Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20034922
Timestamp: 2019-06-19 09:56:34
Document Index: 300815102

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 45', 'artículo12', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 241', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 58', 'artículo 45', 'artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 58']

C-624 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020034922CC-SENTENCIAC624200825/06/2008CC-SENTENCIA_C_624__2008_25/06/2008200349222008Sentencia C-624/08 IGUALDAD- Carácter de valor, principio y derecho fundamental IGUALDAD- Concepto relacional La igualdad carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional, lo que acarrea una plurinormatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales", la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad -al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. PRINCIPIO DE IGUALDAD- Mandatos que lo comprenden Los contenidos del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD- Alcance DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS- Alcance Los derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Entre tanto, en las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. Para la consolidación de un derecho es necesario que antes de la ocurrencia del tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo. DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS- Los primeros no pueden ser desconocidos por leyes ulteriores mientras que las segundas gozan de una protección más precaria La Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales en tanto que las meras expectativas reciben una protección más precaria, pues la ley nueva sí puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva. Dichas expectativas pueden ser objeto de alguna consideración protectora por el legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación generen situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la población o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de interés público o social. DERECHOS ADQUIRIDOS EN TRANSITO LEGISLATIVO- Protección no es absoluta Si bien el objeto del artículo 58 de la Carta es proteger frente al tránsito legislativo aquellas situaciones particulares y concretas que se han consolidado definitivamente durante la vigencia de la ley anterior, esta protección no es absoluta y el mismo precepto constitucional prevé que bajo determinadas condiciones el interés particular en la protección de estos derechos subjetivos debe ceder frente a la utilidad pública o al interés social que motivó la expedición de la nueva ley. TRANSITO LEGISLATIVO QUE AFECTA EXPECTATIVAS LEGITIMAS-Debe consultar parámetros de justicia y equidad y está sujeto a principios de razonabilidad y proporcionalidad Esta Corporación ha sostenido que cualquier tránsito legislativo debe consultar parámetros de justicia y equidad, y que, como toda actividad del Estado, está sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. DERECHO A LA IGUALDAD EN PAGO DE ACREENCIAS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA FAEP- Justificación del trato diferenciado con saneamiento de cartera La finalidad del trato diferenciado es precisamente favorecer a las IPS afectadas por el no pago de la cartera vencida de las EPS de régimen subsidiado, en otras palabras, sanear la cartera hospitalaria, propósito a todas luces legítimo desde la perspectiva constitucional, porque pretende garantizar el derecho de acceso a la salud de la población más pobre -aquella precisamente afiliada a régimen subsidiado-, el cual se encuentra seriamente amenazado por la cartera actualmente adeudada a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Desde esta perspectiva el trato diferenciado cuestionado por el actor resulta proporcional y razonable porque apunta una finalidad constitucionalmente legítima y por lo tanto el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 no vulnera el principio de igualdad. DERECHOS ADQUIRIDOS- No vulneración ni desconocimiento por ley posterior/ REGLAS DE SOLUCION DE ANTINOMIAS- Aplicación Los enunciados normativos contemplados en el artículo12 de la Ley 1122 de 2007 y el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 regulan el mismo supuesto: el pago excepcional de las acreencias debidas por las entidades territoriales a las EPS de régimen subsidiado con los recursos del FAEP. En esa medida ha de entenderse de conformidad con las reglas de solución de antinomias señaladas por el Código Civil la disposición posterior deroga a la anterior, es decir, el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 derogó el artículo 12 de la Ley 1151 de 2007. Si bien, el artículo 12 de la Ley 1122 de 2004 simplemente generó una mera expectativa a las EPS de régimen subsidiado de que sus acreencias fueran sufragadas con los recursos del FAEP, porque durante su vigencia no se consolidaron situaciones particulares y concretas, ni se implementó ninguna medida dirigida a hacer efectiva esta disposición, por lo que la disposición acusada tampoco vulnera los derechos adquiridos de las EPS de régimen subsidiado a las cuales las entidades territoriales les adeudaban cuentas anteriores al 31 de diciembre de 2004. Referencia: expediente D-7104
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD7104CONSTITUCIONALIDADJosé Manuel Chiquita QuintanaDemanda de inconstitucionalidad contra el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.Identificadores20020034923true53588Versión original20034923Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
La igualdad carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional, lo que acarrea una plurinormatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales", la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad -al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes.
