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Timestamp: 2018-09-21 06:34:56
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Análisis sobre la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura y la perspectiva comparada con otras Comunidades Autónomas – investigacionenjuventud
Análisis sobre la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura y la perspectiva comparada con otras Comunidades Autónomas
Analysis of the legal nature of the Youth Council of Extremadura, focusing on the comparative perspective with other regions of Spain
Análise sobre a natureza jurídica do Conselho da Juventude de Extremadura e a perspetiva comparada com outras Comunidades Autônomas
Rafael García Pérez-Blanco
Licenciado en Derecho. Consejo de la Juventud de Extremadura. rgpb40@gmail.com
DOI: 10.22400/cij.2.e009
¿Qué es el CJEx? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Realmente, tendría sentido pretender una hipotética supresión de este organismo en aras a una pretendida racionalización administrativa del sector público, a través de una eventual fusión con otro tipo de organismo? O, por el contrario ¿tendría más sentido dotarlo de más recursos de todo tipo con vistas a que la juventud extremeña organizada pueda seguir expresando libre y democráticamente, qué necesita, qué espera, qué demanda para ya, y para el futuro inmediato? El objeto de este trabajo es analizar la naturaleza jurídica de este organismo, deteniéndonos en la perspectiva comparada con otras Comunidades Autónomas.
naturaleza jurídica, constitución multinivel, organismo autónomo, participación juvenil, CJEx
What is CJEx? What is its purpose? Which are its functions? Would it really make sense to hipothetically suppress this organization in order to make a pretended more rational administration of the public sector by an eventual merging of this organization into another one? Or, rather, would it make more sense to provide it with more resources in order to allow the Youth from Extremadura to continue expressing democratically their needs, expectations and demands for the present and for the most immediate future by means of this organization? The topic of this essay is to analyse the legal nature of this organisation, focusing on the comparative perspective with other regions of Spain.
legal nature, multilevel constitution, autonomous organization, youth participation, CJEx
¿O que é CJEx? ¿Porque é que existe? ¿Quais são seus funções? Realmente ¿teria sentido uma supressão hipotética deste órgão pelos interesses de uma suposta racionalização administrativa do setor público através de uma possível fusão com outro tipo de organismo? Ou, por outro lado, ¿teria mais sentido dar-lhe mais recursos para que a juventude pudera continuar exprimindo livremente e democraticamente, o que ele precisa, o que ele espera, o que demanda por agora, e para o futuro imediato? O objetivo deste artigo é analisar a natureza jurídica deste órgão, parando- nos em uma perspetiva comparada com outras Comunidades Autônomas.
natureza jurídica, constituição multinível, organismo autônomo, participação juvenil, CJEx
Recibido ǀ Received ǀ Recebido 03/01/2017, Aceptado ǀ Accepted ǀ Aceito 28/01/2017, Publicado ǀ Available ǀ Publicação 31/01/2017
► Introducción ► Consideraciones previas sobre la naturaleza jurídica ► El artículo 48 de la Constitución Española: encaje en la constitución multinivel ► Estructura normativa del Consejo de la Juventud en Extremadura ► Marco de relación con el Instituto de la Juventud de Extremadura ► Los artículos 81 y 82 e la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público ► Comparativa con otras comunidades autónomas ► Consideraciones finales ► Bibliografía
En líneas generales, una panorámica sobre los consejos de juventud en nuestro país ha de partir de una visión del colectivo juvenil como segmento de población claramente proactivo y participativo en los procesos de toma de decisiones, en tanto que agentes protagonistas de cambio social, en el marco de una sociedad de libre pensamiento que aspira a la consecución de un entorno social más igualitario y equitativo.
Las estructuras o plataformas de participación juvenil surgieron en España allá por los años ochenta como instrumentos concebidos para que las personas jóvenes pudieran tomar parte en su propia realidad, dando cumplimiento al mandato constitucional y posibilitando el fortalecimiento de la participación de la juventud, la reivindicación y la posibilidad de hacer oír la voz de la juventud en los diferentes ámbitos de la sociedad.
En esta línea, los consejos de juventud son espacios de participación libre y eficaz de la juventud en el desenvolvimiento de la vida política, social, económica y cultural de nuestro Estado autonómico.
De ahí que fueran concebidos como lugares para la escucha activa, la articulación y vertebración del movimiento juvenil organizado, asociado o no, y como el foro más adecuado para fomentar y reivindicar la participación de las personas jóvenes en los distintos ámbitos del entorno internacional en el que nos desenvolvemos.
Estas consideraciones nos han llevado a realizar un análisis sobre la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura, haciendo un recorrido más o menos pormenorizado por los distintos aspectos de la misma, así como sobre la perspectiva comparada con otras Comunidades Autónomas. Y así, en primer lugar, nos hemos detenido en el concepto de naturaleza jurídica en sí mismo, sus aspectos esenciales, el deslinde con respecto a otras entidades que aparentemente podrían parecer similares, así como la estructura normativa en la que se concretan todos esos aspectos o rasgos definitorios, para finalizar con un breve recorrido por la comparativa autonómica.
2 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA
El análisis en profundidad de la naturaleza jurídica de cualquier figura, institución o categoría jurídica supone realizar un ejercicio intelectual que, entre otras consideraciones, va a tener la utilidad de disponer de un conjunto de datos sistematizados que nos ayudarán a obtener una mejor comprensión de los aspectos conceptuales y definitorios de la figura o institución de que se trate.
Pero, también debemos preguntarnos qué pasaría si además de observar con detenimiento dicha naturaleza jurídica, previamente nos planteáramos qué significa en sí mismo el concepto de naturaleza jurídica, a qué nos referimos con él.
Este planteamiento será el punto de partida para las siguientes reflexiones en torno a los dos términos de la expresión: naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura, para posteriormente, realizar una aproximación a lo que ha ocurrido en la perspectiva autonómica.
Porque como sostiene Lois Estévez (1956) nuestra primera y constante aspiración es saber lo que son las cosas, lo cual nos lleva a preguntarnos a propósito de todo aquello que nos ofrece la experiencia: ¿qué es esa cosa?, respondiendo a esta interrogante con la definición de ella, de modo que al decir lo que una cosa es, indirectamente estamos diciendo aquello que la diferencia de las otras.
Esta reflexión nos llevaría a definir con el autor citado el término naturaleza jurídica como aquel ideal eminentemente científico, que consiste en el proceso de intelección genética para comprender cómo ha surgido y evolucionado aquello que se nos da bajo una institución perteneciente al mundo del derecho, mediante el ejercicio de comprender y demostrar cómo una institución cualquiera no es sino implicación y consecuencia de alguna forma de valor jurídico primitiva.
Sin ánimo de adentrarnos en terrenos más propios de la reflexión filosófica podemos concluir que una vez entendido que el término naturaleza jurídica supone adentrarse en las causas y los orígenes, así como preguntarse el porqué de la existencia de una figura, institución o categoría jurídica concreta, entenderemos el sentido de este ejercicio, que, además, nos aportará una perspectiva de cómo ha evolucionado la institución a lo largo del tiempo, en función del contexto social, cultural, político y económico en el que surgió y se ha venido desenvolviendo.
Con este esquema de trabajo se abordan a continuación un conjunto de reflexiones sobre el Consejo de la Juventud de Extremadura y su naturaleza jurídica, lo cual nos llevará, de forma breve, a tratar de dar respuestas a preguntas como: ¿Cuál es la esencia del Consejo de la Juventud de Extremadura? ¿Qué lo diferencia de otras instituciones? ¿Por qué y para qué surgió?
Y en estrecha conexión con todas estas cuestiones, otra no menos importante: si en nuestro sistema constitucional se apostó en un momento concreto por contar con unas figuras como los consejos de juventud autonómicos, que como todo ente jurídico, están hechos para obrar, para realizar unas funciones y alcanzar unos fines, ¿estarían justificadas las propuestas que, en ocasiones, proponen su supresión, o tal vez su integración en otro tipo de organismos?
Finalmente, el análisis de la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura también supone entrar en el análisis de cuál es la estructura del organismo, es decir, cuáles han sido y son las normas jurídicas que lo regulan y lo definen, cuál es, por tanto, su régimen y cuáles sus funciones.
