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Timestamp: 2020-02-28 19:32:10
Document Index: 182536609

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 100', 'artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 104', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 16']

STS 736/2016, 21 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 656765589
STS 736/2016, 21 de Diciembre de 2016
Número de Recurso: 1937/2014
Número de Resolución: 736/2016
CASACIÓN núm.: 1937/2014
Sentencia núm. 736/2016
Esta sala ha visto el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario n.º 1883/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Gandía, cuyo recurso fue interpuesto ante la mencionada Audiencia por la representación procesal de Axa Aurora Ibérica, S.A., representada ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales don Miguel Ángel Baena Jiménez; siendo parte recurrida don Rosendo, representado por el Procurador de los Tribunales don José María Rico Maesso.
1.º.- El procurador don Ramón Juan Lacasa, en nombre y representación de don Rosendo, interpuso demanda de juicio sobre ordinario, contra Axa Seguros Generales S.A de Seguros y Reaseguros y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia en el sentido siguiente:
se condene a la sociedad demandada AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, al pago a mi representado, DON Rosendo de la suma reclamada como y que asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE 372.739,09 euros) así como a las cantidades que en concepto de indemnización por incapacidad temporal se sigan devengado, a razón de 37,64 euros diarios multiplicado por dos, según condiciones particulares de la póliza suscrita, y hasta recibir mi mandante el alta, más intereses legales con el incremento correspondiente de conformidad con el artículo 20 de la Ley del contrato de Seguro, y costas del presente procedimiento
- El procurador don Vicente Javier Martínez Mestre, en nombre y representación de Axa Aurora Ibérica S.A, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que alternativamente:
a) Estimándose la excepción de falta de jurisdicción o de competencia objetiva alegada, se estime que la cuestión deberá someterse al procedimiento pericial prevenido en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, se desestime la demanda formulada de adverso, sobreseyendo el proceso sin entrar en el fondo del asunto, con expresa condena en costas de la parte actora.
b) Entrando a conocer del fondo del asunto, se desestime la demanda formulada de adverso respecto de mi mandante, sobreseyendo el proceso respecto de la misma, con expresa condena en costas de la parte actora.
»c) Se estime parcialmente la demanda, respecto de aquellos conceptos indemnizatorios y cantidades cuya necesariedad, realidad y cuantía resulten acreditadas de resultas de la prueba que se practique en su día, sin hacer expresa imposición de costas y sin imposición de interés moratorío alguno a mi mandante».
Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Sr magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Gandía dictó sentencia con fecha siete de febrero de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue FALLO:
que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por don Rosendo contra Seguros Generales S.A debo absolver y absuelvo a la misma de todos los pedimentos dirigidos en su contra con expresa imposición de cosas a la parte actora
Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de don Rosendo. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 23 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:
1. Estimamos en parte el recurso interpuesto por don Rosendo.
»A) Estimamos en parte la demanda interpuesta por D. Rosendo contra Axa Seguros Generales S.A.
»B) Condenamos a la demandada a pagar al demandante la cantidad de 272.767,25 euros con los intereses al 20% desde el día 21 de mayo de 2.008 hasta su pago.
»C) Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. »3. No hacemos expresa condena en costas en este recurso.
»4. Decretamos la devolución del depósito constituido para recurrir».
Se dictó con fecha 11 de junio de 2014 auto de aclaración cuya parte dispositiva dice:
No ha lugar a la aclaración solicitada por el procurador Ramón Juan Lacasa en nombre del demandante- apelante Rosendo de conformidad con el fundamento jurídico de la presente resolución
Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación de Axa Aurora Ibérica S.A. con apoyo en los siguientes: Motivos:
Primero.- Infracción de los artículos 20.3 y 100 de la Ley de Contrato de Seguro, que establecen que en los supuestos de seguro de accidentes y para la garantía de invalidez, el riesgo asegurado, cuya concurrencia es imprescindible para que surja la obligación del asegurador de indemnizar, lo constituye la producción de la invalidez y en supuestos de reclamaciones del asegurado a su aseguradora con base en un seguro de accidentes, en base a la garantía de invalidez o incapacidad permanente, debe considerarse como fecha del siniestro la fecha de la declaración o del reconocimiento de la invalidez o de la incapacidad permanente, por ser esta la que constituye el riesgo asegurado. En el presente caso estima que la fecha inicial del devengo del interés moratorio previsto en el artículo 20 de la ley 50/1 980, de Contrato de Seguro, será la fecha de la resolución por la que se reconoce al asegurado la incapacidad permanente independientemente de la fecha en la que se produjese el accidente que provocó las lesiones que derivaron en dicha incapacidad o invalidez. Cita en apoyo del interés alegado las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2012 y 20 de julio de 2011.
