Source: http://www.csif-agca-canarias.com/nueva-ley-de-contratacion-del-sector-publico-2018/
Timestamp: 2018-05-23 06:41:04
Document Index: 406078098

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Nueva Ley de Contratación del Sector Público 2018 – CSIF
Autor: CSIF jueves 8 febrero 2018
Nueva Ley de Contratación del Sector Público 2018.
Las claves de la Ley de Contratos del Sector Público recoge, en 11 puntos, los aspectos más destacados de la nueva norma y que realmente marcan la diferencia con respecto a la regulación anterior.
Al final de la noticia dispone de la normativa, esquemas y tablas comparativas.
La Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o sea, el 9 de marzo de 2018.
La Ley 9/2017, 8 de noviembre, (LA LEY 17734/2017) de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LA LEY 4613/2014) (en adelante, LCSP), ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del 9, y supone la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (LA LEY 4612/2014), relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y de la Directiva 2014/24/UE (LA LEY 4613/2014) del Parlamento Europeo y del Consejo, de idéntica fecha, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (LA LEY 4245/2004).
1 ÁMBITO SUBJETIVO, PODERES ADJUDICADORES NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO TENGA CARÁCTER DE PODER ADJUDICADOR.
Se define el ámbito subjetivo más amplio y se adapta la tipología de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo, a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015), Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se mantiene la existencia de tres niveles (sector público, administración pública y poderes adjudicadores).
Una de las grandes novedades de la Ley se refiere a los poderes adjudicadores no administración pública (en adelante, PANAP) que se regirán por lo establecido en el Título I del Libro III de la Ley. Y la innovación consiste en que desaparecen las instrucciones de contratación. En efecto, tanto para los contratos sujetos a regulación armonizada como para el resto, los PANAP deberán seguir los mismos procedimientos que la Ley prevé para las Administraciones Públicas (artículos 317 (LA LEY 17734/2017) y 318 (LA LEY 17734/2017)). También como novedad respecto de los PANAP es que la Ley regula, por primera vez, los efectos y extinción de los contratos por ellos celebrados (artículo 319 (LA LEY 17734/2017)).
Sin embargo, estas importantes innovaciones no se aplican para las entidades del sector público que no tengan la condición de poder adjudicador. A estas se les impone la obligación de aprobar unas instrucciones en los que regulen los procedimientos de contratación que respeten los principios que la contratación pública y que aseguren que los contratos se adjudiquen a quienes presenten las mejores ofertas. Estas instrucciones podrán no aplicarse en los supuestos previstos en el art. 321.2 (LA LEY 17734/2017) de la LCSP.
Otra gran novedad es la inclusión, dentro del ámbito subjetivo de la ley, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones profesionales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos siempre que se cumplan determinadas circunstancias como, por ejemplo, que su financiación sea mayoritariamente pública. No obstante, el alcance de la Ley es muy limitado para dichos sujetos ya que únicamente se les obliga a actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación en los contratos sujetos a regulación armonizada. Para ello, la ley les obliga, asimismo, a aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación (artículo 3.4 LCSP (LA LEY 17734/2017)).
2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Como novedades importantes se encuentran la sustitución de la denominación “Criterios de valoración de ofertas” por “Criterios de adjudicación del contrato” y la de “oferta económicamente más ventajosa” por la de “mejor relación calidad precio”. Estos criterios deben cumplir los siguientes requisitos: a) deberán estar vinculados al objeto del contrato; b) ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada; c) y deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.
a) Por su naturaleza, se distingue entre criterios económicos y criterios cualitativos. Los económicos, o criterios relacionados con los costes son el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad como por ejemplo el coste del ciclo de la vida. Los cualitativos son la calidad (que incluye valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal, características sociales y características medioambientales), la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato y el servicio posventa. Pues bien, se exige que los criterios cualitativos supongan, al menos, el 51 por ciento de la puntuación, en los contratos de servicios del Anexo IV así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter individual.
b) Por la forma de valorarlos, se distingue entre criterios valorables mediante cifras o porcentajes y criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. Se da preponderancia de los criterios que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a partir de la aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Se mantiene el comité de expertos, que será el encargado de evaluar los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, si éstos tienen atribuida una mayor ponderación que los automáticos; se especifica que sus miembros, que deben ser como mínimo tres, pueden pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación pero no pueden estar adscritos al órgano proponente del contrato. Como novedad, se da la posibilidad de que dicha valoración se encomiende un organismo técnico especializado identificado en los pliegos. Por su lado, la Mesa de Contratación, cuando intervenga, o los servicios dependientes del órgano de contratación, en caso contrario, serán los encargados de valorar los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor si la ponderación que se le atribuye es inferior a los criterios automáticos y también, en todo caso, serán los encargados de valorar los criterios evaluables mediante la utilización de cifras, porcentajes o fórmulas.
