Source: http://acasaladillo.com.ar/?p=32933
Timestamp: 2020-01-20 19:58:50
Document Index: 41271264

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'in fine', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 1', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 1442', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 13', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'Artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 107']

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by Aca Saladillo • August 24, 2018 • Comments Off
EL HONORABLE SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 1°. Se entiende por contrato de obra pública sometido a las disposiciones de la presente Ley, el celebrado entre la Provincia de Buenos Aires por intermedio de su Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas, cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo, empresas o sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y en cuyas normas de creación no se hubiese excluido la aplicación del régimen legal de la obra pública, la Legislatura de la Provincia y el Poder Judicial, órganos creados por la Constitución de la Provincia, las entidades intermedias públicas o privadas a las que el Poder Ejecutivo le delegue de manera expresa cometidos públicos, los Municipios que adhieran a la presente y, una persona física o jurídica, financiado con recursos públicos y cuyo objeto sea:
a) La construcción de inmuebles, comprendidos aquellos por accesión, muebles e, incluso, objetos inmateriales ajenos al concepto de obra física, así como cualquier otra análoga;
b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo u otros análogos;
c) La reforma, ampliación, reparación, recuperación, conservación, mantenimiento, mejora, demolición o prestación de servicios de planificación, coordinación, geren­ciamiento y control, vinculados a la puesta en marcha y funcionamiento, de los definidos en a) y b).
Se entiende por obra pública los trabajos descriptos por los incisos a), b) y c) y los incluidos en el artículo 2º, ejecutados por la administración o las entidades mencionadas en el presente artículo por sí o mediante la colaboración de terceros, con la finalidad de satisfacer de manera inmediata o mediata intereses públicos.
ARTÍCULO 2º. Quedan incluidas en las disposiciones de la presente Ley la adquisición, provisión, arrendamiento, adecuación o reparación de máquinas, equipos, aparatos, arte­ factos, instalaciones, materiales, combustibles, lubricantes, energía, herramientas y ele­ mentos permanentes de trabajo o actividad que efectúe la Administración, coadyuvantes con el objeto y finalidad del contrato de obra pública.
ARTÍCULO 3º. Autorizase al Poder Ejecutivo a contratar la gestión integral de proyectos de infraestructura pública cuyo objeto comprenda su coordinación, gerenciamiento y control, en un todo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Previo a la contratación deberá justificarse fundadamente: a) la grave dificultad o imposibilidad de la Administración de asumir las tareas; y b) la conveniencia de contratar la encomienda con terceros. La adjudicación y contratación de la persona física o jurídica que asumirá la gestión integra de los proyectos, se sujetará a las reglas establecidas por la presente ley.
ARTÍCULO 4º. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y tendrá a cargo el estudio, planificación, de corresponder a ejecución, la fiscalización de las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los artículos 1º y 2º de la presente.
El estudio, planificación, ejecución y fiscalización de las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones reguladas por la presente podrán ser efectuados por otros Ministerios, la Legislatura de la Provincia, el Poder Judicial y por órganos creados por la Constitución de la Provincia, previa conformidad del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de acuerdo lo establezca la reglamentación.
Las facultades y obligaciones que establece la presente Ley podrán ser delegadas por la Autoridad de Aplicación en los Municipios de la Provincia, conforme las limitaciones y condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 5º. Toda obra pública debe ejecutarse en bienes de propiedad de la Provincia o en aquellos cuya posesión, servidumbre o uso dispusiese por cualquier título, en las condiciones que establezca la reglamentación.
También podrán ejecutarse cuando el propietario sea la Nación, un municipio o una entidad sin fines de lucro, pero en esta última circunstancia con la condición de que, en caso de disolución o liquidación de la entidad, el valor de la obra realizada sea reintegrado en parte proporcional a la inversión efectuada o que la obra y el terreno pasen a ser pro­ piedad de la Provincia de acuerdo con lo que reglamente el Poder Ejecutivo.
La ubicación de las obras será determinada por el órgano competente.
En todos los casos en que por ley se autorice la construcción de obras y en ésta no se establezca lo contrario, en la suma autorizada queda comprendido el valor de los terrenos o servidumbres necesarias para su ejecución.
De los Estudios, Proyectos y Financiación.