De esta forma, concluimos con Lois Estévez (1956, 166) que “toda institución, cualquiera que sea, lo mismo da que pertenezca al Derecho Público o al Derecho Privado, reposa sobre una idea general de la que es aplicación y desenvolvimiento. Tal idea es un principio rector, y la reglamentación que se le confiere consiste sólo en las consecuencias que se deducen de aquel principio”.
Sólo así, cabe añadir, será posible comprender qué es el Consejo de la Juventud de Extremadura, por qué existe, para qué fue creado, cuál es su espacio propio de actuación en el sistema jurídico vigente, y cómo se relaciona con otras instituciones colindantes con las que convive y desarrolla su existencia.
3 EL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ENCAJE EN LA CONSTITUCIÓN MULTINIVEL
La clave para entender todo el complejo puzle que representan los consejos de juventud en el Estado autonómico español, cuya naturaleza es, en ocasiones diversa, como veremos más adelante, necesariamente tiene que partir del artículo 48 de la Constitución.
Dicho artículo establece expresamente que: “los poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Este precepto fue incluido por los padres de la Constitución española en el Capítulo III: “De los principios rectores de la política social y económica” de nuestra norma suprema, que ya ha cumplido treinta y ocho años de vida.
Merece destacarse el hecho de que ya desde el año 1978 a través de este escueto artículo quedó nítidamente despejada la posibilidad de diferenciar la promoción de la participación juvenil mediante la utilización de consejos de juventud frente a la gestión burocrática de las políticas de juventud a través de los institutos de juventud.
El artículo 48 de nuestra norma constitucional recoge el denominado principio de participación juvenil, que es uno de los principios rectores de la política social y económica de la Constitución, si bien, como todo principio, tiene un alcance jurídico limitado, en el sentido de que no crea un derecho subjetivo para los ciudadanos, sino que es, como afirma el profesor Álvarez García (2014) un mandato de actuación de naturaleza objetiva para los poderes públicos.
En virtud de este mandato el legislador queda obligado a desarrollar el principio de participación juvenil en normas jurídicas concretas, que generen derechos subjetivos, así como a impulsar políticas públicas a tal fin.
En cualquier caso, lo relevante es que la participación de la Juventud, según el artículo 48 CE, debe ser “libre y eficaz”, lo cual permite argumentar que los instrumentos participativos en materia de Juventud no pueden estar controlados por los poderes públicos, sino que deben ser absolutamente independientes y autónomos, teniendo capacidad para generar estados de opinión y recursos que puedan incorporarse al diseño y ejecución de las políticas públicas de Juventud.
Por esta razón, por su propia naturaleza jurídica el Consejo de la Juventud de Extremadura es un organismo autónomo de participación independiente, democrático y de autogobierno juvenil, compuesto por representantes del colectivo de personas jóvenes, que funciona en virtud de criterios democráticos e igualitarios, sin injerencias de ningún poder directivo externo de la Administración ni del Gobierno.
Esa naturaleza jurídica ayuda a entender cuál es el régimen jurídico y de funcionamiento del Consejo y permite visualizar los límites que lo separan de instituciones colindantes, como por ejemplo, el Instituto de la Juventud, que analizaremos más adelante, cuya característica general consiste en el funcionamiento a través de criterios de dependencia funcional, control estricto de la Administración, carencia de autonomía e independencia, y, en última instancia, ausencia de participación juvenil propiamente dicha.
Tras esta referencia obligada al artículo 48 de nuestra Constitución y sin salirnos de la órbita del Derecho Constitucional, actualmente, la construcción doctrinal que a nuestro juicio mejor contribuye a entender el mecanismo de funcionamiento del sistema de los consejos de juventud autonómicos, entre los que se encuentra el de Extremadura, lo representa la tesis de Pernice (2002)1.
El planteamiento de la Constitución multinivel parte de la consideración de que los Tratados de la Unión Europea poseen ciertos contenidos de naturaleza constitucional, dado que regulan cómo deben actuar los poderes públicos comunitarios, y también, reconoce una serie de derechos y libertades, siendo la consecuencia, que la Constitución sólo puede explicarse y comprenderse si se encuentra organizada en varios niveles interdependientes: uno estatal y otro europeo (Camisón Yagüe, 2010).
Por eso, en esta línea, resulta oportuno citar el artículo 165.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, al efecto de entender que, entre otros fines, la acción de esta organización internacional también se dirigirá a fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa.
Este artículo contempla un mandato normativo general cuyo objetivo, a los efectos que ahora nos ocupan, es que en el seno de la Unión se fomente la participación de las personas jóvenes en la vida democrática de Europa y se favorezca el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socio educativos, lo cual, entendemos, supone utilizar para ello los cauces establecidos para ello, es decir, los consejos nacionales de la juventud.
Otras previsiones contenidas en dicho Tratado que también hacen referencia a la juventud son: el artículo 46, al hacer referencia al fomento de la movilidad de trabajadores jóvenes en el marco de la libre circulación de trabajadores.
Y el artículo 166-2º, cuando establece que la Unión deberá promover y facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores y de las personas en formación, especialmente de los jóvenes.
Por último, el artículo 214 del TFUE alude a los jóvenes en relación con el futuro Cuerpo Voluntario Europeo, con la finalidad de que puedan aportar a través de esta institución sus contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria de la Unión.
En otro orden de cosas, una vez citados estos artículos del TFUE también resulta de interés indicar que el Consejo de Europa (organización regional internacional que no forma parte de la UE y está compuesta por medio centenar de Estados, y cuyo objeto consiste en la defensa de los Derechos Humanos y los principios democráticos en Europa) ha puesto especial empeño en la extensión del denominado sistema de cogestión, por medio del cual los representantes de las entidades juveniles pueden participar directamente junto con los funcionarios gubernamentales en la formulación de las políticas e iniciativas a poner en marcha.
Y así, la Recomendación del Comité de Ministros de 11 de enero de 2006 del Consejo de Europa presenta el interés de enfatizar el papel de los consejos nacionales de juventud de los Estados miembros, al recomendar que se respete el trabajo de los mismos, así como su naturaleza jurídica, libertad de expresión, posibilidad de formular opiniones y recomendaciones sobre cualquier cuestión que les afecte, pudiendo determinar su propios métodos de organización y funcionamiento.
Finalmente, también resulta oportuno destacar el papel desempeñado por el Foro Europeo de la Juventud, organización juvenil no gubernamental europea en la que está integrada el Consejo de la Juventud de España, en cuyo documento interno aprobado por el Consejo de miembros en su reunión de Atenas, en noviembre de 2001 se especifican los siguientes derechos de sus miembros:
Derecho a elegir su propia estructura organizativa de representación y también a decidir sobre sus propios Estatutos.
Derecho a elegir a sus dirigentes y representantes mediante procedimientos democráticos.
Derecho a determinar la composición de sus órganos estatutarios y de sus estructuras de trabajo.
Derecho a tomar decisiones sobre las cuestiones relativas a la pertenencia a los propios consejos.
Derecho a seleccionar a seleccionar sus métodos de trabajo, incluyendo el derecho a tener reuniones a puerta cerrada entre sus miembros únicamente, a establecer su propia agenda, a determinar la frecuencia y las fechas de sus reuniones, etc.
Derecho a rendir cuentas únicamente ante sus miembros.
Posibilidad de obtener apoyo financiero del gobierno dado libremente y sin infringir los derechos citados.
Todas estas consideraciones formuladas desde el planteamiento de una Constitución multinivel nos ayudan a entender cómo encaja nuestro artículo 48 de la Constitución en el actual sistema jurídico derivado de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y cómo desde distintas instituciones europeas no sólo se aconseja, sino que se llega a prescribir el respeto y el impulso a la participación juvenil a través de los consejos nacionales de juventud, y en consecuencia, por qué cobran todo su sentido también los consejos de juventud autonómicos, y, en última instancia, los consejos locales, que no serán objeto de tratamiento en este trabajo.
A continuación, dado que entrar en la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de Extremadura (en adelante, CJEx) supone, como se indicó al comienzo de este trabajo, analizar cuál es la estructura de normas jurídicas que regulan el organismo, se hará referencia sucinta a los principales instrumentos normativos que han desarrollado la previsión contenida en el artículo 48 de nuestra Constitución, una vez encuadrado en el sistema de Constitución multinivel.
