Source: http://studylib.es/doc/8774794/resolucion-2---superintendencia-de-sociedades
Timestamp: 2018-09-22 02:03:13
Document Index: 270396161

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo\n2', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 5', 'artículo 76']

resolucion 2 - Superintendencia de Sociedades
La cual impone una multa al representante legal de una sociedad vigilada
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
PRIMERO.- Que la sociedad denominada AUTOFINANCIERA S.A., SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
(AUTOFINANCIERA), identificada con NIT 860.030.412, está sujeta a la vigilancia
de esta entidad de conformidad con lo previsto en el numeral 7° del artículo 7° del
Decreto 1023 de 2012, en concordancia con el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
SEGUNDO.- ANTECEDENTES.
2.1. Que mediante escritos radicados con los números 2014-01-343541, 2014-01350187 y 2014-01-420013 del 15 y 30 de julio y 15 de septiembre de 2014,
respectivamente, los suscriptores Jairo Monroy, Zuly Carmenza Fonseca y Flor
Elisa Merchán, entre otros, formularon quejas contra la sociedad
AUTOFINANCIERA S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE
AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL (AUTOFINANCIERA), y solicitaron la
intervención de esta entidad por presuntas irregularidades en el funcionamiento de
los planes de financiación ofrecidos por la citada compañía, denominados:
“Multiplan, Transporplan y PLBO”.
2.2. Que con ocasión de las referidas quejas, además de las instrucciones
impartidas mediante los oficios números 306-133311, 306-133387 y 306-133833
del 25 y 26 de agosto de 2014, esta entidad ordenó realizar una toma de
información a la mencionada sociedad. La mencionada toma de información fue
realizada entre los días 23 de septiembre y 7 de octubre de 2014 y para el efecto
fueron designados dos funcionarios del Grupo de Supervisión Especial mediante
credencial 302-000365 del septiembre 22 de 2014.
2.3. Que como resultado de la diligencia practicada, se profirió la Resolución de
apertura de investigación y formulación de cargos número 306-006496 del 31 de
diciembre de 2014, de la cual se corrió traslado por el término de quince (15) días
hábiles a los señores: i) MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA, identificado
con cédula de extranjería número 327303, ii) FERNANDO ALARCON
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía número 17.163.151, en
sus respectivas calidades de representante legal, iii) OSCAR PINTO ZARATE,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.301.798 en calidad de
representante legal suplente, y iv) CLARA ELISA CERVANTES ALBA,
identificada con la cédula de ciudadanía número 41.781.914, en su calidad de
revisora fiscal de la sociedad AUTOFINANCIERA S.A., SOCIEDAD
BOGOTA D.C: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, C en t r o d e
F ax 2201000 O PC IÓ N 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLIN: CRA 49 # 5319 PISO 3 TEL: 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40
OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE
EMPRESARIAL ANILLO VÍAL FLORIDA BLANCA GIRON KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRES AVDA
COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720.
www.s u p er s oc i e d ad es .g o v. c o / Webmas t er @ s u per s o c i ed a d es .g o v . c o –C ol o m bi a
2015-01-116502
AUTOFINANCIERA S.A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL,
identificada con NIT 860.030.412, para que presentaran los descargos y/o pruebas
que considerarán conducentes, pertinentes y eficaces.
2.4. Que mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2015, bajo el número 201501-034576, el señor FERNANDO ALARCON CASTELLANOS, presentó los
descargos que consideró pertinentes, los cuales serán tenidos en cuenta para
proferir el presente acto administrativo.
TERCERO.- ANALISIS A LOS DESCARGOS PRESENTADOS
A continuación se enunciará cada uno de los cargos, con la respuesta presentada,
seguido de las consideraciones del Despacho.
Se dijo en el cargo 4.1. EXTRALIMITACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
“…la sociedad AUTOFINANCIERA S.A., extralimitó su objeto social exclusivo,
realizando la entrega de dinero y el otorgamiento de préstamos a los
suscriptores. Además de un plan de préstamos para la adquisición de vivienda
(a través de los planes denominados “Multiplan, Transporplan y PLBO”), esto a
pesar de los diferentes requerimientos, efectuados al representante legal de la
sociedad señor FERNANDO ALARCON CASTELLANOS, solicitándole el
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 330-002979 de 2006…”
DESCARGOS DEL REPRESENTANTE
CASTELLANOS AL CARGO 4.1
LEGAL FERNANDO ALARCON
Los mencionados representantes legales presentaron sus descargos en escritos
separados pero de idéntico contenido, los cuales se transcriben a continuación:
“En efecto, el artículo segundo de la resolución regulatoria del sistema consorcial
invocado por el Despacho, señala que el objeto social de este tipo de compañías
será exclusivo y limitado a la administración de los planes de Autofinanciamiento y
señala que “no está permitida la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos
a los suscriptores, ni la colocación de planes para la adquisición de vivienda ‘
En desarrollo y cumplimiento de lo anterior, Autofinanciera no tiene ni un solo
contrato que se refiera a planes de vivienda, ni tiene previsto dentro de ningún
formato la entrega de dinero efectivo.
Adicionalmente a que en el contrato no existe esa disposición, en el documento
denominado Lectura Importante y bajo la firma expresa de cada suscriptor, hay
sendas referencias a esa limitación, según las cuales:
a. En el numeral 7 se señala respecto al valor de la adjudicación: “... el cual será
pagado directamente al proveedor del mismo”.
b. En el numeral 8 se expresa que “A las sociedades Administradoras no les está
permitido la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos a los suscriptores,
ni la colocación de planes para la adquisición de vivienda”.
A pesar de lo anterior, la Compañía ha efectuado entregas de dinero en algunos
eventos como cuando el suscriptor ha completado el pago del ciento por ciento del
plan, o no ha cumplido con los requerimientos para acceder a la entrega del bien o
servicio adjudicado.