ARTÍCULO 6º. Previo a licitar una obra pública, se debe confeccionar y aprobar el proyecto, documentación técnica y legal, y presupuesto, con conocimiento y especificación de todas las condiciones, estudios y antecedentes técnicos, legales, económicos y financieros, que sean necesarios para su realización.
Las obras públicas deben ser proyectadas y dirigidas por la Administración, salvo que ésta por razones de conveniencia decidiera contratar con terceros la confección del proyecto y supervisión de su ejecución, en éste último caso la administración previa al llamado a licitación deberá aprobar mediante formal acto administrativo por la autoridad competente que determine la reglamentación.
La Administración puede licitar en forma conjunta o separadamente el proyecto y ejecución de la obra. En este último caso, puede llamarse a licitación para la elaboración del proyecto y/o estudios, acordando premios, sin perjuicio de los aranceles que pudieran corresponder, siendo igualmente factible contratar la dirección técnica de los trabajos con el autor del proyecto elegido.
La responsabilidad por la confección del proyecto y por los estudios que le han servido de base, recae sobre el organismo que los realizó, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaer sobre el autor del proyecto en el supuesto en que su elaboración haya sido contratada. La Administración queda exceptuada de esta responsabilidad ante el contratista cuando la confección del proyecto y realización de los estudios que le han servido de base, los pliegos pusieran a cargo de éste conjuntamente con la ejecución de la obra.
ARTÍCULO 7º. Toda obra pública debe contar con crédito legal suficiente antes de decidirse la convocatoria para su contratación y ejecución. Dicho crédito legal comprenderá el presupuesto de la obra con más un porcentaje de hasta el ciento (20%) para atender ampliaciones, modificaciones y, trabajos imprevistos. El porcentaje establecido en este artículo se ajustará al monto que resulte de la adjudicación. Exceptuase de este requisito a las obras financiadas con créditos provenientes de organismos multilaterales de crédito o de operaciones de financiamiento externo. El comitente podrá realizar el proceso licitatorio hasta la emisión del acto administrativo de adjudicación, aún sin necesidad de contar con el compromiso presupuestario. Se dejará constancia de tal eventualidad en el pliego.
Cuando el período de ejecución exceda de un ejercicio financiero, deberá contraerse compromiso con afectación a presupuestos futuros, en las condiciones establecidas por los artículos 15 y 25 de la Ley 13.767.
ARTÍCULO 8. El contrato de obra pública puede celebrarse conforme los siguientes sistemas a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado, absoluto o relativo; c) por coste y costas, en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada; d) por combinación de estos sistemas y e) por otros sistemas de excepción que puede autorizar el Poder Ejecutivo.
El contrato de obra pública podrá sujetarse a las siguientes modalidades: a) por contrato marco; b) llave en mano; c) de pago diferido, que contemple en el objeto de la contratación no solo las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los artículos 1º y 2º de la presente Ley, sino además su financiamiento en las condiciones que establezca la reglamentación; d) de licitación conjunta o separada del proyecto, la ejecución de la obra y su correspondiente financiamiento;
En todos los casos la contratación puede hacerse con o sin provisión total o parcial de materiales y equipos por parte del Poder Ejecutivo y estará sujeta a las condiciones establecidas en la reglamentación.
Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar las modalidades de contratación.
ARTÍCULO 9. Las contrataciones sujetas a la presente Ley sólo pueden adjudicarse por licitación pública.
La contratación y ejecución de obras públicas debe ajustarse a los siguientes principios liminares:
De legalidad;
De publicidad y difusión;
De concurrencia e igualdad de tratamiento para interesados y oferentes;
De competitividad;
De eficiencia y eficacia;
De sustentabilidad ambiental;
ARTÍCULO 10. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y pueden ser contratadas mediante licitación privada, concurso de precios o de manera directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:
a) Cuando el presupuesto oficial con más el porcentaje previsto por el artículo 7° de la presente Ley no exceda el tope equivalente al valor de 1000 m2 (Conforme Decreto 1907/80).
b) Cuando el presupuesto oficial con más el porcentaje previsto por el artículo 7° de la presente Ley no exceda el tope equivalente al valor de 1000 m2 (Conforme Decreto 1907/80).
c) Cuando trabajos de reconocida urgencia o necesarios para la satisfacción de ser­ vicios de orden social de carácter impostergable demanden una pronta ejecución que no dé lugar al procedimiento de licitación pública.
