Source: https://www.slideshare.net/RubensDeBlas/ley-concursal
Timestamp: 2017-04-27 16:05:55
Document Index: 48516999

Matched Legal Cases: ['artículo 330', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 142', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo\n184', 'artículo 183', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo\n77', 'artículo 85', 'artículo\n23', 'artículo 236', 'artículo 55', 'artículo 101']

Las fuentes de las obligaciones en ...
Jueves 10 julio 2003
12. Se añade al artículo 330 un apartado 5 con
«5. Los concursos para la provisión de plazas
de magistrados de las Secciones de las Audiencias
Provinciales que conozcan en segunda instancia
de los recursos interpuestos contra todo tipo de
resoluciones dictadas por los juzgados de lo mercantil se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de
dichos Juzgados, obtenida mediante la superación
de las pruebas selectivas que reglamentariamente
determine el Consejo General del Poder Judicial,
tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con los magistrados que acrediten
haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de éstos, por los magistrados
que acrediten haber permanecido más tiempo en
órganos jurisdiccionales mixtos. En su defecto, por
el orden de antigüedad establecido en el apartado
primero.»
13. El apartado 1 de la Disposición adicional octava
queda redactado de la forma siguiente:
«La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles sobre impugnación de acuerdos sociales establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas; en la Ley 2/1995,
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada; en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas, así como los que versen sobre la nulidad de registro de cualquiera de las modalidades
de la Propiedad Industrial a las que se refiere la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedará en todo caso atribuida a los jueces de lo mercantil que resulten competentes.»
Hasta el momento en que entren en funcionamiento
los juzgados de lo mercantil, las funciones atribuidas
a los mismos en la Ley Concursal serán asumidas por
los actuales Juzgados de Primera Instancia o de Primera
Instancia e Instrucción, de acuerdo con lo que establezca
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, aplicándose
a los mismos lo dispuesto en el apartado 7 del artículo
segundo de la presente Ley Orgánica.
Tales funciones podrán ser asignadas por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia,
con carácter exclusivo, a uno de los Juzgados de Primera
Instancia o de Primera Instancia e Instrucción del partido
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo
establecido en la presente Ley Orgánica.
Disposición final primera. Modificaciones de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial.
En el plazo de tres meses a contar desde la entrada
en vigor de esta Ley Orgánica, el Gobierno remitirá a
las Cortes Generales un proyecto de modificación de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial, a fin de adecuar sus previsiones
Estado», con excepción de lo dispuesto en su artículo
primero y en su disposición transitoria, que entrará en
vigor el día 1 de septiembre de 2004.
13813 LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda
y largamente sentida en el derecho patrimonial español:
la reforma de la legislación concursal. Las severas y fundadas críticas que ha merecido el derecho vigente no
han ido seguidas, hasta ahora, de soluciones legislativas,
que, pese a su reconocida urgencia y a los meritorios
intentos realizados en su preparación, han venido demorándose y provocando, a la vez, un agravamiento de
los defectos de que adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a la realidad social y económica de
nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico, predominio de determinados intereses particulares
en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas
en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones
concursales no alcanzan a reprimir eficazmente.
El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes
en esta materia son defectos que derivan de la codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la base
de la dualidad de códigos de derecho privado, civil y
de comercio, y de la regulación separada de la materia
procesal respecto de la sustantiva, en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos
defectos y a dificultar la correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales; así,
junto a las clásicas instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia
de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente,
se introducen otras, preventivas o preliminares, como
la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y
espera, de presupuestos objetivos poco claros y, por tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas. La Ley
de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, promulgada con carácter provisional, porque se dictó para
resolver un caso concreto, llegó a convertirse en pieza
básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación, que, si bien palió el tratamiento
de las situaciones de crisis patrimonial de los comerciantes, complicó aún más la falta de coherencia de un
conjunto normativo carente de los principios generales
y del desarrollo sistemático que caracterizan a un sistema
armónico, y permitió corruptelas muy notorias.
Aún más se agrava la situación del derecho concursal
español con fenómenos tan anacrónicos como la actual
vigencia de un buen número de artículos de nuestro
primer Código de Comercio, promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de la invocación
que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3
de febrero de 1881, anterior al Código de Comercio
de 22 de agosto de 1885, y vigente en esta materia,
conforme al apartado 1 de la disposición derogatoria
única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal.
El legislador español no ha puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la pronta reforma que en el
Código de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10
de junio de 1897 y de la muy importante que supuso
la citada Ley de Suspensión de Pagos de 1922, las modificaciones legislativas han sido muy parciales y limitadas
a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema
concursal, ha contribuido a complicarlo con mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducción de privilegios y de alteraciones del orden de prelación de los acreedores, no
siempre fundada en criterios de justicia.
No han faltado, sin embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma concursal. Además
del realizado por la Comisión General de Codificación,
en virtud de la Real Orden de 10 de junio de 1926,
que concluyó con la elaboración de un anteproyecto de
Código de Comercio, publicado, en lo que se refiere a
esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre
de 1929, y orientado en la más precisa distinción de
los supuestos de la quiebra y de la suspensión de pagos,
hay que señalar fundamentalmente los siguientes:
a) El anteproyecto elaborado por la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos, concluso en 1959
y no publicado oficialmente, en el que por vez primera
se ensayaba la regulación conjunta, sustantiva y procesal, de las instituciones concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se mantenía la dualidad
de procedimientos en función de los diversos supuestos
objetivos que determinaba la de sus respectivas soluciones: la liquidación y el convenio.
b) El anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación en virtud de lo dispuesto en las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado
en su texto articulado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Justicia con fecha 27 de junio de 1983,
que se basaba en los principios de unidad legal —material
y formal—, de disciplina —para deudores comerciantes
y no comerciantes— y de sistema —un único procedimiento, flexible, con diversas soluciones posibles: el convenio, la liquidación y la gestión controlada—. Ese texto,
posteriormente revisado, fue seguido, en 1987—, de otro
anteproyecto de Ley de Bases por la que se delegaba
en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango
de ley sobre el concurso de acreedores.
c) La propuesta de anteproyecto elaborada en la
Comisión General de Codificación conforme a los criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia
e Interior el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 de
diciembre de 1995 y publicada por la Secretaría General
Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en la que
se mantienen los principios de unidad legal y de disciplina,
pero se vuelve a la dualidad de concurso de acreedores
y suspensión de pagos, sobre la base de la diferencia
entre insolvencia e iliquidez, reservando este último procedimiento, con alto grado de desjudicialización, como
beneficio de deudores solventes y de buena fe.
d) El anteproyecto de Ley Concursal elaborado por
la Sección Especial para la Reforma Concursal, creada
durante la anterior legislatura en el seno de la Comisión
General de Codificación por Orden del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1996, y concluso en mayo
de 2000, que es el que constituye antecedente del proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado
cumplimiento a la disposición final decimonovena de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
conforme a la cual, en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, debía
remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal.
Se aborda, así, la tan esperada como necesaria reforma global del derecho concursal español, sin duda una
de las más importantes tareas legislativas pendientes
en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico.
