Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614963
Timestamp: 2020-01-25 20:48:22
Document Index: 101544221

Matched Legal Cases: ['artículo 579', 'artículo 234', 'artículo 117', 'artículo 5', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 213', 'artículo 579', 'artículo 108', 'artículo 117', 'artículo 579', 'artículo 305', 'artículo 579', 'artículo 216', 'artículo 117', 'artículo 213', 'artículo 29', 'artículo 579', 'artículo 579', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 216', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 40', 'artículo 1', 'Artículo 215', 'artículo 579', 'artículo 306', 'artículo 579', 'artículo 578', 'artículo 579', 'artículo 29', 'artículo 292', 'artículo 117', 'artículo 18', 'artículo 213', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 117', 'artículo 213', 'artículo 216', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 221', 'artículo 117', 'artículo 18', 'artículo 117', 'artículo 213', 'artículo 216', 'artículo 221', 'artículo 13']

Sentencia de Constitucionalidad nº 740/01 de Corte Constitucional, 11 de Julio de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614963
Sentencia citada en: 55 sentencias, 18 artículos doctrinales, una disposición normativa
Actor: J.C.R..
B.D., once (11) de julio del año dos mil uno (2001).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.C.R. demandó los artículos 117, 255 a 258 y el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 "por medio de la cual se expide el Código Penal Militar".
ARTICULO 117. DESOBEDIENCIA DE RESERVISTAS. El personal que haya prestado el servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no se presentare en los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en arresto de tres (3) meses a un (1) año.
ARTICULO 255. JUZGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. El Juzgado de la Dirección General de la Policía Nacional conoce en Primera Instancia, salvo lo dispuesto en el Numeral 3º del artículo 234 de éste Código, de los procesos penales que se adelanten contra C.s de Departamentos de Policía, C.s de Policías Metropolitanas, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas, y contra Oficiales Superiores de la Policía Nacional.
ARTICULO 256. INSPECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. La Inspección General de la Policía Nacional, conoce en Primera Instancia de los procesos penales que se adelanten contra Oficiales Subalternos de la Policía Nacional, S., Personal del Nivel Ejecutivo, A., y Personal que preste el servicio militar orgánicos de la Dirección General; así como contra los Alumnos, S., Personal del Nivel Ejecutivo y A. de la Escuela Nacional de Policía General Santander, y Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional; y, además, de los procesos contra el personal policial cuyo conocimiento no esté atribuido a otro Juzgado.
ARTICULO 257. JUZGADOS DE P.M.. Los Juzgados de Policías Metropolitanas, conocerán en Primera Instancia de los procesos penales, contra S., Personal de Nivel Ejecutivo, A. de la Policía Nacional y personal que preste el servicio militar en la respectiva unidad metropolitana.
ARTICULO 258. JUZGADOS DE DEPARTAMENTO DE POLICIA. Los Juzgados de Departamento de Policía, conocerán en Primera Instancia de los procesos penales que se adelanten contra, S., Personal del Nivel Ejecutivo, A. de la Policía Nacional y personal que preste el Servicio Militar en las diversas unidades policiales que se les asigne territorialmente, así como de los procesos penales que se adelanten contra los Alumnos, S., Personal del Nivel Ejecutivo, A., y personal que preste el servicio militar, orgánicos de las Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas que se encuentren en la jurisdicción, de conformidad con la organización administrativa que fije la ley.
A su juicio, el artículo 117 viola la prohibición constitucional según la cual "[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados por la justicia penal militar" (C.P., art. 213, inciso final), de modo que una vez que la persona cumple el término de la prestación del servicio militar obligatorio, y pasa a la reserva, o se desvincula de la milicia, adquiere la calidad de civil, sin que en evento alguno puede ser investigado y juzgado por la justicia "castrense", que se encarga de quien tiene la calidad de militar, este es, "quien se encuentre bajo banderas y en actividad... sometido al Régimen de Milicia." Y agrega que dicha prohibición está igualmente estipulada en el artículo 5º del C.P.M. y, en consecuencia, el artículo 117 demandado es inexequible.
A su juicio, el cargo contra el artículo 117 de la Ley 522 por violación del artículo 213 superior, carece de fundamento y refleja un total desconocimiento de las normas y trámites vigentes para el llamamiento de las reservas, ya que la Ley 48 de 1993 (Arts. 55 y 56) señala el procedimiento para tal efecto, en desarrollo del articulo 216 constitucional según el cual "...todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones políticas...". De manera que la convocatoria o el llamamiento de las reservas que haga el Gobierno Nacional, bajo las circunstancias previstas en la Constitución y la ley, es el hecho que suspende la calidad de civil que tenga un ciudadano y lo convierte nuevamente en miembro de la fuerza pública, calidad ésta que permite que lo juzgue la justicia "castrense" por sus actos de desobediencia.
Sobre el cargo por violación al debido proceso (C.P., art. 29) por el inciso final del artículo 579 demandado, estima que no tiene sustento jurídico, pues el legislador previó el procedimiento especial en la Ley 522 de 1999 y fijó las normas propias del juicio respectivo, respetando el debido proceso y garantizando los derechos del acusado. Agrega así mismo, que la naturaleza de las conductas que se juzgan por el procedimiento especial no amerita la intervención de la parte civil y del fiscal, al contrario de lo que acontece con los procedimientos ante la Corte Marcial que si la prevé. Señala además que la constitución de la parte civil en el proceso penal militar tiene por único objeto el impulso del proceso y que la reclamación de perjuicios se debe solicitar ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 108 ibídem.
Intervención del Comando General de las Fuerzas Militares
El C. General de las Fuerzas Militares interviene en el proceso de la referencia y solicita la declaratoria de constitucionalidad de las normas demandadas, con base en las siguientes razones:
Señala que, en desarrollo de los artículos 217, 218 y 221 de la Constitución Política, se expidió la Ley 48 de 1993 que establece el llamamiento especial de las reservas y la obligatoriedad de la presentación del servicio (Arts. 55 y 56), de conformidad con el mandato del artículo 117 demandado, en concordancia con el 116 ibídem. Así pues, debe entenderse que cuando el Gobierno Nacional, mediante el correspondiente acto administrativo, convoca a las reservas indicándoles lugar, fecha y hora en que deben presentarse, las incorpora nuevamente al servicio activo y por lo tanto los reservistas pierden su calidad de civiles para readquirir la de militares; de modo que a partir de ese momento les son aplicables las normas del Código Penal Militar.
En cuanto a lo dispuesto por el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, manifiesta que en el proceso penal militar las partes están conformadas por quienes integran la relación jurídico procesal, de modo que la parte civil puede constituirse en los términos del artículo 305 ibídem; y respecto de los fiscales, indica que ellos simplemente son quienes ejercen la función de calificación y acusación en el proceso, de modo que en este caso, teniendo en cuenta la etapa procesal a que se refiere el inciso acusado, no hay violación al debido proceso.
