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Timestamp: 2017-08-20 09:52:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 194', 'artículo 139', 'artículo 196', 'artículo 51', 'artículo 194', 'artículo 109', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 139', 'artículo 194', 'Artículo 196', 'Artículo 51', 'Artículo 194', 'artículo 34']

Crítica a la “prueba de oficio”: ¿es razonable su inimpugnabilidad? | IUS 360
** El autor agradece al Dr. Roberto Pérez-Prieto por sus comentarios y críticas en la elaboración del presente artículo.
El artículo 194 del Código Procesal Civil regula la “prueba de oficio”, un concepto muy debatido en doctrina, y es que este aspecto confronta dos posturas totalmente opuestas sobre la labor que corresponde el juez en el proceso: o ser un mero espectador de las partes o ser un guía autoritario que conduce el proceso.
Sin embargo, consideramos que ello no es el aspecto más debatible de la totalidad de la norma en cuestión, sino el párrafo donde se enuncia lo siguiente: “La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo”.
En efecto, tal como señala Luis Alfaro, resulta criticable restringir a las partes la capacidad de impugnar la resolución, incluso cuando se establece como condición una debida motivación, ya que esto vulnera tanto el derecho a la pluralidad de instancia como el derecho a la defensa, reconocidos en el artículo 139 de la Constitución, incisos 6 y 14, respectivamente (2008: 359).
Consideramos necesario, antes de analizar la constitucionalidad del referido párrafo, indagar sobre la potestad del juez de proponer “pruebas de oficio”, ya que es allí donde nace la polémica al darle un rol más activo al juez, postura que ha sido criticada por algunos autores, como se verá más adelante.
Rol del Juez en el Proceso Judicial: ¿activo o pasivo?
Al respecto, Juan Monroy Gálvez hace una clasificación donde diferencia dos sistemas jurídicos opuestos en relación al papel que desempeña el juez en el proceso: a) sistema procesal privatístico y b) sistema procesal publicístico (1996: 69-70)[1]. En el primero de ellos, el proceso dependerá de lo que las partes actúen; es decir, ellas tienen el control del mismo teniendo el juez un rol pasivo que se limitará a decidir en base a lo que las partes aporten al caso (Veramendi 2011: 2-3). En palabras de Hugo Alsina, este sistema consideraba que “a las partes corresponde no solo la iniciación del mismo (del proceso), sino el impulso procesal y el juez es un mero espectador que al final de la contienda acuerda la razón al vencedor dentro de lo que las partes han querido que sea materia de su pronunciamiento” (2001: 407).
Por otro lado, en el sistema procesal publicístico se asume que el proceso no solo debe interesar a las partes sino a toda la colectividad ya que se entiende que existe confianza en que el proceso puede resolver casos donde primará la verdad material evitando que, por culpa de las partes, se termine dictando sentencias injustas; por ello, se le brinda al juez un rol activo en la actividad probatoria a fin de garantizar una sentencia que efectivamente tutele los derechos vulnerados (Alsina 2001: 407). En palabras de Giovanni Priori: “Los ciudadanos buscan que la respuesta jurisdiccional se dé satisfaciendo una serie de valores, sin los cuales la decisión que se brinde no será aceptable” (2015).
Por su parte, Gustavo Calvinho se muestra en contra de este último sistema al considerar que se debilita la imparcialidad del juez al servir éste de apoyo para esclarecer la insuficiencia de una prueba que, finalmente, terminará favoreciendo a una de las partes (2008: 99). Al respecto, discrepamos con este autor ya que consideramos que el proceso no tiene como fin resolver un caso restringiéndose solo a la verdad o falsedad de las pruebas que aleguen las partes, sino que su verdadera meta es alcanzar la verdad material de los hechos y, de esta forma, concretar una efectiva tutela de los derechos. En esa misma línea, Devis Echandía comenta que el fin del proceso no puede limitarse solo a la mera actuación del derecho objetivo, sino también a la efectiva tutela de los derechos subjetivos respetando, de esta forma, la libertad y la dignidad humana, por lo que cada fin no puede ser tomado de manera excluyente (2002: 157).
En efecto, si no permitiésemos que el juez tenga suficientes poderes para investigar más allá de lo que las partes presenten, estaríamos fomentando que algunos sujetos intenten aprovecharse del proceso para obtener derechos que materialmente no les corresponden, pero que lograron obtener gracias al mal desenvolvimiento de la contraparte durante, por ejemplo, una audiencia de pruebas y frente a la actitud pasiva de un juez que solo se conforma con la actuación de las partes sin pretender conocer (partiendo de las pruebas que en ese momento tiene) si realmente su sentencia tutelará a la parte que realmente se lo merecía, lo que ayudaría a mantener la armonía y paz social con respecto al proceso (Echendía 2002: 157).
