Source: https://www.scribd.com/document/129502575/ORREGO-Existencia-y-Validez-Del-Matrimonio
Timestamp: 2016-07-24 11:27:39
Document Index: 66377801

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ORREGO Existencia y Validez Del Matrimonio
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bienes de los hijos y de su administración”; párrafo 3: “De la representación legal de los hijos”); 4) Las causas relativas al derecho de alimentos; 5) Los disensos para contraer matrimonio; 6) Las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aquellas que digan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 494 del Código Civil (por ende, toda guarda que se decrete sobre una persona mayor de edad, por causa de demencia o disipación, debe ventilarse ante un juzgado civil; lo mismo cabe respecto de la declaración de yacencia de la herencia; el inciso 2º del artículo 494 dispone: “Los curadores para pleito o ad litem son dados por la judicatura que conoce en el pleito, y si fueren procuradores de número no necesitarán que se les discierna el cargo”); 7) Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores; 8) Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas; 9) Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años de edad, y las que se imputen a adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, que no se encuentren contempladas en el inciso 3º del artículo 1º de la número Ley 20.084. Tratándose de hecho punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el artículo 102 N; 10) La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley; 11) Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley número 16.618; 12) Los procedimientos previos a la adopción, de que trata el Título II de la Ley número 19.620; 13) El procedimiento de adopción a que se refiere el Título III de la Ley número 19.620; 14) Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: a) Separación judicial de bienes; b) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos; 15) Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil; 16) Los actos de violencia intrafamiliar; y 17) Toda otra materia que la ley les encomiende. Cabe consignar que la Ley número 20.286, al modificar el artículo 8 de la Ley número 19.968, suprimió la letra b) del antiguo numeral 15, que decía: “b) Autorizaciones judiciales comprendidas en los Párrafos 1. y 2. del Título VI del Libro I; y en los Párrafos 1., 3. y 4. del Título XII y en el Título XXII-A, del Libro IV; todos del Código Civil”. Todas estas materias, entonces, son ahora de competencia de los juzgados civiles. Son ellas: autorización a que aluden los artículos 138 y 138 bis (Párrafo 1. del Título VI del Libro I); artículo 144 (Párrafo 2. del Título VI del Libro I); artículo 1721 (Párrafo 1. del Título XII del Libro IV); artículo 1749, artículo 1754 y artículo 1756 (Párrafo 3. del Título XII del Libro IV); artículo 1759, artículo 1761 (Párrafo 4. del Título XII del Libro IV); y artículo 1792-21. 33 Rossel Saavedra, Enrique, ob. cit., p. 15. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
b) Consentimiento de los contrayentes; c) Presencia del Oficial del Registro Civil o del ministro de culto; y d) Ratificación ante un Oficial del Registro Civil de la celebración del matrimonio, si ella se realizó ante un Ministro de culto de una entidad religiosa de derecho público e inscripción, en el mismo caso, del matrimonio, en el Registro Civil e Identificación. 2.- Condiciones de validez del matrimonio. Para que un matrimonio sea valido, no sólo debe haber diferencia de sexo entre los contrayentes, voluntad manifestada, ceremonia efectuada ante el Oficial Civil o un ministro de culto, y ratificación ante un Oficial del Registro Civil e inscripción del acta otorgada por el ministro de culto, sino que además, deben concurrir las condiciones o requisitos de validez del matrimonio. Son requisitos de validez del matrimonio, los siguientes (artículo 4º, Ley de Matrimonio Civil): a) Capacidad de los contrayentes o ausencia de impedimentos dirimentes (la Ley de Matrimonio Civil, en el artículo 4º, alude a la capacidad de los contrayentes, abandonándose la antigua expresión que aludía a los “impedimentos dirimentes”. En lo sustancial, sin embargo, creemos que puede continuar empleándose dicha expresión tradicional); b) Consentimiento libre y espontáneo; c) Que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley (advertimos, en todo caso, que en realidad la omisión de una sola solemnidad acarrea la nulidad del matrimonio: la falta o inhabilidad de dos testigos hábiles). Analizaremos seguidamente, las condiciones de validez del matrimonio. A continuación de los impedimentos dirimentes, revisaremos también los impedimentes impedientes o prohibiciones, aclarando que en el caso de éstos, no estamos en realidad ante un requisito de validez del matrimonio. a) Causales de incapacidad o impedimentos dirimentes. Las causales de incapacidad o impedimentos dirimentes, que de presentarse ocasionan la nulidad del matrimonio, pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas, imposibilitan el matrimonio del afectado por el impedimento con cualquier persona; las relativas, sólo con determinados sujetos. Las revisaremos a continuación. a.1) Causales de incapacidad absolutas o impedimentos dirimentes absolutos. De acuerdo a la ley, seis son ahora las causales de incapacidad absolutas. Están imposibilitados de contraer matrimonio los que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: a.1.1. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto (artículo 5º, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil). Como es obvio, la ley prohíbe contraer matrimonio a los que se encuentran unidos por vínculo matrimonial no disuelto.
La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña 18
Cabe tener presente que la bigamia, constituye un delito (artículo 382 del Código Penal). Hay delito, siempre y cuando el primer matrimonio sea válido (por ello, lo primero que debe examinarse para defender a un individuo acusado de bigamia, es si el primer matrimonio adolece de algún vicio de nulidad). La pena que impone la ley al bígamo, es la de reclusión menor en su grado máximo (vale decir, de tres años y un día a cinco años). a.1.2. Los menores de dieciséis años (artículo 5º, número 2 de la Ley de Matrimonio Civil). En este punto, nos encontramos ante una reforma importante, pues la ley de 1884 impedía el matrimonio de los impúberes, o sea, la mujer menor de doce años o el varón menor de catorce años. Hoy, se aumenta la edad mínima para contraer matrimonio, a dieciséis años, igualándose en ello a las mujeres y a los hombres. El cambio en el criterio del legislador se explica como resultado del cambio en las costumbres de nuestra sociedad, pues a diferencia de nuestros abuelos, muchos de los cuales contraían matrimonio muy jóvenes (en especial, nuestras abuelas), hoy, la tendencia es la de postergar el matrimonio hasta una edad más avanzada, considerando que la expectativa de vida supera en mucho aquella que presentaba Chile en las últimas décadas del siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX. Podemos afirmar que ahora, el criterio del legislador atiende a la madurez de los contrayentes, antes que a la aptitud para procrear. Observamos sin embargo cierta falta de congruencia entre el criterio del legislador en orden a impedir que un menor de dieciséis años pueda contraer matrimonio, por una parte, y permitir, por otra, que un menor de dieciséis pero mayor de doce (en el caso de las mujeres) o mayor de catorce (en el caso de los hombres), puedan reconocer un hijo, actuando por sí solos, sin intervención del representante legal o la autorización del juez, según se desprende del artículo 262 del Código Civil. Creemos que tan trascendente para el menor es el contraer matrimonio, como el reconocer un hijo, actos que a nuestro juicio, debieran requerir de un tratamiento jurídico idéntico. a.1.3. Los que se hallaren privados del uso de razón (artículo 5, número 3 de la Ley de Matrimonio Civil). La causal afecta tanto a los dementes interdictos, como a cualquier otro que al momento de contraer matrimonio, no se hallaba en su sano juicio, incluyéndose aquí a los dementes no interdictos, pero cuya enajenación mental pueda ser debidamente comprobada, así como también, por ejemplo, a los que se encontraren ebrios, drogados, bajo los efectos de la hipnosis, etc. a.1.4. Los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio (artículo 5º, número 3 de la Ley de Matrimonio Civil). Esta causal tiene su origen en el canon 1.095, regla 3ª, del Código Canónico (son incapaces de contraer matrimonio “quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica”).
La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Se trata de una figura no contemplada en la ley de 1884. Entendemos que no se trata de personas dementes o privadas totalmente del uso de la razón (pues a ellas se refiere la causal precedente), pero que al momento de contraer matrimonio, experimentaban una situación que afectaba su psíquis, como por ejemplo, aquella persona que se encontraba sumida en una depresión severa, médicamente comprobable. En general, la causal se aplicaría a todos aquellos que padezcan un trastorno mental transitorio, que distorsione su percepción de la realidad. Cabe preguntarse si queda comprendida en esta situación, la conducta homosexual o bisexual de uno de los cónyuges, siempre que ella se hubiere manifestado antes del matrimonio, considerando que se ha sostenido por algunos que se trata de un trastorno o anomalía psíquica. Para el derecho canónico, la homosexualidad o bisexualidad puede impedir la instauración de una comunidad de vida propiamente conyugal, y por ende, ser causal de nulidad de matrimonio. Impedirían también formar esta comunidad de vida, anomalías psíco-sexuales que puedan afectar a los cónyuges al momento de contraer matrimonio, como aquellas conductas de promiscuidad sexual, que evidencian que uno de los cónyuges es incapaz de guardar fidelidad conyugal. La doctrina no está conteste acerca de los alcances de esta causal. Pedro Juan Viladrich admite los trastornos psíco-sexuales, aunque advirtiendo que los supuestos fácticos no se agotan en ellos.34 Javier Barrientos y Aranzazú Novales, estiman que la homosexualidad “puede tener cabida dentro de alguno de los nuevos capítulos de nulidad matrimonial, (…) bajo la noción de „trastorno o anomalía psíquica‟ que vuelve incapaz de modo absoluto, a la persona para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio (art. 5 número 3 Lmc.), como ha admitido jurisprudencia canónica y de sistemas jurídicos extranjeros”.35 Carlos López Díaz admite dentro de la causal casos como trastornos de la identidad sexual, el fetichismo o el travestismo, pero no así la homosexualidad y la bisexualidad. 36 En todo caso, si la conducta homosexual o bisexual se manifestare después de haber contraído matrimonio, permitirá al otro cónyuge demandar el divorcio, según estudiaremos más adelante. El profesor Jorge del Picó Rubio incluye en esta causal, figuras tales como deficiencias de la inteligencia como el retraso mental moderado (que cubre el rango de coeficiente intelectual entre 35 y 49); deficiencias de la memoria (que incluyen la pérdida parcial o completa de la memoria, la incapacidad para registrar, retener o recuperar información o distorsiones en el contenido de la memoria, como las que incorporan recuerdos falsos); deficiencias del pensamiento (que incluyen las perturbaciones que afectan a la velocidad y organización de los procesos de pensamiento).37 En todo caso, la ley exige que el trastorno o la anomalía se encuentren fehacientemente diagnosticadas, lo que implica disponer de pruebas que establezcan de un modo irrefragable la causal de nulidad.
