Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1997/Svenezuela49-96.html
Timestamp: 2018-10-21 06:57:03
Document Index: 196209708

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 60', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 66', 'artículo 71', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 374', 'artículo 182', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 43', 'artículo 8']

Eleazar Ramón Mavares v. Venezuela, Caso 11.068, Informe No.49/96, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 844 (1997).
INFORME N° 49/96 CASO 11.068 ELEAZAR RAMÓN MAVARES vs. REPÚBLICA DE VENEZUELA 17 de octubre de 1997
5. El 1º de noviembre de 1993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Gobierno de Venezuela su solicitud de información, advirtiéndole además que de no recibirse dicha información dentro del plazo de 30 días, consideraría la aplicación del artículo 42 del Reglamento, que presume como verdaderos los hechos denunciados, siempre y cuando otra evidencia no conduzca a diferente conclusión.
a) Que los órganos jurisdiccionales internos concluyan una investigación exhaustiva e imparcial a fin de esclarecer, identificar y sancionar a los responsables del asesinato del joven Eleazar Mavares.
b) Desincorporar el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ) -actualmente adscrito al Ministerio de Justicia-- del Poder Ejecutivo a fin de procurar una independencia efectiva de este órgano auxiliar de la justicia y asignarle como única función la investigación del delito.
14. En comunicación del 24 de agosto de 1994, --fuera del plazo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- el Gobierno de Venezuela manifestó que "en el caso bajo estudio no están dadas las condiciones para que proceda un arreglo de solución amistosa, en la medida en que no se ha determinado la responsabilidad del Estado en la muerte de Eleazar Ramón Mavares y por cuanto las condiciones extrapatrimoniales exigidas por el peticionario no pueden ser aceptadas como tales en la solución de un caso particular.(...) Sería irresponsabilidad por parte del Estado ofrecer la satisfacción de dichas peticiones cuando, como se ha señalado, las mismas sólo pueden ser resultado de un proceso que involucra a varios sectores de la sociedad civil, siendo improcedente atender este tipo de exigencias interpuestas en forma individual, a menos que se haga uso de los recursos y canales con los que cuenta el Estado para las reformas pretendidas".
15. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe N° 24/94 en el curso de su 87° Período Ordinario de Sesiones, el cual fue remitido al Gobierno de Venezuela el 19 de octubre de 1994, para que formulara las observaciones que estimara pertinentes, en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de remisión.
17. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el curso de su 88º Período Ordinario de Sesiones, se reunió con las partes involucradas en el presente caso a fin de suscribir un acuerdo que diera cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, y 7.5. Dicho acuerdo fue celebrado el 15 de febrero de 1995.
20. El día 27 de febrero de 1989, un número indeterminado de personas provenientes de los estratos populares, quienes residen en las zonas marginales de los sectores urbanos del país, iniciaron una serie de acciones de violencia en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. La protesta popular se propagó a otras zonas del área metropolitana de Caracas, como Caricuao, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, y las zonas adyacentes al terminal de transportes. Los actos de violencia consistieron en la quema de vehículos destinados al transporte urbano, saqueo y destrucción de locales comerciales.
21. A raíz de los hechos de violencia, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 49 de fecha 28 de febrero de 1989, mediante el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías constitucionales: artículo 60 (1), (2), (6) y (10), relativo a la libertad individual; artículo 62, inviolabilidad de domicilio; artículo 64, libertad de tránsito; artículo 66, libertad de expresión; artículo 71, derecho a reunión; y el artículo 115, derecho a manifestación pacífica. El texto del mencionado decreto señalaba "que en el curso de las últimas horas se han producido en Caracas y en otras ciudades del país una serie de hechos que configuran graves alteraciones del orden público y han ocasionado zozobra en la colectividad". Las garantías constitucionales suspendidas fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989.
C. ERROR DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE VENEZUELA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL CADÁVER DE LA VÍCTIMA
25. Un nuevo desarrollo con relación al cadáver de la víctima se generó el 12 de julio de 1991, cuando una organización no gubernamental representante de los familiares fue informada por funcionarios de la Dirección de Antropología Forense que requerían la presencia de la Sra. Nancy Mavares --madre del occiso--, ya que el cadáver No. 56, exhumado de las fosas comunes --por los sucesos de febrero y marzo de 1989-- había sido plenamente identificado a través de la necrodactilia No. 504, como el correspondiente a Eleazar Ramón Mavares. Antes de llegar a dicha conclusión el órgano forense seccionó las manos del cadáver y las trasladó a la División de Microanálisis de la Policía Técnica Judicial de Venezuela a fin de realizar la reactivación de los pulpejos dactilares.
