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Timestamp: 2017-10-21 15:38:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 38', 'artículo 42', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 15', 'artículo 6', 'Artículo 86', 'artículo 7', 'artículo 2']

Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 220/2014, DE 12 DE DICIEMBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOCV 7425 DE 17)
El presente decreto pretende contribuir al desarrollo de la sociedad de la información y, en particular, modernizar la Administración de la Comunitat Valenciana, impulsar la plena incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad administrativa, y a las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, así como a las relaciones entre las administraciones.
Se pretende hacer efectivos los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, agilidad, calidad, simplificación, participación, responsabilidad, confidencialidad, seguridad, accesibilidad, orientación al ciudadano y transparencia en la actuación y gestión administrativa electrónica, así como garantizar el principio de servicio a los ciudadanos y progresar en la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
La Generalitat ha venido impulsando durante más de una década diversas iniciativas y planes para aumentar la utilización de las nuevas tecnologías y la extensión de la sociedad de la información. Sucesivamente, en el desarrollo de esa estrategia, se han ido avanzando algunos elementos necesarios de la administración electrónica, como la regulación de la firma electrónica en 2002, la creación del registro electrónico y la regulación de las notificaciones electrónicas en 2004, y el registro de representaciones para tramitación electrónica en 2005. Finalmente, en 2010 se aprobó la Ley 3/2010, de 5 de mayo ( LCV 2010, 221 ) , de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, y se creó y reguló la sede electrónica de la Generalitat.
Más recientemente, la Generalitat ha regulado su política de seguridad mediante el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de seguridad de la información de la Generalitat, así como mediante el Decreto 130/2012, de 24 de agosto ( LCV 2012, 302 ) , del Consell por el que se establece la organización de la seguridad de la información de la Generalitat.
La aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y su desarrollo posterior, a través del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) , por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, ha introducido importantes novedades en las bases jurídicas y técnicas de la administración electrónica.
Por su parte, la Unión Europea ha instado a los estados miembros a incrementar sus esfuerzos para reducir la carga normativa, de forma que se consiga un marco regulador estable, claro y predecible. Sensible a esta realidad, y al objeto de mejorar y aclarar nuestro sistema normativo, la Generalitat ha asumido dichos requerimientos. Así, por Acuerdo de 10 de mayo de 2013, del Consell, se aprobó el 2.º Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas (Plan SIRCA-2, 2013- 2015), a través del cual se pretende contribuir a lograr un ordenamiento jurídico más eficaz y eficiente, totalmente accesible a los ciudadanos, transparente y de fácil comprensión y cumplimiento.
Por todo lo cual, en virtud de las habilitaciones contenidas en la disposición final octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el artículo 18.f de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como en la disposición final primera de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, a propuesta del conseller de Hacienda y Administración Pública, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 12 de diciembre de 2014, decreto:
1. Los departamentos (Presidencia y las consellerías de la Administración de la Generalitat), así como sus organismos autónomos.
Se incluye en el ámbito de regulación al departamento y órganos que ejerzan las competencias en materia de Administración de Justicia, sin perjuicio de la legislación y competencias estatales en la materia y en el marco de las competencias de la Generalitat en la materia.
Los términos que se emplean en este decreto tendrán el significado que se establece en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; en el anexo IV de Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica; y en el anexo de Real Decreto 4/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 159 y 694) , por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
1. En el ámbito de gestión de la administración electrónica se respetará el régimen jurídico de cooficialidad lingüística previsto en la vigente Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) , el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana., la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre ( LCV 1983, 1979 ) , de Uso y Enseñanza del Valenciano, y en la normativa que resulte de aplicación.