4 ESTRUCTURA NORMATIVA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
En línea con la argumentación que venimos manteniendo en este trabajo, al referirnos a la naturaleza jurídica del CJEx también estamos aludiendo al soporte normativo sobre el que se sustenta la propia existencia del organismo. De ahí que seguidamente, se haga un rápido repaso por las distintas normas que en su ámbito natural regulan o han regulado al ente que nos ocupa.
4.1 El Estatuto de Autonomía de Extremadura
La primera referencia siguiendo un criterio temporal y también de orden jerárquico la constituye el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Según lo dispuesto en el artículo 149.3 de la Constitución en nuestro Estado autonómico es perfectamente válida la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de juventud. Esta posibilidad la han contemplado todas y por eso tienen en sus respectivos Estatutos de Autonomía normas en tal sentido.
Al no poder entrar ahora en debates doctrinales sí es preciso indicar que, si bien, las normas estatutarias se refieren a competencias exclusivas, lo cierto es que, como indica la mayoría de la doctrina al respecto habría que hablar más bien de competencias concurrentes con las que posee el propio Estado, de manera que, como indica Hernández Diez (2015), la competencia corresponde principalmente a las Comunidades Autónomas, pero interactúa con otros ámbitos sectoriales, determinando éstos el alcance y la atribución de la competencia en cada caso.
Pero, a los efectos que ahora nos interesan lo cierto es que el Estatuto de Extremadura, aprobado por la Ley orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura recoge desde su nacimiento una previsión contenida en el artículo 7.1.19, que resulta muy similar a la del artículo 48 de la Constitución, dado que al enunciar las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma (con la salvedad indicada de que en realidad no se trataba de competencias exclusivas) hace alusión a la “promoción de la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
Lógicamente, este texto evocador del artículo 48 de la Constitución es el germen de la Ley 1/1985, de 24 de enero, por la que se creó el CJEx, que más adelante veremos.
Dejando indicado que bastantes años más tarde el Parlamento aprobó la Ley orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, ahora nos interesa volver sobre el contenido del artículo 7.16 de la norma estatutaria.
En el contexto de este trabajo sobre la naturaleza jurídica del CJEx es interesante enfocar el tema deteniéndonos en cómo la norma estatutaria encarga a los poderes públicos extremeños que: “cuidarán de la existencia de canales para la expresión de las opiniones de los jóvenes, de la eficacia de sus sistemas asociativos y del fomento de sus capacidades emprendedoras, asumiendo su participación en la vida pública como un elemento esencial para el desarrollo presente y futuro de la región. También velarán por su orientación profesional, su emancipación familiar y su acceso a la vivienda”.
Vemos cómo el legislador estatutario no habla de naturaleza jurídica del organismo, incluso ni siquiera lo menciona, sino que atribuye una especie de función de tutela a los poderes públicos que serán los encargados de “cuidar” de la existencia de canales (la palabra clave, “canales”, aparece además en plural) para la expresión de las opiniones de los jóvenes…asumiendo su participación en la vida pública como un elemento esencial para el desarrollo presente y futuro de la región.
Como acertadamente señala Hernández Diez (2015), el hecho de que existan esos “canales” haría alusión a organismos o entes encargados de llevar a cabo la labor de intermediarios o de cadena de transmisión de las opiniones del colectivo juvenil, a través de una vía distinta a la de las instituciones al uso que existen en un sistema democrático representativo como el nuestro.
Conviene recordar que en el ámbito europeo los encargados de ejercer la función de interlocución de la juventud ante la sociedad en su conjunto y los poderes públicos, en particular, son los consejos de juventud.
De ahí, que en nuestra opinión la concepción multinivel a la que se ha hecho referencia anteriormente, es la que mejor explicaría el mecanismo para entender el funcionamiento del artículo 48 de la Constitución, las previsiones estatutarias en el conjunto de Comunidades Autónomas en general, y en Extremadura en particular, y por tanto, su encaje en las normas de la Unión Europea.
Por otra parte, retomando el hilo conductor de este trabajo (la naturaleza jurídica del CJEx) la expresión “canales” supone entender que existe más de un canal para la expresión de las opiniones de las personas jóvenes, por lo que cobra sentido entonces la pregunta: ¿cuál son entonces los canales?
A esta pregunta responderíamos que, al menos, por una parte, tendríamos un canal que revestiría la forma jurídica que ostenta el CJEx, y por otra, el Instituto de la Juventud de Extremadura, creado 22 años después que el CJEx, mediante la Ley 1/2007, de 20 de marzo, que se verá posteriormente.
Como conclusión, podemos afirmar que el Estatuto de Autonomía de Extremadura al no realizar una atribución de competencias en materias de juventud, y, puesto que, además, tampoco se refiere expresamente a la creación de un organismo u organismos concretos, sino que habla de “canales” para la expresión de las opiniones de las personas jóvenes, realmente lo que contiene es un principio rector, o un principio tutelante, en línea, por otra parte, con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución. Por esta razón, quedarían en el alero los criterios para trazar las diferencias y delimitación entre dichos canales, criterios que, además, podrán consistir en parámetros funcionales, lo cual haría posible la existencia de otros canales autonómicos para colectivos juveniles distintos del CJEx, así como los criterios territoriales, que legitimarían la existencia de los consejos de juventud de ámbito inferior al autonómico, es decir, locales, sobre los que la normativa en Extremadura guarda un completo silencio.
4.2 La Ley 1/1985, de 24 de enero, del Consejo de la Juventud de Extremadura
El segundo hito normativo lo constituye la antigua Ley 1/1985 del CJEx, que pasamos a analizar a continuación.
El Consejo de la Juventud de Extremadura vio la luz en enero de 1985. Estamos ante un ente autonómico con más de tres décadas a sus espaldas en la realidad institucional, social, económica, cultural y política de Extremadura.
La Exposición de Motivos de esta Ley, que fue derogada por la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, que más adelante se analizará, mantenía desde sus primeros párrafos que ya desde aquellos años se consideraba precisa la creación de un órgano que permitiera canalizar las opiniones y propuestas de los jóvenes extremeños, en aras a conseguir una sociedad más justa, solidaria y responsable.
Vemos, por tanto, en la utilización del verbo “canalizar” el entronque con lo que ya comentamos respecto al Estatuto de Autonomía de Extremadura, al aludir a “canales”.
Por eso, dicha Exposición de Motivos también consideraba que era evidente la necesidad de creación del citado Consejo, a fin de posibilitar la representación de los jóvenes en el concierto del Estado español a través del Consejo de la Juventud de España.
Por todo ello, el artículo 1 de la Ley 1/1985 concibió al CJEx como una Entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, constituyéndose, además, como interlocutor representativo de la juventud extremeña ante los poderes públicos de la Comunidad Autónoma.
En el momento de su creación se estableció que su relación con la Junta de Extremadura sería a través de la Consejería de Cultura y Educación.
Convendría tener presente, como afirma Hernández Diez (2015), que un organismo como el CJEx, con independencia de su naturaleza jurídica, cuestión que tampoco es algo baladí, no es una creación del legislador de Extremadura, sino que en origen responde al esquema utilizado en Dinamarca que propició la creación del Consejo Danés de Juventud en 1940, y otras figuras similares, como el Consejo Mundial de la Juventud, creado en Londres en 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
A los efectos que nos interesan, para terminar de concretar cuál era, por tanto, su naturaleza jurídica ab initio, el artículo 2 de la Ley 1/1985 establecía que el CJEx tenía como objetivo primordial la creación de un cauce de libre adhesión que, apoyando las iniciativas y promoviendo sus actividades propicie la participación de los jóvenes extremeños en el ámbito político, cultural, económico y social de Extremadura.
Surgió, por tanto, como un cauce de libre adhesión, creado para propiciar, en concordancia con el artículo 48 de la Constitución, la participación de la juventud extremeña, en el ámbito político, cultural, económico y social de Extremadura.
Teniendo presente esta naturaleza jurídica de cauce, que alude a la idea de dinamismo que fluye, que se abastece de diversas fuentes, y que como todo ente, aunque sea jurídico, experimentará crecidas y etapas de estancamiento, siguiendo su curso natural en función de un contexto económico, social y político cambiante, llegamos al siguiente hito normativo, que actualmente es el que contempla su regulación jurídica.