Ahora, respecto a los suscriptores que específicamente elevaron queja a la
Superintendencia, señalados en el Considerando segundo, manifestamos:
a. Flor Elisa Merchán: Esta suscriptora salió favorecida mediante oferta en
diciembre de 2012, pero no cumplió con los requisitos. Posteriormente salió
favorecida por sorteo en la Asamblea de mayo de 2013 y solicitó dos veces
aplazamiento mientras definía el bien la última vez en septiembre de 2013.
Finalmente la adjudicación fue anulada por incumplimiento de requisitos. En
marzo de 2014 solicitó la devolución de aportes por terminación de grupo, y el
pago correspondiente se le hizo el 7 de abril de dicho año. En consecuencia,
formuló su queja ante la Superintendencia 5 meses después de la devolución
argumentando que la contratación había sido para planes de vivienda lo cual
no consta en parte alguna, como si constan los incumplimientos de la propia
b. Jairo Monroy: Este suscriptor se inscribió a un plan de $82.000.000, pagando
14 cuotas hasta mayo de 2012. En octubre de ese mismo año presentó
solicitud escrita de devolución argumentando que “ha invertido en otros
proyectos” los cuales le habían “generado gran cantidad de inversión y de
gastos’. Se le respondió que las cuotas netas sólo se podían devolver al
término del grupo, en el mes de mayo de 2016. Con posterioridad a ello y
aproximadamente año y medio después de la primera comunicación, formuló la
queja ante la Superintendencia aduciendo otros argumentos.
c. Zuly Carmenza Fonseca: Esta suscriptora se inscribió a un plan de
$18.544.050 respecto del cual pagó 26 cuotas hasta mayo de 2011. Tres años
después formuló la queja ante la Superintendencia sin que exista dentro de los
archivos documento alguno que dé cuenta de que se trataba de un supuesto
d. Ana Mercedes Torres: Esta suscriptora se inscribió a un plan de $23.000.000.
Posteriormente solicitó cambio a uno de $59.000.000, el cual fue aceptado.
Pagó 9 cuotas hasta el mes de marzo de 2014. En septiembre, ante una queja y
requerimiento de la Superintendencia se le efectuó la devolución de los dineros
a su favor. Según el cargo, esta nueva queja sería posterior, de octubre 15 de
Como se destaca de la relación expuesta en el punto anterior, se trata de reclamos
que representan una rara coincidencia. Por una parte, corresponden a clientes que
se mantuvieron muchos meses vinculados al sistema sin queja de ninguna
naturaleza para, de la noche a la mañana, resultar alegando sin prueba alguna
que habrían adquirido planes para la adquisición de vivienda. Como es fácil
observar, ello iría en contravía de lo documentado y reiteradamente pactado y
además, habrían contravenido su propio actuar contractual. La Compañía que
represento tiene la convicción de que las quejas obedecen a un concierto
extemporáneo auspiciado por terceros, o motivadas por órdenes de devolución de
dineros de la Superintendencia que lleva a contratantes insatisfechos a buscar por
vías ilegales una devolución que no es legitima en los términos planteados.
Observo al Despacho que tres de estos cuatro suscriptores fueron vinculados en
su momento por el mismo vendedor, señor José Ricardo Cuervo, quien se retiró de
la compañía en marzo de 2012 y quien en varias ocasiones ha formulado quejas
contra esta compañía.”
El artículo 2° de la Resolución 330-002979 de 2006 de esta Superintendencia, la
cual reglamenta el sistema de autofinanciamiento comercial, establece: “No está
permitida la entrega de dinero, el otorgamiento de préstamos a los suscriptores, ni
la colocación de planes para la adquisición de vivienda”.
Respecto a la colocación de planes para adquisición de vivienda el investigado
señaló que: “Autofinanciera no tiene ni un solo contrato que se refiera a planes de
vivienda, ni tiene previsto dentro de ningún formato la entrega de dinero efectivo”.
No obstante, dicha aseveración es desvirtuada con la evidencia documental que
obra en el expediente de papeles de trabajo elaborado por los funcionarios
designados para adelantar la toma de información a la sociedad para lo cual se
citan algunos ejemplos:
1. En la referida diligencia, realizada como quedó indicado entre el 23 de
septiembre y el 7 de octubre de 2014, pudo comprobarse el otorgamiento
de préstamos para adquisición de vivienda como el efectuado al señor
PEDRO ALONSO VELASQUEZ RODRÍGUEZ (MULTIPLAN Plan 184/71),
quien solicitó que el dinero adjudicado, fuera girado a la compañía
CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA LTDA ., por concepto de compra
venta de una casa tipo eco modificada de dos pisos en el condominio
campestre La Victoria (folios 295 a 301 expediente papeles de trabajo).
2. Igualmente, se demostró el otorgamiento de un crédito, (MULTIPLAN, Plan
150.111.0) para liberación de hipoteca, al señor OSCAR PINTO ZARATE
(Representante legal suplente). En efecto a folio 361 del expediente papeles
de trabajo, obra prueba documental en la que el mencionado señor solicita
que parte del dinero adjudicado $76.500.000 sean girados a nombre de
BANCOLOMBIA “con el cual cancelaré la deuda que tengo con dicho banco y
la hipoteca que hay sobre el inmueble….”.
3. Otro ejemplo es el señalado en los folios 267 a 271 en donde el señor
CIRIACO ORLANDO SCOPETTA POSTERARO, informa que el dinero
adjudicado ($150.000.000) será destinado a la compra de ganado y autoriza
a Autofinanciera para que desembolse el valor en una cuenta de ahorros del
4. En los folios 324 a 335 de los papeles de trabajo se destaca la adjudicación
realizada al señor FREDY ALFONSO MARIN GARZON quien mediante escrito
del 11 de julio de 2014, autoriza a Autofinanciera para que realice el
desembolso de $201.688.829, una parte a una cuenta del banco Colpatria a
nombre de Inversiones y Construcciones La Carolina por un valor de
$100.229.640 y otro valor $101.459.189 a la señora Luz Miriam Morales por
concepto de pago de bienes y servicios.