La utilización de medios electrónicos por la Administración de la Generalitat en su propia actividad, y en las relaciones con los ciudadanos y otras administraciones públicas, se regirá por los principios generales previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como por los fines de:
1. Los ciudadanos son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y, consiguientemente, tienen derecho a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para formular todo tipo de solicitudes, recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciones y consultas, así como para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones de aquellas, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, en los términos del presente decreto y en el marco de la implantación de servicios y relaciones electrónicas y de progresividad en el pleno ejercicio de los mismos.
a) Derecho a no utilizar medios o técnicas electrónicas que no hayan sido previamente aprobados u homologados y publicitados debidamente por la Administración actuante en la sede electrónica de su titularidad, sin perjuicio del derecho reconocido en el artículo 6.2, letra k) , de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
En el marco de los principios enunciados en el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del portal corporativo de la Generalitat se difundirán datos, información y contenidos bajo los siguientes principios:
La información, contenidos y servicios propios a los que se accede en el portal corporativo de la Generalitat deberán cumplir con las normas reguladoras de la accesibilidad recogidas en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre ( RCL 2007, 2104 ) , por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, la normativa que lo modifique o sustituya y otras normas que sean de aplicación.
1. Las normas reguladoras de los diferentes procedimientos y otras actuaciones administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , y sobre la base del presente decreto podrán establecer la obligación de comunicarse exclusivamente por medios electrónicos, así como de presentar o generar las solicitudes exclusivamente de acuerdo con los documentos electrónicos normalizados.
2. La imposición de la relación electrónica se podrá establecer cuando las personas interesadas se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de medios tecnológicos precisos.
En especial, dicha obligación deberá preverse con carácter general para las grandes empresas que, por razón de su actividad, realicen comunicaciones frecuentes con la Generalitat, para asociaciones o colegios profesionales y sus miembros, en particular, aquellos que, en el ejercicio de su actividad, realicen actos de comunicación habitual con la Generalitat.
e) A la información y contenidos que vengan impuestos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la normativa de desarrollo.
2. El portal corporativo de la Generalitat podrá integrar enlaces, contenidos e información procedente de terceros para el mejor cumplimiento de su servicio, con carácter meramente informativo y sin que ello suponga autorización alguna de tales contenidos o asunción alguna de responsabilidad sobre los mismos. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de propiedad intelectual y reutilización de la información del sector publico prevista en la Ley 34/2002, de 11 de julio ( RCL 2002, 1744 y 1987) , de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, u otra legislación aplicable.
6. Sin perjuicio de las condiciones de uso referidas en el presente artículo, habrá de arbitrarse mecanismos eficaces para que el ciudadano pueda comunicar la posible irregularidad o ilicitud de un contenido.
Ello podrá realizarse a través del sistema de quejas y reclamaciones, en su caso, por medios electrónicos. El departamento, órgano o unidad responsable de dicho contenido impedirá el acceso a los contenidos respecto de los que advierta una posible ilicitud, sin que ello implique asunción de responsabilidad por los mismos.
c) No tener la naturaleza de solicitud presentada al amparo de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre ( RCL 2001, 2733 ) , Reguladora del Derecho de Petición, ni de queja o sugerencia, al amparo de su normativa reguladora.
g) Que la remisión de una comunicación con relación a una actuación o relación jurídica determinada no implicará el consentimiento o preferencia para relacionarse electrónicamente con la Administración, ni para que se le notifique electrónicamente. No obstante, a los efectos de notificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 58. 3.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el presente decreto.
2. Se accede a la sede electrónica de la Generalitat en la dirección electrónica https://sede.gva.es o mediante el acceso disponible en el portal de la Generalitat. Esta sede electrónica es de titularidad de la Generalitat.
Su ámbito de aplicación comprenderá a las entidades a las que hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo 2 del presente decreto.
5. Se aplicarán las medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y en las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad de la información aprobadas por el Consell.
2. Mediante orden de la consellería que tenga asignadas las competencias de la Generalitat en materia de administración electrónica se determinarán, con base en lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio alguno de los derechos e intereses legítimos de los usuarios de los servicios o de terceros de buena fe, aquellos servicios cuya prestación admita la posibilidad de uso anónimo o bajo pseudónimo de los medios de identificación y autenticación.
2. Para ello y en virtud del artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la Generalitat dispondrá de un registro actualizado de personal funcionario público habilitado para identificar y autenticar a los ciudadanos mediante los sistemas de firma electrónica de que estén dotados, que garanticen la seguridad de dicha habilitación.
1. Los funcionarios que presten atención directa al ciudadano podrán ser habilitados para la identificación de los ciudadanos, en los procedimientos cuya gestión competa a cualquier órgano de la Generalitat.
