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Timestamp: 2016-10-22 10:18:20
Document Index: 325517485

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo\n95', 'artículo 95', 'artículo 86', 'artículo\n307', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 9']

DIRECTIVA 2002/77/CE DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
DIRECTIVA 2002/77/CE DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas	DIRECTIVA 2002/77/CE DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas Mis Leyes
DIRECTIVA 2002/77/CE DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas Estado	:
BOE 249/21	Fecha Disposición	:
COMUNIDADES EUROPEAS	Artículo 1Artículo 2Artículo 3Artículo 4Artículo 5Artículo 6Artículo 7Artículo 8Artículo 9Artículo 10Artículo 11Artículo 12ANEXO IANEXO II
(1)	La Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (1), cuya última modifi- cación la constituye la Directiva 1999/64/CE (2), ya ha sido modificada sustancialmente en varias ocasiones. Como es preciso volver a modificarla, para mayor claridad resulta conveniente proceder a su refundición.
(2)	El artículo 86 del Tratado encomienda a la Comisión la tarea de garantizar que los Estados miembros cumplen las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario en lo que respecta a las empresas públicas y a aquellas que disfrutan de derechos especiales o exclusivos. En virtud del apartado 3 del artículo 86, la Comisión puede especificar y precisar las obligaciones derivadas de dicho artículo y puede, en ese contexto, determinar las condi- ciones necesarias para llevar a cabo de forma efectiva la tarea de supervisión que le encomienda el citado apar- tado.
(3)	La Directiva 90/388/CEE obligó a los Estados miembros, inicialmente, a poner fin a los derechos especiales y exclusivos de suministro de servicios de telecomunica- ciones distintos de la telefonía vocal, de servicios por satélite y de radiocomunicaciones móviles y, posterior- mente, estableció de manera gradual la plena compe- tencia.
(4)	El Parlamento Europeo y el Consejo también han adop- tado otras directivas en este campo en virtud del artículo
95 del Tratado con vistas, principalmente, al estableci- miento de un mercado interior de los servicios de teleco- municaciones mediante la aplicación de la oferta de red abierta y el suministro de un servicio universal en el contexto de unos mercados abiertos y competitivos. Estas directivas deben derogarse con efectos a partir del
25 de julio de 2003, fecha en que será de aplicación el nuevo marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
(5)	El nuevo marco regulador de las comunicaciones electró- nicas está integrado por una Directiva general, la Direc- tiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3), y cuatro Directivas específicas: la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) (4), la Directiva
2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva de acceso) (5), la Directiva 2002/
22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los dere- chos de los usuarios en relación con las redes y los servi- cios de comunicaciones electrónicas (Directiva	de servicio universal) (6) y la Directiva 2002/58/CE del Parla- mento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunica- ciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (7).
(6)	Habida cuenta de la evolución del proceso de liberaliza- ción y de apertura gradual de los mercados de telecomu- nicaciones iniciado en Europa en 1990, algunas de las definiciones utilizadas en la Directiva 90/388/CEE y los actos que la modifican han de ser adaptadas a la evolu- ción tecnológica registrada en el sector de las telecomu- nicaciones o sustituidas para tener en cuenta el fenó- meno de convergencia que ha caracterizado en los últimos años a los sectores de la tecnología de la infor- mación, los medios de comunicación y las telecomunica- ciones. Conviene, además, clarificar en lo posible la redacción de algunas disposiciones para facilitar su apli- cación, teniendo en cuenta, cuando resulte apropiado, las directivas adoptadas en virtud del artículo 95 del Tratado y la experiencia adquirida con la aplicación de la Direc- tiva 90/388/CEE tal como ha sido modificada.
