Source: http://www.ultima-ratio.org/2013/
Timestamp: 2020-02-18 15:44:25
Document Index: 78298539

Matched Legal Cases: ['artículo 317', 'Artículo 317', 'artículo 36', 'artículo 105', 'artículo 317', 'artículo 317']

2013 ~ Asociación Ultima Ratio
Diálogos sobre diversos aspectos del Derecho penal con destacados profesores nacionales y extranjeros.
Legislación vigente en materia penal, procesal penal y penitenciaria.
En esta sección se encuentran los comentarios de recientes publicaciones, nacionales y extranjeras.
Información sobre las últimas publicaciones en materia penal de editoriales nacionales y extranjeras
Asociación Ultima Ratio. Memoria 2013
14:50 Memoria No comments
Dada la pronta finalización del presente año, la Asociación Ultima Ratio quiere compartir brevemente, con el público peruano y latinoamericano en general, algunas impresiones con respecto a las actividades desempeñadas durante el 2013. En primer lugar, la Asociación Ultima Ratio quiere agradecer profundamente al público peruano y latinoamericano las visitas a nuestro portal y a nuestra página en las redes sociales. Es para nosotros muy alentador saber que recibimos una continua atención por parte de muchos estudiantes e investigadores de diversas partes de latinoamérica (además de Europa y Norteamérica) quienes no solo ingresan a ver nuestros contenidos, sino que también los comparten en la página de Facebook. Por todo ello, muchas gracias. En segundo lugar, quisieramos comentar que el pasado octubre la Asociación Ultima Ratio cumplió un año de existencia. Como en todo proyecto que recién comienza -y que pretende ser serio-, hemos tenido un inicio ciertamente complicado, lo que no pocas veces provocó en nosotros desconcierto y desazón. Sin embargo, aunque hemos intentando hacer las cosas bien, nos queda clarísimo que nuestros aportes pueden ser mejores. Y ese será nuestro objetivo el 2014: mejorar; pues, ciertamente, ganas de seguir adelante es lo que nos sobra. En tercer lugar, quisieramos reconocer que, definitivamente, la labor que más satisfacciones nos ha dado es, como es notorio, la realización de entrevistas a diversos profesores de Derecho penal. Así, importantes nombres como los de los Profesores Doctores Miguel Díaz y García Conlledo (Universidad de León), Ana Isabel Pérez Cepeda (Universidad de Salamanca), Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca), Nieves Sanz Mulas (Universidad de Salamanca), Ana Messuti (Universidad de Salamanca), Juan Antonio García Amado (Universidad de León) y Angel Sanz Morán (Universidad de Valladolid), han colaborado gentilmente en nuestras entrevistas, compartiendo con nosotros sus magníficas y autorizadas opiniones y apreciaciones sobre diversos aspectos relacionados al Derecho penal. Nuestro compromiso, como asociación involucrada con la investigación en Derecho penal, es continuar por este camino, y compartir con el público peruano y latinoamericano nuevos episodios de conversaciones con destacados especialistas en nuestra materia. Finalmente, quisieramos compartir con el público peruano y latinoamericano en general que para el próximo año la Asociación Ultima Ratio estará vinculada a nuevos proyectos, también relacionados a la investigación y al estudio del Derecho penal. En ese sentido, estos nuevos proyectos -sobre los que ya tendrán conocimiento progresivamente, pues se irán desarrollando en portales vinculados al de la Asociación Ultima Ratio- no solo constituyen un intento en fomentar el interés por el Derecho penal, sino que tienen que ver definitivamente con el incansable propósito de contribuir con un pequeño grano de arena en la formación de los jóvenes investigadores en Derecho penal. Si algo de lo desarrollado en nuestro proyecto, por mínimo que sea, ha sido de utilidad para algún estudiante o investigador interesado en el Derecho penal, habremos cumplido nuestro objetivo.
Muchas gracias por su atención. Felices fiestas y feliz 2014!
6:23 Antijuridicidad , causas de justificación , culpabilidad , cumplimiento de un deber , Derecho penal , ejercicio legítimo de un derecho , estado de necesidad , Injusto penal , legítima defensa , tipicidad No comments
En esta entrevista el Prof. Dr. Angel Sanz Morán nos brinda algunas importantísimas e interesantes ideas referidas a la teoría general de la justificación penal. El Prof. Sanz Morán considera aún posible y necesaria la tradicional distinción entre antijuridicidad y culpabilidad; distinción que, desde su punto de vista, es de difícil mantenimiento desde una perspectiva normológica imperativista radical. Según el Prof. Sanz Morán, el finalismo impuso un modelo edificado sobre una teoría de la acción; por ello, resulta curioso, desde su punto de vista, que el modelo finalista (y la estructura que se desprende de ella y que, de alguna manera, se mantiene vigente) se analice ahora desde la óptica del imperativismo (modelo que, al aparecer el finalismo, se encontraba rezagado). Asimismo, la estructura de la teoría del delito -o modelo escalonado de niveles de imputación- resulta para el Prof. Sanz Morán sumamente explicativo, característica que se pierde con las propuestas unitarias. Con respecto a la relación entre el tipo y la antijuridicidad, el Prof. Sanz Morán afirma que la teoría del tipo se encuentra en crisis prácticamente desde su inicio con Beling. Según el Prof. Sanz Morán, el contenido garantista del tipo en su vinculación con el principio de legalidad continúa vigente. Asimismo, lo que ha generado tantas discusiones en el ámbito del tipo es la teoría de la imputación objetiva (objeto de crítica por la doctrina finalista). En opinión del Prof. Sanz Morán, la teoría de la imputación objetiva consecuentemente seguida llevaría a una reaparición de modelos neoclásicos, más que al reforzamiento de los criterios finalistas (en la medida que se reduce lo subjetivo en el ámbito del tipo). El Prof. Sanz Morán se pronuncia a favor de la concepción dualista del injusto, esto es, de un concepto de injusto que contenga al desvalor de acción y al desvalor del resultado. Desde su perspectiva, el Prof. Sanz Morán señala que en la actualidad lo que se debate no es si el injusto se edifica solo sobre el desvalor de acción o solo sobre el desvalor del resultado, sino que, aceptando a ambos elementos como confundamentadores del injusto, el debate se concentra en saber cuál es el contenido del desvalor de la acción (¿qué es lo que trata de prohibir la norma? ¿acciones subjetivamente dirigidas al resultado? o ¿acciones peligrosas ex ante para el bien jurídico?) En cuanto a las causas de justificación, el Prof. Sanz Morán se decanta por una valoración ex post de las mismas, en ese sentido, si una acción para estar justificada necesitaría significar la salvaguardia de un bien jurídico, esto solo se puede determinar de manera ex post (con ello se resolvería, desde su punto de vista, el problema de la distinción entre la justificación real y la justificación putativa). Finalmente, con respecto a la comprensión de los elementos subjetivos de las causas de justificación, el Prof. Sanz Morán alega que el elemento subjetivo general de las causas de justificación debe entenderse como conocimiento de la situación objetiva justificante (sin negar que algunos eventuales elementos subjetivos específicos de cada causa de justificación se evalúen en cada caso concreto). Lo decisivo es, entonces, el elemento cognitivo, y si este no concurre en el individuo, el hecho tendría que interpretarse como una tentativa inidónea (de aquí emerge otro problema: el de si resulta o no punible -en la legislación española- la tentativa inidónea).
