Source: http://elfalansteriodetheleme.blogspot.com/2017/12/los-derechos-sociales-en-la.html
Timestamp: 2019-04-20 11:06:35
Document Index: 73341617

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 53', 'artículo 81', 'artículo 168', 'artículo 2']

El Falansterio de Theleme: Los derechos sociales en la Constitución de 1978
La Constitución de 1978 acoge una concepción escisionista o fragmentaria de los derechos fundamentales que entronca con la vieja lógica individualista inspiradora del Estado liberal de Derecho. Mientras los derechos individuales se encuentran plenamente positivizados y gozan del máximo nivel de protección jurídica, la mayoría de los derechos sociales se consideran simples principios programáticos cuya eficacia depende de lo que establezcan las leyes que los desarrollen. Se trata, como hemos visto, de una opción legislativa basada en supuestos ideológicos más que en criterios jurídicos, que se impuso inexorablemente en el curso de una transición política hegemonizada por fuerzas muy conservadoras vinculadas a la dictadura. El reconocimiento de los derechos sociales trasluce un garantismo jurídico débil que resta fuerza normativa a la Constitución y otorga al legislador un amplio margen de discrecionalidad para delimitar y regular las condiciones de su ejercicio, devaluando el valor de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. En efecto, la Constitución distribuye los derechos sociales en tres grandes categorías, atendiendo al nivel de protección y eficacia jurídica dispensado en cada caso. El primer grupo está constituido por un reducido elenco de derechos sociales que la Carta Magna eleva a la categoría de fundamentales: el derecho a la educación (artículo 27.1 CE), el derecho de libertad sindical (artículo 28.1 CE) y el derecho de huelga (artículo 28.2 CE). En caso de vulneración, el legislador rodea estos derechos del máximo nivel de protección y garantías constitucionales, habilitando un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, así como la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 CE). Además, en este ámbito rige una estricta reserva de ley orgánica, cuya aprobación exige el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta del Congreso (artículo 81 CE). Por último, pero no por ello menos importante, la reforma constitucional de estos preceptos se canaliza a través del procedimiento extraordinario establecido en el artículo 168 CE, que, entre otros aspectos, exige una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y su ratificación mediante referéndum.
[5] Vid., entre otras, SSTC de 14 de febrero de 1991 (RTC 36/1991) y 12 de diciembre de 2007 (RTC 247/2007). [6] Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el derecho a la negociación colectiva no constituye por sí mismo un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, al no estar incluido en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título I (artículos 14 a 28 CE) (SSTC 118/1983, de 13 de diciembre; 45/1984, de 27 de marzo; 98/1985, de 29 de julio; 208/1993, de 28 de junio). Sin embargo, no es menos cierto que el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos se integra en el de libertad sindical, como una de sus facultades de acción sindical y como contenido de esa libertad, en los términos en que la misma les sea otorgada por la normativa vigente, pues así resulta de lo dispuesto en los artículos 7 y 28.1 CE. La jurisprudencia es concluyente en este sentido: SSTC 4/1983, de 28 de enero; 118/1983, de 13 de diciembre; 73/1984, de 27 de junio; 184/1991, de 30 de septiembre; 173/1992, de 29 de octubre; 105/1992, de 1 de julio; 208/1993, de 28 de junio; y 80/2000, de 27 de marzo.
[7] CDESC. Observación General Nº 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto) . E/1991/23, 14 de diciembre de 1990, párr. 9.
Texto del Capítulo IV.3 del libro de Manolo Monereo y Héctor Illueca, España. Un proyecto de liberación.
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Publicado por LDM en 4:27