Source: https://de.scribd.com/document/48768548/Convencion-Derechos-Nino
Timestamp: 2020-01-22 05:09:08
Document Index: 262659420

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 28', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 44']

Convencion Derechos Nino | Adopción | Unicef
La Convención sobre los Derechos del Niño comentada y organizada por la UNICEF
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UNICEF COMITÉ ESPAÑOL Mauricio Legendre, 36. 28046 Madrid Teléfonos: 91 378 95 55/6 Fax: 91 314 74 75 www.unicef.es unicef@unicef.es
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6 / Convención sobre los Derechos del Niño ·UNICEF Comité Español
Los derechos de la infancia están plena- mente estipulados en la Convención so- bre los Derechos del Niño. Elaborada du- rante 10 años con las aportaciones de re- presentantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989.
La Convención, a lo largo de sus 54 artí- culos, reconoce que los niños (seres hu- manos menores de 18 años) son indivi- duos con derecho de pleno desarrollo físi- co, mental y social, y con derecho a ex- presar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo pa- ra la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.
La Convención, como primera ley interna- cional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la Convención.
Es también obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectivi-
dad a todos los derechos reconocidos en la Convención.
Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria porque aún cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los niños esto significaba con fre- cuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. Unos problemas que afectaban tanto a los niños de los pa- íses ricos como pobres.
En este sentido, la aceptación de la Con- vención por parte de un número tan ele- vado de países ha reforzado el reconoci- miento de la dignidad humana fundamen- tal de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo.
La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el mundo, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la superviven- cia, la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esen- ciales; así como un reconocimiento cada
vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los ma- los tratos y la violencia. Prueba de ello es la entrada en vigor en 2002 de dos Protocolos Facultativos, uno relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado pa- ra la infancia. Los progresos han sido de- siguales, y algunos países se encuentran más retrasados que otros en la obligación de dar a los derechos de la infancia la im- portancia que merecen. Y en varias regio- nes y países, algunos de los avances pa- recen estar en peligro de retroceso debi- do a las amenazas que suponen la pobre- za, los conflictos armados y el VIH/SIDA.
Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegu- rar que todos los niños y niñas disfruten de su infancia.
La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, para con-
alcancen su pleno potencial. Para ello, UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los De- rechos del Niño.
Existe una nueva perspectiva de avance del cumplimiento de los derechos de la infancia, a través de los Objetivos de De- sarrollo para el Milenio que 189 Estados Miembros de Naciones Unidas firmaron en el año 2000 y que suponen un reno- vado compromiso colectivo de la comu- nidad internacional para avanzar hacia el desarrollo humano de los países.
para el Milenio pueden lograrse mejor si se protegen los derechos de la infancia
la igualdad. De esta manera, el compro- miso de UNICEF a favor de la infancia, desde sus 60 años de existencia, asume necesariamente una función central para hacer realidad estos objetivos y transfor-
mar el mundo en un lugar mejor para todos.
8 / Convención sobre los Derechos del Niño ·UNICEF Comité Español
PREÁMBULO El Preámbulo recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados y declaraciones relativos a los derechos del hombre; reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de
manera especial la responsabilidad primordial de
asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la li- bertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los dere- chos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Uni- das han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclama- do y acordado en la Declaración Universal de Dere- chos Humanos y en los pactos internacionales de de- rechos humanos, que toda persona tiene todos los de- rechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli- gión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Dere- chos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia es- peciales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamen- tal de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesa- rias para poder asumir plenamente sus responsabilida- des dentro de la comunidad,
Considerando que el niño debe estar plenamente pre- parado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Dere- chos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales (en particular, en el artícu- lo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del ni- ño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declara- ción de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto an- tes como después del nacimiento",
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justi- cia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración so- bre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difí- ciles y que esos niños necesitan especial consideración,
Reconociendo la importancia de la cooperación interna- cional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los pa- íses en desarrollo,
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enuncia-
dos en la presente Convención y asegurarán su aplica- ción a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índo- le, el origen nacional, étnico o social, la posición econó- mica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cual- quier otra condición del niño, de sus padres o de sus re- presentantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apro-
piadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por cau- sa de la condición, las actividades, las opiniones ex- presadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al ni-
ño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medi- das legislativas y administrativas adecuadas.
tuciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades compe- tentes, especialmente en materia de seguridad, sani-
dad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervi- sión adecuada.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas admi- nistrativas, legislativas y de otra índole para dar efecti- vidad a los derechos reconocidos en la presente Con- vención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dis- pongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comu- nidad, según establezca la costumbre local, de los tu- tores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la pre- sente Convención.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medi-
da posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nom- bre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de es-
tos derechos de conformidad con su legislación nacio- nal y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en es- ta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el de-
recho del niño a preservar su identidad, incluidos la na- cionalidad, el nombre y las relaciones familiares de con-
formidad con la ley sin injerencias ilícitas.
de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protec- ción apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las au- toridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal se- paración es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos parti- culares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformi-
dad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
que esté separado de uno o de ambos padres a mante- ner relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al in- terés superior del niño.
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el en- carcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (in- cluido el fallecimiento debido a cualquier causa mien- tras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Esta- do Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar
Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será aten- dida por los Estados Partes de manera positiva, huma- nitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Es- tados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el pro- pio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las res- tricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y liberta- des de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la con-
certación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la
adhesión a acuerdos existentes.
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en con-
diciones de formarse un juicio propio el derecho de expre- sar su opinión libremente en todos los asuntos que afec-
tan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opinio- nes del niño, en función de la edad y madurez del niño.
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o ad- ministrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropia- do, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese de-
recho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir infor- maciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronte- ras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma ar- tística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
restricciones, que serán únicamente las que la ley pre- vea y sean necesarias:
de los padres y, en su caso, de los representantes lega-
les, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reu- niones pacíficas.
derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad demo- crática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral pú- blicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material pro- cedentes de diversas fuentes nacionales e internaciona- les, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Es- tados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir in-
formación y materiales de interés social y cultural para el
b) Promoverán la cooperación internacional en la pro-
ducción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes cul- turales, nacionales e internacionales;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que ten-
gan particularmente en cuenta las necesidades lingüísti-
cas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
para proteger al niño contra toda información y mate- rial perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
garantizar el reconocimiento del principio de que am- bos padres tienen obligaciones comunes en lo que res- pecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los dere-
chos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el de- sempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de institu- ciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instala- ciones de guarda de niños para los que reúnan las con- diciones requeridas.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas le-
gislativas, administrativas, sociales y educativas apro- piadas para proteger al niño contra toda forma de per- juicio o abuso físico o mental, descuido o trato negli- gente, malos tratos o explotación, incluido el abuso se- xual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
según corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quie- nes cuidan de él, así como para otras formas de pre- vención y para la identificación, notificación, remi- sión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la inter- vención judicial.
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la pro- tección y asistencia especiales del Estado.
sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular aten- ción a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultu- ral y lingüístico.
Los Estados Partes que reconocen o permiten el siste- ma de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autori-
zada por las autoridades competentes, las que determi- narán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información perti- nente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus pa- dres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;
ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garan-
tizar que, en el caso de adopción en otro país, la coloca-
ción no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autori- dades u organismos competentes.
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas pa-
ra lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de
refugiado o que sea considerado refugiado de conformi-
dad con el derecho y los procedimientos internacionales
está acompañado de sus padres o de cualquier otra per- sona, la protección y la asistencia humanitaria adecua- das para el disfrute de los derechos pertinentes enuncia- dos en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter hu- manitario en que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la for-
ma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergu- bernamentales competentes u organizaciones no guber- namentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o fí-
sicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la parti- cipación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño im-
pedido a recibir cuidados especiales y alentarán y ase-
gurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la
se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impe-
dido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará desti- nada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sani- tarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la inte- gración social y el desarrollo individual, incluido su desa- rrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de coo-
peración internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventi- va y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información
sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso
a esa información a fin de que los Estados Partes pue-
dan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se ten- drán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilita- ción de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
atención sanitaria que sean necesarias a todos los ni- ños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
marco de la atención primaria de la salud mediante, en-
tre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible
agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
particular los padres y los niños, conozcan los princi- pios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el sanea- miento ambiental y las medidas de prevención de acci- dentes, tengan acceso a la educación pertinente y reci- ban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orienta-
ción a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas efi-
caces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reco- nocido en el presente artículo. A este respecto, se ten- drán plenamente en cuenta las necesidades de los paí- ses en desarrollo.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autori- dades competentes para los fines de atención, protec- ción o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido
y de todas las demás circunstancias propias de su in-
ternación.
derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de con- formidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando co-
rresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situa- ción del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo ni-
ño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físi- co, mental, espiritual, moral y social.
les incumbe la responsabilidad primordial de proporcio-
nar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el de- sarrollo del niño.
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán me- didas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particular- mente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vi- vienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apro-
piadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabi- lidad financiera por el niño resida en un Estado dife- rente de aquel en que resida el niño, los Estados Par- tes promoverán la adhesión a los convenios interna- cionales o la concertación de dichos convenios, así co- mo la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
educación y, a fin de que se pueda ejercer progresiva-
mente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropia-
das tales como la implantación de la enseñanza gratuita
y la concesión de asistencia financiera en caso de nece-
la base de la capacidad, por cuantos medios sean apro-
Hacer que todos los niños dispongan de información
orientación en cuestiones educacionales y profesiona-
les y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regu-
lar a las escuelas y reducir las tasas de deserción es- colar.
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad huma- na del niño y de conformidad con la presente Conven- ción.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la coope-
ración internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el ac- ceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capaci-
dad mental y física del niño hasta el máximo de sus po-
elementales y desarrollar su respeto por los valores
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos
las libertades fundamentales y de los principios con-
sagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su pro-
pia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religio-
sos y personas de origen indígena;
Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el
artículo 28 se interpretará como una restricción de la li- bertad de los particulares y de las entidades para esta- blecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el pá- rrafo 1 del presente artículo y de que la educación im- partida en tales instituciones se ajuste a las normas mí- nimas que prescriba el Estado.
En los Estados en que existan minorías étnicas, religio- sas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que
sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o
descanso y el esparcimiento, al juego y a las activida- des recreativas propias de su edad y a participar libre-
mente en la vida cultural y en las artes.
NIÑOS PERTENECIENTES A MINORÍASO POBLACIONES INDÍGENAS Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma.
ESPARCIMIENTO, JUEGO Y ACTIVIDADES CULTURALES El niño tiene derecho al esparcimiento,al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el dere-
cho del niño a participar plenamente en la vida cultural
y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultu- ral, artística, recreativa y de esparcimiento.
estar protegido contra la explotación económica y con- tra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiri- tual, moral o social.
administrativas, sociales y educacionales para garanti- zar la aplicación del presente artículo. Con ese propósi-
to y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los hora-
rios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apro-
piadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, adminis- trativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedi-
que a cualquier actividad sexual ilegal;
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carác- ter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformi- dad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
VENTA, TRÁFICO Y TRATA DE NIÑOS Es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias
OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN Es derecho del niño recibir pro- tección contra todas las otras for- mas de explotación no considera- das en los artículos 32, 33, 34 y 35.
Ningún niño será sometido a la tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la prisión perpetua y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso a la asistencia jurídica
la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño priva- do de libertad estará separado de los adultos, a me- nos que ello se considere contrario al interés supe- rior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de corresponden-
asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un
e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y ve-
lar por que se respeten las normas del derecho interna- cional humanitario que les sean aplicables en los con- flictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posi-
bles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamen-
te en las hostilidades.
