Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Octubre/1547-171011-2011-11-1130.html
Timestamp: 2017-02-27 20:33:02
Document Index: 287556276

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 266', 'artículo 32', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 42', 'artículo 298', 'artículo 42', 'artículo 105', 'in fine', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 23', 'artículo\n23', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 63', 'artículo\n1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo\n8', 'artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo\n105', 'artículo 105', 'artículo 155', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 335', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 336', 'artículo\n133', 'artículo 25', 'artículo 98', 'artículo 145', 'artículo 105', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 62', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 335', 'artículo 64', 'artículo 7', 'artículo\n7', 'artículo 153', 'artículo 91', 'artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 23', 'artículo\n26', 'artículo 23', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo\n23', 'artículo 23', 'artículo\n23', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo\n23', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo\n23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 105', 'artículo 65', 'artículo 187', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 274', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 65', 'artículo 23', 'artículo 68', 'artículo 105', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 70', 'artículo 105']

de septiembre de 2011, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la “acción innominada de control de constitucionalidad”
formulada por los abogados Carlos Escarrá Malavé, Neguyen Torres López, Ismar
Correa Melo, Chistian Michel Colson y José Luis Durán González, inscritos en el
Inpreabogado con los números 14.880, 66.497, 75.502, 98.556 y 91.424,
respectivamente, actuando en su carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA el primero de ellos, Gerente de
Litigios de ese órgano la segunda de los nombrados, y de sustitutos del
Procurador General de la República los restantes, contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011, en el que se condenó al Estado Venezolano a que a
través “de los órganos competentes, y
particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE),”
asegure “que las sanciones de inhabilitación no constituyan
impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de (sic) que
desee inscribirse como candidato en procesos electorales”; se anuló las Resoluciones del 24 de agosto de 2005 y 26 de
septiembre de 2005, dictadas por el Contralor General de la República, por las que se inhabilitó al referido ciudadano para el ejercicio de funciones
públicas por el período de 3 y 6 años, respectivamente; y se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de costas y a la adecuación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.
El 28 de septiembre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al
Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente
fallo. El 5 de
octubre de 2011, el abogado Enrique Sánchez Falcón, inscrito en el Inpreabogado
con el Nº 4.580, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano
Leopoldo López Mendoza, presentó escrito donde solicitó se declare improponible
la solicitud formulada por el Procurador General de la República.
Con ocasión de la demanda intentada contra el Estado
Venezolano por el ciudadano Leopoldo López Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 1 de septiembre de 2011, en la
que declaró su responsabilidad por violar el derecho al sufragio pasivo.
Los representantes de la Procuraduría General de la República comenzaron por justificar la competencia de esta Sala como garante de la supremacía
artículo 266 y los artículos 334, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Seguidamente, los representantes de la Procuraduría General de la República denunciaron la parcialidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber apreciado como fundamento de su decisión
un escrito “animus curiae”, suscrito por la organización Human Rigths Foundation,
presidida por un familiar consanguíneo del ciudadano Leopoldo López Mendoza.
Afirmó la parte actora que “la República, ante una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede dejar de realizar el examen de constitucionalidad en cuanto a la aplicación de
los fallos dictados por esa Corte y sus efectos en el país, por ello, cada
decisión emanada de ese órgano jurisdiccional tendrá ejecutoriedad en
indirectamente el Texto Constitucional (….) lo anterior no significa en modo
alguno, que Venezuela desconozca los órganos del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, ni tampoco desconozca los actos que de ellos
emanen, sino que dichos actos para tener ejecución en Venezuela deben estar conformes
con el Texto Fundamental, pues ningún órgano constituido del Estado, podría
darle ejecutabilidad a alguna decisión o acto que vaya en franca violación del
orden constitucional, ello conllevaría al desconocimiento mismo del Estado y
acarrearía una responsabilidad de sus funcionarios por la ejecución de actos
La parte actora afirmó que “los derechos políticos no son
absolutos y que pueden ser objeto de restricciones por razones de interés
general”, siendo que la inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas “alcanza cualquier fuente de ingreso a la misma (carrera
administrativa, elección popular y libre designación), lo que impide el
ejercicio de la función pública, sólo en el supuesto de que el sancionado
pretenda postularse para ocupar un cargo de elección popular, podría entonces
la sanción de inhabilitación administrativa para el ejercicio de funciones
públicas, constituir una restricción parcial del derecho a ser elegido derivado
contenidos de los derechos políticos”.
Analizando el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sostuvo la parte actora que su fin es “garantizar frente al ciudadano,
a la sociedad y a las instituciones del Estado, una Administración recta,
honesta, transparente en el manejo de los asuntos públicos, dotada de
especialmente en los servicios públicos”. La intención del legislador, fue
atacar directamente la corrupción y el desorden administrativo. Igualmente,
indicó la parte actora, que el referido artículo 105 “no puede realizarse en
solo y único procedimiento conformado por dos (2) fases, en las cuales se
investiga y sanciona un mismo hecho”. Así, “la manifestación de la potestad
vinculadas entre sí, de modo pues, que la imposición de la sanción de
suspensión, destitución e inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas, atendiendo al grado o entidad de la irregularidad cometida, se
se tramita en un solo procedimiento”, al que calificaron de complejo, pues
de éste se producen actos coaligados entre sí.
Que, “en el presente caso, el ciudadano Leopoldo López
Mendoza fue reiterativo al señalar que había sido inhabilitado políticamente,
afirmación esta absolutamente falaz, toda vez que la inhabilitación política se
pena accesoria a la de presidio (artículo 13 del Código Penal), mientras que la
inhabilitación administrativa para el ejercicio de funciones públicas, es una
sanción complementaria que puede imponer el Contralor General de la República en aquellos casos en los cuales haya quedado evidenciada la responsabilidad
diametralmente distinta”.
Sostuvieron los actores que el ciudadano Leopoldo López
Mendoza no agotó los recursos internos antes de acudir al sistema
interamericano de protección de derechos humanos, pues la Resolución N° 01-00-000005 de fecha 9 de enero de 2006, por medio de la cual el Contralor
General de la República le impuso la sanción de inhabilitación para el
ejercicio de funciones públicas, “quedó firme al no ser impugnada ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su oportunidad”, por lo
que debió ser declarada inadmisible la solicitud del referido ciudadano de
conformidad con lo establecido en el artículo 46.1.a de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Alcaldía Metropolitana de Caracas con la expresión utilizada por el fallo en
cuestión al afirmar que el ciudadano Leopoldo López Mendoza aspiraba a la
“Alcaldía del Estado Mayor de Caracas”; b) se confunde en la forma como analiza
el mecanismo de designación del Contralor General de la República; c) incurre en un error al indicar que el ciudadano Leopoldo López Mendoza sufrió
Alcalde Mayor, ya que conocía la sanción de inhabilitación desde 2006; d)
incurre en el error de señalar que los derechos políticos sólo se pueden afectar
mediante sentencia judicial firme, pues analizó el artículo 42 constitucional,
que se refiere a la revocatoria de la ciudadanía; e) desconoce cuál es la
motivación exigida a los actos complementarios, al haber declarado responsable
al Estado por haber incumplido el deber de motivación; y f) incurrió en el
error de declarar que no existió proporcionalidad entre la sanción pecuniaria y
la sanción de inhabilitación, obviando que las sanciones se impusieron tomando
en cuenta el máximo y el mínimo de la misma.
Cuestionaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la contradicción en la que incurrió al
desestimar, por un lado, la violación del derecho a la defensa y a recurrir la
decisión sancionatoria, a la presunción de inocencia, a la falta de
notificación de la posible imposición de la inhabilitación, de la oportunidad
sanciones accesorias, a un plazo razonable para la resolución de los recursos
responsabilidad del Estado por violación del derecho al sufragio pasivo y al
derecho a la protección judicial.
Los representantes de la Procuraduría General de la República denunciaron que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos transgrede nuestro ordenamiento jurídico, pues en la
misma se desconoce la supremacía de la Constitución y su obligatoria sujeción, violentando el principio de autonomía de los poderes públicos, dado que la misma
órganos legítimamente constituidos, para el establecimiento de medidas y
sanciones contra aquellas actuaciones desplegadas por la Contraloría General de la República que contraríen el principio y postulado esencial de su
deber como órgano contralor, que tienen como fin último garantizar la ética
como principio fundamental en el ejercicio de las funciones públicas”.
La parte actora denunció que “la sentencia en cuestión de
manera ligera dispone que el (sic) ciudadano Leopoldo López Mendoza le fue
violado su derecho político a participar en elecciones como sujeto pasivo del
derecho al sufragio, sin tomar en consideración que se habían demostrado los
hechos de corrupción que dieron origen a la responsabilidad administrativa del
prenombrado ciudadano, y que a su vez produjeron la imposición por parte de la Contraloría General de la República, de la sanción de inhabilitación administrativa para el
ejercicio de funciones públicas, indistintamente de su origen (elección
popular, carrera administrativa, designación de libre nombramiento o remoción)
entonces concluye la Corte que le fue violado su derecho político, por
considerar que la sanción de inhabilitación administrativa debe ser impuesta
por un juez en proceso penal, cuando lo cierto es que la Contraloría General de la República está facultada para ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 298 del Texto Constitucional”.