Segundo .- Infracción del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, en relación al tipo de interés aplicable para el cálculo de los intereses moratorios, que se devengarán al tipo del interés legal incrementado en un 50% durante los dos primeros años y a un tipo no inferior al del 20% solo desde el segundo año, sin que durante los dos primeros años puedan devengarse a un tipo distinto o superior al interés legal incrementado en un 50% aunque transcurran más de dos años hasta el pago. Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2007, 20 de septiembre de 2011. La Audiencia Provincial de Valencia condena a Axa al pago del principal con los intereses al 20% desde el día 21 de mayo de 2008, hasta su pago, pues al haber transcurrido más de dos años desde el siniestro, dichos intereses no pueden ser inferiores al 20%».
QUINTO.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por auto de fecha 23 de septiembre de 2014, se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días.
SEXTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador don José María Rico Maesso, en nombre y representación de don Rosendo, presentó escrito de impugnación al mismo.
SÉPTIMO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para deliberación votación y fallo para el día 22 de junio de 2016 y se acordó pasar a pleno de la Sala para el día 21 de septiembre 2016, en que tuvo lugar, no habiéndose dictado sentencia en el plazo establecido por haberse prolongado su deliberación.
PRIMERO.- La sentencia que ahora se recurre en casación condena a Axa Aurora Ibérica, S.A. (Axa Seguros Generales S.A), recurrente, a indemnizar al demandante en la cantidad de 272.767,25 euros con los intereses al 20% desde el día 21 de mayo de 2.008 hasta su pago, con base en un seguro de accidentes del que el demandante era tomador y beneficiario. La fecha del devengo de estos intereses coincide con la del accidente sufrido al colisionar el vehículo que conducía contra un muro.
SEGUNDO.- La doctrina de la Sala que se expresa en las sentencias citadas en el motivo es la siguiente:
La jurisprudencia ( SSTS de 14 de junio de 1999 (RC núm. 3545/1994) y 23 de diciembre de 1999 (RC núm. 1365/1995) ha distinguido entre hecho generador y riesgo asegurado. Esta distinción, puesta en conexión con el seguro de accidentes con cobertura de invalidez en sus diferentes grados, ha llevado a la doctrina a concluir que, si bien las obligaciones del seguro, en esencia, la de indemnizar el daño producido al asegurado, dentro de los límites pactados ( artículo 1 LCS), son exigibles a la aseguradora cuyo contrato estaba vigente cuando se produjo el evento que dio lugar, más tarde, a la invalidez, sin embargo el riesgo asegurado, cuya concurrencia es imprescindible para que surja la obligación de indemnizar ( artículo 1 LCS), lo constituye dicha incapacidad resultante del accidente, entendido desde el punto de vista fenómenologico, como hecho generador del citado riesgo -invalidez- objeto de cobertura. Así se explica que las obligaciones de la aseguradora no nazcan del hecho generador, de la causa violenta, súbita, externa, que origina la lesión corporal determinante de la incapacidad, sino que surgen de la invalidez misma ( SSTS de 17 de mayo de 1985, 22 de septiembre de 1987), que constituye el riesgo asegurado ( STS 19 de enero de 1984), siendo la fecha de la declaración de incapacidad la determinante de los efectos temporales y económicos de cobertura del seguro concertado, y de la aplicabilidad de las condiciones pactadas ( STS 13 de junio de 1989).
Cuando la controversia se suscita en torno a la mora del asegurador, en particular, con relación al devengo de los intereses previstos legalmente, la anterior doctrina debe ponerse en relación con la afirmada por esta Sala en relación con el artículo 20 LCS, precepto del que se ha dicho que es aplicable a toda clase de seguros, y que la indemnización por mora a que se refiere el párrafo 4.º del mismo implica la existencia de un retraso culpable, que no obedezca a causa justificada o que no le pueda ser imputada al asegurador. Puesto que no ha lugar a apreciar ese retraso sino a partir del momento en que tiene lugar el siniestro, como indica el artículo 20.3 LCS, por ser el hecho que fija el término inicial del devengo, el que en el seguro de accidentes el siniestro no venga dado por el accidente, en cuanto hecho generador o causa del daño corporal, sino por el accidente en el sentido estricto que se deriva del tenor literal del artículo 100 LCS, esto es, como lesión corporal resultante de dicha causa, comprensiva de la muerte y de la invalidez, que son los riesgos objeto de cobertura, supone que solo a partir de la declaración de la invalidez y su conocimiento por el asegurador comienza para este la mora y el recargo de intereses, si su retraso en el abono de la correspondiente indemnización no responde a una justa causa o a una causa que le pueda ser imputable. Así se desprende de la jurisprudencia contenida, entre otras, en la STS de 8 de noviembre de 2007 (RC núm. 5507/2000), que examina si el devengo debía comenzar con el informe de emitido por la compañía tras concluir el procedimiento del artículo 38 LCS o antes, con la comunicación de la invalidez a la aseguradora (por tanto, en ningún caso a partir del accidente laboral que fue el hecho generador de la invalidez), y en la contenida en la STS de 7 de febrero de 2007 (RC núm. 1435/2000), en la que se declara que el riesgo asegurado en el seguro de accidentes es la invalidez (junto con la muerte por accidente) y, que, consiguientemente, "el siniestro, que consiste en la realización de dicho riesgo, no radica directamente en la producción, en abstracto, del accidente al que se halla conectada causalmente la invalidez sufrida, sino en la producción de esta invalidez, siempre que sea consecuencia, inmediata o remota en el tiempo, del accidente". También reitera esta sentencia lo antes dicho sobre que no cabe confundir el siniestro como hecho generador de la invalidez con el momento de producción de ésta, en cuanto riesgo asegurado, y concluye que, «en suma, la fecha de origen de la invalidez, como fecha del siniestro a partir de la cual debe determinarse la mora, depende del estudio de las circunstancias del caso».