Además, si el juez no tuviera el poder de intervenir en el proceso para esclarecer hechos que no le permiten tomar una decisión razonable, ¿cómo sería posible que se le exija una sentencia justa cuando somos nosotros los que limitaríamos las razones por las que fundamentaría su decisión?
Con una postura un tanto más extrema, Osvaldo Gozaíni afirma que “la función de los jueces, comprometida con la búsqueda de la verdad para adoptar decisiones justas, no puede limitarse a los elementos que le son suministrados por las partes y debe hallarse en permanente disposición de decretar y practicar pruebas de oficio, de evaluar y someter a crítica las allegadas al proceso y de evitar, con los mecanismos a su alcance, las hipótesis procesales que dificulten o hagan imposible el fallo” (2004: 327). Nosotros aceptamos en parte esta tesis; sin embargo, consideramos que la “prueba de oficio” debe tener ciertas limitaciones para que el juez no termine reemplazando a las partes.
Al respecto, cabe resaltar la reforma del art. 194 de Código Procesal Civil que se produjo con la Ley N° 30293 en el año 2014, ya que anterior texto señalaba expresamente que el juez “podía” ordenar la actuación de los medios probatorios que considerase conveniente siempre que los ofrecidos por las partes fueran insuficientes; sin embargo, el nuevo texto ha reformado este término y ya no indica que el juez “puede” (lo cual significaba que ello no era una obligación), sino que ahora lo “ordenará”; en otras palabras, el juez ya no se podrá excusar de no aplicar el art. 149 argumentando que este solo le daba una facultad, ahora deberá entenderlo como un deber (Alfaro 2015: 260)[2].
En esa misma línea, Echandía señala que “en el moderno derecho procesal se considera que, cuando la ley otorga a los jueces ciertas facultades para que practiquen una mejor justicia, es un deber de ellos el utilizarlas siempre que se presenten las circunstancias previstas en la misma ley para su ejercicio” (2002: 295). De esta forma, la Ley N° 30293 está dando un papel más activo al juez dentro del proceso.
El juez activo y el sistema procesal peruano:
Habiendo comentado los dos tipos de sistemas procesales existentes (privatísitico y publicístico), queda señalar cuál de ellos se aplica en el sistema peruano. Según Jorge Carrión, el Perú se ubica “dentro de los dos sistemas procesales anotados, el dispositivo (privatístico) y el inquisitivo (publicístico), donde los derechos sustantivo y adjetivo, fundamentalmente, están consagrados en forma objetiva, utilizando la escritura como medio de exteriorización (códigos), en los que el principio de legalidad es substancial” (2000: 13).
En palabras de Michele Taruffo: “en efecto, es oportuno hablar de modelos mixtos para indicar aquellos ordenamientos procesales – que actualmente son numerosos– en los cuales se prevé más o menos extensos los poderes de instrucción del juez, en cuanto a la plena posibilidad que las partes tienen de aportar todas las pruebas admisibles y relevantes para la certeza de los hechos” (2009: 412). Por lo tanto, a grandes rasgos, podemos señalar que los modelos mixtos se caracterizan por la convivencia entre la actividad probatoria de las partes y la del juez, de tal forma que ninguno tome el lugar del otro.
En tal sentido, cabe resaltar la distinción entre una figura del “juez activo” y el “juez autoritario” en la adquisición de pruebas, encontrándose el primero en un contexto en el cumple una función integrativa y supletiva en relación a las pruebas que presentan las partes, es decir, solo intervendrá de forma excepcional sobre la base de lo que las partes ya han expuesto (siempre respetando el derecho a la defensa); por otro lado, el “juez autoritario” es aquel que tiene amplios poderes de instrucción, puede adquirir de propia iniciativa las pruebas con las que juzgará el caso incluso si para ello debe sobrepasar los límites de las garantías procesales (Taruffo 2009: 414). En otras palabras, el juez activo se encuentra justo en medio de las posturas privalítisticas y publicísticas.
Consideramos que la figura del “juez activo” es la aplicable al sistema procesal mixto peruano ya que, analizando las normas con las que el Código Procesal Civil regula la actividad probatoria, comprobamos que se verifica la “convivencia” entre los dos sistemas procesales ya estudiados. Ellos se encuentran, por parte del sistema procesal privalístico, en el artículo 196 (el cual impone como regla general la carga de la prueba para quien afirma hechos que configuran su pretensión)[3]; y por el lado del sistema publicístico, el inciso 2 del artículo 51[4] y el artículo 194 (correspondiente a la “prueba de oficio”)[5] (Veramendi 2011: 5).