La reforma no supone una ruptura con la larga tradición concursal española, pero sí una profunda modificación del derecho vigente, en la que se han tenido
en cuenta las aportaciones doctrinales y prelegislativas
realizadas en el ámbito nacional y las más recientes concreciones producidas en la legislación comparada, así
como los instrumentos supranacionales elaborados para
la unificación y la armonización del derecho en esta
El resultado de esa delicada tarea es un texto legal
que se propone corregir las deficiencias del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el propósito de coordinar la originalidad del nuevo sistema
concursal con su armónica inserción en el conjunto de
nuestro ordenamiento, preocupación a la que responde
el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales que cierran esta ley.
La ley opta por los principios de unidad legal, de
disciplina y de sistema.
La regulación en un solo texto legal de los aspectos
materiales y procesales del concurso, sin más excepción
que la de aquellas normas que por su naturaleza han
exigido el rango de ley orgánica, es una opción de política
legislativa que venía ya determinada por la nueva
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al excluir esta materia de su ámbito y remitirla expresamente a la Ley Concursal.
La superación de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes es una
fórmula que, además de estar justificada por la desaparición del carácter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la tendencia a simplificar
el procedimiento, sin que ello suponga ignorar determinadas especialidades del concurso de los empresarios
sometidos a un estatuto propio (llevanza obligatoria de
contabilidad, inscripción en el Registro Mercantil) y de
la existencia en la masa activa de unidades productivas
de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas
en cuenta a lo largo de la regulación del concurso, desde
su solicitud hasta su solución mediante convenio o liquidación.
La unidad del procedimiento de concurso se consigue
en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que
permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del con-
curso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas
especialmente ágiles para los concursos de menor entidad.
El nombre elegido para denominar el procedimiento
único es el de «concurso», expresión clásica que, desde
los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente
de Amador Rodríguez (Tractatus de concursu, 1616) y
de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium, 1646), pasó al vocabulario procesal
europeo y que, por antonomasia, describe la
concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del
deudor común. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminología jurídica
española, sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia
e identificar así gráficamente el procedimiento único,
como ha ocurrido en otras legislaciones.
La unidad del procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, que
se concibe como el estado patrimonial del deudor que
no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Pero
ese concepto unitario es también flexible y opera de
manera distinta según se trate de concurso necesario
o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso
del deudor (sus acreedores y, si se trata de una persona
jurídica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como
presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley:
desde la ejecución singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto
de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley
considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.
Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud; en
todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto
de las garantías procesales del deudor, quien habrá de
ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud, basándose
en la inexistencia del hecho en que ésta se fundamente
o en la de su estado de insolvencia, incumbiéndole en
este caso la prueba de su solvencia. Las garantías del
deudor se complementan con la posibilidad de recurrir
Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor,
deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, si bien en este caso no sólo podrá ser actual,
sino futuro, previsto como «inminente». El deudor tiene
el deber de solicitar la declaración de concurso cuando
conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a éste.
El sistema legal combina así las garantías del deudor
con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del
estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más
adecuadas para satisfacer a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso voluntario, las sanciones
al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo
y el otorgamiento al crédito del acreedor instante de
privilegio general hasta la cuarta parte de su importe
son medidas con las que se pretende alcanzar ese objetivo.
La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en principio, en
una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de liquidación. La fase común se abre con la
declaración de concurso y concluye una vez presentado
el informe de la administración concursal y transcurrido
el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas
contra el inventario o contra la lista de acreedores, con
lo que se alcanza el más exacto conocimiento del estado
patrimonial del deudor a través de la determinación de
las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual
se suma la posibilidad de utilizar, en determinados
supuestos, un procedimiento abreviado.
La flexibilidad del procedimiento se percibe también
en el régimen de los efectos que produce la declaración
de concurso. Respecto del deudor, se atenúan los establecidos por la legislación anterior y se suprimen los
que tienen un carácter represivo de la insolvencia. La
«inhabilitación» se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone
como sanción de carácter temporal a las personas afectadas. Declarado el concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se somete a intervención
o se suspende, con sustitución en este caso por la administración concursal. En principio, la primera de estas
situaciones corresponde al concurso voluntario y la
segunda al necesario; pero se reconocen al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas o modificarlas.
Se atenúa también la sanción de los actos realizados
por el deudor con infracción de estas limitaciones, que
pasa a ser de anulabilidad, además de la prohibición
de su acceso a registros públicos.
La ley limita los efectos de la declaración de concurso,
reduciéndolos, con un sentido funcional, a aquellos que
beneficien la normal tramitación del procedimiento y,
en la medida en que ésta lo exija, confiriendo al juez
la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. Todo ello, además de
los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales
de la persona del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, residencia y circulación por
el territorio nacional, se regulan en la Ley Orgánica para
Se establece, con un sentido positivo, el deber del
deudor de colaborar con los órganos del concurso, informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en
la conservación y administración de la masa activa y
poner a disposición de la administración concursal los
libros y documentos relativos al ejercicio de su actividad
La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del
deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre
las facultades patrimoniales de éste; pero goza el juez
del concurso de amplias potestades para acordar el
cierre de sus oficinas, establecimientos o explotaciones,
e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial,
el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta, previa
audiencia del deudor y de los representantes de los
Especial atención dedica la ley a los supuestos de
concurso de persona jurídica y a los efectos que en este
caso produce la declaración, materia de gran importancia, como corresponde a la que estos entes y, fundamentalmente, las sociedades revisten en el moderno tráfico. Así como la ley orgánica permite extender las medidas relativas a las comunicaciones y a la residencia del
deudor, en caso de persona jurídica, a sus administradores y liquidadores, la Ley Concursal impone a éstos
y a los apoderados generales del deudor los deberes
de colaboración e información.
Durante la tramitación del concurso se mantienen
los órganos de la persona jurídica deudora. Los administradores concursales están legitimados para ejercer
las acciones de responsabilidad contra los administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de previo
acuerdo de la junta o asamblea de socios. El efecto más
severo que la ley establece es el del embargo de bienes
y derechos de los administradores y liquidadores, que
el juez puede acordar cuando exista fundada posibilidad
de que el concurso se califique como culpable y de que
la masa activa resulte insuficiente para satisfacer todas
Original es también, respecto del derecho anterior,
la regulación de los efectos del concurso de la sociedad
sobre los socios subsidiariamente responsables de las
deudas de ésta, que se reduce a atribuir a la administración concursal la legitimación exclusiva para ejercitar
la correspondiente acción una vez aprobado el convenio
o abierta la liquidación. Se evitan así tanto la extensión
automática del concurso a personas que, aun responsables de las deudas sociales, pueden ser solventes,
como las reclamaciones individuales de los acreedores
contra los socios, perturbadoras del buen orden del
La ley regula asimismo con criterios de funcionalidad
los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores, ordenando la paralización de las acciones individuales promovidas por éstos contra el patrimonio del
concursado. Esta paralización, consecuencia natural de
la integración de los acreedores en la masa pasiva del
concurso, no afecta a las declarativas de los órdenes
civil o social ya en tramitación en el momento de declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de
la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio
del deudor, incluso si se ejercitan con posterioridad a
la declaración, pero sí a todas las de carácter ejecutivo,
incluidos los apremios administrativos o tributarios, que
quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo los acordados con anterioridad a la declaración de
concurso, y no podrán iniciarse una vez declarado el
Una de las novedades más importantes de la ley es
el especial tratamiento que dedica a las acciones de
ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado. Se respeta la naturaleza propia del derecho real
sobre cosa ajena, que impone una regulación diferente
de la aplicable a los derechos de crédito integrados en
la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se
procura que la ejecución separada de las garantías no
perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal
ni impida soluciones que puedan ser convenientes para
los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula
que combina estos propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie un convenio
o se abra la liquidación, con el máximo de un año a
partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo
de la declaración de concurso ya estuviese anunciada
la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con
anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni
podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos
señalados. Este efecto de obligatoria y limitada espera
para los titulares de garantías reales se considera justo
en el tratamiento de todos los intereses implicados en
el concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de
la solución definitiva y más beneficiosa del estado de
Naturalmente, los créditos con garantía real gozan
en el concurso de privilegio especial y el convenio sólo
les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su
favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado.
