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Timestamp: 2018-10-19 20:05:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 17', 'Artículo 14', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 75', 'artículo 44']

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LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON EL FIN DE ESTABLECER LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA
CRISTIANE AQUINO DE SOUZA
Resumen: Este trabajo pretende señalar la evolución de las medidas tendentes a establecer la
igualdad entre mujeres y hombres en España. En un primero período, predominaron las reformas
legales destinadas a la erradicación de la discriminación de género ante la ley. En un momento
posterior, las medidas adoptadas pretendieron no sólo abolir las discriminaciones legales todavía
existentes, sino, principalmente, alcanzar la igualdad efectiva. Se describen algunas medidas
adoptadas en esos dos períodos, con la intención de posibilitar la identificación del contexto
histórico-jurídico que contribuyó a la adopción de varias leyes españolas recientes y polémicas.
Palabras clave: evolución, medidas, igualdad, género, España.
Abstract: This work aims to show the evolution of measures that tend to establish equality between men and women in Spain. At first, legal reforms seeking the elimination of gender discrimination under law predominated. Subsequently, policies were adopted aiming not only to abolish
legal discrimation that still existed, but mostly to reach effective equality. This article describes
some measures adopted during these two periods making it possible to identify the legal-historical
context that contributed to the adoption of many Spanish recent and polemic laws.
Keywords: evolution, measures, equality, gender, Spain.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. LAS MEDIDAS TENDENTES A ABOLIR LA DISCRIMINACIÓN ANTE LA LEY, III. LAS MEDIDAS TENDENTES A ESTABLECER LA IGUALDAD
REAL, IV. BIBLIOGRAFÍA
Como destaca REY MARTÍNEZ, “la discriminación sufrida por las mujeres es la
más antigua y persistente en el tiempo, la más extendida en el espacio, la que más formas
ha revestido y la más primaria, porque siempre se añade a todas las demás”1. En el marco
Fecha de recepción: 20 de mayo de 2010.
Doctoranda en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Becaria de la Agencia Española de
REY MARTÍNEZ, F., El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, McGraw-Hill,
Madrid, 1995, p. 1.
RJUAM, nº 21, 2010-I, pp. 11-32
jurídico esta discriminación por razón de sexo ha significado la negación a las mujeres de
los derechos básicos para el ejercicio de la ciudadanía. La situación ha ido evolucionando
a lo largo del tiempo, principalmente en el último siglo, en paralelo a la cambiante realidad
social2. Al referirse a la revolución social del siglo XX, Eric HOBSBAWN menciona el
cambio de papel de las mujeres:
lo que cambió en la revolución social no fue sólo el carácter de las actividades
femeninas en la sociedad, sino también el papel desempeñado por la mujer o las
expectativas convencionales acerca de cuál debía ser ese papel, y en particular las
ideas sobre el papel público de la mujer y su prominencia pública3.
En este sentido, RUIZ MIGUEL afirma que la revolución de las mujeres es mencionada
como la única verdaderamente triunfante en el último siglo y añade que si se trató de una
revolución, esta estaría por finalizar, “en alguna medida pendiente y a la vez en marcha”4.
En tal contexto, la situación jurídica de la mujer en España también ha evolucionado
enormemente en el último siglo, principalmente a partir de la segunda mitad del mismo. En
un primer período, predominaron las reformas legales con el fin de abolir la discriminación
entre hombres y mujeres ante la ley. Se pretendió, principalmente, eliminar la previsión
de normas que situaban a las mujeres en un nivel inferior y les impedían el acceso a posiciones y derechos en razón de su sexo. Esto constituía una violación de la igualdad en
su sentido predominantemente formal. Este período se concentra principalmente entre la
época inmediatamente anterior y posterior a la democratización, es decir, en las décadas
En un momento posterior, que se inicia en la década de 1980 y se desarrolla en mayor
medida a partir de la década de 1990, las medidas adoptadas pretendieron no sólo abolir las
discriminaciones legales todavía existentes, sino, principalmente, alcanzar la igualdad efectiva. Para ello, se adoptaron planes de igualdad y leyes con el fin de eliminar los obstáculos
de carácter fáctico que dificultan la consolidación de la igualdad efectiva entre los sexos.
DEMA MORENO, S., A la igualdad por la desigualdad: La acción positiva como estrategia para combatir
la discriminación de las mujeres, KRK, Oviedo, 2000, p. 13.
HOBSBAWM, E., Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Michael Joseph, Londres,
1994, trad. cast. Historia del siglo XX, 6ª ed., trad. Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells, Crítica, Barcelona,
2003, p. 315.
RUIZ MIGUEL, A., “Ciudadanía y derechos de las mujeres: Un largo camino abierto”, en TERESA GALLEGO,
Mª.; GUTIÉRREZ, P. y MARTÍNEZ TEN, C. (coord.), El movimiento feminista en España en los años 70, Cátedra/
Universitat de València, Madrid, 2009, p. 133.
LAS MEDIDAS TENDENTES A ABOLIR LA DISCRIMINACIÓN ANTE LA
Aunque no es el objetivo de este trabajo comentar todos los derechos establecidos
progresivamente con el fin de abolir la discriminación entre hombres y mujeres, sería
conveniente destacar algunas de las reformas legales realizadas principalmente entre el
mencionado período inmediatamente anterior y el posterior a la democratización. Eventualmente se podrá hacer alguna alusión excepcional a reformas no enmarcadas en este espacio
temporal, como es el caso del derecho al voto, conquistado por las mujeres en 1931. Con
el intento de facilitar la lectura de este apartado, se ha separado su estudio en cuatro partes:
la primera, concierne al ámbito del derecho penal; la segunda, al del derecho político; la
tercera, al del derecho civil y la cuarta, al del derecho laboral.
En el marco del derecho penal, la dictadura de Franco reintrodujo los delitos de adulterio y amancebamiento, así como el derecho del marido y del padre a “lavar su honra con
sangre”5. Este derecho consistía en el privilegio atenuante a favor del marido que mataba
a su esposa sorprendida en adulterio, beneficio que era extensivo a los padres en relación a
las hijas6. El art. 428 CP de 1944 determinaba:
El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los
adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será
castigado con pena de destierro. Si les produjera lesiones de otra clase quedará
exento de pena. Estas reglas son aplicables en análogas circunstancias, a los padres, respecto de sus hijas menores de veintitrés años y sus corruptores, mientras
aquéllas vivieren en la casa paterna. El beneficio de este artículo no aprovecha a
los que hubieren promovido, facilitado o consentido la prostitución de sus mujeres
En razón de la levedad de la pena de destierro, la citada disposición configuraba una
cuasi excusa absolutoria para el marido y el padre7. Se llegó a mencionar que se trataba de
“un incentivo para el crimen más que una disuasión o verdadera pena”8. Este artículo evidenciaba la discriminación penal de las mujeres, toda vez que no había norma equiparable
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, en BORREGUERO, C.; CATENA,
E.; DE LA GANDARA, C. y SALAS, M. (dir.), La mujer española: De la tradición a la modernidad (1960-1980),
Tecnos, Madrid, 1986, p. 84.
