Source: https://es.scribd.com/document/95697063/Vergonzoso-fallo-de-la-Corte-Suprema-contra-los-derechos-del-pueblo-rapanui
Timestamp: 2018-07-18 00:56:34
Document Index: 205665509

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 590', 'artículo 13', 'artículo 63', 'artículo 13', 'artículo 590', 'artículo 15', 'artículo 889', 'artículo 767']

Vergonzoso fallo de la Corte Suprema, contra los derechos del pueblo rapanui
Descripción: VERGONZOSO fallo de la Corte Suprema de Chile, según el cuál los rapanui solo serían "meros ocupantes irregulares del territorio", refiriéndose a su propia isla
VERGONZOSO fallo de la Corte Suprema de Chile, según el cuál los rapanui solo serían "meros ocupantes irregulares del territorio", refiriéndose a su propia isla
Santiago, veinticinco de mayo de dos mil doce. Vistos: En estos autos rol N° 2.
606-2008 del Juzgado de Letras de Isla de Pascua, en juicio sumario civil tramitado de
conformidad a la Ley N°19.253, Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y que crea la Corporación
Regional de Desarrollo Indígena, doña Diana Eliana Hito Hito, perteneciente reconocimiento a la de etnia derechos Rapa y Nui, dedujo demanda de de
indígenas, fundada, entre otras normas, en los artículos 889 y siguientes del Código Civil (acción reivindicatoria), en contra de la sociedad Hotelera Interamericana S.A., para que se declare que en su calidad de heredera de su madre doña Ana Hito Tepihe, heredera a su vez de su abuela doña María Mere Tepihe, es dueña exclusiva de las tierras indígenas -en la porción que le correspondeatendido que el año 1928 la
Subdelegación de la Marítima de Isla de Pascua les otorgó en posesión provisoria, a doña María Mere Tepihe, y a sus hijos Ana, Ricardo y Esteban Hito Tepihe, y que corresponden en parte a las 6,7 hectáreas en las que se levantó el actual Hotel Hanga Roa; y se condene a la demandada a restituirle dicho inmueble junto con sus frutos naturales y civiles; y a indemnizarla por todos los deterioros que, por su hecho o culpa, ha sufrido la cosa; reservándose el derecho de pedir la determinación de los frutos y deterioros antes referidos en la época de cumplimiento del fallo, todo con costas. La demandada al contestar el libelo solicitó su rechazo, con costas, aduciendo ser dueña y poseedora inscrita del
terreno demandado. Agrega, entre otras alegaciones, que la demandante debe acreditar su calidad de dueña del bien
reivindicado, que no procede acción reivindicatoria en contra de alícuota indeterminada; y que la tierra en disputa no es indígena. En sentencia de catorce de agosto de dos mil diez,
escrita a fojas 266 y siguientes, el tribunal de primer grado
rechazó la demanda, con costas. Se alzó la parte demandante y adhirió la demandada, y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por fallo de dieciséis de agosto del año dos mil once, que se lee a fojas 460, con algunas modificaciones y mayores
argumentos, la revocó sólo en cuanto a la condena en costas, declarando en su lugar que se exime a las partes de ésta carga y, en lo demás, la confirmó. En contra de esta última resolución, la parte demandante dedujo recurso a su de casación con en el fondo, por de haber que sido han
influido en lo dispositivo de la sentencia, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que detalla. Se trajeron los autos en relación. Considerando: Primero: Que la parte demandante sostiene que los jueces del fondo al haber rechazado la demanda infringieron los artículos 5° de la Constitución Política de la República; 8 N°1, 14 N°1 y 17 números 1° y 3° del Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT); 10, 11 y 590 del Código Civil; 13 y 69 inciso tercero de la Ley N° 19.253; y la Ley N°3220. En cuanto al Convenio N°169, refiere que los
sentenciadores lo quebrantaron al no considerarlo a pesar que el artículo 5° de la Constitución Política de la República le ordena hacerlo. Específicamente señala que se omitieron sus artículos legislación tomarse 8 N°1 en cuanto a en los dispone pueblos que al aplicar la
interesados sus
deberán o su
derecho consuetudinario; 14 N°1, en cuanto señala que deberá reconocerse el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas; 17 N°1 en cuanto refiere que deberá respetarse la modalidad de transmisión de derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados; y 17 N°3 en cuanto ordena que debe
