Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-673-13.htm
Timestamp: 2019-06-26 13:46:49
Document Index: 366592828

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 4', 'Artículo 6']

T-673-13
Sentencia T-673/13
La Corte Constitucional tomando como punto de partida los principios fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, previstos en el artículo 1° de la Carta, ha abordado y catalogado el derecho a la dignidad humana como de raigambre fundamental en tanto que el texto superior señala que Colombia está fundada en el respeto a esta, por lo que ha reconocido su estatus de manera autónoma. Tal derecho se encuentra muy arraigado a otras garantías constitucionales, destacándose, entre ellas, el derecho a la intimidad personal y al libre desarrollo de la personalidad. Con relación a este último se ha indicado por esta Corte que con sustento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Política, se debe reconocer en cabeza de todas las personas con estatus de fundamental. Así pues, esta corporación en reiterados pronunciamientos, ha enfatizado que la referida valoración permite considerar al hombre como un ser único, director de su vida y responsable de sus decisiones y actos solo sujeto a ciertas limitaciones orientadas a preservar los derechos de los demás y mantener el orden jurídico. a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende la posibilidad de que cada ser humano pueda trazar su proyecto de vida de acuerdo a sus deseos, anhelos, intereses y convicciones, el cual debe ser respetado y no se puede, por ende, coartar su desarrollo como quiera que ha surgido de la esfera privada del ser humano y constituye su identidad como individuo, salvo en las excepciones descritas previamente, habida cuenta que ello asegura unas condiciones de igualdad y de dignidad.
PROTECCION A PERSONAS CON ORIENTACION SEXUAL DIVERSA Y LIMITES AL EJERCICIO DE SUS DERECHOS
Aunque para algunos sectores de la sociedad, limitar el goce de derechos constitucionalmente adquiridos y protegidos por distintas vías, entre ellas las decisiones judiciales, puede resultar discriminatorio, lo cierto es que toda pareja y todo individuo tiene unos límites en tanto que habita en comunidad, los cuales en muchas ocasiones son establecidos por el decoro y los niveles de decencia pública que se manejan o adoptaron, por los derechos de los demás y por la convivencia pacífica de la comunidad o prevalencia del interés general sobre el particular, lo que, de ninguna manera, vale aclarar, significa la restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad o el rechazo a la opción de vida que eligió por cuanto lo hace sentir satisfecho, identificado o feliz. Así las cosas, las manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública o se “conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia”. Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredidos derechos de terceros o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad.
PAREJAS DEL MISMO SEXO-Manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública
PAREJA SENTIMENTAL-Límites a las manifestaciones de cariño cuando son propias de desarrollar en espacios privados o, al menos, semiprivados pues pueden tener connotaciones sexuales
Debe tenerse en cuenta que el disfrute de los derechos sexuales y afectivos públicos en pareja tiene un límite, ello sin importar la orientación sexual de quien realice la conducta, habida cuenta que existen ciertas manifestaciones que solo son propias de desarrollar en espacios privados o, al menos, semiprivados pues pueden tener connotaciones sexuales que, de permitirse en público, atentarían contra las prerrogativas fundamentales de otros sujetos de derecho como los niños y adolescentes, adultos mayores, etc.. No es posible ignorar que existen actuaciones desplegadas por parejas sentimentales frente a las que se torna admisible su reproche por parte de la sociedad y por las instituciones encargadas de mantener el orden social público en tanto que (i) por su desborde o (ii) por realizarlas por fuera de la esfera privada del individuo, pueden constituirse en actos claramente obscenos. En ese sentido, debe precisarse, con relación a la primera excepción, que aunque existen algunas manifestaciones de cariño y afecto que pueden practicarse públicamente y que usualmente son toleradas y aceptadas por el común de la sociedad sin que despierten algún tipo reproche, lo cierto es que ello puede variar dependiendo de la intensidad, la forma, la duración, el lugar, etc., factores de los que depende el nivel de aceptación social, según los parámetros de corrección adoptados al interior de la comunidad, pues su desborde podría llevar a inferir que tienen un contenido sexual implícito.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Límites a pareja sentimental cuando desarrolla cualquier actividad que denota un contenido sexual en espacios públicos, sin que ello implique un trato discriminatorio
