Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-418.CODI.%29
Timestamp: 2020-01-28 10:35:28
Document Index: 133281559

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 267', 'artículo 193', 'artículo 193', 'Artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 76', 'artículo 193', 'artículo 193', 'in fine', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 19', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 190']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 418, de 25/09/2018
cve: BOCG-12-D-418
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página6)
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página6)
010/000011 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página7)
161/003641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la constitución de la Zona Franca del Puerto de Gijón... (Página7)
161/003645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el puerto de Vigo... (Página8)
161/003637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación a todas las prestaciones de la Seguridad Social de la medida contemplada en el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros el 27/07/2018, relativo a la cotización del trabajo parcial... (Página9)
161/003648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia especial para ciudades transfronterizas sobre la Ley de horarios comerciales... (Página10)
161/003185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno y a la Unión Europea a impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación... (Página11)
161/003417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Pasa a tramitarse en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación... (Página12)
161/003638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz... (Página12)
161/003639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21... (Página14)
161/003647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Plan Nacional contra el expolio y el tráfico ilícito de bienes culturales... (Página16)
161/003646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para la prevención y lucha contra la corrupción en el sistema universitario... (Página18)
161/003643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a eliminar la declaración de utilidad pública a "Hazte Oír"... (Página20)
161/003649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la declaración de la gestación subrogada como una práctica radicalmente ajena al tráfico de órganos o de menores... (Página21)
161/003642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta... (Página22)
161/003644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta... (Página23)
181/001215 Pregunta formulada por el Diputado don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), sobre confirmación acerca de si la colaboración de la ONG Proactiva Open Arms con la empresa pública SASEMAR va a ser a coste cero, así como previsiones acerca de la sustitución de los medios y barco de la organización a los de Sasemar... (Página24)
181/001221 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento del compromiso contraído de que las obras de la LAV a Galicia en el tramo de Zamora a Pedralba de la Pradería, estarán finalizadas antes de que termine el año 2018, para comenzar a continuación la circulación en pruebas... (Página25)
181/001222 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento del compromiso contraído de que se impulse y active la ejecución de las obras del tramo de la A-56 entre A Barrela y Sanmartiño para que esté concluido a mediados del año 2019... (Página25)
181/001223 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del tramo de la A-56, Enlace de Eirasvedras-Enlace de Quintela (Variante de Ourense)... (Página25)
181/001224 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras en materia de carreteras en la provincia de Ourense que se incluyen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018... (Página26)
181/001225 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras de la conexión entre la N-120 y la N-536, conocida como Circunvalación de O Barco... (Página26)
181/001226 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento del compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del primer tramo de la autovía A-76 entre A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras... (Página26)
181/001227 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Madrid del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página26)
181/001228 Pregunta formulada por el Diputado don Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Cantabria del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página27)
181/001229 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Roca Mas (GP), sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Barcelona del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página27)
181/001230 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre modificaciones previstas en el Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página27)
181/001231 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Valencia del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página28)
181/001232 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre previsiones acerca de la construcción del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería... (Página28)
181/001233 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre motivos de la demora en la licitación de los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería... (Página28)
181/001234 Pregunta formulada por el Diputado don Susana López Ares (GP), sobre incidencia en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Asturias del retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028... (Página29)
181/001235 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones de continuidad de subvenciones al transporte por carretera para la Comunidad Autónoma de Canarias hasta el año 2020... (Página29)
181/001236 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones de financiación para satisfacer la totalidad de las anualidades del compromiso derivado del Convenio de Carreteras con la Comunidad Autónoma de Canarias... (Página29)
181/001237 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención de Green Building Council España... (Página30)
181/001238 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de los objetivos y financiación de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España... (Página30)
181/001239 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones de financiación hasta el año 2020 en relación con el Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril... (Página30)
181/001240 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones de continuidad de la subvención a los transportistas autónomos por carretera que abandonan la actividad, dentro del programa de subvenciones del Ministerio de Fomento hasta el año 2020... (Página30)
181/001241 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de la continuidad de la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías con origen y destino en las Islas Canarias hasta el año 2020... (Página31)
181/001242 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención a la Fundación Mies van der Rohe... (Página31)
181/001243 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de los objetivos de financiación sobre la continuidad de la línea de subvención al Instituto Juan de Herrera sobre el Observatorio de vulnerabilidad urbana... (Página31)
181/001244 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre continuidad de la línea de subvención a Asentamientos Humanos -UN HÁBITAT- para América Latina y el Caribe... (Página32)
181/001245 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones acerca de los objetivos y la financiación de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España para el concurso EUROPAN... (Página32)
181/001246 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fecha prevista para la firma del Convenio de Carreteras con Canarias... (Página32)
181/001247 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GMx), sobre previsiones acerca de introducir en el ordenamiento jurídico español la sentencia de 08/02/2018 del Tribunal de Justicia Europeo, mediante la modificación de la Orden FOM 734/2007, modificando el artículo 19 número 1 letra a) y suprimiendo el apartado de letra b) del mismo artículo, en lo concerniente a la antigüedad del vehículo... (Página32)
181/001248 Pregunta formulada por el Diputado don Segundo González García (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de suprimir el peaje y recuperar la gestión pública de la autopista AP-66 (autopista del Huerna) derogando el Real Decreto 392/2000 que amplió la concesión hasta el año 2050... (Página33)
181/001249 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Díaz Gómez (GCs), sobre plazos para la finalización de las obras en el kilómetro 222 de la A-7... (Página33)
181/001250 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Javier Cano Leal (GCs), sobre fecha prevista para culminar las obras de remodelación del Nudo de Tres Caminos, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), que une las vías A-4, A-48 y CA-33... (Página33)
181/001214 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para volver al régimen de integración de lagunas de cotización anterior a las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013... (Página34)
181/001251 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para dispensar un trato igualitario a la ciudadanía que utiliza y paga el 100% de los peajes en la autopista AP-9 en Galicia, y con respecto a las personas que circulan por las autopistas AP-7 y la AP-2 en Cataluña... (Página34)
181/001252 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de transferir la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia... (Página34)
181/001216 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha de un nuevo marco regulador eléctrico más predecible y estable para la industria electrointensiva contando con los actores y con el Congreso de los Diputados o, por el contrario, de la modificación del marco regulador de forma unilateral como hizo el anterior Gobierno... (Página35)
181/001217 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de continuar con la misma configuración del proceso de nuevas subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2019... (Página35)
181/001218 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre fecha prevista para la presentación y puesta en marcha del Plan Estratégico para Navantia... (Página35)
181/001219 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre Plan Financiero previsto para el Astillero Público Navantia S.A. tras los balances económicos negativos de los últimos años... (Página36)
181/001220 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre posición del Gobierno si, cuando se celebre la primera reunión del Comité de Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA), el país nipón no ha cumplido los requisitos exigidos por nuestro país para el apoyo al mismo... (Página36)
184/037616 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Inadecuada justificación en la memoria de la Conferencia Episcopal Española del destino de los ingresos derivados de la asignación que recibe del IRPF de los contribuyentes, así como previsiones acerca de denunciar los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979... (Página36)
SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, María Soraya 10-09-2018
PÉREZ-HICKMAN SILVÁN, Mariano 11-09-2018
PÉREZ-HICKMAN SILVÁN, Mariano PP
Nombre: PÉREZ-HICKMAN SILVÁN, Mariano.
