Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-301-11.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:56:08
Document Index: 414737967

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 346', 'artículo 240', 'artículo 239', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 182', 'artículo 346', 'artículo 29', 'artículo 346', 'artículo 257', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 240', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 182', 'artículo 14', 'Artículo 257', 'artículo 1']

C-301-11
(…) 4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.
En ese orden, dice el demandante, “resulta inaceptable que un precepto de contenido penal contenga expresiones como ‘cualquier otro instrumento similar’ o [sic] ‘otras semejantes’ , por cuanto resultan abiertamente contrarias al principio de taxatividad, contenido en el artículo 29 Superior; en efecto, mal podría el estado de derecho, idea en la que se inscribe el estado Colombiano, castigar comportamientos que no se encuentran clara y expresamente identificados en la ley penal” (folio 3).
El Académico Jorge Enrique Valencia mediante escrito radicado el 26 de octubre de 2010 intervino en el proceso para señalar que la norma demandada “es abiertamente inconstitucional” (folio 28 reverso).
A esta conclusión llega tras apuntar que la parte general del Derecho Penal, atiende asuntos de especial importancia relacionados con los postulados que informan la teoría general del delito. Aparece así el principio de legalidad que surgió en la época de Las Luces, el cual incluye principios como la no retroactividad de la ley salvo que sea la más benigna, la prohibición del derecho consuetudinario y el mandato de certeza. Este último prohíbe dictar leyes penales de contenido vago o indeterminado, es decir que la “tipificación de las conductas deben perfilar los elementos propios y exclusivos de cada figura del delito, a más de la fijación de la pena”.
De lo anterior concluye que las expresiones que acusa el demandante están mostrando incertidumbre y un nivel de generalización que raya con lo inaudito, descuidando la ventaja de una definición con mayor seguridad jurídica para soslayar excesivas dificultades. Con la forma prevista en el precepto que se acusa, la definición de los límites del tipo penal “se delega fundamentalmente a la persona que aplica el derecho” y, en menor medida, en la doctrina. Y tras exponer el peligro de que la jurisprudencia sea fuente del derecho, explica que por ello, debió “ (…) el legislador, en su sabiduría, enumerar cuáles son los instrumentos similares a la llave sustraída o falsa, y con igual inflexión, señalar los elementos semejantes a las seguridades electrónicas y no dejar a la inteligencia de otros, especular sobre dichos objetos, dejando de lado, la especificación del tema y la precisión mayor de la expresión” (folio 28).
A juicio del Ministerio, el actor “no expone elemento de juicio alguno que demuestre, siquiera sumariamente, cómo tales expresiones, dentro del ordenamiento jurídico integral en materia de hurto calificado, contraviene el principio de legalidad”.
De acuerdo a lo anterior, estima que se debe aplicar el mismo razonamiento y conclusión a que se llegó en la sentencia C-682 de 2009, que estudió una demanda donde se acusaban las expresiones “reales, similares o semejantes” contenidas en el artículo 346 de la ley 599 de 2000 y en la que la Corte se declaró inhibida porque el actor eludió la argumentación en términos de suficiencia, al no expresar en el contexto normativo al que pertenecen, por qué esas expresiones eran contrarias a la Constitución.
En este caso, dice el Ministerio, también “el actor no integró la proposición jurídica completa objeto de acusación, limitándose a demandar unas expresiones aisladas que carecen de contenido normativo por sí mismas”, más aún cuando la conducta penal es compleja y no sólo se define por el artículo 240, numeral 4 del Código penal, sino también por el artículo 239. En ese orden, “al no estar precisado el contenido normativo realmente impugnado, necesariamente resultan insuficientes los argumentos o razones de inconstitucionalidad expuestos en la demanda, lo que impide proferir una decisión de fondo”, como lo solicita a la Corte.
Lo anterior por cuanto al cotejar las exigencias plasmadas en la sentencia C-1052 de 2001 con la demanda, la Procuraduría General de la Nación aprecia, “que (i) el actor dirige su demanda sobre la base de una proposición supuesta e inexistente, cual es que las normas penales deben ser ´expresas’ e ‘inequívocas’, expresiones que no se encuentran en el artículo 29 constitucional y que, de seguirse, implicaría la inconstitucionalidad de todos los tipos penales en blanco o de las normas complementarias y haría innecesaria la labor interpretativa de los jueces; ii) la demanda se basa exclusivamente en la interpretación subjetiva que el actor hace de la norma demandada, la norma constitucional invocada y el aparte doctrinal citado; y iii) las razones que aduce el demandante no son suficientes para despertar siquiera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada” (folio 58).
9. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[3] que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que éste profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”[4]; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[5]’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[6].
Este mandato en condiciones de normalidad indelegable no es sólo manifestación del Estado de derecho sino también del Estado democrático, pues la definición de las conductas punibles debe operar en el foro representativo, plural y deliberativo del Congreso, de modo que en su concreción normativa, puedan verse reflejados los intereses de todos los miembros de la comunidad. Esta discusión pública, ha dicho la Corte,“debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificultades del momento”, sino que la misma sea el resultado de la “discusión colectiva y democrática de las políticas criminales a fin de evitar la intervención penal inútil y perjudicial”[9].
12. Naturalmente dicha atribución debe ceñirse a las exigencias del principio de tipicidad según el cual, “la ley debe definir, de manera clara, precisa e inequívoca, la conducta punible”[10]. Con este principio se busca “que las personas a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos”, es decir, la realización del principio fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege”, que permita al destinatario de la norma conocer exactamente la conducta prohibida y sancionada penalmente y por lo cual, se debe evitar la indeterminación del tipo penal, para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria[11].
En este sentido, los principios de legalidad de la pena y dentro de ella, de tipicidad, sirven al mismo tiempo como herramienta de protección de los derechos fundamentales que se pueden ver vulnerados en ejercicio del poder punitivo del Estado, tanto desde el punto de vista de la libertad como de la igualdad. Pero también, garantizan la seguridad jurídica de los ciudadanos“por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas ya sean privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma, toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”[12].
Por todo ello se ha concluido que,“el apego irrestricto al principio de legalidad afecta la capacidad de penetración del derecho penal e implica un riesgoso abandono de fundamentos que resultan cruciales para la conservación de los intereses públicos”[13].
De ahí que se hayan reconocido y admitido diversos tipos penales, a saber: i) los “básicos, especiales, subordinados, elementales, compuestos, completos, incompletos, autónomos y en blanco” según la estructura normativa del mismo; ii) los “monosubjetivos, plurisubjetivos, de sujeto indeterminado o de sujeto cualificado”, con respecto al sujeto activo; iii) los “simples, complejos, de lesión y de peligro”, en cuanto al bien jurídico tutelado; y iv) “de mera conducta, de resultado, de conducta instantánea, de conducta permanente, de acción, de omisión, abiertos y cerrados”, con referencia a su contenido[14].
14. A este respecto se observa por ejemplo el caso de la sentencia C-1164 de 2000[15], donde se juzgaba la constitucionalidad de la expresión “El que por cualquier medio fraudulento induzca en error”, del tipo fraude procesal contemplado en el artículo 182 del Decreto ley 100 de 1980, estimada entonces por el actor como contraria a las exigencias de los mencionados principios de legalidad y tipicidad, por presunta vaguedad e indefinición.
17. Así, en sentencia C-682 de 2009, cuando la Corte estudió la demanda formulada contra el artículo 346 (parcial) de la Ley 599 de 2000,por cuanto en él se describía el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, pero con alusión a que los mismos, fueren “reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado”[16].
En opinión de los actores, de esta forma se vulneraba el principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución, como quiera que la conducta así descrita no definía “‘de manera inequívoca, expresa y clara’” la conducta punible para que sea comprensible, con lo cual el legislador se despoja de sus funciones de definición de la conducta punible para “‘entregársela a (…) los jueces” quienes tendrán entonces la facultad de establecer,“cuál conducta o comportamiento humano se asimila o asemeja a prendas, uniformes, insignias o medios de identificación”.
Al analizar tales argumentos, encontró la Corte empero que en ellos no se consideraba en su integridad el precepto acusado. En efecto,se observó entonces que de conformidad con la descripción típica del artículo, las expresiones “similares o semejantes a los”, objeto de la demanda, tenían una relación especial con cada uno de los verbos rectores que el artículo 346 del C.P. empleaba. En esas condiciones, se decía, “la declaración de inconstitucionalidad de las expresiones cuestionadas afectaría a cada una de esas relaciones y a los correspondientes significados, pese a que en la demanda nada se argumenta respecto de esos vínculos y significados”.
En tal sentido encontró la Corte que la demanda aislaba las expresiones acusadas del contexto en el que debían ser interpretadas y así evadía la argumentación que hubiera tenido que presentar para que el cargo cumpliera el requisito de suficiencia. Porque “ciertamente, no basta afirmar que aquellas son, en sí mismas, equívocas o carentes de claridad, ya que la existencia o la inexistencia de las fallas denunciadas sólo puede apreciarse cuando se establece el alcance de la relación del segmento demandado con cada uno de los verbos rectores, ejercicio que, según se ha visto, no efectuaron los actores”.
