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Timestamp: 2016-10-22 19:56:27
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 148', 'artículo 36', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8']

LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid	LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid Mis Leyes
LEY 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid Estado	:
Artículo 2. Sujetos responsables.
Artículo 3. Concurrencia de sanciones.
CAPÍTULO II. SANCIONES Y OTRAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA INFRACCIÓN.
Artículo 9. Sanciones y su graduación.
Artículo 10. Sanciones complementarias.
Artículo 12. Concurrencia de infracciones.
Artículo 13. Compatibilidad con otras acciones.
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.
Artículo 17. Ejecutividad.
Artículo 18. Condonación parcial.
Artículo 19. Ejecución forzosa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Derecho de retracto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación del régimen de los derechos de tanteo y retracto.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid atribuye a ésta en el artículo 26 la competencia exclusiva en materia de vivienda, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 148.1.3 de la Constitución Española, y, así mismo, en el artículo 36 le otorga la potestad de sanción dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
La presente Ley viene a cubrir esta necesidad, estableciendo una regulación unitaria de las infracciones y sanciones en materia de viviendas protegidas, cualquiera que sea el régimen jurídico al que se encuentren acogidas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
La Ley se estructura en tres Títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
No mantener aseguradas las viviendas contra el riesgo de incendio, en tanto permanezcan acogidas al régimen de protección o a la financiación protegida.
No comunicar el promotor a la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de vivienda el comienzo y final de las obras y la entrega de las viviendas al adquirente o al adjudicatario en el plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se produzcan.
No remitir el promotor a la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de vivienda copia simple de la escritura de compraventa o adjudicación en propiedad en el plazo de los quince días siguientes a su otorgamiento.
No incluir en los contratos de compraventa, títulos de adjudicación o contratos de arrendamiento, las cláusulas establecidas al efecto por la legislación aplicable para las viviendas protegidas.
La obstrucción a las inspecciones que practique la Administración de la Comunidad de Madrid.
La realización de obras en viviendas protegidas sin la previa autorización de la Administración de la Comunidad de Madrid que modifiquen el proyecto aprobado, sin suponer incremento de la superficie útil de la vivienda y que sean susceptibles de legalización.
No exponer en sitio visible durante el período de construcción el cartel indicativo de estar acogida la construcción al régimen de vivienda protegida.
No entregar a los inquilinos o propietarios una copia de la cédula de calificación definitiva de las viviendas protegidas.
El incumplimiento por parte de los inquilinos de la obligación de efectuar las reparaciones de uso común o de policía e higiene de las viviendas protegidas durante el plazo de vigencia de la protección.
El incumplimiento, imputable al promotor o vendedor de viviendas protegidas, de la obligación de elevar los contratos a escritura pública y de entregar las viviendas en el plazo que establecerán las disposiciones que rigen la materia. Dicho plazo se computará a partir de la calificación definitiva.
Falsear las condiciones familiares, económicas o de otro tipo en las declaraciones o documentación exigidas para el acceso a las viviendas protegidas.
Falsear en la declaración de la solicitud o durante la tramitación de la misma los requisitos exigidos para la obtención o renovación de la financiación cualificada, en la promoción, arrendamiento, adquisición o rehabilitación de viviendas protegidas.
El incumplimiento por parte de los propietarios de la obligación de atender a las obras de conservación o de policía e higiene de las viviendas protegidas durante el plazo de vigencia de la protección.
No atender, por parte de los promotores o constructores, a las obras de reparación de defectos de remate, terminación o deficiencias de escasa entidad que se detecten dentro del plazo de un año contado desde la calificación definitiva en las viviendas protegidas o rehabilitadas.
Exigir, por cualquier concepto, en la construcción, compraventa, adjudicación o arrendamiento de las viviendas protegidas, cualquier cantidad no permitida por la normativa aplicable, incluidas las cantidades que pudieran derivarse de ampliación de equipamiento o de sustitución o mejora de calidades.
El arrendamiento de viviendas protegidas provistas total o parcialmente de mobiliario, incluso bajo la forma de contratos independientes, aun cuando ambos contratos se otorguen por personas distintas, cuando de dicho arrendamiento se derive un desembolso para el inquilino que sea superior a la renta máxima permitida.
