Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-367-09.htm
Timestamp: 2019-06-18 20:44:20
Document Index: 376465245

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 61', 'artículo 33', 'Artículo 13', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 23']

ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Caso en que se demanda a Sociedad Editora Internacional de Música
ACCION DE TUTELA-Caso de fallecimiento del actor estando en curso el proceso
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-A pesar de no ostentar el carácter de fundamentales gozan de protección constitucional
PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE ADULTOS MAYORES AUTORES-Es susceptible de ser protegida en la medida que con la cesión de los derechos patrimoniales de autor se afecta la seguridad social del artista/CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
Debe reconocerse que la cesión de derechos patrimoniales de autor tiene como particularidad que las regalías captadas se encuentran supeditadas a la explotación que se haga de las obras musicales, pues, del impacto que tenga en el mercado en cuanto a la demanda y la adecuada gestión que se realice por la casa editora, depende en gran medida los ingresos que habrá de percibir el artista. Dado que en este caso la comercialización de las obras está sujeta a factores variables como los que rodean el mercado de la música y atendiendo a la gestión de la casa editora, no podría obligarse a la sociedad a entregar una suma fija de dinero en cada trimestre. Para la Sala es claro que siempre que se comprometa el derecho a la seguridad social del artista en relación con su mínimo vital y vida en condiciones dignas, pesa sobre la casa editora un deber de solidaridad reforzado a favor de éste, en la medida en que su subsistencia dependa exclusivamente de los recursos que genere el o los contratos. Dicho deber de solidaridad se traduce en la obligación de informar al autor con la mayor oportunidad posible a cerca del detrimento significativo que presenten sus regalías, lo cual debe estar precedido de una comunicación clara, precisa y detallada sobre dicha situación para que el artista pueda cotejarlo con la realidad actual y de encontrarlo necesario solicitar ante la jurisdicción competente la resolución del contrato, como podría ser cuando se presenta una gestión ineficiente por la sociedad editora, o excepcionalmente acudir a la acción de tutela en el caso de considerar la existencia de la violación de sus derechos fundamentales. Recuérdese que la seguridad social es un concepto expansivo que a partir del principio y deber de solidaridad (arts. 1º y 95 superior) buscan garantizar las condiciones i) de bienestar general y ii) las materiales mínimas de subsistencia para todos y en especial sobre quienes por su situación de vulnerabilidad y la calidad de sujetos de especial protección constitucional requieren de la atención del Estado, la sociedad y la familia.
DERECHOS DE AUTOR-El Juez de tutela cuenta con la facultad de intervención, únicamente en cuanto exista una relación directa con su dimensión ius fundamental
CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Deben partir y propender en su desarrollo y ejecución por garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia
La presente decisión se constituye en un llamado de atención en la celebración de los contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor en cuanto deben partir y propender en su desarrollo y ejecución por garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia para los autores en orden a la seguridad social que les asiste y dadas las particulares condiciones de indefensión en que puedan encontrarse. Ello, además, implica para las casas editoras el deber de informar al autor con la mayor oportunidad la situación en que resulte comprometido su mínimo vital. La Corte hace manifiesta su preocupación en torno a la legislación existente sobre los derechos patrimoniales de autor. Encuentra concretamente que se trata de un ordenamiento jurídico de vieja data que no se acompasa con las necesidades actuales de la población artística y mucho menos con la protección del mínimo vital. En el mundo contemporáneo la realidad social, política, económica y cultural imponen nuevas garantías básicas para los creadores de obras artísticas como parte importante de la identidad cultural de los pueblos. En cuanto a dicha identidad cultural, pesa sobre el Estado en cabeza de los ministerios del Interior y de Justicia y de Cultura el deber constitucional de actualizar la legislación sobre los derechos de autor para brindar la adecuada y necesaria protección de la seguridad social de los artistas en toda su dimensión. Los parámetros a tener en cuenta deben partir del reconocimiento de los derechos constitucionales que le asisten a los autores de obras artísticas y los reconocidos en el ámbito internacional de los derechos humanos. Lo anterior, se constituye además en un llamado de atención sobre las empresas que se lucran de la explotación de los derechos de autor en orden a garantizarles los derechos constitucionales a los artistas. Por tanto, la identidad cultural de un pueblo como patrimonio social debe ser objeto de protección y garantía tanto por el Gobierno como por el órgano legislativo.