Existe conductas desplegadas por parejas sentimentales que deben ser contravenidas por la sociedad y por las instituciones encargadas de mantener el orden social público en tanto que son realizadas por fuera de la esfera privada del individuo y pueden constituirse actos claramente obscenos. Así pues, además de los besos románticos y las modalidades extremas del beso afectuoso, existen otras actuaciones que por su contenido netamente sexual son propias de desarrollarse en la esfera privada y reservada de quienes las practiquen que, bajo ninguna circunstancia, se justifica realizarlas por fuera de dicho ámbito, pues al hacerlo en público, son actos considerados claramente obscenos que ameritan y justifican no solamente el reproche social sino que también una reacción institucional. Luego, cualquier actividad que denote un contenido sexual que se desarrolle en espacios públicos frente a la mirada de los transeúntes, hace admisible no solamente el reproche social, sino que se mueva el aparato estatal a detenerla y a evitar que nuevamente se vuelva a presentar, como quiera que se debe propugnar por el bienestar de la comunidad en general sobre los intereses particulares de quienes las practiquen. Sin que ello necesariamente implique un trato discriminatorio en razón de su orientación sexual, como quiera que dicho reproche se hace a todas las parejas que realicen actos sexuales públicos con independencia de su inclinación sexual.
POLICIA NACIONAL-Funciones constitucionales y legales
La Policía Nacional de Colombia tiene la misión de asegurar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, por medio de la adopción de planes de prevención, control, disuasión y cualquier otra forma legal que permita la eliminación de las perturbaciones que se generen a la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, necesarias para gozar de un marco de convivencia pacífica.
ORDEN PUBLICO-Medio para garantizar el respeto de la dignidad humana y el ejercicio de los derechos y libertades públicas
El goce y disfrute de los derechos individuales tiene unas limitaciones destacándose entre ellas, la prevalencia del interés general y el derecho del otro. Sin embargo, debe advertirse que ello no impide que el ciudadano goce de todas las prerrogativas constitucionales y elija libremente su modo de vida de acuerdo con lo que se sienta identificado y realizado sin que nadie pueda discriminarlo por ello. No obstante, debe reiterarse que el disfrute del derecho individual no puede transgredir las garantías fundamentales de los otros miembros que integran la sociedad, habida cuenta que el derecho de un individuo llega hasta donde inicia el derecho del otro. Por tanto, en aquellos casos en los que con el actuar arbitrario y desproporcionado del disfrute de un derecho como ciudadano se ponga en detrimento la convivencia pacífica, de forma tal que altere el disfrute de los derechos y libertades de la comunidad, se torna admisible la intervención de la Policía Nacional con la finalidad de restaurar el equilibrio social.
ACCION DE TUTELA CONTRA LA POLICIA NACIONAL-Caso en que miembro de comunidad LGTBI manifiesta que no le permiten manifestaciones de cariño con su pareja del mismo sexo, así como transitar libremente por los alrededores del coliseo de Barranquilla
PAREJAS DEL MISMO SEXO-Se exhorta a la Policía Nacional se abstenga de retirar del sector al accionante, salvo que se encuentre realizando alguna conducta que atente contra la moralidad pública y la convivencia pacífica, o practicando actos propios de la esfera íntima de las parejas
Referencia: expediente T-3.918.991
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013)
El demandante interpuso la presente acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales ala igualdad, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, al buen nombre y a la libre circulación, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada al impedirle reunirse y realizar manifestaciones públicas de cariño con personas del mismo sexo en los alrededores del coliseo cubierto de Barranquilla.
2.2. Advierte que recientemente se encontraba transitando en compañía de un amigo por los contornos del coliseo mencionado y fue abordado por unos agentes de policía quienes le realizaron tratamientos discriminatorios como quiera que lo agredieron verbalmente, lo trataron “como una basura”[1]y le reiteraron que en dicho lugar no debe haber personas homosexuales haciendo “relajos, actos sexuales y que tienen sida”[2], ni mucho menos dándose besos o realizando manifestaciones públicas de afecto o cariño.
