Source: https://www.scribd.com/document/82250725/Libro-LT
Timestamp: 2018-11-16 23:48:28
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Diseño y Diagramacion: Red Eco Alternativo
2007 Eco Ediciones. cooperativa de trabajo Red Eco Ltda. Av. Corrientes 1541 - 6º Piso - Buenos Aires - Argentina. E-mail: redeco@rcc.com.ar www.redeco@com.ar Resp. Edicion: Carlos Carbone y Pablo Marrero E-mail:bodeguerosdeldiablo@yahoo.com.ar
Leyes del terror / Fabiana Arencibia ... [et al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: ECO Ediciones de la Cooperativa de Trabajo Red ECO, 2007. 60 p. ; 22x14 cm. - (El ojo en la lupa) ISBN 978-978-23117-3-5 1. Investigación Periodística. I. Arencibia Fabiana CDD070.43 Fecha de caralogación: 08/11/2007
Queda hecho el despósito que previene la ley 11.723 Todos los derechos reservados
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyriht, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio de reproducción
Pasa eso de tener sed y estar sin lengua. Sucede tambien que el puño se nos cansa, que el ojo no responde, que la boca se niega y se separa del rostro. Estamos para morder la verdad y quitarnos la sorpresa, para ponernos a horcajadas en un grito. Para ser. Algún día sabremos por qué. Mientras tanto somos apenas como un zapato nuevo que nos juzga los pies. Nira Etchenique
El siguiente trabajo de investigación fue realizado por el colectivo de comunicación y cultura RED ECO ALTERNATIVO www.redeco.com.ar Comenzamos esta labor periodística a partir de la reciente sanción en la Argentina de la llamada Ley “Antiterrorista”. Entonces nos propusimos analizar cuál es el origen de la existencia de esta ley y qué sucedía en otros países de América Latina. Si bien es por todos conocidos que a partir del 11 de septiembre de 2001 el gobierno norteamericano, con George W. Bush a la cabeza, le declaró la guerra al “terrorismo”, el imperio ya venía diseñando una estrategia que ponía a los “terroristas” como los nuevos “enemigos de la humanidad.”1 Así está plasmado en el documento Santa Fe IV2que plantea una nueva hipótesis de conflicto para la seguridad de los Estados Unidos: el terrorismo, vinculado al narcotráfico y al crimen organizado:
El terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado son reconocidos como amenazas globales para la sociedad civil. Sin embargo, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, sigue descuidando una amenaza todavía más insidiosa planteada por la alianza entre organizaciones terroristas, traficantes de drogas y crimen organizado, mejor conocida como narcoterrorismo. Es difícil de comprender por qué, pero los norteamericanos encargados de trazar políticas parecen incapaces de comprender que, por un lado, los enemigos ideológicos de la democracia y la estabilidad y, por el otro, el delito en forma de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, mezclado con el simple oportunismo personal, pueden ir de la mano, a pesar de que, a veces, haya pequeños conflictos interno. 7
Partiendo de esta certeza el trabajo recorre hacia atrás un camino que llega hasta la propia ley de Inmigración de los Estados Unidos, el Acta de 1996 que la modifica y la más reciente Acta Patriótica. En todas ellas aparece quienes son considerados “terroristas” para este país. Pero además se ve con claridad, y este trabajo así lo expone, cómo las Naciones Unidas tomaron esos conceptos del imperialismo y los incluyeron en Convenios y Resoluciones. Al ser estas normas jurídicamente vinculantes, deben ser incorporadas en las legislaciones nacionales por los países del mundo que integran esta organización. Además, si se recorren y analizan las leyes de varios países de América Latina, se ve como todas las normas se estructuran, en algunos casos casi textualmente, en base a las definiciones de Estados Unidos y de la ONU. Las normas de Naciones Unidas recogen las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y, todas en su conjunto, forman parte de un Manual elaborado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el FMI redactó un manual sobre cómo armar las leyes “antiterroristas”? ¿Sabías que el manual fue usado por países de todo el mundo para elaborar estas leyes? ¿Qué relación existe entre las definiciones de Terrorismo de Bush, de la ONU, del GAFI, del FMI y las nuestras? Las respuestas a estas preguntas serán desarrolladas en este trabajo, que es la primer parte de la Investigación “LEYES DEL TERROR”.
Parte I A imagen y semejanza: el terror mismo
A principios de julio de este año, luego de pasar velozmente por las dos cámaras del Congreso Nacional, fue promulgada en el país nuestra “Ley Antiterrorista”3. Son diez artículos, ocho de los cuales modifican el Código Penal y extienden las facultades de la Unidad de Información Financiera (UFI)4, con el objetivo de incorporar a nuestra legislación la confusa figura de “asociación ilícita terrorista”. (Anexo I) A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos. La norma, disfrazada de “ley antiterrorista”, es un instrumento estratégico para el control de la protesta social, sancionada bajo presión y por orden del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI) El GAFI es un organismo supranacional creado en 1989 en París, en la Reunión Cumbre del Grupo de los 7. Este grupo, que nuclea a los ministros de Finanzas de los siete países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), prevé dos sanciones para los países que no legislen en materia de financiamiento del terrorismo según las normas internacionales. La primera es declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas
a esos país. Y el siguiente paso es la expulsión del país del seno de dicho grupo. Para la Argentina ese plazo vencía el 23 de junio de 2007. Por eso, si bien el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de modificación del Código Penal a fines de diciembre de 2006, los legisladores lo aprobaron en junio de 2007 5 y el 5 de julio fue publicado en el Boletín Oficial.
Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores nacionales inventaron algo nuevo. Tomaron casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas 6 , Estados Unidos estableció sobre quiénes son “terroristas”, cuáles son los “actos terroristas”, y qué es una “organización terrorista”. La idea del terrorismo como “enemigo de la humanidad” no surgió en Estados Unidos a partir del atentando contra las Torres Gemelas.
Básicamente, hay que tener en cuenta que los EEUU desde muchísimos años antes del 11 de septiembre de 2001 plantean la necesidad de implantar reglas especiales para lo que ellos llaman la lucha contra el terrorismo. Si uno analiza materiales públicos pero que habitualmente no llegan a otras manos externas más que a la de los militares, como la revista Military Review, una publicación estadounidense que se publica o se publicaba hasta hace muy poco en portugués para los brasileños y en castellano para los ejércitos de habla hispana de toda América, sostenían ya en los años 80 la necesidad de la existencia de tres tipos de normativas distintas. Para los casos de personas que comentan un delito, el derecho penal con todas las garantías que tiene ese derecho. 10
Para los casos de personas hechas prisioneras en el marco de un conflicto entre dos Estados, ellos plantean la necesidad de la utilización de las normativas del derecho humanitario, Ginebra, etcétera. Pero para el caso del terrorismo, y para ellos toda fuerza de liberación nacional es terrorista, no podían aplicarse ni las normas generales de las garantías a los beligerantes ni las normas defensivas del derecho penal. Debía aplicarse una legislación especial que prácticamente privara de derechos a los acusados de terrorismo. Gerardo Etcheverry, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
En 1996, Estados Unidos sancionó el Anti-Terrorism & Effective Death Penalty Act (Anexo II), modificando su primera definición de terrorismo, plasmada en el Acta de Inmigración y Nacionalidad, que regula la entrada de inmigrantes al país. Después del atentado a las Torres Gemelas, una nueva norma avanzó sobre la definición del terrorismo, la USA Patriotic Act. (Anexo III) El Acta del 96, cuyo propósito es “frenar el financiamiento de organizaciones terroristas”, amplía además las facultades de la Secretaría de Estado. Esta norma define que cualquiera que cometa actos contra la “seguridad nacional” es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, se encontrará que define “seguridad nacional” como la “defensa, seguridad e intereses económicos de Estados Unidos”. O sea que quien ataca de casi cualquier forma los intereses económicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista. La Patriotic Act, entre otras cosas, amplía las facultades del presidente, de la justicia militar, y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales.