26. El 15 de julio de 1991, la madre de la víctima, acompañada de sus representantes legales, se presentó en el Departamento de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal, a fin de "realizar el registro comparativo pre-mortem con datos pos-mortem relacionados con el desaparecido Eleazar Mavares, los cuales guardan relación con individuo No. 56 exhumado del sector 'La Peste', Cementerio General del Sur". De esta forma, existen dos cadáveres con el nombre de Eleazar Ramón Mavares: el entregado por el Instituto de Medicina Legal a la madre de la víctima el 4 de marzo de 1989, y el encontrado por la misma institución el 12 de julio de 1991 en las fosas comunes por los sucesos de febrero y marzo de 1989.
...en uso de las atribuciones que me confiere el ordinal 16° del artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal, solicito de su competente autoridad se sirva instruir Información de Nudo Hecho en contra de los funcionarios: Miguel Angel Liscano Landaeta (Cabo 2° ); Alexis José Torres Flores (Distinguido 1295); Eliades Alejandro Blanco Vásquez (Distinguido); Omar Alexis Rodríguez Bautista (Distinguido); Luis Enrique Arandia Escobar (Cabo 2° ) y José Delfín Acero Galvis (Agente), todos adscritos a la Policía Metropolitana.
28. El 20 de febrero de 1990, el 74° Fiscal del Ministerio Público denunció formalmente ante el 43° Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda al Agente de la Policía Metropolitana, Alexis José Torres Flores, por Homicidio Calificado y Uso Indebido de Arma de Fuego. También denunció por cooperación inmediata en el delito de Homicidio Calificado, a los siguientes funcionarios de la Policía Metropolitana: Miguel Angel Liscano Landaeta, Eliades Alejandro Blanco Vásquez, Omar Alexis Rodríguez Bautista, Luis Enrique Arandia Escobar, José Delfín Acero Galvis, y Nelson Alfredo Altuve Román, todos funcionarios adscritos a la Zona Policial N° 05, Distrito Policial N° 51 de la Policía Metropolitana.
Conforme se desprende de los supraseñalados elementos se encuentra suficientemente probado a los autos, que efectivamente, los funcionarios policiales señalados con anterioridad, se encuentran incursos en la comisión de los delitos precalificados, efectivamente aun cuando dichos funcionarios niegan totalmente su participación en los hechos que se le incriminan, quien aquí decide considera que con las probanzas cursantes al expediente, se compromete la autoría de los indiciados, así tenemos que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso por encontrarse satisfechos en su totalidad los extremos legales exigidos por el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es decretar la detención judicial de los ciudadanos: Alexis José Torres Flores por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado y Uso Indebido de Arma de Fuego, y Miguel Angel Liscano Landaeta, Eliades Alejandro Blanco Vásquez, Omar Alexis Rodríguez Bautista, Luis Enrique Arandia Escobar, José Delfin Acero Galvis y Nelson Alfredo Altuve Román al encontrarlos incursos en la comisión de los delitos de: Cooperadores Inmediatos en el delito de Homicidio Calificado y Uso Indebido de Arma de Fuego, hecho ocurrido en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya descritas en el cuerpo de esta decisión en perjuicio del ciudadano quien en vida respondiera al nombre de ELEAZAR RAMÓN MAVARES. Y ASI SE DECIDE.-
30. El 18 de mayo de 1990, el Sexto Juzgado Superior--en virtud de la apelación interpuesta por los procesados-- confirmó la detención del funcionario policial Alexis José Torres Flores, por encontrarlo incurso en la comisión de los delitos de Homicidio Calificado y Uso Indebido de Armas de Fuego, pero revocó el auto de detención dictado por el Juez A-quo en contra de los demás procesados por el delito de Cooperación Inmediata en el homicidio de Ramón Eleazar Mavares. El 23 de mayo de 1990, el 43° Juzgado declaró concluida la fase de instrucción de la averiguación sumarial.