SUAY HERNÁNDEZ, C., “Las mujeres, la Constitución y las normas penales”, en AA.VV. Mujer y
Constitución en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 596.
Idem, p. 596.
LACASTA ZABALZA, J.I., “Género y ambivalencia del Derecho y de su sistema penal”, en Análisis del
Código Penal desde la perspectiva de género, Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz 1998,
para el caso de la mujer respecto a la muerte del marido en las mismas condiciones9. El
precepto comentado, que había sido eliminado del Código Penal en la reforma republicana
de 1932, fue reintroducido en la reforma franquista de 1944 y finalmente derogado en 1963
(Decreto de 21-3-1963), por la misma dictadura, que se vio obligada a expurgarlo10.
La despenalización de los delitos de adulterio y amancebamiento se produjo mediante
la Ley 22/1978. Anteriormente, existía una situación de desigualdad, pues el adulterio era
considerado delito exclusivo de la esposa, al tiempo que la infidelidad conyugal del marido
se configuraba como amancebamiento. Además, mientras que la esposa cometía delito de
adulterio solamente con yacer con un varón que no fuera su marido, la conducta de éste
sólo daba lugar al amancebamiento cuando obligaba a la esposa a soportar a la amante en
el domicilio conyugal o cuando mantenía fuera de casa notorias relaciones de adulterio11.
La Ley 46/1978, de 7 de octubre, reformó la tipificación de los delitos de rapto y de
estupro. El sujeto pasivo de estos crímenes era la mujer en exclusiva, y la reforma amplió
a los hombres el ámbito de los sujetos pasivos12.
Las prescripciones derogadas que se han mencionado reforzaban la potestad y el
dominio del marido y del padre sobre la esposa e hija respectivamente, así como el valor
social de la “honestidad” que la mujer era compelida a atender, en detrimento de su libertad.
Otras disposiciones, también suprimidas, además de proteger el modelo de mujer “honesta”
imperante en la sociedad, “reconducían a la mujer hacia la maternidad y le negaban la disposición sobre su propio cuerpo y sexualidad”13. Hasta 1978, se dificultaba la adquisición
de medios anticonceptivos a través de la criminalización de comportamientos como la
“expedición, venta, divulgación y propaganda” de anticonceptivos. Con la Ley 45/1978 se
produjo la despenalización de tales conductas, hasta el momento sancionadas con la pena
de arresto mayor y multas14.
Sobre la despenalización del aborto es oportuno mencionar que en 1982 el gobierno
socialista presentó un proyecto para suprimir la punibilidad del aborto en tres supuestos:
de peligro para la vida, la salud física o psíquica de la embarazada (terapéutico); de que
el embarazo fuera consecuencia de una violación (ético), o que se presumiera que el feto
pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas (eugenésico). El texto definitivo de este
Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado por el Senado el 30 de noviembre de 1983. No
obstante, fue sometido a recurso previo de inconstitucionalidad (n.800/1983) interpuesto
por el Grupo Popular. Tras el análisis de este recurso, el Tribunal Constitucional decidió en
favor de la constitucionalidad del Proyecto (STC 53/1985, de 11 de abril), con la salvedad
SUAY HERNÁNDEZ, C., “Las mujeres, la Constitución y las normas penales”, op. cit., p. 596.
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., p. 87.
GARRIDO, E. (ed.), Historia de las mujeres en España, Síntesis, Madrid, 1997, p. 562.
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., p. 91.
SUAY HERNÁNDEZ, C., “Las mujeres, la Constitución y las normas penales”, op. cit., pp. 598 y 599.
GARRIDO, E. (ed.), Historia de las mujeres en España, op. cit., p. 562.
de algunos aspectos que fueron subsanados por el Parlamento15. Mediante esta decisión,
se pudo aprobar la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que despenalizó el aborto en los
supuestos ya mencionados16. El 5 de julio de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo17.
Esta ley permite que se interrumpa el embarazo dentro de las primeras catorce semanas
de gestación a petición de la embarazada, cuando se observen ciertos requisitos18. Por otro
lado, cuando no se supere la vigésima segunda semana de gestación, es posible interrumpir
el embarazo siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo
de graves anomalías en el feto. Cabe resaltar que la ley no requiere la observancia de este
plazo en el caso de que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando
se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable. La Ley Orgánica
2/2010 ha modificado el artículo 145 del Código Penal para limitar la pena prevista para la
mujer que consiente o se practica un aborto sin atender a los requisitos legales, por lo que
se ha eliminado la previsión de pena privativa de libertad y en determinados supuestos se
ha impuesto penas en sus mitades superiores.
Sobre la conquista de los derechos políticos de la mujer es apropiado destacar, como
lo hace RUIZ MIGUEL, que lo que se denominó en Europa durante el siglo XIX la lucha
por el sufragio “universal” se refería exclusivamente al sufragio masculino. Además, en
muchos países se observa la misma distancia (aproximadamente entre 50 y 100 años) “entre
el paso del sufragio censitario al universal masculino como entre este último y el sufragio
propiamente universal”19. Considerando como momento general del comienzo del sufragio
censitario los inicios del siglo XIX, se puede citar como ejemplo de la mencionada relación
los Estados Unidos en que el sufragio “universal” masculino data de 1890 y el femenino
de 1920, Francia (1848/1945) y España (1890/1931). Sin embargo, en algunos países esta
distancia es más corta, como en Nueva Zelanda, que fue el primer país a reconocer el derecho al voto de las mujeres (1879/1893) y Reino Unido (1918/1928)20.
Así pues, el derecho de las mujeres al voto fue conquistado en cada país a lo largo
del siglo XX, y de esa manera la expresión sufragio universal, que era usada equivoEl Tribunal Constitucional “exigió al legislador que adoptara ciertas cautelas procedimentales para
garantizar la vida en formación como bien jurídico”, como afirma SUAY HERNÁNDEZ, C., “Las mujeres, la
Constitución y las normas penales, op. cit., p. 609.
GARRIDO, E. (ed.), Historia de las mujeres en España, op. cit., p. 563.
Setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular interpusieron un Recurso de inconstitucionalidad
(núm. de registro 4523-2010) contra varios artículos de esta Ley, por medio del cual solicitaban la suspensión
de los preceptos impugnados y su posterior declaración de inconstitucionalidad. En el Auto 090/2010, de 14
de julio de 2010, el Tribunal Constitucional ha denegado la suspensión solicitada.
“a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de
apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley. b)
Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior
y la realización de la intervención” (Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2010).
RUIZ MIGUEL, A., “Ciudadanía y derechos de las mujeres: un largo camino abierto”, op. cit., p. 150.
Ídem, p. 151.
cadamente sólo para el voto masculino, pasó a ser legítima21. En España, las mujeres
tuvieron primeramente el derecho de sufragio pasivo, toda vez que tras la instauración de
la II República, el Decreto de 8 de mayo de 1931, vigente sólo para las elecciones a las
Constituyentes, reconoció la calidad de elegibles a las mujeres y al clero. En las Cortes
Constituyentes de 1931 fueron elegidas diputadas dos mujeres por sufragio universal
masculino: Victoria Kent y Clara Campoamor. En seguida, una Comisión parlamentaria
elaboró un proyecto de Constitución, cuyo art. 34 determinaba: “los ciudadanos de uno y
otro sexo, mayores de veintiún años, tendrán los mismos derechos electorales, conforme
determinan las leyes”22.
La votación de este artículo, verificada el día 1 de octubre de 1931, fue precedida de
calurosos debates parlamentarios. Una parte de los diputados se mostraba contra el voto
femenino por prejuicios sobre la capacidad de la mujer. Otra parte de los diputados se oponía
al voto femenino por considerar que la concesión del derecho al voto a las mujeres amenazaba los ideales progresistas de la República, en razón de la presunción de que ellas eran
en su mayoría conservadoras, y estaban influidas por sus maridos o por los sacerdotes23, es
decir, que basaban su discurso en la dependencia y falta de autonomía de las mujeres24. Este
era el pensamiento incluso de la diputada Victoria Kent, que por estas razones consideraba
que no era el momento de otorgar el voto femenino a la mujer española25. Por otra parte,
la diputada Clara Campoamor fue la protagonista26 en la defensa del derecho al voto de
la mujer en España, contestando a todas las intervenciones presentadas en contra de este
derecho y ofreciendo varios argumentos para la conquista del sufragio femenino, entre
estos, los de índole moral:
es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer, ser humano, todos
también, el postulado de que sólo aquél que no considere a la mujer un ser humano
es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben
ser los mismos para la mujer que para el hombre27.
VALCÁRCEL, A., “El voto femenino en España: La Constitución del 31 y Clara Campoamor”, en El debate
sobre el voto femenino en la Constitución de 1931, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 2001, Madrid,
VILLALAÍN GARCÍA, P., La mujer y política: La participación de la mujer en las elecciones generales
celebradas en Madrid durante la II República (1931-1936), Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pp. 57 y ss.
GARCÍA-MERCADAL, F., La presencia de la mujer en la vida política y parlamentaria española: De la
conquista del voto femenino a la democracia paritaria, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 2005,
NASH, M., Mujeres en el mundo: Historia, retos y movimientos, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 146.
FAGOAGA, C. y SAAVEDRA, P., Clara Campoamor: La sufragista española, Instituto de la Mujer, Madrid,
2007, p. 158.
VALCÁRCEL, A., “El voto femenino en España: La Constitución del 31 y Clara Campoamor”, op. cit., p. 12.
CAMPOAMOR, C., El voto femenino y yo, Madrid, horas y HORAS, 2006, p. 119.
Tras los debates, el artículo 34 del proyecto de Constitución (art. 36 de la Constitución)
fue aprobado con 161 votos favorables y 121 votos en contra. Así pues, por sólo cuarenta
votos de diferencia, la mujer adquirió el derecho al voto en España28. No obstante, posteriormente se intentó obstruir esta conquista29, al ser presentada una enmienda para añadir
una disposición transitoria con el fin de diferir el sufragio de las mujeres30. La enmienda,
votada el 1 de diciembre de 1931, recibió el apoyo de 127 diputados y el rechazo de 131
de ellos. De esa forma, por tan sólo cuatro votos se estableció de manera definitiva en la
Constitución republicana el derecho al voto de la mujer.
En razón del papel que ocupaban las mujeres en el ámbito familiar y social de aquella
época fue muy escasa la participación política femenina durante la II República31. Solamente
cinco mujeres obtuvieron escaño en la elección de 1933 y seis en la de 193632. La guerra
civil española en el período 1936-1939 y la posterior dictadura de Franco desde 1939 a 1975
supuso una ruptura para los derechos políticos en general, y en particular para la posibilidad
de evolución de la participación de las mujeres en la política33. El 15 de junio de 1977 se
celebraron en España las primeras elecciones después de la redemocratización, que reimplantó el sufragio directo y secreto con carácter universal por medio de la Ley Electoral de
15 de marzo de 197734. Las mujeres representaron un 6% del total de las personas electas.
Actualmente, el porcentaje de mujeres electas para el Congreso de los Diputados es del
36,3%35, lo que representa una cantidad seis veces mayor. Se puede destacar que la única36
discriminación normativa por razón de sexo que permanece en el marco de los derechos
políticos en España consiste en la preferencia al varón en la sucesión del trono, establecida
en el art. 57.2 de la Constitución Española vigente37.
conquista del voto femenino a la democracia paritaria, op. cit., p. 38.
celebradas en Madrid durante la II República (1931-1936), op. cit., p. 67.
La disposición transitoria determinaría que “El derecho de sufragio acordado a la mujer por el artículo 36
de esta Constitución será efectivo en las primeras elecciones municipales que se celebren. Para las que afectan
a la representación de Corporaciones regionales o provinciales y para las legislativas, el sufragio femenino no
entrará en vigor hasta la primera que se convoque después de haberse llevado a efecto totalmente la renovación
de los actuales Ayuntamientos”.
RAPOSO, C., “La participación política de las mujeres”, en SALAS, M. y otras, Españolas en la transición:
De excluidas a protagonistas (1973-1982), Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 219.
conquista del voto femenino a la democracia paritaria, op. cit., p. 39.
RAPOSO, C., “La participación política de las mujeres”, op. cit., p. 219.
conquista del voto femenino a la democracia paritaria, op. cit., p. 40.
Instituto de la Mujer. http://www.inmujer.es.
FOLGUERA, P., “De la transición política a la paridad”, en FOLGUERA (coord.), El feminismo en España:
Dos siglos de historia, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2007, p. 165.