De no estar afectados por un convenio, los créditos
con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes
y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución
se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en
tanto subsista la paralización temporal de estas acciones,
la administración concursal podrá optar por atender con
cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso
de realización, el juez podrá autorizarla con subsistencia
de la carga y subrogación del adquirente en la obligación
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva,
o mediante venta directa, con aplicación del precio al
pago del crédito especialmente privilegiado. Se articulan,
así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar
que el ejercicio de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados
A estos efectos, la ley extiende el tratamiento de las
acciones de ejecución de garantías reales a las de recuperación de bienes muebles vendidos a plazo y a los
cedidos en arrendamientos financieros, siempre que los
correspondientes contratos o documentos estén inscritos en los respectivos registros, así como a las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago de
precio aplazado.
Se ha procurado así permitir planteamientos realistas,
que sin menoscabar la naturaleza de estos derechos ni
perturbar el mercado del crédito, muy sensible a la protección de las garantías en caso de insolvencia del deudor, no impidan sino que hagan viables soluciones beneficiosas para los intereses del concurso.
Fórmulas flexibles en interés del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte se establecen también
para permitir la rehabilitación de los contratos de crédito
o de adquisición de bienes con precio aplazado, así como
la enervación de desahucio en arrendamientos urbanos,
afectados por incumplimientos del deudor concursado.
Objeto de especial atención ha sido también la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre
los contratos, una de las materias más deficientemente
tratadas en el anterior derecho y, por tanto, de mayor
originalidad en la nueva ley. Conforme a ésta, la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia
de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes
de cumplimiento por ambas partes; no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de
la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de
enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento. No se admiten las cláusulas
contractuales de resolución o extinción en caso de declaración de concurso, pero sí la aplicación de normas legales que dispongan la extinción o expresamente faculten
a las partes para pactarla o para denunciar el contrato.
Cuestión tratada con especial cuidado es la relativa
a los contratos de trabajo existentes a la fecha de declaración del concurso y en los que sea empleador el concursado. Al amparo de la reforma introducida en la Ley
Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica para
la Reforma Concursal, se atribuye al juez del concurso
jurisdicción para conocer de materias que, en principio,
son de la competencia de los juzgados y tribunales del
orden social, pero que por su especial trascendencia
en la situación patrimonial del concursado y en aras
de la unidad del procedimiento no deben resolverse por
separado. Pero conciliando todo ello con la regulación
material actualmente contenida en la legislación laboral.
Se remiten a lo establecido por su regulación especial
los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor.
La ley da un nuevo tratamiento al difícil tema de los
efectos de la declaración de concurso sobre los actos
realizados por el deudor en período sospechoso por su
proximidad a ésta. El perturbador sistema de retroacción
del concurso se sustituye por unas específicas acciones
de reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos
casos la ley presume y en los demás habrá de probarse
por la administración concursal o, subsidiariamente, por
los acreedores legitimados para ejercitar la correspondiente acción. Los terceros adquirentes de bienes o derechos afectados por estas acciones gozan de la protección
que derive, en su caso, de la buena fe, de las normas
sobre irreivindicabilidad o del registro.
La ley simplifica la estructura orgánica del concurso.
Sólo el juez y la administración concursal constituyen
órganos necesarios en el procedimiento. La junta de
acreedores únicamente habrá de constituirse en la fase
de convenio cuando no se haya aprobado por el sistema
de adhesiones escritas una propuesta anticipada. La
intervención como parte del Ministerio Fiscal se limita
a la sección sexta, de calificación del concurso, cuando
proceda su apertura, sin perjuicio de la actuación que
se establece en esta ley cuando intervenga en delitos
contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
La reducción de los órganos concursales tiene como
lógica consecuencia la atribución a éstos de amplias e
importantes competencias. La ley configura al juez como
órgano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con
que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones.
La competencia para conocer del concurso se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que se
crean, al hilo de esta ley, en la Ley Orgánica para la
Reforma Concursal, mediante la pertinente modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los criterios de competencia territorial parten del dato
económico-real de la ubicación del centro de los intereses principales del deudor, ya adoptado en reglas internacionales, que se prefiere al del domicilio, de predominante carácter jurídico-formal. No obstante, si el centro
de los intereses principales y el domicilio del deudor
no coincidieran, se concede al acreedor solicitante del
concurso la facultad de elegir cualquiera de ellos a efectos de competencia territorial. En caso de persona jurídica, se presume que ambos lugares coinciden, pero
se considera ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud
de concurso, para evitar que la competencia se configure
con criterios ficticios.
Conforme a las reglas generales de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, no se admite más cuestión de competencia que la planteada mediante declinatoria, pero
ésta no suspenderá el procedimiento concursal y todo
lo actuado será válido aunque se estime.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por
la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, atribuye al
juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en
aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean
de naturaleza social, así como las de ejecución y las
cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hubieran
dimanado. El carácter universal del concurso justifica
la concentración en un solo órgano jurisdiccional del
conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión
quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión.
Además, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus
competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad
del procedimiento y su adecuación a las circunstancias
de cada caso. Las facultades discrecionales del juez se
manifiestan en cuestiones tan importantes como la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su declaración o a la entrada en funcionamiento de la administración concursal; la ampliación de la publicidad que
haya de darse a la declaración de concurso y a otras
resoluciones de interés de terceros; la acumulación de
concursos; el nombramiento, la separación y el régimen
de funcionamiento de los administradores concursales;
la graduación de los efectos de la declaración de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los
contratos; la aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de créditos.
La administración concursal se regula conforme a un
modelo totalmente diferente del hasta ahora en vigor
y se opta por un órgano colegiado en cuya composición
se combina la profesionalidad en aquellas materias de
relevancia para todo concurso —la jurídica y la económica— con la presencia representativa de un acreedor
que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio
general, que no esté garantizado. Las únicas excepciones
al régimen de composición de este órgano vienen determinadas por la naturaleza de la persona del concursado
—cuando se trate de entidad emisora de valores cotizados en bolsa, empresa de servicios de inversión, entidad de crédito o aseguradora—, o por la escasa importancia del concurso —en cuyo caso el juez podrá nombrar
un solo administrador, de carácter profesional—.
A la administración concursal se encomiendan funciones muy importantes, que habrá de ejercer de forma
colegiada, salvo las que el juez atribuya individualizadamente a alguno de sus miembros. Cuando la complejidad del procedimiento lo exija, el juez podrá autorizar
la delegación de determinadas funciones en auxiliares.
La ley prevé la reglamentación mediante arancel de
la retribución de los administradores concursales y fija
como criterios los de cuantía del activo y del pasivo
y la previsible complejidad del concurso. En todo caso,
compete al juez aprobar la retribución.
Se regula el régimen de responsabilidad de los administradores frente al deudor y a los acreedores y el de
su separación por justa causa.