d) Cuando realizada una licitación pública esta haya sido declarada desierta o fracasare, se debe efectuar un segundo llamado a licitación pública, modificándose los pliegos de bases y condiciones particulares. Si este también resulta desierto o fra­ casare se puede utilizar el procedimiento de contratación directa, licitación privada o concurso de precios.
e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística, técnica o científica, la destreza, habilidad o experiencia particular del ejecutor del trabajo o proveedor de bienes que se incorporan a la obra o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios exclusivos o cuando los conocimientos para la ejecución fuesen poseídos por una persona o entidad.
f) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística, técnica o científica, la destreza, habilidad o experiencia particular del ejecutor del trabajo o proveedor de bienes que se incorporan a la obra o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios exclusivos o cuando los conocimientos para la ejecución fuesen poseídos por una persona o entidad.
g) Cuando las contrataciones se realicen entre la Administración centralizada y entes descentralizados, entidades autárquicas, cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Provincia, la legislatura, el Poder Judicial, órganos creados por la Constitución de la Provincia, empresas o sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las de­ cisiones societarias, el Estado Nacional, Provincias y Municipalidades y entidades que integran la Administración descentralizada de éstas, los entes públicos inter jurisdiccional es o entre éstos y resultare conveniente a los intereses de la Provincia.
En este supuesto está expresamente prohibida la cesión del contrato total o parcial. En caso que por razones debidamente justificadas deban subcontratarse la realización de trabajos, la selección del subcontratista deberá sujetarse a los principios establecidos por el artículo 12 de la presente Ley.
h) Cuando se trate de trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución y no hubiesen sido previstos en el proyecto ni puedan ser incluidos en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios no puede exceder de los límites que fije la reglamentación.
i)Cuando razones de seguridad de Estado o las circunstancias exijan reserva o secreto.
j) Cuando por haberse rescindido el contrato por culpa del contratista y el monto faltante para su terminación no exceda el treinta por ciento (30%) del presupuesto to­tal de la obra redeterminado a la fecha de la nueva contratación.
k) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimen­tación o perfeccionamiento y no con el objeto de obtener una rentabilidad pecuniaria o de cubrir los costos de investigación o desarrollo.
l) Cuando se trate de una obra siniestrada antes de su recepción y se contratare con el contratista establecido, siempre que éste no fuera responsable del siniestro y que los precios a fijar sean los del contrato primitivo, afectados por la redeterminación, en caso de corresponder.
m) Cuando una ley especial lo dispusiere.
En los supuestos previstos por los incisos a),b),c),d),e),f),g),h),i) y j) se debe fundar la procedencia de la excepción, mediante informes técnicos objetivos.
Para contratar en forma directa la autoridad competente en los supuestos contemplados en los incisos a), b), c), f) y h) deberá sujetarse al procedimiento previsto en la reglamentación.
De la Publicidad y Difusión
ARTÍCULO 11. Créase el Diario Oficial Electrónico de Contrataciones regidas por la presente Ley, en el carácter de órgano desconcentrado del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Los procedimientos de selección de contratistas deberán anunciarse en el Diario Oficial Electrónico de Contrataciones a y deberá difundirse en diarios locales y regionales del lugar del asiento de la obra a licitar.
Cuando se trate de licitaciones internacionales, debe disponerse las publicaciones en los países correspondientes, en las condiciones establecidas en la reglamentación.
La difusión efectuada en el Diario Oficial Electrónico de Contrataciones en el sitio web que determine la reglamentación, es considerada como sustitutiva de la publicidad que se efectúa en el Boletín Oficial de la Provincia, reviste carácter de oficial y auténtica y produce idénticos efectos jurídicos a los de la edición impresa o del sitio web del Boletín Oficial de la Provincia.
El organismo licitante debe difundir el pliego de bases y condiciones generales y particulares y el de especificaciones técnicas en el Diario Oficial Electrónico de Contrataciones, conforme lo establezca la reglamentación.
Los anuncios obligatorios deben publicarse con la anticipación a la fecha fijada para la apertura de ofertas y durante el tiempo que se señala a continuación:
Monto del presupuesto Días hábiles de anticipación Diaz hábiles de publicación
De $ 10.000.001 hasta$ 20.000.000 5 5
De $ 20.000.001 hasta$ 100.000.000 15 10
Más de $ 100.000.000 20 15
El Poder Ejecutivo fijará anualmente los montos presupuestarios sobre la base de los cuales se establecerán los días de anticipación y de publicación.
