Source: https://cartasblogatorias.com/2014/12/01/venezuela-falta-de-jurisdiccion-para-conocer-un-asunto-del-comite-olimpico-venezolano-es-competencia-del-tribunal-arbitral-deportivo-de-lausana/
Timestamp: 2019-09-23 03:16:48
Document Index: 339441045

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 28', 'artículo 88', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 1', 'in fine', 'in fine', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 49', 'artículo 47', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 293', 'artículo 2', 'artículo 9']

Venezuela: Falta de jurisdicción para conocer un asunto del Comité Olímpico Venezolano: es competencia del Tribunal Arbitral Deportivo de Lausana. | Cartas Blogatorias
Los abogados representantes del COV opusieron la falta de jurisdicción argumentando que la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física contempla que el COV tiene autonomía “…para realizar sus elecciones como ellos decidan”, y en ejercicio de esa autonomía el numeral 8 del artículo 49 de sus Estatutos estableció una cláusula arbitral según la cual, “…cualquier impugnación a los Procesos Electorales del Comité Olímpico Venezolano sólo se hará por ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, cuyas decisiones serán definitivas e inapelables.”
También advirtió la defensa del COV que la Carta Olímpica contempla que el Comité Olímpico Internacional y los Comités Olímpicos Nacionales “gozan de autonomía y sus funciones no deben ser influenciadas por presiones externas”, por lo que “violar dicha autonomía estaría en contra de la Carta Olímpica, y por ende, nos aplicaría alguna de las sanciones del artículo 28.6 de dicha Carta Olímpica…”, como una suspensión o el retiro del reconocimiento del COV, siendo que tal sanción “…afectaría directamente a aproximadamente 800 atletas venezolanos que participarían en más de 150 eventos deportivos que se realizarán en este año 2014 de distintas federaciones”.
En oposición a los argumentos del COV, el recurrente afirmó que la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física venezolana procuró terminar “…con todo el tradicionalismo deportivo excluyente y discriminatorio del pasado, donde en un proceso electoral deportivo, tan solo participaban delegados de la dirigencia nacional (…) por lo tanto, el COV obligatoriamente y previo al aquí denunciado proceso electoral de sus nuevas autoridades debe apegarse a todo el nuevo contexto jurídico deportivo nacional.” En refuerzo de estos argumentos sostuvo también que «los comicios deportivos no deben estar sujetos a ninguna norma supranacional, por ello la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física en su artículo 88.7 contempla la Comisión Nacional de Garantía Electoral en el Movimiento Deportivo, …bajo la rectoría del Estado, es decir, con disposiciones de orden público, interés general, utilidad pública y servicio público, de cuyo caso no está exento de su obligatorio cumplimiento el COV.”
La decisión de la Sala Electoral comenzó por reiterar la importancia que le confiere la normativa constitucional venezolana al arbitraje y a los medios alternativos de solución de conflictos en general, a partir de lo cual no sólo se reconocen dichos medios como parte del sistema de administración de justicia, sino que también se establece el deber del Estado de promover el arbitraje (arts. 253 y 258 CRBV). En este sentido, agregó que la legislación venezolana considera el arbitraje como un medio alternativo de solución de conflictos, y citó al respecto el art. 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, conforme al cual se entiende que:
“El `acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el cual las partes deciden someterse a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”
Igualmente, sostuvo que el artículo 6 de dicha Ley dispone que “[e]l acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje…”
Siguiendo la misma línea de argumentación trajo a colación la sentencia número 1.541, del 17 de octubre de 2008, de la Sala Constitucional del mismo Tribunal Supremo de justicia, en la cual se declaró lo siguiente: “En Venezuela, esta Sala advierte que la inclusión del arbitraje dentro del sistema de justicia, puso fin a la aparente contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre arbitraje, orden público, normas imperativas y el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas ‘sensibles’ como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras.
Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el contrario que la libre y consensuada estipulación de optar por un medio alternativo -vgr. Arbitraje, mediación, conciliación, entre otras-, en directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de exclusiva naturaleza adjetiva”.
Sobre la base de este criterio, la Sala Electoral reafirma que “la excepción de orden público no obsta para que la materia discutida no sea arbitrable, ya que la voluntad de las partes de someter determinado conflicto a un medio alternativo, aplica desde el punto de vista adjetivo.”
Del mismo modo, también apoyándose en jurisprudencia de la Sala Constitucional, sostuvo que “los órganos judiciales deben realizar un examen preliminar y formal sobre la existencia escrita de la cláusula arbitral, sin extenderse al fondo o vicios en el consentimiento que deriven de la misma, lo cual le corresponderá al tribunal arbitral que las partes pacten al respecto” … “y a los fines de determinar si el Poder Judicial tiene o no jurisdicción para conocer y decidir el conflicto, el órgano judicial sólo debe verificar la existencia escrita de la cláusula compromisoria arbitral.”
Adicionalmente, la Sala Electoral comenta que el Estatuto del COV, establece en sus artículos 1 y 49.8 lo siguiente:
“ARTÍCULO 1.- El Comité Olímpico Venezolano (COV), es una Asociación Civil sin fines de lucro, Autónoma, de carácter no gubernamental y con Personalidad Jurídica propia, fundada el 23 de diciembre de 1935 e inscrita en la oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal bajo el Nº 19, Protocolo 1ro, Tomo 18, afiliado al Comité Olímpico Internacional (COI) por lo cual se apega a las normas y el espíritu de la Carta Olímpica y se somete al dictamen de la Corte Internacional de Arbitraje para el deporte de Lausanne, para solucionar cualquier discrepancia surgida en o con relación a los Juegos Olímpicos, a su conformación, a la carta olímpica, a la Elección de sus Autoridades o a cualquier problema que pudiera surgir conforme a la dinámica del Movimiento Olímpico. Está constituido por las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas, cuyos deportes forman parte del programa olímpico y por aquellas que sin tener esta condición, hayan sido aceptadas dentro del seno del Comité y bajo las condiciones establecidas en estos estatutos.
8°) Agotada la vía administrativa, cualquier impugnación a los Procesos Electorales del Comité Olímpico Venezolano sólo se hará por ante el Tribunal de Arbitraje deportivo de Lausanne, cuyas decisiones serán definitivas e inapelables”.
Al parecer de la mayoría sentenciadora de la Sala Electoral, estas normas evidencian “los elementos que identifican un compromiso o pacto arbitral, ya que existe por escrito un acuerdo de voluntades colectivo, asumido con carácter estatutario y no negocial, en los que las partes se comprometieron a dirimir las controversias relacionadas con la elección de sus autoridades ante un tribunal arbitral, específicamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, ubicado en Suiza.”
La Sala destacó “la subsidiariedad del tribunal arbitral como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, al que las partes manifestaron someterse, cuando se adhirieron a la voluntad consensuada de quienes fundaron al Comité Olímpico Venezolano como asociación civil, sin fines de lucro, autónoma, con personalidad jurídica propia y de carácter no gubernamental, el 23 de diciembre de 1935 y se acogieron a la cláusula arbitral, que ahora aplica para resolver cualquier conflicto electoral derivado de las elecciones pautadas…”
En este sentido observó también que “…esa subsidiariedad es permitida en el caso del Comité Olímpico Venezolano por el hecho de ser el organismo encargado de coordinar y representar al movimiento olímpico nacional ante el Comité Olímpico Internacional (artículo 51 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, y artículo 3, literales a y b, de los Estatutos), el cual es un órgano foráneo que rige el deporte de carácter olímpico mundial.”
Sobre la base de todas estas consideraciones, la mayoría sentenciadora concluyó finalmente que debía “declarar la validez de esas cláusulas arbitrales” por lo que el Poder Judicial venezolano no tiene jurisdicción para conocer el recurso contencioso planteado.