En cuanto a lo observado en el sentido que tres de los cuatro suscriptores fueron
vinculados en su momento por el mismo vendedor, señor José Ricardo Cuervo,
quien se retiró de la compañía en marzo de 2012, cabe precisar lo descrito en el
artículo 16° de la señalada resolución que cita “ La sociedad es responsable por el
incumplimiento de sus obligaciones contenidas en el contrato de adhesión, así la
promoción y comercialización del sistema de autofinanciamiento sea realizada a
través de vendedores, comisionistas o terceras personas”.
Con lo expuesto quedan desvirtuados los descargos presentados por el señor
ALARCON CASTELLANOS, específicamente en cuanto afirman que:
“Autofinanciera no tiene ni un solo contrato que se refiera a planes de vivienda, ni
tiene previsto dentro de ningún formato la entrega de dinero efectivo”, por lo
expuesto, se impondrá la sanción respectiva.
Se dijo en el cargo 4.2. CUOTAS POR DEVOLVER.
“…El artículo 17 de la Resolución 330–002979 de 2006 establece el
procedimiento para la devolución de cuotas a los suscriptores, sin embargo, no
se evidenció la aplicación de un procedimiento tendiente a la devolución de las
cuotas no reclamadas por los suscriptores que se han retirado del grupo y que
al 31 de julio del presente año están reflejadas en las cuentas “Cuotas por
devolver” que asciende a OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($897.501.614) y en
el “Fondo de Reserva por valor de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES
DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS $408.289.012, en este
último cuotas con más de 7 años de antigüedad.
Además, el valor total de las cuotas por devolver que asciende a
$1.305.790.626 no está contabilizado por el patrimonio autónomo en la cuenta
especial de acreedores “Cuotas por devolver”. Por el contrario dicho rubro
registra un saldo de $2.322.0001.”
CASTELLANOS AL CARGO 4.2
“En lo referente a las inconsistencias presentadas en la cuotas por devolver, el Despacho
señala que “… nos evidencio la aplicación de un procedimiento tendiente a la devolución
de las cuotas no reclamadas por los suscriptores…”indicando las partidas de balance
referentes a cuotas por devolver, con lo cual se imputa incumplimiento del artículo 17 de
la resolución regulatoria. Sobre este cargo manifiesto:
Ciertamente el parágrafo del artículo 17 señala que “las cuotas no reclamadas por los
suscriptores que se han retirado del grupo, deberán contabilizarse por el patrimonio
autónomo en una cuenta especial de acreedores que se llamará “Cuotas por devolver’
Efectivamente en los estados financieros de la compañía aparecen unas partidas que
corresponden al mencionado concepto, lo cual claramente refleja el cumplimiento de
la norma en mención, por cuanto se está llevando la contabilización de las mismas de
la manera indicada por la resolución y estas forman parte del pasivo recaudado en la
fiduciaria por concepto de cuotas netas recaudadas.
Por consiguiente, la compañía contabiliza dichas cuotas como pasivo a su cargo y las
mantiene a disposición de los suscriptores respectivos, quienes al tenor de su contrato
tienen el derecho de reclamarlas a la finalización del Grupo y no hay evidencia alguna
de que alguien haya reclamado infructuosamente ante la compañía.
Por lo demás, no existe en la resolución regulatoria norma alguna que indique que la
compañía debe establecer un procedimiento especial para las devoluciones. No
obstante, en el contrato claramente se establece el derecho del suscriptor que se
retira a reclamar las cuotas netas, en el mes siguiente a la finalización del grupo y en
la “Hoja de Datos” siempre se consigna la fecha de iniciación y la de finalización del
mismo, las cuales además se encuentran permanentemente publicadas y disponibles
en la página web de la Compañía, que es un mecanismo válido de comunicación entre
ésta y sus suscriptores.
Así las cosas, los titulares de las cuotas por devolver pueden solicitar su devolución en
cualquier tiempo, después de la finalización de su respectivo Grupo. Establecer
mecanismos adicionales -que no están en la ley- implicaría una obligación adicional
que no puede serle exigida a la empresa. Otra cosa distinta sería que algún suscriptor
alegara que no se le hizo la devolución teniendo derecho a ella, pero eso no ha
ocurrido ni es este el cargo imputado.
A propósito de los recursos que se encuentran en el Fondo de Reserva, los mismos
hacen parte de un fondo creado en legislación anterior y que, ya no se encuentra
vigente, destinado a resolver eventuales deficiencias de tesorería en los diferentes
grupos. Los recursos remanentes de dicho fondo se encuentran en la tesorería de la
Compañía, teniendo en cuenta la época en que se generaron, para ser entregados a
los suscriptores adjudicados que hayan efectuado los aportes al mismo, de
conformidad con la normativa anterior. En el mismo sentido dicho, pueden proceder a
reclamar su porción cuando a bien tengan y la ley no ha establecido cargas
adicionales a las sociedades administradoras para la entrega de los mismos.
No está por demás insistir en que por la época en que se creó el aludido fondo, aún no
existía la obligación legal de manejar los recursos a través de una Fiduciaria.”
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, el representante legal de
AUTOFINANCIERA es un administrador de dicha sociedad, y en tal sentido, está
obligado a obrar, en la gestión de los negocios sociales, con la diligencia de un
En efecto, el artículo 23 de la ley 222 de 1995 indica: “Los administradores deben obrar
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus
actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de
Lo anterior fue ampliamente explicado por esta Superintendencia en la Circular
Externa No. 100-006 del 25 de marzo de 2008, la cual expresa:
“(…) Los anteriores principios imponen a los administradores una conducta transparente y
una actividad que vaya más allá de la diligencia ordinaria porque la ley exige un grado de
gestión profesional, caracterizada por el compromiso en la solución de los problemas
actuales y en el aprovechamiento de las oportunidades en curso, por el análisis de la
información contable de la compañía y por el diagnóstico futuro de los negocios sociales,
procurando en cada caso satisfacer las exigencias de los mismos, actuando siempre con
lealtad y privilegiando los intereses de la sociedad sobre los propios o los de terceros.