La finalidad del trato diferenciado es precisamente favorecer a las IPS afectadas por el no pago de la cartera vencida de las EPS de régimen subsidiado, en otras palabras, sanear la cartera hospitalaria, propósito a todas luces legítimo desde la perspectiva constitucional, porque pretende garantizar el derecho de acceso a la salud de la población más pobre -aquella precisamente afiliada a régimen subsidiado-, el cual se encuentra seriamente amenazado por la cartera actualmente adeudada a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Desde esta perspectiva el trato diferenciado cuestionado por el actor resulta proporcional y razonable porque apunta una finalidad constitucionalmente legítima y por lo tanto el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 no vulnera el principio de igualdad.
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010".
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano José Manuel Chiquiza Quintana solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 "por la cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2006-2010".
Mediante auto fechado el día catorce (14) de diciembre de 2007, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada. Igualmente solicitó, en la misma providencia, que por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se comunicara la iniciación del proceso Presidente del Congreso, al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Minas y energía, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Nacional de Salud y a ECOPETROL, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado con el objetivo de indicar los motivos que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas demandada. En la misma providencia invitó a participar en el trámite de la acción pública a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI-, a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- y a las facultades de derecho de las universidades de los Andes, Externado, Javeriana, Libre, Nacional, Rosario y de Cartagena.
"por la cual se expide al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010"
En primer lugar el demandante afirma que el precepto acusado prevé que las entidades territoriales -municipios y departamentos- sólo pueden disponer de los recursos ahorrados en el Fondo Nacional de Ahorro y Estabilización Petrolera -en adelante FAEP- para pagar las obligaciones contraídas con las Administradoras de Régimen Subsidiado (hoy EPS de régimen subsidiado), asociadas a las deudas contraídas por éstas últimas entidades con las IPS antes del 31 de diciembre de 2004. En esa medida -siempre según el demandante- los recursos en cuestión no podrán ser empleados para satisfacer las deudas de las entidades territoriales con aquellas EPS de régimen subsidiado que cumplieron oportunamente sus obligaciones con las IPS. El precepto acusado, privilegiaría entonces a las entidades morosas, en detrimento de aquellas cumplidas, trato diferenciado que a juicio del actor carece de justificación y por lo tanto deviene en discriminatorio.
Agrega que el trato diferenciado es injustificado porque los entes territoriales deben seguir un mismo procedimiento para contratar con las ARS -hoy EPS de régimen subsidiado- y dichos contratos tienen una misma finalidad: el aseguramiento de la prestación del servicio público de salud a la población del régimen subsidiado, e igualmente que las deudas contraídas por las entidades territoriales con estas entidades todas tiene la misma naturaleza y deben ser pagadas todas "en las mismas condiciones y términos". Concluye, entonces, que ante las similitudes anotadas, carece de justificación la previsión legislativa de la destinación de los recursos del Fondo de Ahorro y estabilización Petrolera sólo al pago de ciertas deudas.
Concluye así que "[e]n el caso concreto debe precisarse que la regla para el pago de las deudas del régimen subsidiado contenido en el artículo 12 de la Ley 1122 de 2007, ampara situaciones concretas frente a las obligaciones contractuales de los entes territoriales con las Administradoras de Régimen Subsidiado y por lo tanto con el numeral (sic) b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 acusado, no se puede menoscabar los derechos y prerrogativas concedidos previamente por la Ley para el pago de compromisos de los entes territoriales, al modificar de manera intempestiva e inconsulta las reglas de juego fijadas por el estado para este tipo de contratación".
En el escrito presentado se hace una extensa exposición de la normatividad relacionada con la financiación del régimen subsidiado, del cual concluye que "en procesos en donde participan más de dos niveles en el flujo y destino de recursos, tan variados como los que financian el régimen subsidiado se producen obstáculos e interferencias que impiden que los mismos se cristalicen en la prestación efectiva de los servicios de salud, a cargo de las IPS, quienes reciben las peores consecuencias de tales intermitencias y fallas en el correcto flujo".
