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Timestamp: 2019-09-15 08:21:27
Document Index: 330978105

Matched Legal Cases: ['artículo 223', 'artículo 6', 'artículo 210', 'artículo 536', 'artículo 14', 'artículo 207', 'artículo 190', 'artículo 210', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 224', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 224']

﻿ SENTENCIA 19027 DE JULIO 2 DE 2002
SENTENCIA 19027 DE 02 DE JULIO DE 2002
CONTENIDO:CONCESIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. SI LA CASACIÓN ES DENEGADA, EXCLUSIVAMENTE POR EXTEMPORÁNEA, SE INSISTE, CONTRA EL AUTO QUE ASÍ RESUELVE PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, Y NO EL DE QUEJA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN, FINALIDAD DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
Sentencia 19027 de julio 2 de 2002
Bogotá, D. C., dos de julio de dos mil dos
Decide la Sala el recurso de queja interpuesto por el defensor de Estela Osorio Rueda, debido a que el Tribunal Superior de Bucaramanga no le concedió el extraordinario de casación.
1. La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación sobre los acontecimientos delictivos que empezaron a presentarse a comienzos de 1991, cuando algunos miembros de la “Red de inteligencia 7 de la Armada Nacional”, con sede en Barrancabermeja (Santander), desbordaron sus funciones, y con el apoyo de algunos civiles, incurrieron en varios crímenes, homicidios y “masacres”, so pretexto de contrarrestar el terrorismo desatado por los grupos subversivos.
2. Por aquellos acontecimientos, el 13 de noviembre de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación contra Estela Osorio Rueda por el delito de homicidio agravado, contra Gerardo Álvarez Aguirre por concierto para delinquir, y contra Felipe Gómez Lozano, Miguel Antonio Durán Cáceres y Julio Ernesto Prada por homicidio agravado y concierto para delinquir.
3. Adelantada la fase de la causa, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, mediante sentencia del 2 de junio de 2000, decretó la nulidad exclusivamente en lo relativo al ilícito de concierto para delinquir; condenó a Estela Osorio Rueda, a la pena principal de veinte (20) años de prisión por el delito de homicidio agravado, y a los coprocesados, a la pena de treinta (30) años por homicidio agravado en concurso.
4. Al desatar la apelación interpuesta en nombre de Julio Ernesto Prada, Miguel Antonio Durán Cáceres y Felipe Gómez Lozano, el tribunal nacional, en fallo del 26 de junio de 2001 confirmó íntegramente la decisión de primera instancia.
5. En el acto de notificación personal de la condena de segundo grado, la procesada Estela Osorio Rueda manifestó que interponía el recurso de casación, y en ello, más adelante, pero aun dentro del término de notificaciones, fue coadyuvada por su defensor.
6. Por auto del 3 de octubre de 2001, el Tribunal Superior de Bucaramanga denegó “por carencia de interés jurídico” la impugnación extraordinaria, argumentando que conocieron el asunto relativo a la señora Estela Osorio Rueda en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta, debido a que ni ella, ni su defensor apelaron la sentencia de primera instancia, de donde se infiere que aceptaron las decisiones judiciales.
7. Notificado del auto anterior, y dentro del término para impugnar, el defensor de Estela Osorio Rueda interpuso y sustentó el recurso de queja, y el Tribunal Superior envió las copias pertinentes a la Sala de Casación Penal, para que sea resuelto.
El defensor de Estela Osorio Rueda asegura que sí tiene interés jurídico para demandar en casación, sin que sea óbice que no hubiesen interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, puesto que, el tribunal superior también ejerció el grado jurisdiccional de consulta.
