Source: http://elmundodelabogado.com/revista/encuesta/item/que-reformas-le-hacen-falta-a-nuestra-carta-magna
Timestamp: 2018-08-21 01:48:37
Document Index: 327778840

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 1', 'artículo 123', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 37', 'artículo 87', 'artículo 5', 'artículo 17']

¿Qué reformas le hacen falta a nuestra Carta Magna? - El Mundo del Abogado
En 2017 se cumplirán 100 años de la promulgación de la Constitución mexicana. Con el objetivo de preparar, a lo largo de este año, una reflexión acerca de dicho acontecimiento, preguntamos a diversos especialistas su opinión acerca de las reformas que son necesarias en nuestra Carta Magna.
Nuestra Constitución se ha ido modificando de acuerdo con las circunstancias y seguramente lo será en el futuro. El problema toral es que la inmensa mayoría de los mexicanos desconoce su alcance y su contenido. Así, el problema no son únicamente los cambios en sí, sino que aún no hemos encontrado el medio más útil para darla a conocer en toda su importancia y proyección. De seguir de esta manera sólo sería una estructura marmórea carente de vida y circunscrita a las élites del mundo jurídico, dejando en una suerte de indefensión al pueblo de México.
México requiere una reforma integral a su Constitución política aprobada por un referéndum ciudadano, en el que, además de salvar una serie de inconsistencias gramaticales y de reacomodar sus contenidos —de manera enunciativa y no limitativa—, deberán ser tomados en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 1) contar con un preámbulo de la Constitución, que exponga con claridad las aspiraciones del pueblo mexicano y los fines estatales, e identifique un proyecto de nación congruente y posible de alcanzar; 2) incorporar plenamente el Derecho internacional de los derechos humanos, a efecto de hacer exigibles en el Estado mexicano todas las generaciones de derechos frente a actos u omisiones de las autoridades o de particulares que los conculquen; 3) reformular el sistema federal a efecto de clarificar las facultades de Federación, estados, distrito federal y municipios, definiendo asimismo las bases para la coordinación y el ejercicio concurrente de atribuciones; 4) reformar el sistema electoral: contemplar la segunda vuelta en las elecciones de presidente de la República; la reelección legislativa; la eliminación de la representación proporcional en el Senado; la apertura de la representación proporcional en la Cámara de Diputados a personas representativas de sectores de la sociedad civil, grupos vulnerables, comunidades indígenas, entre otros; la reducción significativa del financiamiento público a partidos políticos; la reformulación de la consulta pública y la incorporación, con un adecuado diseño institucional, de la revocación de mandato, plebiscito y referéndum; 5) reformar el régimen presidencial a efecto de acotarlo mediante la instauración de un gobierno de gabinete, generando mayor interlocución en el entramado institucional; 6) estandarizar las reglas y los principios en torno al acceso, permanencia y remoción de funcionarios, servidores y empleados públicos, incluyendo códigos deontológicos así como sus remuneraciones, incompatibilidades y un sistema estricto de responsabilidades penales y administrativas, acotando el denominado “fuero” y eliminando la denominada responsabilidad política por ser visiblemente incompatible con un régimen democrático; 7) rediseñar e incorporar los tribunales administrativos al Poder Judicial de la Federación y crear como contrapeso el Tribunal Constitucional como órgano constitucional autónomo, con una integración plural emanada de la rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, aunada a miembros de colegios profesionales y universidades; 8) reducir los órganos constitucionales autónomos, configurando una adecuada articulación y coordinación con los demás poderes del Estado. En mi opinión, sólo se justifican como órganos con autonomía constitucional la CNDH, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, debiéndose adicionar la Contraloría General de la República (Auditoría Superior de la Federación) y el Tribunal Constitucional.
El 31 de diciembre de 1994 se reformó el artículo 95 de la Constitución, derivado de la necesidad de fortalecer la autonomía y la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicha reforma se buscó modificar el régimen de ingreso a la misma, estableciendo requisitos e impedimentos más estrictos, que garantizaran que la persona propuesta reuniera calidad profesional y vocación judicial suficientes para el cabal cumplimiento de su responsabilidad. Dentro de la referida reforma se propusieron nuevos requisitos para fortalecer su independencia y se buscó garantizar que factores de carácter político no interfirieran en la designación de los ministros y que se tomara en cuenta la vocación judicial.
Sin embargo, la Suprema Corte atraviesa por una crisis de credibilidad por las últimas designaciones de ciertos ministros que la integran. Por ello, proponemos que se reforme dicho artículo 95, en el sentido de que sea obligatorio que dentro de su integración tengan mayoría los ministros con carrera judicial extensa y probada para garantizar la independencia del órgano de justicia supremo de nuestro país; consecuentemente, también deberá reformarse el artículo 96, en el sentido de que el presidente de la República deberá tomar en consideración la integración que exista al momento de formular la terna correspondiente, para respetar tal mayoría.
Tener una Suprema Corte integrada en su mayoría por funcionarios con carrera judicial podrá asegurar, por lo menos de facto, que los ministros tendrán un mayor conocimiento, tanto jurídico como de forma, para enfrentar el proceso de proponer proyectos de resolución y de votar los asuntos que sean, en lo constitucional, relevantes para la República.
Aunque ha sufrido casi 700 modificaciones, la Constitución mexicana sigue requiriendo profundos cambios para adaptarse a las necesidades, exigencias y desafíos del presente político del país.
Sobre las reformas constitucionales que se requieren, me centraré simplemente en el tema estructural que, desde mi punto de vista, es el que más problemas está generando y menos se ha discutido con seriedad. Se trata del asunto sobre la organización federal del Estado mexicano.
Me parece que la forma de distribuir territorialmente el poder ha sido y es disfuncional para México. No se trata solamente de que los gobernadores no rinden cuentas, endeudan irresponsablemente a sus estados y actúan como pequeños dictadores. El asunto estructural de fondo es que nuestro modelo de federalismo se ha convertido en un verdadero galimatías, en el que no está claro qué le corresponde hacer a cada nivel de gobierno, ni tampoco hay certidumbre sobre lo que debe suceder si un gobierno hace mal lo que debe hacer.
Por ejemplo, materias como educación, seguridad pública, salud o medio ambiente son de las llamadas “concurrentes” (es decir, aquellas materias en las que son competentes tanto la Federación como los gobiernos locales y los municipios, enunciadas en el artículo 73 de la Constitución mexicana), en la práctica se llevan a cabo de forma muy distinta, contribuyendo a fomentar la gran desigualdad que existe en el país. El resultado es una especie de “lotería geográfica”, en la que la calidad de vida de las personas depende en buena medida del lugar en el que nazcan o en el que decidan vivir.
Debemos procurar que el federalismo sea una forma de gobierno que sirva efectivamente a la gente. Para poder hacer realidad esa idea necesitamos hacer reformas a la Constitución para lograr los siguientes objetivos: 1) que quede claro lo que le corresponde hacer a cada nivel de gobierno; 2) que exista un mecanismo que permita retirar una competencia a las entidades federativas que no presten servicios públicos cumpliendo con ciertos parámetros de calidad (y a la entidad federativa se le retiraría también la dotación presupuestal correspondiente); 3) que se logre la rendición de cuentas a nivel de los gobiernos locales, para evitar la conducción irresponsable (y en algunos casos claramente criminal) que hemos visto en los años recientes. Para eso es indispensable que exista una efectiva división de poderes (por ejemplo, la independencia judicial es nula o muy escasa en varias entidades federativas, y lo mismo cabe decir de los congresos locales, en muchos de los cuales el verdadero jefe es el gobernador en turno).
En suma, se trata de lograr un esquema federalista más efectivo, justo y transparente.
Creo que merced a las copiosas reformas que hemos hecho en los últimos años, ya no podemos hablar de que se encuentra en vigor la Constitución de 1917, ni siquiera muchas de las más importantes modificaciones que incorporamos a ésta a lo largo del siglo XX. Ahora tenemos una nueva Constitución, formulada paulatinamente, sin “carta de navegación" ni destino cierto, que ha cambiado algunas decisiones fundamentales. Me pregunto cuál es el nuevo “proyecto nacional”, que es un tema básico de cualquier Constitución. En todo caso, la actual Ley Suprema contiene un conjunto muy relevante de derechos humanos de doble fuente: interna e internacional. Esos derechos son la entraña de la Constitución. El mejor homenaje que podríamos hacer a ésta es asegurar la práctica efectiva de los derechos que consagra. En este renglón me parece muy deseable la compatibilidad entre los artículos 1° y 133, a través de la reforma de este último precepto, más que centenario, de manera que permita la plena vigencia del principio pro persona contenido en el artículo 1°.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos realizado un estudio académico que propone reordenar y consolidar el texto de la Constitución vigente. Partimos de la tesis —ampliamente compartida— de que nuestro texto constitucional adolece de graves problemas técnicos (inconsistencias terminológicas, sobrerreglamentación, desactualizaciones conceptuales, etcétera) que han sido resultado de las ingentes reformas de las que ha sido objeto. Por lo mismo, sin alterar su contenido normativo y, en esa medida, respetando los pactos políticos que lo sustentan, nos dimos a la tarea de revisar la redacción constitucional, reacomodar algunos párrafos, agrupar materias y depurar términos, básicamente. Como resultado logramos contar con una Constitución más clara, accesible y legible.