Los días de anticipación se computan a partir del último día de publicación.
Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos.
ARTÍCULO 12. EI Registro de Licitadores tendrá por finalidad la inscripción, calificación, habilitación, clasificación y registración de antecedentes de las personas físicas y jurídicas interesadas en contratar obras y trabajos con la Provincia, y la ponderación del desempeño contractual de los inscriptos. El funcionamiento del Registro, sus atribuciones, las condiciones bajo las cuales se determinará la habilitación y calificación de los interesados, la tipificación de las conductas justificantes del apercibimiento, suspensión e inhabilitación y las condiciones a las que estarán sujetos los inscriptos, serán reglamentados por el Poder Ejecutivo.
La Administración Central y los organismos enumerados en el artículo 1º de la presente Ley, solo podrán contratar la ejecución de obras públicas con las personas físicas y jurídicas con capacidad legal e inscriptas en el Registro de Licitadores, salvo el supuesto contemplado en el artículo 10 inciso e) de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo fijará las demás condiciones de habilitación para participar en los procesos de selección; el monto por debajo del cual no se deberá cumplir con el requisito de la inscripción y las modalidades de selección de oferentes excluidas del régimen de inscripción.
ARTÍCULO 13. Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones a la oferta original que fueran entregadas con posterioridad al acto de apertura deben ser desechadas. Sin embargo, pueden considerarse las aclaraciones que no alteren sustancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases del llamado, ni conculquen los principios liminares de la licitación enumerados en los incisos a), b), c),d),e) y f) del artículo 9 de la presente Ley.
ARTÍCULO 14. Podrá incluirse en el pliego un procedimiento sumarísimo que garantice que cada oferente pueda analizar y eventualmente impugnar las ofertas de la competencia y que los oferentes cuyas propuestas fueren impugnadas, tengan la oportunidad de efectuar la contestación a las respectivas impugnaciones. De todo ello se formará el alcance de impugnaciones.
En todas las impugnaciones realizadas en los procedimientos de selección del contratista, los Pliegos de Bases y Condiciones podrán prever una garantía de impugnación, la que en ningún caso podrá ser superior al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial previsto para la obra.
ARTÍCULO 15. Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación o el de las prórrogas estipuladas por el Comitente.
Si dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta y previo a la adjudicación esta fuera retirada, el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de la Administración, sin perjuicio de la suspensión del Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación.
ARTÍCULO 16. La adjudicación debe recaer sobre la propuesta más conveniente a juicio de la Administración entre aquéllas que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la licitación. La circunstancia de haberse presentado una única propuesta no impedirá su adjudicación si se la considera conveniente.
Siendo la regla de adjudicación, la oferta más conveniente, el menor precio no debe considerarse como factor exclusivamente determinante de la decisión. Si dos o más ofertas admisibles resultaren, a juicio fundado del órgano competente, igualmente convenientes, se podrá llamar a mejora de ofertas entre estos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto, día y hora dentro del término que fije la reglamentación. El mecanismo de desempate debe resguardar todas las garantías exigidas para la licitación original, salvo la publicidad y difusión que será sustituida por una invitación a los oferentes que hayan resultado igualmente convenientes a mejorar sus propuestas. Subsistiendo la paridad podrá resolverse la adjudicación mediante el correspondiente sorteo que se realizará en acto público y con citación de los interesados.
A los fines de la adjudicación el pliego deberá establecer un margen de preferencia del cinco por ciento (5 %) en la comparación de las ofertas a favor de los licitantes cuyas proposiciones acrediten la participación de pequeñas y medianas empresas mediante la constitución, previo a la presentación de la oferta, de un contrato asociativo en los términos del artículo 1442 del Código Civil y Comercial o bajo la modalidad del subcontrato nominado. Las empresas que constituyan este tipo de asociación deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores o acreditar la iniciación del trámite de inscripción en este registro a la fecha de apertura de las ofertas. El margen de preferencia se aplicará siempre que la participación de la pequeña y mediana empresa no sea inferior al veinte por ciento del monto total de la oferta. Se establecerá también un margen de preferencia de un 5% en la comparación de las ofertas a favor de los licitantes cuyas propuestas acrediten la incorporación del 10% de mano de obra perteneciente a cooperativas de trabajo, siendo requisito obligatorio para éstas últimas encontrarse inscriptas en el registro de efectores de economía social de la Provincia de Buenos Aires, priorizando a las cooperativas de trabajo con residencia en las ciudades o regiones de la provincia a las cuales vayan destinadas las propuestas mencionadas.