Acude a varios pronunciamientos de la Corte en los cuales ha sostenido que para acceder al recurso extraordinario es indispensable que la parte que lo intenta haya apelado en oportunidad la sentencia de primer grado o, en su defecto, que el superior haya examinado su situación jurídica en virtud del grado jurisdiccional de consulta, o la haya desmejorado con ocasión del recurso de apelación interpuesto por otro sujeto procesal, o que la casación verse sobre nulidades, porque de lo contrario carecería de interés para recurrir. Destaca el auto del 11 de febrero de 1999, del que transcribe algunos apartes en idéntico sentido. (Rad. 9998, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll)
Con base en los anteriores planteamientos, solicita a la Corte le conceda el recurso extraordinario de casación, que le fue denegado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, a partir de razonamientos equivocados.
Antes de abordar el problema concreto que comporta el planteamiento del defensor, se estima oportuno recordar cuál era la normatividad que debía aplicarse para decidir sobre la concesión del recurso de casación, y por qué razones en la actualidad resulta factible interponer el recurso de queja, cuando se deniega la impugnación extraordinaria, temas a los que ya se ha referido la Corte en otras oportunidades.
I. De la normatividad aplicable al caso
1. Sea lo primero recordar que Estela Osorio Rueda interpuso el recurso de casación el 10 de julio de 2001, fecha en que aún se encontraba vigente el anterior Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91)
De igual manera, debe tenerse en cuenta que algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, que introdujo reformas sustanciales al Decreto 2700 de 1991, en el tema de la casación, ya habían sido declarados inexequibles, igual que ocurrió con algunas normas del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)
2. Por ello, ante el problema que suscitó el aparente vacío de legislación, en atención a los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, la Sala de Casación Penal determinó que en lo estrictamente necesario recobraba vigencia el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto 2700 de 1991.
Así lo explicó la Sala en auto del 22 de octubre de 2001:
“1.1. La Ley 553 de 2000, que entró a regir el 15 de enero del mismo año (1) , introdujo modificaciones al capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, relacionado con la casación, y entre otras, en vista de que el instituto dejaba de ser un “recurso extraordinario” y procedía contra “sentencias ejecutoriadas” proferidas en segunda instancia por los tribunales, suprimió el anterior término de quince (15) días para interponer la impugnación y obviamente varió las condiciones para empezar a correr el término de treinta (30) días destinado a presentar la demanda, pero se conservó en su cantidad (arts. 1º y 6º).
(1) Publicada en el Diario Oficial 43.855 del 15 de enero de 2000.
“1.2. Ocurre que la Sentencia C-252 de 2001 (28 de febrero) declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), tal como fueron modificados por el artículo 6º de la Ley 553, así como los mismos apartados del artículo 210 de la Ley 600 de 2000 (Nuevo Código de Procedimiento Penal). Esta última determinación fue adoptada en vista de la unidad normativa, porque las mismas disposiciones de la Ley 553 fueron reproducidas en el estatuto procesal penal vigente”.
“1.3. Para la fecha del fallo de inconstitucionalidad, todavía no estaba en vigencia la Ley 600 de 2000, pues ella se previó a partir del 25 de julio de 2001, conforme con lo señalado en el artículo 536”.
“1.4. En relación con los efectos del fallo de inexequibilidad, la Corte Constitucional ha señalado que reviven las normas que habían sido derogadas por la disposición que declarada contraria a la Constitución, siempre y cuando en su confrontación no aparezca igualmente reñida con el texto fundamental, situación que no puede ocurrir cuando el fenómeno sea el de la derogación de la norma derogatoria, pues allí tendría plena vigencia la prohibición del artículo 14 de la Ley 153 de 1887”.
“Así las cosas, las normas de los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, parcialmente derogadas o modificadas por la Ley 553, reviven no tanto porque se pretenda darle efectos a disposiciones expresamente sacadas por el legislador del escenario jurídico (sin enfrentar problemas de favorabilidad y ultractividad), sino porque, ante la sensación de vacío normativo, son las que en sentir de la Corte Constitucional reflejan el espíritu constitucional”.