Circunscripción: Madrid.
Número: 386.
(010/000007)
Número de miembros a 11 de julio de 2018: 134
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/003641
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la constitución de la Zona Franca del Puerto de Gijón, para su debate en la Comisión de Fomento.
El puerto de Gijón, situado fuera de la ciudad en dirección Noroeste, aproximadamente a 7 Km del centro de la ciudad, en la costa de las zonas de Jove, Musel y Campa de Torres es uno los principales puertos marítimos del Arco Atlántico y, por ende, de España, siendo puerto líder en el movimiento de graneles sólidos dentro de nuestro país (con los meses de referencia de julio 2017 y julio 2018 destaca su liderazgo, moviendo 1.574.352 de toneladas -2017- y 1.494.853 de toneladas -en el mismo mes de 2018).
Dispone de unas infraestructuras modernas (415 hectáreas de superficie terrestre y 7.000 metros lineales de muelle) que están adaptadas para las necesidades de calados, muelles y superficies de almacenamiento, siendo muy relevante su carácter de infraestructura multimodal por sus conexiones ferroviarias y por carretera. Cuenta con tres líneas regulares y un movimiento anual de más de 20 millones de toneladas. En los meses de julio de 2017 y julio de 2018, por tomar una cifra de su relevancia, tuvo un
tráfico portuario en toneladas de 1.725.758 y 1.751.258 respectivamente. La importancia del mismo es indudable, así como su aportación a la economía nacional.
Sin embargo, a pesar de su relevancia, no se ha configurado como una zona franca. En España existen actualmente siete zonas francas ubicadas en Barcelona, Cádiz, Vigo, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla y Santander.
Las zonas francas se encuentran reguladas en la disposición primera.1 de la Orden de 2 de diciembre de 1992, por la que se dictan normas sobre zonas y depósitos francos, que establece que la autorización para la constitución de una zona franca corresponde al Ministro de Economía y Hacienda (en la denominación que en cada momento tenga), mediante Orden, y los efectos de una zona franca se encuentran previstos en el Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos.
Hay que tener en cuenta también la normativa europea al respecto: Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que aprueba el Código aduanero comunitario, en el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
La declaración como zona franca comporta una serie de ventajas que impulsan económicamente el puerto en el que se ubica, siendo parte del territorio aduanero, pero permitiendo que las mercancías permanezcan en el espacio declarado como tal por el tiempo que el operador lo considere necesario en su gestión, lo que en la práctica resulta un aliciente para todas las empresas que deciden establecerse en la zona franca.
Vista la legislación aplicable y ante la importancia constatada del puerto de Gijón, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Constituir la Zona Franca del Puerto de Gijón, habida cuenta de su liderazgo nacional en el tráfico de graneles sólidos y su importancia como puerto de referencia en el Arco Atlántico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003645
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el puerto de Vigo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Durante los últimos años, tanto el GPP como el Gobierno del Partido Popular han apoyado la construcción y el desarrollo del puerto de Vigo tanto en lo referente a la construcción de estructuras para el amarre de grandes cruceros, como a la reforma y mejora de edificios para usos sociales, a la provisión de medios tales como la nueva rampa y silo para automóviles en la zona ro-ro del puerto de Bouzas o la proyección del acceso ferroviario a este zona.
Todos estos trabajos han sido asumidos de manera general por la propia autoridad portuaria, con cargo a sus propios recursos económicos, implicando un importante esfuerzo económico y presupuestario, y que deriva en un difícil equilibrio que sólo se puede mantener, como así se hace, gracias a la mejora de la gestión portuaria y el logro de un mayor movimiento de bienes y prestación de servicios.
Estos trabajos se han llevado a cabo dentro del marco de las reglas manifestadas por los distintos Gobiernos de España de que no se condonaría nunca la deuda a ningún puerto de interés general del Estado de España, condiciones que eran idénticas para todos ellos.
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera diciendo que asumirá la deuda financiera generada por la Copa América y Fórmula 1 en el Puerto de Valencia, supone una afrenta y una discriminación respecto a todos los vigueses en relación al trato recibido por los valencianos, y nos consta que hay una demanda unánime por parte de toda la ciudadanía gallega, así como de las instituciones, para exigir el mismo trato para los vigueses que para los valencianos.
En el caso de Vigo, se da prioridad a satisfacer las necesidades de financiación de acciones como las mejoras en el área ro-ro del puerto y el acceso ferroviario, en particular, y en el Plan Estratégico y el Plan Director de Infraestructuras en general, para tener una igualdad de trato con otras autoridades portuarias sin perder la capacidad de mejorar la competitividad, con especial referencia a la integración en el Corredor Atlántico.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a garantizar la igualdad de trato y consideración de la Autoridad Portuaria de Vigo respecto al recibido por Valencia, tanto asumiendo las deudas ya generadas y contraídas, como contribuyendo a la financiación de las nuevas inversiones necesarias para garantizar su operatividad y competitividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003637
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la ampliación a todas las prestaciones de la Seguridad Social la medida contemplada en el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018, relativo a la cotización del trabajo parcial.
El pasado 27 de julio de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
Este Real Decreto en su artículo único se modifica el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto 625/1985, quedando redactado del siguiente modo: "4. Cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial realizados al amparo del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computará el período durante el que el trabajador haya permanecido en alta con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables o solo parte de los mismos, y ello, cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Se excluyen de dicho cómputo los períodos de inactividad productiva a los que se refiere el artículo 267.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social".
Con este Real Decreto se adaptaba la normativa tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prestación contributiva por desempleo a tiempo parcial vertical. Esta sentencia equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días (trabajo vertical).
Así, la norma aprobada regula que cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo durante el que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos, y cualquiera que haya sido la duración de la jornada, favoreciendo el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio al facilitar la acreditación del periodo mínimo de cotización exigible para obtener el derecho. Además, incrementa la duración de la prestación contributiva por desempleo al tener también en cuenta como cotizados los días en los que no ha habido prestación de servicios dentro de la vigencia del contrato de trabajo.
Sin embargo, esta medida tan solo se ciñe, como indicamos, al cambio de cómputo para devengar la prestación contributiva por desempleo, aún cuando una persona trabajadora a tiempo parcial no sólo cotiza para una prestación por desempleo, sino que lo hace al Sistema de la Seguridad Social, por lo que la medida aprobada por el Gobierno se debe extender al resto de las prestaciones de la Seguridad Social y no solo limitarla a la prestación por desempleo, ya que el no hacerlo supone una clara discriminación y desigualdad entre trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial y tiempo completo. Dicha discriminación lo es además indirectamente por razón de género ya que la mayor parte de contratos a tiempo parcial se celebran con mujeres y, por tanto, son éstas las que sufren en mayor medida las consecuencias de dicha discriminación.
Así, para determinar el período y cuantía de cualquier prestación deberían tenerse en cuenta siempre, también en los supuestos de trabajo a tiempo parcial vertical, todos los días cotizados -y no sólo los días efectivamente trabajados-, ya que no hacerlo supone aplicar a trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial vertical, una doble penalización ilógica y contraria al principio de proporcionalidad, primero al calcular la cuantía de la prestación sobre la base reguladora, ya reducida en proporción al menor número de horas trabajadas y, en segundo lugar, al excluir los días no trabajados del cómputo de días a tener en cuenta para fijar la duración de la prestación.
