Source: https://vlexvenezuela.com/vid/sentencia-n-423-tribunal-825475637
Timestamp: 2020-03-30 01:41:05
Document Index: 337044343

Matched Legal Cases: ['artículo 464', 'artículo 99', 'artículo 464', 'artículo 465', 'artículo 464', 'artículo 465', 'artículo 242', 'artículo 213', 'artículo 261', 'artículo 261', 'artículo 464', 'artículo 465', 'artículo 213', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 464', 'artículo 465', 'Artículo 464', 'artículo 124', 'artículo 261', 'artículo 123', 'artículo 49', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 72', 'artículo 109', 'artículo 109']

Sentencia nº 423 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-11-2017 - Jurisprudencia - VLEX 825475637
El 8 de agosto de 2017, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito mediante el cual la ciudadana Mariela B.Z. de Santamaría, titular de la cédula de identidad V-6.549.104, asistida por los abogados C.S.B. Rengifo, Y.J.F.O. y C.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.130, 42.076 y 123.505, respectivamente, alegando actuar en su condición de hermana del ciudadano Ángel W.Z.A., identificado con la cédula de identidad V-6.525.457, sobre el cual recae una medida de privación judicial preventiva de libertad, impuesta por el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, interpuso ante la Sala de Casación Penal SOLICITUD DE AVOCAMIENTO en relación con la causa penal identificada con el alfanumérico CJPM-TM1C-075-17, que cursa ante el referido Tribunal en Función de Control de la Jurisdicción Penal Militar, por la presunta comisión del delito de TRAICIÓN A LA PATRIA y USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto en el artículo 464, numerales 25, 26 y 27 del Código Orgánico de Justicia Militar.
El 9 de agosto de 2017, se dio entrada a la Solicitud de Avocamiento, y el 10 del mismo mes, se dio cuenta a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal y, en esa misma fecha, previa distribución y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual “... [e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al asunto...”, correspondió la ponencia de la causa a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Mediante sentencia núm. 363 del 23 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se Avocó de oficio al conocimiento de la causa penal seguida al ciudadano Á.W.Z.A., ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas.
El 3 de noviembre de 2017, se dio entrada al expediente original identificado con las siglas CJPM-CM-N°648-17, remitido por la Corte M.d.C.J.P. Militar.
Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso, esta Sala pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:
El 21 de julio de 2017, la Teniente de Fragata Yusnagry Dahilis P.M., en su condición de Fiscal Militar Segunda Nacional, solicitó orden de aprehensión en contra del ciudadano Á.W.Z.A., por la presunta comisión de uno de los “… DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD, INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA NACIÓN, como lo es TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto en el artículo 464 ordinal 25°, 26°, 27° (sic) y sancionado en al artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar” (folios 1° al 6 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
En la misma fecha, la Mayor C.C.P.D.M., Jueza del Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, declaró con lugar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscal Militar Segunda Nacional (folio 8 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
El 22 de julio de 2017, funcionarios adscritos a la Dirección de Contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, realizaron la aprehensión del ciudadano Á.W.Z.A. (folios 14 al 16 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
El 24 de julio de 2017, se realizó la audiencia de presentación del ciudadano Á.W.Z.A. ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, en cuya ocasión la representación de la Fiscalía Militar le imputó la comisión de los delitos de Traición a la Patria, previsto en el artículo 464 numerales 25, 26 y 27, en correspondencia con el artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar; por su parte, el referido tribunal acordó tramitar la causa por la vía del procedimiento ordinario, y decretó medida de privación judicial preventiva de libertad respecto del mencionado imputado (folios 49 al 50 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
El 25 de agosto de 2017, el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, acordó la revisión de la medida privativa preventiva de libertad impuesta al ciudadano Á.W.Z. Aponte, imponiéndole una medida cautelar de libertad de conformidad a los previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal (folio 86 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
El 2 de noviembre de 2017, el General de División H.J.T.T., Presidente de la Corte Marcial, remitió a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente de la causa penal seguida al ciudadano Á.W.Z.A. (folio 126 de la única pieza del expediente CJPM-CM-N°648-17).