Son funciones esenciales de este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en ejercicio de
sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando
haya sido suspendido en ese ejercicio, así como la de
redactar el informe de la administración concursal al
que habrán de unirse el inventario de la masa activa,
la lista de acreedores y, en su caso, la evaluación de
las propuestas de convenio presentadas.
La ley establece reglas precisas para la elaboración
de estos documentos. El inventario contendrá la relación
y el avalúo de los bienes y derechos que integran la
masa activa. Se regula el tratamiento de los bienes conyugales conforme al régimen económico del matrimonio
del deudor persona casada, así como el derecho de separación de los bienes de propiedad ajena en poder del
La lista de acreedores comprenderá una relación de
los reconocidos y otra de los excluidos, así como una
adicional, separada, de los que conforme a la ley tienen
la consideración de créditos contra la masa.
La administración concursal habrá de pronunciarse
sobre la inclusión de todos los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido
comunicados en el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y
documentos del deudor o que por cualquier otro medio
consten en el concurso. En la relación de los reconocidos,
los créditos se clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados —con privilegio especial o general—, ordinarios
La regulación de esta materia de clasificación de los
créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente
los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho.
Se considera que el principio de igualdad de tratamiento
de los acreedores ha de constituir la regla general del
concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.
Las excepciones que la ley admite son positivas o
negativas, en relación con los créditos ordinarios. Las
primeras se concretan en los privilegios, especiales o
generales, por razón de las garantías de que gocen los
créditos o de la causa o naturaleza de éstos. A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se
les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero
esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en
cada caso). Por su parte, los salarios de los últimos
30 días de trabajo anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario
mínimo interprofesional, y los devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de
indemnización por extinción del contrato de trabajo,
acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos
con preferencia respecto de los créditos concursales;
los salarios del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores serán satisfechos con anterioridad al resto de
créditos concursales; y los salariales del artículo 32.3
del mismo texto gozarán de privilegio general, al igual
que las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral
devengadas con anterioridad a la declaración del concurso. Se pretende así evitar que el concurso se consuma
con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el
interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo
con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que
se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas
por los trabajadores y la Administración pública en la
parte en que sus créditos no gozan de privilegio.
Las excepciones negativas son las de los créditos
subordinados, una nueva categoría que introduce la ley
para clasificar aquellos que merecen quedar postergados
tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación,
por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por
la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de
mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos
efectos, conviene precisar que la categoría de créditos
subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores y,
en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta
que hayan quedado íntegramente satisfechos los ordinarios.
La subordinación por motivo de especiales relaciones
personales con el concursado no sólo se basa en las
de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en
caso de persona jurídica, se extiende a los socios con
responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital social, así como a
los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del mismo grupo. En todo
caso, la clasificación afecta también a los cesionarios
o adjudicatarios de créditos pertenecientes a personas
especialmente relacionadas con el concursado si la
adquisición se produce dentro de los dos años anteriores
a la declaración de concurso.
Las soluciones del concurso previstas en la ley son
el convenio y la liquidación para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento.
El convenio es la solución normal del concurso, que
la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas
a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del
acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la
autonomía de la voluntad de las partes goza de una
gran amplitud.
Entre las medidas para facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta anticipada
de convenio que el deudor puede presentar con la propia
solicitud de concurso voluntario o, incluso, cuando se
trate de concurso necesario, hasta la expiración del plazo
de comunicación de créditos, siempre que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje
que la ley establece. La regulación de esta propuesta
anticipada permite, incluso, la aprobación judicial del
convenio durante la fase común del concurso, con una
notoria economía de tiempo y de gastos respecto de
los actuales procedimientos concursales.
En otro caso, si no se aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidación de
su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el trámite de impugnación del inventario y de la
La ley procura agilizar la tramitación de las propuestas
de convenio. La propuesta anticipada que no hubiese
alcanzado adhesiones suficientes para su aprobación
podrá ser mantenida en junta de acreedores. El concursado que no hubiese presentado propuesta anticipada ni solicitado la liquidación y los acreedores que
representen una parte significativa del pasivo podrán
presentar propuestas incluso hasta 40 días antes del
señalado para la celebración de la junta. Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a ésta podrán admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuirá a
agilizar los cómputos de votos y, en general, el desarrollo
También es flexible la ley en la regulación del contenido de las propuestas de convenio, que podrá consistir
en proposiciones de quita o de espera, o acumular
ambas; pero las primeras no podrán exceder de la mitad
del importe de cada crédito ordinario, ni las segundas
de cinco años a partir de la aprobación del convenio,
sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas
de especial trascendencia para la economía y de presentación de propuesta anticipada de convenio cuando
así se autorice por el juez. Se admiten proposiciones
alternativas, como las ofertas de conversión del crédito
en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. Lo que no admite la ley es que, a
través de cesiones de bienes y derechos en pago o para
pago de créditos u otras formas de liquidación global
del patrimonio del concursado, el convenio se convierta
en cobertura de solución distinta de aquella que le es
propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada
de un plan de pagos.
La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse
a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio
de continuación puede ser instrumento para salvar las
que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El informe
preceptivo de la administración concursal es una garantía más de esta solución.
Al regular las mayorías necesarias para la aceptación
de las propuestas de convenio, la ley prima a las que
menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la mayoría a la relativa del pasivo ordinario.
El convenio necesita aprobación judicial. La ley regula
la oposición a la aprobación, las personas legitimadas
y los motivos de oposición, así como los de rechazo
de oficio por el juez del convenio aceptado.
La aprobación del convenio no produce la conclusión
del concurso, que sólo se alcanza con el cumplimiento
La ley concede al deudor la facultad de optar por
una solución liquidatoria del concurso, como alternativa
a la de convenio, pero también le impone el deber de
solicitar la liquidación cuando durante la vigencia de un
convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. En los casos de apertura de
oficio o a solicitud de acreedor, la liquidación es siempre
una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza
o se frustra la de convenio. La unidad y la flexibilidad
del procedimiento permiten en estos supuestos pasar
de forma rápida y simple a la fase de liquidación. Es
ésta una de las principales y más ventajosas novedades
que introduce la ley, frente a la anterior diversidad de
procedimientos concursales y, concretamente, frente a
la necesidad de solicitar la declaración de quiebra en
los casos en que no se alcanzara o se incumpliera un
convenio en el expediente de suspensión de pagos.
Los efectos de la liquidación son, lógicamente, más
severos. El concursado quedará sometido a la situación
de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición y sustituido
por la administración concursal; si fuese persona natural,
perderá el derecho a alimentos con cargo a la masa;
si fuese persona jurídica, se declarará su disolución, de
no estar ya acordada, y, en todo caso, el cese de sus
administradores o liquidadores.
La ley reserva para esta fase de liquidación los clásicos efectos concursales de vencimiento anticipado de
los créditos aplazados y conversión en dinero de los
que consistan en otras prestaciones.
No obstante la mayor imperatividad de las normas
que regulan esta fase, la ley las dota también de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación, que habrá de preparar la administración concursal y sobre el que podrán formular observaciones o
propuestas el deudor y los acreedores concursales antes
de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce
y, en su caso, en lo que no prevea el plan aprobado,
se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del
Aun en este último caso, la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes
o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente
a los intereses del concurso su división o la realización
aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la
La ley quiere evitar la excesiva prolongación de las
operaciones liquidatorias, a cuyo fin impone a la administración concursal la obligación de informar trimestralmente del estado de aquéllas y le señala el plazo
de un año para finalizarlas, con las sanciones, si lo incumpliera, de separación de los administradores y pérdida
del derecho a retribución.