2.3. Indica que el 20 de agosto de 2013, en horas de la noche, encontrándose caminando junto con un grupo de amigos de su misma orientación sexual cerca del coliseo cubierto, fue abordado por un agente de policía motorizado con placa 570407 y con chaleco número 23619, quien lo trató muy agresivamente, lo hostigó y amenazó con retenerlo y llevarlo en la patrulla si no se retiraba del sector, advirtiéndole, además, que si lo denunciaba con la Procuraduría, lo mataba.
El demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales ala igualdad, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, al buen nombre y a la libre circulación y, como consecuencia de ello, se ordene a la Policía Metropolitana de Barranquilla, abstenerse de hacer tratamientos discriminatorios por su condición sexual y permitirle transitar libremente y realizar manifestaciones de amor con su pareja sentimental en los alrededores del coliseo cubierto de la ciudad.
- Oficio remitido por el secretario del Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes (CRAET) en respuesta de la queja No. 386 interpuesta por el peticionario (folio 11, cuaderno 2).
- Oficio remitido por la Directora Seccional de Fiscalías al Fiscal 24 Delegado de la Unidad Local en el que solicitase le brinde información al accionante sobre el estado de la actuación radicada bajo el número 080016001067201008364 (folios12 y 13, cuaderno 2).
Explica que constantemente reciben llamadas de personas no precisamente para rechazar las diversas orientaciones sexuales sino que, a diferencia de lo expresado por el demandante, lo que no comparten es el comercio sexual realizado a la vista pública en las proximidades del coliseo cubierto de la ciudad por personas homosexuales, heterosexuales, transexuales, etc., sin que sea relevante su condición sexual, como quiera que lo que reprochan no es la condición de quien la realiza, sino las prácticas sexuales públicas pretendiendo evitar que el lugar se convierta en una nueva zona de tolerancia.
Señala que han procedido a identificar e individualizar a varios sujetos que se colocan en la calle 55 con carrera 54 al lado del Teatro Amira de la Rosa en tanto que sobre las conductas por ellos desplegadas recaen constantes quejas, formuladas a través de la línea 123, al teléfono único del cuadrante y al CAI Tomás Arrieta, por parte de la ciudadanía, poniendo de presente que se dedican a la prostitución en vía pública y alteran la tranquilidad ciudadana, en las que solicitan que se disponga el desplazamiento de esas personas a “zonas catalogadas de vulneración para este tipo de actividades.”[3].
Resaltó, que ordenó un plan puerta a puerta en el sector de la calle 55 con carrera 54,oportunidad en la que los vecinos le manifestaron la intención de organizarse y llevar su queja a las máximas consecuencias legales con el fin de erradicar esta situación que se ha convertido en un flagelo para su convivencia.
II. DECISIÓN JUDICIALQUE SE REVISA
Mediante sentencia del 15 de enero de 2013, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, denegó el amparo de los derechos fundamentales ala igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al buen nombre y a la libre circulación, presuntamente vulnerados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, sustentando su decisión en los siguientes argumentos:
- Si bien las personas por mandato constitucional gozan del derecho al libre desarrollo de la personalidad sin distinción alguna por poseer determinada orientación sexual, lo cierto es que ese derecho no es absoluto y puede ser limitado dentro de los parámetros mismos del Estado Social de Derecho.
- De las pruebas aportadas al expediente se pudo constatar que el accionante “está abusando de su condición de género[4]” asumiendo una conducta que no se ajusta a lo permitido por la ley al dedicarse a la prostitución y al realizar junto con sus otros compañeros toda clase de actos sexuales en público pues, aunque es cierto que deben respetar sus garantías, ello no justifica el atropello que con sus actos realizan a los derechos de los residentes del sector y, en especial, a los niños, ancianos y estudiantes habida cuenta que se encuentran cerca de universidades y del centro cultural Amira de la Rosa.