La Ley 222, adicionalmente impone a los administradores el deber de observar una
diligencia superior a la que hasta ahora se les exigía, en razón a que su gestión se
desarrolla como gestores de negocios ajenos dentro del tráfico mercantil, con las
responsabilidades y consecuencias que de estos aspectos se derivan.
La diligencia de un buen hombre de negocios hace relación a que las actuaciones de los
administradores no sólo deben encontrarse acompañadas de la prudencia de un buen
padre de familia, sino que su diligencia debe ser la que tendría un profesional, un
comerciante sobre sus propios asuntos, de manera que su actividad siempre debe ser
oportuna y cuidadosa, verificando que la misma esté ajustada a la ley y los estatutos, lo
que supone un mayor esfuerzo y una más alta exigencia para los administradores en la
conducción de la empresa…”
De otra parte, el artículo 17 de la Resolución 330-002979 de 2006 dispone que:
“… el suscriptor tendrá derecho a la devolución de las cuotas netas dentro del mes
siguiente a la terminación del plazo establecido en el contrato”,
En este sentido, el deber de obrar con la diligencia de un buen hombre de
negocios, y en particular el de velar por el cumplimiento de la Ley, para el caso de
un administrador de una SAPAC, implica establecer y gestionar procedimientos de
devolución de las cuotas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el
Por lo tanto, no resulta admisible para este Despacho que los representantes
legales de AUTOFINANCIERA S.A., pretendan justificar sus omisiones
manifestando que “Establecer mecanismos adicionales –que no están en la leyimplicaría una obligación adicional que no puede serle exigida a la empresa.”
Como segunda conclusión, el Despacho encuentra evidenciado el
desconocimiento de lo reglado en el párrafo del citado artículo que establece: “ las
cuotas no reclamadas por los suscriptores que se han retirado del grupo, deberán
contabilizarse por el patrimonio autónomo en una cuenta especial de acreedores
que se llamará “ cuotas por devolver””
Lo anterior por cuanto en sus descargos el administrador solo se limitó a referirse
respecto a su registro contable como un pasivo de la sociedad a disposición de los
suscriptores, sin observar lo establecido en el mencionado parágrafo.
Como consecuencia de la no aplicación de la norma, no se ve reflejado en el
patrimonio autónomo, la contabilización de $1.303.468.625, que es la diferencia
entre el valor registrado en la contabilidad de la sociedad en las cuentas “2375
cuotas por devolver” $897.501.614 y en la “281035 fondo de reserva”
$408.289.012 y el registrado por el patrimonio autónomo en la cuenta especial de
acreedores “Cuotas por devolver”. que presenta un saldo de $2.322.001, no
logrando así desvirtuar el cargo respecto de la diferencia presentada en el
adecuado registro de las cuotas por devolver.
De otra parte la Resolución 330-002979 de 2006 en su párrafo tercero del artículo
2 - Objeto Social estipula …….Los dineros aportados para la conformación de los
grupos serán administrados a través de un Contrato de Fiducia Mercantil
celebrado entre la Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento
comercial y una entidad fiduciaria constituida en Colombia, y debidamente
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, los términos y detalles
del contrato serán acordados por la compañía y la entidad fiduciaria”.
Así mismo se determina en el artículo “3. Desarrollo del Objeto Social. Las
Sociedades Administradoras de Planes de Financiamiento Comercial, en
desarrollo del objeto social contrataran con la entidad fiduciaria para que estas
actúen como recaudadoras de las cuotas que deben pagar los suscriptores.”
Por lo tanto, todos los dineros aportados por los suscriptores deben ser
administrados por una entidad fiduciaria, razón por la cual, no es cierto que la
resolución sea excluyente, como lo indican al manifestar –que por la época en que
se creó el aludido fondo, aún no existía la obligación legal de manejar los recursos
a través de una Fiduciaria.”
Por lo expuesto, no son de recibo los descargos presentados, y en consecuencia,
se impondrá la sanción respectiva.
Se dijo en el cargo 4.3. INCUMPLIMIENTO DE LO REGLADO EN EL
ARTÍCULO 31 DE LA RESOLUCIÓN 330-002979 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
“El Artículo 31 de la Resolución 330-002979 del 28 de noviembre de 2006
establece que con el fin de obtener los bienes o servicios adjudicados, el
representante legal presentará a la Fiducia una certificación detallada en la
que conste el nombre del suscriptor, el bien adjudicado, el valor adjudicado,
grupo, nombre de la empresa que entrega el bien y a quién se le debe girar
el dinero; certificación que a su vez debe ser suscrita por el contador de la
Si bien el citado soporte existe y está suscrito por representante legal y el
contador de la sociedad, el mismo no cumple íntegramente con los
requisitos del citado artículo, toda vez que solo se refiere a ordenar el giro
que debe realizar la fiduciaria sin especificar el bien o servicio adjudicado,
en clara violación a lo establecido en el mencionado artículo 31 de la
resolución 330-002979 del 28 de noviembre de 2006.”
CASTELLANOS AL CARGO 4.3
“En efecto, el artículo 31 aludido señala que estas compañías remitirán “...a la
fiduciaria con el fin de obtener los bienes y servicios adjudicados una certificación
detallada en la que consten los siguientes datos.’ Nombre del suscriptor, bien
adjudicado, valor adjudicado, grupo, nombre de la empresa que entrega el bien y a
quien se le debe girar el dinero”.
Señala el Despacho que si bien existen los soportes aludidos debidamente
firmados, “el mismo no cumple íntegramente con los requisitos del citado artículo,
toda vez que solo se refiere a ordenar el giro que debe realizar la fiduciaria sin
especificar el bien o servido adjudicado”.