fuerzas armadas a las personas que no hayan cumpli- do los 15 años de edad. Si reclutan personas que ha- yan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18,
los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
derecho internacional humanitario de proteger a la po- blación civil durante los conflictos armados, los Estados
Partes adoptarán todas las medidas posibles para ase- gurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apro- piadas para promover la recuperación física y psicoló- gica y la reintegración social de todo niño víctima de:
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhu- manos o degradantes; o conflictos armados. Esa recu- peración y reintegración se llevarán a cabo en un am- biente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
ño de quien se alegue que ha infringido las leyes pena-
les o a quien se acuse o declare culpable de haber in- fringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con
se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste
pertinentes de los instrumentos internacionales, los Es- tados Partes garantizarán, en particular:
niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisio- nes que no estaban prohibidos por las leyes nacionales
internacionales en el momento en que se cometieron;
Que a todo niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuan-
do sea procedente, por intermedio de sus padres o sus re- presentantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apro- piada en la preparación y presentación de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una auto- ridad u órgano judicial competente, independiente e im- parcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuen- ta en particular su edad o situación y a sus padres o re- presentantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declarar-
se culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue
a testigos de cargo y obtener la participación y el interroga- torio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las le-
yes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autori- dad u órgano judicial superior competente, indepen- diente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un in-
térprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en to- das las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apro-
piadas para promover el establecimiento de leyes, pro- cedimientos, autoridades e instituciones específicos pa- ra los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:
cual se presumirá que los niños no tienen capacidad pa-
ra infringir las leyes penales;
medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimien- tos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán ple- namente los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cui-
dado, las órdenes de orientación y supervisión, el ase- soramiento, la libertad vigilada, la colocación en hoga- res de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los ni- ños sean tratados de manera apropiada para su bienes- tar y que guarde proporción tanto con sus circunstan- cias como con la infracción.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afecta- rá a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Con- vención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realiza-
dos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se es- tipulan.
gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.1/ Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales siste- mas jurídicos.
secreta, de una lista de personas designadas por los Es- tados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una
meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cua- tro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Par- tes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General prepara- rá después una lista en la que figurarán por orden al- fabético todos los candidatos propuestos, con indica-
ción de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Es- tados Partes presentes y votantes.
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un perí-
odo de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presen- ta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectua- da la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o decla-
ra que por cualquier otra causa no puede seguir de- sempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el man-
dato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmen-
te en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Co- mité se reunirá normalmente todos los años. La dura- ción de las reuniones del Comité será determinada y re- visada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la apro- bación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas pro-
porcionará el personal y los servicios necesarios para el
desempeño eficaz de las funciones del Comité estableci- do en virtud de la presente Convención.
miembros del Comité establecido en virtud de la pre- sente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condicio- nes que la Asamblea pueda establecer.
Comité, por conducto del Secretario General de las Na- ciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
para cada Estado Parte haya entrado en vigor la presen-
te Convención;
Los informes preparados en virtud del presente artí-
culo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si
las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente pa- ra que el Comité tenga cabal comprensión de la aplica- ción de la Convención en el país de que se trate.
inicial completo al Comité no necesitan repetir, en suce- sivos informes presentados de conformidad con lo dis- puesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artícu- lo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más infor-
mación relativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Con- vención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones
de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organis- mos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que con- sidere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos es- pecializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas dis- posiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
los organismos especializados, al Fondo de las Nacio- nes Unidas para la Infancia y a otros órganos compe- tentes, los informes de los Estados Partes que conten- gan una solicitud de asesoramiento o de asistencia téc- nica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hu- biere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
que pida al Secretario General que efectúe, en su nom- bre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomenda-
ciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Conven- ción. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comen-
tarios, si los hubiere, de los Estados Partes.
La presente Convención estará abierta a la firma de to- dos los Estados.
La presente Convención permanecerá abierta a la adhe- sión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se ad-
hiera a ella después de haber sido depositado el vigési- mo instrumento de ratificación o de adhesión, la Con- vención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratifica- ción o adhesión.
depositarla en poder del Secretario General de las Na- ciones Unidas. El Secretario General comunicará la en- mienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una con- ferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General con- vocará una conferencia con el auspicio de las Nacio- nes Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría
de Estados Partes, presentes y votantes en la confe- rencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el pá-
rrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando ha- ya sido aprobada por la Asamblea General de las Nacio- nes Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obliga-
torias para los Estados Partes que las hayan aceptado,
en tanto que los demás Estados Partes seguirán obliga- dos por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
y comunicará a todos los Estados el texto de las reser-
vas formuladas por los Estados en el momento de la ra- tificación o de la adhesión.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momen-
to por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secreta- rio General.