- La conducta desplegada por las autoridades policiales ha sido ajustada a derecho como quiera que está obligada a mantener el orden público en aras de garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía, pues su objetivo es asegurar la paz, la seguridad individual y colectiva.
- Manifiesta que el juez le dio más credibilidad a la versión otorgada por el comandante de la Policía que a lo descrito por él, negándole el principio de la buena fe con el que llegó al despacho, por lo que siente que sus derechos están siendo violados por el fallo.
- No comparte la afirmación realizada por el operador jurídico según la cual el actor abusa de su condición de género, en tanto que para él es claro que su género es masculino por lo que no entiende a qué género se refiere.
- Además se le acusa de realizar aberraciones sexuales en vía pública sin un video, fotografía o grabación que sirva como prueba para demostrar tal situación.
- Agregó que el juez confundió la moral, la orientación sexual y las buenas costumbres y señaló que la homosexualidad es una opción contraria ala de la mayoría sin que haya soportado su aserción en algún tipo de investigación o estadística que lo corrobore.
Mediante sentencia del 19 de marzo de 2013, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla confirmó la decisión proferida por el a quo con sustento en similares argumentos a los esgrimidos por aquel. Pero además, agregó, que la acción interpuesta por el señor Mizzar no es el mecanismo idóneo para obtener la protección pretendida como quiera que para ello se cuenta con la acción popular o de grupo, pues la presunta trasgresión endilgada a la policía no solamente recae sobre el demandante sino también sobre un grupo indeterminado de compañeros pertenecientes a la comunidad homosexual que se reúne en los alrededores del coliseo cubierto de Barranquilla.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar las sentencia proferida por el Juzgado 8° Penal del Circuito de Barranquilla que, a su vez, confirmó la dictada por el Juzgado 8° Penal Municipal de la misma ciudad, dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto del 6 de junio de 2013, proferido por la Sala de Selección número Seis.
Para resolver el anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) el derecho fundamental a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, (ii)la protección a las personas con orientación sexual diversa y los límites al ejercicio de sus derechos, (iii) las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional y, finalmente,(iv) asumirá el análisis del caso concreto.
4. El derecho fundamental a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad
La Corte Constitucional tomando como punto de partida los principios fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, previstos en el artículo 1° de la Carta, ha abordado y catalogado el derecho a la dignidad humana como de raigambre fundamental en tanto que el texto superior señala queColombia está fundada en el respeto a esta, por lo que ha reconocido su estatus de manera autónoma[5].
Es importante destacar que internacionalmente se ha procurado que los Estados protejan y garanticen a sus ciudadanos un trato digno. Entre los instrumentos de ese nivel que incorporan pronunciamientos en ese sentido se destacan, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos que prevé, en su artículo 1°, el derecho a la libertad e igualdad en dignidad. Del mismo modo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Americana de Derechos Humanos en la que se prohíbe realizar tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Esta Corte en la Sentencia T-572 de 1999[6]precisó que la dignidad humana equivale al merecimiento de un trato especial por el hecho de tener tal condición y faculta a la persona a exigir de los demás que ello se reconozca y se respete.
Tal derecho se encuentra muy arraigado a otras garantías constitucionales, destacándose, entre ellas, el derecho a la intimidad personal[7] y al libre desarrollo de la personalidad. Con relación a este último se ha indicado por esta Corte que con sustento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Política[8], se debe reconocer en cabeza de todas las personas con estatus de fundamental.
Así pues, esta corporación en reiterados pronunciamientos, ha enfatizado que la referida valoración permite considerar al hombre como un ser único, director de su vida y responsable de sus decisiones y actos solo sujeto a ciertas limitaciones orientadas a preservar los derechos de los demás y mantener el orden jurídico. Al respecto, se indicó en la Sentencia T-1025 de 2002[9]:
Por tanto, a partir del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende la posibilidad de que cada ser humano pueda trazar su proyecto de vida de acuerdo a sus deseos, anhelos, intereses y convicciones, el cual debe ser respetado y no se puede, por ende, coartar su desarrollo como quiera que ha surgido de la esfera privada del ser humano y constituye su identidad como individuo, salvo en las excepciones descritas previamente, habida cuenta que ello asegura unas condiciones de igualdad y de dignidad.
