Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000020061
Timestamp: 2019-07-21 20:57:01
Document Index: 18865955

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 65', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | María Paz Balbontín con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
María Paz Balbontín con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) Rol: C3123-17
Consejo para la Transparencia, 23/01/2018
Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Registro de trabajadores Senainfo (excel), año 2010 a la fecha, de los colaboradores Opción, Serpaj (Servicio Paz y Justicia Chile), Fundación mi Casa y Rodelillo. Indicando a lo menos: (Código de Proyecto, Fecha de creación del registro del trabajador o Fecha estado (Vigente), Fecha de desactivación del trabajador o Fecha estado (Caduco), Nombres y Apellidos, Profesión, Rol, Nombre de usuario que realizó modificaciones de cada trabajador en cada fecha (Vigente/Caduco)". b) "Respuesta o, todos los oficios entregados por el Sename a su Excelencia doña Michelle Bachelet Jeria, con motivo de propuesta resolución N° 710, de fecha 14 de septiembre de 2016, de por la comisión investigadora de la H. Cámara de Diputados". c) "Detalle de las acciones realizadas por Sename, con motivo de propuesta resolución N° 710". d) "Personal de este servicio, a cargo de ejecutar las acciones anteriores". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de los literales a) y b) del requerimiento, por configurarse la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y por inexistencia de lo pedido., respectivamente.
DECISIÓN AMPARO ROL C3123-17.
Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Requirente: María Paz Balbontín.
Ingreso Consejo: 31.08.2017.
En sesión ordinaria N° 862 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de enero de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3123-17.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de julio de 2017, doña María Paz Balbontín solicita al Servicio Nacional de Menores - en adelante, también SENAME-, lo siguiente:
a) "Registro de trabajadores Senainfo (excel), año 2010 a la fecha, de los colaboradores Opción, Serpaj (Servicio Paz y Justicia Chile), Fundación mi Casa y Rodelillo. Indicando a lo menos: (Código de Proyecto, Fecha de creación del registro del trabajador o Fecha estado (Vigente), Fecha de desactivación del trabajador o Fecha estado (Caduco), Nombres y Apellidos, Profesión, Rol, Nombre de usuario que realizó modificaciones de cada trabajador en cada fecha (Vigente/Caduco)".
b) "Respuesta o, todos los oficios entregados por el Sename a su Excelencia doña Michelle Bachelet Jeria, con motivo de propuesta resolución N° 710, de fecha 14 de septiembre de 2016, de por la comisión investigadora de la H. Cámara de Diputados".
c) "Detalle de las acciones realizadas por Sename, con motivo de propuesta resolución N° 710".
d) "Personal de este servicio, a cargo de ejecutar las acciones anteriores".
2) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Menores, mediante carta N° 968, de fecha 30 de agosto de 2017, responde la solicitud de acceso, señalando respecto a lo pedido en el literal a), que el sistema SENAINFO, principal base de datos de SENAME, inicia su funcionamiento en el año 2007 como una plataforma únicamente destinada al ingreso de información para el proceso de pago de subvenciones a los organismos colaboradores acreditados, por atenciones brindadas a niños, niñas, adolescentes y adultos. Por lo anterior, el levantamiento de la información se construyó sobre la base de los centros y programas que existen, por tanto, el registro de trabajadores SENAINFO no era una de las razones principales para su creación, lo que sumado a lo que establece el artículo 65, del decreto supremo N° 841, de 2005, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, y su régimen de subvención - en adelante D.S. N° 841-; sus organismos colaboradores no están en la obligación de registrar o actualizar los funcionarios que ingresan la información a la base de datos, sino que se deben concentrar únicamente en el registro de la información respecto de las atenciones a los menores. Es por este motivo que no mantienen un registro depurado de los trabajadores de los organismos colaboradores en su base SENAINFO, por lo que, no les es posible hacer entrega de un listado de funcionarios que presenta inconsistencias. Finalmente, en cuanto a lo pedido en los literales b), c) y d), informan que tras buscar en sus distintos registros de documentación, no se verifican oficios que hayan salido del Servicio en que conste como antecedente la resolución N° 710, de fecha 14 de septiembre de 2016, hecha por la Cámara de Diputados.