Afirma la interviniente que las interferencias en el flujo de los recursos del régimen subsidiado generaron deudas recíprocas entre las entidades territoriales, las ARS -hoy EPS de régimen subsidiado- y las IPS, las cuales tienen diferentes causas. Para solucionar esta situación fueron expedidos diferentes normas (entre las que se cuentan los Decretos 723 de 1997 1804 de 1999, 046 de 2000, 1281 de 2002, 050 y 3260 de 2003 y 028 de 2008).
Este conjunto de disposiciones -según la interviniente- establecen mecanismos para prevenir la interrupción del flujo de los recursos, así como para combatir la inadecuada destinación de los caudales destinados a la financiación del régimen subsidiado, además de proveer a los distintos actores - EPS de régimen subsidiado e IPS- de herramientas para exigir el pago de sus acreencias. No obstante -continúa la representante del ente estatal- también fue necesario implementar medidas para el saneamiento de la cartera pública entre los distintos actores del sistema, la cual se aproximaba en el año 2005 a un billón de pesos.
Este precepto fue modificado por el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007, en el sentido señalado por el demandante, empero -acota la interviniente- tal modificación dista de ser caprichosa pues obedece a una finalidad clara: "persigue un efecto positivo en el nivel que se ha visto más perjudicado por la ruptura de esos flujos, a saber, las IPS. Esto es un drama evidente que además de estar diagnosticado en el documento CONPES 3447 se encuentran múltiples referencias de ello".
Acto seguido la representante del ente estatal hace referencia a los orígenes de los recursos del FAEP y destaca que las destinación de esos recursos al pago de las deudas pendientes de las EPS de régimen subsidiado con las IPS públicas es una medida excepcional, pues no se trata de recursos ordinariamente destinados para la financiación del régimen subsidiado, la cual va dirigida a sanear la cartera hospitalaria tal como está expresado en sus antecedentes legislativos, "de esta manera se focaliza su alcance y propósito sin trascender a otros aspectos sobre los cuales no es requerida la medida excepcional. El límite de las mismas es, pues, su racionalidad. De lo contrario no se logra el efecto deseado ni la estabilidad del sistema pues, además, pueden afectarse otros planes y programas que se financiarán con tales recursos".
El representante de la Superintendencia Nacional de Salud presentó un escrito en defensa de la constitucionalidad del enunciado normativo acusado. En su intervención hace un recuento de las características generales del sistema de seguridad social en salud, luego pasa a estudiar los cargos formulados por el demandante y encuentra que la demanda presentada es inepta pues las razones expuestas en apoyo de la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado no reúnen los requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional. Afirma que el demandante no precisa "las circunstancias de tiempo, modo y lugar" por las cuales el literal acusado vulnera el derecho a la igualdad o los derechos adquiridos. Solicita entonces que se profiera un fallo inhibitorio.
Sostiene que de acuerdo a la normatividad vigente las EPS del régimen subsidiado deben constituir y mantener provisiones correspondientes al 100% de la deuda con las IPS públicas para cubrir eventuales pérdidas de la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado, la obligación de constituir tales provisiones además de otras obligaciones de carácter financiero que pesan sobre las entidades promotoras -según el interviniente-, ha afectado el nivel de respaldo patrimonial y la posibilidad de capitalizar excedentes en proyectos de inversión social, ante el incumplimiento de las entidades territoriales de sus obligaciones financieras. Alega que esta situación es más gravosa para aquellas EPS del régimen subsidiado que han sido cumplidas en el pago de las deudas pendientes con las IPS públicas, las cuales precisamente resultan discriminadas por el enunciado normativo demandado.
Como corolario de lo anterior señala: "baste señalar a modo de conclusión, que el desequilibrio financiero generado por el no pago de la deuda del Régimen Subsidiado oportunamente, y lo que es peor, con la norma impugnada donde sólo se reconocerá el pago a unas EPS-S (sólo las que tengan deudas con las IPS, es decir, las que no pagaron oportunamente) conllevará en poco tiempo a la desaparición de las EPS-S más comprometidas con el modelo de aseguramiento y con la responsabilidad en salud de los más pobres del país, en su gran mayoría de carácter solitario, sin ánimo de lucro y públicas, y sólo dejará a las de menos rendimiento o las que tengan un gran músculo financiero privado que las financie (netamente ánimo de lucro)".
