Source: https://es.scribd.com/doc/37406585/Aplicacion-de-la-analogia-in-malam-partem-en-el-derecho-penal-peruano
Timestamp: 2017-05-23 00:08:45
Document Index: 399207637

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 404', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 404', 'artículo 139', 'artículo 404']

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2005, el Pleno del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Carreras Segura abogado de don José Guillermo Villanueva Ruesta contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 452, su fecha 22 de febrero de 2005, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. ANTECEDENTES Con fecha 7 de octubre de 2004, don Fernando Carreras Segura, abogado de don José Guillermo Villanueva Ruesta, interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el objeto que se declare nula la Ejecutoria Suprema de fecha 2 de agosto de 2004 (a través de la que se declara no haber nulidad en la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2003, que condena al beneficiado como coautor del delito contra la administración de justicia encubrimiento personal), atentando contra las garantías constitucionales relacionadas con el principio de legalidad y el principio de inaplicación de la analogía. Sostiene que se le abrió instrucción al beneficiado el 12 de enero de 2001, en su condición de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por haber planificado y dirigido la salida del país del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, el 29 de octubre de 2002, por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia encubrimiento personal (pese a que el beneficiado demostró su inocencia en el proceso oral) y fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad, sanción que, al ser impugnada, fue confirmada por la emplazada, la que redujo dicha condena a 8 años de pena privativa de libertad. Así, la condena impuesta por el delito contra la administración de justicia, en su modalidad de encubrimiento personal, afecta las garantías correspondientes al principio de legalidad y al de inaplicación de la analogía.
de los presupuestos de penalidad así como de la creación o agravación de las penas. El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima. conforme lo establece el artículo 159. de otro lado. pues ni con la denuncia ello es posible. pues ésta se produjo cuando el velero Karisma se encontraba en altamar. tanto promover la acción penal como ejercitarla. 129 a 393).1º y 159. hasta el 29 de octubre de 2002. 71. 70). medidas de seguridad u otras consecuencias accesorias. de modo que cuando se tiene una simple sospecha. 98). razón por la que considera que el beneficiado en ningún momento sustrajo a Vladimiro Montesinos Torres de la persecución penal. Admitida a trámite la demanda de hábeas corpus. cuando. declaró infundada la demanda.5º de la Constitución. el Informe de la Oficina de Registro Penitenciario de la Dirección Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario N. con fecha 16 de noviembre de 2004.En lo que corresponde al principio de legalidad. sin que sea necesaria una orden jurisdiccional. como se aprecia del fundamento cuarto de la misma puntos 6. se recibió el Certificado de Antecedentes Penales N. situación que puede darse incluso en el mismo instante en que interviene el Ministerio Público.1 y 6. refiere que no pueden calificarse como delito las conductas que no se encuentran definidas como tales por la ley. Es en aplicación del principio de legalidad que la analogía en el derecho penal no se admite. así como la declaración de los magistrados emplazados (fs.13º de la Constitución.º 0005542 (f. pues ésta puede ser desestimada por el Juez. se recibió la declaración del beneficiado (f. puesto que no era perseguido por la justicia en ese momento (sic). que establece la prohibición de revivir procesos fenecidos que cuenten con resolución ejecutoriada. de otro lado. no podemos hablar de que exista una persecución penal en contra del mismo. del mismo modo.2 . incluso cuando éstas sean desvaloradas socialmente. doctrina extranjera relacionada al supuesto ilícito y que ésta no se adapta a la realidad. 77 y 78). lo cual sería un exceso que generaría un costo irreparable para quien recibiera la sanción. y copias certificadas de las piezas más importantes del proceso penal con el que se encuentra vinculado el expediente de autos (fs. 73). Estos hechos se agravan por cuanto el juzgador ha aplicado la analogía in malam partem. Por lo expuesto. corresponde al Ministerio Público. este principio exige al juzgador que actúe con sujeción a la ley. pues dicho delito operaría cuando se sustrae a una persona de la persecución penal. deshonestas o inmorales. y que tampoco tenía abierta ninguna acción penal. expone que este delito está previsto en el artículo 404º del Código Penal. pues de lo contrario se transgrederían los alcances de la norma. En lo que respecta al delito de encubrimiento personal. con la finalidad de sancionar a una persona. pues sólo se puede hablar de la existencia de la persecución penal. 75. 76. refiere que la Sala emplazada ha citado en su sentencia.º 0946377 (f.
