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Timestamp: 2018-03-18 20:49:39
Document Index: 106123235

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 5', 'artículo 54', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 54']

Resolución Vinculante de DGT, V1741-15, 02-06-2015 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1741-15 de 02 de Junio de 2015
Órden: Civil Fecha: 22/06/2015 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Pereda Gamez, Francisco Javier Num. Sentencia: 463/2015 Num. Recurso: 133/2015
Órden: Constitucional Fecha: 13/12/2012 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 236/2012 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1004-2004
Órden: Civil Fecha: 28/10/2015 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Sambola Cabrer, Myriam Num. Sentencia: 764/2015 Num. Recurso: 687/2015
Deducciones IRPF aportaciones a patrimonio de discapacitado Álava ejercicio 2017
Deducciones IRPF aportaciones a patrimonio de discapacitado Bizkaia ejercicio 2017
IRPF DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - REDUCCIONES POR APORT.PATRIMONIOS PROTEGIDOS - DISPOSICIÓN ANTICIPADA POR GASTOS EN DINERO Y BIENES MUEBLES
Materia134931 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - REDUCCIONES POR APORT.PATRIMONIOS PROTEGIDOSPregunta¿Que consecuencias tendrá la disposición anticipada para gastos corrientes, en dinero o bienes muebles, por part...
IRPF DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - REDUCCIONES POR APORT.PATRIMONIOS PROTEGIDOS - DISPOSICIÓN ANTICIPADA DE APORTACIONES
Materia134930 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014 - REDUCCIONES POR APORT.PATRIMONIOS PROTEGIDOSPregunta¿Que consecuencias fiscales tendrá la disposición anticipada por parte del discapacitado de las aportaciones ef...
Resolución Vinculante de DGT, V3473-13, 28-11-2013
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/11/2013
Núm. Resolución: V3473-13
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 05/12/2013
Núm. Resolución: V3532-13
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 11/11/2013
Núm. Resolución: V3312-13
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 12/02/2014
Núm. Resolución: V0363-14
Resolución Vinculante de DGT, V3457-13, 27-11-2013
Núm. Resolución: V3457-13
Núm. Resolución: V1741-15
Ley 35/2006, art. 54.
Si el hecho de destinar las aportaciones que el consultante realice al patrimonio protegido a realizar los referidos pagos antes del transcurso de los cuatro años siguientes al ejercicio en que se ha efectuado la aportación, plazo establecido en el artículo 54 de la Ley del Impuesto, implicaría el incumplimiento de dicho requisito.
El consultante va a constituir un patrimonio protegido en favor de su hijo de cinco años discapacitado, realizando aportaciones dinerarias.
El consultante manifiesta que le gustaría destinar dicho dinero al pago de los servicios prestados por una persona de ayuda en el colegio del discapacitado que está recogida en el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y la Federación de Asociaciones de Autismo y cuyo coste deben pagar los padres.
El artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de la leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), establece la regularización de los beneficios fiscales aplicados a los aportantes y perceptores de aportaciones al patrimonio protegido de los discapacitados en los términos establecidos en dicho artículo, por "La disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes…".
En principio, la referencia literal a cualquier bien o derecho supondría la no admisión de exclusiones a dicho requisito basadas en la naturaleza del bien o el derecho aportados.
No obstante, la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad (BOE de 26 de marzo), ha añadido un último párrafo al apartado 2 del artículo 5, "Administración", de la citada Ley 41/2003, con la siguiente redacción: "En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria."
No se manifiesta en la citada Ley 1/2009 que la mención a la no consideración como actos de disposición del gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, suponga la derogación, para dichos bienes, del requisito de mantenimiento de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido durante los cuatro ejercicios siguientes al de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF. Antes bien, debe tenerse en cuenta que el artículo 5.2 de la Ley 41/2003 no se refiere al régimen fiscal del patrimonio protegido, recogiéndose dicho régimen en el Capítulo III de dicha Ley (artículos 15 a 17). Por el contrario, el artículo 5 de la Ley 41/2003, se refiere al régimen de administración del patrimonio protegido, y en su apartado 2 se regulan los actos sometidos a autorización judicial.
A lo anterior se une que la Ley 1/2009 establece expresamente su alcance no fiscal en su disposición final sexta "Título competencial", en la que se manifiesta que "La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, conforme al artículo 149.1.8ª (Legislación civil) de la Constitución". A diferencia de la Ley 41/2003, que sí contenía, como se ha referido, normas de carácter fiscal, al incluir un Capítulo III "Modificación de la normativa tributaria", con tres artículos, el 15, referido a la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 16, a la del Impuesto sobre Sociedades y el 17, referido al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; razón por la cual en la disposición final primera "Título competencial" de la Ley 41/2003, se establecía que:
"Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 8ª y 14ª de la Constitución", que se refieren, respectivamente a la legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal; a la legislación civil; y a la Hacienda general y Deuda del Estado.
A su vez, en la exposición de motivos de la Ley 1/2009, se refleja expresamente que las modificaciones introducidas por dicha Ley no tienen un alcance fiscal, quedando dicha modificación del régimen fiscal para un momento posterior:
"…Y, finalmente, destaca la aclaración legal del concepto de acto de disposición de determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos, habida cuenta de la disparidad de criterios detectados en la práctica.
Por otra parte, y con la finalidad de llevar a cabo una revisión en profundidad de la actual regulación tributaria de los patrimonios protegidos, se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, presente un Proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales."
En conclusión de todo lo anterior, debe indicarse la existencia de una posible contradicción entre el artículo 54.5 de la LIRPF, que establece la regularización de los beneficios fiscales correspondiente a aportaciones al patrimonio protegido por la disposición de "…cualquier bien o derecho…", y la exclusión como acto de disposición del dinero y bienes fungibles establecida en la Ley Civil, sin que en la normativa civil se mencione la existencia para dichos bienes de una derogación expresa del citado requisito fiscal.
No obstante lo anterior, lo cierto es que no puede desconocerse que la regulación de los beneficios fiscales correspondientes al patrimonio protegido en el IRPF se remite a la regulación civil del mismo, en cuanto a su concepto, requisitos y reglas de funcionamiento, sin perjuicio del establecimiento de requisitos fiscales adicionales a los previstos en la normativa civil.
A ese respecto, la exposición de motivos de la citada Ley 41/2003 manifiesta:
"Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores, y nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de Alzheimer y otras, que hacen aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.
Esta ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protección, cual es el patrimonial."
Ley 1/2009 de 25 de Mar (Reforma de la Ley del Registro Civil 1957, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, sobre proteccion patrimonial de las personas con discapacidad, modificación Codigo Civil y lecivi) VIGENTE
D.F. 5ª. Coordinación de información sobre incapacitaciones y patrimonios protegidos.
D.F. 4ª. Estadísticas del Registro Civil.
D.F. 3ª. Modificaciones y desarrollos reglamentarios.