Source: https://luisabeledo.es/2015/10/
Timestamp: 2020-04-10 04:59:47
Document Index: 186537222

Matched Legal Cases: ['artículo 1104', 'artículo 1902', 'artículo 1124', 'artículo 129', 'artículo 24', 'artículo 469', 'artículo 469', 'artículo 24']

octubre 2015 – EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 28 octubre, 2015 28 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL. Nulidad de contrato vicio del consentimiento SWAPEtiquetas Acción de nulidad de contrato de swap por vicio del consentimiento,Información que la empresa de inversión debe suministrar al cliente al que ofrece la contratación de un swap de tipos de interésDeja un comentario en Acción de nulidad de contrato de swap por vicio del consentimiento
¿Cómo un sencillo incumplimiento de contrato puede tener un supuesto de hecho tan sencillo pero a la vez tan curioso?
Expulsión de una alumna de un centro de estudios privado por falta de respeto hacia un superior, desatención a las recomendaciones del Centro Docente y ausencia a las prácticas. Expulsión por actuación inadecuada (reflejada en la condición general del contrato de entrada en el centro –la matrícula de toda la vida-)
La STS 4164/2015 de 19-10-2015 Cendoj: 28079110012015100540 aborda esta situación con un razonamiento jurídico sencillo pero que nunca se me hubiera ocurrido si no lo llego a leer: Incumplimiento del contrato por parte de la alumna.
La sentencia de la Audiencia Provincial, deja sin efecto la del Juzgado, y desestima la demanda. La expulsión, señala, “responde a las exigencias lógicas al tipo de relación contractual en el que nos encontramos donde debe primar una cierta relación de respeto. Si la alumna, aún sólo una vez, se comporta con una facultativa de la entidad colaboradora del modo en que lo hizo se hace acreedora a la sanción que a la postre la excluyó del centro.
En este sentido obligar a la readmisión y concederle una indemnización resulta contrario a derecho porque quien incumple la obligación del sinalagma contractual es ella. No compartimos en modo alguno que llamar mentirosa a la profesora del hospital no constituya una ofensa grave atendidas como viene a decir el artículo 1104 del Código Civil las circunstancias concurrentes al hecho.
La doctora con la que se insolentó, que no se olvide tiene la condición de tercera y no es demandada, ni su dependiente, sino Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Virgen del Rocío es la que informa de la conducta académica de la educanda: “situación de falta de respeto hacia superior, desatención a las recomendaciones realizadas tanto por su centro docente como por el Servicio de Radioprotección; ausencias injustificadas en el puesto de trabajo asignado”.
En esta tesitura y ante este informe se comprenderá que la respuesta de la apelante no podía ser otra y no podía serle exigida otra que la de cancelación del contrato. Ello con independencia de la veracidad de dicho informe que, al menos, en lo que respecta a la insolencia entendemos probada, por admitida. En el escrito de impugnación del recurso no se refuta expresamente el calificativo de “mentirosa” y se admite la negativa a llevar el collarín que le fue prescrito a una persona que quiere obtener un título de radiología teniendo un problema de tiroides y que expresa su preocupación “ex post facto” cuando se le indica las posibles inconveniencias de la actividad. Hay error en la valoración de esta prueba testifical. Cuando la doctora Marcelina declara en juicio quiere dejar claro la conducta agresiva de la alumna, lo que es incompatible con la relación de enseñanza, por más que una triste realidad social hable de otra cosa”.
La díscola alumna recurre y el TS resuelve desde la sencillez clásica del 1124 en relación con el 1256, ambos del Código Civil.
“Dice la sentencia de 4 de enero de 2007 , que cita de la 22 de marzo de 1985 , que “la identificación, en cada caso, de ese incumplimiento resolutorio corresponde, en primer término, a las partes, en ejercicio de su potencialidad normativa creadora. Pero, en defecto de previsión negocial que permita conocer la voluntad de los contratantes al respecto, se exige que el incumplimiento sea esencial (de entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes, en términos de la antes mencionada sentencia de 22 de marzo de 1985 ), lo que acontecerá cuando, como consecuencia de él, el contratante perjudicado se vea privado sustancialmente de aquello que tenía derecho a esperar razonablemente de la ejecución correcta del contrato.