. cuando se dicta el auto apertorio de instrucción. transgrediendo los derechos de todo procesado. precisa que cuando Montesinos Torres salió del país el 29 de octubre de 2002 no contaba con orden de captura ni impedimento de salida del país. por considerar de aplicación el artículo 139. situación expresamente prohibida por el artículo III del Título Preliminar del Código Penal. pues es el único criterio válido para poder dictar una decisión jurisdiccional que reúna los requisitos a los que el procesado tiene derecho. precepto que se dirige a proscribir el argumento a simili como medio de creación o extensión de los preceptos penales de los tipos de la parte especial del Código Penal.
incluso. 1. ni mucho menos dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. pues para emitir una sentencia condenatoria en su contra se habría aplicado la analogía in malam partem de la norma penal sustantiva. resulta claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la justicia constitucional frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o. literal "d". Por tanto. según el cual "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. que establece el delito por el que fue sancionado. como este Tribunal lo ha señalado en diversas
. y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica. y su eventual violación posibilita su reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las libertades fundamentales. Corresponde al proceso de autos determinar si la resolución impugnada (por la que se confirma la condena impuesta al beneficiado por la presunta comisión de los ilícitos penales en ella detallados). 2. En efecto. FUNDAMENTOS 1. en tanto derecho subjetivo constitucional debe ser pasible de protección en esta vía. el análisis que debe practicar la justicia constitucional no es equiparable a la que realiza un juez penal. 2. el cual protege el derecho de no ser sancionado por supuestos no previstos en una norma jurídica. estricta y escrita. Si bien el principio de legalidad penal. En tanto que en su dimensión de derecho subjetivo constitucional. El derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces penales. En la STC 0010-2002-AI/TC. 3. la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta). El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el artículo 2º. conforme a los cuales no se pueden revivir procesos fenecidos. informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas. como infracción punible. importa una afectación al derecho a su libertad individual. 4. 4. este Tribunal sostuvo que el principio de legalidad exige que por ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas previamente por la ley. 3.La recurrida confirmó la apelada. garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa. Como principio constitucional. Este Tribunal considera que el principio de legalidad penal se configura como un principio. de manera expresa e inequívoca. ni sancionado con pena no prevista en la ley . la prohibición de la analogía (lex stricta) y de cláusulas legales indeterminadas (lex certa). la aplicación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. pero también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia). toda vez que en el escrito de demanda se alega la afectación del principio de legalidad penal. 5. de la Constitución Política del Perú. así como sus respectivas sanciones. inciso 24. 5. específicamente. Como tal. el artículo 404º del Código Penal. en aplicación de los incisos 13) y 2) del artículo 139º de la Constitución.
6. 7. STC 1230-2002-HC/TC].). ni aquella resulta una tarea que entre en el ámbito de competencia de los jueces constitucionales. en concreto. que son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. ha establecido: 42. 8. ni la justicia constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal.. pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia . en definitiva. por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo [cf. en cambio. la CIDH ha sostenido desde su principal pronunciamiento en este tema que La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso. ejerciendo funciones que no le atribuye la Constitución [cf. [. en la injusticia de las resoluciones. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución. y no a revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria. fijación de los hechos y subsunción.. no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en proceso penal.oportunidades. Al fin y al cabo..] no puede acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos. así como la precisión de las consecuencias jurídicas (.. conociendo de toda calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios que viole o desconozca (. Si.º 369-2001 . se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo. la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no son ni deberían ser objeto de revisión en estos procesos. Como regla general. mediante estos procesos se ha encomendado proteger los derechos fundamentales (. equivocaciones o incorrecciones jurídicas o.] la determinación de la responsabilidad criminal.) derechos.º 45/04).. 8. STC 104/1985]. como [.. aunque se apoyen en errores. 7. por vaciar de contenido el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y. mediante resolución de fecha 13 de octubre de 2004.. por otro. porque ello le convertiría [al juez constitucional] en órgano de control de la mera legalidad. pero carece de aquel carácter en relación con procesos comunes que resuelvan derechos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad. cuando ella se haya dictado con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben guardarse en toda actuación judicial. al ser competencia exclusiva de los jueces y tribunales su interpretación y decisión. en aquellos casos
. En cambio.. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto.. petición N. Como nuevamente lo ha expresado su par español. declarando inadmisible la petición presentada por el recurrente (cf. De modo análogo. De ahí que solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal y. o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. 6.. la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta.Informe N.). por un lado. La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención. pues una interpretación semejante terminaría.