Viladrich, Pedro Juan, “Comentario al canon 1095”, en Instituto Martín de Azpilcueta, “Código de Derecho Canónico”, Pamplona, 1992, Ediciones Universidad de Navarra, 5ª edición, p. 567, citado a su vez por Del Picó Rubio, Jorge, “Derecho Matrimonial Chileno”, Santiago de Chile, AbeledoPerrot, LegalPublishing, año 2010, p. 253. 35 Barrientos Grandón, Javier y Novales Alquézar, Aranzazú, “Nuevo Derecho Matrimonial Chileno. Ley número 19.947: celebración del matrimonio, separación, divorcio y nulidad”, Editorial LexisNexis, Santiago, año 2004, p. 112. 36 López Díaz, Carlos, ob. cit., p. 170. 37 Del Picó Rubio, Jorge, ob. cit., pp. 252 y 253. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
a.1.5. Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio (artículo 5, número 4 de la Ley de Matrimonio Civil). Al igual que la causal anterior, ésta tampoco se encontraba contemplada en la ley de 1884. La causal nos parece muy ambigua en su redacción, considerando que no alude a los menores de dieciséis años, ni a los dementes ni a los que sufran un trastorno o una anomalía psíquica transitoria. Tampoco nos parece adecuado aludir a personas que carezcan de suficiente juicio y discernimiento, pues ante la ley civil tales personas son incapaces, y si lo fueran, estarían comprendidos en otras causales. ¿Quienes podrían quedar comprendidos en esta hipótesis, entonces? Para intentar responder a esta pregunta, debemos considerar que la causal también tiene su origen en el Derecho Canónico (Canon 1.095 número 2 del Código de Derecho Canónico). Ahora bien, la causal alude a la imposibilidad para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Pues bien, en el ámbito del Derecho Canónico, son obligaciones esenciales del matrimonio, las siguientes:  Obligación de cooperar a la realización del acto carnal;  Obligación de no hacer nada contrario a la generación de la prole;  Obligación de mantener una comunidad de vida;  Obligación de recibir y educar a los hijos. Descartando de esta causal el tercer caso, pues está comprendido en la causal analizada en el punto a.1.4., las otras tres podrían configurar una causal de nulidad de matrimonio que se ajuste a la conducta descrita en el número 4 del artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Así, por ejemplo, aquella persona que exhibió desde el momento mismo de contraer matrimonio una conducta hostil al nacimiento de hijos; o el individuo que, sin incurrir en un trastorno psíquico, es incapaz de radicarse en determinado lugar y formar allí una comunidad de vida, optando por una vida que lo lleva a desplazarse incansablemente de un lugar a otro. También podría estimarse comprendida en esta causal, la de aquél que teniendo más de dieciséis pero menos de dieciocho años, hubiere contraído matrimonio, careciendo de la madurez suficiente para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. La causal se refiere a no poder “comprender” y “comprometerse”. Hay, por un lado, entonces, una operación intelectual que no puede realizarse adecuadamente, y por otro lado, un acto volitivo que no puede materializarse. En todo caso, tal como se expresó en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, son copulativos los requisitos de comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Se indicó al efecto que “La doctrina canónica sostiene que el defecto de discreción o juicio, que no constituye privación de razón, no es sólo un defecto del intelecto (o sea, una incapacidad para comprender los deberes matrimoniales), sino que, a la vez, una deficiencia de la voluntad (incapacidad para querer comprometerse con ellos)”. a.1.6. Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas (artículo 5 número 5 de la Ley de Matrimonio Civil).
Cabe recordar que la Ley número 19.904, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de octubre de 2003, había modificado el número 4 del artículo 4º de la ley de 1884. En efecto, establecía el antiguo artículo 4 número 4: “Los que de palabra o por escrito no pudieren expresar su voluntad claramente”. Tras la reforma incorporada a la ley de 1884 por la Ley número 19.904, el número 4 quedó con el siguiente tenor: “Los que no pudieren expresar su voluntad claramente”. Hoy, la ley es algo más explícita, pero en lo sustancial, el espíritu es el mismo que el de la Ley número 19.904, a saber, terminar con una discriminación que afectaba a los sordos o sordomudos analfabetos, pero capaces de expresarse a través de la lengua de señas. a.2) Causales de incapacidad relativas o impedimentos dirimentes relativos. Dos son las causales de incapacidad relativas o impedimentos dirimentes relativos que contempla la ley, conforme a lo que expondremos a continuación. a.2.1. Por vínculo de parentesco (artículo 6º de la Ley de Matrimonio Civil). No podrán contraer matrimonio entre sí:  los ascendientes y descendientes por consanguinidad;  Los ascendientes y descendientes por afinidad (así, por ejemplo, la nuera que ha enviudado, no podría contraer matrimonio con su suegro viudo);  Los colaterales por consanguinidad en el segundo grado;  El adoptado con uno de los adoptantes, porque la adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo del o de los adoptantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley número 19.620, de Adopción de Menores; en este caso, el adoptado, además, no podrá contraer matrimonio con cualesquiera de sus ascendientes biológicos o con sus hermanos biológicos, pues se mantiene, para este solo efecto, el vínculo de filiación de origen (artículo 37 de la Ley de Adopción de Menores). Por ende, el impedimento aquí es doble: con la familia de origen o biológica y con la familia adoptiva. Los casos contemplados en la ley, obedecen a razones morales y biológicas (impedir degeneraciones físicas y psíquicas). No comprende este impedimento el parentesco colateral por afinidad, de manera que el matrimonio entre cuñados es lícito. Observa la doctrina que la restricción impuesta por este artículo es mínima. En otras legislaciones, como la francesa, se prohíbe también el matrimonio entre tíos y sobrinos (o sea, entre parientes en tercer grado en la línea colateral). a.2.2. Por homicidio (artículo 7º de la Ley de Matrimonio Civil). El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio: con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer; o  con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. La expresión “contra quien se hubiere formalizado investigación”, es propia del nuevo proceso penal oral. En relación a esta materia, el artículo 7º transitorio de la Ley 
19.947, establece que la incapacidad referida al imputado que se establece en el artículo 7º de la Ley de Matrimonio Civil, se entenderá hecha al procesado en la causa criminal seguida por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región respectiva. Este impedimento rige tanto para el hombre como para la mujer y no es necesario que el cónyuge sobreviviente haya participado en el asesinato o tenga alguna relación delictuosa con el asesino. Una elemental consideración de moral pública impide el matrimonio del cónyuge sobreviviente con el asesino del cónyuge del primero, o con su cómplice o encubridor. b) Impedimentos impedientes o prohibiciones. b.1) Generalidades y enumeración de las prohibiciones. Están establecidas en los arts. 105 a 116 (salvo el 108, actualmente derogado) y 124 a 129 del CC. Estas disposiciones están vigentes, y debe acreditarse su cumplimiento en los dos trámites previos al matrimonio, la manifestación y la información. En efecto, el artículo 9° de la Ley de Matrimonio Civil, dispone que quienes quisieren contraer matrimonio, deberán comunicar al Oficial Civil, si corresponde, los nombres de las personas cuyo consentimiento sea necesario y el hecho de no tener prohibición legal para contraer matrimonio. A su vez, el artículo 12° de la misma ley, señala que se acompañará a la manifestación una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio prestado por las personas que indica el Código Civil. Por su parte, el artículo 14° dispone que en el momento de presentarse o hacerse la manifestación, los interesados rendirán información de dos testigos por lo menos, sobre el hecho de no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. El efecto del quebrantamiento de tales impedimentos no es la nulidad del matrimonio, sino el que, en cada caso, señala la ley. Los impedimentos impedientes o prohibiciones son tres: 1º Impedimento de falta de consentimiento. 2º Impedimento de guarda. 3º Impedimento de segundas nupcias.
b.2) Análisis de los impedimentos impedientes: b.2.1. Impedimento de falta de consentimiento. El art. 105 del Código Civil establece que no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario. El art. 107 del Código Civil, por su parte, sujeta a esta regla a todos los que tengan menos de 18 años. Esta reglamentación afecta pues a los hombres y mujeres, sean casados en primeras o segundas nupcias, pues la ley no hace distingo alguno. Después de los 18 años, se puede contraer matrimonio sin necesidad de consentimiento alguno y, aun, contra la expresa negativa de los padres o curadores.
El tenor de esté artículo fue modificado por la Ley 19.947. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
No debe confundirse este consentimiento o asenso con la manifestación de voluntad del que va a casarse. Si el contrayente no presta su consentimiento, no hay matrimonio; si falta el asenso, el matrimonio es perfectamente válido, pero se producen otros efectos que se indicarán. En otras palabras, estamos ante manifestaciones de voluntad de disímil finalidad e importancia (estamos ante lo que se denomina en doctrina acto complejo, de complejidad desigual, como se estudió en el ámbito de la clasificación de los actos jurídicos, específicamente de los actos jurídicos unilaterales pluripersonales). El consentimiento debe ser prestado expresamente: artículo 107 del Código Civil. El art. 12 de la Ley de Matrimonio Civil agrega que puede ser verbal o escrito. Puede prestarse en el momento del matrimonio o con anterioridad a su celebración. En este segundo caso, el consentimiento deberá prestarse por escrito, pues el artículo citado exige, como antes referíamos, que se acompañe a la manifestación constancia fehaciente del consentimiento. Estas expresiones indican que la exigencia sólo puede ser cumplida acompañando el documento en que conste el asenso. El art. 12 no exige categóricamente que el asenso conste en escritura pública, pero al determinar que la constancia sea “fehaciente”, o sea indiscutible, no puede referirse sino al instrumento público, que es el que de suyo produce este efecto. Este antecedente se agrega en el momento de hacerse la manifestación, a menos que se preste verbalmente ante el Oficial del Registro Civil, al momento de contraer matrimonio. En la inscripción del matrimonio, debe también dejarse constancia del nombre de los que dieron su consentimiento y testimonio fehaciente del mismo (art. 39 números 8 y 9 de la Ley de Registro Civil). Aun cuando la ley no lo dice expresamente, no cabe duda de que el asenso debe ser nominativo, o sea, debe referirse a determinada persona, con quien el menor queda autorizado para casarse. Una autorización general, no cumpliría con los propósitos del legislador. Tampoco cabe duda que este asenso podrá retirarse, mientras el matrimonio no se celebre. Personas que deben asentir (arts. 107 y 111 del Código Civil): distinguimos según se trate de un hijo de filiación determinada o indeterminada: + Hijos de filiación determinada: prestarán el consentimiento: 1º Ambos padres; 2º Si faltare uno de ellos, el otro padre o madre prestará su asentimiento; 3º A falta de ambos padres, el ascendiente o los ascendientes de grado más próximo. Previene la ley que en igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio. 4º A falta de todas estas personas, dará el asenso el curador general, y si no lo hay, el oficial del Registro Civil que deba intervenir en la celebración del matrimonio (art. 111 del Código Civil) o el ministro de culto de la respectiva entidad religiosa. + Hijos cuya filiación no ha sido determinada respecto de ninguno de sus padres: en este caso, el consentimiento para su matrimonio lo dará su curador general y a falta de éste, el oficial civil o el respectivo ministro de culto. El padre o madre u otro ascendiente se entiende faltar, en los siguientes casos (enumerados en los arts. 109 y 110 del Código Civil): 1º Cuando ha fallecido. 2º Cuando está demente.