a. Registrar la obra en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, cuando juzgue necesario para mayor seguridad jurídica de sus derechos.
b. Inscribir la(s) obra(s) en la Sociedad Autoral.
c. Realizar todas las gestiones empresariales, técnicas y profesionales para obtener la inclusión de la(s) obra(s) en fonograma(s).
d. EL EDITOR llevará a cabo todos los actos o gestiones que, según su criterio, tiendan a obtener la mayor promoción difusión, explotación comercial y divulgación de la(s) obra(s), tanto en el campo nacional como el internacional, gestiones con las que EL AUTOR deberá prestar su mayor colaboración cuando así sea solicitado por EL EDITOR, para cuyo efecto EL AUTOR autoriza a EL EDITOR y/o sus representantes o concesionarios en el exterior, con los cuales tenga una vinculación contractual vigente, para que utilicen su retrato, caricatura, nombre, seudónimo, biografía o demás datos pertinentes en la forma en que EL EDITOR lo estime conveniente, inclusive por medios audiovisuales.”
Consideró que con una gestión mínimamente proactiva y diligente de EDIMUSICA ya se habrían percibido los ingresos suficientes para pagarse el anticipo de regalías y le estarían haciendo pagos efectivos, para de esta manera poder derivar su sustento económico y el de su familia, situación que conlleva a la vulneración de sus derechos fundamentales, pues al momento de interponer la tutela contaba con 81 años de edad, además presentaba un delicado estado de salud[1] y no contaba con otro tipo de ingreso ni pensión.
Conforme a esta normatividad estimó que la relación contractual con EDIMUSICA constituía una vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, salud y vida en condiciones dignas. Agregó que si bien los contratos son leyes para las partes, estos no pueden contrariar la Constitución ni vulnerar los derechos fundamentales[2].
La abogada asesora con funciones de directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo señalado en los artículos 13, 46 y 48 de del decreto 2591 de 1991[3], solicitó la protección de los derechos fundamentales del actor. Para tal fin, en primer término hizo referencia a la indefensión de cara a la procedencia de la demanda de tutela, señalando que el juez de primera instancia no realizó ningún estudio de fondo en este punto, cuando la Corte Constitucional ha explicado que el juez de tutela debe evaluar cada caso concreto. Recordó que se debió valorar el especial estado de vulnerabilidad del señor Rafael Escalona, quien se encontraba en imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, debido a la negligencia presentada por la sociedad accionada en la explotación de sus obras. Adicionalmente, ratificó que en su concepto, EDIMUSICA ejercía una posición dominante que dejaba al accionante en una verdadera situación de indefensión, pues nada podía hacer para derivar su sustento de la explotación de las obras musicales de su autoría, por encontrarse a merced de la actividad desplegada por la parte demandada.
· Informe rendido por la Editora Internacional de Música –EDIMUSICA Ltda.- donde se anexó copia de los contratos de derechos de autor celebrados con el señor Rafael Escalona Martínez el 02 de septiembre de 1991 y el 09 de junio de 1999. Además se señaló que “[a] la fecha se ha entregado al maestro Rafael Escalona en anticipos y en pagos no abonados la suma de $324.043.635.00”, monto de dinero que fue soportado a través de varios anexos. A su vez adjuntó copias de las liquidaciones de regalías de los dineros recaudados por las obras cedidas desde el tercer trimestre del año 2004 hasta el cuarto trimestre de 2008. Aclaró que los dineros entregados como anticipos no generan ningún tipo de interés y que las tarifas pactadas en los contratos son las usuales en los convenios relativos a la administración de las obras musicales.