Mediante escrito presentado de manera extemporánea, el ciudadano Juan Manuel Díaz Granados Ortiz, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de empresas de Medicina Integral -ACEMI-, solicita que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la vigencia del artículo 12 de la Ley 1122 de 2007 pues considera que esta disposición aun se encuentra en vigor y por lo tanto los recursos no comprometidos del FAEP pueden ser destinados al pago de las deudas pendientes de las entidades territoriales con todas las EPS de régimen subsidiado. De encontrar la Corte Constitucional que dicho enunciado normativo fue derogado por el literal b) del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "tales obligaciones estén asociadas a deudas con las IPS a la misma fecha de corte y" por establecer un trato discriminatorio entre las EPS de régimen subsidiado.
En esa medida, según el Ministerio Público, no acierta el demandante al proponer los extremos de juicio de igualdad por lo cual su cargo carecería de sustento. Concluye entonces que "la medida tendiente a recuperar la cartera vencida de las IPS y la cartera hospitalaria en particular, en armonía con los fines esenciales y metas del plan de desarrollo, consulta un interés superior y de ella no se desprende que se pretenda favorecer a las EPS que no hubiesen cumplido con sus obligaciones con las IPS concediéndoles amnistías sino proteger a las IPS del Régimen Subsidiado para hacerlas viables dentro del contexto financiero en que se encuentran, garantizando a su vez, la prestación de los servicios de salud a la población más pobre".
Afirma igualmente que en virtud del artículo 12 de la Ley 1122 de 2007 "las EPS tenían una mera expectativa de sanear su cartera, las entidades territoriales eventualmente podían utilizar recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y del Fondo Nacional de Regalías, para cancelar las deudas pendientes con estas entidades del Régimen Subsidiado, pero en virtud de la norma no existen situaciones jurídicas a favor de las EPS que quedaran definidas y consolidadas, es decir que realmente los recursos ahorrados por las entidades territoriales no entraron al patrimonio de aquellas y por eso, no hay quebrantamiento del artículo 58 de la Constitución Política".
El actor cuestiona la constitucionalidad del literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 por ser contrario al principio de igualdad (Art. 13 de la C. P.) y a la garantía de los derechos adquiridos (Art. 58 de la C. P.). Sostiene que el precepto acusado establece un trato diferenciado no justificado al señalar que las entidades territoriales -municipios y departamentos- sólo pueden disponer de los recursos ahorrados en el FAEP para pagar las obligaciones contraídas con las EPS de régimen subsidiado asociadas a las deudas contraídas por éstas últimas entidades con las IPS antes del 31 de diciembre de 2004 y excluir la posibilidad que los recursos en cuestión sean destinados a pagar obligaciones vigentes entre las entidades territoriales y las EPS de régimen subsidiado que no estén asociadas a obligaciones pendientes con las IPS anteriores a la fecha en cuestión.
Alega que el trato diferenciado carece de justificación porque los entes territoriales deben seguir un mismo procedimiento para contratar con las EPS de régimen subsidiado y que dichos contratos tienen una misma finalidad: el aseguramiento de la prestación del servicio público de salud a la población del régimen subsidiado, e igualmente que las deudas contraídas por las entidades territoriales con estas entidades todas tienen la misma naturaleza y deben ser pagadas todas "en las mismas condiciones y términos".
La mayoría de los intervinientes refutan los cargos formulados por el demandante pues consideran que el enunciado normativo acusado establece un trato diferenciado que se justifica tanto por el carácter excepcional de los recursos del FAEP -cuya destinación ordinaria no es el pago de las deudas entre las entidades territoriales y las EPS de régimen subsidiado- como por el beneficiario real de la medida, las IPS con una cartera pendiente anterior al 31 de diciembre de 2004. En estos términos consideran que la disposición acusada busca reestablecer el flujo de recursos entre entidades territoriales, EPS de régimen subsidiado e IPS con el propósito de sanear la difícil situación financiera de éstas últimas.
Uno de los presupuestos de los cargos por vulneración del principio de igualdad es que los sujetos afectados por el trato diferenciado sean comparables. Ahora bien, si ello no ocurre, es decir si la acusación por la supuesta trasgresión del principio de igualdad de trato en la ley se predica respecto de sujetos que no tiene características comunes y que por lo tanto el Legislador no estaba obligado a tratar de manera semejante, se podría sostener -como en este caso concreto hace el Ministerio Público- que este cargo en concreto adolece de defectos que impiden un pronunciamiento de fondo porque no es posible realizar un juicio de igualdad respecto de sujetos totalmente disímiles.