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3º Cuando está ausente del territorio de la República y no se espera su pronto regreso. No es necesario que se ignore su paradero, pues aun conociendo la actual residencia, si la persona se encuentra fuera del país y no se espera que vuelva pronto, puede ser suplida por otra de las personas llamadas por la ley al ejercicio de esta facultad. 4º Cuando se ignora el lugar de su residencia, esté dentro o fuera del país. 5º Se entenderá faltar también el padre o la madre cuando la paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición. 6º Cuando el padre o la madre ha sido privado de la patria potestad por sentencia judicial, lo que ocurre en los casos del art. 271 del Código Civil. 7º Cuando el padre o la madre ha sido inhabilitado para intervenir en la educación de sus hijos, por su mala conducta (art. 110 del Código Civil). Los ascendientes –distintos de los padres- pueden faltar, pero sólo en los casos contemplados por el art. 109; a ellos no se les aplica el art. 110. A falta de curador general, la ley encomienda al oficial del Registro Civil que interviene en la celebración del matrimonio la facultad de autorizar al menor para concluirlo. El Oficial del Registro Civil sólo podrá denegar el consentimiento invocando alguna de las causales establecidas en el art. 113 del Código Civil, debiendo comunicar esto al juez de Familia correspondiente para que califique el disenso, si llegare el caso. El mismo rol deberá cumplir el ministro de culto, si el matrimonio se celebrara ante él. Motivación del disenso: puede o no ser un acto motivado según sea la persona que deba dar el consentimiento. Cabe distinguir entonces las siguientes situaciones: a) Los padres y los ascendientes no necesitan motivar su disenso; basta que ellos se opongan al matrimonio para que no pueda celebrarse el de los menores de 18 años (art. 112,1º del Código Civil). b) El curador y el oficial del Registro Civil que nieguen su consentimiento, están siempre obligados a expresar causa (art. 112, 2º del Código Civil). Lo mismo se aplica, al ministro de culto. Causales de disenso: Las causales de disenso no pueden ser otras que las señaladas en el art. 113 del Código Civil. Conocerá y se pronunciará sobre el disenso, el Juez de Familia39. Son las siguientes: a) La existencia de cualquier impedimento legal, incluso el señalado en el art. 116 del Código Civil. b) El no haberse practicado algunas de las diligencias prescritas en el título de Las Segundas Nupcias, en su caso. c) Grave peligro para la salud del menor a quién se niega la licencia, o de la prole. d) Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual, de la persona con quien el menor desea casarse. e) Haber sido condenada esa persona por delito que merezca pena aflictiva. f) No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio. Resumiendo, dichas causales constituyen impedimentos legales (prohibiciones); de carácter eugenésico; de carácter moral; y de carácter económico.
Artículo 8, número 5 de la Ley 19.968. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Efectos de la falta de asenso: a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, la sanción no es la nulidad del matrimonio. Este es válido, pero se castiga la desobediencia del menor en la siguiente forma: a) Si el menor debió obtener el consentimiento de un ascendiente y prescindió de él, o pasó por sobre su negativa, puede ser desheredado por ese ascendiente y por todos los demás (se entiende por desheredamiento la disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima, art. 1207 del Código Civil). Esta sanción requiere de una declaración expresa de voluntad del ascendiente, es decir, debe otorgarse testamento, privando al menor de lo que por ley corresponde (art. 114 del Código Civil). b) Si el ascendiente muere sin hacer testamento, el menor pierde la mitad de lo que por ley le corresponde en su herencia. En este caso, no se necesita declaración de voluntad del ascendiente; por el contrario, en su silencio, castiga la ley al descendiente con la privación de la mitad de la herencia (art. 114, parte final del Código Civil). c) El ascendiente sin cuyo necesario consentimiento se casó el menor, puede revocar las donaciones hechas a éste antes del matrimonio; esta sanción sólo compete al ascendiente que debió consentir y no a los demás, como ocurre en el caso de la desheredación. Naturalmente que las donaciones que pueden revocarse son las irrevocables o entre vivos, ya que las donaciones por causa de muerte son esencialmente revocables, sin necesidad de que exista ninguna disposición especial para ello (aún más, si la donación revocable se otorgó ciñéndose a las solemnidades de las donaciones entre vivos, y el donante en el instrumento se reservare la facultad de revocarla, al tenor del art. 1137, 2º del Código Civil, debe confirmarse expresamente en el acto testamentario). d) El menor puede tener también las sanciones penales indicadas en el artículo 384 del CP; las sanciones penales alcanzan además al oficial del Registro Civil que autorizó el matrimonio. Si el menor contrae matrimonio sin el consentimiento del curador o del oficial del Registro Civil o del ministro de culto, no se hace acreedor a sanciones civiles, ya que el CC. sólo las aplica en el caso de los ascendientes. b.2.2. Impedimento de guarda. Está establecido en el artículo 116 del Código Civil y consiste en que el menor de 18 años no puede contraer matrimonio con su tutor o curador sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez con audiencia del defensor de menores (se entiende que si se trata de un tutor, el menor deberá haber cumplido 16 años, para contraer matrimonio). Tampoco pueden los descendientes del tutor o curador contraer matrimonio con el pupilo o pupila sin que previamente se cumpla con este requisito. El impedimento sólo se refiere a los curadores que administran o han administrado bienes del pupilo. No afecta entonces a los curadores sin administración de bienes, como lo son los ad lítem. La sanción por la contravención no es la nulidad del matrimonio sino la pérdida que sufre el guardador de toda remuneración en el desempeño de su cargo. El oficial del
Registro Civil o ministro de culto que autoriza el matrimonio en estas condiciones es alcanzado por las sanciones penales establecidas en el art. 388 del CP40. Cesa el impedimento: a) Si la justicia aprueba las cuentas; y b) Si el ascendiente o ascendientes que deben prestar asenso, autorizan el matrimonio. El oficial del Registro Civil o ministro de culto debe exigir copia autorizada, debidamente ejecutoriada, de la resolución judicial que apruebe la cuenta, a menos que se hagan presente el o los ascendientes que deben prestar asenso. b.2.3. Impedimento de segundas nupcias. Está contemplado en el art. 12441 del Código Civil. Se refiere al que tiene hijos de precedente matrimonio. Para que rija el impedimento, es necesario que los hijos estén:  bajo la patria potestad; o  bajo la tutela o curatela del padre o de la madre, aunque fueren mayores de edad. El impedimento no afecta, por ende, al padre o madre cuyos hijos se han emancipado de la patria potestad, a menos que ellos se encontraren bajo curaduría de su padre o madre. Si los hijos mayores estuvieren bajo guarda de un tercero, tampoco regirá el impedimento, pues el precepto exige que estén bajo “su” tutela o curaduría. El actual tenor del artículo 124, fue fijado por la Ley 19.947, ampliando su campo de aplicación. En efecto, antes de la reforma, el precepto sólo se refería al viudo o viuda que tenía hijos de precedente matrimonio y tampoco contemplaba al que hubiere anulado su matrimonio. Ahora, el artículo rige para el viudo o viuda, para el divorciado y también para el que hubiere obtenido la nulidad de su matrimonio. Respecto al último, en principio, podría estimarse que no se le aplica el artículo 124, desde el momento en que se alude en él a “precedente matrimonio”, lo que obviamente no acontece si el matrimonio se declaró nulo, ya que en tal caso, sencillamente no hubo matrimonio. Sin embargo, el artículo 127, al establecer la sanción aplicable a quien se case infringiendo el impedimento impediente que estamos analizando, incluye también, junto al viudo y divorciado, a “quien hubiere anulado su matrimonio”. Para mayor claridad, el legislador debió incluir a éste último en el artículo 124, pero a pesar de no haberlo hecho, debemos concluir que tácitamente está comprendido, atendido lo dispuesto en el artículo 127 del mismo Código. Adicionalmente, se podría agregar que dado el carácter de hijos matrimoniales que la ley atribuye a todo hijo nacido en un matrimonio declarado nulo (artículo 51, inciso 1° de la Ley de Matrimonio Civil)42 de todas maneras debieran quedar protegidos entonces por el artículo 124.