Estos argumentos, señala la sentencia 486/2012, de 17 de julio, «llevaron recientemente a esta Sala ( STS de 20 de julio de 2011, RC núm. 819/2008) a fijar el comienzo del devengo en la fecha en que se concretó la invalidez por la que se reclamaba, tras distinguir entre la acción directa, de naturaleza extracontractual, formulada por el perjudicado contra los presuntos responsables civiles del accidente de circulación, incluyendo la aseguradora del vehículo causante, y la acción fundada en su propio seguro de accidentes, de naturaleza contractual, que ejercitó contra su propia aseguradora, en reclamación de la indemnización prevista para el caso de ocurrir el evento cuyo riesgo -la invalidez en grados absoluta, parcial y profesional- era objeto de cobertura».
La tesis de estas sentencias es que si el riesgo asegurado en la póliza de accidentes es la incapacidad o invalidez, el siniestro tiene lugar cuando dicha situación se declara, de modo que, conforme al artículo 20.6 de la LCS («será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro») no hay posibilidad de mora hasta después de la declaración de incapacidad.
Ahora bien, se trata de una jurisprudencia que no es uniforme a la hora de concretar la fecha del siniestro. En sentido contrario existe otra que no atiende al grado de invalidez, sino al momento en que se produce el accidente, lo que incide de forma distinta en la obligación que impone a la aseguradora el artículo 18 LCS y en las consecuencias derivadas de su incumplimiento, previstas en el artículo 20 de la misma Ley.
La sentencia 789/1998, de 29 de julio, según la cual «el incremento de la indemnización en un 20% anual será aplicable desde la fecha del siniestro, habida cuenta de lo consignado en la Condición General VI de la póliza a partir del acaecimiento de éste, sin que quepa contraponer que entonces no se había producido resolución del Director del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la invalidez, porque, de una parte, las averiguaciones, investigaciones y peritaciones de la compañía aseguradora debieron seguir otra vía ( artículo 18 de la Ley del Contrato de Seguro), y de otra, el reconocimiento por la Dirección recién mentada de una determinada situación no significa que ésta no existiera desde la fecha del siniestro».
La sentencia 383/2013, de 24 de mayo, que en un seguro de accidentes aplica el interés del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro.
La sentencia 1168/1999, de 23 de diciembre, citando la 537/1999, de 14 de junio, que es citada a su vez en la 288/2088, de 22 de abril, según la cual el evento que constituyó el riesgo objeto de cobertura (caída), provocó la incapacidad o baja laboral del asegurado que, sin solución de continuidad, terminó con la declaración de incapacidad total permanente del asegurado, declaración, no constitución, de la incapacidad.
La sentencia 632/1993, de 17 de junio: la «existencia de la incapacidad» no concurre únicamente desde que así se declara, sino que se origina en el accidente y es consecuencia inherente al mismo y a su causación; de modo que el acaecimiento real del evento no puede confundirse con la declaración formal de sus consecuencias.