Así, por ejemplo, en la sentencia C-147 de 1997 sostuvo que para la consolidación de un derecho es necesario que antes de la ocurrencia del tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo. En esa medida "configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona." De manera que "la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales."
En la misma decisión se diferencian estas situaciones de las meras expectativas que reciben una protección más precaria, pues"la ley nueva sí puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva". Empero, dichas expectativas "pueden ser objeto de alguna consideración protectora por el legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación generen situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la población o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de interés público o social."
"Dicho principio está íntimamente ligado a los derechos adquiridos, que son aquellassituaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado. De ahí que sea válido afirmar que una ley posterior no puede afectar lo que de manera legítima se ha obtenido bajo la vigencia de una ley anterior. "Los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas, que son aquellasesperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones." (resaltado y subrayado fuera de texto)[7]
No obstante, esta Corporación no comparte tal apreciación porque la disposición acusada si es susceptible de ser leída como lo hace el demandante, es decir, como un precepto que trata de manera diferenciada a las EPS de régimen subsidiado que tienen dos elementos en común: ser acreedoras de las entidades territoriales -departamentos y municipios-, y que dichas acreencias sean anteriores al 31 de diciembre de 2004. Dentro de este universo de sujetos el literal b del artículo 45 de la Ley 1151 de 2007 diferencia entre aquellas EPS de régimen subsidiado que tienen a su vez cuentas pendientes con las IPS anteriores a 31 de diciembre de 2004 de las EPS de régimen subsidiado que no las tienen, y prevé que sólo las primeras tienen derecho a un particular beneficio: la posibilidad que la cartera pendiente sea saneada con los recursos del FAEP.
Exequible respecto del cargo analizado (Literal b ) Artículo 45 LEY_1151_2007_24/07/2007
[1]La jurisprudencia constitucional se ha ocupado de diferenciar tanto en razón de su estructura normativa como en el sentido de su fuerza vinculante los valores, los principios y los derechos fundamentales. En la sentencia T-406 de 1992 se propone por primera vez la distinción entre valores y principios constitucionales, basada fundamentalmente en el grado de eficacia y aplicabilidad, al respecto se dijo: "Los valores son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; los principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. Los principios, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales. De manera similar, la diferencia entre principios y reglas constitucionales no es de naturaleza normativa sino de grado, de eficacia. Las normas, como los conceptos, en la medida en que ganan generalidad aumentan su espacio de influencia pero pierden concreción y capacidad para iluminar el caso concreto" (negrillas originales). Posteriormente en la sentencia T-881 de 2002 con ocasión del examen del papel que cumple la dignidad humana en el ordenamiento jurídico, se hace una diferenciación entre el papel de los principios y de los derechos fundamentales a partir de la función que cumplen y no en razón de su estructura, pues si bien se reconoce que tanto los derechos fundamentales como los principios son mandaros de optimización directamente aplicables, los primeros permitirían la apertura de nuevos ámbitos de protección y abrirían la posibilidad de "concretar con mayor claridad los derechos fundamentales".
[3]Cfr. Markus González Beilfuss. Tribunal Constitucional y reparación de la discriminación normativa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 21 y s.s.
[5]Cfr. Markus González Beilfuss, op. cit., pág. 31 y s.s.
[6] Continúa la Sentencia C-147/97: "Cuando el artículo 58 de la Constitución, alude a la garantía de la propiedad privada y a los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y dispone que tales derechos 'no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores', indudablemente está otorgando una protección a las situaciones jurídicas que definitivamente han quedado consolidadas bajo la vigencia de una ley y no a las meras expectativas de derechos. (..) Sin embargo, es necesario precisar que la regla precedente no es absoluta, porque ella misma prevé la posibilidad de que se puedan afectar, los referidos derechos "cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida", evento en el cual "el interés privado deberá ceder al interés público o social". Ello explica, que no obstante el respeto que merecen los referidos derechos sea posible decretar su expropiación, utilizando las modalidades previstas en la Constitución, o que se puedan imponer limitaciones, obligaciones o cargas especiales, con el fin de asegurar la función social de la propiedad y de la función ecológica que le es inherente…"
[9]Ver por ejemplo la sentencia C-789 de 2002.