Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38943
Timestamp: 2019-10-18 19:53:33
Document Index: 382743061

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 71', 'artículo 26', 'artículo 26']

Gaceta: LXII/1PPR-3/38943
El suscrito, senador René Juárez Cisneros, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26 establece las bases para el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Este ordenamiento le asigna al gobierno la responsabilidad de la planeación y lo define como el instrumento fundamental el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en donde se ordenan sistemáticamente las acciones gubernamentales encaminadas al logro de un desarrollo equitativo que proporcione mejores niveles de vida para los mexicanos.
El sistema nacional de planeación democrática es el conjunto de relaciones funcionales que se establecen entre las dependencias y entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones de los diversos grupos de los sectores social y privado de la población. Es ahí donde se pretende establecer la coordinación con las entidades federativas con el propósito de hacer compatibles las actividades de planeación que se efectúan en cada ámbito de gobierno, así como la definición de mecanismos institucionales operativos que permitan dicha coordinación.
Sin embargo, hace mucho que la planeación gubernamental resulta poco efectiva en términos de la consecución de los objetivos contenidos en los diferentes planes de desarrollo que se han elaborado en sexenios anteriores.
Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra al interior del país grandes disparidades entre sus regiones, ya que es común que los aspectos regionales del funcionamiento de la economía y de la sociedad se pierdan en la generalidad del entorno nacional.
Con frecuencia se confunde el comportamiento de la economía en su conjunto, con el de las economías de los estados y de las regiones. Esta confusión surge de aceptar, de manera explícita o no, la tesis convencional de considerar a la economía nacional como un conjunto homogéneo, integrado, eficientemente interrelacionado, de manera que la suerte del todo, corresponde con el de las partes.
Pareciera que las economías estatales y municipales estuvieran perfectamente integradas a lo que sucede en lo nacional, sin embargo en la planeación nacional no se toma en cuenta las especificidades desde lo regional.
En ese contexto, es necesario crear consensos con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de fortalecer las políticas y programas de desarrollo regional que se han caracterizado por falta de inversiones; esquemas centralizados, verticales y sectorizados en la toma de decisiones; exceso e ineficacia normativa; falta de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana.
Nuestro país ha padecido la falta de infraestructura adecuada y la inexistencia de mercados regionales que le permitan promover e impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. La concentración económica y la falta de integración de mercados regionales han ocasionado la distribución inequitativa y aumento de zonas de pobreza y desaparición de comunidades que emigran a otras ciudades al interior de nuestro país o al extranjero.
En México, el desarrollo regional no ha sido visto como un instrumento de estado y como una herramienta prioritaria dentro del proceso de planificación nacional, cuyo objetivo central es organizar, armonizar y administrar la ocupación y usos del territorio de modo que estos sean la base de un desarrollo económicamente rentable y socialmente justo e incluyente, en el que al mismo tiempo, se reconozca la pluralidad cultural y la riqueza natural.
Debemos entender la planeación regional como una tarea institucional que puede permitir el entramado productivo que detone la generación de empleos y el crecimiento de la economía, que permita disminuir la persistente desigualdad y revertir las disparidades territoriales movilizando la capacidad de la sociedad contra las restricciones productivas en las zonas más rezagadas de la nación.
La planeación debe apoyarse en las estructuras y las instituciones que le permitan llevar a cabo la práctica de tareas relacionadas con la misma. Uno de los problemas que dificultan la ejecución de los planes de desarrollo es la falta de mecanismos administrativos adecuados y un federalismo funcional, eficiente, solidario y transparente.
El fortalecimiento del federalismo no es un asunto solamente económico, sino eminentemente político, porque federalismo y desarrollo conforman una ecuación política y social con un alto contenido humano. Por ello, es necesario coordinar la gobernabilidad, la capacidad de respuesta a la ciudadanía, la transparencia en el origen y destino del gasto y la modernización administrativa.
En la planeación se carece de una adecuada integración entre la federación, las entidades federativas, los municipios y los pueblos y comunidades indígenas, lo que impide el aprovechamiento sustentable del territorio y la acción concertada entre la sociedad y las diferentes instancias de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo a partir del fortalecimiento del federalismo y con el fin de orientar los esfuerzos buscando una perspectiva integral y de largo plazo.
En materia de federalismo es impostergable atender un reclamo social histórico para que el Estado mexicano, en su estructura jurídica y normativa, tenga como resultado el cambio de la realidad actual de sus regiones, estados, municipios y zonas metropolitanas.
La planificación a nivel nacional debe recoger la racionalización de la actividad económica, social y política de la sociedad, a partir de un ejercicio plural en la que se promueva la participación de las entidades federativas, los municipios y de los pueblos y comunidades indígenas para la construcción del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y regional, así como en la formulación y evaluación de los planes y programas que tengan que ver con el desarrollo de las regiones y el ordenamiento del territorio dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
De igual manera, los programas sectoriales e institucionales que coordina el Ejecutivo federal, deben concatenarse con los planes estatales y municipales. Sólo así la planeación podrá ser un instrumento que permita potenciar la actividad económica a nivel regional y servir como un elemento de cohesión social para la construcción, preservación y recuperación de infraestructura económica y productiva en las zonas y localidades de mayor rezago y carencia social en nuestro país.
Sólo con una plena coordinación y transparencia entre la federación los estados y los municipios respecto a los montos, el origen y destino de los recursos públicos, así como en la definición de las prioridades de atención y solución de los problemas sociales más sentidos, se podrán construir los consensos para potenciar la planeación democrática que dé paso a un verdadero desarrollo regional.
En este sentido, las entidades federativas y los municipios reforzarán la organización de los sistemas estatales y municipales de planeación, a través de la articulación de sus políticas de desarrollo a partir de las prioridades y objetivos nacionales para influir y determinar los criterios con los que se asignara el gasto.
Es por ello que esta iniciativa con proyecto de decreto busca adicionar el artículo 26 constitucional para incorporar de manera expresa el tema del desarrollo regional con una visión de largo alcance y a partir de una idea integral del país, de las potencialidades que ofrece cada región, de su vocación productiva natural, de sus fortalezas, así como de los retos sociales en cada una de ellas, para avanzar en la construcción de un camino hacia una sociedad más incluyente, igualitaria, saludable y competitiva, a partir de dirigir esfuerzos para la construcción de una auténtica política de estado, en la que concurran de manera ordenada y con los mismos objetivos, los distintos órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la promoción del mejoramiento económico y social.
Con esta reforma constitucional se busca que el Plan Nacional de Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades federativas, los municipios y los pueblos y comunidades indígenas, no sólo en las cuestiones sectoriales como hasta ahora, sino sobre todo, en aquellos aspectos del desarrollo regional.
Con ello, se plantea alcanzar un desarrollo regional más equitativo y justo, al tiempo de garantizar la participación amplia de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad misma en los procesos de planeación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones públicas en beneficio de las regiones.
El propósito es la superación de los rezagos en las regiones más necesitadas del territorio nacional a partir del principio de equidad y el impulso de una mayor inversión de capital e infraestructura que, genere con el tiempo, condiciones de avance productivo en aquellos territorios del país que requieren de un mayor dinamismo a partir del fortalecimiento de la infraestructura económica, de apoyo a la producción y de la conectividad, a fin de alcanzar un marco territorial del desarrollo.
Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Ejecutivo promoverá la participación de las entidades federativas, los municipios y de los pueblos y comunidades indígenas, en la construcción del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y regional, así como en la formulación y evaluación de los planes y programas que tengan que ver con el desarrollo de las regiones y el ordenamiento del territorio dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.