Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-condiciones-basicas-igualdad-763615725
Timestamp: 2019-10-13 21:22:38
Document Index: 355989841

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STC 5/2019, 17 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 763615725
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 19 de septiembre de 2016, el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Presidenta del Gobierno en funciones, promueve recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos 1, 9 y 12 y las disposiciones transitorias segunda y tercera, así como la disposición adicional cuarta del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, con expresa invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que se produzca la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.
Tras referirse al cumplimiento de los requisitos procesales, comienza el escrito señalando que el decreto-ley objeto del recurso puede incluirse, con características que lo singularizan, en la serie de normas autonómicas que han establecido medidas tendentes a afrontar el problema de la vivienda y que han sido impugnadas por el Gobierno de la Nación (Decreto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, que ha dado lugar a la STC 95/2013 , de 14 de mayo; Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda; Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra; Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias; Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio; y Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética).
Esta normativa ha sido tenida especialmente en cuenta en la STC 93/2015 , de 14 de mayo, para enjuiciar el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, cuya doctrina es trasladable a este caso. Cita también el representante estatal el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero y la posterior Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que contienen mejoras adicionales a las previamente adoptadas; así como la modificación del convenio del fondo social de vivienda, realizada el 14 de septiembre de 2015, ampliando el número de viviendas destinadas a alquiler social y el colectivo que puede acceder a ellas, cuya vigencia se ha prorrogado hasta 2017.
Considera el Abogado del Estado que el Decreto-ley impugnado menoscaba las competencias estatales del artículo 149.1.11 y 13 CE, impidiendo la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado en las normas citadas, en los términos señalados en la STC 93/2015 , de 14 de mayo. Se alega también la vulneración de las competencias derivadas de los incisos 1, 6 y 8 del art. 149.1 CE. En concreto, y en lo que respecta a los preceptos impugnados, su argumentación es sintéticamente la siguiente:
El artículo 1, y en conexión con el mismo, la disposición transitoria tercera, vulneran la competencia estatal exclusiva en materia de legislación procesal (art. 149.1.6 CE), en virtud de la cual corresponde al Estado la determinación de los bienes que tienen la consideración de inembargables, tanto en los procedimientos judiciales como administrativos, dado que no se expresa ni se contiene en la Ley autonómica una conexión entre la regulación que se efectúa y las particularidades del derecho sustantivo aragonés, ya sea civil o administrativo. Por su parte, la disposición transitoria tercera debe ser declarada inconstitucional por establecer el régimen de aplicación del artículo 1 con carácter retroactivo.
El artículo 9 y la disposición transitoria segunda introducen un supuesto especial de suspensión automática e incondicionada del lanzamiento en los procesos de ejecución hipotecaria, distinta de la prevista en la legislación estatal y que no tiene conexión alguna con el derecho sustantivo aragonés, sea administrativo o foral. Se trata de una especialidad de naturaleza procesal que constituye una alteración del régimen comúnmente aplicable en todo el territorio nacional, lo que determina la inconstitucionalidad de ambos preceptos por infracción del artículo 149.1.6, produciéndose también la vulneración del artículo 149.1.13 CE, por cuanto se afecta a las medidas estatales adoptadas sobre esta misma materia. Así lo vino a declarar la STC 93/2015 en relación con las expropiaciones de uso de viviendas desocupadas, medida que es equiparable a la suspensión de tales lanzamientos.
En relación con el artículo 12, señala el Abogado del Estado que el deber de cesión de viviendas que en el mismo se impone conlleva, en primer lugar, una infracción del artículo 149.1.1 en relación con el artículo 33 CE, en cuanto la cesión obligatoria de viviendas constituye una transferencia coactiva y temporal de la titularidad de la vivienda, que incide en el contenido esencial de derecho de propiedad reconocido por el artículo 33.1 CE. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la competencia para regular las diversas manifestaciones de la función social del derecho de propiedad contemplada en el artículo 33.2 CE, en tanto afecten a su contenido esencial, corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 149.1.1 CE, a fin de que la regulación del mismo sea uniforme en todo el territorio nacional [STC 61/1997 , de 20 de marzo, FJ 10 b)].
