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Timestamp: 2019-09-22 07:11:48
Document Index: 382904473

Matched Legal Cases: ['artículo 101', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 71']

"La CNMC amplía la incoación en el expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de la consultoría" #CompartirConocimiento - Informativo Jurídico
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“La CNMC amplía la incoación en el expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de la consultoría” #CompartirConocimiento
"Entre las 11 empresas y los dos directivos se encuentran entre otras , KPMG Asesores o Indra Business consulting"
“La CNMC desconfía de las consultoras “
La CNMC ha ampliado hoy 16 de agosto de 2019 la incoación del expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a once empresas y dos directivos.
Como se relata en el expediente, los días 16 y 17 de julio de 2019, se realizaron nuevas inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas de servicios de consultoría. Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC, que actualmente se tramita bajo la referencia S/0627/18. Dicho expediente fue incoado el 6 de febrero, tras las inspecciones realizadas por la Autoridad Vasca de Competencia en enero de 2017 y por la CNMC en octubre de 2018 en varias empresas del sector.
¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA INCOACIÓN?
El motivo fundamental de este expediente reside en la posible participación por parte de estas empresas de ciertas prácticas que podrían ser contrarias a los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistentes en un reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones, principalmente públicas, en gran parte del territorio nacional.
El artículo 101 de la normativa europea señala que quedarán prohibidos y por tanto, serán nulos de pleno derecho todos los acuerdos entre empresas que socaven o puedan socavar la competencia y que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros.
Ala vista de la documentación obtenida durante la instrucción, y de la información obtenida en las últimas inspecciones realizadas, se ha acordado ampliar la incoación de dicho expediente sancionador a las siguientes empresas: Everis Spain, Factor Ideas Integral Services, Gaps Politica i Societat, The City Transformation Agency, S.L., Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L., Indra Business Consulting, KPMG Asesores y Uliker, de conformidad con el artículo 29 del RDC.
En consecuencia, a partir de este momento las actuaciones se entenderán también contra Everis Spain, y su matriz, Everis Participaciones; Factor Ideas Integral Services; Gaps Politica i Societat; The City Transformation Agency; Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo; Indra Business Consulting; KPMG Asesores y su matriz KPMG; y Uliker y su matriz PKF Attest Itc. De igual manera, las actuaciones se dirigirán contra dos directivos de la empresa previamente incoada Pa Consulting Surcursal España, por una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 101 del TFUE.
LA NORMATIVA Y LA JURISPRUDENCIA RELACIONADA
Recordemos que el Tribunal Supremo (TS), en las sentencias de 23 y 27 de mayo de 2019, había confirmado la posibilidad de sancionar exclusivamente a una empresa matriz por las infracciones cometidas por su empresa filial, siempre y cuando no se hubiera desvirtuado la presunción de que la matriz ejerce una influencia decisiva sobre la filial.
En este mismo sentido, el TS decidió casar dos sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (“AN”) el 22 de diciembre de 2017 y 28 de julio de 2017 que habían declarado la nulidad de dos resoluciones de la CNMC. En ambas resoluciones, la CNMC había sancionado directamente a Repsol S.A. (“Repsol”), la matriz del Grupo Repsol, por conductas anticompetitivas cometidas por la filial Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. (“Repsol Comercial”.
Estas sentencias son especialmente relevantes, debido a que en ellas el Supremo distinguió dos tipos de responsabilidad: una que hace referencia a la entidad que cometió la infracción (artículo 61.1 LDC) ;y otra aplicable a grupos empresariales en los que la matriz es responsable de las infracciones de la filial que está bajo su control, siempre que ésta ejerza una influencia decisiva sobre ella (artículo 61.2 LDC).
Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. De hecho, pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras, que teniendo en cuenta la talla de las empresas citadas pueden ascender a cifras bastante elevadas.
Por este motivo, la investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
La CNMC define en su web como cártel : a “toda actividad que consista en coordinar el comportamiento de una empresa en el mercado o influir en los parámetros de competencia a través de conductas tales como la fijación, directa o indirecta, de precios, de otras condiciones comerciales o de servicio, de cuotas de producción o de ventas, los intercambios de información sobre precios a aplicar o cantidades proyectadas; el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, la restricción de las importaciones o las exportaciones o los boicots colectivos, todas ellas comprendidas en el concepto de cártel“.
En este ámbito legal, nace como remedio a su díficil investigación, el “Programa de Clemencia” que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección. Pero no sólo eso, además puede suponer una reducción de la multa que pudiera imponérsele. Las empresas solicitantes de clemencia quedan exentas a su vez, de la prohibición de contratar recogida en el artículo 71 y 72.5 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia.
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