Source: http://alhenabogados.blogspot.mx/2017/01/formato-de-amparo-vs-gasolinazo-para-no.html
Timestamp: 2018-02-21 14:37:14
Document Index: 327147827

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 108', 'Artículo 2', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 74', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 33', 'artículo 74', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 84', 'artículo 26', 'artículo 90', 'artículo 34', 'artículo 74', 'artículo 33', 'artículo 34', 'Artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 129', 'artículo 31', 'artículo 129', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 24', 'artículo 2', 'Artículo 24', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 74', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 79']

Alhen Abogados: FORMATO DE AMPARO VS GASOLINAZO PARA NO CONSUMIDORES
1. Se requiere Copia de la credencia para votar o pasaporte
3. Donde dice juez de distrito, se sugiere dejar el espacio, ir donde estén los Juzgados de Amparo en tu ciudad o Estado y preguntar el nombre y escribirlo (puede ser con bolígrafo)
4. Donde dice YO, colocar tu nombre completo tal y como aparece en tu identificación.
5. Llenar los espacios. Importante señalar tu domicilio.
· Escribir tu nombre al final de la demanda bajo la línea y firma arriba de la línea como está en tu identificación o como normalmente firmas.
9. Agrega a la demanda la copia de tu identificación,
si tienes una compra del año pasado y otra de este año donde se vea el incremento del precio, agregar los dos comprobantes en original.
10. Saca 11 juegos completos del escrito junto con los documentos que le anexaste. Verifica que las copias estén lo más claras posibles y que los juegos estén completos.
11. vence el plazo para presentarla 9 de febrero
Quien suscribe, solicitante de la Justicia Federal: Yo ____________, de nacionalidad mexicana, por mi propio derecho como ciudadano y habitante en el país que acredito con la copia de ________(credencial de elector o pasaporte o licencia)_______;; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________________________________; y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo autorizando para tal efecto al Maestro en Derecho HUGO ALDAY NIETO y al Licenciado en Derecho ÁNGEL ISAAC MARTÍNEZ FERNÁNDEZ; y a GLORIA MALDONADO ALCARAZ,PATRICIA DE LOS REMEDIOS GONZÁLEZ FLORES ante usted, al tenor del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera respetuosa, pacífica y atenta comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 103 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1 fracción 1, 4, 17, 28, 107 fracción II de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 26 de la Convención Americana de derechos humanos (pacto de san José) CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que enseguida enumero, pues conculcan los derechos fundamentales, así como las garantías individuales que en el capítulo correspondiente expreso.
OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA
El acto reclamado causa afectación directa Al quejoso de manera general a partir del 01 de enero de 2016 en que entró en positividad, su sola vigencia ocasiona perjuicios a mi persona, pues cuyas consecuencias jurídicas por su sola entrada en vigor son actos que afectan de manera real y manifiesta a mis derechos fundamentales como lo menciono en el apartado de los antecedentes del acto reclamado y que ha repercutido de manera notable en mis derechos sociales, económicos y patrimoniales como habitantes de ______________
De conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo manifiesto.
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS QUEJOSAS: Ya han quedado precisados.
II.- NOMBRE y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: No existe
1. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA a través de su representante legal y jurídico con domicilio conocido y ubicado en Residencia oficial de Los Pinos, Molino del Rey s/n, San Miguel Chapultepec, Distrito Federal. C.P. 11850.
CAMARA DE DIPUTADOS a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido y ubicado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, México D.F., C.P. 15960 Edificio E, Primer Piso.
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido
DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN a través de su representante legal y jurídico, con domicilio conocido
1. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. con domicilio conocido y ubicado en Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de las Flores, 01110 Ciudad de México, CDMX
2. COMISION REGULADORA DE ENERGIA,, a través de su representante legal y jurídico; con el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Con domicilio conocido y ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Benito Juárez, Merced Gómez, C.P. 03930 Ciudad de México, CDMX.