La sentencia 39/1995, de 6 de febrero: La Ley de Contrato de Seguro establece una delimitación legal del siniestro de accidente al definirlo en su art. 100, párrafo primero, al considerar como tal «la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca la invalidez temporal o permanente o muerte»; de ahí que el evento dañoso se refiera a un proceso integrado por diversas fases que, en tanto en cuanto no se completa su realización, no se da el siniestro y así, para que la lesión pueda ser calificada como accidente, a efectos de su aseguramiento, ha de producir ya la invalidez, temporal o permanente, o la muerte del sujeto. Es decir, que no podrá hablarse de siniestro causante de indemnización si no se produce la invalidez o muerte, pero ello no implica que el momento que haya de tenerse en cuenta para determinar si el siniestro está excluido del deber de indemnizar por no haber precedido en treinta días a la fecha de la póliza, sea el de la muerte del asegurado, sino que ha de tenerse como tal aquél en que se produjo la causa determinante de la lesión corporal y en que dio comienzo el evento dañoso; dado el tiempo que normalmente transcurre entre el momento en que se produce la lesión y aquél en que puede entenderse consolidada la invalidez, temporal o definitiva, o se produce el resultado de muerte, otra interpretación conduciría a la inoperancia del plazo de carencia, salvo en aquellos supuestos en que la muerte se produjese inmediatamente al accidente.
Esta última solución es la misma que ha adoptado la Sala de lo Social de este Tribunal Supremo a partir de la sentencia de 1 de febrero 2000, que reitera la más reciente de 18 de febrero 2016, según la cual el riesgo asegurado es el accidente -la lesión corporal- que se manifiesta en unas secuelas de invalidez temporal o permanente y muerte. Estas secuelas ya no son el riesgo, sino los efectos de su actualización, como se advierte en el artículo 104 de la citada Ley. Por ello, lo decisivo es que cuando ocurre un accidente la póliza que asegura este riesgo esté vigente. Si es así, se aplicará la cobertura, aunque la determinación de la invalidez a partir de la presentación del certificado médico de incapacidad se haya producido con posterioridad y la póliza ya no esté vigente. Lo importante es la relación de causalidad entre el accidente y sus secuelas; no la fecha en que se manifiesten éstas, ni mucho menos la de su constatación administrativa o médica. La cobertura se establece en función del riesgo asegurado, aunque proteja el daño indemnizable derivado de éste, que puede manifestarse con posterioridad al siniestro. Así lo afirma la jurisprudencia civil que distingue claramente entre el accidente, como riesgo asegurado, y el daño derivado del mismo: «la declaración de la invalidez, lejos de significar el hecho de la causación del daño o del siniestro, es meramente una formalidad administrativa determinante, entre otras, de las consecuencias económicas en diversos aspectos del accidente, pero en modo alguno puede identificarse con éste» ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1993; en el mismo sentido sentencia de 6 de febrero de 1995).
Se aplicaría un régimen distinto en materia de intereses de demora en el seguro de accidentes y en el de responsabilidad civil. Ante un mismo hecho en el que la aseguradora se mantiene pasiva, las consecuencias serían muy diferentes: si el perjudicado se dirige contra la aseguradora del civilmente responsable del accidente, tendrá derecho al interés de demora desde la fecha del accidente, mientras que si tiene una póliza de accidentes y acciona contra su aseguradora solo tendrá derecho a este interés desde la declaración de incapacidad.
Cuanto más grave sea el resultado del accidente, más tardará en declararse la incapacidad y más se diferirá en el tiempo el inicio del devengo de intereses.
Hay una evidente contradicción entre el rigor aplicado en la jurisprudencia de esta Sala a los casos de exoneración del artículo 20.8 LCS y la aplicación de intereses en el seguro de accidentes.
La interpretación que mantiene el primer grupo de sentencias citadas en el recurso favorece a la aseguradora pasiva que, frente a una comunicación del siniestro, no hace nada hasta que se le remite la declaración de incapacidad, lo que es difícilmente compatible con el cumplimiento del fin que se asigna a la obligación de la aseguradora de hacer una oferta motivada y con la propia finalidad del interés de demora del artículo 20 LCS y las demás exigencias de la Ley, como la expresada en el artículo 16.
La aplicación de la anterior doctrina, determina la estimación del motivo formulado con la obligada casación y anulación en parte de la sentencia recurrida en el sentido de establecer que el interés de demora a satisfacer al lesionado por la aseguradora recurrente debe calcularse, durante los dos primeros años siguientes al siniestro (materializado el día del accidente -21 de mayo 2008-) al tipo legal más un 50% y, a partir de ese momento, al del 20% si aquel no resulta superior; todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Estimar el recurso de casación formulado por Axa Aurora Ibérica, S.A. (Axa Seguros Generales S.A) contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de mayo de 2014, exclusivamente en cuanto a los intereses en el sentido de establecer que serán calculados conforme a lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, es decir: durante los dos primeros años siguientes al siniestro (materializado el día del accidente -21 de mayo 2008-) al tipo legal más un 50% y, a partir de ese momento, al del 20% si aquel no resulta superior, hasta que se produzca el pago.
- Se mantiene la sentencia en lo demás, sin hacer especial declaración de las de costas causadas por el recurso.
ATS 289/2017, 2 de Febrero de 2017