Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33580-de-marzo-2-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_81493e79cabe502ae0430a010151502a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 12:55:44
Document Index: 145924403

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 260', 'artículo 8', 'artículo 260', 'artículo 34', 'artículo 20']

﻿ Sentencia 33580 de marzo 2 de 2010
SENTENCIA 33580 DE 02 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. AFIRMAR QUE TIENE COMO MONTO EL 75% DEL PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN LA ÚLTIMA ANUALIDAD DE SERVICIOS NO ES CIERTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO LABORAL, DERECHOS EN EL SISTEMA DE PENSIONES, CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 33580 de marzo 2 de 2010
Rad.: 33580
En el primer cargo, es evidente la existencia del planteamiento de hecho nuevo en sede de casación, pues, mientras que en la demanda inicial simplemente se fundamentó la petición de que el monto de la pensión debería ascender a un mínimo de un 75% del ingreso promedio mensual percibido por el trabajador durante su último año de servicios, en que así lo disponía la ley (aunque sin concretar cuál o cuáles y para el caso específico), ahora, con el recurso extraordinario se entroniza la argumentación relativa a que lo que sucedió fue que al actor se le benefició de manera temprana en el pago de la pensión, por lo que se le habilitó la edad, sin que ello le quitara el carácter de pensión legal, mutación procesal que, como es elementalmente sabido, resulta inadmisible al implicar quebranto del debido proceso y del derecho de defensa de la contraparte, amén de sorprender al resto de intervinientes procesales.
Resulta incongruente además, la estructura de la proposición jurídica en la que se proclama la infracción directa del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, propia del campo oficial, pero se le relaciona, sin explicación alguna con los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, integrantes del ámbito privado laboral.
En el segundo cargo el censor se sumerge totalmente en el mismo defecto atrás anotado: clama por la aplicación de los artículos 14, 15 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo al caso, lo cual, de salida sepulta la acusación por, como se dijo, no regular ellas el ámbito oficial al que pertenecía el demandante.
De otro lado, en estos dos primeros cargos, la vía directa seleccionada le implicaba al censor admitir las conclusiones fácticas a las que llegó el fallador, una de las cuales fue que el trabajador, al momento de terminar la relación laboral en las circunstancias ya dichas, no cumplía requisitos para acceder a la pensión legal ni a la convencional, luego no le era posible intentar desvirtuar tal aserto dentro del mismo cargo.
De otro lado, en lo referente a la tercera acusación, es de señalar que, dentro del mismo, a folio 16, condensa el censor lo referente al objeto del proceso, y de tal cargo, al decir "El punto del debate se centre (sic) entonces, en definir si la pensión legalmente adquirida por el trabajador, puede serlo en cuantía inferior a lo determinado primero en la ley (sic), y, en segundo lugar en lo dicho en la Convención Colectiva de Trabajadores (sic)…", de lo cual es patente que, la primera parte, relativa a si es factible o no que la prestación esté por debajo de lo determinado —según el demandante— en la ley, es una cuestión netamente jurídica, ajena al sendero seleccionado, y, respecto de lo segundo (lo previsto en la convención colectiva de trabajo), era asunto probatorio respecto de lo cual el tribunal dejó claramente sentada su posición al restarle valor probatorio al ejemplar allegado por el accionante con el libelo por no tener la constancia de depósito y, de otro lado, por haber sido (otro ejemplar) allegado extemporáneamente, posiciones ambas que conllevaban confrontación, la primera, tanto respecto de si era cierto o no la inexistencia de la constancia de depósito y, de serlo, si se le podía dar o no valor probatorio en esas circunstancias, y lo segundo, si correspondía o no a la realidad aquella extemporaneidad, lo cual no se hizo, sino que se trató, dentro de este cargo por vía indirecta, discutir lo relativo a tenerse por cierto lo afirmado respecto al contenido convencional sin necesidad de su presencia en el expediente, dado que la empresa había transcrito el acápite correspondiente, lo cual era asunto propio del sendero directo, por su raigambre jurídica.
A pesar de todo lo indicado anteriormente, estima la Sala procedente manifestar que el origen del proceso se fundamentó en una premisa no cierta de la parte demandante, cual es la de aseverar que la ley laboral prevé que toda pensión de jubilación tiene como monto el 75% del promedio de lo devengado en la última anualidad de servicios, lo cual no es cierto. Fue una óptica errada de dicha parte, fruto, quizá, de extender las previsiones de lo previsto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo a toda la extensión del ámbito laboral.
Baste, v. gr., recordar el contenido del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, la cual previó pensiones proporcionales al tiempo servido para los trabajadores que fueran despedidos o se retiraran voluntariamente sin haber alcanzado los 20 años de servicios:
"ART. 8º—El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios".
A su turno, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 acredita también la posibilidad de existencia de un monto diferente e inferior al pregonado por el accionante:
"ART. 34.—Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementara en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementara en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente".
Y, a su turno, el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en su artículo 20, al establecer la integración de las pensiones de invalidez y vejez, previó también la posibilidad de montos diferentes e inferiores, así:
"PAR. 2º—La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
% INV. P. Total
% INV.P. Absoluta
% GRAN INV.
1.250 o más
Número de semanas: Número de semanas cotizadas.
% Inv. P. Total: Porcentaje invalidez permanente total.
% Inv. P. Absoluta: Porcentaje invalidez permanente absoluta.
% Gran Inv.: Porcentaje gran invalidez".
Por manera que la óptica del accionante, en este aspecto que originó su reclamación, no se aviene a lo que legalmente, en realidad, se dispone.
Los cargos, en consecuencia, se desestiman.
Sin costas en el recurso extraordinario, ante la ausencia de réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 9 de mayo de 2007, dentro del juicio ordinario laboral promovido por Pedro Martín Peralta Ortiz en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.
Costas conforme se expresó en la parte motiva.