Source: http://www.fiscaldemesa.com.ar/constituciones/constituciones-no-vigentes/constitucion-de-la-rioja-2002/
Timestamp: 2017-04-29 15:36:20
Document Index: 152540009

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'in dubio', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 162', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 90', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 12', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 137', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 135', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 85', 'Artículo 136', 'Artículo 136', 'Artículo 144', 'Artículo 85']

Constitución de La Rioja (2002) | Fiscal de Mesa
Constitución de La Rioja (2002)
Este texto no está vigente. La constitución actual de La Rioja es de 2008.
Los representantes del pueblo de la Provincia de La Rioja reunidos en Convención Constituyente y en cumplimiento del mandato conferido:
Creemos en la primacía de la persona humana y que todos los hombres son iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal anteriores a esta Constitución y superiores al Estado; que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza como ámbito natural de la cultura y la educación; que el trabajo es deber y derecho de todos los hombres y representa la base del bienestar de toda comunidad organizada; que la justicia es valor primario de la vida y que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana.
Decididos a promover la creación de una sociedad justa y libre, exenta de toda discriminación por razones de credo, raza, sexo o condición social, abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo.
Resueltos a consolidar un Estado democrático, basado en la participación popular, que garantice a través de instituciones estables y legítimas la plena vigencia de todos los derechos que esta Constitución reconoce y consagra.
Procuramos consolidar los intereses históricos de nuestro pueblo y vigorizar las expresiones de la cultura regional como base de la identidad popular y condición de la unión nacional y latinoamericana.
Proclamamos la dignidad creadora del trabajo, la participación de todos en el disfrute de la riqueza, el respeto de la Constitución y la Ley por gobernantes y gobernados, la periodicidad y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen la función pública.
Evocando la gesta justiciera de Juan Facundo Quiroga, Angel Vicente Peñaloza, Felipe Varela y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales y el largo combate de nuestro heroico Pueblo Riojano para alcanzar un verdadero federalismo y un definitivo régimen de libertad y justicia social.-
Artículo 1°.- El poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la provincia, quien lo ejerce por medio de sus legítimos representantes y por las otras formas de participación democrática establecidas en esta Constitución.
Artículo 2°.- La Provincia de La Rioja, parte integrante de la República Argentina, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, democrática y social, y en ejercicio de su autonomía no reconoce más limitaciones a su poder que las expresamente delegadas en la Constitución Nacional al Gobierno Federal.
Artículo 3°.- El Estado Provincial garantiza, a través de todos sus actos, el logro de la democracia participativa en lo económico, político, social y cultural. La actividad de todos los órganos del Poder Público está sujeta a los principios republicanos, en particular a la publicidad de los actos, legalidad de las acciones de los funcionarios, periodicidad de las funciones y efectiva rendición de cuentas.
Artículo 4°.- El Poder del Estado Provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido en esta Constitución en Funciones conforme a las competencias que ella establece.
Artículo 5°.- El Preámbulo no es una mera enunciación de principios, sino fuente interpretativa y de orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente Constitución.
Artículo 6°.- La Provincia tiene los límites que, por derecho le corresponden, con arreglo a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los tratados que se celebren. No podrán ser alterados sino por Ley ratificada por Consulta Popular. El territorio de la provincia está dividido en dieciocho departamentos, con sus actuales límites determinados por la Ley, los que no podrán ser modificados sin previa consulta popular de los departamentos involucrados.
Artículo 7°.- Las autoridades centrales del gobierno residen en la ciudad de La Rioja, capital de la provincia, salvo que por Ley sujeta a Consulta Popular se fije otra sede.
Artículo 8°.- Ninguna norma jurídica tendrá efecto retroactivo ni podrá afectar los derechos adquiridos o alterar las obligaciones contractuales.
Artículo 9°.- Toda Ley, Decreto, Ordenanza o Disposición contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución debe ser declarada inconstitucional por los Jueces, a requerimiento de parte o de oficio.
Supresión de Tratamientos Honoríficos
Artículo 10°.- Quedan suprimidos los tratamientos honoríficos a funcionarios y magistrados o cuerpos colegiados de la provincia, cualquiera sea su investidura.
Sostenimiento del Culto Católico
Artículo 11°.- El gobierno de la provincia coopera a sostener el Culto Católico, Apostólico y Romano.
Artículo 12°.- Los que se alzaren para cambiar esta Constitución, deponer los órganos de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, como así también los funcionarios políticos que en la provincia formaren parte del gobierno de facto que surgiere del alzamiento o subversión, serán pasibles de las sanciones civiles, penales y políticas que determinen las leyes y esta Constitución. Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política que omitieren la ejecución de actos en defensa del mismo serán pasibles de idénticas sanciones.
Artículo 13°.- La provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad, sin perjuicio del derecho individual o colectivo de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinario, sometido únicamente a las prescripciones de la Ley.
Artículo 14°.- Quienes ejercieren funciones de responsabilidad política en los gobiernos de facto o pertenezcan a la dirigencia de las organizaciones referidas en el artículo anterior, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
Artículo 15°.- El Estado Provincial, las municipalidades y entidades descentralizadas, y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas sin necesidad de autorización de la Función Legislativa, y sin que en el juicio deba gozar de privilegio alguno.
Se declaran inembargables los fondos provenientes de coparticipación federal a la provincia y coparticipación provincial a los municipios, como también los bienes destinados a los servicios de asistencia social, salud y educación.
Condenado al pago de alguna deuda, el Estado no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria, tampoco se trabará embargo sobre bienes o fondos indispensables para cumplir sus fines o servicios públicos ni sobre los fondos que hubieren sido previstos en el presupuesto para tales fines o servicios.
Cuando el Estado o las entidades demandadas no dieren cumplimiento a la sentencia dentro de los tres meses posteriores a que la misma quede firme, podrán trabarse embargos, pero solamente sobre los fondos previstos anualmente en el presupuesto para el pago de sentencias judiciales en firme; agotados los mismos, la partida podrá ser reforzada únicamente mediante el trámite previsto por la Ley.
Artículo 16°.- La provincia detenta la facultad de efectuar, en el orden internacional, gestiones, actos o convenios que fueren necesarios para la satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de la política exterior delegada al Gobierno Federal.
Gestión interjurisdiccional
Artículo 17°.- La provincia podrá celebrar acuerdos, efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral o regional con otras provincias o con la Nación en el ámbito de sus intereses propios y sin afectar los poderes políticos delegados al Gobierno Federal. En particular podrá acordar con la Nación sobre coparticipación de impuestos, compensación de los efectos negativos de la política económica nacional y participación en todo órgano que administre facultades concurrentes, regímenes concertados y empresas interjurisdiccionales o del Estado Nacional que exploten recursos en su territorio.
Artículo 18°.- En caso de Intervención Federal los actos que sus representantes ejecuten en el desempeño de sus funciones serán exclusivamente administrativos, con excepción de los que deriven del estado de necesidad.
Los funcionarios y empleados designados por la Intervención quedarán en comisión el día en que termine la misma. Los sueldos, retribuciones, compensaciones, viáticos y demás adicionales del Interventor Federal, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Funcionarios no escalafonados designados por la Intervención no serán abonados por el Gobierno de la Provincia.
Artículo 19°.- Todos los habitantes de la provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho a defender su vida, libertad, reputación, integridad moral y física y seguridad individual. Nadie puede ser privado de su libertad sino por vía de penalidad, con arreglo a una Ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia de Juez Competente.
No podrán crearse organizaciones oficiales especiales que, so pretexto de seguridad, atenten o violen los derechos humanos. Nadie podrá ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo ordene, consienta, ejecute, instigue o encubra y el Estado reparará el daño que el hecho provoque. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida.
Artículo 20°.- Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Artículo 21°.- Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la Ley, sin distinciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política.
El Estado propenderá al pleno desarrollo de la persona humana y a la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la provincia, removiendo los obstáculos de orden jurídico, económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los mismos, impidan tal realización.
Artículo 22°.- Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme de Juez competente dictada previo proceso legal.
La privación de la libertad durante el proceso tiene el carácter excepcional, sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que exceda el término máximo que figura en la Ley. Las normas que autoricen son de interpretación restrictiva, salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de juez competente, siempre que existan elementos de convicción suficiente de participación en hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la Ley. En caso de flagrancia se dará inmediato aviso al Juez competente y se pone a su disposición el aprehendido con constancia de sus antecedentes.
El Estado garantiza la asistencia letrada del imputado en las diligencias policiales y judiciales, y la asistencia de oficio cuando no se designe defensor particular.