· Informe rendido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde en primer término se hizo referencia a los actos y contratos inscritos ante el Registro Nacional de Derechos de Autor en los cuales figura como interviniente el señor Rafael Escalona, así:
· Informe remitido por la Sociedad de Autores y Compositores –Sayco-, donde se señala los dineros recaudados y pagados a cada derechohabiente por la ejecución de las obras de Rafael Escalona, así:
· Oficios remitido por el Ministerio del Interior y de Justicia en el cual señaló que dentro de las competencias asignadas a ese despacho ministerial no está contemplada de manera puntual la protección de los autores y en especial aquellos pertenecientes a la tercera edad. Indicando que en materia de derechos de autor y conexos la unidad encargada es la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
· Oficio remitido por el Ministerio de Cultura, por medio del cual informó que dentro de dicho ministerio no existe un programa para la protección de los autores, en especial aquellos pertenecientes a la tercera edad.
· Informe presentado por el Centro Colombiano del Derecho de Autor –CECOLDA-, donde entre otras cosas se planteó que dentro de la propiedad intelectual se manejan dos dimensiones, la parte moral y la parte patrimonial, en las que los derechos morales son inalienables, irrenunciables, e imprescriptibles, mientras lo contrario ocurre con los derechos patrimoniales. Advirtiendo además, que dentro de este tipo de relaciones contractuales la parte débil la constituye el autor, por tanto, la jurisprudencia y la doctrina se han ocupado de sentar unos principios bajo los cuales debe desarrollarse este tipo de negocio jurídico.
“(…) la circunstancia de la muerte del actor en tutela configura un daño consumado, que no necesariamente conduce a la improcedencia de la tutela porque “la existencia de una carencia actual de objeto no es óbice para que la Corte analice” a través del estudio de fondo sobre la vulneración que se puso en conocimiento de los jueces de tutela, “si existió una vulneración y, de esta manera, determine el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”[4].
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, aunque ocurra la muerte del peticionario durante el trámite de la tutela, conserva la competencia para emitir un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, porque si bien es cierto que por esa causa, entendida como un daño consumado, la Corte queda impedida para impartir contra el demandado la orden a que hace referencia el artículo 86 Superior, también lo es que en virtud de su función secundaria[5], en la eventual revisión de los fallos de tutela, debe resolver sobre el fondo del asunto sometido a su estudio, i.) en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, que prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela y ii.) en consideración a que sus funciones, en materia de tutela, exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia[6].
En el análisis de la carencia actual de objeto, resulta necesario, para efectos de la decisión, determinar si la protección ius fundamental tiene vocación necesaria de proyectarse hacia herederos o familiares o no y cuál es la incidencia del momento del fallecimiento del accionante, si ello ocurre antes de los fallos de instancia, antes de la revisión por la Corte, o durante la revisión por la Corte.”[7]
Conforme con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es procedente cuando se dirige contra particulares en varios eventos: (i) cuando el particular está encargado de la prestación de un servicio público; (ii) cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o (iii) cuando el accionante se encuentre en un estado de subordinación o indefensión. Dicho postulado fue desarrollado posteriormente por el artículo 42 y siguientes del decreto 2591 de 1991[8].
En ese orden de ideas, resulta claro que el propósito del Constituyente fue el de salvaguardar las garantías fundamentales de los individuos y no se limitó a la amenaza o vulneración proveniente de los poderes públicos, pues reconoció que los particulares pueden con sus acciones u omisiones lesionar o amenazar derechos de naturaleza fundamental. Aspecto que la Corte ha denominado, siguiendo la doctrina y jurisprudencia comparada, como los efectos horizontales de la acción de tutela[9].
Por ello, para la jurisprudencia constitucional se ha desvanecido la diferencia entre lo público y lo privado, para superar el concepto según el cual el único capaz de violar derechos fundamentales es el Estado y así reconocer que las relaciones entre particulares no siempre se desarrollan en un plano de igualdad real y material.[10]
Así las cosas, bajo ciertas y específicas circunstancias, la acción de tutela procede en eventos en los que la ofensa a los derechos fundamentales proviene de un particular, sin que ello signifique que el juez de tutela se encuentra facultado para desplazar al juez ordinario o para invadir su orbita de competencia funcional[11].