Las operaciones de pago a los acreedores se regulan
dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la
masa operan con el carácter de prededucibles, en el
sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes
y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquéllos
a sus respectivos vencimientos.
Como ya ha quedado expuesto al tratar de los efectos
de la declaración de concurso sobre los créditos con
garantía real, la ley regula el pago de los créditos con
privilegio especial de forma muy flexible, para evitar, en
interés de la masa, la realización de los bienes o derechos
afectos, autorizarla con subsistencia del gravamen o
mediante venta directa.
La regulación legal establece el orden de los pagos
con privilegio general, de los ordinarios y de los subordinados, y contempla los supuestos especiales de pagos
anticipados, de deudas solidarias y de los realizados en
fase de cumplimiento de convenio anterior a la de liquidación.
Una de las materias en las que la reforma ha sido
más profunda es la de calificación del concurso. La ley
limita la formación de la sección de calificación a supuestos muy concretos: la aprobación de un convenio que,
por la cuantía de la quita o la duración de la espera,
resulte especialmente gravoso para los acreedores, y la
apertura de la liquidación.
En estos supuestos, el concurso se calificará como
fortuito o como culpable. La última calificación se reserva
a aquellos casos en los que en la generación o agravación
del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa
grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores.
La ley formula el criterio general de calificación del
concurso como culpable y la continuación enuncia una
serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa
calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de
supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento
de determinadas obligaciones legales relativas al concurso.
Si el preceptivo informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coincidieran
en la calificación del concurso como fortuito, se archivarán las actuaciones sin más trámites. En otro caso,
la calificación como culpable se decidirá tras un contradictorio, en el que serán partes el Ministerio Fiscal,
la administración concursal, el deudor y todas las personas que pudieran resultar afectadas por la calificación.
La oposición se sustanciará por los trámites del incidente
concursal. La sentencia que califique el concurso como
culpable habrá de determinar las personas afectadas y,
en su caso, las declaradas cómplices; impondrá a todas
aquéllas la inhabilitación para administrar bienes ajenos
y para representar a cualquier persona, sanción que será
temporal, durante un período de dos a 15 años; les
impondrá, asimismo, la pérdida de cualquier derecho
que tuvieran como acreedores concursales o de la masa
y la condena a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieren obtenido del deudor o recibido de
la masa activa, más la de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Es novedad la previsión de un procedimiento para
asegurar el registro público de las sentencias que declaren concursados culpables y de aquellas resoluciones
que acuerden la designación o la inhabilitación de los
administradores concursales en los casos que la propia
ley prevé.
Los efectos de la calificación se limitan a la esfera
civil, sin trascender a la penal ni constituir condición
de prejudicialidad para la persecución de las conductas
que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene
la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta
La ley regula detalladamente las causas de conclusión
del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa:
bien porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso), bien porque
el procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del
convenio, íntegra satisfacción de todos los acreedores),
bien por su frustración (inexistencia de bienes y derechos
con los que satisfacer a los acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el
procedimiento (desistimiento o renuncia de la totalidad
de los acreedores reconocidos transacción del deudor
con ellos, causas éstas que, por sus características, sólo
pueden operar una vez terminada la fase común del
procedimiento y que exigen aceptación u homologación
del juez, previo informe de la administración concursal).
En los casos de conclusión por inexistencia de bienes
y derechos, del concursado o de terceros responsables,
con los que satisfacer a los acreedores, que conservan
su derecho a hacer efectiva la responsabilidad del deudor
sobre los que en el futuro aparezcan, la ley contempla
también la reapertura del concurso, tanto si se trata de
deudor persona natural como de persona jurídica. En
este último caso, puesto que la conclusión por inexistencia de activos patrimoniales lleva consigo la extinción
de la persona jurídica, la reapertura por aparición posterior de bienes y derechos se concretará a liquidarlos;
pero si se trata de persona natural, la continuación de
su actividad patrimonial habrá podido reflejarse tanto
en la aparición de activos como de nuevos pasivos, lo
que habrá de tenerse en cuenta en la actualización del
inventario y de la lista de acreedores.
La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y
simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como
supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales. La finalidad que
se persigue es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta,
eficaz y económica tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los
Pieza básica en este sistema procesal de la nueva
ley es el incidente concursal, un procedimiento especial
a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que
se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. Este incidente
se configura con dos modalidades procesales distintas,
según la materia sobre la que verse: una que tiene por
objeto resolver aquellas materias de índole laboral que
se planteen en el marco del procedimiento concursal,
y otra modalidad para tratar las materias estrictamente
concursales. Con estas dos modalidades de incidente
se obtiene una mayor eficacia del proceso concursal.
La celeridad de este procedimiento se complementa
con un adecuado sistema de recursos, en el que, en
principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias
que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento
o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque
en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones
resueltas en reposición o en incidentes concursales
durante la fase común o la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también
Sólo se admite el recurso de casación y el extraordinario de infracción procesal contra las sentencias que
resuelvan la apelación cuando se trate de aprobar o
rechazar un convenio, declarar su cumplimiento o incumplimiento, calificar el concurso, resolver sobre acciones
de reintegración o acordar la conclusión del concurso.
Igualmente, y para hacer plenamente efectiva la aplicación de la legislación social a las cuestiones de esta
naturaleza y unificar la doctrina en tan sensible materia,
se introduce el recurso de suplicación y los demás que
prevé la ley contra las resoluciones de los Juzgados de
lo Mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que
versen sobre la misma materia.
De este modo, en línea con la orientación de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad
de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza
parcial o relativos a resoluciones no definitivas, que
actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, y se ordena, sin merma de las
garantías procesales, un sistema de recursos que obliga
a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de
disconformidad y facilita su resolución con la necesaria
Especial atención dedica la ley a las cuestiones que
plantea el concurso con elemento extranjero, fenómeno
carente de adecuada regulación en el derecho anterior
y cada vez más frecuente en una economía globalizada.
La Ley Concursal contiene unas normas de derecho
internacional privado sobre esta materia, que siguen, con
las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n.o 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. Así, se facilita la aplicación de ambos textos en
el ámbito intracomunitario y se ajusta el mismo modelo
normativo a la regulación de otras relaciones jurídicas
que están fuera de ese ámbito. En este sentido, la nueva
regulación se inspira también en la Ley Modelo de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su
Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997.
La competencia internacional para declarar y tramitar
el concurso se basa en el lugar de situación del centro
de los intereses principales del deudor, teniendo el carácter de «principal» el concurso que se declare sobre esa
base, sin perjuicio de que puedan abrirse otros concursos
«territoriales» en aquellos Estados en los que el deudor
tenga establecimientos.
Se regulan las relaciones entre procedimiento principal y territorial y sus respectivos efectos, el reconocimiento en España de los abiertos en el extranjero y
de sus administradores o representantes, con el fin de
establecer la mejor coordinación entre ellos, en beneficio
de la seguridad jurídica y de la eficiencia económica
en el tratamiento de estos fenómenos, lo que constituye
una de las materias en las que con mayor relieve se
pone de manifiesto la modernización introducida por la
reforma concursal.
