Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311039.html
Timestamp: 2019-03-23 09:04:17
Document Index: 245652586

Matched Legal Cases: ['artículo 358', 'artículo 368', 'artículo 358', 'artículo 17', 'artículo 417', 'artículo 418', 'artículo 416', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 42', 'artículo 418']

as201311039
AUTO SUPREMO Nº 39/2013
EXPEDIENTE: Oruro 32/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Empresa Minera Inti Raymi contra Marcial Hipólito Ojeda Pinto
DELITO: amenazas, allanamiento de domicilio o sus dependencias, daño calificado
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por la Empresa Minera Inti Raymi S.A. representada por Waldo Mamani Soto (fs. 153 a 165) y por el procesado Marcial Hipólito Ojeda Pinto (fs. 171 a 173) impugnando el Auto de Vista Nro. 36/12 emitido el 18 de mayo de 2012 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 142 a 144), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Empresa Inti Raymi S.A. contra Marcial Hipólito Ojeda Pinto por la presunta comisión de los delitos de amenazas, allanamiento de domicilio o sus dependencias, daño calificado, previstos y sancionados por los artículos 293, 298 y 358 inciso 2) del Código Penal.
Concluido el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital del departamento de Oruro por Sentencia Nro. 02/2012 de 18 de enero de 2012 (fs. 63 a 72) declaró a Marcial Hipólito Ojeda Pinto autor del delito de daño calificado tipificado y sancionado por el artículo 358 inciso 2) del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor del Estado y la víctima averiguables en ejecución de sentencia; y en observancia del artículo 368 del Código de Procedimiento Penal se le concedió el perdón judicial; por otra parte lo declaró absuelto de pena y culpa de los delitos de amenazas y allanamiento de domicilio o sus dependencias, dado que la prueba no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre estos delitos, sin costas.
El acusador particular así como el procesado interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 77 a 92 y 102 a 104), que fueron resueltos por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro por Auto de Vista Nro 36/2012 de 18 mayo de 2012, declarando ambos recursos improcedentes y confirmando la Sentencia impugnada.
Contra dicha resolución la parte querellante representada legalmente por Waldo Mamani Soto al igual que el procesado Marcial Hipólito Ojeda Pinto interpusieron recursos de casación (fs. 153 a 165 y 171 a 173) que ahora son caso de autos.
1) La parte querellante Empresa Minera Inti Raymi S.A. representada legalmente por Waldo Mamani Soto, alegó:
a) Haciendo una reseña de los antecedentes del proceso y transcribiendo parte del Auto de Vista, el recurrente manifiesta que el Auto de Vista dictado por los Vocales se constituye en una decisión agraviante en contra de los intereses de la Empresa Minera Inti Raymi, por ingresar en contradicción con el precedente dictado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y principalmente por implicar una interpretación injusta y arbitraria de la ley sustantiva, respecto a la prohibición de imponer penas leves ante hechos delictivos graves y dolosos, sin que exista fundamentación alguna de atenuantes acorde a las normas sustantivas penales vigentes con los artículos 37 y 38 del Código Penal, relativo a las circunstancias que deben considerarse obligatoriamente para la fijación de la pena, aspectos que han sido totalmente tergiversados y desconocidos por los de Alzada.
Al respecto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 027/2007 de 23 de enero de 2007, dictado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ahora Tribunal Supremo de Justicia) manifestando que a pesar de haberse reconocido las circunstancias comprobadas de los hechos, los Vocales confirmaron la sentencia condenatoria ratificando la imposición de la pena de dos años de reclusión contra Marcial Hipólito Ojeda, a pesar de que dicho delito contempla una pena máxima de seis años de privación de libertad, promoviendo el favorecimiento de una pena leve que incluso se constituye en base para otorgar el perdón judicial, asimismo hace referencia a la existencia de una segunda contradicción manifestando que el Auto de Vista hubiere exigido que para que sea procedente el recurso de apelación restringida, se debió también efectuar la denuncia de la violación del artículo 358 inciso 2) del Código Penal, referente al propio tipo penal de daño calificado y no sólo en cuanto a la violación de los artículos 37 y 38 del Código Penal; por ultimo manifestó que existe una tercera contradicción cuando los Vocales no hacen más que reconocer que no existe conclusión alguna que se constituya en un fundamento lógico y racional sobre la consecuencia legal y sobre la pena que debe fijarse contra de la persona que ha cometido los hechos.
Finaliza pidiendo en cuatro puntos que se determine la existencia de contradicción del fallo recurrido con el precedente invocado, se establezca doctrina legal aplicable siguiendo la línea jurisprudencial sentada en el Auto Supremo Nro 027 de 23 de enero de 2007 y se deje sin efecto el Auto de Vista Nro 36/2012 dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
2.- Por su parte el procesado Marcial Hipólito Ojeda Pinto, alegó:
a) Que el Auto de Vista es totalmente atentatorio y lesiona sus derechos, ya que sin haber valorado ninguno de los aspectos apelados conforme a la doctrina legal aplicable, confirmó la sentencia donde se le impone la pena privativa de libertad de dos años, toda vez que no reparó el defecto referente a la falta de fundamentación de la sentencia denunciado en apelación restringida, no obstante que la sentencia no se encuentra fundamentada en cuanto al valor de la prueba producida en juicio oral, es más sólo hizo una relación de la prueba, y no le asignó valor a cada una de ellas, sobre este punto el recurrente haciendo transcripción de la doctrina legal aplicable cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004, 410 de 20 de octubre de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 443 de 12 de septiembre de 2007 y 349 de 28 de agosto de 2006.