En segundo lugar, el precepto infringe también el artículo 33 en relación con los artículos 53.1 y 9.3 CE, que establecen el principio de reserva de ley. El apartado tercero del artículo 12 dispone en concreto que la determinación de la contraprestación que percibirá el titular de la vivienda desocupada, a quien se impone la obligación de su puesta a disposición de la Comunidad Autónoma, se efectuará a través de una norma con rango de orden, lo que infringe el principio de reserva de ley que establece el artículo 9.3, al señalar tanto el artículo 33 como el artículo 53.1 CE que el elemento indemnizatorio ha de quedar configurado a través de lo que dictamine una norma con rango de Ley. Recuerda asimismo el Abogado del Estado que, de conformidad con la STC 61/1997 , la fijación de las normas de valoración urbanística a efectos expropiatorios, constituye una competencia estatal, lo cual determina que no se pueda, a través de una orden de un consejero autonómico proceder a la fijación de una renta, cuya validez o conceptuación sea la del elemento indemnizatorio para la puesta a disposición obligatoria de la vivienda, al margen de los criterios de valoración fijados por el Estado en ejercicio de sus competencias.
Estima asimismo que el precepto infringe las competencias estatales en materia de ordenación general de la economía y del crédito, en los términos contemplados en la STC 93/2015 , en cuanto deteriora el valor de los activos adjudicados a las entidades financieras, pues los compradores exigirán precios más competitivos, si la entidad puede perder las viviendas, lo que actuará en perjuicio de la situación financiera de las entidades afectadas por la reestructuración. A ello se añade que la cesión obligatoria de viviendas para alquiler implica que dichas viviendas deberán permanecer en el balance de las entidades, y que, de acuerdo con el Real Decreto-ley 2/2012, deberán dotarse provisiones que, en tres años, alcanzarán al menos el 40 por ciento del valor del inmueble. El artículo 12 tiene pues una incidencia inmediata y directa sobre los fines de las sociedades de gestión de activos, menoscabando la finalidad para la que surgieron, como instrumento de saneamiento del sector bancario en lo relativo a la gestión del parque inmobiliario, en cuanto la cesión obligatoria de viviendas desocupadas no resulta compatible con sus objetivos, lo que a su vez se traduce en una injerencia negativa y cualificada en la política económica del Estado. Adicionalmente, estima que se produce una vulneración del artículo 14 CE, en la medida en que las obligaciones reguladas en el artículo 12 del decreto-ley se conciben únicamente respecto de determinadas personas jurídicas [entidades financieras, sociedades inmobiliarias bajo su control y la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB)].
Finalmente, y en relación a la disposición adicional cuarta, afirma el Abogado del Estado que la misma altera el régimen jurídico establecido por el Estado, al exigir que las medidas del código de buenas prácticas previstas en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, se desarrollen dentro del sistema de mediación hipotecaria implantado por la Comunidad Autónoma de Aragón, menoscabando con ello la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.13 CE, por lo que resulta de aplicación lo señalado en la STC 93/2015 , que declaró inconstitucional una norma similar. Las entidades de crédito se adhieren al citado código voluntariamente, y asumiendo un régimen jurídico determinado, por lo que toda modificación de esta naturaleza supone una alteración de las reglas del acuerdo y la necesidad de volver a contar con la adhesión de estas entidades.