El arrendamiento conjunto de viviendas protegidas y garajes o trasteros de precio libre. A los efectos de este precepto tendrán la consideración de arrendamiento conjunto los contratos que, aunque sean independientes, en virtud de su contenido resulten vinculados en sus efectos, cuando la renta de dichos garajes o trasteros supere la renta máxima establecida por la norma para los garajes o trasteros protegidos.
La omisión del preceptivo visado por la Administración de la Comunidad de Madrid de los contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas protegidas, en segundas o posteriores transmisiones.
Percibir, por cualquier concepto, en la construcción, compraventa, adjudicación o arrendamiento de las viviendas protegidas, cualquier cantidad no permitida por la normativa aplicable, incluidas las cantidades que pudieran derivarse de ampliación de equipamiento o de sustitución o mejora de calidades.
La venta y compra de suelo destinado a la construcción de cualquier tipo de vivienda o edificación protegida, por un precio superior al coeficiente máximo de repercusión de los terrenos en el precio de las viviendas o edificaciones protegidas.
Percibir de los adquirentes o adjudicatarios de viviendas protegidas, antes de iniciar su construcción o durante la misma, cantidades a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales.
La venta, adjudicación, arrendamiento o cesión de viviendas protegidas por el promotor a quienes no reúnan los requisitos establecidos para acceder a las mismas.
La no presentación de los contratos de compraventa, títulos de adjudicación o contratos de arrendamiento para su preceptivo visado por la Administración de la Comunidad de Madrid, en todos los supuestos en que éste sea exigible.
La ejecución de obras en viviendas protegidas que supongan aumento de la superficie máxima permitida o contravengan lo dispuesto en las ordenanzas técnicas y normas constructivas aplicables.
Las acciones u omisiones por parte de promotores, constructores o facultativos, durante la ejecución de las obras de edificación de viviendas protegidas, que diesen lugar a vicios o defectos que afecten a la edificación o habitabilidad en los términos previstos en el artículo 17.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que se produzcan dentro de los plazos que la misma establece, contados desde la calificación definitiva.
La utilización simultánea de más de una vivienda protegida, salvo cuando se trate de titulares de familia numerosa en los términos autorizados por la legislación vigente en la materia.
Alterar el régimen de uso establecido para las viviendas protegidas.
No destinar las viviendas protegidas a domicilio habitual y permanente o dedicarlas a segunda residencia. Se considera que no se destina a domicilio habitual y permanente cuando permanezca desocupada durante un plazo superior a tres meses seguidos sin causa justificada.
La transmisión intervivos o cesión de uso de viviendas protegidas o rehabilitadas con financiación de las Administraciones estatal o autonómica, antes del transcurso del plazo establecido por la normativa aplicable, o sin cumplir los requisitos establecidos para ello o sin autorización administrativa cuando ésta sea preceptiva.
SANCIONES Y OTRAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA INFRACCIÓN.
Infracciones Leves con multa de 150 a 1.500 euros.
Infracciones Graves con multa de 1.501 a 6.000 euros.
Infracciones Muy Graves con multa de 6.001 a 60.000 euros.
2. No obstante, cuando la infracción consista en la venta tipificada en el artículo 8.b, la sanción será una multa de hasta el 20 % del exceso de precio obtenido por la venta.
Descalificación de la vivienda, con pérdida y subsiguiente obligación de devolución de los beneficios percibidos, con los intereses legales correspondientes. Durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la descalificación y, en todo caso, hasta transcurridos 15 años contados desde la calificación definitiva, los usuarios legítimos de las viviendas conservarán los derechos derivados del régimen legal de protección; y los propietarios no podrán concertar ventas o arrendamientos a precios superiores a los establecidos por la normativa vigente para las viviendas protegidas, debiendo conservar las condiciones de prestación de los servicios sin modificarlas en perjuicio de los usuarios. Transcurrido el plazo expresado, las viviendas quedarán sometidas al régimen general establecido en la legislación común, y, en lo pertinente, en la de arrendamientos urbanos. Esta sanción únicamente podrá ser impuesta en los supuestos de la infracción grave prevista en el apartado b del artículo 7, y de las infracciones muy graves previstas en los apartados f, i, j y k del artículo 8.
Pérdida y subsiguiente obligación de devolución con los intereses legales de las ayudas económicas percibidas. Estas sanciones únicamente podrán ser impuestas en los supuestos de la infracción grave prevista en el apartado b del artículo 7 y en los de las infracciones muy graves apartados f, i, j, k y l, del artículo 8.
Pérdida durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a obtener subvenciones de la Comunidad de Madrid, en los supuestos de las infracciones graves tipificadas en los apartados b y c del artículo 7.
Inhabilitación del promotor declarado infractor para obtener nuevas calificaciones provisionales de promociones de viviendas contempladas en el ámbito de aplicación de esta Ley, durante el plazo de tres a cinco años, a contar desde la fecha en que la sanción sea firme, por la concurrencia de dos o más infracciones muy graves de distinta tipificación en la misma promoción, o bien por concurrencia de infracciones muy graves cometidas por el mismo promotor en distintas promociones en un período inferior a dos años.
Reintegrar a los adjudicatarios, adquirentes o arrendatarios, las cantidades indebidamente percibidas, cuando la infracción cometida sea la tipificada en el apartado a del artículo 8, o la venta tipificada en el apartado b del mismo artículo.
Infracciones: Las leves a los nueve meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, excepto las infracciones muy graves previstas en el artículo 8.h que prescribirán a los cinco años.
Sanciones: Por infracciones leves al año, por infracciones graves a los dos años y por infracciones muy graves a los tres años.
El cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones dentro del plazo concedido para ello, podrá dar lugar, a petición del interesado, a la condonación de hasta un 25 % de la sanción principal, que será acordada por el órgano que dictó dicha resolución.
Procederá la imposición de multas coercitivas sucesivas, cuando la resolución del expediente sancionador imponga al infractor una obligación de hacer o la obligación de reintegrar al adquirente o arrendatario las cantidades indebidamente percibidas y el sancionado no cumplimente dicha obligación en el plazo concedido al efecto. Entre la imposición de las sucesivas multas coercitivas deberá transcurrir el tiempo necesario para cumplir lo ordenado.
Las cuantías de las multas coercitivas serán las siguientes:
Hasta 300 euros la primera,
hasta 600 euros la segunda y
hasta 1.200 euros las sucesivas;
salvo cuando se trate de resoluciones que impongan a los infractores la obligación de realizar obras o el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en cuyo caso la cuantía de cada una podrá alcanzar hasta el 20 % del importe estimado de las obras que el infractor esté obligado a ejecutar, en el primer caso, y del importe de la cantidad a reintegrar, en el segundo.
Madrid, a 26 de marzo de 2003.
Artículos 6 (letra d) y 8 (letras g y m):
Redacción según Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Artículos 7 (letra k) y 8 (letra n):
Añadida por Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Cerrar
Resolución de 13 de enero de 2009, por la que se acuerda publicar la notificación a doña Susana Vila García, interesada en el expediente VPM-116/04 de la Orden 873/2008, de 24 de octubre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestiman los recursos de alzada acumulados mediante Resolución 11399, de 22 de septiembre, de la Secretaría General Técnica, interpuestos por don José Luis Moreno López, en nombre y representación de Construcciones y Promociones García, Sociedad Limitada, contra las Resoluciones de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda recaídas en expedientes sancionadoresResolución de 13 de enero de 2009, por la que se acuerda publicar la notificación a doña Cristina Mercado Rojas, interesada en el expediente VPM-118/2004, de la Orden 1077/2008, de 4 de noviembre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestiman los recursos de alzada acumulados mediante Resolución 12101/2005, de 21 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, interpuestos por don José Luis Moreno López, en nombre y representación de Construcciones y Promociones García, Sociedad Limitada, contra resoluciones de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda recaídas en expedientes sancionadoresResolución de 13 de enero de 2009, por la que se acuerda publicar la notificación a don Raúl Rodríguez Moreno, interesado en el expediente VPM-20/2005 de la Orden 1077/2008, de 4 de noviembre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestiman los recursos de alzada acumulados mediante Resolución 12101/2005, de 21 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, interpuestos por don José Luis Moreno López, en nombre y representación de Construcciones y Promociones García, Sociedad Limitada, contra Resoluciones de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda recaídas en expedientes sancionadoresResolución de 6 de mayo de 2009, por la que