En todas las licitaciones, las adjudicaciones se regirán por el principio de prioridad de las empresas radicadas en el territorio argentino, de capital nacional y constituidas por personas físicas o jurídicas nacionales, siempre y cuando se configuren similares condiciones de calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas extranjeras y/o con capital de origen extranjero y cuya diferencia de precios no supere a los porcentajes indicados en el presente artículo.
A igualdad de calidad en la oferta, el Poder Ejecutivo adjudicará la licitación a la oferta formulada por el oferente radicado en el territorio nacional y con capital nacional, aunque su cotización supere en hasta un cinco (5) por ciento de las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio de prioridad que se establece el presente. Este porcentaje podrá ampliarse en hasta el diez (10) por ciento en el caso de que se trate de ofertas presentadas por sujetos beneficiarios del principio de prioridad y sean micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se priorizarán las empresas con residencia en las ciudades o regiones de provincia a las cuales vayan destinadas las contrataciones citadas, siempre que se configuren las condiciones de contratación previstas en el párrafo precedente.
Los márgenes de preferencia establecidos en el presente artículo podrán sumarse, según prevean los pliegos, a los afectos de la adjudicación.
El plazo fijado para resolver la adjudicación, el de su notificación y la oportunidad de la devolución de la garantía de oferta presentada por los oferentes perdidosos, será fijado por la reglamentación.
Concluido el proceso de selección y previo a la emisión del acto de adjudicación deberán intervenir la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Estos organismos deberán expedir sus informes, dictámenes y vistas respectivas, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que las actuaciones fueran recibidas. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo una copia certificada del expediente completo, en soporte papel o digital, a cada Organismo.
Al resolverse sobre la licitación, deberá declararse si se ha cumplido con la publicación ordenada y si esta se encuadró en las prescripciones sobre publicidad y difusión previstas en la presente Ley.
Presentada la propuesta o adjudicada la obra, el proponente o adjudicatario no puede ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones, sin autorización y aprobación de la Administración, y siempre que el cesionario ofrezca al menos, iguales condiciones de idoneidad y garantía.
La Administración puede rechazar mediante decisión fundada todas las propuestas en tanto no se hubiere notificado el acto de adjudicación, sin que ello genere derecho alguno a favor de los proponentes, salvo la obligación de la Administración de reintegrar la garantía de oferta.
ARTÍCULO 17. El contrato administrativo de obra pública queda perfeccionado con la firma del instrumento respectivo por parte del órgano competente y del adjudicatario. Este documento deberá contener como mínimo:
Denominación y domicilio real y especial de las partes;
Su objeto, clara y concisamente descripto;
Plazos de ejecución;
Precio y modalidades de pago;
Todas aquellas aclaraciones que, siendo necesarias no alteren la propuesta adjudicada y las bases de la licitación;
f) Constancia de constitución de la pertinente garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales;
La mención de los documentos que integran el contrato.
ARTÍCULO 18. Firmado el contrato; comprobado el replanteo con la entrega de los terrenos y su demarcación y la presentación del plan de trabajos y su configuración, la iniciación de la obra, su ejecución, los plazos de iniciación, realización y su entrega deben sujetarse estrictamente a las estipulaciones contenidas en el pliego, al proyecto que sirvió de base para la contratación de las obras y a las instrucciones que diere al contratista la inspección o supervisión de la obra.
Cuando el menor plazo en la terminación de las obras constituyese un elemento de real significación, el órgano competente podrá consignar en el pliego un régimen adecuado de premios y bonificaciones.
ARTÍCULO 19. Las modificaciones al proyecto dispuestas por el Comitente que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que le será certificado y abonado.
El ejercicio de la potestad de la Administración de modificar unilateralmente el contrato debe justificársela en el cumplimiento de la finalidad de interés público involucrada en la contratación. En ningún caso se autorizarán modificaciones que importen la realización de trabajos que no tengan vinculación con el objeto del contrato original o que por su magnitud económica o naturaleza, transforme el emprendimiento primitivo en uno nuevo o de características tales que impliquen la desnaturalización del objeto encomendado según las bases de la licitación.