¿Qué argumentaron los magistrados disidentes?
PRIMER VOTO DISIDENTE.
Uno de los magistrados expresó que si bien la autonomía de la voluntad y el kompetenz-kompetenz, son principios fundamentales del arbitraje, “no es posible interpretar que, al constatarse la existencia de una cláusula arbitral, el Juez de manera automática debe remitir el asunto al arbitraje en todos los casos, correspondiéndole únicamente un control posterior al conocer de una eventual impugnación del laudo arbitral tal como sostiene la mayoría sentenciadora” , pues “siempre será posible efectuar algún tipo de análisis respecto a la cláusula arbitral, variando su extensión en función de la tesis que se acoja (control profundo o control preliminar).
La tesis del control preliminar o sumario no constituye impedimento para que, en ciertos casos excepcionales en los que se evidencie la manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad del acuerdo arbitral, el Juez se abstenga de remitir el asunto a arbitraje y conozca del fondo de la controversia.”
En sustento de este planteamiento invoca el artículo II (3) de la Convención de New York que dispone: “El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.”
Del mismo modo el magistrado disidente cita la sentencia de la Sala Constitucional Nro. 1067 del 3 de noviembre de 2010, en la que también se expresó que el control sumario, preliminar o prima facie de la cláusula arbitral consistirá en “…(i) la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y (ii) que se excluya cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito…”.
Apoyado también en criterios doctrinales, argumenta luego que conforme a la tesis del control prima facie “es posible, por vía excepcional, no remitir un asunto a arbitraje ante circunstancias particulares del caso concreto que permitan evidenciar la manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de dicha cláusula, lo que en esos casos excepcionales constituye un título habilitante para efectuar un análisis que va más allá de la verificación de la existencia de una cláusula arbitral escrita con exclusión del análisis de vicios de consentimiento.”
Dicho esto, sostiene que no puede calificarse ni equiparase un asunto electoral con el arbitraje comercial al que se refiere la Ley de Arbitraje comercial, tal como lo hizo la mayoría sentenciadora. De otro lado, asienta también que la cláusula de los Estatutos del COV que remite a arbitraje en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, Suiza, evidencia un elemento de extranjería relevante que conduce a la aplicación del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado:
“Art. 47: La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.”
Explica el disidente que de esta norma “se desprende la inderogabilidad convencional de la jurisdicción de los tribunales venezolanos a favor de árbitros extranjeros bajo tres supuestos taxativos, entre los cuales se encuentra que las controversias afecten los principios esenciales del orden público venezolano.” Así que el problema bajo análisis resultaba subsumible en dicho supuesto de “controversias que afecten los principios esenciales del orden público venezolano”, y no resultaba aplicable la cláusula arbitral contenida en el numeral 8 del artículo 49 de los Estatutos del COV.
En este sentido, advirtió no solo el carácter de orden público de la materia electoral y la deportiva, sino que también destacó que más allá de estos argumentos: “es evidente que el establecer al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, Suiza, como único órgano ante el cual puede ser controlada la actuación de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano constituye un obstáculo de considerables dimensiones para la interposición de impugnaciones contra irregularidades verificadas en alguna de esas fases breves y preclusivas, existiendo un claro riesgo de que se causen perjuicios irreparables o de difícil reparación, pues confluyen dificultades de índole geográfico (necesidad de trasladarse a Suiza para recurrir), económico (costos de traslado, hospedaje, contratación de abogados internacionales) e incluso de tipo idiomático.
Si bien podría alegarse que tales circunstancias se manifiestan en cualquier arbitraje internacional y ello no sería fundamento para negar su utilidad como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, debe reiterarse que dada la especial naturaleza del procedimiento electoral (brevedad, preclusividad), los objetivos que este persigue (elección de autoridades que regirán organismos como representantes de la voluntad del universo electoral) y vistos los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano que se encuentran involucrados (democracia y participación), considera quien disiente que un arbitraje como el concebido por los Estatutos del Comité Olímpico Venezolano no es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto no garantiza el restablecimiento de las situaciones infringidas de manera oportuna.”