Ahora bien, luego de señalar que nuestro país se encuentra en un sistema procesal mixto, el cual faculta al juez de participar en la actividad probatoria (con algunas limitaciones) en favor de la búsqueda de la verdad material, queda por analizar si la figura de la inimpugnabilidad de la “prueba de oficio” ha sido debidamente regulada para que cumpla los fines del proceso. Cabe resaltar la diferenciación que propone Gozaíni entre verdad material y verdad formal, siendo la primera uno de los objetivos esenciales del proceso, mientras que la segunda queda reducida a los hechos probados en la causa gracias a la capacidad de persuasión de los medios propuestos en el proceso (2004: 343).
Impugnación de la “prueba de oficio”
El legislador, con la reforma del art. 194 del Código Procesal Civil, ha pretendido salvar la inimpugnabilidad de la “prueba de oficio” otorgando supuestos para fortalecer la razonabilidad de la decisión del juez al respecto de esa prueba. Algunos de estos se refieren a que la fuente de la prueba haya tenido que ser citada por las partes en el proceso, que se asegure el derecho de contradicción de la prueba y que el juez no termine reemplazando a las partes en su carga probatoria; sin embargo, destaca aquel que sanciona con “nulidad” la resolución que ordena la prueba de oficio cuando no está “debidamente motivada”.
En efecto, se pretende justificar el carácter inimpugnable de la decisión del juez al considerarse suficiente una “debida motivación” (que incluya los tres límites probatorios del juez señalados en el primer párrafo de la norma) ya que cuando ésta haya sido realizada defectuosamente (o simplemente no se haya realizado) se deberá sancionar con nulidad, por lo que cuando se dé lo contrario (una debida motivación que abarque los tres límites) quedará “blindada” de toda impugnación. Pero, ¿podrá una resolución “debidamente motivada” no cumplir necesariamente con la obtención de la verdad material? ¿Es suficiente la justificación que se dé acerca de los tres límites de la prueba de oficio, en una resolución valorada como “debidamente motivada” por ese juez, para que se logre volver intocable a esta prueba?
Consideramos que, aunque el tema de la “debida motivación” represente un leve avance, ya que en el anterior art. 194 solo se exigía la decisión “motivada” y ahora se exige que sea “debidamente motivada” (lo cual, de todas formas, era lógico), la motivación sobre la decisión que toma un juez podrá ser siempre distinta (y hasta opuesta) a la que realice otro ya que implica cierto nivel de subjetividad con respecto a la forma en la que cada persona percibe un caso en concreto (Arrarte 2003: 110), por lo que no se justifica depender principalmente de la motivación que admitirá de la prueba de oficio para volverla inimpugnable ya que probablemente otro juez podría percibir que dicha prueba no admite razones para ser incluida en el proceso (mediante una motivación distinta).
Y es que, aunque el expediente N° 00728-2008-PHC/TC del Tribunal Constitucional haya delimitado algunos supuestos que implican una indebida motivación (falta de corrección lógica, falta de coherencia narrativa y falta de justificación externa), un juez podrá seguir un razonamiento que finalmente, a su parecer, justifique o no la admisión de una prueba de oficio y no por ello debemos dejar en indefensión a alguna de las partes que considera lo contrario.
Es decir, el auto que admite la prueba de oficio podrá contener una debida motivación (con criterios razonables) y, por lo tanto, ser tomada como “constitucional” para ese juez; sin embargo, la parte afectada debería tener siempre el derecho a replicar los motivos por los que esta decisión ha sido tomada frente a una segunda opinión ya que podría considerar que los fundamentos fueron insuficientes. Esto nos hace concluir que la “debida motivación” nunca será suficiente ya que, en el fondo, siempre partirá de las apreciaciones que tenga cada juez para cada caso en concreto, lo cual implica que el juez de segunda instancia podrá tener una forma de razonamiento distinta que a lo mejor sí vaya acorde con la verdad material de los hechos. Entonces, si la parte afectada no logra que su legítimo derecho sea protegido por un juez, ¿por qué negar la posibilidad de que otro juez pueda dictar la sentencia “justa” que se necesita para alcanzar la verdad material?