Desaparece el precio como criterio que siempre debe aparecer. En este sentido, el artículo 146.1 (LA LEY 17734/2017) dispone que, cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Y, por otro lado, se descarta la posibilidad de que sólo aparezcan criterios cualitativos puesto que el último párrafo del artículo 145.2 (LA LEY 17734/2017) dispone que los mismos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad. No obstante, no se podrá usar un único criterio en los casos expuestos en el artículo 145.3 (LA LEY 17734/2017).
El artículo 147 (LA LEY 17734/2017) da la posibilidad de que los Pliegos incluyan criterios de desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas. En defecto de previsión, el desempate se resolverá mediante la aplicación, por orden, de criterios sociales establecidos en el artículo 147.2 (LA LEY 17734/2017).
3 SE AUMENTA LA COMPETENCIA Y SE PERMITE UN MAYOR ACCESO DE LAS PYMES
El artículo 30 (LA LEY 17734/2017) regula la ejecución, por parte de la Administración Pública, de prestaciones por medios propios no personificados. Se promueve la contratación de obras y suministros mientras que en servicios se promueve la ejecución por medios propios.
a) Si el que realiza el encargo a un medio propio personificado es un poder adjudicador es necesario que el medio propio personificado cumpla varios requisitos de forma acumulada: que el poder adjudicador ejerza un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades, que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se haga en cumplimiento de los encargos que le haga el poder adjudicador, que el medio propio tenga una personificación jurídico privada, que la totalidad de su capital o patrimonio sea de titularidad o aportación pública y que la condición de medio propio se reconozca expresamente en sus estatutos o actos de creación. Además, el importe de las prestaciones que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo (art. 32 (LA LEY 17734/2017))
b) Si el que realiza el encargo a un medio propio personificado no es un poder adjudicador es necesario que el medio propio personificado cumpla varios requisitos de forma acumulada: que el ente que realiza el encargo tenga el control sobre el ente destinatario, que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario sea de titularidad pública y que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se haga en cumplimiento de los encargos que le haga el ente que realiza el encargo (art. 33 (LA LEY 17734/2017))
Se incentiva que los contratos se dividan en lotes. Hasta ahora, la normativa vigente exigía que se motivara la existencia de diversos lotes en un contrato. A partir de la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no exista división de los contratos en lotes, salvo en los casos de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios. Se puede limitar, justificadamente, el número de lotes los que un candidato o licitador puede presentar oferta, y el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador (art. 99 (LA LEY 17734/2017))
Se permite la subcontratación sin límites con carácter general, se establece la irrenunciabilidad de los derechos de cobro del subcontratista y la posibilidad de que las administraciones públicas y demás entes públicos contratantes puedan comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios hacen a sus subcontratistas o suministradores. Las obligaciones impuestas se consideran condiciones especiales de ejecución cuyo incumplimiento permitirá también la imposición de penalidades (arts. 215, 216 y 217 (LA LEY 17734/2017)).
Se incluye de forma novedosa como medio adicional a los criterios de solvencia económica y financiera previstos, la posibilidad que el órgano de contratación exija que el periodo medio de pago a proveedores, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad (art. 87 (LA LEY 17734/2017))
4 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
En atención a ello, el artículo 64 (LA LEY 17734/2017) introduce una norma especial relativa a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos intereses, mediante la cual se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. A estos efectos, se amplía el concepto de conflicto de intereses.
Asimismo, se amplían las prohibiciones a contratar y se modifica la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo (artículos 71, 72 y 73 (LA LEY 17734/2017))
El objetivo de lucha contra la corrupción también se materializa en la nueva regulación de las Mesas de Contratación. En este sentido, el artículo 326 (LA LEY 17734/2017) profesionaliza las mesas de contratación, que quedan definidas como un órgano de asistencia técnica especializada. En ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual y únicamente podrá formar parte de la misma el personal funcionario interino cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. No obstante, en el caso de las entidades locales, la Disposición Adicional Segunda sí permite a los miembros electos formar parte de la Mesa de contratación pero no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate con las excepciones previstas en la Disposición Adicional Segunda. También se regula una mesa especial para el diálogo competitivo y para procedimiento de asociación para la innovación.