(7)	En la presente Directiva se habla de «servicios de comu- nicaciones electrónicas» y «redes de comunicaciones elec- trónicas» en vez de «servicios de telecomunicaciones» y
«redes de telecomunicaciones», que eran los términos previamente utilizados. Estas definiciones nuevas son indispensables para tener en cuenta el citado fenómeno de convergencia, agrupando en una sola definición todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas rela- cionados con el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electro- magnéticos (esto es: redes fijas, inalámbricas, de televi- sión por cable y por satélite). Así pues, la transmisión y radiodifusión de programas de radio y de televisión deben considerarse un servicio de comunicación electró- nica, de la misma manera que las redes utilizadas para tal transmisión y radiodifusión deben considerarse comu- nicaciones electrónicas. Asimismo, debe quedar claro que la nueva definición de redes de comunicaciones elec- trónicas también incluye las redes de fibra que permiten a terceros transmitir señales con sus propios equipos de conmutación o conducción.
(8)	En este contexto, debe quedar claro que los Estados miembros tienen la obligación de poner fin (si todavía no lo han hecho) a los derechos exclusivos y especiales de suministro de todas las redes de comunicaciones elec- trónicas, no solamente de aquellas destinadas al sumi- nistro de servicios de comunicaciones electrónicas, y han de garantizar el derecho de las empresas a prestar tales servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE. De la definición de las redes de comunicaciones electró- nicas también se desprende que los Estados miembros no pueden restringir el derecho de un operador a crear, ampliar y/o suministrar una red de cable con la excusa de que tal red puede utilizarse para transmitir programas de radio y televisión. Los derechos especiales o exclu- sivos que restringen la utilización de redes de comunica- ciones electrónicas para la transmisión y distribución de señales de televisión son contrarios al apartado 1 del artículo 86 en conjunción con los artículos 43 (derecho de establecimiento) y/o 82.b) del Tratado CE, en la medida en que tienen por efecto permitir que una empresa dominante limite «la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores». Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio de las normas específicas establecidas por los Estados miembros de conformidad con el derecho comunitario y, en particular, la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de
1989, sobre la coordinación de determinadas disposi- ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (1), modificada por la Directiva
97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que regula la distribución de programas audiovisuales desti- nados al público en general.
(9)	En virtud del principio de proporcionalidad, los Estados miembros deben dejar de aplicar un régimen de conce- sión de licencias para suministrar servicios de comunica- ciones electrónicas y para crear y suministrar redes de comunicaciones electrónicas, limitándose a aplicar un régimen de autorización general. Así lo exige también la Directiva 2002/20/CE, en cuya virtud los servicios y redes de comunicaciones electrónicas han de someterse a una autorización general y no a una licencia. Asimismo, toda parte perjudicada por una decisión que le impida suministrar redes o servicios de comunicaciones electró- nicas debe tener derecho a recurrir ante un organismo independiente y, en última instancia, ante los tribunales. El derecho de las personas a una protección judicial efec- tiva frente a toda medida estatal que viole los derechos que les confieren las disposiciones de una Directiva cons- tituye un principio fundamental del Derecho comuni- tario.
(10)	Los poderes públicos pueden ejercer una influencia dominante sobre las empresas públicas a través de las normas por las que se rigen estas últimas o de resultas de la distribución de su capital social. Por consiguiente, cuando los Estados miembros controlan operadores de red integrados verticalmente que explotan redes creadas al amparo de derechos especiales o exclusivos, para evitar posibles infracciones a las normas de competencia del Tratado deben velar por que estos operadores, si gozan de una posición dominante en el mercado de refe- rencia, no actúen de manera discriminatoria en favor de sus propias actividades. Así pues, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación entre dichos operadores inte- grados verticalmente y sus competidores.
(11)	La presente Directiva también debe servir para clarificar el principio derivado de la Directiva 96/2/CE de la Comi- sión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunica- ciones móviles y personales (3), al disponer que los Estados miembros no pueden conceder derechos exclu- sivos o especiales de uso de radiofrecuencias y que los derechos de uso de dichas radiofrecuencias deben atri- buirse con arreglo a procedimientos objetivos, no discri- minatorios y transparentes. Ello se entiende sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para conceder tales derechos a los proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés general de conformidad con el derecho comunitario.