Los funcionarios habilitados actuarán dentro de los horarios habituales de atención al público de las dependencias administrativas en que ejerzan su función.
5. El solicitante de inscripción en el Registro de la representación será responsable de la veracidad y autenticidad de los datos aportados a lo largo del proceso de registro, en los términos previstos en el artículo 26 de este decreto, si bien cabrá la subsanación de las deficiencias observadas en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La incorporación a este Registro de la representación habilitará para que el representante pueda presentar escritos, solicitudes y comunicaciones a nombre de otra persona física o jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad con que cuentan los órganos competentes en cada procedimiento de solicitar al titular del certificado la acreditación de la representación con la que actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, por la propia naturaleza del procedimiento, se deban presentar poderes adicionales o diferentes a los aportados en su día al Registro de representaciones.
Los datos personales de quienes soliciten la inscripción en el Registro de Representación serán incluidos en un fichero automatizado. La creación de dicho fichero se aprobará por el titular de la consellería con competencias en materia de administración electrónica. La creación y funcionamiento de dicho fichero se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. Dichos colegiados, asociados o miembros de las referidas instituciones y organismos, cuando actúen en representación de personas físicas o jurídicas ante la Generalitat, deberán ostentar la representación de las mismas por cualquier medio válido admitido en derecho.
No obstante, la Generalitat podrá requerirles en cualquier momento que acrediten dicha representación.
2. Su utilización es voluntaria para los ciudadanos y preferente en las relaciones entre las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , y en los términos que se determinan en el presente decreto. El acceso al Registro es gratuito.
3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior no se haya producido el rechazo automático por el Registro Electrónico, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, se procederá al archivo de la solicitud y se tendrá esta por desistida de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se realicen a través del Registro Electrónico de la Generalitat a los órganos competentes para su tramitación, o desde estos hacia los interesados, así como respecto del contenido de los asientos electrónicos, se adoptarán las medidas de seguridad necesarias, como las contempladas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y en las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad de la información aprobadas por el Consell, así como las medidas establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo u otras que resulten legalmente exigibles.
3. En caso contrario, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica en representación de terceras personas conllevará la obligación de acreditar la representación con la que se actúa en nombre de otra persona, de oficio o a requerimiento de un órgano administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Cuando la aportación de documentación no pueda realizarse de forma electrónica deberá presentarse, dentro del plazo establecido, por cualquiera de los medios admisibles en derecho, en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración de la Generalitat o en los demás lugares que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicando el número de registro de entrada asignado por el Registro Electrónico de la Generalitat a la solicitud o escrito a la que se adjunta dicha documentación. La falta de cumplimentación de la documentación preceptiva motivará el requerimiento de subsanación al interesado.
1. De conformidad con el régimen general de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos previstos en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los plazos se computarán desde la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido por el registro electrónico correspondiente.
2. Este aviso de notificación deberá especificar, además de los datos que permitan la identificación de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que transcurridos diez días naturales a partir de la fecha de su notificación, sin que tenga lugar el acceso a esta, equivaldrá al rechazo de la notificación a los efectos contemplados en la normativa legal vigente, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
2. La publicación en el tablón de anuncios y edictos electrónico sustituirá a la notificación en los casos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, en su caso, norma equivalente que la sustituya, surtiendo sus mismos efectos, en los siguientes supuestos:
1. El documento administrativo electrónico, de acuerdo con el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, está constituido por información de cualquier naturaleza en forma electrónica y se archivará en un soporte electrónico, según un formato determinado y conocido que garantice la disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos y expedientes almacenados.
2. Los documentos administrativos electrónicos dispondrán de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico o a un documento electrónico de rango superior, y deberán haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en el presente decreto y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
5. No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del documento administrativo original para la obtención de copias electrónicas auténticas, cuando las imágenes electrónicas sean obtenidas a partir de copias auténticas en papel emitidas cumpliendo los requisitos del artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 6. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o en cualquier otro soporte, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos que se establezcan en la política de gestión y conservación de documentos electrónicos.