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 2447, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 22 de febrero del año 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de los artículos 117 y 255 a 258, así como la constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579, con base en las siguientes consideraciones:
A su juicio, la obligación establecida en el artículo 216 constitucional, según la cual "todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones políticas...", es un referente constitucional que justifica la existencia del artículo 117 de la Ley 522 de 1999. Dicha disposición no vulnera, en su concepto, el artículo 213 superior, pues cuando el Gobierno Nacional decreta la movilización de las reservas, en los términos de la Carta Política, los civiles que tienen la calidad de reservistas, se reincorporan a la vida militar y retoman sus obligaciones en el servicio activo, quedando así facultada la justicia militar para aplicar sus normas.
Finalmente el actor considera violado el artículo 29 Constitucional por el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, el cual, en su concepto, excluye la participación de la parte civil y del fiscal penal militar dentro del procedimiento especial que él regula. Al respecto la representante del Ministerio de Defensa y el C. de la Fuerzas Militares defienden la norma acusada en virtud del libre ejercicio del legislador en este campo de su potestad de configuración.
Por su parte el señor P. solicita la declaratoria de constitucionalidad de la norma, pero condicionada al reconocimiento de la intervención en dicho procedimiento especial de la parte civil, si ésta se ha constituido.
Finalmente, la Corte deberá analizar si, como lo señalan tanto el demandante como el señor P., el artículo 579 de la Ley 522 viola el debido proceso (C.P., art. 29).
La competencia de la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento de la conducta de "desobediencia de reservista" -delitos contra la disciplina- no vulnera el inciso final del artículo 213 de la Constitución Política
El demandante considera que la norma que establece el delito de "desobediencia de reservas" (C.P.M., art. 117) vulnera la prohibición constitucional establecida en el inciso final del artículo 213 de la Constitución, según la cual "[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar", porque a su juicio quien haya prestado su servicio militar y se encuentre en reserva tiene la calidad de civil y, por lo tanto, no puede ser juzgado por la Jurisdicción Penal Militar.
El constituyente de 1991 dispuso en el artículo 216 de la Constitución Política i.) que la fuerza pública estará integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ii.) que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender a independencia nacional y las instituciones públicas y iii.) que la ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen de la prestación del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. En desarrollo de esta disposición el legislador expidió la Ley 48 de 1993, "por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización".
Esta ley en su artículo 10 señala que "todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad" El parágrafo del artículo señala que "La mujer colombiana prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad en que se preste el servicio."
De igual manera el artículo 2 de la Constitución, en su inciso segundo, declara que las autoridades han sido instituídas para "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (subraya la Corte). Es apenas lógico que, si el Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos, una mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al ejercicio de sus libertades".
En ese orden de ideas, es la Carta Política la que debe definir si el Estado mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados (la Fuerza Pública) y, claro está, en el caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que apelar al concurso de los nacionales para la conformación de los mismos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-363 del 14 de agosto de 1995. M.: Dr. J.G.H.G.)." Sentencia C-561/95 M. J.G.H.G.
"La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación.
"La objeción de conciencia, es definida por V. como 'la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito'.11 Citada por SUAREZ PERTIERRO, G.: La objeción de conciencia al servicio militar en España, en "Anuario de Derechos Humanos", Instituto de Derechos Humanos, Madrid, 1990. P.. 251.
"De allí que deba afirmarse la impracticabilidad de tal figura en cualquiera de sus modalidades en aquellos sistemas constitucionales que no la han consagrado, como acontece en el caso colombiano. Una propuesta en el sentido de introducirla expresamente en el texto de la Carta de 1991, presentada por el constituyente F.C. fue negada por la Asamblea Nacional Constituyente, sin que pueda afirmarse que de los textos aprobados se deduzca siquiera un principio de objeción. De allí que no sea procedente, a la luz del ordenamiento en vigor, acceder a las pretensiones del demandante relacionadas con la sustitución o exclusión de los deberes propios del servicio militar, a favor de sus representados." (Sentencia T-409 de junio 8 de 1992. M.D.J.G.H.G..
Si se tiene en cuenta que el servicio militar tiene por finalidad constitucional, la participación ciudadana en el logro y mantenimiento de la paz, se observa lo infundado del cargo en el sentido que la Ley 48 sea contraria al mandato del artículo 22 de la Carta Política" Sentencia C-511/94 M.F.M.D..
En consecuencia, en el estado actual del ordenamiento constitucional colombiano, por principio todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, no obstante si se trata de un estudiante de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberá inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento Dichas causales están consagradas en los artículos 27 a 29 de la Ley 48 de 1993 que señala:
Los limitados físicos y sensoriales permanentes;
Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;
Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la perdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación
El hijo único hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre soltera;
El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos;
El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;
Los inhábiles relativos y permanentes;
Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.
Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio
Encontrarse detenido presuntivamente por las autoridades civiles en la época en que deba ser incorporado;
Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de. compensación militar;
Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa;
El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales, S. y A.;
El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por perdida del año;
El conscripto que reclame alguna exención al tenor del artículo 19 de la presente Ley. .
Ahora bien, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 48 de 1993, "[s]on reservistas de las Fuerzas Militares los colombianos desde el momento en que definan su situación militar hasta los 50 años de edad", salvo las excepciones de ley (Art. 27 ibídem). Dichos reservistas pueden ser de primera clase (Art. 50) ARTICULO 50. Reservistas de primera clase. Son reservistas de primera clase:
Los colombianos que presten el servicio militar obligatorio;
Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y S. de las Fuerzas Militares, después de un (1) año lectivo:
Los colombianos que acrediten haber prestado servicio militar en Estados con los cuales Colombia tenga convenios al respecto;
Los alumnos de los colegios o institutos de enseñanza secundaria autorizados por el Ministerio de Defensa Nacional, que reciban la instrucción militar correspondiente;
Quienes hayan permanecido mínimo un (1) año lectivo en las escuelas de formación de Oficiales y S. de la Policía Nacional, hayan prestado el servicio militar obligatorio en esa institución, y a los agentes que hayan servido como tal por un tiempo superior a dos (2) años.