Adoptar con carácter inmediato todas las medidas necesarias para hacer extensiva la medida aprobada en relación con la prestación de desempleo por el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, a todas las prestaciones de la Seguridad Social, para poner fin así a la situación de discriminación en que se encuentran las personas que trabajan con un contrato a tiempo parcial vertical."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003648
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la elaboración de una estrategia especial para ciudades transfronterizas sobre la Ley de horarios comerciales, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales deja en manos de las Comunidades Autónomas, dentro de unos márgenes, las diferentes opciones de aplicaciones de horarios en función de su propia legislación autonómica y de las decisiones que adopten las mismas.
Pero hay casos especiales, como son las ciudades transfronterizas, que compiten contra ciudades que están al otro lado de la frontera pero a muy poca distancia y que se rigen por otra legislación diferente; como es el caso de la portuguesa, absolutamente liberal en este sentido y que imposibilita una competencia en condiciones de igualdad.
Esta situación es la que se vive a lo largo de nuestras fronteras en numerosas ciudades españolas, acumulando problemas de competitividad y empleo, derivados de esta competencia que sufren de los países vecinos, y que llevan a problemas como:
- Deslocalización de inversiones: los nuevos inversores se plantean establecerse en aquellos territorios en los que más horas pueden tener su activo en funcionamiento, esto es, en aquellos territorios que -a igualdad de otro tipo de características- mayor amplitud horario lo ofrezca. Esto hace que en estas ciudades transfronterizas haya inversiones que prefieran deslocalizarse hacia los países vecinos.
- Pérdida de competitividad: el tener al otro lado de la frontera superficies comerciales que pueden abrir durante más días supone una pérdida de clientes y por tanto de competitividad de las superficies asentadas en la ciudad española.
- Pérdida de empleo: La apertura de menos festivos no provoca un incremento de empleo, sino una disminución del mismo y sobre todo un alto coste de oportunidad de personas que podrían estar trabajando y no lo hacen.
- Pérdida de turismo: El turismo comercial desaparece cuando por arrastre de una competencia en desigualdad de condiciones los compradores optan por el país vecino en lugar de por España. Esto ocasiona graves perjuicios en las ciudades españolas afectas por esta problemática.
Es fundamental, para estas ciudades transfronterizas de más de 50.000 habitantes, tener la posibilidad de disfrutar de un régimen alternativo dada su condición de transfronteriza, y darles un carácter diferencial en la Ley 1/2004 dotándola tanto de un régimen diferente que le permita ser competitiva en el entorno internacional en el que se mueve, como de recursos para poder compatibilizar este régimen con el apoyo al pequeño y mediano comercio local que, sin duda, tiene que seguir siendo la prioridad dado el empleo y emprendimiento que generan.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar el establecimiento de un régimen especial para las ciudades transfronterizas españolas de más de 50.000 habitantes en la Ley estatal 1/2004 de horarios comerciales de cara a solucionar los problemas de competitividad, deslocalización y empleo que le generan los diferentes marcos normativos en esos países vecinos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003185
Solicitud de que su Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno y a la Unión Europea a impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica, sea debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar la iniciativa a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicando este acuerdo a la Comisión de Transición Ecológica, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 341, de 24 de abril de 2018.
161/003417
La Mesa de la Cámara, en su re-unión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural, sea debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018.
161/003638
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Durante los últimos días, el precio del mercado de generación eléctrica ha registrado continuas subidas alcanzando niveles récord, superando el máximo del año en dos días consecutivos.
El martes día 4 el precio pool alcanzó los 71,31 euros MWh, y para el día de hoy, miércoles día 5, el precio de la electricidad alcanzó los 74,58 euros MWh. Además para las horas nocturnas, se llegará a alcanzar un precio de 79,33 VMWh, el precio más caro de todo 2018.
Todo ello se produce a pesar de que se ha venido registrando un nivel igualmente superior de las reservas hidrológicas de nuestro país, que experimentaron un importante crecimiento que catapultó el índice de agua embalsada elevándolo y manteniéndolo un 15% superior con respecto a 2017 a estas alturas del año; regresando a los niveles medios registrados en la última década.
La explicación de estos hechos recala en la fuerte subida del precio de emisión del CO2 y el alza del precio de las materias primas, en particular el petróleo, condicionado tanto por la buena marcha económica a nivel global como por las perturbaciones derivadas de las tensiones geopolíticas en torno al Acuerdo con Irán.
Los datos evidencian el mantenimiento de nuestra dependencia del petróleo, el escaso desfase entre crecimiento económico y emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década y, en relación a todo ello, la escasa producción renovable (en relación a las posibilidades que nuestro país ofrece) con la que cuenta nuestro sistema eléctrico en los meses de verano.
Las características del mercado marginalista, donde la tecnología más cara en cada hora marca la retribución que recibirán el resto de las tecnologías, unidas a la coyuntura internacional descrita, motivan buena parte de este ascenso en el precio de la luz; pero precisamente por ello es importante destacar la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles. Además hay que tener presente que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma comunitaria y no de modo unilateral por un Estado miembro.
Esta subida se produce en un contexto en el que España ya tenía una de las facturas eléctrica más caras de la Unión Europa, lo que supone una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos y erosiona la competitividad de nuestras empresas.
Además, la prolongación de la crisis y el enquistamiento del paro de larga duración han provocado un alarmante problema para los consumidores más vulnerables, lo que se ha llegado a conocer como "pobreza energética". Al comienzo de la presente legislatura, 4,5 millones de españoles eran pobres desde el punto de vista energético, lo que implica que uno de cada diez hogares no tenía el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados.
Sin embargo, el Gobierno de España no puede ni debe quedarse de brazos cruzados. Si bien es cierto que los principales motivos de esta subida se deben a las circunstancias de mercado descritas, la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar estas cuestiones.
A los costes fijos del sistema, fruto de una mala planificación de nuestra política energética, hay que añadir una fuerte imposición fiscal que avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía.
Por estas razones hay que recalcar que sí es posible actuar sobre el enorme papel de los costes fijos y en concreto, los costes de origen político no relacionados directamente con el suministro eléctrico que constituyen el 70% de la factura; lo que es una rémora para todos los hogares y empresas, así como una mala señal para la eficiencia energética de los consumidores (dado que se distorsionan las señales de precio que deberían concentrarse en el término de consumo y resulta indiferente consumir más o menos energía).
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de una cuantía del 21% para los consumidores peninsulares.
- Impuesto sobre la Electricidad: Una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.
- Tasa Municipal del 1,5%.
- Impuesto a la generación eléctrica: Todos los generadores sin discriminación pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.
- Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior.
- Tasas nucleares: Incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 ?/kg) y por generación de residuos (6.000 ?/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 ?/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica.
- Tasa ENRESA: Tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar ENRESA responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las mismas.
- Costes extrapeninsulares: El recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto península como islas y ciudades autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante.
- Fomento de las energías renovables: La financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura.
En relación a esta cuestión y sin menoscabo de la propuesta principal de esta iniciativa, es importante resaltar que, en virtud de la regulación del Impuesto sobre la Electricidad introducida por el Artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, se entiende por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad.
Como algunos expertos juristas han señalado, esta normativa da pie a que los costes no relacionados directamente con la definición de dicho artículo no formen parte de la base imponible del IVA y el Impuesto sobre la Electricidad; excluyéndose así otros costes presentes en la factura que ya se han señalado.
Desde Ciudadanos apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro.