Resaltaron que “la exigencia de una sentencia judicial
firme fuera de un proceso penal para la suspensión de los derechos políticos de
un ciudadano, según lo dispone el artículo 42 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se refiere al supuesto de revocatoria
de la nacionalidad como condición previa para el ejercicio de la ciudadanía”.
Denunciaron que las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos están dirigidas a varios órganos del Estado, como lo
son las dirigidas al Contralor General de la República, para que revoque los actos administrativos que inhabilitaron administrativamente
al ciudadano Leopoldo López; al Consejo Nacional Electoral, para que permita la
postulación del precitado ciudadano; a la Asamblea Nacional, para que adecue el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y al Ejecutivo, para que pague las costas procesales, lo que se traduce en
una injerencia en las funciones propias de los poderes públicos.
Que, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos invoca el denominado “test de previsibilidad” para
y pretende aplicar figuras propias del derecho anglosajón y ajenas al sistema
Continuaron afirmando que “si bien es cierto que los
superiores ni magnánimas a las autoridades nacionales, con lo cual pretendan
obviar y desconocer el ordenamiento jurídico interno, todo ello en razón de
el hemisferio americano”. Denunció la parte actora que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de septiembre de 2011, desconoce la lucha del
Estado venezolano contra la corrupción y la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Venezuela el 2 de junio de
1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada el 2 de febrero de 2009.
Finalmente, solicitó la parte actora la admisión de la
“acción innominada de control de constitucionalidad”, se declare inejecutable e
y pública y se exhorte al Ministerio Público para iniciar las acciones penales
contra el ciudadano Leopoldo López Mendoza.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de septiembre de 2011, declaró que el Estado
venezolano violó, con la inhabilitación para ejercer cargos públicos del
ciudadano Leopoldo López Mendoza, su derecho a ser elegido, y el deber de
motivación de los actos administrativos, a obtener “protección judicial y
efectividad de los recursos” y desproporción en la aplicación de la sanción de
inhabilitación; todo de conformidad con los artículos 23.1.b, 23.2, 8.1 y 25.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las
obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 eiusdem.
Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó
ciudadano Leopoldo Mendoza, tanto en las donaciones recibidas para la promoción
del partido Primero Justicia, como las que se verificaron en la gestión como
Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda. El fallo señaló lo siguiente: “En
el año 1998 el señor López Mendoza trabajaba como Analista de Entorno Nacional
momento era, a su vez, miembro fundador de la Asociación Civil Primero Justicia, organización sin fines de lucro. El
24 de julio de 1998 fue firmado un Memorándum de Entendimiento entre la Fundación Interamericana (IAF) y PDVSA dentro del denominado Marco para el Desarrollo
alcanzar su bienestar social, cultural y económico. En el
marco de dicho memorándum de entendimiento, el 23 de diciembre de
1998 se efectuó una donación en beneficio de la Asociación Civil Primero Justicia por la cantidad de sesenta millones sesenta mil bolívares
Cooperación, celebrado entre PDVSA y la IAF, en relación con el Proyecto
denominado ´Expansión y consolidación de la justicia de paz en los Estados
Monagas, Anzoátegui, Sucre y Delta Amacuro: una oportunidad para la equidad en
un contexto de crecimiento económico Regional`. Asimismo, se realizó una
donación por veinticinco millones de bolívares (Bs. 25.000.000.00) en beneficio
de la misma asociación, esta vez para apoyar el proyecto denominado ´Educando
para la Justicia año escolar 1998-1999`, la cual fue entregada el 11 de
el momento de las donaciones, la madre del señor López Mendoza, Antonieta
Mendoza de López, desempeñaba funciones como Gerente de Asuntos Públicos de la División Servi cios de PDVSA.
correspondientes sanciones, de multa y de inhabilitación al señor López Mendoza
(infra párrs. 54, 55 y 58). La imputación general contra la presunta víctima
era la de haber incurrido en ´conflicto de intereses` en relación con las
donaciones mencionadas, dado que se desempeñaba tanto como trabajador de PDVSA
y a la vez como miembro de la Junta Directiva de la organización que recibió donaciones de dicha empresa y además su madre fue quien habría autorizado
como fue mencionado, el señor López Mendoza se desempeñó como alcalde del
Municipio Chacao (supra párr. 30). Cada año los Municipios que integraban el
Chacao- le debían transferir a dicho Distrito Metropolitano el 10% de ´los
ingresos propios`. Por otro lado, los Concejos Municipales podían aprobar
créditos adicionales al Presupuesto de Gastos, a solicitud de los alcaldes, y
28 de octubre de 2002 el señor López Mendoza declaró una insubsistencia parcial
de unos créditos presupuestarios. Posteriormente, el Concejo Municipal de
Chacao aprobó créditos adicionales financiados con los recursos provenientes de
la mencionada partida cuya insubsistencia había sido declarada. Estos hechos
inhabilitación en contra del señor López Mendoza. La acusación contra la
presunta víctima era la de haber otorgado una finalidad diferente a la que la
ley establecía para la partida presupuestaria respectiva”. En
ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos describió los
el Capítulo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referido a las “Consideraciones para decidir”,
enfatizó los límites de su pronunciamiento a lo siguiente:
competente para ello. En consecuencia, la Corte no resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del señor López Mendoza respecto a las actuaciones
de la jurisdicción venezolana.
continuación, se analizará: i) el derecho a ser elegido; ii) las garantías
el fallo en cuestión, que el punto central de la controversia es la supuesta
violación del derecho a ser postulado del mencionado ciudadano, en los
punto central del presente caso radica en las sanciones de inhabilitación
impuestas al señor López Mendoza por decisión de un órgano administrativo en
aplicación del artículo 105 de la LOCGRSNCF, que le impidieron registrar su candidatura para cargos de
elección popular. Luego de reseñar los alegatos de las partes, la Corte determinará si dichas sanciones y sus efectos sobre la presunta víctima son o no
compatibles con la Convención Americana.
juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produjo la supuesta violación
del derecho al sufragio pasivo consagrado en los artículos 21.1.b y 23.2, en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana; declaratoria a la que llegó luego del siguiente análisis:
“La Corte debe determinar si las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por
decisión de un órgano administrativo y la consiguiente imposibilidad de que
registrara su candidatura para cargos de elección popular son o no compatibles
con la Convención Americana. No corresponde, en cambio, que la Corte se pronuncie sobre la interpretación del derecho interno venezolano y, en particular,
sobre la compatibilidad o incompatibilidad del artículo 105 de
la LOCGRSNCF con la Constitución de Venezuela.
Asimismo, la Corte considera que para decidir el presente caso no es necesario realizar un pronunciamiento
el futuro se presentara ante la Corte algún caso en que se haya aplicado una de
las normas citadas por el Estado, sería entonces procedente analizarlas a la
luz de las disposiciones de la Convención Americana.
refiriéndose específicamente al caso concreto que tiene ante sí, la Corte entiende que este punto debe resolverse mediante la aplicación directa de lo dispuesto
por el artículo 23 de la Convención Americana, porque se trata de sanciones que impusieron una clara restricción a uno de los derechos políticos reconocidos por
el párrafo 1 de dicho artículo, sin ajustarse a los requisitos aplicables de
conformidad con el párrafo 2 del mismo. El artículo
23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los
Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a
votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
de los electores, y iii) a acceder a las funciones públicas de su país.
23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir
los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los
requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente
caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería
tratarse de una ´condena, por juez competente, en proceso penal`. Ninguno de
esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso
dichas sanciones no era un ´juez competente`, no hubo ´condena` y las sanciones
no se aplicaron como resultado de un ´proceso penal`, en el que tendrían que
haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.
pertinente reiterar que ´el ejercicio efectivo de los derechos
políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que
las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos
previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no
sólo deben gozar de derechos, sino también de ´oportunidades`. Este último
término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda
persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad
real para ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha
podido ejercer otros derechos políticos (supra párr. 94), está plenamente
de lo que antecede, la Corte determina que el Estado violó los artículos 23.1.b
y 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Leopoldo López Mendoza”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la denuncia de violación del derecho a la
defensa y a recurrir de la decisión sancionatoria, de la siguiente forma:
y audiencias al señor López Mendoza para la presentación de alegatos y pruebas.