Establece el inciso 1° del artículo 388 del Código Penal, conforme al tenor fijado por la Ley 19.947: “El oficial civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, sufrirá las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley.” 41 Antes de la promulgación de la Ley 19.947, el artículo 124 se refería al viudo o viuda. Ahora, el precepto se aplica, además, a los que se hubieren divorciado y también, atendido lo dispuesto en el artículo 127, a los que hubieren anulado su matrimonio. 42 Según veremos más adelante, tras la promulgación de la Ley 19.947, todos los hijos nacidos en un matrimonio después declarado nulo, tienen filiación matrimonial. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Por su parte, el art. 126 del CC. establece que el oficial del Registro Civil no permitirá el matrimonio del padre o madre:  sin que le presente certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los fines del impedimento; o  sin que proceda información sumaria de que el padre o madre no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría. A pesar de que el artículo 126 del Código Civil no alude al ministro de culto, entendemos que recae sobre él la misma obligación que se impone al Oficial Civil. - En qué consiste el impedimento: debe nombrarse a los hijos un curador especial, para que confeccione un inventario solemne de los bienes del hijo que el padre o la madre administra como tal, o como curador o tutor. Esta exigencia tiene por objeto evitar la confusión del patrimonio de estos hijos con los bienes de los que nazcan después. De ahí que cuando un hijo no tiene bienes, de todas maneras debe nombrarse un curador para que deje constancia del hecho (así lo dispone expresamente el art. 125 del Código Civil). Se ha entendido por la mayoría de la doctrina (Rossel, entre otros) que no es necesario terminar el inventario solemne antes de contraer segundas nupcias; el art. 127 se limita a exigir que el inventario se haga “en tiempo oportuno”, y lo es, todo el tiempo que transcurra antes que pueda producirse la confusión de patrimonios. De tal forma, para celebrar matrimonio, el oficial del Registro Civil o el ministro de culto sólo deberá exigir que conste que se nombró curador o de que el padre o madre no tiene hijos de precedente matrimonio (art. 126 del Código Civil). Rodríguez Grez estima que en esta parte, la doctrina ha sido demasiado liberal. Considera que si el impedimento consiste en la facción de inventario y que su objetivo es el evitar la confusión de los patrimonios, “tiempo oportuno” significaría antes de celebrarse el matrimonio. - Sanciones por el quebrantamiento del impedimento: están establecidas en el art. 127 del Código Civil, y son: a) El padre o la madre pierden el derecho de suceder abintestato a su hijo; b) Pierden igualmente la legítima que les corresponde en la herencia de su hijo. Si el hijo testa después de producida la causal, el padre o madre queda liberado de la sanción conforme a lo dispuesto en el art. 973 del Código Civil, el cual establece que las causales de indignidad mencionadas en los arts. precedentes, no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen. No cabe duda de que el padre o madre que no respeta el impedimento atenta contra la integridad del patrimonio de sus hijos o pupilos e incurre en la causal de indignidad del número 2 del art. 968 (“atentado grave contra...los bienes de la persona de cuya sucesión se trata”, causal de injuria atroz). Siendo así, resulta aplicable el art. 973. - El impedimento de segundas nupcias en relación con la mujer: dos son los objetivos que persigue el impedimento de segundas nupcias respecto de la mujer. El primero, ya analizado, de evitar la confusión de patrimonios. El segundo, evitar la confusión de paternidad de los hijos que pueda dar a luz. Este segundo objetivo se obtiene mediante un plazo llamado usualmente de “viudedad”, que la mujer debe respetar antes de contraer matrimonio nuevamente. Está
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establecido en el art. 128 del Código Civil, precepto que no sólo se refiere a la viuda, sino también a la que anula el matrimonio o se hubiere divorciado. Dispone la norma: a) Disuelto un matrimonio (lo que incluye la muerte del otro cónyuge o el divorcio) o declarado nulo, la mujer que esté embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto o (no habiendo señales de embarazo) antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad; b) Con todo, podrán rebajarse de este plazo, todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer. Si la mujer pudiera casarse inmediatamente de disuelto el matrimonio, podría darse el caso que, legalmente, el hijo que naciera dentro de los 300 días subsiguientes a la celebración del nuevo matrimonio se reputara hijo de ambos padres: del primero, porque se reputan de filiación matrimonial los hijos que nacen dentro de los 300 días contados desde la disolución del matrimonio; y del segundo, porque se reputan hijos de filiación matrimonial los que nacen después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. Entran en juego aquí los arts. 76 (con su presunción de derecho acerca de la concepción) y 184 (con su presunción de paternidad simplemente legal). El plazo de viudedad tiende a evitar estos equívocos. El art. 130 del Código Civil (introducido por la Ley número 19.585) dispone al respecto que, cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, y se invocare una decisión judicial de conformidad a las reglas establecidas para las acciones de filiación, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias. Las pruebas periciales de carácter biológico y el dictamen de facultativos serán decretados si así se solicita. - Sanción por la infracción del impedimento: sujetar a la mujer y a su nuevo marido a la indemnización de todo perjuicio o costa que ocasione a un tercero la incertidumbre de la paternidad (art. 130, 2º). La responsabilidad de la mujer y su nuevo marido, es solidaria (estamos ante uno de los excepcionales casos de solidaridad legal pasiva). c) Acerca del consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Dispone el artículo 8º de la Ley de Matrimonio Civil, que falta el consentimiento libre y espontáneo, en los siguientes casos: c.1) Si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente (artículo 8º, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil). Se trata del error en la persona física, al que aludía el antiguo artículo 33 número 1 de la ley de 1884. La hipótesis más probable, es aquella que se produce cuando una persona contrae matrimonio con otra, por poder, equivocándose el apoderado en la identidad de la persona con quien contrata. c.2) Si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales del otro contrayente, que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como
determinante para otorgar el consentimiento (artículo 8º, número 2) de la Ley de Matrimonio Civil. Esta es una importante novedad incorporada a la Ley de Matrimonio Civil, pues el caso está referido a “la persona civil o social”. Como señala nuestra doctrina, existe error en la persona civil o social cuando se discrepa sobre aquel conjunto de cualidades o atributos que señalan a un individuo su posición dentro de la sociedad. Esta clase de error en la persona fue sistemáticamente rechazado como causal de nulidad de matrimonio, resolviendo nuestros tribunales que la ley sólo contemplaba el error en la identidad de la persona con que se celebraba el matrimonio, situación que, hipotéticamente, según indicamos, era más factible de producirse en los matrimonios por poder. Hoy, las “cualidades personales” de uno de los contrayentes cobran especial relevancia desde un punto de vista jurídico, lo que ciertamente exigirá a nuestros tribunales ser muy cautelosos en precisar en qué medida se configura la causal prevista en la ley. En todo caso, la doctrina extranjera ha precisado que la cuantía del patrimonio de la persona con quien se celebra matrimonio, no forma parte de sus “cualidades personales”. El profesor Hernán Corral Talciani estima que la impotencia que afecte a uno de los cónyuges, derogada como causal de incapacidad específica, podría quedar comprendida dentro de la causal de error en la persona social. Ello, porque la cualidad personal sobre la que yerra uno de los contratantes en relación a la persona del otro, debe corresponder a “la naturaleza o los fines del matrimonio”, siendo la procreación uno de tales fines. La misma opinión ha sostenido la profesora Andrea Muñoz. Coincidimos con este criterio, en la medida que la impotencia no hubiere sido conocida por el otro contrayente. Para el profesor Carlos López, la causal podría operar pero con ciertas limitantes: i) Que dados los antecedentes del matrimonio en el que se invoque la causal, haya habido un efectivo interés en procrear (no procedería, entonces, en el matrimonio de un par de ancianos); ii) No es necesario que la impotencia sea perpetua e incurable (podría ser sólo perpetua, pero curable, como en el caso de un varón que se hace una vasectomía); iii) Que exista al momento del matrimonio; y iv) La impotencia no debe haber sido conocida por el otro contrayente.43 De esta manera, puede concluirse que la derogación de la causal de incapacidad referida a la impotencia coeundi o generandi, ha sido más aparente que real. Por lo demás, así lo expresó el Senador Chadwick, según consta del Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado: “El honorable Senador señor Chadwick sostuvo que, (...) se entiende que se proponga como alternativa suprimir la causal, porque en rigor es innecesaria, desde el momento en que la impotencia que no sea conocida por el otro contrayente queda comprendida en el número 2 del artículo 8º, esto es, en el error acerca de alguna de las cualidades personales de los contrayentes que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, haya de ser estimado como determinante para otorgar el consentimiento”. Otras hipótesis planteadas por el profesor Carlos López Díaz corresponden a una enfermedad que afecte a uno de los cónyuges, distinta de la impotencia, que lo imposibilite para procrear, o que implique la transmisión de enfermedades o taras genéticas no conocidas por el otro cónyuge; o la conducta depravada de uno de los cónyuges, que supone falta de moralidad, conductas deshonrosas, perversiones sexuales, etc., que
López Díaz, Carlos, ob. cit., pp. 159 y 160. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
desestabilizan gravemente la vida matrimonial, obstaculizando la comunidad de vida que debe formarse y que muchas veces no son conocidas por el otro contrayente al momento de casarse; la homosexualidad no conocida por uno de los cónyuges y practicada con anterioridad y que de ser conocida ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento (ya que pueden ser no toleradas por el otro cónyuge); convicciones morales o religiosas, cuando se trata de convicciones religiosas fundamentalistas que impliquen restricciones a la libertad de uno de los cónyuges o de los hijos o exigencias desmesuradas provenientes de cualquier idea o actividad, ideologías políticas, etc.44 Javier Barrientos y Aranzazú Novales, al igual que se planteó a propósito de las incapacidades para contraer matrimonio, estiman que la homosexualidad “puede tener cabida dentro de alguno de los nuevos capítulos de nulidad matrimonial, (…) en el evento de haber podido configurar el capítulo de nulidad que consiste en el error acerca de alguna cualidad personal del contrayente, que, en atención a la naturaleza y fines del matrimonio, pueda ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento (art. 8 número 2 Lmc)”.45 En el Derecho comparado, el planteamiento ha sido similar al recién expuesto. Así, el artículo 73 número 4 del Código Civil español dispone que será nulo el matrimonio celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubiesen sido determinantes del consentimiento. Acerca de la segunda hipótesis, se afirma que “Hay que excluir de su concepto la creencia errónea sobre cualquier cualidad que se estima posee el otro contrayente, pues es una equivocación que está en la naturaleza de las cosas; toda elección conlleva riesgos. Hay que buscar una vía objetiva, y desde ella entendemos que serán las necesarias para el cumplimiento de los fines del matrimonio o de un concreto matrimonio (p. ej., la impotencia coeundi), y las que conocidamente han sido el presupuesto para dar el consentimiento por quien alega el error.” Por su parte, el artículo 175 del Código Civil argentino, establece que “Vician el consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. También lo vicia el error acerca de cualidades personales del otro contrayente si se prueba que, quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido el estado de las cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando las condiciones personales y circunstancias de quien lo alega.”46 A su vez, el artículo 140 número 1 del Código Civil de Colombia, dispone que “El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 1. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos.”47 c.3) Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa, que hubiere sido determinante para contraer el vínculo (artículo 8º, número 3) de la Ley de Matrimonio Civil.