Bajo la conjunción de estas normas, cualquiera puede ser señalado a discreción por el presidente norteamericano como presunto terrorista, o sospechoso de tener relaciones con organizaciones probablemente terroristas, o aparentemente vinculadas a actividades que podrían tener como objetivo financiar “actos terroristas”. Dentro de Estados Unidos, puede ser juzgado por un tribunal militar, sin derecho a apelación. Cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, Estados Unidos ya había definido lo que considera financiamiento de organizaciones terrorista en el Acta de Inmigración y en el Acta de 1996. Estados Unidos marcó el rumbo una vez más dentro de la ONU. Por su política belicista e imperial, por el papel que desempeña dentro de Naciones Unidas y por ser uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se podría pensar que ha sido el que introdujo este debate para que la ONU comprometiera al planeta en su propagandizada “batalla contra el terrorismo”.
El planteo de ellos siempre fue que eso debía ser aplicado en todo el mundo. Porque todos sabemos que como potencia imperial que son, buscan que sus planteos sean impuestos en todo el mundo. Esta es la postura que seguían oficialmente los ejércitos de toda América Latina bajo la subordinación estadounidense. En este sentido, las FFAA argentinas en la época de la dictadura no fueron tan lejos porque hablaban de “delincuentes terroristas”, o sea decían por lo menos que les iban a aplicar la ley. En realidad no les aplicaron las normas penales, aplicaron un procedimiento específico privado de toda norma pero no se atrevieron a decirlo públicamente como decían los estadounidenses que había que hacer o como hoy lo hacen por ejemplo en Guantánamo y en otros lugares. Con esta idea de que todo luchador contra el poder establecido o por la libertad de su pueblo sea terrorista –sobre todo después de la caída del bloque oriental– los estadounidenses públicamente 12
empezaron a señalar que debían modificarse las normativas humanitarias. Porque varias de las normativas aprobadas mientras existía un bloque oriental contemplaban el reconocimiento como beligerante, y por ende el reconocimiento de todos los derechos de prisioneros de guerra, a los miembros de diversas fuerzas de liberación nacional. Uno de los objetivos expresos de los EEUU de los años 90, que en algún punto lograron en esto últimos tiempos después del 11 de septiembre, es que se los calificara a todos esos grupos como terroristas y se los exceptuara del régimen común de beligerantes” Gerardo Etcheverry, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Convenio, resoluciones y recomendaciones
Para comenzar habría que decir que para los países existen normas internacionales que jurídicamente son vinculantes y otras que no lo son. Entre las primeras se encuentran las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y las Convenciones Internacionales de la ONU. Entre las segundas se encuentran las que se establecen entre grupos de países que actúan en forma conjunta. Ejemplo de esto son las Recomendaciones Especiales del GAFI. Sin embargo, en materia de financiamiento del terrorismo, todas las normas resultan en la práctica vinculantes y han sido tomadas por los países que han redactado nuevas legislaciones o han modificado sus códigos penales para incorporar a él la figura de terrorismo. Nos estamos refiriendo a: • El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo7 (Anexo IV)
La Resolución Nº 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU8 (Anexo V) Las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo9 (Anexo VI)
Haga su propia ley “antiterrorista”: Manual de instrucciones para países “en desarrollo”
El Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró el Manual para la redacción de leyes de Represión del financiamiento del terrorismo. (Anexo VII) Este Manual tiene el objetivo de “orientar” desde lo jurídico a todos los países del mundo para elaborar leyes que repriman el financiamiento del terrorismo. Es un “servicio” que el Departamento Jurídico del FMI brinda a los países miembros de esta institución. Los letrados del organismo financiero se encargan de aclarar en el Prefacio del Manual que “Las opiniones aquí vertidas son las del Departamento Jurídico del FMI y no deben atribuirse a los Directores Ejecutivos ni a la Gerencia de la institución”. Sin embargo, como parte de ese mismo texto introductorio afirman que a partir de 2001, el FMI ha participado en “gestiones encaminadas a reprimir el financiamiento del terrorismo”. Sin distinguir el nivel gerencial, del ejecutivo y del legal del organismo, agrega que el “FMI puede ayudar a evaluar la puesta en práctica de normas internacionales relativas al marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo adoptado por los países miembros y brindar asistencia técnica mediante asesoramiento”. En el 2001, el FMI junto a otras organizaciones comenzó a elaborar lo que sería la Metodología de Evaluación del Cumplimiento de Normas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del
Terrorismo. Se trata, dice el Manual, de “un instrumento que sirve para evaluar la aplicación de las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Si bien en un comienzo el eje fue el lavado de dinero, a partir del 11 de septiembre de 2001 todas las actuaciones apuntaron al nuevo enemigo estratégico para los Estados Unidos: el terrorismo. Por eso tanto las Naciones Unidas como el GAFI produjeron convenios y resoluciones que dieran cuenta de ello. Es seguramente este Manual –producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economía de la mayoría de los países del planeta– el texto que se ha tomado como base para el armado de la mayoría de las leyes “antiterroristas” que se han venido sancionando en América Latina. Nos preguntamos: ¿Por qué es el Fondo Monetario Internacional quien evalúa, tal como lo dice su Manual, “el marco adoptado por cada país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”?
* Ninguna de las normas establecidas por los organismos internacionales define explícitamente a qué se considera “terrorismo”: El Convenio de la ONU se limita a definir los actos terroristas y no a los terroristas ni al terrorismo De los 9 Tratados mencionados en el anexo del Convenio de la ONU solo en el último se usa el vocablo “terrorista” para atentados cometidos con bombas. Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Resolución de la ONU no define el concepto de “terrorismo” sino que exige a los Estados que “prevengan y repriman la financiación de actos de terrorismo”. La Recomendación Especial I del GAFI establece que el financiamiento del terrorismo “debe penalizarse sobre la base del Convenio” Las Notas de orientación del GAFI, cuando hablan del congelamiento de fondos, definen a terroristas como “aquellos que financien al terrorismo y organizaciones terroristas”. * Tanto el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, como la Resolución 1373 del Consejo
de Seguridad de la ONU y las Recomendaciones Especiales del GAFI omiten la mención del terrorismo de Estado que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo. * La única referencia a los derechos humanos está en el artículo 21 del Convenio que señala: “Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes”. * Los mismos abogados del FMI afirman en el Manual que “en algunos países preocupó la posibilidad de que, por su amplitud, la definición genérica de actos terroristas establecida en el Convenio a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo fuera susceptible de abusos. Se temía en especial que determinadas formas de protestas públicas, legales o ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definición de actos terroristas. Esos países han procurado subsanar este problema agregando a la definición un texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo a menos que estén presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo” En la ley “antiterrorista” argentina, esta aclaración no está siquiera presente. * Respecto al delito de financiamiento del terrorismo, queda claro que la definición se basa no solo en si el hecho se comete sino en la “intención” y la “finalidad”, aunque el acto que se pretendía financiar no se consume. Se penaliza la asociación y no el supuesto acto delictivo. La figura de “asociación ilícita” se utilizó para procesar a la inmensa mayoría de los presos políticos de 1974 a 1983 y se utiliza hoy para acusar a los protagonistas de las protestas sociales. * La misma lógica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como “cualquier acto que tenga como finalidad…” (…) “siempre que su propósito sea…”.
La sanción de leyes “antiterroristas” en los países de América Latina, bajo presión de organismos internacionales que responden a los intereses estadounidenses, y redactadas en base a las leyes de ese país, son un instrumento de control para sus objetivos estratégicos en el continente. Estas legislaciones han sido ya puestas en práctica en países como Chile y El Salvador. En Chile la Ley 18.314 fue sancionada durante la dictadura Augusto Pinochet y modificada durante la democracia por la Ley 19027 de diciembre de 1990. Bajo esta norma, en el año 2001, los mapuche Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo Saravia fueron acusados de “incendio terrorista” contra cien hectáreas de la empresa Forestal Mininco (propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte) y sentenciados a diez años y un día de cárcel y a pagar una indemnización de 400 millones de pesos chilenos a la empresa. El 23 de mayo del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet manifestó: “no están presos por ser mapuche o por sus posiciones ideológicas, ellos cometieron ilícitos”, respondiendo a la presión generada por la huelga de hambre y por las manifestaciones de apoyo. En El Salvador fue sancionada el 21 de septiembre de 2006. A mediados de mayo de este año vendedores ambulantes de la capital salvadoreña fueron reprimidos. Tras la “Operación vendedores informales”, 200 personas pasaron a integrar la lista negra de la policía nacional civil como sospechosos de terrorismo. Esta lista se distribuye al menos al FBI, la base militar Comalapa y la embajada de EEUU. La presencia en la misma fue la excusa para que una “unidad antiterrorista” secuestrara el 31 de mayo al dirigente de los vendedores ambulantes, Vicente Ramírez.
El 2 de julio pasado, en la ciudad de Suchitoto se convocó a una manifestación y bloqueo en contra del lanzamiento de la política Nacional de Descentralización e inauguración del proyecto de agua (eufemismo de privatización). Como resultado de la represión de la UMO (Unidad del Movimiento del Orden) hubo 25 heridos con balas de goma, 18 afectados graves con gas pimienta y 14 detenidos. Bajo los cargos de daño a la propiedad privada y obstaculización del paso a funcionarios públicos (uno de ellos el presidente Antonio Saca) la Fiscalía de El Salvador acusó a los 14 detenidos de asociación ilícita, desórdenes públicos y actos de terrorismo con penas de hasta 60 años.
Suponer que este tipo de legislación sirve para dar batalla al terrorismo es asumir las condiciones del “mundo al revés” que nos propone Bush. Es asumir la colección de mentiras de la estrategia imperial que, en nombre de las amenazas a la seguridad, pretende enrolar al mundo en la destrucción de la vida 10.
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo frenar su aplicación en los países donde ya se han aprobado legislaciones terroristas? ¿Cómo evitar que se sancionen en aquellos en que han sido momentáneamente frenadas, como es el caso de Paraguay? ¿Qué se puede hacer, cómo, con quien?
Terrorismo Acepción histórica
Forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. 19
El término “terrorismo” comenzó a usarse en el siglo XIX referido a individuos o grupos políticos que recurrieron al atentado contra los representantes conspicuos del orden burgués. Los populistas rusos y algunos anarquistas consideraron el acto terrorista no sólo como un medio para transformar la sociedad, sino también como una forma de autoafirmación. Pero el terrorismo ha sido utilizado también por el Estado contra los ciudadanos como medio ilegal para combatir la violencia o aumentar la coerción. Ligado a la causa de un pueblo por medio de una organización responsable y limitado en sus objetivos, el hecho terrorista puede constituirse eventualmente en vanguardia de la insurrección popular (resistencia al nazismo durante la II Guerra Mundial, movimientos de liberación, etc.) (…) Para los fines que persigue el terrorismo puede ser: Revolucionario: para la destrucción del orden existente; De liberación: sobre un determinado territorio; Estatal, transestatal o internacional: para forzar la cooperación de los ciudadanos y operar como instrumento de diplomacia paralela11.
Apéndice Anexo
Ley 26.268 Buenos Aires, 4 de julio de 2007 B.O.: 5/7/07 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: Artículo 1º – Incorpórase como Capítulo VI, en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente: Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo Artículo 2º – Incorpórase como artículo 213 ter, en el Capítulo VI del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente: Artículo 213 ter. – Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o prisión.
Artículo 3º – Incorpórase como artículo 213 quáter, en el Capítulo VI del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente: Artículo 213 quáter – Será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. Artículo 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 25.246 12, por el siguiente: Artículo 6º – La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1º, del Código Penal), proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº 23.737); b) Delitos de contrabando de armas (Ley Nº 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5º, del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). Artículo 5º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de la Ley Nº 25.246, por el siguiente: 2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes. Artículo 6º – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 14 de la Ley Nº 25.246, por el siguiente: 5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. Artículo 7º – Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 25.246, por el siguiente: Artículo 19º – Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de
lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal. Artículo 8º – Sustitúyense los incisos 1 y 2 del artículo 23 de la Ley Nº 25.246, por los siguientes: 1. Será sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal. Será sancionada con multa de CINCO (5) a VEINTE (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal; 2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del VEINTE POR CIENTO (20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Artículo 9º – Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 25.24113, por el siguiente: Artículo 1º – A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artículo 213 quáter del Código Penal.
Artículo 10º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los trece días del mes de junio del año dos mil siete. Considerandos del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Proyecto de Ley Antiterrorista Diciembre de 2006 Al Honorable Congreso de la Nación: Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en el Código Penal a los fines de incorporar normas destinadas a la penalización de asociaciones ilícitas terroristas y la financiación del terrorismo. La REPÚBLICA ARGENTINA, comprometida en la defensa de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de las naciones, ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional y, en particular, contra las diversas formas de su financiación. Ha aprobado mediante el Decreto Nº 1235 del 5 de octubre de 2001 la Resolución Nº 1373, adoptada por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS el 28 de septiembre de 2001. Ha aprobado mediante la Ley Nº 26.024 el Convenio internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS el 9 de diciembre del año 1999. Ha ingresado en el año 2000 como Miembro Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (FATFGAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD),
participando desde entonces a través de las CUARENTA (40) Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las NUEVE (9) Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo. En oportunidad de inaugurar la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en mi carácter de Presidente de la Nación Argentina, exprese: “Un capitulo especial merece la obtención de consenso respecto de la lucha contra el terrorismo. La Argentina considera todos los actos de terrorismo, criminales e injustificables. No hay ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Fuimos víctimas en los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, y comprometemos apoyo permanente a la obtención de la verdad y el combate contra el terrorismo.” Mas, recientemente, en ocasión de dirigirme a la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS señalé: “Argentina considera que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables y no acepta ningún argumento que intente justificar tal metodología. Los argentinos hemos sufrido dos atroces atentados en la década del 90, a la Embajada de Israel y a la Sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que conmovieron nuestra sociedad y lucharnos aún, a pesar del tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables. Pensamos que para enfrentar con éxito esta amenaza criminal tenemos que llevar a cabo una acción unilateral sostenida en el tiempo y actuar con legitimidad.
El respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados es esencial, como también lo es la cooperación internacional y la asistencia jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo. Si para enfrentar ese terrorismo global se recurre a una violación global de los derechos humanos, el único victorioso en esa lucha será el terrorismo. 26
La REPÚBLICA ARGENTINA ha decidido participar de manera activa en el proceso de estandarización normativa e institucional que promueven los organismos que representan a la comunidad internacional, En un sentido más especifico, nuestro país trabaja para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurídico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional. En lo que concierne particularmente a la represión de las conductas de financiación del terrorismo y como consecuencia directa de la sanción de la Ley Nº 26.024, la REPUBLICA ARGENTINA debe establecer en el ordenamiento jurídico nacional un tipo penal destinado a sancionar con penas graves las conductas de recolección y provisión de fondos destinados a la realización de actividades terroristas. Asimismo, nuestro país estaría cumpliendo con la Recomendación Especial II sobre tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos asociados del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). Técnicamente, el proceso de la armonización normativa internacional en materia de financiación del terrorismo implica: a) Identificar la financiación del terrorismo como una conducta ilícita autónoma y no ya dependiente de las reglas de la participación criminal (cómplice del autor de un hecho punible, artículos 45 y 46 del CÓDIGO PENAL); b) Tornar jurídicamente posible la sanción penal del financiador de terrorismo, independientemente de la efectiva comisión de conductas delictivas financiadas (Cfr. Artículo 1 a) y b) Resolución Nº 1373/01 del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS; artículo 2º del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo aprobado por Ley Nº 26.024; Recomendación Especial II del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). En virtud de este proceso de armonización jurídica e institucional destinado a la represión de la financiación del terrorismo, se impone
elegir la valoración más racional para dar satisfacción a las obligaciones internacionales asumidas, escogiendo una solución que, al incorporar una novedad en el cuadro de la criminalización primaria, no difiere de la lógica estructural que organiza al CÓDIGO PENAL ARGENTINO. Para tales fines, el proyecto:
a) Da precisión al concepto de terrorismo a través de la figura de una asociación ilícita calificada (“asociación ilícita terrorista”) agregando un nuevo artículo al CÓDlGO PENAL (artículo 213 quáter). b) Incrimina la financiación del terrorismo tanto para el caso de quien financia una asociación ilícita terrorista, cuanto para el supuesto de quien financia a un integrante de esta para que realice uno de los delitos que constituyen su objeto (artículo 213 quáter).
Es necesario destacar que la figura de la asociación ilícita tiene una vasta tradición en el CÓDIGO PENAL: la redacción actual del artículo 210 del CÓDIGO PENAL data del año 1921, dado que la Ley Nº 23.077 del año 1984 restableció el texto originario. En dicha reforma, además, a través del artículo 210 bis, se ha incorporado la figura de una asociación ilícita calificada. Se trata de una figura delictiva creada por el legislador para tutelar el bien jurídico orden público (Titulo VIII del CÓDIGO PENAL) para lo cual autoriza un adelantamiento de la punibilidad a actos preparatorios de delitos en la medida que estos aparecen como peligrosos para derechos de terceros y, por lo tanto, lesivos de ese bien jurídico autónomo. La acogida jurisprudencia que esta figura ha recibido a lo largo de los años ha permitido identificar sus requisitos constitutivos:
1) Acuerdo de una pluralidad de individuos –más de TRES (3)– , para la consecución de un objetivo delictual; 2) Establecimiento de un cierto nivel de organización para la toma de decisiones; 3) Existencia de un determinado programa de acción, y 28
4) Perdurabilidad en el tiempo de la adhesión de los miembros.
Aunque la figura de la asociación ilícita ha debido enfrentar objeciones relativas a la posible erosión del principio de reserva y por su uso abusivo en la investigación preparatoria como factor habilitante de la prisión preventiva, lo cierto es que actualmente su constitucionalidad no se encuentra controvertida. Por estos antecedentes, se ha considerado que la asociación ilícita es la figura más adecuada para acoger en el ordenamiento jurídico interno la problemática del terrorismo. Siempre dentro del ámbito de protección del Título VIII del CÓDIGO PENAL, se ha procedido a incorporar el Capítulo VI bajo el encabezamiento “Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”. Esto constituye una guía fundamental para que el intérprete quede advertido que la exégesis correcta de la figura de la asociación ilícita terrorista debe orientarse a delimitar con precisión su alcance como un subgrupo específico de asociación ilícita agravada (y por lo tanto, más acotado) del género asociación ilícita hoy vigente. Si se analiza el Derecho Penal Comparado, se comprueba que la caracterización de la problemática terrorista por medio de la figura de la asociación ilícita agravada fue adoptada en el Código Penal Alemán (StGB) en el 5 – 129a Conformación de Asociaciones Terroristas dentro de la Sección Séptima sobre Delitos contra el orden público, como respuesta político-criminal a la experiencia terrorista de los años 70, sufriendo luego modificaciones en los años 1986 y 2003 , que acompañaron el proceso de armonización normativa internacional. En su redacción actual, la norma prevé una pena de hasta DIEZ (10) años de prisión para quien funde o integre como miembro tal asociación y, para quien la apoye. En el orden jurídico interno, resulta oportuno recordar el antecedente de la Ley Nº 25.241 sobre “reducción de penas a quienes colaboren en la investigación de hechos de terroristas, que ha recurrido
a esta figura para enmarcar la operatividad de esta técnica especial de investigación en casos de arrepentidos. Cabe analizar, ahora, de manera más especifica, la propuesta que se eleva a la consideración de Vuestra Honorabilidad. En la redacción del nuevo artículo 213 ter, el rasgo más significativo de la figura de la asociación ilícita terrorista es que su propósito especifico es, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aquí la conducta reprimida es, como en la figura del artículo 210 del CÓDIGO PENAL, el tomar parte de este agrupamiento ilícito. En la opinión de que el rasgo significativo arriba mencionado es necesario pero no suficiente para distinguir una asociación ilícita terrorista de otras asociaciones criminales, se han requerido otros elementos normativos que se enumeran como condicionantes de su existencia:
a) Estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizadas en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas.
Estos requerimientos normativos constituyen herramientas de clausura para el intérprete, que le permiten limitar el encuadre en esta figura de agrupamientos u organizaciones que, aunque desarrollen actividades delictivas, no posean las características de gravedad que exigen las normas internacionales relativas al fenómeno del terrorismo. Una vez fijado el marco de la asociación ilícita terrorista, cabe realizar algunos comentarios en materia de financiación del terrorismo. El proyecto abarca los actos de financiación del terrorismo a través del artículo 213 quáter, reprimiendo la provisión o recolección
de bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serían utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de uno de tos delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. En la redacción del nuevo articula 213 quáter se distinguen, entonces dos escalas penales, según que se haya llegado o no al comienzo de ejecución de las conductas delictuales. Se sanciona con pena de CINCO (5) a QUINCE (15) años de reclusión o prisión las conductas de financiación con independencia del acaecimiento del delito, pero si se llega al menos al comienzo de su ejecución, o incluso a su consumación, rige entonces la escala penal agravada que resulte de aplicar las reglas de la participación de los artículos 45 y 48 del CÓDIGO PENAL. Dado que la aplicación de estas reglas se halla condicionada a que resulte una pena mayor, la escala penal privativa de libertad de CINCO (5) a QUINCE (1 5) años prevista para el delito autónomo de financiación del terrorismo opera como piso en todos aquellos casos en los que la aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48 conducirían a una escala menor. Una vez incorporadas al CÓDIGO PENAL las conductas típicas analizadas, se hace necesario adecuar las normas de la Ley Nº 25.246 que regulan el funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (Capítulo II) y el Régimen Penal Administrativo en los casos del delito del lavado de activos (artículo 278; inciso lo; del CÓDIGO PENAL), incorporando la mención del delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del CÓDIGO PENAL). En este sentido, se ha modificado la redacción del artículo 6º, otorgando facultades a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA para intervenir también en casos de financiación del terrorismo (inciso 2 de la nueva redacción). Además, se ha previsto la financiación del terrorismo como delito precedente del delito de lavado de activos (inciso 1; apartado h; de la nueva redacción), de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(FATF-GAFI) y del Grupo Egmont, ampliando las tareas de las Unidades de Información Financiera al campo de la financiación del terrorismo. Se ha agregado, también, la mención como delitos precedentes del lavado de activos, las actividades de las asociaciones ilícitas terroristas en los términos del artículo 213 ter del CÓDIGO PENAL (inciso 1; apartado c), de la nueva redacción). En igual línea, se ha modificado la redacción del artículo 13 inciso 2 y del artículo 19, incorporando la referencia a la financiación del terrorismo. Finalmente en materia de Régimen Penal Administrativo, se ha procedido a reformular la redacción del artículo 23 inciso l), de la ley mencionada, de modo tal que se pueda sancionar con pena de multa a la persona jurídica que haya recolectado o provisto bienes o dinero para que sean utilizados por algún miembro de una asociación terrorista, en los términos del nuevo artículo 213 quáter del CÓDIGO PENAL. Lo expuesto fundamenta suficientemente la necesidad de sancionar el proyecto de ley que se remite. Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Acta de Inmigración y Nacionalidad La ley de inmigración define en su Sección 212 quiénes son las “personas inadmisibles” por su relación con actividades terroristas, qué se considera actividad terrorista y organización terrorista: Sección 212 de la Inmigration & Nacionality Act Terrorista Cualquier persona que: (I) Ha estado relacionada con actividades terroristas. (II) Un Oficial del Consulado o Abogado General tiene conocimiento o fundamentos razonables para creer que esta relacionado con cualquier actividad terrorista o que podría incurrir en una después de entrar en los Estados Unidos. (III) Incitó alguna actividad terrorista. (IV) Es un representante de:
a) Una organización terrorista extranjera, designada por la Secretaria de Estado bajo la sección 219. b) Un grupo político, social o similar del cual los Estados Unidos han –en su esfuerzo por reducir o eliminar el terrorismo– determinado y hecho de conocimiento público sus actos terroristas.
(V) Un miembro de una organización extranjera designada por la Secretaria de Estado como terrorista, o es inadmisible. Una persona que es oficial, representante o vocero de la Organización Palestina de Liberación es, para los propósitos de esta acta, incurrente en actividad terrorista.
(VI) Ha utilizado la posición prominente de extranjero dentro de cualquier país para llevar a cabo o financiar actividades terroristas, o para persuadir a otros para financiar actividades terroristas o un actividad terrorista, bajo la definición de la secretaria de Estado determina dentro de los esfuerzos de Estados Unidos para reducir y eliminar las actividades terroristas, o: (VII) Es el esposo/a o hijo/a de un extranjero que es “inadmisible” bajo esta sección, si la actividad que causó su inadmisibilidad ocurrió dentro de los últimos 5 años Actividad terrorista Cualquier actividad que es ilegal bajo las leyes del lugar donde es cometida (o las que, si han sido cometidas en Estados Unidos, serian ilegales bajo las leyes de Estados Unidos o cualquier estado) y que se relaciona con cualquiera de los siguientes (hechos): (I) El secuestro o sabotaje de cualquier transporte. (II) Secuestrar o detener, tratar de matar, injuriar, o continuar deteniendo, a otro individuo para obligar a una tercera persona (incluyendo a una organización gubernamental) a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto bajo la condición explícita o implícita de liberar al individuo secuestrado o detenido. (III)Un ataque violento sobre una persona protegida internacionalmente, o un ataque sobre la libertad de esa persona. (IV) Un asesinato. (V) El uso de cualquier: (a) Agente biológico, químico, o arma o aparato nuclear o
(b) Explosivos, armas de fuego u otro aparato peligroso o arma, con el intento de poner en peligro directa o indirectamente la seguridad de uno o más individuos o de causar daños sustanciales a la propiedad.
(VI) Un trato, intento o conspiración para hacer cualquiera de los anteriores hechos.
Organización terrorista El término “organización terrorista” incluye una organización: (I) designada bajo la Sección 219. (II) designada de otra manera, bajo la publicación del Registro Federal, bajo la Secretaría de Estado en consulta con o bajo el requerimiento del abogado general, como una organización terrorista, después de encontrar que esa organización incurre en las actividades descriptas en los puntos (I), (II), o (III) de Relación con la Actividad Terrorista, o que la organización provee material o bienes para otra organización que incurre en actividades terrorista; o (III) Es un grupo de dos o más personas, organizadas o no, que incurren en las actividades descriptas en Relación con la Actividad Terrorista Sección 219
La Secretaría (de Estado) está autorizada para designar una organización como terrorista en acuerdo con está subsección, si la Secretaría averigua que:
(A) La organización es una organización extranjera; (B) La organización incurre en actividades terroristas y (C) La actividad terrorista de la organización atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Siete días antes de hacer una designación, la Secretaría debe notificar de la misma al Presidente a los representantes Senado y de Diputados a través de con carta escrita y aportando los elementos que la han llevado a tomar esa decisión. Siete días después debe publicarla en el Registro Federal. La designación como “organización terrorista” quedará sin efecto si un acta del Congreso reprueba la misma.
Relación con la actividad terrorista Para el uso de esta acta, el término “relación (o incurrencia) con la actividad terrorista” significa, tanto desde lo individual como en la condición de miembros de una organización:
(I) Cometer o incentivar a cometer, bajo circunstancias que indican una intención de causar muerte o serios daños físicos, una actividad terrorista. (II) Preparar un plan o actividad terrorista; (III) Recoger información de blancos potenciales de actividades terroristas; (IV) Solicitar fondos u otras cosas de valor para financiar: a) una actividad terrorista; b) una organización terrorista, definida en este acta (ver definición Organización Terrorista), o c) una organización terrorista definida en este acta, a menos que quien solicita los fondos pueda demostrar que el no sabía. Y es razonable que no haya sabido que esa solicitud era para la actividad terrorista organizada. (V) Solicitar a cualquier individuo: a) que se relacione o incurra en algunas de las conductas definidas en este capítulo b) que se haga miembro de una organización terrorista, definida en este acta (ver definición Organización Terrorista), c) que se haga miembro de una organización terrorista, a menos que quien solicita pueda demostrar que no tenía conocimiento… (VI) Que cometa un acto que esta persona sabe, o es razonable que supiera, produce ayuda material, transporte, comunicación, fondos, transferencia de fondos u otro beneficio financiero-material, documentos falsos o identificaciones falsas, armas, explosivos, o entrenamiento: a) para cometer actos terroristas; b) para cualquier individuo que la persona sabe o debería saber que cometió o planeó cometer actividades terroristas c) para una organización terrorista o
d) para una organización terrorista, a menos que pueda demostrar o es razonable que no tuviera conocimiento. Representante El término “representante” incluye a un representante o vocero de la organización, y a cualquier persona que dirige, comanda o induce una organización o a sus miembros para incurrir en actividades terroristas.
Extracto de la nota “Legislación antiterrorista comparada después de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales” Enrique Álvarez Conde y Hortensia González (*) ARI Nº 7-2006 - 19.1.2006 Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington, la primera respuesta contra el terrorismo que el Gobierno norteamericano adoptó fue la Orden Ejecutiva (13224) dictada por el presidente Bush el 24 de septiembre de 2001, sobre financiación terrorista (Executive Order on Terrorist Financing. Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons who Commit, Threaten to Commit or Support Terrorism), en virtud de la cual se bloqueaban los bienes de 27 individuos y organizaciones terroristas vinculados a al-Qaeda. El 9 de noviembre de ese mismo año, el presidente dictaba una nueva Orden Ejecutiva para la preparación de los ciudadanos en la guerra al terrorismo (Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order), por la que se creaba un grupo de asalto (Task Force) compuesto por responsables de algunos organismos ejecutivos cuya misión consistía en preparar a los norteamericanos en sus casas, vecindarios, colegios, edificios de culto, lugares de trabajo y lugares públicos de las potenciales consecuencias de un posible atentado terrorista en los EEUU; y apoyar a las autoridades sanitarias en los esfuerzos por prevenir y responder ante un posible ataque terrorista.
