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Timestamp: 2017-08-17 09:41:14
Document Index: 28933008

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 61', 'artículo 81']

﻿ AUTO 15872 DE ABRIL 8 DE 1999
AUTO 15872 DE 08 DE ABRIL DE 1999
CONTENIDO:CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN LABORAL, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:333 DE SEPTIEMBRE DE 1999, PÁG.1663
Auto 15872 de abril 8 de 1999
EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
EXTRACTOS: «Para concluir sobre la existencia o no de la caducidad de la acción en materia contractual, debe partirse de la regulación legal que al efecto se establece.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes pueden liquidar el contrato dentro de los 4 meses siguientes a “la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”. Se dispone en el primer inciso de esta norma lo siguiente:
“Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia, o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga...”.
En tanto que el artículo 136 del CCA modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dispone en su numeral 10:
“Caducidad de las acciones. (...).
e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, y
f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento” (subrayas fuera de texto).
En materia de terminación del contrato se distingue entre los negocios jurídicos que requieren de una etapa posterior para la liquidación, de otros que no lo requieren. En este último caso el término para incoar la acción se computa a partir de la terminación por cualquiera de las causas legales, en tanto que aquellos que requieren de la liquidación la ley ha previsto 4 meses para que las partes hagan de común acuerdo la liquidación. De no lograrse tal acuerdo, la administración puede efectuar la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes a la expiración del anterior término (de 4 meses). Si la administración no efectúa la liquidación unilateral tal como se viene comentando, el contratista deberá acudir ante el órgano jurisdiccional para que se realice la liquidación del contrato por vía judicial, acción que se debe incoar dentro de los dos años siguientes al fracaso de las dos etapas anteriores.
Esta ha sido la posición jurisprudencial de la Sala, en relación con el tema de la caducidad de la acción en materia contractual. Al respecto resulta ilustrativo referir el pronunciamiento contenido en el auto de 8 de junio de 1995, expediente 10.684, actor Juan de Dios Jurado Gómez, donde con ponencia de quien ahora proyecta éste, se dijo:
“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración” (subrayas fuera de texto).
Trasladando los anteriores criterios al caso sub judice se tiene lo siguiente:
a) La suspensión del plazo contractual debió terminar el 11 de julio de 1993, fecha esta a partir de la cual se cuentan los 21 días que faltaban para el vencimiento del último plazo contractual acordado, de lo cual resulta que el 1º de agosto de 1993 el contrato se extinguió por vencimiento final del plazo y entró en estado de liquidación.
b) El 1º de diciembre de 1993 se vencieron los cuatros meses que tenían las partes para liquidar el contrato por mutuo acuerdo. Situación que no tuvo ocurrencia en el caso que se estudia.
c) El 1º de febrero de 1994 vencían los 2 meses que la administración tenía para liquidar el contrato unilateralmente, plazo que no aprovechó para tal propósito.
d) El contratista contaba hasta el 2 de febrero de 1996 para ejercer las acciones judiciales que le brinda la ley para hacer valer los derechos y obtener la definición de sus créditos y débitos producto del negocio jurídico que se liquida por este mecanismo.
El plazo para el ejercicio de la acción contractual con que contaba el contratista terminó el 2 febrero de 1996, y como la solicitud de conciliación fue presentada el 4 de junio de 1998, resulta evidente la caducidad de la acción contractual.
Si bien es cierto que la filosofía de la figura de la conciliación prejudicial se identifica con la descongestión de la administración de justicia y con la prevención de los litigios judiciales, no lo es menos que todo acuerdo conciliatorio debe ser verificado por el juez, quien para aprobarlo debe establecer que sea legal y conveniente para la administración. La caducidad de la acción impide la aprobación del acuerdo conciliatorio de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, reformado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998, según el cual: “No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado”.
La Ley 446 de 1998 resulta aplicable porque recogió los principios y reglas que la jurisprudencia venía produciendo en torno a la conciliación y, adicionalmente, porque el acuerdo conciliatorio fue sometido a control de legalidad cuando estaba vigente esta normativa, pues bien sabido se tiene que empezó a regir el 9 de julio de 1998.
La caducidad de la acción impide pues la aprobación del acuerdo conciliatorio».
(Auto de abril 8 de 1999. Expediente 15.872. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).