Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-17607-de-mayo-6-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041cc72f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 18:21:22
Document Index: 144394555

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA 17607 DE MAYO 6 DE 2002
SENTENCIA 17607 DE 06 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. TAMBIÉN TIENEN DERECHO LOS HIJASTROS Y LOS HIJOS DE CRIANZA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, IGUALDAD DE LOS HIJOS, PROCESO LABORAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN, CALIDADES DEL BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:367 DE JULIO DE 2002, PÁG.1452
Sentencia 17607 de mayo 6 de 2002
TAMBIÉN TIENEN DERECHO LOS HIJASTROS Y LOS HIJOS DE CRIANZA
EXTRACTOS: «En lo relativo al fondo del asunto interesa observar ante todo que con arreglo al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca. Y que conforme al artículo 47 ibídem, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapaces para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Se discute si frente a la pensión de vejez del señor Miguel Quiroz Vallejo quien falleció, puede tener derecho el demandante como sobreviviente, por su condición de hijastro e integrante del grupo familiar del causante, dado que éste había conformado una unión marital con la madre del actor el cual de hecho quedó prohijado por el señor Quiroz. No se debate, en efecto, esta circunstancia ni la dependencia económica e invalidez del actor.
Pues bien, pudiera estimarse conforme lo entiende el recurrente, con apoyo en los artículos 1º de la Ley 29 de 1982 (1) y 42, inciso 5º de la Constitución (2) ; que cuando la ley menciona a los hijos como beneficiarios, alude exclusivamente a los engendrados o concebidos por el causante y a los adoptados con los requisitos de ley (Código del Menor art. 96) (3) . Sin embargo, esta interpretación que puede ser válida en el derecho civil de familia, resulta demasiado restrictiva para el de la seguridad social, cuyo objetivo y filosofía está en proteger a las personas frente a las contingencias que afecten su calidad de vida y las puedan colocar en situación indigna de un ser humano. Fuera de que, conforme al principio de universalidad, el servicio de seguridad social debe proteger a todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.
(1) “Los hijos son legítimos extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos”.
(2) “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”.
(3) “La adopción requiere sentencia judicial. Una vez en firme, la sentencia que concede la adopción se inscribirá en el registro del estado civil...”.
En efecto, es conocido que desde un enfoque sociológico el grupo familiar puede estar integrado por hijos no carnales, como adoptivos, hijastros y de crianza, es decir, aquéllos que son acogidos y cumplen en la realidad y en todo sentido un rol filial en la familia, pese a no tener lazos directos de consanguinidad con los padres o con uno de ellos, de modo que si llegasen éstos a faltar sufrirían los efectos del desamparo dada su dependencia emocional y económica. No tendría, entonces, sentido que la ley de seguridad social excluyera de su ámbito de protección por razones estrictamente formales a sujetos que en modo ostensible la requieren y la merecen, máxime si se trata de menores e inválidos, a quienes el Estado quiere esmerarse en resguardar, conforme se deriva de los artículos 13, inciso 3º, 44, 45 y 47 de la Constitución.
Ahora bien, en lo rigurosamente textual, la Ley 100 de 1993, y particularmente su artículo 47, no define el concepto de hijo como el engendrado o concebido por el padre o la madre o el adoptado formalmente, de modo que corresponde entender, en concordancia con el artículo 46 ibídem y con los principios de la seguridad social contemplados en el artículo 48 de la Constitución y 9º de la ley, entre otras disposiciones, que comprende a quien como tal integre el grupo familiar por adopción o prohijamiento, no sólo en sentido estricto o judicial sino también en la realidad.
Es cierto que la adopción es una figura jurídica del derecho civil de familia y para los efectos patrimoniales y herenciales que éste regula puede justificarse el cumplimiento de los requisitos propios de ella para que produzca los pertinentes efectos jurídicos, pero ya se observó que, por principio, la seguridad social cobija a todas las personas sin ninguna discriminación, de ahí que ante esta tendencia comprensiva, cuando el supuesto de protección radica en el establecimiento de determinados lazos familiares que generan relaciones de mutuo amparo personal y dependencia económica, debe prevalecer el criterio de realidad frente al formal.
En este sentido importa recordar que esta Sala para un caso semejante al presente, en sentencia del 13 de diciembre de 1996 (*) , radicada bajo el número 9125 expuso lo siguiente:
(*) Publicada en J. y D., Nº 302, pág. 133 (N. del D.).