“Con todo, en vista de que la Corte Constitucional declaró la existencia de unidad normativa entre las disposiciones pertinentes de las leyes 553 y 600 de 2000, porque unas reprodujeron a las otras, lo obvio es que entendidas ellas como un solo precepto, también habrá de concluirse que ambas tuvieron como único precedente legislativo más inmediato los artículos 223 y 224 del Código de Procedimiento Penal de 1991, cuya vigencia debe restaurarse ipso iure. Por otra parte, como quiera que la Sentencia C-252 de 2001 apenas declaró inconstitucionales algunas normas de la Ley 600 de 2000, dejando incólume la de su vigencia diferida por un año (art. 536), ha de considerarse que el efecto revivificante sólo se produce llegado el momento de vigor del estatuto procesal completo del cual se extrajo la norma por inexequibilidad”. (Rad. 18.582, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego)
3. En síntesis, para el 10 de julio de 2001, fecha en que se interpuso la impugnación extraordinaria, ya se había producido la declaratoria de inexequibilidad de varios preceptos de la Ley 553 de 2000 inherentes a la casación (2) , por lo cual revivían los aspectos pertinentes del Decreto 2700 de 1991, normatividad que debió aplicarse para el trámite del recurso interpuesto por la señora Estela Osorio Rueda y su defensor.
(2) La Sentencia C-252 de 2001, se notificó en edicto fijado hasta del 16 de marzo de 2001, por lo cual, desde el día siguiente produjo efectos erga omnes la declaratoria de inexequibilidad de algunos apartes de la Ley 553 de 2000.
I. Del recurso de queja
1. Se ha venido insistiendo en que Estela Osorio Rueda interpuso el recurso de casación el 10 de julio de 2001, fecha en que aún se encontraba vigente el anterior Código de Procedimiento Penal (D. 2700/1991)
En estricto sentido, para aquella época, de conformidad con el artículo 207 ibídem, procedía el recurso de hecho (no de queja), contra la providencia que denegaba el recurso de casación.
2. Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), a partir del 25 de julio de 2001, el recurso de hecho pasó a denominarse recurso de queja, y sólo procede, según el artículo 190, cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación.
3. Bajo el régimen procedimental de la actualidad, por disposición del artículo 210, en el aparte que no fue declarado inexequible por la Sentencia C-205 de 2001, “Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará, mediante auto que admite el recurso de reposición”.
Significa lo anterior que una vez se interponga el recurso extraordinario de casación, el juez de segunda instancia deberá limitarse a concederlo o a denegarlo, pero si lo deniega, esta determinación únicamente puede fundamentarse en que la impugnación es extemporánea.
Si la casación es denegada, exclusivamente por extemporánea, se insiste, contra el auto que así resuelve procede el recurso de reposición, y no el de queja.
4. Pero puede ocurrir que el tribunal, extralimitando su funciones, deniegue el recurso de casación por motivos diferentes, verbi gratia: por falta de interés, o en ejercicio del control del derecho de postulación concede el recurso a quien no está legitimado, como cuando quien recurre sin ser sujeto procesal u obra sin poder de quien si lo es, por la pena asignada al delito, etc., caso en el cual es procedente interponer el recurso de queja, para ante la Sala de Casación Penal. En auto del 6 de marzo de 2002, radicación 18.862, con ponencia del honorable magistrado, doctor Jorge Córdoba Poveda, la Sala indicó:
“En este evento, es procedente acudir al recurso de queja, antes llamado de hecho, previsto en los artículos 207 y siguientes del Decreto 2700 de 1991, los que para el caso se reviven, pues como se expuso en el auto fechado el 22 de octubre de 2001, citado (3) , “en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los contenidos normativos derogados... siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental””.
(3) Recurso de queja, radicación 18.613, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote.
“En síntesis, si el ad quem no concede el recurso extraordinario de casación por haber sido interpuesto extemporáneamente, contra el auto en que así lo dispone sólo procede el de reposición. Si, excediendo su competencia, lo niega por motivos distintos, contra la providencia respectiva procede el recurso de queja, antes llamado de hecho”.