Por providencia de 4 de octubre de 2016, el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Diputación General y a las Cortes de Aragón por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular alegaciones; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor, y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso para la partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “BOE” para los terceros; y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La Mesa del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de octubre de 2016, comunicó el acuerdo de dar por personada a la Cámara en el proceso y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 25 de octubre de 2016, la representación letrada de las Cortes de Aragón se personó en el proceso y solicitó una prórroga del plazo legal concedido para formular alegaciones. El Pleno, en diligencia de 2 de noviembre siguiente, acordó tener por personadas a las Cortes de Aragón y prorrogar en ocho días más el plazo para formular alegaciones, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
En fecha 4 de noviembre de 2016, la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, en representación del Gobierno de Aragón, se personó en el procedimiento y solicitó prórroga del plazo otorgado para formalizar el escrito de alegaciones. El Pleno, en diligencia de 7 de noviembre siguiente, la tuvo por personada en nombre del Gobierno de Aragón y acordó prorrogar en ocho días el plazo concedido, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
El 21 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el registro de este Tribunal el escrito de alegaciones de la Letrada que ostenta la representación del Gobierno de Aragón. Comienza su exposición señalando que las actuaciones y medidas estatales adoptadas desde el año 2012 por el Estado, dirigidas a afrontar el problema de la vivienda, resultan compatibles con las medidas que, en el ámbito de sus competencias, adopta la Comunidad Autónoma, ya que todas ellas responden al mandato dirigido a los poderes públicos, de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE). En relación con los concretos preceptos impugnados, se señala lo siguiente:
El artículo 1 y la disposición transitoria tercera encuentran amparo en las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Aragón sobre el derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo de Aragón [art. 71.1.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr)], y en materia de acción social (art. 71.1.14 EAAr). La declaración de inembargabilidad que efectúa el artículo 1 se contrae a determinadas prestaciones económicas de carácter social, de carácter finalista, y que se otorgan por la Comunidad Autónoma en ejercicio de sus competencias en materia de acción social. Estamos, por tanto, ante una norma instrumental que, en ejercicio de una competencia exclusiva, requiere garantizar el destino y finalidad social de las prestaciones económicas, de forma que el esfuerzo presupuestario y financiero público que suponen no cubra finalidades distintas; la imposibilidad de proceder al embargo de estas prestaciones constituye pues una exigencia de la propia naturaleza de este tipo específico de ayudas.
Respecto del artículo 9 y la disposición transitoria segunda, afirma la Letrada que no se produce una vulneración del artículo 149.1.6 CE, por cuanto el Decreto-ley no introduce ex novo un nuevo instrumento procesal, sino que acoge el mecanismo de suspensión de lanzamientos adoptado por la legislación estatal (Real Decreto-ley 27/2012, Ley 1/2013, de 14 de mayo, Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, y Ley 25/2015, de 28 de julio) en virtud de la cual dicha suspensión rige desde el año 2012, prorrogándose sucesivamente y con vigencia hasta el año 2019.
La STC 93/2015 , al referirse al régimen estatal de suspensión de lanzamientos y a la constitución de un fondo social de viviendas de propiedad de las entidades de crédito, pone de manifiesto la compatibilidad de dicho régimen con un adecuado funcionamiento del sistema hipotecario, y el decreto-ley autonómico recoge la misma técnica y con idéntico objetivo, si bien matizando que la suspensión de lanzamientos se establece “hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la Administración”; previsión que no interfiere en el normal desenvolvimiento y efectividad de los mecanismos arbitrados por el Estado, sino por el contrario, supone un refuerzo en garantía del cumplimiento de dichos mecanismos, pues puede contribuir a la reducción del tiempo de suspensión de los lanzamientos, como consecuencia del ofrecimiento de una alternativa habitacional por la Administración. Por tanto, la regulación impugnada, en cuanto que no menoscaba o impide el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.13 CE, no puede considerarse que “afecte de un modo más intenso” al mercado hipotecario, en los términos de la STC 93/2015 , ni puede ser tachada de inconstitucional por vulneración de los artículos 149.1.11 y 149.1.13 CE.
Señala que el artículo 12 no altera el contenido esencial del derecho de propiedad, pues el derecho de propiedad de la vivienda no queda desnaturalizado por su destino a arrendamiento (o título similar), ya que el carácter forzoso o ex lege del arrendamiento se prescribe únicamente en situaciones excepcionales de desocupación de viviendas, y no supone un vaciamiento del derecho de propiedad que lo convierta en inexistente o puramente nominal, sino una limitación de la utilidad económica del bien, en términos de la doctrina constitucional.