Y es lo cierto que existe una previsión contractual de cancelación, ajustada a la relación de enseñanza que unía a las dos partes, por la cual podía resolverse, en la cual es posible incardinar los hechos que dieron lugar a la misma en la forma que ha quedado descrita. La trascendencia resolutoria de los hechos probados es un concepto jurídico que, como quaestio iuris (cuestión de Derecho), es revisable en casación, en tanto se trata de determinar la trascendencia o significación jurídica de los actos que constituyen su presupuesto, su valoración, en la medida en la que comporta un juicio de valor del hecho, debe respetarse en casación, salvo supuestos de evidente error, dado que, en otro caso, se convertiría en una tercera instancia ( SSTS de 18 de julio 2012 ; 31 de enero 2013 ).
Y es evidente que, partiendo de tales hechos, la conclusión a la que llega la sentencia recurrida es suficiente para declarar bien hecha la resolución unilateral; resolución reforzada por la propia esencia y características del contrato suscrito en el que debe primar una evidente relación de respeto, que aquí no ha existido.
2.-Tampoco se opone a las sentencias de esta Sala de 9 de diciembre de 2003 y 13 de octubre de 2009 . La primera de ellas se refiere a una indemnización que no tiene su origen en un incumplimiento contractual o extracontractual del artículo 1902 del CC , sino a daños generados por abuso del derecho o de contraderecho que se refuerza en su aspecto coactivo-sancionador. La segunda resuelve sobre una reclamación sobre vulneración de derechos fundamentales por expulsión de un centro privado, en la que se constata la existencia de base razonable para que el centro adoptase la sanción, habiendo en el Centro Reglamento de Régimen Interior.
La controversia en este caso nada tiene que ver con derechos fundamentales, sino con el interés privado de una parte a que no se resuelva el contrato de enseñanza suscrito con la otra en el que existe una previsión contractual resolutoria, en la que la sentencia ha incardinado los hechos que dieron lugar a la misma, lo que priva de interés casacional al asunto y, en definitiva, al recurso.”
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 27 octubre, 2015 24 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL. Resolución del contrato por incumplimiento de una parteEtiquetas artículo 1124 del código civil,Resolución del contrato,Resolución del contrato por incumplimiento de una parteDeja un comentario en La expulsión de un alumno como causa de resolución contractual.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 23 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL. Doctrina de los actos propios.Etiquetas Doctrina de los Actos Propios.Deja un comentario en ¿Qué es la doctrina de los actos propios?
Archivo de la causa penal contra Blesa por el Banco de Florida. Regreso al futuro.
Hoy he leído la noticia del archivo de la causa de Miguel Blesa por la compra del Banco de Florida, aquí.
Como soy un poco portera de bolera hoy he regresado al futuro y rescato un post del 18 de mayo de 2013.
Pues si, hace ya unos años –18 de mayo de 2013- (de joven apuntaba maneras), publiqué este post que titulé: “Obiter dicta. Asunto Caja Madrid y City National Bank of Florida” a cuento de aprovechar el tirón del auto de prisión de Blesa. Apuntaba en aquel post que:
“desde luego, no voy a entrar en si el auto no motiva en qué la compra del City National Bank of Florida puede haber sido constutivo de un delito -aunque creo que no lo es-.” ¡SIC! a mi mismo.
“Personalmente creo que es no es correcto ni labor de un tribunal juzgar si las inversiones han salido bien o mal. Podrán juzgar si han sido ajustadas a la ley o no. Pero que un juzgador a toro pasado juegue a ser “accionista en una junta general” no es correcto”
Ya nadie se acuerda que aquella fianza multimillonaria. Nadie se acuerda de Blesa (antes de las elecciones lo recordarán). Nadie recuerda el obiter dicta de aquel auto sin venir a cuento y casi nadie ha leído la noticia de que Bankia cierra la venta del City National Bank of Florida con una plusvalía de 117 millones cuya noticia salió hace cinco días en la prensa salmón.
Quizás sea una coincidencia el archivo a los cinco días de la venta con plusvalías quizás los abogados de Blesa habrán dicho: hombre señoría, no me lo tenga más tiempo imputado en este asunto que no puede decir que fue una administración desleal o una apropiación indebida (FD Tercero del auto de 2013) cuando Bankia ha generado una plusvalía de 117 millones la semana pasada por su venta.
Curiosas las vueltas de la vida… o no.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 21 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías Sin categoríaEtiquetas bankia,compliance penal,miguel blesa,national bank of florida1 comentario en Archivo de la causa penal contra Blesa por el Banco de Florida. Regreso al futuro.
Código Procesales GRATIS LEC y LECRIM ACTUALIZADAS
Cómo no todos los días hay tiempo, ganas o temas. El post de hoy consiste en compartir unos sencillos enlaces que mucha gente desconoce y que son unos recursos gratuitos inmejorables que pone a nuestra disposición el BOE: CÓDIGOS ELECTRÓNICOS
Hay de todo, desde código civil, penal, urbanismo por CCAA, sanitario. Todo con un orden y una estructura optimizadísima.