PARAGRAFO. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, el servicio militar se preste por un período mínimo equivalente a la mitad del tiempo establecido legalmente, también se considera como reservista de primera clase. , de segunda clase (Art. 51) ARTICULO 51. Reservistas de segunda clase. Son Reservistas de segunda clase los colombianos que no presten el servicio militar por falta de cupo o por las causales de exención establecidas en la Ley. y de honor (Art. 52) ARTICULO 52. Reservistas de honor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, consideranse reservistas de honor los soldados, grumetes o infantes de fuerzas militares y agentes auxiliares de la Policía Nacional, heridos en combate o como consecuencia de la acción del enemigo y que hayan perdido el 25% o más de su capacidad sicofísica, o a quienes se les haya otorgado Orden de Boyacá por acciones distinguidas de valor o heroísmo, la Orden Militar de San Mateo o la Medalla de Servicios Prestados en Guerra Internacional o la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público o su equivalente en la policía Nacional por acciones distinguidas de valor, los cuales gozarán de los derechos y beneficios que señalen las disposiciones vigentes sobre la materia. y a su vez, por razón de la edad, pueden ser clasificados en reservistas de primera, segunda y tercera línea (Art. 53 ibídem) ARTICULO 53. Clasificación de Reservistas según la edad. Los Reservistas según la edad serán de primera, segunda, y tercera línea.
Los Reservistas de primera y segunda clase desde el 1° de enero del año en que cumplan los 41 años de edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan los 50 años de edad..
En los términos del artículo 55 ibídem, el Gobierno Nacional podrá hacer un "llamamiento especial de reservas", en tiempo de paz y cuando lo considere necesario, convocando temporalmente a las reservas de la Fuerza Pública con fines de instrucción, entrenamiento, revisión, y situación de orden público, en desarrollo de los planes de movilización El artículo 54 ibídem define por movilización "la medida que determina la adecuación de poder nacional de la situación de paz a la guerra exterior, conmoción interior o calamidad pública.".
En relación con dicho artículo la Corte se pronunció mediante Sentencia C-511 de 1994 en la que se declaró la exequibilidad de la expresión "en tiempo de paz y cuando lo considere necesario". Al respecto señaló esta Corporación que:
Los cargos de violación de la normatividad acusada por omisión son infundados, pues parten de la base falsa sentada por el demandante de la inconstitucionalidad del carácter obligatorio de la prestación del servicio militar conforme a la ley. (...)" Sentencia C-511 /94 M.F.M.D.
Para la Corte no debe olvidarse en efecto que el llamamiento de las reservas se hace en el marco de la función que la Constitución radicó en cabeza de las Fuerzas Militares y que consiste en "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional", por lo que cuando el Gobierno decide llamar a sus reservas al servicio está ejerciendo las potestades y facultades que el constituyente le otorgó para el debido cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre los cuales está el de "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (C.P., art. 2º).
Ahora bien, para efectos del estudio que adelanta la Corporación en el presente asunto, es importante precisar que la disposición atacada ARTICULO 117. DESOBEDIENCIA DE RESERVISTAS. El personal que haya prestado el servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no se presentare en los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en arresto de tres (3) meses a un (1) año. se aplica exclusivamente a aquellas personas que han prestado el servicio militar obligatorio (reservistas de primera clase), los cuales gozan de las prerrogativas que la ley ha señalado para ellos, de la misma manera que están sometidos a los deberes que las mismas normas les imponen Según el artículo 52 del Decreto Reglamentario 2058 de 1993 los reservistas de primera clase tienen la obligación de informar todo cambio de residencia ante el Comando de Zona o Distrito Militar de reclutamiento de su localidad. .
Estas personas que han jurado bandera, han recibido un entrenamiento militar, y en determinados casos han obtenido el grado de subtenientes, o de suboficiales de reserva De acuerdo con el Decreto 1790 de 200 que establece las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares la reserva de primera clase de oficiales y suboficiales esta conformada respectivamente por:
Los oficiales retirados del servicio activo, llamados a conformar las unidades del plan nacional de movilización, mientras no hayan cumplido la edad máxima establecida por Ley para los servidores públicos y reúnan las condiciones de aptitud sicofísica requeridas.
Las personas que hayan realizado y aprobado cursos especiales para graduarse como Profesionales Oficiales de Reserva.
Los alumnos de las escuelas de formación de oficiales que habiéndose retirado después de haber cursado y aprobado dos (2) años de estudio, hayan obtenido el grado de subteniente de reserva o teniente de corbeta de reserva.
Los soldados bachilleres, que habiendo prestado el servicio militar, hayan obtenido el grado de subtenientes de reserva de acuerdo con reglamentación que expida el Gobierno Nacional. (resaltado fuera de texto)
Los oficiales mercantes que se hayan graduado como oficial de puente de altura u oficial maquinista de altura, en la Escuela Naval de C.".P. y que hayan obtenido el grado de tenientes de corbeta de la reserva naval.
Los aviadores civiles con licencia vigente expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, en la modalidad de Piloto de Transporte de Línea (PTL) y de Piloto Comercial de Helicópteros (PCH) que hayan aprobado el curso de acuerdo con reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Los profesionales egresados de la Universidad Militar, según reglamentación del Gobierno Nacional.
Los S. retirados del servicio activo, llamados a conformar las unidades del plan nacional de movilización.
Los ex alumnos de las escuelas de formación de oficiales que hayan obtenido el grado como suboficiales de reserva.
Los soldados bachilleres que hayan obtenido el grado de suboficial de reserva, de acuerdo con reglamentación que expida el Comando General de las Fuerzas Militares. (resaltado fuera de texto)
, tienen en efecto un régimen especial que incluye una serie de beneficios a los que alude el artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Norma que es del siguiente tenor:
A los bachilleres que presten el servicio militar y aspiren a continuar estudios en centros de educación superior, el puntaje obtenido en las pruebas de Estado o su asimilado, realizado por el Icfes o entidad similar, se le sumará un número de puntos equivalente al 10% de los que obtuvo en las mencionadas pruebas. El Icfes expedirá la respectiva certificación. Esta norma fue declara inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-022 de 1996, M., Carlos Gaviira Díaz
Ingresar sin examen de admisión a las Escuelas de Capacitación Agropecuaria e Industrial, al SENA o a Institutos similares previa presentación de la tarjeta de reservista de primera clase; Esta norma fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-1410 de 2000, M.P: F.M.D..
Cuando se haya distinguido por sus cualidades militares, podrá ser becado en las escuelas de formación de Oficiales y S. de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional;
Adicionalmente a esos beneficios, el legislador previó otro en el artículo 1º de la Ley 264 de 1996 "por medio de la cual se conceden algunos beneficios a los reservistas del Ejército, Armada Nacional, Fuerzas de Policía y de la Fuerza Aérea Colombiana" que dispuso: "[l]os colombianos que hubiesen prestado el servicio militar obligatorio y que por tal razón ostenten el título de reservistas del Ejército, de la Armada o de la Policía El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-423 de 1997, M.E.C.M..
, tendrán prioridad en los programas de reforma agraria y en los que se refieren a vivienda de interés social que impulse el Gobierno, dándole preferencia a los de la región y a los que acrediten su calidad de campesinos".