No obstante, sería la Ley antiterrorista, la USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) aprobada el 26 de octubre de 2001, la que modificaría sustancialmente la legislación norteamericana en esta cuestión. Gracias a los nuevos poderes reconocidos por la Ley antiterrorista, el FBI podía vigilar la correspondencia y las comunicaciones a través de Internet o por teléfono de los sospechosos de vinculación con el terrorismo, concepto definido en términos extraordinariamente vagos. El “pinchazo” lo podía decidir en ciertos casos un Fiscal Federal, sin autorización judicial por 48 horas. Se establecía que con un único permiso judicial se pudiera pinchar todos los teléfonos que pudieran ser usados por un presunto terrorista, mientras que antes era necesaria una orden judicial por cada línea telefónica. La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques informáticos supusieran perdidas superiores a 5.000 dólares. También se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de actividad y los correos electrónicos de un sospechoso. Además, se facilitaba el intercambio de información pinchada entre las diferentes agencias gubernamentales. Para evitar posibles abusos, el Congreso de los Estados Unidos dio un plazo de cuatro años de validez, hasta el 31 de diciembre de 2005, a la vigilancia telefónica y electrónica. Posteriormente, se prorrogaría su validez por poco más de un mes, hasta el 3 de febrero de 2006, después de que la Cámara de Representantes rechazara la prorroga de seis meses propuesta por el Senado. Además, la Ley permitía a la policía detener a extranjeros residentes sin necesidad de formular cargos contra ellos durante siete días, lo cual era un adelanto si se tiene en cuenta que el Fiscal General Ashcroft había solicitado una detención indefinida y registrar domicilios sin autorización judicial previa. Tampoco era necesaria la intervención judicial para pinchar las conversaciones entre reclusos y abogados, cuando existiera una
sospecha razonable para creer que el detenido pudiera usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de terrorismo. De otra parte, se podía condenar como terroristas a quienes acogieran a una persona si tenían “bases razonables para creer” que estaba relacionado con actividades terroristas. En definitiva, todo este conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno norteamericano desde los atentados del 11 de septiembre constituyen la expansión más fuerte de la autoridad ejecutiva desde la guerra fría en los Estados Unidos. Pero, sin lugar a dudas, la más polémica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ha sido la creación de Tribunales militares de excepción para juzgar a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas, o poner en peligro la seguridad nacional en virtud de la Orden Presidencial de 13 de noviembre de 2001 (Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War against Terrorism), cuyo precedente se remonta a 1942 durante el mandato del presidente Roosewelt. Después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush, sin una declaración de guerra del Congreso de los Estados Unidos, únicamente había proclamado previamente el estado de emergencia nacional el 14 de septiembre de 2001 (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks), acudió a este precedente para justificar el establecimiento de Tribunales militares de excepción para extranjeros acusados de terrorismo. Aunque sus defensores hayan sostenido que los Tribunales militares que se han organizado cumplen el Código Normalizado de Justicia Militar esto no es aceptable. Y ello porque este Código exige un juicio público y sin demoras, el derecho a confrontar a los testigos y acceso a las pruebas en contra, el derecho a pedir un jurado de ciudadanos corrientes e imparciales que decida si las pruebas demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable, y el derecho de elegir abogado, la unanimidad en la condena de muerte y, sobre todo, la posibilidad de recurso de apelación ante civiles confirmados
por el Senado. Pues bien, ninguno de esos derechos fundamentales se encontraban reconocidos en la resolución militar presidencial por la que se establecían Tribunales para las personas calificadas como terroristas antes de juicio. No obstante, posteriormente se introdujeron modificaciones al precisarse que los Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer actos de terrorismo contra los Estados Unidos sólo podrían imponer la pena de muerte por unanimidad, dado que en un principio se había barajado la posibilidad de imponer la pena de muerte simplemente con dos tercios de los votos, mayoría que sigue siendo necesaria para decidir la condena. Los Tribunales aplicarán legislación civil y militar, siendo los acusados considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, aunque, sin embargo, pueden admitirse como pruebas simples rumores. Como en un consejo de guerra, el abogado defensor (militar o civil) tendrá acceso a todas las pruebas, salvo las que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.
(*)Enrique Álvarez Conde: Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Hortensia González: Investigadora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo EL Convenio se adoptó por la Resolución 54/109 del 9 de diciembre de 1999 y entró en vigencia el 10 de abril de 2002. Estuvo abierto para que los Estados lo firmen desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002. A Abril de 2003 había sido firmado por 132 Estados pero sólo 80 de ellos lo han ratificado y así incorporado a sus legislaciones. En el caso de Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Néstor Kirchner, envió al Congreso de la Nación dos proyectos de ley que se trataron en un único debate y finalmente se ratificaron: • La Convención Interamericana contra el terrorismo (OEA- 3/6/ 2002) que fue sancionada como Ley 26023 el 30 de marzo de 2005 • El presente Convenio de la ONU sancionado como Ley 26024 el 19 de abril de 2005 El Convenio enuncia tres obligaciones básicas para los Estados Partes. • Deben tipificar el delito de financiamiento al terrorismo en su legislación penal y sancionar ese delitos con penas adecuadas. • Deben cooperar ampliamente con otros Estados Partes y prestarles asistencia jurídica en relación con los asuntos contenidos en el Convenio. • Deben establecer ciertos requisitos sobre la función de las instituciones financieras para la detección y presentación de pruebas del financiamiento de actos terroristas.
Para cumplir la primera obligación el Convenio define en el Artículo 2 lo que considera como delito de financiamiento al terrorismo (FT) Artículo 2 1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo del Convenio tal como está definido en esos tratados; o b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando e el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, se intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. (…) 3. Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1 no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1. Hemos elegido estos dos pasajes del artículo para mostrar la similitud –que en algunos párrafos es exactitud– que presentan los textos en varias de las legislaciones latinoamericanas. En el caso de Argentina la modificación al Código Penal consiste en incorporar un capítulo en el Título VIII del Libro Segundo, con 10 artículos. Detallamos los dos que hacen a nuestro análisis comparativo.
Capítulo VI: Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizadas en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de diez (10) años de reclusión o prisión. Artículo 213 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociación ilícita terrorista de las descritas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de uno de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento. Puede notarse la casi exactitud entre el inciso b) del punto 1. art.1 del Convenio con el Art.213 quáter de nuestra legislación y entre punto 3. art.1 del Convenio con el final del artículo 213 quáter del Código Penal. Pero además el Código Penal argentino va aún más allá porque no circunscribe estos actos , como lo hace el Convenio, a una situación de “conflicto armado” posibilitando así que se generalice dando la
posibilidad de que definir en cualquier contexto a un “actos” como terrorista. Ni el Convenio, ni la modificación al Código Penal argentino, definen el concepto de terrorismo sino que hablan de “actos” de personas con un determinado objetivo. Además nótese que en el Convenio, el contexto planteado para esos actos es el de una “situación de conflicto armado”, marco que no es mencionado en nuestra legislación lo que agrava aún más la arbitrariedad en la aplicación de la norma. Además debemos agregar que la nueva legislación argentina amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera adaptándola al artículo 8 del Convenio. Síntesis de los puntos más relevantes del Convenio • • • • • • • No define el “terrorismo” ni a los “terroristas” sino a los actos terroristas. Por lo tanto toda persona que cometa o pueda cometer un acto de terrorismo, quedaría incluida. El acto debe estar destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves de quien no participe directamente en las hostilidades de una situación de conflicto armado El propósito es intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto No será necesario que los fondos se hayan usado para cometer uno de los delitos definidos en el Convenio. En la comisión del delito, tanto los que organizan o dirigen como los que son cómplices, están tipificados de la misma manera. La tentativa, el propósito y aún el solo conocimiento de que existe la intención de este tipo de actos también son tipificados de la misma manera. El Convenio no se aplica cuando: el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado, y se encuentre en el territorio de ese Estado
Sin embargo debe asumir la jurisdicción en otras circunstancias: un Estado que no extradite a un presunto delincuente a solicitud de otro Estado Parte, deberá sin excepción alguna, someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. • Los Estados Partes se comprometen a brindarse ayuda mutua en relación a cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición sin poder oponer a los delitos enunciados en el Convenio, razones fiscales o políticas. • Extradición: 1. Los delitos enunciados en el Convenio se consideran incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre los Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio. 2. Para los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, los delitos incluidos en el Convenio deben ser considerados como casos de extradición. 3. El Convenio también aplica el principio de aut dedere aut judicare ( o se enjuicia o se extradita) a los delitos en él contemplados. • Los Estado Partes están obligados a considerar la adopción de reglas que forman parte de la 40 Recomendaciones del GAFI referidas a la lucha contra el lavado de dinero: 1. Prohibir la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no están –identificados. 2. Exigir que las instituciones financieras comprueben la existencia y estructura jurídica de sus clientes. 3. Exigir que las instituciones financieras informen rápidamente a las autoridades competentes todas las transacciones complejas e inusuales. 4. Exigir que las instituciones financieras que conserven por al menos 5 años todos los registros de sus transacciones. • Los Estados Partes están obligados a establecer y mantener vías de comunicación entre sus organismos y servicios, como las unidades de inteligencia financiera (UFI) para facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre los delitos contemplados en el Convenio.
Resolución Nº 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU
La Resolución fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su 4385º sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, a pocos días del atentado contra las Torres Gemelas. El Consejo de Seguridad ha caracterizado como actos de terrorismo como aquellos que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Esta Resolución es la primera en declarar que todo acto de terrorismo representa esas amenazas. Si bien históricamente las decisiones del Consejo de Seguridad se han referido a los actos o las políticas de los Estados, con esta resolución se les exige a los Estados que actúen en contra de las personas, los grupos, las organizaciones y sus activos, cuanto se trate de actos de terrorismo. Síntesis de los puntos más relevantes de la Resolución • • No define el concepto de “terrorismo” Establece la creación del Comité de Lucha contra el Terrorismo. Este organismo tiene como finalidad verificar que se aplique la misma, ya que las Resoluciones tomadas por el Consejo de Seguridad son obligatorias para todos sus miembros. Exhorta a los Estados a adherirse al Convenio Internacional para la represión al financiamiento del terrorismo. Exige a los Estados que prevengan y repriman no solo el financiamiento de actos de terrorismo sino también de terroristas.
• Define como obligación de los Estados relativas al terrorismo: 1. Abstenerse de dar apoyo a los terroristas.(*) 2. Tomar medidas para prevenir actos de terrorismo. 3. Denegar refugio a terroristas y a quienes financien actos de terrorismo y enjuiciar a tales personas. 4. Impedir la circulación de terroristas o grupos terroristas mediante controles de fronteras y otras medidas. 5. Prestarse asistencia en materia de investigaciones o procedimientos penales. 6. Intensificar y agilizar el intercambio de información. 7. Asegurar que quienes pidan asilo no planifiquen, faciliten ni participen en actos de terrorismo 8. Asegurar que los terroristas no utilicen de modo ilegítimo el estatuto del refugiado y que no se reconozcan motivos políticos como una causa para denegar solicitudes de extradición. 9. Congelar los fondos y demás activos financieros de personas que cometan, intenten cometer, participen o faciliten actos de terrorismo.
(*) Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad a puertas cerradas en base a informaciones suministradas por los Estados miembros de la ONU. La lista puede consultarse en www.un.org/spanish/docs/comitesanciones/1267/1267ListSpa.htm
El GAFI expidió el primer conjunto de recomendaciones para combatir el lavado de dinero en el año 1990, las modificó en 1996 y ha emitido Notas Interpretativas que amplían o aclaran alguna de ellas. Estas primeras 40 Recomendaciones apuntan especialmente al blanqueo de capitales producto del lavado de dinero. Los países que integran este organismo han acordado realizar autoevaluaciones y evaluaciones mutuas para ver hasta qué punto cumplen con las 40 Recomendaciones. Luego del ataque a las Torres Gemelas, en una reunión plenaria extraordinaria realizada en Washington los días 29 y 30 de octubre de 2001, el GAFI decidió ampliar su mandato para incluir el financiamiento del terrorismo. De allí surgieron las 8 Recomendaciones Especiales que se analizarán a continuación. Pero además el GAFI pidió no solo a sus miembros que se autoevalúen a la luz de las nuevas Recomendaciones Especiales sino también a los demás países. Para ello emitió un Cuestionario de autoevaluación y Notas de orientación sobre las 8 Recomendaciones Especiales En septiembre de 2002 el GAFI informó que más de 120 países habían respondido a la solicitud de autoevaluación. ¿Para que se utilizarían los resultados de esas evaluaciones y del cuestionario? Quizás la respuesta a esta pregunta esté en el mismo Manual. En el capítulo introductorio de las Recomendaciones Especiales, explica
que “Frente a los miembros que no cumplan con las Recomendaciones la respuesta varía; en rigor puede ir desde la presentación de un informe de situación ante una sesión plenaria hasta la suspensión de la calidad de miembro”. Estas sanciones fueron confirmadas por los integrantes de la misión argentina ante el GAFI cuando en febrero de 2007 informaron ante el Senado de la Nación acerca de los resultados de la última reunión plenaria del organismo internacional realizada poco antes en Estrasburgo, Francia. Las sanciones son dos: la primera es la que se conoce como “declaración pública” por la cual “el grupo en pleno le dice a sus países miembros que consideren con especial atención a todas las operaciones que provengan o sean destinadas a nuestro país” (…) “El siguiente paso es directamente la expulsión del Grupo”. ¿Y qué significan estas dos posibles medidas “punitivas”? Estar en la lista de los “informados” o “suspendidos” del GAFI significa ser, a la luz de las Recomendaciones, un país poco seguro para las inversiones. Significa desplegar un manto de dudas sobre posibles actividades vinculadas al lavado de dinero y al blanqueo de activos (fondos de origen ilegal) o lo que es peor, a la existencia de actividades y/o organizaciones que estén financiando actos terroristas (cuyos fondos pueden ser de origen legal). A la Argentina se le vencía el plazo para tomar las Recomendaciones Especiales el 23 de junio de 2007. Por eso el 6 de junio el Senado y el 13 de junio la Cámara de Diputados aprobaron, en sendas sesiones maratónicas y por abrumadoras mayorías, la modificación del Código Penal que incorpora la figura penal de “asociación ilícita terrorista”, penaliza la financiación del terrorismo y da mayor atribuciones a la Unidad de Información Financiera (UFI) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación para investigar y atacar las fuentes de ingresos de organizaciones sospechadas de cometer hechos de terrorismo (según los nuevos términos del Código Penal) utilizando incluso los servicios de inteligencia del Estado