Asimismo, observó “Al avalarse en el fallo del cual se disiente tal forma de proceder se establece un precedente negativo en materia contencioso electoral, pues otras organizaciones de la sociedad civil pudieran verse incentivadas a establecer cláusulas de arbitraje internacional similares a la de autos. a fin de obstaculizar el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes resulten perjudicados por la actuación u omisión de sus órganos electorales, lo que en la práctica, en la gran mayoría de casos, se traduciría en un impedimento absoluto para recurrir que, adicionalmente, pudiera pretenderse extensivo a la jurisdicción constitucional o a la contencioso administrativa, en caso que por vía estatutaria o contractual se establezca la sustracción del conocimiento de asuntos vinculados a tales ámbitos que, pese a involucrar de manera evidente principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano, se reserven al arbitraje internacional.”
“…Por tal motivo, las premisas expuestas precedentemente no pretenden negar la existencia del arbitraje en el mundo deportivo, el cual es útil y necesario en muchos casos, pues lo que se ha analizado es su implementación dentro de la materia electoral concretamente, teniendo en cuenta que los asuntos electorales cobran relevancia por estar íntimamente relacionados con los principios de democracia y participación que forman parte de los fundamentos esenciales del Estado venezolano, de allí que, conforme a normas expresas del ordenamiento jurídico interno, dicha materia no pueda ser sometida a arbitraje.
Así pues, es importante tener en cuenta que el arbitraje no constituye un fin en sí mismo sino que debe traducirse un mecanismo para obtener un fin esencial: la justicia material en el caso concreto. De allí que bajo supuestos excepcionales que sólo pueden ser verificados al analizar cada situación particular es posible considerar que una cláusula arbitral resulta manifiestamente nula, ineficaz o inaplicable y, por tanto, que corresponde a los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial venezolano conocer de una controversia específica.”
En atención a estas y otras consideraciones más amplias, el disidente finalmente concluye que resultaba improcedente el alegato relacionado con la falta de jurisdicción y, en consecuencia, se ha debido declarar que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto.
SEGUNDO VOTO DISIDENTE.
El segundo voto disidente, sigue a grandes rasgos la misma línea expuesta en el primero. Agrega que “…efectivamente el constituyente incluyó al arbitraje como un medio alternativo de administrar justicia dentro del sistema judicial venezolano, y lo vinculó directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva. Si estas prerrogativas para, garantizar la justicia material, deben verificarse en caso de arbitraje dentro de la jurisdicción venezolana; entonces el operador de justicia debe ser más cauteloso si debe verificar la eficacia de la cláusula compromisoria arbitral tratándose de tribunales de arbitraje en el extranjero.”
“…El derecho al uso del arbitraje como medio alternativo, no es absoluto y está limitado por lo que formal y materialmente está establecido en nuestro ordenamiento jurídico… … por lo que se debió evaluar su inaplicabilidad en términos de la tutela judicial efectiva, es decir verificar si con esa posibilidad se lograría la justicia material o no.”
En la misma línea del primer voto disidente recalcó que “por tratarse de un tribunal de arbitraje fuera del territorio venezolano que intenta conocer conflictos sobre derechos políticos-electorales, vulnera los derechos y las garantías tuteladas, por el Estado venezolano en relación a varios principios constitucionales, especialmente el democrático, al juez natural, al acceso a la justicia, la celeridad, la idoneidad del procedimiento, la igualdad formal y material ante la ley, el derecho a la defensa; dejando en condición de indefensión y de manifiesta debilidad jurídica a la parte o partes que no cuenten con los medios materiales para acudir a Laussane, Suiza, a resolver su conflicto.”
También advierte el segundo voto disidente el carácter de inderogable de la materia, conforme al artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en razón del carácter de orden público de la materia electoral y deportiva.
