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Timestamp: 2017-07-24 03:38:11
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Aportaciones Exigibles o No Exigibles en CooperativasUploaded by EKAI CenterRelated InterestsAccountingCooperativeInternational Financial Reporting StandardsEconomiesGovernmentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content1APORTACIONES EXIGIBLES O NO EXIGIBLES: ÉSA ES LA CUESTIÓN
Carlos Vargas Vasserot Prof. Titular Derecho Mercantil Universidad de Almería
RESUMEN El estudio analiza las consecuencias y efectos del cambio de calificación contable de las aportaciones de los socios al capital social de las sociedades cooperativas y, en particular, la reforma del derecho de reembolso para posibilitar su consideración como fondos propios. Junto a un análisis del contenido de la Orden EHA/3360/2010 por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, se realizar un estudio crítico de la reforma del régimen del capital social acometido por las leyes cooperativas españolas. Finalmente se abordan los efectos financieros derivados de mantener el criterio tradicional del carácter exigible de las aportaciones sociales (repercusión en la imagen financiera, dificultad de financiación externa, solvencia, etc.) y, de manera especial, el hipotético riesgo de incurrir en causa de disolución de la cooperativa y la posible responsabilidad de los administradores de la entidad por no instarla en plazo. PALABRAS CLAVE: cooperativas, aportaciones sociales, disolución, contabilidad, capital, responsabilidad administradores, derecho de reembolso, solvencia, pérdidas, remuneración Descriptores Econlit: P130 – K200 – K220 – M410
CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011
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MEMBER’S SHARES REFUNDABLE OR NOT REFUNDABLE: THAT IS THE QUESTION
ABSTRACT This paper examines the consequences and effects of accounting reclassification of members’ contributions to co-operatives share capital and, in particular, reform of the reimbursement right to allow its consideration as equity. Along with the analysis of EHA/3360/2010 Order, that approves the rules on the co-operative accounting, we proceed to a critical study of the reform of share capital undertaken by the Spanish cooperative law. Finally, it is addressed the financial effects resulting from maintaining the traditional criterion of the members’ shares payable character (impact on the commercial reputation, difficulty in getting external funding, solvency, etc..) And, especially, the hypothetical risk of incurring on cause of dissolution of the co-operative and the entity directors potential liability for not to urge it on time. KEY WORDS: Co-operatives, member´s share, dissolution, accounting, capital, liability,– refundable, solvencia, lost, payment
I. Preliminar. II. La reforma contable y del derecho de reembolso para posibilitar la calificación de las aportaciones de los socios como fondos propios. 1. La Norma Internacional de Contabilidad número 32 y su aplicación a las sociedades cooperativas. 2. La Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional y la reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas. 3. La promulgación del nuevo Plan General de Contabilidad y la vigencia transitoria de la Orden ECO/3614/2003. 4. La Orden EHA/3360/2010 por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. 5. La reforma de las leyes de cooperativas autonómicas para adaptarse al nuevo marco contable. III. Análisis crítico de la reforma del régimen del capital social en las leyes cooperativas españolas. 1. Admisión de aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado en caso de baja del socio. 2. Determinación de un porcentaje de capital social cuyo reembolso queda condicionado. 3. Transformación de aportaciones exigibles en no exigibles y viceversa. 4. Medidas incentivadoras para detentar aportaciones no exigibles. IV. Efectos financieros derivados de mantener el carácter reembolsable de las aportaciones sociales. 1. Repercusión en la imagen financiera de la cooperativa. 2. Dificultad de financiación externa. 3. Aumento de riesgo de insolvencia. 4. Limitaciones para participar en sociedades no cooperativas. 5. Recapitulación. V. El hipotético riesgo de incurrir en causa de disolución por el carácter reembolsable de las aportaciones sociales y la responsabilidad de los administradores por no instarla. 1. La responsabilidad de los administradores de la cooperativa por no instar su disolución. 2. La disolución por reducción del capital social por debajo del mínimo estatutario o legal. 3. La atípica obligación de reducción del capital social estatutario por pérdidas. 4. La excepcional disolución por pérdidas graves. VI. Conclusiones. VII. bibliografía
En 2004 participé en una mesa de expertos organizadas por la Confederación Española de la Economía Social (CEPES), representando a la Escuela de Estudios Cooperativos para analizar la calificación del capital de las cooperativas a la luz de lo recogido en la NIC 32 y las consecuencias de la posible incorporación de las Normas Internacionales de Contabilidad al sector cooperativo español. Sobre este tema
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he publicado varios trabajos en revistas especializadas 1 , he organizado algún evento científico2 y he participado en distintos foros, a veces como ponente y las más como oyente. En realidad daba por agotado este tema. Había plasmado por escrito mi punto de vista crítico, tanto respecto al contenido de la NIC 32 y de la interpretación IFRIC 2 como de la reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas y de algunas leyes autonómicas para permitir la existencia de aportaciones no exigibles y posibilitar su calificación contable como recursos propios y no como pasivo. Pero al hilo de la reciente promulgación de la Orden EHA/3360/2010, por las que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, y de la modificación de varias normas autonómicas de cooperativas, vuelven a la carga ciertos mensajes catastrofistas, a veces lanzados por el propio legislador, de que todas las cooperativas deben pasar por el aro, léase modificar estatutos para convertir su aportaciones en no exigibles o reembolsables, bajo la amenaza, como si de la espada de Damocles se tratará, de todos los males que puedan afectar a la subsistencia de la cooperativa (disolución, insolvencia, liquidación, concurso, falta de financiación y de crédito bancario, etc.) sino se adaptan, y además rápidamente, a lo que dicta la modernidad corporativa. Claro, después de escuchar y leer comentarios de este tipo, uno piensa que quizá esté equivocado, que esté en un error, y se pone a repasar notas y a releer escritos, propios y de otros. A esto le he dedicado varios meses y mi mensaje, como voy a intentar defender y justificar en estas líneas, es de tranquilidad. El propósito de este trabajo es analizar con cierto detalle las consecuencias que puede tener que una cooperativa mantenga el criterio tradicional de que las aportaciones de sus socios al capital social sean exigibles en caso de baja. Para ello, diferenciaremos tipos de cooperativas según su dimensión y actividad y compararemos lo que dicen las diferentes leyes de cooperativas españolas. Una vez que tengamos
1. “La NIC 32 y la reforma de la legislación cooperativa”, La sociedad cooperativa, núm. 39, 2007, pp. 2334; “Los previsibles efectos de la NIC 32 en el sector cooperativo”, REVESCO, núm. 91, pp. 120-159; y de manera más extensa “La NIC 32 y el capital social cooperativo”, Revista de Derecho de Sociedades, núm. 28, 2007, pp. 101-131. 2. Codirigí, junto al profesor Carlos GARCÍA-GUTIÉRREZ, una Jornadas internacionales sobre el análisis financiero y jurídico de la sociedad cooperativa en el marco de la regulación de la contabilidad en la Unión Europea, organizada por la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) y por la Dirección General de Fomento a la Economía Social (Ministerio de Trabajo), que se celebraron en Madrid los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
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los resultados de dicho análisis, si comprobamos que mantener el carácter reembolsable de las aportaciones es perjudicial para la viabilidad de la empresa, nos plantearemos que ajustes legales o estatutarios se deben tomar para paliar dichos efectos. Ajustes que, en todo caso, habrá que meditar si se realizan en otros tipos sociales de base mutualistas con aportaciones reembolsables al capital social o al fondo mutual al socio en caso de baja, como ocurre por ejemplo en las Sociedades Agrarias de Transformación [art. 12.3, letra e) RD 1776/1981], en las mutuas de seguros [art. 12.3, letra a) RD 2486/1998] o en las mutualidades de previsión social (art. 32.2 RD 1430/2002). Creo que esta forma de proceder es mejor que una rápida, poco meditada, innecesaria y, a veces, cara modificación de estatutos para conceder al Consejo Rector, o administrador de turno, un poder incondicional, esto es, sin condiciones, de rehusar el reembolso de las aportaciones al capital social en el supuesto de baja del socio. Y no es que considere que esto no sea oportuno y conveniente en determinadas cooperativas para conseguir mayor estabilidad financiera, sino que la entidad que lo haga sea consciente de por qué lo hace. Mucho me temo que esto no es lo que está ocurriendo, y muchas cooperativas han, están o van a transformar las aportaciones de sus socios en no reembolsable por temor al ogro de la insolvencia/disolución. Y los Consejos Rectores temerosos —como es normal— de cualquier salpicadura de responsabilidad por no actuar diligentemente, esto es, de acorde a los cánones que dicta la mayoría de los asesores y abogados, animan a esta transformación, que de paso les concede un poder omnímodo para decidir sobre la devolución de las aportaciones de los socios que causen baja. Una advertencia previa. No soy analista financiero y mis conocimientos de contabilidad son muy limitados. Como especialista en Derecho Mercantil mi exposición se centrará más en aspectos jurídicos, aunque con un evidente sesgo económico, como es el riesgo de concurso y de disolución de la sociedad, y la responsabilidad de los administradores sociales. Pocas pero importantes cuestiones que están en el tapete de la mayoría de proyectos de modificación de estatutos para adaptarse al nuevo régimen del capital social y marco contable de las cooperativas. Pero antes de acometer este análisis vamos a retrotraernos a los antecedentes necesarios para entender el contenido de la Orden EHA/3360/2010 y de la reforma del derecho de reembolso acometido por las leyes de cooperativas españolas.
II. La reforma contable y del derecho de reembolso para posibilitar la calificación de las aportaciones de los socios como fondos propios
1. La Norma Internacional de Contabilidad número 32 y su aplicación a las sociedades cooperativas Las Normas Internacionales de Contabilidad son normas contables, elaboradas por el IASB ( International Accounting Standard Boards ) , organismo privado de carácter internacional con un gran prestigio en el ámbito contable, cuyo objetivo es formular un corpus único de normas mundiales de contabilidad y que ha sido elegido por la Unión Europea como el órgano emisor del futuro marco contable europeo. El proceso de aprobación de las NIC/NIIF en el seno de la IASB garantiza una gran transparencia en su adopción, ya que primero se publican borradores de las normas y se abren periodos de discusión pública en las que todas las partes interesadas, públicas y privadas, puedan presentar sus comentarios y opiniones. El IASB cuenta con un Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera [ International Financial Reporting Interpretations Commitee (CINIIF/IFRIC)], que revisa y emite interpretaciones de las NIC3. En concreto, la NIC 32 ( Instrumentos financieros: presentación e información a revelar), que es la que generó todo el revuelo en el sector cooperativo, tiene como objetivo establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio neto. Se aprobó en marzo de 1995 por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (antigua denominación del IASB) y, tras alguna leve modificación introducida por la NIC 39 ( Instrumentos financieros: reconocimiento y medición), fue revisada en 1998 primero y en 2000 después. El 17 de diciembre de 2003 el IASB publicó la versión casi definitiva de la NIC 32 (Instrumentos financieros: presentación en información a revelar), que contenía los principios básicos para la clasificación de los instrumentos financieros como pasivo (deuda) o patrimonio (recursos propios). Trasladado su contenido a la contabilidad de una cooperativa significa que las aportaciones de los socios al capital
3. Sobre el proceso de incorporación de las NIC al Derecho europeo, con una crítica a la imposición de normas contables por una entidad privada, remito a mi estudio “La NIC 32 y el capital social cooperativo”, cit., pp. 102-109.