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Conven- ción mediante notificación hecha por escrito al Secreta- rio General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igual- mente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño1, que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promoción y la protección de los dere- chos del niño,
Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y segu- ridad,
Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus conse- cuencias a largo plazo para la paz, la se- guridad y el desarrollo duraderos,
Condenando el hecho de que en las si- tuaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegi- dos por el derecho internacional, inclui- dos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como es- cuelas y hospitales,
Tomando nota de la aprobación del Es- tatuto de Roma de la Corte Penal Inter- nacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos ar-
mados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alis- tamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamen- te en las hostilidades,
Considerando en consecuencia que para seguir promoviendo la realización de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es necesa- rio aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en conflictos armados,
Observando que el artículo 1 de la Con- vención sobre los Derechos del Niño precisa que, para los efectos de esa Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayo- ría de edad,
Convencidos de que un protocolo facul- tativo de la Convención por el que se eleve la edad mínima para el posible re- clutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación en las hostili- dades contribuirá eficazmente a la apli- cación del principio de que el interés su- perior del niño ha de ser una considera- ción primordial en todas las decisiones que le conciernan,
Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, del Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohi- bición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eli- minación, en el que se prohibe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obliga- torio de niños para utilizarlos en conflic- tos armados,
Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utiliza- ción dentro y fuera de las fronteras na- cionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado, y recono-
ciendo la responsabilidad de quienes re- clutan, adiestran y utilizan niños de este
Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de observar las disposiciones del derecho in- ternacional humanitario,
y las normas pertinentes del derecho hu-
Teniendo presente que, para lograr la ple- na protección de los niños, en particular durante los conflictos armados y la ocu- pación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propó- sitos y principios de la Carta y se obser- ven los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están especialmente ex- puestos al reclutamiento o utilización en hostilidades, contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en razón de su situa- ción económica o social o de su sexo,
Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la aplica- ción del presente Protocolo, así como las actividades de rehabilitación física y psi- cosocial y de reintegración social de los niños que son víctimas de conflictos ar- mados,
Alentando la participación de las comuni- dades y, en particular, de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educa- ción sobre la aplicación del Protocolo,
1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño1, teniendo en cuenta los principios formulados en di- cho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.
2. Cada Estado Parte depositará, al ratifi-
car el presente Protocolo o adherirse a él,
una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permi- tirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no
fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utili- zar en hostilidades a menores de 18 años.
por coacción.
las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión
Los Estados Partes que permitan el re-
clutamiento voluntario en sus fuerzas ar- madas nacionales de menores de 18 años
de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.
establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que:
La aplicación del presente artículo no
b) Ese reclutamiento se realice con el con-
sentimiento informado de los padres o de
c) Esos menores estén plenamente infor-
mados de los deberes que supone ese servicio militar;
d) Esos menores presenten pruebas fia-
bles de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional.
4. Cada Estado Parte podrá ampliar su de-
claración en cualquier momento mediante notificación a tal efecto dirigida al Secre- tario General de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fe- cha en que sea recibida por el Secretario General.
que las fuerzas armadas de los Estados Partes administren o tengan bajo su con- trol, de conformidad con los artículos 28
y 29 de la Convención sobre los Dere-
afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en un conflicto armado.
Ninguna disposición del presente Proto- colo se interpretará de manera que impi- da la aplicación de los preceptos del orde- namiento de un Estado Parte, de instru- mentos internacionales o del derecho hu- manitario internacional cuando esos pre- ceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño.
medidas jurídicas, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cum- plimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su juris- dicción.
difundir y promover por los medios ade- cuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presen- te Protocolo.
medidas posibles para que las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan si-
do reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el presente Protoco- lo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas perso- nas toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social.
aplicación del presente Protocolo, en particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabi- litación y reintegración social de las per- sonas que sean víctimas de actos contra- rios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afecta- dos y las organizaciones internacionales pertinentes.