De las autoridades señaladas del los numerales del 1 a la 4 como ordenadoras reclamo:
I. La ILEGAL iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición, refrendo, publicación, ejecución y aplicación de las consecuencias jurídicas de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 que entró en vigor que me afecta en su totalidad y en lo relativo a:
b) Artículo 2, párrafo décimo segundo (12) por el que se autoriza a PEMEX un endeudamiento en su vertiente de deuda interna neto hasta por la cantidad de VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS; y en su vertiente en deuda externa neta hasta por la cantidad de SIETE MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.
c) Artículo 25 fracción I inciso 2 “a)”
d) Artículo 26 y sus fracciones I, II, III y IV,
e) Décimo Segundo transitorio
II. Como consecuencia de la aplicación de la Ley que por esta vía se impugna, también se reclama:
a) El Acuerdo Núm. A/059/2016, de la Comisión Reguladora de energía que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, publicado en el Diario Oficial en 26 de diciembre de 2016. Así como por vicios propios como acto de autoridad.
b) El Acuerdo 98/2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de
las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación; emitido por el, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; transitorio Décimo Segundo, fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como por vicios propios como actos de autoridad.
Dichas normas se reclaman por ser violatorios del principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en el artículo 31, fracción IV, 16, 28 párrafo 13 en relación con y del precepto 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los requisitos de legalidad establecidos en los artículos 1, 4, 17, 25, 26, 28, 90 en relación con las fracciones V y X del artículo 33 y de su diverso 34 en sus fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa, y de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el principio de anualidad como elemento de legalidad constitucional de conformidad con el artículo 74, fracción IV en relación con el diverso 134 de dicha norma fundante; la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos.
De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama:
La ilegal ejecución y consecuencias jurídicas de derecho que derivado de la sola entrada en vigor y de los sucesivos actos de aplicación que se vienen realizando, a consecuencia de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
De ambas, ordenadoras y ejecutoras, también reclamo la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos
1. Reclamo de autoridad responsable a la marcada como número 2 en el apartado de ordenadoras, CÁMARA DE DIPUTADOS la aprobación del Presupuesto de egresos de la federación de por no ajustarse a lo establecido por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República al no prever el destino del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la cantidad estimada en su recaudación, su destino; y la carencia de fundamento económico-normativo para su establecimiento, cuando la cantidad estimada del tributo (IEPS) a recaudar no estaba determinada, toda vez que los presupuestos para la emisión del cálculo de la base grabable (el consumo de gasolina) se produjo hasta que se publicaron:
a) el 26 de diciembre de 2016 el ACUERDO Núm. A/059/2016, ACUERDO QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017; y
b) el 27 de diciembre de 2016 el Acuerdo 98 /2016, Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación.
Por lo que el monto estimado del tributo (IEPS) NO ESTÁ DEBIDAMENTE CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, incumpliendo con los principios de certeza del destino de los impuestos y del gasto público, resquebrajando la garantía de legalidad que del 14 y 16 en relación con el la fracción IV del artículo 74 de la Norma Fundante, al transgredir el principio de congruencia y correspondencia constitucional que debe imperar entre la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA la expedición del decreto y la orden de publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN el refrendo del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
3. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PRECEPTOS CONSTITUCIONES QUE CONTIENEN GARANTÍAS VIOLADAS:
31, fracción IV, 16, 28 párrafo 3, 13 en relación con y del precepto 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 4, 17, 25, 26, 28, 90 en relación con las fracciones V y X del artículo 33 y de su diverso 34 en sus fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa, y de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el principio de anualidad como elemento de legalidad, congruencia y correspondencia constitucional de conformidad con el artículo 74, fracción IV en relación con el diverso 134 de nuestra norma fundante; la violación al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos; así como del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y del artículo 11 dek Oacti Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto ante usted, que los actos y hechos que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes:
PRIMERO. El suscrito habito en el país, en particular en el Estado de ____________
SEGUNDO. El suscrito, adquiero productos que son transportados por vehículos de motor que consumen gasolina y que necesariamente son los únicos que transportan de su lugar de origen, sea local, o de otros Estados de la República.
CUARTO. Con fecha 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, aprobado tanto por la Cámara de Senadores como de Diputados; por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
SEGUNDO. Con fecha 26 de diciembre del año 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el ACUERDO Núm. A/059/2016 emitido por la Comisión Reguladora de Energía QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017; donde textualmente acordó:
“PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía emite el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado en los términos señalados en los Considerandos Duodécimo a Decimoséptimo anteriores y que se presenta en el Anexo 2 de este Acuerdo, como si a la letra se insertara.
SEGUNDO. La emisión del cronograma conforme lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 no constituye una declaratoria de competencia efectiva.
TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, previo aviso al permisionario, dará seguimiento específico a aquellas estaciones de servicio que, debido a las condiciones del mercado local en que operan, podrían ejercer poder de mercado en perjuicio de los consumidores.
CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía actualizará, en su caso, el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro, entre otros factores.
QUINTO. La Comisión Reguladora de Energía realizará, en su caso, los ajustes necesarios en la metodología de cálculo de precios de venta de primera mano Decimoctavo.
SEXTO. El presente Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/059/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.”
Cadereyta, Cd. Juárez, Cd. Mante, Cd. Victoria,Chihuahua, Gómez Palacio, Madero, Monclova, Nuevo Laredo, Parral, Sabinas, Saltillo, Santa Catarina y Reynosa
Acapulco, Aguascalientes, Añil, Azcapotzalco,Barranca, Celaya, Cd. Valles, Colima, Cuautla,Cuernavaca, El Castillo, Escamela, Iguala, Irapuato,Lázaro Cárdenas, León, Manzanillo, Matehuala,Minatitlán, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Pajaritos,Perote, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Salina Cruz,San Juan Ixhuatepec, San Luis Potosí, Tapachula,Tapachula II, Tehuacán, Tepic, T.M. Salina Cruz,Tierra Blanca, Toluca, Tuxpan, Tuxtla Gutiérrez,Uruapan, Veracruz, Villahermosa, Xalapa,Zacatecas, Zamora y Zapopan
CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,Tamaulipas y el municipio de GómezPalacio en Durango
Aguascalientes, Ciudad de México,Colima, Chiapas, Estado de México,Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca,Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
En dicho acuerdo se establecen las regiones en que se habrán de aplicar los nuevos precios de las gasolinas en nuestro país.
TERCERO. El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo 98 /2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación que entró en vigor el 01 de enero de 2017
CUARTO. Con fecha 1 de enero de 2017 entran en vigor dichos acuerdos mencionados en los puntos antecedentes
QUINTO El primero de enero de 2017 se publicó el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
SEXTO. El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se ha publicado con fecha posterior a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
SÉPTIMO. Desde el primer día de la entrada en vigor de los actos reclamados se ocasionó una escalada de precios en todos los sectores como lo es la tortilla, y diversos productos de la canasta básica, para acreditar lo anterior, es visible en el siguiente likc: http://www.quintanaroohoy.com/noticias-cancun/el-80-de-tortillerias-incremento-precios/
Así como es en Cancún, lo es en toda la República Mexicana¸ http://formato7.com/2017/01/03/se-avecina-escalada-precios-cierre-gasolineras-concanaco/
Y en mi caso particular, el aumento del precio es notable todo ha subido de precio a consecuencia de “GASOLINAZO” precio que se traslada de una u otra forma al consumidor final en donde se refleja, y más aún, que en el mes siguiente (febrero) habrá otro aumento; es decir, quien consuma algo transportado por un vehículo que consuma gasolina o diesel, ese algo tendrá reflejado en su costo final lo que costó el insumo como la gasolina, haciendo que el acto reclamado siga manifestando sus efectos de manera constante y de manera sucesiva.
La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 en sus artículo 25, fracción I inciso “a)” ; y 26, fracciones III y IV y su transitorio Décimo Segundo que establecen:
“Artículo 25. En adición a las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Los precios de venta al público de los productos mencionados, así como los precios de venta de los distribuidores de gas licuado de petróleo y de propano, cada vez que se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios.”
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley.”.
Esta disposiciones normativas violan el principio reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Hidrocarburos; así como de su párrafo octavo en relación con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; toda vez que una norma de jerarquía inferior como lo es la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2017, no puede modificar una norma de estatus superior, toda vez que de conformidad con el artículo 90 de dicha norma suprema y en relación con los artículos 31, 33 fracciones V, X, XII y XXI; y las fracciones I, II, V, VII, VIII, XVIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen la competencia para determinar obligaciones y derechos fundamentales de naturaleza económico-sociales para la ciudadanía y todo habitante de México, derivada del ejercicio de sus facultades exclusivas y concurrentes en sus respectivas competencias de acuerdo a la Ley en las Secretarías de Energía y de Economía.
De donde, el otorgamiento de facultades realizado por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido hecho en contra del orden Jurídico de acuerdo a la jerarquía normativa, además de generar incertidumbre al gobernado sobre la legalidad en la competencia de la autoridad para la emisión del acto a que se refieren la normas transcritas.