4.3 La Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del CJEx
La evolución del propio organismo y la del contexto social, económico, cultural y político, así como la necesidad de adaptar las instituciones a la realidad de los tiempos, llevó al legislador autonómico a aprobar la Ley 13/2010.
Se trata de la norma que actualmente determina el régimen jurídico vigente del organismo, y a los efectos que nos ocupan tiene la virtualidad de establecer la naturaleza jurídica del mismo de la cual derivan sus fines y funciones.
Ya desde su Exposición de Motivos quedan claros los 4 principios que determinan la naturaleza jurídica del organismo:
El principio de participación, mediante el cual, el CJEx se constituye como un elemento de dinamización de la juventud a través de su integración en la sociedad en general.
El principio de representatividad, que hace posible que las entidades miembro que lo integran puedan expresar y manifestar, de forma democrática, sus inquietudes en los debates que se producen, de manera que las decisiones del organismo lo son en tanto que emanadas de la juventud a las que el CJEx representa.
El principio de pluralidad, que supone que el CJEx sea de todos y para todos.
El principio de igualdad, en cuya virtud, todas las Entidades miembro deben tener el mismo derecho a poder expresarse en el seno del organismo que las representa.
Por su parte, el artículo 1 de la Ley 13/2010, no ofrece dudas al respecto, al iniciar el Capítulo I de la norma (Disposiciones Generales) y llevar por título, concretamente, “naturaleza”, derivándose de la misma los siguientes rasgos definitorios:
Con personalidad jurídica pública diferenciada.
Que tiene patrimonio y tesorería propios.
Y plena capacidad de obrar y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines2.
A los anteriores rasgos definitorios, habría que añadir las siguientes características intrínsecas que también se derivan de su naturaleza jurídica:
Actúa como interlocutor representativo de las asociaciones juveniles de Extremadura ante los poderes públicos autonómicos.
Es el cauce de libre expresión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de Extremadura (en línea con la Ley 1/1985).
En el ejercicio de sus funciones, será interlocutor válido ante cualquier institución, de carácter público o privado.
Su vinculación con la Junta de Extremadura se determina a través de su adscripción a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de juventud.
Pero además, la naturaleza jurídica del CJEx también determina los fines del organismo, que, en consecuencia, son los siguientes:
Alcanzar en la sociedad un óptimo nivel de participación de la juventud en las instituciones y la creación de un amplio tejido asociativo juvenil, a través de la potenciación y desarrollo de asociaciones y demás entidades públicas y privadas vinculadas a la consecución de tales fines.
En conexión con todo lo anterior ahora podemos entender mejor el porqué de las funciones que corresponden al CJEx, que son las recogidas en el artículo 4 de la Ley 13/2010, a saber:
Fomentar la participación y la implicación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra sociedad (es decir, hacer efectivo el mandato constitucional del artículo 48) estimulando la creación y el desarrollo de asociaciones y consejos de juventud de ámbito territorial, prestándole asistencia y apoyo técnico.
Actuar como interlocutor de las asociaciones juveniles extremeñas en todo tipo de foros regionales, nacionales e internacionales (en virtud del sistema multinivel que hemos explicado antes) proponiendo la adopción de medidas para mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes.
Representar a las Entidades miembro en el Consejo de la Juventud de España.
Colaborar con los distintos niveles de la Administración en la región, canalizando las demandas juveniles en el ámbito de distintos órganos y organismos de naturaleza consultiva, así como con la Asamblea de Extremadura y los diferentes grupos parlamentarios (función institucional y de incidencia política) mediante la ejecución de estudios, informes y propuestas.
Fomentar la comunicación asociativa entre entidades juveniles de la región y fuera de ella.
Sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad juvenil proyectando propuestas de la juventud hacia la sociedad.
Realizar actividades educativas y formativas en su ámbito competencial.
Vistos los distintos aspectos derivados de la naturaleza jurídica del CJEx cuya concreción se plasma en la vigente Ley 13/2010, seguidamente, entraríamos en el deslinde de otras figuras con las que el organismo está llamado a convivir, y en concreto, en la visión de cuál es el marco de relación con el Instituto de la Juventud de Extremadura.
5 MARCO DE RELACIÓN CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
En la Comunidad Autónoma de Extremadura veintidós años después de haber nacido el CJEx se procedió a la aprobación de la Ley 1/2007, por la que se creaba el Instituto de la Juventud de Extremadura. Surgió a partir de entonces un nuevo ente público como Administración institucional encargada de dirigir la intervención autonómica en materia de juventud en la región.
Esta nueva realidad generó desde 2007 un nuevo marco de relaciones y de convivencia entre los dos organismos con competencias en materias de juventud, que entroncaría con la previsión estatutaria ya vista, cuando nos referíamos a la existencia de “canales para la expresión de las opiniones de la juventud…”
De una parte, el CJEx como órgano de representación de la juventud en los diversos ámbitos de la esfera pública, política, social, económica y cultural, y de otra, el Instituto de la Juventud de Extremadura (en adelante, IJEx) fórmula elegida por la Administración autonómica como instrumento encargado de asesorar a la Administración matriz que lo había creado.
Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica el IJEx es un organismo autónomo, al que resulta aplicable la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo objeto (artículo 1 de la Ley 1/2007) es diseñar, ejecutar, gestionar y coordinar la política de juventud en Extremadura.
En este caso, resulta llamativo comprobar cómo el legislador ha determinado con precisión, a través de la utilización de cuatro verbos, qué es el IJEx, y qué hace exactamente: diseña, ejecuta, gestiona y coordina la política de juventud extremeña.
Por eso, al frente del organismo se encuentra una Dirección General, nombrada por la Presidencia de la Junta de Extremadura, mientras que en el caso del CJEx, la persona que ocupa la Presidencia del CJEx resulta elegida a través de un proceso electoral democrático y libre, en el que las organizaciones juveniles miembros de pleno derecho son las auténticas protagonistas, dado que tienen el carácter de electores y también ostentan el derecho a presentar sus candidaturas para formar parte de la comisión ejecutiva y de otros órganos colegiados del organismo autónomo.
El CJEx representa a la juventud extremeña ante el conjunto de la sociedad y los poderes públicos, mientras que el IJEx desarrolla la política juvenil de la Junta.
Por tanto, los dos organismos, si bien en cuanto a su naturaleza jurídica son dos organismos autónomos adscritos a Presidencia de la Junta de Extremadura, sin embargo, presentan una composición diferente y también realizan funciones diferentes.
Volviendo a la cuestión de los rasgos derivados de su naturaleza jurídica, si bien el IJEx tiene atribuida personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, lo cierto que es en la práctica la tesorería propia nunca se ha convertido en una realidad, dado que la misma se encuentra centralizada en la Consejería de adscripción (en este caso, Presidencia) mientras que el CJEx sí tiene tesorería propia que funciona habitualmente con un determinado grado de independencia de gestión contable y de tesorería, separada de la Administración general matriz3.
En línea con las reflexiones sobre la naturaleza jurídica que venimos realizando en este trabajo, cabría preguntarse: ¿Cuál es la razón de ser del IJEx?
Genéricamente, podría decirse que la administración autonómica quiso dotarse a partir de 2007 de un organismo institucional con una autonomía funcional limitada, creando un organismo que quedaría sujeto a los criterios y a la voluntad política del Gobierno a la hora de ejercer las competencias de diseño, ejecución, gestión y coordinación de la política de juventud en Extremadura.
En el esquema de relaciones de este organismo con el CJEx se siguen dos reglas esenciales: la primera consiste en que el IJEx, junto con el Consejo de la Juventud de Extremadura desarrollan la promoción de la actividad asociativa, el impulso de redes de asociaciones y la participación de los jóvenes en la vida social, económica, política y cultural, propiciando el aprendizaje y la formación permanente de responsables de asociaciones y colectivos juveniles a través de una escuela para la formación y participación.
Si bien, habría que decir que, en mayor o menor medida, esto ya lo venía realizando el CJEx desde su creación en 1985, desde el año 2007 lo que se ha pretendido es conseguir que se lleve a cabo una competencia coordinada entre ambos organismos, dada su convivencia en el espacio institucional extremeño, particularmente, en lo relativo a juventud.
La segunda regla consiste en que el CJEx por derecho propio, pertenece a los órganos de carácter deliberativo y decisorio del IJEx, lo cual permite resaltar otra diferencia entre ambos organismos, dado que el Instituto, por su propia naturaleza jurídica, no puede pertenecer a ningún órgano colegiado del CJEx.