Al respecto vale observar que tal vez hay una interpretación incorrecta por parte
del Despacho sobre algunos documentos de la ejecución contractual. Sea lo
primero destacar que la Fiduciaria nada tiene que ver con el bien o servicio que se
entrega, pues su función es la de pagar al proveedor autorizado de éstos, los
valores objeto de adjudicación. Para soportar lo dicho, adjuntamos un formato de
los que utiliza la Compañía para requerir recursos de la Fiduciaria. Allí aparecen el
suscriptor, el bien adjudicado, el valor adjudicado, el grupo, la empresa que
entrega el bien, el beneficiario del giro, etc. Por tanto, la información es todo lo
completa que se requiere para los fines que con ella se persiguen y para cumplir
con los requisitos señalados en la ley.
Finalmente, si existe alguna solicitud específica de pago que esté incompleta, por
una parte quisiéramos conocerla y por la otra, se trataría de un caso excepcional,
o de un error ocasional.”
Analizadas las explicaciones rendidas por el investigado, se tiene que el cargo en
específicamente se formuló por la falta de indicación del bien o servicio
adjudicado, circunstancia que fue desvirtuada en los descargos, razón por la no se
impondrá multa por el presente cargo.
Sin embargo, es de señalar que el artículo 31 de la Resolución 330-002979 del 28
de noviembre de 2006 establece que la certificación que debe presentarse a la
Fiduciaria, debe cumplir entre otros requisitos, con la firma del representante legal
y suscribirse también por el contador de la compañía, examinados los documentos
recopilados en la toma de información se comprobó que esta certificación no
cumple a cabalidad lo requerido en el citado artículo toda vez que se encontraron
órdenes sin la firma de del representante legal, la del contador y algunas sin
ningún tipo de firma.
Documentos que pueden ser vistos en los papeles de trabajo Folios 410, 433 y 482.
Al respecto es importante señalar que la norma al establecer que los dineros
aportados por los suscriptores sean administrados por una fiduciaria, tiene como
único fin el garantizar que dichos recursos solo podrán utilizarse para la
adquisición de los bienes o servicios adjudicados a cada uno de los suscriptores.
Por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos señalados en la norma para las
certificaciones u órdenes de pago, se pone en riesgo la adecuada administración
de los recursos de los suscriptores, ya que al omitir los controles establecidos se
podrían girar dineros que no están relacionados con el objeto social, generando
pérdidas en las tesorerías los grupos y posibles incumplimientos a los
En este sentido, quedó documentado en el Expediente de Papeles de Trabajo,
que la sociedad no está dando total cumplimiento a lo dispuesto en el precitado
artículo 31 respecto de las firmas, por lo cual se impartirá una orden particular
respecto del tema en providencia separada.
Se dijo en el cargo 4.4. INCUMPLIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE
“El artículo 6° de la Resolución 330-002979 de 2006 establece restricciones
a la conformación de planes así:
Plan: Los grupos están conformados por planes que entre sí no difieran en
su valor en más de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Revisada la composición del grupo 150, se identificó que existen diferencias
entre los valores de los planes, superiores a los 30 salarios mínimos legales
mensuales vigentes SMMLV, sin que se evidenciara el acompañamiento del
estudio técnico actuarial correspondiente, tal como se detalla a
150/009.1
IDENTIFICA CION
40021273
ALMEIDA BENITEZ MARIA TERESA
150/129.1
FUENTES LAFONT JOSE IGNACIO
150/036.3
80470646
HERNANDEZ SOTO SILVINO
150/108.4
74323287
BRAVO JIMENEZ JAVIER ADOLFO
Diferencia entre el primero y el cuarto
$ (181,000,000)
Igual situación se presenta con los grupos 134, 138, 142, 156, 160, 162, 168, 170, 172, y
186.”
CASTELLANOS AL CARGO 4.4
“En efecto, el artículo aludido de la resolución en comento, contiene algunas de las
definiciones del sistema, dentro de las cuales está la correspondiente a los planes
donde se señala que los grupos estarán “... conformados por planes que entre sí
no difieran en su valor en más de 30 salarios mínimos legales mensuales
videntes... “Sin embargo, la misma disposición señala a continuación que: ‘El límite
fijado en el inciso anterior no seré aplicado en la con formación de grupos cuyos
bienes superen los ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales
vigentes’.
En el caso puntualmente citado se señala una diferencia entre los dos primeros y
los dos ‘últimos planes que asciende a 294 salarios mínimos legales, por lo cual
según lo arriba transcrito, no sería aplicable el límite por tratarse de una diferencia
superior, bastante superior, a los 120 salarios mínimos.
Ahora, en cuanto a las diferencias detectadas en los grupos 134, 138, 142, 156,
160, 162, 170, 172 y 186, señalo que en sentir de esta Compañía, la limitación
legal debe predicarse con respecto al momento de la conformación de los grupos,
pues es posible e incluso frecuente que los valores de los bienes o servicios sufran
variaciones que los dejen por fuera del rango durante la vigencia del plan.
Por lo expuesto, hemos revisado los grupos en cuestión, según los listados
vigentes para la primera Asamblea, comprobando que en ese momento todos
cumplían plenamente con la proporción requerida. Adjuntamos a la presente
respuesta los listados aludidos.”
En este punto se reitera lo normado en la Resolución 330-002979 de 2006 que, en
su artículo 6° - Definiciones, reza: “Plan. Es el sistema que ofrecen las Sociedades
Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial para la adquisición
de determinados bienes o servicios. Los grupos estarán conformados por planes
que entre sí no difieran en su valor en más de 30 salarios mínimos legales
mensuales vigentes”, suma que para el año 2014 era de $19.330.500.
Durante la visita practicada se evidenció que para los grupos 134, 138, 142, 150,
156, 160, 162, 168, 170, 172, y 186, se está obviando el límite de los 30 SMLMV,
situación que origina desigualdad entre suscriptores y presenta desequilibrio al
momento de ofertar.