Toda ampliación o reducción de obra podrá significar una adecuación del plazo contractual el que debe ser fijado por la autoridad competente.
Las garantías contractuales y fondo de reparos deben ajustarse en proporción a las modificaciones habidas.
ARTÍCULO 20. Si en el contrato se fijan precios unitarios y las modificaciones que puede disponer el comitente importan en algún ítem un aumento o disminución superiores al 20% del importe redeterminado del mismo, la Administración o el contratista tienen derecho a que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplica a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se trata de aumentos sólo se aplica a la cantidad de trabajo que exceda de lo indicado en el presupuesto oficial respecto de ese ítem. Si no se logra acuerdo entre los contratantes, la Administración puede: i) disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se lleven a cabo directamente, o por un nuevo contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la presente Ley, sin derecho a indemnización a favor del contratista o ii) acordar la realización de los trabajos con el contratista establecido bajo el sistema previsto por el inciso c) del artículo 8 de la presente Ley.
Los gastos generales que surgen de los análisis de precios insertos en la oferta y que tengan una estrecha vinculación con el ítem o ítems suprimidos total o parcialmente, serán reconocidos al contratista sobre la base de los valores contractuales redeterminados y en el caso de supresión parcial, en la medida de su proporción.
ARTÍCULO 21. No puede el contratista por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno, sino con estricta sujeción al contrato, y si lo hiciere no le será abonado, a menos que se le hubiere dado orden escrita por funcionario autorizado, en cuyo caso el pago debe disponerse por autoridad competente.
ARTÍCULO 22. El contratista no tiene derecho a percibir indemnización alguna por los perjuicios ocasionados por su propia culpa.
Los perjuicios sufridos por el contratista quedan a cargo del comitente en los siguientes casos:
A-Cuando se originen en actos de los agentes de la Administración en el desempeño de tareas inherentes a su cargo;
B-Por fuerza mayor o caso fortuito cuyos efectos el contratista no hubiere podido prever o evitar total o parcialmente;
C-Los que tengan causa directa en hechos o actos de alcance particular o general de la Administración, no previstos en el pliego;
D-Los originados en dificultades materiales imprevisibles, de carácter geológico, hidráulico u otras de naturaleza análoga que causaren el incremento de los costos.
Para tener derecho a la indemnización a que se refiere este artículo, el contratista debe hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que de­ termine la reglamentación. En caso de que proceda la indemnización, se pagará el per­ juicio de acuerdo con los precios de contrato o con los de mercado si los precios contractuales no pueden tomarse como referencia
La procedencia de la indemnización deberá ser resuelta dentro del plazo de sesenta (60) días.
Queda autorizado el órgano competente respectivo a abonar la indemnización con el crédito de la obra.
ARTÍCULO 23. La Administración, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá optar total o parcialmente por la modalidad de contratación prevista por el artículo 8 segundo párrafo inc. e) de esta Ley, conforme lo determine la reglamentación.
Facúltase al Poder Ejecutivo para garantizar, hasta un monto acumulado que no exceda el treinta (30%) por ciento del costo redeterminado de la obra, los compromisos por préstamos financieros que el contratista contraiga. El otorgamiento de las garantías se hará escalonadamente en proporción al avance de la ejecución física de la obra, en la forma, porcentajes y condiciones que establezca la reglamentación.
Del régimen estabilizador de las prestaciones.
ARTÍCULO 24. Declárese aplicable al presente régimen la redeterminación del precio del contrato de obra pública.
El régimen de redeterminación debe ajustarse a los siguientes principios:
No se aplica de oficio por la Administración. El contratista debe solicitar la redeterminación del precio demostrando los presupuestos fácticos que ha­ cen procedente su exigibilidad;
Se torna exigible cuando el costo de los factores enumerados en la regla­ mentación, reflejen una variación promedio de los precios de estos factores en los porcentajes que determine la reglamentación de los precios básicos del contrato o al precio surgido de la última redeterminación,
La redeterminación del precio se aplicará en todos los casos a las obras pendientes de ejecución.
En caso de mora o atrasos de causas exclusivamente imputadas al contratista no corresponderá la redeterminación del precio durante el período de mora.
Facúltese al Poder Ejecutivo a reglamentar el sistema de redeterminación del precio del contrato de obra pública reconocido en el presente artículo.