En tal sentido advierte que la mayoría sentenciadora debió declarar la ineficacia de la cláusula arbitral, “por no ser la el arbitraje internacional la vía idóneo, equitativa, expedita, accesible y autónoma que garantice el derecho al debido proceso, en condiciones de igualdad a las partes, y en definitiva no permite la tutela judicial efectiva.”
Hemos intentado presentar un resumen de los contenidos más importantes, a nuestro criterio, de los argumentos expuestos tanto en la sentencia aprobada como en los votos salvados, omitiendo intencionalmente nuestras opiniones al respecto.
Nos interesa saber más bien lo que opinan nuestros lectores. ¿Llegará este caso a la Sala Constitucional? ¿Qué diría la Sala Constitucional si revisa esta decisión?
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6 comentarios en “Venezuela: Falta de jurisdicción para conocer un asunto del Comité Olímpico Venezolano: es competencia del Tribunal Arbitral Deportivo de Lausana.”
José Argenis Graterol Damas dice:
20 diciembre, 2014 a las 5:50 pm
Comenzaré mis comentarios por la pregunta formulada en la parte in fine del análisis de la sentencia in commento.
¿Llegará este caso a la Sala Constitucional? ¿Qué diría la Sala Constitucional si revisa esta decisión?
Considero que una sentencia tan polémica como esta de seguro llegará a la Sala Constitucional del TSJ y el fundamento de mi criterio es el siguiente:
Si bien es cierto que el arbitraje tiene rango constitucional como mecanismo alterno, a la jurisdicción ordinaria, de resolución de conflictos, según lo establecidos en los artículos 253 y 258 CRBV, así
como igualmente el arbitraje tiene elementos que le son propios como el Principio Kompetenz-Kompetenz (competencia por competencia) y el carácter volitivo del mismo. Sin embargo, no es menos cierto que el juez en un análisis prima facie debería revisar los elemento de forma y de fondo de la clausula compromisoria, sin entrar a decidir el fondo del asunto, con la finalidad de verificar no sólo que la misma conste en documento escrito, sino que no existan vicios en el consentimiento o que la materia a tratar no comprometan el orden público; tal como lo establecido en el Art 47 de la Ley De Derecho Internacional Privado, la cual dispone: “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos (…) que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.”
Por otra parte, el Juez debería determinar que esté asegurado el acceso a la justicia, la tutela Judicial efectiva y al debido proceso de las partes en conflicto, tal como lo plasma nuestra Constitución en sus art 26 y 49 respectivamente.
Por ser elemento clave para decidir, considero que la materia electoral es materia de orden público, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus art 2-5-6 y 293 ordinal 6 y parte in fine.
Artículo 2 CRBV.
(resaltado mío).
Artículo 5 CRBV.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quién la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. (…) Omissis.
Artículo 6 CRBV.
Artículo 293 CRBV.
-Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
De tal manera, que a pesar de existir una clausula arbitral, el hecho de: PRIMERO, estar en juego una materia de orden público como lo es la materia electoral, donde los Tribunales Venezolanos no pueden derogar convencionalmente la jurisdicción a favor, en el caso in commento, de árbitro extranjero, y SEGUNDO, al representar un obstáculo para el recurrente el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva cuando tiene que recurrir ante una jurisdicción extranjera, en este caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, Suiza; considero a favor del recurrente posible recurso que se interponga ante la Sala Constitucional del TSJ.
22 diciembre, 2014 a las 9:47 am
Muchas gracias por el comentario Dr. Graterol. Realmente el asunto es muy polémico. Hay que estar pendientes de los recursos que se interpongan en la Sala Constitucional y la decisión que se dicte.