(12)	Todo régimen nacional aplicado con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2002/22/CE que sirva para repartir el coste neto del cumplimiento de obligaciones de servicio universal se basará en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y se ajustará a los principios de proporcionalidad y de distorsión mínima del mercado. La distorsión mínima del mercado implica que las contribuciones deben recaudarse de modo que se reduzca al mínimo posible la repercusión de las cargas financieras en los usuarios finales, por ejemplo, repar- tiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia posible.
(13)	Cuando los derechos y obligaciones derivados de conve- nios internacionales de constitución de organizaciones internacionales de satélites no sean compatibles con las normas de competencia del Tratado, los Estados miem- bros deben tomar, conforme a lo dispuesto en el artículo
307 del Tratado CE, todas las medidas necesarias para poner fin a las incompatibilidades. La presente Directiva precisa esta obligación, ya que el artículo 3 de la Direc- tiva 94/46/CE de la Comisión (4) tan sólo obligaba a los Estados miembros a «comunicar a la Comisión» la infor- mación de que dispusiesen sobre tales incompatibili- dades. Con el artículo 7 de la presente Directiva se pretende disipar toda duda sobre la obligación de los Estados miembros de suprimir todas las restricciones que tengan su origen en los referidos convenios internacio- nales.
(14)	La presente Directiva debe mantener la obligación que impone la Directiva 1999/64/CE a los Estados miembros de velar por que los proveedores dominantes de redes de comunicaciones electrónicas	y servicios	telefónicos disponibles al público exploten sus redes públicas de comunicaciones electrónicas y de televisión por cable como entidades jurídicas independientes.
(15)	La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros con relación a los plazos esta- blecidos en la parte B del anexo I, dentro de los cuales los Estados miembros han de dar cumplimiento a las anteriores Directivas.
(16)	Los Estados miembros deberán facilitar a la Comisión toda la información necesaria para demostrar que sus legislaciones internas reflejan las precisiones hechas en la presente Directiva con relación a las Directivas de la Comisión 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE (1), 96/2/CE,
96/19/CE (2), y 1999/64/CE mencionadas en el anexo I.
(17)	Habida cuenta de estas consideraciones, conviene derogar la Directiva 90/388/CEE.
1) «red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de trans- misión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que permitan el trans- porte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radio- difusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;
2) «red pública de comunicaciones»: una red de comunica- ciones electrónicas utilizada, en su totalidad o principal- mente, para prestar servicios públicos de comunicaciones electrónicas;
3) «servicios de comunicaciones electrónicas»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclu- sión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmi- tidos mediante redes y servicios de comunicaciones electró- nicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la infor- mación definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas;
4) «servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público», los servicios de comunicaciones electrónicas accesi- bles al público;
5) «derechos exclusivos»: los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa por medio de un instru- mento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio de comunicaciones electró- nicas o a emprender una actividad de comunicaciones elec- trónicas en una zona geográfica específica;
6) «derechos especiales»: los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica:
a) designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a suminis- trar un servicio de comunicaciones electrónicas o emprender una actividad de comunicaciones electrónicas, o
b) confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio	de	comunicaciones	electrónicas	o emprender la misma actividad de comunicaciones elec- trónicas en la misma zona geográfica y en unas condi- ciones básicamente similares;
7) «red de estaciones terrenas de comunicación por satélite»: una infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionen conjuntamente a través de un satélite;
8) «redes de televisión por cable»: toda infraestructura basada principalmente en el cable creada fundamentalmente para el suministro o la distribución de programas de radio y televi- sión al público.
Derechos exclusivos y especiales para redes y servicios de comunicaciones electrónicas
1.	Los Estados miembros no podrán conceder ni mantener en vigor derechos exclusivos o especiales para la creación o suministro de redes de comunicaciones electrónicas ni para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponi- bles al público.
2.	Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda empresa a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o a crear, ampliar o suministrar redes de comunicaciones electrónicas.