social cooperativo deben ser calificadas como pasivo (deuda), ya que existe una obligación contractual (contrato de sociedad, desarrollado en los estatutos sociales y reglamentos de régimen interno) que recae sobre la sociedad cooperativa (emisor), consistente en entregar efectivo al socio (tenedor) y que, aunque tenga la forma legal de patrimonio (capital social), en el fondo son pasivos, esto es, deuda, porque existe un derecho del socio a reclamar su importe en caso de baja de la cooperativa (derecho de reembolso). Ante la enorme repercusión que el contenido de la NIC 32 tuvo en el movimiento cooperativo en cuanto que el capital social de las cooperativas debería ser considerado no un fondo propio de la empresa sino un instrumento de deuda, se hizo la necesaria consulta del IASB a expertos técnicos en la materia que confirmaran la idoneidad de su contenido y se invitó al IFRIC a que elaborase una interpretación con el fin de facilitar la aplicación de esta NIC a la contabilidad de las sociedades cooperativas4. Tal como aclaraba el texto de la Interpretación IFRIC 2, el derecho contractual del tenedor de un instrumento financiero («incluyendo las aportaciones de los socios de entidades cooperativas») a solicitar el rescate (léase derecho de reembolso) no implica, por si mismo, clasificar el citado instrumento como un pasivo financiero, sino que se tienen que tener en cuenta todos «los términos y condiciones del instrumento financiero», entre los que hay que incluir «las leyes locales aplicables, los reglamentos o los estatutos de la entidad, vigentes en la fecha de la clasificación» (párrafo 5). En concreto, se señala que las aportaciones de los socios al capital social serán consideradas patrimonio neto «si la entidad tiene el derecho incondicional a rechazar el rescate de las mismas» (párrafo 7) o si el rescate estuviera incondicionalmente prohibido «por la ley, reglamento o estatuto sociales»; pero serán calificadas de pasivos financieros «si la prohibición al rescate se basa únicamente si se cumplen o se dejan de cumplir ciertas condi-
4. El borrador de dicha interpretación fue publicado el 30 de junio de 2004 (también conocido como Draft 8 o simplemente D8) abriéndose un debate público de su contenido, con opiniones en contra (las más) y a favor (disponibles en la página web del IASB). El Director del EFRAG el 8 de julio de 2004 comunicó formalmente a la Comisión la compatibilidad del contenido de la NIC 32 y del borrador de interpretación del IFRIC con el Derecho contable europeo y la conveniencia e interés de su adopción, lo que fue muy criticado desde diversos sectores del cooperativismo. Finalmente la NIC 32 fue adoptada por el Reglamento núm. 2237/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento núm. 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad y la interpretación del IFRIC fue incorporada en el anexo de esta última norma por el Reglamento núm. 1073/2005 de la Comisión, de 7 de julio de 2005.
ciones, tales como restricciones en función de la liquidez de la cooperativa» (párrafo 8). Por tanto, las aportaciones de los socios al capital cooperativo tendrán naturaleza contable de fondos propios cuando exista, legal o contractualmente, un derecho incondicional de la sociedad a rechazar su pago.5 De otro lado, el párrafo GA17 de la NIC 32 establece que una de las notas a tener en cuenta para diferenciar un instrumento de neto de uno de deuda es la existencia en éste de «una obligación contractual, que recae sobre una de las partes implicadas en el instrumento financiero (el emisor), consistente en entregar efectivo u otro activo financiero a la otra parte (el tenedor), o intercambiar activos financieros o pasivos financieros con el tenedor en condiciones que sean potencialmente desfavorables para el mismo». Esto para las cooperativas significa que si hay una obligación contractual por parte de la sociedad de remuneración de intereses por las aportaciones sociales, ese capital social, independientemente de que si se limita o no el derecho de reembolso, será calificado como pasivo.
2. La Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional y la reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas Dado que todas las leyes cooperativas españolas concedían un derecho al socio al reembolso de sus aportaciones en caso de baja, que si bien podría reducirse y aplazarse, no se le podía negar, si se quería contabilizar todo o parte del capital social como recurso propio de la entidad se hacía necesario modificar las leyes sustantivas de cooperativas y el régimen contable al que estaban sometidas estas sociedades. Recordemos que el derecho de reembolso es una manifestación del prin-
5. En marzo de 2009, el IASB se volvió a replantear el tratamiento de los instrumentos financieros con características de patrimonio. En particular, el Consejo ha considerado que un instrumento de propiedad que es obligatoriamente reembolsable en una fecha concreta o bajo unas circunstancias concretas, distintas a la muerte o retiro del tenedor, léase aquí baja del socio, debería ser clasificada como pasivo. Lo que, en sentido contrario, puede interpretarse que si un instrumento de propiedad (participación en el capital) es exigible ante el retiro del tenedor (baja del socio), debe ser clasificado como patrimonio. Acerca de esto PASTOR SEMPERE, “Efectos jurídico-societarios tras la entrada en vigor de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobres los aspectos contables de las sociedades cooperativas ¿Podemos seguir considerando el capital social como elemento integrante del patrimonio neto contable?”, Revista de Derecho de Sociedades, 2011-1, núm. 36. p. 390, nota. 9.
cipio cooperativo de adhesión voluntaria y abierta que rige en las sociedades cooperativas, pero su reconocimiento no es connatural al cooperativismo ya que se puede garantizar la libre entrada y salida de socios sin tener que reconocer este derecho de manera absoluta. Lo que impone este principio es que las cooperativas sean organizaciones abiertas a todas las personas interesadas y capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a asumir las obligaciones inherentes al estatuto de socio, y que en cualquier momento pueden abandonarla y romper su vínculo social, pero eso no significa que ese abandono conlleve siempre y automáticamente el reembolso de sus aportaciones al capital social. En España, la primera norma cooperativa que se modificó con este propósito fue el Reglamento de Cooperativas de Crédito en 20056, a la que siguió en el ámbito autonómico en 2006 la reforma de la Ley 4/1993 de Cooperativas del País Vasco (se cita LCPV)7 y la promulgación de la Ley Foral 14/2006 de Cooperativas de Navarra (se cita LFCN)8. En el ámbito estatal, la Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificó a través de su disposición adicional 4.ª varios artículos de la Ley 27/1999 de Cooperativas9 (se cita LCOOP), para evitar, en palabras del legislador, el desequilibrio funcional entre el nuevo marco contable y el antiguo e inalienable derecho de reembolso del socio en caso de baja. El eje de la reforma se basa en permitir que sean las propias sociedades cooperativas las que decidan cómo estructurar las aportaciones de los socios al capital social en cuanto a su carácter exigible, pudiendo configurar todo o parte del mismo como neto patrimonial. De este modo, podrá haber dos categorías de aportaciones de los socios al capital social: unas con derecho de reembolso, llamémosle automático, en caso de baja (exigibles) por lo que serán calificadas contablemente como
6. A través del RD 1309/2005 se añadió un nuevo apartado segundo al artículo 10 que posibilitaba la existencia de aportaciones al capital social cuyo reembolso podía ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector y, que por tanto, eran consideradas contablemente como fondos propios. Cabe recordar que se había fijado para el ejercicio 2006 la entrada en vigor del régimen de la NIC 32 a las cooperativas de crédito (disp. trans. 1ª, apdo. 13 de la Circular 4/2004 del Banco de España). 7. Ley 8/2006, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas del País Vasco, que modificó el arts. 57.1, incluyó un nuevo 57.1 bis y reforma los arts. 62, 63, 94.3 y 103.2. 8. Arts. 45.1, 46.2 y 5 LFCN. 9. Se reformaron los arts. 45.1, 48.4, 51, 75.3 y 85.3 LCOOP.
pasivos en el balance de la sociedad; y otras, cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por parte del Consejo Rector (no exigibles), por lo que podrán ser calificadas como fondos propios de la entidad. Sin embargo esta calificación dependerá también de si existe o no la obligación de la sociedad de pagar intereses por las aportaciones.
3. La promulgación del nuevo Plan General de Contabilidad y la vigencia transitoria de la Orden ECO/3614/2003 La disposición final de la Ley 16/2007 otorgaba al Gobierno competencia para aprobar un nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) que se adaptase al nuevo marco contable, lo que se hizo, con carácter general, por el RD 1514/200710. A su vez, la disposición final segunda del Real Decreto que aprueba el PGC habilitaba al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y mediante orden ministerial, para la aprobación de adaptaciones de dicho Plan General, por razón del sujeto contable, como ocurre con las cooperativas. Mientras esto sucedía se estableció como régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2009, la vigencia de las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas reguladas por la Orden ECO/3614/2003, en cuanto a los criterios por los que se establece la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos (apartado 4 de la disposición transitoria quinta RD1514/2007). La finalidad de este régimen transitorio era doble. De un lado, otorgar a las sociedades cooperativas sometidas a la leyes que habían ya promulgado normas ad hoc un plazo de dos años para modificar sus estatutos atribuyendo al Consejo Rector el derecho incondicional a rehusar el reembolso del capital social bajo determinados requisitos, y, de otro, conceder a las restantes Comunidades Autónomas un plazo de tiempo razonable para que pudieran aprobar una reforma similar a la incluida a nivel estatal. Pero transcurrido dicho plazo, y ante la ausencia de los cambios necesarios en gran parte de la legislación autonómica para que el capital social pueda incluirse en los fondos propios, se consideró necesario extender de manera excepcional el régimen transitorio un año más, esto es, hasta el 31 de
10. Acerca del necesario proceso de adaptación de la contabilidad de las cooperativas al PGC, ITURRIOZ DEL CAMPO y MARTÍN LÓPEZ, “La adaptación de las sociedades cooperativas al nuevo plan general contable: análisis de las principales implicaciones económicas y financieras”, REVESCO, núm. 94, 2008, pp. 80 y ss.
diciembre de 2010, lo que se hizo a través del RD 2003/2009 de 23 de diciembre que modificó la citada disposición transitoria quinta del RD 1514/2007. Una de las incertidumbres planteadas durante este régimen transitorio era si se podía o debía aplicar el contenido de los artículos de la LCOOP reformados y que permitían la existencia de aportaciones al capital social no exigibles en caso de baja, a las sociedades cooperativas de las Comunidades Autónomas que no había procedido aún a la adaptación de su legislación cooperativa al nuevo contexto contable, que eran la inmensa mayoría. En mi opinión en éstas leyes autonómicas de cooperativas no existía laguna legal que debiera ser colmada por la legislación estatal, que es el requisito para la aplicación supletoria de la LCOOP, sino que simplemente el régimen del capital social y, por ende, el derecho de reembolso, se regulaba de una manera distinta en la LCOOP y en algunas leyes autonómicas que en el resto de leyes cooperativas del ordenamiento español. Por tanto, en las cooperativas de esas Comunidades Autónomas cuyas leyes no habían sido reformadas en la línea apuntada, no se podía articular las aportaciones de los socios como no exigibles porque iba en contra del reconocimiento legal del derecho de reembolso del socio que causa baja en la sociedad. Otra cuestión discutida era si el Derecho transitorio aprobado por el RD 1514/2007, posteriormente prorrogado por el RD 2003/2009, puede aplicarse en la formulación de las cuentas anuales cerradas en el ejercicio 2011, es decir, más allá del 31 de diciembre de 2010. El ICAC en junio de 2011 ha dado respuesta positiva a esta pregunta (consulta número 6, publicada en el BOIAC 86), abogando, y con razón que si el espíritu con el que se redactó el régimen transitorio inicial que finalizaba el 31 de diciembre de 2009, fue el de otorgar el plazo de dos ejercicios económicos, ampliado posteriormente a un tercero, si se concluyese que las sociedades cooperativas que cierren sus ejercicios antes del 31 de diciembre de 2011 tienen que aplicar los nuevos criterios, estas entidades habrían gozado de un plazo transitorio inferior para poder adaptarse a los nuevos criterios, interpretación que por contraria a la equidad no debe prosperar.
