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Timestamp: 2019-07-17 12:20:43
Document Index: 32736253

Matched Legal Cases: ['artículo 240', 'artículo 150', 'artículo 252', 'artículo 224', 'artículo 15', 'artículo 406', 'artículo 261']

Acuerdo y Sentencia 90/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 90/19
EXPEDIENTE: UABL PARAGUAY S.A. C/ RES. N° 384 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2012 Y OTRA, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA, por ante mí la secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "UABL PARAGUAY S.A. c/ Res. N° 384 de fecha 08/08/12 y otros dict. por la Dirección Nacional de Aduanas” a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 298 del 19 de agosto de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;
Es nula la sentencia apelada. ¿En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMIREZ CANDIA, BENITEZ RIERA y PEÑA CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. RAMIREZ CANDIA DIJO: El recurrente no fundó este recurso. Sin embargo, de un análisis detallado de la presente causa, surgen ciertos vicios que derivan en la nulidad del sumario administrativo y, en consecuencia, todas las resoluciones posteriores, incluyendo ulteriormente la del Tribunal de Cuentas.
El presente litigio tuvo su origen en una denuncia realizada por un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas que detectó ciertas inconsistencias en lo relativo al Impuesto a la Renta de la firma UABL Paraguay S.A. durante los ejercicios fiscales de los años 2000 al 2005. La falta de pago de tributos por dichos periodos fue motivo de sumario ante la DNA, derivando en la calificación de Defraudación por parte de la misma, con la sanción correspondiente. Dicha resolución fue recurrida, rechazándose posteriormente el recurso de reconsideración.
Ante esta negativa; la actora recurre ante el Tribunal de Cuentas, el cual rechaza la acción contencioso-administrativa, confirmando las resoluciones dictadas por la administración, basándose en que el sumario fue realizado conforme a derecho y que considera que el criterio de la Dirección Nacional de Aduanas con respecto a la defraudación es correcto. Es ante ésta resolución que la actora posteriormente interpone recursos de Apelación y Nulidad.
Al fundar sus recursos, la Abg. Gabriela Torio Bossi, en representación de la firma UABL PARAGUAY S.A., expresa que el Tribunal no ha considerado las normas previstas en la Ley N° 1173/85, en especial el art. 231 y en el art. 316 de la Ley N° 2422/04, referentes a la prescripción de la sanción aduanera. Asimismo, sostiene que se han considerado las normas previstas para la suspensión o interrupción de la prescripción de la acción para imponer sanciones a su representada, sumándose a esto que no han aplicado la ley más favorable al sumariado. Entre sus demás agravios agrega que el tribunal de Cuentas no se ha expedido sobre la procedencia o no del pago del impuesto a la renta sobre servicios de flete que asciende a la suma de Gs. 1.797.039.544, así como también se agravia por la omisión por parte del inferior de traer a la vista los antecedentes administrativos y otras pruebas documentales para el momento de dictar su Acuerdo y Sentencia.
De los antecedentes expuestos previamente, surge que la cuestión objeto de análisis gira en torno a la sanción por parte de la Dirección Nacional de Aduanas a la firma actora, por la falta de pago del Impuesto a la Renta de ciertos despachos realizados en los ejercicios fiscales desde el año 2000 al 2005.
Sin embargo, cabe aquí realizar una observación con respecto al rol de la DNA respecto a la investigación de los impuestos no pagados. La función asignada por Ley a esta entidad se agota al percibir los tributos y su transferencia al destinatario legal del mismo, al momento de formalizarse el despacho a la importación o exportación. Posterior a dicha actuación, ya pasa a ser la SET el órgano competente para investigar y eventualmente sancionar las infracciones tributarias que puedan existir.
Además, cabe traer a colación que mediante Acuerdo y Sentencia N° 447 de fecha 17 de septiembre de 2010, donde esta Sala Penal ya estudió la fiscalización realizada por la SET, de los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004, adquiriendo ya dicha discusión, autoridad de cosa juzgada.
Por estos motivos, considero que corresponde DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo y Sentencia recurrido, así como las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas.
En relación a las costas del juicio, considero las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente.
En el presente proceso, al ser el acto administrativo impugnado fue declarado nulo por esta instancia, se configura su carácter de acto administrativo irregular y el Art. 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faifas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables...”.