Al constituirse como un órgano tan profesionalizado, el artículo 326.7 (LA LEY 17734/2017) también prevé la posibilidad de que las leyes autonómicas u otra legislación de desarrollo establezcan que sea la Mesa de contratación la que ejerza las competencias relativas a la adjudicación que la LCSP atribuye a los órganos de contratación.
Así pues, se crea, por un lado, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Proyectos que velará por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional. De modo especial, velará por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia así como de las prerrogativas de la Administración. Para ejercer sus funciones, aprobará la Estrategia Nacional de Contratación Pública, vinculante para el sector público, realizará encuestas e investigaciones, remitirá informes a las Cortes y a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y aprobará instrucciones para la interpretación y aplicación de la legislación de la contratación pública. Como resultado de toda su actividad de supervisión, elaborará un informe anual que ese publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el que se incluirán los principales incumplimientos detectados, las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública e información sobre prevención, detección y notificación adecuada de casos de fraude, corrupción y conflicto de intereses (artículo 332 (LA LEY 17734/2017)).
Integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, se crea la Oficina Nacional de Evaluación, que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios a efectos de lo cual, en los casos establecidos en el artículo 333.3 (LA LEY 17734/2017), emitirá informe preceptivo previo a la licitación de tales contratos a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales.
Para la consecución de sus objetivos, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión aprobará, a propuesta del Comité de cooperación en materia de contratación pública, un instrumento denominado Estrategia Nacional de Contratación Pública cuyo horizonte temporal será de 4 años y cuya finalidad será el establecimiento de medidas para cumplir objetivos tales como combatir la corrupción, incrementar la profesionalización de los agentes que intervienen en la contratación pública, promover la eficiencia económica, generalizar la contratación pública electrónica, utilizar la contratación pública para apoyar las políticas ambientales, sociales y de innovación y promover la participación de las PYME en la contratación pública (art. 334 (LA LEY 17734/2017))
Inserta en este nuevo sistema de gobernanza pública se encuentra la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que, junto con las tareas tradicionales de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se erige como punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y, por ello, adopta tareas de supervisión ya que será la encargada de remitir a la Comisión Europea, cada tres años, un informe referido a todos los poderes adjudicadores que comprenderá la información contenida en el informe de supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, información sobre el nivel de participación de las PYME, información sobre órganos encargados de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la UE y otra establecida en el artículo 328 (LA LEY 17734/2017).
Además, en el seno de la Junta, se crea un nuevo Comité de cooperación en materia de contratación pública en el que participarán representantes de las CAA y de la asociación o federación de Entidades Locales con mayor implantación. Será el encargado de mantener elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública y de realizar las demás funciones que le asigna el artículo 329 (LA LEY 17734/2017).
Se mantiene la obligación de remitir la obligación e información a efectos estadísticos y de fiscalización al Tribunal de Cuentas u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma (arts. 335 y 336 (LA LEY 17734/2017)).
5 RECURSO ESPECIAL Y CONTROL JURISDICCIONAL
6 REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS Y SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En aras del objetivo de simplificación se amplía notablemente el espectro de casos en los que se utiliza la declaración responsable como documentación que ha de aportar el licitador para acreditar el cumplimiento de requisitos previos tales como la capacidad, solvencia y habilitación profesional o empresarial. Además, se regula pormenorizadamente el contenido y la forma de la declaración responsable, haciéndola coincidir, en la práctica, con el documento único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea (arts. 140 y 141 (LA LEY 17734/2017))
El objetivo simplificador lleva incluso a crear, como gran novedad, un procedimiento abierto simplificado en el que se reducen los plazos, se excluye la posibilidad de que se preste garantía provisional, en el que las proposiciones sólo se podrán presentar en el Registro indicado en el anuncio de licitación. En dicho procedimiento, además, la Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión, y salvo que se trate de un caso de baja anormal, clasificar y evaluar las ofertas, realizar la propuesta de adjudicación, comprobar los requisitos de capacidad y solvencia y requerir para la constitución de la garantía definitiva (artículo 159 LCSP (LA LEY 17734/2017)).