Lo anterior se afirma porque la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, le otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Competencia y a la Comisión Reguladora de Energía, facultades que son propias de otros órganos de la Administración Pública Federal, y, que para que sea procedente tal dotación de atributos y competencias, tendría que haberse modificado la Constitución Federal en sus artículos 90, y 74 para tener facultades que al expedir una norma de cuarta categoría como lo es la Ley de Ingresos de la Federación , pueda modificar leyes de jerarquía superior, incluso la Constitución, competencia de la que carece la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por lo que se afirma que en la emisión de la Ley de Ingresos que se impugna en los apartados que se exponen, se trasgredieron las principios esenciales y del debido proceso legislativo
Por tanto, la autoridad Legislativa se excede en sus facultades exclusivas constitucionales señaladas en el artículo 74, lo cual provoca una antimonia jurídica de competencia con lo las facultades de las Secretarías de Energía y de Economía para que en usos de sus facultades establecidas en la fracciones V, X, XII y XXI del artículo 33; y las fracciones I, II, V, VII, VIII, XVIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cumplan con sus funciones constitucionales, respectivamente son:
“V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables. La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y la seguridad energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector energético, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética”
“X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados”
“XII. Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernización, eficiencia y desarrollo del sector, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento”
“XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, a órganos desconcentrados, órganos reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de la Industria Eléctrica”
Con lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 transgrede el principio de legalidad en el proceso de su creación legislativa al carecer de competencia el legislador (Cámara de Diputados) para reformar normas de acuerdo a lo establecido por los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando de paso los principios esenciales del procedimiento establecidos por los artículos 14 y 16 que se debe de seguir en la creación de las leyes al carecer de competencia la Cámara de Diputados.
De igual manera por la antimonia realizada por el legislador mencionado en las líneas antecedentes, representan y generan un problema de eficacia y seguridad jurídica importante, violando de Al quejoso los derechos fundamentales económico-sociales progresivos consagrados en los artículos 1, 4, 25, 26, 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 26 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) que reza:
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”.
La Ley de Ingresos que por esta vía se impugna va en contra del derecho humano de Al quejoso del desarrollo progresivo que se derivan de las normas económicas y sociales afectadas de antinomia pues no garantiza la plena efectividad de los derechos mencionados por los razonamientos arriba expresados; así como también violenta el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en la parte medular reza:
Del análisis concatenado de las arriba mencionadas prerrogativas fundamentales de Al quejoso, conforme a la aplicación del principio de progresividad establecido por las normas internacionales citadas y por el artículo 1 de la Norma Fundante, le impone al legislador emisor del acto reclamado haber tomado en consideración que existe como derecho fundamental la prohibición de regresividad tal y como lo establece la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
“Época: Décima Época. Registro: 2013217. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: 1a. CCXCII/2016 (10a.)
El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque esa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte de distintos momentos del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los así llamados derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.
Asimismo, el atributo de progresividad en los derechos humanos económico-sociales imprime al Estado Mexicano por mandato constitucional el realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos respetando el Estado de Derecho en estricto a pego a la legalidad.
Tiene sustento lo anterior, en la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
Época: Décima Época. Registro: 2010361. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.). Página: 1298
De donde con la antimonia las Secretarías de Economía y de Energía dejan de ejercer sus facultades constitucionales en perjuicio de los aquí amparistas y que provocó no solo el aumento exorbitante en el precio final de las gasolinas al público en general, que ocasionaron un escalada de precios SIN CONTROL ALGUNO EN EL MERCADO, violentando los derechos individuales, económicos y sociales de las quejosas, y que de continuar aconteciendo de esta manera, se provoca la involución de nuestros derechos mencionados, toda vez que el poder adquisitivo real disminuye cuando al salario mínimo, como valor referente económico, sólo ha subido siete pesos, mientras que el litro de la gasolina subió de dos hasta cuatro pesos por litro en su tipo magna y Premium, respectivamente, y solo en enero, puesto que es un aumento progresivo que no acontece con el referente económico salario mínimo, de donde es desproporcional y anti económico su planteamiento en función con el patrón inflacionario y la capacidad real de compra, lo cual implica un retroceso progresivo en la protección de los derechos económicos y sociales del suscrito
El Acuerdo 98 /2016 por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, es contraria a la legalidad, pues, como deriva de una Ley con vicios de constitucionalidad, dicho acuerdo también lo es, trasgrediendo de paso los tratados y normas internacionales que se han mencionado en el punto antecedente y que solicito se tengan por reproducidos como si fuera a la letra a fin de evitar inútiles repeticiones.