El reservista movilizado tiene derecho en todo caso a que el Estado le reconozca pasajes y viáticos para su traslado al lugar de incorporación, su sostenimiento durante el desplazamiento y el regreso a su domicilio al término del servicio (Art. 60 ibídem).
Finalmente precisa la Corte que si bien esta materia hace relación a una serie de elementos complejos que, como el de la objeción de conciencia, merecerían eventualmente ser objeto de estudio por esta Corporación Cabe recordar en todo caso la constante jurisprudencia de la Corte en esta materia contenida en las Sentencias T-409 de 1992, M.J.G.H.G.; T-224 de 1993, M.V.N.M.; C-511 de 1994, M.F.M.D. y T-363 de 1995, M.J.G.H.G..
, un debate en este sentido solo podría realizarse en el marco de un proceso en el que con base en un cargo específico planteado en la respectiva demanda se de aplicación a la plenitud de las formas propias del juicio de constitucionalidad.
Los artículos 255 a 258 de la Ley 522 de 1999 no vulneran el principio de igualdad
"En la realización del juicio de igualdad es necesario establecer, cuáles son las situaciones o supuestos que deben ser objeto de comparación, desde el punto de vista objetivo o material y funcional, atendiendo todos los aspectos que sean relevantes en las respectivas relaciones o circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima" Sentencia C-654/97, M.A.B.C...
Así, en el juicio de igualdad propuesto Sentencia C-445/95, M.A.M.C.. lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el término de comparación utilizado por el actor resulta inapropiado, pues no es posible establecer, válidamente, una equivalencia entre los juzgados de los Departamentos de Policía y Policías Metropolitanas, y los jueces de Brigadas y Divisiones del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.
De otra parte cabe recordar que en atención al principio de separación de mando y jurisdicción, adoptado por el legislador bajo el enunciado de independencia y autonomía del juzgador (C.P.M., art. 214) Este propósito de garantía de la imparcialidad del juez militar, quedó plasmado de manera fehaciente en la redacción de los artículos 214 y 215 de la Ley 522 de 1999, que a la letra dicen:
"Artículo 215. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a un superior en grado o antigüedad." y sobre el cual se hizo particular énfasis durante el trámite del proyecto respectivo, la solución adoptada para el caso de la Policía Nacional se encuentra claramente justificada.
`En este sentido, ha sido aspiración manifiesta del propio estamento castrense, que se modifique la estructura de la justicia penal militar existente, de conformidad con la cual se radica en cabeza del funcionario que juzga, la doble condición de juez y parte. El actual Código de Justicia Penal Militar, coloca al juez militar ante la casi imposible tarea, irrealizable para cualquier ser humano, de evaluar con objetividad e imparcialidad las conductas de sus propios subordinados, que en mucha ocasiones han obrado siguiendo sus órdenes y con quienes, además, ha compartido los atavares de la acción bélica, en cuya vivencia común se gesta naturalmente una inextirpable solidaridad entre quienes comparten tal clase de experiencia'.
`La separación del mando y la jurisdicción que este proyecto consagra busca aliviarlo de tan pesado lastre, echando así las bases para su ejercicio más objetivo e imparcial' Exposición de motivos al proyecto de Ley 064 de 1997 Cámara. Gaceta del Congreso N° 368 del 11 de septiembre de 1997." Sentencia C-361/01, M.M.G.M.C..
Al respecto, como lo recuerda el señor P. en su intervención, se debe tener en cuenta que el número de oficiales en las Policías Metropolitanas y en los Departamentos de Policía es reducido, lo que dificulta de manera importante la integración de Cortes Marciales con prescindencia de la línea de mando, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en la Divisiones y Brigadas del Ejercito que cuentan con el número de oficiales suficiente para integrar sus Cortes Marciales asegurando el principio aludido de separación de mando y jurisdicción, por lo que en el caso de la Policía Nacional resultaba razonable que el legislador optara, dentro su potestad de configuración, por radicar la competencia para conocer en primera instancia de los procesos contra los oficiales superiores y oficiales subalternos de la institución en los juzgados de la Dirección General y de la Inspección General, respectivamente.
La constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999
Dicho procedimiento especial, que consagran los artículos 578 y 579 del Código Penal Militar CAPITULO III PROCEDIMIENTO ESPECIAL.
Vencido el término anterior, se dará traslado al Ministerio Público para concepto por cinco (5) días y al Defensor por igual término para alegar. Se pronunciará fallo dentro de los cinco (5) días siguientes.", desconocería entonces en su concepto el debido proceso (C.P., art. 29) por lo que concretamente el inciso atacado, al establecer únicamente la intervención del Ministerio Público y del Defensor, debería declararse inconstitucional.
Para el señor P. por su parte esta disposición consagraría efectivamente la exclusión de la parte civil, con la consecuente imposibilidad para los afectados por el ilícito de hacer valer sus derechos y de obtener la reparación que el ordenamiento penal ordinario consagra claramente y en relación con el cual esta Corporación se ha pronunciado afirmativamente en diversas sentencias Cita al respecto las sentencias C-293/95 y SU 717/98, M.C.G.D., así como la Sentencia C-163/00, M.F.M.D., por lo que solicita la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la norma en el sentido de entender que los términos previstos en ella para la solicitud de pruebas y para alegar, también deben ser reconocidos a la parte civil, si ésta se ha constituido.
En estos artículos se precisa que "[l]a constitución de parte civil en el Proceso Penal Militar tiene por objeto exclusivo el impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos" y que "[é]sta podrá constituirse por el perjudicado con el delito y por intermedio de Abogado titulado, desde el momento de la apertura de la investigación hasta antes de que se dicte el auto que señala fecha y hora para la iniciación de la audiencia pública de juzgamiento" (C.P.M., art. 5º)
Admitida la demanda de parte civil, cuyos requisitos se señalan en el artículo 306 de la ley "ARTICULO 306. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE PARTE CIVIL. La demanda de constitución de parte civil, deberá contener: 1 Nombre, domicilio, identidad de la persona que demanda. 2. Nombre, domicilio, grado e identificación del miembro de la Fuerza Pública procesado. 3. Relación de hechos que se consideren constitutivos del delito. 4. Fundamentos jurídicos de la demanda. 5. Solicitud de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes y presentación de las que se encuentren en su poder.
, dicha parte quedará facultada para "solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia del hecho punible, la identidad de los autores o partícipes, y su responsabilidad", así como para interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias señaladas. (C.P.M., art. 309).
ARTICULO 106. REPARACION DEL DAÑO. El hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan.
En ningún caso la justicia penal militar podrá condenar al pago de perjuicios al miembro de la Fuerza Pública penalmente responsable.