Con base a lo anteriormente expuesto, esta Representación Fiscal, considera que la Calificación Jurídica que corresponde a los hechos narrados es la de: Homicidio Calificado, (...) por cuanto quedó demostrado plenamente que el ciudadano: ALEXIS JOSÉ TORRES FLORES, fue la persona que le ocasionó la muerte al ciudadano: ELEAZAR RAMÓN MAVARES.
d) Que se proceda a la intervención del Instituto de Medicina Legal en pro de la vigilancia de la buena marcha del proceso y de la transparencia en la obtención de las pruebas.
e) Se practiquen inspecciones judiciales en los archivos de la División de Microanálisis de la Policía Técnica Judicial y en la Dirección de Antropología Forense del mencionado Instituto, a fin de constatar el contenido de la necrodactilia N° 504 del oficio N° 9700-131-0044 y del acta emitida por el mismo instituto el 15 de julio de 1991. Asimismo, que se proceda a realizar la prueba grafotécnica de dicha acta, debido a que en declaraciones a la prensa, el Director del Instituto de Medicina Legal dudó sobre su procedencia;
50. En cuanto a los alegatos del peticionario con relación a la no presentación de la Fiscalía al acto de informes fijado por el Décimo Sexto Juzgado Penal para el 16 de agosto de 1991, el Gobierno de Venezuela sostiene que el ordinal 9° del artículo 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que dentro de las atribuciones de los Fiscales se encuentra la de "informar y presentar conclusiones escritas, y pedir cuando fuera procedente el sobreseimiento de la causa o la absolución o la condenación del reo según los casos". Sin embargo, --afirma el Gobierno-- esta atribución es potestativa para el Fiscal, ya que el acto de informes se convierte en una repetición de lo alegado en autos y es por ello que de acuerdo a los resultados hasta la fase de dictar sentencia, el Fiscal valora la necesidad de presentar o no los informes. Termina señalando el Gobierno que en la práctica, el Ministerio Público sólo presenta informes en los juicios penales, cuando lo considera pertinente, por cuanto el escrito de cargos debe reflejar por sí mismo de manera clara los fundamentos de los cargos.
55. El Gobierno venezolano señaló que "si bien en el caso en estudio, la averiguación en contra del funcionario público fue cerrada por falta de pruebas concluyentes, la averiguación por el delito continúa abierta ante el Tribunal 10° de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, a los fines de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar en cuanto a la muerte del precitado ciudadano, no existiendo hasta el momento ningún otro funcionario público indiciado en el caso. Sin embargo, se ha comisionado a un Fiscal del Ministerio Público para que reactive el expediente que cursa en el precitado Tribunal".
Tomando en consideración los elementos que se señalan en esta respuesta, es criterio del Gobierno de Venezuela que en el caso bajo estudio no están dadas las condiciones para que proceda un arreglo de solución amistosa, en la medida en que no se ha determinado la responsabilidad del Estado en la muerte de ELEAZAR RAMÓN MAVARES y por cuanto las condiciones extrapatrimoniales exigidas por el peticionario no pueden ser aceptadas como tales en la solución del caso particular. Sería irresponsabilidad por parte del Estado ofrecer la satisfacción de dichas peticiones cuando, como se ha señalado, las mismas sólo pueden ser resultado de un proceso que involucrara a varios sectores de la sociedad civil, siendo improcedente atender este tipo de exigencias interpuestas en forma individual a menos que se haga uso de los recursos y canales con los que cuenta el Estado para las reformas pretendidas.
61. "El Gobierno venezolano tiene a bien dejar constancia de su sorpresa sobre las dudas sobrevenidas en torno a la identificación de la víctima, siendo que el cadáver no sufrió traumatismos de tal naturaleza, cuyas fotografías (2) anexamos a la presente, que hubieren impedido o dificultado su reconocimiento por parte de sus familiares y sobre el particular se hace constar que en fecha 4 de marzo del año 1989 la madre de la víctima Sra. Nancy Mavares identificó el cuerpo del occiso correspondiente a su hijo Eleazar Ramón Mavares tal y como se dejó constancia en la declaración que consta en el expediente que reposa en el Juzgado 43 de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda y que a continuación se transcribe: 'Fui a buscarlo en todos los hospitales y no lo encontré, y después fui a la Morgue, y no aparecía, un señor que conozco allí fue el que me ayudó y lo localizó'. (Véase copia anexa la declaración de la Sra. Nancy Mavares)".