Artículo 23°.- Desde la iniciación del proceso penal, el o los jueces que intervinieren están obligados a aplicar el principio: “in dubio pro reo”.
Tampoco podrán los jueces aplicar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la Ley Penal en contra del sospechado.
Artículo 24°.- En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados y las personas comprendidas en tales situaciones no podrán ser enviadas a establecimientos fuera de la provincia. De esta medida se dará cuenta en forma inmediata al Juez competente y se pondrá a su disposición al detenido con los antecedentes del caso dentro de las veinticuatro horas.
La prisión preventiva no podrá prolongarse más allá del término fijado por la Ley para la finalización del proceso, en cuyo caso el detenido recuperará de inmediato la libertad.
Con la privación de la libertad de una persona se labrará un acta que será firmada por ella, si es capaz, donde constará la razón del procedimiento, el lugar donde será conducido y el magistrado interviniente, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darle cuenta de inmediato a un familiar del detenido o a quien éste indique y al Ministerio Público a los efectos de su defensa.
Artículo 25°.- Todo encargado de la custodia de presos debe, al recibirlos, exigir y conservar en su poder la orden de detención, caso contrario, es pasible de las sanciones previstas por la Ley. La misma obligación de exigir la indicada orden bajo igual responsabilidad incumbe al ejecutor del arresto o detención.
Artículo 26°.- Las cárceles y demás lugares destinados al cumplimiento de las penas de privación de la libertad serán sanas, limpias y organizadas con el fin de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, que incluirá el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que conduzca a mortificar física o moralmente a los detenidos hará responsable a quien la ejecute, autorice o consienta. Deberá garantizarse la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas.
Una Ley Especial dispondrá la creación, organización y funcionamiento de institutos de rehabilitación y educación de menores.
Artículo 27°.- Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de Autoridad Competente o a quien arbitrariamente se restringiere o amenazare en su libertad, puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante un Juez letrado inmediato, a fin de que se ordene su libertad o que se someta a Juez competente o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación o restricción que padeciere. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal.
El Juez, dentro de las veinticuatro horas, examinará el caso y hará cesar inmediatamente la restricción si ésta no proviene de Autoridad competente o si no cumpliere los recaudos constitucionales o legales.
Artículo 28°.- Procederá la acción de amparo contra cualquier decisión, acto u omisión de autoridad o de particulares que, con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución Nacional, a fin de que el Juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado. Esta acción procederá siempre que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no procediese el recurso de hábeas corpus.
Cuando una disposición legal imponga a un funcionario un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o cumplirse la abstención y sufriere perjuicio material, moral o político por falta injustificada del cumplimiento del deber, puede demandar ante el Juez competente su ejecución inmediata quien, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario un mandamiento de ejecución o de prohibición según el caso.
Artículo 28°.- BIS.- HABEAS DATA. Toda persona física o jurídica podrá interponer acción de hábeas data para garantizar su derecho de autodeterminación informativa, a cuyo fin está facultada para acceder a sus datos personales y los referidos a sus bienes y al destino de tal información que se encuentren asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, electrónicos y ópticos, de carácter público o privado, de soporte, procesamiento y provisión de la información y, en caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos, exigir la supresión, rectificación, actualización o el sometimiento a confidencialidad de los mismos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística
Artículo 29°.- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. En ningún caso el defensor del imputado o querellante particular podrán ser molestados ni allanados sus domicilios o locales profesionales con motivo del ejercicio de su ministerio. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, consanguíneos o afines.
Toda declaración del imputado es un medio de defensa y deberá ser realizada ante el Juez de la causa o autoridad judicial competente, según lo establezca la ley, pero carecerá de valor probatorio si la misma se celebró sin la asistencia de letrado de parte u oficial.
Queda abolido el secreto del sumario para las partes y prohibida la incomunicación de los detenidos sin orden de Juez competente, la que en ningún caso excederá de un día. Se asegurará a los indigentes los medios para actuar o defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.
Artículo 30°.- Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de Juez competente.
Artículo 31°.- Todo habitante de la provincia es libre de escribir, imprimir o difundir por cualquier medio sus ideas.
No podrá dictarse Ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite la libertad de prensa; que trabe, impida o suspenda por motivo alguno el funcionamiento de imprentas, talleres tipográficos, difusoras radiales o televisas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento; que decomise sus maquinarias o enseres o clausure sus locales ni expropie sus bienes.
Artículo 32°.- Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Nadie será obligado a declarar el culto que profesa.
Artículo 33°.- El trabajo, como digna actividad humana, goza de la protección del Estado Provincial, quien reconoce y declara los siguientes derechos a objeto de que todas las autoridades ajusten sus acciones a los principios informadores de los mismos: derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la participación en las ganancias de la empresa con control de su producción, cogestión o autogestión en la dirección, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico, a la defensa de sus intereses profesionales y de aprender y enseñar.
El Estado garantiza a los sindicatos los siguientes derechos: a su reconocimiento sin otro requisito que la inscripción en un registro especial; a concertar convenios colectivos de trabajo; al ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad de sus empleos y la licencia gremial.
Si la duda recayese en la interpretación o alcances de la Ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
Artículo 34°.- La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad será objeto de preferente atención por parte del Estado Provincial, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La provincia promoverá la unidad económico familiar y el bien de familia, conforme a lo que una ley especial determine.
Artículo 35°.- Como una forma de protección familiar, los establecimientos e institutos de enseñanza secundaria, superior y universitaria deberán incluir en sus planes de estudio una asignatura que se refiera a aquellos aspectos de la educación de adolescentes y jóvenes que signifique prepararlos para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar.
Artículo 36°.- Todo niño o adolescente tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo total o parcial, moral o material, permanente o transitorio, corresponde a la provincia, como inexcusable deber social, proveer a dicha protección ya sea en forma directa o por medio de institutos.
Protección de la Ancianidad
Artículo 37°.- Todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados para ese fin.
Artículo 38°.- La provincia promoverá políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y psíquicos, como asimismo aquellas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a los deberes de solidaridad para con ellos.
Artículo 39°.- EI Estado propenderá al logro de una vivienda digna para todos los habitantes de la provincia.
Artículo 40°.- Todo ciudadano goza del derecho de asociarse, cualquiera sea su objetivo, siempre que no afecte la moral, el orden público o el ordenamiento legal.
Las asociaciones sólo pueden ser intervenidas conforme a la Ley y no serán disueltas en forma compulsiva sino en virtud de sentencia judicial.
Artículo 41°.- Queda establecido el derecho de peticionar a las autoridades que puede ser ejercido individual o colectivamente sin que la publicación de dichas peticiones dé lugar a la aplicación de penalidad alguna a quien la formule. La autoridad a que se haya dirigido la petición está obligada a comunicar por escrito al solicitante la resolución pertinente.
Artículo 42°.- Los habitantes tienen derecho a reunirse sin autorización, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares públicos, pudiendo efectuar manifestaciones públicas en forma individual o colectiva.-
Admisibilidad en los Empleos
Artículo 43°.- Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad y el domicilio en la provincia. La designación se efectuará por concurso público de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo conforme lo reglamente la Ley.
Artículo 44°.- Ningún empleado o funcionario escalafonado de la provincia podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, aptitudes físicas o mentales. La cesantía sólo se dispondrá previo sumario que justifique la medida.
Artículo 45°.- La Ley establecerá un régimen de remuneraciones de magistrados, funcionarios y demás empleados de la provincia teniendo en cuenta el principio de que a igual tarea corresponde igual remuneración.
Se excluye de esta limitación los siguientes adicionales particulares: Antigüedad, Título y Asignación Familiar.
Artículo 46°.- El Régimen Jubilatorio Provincial será único para todas las personas y asegurará la equidad y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.
El haber deberá ser móvil, irreductible y proporcional a la remuneración del mismo cargo en actividad.
Acumulación de Empleo
Artículo 47°.- En ningún caso podrán acumularse en una misma persona dos o más funciones o empleos rentados, ya sea provincial, municipal o nacional, con excepción de la docencia en ejercicio, con las limitaciones que la ley deberá establecer para este último caso.
Artículo 48°.- La provincia es solidariamente responsable con sus agentes cuando éstos causaren daños a terceros por mal desempeño de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones.
Manifestaciones de Bienes
Artículo 49°.- Los que ejercen las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial están obligados, al entrar en funciones y al cesar en las mismas, a efectuar manifestación de bienes, por sí, su cónyuge y personas que la Ley determine.
Artículo 50°.- Los consumidores de bienes y los usuarios de servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la promoción y protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios legales y naturales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial posibilitando la participación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, como también la de representantes de los Concejos Deliberantes en los organismos de control y solución de conflictos.
