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Timestamp: 2020-01-24 22:27:21
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Período:131 Reunion:11 Fecha:25/09/2013 CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE ASUNTOS (CONTINUACIÓN)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. RASINO, ELIDA ELENA (SANTA FE): Señor presidente: quiero anticipar mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento, y los fundamentos de esta decisión constan en el despacho de minoría que produjo el bloque del Partido Socialista junto al GEN y al Frente Cívico por Córdoba.
Vamos a utilizar estos minutos para referirnos al impacto que tiene la política presupuestaria del gobierno nacional sobre el presupuesto provincial. Particularmente vamos a describir cómo estas decisiones presupuestarias afectaron la situación del sector educativo en Santa Fe, una provincia que a pesar de ello ha decidido jerarquizar la educación en todos los niveles.
Desde hace años la política presupuestaria del Poder Ejecutivo nacional conforma un esquema particular de creciente centralización, discrecionalidad y discriminación en la distribución de recursos y en la asignación de obras hacia ciertas jurisdicciones.
Las consecuencias son simples de deducir. Se condiciona las autonomías provinciales y se limita la capacidad de ejecución de las políticas públicas locales. Esta política antidemocrática afecta a los ciudadanos y a sus derechos.
La educación es un bien público que requiere la máxima atención del Estado. No se trata sólo de cifras; no estamos discutiendo acerca de ellas sino del deterioro de procesos de aprendizaje, de procesos de producción simbólica, de construcción de vínculos humanos.
Se trata del presente, de un presente que si no lo atendemos hoy tendrá consecuencias en el futuro. Sin embargo, este bien público se ve vulnerado y debilitado por las decisiones políticas que toma el gobierno nacional y que se plasman en el proyecto de presupuesto que hoy discutimos.
Hace cuatro años, estudios sobre el financiamiento de la educación en nuestro país producidos por el Centro de Investigaciones de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC, reconocían a Santa Fe como una de las provincias que destina mayor porcentaje de su presupuesto a educación: de cada tres pesos del presupuesto provincial, uno se invierte en esta área.
Posee una inversión provincial por alumno por encima de la media del país. Recibe menor aporte nacional por alumno a través de programas compensadores de infraestructura o de otro tipo. Y es la provincia de Santa Fe la que otorgó y otorga un incremento salarial a sus docentes, lo que le permitió mejorar el poder adquisitivo, logrando el mejor posicionamiento salarial respecto de maestros y profesores de otras jurisdicciones.
Al respecto debemos recordar que Santa Fe, así como Buenos Aires y Córdoba, no han sido incluidas en el programa de compensación salarial docente, a pesar de realizar esfuerzos presupuestarios superiores a los distritos sí incluidos.
Volviendo al informe del CIPPEC, es necesario decir que no es sencillo elaborar estudios más actualizados sobre los indicadores allí registrados, ya que el gobierno nacional ha dejado de publicar la información referida a la inversión educativa por provincia y por rubro. Un dato que por omisión nos habla de la discrecionalidad con la que se asignan los recursos nacionales al sector.
A pesar de ello podemos corroborar que el aporte que recibe Santa Fe en términos generales es por alumno un 40 por ciento inferior al promedio del país, y por establecimiento, un 37 por ciento inferior a la media nacional.
Los datos de la cuenta de inversión 2012, en lo que refiere al programa Acciones para más Escuelas, Mejor Educación, nos muestran que en infraestructura, sobre un total de 606 millones de pesos para distribuir, a Santa Fe solo se le asignaron 10,5 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional sólo ejecutó el 1,74 por ciento. Esto nos habla de una inversión por alumno 76 por ciento menor al promedio nacional.
A este déficit de inversión podemos agregar que en la provincia hay escuelas cuya construcción a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios está totalmente paralizada.
Un ejemplo es la escuela técnica de la localidad de Pérez, destinada a albergar a mil alumnos, cuya obra se inició en el 2006 y desde ese año se encuentra inconclusa. En condición semejante se encuentran otros once establecimientos, situación que mantiene a niños estudiando en condiciones de hacinamiento, mientras el Poder Ejecutivo nacional hace gala de inversiones en el sector.
Es entonces la provincia la que entre sus innumerables compromisos ha tenido que hacer frente también a los problemas históricos de infraestructura, reparando, construyendo y equipando para dar cumplimiento a la ley 26.206, sobre todo en lo que hace a ampliar la cobertura para garantizar el secundario obligatorio.
Porque aquí se menciona lo que hace el gobierno nacional, pero no las necesidades que quedan por cubrir, y especialmente dónde y con qué criterios se distribuyen los dineros públicos destinados a garantizar derechos. Lamentablemente, debemos decir que cuantos más recursos provinciales se destinan a educación, menos recursos nacionales se reciben.
Actualmente, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable para financiamiento de la ANSES sin el consentimiento expreso de la provincia, la incompleta coparticipación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y la postergación en la distribución de ATN, representan la mitad del presupuesto educativo de Santa Fe para este año.
La foto nos muestra finalmente que el incremento de la inversión educativa provincial en Santa Fe entre los años 2008 y 2012, ha sido financiado en un 99 por ciento por el Tesoro provincial, y sólo el uno por ciento con programas nacionales transferidos a las provincias.
Un párrafo aparte merece el tema de las universidades nacionales, asunto en el cual se puede visualizar un claro direccionamiento de los recursos. Aquellas que están en línea con el gobierno nacional perciben incrementos sensiblemente superiores a aquellas que deciden mantenerse autónomas y preservar la pluralidad política que caracteriza su historia. Esto sin duda habla de un criterio distributivo que nada tiene que ver con la educación y mucho con el sometimiento.
Para finalizar, gobernar es un acto pedagógico a través del cual se transmiten valores a la sociedad. Mientras en la Argentina subsistan la discrecionalidad y la discriminación como ejemplos desde las más altas decisiones políticas, mientras haya quienes crean que pueden anteponer sus intereses de coyuntura a las verdaderas necesidades de todo un pueblo, sólo se seguirá sembrando desigualdad y violencia. (Aplausos.)
SR. PERALTA, FABIAN FRANCISCO (SANTA FE): Señor presidente: como ha quedado claro por lo expresado por los diputados del interbloque del FAP, nos vamos a oponer a los proyectos que envió el Poder Ejecutivo de la Nación.
Quiero aprovechar estos minutos para focalizar sobre un tema al cual se refirió brevemente el diputado Milman. Voy a tratar de ponerlo en números y de hacer un aporte -como pidió el miembro informante del bloque oficialista, quien dijo que se dicen muchas cosas, pero se analizan pocas- sobre lo que está pasando concretamente con la Sedronar y el presupuesto que se le ha asignado de 128 millones de pesos, de los cuales la mitad se insume en gastos operativos y de funcionamiento. Cualquiera de nosotros se dará cuenta de que 6 millones de pesos por mes es muy poco, por no decir nada, para lo que se vaya a hacer en la prevención, en la asistencia y en la coordinación de la lucha contra el narcotráfico.
Además, esa prevención debería abarcar no sólo las adicciones a sustancias ilícitas, sino también a sustancias lícitas, junto con las adicciones que no involucran sustancias. Cuando hablo de adicciones que no involucran sustancias, me refiero concretamente a la ludopatía.
Dicho sea de paso, cuando se hace el balance de la década que el oficialismo llama “ganada”, se debe tener en cuenta que hoy tenemos alrededor de 350 salas de juego, buena parte de ellas abiertas en esta década por el gobierno de ustedes.
También quiero analizar lo que sucede con drogas legales que se utilizan ilícitamente como, por ejemplo, los psicofármacos, cuando no se consumen bajo receta.
Me referiré brevemente a las cosas que pasaron en estos diez años en la Sedronar, que cualquier política seria no puede permitir. Lo primero que observamos son políticas pendulares. Tuvimos al inefable doctor Granero, que desde mi punto de vista protagonizó una gestión catastrófica. Ahora despliega todo su saber como director de ENARSA.
Se hablaba en los medios, por ejemplo, de la despenalización de la droga y de un fuerte rechazo a Granero en la jornada realizada en Diputados.
Poco tiempo después, en la Argentina el nuevo plan es la despenalización. Para el ex jefe de la Sedronar, Rafael Bielsa, hay que evitar el castigo al consumidor, en todas las formas. Primera cuestión: políticas pendulares.
Segunda cuestión: políticas con poca proyección. Hoy tenemos que el doctor Postiglioni está a cargo la Sedronar, hasta tanto se designe un titular, de acuerdo con lo que dice el decreto 628/13. Esto fue de junio.
¿Qué más pasó en esta década? Tuvimos una insólita y gravísima interna entre quien era ministro, el actual senador Aníbal Fernández, y quien estaba a cargo de la Sedronar, al punto que Granero dijo que el actual senador Aníbal Fernández le mentía a la presidenta de la Nación.
Es difícil para los bloques de la oposición contribuir a una política de Estado, como es la que debemos tener para enfrentar al narcotráfico, cuando en el propio Poder Ejecutivo tienen políticas inconstantes, pendulares y, además, feroces internas, al punto que a mí más de una vez algún jefe de una fuerza de seguridad me dijo que tenía prohibido ir a las reuniones que convocaba Granero, prohibición que emanaba del propio ministro de Seguridad de entonces, actual senador Fernández. En medio de todo eso se pueden mencionar una camioneta con cocaína, indagatorias al titular de la Sedronar, narcosets y demás.
Pero vamos a cuestiones más concretas, que no se hicieron en esta década. Tenemos una ley que crea el registro de precursores químicos, que lleva ocho años sin ser reglamentada. Hace ocho años que estamos esperando.
El Comité Científico Asesor, un órgano de este gobierno, dijo en uno de sus informes, que voy a leer textualmente: “...como advertimos en el informe del comité N° 1, que adjuntamos, no hay control efectivo sobre el desvío al mercado ilegal de las sustancias de corte...”, esto es, los precursores. Y luego continúa: “Pero, además, las listas de sustancias no han sido actualizadas desde la década de los 90.