2. Los Estados Partes que estén en condi-
ciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, en-
tre otras cosas, mediante un fondo volun- tario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.
entrada en vigor del presente Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presen- tará al Comité de los Derechos del Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya adopta- do para dar cumplimiento a las disposi- ciones del Protocolo, incluidas las medi- das adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento.
informes que presente al Comité de los Derechos del Niño de conformidad con el artículo 44 de la Convención información adicional sobre la aplicación del presente Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.
3. El Comité de los Derechos del Niño po-
drá pedir a los Estados Partes más infor- mación sobre la aplicación del presente Protocolo.
la firma de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado.
ratificación y abierto a la adhesión de to-
dos los Estados. Los instrumentos de rati- ficación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Na- ciones Unidas.
de depositario de la Convención y del Protocolo, informará a todos los Estados
Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Conven- ción del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 3.
tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el décimo instru- mento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de los Estados que hayan ra-
tificado el presente Protocolo o se hayan
adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumen- to de ratificación o de adhesión.
presente Protocolo en cualquier momen- to mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los de- más Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la no- tificación haya sido recibida por el Secre- tario General. No obstante, si al concluir ese plazo de un año el Estado Parte de- nunciante está interviniendo en un con- flicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta que termine dicho conflicto.
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Par-
te de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de
todo acto que se haya producido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo algu- no para que el Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
1. Todo Estado Parte podrá proponer en-
miendas y depositarlas en poder del Se- cretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las en- miendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Esta- dos Partes con el fin de examinar las pro- puestas y someterlas a votación. Si den- tro de los cuatro meses siguientes a la fe- cha de esanotificación un tercio, al me- nos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario Ge- neral la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adopta- da por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se- rá sometida a la aprobación de la Asam- blea General de las Naciones Unidas.
2. Toda enmienda adoptada de conformi-
dad con el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor cuando haya sido apro- bada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Es- tados Partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vi-
gor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.
árabe, chino, español, francés, inglés y ru- so son igualmente auténticos, será depo- sitado en los archivos de las Naciones Unidas.
Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Es- tados que hayan firmado la Convención.
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención
sobre los Derechos del Niño1 y la aplica- ción de sus disposiciones y especialmen- te de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35
y 36, sería conveniente ampliar las medi-
das que deben adoptar los Estados Partes
menores contra la venta de niños, la pros- titución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
Considerando también que en la Conven- ción sobre los Derechos del Niño se reco- noce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la reali- zación de trabajos que puedan ser peli- grosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espi- ritual, moral o social,
Gravemente preocupados por la impor- tante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños,
su prostitución y su utilización en la por-
nografía,
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que los niños son es- pecialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su utiliza- ción en la pornografía y su prostitución,
Reconociendo que algunos grupos especial- mente vulnerables, en particular las niñas, están expuestos a un peligro mayor de ex- plotación sexual, y que la representación de niñas entre las personas explotadas sexual- mente es desproporcionadamente alta,
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros medios tecnológicos mo- dernos y recordando la Conferencia In- ternacional de Lucha contra la Pornogra- fía Infantil en la Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y aso- ciación más estrechas entre los gobier- nos y el sector de la Internet,
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita ha- cer frente a todos los factores que contri- buyen a ello, en particular el subdesarro- llo, la pobreza, las disparidades económi- cas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento se- xual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los con- flictos armados y la trata de niños,
Estimando que se deben hacer esfuer- zos por sensibilizar al público a fin de
reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prosti- tución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y estimando también que es importante fortalecer la asocia- ción mundial de todos los agentes, así como mejorar la represión a nivel na- cional,
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internaciona- les relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya so- bre la Protección de los Niños y la Coo- peración en materia de Adopción Inter- nacional, la Convención de La Haya so- bre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el De- recho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así co- mo el Convenio No. 182 de la Organiza- ción Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de tra- bajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Ac- ción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utiliza- ción de Niños en la Pornografía3, así co- mo la Declaración y el Programa de Ac- ción aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 19964, y las de- más decisiones y recomendaciones perti- nentes de los órganos internacionales competentes,
Teniendo debidamente en cuenta la im- portancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo a los fines de
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la porno- grafía infantil, de conformidad con lo dis- puesto en el presente Protocolo.