8 enero, 2015 a las 9:45 pm
Estimados profesores, plantean una interesante discusión. Les planteo dos interrogantes. Primero: ¿El derecho electoral es de orden público? Por ejemplo, ¿la elección del delegado del salón de tercer grado es una cuestión de orden público? ¿La lección del presidente de una determinada empresa es de orden público? Segundo ¿Por qué el Tribunal de Arbitraje Deportivo constituye un obstáculo para la justicia y otro tribunal arbitral no? (Por experiencia propia les digo que es sumamente más cómodo y más rápido llevar casos al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En la mayoría de las situaciones ni te tienes que mover de la oficina / La sentencia inventa obstáculos inexistentes y obvia los existentes para ese caso) . Yo en lo personal, no tengo las respuestas a estas dos preguntas. No obstante, pienso mucho sobre sus posibles respuestas.
9 enero, 2015 a las 4:23 pm
Estimado Antonio. Gracias por tus valiosos comentarios. Yo tampoco tengo una respuesta que me atreva a defender con plena seguridad para todas las preguntas. Creo que es un asunto que amerita debates a fondo, sin prejuicios de ningún tipo.
Jesús Escalante Patiño dice:
16 julio, 2015 a las 11:54 am
En verdad no veo con claridad la exposición del respetable Dr. Antonio Quintero, él es el apoderado judicial del COV, y fue quien a través de la oposición de cuestiones previas (por ahora con éxito) inició el debate sobre la falta de jurisdiccionalidad electoral deportiva venezolana.
¿A estas alturas del camino, pueda hacer dos preguntas que en sí mismas son contradictorias, para luego decir que no tiene respuesta a ninguna de las dos o expresar que por su propia experiencia todo es más cómodo y más rápido llevar casos al Tribunal de Arbitraje Deportivo que en los Tribunales Venezolanos competentes, sin necesidad de moverse de la oficina? Dios, sagrada experiencia que le has dado.
Basta con separar y analizar cada elemento de convicción con que se fundamentan ambas preguntas, por ello, comparar la simplicidad de designar un delegado de un niño de tercer grado o la designación de un Presidente de una empresa privada, con el más complejo proceso electoral deportivo que existe en el planeta, y luego insinuar que un deportista venezolano vinculado al Movimiento Olímpico e interesado en los procesos electorales del COV le sea muy sencillo impugnarlos en el extranjero bajo condiciones hasta ahora tan adversas como inexplicables, procedimientos desconocidos, traslados, hospedaje, comida, contratación de abogados internacionalistas, idioma, etc., caso que no creo que sea necesario ahondar en ello.
En mi Criterio Personal, partiendo del contenido del artículo 2 Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, el deporte se rige, entre otros, por los principios de SOBERANÍA e IDENTIDAD NACIONAL, además, de los artículos 34 y 52.1 de la misma Ley y el artículo 9º de su Reglamento Parcial Nº 1, puedo asegurar que el Comité Olímpico Venezolano está consagrado en nuestra normativa jurídica deportiva nacional como una Organización Social Promotora del Deporte de Tipo Asociativo, para lo cual, se somete al pleno de las leyes venezolanas, por lo tanto, tiene la obligación de exaltar, honrar y respetar la soberanía, la identidad nacional y los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto significa un vinculo intrínseco existente entre la identidad nacional «como elemento que conforma y le da vida a la soberanía nacional» dentro de un territorio independiente, autónomo e inviolable, amparado en su propia Constitución Nacional, donde ningún ente interno o externo es superior al Estado Venezolano, de ahí parto del criterio de que la Sentencia Nº 120 de fecha 26 de noviembre de 2014 emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia fue una decisión que no midió las consecuencias en contra de la soberanía del Estado Venezolano.
Así las cosas hay que destacar que la Jurisdicción venezolana consiste en la función del Estado de administrar su propia justicia, lo cual, constituye una de las mayores exenciones de nuestra soberanía, que a diferencia de la competencia, esta última se preserva como la medida de poder juzgar, por lo tanto, para poder entender los derechos y las razones que motivaron al ciudadano Manuel Rondón a interponer sus demandas por ante la jurisdicción venezolana en contra de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano hay que establecer muy claramente la diferencia entre soberanía y competencia.
