Source: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/gl/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-pena1
Timestamp: 2020-07-10 00:12:47
Document Index: 95550570

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 988', 'artículo 70', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 35']

Artículo 7: No hay pena sin ley - La jurisprudencia del TEDH - Ministerio de Xustiza
Asunto: Berasategui Escudero y Arruabarena v. España
Sentencia Berasategui Escudero y Arriaga Arruabarrena c. España (PDF. 196 KB)
Los demandantes, Rufino Arriaga Arruabarrena e Ismael Berasategui Escudero, interpusieron sendas demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en mayo de 2017.
Ismael Berasategui Escudero fue detenido por las autoridades francesas y condenado por actividades terroristas cometidas en territorio francés a varias penas de prisión por robo de vehículos, tenencia de armas y explosivos, manejo de fondo recaudados mediante extorsión y pertenencia a organización terrorista, penas que el demandante cumplió en Francia entre 2002 y 2013.
En noviembre de 2013, tras cumplir las penas impuestas en Francia, es entregado a las autoridades españoles en cumplimiento de una petición de extradición para cumplir las penas impuestas mediante sentencia firme por organizar y ejecutar atentados terroristas en su calidad de miembro de la banda terrorista ETA. En septiembre de 2014 se aprueba la primera liquidación de condena con el máximo legal de 25 años.
Rufino Arriaga Arruabarrena, fue detenido por las autoridades francesas y condenado por actividades terroristas cometidas en territorio francés a varias penas de prisión por asociación de malhechores, robo de vehículos, uso de placas de matrícula falsas y tenencia de armas de fuego, penas que el demandante cumplió en Francia entre 1997 y 2003.
En julio de 2003, tras cumplir las penas impuestas en Francia, es entregado a las autoridades españoles en cumplimiento de una petición de extradición para cumplir las penas impuestas mediante sentencia firme por organizar y ejecutar atentados terroristas en su calidad de miembro del “comando Madrid” de la banda terrorista ETA. En mayo de 2008 se aprueba la primera liquidación de condena.
Violación del artículo 6.1 del Convenio (derecho a un proceso justo)
El Tribunal Constitucional había declarado inadmisibles los recursos de amparo de los demandantes, con arreglo al motivo previsto en el artículo 44, apartado 1, letra a), de la LOTC: el no agotamiento de los recursos judiciales ordinarios por o haber interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones, con arreglo al artículo 241, apartado 1, de la LOPJ.
El Tribunal se remite al asunto Arrozpide y otros contra España,en el que el Tribunal Supremo había considerado que la mayoría de las reclamaciones formuladas por los demandantes ya habían sido examinadas en las sentencias de casación y que, por lo tanto, con arreglo al artículo 241, apartado 1, de la LOPJ, los incidentes de nulidad debían declararse inadmisibles. Esta notificación tuvo lugar después de la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Arrozpide y otros contra España, citado anteriormente, § 102).
El Tribunal señala ahora que los motivos que los demandantes invocaron en el recurso de amparo ya habían sido objeto de un examen en profundidad en el marco del recurso de casación; sin embargo, si los demandantes hubieran esperado a la notificación de las resoluciones relativas a los posibles incidentes de nulidad para preparar e interponer sus recursos de amparo en debida forma, nada habría impedido que posteriormente el Tribunal Constitucional declarara la inadmisibilidad de sus recursos en cuanto a la morosidad, debido a la inoperancia de los recursos de nulidad (véase asunto Del Pino García y Ortín Méndez/Comisión). España (Dic.), no. 23651/07, § 32, 14 de junio de 2011).
Si bien el Tribunal indica que no le corresponde decidir si el recurso de anulación era una medida adecuada que debía adoptarse con arreglo al Derecho interno en estas circunstancias, ya que no interpusieron los incidentes de nulidad, señala que, dado que los demandantes en el presente asunto estaban representados por el mismo abogado que los demandantes en el asunto Arrozpide y otros, pudieron ciertamente conocer la inadmisibilidad de los recursos de anulación interpuestos por los demás demandantes antes de que expirara el plazo de 30 días para interponer el recurso de amparo. En estas circunstancias, los demandantes podían prever razonablemente que un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo también estaría condenado al fracaso. Por lo tanto, no se les puede acusar de haber interpuesto directamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en particular porque, en sus recursos de amparo afirmaron que ya habían planteado ante el Tribunal Supremo las alegaciones de violación de los derechos fundamentales que acababan de presentar ante el Tribunal Constitucional.
El Tribunal considera que los demandantes adolecían al menos de una falta de seguridad jurídica en cuanto a su derecho de acceso al recurso de amparo y concluye que se ha violado el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio.
No violación del artículo 7 del Convenio (principio de legalidad penal)
Dado que las decisiones impugnadas no modificaron el alcance de las penas impuestas en virtud del artículo 7, los períodos de privación de libertad impugnados por las demandantes no pueden calificarse de imprevisibles o no autorizados por la "ley" en el sentido del artículo 5, apartado 1. Además, el Tribunal señala que existe una relación de causalidad entre las sentencias dictadas contra los cuatro primeros demandantes y el mantenimiento de su detención después de las fechas indicadas por ellos, que se derivan de las condenas y de la pena máxima de 30 años de prisión fijada en las decisiones sobre acumulación y/o limitación de penas impuestas en España.