Artículo 50°.- BIS.- Los principios, declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía popular, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal o como integrante de la sociedad o de sus organizaciones en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes de solidaridad. Tampoco se entenderá como negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación, los cuales quedan incorporados a esta Constitución.
Artículo 51°.- La educación es un derecho humano fundamental y un deber de la familia y del Estado. Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la ética, la libertad y la justicia social, en el respeto a las tradiciones e instituciones del país y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.
Artículo 52°.- El Estado asegurará el acceso a la educación, su permanencia y la posibilidad de alcanzar los más altos grados de educación. Deberá posibilitar la igualdad de oportunidades para todas las personas, desarrollando las acciones a su alcance para este fin mediante el principio de centralización normativa y descentralización operativa de tales acciones. También procurará que el estudiante de cualquier nivel pueda insertarse en el mundo productivo del trabajo sin detener el proceso educativo.
Artículo 53°.- Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Constitución, la provincia organizará un régimen educacional que comprenda la enseñanza pre-primaria, primaria, secundaria, superior y universitaria, que se ajustará a las siguientes bases:
1.- La educación será gratuita y asistencial y obligatoria hasta el ciclo básico del nivel secundario y demás niveles que en lo sucesivo se establezcan por ley.
Artículo 54°.- La coordinación de la política educativa estará a cargo de un Consejo Técnico Educativo en el que tendrán representación los docentes y los padres, cuya denominación y funcionamiento reglamentará la Ley respectiva.
Artículo 55°.- La enseñanza universitaria será regida por un Consejo Superior formado en cada establecimiento mediante la participación de los docentes, estudiantes, egresados y no docentes.
Una Ley Especial reglamentará su estructura, funcionamiento y procedimientos a que deberá ajustarse, asegurando la autonomía universitaria con las facultades de dictar su propio estatuto, elegir sus autoridades y nombrar su personal.
Artículo 56°.- El Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y eliminará toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural.
Promoverá y protegerá las manifestaciones culturales, personales y colectivas y aquellas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano, especialmente las que fueren de reconocido arraigo y trascendencia popular en la provincia.
El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del patrimonio cultural de la provincia.
Artículo 57°.- El Estado asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y regional, creando los organismos técnicos que garanticen la promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se establezca.
La actividad de los trabajadores de la salud será considerada como función social, garantizándose la eficaz prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
El Estado fomentará la participación activa de la comunidad y podrá celebrar convenios con la Nación, otras provincias o entidades privadas u otros países destinados al cumplimiento de los fines en materia de salud.
Artículo 58°.- La actividad económica estará al servicio del hombre y se organizará conforme a los principios sociales de esta Constitución. El Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y la comunidad, debiendo regular las actividades económicas a esos efectos. A tal fin se crearán los institutos y se arbitrarán los medios necesarios con intervención de representantes del trabajo, sociedades, cooperativas, asociaciones de productores, trabajadores, empresarios e instituciones oficiales de crédito para la defensa efectiva de la producción básica, la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento de los recursos naturales, la radicación de industrias, especialmente en el interior de la provincia y la comercialización de la producción en beneficio de los productores y consumidores.
Artículo 59°.- El capital debe tener por principal objeto el desarrollo y progreso de la provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo.
Artículo 60°.- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, la misma queda sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la Ley con fines de bien común.
Artículo 61°.- La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional.
Artículo 62°.- La provincia en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo es dueña originaria de todas las sustancias minerales y fuentes naturales de energía, incluidos hidrocarburos que existen en su territorio con excepción de los vegetales.
Podrá proveer a su aprovechamiento por sí o mediante acuerdos con la Nación, otras provincias o terceros, con el fin de efectuar la exploración, explotación, industrialización, preferentemente en el departamento de origen y comercialización de las mismas, fijando de común acuerdo, las regalías o retribuciones pertinentes, en lo que tendrá participación el municipio en donde se ubique el yacimiento minero. La Nación no podrá disponer de dichos recursos sin previo consentimiento de la provincia prestado por ley.
Dominio y uso de las Aguas
Artículo 63°.- Son de dominio público de la provincia los lagos, ríos y sus afluentes y todas las aguas públicas existentes en su jurisdicción. La Ley que reglamente su uso deberá establecer que toda concesión de uso y goce de aguas del dominio público es inseparable y se atribuye como derecho inherente al predio.
Artículo 64°.- Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la provincia o a las municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas.
Artículo 65°.- El Estado, a través de la ley, fomentará y promoverá la organización, el mantenimiento y el desarrollo de cooperativas y mutuales, mediante la asistencia técnica e integral, el correcto ejercicio de la fiscalización y un adecuado plan de educación y capacitación cooperativista y mutualista.
Artículo 66°.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, como así también a la información y educación ambiental, a la población en general y en particular a los educandos en sus distintos niveles.
Toda actividad económica que altere el ambiente y las obras públicas o privadas que se desarrollen en el territorio provincial deberán realizar previamente un Estudio de Impacto Ambiental. Las personas físicas o jurídicas responsables de estos emprendimientos deberán tomar los recaudos necesarios para evitar el daño ambiental, el que generará prioritariamente la obligación de recomponer el medio ambiente como se establezca en la ley.
Las autoridades promoverán el ordenamiento territorial ambiental para la utilización más adecuada de los recursos provinciales como también promoverán la coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.
Las autoridades gubernamentales formarán, dentro del Organismo Competente, un Cuerpo de Protección Ambiental para fiscalización y control de los derechos y obligaciones consagrados en el presente artículo.
Artículo 67°.- El Estado promoverá el desarrollo integral, autónomo y armónico de las diferentes zonas de su territorio.
Artículo 68°.- El Régimen Financiero de la provincia se basa en el poder impositivo de la misma. En virtud del poder fiscal originario, es privativo de la provincia la creación de impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las modalidades de percepción, con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al Gobierno Federal en virtud de lo dispuesto por la Constitución Nacional.
Artículo 69°.- El Estado provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por Ley para urgencias de la provincia o para empresas de utilidad pública, por el producido de los servicios que preste, por la administración de los bienes de dominio público y por la disposición o administración de los del dominio privado, por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no delegados a la Nación por la coparticipación que provenga de los impuestos federales recaudados por los organismos competentes, y por las reparaciones que obtenga del erario nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos tributarios o no tributarios creados por ley.
Artículo 70°.- Podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la provincia, emisión de títulos públicos u otras operaciones de crédito por ley sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros en funciones de la Cámara de Diputados, pero ningún compromiso de esta clase podrá contraerse sino para obras públicas. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas podrá comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se tomará como base el cálculo de recursos menor de los tres últimos años. Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones no podrán ser distraídos ni interinamente de su objeto, bajo la responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.
Artículo 71°.- El Régimen Tributario de la provincia se estructurará sobre la base de la función económico – social de los impuestos y contribuciones. La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos, contribuciones y cargas públicas.
Artículo 72°.- Toda enajenación de bienes de la provincia o municipios, compra, obras públicas y demás contratos se efectuará por el sistema de subasta y licitación pública, bajo pena de nulidad, con excepción de los casos que la ley determine.
Artículo 73°.- En el presupuesto se consignarán los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, considerándose derogadas si no se incluyeren en el presupuesto las partidas correspondientes. El presupuesto sancionado seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de uno nuevo.
La Función Legislativa podrá autorizar, con los dos tercios de sus miembros presentes, el endeudamiento cuyo objetivo sea el financiamiento de la deuda pública, del déficit presupuestario y del desarrollo provincial.
Artículo 74°.- Es derecho y deber de todo ciudadano participar en la vida política.
Artículo 75°.- La provincia reconoce y asegura la existencia y personería de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la orientación, formación y manifestación de la voluntad popular. A tal fin deberán obligadamente organizar las escuelas de formación de dirigentes.
A los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos y el Estado garantiza su libre funcionamiento dentro del territorio provincial por el solo hecho de su constitución, sin injerencia estatal o cualquier otra en su vida interna y su actividad pública.
Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social en las condiciones que la ley determine. Su organización interna responderá a principios democráticos y deberán rendir cuentas públicamente sobre el origen de sus fondos.
Artículo 76°.- Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos. Cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta. En caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato, podrá el partido iniciar acción ante el Tribunal Electoral de la provincia con el fin de cuestionar el desempeño de la representación y, resuelta la inconducta, queda abierta la sustitución por el suplente respectivo.
Artículo 77°.- La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.
Artículo 78°.- El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y su ejercicio una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 79°.- La Ley Electoral será uniforme para toda la provincia y la dividirá en tantos distritos electorales como departamentos haya. La misma ley establecerá la forma en que estarán representadas las minorías. El voto es universal, libre, igual y secreto.
