Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46341/sentencia-ts-sala-3-de-17-de-diciembre-de-2010-puertos-responsabilidad-patrimonial-del-estado
Timestamp: 2017-12-12 16:09:19
Document Index: 10575889

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 142', 'artículo 139', 'e contrario', 'artículo 97', 'e contrario', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

Puertos: Responsabilidad Patrimonial. Daños sufridos en el patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias en aplicación del artículo 70, de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Competencia para conocer del asunto. No puede hablarse de un daño real o efectivo para el obligado que satisfizo la tarifa por la prestación del correspondiente servicio portuario, pues se ha beneficiado de la prestación de dicho servicio portuario. A efectos de la reclamación de responsabilidad patrimonial no basta con acreditar que la devolución del importe no supondría un enriquecimiento injusto, sino que es preciso acreditar un empobrecimiento injusto. Desestimación del recurso.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo número 98/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A. contra la desestimación, primero presunta y después expresa, de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 2001, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 8 de junio de 2006, la entidad WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., empresa dedicada al transporte marítimo como agente marítimo y consignatario de buques, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Barcelona por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 2001, más los intereses legales correspondientes, desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo y 8 de junio de 2005, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, respectivamente, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, y 121/2005, de 10 de mayo, por las que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y en la redacción dada por la Ley 62/1997 y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a las Autoridades Portuarias españolas, durante el ejercicio 2001, determinadas cantidades en concepto de tarifa portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros, con fecha 16 de febrero de 2007 la entidad WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 2001.
Tercero.-El Abogado del Estado en la contestación a la demanda solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso con base en los argumentos que sintéticamente se expresan a continuación:
a) haber sido planteado indebidamente el recurso ante este Tribunal, que de acuerdo con los artículos 11.a) de la Ley de la Jurisdicción y 66.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es competente para conocer de los recursos que se interpongan contra actos y resoluciones procedentes de los Ministros, competencia que corresponde a la Audiencia Nacional. Señala al efecto que la resolución del Ministerio de Fomento dice expresamente que da respuesta a la reclamación presentada ante el Consejo de Ministros, por lo que carece de sentido pretender que existe un acto presunto, ya que si fuera correcta la tesis del recurrente, lo que existiría es una respuesta expresa por parte de un órgano incompetente a una petición formulada a otro diferente cuya validez debe dilucidarse ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional.
b) la falta de legitimación activa de la parte actora, al amparo de los artículos 19.1.a) y 69.b) de la Ley Jurisdiccional, por falta de derecho o interés legítimo de la demandante, toda vez que no acredita haber sido sujeto pasivo -"el pagador final"- que haya efectuado y soportado el pago de las cantidades que reclama.
I) ha transcurrido más de un año desde que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional (BOE de 20 de mayo de 2005) que anuló el artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre (artículo 142.5 Ley 30/92).
II) el artículo 139.3 de la Ley 30/92 establece que la indemnización derivada de la aplicación de actos legislativos será exigible "cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos", y en el presente caso no consta que exista nada parecido a tales previsiones legales, por el contrario lo que existe es una disposición específica en sentido contrario, establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio, que establece el procedimiento a seguir para regularizar la situación de los contribuyentes que en su día ingresaron liquidaciones de tarifas por las Autoridades Portuarias, tras la entrada en vigor de la Ley 27/1992 y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 48/2003, como consecuencia de la nulidad de las disposiciones que les servían de cobertura.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de obtener certificación de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre las cantidades satisfechas por la recurrente durante el año 2001 en concepto de tarifas portuarias, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Formulada esta alegación en la contestación a la demanda, la Sala ordenó la continuación del trámite y ello en razón de que la parte recurrente, con pleno conocimiento de la existencia de esa resolución expresa del Ministerio de Fomento de 28 de septiembre de 2006, razona porqué dirige el recurso contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros, de manera que podrá cuestionarse de contrario la admisibilidad del recurso por inexistencia del acto administrativo presunto invocado, lo que no se ha planteado en este caso, pero no la competencia de esta Sala para conocer del acto que se impugna en cuanto procede del Consejo de Ministros.
A ello ha de añadirse que, como bien señala la recurrente, la competencia para resolver sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por acto legislativo, que determina el órgano jurisdiccional competente, corresponde al Consejo de Ministros, según una reiterada jurisprudencia que se refleja ya en las iniciales Sentencias del Pleno de esta Sala de 15 de julio y 25 de septiembre de 1987 y que salvo algunas excepciones (Autos de 12 de enero y 18 de julio de 2001) se ha mantenido y mantiene en la actualidad, como reflejan los Autos de 28 de marzo de 2003 y 19 de junio de 2003 ó la Sentencia de 16 de diciembre de 2004, todos ellos por referencia a la Sentencia de 8 de enero de 1998, según la cual: "sólo el Consejo de Ministros puede pronunciarse sobre la exigencia de responsabilidad del Estado legislador" y sus pronunciamientos sólo pueden ser objeto de revisión jurisdiccional por la Sala Tercera de este Tribunal Supremo ya que la presunta privación de derechos económicos por un acto legislativo, sin concreción, por tanto, en ningún departamento ministerial, corresponde enjuiciarla al Consejo de Ministros como órgano superior de la Administración y Gobierno al que se le atribuye la función ejecutiva conforme al artículo 97 de la Constitución que, al no venir radicada en este caso en una rama determinada de la Administración, corresponde al titular de dicha gestión administrativa, es decir, el Estado en su conjunto y totalidad.
Segundo.-También debe rechazarse la alegación formulada por el Abogado del Estado, de la misma manera que debe desestimarse la causa de inadmisión, por falta de legitimación activa de la recurrente, ya que la misma alega desde el principio que ha sido quien ha satisfecho las tarifas en cuestión, señalando su concreto importe y las facturas en las que se refleja el pago, lo que ha completado en periodo de prueba mediante la documental solicitada, poniendo de manifiesto un interés legítimo en la reparación del perjuicio patrimonial que atribuye al indebido abono de tales tarifas, que no queda desvirtuado por las genéricas alegaciones sobre la falta de acreditación de haber sido sujeto pasivo que haya efectuado y soportado (no repercutido) el pago, que se formulan de contrario y que carecen de la necesaria fundamentación, que debe efectuar quien opone tal causa de inadmisibilidad, frente a las alegaciones que la propia parte formula en conclusiones sobre el alcance de las tarifas satisfechas y no repercutidas.
Tercero.-Entrando en el fondo de la cuestión planteada, en primer lugar ha de desestimarse la alegación del Abogado del Estado basada en la prescripción de la acción pues, correspondiendo al ejercicio 2001 las cantidades reclamadas, no cabe sostener que el plazo para su ejercicio deba computarse desde la publicación de la STC 120/2005 de 20 de abril (BOE de 20 de mayo de 2005), que declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su redacción original, sino desde la publicación de la STC 121/2005 que declara la nulidad de dichos apartados del artículo 70 de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 62/1997, por ser ésta la aplicable en el tiempo en que se realizaron los ingresos que han dado lugar a la presente reclamación y, por tanto, siendo la fecha de esta última publicación la de 8 de junio de 2005 y habiéndose formulado la reclamación de responsabilidad patrimonial el 8 de junio de 2006, hay que concluir que en esta última fecha la acción no había prescrito.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 98/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 2001 a la Autoridad Portuaria de Barcelona, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, declarado inconstitucional; desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.