Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=12&_es=0
Timestamp: 2020-04-04 04:35:00
Document Index: 175033892

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 5', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

» Debido Proceso Penal
ProtecciÃ³n constitucional del derecho al debido proceso penal
Mostrar Ãºnicamente SecciÃ³n / CapÃ­tulo I
I. Garantías procesales de los imputados, sindicados o condenados en la justicia penal ordinaria
I.1. Principio de legalidad
I.1.1. Implicaciones del principio de taxatividad penal
I.1.2. Los tipos penales en blanco no violan por si mismos el principio de legalidad
I.1.3. No existe una indeterminación insuperable en la definición de la sanción cuando el legislador establece sus elementos básicos
I.1.4. El principio de legalidad se extiende al procedimiento y al juez competente
I.1.5. La inconstitucionalidad de la obtención de la prueba obtenida ilícitamente, no se subsana con la convalidación efectuada por el procesado.
I.1.6. El principio de legalidad no se vulnera si el legislador establece una pena única para sancionar una conducta
I.1.7. El principio de legalidad también se aplica a la privación preventiva de la libertad
I.1.8. La facultad de la fiscalía para ordenar capturas no puede aplicarse hasta tanto la ley no regule los eventos y límites en que excepcionalmente procede
I.1.9. El principio de oportunidad constituye un desarrollo del principio de legalidad. todos los supuestos en los que se aplique deben ser objeto de control judicial
I.1.10. El principio de estricta legalidad de la ley penal, no puede ser restringido de manera ilimitada y atemporal en los estados de excepción
I.1.11. Las medidas legislativas penales dictadas por el presidente de la república en el estado de emergencia, están sujetas a límites temporales
I.2. Derecho de defensa y de defensa técnica
I.2.1. La notificación como elemento esencial para el ejercicio del derecho de defensa
I.2.1.1. Deber de notificar providencias judiciales que quedan ejecutoriadas en el momento de ser suscritas por el funcionario judicial
I.2.1.2. Vía de hecho por vicio procedimental por falta de notificación al sindicado y violación de la defensa técnica en el proceso penal
I.2.1.3. Vía de hecho por vicio procedimental por falta de notificación personal al sindicado y violación de la defensa técnica en el proceso penal
I.2.1.4. Imposibilidad de efectuar notificación personal afecta derecho de defensa del recluso
I.2.1.5. Vía de hecho por consecuencia por falta de información de autoridades administrativas sobre la población reclusa para efectuar las notificaciones
I.2.1.6. Las autoridades carcelarias deben remitir oportunamente los memoriales presentados por los reclusos para su trámite
I.2.1.7. No se pueden maximizar exigencias sobre notificaciones cuando el procesado trata de sustraerse al cumplimiento de una medida de aseguramiento
I.2.1.8. Inexistencia de vía de hecho por falta de notificación de providencias cuando el sindicado conoce la investigación en su contra y omite informar el lugar donde se le pueden comunicar los actos procesales
I.2.2. Efectividad del derecho de defensa
I.2.2.1. Criterios para establecer la existencia de vía de hecho por falta de defensa técnica
I.2.2.2. Criterios complementarios para establecer la existencia de vía de hecho por falta de defensa técnica
I.2.2.3. La garantía del derecho de defensa, se manifiesta en la posibilidad de que el sindicado conozca las piezas procesales hasta antes de la diligencia de indagatoria o declaratoria de persona ausente en el proceso penal
I.2.2.4. Prevalencia del derecho a la defensa técnica sobre la defensa material
I.2.2.5. Vía de hecho por falta de efectiva notificación y de defensa técnica en proceso penal para vincular a persona como reo ausente
I.2.2.6. Violación del debido proceso por vinculación del sindicado como persona ausente sin haber empleado el esfuerzo necesario para ubicarlo
I.2.2.7. La declaratoria de persona ausente, no exime al funcionario judicial de intentar la vinculación del procesado
I.2.2.8. La omisión de nombrar defensor de oficio, una vez se ha acudido a la declaratoria de persona ausente, vulnera el debido proceso.
I.2.2.9. Validez excepcional de actuaciones de defensor público no reconocido oficialmente en el proceso
I.2.2.10. Violación del derecho de defensa por indebida notificación y del derecho de defensa técnica por negligencia de defensores de oficio
I.2.2.11. La investigación integral es un deber de los funcionarios judiciales quienes deben practicar las pruebas que resultan fundamentales
I.2.2.12. Si la inactividad del defensor de oficio no tiene efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o una afectación de derechos fundamentales no se configura vía de hecho
I.2.2.13. Aunque el silencio puede ser interpretado como una estrategia legítima de la defensa técnica, no puede confundirse con una actitud pasiva a lo largo de todo el proceso penal
I.2.2.14. Via de hecho por consecuencia por no haberse allegado pruebas fundamentales al proceso y por la falta de investigación penal integral
I.2.2.15. Via de hecho por consecuencia por negativa del apoderado a sustentar recurso de apelación presentado por su defendido
I.2.2.16. No se viola el derecho de defensa técnica cuando el sindicado decide asumir su propia defensa por ser abogado
I.2.2.17. La no prosperidad de las gestiones de los defensores no constituye por si misma violación de la defensa técnica
I.2.2.18. La designación judicial de un defensor de oficio en la audiencia de imputación de cargos no vulnera el derecho de defensa
I.2.2.19. El servicio de defensoría pública debe prestarse a las personas que acrediten la imposibilidad económica de sufragar su propia defensa
I.2.2.20. La defensa técnica ejercida por estudiantes de consultorio jurídico es legítima en casos excepcionales
I.2.3. Derecho de defensa en la investigación
I.2.3.1. Derecho de defensa no tiene límites temporales dentro del proceso penal
I.2.3.2. El derecho de defensa en el proceso penal se ejerce desde el momento en que se inicia la investigación penal y no solamente cuando se ordena la captura o cuando se adquiere la calidad de imputado
I.2.3.3. En el sistema penal de tendencia acusatoria, el derecho de defensa se ejerce desde el momento en que se inicia la investigación con un indiciado conocido
I.2.3.4. La solicitud de copias de las actuaciones adelantadas por parte de quien es indiciado, tiene una vinculación directa con el derecho al debido proceso penal
I.2.3.5. El indiciado no puede tener acceso a las evidencias y elementos materiales probatorios, sino hasta la audiencia de formulación de la acusación
I.2.3.6. Límite al periodo de duración de la investigación previa como garantía del derecho de defensa y el debido proceso
I.2.3.7. El imputado tiene los mismos derechos del sindicado dentro del proceso penal
I.2.3.8. Las autoridades tienen la obligación de notificar la indagación preliminar y la apertura formal de investigación previa al imputado conocido
I.2.3.9. Posibilidad de que se decrete la inspección judicial durante la investigación previa, sin que medie providencia que la ordene
I.2.3.10. El investigado tiene derecho a conocer los presupuestos probatorios antes de rendir versión libre y espontánea
I.2.3.11. Notificación de resolución de apertura de investigación no es obligatoria cuando no se ha identificado al presunto actor del hecho punible
I.2.3.12. Derecho de acceso al expediente por el investigado o su defensor antes de la diligencia de indagatoria
I.2.3.13. Vía de hecho por violación del derecho de defensa técnica por impedir que el defensor conozca el expediente en la diligencia de indagatoria
I.2.3.14. Exigencia de la presencia de abogado en la diligencia de indagatoria para garantizar el derecho de defensa
I.2.3.15. Vía de hecho por falta de notificación y carencia de defensa técnica en la etapa de instrucción
I.2.3.16. La calificación jurídica de la resolución de acusación es de carácter provisional y no vulnera el derecho de defensa ni la presunción de inocencia
I.2.3.17. No se vulneran los principios de defensa y publicidad cuando se exime al fiscal de la obligación de descubrir los elementos probatorios en el momento de la imputación
I.2.3.18. Improcedencia de la tutela cuando las irregularidades en el proceso penal no afectan el derecho a la defensa
I.2.4. Derecho de defensa en la etapa de juzgamiento
I.2.4.1. Deber de las autoridades de trasladar a las audiencias de juzgamiento a los inimputables con discapacidad mental
I.2.4.2. La notificación personal de la sentencia es potestativa
I.2.4.3. el vencimiento del término de traslado para sustentar el recurso de apelación contra una sentencia condenatoria, por incuria del interesado, cuando ha sido debidamente notificada la providencia por parte del funcionario judicial, no constituye una vulneración del derecho al debido proceso
I.2.4.4. La variación de la calificación jurídica de la conducta en sentencia de segunda instancia no vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa técnica
I.3. Derecho a la no autoincriminación
I.3.1. Principio de no autoincriminación exige que del testimonio que ofrezca rendir el acusado no puedan derivarse consecuencias penales adversas
I.3.2. Posibilidad de guardar silencio durante la diligencia de indagatoria
I.3.3. La indagatoria debe ser espontánea y libre: el funcionario judicial no puede ?exhortar? al imputado a que diga la verdad
I.3.4. No vulneración del principio de no autoincriminación cuando se ordena la captura de quien es citado a rendir indagatoria y no comparece
I.3.5. Derecho a la no autoincriminación en diligencia de compromiso para libertad provisional
I.3.6. Alcance constitucional del principio de no autoincriminación frente a los parientes civiles. se incluye a los parientes civiles hasta el cuarto grado
I.3.7. La garantía de la no autoincriminación se aplica en igualdad de condiciones a los integrantes de parejas del mismo sexo
I.3.8. El derecho a la no autoincriminación no se ve menoscabado por la no aceptación de retractación en caso de acuerdo aceptado por el juez
I.3.9. La facultad de renuncia a los derechos de no autoincriminación y de tener un juicio oral y público no constituye vulneración al debido proceso
I.4. Prohibición de dilaciones injustificadas
I.4.1. Vulneración del derecho al debido proceso por dilación injustificada en las notificaciones
I.4.2. Obligación de las autoridades judiciales de cumplir con los términos procesales, incluso si el enjuiciado es requerido por distintas autoridades y procesos
I.4.3. Deber de los fiscales de respetar los términos legales para proferir resolución inhibitoria o de apertura de investigación
I.4.4. Prohibición de dilaciones injustificadas en la definición de situación jurídica
I.4.5. Los funcionarios judiciales deben resolver la situación jurídica de los procesados dentro de los términos legales
I.4.6. Los fiscales deben respetar los términos procesales para definir la situación jurídica de los procesados y calificar el sumario
I.4.7. Orden de captura no es oponible cuando el expediente se ha extraviado. su vigencia está dada por la existencia física del proceso
I.4.8. Las secretarías de la fiscalía deben dar un manejo ordenado y técnico a los expedientes para respetar el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
I.4.9. Deber de los fiscales de resolver oportunamente las peticiones de los sindicados y de sus defensores
I.4.10. Vía de hecho por dilaciones injustificadas en la remisión del expediente al comitente
I.4.11. Violación del derecho al debido proceso de familiar de víctima fatal por inacción de la administración de justicia
I.4.12. Deber de diseñar estrategia global para corregir el problema estructural de las remisiones de los internos a los lugares donde son juzgados. vulneración del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
I.4.13. Los jueces que incumplen el deber de respetar los términos legales vulneran el debido proceso e incurren en causal de mala conducta
I.4.14. Deber de los jueces de respetar los términos procesales en la etapa del juicio para dictar sentencia
I.4.15. La elusión de un término para reemplazar al fiscal que ha sido separado por vencimiento de términos, no vulnera el debido proceso
I.5. Principio de contradicción
I.5.1. Principio de contradicción en audiencia pública de juzgamiento
I.5.2. La práctica de pruebas anticipadas constituye una excepción al principio de inmediación de la prueba que se ajusta a la constitución
I.5.3. La prohibición de que el juez decrete pruebas de oficio en el proceso penal de tendencia acusatoria, solamente es aplicable en las audiencias preparatoria y de juicio
I.5.4. La prohibición de decretar pruebas de oficio, sólo aplica para el juez de conocimiento, más no para el juez de control de garantías.
I.6. Principio de favorabilidad
I.6.1. Principio de favorabilidad frente al cambio de legislación
I.6.2. El principio de favorabilidad debe ser aplicado, de acuerdo a las circunstancias del caso, cuando el cambio de legislación implique reducción de la pena, incluso si se trata de normas procesales
I.6.3. Aplicación del principio de favorabilidad frente a normas sustanciales y procesales
I.6.4. El principio de favorabilidad se aplica para las normas sustantivas cuando existen sistemas penales alternativos vigentes o hay cambio de normatividad procedimental
I.6.5. El principio de favorabilidad debe ser aplicado incluso en los casos acaecidos durante la vigencia de una ley declarada inexequible por la corte
I.6.6. Vía de hecho por defecto sustantivo por inaplicación del principio de favorabilidad
I.6.7. No se viola el principio de favorabilidad cuando se casa la sentencia oficiosamente para cambiar la calificación del delito
I.7. Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (principio de non bis in ídem)
I.7.1. No se vulnera el principio de non bis in ídem cuando se aplican sanciones de distinta naturaleza por autoridades de diferentes jurisdicciones
I.7.2. No vulneración del principio de non bis in ídem por causal que excluye el beneficio de la libertad provisional
I.7.3. No vulnera el principio de non bis la previsión de agravación punitiva por reincidencia
I.7.4. El aumento de la prescripción de la acción penal respecto de conductas punibles realizadas por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, no vulnera el principio constitucional non bis in idem
I.7.5. La posibilidad procesal de apelar la sentencia absolutoria no vulnera el principio de cosa juzgada. es un mecanismo de las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación
I.7.6. El recurso extraordinario de revisión como límite constitucionalmente admisible del principio de non bis in idem
I.7.7. La acción de revisión en casos graves de violaciones a los derechos humanos constituye un límite al principio del non bis in idem
I.7.8. Vía de hecho por vulneración del principio del non bis in ídem por sancionar al pago de los mismos perjuicios en proceso penal y en proceso civil
I.7.9. Se desconoce el principio del non bis in idem cuando se presenta identidad de sujeto, de objeto y de causa
I.7.10. Se vulnera el principio de non bis in ídem si se aplican dos tipos penales diferentes por los mismos hechos en dos procesos diferentes cuando se ha debido aplicar uno solo con una circunstancia de agravación punitiva
I.7.11. Se desconoce el principio non bis in idem, cuando se establece simultáneamente como elemento del tipo y como elemento para agravar la pena de los tipos básicos, la misma circunstancia de hecho
I.7.12. Inexistencia de vía de hecho por defecto procedimental en la agravación punitiva
I.8. Principio de la doble instancia
I.8.1. Deber de motivar el recurso de apelación no desconoce el debido proceso
I.8.2. Recurso de apelación contra resolución inhibitoria
I.8.3. Violación del principio de la doble instancia por interpretación desfavorable sobre términos para sustentar el recurso de apelación
I.8.4. No puede declararse extemporáneo un recurso de apelación interpuesto con base en una certificación del juzgado de primera instancia que dice que se está dentro de la oportunidad para ello
I.8.5. La inexistencia del recurso de apelación contra la vinculación de persona ausente no viola el principio de la doble instancia
I.8.6. Procesos de única instancia para investigación y/o juzgamiento de funcionarios investidos de fuero constitucional no vulnera debido proceso
I.9. Principio de no agravación de la situación al recurrente único (no reformatio in pejus)
I.9.1. Violación al debido proceso por desconocer el principio no reformatio in pejus en recurso de apelación
I.9.2. La ampliación en el proceso acusatorio de la protección del principio de la no reformatio in pejus a cualquier situación constituye una garantía para las víctimas del delito
I.9.3. Improcedencia del principio no reformatio in pejus en grado jurisdiccional de consulta
I.9.4. Procedencia del principio no reformatio in pejus en recurso extraordinario de casación
I.9.5. El principio de no reformatio in pejus limita también la competencia del juez de segunda instancia para agravar la pena, cuando cualquiera de las partes apela a favor de los intereses del procesado
I.9.6. El principio de no reformatio in pejus se aplica, aún cuando exista apelación de otra de las partes, si ella se refiere a un asunto diferente del analizado
I.10. El principio del juez natural
I.10.1. El juez de control de garantías en los juicios de competencia de la corte suprema de justicia, puede ser un miembro de una corporación diferente
I.10.2. El fiscal general de la nación carece de competencia para investigar a un ministro de despacho, que haya hecho dejación del cargo y a quien se le impute un delito que no guarde relación con las funciones desempeñadas
I.10.3. La separación temporal del cargo de congresista, no despoja a la corte suprema de justicia de su función de investigación y juzgamiento
I.10.4. La configuración del régimen de pequeñas causas, no debe excluir a la fiscalía general de la nación
I.11. Violaciones del derecho al debido proceso en general
I.11.1. Violaciones al debido proceso en materia probatoria ?vías de hecho fácticas
I.11.1.1. Vía de hecho violatoria del debido proceso por indebido reconocimiento a través de fotografía e irregularidades en la vinculación del sindicado
I.11.1.2. Vía de hecho por omisión de pronunciamiento sobre homonimia
I.11.1.3. Vía de hecho por defecto fáctico por no identificación e individualización del sindicado
I.11.1.4. Vía de hecho por no suspensión de la pena en caso de grave enfermedad
I.11.1.5. Inexistencia de via de hecho fáctica por modificar la calificación provisional, cuando existen pruebas que sustentan los nuevos cargos
I.11.1.6. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico en evidencia probatoria
I.11.1.7. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico cuando se excluyen las pruebas obtenidas ilícitamente y las pruebas que sirven de fundamento a las decisiones judiciales no son derivadas de la prueba nula excluida
I.11.1.8. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico cuando se niega la libertad provisional con base en elementos de juicio admisibles
I.11.1.9. Inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico por divergencia en la apreciación de las pruebas
I.11.1.10. La imposición de una condena penal sin el suficiente sustento probatorio, constituye una afrente al debido proceso
I.11.1.11. Cuando la valoración probatoria obedece a un análisis sistemático y concatenado de los medios de prueba referidos al contexto, en el que se inserta la conducta investigada, no se configura una vía de hecho por defecto fáctico
I.11.2. Violaciones al debido proceso por aplicación errónea de la ley ? vias de hecho sustantivas
I.11.2.1. Vía de hecho violatoria del debido proceso por desconocimiento de una circunstancia de atenuación punitiva
I.11.2.2. Vía de hecho por omisión de considerar la disminución de la pena
I.11.2.3. Vía de hecho por no tener en cuenta norma del código de comercio al momento de fallar. interpretación asistemática del ordenamiento jurídico
I.11.2.4. Inexistencia de via de hecho sustantiva. el fiscal debe ceñirse a la ley al imponer una medida de aseguramiento
I.11.2.5. Improcedencia de la suspensión de la detención preventiva
I.11.2.6. Inexistencia de vía de hecho por defecto sustantivo cuando se niega el subrogado penal por tratarse de una conducta que por excepción no tiene tal beneficio
I.11.2.7. Inexistencia de vía de hecho por defecto sustantivo cuando la decisión judicial de adecuación típica del delito se fundamenta en una posición doctrinal y jurisprudencial mayoritaria
I.11.2.8. La discrepancia en la determinación de la conducta típica, no constituye per se una vía de hecho judicial por defecto sustantivo
I.11.2.9. Una interpretación razonable de una norma jurídica por parte de la corte suprema de justicia como órgano de cierre, no configura un defecto sustantivo
I.11.3. Violaciones al debido proceso por irrespeto a las formas propias del juicio ? vias de hecho procedimentales
I.11.3.1. La solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento debe resolverse en tres días y no puede diferirse
I.11.3.2. Vía de hecho procedimental por no dar a terceros de buena fe la posibilidad de actuar en defensa de sus derechos en un proceso penal
I.11.3.3. Inexistencia de vía de hecho por no dar trámite a sentencia anticipada cuando el sindicado plantea condiciones inadmisibles
I.11.3.4. Inexistencia de vía de hecho por defecto procedimental cuando se niega la práctica de algunas pruebas solicitadas por el peticionario dentro del proceso y este no ejerce los recursos contra la decisión judicial
I.11.3.5. La omisión de práctica de pruebas decretadas por el juez en un proceso penal puede llegar a constituir una vía de hecho procedimental
I.11.3.6. La omisión en decretar y prácticar una prueba en el proceso penal, no constituye en línea de principio una violación del derecho fundamental al debido proceso
I.12. Garantías en los procesos contravencionales
I.12.1. Derecho de defensa y proceso contravencional
I.12.2. Necesidad de armonizar el principio de celeridad procesal y el derecho de defensa
I.12.3. Estudiantes de consultorios jurídicos como defensores en procesos contravencionales
I.12.4. Principio de la doble instancia en procesos contravencionales
I.12.5. Principio del non bis in ídemen procesos contravencionales
I.12.6. Alcance del principio de presunción de inocencia en detención preventiva en procesos contravencionales
I.12.7. Competencia para dirimir conflictos de competencia en casos de contravenciones
I.12.8. Límite a acumulación de rebaja de penas en procesos contravencionales
I.12.9. El procedimiento previsto en la ley 745 de 2002 para el trámite de las contravenciones previstas en ella viola el principio de legalidad
I.13. Justicia especializada
I.13.1. La creación de la justicia especializada no requiere ley estatutaria
I.13.2. Los jueces del circuito especializado y los fiscales delegados ante éstos son para conocer de ciertos delitos como parte de la justicia ordinaria
I.13.3. Cambio de radicación de procesos: facultad excepcional del ministro de justicia
I.13.4. Inconstitucionalidad de la reserva de identidad de funcionarios judiciales
I.13.5. Inconstitucionalidad de la reserva de identidad de los testigos y necesidad de otras medidas de protección
I.13.6. Inconstitucionalidad de la prohibición de cumplir la detención preventiva en el lugar de trabajo o domicilio
I.13.7. Prohibición de crear excepciones a las causales de libertad provisional establecidas en la justicia ordinaria
I.13.8. Deber de notificar la providencia que ordena dar traslado para alegar
I.13.9. Segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados
I.13.10. Inconstitucionalidad de la creación del tribunal superior nacional
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II. Derechos de la víctima o el perjudicado en la justicia ordinaria: parte civil en el proceso penal
II.1. Derechos de la víctima o el perjudicado que no se ha constituido como parte civil
II.1.1. Facultad de la víctima o del perjudicado para solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria en el proceso penal
II.1.2. Vías de hecho por omisión de diligencias urgentes en el proceso penal durante etapa de instrucción
II.1.3. Via de hecho y vulneración al debido proceso por la falta de citación de las víctimas, no constituidas en parte civil, frente a las diligencias y decisiones tendientes a la cesación de procedimiento por indemnización integral
II.2. Derechos de la víctima en el proceso penal acusatorio
II.2.1. La calidad de víctima se determina por las condiciones de existencia del daño, el cual deber ser real, concreto y especifico como consecuencia del delito.
II.2.2. Las víctimas pueden intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para tales efectos deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo. el juez que apruebe el acuerdo velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías del imputado o acusado ni de las víctimas.
II.2.3. Las víctimas tienen el derecho de solicitar pruebas anticipadas ante el juez de garantías para asegurar el derecho a la verdad, a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas.
II.2.4. Las víctimas tienen el derecho a solicitar el descubrimiento de pruebas dentro de la audiencia de formulación de acusación.
II.2.5. Las víctimas tienen el derecho a hacer observaciones sobre el descubrimiento de los elementos probatorios y acerca de la totalidad de las pruebas que se harían valer en la audiencia del juicio oral.
II.2.6. La víctima tiene el derecho a solicitar la exhibición de los elementos materiales probatorios y evidencia física para ser conocidos y estudiados.
II.2.7. La víctima tiene derecho a solicitar la exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba.
II.2.8. Las víctimas en la etapa del juicio oral no pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física presentadas durante esa etapa o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública, ni interrogar a los testigos ni oponerse a las preguntas en el interrogatorio
II.2.9. Las víctimas pueden solicitar directamente del juez correspondiente la imposición de medida de aseguramiento, de medias para su protección integral o de los testigos y se apliquen las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones al concederse la detención domiciliaria o las contenidas en la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
II.2.10. Quien haya recibido un daño cierto real y concreto originado en una conducta punible, sin que sea exclusivamente ?víctima directa?, podrán solicitar al juez de garantías, en la audiencia de formulación de imputación o posterior a ella, medidas cautelares sobre los bienes del imputado o del acusado para garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios y la reparación pecuniaria en el incidente de reparación integral.
II.2.11. Para garantizar los derechos de las víctimas a una reparación integral, el asegurador será citado para adelantar el incidente de reparación integral a la víctima y vinculado al incidente y a las decisiones judiciales resultantes
II.2.12. Para la aplicación del principio de oportunidad se deben tener en cuenta los mecanismos de protección de los derechos de las víctimas previstos en los artículos 328 y 326 de la ley 906 de 2004.
II.2.13. La participación de las víctimas de manera directa o por intermedio de apoderado está garantizado desde la fase de la investigación, independientemente que el reconocimiento de su calidad y el de su representación legal se produzca en la audiencia de formulación de acusación
II.2.14. El derecho de las víctimas a ser asistidas por un abogado durante el juicio y en el incidente de reparación integral, no puede estar discrecionalmente bajo la responsabilidad del juez ni obedecer a criterios como la exigencia del interés de la justicia.
II.2.15. Es contrario a la constitución exigir, durante la investigación, a una pluralidad de víctimas que designen hasta dos apoderados o de lo contrario dejar al fiscal que determine lo más conveniente y efectivo.
II.2.16. En caso de pluralidad de víctimas, el juez está facultado para determinar igual número de sus representantes al de defensores para que intervengan en el juicio oral
II.2.17. La víctima puede allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para controvertir la petición de preclusión del fiscal.
II.2.18. Los derechos de las víctimas y la intervención de ellas en la actuación penal debe tener en cuenta las decisiones de inexequibilidad o exequibilidad condicionada, proferidas en esta sentencia, para asegurar la proyección de los derechos de las víctimas en los momentos fundamentales a lo largo de la evolución del proceso penal.
II.2.19. La víctima tiene el derecho de intervenir efectivamente en la audiencia de formulación de imputación, para lo cual pueden estar presente en dicha audiencia.
II.2.20. Las víctimas no pueden interrogar a los testigos dentro de la etapa del juicio oral, so pena de alterar la estructura del sistema penal con carácter acusatorio.
II.2.21. La víctima no puede oponerse al interrogatorio en la etapa del juicio oral.
II.2.22. El juez de oficio o a petición de parte interesada debe poner a disposición todas las pruebas recaudadas hasta la muerte del procesado, sin que medie la reserva judicial, para garantizar los derechos de lss víctimas de una conducta punible
II.2.23. La garantía de comunicación a las víctimas opera desde el momento en que ellos entran en contacto con las autoridades, se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y no se reduce a perseguir los perjuicios ocasionados con el delito
II.3. Derechos de la parte civil como sujeto procesal
II.3.1. Constitución de la parte civil en proceso penal es posible aun antes de la apertura de la investigación: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
II.3.2. Rechazo de demanda de constitución de parte civil por no haberse demostrado los perjuicios, constituye vía de hecho, violación al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
II.3.3. La admisión o rechazo de la demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal, debe ser decidida mediante providencia interlocutoria, decisión a la que debe garantizarse el principio de la doble instancia
II.3.4. Derecho a la indemnización de perjuicios de la parte civil en sentencia anticipada
II.3.5. Derecho de la parte civil a solicitar el control de legalidad de la medida de aseguramiento
II.3.6. Vía de hecho por dictarse providencia contraria a la lógica a favor del sindicado
II.3.7. Inexistencia de vía de hecho por dictar providencia conforme a derecho
II.3.8. Vía de hecho por inadmisión de sustentación del recurso de apelación con base en razones de escrito anterior
II.3.9. La notificación de la sentencia por edicto a la parte que no concurrió en tiempo a notificarse personalmente es obligatoria y, prevalece aun cuando se autorice la notificación personal extemporánea
II.3.10. Vía de hecho por definición en segunda instancia de asunto que no había sido alegado en recurso de apelación y por no dar trámite a incidente de nulidad
II.3.11. Facultad del funcionario judicial para tomar las medidas necesarias para asegurar la reparación de las víctimas
II.4. Acción popular en el proceso penal
II.4.1. La acción popular dentro del proceso penal es una acción diferente a la acción popular reconocida constitucionalmente
II.4.2. Las causales de rechazo de demanda de parte civil en acción civil popular son taxativas
II.4.3. Condiciones que debe reunir el actor popular en un proceso penal
II.4.4. Violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de ong por rechazo de demanda de constitución de actor civil popular en proceso penal
II.5. Indemnización de daños y perjuicios
II.5.1. El limite de los 1.000 salarios mínimos legales, del artículo 97 cp, corresponde a indemnización de daños morales cuyo valor no fue determinado en el proceso
II.5.2. Compatibilidad del derecho a la verdad y a la justicia con la figura de la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal
II.5.3. Prohibición de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal no vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización
II.5.4. Prohibición de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en legitima defensa no vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización
II.6. Acción de revisión
II.6.1. En procesos con decisiones absolutorias por violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. límites al principio non bis in ídem
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III. Derechos del tercero civilmente responsable
III.1. Garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad en el proceso penal
III.2. Vía de hecho por violación del derecho de defensa por falta de notificación al tercero civilmente responsable
III.3. Vía de hecho por violación del derecho de defensa del tercero civilmente responsable al haber sido condenado sin haber sido vinculado como tal
III.4. Vía de hecho por condena en perjuicios a tercero no llamado en demanda de parte civil
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IV. Instituciones propias del proceso penal ordinario deben respetar el derecho al debido proceso
IV.1. Medidas propias de la investigación penal
IV.1.1. Regulación del allanamiento
IV.1.2. La orden de registro y allanamiento expedida por el fiscal general de la nación o sus delegados debe determinar los lugares que se van a registrar
IV.1.3. La orden del fiscal para prorrogar la orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares deberá estar sometida a control previo del juez de control de garantías respectivo
IV.1.4. En aquellos casos en los que un juez ha declarado la invalidez de la diligencia de registro y allanamiento adelantada por orden de un fiscal, ya sea porque la encontró ilegal o inconstitucional, todo aquello que de ella se deriva debe carecer de valor y, en tal virtud, no puede generar consecuencias válidas para la investigación o para el proceso penal
IV.1.5. En la audiencia de revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes encubiertos, entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y práctica de exámenes de adn, cuando se practican en la indagación previa, debe permitirse la participación del indagado y su defensor
IV.1.6. Todo elemento probatorio y evidencia física que se encuentre en un allanamiento o registro, efectuado con fundamento en una orden viciada, queda contaminado, carece de validez y debe ser excluido de la actuación
IV.1.7. Prohibición de interceptar y reproducir comunicaciones sin orden judicial
IV.1.8. La policía judicial podrá adelantar el registro y allanamiento de un bien, dentro de la investigación penal, sin requerir previamente la orden escrita de la fiscalía general de la nación cuando medie consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto del registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento, pero deberá someterse tal actuación al juez de control de garantías para que valore sí el consentimiento fue libre y expreso o fue arbitrario o abusivo.
IV.1.9. Ley de seguridad y defensa nacional
IV.1.10. Control de legalidad posterior a las ordenes de registro y allanamiento
IV.1.10.1. Inconstitucionalidad de una norma que establece el deber del fiscal general de la nación de suministrar al gobierno nacional y al ministerio de defensa información sobre investigaciones penales que adelanta
IV.1.10.2. Inconstitucionalidad de una disposición que encarga de la ejecución de las órdenes presidenciales al comandante que asuma el control de la zona teatro de operaciones, cuya aplicación será de manera inmediata y de forma preferente sobre las de los gobernadores y alcaldes de la zona
IV.1.10.3. Inconstitucionalidad de la disposición que establece el registro de la población civil en la zona de teatro de operaciones
IV.1.10.4. Inconstitucionalidad de la disposición que otorga funciones de policía judicial a los miembros de las fuerzas militares
IV.1.10.5. Inconstitucionalidad de lo dispuesto en una norma, según la cual el capturado en flagrancia se pondrá a disposición de la autoridad judicial competente mediante comunicación verbal: garantía para la protección integral de la persona privada de la libertad
IV.2. Instituciones propias de la etapa de investigación
IV.2.1. La facultad de ordenar la conducción que tiene el funcionario judicial para que el procesado rinda indagatoria es una limitación legítima del derecho a la libertad
IV.2.2. Declaratoria de persona ausente
IV.2.3. La posibilidad de ordenar la captura del indiciado, no presupone el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia del procesado
IV.2.4. Las condiciones para que la fiscalía general de la nación lleve a cabo capturas excepcionales, deben estar plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordena la captura
IV.2.5. Detención preventiva
IV.2.5.1. La figura de la detención preventiva no vulnera el principio de presunción de inocencia
IV.2.5.2. La aplicación de la detención preventiva contra la persona que hubiere sido capturada dentro del año anterior a la nueva captura no viola el principio de presunción de inocencia y es una medida razonable en términos de política criminal
IV.2.5.3. Las causales de la detención preventiva no se basan en forma exclusiva en la personalidad del sindicado
IV.2.5.4. Causales de la detención preventiva que se fundamentan en la gravedad del hecho no desconocen las garantías procesales
IV.2.5.5. Límites de la aplicación de la prohibición de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención domiciliaria en razón de la imputación de ciertos delitos
IV.2.6. En la etapa de investigación del proceso penal, la titularidad para solicitar la preclusión recae exclusivamente en la fiscalía general de la nación. sin embargo, una interpretación sistemática y de contexto del proceso penal, evidencia que en algunas ocasiones la defensa puede solicitar la preclusión
IV.2.7. Constitucionalidad de la figura de la sentencia anticipada
IV.2.8. La figura procesal de la sentencia anticipada consagrada en el decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993, y la aceptación unilateral o allanamiento a los cargos que contempla la ley 906 de 2004, son instituciones análogas, con regulaciones punitivas diferentes, razón por la cual es procedente el principio de favorabilidad penal
IV.2.9. La figura del descubrimiento de la prueba en el sistema acusatorio. principio de igualdad de armas
IV.2.10. La inoponibilidad de reserva por parte de las entidades públicas y privadas, así como de particulares, requiere por parte de la defensa la obtención de autorización del juez de control de garantías, cuando su tarea de búsqueda, identificación, recolección y embalaje del material probatorio, realización de entrevistas y valoraciones, afecte derechos fundamentales
IV.3. Medidas cautelares
IV.3.1. La cancelación de personería jurídica de sociedades y organizaciones por desarrollar actividades delictivas tiente efectos de suspensión. los efectos definitivos sólo pueden determinarse en la sentencia
IV.3.2. La cancelación de títulos apócrifos o fraudulentamente obtenidos, puede realizarse en cualquiera de las etapas del proceso penal, sin que se constituya como presupuesto, la necesidad de dictar sentencia condenatoria
IV.3.3. La prohibición de enajenar bienes del imputado sujetos a registro por seis meses no restringe de manera desproporcionada el derecho de propiedad
IV.3.4. La solicitud de devolución de bienes afectados con medida cautelar de comiso debe efectuarse ante la autoridad que ordenó la medida
IV.3.5. La facultad que se otorga al ministerio público de solicitar embargo y secuestro de bienes del imputado en los procesos en los que sean víctimas los menores de edad y los incapaces, no viola el derecho de reparación de las víctimas mayores de edad
IV.3.6. Constituye vÃ¬a de hecho y violaciÃ²n al debido proceso aplicar el principio de favorabilidad penal en relaciÃ²n con el tiempo de prohibiciÃ²n al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, cuando la norma favorable no habÃ¬a entrado en vigor y solamente se contempla para el sistema con tendencia acusatoria
IV.3.7. La orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos procede tambiÃ¨n en contextos distintos de la sentencia condenatoria
IV.4. Medidas propias de la etapa de juzgamiento
IV.4.1. El principio de igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía, se concreta y se hace efectivo, fundamentalmente en la etapa de juzgamiento
IV.4.2. La imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, son causales de preclusión en la etapa de juzgamiento, que constituyen un desarrollo de los principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por el acto legislativo 03 de 2002
IV.4.3. La solicitud de preclusión efectuada por la fiscalía, la defensa o el ministerio público ante el juez de conocimiento, no lo obliga a su declaratoria
IV.4.4. Cuando el procesado ha sido condenado a pena de prisión la detención domiciliaria debe revocarse
IV.4.5. La detención domiciliaria en sustitución de la pena de prisión puede otorgarse en atención a la protección de los intereses prevalentes del menor de edad.
IV.4.6. Cuando desaparece la causa razonable o justa que dio lugar a la suspensión de la audiencia y esta no se reinicia o transcurren seis meses desde su iniciación es procedente la libertad provisional
IV.4.7. La excepción a la aplicación del sistema de acumulación jurídica de penas, de las penas ya ejecutadas, no es incompatible con el debido proceso
IV.5. Subrogados penales
IV.5.1. Sólo se puede revocar o negar un subrogado penal cuando los requisitos para acceder a éste no se han verificado, o se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas
IV.5.2. Deber de tener en cuenta las condiciones económicas del beneficiado con un subrogado penal para definir el monto de la caución
IV.5.3. No existe vía de hecho cuando el juez tiene en cuenta la situación económica del condenado para fijar la caución que le permita disfrutar del subrogado penal de condena de ejecución condicional de la pena
IV.5.4. El juzgador debe ponderar, conforme a los criterios establecidos el monto de la caución prendaria para conceder la libertad condicional
IV.5.5. Prohibición al juez de considerar los antecedentes del condenado como requisito para conceder el subrogado penal de libertad condicional
IV.5.6. El subrogado penal de libertad condicional está sujeto a la valoración que el juez haga de la conducta del individuo dentro de la cárcel
IV.5.7. El otorgamiento de libertad condicional mediante caución prendaria cuando ya se ha absuelto al sindicado en primera instancia no vulnera los derechos de presunción de inocencia
IV.5.8. Exclusión de subrogados penales y beneficios a delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y otros
IV.5.9. Prohibición de otorgar los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores
IV.6. Recurso extraordinario de casación
IV.6.1. Prohibición al legislador de desnaturalizar el recurso de casación por vulneración de múltiples garantías procesales
IV.6.2. La decisión de la corte suprema de justicia de casar sentencias ejecutoriadas bajo la vigencia de la norma que admitía el recurso de casación no constituye vía de hecho
IV.6.3. La corte suprema de justicia debe motivar el auto por el cual inadmite la demanda de casación
IV.6.4. La providencia que indamite una demanda de casación, en el contexto de la ley 600 de 2000, tiene ejecutoria inmediata.
IV.6.5. Deber del juez de motivar los fallos que reiteran el precedente judicial
IV.6.6. El recurso extraordinario de casación penal es idóneo para la protección de derechos fundamentales
IV.6.7. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias que constituyan vía de hecho, cuando no se reúnan requisitos para acudir al recurso extraordinario de casación
IV.6.8. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación que constituyan vía de hecho
IV.6.9. La ausencia de un recurso de apelación contra la decisión que resuelve un recurso extraordinario de casación no vulnera normas constitucionales
IV.6.10. El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. esta previsto a favor de todas las partes que intervienen en el proceso penal.
IV.6.11. Improcedencia de la acción de tutela cuando no se ha dado traslado de la demanda de casación a los demás sujetos procesales no demandantes y no se afectó el derecho de defensa de quien demandó en casación.
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V. Ley 975 de 2005 para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y otras disposiciones
V.1. Naturaleza de la ley
V.1.1. La ley 975 de 2005 es una ley ordinaria
V.2. Alternatividad penal
V.2.1. La figura de la alternatividad penal establecida en la ley 975 de 2005 no constituye una desproporcionada afectación de la justicia ni indulto o perdón de la pena; su otorgamiento exige la colaboración con la justicia dirigido al logro efectivo de los derechos de las víctimas y no elimina las penas impuestas por hechos ocurridos antes de la desmovilización
V.2.2. La comisión de cualquier delito por parte del desmovilizado durante el periodo de prueba conlleva la revocatoria de la libertad a prueba y el cumplimiento de la pena inicial señalada en la sentencia
V.3. Sobre el término víctimas
V.3.1. Es también víctima cualquier familiar de la víctima directa, cuando hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley
V.3.2. La condición de víctima de los miembros de la fuerza pública en los casos de haber sufrido lesiones descritas en el inciso 4º del artículo 5º de la ley 975 de 2005 o el menoscabo de sus derechos fundamentales producidas por las acciones de los miembros de grupos armadas organizados al margen de la ley no contraviene el derecho internacional humanitario
V.3.3. La ley 975 de 2005 establece un concepto de víctima que integra una dimensión individual y colectiva y contiene disposiciones que están dirigidas a la recuperación del tejido social en su conjunto, que trasciende estas dimensiones
V.4. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización, colectiva o individual
V.4.1. Los beneficios en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad que conceden las leyes 975 de 2005 y 782 de 2002, además de la providencia judicial que establezca su pertenencia a dicho grupo, requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas , garantizando el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
V.4.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, para efectos de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva, deben informar sobre la suerte de las personas desaparecidas.
V.4.3. Los bienes que se deben entregar para efectos del requisito de elegibilidad en las desmovilizaciones individuales o colectivas, son aquellos producto de la actividad ilegal
V.5. Requisitos para la concesión de la alternatividad penal
V.5.1. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, dentro del proceso de reincorporación a la vida civil, deben confesar desde la versión libre todos los hechos delictivos cometidos con ocasión a su pertenencia a esos grupos, so pena que no se conceda el beneficio de alternatividad penal o se revoque
V.5.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que tengan investigaciones y acusaciones anteriores a desmovilizarse y acogerse a la ley de reincorporación a la vida civil, para acceder al beneficio de alternatividad penal deberán cumplir las etapas procesales y requisitos de la ley, que garanticen el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
V.5.3. La entrega de los menores de edad reclutados por parte de los miembros de grupos armados al margen de la ley no conlleva la pérdida de los beneficios penales, pero no los exime de su responsabilidad penal por esas conductas punibles
V.5.4. El archivo de las diligencias por hechos admitidos o no por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación procede por decisión motivada, que debe ser comunicada al denunciante y al ministerio público, cuando se compruebe que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizarlos como delito en su tipicidad objetiva
V.6. Derechos de las víctimas e intervención en la actuación procesal
V.6.1. Las víctimas tienen derecho a participar en las diligencias de versión libre y confesión, la audiencia de formulación de imputación y de aceptación de cargos dentro de los procesos de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
V.6.2. No se puede exigir la acreditación de registro en base de datos para que las víctimas puedan asistir a la diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz, establecido en la ley 975 de 2005
V.6.3. La restricción a dos abogados en la representación de las víctimas en las diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz ?ley 975 de 2005- no vulneran sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad, justicia y reparación.
V.6.4. Las víctimas pueden preguntarle al versionado por intermedio del fiscal y no directamente en desarrollo de la diligencia de versión libre en los procesos de justicia y paz ? ley 975 de 2005
V.6.5. Para poder entregar copias de la versión libre rendida por los desmovilizados en aplicación de la ley 975 de 2005 se requiere la demostración de la condición de víctima, es decir, de la legitimación para acceder a ellas
V.6.6. Las víctimas tienen derecho a designar representación judicial durante el juicio y en las otras etapas procesales
V.6.7. Las víctimas tienen derecho a que se les facilite el aporte de pruebas, se les informe sobre la decisión definitiva sobre la persecución penal, a participar y conocer las actuaciones procesales anteriores a esta decisión y a intervenir en el proceso
V.7. Derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la protección especial a la integridad y la seguridad
V.7.1. El estado debe asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, no repetición y al debido proceso
V.7.2. Las víctimas tienen derecho desde la iniciación del expediente a acceder directamente a el para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación
V.7.3. La garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se hace extensiva a los integrantes de las parejas del mismo sexo
V.7.4. La reserva de las diligencias de versión libre en los proceso de justicia y paz impuesta a las víctimas que asisten a tal diligencia y la limitación a los medios de comunicación para transmitirla en directo no vulneran los derechos a la información, la verdad, justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos cometidos por paramilitares desmovilizados en virtud de la ley 975 de 2005
V.7.5. La difusión pública y completa de la verdad judicial y las medidas relacionadas con el acceso a los archivos de la memoria histórica de la verdad dentro del proceso de reconciliación nacional, tiene solamente la reserva establecida por otras leyes de tal manera que se garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos
V.7.6. Todas las personas tienen el derecho de acceder a los archivos, dentro del marco de la ley de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, relacionado con el conocimiento de la memoria histórica sobre las causas, desarrollos y consecuencias de las acciones de estos grupos, salvo la reserva judicial que establecen las normas vigentes para proteger la vida y la seguridad de los testigos
V.7.7. La sociedad y otras víctimas tienen el derecho a conocer la verdad sobre las investigaciones y procesos judiciales contra los miembros de grupos armados al margen de la ley y sobre el paradero de las personas secuestradas o desaparecidas
V.7.8. El acceso público a los registros de casos ejecutoriados no puede vulnerar ni limitar el derecho a la verdad ni el derecho de la víctima al acceso al expediente
V.7.9. La protección especial de la intimidad y la garantía de seguridad de las víctimas, sus familiares y de los testigos, requiere de la amenaza a estos derechos; del consentimiento expreso del sujeto protegido y no puede entenderse como excusa o limitación para el estado de no garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas
V.8. Derechos de las víctimas a la reparación, bienes y medidas cautelares
V.8.1. A las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas no se les puede trasladar la obligación estatal de garantizar el derecho de las víctimas a la reparación
V.8.2. El fondo para la reparación de las víctimas está integrado por todos los bienes o recursos entregados por las personas o grupos armados al margen de la ley, los recursos provenientes del presupuesto nacional y por donaciones al fondo, nacionales o extranjeras, en el entendido que los miembros de estos grupos responderán con su propio patrimonio para indemnizar a las víctimas por sus propios actos y solidariamente por los daños ocasionados por otros miembros del grupo
V.8.3. El autor o participe del delito debe a la víctima una pronta e integral reparación por los daños causados con la conducta delictiva ?en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron?. al estado le corresponde una responsabilidad subsidiaria cuando los bienes de los autores o partícipes y los de los miembros de los grupos al que pertenecen sean insuficientes
V.8.4. Los bienes que deben ser entregados por los miembros de grupos armados al margen de la ley, como acto de reparación integral, está constituido por el conjunto de bienes de sus patrimonios
V.8.5. La liquidación y pago de indemnizaciones judiciales para la reparación de las víctimas no puede estar condicionado a los límites sobre disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional
V.8.6. Las medidas cautelares sobre los bienes de los desmovilizados para garantizar la reparación integral a las víctimas recae también sobre sus bienes lícitos
V.8.7. Las expresiones legales ambiguas que puedan dar lugar al ocultamiento de bienes, van en detrimento de la obligación de reparar a las víctimas y por lo tanto son contrarias a la constitución
V.8.8. La expresión ?de conformidad con el presupuesto del fondo para la reparación de las víctimas?, para efectos de la atención médica y psicológica como medidas de rehabilitación busca armonizarlo con la noción de víctima, incluidos otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de las conductas delictivas cometidas por miembros de grupos armados al margen de la ley
V.9. Aspectos procesales
V.9.1. Es procedente poner al desmovilizado a disposición del magistrado con función de garantías y solicitar la audiencia de imputación de cargos cuando el fiscal hubiere desarrollado a cabalidad el plan metodológico
V.9.2. La unidad nacional de fiscalía para la justicia y la paz tiene un plazo de 60 días, a partir de la audiencia de formulación de imputación, para investigar y verificar los hechos admitidos por el imputado y todos los demás de que tenga conocimiento dentro de su competencia
V.9.3. Le corresponde al magistrado de la sala penal del tribunal del distrito judicial verificar, para efectos del examen de aceptación de cargos, que la calificación jurídica correspondan con los hechos que obran en el expediente
V.9.4. En los casos previstos en la ley 975 de 2005 no podrá haber conflicto o colisión de competencias entre los tribunales superiores de distrito que conozcan dichos casos y cualquiera otra autoridad judicial
V.10. Régimen de privación de la libertad
V.10.1. Para efectos de la ejecución de la pena alternativa no se computará el tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados al proceso de reincorporación colectiva a la vida civil hubieren permanecido en las zonas de concentración decretadas por el gobierno nacional
V.10.2. Los establecimientos de reclusión en donde deban permanecer y cumplir la pena alternativa los miembros de grupos organizados al margen de la ley que se reincorporen a la vida civil, están sujetos a todas las normas jurídicas sobre control penitenciario
V.10.3. La determinación del establecimiento de reclusión en donde deban cumplir la pena los desmovilizados condenados es un acto administrativo a cargo de gobierno nacional
V.11. Organismos de control
V.11.1. La asistencia de la defensoría del pueblo a las víctimas dentro de los procesos la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, transciende la ley 975 de 2005 y debe darse dentro del marco legal y de las posibilidades de las leyes que atañen a la propia institución
V.11.2. La obligación según la cual la defensoría del pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos no puede entenderse como que se limita sus deberes para con las víctimas o se hacen menos vinculantes
V.11.3. La atribución de la procuraduría general de la nación de impulsar mecanismos de participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas no limita el derecho de las víctimas al derecho al acceso de la administración de justicia
V.12. Recuso de casación
V.12.1. No procede recurso de casación contra las decisiones de segunda instancia en los procesos de la ley 975 de 2005
V.13. Rebaja de penas
V.13.1. Por vicios en el procedimiento en su formación es incompatible con la carta política la norma de la ley 975 de 2005 que estableció la figura de la rebaja de pena en un décima parte
V.13.2. La rebaja de la décima parte de la pena que establecía el artículo 70 de la ley 975 de 2005, debe concederse cuando exista condena por sentencia ejecutoriada en vigencia de tal norma, así se solicite posteriormente a la declaratoria de inexequibilidad, siempre que cumpla con los demás requisitos para tasar la disminución de la pena
V.13.3. El otorgamiento de la rebaja de pena del artículo 70 de la ley 975 de 2005 puede ser medido y cuantificado, atendiendo el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos demostrados probatoriamente
V.13.4. No se puede otorgar la rebaja de pena de la décima parte, del artículo 70 de la ley 975 de 2005, cuando no se cumplen con ninguno de los requisitos para conceder el beneficio.
V.13.5. La prueba sobre la incapacidad económica para otorgar el beneficio de rebaja de pena del artículo 70 de la ley 975 de 2005 no puede ser exhaustiva
V.13.6. El condenado que no hubiere solicitado la reducción de la pena en los términos del artículo 70 de la ley 975 de 2005, mientras estuvo vigente esa disposición, puede hacerlo con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad efectuada mediante sentencia c-370 de 2006
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VI. Justicia penal militar y derecho al debido proceso
VI.1. Excepcionalidad del fuero penal militar
VI.1.1. Criterios para determinar el ámbito de aplicación
VI.1.2. Los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza pública son de competencia de la justicia ordinaria
VI.1.3. Constitucionalidad de la extensión del fuero penal militar a los miembros de la policía nacional
VI.1.4. Inexistencia de vía de hecho cuando un tribunal militar se declara incompetente para fallar según las pruebas que obran en el proceso
VI.1.5. Los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, para efectos del fuero penal militar nunca podrán entenderse relacionados con el servicio
VI.1.6. Los delitos de devastación; saqueo; requisición arbitraria y con omisión de formalidades; exacción y contribuciones ilegales tipificados en el proyecto de ley 111/06 senado, 144/05 cámara ?por la cual se expide el código penal militar? son compatibles con la constitución política de colombia.
VI.1.7. Los delitos de amenaza a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio e impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas tal como aparecían inicialmente en el proyecto de ley 111/06 senado, 144/05 cámara ?por la cual se expide el código penal militar" son contrarios a la constitución al no incorporar circunstancias ni elementos propios del servicio militar o de policía
VI.2. Derechos de la parte civil en el proceso penal militar
VI.2.1. Derechos de la parte civil a la verdad, la justicia y la reparación
VI.2.2. Deber de dar traslado para alegar a la parte civil y al fiscal en los procesos penales militares
VI.2.3. Derechos de la parte civil incluyen la posibilidad de reparación económica dentro del proceso penal militar
VI.2.4. Existencia de vía de hecho por desconocimiento del juez natural cuando se atribuye a la justicia penal militar el conocimiento de delitos no relacionados con el servicio
VI.2.5. Vulneración del derecho al debido proceso de la parte civil por desconocimiento del carácter excepcional del fuero militar
VI.2.6. Derecho de los perjudicados por la comisión de un delito a acceder al proceso penal respectivo para conocer la verdad sobre los hechos
VI.3. El principio de no reformatio in pejus en la justicia penal militar
VI.3.1. Procedencia del principio no reformatio in pejus en recurso de apelación
VI.3.2. Improcedencia del principio no reformatio in pejus en grado jurisdiccional de consulta
VI.4. Derecho al debido proceso
VI.4.1. Derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas en proceso penal militar
VI.4.2. Obligatoriedad de informarle al investigado sobre el delito que se le imputa y las pruebas en que se fundamenta la imputación antes de la versiÃ²n preliminar
VI.5. Otros aspectos de la justicia penal militar
VI.5.1. La pena en el derecho penal militar no tiene función ejemplarizante
VI.5.2. Exigencia de la calidad de abogado para ser juez de instrucción penal militar
VI.5.3. Las funciones del comandante general de las fuerzas militares como presidente e integrante del tribunal superior militar y de la sala plena del mismo tribunal no vulneran la autonomía judicial puesto que son de carácter administrativo y no judicial
VI.5.4. Oficiales de las fuerzas armadas no pueden ser defensores en los procesos penales militares
VI.5.5. Constitucionalidad de la figura del fiscal penal militar como ente acusador
VI.5.6. Las funciones de los vocales en los consejos verbales de guerra deben respetar el derecho al debido proceso
VI.5.7. Auditores de guerra: intervención y reserva sumarial; autonomia de los jueces y cortes marciales a quienes asesoran y las etapas de instrucción y juzgamiento
VI.5.8. Constitucionalidad de la intervención de la procuraduría en los procesos penales militares
VI.5.9. La desobediencia de los reservistas es sancionada por la justicia penal militar
VI.5.10. Los delitos de cobardía no contemplan una forma de responsabilidad objetiva
VI.5.11. Concurso de hechos punibles: límites de las penas y equivalencias entre arresto y prisión
VI.5.12. Circunstancias de agravación punitiva: ?el tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros?
VI.5.13. Obligaciones del condenado al recibir el subrogado de condena de ejecución condicional
VI.5.14. Término de prescripción de la pena no se interrumpe por la comisión de un nuevo delito cuando está corriendo la prescripción
VI.5.15. Sustentación del recurso de apelación
VI.6. Constitucionalidad de la ley 522 de 1992, código penal militar, frente al acto legislativo 03 de 2002
VI.6.1. La justicia penal militar tiene garantías procesales distintas a las del sistema penal acusatorio que son compatibles con la constitución política en relación con el acto legislativo 03 de 2002
VI.6.2. La investigación de los hechos y la obtención del material probatorio en la justicia penal militar no requiere de la existencia de un juez de control de garantías
VI.6.3. La existencia y funciones del juez de instrucción penal militar relacionadas con procedimientos de privación de libertad son compatibles con la constitución y no van en contravía de lo establecido en el acto legislativo 03 de 2002
VI.6.4. Es constitucional que los fiscales penales militares cierren la investigación y califiquen el mérito del sumario mediante resolución de acusación o cesación de procedimiento
ExclusiÃ³n de subrogados penales y beneficios a delitos de terrorismo, financiaciÃ³n del terrorismo y otros
La inoponibilidad de reserva por parte de las entidades pÃºblicas y privadas, asÃ­ como de particulares, requiere por parte de la defensa la obtenciÃ³n de autorizaciÃ³n del juez de control de garantÃ­as, cuando su tarea de bÃºsqueda, identificaciÃ³n, recolecciÃ³n y embalaje del material probatorio, realizaciÃ³n de entrevistas y valoraciones, afecte derechos fundamentales
La configuraciÃ³n del rÃ©gimen de pequeÃ±as causas, no debe excluir a la fiscalÃ­a general de la naciÃ³n
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