“4. No hay duda que el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 553 de 2000 (reproducido por L. 600/2000, art. 210, inc. 2º) derogó tácitamente las normas del Decreto 2700 de 1991 que permitían acudir al recurso de hecho (hoy llamado de queja), cuando se negaba la concesión del recurso de casación, pues, como se vio, la demanda se presentaba declarado inexequible tal inciso y tener que nuevamente interponerse y concederse el recurso de casación, previamente a la presentación de la demanda, hay que entender que recobraron vigencia los preceptos del código de 1991 que permiten acudir al recurso de queja contra el auto que no concede el de casación, siempre que la denegatoria sea por motivos distintos a la extemporaneidad”.
“5. En el mismo sentido, también fue derogado tácitamente por el citado inciso 2º del artículo 6º de la Ley 553 de 2000, el último inciso del artículo 224 del Decreto 2700 de 1991, que ordenaba al ad quem declarar desierto el recurso de casación cuando no se sustentaba, esto es, cuando concedido no se presentaba la demanda o se presentaba extemporáneamente, contenido que hay que considerar que recobró su vigencia, por las mismas razones expuestas”.
“Por lo tanto, en lo atinente a las sentencias dictadas después de la declaratoria parcial de inexequibilidad de la Ley 553 de 2000, si se concede el recurso de casación pero no se sustenta, el ad quem debe declararlo desierto”.
1. El Tribunal Superior de Bucaramanga denegó “por carencia de interés jurídico” la impugnación extraordinaria, argumentando que ni la señora Estela Osorio Rueda, ni su defensor apelaron la sentencia de primera instancia, de donde se infiere que aceptaron las decisiones judiciales, y que la corporación estudió lo pertinente a la procesada en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta.
2. Cuando se interpuso el recurso extraordinario aún se encontraba vigente el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto 2700 de 1991, como fue modificado en materia de casación por la Ley 553 de 2000, salvo, claro está, en los aspectos que fue declarada inexequible, según viene de explicarse.
3. El artículo 6º de la Ley 553 de 2000 modificó al 223 del Decreto 2700 de 1991, en cuanto a la oportunidad para interponer el recurso de casación.
Dicho artículo 6º, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-252 de 2001, salvo en el inciso que dice:
“Si la demanda se presenta extemporáneamente, así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición”.
4. De otra parte, el artículo 9º de la Ley 553 de 2000, que modificó el 228 del Decreto 2700 de 1991, referente a la calificación de la demanda, no tuvo problemas de constitucionalidad, y por el contrario conservó su vigencia. Esta norma estipula:
“Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto”.
Por supuesto, la calificación de la demanda es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, y tanto en aquél régimen, como en el actual, si llegare a inadmitirse, contra el auto que así lo decida no procede recurso alguno.
5. Se percibe nítidamente que el Tribunal Superior de Bucaramanga, invadiendo la órbita de competencia de la Sala de Casación Penal, emitió juicios de valor sobre el interés jurídico de la procesada y su defensor, y entonces denegó el recurso extraordinario.
En ese orden de ideas, el recurso de queja se encuentra fundado, y por ello se concederá el recurso extraordinario de casación.
6. Corresponde al Tribunal Superior de Bucaramanga correr los traslados de rigor, esto es treinta (30) días para que el recurrente presente la demanda, luego del cual, si ésta se allega oportunamente, ha de surtir el traslado a los demás sujetos procesales por el término de quince (15) días, según lo señalaba el artículo 7º de la Ley 553 de 2000, igual que ahora lo indica el 211 de la Ley 600 del mismo año.
Ahora bien, si el recurso de casación concedido no se sustenta, el tribunal superior debe declararlo desierto a través de un auto que no admite recursos, de conformidad con el último inciso del artículo 224 del anterior Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), que, como viene de anotarse, también recuperó su vigencia.
1. CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la señora Estela Osorio Rueda y por su defensor, contra el fallo del 26 de junio de 2001, proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.