4. La Orden EHA/3360/2010 por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas Poco días antes de vencer el plazo de gracia, el 21 de diciembre de 2010, se promulgó la esperada Orden EHA/3360/2010, que aprueba las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas (se cita NACSC), ya adaptadas
al nuevo PGC. Una de las novedades más importantes de esta norma contable respecto a su predecesora de 2003, era el tratamiento del capital social al hilo del cambio de calificación de las fuentes de financiación de las empresas introducido por el PGC y, en concreto, a los efectos de este estudio, interesa abordar, aunque sea sucintamente, el contenido de la Norma Primera, que tiene por objeto delimitar el patrimonio neto, y el de la Norma Segunda, que desarrolla el concepto de capital social cooperativo, su calificación y valoración contable y el tratamiento de la remuneración asociada al citado capital. Según la Norma Primera el patrimonio neto de una sociedad cooperativa constituye la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos, incluyendo las aportaciones realizadas por los socios o partícipes que no tengan la consideración de pasivos. Dentro de los fondos propios se distinguen, junto a las reservas, el capital social cooperativo. Éste se constituye, tal como explica la Norma Segunda, por las aportaciones, obligatorias y voluntarias, efectuadas con ese fin, ya sea en el momento de su constitución o en otro posterior, bien por la incorporación de nuevos socios o bien como consecuencia de posteriores acuerdos de aumento de capital o aportaciones voluntarias, y se corresponde con el capital suscrito de acuerdo con la ley. La nueva regulación contable de las fuentes de financiación supone para las sociedades cooperativas que las aportaciones de los socios, en la medida en que no otorguen a la sociedad el derecho incondicional a rehusar su reembolso, pasen a tener parcialmente la calificación de pasivo. Cuando el reembolso de las aportaciones en caso de baja no sea rehusable o la remuneración o el retorno no sean discrecionales, el capital social tendrá la consideración de instrumento financiero compuesto o de pasivo financiero en función de las características de las aportaciones de los socios. Las aportaciones se mostrarán como un pasivo financiero cuando los citados componentes tengan dicha calificación, en particular, cuando el socio no tenga derecho al retorno, como pudiera ser el caso de determinados socios colaboradores o adheridos, y su aportación y remuneración sean exigibles. En el supuesto de que alguno de los citados componentes deba identificarse en la fecha de reconocimiento inicial como un componente de patrimonio neto, las aportaciones se calificarán como instrumentos financieros compuestos. A tal efecto, con carácter general, el derecho del socio al retorno cooperativo en función de la actividad cooperativizada, salvo que venga predeterminado por los estatutos, tiene la calificación de fondos propios en la medida que puede identificarse desde un punto de vista económico como un componente del instrumento financiero cuyo pago puede ser
evitado. En el mismo sentido, el derecho del socio a la remuneración de las aportaciones, cuando dicha remuneración sea discrecional, se identifica como un componente de patrimonio neto en la fecha de reconocimiento inicial de la aportación.
5. La reforma de las leyes de cooperativas autonómicas para adaptarse al nuevo marco contable En el momento de promulgación de la Orden EHA/3360/2010 en España se había reformado el régimen de capital social de la LCOOP, de las mencionadas LCPV y LFCN, y de varias normas autonómicas más, intentando así armonizar el derecho de reembolso con los nuevos criterios contables de modo que las aportaciones al capital social no exigibles pudieran contabilizarse como recursos propios. Sin ánimo exhaustivo: en La Rioja la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010, modificó la ley 4/2001 de Cooperativas de dicha Comunidad (arts. 3.2, 61.1, 64, 67y 106.10 LCLR); en Aragón, la Ley 4/2010 reformó de manera importante la Ley 9/1998 de Cooperativas (arts. 48.1 y 4, 49, 51, 52.2, 53, 54, 55, etc. LCAR); en la Comunidad de Madrid la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, modifica parcialmente su Ley de Cooperativas (arts. 49.1, 52.4, 55.1, 6 y 7, 101.4 y 105.5 LCCM). Las leyes autonómicas de reciente creación ya prevén esta posibilidad de existencia de aportaciones no reembolsables desde un principio: Ley 11/2010 de Cooperativas de Castilla-La Mancha (arts. 7.2 y 74.8 LCCLM); y Ley 4/2010 del Principado de Asturias de Cooperativas (arts. 4.1, 80.1, 82.1, 86.3, 88.1, 90.2 y 149.3 LCPA). Después de aprobarse la Orden EHA, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2010, se procedieron a la reforma de otras tantas leyes de cooperativas autonómica, la mayoría a través de leyes de acompañamiento o de presupuestos. En Valencia la Ley 16/2020, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat reformó la Ley 8/2003 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (arts. 55.1, 58.1 y 2, 61.5, se adicionan 61.9 y 10, 82.6 y 89.9 LCCV). En Andalucía se espero al 31 de diciembre de 2010 para reformar la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas a través de la Ley 12/2010 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (arts. 80, 84.1 y 115 LCAND); y en Cataluña se ha procedido a la reforma de la Ley 18/2002 de Cooperativas a través del Decreto-Ley 1/2011, promulgado el 15 de
febrero de este año (arts. 11.1, 20, 23.1, 29.1, nuevo 55 bis, 57.2, 59.2 y 89.2 LCCAT). En algunas Comunidades todavía no se han aprobado las pertinentes reformas de sus leyes cooperativas, pero se prevé que esto se haga en breve11. Conviene destacar, que la ni NIC 32 ni el PGC ni las NACSC obligan a convertir las aportaciones sociales en no exigibles, sino sólo prescribe que si no tienen este carácter se deben contabilizar como pasivo en la contabilidad de la empresa. Por ello es tan importante valorar en cada caso lo que le interesa a la cooperativa, algo que muchas veces dependerá del tamaño de la entidad y sector en el que ésta opera.
III. Análisis crítico de la reforma del régimen del capital social en las leyes cooperativas españolas
Como se observa el contenido de los preceptos reformados u originales en las leyes cooperativas de nueva creación son bastante similares en cuanto a las previsiones relativas a la existencia de aportaciones no exigibles. Para su análisis tomaremos de referencia la modificación a que se sometió la LCOOP, anotando las diferencias más relevantes con el contenido de los artículos concordantes de las leyes autonómicas de cooperativas. Empezando por una reflexión global, la modificación acometida en la Ley estatal y en las leyes autonómicas ha sido una reforma de mínimos y poco flexible, que otorga excesivos poderes al Consejo Rector para decidir sobre la oportunidad de los reembolsos y que ha sido poco respetuosa con los derechos de los socios históricos que, si no están de acuerdo con el cambio de calificación contable de sus aportaciones y, por ende, con la pérdida de su derecho automático al reembolso, tendrán que abandonar la sociedad no estableciéndose ningún régimen de devolución íntegra y anticipada de sus aportaciones. El legislador español ha perdido una magnífica oportunidad para modernizar y flexibilizar el obsoleto régimen económico y financiero de las cooperativas, falto de la suficiente flexibilidad que genere atractivo para los operadores económicos e inversores externos.
11. Por ejemplo, en julio de 2011 se aprobó por Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley para la reforma de la Ley 8/2006 de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia (se cita LCMUR); y el 6 de octubre de 2011 el del Proyecto de Ley para la reforma de la Ley 4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León (se cita LCCL).
Creo que se deberían haber conciliado las necesidades derivadas de la adaptación de la LCOOP al nuevo marco contable con las necesaria modernización del estatuto legal de estas sociedades, y haber realizado una reforma de mayor calado que relajase algunas de las excesivas limitaciones financieras que tienes estas sociedades (obligación de dotar fondos irrepartibles, dificultad de transmisión de las posición de socio, falta de atractivo para atraer capital externo, etc.) frente a las sociedades de capital12. Una última observación sobre el proceso de incorporación de aportaciones no reembolsables en nuestro Derecho positivo. Sorprende que los términos de la reforma se repiten de una ley a otra sin apenas diferencias. Parece que todos estaban de acuerdo con los términos de la reforma y por eso, supongo, los legisladores autonómicos no han se han detenido mucho en discutir la oportunidad y la bonanza de la modificación legal propuesta por el lobby cooperativo más importante de España, como es CEPES, que es quién acordó el contenido de la reforma de la LCOOP con el Ministerio de Trabajo del Gobierno español en octubre de 2006 y que, sin mucho debate, se aprobó en el Congreso incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional.
1. Admisión de aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado en caso de baja del socio En el Derecho positivo español, tras la reforma acometida en la LCOOP y las normas autonómicas de cooperativas, se permite la existencia de dos tipos de aportaciones al capital social de los socios. Las exigibles o reembolsables [art. 45.1, letra a) LCOOP y concordantes autonómicos 13 ] y las no exigibles cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por parte del Consejo Rector [art.
12. A lo largo de la obra Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI. Realidad actual y propuestas de reforma, Madrid, Dykinson, 2009 (galardonada con el Premio Arco Iris del Cooperativismo a la Mejor Investigación Cooperativa en su XX edición) como su subtítulo índica, los autores (GADEA/SACRISTÁN/VARGAS VASSEROT) proponemos una serie de propuestas lege ferenda para conformar un tipo social cooperativo competitivo, adaptado a los nuevos tiempos, pero respetuoso con los principios cooperativos. 13. Art. 57.1, letra a) LCPV; art. 45.1, letra a) LFCN; art. 49.1, letra a) LCCM; art. 80.1, letra a) LCPA; art. 55.1 letra a) LCCV; art. 55 bis.1, letra a) LCCAT.
45.1, letra b) LCOOP y concordantes autonómicos14]. Estas segundas, a efectos contables, tendrán la consideración de recurso propio de la entidad, como expresamente señalan algunas normas autonómicas (art. 4.1, 2º LPAC) y las NACSC (Norma Segunda). Como se observa, las leyes españolas de cooperativas han seguido casi literalmente el contenido del IFRIC 2 en cuanto a que la entidad puede, en este tipo de aportaciones, rehusar incondicionalmente el rescate. Pero esta literalidad sigue dejando muchas dudas: ¿cuándo se puede negar la devolución?, ¿por regla general se reembolsarán esas aportaciones?, etc. Como hemos apuntado, el derecho de reembolso no es algo intrínseco al cooperativismo, por lo que se podría haber llegado más lejos y de manera más clara, estableciendo simplemente que en las cooperativas puede haber aportaciones no reembolsables y otras que sí lo son. Pero para que estas aportaciones no exigibles fuesen realmente atractivas habría que flexibilizar mucho más su régimen de transmisión y eximir a las cooperativas de determinadas cargas legales impuestas para compensar el carácter variable de su capital social pues ya, en parte, ha dejado de serlo. Una diferencia importante entre la reforma de la LCOOP y de la mayoría de las leyes autonómicas y la acometida por el legislador vasco y el madrileño, es que estas últimas, en mi opinión con mejor criterio, posibilitan que sean los estatutos los que prevean qué órgano, el de administración o la Asamblea General, tiene el derecho incondicional a rehusar el reembolso [art. 57.1, letra b) LCPV; art. 49.1, letra b) LCCM;], pudiendo así adoptar la sociedad el criterio que mejor se adecue a sus características tipológicas. Según la NIC 32 [GA19, letra b)] y la Interpretación IFRIC 2 (párrafo 7), es la «entidad» la que tiene que tener el derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo para que estos puedan no ser considerados instrumentos de pasivo de la empresa, por lo que no hay problema jurídico alguno en que sea la Asamblea General, y no el Consejo Rector, quien decida sobre esta cuestión, máxime cuando esta decisión afecta a un derecho económico básico del socio como es el del reembolso y se le concede al órgano de administración un poder discrecional en una materia muy importante y conflictiva. Parece que el legislador estatal está pensando aquí en grandes cooperativas, con un número importante de socios y en las que es posible que sea más operativo que el Consejo Rector tome esta decisión. Pero eso, como decimos, debería
14. Art. 57.1, letra b) LCPV; art. 45.1, letra b) LFCN; art. 49.1, letra b) LCCM; art. 80.1, letra b) LCPA; art. 55.1 letra b) LCCV; art. 55 bis.1, letra b) LCCAT; art. 84.1, letra a) LCAND.
haberse dejado a voluntad de los socios, especialmente cuando muchas veces se tiene que decidir sobre la conveniencia o no del reembolso en el seno de un proceso disciplinario de expulsión de un socio, en el que es fácil que hayan surgido problemas entre los miembros del Consejo Rector y parte de la masa social. Por otra parte, este derecho incondicional a rehusar el reembolso por parte del Consejo Rector, no debe significar un poder discrecional absoluto para decidir a qué socios se les reembolsa las aportaciones y a cuáles no. En el ejercicio de este poder del órgano de administración deben regir, en todo caso, los principios de actuación diligente de los administradores en el desempeño de su cargo, lo que proscribe una actuación parcial que queda sujeta al régimen de responsabilidad de los administradores (art. 43 LCOOP). Si se quieren contabilizar estas aportaciones de los socios entre los recursos propios de la empresa no se pueden establecer condiciones para prohibir el rescate (por ejemplo, por falta de liquidez de la cooperativa), ya que este derecho a rehusar el pago debe ser incondicional, pero sí sería conveniente que la sociedad regulase, estatutariamente o través del Reglamento interno, el procedimiento para rehusar el pago de los reembolsos, exigiendo, por ejemplo, un acuerdo motivado por parte del Consejo Rector de las razones que han llevado a ello o la necesidad de ratificación del acuerdo por la Asamblea General.