puedan aprovecharse de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, pertenecen. Que además se desconoció la Ley N°3.220. Esto porque de la mencionada norma nacieron las facultades del Subdelegado de la Marina, quien cedió provisoriamente el terreno de la posesión o el uso de las tierras que les
marras en el año 1928, a los antecesores de la demandante, siendo esta de del disposición propiedad. Estado registrada Explicita en que el el en correspondiente señalado favor de acto sus
antepasados –madre y abuela- los que fueron obviados por la sentencia. En lo que se refiere al artículo 590 del Código Civil, que dispone que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño; se sostiene en el recurso que se lo vulneró al establecerse en la sentencia que la inscripción originaria del Fisco de Chile, ocurrida en el año 1933, en base a la ocupación del territorio insular y en lo dispuesto en la disposición en estudio, lo transformaba en dueño de toda la Isla de Pascua. Explica que por su carácter residual la
mencionada norma sólo podía referirse a aquellos terrenos no ocupados por los propietarios indígenas habitantes del lugar a la llegada de don Policarpo Toro, terrenos inexistentes porque en ese momento todas las tierras de la Isla de Pascua tenían dueño, cómo lo reconoce éste en carta de 24 de
diciembre de 1888, remitida al Ministro de Hacienda de la época yerran don al Agustín Ross. Agrega el que los de jueces la voz del fondo
utilizada en la mencionada inscripción, entendiendo por tal el modo de adquirir el dominio a que se refieren los
artículos 606 y siguientes del Código Civil, esto porque la mencionada institución solamente procede respecto de bienes
muebles. Refiere que la ocupación del Estado de Chile de la Isla de Pascua fue para adquirir soberanía, acto de poder que no conlleva la adquisición del dominio de las propiedades de los particulares habitantes del lugar, ya que tal apropiación está prohibida por el derecho de gentes. Debido a lo anterior concluye el recurrente que toda la cadena de inscripciones cuyo fundamento se encuentra en la primera inscripción fiscal es nula, por lo que los títulos del demandado son ilegítimos y no lo amparan. En cuanto a la Ley N°19.253, explica el recurrente que en su artículo 13 se prohíbe la enajenación de tierras
indígenas, salvo entre ellos, disposición que fue ignorada en la sentencia porque el demandado adquirió una propiedad de ésta naturaleza sin poseer tal calidad. Agrega que tampoco se aplicó el artículo 63 inciso tercero, que tiene claros
efectos retroactivos, en cuanto otorga la misma protección del artículo 13 antes referido, a las tierras indígenas
adquiridas a través de otros textos legales, como es del caso, ya que su abuela y madre la adquirieron a través de las disposiciones de la Ley N°3.220 y la señora Hito Hito por medio de la sucesión por causa de muerte regulada en el Código Civil. Manifiesta que se dejaron de aplicar los artículos 10 y 11 del Código Civil, ya que ante la evidente constatación de la existencia de un acto prohibido por la ley, esto es, la inscripción de los terrenos de la demandante a nombre del demandado, debió declararse la nulidad del mismo, aún si se prueba que éste no ha sido fraudulento o contrario a la finalidad de la ley. Termina señalando que las normas de protección de la Ley N°19.253 son especialísimas y priman sobre las normas
generales, por lo que debió dárseles la preeminencia que le otorga la legislación, y la manera en que los errores de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo. Segundo: Que en la sentencia impugnada se fijaron como
hechos, los siguientes: a) la actora doña Diana Eliana Hito Hito, pertenece a la etnia Rapa Nui y es hija de Ana Hito Tepihe, y nieta de María Tepihe, quienes fallecieron. b) el Fisco de Chile se hizo dueño de toda la Isla de Pascua al tomar Toro posesión Hurtado, de el ella 9 de el marino chileno de don
ejerciendo desde entonces la República de Chile plenos actos de soberanía sobre esta porción insular del territorio