En palabras de Rafael De Asís:
“La interpretación posee un carácter problemático y dialéctico, tanto en el sentido de alternativas enfrentadas en pugna cuanto en el de conocimiento probable. Ante un problema jurídico, cada operador puede dar una interpretación a un texto enfrentada con la de los restantes, y la solución, si esto sucede en un proceso (judicial o simplemente comunicativo), sería aquella que cuente con mejores apoyos racionales o, también, aquella que decida quien tiene poder para ello (el juzgador o a quien se haya otorgado tal potestad, como ejercicio de su voluntad). Pero, en cualquier caso, esa solución interpretativa no puede decirse que sea la única o la verdadera (aunque en el Derecho llegue a adquirir ese papel)” (2007: 116)
Por ello, si bien el Derecho va a buscar, mediante la motivación, que la decisión se vea justificada jurídicamente, nunca podremos estar completamente seguros que aquella ha logrado hallar de la verdad (en una búsqueda que parece imposible); sin embargo, es tarea del Derecho hacer todo lo posible por encontrarla. Sin embargo, se señala que “a pesar de que puedan ser descritos criterios y mecanismos jurídicos interpretativos, a la hora de interpretar aparecen también las valoraciones del intérprete, que tiene que elegir entre posibles significados, y está condicionado por el momento jurídico” (De Asís 2007: 117). Por ello, sostenemos que siempre debería ser posible la opción de impugnar la prueba de oficio. Quizá sea probable que el proceso tenga un margen de error, pero nuestra tarea es buscar la forma de reducirlo al máximo para poder estar cada vez más cerca de la verdad material.
Al respecto, Arrarte opina que “es imprescindible que el juzgador demuestre a los litigantes y especialmente a la sociedad, que su decisión no es producto de su mera intuición, sino de un razonamiento correcto que además ha tomado en consideración que al resolver un caso está asumiendo un rol que trasciende: el de sentar los valores que la sociedad debe respetar, no solo en la coyuntura inmediata, sino también en el futuro que proyectamos” (2003: 230).
Por lo tanto, una adecuada motivación siempre será de gran ayuda no solo para las partes (las cuales podrán entender el razonamiento de la decisión del juez), sino también para la propia decisión que ahora se verá justificada bajo criterios que la sustentarán válidamente (y, de esta forma, se evite decir que se trata de una decisión arbitraria) conforme a los valores de la sociedad y, según Hugo Lamadrid, para que la parte que no ganó pueda decidir si es que vale la pena apelar o ya es un caso perdido (2009: 99); sin embargo, ello siempre se dará bajo la perspectiva de cada juez en concreto, que podrá estar parcialmente sesgado por lo que le diga su intuición al respecto (Sood 2015: 1562)[6], la cual podrá ser válida para él pero errónea para otros, y que claramente puede darse en la ciencia del Derecho, donde es usual que existan diversas posturas sobre un mismo punto controvertido (incluso cuando cada postura distinta pueda llegar a considerar el resto son erróneas). En efecto, si en una facultad de Derecho o en un evento académico nos damos cuenta que muchos profesionales del Derecho pueden tomar posturas contrarias sobre un mismo tema, ¿acaso lo mismo no le puede suceder a los jueces?
Por ello, deberá darse siempre un derecho a impugnar para que el próximo juez evalúe si los motivos por los que el primer juez fundamentó su decisión son realmente acordes a la finalidad del proceso. En caso lo sean, no habrá problema en confirmar la decisión.
Es claro que siempre se deberá evitar el abuso procesal con el pretexto de buscar una real “solución justa” cuando lo que en realidad se busque es ganar tiempo[7] o tener la chance de que el juez de segunda instancia se equivoque y proteja a quien no lo merece. En efecto, nuestro Código Procesal Civil regula lo señalado en el artículo 109 donde se indica que es deber de las partes “proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso”[8]. Frente a ello, Wilson Hernández sostiene que la formación de los colegios de abogados debe consolidar la ética del profesional y que también deberán ser más firmes ante las malas conductas (2009: 84)[9].
¿Cómo “salvar” el artículo 194?
Tomando en cuenta lo confuso que puede resultar la redacción del artículo 194, Roberto Pérez-Prieto ha señalado una interpretación que permite una lectura más adecuada de esta norma, indicando lo siguiente:
“Aunque la técnica legislativa que se ha utilizado sea algo confusa, lo cierto es que se ha incorporado a la doble instancia como mecanismo de control de las incorporaciones de prueba de oficio.
‘Siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo’.
En otras palabras, la resolución es impugnable y si se denuncian los errores descritos en el mismo artículo la instancia superior tendrá que hacer una revisión de la resolución y de ese modo se garantiza la doble instancia” (2015).