5. La protección a las personas con orientación sexual diversa y los límites al ejercicio de sus derechos
Dicho recorrido jurisprudencial permite denotar(i)una protección extensiva a las parejas conformadas por personas del mismo sexo con el propósito de evitar un trato discriminatorio, garantizar la dignidad de la persona y contrarrestar el déficit de protección existente y, (ii) una protección en la esfera individual de la persona, sustentada en la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad e igualdad.
Desde la esfera en pareja, inicialmente se indicó por la Corte Constitucional que la diferencia de trato jurídico entre las uniones homosexuales y las uniones heterosexuales no era per se discriminatoria, en tanto que correspondía al legislador definir la protección[10] que pudiese caberles a los integrantes de las parejas homosexuales en aspectos tales como el régimen patrimonial entre compañeros permanentes o la afiliación de los compañeros como beneficiarios en el sistema de salud, entre otras, pues consideró que la protección especial que el legislador había conferido a las parejas heterosexuales, se inscribía en los términos dispuestos por el constituyente y, en esa medida, no podía considerarse como discriminatoria.
Postura que cambió a partir de la sentencia C-075 de 2007[11], por medio de la cual se sentó un claro precedente en materia del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales que han sido reiterados en diferentes sentencias, entre otras, en la C-811 de 2007[12], C-336[13] y C-798 de 2008[14], C-029 de 2009[15] y C-283 de 2011[16], al considerar que la omisión del legislador en brindar a dichas parejas unos ciertos niveles de protección, resultaba contraria a la Constitución.
Ahora, en aspectos individuales la comprensión que le ha dado la Corte a este tema se ha enfocado en otorgar protección a aquellas personas que por su condición sexual son discriminadas[17], en ese sentido ha reiterado que nadie con ocasión a su opción sexual puede ser objeto de exclusión o intolerancia por la sociedad. Al respecto, la sentencia T-097 de 1994[18], señaló:“(…)el Constituyente quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales y, en consecuencia, enfatizó el principio liberal de la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar un factor de discriminación social.”
Debe destacarse que aunque en la precitada providencia se reconoció el avance constitucional en la materia, que había iniciado con la despenalización de la homosexualidad como conducta punible[19], pues hasta 1980 los actos homosexuales estuvieron penalizados y solo con la adopción del Código Penal de 1980 fue abolido como delito, lo cierto es que esta corporación, en la misma providencia, resaltó que aún faltaba superar enormes obstáculos para que dicha protección encuentre arraigo en la vida cotidiana, los cuales se pueden contrarrestar solo en un marco de aceptación y respecto por los demás[20].
Así las cosas, las manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública[21] o se “conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia[22]”. Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredidos derechos de terceros[23] o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad[24].
Al igual que las personas heterosexuales, las que profesan una tendencia homosexual tienen una serie de derechos en pareja que pueden disfrutar libremente, por lo que a la comunidad en general le corresponde aceptarlos de manera respetuosa y, en ese sentido, le esta vedado coartar las manifestaciones públicas de cariño que se brinden dentro de los parámetros sociales de decencia permitidos.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el disfrute de los derechos sexuales y afectivos públicos en pareja tiene un límite, ello sin importar la orientación sexual de quien realice la conducta, habida cuenta que existen ciertas manifestaciones que solo son propias de desarrollar en espacios privados o, al menos, semiprivados pues pueden tener connotaciones sexuales que, de permitirse en público, atentarían contra las prerrogativas fundamentales de otros sujetos de derecho como los niños y adolescentes, adultos mayores, etc..