2. Determinación de un porcentaje de capital social cuyo reembolso queda condicionado Otra medida que se repite en las leyes reformadas es que los estatutos podrán prever que «cuando en un ejercicio económico el importe de las devoluciones de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable» del Consejo Rector (art. 45.1, 3º LCOOP y concordantes autonómicos 15 ) o, en su caso, al de la Asamblea General (art. 49.1, 3º LCCM). Las cooperativas podrán, por tanto, establecer estatutariamente un determinado porcentaje del capital social (por ejemplo el 20%) que tendrá naturaleza de recurso propio y una innegable fijeza. En este aspecto creemos que la reforma ha sido poco clara y demasiado restrictiva.
15. Art. 57.1.bis LCPV; art. 45.1, 4º LFCN; art. 49.1, letra b) LCCM; art. 80.1, 3º LCPA; art. 55.1, 3º LCCV; art. 55 bis.3 LCCAT; art. 84.1, letra a), 3º LCAND.
En cuanto a lo primero, no se sabe bien qué capital social es al que se refiere la norma. En las cooperativas hay que diferenciar el capital social real que es la suma que representa el total de las aportaciones hecha por los socios (suscritas y desembolsadas) y el capital estatutario, que es una cifra fija en los estatutos de la cooperativa que no representa el capital social nominal, como ocurre en las sociedades de capital, sino el capital social mínimo de la cooperativa puesto que el capital social de estas sociedades tiene naturaleza variable. Se plantea entonces la duda de qué capital social, real o estatutario, es el que debe servir de referencia para el cálculo de los porcentajes a partir de los cuales se limitan los reembolsos. A la vista de algunos preceptos concordantes de Derecho comparado (art. 3.2 Reglamento que aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea) y sobre todo del régimen de reducción obligatoria de capital social contenido en la LCOOP, en principio, parece que se debe considerar como referente para el cálculo de los porcentajes el capital estatutario (por ejemplo, 30% del capital social fijado en los estatutos). Es el capital real el que tiene actuar como límite de los reembolsos, ya que cuando con un nuevo reembolso se reduzca esa cifra por debajo del porcentaje estipulado en los estatutos, el Consejo Rector puede unilateralmente rehusar su pago (capital real < 20% capital estatutario). Pero nada impide que utilicemos también la cifra de capital real para el cálculo del porcentaje límite de reembolsos incondicionales e incluso un porcentaje sobre el máximo capital social suscrito desde la constitución de la sociedad, que además es el criterio seguido en varios de los ejemplos escogidos en el anexo de la Interpretación del IFRIC 2 16 y en algunas leyes de Derecho comparado 17. De otro lado, debería haberse previsto legalmente la posibilidad de que la cooperativa fije como límite de los reembolsos, no sólo un porcentaje sobre el capital social, sino una cifra del mismo, lo que se podría coordinar con la cifra mínima del capital social fijada en los estatutos o establecida legalmente. Sin embargo, esta cifra se puede calcular por medio de porcentajes18.
16. Ejemplo 3 del anexo [A6]. 17. La Ley 47/1775 que aprueba el Estatuto de la Cooperación de Francia, en su redacción dada por la Ley de 13 de julio de 1992, relativa a la modernización de empresas cooperativas, dispone que la suma por debajo de la que el capital no puede reducirse por el reembolso de las aportaciones de los socios no puede ser inferior a un cuarto de la cifra de capital más elevada alcanzada desde la constitución de la sociedad (art. 13). 18. Por ejemplo, si la cifra del capital social estatutario es de 10.000 euros, y la cooperativa quiere que esa misma cifra sea el límite de los reembolsos, deberá establecer estatutariamente que si en un ejercicio
En este punto, la reforma debería haber sido más flexible y permitir que la cooperativa y sus socios, que realmente son a los únicos que les debe importar cómo y cuándo se les devuelven sus aportaciones al capital social, regulen como mejor les convenga el régimen de reembolsos ya que, tal como está redactado el precepto, surgen dudas de la viabilidad jurídica de utilizar como límite de los reembolsos exigibles una cifra fija o articular sistemas de capital rotatorio. El capital rotatorio funciona acumulando capital social hasta que se alcance un nivel adecuado de capitalización, a partir de ese momento cuando se reciban nuevas aportaciones al capital social que incrementen el fondo por encima de la cantidad necesaria, el exceso se reembolsa a los socios más antiguos que reciben sus aportaciones actualizadas. De esta forma el capital social queda siempre dentro de unos márgenes de seguridad, ya que los reembolsos se detienen cuando el capital acumulado llega a ese mínimo necesario (estatutario o fijado por ley), y los socios que ya han sido reembolsados pueden, o deben, hacer nuevas aportaciones al capital social19.
económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el 100% del capital social suscrito, esto es, 10.000 euros, los nuevos reembolsos están condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector. Y si, por ejemplo, quiere establecer como cifra mínima 3.000 euros, estatutariamente tendrá que fijar el límite de las devoluciones en el 30 por cien del capital social. Con estas cifras redondas, el cálculo por medio de porcentajes no parece demasiado complicado, pero la cosa cambia cuando queremos que la cifra límite a los reembolsos sea, por ejemplo, 3.005,06 (que es la cifra mínima legal que exige en muchas leyes cooperativa españolas, como la LCAND o LCEX) o cuando se toma de referencia el capital social suscrito. 19. Estos sistemas están bastante normalizados en las cooperativas agrarias norteamericanas y canadienses (revolving-fund capital). En España, el art. 63.1 de la antigua LFCN, derogada por la Ley Foral 14/2006, establecía que «las cooperativas agrarias podrán establecer el sistema de capital rotativo, en el que los socios deben realizar nuevas aportaciones al capital social en función de la actividad cooperativizada, procediéndose paralelamente por la entidad a la devolución de las aportaciones hechas en su día, en función de su antigüedad». Como señala WILLIAMSOM, “The farmer´s cooperative yardstick: cooperative refunds, patronage and revolving”, AEC-54, 1987, University of Kentucky, pp. 4 y ss., existen innumerables variantes en la configuración de esta capital rotatorio. En ocasiones los socios reciben el 100% de lo que aportaron y tienen que hacer nuevas aportaciones si quieren seguir siendo miembros usuarios de la cooperativa. A veces este capital social no se dota con aportaciones de los socios, sino con los excedentes repartibles, lo que significa que la dotación de cada socio es proporcional a la actividad cooperativizada desarrollada (por ejemplo, un 40% de sus excedentes repartibles). También es habitual distinguir entre un capital rotatorio a medio plazo (se va devolviendo a los socios en diez años) y a largo plazo (por ejemplo, a veinte años), y el socio cada año va recibiendo mayores porcentajes de lo que entregó, hasta que llega una edad (por ejemplo 70 años), en la que puede exigir la liquidación total de sus aportaciones. El socio que quiere abandonar la cooperativa antes también puede hacerlo, pero se le limita el derecho de reembolso, en cuanto a cantidad (puede no recibir todo lo que aportó) como en tiempo (se establecen determinados plazos para poder rescatar esas aportaciones).
Por otra parte, todas las normas reformadas prevén la posibilidad de separación voluntaria del socio disconforme con la previsión estatutaria del «establecimiento o disminución ( sic ) de este porcentaje» que podrá darse de baja, calificando ésta como justificada (art. 45.1, 3º in fine LCOOP), aunque en este punto sí hay ciertas diferencias en cuanto a los socios legitimados para que la baja se considere justificada20.
3. Transformación de aportaciones exigibles en no exigibles y viceversa El texto reformado de la LCOOP y la mayoría de leyes autonómicas permiten que la Asamblea General de la cooperativa decida la «transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, o la transformación inversa» (art. 45.1, 2º LCOOP y concordantes autonómicos21). Aquí, creemos que acertadamente, se requiere el acuerdo de la Asamblea General que, además, tiene que ser adoptado por la mayoría exigida para la modificación de estatutos, pudiendo darse de baja el socio disconforme, baja que se califica de justificada. En cambio, en otras leyes autonómicas con la idea de facilitar estas transformaciones no se exige que este acuerdo sea adoptado por la mayoría exigida por la modificación de estatutos22, pero considero que los estatutos de la cooperativa deberían contener dicha previsión dada la importancia económica que puede tener dicho acuerdo para los socios. Por otra parte, del tenor literal del artículo 45.1, 2º LCOOP parece como si sólo pudiese acordarse la transformación de todas las aportaciones exigibles en no exigibles («transformación obligatoria de las aportaciones…») y viceversa, algo que no tiene demasiado sentido dado el principio de libertad del que parte la
20. La LCOOP concede este derecho al socio que hubiera salvado expresamente su voto o estuviese ausente o disconforme; que es el criterio seguido por la mayoría de leyes autonómicas (art. 45.1, 4º in fine LFCN, art. 80.1, 3º LCPA; art. 55.1, 4º LCCV). Otras leyes limitan este derecho de separación al socio disconforme (art. 49.1, 4º LCCM; art. 84.1, letra a) 4º LCAND). La LCCAT regula con cierta originalidad y detalle este derecho, al exigir que los socios hayan votado en contra y hayan hecho contar expresamente en acta que se oponen o que por causa justificada no hayan asistido a la Asamblea General (art 55 bis.3, 2.º) 21. Art. 45.1, 3º LFCN; art. 49.1, 2.º LCCM; art. 80.1, 2º LCPA; art. 55.1, 2º LCCV; art. 29.1, letra d) y 55 bis.2 LCCAT. 22. Art. 57.1.2 LCPV; art. 84.1, letra a), 2º LCAND.
reforma para que sean las propias cooperativas las que decidan cómo quieren configurar su capital social y qué parte del mismo va a ser no exigible. Por ello, se debería haber reconocido la posibilidad de transformación de determinadas aportaciones sociales («transformación obligatoria de aportaciones...»), por ejemplo, de las aportaciones de los socios activos o de los socios con determinada antigüedad en la cooperativa, que sería una buena medida para evitar la salida anticipada de socios de la cooperativa. En todo caso, como dispone al final de los preceptos que regulan esta transformación en bloque del carácter de las aportaciones, el socio disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada.
4. Medidas incentivadoras para detentar aportaciones no exigibles Dado que la reforma concede, en ciertos supuestos, un derecho incondicional a la cooperativa o, mejor dicho, al Consejo Rector para decidir si reembolsa o no las aportaciones a los socios que causen baja, se articulan una serie de medidas para incentivar, por una parte, que los socios acepten sacrificar ese derecho de reembolso y, por otra, que la cooperativa, aunque tenga el derecho a rehusar el pago, lo realice. En este punto se perciben mayores diferencias entre las distintas normas cooperativas españolas.
a. Preferencia en la remuneración al capital social Todas las leyes reformadas regulan una serie de garantías en relación a la retribución por ostentar aportaciones no reembolsables. En este sentido, la Ley estatal de cooperativas establece lo siguiente: «si la Asamblea General acuerda devengar intereses para las aportaciones al capital social o repartir retornos, las aportaciones previstas en el artículo 45.1. b) de los socios que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rehusado por el Consejo Rector, tendrán preferencia para percibir la remuneración que establezcan los estatutos, sin que el importe total de las remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del ejercicio» (art. 48.4 LCOOP y concordantes autonómicos23).
23. Art. 60.4 LCPV; art. 46.2 LFCN; art. 52.4 LCCM; art. 86.3 LCPA; art. 80, 2º LCAND; art. 58.2, 2º LCCV; art. 59.2 LCCAT.
