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Timestamp: 2020-07-11 23:53:24
Document Index: 277993219

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 94', 'artículo 252', 'artículo 105']

19.09.09 | AELE
Aprueban aplicativo “Plataforma Informática de Autogestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – PIASST” (09.09.19) (6)
Por R. M. Nº 215-2019-TR se aprueba el aplicativo informático “Plataforma Informática de Autogestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - PIASST”, con el fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo.
La Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones será responsable de brindar el asesoramiento técnico necesario a los usuarios del sistema y de garantizar la integridad e intangibilidad de la información del mencionado sistema.
Aprueban aplicativo “Sistema Nacional de Auditorías en Seguridad y Salud en el Trabajo - AuditaSST” (09.09.19) (8)
Mediante R. M. Nº 216-2019-TR se aprueba el aplicativo informático “Sistema Nacional de Auditorías en Seguridad y Salud en el Trabajo - AuditaSST”, con la finalidad de mejorar el servicio que se brinda a los administrados y otorgar una herramienta útil para el acceso a la información de los auditores autorizados en materia de seguridad y salud en el trabajo, la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Exceptúan al Ministerio de Economía y Finanzas del tope de 50 empleados de confianza (07.09.19) (51)
Por R. de Pres. Ejec. Nº 123-2019-SERVIR-PE se dispone exceptuar al Ministerio de Economía y Finanzas del tope de cincuenta (50) empleados de confianza, conforme al numeral 3.4.3 del Informe Técnico N° 91-2019-SERVIR/GDSRH emitido por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y dejar sin efecto la R. de Pres. Ejec. Nºs. 329-2017-SERVIR/PE y 236-2018-SERVIR/PE, en el extremo que otorgó la excepción del tope de cincuenta (50) empleados de confianza al MEF.
Declaran día no laborable el 13 de octubre de todos los años para el departamento de Piura (07.09.19) (87)
Mediante Ordenanza Regional N° 443-2019-CR/GOB.REG.PIURA se declara día no laborable el 13 de octubre de todos los años en el departamento de Piura, en homenaje a la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. Se precisa que, para efectos del cómputo de los plazos regulados para los procedimientos administrativos, el 13 de octubre será considerado como día inhábil.
Respecto a los trabajadores que laboran en el sector público del departamento de Piura, las horas dejadas de laborar serán compensadas en las semanas posteriores, de acuerdo a las fechas establecidas por el titular de cada entidad pública regional.
Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública (08.09.19) (6)
Mediante D. S. N° 289-2019-EF se aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de metodologías colaborativas de modelamiento digital de información para la construcción BIM (por las siglas en inglés de Building Information Modeling) en la inversión pública, a la que hace referencia el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 -2030.
Publican proyectos de ley de normas presupuestarias (07.09.19) (2)
El 7 de setiembre pasado, se publicaron los siguientes proyectos de ley de las normas presupuestarias: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 (N°4712/2019-PE), Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2020 (N° 4713/2019-PE), y Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 (Nº 4714/2019-PE).
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: Principios aplicables a operaciones de compraventa internacional que califican como exportación
En la sentencia de Casación N° 11959-2014-Lima, la Corte Suprema resolvió una controversia en donde se discutía si las operaciones de compra venta de concentrado de mineral y de metal refinado efectuado entre el Consorcio Minero y Trafigura Beheer se encontraban: (i) afectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) al tratarse de una venta interna que se concretó antes del embarque de los bienes objeto de venta, o (ii) inafectas al IGV dentro del supuesto previsto en el artículo 33° de la citada Ley aplicable al ejercicio 2002 y 2003 que no definía el término “exportación”, en tanto podía ser calificada como tal.
En este caso, el contrato había establecido la entrega de los bienes en condiciones FOB ST Callao, es decir, a bordo del buque en el puerto de embarque (que era destinado para el transporte de los bienes). Asimismo, se dispuso que la parte vendedora podía solicitar a la empresa compradora un pago adelantado contra la presentación de un certificado de almacenaje de entrega futura (o Holding Certificate) a conveniencia del comprador por el material que mantenía en stock, y que existirían dos pagos: uno provisional (a la presentación del conocimiento de embarque y la factura provisional emitida por el vendedor) y uno final definitivo a efectuarse una vez que los bienes crucen la baranda del buque en el puerto de embarque rumbo al país de destino correspondiente.