Yo uso habitualmente estas obras en mi portátil. Descargo en PDF y en mi visor del mac me permite abrir la tabla de contenido, seleccionar la norma que quiera, subrayarla y poner un precioso post it amarillo con mis notas. La única desgracia es que no puedo guardar las notas (o al menos no se hacerlo) cuando salen actualizaciones.
Aquí tenéis el enlace de la página principal: página principal
Espero que los aprovechéis.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 19 octubre, 2015 19 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías Sin categoría1 comentario en Código Procesales GRATIS LEC y LECRIM ACTUALIZADAS
Hoy se me ha ocurrido una idea –quizás ocurrencia es más correcto-. Es una novedad. Espero que el esforzado lector sepa valorar esta novedad.
Por una cosa que no viene al caso, imaginemos que una entidad financiera ejecuta una hipoteca. Llega a la subasta, se equivocan, pujan por un importe superior a la deuda y tras todos los trámites correspondientes hay un remanente que corresponde a un tercero, cesionario del remate, que es una sociedad unipersonal del propio banco.
¿Qué ocurriría si el cesionario a la hora de pagar el remanente –ya con el decreto de adjudicación dictado- intenta resolver el error cometiendo un error más grave: no pagando el remanente bajo la peregrina excusa de que esa no era la deuda.
En un primer lugar, lo que se me viene a la cabeza es pensar que el cesionario no ha sido parte de la ejecución por lo que poco puede decir respecto a una cosa juzgada entre partes en donde, además, en la cesión del remate declara conocer el estado del procedimiento y condiciones de la subasta.
En segundo lugar, lo que se me viene a la cabeza es que si no paga ¿qué sucede con el ejecutado que ya vio resuelta su deuda con el ejecutante, al existir un remanente, y ahora ve como ni el ejecutante ni el cesionario abonan la diferencia pero ya han vendido los bienes a otros terceros.
Esto suena muy cachondo pero una realidad posible es la siguiente:
Ejecutante lo adjudica con reserva de adjudicación de tercero.
Cede a tercero.
El tercero pone los bienes en el mercado sin que el juzgado haya dictado Decreto de Adjudicación y los vende.
El cesionario descubre que tiene que pagar un remanente y no lo hace.
¿qué carallo hacemos ahora?
¿no me digáis que no es un planteamiento de película y un pleito precioso?
La LEC en sus arts 670 y 671. Personalmente descarto la idea de que no se considere que hay ningún postor, ex art 671, porque aun no habiéndolo en la subasta la realidad es que existe una adjudicación expresa con lo que, a mi juicio, no sería de aplicación el precepto.
Por otro lado, el art 670 LEC, no contempla la consecuencia de que quien se adjudique no pague. Contempla los % del valor, que el ejecutado no pueda pagar el resto de la deuda pero no que el adjudicatario (o cesionario de la adjudicación) no pague.
Pues ahora sería interesante ver dos cosas:
VÍA CIVIL.
Creo que lo procedente es que el Secretario requiera de pago del remanente.
Si paga, no hay problema. Si no paga, pues ahí tenemos dudas. El ejecutado, que tiene un remanente no va a decir: mire, deje desierta la subasta y vuelvo a la deuda inIcial. No lo creo. Quizás cabría plantear una acción declarativa de reclamación de cantidad con la particularidad de que no podría haber Decreto de adjudicación porque no ha pagado el remanente y los contratos de compraventa de las fincas adjudicadas a terceros podrían ser objeto de acción de nulidad del contrato.
Realmente el adjudicatario o el cesionario debe el dinero: Si. Existe la posibilidad de que el impago pueda ser considerado como desierta la subasta. Al haber realizado todos los pasos previos incluso solicitado el Decreto de Adjudicación no lo veo.
¿Qué título de propiedad utilizó el cesionario en la compraventa de las viviendas a terceros? Ni idea, pero entiendo que uno dimanante de la adjudicación en subasta.
Sería interesante que si el cesionario de la adjudicación no paga se le demande por reclamación de cantidad por impago es una posibilidad interesante.
B) VIA PENAL
Esta es mas curiosa y divertida. No olvidemos que nuestro supuesto de hecho es una quiebra de la subasta, ex art 262 CPenal:
“(…)los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o Entes Públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones Públicas por un período de tres a cinco años.
El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.”
El bien jurídico protegido es la pureza de las subastas públicas que tiene como consecuencia la disminución de los derechos de los acreedores.
La conducta es la quiebra o abandono cuando hayan obtenido la adjudicación.
Entiendo que es un delito doloso.
Prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24.
Inhabilitación entre tres y cinco años.
Subtipo cuando la subasta sea en concurso o subasta convocada por AAPP o EEPP además de lo anterior:
Inhabilitación especial al agente Y a la persona o empresa por él representada que contendrá inhabilitación para contratar con AAPP (no entes públicos) de 3 a 5 años. Habla “en todo caso” por lo que cabe que la inhabilitación tenga una extensión mayor aunque deba tomarse con prudencia este cuestión por el pp de legalidad.
El Juez puede poner consecuencias del 129 CP a la sociedad, organización, etc que nos remite al art 31 bis y al 33.7 c) y g) CP.
La verdad es que no encontré STS recientes sobre el tema. Lo más parecido que he visto es un extracto del CP comentado de Tirant Lo Blanc que recoge este supuesto:
“d) Quebrar o abandonar fraudulentamente la subasta habiendo obtenido la adjudicación. A diferencia de las anteriores conductas, es una modalidad de resultado, concebido como conducta fraudulenta al no asumir los deberes derivados de la adjudicación y que requiere la prueba de intentar forzar otra subasta al haber provocado con la puja el abandono de otros postores para así dar lugar a una nueva convocatoria (SSAP Las Palmas 2ª 26/10, 5-2; Barcelona 6-10-06; Valladolid 4ª 126/05, 19-4). Para doc.may. en esta modalidad se castiga la conducta de los “subasteros” quienes, abandonando la subasta después de haber obtenido la adjudicación del bien, sin formalizar la adquisición del mismo, pretenden la nueva salida a licitación sin establecimiento del precio inicial, propiciando una nueva adquisición del bien subastado a precios irrisorios respecto de los del mercado.”
Como digo, es una ocurrencia de puente del Pilar… o no.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 15 octubre, 2015 13 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías DERECHO PROCESAL. ¿Qué pasa si el banco adjudicatario de una subasta no paga el remanente?Etiquetas impago del remanente en la adjudicación,quebrar la subasta,subasta judicial,subasterosDeja un comentario en ¿Qué pasa si el banco adjudicatario de una subasta no paga el remanente?
La STS 3889/2015 – ECLI:ES:TS:2015:3889 Id Cendoj: 28079110012015100508 aborda un aparente conflicto por una guarda y custodia por el traslado de un progenitor a Melilla al ganar una plaza de cabo y no existir plaza en el lugar de residencia del menor. La Sentencia de Instancia y la AP entienden que fue un traslado voluntario. El recurrente alega que fue forzoso y que los viajes del menor deben abonarse proporcionalmente a los ingresos de cada uno.
Esta curiosa historia deriva en la estimación en casación de un error de derecho en la valoración de la prueba. Una situación relativamente excepcional.
Error de derecho en la valoración de la prueba. Error patente y arbitrariedad que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la CE . ( SSTS de 9-12-2013 , 18-6-2006 , 28-11-2008 , 8-7-2009 , 10-9-2009 , 19-10-2009 , 13-11-2012 , )
En cuanto a la valoración de la prueba, la jurisprudencia de esta Sala ha sido muy reiterada en sentencias de 4 de febrero de 2011 , 9 de mayo de 2011 , 2 de junio de 2011 , 1 de julio de 2011 , en este sentido:
De modo previo conviene recordar el art 469 LEC:
El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes motivos:
2.- Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.
Dice la STS:
“Los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del artículo 469.1.2.o LEC .
Este motivo de infracción procesal está reservado al examen del cumplimiento de «las normas procesales reguladoras de la sentencia». Estas normas comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la sentencia y los requisitos internos de ella, pero no con carácter general las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado. La valoración probatoria solo puede excepcionalmente tener acceso al recurso extraordinario por infracción procesal por la existencia de un error patente o arbitrariedad o por la infracción de una norma tasada de valoración de prueba que haya sido vulnerada, al amparo del artículo 469. 1. 4.LEC en cuanto, al ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supera conforme a la doctrina constitucional el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE ( SSTS 28 de noviembre de 2008 ; 30 de junio y 6 de noviembre de 2009 ; 26 de febrero 2011 , entre otras)”.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 9 octubre, 2015 4 octubre, 2015 Formato MinientradaCategorías DERECHO PROCESAL CIVIL. Erro de derecho en la valoración de la prueba. Error patente y arbitrariedad.Etiquetas Error de derecho en la valoración de la prueba. Error patente y arbitrariedad.Deja un comentario en Error de derecho en la valoración de la prueba. Error patente y arbitrariedad.