En este contexto entra la Corte a examinar los argumentos expuestos por el demandante y por el señor P. en relación con dicho inciso, a propósito de la exclusión de la parte civil del procedimiento especial a que éste alude.
Efectivamente, el artículo 579 de la Ley 522 de 1999 señala que para el caso de los delitos a que alude el artículo 578 ibídem Delitos contra el servicio, de la fuga de presos, el uso indebido de uniformes e insignias de la Fuerza Pública y los contemplados en el Titulo Octavo, del Libro Segundo del Código Penal Militar, denominados OTROS DELITOS, consagrados en los artículos 187 a 194..
Vencido el término anterior, se dará traslado al Ministerio Público para concepto por cinco (5) días y al Defensor por igual término para alegar. Se pronunciará fallo dentro de los cinco (5) días siguientes" Subraya y negrilla fuera de texto..
Ahora bien, mas allá de la afirmación de la posibilidad de intervenir en este procedimiento especial (C.P.M., arts. 578 y 579), la Corte considera que el carácter de sujeto procesal que se le asigna a la parte civil en el Código Penal Militar, efectivamente se afecta con el inciso final del mismo artículo 579, transcrito, pues resulta claro que esta disposición desconoce sus derechos, al circunscribir el traslado para alegar al defensor y para rendir concepto al P., una vez cumplido el término probatorio, excluyendo a la parte civil, en un momento procesal, sin duda el más importante, en el que su intervención para controvertir y analizar las pruebas decretadas es plenamente conducente, de acuerdo con la finalidad que le fue establecida en el Código Penal Militar.
De otra parte, si bien no asiste razón al señor P. cuando afirma que se desconoce en este caso la Constitución al impedirse la posibilidad de solicitar el resarcimiento del daño causado, pues como ya se señaló la demanda respectiva deberá presentarse ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo (C.P.M., arts. 106 a 108), esta Corporación debe tener en cuenta que en el proceso adelantado ante dicha jurisdicción, la decisión adoptada dentro del proceso penal militar servirá de base para el análisis de los perjuicios causados por los delitos a los cuales este procedimiento se aplica En particular debe tomarse en cuenta el caso de los denominados otros delitos en los que evidentemente se justifica la constitución de la parte civil y el resarcimiento del daño. Estos delitos son:
ARTICULO 194. DAÑO EN BIEN AJENO. El que destruya, inutilice, haga desaparecer ó de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble ó inmueble, cuando el monto del daño no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.".
Finalmente teniendo en cuenta que el demandante señala que la disposición atacada viola igualmente el artículo 29 constitucional, al omitir la participación del Fiscal Penal Militar, reconocido como sujeto procesal de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 522 de 1999 "ARTICULO 292. FISCALES PENALES MILITARES. Los F.P.M. tendrán la calidad de sujetos procesales y ejercerán sus funciones ante el Tribunal Superior Militar y los Jueces de conocimiento de manera ordinaria y permanente, de conformidad con lo previsto en éste Código.", la Corte debe señalar que, contrariamente a lo que sucede en el caso de la parte civil, tal circunstancia no desconoce el núcleo esencial del debido proceso.
"Según lo expresó el señor P., al momento de instalar la mencionada comisión (se refiere a la comisión redactora del nuevo Código Penal Militar), ésta debería encargarse de analizar expresamente determinados aspectos, entre los que pueden señalarse el señalamiento del "alcance de las conductas que se encuentran cobijadas por la noción de "Acto del Servicio", la separación de las "funciones de investigación y juzgamiento, de aquellas relacionadas con la comandancia operativa de la Fuerza Pública", la adopción del "sistema acusatorio" en el interior de la justicia castrense mediante la creación de una "Fiscalía Militar", integrada dirigida y operada por "miembros de la propia fuerza pública". Exposición de motivos al proyecto de Ley 064 de 1997 Cámara. Gaceta del Congreso N° 368 del 11 de septiembre de 1997. (Paréntesis y negrillas por fuera del original).
Atendiendo estas consideraciones, el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración de los procedimientos judiciales, introdujo efectivamente, un elemento acusatorio dentro del proceso penal militar, por lo que hoy en día, de manera general, éste se desarrolla en varias fases o etapas, la primera de las cuales es la fase de investigación, que es adelantada por funcionarios de instrucción. En una segunda etapa, los fiscales califican el sumario y si es el caso profieren la resolución de acusación. Finalmente viene la etapa del juicio penal militar propiamente dicho Sentencia C-361 de 2001, M.M.G.M.C...
Actor: J.C.R.
En primer lugar, estimo que el condicionamiento La sentencia declara "EXEQUIBLE el artículo 117 de la Ley 522 de 1999 en el entendido que el reservista podrá invocar, si es del caso, las causales de exención establecidas en la ley." ha debido ser más específico y hacer referencia expresa al artículo 18 de la Constitución Política del cual se deduce claramente que el reservista llamado puede elevar una objeción de conciencia con el fin de hacer respetar uno de los elementos esenciales de su libertad consistente en no ser compelido a "actuar contra su conciencia". El condicionamiento adoptado por la Sala incluye tácitamente esta posibilidad y, por esta razón, comparto la aclaración de voto del magistrado A.B.S. a la cual adhiero. Salvo el voto porque considero que en una materia entrañablemente unida al núcleo intangible y mínimo de derechos fundamentales y, al mismo tiempo, altamente sensible debido al contexto de conflicto armado colombiano, la Corte ha debido abordar en extenso el tema de la armonización entre el deber constitucional de empuñar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones constitucionales (art. 216 inciso 2 C.P.) y el derecho constitucional fundamental a la libertad de conciencia (art. 18 C.P.), y no aplazar el debate tal y como se explica en la parte motiva de la sentencia cuando se dice:
"Finalmente precisa la Corte que si bien esta materia hace relación a una serie de elementos complejos que, como el de la objeción de conciencia, merecerían eventualmente ser objeto de estudio por esta Corporación Cabe recordar en todo caso la constante jurisprudencia de la Corte en esta materia contenida en las Sentencias T-409 de 1992, M.J.G.H.G.; T-224 de 1993, M.V.N.M.; C-511 de 1994, M.F.M.D. y T-363 de 1995, M.J.G.H.G., un debate en este sentido solo podría realizarse en el marco de un proceso en el que con base en un cargo específico planteado en la respectiva demanda se de aplicación a la plenitud de las formas propias del juicio de constitucionalidad."