TORRES DEL MORAL, A., “La sucesión en la Corona y en los títulos nobiliarios”, en AA.VV., Mujer y
Constitución en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p.185.
En el ámbito civil se debe mencionar que el Código Civil español de 1889 fue elaborado bajo la influencia del francés de 180438 (Código de Napoleón) que, a su vez, muestra
una acentuada inspiración romana. El antiguo Derecho Romano se basaba en la familia
patriarcal, en la que la mujer se encontraba sometida a la autoridad de un hombre en la
esfera jurídico-privada39, fuera el padre, el marido, el hijo, etc. Así pues, la mujer casada
estaba sometida a la autoridad del marido, que era el jefe de la familia y ejercía en exclusiva
la patria potestad sobre los hijos de ambos40.
En España, hasta 1975 no ha habido ninguna modificación sustancial respecto a la
desigualdad de la mujer con relación a los varones en el Derecho civil. Sin embargo, ha
habido algunas modificaciones anteriores que se pueden destacar, como la provocada por la
Ley de 24 de noviembre de 1958, que entre otras disposiciones pasó a exigir que el marido
obtuviese el consentimiento de la mujer para enajenar y obligar a título oneroso bienes inmuebles o establecimientos mercantiles de la sociedad de gananciales41. No obstante, esta
ley no rompió con el principio de la autoridad marital42 pues, de acuerdo con la Exposición
de Motivos: “por exigencias de la unidad matrimonial existe una potestad de dirección
que la naturaleza, la religión y la Historia atribuyen al marido”. Éste seguía ejerciendo en
exclusiva la administración de los bienes muebles de la sociedad de gananciales, de manera
que la mujer casada asalariada no podía siquiera administrar los productos de su trabajo
personal, derecho que era reconocido a las mujeres francesas desde 190743.
En 1970 (Ley de 4 de julio) se suprimió la posibilidad de que el padre pudiese dar a
los hijos en adopción sin consentimiento de la madre44. Dos años después, a través de la
Ley de 22 de julio de 1972, se eliminó el precepto que prohibía a las hijas mayores de edad,
pero menores de 25 años, abandonar la casa de sus padres sin su consentimiento, salvo para
casarse o profesar la religión. Esta norma no existía en ninguna legislación comparada, salvo
en el anterior Código Civil de Cuba, que consistía en una adaptación del español45.
En 1975, algunos meses antes de la muerte de Franco, fue promulgada la Ley 14
(de 2 de mayo), que permitía un cambio de orientación, pues eliminó la disposición que
establecía el deber de obediencia de la mujer al marido, y preveía la reciprocidad entre los
ALVENTOSA DEL RÍO, J., “Situación jurídica de la mujer en el ámbito del derecho civil español”, en DURÁN,
P.. (Coord.), Mujeres y derecho, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1998, p. 37.
JIMÉNEZ BEMEJO, M., “La paridad de los esposos, medio eficaz de la defensa familiar”, en Asociación
Española de Mujeres Juristas, Derechos que no tiene la mujer, Editorial Reus, Madrid, 1973, p. 34.
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., p. 86.
ALVENTOSA DEL RÍO, J., “Situación jurídica de la mujer en el ámbito del derecho civil español”, op. cit.
TELO NÚÑEZ, M., “Derechos que no tiene la mujer”, en Asociación Española de Mujeres Juristas, Derechos
que no tiene la mujer, Editorial Reus, Madrid, 1973, p. 162.
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., p. 89.
MARSA VANCELLS, P., “Situación jurídica de la mujer en el derecho civil comparado”, en Asociación
Española de Mujeres Juristas, Derechos que no tiene la mujer, Editorial Reus, Madrid, 1973, p. 71.
cónyuges46. En este sentido, se erradicó la licencia marital, vejatoria para la mujer, que
limitaba la capacidad de la casada, pues le impedía ejercer una serie de importantes actos
de la vida civil sin la autorización del marido. Así pues, a partir de esta ley, se permitió a la
mujer disponer libremente de sus bienes parafernales, aceptar herencias, comparecer por
sí en juicio, contratar, ser tutor, albacea, etc., sin necesitar del asentimiento de su cónyuge.
Además, la mujer quedó exenta de la obligación de seguir al marido, pues el domicilio se
debía elegir de común acuerdo entre los cónyuges. Sin embargo, esta igualdad no sería absoluta toda vez que, si había hijos menores de edad, prevalecía la opinión de quien ejercía
la patria potestad, y el padre continuó conservando la exclusiva del ejercicio de la patria
potestad sobre los hijos de ambos47.
A partir de la mencionada Ley, la mujer no perdería la nacionalidad al contraer matrimonio con un extranjero aunque adquiriera la nacionalidad del marido por la ley de aquel
país. La gravedad de la norma reformada fue señalada por TELO NÚÑEZ, que aseveró
por el simple hecho de casarse con un extranjero, la mujer veía anulada toda
su vida anterior y empezaba a ser tratada como si de una auténtica extranjera se
tratase. En caso de residir con su marido en España se le obligaba a adquirir carta
de residente, como si de una extranjera se tratase48.
Aunque estas reformas hayan sido importantes, continuaron existiendo significativas
discriminaciones en el Código Civil español, toda vez que, como han destacado algunos
sectores feministas, el padre permaneció con la primacía en el desempeño de la patria potestad y en la administración de los bienes gananciales49.
Tras la definitiva implantación de la democracia, la Constitución Española de 1978
establece (art. 32.1) que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en
plena igualdad jurídica”. Además, prevé la igualdad de derechos entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y posibilita la investigación de paternidad (art. 39.2 CE). Anteriormente, tener hijos fuera del matrimonio representaba una condena social tanto para la
mujer como para su hijo/a. El hombre quedaba protegido por la prohibición de investigación
de la paternidad, prohibición que se estableció en la Revolución Francesa, para apartar a
los varones de los escándalos a los que se veían sometidos por sus frecuentes adulterios.
Por lo tanto, la mujer tenía que asumir en solitario las cargas de criar un hijo, teniendo
que enfrentarse a una sociedad que no la aceptaba ni a ella ni a su hijo. Con la posibilidad
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., pp.89-90.
TELO NÚÑEZ, M., “Derechos que no tiene la mujer”, op. cit., p. 158.
de investigación de paternidad se puede corresponsabilizar a los varones, para que ellos
asuman los deberes de la paternidad50. Por eso, la igualdad entre los hijos habidos dentro
y fuera del matrimonio y la investigación de paternidad protege directamente a los niños e
indirectamente a las madres51.