“Con todo, frente al asunto de los autos actúan circunstancias fácticas y principios jurídicos superiores que impiden la aplicación automática de estos preceptos. En primer término debe advertirse que el tema de decisión se enmarca dentro de la seguridad social, materia jurídica cuya teleología en algunos aspectos tropieza con el régimen legal de familia vigente, dado que este se halla imbuido por consideraciones estrechamente vinculadas con los derechos de propiedad y de herencia, mientras que las instituciones que desarrollan aquélla, como un servicio público de carácter obligatorio que se concreta frente a los habitantes del territorio nacional en calidad de derecho irrenunciable (C.N. art. 48) y fundamental, particularmente con relación a los menores (C.N. art. 44), procuran solucionar problemas vitales e inmediatos de subsistencia que surgen como consecuencia de siniestros previamente establecidos. Es que, por ejemplo, a propósito de la muerte de un afiliada, la seguridad social propende por proteger las personas a quienes dicha contingencia afecta directamente, vale decir al núcleo familiar pero entendido más con un criterio natural y socio económico que puramente legal, sin que desde luego se abandone absolutamente este último enfoque, y a propósito de la noción de hijo no es extraño pensar que en ella puedan incluso quedar comprendidos quienes no lo sean por razones biológicas, sino porque han sido considerados y mantenidos como tales en el seno familiar. Así lo acepta la doctrina internacional de la seguridad social, como se advierte del siguiente texto emitido por la OIT:
“Para los fines de la seguridad social se acostumbra distinguir dos categorías de hijos: los hijos descendientes directos de la persona protegida —o del beneficiario según el caso— y los que no obstante no serlo, son mantenidos en su hogar como hijos. Es frecuente que los primeros sean considerados hijos a cargo si vivían bajo el techo de la persona protegida en el momento de su fallecimiento, mientras que para los segundos pueden exigirse otras condiciones; por ejemplo, que hayan sido mantenidos en el hogar del difunto desde al menos seis meses antes de su muerte...” (Ver, Introducción a la Seguridad Social, Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, Ediciones Alfaomega S.A. México D.F. 1992, pág. 78)”.
Importa precisar, por último, que esta condición filial que acoge la Sala exclusivamente para los efectos de la seguridad social, implica su comprobación en términos contundentes, de forma que quede claro que se trata de una situación verdadera y no sólo aparente, con carácter de indiscutible permanencia y no el producto de un vínculo fugaz, inestable, coyuntural, oportunista o incluso fraudulento. Así, ha de emerger el ánimo inequívoco en el grupo familiar de asumir los respectivos papeles de padres e hijos, en todos los aspectos personales, morales, afectivos, jurídicos y económicos. Se excluye, por tanto, la simple convivencia si no concurre con ella una intención seria de considerarse mutuamente en una relación paterno filial. Igualmente, quien alega esta modalidad de filiación, ha de acreditar fehacientemente la dependencia económica respecto del causante, pues en últimas es ella la que genera la necesidad del cobijo de la seguridad social».
(Sentencia de Casación, mayo 6 de 2002. Radicación 17.607. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).
Me aparto de la decisión adoptada por encontrar que en el derecho nacional, legislado, jurisprudencial y doctrinal, no existe oscuridad sobre lo que ha de entenderse por hijo y por familia.
Es verdad que la Ley 100 de 1993 no da definiciones sobre tales conceptos, lo cual resulta explicable en la medida que son temas de otra rama jurídica, que no es propiamente el derecho civil sino el de familia; pero no menos cierto es que de manera expresa, concreta y precisa, el aludido estatuto establece un orden susesoral, especial y bien delimitado, para quienes pueden ser beneficiados con la pensión, cuando el titular de ella fallece. Esto, a mi juicio, refuta ambas justificaciones en que se apoya la sentencia con argumentos de diversa índole, que terminan menospreciando las claras y contundentes reglas jurídicas positivas del derecho colombiano. Porque la exclusión que la Ley 100 hace de los tíos, sobrinos, primos, yernos, nueras y cuñados, no obstante que todos ellos también hacen parte del concepto de familia extensa de que hablan los estudios del del derecho de familia, tal omisión —repito— refuta el entendimiento que la mayoría de la Sala le da tanto al principio de universalidad, como a la filosofía de la seguridad social.
Me preocupa el salto que se ha dado, por mas justo, humano y equitativo que se muestre, pues creo en lo personal que no existe en la normatividad positiva colombiana ninguna laguna sobre los conceptos de hijo y familia, en tanto tales nociones encuentran su verdadera significación en los códigos de la materia. Estimo equivocado dejar de lado una interpretación por parecer “demasiado restrictiva“, pues ello abre compuertas inimaginables para que, en lo sucesivo, con base en los propios criterios o en los denominados “enfoques sociológicos“ del que se hecha mano, los operadores judiciales se resistan al imperio de la ley e incorporen entre los beneficiarios, a su vez, a tíos, sobrinos, primos, cuñados, e incluso a sirvientes y compadres quienes integran la “familia espiritual” (una modalidad colombiana de la “familia extensa”, vigente todavía en algunas regiones del país según investigadores sociales), bajo la simple condición de que demuestren depender económicamente del fallecido por incapacidad o invalidez y se les haya prodigado tratamiento paterno-filial.