De los gastos improductivos.
ARTÍCULO 25. La Administración reconocerá los gastos improductivos debidos a paralizaciones totales o parciales que sean producidas por actos del poder público o causas de fuerza mayor. El régimen de reconocimiento y pago de los gastos improductivos se rige por las disposiciones del decreto 3262/90 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias o la que en el futuro lo reemplace, siempre que no contradiga lo dispuesto en el presente.
ARTÍCULO 26. Asígnese al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos la misión de instrumentar las medidas necesarias para concretar un sistema de información sistematizada y de fácil acceso de la totalidad de las obras públicas realizadas y en ejecución en el territorio de la Provincia que tendrá como finalidad ser un observatorio de obra pública y que contendrá como mínimo la individualización de las obras y la información del procedimiento de licitación conforme lo determine la reglamentación.
Para garantizar la más amplia publicidad y difusión el Poder Ejecutivo asignará una dirección web donde deberá publicarse la información anteriormente mencionada, la que deberá ser fácilmente comprensible, veraz, contar con documentación respaldatoria y estar debidamente actualizada.
A los efectos del presente artículo la información publicada será anónima, gratuita e irrestricta.
Facúltese al Poder Ejecutivo a reglamentar el presente.
ARTÍCULO 27. Las contrataciones que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, estuvieren en gestión, deben ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del régimen legal vigente al momento de su instrumentación.
ARTICULO 28. Quedan excluidas de las disposiciones de la presente Ley, obras que contrate o realice el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su servicio, las que se ajustarán al régimen que establezca dicha Institución pudiendo requerir asesoramiento del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Las contrataciones que celebre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la realización de las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los Artículos 1º y 2º de la presente Ley, deberán sujetarse a los principios establecidos en el Artículo 9 de la presente.
ARTICULO 29. Quedan incluidos en el régimen de la presente Ley las obras de edificación escolar y demás Institutos y establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, las que serán llevadas a cabo por la misma.
ARTICULO 30. Las obras que ejecutan personas o entidades privadas con subsidios o subvenciones de la Provincia, se regirán por la presente Ley y por los artículos no derogados por la Ley 5.806, hasta tanto no se sancione la ley respectiva.
ARTICULO 31. Derògase a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación del artículo 66 de la presente Ley, el Decreto 2113/202 y de toda otra norma que se le oponga.
ARTICULO 32. Derogase la Ley 6.021, la Ley 14.812 Ley de Emergencia en materia de infraestructura, hábitat y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTICULO 33. Invítese a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente Ley.
ARTICULO 34. Derogase la Ley 9.853.
El presente Proyecto de Ley es el resultado del trabajo realizado en la Comisión de Obras Públicas de esta Honorable Cámara de Diputados, refleja el despacho de dicha Comisión que fue expedido en Julio del año 2016 y además contó con el acompañamiento de todos los miembros del cuerpo, por lo que resulta importante destacar que cuenta con el consenso de todos los bloques políticos que en aquel momento acompañaron la propuesta.
Actualmente el Proyecto original, Expediente D- 2174 / 16-17 se encuentra archivado conforme el Articulo 122 del Reglamento Interno que establece que “Todo proyecto o asunto que no fuese votado definitivamente en el período de sesiones que se presente o en el siguiente, será pasado al archivo. El mismo plazo y destino tendrán las comunicaciones oficiales, las peticiones o asuntos de particulares y los mensajes y proyectos del Poder Ejecutivo. Pasarán igualmente al archivo, los proyectos en revisión que se encuentren en las condiciones fijadas en el artículo 107 de la Constitución.”
Considerado ya el origen del texto, vale destacar que mediante la sanción de éste Proyecto de Ley, dotamos a la Provincia de Buenos Aires de una herramienta útil y ágil para el procedimiento en la contratación de la obra pública.
Asimismo, con esta iniciativa estaríamos brindándole a la provincia el instrumento legal necesario, y a su vez requerido por el Poder Ejecutivo, para salir de la emergencia en infraestructura vigente en función de la última prórroga de la Ley 14.812.
Con este nuevo régimen legal del contrato de obra pública se modernizan las disposiciones actuales sin evadir los controles constitucionales, se establecen principios básicos a los que debe ajustarse el procedimiento favoreciendo la transparencia.
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