3) AMPARO: Con fecha 31 de agosto de 2017, doña María Paz Balbontín deduce amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. En particular, señala que "la Cámara de Diputados ofició mediante res. N° 710 a su Excelencia, para regularizar Fondos Empozados de los colaboradores. La Presidencia derivó res. N° 710 a Sename por intermedio del Ministerio de Justicia, oficio No 1.818 de 28 de octubre de 2016, a lo cual el Sename dio respuesta mediante oficio N° 298 de 14 de Febrero de 2017 (...)".
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, mediante oficio N° E3155, de fecha 13 de septiembre de 2017.
El órgano reclamado, por medio de correo electrónico, de fecha 3 de octubre de 2017, remite informe por el cual presenta sus descargos y observaciones señalando, en cuanto a lo solicitado en el literal a) del requerimiento, que el artículo 61, inciso final del decreto supremo N° 841, dispone que sus organismos colaboradores "deberán suministrar en la forma y oportunidad señalada por el SENAME la información requerida para el sistema de registro y serán responsables de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcionen". Por su parte, el artículo 63, del cuerpo normativo citado, pormenoriza la información mínima que organismos colaboradores deben aportar a la base de datos, la cual consiste en registros técnicos y financieros, sin perjuicio de las especificaciones contenidas para cada modalidad de intervención en las respectivas orientaciones técnicas, entre los cuales se encuentra, la "Nómina actualizada del personal del proyecto con jornada comprometida y su currículo". Por lo anterior, debe existir concordancia entre la información existente en cada proyecto y aquella subida a SENAINFO.
Sin perjuicio de lo cual, su Departamento de Planificación y Control de Gestión, en procesos de revisión de dicha base de datos, detectaron variadas incongruencias en lo relacionado con el registro de trabajadores de los proyectos desarrollados por colaboradores acreditados, los que detallan. Así, a fin de salvar las inconsistencias detectadas procedieron a caducar los registros con problemas, en tanto se procede a la regularización de los errores, lo que implica la revisión de la totalidad de los registros, independiente de su vigencia. Ante tal situación, están avanzando en desarrollar mejoras en dicho sistema de registros, además de estar a la espera de algunas definiciones en el ámbito técnico, lo cual está contemplado a mediano plazo.
En conclusión, sostienen que la necesidad de contar con una base de datos en que sus registros se encuentren depurados y actualizados no proviene únicamente de lo dispuesto en el D.S. N° 841, sino también de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. De esta forma, deben realizar todas las acciones tendientes a poder contar con una base de datos estable, actualizada y fidedigna, ya que el artículo 9 de la ley citada, junto con establecer que los datos personales deben usarse para los fines que hubiesen sido recolectados, expone que "la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos", estableciéndose la responsabilidad respecto del agente a cargo de la base de datos, respecto de los datos mismos y por los daños producidos, por lo cual estiman que la circunstancia de existir datos inexactos o erróneos por parte del Servicio pueden irrogar responsabilidad, si de la utilización de los mismos deriva perjuicio.