En definitiva, podemos observar un esquema básico de relaciones institucionales entre ambos organismos, que en principio, en el nivel teórico estaría presidido por los buenos deseos de convivencia, coordinación y trabajo conjunto, si bien, en ocasiones, en el nivel práctico, a veces pueden surgir roces inevitables, e incluso cierta confusión cuando realmente estamos ante dos organismos concebidos para fines y funciones totalmente distintos, cuya composición y nivel de subordinación a la Administración matriz son diferentes.
Estas consideraciones sirven para dar pie a una cuestión controvertida: la cuestión de las intromisiones, de las interferencias en los espacios comunes de colaboración y en las zonas de tierra de nadie, que antes o después surgen en el funcionamiento diario de los dos organismos, lo cual enlaza también con otra cuestión no menos relevante: ¿qué ocurriría en el caso de que surgieran, como ha sucedido con el Consejo de la Juventud de España, tentaciones de supresión fundadas en la interminable crisis económica y financiera, bajo el argumento de la racionalización de la Administración? (Álvarez García, Hernández Diez, 2016).
Esta cuestión se desarrolla brevemente en el siguiente apartado.
6 LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
La crisis económica, social y financiera que venimos padeciendo en nuestro país desde hace prácticamente una década ha tenido consecuencias nefastas y se ha traducido en altos niveles de desempleo, desprotección y exclusión social y niveles de pobreza impropios de un Estado situado hasta hace bien poco entre las diez primeras economías del mundo, es un hecho más que evidente, sin embargo, algunas cuestiones colaterales derivadas de esta situación quedan a primera vista sutilmente diluidas.
Tal es el caso, por ejemplo de la cuestión relativa a cómo la crisis económica y financiera también está suponiendo una quiebra importante del pacto constitucional, muy especialmente, en lo concerniente al colectivo de la juventud, que, no debe olvidarse, es un colectivo que debe ser objeto de especial protección y atención por parte de los poderes públicos, más si cabe, en una situación tan negativa y prolongada como la que vivimos desde el año 2007.
En este sentido, merece la pena detenerse en algunos contenidos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vigente desde hace muy poco tiempo.
El ámbito subjetivo de esta Ley aparece determinado expresamente en el artículo 2 cuando establece que su ámbito de aplicación se extiende al sector público, compuesto por la Administración General del Estado; las Administraciones de las Comunidades Autónomas; las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional.
La norma, en palabras de su amplia Exposición de Motivos, aborda un proyecto de reforma administrativa a través de un conjunto de medidas concretas de racionalización del sector público estatal, fundacional y empresarial, teniendo en cuenta que la Ley establece dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas: en primer lugar, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
Este Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento.
Y en segundo lugar, obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción.
A los efectos que nos ocupan lo realmente interesante es el contenido del artículo 81 de esta norma, dado que al enunciar los principios generales de actuación del sector público institucional advierte que “las entidades que integran el sector público institucional (entre las que se encuentran “cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas”) están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión”.
Hasta ahí un planteamiento lógico y coherente. Sin embargo, las dudas, e incluso un cierto grado de temor surgen con la previsión contenida en el artículo 81-2º cuando dice que: “todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción”.
¿Qué pasa por la mente del legislador exactamente al establecer este mandato? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de ese sistema de supervisión continua que deberán tener todas las Administraciones Públicas? ¿Quién lo controla? ¿Según qué criterios? ¿Cómo y cuándo se hacen las comprobaciones para verificar la subsistencia de los motivos que justificaron la creación y la sostenibilidad financiera de los organismos dependientes? ¿De qué forma y bajo qué criterios exactamente se realiza la formulación expresa de las propuestas de mantenimiento, transformación o extinción?
A modo de recapitulación de todo cuanto se viene argumentando en este trabajo, cuando se piensa detenidamente en un organismo como el CJEx, con más de treinta años de historia, con amplia experiencia en el fomento y difusión de la participación democrática en el ámbito juvenil, entre otras iniciativas llevadas a cabo, surgen demasiadas preguntas al inicio de la nueva andadura que supone la entrada en vigor de la Ley 40/2015, especialmente, en lo referente a su artículo 81.
¿Acaso el legislador está allanando el camino para suprimir o transformar organismos de este tipo utilizando el argumento de la racionalización administrativa y la lucha por el control del gasto público?
Un organismo independiente, de base democrática y participativa como el CJEx, cargado de historia, cuya partida presupuestaria representa un ínfimo nivel de gasto en el presupuesto autonómico, ¿deberá establecer un sistema de supervisión continua con la finalidad de comprobar que subsisten, 30 años después de su creación, los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera?
¿Realmente es preciso que se haga una formulación expresa de posibles propuestas de mantenimiento, transformación o incluso, extinción?
En un contexto de crisis interminable, el panorama a la vista de estas previsiones legislativas resulta, cuando menos inquietante, especialmente, en lo referente al colectivo de personas jóvenes, que representa una categoría social estratégica, así como a los cauces históricamente empleados (como es el caso del CJEx) para expresar sus opiniones, expectativas, necesidades y aspiraciones.
Este cuadro con tintes algo sombríos se cierra con la previsión establecida en el artículo 82 de la Ley 40/2015, mediante el cual se crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que nace con la vocación de ser un registro público administrativo en el que se inscribirán los distintos aspectos de información pública y de ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y en cualquier caso, será objeto de inscripción, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídica.
Tocará estar expectantes para observar cómo se traducen en la práctica estas previsiones legales, con objeto de comprobar qué grado de incidencia pudieran tener en organismos autónomos como el CJEx, cuya naturaleza jurídica es clara desde su creación hace más de treinta años, así como sus fines y funciones, que, sin embargo, quizás podrían verse modificados como consecuencia de la aplicación de estas nuevas previsiones legales, que tal vez, darían lugar a una hipotética fusión con otro organismo, o bien a una transformación o conversión en una entidad de naturaleza jurídica diferente.
7 COMPARATIVA CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Para finalizar este trabajo vamos a hacer una rápida aproximación a la comparativa autonómica, analizando qué ha sucedido respecto a la naturaleza jurídica del resto de consejos de juventud en nuestro Estado de las Autonomías, sin detenernos, por razones de espacio y tiempo en los distintos avatares que ha vivido el Consejo de la Juventud de España, creado por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España.
La Ley 8/1985, de 27 de diciembre, del Consejo de la Juventud de Andalucía, procedió a la creación de un organismo cuya naturaleza jurídica era la de una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, como mejor vía elegida entonces, para fomentar y hacer posible la participación de la juventud andaluza en la vida política, económica, social y cultural de la región.
Originalmente, se adscribió a la Consejería de Cultura, dotándosele de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (según se recogía en el artículo 1 de la Ley 8/1985) siendo el objeto genérico de la Entidad (en palabras del artículo 2) “facilitar las actividades de los jóvenes andaluces y también conseguir su participación en cuantas decisiones de la Junta de Andalucía afecten al sector juvenil en los ámbitos políticos, social, económico y cultural”.
Dejando esbozados los principales aspectos derivados de la naturaleza jurídica, interesa ahora resaltar que la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas determinó que el Consejo de la Juventud de Andalucía quedaba adscrito al Instituto de la Juventud de Andalucía, ahora ya como órgano de participación, representación y consulta en el desarrollo de las políticas de la Comunidad Autónoma en materia de juventud, extinguiéndose desde ese momento aquella Entidad surgida tras la Ley 8/1985, y en consecuencia, integrándose sus medios materiales y personales en el Instituto Andaluz de la Juventud, que se subrogó desde ese mismo momento en todas sus relaciones.
Sobre el acierto o no, en su caso, de esta decisión, lo cierto es que por la vía de los hechos consumados en Andalucía no existe un organismo o entidad que pueda representar, sobre la base de la participación juvenil directa y democrática, a la juventud.
No es el momento de entrar aquí y ahora en las razones de esta circunstancia, pero cada cual puede extraer sus propias conclusiones.
La Ley 2/1985, de 28 de marzo, de creación del Consejo de la Juventud de Aragón, hizo nacer un ente que, en palabras del artículo 10 de dicha Ley surgió como “un órgano de relación, en los temas relativos a juventud, con las entidades públicas en el territorio de Aragón, y especialmente con la Diputación General de Aragón, a través del departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de juventud”.