¿Cuál es la relación entre el GAFI y el FMI? Dice el Manual del FMI: “En noviembre de 2002, el FMI adoptó la Metodología de Evaluación del Cumplimiento de Normas de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (“la Metodología”) que fue elaborada por el mismo FMI, el Banco Mundial , el GAFI, el Grupo Egmont y otras organizaciones normativas internacionales” El FMI utiliza tanto las 40 como las 8 Recomendaciones del GAFI como normas que aplica en sus tareas operativas. Y justamente la Metodología, mencionada en el párrafo anterior, agrupa a las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo en un solo documento de evaluación. Síntesis de los puntos más relevantes de las Recomendaciones Especiales Dice el GAFI en la introducción de las Recomendaciones Especiales: “En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realización de acciones para combatir la financiación del terrorismo, el GAFI ha acordado la adopción de estas Recomendaciones que, en combinación con las 40 Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de capitales, establecen el marco básico para prevenir y suprimir la financiación del terrorismo y de los actos terroristas”. Las primeras cinco recomendaciones son de contenido similar a las del Convenio y de la Resolución: • R.E.I: Establece que cada país debe ratificar e implementar rápidamente el Convenio de la ONU y las resoluciones de su Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 1373 • R.E.II: Dice que cada país debe tipificar como delito la financiación del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terroristas. En las Notas de orientación aclara que los términos “financiación del terrorismo” y “financiación de los actos terroristas”
se refieren a los definidos en el Convenio de la ONU. El delito de “financiamiento” debe ser establecido como previo al del “lavado” ya que en el primero los fondos pueden ser de origen legal. • R.E.III: Reúne el congelamiento, la incautación y el decomiso de activos terroristas. Estos tres elementos se tratan de distintas manera en el Convenio y la Resolución. • R.E.IV: Establece que las instituciones financieras deben informar sobre las transacciones de las cuales se “sospeche” que están relacionadas con el terrorismo. • R.E.V: recomienda a los países prestarse el máximo de asistencia posible en materia legal, administrativa, investigativa, respecto de actos de financiamiento del terrorismo y de organizaciones terroristas. Las Notas de orientación indican que esta recomendación comprende: 1. Intercambio de información por mecanismos de asistencia judicial, 2. Intercambio entre las UFI, 3. Medidas para garantizar que se deniegue el “refugio” a personas involucradas en el financiamiento del terrorismo., 4. Procedimientos para la extradición de esas personas. 5. Disposiciones y procedimientos para garantizar que las reivindicaciones políticas no se reconozcan como causa para denegar las solicitudes de extradición. Las últimas tres, introducen nuevos elementos, a saber: • R.E.VI: Imposición de medidas contra el lavado de dinero a los sistemas alternativos de envío de fondos, o sea los sistemas que no utilizan a las instituciones del sector financiero formal, como los bancos. • R.E.VII: Fortalecimientos de las medidas de identificación de usuarios en las transferencias por cable internacionales y nacionales. • R.E.VIII: Aseguramiento de que las entidades, en especial las organizaciones sin fines de lucro, no puedan ser utilizadas para la financiación del terrorismo. El GAFI elaboró un documento sobre prácticas internacionales en esta área.
Represión del financiamiento del terrorismo Manual para la redacción de leyes Departamento Jurídico: Fondo Monetario Internacional © 2003 Fondo Monetario Internacional 4 de agosto, 2003
Prefacio 1. Introducción Contexto Sinopsis 2. Las fuentes de las normas y pautas internacionales para la represión del financiamiento del terrorismo El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el financiamiento del terrorismo Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo 3. Cumplimiento de las pautas y normas internacionales a través de la legislación interna Generalidades Redacción de las leyes de aplicación 4. Notas de redacción sobre cuestiones específicas Tipificación del financiamiento del terrorismo como delito Responsabilidad de las personas jurídicas
Establecimiento de jurisdicción en materia de delitos de financiamiento del terrorismo Cuestiones procesales Congelamiento, incautación y decomiso de activos de terroristas Cooperación internacional: Asistencia judicial y extradición recíprocas; traslado temporal de personas bajo custodia, y vías de comunicación Medidas preventivas (artículo 18 del Convenio y R.E. VII del GAFI) Sistemas alternativos de envío de fondos (R.E. VI del GAFI) Organizaciones sin fines de lucro (R.E. VIII del GAFI 5. Conclusión Apéndices I. Cuadro de concordancia II. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo III. Estado del Convenio al 15 de abril de 2003 IV. Resoluciones de las Naciones Unidas V. Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo VI. Metodología de evaluación del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo VII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho romano VIII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho anglosajón IX. Reglamento (CE) del Consejo No. 2580/2001 de 27 de diciembre de 2001 El contenido del Manual puede verse en http:// www.redeco.com.ar/opinion/manual.html
1 En julio de 1995 se realizó la Primer Reunión de Ministros de Defensa de las Américas en Williamsburg, Estados Unidos. Entre los seis principios allí definidos, uno se refiere a promover una mayor cooperación en todos los órdenes, especialmente en apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo. 2 Los documentos conocidos como Santa Fe, que toman el nombre de la ciudad donde se elaboran –Santa Fe, Estado de Nuevo México, Estados Unidos- son textos en los que Estados Unidos traza la línea de acción que desarrollará en América Latina en cada década. Comenzaron a diseñarse en 1980. El Santa Fe IV fue publicado a fines del año 2000 bajo el título “El Futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio”. 3 Ley Nº 26.268. B.O: 5/4/07 – Código Penal. Modificación. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley Nº 25246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. 4 Ley Nº 25.246 – Legisla sobre el “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” y crea la Unidad de Información Financiera (UFI). Lo que hace la Ley Nº 26.268 es incorporarle como delito el del financiamiento del terrorismo para adaptarlo así a la modificación del Código Penal. 5 El 6 de junio de 2007 fue aprobada en la Cámara de Senadores por 51 votos a favor y 1 en contra. El 13 del mismo mes la aprobó la Cámara de Diputados por 102 votos a favor, 5 abstenciones y 35 en contra. Estos últimos correspondieron a integrantes del ARI, del Partido Socialista y del macrismo (representante de un sector de la derecha argentina) quien argumentó que era necesaria “una legislación más clara y dura de acuerdo a estándares internacionales”. 6 Resolución 54/109 del 9 de diciembre de 1000. .. 7 Argentina lo aprobó mediante la Ley Nº 26.024 del 2005. 8 Argentina la aprobó mediante el Decreto Nº 1235 del 5 de octubre de 2001. 9 Argentina ingresó en el año 2000 como Miembro Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (FATF-GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), participando desde entonces a través de las CUARENTA (40) Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las NUEVE (9) Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo. 10 ¿Combate al terrorismo? Moppasol www.redeco.com.ar/opinion/mopassolterror.htm.
11 Enciclopedia El País, Salvat, 2003. 12 “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. Unidad de Información Financiera. (UFI). Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen penal administrativo. Ministerio Público Fiscal. Buenos Aires, 5 de mayo de 2000- B. O.: 10 y 11 de mayo de 2000. 13 “Reducción de penas a quienes colaboren en la investigación de hechos de terrorismo”. Buenos Aires, 23 de febrero de 2000 . B.O: 17 de marzo de 2000.
Este Folleto se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2007 en los Talleres Gráficos PRINTCASTEL Tel. 4489-0871 Buenos Aires - Rep. Argentina
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