Sobre este particular la Corte ha señalado en múltiples fallos que, por regla general, la acción de tutela no es un mecanismo judicial idóneo para solucionar conflictos surgidos de una relación contractual[12]. Ello atendiendo que de aceptarse a la acción de tutela como mecanismo adecuado para reclamar el reconocimiento de derechos originados en relaciones contractuales se estaría desnaturalizando por completo la razón de ser de la misma, dada su característica principal de “subsidiariedad”, pues esta clase de pretensiones son materia de conocimiento de la jurisdicción ordinaria y no de la jurisdicción constitucional.
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de las tercera edad” [13].
6.1. En atención a lo señalado en el artículo 61 de la Carta Política, el Estado debe velar por la protección de la propiedad intelectual mediante las formalidades establecidas en la ley. En desarrollo de este precepto constitucional, la Corte ha tenido oportunidad de señalar que, “[l]as creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo”[14].
En lo que se refiere a los derechos de autor y conexos, esta Corporación ha sostenido “que son aquellos que surgen en virtud de la relación entre personas naturales creadoras de obras originales, sean éstas literarias, artísticas o científicas, y que recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas”[15]. A este derecho de autor se le reconoce una doble dimensión jurídica que resulta consustancial a su desarrollo y evolución:
6.1.1 De un lado el derecho moral o personal, que nace de la obra misma como resultado del acto creativo y en ningún caso del aval otorgado por la autoridad administrativa. Es inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y en principio perpetuo, ya que “está[n] destinado[s] a proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de ellos el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar el reconocimiento de su paternidad intelectual sobre la misma, de exigir respeto a la integridad de su obra y de retractarse o arrepentirse de su contenido”[16]. Este derecho moral o personal se le ha dado el carácter de fundamental. Así lo ha reconocido este Tribunal Constitucional en diversas oportunidades. Por ejemplo en la sentencia C-334 de 1993 al respecto se expuso:
“El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible.”[17]
6.1.2. De otro lado, se encuentran los derechos patrimoniales de autor, esto es, aquellos con los que cuenta el artista para derivar una remuneración por el uso que se haga de su obra y que se causa a partir del momento en que la obra o producción susceptible de valoración económica se divulga por algún medio o modo de expresión. Conforme lo reseña la Organización Mundial de la Propiedad intelectual -OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración.”[18] En este sentido, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra).”[19]
6.2. Por otra parte, la Corte también ha señalado que los derechos de autor revisten un interés social, ya que aparte de constituir un incentivo para la creación, el producto mismo del trabajo, su resultado material, es un aporte conjunto del individuo y de la sociedad. El beneficio social que reporta la producción artística, literaria y científica se concibe precisamente a partir de la interacción entre el autor y el conjunto de la cultura. En efecto, la obra es el resultado del contacto personal individual con la cultura como expresión de la sociedad y, en esta medida, la sociedad contribuye a su creación[20]. En este sentido en la sentencia C-053 de 2001 esta Corporación señaló:
“12. Aunque no toda la producción cultural individual reporte el mismo beneficio social, la creación artística, literaria y científica, en sus diversas manifestaciones es un patrimonio social. Lógicamente, a esta sociedad le interesa que el Estado proteja tanto la parte que le corresponde directamente, es decir el conjunto de prerrogativas que le corresponden sobre la obra, como los derechos que el autor tiene, sin los cuales no existirían incentivos para la creación.”
