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Timestamp: 2015-04-21 21:00:15
Document Index: 285904940

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 63', 'Artículo 103', 'Artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 63']

Flash Confecomunica No.1.259 - Nuevas expectativas para el cooperativismo de trabajo asociado
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Confecomunica 2011 Flash Confecomunica No.1.259 - Nuevas expectativas para el cooperativismo de trabajo asociado
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MaloBueno 2011	Miércoles, 02 Noviembre 2011 11:31	Última actualización en Miércoles, 19 Septiembre 2012 14:12	No. 1259
Nuevas expectativas para el cooperativismo de trabajo asociado
PRONUNCIAMIENTOS DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Con ocasión de la expedición del Decreto 2025 de 2011, Confecoop ha realizado estudios de la normativa con su Comité Nacional de Trabajo Asociado, coordinado por Ascoop, y con abogados expertos en derecho cooperativo, con quienes también se han analizado las distintas alternativas que tienen las CTA. Así mismo, se han adelantado gestiones ante el Gobierno y el Congreso de la República, entre otros, además de la acción de nulidad contra el mencionado Decreto, cuya admisión aún no se ha producido. (Ver Flash Confecomunica Nos. 1170 y 1205).
Buscando obtener claridad para la adecuada aplicación del Decreto 2025, la Confederación radicó tres derechos de petición ante el Ministerio de la Protección Social, dos de los cuales han tenido respuesta, así:
1º Derechos laborales. Una de dichas peticiones se relaciona con los derechos laborales que deben garantizarse a todos los trabajadores, incluidos los asociados a las CTA, de acuerdo con el artículo 4º, inciso cuarto del Decreto 2025 de 2011. Al respecto, el Ministerio manifestó que los mencionados derechos y garantías laborales, deben interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y, en ese orden de ideas, considera que están referidos a la forma de retribuir las labores realizadas por los trabajadores asociados, a quienes se les pagará de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 2º Aplicación del Decreto 2025 a las CTA de salud. En cuanto a las CTA de salud, conocimos un primer pronunciamiento en el que el Ministerio concluye que “…a la luz del ordenamiento jurídico vigente en materia de Cooperativas de Trabajo Asociado, y si se tiene en cuenta además, la finalidad perseguida por el legislador al consagrar la prohibición de contratar actividades misionales permanentes, deberá concluirse que tal prohibición fue establecida de forma genérica, para todas las Cooperativas de Trabajo Asociado, incluyendo las especializadas en servicios de salud”. (Subrayamos)
Agrega el Ministerio en el concepto, que la prohibición para las instituciones o empresas públicas y/o privadas de contratar actividades misionales permanentes fue consagrada de manera general refiriéndose a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, teniendo presente que ninguna de éstas puede actuar como empresa de intermediación laboral.
En este primer concepto es claro, según el Ministerio, que el Decreto 2025 es aplicable a las CTA de salud, y puede concluirse que la prohibición contenida en su artículo 2º las cobija por igual. No obstante, en otros pronunciamientos del Ministerio, conocidos hasta el momento, Confecoop observa la tendencia a interpretar la prohibición contenida en el artículo 2º del Decreto 2025/11, dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, es decir, entendiéndola sólo para las cooperativas que realicen intermediación laboral. Así lo confirma la comunicación que remitió a esta Confederación el 7 de septiembre, mediante la cual da respuesta al segundo de los derechos de petición, referido a la aplicación del citado Decreto a las CTA de salud, en la que, reiterando el concepto No. 262273 del 1 de septiembre de 2011, expresa: “Todo lo anterior para significar que las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado representan la materialización del derecho fundamental de asociación, constituyéndose en mecanismos válidos para ejercer el derecho al trabajo y desplegar el principio de solidaridad, enmarcado en principios cooperativos como adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia, entre otros.
“Por tanto, consideramos que estas organizaciones pertenecientes al sector solidario no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano y bien utilizadas, son modelos adecuados de generación de empleo y desarrollo económico para los trabajadores asociados. “Ahora bien, una segunda premisa a tener en cuenta es que pese a su importancia, las CTA nunca pueden constituirse en mecanismos para ocultar verdaderas relaciones de trabajo, en menoscabo de los derechos de los trabajadores…”(…)
Más adelante señala el Ministerio que “la reglamentación de la cual han sido objeto las Cooperativas de Trabajo Asociado, no implica la prohibición absoluta de contratar con dichas organizaciones, ni la desnaturalización de esta figura, sino que por el contrario, persigue proteger la esencia el Cooperativismo…” y concluye expresando que “aquellas Cooperativas de Trabajo Asociado que actúen conforme a la Ley, respetando la totalidad de derechos laborales de sus asociados, en concordancia con los Derechos constitucionales de Asociación y Trabajo, podrían ser contratadas para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, cuando la actividad socioeconómica de la Cooperativa de Trabajo Asociado coincida con la actividad desarrollada por el tercero contratante, y no se ejerza la intermediación laboral.”.