nacional. Debido a lo anterior las personas que vivían allí pasaron a tener la calidad de ocupantes irregulares de las tierras. c) la Ley N°3.220 de 1917 entregó al Ministerio de
Marina el cuidado de la población de la Isla de Pascua, en virtud de la cual la Dirección del Territorio Marítimo de Chile dispuso reglamentación para su cumplimiento y puso a cargo de la Isla al Subdelegado Marítimo. d) en el año 1928 el mencionado Subdelegado hizo cesión provisoria, bajo la forma de goce y usufructo, a María Tepihe y a sus hijos Ana, Ricardo y Esteban, de un terreno de 9,8 hectáreas, el que debían cercar en un año, quedando a la espera que el Supremo Gobierno dispusiera la posesión
definitiva, reconociendo de esta manera las personas antes indicadas el dominio del Fisco de Chile sobre el terreno de marras, constituyéndose en consecuencia, en meros tenedores del inmueble. e) en el año 1933, por sentencia del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, el Conservador de Bienes Raíces de la mencionada ciudad procedió a inscribir la posesión del Fisco de Chile sobre las tierras de Isla de Pascua, aplicándose el modo de adquirir el dominio establecido en el artículo 590 del Código Civil, la cual se reinscribió en el año 1966, en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de la Isla de Pascua, a fojas N°1 del primer libro abierto al efecto.
f) en el año 1970, doña Verónica Atamu, viuda de don Ricardo Hito, cedió a Corfo los derechos eventuales que
pudiera tener sobre las tierras de la parcela N°40 de Hanga Roa, donde estaba establecida la sucesión de éste,
compareciendo ante don Pedro Villagra, Jefe de la Oficina de Tierras de la Isla de Pascua, con su hijo Isidro Hito,
declarando que sabía leer y escribir. g) el 31 de octubre del año 1970, el Fisco de Chile, mediante escritura pública donó a la Corporación de Fomento de la Producción los terrenos fiscales donde se emplaza el establecimiento hotelero –Hotel Hanga Roa- de la demandada, según inscripción de dominio practicada ante el Conservador de Bienes Raíces de la Isla ese mismo año. h) en el año 1979, se publicó el Decreto Ley N° 2.885, que estableció normas sobre el otorgamiento de títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en la Isla de Pascua, texto legal que dio inicio al proceso de regulación de tierras a nombre de sus habitantes. i) el 2 de enero del año 1981, Corfo vendió el Hotel Hanga Roa a don Hugo Salas Román, chileno no originario de la Isla de Pascua. j) en el año 1991, don Hugo Salas Román se incorporó como socio a la Sociedad Hotelera Interamericana (Chile S.A.) y otorgó en dominio los terrenos y el hotel antes
mencionados, inscribiéndose tal acto jurídico en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Isla de Pascua del año 1991. k) el 05 de octubre de 1993, se publicó la Ley N°19.253 que establece normas para la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI, con reglas generales para todas las etnias y normas particulares para la Rapa Nui. l) la sociedad demandada es dueña de los terrenos en que se construyó el Hotel Hanga Roa. m) certificó la Corporación no consta Nacional que los de Desarrollo que Indígena ocupa el
dispuesto en el artículo 15 de la Ley N°19.253. n) la demandante no acreditó ser dueña del terreno que pretende reivindicar. ñ) la actora no acreditó haber solicitado y obtenido la posesión efectiva de la herencia de su madre Ana y de su abuela María, como tampoco la liquidación de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de éstas. Tercero: Que, sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los jueces del fondo decidieron rechazar la demanda reivindicatoria, teniendo especialmente presente que la demandante no acreditó el dominio sobre el inmueble sustento de su demanda y que, por el contrario, el demandado si lo hizo; y que el predio reivindicado no es singular. Se agrega a lo anterior el hecho que la actora no acreditó ser heredera de su madre Ana ni de su abuela María, ni la
existencia de algún vicio de voluntad que determinara la nulidad de la cesión de derechos eventuales efectuada por doña Verónica Atamu en el año 1970; y que las tierras
reivindicadas no son indígenas y por ende no quedan sujetas al sistema de protección especial de éstas. Cuarto: facultades Que que los son jueces de su del grado, en uso de las -la