6.3. Por otra parte conviene advertir que, cuando el ejercicio de los derechos de autor involucra la vulneración o amenaza de la seguridad social del artista, a tal punto que se afecta su mínimo vital, son susceptibles de protección constitucional. Así puede deducirse de lo señalado por esta Corporación en la sentencia C-155 de 1998, por medio de la cual ejerció el control constitucional del artículo 33 de la ley 397 de 1997[21], declarándola exequible de manera condicionada, en el entendido de que los derechos patrimoniales de autor se pueden ceder o enajenar libremente, siempre y cuando la cesión o enajenación no afecte el derecho irrenunciable a la seguridad social de sus titulares. En tal sentido se dijo:
6.4. Ahora bien, en relación con el derecho a la seguridad social, este adquiere una dimensión especial respecto de los adultos mayores, no solo en materia de salud sino frente a una asignación que le permita un nivel de vida en condiciones dignas. Así las cosas, la interpretación que del derecho a la seguridad social de los adultos mayores ha realizado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -intérprete autorizado del Pacto[22]- conforme al documento de observaciones generales No. 6 indica:
En esa medida, se debe tener en cuenta que el derecho a la seguridad social tiene estrecha relación con el mínimo vital de cada individuo, el cual está determinado por las condiciones de vida congrua, entendido como “(...) los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano”[23].
“… el concepto de mínimo vital ha de mirarse desde una óptica muy particular, pues para determinar si efectivamente se encuentra vulnerado han de tenerse en cuenta otros factores propios del caso en concreto, sin que por ello, el concepto en sí, pueda ser restringido en su aplicación a ciertos y determinados grupos sociales. Evidentemente, cuando un particular considera en peligro su mínimo vital, pretenderá justificar su violación en la ausencia de aquellos medios materiales que se constituían como los garantes de una vida en condiciones dignas y justas, y que le están siendo negados, ya sea por un particular o por un ente público, que con su conducta omisiva, desconocen el derecho que tiene la persona a reclamarlos.”[24]
Adicionalmente, en otra oportunidad la Corte indicó que “la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida.”[25]
En este sentido, en desarrollo de los apartes jurisprudenciales señalados en el acápite precedente, es claro que por regla general “el tema relativo a los derechos de autor debe resolverse por la vía ordinaria, al menos en lo referente a los aspectos puramente económicos de la relación jurídica que se establece[26]. Lo cual significa que, en principio, no es la acción de tutela el mecanismo previsto para formular las reclamaciones a los editores en aquellos aspectos relacionados con la explotación económica de las obras musicales y con ocasión de los contratos celebrados con los autores. De ahí que el ordenamiento jurídico colombiano haya contemplado el proceso civil ante la jurisdicción ordinaria.
Como se expuso, la acción de tutela no resulta procedente de manera general para solucionar conflictos que emanen de una relación contractual, salvo que se comprometan derechos fundamentales como pudiera ser el caso en que se haga indispensable la procedencia de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[27].
7.4. De esta manera, procede la Sala a verificar la situación del señor Escalona, quien acudió a la acción de tutela con la finalidad de que se le concediera a sus derechos patrimoniales de autor el carácter de inalienables e intransferibles y de esta manera se resolviera o dejaran sin efectos los contratos de cesión de derechos firmados con la sociedad EDIMUSICA Ltda., además de los contratos de subedición por medio de los cuales se venía efectuando el recaudo de las regalías a nivel internacional.
En efecto, como lo ha sostenido esta Corte, la seguridad social desde el punto de vista constitucional (arts. 48 y 49) implica un concepto ampliado, expansivo y no excluyente por lo que comprende el “mayor número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico”[28]. De ahí que no pueda sostenerse que la seguridad social en un Estado social de derecho se encuentre limitada a aspectos como la salud, la pensión y los riesgos profesionales, dado que incluye igualmente las condiciones materiales mínimas de subsistencia para todos y en especial sobre quienes por su situación de vulnerabilidad se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Recuérdese que el mínimo vital no va atado solo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para la subsistencia, sino que también incumbe la apreciación material del valor del trabajo, las circunstancias propias de cada persona y el respeto por las particulares condiciones de vida del solicitante. Lo anterior adquiere una mayor importancia si se tiene en cuenta que para los autores, en la mayoría de los casos, los ingresos generados por sus obras se constituyen en la única fuente de recursos para proporcionarse una vida en condiciones dignas.