69. El peticionario afirma asimismo que "Conviene aclarar que no fue la madre de la víctima quien confundió el cadáver de su hijo, sino que fue el Instituto de Medicina Legal, quien el día 15 de julio de 1991, la hizo comparecer a la Dirección de Antropología Forense a fin de realizar 'un registro comparativo pre-mortem con datos post-mortem relacionados con el desaparecido Eleazar Mavares, los cuales guardan relación con el individuo No. 56 exhumado del sector La Peste del Cementerio General del Sur' (tomado textualmente del acta emitida por el Instituto de Medicina Legal.) (...) resaltamos el hecho de que en la prenombrada acta, emitida por el Instituto de Medicina Legal, se calificó a la víctima como el desaparecido Eleazar Ramón Mavares. La exhumación de los cadáveres en confusión por parte del Instituto de Medicina Legal se realizó el 21 de agosto de 1991, dejándose constancia de que la madre de la víctima sólo reconoció el lugar en el cual inhumó el cadáver que le fue entregado por el prenombrado instituto, en marzo de 1989, como el correspondiente al de su hijo".
70. El peticionario manifiesta también que con "relación a la afirmación del Gobierno venezolano de que durante la exhumación la madre reconoció positivamente ante los representantes del Ministerio Público, el tribunal y los expertos, el cuerpo que había sido enterrado, observamos que resulta evidente que la madre de Eleazar Mavares no posee los conocimientos técnicos requeridos para identificar restos óseos que se exhumen en un lugar determinado, con una data de muerte de más de dos años".(...) "También es importante señalar, que los miembros de las organizaciones nogubernamentales de derechos humanos, no presenciaron las exhumaciones de los cadáveres, toda vez que fuimos obligados por el juez de la causa a permanecer a distancia de la zona, acción que ejecutó la Policía Metropolitana, quienes custodiaban el área donde se exhumaron los restos".
73. "La solicitud de indemnización en el presente caso, no procede en el ámbito interno, toda vez y como lo señaló el Gobierno venezolano, la misma exige como presupuesto la existencia de una sentencia condenatoria para poder acudir a la jurisdicción civil y en el caso en estudio se dictó una sentencia absolutoria definitivamente firme, lo cual hace de esta acción un recurso ilusorio para la satisfacción de las justas peticiones de los familiares de la víctima".
74. A las 4:30 p.m. del 15 de febrero de 1995, las partes involucradas en el presente caso se reunieron en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de llegar a un acuerdo en la implementación de las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe Reservado No. 24/94, aprobado en el curso de su 87º Período Ordinario de Sesiones y remitido al Gobierno de Venezuela el 19 de octubre de 1994.
2. El Gobierno de Venezuela solicitará en los próximos días al Ministerio Público que requiera a la jurisdicción penal ordinaria a fin de que se pronuncie definitivamente sobre la identificación del cadáver de la víctima y de ser el caso, pedir la designación de un experto independiente para tal fin. En este punto del acuerdo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrece sus servicios con el objeto de encontrar dicho experto independiente.
3. Con relación a la recomendación 7.2 del Informe Confidencial No. 24/94 aprobado por la CIDH en su 87° Período de Sesiones, en la cual "se recomienda al Estado de Venezuela que promueva las acciones administrativas necesarias, a fin de sancionar disciplinariamente a los responsables y miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en los hechos materia del presente caso", el Gobierno de Venezuela ha manifestado que esta recomendación está subordinada a la investigación y sanción de los responsables por la muerte de Eleazar Ramón Mavares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará observando la implementación de esta recomendación.
5. De conformidad con el marco jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana seguirá conociendo de este asunto.
1. El Ministerio Público, mediante oficio No.13.938 del 05.04.95 ha notificado a este Despacho que comisionó al Dr. Jaime Espinoza Chaffardeth, Fiscal 35° de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, para que atienda el juicio que se sigue por ante el Tribunal Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Referida Circunscripción Judicial y en el cual se instó a la mencionada autoridad judicial, el pasado 31.01.95, a proseguir la investigación hasta identificar y establecer la eventual culpabilidad del autor o autores de la muerte de Eleazar Ramón Mavares. El referido Fiscal sustituye en sus funciones a la Fiscal precedente y acerca de la cual expresaron reservas los peticionarios en el presente caso.
2. En cuanto a la identificación del cadáver de Eleazar Ramón Mavares, el Ministerio Público ha tenido a bien observar en su oficio N° 12.562 suscrito el 29.03.95 que no existe duda judicial alguna acerca de la indicada materia. Al respecto hace constar lo siguiente:
b) Que el informe médico legal confirma que el cadáver del mencionado ciudadano no estaba descompuesto para el momento de la autopsia y era claramente identificable en la morgue, como así lo reconocieron expresamente los familiares del occiso al retirarlo para darle sepultura.