Como también pensamos que el texto ha crecido de manera excesiva proponemos crear una Ley de Desarrollo Constitucional a la que podría ir a parar, por lo pronto, casi 20 por ciento del texto constitucional (sobre todo las normas de carácter reglamentario; vgr. el tiempo que corresponde a los partidos políticos en radio y televisión durante los procesos electorales). De esta manera, además de mejorar el texto constitucional, logramos reducirlo.
Este ejercicio —que puede consultarse en nuestra página de internet: http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada— podría servir de punto de partida para que los actores políticos que cuentan con la legitimidad y las facultades para hacerlo hagan del centenario de la Constitución algo más que un aniversario.
El 5 de febrero de 2017 podría pasar a nuestra historia constitucional como el día en el que nuestra generación salvó a la Constitución de 1917 del desorden normativo en el que se encontraba en 2016 y le brindó otros 100 años de vida.
A pesar de que no comparto la idea de reformar en demasía la Constitución, estimo que, tratándose del artículo 27 constitucional, existen dos realidades jurídicas que se han transformado a nivel nacional e internacional y que ameritan una profunda reflexión para que nuestra Carta Magna evolucione y se reforme adecuadamente.
El artículo 27 constitucional es, sin duda, un precepto que a lo largo del siglo XX nos llenó de orgullo nacional. A casi un siglo de la vigencia de su texto, ha ido modelando la aplicación de sus disposiciones, adecuándolas a la evolución y a la transformación que la propiedad ha requerido. No obstante, debemos continuar adecuando el texto constitucional en dos temas en particular.
El primero tiene que ver con la necesidad de que el texto constitucional reconozca en favor del ejidatario la propiedad privada; no sólo otorgarle la posibilidad del dominio pleno de su parcela como acto de la asamblea de ejidatarios, sino que el derecho del ejidatario sea originariamente la plena propiedad de su parcela, lo cual no implica desaparecer el ejido como medio comunitario de producción y comercialización de los bienes y servicios que se generen en el mismo.
Lo anterior responde al desafortunado uso de la limitante del derecho de propiedad sobre la parcela, como medio de control sobre las decisiones del ejidatario a quien afecta, no sólo en el destino de su tierra, sino también en su capacidad de decisión política y social, vulnerando sutilmente sus derechos humanos y de libre asociación.
El segundo tema está relacionado con la desaparición de la denominada zona restringida, ya que su justificación sobre la protección de la soberanía del territorio nacional evolucionó hace mucho tiempo, perdiendo cabida en nuestra realidad internacional; desde su creación como zona prohibida y evolución hacia zona restringida, México celebró diversos tratados internacionales en los que desataca como una de las economías más abiertas, por lo que limitar al extranjero para adquirir inmuebles en esa zona transgrede los principios de reciprocidad internacional contenidos en el Derecho internacional del que México forma parte como actor principal.
La Constitución debe dejar claro que la Suprema Corte es un tribunal constitucional y no uno de casación. Considero que deben ser otros órganos jurisdiccionales los que revisen la legalidad de un asunto. La Corte no debería resolver más de 100 casos al año.
Aunque, en otras ocasiones, he mencionado algunos aspectos que debieran reformarse en nuestra Constitución, me parece que su 99 aniversario es una buena oportunidad para hacer que nuestro país se llame como se llama: México, no Estados Unidos Mexicanos. Cuando calcamos el nombre de Estados Unidos, cuyas trece colonias se asociaron en una federación, la idea parecía atractiva. Pero en México nunca hubo tal pacto. Hoy, parece que hay dos países: los Estados Unidos Mexicanos, donde viven ampulosos abogados dedicados a defender los intereses de sus clientes —que también viven aquí—, y México, donde viven todos los demás.