Asimismo, es ilegal el acuerdo 98/2016 que aquí se impugna, porque de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX numeral 5, corresponde al congreso establecer los mecanismos que conforman la base de determinación y/o cálculo del impuesto, su imposición, determinación del destinatario del impuesto, cobro, entero y deducción de los mismos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda viola el principio de legalidad tributaria, toda vez que de conformidad con el artículo 34, fracción IV de la Constitución Federal que dispone que los tributos o contribuciones debe estar precisados TOTALMENTE en la Ley que los crea estableciendo en dicha norma el mecanismo de determinación o su posibilidad de reglamentación, reglamentación, que de igual manera sigue su procedimiento de creación por el órgano facultado para tal efecto, de tal manera que la autoridad encomendada para su aplicación, simplemente acate su disposición sin innovar, y para su exacto cumplimiento.
Este acuerdo en su artículo 1, fracción V establece la metodología del cálculo del precio de la gasolina que se menciona en su anexo II, sin embargo dicho cálculo no se haya sustentado en precepto legal alguno en donde se funde ni motive, con lo cual se violenta el principio de reserva de Ley y subordinación Jurídica, toda vez que de conformidad con el artículo 2, fracción I, inciso d) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no está contemplado en dicha norma de mayor jerarquía.
La ley sólo establece que al valor de los actos, en este caso a la gasolina se le aplicará una cuota fija, el tema es la determinación de la base sobre la cual se aplicará dicha cuota y determinar si tal determinación y su aplicación de la cuota legal, dan como resultado un impuesto con características de legalidad como lo es la igualdad, reserva de la ley, proporcionalidad, reciprocidad Tributaria, destino al gasto público de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2017 .
Sin embargo, la base para calcular el impuesto, no la establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, solo menciona en su artículo 2, lo siguiente de manera textual:
a. Gasolina menor a 92 octanos .......... 4.16 pesos por litro.
c. Diésel ............................................... 4.58 pesos por litro.
En consecuencia estamos ante una base determinada hasta antes de la liberación del precio de la gasolina para poder, con la cuota, tener un impuesto (IEPS) determinable; sin embargo, al liberarse el precio de la gasolina, la ley del Impuesto (IEPS) no fue reformada y no estableció ni la manera en la cual se determinará la base, como tampoco estableció la cualidad del sujeto como elemento del impuesto (su ubicación geográfica y clasificación) para estar en posibilidad de determinar si se sitúan en algún supuesto determinable en el hecho hipotético y el imponible de la norma tributaria.
Por lo tanto, el acuerdo que aquí se impugna en sí mismo, y como en consecuencia jurídica de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal. Sustenta lo aquí expuesto la siguiente jurisprudencia:
Época: Décima Época. Registro: 2000585. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.1o.A. J/1 (10a.). Página: 1417
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLECER CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la garantía de legalidad tributaria, que consiste en que las disposiciones legales que impongan cargas tributarias a los contribuyentes, deben establecer de manera expresa los elementos que las integran para no dar margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras en su determinación. Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, indica el procedimiento para calcular la base gravable del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pues establece que las cantidades a cubrirse por ese tributo, deberán actualizarse en el mes de diciembre de cada año, utilizando el factor de actualización a que se refiere el artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado, el que a su vez, establece que dicho factor se obtendrá: "dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo.", lo que genera incertidumbre sobre la forma en que será actualizada la cantidad con base en la cual le será determinado el tributo, pues aunque el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación prevea el procedimiento para obtener el mencionado índice nacional, los numerales analizados no realizan una remisión expresa a dicho dispositivo, a pesar de que como se expone, los elementos de las contribuciones deben estar claramente establecidos en las normas que los prevén. En esa medida, si el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no define con certeza la forma de determinar la base gravable del impuesto en estudio, dejando en manos de las autoridades administrativas su determinación, es claro que resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria.
Por lo que es procedente se le otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso
Tanto el acuerdo 98/2016 como el A/059/2016, que dan a conocer las regiones en las que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación; y que establece el cronograma de flexibilización de precios de gaslinas y diesel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2017, respectivamente así como la ley aquí mencionada; son contrarios a los principios constitucionales de igualdad, equidad y seguridad jurídica, en relación con el artículo 1 de dicha Carta magna.
El artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal establece:
Las normas que se impugnan establecen diferentes clase de tributarios en razón a la distancia para determinar el valor de transporte y con ello tener argumentos para que con otros aspectos pueda establecer precio máximos de gasolina sin tomar en consideración la calidad tributaria o contributiva del impuesto y conforme a ello tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Es decir, la proporcionalidad y su relación con la igualdad y equidad tributaria es un principio que establece la capacidad contributiva o carga tributaria que el destinatario del impuesto sentirá en sus poder adquisitivo, y en la especie, el alza del combustible ocasiona un efecto dominó, toda vez que no existen fuentes alternativas de energético que impulsen los automotores que por ley se encuentres accesibles a la población en general, pues no existe en el Plan Nacional de Desarrollo ni el Presupuesto de Egresos, la política económica a la que de conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte, está obligado a estructurar funcionalmente para el goce y disfrute de los derechos humanos reconocidos por las normas citadas en este capítulo.
Por lo anterior, como es de amplio conocimiento de toda la Nación, el aumento de gasolinas ha ocasionado una escalada de precios.
Tal escalada de precios aunada a una selección con base en lo cercano o lejano de los centros de embarque de la gasolina y su acaparamiento o no , vicisitudes diversas, implican que se sujeten a las leyes de la oferta y la demanda aunado a la principal causa que es la distancia que evidentemente en carece la transportación de gasolinas que se verificará en el precio y el cual servirá para a su vez, establecer subsecuentemente el precio máximo de venta, el cual sirve para poder establecer la base sobre la que se aplicará el IEPS.
En este caso, el dividir y clasificar a los contribuyentes por regiones de precios en razón de la distancia o a su cercanía con la frontera donde injustificadamente tiene precios diferentes en comparativa de la distancia, dando un trato diferencial en precio respecto de otros sujetos del impuesto a las gasolinas que se encuentren en distancia equiparablemente igual; con lo cual otorga a Al quejoso un trato desigual que contraría a lo establecido por el artículo 1° de la Constitución Federal y el y el artículo 2 del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, así como del Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
Así las cosas, no toma en consideración la capacidad contributiva en el impuesto y establece una misma cuota a pagar de impuestos sobre un producto de libre mercado; cuando debió, de acuerdo a la situación particular de los sectores de población fundando y motivando debidamente, ESTABLECER DIFERENTES TIPO DE CUOTAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SUJETOS DEL IMPUESTO Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TAL CARGA TRIBUTARIA GENERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL, pues la escalada de precios es evidente.
Por lo anterior las normas que se impugnan trasgreden los principios de proporcionalidad e igualdad y equidad jurídica por lo que debe de revocarse y concederse el amparo y protección de la justicia federal.
Lo anterior encuentra sustento en la siguiente resolución del Poder Judicial de la Federación:
Época: Novena Época Registro: 189411 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001. Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LXXX/2001. Página: 310.
Asimismo, dichas normas que aquí se impugnan clasifican y hacen distinciones por razón de territorio y ubicación geográfica lo cual es un trato desigual y discriminatorio de dichas normas contraviniendo los artículos 1 y 31, fracción IV de la constitución Federal, así como el artículo 2 del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, así como del Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
Por lo anterior es que debe de concederse a Al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal
El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, viola los principios de certeza jurídica presupuestal y el destino al gasto público, toda vez que no señala ni precisa cómo empleará y en qué empleará el ingreso que reciba por concepto de recaudación del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) derivado de las gasolinas y del diesel; Norma Presupuestaria que no vincula ni señala en el Plan Nacional de Desarrollo su destino, y mientras que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en su artículo 2, párrafo 12 autoriza un endeudamiento a PEMEX neto interno VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS; y un endeudamiento externo neto por SIETE MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Pues como lo señala la siguiente Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, los ingresos que se recauden son para satisfacer el gasto público:
Época: Novena Época. Registro: 171397. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a./J. 123/2007. Página: 269
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA SESIÓN RELATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS HUBIERA CONTINUADO DESPUÉS DE LA FECHA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA APROBARLO, NO ES CONTRARIA A LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS PREVISIONES DE GASTOS OBLIGATORIAS PARA LOS ENTES PÚBLICOS A LOS QUE SE DESTINA RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE AL EN QUE SE APRUEBA.