Es hipócrita que desde la administración se trabaje en un bono social eléctrico para paliar las dificultades de las personas más vulnerables por el alto coste de la luz, cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. Sería mucho más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y que no sea una herramienta de recaudación del Estado.
Además, en el marco de la transición energética, es fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.
1. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una auditoría y posterior reforma del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué conceptos determinan el volumen actual de la factura de la luz y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en virtud de las necesidades expuestas.
2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto eléctrico, con el fin de que aquella sea compuesta únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución, excluyéndose el resto de costes del sistema eléctrico añadidos, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Diputada.
161/003639
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís don Enric Bataller i Ruiz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
El proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21 comenzó a gestarse en 2009 impulsado por el Ministerio de Fomento. En aquel momento, el gobierno del Partido Popular argumentaba la necesidad de llevar a cabo este proyecto de ampliación como previsión al colapso por la llegada en el año 2027 de 82.600 vehículos; así como por los problemas de siniestralidad de la curva final del trayecto, pese a que ésta no venga recogida por la Dirección General de Tráfico como punto negro.
Ocho años después del impulso de aquella ampliación, en agosto de 2017 el proyecto fue sacado a licitación como contrato de obra. No sería hasta marzo de 2018 cuando conocíamos que el Ministerio de Fomento había adjudicado por un importe de 19 millones y medio de euros, la ampliación a tres carriles de la V-21 a través de la empresa OHL.
La V-21 es una carretera que conecta Valencia septentrionalmente a través de la Avenida Catalunya y que rompe con un paisaje inédito de cualquier área metropolitana del Estado Español. La construcción de la V-21, se inició a finales de los años setenta y supuso el inicio de una parcialización excesiva que agravó el tradicional problema del minifundismo en el campo valenciano.
El proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21, no exento de polémica entre los movimientos sociales y vecinales del área metropolitana de València, representaría una grave afección a la huerta desde diferentes puntos de vista: Tal y como está planteado el proyecto, se destruirían más de 80.000 metros cuadrados de huerta productiva y, como consecuencia, se podrían en peligro elementos patrimoniales, paisajísticos y económicos de la zona tan relevantes como los terrenos incluidos en la denominación de origen Xufa de València. Desde el punto de vista legislativo, el proyecto choca con el borrador del Plan de Acción Territorial así como con la Ley de l'Harta recientemente aprobada en les Corts Valencianes, que busca recuperar y dinamizar la huerta Valenciana. En relación a la participación y exposición pública, son muchas las quejas por la falta de transparencia e información del proyecto a los vecinos y vecinas de la zona, personas que en muchas ocasiones, su medio de vida depende directamente de la tierra. Por último, desde el punto de vista de movilidad, tal y como está planteado el proyecto, no mejoraría de forma importante el tiempo de viaje de los automóviles privados que entran a la ciudad de Valencia, si no que se aleja de la idea de solucionar los problemas de movilidad del área metropolitana de València a través de un modelo responsable de movilidad basado en la sostenibilidad, el respeto al territorio de especial protección y en el impulso del uso del transporte público; criterios que orientan el Plan Metropolitano de Movilidad Sostenible en proceso de redacción por la Generalitat Valenciana.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
1. Revisar el proyecto de ampliación de la V-21, haciendo partícipes a los ayuntamientos afectados de las decisiones en materia de infraestructura que comprometan el futuro de sus términos municipales y llegar a acuerdos previos con las administraciones de menor rango territorial.
2. No adoptar ningún trazado que perjudique la conservación de los espacios de huerta y de alto valor medioambiental y que recientemente han sido protegidos por la Ley de l'Horta y normativa autonómica concordante.
3. No permitir en ningún caso actuaciones en la V-21 que supongan un aumento de las emisiones de CO2 y otros gases contaminante que puedan afectar negativamente a la calidad del aire."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003647
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte, relativa a la creación de un Plan Nacional contra el expolio y el tráfico ilícito de bienes culturales.
Desde el inicio de la crisis, el mercado legal del arte y antigüedades detectó la desaparición de dinero en efectivo, reduciéndose la cantidad de grandes fortunas en países como Rusia, India o Turquía. Los bancos dejaban de financiar las adquisiciones de obras de arte y el mercado se contraía, dándose una corrección generalizada de precios. A pesar de esta crisis económica mundial y a diferencia de otros sectores en los que se ha producido una contracción de la demanda y el consumo, el mercado mundial de arte y antigüedades recuperó los precios en un ario y medio y actualmente muchos inversores se han fijado en estos bienes de valor tangible a largo plazo, equiparando su funcionamiento y rentabilidad con el de cualquier otro activo financiero, siendo enormes las cantidades de dinero que se mueven. Todos los géneros, todas las épocas y todas las técnicas artísticas han experimentado un aumento de su valoración.
La comunidad internacional ha sido consciente del daño que se ha ocasionado al patrimonio cultural mediante el expolio arqueológico y el tráfico ilícito de bienes culturales desde la década de los años 60 del siglo XX. Por ello ha aprobado diversos convenios o tratados, como el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico en Londres (1969), ratificado por España en 1975, o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en París (2001), ratificado por España en 2005.
El Estado español se ha visto afectado por esta actividad ilícita. Las distintas administraciones y la misma sociedad han ido adquiriendo conciencia del perjuicio que supone para el patrimonio cultural, pero sigue siendo existiendo cierta tolerancia hacia estas actuaciones ilícitas. El expolio es un problema que requiere una solución compartida entre la legislación, la intervención de las diferentes administraciones públicas competentes, la formación y la educación.
Fuera del marco legal de compraventa del mercado de arte, conviven la compraventa ilegal de piezas expoliadas en yacimientos arqueológicos y la de bienes culturales de todo tipo. Después de un expolio arqueológico, terrestre o subacuático, o una aprehensión artística ilícita, se desarrolla la negociación para la venta de las piezas en el mercado negro, para lo que se suelen mantener ocultas suficiente tiempo hasta que disminuye la vigilancia que pueda haber generado el robo o el expolio.
El expolio terrestre, realizado principalmente con detectores de metales, se ha extendido considerablemente durante las últimas décadas en contraposición a las excavaciones autorizadas, en las que se aplican métodos y técnicas científicas para la documentación, estudio y extracción de los bienes arqueológicos. El expoliador, en cambio, busca la pieza destruyendo los niveles estratigráficos que la contextualizan históricamente y haciendo un daño en muchos casos irreparable. El expolio subacuático también está aumentando debido al turismo masificado o al buceo deportivo; existen incluso buceadores que se dedican a la búsqueda ilícita de estos materiales para comercializarlos. Otra forma de expolio subacuático es la que realizan compañías multinacionales que disponen de buques para extraer los materiales arqueológicos del fondo del mar (recordemos el caso paradigmático de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes por el Odyssey) o sobre pecios situados a mucha distancia de la costa, a grandes profundidades, que después comercializan por canales internacionales.
La normativa española existente en este campo y su aplicación han resultado hasta ahora insuficientes para garantizar la integridad de los sitios arqueológicos y los bienes culturales o la sanción para quienes puedan haber cometido un delito contra el patrimonio cultural. El motor de la actividad expoliadora es la obtención de un beneficio económico en lo que se refiere a los miembros que materializan el expolio y el ánimo del disfrute individual o de inversión por parte de los coleccionistas finales.
También hay que contar con que en la esfera internacional, el robo de arte y antigüedades es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Según una investigación realizada por la Cámara de los Comunes de Reino Unido en julio de 2000 el tráfico ilícito en objetos antiguos tiene un valor estimado
superior a 6,000 millones de dólares anuales (5.700 millones de euros aproximadamente). El FBI habló de un movimiento de 4.000 a 6.000 millones de dólares en 2010, superado sólo por la venta ilegal de armas y drogas. Los datos en cualquier caso no son fáciles de cotejar. Otras fuentes recogidas por UNESCO estiman que en 1993 las ventas de bienes culturales, legítimas e ilegítimas, realizadas en todo el mundo alcanzaron un valor de 39.300 millones de dólares. En los últimos años se sabe que este tráfico ha aumentado exponencialmente (al menos en un 50%) gracias a las ventas a través de internet.
En febrero de 2015, Naciones Unidas adoptó la resolución -la 2199- en la que se condena la destrucción del patrimonio cultural en Irak y Siria, sea esta accidental o deliberada y señala también que el saqueo, las excavaciones ilegales y el contrabando de artículos pertenecientes al patrimonio cultural, generan ingresos que apoyan y fortalecen la capacidad operativa de grupos extremistas religiosos. Esto implica que a las tradicionales bandas organizadas que operan habitualmente, se añada el interés de grupos terroristas con el objetivo de financiar su actividad.
La Guardia Civil, a lo largo de las últimas décadas, ha desarrollado labores de prevención e investigación a través de sus diferentes unidades; la Unidad Especial de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo para la protección del patrimonio subacuático; el SEPRONA y las unidades territoriales de las Comandancias, las Unidades de Investigación y la Unidad Central Operativa; por su parte, la Policía Nacional cuenta también con una Brigada de Patrimonio Histórico para la lucha contra el expolio de los yacimientos terrestres. Aun así, estos medios se han mostrado insuficientes para prevenir o proteger la gran cantidad de yacimientos arqueológicos que se reparten por todo el territorio, por lo que pensamos que hay que reforzar la prevención desde estructuras multidisciplinares que cooperen con las fuerzas de seguridad y aporten en materia de educación social desde la investigación profesional.
Los planes nacionales de patrimonio cultural son instrumentos de gestión en los que intervienen las diversas administraciones y otras entidades públicas o privadas. Su fin último es el establecimiento de criterios y métodos compartidos y el desarrollo de actividades de protección, investigación, documentación, formación y difusión. Todo ello permite mejorar la toma de decisiones, establecer una metodología compartida de actuación y fijar prioridades. Hasta el momento se han aprobado los siguientes planes nacionales: Catedrales, Abadías-Monasterios-Conventos, Arquitectura Defensiva, Patrimonio Industrial, Paisaje Cultural, Patrimonio Cultural del Siglo XX, Arquitectura Tradicional, Patrimonio Cultural inmaterial, Investigación en Conservación, Conservación Preventiva, Patrimonio Fotográfico, Educación y Patrimonio, Emergencias y Riesgos y Patrimonio Subacuático.
Por otra parte, existen convenios internacionales como la Convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con Bienes Culturales, firmada en Nicosia en 2017, que aún no ha entrado en vigor por la falta de adhesión de ratificaciones -entre ellas la de España- que pone de manifiesto el aumento de este tipo de delitos en los últimos años y establece mecanismos paliativos y que "cerrará las lagunas existentes y permitirá una cooperación transfronteriza mucho más efectiva a la hora de investigar, juzgar y sentenciar a los sospechosos de los delitos definidos en la convención". O como el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, firmado en Faro en 2005, que entró en vigor en 2011 y que España aún no ha ratificado y que "reconoce la responsabilidad personal y colectiva respecto al patrimonio cultural; o que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y su calidad de vida".
1. Firmar la Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales de Nicosia (2017) y el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad de Faro (2005).
2. Instar al Gobierno a la aprobación de un Plan Nacional sobre Expolio y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que permita trabajar en el marco internacional (UNESCO, ICOMOS, ICOM), conectando el expolio y el tráfico ilícito, incidiendo en las transacciones en Internet y paliando las dificultades de los países que no pertenecen al primer mundo occidental, donde se producen buena parte de las actuaciones ilegales sobre bienes culturales.
3. Incluir en el artículo 76 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, expresamente "el uso de detectores de metales sin autorización por parte de la administración competente".
4. Instar la aprobación de un reglamento sobre el uso de detectores de metales, que prohíba la tenencia de detectores de metales con carácter general y sólo permita la misma para actividades profesionales con previa autorización expresa para investigación o usos necesarios en otras actividades profesionales como la construcción (detección de tuberías o cables).
5. La inclusión de una línea de investigación que apoye los estudios multidisciplinares sobre expolio arqueológico tanto en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación como en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
6. Referenciar específicamente el expolio arqueológico y el tráfico ilícito para facilitar la realización de convocatorias en programas de trabajo dentro del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para 2021-2027: Horizonte Europa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Raimundo Viejo Viñas, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003646
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, de medidas para la prevención y lucha contra la corrupción en el sistema universitario.
Se ha orquestado, en estos últimos días, una campaña de acoso contra la Universidad Pública por parte de aquellos interesados en diluir el escándalo del falso máster de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Los argumentos empleados por los acosadores son de sobra conocidos, por manidos y comunes: la endogamia universitaria, la politización de las universidades públicas, el corporativismo de la institución..., todos estos argumentos, y muchos otros que se han utilizado, tienen, sin duda, el riesgo de acabar convirtiéndose en verdad.
La Universidad Pública fue otra de tantas instituciones, como la judicatura, en cuya transición desde el franquismo a la democracia se dieron menos avances de los deseados. Se conservaron gran parte de los mecanismos de promoción interna, perpetuándose dinámicas de facciones y la a veces necesaria alineación con un grupo si se quería hacer carrera. La transformación automática de los PNNs, bajo el gobierno de Felipe González, simboliza a la perfección ese fracaso de los primeros gobiernos de la democracia por cambiar lo peor de la universidad franquista.
Cierto es que desde la aprobación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades, así como la aprobación de los Reales Decretos que adaptaron el plan Bolonia, la Universidad ha visto cómo se producían diversos cambios en su organización, fines y alcances. Pero ninguna de esas reformas ha llegado a cambiar las estructuras profundas del sistema, basado demasiadas veces en el clientelismo y en la búsqueda de arreglos sotto voce de temas que deberían ser parte de la discusión pública. Además, como ha sido el caso con la adaptación a Bolonia, han traído sus propias problemáticas añadidas, en forma de mercantilización de la universidad, exceso de burocracia y la gobernanza por indicadores. Los últimos debates en torno a la universidad sólo se entiende a partir de estas sinergias entre lo viejo y lo nuevo.
Somos conscientes de estos fallos y de la necesidad de introducir cambios profundos en la universidad que garanticen, por un lado, el desarrollo de una carrera científica independiente, y para ello es imprescindible abordar la cuestión de la precariedad; en segundo lugar, unos procesos de selección abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes; en tercer lugar, una simplificación
de los procesos administrativos que faciliten su transparencia; en cuarto lugar, un mayor control sobre Institutos Universitarios, Centros adscritos y, en general, sobre la "marca" de la universidad.
No podemos compartir, sin embargo, afirmaciones que califican a la universidad pública como una institución corrupta, y otras que se refieren a sus trabajadores y trabajadoras como cómplices o cobardes para denunciar esta situación. La Universidad pública ha cumplido y cumple una labor fundamental para garantizar la movilidad social y el acceso de las clases populares a una formación de calidad. Cuando se habla de la generación mejor formada de la historia no nos referimos tanto al nivel cultural o formativo del individuo, sino a que nunca en la historia de España tantas personas han estado tan bien formadas. El esfuerzo de nuestra sociedad, en ese sentido, ha sido ejemplar. Basta recordar que hace exactamente un siglo, el 35% de la población española era analfabeta. Hoy, el 32% tiene estudios superiores.
La Universidad pública ha sido, y es, una de las grandes protagonistas de este gran cambio en nuestro país. Y todo ello, pese a sus problemas y pese a las trabas puestas por una gestión política que muchas veces, y sobre todo en los últimos años, ha jugado en su contra.
Así, la Universidad pública ha sido una de las "pagadoras" de la crisis económica y de los recortes presupuestarios en educación, que para la universidad española supusieron una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014, iniciándose un proceso de envejecimiento y reducción de las plantillas que ha significado la pérdida de 2018 puestos de Profesional Docente e Investigador y 4923 de Personal Administrativo en el transcurso de los años 2008-2015 según datos del informe "La universidad española en cifras" de la Conferencia de Rectores. Además, según el citado informe, la presencia de profesorado joven (menor de 40 años) se ha reducido en 11,8 puntos (del 28,5% al 16,7%) en el mismo periodo.
La disminución de las plantillas universitarias de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios (PDI y PAS) y su envejecimiento no han venido acompañadas de un descenso en las matriculaciones, sino que éstas se han mantenido más o menos estables, con una media, para el periodo 2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas matriculados en las universidades públicas, aumentando así la ratio y la carga docente del profesorado. Además, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y sobre todo tras el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, para adoptar medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito de la educación, se instaura una tendencia clara a la reducción de la financiación pública a las universidades públicas, situando a España muy por debajo de la media de la UE y la OCDE en la aportación pública a sus universidades, y produciendo un encarecimiento de los precios que debe asumir el alumnado con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
A pesar de todo ello, la Universidad Pública ha sabido mantener sus niveles de calidad científica y docente. Sin ir más lejos, más de la mitad de las universidades públicas españolas, exactamente 27 de 50, están entre las 800 mejores según el ranking de Shangai. Y esto ha sido gracias a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras, profesorado, alumnado han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea compensando las dificultades que las políticas del Gobierno les ponían.
Y es que el Gobierno no solo ha puesto continuas trabas a nuestra universidad pública a través de sus recortes y políticas de austeridad. También lo ha hecho renunciando a romper con dinámicas e inercias del pasado que desgraciadamente siguen operando en la actualidad, dinámicas contra las que muchos miembros de la comunidad universitaria llevan años luchando sin que sus demandas se vean atendidas.
Es precisamente esta comunidad universitaria, conformada por profesorado y alumnado honrados, la que está siendo dañada por los últimos escándalos e irregularidades presuntamente detectadas en nuestra universidad pública, que están teniendo como consecuencia la estigmatización de sus títulos y de su labor profesional y de una universidad en riesgo de quedar cada día más desprestigiada.
Por ello hoy se hace más necesario que nunca recuperar el prestigio de nuestras instituciones universitarias.
- Promover los cambios necesarios, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y las instituciones implicadas, para la adaptación de los procesos de selección de las Universidades y OPIs para cumplir las recomendaciones recogidas en la Europea "Chartes for Researchers" de la Comisión Europea y que estos sean abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes.
- Facilitar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y las instituciones competentes, la simplificación de los procesos administrativos para facilitar su transparencia en universidades públicas y organismos de investigación superior.
- Promover las medidas necesarias, en colaboración con las instituciones implicadas, para el estudio, prevención e intervención en casos de conductas no éticas y/o ilegales o ante la sospecha de la existencia de estas.
- Promover las medidas necesarias para revertir, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, los recortes a la universidad pública y centros investigadores, aumentando la financiación hasta los niveles medios de los países de la UE y la OCDE, y acabar con la precariedad de su personal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Nayua Miriam Alba Goveli y Joan Mena Arca, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003643
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para eliminar la declaración de utilidad pública a "Hazte Oír", para su debate en la Comisión de Igualdad.
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo en el Capítulo I artículo 3 dice:
"3. Las entidades a las que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, serán consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos:
- Que persigan fines de interés general, como puedan ser, entre otros, los de la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, las de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del Medio Ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión social por razones físicas, económicas, culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la productividad y competitividad empresarial."
En marzo de 2017 un autobús transfóbico que llevaba escrito: "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen" recorría las calles de Valencia, tal y como ya había hecho en otras ciudades del Estado. Este autobús era una campaña de la asociación Hazte Oír quien tiene declaración de interés público, una campaña contra la Ley LGTBI, y que atentaba contra las derechos de las personas transexuales.
Durante este mismo mes, Unidos Podemos- En Común-Marea presentó una moción en el Congreso suscrita por el PSOE y ERG solicitando que se eliminara el interés público de esta asociación, fue aprobada por 205 votos de los 350 representantes de esta Cámara.
En agosto de 2017, el Gobierno del popular Mariano Rajoy eliminó la utilidad pública a la Asociación de deportistas contra la droga, Pangea (ONG que ayuda a los más desfavorecidos), Glackman (encargada de la concienciado medio ambiental), Rudacksha (enfocada al desarrollo de las mujeres indias), Equus
Zebra (que promueve acciones de sensibilización, acogida, formación, orientación laboral, ayuda psicológica, etc. personas con riesgo de exclusión social), y a la Asociación de hombres por la igualdad de género. Pero, mantuvo la utilidad pública de Hazte Oír ya que tenían bien hecho la contabilidad (de 2,6 millones de euros anuales).
En junio de 2018 hay un cambio en la Moncloa, y el socialista Pedro Sánchez se convierte en el nuevo Presidente del Estado.
En agosto de este año, Pedro Sánchez reafirma, a pesar de lo que había solicitado su grupo mientras estaba en la oposición, que no se le quitará la declaración de utilidad pública a la asociación Hazte Oír, otra vez, atendiendo a motivos fiscales.
Dado que consideramos que esta asociación no fomenta la tolerancia, fomenta la exclusión social de los colectivos LGTBI, y de ninguna manera, fomenta los derechos humanos, Compromís-Grupo Parlamentario Mixto propone para su debate y votación la siguiente
La eliminación de la declaración de utilidad pública a la asociación "Hazte Oír"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003649
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de la gestación subrogada como una práctica radicalmente ajena al tráfico de órganos o de menores, para su debate en la Comisión de Igualdad.
En una reciente entrevista concedida a la Agencia EFE la nueva Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo, ha declarado ser partidaria de equiparar la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores. Asimismo, la Ministra asegura que "Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales estas prácticas", cuando es precisamente la legislación internacional la que reconoce los derechos de los menores así nacidos a acceder plenamente a los derechos de ciudadanía que les corresponden como hijos de sus padres -españoles, en este caso-.
A estas declaraciones se suman las declaraciones vertidas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de la Ministra Portavoz del viernes 14 de septiembre, doña. Isabel Celaá, asegurando que la gestación subrogada le parece una compraventa de niños, y que no tiene nada más que decir.
Con su declaraciones, la Ministra y, en consecuencia, el Gobierno de España, atenta gravemente contra la dignidad y el interés superior del menor de los miles de niños y niñas españoles así nacidos en el extranjero, así como de sus padres, al equipararlos, "de facto", a órganos obtenidos a través de mafias, y a traficantes de órganos y de menores, respectivamente.