7. En ningún caso se destruirán documentos con valor histórico, artístico o de carácter relevante que aconseje su conservación y protección.
La eliminación de cualquier otro documento diferente de los previstos en este artículo, se regirá por lo previsto en la normativa de documentos y archivos.
2. En materia de archivo documental y de conservación de los documentos susceptibles de formar parte del Patrimonio Documental Valenciano, se estará a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 15 de junio ( LCV 2005, 270 ) , de la Generalitat, de Archivos. En especial, se promoverá la interconexión electrónica de los archivos del sistema archivístico valenciano, así como la progresiva digitalización de los fondos documentales, a fin de poner a disposición del ciudadano el Portal Documental de la Comunitat Valenciana.
2. El interesado y los ciudadanos tendrán derecho a obtener copia de los documentos electrónicos del expediente en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la normativa de desarrollo, y en este decreto.
1. La Administración de la Generalitat aprobará y publicará su política de gestión de documentos electrónicos, que cumplirá los requisitos establecidos en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad y sus normas de desarrollo, y en la ley 4/1998, de 11 de junio ( LCV 1998, 184 y LCV 1999, 41) , de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, y, en concreto, el Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell, por el que se regula la Junta Calificadora de Documentos Administrativos y el procedimiento de valoración, conservación y eliminación del patrimonio documental de los archivos públicos.
3. Cuando los documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, así como en las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad de la información aprobadas por el Consell.
b) La obtención del consentimiento para la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal de la persona interesada cuyos datos se vayan a consultar, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, así como, especialmente, el artículo 15 de su Reglamento de desarrollo.
4. La emisión de los sellos, a la que alude el apartado 1 anterior, contendrá todos los requisitos definidos en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , y sus normas de desarrollo, así como en el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de seguridad de la información de la Generalitat.
4. La aplicación de este sistema requerirá su aprobación por orden de la consellería responsable del procedimiento correspondiente, previo informe preceptivo y vinculante de la consellería que tenga asignadas las competencias de la Generalitat en materia De administración electrónica.
La orden deberá identificar de manera inequívoca:
1. En orden a garantizar el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas, recogido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se crea la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad (PAI), que facilitará el intercambio de información entre todas entidades recogidas en el ámbito de aplicación del presente decreto, así como entre estas y el resto de las administraciones públicas, con las garantías de seguridad necesarias.
3. En el desarrollo de dichas funcionalidades, en ningún caso se almacenará información personal de ningún ciudadano derivada de cualquier transacción de verificación de datos en la Plataforma. Asimismo, la Plataforma asegurará la confidencialidad e integridad de la información intercambiada a través de los mecanismos correspondientes y garantizará las medidas de seguridad definidas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, así como en el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de seguridad de la información de la Generalitat.
b) La Plataforma Autonómica de Interoperabilidad remitirá al demandante/consumidor la autorización en respuesta a dicha solicitud.
Dicha autorización contemplará la justificación de la legitimidad y competencia del demandante/consumidor y será registrada por la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad.
d) Novedades del servicio prestado por la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad 2. Dotará al sistema de las medidas necesarias para su alta disponibilidad.
1. Autenticidad. Se asegurará la identidad de todos los agentes que intervengan en el proceso de intercambio de datos, de forma que todos ellos estén correctamente identificados en cada intercambio. Para ello, se aplicarán las medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y en las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad de la información aprobadas por el Consell.
2. Confidencialidad e integridad de la información intercambiada, que será protegida conforme a las medidas recogidas en las normas de seguridad referidas en el apartado anterior, así como de acuerdo con las medidas establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, y normativa de desarrollo, asegurando que no se almacena información personal de ningún ciudadano.
Artículo 86. Tecnologías y estándares utilizados en la PAI
1. Los demandantes y los proveedores de información mantendrán la trazabilidad de los intercambios de datos producidos, para lo cual podrán apoyarse en funcionalidades prestadas por la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad y en lo previsto sobre trazabilidad en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y en las disposiciones reglamentarias en materia de seguridad de la información aprobadas por el Consell.
4. Se considera una buena práctica a seguir que las condiciones de uso y responsabilidad por la información, servicios y contenidos estén disponibles a través del portal corporativo de modo claramente visible.