A todo evento, el Ministerio Público ha señalado que cursa por ante el Juzgado 10° de Primera Instancia en lo Penal un expediente relacionado con las presuntas responsabilidades en que pudieren haber incurrido los expertos forenses en virtud de la inaudita confusión sobrevenida a la inhumación del cadáver de Eleazar Ramón Mavares. Dicho expediente sigue su curso procesal, más no se refiere a la identificación del cadáver por estar ello fuera de todo debate para la justicia venezolana y a tenor de lo antes señalado.
Finalmente, en lo atinente a la indemnización que se consideró procedente en favor de la madre de la víctima, ciudadana Nancy Mavares, tenemos a bien informarle que se adelantan actualmente las gestiones administrativas y legales necesarias a objeto de otorgarle una justa y equitativa pensión de Estado.
81. "En relación con la identificación definitiva del cadáver, estimamos oportuno que el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional competente, le remitan formalmente a la madre de la víctima los resultados de la precitada identificación del cadáver. En cuanto a las responsabilidades penales que deben establecerse por la confusión en la identidad del cadáver del Sr. Mavares, destacamos que la investigación que cursa en el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal, lleva cuatro años sin que se haya tomado una decisión preliminar sobre el asunto denunciado, lo cual denota una dilación indebida e incompatible con las obligaciones de derechos humanos asumidas por Venezuela".
82. "El Dr. Aguiar nos ha comunicado informalmente que el Gobierno venezolano prosigue el estudio de las modalidades para hacer efectiva la indemnización de la madre de Eleazar Mavares, punto cuatro del acuerdo firmado en fecha 15 de febrero de 1995. En cuanto a la indemnización de la madre de la víctima, reiteramos, formalmente, nuestro deseo de que cualquier acuerdo en la materia sea previamente aprobado por la Comisión, al igual que la ejecución del mismo".
84. La reclamación reune los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisión. En efecto, en el presente caso se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Ello se demuestra con la sentencia del Decimosexto Juzgado Superior, que en fecha del 18 de febrero de 1992, confirmó la sentencia absolutoria a favor del funcionario policial Alexis José Torres por el delito de Homicidio Calificado, y el sobreseimiento de la causa con relación al delito de Uso Indebido de Arma de Fuego. Asimismo, el 24 de marzo de 1992, después de haber transcurrido el lapso para ejercer el recurso de casación y al no ser interpuesto dicho recurso por el representante del Ministerio Público, el Cuadragésimo Tercer Juzgado ordenó la remisión del expediente a los archivos judiciales del Consejo de la Judicatura de Venezuela.
94. Queda claro entonces, que "todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención". Los elementos esenciales para el establecimiento de la responsabilidad internacional pueden resumirse así:
A) Existencia de un acto u omisión que viola una obligación establecida por una regla de derecho internacional vigente.
C) Debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito.
96. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en varias oportunidades que es un principio de derecho internacional que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo. La obligación de resarcimiento no deriva del derecho interno sino de la violación de la Convención Americana. Es decir, es el resultado de una obligación de carácter internacional.
97. La reparación del daño que resulta de la violación de una obligación internacional, en este caso, de los derechos consagrados en la Convención Americana, supone la restitución plena (retitutio in integrum), lo que implica el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.
98. Es indudable, asimismo, que la doctrina del derecho internacional le da mucha importancia a la cuestión de la reparación cuando un Estado es responsable internacionalmente por la infracción de una obligación emanada de un Tratado. Así, Anzilotti, al referirse a la responsabilidad lo hace en estos términos: "La responsabilidad es la consecuencia de una conducta contraria a la regla de Derecho...La violación del orden jurídico internacional cometida por un Estado sujeto a ese orden da nacimiento a un deber de reparación".
99. En igual sentido se manifiesta Verdross quien señala: "Es opinión común la de que un sujeto de Derecho Internacional al que se imputa un acto internacionalmente ilícito está obligado a reparar el daño causado". De manera más tajante Freeman expresa que "la responsabilidad consiste nada más en un deber de reparar el daño causado por la acción delictuosa del Estado".