Pero, como se ha puesto de manifiesto, tal como está redactado el párrafo GA17 de la NIC 32 y los preceptos reguladores de la remuneración de las aportaciones en nuestro ordenamiento cooperativo (art. 48 LCOOP), en principio, las aportaciones que devenguen intereses no pueden calificarse como elementos del neto24. No obstante, esta calificación dependerá de cuándo existe obligación contractual de la sociedad para pagar los intereses por las aportaciones, lo que obliga al análisis de cada caso concreto. Respecto a las aportaciones obligatorias, a menos que los estatutos dejen a voluntad de la Asamblea o del Consejo Rector el pago de esos intereses, esas aportaciones tendrán naturaleza de pasivo exigible (art. 46 LCOOP). Para las voluntarias habrá que acudir al acuerdo de emisión y, en su caso, a los estatutos sociales y comprobar si se le otorga ese derecho de disponibilidad sobre el pago a la entidad emisora (art. 47 LCOOP). Pero estas aportaciones voluntarias, que básicamente se realizan por esa remuneración, serán mucho menos atractivas si la sociedad puede decidir incondicionalmente si paga o no esos intereses.
b. Preferencia en caso de liquidación de la cooperativa De otro lado, en caso de liquidación de la cooperativa, los socios participan en la adjudicación del haber social por las aportaciones no exigibles de manera preferente al resto. Como establece la LCOOP, «mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 45.1. b) los titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción y antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios» (art. 75.3 y concordantes de leyes autonómicas reformadas25). Esta medida también puede colisionar con el contenido de la NIC32, puesto que la concesión de derechos preferentes liquidación del
24. Sobre este tema, escasamente reflejado por nuestra doctrina, POLO, «Aplicación de las NIC a las cooperativas. En especial el tratamiento contable del capital social, de los retornos, de los intereses y de la consolidación de grupos», en Las cooperativas antes las Normas Internacionales de Contabilidad , Fundación EZAI, 2004, pp. 43 y ss. 25. Art. 94.3 LCPV; art. 101.4 LCCM; art. 115.4 LCAND; art. 82.6 LCCV.
haber social es reconocida como una nota característica de los instrumentos de pasivo26.
c. Transmisión y adquisición preferente de las aportaciones no reembolsadas Con la reforma, la LCOOP y algunas leyes autonómicas incluyen la posibilidad de que los estatutos puedan regular un régimen de transmisión intervivos de las aportaciones sociales no reembolsadas a favor de los nuevos socios con la finalidad de facilitar el reintegro de las mismas a sus titulares (art. 51.7 LCOOP y concordantes autonómicos27). Esta transmisión se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones. Para las Cooperativas de Trabajo Asociado la LCOOP y determinadas leyes autonómicas establecen un régimen peculiar de adquisición obligatoria de las aportaciones no exigibles en el supuesto de baja obligatoria del socio por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. De este modos, se establece que en el supuesto de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de aportaciones no exigibles y la cooperativa no acuerde su devolución inmediata, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja, en los términos que acuerde la Asamblea General (art. 85.3 LCOOP y concordantes autonómicos28).
26. En concreto, con lo previsto tras la modificación de la NIC 32, acometida el 14 de febrero de 2008 (Amended for Puttable Instruments and Obligations Arising on Liquidation), por la que uno de los criterios para la clasificación de patrimonio neto de un instrumento financiero es que el tomador tenga un derecho a una cuota proporcional del haber social de la entidad en caso de liquidación total o parcial de la misma. En particular se refiere a que la adecuación del precio del instrumento financiero en caso de liquidación al valor razonable y proporcional del patrimonio social (párrafo 11) y la subordinación del titular de dicho instrumento financiero para reclamar su crédito en caso de liquidación de la sociedad (párrafo 14), son elementos definidores de la naturaleza de patrimonio neto de dichos instrumentos financieros. 27. Art. 62.1, 2º LCPV; art. 46.5, 4º LFCN; art. 55.7 LCCM; art. 90.2, 3º LCPA; art. 61.10 LCCV; art. 57.2 LCCAT. 28. Art. 103.2 LCPV; art. 105.5 LCCM; art. 89.9 LCCV; art. 118.4 LCCAT.
IV. Efectos financieros derivados de mantener el carácter reembolsable de las aportaciones sociales
Sin duda, el principal efecto que puede generar el cambio contable y el mantenimiento del carácter reembolsable de las aportaciones al capital social es el deterioro de la imagen financiera de la cooperativa y de su solvencia, pero sin exageraciones. El cambio en la forma tradicional de contabilización del capital social en las sociedades cooperativas provocó una gran alarma en el movimiento cooperativo, llegando a augurarse consecuencias gravísimas para el futuro del sector. Se llegó a decir que esta nueva forma de contabilizar el capital social significaría la insolvencia de todas las cooperativas y que sería generalizada la disolución de sociedades y la conversión en otros tipos sociales. No creemos que el cambio en la calificación contable de las aportaciones de los socios al capital cooperativo tenga unos efectos tan desastrosos como los vaticinados desde algunos sectores del cooperativismo. No obstante, hay que reconocer que el contenido de la NIC 32 perjudica a las cooperativas porque parte de sus tradicionales fondos propios pasarán a ser recursos ajenos, lo que conllevará una pérdida del valor contable del capital y financieramente estas sociedades van a parecer menos estables de lo que son en realidad. Por ello las cooperativas se van a encontrar en una situación de desventaja frente a otros tipos sociales que desde su constitución cuentan con una determinada cifra de recursos propios. Las cooperativas ya tienen una serie de importantes cargas parafiscales (dotación de fondos obligatorios, limitación en el reparto de excedentes, etc.) que ahora se agravan con esta calificación contable, por lo que se deben reclamar medidas legales y fiscales que compensen la situación de agravio en la que se encuentra en comparación con otros tipos de sociedades mercantiles y evitar una huida a otras formas sociales menos exigentes. Y hay que recordar también el mandato constitucional a los poderes públicos de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas (art. 129.2 CE). Por eso, además de ser necesario armonizar el derecho de reembolso de los socios con los nuevos criterios contables, y otros ajustes legales, consideramos que se debe acometer una reforma global en su régimen económico, financiero y fiscal que compense la pérdida de competitividad que pueden sufrir con la nueva normativa contable. 1. Repercusión en la imagen financiera de la cooperativa El incremento de los niveles de endeudamiento y de insolvencia, y la reducción de la rentabilidad financiera de la misma, puede afectar negativamente su
crédito en el mercado y las posibilidades de obtener financiación o inversión externa. Los analistas financieros y de riesgos suelen acudir al estudio de los estados financieros contables para diagnosticar la situación financiera actual y futura de las empresas, y poder así aconsejar correctamente a los sujetos interesados (inversores, acreedores, directivos, etc.) sobre la toma de decisiones a realizar. Para ello se suelen utilizar una serie de ratios financieros (ratio de solvencia, ratio de tesorería, ratio de endeudamiento, ratio de endeudamiento, ratio de liquidez, ratio de rentabilidad financiera, fondo de maniobra, apalancamiento financiero, etc.), que indudablemente se verá afectados con la contabilización de las aportaciones al capital como un exigible, alterándose de una forma determinante la imagen fiel de la empresa que parecerá, financieramente hablando, más débil e inestable que lo que en realidad es, ya que entre ese pasivo se contabilizará una importante partida con vocación de permanencia y garantía de terceros29. Como se ha demostrado empíricamente, los resultados de estos ratios en el análisis financiero de las cooperativas varían negativamente si en vez de considerar todo el capital social patrimonio neto (Orden ECO 3614/2003), sólo calificamos como tal a parte del mismo, considerando el resto como pasivo exigible (NIC 32), aunque dichos efectos negativos varían mucho en función del nivel de capitalización de la cooperativa30. De otro lado, este nuevo tratamiento contable de las aportaciones de los socios a las cooperativas como deudas en vez de como neto puede tener efectos negativos en las calificaciones de riesgos de las agencias de rating, aspecto que puede ser especialmente relevante para grandes cooperativas, como ocurre, por ejemplo, con las cooperativas de crédito.
2. Dificultad de financiación externa Por otra parte, una de las principales consecuencias que se han augurado a las cooperativas por la aplicación de la NIC 32 es el incremento de las dificultades para lograr financiación externa, ya que las entidades de crédito muchas veces
29. AMAT SALAS, Comprender la contabilidad y las finanzas, Madrid, Ed. Gestión 2000, pp. 94 y ss. 30. MARÍ VIDAL, “Efectos de la aplicación de la CINIIF en las cooperativas. Un estudio empírico en dos cooperativas citrícolas de la Comunidad Valenciana a través del análisis económico-financiero”, REVESCO, núm. 89, 2006, pp. 84-107.25. Art. 94.3 LCPV; art. 101.4 LCCM; art. 115.4 LCAND; art. 82.6 LCCV.
conceden los créditos a sus clientes en función de los resultados obtenidos en los ratios financieros utilizados por sus analistas de riesgos y, en concreto, fijándose en la proporción entre recursos propios y ajenos con que cuente la sociedad en su balance contable. Aunque en una cooperativa con años de funcionamiento los fondos (esencialmente la cuantía del Fondo de Reserva Obligatorio) y activos de la sociedad son una garantía clásica para la devolución de créditos, en muchas cooperativas la reclasificación contable de las aportaciones sociales como pasivos conducirá a un deterioro de su solvencia y a un aumento de su endeudamiento, que llevarían a la aparición de dificultades financieras para la obtención de nuevos créditos. Lo mismo ocurrirá con las cooperativas de nueva creación que, al nacer ya con un pasivo exigible considerable en relación al patrimonio social inicial, pueden tener dificultades de acceder al mercado del crédito. Muchas veces van a tener que ser los propios socios de la cooperativa, con su patrimonio particular, quienes garanticen, más si cabe que ahora, la devolución de los créditos necesarios para financiar a la cooperativa.
3. Aumento de riesgo de insolvencia Al aumentar el endeudamiento, por el incremento del pasivo y reducción del activo, se puede incrementar el riesgo de insolvencia de la cooperativa, pero más desde un punto de vista financiero que jurídico. Como hemos hecho referencia con anterioridad, los ratios de endeudamiento, de liquidez y de solvencia de las cooperativas se verán afectados negativamente por el cambio de criterio a la hora de contabilizar las aportaciones de los socios al capital social y ello puede afectar a la imagen de solvencia que los acreedores y los propios socios tienen de la empresa. No obstante, tal como declara la Ley Concursal (se cita LC), el presupuesto básico para la declaración del concurso es la insolvencia del deudor (art. 2.1), esto es, cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2), con lo que el presupuesto objetivo del concurso se sitúa en una situación económica de fondo y no de meros hechos externos31. La LC huye de la tradicional concepción patrimonial de la insolvencia como mero desbalance contable (pasivo superior al activo). En este sentido, a los efectos
31. PULGAR EZQUERRA, La declaración del concurso de acreedores, Madrid, 2005, La Ley, p. 318.
de la declaración del concurso de acreedores, en todo caso la valoración del desbalance no debe hacerse con arreglo a criterios meramente estáticos de confrontación numérica entre activo y pasivo, sino que hay tomar un criterio dinámico de desbalance constitutivo de insolvencia, si analizando la rentabilidad de la empresa, financiación y expectativas de evolución futura de la misma, el deudor no puede recuperarse de la situación de crisis económica 32. De este modo, aunque la recalificación de las aportaciones cooperativas como pasivo exigible perjudique la imagen de solvencia por incremento de esas obligaciones exigibles y empeoramiento de los resultados de los ratios financieros indicados, esto no tiene porque significar en términos jurídicos que la sociedad sea insolvente, sino que habrá que comprobar si la sociedad puede hacer frente a dichas obligaciones. Aún teniendo un balance de situación con un pasivo mayor que el activo, la cooperativa puede tener mecanismos suficientes para seguir cumpliendo su obligaciones, por ejemplo, por la existencia de reservas ocultas, activos minusvalorados, o acudiendo al crédito externo. Por ello, para tranquilidad de los miembros de los órganos de administración de las cooperativas, la entidad no incurre en el presupuesto objetivo del concurso, esto es, la insolvencia, por mantener las aportaciones como exigibles. Y de igual forma, los administradores de la cooperativa no incurren en responsabilidad por no transformar las aportaciones exigibles en no exigibles en caso de baja del socio, ni tienen que solicitar el concurso voluntario ni se legitima a cualquier acreedor a solicitar el concurso necesario de la entidad. Por tanto, los administradores no van a incurrir en responsabilidad y mucho menos se les va a presumir dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia por esta causa (art. 165 LC), por lo que no se le aplica la responsabilidad de sanción de responder personalmente ante los acreedores de la sociedad del importe de los créditos no satisfechos con la masa activa del concurso (art. 172.3 LC)33.