Examina por último la impugnación dirigida a la disposición final cuarta, respecto de la cual se considera que no innova ni establece un diferente procedimiento previo a la vía judicial, sino que se acomoda a lo establecido en la legislación estatal, dado que su finalidad es precisamente la aplicación del código de buenas prácticas, incrementando su eficacia, al posibilitar el apoyo de los mediadores del sistema público, que opera como garantía de los deudores con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Aunque la normativa estatal no contempla la intervención de un mediador como tercero independiente de las partes, la ausencia de previsión al respecto no puede entenderse como prohibición que pueda obstaculizar o impedir la eficacia de la puesta en práctica del citado código, y la nota de la voluntariedad no queda desdibujada por el hecho de que el proceso negociador entre las partes afectadas se desarrolle con el apoyo de los mediadores del sistema público, por lo que no se afecta la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.13 CE.
En fecha 21 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el registro de este Tribunal el escrito de alegaciones formulado por la Letrada de las Cortes de Aragón, en el que se plantea, en primer término, la falta de legitimación de la Presidenta del Gobierno en funciones para la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, por considerar que dicha facultad no forma parte de las atribuciones del gobierno en funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 CE y 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se afirma que el recurso contra una disposición con rango de ley autonómica encierra una dosis de discrecionalidad que refleja la orientación política del Gobierno que lo acuerda, traduciendo un determinado programa y dirección política, por lo que excede del alcance que constitucionalmente debe darse a la expresión “despacho ordinario de los asuntos públicos”, a la que se circunscribe el ámbito material de actuación del gobierno en funciones.
Las prestaciones económicas, respecto de las cuales el artículo 1 del Decreto-ley aragonés predica su inembargabilidad, han sido establecidas por la Comunidad Autónoma al amparo de sus competencias exclusivas en materia de acción social (art. 71.4 EAAr) y no constituyen una novedad en el ordenamiento aragonés, pues en su momento ya se declaró el carácter inembargable del ingreso aragonés de inserción (art. 5 del Decreto 57/1994, de 23 de marzo) sin que ello diera lugar a recurso alguno.
El artículo 9 y el artículo 12 de la norma aragonesa se enmarcan en el ámbito de las competencias autonómicas exclusivas en materia de vivienda [art. 71.10 a) EAAr], cuyo ejercicio se encuentra condicionado por lo dispuesto en el artículo 47 CE, que enuncia tanto un derecho subjetivo como un principio rector de la actuación de los poderes públicos, y que configura un mandato dirigido a todos los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, correspondiendo a la autoridad autonómica de que se trate, dentro de su libertad de configuración, escoger las medidas o mecanismos que considere más apropiados para garantizar tal derecho.
En relación con el artículo 12, se señala que el único límite que el artículo 33 CE impone al legislador, cuando pretenda dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 47 CE, delimitando el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda al amparo de una razón social, es que no opere una desnaturalización del mismo, ni sobrepase las barreras más allá de las cuales el derecho dominical y las facultades que le son propias dejarían de ser recognoscibles.
A juicio de la Letrada, la disposición adicional cuarta se limita a introducir una especialidad procesal que deriva del derecho sustantivo autonómico, consistente en incluir la aplicación del código de buenas prácticas, regulado por la normativa estatal, en el sistema de mediación hipotecaria de la Administración autonómica, moviéndose dentro de los márgenes que le permite su competencia ex artículo 72. 3 EAAr. La particularidad procesal consiste en imponer la figura de un mediador derivado de su existencia en el derecho aragonés sustantivo, pero en nada más se alteran las medidas dispuestas en el código, ni se prejuzga el resultado de la negociación, ni se impone un resultado a ninguna de las partes, por lo que se entiende correctamente ejercida la competencia autonómica controvertida.
En diligencia de 28 de noviembre de 2016, el Pleno acordó incorporar a los autos los escritos de alegaciones formulados y oír a las partes personadas —Abogado del Estado, Gobierno y Cortes de Aragón— para que en plazo de cinco días expongan lo que estimen procedente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión.
El Pleno, por ATC 18/2017 , de 31 de enero, acordó mantener la suspensión de los artículos 9 y 12, así como de las disposiciones transitoria segunda y adicional cuarta, y levantar la suspensión del artículo 1 y la disposición transitoria tercera del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre.