En segundo lugar, resulta ineludible analizar la constitucionalidad de la norma demandada a la luz del art. 18 de la Constitución Política, así el demandante no hubiere formulado un cargo específico. Ello, no sólo porque la Corte debe juzgar las normas demandadas con base en toda la Constitución (Decreto 2067 de 1991, art. 22), sino porque el argumento acogido por la mayoría parte del supuesto de que con el acto administrativo de llamamiento el reservista que hubiere prestado el servicio militar obligatorio pierde su status de civil para convertirse en militar en servicio activo, lo que justificaría que fuera juzgado por un juez militar en caso de desobediencia por negarse a acudir al llamamiento. ¿No comprende la libertad de conciencia la definición básica acerca del estatus civil o militar de una persona? ¿Hay algo más medular en el ámbito de la libertad de conciencia que la respuesta a la pregunta acerca de quién se es, civil o militar? La cuestión reviste tanta importancia, que con razón, los magistrados J.A.R. y E.M.L. salvaron su voto porque consideran que ni aún el J. de Estado, como comandante de las Fuerzas Armadas, puede, por vía de un acto administrativo, modificar el estatus de un colombiano para pasarlo de civil a militar, sin darle la oportunidad de invocar las causales de exención establecidas en la ley y sin abrir un procedimiento razonable para que pueda elevar una objeción de conciencia, todo esto sometiendo a quien "era un civil" a la jurisdicción penal militar.
La primera parte de que el acto administrativo de llamamiento no le cambia el estatus a los reservistas que ya han prestado el servicio militar obligatorio. Estos siguen siendo civiles. De esta premisa se pueden deducir dos consecuencias alternativas. Una es la inconstitucionalidad pura y simple de la norma porque, al definir un tipo penal militar aplicado por cortes marciales a ciudadanos civiles, viola el artículo 213 inciso final de la Constitución que prohíbe tajantemente el juzgamiento de civiles por tribunales militares. Es la tesis básica del salvamento de voto de mis colegas J.A. y E.M.. Una segunda consecuencia es la exequibilidad de la norma en el entendido de que como sus destinatarios son civiles su juzgamiento compete a la justicia penal ordinaria y no a la justicia penal militar, a pesar de que el tipo penal forme parte del Código Penal Militar. Es la tesis básica de la aclaración de voto de mi colega R.E.G..
La segunda perspectiva es la acogida tácitamente en la sentencia. Según ella el llamamiento sí tiene la virtualidad de convertir al reservista en miembro activo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, éste en su condición de militar en servicio activo puede ser juzgado por el delito militar de desobediencia. De esta premisa se pueden deducir cuatro conclusiones alternativas. La primera es la de aceptar que ello no tiene ningún problema constitucional y que en consecuencia la norma es simplemente exequible. Esta conclusión no fue acogida por ninguno de los magistrados por razones obvias sobre las cuales no es necesario ahondar. La segunda es la de aceptar su exequibilidad pero condicionada al reconocimiento de las exenciones previstas en las normas vigentes a la prestación del servicio militar. Las normas vigentes serían las que están actualmente en vigor, particularmente los artículos 27 y 28 de la Ley 43 de 1993, y las que en el futuro sean expedidas para regular la objeción de conciencia a la prestación de servicio militar ya que al momento de proferirse el fallo no hay ninguna ley que regule esta delicada materia. La tercera es la de aceptar dicho condicionamiento pero en el entendido de que una de las normas vigentes es el artículo 18 de la Constitución, que es norma de normas (art. 4 inciso 1 de la C.P.), el cual protege el derecho fundamental a la libertad de conciencia que es de aplicación directa e inmediata (art. 85 C.P.). Es la tesis acogida por mi colega A.B.S.. La cuarta alternativa es la de concluir que el reconocimiento expreso en la parte resolutiva de la objeción de conciencia es requisito sine qua non para la exequibilidad de la norma demandada. Esta condición no fue acogida y por ello salvo mí voto. No lo fue por diversas razones que no viene al caso mencionar en este salvamento.
Se podría pensar que las diferentes posiciones en realidad no son tan divergentes. Ello es tan sólo parcialmente cierto. En verdad ninguno de los magistrados ni los que conforman la mayoría ni los que aclaran o salvan el voto, sostienen que la Constitución puede ser interpretada en el sentido de excluir de manera absoluta la posibilidad de elevar una objeción de conciencia en el ámbito de la prestación del servicio militar. Sin duda ello constituye una significativa concurrencia de criterios desde diferentes perspectivas y matices. Donde quizás no se presenta una concurrencia tan clara es en el punto de sí se debe proteger directamente este derecho ante la ausencia de una ley que regule la objeción de conciencia para armonizarla con el deber constitucional de defender la independencia nacional y las instituciones constitucionales mediante el empleo de las armas. Por lo menos en lo que a mí respecta, estimo que la posibilidad de plantear la objeción de conciencia no está supeditada a que previamente la ley regule la materia. Como ya se anotó, el artículo 18 de la Constitución reconoce expresamente el derecho constitucional fundamental a no ser compelido a actuar contra la propia conciencia lo cual otorga una base clara para exigir en casos concretos la aplicación directa de la Constitución.
Finalmente es necesario plantear las premisas básicas sobre las cuales la protección efectiva del objetor de conciencia se impone a partir de la Constitución de 1991.
Para empezar, es importante precisar el referente constitucional del análisis. Se ha dicho que el texto constitucional no sólo guarda silencio al respecto sino que excluye dicho derecho. En alguna sentencia pasada la Corte ha entendido que el deber de prestar servicio militar no tiene una excepción derivada del respeto a la libertad de conciencia porque en la Asamblea Constituyente una proposición en este sentido fue negada. Sobre el particular cabe anotar que si bien una proposición amplia fue negada, esta era aditiva a otra más precisa que se refería a la objeción de conciencia al porte y uso de armas, En la Asamblea Nacional Constituyente se tocó el tema de la objeción de conciencia en varios lugares (comisiones I y III, comisión codificadora, comisión de estilo) y momentos (en comisiones, en plenaria para primer debate, en plenaria para segundo debate), dada su relación con la libertad de conciencia (art. 18 C.P.), los deberes de los colombianos (art. 95 C.P.) y el servicio militar (art. 216 C.P.), temas distintos abordados por diferentes comisiones.