No creo que sean distintos los conceptos de “hijo” y “familia” en la seguridad social, en el derecho de familia o en la Ley 100 de 1993. He criticado siempre, lo propio ha hecho la Sala en forma responsable, el activismo judicial de quienes pregonan el “nuevo derecho”. Ello se practicó aquí muy por encima de lo que cualquiera otra autoridad judicial hubiese siquiera imaginado. Para negar un derecho a la seguridad social de una mujer que no había disuelto su sociedad conyugal, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente: “El principio constitucional de la prevalencia de la justicia material sobre las formas no se aplica cuando se trata de reglas claras cuya aplicación no conduce a resultados considerados como irrazonables”. Así es. Las limitaciones de la ley al grupo familiar de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes obedece al principio de racionalidad con que se han de manejar los recursos del sistema de seguridad social, a todas luces escasos, razón por la cual ya se está pensando en una reforma para evitar un colapso inimaginable. Entonces, expandir el grupo familiar por la vía de redefinir el concepto de “hijo”, utilizando criterios que se apartan del marco legal y científico, es minar la seguridad jurídica que requieren los operadores del sistema.
Por ello sólo son hijos, y nadie más, quienes ostentan ese estado civil, un status jurídico de parentesco, natural o legal, entre una persona y sus padres, que lo posiciona dentro de la familia y le permite ser sujeto de derechos y obligaciones. Y no se trata de una definición del derecho civil, como lo pregona la mayoría con el objetivo de tornarla inaceptable a los ojos de la seguridad social, sino del entendimiento cabal, natural y obvio que le corresponde a esa expresión, aceptada por la jurisprudencia como por la doctrina general. Como hijo, entonces no se puede tener al hijastro, por un supuesto formalismo, ni mucho menos al criado. Para mejor ilustración de lo que digo, suficiente resulta acudir al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del maestro Manuel Ossorio. Allí se lee: “Hijo: Descendiente en primer grado de una persona”; “Hijastro: Lo define Escriche como el hijo que trae cualquiera de los casados al nuevo matrimonio; o sea el hijo habido de otro cónyuge y no del que ahora tienen la mujer o el marido”. El hijastro, verdad de perogrullo, no es hijo, porque no existe progenitura entre él y el padrastro o la madrastra, ni la ley se la reconoce.
En la sentencia de la cual me aparto, se intenta equiparar al hijastro y al criado, con el adoptivo. Ello es inaceptable, porque este último sí es un verdadero hijo. Así ha sido considerado desde el derecho romano, luego si entiendo bien, aquella asimilación constituye todo un retroceso, porque en el fondo la tesis de la mayoría implica una vuelta al concepto de familia agnaticia, cuando en el derecho colombiano, tanto el de familia, como el laboral, el civil y el penal, contemplan sólo a la familia cognaticia, esto es, la unida por los vínculos “de sangre, mas el de “adopción”, que para unos es “judicial”. La primera obedecía a una concepción política y religiosa, que giraba entorno del pater familias, cuyo poder se extendía communi jure a todos los miembros sujetos a su autoridad, es decir, a los integrantes de la gens, clan e incluso de la tribu.
En cambio sí puede conducir a resultados “irrazonables”, una peligrosa interpretación extensiva de los conceptos “grupo familiar” e “hijo”, como el que ahora se prohíja, pues nadie podrá negar que un sobrino, yerno o nuera a quien se le cría como hijo, o un tío o primo inválido a quien se le protege como a un padre o un hermano, también se estimen beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Mi reproche se acrecienta cuando observo las múltiples referencias de la Ley 100 de 1993 al régimen sucesoral, lo que impone necesariamente una remisión al derecho de familia, tratado en la decisión de la cual me aparto como un derecho formal cuando nadie discute el carácter social que esa rama jurídica tiene, como el laboral. Así, entonces, las expresiones cónyuge, compañero permanente, hijo, hermano, padre, masa sucesoral, causante, causahabiente, orden hereditario, han de entenderse conforme a los criterios conocidos, aceptados y reglamentados en las leyes colombianas y no de acuerdo al particular “enfoque sociológico“ que cada dispensador de justicia quiera darle.
Pero algo más, el Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la materia, consagra reglas claras, razonables, que tornan inane la decisión tomada en esta ocasión. Esto expresa el artículo 13:
“El estado civil y parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes se probará con el certificado de registro civil”.
Así las cosas, ¿cómo van a hacer las entidades de la seguridad social para otorgar a un hijastro o un criado la pensión de sobrevivientes, si las condiciones familiares de ellos no comportan un estado civil reconocido por la ley?
No me convence tampoco el otro soporte del fallo, en cuanto a la referencia que trae de la decisión del 13 de diciembre de 1996, en tanto entiendo que no tiene el alcance extremo qué acá se le pretende dar, luego no se trata de un precedente adecuado. Tampoco está revestida de autoridad la supuesta “doctrina internacional” citada, dado que por lo que se lee del texto no está erigida, siquiera, en recomendación de la OIT, fuera de chocar contra claros criterios nacionales.
Estas son las razones que fundamentan mi salvamento de voto.
Por compartir los argumentos que expone el doctor Carlos Isaac Nader para salvar su voto en relación con la decisión que se acogió para decidir el recurso de casación en este asunto, me remito a ellas para explicar el porqué adopté igual posición.
Fernando Vásquez Botero.