El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y a través de escrito registrado en este Tribunal el 23 de noviembre de 2018, formula solicitud de desistimiento de la impugnación dirigida contra el artículo 12 del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Pone de manifiesto que esta petición de desistimiento parcial resulta del acuerdo alcanzado en la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado, de 19 de noviembre de 2018.
La Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, mediante diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2018, acuerda incorporar a los autos el anterior escrito, así como oír a las representaciones legales del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, para que, en el plazo de diez días, aleguen lo que estimen procedente en relación a la solicitud de desistimiento parcial del presente procedimiento.
La Letrada de las Cortes de Aragón, en la representación que legalmente ostenta, se muestra conforme con la anterior solicitud de desistimiento parcial en escrito registrado el 14 de diciembre de 2018. No se remitió escrito de contestación del Gobierno de Aragón.
El presente recurso de inconstitucionalidad se formuló por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Presidenta del Gobierno en funciones, en relación con los artículos 1, 9, 12, disposiciones transitorias segunda y tercera; y disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
Con carácter previo al examen de fondo, procede realizar determinadas precisiones de índole procesal.
Dicha pretensión sin embargo, no puede prosperar. La STC 97/2018 , de 19 de septiembre, FJ 2, a la que ahora procede remitirse, ha desestimado una alegación planteada en los mismos términos, y en ella se venía a concluir que: “la Constitución no excluye, siquiera sea implícitamente, la legitimación del Presidente del Gobierno en funciones para interponer el recurso de inconstitucionalidad. De ahí que hayamos admitido a trámite y resuelto los formulados por el Presidente del Gobierno en funciones tras las elecciones generales de 2011 (STC 237/2015 , de 19 de noviembre) y de 2015 (STC 158/2016 , de 22 de septiembre; 159/2016 , de 22 de septiembre; y 205/2016 , de 1 de diciembre). Procede pues rechazar el óbice de admisibilidad”. Por las mismas razones, que no cabe sino reiterar aquí, debe desestimarse la objeción realizada por dicho motivo.
En lo que respecta a la normativa estatal aducida por los recurrentes como parámetro de contraste de alguno de los preceptos impugnados, sin perjuicio de remitirnos con carácter general a lo señalado en las SSTC 43/2018 , FJ 2 y 97/2018 , FJ 3, en donde se detallan con precisión las normas estatales que integran el ius superveniens que habrá de ser tenido en cuenta para la resolución del presente recurso de inconstitucionalidad, se efectuará el correspondiente análisis con ocasión del examen de cada uno de los preceptos impugnados.
Por último cabe señalar que el contenido de los preceptos objeto de este recurso resulta coincidente o muy similar al de otras normas autonómicas en materia de vivienda, que también han sido impugnadas y sobre las que ya han recaído pronunciamientos de este Tribunal, por lo que la resolución del recurso ha de tomar en consideración la doctrina sentada en las correspondientes Sentencias. En concreto, y en relación a las cuestiones aquí controvertidas, hemos de remitirnos con carácter general a la doctrina contenida en las SSTC 93/2015 , de 14 de mayo; 16/2018 , de 22 de febrero; 32/2018 , de 12 de abril; 43/2018 , de 26 de abril; 80/2018 , de 5 de julio; 97/2018 , de 19 de septiembre, y 106/2018 , de 4 de octubre.
El Abogado del Estado cuestiona el conjunto de los preceptos impugnados en este proceso por suponer una interferencia en el ejercicio de la competencia estatal en materia de ordenación económica (art. 149.1.13 CE), al realizar una regulación que se proyecta sobre un ámbito material reglado por el Estado, que ha adoptado medidas y acciones para dar respuesta al problema de los desahucios hipotecarios. Salvedad hecha de las concretas conclusiones que puedan alcanzarse en relación a cada uno de los preceptos impugnados, procede descartar con carácter general que el presente decreto-ley incurra en una genérica vulneración de la competencia estatal del artículo 149.1.13 CE, en atención a lo razonado en la STC 16/2018 , FJ 16 (en el mismo sentido, SSTC 32/2018 , FJ 6; 43/2018 , FJ 4, y 80/2018 , FJ 3).