La Asociación Ultima Ratio agradece profundamente la gentileza del Prof. Dr. Sanz Morán durante nuestra visita a Valladolid, así como su valiosa contribución en nuestra tarea dirigida a la difusión y a la investigación sobre diversos temas de Derecho penal en Latinoamérica.
La entrevista también puede ser visualizada aquí. Si desea ver otras entrevistas, puede ingresar aqui.
Entrevista a Prof. Dr. Juan Antonio García Amado
4:46 Antijuridicidad , Derecho penal , Filosofía del Derecho , Funcionalismo sistémico , Juan Antonio García Amado , Teoría del delito , Teoría del derecho No comments
En esta entrevista el Prof. Dr. Juan Antonio García Amado comparte con el público peruano y latinoamericano algunas reflexiones vinculadas a la relación existente entre la Filosofía del Derecho y el Derecho penal (y específicamente, la dogmática jurídico-penal). Desde una perspectiva del iuspositivismo, que defiende, el Prof. Dr. García Amado no solo incide en la necesidad de precisar los alcances de una correcta definición de la expresión "positivismo jurídico" (para así evitar sus "caricaturas", tan presentes en la doctrina desde la segunda posguerra), sino que también argumenta que una perspectiva iuspositivista repercutiría en una aplicación del Derecho penal conforme a los principios existentes en el ordenamiento jurídico, concretamente, el principio de legalidad (con todos sus aspectos y manifestaciones). Si esto es así, se podrá aceptar que el texto de la ley y sus interpretaciones posibles sirven de barrera de contención para las decisiones judiciales de índole penal y para las presuntas aspiraciones de justicia material que eventualmente representarían una aplicación desbocada e injustificada del poder punitivo del Estado. Por otro lado, el Prof. Dr. García Amado esboza algunas ideas con respecto a la recepción de la teoría de las normas de Binding y Kelsen en el Derecho penal, destacando la imposición de la concepción del primero de estos autores (e intentando emitir argunos argumentos con los cuales explicar la intrascendencia de la teoría de las normas del segundo de los mencionados autores). Asimismo, el Prof. Dr. García Amado critica el pensamiento de Jakobs, específicamente por su incorrecta aplicación de los lineamientos de Luhmann y Hegel, quienes desde su punto de vista, son "como el agua y el aceite" y, por ende, una pretendida aplicación conjunta de aquellos para fundamentar o construir una determinada línea de pensamiento -como el jakobsiano- desembocaría tarde o temprano en necesarias incongruencias. Finalmente, el Prof. Dr. García Amado emite algunas ideas sobre el Derecho penal del enemigo, construcción político-criminal que, desde su punto de vista, refleja el último Jakobs, influenciado enormemente por Hegel (en tanto Jakobs recurre necesariamente al Estado ético hegeliano) y con una perspectiva considerablemente comunitarista y autoritaria.
La Asociación Ultima Ratio agradece profundamente al Prof. Dr. Juan Antonio García Amado por su valiosa colaboración en nuestra tarea de la difusión de la doctrina jurídico-penal en Perú y Latinoamérica.
La entrevista también puede ser visualizada aquí. Si desea ver otras entrevistas, puede ingresar aquí.
Due Process of Law Fundation lanza Estudio regional sobre la relación entre independencia judicial y prisión preventiva
6:55 Due Process of Law Fundation , Fundación para el debido proceso , Independencia judicial , Prisión preventiva , Reforma procesal penal No comments
El estudio "Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú" analiza los obstáculos que enfrentan jueces y fiscales para actuar con independencia al adoptar decisiones sobre prisión preventiva en estos cuatro países suramericanos.
La publicación comprende cuatro informes nacionales, elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú; y un análisis comparativo, elaborado por Luis Pásara, senior fellow de DPLF, que identifica las tendencias comunes y formula propuestas para responder institucionalmente al problema.
En los países estudiados, con sus particularidades, existe una gran demanda social por el endurecimiento de la política criminal. En esta atmósfera, no se distingue entre procesado y condenado y se ha naturalizado la cárcel como la consecuencia obligada del inicio de un proceso penal, lo que afecta la presunción de inocencia. La criminalidad, presentada de manera amplificada por los medios de comunicación, junto a la idea -promovida incluso por actores estatales- de que el poder judicial es responsable de "dejar libres a los delincuentes", genera un clima de intimidación que dificulta a los operadores de justicia decidir con imparcialidad, por temor a las críticas de los medios, de los actores políticos e incluso de las propias instituciones del sistema de justicia.
La investigación concluye que el uso amplio de la prisión preventiva se ha transformado en una política pública no escrita, fomentada por un entorno que desaconseja a jueces y fiscales utilizarla como lo que es: una medida excepcional (según los instrumentos internacionales en la materia). A la vez, y en casos específicos, operan presiones que conducen a su aplicación arbitraria, sobretodo en procesos judiciales con atención mediática o en los que intervienen personas con poder político o económico. El uso desmedido de la prisión preventiva tiene raíces en una cultura judicial punitivista y es alentado por la falta de políticas judiciales favorables al ejercicio independiente de la judicatura.