Poco tiempo y atención se han dedicado para materializar un verdadero equilibrio entre los poderes públicos de las entidades federativas. En ese sentido me parece urgente y necesario crear un sistema bicameral en cada estado y en la Ciudad de México, mediante la introducción de una nueva cámara representativa de municipios o de regiones plurimunicipales dentro de cada entidad, cuyos integrantes se mantengan en el cargo por un periodo de tiempo superior al de los miembros de la colegisladora. Este nuevo órgano legislativo serviría para crear contrapesos políticos y funcionales entre los poderes públicos locales. Por ejemplo, dentro del Poder Legislativo el balance se procuraría al compartir facultades legislativas entre ambas cámaras, como el juicio político y el desafuero de funcionarios estatales y municipales; la aprobación del presupuesto estatal (ingresos y egresos), incluyendo el establecimiento de contribuciones y la fiscalización, entre otras. Por otra parte, la nueva colegisladora estatal tendría facultades exclusivas ante el Poder Ejecutivo de la entidad federativa, como la ratificación de todos y cada uno de los integrantes del gabinete, incluyendo su remoción, dadas las hipótesis aplicables. También, ambas cámaras estatales tendrían la facultad de promulgar leyes locales, si el titular del Poder Ejecutivo no lo hace pasado el proceso correspondiente, etcétera. Para lograr la construcción del modelo bicameral dentro de cada entidad federativa, no estimo necesario modificar la Constitución general; sin embargo, de pretender generalizar este modelo en toda la Federación, sí sería indispensable reformar ciertos artículos constitucionales, como el 115 y el 116.
Es necesario volver a los principios de supremacía y fundamentalidad que deben caracterizar a la Constitución; depurar su contenido, eliminar los abundantes preceptos introducidos en su estructura por la nociva práctica de “elevar a rango constitucional” soluciones legislativas producidas al ritmo de las circunstancias políticas de coyuntura.
Si hace un siglo las condiciones posrevolucionarias obligaron al detalle en la redacción del texto constitucional, esa peculiaridad llevada al exceso le ha hecho perder su condición de norma general.
Así se eliminarían, principalmente de la parte orgánica, los ordenamientos correspondientes a la normatividad secundaria y/o reglamentaria, de manera que el articulado constitucional exprese únicamente los principios y las disposiciones indispensables para materializar las decisiones fundamentales con las que el Constituyente diseñó el Estado mexicano.
En el aspecto laboral podemos decir que en 1917 nació sano el artículo 123 que se refiere a las bases fundamentales del trabajo. Fue el 5 de diciembre de 1960 cuando el original artículo 123, que se refiere al trabajo en general, quedó como apartado A y se le agregó el apartado B, que se ocupa de las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. El apartado B debe desaparecer. Desde hace lustros nos hemos pronunciado por su derogación.
Porque en plena vigencia del artículo 1º de la Constitución, reformado el 10 de junio de 2011, que se pronuncia por la igualdad de los seres humanos, en contra de la discriminación de cualquier género, el apartado B separa a los trabajadores al servicio del Estado, los discrimina para disminuir sus derechos frente a los derechos del apartado A, de los trabajadores en general.
Porque en el Derecho individual del apartado B un trabajador sólo lo es cuando el titular de la dependencia le otorga un nombramiento, no importa que esté prestando sus servicios ni desde cuándo. En el apartado A, entre otras ventajas, la relación laboral se crea desde el momento en que el trabajador comienza a prestar servicios personales y subordinados. Los trabajadores de confianza y los contratados por honorarios no están comprendidos por la ley reglamentaria del apartado B, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el apartado A los trabajadores de confianza y los honorarios tienen la protección de las normas laborales y los beneficios de todos los trabajadores.
Porque en el Derecho colectivo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, los trabajadores sólo tienen derecho a un sindicato por dependencia; si desean más sindicatos, después de que les niegue el registro el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, deben obtener el amparo de la justicia federal para crear un nuevo sindicato y registrarlo. En el apartado A los trabajadores gozan del pluralismo sindical, es decir, pueden formar, en cada empresa, en cada industria, los sindicatos que deseen.
Porque los trabajadores al servicio del Estado no tienen el beneficio de la negociación colectiva; el titular de la dependencia es quien determina las condiciones generales de trabajo, “tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente”. En el apartado A los sindicatos tienen derecho a negociar con el patrón sus contratos colectivos, que abarcan a todos los trabajadores de la empresa, a los sindicalizados, a los no sindicalizados, a los trabajadores de base y a los de confianza.