Por otro lado, se reducen bastante los plazos para la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto (artículo 156 LCSP (LA LEY 17734/2017)), así como para la presentación de solicitudes de participación y de proposiciones en el procedimiento restringido (artículos 161 (LA LEY 17734/2017) y 164 LCSP (LA LEY 17734/2017))
7 PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN Y DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
La LCSP acaba con la anterior denominación de “procedimiento negociado” e introduce una nueva denominada “procedimiento con negociación”. Lo más destacado es que se establece la obligación de negociar de forma explícita y, además, desaparecen los supuestos de negociación con o sin publicidad por razón de la cuantía y respecto de las obras y servicios complementarios (artículos 167 a 169 LCSP (LA LEY 17734/2017))
a) selección de candidatos (artículo 178 LCSP (LA LEY 17734/2017))
b) negociación con los licitadores (artículo 179 LCSP (LA LEY 17734/2017))
c) la asociación con los socios (artículo 180 LCSP (LA LEY 17734/2017))
d) la adquisición del producto resultante (artículo 181 LCSP (LA LEY 17734/2017))
8 PUBLICIDAD Y PERFIL DEL CONTRANTE
La LCSP introduce una nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada entidad. Por ejemplo, el anuncio de licitación de contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, sólo se deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado en el caso de contratos de la Administración General del Estado (artículo 135.1 LCSP (LA LEY 17734/2017)). En el resto de los contratos no sujetos a regulación armonizada, la única publicidad obligatoria será la del perfil de contratante. En cualquier caso, en todos los contratos no SARA los plazos para la presentación de las proposiciones y para la presentación de solicitudes de participación en los contratos abiertos y restringidos se contarán a partir de la publicación en el perfil de contratante (artículos 63.3 (LA LEY 17734/2017), 156 (LA LEY 17734/2017), 161 (LA LEY 17734/2017) y 164 LCSP (LA LEY 17734/2017)).
a) Anuncios de formalización (artículo 154.1 LCSP (LA LEY 17734/2017))
b) Anuncios de modificación (artículo 207.3 LCSP (LA LEY 17734/2017))
c) Anuncio de resultados de concurso de proyectos (artículo 186.3 LCSP (LA LEY 17734/2017))
d) Trimestralmente, adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco (artículo 154.4 LCSP (LA LEY 17734/2017))
e) Trimestralmente, objeto, duración, importe de adjudicación e identidad del adjudicatario de los contratos menores (63.4 LCSP (LA LEY 17734/2017))
9 UN NUEVO PAPEL PARA LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN
La Junta Consultiva pasa a denominarse Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Junto a sus funciones tradicionales de carácter consultivo, aparece un nuevo papel: coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las Directivas de contratación (artículo 328.3.d LCSP (LA LEY 17734/2017)). Igualmente, se configura como el punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea. A tal efecto, elaborará y remitirá cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada (artículo 328.4 de la LCSP (LA LEY 17734/2017)).
Además, artículo 329 LCSP (LA LEY 17734/2017) crea, en el seno de la Junta, un Comité de cooperación en materia de contratación pública al que se le atribuyen cometidos de coordinar los criterios de interpretación de las normas de contratación pública por las Administraciones Públicas; coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector público; elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública; proponer criterios de selección de actuaciones de supervisión y supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; así como, recopilar información y analizar las cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés.
Las CCAA remitirán al Comité de Cooperación citado, respecto de sus respectivos ámbitos territoriales, toda la información necesaria para el cumplimiento de este nuevo papel de coordinación del cumplimiento de las obligaciones de información (artículo 331 (LA LEY 17734/2017)).
10 MEDIOS ELECTRÓNICOS
La LCSP establece la obligatoriedad de utilización de unos medios electrónicos, que deberán cumplir con las especificaciones y requisitos señalados en las DA 16ª y 17ª (LA LEY 17734/2017), para las siguientes tareas:
11 CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS
Interventor Delegado en la Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Gobierno de La Rioja.
Auditora del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Cortes de Castilla y León.
Vea la normativa:
​Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tabla de correspondencias de artículos entre la Ley 9/2017 y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esquema relativo a las prohibiciones de contratar en la Ley 9/2017.
Esquema relativo a los anuncios de las licitaciones en la Ley 9/2017.
Canarias, a 8 de febrero de 2018.