32. PULGAR EZQUERRA, op. cit., p. 319. 33. Sobre esta cuestión, VARGAS VASSEROT, “Notas y apuntes sobre el concurso de la sociedad cooperativa en España”, Derecho de Sociedades y Concurso. Cuestiones de actualidad en un entorno de crisis, Dir. VÍTOLO/EMBID/LEÓN, Granada, Ed. Comares, 2011, pp. 575-596; y “El derecho de reembolso del socio en caso de baja y el concurso de las sociedades cooperativas”, CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, núm. 21, 2010, pp. 37-58.
4. Limitaciones para participar en sociedades no cooperativas De otro lado, según el artículo 13.9 Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas se considera causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, con los beneficios fiscales que ello conlleva, la participación de la cooperativa en cuantía superior al 10% en el capital social de entidades no cooperativas, porcentaje que se incrementa al 40% cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En todo caso sigue diciendo la norma fiscal, y esto es lo importante, «el conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50% de los recursos propios de la cooperativa»34. Pues bien, para determinar la cuantía de los fondos propios, y por ende la que se puede destinar a participar en sociedades de capital habrá que contabilizar, junto a otras partidas que integran los fondos propios (reservas voluntarias, FRO, as reservas derivadas de revalorizaciones legales de activo, etc.), el capital social que sea calificado como tal (Norma Primera NACSC). De modo que si la cooperativa está interesada en constituir filiales o participar en sociedades no cooperativas, puede ser determinante que las aportaciones de los socios al capital social tenga la consideración de no exigible, puesto que esto incide directamente en la capacidad de participación en otras sociedades sin perder el trato privilegiado o especialmente privilegiado que disfrute la cooperativa matriz.
5. Recapitulación Sin duda, son los efectos que el aumento de los recursos ajenos tendrá sobre la solvencia y endeudamiento de la cooperativa los que más preocupan al sector. Pero de un lado, solvencia, como decimos, no es sólo tener más o menos recursos propios, sino capacidad de pagar las deudas con regularidad. Esto nos debe hacer recapacitar sobre si son o no correctas las formas de analizar la solvencia y riesgo de las sociedades en general y de las cooperativas en particular. Los analistas financieros deben tener en cuenta estas peculiaridades de la contabilidad de las coope-
34. Con mayor desarrollo de esta cuestión en la creación de filiales y conformación de grupos vid. VARGAS VASSEROT, “La integración y diferenciación cooperativa: de las secciones a los grupos de sociedades”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, núm. 44, 2010, pp. 160 y ss. Esta limitación también ha sido señalada por ÁLVAREZ PÉREZ, “Impacto del nuevo concepto de patrimonio neto en las sociedades cooperativas”, Partida Doble, núm. 217, 2010, pp. 65 y s.
rativas para no fijarse exclusivamente en el nivel de recursos ajenos, ni en la clásica proporción de recursos ajenos y recursos propios para determinar el nivel de endeudamiento de la cooperativa, sino que deberían valorar que esa partida del capital social en el pasivo exigible de la sociedad tiene los caracteres de un recurso propio por su permanencia y por las funciones que cumple y, si se considera que las aportaciones al capital social son exigibles, hay que reconocer que lo son a muy largo plazo, con un gran carácter de permanencia, de disponibilidad por parte de la sociedad y afectos al riesgo de la empresa. Vale la pena de nuevo recordar que es posible estipular estatutariamente medidas para evitar la descapitalización de la cooperativa por la salida de socios y, así, se pueden articular compromisos de permanencia para los socios de la cooperativa (hasta un límite de cinco años [art. 17.3 LCOOP, art. 26. 3 LCPV, art. 25 LCEX, art. 17.1 LCCV, art. 22.2 LCR; etc.], que en algunas leyes autonómicas se amplía hasta diez años [art. 42.2 LCAND, art. 23.2 LFCN, art. 20.2 LCG, etc.], plazos de preaviso de la baja y, lo que es fundamental, que hasta que no se produzca la liquidación definitiva de las aportaciones al socio por el Consejo Rector y no transcurra el plazo para su pago (que puede llegar hasta cinco años según la LCOOP —art. 51.4— y los preceptos autonómicos concordantes) no se puede exigir a la sociedad el importe del reembolso. Pero, por lo que parece, todo esto no ha sido suficiente para la NIC 32 ni para el IFRIC, ya que, a pesar de este carácter de permanencia (si en los estatutos se estiran al límite los plazos de permanencia y los plazos para efectuar al reembolso que puede significar, por ejemplo, en una cooperativa andaluza, quince años), estas aportaciones son consideradas recursos ajenos de la cooperativa salvo que la sociedad tenga un derecho incondicional a rehusar su pago. Como ya expuse en otra ocasión, no conviene sobrevalorar el peso del neto o de los recursos propios (capital social + reservas) en el pasivo como criterio de solvencia, de capacidad de conseguir recursos financieros, sino que se debe tener en cuenta el volumen de negocio, el éxito empresarial de la cooperativa y las perspectivas de crecimiento de la empresa 35. Para una entidad financiera, a la hora
35. VARGAS VASSEROT, “La NIC 32 y el capital social cooperativo”, cit., pp. 123 y ss. Como señala GARCÍA-GUTIÉRREZ, al que sigo en este punto, “La reafirmación de las aportaciones de (propiedad de) los socios de la sociedad cooperativa. Propuesta de regulación de las sociedades de responsabilidad limitada cooperativa», REVESCO, núm. 90, 2006, pp. 43 y 52, la relación estática de deudas/recursos propios del balance de la cooperativa es ineficaz para describir la situación financiera real de la empresa.
de conceder un crédito a una cooperativa, lo que le debe interesar es su capacidad de generar dinero, su productividad y liquidez, y no si tiene más o menos capital social en la cuenta de neto. Se hace, por tanto, necesario tener en cuenta las particularidades de las cooperativas en la conformación del balance y, en concreto, que una parte del pasivo exigible proviene de las aportaciones de los socios al capital social y que cumplen con las características típicas de los fondos propios (vocación de permanencia, función de garantía, propiedad de la sociedad, etc.) y, por ello, se deberían aplicar por parte de los analistas financieros protocolos de actuación diferentes a los habituales cuando se tratase de analizar financieramente una cooperativa36. De otro lado, con las cifras del capital social con las que suelen constituirse la mayoría de cooperativas de nuestro país, con cifras irrisorias en relación al volumen de negocios y que muchas veces se limitan a cubrir el mínimo legal prescrito por la ley cooperativa correspondiente, las consecuencias de la calificación de esas aportaciones al capital social como recursos propios o pasivos exigibles no son tan evidentes. Para un gran número de cooperativas españolas, especialmente las de pequeño tamaño, su situación financiera no va a cambiar con esta nueva forma de calificar contablemente el capital social, ya que la partida de recursos propios por aportaciones de los socios suele ser de tan poca cuantía que la necesaria financiación externa tiene que garantizarse por otros medios. Mayores problemas se plantean para las cooperativas de mayor tamaño y con un alto nivel de capitalización y para ellas sí que puede ser más interesante contabilizar esas partidas dentro de los recursos propios de la entidad, especialmente si tienen previsto participar en sociedades no cooperativas (art. 13.9, 2.º LRFC) Este riego de deterioro de la imagen financiera de las cooperativas es uno de las razones principalmente utilizadas para justificar la conversión de todo o parte de las aportaciones sociales en no exigibles y han sido el argumento esgrimido por varios legisladores autonómicos para proceder a la reforma legal, como puso de
36. MERINO HERNÁNDEZ, “Reflexión jurídica sobre la aplicación de las NIC a las cooperativas” en Las cooperativas ante las Normas Internacionales de Contabilidad, Mondragón, EZAI, 2004, pp. 76 y ss.
manifiesto la exposición de motivos de la Ley 8/2006 que reformó en este punto la LCPV37 y la del Decreto-Ley 1/2011 que reforma la LCCAT38.
V. El hipotético riesgo de incurrir en causa de disolución por el carácter reembolsable de las aportaciones sociales y la responsabilidad de los administradores por no instarla
En este punto, tomando como referente la LCOOP, hay dos normas que nos interesan para valorar el riesgo real de que concurra una causa de disolución de la sociedad cooperativa por mantener la naturaleza reembolsable o exigible de las aportaciones de los socios al capital social: una es la obligación de disolver la cooperativa si dicho capital quedará por debajo del importe mínimo fijado estatutariamente [art. 45.8, 1.ª y art. 70.1, letra d) in fine]; y otra, la imposición de reducción del capital social cuando por consecuencia de pérdidas el «patrimonio contable» de la cooperativa haya disminuido por debajo de la cifra de capital social mínimo que se establezca en sus estatutos y hubiera transcurrido un año sin haber recuperado el equilibrio (art. 45.8, 3º). Pues bien, con una interpretación integradora de dichos preceptos de la LCOOP y de los escasos concordantes autonómicos, parte de la doctrina considera que la calificación de las aportaciones sociales como pasivo incrementa notablemente las posibilidades de que la cooperativa incurra en causa de disolución39 . Este
37. «Esta normativa contable colisiona directamente con la actual configuración del artículo 63 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, que regula el derecho incuestionable de las personas socias al reembolso de su aportación, lo que provocaría, en caso de mantener su redacción en los términos vigentes, graves repercusiones en la imagen de solvencia de las cooperativas frente a terceros, con las consecuencias derivadas para el desarrollo de su actividad económica». 38. «La Ley 18/2002 de Cooperativas de Cataluña, regula como un derecho incuestionable el derecho del socio o la socia a recibir el reembolso de sus aportaciones, obligatorias y voluntarias al capital social, en caso de baja. La no modificación legal de la regulación sobre el derecho de reembolso del socio o la socia en caso de baja implicaría que las cooperativas catalanas se encontraran en una posición más desfavorable en cuanto a las exigencias de capitalización ante las entidades de crédito y otros agentes económicos. En definitiva, la no reforma urgente de la Ley podría tener». 39. ÁLVAREZ PÉREZ, op. cit., pp. 64-65, aunque acertadamente limitando este riesgo a las Cooperativas de Murcia y Madrid; PASTOR SEMPERE, op. cit., p. 396, que considera que el patrimonio neto negativo implica para las cooperativas entrar en causa de disolución; MUÑOZ GARCÍA, en la ponencia pronunciada en el Encuentro Cooperativismo-Universidad en la Comunidad de Madrid, el 2 de diciembre de 2010 con el título “La proyectada reforma contable en las sociedades cooperativas. Efectos jurídico-socieCIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 22/2011 www.ciriec-revistajuridica.es
hipotético riesgo, que en mi opinión es más teórico que real en la mayoría de las ocasiones, preocupa y mucho a los administradores sociales puesto que de no instar la disolución de la cooperativa existiendo causa legal para ello, pueden incurrir en una grave responsabilidad. Por ello, antes de analizar por separado las dos normas objeto de discusión, y alguna más específica de algunas Comunidades Autónomas, vamos a hacer una breve análisis de la responsabilidad que pesa sobre los administradores sociales por no promoción de la disolución de la cooperativa y que, como veremos, tiene particularidades propias respecto al régimen general de responsabilidad.
1. La responsabilidad de los administradores de la cooperativa por no instar su disolución En la regulación de la responsabilidad de los miembros del Consejo Rector (extensible a los casos de administración única) encontramos dos técnicas legislativas diferentes en nuestro Derecho cooperativo. De un lado, la LCOOP (art. 43) y alguna ley autonómica, como es la LCMUR (art. 61,1) que utilizan la técnica de remisión al régimen dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas; y de otro, el resto de leyes cooperativas que regulan con cierto detalle el contenido del régimen de responsabilidad40. En el supuesto específico de responsabilidad por no disolución, sin embargo, nos encontramos con tres situaciones distintas: una la de la LCOOP, que no regula un régimen específico para esta situación, por lo que habría que acudir a la remisión prevista en el artículo 43 y que genera evidente problemas interpretativos; otra la de tres normas autonómicas que establecen una responsabilidad sanción para los administradores que no actúen en estos casos diligentemente; y por último, el de la gran mayoría de leyes autonómicas, que no establecen una específica responsabilidad por no promover la disolución.
tarios de la delimitación de los fondos propios”, aunque insistiendo en la gravedad de la situación para las cooperativas madrileñas; y CABEZAS, en la ponencia impartida en el Seminario sobre “Implicaciones de las Nuevas Normas Contables para las Sociedades Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid”, organizado por UNCUMA, celebrado en Madrid el 19 de julio de 2011. 40. Para un estudio amplio de la problemática que plantea la técnica de la remisión en este contexto, por todos, SACRISTÁN BERGIA, “El riesgo de responsabilidad del órgano de administración de las cooperativas en situaciones de insolvencia, y de pérdidas patrimoniales”, REVESCO, núm. 89, 2006, pp. 139166.