100. Por su parte, García Amador manifiesta que "es de indudable interés destacar el hecho de que, aún dentro del propio concepto tradicional de la responsabilidad, aparezca no sólo el elemento de reparación, stricto sensu, sino también el elemento de sanción o castigo. Cuando se examina la naturaleza jurídica y las funciones de la reparación, se advertirá que algunas de las formas que ésta ha adoptado en la práctica han respondido a un propósito francamente punitivo, hasta el punto de que a partir de una fecha reciente se viene generalizando una corriente de opinión en el sentido de que en la práctica tradicional la reparación ha revestido, a veces, el carácter de verdaderas sanciones penales (punitive damages). En otras palabras, que en ocasiones las medidas de reparación se han exigido o impuesto a título de un castigo o una pena por la violación o inobservancia de una obligación internacional".
105. Conforme al mencionado artículo 1.1, todo Estado parte asume, voluntariamente y de buena fe, la obligación de abstenerse de violar los derechos humanos reconocidos en la Convención. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado esta disposición como el deber de los Estados de prevenir e investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido dentro de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes e indemnizar a las víctimas con una adecuada reparación. Agrega la Corte que, "la de investigar es, como la de prevenir, una obligación que (...) debe emprenderse con seriedad, y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. (...) Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción".
Si la suspensión de garantías no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resulta también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente.
...por tratarse de delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público (...). El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.
110. En ese sentido, resulta particularmente grave que el Estado venezolano, en su respuesta del 24 de agosto de 1994, quiera negar su responsabilidad al afirmar que "en cuanto a las dudas de la madre de la víctima sobre la identidad del cuerpo", ya que está probado que el Instituto de Medicina Legal, dependencia subordinada al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, fue la que realizó --a través de sus peritos-- la identificación del primer cuerpo entregado a la familia Mavares el 4 de marzo de 1989, y la que informó posteriormente a la misma familia el 12 de julio de 1991, "que el cadáver N° 56, exhumado de las fosas comunes [por los sucesos de febrero y marzo de 1989] había sido plenamente identificado a través de la necrodactilia N° 504, como el correspondiente a Eleazar Ramón Mavares". Es evidente que el mismo Estado venezolano no solamente se contradice en su respuesta, sino que además, admite su responsabilidad al afirmar que "el resultado de los análisis de los Expertos cursan en el Tribunal que ordenó la exhumación y en donde igualmente se ventilan las responsabilidades por la presunta negligencia por parte de funcionarios del Instituto de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Ministerio de Justicia, en el reconocimiento y plena identificación del cadáver de Eleazar Ramón Mavares".
115. En ese sentido, la Conferencia de Codificación de La Haya no hace distinción alguna entre funcionarios de más alta o de más baja categoría en relación con la responsabilidad internacional. Ambos proclaman que el Estado incurre en responsabilidad internacional "como resultado de un acto u omisión por parte del Poder Ejecutivo, incompatible con las obligaciones internacionales del Estado" (artículo 7), y "como resultado de actos u omisiones de sus funcionarios mientras actúan dentro de los límites de su autoridad, cuando dichos actos u omisiones infringen las obligaciones internacionales del Estado" (artículo 8).
118. El artículo 8 de la Convención Americana establece una serie de requisitos que deben observarse en las diversas etapas procesales a fin de que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales. Dicho artículo comprende distintos derechos y garantías que provienen de un valor o bien jurídico común y que considerados en su conjunto conforman un derecho único no definido específicamente, pero cuyo inequívoco propósito es en definitiva asegurar el derecho de toda persona a un proceso justo. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.
119. Ahora bien, los órganos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son competentes, de conformidad con el artículo 33 de la misma, para determinar si las acciones u omisiones de cualquier órgano del Estado, incluyendo el Poder Judicial, comprometen la responsabilidad de aquel en función de las obligaciones internacionales asumidas de buena fe al ratificar dicho instrumento internacional. En ese sentido, la Comisión Interamericana está plenamente facultada para examinar si en un determinado proceso penal se respetaron las garantías judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. La determinación de si un proceso judicial satisface los requisitos de los artículos 8 y 25 debe hacerse sobre la base de las circunstancias de cada caso en particular y examinando el proceso en su totalidad.
es evidente el Cuerpo del delito de los hechos criminosos: Homicidio Calificado y Uso Indebido de Arma de Fuego (...) en perjuicio del ciudadano quien en vida respondiera al nombre de Eleazar Ramón Mavares (occiso), no es menos cierto de que no se llena uno de los extremos legales que establece el artículo 43 (Código de Enjuiciamiento Criminal), como es la culpabilidad del encausado; y es por lo que la sentencia para el procesado ALEXIS JOSÉ TORRES FLORES ha de ser absolutoria....