La profundidad de la reforma tiene su más clara expresión en las disposiciones adicionales, transitorias, dero-
gatoria y finales que cierran la ley. El alcance de la nueva
regulación se extiende a múltiples sectores de nuestro
ordenamiento jurídico y afecta a numerosas normas, que,
en virtud de la reforma, han de quedar modificadas, en
unos casos y, derogadas, en otros. Se pretende así armonizar el derecho vigente con la reforma introducida por
esta ley y, al propio tiempo, limitar el ámbito de ésta
a la materia concursal. Ello explica que de las disposiciones contenidas en el título XVII del libro IV del Código
Civil («De la concurrencia y prelación de créditos») se
deroguen las relativas a los procedimientos colectivos
de quita y espera y de concurso y se mantengan las
de preferencia de créditos para los supuestos de ejecución singular. Del mismo modo, subsisten para esos
supuestos los llamados «privilegios» mercantiles, aunque
en el concurso no se admitan más que los expresamente
reconocidos en esta ley. Objeto de regulación específica
son los privilegios sobre buques y aeronaves, a cuyos
titulares se reconoce en el concurso derecho de separación para su ejecución extraconcursal.
La delimitación de los ámbitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelación de créditos, si bien
responde a una correcta definición de la materia propia
de esta ley, puede ocasionar en la práctica problemas
de desajuste, por la muy diversa regulación que mantiene
el viejo derecho respecto de la que establece la reforma
concursal, pero el alcance de ésta no puede extenderse
a una revisión completa de toda la materia de preferencias de créditos que rigen fuera del concurso. Resulta
necesaria esa revisión, y ahora no sólo por el arcaísmo
de un sistema formado por sedimentos históricos carente
del orden lógico que debe presidir esta materia, sino
por la acuciante exigencia de su armonización con la
reforma concursal. Por ello, la disposición final trigésima
primera encomienda al Gobierno que en el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de
esta ley presente a las Cortes Generales un proyecto
de ley sobre reforma de los Códigos Civil y de Comercio
en materia de concurrencia y prelación de créditos en
caso de ejecuciones singulares.
La ley ha respetado la legislación específica aplicable
a las entidades de crédito, a las aseguradoras y a las
operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensación de valores o instrumentos financieros derivados, en gran parte impuesta por el derecho de la Unión
Europea, y que afecta a determinados aspectos del concurso. Sólo en defecto de normas especiales y en la
medida en que sean compatibles con la naturaleza de
aquellos sistemas, se aplicarán en esta materia las de
Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la ley ha optado por respetar
el principio de irretroactividad con algunas excepciones,
dos de ellas muy señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los procedimientos que se encuentran
en trámite de las normas sobre conclusión del concurso;
la segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de propuesta de
convenio y de adhesiones que establece esta ley, lo que
contribuirá a facilitar la tramitación de los que se hallan
en curso e incluso, en algunos casos, la conclusión de
aquellos que se encuentren paralizados. Se ha previsto
también, transitoriamente, la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil.
A través de estas medidas legislativas, con plenas
garantías constitucionales, se inserta en el ordenamiento
jurídico español la reforma concursal, una de las más
importantes piezas hasta ahora pendientes en el proceso
de modernización de nuestro derecho.
1. La declaración de concurso procederá respecto
de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.
2. El concurso de la herencia podrá declararse en
tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.
3. No podrán ser declaradas en concurso las entidades
que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.
1. La declaración de concurso procederá en caso
de insolvencia del deudor común.
2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor
que no puede cumplir regularmente sus obligaciones
3. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y
su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente
el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y
puntualmente sus obligaciones.
4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual
se haya despachado ejecución o apremio sin que del
embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago,
1.o El sobreseimiento general en el pago corriente
de las obligaciones del deudor.
2.o La existencia de embargos por ejecuciones
pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
3.o El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
4.o El incumplimiento generalizado de obligaciones
de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de
cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de
recaudación conjunta durante el mismo período; las de
1. Para solicitar la declaración de concurso están
Si el deudor fuera persona jurídica, será competente
para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor que, dentro de los
seis meses anteriores a la presentación de la solicitud,
hubiera adquirido el crédito por actos ínter vivos y a
título singular, después de su vencimiento.
3. Para solicitar la declaración de concurso de una
persona jurídica, están también legitimados los socios,
miembros o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas de aquélla.
4. Los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán
solicitar la declaración de concurso de la herencia no
aceptada pura y simplemente. La solicitud formulada por
un heredero producirá los efectos de la aceptación de
la herencia a beneficio de inventario.
5. El acreedor podrá instar la declaración judicial
conjunta de concurso de varios de sus deudores cuando
exista confusión de patrimonios entre éstos, o, siendo
éstos personas jurídicas, formen parte del mismo grupo,
con identidad sustancial de sus miembros y unidad en
Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de
manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún
presunto responsable penal y de la existencia de una
pluralidad de acreedores, el Ministerio Fiscal instará del
juez que esté conociendo de la causa la comunicación
de los hechos al juez de lo mercantil con competencia
territorial para conocer del concurso del deudor, a los
efectos pertinentes, por si respecto de éste se encontrase
en tramitación un procedimiento concursal.
Asimismo, instará el Ministerio Fiscal del juez que
conozca de la causa la comunicación de aquellos hechos
a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a fin de que, en su caso, puedan
solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan.
1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha
en que hubiera conocido o debido conocer su estado
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el
deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando
haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir
de fundamento a una solicitud de concurso necesario
conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de
alguno de los previstos en su párrafo 4.o, haya transcurrido el plazo correspondiente.
1. En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de insolvencia
es actual o si lo prevé como inminente.
2. A la solicitud se acompañarán los documentos
1.o Poder especial para solicitar el concurso. Este
documento podrá ser sustituido mediante la realización
de apoderamiento apud acta.
2.o La memoria expresiva de la historia económica
y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a
que se haya dedicado durante los tres últimos años y
de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que
sea titular, de las causas del estado en que se encuentre
y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la
memoria la identidad del cónyuge, con expresión del
Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la
memoria la identidad de los socios o asociados de que
tenga constancia, de los administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, así como
si forma parte de un grupo de empresas, enumerando
las entidades integradas en éste, y si tiene admitidos
valores a cotización en mercado secundario oficial.
Si se tratase de una herencia, se indicarán en la
memoria los datos del causante.
3.o Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos
de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes
y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos
4.o Relación de acreedores, por orden alfabético,
con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así
como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos
créditos y las garantías personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el
pago, se identificará el procedimiento correspondiente
y se indicará el estado de las actuaciones.
1.o Cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoria correspondientes a los tres
últimos ejercicios.
2.o Memoria de los cambios significativos operados
en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas
anuales formuladas y depositadas y de las operaciones
que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro
o tráfico ordinario del deudor.
3.o Estados financieros intermedios elaborados con
posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas,
en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras.
4.o En el caso de que el deudor forme parte de
un grupo de empresas, como sociedad dominante o
como sociedad dominada, acompañará también las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados
correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales
y el informe de auditoría emitido en relación con dichas
cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo
4. En el supuesto previsto en el artículo 142.1.1.odeberá acompañarse propuesta de plan de liquidación.
5. Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos alguno
de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá
expresar en su solicitud la causa que lo motivara.
1. El acreedor que inste la declaración de concurso
deberá expresar en la solicitud el origen, naturaleza,
importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación
actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo.
Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan, acompañando
el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la prueba para acreditarla.