Artículo 80°.- En la provincia funcionará un Tribunal Electoral permanente integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia que lo presidirá, un Juez de Cámara y un miembro del ministerio público, elegidos por sorteo que efectuará el Tribunal Superior cada cuatro años. La ley fijará sus atribuciones y responsabilidades.
Artículo 81°.- Por la Iniciativa Popular, el Cuerpo Electoral con el porcentaje que la ley determine, que no debe ser inferior al cinco por ciento del electorado, puede presentar un Proyecto de Ley o de derogación de leyes en vigencia para su tratamiento por la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma constitucional.
La Cámara de Diputados está obligada a considerar el proyecto. Cuando lo rechace o lo reforme sustancialmente, la iniciativa deberá someterse a Consulta Popular. Si el proyecto no es tratado en el término de tres meses el mismo quedará aprobado.
Artículo 82°.- Las cuestiones de gobierno y la vigencia de nuevas leyes, la reforma o derogación de normas jurídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a Consulta Popular, que podrá ser obligatoria o facultativa. Será obligatoria en los siguientes casos:
1.- Toda reforma constitucional realizada por la Cámara de Diputados de acuerdo al Artículo 162°.
2.- Las leyes que autorizan empréstitos cuyos servicios sean superiores al porcentaje en que se pueden afectar los recursos ordinarios.
Artículo 83°.- El Cuerpo Electoral tiene el derecho de decidir la destitución o separación de aquellos funcionarios electivos que no han cumplido el mandato recibido o que por el mal desempeño en sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada en ellos por el pueblo.
Para que la Revocatoria Popular se considere válida es necesario que el resultado electoral supere el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en el Registro Electoral.
Artículo 84°.- La Función Legislativa de la provincia es ejercida por la Cámara de Diputados, integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 85°.- La Cámara de Diputados se compone de veintitrés miembros, elegidos directamente y a simple pluralidad de sufragios por el pueblo de la provincia. La ley electoral determinará el número de diputados por departamento y/o región de acuerdo con su población establecida por el último censo nacional o provincial.
Artículo 85°.- BIS. DIETA. Los representantes legislativos gozan de una dieta establecida por ley, acorde a los gastos que demande la actividad. La misma no excederá de la remuneración que perciba por todo concepto el Gobernador y se hace efectiva de acuerdo con la asistencia a las sesiones y a las comisiones que integran.
Artículo 86°.- Para ser diputado se requiere ser argentino, mayor de edad, con dos años de residencia inmediata y efectiva anterior a la elección en el departamento que representa.
Artículo 87°.- Corresponde adjudicar los cargos de diputados respetando el orden de colocación de los candidatos en las listas oficializadas por el Tribunal Electoral. Los que siguen serán considerados suplentes, a los que se agregarán en tal carácter los otros suplentes que la ley establezca.
Artículo 88°.- Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de su mandato y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo del titular completará el término del mandato.
Artículo 89°.- No pueden ser diputados los militares en servicio activo; los que hayan sido condenados a penas de reclusión o prisión mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena; y los deudores del fisco cuando se hubiere dictado sentencia en su contra.
Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con:
a) Cualquier cargo electivo en el gobierno federal, provincial y municipal o de otras provincias, excepto el de Convencional Constituyente nacional, provincial o municipal.
b) El ejercicio de una función, comisión o empleo público dependiente del Estado nacional, provincial o municipal, sin previo consentimiento de la Cámara. En ningún caso dicho consentimiento permite el ejercicio simultáneo, ni la doble percepción del cargo de diputado con el empleo, función o comisión de que se trate.
Podrá ejercer la docencia en el cargo de dedicación simple en el ámbito superior o universitario.
Todo diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa, por ese hecho, de ser miembro de la Cámara. Los agentes de la administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo desde su asunción por el tiempo que dure su función.
Artículo 90°.- Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes de legislador, es ofensa a la misma Cámara que debe ser sancionada.
Ningún diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto el caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso que merezca pena privativa de libertad, en este caso el juez que ordene la detención dará cuenta, dentro de los tres días, a la Cámara con la información sumaria del hecho.
Artículo 90°.- La Cámara al conocer el sumario podrá allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho si la Cámara no hubiese resuelto el caso dentro de los diez días siguientes en que se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido será puesto inmediatamente en libertad.
Artículo 92°.- La Cámara, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, corregirá a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o ausentismo notorio e injustificado o lo excluirá de su seno por inhabilidad física, psíquica, moral o legal sobreviniente a su incorporación.
Artículo 93°.- La Presidencia de la Cámara será ejercida por el Vicegobernador, quien tendrá voto sólo en caso de empate.
Los nombramientos de las autoridades de la Cámara deberán hacerse por mayoría absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, deberá repetirse la votación limitándose a los dos candidatos más votados. En caso de empate decidirá el Presidente.
Artículo 94°.- Es facultad de la Cámara designar comisiones con fines de fiscalización o investigación en cualquier dependencia de la Administración Pública Provincial o Entidades Privadas cuando estuvieren comprometidos intereses del Estado. No deberá interferir en el área de atribuciones de las otras funciones y resguardará los derechos y garantías individuales. Para practicar allanamientos debe requerir la autorización del Juez Competente.
Artículo 95°.- La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, podrá llamar a su seno a los Ministros para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes, a cuyo efecto deberá citarlos con cuarenta y ocho horas de anticipación y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de informar.
El Gobernador podrá concurrir a la Cámara cuando lo estime conveniente en reemplazo de los Ministros interpelados.
Artículo 96°.- La Cámara dictará su reglamento, el que preverá la constitución de comisiones internas encargadas de intervenir en el estudio del material legislativo. Se integrarán respetando la proporción de la representación parlamentaria de la Cámara.
Facultades de las Comisiones
Artículo 97°.- Las Comisiones Legislativas podrán dictar resoluciones, declaraciones y efectuar pedidos de informes. La Cámara podrá disponer la remisión a las mismas de asuntos de menor trascendencia para que ellas los resuelvan.
Artículo 98°.- La Cámara podrá designar de su seno, antes de entrar en receso, una Comisión Permanente a la que le corresponderán las siguientes funciones: seguir la actividad de administración, promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones.
Artículo 99°.- La Cámara se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el quince del mes de diciembre, pudiendo por sí prorrogarlas por el término que sea necesario.
Artículo 100°.- La Cámara sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus componentes. Podrá realizar sesiones en minoría al solo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes. Las sesiones serán públicas salvo que, en razón de la naturaleza del asunto, se resolviere lo contrario.
Artículo 101°.- La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley sobre cualquier asunto político o administrativo atinente a los intereses generales de la provincia o de la nación.
Artículo 102°.- Corresponde a la Cámara de Diputados:
Inciso 1. Dictar todas las leyes necesarias para el ejercicio de las instituciones creadas por esta Constitución, así como las relativas a todo asunto de interés público y general de la provincia.
Inciso 2. Establecer tributos para la formación del Tesoro Provincial.
Inciso 3. Fijar anualmente el Presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. Podrá fijarse por un período mayor siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio y que se establezca en base a ejercicios anuales.
Inciso 4. Aprobar, rechazar u observar en el plazo de noventa días, las cuentas de inversión que deberá presentar el Gobernador hasta el treinta de junio de cada año respecto al ejercicio anterior.
Inciso 5. Legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras del Estado Provincial, requiriéndose los dos tercios de los votos de sus miembros para la cesión de tierras fiscales con el objeto de utilidad social expresamente determinada.
Inciso 6. Autorizar al Gobernador a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.
Inciso 7. Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario y crediticio.
Inciso 8. Crear y suprimir cargos o empleos no establecidos expresamente por esta Constitución, determinando sus atribuciones y responsabilidades.
Inciso 9. Declarar la utilidad pública o el interés general en los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe abonarse la indemnización.
Inciso 10. Establecer o modificar las divisiones departamentales conforme a lo establecido en esta Constitución.
Inciso 11. Acordar amnistías generales.
Inciso 12. Aprobar o desechar los tratados o convenios que el Gobernador acuerde con el Estado Nacional, otras provincias o sus municipios, entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, estados extranjeros u organismos internacionales.
Inciso 13. Recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicegobernador de la provincia y considerar las renuncias que hicieren de su cargo.
Inciso 14. Conceder o delegar la licencia al Gobernador y Vicegobernador en ejercicio para salir del territorio de la provincia por más de treinta días.
Inciso 15. Prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requieran esta formalidad, entendiéndose acordado si dentro de los treinta días de recibida la comunicación correspondiente no se hubiera expedido.