Como punto relevante debo indicar que la legítima actuación judicial del ciudadano Manuel Rondón fue contra la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano, autoridad electoral que esperamos todos sea autónoma, independiente y de responsabilidades propias en sus actuaciones, organizada bajo normas legales y sub-legales que rigen la materia electoral venezolana en el seno del Comité Olímpico Venezolano.
Ello así, debemos entender que la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano, como garante de la legalidad electoral, tiene la obligación de ser una autoridad imparcial, autónoma, independiente y ajena a toda inherencia de las autoridades del Comité Olímpico Venezolano, del Comité Olímpico Internacional y de cualquier Tribunal Internacional, por cuanto, la independencia formal-moral-legal de este ente rector electoral tiene su importancia cuando se garantiza un proceso electoral confiable y transparente, respetando y haciendo respetar sus propias reglas de juego, en contrario, atentan contra los sagrados derechos políticos constitucionales de participación y sufragio establecidos en los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos derechos no sólo se fundamentan en el acto de votación, sino en la garantía de poder asegurar que el voto directo, secreto y no delegable sea protegido por una serie de procedimientos, fases, formas, lapsos y términos propios de nuestra identidad deportiva y soberanía nacional.
Por ello, contrario a todos los deberes y obligaciones a las que se someten sin excepción todas las Organizaciones Deportivas Promotoras del Deporte de tipo Asociativo, la Sentencia Nº 120 de la Sala Electoral, inexplicablemente otorga una diferencia sustancial al Comité Olímpico Venezolano con respecto al resto de las Organizaciones Deportivas Promotoras del Deporte de tipo Asociativo, cuando la Ley, en materia electoral, no hace tales diferencias entre estas.
21 mayo, 2015 a las 8:55 pm
Estimado Prof. Javier, estaba pendiente de enviarle el siguiente comentario sobre la derogatoria de la jurisdicción venezolana con relación al proceso electoral del Comité Olímpico Venezolano (COV).
El análisis de la Sentencia N° 210 del 26-11-2014, de la Sala Electoral del Tribunal Superno de Justicia. Magistrado Fernando Vegas Torrealba. Exp. AA70-E-2014-000005
Versa sobre la derogatoria de la jurisdicción venezolana, por cuanto opera la excepción derivada del ejercicio de la autonomía las partes que conforman al Comité Olímpico Venezolano (COV), están son las Federaciones Deportivas (Organizaciones Promotoras del Deporte) que tienen estatuido una clausula arbitral de someter las controversias que pudiesen surgir en la elección de sus autoridades, a la decisión de un tribunal arbitral.
Sin embargo, los votos salvados de los dos magistrados Juan José Núñez Calderón y de la Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo, quienes alegan la inaplicabilidad de de la cláusula arbitral por motivos de tutela del orden publico.
En opinión de quien suscribe, es acertada la opinión de dichos magistrados disidente, pero en la óptica, que el laudo arbitral emitido por Corte Internacional de Arbitraje para el deporte con sede en Laussane Suiza, pudiera ser objeto anulación basándose en el orden público.
Esta idea, producto del análisis del aparte e) del Art. 190 de la Ley Suiza de Derecho Internacional Privado del 18 de diciembre de 1987, establece que se podrá apelar o recurrir a los laudos arbitrales en el supuesto «e) Cuando el aludo fuera incompatible con el orden público», en este caso, el posible laudo entraría en colisión con las normas de orden público venezolano, en consecuencia sería un laudo objeto de apelación, y como ya ha sucedido en comparación con otros casos, de su anulación.
Siendo de este modo, que dicho laudo pudiera ser anulable, por tratarse de un tema del orden publico de un Estado, no existe razones para que el sentenciador venezolano exceptué a la jurisdicción patria en favor de la Zuiza.
Sentencia N° 210 del 26-11-2014, de la Sala Electoral del Tribunal Superno de Justicia. Magistrado Fernando Vegas Torrealba. Exp. AA70-E-2014-000005 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/noviembre/171987-210-261114-2014-aa70-e-2014-000005.html