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retri-
utilización de un niño en actividades se- xuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
toda representación, por cualquier me-
dio, de un niño dedicado a actividades
o toda representación de las partes ge-
nitales de un niño con fines primordial-
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y acti- vidades que a continuación se enumeran
queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han co- metido dentro como fuera de sus fronte- ras, o si se han perpetrado individual o
I) Ofrecer, entregar o aceptar, por cual- quier medio, un niño con fines de:
b. Transferencia con fines de lucro de ór-
ganos del niño;
Inducir indebidamente, en calidad de
intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un ni- ño en violación de los instrumentos jurídi-
cos internacionales aplicables en materia de adopción;
b) La oferta, posesión, adquisición o en-
trega de un niño con fines de prostitu- ción, en el sentido en que se define en el artículo 2;
c) La producción, distribución, divulga-
ción, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes se- ñalados, de pornografía infantil, en el sen-
tido en que se define en el artículo 2.
2. Con sujeción a los preceptos de la le-
gislación de los Estados Partes, estas dis-
posiciones se aplicarán también en los ca- sos de tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participa- ción en cualquiera de estos actos.
3. Todo Estado Parte castigará estos deli-
tos con penas adecuadas a su gravedad.
legislación, los Estados Partes adopta- rán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabili- dad de personas jurídicas por los deli- tos enunciados en el párrafo 1 del pre- sente artículo. Con sujeción a los prin- cipios jurídicos aplicables en el Estado
Parte, la responsabilidad de las perso- nas jurídicas podrá ser penal, civil o ad- ministrativa.
las disposiciones legales y administrati- vas pertinentes para que todas las perso-
nas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
1. Todo Estado Parte adoptará las disposi-
ciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su te- rritorio o a bordo de un buque o una ae- ronave que enarbolen su pabellón.
disposiciones necesarias para hacer efec- tiva su jurisdicción con respecto a los de- litos a que se refiere el párrafo 1 del artí- culo 3 en los casos siguientes:
a) Cuando el presunto delincuente sea na-
cional de ese Estado o tenga residencia habitual en su territorio;
las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea ha- llado en su territorio y no sea extradita- do a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de sus- nacionales.
Protocolo excluirá el ejercicio de la juris- dicción penal de conformidad con la le-
gislación nacional.
del artículo 3 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradi- ción en todo tratado de extradición cele- brado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición que cele- bren entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.
2. El Estado Parte que subordine la extra-
dición a la existencia de un tratado, si re- cibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica para la ex- tradición respecto de esos delitos. La ex- tradición estará sujeta a las demás condi- ciones establecidas en la legislación del Estado requerido.
la extradición a la existencia de un trata- do reconocerán que esos delitos dan lu- gar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a las condiciones estableci- das en la legislación del Estado requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Es-
tados Partes, se considerará que los deli- tos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artí- culo 4.
5. Si se presenta una solicitud de extra-
dición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en razón de la na- cionalidad del autor del delito, ese Esta- do adoptará las medidas que correspon- dan para someter el caso a sus autorida-
des competentes a los efectos de su en- juiciamiento.
la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se ini- cie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obli-
gaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 del presente artículo de confor- midad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que exis- tan entre ellos. En ausencia de esos trata- dos o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformi- dad con su legislación.
Con sujeción a las disposiciones de su le- gislación, los Estados Partes:
I) Los bienes tales como materiales, acti-
vos y otros medios utilizados para come- ter o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente Protocolo;
II) Las utilidades obtenidas de esos deli-
das por otros Estados Partes para que se proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se re- fiere el inciso i) del apartado a);
c) Adoptarán medidas para cerrar, tempo-
ral o definitivamente, los locales utiliza-
dos para cometer esos delitos.
Los Estados Partes garantizarán que el
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fa-
hecho de haber dudas acerca de la edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas
ses del proceso penal los derechos e inte- reses de los niños víctimas de las prácti- cas prohibidas por el presente Protocolo
las investigaciones encaminadas a deter- minar la edad de la víctima.