De esta forma, lo que la norma busca en realidad es abrir un camino a la impugnación de la prueba de oficio solo cuando no se cumpla con las limitaciones que el mismo artículo impone al juez. Al respecto, consideramos que es una buena alternativa a tomar frente a una norma cuya interpretación requiere respetar las garantías procesales de las partes.
Sin perjuicio de ello, nos permitimos tomar una postura distinta (considerando lo señalado en el acápite anterior) ante esta norma: incluso cuando la prueba tenga la posibilidad de ser impugnada solo en los casos que se vulnere alguno de los límites establecidos en el artículo 194, consideramos que lo mejor sería excluir el carácter inimpugnable a las pruebas de oficio, ello a fin de respetar el derecho a la segunda instancia y a la defensa de las partes ya que, como ya se mencionó, los límites del art. 194 van a tener que ser justificados por medio de una motivación para que esta tenga la calidad de “adecuada”; sin embargo, incluso cuando la motivación logra ser una gran herramienta para obtener decisiones razonables, su propia naturaleza hace que pueda ser inexacta.
Por todo lo expuesto, consideramos que la inimpugnabilidad de la “prueba de oficio” vulnera el derecho a la doble instancia y a la defensa de las partes, ambos recogidos en el artículo 139 de nuestra Constitución. Recordemos las palabras de Arrarte al afirmar que “el juez es un ser humano y que en las piezas del ajedrez que conforman el proceso, los peones son seres vivos que generan sensaciones distintas en el juzgador” (2003: 130). En efecto, el juez puede tener el poder suficiente para poner fin a una controversia con calidad de cosa juzgada; sin embargo, sigue siendo una persona tal como cualquiera de nosotros y, por lo tanto, también puede equivocarse.
Finalmente, tal como indica Giovanni Priori, en un Estado Constitucional de Derecho (como el nuestro) “la solución al caso debe ser ante todo y sobre todo constitucional, antes que legal, y en esa solución, la interpretación de la ley y de las demás normas jurídicas deben ser realizadas siempre conforme a la Constitución” (2009: 347); en tal sentido, cuando un juez se encuentre frente al artículo 194 de nuestro Código Procesal Civil, deberá pensar dos veces si le corresponde seguir la ley al pie de la letra o aplicar un juicio de constitucionalidad de la norma a fin de tutelar el derecho a la defensa de las partes involucradas en cada caso en concreto.
[1] Al respecto, Jorge Carrión prefiere diferenciar entre inquisitivo y dispositivo (2000: 12).
[2] En esa misma línea, Roberto Pérez-Prieto señala lo siguiente: “Es preciso resaltar que sobre este punto podemos apreciar que a diferencia de la norma original, esta ya no es una potestad del juzgador sino un mandato, puesto que se dejó de utilizar la palabra “puede” por la palabra “ordenará”, y de ese modo estamos ante una imposición para el juez y ya no algo que puede dejar a su libre conciencia” (2015).
[3] Artículo 196 del Código Procesal Civil: Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.
[4] Artículo 51 inciso 2 del Código Procesal Civil: Los Jueces están facultados para ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes;
[5] Artículo 194 del Código Procesal Civil: Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio.
[6] “A motivated justice hypothesis” es el nombre que Avani Mehta Sood le ha colocado a esta teoría (2015: 1962). En esa misma línea, Eyal Peer y Eyal Gamliel sostienen que “en algunos casos los jueces podrían ser propensos a falacias cognitivas y sesgos que probablemente terminarían afectando sus decisiones judiciales” (2013: 114).
[7] Lo que Jorge Peyrano califica como “conducta procesal oclusiva u obstruccionista” (2006: 195).
[8] También podemos encontrar esta buena fe procesal en legislación comparada como en Argentina donde el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula, en el apartado cuarto del inciso 5 del artículo 34, que le corresponde al juez “prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe”.
[9] Asimismo, este autor sostiene que la carga procesal no se debe, como se podría pensar, ni al incremento en la demanda de casos (que la cantidad de casos se incremente con el transcurso del tiempo), ni a la falta de recursos del Poder Judicial, ni al límite de la productividad de los jueces, ni a la falta de juzgados; todo lo contrario, las principales causas son la incapacidad de resolver los casos que ya se encontraban “por procesar” y no los nuevos, la ineficaz labor de los juzgados y la falta de incentivos para mejorar la productividad (Hernández 2009: 74-80).
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Estudiante de Derecho en la PUCP y ex-miembro del Consejo Directivo de la Asociación IUS ET VERITAS.
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