Según refiere el escrito de solicitud de avocamiento interpuesto por la ciudadana M.B.Z. de Santamaría, los hechos son los siguientes:
“El presente caso se inicia en fecha 12 de junio de 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana L.O.D., impugnó el nombramiento de trece (13) Magistrados y veinte (20) suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (en lo adelante ‘TSJ’), realizado en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional de la República Asimismo (sic), solicitó la nulidad de la designación de esos treinta y tres Magistrados, alegando que el acta de esa designación no contenía ni la firma de ella, ni la de la Secretaria del C.M.R., por lo que el procedimiento de designación estuvo viciado. Por ello, consideró la entonces Fiscal General de la República que era necesario proceder a nuevos nombramientos y, así, subsanar los vicios que aquejaban el procedimiento de designación del año 2015.
En virtud de lo anterior, el 15 de junio de 2017, la Asamblea Nacional realizó convocatoria pública para participar en el proceso de selección de trece (13) Magistrados principales y veinte (20) Magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por el Comité de Postulaciones Judiciales, designado por el poder legislativo el 13 de junio de 2017. En la referida convocatoria se estableció un lapso para recibir las postulaciones, entre el 19 y el 23 de junio de 2017, en la Secretaría del Comité de Postulaciones Judiciales, ubicada en la sede del Palacio Federal Legislativo.
Atendiendo a la citada convocatoria, dentro del lapso fijado para la misma, mi hermano Á.W.Z.A. presentó su postulación en el proceso de selección de treinta y tres (33) Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Días después, recibió una comunicación del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, en la que se le informaba que había sido seleccionado para entrevista. Así el día jueves 29 de junio de 2017 fue al Palacio Federal Legislativo, donde integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales lo entrevistaron, para luego, el 6 de julio, ser preseleccionado, junto a otros noventa y ocho (98) postulados, a los referidos cargos de Magistrados del m.T. de la República.
Cumplido el lapso de impugnaciones, el viernes 21 de julio la Asamblea Nacional aprobó la designación y juramentó a treinta y tres (33) nuevos Magistrados, entre ellos a mi hermano Á.W.Z.A., quien fue seleccionado como Magistrado principal de la Sala Político Administrativa del TSJ.
5.-ADVIERTE a la Asamblea Nacional, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que se pretenda investir del cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, en abierta violación a las normas constitucionales y legales, que LA USURPACIÓN DE FUNCIONES está prevista como delito en el artículo 213 del Código Penal, y que los fallos son de obligatorio cumplimiento, so pena de las consecuencias jurídicas que el ordenamiento venezolano ha dispuesto para el respeto y mantenimiento del orden público constitucional y la preservación del sistema democrático.
Posteriormente, el lunes 24 de julio, en horas de la noche, mi hermano fue presentado ante el Tribunal Militar Primero de Control, a pesar de tratarse de un civil, a cargo de la juez Claudia Pérez de Mogollón, quien negó el acceso a la audiencia de presentación a sus abogados. Lo anterior, ha hecho imposible que pueda conocerse con certeza los delitos que le fueron imputados ante jurisdicción militar, salvo la información que han compartido varios medios de comunicación, de acuerdo con los cuales se le atribuyeron los delitos de traición a la patria y de usurpación de funciones. También se conoce que el tribunal militar en cuestión decretó una medida privativa de libertad en su contra, y que en esa audiencia mi hermano habría decidido defenderse a sí mismo, e iniciar una huelga de hambre como forma de protesta. Sin embargo, se trata de información que no ha podido ser confirmada.
Los argumentos expuestos por la solicitante para que esta Sala de Casación Penal se avoque al conocimiento de la causa seguida en contra del ciudadano Ángel W.Z.A., son los siguientes:
Que “… el juzgamiento de un civil por un tribunal militar es un hecho contrario a los principios más elementales del derecho procesal penal de un país democrático, mucho más cuando tal principio goza de rango constitucional y legal, además de existir una prohibición expresa en el artículo 261 de la Constitución de la República, respecto del procesamiento de civiles en la denominada jurisdicción militar. En consecuencia, es evidente que a esto pueda calificársele como ‘un grave desorden procesal’, como también ‘una escandalosa violación del ordenamiento jurídico que perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública y la institucionalidad democrática’, si a esto añadimos que ni siquiera le han permitido designar defensores de su confianza, por lo que la necesidad del avocamiento por este m.T. se hace más que evidente”.