La Constitución de 1978 provocó la elaboración de varias Leyes reformadoras del
Código Civil, principalmente en lo que respecta al Derecho de familia52. El ejercicio de
la patria potestad de manera exclusiva por el padre representaba un relevante símbolo del
tratamiento inferior conferido a la mujer. En la Ley 11/1981, de 13 de mayo, se determina
que la patria potestad debe ser ejercida por padre y madre conjuntamente y, finalmente, se
establece la solicitada igualdad entre los cónyuges en cuanto a la administración y disposición de los bienes gananciales53.
También en 1981, por medio de la Ley 30 de 7 de julio, se establece el derecho al
divorcio. La elaboración de esta ley fue acompañada de mucha controversia, ya que sus
disposiciones eran contrarias a la doctrina de la Iglesia católica y su aprobación se debe,
en gran medida, al entonces Ministro de la Justicia, Francisco Fernández Ordóñez54. En
1982, a través de la aprobación de la Ley de 13 de julio, se modificó el artículo del Código
Civil que confería la supremacía del padre en la determinación de la nacionalidad del hijo,
de manera que el hijo de madre española y padre extranjero sería español solamente en el
caso de que no siguiera la nacionalidad del padre. En la mencionada Ley se afirma que son
españoles los hijos de padre o madre españoles indistintamente55.
En el ámbito laboral, la legislación tradicionalmente se ha basado en la división sexual
del trabajo “que ponía a la mujer en el centro de la unidad familiar, de las responsabilidades
por hijos y del trabajo doméstico”56 y al hombre como el encargado de ejercer una actividad extradoméstica remunerada para sostener a todos los miembros de la familia. Esta
concepción sobre el rol de la mujer en la sociedad repercutió en la proliferación de normas
protectoras y de normas abiertamente discriminatorias57.
VENTURA FRANCH, A., “Las mujeres, la Constitución y el derecho de familia”, en AA.VV. Mujer y
Constitución en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 483 y ss.
En conformidad con lo que señala BERCOVITZ, R. apud. VENTURA FRANCH, A., “Las mujeres, la Constitución
y el derecho de familia”, op. cit., p. 492.
ALVENTOSA DEL RÍO, J., “Situación jurídica de la mujer en el ámbito del derecho civil español”, op. cit.,
TELO NÚÑEZ, M., “La evolución de los derechos de la mujer en España”, op. cit., p. 92.
BALLESTER, M. A., Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden laboral, Tirant
lo Blanch, Valencia, 1994, p. 182.
PÉREZ DEL RÍO, T., El principio de igualdad: No discriminación por razón de sexo en el derecho del
trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1984, p. 82.
Se resalta que “las primeras manifestaciones de la normativa protectora de la mujer en
el trabajo coinciden con las primeras manifestaciones del propio Derecho del Trabajo”58. En
España, al igual que en otros países, se aprobaron varias leyes laborales dirigidas específicamente a las mujeres y a los menores. Se establecieron normas de protección a la maternidad como el descanso obligatorio de la trabajadora tras el parto (La Ley sobre Trabajo de
Mujeres y Menores, de 13 de marzo de 1900, adoptó tres semanas obligatorias de descanso,
que fue ampliado a un mínimo de cuatro semanas por la Ley de 8 de enero de 1907)59 y se
prohibió el trabajo nocturno de la mujer en talleres y fábricas (Ley de 11 de julio de 1912).
Los autores afirman que esta norma pretendía impedir la compatibilidad de funciones entre
el trabajo de ama de casa durante el día, y en la fábrica por la noche, lo que perjudicaba la
función social y familiar a ella asignada y evitaba el riesgo de la prostitución60. Además, se
impuso una jornada máxima específica (Ley de jornada máxima de 1 de julio de 1931), se
vetó a las mujeres la realización de tareas consideradas nocivas o peligrosas (Decreto de 26
de julio de 1957)61 y se establecieron determinadas condiciones de trabajo especiales (Ley
de 27 de febrero de 1912, “Ley de la silla”, que establecía el derecho de la mujer a disponer
de un asiento destinado exclusivamente a ella).
Además de las normas protectoras mencionadas, hubo otras, de manera que el rol de
este tipo de norma es bastante amplio e indica una preocupación en privilegiar la función
familiar de la mujer y reforzar la idea de “secundariedad” del trabajo femenino y de la debilidad de las mujeres; por eso han sido denominadas por muchos autores como normas paternalistas y “pseudoprotectoras”62. Sin embargo, estas normas son consideradas justificadas
cuando se refieren a la protección de la maternidad y tienen como objetivo la preservación
de la salud de la madre y del hijo, y del puesto de trabajo de la primera63.
Como se afirmó anteriormente, por un lado las leyes laborales establecieron normas
protectoras o “pseudoprotectoras” de la mujer, y por otro, normas abiertamente discriminatorias, en el sentido de que desfavorecían de modo explícito la posición ocupada por la
mujer en la sociedad, considerándola inferior y dependiente del hombre y responsable en
exclusiva de un infravalorado trabajo doméstico. La mujer no podía acceder a cualquier
tipo de empleo; la casada necesitaba de autorización del marido para celebrar un contrato de
BALLESTER, M. A., Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden laboral, op. cit.,
GARCÍA GONZÁLEZ, G., “La protección a la maternidad: Cien años de la ley de 8 de enero de 1907”,
IUS LABOR Revista electrónica, n. 2, abril-mayo, 2007. Disponible en: http://www.upf.edu/iuslabor/022007/
Historia2Guillermo.pdf.
pp. 180 y 184.
Se puede citar, por ejemplo, PÉREZ DEL RÍO, T., El principio de igualdad: No discriminación por razón
de sexo en el derecho del trabajo, op. cit., p. 86 y BALLESTER, M.A., Diferencia y discriminación normativa
por razón de sexo en el orden laboral, op. cit., p. 181.
trabajo, op. cit., p. 87.
trabajo y había reglamentaciones laborales que obligaban a la mujer a abandonar su puesto
de trabajo cuando contrajera matrimonio.
El año 1938, en España, el Fuero del Trabajo, en su Declaración II, punto 1, establece
que el Estado “liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Conforme a esta declaración y, hasta la promulgación de la Ley 56 de 22 de julio de 1961, proliferaron en las
reglamentaciones de trabajo las excedencias forzosas por matrimonio, que obligaban a la
mujer a abandonar su puesto de trabajo cuando contrajera matrimonio, siendo compensada
con una indemnización. La mencionada ley estableció un primario derecho a la igualdad,
reglamentado por el Decreto 258/1962, de 1 de febrero, cuyo art. 2.1 determinó que el estado civil no podía romper la relación laboral, pero se facultaba a la mujer que se casara a
optar entre continuar su contrato de trabajo, rescindirlo a cambio de una indemnización o
acceder a una excedencia voluntaria por un determinado periodo64.