Los Estados Partes garantizarán que en
tratamiento por la justicia penal de los
a) Reconocer la vulnerabilidad de los ni-
ños víctimas y adaptar los procedimien- tos de forma que se reconozcan sus ne- cesidades especiales, incluidas las nece- sidades especiales para declarar como testigos;
y la marcha de las actuaciones y la reso- lución de la causa;
c) Autorizar la presentación y considera-
ción de las opiniones, necesidades y pre- ocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas procesales de la legislación nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante to-
do el proceso a los niños víctimas;
identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de conformidad con la legisla- ción nacional para evitar la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas;
f) Velar por la seguridad de los niños vícti- mas, así como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidacio- nes y represalias;
resolución de las causas y en la ejecu- ción de las resoluciones o decretos por
los que se conceda reparación a los ni- ños víctimas.
niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del niño.
para asegurar una formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.
proceda, medidas para proteger la seguri- dad e integridad de las personas u orga- nizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos.
artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.
1. Los Estados Partes adoptarán o reforza-
rán, aplicarán y darán publicidad a las le-
yes, las medidas administrativas, las polí- ticas y los programas sociales, destinados
a la prevención de los delitos a que se re-
fiere el presente Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnera- bles a esas prácticas.
2. Los Estados Partes promoverán la sen-
sibilización del público en general, inclui-
dos los niños, mediante la información
por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perju- diciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obli- gaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participa- ción de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, en ta- les programas de información, educa- ción y adiestramiento, incluso en el pla- no internacional.
medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reinte- gración social y su plena recuperación fí- sica y psicológica.
4. Los Estados Partes asegurarán que to-
dos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo ten- gan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, repa- ración por los daños sufridos.
5. Los Estados Partes adoptarán las medi-
das necesarias para prohibir efectivamen- te la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el presente Protocolo.
medidas necesarias para fortalecer la coo- peración internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, pa- ra la prevención, la detección, la investi- gación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de ni- ños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo se- xual. Los Estados Partes promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales na-
cionales e internacionales, así como las organizaciones internacionales.
2. Los Estados Partes promoverán la coo-
peración internacional en ayuda de los ni- ños víctimas a los fines de su recupera- ción física y psicológica, reintegración so- cial y repatriación.
3. Los Estados Partes promoverán el for-
talecimiento de la cooperación interna- cional con miras a luchar contra los fac- tores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la- vulnerabilidad de los niños a las prácti- cas de venta de niños, prostitución infan- til y utilización de niños en la pornogra- fía o en el turismo sexual.
4. Los Estados Partes que estén en condi-
ciones de hacerlo proporcionarán asisten- cia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas existentes en el plano multilateral, regional o bilate- ral o de otros programas.
Nada de lo dispuesto en el presente Pro- tocolo se entenderá en perjuicio de cual- quier disposición más propicia a la reali- zación de los derechos del niño que esté contenida en:
entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un in- forme que contenga una exposición ge- neral de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposicio- nes del Protocolo.
2. Después de la presentación del infor-
me general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformi- dad con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación del Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.
drá pedir a los Estados Partes cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo.
El presente Protocolo estará abierto a
firma de todo Estado que sea Parte en
Convención o la haya firmado.
El presente Protocolo está sujeto a la
ratificación y abierto a la adhesión de to- do Estado que sea Parte en la Convención
tificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya
depositado el correspondiente instrumen- to de ratificación o de adhesión.
presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, quien infor- mará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La de- nuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.
Parte de las obligaciones que le incum- ban en virtud del presente Protocolo res- pecto de todo delito que se haya cometi- do antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
enmienda y depositarla en poder del Se- cretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la en- mienda propuesta a los Estados Partes, pi- diéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Es- tados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la con- vocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General.
entrará en vigor cuando haya sido apro- bada por la Asamblea General de las Na- ciones Unidas y aceptada por una mayo- ría de dos tercios de los Estados Partes.
gor, serán obligatorias para los Estados
árabe, chino, español, francés, inglés y ru-
so son igualmente auténticos, será depo- sitado en los archivos de las Naciones Unidas.
Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Es- tados que hayan firmado la Convención
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