Efectivamente, la única interpretación posible que puede hacerse del artículo 261 de la Constitución de la República, en relación con la naturaleza de los delitos que pueden conocer los tribunales militares, es que con la expresión ‘delitos de naturaleza militar’, utilizada a los fines de delimitar la competencia de los tribunales militares, se está haciendo única y exclusivamente referencia a los delitos estrictamente de naturaleza militar, esto es, a delitos especiales propios, o si se quiere, a delitos militares en sentido propio”.
Que “… solicitamos que el Tribunal Supremo de Justicia se avoque en el presente procedimiento, a los fines de que el mismo no continúe siendo conocido por un tribunal militar, en razón de que los hechos punibles aparentemente atribuidos a mí hermano, específicamente el DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto en el artículo 464, numeral 25, y sancionado en el artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar, y el USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 DEL (sic) Código Penal, son delitos que NO TIENEN UNA NATURALEZA ESTRICTAMENTE MILITAR, por lo cual no deben ser conocidos por la jurisdicción militar, mucho menos cuando el imputado es una persona que no tiene la condición de militar”.
Que “… es indispensable tener en consideración es que los militares son militares y los civiles son civiles, de manera que los jueces penales militares en ningún caso pueden ser considerados como ‘jueces naturales- de los ciudadanos civiles’.
El derecho fundamental al juez natural, tal como históricamente se le conoce, al igual como lo contemplan los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el Pacto de San J.d.C.R. (artículo 8 n° 1) y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículo 14), implica el derecho a ser juzgado ‘por sus pares’, es decir, por jueces con las mismas características, que tengan competencia para actuar en el propio ámbito del imputado, ya que le atañen idénticos deberes y obligaciones en el mismo. Es por esto que el derecho al juez natural no es otra cosa que una derivación del derecho a la igualdad ante la ley, el cual también tiene rango constitucional, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución de la República”.
Que “[e]n conclusión, en virtud de que los delitos que aparentemente le fueron imputados a mi hermano Á.W.Z.A., son delitos comunes que pueden ser ejecutados por cualquier persona y no solamente por militares, es decir, NO SON DELITOS ESTRICTAMENTE DE NATURALEZA MILITAR, únicos que de acuerdo con nuestra Constitución pueden ser juzgados en la jurisdicción militar, el que actualmente se le esté llevando a cabo un procedimiento por tales delitos ante un tribunal penal militar, además de representar un grave desorden procesal, por tratarse de un tribunal manifiestamente incompetente, constituye una violación grave de sus derechos y garantías fundamentales, inherentes a la condición de ser humano, específicamente del DERECHO A SER JUZGADO POR SUS JUECES NATURALES, además de la GARANTÍA DE LA DEFENSA Y DE NO SER INCOMUNICADO, motivos por los cuales a estos hechos puede claramente calificárseles como una escandalosas (sic) violación del ordenamiento jurídico, la cual perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial venezolano, la paz pública y la institucionalidad democrática…”.
Finalmente la solicitante, requirió a la Sala de Casación Penal recabar el expediente signado con la nomenclatura CJPM-TM1C-075-17, del Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, a fin de que “…en virtud de la grave violación del derecho que tiene[,] a ser juzgado por sus jueces naturales…”.
Adjunto al escrito de solicitud de avocamiento, la solicitante presentó su partida de nacimiento y la del ciudadano Á.W.Z.A..
Siendo el avocamiento un instrumento procesal de carácter excepcional, el cual faculta al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la posibilidad de requerir el expediente (indistintamente del estado de la causa) a cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía o especialidad, y, una vez avocado, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Ahora bien, siendo que en caso de marras, esta Sala de Casación Penal, en sentencia 363, del 23 de octubre de 2017, decidió avocarse de oficio al conocimiento del presente asunto, en atención a las irregularidades delatadas en la pretensión avocatoria interpuesta por la ciudadana M.B.Z. de Santamaria, quien alegó actuar en su condición de hermana del ciudadano á.W.Z.A..