3.	Los Estados miembros velarán por que no se impongan o mantengan restricciones a la prestación de servicios de comuni- caciones electrónicas en redes de comunicaciones electrónicas creadas por los suministradores de servicios de comunicaciones electrónicas, en infraestructuras suministradas por terceros o por medio de redes compartidas, otras instalaciones o emplaza- mientos, sin perjuicio de las disposiciones de las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE.
4.	Los Estados miembros velarán por que tanto las autoriza- ciones generales concedidas a empresas para prestar servicios de comunicaciones electrónicas o para crear o suministrar redes de comunicaciones electrónicas como las condiciones a que estén supeditadas dichas autorizaciones, se basen en criterios objetivos, no discriminatorios, proporcionales y transparentes.
5.	Deberá motivarse toda decisión de impedir que una empresa suministre servicios o redes de comunicaciones elec- trónicas adoptada por los motivos previstos en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE.
Asimismo, toda parte perjudicada deberá tener la posibilidad de recurrir tal decisión ante un organismo independiente de las partes implicadas y, en última instancia, ante los tribunales.
Empresas públicas verticalmente integradas
Además de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 2 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros velarán por que las empresas públicas verticalmente integradas que suminis- tren redes de comunicaciones electrónicas y gocen de una posi- ción dominante no favorezcan a sus propias actividades.
Derechos de uso de frecuencias
Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adop- tados por los Estados miembros para conceder derechos de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés general de conformidad con el derecho comunitario:
1) Los Estados miembros no concederán derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias para el suministro de servicios de comunicaciones electrónicas.
2) La atribución de radiofrecuencias para servicios específicos de comunicaciones se basará en criterios objetivos, transpa- rentes, no discriminatorios y proporcionales.
Servicios de guía telefónica
Los Estados miembros garantizarán la supresión de todos los derechos exclusivos y especiales relativos a la creación y presta- ción de servicios de guía telefónica en su territorio, incluidos la publicación de guías telefónicas y los correspondientes servicios de consulta.
Obligaciones de servicio universal
1.	Todo régimen nacional aplicado con arreglo a lo dispues- to en la Directiva 2002/22/CE que sirva para repartir el coste neto del cumplimiento de obligaciones de servicio universal se basará en criterios objetivos, transparentes y no discriminato- rios y se ajustará a los principios de proporcionalidad y de distorsión mínima del mercado. Concretamente, cuando se
impongan íntegra o parcialmente obligaciones de servicio universal a empresas públicas que presten servicios de comuni- caciones electrónicas, se tendrá en cuenta esta circunstancia a la hora de calcular cualquier contribución al coste neto de las obli- gaciones de servicio universal.
2.	Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todos los regímenes del tipo mencionado en el apartado 1.
1.	Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o restricción de la oferta de capacidad del segmento espacial a cualquier operador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo suministrador del segmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condiciones publicadas de acceso a su capacidad de segmento espacial.
2.	Cuando los convenios internacionales de constitución de las organizaciones internacionales de satélites no sean compati- bles con las normas de competencia del Tratado CE, los Estados miembros signatarios de los mismos tomarán todas las medidas necesarias para poner fin a tales incompatibilidades.
Redes de televisión por cable
1.	Los Estados miembros velarán por que ninguna empresa que suministre redes públicas de comunicaciones electrónicas explote su red de televisión por cable por medio de la misma entidad jurídica que utilice para su red pública de comunica- ciones electrónicas cuando tal empresa:
a) esté bajo el control del Estado miembro de que se trate o goce de derechos especiales; y
b) ocupe una posición dominante en una parte sustancial del mercado común de suministro de redes públicas de comuni- caciones electrónicas y servicios de teléfono disponibles al público, y
c) explote, en la misma zona geográfica, una red de televisión por cable con arreglo a unos derechos especiales o exclu- sivos.
2.	El término «servicios de teléfono disponibles al público» se considerará sinónimo del término «servicios públicos de tele- fonía vocal» utilizado en la Directiva 1999/64/CE.