De acuerdo con el artículo 149.1.6 CE, la legislación procesal constituye una competencia exclusiva del Estado, en tanto que la competencia atribuida a las Comunidades Autónomas por este precepto constitucional tiene un carácter limitado, pues está circunscrita a “las necesarias especialidades que en ese orden se deriven de las particularidades de derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. En las SSTC 47/2004 , de 25 de marzo, FJ 4; 2/2018 , de 11 de enero, FJ 4, y 80/2018 , de 5 de julio, FJ 5, a las que ahora procede remitirse, este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre el alcance de las competencias autonómicas en el ámbito procesal y la metodología que debe seguirse para enjuiciar tales controversias competenciales.
A partir de esa doctrina general, debe ponerse de relieve que la previsión aquí examinada es coincidente con la contenida en la Ley de Extremadura 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que vino a establecer la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de apoyo social, y sobre la que se pronunció este Tribunal en la STC 2/2018 , de 11 de enero, FJ 4, cuya doctrina resulta trasladable al presente supuesto.
En consecuencia, el precepto impugnado no puede considerarse amparado en la competencia autonómica en materia procesal, por lo que procede declarar su inconstitucionalidad y nulidad por invadir el ámbito competencial reservado al Estado por el artículo 149.1.6 CE. La citada declaración ha de hacerse extensiva a lo señalado en la disposición transitoria tercera, dado que la misma tiene un carácter puramente instrumental o subsidiario, dirigido a articular la aplicación temporal de lo dispuesto en la norma sustantiva, por lo que, declarada su inconstitucionalidad y nulidad, sus efectos se trasladan a lo señalado en esta disposición transitoria, que debe correr idéntica suerte (por todas, STC 8/2018 , de 25 de enero, FJ 4).
La impugnación se dirige, en segundo lugar, contra el artículo 9 y la disposición transitoria segunda que regula su aplicación temporal.
De acuerdo con la doctrina constitucional acerca del ius superveniens en los recursos de inconstitucionalidad de naturaleza competencial (por todas, STC 5/2015 , de 22 de enero, FJ 3), y de conformidad con lo señalado en la Sentencias anteriormente citadas, la normativa estatal que hemos de tener presente para resolver la controversia suscitada es la contenida en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada en parte por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (convertido después en la Ley 25/2015, de 28 de julio) y, últimamente, en particular su artículo 1, por el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo; disposiciones todas ellas donde, al amparo de la competencia estatal ex artículo 149.1.13 CE, se regula la suspensión de lanzamientos de los deudores hipotecarios.
Como tuvimos ocasión de afirmar en la STC 93/2015 , “abstractamente considerada, la suspensión por un plazo de varios años del lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiere adjudicado al acreedor la vivienda habitual de una persona, es una medida que tiene entidad suficiente para influir en el funcionamiento de los mercados hipotecarios, especialmente en un tiempo como el presente en que se han visto desestabilizados por la pérdida generalizada del valor del colateral que opera como garantía del préstamo. Entendemos, en consecuencia … que delimitar los supuestos objetivo, subjetivo y temporal de esa suspensión del lanzamiento es una medida que presenta una estrecha conexión con el objetivo de normalizar los mercados hipotecarios … el Estado define con esta doble medida la extensión de la intervención pública de protección de personas en situación de vulnerabilidad, que considera compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para evitar que el equilibrio que juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias propias adopten disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de modo más intenso a dicho mercado”. Consideramos por ello que “tales medidas concurren de un modo principal a regular el mercado hipotecario en su conjunto y, al tratarse éste de un subsector decisivo dentro del sector financiero, inciden directa y significativamente sobre la actividad económica general” por lo que tales medidas “constituyen correcto ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de la planificación económica” (STC 93/2015 , FJ 17). El carácter básico de la normativa estatal en esta materia fue posteriormente reiterado en la STC 16/2018 , FJ 12.