Porque los trabajadores al servicio del Estado sólo tienen derecho de huelga en la letra de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en la letra de la Constitución. En la fracción X del apartado B del artículo 123, se expresa que los trabajadores tienen derecho a la huelga siempre y cuando se violen de manera general y sistemática los derechos de los trabajadores establecidos en ese apartado; de manera general, es decir la violación de los derechos que fijan las 14 fracciones del apartado B, y de manera sistemática, es decir la violación de los derechos ha de ser día tras día y momento tras momento. Esto es, nunca pueden gozar del derecho a la huelga. En el apartado A los trabajadores en general tienen en la ley y en la Constitución el derecho de huelga cuantas veces el patrón se resista a acceder a sus peticiones.
Por estas razones elementales nos pronunciamos por la derogación del apartado B que niega a los trabajadores al servicio del Estado el goce de sus derechos fundamentales. No se vale en la legislación mexicana discriminación alguna, como la que se da en el ámbito laboral.
En lugar de llenar de fárrago nuestra Constitución, debemos preocuparnos por simplificarla y estudiarla a fondo. Resulta vergonzoso que quienes la aplican y la reforman vivan en una pavorosa ignorancia acerca del significado de nuestra Carta Magna.
Nuestra Constitución ha dejado de ser una ley fundamental, para convertirse en un código. Hay que dejar de verla como reglamento y trabajar para que sea la Carta Magna que debiera ser.
La Constitución mexicana de 1917 no goza de buena salud. ¿Se requiere un nuevo texto fundamental? Quizá, pero es inadmisible que en la Constitución vigente estén dos figuras violatorias de derechos humanos: el arraigo (artículo 16) y la extinción de dominio (artículo 22). Además, sostengo que deben desaparecer los fueros de los servidores públicos. México es una república; por tanto, no debe haber privilegios para nadie. La reforma al artículo 37 constitucional de 2013 es un retroceso: que el Ejecutivo federal —y no el Congreso— sea el competente para aprobar o desaprobar las peticiones de mexicanos a recibir condecoraciones extranjeras. El sistema presidencialista autoritario es un fracaso. Durante la vigencia de la Constitución de 1917, los presidentes de la República no han cumplido con la protesta explícita en el artículo 87 constitucional (desde Carranza hasta Peña, sin excepción, aunque con matices). El pueblo de México tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Es tiempo de que pensemos en transformar el sistema político mexicano y abramos la puerta al parlamentarismo republicano. No se requiere necesariamente la abrogación de la Constitución actual; requerimos una nueva mentalidad: cumplimiento de las obligaciones de gobernantes y gobernados y ejercicio pleno de los derechos humanos.
Nuestra Carta Magna tiene que precisar, de una vez por todas, en qué casos puede un juez aplicar directamente la Constitución o un tratado internacional y en qué casos no. Por increíble que parezca, muchos jueces y magistrados aún no lo saben.
Alfonso Pérez-Cuellar
El acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho requieren una profunda reforma constitucional que ordene la prestación de los servicios legales. De esta forma, al renovar el artículo 5, debiera establecerse que los colegios de profesionistas serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional, y que se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones. Por su parte, el artículo 17 tendría que disponer la facultad de establecer en la ley el cumplimiento de los requisitos que permitan garantizar servicios legales de calidad, así como el sistema de responsabilidades y reconocimientos de los profesionales del Derecho entre sus pares, como una previsión sustantiva del acceso de la justicia de las personas. El nuevo orden jurídico que pretendemos construir requiere mejores abogados, ética y técnicamente regulados; sin embargo, las disposiciones constitucionales actuales no son suficientes, por lo que ameritan cambios que resulten pertinentes.
A 99 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, columna vertebral de nuestro sistema jurídico, de donde debe nacer la certeza que norme el desarrollo de México, los conservadores pugnan por un poder que no cambie, mientras que los liberales buscan crear una nueva Constitución. El equilibrio se logrará haciendo un alto en el camino, una pausa para establecer en nuestra Constitución una normatividad transparente, cuya supremacía sea clara, que exprese el acuerdo político y su organización en sus tres niveles, que sea útil y sacuda los excesos normativos que hoy le pesan. Debemos encontrar un balance normativo que dé estabilidad, que sea entendible y que fomente el progreso y el desarrollo, ya sea cambiando nuestra actual Carta Magna o creando una nueva que sea mucho más ágil y sencilla.