Se debe señalar que cuando existan planes que superen los 120 SMLMV deberán
integrarse en un grupo en donde se conserven los criterios de homogeneidad
situación que no se está dando en los grupos citados, toda vez que se presentan
diferencias entre el más pequeño y el más grande de los suscriptores de hasta
294 SMLMV.
Por lo tanto, se impondrá la sanción respectiva en la parte resolutiva del presente
Se dijo en el cargo 4.5. PLANES SIN GARANTIAS SUFICIENTES.
“Como en los casos que se muestran seguidamente se comprobó el
otorgamiento de préstamos ( planes que finalmente fueron préstamos), no se
evidenció una garantía suficiente, por el monto del dinero entregado,
conllevando con ello que el administrador no obrara como un buen hombre de
negocios conforme se lo exige el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.”
SERVEN LTDA
LAZARO FUNIELES
IDENTIFICA CIÓ
GRUPOPLA
830.132.470
184/070
78.692.386
160/065
CASTELLANOS AL CARGO 4.5
“En efecto, el artículo 23 de la ley 222 de 1995 establece que los administradores
sociales deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un hombre de
negocios, señalando los deberes específicos que deben cumplir en tal sentido.
En los casos señalados la Superintendencia cuestiona como violatorio de tal
precepto el otorgamiento de préstamos a la sociedad Serven Ltda. y al señor
Lázaro Funieles Portillo, los cuales fueron entregados solamente con garantía
En primer lugar, respecto a la operación celebrada con la sociedad Serven Ltda.
nos permitimos destacar:
a. Serven Ltda. es un importante proveedor de servicios de Autofinanciera, con
quien se mantiene una relación directa y permanente.
b. Esta sociedad ingresó al sistema en razón de una cesión de cupo que ya se
encontraba adelantado en el pago de sus cuotas.
c. Desde su ingreso al mismo ha mostrado un estricto registro de cum plimiento
en el pago de sus cuotas. Acompañamos el estado de cuenta de este cupo
como comprobación de lo expuesto.
d. En razón de la relación de proveeduría, Autofinanciera permanentemente
adeuda importantes sumas de dinero a Serven por concepto de servicios y
jamás ha requerido de aquella garantía de ninguna clase.
e. Autofinanciera en efecto optó por no exigirle a Serven garantía, pues dado lo
expuesto considera que prácticamente no existe riesgo comercial y de haberlo,
éste iría en contra de la tesorería de la propia administradora, sin afectar los
dineros del sistema que se encuentran depositados en el patrimonio autónomo
administrado por la Fiduciaria.
f. Ahora, en cuanto a la afirmación de que con ello se habría configurado un
préstamo, simplemente se trata de la realización del contrato de
autofinanciamiento, que logra su fin a través de una adjudicación, por lo cual
todo adjudicatario termina siendo deudor del sistema.
En cuanto respecta al señor Lázaro Funieles Portillo observamos al Despacho:
a. En el momento de la adjudicación el citado suscriptor había pagado el 75% del
b. El historial de pagos del suscriptor revela un cumplimiento exacto de sus
obligaciones que llevó a la Compañía a no exigirle garantía real específica para
el desembolso de la adjudicación, pero si garantía personal respaldada con un
pagaré, con codeudor.
c. Los pagos realizados por el señor Funieles continuaron con estricto
cumplimiento e incluso pagó anticipadamente el saldo adeudado, lo cual
demuestra el buen criterio que tuvo la sociedad al no exigir garantía real
d. El numeral 9.2.5 del Contrato de Adhesión señala que “Una vez efectuados y
aprobados los estudios de capacidad de endeudamiento e información
comercial, tanto el suscriptor adjudicado, como de los codeudores, deberán
otorgar a favor de la Sociedad las garantías exigidas, suscribir pagarés y su
correspondiente carta de instrucción, con el fin de garantizar a la Sociedad el
cumplimiento de las obligaciones contraídas...“
e. Por consiguiente, lo expuesto significa que el suscriptor superó los estudios
crediticios requeridos por la Sociedad, lo cual con frecuencia suele ser más
importante que una garantía real.”
Antes de continuar con este punto cabe destacar la aceptación por parte de los
investigados del otorgamiento de préstamos sin garantía suficiente, al reconocer
en sus descargos que: “En los casos señalados la Superintendencia cuestiona
como violatorio de tal precepto el otorgamiento de préstamos a la sociedad Serven
Ltda. y al señor Lázaro Funieles Portillo, los cuales fueron entregados solamente
con garantía personal”.
El cargo se formuló porque no se evidenció garantía suficiente que respaldara
unos préstamos que habían sido otorgados.
En este sentido, el artículo 25° de la Resolución 330-002979 de 2006, dispone que
el suscriptor deberá entregar garantía real por el saldo de la deuda y el artículo 28°
aclara que para la entrega física o legal objeto del contrato, el suscriptor deberá
contar con un seguro que ampare el bien entregado, (en este caso efectivo) a
nombre y cuenta del suscriptor, sin discriminar el tipo de cliente o la edad plan
Por lo anterior, no se desvirtuó de manera alguna el cumplimento de lo señalado
en la Resolución 330-002979 de 2006, y por esta razón los descargos no son de
recibo para este despacho, por lo que se impondrá la sanción respectiva en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Se dijo en el cargo 4.6. CONFLICTO DE INTERESES.
“Examinado el plan a través del cual se le adjudicó un crédito a la firma SERVEN
LTDA., identificada con Nit. 830.132.470 por $250.000.000, se establece que el
señor OSCAR PINTO ZARATE, es gerente de la citada sociedad, y a su vez es
representante legal suplente de AUTOFINANCIERA S.A.
De otra parte el señor MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA socio mayoritario
de SERVEN LTDA. con el 50% y es representante legal de AUTOFINANCIERA
Lo anotado, se considera una falta al numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de
1995, respecto al conflicto de intereses.”