7.6. Ahora bien, el accionante expone que los dineros percibidos bajo los contratos celebrados con EDIMUSICA LTDA., resultaban insuficientes para su congrua subsistencia por cuanto desde el año 1999 al 2008 recibió solamente la suma de $150.000.000.oo, por concepto de anticipo a las regalías quedando pendiente un saldo a favor de la entidad por valor de $80.000.000.oo, por lo que entendía que la actividad desplegada por la accionada resultaba negligente, máxime cuando no era oportuna la entrega de los informes por la explotación de sus obras. Esta situación se agravaba aún más por la carencia de otras fuentes de ingreso y dado su estado de salud y avanzada edad.
Así las cosas, el accionante efectivamente recibió un valor total de $324’043.635,oo y no como en principio se sostuvo de $150’000.000,oo. Así mismo, la entidad accionada procedió a partir del 2008 a realizar pagos trimestrales de acuerdo a los valores recaudados sin hacer exigible el pago del saldo resultante a favor de la sociedad que ascendía a $76.867.370,02. Hasta el año 2007 la totalidad de las sumas percibidas por concepto de regalías fueron consignadas única y exclusivamente como abono a los anticipos hechos al autor, fecha en la cual la sociedad accionada optó por dejar de hacer tales abonos a pesar del saldo pendiente dada la especial condición de salud del actor. También, puede apreciarse que el accionante percibió otros ingresos por la explotación de sus obras como lo fueron las derivadas de su relación con Sayco, Caracol Televisión y Emlasa[29].
7.7. Conforme a lo anterior, podría sostenerse que el mínimo vital del actor estuvo garantizado dado el monto total percibido a la fecha de la presentación de la acción de tutela. Ello no es claro para la Corte puesto que un examen minucioso de los dineros que hasta hoy ha recibido por los contratos celebrados con EDIMUSICA LTDA., puede llevarnos a la conclusión contraria, dado que el monto total percibido se predica de un tiempo considerable (9 años), donde además pudo resultar comprometida la congrua subsistencia del actor y no apreció en toda su dimensión las circunstancias que actualmente le rodeaban dadas las condiciones de salud y el ser una persona de la tercera edad (82 años), sujeto de especial protección constitucional. Estas particulares condiciones del actor no pueden ser extrañas a la valoración que hagan los jueces de tutela como garantes de los derechos fundamentales.
7.11. Por último, la Sala de Revisión no puede pasar por alto que en el presente asunto subsisten las obligaciones contractuales pactadas en su momento por el señor Escalona por lo que corresponde a EDIMUSICA LTDA. cumplir las cláusulas que fueron objeto de reclamo con la presente acción de tutela. De ahí que los herederos y causahabientes a título singular o plural o quien acredite un derecho sobre las obras[30] habrán de ser informados de manera clara, precisa y detallada de las gestiones que se adelanten respecto de la explotación de las obras del señor Escalona tanto a nivel nacional como internacional, precisando los montos de dinero recaudados por concepto de derechos de autor, todo lo cual debe ser comunicado permanentemente acompañando los respectivos soportes de acuerdo con los términos del contrato. Así mismo, los herederos o quien acredite un derecho sobre sus obras pueden incoar la demanda civil ante la jurisdicción ordinaria para solicitar la resolución del contrato, si así lo encuentran necesario. Al respecto, se dispondrá que el juez de primera instancia en tutela informe a los herederos y causahabientes o quien acredite un derecho sobre las obras, los recursos judiciales de que disponen a efectos de dar por terminados los contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor celebrados o de considerarlo necesario y ser procedente perseguir la protección de sus derechos fundamentales a través de los instrumentos constitucionales.
[1] Al accionante se le diagnosticaron diversas enfermedades dentro de las que se cuenta: insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca y cáncer de próstata con metástasis a los huesos de la pelvis y frontal tratado por más de 13 años.