En etapa contencioso administrativo ante el Poder Judicial, la primera instancia consideró que el momento en el cual se realizó la transferencia definitiva de los bienes y de los riesgos de pérdida y daño de los mismos fue con la entrega de bienes a bordo del buque en el puerto de embarque, por lo que tales operaciones no calificaban como ventas realizadas en el país, sino como actividades de exportación. Dicha decisión fue confirmada en la segunda instancia, precisando que la LIGV no había establecido cuándo se debía entender producida la transferencia de un bien mueble (perfeccionamiento), por lo que se debió tener en cuenta las disposiciones del Código Civil que regulan la transferencia de bienes muebles mediante la tradición real, ficta y documental. Sostuvo que, si bien la SUNAT había alegado que se habría dado la tradición ficta de los concentrados de minerales con la emisión de los Holding Certificates, observó que dichos documentos no fueron emitidos con las formalidades de ley, expresando solo un compromiso de garantizar la cantidad, ubicación, inspección y análisis de los productos a ser entregados, más no la libre disposición del comprador sobre los mismos. Afirmó que la transferencia se dio con la entrega física de los bienes.
La Corte Suprema, desde otra perspectiva, partió de establecer que como el artículo 33° de la LIGV vigente a la fecha de ocurridos los hechos no establecía una definición de lo que debe entenderse por exportación, se debían evaluar los conceptos y principios del IGV.
Detalló que el IGV, al ser un impuesto que económicamente incide sobre los consumos, grava, en definitiva, al consumidor final de un determinado bien. En tal sentido, señaló que es un impuesto que repercute a quien adquiere los bienes o servicios y se aplica sobre el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios, agregando que, conforme a su estructura técnica, el consumidor final es quien debe soportar la incidencia o carga económica de dicho impuesto.
Asimismo, explicó que para un análisis del caso se deben tenerse en cuenta los principios aplicables al IGV, que entre otros, son: (i) el principio de imposición exclusiva en el país de destino, en mérito del cual el consumo se grava en el lugar donde tal manifestación de riqueza se expresa y (ii) el principio de territorialidad, por el cual para que se verifique el hecho imponible del impuesto y se produzca el nacimiento de la obligación tributaria, el hecho debe realizarse dentro del ámbito territorial de aplicación de la ley.
Resaltó que al ser un objetivo técnico del IGV el incidir económicamente en el consumidor final, en el caso de compraventas internacionales se entiende que quien debe gravar dichas operaciones no es el país proveedor de dichos bienes y servicios, sino el país en donde se verifique el consumo final de tales.
De esta manera, puntualizó que, conforme los principios citados, si se gravaran las transferencias de bienes realizadas en el país en mérito a un contrato de compra venta internacional que tiene como finalidad la exportación de dichos bienes, se estaría ante una venta afecta en la que el IGV pagado al vendedor no podría ser recuperado, al no poderse trasladar el impuesto al comprador, desnaturalizándose con ello el objetivo del indicado tributo, por cuanto el vendedor sería quien asumiría la incidencia económica del impuesto, en lugar que sea el comprador, como destinatario o consumidor final, afectándose el equilibrio de la carga impositiva y la neutralidad en la recaudación.
En adición a ello, refirió que esta perspectiva se vio reflejada en la introducción del Dec. Leg. N° 1119 a la legislación del IGV actualmente vigente, que incorporó una definición de exportación en el referido artículo 33° precisando que la exportación es la venta de bienes muebles que realiza un domiciliado a favor de un no domiciliado, independientemente de que la transferencia de propiedad ocurra en el país o en el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto del trámite de exportación aduanera, con lo cual se reconoce que si los bienes salieron del país para su consumo en el exterior, aunque la transferencia de propiedad al adquiriente haya ocurrido antes del embarque, está inafecta al IGV.
Por tales motivos, la Corte Suprema concluyó que las operaciones de compra venta internacional (exportaciones) en las cuales los bienes objeto de venta no serán consumidos dentro del país sino fuera, no pueden ser gravadas con el IGV, dado que no será posible trasladar los tributos de un país a otro.
Además, respecto a los argumentos planteados por la primera y segunda instancia, explicó que en operaciones de exportación de bienes no resulta relevante la circunstancia de que la propiedad de dichos bienes haya sido transferida al comprador antes, durante o después del embarque, pues lo que importa es que los bienes objeto de venta hayan salido del país para su uso o consumo en el exterior.
Establecen precedentes administrativos de observancia obligatoria respecto a la nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario (08.09.19) (17)
Por Resolución de la Sala Plena N° 2-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal del Servicio Civil, a fin de garantizar la uniformidad en el trámite de los procedimientos disciplinarios en primera instancia administrativa, establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, los mismos que deberán ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente de su publicación, los siguientes criterios:
Fundamento 13.- Por lo tanto, es posible concluir que el acto o resolución de inicio de un procedimiento administrativo disciplinario no es un acto de administración interna, sino un acto administrativo de trámite; en razón de lo cual, se encuentra sujeto a las formalidades que prevea la ley tanto para su emisión como para su revisión de oficio por parte de la Administración.
Fundamento 28.- Por lo que puede inferirse que, si bien las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario gozan de autonomía para desempeñar cabalmente sus funciones, ello no implica de forma alguna que se sustraigan de la estructura jerárquica de sus entidades y, por tanto, no se encuentren subordinadas a sus superiores inmediatos, de tenerlos. Así, de una interpretación sistemática de las normas antes señaladas, se desprende que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario sí están sujetas a subordinación jerárquica, la misma que se fija bajo el criterio de la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de cada entidad (por ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, entre otros).
Fundamento 29.- Por esta razón, cuando en el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la mencionada nulidad13. Este superior jerárquico tiene que ser identificado siguiéndose la línea jerárquica de los instrumentos de gestión de cada entidad. Si la autoridad que emitió el acto viciado no está sometida a subordinación jerárquica, podrá declarar la nulidad de sus propios actos (Por ejemplo: un ministro, un presidente regional o un alcalde).
Establecen precedentes administrativos de observancia obligatoria respecto a los plazos de prescripción de la potestad disciplinara en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento (08.09.19) (20)
Por Resolución de la Sala Plena N° 3-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal del Servicio Civil, a fin de esclarecer los supuestos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley N° 30057 y en el TUO de la Ley N° 27444, establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria respecto a los plazos de prescripción de la potestad disciplinara en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, los mismos que deberán ser cumplidos por los órganos competentes de las Entidades que conduzcan e intervengan en los procedimientos administrativos disciplinarios bajo la Ley precitada a partir del día siguiente de su publicación, los siguientes criterios:
Fundamento 28.- En virtud de lo expuesto, al no encontrarse regulado en la Ley Nº 29944 el supuesto referido a la prescripción de la potestad disciplinaria para la duración del procedimiento administrativo disciplinario, tal como sí lo hace la Ley Nº 30057 en su artículo 94º, corresponde que el plazo de prescripción de un (1) año, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, sea aplicado a los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los servidores bajo el régimen de la Ley Nº 29944, en atención a la relación de supletoriedad existente entre tales normas.
Fundamento 29.- En relación con ello, resulta pertinente destacar que parte de las garantías del debido procedimiento en el ejercicio de la potestad disciplinaria, implica el cumplimiento de los plazos establecidos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas, con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades competentes que inobserven tales plazos.
Fundamento 35.- De este modo, ante la falta de regulación de un plazo para la determinación de la existencia de la falta en la Ley de Reforma Magisterial, el cual sí ha sido regulado en el artículo 252º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 (4 años desde la comisión de la infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó), corresponde su aplicación supletoria a los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los servidores bajo el régimen de la Ley Nº 29944, debiendo seguir además la regla de suspensión de dicho plazo ante el inicio del procedimiento disciplinario y su reanudación cuando el procedimiento se mantuviese paralizado por más de veinticinco días (25) hábiles, conforme a lo regulado en el citado artículo.
Fundamento 37.- En ese sentido, al existir en la ley especial (Ley Nº 29944) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, previsto en el artículo 105º de su reglamento, no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres (3) años, previsto en la ley general (Ley Nº 30057)15, ya que no nos encontramos ante un supuesto no regulado que requiera ser suplido por una segunda norma.
Aprueban “Protocolo para Visitas de Monitoreo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”
Por Res. Adm. N° 325-2019-CE-PJ, publicado el 23 de agosto de 2019, se aprobó el “Protocolo para Visitas de Monitoreo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – ETIINLPT”, con la finalidad de brindar a los jueces y personal de los órganos jurisdiccionales que conocen la Ley Nº 29497, un instrumento que regule las actividades llevadas a cabo en las visitas de monitoreo realizadas por el citado Equipo Técnico, las cuales tienen por objeto: (i) optimizar la aplicación de la norma precitada, (ii) fortalecer el modelo del despacho corporativo laboral; (iii) velar por la observancia de la normativa aplicable al mismo.
Asimismo, el Protocolo bajo comentario, regula diversos aspectos referentes a las visitas de monitoreo, tales como:
- La determinación de las Cortes Superiores de Justicia a visitar.
- Participación del Programa Presupuestal 99: “Celeridad de los procesos judiciales laborales”.
- Comisiones designadas para su realización.
- Temática de monitoreo.
- Metodología a utilizarse antes, durante y después de la visita.
- Responsabilidades derivadas de las citadas visitas.
Establecerán forma, plazo y condiciones para la presentación de la declaración del beneficiario final y dictarán obligaciones aplicables a los notarios
En el portal web de la SUNAT se publicó el Proyecto de resolución de superintendencia que regula lo siguiente:
a. La forma, plazo y condiciones para la presentación de la declaración del beneficiario final.
b. El acceso virtual que utilizarán los notarios públicos para la verificación de la presentación de la declaración del beneficiario final.
c. La forma, plazo y condiciones en que los notarios públicos informarán a la SUNAT el incumplimiento de la presentación de la declaración del beneficiario final
Pueden revisar el proyecto en el siguiente enlace:
Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado publicado el día 06.09.2019