Además, los fines de este órgano de relación, según el artículo 10-2 de la Ley de creación del Consejo de la Juventud de Aragón son el impulso de la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Aragón, con especial atención a la promoción del asociacionismo, así como la defensa de los intereses globales de la juventud y la promoción de marcos generales de actuación conjunta de las asociaciones juveniles.
Destaca el hecho de que Aragón es de las Comunidades Autónomas que tienen Ley de Juventud, concretamente, la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, ampliamente reformada por la Ley 6/2015, de 25 de marzo, la cual procede, en su artículo 21 a la creación del denominado Consejo Aragonés de Juventud, que ha dejado de ser aquel órgano de relación para pasar a ser un órgano colegiado de participación, representación y consulta de las políticas públicas del Gobierno de Aragón en materia de juventud, regido, a los efectos de organización y funcionamiento, por el reglamento de régimen interior que se apruebe de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
Pero, además, en virtud de este artículo 21 el Consejo Aragonés de la Juventud queda adscrito, con carácter funcional, al departamento competente en esta materia a través del Instituto Aragonés de la Juventud, que aportará los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de las funciones contempladas en la presente Ley.
Luego, en el caso de Aragón tampoco existe un organismo autónomo e independiente que represente a la juventud sobre la base de la participación y elección democrática, y por eso, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 6/2015, al recoger las funciones del Consejo Aragonés de la Juventud establece en su apartado c) que “el Consejo emite los informes que afecten a la juventud y le sean recabados por el Gobierno de Aragón o el Instituto Aragonés de la Juventud”, y en el apartado e) establece que elevará “propuestas de actuación al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de la Juventud”.
A mayor abundamiento, cabe indicar también que en cuanto a la composición del citado Consejo, el artículo 23 establece que el Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud formará parte del Consejo Aragonés de la Juventud.
Cada cual podrá extraer sus propias conclusiones.
La Ley 1/1986, de 31 de marzo, del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias (Conseyu de la Mocedá del Principau d’Asturies) concibe una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuyo objeto esencial es, según recoge el artículo 1 de dicha Ley “ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación, representación y consulta de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del Principado de Asturias.”
Reviste la forma de organismo autónomo, adscrito a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, que actualmente tiene la finalidad de ejercer de interlocutor para que las jóvenes de Asturias sean escuchadas por la Administración Autonómica y la opinión pública en todo aquello que les afecte tanto individualmente, como en el nivel colectivo a través del movimiento asociativo juvenil.
Presenta un esquema de funcionamiento y organización interna muy similar al CJEx, por lo que en el desarrollo de sus funciones puede decirse que goza de un destacado nivel de independencia y participación democrática.
El Decreto 21/1985, de 18 de enero, por el que se crea el Consejo de la Juventud de Canarias lo concibió como un órgano de asesoramiento y coordinación en el ámbito de las materias de juventud, formado, inicialmente por una base asociativa integrada por el colectivo de asociaciones juveniles.
Según disponía el artículo 1-2º de dicho Decreto el fin esencial del órgano consistía en ofrecer un cauce de participación a la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de Canarias.
Con posterioridad, la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, derogó el citado Decreto de creación, y al regular en su Título II la participación institucional, establece en el artículo 9 la creación del denominado Consejo de Políticas de Juventud, cuyo objeto es facilitar la coordinación de los agentes intervinientes en las políticas de juventud, así como posibilitar la participación de los jóvenes en la dirección y gestión de las mismas, configurándose como un órgano colegiado y de participación adscrito a la Consejería competente en materia de juventud.
Entre sus funciones, que son básicamente, de asesoramiento y propuesta, destaca la de conocer las políticas sectoriales con incidencia en materia de juventud, participar en su diseño y realizar propuestas en relación con las mismas, así como racionalizar y optimizar los recursos disponibles, proponiendo al Gobierno el desarrollo de programas integrados.
Cabe entender que estamos ante una figura cuya naturaleza jurídica pertenece al ámbito de la administración instrumental al servicio de una administración matriz.
La Ley 3/1985, de 17 de mayo, de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria procedió a crear una entidad de derecho público cuyo régimen jurídico sufrió una importante reforma mediante la Ley 4/2001, de 15 de octubre, del Consejo de la Juventud de Cantabria, que posteriormente fue derogada por la Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que, como no podía ser de otra manera, al tener un título tan sugerente, se ha encargado en su artículo 17 de suprimir directamente el Consejo de la Juventud de la región.
De esta forma, se ha decidido extinguir la personalidad jurídica del organismo desde el año 2012, incorporándose los bienes del organismo extinto al patrimonio de la Comunidad Autónoma, produciéndose la afectación y adscripción de los mismos de conformidad con la normativa sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Como puede apreciarse, en Cantabria no ha sido necesaria la entrada en vigor de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración, y desde hace 5 años ya se optó por esas medidas de ¿racionalización? Administrativa.
Quizás para compensar en parte esa medida drástica, la Disposición Adicional decimosexta de la Ley 2/2012 determina la creación de la denominada Comisión de Participación de jóvenes, cuya naturaleza jurídica es la de órgano colegiado de carácter consultivo en materia de participación de los jóvenes en el desarrollo político, laboral, social, económico y cultural de Cantabria, adscrita a la Consejería competente en materia de juventud.
La composición, organización y esquema de funcionamiento de esta Comisión de Participación de Jóvenes queda sujeta al oportuno desarrollo reglamentario, y, en cualquier caso, a los efectos que nos interesan, en ella estarán representados, en todo caso, la Administración autonómica, las asociaciones de jóvenes, así como las entidades locales.
7.6 Cataluña
La Ley 14/1985, de 28 de junio, por la que se regula el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña supone el punto de partida en esta Comunidad Autónoma. Pero esta Ley ha sido modificada en varias ocasiones, concretamente, por el Decreto Legislativo 2/1994, de 13 de julio, así como por la Ley 24/1998, de 30 de diciembre, y por la Ley 1/2010, de 4 de febrero, de segunda modificación de la Ley 14/1985 por la que se regulaba el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña.
A este panorama de reformas legislativas en torno a la Ley de creación del citado Consejo se añade la Ley 6/2006, de 26 de mayo, de creación de la Agencia Catalana de la Juventud, así como la aprobación de la Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud.
Ante este dilatado entramado normativo, actualmente en Cataluña el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) es la plataforma que aglutina a 100 entidades juveniles y Consejos Locales de Juventud de Cataluña, y tiene forma jurídica de Entidad de Derecho Público, de base asociativa y personalidad jurídica propia, que se encarga de promover los intereses de la gente joven y de trasladar sus posicionamientos a los poderes públicos.
Es una plataforma que se define como independiente, crítica, plural y democrática, que convive con la Agencia Catalana de la Joventut, Entidad de Derecho Público, creada, como se ha dicho en el año 2006, que tiene personalidad jurídica propia, adscrita al departamento competente en materia de juventud (Direcció General de Joventut).
Esta Agencia se encarga de prestar servicios a la juventud, ejecutar programas de interés para la misma, y gestionar aquellos servicios que la Administración de la Generalitat le encomiende en esta materia, además de asesorar a la propia Dirección General de Juventud, así como a los entes locales en políticas de juventud (un esquema de relaciones que recuerda mucho al que se produce en Extremadura entre el CJEx y el IJEx).
La Ley 2/1986, de 16 de abril, del Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha procedió a la creación de este organismo. Pero dicha Ley fue derogada por la Ley 1/2005, de 7 de abril, de los Consejos de la Juventud de dicha Comunidad Autónoma.
Este último instrumento normativo de 2005 se encargaba de recoger en su Título I la naturaleza jurídica, objeto y funciones del Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha, que se concebía como Entidad de Derecho Público de base asociativa privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines atribuidos por su ley de creación, que sin embargo, con fecha uno de enero de 2014 fue derogado y dejado sin efecto por la letra a) del apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley 9/2013, de 12 diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014, de manera, que actualmente ha quedado sin efecto el citado Consejo Regional, sin perjuicio de que en el futuro pueda constituirse como entidad de base asociativa privada.