Además, de conformidad con lo observado anteriormente, la mujer casada necesitaba
de licencia marital para ejercer cualquier acto de la vida civil, licencia que fue suprimida
por la Ley 14/1975, de 2 de mayo, que a su vez ocasionó su eliminación como requisito del
trabajo extradoméstico por la Ley 16/76, de Relaciones Laborales65. Sin embargo, como
también ya se resaltó, hasta 1981, la mujer casada que ejercía un trabajo remunerado no
podía administrar su propio salario, toda vez que el marido era el administrador en exclusiva
de los bienes gananciales.
Por otra parte, históricamente se ha prohibido a la mujer el acceso a determinados
empleos, como los cargos públicos de responsabilidad y las profesiones de alta cualificación
y prestigio social. Inglaterra fue pionera en la eliminación de este tipo de prohibición por
medio de la Sex Desqualification Renoval Act, de 1919. La Constitución italiana de 1947
estableció que “todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen acceso a los cargos públicos y a los electivos en condiciones de igualdad” (art. 51)66. En España, la Ley 56/1961,
de 22 de julio, sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer (que eliminó la excedencia forzosa en el trabajo por razón de matrimonio y consagró la igualdad
de salarios) afirmaba que la mujer tiene los mismos derechos que el varón para el ejercicio
de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo. Sin embargo, esta ley fue
insuficiente, pues vetaba el ingreso de la mujer en la Administración de la Justicia en los
cargos de magistrados, jueces y fiscales (salvo en las Jurisdicciones Tutelar de Menores y
Laboral), así como en las Armas y Cuerpos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Además
BALLESTER, M.A., Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden laboral, op. cit.,
CABRERA DÍAZ, J. M., “Derechos humanos y derechos de las mujeres en la democracia española (19752000)”, en CUESTA BUSTILLO, J. (dir.), Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Tomo III, Cyan, Madrid,
2003, p. 129.
trabajo, op. cit., p. 116.
esta norma permitió la vigencia de la mencionada licencia marital de la mujer casada67. La
Ley 96/1966 terminó con las limitaciones para el acceso de la mujer a la Administración
de la Justicia68.
La Ley de Relaciones Laborales, de 8 de abril de 1976, reconoció a la mujer, independientemente de su estado civil, el derecho a contratar libremente su trabajo y a acceder
a todo tipo de cargo, profesión y oficio en igualdad de derechos69. Además, esta norma
reconocía también el derecho a la igualdad salarial para igual trabajo y concedía a hombres y mujeres la posibilidad de disfrutar de la reducción de jornada para cuidado de hijos
menores de seis años o minusválidos70. La Constitución de 1978, por otro lado, determinó
en su art. 35.1 que
todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en
Después de la promulgación de la Constitución fue aprobado el Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 11 de marzo) que, siguiendo los preceptos constitucionales,
dispone que los trabajadores tienen derecho a la no discriminación para el empleo o una
vez empleados, por razón de sexo o estado civil, entre otros factores, lo que es desarrollado
por la disposición que determina que se considerarán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales o las decisiones
de los empresarios que establezcan discriminaciones71. Como resalta CABRERA DÍAZ,
el Estatuto de los Trabajadores “representa la base legal sobre la que se van a articular
posteriormente diversas políticas laborales”, de manera que se han introducido en él varias
modificaciones que han favorecido la situación de la mujer ante el mercado del trabajo72.
PÉREZ SERRANO, Mar y RUBIO, T., “Cambios legislativos”, en SALAS, M. et al. Españolas en la transición:
De excluidas a protagonistas (1973-1982), Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 135. Por otro lado, la efectiva
la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas ocurrió tan sólo en 1989 por medio de la Ley 17 de 19
de julio, que reguló el régimen del personal militar, regulación esta que fue perfeccionada y ampliada por la
Ley 17/99, de 18 de mayo de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, como afirma RUBIALES TORREJÓN,
A., Evolución de la situación jurídica de la mujer en España: Conferencia pronunciada en el Club Antares
de Sevilla el 31/10/2003, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, 2003. Disponible en http: //www.ciudadanas.
org/documentos/textoCONFERENCIA.pdf.
trabajo, op. cit., p. 124.
PÉREZ SERRANO, M. y RUBIO, T., “Cambios legislativos”, op. cit., p. 143.
CABRERA DÍAZ, J. M., “Mujeres y Democracia en España: 1975-2000”, en CUESTA BUSTILLO, J. (dir),
Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Tomo III, Cyan, Madrid 2003, p. 23.
Para finalizar esta parte, debe resaltarse que la Constitución de 1978, además de los
preceptos mencionados, ha contribuido de manera significativa a la idea de igualdad entre
hombres y mujeres al establecer tres preceptos que se complementan en este sentido: el art.
1.1, 14 y 9.2, los cuales se comentarán posteriormente.
III. LAS MEDIDAS TENDENTES A ESTABLECER LA IGUALDAD REAL
En la década de los ochenta se inicia la promoción a nivel estatal de políticas de
igualdad. A esto se ha denominado “feminismo institucionalizado”73. En este contexto
fue importante la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, organismo del Estado responsable por la política de igualdad entre sexos. Por otra parte, España ratifica, mediante
Instrumento de 5 de enero de 1984, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, con la salvedad en lo que concierne
al artículo 57.1 de la Constitución Española sobre la sucesión a la Corona. La mencionada
Convención “constituye el documento de referencia clave para la defensa de los derechos
humanos de las mujeres”74 y admite en su artículo 4.1 la legitimidad de las medidas de
acción positiva a favor de las mujeres, cuando revistan carácter temporal y no adopten
caracteres segregacionistas75.
Además, la integración de España en la Unión Europea en 1986 tiene una relevancia
decisiva para la igualdad de mujeres y hombres. Las directivas comunitarias relativas a
este tema permiten crear un marco normativo comunitario que España se ve obligada a
cumplir y se establecen Programas de Acción Comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres76. A esto se puede añadir que en la década de los 80 se inicia
en el ámbito comunitario el debate sobre las medidas de acción positiva77, previstas en
directivas, recomendaciones y en los programas de acción comunitario para la igualdad de
oportunidades. La primera disposición comunitaria sobre tales medidas, aunque de manera
indirecta, fue la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, que en el apartado 4 de su
artículo 2 determina:
FOLGUERA, P., “De la transición” en FOLGUERA (coord.), El feminismo en España: Dos siglos de historia,
Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1988, p. 127.