Así las cosas, aunque existan conductas que se pueden desarrollar apropiadamente de manera pública, lo cierto es que el ejercicio de las mismas debe guardar unos parámetros que cambian dependiendo del entorno y del momento en el que se desplieguen, pues son precisamente esos contextos los que permiten establecer si la práctica realizada contraviene los límites del decoro y dan paso a manifestaciones desbordadas de afecto con connotaciones sexuales, sin importar, se reitera, la inclinación sexual de quien las practique[25].
Luego, cualquier actividad que denote un contenido sexual que se desarrolle en espacios públicos frente a la mirada de los transeúntes, hace admisible no solamente el reproche social, sino que se mueva el aparato estatal a detenerla y a evitar que nuevamente se vuelva a presentar, como quiera que se debe propugnar por el bienestar de la comunidad en general sobre los intereses particulares de quienes las practiquen. Sin que ello necesariamente implique un trato discriminatorio en razón de su orientación sexual, como quiera que dicho reproche se hace a todas las parejas que realicen actos sexuales públicos con independencia de su inclinación sexual.
6. Funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional de Colombia
En sentido similar el Decreto 1355 de 1970[26], describió textualmente, en su artículo 1°, que: “La Policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho.”
Y continuó señalando en su artículo 2°:
El orden público que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad pública.(…)”
Para lograr tales cometidos dicha institución debe desarrollar métodos e implementar mecanismos que, como se infiere de la lectura del artículo 4° del citado decreto[27], no pueden ser incompatibles con los principios humanitarios, ni puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él[28].
Así pues, mediante el Decreto 4222 de 2006[29], se establecieron, las funciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana destacándose la posibilidad de desarrollar la política de seguridad ciudadana, a través de planes, estrategias y programas de prevención, control y disuasión de los delitos y contravenciones.
Para la Corte, el presente asunto reviste importancia en tanto que impone sopesar dos intereses constitucionalmente protegidos como quiera que, por un lado, se trata de una persona con una orientación sexual diferente a la de la mayoría de la sociedad colombiana y, por lo mismo, susceptible de recibir discriminaciones y, por el otro, el interés general de la comunidad a mantener una convivencia pacífica.
De acuerdo con el estado actual de nuestra jurisprudencia constitucional resulta inadmisible que se realicen actos degradantes, ofensivos, toscos o de cualquier otra índole que demeriten las cualidades humanas de quienes expresan una preferencia de orden sexual distinta a la heterosexual o que los sometan al escarnio y rechazo público, habida cuenta que dicha opción es perfectamente válida y, por ende, todos los ciudadanos están obligados a respetarla por cuanto los postulados de la Carta de 1991 han elegido propugnar, entre otros valores y cometidos, por el respeto a la dignidad humana, la igualdad yel libre desarrollo de la personalidad, con el propósito de asegurar, entre otras metas, la convivencia y la paz[30].
La tensión expresada, a no dudarlo, gravita en torno del asunto analizado como quiera que, como se comentó en las consideraciones, si bien las personas con una orientación sexual diversa gozan de una protección acentuada por cuanto fácilmente pueden ver menguados sus derechos, lo cierto es que el Estado goza de una facultad legítima de interferir en el disfrute de tales derechos y, en ese sentido, puede restringirlos en tanto que sus expresiones degeneren en extralimitaciones o abusos que evidentemente atenten contra la convivencia y la organización social.
Como quiera que el único caso específico manifestado por el accionante quedó desvirtuado con lo que se asevera en el informe rendido por el presunto agente agresor en tanto acreditó que se encontraba en su día de descanso en la fecha en la que presuntamente incurrieron los hechos, la Corte no cuenta con una posibilidad distinta a la de aceptar esa realidad probatoria.
No obstante, cabe advertirse que tales hechos son materia de una investigación penal y disciplinaria, según se desprende del material probatorio obrante en el expediente[31],procesos que cuentan con las etapas y medios probatorios necesarios para concluir si existe la persecución alegada por el accionante o si, por el contrario, este resulta responsable de los delitos por los cuales fue denunciado. Sin embargo, mientras que tales procedimientos resuelven de fondo el asunto, esta Corte exhortará a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que se abstenga de continuar retirando del sector al actor, salvo que se encuentre realizando alguna conducta que atente contra la moralidad pública y la convivencia pacífica de la comunidad o esté practicando actos propios de la esfera íntima de las parejas.