De acuerdo con lo manifestado, aunque jurídicamente los anteriores pronunciamientos no tienen carácter obligatorio y el contenido del decreto prevalece sobre ellos, lo expresado por la autoridad en estos conceptos, facilita las gestiones gremiales tendientes a encontrar alternativas para el cooperativismo de trabajo asociado. Adicionalmente, hace algunos días fue publicada en la página web del Ministerio de la Protección Social una comunicación dirigida al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, a los Personeros municipales, Gerentes de Empresas Sociales del Estado, Directores Territoriales de Salud y funcionarios del Ministerio, en la que, a propósito de las inquietudes recibidas en relación con la contratación de procesos con CTA, o de recursos humanos a través de otras modalidades, manifestó que en los análisis realizados se ha determinado que uno de los temas más urgentes, es la revisión del régimen laboral de las Empresas Sociales del Estado, de manera que éstas puedan estar en igualdad de condiciones con otras instituciones prestadoras de servicios de salud, y que sus plantas sean ajustables a las necesidades de la demanda. Agrega que “en la actualidad no es posible hablar de una solución inmediata a las diferentes situaciones que presentan las Empresas Sociales del Estado, hasta tanto se llegue a una solución que permita dar claridad a todo el tema relacionado con el recurso humano. Por lo anterior, es necesario que dichas entidades adopten las medidas que estimen pertinentes con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población tal y como lo establece la Constitución Política.”Al respecto Confecoop observa que, aunque no se hace explícito, para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, el Ministerio interpreta con cierta laxitud la contratación del recurso humano de las ESEs, incluida la contratación con las CTA. En este último caso se fundamenta en lo manifestado en el concepto de fecha 1 de septiembre, atrás mencionado, así:
“…Para tal fin, es importante tener en cuenta el concepto de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo de esta Entidad, emitido mediante concepto No. 262273 del 1 de septiembre de 2011, el cual en uno de sus apartes precisa que la Ley 1450 de 2011, por el cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014”, al indicar sus vigencias y derogatorias no efectuó una derogación especial del parágrafo transitorio del Artículo 103 de la ley 1438 de 2011, como sí lo hizo con el parágrafo transitorio del Artículo 63 de la ley 1429 de 2010.”
En consideración a lo anterior, Confecoop continuará buscando nuevos espacios de diálogo y concertación con el Ministerio de la Protección Social, y le presentará una propuesta normativa en los próximos días, con el fin de que las cooperativas de trabajo asociado que desarrollen sus actividades de acuerdo con su naturaleza y principios, puedan continuar operando en el mercado.
3º Aplicación del Decreto 2025/11 a contratos anteriores. Finalmente, el Ministerio aún no ha dado respuesta al tercero de los derechos de petición presentado por Confecoop, relativo a la aplicabilidad del artículo 2º del Decreto 2025/11 a los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia. No obstante, en opinión de esta Confederación y en atención al tenor literal de dicha disposición, ésta aplica únicamente para los contratos celebrados a partir de la vigencia del artículo 63 de la Ley 1429/10, es decir, a partir del 16 de junio de 2011, fecha en la cual entró a regir la ley del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, los contratos con CTA anteriores a la fecha mencionada, son válidos en la medida en que fueron celebrados al amparo de las normas que se encontraban vigentes al momento de su suscripción, siempre y cuando los procesos o servicios contratados sean desarrollados por la cooperativa con total autonomía, es decir, sin realizar actividades de intermediación laboral ajenas a su naturaleza.
Por otra parte, la Viceministra de Salud y Bienestar, Encargada de las Funciones del Despacho del Ministro de la Protección Social, Beatriz Londoño Soto, expidió recientemente la Circular 055 de 2011, dirigida a entidades públicas y privadas, cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, SAS, empresas de servicios temporales, de outsourcing, empresas asociativas de trabajo, corporaciones, asociaciones, fundaciones, ONG y otros, con el fin de reiterar la prohibición “de realizar cualquier forma de intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores, consagrados en las normas vigentes, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el orden normativo sobre la materia”. No obstante, Confecoop considera importante recordar: 1. Que las únicas entidades legalmente facultadas para intermediar en el mercado laboral son las Empresas de Servicios Temporales –EST-, actividad que, por esa razón, está prohibida a las cooperativas de trabajo asociado y a las demás organizaciones mencionadas en dicha Circular. 2. No es jurídicamente viable concluir que está permitido hacer intermediación laboral, siempre y cuando no se afecten los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores, tal como lo expresamos en el Flash Confecomunica No. 1253. Confecoop continuará informando por este mismo medio, las novedades o avances que se produzcan frente a la contratación de CTA.