FOLGUERA, P., “La equidad de género en el marco internacional y europeo”, en MAQUEIRA, V. (ed.),
Mujeres, globalización y derechos humanos, Ediciones Cátedra, Madrid, 2006, p. 93.
MARTÍN VIDA, M.A., Evolución histórica del principio de igualdad y paradojas de exclusión, Universidad
de Granada, Granada, 2004, pp. 186-187.
GARRIDO, E. (ed.), Historia de las mujeres en España, op. cit., p. 571.
REY MARTÍNEZ, F., “Jurisprudencia norteamericana reciente sobre la affirmative action basada en el
género”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, n. 4, 2000,
No se obstará a los Estados miembros la adopción de medidas encaminadas a
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular en
lo relativo al acceso al empleo, incluida la promoción y formación profesional,
así como las condiciones de trabajo.
El Consejo de Europa adoptó también una Recomendación el 13 de diciembre de
198478, relativa a la promoción de acciones positivas a favor de la mujer, que establece
que los Estados deben implantar una política de acciones positivas destinada a eliminar
las desigualdades de hecho de que son objeto las mujeres en la vida laboral y promover la
participación de ambos sexos en el empleo. Además, el II Programa de acción comunitario
para la igualdad de oportunidades a favor de las mujeres (1986-1990) prevé la realización
de acciones positivas para compensar la discriminación de las mujeres en el mercado de
trabajo y varias medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres79.
Siguiendo el modelo comunitario, en España el Instituto de la Mujer ha creado, hasta
el momento, cinco Planes de Igualdad de Oportunidades Nacionales (PIOM): el primero
con vigencia entre 1988-1990; el segundo, entre 1993-1995; el tercero, entre 1997-2000, el
cuarto, entre 2003-2006 y recientemente, el quinto, que tendrá vigencia entre 2008-2011. A
partir del II Plan de Igualdad Nacional se buscó promover y desarrollar medidas de acción
positiva80. Además desde 1994, si bien con fechas de creación diferentes, todas las Comunidades Autónomas tienen organismos de Igualdad para promover políticas específicas orientadas a las mujeres, de modo que, con raras excepciones, las propias Comunidades crean sus
Planes de Igualdad, cuyo contenido, en la mayoría de los casos, es similar al Plan Nacional,
pero con adaptaciones correspondientes a las condiciones y necesidades específicas de las
mujeres en sus respectivas autonomías. Por otra parte, los ayuntamientos y diputaciones
también han elaborado instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades81.
En el marco del parámetro legal, se observa que entre las recientes leyes aprobadas
en España que buscan directa o indirectamente concretar una mayor igualdad real entre
mujeres y hombres, se pueden destacar tres: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de protección integral contra la violencia de género; la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
D.O.L. 331 de 19-2-84.
CABRERA DÍAZ, J.M., “Derechos humanos y derechos de las mujeres en la democracia española (19752000)”, op.cit., p. 126.
CABRERA DÍAZ, J.M., “Derechos humanos y derechos de las mujeres en la democracia española (19752000)”, op. cit., p. 141.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, Madrid: Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.
Disponible en: http://www.migualdad.es/mujer/politicas/Comparativa.pdf.
La Ley Orgánica 1/2004 adopta medidas de sensibilización e intervención en las esferas de educación, publicidad y sanidad, y de asistencia jurídica, laboral, social y económica
a las mujeres víctimas de violencia. También prevé delitos específicos o formas agravadas
de los mismos en los casos en que el autor es el hombre y el sujeto pasivo es la mujer o
personas especialmente vulnerables82. Hubo una fuerte polémica sobre este aspecto de la
ley, por lo que se empezó a discutir si ésta sería una medida de discriminación positiva y
si tendría justificación ética y jurídica83. Las cifras demuestran que la violencia de género
constituye un problema que sigue siendo grave en España. En 2007, las mujeres representaron el 85,3% del total de víctimas de malos tratos a manos de su cónyuge o pareja84 y, hasta
septiembre de 2010, fue 52 el número de mujeres muertas por violencia de género a manos
de su pareja o ex pareja85. No obstante, este trabajo no busca centrarse en el debate sobre la
aptitud de la Ley para solucionar este problema ni sobre su constitucionalidad.
La Ley de Dependencia (Ley 39/2006) determina que el Poder Público ofrezca servicios para personas dependientes. En el caso de no ser posible la atención mediante servicios,
se prevé la posibilidad de una prestación económica para la cobertura de los gastos de los
servicios previstos. Dicha ley afecta a las mujeres en la medida en que han sido estas las
que tradicionalmente han asumido las tareas de cuidado de las personas dependientes. Tales tareas no encajan en la categoría de trabajo productivo, de manera que las mujeres no
reciben remuneración por su ejercicio. Se trata del papel de las mujeres como proveedoras
de bienestar, pero sin recibir el reconocimiento de sus aportaciones86. Una de las propuestas
para encontrar una solución a este problema consiste en la desfamiliarización, que supone
“reasignar al Estado funciones que tradicionalmente se realizaban por las mujeres de la
unidad familiar”87. De este modo, las políticas sociales pueden tener incidencia en el cambio
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres busca avanzar hacia la igualdad real y estatuye, en su Exposición de Motivos, que
RIDAURA MARTÍNEZ, J., “El encaje constitucional de las acciones positivas contempladas en la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, en BOIX REIG, J. y MARTÍNEZ GARCÍA, E.
(coords.), La nueva ley contra la violencia de género, Iustel, Madrid, 2005, p. 103.
RUÍZ MIGUEL, A., “Ciudadanía y derechos de las mujeres: un largo camino abierto”, op. cit., p. 159. El
Tribunal Constitucional español decidió a favor de la constitucionalidad de los artículos 153.1 y 171.4 del
Código Penal redactados por la Ley Orgánica 1/2004 que prevén las formas agravadas en los casos en que el
autor es el hombre y el sujeto pasivo es la mujer o personas especialmente vulnerables (SSTC 59/2008, de 14
de mayo y 45/2009, de 19 de febrero).
Instituto de la Mujer. http://www.inmujer.es/ss/Satellite.
SÁNCHEZ MUÑOZ, C., “La ciudadanía social de las mujeres”, en BETEGÓN, J.; LAPORTA, F.; DE PÁRAMO, J.R.
y PRIETO, L. (comps.), Constitución y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2004, p. 597.
Idem, p. 597.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de
género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad,
el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de
conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad
plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas
por John STUART MILL hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que
precisa de nuevos instrumentos jurídicos88.
Esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas del Derecho comunitario89,
la 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción de profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, acerca de la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios
y su suministro. Como ejemplo, incorpora las mencionadas Directivas y otras para cubrir
carencias de tipo conceptual, como la definición de conceptos relevantes para la tutela
antidiscriminatoria, como los de discriminación directa, indirecta, acción positiva, acoso
sexual y acoso por razón de género90. Además, la ley adopta los principios de transversalidad
y corresponsabilidad91, que se han convertido en conceptos fundamentales de la política
comunitaria de género92. En la Exposición de Motivos se aborda la corresponsabilidad, al
estatuir que
mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores
de toda la norma que encuentran aquí su concreción más significativa.
Exposición de Motivos I de la Ley Orgánica 3/2007 (BOE, n. 71, de 23 de marzo de 2007).
PÉREZ DEL RÍO, T., “La Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres: Aproximación para
el debate”, Revista de Derecho Social, n. 37, 2007, p. 231.
Como destaca FERNÁNDEZ LIESA, “alcanzar la igualdad real entre el hombre y la mujer requiere cambios
sociales estructurales, un nuevo contrato social mujeres-hombres para compartir las responsabilidades familiares,
el trabajo y el poder, lo que supone una modificación del modelo de sociedad imperante, sustituyendo el
principio de exclusión por el de participación y corresponsabilidad entre mujeres y hombres”. En ese sentido,
el autor menciona el Nuevo contrato social mujeres-hombres para compartir las responsabilidades familiares,
el trabajo y el poder, Madrid: Federación de mujeres progresistas, 1997. (FERNÁNDEZ LIESA, C. R., “El principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre el hombre y la mujer y el Tratado de Ámsterdam”, en MARIÑO
MENÉNDEZ, F. M. y FERNÁNDEZ LIESA, C. (coords.), La protección de las personas y grupos vulnerables en el
derecho europeo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, p. 29).
el debate”, op. cit., p. 226.
Con este fin, la ley reconoce, entre otras cosas, el derecho de los padres a un permiso
y una prestación por paternidad93, lo que ha sido calificado como “pieza de fuerza o joya de
la corona” de la ley en materia de conciliación94.
El principio de transversalidad puede ser ilustrado por los artículos 4, 15 y 77 de
la ley. El artículo 4 determina que “la igualdad de trato entre mujeres y hombres es un
principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas”. El art. 15 establece que “el principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación
de todos los Poderes Públicos”. El art. 77, a su vez, señala que “En todos los Ministerios
se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas
con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su
competencia”. Además, en el sentido de garantizar la preparación de los magistrados para
interpretar y aplicar la ley, esta dispone que en todas las pruebas selectivas para el ingreso
y la promoción en las Carreras Judicial y Fiscal “se contemplará el estudio del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y
su aplicación con carácter transversal”95. La Ley determina también que la formación de los
jueces y magistrados en el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva
de género sea contemplada en el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial y que
la Escuela Judicial imparta anualmente cursos de formación sobre la tutela jurisdiccional
del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de género.
Merece destacarse la previsión por la Ley de los Planes de Igualdad en las empresas96,
que deben elaborar este plan cuando cuenten con más de doscientos cincuenta trabajadores
o cuando así se establezca en convenio colectivo. Por fin, entre otros importantes preceptos
establecidos por la ley, también se subraya el principio de presencia, participación o composición equilibrada de mujeres y hombres. Así, determina que las sociedades obligadas a
presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada “procurarán incluir en su Consejo de
Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley”97 y
aclara que se debe entender por composición equilibrada “la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”98. La disposición dirigida al
sector privado no presenta carácter impositivo, toda vez que determina que las empresas
“procurarán incluir”.
Art. 44 de la Ley Orgánica 3/2007.
En conformidad con las palabras de PÉREZ DEL RÍO, T., “La Ley orgánica de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres: Aproximación para el debate”, op. cit., p. 230.
Disposición adicional tercera, núm. 5, de la Ley Orgánica 3/2007, que modifica el art. 310 de la Ley
Art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007.
Artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007.
Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007.
Por otra parte, la ley establece el principio de presencia equilibrada en las listas
electorales y en los nombramientos realizados por los Poderes Públicos, ámbito en el cual
la incentivación se convierte en obligación99. De esta forma, dispone que el Gobierno
“atenderá” o “responderá” al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en
el nombramiento de titulares de órganos directivos, así como de órganos de selección y
comisiones de valoración, y en la designación de representantes de la Administración General del Estado100. Por fin, en el ámbito electoral se establece que las candidaturas “deberán”
tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de
la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el 40%101, lo que es
aplicable a las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso,
municipales, y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios,
diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. En el caso del Senado, se establece que cuando las candidaturas se
agrupen en listas, estas deberán tener una composición de mujeres y hombres lo más cercana
posible al equilibrio numérico.
Tres son los principales problemas que afectan a las mujeres y que, de acuerdo con
Victoria CAMPS, constituyen las principales metas que el feminismo del siglo XXI tiene
pendientes: “la violencia de género, el desigual reparto del trabajo doméstico y las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a posiciones de auténtico poder”102. Las
recientes leyes promulgadas en España se relacionan con los tres problemas mencionados
y provocan complejos debates sobre su conveniencia, constitucionalidad y justicia, por lo
que constituyen importantes objetos de estudio para una investigación teórica y empírica
ALVENTOSA DEL RÍO, J., “Situación jurídica de la mujer en el ámbito del derecho civil español”,
en PALOMA DURÁN (Coord.), Mujeres y derecho, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1998,
BALLESTER, M.A., Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden laboral,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.
CABRERA DÍAZ, J.M., “Derechos humanos y derechos de las mujeres en la democracia española
(1975-2000)”, en CUESTA BUSTILLO, J. (dir): Historia de las mujeres en España. Siglo XX,
Tomo III, Cyan, Madrid, 2003.
el debate”, op. cit., p. 232.
Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Orgánica 3/2007.
Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2007, que añade el artículo 44 bis a la Ley Orgánica
5/1985, de 9 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
CAMPS, Victoria, “Prólogo”, en LORENTE, Miguel, Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer:
Realidades y mitos, Barcelona, Ares y Mares, 2003, p. 11.
“Mujeres y Democracia en España: 1975-2000”, en CUESTA BUSTILLO, J. (dir), Historia de
las mujeres en España. Siglo XX, Tomo III, Cyan, Madrid, 2003.
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Realidades y mitos, Ares y Mares, Barcelona, 2003, pp. 11-15.
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5 – Pasos para la Obtencion de la CIT
obligaciones positivas del estado y lucha contra la intolerancia