7.8 Castilla-León
El Consejo de la Juventud de Castilla-León fue creado por la Ley 3/1984, de 5 de octubre, que fue modificada por la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla-León, de manera que actualmente, es un Ente Público de Derecho Privado, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya finalidad consiste en promover iniciativas que aseguren la participación activa de los jóvenes en las decisiones y medidas que les conciernen, así como la representación de las formas organizadas de participación juvenil que están integradas en él. Además, representa el interlocutor válido de los jóvenes ante la Administración Autonómica y ante cualquier institución de carácter público o privado.
Goza de un grado notable de independencia de funcionamiento y de gestión, siendo el organismo en el que podrán estar representadas todas las asociaciones y organizaciones juveniles de Castilla-León.
7.9 Comunidad de Madrid
En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, mediante la disposición contenida en su artículo 20 dejó extinguido el Consejo de la Juventud de dicha Comunidad Autónoma, cuya creación había tenido lugar mediante la Ley 10/1986, de 4 de diciembre, modificada por la Ley 11/2000, de 16 de octubre, y ésta última, a su vez, modificada por la Ley 3/2002, de 19 de junio.
En cualquier caso, se trataba de una Entidad de Derecho Público, que sin embargo, no existe desde el año 2010, al haberse integrado el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de juventud, si bien, en el último año se estarían produciendo ciertos movimientos tendentes a recuperar de alguna manera el papel y el espacio propio de participación de la juventud madrileña, mediante la posible creación de un órgano colegiado de participación y consulta que se adscribiría a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
En la Comunidad Valenciana se procedió a crear el Consejo de Juventud autonómico a través del Decreto 14/1983, de 31 de enero, de creación del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
El artículo 1 de este Decreto lo conceptuaba como un organismo de carácter público, adscrito a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, dotándolo de personalidad jurídica propia, cuya finalidad consistía en el impulso de la participación de la juventud en el consabido desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Valenciana, y al mismo tiempo, fomentando entre los jóvenes el desarrollo del espíritu democrático y la colaboración entre las asociaciones juveniles.
Con posterioridad, el artículo 1 de la Ley de la Generalitat Valenciana 8/1989, de 26 de diciembre, de participación juvenil, estableció que el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana era “el máximo órgano nacional de representación de las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.
Además, se concibió como el interlocutor válido ante las Administraciones Autonómicas y las Instituciones Públicas y privadas en todo aquello referente a la temática juvenil, relacionándose con ellas a través del Instituto Valenciano de la Juventud, que fue creado mediante la Ley 4/1989, de 26 de junio, sobre el Institut Valenciá de la Joventut.
En evolución legislativa posterior vemos que a través de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de Juventud de la Comunidad Valenciana, queda trazado el perfil jurídico del Consejo al establecer el artículo 19 de dicha Ley de 2010 que “es el máximo órgano de representación de las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en corporación pública sectorial de base privada con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
En consecuencia, el Consell se regirá por las normas de Derecho Privado, en particular por las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones, si bien, sujetará su actividad a las normas de Derecho Público cuando ejerza potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico.
Es el interlocutor válido ante las administraciones y las instituciones públicas y privadas, y colabora con la Generalitat Valenciana en la elaboración de la política juvenil, emitiendo informes que serán preceptivos cuando se trate de disposiciones que tengan que ser aprobadas por el Consell de la Generalitat o por Les Corts.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley de 2010 fomenta el asociacionismo juvenil, presta servicios a asociaciones juveniles y consejos locales y defiende los derechos e intereses de la juventud valenciana.
7.11 Galicia
La Ley 2/1987, de 23 de marzo, del Consejo de la Juventud de Galicia, se encargó de crear este organismo concibiéndolo como una entidad institucional representativa de las organizaciones juveniles de la Comunidad Autónoma gallega, que revestía la forma de Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Sin embargo, esta Entidad de Derecho Público quedó definitivamente extinguida mediante la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2012, de 19 de junio, de Juventud de Galicia, que, por otra parte, procedió a la creación del denominado Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia.
De este modo, a tenor de lo dispuesto en la citad Ley de Juventud de Galicia del año 2012, se ha procedido a reformular el Consejo de la Juventud gallego, a fin de convertirlo en “un verdadero órgano asesor y consultivo que canalice la participación juvenil en las políticas públicas que le afecten”, dice la Exposición de Motivos, si bien, pese a la reformulación se afirma también que, “todo ello, sin perjuicio de conservar sus independencia y autonomía, que queda garantizada por la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ya que el apartado 2 del artículo 14 establece la no participación en la estructura jerárquica de la administración pública, sin perjuicio de su integración en la misma”.
De ahí que el artículo 51 de la Ley de Juventud de Galicia disponga la creación del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia, que reviste la naturaleza jurídica de órgano colegiado de participación, representación y consulta de las políticas públicas de la Xunta de Galicia en materia de juventud, compuesto por las Entidades Juveniles recogidas en el artículo 53.
Este Consejo queda integrado en la Consejería competente en dicha materia, sin perjuicio de su autonomía, dado que no participará en la estructura jerárquica de aquélla.
Acto seguido, el artículo 52 al enunciar los fines de este Consejo Asesor y Consultivo de Juventud, determina como propios, entre otros, la representación de la juventud gallega; la emisión de informes que afecten a la juventud y sean recabados por el Comité Gallego de Políticas de Juventud u órgano directivo con competencias en la materia; el análisis permanente de la situación de las personas jóvenes en la región; o la garantía de participación activa y dinámica de la juventud en todos los órdenes de la vida social, educativa, laboral, política, económica, deportiva, de ocio, de tiempo libre y cultural de Galicia.
Podemos apreciar cómo en Galicia, se ha optado por una fórmula imaginativa y acorde con la evolución de los tiempos, buscando ante todo, garantizar la independencia del Consejo, favorecer la participación juvenil, y cuidar el esquema de funcionamiento lo más democrático posible.
7.12 Islas Baleares
La Ley 2/1985, de 28 de marzo, del Consejo de Juventud de Islas Baleares procedió a crear este organismo como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para cumplir sus finalidades.
Tras la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley 10/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Decreto-Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, y se establecen medidas adicionales para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad, se procedió a extinguir el Consejo de la Juventud de la Comunidad Balear.
Sin embargo, a finales de diciembre de 20164 se ha procedido a una reactivación y reformulación del citado órgano.
La Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de La Rioja, creó un organismo cuya regulación se vio afectada por la Ley 2/1992, de 4 de mayo, por la que se modifican determinados preceptos de la Ley 2/1986, y también resultó afectado por la regulación contenida en la Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de la Rioja, que, por tanto, es la norma que rige el funcionamiento de este organismo.
En su virtud, el Consejo de la Juventud de La Rioja queda configurado como una Entidad de Derecho Público, de base asociativa, formada por entidades juveniles regionales, que se encarga de defender los intereses globales de la juventud, impulsa la participación juvenil riojana, promociona el asociacionismo entre las personas jóvenes y colabora con la Administración realizando estudios y actuaciones específicas relacionadas con los problemas del colectivo joven.
7.14 Navarra
El Decreto Foral 110/1986, de 18 de abril, por el que se crea el Consejo de la Juventud de la Comunidad Foral de Navarra, representa el punto de partida en esta Comunidad Autónoma, cuya regulación se vio notablemente afectada por la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud de Navarra.
De este modo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Juventud de Navarra el Consejo de la Juventud de Navarra es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya finalidad esencial es promover la participación de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Foral de Navarra, y velar por los derechos de la juventud impidiendo su discriminación, su marginación y procurando su pleno desarrollo.
Es el máximo órgano de representación de las entidades juveniles y de la juventud en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, así como el principal interlocutor con las correspondientes Administraciones.
Sigue un esquema de funcionamiento basado en las agrupaciones y asociaciones dirigidas por jóvenes, como plataforma plural que fomenta la reflexión y el intercambio de ideas y experiencias, a fin de trasladar propuestas, reivindicaciones y denuncias que surjan ante la Administración, los agentes sociales y económicos y los medios de comunicación.
7.15 País Vasco
La Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi, procedió a la creación del denominado Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, que en líneas generales no ha sufrido modificaciones reseñables, de manera que estamos ante una Entidad de Derecho Público, de base asociativa, formada por más de 60 Asociaciones Juveniles, que defiende y analiza las distintas propuestas y reivindicaciones de las personas jóvenes, ofreciendo espacios de reflexión y debate, realizando estudios de interés juvenil.
