Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1123212
Timestamp: 2019-05-24 19:56:27
Document Index: 324081385

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 161', 'artículo 8', 'artículo 161', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 149']

El Real Decreto 3/2014 tiene por objeto establecer las normas especiales para la concesión directa de las subvenciones denominadas ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Las ayudas están destinadas a facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación para atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.
El Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero , por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, atribuye a este la concesión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Asimismo, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, viene a regular con carácter general el régimen jurídico de las mismas, dando un tratamiento homogéneo a esta relación jurídica subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, delimitando el concepto de subvención y estableciendo los distintos procedimientos para su concesión, así como la justificación de las subvenciones, las causas de reintegro, el régimen sancionador, etc. Esta regulación legal hace necesario que la Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, se acomode a dicha Ley. Por otro lado, la naturaleza de estos procesos de reestructuración, en los que la rapidez puede ser esencial para que los mismos culminen con éxito, determina que el procedimiento más adecuado sea el de concesión directa, previsto en artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En base a lo anterior, se considera necesario establecer una norma especial para regular el procedimiento de concesión y régimen de justificación de las subvenciones que se conceden a los trabajadores despedidos por procesos de reestructuración de empresas, que debe ser aprobada por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el artículo 67.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
1. Las ayudas reguladas por este real decreto están destinadas a facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación para atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.
2. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia; por su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio ; y por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre , General Presupuestaria, así como por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
3. Se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral que se trata de solucionar mediante la concesión de la subvención.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación ordinaria los trabajadores despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo , que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener cumplida una edad, real o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad, que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161. 1. a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio . A efectos de determinar dicha edad legal de jubilación se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo de percepción de la ayuda.
5. Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo en el momento de la concesión de la ayuda, salvo lo previsto en el artículo 8.2, haber agotado la prestación contributiva por desempleo, en el caso de que tuvieran derecho a la misma y no haber sido objeto de sanción durante el periodo de cobro misma, como consecuencia de alguna infracción de las previstas en el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , que implique la pérdida del derecho a la prestación por desempleo. Si la sanción implica la suspensión temporal del cobro de la misma, el inicio de la percepción de la ayuda se retrasará por el mismo periodo de tiempo en que haya quedado suspendida la prestación por desempleo.
3. La ayuda sólo podrá percibirse, con participación de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de cuatro años y, en todo caso, hasta el cumplimiento de la edad prevista en el artículo 161. 1. a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio .
b) No procederá la actualización recogida en el apartado anterior en el caso de ayudas a trabajadores procedentes de expedientes tramitados al amparo de la Ley 21/1992, de 16 de julio , de Industria. En este supuesto, se considerará como base inicial de cotización del periodo de ayuda, la base de cotización mensual correspondiente a la última cuota devengada.
En el caso de los trabajadores despedidos en virtud del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, la solicitud se presentará por la empresa y la representación legal de los trabajadores conjuntamente, o por la primera únicamente en caso de inexistencia de representación legal de los trabajadores, durante el plazo de preaviso previsto en el artículo 53.1. c) de esta ley, o en los quince días siguientes al despido en caso de que no se conceda el mismo.
a) En el caso de despidos colectivos realizados conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, salvo que el despido se hubiera sustanciado ante la misma autoridad laboral ante la que se pide la ayuda. Así mismo, la empresa deberá justificar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 53.1. b) del Estatuto de los Trabajadores, para los trabajadores despedidos hasta la presentación de la solicitud.
5. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. En el caso de que se resuelva favorablemente la solicitud regulada en el artículo anterior respecto a todos o a alguno de los trabajadores despedidos, la empresa deberá presentar la solicitud de la concesión de las ayudas, para aquellos trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar las correspondientes certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , así como certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que consten los periodos de permanencia en alta en la Seguridad Social y las seis últimas bases cotizadas.
1. No podrán percibir ayudas previas a la jubilación ordinaria aquellos trabajadores que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o sean perceptores de cualquier prestación o subsidio por desempleo. Así mismo, será incompatible la concesión de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre , por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, siempre que se refieran al mismo proceso de reestructuración.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, cuando los beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación ordinaria se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, así como en los casos en que pertenezcan a empresas o centros de trabajo a que se refiere el artículo 25.2.a) y c) del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre , y en aquellos en los que no se dé el supuesto previsto en el apartado siguiente, la competencia para resolver las solicitudes reguladas en los artículos 6 y 7 de este Real Decreto corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Empleo, que podrá ser delegada en el titular de la Dirección General de Empleo, según la cuantía a que ascienda la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente orden de delegación de competencias.
1. Las empresas deberán ingresar, a requerimiento del órgano instructor, en la Tesorería General de la Seguridad Social, la aportación a su cargo, pudiendo optar entre realizar un único pago o fraccionarla en tantas anualidades como años vayan a permanecer los trabajadores percibiendo las ayudas, con un máximo de cuatro. El primero o el único de los pagos deberá efectuarse dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes al requerimiento de pago efectuado por el órgano instructor, salvo que en el mismo se establezca un plazo inferior.
3. El incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones previstas en los apartados anteriores implicará la denegación de las ayudas solicitadas para la totalidad de los trabajadores afectados por dicho incumplimiento, así como para todos aquellos cuya fecha prevista de acceso al sistema de ayudas fuera posterior. La ejecución de las garantías se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a lo previsto en el Procedimiento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio .
Así mismo la Tesorería General de la Seguridad Social realizará las actuaciones de comprobación previstas en el artículo 15.1. b) de dicha Ley.
1. Procederá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el beneficiario de las ayudas y de la cotización a la Seguridad Social en los supuestos y en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, aplicándose el procedimiento de reintegro establecido en el Título II de la citada Ley.
1. En el supuesto de que la garantía a que se refiere el artículo 13 se ofrezca mediante aval, este se ajustará al modelo que figura como anexo del presente Real Decreto y podrá ser otorgado por:
1. º Que las firmas de los otorgantes del documento de garantía o aval estén legitimadas por fedatario público.
b) Sociedades de Garantía Recíproca. Si el aval fuera prestado por este tipo de sociedad se habrán de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de marzo , sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y normas complementarias, acompañando un certificado expedido por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno de su Presidente, en el que se acredite la cantidad avalada y que la sociedad reúne todos los requisitos exigidos por la Ley 1/1994, de 11 de marzo , debiendo tener dicha certificación legitimadas las firmas por fedatario público.
Una vez recibidos los citados informes con carácter favorable, los compromisos financieros resultantes se formalizarán mediante Acuerdo del Consejo de Ministros .
Los beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación ordinaria estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, se establecen en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones.
Este real decreto se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1. 7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.