Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-489-09.htm
Timestamp: 2017-10-19 03:19:04
Document Index: 61922327

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 228', 'artículo 113', 'artículo 42', 'artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 332', 'artículo 243']

C-489-09
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia ante existencia de fallo de inexequibilidad
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano René Ricardo Tocancipá Isaza demandó la expresión “En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contenida en el artículo 37 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en la forma en que fue modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.
“De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
Finalmente, el actor sostiene que someter la decisión de conceder los beneficios de la querella a la previa valoración positiva del ICBF constituye una clara vulneración al principio de independencia de los jueces contemplado en el artículo 228 superior, en la medida en que al condicionar los efectos de la querella a la decisión obligatoria de una autoridad administrativa lo sustituye. Reiteró que la ley trasladó al ICBF la facultad decisoria de administrar justicia con lo que le arrebató al juez dicho poder, puesto que a él sólo corresponde obedecer y acatar la valoración que del caso realice la autoridad administrativa. Así, el demandante concluyó que la intervención del ICBF es “una intromisión excesiva en la toma de decisiones de las potenciales víctimas en el proceso penal, quienes aún cuando en aras de proteger su núcleo familiar, restablecer la armonía familiar, entre otros nobles designios, se ven sometidos a que sea un tercero ajeno a su entorno doméstico quien defina la suerte de su familia, vulnerándose de esta manera el derecho de la intimidad familiar y al derecho de libre disposición”.
La intervención del ICBF en los procesos penales por delitos que afectan a la familia no contraviene el artículo 113 superior, puesto que es una forma de colaboración armónica entre los poderes del Estado. De hecho, el interviniente dijo que no es extraño a los procesos penales la intervención de otros entes del Estado, tal es el caso de la intervención de la Contraloría General de la República en algunos delitos contra la administración Pública. Entonces, si la desintegración e inestabilidad de la familia constituyen temas propios de las atribuciones del ICBF, “no resultaría extraña ni insólita su intervención en procesos penales que cursen por conductas que atenten contra ese núcleo fundamental de la sociedad como así la propia Constitución en su artículo 42 lo consagra”.
Tal y como está redactada la norma acusada, ésta resulta contraria al artículo 228 de la Carta, en tanto que, efectivamente, limita la decisión del juez en cuanto a la posibilidad de conceder los beneficios propios de la querella en los delitos de violencia intrafamiliar, pues a pesar de que el juez esté en la disposición cognitiva y positiva de otorgar esos beneficios, no lo puede hacer si hay valoración negativa del ICBF. En tal virtud, “si la norma hubiere dispuesto que la valoración por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene carácter obligatorio, no incidiría en la autonomía del juez, empero por la forma como la norma está redactada, para respetar la autonomía funcional del juez tendría este que tener la opción de apartarse de esa valoración de una entidad llamada a cooperar, pero no a sustituirlo en su función pública”.
El demandante se equivoca al entender la decisión judicial moderna como una cuestión puramente jurídica, pues al juez corresponde buscar la verdad objetiva mediante la verificación real y procesal de los hechos y, para el efecto, puede utilizar los medios de prueba técnicos que la ciencia le ofrece, de ahí que al juez corresponda apoyarse en el dictamen de expertos en la materia, “pues parece superfluo que la ley deba conminar al juez para que reconozca que en estas materias ajenas a su especialidad omita su propio criterio por ser un asunto que desconoce y especialmente delicado, pero no por ello puede considerarse que viola la Constitución, porque es el legislador el que determina el procedimiento de juzgamiento y esta no es sino una norma más en esta materia”.
Luego de presentar algunos ejemplos en los que se evidencia evolución histórica sobre el reproche social en el comportamiento familiar y de cuestionarse respecto de la dificultad en la valoración sociojurídica de esas conductas, el interviniente concluye que con la norma acusada no se pretende supeditar la decisión judicial a la opinión de un tercero, sino de exigirle al juez apoyarse en una opinión de expertos de la conducta, “para que en la medida de lo posible la concesión de los beneficios sea la respuesta adecuada a la situación personal y familiar de los sujetos involucrados en la problemática como víctimas o victimarios”.