ponderación de la prueba y el establecimiento de los hechosasentaron los elementos indicados en el motivo segundo de este fallo y decidieron como se ha descrito en el
considerando anterior. Quinto: Que la modificación de los presupuestos fácticos asentados en los autos y la convicción a la que ha arribado el tribunal a partir de los mismos no es posible por la presente vía, por cuanto el establecimiento de los hechos conforme a la valoración de las pruebas rendidas de acuerdo a las reglas que al efecto fija el legislador, corresponde a facultades privativas de los jueces de la instancia y no es susceptible, en general, de revisión por este medio, salvo
que para ello se hayan desatendido las normas reguladoras de la prueba y se haya denunciado el error de derecho
respectivo. Sexto: Que en el recurso en estudio no se denunció la infracción de normas reguladoras de la prueba de lo que se desprende que los hechos asentados en la sentencia resultan inamovibles. Séptimo: Que, de esta manera, y habiéndose asentado por los jueces del fondo que la actora no acreditó: a) ser la dueña del terreno reivindicado ni la singularidad del mismo, b) ser heredera de los derechos emanados de la cesión de derecho provisorios efectuados por el Fisco de Chile en el año 1928 a su madre y abuela y c) la calidad de tierra indígena de los terrenos de marras, las alegaciones del
recurrente en cuanto a que se debió acoger la demanda carecen de fundamento, por lo que el recurso deberá ser desestimado. Octavo: Que, por lo demás, el recurso debió denunciar también como infringida la norma del artículo 889 del Código Civil -disposición legal fundamento de la demanda, y que fue tenida a la vista por los jueces del grado para rechazar la acción por no reunirse al efecto los presupuestos de hecho previstos en la misma para obtener la reivindicación del
inmueble de marras-, lo que formalmente no aconteció, con lo que se ha privado a esta Corte de casación de los elementos necesarios para decidir la controversia precisando el recto sentido y alcance de la disposición decisoria litis atingente a la materia debatida. Noveno: Que como lo ha señalado reiteradamente esta
Corte Suprema, el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil dispone que el recurso de casación en el fondo procede sólo contra las sentencias definitivas dictadas con
infracción de ley, es decir, cuando los sentenciadores han incurrido en errores de derecho, sea por haber dado un
alcance diferente a una norma legal de aquél otorgado por el legislador, por aplicar un precepto a una situación no
prevista por éste, ó, por último, dejando de hacerlo en un caso que sí está regulado, todo ello siempre que los errores constatados hayan influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado. Décimo: Que, a partir de lo señalado, resulta clara la necesidad de que el recurrente, a través de las normas cuyo quebrantamiento denuncia, reconozca competencia a esta Corte para emitir los pronunciamientos que pretende, lo que no
sucede en la especie desde que, como ya se ha dicho, se omitió en el recurso en examen denunciar la vulneración de la disposición legal decisoria del juicio, imprescindible para pronunciarse sobre lo pretendido en la demanda. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante a fojas 467, contra la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil once, que se lee a fojas 460 y siguientes, la que, en
consecuencia, no es nula. Acordado, en cuanto a la condena en costas, en contra del voto de la Ministra señora Egnem quien estuvo por no imponer la mencionada carga procesal. Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora
Virginia Cecily Halpern Montecino. Regístrese y devuélvase con sus agregados. N° 9.431-11.Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., el Ministro Suplente señor Juan Escobar Z., y la Abogada Integrante señora Virginia Cecily Halpern M. No firma el Ministro Suplente señor Escobar y la Abogada Integrante señora Halpern, no obstante haber
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos ausentes. Santiago, veinticinco de mayo de dos mil doce.
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