Empezando por el final, en las Comunidades Autónomas cuyas leyes no establecen una responsabilidad especial para estos casos, que son la mayoría, no hay obstáculo alguno en exigirle dicha responsabilidad pero es necesario que se den los presupuestos necesarios para ello (responsabilidad indemnización) 41. Para el caso de la LCOOP, dado el tenor literal del artículo 43 que habla de que la responsabilidad de los consejeros por daños causados se regirá por lo dispuesto para la sociedad anónima, no parece que la remisión alcance a la responsabilidad sanción por no promoción de la disolución contenida en el artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (se cita TRLSC), por el que los administradores «responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución»42. Más preocupante es la situación de los miembros de los Consejos Rectores de cooperativas en las que rijan las leyes que tienen un responsabilidad claramente sancionador por no instar la disolución de la sociedad en los plazos previstos (art. 112.5 LCCLM, art. 97.4 LCMUR y art. 95.5 LCCM). En estos casos, el incumplimiento de la obligación de convocar la Asamblea General o de solicitar la disolución judicial conlleva para los administradores una responsabilidad similar a la impuesta a los administradores de las sociedades de capital, aunque se perciben diferencias en la determinación de la sanción43. Por tanto, excepto para las cooperativas reguladas por estas tres leyes, que respecto al conjunto de cooperativas españolas su importancia, sino desdeñable tampoco es de gran relevancia, sólo operará la responsabilidad de los administradores de la cooperativa por no instar la disolución si la actuación de los adminis-
41. SACRISTÁN BERGIA, op. cit., pp. 146-148: actuación contraria a la ley, estatutos o sin cumplir el deber de diligencia; daño causado al patrimonio de la sociedad, socios o terceros; y relación causaefecto entre la actuación y el daño causado. 42. Con referencia al similar artículo 262 LSA, se pronuncia en este sentido SEQUEIRA MARTÍN y SACRISTÁN BERGIA, “Una reflexión sobre la responsabilidad de los miembros del consejo rector de las cooperativas”, Revista de Derecho de Sociedades, núm. 21, p. 222; PANIAGUA, La sociedad cooperativa. Las sociedades mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social, Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 228; y SACRISTÁN BERGIA, op. cit., p. 145. 43. Según el art. 112.5 LCCLM los administradores responden de las deudas sociales nacidas después de concurrir efectivamente la causa de disolución y del contenido de su art. 74.6, 2.º se deduce que debe transcurrir un año sin restablecerse la situación para que la cooperativa entre en causa de disolución. El art. 97.4 LCMUR se refiere a la responsabilidad por las deudas generadas un mes después de que se constata la causa de disolución. En cambio, el art. 95.5 LCCM restringe la responsabilidad de los Consejeros a las deudas nacidas a partir del momento en que expira el plazo para solicitar la disolución judicial de la cooperativa.
tradores ha causado un daño patrimonial a la sociedad, a los socios o a terceros. Esto es importante, puesto que la situación del que capital social real quede por debajo del mínimo estatutario no tiene porqué ser dañino para nadie, si la cooperativa siguen cumpliendo con sus obligaciones y compromisos con socios y terceros. Pero veamos si realmente existe un gran riesgo de incurrir en causa de disolución por mantener las aportaciones sociales como no exigibles, que es de lo que aquí se trata.
2. La disolución por reducción del capital social por debajo del mínimo estatutario o legal La LCOOP regula como causa de disolución de la sociedad la reducción del capital social (se entiende el real o desembolsado y no todo el suscrito44) por los reembolsos de las aportaciones o las deducciones practicadas por imputación de pérdidas, que lo dejen por debajo del importe mínimo establecido estatutariamente, sino se restablece la situación en un año [art. 45.8, que se reitera sin tanto detalle en el art. 70.1, letra d) in fine LCOOP]. Alguna ley copia literalmente los preceptos citados de la LCOOP 45 y la gran mayoría sólo hacen referencia como causa de disolución a la reducción del capital social por debajo de los mínimos establecidos estatutaria46 y/o legalmente47 si se mantiene dicho desequilibrio durante un año, plazo que se reduce a seis meses en varias leyes autonómicas48 . El dies a quo a partir del cual hay que contar el plazo es desde la deducción en las aportaciones de capital desembolsadas, es decir, la reducción de su valor contable, por imputación de pérdidas o por reembolso49.
44. Vid. Norma Segunda NACSC. 45. Arts. 64.8, 1º y 96, letra f) LCMUR. 46. Art. 67, letra d) LCAR; art. 56.3 LCCM; art. 81.1, letra e) LCCV; arts. 81.1 y 110, letra e) LCAND, art. 87.5 LCPV; art. 59.7 y 90.1, letra d) LCCL; arts. 74.6, 2.º y 110.1, letra f) LCCLM. 47. Art. 81.1, letra e) LCCV; art. 90.1, letra d) LCCL; art. 74.6, 2º LCCLM. Me llama la atención que la Ley 10/2009 de la Comunidad de Madrid, haya reformando el art. 49.1, 5º LCCM y fije el capital social mínimo en 1.800 euros y se haya olvidado de modificar el art. 93.1, letra f), que establece como causa de disolución la reducción del capital desembolsado por debajo de 300.000 pesetas. Exquisita técnica legislativa. 48. Art. 60, letra b) LFCN; art. 86.1, letra e) LCCAT; art. 96 letra e) LCEX; art. 86, letra d) LCG; etc. 49. Así se manifiesta, respecto al similar art. 103.7 LGC, VICENT CHULIÁ, Ley General de cooperativas, T. XX, Vol. 3.º (artículos 67 al final), con PAZ CANALEJO en Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial, Madrid, EDERSA, 1994, p. 483.
En realidad es cuando transcurre ese plazo cuando la cooperativa entra en causa de disolución. Hay que apuntar que la gran mayoría de leyes cooperativas españolas establecen una cifra de capital social mínimo, normalmente similar a la impuesta a las sociedades de responsabilidad limitada (3.000 euros) y sólo la LCOOP, la LCMUR y la LCAR no lo hacen, de ahí que para las cooperativas sometidas a estas leyes haya mayor libertad en la reducción del capital nominal puesto que no se impone un límite establecido legalmente. Consiguientemente en las leyes cooperativas con capital legal mínimo, la capacidad de modificación de estatutos para reducir el capital social nominal viene determinada por aquélla cuantía. Pero como se puede observar, en esta relación entre el capital social real o efectivo y el estatutario, poco importa su calificación contable. Como señala el preámbulo de la Orden EHA/3360/2010 (II, número 7), «se considera capital social, a efectos puramente mercantiles –capital social mínimo con que puede constituirse y funcionar la sociedad cooperativa o capital social por debajo del cual la sociedad cooperativas se disolverá—, el que aparece definido como tal en la Ley de Cooperativas». Así, esté donde esté situado el capital social en el balance de la cooperativa, la cifra de capital social real será el desembolsado en ese momento, por lo que el cambio contable no afecta de una manera directa a la necesidad de reducción de capital ni a la consecuente obligación de disolución de la sociedad. En esta línea la disposición adicional única de la Orden EHA/3360/2010 declara que «las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas no afectarán a la calificación del capital social a los efectos regulados en la ley de cooperativas que resulte de aplicación, los estatutos sociales y la legislación mercantil en general». Es decir, el capital de la sociedad cooperativa será el emitido como tal ajustándose a los requisitos previstos en dicha legislación, independientemente de que haya sido clasificado como fondos propios o como pasivo de acuerdo con lo dispuesto en las NACSC. La cifra estatutaria del capital social sirve para indicar que a pesar de la variabilidad del capital social en las cooperativas el capital suscrito será siempre mayor que esa cifra, con lo que el capital mínimo anunciado, que se puede conocer a través del Registro de cooperativas correspondiente, cumple una cierta función de garantía estática. En lo que respecta al aspecto dinámico de la función de garantía del capital social, cabe señalar que el capital social estatutario no actúa como cifra de retención en la determinación y aplicación de los resultados puesto que no se tiene en cuenta la existencia de un patrimonio neto superior al capital
social más reservas, y es la cifra de capital estatutario mínimo la que sirve de referencia para reducir capital o disolver la sociedad por esta causa50. Por tanto si el capital social real o efectivo, independientemente de que sea exigible o no exigible, esté o no remunerado, queda por debajo del capital mínimo estatutario o legal se corre el riesgo de incurrir en causa de disolución. Pero simplemente —aunque esto, claro está, es un decir— con restablecer en plazo ese equilibrio por medio de nuevas aportaciones o por la reducción de la cifra estatutaria de capital social mínimo. Soluciones que, por otra parte, no son nada originales por mi parte, ya que las menciona el propio legislador al decir que la cooperativa deberá disolverse «a menos que en el plazo de un año se reintegre o se reduzca el importe de su capital social mínimo en cuantía suficiente» (art. 48.8, 1º in fine LCOOP)51. Como se ha apuntado por la doctrina, se trata de una causa de disolución que difícilmente se presentará en la práctica pues resulta muy fácil evitarla y, en todo caso no opera automáticamente sino que es necesario el acuerdo de la Asamblea General, la elevación a público del acuerdo de disolución y su inscripción registral52.
3. La atípica obligación de reducción del capital social estatutario por pérdidas La LCOOP, de manera novedosa respecto a su predecesora de 1987 y sin parangón en Derecho comparado, impuso la obligación de reducción del capital social cuando por consecuencia de pérdidas el patrimonio contable de la cooperativa haya disminuido «por debajo de la cifra de capital social mínimo que se establezca en sus estatutos» y hubiera transcurrido un año sin haber recuperado el equilibrio (art. 45.8, 3º). Igual contenido que la ley estatal tiene, como tantas veces, la ley de cooperativas de la Región de Murcia (art. 64.8, 2 LCMUR). Por su parte, la Ley de la Comunidad de Madrid establece que la reducción del capital será obligatoria para la cooperativa cuando las pérdidas hayan disminuido su haber social «por debajo de las dos terceras partes del capital y hubiera transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado su patrimonio» (art. 56.2 LCCM).
50. Acerca de las funciones estáticas y dinámicas del capital social en las cooperativas, vid. VICENT CHULIÁ, op. cit., pp. 217-219. 51. No obstante, se suelen exigir determinadas medidas de publicidad para hacer efectiva esta reducción de capital social: art. 81.1 LCAND, art. 74 LCCV, etc. 52. PANIAGUA, op. cit., p. 343; GADEA/SACRISTÁN/VARGAS VASSEROT, op. cit., pp. 632 y s.