En efecto, la víctima tuvo una participación activa en los procedimientos que
párrs. 48 y 70), pudo hacerse representar por abogados, presentó pruebas
testimoniales y documentales (supra párrs. 61, 75 y 86), interpuso recursos
(supra párrs. 56, 61, 73, 79 y 84), todo ello obteniendo pronunciamientos en
atención a sus solicitudes. Así, la Corte considera que no existió violación
del derecho a la defensa del señor López Mendoza por parte de las autoridades
administrativas y judiciales que se pronunciaron respecto a la imposición de
otra parte, frente al cuestionamiento de la víctima sobre la ausencia de
especificación de las imputaciones en su contra, la Corte observa que la prueba obrante en el expediente permite entender que desde la etapa
inicial de indagación existía claridad en el tipo de supuestas irregularidades
materia de investigación con relación al señor López Mendoza”.
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la denuncia
de violación del derecho a la presunción de inocencia, en los siguientes
“Por otro lado, en el presente caso la Corte no encuentra prueba
suficiente que le permita considerar que a la víctima se le haya tratado como
imposición de multas. En términos generales, las diferentes instancias de
control, desde el inicio de los procedimientos, actuaron respecto al señor
López Mendoza como si fuese una persona cuya responsabilidad disciplinaria
estaba aún pendiente de determinación clara y suficiente. Tratándose de
conductas establecidas como disciplinables, los órganos de control, a través de
señor López Mendoza respecto a los supuestos ilícitos administrativos”.
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró con lugar la
denuncia de supuesta inmotivación de las decisiones que inhabilitaron para el
ejercicio de función pública al ciudadano Leopoldo López, de la manera
entre la sanción de multa y la sanción accesoria de inhabilitación para
postularse a elecciones, que, como ya se señaló, implica una limitación al
sufragio pasivo (supra párr. 108). Ahora, si bien la Corte observa que el señor López Mendoza no contó con una etapa procesal entre las
declaratorias de responsabilidad y la imposición de dicha inhabilitación en
la que pudiera presentar alegatos y prueba específica sobre las posibles
sanciones accesorias que se le podrían llegar a imponer, lo anterior no implica
una violación a su derecho a la defensa por ese solo hecho, dado que el señor
López Mendoza tuvo la oportunidad de controvertir la entidad de las fallas
administrativas o de la gravedad de las irregularidades cometidas a través de
recursos posteriores. Por tanto, en las circunstancias específicas del
frente a la imposición de posibles sanciones accesorias.
respecto, la Corte observa que en las dos resoluciones de inhabilitación el Contralor
se concentró en resaltar los hechos por los cuales el señor López Mendoza fue
declarado responsable por el Director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades (supra párrs. 60 y 83). Si bien la Corte considera que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todos y cada uno
debía responder y sustentar autónomamente sus decisiones, y no simplemente
lectura de dichas resoluciones, la Corte no encuentra un análisis concreto de
relación entre la gravedad de los hechos y la afectación a la colectividad, a
la ética pública y a la moral administrativa. (…omissis…)
la Corte ya ha señalado que el señor López Mendoza tuvo oportunidad de
controvertir las consideraciones del Contralor a través de recursos posteriores
administrativas y la gravedad de las irregularidades cometidas (supra párr.
118). Sin embargo, el Tribunal considera que los problemas en la motivación al
imponer la sanción de inhabilitación tuvieron un impacto negativo en el
ejercicio del derecho a la defensa. La falta de motivación impedía un reexamen
a profundidad sobre la argumentación o evidencia directamente
relacionada con la imposición de una restricción al sufragio pasivo que,
como es evidente y este caso lo demuestra, pueden ser notablemente más gravosas
que la sanción principal. En este punto, el Tribunal reitera que la motivación
demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las
resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias
consecuencia, el Estado es responsable por la violación del deber de motivación
en la imposición de las sanciones de inhabilitación, establecidos en el
artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza”.
La Sentencia de la Corte Interamericana desestimó la denuncia de violación del plazo razonable para decidir los
recursos ejercidos por el ciudadano Leopoldo López Mendoza ante los diferentes
órganos jurisdiccionales, luego de analizar la complejidad, la actividad
afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el
proceso, pues las decisiones se ajustaron a la garantía de plazo razonable.
Consideró la sentencia en referencia que se
violó presuntamente el derecho a la protección judicial consagrado en el
artículo 25.1, en relación con los artículos 1.1, 8.1, 23.1.b y 23.2 de la Convención Americana, al afirmar:
“La Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino
que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en
una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
de recursos incoados ante la jurisdicción contencioso administrativa nacional, la Corte ha analizado si las decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner
fin a una situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los
protegidos por la Convención. El Tribunal no evalúa la efectividad de los
recursos interpuestos en función a (sic) una eventual
resolución favorable a los intereses de la presunta víctima. Al
interpuestos por el señor López Mendoza no cumplieron con dar una respuesta
efectiva e idónea para proteger su derecho a ser elegido (supra párr. 109) y
que pudiera salvaguardar las exigencias mínimas del deber de motivación en los
procesos que derivaron en sanciones de inhabilitación (supra párr. 149), razón
por la cual se vulneró el derecho a la protección judicial reconocido en el
artículo 25.1, en relación con los artículos 1.1, 8.1, 23.1.b y 23.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor López Mendoza”.
fallo analizado desestimó la violación del derecho a la igualdad consagrado en
el artículo 24 de la Convención Americana, por falta de prueba.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la supuesta violación de la garantía de
salvaguardar la seguridad jurídica sobre el momento en el que se puede imponer
una sanción, establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, al aplicar un llamado “test de previsibilidad” al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, concluyendo en que:
respecto, si bien el tiempo que transcurrió en el presente caso entre la
declaratoria de responsabilidad y la imposición de la inhabilitación no fue en
sí mismo excesivo, está probado que la norma interna no establecía un término o
plazo fijo para que el Contralor ejerciera dicha facultad. La decisión de la Sala Político Administrativa mediante la cual se intentó suplir esta laguna normativa con el
término de prescripción de la acción administrativa no cumple con el estándar
de previsibilidad o certeza de la norma. En efecto, el ´test de previsibilidad`
en las que puede ser ejercida con el fin de establecer las garantías adecuadas
cual se podría imponer las sanciones accesorias establecidas en el artículo 105
de la LOCGRSNCF es contraria a la seguridad jurídica que debe ostentar un
procedimiento sancionatorio. Por otro lado, el plazo de cinco años no es
razonable para garantizar la previsibilidad en la imposición de una sanción.
no espere por un plazo demasiado amplio a que se determine el tipo de sanción
Además, la falta de un plazo cierto, previsible y razonable puede dar lugar a
un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad a través de sanciones aplicadas
consecuencia, al no cumplir con el requisito de previsibilidad y, además,
teniendo en cuenta lo señalado en el sentido que el artículo 105 de la LOCGRSNCF permite la restricción del derecho
a ser elegido por una autoridad que no es juez penal (supra párrs. 107 y 108), la Corte concluye [que] en el presente caso se vulneraron los artículos 8.1, 23.1.b y 23.2, en
relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana”.
cuanto a las reparaciones aludidas en el artículo 63.1 de la Convención Americana, el fallo señaló:
señalado que, en las circunstancias específicas del presente
caso, se violaron los artículos 23.1.b, 23.2 y 8.1, en relación
con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana (supra párrs. 109, 149, 205 y 206). En consecuencia, el Tribunal declara que el Estado, a través de
los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE),
debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento
para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee
posterioridad a la emisión de la presente Sentencia. Asimismo, la Corte declara que el Estado debe dejar sin efecto las Resoluciones Nos.
emitidas por el Contralor General de la República (supra párrs. 58 y 81), mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
del señor López Mendoza por un período de 3 y 6 años, respectivamente”. En
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el “control de
convencionalidad” y la aplicación de las interpretaciones que ese órgano
realiza sobre la Convención Americana, al señalar:
Tribunal recuerda que es consciente [de] que las autoridades internas están
sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es
Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la
administración de justicia, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga
a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los
niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ´control de
convencionalidad` entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
conclusión, independientemente de las reformas legales que el Estado deba
adoptar (supra párr. 225), con base en el control de convencionalidad, es
necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías
judiciales se apliquen, adecuándose a los principios establecidos en la
jurisprudencia de este Tribunal que han sido reiterados en el presente caso”.
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado
1. “El Estado es responsable por la violación del derecho a ser
elegido, establecido en los artículos 23.1.b y 23.2, en relación con la obligación de
respetar y garantizar los derechos, establecida en el artículo
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor
López Mendoza, en los términos del párrafo 109 de la presente Sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación del deber de
motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos que
derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación, establecidos en
el artículo 8.1, en relación con la obligación de respetar y
garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza, en los
términos del párrafo 149 de la presente Sentencia.
Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial,
establecido en el artículo 25.1, en relación con la obligación de
respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el
derecho a ser elegido, establecidos en los artículos 1.1, 8.1,
23.1.b y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza, en los términos del párrafo 185 de la
Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2, en relación con la
obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías
judiciales y el derecho a ser elegido, establecidos en los artículos 1.1, 8.1,
23.1.b y 23.2 de la misma, en los términos del párrafo 206 de la
presente Sentencia. 5. El Estado no violó el derecho a la defensa y el derecho a
determinación de responsabilidad y sanciones de multa, reconocidos en el artículo
8.1, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos,
establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza, en los
términos del párrafo 123 de la presente Sentencia.
6. El Estado no violó la garantía del plazo razonable en la
resolución de los recursos contencioso administrativos de nulidad interpuestos
de inconstitucionalidad contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, reconocida en el artículo 8.1, en relación con la obligación de respetar
y garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza, en los
términos de los párrafos 169 y 180 de la presente Sentencia.
7. El Estado no violó la garantía de presunción de inocencia en
los procesos que culminaron en determinación de responsabilidad y sanciones de
multa, reconocida en el artículo 8.1, en relación con la obligación de respetar
términos del párrafo 132 de la presente Sentencia.
8. El Estado no violó el derecho a la igualdad ante la ley,
establecido en el artículo 24, en relación con la obligación de respetar y
términos del párrafo 195 de la presente Sentencia.
Por unanimidad, que: 1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
2. El Estado, a través de los órganos competentes, y
sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del
señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos
electorales a celebrarse con posterioridad a la emisión de la presente
Sentencia, en los términos del párrafo 217 del presente Fallo. 3. El
Contralor General de la República, en los términos del
párrafo 218 del presente Fallo. 4. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el
párrafo 222 de la presente Sentencia, en el plazo de seis meses contado a partir
de la notificación de la misma.
5. El Estado debe, en un plazo razonable, adecuar el artículo
105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 225 de esta Sentencia.
en el párrafo 243, por concepto de reintegro de costas y gastos dentro del
plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia,
en los términos de los párrafos 244 a 248 de la misma.
7. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir
de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
8. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de
deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
misma”. III
ESCRITO PRESENTADO POR EL APODERADO JUDICIAL DEL CIUDADANO LEOPOLDO LÓPEZ
judicial del ciudadano Leopoldo López Mendoza, solicitó se declare improponible
la solicitud que encabeza el presente expediente, para lo cual afirmó que “no
acción”, pues, a su decir, esta Sala Constitucional “carece de
jurisdicción para conocer de acciones o recursos contra la sentencia dictada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sostuvo que “desconocer la Convención en casos particulares equivale a violar nuestra propia Constitución y pretender
denunciarla equivaldría a una modificación constitucional que, en la medida en
que afecta a uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del estado
venezolano, el de la preeminencia de los derechos humanos, requeriría del
procedimiento de la reforma constitucional y de la intervención del pueblo en
referéndum constitucional”.
que la orden impartida por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de adecuar el contenido del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no produce una injerencia en el derecho interno, pues se trata “simplemente,
de exigirle al Estado que cumpla con el compromiso asumido”.
alegó la supuesta responsabilidad de la República y de los funcionarios que desconozcan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues incurrirían
en el delito previsto en el artículo 155.3 del Código Penal.
la acción propuesta, para lo cual advierte: A juicio de esta Sala, la parte actora no pretende la “nulidad” de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el recurso de nulidad como mecanismo de
control concentrado de la constitucionalidad no resulta el idóneo. Tampoco se trata de una colisión de leyes, pues de lo que se trata es de una
presunta controversia entre la Constitución y la ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional fundamentada en normas contenidas en una
Convención de rango constitucional, lo que excede los límites de ese especial
recurso, pues la presunta colisión estaría situada en el plano de dos normas de
evidencia que la misma está dirigida a ejercer un “control innominado de
constitucionalidad”, por existir una aparente antinomia entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, producto de la pretendida ejecución del fallo dictado el 1 de
septiembre de 2011, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a la República Bolivariana de Venezuela a la habilitación para
ejercer cargos públicos al ciudadano Leopoldo López Mendoza, lo que amerita que
esta Sala en ejercicio de su condición de último interprete de la Constitución, realice el debido control de esas normas de rango constitucional y pondere si
con la ejecución del fallo de la CIDH se verifica tal confrontación.
acción de control constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, para luego
analizar el régimen de competencia, la admisibilidad y, en el supuesto de que
oportunidad de conocer sobre la conformidad constitucional del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –Caso: Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo-, asumió la competencia con base en la sentencia 1077/2000 y
según lo dispuesto en el cardinal 23 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004.
Dicho cardinal establecía que era competencia de la Sala Constitucional: “Conocer de las controversias que pudieran suscitarse con motivo de
la interpretación y ejecución de los Tratados, Convenios o Acuerdos
Internacionales suscritos y ratificados por la República. La sentencia dictada deberá ajustarse a los principios de justicia
internacionalmente reconocidos y será de obligatorio cumplimiento por parte del
En dicha oportunidad, esta Sala Constitucional concluyó que
la solicitud formulada por la Procuraduría General de la República no podía encuadrarse en un recurso de nulidad, pues no se trataba de una acción de nulidad de un
acto en ejecución directa de la Constitución y tampoco se trataba de una colisión de leyes.
Ahora bien, la argumentación de la Sala Constitucional para asumir la competencia para conocer de la conformidad constitucional
de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sufrido un cambio con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
En efecto, no está incluido en el nuevo texto legal ningún
cardinal cuya redacción aluda al contenido del antiguo artículo 5.23 de la Ley de 2004. Si se observa el artículo 25 de la Ley de 2010, contentivo de las competencias
de la Sala Constitucional, no se advierte ningún dispositivo que haga
referencia al conocimiento y resolución de las controversias suscitadas con
motivo de la interpretación y ejecución de las convenciones internacionales.
Ciertamente, el numeral 17 del artículo 25 de la nueva ley
pauta que corresponde a esta Sala “conocer de la demanda de interpretación
de normas y principios que integran el sistema constitucional”.
Pero lo que se está solicitando no es la interpretación de
una “norma o principio”, sino el análisis de la conformidad
constitucional de un fallo de un tribunal de derecho internacional público cuya
ejecución se pretende en nuestro país.
no existir disposición expresa que contemple esta modalidad de control
concentrado de la constitucionalidad, lo pertinente es invocar la sentencia N°
1077/2000, la cual sí prevé esta razón de procedencia de interpretación
ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional con base en un
tratado de jerarquía constitucional, ante la presunta antinomia entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional. El fundamento de esta competencia se complementa con lo previsto en el
artículo 335 de la Constitución que a la letra dice: “El Tribunal Supremo de
Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones
Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República” (subrayado de este fallo).
previsión contemplada en el artículo 5.23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y no haber dictado las normas adjetivas
que permitan la adecuada implementación de las “decisiones emanadas de los
órganos internacionales” de conformidad con lo previsto en el artículo 31
constitucional (en su único aparte), el Estado (y, en concreto, la Asamblea Nacional) ha incurrido en una omisión “de dictar las normas o medidas
indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución…”, a
tenor de lo previsto en el artículo 336.7 eiusdem en concordancia
con lo pautado en la Disposición Transitoria Sexta del mismo texto fundamental. En consecuencia, ante la omisión de la Asamblea Nacional de dictar las normas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de
los organismos internacionales y/o para resolver las controversias que podrían
presentarse en su ejecución, esta Sala Constitucional asume la competencia para
verificar la conformidad constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control constitucional que implica lógicamente un
“control de convencionalidad” (o de confrontación entre normas internas y
realizar en esta oportunidad esta Sala Constitucional, incluso de oficio; y así
la admisibilidad de dicha acción de control de constitucionalidad, para lo cual
jurisprudenciales para la admisión de este tipo de recursos, y no se encuentra
incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad que preceptúa el artículo
133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se admite en cuanto ha
lugar en derecho. Así se decide. VI
Como no se trata de una “demanda” de interpretación de
normas o principios del sistema constitucional (artículo 25.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), sino de una modalidad innominada de control
concentrado que requiere de la interpretación para determinar la conformidad
constitucional de un fallo; esta Sala, con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el párrafo primero del
artículo 145 eiusdem, determina que al tratarse de una cuestión
de mero derecho, la presente causa no requiere sustanciación, razón por la cual
entra a decidir sin trámite y sin fijar audiencia oral para escuchar a los interesados
ya que no requiere el examen de ningún hecho, omitiéndose asimismo la
notificación a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los terceros interesados, en razón de la necesidad de impartir celeridad al
cuales podrían ser afectados por la exigencia de ejecución de la sentencia
objeto de análisis. Así se decide.
El 1 de septiembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia mediante la cual declaró
responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por haber presuntamente vulnerado el derecho político a
ser elegido (sufragio pasivo) del ciudadano Leopoldo López Mendoza con base en
unas sanciones de inhabilitación de tres (3) y seis (6) años para el ejercicio
de funciones públicas que le fueron impuestas por el Contralor General de la República.
En tal sentido, la Corte indicó que el punto central del
presente caso radica en las sanciones de inhabilitación impuestas al señor
López Mendoza por decisión de un órgano administrativo en aplicación del
artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), que
le impidieron registrar su candidatura para cargos de elección popular.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entendió que el caso debe
resolverse mediante la aplicación de lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana, porque se trata de sanciones que impusieron una restricción al derecho
párrafo 2 del mismo, relacionado con “una condena, por juez competente, en
i) Asegurar a través de los órganos competentes, y
inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del ciudadano
López Mendoza en el evento electoral en que desee inscribirse, que se celebre con
posterioridad a la emisión de la sentencia; ii) Dejar sin efecto las Resoluciones de 24 de agosto de
2005 y 26 de septiembre de 2005 emitidas por el Contralor General de la República mediante las cuales declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas del ciudadano López Mendoza por un periodo de 3 y 6 años,
Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la totalidad de
Por otra parte, la Corte consideró que el Estado era
responsable por la violación del deber de motivación y el derecho a la defensa
en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las
sanciones de inhabilitación en perjuicio del ciudadano López Mendoza, en virtud
de que el Contralor no formuló una motivación adecuada y autónoma –distinta a
la de imposición de multas- para justificar la sanción de inhabilitación.
Igualmente, consideró que los recursos judiciales interpuestos por la presunta
víctima ante las Salas Político Administrativa y Constitucional tampoco
cumplieron con dar una respuesta efectiva e idónea para amparar su derecho a
ser elegido, vulnerando el derecho a la protección judicial.
Asimismo, el fallo recuerda “que es consciente [de] que
las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están
obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.
Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la
a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos sus
convencionalidad`, entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
Finalmente, la Corte Interamericana señala que “supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana”.
En primer término, es necesario advertir
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado multilateral
que tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno solo “en
la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables”
a las establecidas en la Constitución, de conformidad con lo pautado en el
artículo 23 de nuestro texto fundamental.
Dicho artículo 23 constitucional, dispone a la
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el
más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Venezuela ratificó dicha Convención el 23 de junio de 1977, y los días 9 de
agosto de 1977 y 24 de junio de 1981 reconoció expresamente las competencias de
la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. En concreto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 62 de la Convención, el Estado parte puede declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de su texto, lo cual efectivamente fue hecho por nuestro país.
Como se indicó supra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “el punto central” del fallo es la presunta
violación del derecho a ser elegido del ciudadano Leopoldo López, infringiendo
el artículo 23 de la Convención Americana, en vista de que esta disposición exige en su párrafo 2 que la sanción de inhabilitación solo puede fundarse en una
Sobre el punto, es preciso reiterar (ver fallo N° 1939/2008,
…“[e]l
preámbulo de la “Convención Americana sobre Derechos
Humanos” aclara que la protección internacional que de ella se deriva es “coadyuvante
o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
excluir o desconocer el ordenamiento constitucional interno, pues la Convención coadyuva o complementa el texto fundamental que, en el caso de nuestro país, es “la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (artículo 7 constitucional).
Por otra parte, el citado artículo 23 de la Constitución no otorga a los tratados internacionales sobre derechos humanos rango “supraconstitucional”,
por lo que, en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta Fundamental y una norma de un pacto internacional, correspondería al Poder Judicial
determinar cuál sería la aplicable, tomando en consideración tanto lo dispuesto
Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo al contenido de los artículos 7,
266.6, 334, 335, 336.11 eiusdem y el fallo número 1077/2000 de
Sobre este tema, la sentencia de esta Sala Nº
1309/2001, entre otras, aclara que el derecho es una teoría normativa puesta al
servicio de la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución y que la interpretación debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía
de la Carta Fundamental cuando se ejerce la jurisdicción constitucional
atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el
sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutione).
Agrega el fallo citado: “en este orden de ideas, los estándares para
con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con
elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos
individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico
internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del
Concluye la sentencia que: “no puede
ponerse un sistema de principios supuestamente absoluto y suprahistórico por
encima de la Constitución” y que son inaceptables las teorías que
pretenden limitar “so pretexto de valideces universales, la soberanía y
Nº 1265/2008 estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas
constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo
aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos…(…) sobre
los intereses particulares…”.
Tribunal Supremo de Justicia en su decisión N° 1942/2003 precisó, en relación
con el artículo 23 constitucional, lo siguiente:
juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23: 1)
refiere a normas que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de
sino sólo a normas creativas de derechos humanos. (…)
´Repite
Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) relativos a derechos
internacionales, ya que el artículo 23 constitucional es claro: la jerarquía
cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es el juez constitucional, conforme al
artículo 335 de la vigente Constitución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y, que es la Sala Constitucional, y así se declara. (….)
así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre
interno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los
competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en
por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a
organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos
referidos en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que,
de ello ser posible, se estaría ante una forma de enmienda constitucional en
esta materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la
transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes.
las decisiones de esos organismos se les dará cumplimiento en el país, conforme
a lo que establezcan la Constitución y las leyes, siempre que ellas no
contraríen lo establecido en el artículo 7 de la vigente Constitución, el cual
reza: ´La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
sujetos a esta Constitución` siempre que se ajusten a las competencias
orgánicas, señaladas en los Convenios y Tratados. Debido a ello, a pesar del
respeto del Poder Judicial hacia los fallos o dictámenes de esos organismos,
éstos no pueden violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como no pueden infringir la normativa de los Tratados y Convenios, que
un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país,
tal decisión tendría que ser rechazada aunque emane de organismos
internacionales protectores de los derechos humanos…(…)
´La Sala considera que, por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo
7 constitucional, no existe órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la decisión que se
contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de aplicación en
el país, y así se declara. (…)
artículos 73 y 153 constitucionales, contemplan la posibilidad que puedan
transferirse competencias venezolanas a órganos supranacionales, a los que se
reconoce que puedan inmiscuirse en la soberanía nacional. Pero
la misma Constitución señala las áreas donde ello podría ocurrir, cuales son
-por ejemplo- las de integración latinoamericana y caribeña (artículo 153 eiusdem). Áreas
se dicten son de aplicación inmediata en el territorio de los países miembros,
como lo apunta el artículo 91 de la Ley Aprobatoria del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional no puede
sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1 constitucional, que
establece como derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad y la autodeterminación
están sujetos a ser relajados, excepto que la propia Carta Fundamental lo
señale, conjuntamente con los mecanismos que lo hagan posible, tales como los
contemplados en los artículos 73 y 336.5 constitucionales, por ejemplo.
de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los fallos de los
Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país, ni los
derechos fundamentales de la República”
lo que respecta a la presunta inconstitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por violentar lo dispuesto en al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala Constitucional observa:
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José el 22/11/69 y
ratificada por nuestro país el 09/08/1977, es una declaración de principios,
derechos y deberes de corte clásico que da preeminencia a los derechos
individuales, civiles y políticos dentro de un régimen de democracia formal.
Obviamente, como tal, es un texto que contiene una enumeración de libertades de
corte liberal que son valiosas para garantizar un régimen que se oponga a las
dictaduras que han azotado nuestros países iberoamericanos desde su
declaración de principios acerca de su desarrollo progresivo en el artículo
26), ni tampoco tiene previsión sobre un modelo distinto al demócrata liberal,
otra parte, en relación a los derechos políticos, el artículo 23.2, admite la ´reglamentación`
de los mismos mediante ley, en atención a razones de edad, nacionalidad,
disposición no alude a restricción en el ejercicio de estos derechos, sino a su
reglamentación. En todo caso, de una manera general, el artículo 30 eiusdem
admite la posibilidad de restricción, siempre que se haga ´conforme a leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han
a esta prescripción, el artículo 32.2 pauta que ´los derechos de cada persona
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por
las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática`.
función de lo expuesto, esta Sala considera que es posible, de conformidad con
la ´Convención Americana sobre los Derechos Humanos`, restringir derechos y
libertades, siempre que sea mediante ley, en atención a razones de interés
general, seguridad de todos y a las justas exigencias del bien común.
previsiones contenidas en los artículos 30 y 32.2 de la Convención adquieren
artículo 23.2 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
prevalencia del tratado internacional no es absoluta ni automática. En efecto,
el artículo 23 constitucional exige para la aplicación preferente del tratado,
pacto o convención relativos a derechos humanos, que éstos contengan normas más
favorables a las de la Constitución.
bien, ¿qué valores debe tener presente el Tribunal para determinar cuándo debe
considerarse que esa disposición convencional es más ´favorable` que la
imprescindible para resolver esta antinomia, de existir, tomar en consideración
lo que esta Sala Constitucional ha resuelto a través de su jurisprudencia. En
concreto, en la sentencia 1309/2001, se estableció que ´…la interpretación debe
tener una doble justificación: la interna o coherencia con el sistema jurídico;
y la externa o adecuación con la mejor teoría política que subyazca tras el sistema
y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica…`.
consecuencia, la interpretación está condicionada material e ideológicamente.
El derecho es una teoría normativa puesta al servicio de una política (la
política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución); y la
interpretación debe comprometerse si se quiere mantener la supremacía de la
Carta Fundamental, cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a
los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el sistema que se
axiológica (interpretatio favor Constitutione).
el fallo in commento que, ´En este orden de ideas, los estándares para
con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con
elecciones interpretativas ideológicas que privilegian los derechos
Estado. Aunque la teoría moderna del Derecho ha quitado al Estado el
carácter absoluto que el dogma de la soberanía le atribuía, para la ciencia
jurídica actual, la formulación de la relación entre el Derecho internacional y
el Derecho nacional varía según el sistema de referencia adoptado, siendo que
no hay método jurídico que permita dar preferencia a uno en menoscabo del otro
validez del derecho internacional depende del reconocimiento explícito de la Constitución (artículo 23), desde un punto de vista sistemático, la opción por la
primacía del Derecho Internacional es un tributo a la interpretación
globalizante y hegemónica del racionalismo individualista. La nueva teoría
es combate por la supremacía del orden social valorativo que sirve de
fundamento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela` (Subrayado de este fallo).
vez más se advierte del texto de la sentencia invocada la especificidad de la
interpretación de las normas constitucionales: la necesidad de asegurar la
supremacía constitucional (artículo 7 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela) y el análisis técnico en consonancia con el proyecto
político de la Constitución.
la sentencia 1309/2001 observa que ´…la interpretación constitucional hace
girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la
interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (verfassung konforme Auslegung von Gesetze)…`.
la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de
las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden
jurídico, etc.) (RIPERT. Les forces créatrices du droit. Paris. LGDJ,
1953, pp. 307 y ss); y otras axiológicas (Estado social de derecho y
de justicia, pluralismo público y preeminencia de los
derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el
carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede
servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en los cuales
el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, en consecuencia,
salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo
tanto, según la sentencia 1309/2001, ´no puede ponerse un sistema de principios
supuestamente absoluto y suprahistórico, por encima de la Constitución, ni que la interpretación de ésta llegue a contrariar la teoría política propia
que sustenta. Desde este punto de vista, habría que negar cualquier teoría
jurídicos (verfassungswidrige) [normas constitucionales, inconstitucionales] la
interpretación o integración debe hacerse ohne naturecht (sin derecho
natural), según la tradición de cultura viva, cuyo sentido y alcance dependan
del análisis concreto e histórico de los valores compartidos por el pueblo
venezolano. Parte de la protección y garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela radica, pues, en una perspectiva política in fieri, reacia a la vinculación ideológica con teorías que puedan limitar, so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación nacional, como lo exige el artículo 1 eiusdem` (subrayado de este fallo).
conclusión, el fallo 1309/2001 reivindica la supremacía constitucional, la
soberanía y la autodeterminación nacional y la reivindicación de la tradición
de cultura como fuente de interpretación y no solo de integración, frente a los
no son más que una opción por la ´interpretación globalizante y hegemónica del
Sala concluye que la restricción de los derechos humanos puede hacerse conforme
a las leyes que se dicten por razones de interés general, por la seguridad de
los demás integrantes de la sociedad y por las justas exigencias del bien
común, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 32.2 de la ´Convención
Americana sobre derechos humanos`. Esta prescripción es en un todo compatible
con lo dispuesto en los artículos 19 y 156, cardinal 32 de la Constitucional (sic) Nacional. Lo previsto en el artículo 23.2 no puede ser invocado aisladamente,
con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional, contra las competencias y atribuciones de un Poder Público Nacional,
concreto, es inadmisible la pretensión de aplicación absoluta y
descontextualizada, con carácter suprahistórico, de una norma integrante de una
Convención Internacional contra la prevención, investigación y sanción de
hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa (artículo
Constituyente a la Contraloría General de la República de ejercer la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos (art. 289.1 eiusdem);
y de fiscalizar órganos del sector público, practicar fiscalizaciones, disponer
público, e ´imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que
interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que
corrupción sobre los intereses particulares de los involucrados en los ilícitos
administrativos; y así se decide”.
Además de los criterios jurisprudenciales antes referidos,
Magistrado Diego García-Sayán hace en su voto concurrente razonado del fallo
objeto de análisis. En efecto, dicho voto expone:
caso resuelto por la Corte se refiere a una víctima perfectamente
individualizada, el señor Leopoldo López Mendoza, y a una situación y materia
jurídica con un ´punto central` identificado por la Corte:
torno a este aspecto central de la controversia la Corte ha determinado la responsabilidad internacional de Venezuela por la afectación, inter
alia, al derecho establecido en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos según el cual: `[l]a ley puede
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente,
el tema esencial de este caso el derecho del señor López Mendoza a registrar
su candidatura para cargos electivos y habiendo la Corte declarado la violación del derecho a ser elegido, remitiéndose, entre otras, a la
estipulación contenida en el artículo 23.2 de la Convención, corresponde complementar la interpretación del Tribunal sobre dicha disposición
para los efectos acotados de este caso. El asunto al que se vio enfrentada la Corte en el presente caso guarda relación, también, con el ejercicio de la potestad
sancionatoria por parte de la administración y sus límites tratándose de
restricciones al sufragio pasivo. 4. Por las consideraciones que se exponen en la Sentencia, la Corte ha concluido que en este caso se vulneró el artículo 23.2 de la Convención Americana. Sin embargo, de sustentarse esa conclusión exclusivamente en una interpretación literal de la norma y no ser complementada con una explicación y fundamentación mayor, así como con otras herramientas de interpretación, podría conducir a conclusiones equívocas si se proyectara más allá del caso y para otras situaciones de afectación de derechos políticos. Que, particularmente, podría ser interpretada en un sentido debilitante de capacidades institucionales de los Estados en el enfrentamiento al flagelo de la corrupción.
una interpretación no sólo literal sino sistemática y evolutiva del artículo
23.2 que, además, incorpore los trabajos preparatorios de la Convención como criterio complementario, se llega en este voto concurrente a un enfoque
alternativo... Interpretación
comprehensiva del artículo 23.2
6. Es conveniente un análisis adicional sobre las expresiones ´exclusivamente`
y ´condena, por juez competente, en proceso penal` contenidas en el artículo
23.2 de la Convención. En particular para determinar si con ello se excluye
públicos por vías judiciales distintas a la penal o por vías administrativas,
disciplinarias o a través de otros mecanismos. Una interpretación sistemática,
evolutiva y teleológica así como el instrumental complementario de los trabajos
preparatorios de la Convención Americana nos lleva a conclusiones diferentes. 7. La
ha efectuado ya, en un caso distinto, una determinación sobre el término ´exclusivamente`
y determinó
que debía ser interpretado de manera sistemática con el artículo 23.1 y con el
resto de los preceptos de la Convención y los principios básicos que la inspiran. En particular, se estableció que las causales consagradas en dicho
artículo no son taxativas sino que pueden ser reguladas teniendo en cuenta
variantes tales como las necesidades históricas, políticas, sociales y
166. El sistema interamericano [no] impone
un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio
de los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de
los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros
convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas,
políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra,
e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.
sistemático, teniendo en cuenta los elementos del presente caso, apunta,
primero, a analizar esta norma de la Convención Americana en relación con otros instrumentos internacionales, universales y
regionales, que regulan las restricciones a derechos políticos. Adicionalmente,
hace indispensable tomar en cuenta el alcance y repercusión de instrumentos
internacionales adoptados en el marco de la lucha contra la corrupción, todos
ellos posteriores a la Convención Americana que data de 1969.