En tal sentido, proviniendo el avocamiento de oficio, en virtud de estimarse la no existencia de otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, generadora de graves desórdenes procesales, capaces de deslucir ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, según lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales, instituyen lo siguiente:
En consonancia con las citas legales anteriormente transcritas, se procede a examinar las actuaciones que comprenden el expediente signado con las siglas CJPM-TM1C-067-2017, de la causa penal seguida al ciudadano Á.W.Z. Aponte, ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, por la presunta comisión del delito de “… TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto en el artículo 464 ordinal 25°, 26°, 27° (sic) y sancionado en el artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar…”, a la luz de las garantías procesales y en el contexto de una justicia material acorde con los preceptos postulados por el texto fundamental.
Así mismo, y de manera pertinente, esta Sala advierte que la conducta atribuida al ciudadano Á.W.Z.A., fue subsumida en el tipo legal de Traición a la Patria, estipulado en el Artículo 464, numerales 25, 26 y 27, del Código Orgánico de Justicia Militar, siendo qué las acciones penalmente relevantes descritas en dicho texto legal militar, se encuentran correspondientemente plasmadas en el Capítulo I “De la Traición a la Patria y otros Delitos Contra Ésta”, Título I “De los Delitos Contra la Independencia y la Seguridad de la Nación”, del Libro Segundo del Código Penal, por lo cual es incontrovertible asumir que no son conductas de estricta naturaleza militar, por lo que pueden ser cometidas tanto por militares en funciones, como por civiles; razón suficiente para concluir que la naturaleza de la acción y de la condición del autor o partícipe (militar o civil) es determinante para el establecimiento de la competencia.
Incardinado en los aspectos enunciados, es menester para esta Sala de Casación Penal en virtud del avocamiento de oficio acordado, realizar el examen de lo argumentado en el escrito de solicitud de avocamiento interpuesto por la ciudadana M.B.Z. de Santamaría, asistida de los profesionales del derecho C.S.B.R., Y.J. Figueroa Ortega y C.M., en la causa seguida al ciudadano Á.W.Z.A., ante la jurisdicción penal militar, en concatenación con las actuaciones que reposan en el expediente cursante ante la referida competencia especial.
Ahora bien, se evidencia de lo referido por el aludido escrito de solicitud de avocamiento, así como de la revisión del expediente cuestionado, que el ciudadano Á.W.Z.A., se encuentra procesado por el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, denotándose de manera inmediata que el referido imputado no ostenta ninguna condición militar y por tanto se trata de un ciudadano civil, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual dispone que los sujetos susceptibles de ser enjuiciados por la jurisdicción militar son:
Por otra parte el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo establece el sustento constitucional de la Jurisdicción Penal Militar, sino qué además establece los límites y alcances de dicha competencia especial, al establecer que:
“La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de los delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. (Negrillas de la Sala).
Las derivaciones jurídicas de la citada normativa constitucional y legal, devienen en la incompetencia de la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento de delitos de naturaleza distinta a la militar, los cuales necesariamente comprenden la contravención o puesta en peligro a deberes estrictamente castrenses, obligaciones que por su restringido ámbito de aplicación no les son exigibles a los civiles, por tanto, la subsunción de las conductas reprochables, realizada por los no militares, ha de realizarse en la legislación penal ordinaria, aun cuando la conducta también estuviere descrita en la legislación penal militar. Lo que a todas luces revela que ante la condición de civil del procesado, debe imperar la supremacía de la jurisdicción penal ordinaria.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 1256, del 11 de junio de 2002, aseveró que:
“… los delitos comunes cometidos (…) deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo…”.