b) Acusó errónea aplicación de los artículos 37 y 38 del Código Penal en lo que respecta a la fijación de la pena, señalando que se le condenó a dos años de reclusión cuando no se llegó a determinar quien fue la persona que hubiese cometido el ilícito, sobre este aspecto cita el Auto Supremo Nro. 50 de 27 de enero de 2007 refiriendo que no se uniformó la jurisprudencia al no haberse valorado su situación de padre, autoridad originaria, y la inexistencia de antecedente penal, aspecto que debió tomar en cuenta el Tribunal de Alzada.
Concluye pidiendo se deje sin efecto el Auto de Vista, disponiendo se dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.
Por otra parte se tiene que de forma extraordinaria y sólo ante las denuncias referidas de vulneración de garantías y derechos fundamentales que podrían devenir en defectos absolutos y la consiguiente nulidad de obrados, el Tribunal de Casación podrá resolver dicha vulneración siempre que este debidamente fundamentada y exponga de manera expresa el derecho, la acción u omisión que fuere transgredido; el incumplimiento de estos requisitos impide abrir la competencia de este Tribunal, en mérito de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nro. 025.
Que efectuado el análisis del recurso de casación interpuesto, se llega a establecer las siguientes conclusiones:
En cuanto al recurso de casación planteado por el acusador particular, Empresa Minera Inti Raymi S.A. representado legalmente por Waldo Mamani Soto se tiene:
Que el recurrente habiendo sido notificado personalmente en fecha 8 de enero de 2013 con el Auto de Vista de 18 de mayo de 2012 presentó recurso de casación el 15 de enero del año en curso, coligiéndose que fue interpuesto dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, al mismo anexa la única prueba admisible, copia de la apelación restringida en la que se invoca el precedente contradictorio, conforme determina el párrafo segundo del referido artículo.
Asimismo, a fin de analizar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, sobre la base de lo establecido en el artículo 418 del mismo cuerpo de ley adjetiva, debe recordarse que el Tribunal de Casación tiene como labor contrastar los hechos denunciados con los precedentes contradictorios a los que se refiere el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, por ello, para ingresar al fondo del recurso y resolver la problemática planteada, es requisito la invocación del Auto de Vista o Auto Supremo preexistente y contradictorio. Ahora bien, cuando el precedente contradice la Sentencia el mismo debe ser invocado ineludiblemente en el recurso de apelación restringida, pero cuando la Sentencia no contradiga ningún precedente, sino es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice, la invocación debe efectuarse en el recurso de casación, en ese marco, se evidencia que:
En el recurso de casación al igual que en el recurso de apelación restringida el recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 027/2007 de 23 de enero de 2007, dictado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, señalando de forma precisa la contradicción existente entre el precedente contradictorio citado y el Auto de Vista Impugnado, cumpliendo de esta manera con lo establecido por la segunda parte del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal; por lo que dicho Auto Supremo se constituirá en base y sustento legal del recurso de casación, para que se logre establecer la existencia o no de la contradicción manifestada.
Consecuentemente, el recurso de casación interpuesto, cumple y reúne los requisitos de procedencia previstos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.
En lo que corresponde al recurso de casación planteado por el procesado Marcial Hipólito Ojeda Pinto, se colige:
Que el recurrente habiendo sido notificado con el Auto de Vista en fecha 8 de enero de 2013 presentó recurso de casación dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, anexando al mismo copia del recurso de apelación restringida en el que se constata la mención de los precedentes que son citados también en casación.
En lo que respecta al primer y segundo motivo de la casación insertos en los incisos a) y b) se tiene que el recurrente si bien citó como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 724 de 26 de noviembre de 2004, 410 de 20 de octubre de 2006, 442 de 10 de septiembre de 2007, 443 de 12 de septiembre de 2007, 349 de 28 de agosto de 2006 y 50 de 27 de enero de 2007, omitió señalar en términos precisos la contradicción con el Auto de Vista impugnado, asimismo obvió establecer el nexo de identidad o situación de hecho similar; carga procesal que debe cumplir a momento de interponer su recurso, ya que se encuentra en la obligación de invocar el precedente de manera especifica y con la debida motivación, señalando en términos claros la contradicción con el Auto de Vista recurrido, lo que no ocurre en el sub lite, toda vez que se advierte que el recurrente se limitó a realizar la transcripción de la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos citados, sin realizar la exposición de la contradicción manifestada; por lo que se evidencia que el recurrente ha incumplido los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Marcial Hipólito Ojeda Pinto (fs. 171 a 173) por la falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley; y ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Waldo Mamani Soto representante legal de la Empresa Minera Inti Raymi S.A. (fs. 153 a 165) contra el Auto de Vista Nro. 36/2012 emitido el 18 de mayo de 2012 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 142 a 144), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Empresa Inti Raymi S.A. representada legalmente por Waldo Mamani Soto contra Marcial Hipólito Ojeda Pinto por la presunta comisión de los delitos de amenazas, allanamiento de domicilio o sus dependencias, daño calificado, previstos y sancionados por los artículos 293, 298 y 358 inciso 2) del Código Penal.