2. En todo caso, se expresarán en la solicitud los
medios de prueba de que se valga o pretenda valerse
el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente. La prueba testifical no será bastante por sí
SECCIÓN 1.a JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso
es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.o Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado
con excepción de las que se ejerciten en los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las
que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que
se refiere el artículo 17.1 de esta Ley.
2.o Las acciones sociales que tengan por objeto la
extinción, modificación o suspensión colectivas de los
contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos
de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas
en convenio colectivo aplicable a estos contratos se
requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin
perjuicio de la aplicación de las normas específicas de
esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del
3.o Toda ejecución frente a los bienes y derechos
de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que
sea el órgano que la hubiera ordenado.
4.o Toda medida cautelar que afecte al patrimonio
del concursado excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción
en el párrafo 1.o
5.o Las que en el procedimiento concursal debe
adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita
y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.o Las acciones tendentes a exigir responsabilidad
civil a los administradores sociales, a los auditores o,
en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados
al concursado durante el procedimiento.
La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución
sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento
1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses
principales. Si el deudor tuviese además en España su
domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro
de sus intereses principales, será también competente,
a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil
en cuyo territorio radique aquél.
Por centro de los intereses principales se entenderá
el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.
En caso de deudor persona jurídica, se presume que
el centro de sus intereses principales se halla en el lugar
del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cam-
bio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores
a la solicitud del concurso.
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso principal», tendrán
alcance universal, comprendiendo todos los bienes del
deudor, estén situados dentro o fuera de España. En
el caso de que sobre los bienes situados en un Estado
extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se
tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas
en el capítulo III del título IX de esta ley.
2. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera
presentado la primera solicitud.
3. Si el centro de los intereses principales no se
hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en
éste un establecimiento, será competente el juez de lo
mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios,
donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del
Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso territorial», se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad,
que estén situados en España. En el caso de que en
el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses
principales se abra un procedimiento de insolvencia, se
en el capítulo IV del título IX de esta ley.
4. En los casos de solicitud de declaración conjunta
de concurso de varios deudores, será juez competente
para declararlo el del lugar donde tenga el centro de
sus intereses principales el deudor con mayor pasivo,
y si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad
La misma regla se aplicará para determinar el juez
competente para la tramitación de concursos acumulados.
5. El juez examinará de oficio su competencia y
determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el
En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del
concurso comprende únicamente el conocimiento de
aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico
en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso.
1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco días
siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días
desde la última de las publicaciones ordenadas en el
apartado 1 del artículo 23.
2. La interposición de declinatoria, en la que el promotor estará obligado a indicar cuál es el órgano competente para conocer el concurso, no suspenderá el procedimiento concursal. En ningún caso se pronunciará
el juez sobre la oposición del concursado sin que previa
audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la cuestión
de competencia planteada. En caso de que estime la
cuestión de competencia, deberá inhibirse a favor del
órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado.
SECCIÓN 2.a DE LA PROVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD
1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el
siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la
solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá
conforme a los artículos 14 ó 15.
Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o
a una empresa de servicios de inversión, el juez, al tiempo
de proveer sobre ella, la comunicará al Banco de España
y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitará la relación de los sistemas de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados
a los que pertenezca la entidad afectada y la denominación y domicilio de su gestor, en los términos previstos
en la legislación especial aplicable.
El juez también comunicará la solicitud a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones si se refiere
a una entidad aseguradora; al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, si se refiere a una mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, y a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores si se refiere a una
sociedad que tenga emitidos valores o instrumentos
financieros negociados en un mercado secundario
2. Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto,
señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días.
Justificado o subsanado dentro del plazo, el juez en
el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil
proveerá conforme a los artículos 14 ó 15. En otro caso,
el juez dictará auto que declare no haber lugar a la admisión de la solicitud. Esta resolución será susceptible de
1. Cuando la solicitud hubiere sido presentada por
el deudor, el juez dictará auto que declare el concurso
si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de alguno de los hechos
previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que
acrediten la insolvencia alegada por el deudor.
3. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de
cualquier legitimado distinto al deudor, el juez dictará
auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo
184, con traslado de la solicitud, para que comparezca
en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán
de manifiesto los autos y podrá formular oposición a
la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que
intente valerse.
2. Admitida a trámite la solicitud, las que se
presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por
comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las
Declarado el concurso a solicitud del deudor o admitida a trámite la solicitud de la declaración de concurso
presentada por cualquier otro legitimado, el juez ordenará la formación de la sección primera, conforme al
artículo 183, que se encabezará con la solicitud.
necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias
para asegurar la integridad del patrimonio del deudor,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. El juez podrá pedir al solicitante que preste fianza
para responder de los eventuales daños y perjuicios que
las medidas cautelares pudieran producir al deudor si
la solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada.
3. Declarado el concurso o desestimada la solicitud,
el juez del concurso se pronunciará sobre la eficacia
1. En el caso de admisión a trámite de la solicitud,
si el deudor emplazado se allanase a la pretensión del
solicitante o no formulase oposición en plazo, el juez
dictará auto declarando el concurso de acreedores. La
misma resolución adoptará si, con posterioridad a la solicitud de cualquier legitimado y antes de ser emplazado,
el deudor hubiera instado su propio concurso.
2. El deudor podrá basar su oposición en la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud o
en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de
insolvencia. En este último caso, incumbirá al deudor
la prueba de su solvencia y, si estuviera obligado legalmente a llevar contabilidad, esta prueba habrá de basarse
en la que llevara conforme a derecho.
Formulada oposición por el deudor, el juez, al siguiente día, citará a las partes a una vista, previniéndolas
para que comparezcan a ella con todos los medios de
la prueba que pueda practicarse en el acto y, si el deudor
estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, advirtiendo a éste para que comparezca con los
libros contables de llevanza obligatoria.
1. La vista se celebrará bajo la presidencia del juez,
dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se hubiera
formulado oposición.
declarando el concurso. Si compareciera, en el caso de
que el crédito del acreedor instante estuviera vencido,
el deudor consignará en el acto de la vista el importe
de dicho crédito a disposición del acreedor, acreditará
haberlo hecho antes de la vista o manifestará la causa
de la falta de consignación.
En caso de que hubiera varios acreedores personados
y se acumulasen sus solicitudes de concurso, el deudor
deberá consignar las cantidades adeudadas a todos ellos,
en las mismas condiciones expresadas.
3. En caso de que el solicitante no compareciera
o, habiéndolo hecho, no se ratificase en su solicitud,
y el juez considerase que concurre presupuesto objetivo
para la declaración de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, y de las actuaciones resulte la
existencia de otros posibles acreedores, antes de dictarse
el auto que resuelva sobre la solicitud, se les concederá
un plazo de cinco días para que formulen las alegaciones
que les conviniesen.
4. En caso de falta de consignación y en los que,
a pesar de haber sido efectuada, el acreedor se hubiera
ratificado en la solicitud, así como cuando el crédito
del instante no hubiera vencido o no tuviera éste la condición de acreedor, el juez oirá a las partes y a sus abogados sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de concurso y decidirá sobre la pertinencia de
los medios de prueba propuestos o que se propongan
en este acto, acordando la práctica inmediata de las
que puedan realizarse en el mismo día y señalando para
la de las restantes el más breve plazo posible, sin que
pueda exceder de 20 días.