“Lo anterior no es un dato menor, ya que significa que la autoridad encargada de la actualización de las listas decidió no hacerlo, omitió hacerlo o no supo hacerlo, todo lo cual debería ser revisado”.
Esto sigue igual, señor presidente. Hoy seguimos con la lista de precursores que no está actualizada. Se supone que hay sustancias que un mismo organismo del Poder Ejecutivo nacional dice que no estamos controlando y que, por lo tanto, hay que actualizar la lista, y nosotros seguimos sin actualizarla.
Pero voy a leer algunos otros párrafos del informe que presentó el Comité Científico Asesor. Dice en un punto: “Persiste el tránsito de enormes cantidades de sustancias a través de los puertos y aeropuertos nacionales, en especial cocaína, cuya magnitud recién se conoce cuando llegan a destino en el exterior”.
Otro punto dice: “La política de inteligencia tendiente a llegar a los casos más complejos carece de coordinación entre las provincias y la Nación y no permite vincular hechos, personas y bienes.”
Otro punto dice: “El sistema judicial está saturado de pequeños casos”. Uno más: “Pese a los esfuerzos realizados, y si bien el decomiso aumenta, se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales. Hay zonas de frontera sensibles.” Y más adelante dice: “Salvo excepciones, la represión del contrabando de estupefacientes se centra principalmente en el tráfico de las ‘mulas’”.
Podría seguir leyendo el informe –insisto del Comité Científico Asesor, órgano que constituyó el actual gobierno.
SR. PERALTA, FABIAN FRANCISCO (SANTA FE): Estos informes son de 2008 y 2009, a mitad de la década de este gobierno y un poco más también. Yo diría que hoy estamos igual. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda en calificar a esta década como la “década narcotizada”, la “década adormecida” o la década sin acción en este tema.
Por estos motivos y porque el número que se asigna a la Sedronar como presupuesto refleja la prioridad política que le da el gobierno a la lucha contra el narcotráfico, vamos a votar en contra del proyecto en tratamiento. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba, que comparte su tiempo de 30 minutos con el señor diputado Daniel Germano.
SR. FORTUNA, FRANCISCO JOSE (CORDOBA): Señora presidenta: en primer lugar, quiero adelantar mi absoluto rechazo al proyecto de presupuesto para 2014, y también a la prórroga de la ley de emergencia económica y a la ley del impuesto al cheque. Lo hago en nombre de mi bloque Córdoba Federal y también del interbloque del Frente Peronista, que integramos.
Vamos a insistir por tercera vez en la posibilidad de incorporar un proyecto de mi autoría que acompañan muchos bloques de la oposición y que aspira precisamente a terminar con la discrecionalidad en el manejo de los fondos para los jubilados de las provincias que, como la mía somos trece en total, no hemos transferido las cajas de jubilaciones al Estado nacional. Estoy hablando del proyecto de ley contenido en el expediente 6625-d-2013, que se puso en consideración oportunamente en la comisión respectiva.
Quiero manifestar que esto lo hacemos sólo para proponer una solución a uno de los tantos temas que preocupan a las provincias argentinas, porque precisamente este gobierno nacional lo que ha hecho en estos años de gestión, muy por el contrario de lo que afirman algunos, es negar el federalismo en nuestro país, concentrando cada vez más recursos y más autoritarismo en el Poder Ejecutivo nacional.
Quiero poner de relieve, una vez más, la manera en que se ha conducido el tratamiento parlamentario de los proyectos que estamos debatiendo en el día de hoy, desde la ley más importante que sanciona la Cámara de Diputados –el presupuesto de la Nación hasta leyes de gran gravitación, como la relativa al impuesto al cheque y la que se refiere a la prórroga de la emergencia económica.
En el tratamiento de estas iniciativas ha habido velocidad, que se ha gestado en comisión, donde se ha impedido todo tipo de debate constructivo y la posibilidad de hacer aportes para mejorar una situación que preocupa y atañe a todos. Nos hubiese gustado contar con la presencia de ministros en el seno de la comisión, para preguntarles qué pasa con el presupuesto nacional y con las provincias argentinas que, insisto, permanentemente se ven discriminadas en la elaboración de esta iniciativa.
La aprobación rápida y a ojos cerrados pone de manifiesto la preocupación del oficialismo, del bloque del Frente para la Victoria y del gobierno nacional, después del resultado de las elecciones del 11 de agosto pasado. Quizá quieran apurar el trámite para evitar que la segura derrota del 27 de octubre ocasione más bajas en el frente interno del oficialismo, dificultando ello la sanción del presupuesto sin discusión y por imposición, como nos tienen acostumbrados.
Además de estas cuestiones, el proyecto tiene serias inconsistencias. Prevé una inflación del 10 por ciento, que sabemos estará por encima del 25 ó 28 por ciento. Se ve que los señores ministros que han elaborado el presupuesto nacional nunca van al supermercado; no conocen lo que pasa en la realidad o la disimulan con intereses inconfesables.
No hay índices confiables de precios en la Argentina. Realmente, los telefonazos del superministro Moreno ya no alcanzan para contener la inflación en la formación de precios, lo que sufrimos permanentemente todos los argentinos. Por otra parte, una proyección de crecimiento del 6 por ciento sólo la pueden creer aquellos que aún confían en un modelo que está totalmente deshilachado.
En cuanto al mercado de divisas, no preocupa tanto lo que plantean a partir del valor del denominado “dólar blue”, de 9 o 10 pesos; lo que realmente preocupa es que toda la economía argentina se está ajustando a esos valores. Ya hemos sufrido una tremenda devaluación. ¿A quién quieren hacer creer que no se ha devaluado el peso en la Argentina? Hoy la economía se corrige a los valores del dólar paralelo, ese dólar que el gobierno nacional dice desconocer, pero que acompaña con la devaluación que permanentemente hace del peso. Ojalá algún día se pueda investigar quiénes se han beneficiado con la brecha existente entre el dólar oficial y el paralelo. Ojalá alguien alguna vez pueda enterarse de quiénes han sido los verdaderos beneficiarios de esta política económica, dado el valor que el dólar tiene en las “cuevas”.
Otro punto que no cierra por ningún lado es el hecho de que el gobierno prevé usar casi 10.000 millones de dólares para afrontar vencimientos de la deuda externa. Hoy las reservas ascienden a 35.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares menos que los que el año pasado teníamos a esta misma fecha. Si consideramos que hay que combinar la importación de energía con el escaso ingreso de capitales, será muy difícil para el Banco Central lograr el colchón necesario para afrontar el pago de deuda que se propone, comprando a la vez el combustible necesario para el funcionamiento de la economía nacional.
Se pretende mantener una emergencia económica por la que el Congreso tiene que seguir cediendo facultades al Poder Ejecutivo, como si se tratara de una profecía autocumplida. Se habla tanto de la emergencia económica que ya la tenemos acá. Esto es todo un mérito del gobierno nacional. Ya no se está disimulando una situación de emergencia, sino que, en definitiva, termina por aceptarla; de lo contrario, no hay forma de entender por qué el gobierno insiste con esta manera de quedarse con los superpoderes y usar la lapicera a su antojo y voluntad.
También se pretende mantener el llamado “impuesto al cheque”. En definitiva, de los 70.000 millones de pesos que se prevé recaudar, sólo se coparticipará el 15 por ciento con las provincias. Nosotros proponemos que ese gravamen se coparticipe integralmente; si no, será hora de que lo eliminemos del presupuesto y del régimen tributario nacional.
En el gobierno existe una concentración de recursos sin precedentes. Con una presión impositiva que supera el 40 por ciento del producto bruto interno, el gobierno se queda con el 75 por ciento de toda la masa tributaria y solamente transfiere a las provincias un poquito más del 24 por ciento. Además, hay una absoluta inequidad en la distribución de los recursos, en especial, de los subsidios. Un habitante de la zona metropolitana capitalina percibe siete veces más que un cordobés. Esto es inadmisible si hablamos de un país donde los recursos, supuestamente, se están repartiendo con sentido federal y en forma equitativa.
A esta detracción general debo sumar la discriminación que en particular sufre permanentemente mi provincia de Córdoba, que es una de las jurisdicciones que más aporta al Estado nacional: más de 2.500 millones de dólares, producto de las retenciones al campo.
Parece increíble que el Estado nacional, pese a esa detracción que sufren los productores cordobeses, no pague lo que nos debe que está superando los 5.500 millones de pesos y, además, que no se atienda el déficit de la caja de jubilaciones cordobesa. No saben lo que eso significa para nosotros. Se lo digo claramente, señora presidenta. Quizá usted, que también es provinciana, pueda entender que eso que nos deben, acumulado al día de hoy, representa más del 15 por ciento del presupuesto que Córdoba ejecutará durante este año. Es mucha plata anticipada de los recursos genuinos de la provincia, para atender una deuda que la Nación tiene y que Córdoba reclama con legitimidad.
Nosotros queremos proponer soluciones. Por eso, estamos insistiendo en una norma para atender a los jubilados de aquellas provincias argentinas –hablamos de trece jurisdicciones que aun hoy mantienen las cajas de jubilaciones en su competencia.
Es una solución sencilla, transparente, eficaz, que de ninguna manera pretende desfinanciar al Estado nacional, y asegura un giro automático, desde la Nación a las provincias, de forma equitativa, respetando un régimen muy transparente e igualitario.
En los años 90, cuando se dispuso la transferencia de las cajas provinciales a la Nación, las jurisdicciones cedieron el 11 por ciento del IVA, que se detrajo de la masa coparticipable, y pasó a denominarse “IVA previsional”. Ese IVA previsional se creó para atender a las diez cajas transferidas a la Nación y a las trece que quedaron en competencia de cada una de las jurisdicciones. Al respecto, señalo que Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Misiones, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa, Tierra del Fuego, Corrientes, Chaco y Neuquén son las provincias que mantienen sus cajas en sus competencias y deben hacerse cargo del pago del ciento por ciento de los haberes jubilatorios.
Para el año 2014, el IVA previsional que ceden las provincias representará 33.500 millones de pesos; la Nación atiende las diez cajas transferidas sólo con 12 mil millones de pesos. Dicho monto obviamente se conforma con los aportes y contribuciones que hace cada una de estas diez provincias. De modo que quedan más de 25 mil millones de pesos de disponibilidad del Poder Ejecutivo nacional para atender las cajas que no han sido transferidas.
El proyecto que nosotros presentamos plantea que con 11.300 millones de pesos podría atenderse en forma equitativa, automática y regular el déficit de todas las cajas previsionales que están en competencia de cada una de las provincias. Eso representaría 4.477 millones, para la provincia de Buenos Aires; 2.548, para la provincia de Córdoba; 1.650, para la provincia de Santa Fe y 349, para la provincia de Misiones. Es decir, estaríamos atendiendo los tres tercios de los jubilados provinciales; esto es, 750 mil, en las trece provincias mencionadas. El gobierno nacional está ocultando con argumentos esta discriminación.
Volviendo a mi provincia, quiero decir que el gobierno nacional no está aportando absolutamente nada para el mantenimiento y la reconstrucción de la ruta 19, que une a la ciudad de Córdoba con la de San Francisco, y de la ruta 36, que une aquella con Río Cuarto. El gobierno nacional se comprometió a construir, y no ha hecho absolutamente nada.
Tampoco están las viviendas que alguna vez se comprometieron a construir, las obras de infraestructura ni los gasoductos que están bloqueados en su ejecución porque la señora presidenta nos niega una firma en el Banco Nación. Estos gasoductos son fundamentales para la provincia, y los paga absolutamente de sus propios recursos. Sin embargo, la Nación nos niega simplemente una firma. En mi provincia de Córdoba, lo más notorio del gobierno nacional es su ausencia. El gobierno nacional discrimina a mi provincia.
Yo me pregunto qué harán los diputados del Frente para la Victoria de mi provincia. ¿Van a seguir votando este proyecto de presupuesto, que está negando el progreso para la provincia de Córdoba? ¿Acompañarán la transferencia automática de fondos para los jubilados cordobeses? ¿Pedirán los fondos para las obras que nos está negando la Nación? ¿Exigirán al gobierno nacional por las deudas que tiene con todos los cordobeses? Cada uno responderá por sus actos, pero que no digan que están representando a Córdoba. Aquí se someten al poder de la señora presidenta, que está negando a los cordobeses.
Para ir concluyendo, quiero reiterar mi solicitud de que se atienda el proyecto contenido en el expediente 6625-d-2013, y se incorpore al proyecto de presupuesto del próximo año. Asimismo, deseo dejar perfectamente en claro que el gobierno de mi provincia ha hecho todos los esfuerzos necesarios para restablecer el diálogo con el gobierno nacional, y no lo ha conseguido. Por eso quiero ser absolutamente claro: vamos a rechazar, en general y en particular, el proyecto de ley de presupuesto nacional. Lo mismo haremos en relación con los dictámenes de mayoría vinculados con el resto de las normas económicas en tratamiento.
Finalmente, deseo agradecer a los bloques parlamentarios que, año a año, han venido acompañando nuestro proyecto para lograr la automaticidad y la transferencia de los fondos para nuestros jubilados provinciales. En este sentido, agradezco muy especialmente al Frente Cívico de Córdoba, al Partido Socialista, a los integrantes del FAP, al PRO, a la Unión Cívica Radical, a los diputados nacionales de la UCR cordobesa, del Frente Peronista, del Compromiso Federal, del Frente Renovador, de Unión por Todos, del Partido Federal Fueguino, del Movimiento Popular Fueguino, del bloque Demócrata Progresista y a todos los colegas de los bloques provinciales que nos han acompañado. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. GERMANO, DANIEL (SANTA FE): Señora presidenta: tal cual lo anunciara el diputado Fortuna, nuestro bloque va a emitir un voto de rechazo respecto de los temas en tratamiento, tanto el proyecto de ley de presupuesto como el denominado impuesto al cheque y la prórroga de la ley de emergencia económica.
En particular, he firmado un dictamen junto con el señor diputado Prat-Gay por el que sugerimos otorgar un nuevo plazo al Poder Ejecutivo a fin de que el 1° de noviembre presente un nuevo proyecto de presupuesto, conforme a parámetros más serios, autorizándolo a consultar otras fuentes de información distintas al INDEC, ya que claramente sabemos que a este instituto nadie le cree absolutamente nada.
Como el pueblo conoce la oferta pública de bienes, el tratamiento del proyecto de presupuesto se ha convertido en una mera formalidad. Este proyecto, al que apenas hemos tenido tiempo de revisar, ha sido confeccionado sobre supuestos sin sustento y, además, premeditadamente mal informados. Se ha elaborado como una mera formalidad para sostener la imputación de partidas con absoluta discrecionalidad y sin responder a ningún patrón conceptual para un plan de acción sobre el que pueda debatirse.
Por otro lado, la prórroga de la ley de emergencia que se plantea confirma la discrecionalidad que se procura, aunque la emergencia contradiga el fantástico relato de la “década ganada”. Década ganada, ¿y necesitan prorrogar la ley de emergencia?
Aplicando el procedimiento cómodo de copiar y pegar, una maravillosa herramienta de la informática, la presentación de los supuestos reproduce textualmente, con puntos y comas, el mismo párrafo del proyecto de presupuesto de 2013. Sólo se han cambiado los números estimados para 2013 que no se correspondieron con la realidad. Los de 2014 para adelante se redibujan y, seguramente, tampoco se corresponderán con los hechos.
En el presupuesto de 2013 se proyectó crecer a una tasa real del 4,4 por ciento; ahora se eleva al 5,1 por ciento. ¿Cómo se fundamenta? La verdad es que con nada.
El dólar de entonces era de 5,10. Ahora se corrige a 5,45, y esos 5,45 previstos en 2013 para el 2014, ahora son 6,33. Explicaciones no hay.
Al gobierno que viene en 2016 le dieron la alegría de un dólar a 7,39; seguramente, para que las exportaciones sean una fantasía.
El aumento nominal del PBI para el 2014, previsto en 22,9 por ciento, es inconsistente con el aumento del índice combinado de precios proyectado, que en promedio es del 12,05 por ciento, según dicen. ¡Más de lo mismo! Copio, toqueteo y pego, y tratémoslo rápido, así el cuento malo, cuanto menos dure, mejor.
Señora presidenta: el relato que acompaña este proyecto es un cuento, una mentira que nos disgusta y que disgusta a la sociedad. Los resultados electorales de agosto lo confirman. Sigan así y se encontrarán con un resultado peor el próximo 27 de octubre.
El presupuesto de 2013 proyectaba recursos por 570 mil millones de pesos, incluyendo la seguridad social. Ahora parece que serán de 874.500 millones, y en 2014 totalizarían 1.097.316 millones.
Con el aumento del 24,48 por ciento y un equivalente al 33,83 por ciento del PBI estimado, la propuesta del proyecto de un alza en los recursos totales del 27 por ciento -y para el gasto primario sólo del 15,6 por ciento- me exime de comentarios desagregados, porque por inercia, y elecciones mediante, la pretensión será desairada por la realidad. Una mentira más.
Respecto de los resultados primario y financiero, la tolerancia política se agota. Hace un año se proponía que el resultado financiero total sería positivo por 587 millones de pesos. Yo lo califiqué en su momento como una caja chica para un gobierno con tantas pretensiones. ¿Qué nos dicen ahora? Que en 2013 habrá un superávit primario de 431 millones y un déficit fiscal de 46.686 millones.
Según análisis de fuentes varias, el último trimestre de este año puede transformar este mínimo superávit en un déficit primario superior a los 23 mil millones, con lo que el resultado financiero negativo se instalaría por arriba de los 3 puntos del producto.
¿Y para el año 2014? Con los supuestos adoptados acerca de la dinámica de recursos y gastos, el año próximo vuelve a proyectarse con indomable criterio voluntarista.
En este juego de ingresos y gastos se plasma un dibujo de caja que augura 3.579 millones de superávit fiscal. Por el contrario, la realidad hace prever un déficit que promete ser mayor que en 2013, en términos del producto.
Las rentas de la propiedad, como recursos corrientes, adquieren relevancia cuantitativa y cualitativa, alcanzando así un valor igual a los derechos de exportación. Un verdadero disparate. Su equivalencia es la descapitalización del Banco Central y de la ANSES. Lo que vengo denominando “modelo de caja múltiple” tiene estos efectos socialmente no deseables; su gravitación en puntos del producto sigue en curso ascendente: entre 2008 y 2012, pasa de 0,8 a 1,2; en 2013, a 2, y en 2014, a 2,2 puntos del producto, y con alta probabilidad de que el registro sea mayor. En valor total compiten con los servicios de la deuda, que dicho sea de paso, siguen aumentando en valores absolutos.
Las rentas de la propiedad se nutren en un 33 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y en un 58,6 por ciento de los resultados nominales del Banco Central, es decir, de los activos del pueblo. Del costo social no se dice ni una palabra.
Frente a estas consideraciones sobre conceptos y magnitudes que perfilan un escenario de fantasía, he hallado un texto que asocio con un enfoque serio sobre política fiscal, que dice así: “Compete al gobierno seguir trabajando, defendiendo el superávit fiscal primario, destinando gran parte a la inversión y al crecimiento. Vamos a seguir apostando al crecimiento de la recaudación...” –yo le agregaría “sin impuesto inflacionario”- “...y vamos a seguir teniendo un dólar alto y competitivo, por más que no estén de acuerdo algunos o les moleste. Estamos ante un cambio de conducta definitivo que tenemos los argentinos, gobierne quien le toque gobernar este país. Tenemos que entender que el superávit fiscal es central para poder pensar con sentido y claridad estratégica esta Argentina.”
Señora presidenta: lo que acabo de leer no es de Krugman ni de Stiglitz; es de Néstor Kirchner en el año 2007.
Por otra parte, quiero hacer una mención al tema del impuesto a los débitos y créditos bancarios, cuya prórroga se solicita.
El nacimiento de ese tributo tuvo lugar ciertamente como consecuencia del momento en que se vivía, pues el Estado necesitaba recaudar en forma urgente. Es cierto que ese tributo se caracteriza fundamentalmente por la facilidad y rapidez en la percepción, así como por su alto grado de cumplimiento. Pero no es un tributo que mida ni grave ninguna capacidad de riqueza ni de ganancias; es un tributo extremadamente deformante. Lo que sí es cierto es que, aprovechando el sistema financiero, debería haberse aplicado a cuenta de otro tributo, a los fines de tener más controlada la economía formal.
Esto no cierra con la aplicación de tasas diferentes. Yo no sé si todos ponen cara de pavo o no quieren saber para qué está sirviendo esto. Está sirviendo para hacer pingües negocios. Los argentinos han encontrado una nueva actividad de intermediación, que se llama el negocio de la pesificación. Dicho negocio, que lo hacen algunas instituciones que tienen el privilegio de tener una tasa diferenciada de este impuesto, precisamente por la actividad a la que se dedican, consiste en recibir los cheques de los distintos clientes, depositarlos y entregarles una suma de dinero en efectivo, por supuesto descontándoles el impuesto a los débitos, y logrando un pingüe negocio con el diferencial de la tasa.
En verdad, uno podría haberse sentado a debatir la posibilidad de la prórroga de este impuesto, pero con distintos atenuantes, como sería que el mismo fuese tomado a cuenta del pago de otros tributos.
Como se me termina el tiempo, no quiero dejar de decir que, pese a mi voto negativo, espero que el oficialismo, que impulsa esta prórroga, logre los votos necesarios para obtener la mayoría calificada. No agreguemos una deformación más a nuestro régimen general. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comparte el tiempo de 25 minutos con la diputada Gladys González.
SRA. MICHETTI, MARTA GABRIELA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: el presupuesto es una herramienta de planificación, y como tal, nos da la posibilidad de construir futuro y escenarios previsibles en la búsqueda del bien común, de una sociedad más justa y más equitativa. Podríamos considerarlo una ventana de oportunidades para replantear, corregir y crear nuevas políticas públicas en esa misma búsqueda del bien común de la que hablábamos.
Pero ocurre que a veces la dinámica con la que se votan los proyectos de ley en estos tiempos nos hace perder de vista que el presupuesto es mucho más que gestión económica. Se trata de decisiones políticas para alcanzar fines específicos que reconocen un estado de situación y que nos proponen un curso de acción y un futuro posible.
Por eso es que nuestra Constitución, que es muy sabia, atribuye al Parlamento la obligación de fijar el presupuesto, no sólo de aprobarlo o simplemente refrendarlo, sino de fijarlo.
¿Qué es lo que debiera suceder en la sanción del proyecto de presupuesto? Por supuesto, un debate profundo de los distintos representantes de la sociedad, y que después de un análisis exhaustivo en las comisiones y de un reconocimiento del Estado en cuanto a las necesidades de la sociedad, se proponga un curso de acción pública que tenga las siguientes características. Por ejemplo, que sea viable, previsible, realista y efectivo.
El día después de la sanción del proyecto de presupuesto cada argentino trabajador, productor, educador, servidor público, empresario debería tener al menos por un año la certeza de que cuenta con las herramientas que el Estado pone a su disposición para mejorar su vida.
El presupuesto se nutre de la economía como técnica, pero es, ante todo y sobre todo, la definición de valores y de futuro; en definitiva, del bienestar público. Y me refiero a una definición pública de verdad, una verdad que se debe alcanzar a través del consenso y sobre la cual se trabaja, como decíamos antes, para lograr objetivos específicos para el desarrollo del país y para nuestra gente.
En este caso nuevamente asistimos, y de manera más burda que en otras oportunidades, a una puesta en escena, a una pésima representación de la realidad construida a partir de la mentira.
Soy de las que cree que no hay futuro, no hay bienestar ni felicidad posible a partir de la mentira, porque lo que sucede con la mentira, que es lo que uno enseña a sus hijos, es que cada vez se necesita una mentira más grande para sostener la anterior. Entonces, ya no alcanza con desplazar a una directora de un proyecto del organismo de estadísticas. Para sostener la mentira es necesario intervenir todo el INDEC, desprestigiando a los que no se convierten en cómplices.
Luego para sostener esa mentira es necesario negar la inflación, inventando precios mentirosos de productos escasamente disponibles. Consecuentemente, se crea una realidad paralela con productos similares y etiquetas distintas, reflejando el desgobierno de la economía. Para seguir sosteniendo la mentira se inventa una tarjeta utilizable sólo en esa realidad paralela y que, por supuesto, nadie del mundo real usa; y la gente del mundo real es mucha más que la gente del mundo paralelo. En la realidad paralela no hay futuro; hay día a día, hay inmediatez, hay coyuntura.
Para sostener este relato diario es necesario disponer de los recursos públicos de una manera concentrada, hegemónica y endogámica para ir reparando el desmanejo de gestión que la realidad, como fuerza imparable, se empecina en hacer evidente.
Las contradicciones se hacen evidentes y muchas veces rozan el ridículo. Todos lo sabemos. Y, lamentablemente, no estamos mejor que Australia y Canadá. Al respecto, en una sesión anterior el diputado Gerardo Milman explicitó de modo muy detallado todos los indicadores que expresan claramente esta afirmación. Hoy me interesa resaltar uno: estos países no están promulgando en el día de hoy una norma que declare la emergencia alimentaria nacional. Este país no puede tener emergencia alimentaria. Este país puede abastecer a toda su población con lo que produce, puede venderle al mundo su producción y puede expandir sus fronteras productivas, y no hacen falta superpoderes para eso.
Otra de las mentiras del relato, también mencionada por el diputado Alfonso Prat-Gay, son los servicios de la deuda pública, que llevan un 72 por ciento de aumento, mientras que en promedio el resto del proyecto de presupuesto tiene asignado un 15,5 por ciento de aumento. O sea que el aumento de los servicios de la deuda toma el 2,4 por ciento del PBI.
Nuevamente, como dijo el diputado Prat-Gay, ¿saben cuánto tenía en la década del 90? El 2,3 por ciento del PBI, o sea que estamos pagando servicios más caros que en la década del 90.
La concentración de atribuciones legislativas en manos del Ejecutivo no es un signo de fortaleza; es claramente un signo de debilidad. Esa debilidad se hace más evidente en el encierro cada vez más sostenido de este gobierno, que no incluye ni siquiera a los legítimos representantes de los intereses de las provincias de nuestro país federal a la hora de incorporar la discusión de la asignación de los legítimos recursos coparticipables, como recién decía el diputado preopinante.
No sólo es la primera vez en este Parlamento que se intenta votar un proyecto de presupuesto en el mes de septiembre, sino que se intenta aprobar un impuesto con mayoría simple. Es la misma lógica de encierro que no permitió escuchar las voces de todos los secretarios de Energía, que en un hecho inédito, en un ejemplo de política de Estado, alertaron sobre la consecuencia del desmanejo energético, generando el desbalance de una balanza comercial que sustancialmente está desequilibrada por la importación de la energía, asignándosele 13.000 millones de dólares para el año que viene. Se trata de un país real que perdió el autoabastecimiento energético, pero con un gobierno que concentra energía en sostener un relato financiando grupos de comunicación adictos a la pauta oficial.
Es enorme el costo de oportunidad que significan 2.500 millones de pesos en publicidad, incluyendo Fútbol para Todos, en lugar de asignarlos a políticas de salud, vivienda, seguridad o transporte. Por eso les decía que el presupuesto no es sobre economía, sino sobre el valor que le damos al sentido de lo público. La manera de proponer políticas públicas refleja el modo de concebir la sociedad venidera.
Subestimar el presupuesto de ingresos, para generar un excedente por inflación que permita al Ejecutivo disponer del gasto sin la asignación previa, es el reflejo de subestimar la capacidad de la sociedad de establecer con antelación, a través de sus representantes, las acciones públicas coherentes con sus necesidades y sus inquietudes.
Este país no sólo tiene la fortaleza de su gente, sino una envidiable capacidad de recuperarse de las oportunidades perdidas. El problema es que los costos de la recuperación son cada vez mayores. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Estamos ante la posibilidad de proyectar el futuro de manera planificada, consensuada, transparente y racional.
No puedo entender el doble estándar del oficialismo, que cuando se trata del proyecto de presupuesto de la Ciudad, exige la presencia de ministros, secretarios, directores y todos los funcionarios habidos y por haber. Ellos van por las salas de la Legislatura, explicando y aclarando cada número del presupuesto ante las críticas muchas veces extremadamente duras del kirchnerismo. Sin embargo, aquí envían un proyecto de presupuesto que es oscuro, con serias inconsistencias, y fuerzan su aprobación sin ninguna discusión ni debate real. Además, por supuesto, sin la presencia de los funcionarios, pedido formulado mediante un proyecto por el diputado Pinedo, para que se explicaran, aclararan y discutieran los números del presupuesto con la oposición.
Muy bien dice la Ley de Administración Financiera en el artículo 4º, inciso c), como también señaló la diputada Camaño, que el Ejecutivo tiene la obligación de brindar información en relación con el presupuesto y su ejecución en cada área, para así poder evaluar cómo cada uno de los responsables ejecuta o no las partidas presupuestarias.
Tenemos que apostar a la verdad y a un presupuesto que realmente se condiga con la verdad, pero sobre todo con los intereses y las necesidades que tiene la sociedad.
Este proyecto de presupuesto no es viable, no es un presupuesto transparente, no es un presupuesto que realmente tenga que ver con las necesidades de la gente, porque de hecho ni siquiera está discutido y debatido con todas las voces de la política argentina.
Yo interpelo a todos los diputados que van a votar este proyecto de presupuesto a que de ahora en adelante traten de reflexionar para ver si alguna vez podemos hacer las cosas a libro abierto y de manera transparente. El fin es que mañana, cuando se termine de votar el proyecto de presupuesto, cada ciudadano argentino sepa específicamente adónde van ir los recursos que paga esforzadamente con sus impuestos. Hoy no va a poder saberlo ni mañana tampoco, porque esto que hoy vamos a votar no es explicable a la sociedad.
Este es el desafío que tenemos por delante y el que creo que toda la oposición va a plantearse, porque las cosas están cambiando. Una Argentina nueva está viniendo. En las últimas elecciones esto empezó a avizorarse y creo que va a terminar de formalizarse en las elecciones de octubre de este año, y aun más en las de octubre de 2015. (Aplausos.)
SRA. GONZALEZ, GLADYS ESTHER (BUENOS AIRES): Señora presidenta: el presupuesto nacional, la ley de leyes, es quizás el instrumento que más habla sobre las bases y los fundamentos que impulsa un gobierno.
Analizando cada programa, sus metas y sus correspondientes asignaciones, uno puede ver reflejadas las prioridades en el diseño de la política pública que se quiere ejecutar para, supuestamente, resolverle los problemas a la gente.
Si esto es fielmente así, la formulación del presupuesto para 2014 es un garabato, como dijo mi compañero diputado Jorge Triaca. En realidad, refleja con exactitud un modelo que se está cayendo por su propio peso, un relato que entró en contradicción con sus propias máximas.
Aquí me quiero detener en lo que es de mi especial interés: el presupuesto social y lo que se ha destinado a la política de género.
Por medio de la ley 26.485, el Consejo Nacional de la Mujer se constituye como el organismo rector encargado de diseñar y ejecutar la política de género. Esto quiere decir, entre otras cosas, que debe elaborar, implementar y monitorear un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, garantizar modelos de abordaje para empoderar a las mujeres, desarrollar programas de asistencia técnica, brindar capacitación permanente, diseñar e implementar registros de situación de violencia contra las mujeres, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos, promover campañas de concientización y sensibilización –esto ni siquiera figura en la formulación presupuestaria y, mucho menos, está expresado en metas, y crear servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia.
Cuando uno ve el proyecto de presupuesto del Consejo Nacional no entiende cómo va a hacer para cumplir estas y otras que ordena la ley 26.485, primero porque ni siquiera están formuladas en el mensaje presupuestario; segundo, porque tiene asignado un presupuesto de 16 millones de pesos, que no sólo es bajo en sí mismo, sino que representa un 7,15 por ciento menos que el del año pasado. Es más, ante la tremenda realidad que vivimos, menciono algunas cifras: cuando cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia sexista en nuestro país y 30 niños por mes quedan huérfanos por estos asesinatos, las metas que se fija el Consejo Nacional de la Mujer –que no podrá cumplir, además, con este presupuesto, como dije antes son de 2.400 instituciones subsidiadas y 40.200 mujeres atendidas.
Con estos números tenemos la absoluta certeza de que este gobierno nacional -y la mujer que nos gobierna, que todo lo anuncia y lo dice en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada- no tiene política de género. Claramente, las mujeres que padecen violencia de género no son su prioridad en nuestro país. Y no sólo se trata del Consejo de la Mujer y de la violencia de género, también de los programas sociales que atienden las necesidades básicas de las madres y de los niños más vulnerables.
Así, por ejemplo, sin dejar de reconocer la asignación universal por hijo, el incremento presupuestario de todo el resto de los programas sociales no cubre la inflación real.
El Plan de Atención a la Madre y al Niño tiene por objeto mejorar la salud de las madres, de los niños y adolescentes de todo el país, reduciendo la mortalidad materno infantil, suministrando medicamentos y leche fortificada, además del desarrollo de seguros públicos de salud. Sin embargo, sólo se incrementó su presupuesto en un 13,23 por ciento, lo cual no cubre la inflación real. Esto significaría entonces una reducción presupuestaria encubierta.
Además, cuando vemos la formulación de este programa, no nos podemos explicar cómo provincias como Formosa, que tiene una tasa de mortalidad infantil del 17 por ciento y una tasa de mortalidad materna del 16 por ciento y el doble de población que la provincia de Santa Cruz, tiene asignado para este programa el mismo presupuesto, de 13 millones de pesos. Además, la tasa de mortalidad en la provincia de Santa Cruz no llega a dos dígitos. Algo parecido sucede, por ejemplo, con el Programa de Seguridad Alimentaria, que está vinculado con la atención de comedores, con la entrega de tiques y con la distribución de alimentos; sin embargo, su presupuesto sólo se incrementa en un 10 por ciento.
Según la fundación CONIN, la realidad de nuestro país muestra que mueren 20 chicos cada mil por desnutrición infantil, 260 mil chicos menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición y dos millones de personas no acceden a una alimentación diaria.
Otro programa social, “Argentina trabaja”, donde se encuentra inserto el programa “Ellas hacen”, destinado a la “terminalidad” educativa y a la capacitación para la inserción laboral de mujeres con hijos que padecen violencia, sólo se ha incrementado en un 7,4 por ciento.
Este programa “Argentina trabaja” sólo beneficia a 10 de las 24 provincias, siendo que Jujuy, que tiene un 6 por ciento de desempleo, y Salta, que presenta un 8 por ciento, no son beneficiarias del mismo.
En general, los criterios de asignación presupuestaria son arbitrarios. Lejos están de ser justos y federales. Algunos ni siquiera respetan el criterio de cantidad de habitantes, como el caso que mencioné recién de Formosa.
Si veo la asignación presupuestaria de mi provincia, Buenos Aires, que cuenta con un 28 por ciento de la población del conurbano en situación de pobreza, encontraré que recibe 11 mil pesos por habitante de presupuesto total, mientras que la provincia de Santa Cruz, con el 5,8 por ciento de pobreza, recibe 28 mil pesos por habitante. Esto lo digo para mencionar sólo algunos de los ejemplos de la arbitrariedad y de una distribución que no es justa.
El relato del kirchnerismo es una verdadera hipocresía, una farsa. No hay un impuesto que afecte más a los pobres que la inflación. No reconocer la inflación en la formulación de la ley de leyes, en el presupuesto social o en la política de género, que debieran ser el reflejo del relato progresista, es la absoluta evidencia de que el progresismo es un cuento que se quedó sin aliento dos años antes, y la única realidad es la inflación y la pobreza, que dejarán como única herencia al próximo gobierno.
La verdad es que cuando pienso en este relato, encuentro que se cansaron de estigmatizar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien -mientras el kirchnerismo fue progresista en el discurso- hizo progresismo invirtiendo en el Sur de la ciudad, dando los créditos más baratos de la banca pública y priorizando el transporte público.
Señora presidenta: se gobierna como progresista; el progresismo no se declama. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) A continuación hará uso de la palabra el señor diputado Roberti, que comparte el tiempo de 25 minutos con el señor diputado Oscar Martínez.
SR. ROBERTI, ALBERTO OSCAR (BUENOS AIRES): Señora presidenta: hoy asistimos a la presentación de un proyecto de ley de presupuesto y de emergencia económica, sesión a la que asisto con profunda pena, por decirlo de algún modo, porque creo que se trata en principio de la entrega de nuestros derechos parlamentarios.
Estamos cediendo facultades que nos son propias, y en este caso por dos años, en nombre de una emergencia económica que lleva más de diez años y que se choca con las expresiones sobre la “década ganada”.
¿Dónde está la década ganada, señores? La misma se expresa en una fabulosa dilapidación de recursos para sostener un plan de subsidios cruzados que es demagógico y falaz, sustentable en todo caso con la recaudación de una alta tasa de retención, establecida en medio de una guerra fenomenal contra el sector que la genera, es decir, contra el campo.
¿Qué va a ser entonces de la política energética del gobierno? Quiero recordar que al inicio de la emergencia económica hubo un compromiso de parte de la industria hidrocarburífera de todo el país, de empresarios y de trabajadores para apagar el incendio que se abatía sobre la República.
También quiero decir que hemos logrado tener un horizonte de reservas y abastecimiento durante los años 2004, 2005, y 2006. Luego, al final de esta década, la década ganada, nos encontramos con que no tenemos ni horizonte ni reservas ni producción y, por supuesto, mucho menos autoabastecimiento.
¿Se puede seguir importando gas y petróleo, manteniendo un claro desaliento a las inversiones y a la producción local? Nosotros estamos observando que a nuestros productores, los que están en la Argentina, les estamos pagando 3 dólares por millón de BTU, unidad de medida del gas.
Sin embargo, traemos gas de Bolivia a 13 dólares, y ni qué hablar de lo que importamos en los barcos que traemos de Qatar a 17, 18 y 19 dólares, más la logística que hay que implementar para que ello pueda suceder.
¿Cuál es la simetría real y cuál es el dumping de protección y de fomento a la industria local? ¿Hasta cuándo creen ustedes que seguirá la inequidad artificial con el gas en garrafa?
Ustedes saben que aquello va dirigido esencialmente –y así debiera ser- a los sectores más desprotegidos, a los más humildes. Sin embargo, es usufructuado plenamente por los ricos. ¿O no vemos acaso a ciudadanos con alto poder adquisitivo estacionar sus autos de alta gama en las diversas plantas, llevándose las denominadas garrafas sociales a 16 pesos?
Como saben, la bolsa de carbón cuesta 20 pesos, y una garrafa equivale, en consumo, a cuatro bolsas de carbón. No hace falta ser muy inteligente, queridos amigos, para comprender por qué hasta en los countries o barrios cerrados se hacen los clásicos asados con gas de garrafa. Saquen ustedes sus conclusiones.
Después de ello, compensamos por supuesto a los productores y a los fraccionadores con subsidios, que obviamente pagamos entre todos. Me pregunto, ¿es la política Robin Hood o Hood Robin? ¿Cuál es el programa económico que sincerará la mentira inflacionaria?
Observo este dibujo del presupuesto, estas pautas de inflación que son simplemente un tercio de la real, y debo decir que si los trabajadores y empresarios acuerdan en la Argentina paritarias con rangos de entre el 25 y 30 por ciento, ¿por qué dicen que la inflación y los cálculos previstos son del orden del 10 por ciento? ¿O ustedes creen que el empresariado argentino hace obras de caridad y beneficencia?
Se ha destruido el INDEC. Se ha silenciado de manera casi mafiosa a las entidades privadas que miden los auténticos niveles inflacionarios. Sólo existe una verdad que, como tal, no tiene remedio y hay que expresarla.
La Argentina tiene, al igual que Venezuela, la mayor tasa de inflación de la región, y no observamos ningún gesto oficial de reconocimiento ni un plan antiinflacionario que permita correr esta tragedia que primero golpea de lleno a los pobres, a los más humildes, a los que viven del salario. ¿O acaso cuidar a los pobres no es la primera meta de la década ganada? Otra vez me pregunto: ¿es Robin Hood o es Hood Robin esta situación?
Se insiste desde el Ejecutivo en no querer corregir la distorsión impositiva que se expresa con claridad en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué todavía se hacen los cálculos de retención a los trabajadores utilizando la tablita de Machinea, que comenzó en la época del gobierno de la Alianza?
¿Por qué no le devuelven al Congreso lo que le es propio para que sea el Parlamento el que corrija esta distorsión?
El trabajador dirige su salario en forma masiva a la compra de alimentos y allí deja el 21 por ciento de sus ingresos en concepto de IVA. Pregunto, además, por qué los castigamos confiscándoles hasta el 35 por ciento de sus salarios en nombre de una emergencia económica y de un financiamiento del Estado que va dirigido a políticas sociales, que naturalmente compartimos, salvo la enorme estructura denominada cooperativas de trabajo, que fomenta la política clientelar, que destruye la posibilidad de la reinserción laboral y que es padre y madre de una gran franja de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan porque hace más de dos generaciones que no ven en sus casas la cultura del trabajo.
Solamente el 40 por ciento de la masa laboral argentina está registrada en blanco, y son los que sostienen esta voracidad confiscatoria.
El Estado no puede ser proveedor de empleo, y menos prestarlo en negro. El Estado debe generar las condiciones para que el capital privado provoque inversiones y genere empleo genuino.
Cuando la política social y prebendaria es superior a la producción y al empleo de los capitales privados, es porque ese país ha resuelto ser deficitario y no piensa en el futuro, en las próximas generaciones sino en el resultado de las elecciones más cercanas.
En nombre de la emergencia económica se prosigue con el impuesto al cheque, que vino por un ratito y se quedó para siempre. ¿Cuál ha sido el criterio para seguir avanzando con este regresivo impuesto? ¿Se quiere ayudar a las pymes, a las cooperativas, a las cámaras regionales de comercio, a las entidades sin fines de lucro, a las organizaciones gremiales, a las obras sociales? Lamento decirles, señores, que no sólo no se las ayuda sino que además se las perjudica, porque mala es la aplicación de este impuesto, y más malo y arbitrario es su posterior, inequitativo e inexistente sistema de coparticipación.
Si estamos dentro de la década ganada y de las reparaciones históricas, ¿por qué no eliminan la reducción de los aportes patronales que implementó Cavallo? ¿Por qué no eliminan el cobro sobre la renta presunta de múltiples actividades que se ven perjudicadas por la voracidad fiscal y gravan, por ejemplo, la renta financiera, la de los bonistas, la de los tenedores especuladores y la de los bancos que no le prestan plata a la gente? Tienen saldos formidables de capital y llevan adelante una política usurera de hipotecas. Todos ellos sí que son los verdaderos ganadores con este modelo, y ustedes todavía no lo han advertido.
No comprendo por qué, después de semejante legitimación pública como fue la obtención del 54 por ciento de los votos, el oficialismo redobló su accionar contra los ciudadanos. Sólo dicho así se pueden entender algunas medidas como la implementación del cepo cambiario.
Señores: el manejo del dinero se asemeja mucho a la definición de vivir en pareja, porque ambas cosas –el dinero y la vida en pareja- no deben regirse por controles y persecuciones. Todo está encerrado en la comprensión de la palabra confianza. Si una pareja no se tiene confianza, no funciona. Y en el tema económico es igual: la gente no tiene confianza en los barquinazos y en los movimientos pendulares de los que creen que la economía no es una cuestión de expectativas y confianza, sino que se puede resolver prohibiendo, persiguiendo, gritando y controlándolo todo.
¿Cuál es el próximo paso? ¿Intentarán prohibir el libre tránsito de los ciudadanos? ¿Cerrarán Ezeiza? Nosotros no generamos los dólares pero sí emitimos pesos en forma indiscriminada, sin respaldo y cada vez afectando en mayor medida nuestros niveles de reserva. La gente ha advertido con claridad el fabuloso déficit fiscal que se genera con estas medidas.
La década ganada no pareciera tener su mejor cara con un 30 por ciento de inflación, con el dólar a casi 10 pesos y con la mitad de las reservas en divisas que el país tenía hacia el año 2006.
Un párrafo aparte merece el tema de las obras públicas y en particular las que se refieren a mi provincia. Yo sé que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se caracteriza por ser emprendedor, hacedor ni desarrollador, sino más bien todo lo contrario. Tiene emergencias sanitarias y la tragedia de la política de seguridad; es una provincia violenta e insegura, apabullada por las drogas.
También quiero dejar expresado el concepto que observo en este proyecto de presupuesto de pocas o nulas partidas de gastos que puedan mejorar la red vial y las carreteras que atraviesan la provincia, donde sin la ayuda federal seguramente se seguirán incrementando los accidentes con sus consecuencias de pérdidas humanas.
Sería muy bueno que el Estado nacional auxiliara nuevamente a la precaria e irresponsable administración de la provincia de Buenos Aires.
Sobre el final del tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra, quiero expresar en nombre de los integrantes del bloque Frente Renovador nuestro rechazo a estos proyectos de presupuesto, de prórroga del impuesto al cheque y de extensión de la emergencia económica por considerarlos regresivos, falsos de toda falsedad y manifiestamente contrarios a los intereses de todos los argentinos, salvo –naturalmente- de los que creen que esta ha sido la década ganada, aunque como ha quedado en claro, en realidad se trata de una década perdida en sueños, oportunidades, desarrollo y crecimiento para toda la Nación.
SR. MARTINEZ, OSCAR ARIEL (SANTA FE): Señora presidenta: estamos en un tiempo en el que inexorablemente todos empezamos a mirar el futuro. Por eso, nuestra idea es sumar para ese futuro.
A fin de transitar por ese camino, hubiera resultado necesario tratar este proyecto de presupuesto con la profundidad y tranquilidad que amerita un tema tan importante, como lo es el cálculo de ingresos y gastos y el desarrollo de las políticas públicas del gobierno.
Todos podemos aportar en el diseño de un mejor instrumento de planificación para este gobierno y así contar con un mejor presupuesto. Me gustaría saber quién puede negar que este Congreso puede contribuir a que el ministro Lorenzino, el secretario Moreno, el director Echegaray, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, e incluso el propio jefe de Gabinete, Abal Medina, logren transitar por un camino que los conduzca hacia un futuro más ordenado y previsible en términos económicos.
Me causa pena que vayamos a aprobar un proyecto de presupuesto sin discusión, de manera rápida y exprés. Hubiera resultado interesante que pudiéramos debatir si era necesario que este proceso histórico concluyera con una ley de emergencia en sus dos últimos años de gestión. Quienes vivimos aquellos duros momentos que exigieron el dictado de la ley 25.561, no imaginábamos que en circunstancias como las actuales íbamos a continuar con esta norma.
También es una lástima que no podamos reconocer la existencia de un flagelo que nos invade, que es el de la inflación, que impacta sobre la vida de los trabajadores. Lo digo porque estas son las cosas que provocan que después la ciudadanía considere que nosotros transitamos por una realidad virtual, que es muy distinta a la realidad que en forma cotidiana viven aquellos a los que nosotros tenemos que representar.
Cuando analizo algunos de los números del proyecto de presupuesto, como la previsión que se hace de una inflación del 10 por ciento, me acuerdo de las estadísticas que figuraban en el ministerio de la abundancia, de ese libro famoso de George Orwell, 1984, con el personaje Gran Hermano.
Es una lástima que los argentinos y todos los integrantes de este cuerpo no podamos discutir la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque de una manera más firme. En este sentido, desde el Frente Renovador hemos presentado una iniciativa que no busca desfinanciar al gobierno nacional. Sinceramente, no sé si leyeron nuestra propuesta, pero les recuerdo que ella plantea la necesidad de que se compense esa ampliación de los fondos de coparticipación para las provincias con las transferencias directas que hace el gobierno nacional a las distintas jurisdicciones con el objetivo de sostener el gasto corriente y la inversión.
¿Qué estamos pidiendo? Que abandonemos los criterios discrecionales, que pongamos un poco de racionalidad a la hora de distribuir los recursos y que sigamos trabajando por la igualdad territorial, que es un desafío pendiente.
¡Qué lástima que no podamos discutir la prórroga de la ley que tiene que ver con el programa de desendeudamiento de las provincias, para que las que no teníamos endeudamiento –como Santa Fe- pudieran lograr una mayor participación a la hora de la distribución de los recursos!
¡Qué lástima que tampoco hayamos tenido tiempo para debatir cómo se distribuyen las obras en la Argentina! Digo esto para que una provincia como la mía, que tiene tanto para aportar en favor del crecimiento de nuestro país, pueda contar con las obras de infraestructura que le permitan seguir nutriendo a la Argentina de los recursos que día a día nuestros ciudadanos ponen, a través de su actividad productiva, al servicio de todos los que habitan el territorio.
Por lo tanto, quisiera incorporar en este debate un concepto que quizás hoy no tenga importancia, pero que con el trascurrir de los años estará presente en las deliberaciones que se lleven a cabo en el Parlamento. Si la Argentina sigue creciendo y expandiendo sus fronteras agrícolas y no hacemos las inversiones necesarias en materia de infraestructura, el concepto del “paro logístico” puede terminar afectando la posibilidad de que nuestras economías se vinculen con el mundo.
Lo cierto es que al comparar los números de este proyecto con los que contiene el presupuesto del corriente año, vemos que se afecta especialmente a la provincia de Santa Fe. En este sentido, tengo que hacer una confesión que nunca pensé que debía realizar: pareciera ser que la ausencia de un santafesino al frente del bloque Frente para la Victoria nos hace extrañarlo a la hora de debatir los recursos que esta iniciativa prevé para la invencible provincia de Santa Fe.
Digo esto porque el año pasado se preveía con destino a mi provincia una inversión de 14.495 millones de pesos y una inversión para ser ejecutada en el transcurso de este año de 279 millones de pesos. Lamentablemente, en este proyecto tenemos asignados para el año 2014, 184 millones de pesos. Es decir que no nos han aumentado un peso, ni siquiera en relación con la depreciación que implica el proceso inflacionario.
Si ese proceso inflacionario lo medimos a partir de los índices del “IPC Congreso”, la inversión para Santa Fe en el transcurso de este año tendría que haber sido de 17.600 millones. Esto significa que en el curso del corriente año tendríamos que haber contado con 3.000 millones de pesos más en concepto de inversión. Si hubiéramos aplicado el índice de inflación que establece el propio presupuesto, Santa Fe tendría que haber tenido asignado un total de 15.500 millones. Esto significa 1.000 millones más que lo contemplado en el presupuesto.
Debo decir que lo que juré en el Congreso lo hice en representación del pueblo de Santa Fe. Quiero honrar ese juramento.
SR. MARTINEZ, OSCAR ARIEL (SANTA FE): La verdad que es bueno poder debatir sin agredirse. También es bueno que podamos discutir los números que se establecen en este proyecto de presupuesto.
Para 2013 la participación en la obra pública de la provincia de Santa Fe fue del 6,9 por ciento, mientras para el año próximo será sólo del 4,78 por ciento.
No estoy agrediendo a nadie, sino que estoy analizando los ingresos y las inversiones que existen en el presupuesto para que el desarrollo de la infraestructura de la provincia pueda seguir contribuyendo al sostenimiento de la Argentina.
Quiero contarles que con esos niveles de inversión, para materializar el puerto de Santa Fe indispensable para vincularnos con el mundo serán necesarios veinte años; para el puente Reconquista-Goya, necesitaremos 480 años; para la ejecución del puente Santa Fe-Santo Tomé, a este ritmo de inversión serían necesarios 180 años; para el proyecto “Circunvalar” que nutre los puertos del Sur provincial, necesitaríamos 110 años; para la autopista de Recreo a San Justo, precisaríamos 180 años; para la ruta 33, que vincula Rosario con Rufino y Venado Tuerto, serían necesarios 180 años; para la ruta 34, 128 años. Corresponde aclarar que para el puente Paraná-Santa Fe, para el que estuvimos trabajando con fuerza con los señores diputados de Entre Ríos, se estableció el año pasado un presupuesto de 8 millones de pesos para el corriente año y 8 para el siguiente, pero en el presupuesto de este año figuran sólo 3, con lo cual para poder materializar la obra vamos a necesitar 380 años.
Debo reconocer que no ocurre lo mismo con áreas vinculadas con las tecnologías y equipamiento para la planta de vainas de cartuchos de caza de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán. Tampoco ocurre en lo que tiene que ver con la fabricación de pistolas automáticas en el mismo lugar. Allí la inversión va a ser de 44 millones de pesos. Más allá de que no está presente el compañero y amigo Rossi, tengo que reconocer que su espíritu sigue presente en el ámbito del Congreso y de este proyecto de presupuesto.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Señor diputado: por favor vaya redondeando porque ha concluido su tiempo.
SR. MARTINEZ, OSCAR ARIEL (SANTA FE): Señora presidenta: debemos estar dispuestos a dialogar sin agredirnos, sin tirarnos piedras, sin lastimarnos, pudiendo debatir las ideas...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Gracias, señor diputado.
SR. MARTINEZ, OSCAR ARIEL (SANTA FE): Señora presidenta: desde las ideas decimos que no vamos a acompañar este proyecto de presupuesto.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis, que comparte su tiempo de veinte minutos con la señora diputada Ivana Bianchi.
SR. PEREZ, ALBERTO JOSE (SAN LUIS): Señora presidenta: atento al escaso tiempo que tengo, voy a solicitar permiso para insertar en el Diario de Sesiones mi exposición.
No obstante ello, quiero hacer algunas consideraciones que entiendo importantes.
En cuanto a la Constitución, las leyes y las instituciones, tenemos un mandato desde el día que juramos en esta Cámara.
En los últimos tiempos, hemos presenciado hechos que van en contra de esa dirección. Día a día el accionar del Poder Ejecutivo constantemente atropella nuestra Ley Fundamental y las instituciones, en este caso específico el Congreso. Caso palpable es la forma como ha sido tratado este proyecto de ley de presupuesto: una reunión de comisión con cuarto intermedio mediante y el recinto.
¡Imposible de analizar, debatir, consensuar y acordar! Además, la Constitución reserva la discusión, negociación y sanción del proyecto de presupuesto al ámbito de este Congreso. Entonces, ¿qué sentido tiene discutir este proyecto de ley de presupuesto mientras sigue en vigencia el artículo 37 de la ley 24.156, modificada por la 26.124? En dicha norma se establece que el señor jefe de Gabinete de Ministros -y no este Congreso- puede disponer de las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la ley de presupuesto.
Peor aún si tenemos en cuenta lo que prescribe el artículo 10 del actual proyecto, ya que se habilita al Poder Ejecutivo a asumir las facultades otorgadas al jefe de Gabinete de Ministros, efectuando una interpretación caprichosa y forzada del inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional. En definitiva, nos encontramos en una situación en la que un secretario de Estado puede modificar el presupuesto sin mayor reparo. Basta con revisar el Boletín Oficial para darse cuenta de esta situación en los últimos años.
Me vuelvo a preguntar para qué sirve todo el trabajo realizado en este Congreso, si luego queda convertido en un documento meramente declarativo, ya que todo queda sometido a la voluntad discrecional del señor jefe de Gabinete de Ministros. Estos son precisamente los superpoderes que no aceptamos y rechazamos con firmeza. Siempre lo hemos dicho y mantenido la misma postura de rechazo.
Aun así permítanme hacer algunas observaciones acerca de las falencias evidentes...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Ruego a los señores diputados que por favor hagan silencio para poder escuchar al orador.
Continúa con el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. PEREZ, ALBERTO JOSE (SAN LUIS): Señora presidenta: hablaba de las falencias evidentes contenidas en este proyecto de ley, como la numerosa cantidad de delegaciones contempladas en los artículos 5º, 8º, 16, 20, 21, 22, 37, 42, 44, 50, 53 y 60 entre otros.
Existe un inverosímil escenario pronosticado para las principales variables macroeconómicas. Se habla de un crecimiento superior al 6 por ciento; un dólar apenas por encima de los 6 pesos; una inflación calculada en un 10 por ciento; un superávit comercial en torno a los 10 millones de dólares.
Además, existe una subestimación de recursos y gastos, lo que pone en evidencia la voluntad de disponer de la mayor cantidad posible de fondos en forma discrecional. Se han subestimado recursos por 55 mil millones de pesos.
Por otro lado, es llamativo el incremento del gastos en solamente un 16 por ciento interanual, cuando la inflación es del 25 por ciento. O estamos en un fantástico ajuste fiscal –con el que no estamos de acuerdo o estamos hablando de índices totalmente irreales. Por ejemplo, la movilidad jubilatoria se ha calculado en un 22 por ciento cuando este año ya fue de un 32. En el tema salarios se calculó un aumento del 18 por ciento, cuando este año ya se llegó a un 28,3 de incremento.
Además, el tratamiento presupuestario exprés que se realiza del pago de la deuda externa resulta preocupante. Tenemos un PBI sobrevaluado y sus consecuencias.
Por otro lado nosotros siempre lo sostuvimos, estamos pagando una deuda externa que no ha sido tratada aquí, en el Congreso. Además –lo digo como sanluiseño, debemos mencionar lo que ocurre con los montos acordados en el artículo 67 para la adenda al compromiso federal por el crecimiento y la disciplina fiscal del año 2001, para una provincia como la nuestra y una provincia como la suya, señora presidenta. Estamos perdiendo por no actualizar los valores allí estipulados; en el caso de San Luis, está perdiendo más de 660 millones anuales, un 8 por ciento del presupuesto provincial. Vemos que las provincias, las que con mucho esfuerzo mantienen en orden sus cuentas públicas –como la suya o la mía, señora presidenta, son castigadas por la Nación. Aparte veo que los gastos corrientes en este proyecto de presupuesto están alrededor del 89 por ciento, y los gastos de capital, alrededor del 11 por ciento.
Para poder crecer y desarrollarse, como en nuestra provincia, estimamos que debe ser el 50 por ciento para gastos de capital y el 50 por ciento para gastos corrientes.
Yo quiero que la administración nacional tenga su presupuesto en tiempo y forma, y estoy de acuerdo con que se realicen todos los esfuerzos tendientes a ello, pero no en este marco, avasallando las facultades que constitucionalmente son propias del Congreso. Esto es irrenunciable e innegociable.
Por todo lo expuesto, nuestro bloque, Compromiso Federal, adelanta el rechazo al proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo.
Con respecto al impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas corrientes, nuestro bloque está de acuerdo con la prórroga siempre y cuando se coparticipe el ciento por ciento de lo recaudado. Este año, según las proyecciones que he realizado, se recaudarán más de 50 mil millones. Se distribuirán 45 mil para la Nación y 7.800 para las provincias; un 85 por ciento para la Nación y un 15 por ciento para las provincias. El año que viene, en el presupuesto para 2014, las provincias deberán cumplir con los servicios de la deuda que mantienen con el gobierno nacional, por un monto de 9.200 millones de pesos. Si en el 2014 se proyecta que las provincias, coparticipando el ciento por ciento, recibirían 31.700 millones, o sea, 22 mil millones más por este concepto, esta es otra de las razones por las cuales sostenemos que debe coparticiparse el ciento por ciento.
Conforme a lo expresado anteriormente, nuestro bloque, Compromiso Federal, propone –como lo ha hecho siempre que la recaudación del impuesto se coparticipe en un ciento por ciento. Por lo tanto, vamos a votar en contra del proyecto de ley del oficialismo.
Con respecto a la emergencia económica, se han cumplido absolutamente todos los objetivos para los cuales fue sancionada la ley 25.561.
Entonces, me encuentro en presencia de dos realidades: por un lado, las permanentes expresiones de la señora presidenta de la Nación diciendo que estamos en una situación económica y social muy buena y las de los funcionarios en el mismo sentido, en oportunidad de presentar el proyecto de presupuesto 2014, y por otro lado veo a los mismos funcionarios del Ejecutivo pidiendo prórroga de la ley de emergencia. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿O hay una nueva emergencia?
Con todos estos elementos detallados precedentemente, entiendo que no existen argumentos valederos que permitan sostener que el Estado nacional se encuentra en emergencia económica.
Señora presidenta: no hay emergencia económica. Entendemos que no es necesaria la prórroga de la legislación que la declara. Nuestro bloque, Compromiso Federal, va a votar en contra. (Aplausos.)
SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS): Señora presidenta: otros años hubiera comenzado mi discurso diciendo que estaba absolutamente feliz de que esta Cámara estuviera dando cumplimiento al artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional. Pero debemos sincerarnos con nuestro pueblo y decir que el tratamiento de este proyecto viene a convertir a la Constitución en letra muerta. ¿Por qué? Por la falta de precisión en los datos, en las cifras, en las cuantificaciones y en las estadísticas.
Hay que reflejar la verdad. Esos datos reales no están reflejados. Hay que reflejar la verdad de lo que padecen a diario los argentinos. Sólo así este proyecto de presupuesto cobraría sentido. Si no, no es adecuado, no sirve, señora presidenta.
Todos sabemos que esta inexactitud de los datos no es inocente; tiene un objetivo y un fin principal, y es que el pueblo argentino desconozca la crisis por la que estamos atravesando.
La presentación de este proyecto de presupuesto en esta Cámara y bajo estas condiciones habla de que se intenta que seamos cómplices del ocultamiento. Para eso no cuente conmigo, señora presidenta. No voy a ser cómplice de esta terrible mentira que intentan hacerle creer al pueblo argentino.
Hablo de ocultamiento por la forma exprés con la que se despachó, sin tiempo, sin debate, sin poder reformar ni una coma. Hablo de ocultamiento por la forma en que nos llegó: nos resultó casi imposible poder tener el proyecto de presupuesto en nuestras manos; le aseguro que era más fácil conseguir un papiro del antiguo Egipto que un CD o un ejemplar del presupuesto.
Hablo de ocultamiento porque este presupuesto está elaborado sobre la base del INDEC, pero del “INDEK” con “k”. Está elaborado sobre la base de un ministro de Economía que dice no querer hablar de la inflación. ¿Hace falta agregar algo más?
En cuanto al análisis, en la página 25 se habla de un incremento de los recursos tributarios verificados en este período en relación con igual semestre del año 2012, aduciendo que hay 35.573 millones de más. Pretenden hacernos creer que este monto está sustentado por el desenvolvimiento de la actividad económica y acá aparece otra vez el ocultamiento, cuando todos sabemos que este sustento no es otro que el impuesto inflacionario.
Hay ocultamiento cuando hablan de una inflación del 10,4 por ciento en el presupuesto, cuando Billion Prices, Proyect, del Instituto de Massachusetts (MIT), Indecom y las provincias hablan de una inflación diferente. Chubut habla de una inflación del 23,6 por ciento. La Pampa habla de una inflación del 18,8 por ciento. San Luis habla de una inflación del 23,9 por ciento. Santa Fe habla de una inflación del 21 por ciento, y Tierra del Fuego habla de una inflación del 23,5 por ciento.
Además, señora presidenta, cualquier vecino de la República Argentina, de Norte a Sur y de Este a Oeste, sabe que estos porcentajes son mentirosos; lo advierte simplemente cuando va al almacén de su pueblo o a las grandes cadenas de supermercados.
Cada vez más argentinos ven licuados sus sueldos, sus asignaciones familiares. Cada vez se compran menos productos con el mismo monto. La carne ha subido un 10 por ciento; la leche, un 52 por ciento; el pescado, un 15 por ciento; los huevos, un 30 por ciento; el pan, un 20 por ciento; la harina, un 17 por ciento y el pollo, un 23 por ciento.
En relación con el crecimiento económico no podemos dejar pasar por alto la obstinación y manipulación de las cifras económicas que dicen que será del 6,2 por ciento, porcentaje que nos llevará a tener que pagar a todos los argentinos un cupón de PBI superior a 4 mil millones de dólares, cuando las estimaciones privadas hablan de que la Argentina crecerá en 2014 sólo el 3 por ciento. Si creciera esto, no correspondería pagar dicho cupón, como sucedió en 2013, porque el crecimiento de 2012 no superó el 3 por ciento.
En este país todos sabemos que el cupón de PBI se dispara automáticamente cuando el crecimiento es superior al 3,22 por ciento. ¿Pero sabe cuánto les costará a los argentinos esta “avivada” del INDEC, por haber manipulado el índice de precios al consumidor? Le costará 4 mil millones de dólares; más de 22 mil millones, sólo con el cambio del día de hoy.
Coincido con la señora presidenta de la Nación en que somos pagadores seriales. Por supuesto, cómo no lo vamos a ser si le vamos a regalar a los tenedores de bonos un monto que equivale al presupuesto de 48 universidades nacionales, al triple del presupuesto del área de seguridad o lo que equivale al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
¿Saben por qué digo que se lo vamos a regalar? Porque si dijéramos la verdad sobre el crecimiento económico no estaríamos obligados a pagar. Si creciéramos y lo pagáramos igual sería distinto; este gobierno debería asumir la responsabilidad de que lo está haciendo a costa del hambre del pueblo.
En relación con el gasto público, hay un incremento de 92.512 millones de pesos. ¿Sabe cuál ha sido el aumento? Ha sido por los subsidios, se ha dado un 41,6 por ciento más de lo previsto.
Con este gasto discrecional, es decir sin control, se podrían hacer 166 mil viviendas que solucionarían la vida a 500 mil argentinos; se podría triplicar el presupuesto de las universidades, pero no es la primera vez que vemos este aumento en esta “década ganada”. En el 2007 fue un 27,4 más de lo presupuestado, en el 2008, un 21,1 por ciento, en el 2010, 14,4.
Son muy buenos dibujantes de los presupuestos, y el de 2014 no es la excepción. ¿Saben en qué se ha gastado más la plata de los argentinos? En la publicidad oficial, en un 26 por ciento, contra un 20 por ciento de obra pública; en Fútbol para Todos, que le costará a todos nosotros, los argentinos, 4 millones de pesos por día, un total de 1.401 millones de pesos al año.
¿Saben qué se podría hacer con esto? 170 escuelas, 100 mil viviendas sociales, 12 hospitales, tres millones setecientas mil asignaciones universales, dar a 5 mil comedores escolares 280.200 pesos por mes, y equivale al sueldo de 300 mil docentes.
Mirando el presupuesto de mi provincia, me pregunto cómo puede ser que con 8 mil millones de pesos hayamos aumentado 33 por ciento en seguridad contra un 6 en Nación, un 40 en educación contra un 3 por ciento. ¿Y saben qué? No nos endeudamos en un centavo. Al contrario, a mi provincia se le debe en esta década de discriminación y distribución injusta 6.700 millones de pesos de coparticipación federal, sin contar los intereses y actualizaciones.
La provincia tiene 16 juicios pendientes, por lo que pediría a la Corte Suprema que se expidiera en alguno de ellos.
Ratifico que Compromiso Federal no va a votar a favor de este proyecto de ley de presupuesto. Es un presupuesto espurio. A quien así lo vote le cabrá la norma del artículo 29 de la Constitución Nacional, debiendo responder primero al pueblo de San Luis y después al pueblo argentino.
Termino diciendo que en muchos discursos la presidenta habla de Dios y la Virgen, y voy a tomar prestada esa frase y digo que Dios nos bendiga y la Virgen nos acompañe a todo el pueblo argentino si esta noche se aprueba este proyecto de presupuesto.