Inciso 16. Elegir Senadores al Congreso de la Nación en la forma que lo determine la Constitución Nacional e instruirles para su gestión en el Senado de la Nación cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la provincia.
La Cámara podrá pedir al Senado de la Nación la remoción de los mismos con el voto de las dos terceras partes y previa Consulta Popular.
Inciso 17. Efectuar los nombramientos que correspondan conforme a esta Constitución.
Inciso 18. Disponer con los dos tercios de los votos la intervención de los municipios con arreglo a lo previsto en esta Constitución.
Inciso 19. Crear la Comisión de Control y Seguimiento Legislativo con facultades suficientes para verificar la aplicación de las leyes.
Inciso 20. Dictar las leyes de organización y los códigos: rural, de procedimientos judiciales, contencioso administrativo, electoral, bromatológico, de recursos renovables y no renovables y otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia provincial.
Inciso 21. Proveer lo conducente a la prosperidad de la provincia, justicia, seguridad social, higiene, moralidad, cultura y todo lo que tienda a lograr la justicia social.
Inciso 22. Reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de competencia del Gobierno de la Nación.
Inciso 23. Dictar las leyes conducentes a la organización y funcionamiento de la educación en la provincia.
Inciso 1.- Dictar todas las leyes necesarias para el ejercicio de las instituciones creadas por esta Constitución, así como las relativas a todo asunto de interés público y general de la provincia.
Inciso 2.- Establecer tributos para la formación del tesoro provincial.
Inciso 3.- Fijar anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. Podrá fijarse por un periodo mayor siempre que no exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio y que se establezca en base a ejercicios anuales.
Inciso 4.- Aprobar, rechazar u observar en el plazo de noventa días las cuentas de inversión que deberá presentar el Gobernador hasta el treinta de junio de cada año respecto al ejercicio anterior.
Inciso 5.- Legislar sobre el uso, distribución y enajenación de las tierras del Estado provincial, requiriendo los dos tercios de los votos de sus miembros para la cesión de tierras fiscales con el objeto de utilidad social expresamente determinada.
Inciso 6.- Autorizar al Gobernador a contraer empréstitos, títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.
Inciso 7.- Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario y crediticio.
Inciso 8.- Crear y suprimir cargos o empleos no establecidos expresamente por esta Constitución, determinando sus atribuciones y responsabilidades.
Inciso 9.- Declarar la utilidad publica o el interés general en los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe abonarse la indemnización.
Inciso 10.- Establecer o modificar las divisiones departamentales conforme a lo establecido en esta Constitución.
Inciso 11.- Acordar amnistías generales.
Inciso 12.- Aprobar o desechar los tratados o convenios que el Gobernador acuerde con el Estado Nacional, otras provincias o municipios, entes públicos o privados nacionales o extranjeros, estados extranjeros u organismos internacionales.
Inciso 13.- Recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicegobernador de la provincia y considerar las renuncias que hicieren a su cargo.
Inciso 14.- Conceder o denegar la licencia al Gobernador y Vicegobernador en ejercicio para salir del territorio de la provincia por más de treinta (30) días.
Inciso 15.- Prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requieren esta formalidad, entendiéndose acordado si dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación correspondiente no se hubiera expedido.
Inciso 16.- Efectuar los nombramientos que correspondan conforme a esta Constitución.
Inciso 17.- Crear la Comisión de Control y Seguimiento Legislativo con facultades suficientes para verificar la aplicación de las leyes.
Inciso 18.- Disponer, con los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara, la intervención de los municipios con arreglo a lo previsto en esta Constitución.
Inciso 19.- Dictar las leyes de organización y los códigos: rural, de procedimientos judiciales, contencioso administrativo, electoral, bromatológico, de recursos renovables y no renovables y otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia de la provincia.
Inciso 20.- Proveer lo conducente a la prosperidad de la provincia, justicia, seguridad social, higiene, moralidad, cultura y todo lo que tienda a lograr la justicia social.
Inciso 21.- Reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea la competencia del gobierno de la Nación.
Inciso 22.- Dictar las leyes conducentes a la organización y funcionamiento de la educación en la provincia.
Artículo 103°.- Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por uno o más diputados, por el Gobernador o por el Tribunal Superior en los casos autorizados en esta Constitución.
Ningún Proyecto de Ley desechado totalmente por la Cámara podrá ser tratado nuevamente durante el año de su rechazo.
Artículo 104°.- Cuando un Proyecto de Ley fuere sancionado por la Cámara, ésta lo remitirá dentro de los cinco días al Gobernador para su promulgación y publicación. El Gobernador podrá vetar dicho proyecto en el término de diez días hábiles, en forma total o parcial. Si no lo hiciere se considerará promulgado.
Artículo 105°.- Ambito de Aplicación. El Gobernador, Vicegobernador, Ministros, miembros del Tribunal Superior de Justicia, el Procurador General, Jueces inferiores, miembros del Ministerio Público, Fiscal de Estado y miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser denunciados ante la Cámara de Diputados por inhabilidad sobreviniente física o mental, por mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o por delitos comunes.
División de la Cámara
Artículo 106°.- Anualmente la Cámara en su primera sesión se dividirá por sorteo en dos salas, compuestas cada una por la mitad de sus miembros a los fines de la tramitación del Juicio Político. En caso de que la composición de la Cámara fuese impar, la sala segunda se integrará con un miembro más.
La sala primera tendrá a su cargo la acusación y la sala segunda será la encargada de juzgar. Cada sala será presidida por un diputado elegido de su seno.
Artículo 107°.- La Sala Acusadora nombrará anualmente en su primera sesión una Comisión de Investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al Presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para tal efecto las más amplias facultades.
Artículo 108°.- La Comisión Investigadora practicará las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presentará el dictamen a la Sala Acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo, necesitando dos tercios de los votos de sus miembros presentes cuando fuere favorable a la acusación.
Artículo 109°.- Desde el momento que la Sala Acusadora haya aceptado la acusación, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo.
Artículo 110°.- Admitida la acusación por la Sala Acusadora, ésta nombrará una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en Tribunal de Sentencia, previo juramento prestado ante su Presidente.
Sala de Sentencia
Artículo 111°.- La Sala de Sentencia procederá de inmediato al estudio de la acusación, prueba y defensa, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin dictar el fallo condenatorio, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones con derecho a percibir los haberes no cobrados sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos.
Artículo 112°.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de Sentencia. La votación será nominal, debiendo registrarse en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación.
Artículo 113°.- El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado, pudiendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales ordinarios.
Artículo 114°.- La Cámara dictará una Ley de Procedimientos para esta clase de juicios, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Artículo 115°.- La Función Ejecutiva Provincial será desempeñada por el Gobernador, quien es el Jefe Político de la Administración de la Provincia o en su defecto por el Vicegobernador quien, además de ser titular de la Cámara de Diputados, aún cuando no reemplace al Gobernador podrá participar en los acuerdos de ministros y reuniones de gabinete. Ambos se eligen al mismo tiempo y por idéntico período.
Artículo 116°.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:
1.- Ser argentino nativo o naturalizado, con diez años de ejercicio efectivo de la ciudadanía.
Artículo 117°.- El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios y ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga, pudiendo ser reelectos.
Artículo 118°.- Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y Vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados o en su defecto ante el Tribunal Superior de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, la Constitución Nacional, las Leyes de la Nación y de la provincia.
Artículo 119°.- El Gobernador y Vicegobernador tendrán desde su elección las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados.
Artículo 120°.- El Gobernador y Vicegobernador residirán en la ciudad Capital y no podrán ausentarse de la provincia por más de treinta días sin autorización de la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrán ausentarse de la provincia por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la comisión de receso.
Artículo 121°.- En caso de muerte, destitución, renuncia, licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del Gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el Vicegobernador por todo el resto del período legal en las tres primeras situaciones y hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las restantes. Si la inhabilidad temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y Vicegobernador, se hará cargo de la Función Ejecutiva, hasta que aquélla cese para alguno de ellos, el Vicepresidente Primero o Vicepresidente Segundo de la Cámara de Diputados.
Artículo 122°.- Si antes de asumir el ciudadano electo Gobernador muriese, renunciare o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección. En caso de acefalía simultánea y definitiva del Gobernador y Vicegobernador faltando más de dos años para la expiración del mandato, las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados o, en su defecto, por el Vicepresidente Segundo de la misma o por el Presidente del Tribunal Superior, en este orden quienes deberán convocar al pueblo de la provincia a elección de Gobernador y Vicegobernador en el término de treinta días. No podrá ser candidato el funcionario que desempeñe interinamente el cargo de Gobernador.