126. Independientemente de la identificación del presunto responsable de la muerte de Eleazar Ramón Mavares, está probado que fueron agentes que actuaron bajo la cobertura de una función pública, y para los efectos de determinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano, "es imputable toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial". En efecto, en el caso bajo examen está probado que:
128. Con respecto a lo que señaló el Estado venezolano de "que en este caso ninguna persona se constituyó en acusador", es importante destacar lo que señaló la Corte Interamericana de Derechos en el sentido de que toda investigación sobre violaciones a los derechos humanos "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".
129. Dentro de ese contexto, es fundamental recordar también que tanto el artículo 8 como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales". Cabe señalar que "las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho". El artículo 25.1 de la Convención Americana incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Para que tal recurso exista, la Convención requiere que sea realmente idóneo a fin de establecer si se ha incurrido en una violación de los derechos establecidos en la Convención v proveer lo necesario para remediarla.
132. Asimismo, Venezuela no ha cumplido con la obligación de suministrar recursos que han debido ser sustanciados dentro de un plazo razonable y de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.
133. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma nota de la disposición del Estado de Venezuela de efectuar "las acciones necesarias para hacer efectivas las recomendaciones Nos. 7.1, 7.3, y 7.4". Sin embargo, observa la Comisión que en el escrito de respuesta del Gobierno de Venezuela de fecha 19 de diciembre de 1994, no se hace ninguna alusión a la recomendación N° 7.2 del Informe Reservado N° 24/94, la cual expresa que "Se recomienda al Estado de Venezuela que promueva las acciones administrativas necesarias, a fin de sancionar disciplinariamente a los responsables y miembros de la fuerza de seguridad que intervinieron en los hechos materia del presente caso". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la sanción a todos los responsables que participaron en los hechos que dieron lugar a la muerte de Eleazar Ramón Mavares el 3 de marzo de 1989 es parte fundamental del presente informe y por lo tanto, imposible de ser omitido. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en reiteradas oportunidades que los Estados Partes tienen la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción y que "como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos".
134. Con relación a la confusión en la identificación del cadáver de la víctima, el Gobierno de Venezuela afirma que "tiene a bien dejar constancia de su sorpresa sobre las dudas en torno a la identificación de la víctima, siendo que el cadáver no sufrió traumatismos (...) que hubieren impedido o dificultado su reconocimiento por parte de sus familiares..". Esta aseveración no se compadece, sin embargo, con los hechos materia del presente caso. En efecto, en el caso sub-lite la madre de la víctima, Sra. Nancy Mavares, fue informada el 12 de julio de 1991 --por funcionarios de la Dirección de Antropología Forense-- que requerían su presencia, ya que "el cadáver N° 56, exhumado de las fosas comunes había sido plenamente identificado a través de la necrodactilia N° 504, como el correspondiente a Eleazar Ramón Mavares". Una prueba adicional de que Nancy Mavares no fue la que incurrió en confusión al identificar el cadáver de su hijo fue la labor realizada por el Departamento de Antropología Forense --órgano del Instituto de Medicina Legal dependiente del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y subordinado al Ministerio de Justicia-- quien seccionó las manos del primer cadáver enterrado y las trasladó a la División de Microanálisis de la Policía a fin de realizar la reactivación de los pulpejos dactilares.
137. El 15 de febrero de 1995, el Gobierno venezolano se comprometió --mediante acuerdo celebrado entre las partes-- a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Reservado No. 24/94.
143. El Gobierno de Venezuela --en comunicación del 24 de agosto de 1994-- no aceptó el procedimiento de solución amistosa propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 48.1f de la Convención Americana y 45 de su Reglamento.
1 El Comisionado Carlos Ayala Corao de nacionalidad venezolana, no participó en la discusión y votación del presente informe, de conformidad con el artículo 19.2(a) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2 Decreto N° 49, emitido por el Poder Ejecutivo y publicado en la Gaceta Oficial No. 34.168 de fecha 28.02.89.