No violación del artículo 5.1 del Convenio (derecho a la libertad y la seguridad)
Dado que las decisiones impugnadas no modificaron el alcance de las penas impuestas en virtud del artículo 7, los períodos de privación de libertad impugnados por las demandantes no pueden calificarse de imprevisibles o no autorizados por la "ley" en el sentido del artículo 5, apartado. Además, el Tribunal señala que existe una relación de causalidad entre las sentencias dictadas contra los cuatro primeros demandantes y el mantenimiento de su detención después de las fechas indicadas por ellos, que se derivan de las condenas y de la pena máxima de 30 años de prisión fijada en las decisiones sobre acumulación y/o limitación de penas impuestas en España.
De acuerdo con el art. 28.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esta sentencia es firme.
Asunto: Pedro José PICABEA UGALDE v. España (3083/17)
Decisión Picabea Ugalde v España (PDF. 167 KB)
El demandante fue arrestado en Francia, donde fue sentenciado y cumplió condena por asociación ilícita, portar armas y munición, recibir objetos procedentes de robos y utilizar documentos administrativos falsos, falsificados o alterados, por actos cometidos en Francia. Posteriormente, fue entregado a las autoridades españolas en ejecución de una solicitud de extradición y condenado en España por delitos de terrorismo cometidos en territorio español, permaneciendo actualmente cumpliendo condena. La Audiencia Nacional resolvió acumular las penas impuestas en España, de conformidad con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en conjunción con el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 en vigor en el momento de la comisión de los hechos criminales, limitándose a treinta años la duración máxima de la pena de prisión que el demandante debía cumplir en relación con todas las penas privativas de libertad impuestas en España, sin incluir en la acumulación la pena impuesta y cumplida en Francia.
En base a una nueva jurisprudencia adoptada por el Tribunal Supremo sobre la interpretación de la Decisión marco nº 2008/675/JAI del Consejo de la Unión Europea de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, el demandante reclamó que la totalidad de la pena impuesta por las autoridades judiciales francesas y cumplida en Francia se acumulase a la duración máxima de cumplimiento de treinta años fijada en España.
El Tribunal señala que cuando el demandante cometió los delitos y cuando se adoptó la Decisión relativa a la acumulación y/o limitación de las penas que le afectan (el 13 de septiembre de 2007), la legislación española pertinente en su conjunto -incluida la jurisprudencia- no preveía un margen razonable de acumulación de penas ya cumplidas en otro Estado a efectos de la aplicación del plazo máximo de cumplimiento en España.
El Tribunal estima que la presente demanda debe ser rechazada por carecer manifiestamente de fundamento en cumplimiento del artículo 35 §§ 3 (a) y 4 del Convenio, declarando la demanda inadmisible.
Asunto: Jorge Manuel Lázaro Laporta (32754/16)
Decisión Lázaro Laporta v España (PDF. 267 KB)
El demandante, Jorge Manuel Lázaro Laporta es un nacional español nacido en 1973.
El caso atañe a una sanción administrativa impuesta al demandante, que trabajaba como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia, por acceder sin autorización a las cuentas de correo de algunos compañeros, y tras haber sido absuelto en un proceso penal.
Mediante sentencia de 3 de marzo de 2010, la Audiencia Provincial le absolvió de todos los cargos en base a que estas acciones se habían producido respecto a cuentas de correo prporcionadas por una institución que no se utilizaban para fines privados y que el acceso no autorizado no afectó a la intimidad de los titulares de las cuentas. No obstante, la Audiencia declaró probado que el ahora demandante (funcionario) había accedido de forma indebida, ilegal y sistemática a las cuentas electrónicas de sus compañeros y señalo que dichas acciones podrían ser constitutovas de responsabilidad civil o disciplinaria.
Mediante resolución del Rector de la Universidad Politécnica de Valencia de 1 de diciembre de 2011, y basándose en los hechos declarados probados mediante dicha sentencia de la Audiencia Provincial, el demandante fue suspendido de sus funciones durante cuatro años,. Las autoridades universitarias estimaron que el demandante era culpable de una falta muy grave –obstaculizar el ejercicio de libertades públicas– por acceder sistemáticamente a las cuentas de correo de otros compañeros sin su autorización, infringiendo el derecho al secreto de las comunicaciones, derecho fundamental protegido por el artículo 18.3 de la Constitución. Tras los recursos oportunos interpuestos, el Tribunal Constitucional inadmitía el amparo por “ausencia manifiesta de vulneración de derechos fundamentales”.
El demandante reclama con arreglo al artículo 7.1 del Convenio (no hay pena sin ley) y del artículo 4.1 del Protocolo 7 (derecho a no ser juzgado o condenado dos veces) que ha sido sancionado en un procedimiento administrativo tras haber sido previamente absuelto por los mismos hechos en un proceso penal, infringiendo el principio non bis in idem.
El TEDH considera, en el presente caso, que una sanción característica de una falta disciplinaria no puede considerarse equivalente a una sanción penal. El Tribunal considera que dichas sanciones son aplicables en relación con las faltas de los funcionarios en el ejercicio de sus obligaciones, y que los tribunales internos diferenciaron entre los intereses jurídicos protegidos por el proceso penal y aquellos protegidos por el procedimiento disciplinario. La legalidad de las sanciones disciplinarias era susceptible de revisión en sede judicial. Por otra parte la suspensión de las funciones del demandante durante cuatro años fue impuesta en relación con una falta muy grave, y las autoridades universitarias disponían de competencia para castigar las faltas de los funcionarios en un procedimiento disciplinario siempre que dicha falta estuviera debidamente regulada.
En consecuencia, el TEDH declara que las disposiciones en las que se basa el demandante no son aplicables al presente asunto. Se concluye que la demanda es incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio y la inadmite conforme a lo dispuesto por el artículo 35.3 del Convenio