Faltando menos de dos años para la finalización del período, el funcionario que desempeñe la Función Ejecutiva convocará a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días si ésta se hallare en receso o le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviese en sesiones, para que dentro de los cinco días en el primer caso y de los tres en el segundo, se reúna con el quórum de dos tercios como mínimo a fin de designar de entre sus miembros y por mayoría de votos al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes.
Artículo 123°.- El Gobernador es el representante legal del Estado Provincial y Jefe de la Administración con los siguientes deberes y atribuciones:
Inciso 1 – Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las promulga y las hace ejecutar, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos. Puede ejercer el derecho de veto.
Inciso 2 – Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, el estado general de la administración, el movimiento de fondos que hubiese producido dentro y fuera del Presupuesto General durante el Ejercicio Económico anterior y las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas.
Inciso 3 – Convoca a elecciones en los casos y épocas determinadas en esta Constitución y leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas.
Inciso 4 – Convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias.
Inciso 5 – Presenta el Proyecto de Ley de Presupuesto y Recursos, hace recaudar las rentas de la provincia, decreta su inversión con arreglo a la ley y publica trimestralmente el estado de tesorería.
Inciso 6 – Nombra y remueve a los Ministros y a todos los Funcionarios de la Administración Pública para los cuales no se haya previsto otra forma de nombramiento o remoción, conforme a la ley que reglamente los mismos.
Inciso 7 – Otorga jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales conforme a la ley.
Inciso 8 – Concede indultos y conmuta penas, previo informe del Tribunal Superior, con excepción de las que recaigan con motivo de los delitos referidos en el Artículo 12° de esta Constitución y de los cometidos por funcionarios sometidos al procedimiento del Juicio Político.
Inciso 9 – Ejerce el poder de policía.
Inciso 10 – Propone los miembros del Tribunal Superior.
Inciso 11 – Ejerce la fiscalización, control y tutela de los entes descentralizados, empresas del Estado o con participación estatal y sociedades o asociaciones con personaría jurídica para asegurar el cumplimiento de los fines respectivos.
Inciso 12 – No podrá en ningún caso, bajo de pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral ni la intervención a los municipios, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que deberán ser refrendados por todos los Ministros.
En un plazo no mayor a diez días en el período ordinario de sesiones, el Ejecutivo deberá enviar el decreto para la ratificación de la Legislatura Provincial, la que en un máximo de treinta días deberá expedirse al respecto. Transcurrido dicho término, sin que la Cámara se expida, el decreto se considerará aprobado.
Artículo 124°.- El despacho de los asuntos de la Función Ejecutiva estará a cargo de Ministros, cuyo número, funciones y departamentos determinará la ley.
Artículo 125°.- Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones que para ser Diputado y no ser cónyuge del Gobernador ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Rigen, además, iguales incompatibilidades.
Artículo 126°.- Los Ministros refrendan y legalizan con su firma las resoluciones del Gobernador, sin la cual no tendrán efecto. Son solidariamente responsables. Sólo podrán resolver por sí mismos en lo referente al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas y dictar providencias de trámite. Los Ministros de la Función Ejecutiva Provincial presentarán semestralmente una Memoria detallada del estado de la provincia en lo relativo a los asuntos de sus áreas.
Asimismo, podrán concurrir a las sesiones de la Cámara y tomar parte en sus debates, pero no votar.
Artículo 127°.- El Gobernador podrá delegar en entidades descentralizadas con personalidad jurídica parte de sus funciones administrativas a los fines de la prestación de un servicio público determinado.
A los fines de este artículo, la Función Ejecutiva deberá coordinar con los respectivos gobiernos municipales el accionar de estas entidades, otorgándoles la necesaria participación.
Funciones e Independencia
Artículo 128°.- Sólo el Tribunal Superior y demás jueces ejercen la función jurisdiccional, tienen a su cargo la guarda de la soberanía del pueblo, la custodia de la supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías.
El Tribunal Superior y demás jueces tendrán el imperio necesario para mantener su inviolabilidad e independencia ante los órganos que ejercen las otras funciones del Estado. En el ámbito de sus atribuciones su potestad es exclusiva, no pudiendo el Gobernador ni la Cámara de Diputados, en ningún caso, ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de juicios pendientes ni restablecer los que hubieren concluido.
Artículo 129°.- La Función Judicial será desempeñada por un Tribunal Superior de Justicia, Cámaras, Jueces, Jueces de Paz Letrados o Legos, miembros del Ministerio Público y demás Tribunales y Funcionarios que establezca la ley. Los miembros del Tribunal Superior prestarán juramento ante el Gobernador.
Artículo 130°.- Los magistrados y miembros del Ministerio Público gozarán de las mismas inmunidades que los Diputados. Sus retribuciones serán establecidas por ley y no podrán ser disminuidas con descuentos que no sean los que dispusieren con fines de previsión o con carácter general.
La inamovilidad comprende el grado y la sede, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causas previstas en esta Constitución.
Conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta, pero los miembros del Tribunal Superior de Justicia y el Procurador General, a partir de los setenta y cinco años de edad, requerirán de una nueva propuesta y designación que se prolongará por cinco años y que podrá repetirse indefinidamente.
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 137° el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá ser reelegido en dicha función.
Artículo 131.- Son de competencia del Tribunal Superior y de los tribunales inferiores todas las causas que versen sobre puntos regidos por las Constituciones, Leyes Nacionales y Provinciales y Ordenanzas Municipales, según que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción de la provincia. Quedan excluidas de su conocimiento las causas atribuidas por esta Constitución al tribunal de Juicio Político.
Artículo 132°.- El Juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión de derecho. El Juez, a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica.
Pérdida de la Competencia
Artículo 133°.- La ley deberá establecer los plazos para que los Jueces dicten sentencia, vencidos los mismos y previo pedido de pronto despacho, perderán la competencia de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna, si no dictar en sentencia en el término que fije la ley. La competencia en estos casos deberá ser ejercida por el subrogante legal que corresponda.
Los Jueces que por tercera vez en el año pierdan el ejercicio de la competencia quedan sometidos a Juicio Político, lo que de por sí no constituye una sanción sino sólo un instrumento para determinar si hubo descuido del deber o inconducta en el desempeño del cargo y se lo establece como medio para proteger los derechos del pueblo.
Artículo 134°.- La Policía Técnica Judicial es un organismo al servicio de la justicia. En el ejercicio de su función es dependiente del Tribunal Superior de Justicia y está a disposición de los Jueces y del Ministerio Público en los términos que la ley establezca.
Artículo 135°.- Para ser Juez del Tribunal Superior y Procurador General se requiere título de abogado, diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.
Para los demás Jueces Letrados y miembros del Ministerio Público se requiere título de abogado, dos años de ejercicio profesional o funciones judiciales y veinticinco años de edad. Para ser Juez de Paz Lego se requiere mayoría de edad y título secundario.
Artículo 136°.- Los miembros del Tribunal Superior y el Procurador General serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador.
Para los restantes magistrados o miembros del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura examinará las aptitudes técnicas de los aspirantes en concurso público y abierto, y elevará a la Cámara de Diputados una nómina de cinco postulantes en condiciones de cubrir el cargo para su designación en pública sesión. La nómina podrá componerse con un número inferior a falta de postulantes aptos, y agotada sin que la Cámara haya designado a ninguno de sus integrantes, el Consejo deberá convocar a nuevo concurso.
Composición del Consejo de la Magistratura
Artículo 136°.- BIS – El Consejo de la Magistratura funcionará en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia que ejercerá su presidencia, y se integrará periódicamente y por mitad con representantes de dicho Tribunal Superior, de los abogados de la matrícula elegidos al efecto por sus pares, de los Jueces Inferiores y de la Función Ejecutiva, todos ellos en número igualitario. Los demás integrantes representarán a la Cámara de Diputados con participación de la minoría.
Artículo 137°.- El Tribunal Superior estará integrado por cinco miembros como máximo, pudiendo la ley determinar otro número impar en su composición.
Artículo 138.- El Ministerio Público es un órgano de la Función Judicial con autonomía funcional y autarquía financiera. Está integrado por el Fiscal General y el Defensor General, quienes ejercen su función por ante el Tribunal Superior de Justicia y los demás integrantes que establezca la ley.
El Ministerio Público tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos, representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera.
El Ministerio Público ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todos los casos, a los de legalidad e imparcialidad.
El Fiscal General y Defensor General ejercerán la superintendencia administrativa de los miembros que tienen a su cargo. Serán nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Artículo 135° de esta Constitución. Se remueven por las causales y procedimiento de juicio político.