5. El juez podrá interrogar directamente a las partes
y a los peritos y testigos y apreciará las pruebas que
se practiquen conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes
o transcurrido el plazo fijado para ello, el juez, dentro
de los tres días siguientes, dictará auto declarando el
concurso o desestimando la solicitud. En el primer caso,
las costas tendrán la consideración de créditos contra
la masa; en el segundo, serán impuestas al solicitante,
salvo que el juez aprecie, y así lo razone, que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En caso
de desestimación de la solicitud de concurso, una vez
firme el auto, se procederá, a petición del deudor y por
los trámites de los artículos 712 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, a la determinación de los daños
y perjuicios que, en su caso, se le hubieran ocasionado
como consecuencia de la solicitud de concurso, y, una
vez determinados, se requerirá de pago al solicitante
del concurso, procediéndose de inmediato, si no los
pagase, a su exacción forzosa.
2. Contra el pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación de la solicitud de concurso
cabrá, en todo caso, recurso de apelación, que no tendrá
efecto suspensivo salvo que, excepcionalmente, el juez
acuerde lo contrario; en tal caso habrá de pronunciarse
sobre el mantenimiento, total o parcial, de las medidas
cautelares que se hubiesen adoptado. Si se trata de
recurrir únicamente alguno de los demás pronunciamientos contenidos en el auto de declaración del concurso,
las partes podrán oponerse a las concretas medidas
adoptadas mediante recurso de reposición.
3. Estarán legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no la hubiese solicitado
y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque
no hubiera comparecido con anterioridad.
4. El plazo para interponer el recurso de reposición
y para preparar el recurso de apelación contará, respecto
de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados,
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23.
5. La desestimación de los recursos determinará la
SECCIÓN 3.a DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
1. El auto de declaración de concurso contendrá
los siguientes pronunciamientos:
1.o El carácter necesario o voluntario del concurso,
con indicación, en su caso, de que el deudor ha solicitado
2.o Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio,
3.o En caso de concurso necesario, el requerimiento
al deudor para que presente, en el plazo de 10 días
a contar desde la notificación del auto, los documentos
enumerados en el artículo 6.
4.o En su caso, las medidas cautelares que el juez
considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor
hasta que los administradores concursales acepten el
5.o El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la
existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar
desde la última de las publicaciones acordadas en el
auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece
el apartado 1 del artículo 23.
6.o La publicidad que haya de darse a la declaración
7.o En su caso, la decisión sobre la formación de
pieza separada, conforme a lo dispuesto en el artículo
77.2 en relación con la disolución de la sociedad de
8.o En su caso, la decisión sobre la procedencia de
aplicar el procedimiento especialmente simplificado a
que se refiere el capítulo II del título VIII de esta ley.
2. El auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá
la fase común de tramitación del concurso, que comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros
títulos de esta ley, y será ejecutivo aunque no sea firme.
3. Declarado el concurso, se ordenará la formación
de las secciones segunda, tercera y cuarta. Cada una
de estas secciones se encabezará por el auto o, en su
caso, la sentencia que hubiera ordenado su formación.
4. La administración concursal realizará sin demora
una comunicación individualizada a cada uno de los
acreedores cuya identidad y domicilio consten en el concurso, informándoles de la declaración de éste y del
deber de comunicar sus créditos en la forma establecida
en el artículo 85.
5. El auto se notificará a las partes que hubiesen
comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la
publicación de los edictos a que se refiere el artículo
23 producirá, respecto de él, los efectos de notificación
Si el concursado fuera una entidad de crédito o una
empresa de servicios de inversión participante en un
sistema de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el auto se notificará, en
el mismo día de su fecha, al Banco de España, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al gestor
de los sistemas a los que pertenezca la entidad afectada,
en los términos previstos en la legislación especial a
que se refiere la disposición adicional segunda.
Asimismo, se notificará el auto a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores cuando el concursado sea una
sociedad que hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado oficial.
Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el
auto se notificará, con la misma celeridad, a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, se notificará en los mismos términos al
1. El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes
presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores tendrá la consideración
de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la
fecha de la solicitud del deudor, se hubiera presentado
y admitido a trámite otra por cualquier legitimado, aunque éste hubiera desistido, no hubiera comparecido o
no se hubiese ratificado.
1. La publicidad de la declaración de concurso, así
como de las restantes notificaciones, comunicaciones
y trámites del procedimiento, podrá realizarse por medios
telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que
reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.
No obstante lo anterior, la declaración del concurso
se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado» y en un
diario de los de mayor difusión en la provincia donde
el deudor tenga el centro de sus principales intereses,
así como en uno de los de mayor difusión en la provincia
donde radique su domicilio. Estos anuncios contendrán
los datos suficientes para identificar el proceso y las
formas de personarse en él.
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y,
en su caso, en otros periódicos oficiales del edicto se
insertará con la mayor urgencia.
2. En el mismo auto de declaración del concurso
o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia
de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere oportuna, en medios oficiales
3. Los oficios con los edictos serán entregados al
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por
sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará
directamente por el juzgado a los medios de publicidad.
4. Las demás resoluciones que, conforme a esta
ley, deban ser publicadas por medio de edictos lo serán
en la forma que establece el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 de la ley Orgánica del Poder
1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán
en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades
de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales.
Mercantil, se inscribirán en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicándose
previamente la inscripción del sujeto cuando ésta no
constase.
3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles
en el Registro Mercantil y que consten en otro registro
público, el juez mandará inscribir en éste las mismas
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos
en registros públicos, se anotarán preventivamente en el
folio correspondiente a cada uno de ellos la intervención
o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, con expresión de su fecha, así
como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido
en el apartado 1 del artículo 55 de esta ley.
5. El juez acordará expedir y entregar al procurador
del solicitante del concurso los mandamientos necesarios
para la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. En tanto no sea firme, el auto
de declaración de concurso será objeto de anotación preventiva en los correspondientes registros.
pública que actuase representada y defendida por sus
servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los correspondientes registros.
1. En los casos de concurso de deudor persona jurídica o de sociedad dominante de un grupo, la administración concursal, mediante escrito razonado, podrá solicitar del juez la acumulación al procedimiento de los concursos ya declarados de los socios, miembros o integrantes
personalmente responsables de las deudas de la persona
jurídica o de las sociedades dominadas pertenecientes al
2. También podrán acumularse, a solicitud de la administración concursal de cualquiera de ellos, los concursos
de quienes sean miembros o integrantes de una entidad
sin personalidad jurídica y respondan personalmente de
las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta.
3. Declarados los concursos de ambos cónyuges, la
administración concursal de cualquiera de ellos podrá solicitar del juez, mediante escrito razonado, la acumulación
al procedimiento del concurso del otro cónyuge.
aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes
juzgados, sin perjuicio del condicionamiento recíproco de
los convenios, conforme a lo previsto en el artículo 101.
Declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores, el juez ordenará la formación de la
sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la
administración concursal del concurso, al nombramiento
y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición
de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los
1. La administración concursal estará integrada por
1.o Un abogado con experiencia profesional de, al
menos, cinco años de ejercicio efectivo.
2.o Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al
3.o Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario
o con privilegio general, que no esté garantizado. El juez
procederá al nombramiento tan pronto como le conste
la existencia de acreedores en quienes concurran esas
Cuando el acreedor designado administrador concursal
sea una persona jurídica, designará, conforme al proce-
Las fuentes de las obligaciones en el derecho romano