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia del 19 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Barranquilla que, a su vez, confirmó la dictada el 15 de enero de 2013 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla que denegó el amparo de los derechos fundamentales del señor Leonardo David Mizzar Vargas a la igualdad, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, al buen nombre y a la libre circulación, presuntamente transgredidos por la Policía Metropolitana de Barraquilla.
SEGUNDO. EXHORTAR a la Policía Metropolitana de Barranquilla que se abstenga de retirar de los alrededores del coliseo cubierto de Barranquilla al señor Leonardo David Mizzar Vargas, a menos que concurran objetivas razones orientadas a preservar la moralidad, la seguridad, la salubridad y el orden público en el sector.
TERCERO. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo que brinde un acompañamiento al caso para evitar que con las diferentes actuaciones alegadas en el curso de la presente acción de amparo se atente contra los derechos de los niños, de los ancianos, de la comunidad residente y educativa del sector y del actor.
[1] Folio 2 del cuaderno 2.
[3] Folio 22 del cuaderno 2.
[4] Folio 70 del cuaderno 2.
[5]Al respecto, ver entre otras, las sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.
[6]M. P. Fabio Morón Díaz.
[7]Constitución Política de 1991. Artículo 15: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respectar. (…)”.
[8]Constitución Política de 1991. Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”
[9]M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Postura que se acogió, entre otras, en las Sentencias: C-098 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-623 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-814 de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11]M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[12]M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13]M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14] M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[15]M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[16]M. P. Jorge Ignacio PreteltChaljub.
[17]Al respecto, la sentencia C-481 de 1998, señaló que “la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual -entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, y destacó que, en este sentido, la Corte ha afirmado que la específica orientación sexual de un individuo constituye un asunto que se inscribe dentro del ámbito de autonomía individual que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás.”
[18]M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19]Tal como lo preveía el Código Penal de 1936.
[20]Planteamiento que también fue acogido en la sentencia T-539 de 1994, que textualmente indicó: “Hoy la simple tolerancia ha sido superada por otro concepto más adecuado al sentido humanista y humanitario: la aceptación de la conducta disidente, mientras no sea contraria a derecho en su expresión. Aceptara una persona es acogerla como es, sin exigencias de cambio y sin discriminación. Aceptar no sólo es un acto del entendimiento, sino también una moción de la voluntad: es entender la diferencia y acoger a la persona disidente dentro de nuestro radio de acción, como titular de toda la consideración que merece la persona humana. Ya no es un acto de conmiseración, sino de respeto y fraternidad.”(Subrayado por fuera del texto original).
[21] Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Corte Constitucional. Sentencia T-539 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-035 de 1995. M. P. Fabio Morón Díaz y T-569 de 1994. M. P. Hernando Herrera Vergara.
[24] Corte Constitucional. Sentencia SU-476 de 1997.M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[25] Frente a las manifestaciones de afecto que pueden profesarse en público las parejas, incluidas las homosexuales, tratándose específicamente del beso, que es una de las que con mayor frecuencia se practica, en la providencia T-909 de 2011, en un salvamento de voto, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo la contextualizó así:
En este caso, para establecer si hay discriminación habría que determinar cuál fue la conducta objeto de amonestación, para, luego, establecer si se dan conductas similares entre parejas heterosexuales que no sean objeto de dicha censura.”
[26]“Por el cual se dictan normas sobre Policía.”
[27]Decreto 1355 de 1970. Artículo 4°: “En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios.”
[28]Decreto 1355 de 1970. Artículo 6°. “Ninguna actividad de policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él.”
[29]“Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.”
[30]Constitución Política de Colombia. Preámbulo. “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, (…) y con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, (…) y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativa que garantice un orden político, económico y social justo, (…) decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”.
[31]Folios 12 y 13 del cuaderno 1.