No se puede por tanto pretender la inconstitucionalidad reclamada con base en el mero argumento de la imprecisión de las expresiones que se acusan, ya que la multiplicidad de las situaciones a que se refiere la medida, exige que en la demanda se precisen o se argumente respecto de cada una de ellas[17]. O sea, que “‘no está llamado a prosperar el ataque general o indiscriminado que el actor dirija en contra de un conjunto de disposiciones, sin reparar en el contenido específico de cada una de ellas’ ”[18].
También la Corte estimó que, aún conforme al principio pro actione, la demanda no podía ser interpretada “pues, sencillamente, a la Corporación no se le han proporcionado elementos que le permitan apreciar si, a la luz del contexto normativo del que hacen parte, las expresiones acusadas contravienen o no el principio estricto de legalidad”.Por tanto concluyó que la acusación planteada no cumplía con el requisito de suficiencia, pero tampoco con los de especificidad y pertinencia, “ya que el cargo global no alcanza a definir la manera como las expresiones acusadas contrarían la Carta y, por lo mismo, el ataque formulado no traspasa el ámbito de lo legal y queda reducido al temor de que se produzca una aplicación indebida de la disposición e incluso a la inconveniencia de la técnica empleada por el legislador, sin que llegue a involucrar, realmente, los contenidos constitucionales que se estiman conculcados”[19]. Y por las mismas razones también se determinó que los demandantes no habían integrado la proposición jurídica completa que es requisito imprescindible para precisar el contenido normativo impugnado, pues las expresiones acusadas, en sí mismas consideradas, carecían de un significado normativo que permitiera el examen y el pronunciamiento de mérito”.
18. Al mismo resultado llegó la Corte Constitucional en sentencia C-851 de 2009, donde se había demandado el inciso segundo del artículo 257 del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley 1032 de 2006, relacionado con el delito “De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones”, en el cual tras describir la conducta con precisión relacionada con “el acceso o uso del servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones y sin la correspondiente autorización de la autoridad competente”, se agrega en el inciso 2º lo siguiente:“En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro”[20].
Sin embargo, a su respecto estimó el juez constitucional que era imposible concretar una causa de reproche que permitiera confrontar el artículo 29 constitucional con la norma acusada, en la medida que el actor lo radicabasólo en que los ingredientes normativos del tipo penal “no están claramente definidos”, incurren en “vaguedad” y en que existen “diferentes licencias” y “posiciones encontradas frente al tema”. Porque “el solo hecho de que a su juicio los conceptos resulten vagos o existan diferentes tipos de licencias dicha apreciación no constituye por sí misma un problema que conlleve inconstitucionalidad”.
No cuenta tampoco la demanda con las razones específicas que expliquen su aserto principal de que, con la indeterminación de las expresiones acusadas, se viola el principio de legalidad del delito. Ciertamente, no se dice por qué el tipificar como hurto calificado ese ilícito cuando se comete con instrumentos similares a la ganzúa o llave o violando o superando figuras semejantes a las seguridades electrónicas, desconoce o vulnera la Carta Política. No explica tampoco laoposición objetiva y verificable entre ese contenido de la ley penal y el principio del artículo 29 constitucional según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”. De esa forma su argumentación resulta global y abstracta.
Declararse INHIBIDA para resolver sobre la demanda presentada en contra de las expresiones “o cualquier otro instrumento similar”, y “u otras semejantes”, contenidas en el artículo 240 del Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007
[8] Al respecto se señaló en la sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que “la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad” (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: “La atribución legal reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad”.
ARTÍCULO 182.- Fraude Procesal.- El quepor cualquier medio fraudulentoinduzca en error a un empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años”.
[16]Dice literalmente el precepto: “ARTICULO 346. UTILIZACION ILEGAL DE UNIFORMES E INSIGNIAS. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, compre, venda, suministre, sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
[20] Dice el precepto: “Artículo 257. (Modificado por el artículo 1 de la Ley 1032 de 2006) De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes./En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro./Iguales penas se impondrán a quien, sin la correspondiente autorización, acceda, preste, comercialice, acceda o use red, o cualquiera de los servicios de telecomunicaciones definidos en las normas vigentes./Parágrafo 1°. No incurrirán en las conductas tipificadas en el presente artículo quienes en virtud de un contrato con un operador autorizado comercialicen servicios de telecomunicaciones./Parágrafo 2°. Las conductas señaladas en el presente artículo, serán investigables de oficio”.