9. En este orden de análisis es de resaltar que en los demás ordenamientos internacionales de protección de derechos humanos no
existe referencia específica de los medios o mecanismos por los cuales se puede
sufragio pasivo. No se ha estipulado en el sistema universal ni en los demás
sistemas regionales una norma que establezca que los Estados sólo pueden
restringir el sufragio pasivo por medio de ´condena, por juez competente, en
ámbito universal el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos no incluye posibles causales para la restricción o
reglamentación de los derechos políticos semejante al artículo
23.2 de la Convención. Sí establece que los mismos no pueden ser limitados por ´restricciones
indebidas`. El Convenio Europeo, en su artículo 3 del Protocolo 1, se limita a
consagrar la obligación de garantizar ´elecciones libres`. En algunos casos el
Tribunal Europeo sí ha establecido que los Estados Parte pueden establecer requisitos para la presentación
de un candidato a elecciones, y que en este ámbito se pueden imponer requisitos
más estrictos que en las condiciones para poder votar. Por
último, en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no hay norma
parecida al artículo 23.2 de la Convención Americana. 11. El marco
conceptual y normativo de las obligaciones internacionales en la lucha contra la corrupción, por su parte, marca
ciertas pautas de conducta para los Estados en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En esos instrumentos se han precisado obligaciones que no
con el fenómeno de la corrupción. 12. En cuanto a
la interpretación evolutiva, esta
aproximación ha sido constante tanto en la Corte Interamericana como en el Tribunal Europeo al haberse establecido que los
tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene
que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Esta Corte ha
contenciosos. El Tribunal Europeo, por su parte, también ha utilizado el
derecho comparado como un mecanismo para identificar la práctica posterior de
la información que sobre esta materia consta en el expediente, aparece que en
la región existen diversos sistemas sobre imposición de inhabilitaciones a
funcionarios públicos que se traducen en restricción al sufragio pasivo: i)
sistema político, que consiste en un juicio político a cargo del órgano
cometido faltas o delitos; ii) sistema judicial a través de un proceso penal, y
se podría decir que estas prácticas jurídicas e institucionales de los
principios e instrumentos anticorrupción ya mencionados. 14. La interpretación teleológica toma en
cuenta la finalidad contenida en los diversos criterios sobre regulación de
derechos políticos. En el artículo 23.2 de la Convención se estipulan posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos
políticos y se busca, claramente, que no quede al arbitrio o voluntad del
gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda
ejercer su posición sin restricciones indebidas. Ése es el claro sentido de la
norma. El mecanismo de restricción de derechos, pues, tiene que ofrecer
suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los derechos y
libertades de las personas, los sistemas democráticos y a la oposición
política. Debe entenderse, pues, que el juicio debe ser el más estricto
posible, sea cual sea la vía utilizada para efectuar una restricción.
atañe a los trabajos preparatorios de la Convención como criterio complementario de interpretación, no se encuentra en ellos
debate ni sustentación acerca de los términos ´exclusivamente
por […] condena, por juez competente, en proceso penal`. Este concepto fue incluido
sólo en la última discusión del artículo sobre los derechos políticos, por una
propuesta del delegado de Brasil. El delegado de Colombia y el miembro de la Comisión de Derechos Humanos presentaron objeciones. Sin embargo,
la enmienda fue aprobada y se hizo la inclusión en el texto definitivo del artículo
23. No consta, sin embargo, la razón o motivación por la que se presentó dicha
claridad cuál fue la intención de los Estados para la incorporación de dicho
término en el actual artículo 23 de la Convención Americana. 16. A
partir de los medios de interpretación referidos en los párrafos anteriores se
puede concluir que el término ´exclusivamente` contenido en el artículo 23.2
de la Convención no remite a una lista taxativa de posibles causales para la
restricción o reglamentación de los derechos políticos. Asimismo que el
concepto ´condena, por juez competente, en proceso penal` no necesariamente
supone que ése sea el único tipo de proceso que puede ser utilizado para imponer
una restricción. Otros espacios judiciales (como la autoridad
judicial electoral, por ejemplo) pueden tener, así, legitimidad para actuar. Lo
que es claro y fundamental es que cualquiera que sea el camino utilizado debe llevarse a cabo con pleno respeto de las garantías establecidas en la Convención y, además, ser proporcionales y previsibles”. (Subrayado de este
con el enfoque alternativo del Magistrado García-Sayán, no puede compartir, por
conclusión de que la sanción de inhabilitación solo puede ser impuesta por una
“autoridad judicial”.
precisó lo siguiente:
Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII (R-S) pág. 294, ´la sanción
administrativa puede implicar la inhabilitación para ejercer una profesión o
en atención a la prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten
contra la ética pública y la moral administrativa (art. 274 Constitución de
República Bolivariana de Venezuela), el Poder Ciudadano está autorizado para
ejercer un poder sancionador sustancialmente análogo al derecho penal,
incluyendo sanciones como las accesorias del artículo 105, cuyo objetivo es la
protección del orden social general (ver Diccionario Jurídico Espasa LEX,
págs. 776 y 902).
manera, el mismo Diccionario de la Lengua Española (pág, 1277), si bien alude en su primera acepción a la inhabilitación
como la ´pena o castigo que priva de algunos derechos`, lo cual podría requerir
un fallo judicial; en su segunda acepción refiere a la ´incapacitación para
ejercer diversos empleos`, lo cual podría jurídicamente derivarse de una
sentencia, pero también de una sanción administrativa.
efecto, si bien el artículo 65 del Constitución de República Bolivariana de
Venezuela señala que ´…no podrán optar a cargo alguno de elección popular
ejercicio de sus funciones…`, esta norma no excluye la posibilidad de que tal
inhabilitación pueda ser establecida, bien por un órgano administrativo stricto
sensu o por un órgano con autonomía funcional, como es, en este caso, la Contraloría General de la República. Nótese que
la norma, si bien plantea que la prohibición de optar a un cargo público surge
como consecuencia de una condena judicial por la comisión de un delito, tampoco
impide que tal prohibición pueda tener un origen distinto; la norma sólo
plantea una hipótesis, no niega otros supuestos análogos. En este
contexto, cabe destacar que tal determinación es un asunto de política
legislativa que corresponde en todo caso al legislador nacional, según la
orientación que este órgano, dentro de su autonomía, decida asignarle al ius
puniendi del Estado; por lo que negar esta posibilidad significaría limitar
al órgano legislativo en su poder autonómico de legislar en las materias de
interés nacional, según lo prescribe el artículo 187, cardinal 1, en
respecto, esta Sala, en sentencia N° 1260 del 11 de junio de 2002 (caso: Víctor
Manuel Hernández y otro contra el artículo 38, parágrafo Segundo, 52, y 54 de
‘…Hay quienes
material, sino que la gran diferencia es relativa al ámbito normativo que
genera las disposiciones en las cuales se sustentan, quiere decir, que será el
legislador a través de la creación de las normas que se desarrollarán tanto por
la Administración como por la jurisdicción penal quien clasificará la potestad
consecuencia, será Derecho administrativo sancionador o Derecho penal, aquello
esta Sala que poco provecho se obtendría al pretender generar la discusión con
base al órgano que ejecuta el ius puniendi (judicial o administrativo), ya que
sólo relevantes en cuanto se refieren a su ámbito de aplicación, siendo en
diferencias que pudiesen existir en ese orden, serán las que permitan
establecer los parámetros de interpretación de tales ramas del derecho.
la dualidad del ejercicio del ius puniendi del Estado, fijando como
característica diferenciadora el fin último perseguido por una u otra
manifestación de la potestad punitiva (sentencia de la entonces Corte Suprema
Ahorro y Préstamo).
consecuencia, el objeto de estudio y aplicación del derecho administrativo
sancionador, es el ejercicio de la potestad punitiva realizada por los órganos
del Poder Público actuando en función administrativa, requerida a los fines de
hacer ejecutables sus competencias de índole administrativo, que le han sido
así, debido a la necesidad de la Administración de hacer cumplir sus fines, ya que de lo contrario, la actividad administrativa quedaría vacía de contenido ante la
por ley, de contribuir a las cargas públicas y las necesidades de la
colectividad…’.
actividad del Parlamento anteriormente anotada, sólo podría hallar límites en
la Constitución, la cual, al no prohibir esta especial manifestación
sancionatoria por parte de la Contraloría General de la República, y al
encontrar ésta sustento expresamente en la ley que la rige, se ajusta tanto al
principio de supremacía constitucional como al principio de legalidad, como
pilares fundamentales del Estado de Derecho. Así se declara”.
En la misma línea argumental es preciso referir que la Convención Americana no es el único tratado suscrito por Venezuela relativo a derechos
el artículo 23 de la Constitución Nacional, que debe ser tomado en consideración para resolver sobre la ejecución del fallo de la Corte Interamericana.
En efecto, nuestro país ha suscrito y ratificado con
posterioridad a la aludida Convención otros tratados de cuyo texto pueden
septiembre de 2011, objeto de análisis, en la presente decisión.
Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, obliga a los Estados Americanos a “tomar las medidas apropiadas contra las personas
que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o
específicamente vinculados con dicho ejercicio”, sin exigir que tales medidas
sean necesariamente jurisdiccionales. Asimismo, el artículo II precisa los
propósitos de la Convención en los siguientes términos:
erradicar la corrupción; y
Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio
de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados
con tal ejercicio” (subrayado de este fallo). Como puede advertirse de esta disposición se insta a los
Estados a promover y fortalecer los “mecanismos” necesarios (no exclusivamente
judiciales) para sancionar los actos de corrupción. Igualmente, el artículo
III, referido a las medidas preventivas alude a la “aplicabilidad de medidas
dentro de sus propios sistemas institucionales” por parte de los Estados
marco constitucional del poder sancionador del Poder Ciudadano (artículo 274)
entre cuyos órganos está la Contraloría General de la República. En este mismo artículo (cardinal 9) se exige fortalecer los “órganos de control superior, con el
y erradicar las prácticas corruptas” (subrayado nuestro). Obviamente, estos
En el mismo lineamiento, esta Sala observa que el artículo
consecución de los objetivos de la Convención, sin que se pueda concluir del contenido de dicha disposición que las conductas cuestionadas deban ser
Por otra parte, el artículo XIV al aludir a la asistencia y
cooperación entre los Estados Partes para la investigación y sanción de los
actos de corrupción, insiste en la creación de: formas y métodos más
de corrupción”. Y agrega que “Con tal propósito, propiciarán el intercambio de
experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones
competentes…”, sin indicar que dichos órganos sean judiciales. Es más, el
artículo XVIII precisa que deberán designarse “Autoridades Centrales” en cada
Estado Parte para la asistencia y cooperación internacional previstas en el
marco de la Convención; y en la mayoría de los países signatarios, entre ellos
el nuestro, se designa como autoridad central a un órgano de naturaleza
administrativa o no “jurisdiccional” como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (Ecuador); Ministerio de Relaciones Exteriores,
Agency (Canadá); Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OEA y la Office of International Affairs of the Criminal Division of the United States
Department of Justice (EEUU); Ministerio de Justicia (Perú); Tribunal Superior
de Cuentas (Honduras); Comisión Nacional de Transparencia y contra la Corrupción (Guatemala); etc. En el caso de Venezuela, la autoridad central designada es el
Consejo Moral Republicano constituido por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Igualmente, Venezuela es país signatario de la “Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, suscrito en el año 2003, cuyo objetivo es la introducción de un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos
que puedan aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y
reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En tal sentido, es
digno de destacarse la protección de la soberanía de los Estados que
expresamente se declara en el artículo 4 del tratado. Así, se pauta que “1.
Los Estados Partes cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad
territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos
de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a
un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o
autoridades”-
En el artículo 5 de la Convención, relativo a las “Políticas y prácticas de prevención de la corrupción”, se hace referencia a la necesidad de que
los Estados fomenten políticas y prácticas eficaces contra la corrupción y, en
concreto, en el cardinal 3 de la misma disposición se pauta que “cada Estado
Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
para combatir la corrupción” (subrayado de este fallo). En relación a los
órganos de prevención de la corrupción, el artículo 6 precisa que corresponde a
cada Estado Parte, “de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico”, garantizar la existencia de un órgano u órganos,
según proceda, encargados de prevenir la corrupción, debiendo otorgársele a los
mismos independencia para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Podemos,
en relación a esta disposición, inferir que puede ser más de un órgano el
encargado de la lucha contra la corrupción y que no existe limitación alguna a
Dicha conclusión se afinca aún más con la previsión
contemplada en el artículo 8, cardinal 6, el cual contempla la posibilidad de
aplicar “medidas disciplinarias o de otra índole” contra los
funcionarios públicos que incurran en corrupción. Asimismo, en relación al
sector privado se admite la aplicación de “sanciones civiles,
administrativas o penales eficaces” (art. 121.1 eiusdem).
Por otra parte, de manera expresa, el artículo 30.7
establece la posibilidad de inhabilitar “por mandamiento judicial u
otro medio apropiado y por un periodo determinado por su derecho interno” a
los sujetos de corrupción (subrayado de este fallo).
Esta previsión de sanciones distintas a las judiciales se
reitera en las Disposiciones Finales (Capítulo VIII, artículo 65) de la Convención, que textualmente pauta:
“1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas
o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y
combatir la corrupción” (subrayado de este fallo).
En conclusión, aun si se pretendiera otorgar un sentido
literal y restrictivo al artículo 23 de la Convención Interamericana, impidiendo la inhabilitación de un ciudadano para el ejercicio de
cargos públicos por razones de corrupción, limitando la posibilidad de sanción
a una sentencia judicial; podemos advertir que tal Tratado no es el único que
forma parte integrante del sistema constitucional venezolano según el artículo
el interés general y el bien común sobre los intereses particulares dentro de
instituciones a aplicar preferentemente las Convenciones Interamericana y de la ONU contra la corrupción y las propias normas constitucionales internas, que reconocen a la Contraloría general de la República como un órgano integrante de un Poder Público (Poder
Ciudadano) competente para la aplicación de sanciones de naturaleza
administrativa, como lo es la inhabilitación para el ejercicio de cargos
públicos por hechos de corrupción en perjuicio de los intereses colectivos y
No se trata de interpretar el contenido y
alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de desconocer el tratado válidamente suscrito por la República que la sustenta o eludir el compromiso de ejecutar las decisiones según lo dispone
el artículo 68 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino de aplicar un estándar mínimo de adecuación del fallo al orden constitucional interno, lo
cual ha sucedido en otros casos y ejercer un “control de convencionalidad”
respecto de normas consagradas en otros tratados internacionales válidamente
Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que ha obligado a esta Sala a ponderar un conjunto de derechos situados en el
corrupción como mecanismo de respeto de la ética en el ejercicio de cargos públicos,
enmarcada en los valores esenciales de un Estado democrático, social, de
derecho y de justicia. Ese mecanismo de “control de convencionalidad” ha sido señalado
Congreso vs. Perú, donde tal función se despliega “en lo que toca a otros
los derechos humanos de los que es parte el Estado”, entre los que se encuentran
las Convenciones contra la corrupción, ratificadas por Venezuela, por lo que no
puede ejercerse una interpretación aislada y exclusiva de la Convención Americana de Derechos Humanos sin que con ello se desconozca el “corpus juris
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, a los que aluden
también las Opiniones Consultivas de la CIDH Nº OC-16/99 y Nº OC-17/2002. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos persiste en desviar la teleología de la Convención Americana y sus propias competencias, emitiendo órdenes directas a órganos del
Poder Público venezolano (Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral),
a un país soberano e independiente criterios políticos e ideológicos
En virtud de las consideraciones anteriores, esta
Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011, en el que se condenó
al Estado Venezolano, a través “de los órganos
competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE),”
a asegurar “que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento
inscribirse como candidato en procesos electorales”; anuló las Resoluciones del 24
de la República, por las que inhabilitaron al referido ciudadano al ejercicio
de funciones públicas por el período de 3 y 6 años, respectivamente; se condenó
a la República Bolivariana de Venezuela al pago de costas y a las adecuación
del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Sin perjuicio de lo antes señalado, esta Sala advierte que la inhabilitación administrativa impuesta al ciudadano Leopoldo López Mendoza no
le ha impedido, ni le impide ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución. En tal sentido, como todo ciudadano, goza del derecho de sufragio activo
(artículo 63); del derecho a la rendición de cuentas (artículo 66); derecho de
asociación política (el ciudadano López Mendoza no solo ha ejercido tal
derecho, sino que ha sido promotor y/o fundador de asociaciones y partidos
políticos); derecho de manifestación pacífica (el ciudadano López Mendoza ha
ejercido ampliamente este derecho, incluyendo actos de proselitismo político);
así como, el derecho a utilizar ampliamente los medios de participación y
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía (artículo 70), incluyendo
las distintas modalidades de participación “referendaria”, contempladas en los
artículos 71 al 74 eiusdem, en su condición de elector.
Esto es así porque, se insiste, la inhabilitación
administrativa difiere de la inhabilitación política, en tanto y en cuanto la
primera de ellas sólo está dirigida a impedir temporalmente el ejercicio de
la función pública, como un mecanismo de garantía de la ética pública y no
le impide participar en cualquier evento político que se realice al interior de
su partido o que convoque la llamada Mesa de la Unidad Democrática, en los términos aludidos en la sentencia de esta Sala Nº
precisó que “la participación política se ejerce mediante múltiples
mecanismos democráticos en el que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y
demás actores políticos que configuran la Sociedad venezolana hagan valer sus intereses bien sea mediante elecciones, alianzas, consensos y demás mecanismos
políticos que son reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional y legal
en la medida en que se mantengan dentro del esquema constitucional”. Así se
administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
condenó al Estado Venezolano, a través “de los
órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE),”
inscribirse como candidato en procesos electorales”;
anuló las Resoluciones del 24 de agosto de 2005 y 26 de septiembre de 2005,
dictadas por el Contralor General de la República, por las que inhabilitaron al referido ciudadano al ejercicio de funciones públicas por el período de 3 y 6 años,
respectivamente; y se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de costas y a las adecuación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. 2) La Sala declara que el ciudadano Leopoldo López Mendoza
goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tratarse solo de una
inhabilitación administrativa y no política.
Remítase copia certificada de la presente
decisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 17 días del mes de octubre de
Zuleta de Merchán Magistrada Arcadio
Delgado Rosales Magistrado-Ponente
Gutiérrez Alvarado Magistrada