[2] Las argumentaciones esbozadas por el accionante son acompañadas de diversas citas jurisprudenciales, dentro de las que se destacan las sentencias C-155 de 1998 y T-222 de 2004.
[3] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. (…)Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud; Artículo 46. Legitimación. El Defensor del Pueblo podrá sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión; Artículo 48. Asesores y asistentes. El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores y asistentes necesarios para el ejercicio de esta función.
[4] Sentencia T-309 de 2006.
[5] En las Sentencias T-260 de 1995 y T-175 de 1997 la Corte Constitucional precisó que la revisión eventual de los fallos de tutela cumple dos funciones, una primaria que “reside en la consolidación y armonización de la jurisprudencia relativa a la efectividad de los postulados y mandatos superiores en materia de derechos fundamentales”, y una secundaria consistente en la “resolución específica del caso escogido.” Sobre la función secundaria pueden consultarse las sentencias T-662 de 2005, T-901 de 2001, T-428 de 1998, T-175 de 1997 y T-699 de 1996.
[6] Cfr. Sentencias T-662 de 2005 y T-696 de 2002.
[7] Sentencia SU-540 de 2007.
[8] Artículo 42. Procedencia. “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. 5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.” (Los apartes tachados fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-134 de 1994).
[9] Al respecto la sentencia T-1042 de 2001 señaló: “Una buena muestra del abandono de dicho viejo entendimiento sobre el alcance de los derechos son el reconocimiento constitucional – como es el caso colombiano – o doctrinal – como es el caso alemán con la doctrina de los efectos horizontales de los derechos fundamentales– de que los derechos fundamentales también valen, y pueden ser protegidos, en el ámbito de las relaciones privadas.”
[11] Ver Sentencia T-1302 de 2005, entre otras.
[12] Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencia T-231 de 1996; T-340 de 1997; T-080 de 1998, y SU-091 de 2000.
[13] Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001 MP. Rodrigo Uprimny Yepes. Ver también las sentencias T- 225/93 MP. Vladimiro Naranjo Mesa, T-403/94, T-485/94, T- 015/ 95, T-050/96, T-576/98, T-468 /99, SU-879/00 y T-383/01
[14] C-276 de 1996.
[15] Ley 23 de 1982, artículo 1º, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 351, artículo 3. Ley 33 de 1987, artículo 2.1
[16] Sentencia C-276 de 1996.
[17] Sentencia C-334 de 1993.
[18] C-792 de 2000.
[20] Sentencia C-053 de 2001.
[21] Artículo. 33. — Derechos de autor. Los derechos de autor y conexos morales y patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, se consideran de carácter inalienable por las implicaciones que éstos tienen para la seguridad social del artista.
[22] En las sentencias C-406 de 1996, C-251 de 1997, T-568 de 1999, C-010 de 2000, T-1319 de 2001, C-671 de 2002, T-558 de 2003 y T-786 de 2003, entre otras, la Corte Constitucional ha destacado que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados sobre derechos humanos y, por ende, de los propios derechos constitucionales.
[23] Sentencia T-011 de 1998.
[24] T-237 de 2001
[25] SU-995 de 1999.
[26] Sentencia T-409 de 1998.
[27] Cft. sentencias T-231 de 1996, T-340 de 1997, T-080 de 1998, SU-091 de 2000, T-585 de 2002, T-587 de 2003 y T-423 de 2003, entre otras.
[28] Sentencias C-655 de 2003 y C-040 de 2004.
[29] Ver punto No. 2 de esta decisión, concerniente a las pruebas recaudadas.
[30] El artículo 23 de la Ley 23 de 1982 señala:—“Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio público desde el fallecimiento de este. En los casos en que los derechos de autor fueren transmitidos por un acto entre vivos, corresponderán a los adquirientes durante la vida del autor y veinticinco años desde el fallecimiento de este y para los herederos el resto del tiempo hasta completar los ochenta años, sin perjuicio de lo que expresamente hubieren estipulado al respecto el autor de la obra y dichos adquirentes.”