Establecida la vinculación de las referidas medidas de política económica con el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13 CE, es preciso comprobar si las medidas previstas en la normativa estatal básica, resultan obstaculizadas de forma efectiva por el contenido normativo de los preceptos que se impugnan. De conformidad con la doctrina contenida en las SSTC 93/2015 , FJ 18 y 16/2018 , FJ 13, esta distorsión solo es apreciable en los supuestos de adición por la norma autonómica de un mecanismo nuevo orientado a satisfacer una misma situación de necesidad, pues ello rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia; acción pública que el Estado articula con ese carácter, como medio de obtener simultáneamente los dos objetivos de política económica indicados. Así pues “cabe insistir en que lo que distorsiona la ordenación básica aprobada en virtud del artículo 149.1.13 CE es que la norma autonómica establezca una medida adicional” (STC 16/2018 , FJ 13).
A ello cabe añadir que el precepto autonómico introduce de este modo lo que la STC 93/2015 , FJ 18 vino a denominar como “simples modificaciones o correcciones en función del título competencial autonómico en materia de vivienda”, las cuales son susceptibles de una interpretación integradora y conforme con lo señalado en la normativa estatal aplicable.
No se produce tampoco la alegada vulneración del artículo 149.1.6 CE. La norma autonómica se limita a plasmar —con las modulaciones que acaban de señalarse— un mecanismo de protección de determinadas situaciones de necesidad, expresamente previsto en la legislación estatal aplicable. Resultan aquí trasladables las consideraciones que efectuamos en la STC 80/2018 , FJ 5, si bien en un supuesto no exactamente coincidente, como era el relativo a la posibilidad de suscripción de un contrato de alquiler entre el adjudicatario del remate de un procedimiento hipotecario y el titular de la vivienda una vez finalizadas las medidas estatales de moratoria, y en donde afirmamos que “el precepto de referencia no ha vulnerado tampoco la competencia del Estado en materia de legislación procesal que le reconoce el artículo 149.1.6 CE, dado que el contenido de la regulación que se recoge no introduce innovación o especialidad procesal alguna en el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, toda vez que limita su objeto al establecimiento de mecanismos de protección de determinadas situaciones de necesidad, sin alterar la normativa procesal… Se limita a establecer una obligación sustantiva cuyo nacimiento se hace coincidir temporalmente con la iniciación de la ejecución y cuyos efectos y consecuencias se producen, en todo caso, al margen de los trámites que han de seguirse en sede procesal, que no quedan afectados”.
Finalmente, la impugnación se dirige contra la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, relativa al seguimiento y aplicación del código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, regulado en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (modificado por el RDL 5/2017).
Se trata de un supuesto distinto del examinado en la STC 102/2018 , de 4 de octubre, en donde se desestimó la inconstitucionalidad del procedimiento de mediación extrajudicial allí previsto, en razón de su carácter voluntario, en la medida en que se contemplaba expresamente que el inicio de dicho procedimiento tenía carácter potestativo y podía ser solicitado por los legitimados, por lo que su constitucionalidad derivaba de “la voluntariedad del mecanismo previsto, que no impone su aplicación por la sola voluntad de una de las partes, ni, por lo mismo, les impide el acceso a la jurisdicción” [fundamento jurídico 4 a)]. En el supuesto que ahora se examina resulta de aplicación lo señalado en el fundamento jurídico 7 de la STC 54/2018 , de 24 de mayo, en donde vinimos a declarar la inconstitucionalidad de una medida que “instituye la mediación en presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdicción, desbordando así el ámbito de lo constitucionalmente admisible”. También aquí y como entonces afirmamos, el carácter imperativo de la medida “resulta incompatible con el orden constitucional de distribución de competencias, al invadir la competencia estatal en materia de legislación procesal (art. 149.1.6 CE), de acuerdo con la doctrina recogida en la STC 47/2004 , de 25 de marzo, FJ 4”.
Aceptar el desistimiento parcial del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, respecto del presente recurso de inconstitucionalidad, en concreto, de la impugnación promovida contra el artículo 12 del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad, y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1; la disposición transitoria tercera y los apartados 1, 2 y 3 de la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
Declarar que el artículo 9 y la disposición transitoria segunda, no son inconstitucionales interpretados en el sentido expuesto en el fundamento jurídico 4 de la presente Sentencia.