De otra parte, el Procurador considera que es preciso modificar la jurisprudencia reiterada de la Corte en el sentido de indicar que, en los casos en los que una norma ha sido previamente declarada inexequible, no procede la declaratoria de cosa juzgada material y la orden de estarse a lo resuelto en providencia anterior, sino la inhibición de emitir un pronunciamiento de fondo porque la norma ya no existe y ha perdido su vigencia. Así, el Ministerio Público concluye que “resulta irrelevante entrar a determinar si los motivos por los cuales la disposición impugnada fue previamente declarada inexequible guardan o no relación de conexidad con los cargos formulados en su contra en la nueva demanda, puesto que para concluir que necesariamente ningún juicio de constitucionalidad puede emprenderse en relación con aquella que ha perdido su vigencia, indistintamente de las normas superiores por las que en su oportunidad fue encontrada su oposición con la Constitución”.
“…ante una sentencia estimatoria, la norma declarada inconstitucional no puede seguirse aplicando, el Congreso no puede proferir una nueva disposición con similar contenido al de la disposición inconstitucional y la Corte debe atenerse a su decisión para toda cuestión posterior. Si la sentencia es desestimatoria y la disposición es declarada exequible, los jueces, en principio, no pueden inaplicarla y la Corte debe atenerse a su decisión cuando quiera que la norma resulte nuevamente demandada. Ahora bien, el efecto de la cosa juzgada formal de una sentencia desestimatoria desaparecerá si la norma que fue declarada exequible no mantiene exactamente el mismo contenido normativo o cuando se ha producido un cambio constitucional que eventualmente pueda afectar su constitucionalidad”[5]
“Tercero.- Declarar inexequible el aparte “En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contenido en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004”
En consecuencia, la Sala mantiene su jurisprudencia en cuanto se estará a lo resuelto en la sentencia C-1198 de 2008, que declaró la inexequibilidad de la expresión “En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contenida en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1198 de 2008, que declaró la inexequibilidad de la expresión “En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contenida en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
[1] Cabe recordar lo dicho en la sentencia C-310 de 2002: “la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta”.
[2] En sentencia C-820 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte expresó: “a diferencia de la cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas proferidas en las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, en las que sólo se presenta si existe la denominada por la jurisprudencia “triple identidad”, esto es la identidad de objeto, de causa y de partes (artículo 332 del Código de Procedimiento Civil); la cosa juzgada constitucional sólo se predica de lo que podría denominarse identidad de causa, esto es, de la equivalencia de la norma y de los contenidos normativos que han sido objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional. En efecto, por el carácter público de la acción de inconstitucionalidad y la naturaleza participativa del proceso constitucional, resultaría un contrasentido exigir la identidad de partes (entendida esta como la identidad personal de los sujetos involucrados y la identidad jurídica). De igual manera, conduciría al absurdo sostener la identidad de objeto para la cosa juzgada constitucional, puesto que, en todas las demandas de inconstitucionalidad se pretende la inexequibilidad de una disposición o de una parte de ella y se busca preservar el principio de supremacía constitucional”
[4] C-259 de 2008, C-211 de 2003, al recordar la sentencia C-310 de 2002, la Corte precisó que el efecto de la cosa juzgada material depende de si la norma es declarada inexequible o exequible. Adujo que "si la norma enjuiciada ha sido declarada inexequible y, en consecuencia, retirada del ordenamiento jurídico, el efecto de la cosa juzgada material limita la competencia del legislador, de manera que éste queda impedido para reproducir el contenido normativo del acto mientras subsistan las disposiciones constitucionales que dieron lugar al citado pronunciamiento", dándose de esta forma el estricto cumplimiento a la orden contenida en el artículo 243 superior. Ahora bien, si la disposición fue declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al juez constitucional para pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, esto, con el fin de garantizar a los administrados, principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad. Sin embargo, excepcionalmente, el juez podría adelantar un nuevo juicio de constitucionalidad sobre un texto normativo del cual ya hubo pronunciamiento, si considera necesario precisar los valores y principios constitucionales y aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica”