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Timestamp: 2019-04-26 16:12:21
Document Index: 188697429

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 325-2305, de 20/03/2014
cve: BOCG_D_10_325_2305
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones supone un cambio normativo manifiestamente «a instancia de parte». Gran parte de sus contenidos tienen como objetivo proporcionar a las empresas del sector los instrumentos necesarios para superar las dificultades con las que se han encontrado para desarrollar sus iniciativas cuando han chocado con la oposición de los ciudadanos o el ejercicio de las competencias que les son propias a Ayuntamientos y Administraciones Autónomicas. La reforma planteada sitúa a las empresas en una posición de primacía.
Esta es la razón de que se formule una Propuesta de Veto a este proyecto de ley, basándose en tres cuestiones fundamentales: Se avanza en la desregulación pública en beneficio de la capacidad de la iniciativa privada, se produce otro proceso más de invasión de competencias, sean locales o autonómicas, y por último se abandonan los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud.
Esta iniciativa del Gobierno supone otro ejemplo más de la continuada imposición de los mismos criterios que han enmarcado todas y cada una de las decisiones impulsadas por el PP: El abandono de toda la capacidad pública, retirando a los ayuntamientos y comunidades autónomas de poder regulatorio,
con el único objetivo de beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones. Se prescinde de reglas elaboradas y aprobadas por los poderes democráticos para dejar que sean los operadores privados los que establezcan las reglas del juego.
A modo de ejemplo de todo lo que se desprende de los artículos del texto, se destina íntegramente el capítulo II de la normativa a regular, con un claro predominio de la posición de las empresas privadas dominantes del sector, los Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, siendo beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y en el establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.
La Ley elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil, si se aprueba el texto tal y como está redactado, van a desaparecer totalmente y no solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio, ya que la nueva ley le quita totalmente las competencias, sino también que se limita al extremo cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de dicha antena o lo hagan las Comunidades de Propietarios próximas, las asociaciones vecinales, las comunidades educativas…
Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Se declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas; una facultad pública por excelencia, como es la expropiatoria, se pone al servicio de unas compañías sin limitaciones razonables. La indefensión ciudadana va a ser mucho mayor y recordamos los centenares de casos de protestas, manifestaciones y concentraciones que se han producido ya en infinidad de lugares de todo el Estado cuestionando la ubicación de estas antenas.
Tal y como explican diversas federaciones de municipios que han enviado sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, la regulación de las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público, es una clara competencia local, en el marco de la normativa patrimonial básica estatal y propia de las entidades locales. La remisión a un Real Decreto, tal y como pretende esta ley, supone una vulneración de competencias. Es competencia autonómica y local determinar qué tipo de autorización o licencia es necesaria para las obras y edificaciones.
Estas organizaciones de municipios consideran además que las modificaciones de las instalaciones existentes, deberían ser como mínimo objeto de comunicación o declaración responsable ante la administración local, y recuerdan que fue el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 8/2012, de 18 de enero, el que contribuyó a delimitar el alcance de estas competencias, así como la posible imposición por parte de otras administraciones territoriales de límites al derecho a la ocupación del dominio público y la propiedad privada, siempre que ello sea necesario, para preservar los intereses públicos que tienen encomendados, entre ellos medioambientales, paisajísticos y urbanísticos, y respetando siempre los criterios de proporcionalidad y efectividad del servicio.
Un nuevo ejemplo de que el redactado del texto vulnera flagrantemente las competencias locales, tal y como explica en su escrito LocalRet, se produce al apuntarse en la ley que, ante un acto dictado en el ejercicio de las potestades locales correspondientes (disciplina urbanística, etc…), el Ministerio deberá mediar para encontrar «una solución negociada» y sin cuyo informe no se podrá aprobar el acto administrativo. Ello por no mencionar lo inadecuado de la expresión «solución negociada», pues entendemos que de lo que se trata es de ejercer potestades administrativas (estatales, autonómicas o locales), no de negociar soluciones en nombre o beneficio de las operadoras. Se pone en cuestión así competencias tradicionales de los municipios como son las de establecer limitaciones a la presencia de elementos que distorsiones la imagen de espacios protegidos por su valor arquitectónico, histórico, urbanístico… o condicionar la instalación de tendidos a la coincidencia temporal con obras de urbanización o de otros servicios y suministros.
So pretexto de simplificar y agilizar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, el Proyecto vacía de contenido las competencias municipales concurrentes en esta materia.
Además existen otros motivos para solicitar al Gobierno la devolución del texto, ya que. a pesar de lo que claramente se expone en la Exposición de motivos, «la presente Ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, siendo necesario por tanto, de acuerdo con la actual situación de evolución tecnológica, un marco regulatorio que proporcione la eliminación de las barreras que han dificultado un mayor grado de competencia en el mercado», la Agenda Digital para
Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Cabe recordar que estos objetivos fueron incorporados a la Agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013.
Por todo lo expuesto anteriormente, entendemos que la conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet debería permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad garantizada en sentido descendente superior a 6Mbit por segundo, debiéndose atender las solicitudes en unos plazos razonables, lo que no se recoge en el texto.
Además, el Proyecto establece que los operadores que explotan redes o prestan servicios de telecomunicaciones (comunicaciones electrónicas), tienen la obligación de verificar que los terceros a cuya disposición ponen su red disponen del correspondiente título habilitante para la utilización del espectro radioeléctrico, y para el caso no poseer tal título, los operadores tendrán que denegar el acceso a su red. Esta nueva obligación, que traslada a los operadores la labor inspectora o de policía que corresponde a la Administración, resulta contraria a las Directivas europeas, en cuanto al principio de neutralidad tecnológica y la desvinculación entre las redes de telecomunicaciones y los contenidos que por estas se difunden. De hecho, aquellas directivas prohíben la imposición de condiciones a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas más allá de las recogidas en la lista cerrada del Anexo I de la Directiva de Autorización, entre las cuales no se encuentra esa obligación impuesta en el Proyecto de Ley. Esta condición que pretende recogerse en el nuevo Proyecto, creará un gran riesgo de discriminación que perjudicará a las pequeñas operadoras, y beneficiará por enésima vez al operador dominante, que apenas se verá afectado por lo dispuesto con esta medida.
Efectivamente, la obligación que se pretende imponer a los operadores de verificar la situación legal de sus clientes atenta contra uno de los más firmes principios de la regulación de redes, consistente en que los titulares de redes de comunicaciones no son responsables de los contenidos transmitidos. Así, a modo de ejemplo, el titular de la red postal no es responsable del contenido de las cartas, ni el operador de telefonía del contenido de las conversaciones transmitidas. Esto es perfectamente extrapolable a cualquier otro operador de redes del ámbito que sea. Resultaría impensable el obligar a la compañía que suministra electricidad, agua o gas a un local comercial que, previamente a efectuar tales suministros, comprobase que la actividad que se realiza en dicho local (un restaurante por ejemplo) posee las correspondientes licencias de actividad y funcionamiento preceptivas, o que en el puesto de acceso a una autopista de peaje, además de pagar el precio correspondiente al mismo, hubiera que acreditarle al empleado de la cabina del peaje que el conductor dispone de permiso en vigor para conducir vehículos. Para esas comprobaciones, la Administración debe contar o crear los correspondientes servicios de inspección y control con los que velar por el cumplimiento de sus disposiciones legales pero sin añadir más obligaciones que las estrictamente necesarias, y tasadas a nivel comunitario, que garantizan la concurrencia e igualdad de condiciones de todo el mercado, liberalizado a escala europea...
Por otro lado, esta obligación de verificar si los terceros (radios o televisiones) a cuya disposición el operador pone su red y les presta servicios de telecomunicaciones implicará que el operador de red deberá, además, comprobar que el servicio audiovisual que le solicita acceso a su red técnica, no solo dispone de la habilitación para el uso del espectro, sino que se responsabilice de que éste cumple los concretos parámetros técnicos contenidos en el título que le habilite para el uso del espectro (ámbito de cobertura y zona de servicio, sistema radiante, alturas, PRA máxima, PSA del transmisor, ganancia, polarización, coordenadas geográficas, etc.). Es decir, que, aunque se emita en el canal radioeléctrico o frecuencia contenido en el título, si el resto de características técnicas se incumplen, es tanto como estar emitiendo sin título habilitante para el uso del espectro radioeléctrico.
Además si la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no garantizaba suficientemente los derechos de la ciudadanía en los aspectos de la colocación de las instalaciones de estaciones base de TM y otras instalaciones de radiofrecuencias RF, la Ley General de Telecomunicaciones lejos de solucionar este déficit va a agravarlo ya que aboga todavía por la desregularización, evita adoptar los más elementales principios de precaución, sobre todo cuando se están desarrollando actuaciones con posibles implicaciones a la salud de los ciudadanos, abandonando la prudencia en beneficio de las grandes corporaciones de la industria de las telecomunicaciones, con un gobierno que pone en grado preferente mantener en buena salud las cuentas de las operadoras.
Esta Ley no sirve para adoptar medidas que permitan proteger potenciales impactos contra la salud de los ciudadanos, y anula el derecho a la regulación que se debe hacer desde los ayuntamientos, que son la institución más cercana al ciudadano.
Diversas plataformas ciudadanas están abogando también por su retirada y esta enmienda a la totalidad responde a su iniciativa y a los documentos técnicos enviados, por ejemplo, por la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, asesorada y respaldada por científicos de la talla del catedrático de física condensada D. Agustín del Moral y la catedrática de magnetobiología Dña. María Jesús Azanza, ambos de la Universidad de Zaragoza, que han estado investigando para la OTAN en un proyecto sobre la exposición a las radiofrecuencias y microondas utilizadas en telecomunicaciones, así como el profesor universitario D. Ceferino Maestú. entre otros, ya que consideran que este segundo intento de modificar la Ley General de Telecomunicaciones elude los dos grandes debates que han tenido lugar desde la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones en 2003: El primero, a los efectos en salud de las ondas electromagnéticas, y el segundo, al papel que las diferentes administraciones públicas desempeñan en la protección frente a estos nuevos riesgos.
Las plataformas ciudadanas consideran que en el texto aprobado por el Gobierno no se hace eco de ninguna de las preocupaciones de los ciudadanos y solamente se recogen aspectos técnicos con el fin de favorecer el despliegue tecnológico con las menores trabas administrativas, llegando a indicar que «hasta se podría pensar» que el mismo proyecto de ley ha sido redactado por las propias operadoras en base a sus necesidades.
En el Estado español los riesgos de la exposición a estas ondas están reconocidos en el R.D. 1066/2001, sobre medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Estos límites se basan en la Recomendación Europea 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, norma totalmente obsoleta, ya que no ha sido revisada desde su publicación incumpliendo el artículo 7 de dicha ley, que regula que se han de realizar evaluaciones sanitarias de los riesgos por emisiones radioeléctricas. Tras 12 años, no se conoce ninguna evaluación, ni tienen en cuenta las Resoluciones de otros organismos públicos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea del Medio Ambiente, quienes han denunciado en diferentes ocasiones que los límites actuales están desfasados, pues no se han actualizado con las distintas investigaciones que se han producido desde entonces. Por ello, sería necesario la derogación el Real Decreto 1066/2001 y promulgar una normativa acorde con las resoluciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, respondiendo al principio de precaución.
De hecho existen diversas resoluciones del Parlamento Europeo donde se instan a los gobiernos nacionales a revisar sus normativas con medidas de protección para la salud y el medio ambiente:
— Resolución del 4 de septiembre 2008 del Parlamento Europeo sobre la Revisión Intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (2007/2252(INI)).
— Resolución del 2 de abril 2009 del Parlamento Europeo sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211(INI)).
El Consejo Europeo en su Resolución 1815 de 27 de mayo de 2011, aclara los puntos que hay que tener en cuenta para la protección de la población, como por ejemplo:
— Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en el interior (de los edificios), de conformidad con el principio de precaución, no superiores a 0,6 voltios por metro [0,1 μW/cm²] y reducirlo a medio plazo a 0,2 voltios por metro [0,01 μW/cm²].
— Prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas de un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y la adopción de medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de «zonas blancas» no cubiertas por redes inalámbricas.
— Diseñar, en el ámbito de los diferentes ministerios (Educación, Medio Ambiente y Sanidad), campañas de información dirigidas al profesorado, a madres y padres y a niños para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten microondas.
— Dar preferencia, para los niños en general y especialmente en las escuelas y en las aulas, a los sistemas de acceso a internet a través de conexión por cable (es decir, evitando la conexión inalámbrica Wifi) y de regular estrictamente el uso de los teléfonos de los estudiantes en el recinto escolar.
Desde el año 2000 se han publicado diferentes investigaciones que ponen de manifiesto que los efectos en la salud se producen a partir de niveles miles de veces por debajo de los que plantea la recomendación europea citada y el R.D. 1066/2001. Además, una parte significativa de la comunidad científica en la mayoría de países occidentales realiza llamamientos periódicos para advertir sobre los posibles riesgos en la salud delas ondas electromagnéticas.
En el Estado español las administraciones autonómicas y locales han sido más receptivas que la Administración General del Estado a las advertencias de la comunidad científica. De hecho algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado normas más garantistas que, entre otras cuestiones, rebajan sustancialmente los límites de emisión y establecen una mayor protección de los espacios ocupados habitualmente por personas. Las demandas y conflictos ante los tribunales han sido innumerables, conflictos que denotan un problema gravísimo.
Por ello, este Proyecto debiera también dejar claro la necesidad de priorizar el acceso a la red pública de comunicación por cable y el uso de la tecnología que minimice la exposición a radiaciones electromagnéticas, además de establecer la obligatoriedad de certificación de los aparatos de telecomunicaciones y límites de radiaciones electromagnéticas tolerable para la salud, exigiendo un etiquetado claro de los niveles de emisión y advertencias sobre posibles riesgos.
Sin embargo, el texto aprobado por el Gobierno solo pretende introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones regulando el uso del espectro radioeléctrico dando facilidades a las operadoras para el despliegue de sus redes para una prestación de servicios y negocios. Al mismo tiempo se pretende una mejora en la seguridad jurídica desde la perspectiva de la competitividad y la productividad con el único fin de garantizar y/o aumentar los beneficios económicos.
Queda demostrado que este proyecto de ley ignora el principio de precaución contemplado en el artículo 3 d) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: «La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran». No encontramos entre las recomendaciones consultadas para la elaboración de esta Ley las realizadas por instituciones europeas sobre peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente. Ni se atienden resoluciones científicas como el Informe Bioinitiative 2007/2012 sobre los efectos de los campos electromagnéticos, entre otros.
Por muy comprensible que pueda ser nuestra voluntad de desarrollar la tecnología que facilite la comunicación móvil entre las personas, este objetivo no se puede priorizar por encima de la protección de la salud, ni por encima de derechos como el de la inviolabilidad del domicilio. De nuevo, este Gobierno pretende legislar para los intereses privados empresariales por encima de la mínima capacidad de respuesta que se deja a los particulares que quedan afectados por esta normativa.
Pero, además, el Proyecto de Ley se olvida de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, al no poner coto a la generalización de unas relaciones contractuales en las que las empresas, desde una posición de dominio, imponen condiciones que conllevan la cautividad del abonado. También ignora las necesidades específicas de las personas con discapacidad y da la espalda a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Por todos estos motivos presentamos la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (121/000062).
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
Palacio del Senado, 18 de marzo de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Esta propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones se basa en tres cuestiones fundamentales: Se avanza en la desregulación pública en beneficio de la capacidad de la iniciativa privada, se produce otro proceso más de invasión de competencias, sean locales o autonómicas, y por último se abandonan los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud.
El texto supone otro ejemplo más de la continuada imposición de los mismos criterios que han enmarcado todas y cada una de las decisiones impulsadas por el PP: El abandono de toda la capacidad pública, retirando a los ayuntamientos y comunidades autónomas de poder regulatorio, con el único objetivo de beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones.
La Ley elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes den la licencia, por lo que las empresas ya no la necesitarán. Las competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil, si se aprueba el texto tal y como está redactado, van a desaparecer totalmente y no solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio, ya que la nueva ley le quita totalmente las competencias, sino también que se limita al extremo cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de dicha antena.
Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Se declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiación de bienes en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas. La indefensión ciudadana va a ser mucho mayor y recordamos los centenares de casos de protestas, manifestaciones y concentraciones que se han producido ya en infinidad de lugares de todo el Estado cuestionando la ubicación de estas antenas.
Un nuevo ejemplo de que el redactado del texto vulnera flagrantemente las competencias locales, tal y como explica en su escrito LocalRet, se produce al apuntarse en la ley que, ante un acto dictado en el ejercicio de las potestades locales correspondientes (disciplina urbanística, etc…), el Ministerio deberá mediar para encontrar «una solución negociada» y sin cuyo informe no se podrá aprobar el acto administrativo. Ello por no mencionar lo inadecuado de la expresión «solución negociada», pues entendemos que de lo que se trata es de ejercer potestades administrativas (estatales, autonómicas o locales), no de negociar soluciones en nombre o beneficio de las operadoras.
Entienden que so pretexto de simplificar y agilizar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, no se pueden dejar vacías de contenido las competencias municipales concurrentes en esta materia.
Además existen otros motivos para solicitar al Gobierno la devolución del texto, ya que. a pesar de lo que claramente se expone en la Exposición de motivos, «la presente Ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, siendo necesario por tanto, de acuerdo con la actual situación de evolución tecnológica, un marco regulatorio que proporcione la eliminación de las barreras que han dificultado un mayor grado de competencia en el mercado», la Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Cabe recordar que estos objetivos fueron incorporados a la Agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013.
Diversas plataformas ciudadanas están abogando también por su retirada y esta propuesta de veto responde a su iniciativa y a los documentos técnicos enviados, por ejemplo, por la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, asesorada y respaldada por científicos de la talla del catedrático de física condensada D. Agustín del Moral y la catedrática de magnetobiología Dña. María Jesús Azanza, ambos de la Universidad de Zaragoza, que han estado investigando para la OTAN en un proyecto sobre la exposición a las radiofrecuencias y microondas utilizadas en telecomunicaciones, así como el profesor universitario D. Ceferino Maestú entre otros, ya que consideran que este segundo intento de modificar la Ley General de Telecomunicaciones elude los dos grandes debates que han tenido lugar desde la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones en 2003: El primero, a los efectos en salud de las ondas electromagnéticas, y el segundo, al papel que las diferentes administraciones públicas desempeñan en la protección frente a estos nuevos riesgos.
Las plataformas ciudadanas consideran que en el texto legislativo no se hace eco de ninguna de las preocupaciones de los ciudadanos y solamente se recogen aspectos técnicos con el fin de favorecer el despliegue tecnológico con las menores trabas administrativas, llegando a indicar que «hasta se podría pensar» que el mismo proyecto de ley ha sido redactado por las propias operadoras en base a sus necesidades.
En el Estado español los riesgos de la exposición a estas ondas están reconocidos en el R.D. 1066/2001, sobre medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Estos límites se basan en la Recomendación Europea 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, norma totalmente obsoleta, ya que no ha sido revisada desde su publicación incumpliendo el artículo 7 de dicha ley, que regula que se han de realizar evaluaciones sanitarias de los riesgos por emisiones radioeléctricas. Tras 12 años, no se conoce ninguna evaluación, ni tienen en cuenta las Resoluciones de otros organismos públicos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea del Medio Ambiente, quienes han denunciado en diferentes ocasiones que los límites actuales están desfasados, pues no se han actualizado con las distintas investigaciones que se han producido desde entonces.
Por todos estos motivos presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones pidiendo su devolución al Congreso de los Diputados.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
Palacio del Senado, 18 de marzo de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
Las telecomunicaciones son un elemento imprescindible de la sociedad actual. Ya no constituyen únicamente una herramienta de comunicación entre personas, sino que impregnan casi todas nuestras acciones durante la actividad diaria. Por tanto, es imprescindible una nueva y completa regulación que proporcione estabilidad y seguridad jurídica para fomentar la inversión, que promueva la competencia efectiva en el mercado, que facilite el despliegue de redes adecuadas que lleguen a toda la población, que fomente el aumento del capital tecnológico y del conocimiento en la economía y mejore la competitividad de nuestras empresas, y que proteja los derechos de la ciudadanía como usuarios y fortalezca la capacidad de las administraciones públicas para vigilar y defender los intereses de la sociedad frente a los posibles abusos o distorsiones que se puedan generar.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que envía el Gobierno no cumple con estas expectativas y, tras su tramitación parlamentaria por el Congreso de los Diputados, llega al Senado incompleto, con muchas carencias que impiden considerarlo como la Ley General que necesita el sector y que han motivado la presentación de esta enmienda de veto.
Para empezar, el Gobierno no ha sido nada ambicioso al incorporar las nuevas orientaciones que nos proporcionan los acuerdos y normativa que surgen de la Unión Europea en aspectos tan importantes como el despliegue de redes ultrarrápidas o la debida protección de los consumidores. En este sentido, el Ejecutivo del Partido Popular vuelve a romper el equilibrio de la obligada defensa del interés general, a cambio de favorecer los intereses de los grandes operadores empresariales del sector, con la tramposa teoría de que la creación de empleo esperada es un fin que justifica las posibles externalidades negativas.
Además, no se han tenido suficientemente en cuenta la opinión y sugerencias de la mayoría de los informes preceptivos que ha recibido el Gobierno valorando la propuesta de anteproyecto desde la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social, la Agencia Española de Protección de Datos o, el Consejo Económico y Social.
Uno de los aspectos que más preocupan es la perdida de independencia del organismo regulador para desarrollar de forma independiente y eficaz la supervisión y la regulación de los mercados de telecomunicaciones. Así, según el texto propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pierde hasta veinte competencias que se traspasan al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a otros departamentos ministeriales.
El informe del Consejo Económico y Social advierte que el texto debilita la independencia del organismo regulador y pone en peligro el propio objetivo del proyecto de ley de fomentar y garantizar la competencia.
Los objetivos, principios, y obligaciones que se derivan del marco regulatorio de la Unión Europea de este sector exigen la existencia de autoridades nacionales de regulación independientes y con amplias competencias. Y este texto consigue todo lo contrario. En este sentido, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno de los peligros que puede generar la falta de competencias de la CNMC y ha amenazado con la apertura de un expediente sancionador.
También, hay que denunciar la posible vulneración de competencias de otras administraciones territoriales en materias de ordenación del territorio y normativa urbanística. Y esto es debido principalmente, a la falta de lealtad institucional del Gobierno del Partido Popular a la hora de proponer un texto normativo con implicaciones tan importantes sin la debida y necesaria consulta y coordinación con las diferentes administraciones con competencias.
Tampoco estamos de acuerdo con el tratamiento que hace el proyecto de ley sobre la neutralidad de la red, un aspecto imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso libre de los ciudadanos a la tecnología y a cualquier contenido que circule libremente por Internet.
Con este texto, el Gobierno presenta una propuesta legislativa sobre uno de los pilares básicos para el desarrollo de la sociedad actual, la sociedad digital. Y lo hace sin responder con decisión y valentía a las demandas de la sociedad, que necesita un verdadero marco normativo que facilite el despliegue de las infraestructuras de red más innovadoras y competitivas garantizando los principios de cohesión social y territorial, que reduzca la brecha digital, que impulse la competencia entre los operadores en beneficio de servicios de mayor calidad y refuerce la defensa de los intereses de los consumidores frente a cualquier tipo de abuso.
Por todo lo anterior, proponemos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados.