Source: http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/anotaciones-sobre-alternativas-al-sistema-punitivo-la-mediacion-penal/
Timestamp: 2017-07-25 02:56:23
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Anotaciones sobre alternativas al sistema punitivo: la mediación penal | Arcos - Informações Jurídicas
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Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos (España). Coordinadora del Programa de Doctorado
del Departamento de Derecho Público “Sociedad plural y nuevos retos del
Derecho”. Directora del Curso de Especialista Universitario en Mediación
Familiar desde 2003 hasta la actualidad. Colabora en Cursos de Maestría y
Doctorado en diversas Universidades brasileñas. Participa en varios Programas
de Investigación – CNPQ. Sumario: Introducción.- 1. Justicia Restaurativa y Mediación
Penal: 1.1. Concepto; 1.2. Principios informadores de la Mediación Penal.- 2.
Áreas susceptibles de aplicar la mediación penal: a) Mediación penal de
menores; b) Mediación penitenciaria.- 3. Áreas controvertidas para aplicar la
mediación penal: 3.1. Mediación en delitos de peligro; 3.2. Mediación en delitos de atentado, resistencia
y los cometidos por funcionarios públicos; 3.3. Mediación en caso de que
varios los acusados y unos quieran someterse al proceso de mediación y otros
no; 3.4. Mediación para personas reincidentes; 3.5. Mediación si la víctima es
menor de edad o incapaz; 3.6. Mediación que no llega a buen puerto por la
injustificada oposición de la víctima; 3.7. Mediación en delitos de violencia de género- 4. Algunas críticas a
mediación penal. Resumen: Llevamos varios años trabajando en el ámbito de la
mediación –desde la perspectiva del trabajo académico e investigador-. Son
muchas las horas que hemos compartido con mediadores y operadores y creemos
firmemente en las bondades de la mediación como forma de gestionar los
conflictos en muy diversos ámbitos. Desde el escolar al sanitario, pasando por
el familiar, el intercultural, el laboral, el comunitario y otros. Somos
conscientes de los recelos que despierta la aplicación de la mediación al
ámbito penal, pero los excelentes resultados obtenidos en este contexto están
consiguiendo minar el escepticismo inicial. En el trabajo que presentamos
queremos poner de relieve precisamente que junto a la pena, hay otras formas y
estrategias de desarrollar el control social. Nos ocuparemos del concepto y los principios mediación penal, para centrarnos después en
algunas áreas susceptibles de aplicarse la mediación penal: mediación penal de
menores y mediación penitenciaria. Continuaremos examinando algunas áreas
controvertidas para la aplicación de la mediación penal haciendo especial
referencia a los casos de violencia de género. Terminaremos exponiendo algunas
críticas que se han vertido sobre la mediación penal. Palabras llave: justicia restaurativa.- mediación penal.-
mediación penitenciaria.- violencia de género.- filosofía de la pena. Abstract:
We take several years working in the environment of the mediation-from the
perspective of the academic work and investigator. They are many the hours that
we have shared with mediators and operators and we believe firmly in the
kindness of the mediation like form of negotiating the conflicts in very
diverse environments. From the scholar to the sanitarium, going by the
relative, the intercultural, the labor one, the community one and others. We
are aware of the mistrust that he/she wakes up the application from the
mediation to the penal environment, but the excellent results obtained in this
context they are being able to mine the initial scepticism. In the work that we
present we want to in fact put of relief that next to the pain, there are other
forms and strategies of developing the social control. We will be
in charge of the concept and the principles penal mediation, to center us later
in some susceptible areas of being applied the penal mediation: penal mediation
of smaller and penitentiary mediation. We will continue examining some
controversial areas for the application of the penal mediation making special
reference to the cases of gender violence. We will finish exposing some critics
that have spilled against the penal mediation. Key words:
restorative justice. - penal mediation. - Penitentiary mediation. - gender
violence.- philosophy punitive.-	Introducción En el Derecho penal la atención por la persona humana debe
tener una posición absoluta y central; y debe tenerlo de manera no solamente
retórica, sino concreta y operativa[1]. Basta recordar la
célebre frase de Beccaria: “Non vi é libertá ogni qual volta le leggi
permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di esser persona, e diventi
cosa”[2]. Esta relación entre
persona y dignidad afecta propiamente al problema de la pena, al desarrollo del
iter punitivo, al procedimiento penal, a sus garantías y, especialmente, a una
humana ejecución de la pena. A todo ello hay que sumar las propuestas de sustituir
la cárcel por una pena más adecuada. Si no se quiere o no se puede (por la dificultad objetiva)
renunciar a la pena de prisión, se debería, en primer lugar, reservar ésta para
los delitos de mayor gravedad, sustituyéndola, en casos más leves, por otras
medidas (arrestos domiciliarios). En segundo lugar, se debe procurar que la
ejecución de la pena no se realice con métodos repugnantes al sentido de la
humanidad; que el sufrimiento causado por la pena se limite a la privación de
goce de un derecho fundamental como es el de la libertad –que ya es
suficientemente grave-, a la que no se deberían añadir otros sufrimientos. Se
deberían cuidar las normas disciplinarias, hacer posible el estudio, la
formación laboral, afrontar serenamente el problema sexual, evitar cualquier
lesión que vulnere la dignidad humana, ya provenga de la parte de los
funcionarios como de otros detenidos[3]. Para comenzar a hablar con propiedad de la Justicia
Restaurativa habría que remontarse al imprescindible debate filosófico en torno
al fenómeno de la punición. Desde las mitologías de la pena hasta las
contribuciones de la teoría social a este fenómeno, se podría realizar una
panorámica multidisciplinar sobre la cuestión del castigo. La célebre frase “el
que la hace, la paga” encierra en sí un sentido que va más allá de su aspecto
formal: se presenta esta fórmula como la clara representación de la justicia:
quien ha llevado a cabo un comportamiento que atenta contra las normas, debe de
pagar –compensar, retribuir—por esa conducta. Los fundamentos legitimadores
clásicos de la intervención penal se movían en ese sentido: desde las teorías
absolutas del “ius puniendi” (la ‘pena justa’) a las teorías relativas del “ius
puniendi” (la ‘pena útil’), junto con las teorías mixtas, las abolicionistas,
el garantismo penal y tantas otras hasta llegar al minimalismo penal[4]. Las teorías de
legitimación de las penas han sido muchas y variadas a lo largo de la historia,
además de controvertidas: desde la visión de Durkheim al discurso marxiano en
torno al castigo, junto con las direcciones promovidas por la Escuela de
Chicago y la difusión del behaviorismo, continuando con el Panóptico de J.
Bentham y desembocando en el panoptismo, prosiguiendo con Foucault y las
defensa de las sociedades disciplinarias, hasta llegar a las instituciones de
Goffman y tantas otras[5]. M. Pavarini recuerda que hay una fase decisiva para la
ideología correccional de la pena –la que se impone a mediados del siglo XIX-
que se construye por medio del paradigma del déficit en la interpretación de la
desviación/criminalidad y que por lo tanto proyecta una imagen topológica del
homo criminalis de signo positivista. Es peligroso quien tiene “menos”, quien
tiene déficit: físicos, psíquicos, afectivos, culturales, sociales. Si se eliminan
o reducen estos últimos, se eliminará o reducirá la peligrosidad social. La
evidencia de la observación confirma el asunto: visitad las cárceles y
encontraréis siempre y en donde sea sujetos débiles. La peligrosidad social de
los criminales radica por lo tanto en su estatus y no en su naturaleza malvada.
La solución no puede ser una ni única: actuar para reducir las diferencias[6]. La cuestión ya no es aquella pretenciosa e ingenua intención
de derrotar al crimen, sino simplemente racionalizar la operatividad de los
sistemas que pretenden “gestionar” la criminalidad con base en criterios de
tipo estadístico y actuarial. En cierta manera estamos asistiendo a una
“criminología de la vida cotidiana” –Brasil es un claro ejemplo-: el acto
desviado es un riesgo habitual que puede ser calculado y en alguna medida
incluso evitado (porteros en los edificios de apartamentos las 24 horas,
sistema de vigilancia con cámaras, circulación en vehículo con las ventanillas
cerradas, etc.). Todo ello no supone una tarea/obligación exclusiva del Estado
y de los aparatos represivos tradicionales, sino una decisión realista y
“obligada” para la sociedad civil. Las víctimas potenciales –es decir, todos-
como sujetos a tutelar, estamos invitados a hacernos cargo de nuestra propia defensa,
organizándonos y adoptando estilos diferentes de vida. De alguna manera, el
Estado se desmarca progresivamente del papel monopolista en la defensa contra
el delito. A. Baratta describía esta transición en un tono lapidario, como le
corresponde: la transición que va del modelo de la seguridad de los derechos
hacia el del derecho a la seguridad, convierte esta última en un bien privado.
Baste pensar en las políticas de seguridad imperantes hoy y que, prácticamente
invirtiendo casi exclusivamente en estrategias de prevención situacional,
acaban por habituarnos a “valernos por nosotros mismos”; es decir, sin fiarnos
demasiado de los aparatos represivos y preventivos estatales, en el marco de
una sociedad con un elevado riesgo de criminalidad. Y en esta misma óptica,
crece también el paradigma de la compensación como apoyo de la nueva estrategia
mediadora en el sector de la justicia penal[7]. Mientras que por un lado las víctimas reclaman mayores penas
para los delincuentes –cadena perpetua, endurecimiento de la ley de
responsabilidad penal del menor, cumplimiento íntegro de las penas[8]- y difícilmente se ven
“compensadas” por su sufrimiento, los delincuentes siempre consideran excesivas
las penas y se quejan de la vulneración de sus derechos[9].
En la segunda mitad del siglo XX se abre un segundo periodo en relación a la
fundamentación teórica de los derechos del preso, con la asunción del modelo
correccional de justicia penal. Este modelo orienta teleológicamente –y por lo
tanto también limita- el poder disciplinario con la finalidad de inclusión
social. La premisa punitiva del Estado se vincula, por tanto –en algunos
ordenamientos incluso a nivel constitucional-, hacia la persecución de una
finalidad precisa: la resocialización del condenado. Los presos tienen necesidades y no sólo como presos sino
también como seres humanos quienes, por la debilidad social que revelan en y
por su condición de reclusos, deben estar preferentemente asistidos por el
ordenamiento jurídico y para hacer que se satisfagan sus necesidades mediante
la aplicación de tales derechos. No deben ser torturados ni vejados; sus
saludes físicas y psíquicas deben ser cuidadas; la atención de sus vínculos
familiares y sociales apoyada; cuando trabajen de forma remunerada en las
cárceles no deben de ser explotados. Para ello sirven los derechos que les
reconocen los ordenamientos penitenciarios y por ello debe exigirse su
cumplimento. Pero junto con este reconocimiento de los derechos humanos de los
presos- de los que nadie duda pero de difícil cumplimiento por las condiciones
de hacinamiento, falta de higiene y de medios en buena parte de los centros
penitenciarios[10], se puede intentar ir
más allá, precisamente como un complemento y ayuda a esta escasez de medios en
relación a que la pena por el daño producido tenga una única lectura: la
cárcel. La pregunta que surge, a estas alturas, es si resulta
posible, actualmente, en plena y evidente crisis del modelo correccionalista,
fundar una teoría jurídica diferente de los derechos del detenido/condenado por
medio de un paradigma conflictivo de la penalidad. La justicia restaurativa y
la mediación penal ¿pueden ser una
respuesta adecuada? ¿van más allá de ser simples mecanismos de una “atenuación
de la pena”? 1. Concepto y principios informadores de la justicia
restaurativa y de la mediación penal 1.1. Concepto En el ámbito español, la regulación de la mediación se ha
limitado al ámbito de los conflictos de familia, básicamente[11]. Habría que
partir de entonar el mea culpa por no haber
cumplido la Directiva Comunitaria del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001
que daba de plazo hasta el 22 de marzo de 2006 para dar cumplimiento a la
Disposición de promulgar una Ley de mediación penal[12]. Asimismo, también nos encontramos con la obligación
de proceder a la transposición, en España, de la Directiva 2008/52/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, ya que el plazo máximo con el
que se cuenta es hasta el 21 de mayo de 2011. Esta última Directiva ha
propiciado que el Gobierno español haya impulsado el Anteproyecto de ley de
Mediación de ámbito nacional[13], que articulará un
marco mínimo para el ejercicio de la mediación[14]
sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas,
algunas de las cuales tienen su propia regulación. La mediación quedará
establecida para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o
transfronterizos. Se excluyen expresamente la mediación laboral, penal y en
materia de consumo. ¿Qué hacer, entonces, con la mediación penal? ¿Podemos
reconocerla eficacia jurídica? Quien se acerca por primera vez a la mediación penal, es
posible que lo primero que piense es que se ha diseñado un sistema que “burla”
la imposición de la pena, que “evita” ir a la cárcel o, al menos, consigue un
atenuante de la tipificación penal, con la consiguiente rebaja de la pena que
en su caso le correspondería si no hubiera aceptado participar en el
procedimiento de mediación. Por tanto, no es extraño que la actitud inicial sea
de rechazo ya que se contrapone al espíritu propio del castigo y del “ius
puniendi” del Estado. Sin embargo, como sustrato de la mediación penal se puede
observar una transformación de la penalidad carcelaria y una especie de
“resistencia” al poder punitivo. No se trata meramente de “evitar” ese poder,
sino de diseñar otras formas de ejercer la punición que no sean exclusivamente
las de la pena de prisión[15]. Entre las actuales tendencias en el Derecho penal se
encuentra la de la Justicia Restaurativa, también conocida, principalmente en
España, como mediación penal[16]. La Justicia Restaurativa se ha descrito como
una respuesta del siglo XXI al reto de la delincuencia dentro de una sociedad
libre. “La Justicia Restaurativa se cuestiona la forma en que se ha hecho
justicia hasta ahora, y ofrece un nuevo enfoque que sitúa a víctima e infractor
en el centro de la búsqueda de la justicia. Por un lado, para la víctima, la
Justicia Restaurativa ofrece un ambiente seguro para hacer preguntas y
encontrar respuestas que sólo el infractor puede dar, ofrece una oportunidad
para que la víctima explique al infractor el alcance de los daños causados por
el delito y encuentra una forma de evitar el daño causado y restablecer la paz.
Por otro lado, apoya al infractor para que rinda cuentas directamente con la
persona más perjudicada por el delito, proporciona un espacio seguro para
ofrecer una disculpa y demostrar que el daño no se repetirá”[17]. Prefiere la reparación del daño causado antes que su
represión. Esta mediación no pretende
una confrontación con los procedimientos judiciales formales ni con el marco de
garantías que representan. Se propone
contribuir a una justicia penal menos retributiva, que tenga más en cuenta a la
víctima y al infractor y lo que para ellos representa el conflicto. Lo que
persigue la mediación es la reparación del daño y la resolución no violenta de
conflictos[18]. La Justicia restaurativa[19]
es todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualquier
otra persona o miembro de la comunidad afectados por el delito participen
conjuntamente, de forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del
delito, en general, con la ayuda de un mediador o facilitador. La finalidad: la
reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. Pueden iniciarse en
cualquier fase del procedimiento penal y solamente con el consentimiento libre
y voluntario de la víctima y del delincuente. El Europeam Forum for Restorative Justice[20], que celebra este año
su X Aniversario, se dedica a ayudar a establecer y desarrollar la Justicia
Restaurativa en toda Europa. El Foro es una organización con más de 300
miembros de toda Europa. A través de sus diversas actividades como asesoría,
entrenamiento, conferencias y seminarios, publicaciones, escuelas de verano e
investigaciones, el Foro es muy activo y ha contribuido sustancialmente al
creciente cuerpo de conocimientos, prácticas y políticas sobre Justicia
Restaurativa en los últimos años. La justicia penal actual se basa en que la forma de motivar
a las personas para que se comporten bien con las demás es amenazarlas con
consecuencias severas si no lo hacen. Pero en este argumento se pueden
encontrar varias falacias. En primer lugar, lo que nos hace comportarnos de forma
correcta no es el miedo sino principalmente la autoestima. No queremos
menospreciarnos a nosotros mismos. La fuerza disuasoria no funciona a menos que
le persona se pare a pensar acerca de las probabilidades de ser atrapado,
calcule que el riesgo es alto y, sabiendo cuál puede ser el castigo, tenga
miedo. La Justicia Restaurativa empieza cuando una persona admite
que ha participado en un acto delictivo dañoso. Se argumenta que en un sistema
restaurativo es más probable que el acusado admita esto porque la aceptación de
su responsabilidad le ofrece la oportunidad de corregir el daño y empezar de
nuevo, mientras que el sistema punitivo concluye en castigo. Algunas personas
no estarán interesadas en reparar el daño, pero otras sí querrán expresar su
pesar y otras, al menos, preferirán la reparación del daño al castigo. Una vez que la responsabilidad es aceptada, la Justicia
Restaurativa ofrece una serie de preguntas: ya no se trata de: ¿quién es el
culpable y cómo debe ser castigado? Sino de ¿quién ha sido afectado y cómo se
pueden corregir los efectos dañosos que su conducta haya podido provocar? Esto
lleva a la víctima a participar del procedimiento: no como un testigo que ayuda
al Fiscal a probar que el acusado es culpable pero sí como una persona que ha sufrido
un daño[21]. El uso de la justicia reparadora no menoscaba el derecho de
los Estados a perseguir a los delincuentes, es decir, el ius puniendi del
Estado sigue vigente. Únicamente se pretende complementarlo con otras medidas.
Como rasgos principales podemos destacar: Los procesos restaurativos deben utilizarse únicamente
cuando haya pruebas suficientes para inculpar al delincuente, y con el
consentimiento libre y voluntario de la víctima y del delincuente. La víctima y el
delincuente podrán retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso.
Se llegará a los
acuerdos de forma voluntaria y solo contendrán obligaciones razonables y
proporcionadas. La víctima y el
delincuente normalmente deben estar de acuerdo sobre los hechos fundamentales
de un asunto como base para su participación en un proceso restaurativo. La participación del
delincuente no se admitirá como prueba de admisión de culpabilidad en
procedimientos jurídicos ulteriores. La Mediación puede desarrollarse en diversas fases del
proceso penal: Instrucción; Juicio
oral; Final. Consta de varias fases:
contacto; acogida; encuentro dialogado; acuerdo. Se debe evitar la mediación: en supuestos de delitos en
sujeto pasivo o colectividad o intereses difusos. Se trata de un modo de operar en la justicia penal más
humano, sin que se resienta la seguridad jurídica y los fines de prevención
general del Derecho penal. M. Wright apunta cuatro razones principales por las que la
Justicia Restaurativa es diferente de la actual justicia penal, con efectos
tanto para la víctima como para el infractor: Hay muchos casos donde las partes se conocen y no está muy
claro quién es el infractor y quién es la víctima. El sistema penal tradicional
etiqueta a uno como delincuente, le pone antecedentes penales y acaba con su
relación. Un proceso restaurativo ofrece la oportunidad a ambos de reflexionar
en el conflicto que subyace al delito, puede ser resuelto a través de la
mediación y no necesariamente el caso tiene que entrar en el sistema de
justicia penal. La víctima participa en el procedimiento, puede hacer
preguntas y obtener respuestas que la ayudan a comprender el incidente y en qué
condiciones viven algunas personas dentro de la comunidad. Además pueden
discutir acerca de la forma más adecuada en que el infractor debe hacer la
reparación del daño. La Justicia Restaurativa reconoce que la víctima del delito
no es necesariamente la única persona afectada. Por ejemplo, la familia del
infractor puede sufrir ansiedad o sentir vergüenza. En algunos países se
utilizan las “conferencias restaurativas” –en Nueza Zelanda fueron introducidas
en 1989- y ahora el Foro Europeo de Justicia Restaurativa está estudiando su
uso en Europa. El infractor puede dar respuestas y explicar lo que le ha
llevado a comportarse de esa manera. Muchos infractores oyen el daño que han
causado, quieren disculparse y hacer algo para poner las cosas en su lugar. La
participación en la mediación puede contribuir a ello. En relación a la víctima, la mediación penal persigue tres
objetivos: La reparación o resarcimiento del daño La recuperación del sentimiento de seguridad, como forma
ésta de reparación simbólica La resolución de problemas asociados a la victimización
secundaria derivados de la reiterada llamada al proceso del ofendido como
testigo En relación a la persona acusada y/o condenada se trata de
evitar los efectos que el actual procedimiento penal genera: Sufrimiento personal que supone la pérdida de libertad Interiorización de actitudes manipuladoras y pautas de desconfianza Nulo aprendizaje de respeto a los bienes jurídicos
protegidos por el Derecho Penal Ausencia de responsabilización frente a la conducta
infractora Intenso deterioro de las facultades psicológicas y físicas Se dificultan los procesos de reinserción social y se
incrementan las posibilidades de reiteración delictivas A través de la mediación se trata de: 1. Víctima: mantener la intervención procesal de la víctima facilitarla la transformación del miedo e incertidumbre en
confianza y seguridad vital reparación del daño sufrido 2. Persona acusada: responsabilización de la conducta infractora aprendizaje de actitudes de empatía esfuerzo de reparación con la aplicación de las
consecuencias psicológicas correspondientes medidas alternativas que tiendan a dar solución a las
causas que subyacen en la conducta infractora Previene la “escalada del conflicto” Implica un aspecto educativo –menos reincidencia menos estigma social –favorece la reinserción 3) Sociedad civil: facilita el diálogo comunitario reconstruye la paz social quebrada por el delito y
minimiza las consecuencias negativas devuelve el protagonismo a la sociedad civil controla el aumento de la población reclusa incremento de confianza en la administración de justicia
penal protege la esfera civil: más y mejor manejo de los
conflictos a nivel comunitario con la participación directa de las partes
afectadas. Acometer reformas de las leyes procesales y penales que
permitan introducir y ordenar la mediación intraprocesal, cumpliendo con las
obligaciones que nos incumben conforme a la Decisión Marco de 15 de marzo de
2001, de la Unión Europea, sobre el estatuto de la víctima en el proceso penal. Cuando se ha alcanzado un acuerdo, fruto de la mediación
penal, la comunidad debe proporcionar los medios necesarios para que el
infractor pueda llevarla a cabo. Si se ha comprometido a hacer trabajos en
beneficio de la comunidad para reparar el daño, deberá tener la oportunidad
para ello, bien a través de ONGs, Ayuntamiento, Servicios Sociales, etc. En el
caso de que necesite trabajar para ganar dinero y pagar la reparación,
facilitarle las habilidades para llevarlo a efecto. 1.2. Los principios informadores de la mediación penal son: Voluntariedad: Tanto víctima como acusado deben participar voluntariamente
en la mediación. No se puede obligar a ninguna de las partes. Si una de las
partes se niega, no se podrá llevar a cabo la mediación. Gratuidad: Las partes no deben pagar honorarios ni al mediador/es ni a
los demás operadores jurídicos. Confidencialidad: El juez no tendrá conocimiento del proceso salvo lo pactado
en el documento final –acta de acuerdos-, y lo que las partes deseen expresar
en el acto de la vista oral. Si alguna de las personas quiere desistir de la
mediación realizada, hasta antes del inicio de juicio oral, ni el juez, ni el
fiscal, ni abogados acusadores o defensores, pueden utilizar dato o expresión
alguna recogida en el acta de acuerdos. Es decir, las expresiones vertidas verbal o documentalmente
en el acta de reparación únicamente tendrán valor de prueba si son ratificadas
como tales por la víctima y el acusado en el acto del juicio oral. De lo contrario, lo
manifestado en el proceso de mediación podría ir en contra de la presunción de
inocencia y además desincentivaría a las partes para acudir a la mediación,
ante el riesgo de que su conclusión sin éxito se pudiera utilizar como
incriminación o prueba de cargo. Oficialidad: Le corresponde al juez, previo acuerdo o iniciativa del
Ministerio Fiscal o del abogado defensor, la derivación de los casos al
Servicio de Mediación Penal. Esta derivación puede ser de oficio o a instancias
de cualquier de las personas implicadas como partes procesales. Flexibilidad: El proceso de mediación debe ser flexible en cuanto a los
plazos específicos para las entrevistas individuales y la conclusión del
proceso. No obstante, se establecerán plazos temporales para la suspensión del
proceso penal durante el desarrollo de la mediación, así como obligaciones del
mediador para que informe periódicamente de su evolución. El proceso de mediación no puede paralizar excesivamente la
instrucción: plazo máximo de 1 mes, ampliable a otro más a petición razonada
del mediador. Además, habría que incorporar la mediación a la suspensión de los
plazos para la preinscripción. De ninguna manera la determinación del contenido reparador
exigido por la víctima podrá suponer una pena que exceda de las previsiones
establecidas en el Código Penal. Bilateralidad: Ambas partes tienen oportunidad para expresar sus
pretensiones, con las limitaciones que imponga el mediador para el buen
desarrollo de la mediación. Esto no impide que la mediación se desarrolle sin el
encuentro dialogado y presencial de la víctima con el acusado, si la víctima no
quiere encontrarse con el acusado. 2. Áreas susceptibles de aplicar la mediación penal a) Mediación penal de menores El delito no significa que exclusivamente se produzca una
ofensa al Estado. Se ven implicadas otras muchas personas. Las normas penales
no prevén la mediación como un procedimiento a seguir a excepción de
determinados supuestos o experiencias. Uno de esos supuestos lo constituye la
responsabilidad de los menores, siempre y cuando se trate de actuaciones que no
impliquen homicidio, asesinato, delitos contra la agresión sexual y terrorismo.
Es decir, será susceptible de aplicarse la mediación en conductas tales como
faltas o delitos de poca entidad, y siempre y cuando no haya violencia o
intimidación. La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la
que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal del menor –LORRPM- es una ley formalmente penal pero de
carácter materialmente educativa. No es una ley retribucionista. Se inspira en
el principio del superior interés del menor. En la citada Ley se establecen
unas modificaciones que afectan a la reparación y conciliación[22]. Esta Ley prevé dos
modalidades diferentes en función del momento procesal en que se lleve a cabo
el acuerdo del menor y la víctima, por lo que sus efectos jurídicos son también
diferentes: así, si se cumplen todos los requisitos previstos en el artículo
19, en la fase de instrucción del proceso, se dará lugar al sobreseimiento de
la causa, mientras que si se cumplen los presupuestos del artículo 53.1, ya en
fase de ejecución de la sentencia, se posibilita la suspensión o sustitución de
la medida impuesta. 1.a) Sobreseimiento de la causa por conciliación o
reparación entre el menor y la víctima o perjudicado: -En este primer caso, la conciliación consumada plenamente
se convierte en mecanismo no sólo de aceleración del proceso –puesto que se
archiva la causa- sino también en método para poner fin al conflicto. -Por imperativo legal, las labores de mediación corresponden
al equipo Técnico de Menores –ETM- (art.19.3 LORRPM). Su labor es de naturaleza
pericial al inicio y no vinculante, pues es al Ministerio Fiscal al que
corresponde controlar el cumplimiento de los presupuestos legalmente
establecidos para iniciar una conciliación y/o reparación. Aunque el juez de
Menores no participa en el proceso de mediación, le corresponde una importante
función de control o fiscalización, como es el de dictar el sobreseimiento del
asunto, por auto motivado y a solicitud de Ministerio Fiscal. - Los presupuestos básicos son que se trate de delitos menos
graves o faltas, sin violencia o intimidación[23]
y que haya un acuerdo de conciliación o compromiso de reparación del menor con
la víctima[24] 1.b) La sustitución de las medidas por conciliación
menor/víctima: -El artículo 51.3 LORRPM dispone que el acuerdo de
conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento que se produzca,
podrá dejar sin efecto la medida impuesta. Aquí la ley se refiere sólo al
“acuerdo de conciliación” por lo que parece que no es aplicable esta
posibilidad a un eventual compromiso de reparación menor/perjudicado. - El órgano competente para acordar dejar sin efecto la
medida al menor es el Juez de Menores que conoció del asunto en primera
instancia y competente, por tanto, para el control de la ejecución de la
sentencia (art.44.1 LORRPM). Esta facultad no la tiene de oficio sino que
deberá hacerse a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor
(art.51.2). - En cuanto a los presupuestos: la ley requiere la
existencia de un acuerdo de conciliación menor/víctima; la Ley no establece
ningún límite respecto a los hechos enjuiciados o a la gravedad de la medida
impuesta, por lo que se amplia el ámbito de conciliación respecto de lo
establecido en el art.19 LORRPM; la estimación favorable de la existencia de
conciliación entre el menor/víctima en la fase de ejecución por el Juez de
Menores implica dejar sin efecto la medida impuesta al menor. b) Mediación penitenciaria La aplicación de la mediación en los centros penitenciarios
constituye un reto, ya que se trataba de adaptar el proceso de mediación a un
contexto enormemente conflictivo, punitivo y jerarquizado como es la prisión.
Se comenzó en marzo de 2005 en el Centro penitenciario de Madrid III. Valdemoro[25], y se ha ido extendiendo a otras cárceles
españolas como la de Málaga, Nanclares, Pamplona, Zuera y Granada. Se inició la experiencia de mediación interpersonal en la
cárcel entre las personas presas que habían tenido conflictos interpersonales.
Permite que las personas inmersas en un conflicto interpersonal que origine la
incoación de un procedimiento disciplinario profundicen en su conflicto de
forma dialogada, utilizando actitudes de escucha, respeto y asumiendo la
responsabilidad por los hechos realizados, de forma que puedan restablecer o
pacificar la relación interpersonal para la prevención de nuevas agresiones. Se
pretende devolver a las personas privadas de libertad parte de la percepción
del control sobre sus vidas. Se presenta como un método eficaz para la
reducción de violencia dentro del ámbito penitenciario. Los objetivos de la mediación penitenciaria tienen una
triple vertiente: Objetivos dirigidos al tratamiento penitenciario: asunción
de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y de su participación
en el conflicto interpersonal, aprendizaje de conductas de diálogo y de escucha
dirigida a comprender la posición del otro; aprendizaje de adopción de
decisiones personales y autónomas en el conflicto. Objetivos dirigidos hacia la convivencia penitenciaria:
pacificación de las relaciones internas dentro de los módulos a través de la
difusión, entre las personas presas de este sistema dialogado en la solución de
conflictos; disminución de la reincidencia en las infracciones debido al
carácter suspensivo de la sanción, en función del cumplimiento de los acuerdos;
reducción de las intervenciones administrativas y judiciales, dando entrada al
principio de oportunidad y a la economía procesal. Objetivos dirigidos al beneficio de las personas privadas de
libertad: reducción de la ansiedad como consecuencia directa de la desaparición
o, al menos, disminución del conflicto interpersonal. El temor a la posibilidad
de sufrir represalias por la participación en un conflicto genera un alto nivel
de estrés; aumento de la sensación de control, al ser ellos mismos los que
deciden acerca de la posibilidad de mediar o no; disminución de los perjuicios
al penado y su familia por la aplicación del Reglamento Penitenciario[26]. La mediación penitenciaria tiene un proceso, integrado por
diversas fases: 1) Fase de derivación: Es el momento en el que se recibe una solicitud de
mediación, proveniente de la Subdirección de Régimen del Centro a través de
tres vías distintas: a) La incompatibilidad: los internos son calificados de
incompatibles una vez producido el conflicto, lo cual significa que serán
separados en todos los espacios en los que coincidieran previamente (módulo,
escuela, patio). La mediación será la única forma de intentar superar esa
incompatibilidad; b) La sanción: cuando se produce el conflicto se da apertura,
por parte de la Comisión disciplinaria del Centro –CDC- a un procedimiento
disciplinario para determinar qué sanción imponer a cada implicado. Si la CDC
lo considera oportuno, lo puede remitir al equipo de mediación, lo cual podrá
influir en la decisión última respecto a la sanción pendiente; c) la instancia:
es el propio interesado quien solicita entrevista con los mediadores para
intentar poner fin a un conflicto con algún compañero. 2) Fase de acogida (I): Se parte de una entrevista individual con cada uno de los
implicados. Se les explica el concepto y principios informadores de la
mediación. Seguidamente, se realiza una previa indagación sobre el conflicto.
Si el implicado acepta la mediación, se continúa indagando acerca de su estado
de régimen (permisos, destino), su vida fuera de prisión, los apoyos con los
que cuenta, el conflicto (circunstancias en que ocurrió, emociones, rol que se
atribuye), su disposición y expectativas con respecto a la mediación. Si la
persona no acepta seguir, se cierra el expediente y ya no se contacta con el
otro implicado. Si acepta seguir, se realiza la misma operación con el otro
implicado. 3) Fase de Acogida (II): Se reafirman los contactos con las partes implicadas antes
de que se produzca el encuentro entre las mismas. 4) Fase de encuentro dialogado: Las dos partes en conflicto se reúnen con los mediadores.
Mediante la comunicación se trabaja en la gestión y resolución del problema.
Puede suceder que una de las partes se muestre suspicaz con respecto a qué
información habrá dado el otro implicado a los mediadores; o también, que los
implicados participen sin creer en la mediación, movidos por su interés en
conseguir algún resultado beneficioso. Los mediadores finalizarán con la redacción de un Acta de
Reconciliación firmado por las partes y por el mediador. El acta se entrega a
la oficina de Régimen para que sea tenida en cuenta en la siguiente reunión de
la Comisión Disciplinaria. 5) Fase de seguimiento: Una vez transcurridas una o dos semanas, es conveniente
realizar un seguimiento para comprobar el grado de cumplimiento de los
acuerdos. Se puede hacer a través de una entrevista informal. 3.Áreas controvertidas para aplicar la mediación penal En principio, no debería excluirse ninguna infracción. La
derivación a mediación no debe responder a criterios objetivos que atiendan
exclusivamente a los tipos penales sino que debe tomar en consideración: a) el criterio subjetivo de la presencia como sujeto pasivo
en el supuesto de víctimas que sean personas físicas b) la vulneración de
derechos eminentemente personales Algunos autores opinan que se debe limitar a faltas y
delitos menos graves. Otro sector de la doctrina sostiene que se debe excluir
la mediación de las faltas menos graves (son nimiedades, que no merecen
inversión de servicios escasos) y extenderlo a delitos graves, en bien de la
víctima y con las consecuencias que sean posibles (atenuante, indulto). Entendemos que la mediación se puede aplicar a todas las
faltas a excepción de las recogidas en el Título III –Faltas contra los
intereses generales- (arts. 629
a 632 CP) y las recogidas en el Título IV, De las faltas
contra el orden público (arts. 633
a 637 CP.). Destacamos algunos supuestos especialmente controvertidos: 3.1. Mediación en delitos de peligro Se trata de delitos de peligro abstracto en los que no
existe víctima concreta, por ejemplo, en los delitos contra la salud pública -Como argumentos a favor: ponen el énfasis en la obtención
de responsabilización del acusado respecto de la conducta infractora por medio
del diálogo con personas que han sufrido el delito. - Como argumentos en contra: puede tener naturaleza
terapéutica pero escasa trascendencia para la víctima. Se discute sobre si
la mediación se debe limitar a supuestos en los que la titularidad de esos
bienes jurídicamente protegidos corresponda exclusivamente a personas físicas.
Por ejemplo, casos en los que confluyen personas físicas y jurídicas. Vg.
Supuestos de robo con violencia e intimidación en el interior de una oficina
bancaria, en el que la entidad financiera es la víctima del despojo patrimonial
pero también lo son sus clientes por la violencia e intimidación sufrida. 3.2. Mediación en
delitos de atentado, resistencia y los cometidos por funcionarios públicos Se plantean dudas ante la desigualdad institucional ante la
que se encuentran las partes. 3.3. Mediación en caso de que sean varios los acusados y
unos quieran someterse al proceso de mediación y otros no El reconocimiento de
los hechos de uno de ellos puede influir directamente en el derecho a la
defensa de los demás. . Se exige una valoración de los diferentes intereses de los
acusados y de los desequilibrios de poder . Los resultados de la mediación por sí sola no pueden
constituir prueba de cargo para el resto de los co-imputados 3.4. Mediación para personas reincidentes La mediación no se puede excluir por delitos anteriores pues
los momentos vitales en que se cometen las infracciones son diferentes y pueden
necesitar de un tratamiento diferente 3.5. Mediación si la víctima es menor de edad o incapaz Es posible la
mediación con la necesaria intervención de los representantes legales y del
Ministerio Fiscal, valorando en todo caso la comprensión y elaboración de los
conflictos. Se debe seguir la voluntad del menor solo si ha cumplido 16
años (edad de emancipación). En los demás casos de
discrepancia, o bien predomina la voluntad de su representante legal, o bien se
deja la decisión al Fiscal, como defensor de los intereses del menor. 3.6. Mediación que no llega a buen puerto por la
injustificada oposición de la víctima Pese a las “buenas ofertas” del infractor, puede informar de
ello el mediador y el infractor puede obtener beneficios en principio
reservados a los casos de mediación exitosa. 3.7. Mediación en delitos de violencia de género En España, a pesar de las Leyes promulgadas a efectos de
atajar los actos de violencia de género, no se ha apreciado una disminución de
los tales casos sino que, por el contrario, se ha experimentado un incremento.
Prácticamente hay una media de cuatro denuncias diarias. La mayoría son
denuncias como resultado de los atestados llevados a cabo por la policía; otras,
por remisión de los partes de lesiones desde los centros hospitalarios; las
menos, las presentan las propias víctimas[27].
La mediación se encuentra excluida por el art. 44.5 LO
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia
de género. Es curioso que se prohíba lo que ni siquiera está previsto en la ley[28]. Hay varios obstáculos para realizar una mediación en este
supuesto[29]: -Legal: La mediación penal no puede imponer pena alguna: ni
privación de libertad, ni orden de alejamiento o prohibición de aproximación o
residencia) y sus acuerdos no son directamente ejecutables. La obligatoriedad
de imposición en estos delitos de la pena accesoria de alejamiento podría
salvarse modificando el art. 57 CP en el sentido de eliminar el carácter
obligatorio de la imposición de tal pena y dejarlo al arbitrio judicial en los
casos en los que hubiera existido conciliación entre la víctima y la persona
condenada. - Relacional: Notable desigualdad que pueda existir entre
las partes en relación con el desequilibrio de poder. Esta desigualdad hiere la
mediación. Es la voluntad de las partes y el informe realizado por un mediador,
que en este caso debería ser también psicólogo, quien debería determinar la
posibilidad de realización. -Afecta a varios de los principios básicos de la mediación:
voluntariedad, confianza, bilateralidad, empatía y otros. Ello desemboca en el
establecimiento de varios argumentos en contra de la mediación: La mediación conlleva un riesgo para la integridad física de
los afectados, pues no puede, por sí sola, detener el ejercicio de la
La mujer, debido a sus características peculiares, se expone
a ocupar una posición de inferioridad en el marco de las negociaciones;
La técnica de la mediación, procedente de otras tradiciones
jurídicas, puede resultar difícil de importar al Ordenamiento jurídico-penal
Recurrir a la mediación supone la pérdida del efecto
simbólico característico del Derecho penal: no satisface los fines de la
prevención general;
Un simple encuentro de mediación no es suficiente para
modificar la conducta violenta del agresor;
La mediación es imposible en un contexto de desequilibrio de
poder entre la mujer maltratada y su agresor;
La comunidad social de referencia de los afectados no
siempre va a desempeñar un papel de reprobación y censura del comportamiento
violento del agresor.
Como argumentos a favor se esgrimen: El carácter discursivo de la mediación como forma de
resolución de conflictos puede resultar especialmente útil en delitos de
naturaleza relacional;
Las dinámicas emocionales durante los encuentros de
mediación pueden ayudar al agresor a reconocer su responsabilidad;
La mediación reivindica o recupera socialmente a la
víctima y le permite expresar libremente su versión de los hechos
Algunos autores defienden que el ámbito doméstico es un
medio indicado para transformar el conflicto entre personas relacionadas dentro
del mismo. Transcribimos algunas ideas de R. Castillejo al respecto: “No sólo
puede permitir que la víctima se sienta reparada, sino también que se
restablezcan los cauces de comunicación rotos o deteriorados, para que se
adopten las decisiones civiles oportunas de separación y divorcio o, en su
caso, de restablecimiento relacional. Resulta evidente la dificultad de estas
mediaciones y las consecuencias negativas que pueden generar, pero el sistema
penal tampoco garantiza la vida ni la integridad física de las víctimas. El
desencuentro violento no se canaliza positivamente con medidas cautelares de alejamiento,
o de carácter civil, o con la condena a pena de prisión. Estas medidas tienen,
sin duda, un efecto preventivo y de reproche; son necesarias, pero lo que
subyace en los conflictos violentos en el ámbito doméstico es un deterioro
relacional, cuya posible solución apunta justamente a un procedimiento que
tiende a restablecer la comunicación para que se adopten las medidas civiles
oportunas. Claro está, siempre que sea posible, y previo trabajo
individualizado de carácter terapéutico o pedagógico”. Por ello sostiene que se
deba suprimir la norma que prohíbe la mediación en los delitos de violencia de
género “pues la limitación que impone no tiene justificación, siempre que esa
mediación se desarrolle correctamente teniendo en cuenta la asimetría y desigualdad
de poder que pueden existir en la relación entre víctima y persona acusada”[30]. Se sostiene que en determinados hechos tipificados como de
violencia de género, cabría un tratamiento distinto, menos criminalizado, más
centrado en el problema como una cuestión de pareja. En este marco, la
mediación persigue el tratamiento integral del conflicto, partiendo de la buena
acogida que la mediación tiene para gestionar los conflictos de pareja, donde
se tratan cuestiones tan íntimas y personales. Todo ello ha acabado desembocando en algunas propuestas para
un posible modelo de mediación aplicado a la violencia de género, pero que
tendría que partir de adoptar determinadas prevenciones[31]:
Precaución nº 1: equilibrar la posición de la mujer respecto
de su ex pareja masculina. Proceso de “fortalecimiento” o de “adquisición de
poder” (empowerment) por parte de la víctima;
Precaución n.º 2: equilibrar la posición del agresor
respecto de la víctima; asegurar sus garantías procesales durante el proceso de
mediación; Precaución n.º3: preservar la seguridad de la víctima a
través de medidas aplicadas antes, durante y después de los encuentros; Precaución n.º4: a efectos de iniciar un proceso de
mediación, el agresor debe previamente haber reconocido su implicación en los
Propuesta final: elaborar un modelo mixto entre las formas
de intervención de la Justicia tradicional y de la Justicia restauradora en
este ámbito. En definitiva, consideramos que se debería: a) Rechazar la aplicación de la mediación en aquellos
supuestos que impliquen una prolongada historia de agresiones, maltrato y
dominación por parte del hombre sobre su (ex) pareja femenina. Es decir, no
cabrá la mediación en supuestos en los que por razón de los graves hechos de
violencia física, o reiterados actos de violencia física, la situación de la
mujer sea de indefensión. Bajo estas circunstancias, un proceso de acercamiento y de
diálogo entre las partes resultaría excesivamente peligroso para la víctima, en
la medida en que ésta se encontraría todavía atrapada en una dependencia
psicológica, emocional y puede que social y económica respecto a su agresor. b) Aceptar la aplicación de la mediación en aquellos
episodios esporádicos y aislados, en su caso primeros o únicos, de agresión, en
los que el ataque físico psicológico por parte del varón no se integre en una
larga espiral de violencia. Se trataría de: Cuidar la seguridad, autoafirmación y reivindicación de
los derechos de la víctima Tratamiento psicológico, asunción de responsabilidad y
posibilidad de solicitar y recibir perdón en el caso del autor.
Es decir, habría que adoptar algunas cautelas: por un lado,
que los mediadores se sometan a un reciclaje continuo y a una especialización
en ese ámbito; por otro, que los programas de mediación instauren
procedimientos para mejorar la seguridad de las víctimas durante y después de
la mediación (detectores de metales en las oficinas de mediación; guardias de
seguridad y servicios de protección); por último, que la mujer víctima acepte
someterse a este sistema una vez haya recibido la ayuda necesaria para situarse
ante su agresor en condiciones de igualdad. En última instancia, será la
voluntad de la víctima y el informe elaborado por los psicólogos los que
determinen la posibilidad de realización. c) Se podría valorar una habilitación (legal)
extraordinaria, en función de: Grado y tipo de violencia (física o psíquica)
Secuelas (físicas o psíquicas) y capacidad de recuperación
Gravedad del episodio de violencia
Existencia o no de otros perjudicados (hijos,
ascendientes…)
Periodicidad de la violencia
Restablecimiento del equilibrio y de la igualdad.
Quizás se pudiera admitir la mediación en casos de violencia
doméstica si se trata de una violencia no física, no grave, puntual, aislada,
no continuada y siempre previo análisis de la situación por un equipo técnico
que la avale[32]. Conviene tener presente que la violencia de género da lugar
a consecuencias penales y también a muchas consecuencias civiles (separación o
divorcio, relaciones paterno-filiales, guarda y custodia de los hijos menores,
derecho de alimentos y tantos otros). Los efectos civiles y penales no son
separables. Dado que se ha prohibido la mediación penal en materia de violencia
género debería extenderse también a los efectos civiles. 4. Algunas críticas a la mediación penal La mediación en general –no sólo la penal-, tiene todavía
varias asignaturas pendientes, como la de su correcta comprensión e
implantación como complemento a la Administración de Justicia para la solución
de determinados conflictos y litigios hasta su imprescindible difusión, de
manera que sea conocida por los ciudadanos. Consideramos que la mediación,
especialmente la penal, sólo puede funcionar como mediación intra-judicial, es
decir, yendo de la mano de la Administración de Justicia: Debería regularse legalmente e institucionalizarse a través
de un sistema público de mediación, incorporado a la Administración de Justicia
y dependiente del Ministerio de Justicia, como el modelo portugués[33]. La mediación
intrajudicial permitirá un adecuado aprovechamiento de las ventajas que implica
la mediación y el sistema judicial sería un añadido al sistema de garantías del
procedimiento. Sería conveniente la creación de Oficinas de Resolución de
Conflictos –ORC- y la configuración de la sede de los Juzgados como Tribunales
“multipuertas”, es decir, en la propia sede de los tribunales, esta ORC pudiera
informar al ciudadano de los servicios que tiene a su disposición para la
resolución de sus conflictos, según las características que presentaran: el
arbitraje, el proceso y la mediación[34]. Como objetivos referidos concretamente a la mediación penal
podríamos apuntar los siguientes: 1. Instaurar un sistema integral, institucional y público de
mediación para evitar riesgos tales como: Abuso o presiones por parte de la persona acusada a la
víctima para llegar acuerdos y evitar la cárcel Abuso de la víctima exigiendo actos de reparación
desproporcionados que excedan de los límites legales La solución podría ser la del establecimiento de la
mediación dentro del proceso penal dotado de un sistema de garantías para
prevenirlas y corregirlas. 2. En el hipotético caso de que hubiera interés por introducir
la mediación penal en el ordenamiento jurídico español, quizás habría que
hacerlo aprovechando una reforma global del proceso penal, es decir, reformando
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3. La Ley debería establecer el estatuto profesional del
mediador (código ético, colegios profesionales) y los principios esenciales del
procedimiento. Para hacer realidad los objetivos apuntados, conviene tener
presentes las críticas que se formulan con respecto a estos mecanismos
desjudicializadores[35], tales como: - Vulneración de la presunción de inocencia (sin embargo, no
se debe olvidar que el juez única y exclusivamente ha de basarse en los hechos
probados para dictar sentencia, y el que se acuda a un proceso de mediación no
es medio probatorio alguno de culpabilidad del sujeto encausado); La escasa transparencia y publicidad de los mismos, lo que
puede traducirse en la ausencia de muchas de las garantías mínimas de cualquier
proceso judicial; La falta de imparcialidad del organismo al que se confía las
labores de mediación; La forma de configuración de la solución del conflicto,
apartándose de las reglas jurídicas y desembocando muchas veces en la
aplicación simple de la lógica de las relaciones de fuerzas económicas y
sociales; Las graves limitaciones que en orden a la eficacia supone la
carencia de poderes coercitivos en los sujetos que resuelven, lo que impide
dictar medidas cautelares o iniciar procedimientos ejecutivos. “Alegalidad” de las experiencias “piloto” de mediación penal
en algunos juzgados de España: desde hace algunos años se están llevando a cabo
esas experiencias, en las que contando con la aprobación del juez y del fiscal,
se derivan algunos casos, al equipo de
mediación, por entender que dadas sus circunstancias y características, esos
casos podrían gestionarse a través de mediación. En algunos Juzgados es el
equipo técnico el encargado de mediar (en algunos juzgados de lo Penal de
Burgos) y, en otros, los servicios de mediación se han externalizado y se
cuenta con un equipo ad hoc (VG. Juzgado de Instrucción Penal nº 3 de
Valladolid). Sin embargo, no hay que olvidar que la mediación penal no
está regulada en el ordenamiento jurídico español. Es más, algunas de las
referencias que se hacen sobre la misma es para prohibirla, como en la Ley de
Protección Integral de la Violencia de género, ya citada, en su artículo 44.5,
prohíbe la mediación en estos casos (LOPJ, art.87, ter.5); también lo hace la
Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León de 2006
(art. 2.1). Como hemos visto, sólo está regulada y admitida en la Ley de
Responsabilidad del Menor. Difícil encaje en el marco procesal penal español actual,
chocando con diversos principios tales como el principio de necesidad, el
principio acusatorio, el papel del Ministerio Fiscal y otros. Baste analizar el
principio de legalidad y el principio de oportunidad: El principio de legalidad confiere indisponibilidad a las
normas e imperatividad en su observancia, lo que implica que el procedimiento
penal tenga carácter necesario excluyendo la posibilidad de cualquier acto de
disposición o acuerdo para solucionar el conflicto originado por el hecho
delictivo. En este contexto, la mediación no sería posible. El principio de oportunidad se configura como un elemento
corrector o flexibilizador de la rigidez del principio de legalidad, de tal
manera que se pueda tener un ámbito de discrecionalidad sobre el ejercicio de
la acción penal. Este principio ya rige en las legislaciones de países de
nuestro entorno (Dinamarca, Bélgica, Noruega, Francia) pero no en nuestro
ordenamiento, lo que dificulta la aceptación de la mediación. Podríamos concluir que los efectos de la mediación penal
dependerán de[36]: Si se trata de delitos privados –muy escasos- se puede
evitar el proceso o terminarlo por la propia voluntad del ofendido. Si se trata de delitos semipúblicos, que sólo pueden
perseguirse a instancia de parte, la mediación penal podría operar: como un mecanismo
previo de solución del litigio que evitaría la realización del proceso, pues la
víctima podría obtener la reparación del daño a través del acuerdo de mediación en procesos ya iniciados por propia denuncia o querella de
la persona ofendida, el acuerdo podría determinar el perdón del acusado o la
retirada de la denuncia - Sin embargo, para la generalidad de las infracciones
penales, particularmente delitos, de carácter público, y con un grado de
disponibilidad para las partes, incluido el Ministerio Fiscal, muy limitado o
nulo, la mediación habrá de ceñir sus efectos en el proceso penal,
generalmente, bien a la fase de la solicitud y aplicación de la pena
correspondiente, mediante el juego de la atenuación de la responsabilidad
penal, bien a la fase de la sentencia condenatoria, mediante la suspensión o
sustitución de la pena privativa de libertad impuesta. Se ha iniciado el recorrido por este camino de la mediación
penal que se presenta largo, sinuoso en ciertos recovecos y angosto en otros, y en el que se vislumbran luces y sombras. Habrá que esperar a los resultados
de las experiencias “piloto” para, con mayor certeza, estar en condiciones de
determinar la viabilidad de la mediación penal y resultados satisfactorios en
nuestro ordenamiento jurídico. Referencias bibliográficas - ALMEIDA TORRES, Andrea, “Críticas ao tratamento penitenciário
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la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos (España) entre los días 04 y
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Servicio de mediación de Lambeth –Londres-). Páginas web: www.mjusticia.es www.economiasostenible.gob.es/ www.euforumrj.org www.observatorioviolenciadegénero.es ANEXO PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN MEDIACIÓN PENAL EN FASE DE INSTRUCCIÖN Fase de contacto En el trámite de Diligencias previas En el Juicio de faltas Fase de acogida Fase de encuentro dialogado Fase de acuerdo En el trámite de Diligencias Previas Juicio de faltas Plazo para la realización de la mediación (1 mes desde la
firma del consentimiento informado) Fase de comparencia de conformidad y juicio Ante el Juzgado o Tribunal sentenciador Ante el Juzgado de Instrucción Fase de reparación o ejecución de acuerdos Fase de seguimiento MEDIACIÓN PENAL EN LA FASE DE ENJUICIAMIENTO Inicio del proceso de mediación Contacto con la persona acusada y su abogado/a defensora Fase de acogida Fase de encuentro dialogado Fase de acuerdo Plazo para la realización de la mediación Fase de comparecencia de conformidad y juicio Fase de reparación o ejecución de acuerdos Fase de seguimiento MEDIACIÓN PENAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
PENAL Inicio del proceso Fase de acogida Fase de encuentro dialogado Fase de acuerdo Plazo para la realización de la mediación Fase de decisión judicial Fase de reparación o de ejecución de acuerdos Fase de seguimiento MEDIACIÓN EN CENTRO PENITENCIARIO ENTRE VÍCTIMA Y PERSONA
PENADA Propuestas de inicio del proceso Procedimiento de mediación Fase de acogida Fase de encuentro dialogado Fase de acuerdo [1] CATTANEO, Mario A.,
Pena, Diritto e Dignitá umana. Saggio sulla filosofia del Diritto penale.
Torino, G. Giappichelli Editore- Torino, 1998, p.4. [2] BECCARIA, Cesare, Dei
delitti e delle pene, XXVII, Ed. di P. Calamandrei, Florencia, 1950. [3] Junto con estas
reflexiones sobre la pena, habría que ocuparse también del otro ámbito que es
también objeto de la filosofía de la pena, como es la determinación de los
caracteres que debe revestir el hecho que da lugar a la pena, es decir, al
reato o al delito. No podemos ahora extendernos en este aspecto. No remitimos a
las aportaciones de algunos ilustres iusfilósofos de la historia: desde Lutero
a Kant, junto con Kelsen, A.
Schopenhauer y tantos otros. [4] No podemos extendernos
en el análisis de la teoría de la pena. Vid. nuestro trabajo Poder punitivo y
justicia. Hacia una filosofía de la pena. En: "Persona y Derecho. Homenaje
al Prof. J. Hervada". Universidad de Navarra, nº 41, vol.II (1999)
pp.525-578. [5] Vid. RIVERA BEIRAS,
Iñaki, La cuestión carcelaria. Historia, epistemología, Derecho y Política
penitenciarias. 2ª ed., actualizada, Vol. I, Buenos Aires, Editores del Puerto,
2009. [6] PAVARINI,
Massimo, “Prólogo dialogado” a RIVERA
BEIRAS, Iñaki, La cuestión carcelaria. Historia, epistemología, Derecho y
Política penitenciarias. 2ª ed., actualizada, Vol. I, Buenos Aires, Editores
del Puerto, 2009, p.VII –XIV. [7] PAVARINI, Massimo,
Ibidem, p.XIII. [8] Las reclamaciones de
algunas víctimas, ante lo que consideran una ley “muy permisiva” con los
delincuentes y unas penas “muy blandas” reclaman una mayor disciplina.
Recordemos aquí los espacios que Foucault definió como lugares habitados por la
disciplina: la cárcel, el manicomio, el colegio, el ejército- pero también la
familia, la escuela y la fábrica, gracias a su relevancia social-, resisten
como espacios aún no hegemonizados por el derecho y en los que se despliega un
dominio tendencialmente “libre” y por lo tanto “discrecional” de algunos
hombres sobre otros, hasta el punto de que éstos sufren, en mayor o menor
medida, una libertad “vacía”, “devaluada” o “limitada”. En la segunda mitad del
siglo XX se abre un segundo periodo en relación a la fundamentación teórica de
los derechos del preso, con la asunción del modelo correccional de justicia
penal. Este modelo orienta teleológicamente –y por lo tanto también limita- el
poder disciplinario con la finalidad de inclusión social (PAVARINI, Massimo,
Ibidem, p.XIX). [9] El reconocimiento y la
configuración de los derechos fundamentales de los reclusos ha sido una
cuestión controvertida. Los presos, ¿tienen de verdad derechos? Y ¿los tienen
como tales y como seres humanos? Claro está que los tienen y en ambas
calidades. Sin embargo, la cárcel y los empleos aberrantes que de ella se
hacen, dejan entrever de forma casi ostensible que los derechos en cuestión son
negados en las dos condiciones. Roberto Bergalli se lamenta de que “Un preso
está privado de su libertad por haber sido castigado y el castigo no otorga
derechos sino que más bien genera deberes, obediencias cuando no sometimientos.
Como seres humanos los presos generalmente se constituyen en ciudadanos de
segunda clase o directamente están desclasados, tanto en el sentido de la
consideración de sus atributos como individuos, cuanto en el sociológico, por haber perdido su inclusión en una
determinada clase social, una vez ingresados como reclusos”. Bergalli reconoce
que estas afirmaciones pueden entenderse como exageradas o hasta impropias a la
luz de una aparente tradición fuerte de derecho penitenciario y de
penitenciaristas que reclaman por tales derechos, los estudian, los exponen y
discuten sobre ellos en reuniones, congresos y seminarios de todo nivel, pero
considera que ésta es la realidad. (BERGALLI, Roberto, Prólogo a RIVERA BEIRAS,
Iñaki, cit., p.XXIX). [10] No podemos extendernos
en un análisis de las condiciones de los presos en los centros penitenciarios y
de una evaluación de sus derechos humanos. Sin embargo, son muchas las voces
que se alzan reclamando un cambio en el sistema punitivo y nuevas estrategias
en las políticas penales actuales. J.N. de Miranda Countinho, en el contexto
brasileño, se lamenta de que el neoliberalismo y el Estado mínimo “no tienen
dinero para nada”, lo que le lleva a hablar de crisis, incluso de
gobernabilidad. Concretamente, llama la atención sobre la situación de las
cárceles de su país, tan pobladas que se han convertido en meros depósitos
humanos. Eso le lleva a reclamar una mayor atención en la fase de ejecución
penal. Los operadores jurídicos –especialmente el Poder Judicial y el Ministerio
Público- no pueden conformarse con el dictamen de una sentencia. Hay que ver
cómo se ejecuta después esa sentencia y, en los casos de sentencia de prisión,
los jueces de vigilancia penitenciaria tiene un papel esencial. Subraya J.N. de
Miranda que la teoría retribucionista no está equivocada: la pena libera, pero
sobre todo a los operadores de la ejecución penal de la carga de conferir al
preso las condiciones mínimas exigidas por la Constitución, comenzando por la
dignidad de la persona. El preso se “cosifica”, es decir, se llega al terrible
resultado de considerar al preso como “cosa”. En Brasil se quejan del “fracaso
del sistema de reintegración social del preso”, pero ese “sistema”, en
realidad, nunca existió. Puede que la miseria, en sí, no sea causa de la
violencia, pero el asunto cambia si está acompañada de la exclusión social: “la
vergüenza de la exclusión habla más alto que los frenos morales” (MIRANDA
COUNTINHO, Jacinto, “Neoliberalismo e sistema punitivo”, en Joâo de ALMEIDA y
Joâo Luz da SILVA ALMEIDA (editores), Sistemas punitivos e Direitos Humanos na
Ibero-América. Rio de Janeiro, Editora Lumen Iuris, 2008, pp.1-14). En esta misma línea
de pensamiento se expresa Andrea ALMEIDA
TORRES, “Críticas ao tratamento penitenciário e a falácia da resolizaçâo”, en
Joâo de ALMEIDA y Joao Luz da SILVA ALMEIDA (editores), Sistemas punitivos e
Direitos Humanos na Ibero-América. Rio de Janeiro, Editora Lumen Iuris, 2008,
pp. 59-76). En la obra citada se presentan algunas alternativas político-criminales
interesantes: desde la implementación de políticas públicas de seguridad, a la
participación en el sistema penitenciario, junto con experiencias en Centros de
resocialización en el Estado de Sâo Paôlo, o la aplicación en Brasil del
sistema de justicia restaurativa que se viene aplicando en España. Vid también,
WOLKMER, Antonio Carlos, Pluralismo jurídico: fundamentos de una nueva cultura
del Derecho. Madrid, Editorial Mad, 2006; y también, ZAFARONI, Raúl, “Sentido y
justificación de la pena”, en Jornadas
sobre sistema penitenciario y derechos humanos, Buenos Aires, Editorial del
Puerto, 1997. [11] La legislación
promulgada no ha sido de ámbito nacional sino a nivel de Comunidades Autónomas.
Concretamente, hasta la actualidad hay once Comunidades Autónomas que han
promulgado su respectiva Ley de Mediación Familiar. Como novedad legislativa
hay que destacar que en Cataluña se ha promulgado recientemente lo que se ha
dado en llamar una Ley se “segunda generación” en mediación: la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación
en el ámbito de Derecho Privado en Cataluña. [12] Este demora en cuanto
a la regulación de la mediación ha sido una constante en nuestro país. Para el
mes de noviembre de 2009 se había anunciado la publicación del Anteproyecto de
una Ley de Mediación a nivel nacional: aún no se conoce el texto. Parecida
situación encontramos en cuanto a la promulgación de una Ley de mediación
penal, de la que se lleva anunciando un Borrador, pero que tampoco ha visto la
luz. [13] Con fecha de 19 de
febrero de 2010, el Ministro de Justicia del Gobierno español, F. Caamaño, ha
presentado al Consejo de Ministros tres anteproyectos de Ley: 1) el de
Mediación; 2) el de reforma de la Ley de Arbitraje de 2003 y de Regulación del Arbitraje institucional
en la Administración General del Estado; 3) el de reforma de la Ley Orgánica,
complementaria de los dos anteriores, por el que se modifica la ley Orgánica
del Poder Judicial para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales
en estas materias. Estas estrategias se enmarcan en el Plan de Modernización de
la Justicia 2009-2010 y en la Estrategia de Economía Sostenible
(Vid.www.mjusticia.es; también, en la página web de Economía Sostenible:
www.economiasostenible.gob.es/). [14] Como principales
caracterísiticas de la Ley de Mediación destacamos: . Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los
procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se
exigirá haber iniciado el proceso a través de una sesión informativa gratuita,
como requisito previo para acudir a los tribunales. . La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la
prescripción o caducidad de acciones judiciales. . Se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses,
ampliable a otro más. . Se regulará un estatuto mínimo de la persona mediadora,
con las siguientes condiciones para ejercer como tal: a) Tener un seguro de
responsabilidad civil; b) Estar inscrito en un registro público y de
información gratuita para los ciudadanos. [15] Como apunta Massimo
Pavarini, “en su esencia, la experiencia de disciplinamiento, más que
domesticar a los hombres a través de la pena, se inscribe en el parámetro
ambiguo de la modernidad, en suspensión entre una metáfora hegemónica y una
esperanza de liberación. Es metáfora hegemónica en la medida de la expresión
que quiere que los excluidos de la propiedad, del pacto social, de la
ciudadanía, puedan ser socialmente aceptados sólo en la medida en que sean
educados y disciplinados; es esperanza de liberación como nacimiento y
crecimiento de la conciencia de clase, como confianza en la virtud proletaria,
la única que permite liberarse definitivamente de los peligros de un destino
desgraciado para los miembros del lumpet proletariat” (PAVARINI, Massimo,
Prólogo dialogado a RIVERA BEIRAS, Iñaki, cit., p.VIII). [16] La denominación es
variada: reparación a la víctima; conciliación víctima-ofensor; reconciliación; mediación; reparación, etc.
En el ámbito internacional se suele utilizar el término de “justicia
reparadora”, traducción de la expresión inglesa restorative justice. En Europa
se tienden a utilizar más el de “mediación”, complementado por el de reparación
para referirse al resultado pretendido por la mediación. [17] KEARNEY, Niall,
Presidente del European Forum for Restaurative Justice (Carta de Presentación
del I Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal.
Dimensiones teóricas y repercusiones prácticas”, celebrado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Burgos (España) entre los días 04 y 05 de marzo de
2010). [18] Vid. RÍOS MARTÍN, J.
“La mediación penal: acercamiento desde perspectivas críticas del sistema
penal”, en Estudios de Derecho Judicial. Alternativas a la Judicialización: la
mediación de los conflictos, nº3. Madrid, 2007, pp.139-164. [19] Vid. GORDILLO
SANTANA, Luis F., La Justicia restaurativa y la mediación penal. Madrid,
Iustel, 2007. [20] Mail: info@euforumrj.org; Web: www.euforumrj.org Para celebrar el X Aniversario del Foro Europeo de Justicia
Restaurativa, se ha organizado su Congreso bienal en Bilbao (España), para
junio de 2010. Como documentos internacionales sobre Justicia Restaurativa,
pueden consultarse: a) Consejo de Europa- Recomendación nº R 99(19) del Comité
de Ministros del Consejo Europeo de los Estados miembros sobre mediación en
materia penal, de 15 de noviembre de 1999; b) Consejo de la Unión Europea,
Decisión marco de 15 de marzo de 2001 sobre el Estatuto de la víctima en el proceso
penal (2001/220/JHA); c) Naciones Unidas (2002/12) Principios básicos sobre la
utilización de Programas de Justicia Restaurativa en materia penal; d) Manual
de las Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa. [21] WRIGHT, Martin
“Derecho, Justicia y la idoneidad para su fin: hacia una respuesta restaurativa
para la delincuencia” (Conferencia pronunciada en el I Congreso internacional
sobre Justicia restaurativa y Mediación Penal, cit.). (Experto en Justicia
Restaurativa. Mediador en el Servicio de mediación de Lambeth –Londres-). [22] Articulo 18.1º: “El
Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los
hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o
intimidación en las personas o faltas, tipificados en el Código Penal o en las
leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo
actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación de lo
establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Asimismo, el Ministerio Fiscal
comunicará a los ofendidos o perjudicados conocidos el desistimiento acordado”. Artículo 19: “A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el
daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se
entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o
perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la
comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del
acuerdo al que hayan llegado las partes en relación con la responsabilidad
civil”. [23] Parece que el
legislador ha querido distinguir claramente, de un lado, el modo de la comisión del hecho delictivo –sin
violencia o intimidación graves (art.19.1)-y, de otro, la naturaleza del
ilícito penal –delito menos grave o falta (art.19.1.II). [24] Respecto del acuerdo
de reparación hay que destacar dos aspectos importantes: 1) Este acuerdo es
independiente del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación a la
responsabilidad civil; 2) El acuerdo de reparación puede consistir, no sólo en
acciones en beneficio de las víctimas o perjudicados, sino también en beneficio
de la comunidad, con lo que se subraya la diferencia entre la reparación penal
y la civil –ya que esta última va directamente encaminada a reparar o resarcir
a las víctimas o perjudicados por los daños que les haya podido suponer la
comisión de un hecho delictivo-. (Vid. BELLOSO MARTÍN, Nuria, “Mediación penal
de menores”, en Estudios sobre mediación: La Ley de Mediación Familiar de
Castilla y León (Coordinadora: N. Belloso Martín). Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Valladolid,
Indipress, 2006, pp. 293-324). [25] En la exposición de
la Mediación Penitenciaria vamos a seguir, principalmente, el trabajo de LOZANO
ESPINA, Francisca, “La mediación penitenciaria”, en N. González-Cuéllar Serrano
(Director), Mediación: un método de ? conflictos. estudio interdisciplinar.
Madrid, Colex, 2010, pp. 175-191. También, vid. RÍOS MARTÍN, Julián Carlos;
PASCUAL RODRÍGUEZ, Esther y BIBIANO GUILLÉN, Alfonso, La mediación penal y
penitenciaria. Experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de
la violencia y el sufrimiento humano. Madrid, Colex, 2006; y de los mismos
autores, La mediación penitenciaria. Reducir violencias en el sistema
carcelario. Madrid, Colex, 2005. [26] Si se logra eliminar
la sanción como resultado final de la mediación, se rescindirá la posible
pérdida de permisos u otros privilegios que harán que mejore la calidad de vida
de las personas privadas de libertad. [27] Vid. el II Informe
anual del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer, en el que se
ofrecen los porcentajes de las denuncias de violencia sobre la mujer y otras
informaciones al respecto, de fecha de 12 de mayo de 2009 (www.observatorioviolenciadegénero.es). [28] Según el artículo 1
de esta Ley 1/2004, violencia de género es “la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin
convivencia”. La violencia de género comprende “todo acto de violencia física o
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de libertad”. También la Ley 1/2006, de 6
de abril, de Mediación familiar de castilla y León, en su artículo 2.1, excluye
la mediación en estos casos: “Quedan expresamente excluidos de mediación
familiar los casos en los que exista violencia o maltrato sobre la pareja, los
hijos, o cualquier miembro de la unidad familiar”. [29] La mayoría de la
doctrina subraya estos dos obstáculos. Vid. CASTILLEJO MANZANARES, Raquel,
“Mediación en violencia de género, una solución o un problema”, en N.
González-Cuéllar Serrano (Director), Mediación: un método de ? conflictos. estudio
interdisciplinar. Madrid, Colex, 2010, pp.193-204. También, ESQUINAS VALVERDE, Patricia, Mediación entre
víctima y agresor en la violencia de género. La mediación entre la víctima y el
agresor en el ámbito de la violencia de género: ¿una oportunidad o un
desatino?. Valencia, tirant lo blanch-Universidad de Granada, 2008. [30] Esta situación se
puede corregir con la libertad de las partes para intervenir en la mediación,
manifestada en la firma del documento del consentimiento informado, previo
informe realizado por un mediador-psicólogo, después de las primeras
entrevistas. Si se quiere reforzar aún más la garantía de la voluntariedad, se
podría establecer un mecanismo de ratificación de la voluntad de la víctima a
presencia del Ministerio Fiscal (CASTILLEJO MANZANARES, R., op.cit., p.200). [31] Seguimos aquí lo
acertadamente expuesto por ESQUINAS VALVERDE, P., op.cit. [32] Vid. MARTIN DIZ,
Fernando, “Mediación y violencia de género: matices y posibilidades”
(Conferencia pronunciada en el I Congreso Internacional sobre Justicia
Restaurativa y Mediación Penal. Dimensiones teóricas y repercusiones
(España) entre los días 04 y 05 de marzo de 2010. [33] Vid. la Lei nº21/2007
de 12 de junio, de Portugal, por la que se crea un régimen de mediación penal,
en ejecución del artículo 10 de la Decisão Quadro nº.2001/220/JAI, do Conselho
de 15 de março, relativa ao estatuto da vítima em processo penal, dándose
cobertura a las experiencias “piloto” de mediación penal: Artigo 14º. Periodo experimental: 1- A partir
da entrada em vigor da presente lei e por um período de dois anos, a mediação
penal funciona a título experimental nas circunstâncias a designar por portaria
do Ministro de Justiça, a qual define igualmente os demais termos de prestação
do serviço de mediação penal nessas circunscrições. e da cobertura a las
experiencias “piloto” de mediación penal. 2- Durante o período experimental, o
Ministério de Justiça adotar as medidas adequadas à monitorizarão e avaliação
da mediação em processo penal. Esta Ley portuguesa establece, en su artículo 2, su ámbito
de aplicación: 1- A mediação em processo penal pode ter lugar em processo por
crime cujo procedimento dependa de queixa ou de acusação particular.- (…) 3-
Independentemente da natureza do crime, a mediação em processo penal não poder
ter lugar nos seguintes casos. A) O tipo legal de crime preveja pena de prisão
superior a 5 anos; b) Se trate de processo por crime contra a liberdade ou
autodeterminação sexual; c) Se trate de processo por crime de peculato,
corrupção ou tráfico de influencia; d) O ofendido seja menor de 16 anos; e)
Seja aplicável processo sumário o sumaríssimo. [34] Nos adherimos a estas
dos posibilidades propuestas por F.
Martín Diz en (MARTIN DIZ, Fernando,
“Mediación y violencia de género: matices y posibilidades” Conferencia cit.). [35] Vid. SANZ HERMIDA,
Ágata Mª., “La mediación en la justicia de menores”, en N. González-Cuéllar
Serrano (Director), Mediación: un método de ? conflictos. estudio
interdisciplinar. Madrid, Colex, 2010, p. 158. [36] MAGRO SERVET,
Vicente; CUÉLLAR OTÓN, Pablo; y HERNÁNDEZ RAMOS, Carmelo, “La experiencia de la
mediación penal en la Audiencia provincial de Alicante”, en N. González-Cuéllar
interdisciplinar. Madrid, Colex, 2010, p.120. Página 5 de 25