Este estudio ha sido presentado en distintos foros en Argentina, Perú y Ecuador, con el fin de compartir los resultados e impulsar cambios que fortalezcan el sistema judicial y contribuyan al uso racional y adecuado de la prisión preventiva.
Acceso al Estudio: aquí
5:01 Asociación ilícita , Bienes jurídicos colectivos , Código Penal , Delitos de peligro abstracto , Derecho penal 5 comments
La criminalidad organizada, como fenómeno derivado de la globalización política y económica, se caracteriza por la magnitud de sus consecuencias lesivas: no sólo crea inseguridad ciudadana –como la tradicional delincuencia individual–, sino inseguridad al propio Estado, por su clara incidencia en el orden social, político y económico. Por ello, la reacción frente a la criminalidad organizada no solo se dirige a la tutela de bienes jurídicos individuales, sino fundamentalmente a garantizar las condiciones o bases del propio funcionamiento del modelo social[1].
Es evidente entonces la necesidad contemporánea de los Estados de abastecerse de los mecanismos legales necesarios para enfrentar el referido fenómeno. En este sentido, SILVA SÁNCHEZ reconoce tres vías diversas con las cuales se ha tratado legislativamente el asunto: 1) mediante la tipificación de los delitos más característicos de la criminalidad organizada (lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas); 2) mediante la introducción del elemento agravante de la «organización» en los delitos más o menos tradicionales para así expresar la especial peligrosidad de esta forma de actuación antijurídica; y, 3) mediante la tipificación de los delitos de «asociación para delinquir» o «asociación ilícita»[2]. Pues bien, en lo que sigue me referiré a esta tercera vía, la cual, a decir de CHOCLAN MONTALVO, es –junto a la confiscación del patrimonio criminal y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas– una de las manifestaciones del combate a la criminalidad organizada en el plano del Derecho penal sustantivo. Con todo, a los efectos de esta sucinta contribución, abordaré concretamente el tema referido al bien jurídico protegido por el delito de asociación ilícita tal y como está contemplado en el Código Penal (en adelante, «CP») peruano, y a partir de ello, me referiré a las posibilidades de comprender a este tipo penal como un delito de peligro abstracto.
2. Tipificación en el Código Penal peruano.
El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 317 del CP peruano. La redacción del tipo penal es la siguiente:
«Artículo 317. - Asociación ilícita
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.
c) Cuando el agente es quien financia la organización»[3].
3. Bien jurídico protegido según la doctrina.
En el ámbito doctrinal, la determinación del bien jurídico en el delito de asociación ilícita dista de ser una cuestión pacífica. Así, dentro de todas las perspectivas que pueden verificarse, aquí me referiré solo a tres de ellas: 1) la referida a que el bien jurídico protegido es el orden público; 2) la que señala que el bien jurídico es la tranquilidad pública; y, finalmente, 3) la que afirma que los bienes jurídicos protegidos son aquellos que se vulnerarían por los delitos que los miembros de la asociación pretenden cometer, es decir, los delitos-fin.
Pues bien, se ha señalado que el orden público es el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita, definiéndolo como «el orden externo y material de la convivencia ciudadana»[4]. Evidentemente, se trata de un concepto sumamente vago y que, por lo demás puede desconocer las exigencias mínimas de un tipo penal en un Estado democrático de Derecho, ya que para menoscabarlo bastaría «la simple producción del desorden»[5]. Debido a esto, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, en la emblemática sentencia de 29 de septiembre de 1993[6], consideró necesario el determinar una «finalidad específica», la que radicaba en atentar contra la paz pública[7]. Con todo, se ha intentado establecer un concepto de orden público que, siendo idóneo para satisfacer las funciones asignadas a un bien jurídico de esta naturaleza en un Estado democrático de Derecho, resulte a la vez compatible con el sistema de valores constitucionales. Así, el orden público se concebiría como «el interés general en alcanzar el estado de normalidad necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos»[8]. Con todo, a pesar de este esfuerzo interpretativo, no considero que se haya logrado concretar materialmente el contenido del referido bien jurídico. Y esto es así pues, desde mi punto de vista, el referido concepto confunde el fundamento con la consecuencia: el orden público no es más que el efecto de la protección –por parte del ordenamiento jurídico– de los bienes jurídicos verificables en las diversas parcelas de la vida social. Asimismo, el concepto citado, al aludir a una expectativa («interés general de alcanzar un estado de normalidad para el cumplimiento de los derechos fundamentales»), parece contradecir la inherente concepción del orden público como una circunstancia dada sobre las cuales se determinan los presupuestos para el ejercicio de los derechos, pero cuyo incumplimiento de los mismos –en un Estado democrático de derecho– no debería suponer la afectación del orden público, sino una incorrecta aplicación de los derechos en un ámbito concreto (administrativo, judicial), ante los cuales existen mecanismos institucionalizados de corrección de la situación lesiva (recursos administrativos o judiciales, por ejemplo). Complementando estos argumentos, es posible aludir aquí la ya clásica objeción al orden público como bien jurídico: aquél se trata de un concepto sumamente vago e impreciso, que sin problema alguno puede ser afectado por la comisión de cualquier delito[9]. Así, «los elementos que integran la noción del orden público como interés violado por estos delitos, pueden, a primera vista, aparecer comunes al objeto jurídico de todos los delitos»[10]. Por estas razones, comparto la idea de que la genérica y difusa referencia al orden público no logra consolidar un concepto material de bien jurídico penal.
Sin embargo, el sector doctrinal que considera como justificada la protección del orden público a través del delito de asociación ilícita señala que si bien es cierto que todo delito deriva o puede derivar en una afectación del orden público, aquella se trata de un daño mediato, en comparación de aquellos daños que directamente afectan al orden público. Así, se señala que en tales delitos «es difícil encontrar una objetividad jurídica inmediata y distinta del peligro social que causan; (mientras que) la lesión del orden público, (…) no es consecuencia de otras violaciones particulares del ordenamiento jurídico, sino que se presenta como un efecto por sí mismo, que cobija directa y exclusivamente la paz pública»[11]. De esta manera, como concluye BERNAL PINZÓN, el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita «no puede ser otro que el orden público, entendido como ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad, de sosiego, al cual se refieren los autores que hablan de la llamada paz pública o tranquilidad pública, que en sus efectos coincide con el orden público»[12].
Esta idea, a pesar de estar orientada a fundamentar la afirmación de que el bien jurídico protegido es el orden público, desde mi punto de vista, no logra su cometido pues no alude a un concepto autosuficiente de orden público sino que alude a otros conceptos como la tranquilidad pública o la paz pública para otorgarle materialidad. Este «escape necesario» a otros conceptos a efectos de bridarle suficiencia al orden público no es nuevo. En Argentina, por ejemplo, aunque el tipo penal de asociación ilícita está contenido en el Título VIII del CP –caracterizado como «Delitos contra el orden público»–, ha imperado la necesidad doctrinal de concretar el bien jurídico en la tranquilidad pública, a partir de la constatación de que el referido delito «produce una verdadera alarma colectiva»[13]. De esta manera, pese a la ubicación sistemática del precepto –y ante la amplitud conceptual con la que se ha caracterizado al orden público– la doctrina argentina no ha dudado en concretar el bien jurídico del delito de asociación ilícita en la tranquilidad pública[14].
Pues bien, desde una perspectiva teleológica, la referencia a la tranquilidad pública como objeto de protección en el delito de asociación para delinquir resultaría más adecuada, incluso si el tipo penal ha sido ubicado por el legislador bajo el Título de los «Delitos contra el orden público». En ese sentido, CARRARA, comentando el CP italiano, se decantó por identificar a la tranquilidad pública como bien jurídico, definiéndola, «en su vertiente interna, como un estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por dolor, por temor o ira. Desde el punto de vista externo expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de movimientos extraordinarios, impetuosos y convulsivos. Cuando esos estados se contemplan en un número indefinido de ciudadanos y posiblemente en todos, se usa la fórmula “tranquilidad pública” (…), se dice que ofenden esta tranquilidad aquellos hechos que suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos alguna concitación de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se sigue la agitación de esos ciudadanos»[15]. En términos similares, CREUS –comentando el CP argentino– señaló que «la tranquilidad pública es una situación subjetiva: sensación de sosiego de las personas integrantes de la sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, puesto que sus individuos ajustarán sus conductas a las reglas fundamentales de la convivencia»[16]. Por su parte, SOLER –también en Argentina– recondujo el objeto de tutela a la tranquilidad y confianza social, entendiendo que para la ley penal «orden público quiere simplemente decir: tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad que, a su vez, en realidad constituye un factor más de refuerzo de aquella»[17]. En ese sentido, «la expresión tranquilidad pública tiene la virtud de eludir la ambigüedad que por sus distintas acepciones y dispar contenido tiene la fórmula orden público, a la par que señala la verdadera naturaleza del bien jurídico lesionado por este delito (asociación para delinquir)»[18].
Como puede observarse, los conceptos de tranquilidad pública y de orden público son presentados en la doctrina con un contenido equivalente, el cual, sin embargo, quedaría mejor expresado por la idea de «tranquilidad», que refleja de manera más adecuada el aspecto de alarma colectiva que se considera como el fundamento de la punibilidad de la asociación ilícita[19]. Esta noción de alarma se manifiesta cuando se dice que los delitos contra el orden público son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, sino que su fundamento radica en la vulneración del derecho a la tranquilidad, que se expresa a su vez en la alarma colectiva[20]. Con todo, una perspectiva como esta, a mi juicio, subjetiviza el fin de protección de la norma. En ese sentido, si bien la idea de «alarma social» para explicar el fundamento de la punición de la asociación ilícita puede resultar gráfica en algunos casos, es preciso reconocer su inexactitud. Esto es así pues la represión de las asociaciones ilícitas por parte del Derecho penal debe ser independiente de las sensaciones sociales: la «conmoción pública» que un hecho produce en la sociedad depende de factores estrictamente aleatorios, y nada dice aún acerca de la tipicidad de una conducta concreta, y mucho menos, de la legitimidad de su sanción.
Finalmente, un sector de la doctrina entiende que los bienes jurídicos protegidos por el delito de asociación ilícita son aquellos que serían vulnerados por los delitos que los miembros de la asociación pretenden cometer. Desde este punto de vista, las asociaciones criminales son combatidas por el derecho penal porque se proyectan de forma peligrosa sobre diversos bienes jurídicos, ante lo cual se decide adelantar la protección de éstos al nivel de actos preparatorios. Este adelantamiento está fundamentado en que las asociaciones constituyen un potencial de peligro especial, y esta peligrosidad particular es la que lleva al legislador a adelantar la protección penal al estadio de la preparación. La función del tipo es prevenir el peligro que deriva de estas asociaciones para los bienes jurídicos, y para ello, aparece como decisivo el atacar antes de que actúen. El fin de protección, por lo tanto, sería desmantelar una fuente de peligro especialmente grave. Estas líneas se condicen con la «teoría del adelantamiento», por la cual se entiende que no se protege un bien jurídico autónomo –como sostiene la doctrina mayoritaria– sino que el bien jurídico tutelado son los respectivos objetos de protección de la parte especial[21].
Como es posible observar, la postura que se decanta por considerar al delito de asociación ilícita como un adelanto de las barreras de la punibilidad se basa en que las nociones de «orden público» o «tranquilidad pública» –que, en las consecuencias, son tratadas como sinónimos– como bien jurídico afectado, no solo son excesivamente vagas, sino que, además, no alcanzan a explicar por si mismas qué es lo que se intenta proteger mediante el tipo penal de asociación ilícita[22]. Así, cuando se señala que la existencia de la asociación ilícita constituye una circunstancia amenazante que en la mayoría de los casos resultará perturbadora de la confianza social respecto de las normas, y afectará, por lo tanto, el orden público, se acentúa el carácter «público» de la afectación, con lo cual no se logra explicar con suficiencia el supuesto de que ante una asociación clandestina cuya existencia no logra ser conocida por la generalidad, no existiría ningún bien jurídico vulnerado y, por lo tanto, no habría necesidad de intervención penal.
A partir de la ubicación sistemática del delito de asociación ilícita en el CP peruano uno podría sostener que mientras no tome estado público, la asociación ilícita es atípica. En este caso, solo quedarían alcanzadas por el tipo penal las asociaciones ilícitas o bandas que realicen alguna manifestación pública de sus actividades delictivas, provocando inseguridad en la población. Asimismo, si se toma en cuenta que las organizaciones delictivas muchas veces actúan en la clandestinidad y mantienen sus planes en secreto, el conocimiento de su existencia no trascendería a la sociedad y ésta no se vería afectada en su seguridad. Por otro lado, si se considera que el delito de asociación ilícita implica una criminalización de actos preparatorios, el efecto principal práctico que se buscaba con el delito –conformar un delito de «preparación»– no se vería cumplido, al quedar fuera del ámbito del tipo los casos de asociaciones ilícitas clandestinas o secretas. Así, la asociación ilícita «tiene el sentido de, fundamentalmente, de autorizar la intervención punitiva estatal antes de que exista tan siquiera una tentativa de algún delito de los que la asociación persigue, con prescindencia de si su existencia ha tomado estado público o si continúa en la clandestinidad»[23].
Ahora bien, aunque el adelantamiento de la punibilidad sea para algunos autores el fundamento mismo del delito de asociación ilícita, el poner énfasis en este aspecto –y en resaltar el peligro que representa la actividad de una asociación delictiva para bienes jurídicos distintos de la tranquilidad pública– no alcanza a explicar la razón de la autonomía de la infracción[24]. Si solo se tratara del adelantamiento de la punición en función de la posibilidad de afectación de otros bienes jurídicos, se debe concluir que en los casos en que ya se haya ejecutado el delito concreto en el marco de la organización, dicho comienzo de ejecución absorbería, por consunción, el acto preparatorio anterior y sería dificultoso justificar el reconocimiento de dos afectaciones normativas: la de preparación, por un lado y la de –al menos– la tentativa, por el otro. Por otro lado, los bienes jurídicos que podrían verse afectados por los concretos hechos delictivos realizados por los integrantes de una organización delictiva ostentan ya una tutela específica, por lo que si se considera como necesaria una referencia al bien jurídico del delito fin para obtener de éste el interés protegido por el delito de asociación ilícita no solo se estaría desconociendo el carácter trascendente que el legislador penal ha impregnado al tipo penal en cuestión[25], sino que, también, se estaría justificando la existencia de un bien jurídico –el supuestamente protegido por el delito de asociación ilícita– sin ningún contenido material.
4. El delito de asociación ilícita como delito de peligro abstracto en el Derecho penal peruano.
Desde un punto de vista sistemático, el delito de asociación ilícita se encuentra en el artículo 317 CP, que a su vez se encuentra en el Título XIV del CP, referido a los «delitos contra la tranquilidad pública» y, específicamente, en el Capítulo I, referido a los «delitos contra la paz pública». En ese sentido, según el CP, el delito de asociación ilícita –junto a los delitos de: disturbios (315 CP), grave perturbación de la tranquilidad pública (315-A CP), marcaje o reglaje (317-A CP), apología (316 CP), ofensas a la memoria de los muertos (318 CP) e intermediación onerosa de órganos y tejidos (318-A CP)– vulnera el bien jurídico «paz pública».
Pues bien, el delito de asociación ilícita se consuma con la mera pertenencia a una agrupación (de 2 o más personas) destinada cometer delitos, sin importar la materialización de los ilícitos penales proyectados, pues lo que se sanciona es el peligro que significa para la tranquilidad pública la existencia de una agrupación criminal, entendida como aparato con cierta organización y división funcional de roles, en cuya estructura sus integrantes tienen una participación decisiva o simplemente ejecutiva[26]. De esta manera, debería concluirse que el bien jurídico penalmente protegido según la legislación peruana sería la tranquilidad y la paz pública. Así, el dolo específico que distingue al delito de asociación ilícita de las infracciones penales que dicha agrupación cometa es el de atentar contra dicha paz pública, resultante del normal funcionamiento –al menos en términos programáticos– de las instituciones y servicios. Al tratarse de un bien jurídico de naturaleza inmaterial y de carácter colectivo, la doctrina peruana se muestra de acuerdo en «aceptar el recurso a la técnica de los delitos de peligro, pues de otro modo el Derecho penal renunciaría a la tutela de este importante bien jurídico»[27].
Así las cosas, se señala en la doctrina que el legislador peruano ha criminalizado la pertenencia a una asociación criminal a partir de un tipo de peligro abstracto, en el que aunque el peligro mismo no pertenece al tipo, al comportamiento correspondiente le es típicamente propio la producción de un peligro concreto[28]. Por ello, en tanto delito de peligro abstracto, el merecimiento de pena viene dado por la «peligrosidad general» que el comportamiento típico irroga a la tranquilidad y paz pública, cuyo control escapa al propio ámbito de dominio del agente[29]. A partir de ello, la doctrina reconoce la admisibilidad dogmática de recurrir a la técnica de peligro abstracto para tipificar el delito de asociación ilícita, habida cuenta que la tranquilidad y paz pública se erigen como intereses cuya tutela exige el adelantamiento de la barrera de punibilidad[30].
5. Problemática y conclusiones.
La doctrina peruana parece concluir señalando que en el delito de asociación ilícita se protege un bien jurídico colectivo, sin embargo, no queda claro si se trata de la «paz pública» o la «seguridad pública». Asimismo, de los argumentos expuestos la referida doctrina señala que la estructura típica del delito de asociación ilícita responde a la de los delitos de peligro. Pues bien, la pregunta cae de madura: ¿Protegen los delitos de peligro abstracto bienes jurídicos colectivos? Este es un problema que aún no ha encontrado solución en la doctrina. Por ejemplo, MÉNDEZ RODRÍGUEZ se opone a la configuración de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos como delitos de peligro abstracto[31]. Sin embargo, otros autores, como MAYO CALDERÓN, si aceptan la posibilidad de que los bienes jurídicos colectivos sean protegidos a través de delitos cuya estructura responda a los de peligro abstracto[32].