3 El Departamento de Antropología Forense es un órgano del Instituto de Medicina Legal, dependencia que pertenece al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de Venezuela, y que está subordinado al Ministerio de Justicia.
4 Consta en el Acta emitida por el Instituto de Medicinal Legal el 15 de julio de 1991.
5 Acta emitida por el Instituto de Medicina Legal el 15 de julio de 1991.
6 En la mencionada acta emitida por el Departamento de Antropología Forense se deja constancia de que el cadáver de Eleazar Mavares fue plenamente identificado por la División de Microanálisis, lo cual da como resultado la existencia de dos cadáveres pertenecientes a una misma persona: el entregado por la misma institución el 4 de marzo de 1989, y el encontrado en una fosa común e identificado el 12 de julio de 1991.
7 Los informes son los alegatos orales o escritos que presentan las partes en el proceso judicial, y en el presente caso reviste especial importancia debido a que la Fiscalía Septuagésima Cuarta del Ministerio Público estaba actuando de oficio, por tratarse de una causa de acción pública.
Cabe destacar que el Instituto de Medicina Legal es el órgano técnico capacitado para determinar la identidad de los cadáveres que ingresen al mismo, como lo establecen los artículos 77 y 84 del Código de Instrucción Médico Forense y el artículo 10 de la Ley de Policía Judicial. El 4 de marzo de 1989, el Instituto de medicina Legal entregó a la señora Nancy Mavares un cadáver identificado como el de Eleazar Ramón Mavares, tal como consta en el correspondiente certificado de función.
El proceso penal que se encuentra pendiente ante el Décimo Juzgado de Primera Instancia es exclusivamente para determinar la presunta negligencia de funcionarios del Instituto de Medicina Legal en la identificación del cadáver de la víctima.
Corte Interamericana, Velásquez Rodríguez, pág. 67, p. 164.
Manual de Derecho Internacional Público, Max Sorensen, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pág. 508.
Véase Caso Alobotoe y Otros, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 12, párrafo 44; Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria. Sentencia del 21 de julio de 1989, Serie C, N 7, párrafo 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1989, Serie C, N° 8, párrafo 23.
Caso Velásquez Rodríguez, supra, párrafo 26.
Anzilotti D., Curso de Derecho Internacional, Ed. Reus, Madris 1935, pág. 467.
Verdross, Alfred: Derecho Internacional Público, Ed. Aguilar, Madrid 1957, pág. 290.
15 Freeman: The International Responsability of States for Denial of Justice, 1938, pág. 17-18.
García Amador, Principios de Derecho Internacional que rigen la Responsabilidad, Madrid, 1963, pág. 37.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, pág. 71, 72, 73; párrafos 174-176-177.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva N° 8, 30.1.87, páginas 16, 21 y 22, párrafos 24 y 38.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez, pág. 74 y 75, párrafos 180-181-182.
Consta en el Acta emitida por el Instituto de Medicina Legal el 15 de julio de 1991.
Citado por Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, op.cit., pág. 519, Liga de las Naciones, Official Journal.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva O-C 9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A. No. 9, párrafo 27.
Ver Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Golder, Sentencia del 21 de febrero de 1975, Series A, No. 18, párrafo 28, en relación al artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el que sustancialmente comprende los mismos derechos y garantías del artículo 8 de la Convención Americana.
El derecho a un juicio justo está regulado en varios artículos de la Convención, a saber, 7,8,9, y 25.
Ver la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: Caso Barberá, Messegue y Jabardo, Sentencia del 6 de diciembre de 1988, Serie A, No. 146, párrafo 83; Caso Asch, cit. ut supra nota 9, párrafo 26; Caso Delta, cit. ut supra nota 9, párrafo 35.
Artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Criminal: La sentencia será condenatoria cuando haya prueba plena, así de la perpetración del hecho punible, como de la culpabilidad del encausado. Será absolutoria, cuando no haya prueba sobre ninguno o sobre alguno de los extremos de que habla el párrafo anterior.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez, pág. 70, p. 172.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez, pág. 73, p. 177.
Corte l.D.H., Opinión Consultiva OC-9/87, cit.ut supra nota 1, párrafo 30.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6), párrafo 25.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, cit. ut supra 1, párrafo 24.
ldem, párrafo 24.
Ver artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez del 29 de julio de 1988, págs. 68 y 69, párrafo 166.
El acta emitida por el Instituto de Medicina Legal de fecha 15 de julio de 1991 es una prueba documental que consta en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.