La Sala de Casación Penal, en un caso similar en donde se encontraban procesados ciudadanos civiles ante tribunales con competencia militar explicitó en sentencia número 518 del 6 de diciembre de 2016, que;
“…Siendo que en el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la jurisdicción penal militar, (…) la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho, es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria…”
Más recientemente, en fecha 23 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal dictó la sentencia número 350, en la cual ratificó los anteriores criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional y de Casación Penal del Tribunal Supremo de justicia, indicando que:
“… [e]n efecto, los civiles son juzgados por la jurisdicción ordinaria y los militares igualmente, cuando el delito cometido sea un ilícito común, salvo cuando los delitos comunes son cometidos por militares en funciones militares, en actos de servicio o en comisiones, conforme a lo establecido en el artículo 123 (numeral 3) del Código Orgánico de Justicia Militar (…) En conclusión, las reglas de competencia son de orden público y específicamente la competencia por la materia, es la que determina el juez natural que juzgará a las personas sometidas a un proceso penal, en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con obediencia de las garantías constitucionales y legales, conforme a lo establecido en el numeral 1, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo que, en el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, y la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, en la jurisdicción penal militar, es por lo que en resguardo de las partes intervinientes en la presente causa, y en cumplimiento de la aplicación de la justicia responsable y expedita, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho, es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales…”.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley…”.
En afinidad a lo expuesto la Sala de Casación Penal se pronunció el 6 de mayo del 2003, a través de la sentencia 172, arguyendo que:
“… El juez natural es aquel que está facultado por la ley para juzgar a ciertas personas, por delitos cometidos en precisos lugares y momentos, siendo fijado mediante ley material, en forma objetiva, funcional o territorial, concretándose así los principios de seguridad jurídica y de legalidad…”.
De igual manera la Sala Constitucional en sentencias 1228 del 16 de junio de 2005, y 2516 del 5 de agosto de 2005, indicó que:
“… [e]xiste violación al derecho al juez natural, cuando se verifiquen remisiones de causas a un tribunal incompetente por el grado, materia o territorio…”
Ahora bien, siendo que el artículo 23 del texto fundamental otorga rango constitucional a los tratados, pactos y convenciones internacionales, relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, y siendo que estos son de aplicación inmediata y directa por todos los órganos del Poder Público. Debemos colegir entonces como un mandato de rango constitucional, y de tuición de garantías fundamentales lo expresado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, el cual establece que:
Aunado a que en el caso bajo análisis, el ciudadano Á.W.Z. Aponte, está siendo procesado por la presunta comisión de un delito contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar, por el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, se trata de un civil, razón por la cual en obsequio del debido proceso, resguardo de las partes, en cumplimiento y tuición de lo ordenado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Pactos y Convenios Internacionales en Materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República, y del ordenamiento adjetivo penal, en afán de garantizar la aplicación de los principios de justicia ética, objetiva, responsable y de raíces democráticas, esta Sala de Casación Penal, en ejercicio de sus atribuciones, considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar a la Jurisdicción Militar incompetente para seguirla conociendo, y, en tal sentido remitirla a la Jurisdicción natural, la cual no es otra que la Jurisdicción Penal Ordinaria, para que de continuidad al proceso, afianzando las garantías constitucionales y legales inherentes a todo justiciable, con la debida atención a las consecuencias procesales derivadas de lo estatuido en el artículo 72 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo cual en atención a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual estipula que; “La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”. Y en ocasión al grave desorden procesal ya referido, existente en la causa penal signada con la siglas CJPM-TM1C-075-17, se ordena remitir el presente expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas para que previa distribución sea asignado a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control que seguirá conociendo de la causa, así como, remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, para la designación de la Representación Fiscal competente. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, habiéndose avocado de oficio al conocimiento del presente asunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara:
PRIMERO: CON LUGAR, el avocamiento, conocido oficiosamente por esta Sala.
SEGUNDO: Se DECLARA COMPETENTE a la Jurisdicción Penal Ordinaria, para conocer del proceso penal seguido al ciudadano ÁNGEL WLADIMIR ZERPA APONTE.
TERCERO: Se ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para su distribución a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control.
CUARTO: Se ORDENA notificar al Ministerio Público de la presente decisión, a los fines de realizar las actuaciones fiscales que en derecho correspondan.
Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente, y remítase copia certificada del presente fallo a la Presidencia de la Corte Marcial a los fines legales conducentes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia y 158º de la Federación.
Decisión de Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta de Lara, de 16 de Noviembre de 2011