Por el contra, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que la gestación por subrogación constituye una realidad tanto en España como en los países de nuestro entorno, siendo un procedimiento que se ve con la misma naturalidad que otras expresiones de los cambios de percepciones sociales ante instituciones ligadas a nuevos modelos familiares, y que tienen como denominador común la variedad con la que las personas quieren expresar su propia concepción de las relaciones familiares y asumir la condición de progenitores.
Ante esta nueva realidad, la mejor solución, la más garantista, es regular, no es cerrar los ojos ni prohibir. Al contrario de lo declarado por la Ministra, se trata una forma alternativa de acceder a la paternidad o maternidad que la legislación ha de tutelar y regular para conciliar los derechos en juego de todos los que participan y sea acorde al interés superior de los menores así nacidos.
Declarar públicamente que la gestación subrogada nada tiene que ver con el tráfico de órganos o el de menores, rectificando las declaraciones vertidas por la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y haciendo por tanto efectivo el respeto al interés superior del menor que sus recientes declaraciones han comprometido gravemente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003642
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
La osteogénesis imperfecta (conocida como "enfermedad de los huesos de cristal") es una patología poco frecuente que comprende un grupo heterogéneo de trastornos genéticos caracterizados por un aumento de la fragilidad ósea, baja masa ósea y susceptibilidad a fracturas óseas esporádicas de gravedad variable. Su prevalencia se estima entre 1/10.000 y 1/20.000 y la edad al momento del diagnóstico depende de la gravedad de la enfermedad: se encuentra presente desde el nacimiento y, en los casos más graves, los recién nacidos ya cuentan con fracturas. Actualmente no tiene cura y tampoco se cuenta con un tratamiento realmente efectivo. Los profesionales del campo defienden que el tratamiento debe ser multidisciplinar, uniendo fármacos y rehabilitación, con especialistas experimentados en medicina, ortopedia, fisioterapia y rehabilitación.
Por tanto, es imprescindible avanzar en mejoras en la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad (se estima que esta enfermedad afecta a más de 3.000 personas en España), una gran parte de las cuales tiene dificultades para moverse en coche con seguridad, especialmente en los casos más graves: concretamente, los niños se encuentran con serios problemas a la hora de elegir el sistema de retención infantil más adecuado a sus características que, además de ofrecerles comodidad, les garantice un mínimo de seguridad en sus desplazamientos.
El propio Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado destacó a finales del pasado año que, en muchas ocasiones, estos niños deben viajar en "condiciones indignas" y que las familias deben ingeniar por su cuenta utensilios que "minimizan" el roce del niño con la sillita o las lesiones en caso de impacto, ya que no hay una normativa específica que determine cómo deben viajar estos niños ni soluciones técnicas específicas.
En este sentido, se tiene noticia de los avances en el diseño y el desarrollo de sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta; sin embargo, es necesario dar impulso estos proyectos,
de modo que puedan ser utilizadas cuanto antes por niños con osteogénesis imperfecta (así como otras enfermedades raras a las que se pueda hacer extensible), primado la seguridad y el confort.
1. Impulsar los trabajos de investigación que realiza la Dirección General de Tráfico en materia de sistemas de retención infantil.
2. Impulsar los trabajos de diseño, desarrollo y mejora técnica de sistemas de retención infantil específicos para niños con osteogénesis imperfecta.
3. Realizar acciones y campañas de difusión y promoción del uso de estos sistemas de retención infantil, una vez que superen con éxito los niveles requeridos para su homologación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2018.-María Sandra Julià Julià, Diego Clemente Giménez e Irene Rivera Andrés, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003644
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre sistemas de retención infantil para niños con osteogénesis imperfecta, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2018.-María Sandra Julià Julià, María Virginia Millán Salmerón e Irene Rivera Andrés, Diputadas.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
181/001215
Diputado don Sergio Pascual Peña
Dirigida al Ministro de Fomento
El pasado 30 de agosto de 2018, en sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, el Sr. Ábalos, Ministro de Fomento, afirmó que la colaboración público-privada a establecer entre la empresa pública de salvamento marítimo, SASEMAR y la ONG Proactiva Open Arms, no cuesta nada, ni se sustituye nada, ni es por falta de unidades o personal. El objetivo es incorporar conocimiento y cultura a coste cero.
Sin embargo, en una entrevista del 2 de septiembre realizada al director de la ONG por el eldiario.es, este reconoce que sería lógico que el Ministerio de Fomento se hiciera cargo de una cobertura de gastos y combustible.
¿Puede confirmar el Sr. Ministro si finalmente la colaboración de la ONG Proactiva Open Arms va a ser a coste cero como confirmó en el Congreso de los Diputados o incurrirá en algún coste económico o en especie?
¿Sustituirán los medios y barco de la organización a los de Sasemar en alguna actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Diputado.
181/001221
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
¿Cumplirá el Gobierno el compromiso contraído de que las obras de la LAV a Galicia en el tramo de Zamora a Pedralba de la Pradería, estarán finalizadas antes de que termine el año 2018, para comenzar a continuación la circulación en pruebas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001222
¿Cumplirá el Ministerio de Fomento el compromiso contraído de que se impulse y active la ejecución de las obras del tramo de la A-56 entre A Bárrela y Sanmartiño para que esté concluido a mediados del próximo año 2019?
181/001223
¿Cumplirá el Ministerio de Fomento el compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del tramo de la A-56, Enlace de Eirasvedras-Enlace de Quintela (Variante de Ourense) y para el que los PGE de 2018 destinan una partida de 2,5 M??
181/001224
¿Cumplirá el Ministerio de Fomento los compromisos contraídos en relación con cada una de las partidas inversoras en materia de carreteras en la provincia de Ourense que se incluyen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018?
181/001225
¿Cumplirá el Ministerio de Fomento el compromiso contraído de licitar en 2018 las obras de la conexión entre la N-120 y N-536, conocida como Circunvalación de O Barco y para la que los PGE de 2018 destinan una partida de 3 M??
181/001226
¿Cumplirá el Ministerio de Fomento el compromiso contraído de licitar en 2018 las obras del primer tramo de la autovía A-76 entre A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras y para el que los PGE de 2018 destinan una partida de 3 M??
181/001227
Diputado don Antonio González Terol
¿Qué consecuencias va a tener en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Madrid el retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028, que el anterior Gobierno tenía previsto aprobar el pasado mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Antonio González Terol, Diputado.
181/001228
Diputada doña Ana María Madrazo Díaz
¿Qué consecuencias va a tener en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Cantabria el retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Rente Operadora 2018-2028, que el anterior Gobierno tenía previsto aprobar el pasado mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Ana María Madrazo Díaz, Diputada.
181/001229
Diputado don Jordi Roca Mas
¿Qué consecuencias va a tener en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Barcelona el retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028, que el anterior Gobierno tenía previsto aprobar el pasado mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Jordi Roca Mas, Diputado.
181/001230
Diputado don Miguel Barrachina Ros
¿Pretende el Gobierno hacer modificaciones, cuáles y en qué sentido en el Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028, que contempla la compra de 439 nuevos trenes y una inversión en material rodante de 3.130 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/001231
¿Qué consecuencias va a tener en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Valencia el retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028, que el anterior Gobierno tenía previsto aprobar el pasado mes de junio?
181/001232
Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la construcción del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.