se acuerda publicar la notificación de Orden 517/2009, de 2 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se tiene por desistido a don Juan Antonio Santa Eulalia Mir, en nombre y representación de LF Reality Alcobendas, Sociedad Limitada, del recurso de alzada número RA 311/08 interpuesto contra la Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección General de ViviendaRESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, por la que se acuerda publicar la noti ficación de la Orden 5256/2009, de 16 de diciembre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el re curso de alzada número RA 598.1/08, interpuesto por don Juan José Soriano Pérez, en nombre y representación de Acta de Servicios Patrimoniales, Sociedad Anó nima, contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilita ción, de 7 de noviembre de 2008, y en el que doña Irene Barrionuevo Escribano parece como interesadaRESOLUCIÓN de 17 de marzo, por la que se acuerda publicar la notificación de la Orden 5544/2009, de 29 de diciembre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vi vienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada RA 465.4/09, interpuesto por don Juan José Soriano Pérez, en nombre y repre sentación de Acta de Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima, contra la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de 11 de marzo de 2009 y en el que doña Irene Barrionuevo Escribano aparece como interesadaRESOLUCIÓN de 30 de junio de 2010, por la que se acuerda publicar la notificación a doña Irene Barrionuevo Escribano, interesada en el expediente VPM-78/2004, de la Orden 1185/2010, de 16 de abril, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por don Juan José Soriano Pérez, en nombre y representación de Acta de Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima, contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de 4 de septiembre de 2009Aprobación definitiva de Plan Parcial del Sector SUZ I-10 del Plan General de Ordenación Urbana de este municipioRESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2010, por la que se acuerda publicar la notificación de la Orden 3349/2010, de 15 de octubre, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada número RA 571.5/09 interpuesto por don Miguel Ángel Gil de Mingo contra la Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en el que la constructora "Dico, Sociedad Anóni ma", aparece como parte interesadaRESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2011, por la que se acuerda publicar la notifica ción de la Orden 599/2011, de 16 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alza da RA 69.5/09, interpuesto por don Nicolás Aymerich Giménez de los Galanes, en nombre y representación de "Sacyr, Sociedad Anónima Unipersonal", contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de fecha 25 de no viembre de 2008, y en el que don Alberto Delgado Montero, representante de "Erantos, Sociedad Anónima Unipersonal", aparece como interesadoRESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, por la que se acuerda publicar la notifica ción a don Benjamín González Toro, interesado en el expediente RA 1068.8/09, de la Orden 2121/2011, de 2 de junio, de la Consejera de Medio Ambiente, Vi vienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alza da interpuesto por don José Carlos Lubillo García, en nombre y representación de "Bitango Promociones, Sociedad Limitada", contra la Resolución de la Di rección General de Vivienda y Rehabilitación de fecha 14 de septiembre de 2009RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, por la que se acuerda publicar la notificación de la Orden 1809/2011, de 12 de mayo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se estima el recurso de alzada número RA 1046.0/10, interpuesto por don Federico Aguilar Valverde, contra la Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Vivienda y RehabilitaciónRESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, por la que se acuerda publicar la notificación de la Orden 2221/2011, de 16 de junio, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el re curso de alzada número RA 1124.8/09, interpuesto por don José Carlos Lubillo García, en nombre y representación de "Bitango Promociones, Sociedad Limi tada", contra la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección Gene ral de Vivienda y Rehabilitación, en el que doña Isabel E. Nistal Peñarrocha aparece como parte interesadaRESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, por la que se
acuerda publicar la noti ficación a don Rubén
Martínez Mínguez, interesado en el expediente RA
419.5/10, de la Orden 3116/2011, de 15 de septiembre, de la
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se desestima el recurso de alzada interpues to por don
Marcelino Gómez Torres, en nombre y representación de
"Fuente la Marquesa, Sociedad Anónima", contra la
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección
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