En cuanto a lo solicitado en los literales b), c) y d) del requerimiento, se informó en su oportunidad que no existen oficios registrados expedidos por el Servicio Nacional de Menores, en que conste como antecedente la resolución N° 710, de fecha 14 de septiembre de 2016, hecha por la Cámara de Diputados. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, informan que, efectivamente, emitieron oficio ordinario N° 298, de fecha 14 de febrero de 2017, por el cual su Dirección Nacional procedió a informar a la Subsecretaría de Justicia, en función del ordinario N° 7548, de fecha 16 de noviembre de 2016, de la Jefa de Reinserción Social de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a un requerimiento fundado en la resolución N° 710, de fecha 25 de octubre de 2016, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, dicho oficio no fue enviado directamente a la Presidencia de la República, sino que al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
1) Que la información requerida en el literal a) de la solicitud, dice relación con un registro de trabajadores de determinados organismos colaboradores acreditados del SENAME, correspondientes en su totalidad a fundaciones o corporaciones de derecho privado. En general, se solicita el nombre completo y profesión de dichos trabajadores, esto es, datos personales en atención a la definición prescrita en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, cuyo tratamiento sólo puede efectuarse cuando esa ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. Por su parte, según establece el artículo 20 de la ley señalada, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". Además, establece dicho artículo en su inciso segundo que, en todo caso, "la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos".
2) Que, en el presente caso, no consta que los titulares de los datos personales requeridos hayan consentido expresamente a su tratamiento, como tampoco que éstos provengan o hayan sido recolectados de fuentes accesibles al público, ni que sean exactos, pues el órgano reclamado hace presente una serie de inconsistencias constatadas en sus registros respecto de dichos antecedentes. De esta forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7 de la ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo". Así, atendido que la información requerida corresponde a datos personales de trabajadores de entidades reguladas por el derecho privado, respecto de los cuales no consta la autorización expresa de éstos, en orden a dar acceso a lo requerido, se procederá a rechazar el presente amparo en este literal, por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.
3) Que lo pedido en el literal b) del requerimiento es de forma específica la respuesta entregada por el SENAME a la Presidenta de la República, con motivo de la solicitud realizada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano reclamado argumenta que los antecedentes requeridos no obrarían en su poder, puesto que si bien emitieron oficio ordinario N° 298, de fecha 14 de febrero de 2017, por el cual su Dirección Nacional procedió a informar a la Subsecretaría de Justicia, en base a un requerimiento fundado en la resolución N° 710, de fecha 25 de octubre de 2016, de la Cámara de Diputados, dicho oficio no fue enviado a la Presidencia de la República, sino que al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta forma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano requerido, se rechazará el presente amparo, en este literal por la inexistencia de lo pedido.
4) Que en cuanto a lo pedido en el literal c) de la solicitud, esto es, las acciones realizadas por SENAME, con motivo de la resolución N° 710. Al respecto, con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado informa que emitieron oficio ordinario N° 298, de fecha 14 de febrero de 2017, por el cual la Dirección Nacional procedió a informar a la Subsecretaría de Justicia, en base a un requerimiento fundado en la resolución N° 710, de fecha 25 de octubre de 2016. Por lo tanto, al menos dicho oficio daría cuenta de la información pedida en este literal, razón por la cual, se acogerá el amparo en este punto, requiriendo la entrega del oficio en cuestión, así como de todo otro documento que dé cuenta de las acciones realizadas por el SENAME con motivo de la resolución citada.
5) Que, finalmente, en cuanto a lo solicitado en el literal d) del requerimiento, en virtud de lo resuelto en los considerandos anteriores, se acogerá el amparo en este literal, sólo en cuanto se requiere se informe el nombre de los funcionarios a cargo de ejecutar las acciones realizadas por el SENAME con motivo de la resolución N° 710.
I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña María Paz Balbontín en contra del Servicio Nacional de Menores; rechazándolo respecto de los literales a) y b) del requerimiento, por configurarse la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y por inexistencia de lo pedido, respectivamente, por los fundamentos señalados precedentemente.
II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores:
a) Hacer entrega a la reclamante de copia de oficio ordinario N° 298, de fecha 14 de febrero de 2017, emitido por su Dirección Nacional, así como también, de todo otro documento que dé cuenta de las acciones realizadas por SENAME, con motivo de la resolución N° 710, de la Cámara de Diputados. Además, informar el nombre de sus funcionarios a cargo de ejecutar dichas acciones.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña María Paz Balbontín y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.