181/001233
¿A qué se debe la demora en la licitación de los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería?
181/001234
Diputada doña Susana López Ares
¿Qué consecuencias va a tener en la puesta en marcha del Plan de Cercanías de Asturias el retraso en la aprobación del Plan de Material Rodante Renfe Operadora 2018-2028, que el anterior Gobierno tenía previsto aprobar el pasado mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Susana López Ares, Diputada.
181/001235
Diputada doña Ana María Zurita Expósito
¿Cuál es la previsión de continuidad de subvenciones al transporte por carretera para la Comunidad Autónoma de Canarias hasta 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/001236
¿Cuál es la previsión de financiación para satisfacer la totalidad de las anualidades del compromiso derivado del Convenio de Carreteras con la Comunidad Autónoma de Canarias?
181/001237
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento, en cuanto a objetivos y financiación, para la línea de subvención a "Green Building Council" España?
181/001238
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento, en cuanto a objetivos y financiación, de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España?
181/001239
¿Cuál es la previsión de financiación hasta 2020 para satisfacer el Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril?
181/001240
¿Cuál es la previsión de continuidad de la subvención a los transportistas autónomos por carretera que abandonan la actividad, dentro del programa de subvenciones del Ministerio de Fomento hasta 2020?
181/001241
¿Cuál es la previsión sobre la continuidad de la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías con origen y destino en las Islas Canarias hasta 2020?
181/001242
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento, en cuanto a objetivos y financiación, para la línea de subvención a la Fundación Mies van der Rohe?
181/001243
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento, en cuanto a objetivos de financiación, sobre la continuidad de la línea de subvención al Instituto Juan de Herrera sobre el Observatorio de vulnerabilidad urbana?
181/001244
¿Podría informar el Gobierno sobre la continuidad de la línea de subvención a Asentamientos Humanos -Un Hábitat- para América Latina y el Caribe?
181/001245
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento, en cuanto a objetivos y financiación, de la línea de subvención al Consejo Superior de Arquitectos de España para el concurso EUROPAN?
181/001246
¿Cuándo piensa el Ministro de Fomento firmar el Convenio de Carreteras con Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/001247
Diputado don Joan Baldoví Roda
¿Piensa al Gobierno introducir en el ordenamiento jurídico español la sentencia de 8 de febrero de 2018 del Tribunal de Justicia Europeo, mediante la modificación de la Orden FOM 734/2007 (por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera), por lo que se entiende se debe modificar el artículo 19 n.º 1 letra a) y suprimirse el apartado de letra b) del mismo artículo, en lo concerniente a la antigüedad del vehículo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
181/001248
Diputado don Segundo González García
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
¿Contempla el Gobierno suprimir el peaje y recuperar la gestión pública de la autopista AP-66 (autopista del Huerna) derogando el Real Decreto 392/2000 que amplió la concesión hasta el año 2050?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Segundo González García, Diputado.
181/001249
Diputado don Guillermo Díaz Gómez
¿Qué plazos maneja el Gobierno para la finalización de las obras en el kilómetro 222 de la A-7?
181/001250
Diputado don Francisco Javier Cano Leal
¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento culminar las obras de remodelación del Nudo de Tres Caminos, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), que une las vías A-4, A-48 y CA-33?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.
181/001214
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno adoptar las medidas necesarias para volver al régimen de integración de lagunas de cotización anterior a las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/001251
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para dispensar un trato igualitario a la ciudadanía que utiliza y paga el 100% de los peajes en la autopista AP-9 en Galicia, y para la que se anuncia una nueva subida vía Real Decreto, con respecto a las personas que circulan por las autopistas AP-7 y la AP-2 en Cataluña a las que el Gobierno acaba de bonificar con el 80% del coste del peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/001252
¿Tiene previsto el Gobierno transferir la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia, tal y como demandan la ciudadanía gallega y los poderes políticos y el propio Parlamento de Galicia?
181/001216
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Transición Ecológica.
¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha un nuevo marco regulador eléctrico más predecible y estable para la industria electrointensiva contando con los actores y con el Congreso de los Diputados o, por el contrario, pretende modificar el marco regulador de forma unilateral como ha hecho el anterior Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/001217
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
¿Prevé el Gobierno continuar con la misma configuración del proceso de nuevas subastas de interrumpibilidad para lo temporada eléctrica 2019, tal y como ya anunció Red Eléctrica de España, a pesar de que este sistema no dota de estabilidad a la industria de nuestro país ni a los puestos de trabajo que en ella se emplean, especialmente a la electrointensiva, en una situación de eventualidad continua y, por lo tanto, de incertidumbre total sobre su futuro y viabilidad?
181/001218
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar y poner en marcha el Plan Estratégico para Navantia, previamente negociado con los sindicatos y representantes de las plantillas de los astilleros públicos?
181/001219
¿Cuál es el Plan Financiero previsto por el Gobierno para el Astillero Público Navantia, S.A., tras los balances económicos negativos de los últimos años?
181/001220
¿Cuál será el posicionamiento del Gobierno de España si, cuando se celebre la primera reunión del Comité de Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón (JEFTA), el país nipón no ha cumplido los requisitos exigidos por nuestro país para el apoyo al mismo, y que se han explicitado en la carta enviada por España a la Comisión Europea, tales como la ratificación por parte de Japón de los Convenios 105 y 111 de la OIT, el compromiso con los Acuerdos de París o con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre otros, Tal y como ha afirmado la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en su comparecencia el día 11 de julio de 2018 en el Congreso de los Diputados?
184/037616
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Inadecuada justificación en la memoria de la Conferencia Episcopal Española del destino de los ingresos derivados de la asignación que recibe del IRPF de los contribuyentes, así como previsiones acerca de denunciar los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el tercer párrafo, por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, al referirse a una actuación del Tribunal de Cuentas, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
Un estudio reciente de la organización Europa Laica en el que se analiza la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal denuncia que esta institución no justifica adecuadamente dónde destina el dinero que recibe de la asignación tributaria del IRPF. De acuerdo a su análisis, Europa Laica encuentra que la memoria económica presentada por la Conferencia Episcopal contiene datos muy generales que no permiten conocer el estado de sus cuentas al detalle.
Sumado a ello, la organización advierte que en dicha memoria "no se han auditado las cuentas de la Iglesia y que la información se ha obtenido "a partir de formularios y reuniones en algunas diócesis y parroquias". Además, se desconoce en qué se gasta cada diócesis el dinero que recibe (201,7 millones de euros en 2016). Por poner un ejemplo, en estos momentos no es posible conocer los gastos destinados al pago de las retribuciones de los sacerdotes.
Hace un año, la Conferencia Episcopal Española declaró estar dispuesta a que los fondos que recibe del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pudieran ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Europa Laica teme que los planes de fiscalización de la iglesia católica que el Tribunal de Cuentas anunció que realizaría para 2018 se paralicen.
¿Es consciente el Gobierno de que la Conferencia Episcopal Española no justifica adecuadamente en su memoria a qué destina los ingresos derivados de la asignación que recibe del IRPF de los contribuyentes? En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene previsto impulsar para evitar que esto ocurra?
¿Es consciente el Gobierno de que la Memoria que presenta cada año la Conferencia Episcopal en virtud de los Acuerdos entre la Santa Sede y España de 1979 no responde a los criterios mínimos de transparencia en el manejo de fondos públicos?
¿Se plantea el Gobierno proceder a la denuncia de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979? En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.