En sesión plenaria del sábado 29 de junio de 1991 se aprobó en segundo debate el artículo sobre los deberes de la persona y el ciudadano, pero sólo en sus primeros nueve numerales, ya que por decisión de la comisión codificadora el numeral 10 de dicho artículo referente al servicio social, civil o ecológico y a la objeción de conciencia para el uso y porte de armas fue trasladado al capítulo sobre Fuerza Pública. Al respecto se dejó constancia en las actas de la sesión plenaria por parte del constituyente R.O.: "El numeral décimo efectivamente fue trasladado al tema de la Fuerza Pública, que es, en opinión de la Codificadora, en donde debería estar; de tal manera que no creo que desapareciera el numeral décimo en el caso de que no fuese incluido aquí." (Gaceta Constitucional No. 142, p. 19). Luego de anunciarse el resultado de la votación el presidente de la Asamblea Serpa Uribe manifestó: "Con la aclaración de que los temas que no están aquí contemplados y sí aparecen en la propuesta del primer debate no han sido eliminados, sino remitidos a otros lugares de la Constitución." (Gaceta Constitucional No. 142, p. 20).
la cual fue aprobada en plenaria en primera vuelta. No obstante, no se consideró necesario regular en la Constitución hipótesis concretas de la objeción de conciencia ya que el artículo sobre libertad de conciencia era lo suficientemente amplio y, sobre todo, lo meridianamente claro sobre el tema ya que impide que una persona sea obligada a actuar contra su conciencia.
El artículo 117 del Código Penal Militar tipifica el delito denominado "desobediencia de reservistas", al consagrar que el personal que haya prestado el servicio militar obligatorio y se encuentre en situación de reserva, será sujeto a pena de arresto de tres meses a un año, cuando no se presentare a la unidad correspondiente el día y la hora señalados en los decretos de movilización o llamamiento especial al servicio. La sentencia declara la exequibilidad de la norma, señalando que los reservistas son militares desde el mismo momento en que se efectúa dicho llamamiento, razón por la cual no se vulnera el artículo 213 de la Carta, ya que la justicia militar no está juzgando a civiles.
Me separo de la argumentación anteriormente expuesta, pues los reservistas no son militares en servicio activo, como se deduce de las siguientes consideraciones:
La obligación constitucional de tomar las armas, contenida en el artículo 216 superior, es predicable de todos los colombianos varones, en su calidad de tales, y en consecuencia, es de carácter típicamente civil.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define reservista señalando:
"D. del militar perteneciente a la reserva, o que no está en servicio activo".
Es preciso distinguir dos momentos para determinar el estatus de los reservistas. El primero, comprendido entre la fecha en que el ciudadano colombiano define su situación militar hasta aquel en que es llamado al servicio; durante este lapso el reservista es un civil; y el segundo, que se inicia desde el momento en que éste específicamente se incorpora al servicio en razón al citado llamamiento a filas, momento a partir del cual se convierte en un militar en servicio activo. No debe confundirse entonces, el acto administrativo del llamamiento, a través del cual el Estado convoca a filas a sus reservistas, y el del ingreso, con el momento en el cual el reservista cumple el llamado y se incorpora al servicio activo.
El artículo 117 demandado se refiere al primer momento, es decir, al evento en el cual se efectúa la respectiva citación de los reservistas: Si éstos no acuden, no han adquirido el carácter de miembros de las fuerzas militares en servicio activo, razón por la cual no se encuentran amparados por el fuero militar.
Como se señaló anteriormente, los reservistas no se encuentran en servicio activo, calidad que sólo adquieren al momento en que se incorporan efectivamente a filas; por lo tanto el conocimiento de la conducta delictiva tipificada en el artículo 117 demandado, es de competencia de la justicia ordinaria; de acuerdo con el principio que atribuye como regla general a la justicia ordinaria el conocimiento de las conductas delictivas y a la jurisdicción militar como la excepción. Al respecto esta Corte ha señalado: Sentencia C-359/97 E.C.M.
Por lo tanto la norma debió declararse exequible, pero bajo el entendido que los reservistas por tratarse de civiles, deben ser procesados por la justicia ordinaria.
El artículo 117, arriba mencionado se encuentra dentro del Código Penal Militar, código que de conformidad con el artículo 221 de la Constitución, sólo es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
La aplicación de este artículo presupone, o tiene como condición sine qua non, que el sólo decreto de movilización o llamamiento especial al servicio, modifica ipso facto el Estatuto Jurídico del Ciudadano, que pasa de ser un civil para convertirse en militar.
El Estatuto Jurídico de las personas es por regla general, el de ser civiles y sólo excepcionalmente los civiles se convierten en militares, de tal manera que quien es reservista es por que ha dejado de ser militar y continúa siendo civil; o sea que al momento del llamamiento a filas la persona tiene la calidad de civil, no se encuentra en servicio activo y en consecuencia no se le puede aplicar el Código Penal Militar.
Las personas comienzan su vida, siendo civiles y sólo al llegar a los 18 años están obligados a modificar su status jurídico para convertirse en militares. Luego de prestado el servicio militar recuperan su status jurídico general, que es el de civil. Como se puede observar el status jurídico general de las personas es el de civil, el status de militares es un paréntesis o una excepción a este status jurídico y mientras una persona no ingresa al ejercito conserva su status natural de civil.
No puede el gobierno por un acto administrativo cambiar el status jurídico de los civiles, pues esto equivale a dejar el status jurídico de las personas en manos del gobierno de turno, con todas las consecuencias que de ello se deriva.
Si bien existe el deber constitucional de defensa de la patria, el incumplimiento de este deber y la conducta delictiva que pueda generar su violación, debe ser competencia de los jueces penales ordinarios y no de la justicia penal militar.
El artículo 117 viola también el principio de igualdad ya que sólo cobija a los reservistas que hayan prestado el servicio militar obligatorio, dejando por fuera a otra clase de reservistas que son aquellos que no han prestado el servicio militar obligatorio, respecto de los cuales nada se dice y debemos entender que no comenten el delito de desobediencia.
La sentencia tampoco dice nada sobre la posibilidad que tiene el reservista al momento de presentarse, de hacer uso de las causales de exoneración del servicio militar y que además de las previstas en la ley; se deben aplicar las constitucionales, como es entre otras, las que se deducen del artículo 18 de la Constitución y que es la objeción de conciencia. Este artículo al garantizar la libertad de conciencia, permite la objeción de conciencia, en todas las esferas en que ella sea aplicable, incluido el servicio militar.
En mi concepto, ha debido declararse inexequible el artículo 117 de la Ley 522 de 1999, por violación de los artículo 213 y 221 de la C.P.
Sea del caso advertir que en esta oportunidad no se discute la constitucionalidad del deber de los reservistas de primera clase de acudir al llamado de incorporación que haga el gobierno nacional y la sanción que se imponga por su incumplimiento. Para efectos del presente salvamento de voto, en tanto que no ha sido objeto de examen constitucional, se parte de su presunción de constitucionalidad. Inclusive. podría pensarse, que la sanción a la inobservancia del llamado, puede ser la comisión de un delito, pero siempre en calidad de particular y juzgado por la justicia ordinaria. De esta manera, se le dará un efecto útil a la obligación de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. El problema jurídico estriba únicamente en establecer si el P. de la República, mediante un acto general y abstracto (acto de convocatoria de las reservas), puede modificar el estatus personal de un ciudadano, transformándolo, por ese mero acto, de particular en servidor público (integrante de las fuerzas militares). Unicamente si dicha facultad resulta constitucionalmente válida, puede admitirse que las conductas descritas en la norma acusada son de conocimiento de un tribunal militar. Restaría por establecer si el acto en sí, esto es, no concurrir a la convocatoria guarda relación directa con el servicio.