por consiguiente. la sanción impuesta al demandante se sustenta en el artículo 404º del Código Penal. cuando hace referencia a la sustracción de una persona de la persecución penal. si en la justicia ordinaria se determina la culpabilidad o inocencia del imputado. la aplicación pura y simple. incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. la entiende de modo limitado a la existencia de un proceso penal. debe entenderse que ello está referido a la ejecución de la pena u otra medida ordenada por los órganos que la administran. 9. el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables. justamente para evitar o perturbar el desarrollo de las mismas. se encarga de determinar si la resolución judicial cuestionada afecta a derechos constitucionales. Por consiguiente. lo que en modo alguno. pues el supuesto planteado por el demandante y al que le da los alcances de una interpretación a simili. de acuerdo con la alternativa que ofrezca la dogmática penal que se estime más adecuada. De otro lado. supuesto ajeno a los alcances de la norma precitada. se aprecia que el objetivo del demandante es cuestionar el resultado de la interpretación hecha por el juez ordinario. distinguiendo allí donde la norma no distingue. Publíquese y notifíquese. puesto que la primera parte de ella. al aplicar un tipo penal o imponer una sanción. cuando es de conocimiento general. 9. En el caso de autos. intentando restringir los alcances y el sentido de la norma penal aplicada a su caso. no obstante ello. también debe desestimarse que en el caso de autos se haya aplicado una interpretación analógica criterio interpretativo que en modo alguno puede considerarse como un derecho fundamental . que expresamente regula la modalidad de encubrimiento personal en lo que corresponde a los delitos contra la función jurisdiccional. conllevaría a la despenalización de conductas criminales.
. 10. cuando dicho precepto hace referencia a las medidas ordenadas por la justicia. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. el Tribunal Constitucional. una interpretación en ese sentido. determinando en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la base de consideraciones de orden penal.en los que. público y notorio que muchos de los actos de encubrimiento se realizan sin que exista siquiera una investigación policial o fiscal. sino. en cambio. Por estos fundamentos. importa la ampliación de los alcances del precepto penal. no se aprecia la afectación del principio señalado. la justicia constitucional. 10. En consecuencia. nace de la propia norma aplicada en el caso del beneficiado.
en tanto que el derecho penal adjetivo es la parte dinámica o imagen en movimiento. El Derecho adjetivo o normas de procedimiento es complementario del anterior y se
. Si no quedo muy claro: es el Derecho sustantivo o material (droit de substance/substantive law) y el Derecho procesal o adjetivo (droit de la procédure/adjective o procedural law) (también se puede hablar de «normas sustantivas» frente a «normas de procedimiento». El Derecho sustantivo es el que trata sobre el fondo de la cuestión. Cabe mencionar que el derecho penal sustantivo es la parte estática o imagen sin movimiento. etc. Al Derecho Penal Sustantivo también se le denomina Derecho Penal Material y es el que se consagra en el Código Penal. reconociendo derechos. a las penas y a las medidas de seguridad y con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas antisociales.DERECHO PENAL SUBSTANTIVO Conjunto de normas o leyes relativas a los delitos. obligaciones.
se refiere a las normas que rigen la conducta de los individuos de una sociedad (sea referente al delito y a la seguridad).
. (Devis Echandía). al delincuente y a la pena o medida de seguridad. Se trata del conjunto de normas que se ocupan de señalar la forma de aplicar las normas jurídico-penales.ocupa de regular las relaciones jurídicas «poniendo en ejercicio la actividad judicial». precisa la jurisdicción y competencia respectiva y señala las formas que deben observarse en la tramitación de los procesos jurídicos. A mis palabras sugiero que el derecho sustantivo. y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerlas. el Derecho Adjetivo es el complemento necesario del derecho sustantivo. etc.
El Estado como ente regulador debe sujetarse en su actuar a los límites que le impone la Constitución como carta magna de nuestro país. como surge el Derecho Penal Adjetivo. Un ejemplo claro y demostrativo seria: El Código Penal para el Distrito Federal se ubica en lo que llega a ser el derecho penal sustantivo. Son sinónimos Derecho Sancionador. El Derecho Penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno. mientras que el Código de Procedimientos Penales es el derecho penal adjetivo. Y el derecho adjetivo es vehículo o el medio por el cual se hacen regir las normas impuestas y aprobadas. es así. las normas o leyes que integran el derecho penal sustantivo no pueden ser aplicadas por el Estado de manera arbitraria o caprichosa. para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley. el conjunto de normas que rigen la actividad de los tribunales. DERECHO PENAL ADJETIVO
Conjunto de normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. Conclusión En otras palabras el Derecho Adjetivo es el que trata de los organismos encargados de administrar justicia. Derecho Procedimental. es decir. Es la rama del Derecho que regula la función jurisdiccional del estado en todos sus aspectos y que por tanto fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho en los casos concretos. sino que su aplicación deberá estar reglamentada. las reclamaciones planteadas ante ellos. por tanto. En cambio. Derecho Procesal Penal o Derecho Instrumental. sus requisitos. que tiene por objeto al delito.
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