Source: https://prl.ceoe.es/informacion/prl-en-el-mundo/uruguay/
Timestamp: 2019-02-16 13:38:55
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Uruguay – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
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En Uruguay, existe gran dispersión en cuanto al ámbito de aplicación de las principales normas jurídicas en materia de prevención de riesgos laborales.
Se detalla a continuación el ámbito de aplicación de las principales normas del país en la materia:
• Ley Nº 5.032 del 21 de julio de 1914: aplica a los empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de toda clase, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo en que haya peligro para los operarios.
• Decreto 680/ 977 del 6 de diciembre de 1977, el cual establece las competencias de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. Todos los establecimientos y locales de trabajo propiedad de particulares fueren éstos personas físicas o jurídicas y sea cual fuere la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de la actividad y la finalidad o no de lucro de la misma, quedan comprendidos en la esfera de la Inspección General del Trabajo
• Decreto 291 del 13 de agosto de 2007, seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo: Establece las disposiciones mínimas obligatorias para la gestión de la prevención y protección contra los riesgos derivados del cualquier actividad, sea cual sea la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicios, y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como en el privado.
• Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988, Prevención de Accidentes de Trabajo: aplica a todo establecimiento público o privado de naturaleza industrial, comercial o de servicio, cualquiera sea su actividad y la finalidad o no de lucro de la misma que se instale y toda ampliación o reforma de las ya instaladas a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
• Ley 16.074 del 17 de enero de 1990: aplica a todo empresario, entendiendo como tal a toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta, que emplee a otra. Aplica también a todo obrero o empleado, entendido éste como aquella persona que ejecuta un trabajo habitual u ocasional, remunerado, y en régimen de subordinación. No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataran. La Ley aplica también a aprendices y personal en periodo de prueba (con o sin remuneración), a quienes trabajen en su domicilio o por cuenta de terceros, serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y ocupadores en los hipódromos.
• Decreto 125/04 del 18 de agosto de 2004, Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción: aplica a todos los partícipes implicados en las obras de arquitectura e ingeniería, incluyendo también las empresas prestadoras de servicios en las mismas. Su ámbito de aplicación abarca de igual modo a empresas públicas y privadas, contratistas, subcontratistas, propietarios que realicen obras por administración directa, con o sin la intervención de contratistas y/o sub contratistas, trabajadores por cuenta propia y trabajadores subordinados de la industria de la construcción.
• Decreto Nº 307/009, por el que se establecen las disposiciones mínimas obligatorias para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Aplica a todas las actividades en las que se utilicen, manipulen o transporten este tipo de sustancias.
En Uruguay, existen diversos organismos públicos cuyas funciones se enmarcan o guardan relación con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Se detallan a continuación los principales:
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): máxima autoridad estatal en el marco de las relaciones del trabajo y seguridad y salud ocupacional. Este Ministerio cuenta con la responsabilidad de diseñar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la actividad laboral, el empleo, la formación profesional y prestaciones de Seguridad Social.
• Ministerio de Salud Pública (MSP): tiene como cometido establecer las políticas y las estrategias para el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública, así como orientar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
• Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Organismo de carácter tripartito e interinstitucional, cuyas funciones son:
o Estimular y coordinar las iniciativas y actuaciones de los organismos, empresas y personas que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad y salud ocupacional;
o Promover el desarrollo legislativo sobre prevención de riesgos laborales y mejora de las condiciones de trabajo;
o Proponer a la autoridad competente las reglamentaciones tendientes a impedir la fabricación o importación de tecnologías contaminadas o inseguras;
Recabar informes técnicos de los Organismos o Instituciones vinculadas con la seguridad y salud de los trabajadores…;
o Estudiar las propuestas planteadas por empresarios y trabajadores, con el objeto de promover soluciones unitarias y coordinadas desde la Administración del Estado, para la eficaz labor preventiva de accidentes y enfermedades profesionales;
o Elaborar pautas para reducir la accidentabilidad a nivel nacional y sectorial, y proponer las modificaciones necesarias en el sistema de estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo;
o Elaborar y proponer planes, programas y campañas nacionales de seguridad, higiene y mejora de las condiciones de trabajo;
o Analizar los Convenios y Tratados Internacionales y promover su aprobación y ratificación, cuando se estime conveniente;
o Promover planes de estudio específicos sobre prevención de riesgos laborales y en general la formación en tales materias;
o Otorgar distinciones en todos aquellos casos que superen, por sus realizaciones para la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo, las condiciones mínimas impuestas por la legislación;
Recomendar la creación de Consejos Zonales o Sectoriales por actividades laborales, cuando las circunstancias lo aconsejen.
• Sindicato Médico de Uruguay (SMU): empresa uruguaya que brinda servicios de salud a sus socios a través del mutualismo. Es una de las organizaciones mutualistas más grandes de Uruguay.
• Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AUDTSS): ente que tiene como objeto el estudio científico de la legislación laboral y de la seguridad social y el intercambio de ideas e informaciones entre todos los juristas que en Uruguay se consagran al estudio y aplicación de estas disciplinas.
• Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes del Uruguay: asociación de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que tiene como principales objetivos colaborar en la mejora continua de las condiciones de trabajo para el desarrollo productivo del país.
• Inspección General del Trabajo y Seguridad Social: Constituye el organismo estatal de supervisión y fiscalización de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las empresas del país. Realiza las siguientes funciones:
o Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales, convencionales y reglamentarias en materia laboral y de seguridad social.
o Controlar y vigilar el cumplimiento de las normas laborales en cuanto a las condiciones de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente de trabajo en el que se desempeñan los trabajos.
o Investigar los accidente de trabajo y enfermedades profesionales para su prevención, corrección y sanción.
o Elaborar estudios estadísticos en materia laboral y de seguridad y salud.
En Uruguay, la fuente jurídica en la que se definen los accidentes y las enfermedades profesionales es la Ley 16.074 del 17 de enero de 1990, por la que se regula el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión o por consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena. En este sentido, son considerados como accidentes de trabajo:
Los que tengan lugar en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando éstos tengan conexión con el trabajo
En definitiva, cualquier lesión sufrida por el trabajador y en consecuencia directa con el trabajo es considerada como accidente laboral. Sin embargo, también son consideradas a tales efectos las lesiones producidas en el centro de trabajo aun no teniendo como causa principal el desarrollo del trabajo. Un claro ejemplo serían las lesiones producidas por una riña con un compañero, las cuales tendrían la consideración de accidentes de trabajo.
Dicho esto, el artículo 14 de la misma Ley dispone que no será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:
que estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por la empresa;
que la empresa hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador;
que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales
Los elementos que participan en la materialización de un accidente de trabajo, contemplados en la Ley 16.074 del 17 de enero de 1990, son los que a continuación se listan:
Accidente: Se produce por lo general por acción de una causa exterior que actúa de forma repentina y violenta causando una lesión corporal. Es exterior porque es extraña a la constitución de la víctima. Súbita porque se manifiesta en un espacio de tiempo breve, lo que lo distingue de la enfermedad profesional.
Lesión o Daño Corporal: Si no se produce daño no se configura el accidente.
Relación de causalidad o de “ocasionalidad” entre el trabajo y el accidente: Es necesario que haya una conexión causal entre el trabajo y el accidente. En ocasión de trabajo comprende aquellos casos en que si bien el trabajo no lo origina de forma directa, da lugar a que esto ocurra. Se trata de una exigencia alternativa y no acumulativa, lo que importa por ejemplo que si se da en el espacio de tiempo en que el trabajador estaba a disposición del empleador (caso infarto) por ese solo hecho queda comprendido. Esta relación de contemporaneidad libera al trabajador de la obligación de probar la relación de causalidad, solamente en el caso de que el accidente acaeció fuera del lugar y horario de trabajo correspondería determinar si existe relación de causalidad.
Relación de causalidad entre accidente y daño: Rige en este punto la presunción hasta que no se demuestre lo contrario. Cabe señalar que existen casos en que los accidentes se han causado por predisposición del individuo. Estas concausas que pueden agravar al daño o contribuir a provocarlo. Se ha entendido en estos casos que el patrón queda liberado de responsabilidad cuando la lesión se dio únicamente por predisposición patológica.
La Ley 16.074 del 17 de enero de 1990, establece en su artículo 38 y siguientes los parámetros que establecen la definición legal de enfermedad profesional en Uruguay.
Art.38. Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar del trabajo.
Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquéllos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico. Las enfermedades profesionales indemnizadas son aquellas enumeradas por el Decreto 167/981, de 8 de abril 1981.
El trabajador, o en su caso la empresa, podrán acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo.
Art. 42 La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado dando cuenta al Poder Ejecutivo.
Las obligaciones legalmente atribuidas a la figura del empresario por parte del ordenamiento jurídico de Uruguay en materia de prevención de riesgos laborales vienen incluidas, entre otras normas, en el Decreto nº 291/007: “Seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo”.
En su artículo 2º, se establece la obligación general del empresario de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A partir de este punto, se concretan otras responsabilidades específicas que tienen por objeto contribuir al cumplimiento de la obligación anterior.
Queda a cargo del empresario el mantenimiento, reparación o reposición de los medios de protección individual. En caso de uso indebido o extravío, el empresario podrá exigir la reposición de dichos elementos, siempre a su cargo.
Por otro lado, en cada empresa se creará una instancia de cooperación entre empresarios y trabajadores, y cualquiera sea la forma de cooperación acordada (Delegado Obrero de Seguridad, Comisión de Seguridad), la labor de la misma estará orientada a asegurar la seguridad y salud de los trabajadores mediante la ejecución de las siguientes actividades:
• Planificar la prevención combatiendo los riesgos laborales en su origen y actuando de acuerdo al siguiente orden de prioridad: 1) Fuente del riesgo; 2) Medio de difusión; 3) El trabajador.
• En materia de riesgos ergonómicos, velar por que los sistemas de trabajo diseñados e implementados se orientan prioritariamente hacia la satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las condiciones de trabajo en la relación hombre-máquina, adaptada, fisiológica, psicológica y socialmente al trabajador, a fin de garantizar su bienestar, seguridad y salud. El espacio, los medios y herramientas de trabajo deben ser adaptados tanto a las medidas antropométricas del trabajador medio uruguayo, como a la naturaleza del trabajo a realizar.
• Evaluar los nuevos riesgos surgidos de la innovación tecnológica promoviendo el uso de máquinas, sustancias y procesos de trabajo que no impliquen riesgos para los trabajadores.
• Promover y colaborar en la planificación de la capacitación dirigida a empresarios y trabajadores para la prevención de los riesgos laborales.
• Llevar un registro de todos los incidentes, accidentes y enfermedades de origen profesional producidos en la empresa, como asimismo de las actuaciones de consulta realizadas.
• Estudiar y analizar las estadísticas de siniestralidad laboral.
• Promover y mantener la cooperación en salud, seguridad y entorno laboral de modo tal de que sea posible:
o Asegurar que las acciones acordadas se implementan en tiempo y forma.
Asegurar la retroalimentación a los empleados de las peticiones recibidas acerca de salud y seguridad.
o Suministrar la información que los empleados requieran acerca de los trabajos que realizan y las materias que usan.
El mismo Decreto nº 291/007 en el que figuran las obligaciones del empresario en materia de seguridad y salud ocupacional, detalla algunos derechos y obligaciones reconocidos a los trabajadores:
• El trabajador deberá cuidar que los medios de protección personal se conserven en condiciones satisfactorias de uso y buen funcionamiento
• Los trabajadores o sus representantes tienen derecho, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a consultar y efectuar las recomendaciones que consideren oportunas y adecuadas que afecten o puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, tanto al empleador como a los órganos de participación previstos en el presente decreto.
Asimismo, existen otras obligaciones atribuibles a los empresarios que constituyen a su vez un derecho para los trabajadores, como pueden ser el derecho a recibir una formación adecuada en materia de prevención, una vigilancia de su estado de salud, participar en las decisiones del empresario que guarden relación con la seguridad y salud y, en definitiva, que se garantice de forma eficaz su protección frente a los riesgos laborales a los que estén o puedan estar expuestos.
En el caso de los trabajadores del sector de la construcción, se contemplan una serie de obligaciones a ellos atribuidas y tipificadas legalmente en el artículo 421 del Decreto nº 125/014 “Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción”:
• Cumplir lo estipulado en dicha Reglamentación y demás que regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, así como las normas internas de la empresa en la materia.
• Asistir a las sesiones de formación sobre prevención de riesgos laborales organizadas por su empresa.
• Usar correctamente los elementos de protección personal y los resguardos dispuestos en máquinas, equipos e instalaciones.
• Comunicar a sus superiores los riesgos, averías y deficiencias que puedan ocasionar peligros en los lugares de trabajo.
• Colaborar en casos de siniestros laborales en la ejecución de planes de emergencia que establezca la empresa.
Dentro de las obligaciones legalmente impuestas al empresario mediante el Decreto nº 291/007, existen algunas que hacen referencia directa a la evaluación de riesgos:
• En materia de riesgos ergonómicos, tender a que la concepción de sistemas de trabajo sea orientada prioritariamente a la satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las condiciones de trabajo en la relación hombre-máquina, adaptada, fisiológica, psicológica y socialmente al trabajador, a fin de garantizar su bienestar, seguridad y salud. El espacio, los medios y las herramientas de trabajo deben ser adaptados tanto a las medidas antropométricas medias del trabajador uruguayo, como a la naturaleza del trabajo a realizar.