Artículo 139°.- Sin perjuicio de las demás incompatibilidades que surjan de esta Constitución y de la naturaleza de la Función Judicial, a los magistrados y miembros del Ministerio Público les está prohibido participar en organizaciones o actividades políticas, ejercer su profesión, exceptuándose los casos en que actúen por derecho propio, desempeñar empleos, funciones u otras actividades dentro y fuera de la provincia, con excepción de la docencia, o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad.
Artículo 140°.- El Tribunal Superior tiene las siguientes atribuciones y deberes:
2.- Nombra a los empleados y funcionarios de la administración de justicia, no pudiendo removerlos sin sumario previo.
5.- Remite cada tres (3) meses a la Cámara de Diputados y al Gobernador una Memoria del estado y necesidades de la administración de justicia, debiendo incluir un detalle de las sentencias de cada tribunal, recusaciones e inhibiciones de cada juez.
6.- Puede enviar a la Cámara de Diputados, con carácter de iniciativa, proyectos de leyes sobre organización y funcionamiento de la administración de justicia, de la policía judicial y creación de servicios conexos como, asimismo, los códigos, leyes de procedimientos judiciales y sus modificaciones.
En estos casos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o miembro que éste designe podrá concurrir a las comisiones legislativas o a la sesión de la Cámara para fundar el proyecto o aportar datos e informes.
Artículo 141°.- El Tribunal Superior ejerce competencia originaria y exclusiva:
2.- En los conflictos de competencia entre los Organos del Estado Provincial, entre éstos y las Municipalidades o de las Municipalidades entre sí y los que se susciten entre las Cámaras o Jueces, o entre uno de éstos o cualquier autoridad ejecutiva con motivo de sus respectivas jurisdicciones.
3.- En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso. Ejerce jurisdicción recurrida como Tribunal de Casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley. Conoce de las resoluciones que produzca el Tribunal de Cuentas según la forma y procedimiento que determine la ley.-
Competencia de Tribunales Inferiores
Artículo 142°.- La Ley Orgánica de los Tribunales determina la competencia, jurisdicción y funcionamiento de los tribunales, juzgados y demás organismos de la Función Judicial.
Artículo 143°.- La interpretación que efectúe el Tribunal Superior en sus pronunciamientos sobre el texto de esta Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. La ley establecerá la forma y el procedimiento para obtener la revisión de la jurisprudencia.
Artículo 144°.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura Provincial que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión fundamental será la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Provincial y Municipal, de empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos o cuando por cualquier motivo se vean afectados los recursos naturales o se altere el normal desarrollo del medio ambiente humano.
Es designado por la Legislatura Provincial con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una Ley Especial, preservando la gratuidad de las actuaciones para el administrado.
Artículo 145°.- El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa judicial de los intereses públicos y privados de la provincia y del patrimonio fiscal. Tendrá personería para demandar la nulidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, contratos o resoluciones en el solo interés de la ley o en defensa de los intereses fiscales de la provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. La ley reglamentará sus funciones.
Artículo 146°.- Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Miembro del Tribunal Superior de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. Será designado por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados por un término de cuatro años y podrá ser reelegido. En ese período será inamovible y sólo podrá ser removido por las causas y el procedimiento establecido para el Juicio Político.
Artículo 147°.- El Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la provincia, estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales, los que durarán en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegidos. Durante ese término sólo podrán ser removidos por las causas y el procedimiento establecido para el tribunal de Juicio Político.
Artículo 148°.- El Presidente, el Vicepresidente y uno de los Vocales serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del bloque mayoritario. Los dos vocales restantes a propuesta de cada bloque de los partidos que hubieren obtenido representación en ese Cuerpo, en orden sucesivo al bloque mayoritario.En caso de existir una sola minoría, ésta propondrá a ambos.
Artículo 149°.- El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones: controlar la legitimidad en la percepción e inversión de caudales efectuadas por los funcionarios y empleados públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada y municipales, empresas públicas o con participación estatal e instituciones privadas que administren fondos del Estado, los que estarán obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido para su aprobación o desaprobación, inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos e instituciones en que el Estado tenga intereses y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
Artículo 150°.- Los fallos que emita el Tribunal harán cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo susceptibles de los recursos que la ley establezca por ante el Tribunal Superior. Si en el curso del trámite administrativo surgiere la posible comisión de un hecho delictivo, se remitirán las actuaciones respectivas al Juez Competente.
Artículo 151°.- La Cámara de Diputados dictará la Ley Orgánica que reglamentará las funciones del Tribunal de Cuentas. Cuando en las Cartas Orgánicas Municipales se creare el Tribunal de Cuentas no se aplicarán las disposiciones de este título.
Artículo 152°.- El Asesor General de Gobierno tendrá las funciones de asesorar al Gobernador y reparticiones de administración pública, con excepción de las entidades descentralizadas y presidirá el cuerpo de abogados del Estado.
Artículo 153°.- En el ámbito de la Función Ejecutiva funcionará el Consejo Económico Social con la finalidad de asegurar la participación a través de la opinión no vinculante de los sectores representativos de la producción y de las áreas económicas y sociales de la comunidad en el orden provincial y regional.
Tendrá como función actuar como órgano consultivo en la elaboración del presupuesto provincial y/o regional, procurando la participación sectorial para conocer el orden de prioridades en la distribución del gasto público y fortalecimiento de la conciencia tributaria en la provincia y en cada uno de los departamentos.
Propenderá a la orientación del presupuesto hacia la producción, incentivando el desarrollo de las fuentes de trabajo y participando en la ejecución de las políticas sociales.
La ley determinará las formas de constitución, funcionamiento y competencia territorial por regiones.
Artículo 154°.- Los Municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La Legislatura Provincial sancionará un régimen de coparticipación municipal en el que la distribución entre la provincia y los municipios se efectúe en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada uno de ellos, contemplando criterios objetivos de reparto y sea equitativa, proporcional y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades.
La autonomía que esta Constitución reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna.
Deberán dictar su propia Carta Orgánica, con arreglo a lo que disponen los Artículos 155° y 157°, a cuyos fines convocarán a una Convención Municipal, la que estará integrada por un número igual al de los miembros del Concejo Deliberante y serán elegidos directamente por el pueblo del departamento.
Artículo 155°.- El Gobierno Municipal se compone de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo.
El Departamento Ejecutivo será ejercido por una persona con el título de Intendente, elegido de conformidad al Artículo 156°.
El Departamento Deliberativo será presidido por un Viceintendente, elegido de igual forma que el Intendente a quien reemplazará en caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o inhabilidad e integra el Departamento Ejecutivo en el carácter de Secretario de Coordinación del Gabinete de Trabajo Municipal, facilitando la interactividad entre ambos órganos.
El Departamento Deliberativo será desempeñado por un cuerpo que se denominará Concejo Deliberante y estará compuesto por Concejales, los que percibirán por su actividad una dieta establecida por ordenanza, acorde a los gastos que demande la actividad y que no excederá de la remuneración que por todo concepto perciba el Intendente.
Se integrará sobre la siguiente base poblacional:
De 10.001 a 15.000 habitantes 6 Concejales
De 15.001 a 50.000 habitantes 7 Concejales
De 50.001 a 100.000 habitantes 8 Concejales
De 100.001 habitantes en adelante 9 Concejales
Artículo 155°.- BIS: EJIDO MUNICIPAL. El ejido municipal coincidirá con los límites del departamento. El Gobierno Municipal deberá llevar adelante acciones que fortalezcan la regionalización funcional y política y su integración nacional e internacional.
Condiciones y Mandato
Artículo 156°.- Los Intendentes y Concejales serán elegidos directamente por el pueblo del municipio y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
Artículo 157°.- Las Cartas Orgánicas Municipales establecerán las estructuras funcionales del municipio, conforme a los requerimientos del departamento, incorporando los aspectos de educación, salud pública, gobierno y cultura, hacienda, obras y servicios públicos y el desarrollo social y económico.
1) Organos de fiscalización y contralor, tales como la Fiscalía Municipal y Tribunales de Cuentas Regionales, asegurando en éstos la representación de todos los departamentos. Como así también deberá asegurar la Justicia Municipal de Faltas.
5) El proceso de regionalización para el desarrollo económico y social que permita la integración y coordinación de esfuerzos en pos de los intereses comunes mediante acuerdos interdepartamentales que podrán crear órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Esta Constitución reconoce las siguientes regiones:
Región 1: VALLE DEL BERMEJO: Vinchina- General Lamadrid – Coronel Felipe Varela.
Región 4: CENTRO : Capital- Sanagasta.