CASTELLANOS AL CARGO 4.6
Como ya se indicó los señores Alarcón Castellanos y Peixoto Ferreira rindieron
descargos de idéntico contenido. Igual situación se presenta con los argumentos
expuestos por el señor Oscar Pinto Zarate para desvirtuar el cargo 4.6, quien a
través de escrito radicado el 12 de febrero de 2015 explicó:
“Considera el Despacho que se habría producido una actuación con conflicto de interés ,
concretamente con respecto al plan 184.070.1 el cual fue cedido por el señor Pedro José`
Gelvez Rueda a la sociedad Serven Ltda., que “fue adjudicado en dinero configurándose
como un crédito…”y adicionalmente evidenciándose que el señor Óscar Pinto Zárate, es
gerente de la citada sociedad y a su vez es representante legal suplente de Autofinanciera
S.A. respecto a todo lo cual manifiesto:
Evidentemente el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 de 1995 dice que los
administradores deberán “abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona
en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con
la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo
autorización expresa de la Junta de Socios o asamblea general de accionistas’
Como antes se señaló, Serven terminó de suscriptora de un cupo de
Autofinanciera, por haber recibido cesión del mismo de un suscriptor anterior.
El Despacho censura un eventual conflicto de intereses en razón de que el señor
Oscar Pinto Zárate es Gerente de Serven Ltda. y a su vez, Representante Legal
suplente de Autofinanciera.
El contrato entre las dos sociedades no fue suscrito por el señor Pinto en la doble
condición aludida, pues solo lo firmó en representación legal de Serven Ltda. en
tanto que por Autofinanciera el mismo fue suscrito por uno de sus representantes
principales, Fernando Alarcón Castellanos.
Por consiguiente, aunque puede predicarse la condición censurada, la
representación legal simultanea de dos o más sociedades es legalmente válida,
aquí no se dio en la práctica, pues hubo un verdadero acuerdo de voluntades entre
personas jurídicas y naturales diferentes y tampoco se vislumbra conflicto alguno
de intereses.”
El numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 dispone:
“Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre
de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los
En el cumplimiento de su función los administradores deberán: (…)
7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en
actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de l os cuales exista
conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información
que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el
voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o
asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses
de la sociedad”. (subrayado fuera de texto)
La Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa No. 006 de 2008,
refiriéndose al conflicto de intereses en que pueden incurrir los administradores,
3.9.2 Conducta del administrador en caso de actos de competencia o en caso de conflicto de
El administrador deberá estudiar cada situación a efecto de determinar si incurre o está
desarrollando actos que impliquen competencia con la sociedad o conflicto de interés, y en
caso afirmativo deberá abstenerse de actuar y si está actuando deberá cesar en ello.
La duda respecto a la configuración de los actos de competencia o de conflicto de interés,
no exime al administrador de la obligación de abstenerse de participar en las actividades
Es preciso advertir que la prohibición para los administradores está referida a la
participación en los actos que impliquen conflicto de interés o competencia con el ente
societario. En este orden de ideas, cuando el administrador que tenga alguna participación
en un acto de competencia o se encuentre en una situación de conflicto, sea miembro de
un cuerpo colegiado - como sería el caso de la Junta Directiva - para legitimar su actuación
no es suficiente abstenerse de intervenir en las decisiones, pues la restricción, como quedó
dicho, tiene por objeto impedir la participación en actos de competencia o en actos
respecto de los cuales exista una situación de conflicto, salvo autorización expresa del
máximo órgano social, mas no su intervención en la decisión.
En los eventos señalados, el administrador pondrá en conocimiento de la Junta de Socios
o de la Asamblea General de Accionistas esa circunstancia, debiendo igualmente
suministrarle toda la información que sea relevante para que adopte la decisión que estime
pertinente. El cumplimiento de tal obligación, comprende la convocatoria del máximo
órgano social, cuando quiera que el administrador se encuentre legitimado para hacerlo.
En caso contrario, deberá poner en conocimiento su situación a las personas facultadas
para ello con el fin de que procedan a efectuarla.
La información relevante debe tener la idoneidad suficiente para que el máximo órgano
social logre conocer la dimensión real del asunto y pueda, así, determinar la viabilidad de la
autorización que le interesa al administrador o, en caso contrario, obrar de otra manera.”
En el mismo sentido, el artículo 2° del Decreto 1925 de 2009, establece:
“Artículo 2. Conforme al precepto legal consagrado en el último párrafo del artículo 23 de la Ley
222 de 1995, en caso de conflicto de interés o competencia con la sociedad, el administrador
ordenará la convocatoria o convocará a la Asamblea General o Junta de Socios, señalando dentro
del orden del día la solicitud de autorización para la actividad que le representa conflicto de interés
o competencia con la sociedad. Durante la reunión de la Asamblea o Junta de Socios, el
administrador suministrará toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la
respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio.
En todo caso, de conformidad con la Ley 222 de 1995, la autorización de la Junta de Socios o
Es decir, la normatividad es totalmente clara en señalar que frente a un acto en
que existe un conflicto de interés no basta con que el administrador incurso en el
conflicto se declare impedido o no concurra a su celebración en nombre de la
sociedad, y por lo tanto la misma sea asumida por otro administrador, sino que el
acto sólo puede realizarse previa expresa autorización de la Asamblea de
Accionistas, debiendo el administrador ordenar la convocatoria de la Asamblea.
Por supuesto, una misma persona puede, salvo algunas prohibiciones legales, ser
representante legal de dos sociedades, o socio de una y representante legal de
otra, pero ello no es excusa para que al presentarse un conflicto de interés, como
sería el que existe cuando la sociedad que representa el administrador va a
celebrar un contrato con una sociedad en la que es socio, deba el acto ser previa y
expresamente autorizado como lo establecen las normas señaladas.
