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Timestamp: 2018-09-22 09:51:17
Document Index: 391643186

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 82', 'artículo 140', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2012-00293/2193-2014 DE AGOSTO 8 DE 2017
SENTENCIA 2012-00293 DE 08 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:OBJETIVOS DE CREACIÓN DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. SE ESTABLECIÓ QUE EL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL FUE CREADO CON EL PROPÓSITO DE: I. MEJORAR LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS AGENTES Y SUBOFICIALES DE MENOR GRADO DENTRO DE LA INSTITUCIÓNII. OTORGAR A LOS PRIMEROS UN RÉGIMEN SALARIAL ESPECIALIII. PERMITIR EL ASCENSO DEL ALUDIDO PERSONAL (AGENTES Y SUBOFICIALES) DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DE LA POLICÍA NACIONALIV. PROFESIONALIZAR LA LABOR DE LOS SERVIDORES QUE PERTENECÍAN A TALES NIVELES EN ARAS DE MEJORAR EL SERVICIO CUYA PRESTACIÓN HA SIDO ENCARGADA A LA ENTIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, CARRERA EN LA POLICÍA NACIONAL, NORMAS DE LA POLICÍA NACIONAL, ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2012-00293/2193-2014 de agosto 8 de 2017
Expediente: 15001-23-33-000-2012-00293-01 (2193-2014)
Demandante: Álvaro González Arias
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema: Asignación de retiro; homologación salarial nivel ejecutivo
5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, esta corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.
5.2. Problema jurídico. Corresponde determinar si el fallo apelado desconoce los derechos del actor, en la medida en que interpretó de manera indebida los artículos 7º de la Ley 180 y 82 de la Ley 132 de 1995, al aplicar, para desmejorarlo, los decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, cuando debió sujetarse al Decreto 1213 de 1990 que lo beneficiaba, pese a habérsele homologado al nivel ejecutivo, como intendente jefe.
Posteriormente, el Congreso de la República profirió la Ley 180 de 1995, por medio de la cual modificó el artículo 6º de la Ley 62 de 1993, en el sentido de precisar que “La Policía Nacional está integrada por oficiales, personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella...”, y, en consecuencia, revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada nivel ejecutivo, a la cual podrían vincularse suboficiales, agentes y personal no uniformado que estuviere activo en la institución (a quienes no se les podría discriminar ni desmejorar su situación actual) e igualmente estableció la posibilidad de incorporación directa en el citado nivel.
“ART. 12.—Podrán ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los suboficiales en servicio activo que lo soliciten, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
“ART. 50.—Cesantías. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a un auxilio de cesantía equivalente a un (1) mes de salario por cada año de servicio, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto. Este auxilio se liquidará el 31 de diciembre del respectivo año, por la anualidad o por la fracción correspondiente, teniendo en cuenta las cuantías de cada partida a la fecha de la liquidación.
“ART. 10—Prima de instalación. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, que sea trasladado o destinado en comisión permanente dentro del país y tenga por ello que cambiar de lugar de residencia, tendrá derecho, a una prima de instalación equivalente a una asignación básica mensual correspondiente a su grado.
Por otra parte, es pertinente manifestar que el Decreto 1213 de 1990 desarrolló el régimen salarial y prestacional aplicable a los suboficiales de la Policía Nacional, el cual contemplaba los siguientes haberes:
1) Prima de actividad equivalente al 33% del correspondiente sueldo básico;
7) Subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, según lo establecido en el artículo 82 del Decreto 1212 de 1990 así:
8) Auxilio de cesantía que se pagará por una sola vez en cuantía equivalente a un (1) mes de los últimos haberes devengados correspondientes a su condición por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando corno base las partidas señaladas en el artículo 140 de este decreto.
Estos miembros, están amparados por los principios de la buena fe , confianza legítima y seguridad jurídica, pues si en cumplimiento de una norma superior, la institución hace un llamado con el fin de que algunos de sus miembros pasen de un escalafón a otro en aras de mejorar el servicio, asegurando que con ello sus condiciones laborales, salariales y prestacionales no serán desmejoradas, crea una expectativa legítima de certeza, seguridad y exactitud sobre la información en el administrado, que no se pueden desconocer.
Sobre este aspecto, la subsección B de la sección segunda de este cuerpo colegiado, en providencia de 31 de enero de 2013, consejero ponente Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente 2011-00048-01 (1147-12), sostuvo:
[...] quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder, voluntariamente, a la carrera del nivel ejecutivo; y ... quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, sin ser desmejorados o discriminados, en todo caso, en su situación laboral. En relación con este último aspecto, debe advertirse que se convierte en una regulación expresa de la prohibición de retroceso o de regresividad derivada del principio de progresividad al que están sometidas las facetas prestacionales de los derechos constitucionales. En este marco, de una lectura armónica v. gr. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con especial cuidado del artículo 2.1., se deriva que los Estados deben lograr la satisfacción plena de los derechos que allí se consagran [entre los cuales se hace referencia al trabajo y a su adecuada remuneración] de manera gradual y en progreso. Bajo esta línea, aunque no se desconocen los esfuerzos económicos que se deben adelantar para la consecución de máximos niveles de satisfacción de este tipo de bienes, tampoco es dable, en principio, que el Estado, so pena de vulnerar el mandato de “progreso”, disminuya el nivel de protección que ha alcanzado por la vía de gradualidad, por lo que, tanto a nivel internacional como nacional, se ha considerado que uno de los imperativos derivados del referido principio de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad, la cual se ha entendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-428 de 2012.