López Díaz, Carlos, ob. cit., p. 160. Barrientos Grandón, Javier y Novales Alquézar, Aranzazú, ob. cit., p. 112. 46 Código Civil de la República Argentina, Lexis-Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, año 2004, p. 47. Es interesante notar que el Código argentino, contempla el dolo como vicio del consentimiento en el matrimonio, lo que no acontece en la ley chilena. 47 Código Civil, Legis Editores S.A., año 2001, Bogota, Colombia, p. 25. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Recordemos que se entiende por “fuerza” aquella “presión física o moral ejercida sobre la voluntad de una persona para determinarla a ejecutar un acto jurídico.” Ahora bien, debemos entender que la fuerza que vicia el consentimiento de alguno de los contrayentes, es la fuerza moral, vale decir, aquellas “amenazas dirigidas contra un individuo para hacer que nazca en su espíritu un temor insuperable.” En cambio, si nos encontramos ante una fuerza física, sencillamente no hay matrimonio, es decir, falta un requisito de existencia, el consentimiento o acuerdo de las voluntades de los contrayentes. Considerando la remisión que se hace al Código Civil, la fuerza ha de ser injusta o ilegítima, grave y determinante. Debemos descartar también, como hipótesis de fuerza que vicie el consentimiento de uno de los contrayentes, el “temor reverencial” que pueda afectarlo, pues de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1456 del Código Civil, “El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.” La ley se pone en el caso que la fuerza haya sido ocasionada por una persona, o por “una circunstancia externa”. Tal sería, por ejemplo, la presión social que mueve a una joven embarazada, a contraer matrimonio, forzando su voluntad. Cabría preguntarse si quedaría comprendida en este caso, aquella situación en virtud de la cual una persona contrae matrimonio, con el solo propósito de obtener visa o permiso de residencia en determinado país, forzado por la circunstancias. Estimamos que tal voluntad del contrayente no se habría manifestado libremente, y por ende el contrato de matrimonio estaría viciado. En todo caso, cualesquiera fuere el caso, nos encontramos ante una excepción al principio general, en virtud del cual la fuerza ha de ser obra de una persona, aunque no necesariamente del contratante beneficiado con ella. d) Tercer requisito de validez del matrimonio: cumplimiento de las solemnidades legales. d.1) Generalidades. Cabe señalar que no todas las solemnidades del matrimonio tienen la misma sanción en caso de omitirse, e incluso la omisión de algunas ninguna sanción tiene. La omisión de algunas solemnidades está sancionada con la inexistencia del matrimonio, como omitir la presencia de un oficial del Registro Civil o de un ministro de culto, o si el matrimonio se hubiere celebrado ante el último, no ratificarlo ante un Oficial o no inscribir el acta respectiva. Otras, con la nulidad, como por ejemplo en el caso anterior para aquellos que no aceptan la inexistencia; y un tercer grupo no tiene sanción alguna, porque son simples medios de prueba que pueden sustituirse, o ceremonias para hacer más respetable el acto, como acontece en el último caso a propósito de la exigencia legal de leer por el oficial del Registro Civil, en presencia de los contrayentes y los testigos, los arts. 131, 133 y 134 del CC. (art. 18 de la Ley de Matrimonio Civil). Las solemnidades serán distintas también, según que el matrimonio se celebre en Chile o en el extranjero. Las analizaremos por separado. d.2) Solemnidades de los matrimonios celebrados en Chile. Son las siguientes:
La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña 32
1º La manifestación. 2º La información. 3º Celebración del acto. Las dos primeras se regulan dentro de las diligencias preliminares a la celebración del matrimonio. d.2.1. Acerca de la manifestación. - Concepto. La manifestación consiste en la noticia que los interesados dan al oficial del Registro Civil, de su deseo de contraer matrimonio. - Cómo pueden hacer la manifestación los interesados en contraer matrimonio. Establece el artículo 9º, inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil, que los que quisieren contraer matrimonio, lo comunicarán por alguno de los medios siguientes:  por escrito;  oralmente; o  por medio de lenguaje de señas48. - Ante quien puede hacerse la manifestación. La manifestación podrá hacerse ante cualquier Oficial del Registro Civil (artículo 9º, inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil).49 Tiene importancia la elección del Oficial del Registro Civil ante quien se hace la manifestación, pues ante él deberá celebrarse el matrimonio. - Qué debe contener la manifestación. Conforme al artículo 9º, inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil, los novios deben indicar:  sus nombres y apellidos;  el lugar y la fecha de su nacimiento;  su estado de solteros, viudos o divorciados y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente;  su profesión u oficio;  los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos;  los nombres y apellidos de las personas cuyo consentimiento fuere necesario;50 y
Medio este último no contemplado en el artículo 9 de la ley de 1884. La ley de 1884, exigía realizar la manifestación ante el Oficial del Registro Civil competente, que lo era el del domicilio o residencia de cualquiera de los novios. 50 Se trata de aquellas personas de deben dar el asenso, para el matrimonio del menor de 18 y mayor de 16 años. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
el hecho de no tener incapacidad o prohibición legal para contraer matrimonio (vale decir, no estar comprendido en ninguno de los casos contemplados en los artículos 5 a 7 de la ley).
- Formalidad que debe cumplirse, en el caso que la manifestación fuere oral o por lenguaje de señas. Si la manifestación no fuere escrita, el Oficial del Registro Civil levantará acta completa de ella, la que será firmada por él y por los interesados, si supieren y pudieren hacerlo, y autorizada por dos testigos (artículo 9º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil). - Deberes que pesan sobre el Oficial del Registro Civil, al momento de hacérsele la manifestación por los novios. Al momento de comunicar los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el Oficial del Registro Civil deberá:  proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo (artículo 10º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil);  prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo (artículo 10º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil); vale decir, que no haya error ni fuerza.  comunicarles la existencia de cursos de preparación para el matrimonio, si no acreditaren que los han realizado. Los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial (artículo 10º, inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil). Lo dispuesto en el inciso citado, no se aplicará en los casos de matrimonios en artículo de muerte.51 La circunstancia de que el Oficial del Registro Civil omita alguno de los deberes indicados, no acarreará la nulidad del matrimonio ni del régimen patrimonial respectivo, sin perjuicio de la sanción que corresponda al funcionario en conformidad a la ley (artículo 10º, inciso 4º). Se trata de una responsabilidad administrativa, que podría ocasionar la destitución del Oficial Civil, previo sumario. - Acerca de los cursos de preparación para el matrimonio. Consigna la materia el artículo 11º de la Ley de Matrimonio Civil, que se refiere a los siguientes aspectos:  En cuanto al objetivo de los cursos: será el promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial que se debe brindar, particularmente en su relación con los derechos y deberes que importa el vínculo, con el fin de contribuir a que las personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que
La instauración de estos cursos de preparación para el matrimonio, constituye una novedad, pues la ley de 1884 nada contemplaba al efecto. Se aprecia la intención del legislador, de cautelar que la decisión que adopten los novios, sea informada y precedida de la pertinente reflexión. La ley civil, en esta materia, ha seguido los pasos de la ley canónica. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito las exigencias de la vida en común (inciso 1º). En cuanto a quienes pueden dictarlos: podrán impartirlos el Servicio de Registro Civil e Identificación, entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público, instituciones de educación pública o privadas con reconocimiento del Estado, o personas jurídicas sin fines de lucro cuyos estatutos comprendan la realización de actividades de promoción y apoyo familiar (inciso 2º). En cuanto al contenido de los cursos, se previene que tratándose de aquellos que no dictare el Servicio de Registro Civil e Identificación, será determinado libremente por cada institución, con tal que se ajusten a los principios y normas de la Constitución y de la ley. Para facilitar el reconocimiento de estos cursos, tales instituciones los inscribirán, previamente, en un Registro especial que llevará el Servicio de Registro Civil e Identificación (inciso 3º). Del tenor de la ley, entendemos que la institución respectiva (que necesariamente ha de ser una persona jurídica) debe presentar el plan de estudios del curso, la nómina de profesores, los programas de las materias que se enseñen, etc., ante el Registro Civil, Servicio que otorgará el “reconocimiento” del curso, inscribiéndolo en el citado Registro. Estimamos que este Registro de cursos de preparación para el matrimonio, ha de ser público.
- Manifestación presentada por personas que no puedan expresarse en la lengua castellana. Dispone el artículo 13º, inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil, que las personas pertenecientes a la etnia indígena, según el artículo 2º de la Ley número 19.253 52, podrán solicitar que la manifestación se efectúe en su lengua materna. Igual cosa podrá ocurrir tratándose de la información para el matrimonio y con la celebración de éste. En este caso, así como en aquél en que uno o ambos contrayentes no conocieren el idioma castellano, o fueren sordomudos que no pudieren expresarse por escrito, la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por medio de una persona habilitada para interpretar la lengua de el o los contrayentes o que conozca el lenguaje de señas (artículo 13º, inciso 2º).53 Por ende, si se trata de un extranjero que no hable el idioma castellano, intervendrá un intérprete de la lengua del extranjero.
Dicho artículo, debe relacionarse con el artículo 12 de la misma ley. El legislador, afortunadamente, ha corregido una grave imprecisión en la que había incurrido al dictar la Ley número 19.904, publicada en el Diario Oficial de fecha 3 de octubre de 2003, en virtud de la cual se había agregado un inciso 2º al artículo 12º de la ley de 1884, que señalaba: “Si uno de los que intentaren contraer matrimonio o ambos fueren sordos o sordomudos que no pudieren expresar su voluntad por escrito, la manifestación del matrimonio y la información que les entregue el oficial (sic) del Registro Civil se efectuará o recibirá, en su caso, por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con ellos por medio de la lengua de señas, por signos, o que comprendan a los sordos o sordomudos. Estas personas deberán ser hábiles para ser testigos en el matrimonio.” La frase “por signos, o que comprendan a los sordos o sordomudos”, muy ambigua, ha sido suprimida, lo que nos parece del todo acertado, pues una cosa es aceptar la lengua de señas, que responde a un código objetivo universalmente aceptado, y otra, como lo hizo la Ley número 19.904, era permitir que el intérprete se valiera de un procedimiento subjetivo o personal, que en ningún caso, podía garantizar que transmitía la verdadera voluntad del interesado. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Nos llama la atención que la ley sólo aluda al sordomudo, y no al sordo, como lo hace ahora el Código Civil a partir de la Ley número 19.90454, quien eventualmente, también podría no haber aprendido a escribir ni tampoco a expresarse oralmente, no obstante no tener impedimento biológico para hacerlo. Creemos que se trata de una inadvertencia del legislador, debiéndose aplicar al sordo, en tal caso, la misma regla que para los sordomudos. En el acta de matrimonio se dejará constancia del nombre, apellido y domicilio del intérprete, o de quien conozca el lenguaje de señas (artículo 13º, inciso 3º). d.2.2. Acerca de la información. En el momento de presentarse o hacerse la manifestación, los interesados rendirán información de dos testigos por lo menos, sobre el hecho de no tener impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio (artículo 14º de la Ley de Matrimonio Civil). La información vino a suplir las proclamas establecidas en el Derecho Canónico, que tenían por objeto dar publicidad al acto matrimonial, para que cualquiera que tuviere noticias de la existencia de impedimentos los diera a conocer55. d.2.3. Plazo para celebrar el matrimonio. Establece el artículo 15º de la Ley de Matrimonio Civil que, inmediatamente después de rendida la información y dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos 9º al 14º de la Ley de Matrimonio Civil. d.2.4. Personas inhábiles para servir de testigos en las diligencias previas y en la celebración del matrimonio. De conformidad con el artículo 16º de la Ley de Matrimonio Civil, son inhábiles: 1º los menores de 18 años; 2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 3º Los que se hallaren actualmente privados de razón; 4º Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos, y 5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente.56 d.2.5. De la celebración del matrimonio.
Dispone el artículo 1447 del Código Civil, modificado por la Ley 19.904, que “Son absolutamente incapaces (...) los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”. 55 Rossel Saavedra, Enrique, ob. cit., p. 43. 56 Se observan las siguientes diferencias con el antiguo artículo 14º de la ley de 1884: 1º En dicho artículo, se incluía entre los inhábiles a los ciegos, los sordos y los mudos; 2º Igualmente, eran inhábiles para servir de testigos los extranjeros no domiciliados en Chile. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
Dos son las solemnidades del matrimonio mismo: intervención de un Oficial del Registro Civil o ministro del culto respectivo (solemnidad por vía de existencia), y presencia de dos testigos hábiles (solemnidad por vía de validez). Nos referiremos a ellas en los párrafos siguientes. Precisemos, en todo caso, que el matrimonio que se celebrare ante una persona que no reúna las calidades de Oficial del Registro Civil o ministro de culto, será inexistente. Adicionalmente, debemos tener presente que el artículo 383 del Código Penal57, establece que el que engañare a una persona simulando la celebración del matrimonio con ella, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo. d.2.5.1. Matrimonio celebrado ante Oficial del Registro Civil. - Oficial Civil competente. Lo será aquél que haya intervenido en la realización de las diligencias de manifestación e información (artículo 17º de la Ley de Matrimonio Civil).58 Dicho Oficial Civil puede ser el de cualquier punto del país, careciendo de importancia el domicilio o la residencia de los contrayentes. - Presencia de dos testigos. Exige la ley la presencia de dos testigos, quienes pueden ser parientes de los contrayentes o extraños (artículo 17º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil). En esta materia, no hay innovaciones, respecto a la normativa antigua. - Lugar de la celebración del matrimonio. Podrá efectuarse:  en el local correspondiente a la oficina del Oficial del Registro Civil; o
Modificado por la Ley 19.947. Estamos aquí ante una trascendental reforma de la ley, pues el artículo 35 de la Ley de Registro Civil, y los artículos 9º y 31º de la ley de 1884, exigían celebrar el matrimonio ante el Oficial de la comuna o sección en que cualquiera de los contrayentes tenía su domicilio, o hubiere tenido su residencia los tres últimos meses anteriores a la fecha del matrimonio. Como se sabe, la infracción a estas normas, probada por testigos que refutaban a su vez lo que habían declarado los testigos que comparecieron a proporcionar la información (lo que se estimó posible, interpretando en sentido laxo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 308 del Código Civil), fue la que permitió solicitar la declaración de nulidad del matrimonio, ante los tribunales chilenos, práctica que terminó por tornarse masiva, ante la ausencia de divorcio vincular. Hoy, ha desaparecido la incompetencia territorial del Oficial Civil, pudiendo celebrarse el matrimonio ante cualquier Oficial Civil, de cualquier punto del territorio nacional, con prescindencia del domicilio o de la residencia de los contrayentes, aunque con la sola limitación de que ha de tratarse del mismo ante el cual se hubieren cumplido las formalidades previas de la manifestación e información. En todo caso, a nuestro juicio no constituye causal de nulidad del matrimonio, el haberlo celebrado ante un Oficial Civil diferente de aquél ante el cual se hubieren realizado las diligencias de la manifestación y de la información. La misma opinión sustenta el profesor Pablo Rodríguez Grez (“Ley de Matrimonio Civil”, artículo publicado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Desarrollo, “Curso de Actualización Jurídica. Nuevas Tendencias en el Derecho Civil”, Santiago, año 2004, p. 21). La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
en el lugar que señalaren los futuros contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro del territorio jurisdiccional del Oficial Civil (artículo 17, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil).
- Situación en el caso de matrimonio en artículo de muerte. El matrimonio que se celebra encontrándose uno de los cónyuges en estado agónico o bajo peligro o amenaza de muerte, podrá celebrarse ante el Oficial del Registro Civil, sin los trámites previos de la manifestación e información (artículo 17, inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil). En estos matrimonios, el Oficial Civil deberá dejar constancia en el acta respectiva, acerca del cónyuge afectado y el peligro que le amenaza (artículo 19º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil). - Deberes del Oficial Civil, al momento de celebrarse el matrimonio. En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil debe cumplir con los siguientes deberes (artículos 18º y 19º de la Ley de Matrimonio Civil):  dará lectura a la información proporcionada por los testigos y a que se refiere el artículo 14º de la Ley de Matrimonio Civil;  reiterará la prevención indicada en el artículo 10º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil, esto es, de la necesidad que el consentimiento sea libre y espontáneo;  a continuación, leerá los artículos 13159, 13360 y 13461 del Código Civil (se trata de los denominados “derechos-deberes” de los cónyuges);  preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer y, con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley;  levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo;  luego, procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento62. - Eventual responsabilidad penal del Oficial del Registro Civil. De conformidad al artículo 388 del Código Penal, el Oficial Civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las
Artículo 131 del Código Civil: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos.” 60 Artículo 133 del Código Civil: “Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo.” 61 Artículo 134 del Código Civil: “El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie. / El juez, si fuere necesario, reglará la contribución.” 62 El Reglamento de la Ley de Matrimonio Civil, se aprobó por Decreto Supremo número 673, publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de octubre de 2004. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, sufrirá las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. d.2.5.2. Matrimonio celebrado ante entidades religiosas de derecho público63. - Entidades religiosas competentes. Dispone el artículo 20º de la Ley de Matrimonio Civil, que los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley de Matrimonio Civil, en especial lo prescrito en el Capítulo II de la citada ley, que estamos analizando. Dichos efectos civiles se producirán desde la inscripción del matrimonio ante un Oficial del Registro Civil (artículo 20º, inciso 1º). Esta disposición, aunque sorprenda a algunos, había sido propuesta cuando se discutió la ley de 1884. En efecto, al iniciarse la discusión particular del proyecto que había presentado el diputado Ricardo Letelier, los congresales se dividieron entre el proyecto de la comisión y otro, presentado por el diputado Julio Zegers, quien proponía incluir la siguiente norma: “Produce efectos civiles el matrimonio que se celebra con arreglo al rito católico o al de otra religión reconocida por el Estado, siempre que la respectiva partida sea inscrita en el registro civil”64. A la postre, tuvieron que pasar ciento veinte años, para que la proposición del señor Zegers se transformara en ley de la República. Con todo, resulta esencial tener presente lo siguiente: el matrimonio celebrado ante una entidad religiosa de derecho público, no contempla decisión alguna de los contrayentes acerca del régimen patrimonial del matrimonio, materia que debe quedar resuelta al ratificar éstos su matrimonio, ante el Oficial del Registro Civil. - Obligación impuesta por la ley a la respectiva entidad religiosa. La respectiva entidad religiosa deberá otorgar un acta a los contrayentes, en la que:  se acredite la celebración del matrimonio;  se acredite el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para la validez del matrimonio;  conste el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos; y  conste la fecha de su celebración (artículo 20º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil). El artículo 40 bis de la Ley de Registro Civil65, establece por su parte que el acta a que se refiere el artículo 20º de la Ley de Matrimonio Civil deberá estar suscrita por el ministro de culto ante quien hubieren contraído matrimonio religioso los requirentes, y deberá expresar la siguiente información:
Otra de las innovaciones más importantes de la ley, dice relación con la posibilidad de celebrar el matrimonio ante un ministro de culto de una entidad religiosa, sin perjuicio de su ratificación ante un Oficial del Registro Civil. 64 Encina Francisco Antonio, “Resumen de la Historia de Chile”, de Francisco Antonio Encina, redactado por Leopoldo Castedo, Editorial Zig-Zag, Santiago, año 1954, Tomo III, p. 1.625. 65 Incorporado a la misma por la Ley número 19.947. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
1º La individualización de la entidad religiosa ante la que se celebró el matrimonio, con expresa mención del número del decreto en virtud del cual goza de personalidad jurídica de derecho público. En el caso de las entidades religiosas reconocidas por el artículo 20 de la Ley 19.63866, deberán citar esta norma jurídica; 2º La fecha y el lugar de la celebración del matrimonio; 3º El nombre y los apellidos paterno y materno de los contrayentes, así como sus números de cédula de identidad; 4º La fecha y el lugar de nacimiento de los contrayentes; 5º Su estado de soltero, divorciado o viudo y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente; 6º Su profesión u oficio; 7º Los nombres y apellidos de sus padres, si fueren conocidos; 8º Los nombres y apellidos de dos testigos67, así como sus números de cédula de identidad, y su testimonio, bajo juramento, sobre el hecho de no tener ninguno de los contrayentes impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio; 9º El nombre y los apellidos del ministro de culto, así como su número de cédula de identidad; 10º El hecho de haberse cumplido las exigencias establecidas en la ley para la validez del matrimonio civil68, y 11º La firma de los contrayentes, los testigos y el ministro de culto. Si alguno de los contrayentes no supiere o no pudiere firmar, se dejará testimonio de esta circunstancia. Deberá adjuntarse al acta, el documento que acredite la personería del ministro de culto respectivo (requisito que se cumplirá con el respectivo certificado que debe expedir el notario eclesiástico).
En el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se incluye un informe preparado por el abogado Jorge del Picó, asesor de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia, acerca de la Ley número 19.638. Se refiere en dicho informe, que el citado “...cuerpo legal establece un sistema que permite gozar de personalidad jurídica de derecho público a todas aquellas agrupaciones que cumplan con determinados requisitos formales. Fundamentalmente, son la inscripción en el registro público que lleva el Ministerio de Justicia de la escritura pública en que consten el acta de constitución y sus estatutos, el transcurso de un plazo de noventa días desde la fecha de inscripción en el registro sin que el Ministerio de Justicia hubiere formulado objeción (o subsanada en el caso que hubiere objeción o que hubiere sido rechazada la objeción en la Corte) y la publicación en el Diario Oficial de un extracto del acta de constitución. A partir de la publicación, se considera que el registro se encuentra firme y, por tanto, la entidad goza de personalidad jurídica de derecho público. El Ministerio de Justicia no puede denegar el registro, pero efectúa dos controles: uno, al momento de ingresar la solicitud a la oficina de partes, en que se aprecian aspectos formales notorios y evidentes y, un segundo control, dentro de los noventa días a que se ha hecho mención precedentemente. En esta oportunidad, el Ministerio revisa en forma detallada los antecedentes que acompañan la solicitud, pudiendo objetarla si faltare algún requisito como, por ejemplo, la mención de publicidad de los documentos esenciales y de que el propósito constitutivo sea el culto religioso. También, cuando los antecedentes lo manifestaren, podrá objetarlas por violación del orden público, la moral y las buenas costumbres”: p. 30. 67 De lo que se desprende, entonces, que el matrimonio celebrado ante entidades religiosas, debe cumplir con la misma solemnidad del matrimonio ante un Oficial del Registro Civil, en lo concerniente a la presencia de dos testigos, los que de no comparecer, impedirían inscribir el contrato. 68 La circunstancia de dejar constancia en las actas otorgadas por las entidades religiosas que se han cumplido con todas las exigencias legales necesarias para contraer matrimonio, puede implicar, en la práctica, que dichas entidades exijan previamente la celebración del matrimonio ante el Oficial del Registro Civil, para no asumir de esta forma la responsabilidad que les endosa la ley. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
- Eventual responsabilidad penal del ministro de culto. Cabe consignar que el artículo 388, inciso 2º del Código Penal69, establece que el ministro de culto que, con perjuicio de tercero, cometiere falsedad en el acta o en el certificado de matrimonio religioso destinados a producir efectos civiles, sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados. A su vez, el inciso 1º del mismo precepto, dispone que se aplicará una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley. - Plazo para inscribir el acta y ratificar la celebración del matrimonio, ante un Oficial del Registro Civil. Los que hubieren contraído matrimonio ante una entidad religiosa, deberán presentar el acta respectiva ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de ocho días, para su inscripción. Si no se inscribiere en el plazo fijado, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno (artículo 20º, inciso 2º de la Ley de Matrimonio Civil). Como la ley nada dice, debe entenderse que se trata de ocho días consecutivos, que incluyen feriados y festivos, por aplicación del artículo 50 del Código Civil. En este caso, se ha planteado la siguiente duda: ¿qué ocurre si en el plazo que media entre la celebración del matrimonio ante el ministro del culto y antes de ratificar el acto ante el Oficial del Registro Civil, uno de los contrayentes falleciere? ¿Podría solicitarse la ratificación por el contrayente sobreviviente, o debiéramos entender que dicho matrimonio religioso ya no podrá producir efectos civiles? Además, cabe preguntarse si la ratificación puede efectuarse a través de mandatarios, o si por el contrario, debiéramos entender que se trata de un acto que los contrayentes deben efectuar personalmente. Se ha respondido afirmativamente a las interrogantes expuestas, es decir, podría ratificarse a pesar de haber fallecido uno de los contrayentes, y podría efectuarse esta gestión por apoderados, opinión formulada sobre la base de que el matrimonio ya se celebró, debiéndose promover una interpretación que sea favorable al matrimonio, por sobre otra que no lo sea. También podría ratificarse a través de apoderado, pues la ley no exige que la ratificación se realice personalmente.70 Con todo, nos parece equivocada la conclusión precedente, por las siguientes razones:  El inciso 2º del artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, dispone que el Acta “que otorgue la entidad religiosa en que se acredite (...) el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos (...) deberá ser presentada por aquellos ante cualquier Oficial del Registro Civil...” Ahora bien, la expresión “aquellos”, aludiría precisamente a los cónyuges, lo que denotaría que ha de tratarse de un trámite personalísimo;  La Ley 19.947, agregó un nuevo inciso, segundo, al artículo 15 de la Ley 4.808, sobre Registro Civil. El inciso primero de este precepto, establece lo siguiente: “Los interesados en una inscripción podrán hacerse representar por medio de
Modificado por la Ley 19.947. En tal sentido, opiniones de Carmen Domínguez Hidalgo y Hernán Corral Talciani, en Seminario del Colegio de Abogados, al que se aludió. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
mandatario. Se tendrá como mandatario a la persona que se presente con tal carácter, expresando que se ha recibido comisión verbal. Si al Oficial del Registro Civil mereciere dudas el encargo, podrá exigir o la comprobación del poder o la comparecencia de las personas a que se refieren los artículos 29 y 45. El poder para contraer matrimonio deberá otorgarse en la forma señalada por el artículo 103 del Código Civil.” El nuevo inciso, establece por su parte: “No tendrá aplicación lo previsto en el inciso precedente, tratándose de las inscripciones a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil”. Nosotros entendemos que este inciso, impide que se aplique el inciso 1º, a la solicitud de inscripción del Acta extendida por la entidad religiosa, incluyendo en esta exclusión, la posibilidad de que puedan intervenir mandatarios;  La historia fidedigna del establecimiento de la ley, deja en claro que la modificación del artículo 15 de la Ley 4.808 sobre Registro Civil, se efectuó con el objeto de solicitar personalmente, por los contrayentes, la inscripción del acta emitida por el ministro de culto71. La profesora Andrea Muñoz, es de la misma opinión, sosteniendo que si uno de los cónyuges falleciere antes de la ratificación, el sobreviviente sólo habría sido conviviente con el fallecido. De igual forma, estima que habida cuenta del inciso 2º del artículo 15º de la Ley de Registro Civil, el acto de ratificación e inscripción del acta, no admiten representación72. Así las cosas, creemos que la solicitud de inscripción del Acta y el trámite de la ratificación al que a continuación nos referiremos, constituirían un acto personalísimo, que sólo los contrayentes pueden efectuar. Se nos podría decir que no resultaría razonable que la solicitud de inscripción o el acto de ratificación fueren personalísimos, mientras que la celebración del matrimonio mismo ante un Oficial Civil puede realizarse a través de mandatario. Sin embargo, creemos que la ley, admitiendo que el matrimonio pueda celebrarse ante un ministro de culto, exige a su vez que al menos el acto de ratificación sea personalísimo, conforme a la interpretación que hemos dado a los dos preceptos citados. Se deduce que el Estado no considera suficiente lo actuado ante el ministro de culto, para dar efectos jurídicos a un acto tan trascendente como el matrimonio. Por las mismas razones, creemos que fallecido uno de los contrayentes antes de la ratificación del matrimonio, dicho acto ya no sería posible, sin que tampoco pueda admitirse ratificación por intervención de uno solo de los contrayentes, por dos razones:  La frase del inciso 2º del artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil “deberá ser presentada por aquellos”, deja en claro que la presentación del acta y la solicitud de ratificación, es un acto que exige la intervención de ambos contrayentes;  Si uno de los contrayentes hubiere fallecido, el mandato otorgado por éste – supuesto que aceptaremos que resulta un medio idóneo para presentar el acta y ratificar-, quedaría extinguido, por disponerlo así del artículo 2163 número 5 del Código Civil. Adicionalmente, cabe considerar que los Senadores Bombal, Coloma y Romero, formularon una indicación que permitiera que, en caso de muerte o imposibilidad de uno de
Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, p. 104. Muñoz, Andrea: en Seminario citado de la Universidad Diego Portales. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
los cónyuges, se procediera a la inscripción a requerimiento del otro cónyuge, previa justificación de las circunstancias aludidas. La indicación fue rechazada por la Comisión.73 El Oficial del Registro Civil ante quien se presente el acta, debe cumplir por su parte con dos obligaciones:  verificará el cumplimiento de los requisitos legales; y  dará a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a la ley (artículo 20º, inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil). Los comparecientes, por su parte, deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto de su confesión. Nótese que la ley alude a la ratificación, no a una nueva celebración, pues la única que exige la ley, en este caso, es aquella realizada ante la entidad religiosa respectiva74. Suponemos, con todo, que el Registro Civil e Identificación dará a la ceremonia de ratificación la solemnidad requerida.75 De todo lo anterior quedará constancia en la inscripción respectiva, que también será suscrita por ambos contrayentes (artículo 20º, inciso 3º de la Ley de Matrimonio Civil). Cabe tener presente que los cónyuges, al requerir la inscripción del Acta, podrán:  reconocer hijos habidos con anterioridad, y la inscripción que contenga esa declaración producirá los efectos señalados en el inciso segundo del artículo 185 del Código Civil. En otras palabras, quedará determinada la filiación matrimonial de esos hijos;  Podrán, asimismo, pactar separación total de bienes o participación en los gananciales; para estos efectos, el Oficial del Registro Civil manifestará a los
Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, p. 37. El profesor Javier Barrientos Grandón, en la entrevista citada, manifiesta que no estamos en rigor ante una “ratificación”, pues los efectos del matrimonio celebrado ante la entidad religiosa, no se producen desde su celebración ante el respectivo ministro de culto, sino desde la inscripción del acta en el Registro Civil. Vale decir, no se produce el efecto propio de toda ratificación, cual es operar con efecto retroactivo, dando eficacia al acto jurídico, desde la fecha de su celebración. Este efecto no retroactivo de la “ratificación”, agrega el profesor Barrientos, puede generar una suerte de vacancia entre el momento de la celebración del matrimonio ante la entidad religiosa y el tiempo de la inscripción del acta extendida por la entidad ante un Oficial Civil. Así pues, por ejemplo, si una de las personas que ha celebrado matrimonio religioso muere antes de dicha ratificación, la supérstite ni ha sido cónyuge ni tendrá el estado civil de viuda. Lo mismo ocurrirá si una de ellas no quisiere comparecer ante el Oficial del Registro Civil a “ratificar el consentimiento”. Esta opinión del profesor Barrientos parece confirmar la nuestra, en orden a que la ratificación (o como quiera llamársele) es un acto personalísimo de los contrayentes y por ende, no admite representación ni puede ya hacerse si fallece uno de los contrayentes. Concluye el profesor Barrientos señalando que “dogmáticamente puede concluirse que, en la práctica el artículo 20 no ha reconocido valor a los matrimonios celebrados ante una entidad religiosa de derecho público, sino que ha mantenido un sistema matrimonial de matrimonio civil único, sólo que con dos posibilidades de celebración: ante el Oficial del Registro Civil; una entidad religiosa y ante un Oficial del Registro Civil. En ambos casos el matrimonio produce sus efectos desde las actuaciones de los comparecientes ante el Oficial Civil”. Cabe agregar que el criterio del Senado era dar efecto retroactivo al acto de ratificación, según se desprende del Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, p. 36. 75 La situación prevista en la ley, difiere de aquella que contemplaba el artículo 43 de la Ley de Registro Civil, hoy derogado. Señalaba el inciso 1º de dicho precepto: “Si se celebrare un matrimonio religioso sin que le haya precedido el matrimonio ante el Oficial del Registro Civil correspondiente, deberán los esposos contraer este último antes de expirar los ocho días siguientes a la celebración del primero, salvo el caso de impedimentos o prohibiciones legales.” Hoy, según lo indicamos, el matrimonio no se celebra nuevamente ante el Oficial del Registro Civil, sino que sólo se ratifica. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
contrayentes que pueden celebrar dichos pactos, y si no lo hacen o nada dicen al respecto, se entenderán casados en régimen de sociedad conyugal. Todo lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Registro Civil.76 El artículo 40 ter de la Ley de Registro Civil77, por su parte, establece que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, las inscripciones de matrimonios celebrados ante entidades religiosas deberán contener o expresar, en su caso: 1º El acta de que trata el artículo 40 bis, al cual hicimos referencia; 2º El documento que acredite la personería del respectivo ministro de culto; 3º El hecho de cumplir el acta con los requisitos establecidos en el artículo 40 bis; 4º La individualización de la entidad religiosa ante la que se celebró el matrimonio, con mención del decreto o disposición legal en virtud de la cual goza de personalidad jurídica de derecho público; 5º Los nombres y apellidos de los contrayentes; 6º Las menciones indicadas en los números 6º78, 8º79, 9º80, 10º81, 11º82, 12º83 y 13º84 del artículo 39 de la Ley de Registro Civil; 7º El hecho de haberse cumplido con el plazo a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil (o sea, los ocho días dentro de los cuales debe solicitarse la inscripción del acta). 8º El hecho de haberse dado a conocer a los requirentes de la inscripción, los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a la ley; 9º El hecho de haberse otorgado por los requirentes de la inscripción, ante el Oficial del Registro Civil, la ratificación del consentimiento prestado ante el ministro de culto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, y 10º La firma de los requirentes en la inscripción y del Oficial del Registro Civil. - Denegación de la petición de inscripción del acta. Sólo podrá denegarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio celebrado ante una entidad religiosa no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley. De la
Modificado por la Ley 19.947. Incorporado por la Ley número 19.947. 78 Artículo 39 número 6, Ley de Registro Civil: “El hecho de no tener ninguno de los cónyuges impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio.” 79 Artículo 39 número 8, Ley de Registro Civil: “El nombre y apellido de la persona cuyo consentimiento fuere necesario.” 80 Artículo 39 número 9º, Ley de Registro Civil: “Testimonio fehaciente del consentimiento para el matrimonio, en caso de necesitársele.” 81 Artículo 39 número 10º, Ley de Registro Civil: “El nombre de los hijos que hayan reconocido en este acto.” 82 Artículo 39 número 11º, Ley de Registro Civil: “Testimonio de haberse pactado separación de bienes o participación en los gananciales, cuando la hubieren convenido los contrayentes en el acto del matrimonio.” 83 Artículo 39 número 12º, Ley de Registro Civil: “Nombres y apellidos de las personas cuya aprobación o autorización fuere necesaria para autorizar el pacto a que se refiere el número anterior.” 84 Artículo 39 número 13º, Ley de Registro Civil: “Testimonio fehaciente de esa aprobación o autorización, en caso de ser necesarias;” La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
negativa se podrá reclamar ante la respectiva Corte de Apelaciones (artículo 20º, inciso 4º de la Ley de Matrimonio Civil). En cuanto a la acción de reclamo que debe interponerse en este caso, el profesor Cristián Maturana afirma que debe aplicarse el procedimiento supletorio del amparo, a falta de otro procedimiento especial, sin perjuicio que resulta deseable que al menos se dicte un auto-acordado sobre la materia, que regule el vacío de la ley85. Advierte el profesor Maturana que la técnica de los auto-acordados no es la ideal para suplir los vacíos de la ley, pero resulta mejor que mantener una situación carente de regulación. - Responsabilidad penal del tercero que impida la inscripción del acta de matrimonio religioso. El artículo 389 del Código Penal86, establece que el tercero que impidiere la inscripción, ante un Oficial Civil, de un matrimonio religioso celebrado ante una entidad autorizada para tal efecto por la Ley de Matrimonio Civil, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. - Efectos del matrimonio celebrado ante entidad religiosa y debidamente inscrito. Los efectos del matrimonio inscrito en la forma antes indicada, se regirán, en todo, por lo prescrito en la Ley de Matrimonio Civil y en los demás cuerpos legales que se refieren a la materia (artículo 20º, inciso 5º de la Ley de Matrimonio Civil). d.3) Solemnidades de los matrimonios celebrados en el extranjero. La ley aplicable a estos matrimonios, dependerá de la nacionalidad de los contrayentes. d.3.1. Matrimonio celebrado por extranjeros. Establece la ley que los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Se trata del principio lex locus regit actum, es decir, la ley del lugar rige el acto. Así, por ejemplo, podría tratarse de un matrimonio celebrado exclusivamente ante una entidad religiosa, en un país donde la legislación no exige ratificarlo ante el Oficial Civil. En consecuencia, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en el territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer (artículo 80, inciso 1º). Podemos observar que para nuestro legislador, la diferencia de sexo entre los contrayentes continúa siendo un requisito de existencia del matrimonio, de manera que aún cuando en el país extranjero fuere considerado matrimonio la unión de dos individuos del mismo sexo, tal vínculo no será reconocido en Chile como contrato de matrimonio.
Opinión expresada por el profesor Cristián Maturana, en exposición realizada en el Seminario del Colegio de Abogados, con fecha 1 de junio de 2004. 86 Modificado por la Ley 19.947. La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
En lo que constituye sin embargo una excepción al principio lex locus regit actum, el inciso 2º del artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil, dispone que podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Matrimonio Civil. Se trata de las causales de incapacidad absoluta y relativas o impedimentos dirimentes, tanto absolutos como relativos. Así, por ejemplo, si la ley del Reino de Arabia Saudita, regido por el Corán, autoriza contraer más de un matrimonio, el segundo y los posteriores, serán nulos en Chile, pudiendo inscribirse exclusivamente el primero de ellos en nuestro Registro Civil. Lo mismo ocurriría si los contrayentes, por ejemplo, eran menores de dieciséis años. Este principio de territorialidad absoluto, vulnera seriamente, como puede apreciarse, el principio lex locus regit actum, y rompe el tratamiento que antes daba la ley a esta materia, pues con anterioridad a la reforma consagrada por la Ley 19.947, los impedimentos dirimentes sólo se exigían para los chilenos que hubieren contraído matrimonio en el extranjero, por aplicación del principio de la extra-territorialidad de la ley chilena, consagrado en los artículos 15 del Código Civil y 15 de la ley de 1884. Ahora, en cambio, los contrayentes podrán ser extranjeros, aplicándoseles igualmente las causales de incapacidad previstas en la ley chilena, aunque tales causales no hubieren estado contempladas en la ley del país en que se contrajo matrimonio. Agrega el inciso 3º del artículo 80, que tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Por ende, uno de los presuntos cónyuges podría demandar la nulidad del matrimonio ante los tribunales chilenos, alegando que fue forzado a prestar su consentimiento o que incurrió en error, y probando tal aserto, lo que ciertamente no resulta fácil. d.3.2. Matrimonio celebrado entre chilenos o entre chilenos y extranjeros. En estos casos, debemos distinguir: * En cuanto a las formalidades externas del acto: rige la ley del lugar. Así, si por ejemplo la ley del lugar no exige la presencia de dos testigos, como la ley chilena, el matrimonio será igualmente válido en nuestro país. * En cuanto a la capacidad del chileno para contraerlo: rige la ley chilena, que establece que no pueden ser infringidos los arts. 5, 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil y que su infracción producirá los mismos efectos que si se hubiera realizado en Chile; vale decir, se anulará el matrimonio (art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil en relación con el art. 15 del CC). En síntesis, deben cumplirse los impedimentos dirimentes, tanto absolutos como relativos. * Situación de los impedimentos impedientes: hay quienes sostienen que también son aplicables a los chilenos en el extranjero, conforme al art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil. Rossel estimaba que tal opinión era insostenible, atendido el tenor del antiguo artículo 15 de la ley de 1884, que por ser ley especial, primaba sobre el Código Civil, y que
disponía que el matrimonio del chileno se regía por la ley del lugar, salvo en lo referente a los impedimentos dirimentes87. No compartimos esta opinión. En efecto, lo que ahora se desprende del artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil, es que a los extranjeros, se les aplica la ley del lugar en que contrajeron matrimonio, salvo en lo que respecta a los impedimentos dirimentes, pues en este caso, también se les aplica la ley chilena. Sin embargo, a los chilenos, no sólo se les aplican los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Matrimonio Civil, sino toda ésta, por mandato del artículo 15 número 1 del Código Civil. En otras palabras, no creemos que el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil (o el antiguo artículo 15 de la ley de 1884) sustraiga a los chilenos, de la extraterritorialidad consagrada en el artículo 15 número 1 del Código Civil. El artículo 80 se preocupa, más bien, de aplicar a los extranjeros, causales de nulidad de matrimonio, aunque ellas no estén contempladas en la legislación del país en que se contrajo matrimonio. Los partidarios de la opinión en virtud de la cual los impedimentos impedientes se aplican también a los chilenos que contraigan matrimonio en el extranjero, se fundan asimismo en el tenor del artículo 36 del Código de Bustamante, pues tal Código dispone que los contrayentes se sujetarán a su ley personal en todo lo que se refiere a impedimentos, sin hacer distinciones de ninguna especie.88 III.- DE LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES. Distingue la ley, dos tipos de separación: la de hecho y la judicial89, que analizaremos en los párrafos siguientes. 1.- De la separación de hecho. a) Aspectos que pueden o deben regular los cónyuges separados de hecho. Si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente en lo concerniente a:  los alimentos que se deban; y  las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio (artículo 21º, inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil). Por ejemplo, acordando la separación de bienes o liquidando el régimen de participación en los gananciales. En todo caso, si hubiere hijos90, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos:  el régimen aplicable a los alimentos;
Rossel Saavedra, Enrique, ob. cit., p. 45. Ramos Pazos, René, ob. cit., p. 66. 89 Hasta cierto punto, los efectos de la separación judicial, son homologables a los efectos del divorcio perpetuo, que contemplaba la ley de 1884. 90 Aunque la ley no lo expresa, debe entenderse que se refiere fundamentalmente a los hijos no emancipados, salvo si se trata del pago de alimentos, que pueden extenderse más allá del momento en que el hijo cumpla 18 años (de conformidad al inciso 2º del artículo 332 del Código Civil, “...los alimentos concedidos a los descendientes (...) se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años; que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia”). La Familia y el Matrimonio – Juan Andrés Orrego Acuña
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