Si bien estas dos últimas obligaciones hacen referencia más bien a la planificación de la actividad preventiva, el cumplimiento de las mismas pasa obligatoriamente por una previa identificación y evaluación de los riesgos presentes en la empresa.
Aun así, la normativa uruguaya en materia de prevención de riesgos laborales no establece una obligación general única en la que se indiquen cómo deben evaluarse los riesgos. Para determinar los requisitos que deben definir la evaluación, se debe recurrir a normativa específica: productos químicos en el lugar de trabajo, trabajos en obras de construcción, etc.
En aquellos establecimientos en los que exista presencia de productos químicos, por ejemplo, deberán seguirse los principios aplicables a la evaluación de riesgos contenidos en el artículo 4 del Decreto 307/009 del 9 de julio de 2009:
“El empleador deberá determinar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo. Si así fuera, se deberán evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, originados por dichos agentes y elaborar un Plan de Prevención acorde al proceso de trabajo y los riesgos detectados. Dicha determinación y evaluación será realizada según los términos dispuestos por los Decretos Nro. 291/2007 y 306/2005.”
En cuanto a las obras de construcción, el Decreto 283/96 establece la necesidad de elaborar, además de un Estudio de Seguridad e Higiene, un Plan de Seguridad e Higiene, el contenido del cual debe constar de lo siguiente:
• Memoria descriptiva con la especificación de las medidas preventivas y protecciones técnicas destinadas a evitar los riesgos previamente identificados y evaluados.
• Planos y croquis en los que se contendrán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas.
En Uruguay, las obligaciones relativas a la planificación de la actividad preventiva, de la cual el empresario es responsable, vienen definidas en el artículo 5 del Decreto Nº 291/007 – Seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. En él se disponen los siguientes puntos de los que deberá constar dicha planificación:
• En materia de riesgos ergonómicos, garantizar el diseño e implementación de sistemas de trabajo orientados a la satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las condiciones de trabajo en la relación hombre-máquina, adaptada fisiológica, psicológica y socialmente al trabajador, a fin de garantizar su bienestar, seguridad y salud. El espacio, los medios y las herramientas de trabajo deben ser adaptados tanto a las medidas antropométricas medias del trabajador uruguayo, como a la naturaleza del trabajo a realizar.
• Promover y colaborar en la planificación de la capacitación dirigida a empresarios y trabajadores para prevención de riesgos laborales.
o Asegurar que las acciones acordadas se implementen en tiempo y forma.
o Asegurar la retroalimentación a los empleados de las peticiones recibidas acerca de salud y seguridad.
En Uruguay, la forma de organizar la prevención en el seno de las organizaciones del país viene regida por las disposiciones legales contempladas en el Decreto 127/014 del 13 de mayo de 2014.
Este Decreto dispone la obligación de contar con un “Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo” encargado de llevar a cabo las siguientes funciones:
(a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo;
(b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos.
(c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo;
(d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud;
(e) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo;
(f) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;
(g) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional;
(h) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía;
(i) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia;
(j) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, debiendo llevar un estudio estadístico de los mismos.
(k) Elaborar planes y programas de emergencia y contingencia para el caso de siniestros en la empresa.
La modalidad del servicio de prevención con el que vaya a contar la empresa dependerá del volumen de la plantilla con el que cuente la organización.
• Empresas con más de 300 trabajadores: Deberán contar con un Servicio Propio formado como mínimo por un Médico del Trabajo y un Técnico de Prevención o Tecnólogo en Salud Ocupacional, pudiendo incorporarse al servicio personal de enfermería o un psicólogo.
• Empresas entre 50 y 300 empleados: Deben contar con un servicio que podrá ser externo, si bien deberá contar como mínimo con un Médico del Trabajo y un Técnico de Prevención o Tecnólogo en Salud Ocupacional. En estos casos, el Servicio de Prevención deberá llevar a cabo una actuación mínima trimestral.
• Empresas de entre 5 y 50 trabajadores: Deberán contar con un servicio externo, formado por el mismo equipo humano que en el caso anterior, si bien la actuación mínima es semestral.
Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, independientemente de que sean externos o internos, deberán cumplir sus funciones de cooperación con los demás servicios de la empresa y en especial con los delegados de prevención o representantes de los trabajadores.
El personal que integre el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo gozará de plena independencia profesional y técnica para el desarrollo de sus funciones.
Tanto el empresario como los trabadores o sus representantes deberán informar al Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de cualquier deficiencia detectada en las instalaciones que pueda suponer un riesgo, así como de las lesiones o enfermedades contraídas en el centro de trabajo.
Por otra parte, en el mismo texto normativo se contempla la posibilidad de que estos Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo puedan organizarse para una sola o más empresas.
Estos preceptos constituyen la base sobre la cual debe organizarse la prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas. Ahora bien, puede existir normativa específica que incorpore requisitos adicionales en cuanto a la organización de la prevención.
Es el caso, por ejemplo, de las empresas del sector de la construcción, que además de la legislación aplicable a todos los establecimientos, deben atenerse a las disposiciones legales contempladas en el Decreto Nº 125/014 del 7 de mayo de 2014:
Art. 393.- Toda empresa que ejecute obras de construcción o realice etapas de las mismas y ocupe 5 o más trabajadores, o que ejecute obras o trabajos a más de 5 metros de altura y/o excavaciones con una profundidad mayor a 1,50 metros, deberá contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo.
Art. 394.- Cuando las obras de construcción o etapas de las mismas ocupen 100 o más trabajadores en un centro de trabajo o, el mismo número pero distribuidos en varios centros de trabajo, deberán contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo de carácter interno incorporado a la estructura de la empresa con presencia durante toda la jornada de trabajo.
En el caso de empresas con 100 o más trabajadores distribuidos en varios centros de trabajo, deberá brindarse un servicio para atender la totalidad de dichos centros o frentes de trabajo, distribuyendo en la jornada la carga horaria así como la frecuencia de visitas, de acuerdo a la evaluación de riesgos que se realice para cada una, lo cual deberá establecerse en el Plan de Seguridad e Higiene.
Cuando el número de trabajadores sea menor al indicado, el servicio podrá adquirir la modalidad de externo.
Art. 395.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, podrá ser exigible la existencia de Servicios de Seguridad en el Trabajo de carácter Interno cuando así lo disponga la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en base a la potencialidad de los riesgos existentes en la obra o en una etapa de la misma.
Art. 396.- Se define como Servicio de Seguridad en el Trabajo de carácter Interno, el integrado en la estructura de la empresa y ubicado dentro de la misma, dirigido por los técnicos referidos en el artículo siguiente. Deberán contar con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la presente reglamentación le asigna. Este servicio podrá extender su área de responsabilidad a todos los centros de trabajo dependientes de una misma empresa. Se define como Servicio de Seguridad en el Trabajo de carácter Externo, el que es brindado por una empresa con capacidad operativa suficiente en personal, instalaciones y medios, que asume la responsabilidad establecida por la presente reglamentación para prestar servicios a empresas constructoras.
Art. 397.- Los Servicios de Seguridad en el Trabajo contarán como mínimo con un Asesor en materia de Seguridad con título habilitante y registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual será el responsable del servicio.
No existe una disposición legal específica en Uruguay que imponga la obligación al empresario de establecer auditorías de su sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.
En Uruguay, la formación en materia de prevención de riesgos laborales es una de las obligaciones con las que el empresario debe cumplir a efectos de contribuir a garantizar la seguridad y salud de la plantilla a su cargo.
Tal y como establece la Ley Nº 15896, es obligatorio en todo establecimiento comercial o industrial, mantener permanentemente instruido, en el manejo y utilización de los elementos de defensa contra siniestros, a un número adecuado de su personal.
Este deber general viene posteriormente desarrollado en otras normas y reglamentos específicos, en función de determinados riesgos o tipos de actividad. Algunas de estas normas específicas establecen disposiciones más desarrolladas por las que se regulan los requisitos relativos a la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Un claro ejemplo de estos requisitos específicos los encontramos en el Decreto nº 125/014 “Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción”, por el que se contemplan disposiciones adicionales relacionadas con la formación de los trabajadores en PRL.
Decreto Nº 125/014 “Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción”
Tal y como dispone el art. 4 de la norma, no deberá permitirse trabajar a ninguna persona en las obras de construcción, a menos que haya recibido la información, instrucción y formación necesarias para llevar a cabo las tareas de forma segura y eficiente.
Al comenzar la obra, se deberá facilitar formación sobre los riesgos generales y específicos de la misma con una duración no inferior a 2 horas. Esto se repetirá en cada una de las etapas previstas para el desarrollo de la obra, así como también cuando se incorporen nuevos procedimientos de trabajo, maquinarias y equipos con tecnologías diferentes a los ya utilizados por los trabajadores. El tiempo referido será considerado como tiempo trabajado.
Cuando se cambien los procedimientos de trabajo o se incorporen nuevas tecnologías y maquinarias, se efectuará un seguimiento en la aplicación de los conocimientos adquiridos por el trabajador para la realización de su tarea en forma segura.
Por otro lado, las empresas que cuenten con personal ya capacitado para la tarea que deberá realizar, podrán reducir el tiempo previsto para la formación siempre que no se hayan superado los dos años desde que el trabajador recibió la misma. Transcurrido el plazo referido el personal deberá ser capacitado nuevamente de acuerdo a lo establecido.
Las instancias de formación serán planificadas y programadas por el Servicio de Seguridad de la obra dejándose constancia de ello en el Plan de Seguridad e Higiene. En forma anexa a dicho Plan se establecerá los contenidos temáticos de la capacitación a realizar.
Siempre que se realice formación al personal, como dispone este artículo, se deberá documentar la misma en el Libro de Obra, dejándose constancia bajo firma, de aquellas personas que la recibieron.
Los supervisores, capataces y todas las personas que tengan personal a su cargo, deben recibir formación e instrucciones especializadas sobre los contenidos de la presente normativa
En cuanto a las estructuras como andamios e instalaciones auxiliares para trabajos en altura, sólo podrán ser armadas, desarmadas, modificadas y reparadas de acuerdo a lo establecido por el profesional responsable en la memoria y el plan. El trabajo se realizará bajo la supervisión de una persona con formación, experiencia o categoría adecuada que lo habilite para ello, que haya recibido formación adecuada y específica para las operaciones previstas, de modo que le permita enfrentarse a los riesgos específicos de la tarea. Asimismo, los operarios que realicen estas tareas contarán con la formación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Plan de Armado, Desarmado y Modificación de Andamios, adjunto como Anexo de esta reglamentación.
La empresa será también responsable de asegurar que los trabajadores que ejecuten Técnicas de Acceso y Posicionamiento con Cuerdas (TAPC), hayan recibido formación específica para la realización de estos trabajos, la cual deberá ser debidamente acreditada mediante certificación que documente la capacitación recibida. En la misma deberá constar firma del trabajador en señal de conformidad. Los contenidos básicos de esta formación incluirán técnicas de progresión, instalaciones, manejo y mantenimiento de equipos, cumplimiento de normas de seguridad, técnicas de rescate y primeros auxilios.
Para trabajar en cualquier máquina y herramienta, los operarios deberán poseer los conocimientos y el aprendizaje necesarios para su correcto funcionamiento en condiciones de seguridad. No podrá encargarse trabajo alguno a personas que no cuenten con tal formación. Dicha formación deberá justificarse, dándose como válidas las acreditaciones establecidas por organismos y/o institutos reconocidos o por la propia empresa. En el caso que la acreditación la otorgue la empresa, se debe establecer el instructor, su idoneidad y la carga horaria. Este requisito no comprende a las herramientas manuales consideradas en el presente Decreto.
Por último, las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, serán realizadas:
a) Bajo la responsabilidad de técnico competente.
b) Con la supervisión de una persona con una formación, experiencia o categoría adecuada que lo habilite para ello.
c) Por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos de la tarea.
d) En obra se contará con una memoria donde se indique el procedimiento de armado y desarmado.
Además del deber de formar a los trabajadores en materia de seguridad y salud, el empresario debe ofrecer a sus empleados información acerca de los riesgos profesionales a los que están expuestos, así como sobre las medidas preventivas orientadas a su eliminación o control. El deber de información viene tipificado legalmente en el Decreto 291/007 del 13 de agosto de 2007.
En el artículo 5 se establece que en cada empresa se creará una instancia de cooperación entre empresarios y trabajadores que incluya la materia de seguridad y salud (Delegado Obrero de Seguridad, Comisión de Seguridad), con una serie de funciones en dicha materia. Entre ellas:
“Suministrar la información que los empleados requieran acerca de los trabajos que realizan y las materias que usan”
Artículo. 8º.- Los empleadores y los trabajadores podrán establecer, de común acuerdo, otras formas de información, consulta y cooperación a efectos de implementar las medidas que contribuyan a limitar y erradicar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
El principio general por el que se regula el deber de participación y consulta de los trabajadores en aquellos asuntos relativos a la seguridad y salud viene regulado en el artículo 4 del Decreto Nº 291/007 del 20 de agosto de 2007.
En dicho artículo se dispone el derecho que tienen los trabajadores, o sus representantes, a consultar y efectuar las recomendaciones que consideren oportunas y adecuadas y que afecten o puedan afectar a la seguridad y salud en el trabajo, tanto al empleador como a los órganos de representación de los que disponga la empresa.
Los empresarios y los trabajadores podrán establecer, de común acuerdo, otras formas de información, consulta y cooperación, tendentes a implementar las medidas que contribuyan a limitar y erradicar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
El tiempo ocupado por los representantes de los trabajadores en estas instancias se computará como tiempo trabajado y, en los casos en que ello ocurra fuera de la jornada habitual de trabajo, no se computará como hora extraordinaria. Dichos representantes no podrán ser objeto de sanciones a causa de su actividad como tales.
Tal y como establece la Ley Nº 16.074 del 17 de enero de 1990, serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, los periódicos; para los ya ingresados al trabajo, así como cualquier otro que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre prevención de enfermedades profesionales.
Para la figura del trabajador, el sometimiento a los reconocimientos médicos organizados por su empresa es obligatorio, pudiendo ser suspendido del trabajo hasta que no decida someterse a los exámenes correspondientes de su estado de salud.
Este deber de vigilancia de la salud de los trabajadores viene regulado también por la Ley Nº 15.965, por la que se atribuye como una de las funciones de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores. Obligación ésta que también viene estipulada en el Decreto 127/014 del 13 de mayo de 2014.
Por otra parte, uno de los puntos diferenciales de la legislación uruguaya en materia de seguridad y salud lo constituye el Carné de Salud Básico. Se trata de un carné que emiten las empresas públicas o privadas, previa autorización del Ministerio de Salud Pública, que realizan los reconocimientos médicos y que se entrega al trabajador. Las obligaciones relacionadas con el Carné Básico de Salud vienen contempladas en el Decreto Nº 651/90, por el que se establece en todo el territorio nacional el Carné de Salud Básico, Único y Obligatorio, que deberá ser aceptado por las instituciones públicas y privadas.
En el Carné de Salud Básico debe figurar la entidad emisora del mismo, fecha, las pruebas médicas realizadas, resultados de las pruebas, firma y contrafirma del médico. Al Carné de Salud con los exámenes puestos en la ficha médica básica, se le incorporarán los exámenes específicos que correspondieran según el tipo de actividad laboral, deportiva u otra con la periodicidad que determinen los riesgos a que están expuestos quienes lo solicitaran, acreditados por el Ministerio de Salud Pública.
El tiempo de validez del Carné de Salud dependerá de la actividad desarrollada por la empresa y de los riesgos a los que está expuesto el empleado, así como de las características personales (edad, historial médico…) del propio trabajador. Una vez finalizado el trámite el interesado recibirá un documento plastificado con fotografía en el que constarán: datos filiatorios, finalidad y plazo de vigencia del Carné, identificación de la institución emisora, firma y sello que identifiquen el médico responsable.
Dicho esto, el deber de vigilancia de la salud de los trabajadores, así como los requisitos y condiciones sobre los que deberá basarse la misma, podrán venir ampliadas por las disposiciones contenidas en la normativa específica aplicable a determinados colectivos de trabajadores, en función de los riesgos laborales a los que éstos están expuestos durante el desarrollo de su trabajo.
Trabajadores expuestos a riesgos químicos o biológicos
Para la determinación de la vigilancia de la salud a la que deberán ser sometidos los trabajadores expuestos a estos riesgos, hay cumplir las disposiciones legales contenidas en la Ordenanza Nº 145/09 del 13 de marzo de 2009.
En dicha Ordenanza se establece el esquema básico referente a los diversos factores de riesgo químicos y físicos, los respectivos controles y análisis médicos, así como la determinación de los períodos específicos para cada caso, a que deben ser sometidos todos los trabajadores que se desempeñan en forma permanente o transitoria, retribuida o no, en establecimientos públicos o privados de naturaleza industrial, comercial o de servicio, cualquiera sea su actividad o finalidad.
Dicho esquema básico será configurado por la Dirección General de la Salud de forma anual. Para su determinación, dicho organismo establecerá una serie de valores máximos aplicables a una serie de indicadores que se listan a continuación:
• Indicador Biológico de Dosis: es un parámetro que mide la concentración del agente químico o de alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.
• Indicador Biológico de Efecto: es un parámetro que puede identificar alteraciones bioquímicas reversibles inducidas de modo característico por el agente químico al que está expuesto el trabajador.
• Indicador Biológico de Exposición: determina niveles de acción y deben ser evaluados por médicos especialistas en salud ocupacional.
La Dirección General de la Salud podrá exigir un plan especial de control de la salud de los trabajadores, el cual deberá ser conducido por un médico especializado en salud ocupacional o medicina del trabajo, incluyendo un aumento de la frecuencia de los controles.
En todos los casos en los que existan sustancias químicas, las faltas del empresario en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a él atribuidas en cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores a su cargo son considerados como una falta grave (art. 8 del Decreto 186/004, Reglamentación de Infracciones Laborales).
En Uruguay, deberán tenerse en cuenta algunos de los requisitos contemplados en el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988 y referentes a los elementos constructivos de los edificios y locales de trabajo.
En cuanto a las salidas y accesos, deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 33-36 de la mencionada norma:
La cantidad de salidas, sus dimensiones y las puertas exteriores de los lugares de trabajo, serán suficientes para que todos los trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. El acceso a dichas salidas y puertas será visible o debidamente señalizado. En los lugares de trabajo particularmente expuestos a riesgos de incendios, explosión, intoxicación súbita y otros, que exijan rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, las que deberán estar convenientemente distantes entre sí.
Las puertas de comunicación interiores de los lugares de trabajo reunirán las mismas condiciones establecidas anteriormente. No se permitirán obstáculos que interfieran, dificulten o hagan peligrosa la salida de los trabajadores.
En cuanto a las puertas exteriores, el ancho mínimo será de 1,20 metros. El ancho total mínimo de puertas exteriores se calculará por la siguiente fórmula: (1 + N/200) * 1,20 donde N es el número de personas que deben utilizarla para evacuar el lugar.
Las salidas de emergencia se abrirán al exterior. Ninguna parte de acceso a los puestos de trabajo permanecerá cerrada bajo llave u otro sistema que dificulte la apertura manual y rápida, de manera que impida la salida de emergencia durante períodos de labor. La puerta de acceso a escaleras no se abrirá directamente sobre los escalones sino sobre descansos de igual ancho que el largo de aquéllas.
En cuanto a los recorridos de evacuación, los pasillos y zonas de paso deberán contar con unas características y dimensiones mínimas incluidas en los artículos 10, 13 y 16 del mismo Decreto 406/88:
Art. 10.- Los corredores y pasillos deberán tener un ancho adecuado al número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias de trabajo, cumpliendo las siguientes exigencias mínimas, sin perjuicio del cumplimiento de lo que establecen las ordenanzas municipales correspondientes: pasillos principales 1,20 metros cuando el número de personas no exceda de cincuenta, aumentándose en 0,50 metros por cada cincuenta personas que se agreguen. Pasillos secundarios, 1,00 metro. Los pasillos que tengan tránsito de vehículos en un solo sentido, deberán tener un ancho superior en 0,60 metros al del vehículo más ancho que circule por ellos. Los pasillos que tengan tránsito de vehículos en los dos sentidos, deberán tener un ancho superior en 0,90 metros a la suma de los anchos de los vehículos más anchos que circulen por ellos.
Art. 13.- En aquellos casos en que las zonas de paso puedan ser obstruidas por almacenamientos intermedios, se deberá señalizar los pasillos con franjas pintadas en el suelo. También se exigirá la señalización siempre que esté prevista la circulación de carretillas, u otros elementos de transporte por los pasillos.
Art. 16.- Todo lugar por donde circule o permanezcan trabajadores, deberá estar adecuadamente protegido hasta una altura mínima de 2,70 metros
En cuanto a la protección contra fuego en los locales de trabajo y los medios de extinción de incendios, éstos se rigen por las disposiciones legales contempladas en el Decreto Nº 260/013 del 22 de agosto de 2013.
Todos los medios de extinción deberán, independientemente de su tipología y procedencia, haber sido aprobados y autorizados por la dirección Nacional de Bomberos previamente a su comercialización.
En materia de primeros auxilios, su regulación viene establecida en los artículos 99 y 100 del decreto 406/88 del 17 de junio de 1988. Todos los locales de trabajo deberán contar con un operario que haya sido instruido como socorrista con conocimientos de primeros auxilios.
Además, deberán estar provistos de un botiquín de primeros auxilios que deberá contener, como mínimo, las siguientes existencias:
Material médico instrumental
• § Aparato de Presión
• § Estetoscopio
• § Termómetro
• § Guantes de uso médico
• § Camilla
• § 2 mantas
• § Tablillas de inmovilización fracturas
• § Depresor lingual
• § Ligaduras
• § Jeringas descartables
Material médico – asistencia
• § Gasa estéril
• § Algodón hidrófilo
• § Leucoplasto
• § Vendas de lienzo
• § Apósitos para quemaduras
• § Jabón neutro
• § Agua oxigenada de 10 volúmenes
• § Solución antiséptica externa
• § Analgésicos orales
• § Colirios
• § Pomadas analgésicas musculares
• § Pomadas antibióticas y otro tipo de medicación que el médico considere necesario, tanto de uso general como con relación a los riesgos específicos de la Empresa.
Art. 100.- Los lugares de trabajo alejados más de media hora de centros poblados, contarán con botiquines portátiles que además de los implementos indicados en el artículo anterior, deben contener los siguientes:
• suero antiofídico polivalente, si existe riesgo de infestación en la zona;
• corticoide;
• antídotos específicos para los productos tóxicos que se manejen.
En Uruguay, son diversas las referencias que encontramos en el ordenamiento jurídico nacional en relación al deber de coordinación entre empresarios que concurran en un mismo centro de trabajo.
En primer lugar, la Ley 18.099 del 10 de enero de 2007 hace referencia a los derechos de los trabajadores en casos de descentralización de empresas. En este sentido, se establece que todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra (empresas de trabajo temporal), será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las sanciones y retornos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores.
Los deudores solidarios de las obligaciones laborales pueden establecer por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las garantías que estimen convenientes.
En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación referidas anteriormente para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al subsidio por desempleo por la causa de suspensión parcial o total de trabajo o en conflicto colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales.
Por otra parte, el Decreto Nº 125/04 del de mayo de 2014, relativo a la Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción, establece que para los permisos de trabajos superpuestos y/o compartidos se deberá contemplar las medidas de protección de todos los trabajadores involucrados directa e indirectamente, como mínimo, en las maniobras, los movimientos de equipos, plan de izado, priorizando la planificación, comunicación y coordinación entre las partes, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptarse para eliminar o minimizar los riesgos.
En último término, en los casos en los que subcontraten actividades de transporte de mercancías y éstas sean consideradas como peligrosas, deberán tenerse en cuenta también los requisitos impuestos por el Decreto Nº 560/003: “Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas”.
Cuando el transporte sea realizado por un transportista subcontratado, los deberes y obligaciones a que se refieren los literales g) a m) del artículo anterior, constituyen responsabilidad del contratante.
g) comprobar que el vehículo porte la documentación exigida, así como el conjunto de equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia, accidente o avería, asegurándose de su buen funcionamiento;
m) realizar las operaciones de transbordo cumpliendo los procedimientos y utilizando los equipamientos recomendados por el expedidor o el fabricante del producto;
Tal y como estipula la Ley Nº 16.074 del 17 de enero de 1990, todo empresario es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo.
El 27 de enero de 1954, se publicó la Ley Nº 12.030, por la que se ratificaban una serie de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre los cuales algunos están relacionados con la seguridad y salud en el trabajo: reparación de enfermedades profesionales, empleo de mujeres en trabajos subterráneos en minas, edad de admisión de los niños en trabajos industriales, preceptos de seguridad en la industria de la edificación, y otros.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley comporta una sanción económica que puede ascender hasta los 1.000 pesos, y el doble en caso de incumplimiento reincidente.
La misma ley dispone que será sancionado con una multa de 50 a 250 pesos cualquier persona que ponga en dificultad u obstaculice la labor de cualquier institución encargada de aplicar la legislación social. La cuantía será doblada de igual modo en caso de reincidencia.
Ahora bien, el texto normativo en el que encontramos una asignación de sanciones más exhaustiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, es el Decreto Nº 186/004 del 15 de junio de 2004, por el que se establece la reglamentación de las infracciones laborales.
En dicho texto, se establece una clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves. Dentro de cada categoría, la norma hace una subdivisión entre grado mínimo, medio o máximo. Esta segunda categorización responde a factores como el número de trabajadores afectados, intencionalidad del infractor, daño causado o grado de cumplimiento de las medidas impuestas por la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) en visitas anteriores.
Las infracciones leves se sancionan en su grado mínimo, con una multa de uno a diez jornales; en su grado medio de once a veinticinco jornales y en su grado máximo de veintiséis a cincuenta jornales, por cada trabajador afectado. Los incumplimientos que motivan una infracción leve al empresario son:
• No disponer del aseo o limpieza de las instalaciones de trabajo salvo en los casos en que ello implique riesgos para la salud o integridad física de los trabajadores.
• No disponer de las instalaciones dedicadas al bienestar de los trabajadores en los centros de trabajo temporales y/o permanentes, conforme a lo dispuesto por las normas vigentes.
• No proveer o suministrar de forma completa equipos de protección personal necesarios para el desempeño de la actividad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
• Las infracciones que supongan incumplimientos de leyes, reglamentos, laudos o convenios colectivos, siempre que aquellos carezcan de trascendencia grave, para la integridad física o salud de los trabajadores.
Las infracciones graves se sancionan en su grado mínimo, con una multa de cincuenta a sesenta jornales; en su grado medio de sesenta y uno a setenta y cinco jornales y en su grado máximo de setenta y seis a cien jornales, por cada trabajador afectado. Son considerados como infracciones graves:
• No disponer del aseo o limpieza de las instalaciones de trabajo cuando entrañe riesgos para la salud e integridad física de los trabajadores.
• No poseer agua potable en las instalaciones de trabajo para uso y consumo de los trabajadores.
• No proveer los equipos de protección personal necesarios para el desempeño de las actividades, o bien, no suministrarlos de forma completa cuando ello suponga un riesgo grave.
• No presentar la memoria técnica de andamios ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social ni el plan y estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de obra de construcción; no disponer en la obra de la memoria técnica de la instalación eléctrica.
• Será considerada infracción grave, aun cuando se dispusiera de la anterior documentación, no haberla llevado a la práctica en sus propios términos.
• No disponer de la Habilitación de la Dirección General de Bomberos.
• No registrar las causas de los accidentes de trabajo y las medidas de prevención adoptadas en el Libro Único de Trabajo.
• No investigar o no remitir a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, informe de investigación de accidente en aquellos casos que la reglamentación los dispone, en el que se determinen las causas que lo generaron así como las medidas adoptadas para evitar su reiteración.
• No efectuar en forma periódica los exámenes médicos específicos al riesgo al que está expuesto el trabajador y no comunicarle el resultado de los mismos de acuerdo a la normativa vigente.
• Las que supongan incumplimiento a la normativa vigente en materia de formación en seguridad y salud laboral, e información sobre riesgos y materias preventivas a los trabajadores.
• Dar ocupación a trabajadores en máquinas o actividades peligrosas cuando sufran dolencias o defectos físicos certificados o se encuentren manifiestamente en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo asignado.
• Las infracciones que supongan incumplimiento de las prescripciones legales, reglamentarias o recogidas en Convenios Colectivos siempre que exista un riesgo grave para la integridad física o salud de los trabajadores afectados y en especial en materia de:
o No adoptar las medidas de resguardo y protección en máquina equipos y herramientas así como en las instalaciones en general para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
o Superar los límites de exposición a ruido.
o Medidas de protección colectivas que minimicen o eliminen la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales.
o Señalización y etiquetado de envases que contengan sustancias peligrosas.
o Vigilancia de la salud de los trabajadores.
o Proveer de un taburete con apoyo lumbar para toda tarea que exija del trabajador una posición fija y de pie.
Las infracciones muy graves se sancionan en su grado mínimo, con una multa de cien a ciento diez jornales; en su grado medio de ciento once a ciento veinticinco jornales y en su grado máximo de ciento veintiséis a ciento cincuenta jornales, por cada trabajador afectado. Tienen consideración de infracciones muy graves las que a continuación se listan:
• Asignar mujeres en periodo de embarazo a puestos de trabajo en los que se utilicen productos químicos tóxicos. Emplear menores en tareas de cosecha forestal y en aquellas que implique el manejo de agro tóxicos. Emplear mujeres o menores en la limpieza o reparación de motores en marcha, máquinas u otros agentes de trasmisión peligrosa. La inobservancia relativa a la protección de los periodos de embarazo y lactancia y la inobservancia de la normativa vigente relativa a trabajos prohibidos a los menores.
• No respetar las clausulas preventivas y sancionatorias dispuestas por la Inspección General del Trabajo.
• En las demoliciones, carecer de la metodología, equipos y elementos necesarios firmados por técnicos responsables. En las excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, carecer de plan de obra firmados por los técnicos competentes. En ambos casos aun disponiendo de la documentación, no llevarla a la práctica en sus propios términos.
• Las infracciones que supongan incumplimientos de las prescripciones legales, reglamentarias o convencionales siempre que exista un riesgo muy grave, o inminente para la integridad física o salud de los trabajadores afectados.
Para todas las infracciones anteriormente citadas, su cuantía podrá ser aumentada el doble en los casos en los que se dé una conducta reincidente del infractor. Se considera que existe reincidencia si se comete una infracción análoga a la anterior y no ha transcurrido más de un año entre ambas.
En Uruguay, la materialización de un accidente de trabajo conlleva una gestión posterior de la cual el empresario es responsable y que viene estipulada, entre otras, por la Ley Nº 16.074 del 17 de enero de 1990, por la cual se establece el seguro obligatorio de accidentes y enfermedades profesionales.
Esta norma dispone que están obligados a asegurar a sus empleados:
• Toda persona de naturaleza pública, privada o mixta, que emplea a otra.
• El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.
El Banco de Seguros del Estado prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados. La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones. Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de seis sueldos mínimos nacionales.
En los casos de accidentes de trabajo, así como enfermedades profesionales, ocurridas a obreros o empleados asegurados en el Banco de Seguros del Estado, el empresario deberá informar de tales sucesos a la Sede Central, Sucursales o Agencias del Interior del Banco de Seguros del Estado, dentro de las 72 horas posteriores, en el caso de que el evento se haya producido en Montevideo. En el caso de que se haya producido fuera de la capital, este plazo se dilata hasta los 5 días.
En caso de que el empresario, sin causa justificada no hiciera la denuncia en los términos indicados, incurrirá en una multa de 50 U.R y de 100 U.R, si se produce reincidencia.
El trabajador víctima del accidente o su representante, podrá también denunciarlo ante el Banco o Sucursales dentro del plazo de quince días continuos, si ocurre en Montevideo, o en los 30 días si ocurre fuera de Montevideo.
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social asesorará y proporcionará la defensa que requieran los accidentados o sus causahabientes para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio; en el interior del país, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados.
En Uruguay, la norma de referencia en cuanto al empleo de trabajadores menores es la Ley 17.823 del 7 de setiembre de 2004.
La edad mínima para trabajar se fija en 15 años para empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica. Aun así, se permite el empleo de personas de entre 13 y 15 años para trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social, así como la escolarización, de los jóvenes empleados. El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años.
Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor.
Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de 6 horas diarias, con un máximo de horas de 36 semanales. Deberán además disfrutar de un día mínimo de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles en este caso dos días continuos de descanso – uno de ellos preferentemente en domingo – por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo.
El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los niños y adolescentes tendrá una duración de media hora, que deberá ser disfrutada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.
El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo. El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.
Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente. No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizarlo excepcionalmente, teniendo en cuenta su interés superior.
El Instituto Nacional del Menor determinará los documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.
Estos documentos deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.
Todo adolescente que trabaje tendrá derecho a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto.
Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, será nula.
La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente.
En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo, de acuerdo con las competencias específicas de cada organismo. Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en un sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.
El empleador podrá eximirse de esta responsabilidad si prueba fehacientemente que el joven se encontraba circunstancialmente en dicho lugar y sin conocimiento de la persona habilit
ada para permitirle el acceso.
La adquisición de los servicios de empresas de trabajo temporal viene regulada en Uruguay por el Capítulo III de la Ley 14.312.
A efectos de facilitar la ocupación de los inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores que permanezcan en situación de desempleo, se promueve la creación de los Servicios de Empleo Temporal
Art. 26.- Los Servicios de Empleo Temporal funcionarán en la actividad pública y privada cuando las necesidades productivas, o de prestación de servicios, lo requieran y serán organizados de acuerdo con las reglamentaciones que establezca el poder ejecutivo sobre la base de:
A) La dirección general y técnica del organismo o entidad actuante.
B) La duración y funcionamiento limitados a las necesidades que determinen el plan de trabajo a realizar.
Artículo 27.- Los organismos o empresas que requieran los Servicios de Empleo Temporal estructurarán los planes de trabajo a ejecutar, determinando:
A) La estimación de volumen de horas-hombre de trabajo necesario.
B) Las calificaciones profesionales requeridas.
C) El tiempo de duración.
D) La financiación y disponibilidades económicas necesarias para su realización.
Los planes de trabajo serán sometidos a la aprobación del SENADEMP. (Servicio Nacional de Empleo)
Artículo 28.- Los trabajadores necesarios serán proporcionados por el SENADEMP a través de un criterio de selección técnico-profesional, procurando dar empleo a los desempleados de acuerdo a la categoría profesional asignada en el Registro Nacional de Trabajadores o en su defecto, la categoría ocupacional alternativa que contemple, de la mejor manera, su futura readaptación profesional, el mejor aprovechamiento y utilización de sus calificaciones laborales y su domicilio.
En Uruguay, las disposiciones generales en cuanto al derecho al subsidio de maternidad vienen contempladas en el Decreto Ley Nº 15.084 del 28 de noviembre de 1980.
En dicha norma se estipula que toda trabajadora en estado de embarazo deberá cesar el empleo 6 semanas antes de la presunta fecha de parto y no se reincorporará hasta 6 semanas después del mismo.
Además, en caso de que la trabajadora embarazada desarrolle una enfermedad durante su embarazo, la trabajadora podrá gozar de un descanso prenatal. En ambos casos el tiempo de ausencia no podrá exceder los 6 meses.
Durante la licencia por maternidad se pagará el equivalente al promedio de los últimos 6 meses más la cuota, parte de la licencia, salario vacacional y aguinaldo que se genera durante la licencia por maternidad.
En cuanto a la extinción del contrato, el empresario no podrá cesar la relación contractual con la empleada dentro de los 9 meses de embarazo y un tiempo prudencial después del parto.
Si la obligación de mantener el puesto de trabajo no se cumple, la trabajadora se hará acreedora no sólo a la indemnización por despido común sino que también tendrá derecho a una indemnización especial equivalente a 6 meses de sueldo. Para la adquisición de esta compensación, no obstante, la trabajadora deberá haber comunicado su estado de embarazo al empresario de forma previa al despido.
Una vez la empleada es reincorporada al puesto tras semanas posteriores al parto, podrá interrumpir su jornada diaria durante 2 períodos de media hora que serán contados como trabajo efectivo.
Estas disposiciones han sido desarrolladas posteriormente por la Ley Nº 19.161 del 15 de noviembre de 2013, por el que se regula la licencia especial por maternidad. En dicha norma se introducen nuevos derechos para la trabajadora en estado de embarazo o lactancia:
• Artículo 2.-; “Las beneficiarias deberán cesar todo trabajo seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrá reiniciarlo hasta ocho semanas después del mismo”.
Como se puede apreciar, la nueva norma introduce el periodo específico de 8 semanas a disfrutar tras el parto. También introduce supuestos en los que el periodo de descanso por maternidad se prolonga más allá del tiempo anteriormente especificado:
1) Artículo 3º. “Cuando el parto sobreviniere antes de la fecha presunta, la beneficiaria iniciará el descanso de inmediato y el período de descanso puerperal se verá prolongado hasta completar las catorce semanas previstas en el inciso final del artículo 2º o las ocho semanas posteriores a la fecha de parto prevista inicialmente, si este término venciere con posterioridad a aquel”.
2) Artículo 4º.” Cuando el parto sobreviniera después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente será siempre prolongado hasta la fecha real del parto y la duración del descanso puerperal obligatorio no será reducida.”
3) Artículo 5º-” En caso de enfermedad que fuere consecuencia del embarazo o del parto, la beneficiara tendrá derecho a una prolongación del descanso prenatal o puerperal, respectivamente”.
En Uruguay, los derechos de acceso al empleo de personas con algún tipo de discapacidad, así como las condiciones en las que deberá desarrollarse el mismo, vienen tipificadas en el Capítulo VIII (artículo 41 y siguientes) de la Ley Nº 16.095 del 20 por la que se establece el “Sistema de Protección Integral”.
Art. 41.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todos los discapacitados según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada. La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.
Art. 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario. La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición.
Además de las disposiciones incluidas anteriormente y aplicables al empleo de personas con discapacidad en la empresa privada, la Ley Nº 18.651 del 9 de marzo de 2010 impone otras disposiciones relativas al empleo de personas con algún tipo de discapacidad en la Administración Pública de Uruguay:
Tal y como dispone el artículo 48 de la norma, la orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todas las personas con discapacidad según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada. La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.
El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.
El 4% de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad, se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.
En Uruguay, la figura análoga – si bien con algunas divergencias – al trabajador autónomo la constituye el trabajador independiente. Buena parte de la legislación aplicable a este colectivo dependerá de la actividad que desarrolla, así como de los riesgos profesionales asociados a la misma.
En cuanto a la protección social del trabajador independiente, existen en Uruguay tres regímenes por los que los empleados pertenecientes a este colectivo pueden hacer sus aportaciones al régimen de Seguridad Social de Uruguay, teniendo derecho por lo tanto a las prestaciones sociales del sistema. Los tres regímenes contributivos son:
a. Régimen general para unipersonales: Este régimen contempla un primer pilar de beneficios definidos (régimen de reparto) denominado “de solidaridad intergeneracional”, siendo administrado por el sector público; y un segundo pilar de beneficios definidos de ahorro individual obligatorio (régimen de capitalización), administrado por entidades privadas. La ley prevé también un tercer pilar, similar al segundo, pero de ahorro voluntario, para los trabajadores de ingresos superiores a determinado nivel. En este ámbito se encuentran los trabajadores de empresas unipersonales (con y sin personal).
b. Régimen de Monotributo: Este régimen prevé un tratamiento de carácter especial para empresas de muy pequeña dimensión económica, en cuanto a la cantidad de trabajadores, la amplitud de los locales, y el monto de las ventas. Este régimen no constituye un régimen de aseguramiento personal, sino que se trata de un régimen tributario global especial para pequeñas empresas. En términos generales el régimen de Monotributo admite que estas empresas paguen un único tributo, en sustitución de todos los impuestos nacionales (excepto los de importación) y de las cotizaciones al sistema de seguridad social, y habilita a los trabajadores involucrados a acceder a todos las prestaciones de la seguridad social (excepto al seguro de desempleo).
c. Profesionales universitarios: Los profesionales universitarios se encuentran amparados en dos instituciones: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y la Caja Notarial de Seguridad Social, y su actividad es regulada por el Banco Central del Uruguay. La primera Caja incluye a los graduados universitarios que realizan libre ejercicio de su profesión, salvo los notarios que poseen su propio instituto de seguridad social.
En materia de tributación, los trabajadores independientes están sujetos al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), el cual grava las rentas obtenidas por las personas físi-cas (individuos) residentes en el territorio nacional.
A efectos de cálculo, se tienen en cuenta todos los ingresos originados por la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia, siempre que no se estén computando dichos ingresos en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) ni en el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR).
Los trabajadores inde¬pendientes con ingresos anuales superiores a UI 4.000.000 (cuatro millones de Unidades Indexadas), y aquellos que sin su¬perar este monto opten por tributar el IRAE, pagarán éste último impuesto y no pagarán el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).
El IRPF se paga a través de pagos (anticipos), cada dos meses en el mismo plazo que el otor-gado para el pago del Impuesto al Valor Añadido (IVA). Asimismo, podrá ser objeto de retención sobre los ingresos que facture de acuerdo a lo establecido en la reglamentación. Los importes retenidos se rebajan de los anticipos bimestrales. En caso de que el impuesto anual sea mayor a la suma de los anticipos, se deberá abonar el saldo correspondiente al año siguiente, de acuerdo al cuadro de vencimientos establecido a tales efectos.
Por otro lado, existen algunas deducciones aplicables a la carga impositiva que conviene tener en cuenta y que se plantean en los casos siguientes:
• Deducción anual por cada hijo menor de edad a cargo. Igual criterio se aplica en el caso de menores a cargo en régimen de tutela o curatela. Esta deducción se efectúa en la liquidación del padre o de la madre, o el 50% en la de cada uno.
• Deducción por cada hijo con discapacidad a cargo menor o mayor de edad. Igual criterio se aplica en el caso de personas a cargo régimen de tutela o curatela.
En Uruguay, los requisitos mínimos aplicables que deben cumplir los locales de trabajo y sus instalaciones vienen contemplados en el Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988.
Tal y como establece la norma, los edificios o locales que se utilicen para actividades laborales, serán de construcción segura y firme debiendo estar la presentación del proyecto y su ejecución bajo la responsabilidad de un profesional, arquitecto o ingeniero y contar con la habilitación de la autoridad oficial competente. La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, podrá requerir, cuando lo estime conveniente, el informe técnico sobre la resistencia de los edificios a las oficinas competentes.
Cuando por el tipo de actividad sea previsible que se puedan superar las cargas para las que un edificio o área específica del mismo ha sido proyectado, se indicará por medio de rótulos las cargas que los locales pueden soportar, quedando prohibido sobrecargar los pisos y plantas de los edificios. Los referidos rótulos se colocarán en las puertas que facilitan el acceso al local cuando éste se encuentre en su totalidad afectado por una limitación de carga máxima autorizada. En zonas de almacenamiento, se ubicará en lugar visible, colgando del techo, pared o pilar.
Los edificios o locales a los que se hace referencia deberán tener una adecuada distribución de sus áreas de actividad y dependencias complementarias, cumpliendo las condiciones de higiene y seguridad que se establecen en este decreto.
Además de estas disposiciones generales en cuanto al acondicionamiento de los locales de trabajo, el Título I del Decreto 406/88 dispone de 12 capítulos más en los que se disponen los requisitos que deberán cumplir los locales de trabajo en cuanto a:
1. CAPITULO I – SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y DE FUNCIONAMIENTO
2. CAPITULO II – ALTURA, CUBAJE Y SUPERFICIE
3. CAPITULO III – LOCALES SEMI – SUBTERRANEOS Y SUBTERRANEOS.
4. CAPITULO IV – TECHOS, PAVIMENTOS, PAREDES, ABERTURAS, SEPARACIONES.
5. CAPITULO V – PASILLOS Y ZONAS DE PASO.
6. CAPITULO VI – ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO.
7. CAPITULO VII – ESCALAS FIJAS DE SERVICIO
8. CAPITULO VIII – ESCALERAS DE MANO.
9. CAPITULO IX – PLATAFORMAS DE TRABAJO
10. CAPITULO X – ABERTURAS EN LOS PISOS
11. CAPITULO XI – ABERTURAS EN LAS PAREDES
12. CAPITULO XII – BARANDAS Y RODAPIES
13. CAPITULO XIII – PUERTAS Y SALIDAS.
En Uruguay, los lugares y locales de trabajo deben cumplir con las disposiciones legales impuestas por el Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988.
Aseo y limpieza de los locales
Los locales de trabajo, así como las dependencias anexas, deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, especialmente en la superficie del suelo.
En los lugares susceptibles de producir concentraciones nocivas de polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos o mediante aspiración en seco.
Por otra parte, todos los locales deberán ser frecuentemente limpiados y, siempre que sea posible, fuera de las horas de trabajo y con la anticipación necesaria para que puedan ser ventilados convenientemente antes del ingreso de los trabajadores.
Los recipientes y aparatos que sirvan a la fabricación o transporte de materiales susceptibles de pudrirse o despedir emanaciones desagradables deberán ser lavados frecuentemente, y cuando sea necesario, desinfectados.
En cuanto a los productos de limpieza utilizados, se utilizarán preferentemente detergentes para la limpieza y el desengrasado. En los casos en que sea imprescindible el empleo de agentes de limpieza combustibles, inflamables, o nocivos para la salud de los trabajadores, deberán adoptarse las medidas de seguridad de acuerdo a la naturaleza del producto.
Los establecimientos sujetos al presente Decreto deberán disponer de vestuarios apropiados para que ellos efectúen el cambio de sus ropas de calle por las de trabajo y viceversa.
En el caso de establecimientos que ocupen más de diez trabajadores, los vestuarios deben ser independientes de los locales de trabajo, ubicados anexamente los baños, construidos de acuerdo a las normas de edificación vigentes, aireados e iluminados, bien defendidos de la intemperie y caldeados durante la estación fría. Deberán ser acordes con el número de usuarios para permitir el adecuado uso y desplazamiento dentro de los mismos.
En el caso de establecimientos que ocupen menos de 10 trabajadores el vestuario podrá ubicarse en un lugar apropiado, dentro del local de trabajo, separándose de éste con mamparas o con cortinas adecuadas.
Todo establecimiento destinado al trabajo deberá disponer de servicios sanitarios instalados e iluminados de acuerdo con las disposiciones en vigencia, bien ventilados e iluminados y manteniendo unas buenas condiciones de aseo, funcionamiento y conservación. Los usuarios serán responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales suministrados.
Todo establecimiento ubicado en zonas donde exista red de alcantarillado, está obligado a servirse de ella. Los servicios higiénicos se dispondrán de forma independiente de los locales donde se trabaje. Cuando el establecimiento emplee personal de ambos sexos en número total superior a cinco, deberá disponer de servicios higiénicos separados para cada uno.
Artículo 78º. El número de urinarios será acorde al número de trabajadores por turno y sexo, en la siguiente forma:
Hasta 100 trabajadores: 1 cada 15 trabajadores o fracción.
De 101 hasta 200: 1 cada 20 trabajadores o fracción.
De 201 hasta 300: 1 cada 30 trabajadores o fracción.
Para más de 300: 1 cada 30 trabajadores sin limitación.
Tal y como establece el artículo 89 del Decreto, los establecimientos en los que se cumplan jornadas de trabajo en el régimen de horarios continuo, deben disponer o facilitar un local destinado a comedor que este fuera del ambiente de trabajo, totalmente independiente de éste, provisto del número adecuado de asientos y de mesas apropiadas con superficies impermeables para su fácil limpieza. Se admitirá que el comedor en el establecimiento sea sustituido, por acuerdo entre empresario y trabajadores, y autorizado expresamente por la autoridad oficial competente, por un comedor oficial u otros que llenen los requisitos establecidos en el presente reglamento. En los casos en que el comedor esté ubicado fuera del establecimiento, deberá considerarse el incremento de tiempo de descanso necesario para cubrir el tiempo que insumirá el desplazamiento hasta el mismo, como tiempo trabajado.
La legislación uruguaya de referencia en cuanto la gestión y protección frente a incendios viene establecida principalmente en el Decreto 330/2000 del 21 de noviembre de 2000, por el cual se reglamentan los artículos 4 y 5 de la Ley 15.896 de Prevención y Defensa contra Siniestros.
Esta norma especifica la necesidad de conseguir una habilitación de todos los edificios para poder estar operativos, incluyendo también los edificios destinados a la vivienda. Esta habilitación es otorgada por la Dirección Nacional de Bomberos.
Por otro lado, el Decreto establece una clasificación de los edificios, en función de sus características estructurales, que determina las medidas preventivas y correctoras legalmente exigibles para la prevención de incendios y que serán necesarias para, posteriormente, obtener la habilitación del edificio:
a. Categoría I: Edificios construidos en forma horizontal o vertical con hasta un nivel adicional respecto a la planta baja, para vivienda de más de un núcleo familiar.
b. Categoría II: Edificios de baja altura, con dos o tres niveles adicionales a la planta baja.
c. Categoría III: Edificios de altura media, con cuatro a siete niveles adicionales a planta baja.
d. Categoría IV: Edificios de gran altura, que superen los límites establecidos para la categoría III (siete niveles).
e. Categoría V: Edificios de cualquiera de las categorías anteriores, que representen locales no destinados a la vivienda.
De esta categorización, todos los centros y locales de trabajo, independientemente de sus características estructurales, pertenecen a la categoría V.
Para los edificios de categoría V, el artículo 13 de la norma establece que deberán seguirse las medidas preventivas legalmente establecidas en la norma y aplicables a las categorías I, II, III o IV, en función de las características del local. Estas medidas de obligado cumplimiento constan en los artículos 9, 10, 11 y 12 para las categorías I, II, III y IV, respectivamente.
Dentro del ordenamiento jurídico de Uruguay, las disposiciones legales en cuanto a los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas vienen reguladas por el Capítulo I del Título III del Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988.
El artículo 1 establece que las instalaciones eléctricas deben estar dispuestas de acuerdo con las exigencias de la Autoridad Competente, que fijará la calidad de los conductores, características de los tendidos a canalizaciones, dispositivos de corte y de seguridad y otros aspectos.
Cuando se trabaje con tensiones superiores a la de seguridad, que es de 32 voltios,deberán tomarse las medidas de prevención a fin de evitar el paso de corriente eléctrica por el cuerpo del trabajador, con intensidad que pueda resultar peligrosa.
El personal que efectúe el mantenimiento u operaciones diversas en instalaciones o máquinas eléctricas deberá estar previamente capacitado, lo que acreditará por certificado de estudios, constancias laborales y antecedentes. Deberá ser también formado para el buen desempeño de su función, recibiendo información sobre las características especiales de la instalación con la cual trabajará, a los riesgos a que estará expuesto, la forma de prevenirlos y los elementos de seguridad que tendrá a su disposición y la obligatoriedad de su uso. Deberá también recibir instrucciones sobre primeros auxilios a prestar un accidentado por descargas eléctricas, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.
Las máquinas eléctricas deberán tener dispositivos de corte que impidan su funcionamiento intempestivo, con la posibilidad de colocar trabas o candados de seguridad para evitar que el mismo sea accionado, localmente o a distancia, por una persona no autorizada. Es obligatorio para el personal que realiza el mantenimiento el colocar dichos enclavamientos.
Por su parte, los artículos 5, 6 y 7 del Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988 establecen respectivamente:
• Las medidas de protección frente a equipos e instalaciones eléctricas que dispongan de partes habitualmente en tensión.
• Las medidas preventivas y de actuación a efectos de impedir descargas en zonas próximas a instalaciones en tensión.
• Las medidas de protección contra contactos eléctricos indirectos.
Otros requisitos contemplados en la misma norma:
• Artículo 9. puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
• Artículo 10′. empleo de interruptores diferenciales.
• Artículo 11′. dispositivo de corte por tensión de defecto.
• Artículo 12′. puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
• Artículo 14′. interruptores y cortacircuitos de baja tensión.
Por otro lado, el Decreto Nº 179/001 del 16 de mayo de 2001 regula el riesgo eléctrico en el sector de la construcción. En dicho texto se regulan los siguientes aspectos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas presentes en obras de construcción y las medidas de prevención y protección de las cuales el empresario titular es responsable:
• CAPITULO I – Ámbito de aplicación
• CAPITULO II –Terminología
• CAPITULO III – Instalaciones en obra
• CAPITULO IV – Medidas de prevención y protección de riesgos eléctricos
• CAPITULO V – Normas y señalización
• CAPITULO VI – Trabajos sobre instalaciones eléctricas y en su proximidad
• CAPITULO VII – Máquinas, equipos y herramientas eléctricas
• CAPITULO VIII – Acciones de emergencia
• CAPITULO IX – Disposiciones generales
Los requisitos en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos profesionales derivados del trabajo en espacios confinados vienen regulados en el Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988, y más específicamente, en su Capítulo XV.
En el artículo 50, la norma establece que en los locales de trabajo se mantendrán, por medios naturales o artificiales, unas condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frío, de humedad o sequedad y de olores desagradables.
Las emanaciones de polvos, fibras, humos, gases, vapores, neblinas, etc… en los locales de trabajo deberán ser extraídas evitando su difusión en ambientes de trabajo.
En los locales de trabajo, el suministro de aire fresco y limpio, por hora y por trabajador, deberá estar entre 30 y 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias veces por hora, no inferior a seis para trabajos sedentarios ni a diez para trabajos que exijan un esfuerzo físico.
Por otro lado, en aquellos casos en los que la temperatura ambiente exterior se encuentre por debajo de los 18ºC, deberán tomarse las medidas necesarias para que el aire que ingresa al local de trabajo no esté a una temperatura inferior a 5.5 grados. La temperatura y humedad relativa de los lugares de trabajo deberá mantenerse dentro de los valores determinados por la autoridad oficial competente. Cuando ello no sea posible por exigencias técnicas de la tarea, deberán tomarse las medidas de prevención y protección adecuadas para la protección del empleado.
Por último, el artículo 55 establece la prohibición del ingreso de trabajadores a espacios confinados tales como tanques, ductos, pozos negros, cloacas, etc., sin adoptar las medidas de prevención adecuadas. Se entienden por éstas la comprobación de la inocuidad de la atmósfera, uso de equipo respiratorio autosuficiente o con línea de aire limpio exterior, uso de cinturón de seguridad o arreos de rescate, etc. En estos casos deberá disponerse siempre de personal que, desde lugar seguro, vigile al trabajador y pueda prestar servicios de rescate.
El Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988 establece en su artículo 23 y siguientes algunas disposiciones en cuanto a la prevención de incendios y explosiones cuando existan instalaciones eléctricas que generen tal riesgo.
Los locales destinados a centralizaciones eléctricas tales como tableros, cajas de fusibles u otros elementos en tensión, no podrán ser utilizados como depósitos.
Por otra parte, los generadores o transformadores refrigerantes, gaseosos o líquidos que empleen combustibles deben ser manipulados por personal especialmente entrenado, evitando, escapes o derrames, no acercando llamas o fuentes calóricas riesgosas y disponiendo de todos los elementos necesarios de lucha contra el fuego.
En los locales en los que el ambiente pueda ser agresivo para las instalaciones eléctricas, éstas se deben realizar de manera que el ambiente no la afecte y que no pueda ser fuente de deflagraciones, explosiones u otros accidentes eléctricos. Las instalaciones eléctricas deben hacerse de acuerdo a las exigencias de la autoridad oficial competente, que fijará la calidad de los conductores, características de los tendidos o canalizaciones, dispositivos de corte y de seguridad, etc.
Por último, en aquellos locales donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables, la instalación eléctrica deberá ser del tipo blindado en todos sus elementos y dispositivos, empleando cañerías, cajas y demás componentes, que cumplan las normas exigidas para el uso al cual se destinan, aprobadas por la autoridad competente, u otros dispositivos de seguridad que garanticen protección equivalente.
En Uruguay, los requisitos de seguridad que deben cumplir los equipos de trabajo vienen regulados en el artículo 29 y siguientes del Decreto 406/88: “Prevención de Accidentes de Trabajo”.
Como norma general, para trabajar en cualquier máquina los operarios deberán poseer los conocimientos y el aprendizaje necesario para su correcto funcionamiento en condiciones de seguridad, sin el cual no se podrá efectuar trabajo en dichos equipos.
Aquellas máquinas que dispongan de partes peligrosas deben estar provistas de protecciones o dispositivos de seguridad que garanticen la protección efectiva tanto del operador como del personal que desarrolla su labor en el área de riesgo de las mismas.
En cuanto a los sistemas de protección fijos con los que deberán contar los equipos de trabajo, deberán cumplir con los siguientes requisitos contenidos en el artículo 33:
1. Estarán proyectados para impedir el acceso a partes peligrosas de la máquina a cualquier parte del cuerpo del operador o del personal que presta funciones en el área de riesgo. En el caso de que los protectores tengan aberturas, se adoptarán relaciones normalizadas de seguridad entre tales aberturas y las distancias al punto o zona de peligro.
2. Deberán ser dispuestos de tal manera que su resistencia sea suficiente para soportar los esfuerzos de las operaciones y de las condiciones del entorno.
3. Deberán quedar sólidamente fijados en posición cuando la máquina está pronta para funcionar y mientras está en movimiento, y no deben poder ser retirados o abiertos sin la ayuda de una herramienta. La cantidad y separación de los puntos de fijación deben asegurar la estabilidad y la rigidez del protector.
4. Estarán ergonómicamente diseñados, sin generar dificultades en el trabajo a realizar y sin constituir riesgos por sí mismos.
5. Permitirán el control y lubricación de los elementos de la máquina.
6. En los casos en que el protector de chapa, barras o malla, dificulte la visibilidad de las zonas de peligro cuando sea necesaria durante el funcionamiento de la máquina, se deberá utilizar una pantalla de material transparente tomando en cuenta su resistencia mecánica y siempre que cumpla las prescripciones de los puntos anteriores.
Las transmisiones y otras partes móviles que se encuentren al alcance de los trabajadores, deben protegerse hasta una altura mínima de 2,70 metros. Por encima de 2,70 metros deben además contar con elementos que aseguren que, en caso de rotura, las partes que se desprenden no alcancen a los trabajadores. Aquellas partes peligrosas a alturas inferiores a 2,70 metros deberán contar con dispositivos de seguridad que impidan que puedan ser alcanzadas inadvertidamente por los operarios. Las alturas de referencia se consideran desde la superficie en que está parado el operario.
Además de los requisitos incorporados en el apartado anterior y aplicables a todos los equipos de trabajo, el mismo Decreto 406/88 establece algunas disposiciones a cumplir en cuanto a la instalación y uso de algunos equipos y máquinas específicos.
(Título III, Articulo 15º)
La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 voltios con relación a la tierra. Si están provistas de motor tendrán dispositivo para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor de protección.
Cuando se empleen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, éstas estarán alimentadas o por una tensión no superior a 32 voltios, o por medio de un transformador de separación de circuitos.
Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos por material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles, instalando enchufes en puntos próximos.
(Título III, Capítulo III)
Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos de elevación y transporte, serán de material de calidad comprobada, bien construidos, de resistencia adecuada al uso a que se le destina y sólidamente afirmados en su base.
La máxima carga útil en kilogramos de cada aparato de elevación, en general, se marcará en el mismo de manera destacada y fácilmente legible. Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil salvo en las pruebas de resistencia. Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de seguridad y bajo la dirección de un técnico responsable.
En cuanto a las revisiones y operaciones de mantenimiento de los equipos, todo nuevo aparato de elevación y transporte será detenidamente revisado y testeado por personas capacitadas antes de ser utilizado, consignando el resultado de la revisión, así como de las reparaciones necesarias en un libro dispuesto a tales efectos.
El operador, diariamente antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a esfuerzo y comunicará a su superior toda anomalía que encuentre. No obstante, se realizará una inspección trimestral sobre los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y de los controles y sistema de mando, así como en general de todos los elementos de los aparatos de izar. Cuando se comprueben condiciones inseguras, no podrá continuar la operación del equipo hasta que sean corregidos.
En Uruguay, los requisitos en cuanto a la puesta a disposición de los equipos de protección individual a los trabajadores a su cargo, lo cual deviene una obligación atribuida al empresario, viene regulada en el Título V del decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988.
En los trabajos en que se requieran medios de protección para proteger la salud del trabajador, éstos serán de uso obligatorio y deberán ser provistos por el empleador, de forma gratuita y con las debidas instrucciones de uso y mantenimiento.
Por su parte, el trabajador será responsable de los medios de protección personal que se le entreguen. En caso de extravío o pérdida, el empleador podrá exigir la reposición al usuario.
Por otra parte, todos los medios de protección personal deberán contar, para poder ser utilizados, con un certificado de homologación que acredite que cumplen con las Normas Técnicas de Homologación aprobadas por la autoridad oficial competente.
Además de estas obligaciones generales aplicables a todos los equipos de protección individual, los capítulos siguientes de la citada norma disponen requisitos específicos aplicables a los EPIs en función de la parte del cuerpo al que brindan protección:
• CAPITULO II – Protección de la cabeza
• CAPITULO III – Protección de los ojos
• CAPITULO IV – Protección de oídos
• CAPITULO V – Protección respiratoria
• CAPITULO VI – Protección de las manos
• CAPITULO VII – Protección de los pies – calzado
• CAPITULO VIII – Cinturón de seguridad
• CAPITULO IX – Ropa de trabajo
La manipulación manual de cargas es un factor de riesgo laboral también regulado por el ordenamiento jurídico de Uruguay en materia de seguridad y salud, concretamente por el artículo 55 (Título IV, Capítulo V) del Decreto 406/88 del 17 de junio de 2007.
Su artículo 55 establece que las cargas máximas que podrán levantar y/o transportar manualmente en forma habitual y repetitiva los trabajadores no podrá ser superior a los 55kg para los hombres y de 25 kg para las mujeres.
Cuando se emplee a jóvenes trabajadores en el levantamiento y transporte manual y habitual de carga, el peso máximo de esa carga deberá ser considerablemente inferior a la que admite a trabajadores adultos del mismo sexo, siendo extensible tal limitación de carga para la mujer embarazada.
Vistas estas disposiciones generales, el Decreto 423 /007 del 26 de octubre de 2010: “Reducción de las cargas transportadas manualmente”, establece una reducción del peso máximo de carga para determinados tipos de carga, comunes sobre todo en el sector agrario y de la construcción.
• Las bolsa de portland, de harina, de azúcar, de arroz y aquellas que contienen productos de la huerta, no podrán superar los 25 Kg., salvo que se disponga de medios mecánicos para su movilización y manipulación.
• Se otorga un plazo de 180 días para agotar stock.
Si la empresa se viera imposibilitada, por diversas razones, a implementar lo dispuesto en la presente norma, deberá presentar ante la Inspección General del Trabajo un proyecto estableciendo las medidas que adoptará y el plazo en que las llevará a cabo, que será analizado por la Inspección de Trabajo a efectos de determinar la pertinencia de su aprobación.
Cabe destacar que, en cuanto a los medios mecánicos a los que hace referencia el artículo 1, deberán tenerse en cuenta los requisitos legales contenidos en el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988 (Título III, Capítulo III).
En Uruguay, no existe una norma que regule de manera general, y para todos los sectores de actividad, los riesgos y medidas preventivas a aplicar para el trabajo con pantallas de visualización de datos (PVDs).
Dicho esto, el ordenamiento jurídico de Uruguay en materia de seguridad y salud incorporó hace escasos años el Decreto 147/012 del 3 de mayo de 2012, mediante el cual se regulan las condiciones y medio ambiente de trabajo de los Centros Telefónicos de consulta, Procesamiento de Datos, Atención Telefónica y Telecentros (lo que en España se conoce comúnmente como “call centers”).
El ámbito de aplicación de la norma lo constituyen, además de los mencionados “call centers”, las dependencias de las administraciones públicas en las que se constituya un Centro de Atención Telefónica propio. En cuanto a las empresas privadas que cuenten con un departamento de atención telefónica, solo estarán éstos sujetos a su ámbito de aplicación en caso de que estos trabajos se desarrollen para terceros (clientes, proveedores…) y no internamente.
El capítulo IV del citado Decreto hace referencia los principios ergonómicos sobre los cuales deberá diseñarse el puesto de trabajo de los empleados que operen en este tipo de establecimientos.
En Uruguay, la gestión de la prevención frente a los riesgos derivados de la exposición a sustancias y productos químicos viene regulada principalmente en los siguientes textos normativos:
Decreto Nº 406/88 del 17 de junio de 1988 (Título IV, Capítulo II). Se estipulan los requisitos en cuanto al almacenamiento de productos químicos en los locales de trabajo.
En esta norma se desarrollan los requisitos aplicables al almacenamiento (identificación, etiquetado, características de los recipientes…), transporte, medidas de protección colectiva, operaciones de trasvase y medidas de seguridad asociadas, necesidad de inspecciones periódicas, requisitos de construcción de los locales en los que existan productos químicos e implicaciones en cuanto a la gestión de emergencias en el centro de trabajo.
Decreto 307/009 del 3 de julio de 2009. Establece las medidas para la protección y seguridad de los trabajadores de la industria química.
Esta norma aplica a cualquier empresa en la que se produzcan, manipulen, transporten o almacenen productos químicos.
El Decreto establece los requisitos a tener en cuenta para preservar la salud de los trabajadores expuestos a este tipo de sustancias, aportando disposiciones concretas en cuanto a la evaluación de riesgos, medidas específicas de prevención y protección, planificación de la actividad preventiva, vigilancia de la salud, formación a impartir a la plantilla expuesta, información a los trabajadores y actuaciones en caso de emergencia, entre otras disposiciones.
En Uruguay, el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988 representa también la norma de referencia en cuanto a la protección de los trabajadores expuestos a agentes físicos tales como ruido, niveles de iluminación inapropiados, vibraciones y condiciones agresivas de temperatura. Dichos requisitos se encuentran en el Capítulo III del Título IV del mencionado Decreto.
Tal y como dispone el artículo 39 de la norma, las áreas de iluminación natural y las posiciones de trabajo se planificarán de modo que se eviten sombras que dificulten los trabajos y de manera que la intensidad luminosa en cada zona sea uniforme para evitar reflejos y deslumbramientos.
En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, sea ésta insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales, se empleará iluminación artificial.
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los locales y distintos trabajos serán los siguientes:
• Patios y zonas de paso: 20 lux;
• Operaciones en que la distinción de detalles no sea especial, tales como manipulación de productos a granel, pasajes, corredores, escaleras, almacenes, depósitos, etc.: 50 lux;
• Cuando sea necesaria una distinción primaria de detalles como en la fabricación de productos semiacabados de hierro y acero, en el montaje de piezas simples, en molienda de granos, en cardado de algodón, en salas de máquinas y calderas, en departamentos de empaquetado y embalaje, en vestuarios y cuartos de aseo, etc.: 100 lux;
• Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes medios, en trabajos sencillos de bancos de taller, en costura de tejidos o cueros claros, en carpintería metálica, etc.: 200 lux;
• Siempre que sea necesaria una distinción importante de detalles como en trabajos medios en bancos de taller o en máquinas, en el acabado de cuero en trabajos de oficina en general, etc.: 300 lux;
• En trabajos en que sea imprescindible una fina distinción de detalles en condiciones de constante contraste durante largos períodos de tiempo, tales como montajes delicados, trabajos finos en banco de taller o máquina, pulido y biselado de vidrio, ebanistería, tejido en colores oscuros, dibujo artístico o lineal, etc.: 1000 lux.
Artículo 12.- A los efectos de evitar las consecuencias perjudiciales del ruido sobre la salud de los trabajadores, deberán tomarse las medidas adecuadas de prevención técnica – eliminación o reducción de ruido en su fuente de origen o control de su propagación al medio ambiente o administrativas, en vistas de reducir el factor ruido como agente causal de enfermedades y molestias.
Se requerirá el uso obligatorio de medio de protección personal auditiva cuando el nivel de intensidad sonora, el puesto de trabajo considerando sea superior a 85dB (A) y tras haberse agotado las posibilidades anteriores.
Artículo 14.- Los trabajadores ocupados en tareas con exposición a ruido de intensidad superior a 85dB (A) deben ser sometidos a exámenes de “Audiometría Tonal Liminar”, al inicio de los trabajos y, posteriormente, de forma periódica.
A efectos de evitar las consecuencias perjudiciales sobre la salud de los trabajadores deberán tomarse las siguientes medidas preventivas:
a) sustitución del proceso que genera la exposición por otro que esté libre de riesgo;
b) Aislamiento de los elementos generadores del riesgo;
c) acondicionamiento de las máquinas y herramientas, así como de la sustentación del operario (asientos, respaldos, etc.) a fin de evitar la transmisión de las vibraciones producidas en la tarea;
d) protección personal mediante el uso de elementos que provean la adecuada atenuación de las vibraciones.
Los trabajadores ocupados en tareas con exposición a vibraciones mecánicas deben ser sometidos a exámenes médicos específicos.
Las obligaciones atribuidas al empresario en cuanto a la protección de los trabajadores a su cargo frente a riesgos biológicos viene tipificada en el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988, y más concretamente, en el Capítulo IV de su Título IV.
A fin de evitar las enfermedades causadas por agentes vivos, deberán tomarse las medidas preventivas indicadas en el artículo 39 y siguientes de la norma.
En términos de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a agentes biológicos, éstos deberán ser sometidos a un programa de vigilancia de la salud reforzada, el cual deberá contemplar pruebas médicas específicas para determinar la posible incidencia del trabajo sobre la salud del empleado.
Además, tal y como dispone el artículo 47 del Reglamento, en los casos en los que los empleados estén expuestos a un agente causante de una enfermedad para la que existe vacunación, los trabajadores deberán tener administrada la vacunación correspondiente. El empresario tiene derecho a reclamar al trabajador el Certificado de Vacunación para comprobar que, efectivamente, el empleado cumple con dicha exigencia, si bien la responsabilidad final recae sobre el empresario.
En Uruguay, está prohibida la fabricación, importación y comercialización de materiales que contengan amianto a lo largo de todo el territorio nacional. La norma legal mediante la cual se regula dicha prohibición es el Decreto Nº 154/002 del 7 de mayo de 2002.
Concretamente, se establece que queda prohibida la fabricación, la introducción al territorio nacional bajo cualquier forma y la comercialización de productos que contengan amianto o asbesto comprendidos en la partida 6811. y en el ítem 6812.50.00.00 de la NCM (Nomenclatura Común del Mercosur).
Para la, fabricación, introducción al territorio nacional bajo cualquier forma y comercialización del resto de productos que contengan amianto, deberá solicitarse una autorización especial al Ministerio de Salud Pública. Para obtener dicha autorización el fabricante, introductor o comerciante, deberá presentar Informes técnicos que señalen las características de los productos o elementos a introducir al país para fabricar o comercializar, los tipos de amianto o asbesto que se utilizarán, las medidas que habrán de adoptarse para controlar los riesgos para la salud, la forma en que se eliminarán los desechos y la justificación de que no es posible sustituir el amianto por otro tipo de materiales.
Estos y otros requisitos en relación al proceso burocrático para la obtención de la autorización mencionada son incorporados en el resto de artículos del Decreto Nº 154/002 del 7 de mayo de 2002.
Los riesgos asociados a las radiaciones vienen legalmente tipificados en el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988, específicamente en las disposiciones finales del Capítulo III del Título IV de la norma.
El artículo 22 establece que toda práctica que implique la exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes, el número de trabajadores expuestos y la magnitud de la dosis individual serán tan bajos como razonablemente sea posible.
Las medidas preventivas que deberán adoptarse deberán seguir los principios jerárquicos para eliminar la exposición, sustituir el proceso o producto por otro menos nocivo, aislamiento, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual.
A efectos de la correcta aplicación del control del riesgo por exposición a radiaciones, deberán tenerse en cuenta posibles acciones como:
• Limitación de la jornada de trabajo de acuerdo al riesgo, teniendo en cuenta la dosis de radiación recibida.
• Calificación especializada del personal.
La autoridad oficial competente fijará los tiempos máximos de trabajo, así como los períodos y las condiciones de descanso, en cada caso, teniendo en cuenta:
• Nivel y características de las radiaciones a que está expuesto.
• Edad y condiciones del personal expuesto; quedando prohibido el trabajo en condiciones de exposición a radiaciones ionizantes a mujeres embarazadas y a menores de 18 años de ambos sexos.
• Dosis de radiación recibida.
A efectos de evitar las consecuencias perjudiciales de las radiaciones no ionizantes, tales como las ultravioletas, infrarrojas, de radio frecuencia, etc., sobre la salud de los trabajadores expuestos a ellas, deberán tomarse las medidas correspondientes y por su orden:
• a) Aislamiento de los elementos generadores del riesgo.
• b) Acondicionamiento del local donde se realiza el proceso mediante pantallas aislantes o revestimientos absorbentes.
• c) Protección personal mediante el uso de elementos que eviten la acción de las radiaciones sobre el organismo tales como ropas adecuadas, guantes, gafas apropiadas en cada caso al riesgo de que se trate, etc.
En aquellos trabajos que conlleven el riesgo de emisión de radiaciones ultravioletas en cantidades nocivas, deberá limitarse al mínimo la superficie del cuerpo sobre la que incidan estas radiaciones.
Las áreas donde se trabaje con rayos láser deberán estar convenientemente iluminadas para prevenir la dilatación de las pupilas, no permitiendo superficies reflectores dentro del área. Sólo se permitirá el acceso a un área donde pueda existir contacto directo con rayos láser a personas que hayan recibido una formación adecuada y muy específica.
Además de las disposiciones legales incluidas en el Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988, existen otros textos legales que contribuyen a proteger a la población laboral de Uruguay en cuanto a los riesgos asociados a las radiaciones y que aquí se listan:
• Ley 19.056, del 13 de enero de 2013: “Protección y seguridad radiológica de personas, bienes y medio ambiente.
• Norma uy 101 seguridad radiológica para la operación de equipos de gammagrafía industrial
• Norma uy 102 uso de fuentes selladas en braquiterapia
• Norma uy 103 operación de aceleradores lineales de electrones para uso medico
• Norma uy 104 operación de equipos de telecobaltoterapia
• Norma uy 105 uso de fuentes radiactivas no selladas en medicina nuclear
• Norma uy 106 gestión de desechos radiactivos
• Norma uy 107 transporte de materiales radiactivos
• Norma uy 108 seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico y odontológico
• Norma uy 108 seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico y odontológico – anexo i-
• Norma uy 109 autorizaciones individuales para el empleo de material radiactivo o radiaciones ionizantes en seres humanos
• Norma uy 110 autorizaciones individuales para operadores de equipos de gammagrafía industrial
• Norma uy 111 operación de plantas de irradiación panorámicas, tipo iv, con fuente radiactiva depositada bajo agua
• Norma uy 112 cronograma para la presentación de la documentación antes de la operación de una planta de irradiación
• Norma uy 113 autorizaciones individuales y autorizaciones especificas para el personal en la operación de plantas de irradiación
• Norma uy 114 diseño de plantas industriales de irradiación panorámicas, tipo iv, con fuente radiactiva depositada bajo agua
• Norma uy 115 requerimientos de aptitud psicofísica para autorizaciones específicas en una planta de irradiación
• Norma uy 116 seguridad radiológica en el uso de medidores industriales
• Norma uy 117 clasificación de las fuentes radiactivas y de las prácticas en las cuales son empleadas
• Norma uy 117 tabla clasificación de prácticas
• Norma uy 118 seguridad física de fuentes selladas
• Norma uy 119 cualificación del personal de la autoridad reguladora
• Norma uy 120 seguridad radiológica para instalaciones y equipos de rayos x utilizados en el control de equipajes y cargas
• Norma uy 121 perfilaje de pozos petroleros
El Decreto 406/88 del 17 de junio de 1988 dispone de un capítulo específico en el que establece las bases para la adaptación ergonómica de los puestos de trabajo a la figura del trabajador. Su fundamento jurídico viene establecido en el Título IV, Capítulo V de dicha norma.
Tal y como dispone el artículo 48, la concepción de sistemas de trabajo será orientada prioritariamente a la satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las condiciones de trabajo en la relación hombre-máquina, facilitando una adaptación fisiológica, psicológica y social al trabajador, a fin de garantizar su bienestar, seguridad y salud.
A lo largo de los artículos sucesivos, se disponen obligaciones relativas a la protección de la salud y confort de los trabajadores expuestos a riesgos ergonómicos tales como posturas forzadas, movimientos repetitivos, ritmos de trabajo, adecuación del puesto y factores de la organización del trabajo que, en caso de existir un diseño inadecuado, pueden acarrear una incidencia negativa para el estado de salud del trabajador.
En Uruguay, la única norma vinculada con los riesgos psicosociales la constituye la Ley 18.561 del 11 de setiembre de 2009, relativa al “Acoso Sexual: Normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno.
En su artículo 6, esta norma establece las obligaciones atribuibles a la figura del empresario para la prevención del acoso sexual y los riesgos psicosociales asociados a esta práctica:
Según la información obtenida del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), no existen por el momento vacunaciones obligatorias o recomendadas para el acceso a territorio uruguayo por parte de los ciudadanos extranjeros.
Si bien España y Uruguay tienen firmado un convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, éste no incorpora dentro de sus prestaciones la asistencia sanitaria de los españoles que se desplacen temporalmente a Uruguay.
La excepción la constituyen los ciudadanos españoles empadronados en las comunidades de Asturias y Galicia, si bien dicha cobertura no aplica a todo el territorio nacional de Uruguay.
Así pues, resulta especialmente recomendable la contratación de un seguro médico de viaje que dé derecho al asegurado a acceder al sistema sanitario de Uruguay. Conviene también que, en el paquete de cobertura, se incluya el acceso a la sanidad privada, puesto que existe una notable diferencia en cuanto a la calidad de los servicios asistenciales públicos y privados. Asimismo, se recomienda que el seguro incorpore también la cobertura de los gastos que pudieran devengarse de una hipotética repatriación del trabajador desplazado en caso de urgencia médica, desastre natural…u otra causa que precisara la repatriación del empleado al territorio español.
Se incluyen a continuación las prestaciones del Convenio Bilateral en materia de seguridad Social firmado entre ambos países, ya que, si bien no cubre la asistencia sanitaria del trabajador desplazado, incluye otras prestaciones relevantes para el empleado desplazado como la cobertura de contingencias profesionales, maternidad o jubilación.
Uruguay es uno de los países con los que España tiene firmado un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social.
Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, si se trata de un traslado temporal al país con el que hay firmado el convenio, pueden mantener la legislación española de Seguridad Social en los términos y requisitos que se indican a continuación:
Para los trabajadores por cuenta ajena, que ejercen su actividad en una empresa española y que son desplazados por la misma a realizar temporalmente su actividad en Uruguay se solicitará, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de la misma, la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento.
La empresa efectuará su solicitud en el modelo TA.300 “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable” y acompañarán el formulario EU-05 “Certificado de legislación aplicable”, cumplimentado en triplicado ejemplar.
El formulario expedido por la Dirección Provincial o Administración correspondiente, certifica que el trabajador continúa sometido a la legislación española de Seguridad Social durante su desplazamiento en ese país, y en consecuencia está exento de cotizar a la Seguridad Social uruguaya.
Período a autorizar
El plazo máximo de duración del desplazamiento es de 24 meses.
Si los trabajadores por cuenta ajena deben prolongar su estancia en ese país más allá de los dos años inicialmente previstos, el empresario deberá solicitar con suficiente antelación a la finalización del periodo autorizado, la prórroga del mantenimiento de la legislación española de Seguridad Social ante la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Formulario a tramitar para la prórroga
La solicitud de prórroga deberá efectuarse en el modelo TA.300 “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable” y se adjuntará 4 ejemplares del formulario EU-06 “Solicitud de prórroga de desplazamiento”, para su posterior remisión al país de empleo.
Una vez este país efectúe la resolución en el punto IV del mencionado formulario, se comunicará la decisión al respecto. El plazo máximo de la prórroga no está especificado.
A las siguientes prestaciones del sistema español de la Seguridad Social:
o Prestaciones económicas por maternidad.
o Prestaciones por incapacidad permanente, vejez, muerte y supervivencia.
o Prestaciones de protección familiar.
o Prestaciones económicas por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
En relación con Uruguay:
A las siguientes prestaciones de la Seguridad Social:
o El régimen en materia de prestaciones por maternidad.
o Los regímenes de jubilaciones y pensiones basadas en el sistema de reparto o de capitalización individual.
o El régimen en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
o Para adquirir las prestaciones de carácter contributivo previstas en el Convenio, se pueden sumar los períodos de seguro cumplidos en España y en Uruguay.
o Las prestaciones económicas de carácter contributivo, con excepción de la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se podrán percibir con independencia de que se resida o se encuentre en España o en Uruguay.
o Cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficiario.
o Las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de ambos países para tener derecho a pensión contributiva, podrán percibir ésta de cada uno de ellos.
La reconoce el país en el que esté asegurada la beneficiaria, teniendo en cuenta, si es preciso, los períodos de seguro del otro país.
1.- Pensiones de la Seguridad Social española y jubilaciones y pensiones del sistema de reparto de Uruguay.
Cada país examinará por separado la solicitud de prestación en la forma siguiente:
• Se comprobará si el interesado alcanza derecho a la prestación teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro propios, sin sumar los del otro país.
• Asimismo, se calculará la prestación sumando a los períodos de seguro propios los acreditados en el otro país. En este supuesto, el importe de la prestación no será íntegro, sino según la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos en el país que la otorgue y la suma de los períodos de España y de Uruguay.
• Se compararán las prestaciones calculadas según lo indicado en los apartados anteriores y cada país reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado.
2.- Jubilaciones y pensiones del sistema de capitalización individual uruguayo:
• Los trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional tendrán derecho a prestaciones con cargo al importe acumulado en sus cuentas de capitalización individual.
• Dichas prestaciones, se adicionarán a las prestaciones a cargo del régimen de reparto uruguayo, si reúne los requisitos exigidos en la legislación uruguaya.
La prestación se determinará por el país a cuya legislación se hallara sujeto el trabajador en la fecha de producirse el accidente o al contraerse la enfermedad.
El Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social entre España y Uruguay no aplica a los trabajadores por cuenta propia. Este colectivo debe atenerse a las condiciones establecidas en el convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para poder ejercer el derecho a las prestaciones contempladas en dicho convenio.
Los trabajadores por cuenta ajena, al servicio de una empresa con sede en España, que desempeñen tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que sean desplazados a prestar servicios de carácter temporal al país de empleo continuarán sujetos a la legislación española de seguridad social hasta un plazo máximo de doce meses.
La empresa efectuará su solicitud ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración correspondiente en el modelo TA.300 “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable” y acompañará tres ejemplares debidamente cumplimentados del formulario IBERO-3 “Certificado de desplazamiento temporal”.
El formulario IBERO-3 expedido por la Dirección Provincial o Administración correspondiente certifica que el trabajador continúa sujeto a la legislación española de Seguridad Social durante su desplazamiento en ese país y, en consecuencia, está exento de cotizar a la Seguridad Social del país de empleo.
El periodo máximo de duración del desplazamiento es de doce meses.
Los trabajadores por cuenta propia que realicen en España tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que se trasladen para ejercer dicha actividad al país de empleo, continuarán sometidos a la seguridad social española, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda de 12 meses y se autorice por la seguridad social española.
El trabajador por cuenta propia efectuará su solicitud ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración correspondiente en el modelo TA.300 “Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad Social aplicable” y acompañará dos ejemplares debidamente cumplimentados del formulario IBERO-4 “Certificado de desplazamiento temporal”.
El formulario IBERO-4 expedido por la Dirección Provincial o Administración correspondiente certifica que el trabajador continúa sujeto a la legislación española de Seguridad Social durante su desplazamiento en ese país y, en consecuencia, está exento de cotizar a la Seguridad Social del país de empleo.
El Convenio se aplica a las siguientes prestaciones de carácter contributivo de la Seguridad Social:
• Prestaciones económicas de invalidez
• Prestaciones económicas de vejez
• Prestaciones económicas de supervivencia
• Prestaciones económicas de accidente de trabajo y de enfermedad profesional
El país en general, y Montevideo en particular, ofrece un nivel de seguridad aceptable, siempre y cuando se observen simples medidas de autoprotección racionales y suficientes.
Zona de riesgo medio: Hay que tener cuidado con los tirones y pequeños robos en el centro de Montevideo (Ciudad Vieja), si bien nada muy distinto de lo que ocurre en las grandes ciudades de todo el mundo.
Ocasionalmente, se producen temporales con rachas muy fuertes de viento y ciclones extratropicales. Los últimos desastres significativos de este tipo datan de 2012 y 2005.
Convalidación y canje del permiso de conducción
Uruguay es uno de los países con los que España tiene firmado un acuerdo mediante el cual se permite la convalidación del permiso de conducción español en el territorio de Uruguay.
En el caso de que expirara la validez del permiso de conducción español y el ciudadano debiera permanecer por más tiempo en territorio uruguayo, el interesado puede solicitar el canje del permiso de conducción ante la administración competente. La embajada de España en Montevideo puede proveer la información relativa a los trámites para la realización de dicho canje.
Seguridad vial en Uruguay
El país tiene la segunda tasa de fallecidos en relación a la cantidad de vehículos, según un informe de la Federación Internacional del Automóvil
La tasa de fallecidos en siniestros viales cada 100.000 habitantes en América Latina fue de 16 personas en 2013, según datos procesados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.
Los datos muestran una clara diferencia con la realidad europea, donde el promedio de fallecidos es solamente de 4 personas cada 100.000. El objetivo de Uruguay para la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 es no sobrepasar los 278 fallecidos, la mitad del índice del año 2010. Esto significaría alcanzar una tasa de 8 muertos cada 100.000 habitantes.
En el caso de Uruguay, su tasa de vehículos cada 100.000 habitantes es la más alta de la región: 57.877 unidades. El parque automotor comprende casi dos millones de vehículos. Las motos, gran parte del problema de la siniestralidad, alcanzan las 1.050.000 unidades. De acuerdo al informe, Uruguay ostenta la segunda tasa de fallecidos en relación a la tasa de vehículos de América Latina. Este dato, considerado positivo por los expertos, indica que a pesar de la gran cantidad de vehículos que hay en el país, la cantidad de fallecidos en siniestros es la segunda más baja de los nueve países encuestados.
• Año Nuevo 1 de enero
• Día de Reyes o día de los niños 6 de enero
• Carnaval (variable) 2 días en febrero o marzo
• Semana Santa (llamada de Turismo) 2 días (jueves y viernes)*
• Día Internacional de los trabajadores 1 de mayo
• Fiesta Patria 18 de mayo
• Fiesta Patria 19 de junio
• Fiesta Patria 18 de julio
• Día de la Independencia Nacional 25 de agosto
• Día de la Raza o de las Américas 12 de octubre
• Día de los Difuntos 2 de noviembre
• Navidad 25 de diciembre
Horarios comerciales y laborales
A excepción de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, los horarios habituales de actividad comercial son de 9 a 19 hs. (lunes a viernes) y de 8:30 a 12:30 hs. los sábados, excepto los centros comerciales (shoppings) que permanecen abiertos todos los días, de 10 a 22 horas.
• BANCOS: El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00 hs. (algunos abren a las 11:00 hs. y otros extienden horario de atención hasta 18:00 hs.)
• COMERCIOS: En general el horario es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hs., y los sábados de 9:00 a 12:30 hs. Los centros comerciales tienen un horario continuo de 10:00 a 22:00 todos los días.
• INDUSTRIAS Y OFICINAS: 9:00 a 18:00 hs.
• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: El horario de atención al público es de lunes a viernes, 12:30’ a 19:00’ (invierno) o de 8:00’ a 14:30’ (verano).
Acceso al territorio de Uruguay
Uruguay no exige visado de entrada a los nacionales españoles. Establece, no obstante, una limitación de 90 días en cuanto al tiempo de permanencia en el país, que pueden ser prorrogado mediante solicitud; de lo contrario, aquellas personas que hayan permanecido más tiempo sin prórrogas, deberán abonar una multa a su salida o al regularizar la situación.
De todas formas, el interesado deberá llevar consigo un documento de identidad o pasaporte válido.
Para estancias superiores a 180 días: Existen distintas categorías de permiso de residencia, en función de la categoría o actividad profesional que desarrollará el ciudadano interesado en la obtención del permiso. Se incluyen los principales:
Los españoles que deseen fijar su residencia en Uruguay deberán aportar un Certificado “Libre de Penales” apostillado. Desde el 14.10.2012, Uruguay es parte signataria del “Convenio de La Haya”, que suprime la legalización diplomática previa en determinados documentos.
También es conveniente llevar consigo partidas de nacimiento y matrimonio apostillados. Desde el 14.10.2012, Uruguay es parte signataria del “Convenio de La Haya”, que suprime la legalización diplomática previa en determinados documentos.
Permisos de trabajo y aspectos de la norma laboral de Uruguay
No existen problemas para obtener permisos de trabajo, que se conceden con facilidad a los trabajadores extranjeros. Para ello hay que mostrar pruebas suficientes de buena salud, buena conducta y medios económicos suficientes.
Sin embargo, los extranjeros tienen un acceso limitado en algunas actividades como la pesca, donde los capitanes deben de ser de nacionalidad uruguaya, y como mínimo la mitad de la tripulación debe ser nacional; de igual forma, en la aerolínea nacional Pluna, la tripulación debe ser en su totalidad uruguaya.
El aporte patronal al sistema de Seguridad Social es del 18,625%, rebajándose hasta el 12,625% en el caso de las industrias manufactureras. Por su parte, la contribución de los trabajadores se sitúa entre el 19,125% y el 24,125% del salario.
La normativa laboral uruguaya puede encontrarse en el Portal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El movimiento sindical es fuerte, sobre todo en la banca, la construcción, el transporte y las empresas estatales; además, se encuentra bien relacionado con las fuerzas políticas, por lo que ejerce fuertes presiones en las decisiones políticas que afectan a su ámbito de actuación.
Los acuerdos de los sindicatos de trabajadores se negocian como un paquete que incluye varias cuestiones: retribuciones, condiciones laborales y beneficios complementarios. Las negociaciones se realizan dentro de un consejo salarial formado por representantes de los trabajadores y de los empresarios. El Gobierno fija las pautas económicas para dichos acuerdos y homologa los convenios alcanzados por las partes, siempre que no se aparten de los criterios generales establecidos. Existe un consejo salarial por cada tipo de actividad, de acuerdo con una clasificación establecida por el Ejecutivo.
Atendiendo a la ley, la indemnización que se paga al despedir a un trabajador es de un mes de salario actualizado por cada año o porción de año trabajado, con un máximo de seis meses, salvo que el contrato estipule una indemnización diferente. Puede llegarse a 1 año de paro (llamado seguro de paro) en caso de que el trabajador tenga 50 o más años de edad. En la práctica, debido a la fuerza de algunos sindicatos, se llegan a pagar hasta veinte salarios de indemnización.
La jornada de trabajo normal es de ocho horas, con un máximo de 44 horas a la semana; estas limitaciones no afectan a los cargos directivos. Las horas trabajadas fuera de estos límites son consideradas como horas extraordinarias y se pagan al doble de las horas normales; por su parte, las horas extras en domingos y en días festivos se pagan 2,5 veces del valor de las horas normales.
Los beneficios complementarios establecidos por ley son las vacaciones pagadas (de veinte a treinta días, según la antigüedad), una paga extra, aguinaldo (dividido en dos mitades, en junio y diciembre) y otra paga extra, denominada “salario vacacional”, que se abona antes de iniciar la licencia; es decir, en total se abonan, como mínimo, catorce pagas anuales.
Para buscar empleo el servicio público de empleo de Uruguay están los CEPEs ” Centros Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ” cuyo link de contacto es http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=456
Estos centros brindan a los trabajadores herramientas para facilitar el acceso al mercado laboral: Información, Orientación Laboral (individual y talleres), Intermediación Laboral, donde podrá ingresar gratuitamente su currículum a “Vía Trabajo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uruguayo, cuyo link es http://viatrabajo.mtss.gub.uy/
Información de contacto de interés
Teléfonos de emergencia Policía (Todo el país):
Emergencias policiales y bomberos: 911
Emergencias de Tráfico (Policía Caminera): 108
Teléfono de emergencia consular: 00598-94526613 Fax/es: 00598-2-708 69 60
Dirección de correo: cog.montevideo@maec.es Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/montevideo
Teléfono/s: 708 60 10 (4 líneas).
Dirección de correo: emb.montevideo@maec.es Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/montevideo
Teléfono/s: 708 60 10. Fax/es: 707 95 51
Dirección de correo: c_cultural_esp@netgate.com.uy
Plaza Cagancha, 1335, 10.º, Oficina 1001.- Montevideo 11100.
Teléfono/s: 00 598-2-900 74 77 y 900 03 37 y 900 83 26.
Fax/es: 900598-2-02 16 00
Dirección de correo: buzon.oficial@montevideo.ofcomes.mcx.es
Tomás Giribaldi, 2290.- Montevideo 11300.
Teléfono/s: 00598-2-711 61 74 y 711 64 11.
Fax/es: 0058-2-711 61 71.
Dirección de correo: aeci@netgate.com.uy
Calle Rincón, 629. Montevideo 11000.
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