Pues bien, con respecto a este debate debo ser sincero y confesar, por honestidad intelectual, que aún no logro obtener una conclusión definitiva. Sin embargo, hay algo que si estoy seguro y, pienso, podría definir una eventual posición definitiva: si se quiere que los bienes jurídicos colectivos sean independientes de los bienes jurídicos individuales, es preciso dotar a aquellos de un contenido material, de tal manera que se evite el tan común recurso formal a bienes jurídicos colectivos que en realidad para definirse requieren la verificación de la afectación a bienes jurídicos individuales. En ese sentido, si los bienes jurídicos buscan ser independientes, el fundamento material que se aplique a ellos debe permitir pensar que, necesariamente, podrán ser lesionados, puestos en peligro concreto y puestos en peligro abstracto. De nada serviría buscar el fundamento material de los bienes jurídicos colectivos cuando solo se permite su lesión y su puesta en peligro concreto (dejando de lado su puesta en peligro abstracta)[33]. Ahora bien, en el caso del delito de asociación ilícita, definitivamente la caracterización de «la paz y la tranquilidad pública» como intereses protegidos no me parece la más adecuada, sobre todo cuando se trata de paliar las carencias del análisis individual de cada una de ellas al juntarlas en un concepto que es muy poco expresivo. Personalmente, me decantaría por orientar la protección a la «seguridad», que puede ser entendida como el estado ideal de desenvolvimiento de determinados procesos sociales en los que aparecen implicados los bienes jurídicos más importantes, que al ser tutelado por el ordenamiento jurídico da lugar a la configuración de un bien jurídico[34]. De la seguridad pueden desprenderse circunstancias en las que el individuo puede aprovechar o utilizar sus bienes, despreocupándose de que sean puestos en peligro o lesionados, es decir, sin tener que tomar medidas de autoprotección[35]. Entonces, con la tutela del bien jurídico colectivo «seguridad» se trataría de proteger los bienes jurídicos más importantes, que son los que tienen un sustrato irreparable (la vida, la integridad física y la salud) y con ello, estaría justificado el recurso a la estructura del delito de peligro abstracto, según la perspectiva que aquí se considera la más adecuada[36].
BERNAL PINZÓN, Jesús, Delitos contra la administración pública y asociación para delinquir, Bogotá: Temis, 1965.
CARMONA SALGADO, Concepción, «Lección 58. Los delitos de desórdenes públicos», en: COBO DEL ROSAL, Manuel (Coord.), Derecho penal español, Parte Especial, 2ª Edición, Madrid: Dykinson, 2005, p. 1117 – 1128.
CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, «La criminalidad organizada. Concepto. La asociación ilícita. Problemas de autoría y participación», en: GRANADOS PÉREZ, Carlos (Dir.), La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001, pp. 215 – 267.
CORNEJO, Abel, Asociación ilícita y delitos contra el orden público, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2010.
CREUS, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, Tomo II, 6ª Edición, Buenos Aires: Astrea, 1998.
JESCHECK, Hans-Heinrich y Thomas WEIGEND, Tratado de Derecho penal. Parte General, 5ª edición, traducción de Miguel Olmedo Cardenete, Granada: Comares, 2002.
MAYO CALDERÓN, Belén. Derecho penal y tutela de bienes jurídicos colectivos. Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 17.
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina, Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación, Madrid: Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia, 1993.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, «La “intervención a través de la organización”, ¿una forma moderna de participación en el delito?», en: CANCIO MELIÁ, Manuel y Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Delitos de Organización, Montevideo: Editorial B de F, 2008, pp. 87 – 118.
SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir: aspectos sustantivos y procesales, Lima: Jurista Editores, 2002.
SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, Tomo IV, Buenos Aires: T.E.A., 1983.
ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Buenos Aires: Ad Hoc, 2005.
Autor: Alfredo Alpaca Pérez
[1] CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, «La criminalidad organizada. Concepto. La asociación ilícita. Problemas de autoría y participación», en: GRANADOS PÉREZ, Carlos (Dir.), La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 218.
[2] SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, «La “intervención a través de la organización”, ¿una forma moderna de participación en el delito?», en: CANCIO MELIÁ, Manuel y Jesús-María SILVA SÁNCHEZ, Delitos de Organización, Montevideo: Editorial B de F, 2008, p. 87.
[3] La última modificación del artículo 317 CP se produjo el 20 de agosto de 2013 (Ley Nº 30077).
[4] CARMONA SALGADO, Concepción, «Lección 58. Los delitos de desórdenes públicos», en: COBO DEL ROSAL, Manuel (Coord.), Derecho penal español, Parte Especial, 2ª Edición, Madrid: Dykinson, 2005, p. 1118.
[5] Ibid, p. 1119.
[6] Este caso fue el relativo a los incidentes protagonizados por HERRI BATASUNA con ocasión de la visita del Rey a la «Casa de Juntas de Guernica».
[7] CARMONA SALGADO, Concepción, Op. Cit., p. 1119.
[8] Ibid, Loc. Cit.
[9] Ibid, Loc. Cit.
[10] BERNAL PINZÓN, Jesús, Delitos contra la administración pública y asociación para delinquir, Bogotá: Temis, 1965, p. 457.
[11] Ibid, p. 456 (Citando a MANZINI). Así, se señala: «(…) en definitiva, se ampara la turbación del orden público, no como efecto común a todos los delitos, sino como efecto que deriva de un determinado delito, por su índole y por sus elementos. El orden público tutelado por el derecho penal indudablemente hace parte del orden público general, pero específicamente hace relación al orden y al regular desenvolvimiento del vivir civil, al cual corresponden en la colectividad, la opinión y el sentimiento de la tranquilidad y de la seguridad».
[12] Ibid, p. 457.
[13] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir: aspectos sustantivos y procesales, Lima: Jurista Editores, 2002, p. 286.
[14] CORNEJO, Abel, Asociación ilícita y delitos contra el orden público, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2010, p. 60.
[15] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., Loc. Cit.
[16] CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte Especial, Tomo II, 6ª Edición, Buenos Aires: Astrea, 1998, p. 103. El autor añade: «Los delitos que comprende este título quiebran esa tranquilidad, produciendo una alarma colectiva al enfrentar a los integrantes de la sociedad en que se producen, con la posibilidad de tener que sufrir hechos marginados de la regular convivencia, que los pueden atacar indiscriminadamente (a cualquiera de ellos o a un grupo de ellos)» (cursiva del autor).
[17] SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, Tomo IV, Buenos Aires: T.E.A., 1983, p. 589.
[18] Ibid, p. 450.
[19] ZIFFER, Patricia, El delito de asociación ilícita, Buenos Aires: Ad Hoc, 2005, p. 36.
[20] Ibid, Loc. Cit.
[21] Ibid, p. 38.
[22] Ibid, p. 39.
[23] Ibid, p. 40.
[24] Ibid, p. 41.
[25] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., p. 284.
[26] Ibid, p. 289.
[27] Ibid, p. 291.
[28] JESCHECK, Hans-Heinrich y Thomas WEIGEND, Tratado de Derecho penal. Parte General, 5ª edición, traducción de Miguel Olmedo Cardenete, Granada: Comares, 2002, p. 283.
[29] SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA y José Leandro REAÑO PESCHIERA, Op. Cit., Loc. Cit.
[30] Ibid, p. 292.
[31] MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Cristina, Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación, Madrid: Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia, 1993, p. 158 y ss.
[32] MAYO CALDERÓN, Belén. Derecho penal y tutela de bienes jurídicos colectivos. Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 17, p. 354.
[33] Ibid, Loc. Cit. Como señala esta autora: «los tipos delictivos pueden configurarse como delitos de peligro abstracto, peligro concreto o lesión a bienes jurídicos colectivos de la misma manera que pueden configurarse como delitos de peligro abstracto, peligro concreto o lesión en relación con los bienes jurídicos individuales».
[34] Ibid, p. 339.
[35] Ibid, p. 341.
[36] Pienso que los bienes jurídicos colectivos, para verificar en ellos un fundamento material, deben tener dos funciones. Con respecto a la primera función, es determinante entender que el hecho de aceptar que los bienes jurídicos colectivos desempeñan una función de protección de otros bienes jurídicos (que pueden ser bienes jurídicos individuales) no significa que no sean autónomos con respecto a ellos, es decir, no implica que no tengan una entidad propia. Los bienes jurídicos individuales no forman parte del concepto ni de la estructura de los bienes jurídicos colectivos, así como éstos tampoco forman parte del concepto ni de la estructura de aquellos, sino que quedan relegados al ámbito de la ratio legis de la protección penal de los bienes colectivos. Con respecto a la segunda función, es preciso admitir que los individuos no sólo se obligan a respetar los intereses de los otros individuos (bienes jurídicos individuales) para que ellos respeten los suyos propios, sino que se ven obligados a participar en el sistema social que han creado, para que éste funcione y se desarrolle.
17 de Julio: Día de la Justicia internacional
16:56 Corte Penal Internacional , Crímenes internacionales , Derecho penal internacional , Día de la Justicia internacional No comments
Desde hace dos años se conmemora en todo el mundo, cada 17 de julio, el "día de la justicia internacional", una fecha especial en la que no solo se busca difundir la importancia por el respeto a los Derechos Humanos y recordar el esfuerzo de la comunidad internacional en consolidar un sistema penal orientado a la prevención de los crímenes internacionales, sino también -y creo, principalmente- evocar los más terribles episodios vividos durante este último siglo, con el objetivo de asegurar la permanencia, en la memoria de la humanidad, de la idea de que la impunidad nunca podrá servir de escudo para los máximos responsables de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho internacional humanitario.
Pues bien, en atención a esta importante fecha, el Blog de la Oxford University Press ha publicado un interesante texto sobre los desarrollos, las deficiencias y las expectativas que pueden verificarse en el transcurso de la existencia de la Corte Penal Internacional. Los autores de tal texto son Julia Geneuss (LLM New York University, Estados Unidos e Investigadora en la Universidad de Hamburgo, Alemania) y Florian Jessberger (Profesor de Derecho penal y Derecho penal internacional en la Universidad de Hamburgo), académicos de opinión autorizada sobre la materia penal internacional (ambos publican frecuentemente en la conocida revista "Journal of Internacional Criminal Justice").
A continuación se presenta una traducción al español del referido texto. En ese sentido, esta traducción (evidentemente no oficial) se hace con un puro interés académico, con el objetivo de que el público de habla hispana pueda tener acceso a las importantes opiniones vertidas por los autores. La versión original puede revisarse aquí.
"La madurez de la justicia penal internacional"
("The coming of age of international criminal justice")
Autores: Julia Geneuss y Florian Jessberger
Traducción del inglés por Alfredo Alpaca Pérez
Quince años atrás, un 17 de julio de 1998, se adoptó el Estatuto de Roma -el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI)-, creándose así el primer foro internacional permanente orientado al juzgamiento y sanción de los responsables por los crímenes más atroces para la humanidad. El aniversario de la adopción del Estatuto de Roma fue elegido como el "Día Mundial de la Justicia Internacional": una fecha especial para recordar no solo a la Corte Penal Internacional, sino a todo el emergente sistema de justicia penal internacional. Este año el Estatuto de Roma celebra su décimoquinto aniversario, su "quinceañero". Por lo que esta es una buena oportunidad para presentar algunas apreciaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de la justicia penal internacional.
Pasado: Éxito
La aparición de un sistema de justicia internacional merece la pena celebrarse. Aquel representa uno de los pocos puntos positivos en la historia reciente del Derecho internacional. En la última década del siglo XX se produjo un destacable progreso en lo concerniente a la responsabilidad penal individual por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra debido (entre otras cosas) al establecimiento de los Tribunales Ad Hoc para la Antigua Yugoslavia y para Ruanda; a los procedimientos por violaciones a los Derechos Humanos -en particular, por hechos calificados como de tortura- contra el General chileno Augusto Pinochet en España y el Reino Unido; al establecimiento de la Corte Penal Internacional y a la implementación de los crímenes más graves ("core crimes") en las legislaciones internas de varios paises.
Presente: Presión
En la actualidad, sin embargo, la justicia penal internacional está pasando por un momento difícil. Quince años después de la adopción del Estatuto de Roma y diez años después de que la idea de un tribunal penal internacional de carácter permanente haya pasado de ser una utopía a una realidad, es difícil negar que el "proyecto" de la justicia penal internacional se encuentra bajo presión. La euforia que hasta hace solo algunos años se percibía en la comunidad internacional y académica, así como en el público en general, ha decaído. El optimismo se ha convertido lentamente en desilusión. Es posible decir que el original ímpetu del Derecho penal internacional ha desaparecido.
Muchos eventos recientes, al ser examinados de manera conjunta, fortalecen la hipótesis expuesta. A nivel internacional, la actuación de la CPI se enfrenta a una creciente desconfianza. Los Estados parte se han vuelto cada vez más impacientes con una Corte que necesitó diez años para emitir su primer fallo. A pesar del creciente número de investigaciones, juicios y apelaciones, los Estados parte han presionado a favor de un presupuesto de crecimiento cero: en tiempos de economías débiles y crisis financiera internacional el Derecho penal no parece ubicarse en los lugares más altos de las listas de prioridades de los Estados. Además, la CPI, y principalmente, la Fiscalía ("Court's Office of the Prosecutor") es fuertemente criticada por una supuesta estrategia de persecución selectiva (limitada a países de Africa), lo que ha conllevado a una severa tensión entre la CPI y la Unión Africana. Finalmente, en estos tiempos es más evidente que nunca que la CPI permanece dividida entre una aspiración universal y la soberanía nacional tradicional, entre el Derecho penal y el Derecho internacional, entre el common law y el civil law, entre el respeto a los Derechos Humanos y la cuidadosa observancia de los estándares propios de un debido proceso, y, por último pero no menos importante, entre el Derecho y la política. Por otro lado, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha recibido muchas críticas por sus recientes absoluciones a militares de alto rango. Estas decisiones causaron profundas preocupaciones (tanto dentro como fuera de la CPI, lo cual generó opiniones que sostenían que las decisiones se basaron en razones estrictamente políticas y no jurídicas). Como consecuencia, muchos observadores sienten que la CPI se dirige a perder la buena reputación alcanzada durante la última década, además de desacreditarse hasta el punto de esperar su cierre definitivo.
El desarrollo del Derecho penal internacional también enfrenta una fuerte oposición en los ámbitos nacionales: Bélgica y España han aligerado su regulación en lo referido a la jurisdicción universal, de tal manera que no sea posible investigar y juzgar por crímenes internacionales que no tengan una conexión directa con su territorio o sus ciudadanos. El Juez Baltazar Garzón -quien inició los procedimientos contra Augusto Pinochet a mediados de los años 90 y es uno de los más destacados protagonistas de un sistema de justicia penal internacional más efectivo- ha sido removido del camino. En muchos paises, como en Alemania, la regulación de los crímenes internacionales, aunque fue implementada ambiciosamente durante el apogeo de la justicia penal internacional, ha sido apenas aplicada. Finalmente, en un asunto estrechamente relacionado, la Corte Suprema de los Estados Unidos envió un poderoso mensaje contra la jurisdicción civil universal a través de su decisión unánime en en caso Kiobel, donde la mayoría de jueces abogó por una "presunción contra extraterritorialidad" ("presumption against extraterritoriality") en materia de Derechos Humanos bajo los alcances del Estatuto para Agravios a Extranjeros ("Alien Tort Statute").
Futuro: Apertura
Estos son solo algunos "contratiempos" intensamente discutidos en el ámbito de la justicia penal internacional. Estos eventos y su posible impacto en el destino de la justicia penal internacional son importantes de analizar. ¿Es este el final infeliz de la exitosa historia de la justicia penal internacional? ¿O es que la justicia penal internacional simplemente está siendo conducida a entrar en razón a través de un ajuste de nuestras exageradas expectativas? En un simposio llamado "Down the Drain or Down to Earth: International Criminal Justice under Pressure" reunimos para el reciente ejemplar de la Journal of International Criminal Justice a un número de investigadores autorizados que expusieron sus opiniones acerca de estas cuestiones de cara a poner las cosas en perspectiva.
Al leer aquellos trabajos, que invitan a la reflexión, fue posible observar algunas conclusiones comunes. En primer lugar, la mayoría de autores hacen hincapié en la relatividad del éxito y el fracaso: la evaluación del desarrollo global de la justicia penal internacional depende de un contexto apropiado y de un punto de referencia temporal al que uno se acoge para realizar las comparaciones. Si se hace una comparación con la situación de hace diez años, debería aceptarse que el Derecho penal internacional de hoy se encuentra en una situación de deterioro. Sin embargo, si se hace una comparación a la situación de hace veinte años, la estructura actual de la justicia internacional parecía ser no más que un sueño utópico para un limitado grupo de académicos.
En segundo lugar, mientras la mayoría de autores se encuentran de acuerdo con el hecho de que la actuación de la CPI es bastante insatisfactoria, también resaltan la revitalizada importancia de las jurisdicciones nacionales dentro del sistema global de justicia penal internacional. Con la introducción del Derecho penal internacional en los sistemas legales de varios Estados, el principio de complementariedad -que establece la competencia subsidiaria de la CPI con respecto a la de las jurisdicciones nacionales- logra visualizarse como uno de las más importantes rasgos del Estatuto de Roma. De esta manera, las investigaciones y procesamientos por la comisión de crimenes internacionales encuentran su camino de regreso a donde correspondían originalmente: las Cortes nacionales de los Estados en los que se cometieron los hechos.
Finalmente, a pesar de las críticas muy bien justificadas, los autores parecen coincidir en que los recientes desarrollos indican una regularización más que un declive estructural. Estamos de acuerdo con este análisis. El establecimiento de un sistema internacional de justicia penal ha sido un proyecto revolucionario y ambicioso. Así, como en toda revolución, las ilusiones han sido altas (probablemente muy altas). Tal vez estemos poniéndonos de acuerdo con el simple y verídico hecho de que la justicia penal internacional en marcha no es en sí mismo un ideal. Mas bien, es complicada, costosa y exhaustiva -literalmente, como en sentido figurado-. El tiempo ha llegado para establecer expectativas más modestas y más realistas.
Entrevista al Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo
En esta entrevista, el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo explica los lineamientos fundamentales de su comprensión de la aut...
Entrevista a Prof.ª Dr.ª María Ángeles Rueda Martín
En la presente entrevista, la Prof.ª Dr.ª María Ángeles Rueda Martín expresa algunas ideas generales sobre los principales aportes del...
Entrevista a la Prof.ª Dr.ª Laura Zúñiga Rodríguez
En esta entrevista, la Prof.ª Dr.ª Laura Zúñiga Rodríguez realiza algunos interesantes comentarios sobre el tema referido a la respo...
Due Process of Law Fundation lanza Estudio regiona...
Algunas ideas sobre el delito de asociación ilícit...