Región 5: LLANOS NORTE: Independencia- Angel Vicente Peñaloza
Chamical- General Belgrano.
Región 6: LLANOS SUR: General Juan Facundo Quiroga- Rosario Vera Peñaloza- General Ortiz de Ocampo- General San Martín.
7) La defensa del medio ambiente teniendo en cuenta lo que dispone esta Constitución.
Artículo 158°.- Cada municipio provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro municipal formado por el producido de la actividad económica que realice y los servicios que preste, con la participación, y en la forma que los municipios convengan con la provincia, del producido de los impuestos que el Gobierno Provincial o Federal recaude en su jurisdicción, por la venta o locación de bienes del dominio municipal, por los recursos provenientes de empréstitos y otras operaciones de crédito que realice, por los subsidios que le acuerda el Gobierno Provincial o Federal y por los demás ingresos provenientes de otras fuentes de recursos.
Artículo 159°.- Los municipios podrán ser intervenidos por ley aprobada con dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:
1.- Cuando existiere acefalía, para asegurar la constitución de sus autoridades.
2.- Cuando no cumplieren con los servicios de empréstitos o si de dos ejercicios sucesivos resultare déficit susceptible de comprometer su estabilidad financiera.
3.- Para normalizar la situación institucional.
Artículo 160°.- El Poder Constituyente será ejercido por una Convención integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados y será el órgano competente para reformar esta Constitución en forma parcial o total.
Declaración de la Reforma
Artículo 161°.- La necesidad de la reforma parcial o total de la Constitución deberá ser declarada por ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Sancionada la ley y comunicada al Gobernador, éste no podrá vetarla y deberá convocar a elecciones para elegir los Convencionales Constituyentes, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley.
Artículo 162.- La Cámara de Diputados de la Provincia podrá sancionar con el voto de los dos tercios de sus miembros la enmienda de esta Constitución, que no podrá exceder de tres artículos, y sólo quedará incorporada al texto constitucional si fuere ratificada por consulta popular que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice.
(Sancionadas por la Convención Constituyente Año 1986)
2 – El Gobernador y el Vicegobernador cumplirán el mandato para el que fueron elegidos.
3 – Los Jueces del Tribunal Superior y Procurador General concluirán sus funciones conjuntamente con el Gobernador y el Vicegobernador en ejercicio.
4 – La ley reglamentará la Función Municipal hasta tanto cada Convención Municipal dicte su respectiva Carta Orgánica.
5 – La convocatoria electoral determinará la forma de renovación de la Cámara de Diputados para el próximo período.
6. – Hasta que se dicten las distintas Leyes Orgánicas Reglamentarias a que se hace referencia en esta Constitución u otras que se consideren necesarias, se aplicarán las leyes en vigencia en todo aquello que sea compatible con la Constitución.
7 – Sancionada la Constitución, los Diputados Constituyentes prestarán juramento de cumplir sus disposiciones. El Gobernador, Vicegobernador, Presidente del Tribunal Superior, Intendentes Municipales y Presidentes de Comisiones Municipales lo harán ante la Convención Constituyente una vez que entre en vigencia.
8 – Los funcionarios públicos, partidos políticos y organizaciones sociales son responsables de la difusión de los derechos fundamentales, de las instituciones republicanas y de los principios democráticos que consagra esta Constitución.
9 – La Convención Constituyente, en cumplimiento de mandato popular que ha recibido, realizará todas las tareas inherentes al mismo y, en particular, las siguientes:
a) – Efectuar el ordenamiento y revisión final del texto de la Constitución Provincial.
b).- Ordenar y controlar la publicación de la nueva Carta en el Boletín Oficial.
c).- Confeccionar las notas, antecedentes y correlaciones.
1 – Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
2 – A efectos de cumplimentar lo establecido en el Artículo 85°, respecto del número de bancas del departamento Capital, se convocará a elección para su cobertura una vez concluido el mandato de los actuales ocupantes de las bancas extras.
3 – Declárase en comisión a los actuales jueces del Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General. A partir de la vigencia de esta Constitución, los miembros del Tribunal Superior y el Procurador General deberán designarse de conformidad a lo establecido en los Artículos 130° y 136°.
4 – Hasta tanto se implemente el sistema de designación previsto en el Artículo 136°, la Cámara de Diputados cubrirá las vacantes de Jueces inferiores, de conformidad al sistema actualmente en vigencia.
5 – La ley a que se refiere el Párrafo 2° del Artículo 136° (Bis) de esta Constitución deberá sancionarse en forma inmediata desde la vigencia de las reformas producidas por esta Convención.
6 – La Legislatura Provincial deberá dictar la Ley Especial de organización y funcionamiento a que hace referencia el Artículo 144°, dentro del plazo de noventa días a partir de la jura de esta Constitución.
7 – Hasta que los municipios determinen el momento de llamar a Convenciones Municipales, una Ley Orgánica Municipal Transitoria sancionada por la Legislatura Provincial con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, con arreglo a lo que disponen los Artículos 155° y 157°, regirá como Carta Orgánica única para todos los municipios.
8 – A partir de la sanción y promulgación de la Ley Orgánica Municipal Transitoria, las Cartas Orgánicas quedarán automáticamente derogadas hasta la sanción de las nuevas.
9 – El llamado a Convenciones Municipales será determinado por los 18 municipios en acuerdo con el Gobierno Provincial.
10 – En 1999 y con el objeto de hacer operativa la figura del Viceintendente, la convocatoria a renovación de los Cuerpos Deliberativos deberá realizarse disminuyendo un miembro.
11- La convocatoria a renovación de los Cuerpos Deliberativos del año 2001 deberá realizarse por el término de dos años.
12 – A partir de la elección del año 2003 tendrán vigencia las nuevas composiciones de los Cuerpos Deliberativos.
13 – Los Convencionales Constituyentes y las autoridades provinciales, municipales prestarán juramento de cumplir las disposiciones de esta Constitución en la forma y fecha que se determine por Presidencia.
14 – Facúltase a la Comisión de Redacción y a los Convencionales Constituyentes que por Presidencia se determine para:
c) – Confeccionar las notas, antecedentes y correlaciones.
d) – Presentar el texto constitucional al Poder constituido y al pueblo de la provincia.
15 – Esta Convención prorroga su mandato hasta el juramento del nuevo texto constitucional y a ese solo efecto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS -2002 –
1 – Esta reforma entra en vigencia a partir de su sanción, es obligatoria para los poderes constituidos del Estado, disponiéndose lo necesario para que los Funcionarios que lo integran juren esta Constitución.
2 – Dentro de los noventa (90) días la Cámara de Diputados, mediante ley respectiva, garantizará el funcionamiento de cada región, estableciendo un proceso equitativo de transferencia de recursos económicos de la provincia y de los entes autárquicos.
3 – Los actuales miembros de la Cámara de Diputados duran, en su totalidad, hasta la expiración del mandato para el cual fueron electos, pero la primera renovación se efectuará de modo tal que se haga efectiva la composición establecida en el Artículo 85º de esta Constitución en las próximas elecciones.
A efectos de unificar los mandatos con las autoridades electas de la provincia, la Convocatoria para la segunda renovación prevista para el año 2005 de la Cámara de Diputados, se establecerá por el término de dos años.
4.- Declárase en comisión a los actuales Jueces del Tribunal Superior de Justicia y al Procurador General. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución los miembros del Tribunal Superior de Justicia y los jefes del Ministerio Público deberán designarse de conformidad a lo establecido en la presente Constitución.
5 – Las Cartas Orgánicas Municipales, en los casos que correspondan, deberán incluir una norma que indique que: el Intendente, Viceintendente, Concejales, Juez de Faltas y miembros del Tribunal de Cuentas de los departamentos cuyos Concejos Deliberantes que por el número de miembros no alcance a constituir las salas de juicio político, serán removidos a través de la revocatoria popular.
6 – Las disposiciones transitorias serán suprimidas del texto de esta Constitución en las sucesivas ediciones de la misma a medida que se dé cumplimiento a ellas y pierdan su vigencia.
7 – Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el Cuerpo.
8 – Esta Convención Constituyente autoriza a la Cámara de Diputados para la publicación y posterior edición del texto final de esta Constitución, con las modificaciones introducidas.
Téngase por Ley Fundamental de la Provincia de la Rioja, promúlguese, publíquese y comuníquese al Poder constituido a los efectos de su cumplimiento.
Sancionada y promulgada por la Asamblea Constituyente de la Provincia de La Rioja, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia, en La Rioja, a catorce días del mes de marzo del año dos mil dos.
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Escrito: 12 de Noviembre de 2007 a las 15:46. Última modificación: 27 de Diciembre de 2008.