El resto de leyes cooperativas autonómicas, esto es, trece no hacen referencia a la reducción obligatoria del capital social cuando por pérdidas se rompa el equilibrio entre patrimonio contable y cifra mínima del capital social estatuario. En estos casos, que son los más, sólo opera el deber genérico de disolución de la cooperativa si la cifra de capital social real o efectivo queda por debajo de la cifra mínima fijada en los estatutos explicada con anterioridad supra . Y volvemos a recordar lo sencillo que era salvar esta causa de disolución modificando los estatutos sociales hasta el límite, si lo hay, del capital legal mínimo. Por tanto, son tres las leyes que imponen la obligación de reducir capital mínimo estatutario por pérdidas pero, a mi entender tampoco en estos casos hay gran riesgo de disolución de la sociedad cooperativa simplemente por mantener el carácter reembolsable de las aportaciones sociales de los socios. De un lado, porque los preceptos no hablan de disolución sino de obligación de reducción del capital social nominal o estatutario en determinadas circunstancias, aunque es cierto que si no se procede a la reducción o procediendo a ella el capital social real sigue siendo insuficiente se puede incurrir en causa de disolución53. Por otro lado, para que se imponga esta obligación tienen que concurrir una serie de circunstancias que, aún considerando que el capital social exigible no forma parte de ese patrimonio contable (vid. infra), complican que se degenere en una causa de disolución y que ésta sea insalvable. Como establecen los preceptos en cuestión, la disminución patrimonial que genera la obligación de reducir el capital social debe tener su causa en pérdidas acumuladas y teniendo en cuenta las reglas de imputación de pérdidas de estas tres leyes (art. 59 LCOOP, art. 81 LCMUR y art. 61 LCCM) no siempre las mismas terminan afectando al patrimonio social. Recordemos que la totalidad se pueden imputar a los fondos de reserva voluntarios, determinados porcentajes al FRO y la cuantía no compensada se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. Pero, y esto es destacable, las pérdidas imputadas a cada socio se pueden satisfacer de distintas formas (con cargo a retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes, con cargo a cualquier crédito que el socio tenga contra la cooperativa, mediante su abono directo, etc.), siendo sólo una de ellas la deducción de las aportaciones al capital social, por lo que no es ni mucho menos automático que la existencia
53. Art. 45.8, 1º LCOOP y art. 64.8, 1.º LCMUR; art. 93.1, letra g) LCCM y art. 96, letra g) LCMUR.
de pérdidas produzca la reducción obligatoria del capital social estatutario y que ésta degenere en causa de disolución. Por otra parte, tiene que pasar un año (o seis meses) sin haber recuperado el equilibrio, algo que se puede salvar reduciendo la cifra de capital social mínimo establecida en lo estatutos o desembolsando o realizando nuevas aportaciones sociales. No obstante, cabe reseñar las importantes diferencias existentes en este punto entre la LCOOP y la LCMUR con la LCCM. Mientras las dos primeras imponen la reducción del valor nominal de las aportaciones de los socios cuando las pérdidas hayan disminuido el patrimonio (contable se entiende) por debajo del capital mínimo estatutario sino se restablece el equilibrio (art. 45.8, 3º LCCO y art. 64.8, 2 LCMUR), la Ley de la Comunidad de Madrid obliga a la reducción cuando por pérdidas el haber social haya disminuido por debajo de las dos terceras partes del capital (estatutario se entiende) y hubiera transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado el patrimonio (art. 56.2 LCCM). Esta norma de la LCCM tiene su origen en el texto del artículo 163.1, 2.º de la LSA, precepto que no ha tenido cabida en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pero que antes de su desaparición sufrió una modificación en su redacción que aclaraba las dudas del significado de haber social como patrimonio neto54. Para las cooperativas madrileñas y murcianas, con la nueva normativa contable, en la que para el cálculo del patrimonio neto aparecen con signo negativo las aportaciones sociales exigibles y no desembolsadas, el riesgo de tener que reducir el capital estatutario es mayor que antes de la reforma contable. De este modo, tenemos que una norma que el legislador de la Comunidad de Madrid tomó a pie de la letra de la LSA sin ninguna adaptación y que actualmente no está en vigor para las sociedades anónimas, puede plantear problemas en el mantenimiento de la naturaleza exigible de las aportaciones de los socios en caso de baja. Sin perjuicio de lo aconsejable de la derogación de este precepto de la LCCM, para que concurra la obligación de reducción del capital se tienen que dar una serie de circunstancias (pérdidas, no restablecer la situación, etc.) de las que trataremos en el epígrafe siguiente.
54. La Ley 16/2007 reformó el texto del artículo 163.1 LSA sustituyendo la palabra haber social por patrimonio neto : «La reducción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto». Sobre esto, MUÑOZ GARCÍA, “La causa disolutoria por pérdidas graves, en las sociedades de capital, tras las últimas modificaciones normativas aprobadas por la Ley 16/2007 y el Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 270, 2008, pp. 1435-1473.
4. La excepcional disolución por pérdidas graves La LCCM [art. 93.1, letra g)] y la LCMUR [art. 96, letra g)], de manera original respecto al resto de leyes cooperativas españolas, tasan como causa de disolución que «por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social mínimo estatutario, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente». Es decir, para estas dos leyes si el patrimonio se reduce por debajo de la mitad del capital social mínimo estatutario concurre una causa de disolución, mientras que en el resto de leyes española la única cuantía que se toma de referencia es la cifra del capital social real (y no el patrimonio) respecto al capital social mínimo estatutario. Esta medida, cuyo origen está en el régimen de disolución de la Ley de Sociedades Anónimas (art. 260.1.4 LSA) y que se contiene hoy en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital [art. 363.1, letra e) TRLSC], genera evidentes problemas interpretativos y una situación de agravio para las cooperativas madrileñas y murcianas respecto al resto de las cooperativas españolas. Si las aportaciones cuyo reembolso es exigible en caso de baja se contabilizan de manera negativa para el cálculo del patrimonio contable, será más fácil que las cooperativas que mantengan el carácter reembolsable de sus aportaciones concurran en causa de disolución. Pero de nuevo tienen que concurrir una serie de circunstancias: que haya pérdidas y que éstas se imputen al patrimonio social; que el patrimonio neto quede por debajo de la mitad del capital social mínimo establecido en los estatutos; y que no se restablezca el equilibrio en el plazo de un año (que se puede hacer reduciendo capital estatutario o aumentando el patrimonio social con nuevas aportaciones o con desembolsos de las suscritas). Cabe señalar la escasa cuantía del capital legal mínimo establecido por la LCCM (1.800 euros) y que la LCMUR es de las pocas leyes cooperativas españolas que no lo fijan, con lo que hay bastante margen para la reducción del capital estatutario y nos podemos encontrar que la mitad del capital mínimo estatutario tenga cifras irrisorias. Por ello, aun reconociendo que la situación en estas dos Comunidades ha empeorado tras la promulgación de las NACSC, no me parece que la situación sea tan grave para que todas sus cooperativas tengan que transformar sus aportaciones en no exigibles55, ni
55. Algo que paradójicamente no pueden hacer las cooperativa sometidas a la LCMUR puesto que esta Autonomía es de las pocas que no han reformado aún su ley de cooperativas para permitir la existencia de aportaciones no exigibles (actualmente se está tramitando el proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región Murcia el 15 de julio de 2011).
mucho menos que todas las cooperativas con aportaciones reembolsables estén incursas en una causa genérica de disolución desde su constitución56. Pero dado que las posibilidades de que las cooperativas de estas dos Comunidades, y en menor medidas las sometidas a la LCOOP, incurran en la obligación de reducir capital e incluso disolverse han aumentado con el cambio de calificación contable de las aportaciones de los socios al capital social, sería deseable o un cambio legal o, al menos, un pronunciamiento de la ICAC que de manera similar a lo que ocurrió con préstamos participativos determinase que a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades cooperativas, para la determinación del patrimonio contable se tenga en cuenta con signo positivo las aportaciones al capital social con carácter reembolsable para los socios en caso de baja57.
Que sean las propias cooperativas las que valoren y elijan que sistema quieren seguir, en cuanto a si el reembolso de sus aportaciones es exigible o no por los socios, en principio, parece una buena medida pero tiene sus riesgos. En muchas cooperativas el proceso para convencer al socio de que sacrifique su derecho de reembolso puede ser más sencillo, bien porque las ventajas económicas de la consideración de sus aportaciones como recursos propios repercutan directamente en
56. MUÑOZ GARCÍA, “La proyectada reforma contable en las sociedades cooperativas. Efectos jurídico-societarios de la delimitación de los fondos propios”, cit. 57. La Resolución de 20 de diciembre de 1996 del ICAC fijó los criterios generales para determinar el concepto de «patrimonio contable» a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades mercantiles. Según esta Resolución dichos términos eran contablemente coincidentes y precisaba que, para la determinación de sus magnitudes se debían tener en cuenta con signo positivo además de los fondos propios, subvenciones al capital e ingresos fiscales, los «préstamos participativos». Centrándonos en estos últimos, que son los que ahora nos interesan, como se sabe, los préstamos participativos son híbridos financieros que caracterizan por estipular una retribución o interés variable en función de la evolución de la empresa, por lo que tiene una naturaleza diferente a los préstamos tradicionales y sus titulares cobran los créditos si la empresa marcha bien pero, en casos de crisis económica, se sitúan en una posición próxima a la de los socios. Si los préstamos participativos se consideran patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades prevista en la legislación mercantil (art. 20 Real Decreto-Ley 7/1996), por su naturaleza híbrida entre recursos propios y ajenos, lo mismo se debe hacer por analogía con las aportaciones de los socios al capital cooperativo que aparezcan en el pasivo de la empresa.
su beneficio, bien porque el socio no realiza aportaciones de importancia al capital social, o bien porque no se sepa con claridad qué significa renunciar al derecho a exigir el reembolso. Pongamos el ejemplo de las cooperativas de crédito. En el supuesto en que se quiera convertir a un cliente en socio, lo que suele ocurrir cuando la operación bancaria es de cierta entidad o se contratan determinados productos (préstamos hipotecarios, imposiciones a largo plazo, etc.), simplemente se le exige la firma de una declaración individual de incorporación a la cooperativa de crédito, que muchas veces el cliente ni siquiera lee. Por su parte, a los clientes también les interesa el ingreso en la sociedad en cuanto que es la forma de poder conseguir mejores condiciones financieras de sus productos, y a veces la única, ya que el hacerse socio se establece como requisito sine qua non para realizar con la entidad ciertas operaciones bancarias. En estos supuestos poco importará, en relación a la operación principal de crédito, si las aportaciones que tienen que realizar al capital social tienen o no carácter exigible. Pensemos ahora en una cooperativa de trabajo asociado de tres socios, con un capital social cercano al mínimo legal. Que el capital social aparezca como pasivo exigible o en los fondos propios, no tiene gran relevancia práctica. Ni se le aplican ratios de solvencia ni esto es determinante para conseguir crédito, que en la muchas ocasiones lo va a obtener por su facturación o por que los socios o la sociedad han garantizado su devolución; ni tienen pensado en participar en sociedades no cooperativas. El peligro está en que los socios renuncien a este derecho con base en unos hipotéticos beneficios financieros y sociales que no siempre son ciertos. Y seguramente veremos como los miembros de muchos Consejos Rectores, para convencer a sus socios de que renuncien al reembolso, les asegurarán que a pesar de lo que ponen los estatutos, en principio, y salvo casos muy excepcionales no van a ejercer esas limitaciones al derecho de rescate y que ésta es sólo una medida para mejorar las cuentas y la solvencia frente a terceros. La cuestión está en valorar realmente si a la cooperativa o, mejor dicho, a los socios de la cooperativa, les interesa o no sacrificar ese derecho de reembolso para incrementar la cuantía contable de sus recursos propios, cuando esto no siempre va a ser una circunstancia determinante para mejorar la situación económica de la sociedad. Como he tratado de demostrar el mantener el derecho de reembolso de los socios no afecta ni a la solvencia ni a la estabilidad financiera, ni se incrementa gravemente el riesgo de disolución de la cooperativa. Parece más un problema de imagen financiera que se arreglaría si se utilizara una forma correcta
de analizar la solvencia y garantías que ofrece la cooperativa en el tráfico. Lo que tengo claro es que eso no depende de si el capital social está colocado más arriba o abajo del balance contable. En cuanto a los peligros de incurrir en causa de disolución por mantener el carácter exigible de las aportaciones sociales, el tiempo dará o quitará razones. Si a lo largo de los años venideros ninguna cooperativa es disuelta por esta causa, tendré razón en defender que ese riesgo es más hipotético que real. Y si hay varias que incurren en causa de disolución por pérdidas, sólo hará falta una frase del legislador, y si me apuran una resolución del ICAC, para arreglarlo. Y eso creo que es mejor, en términos económicos me refiero ahora, que modificar los estatutos de la mayoría de cooperativas española. Máxime cuando los tremendos peligros de disolución por determinadas reducciones del patrimonio contable sólo se podrían dar en las cooperativas que se rijan por la LCCM, la Ley estatal que como sabemos tiene poca aplicación práctica, y por la LCMUR, y sólo puede generar una responsabilidad sanción para los administradores en el primer caso. Poco es para tanto revuelo.
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