7.16 Región de Murcia
La Ley 3/1984, de 26 de septiembre, por la que se crea el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, empleó en su concepción el formato “clásico” de Entidad de Derecho Público, de base asociativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Posteriormente, la Ley 8/1995, de 24 de abril, de Promoción y Participación Juvenil de Murcia siguió manteniendo dicha naturaleza jurídica de Entidad de Derecho Público, pero desarrollándola algo más, al establecer en el artículo 25-2 que el Consejo de la Juventud “será un órgano consultivo e interlocutor con las Administraciones Públicas e instituciones privadas, así como promotor de una participación directa del tejido asociativo juvenil en las políticas de juventud que emanen de la Administración Autonómica”.
En esta interesante evolución legislativa, finalmente, la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia termina afinando aún más en cuanto a la naturaleza jurídica del mismo al establecer que el Consejo reviste la forma de “corporación pública sectorial de base privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines…es el máximo órgano de representación de las asociaciones y entidades juveniles de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, e interlocutor de las mismas con la Administración Pública”.
Esta forma jurídica de corporación pública sectorial de base privada se aplica a algunas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los Poderes Públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho sector. Estas entidades adoptan forma asociativa y están constituidas con arreglo a una Ley que determina sus fines, estructura y funcionamiento, como es el caso del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.
Por eso, dicho Consejo es, por una lado, de base privada, al constituirse con el fin de representar y defender los intereses de un determinado colectivo, en este caso, el de las personas jóvenes de la región, y al mismo tiempo, de dimensión pública, ya que puede ejercer ciertas funciones públicas de orden administrativo por atribución del Ordenamiento Jurídico o delegación expresa de la Administración. Por esta misma razón, el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia está sujeto al Derecho Privado, si bien en algunos aspectos puede quedar sujeto al Derecho Administrativo.
Precisamente, la evolución experimentada en el caso del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia sirve para dar a pie a dejar planteada, al menos, la cuestión de la posible revisión o reformulación de la naturaleza jurídica de un organismo con más de 30 años de historia como el CJEx, en el sentido de que para adaptarse a los tiempos actuales, y a falta de una Ley de Juventud en Extremadura, que de una vez por todas sirviera, entre otras cosas, para determinar con precisión los espacios propios, los ámbitos competenciales, las funciones y el marco de relación, tanto del CJEx, como del IJEx, sería deseable afrontar con rigor técnico y jurídico la búsqueda de una fórmula jurídica que haga posible que el CJEx conjugue su independencia de funcionamiento y de gestión, a la par que siga perteneciendo a la Administración que lo creó, pero sin injerencias políticas de ningún tipo, y de esta forma, pueda seguir realizando la importante tarea de representar a la juventud extremeña, fomentando la participación juvenil y extendiendo la democracia y la cultura participativa.
¿Sería una posible solución el planteamiento utilizado en la Región de Murcia? ¿Es decir, dar los pasos adecuados para transformar el CJEx en una Corporación Pública Sectorial de base privada? O, ¿sería más interesante aplicar una fórmula como la empleada en Castilla-León, en el sentido de convertirlo en un Ente Público de Derecho Privado?
La cuestión queda aquí planteada, si bien, nos permitimos sugerir que, en cualquier caso, lo deseable es no sucumbir a la hipotética tentación de vaciarlo de contenido, o peor aún, hacerlo desaparecer mediante una eventual integración o fusión en otro tipo de organismo instrumental con competencias en materia de juventud, por mor del contexto de crisis económica y financiera y la tan cacareada racionalización administrativa, que como se indicó, apunta la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de la Administración.
Porque no cabe duda de que si ello ocurriera Extremadura dejaría de contar con un ente y un espacio cargado de historia, de valores democráticos, que pese a las dificultades de todo tipo que afronta en su labor diaria, especialmente, la carencia de recursos diversos (sede accesible y moderna, adecuada dotación de recursos humanos, mayor partida presupuestaria para ejecutar sus fines y objetivos, etc) lleva más de tres décadas tratando de contribuir con sus medios modestos a hacer posible un entorno social, cultural, económico y político mejor, más igualitario, integrador y sostenible.
Álvarez García, V. (2014). La ordenación jurídica de la Participación Juvenil. Anuario de la Facultad de Derecho, 31: 13-28.
Álvarez García V., Hernández Diez, E. (2016). Los efectos del proceso de reforma de las Administraciones públicas sobre la ordenación jurídica de la participación juvenil. Cuadernos de Investigación en Juventud, 1: e005.
Camisón Yagüe, J.A. (2010). Sobre la Constitución Europea y otros misterios del constitucionalismo europeo. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 28: 69-85.
Lois Estévez, J.L. (1956) Sobre el concepto de Naturaleza Jurídica. Anuario de Filosofía del Derecho, 4: 159-182.
Hernández Diez, E. (2015). Introducción a la Administración extremeña en materia de juventud. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 32.
Pernice I. (2002). El Constitucionalismo multinivel en la Unión Europea, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 5: 511-529.
1 Pernice (2002) se refiere a la Unión Europea como una entidad dinámica en la que se produce una pérdida de los poderes soberanos y autónomos de los Estados miembros, conformándose un único sistema legal formado por dos capas constitucionales complementarias, la europea y la nacional, estrechamente entremezcladas e interdependientes, siendo inherente a este sistema y condición para su propio funcionamiento el hecho de que en caso de conflicto entre normas prevalece la europea sobre la nacional, destacando igualmente el papel del Derecho elaborado por las resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales de la UE. La concepción multinivel permitiría una mejor visualización de las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho producido por los Estados miembros, dado que desde esta perspectiva se contempla la producción legislativa, la ejecución normativa y la interpretación jurisprudencial. Para el sistema jurídico multinivel se pueden distinguir los siguientes niveles de producción normativa: en primer lugar, el nivel de producción supranacional, en el que estarían el Derecho de la UE y el Derecho Internacional. Y en segundo lugar, el nivel de producción interna, integrado, en el caso de nuestro país, por la Constitución, el Derecho emanado de los órganos centrales del Estado (Cortes Generales y Gobierno) el Derecho de los órganos territoriales (Parlamentos y Gobiernos autónomos) y el Derecho de otros entes territoriales. A través de esta construcción teórico-doctrinal se observa cómo los distintos niveles jurídicos integrados en el sistema jurídico multinivel actuarían a través del adecuado engranaje e interacción.
2 La actual y última redacción de la propuesta de Estatutos del CJEx elaborada en noviembre de 2016, tras las recomendaciones del Dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura, de abril de dicho año, cuya tramitación arrastra un retraso de algo más de 6 años, contempla también como rasgo diferenciador y característico de la naturaleza jurídica del organismo su “independencia política”.
3 Así lo recoge atinadamente el Informe Anual de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de Extremadura para la Comunidad Autónoma, en su Documento Informe núm. 1142, pág. 95, entre otras, como señala Hernández Diez (2015).
4 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/17/237366/consejo-juventud-recupera-voz-mas-210-000-jovenes-baleares.html (consultado el 1-01-2017): El nuevo Consejo de la Juventud (CJIB) “recupera la voz de más de 210.000 jóvenes” de Baleares después de que este sábado se haya constituido tras cuatro años sin un órgano de interlocución específico. Según ha indicado el Govern en un comunicado, el Consejo cuenta con la participación de veinte entidades y cuarenta representantes y tiene el objetivo prioritario de ser la voz de los jóvenes de entre 14 y 30 años que residen en Baleares. El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló ha asegurado que la restitución de este órgano “supone un paso adelante en el compromiso del Govern de dar protagonismo a la ciudadanía”. Por su parte la consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha destacado la “labor de resistencia que han hecho las entidades y asegurado que «no será un ente instrumental sino independiente y autónomo”. El CJIB es, según su norma de creación, el máximo órgano de canalización de la participación de los jóvenes en el desarrollo político, económico, social y cultural de Baleares y está formado íntegramente por entidades juveniles y por consejos de juventud de ámbito insular y local. El pasado CJIB se suprimió en 2012, mediante un Decreto Ley, después de casi tres décadas de funcionamiento. A diferencia de entonces, cuando era un ente público, el nuevo CJIB adopta la forma de órgano colegiado adscrito al Govern, pero sin someterse a la estructura jerárquica, con lo cual queda garantizada la autonomía y la independencia.