro dispositivo, con fines de difusión, reproducción o venta... el contrato de inclusión de fonograma no comprende ningún otro género de grabación y no puede ser cedido sin autorización del autor”(18).
En relación con la aplicación de esta norma en el asunto concreto, el tribunal consideró que debía interpretarse en forma sistemática con los artículos 9°, 74 y 151 de la Ley 23 de 1984, según los cuales la existencia del documento privado o la escritura pública para incluir una obra musical en un fonograma no es una condición esencial de validez del contrato, sino que es de aquellos definidos como ad probationem , puesto que “el artículo 183 establece que la escritura o documento privado auténtico, para que tenga validez frente a terceros debe ser registrado, de donde se infiere que para que produzca efecto entre los contratantes no es necesario tal requisito y entonces no es solemne”.
El primero, porque esa disposición no era aplicable al caso concreto. En efecto, el análisis detenido de este artículo muestra que se refiere a la necesidad de suscribir un documento privado reconocido ante notario o una escritura pública cuando se trata del contrato de enajenación de derechos de autor, esto es, del contrato según el cual se transmite el derecho de autor en su esfera patrimonial —no debe olvidarse que por disposición del artículo 30 de la Ley 23 de 1982, por regla general, los derechos mora les de autor son inalienables—, por lo que no regula formalidades ni condiciones especiales para la celebración del contrato de inclusión de fonograma. De hecho, este último contrato aparece regulado a partir del artículo 151 de la Ley 23 de 1982, según el cual por medio de este “el autor de una obra musical, autoriza a una persona natural o jurídica, mediante una remuneración a grabar o fijar una obra sobre un disco fonográfico... con fines de reproducción, difusión o venta”. Así, mientras que la enajenaci ón de derechos de autor requiere cierta formalidad, la inclusión de fonograma necesita simplemente la “autorización” del titular de la obra, la cual puede ser verbal o escrita.
El segundo, la hermenéutica sistemática de la Ley 23 de 1982 permite concluir que, salvo norma expresa que señale requisito especial de validez, los contratos que se suscriban en ejercicio de los derechos de autor son consensuales, como quiera que resultan aplicables los principios generales de los contratos entre particulares. De ahí que sea válido concluir que las estipulaciones del contrato de inclusión en fonogramas no requieran protocolización o documento privado suscrito ante notorio público. Luego, c omo tampoco se evidenció error jurisdiccional al interpretar el artículo 183 de la Ley 23 de 1982.
(1) Al respecto, pueden consultarse, entre otros, el auto del 5 de septiembre de 1996, expediente 12087, las sentencias del 23 de enero de 1997, expediente 12520 y del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.676
(3) Duguit, citado por Marienhoff, Miguel. “Tratado de derecho administrativo”. Tomo IV. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1980. Página 767.
(4) Artand, citado por Reyes Monterreal, José María. “La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia”. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 18.
(5) Acosta Gallo, Pablo. “La responsabilidad del Estado-Juez”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid. 2005. Página 156.
(6) Sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285. Consejero ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.
(7) Jiménez Lechuga, Javier. “La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos en el derecho español”. Editorial Marcial Pons. Madrid. 1999. Página 171.
(10) Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 4 de abril de 2002, expediente 13.606; 30 de moyo de 2002, expediente 13.275 y 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164.
(13) Reyes Monterreal, José María. “La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia”. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 24.
(16) Cárdenas Pérez, Pablo Emilio. “Comentarios sobre propiedad intelectual”. Editorial Cosmos J.P.A. Bogotá. 2003. página 416.
(18) Cárdenas Pérez, Pablo Emilio. “Comentarios sobre propiedad intelectual”. Editorial Cosmos J.P.A. Bogotá. 2003. página 417.