Así las cosas, analizado el caso en concreto del señor Alarcón, se tiene que:
1. Existió un evidente acto de conflicto de interés en la medida en que está
acreditado que se le adjudicó un crédito a la firma SERVEN LTDA.,
identificada con Nit. 830.132.470 por $250.000.000, de la cual el señor
OSCAR PINTO ZARATE es gerente, y a su vez es representante legal
suplente de AUTOFINANCIERA S.A., y que el señor MARCO ANTONIO
PEIXOTO FERREIRA socio mayoritario de SERVEN LTDA. con el 50%, es
representante legal de AUTOFINANCIERA S.A.
2. Los administradores cuestionados señalaron que “El contrato entre las dos
sociedades no fue suscrito por el señor Pinto en la doble condición aludida,
pues solo lo firmó en representación legal de Serven Ltda. en tanto que por
Autofinanciera el mismo fue suscrito por uno de sus representantes
principales, Fernando Alarcón Castellanos”, circunstancia que pone de
presente que era clara la existencia del conflicto de interés para todos los
intervinientes en la operación, circunstancia que se pretendió obviar
simplemente delegando la firma de AUTOFINANCIERA en otro representante
legal (el Sr. Alarcón).
En conclusión, es claro que el acto cuestionado se celebró violentando de manera
evidente las normas sobre conflicto de interés contenidas en el numeral 7 del
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, al haber suscrito el señor Alarcón el contrato de
cesión del crédito sin haber sido previamente autorizado por la Asamblea de
Accionistas de AUTOFINANCIERA S.A., de manera que no es de recibo la
argumentación de los descargos, y en consecuencia se impondrá la sanción
Al margen de lo anterior, encuentra oportuno este Despacho señalar que por el
cargo de administrador que ostenta el señor Alarcón, este debe tener pleno
conocimiento sobre la legislación que reglamenta el sistema de autofinanciamiento
comercial en Colombia y en particular el artículo 2 de la Resolución 330-002979
de 2006, el cual señala que: “No está permitida la entrega de dinero, el
otorgamiento de préstamos a los suscriptores, ni la colocación de planes para la
adquisición de vivienda.”
Aunado a lo anterior se destacan las advertencias que la compañía hace a sus
suscritores al momento de adquirir el plan, en el llamado documento “LECTURA
IMPORTANTE (EL QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO)” como es
la del numeral 8° que reza “A LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS NO LES
ESTA PERMITIDA LA ENTREGA DE DINERO, EL OTORGAMIENTO DE
PRESTAMOS....".
Advertencias que dejan ver con claridad que la misma sociedad conoce y
reconoce la prohibición expresa de las normas que regulan el sistema de
autofinanciamiento comercial, consistente en ofrecer planes cuyo fin sea el de
otorgar CREDITOS Y/O PRESTAMOS como el otorgado a la firma SERVEN
CUARTO.- RESPECTO DE LA MULTA.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de
1995, la Superintendencia de Sociedades puede imponer multas sucesivas o no
de hasta 200 salarios mensuales a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los
La dosificación de las sanciones es un asunto que parte del supuesto de la
existencia de la infracción administrativa, que en este caso está compuesta por la
motivación que acaba de realizarse precedentemente al analizar los cargos
imputados al señor FERNANDO ALARCON CASTELLANOS, relacionados con la
vulneración a varios de los artículos de la Resolución 330-002979 de 2006, la cual
reglamenta el Sistema de Autofinanciamiento Comercial en Colombia, así como
haber actuado en grave contravención con lo señalado en el numeral 7° del
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, por lo que corresponde ahora establecer la
medida o monto de la multa, como única sanción previamente establecida en la
En este sentido, al señor FERNANDO ALARCON CASTELLANOS, en su
condición de representante legal de la sociedad AUTOFINANCIERA S.A., se le
formularon cargos relacionados con el cumplimiento de sus funciones como
administrador, incumplimiento a lo establecido en los artículos 6, 17, 23 y 31 de la
Resolución 330-002979 de 2006, celebrar operaciones en extralimitación de la
capacidad del objeto social exclusivo y estar incurso en una situación de conflicto
interés, en contravención con lo señalado en el numeral 7° del artículo 23 de la
Ley 222 de 1995, irregularidades por las que se estima debe imponérsele una
multa equivalente a ciento ochenta y siete (187) salarios mínimos legales
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia
ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER una multa por valor de CIENTO VEINTE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE. ($120.493.450.00), equivalente a ciento ochenta y
siete (187) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al señor FERNANDO
ALARCON CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía número
17.163.151 domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de representante
legal de la sociedad AUTOFINANCIERA S.A., por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO.- La multa deberá ser cancelada dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, mediante consignación
a nombre de la Superintendencia de Sociedades, NIT. 899.999.086, consignación
que se debe realizar presentando la Cuenta de Cobro con código de barras
suministrada por esta entidad, en cualquier sucursal de Bancolombia. Para estos
efectos favor comunicarse en Bogotá al Grupo de Cartera al Tel: 2201000 Ext.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del término anterior, no se acredita a esta Superintendencia el pago
de la multa, allegando para este efecto copia de la cuenta de cobro debidamente
cancelada, se iniciará el cobro a través del procedimiento de Jurisdicción Coactiva.
(Artículo 5º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, reglamentada por el Decreto
4473 del 15 de diciembre de 2006).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR que contra la presente resolución procede el
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente providencia al señor
FERNANDO ALARCON CASTELLANOS en las oficinas de la sociedad
AUTOFINANCIERA S.A., en la Carrera 7 N°. 24 - 89 Piso 17, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR remitir al Grupo de Cartera y de Cobro
Coactivo de esta Superintendencia, copia de la presente providencia, una vez
ejecutoriada la misma para lo de su competencia.
ANDRES ALFONSO PARIAS GARZON
Superintendente Delegado Para Inspección Vigilancia y Control
TRD: JURÍDICO
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