La circunstancia señalada en el rubro no es contraria a la finalidad de establecer las previsiones de gastos obligatorias para los entes públicos a los que se destina, pues conforme a los artículos 65 y 66 constitucionales, los dos periodos de sesiones ordinarias que el Congreso de la Unión tiene para ocuparse del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la propia Ley Fundamental, constituyen el lapso necesario para agotar los asuntos mencionados; de manera que aun cuando constitucionalmente se establezca un plazo para que sea aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo relevante y esencial es que la sesión concluya hasta que la Cámara de Diputados determine que han sido agotados los temas incluidos en el orden del día, lo que tampoco incide en la expedición y aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación u ordenamientos jurídicos que establecen diversas contribuciones, en virtud de que los ingresos que por esta vía se recauden se destinarán a solventar el gasto público en términos de los artículos 31, fracción IV, 74, fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tesis de jurisprudencia 123/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de agosto de dos mil siete.
El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 debe de expresar claramente el destino que le dará a la recaudación que por IEPS derivado de las gasolinas para que existe justificación de la existencia del mismo, toda vez que la reciprocidad Tributaria, si bien se percibe respecto a lo que el ciudadano se beneficia por los servicios que presta el Estado y por el solo hecho de vivir en México, también es cierto que la certeza de que los mismos tienen el destino para el cual fueron creados, se está respetando, máxime que el titular del Ejecutivo, manifestó que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, para este año 2017 no existiría aumento de precio a las gasolinas, así como del comportamiento del mercado de petróleo y a la liberación del precio de las misma, pues precisamente uno de los argumentos para la liberación de dicho precio de gasolinas es la disminución del costo final de tan fundamental insumo; aunado que México es uno de los productores más importantes del petróleo a nivel mundial, lo que demuestra una administración deficiente de los recursos público.
Lo anterior puede verse en la siguiente página de internet https://www.youtube.com/watch?v=fYTyoSh831o que desde este momento exhibo como prueba, es claro que manifestó a los Mexicanos y a todo los que habitan México que no se incrementaría el costo de la gasolina y que no habría gasolinazo.
Por tanto, al existir una contradicción en la Política Económica Nacional con el Plan de desarrollo, en el presupuesto de egresos aquí tildado de ilegal, debió de preverse y señalado de manera precisa el destino que se le dará a la recaudación que por el IEPS obtiene en relación a las gasolinas para la satisfacción del gasto público nacional, máxime que está previendo un histórico endeudamiento de la Para estatal más productiva del país, además de que se está violentando el principio de anualidad y de preexistencia como lo es el presupuesto de egresos al de la Ley de Ingresos, ambos para el ejercicio fiscal 2015.
Entonces, como se ha expresado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contraviene el principio tributario de destino al gasto público previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se deje sin efecto el impuesto a gasolinas establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, toda vez que al sostener entre estas dos normas, presupuestarias del Ejercicio fiscal 2017 los principios de anualidad y unidad, el decretar la ilegalidad constitucional del Presupuesto de Egresos, implica también redargüir la ilegal por la falta de motivación y fundamentación al establecer dicho impuesto, pues los principios de concordancia presupuestaria y de ejercicio de presupuesto constituyen de igual manera las normas de procedimiento tributario que deben de seguir los lineamientos establecidos en los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 74 de la Constitución Federal; y que al no ser satisfechos, es procedente se otorgue a Al quejoso la Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el ejecutivo determine el destino de la recaudación a consecuencia del IEPS en materia de gasolina y su aplicación en el Plan nacional de desarrollo, como también se decrete como inconstitucional el endeudamiento interno y/o externo de PEMEX en tanto no se justifique en los términos constitucionales que dieron origen a la reforma energética constitucional.
De conformidad con lo establecido en la ley del Impuesto Especial sobre Producción y -Servicios:
Así como lo precisado por el Servicio de Administración Tributaria como se desprende en la siguiente página: http://www.sat.gob.mx/información_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/ieps.aspx.
Esta publicación constituye un hecho notorio, que ofrezco como prueba en este momento, y que de conformidad con la resolución del Poder judicial de la Federación tesis I.3º C.35 K(10ª), con registro 2004949 de rubro : “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”.
Se obtiene que quienes consumen gasolina, no tiene obligación de pagar el Impuesto Sobre Productos y Servicios (IEPS) al no ser sujeto de la Ley de referencia, y no se vería reflejado en los productos finales que los consumidores finales adquirimos; por lo que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 viola el principio de legalidad Tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, toda vez que no precisan que el consumidor FINAL de gasolina, ser Premium o magna; es decir, quien compra las gasolinas para su consumo como energético No debe pagar el IEPS, POR LO QUE EL PRECIO AL PÚBLICO FINAL VISIBLE POR LITRO, DEBE ESTAR SIN LA CUOTA ESTABLECIDA POR La Ley Impuesto Sobre Productos y Servicios al no ser sujeto del impuesto, por lo que únicamente debe ser trasladado a quien está en posibilidades de acreditarlo.
Lo anterior, es totalmente claro cuando el último párrafo del artículo 1° de la Ley Impuesto Sobre Productos y Servicios establece la frase “… y en su caso pagarlo y trasladarlo”; por lo que sin lugar a dudas, las suscritas como consumidor final NO ESTOY OBLIGADO A PAGARLO NI A TRASLADARLO, de donde, el precio fijado para las gasolinas como consumidor final debe estar sin el cuota del Impuesto Sobre Productos y Servicios.
Por lo anterior, al no establecerlo de manera expresa la Ley, como tampoco establecer los mecanismos por los cuales al momento de comprar la gasolina como consumidor final, he de recibir el valor por litro real a pagar sin que incluya en el precio final el cargo adicional de la cuota fijada por el artículo 2 inciso d) de la Ley del Impuesto Sobre Productos y Servicios toda vez que las suscritas no soy objeto del impuesto.
Tal omisión en la ley implica que en las gasolinerías o expendedoras de gasolina al momento de establecer el costo por litro, se me cobre el precio por litro incluyendo en el mismo la cuota del Impuesto Sobre Productos y Servicios en los términos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación que por esta vía se impugna.
De donde es procedente se me otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que la autoridad legislativa emita una norma tributaria que especifique del Impuesto Sobre Productos y Servicios la forma en que las gasolineras como sujetos del impuesto, al momento de cobrar el combustible emitan un comprobante en el que se especifique el valor del litro desglosado en donde claramente se determine que el Impuesto Sobre Productos y Servicios no se le trasladó a Al quejoso y no lo está incluido en el precio final del producto que estoy adquiriendo.
Lo anterior se solicita por que el principio de legalidad de certeza del impuesto que establece el precepto constitucional en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna es determinante y así lo establece como una prerrogativa fundamental de mis derechos como ser humano, ciudadano, consumidor y habitante de México
Con fundamento en los artículos 128, 129, 130 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, solicitando se compulsen los documentos que obran en el escrito original con los que se acompañan para el incidente para que obren como correspondan para el efecto de que no se siga causando daños Al quejoso de imposible reparación.
1. DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 15 de noviembre de 2016 del DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web :
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016
2. Prueba que se ofrece para acreditar:
1. Todos y cada uno de los hechos descritos.
1. Todos y cada uno de los conceptos de violación descritos en el presente amparo.
2. El origen del acto reclamado
1. La procedencia del amparo
2. DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 26 de diciembre de 2016 del ACUERDO que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467173&fecha=26/12/2016
3. DOCUMENTAL consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 27 de diciembre de 2016 del ACUERDO por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. Misma que se puede consultar directamente en el Diario Oficial de la Federación o consultar a través de la página web http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467668&fecha=27/12/2016
2. La procedencia del amparo
4. PRESUNCION, en su doble aspecto legal y humano, en todo aquello que beneficie a las hoy quejosas, prueba que se ofrece para acreditar:
5. Todos y cada uno de los hechos descritos.
6. INSTRUMENTAL de todo lo actuado y por actuar dentro del presente amparo en todo aquello que beneficie a las hoy quejosas.
7. LA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA PÚBLICA consistente en lo publicado por el Servicio de Administración Tributaria SALT: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/reforma_fiscal/Paginas/ieps_preguntas.aspx#g6.
8. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple de la Credencial de Elector del quejoso.
9. El contenido del video visible en la página : https://www.youtube.com/watch?v=fYTyoSh831o
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente y atentamente, solicitamos:
PRIMERO. Tenerme por presentado en nuestro carácter de quejosas y por interpuesto en tiempo y forma el presente juicio de amparo.
SEGUNDO. Conceder la suspensión provisional y en su momento definitiva para que cesen los efectos del acto reclamado.
TERCERO. Se conceda la suplencia de la queja en base al artículo 79 de la Ley de Amparo.
CUARTO. Conceder el amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables y se acuerde de conformidad lo solicitado
Publicado por ALHEN Abogados Hugo Alday-Alhen Abogados en 9:49
FORMATO DE AMPARO VS GASOLINAZO PARA NO CONSUMIDOR...
FORMATO DE AMPARO CONTRA GASOLINAZO PARA CONSUMIDO...