En dicho espacio o similares también habrá de darse a conocer las condiciones de uso relativas a la seguridad, privacidad y protección de datos, así como a la propiedad intelectual y reutilización.
2. Para su desarrollo y aprobación se podrá utilizar como referencia lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 62/2010, de 16 de abril ( LCV 2010, 191 ) , del Consell, por el que se establecen los instrumentos generales del sistema para la modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos de los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de la Generalitat.
2. Ejecución de la política y la estrategia de administración electrónica de la Generalitat y la implantación y gestión de los servicios comunes de administración electrónica a que se refiere el artículo 7 del presente decreto, y la garantía de que estos servicios cumplen las condiciones y requisitos establecidos en este decreto y en el resto de normas aplicables 3. Gobernanza TIC: planificación, dirección, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, las comunicaciones corporativas, el desarrollo de la sociedad digital y la administración electrónica.
f) Valoración del impacto del nuevo procedimiento administrativo o proceso de trabajo en materia de protección de datos de carácter personal y nivel de seguridad de protección de datos exigible. Todo ello de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero ( RCL 2010, 158 y 695) , y sus normas de desarrollo, así como en el Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de seguridad de la información de la Generalitat.
1. El órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Generalitat definirá, creará y gestionará el catálogo de sistemas de información y aplicaciones de la Generalitat, incluyendo las conocidas como apps.
Dicho catálogo facilitará información tanto funcional como técnica de sus elementos catalogados.
2. Una utilidad fundamental del catálogo será facilitar la reutilización del software de la Generalitat. A tal efecto, el catálogo nacerá como un instrumento de uso interno, a disposición de los departamentos y organismos de la Generalitat y las administraciones locales valencianas.
En su momento, el órgano competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones establecerá una política de publicación externa de la totalidad o de un subconjunto del catálogo a los efectos de reutilización por otras administraciones.
1. En el ámbito de los sujetos referidos en el número 1 del artículo 2 del presente decreto, los sistemas de información y las aplicaciones que se utilicen para el ejercicio de potestades administrativas habrán de ser previamente aprobados por el titular de la consellería o el director o presidente del organismo autónomo que sea competente en el ámbito material al que se refiera la actuación. Para dicha aprobación se requerirá el informe preceptivo y favorable regulado en este artículo y emitido por el órgano competente. En caso de informe negativo, este será fundamentado respecto a los criterios establecidos en el apartado siguiente.
e) Seguridad. Verificará la aplicación de las medidas de seguridad contempladas en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, en los decretos 66/2012, de 27 de abril, y 130/2012, de 24 de agosto, ambos del Consell, así como las medidas establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
1. Las comunicaciones que se realicen entre los miembros de los órganos colegiados del ámbito de la Administración de la Generalitat utilizarán preferentemente medios electrónicos para su funcionamiento, incluidos los audiovisuales, así como en el archivo de la documentación.
El uso de medios no electrónicos podrá tener carácter complementario.
Desde la fecha de entrada en vigor del presente decreto, los derechos en él reconocidos podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en el mismo. A tal efecto, la Generalitat hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones a través de su sede electrónica.
El órgano directivo con competencias horizontales en materia de administración electrónica realizará las acciones oportunas para la aplicación efectiva del presente decreto. A tal efecto, siempre que cuente con los medios humanos y materiales imprescindibles para ello, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor y en razón de lo dispuesto en este decreto, adoptará las decisiones, acuerdos o acciones para habilitar las herramientas tecnológicas; generar las directrices, manuales y normas técnicas de procedimiento, dictar las resoluciones o acuerdos relativos a edictos y demás actos de comunicación o sobre la autorización de la utilización de entornos cerrados para el intercambio de documentos, el establecimiento de puntos del Registro Electrónico de Representación.
Asimismo, aprobará la política de estándares y la política de gestión y conservación de documentos electrónicos; dictará instrucciones sobre los modelos electrónicos y el uso de códigos seguros de verificación de documentos; y establecerá los criterios de acceso a la plataforma y las guías metodológicas para la elaboración de los documentos de análisis.