5.4. Caso concreto. El actor ingresó a la Policía Nacional el 10 de septiembre de 1984, desde el 1º de abril de 1996 lo hizo como agente hasta el 31 de enero de 1996, y el siguiente 1º de febrero fue homologado al nivel ejecutivo, según Resolución 284 de 29 de enero de la misma anualidad. El retiro se produjo el 29 de marzo de 2011, como intendente jefe, mediante Resolución 864 de 22 de los mismos mes y año (fls. 15, 16 y 22).
Ubicados en el marco jurídico descrito, la respuesta a la tensión de aplicar el anterior o posterior ordenamiento, surge un binomio de alternativas: i. concebir una especie de lex tertia, integrada por los beneficios que traía el actor y los del nuevo régimen, en una aplicación laxa del principio de favorabilidad de estirpe constitucional, o ii. acudir, en su integridad, al nuevo paradigma normativo, con fundamento en uno de baluartes del Estado de derecho, el principio de inescindibilidad, que, de paso, en cierta medida, atiende a la seguridad jurídica.
Para dilucidar la cuestión, es menester tener presente, por un lado, como lo anota esta corporación(1), el hecho de haberse acogido libremente al nivel ejecutivo y, por otro, que seguro resultaba más atractivo, visto en conjunto, al extremo que, como se muestra de manera gráfica en el fallo de primera instancia (fls. 163 y 163 vuelto), la totalidad de los factores salariales(2) de un agente son de $ 1.864.445.00, mientras que los de un intendente jefe ascienden a $ 2.397.700, cifra esta que tiene como fuente el formato de hoja de servicio del accionante (fl. 16(3)). Igual aparece diferencia a favor de este en los rubros prestacionales, pues para el primero de los citados cargos el valor es de $ 1.929.778.00 y para el segundo de $ 2.346.394.
Lo anterior, sin desconocer que no se contemplaron, entre otras, las primas de actividad y antigüedad, pero se crearon otras prerrogativas.
Así, el nivel ejecutivo superó las condiciones salariales y prestacionales del demandante, sin lesionar, en consecuencia, el mandato de la no regresividad, habida cuenta que, como atina la citada jurisprudencia, el régimen del Decreto 1091 de 1995 se tradujo en mayores beneficios.
Por tanto, forzoso es compartir la postura asumida por el tribunal de primera instancia, que acogió la tesis de aplicación del principio de no escindibilidad de la norma, que hace eco al criterio trazado por este órgano de cierre, apartándonos del reproche del censor, pues, de forma adicional, hay que señalar que esta es la línea reiterada(4).
Lo contario, en la segunda opción planteada, que encama la conjunción normativa, sería ubicar al juez como una suerte de legislador, para tomar lo bueno tanto de la norma anterior como de la nueva, con prescindencia de lo desfavorable, lo cual repugna al derecho, porque, además de atentar contra la tridivisión del poder público y lo evidente del yerro en el plano jurídico, iría en desmedro del erario.
En armonía con lo señalado en la providencia atacada, cabe indicar que no existe duda de que la situación de los agentes y suboficiales que por homologación pasaron al nivel ejecutivo, se rigen por unos preceptos especiales creados para tal efecto, que otorgan beneficios específicos y concretos, por lo que resulta improcedente exigir el reconocimiento de partidas diferentes a las contempladas en el régimen al que se acogió el actor y el Decreto 4433 de 2004.
En otra óptica, en punto a la aplicación del precedente que reclama el apelante, cabe reiterar, que, como se dijo, el criterio imperante es el recogido en esta providencia, y que si bien los pronunciamientos de instancias a los que él hace referencia son valiosos, también lo es que por su rango, ceden a los de la cúspide de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Visto lo anterior, se estima que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda, ya que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados.
Por último, comoquiera que la abogada de la demandada sustituyó, con facultades para ello, el poder que le fue otorgado, se le reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de dicha novedad (fls. 188 y 223).
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá (sala de decisión de descongestión 9), que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Álvaro González Arias contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. RECONÓCESE personería al abogado Bélfide Garrido Bermúdez, con cédula de ciudadanía 11.799.998 y tarjeta profesional de abogado 202.112 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en los términos de la sustitución del poder que obra en el folio 223.
(1) Sentencia de 31 de enero de 2013, sección segunda, subsección B, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Rad. 730012331000-2011-00039-01.
(2) Según el Decreto 1050 de 2011.
(3) En el fallo se menciona el folio 224, número que está a la derecha del 16, que es el corresponde al orden sucesivo.
(4) Sentencia de 5 de abril de 2017, sección segunda, subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Exp. 25000-23-42-000-2013-06223-01 (3143-14).