El artículo 216 de la Constitución dispone que es deber de todos los colombianos, "tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas". De esta norma se podría desprender que se trata de un deber absoluto y que frente a dichas necesidades el ciudadano carece de libertad para decidir si acude al llamado, en qué momento lo hace, etc. Es decir, una interpretación absoluta de esta disposición permitiría concluir que la persona es prisionera de la sociedad, convirtiéndose, en ese instante, en una mera cifra dentro del cálculo del número de efectivos con los que cuentan las fuerzas militares para enfrentar la amenaza a la independencia nacional o las instituciones públicas.
Esta interpretación, que es la única que podría justificar que el P. de la República pudiera convertir, mediante acto general y abstracto, un particular en un servidor público integrante de las fuerzas militares, no es defensable en un Estado social de derecho, respetuoso de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los postulados esenciales del estado de derecho.
necesario de la plena vigencia de los derechos constitucionales de los asociados (C.P. art. 2), es que ninguna autoridad pública tiene el poder legítimo para anular, de manera absoluta, los derechos constitucionalmente protegidos. Ni siquiera de manera excepcional, el ejecutivo puede, sin que medie una manifestación de voluntad del ciudadano, transformar su estatus personal.
Podría, con todo, considerarse que el P. de la República únicamente está adoptando las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de un deber constitucional. En este sentido, se podría considerar al comandante supremo de las Fuerzas Armadas investido del poder de ordenar la transformación antes aludida (C.P. art. 189 numerales 3 y 11).
El hecho de que sea indispensable incorporar, esto es, que la persona preste juramento y se posesione (como le es exigible a todo servidor público), implica que no es posible que los tribunales militares juzguen a la persona que no acude al llamado. El artículo 221 de la Carta, tal como lo ha destacado varias veces esta corporación En particular, sentencia C-358 de 1997., exige dos elementos para que una conducta pueda ser sometida a juzgamiento de los jueces militares: que la conducta sea realizada por un integrante de las fuerzas armadas y guarde relación con el servicio.
La restricción constitucional a la competencia de los tribunales militares (C.P. art. 213 y 221) tiene por objeto asegurar que únicamente conductas militares sean consideradas por sus pares. En ningún momento el constituyente quiso que el comportamiento de los particulares fuera juzgado por militares. Así las cosas, no se explica cómo un particular, ejerciendo su libertad de conciencia (que le permite optar entre fungir como servidor público o someterse a la sanción por el incumplimiento de su deber ciudadano), pueda realizar un acto militar. Esto último lleva a la conclusión de que, por el aspecto material, tampoco es posible que la conducta sea de conocimiento de los tribunales militares.
Tal como se analizó en la sentencia C-358 de 1997, la conducta, además de ser realizada por un militar, ha de tener una relación directa con las funciones militares y realizada con ocasión del servicio, para efectos de que se asigne competencia a los tribunales militares. ¿Qué relación guarda con el servicio el ejercicio de la libertad de conciencia? ¿Cómo puede un particular, realizar un acto militar relacionado con el servicio con ocasión del servicio, cuando no se le ha ordenado acto alguno del servicio? Debe tenerse presente que la Corte Constitucional ya ha indicado Sentencia C-578 de 1995 que la objeción de conciencia es un deber de los subalternos frente a actos abiertamente ilegales o inconstitucionales. De manera que cuando el militar es consciente de que el acto que se le ha ordenado realizar o que la abstención de su superior implica la violación del sentimiento de humanidad, no objetar la orden o la abstención, implica la realización de un acto que en ningún momento puede imputarse como militar Sentencia C-358 de 1997, en relación con los delitos asimilables a los de lesa humanidad.. Si la Corte insiste en esta línea, ¿cómo se explica que el legítimo ejercicio de la libertad de conciencia se califique de delito militar?
Cabría explorar la posición de la mayoría, que deriva la "incorporación o posesión automática" de las prerrogativas que disfrutan los reservistas de primera categoría. En relación con estas prerrogativas, la Corte ha sostenido que ellas se explican por la autorización que se hizo al legislador para ello y por el hecho de que quienes las disfrutan hicieron un "sacrificio" para la sociedad, que le es recompensada Ver sentencia C-1410 de 2000 M.F.M.D... Empero, el análisis que la Corte ha hecho de las prerrogativas ha llevado a la conclusión de que ellas no pueden ser discriminatorias Sentencias C-022 de 1996 y C-1410 de 2000 y que, en caso de aplicarse, únicamente pueden servir como criterio de prelación entre quienes cumplen con los requisitos para acceder al bien escaso Sentencia C-423 de 1997. Así las cosas, las prerrogativas que se reconocen a quienes son reservistas tienen un marcado carácter compensatorio y de estímulo para la incorporación a las filas. ¿Puede, de manera legítima, derivarse de una decisión legislativa con el mencionado propósito, la posibilidad de desconocer el derecho al juez natural?
El disfrutar de ciertos beneficios y tener ciertas obligaciones, no implica que la persona pueda fungir como servidor público en las filas de las fuerzas militares. El artículo 13 establece la obligación de proteger a personas en situaciones de debilidad manifiesta. Entre tales personas, se encuentran aquellas que, por diversas razones, están en incapacidad mental para realizar ciertas actividades. La posesión automática, derivada de los beneficios por ser reservista, no puede convertirse en mecanismo para obligar a personas física o mentalmente incapaces de cumplir funciones militares. Frente a ellos el Estado tiene la obligación de protegerles. Al transformarlos, por acto administrativo general, en funcionarios públicos, sin estar en capacidad de ejercer sus funciones, se les desconoce el derecho al trato especial que la Carta les garantiza.
En la medida en que el acto de incorporación (y la designación y posesión) se realiza mediante acto general y abstracto, ¿cuál es el medio de protección judicial? Podría pensarse que la persona podría demandar el acto abstracto, pero ha de tenerse presente que el llamado abstracto no viola la Constitución. No existiría un acto individual qué demandar, a pesar de que la incorporación puede violar derechos públicos subjetivos y que se ha entrabado una relación subjetiva con la administración.
En suma, las tesis que apoya la Corte, anulan a la persona y la dejan indefensa frente a las actuaciones arbitrarias de la administración. Lo más grave es que se le entregue al P. de la República la potestad de variar el estatus personal y modificar las normas constitucionales sobre el juez natural.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46965 de 25 de Marzo de 2010
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 3 de Junio de 1992