3.	Los Estados miembros que consideren que en su territorio existe un nivel suficiente de competencia en el suministro de infraestructuras y servicios de bucles locales informarán de ello a la Comisión.
Tal información incluirá una descripción detallada de la estruc- tura del mercado. La información facilitada deberá ponerse a disposición de los interesados que lo soliciten, tomando en consideración el interés legítimo de las empresas de proteger sus secretos comerciales.
4.	La Comisión decidirá en un plazo razonable, y tras haber oído las observaciones de los interesados, si puede ponerse fin en el Estado miembro de que se trate a la obligación de separa- ción jurídica.
5.	La Comisión evaluará la aplicación de este artículo a más tardar el 31 de diciembre de 2004.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, a más tardar el
24 de julio de 2003, toda la información necesaria para que ésta compruebe el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.
La Directiva 90/388/CEE, modificada por las Directivas enume- radas en la parte A del anexo I, queda derogada con efectos a partir del 25 de julio de 2003, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros por lo que se refiere a los plazos de transposición establecidos en la parte B del anexo I.
Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se interpretarán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2002. Por la Comisión Mario MONTI
Lista de Directivas que se han de derogar
Directiva 90/388/CEE (DO L 192 de 24.7.1990, p. 10)
Artículos 2 y 3 de la Directiva 94/46/CE (DO L 268 de 19.1.1994, p. 15) Directiva 95/51/CE (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49)
Directiva 96/2/CE (DO L 20 de 26.1.1996, p. 59) Directiva 96/19/CE (DO L 74 de 22.3.1996, p. 13) Directiva 1999/64/CE (DO L 175 de 10.7.1999, p. 39)
Plazo de transposición de las susodichas Directivas
Directiva 90/388/CEE: 31 de diciembre de 1990
Directiva 94/46/CE:	8 de agosto de 1995
Directiva 95/51/CE:	1 de octubre de 1996
Directiva 96/2/CE:	15 de noviembre de 1996
Directiva 96/19/CE:	11 de enero de 1997
Directiva 1999/64/CE: 30 de abril de 2000
La presente Directiva	Directiva 90/388/CEE
Artículo 1 (definiciones)	Artículo 1
Artículo 2 (retirada de derechos exclusivos o especiales)	Artículo 2
Artículo 3 (empresas verticalmente integradas)	Inciso ii) de la letra a) del artículo 3
Artículo 4 (derechos de uso de frecuencias)	Letra b) del artículo 3
Artículo 5 (servicios de guía telefónica)	Letra b) del artículo 4
Artículo 6 (obligaciones de servicio universal)	Letra c) del artículo 4
Artículo 7 (satélites)	Artículo 3 de la Directiva 94/46/CE
Artículo 8 (redes por cable)	Artículo 9
LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de TelecomunicacionesComisión de las Comunidades Europeas/Reino de Suecia (Asunto C-419/07) (2007/C 283/33)REAL DECRETO 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuariosPOSICIÓN COMÚN (CE) Nº 16/2009 aprobada por el Consejo el 16 de febrero de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) nº /2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de , por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Texto pertinente a efectos del EEE) (2009/C 103 E/02)Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2010 Vivendi/Comisión (Asunto T-567/10) (2011/C 72/31)Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2010 Vivendi/Comisión (Asunto T-568/10) (2011/C 72/32)Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 15 de
diciembre de 2010 (petición de decisión prejudicial
planteada por la Commissione tributaria provinciale di Taranto
Italia) Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di
Taranto 2 (Asunto C-492/09) (1) (Artículos 92, apartado 1,
103, apartado 1, y 104, apartado 3, párrafo segundo, del
Reglamento de Procedimiento Redes y servicios de comunicaciones
electrónicas Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/77/CE
Gravamen de autorización gubernamental Inadmisibilidad
parcial Cuestiones cuya respuesta no suscita ninguna duda
razonable) (2011/C 120/03)	Cerrar PDF
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