En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad del acto administrativo, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL DR. LUIS MARÍA BBENITEZ RIERA, DEJO QUE: Las opiniones vertidas por el Ministro preopinante han sido claras en cuanto a qué el único órgano competente para determinar tributos adeudados, así como las infracciones tributarias es la Sub Secretaria de Estado de Tributación (SSET), por lo que me adhiero al voto del colega preopinante Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA, en cuanto a declarar la Nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 289 del 19 de agosto de 2014, por los mismos fundamentos, y agrego que:
En el caso en estudio, la Dirección Nacional de Aduanas, ha resuelto calificar los hechos investigados como infracción aduanera de Defraudación y dispuso el cobro de los tributos diferenciales resultantes y aplicar la sanción de multa igual al monto de los tributos diferenciales, abrogándose, sin ningún soporte legal, funciones que no le corresponden, siendo la SSET, el único órgano facultado para el efecto. Cabe señalar que la investigación efectuada por la DNA, se refería al Impuesto a la Renta por servicio de Flete, correspondiente a los años 2000 al 2005, correspondientes a la firma UABL PARAGUAY S.A.
Asimismo, en el presente caso, se ha constatado que la firma actora UABL PARAGUAY S.A. ha sido objeto de fiscalización por la SSET, por los ejercicios fiscales 2002,2003 y 2004, concluyendo con la Resolución N° 1306 de fecha 20 de setiembre de 2006, dictada por la SSET; a su vez, dicha resolución ha sido confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo y Sentencia N° 447, de fecha 17 de septiembre del año 2010.
Es decir, que la actora ya ha sido juzgada por la autoridad competente, por periodos coincidentes con los que pretende aplicar la Dirección Nacional de Aduanas, sumando este hecho mayores fundamentos para afirmar que la pretensión de la Dirección Nacional de Aduanas no se ajusta a derecho.
Por tanto, reitero mi adhesión al voto del ministro que me precedió, en el sentido de declarar la Nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 298 del 19 de agosto de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Consecuentemente, considero que la Resolución N° 384/12, Dictada por la Dirección General de Aduanas, debe ser declarada Nula, por haber sido dictada por un organismo no competente para el caso, tal como se expuso. En cuanto a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas a la parte vencida, conforme al principio general establecido en los Arts. 192 y 203 del C.P C. ES MI VOTO.
A SU TURNO, LA DRA. MIRYAM PEÑA CANDIA DIJO:
El litigio suscitado en autos, tuvo su origen en la denuncia de un funcionario de aduana, que detectó el no pago del Impuesto a la Renta correspondiente a determinados despachos realizados en los ejercicios fiscales 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, siendo dichos no pagos, motivo de sanción por la autoridad aduanara, lo que resultó confirmado por el Tribunal de Cuentas en su totalidad.
Correctamente, el sentenciante indicó con mención del artículo 240 de la Ley N° 125/91 que la Dirección Nacional de Aduana (D.N.A) es un agente perceptor, para reiteradamente referir sobre la evasión de impuesto detectada (fs. 775 y vuelto, 776 y 777).
Cabe la mención que en el presente caso, ha sido constatado que la firma actora había ya sido objeto de fiscalización por parte de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, por los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004, periodos parcialmente coincidentes al disputado en estos autos, habiendo concluido dicha intervención fiscal con el dictado de la Resolución N° 1306 de fecha 20 de setiembre de 2006, por el referido ente administrativo de competencia tributaria, el que judicializado, resultó confirmado por la Sala Penal de la máxima instancia judicial por Acuerdo y Sentencia N° 447 de fecha 17 de setiembre de 2010, en fallo hoy firme.
Es decir, la actora ya habla sido juzgada por la autoridad competente, por los mismos periodos fiscales en los que posterioridad, se pretendió en nueva revisión, la aplicación de sanciones administrativas por parte de otra autoridad administrativa (la Dirección Nacional de Aduanas).
La doctrina asume que el agente de retención el que a la vez cumple el rol perceptor, es la persona física o jurídica a quien la autoridad o la ley impone la obligación de retener de determinados contribuyentes tributaciones también determinadas, realizándose así su "percepción en la fuente".
Por ello es que la doctrina asume que el agente retentor o perceptor se posiciona junto al sujeto activo de la relación jurídico tributaria, desplazándolo muy excepcionalmente.
La Dirección Nacional de Aduanas respecto a la porción del Impuesto a la renta correspondiente, es responsable de la percepción de dicho gravamen, pero ello no lo convierte en destinatario del impuesto, sino en un puente entre el contribuyente y el fisco.
El artículo 150 de la Ley N° 125/92 reconoce la competencia de la Sub Secretarla de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda en todo lo referente a los tributos percibidos por la misma, con expresa aclaración del artículo 252 de la misma norma tributaria, que cualquier acepción de "administración tributaria" a que haga la ley, es en referencia a la SSET.
El artículo 224 de la Ley N° 125/92, dispone, bajo el acápite PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS, cuanto sigue: "Los procedimientos para sancionar administrativamente las infracciones tributarias son de la competencia de la Administración Tributaria a través de sus órganos específicos, salvo disposición legal especial que establezca una competencia distinta." (Sic.)
Tratándose el Impuesto a la Renta un tributo percibido por la Sub Secretaría de Estado de Tributación, conforme al libro I de la Ley 125/92, por las disposiciones legales citadas, es dicho órgano el competente a fin de valorar y sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes en relación a cualquier impuesto contenido en la ley tributaria por parte de los sujetos obligados.
La función asignada por ley a la D.N.A se "agota" al percibir y transferir al legítimo acreedor señalado por ley (la SSET), terminando la carga procesal de la autoridad aduanera con dicha transferencia a quien resulta destinatario legal del tributo.
El mismo ejemplo lo verificamos cuando una entidad bancaria formaliza operación gravada con un tercero, por cualquiera de los tributos previstos en la Ley N° 125/92, y en el caso IRACIS. Al percibir y transferir el monto a quien corresponde por ley, la SSET, se consume totalmente la función recaudatoria del banco. Toda controversia posterior al pago, como ser, repetición de lo pagado de modo indebido, en exceso, etc. debe ventilarse ante dicho acreedor tributario.
El concepto de tributo aduanero al que alude el actual Código de la materia funciona en ocasión de formalizarse el descacho a la importación, proceso que termina con el libramiento de la mercadería. Y esto último ya ocurrió, porque lo discutido se relaciona con ejercicios fiscales fenecidos desde la perspectiva de la vigente Ley N° 125 y modificaciones, y por ende, terminó la competencia recaudatoria de la D N.A en la materia, pasando dicha atribución a la SSET.
En consecuencia todo lo actuado ante la D.N.A, el Tribunal de Cuentas y hasta la presente instancia debe declararse nulo de nulidad insanable, conforme al artículo 15 b) y c) del Código Procesal Civil, lo que se sanciona con dicha medida procesal, porque un requisito para la validez del acto administrativo estuvo ausente siempre, siendo este requisito la omisión de la competencia jurídico - funcional, exclusiva y excluyente en favor de la SSET.
Por el artículo 406 del Código Procesal Civil, se pasa a la resolución de fondo, en que el acto administrativo atacado en el presente juicio contencioso administrativo, la Resolución N° 384 de fecha 08 de agosto de 2012 y su confirmatoria, las que fueron confirmadas por el fallo declarado nulo.
Esta atribución de competencia es extremadamente relevante para el presente caso desde que el órgano especialmente atribuido por ley - SSET - es el único que puede determinar con valor de regularidad legal, cual es la norma aplicable, el hecho imponible, los sujetos obligados, la alícuota y eventual cuantía de la imposición y, en su caso, si se ha operado o no, la prescripción liberatoria, la exoneración o exceptuación, etc., atribuciones que no le otorga el Código Aduanero - en esta materia - motivo por el cual se procede a la anulación correspondiente.
Como observación importante resulta llamativo que el fallo en revisión considere "evasión" (con ello confiesa que lo aplicable no es el código aduanero) porque en la legislación aduanera, no existe el ilícito denominado EVASIÓN, lo que resulta relevante porque tal ilícito fiscal, tampoco se encuentra previsto en la Ley 125/92, que sólo admite a la mora, la contravención, la defraudación y la omisión de pago. Al mero efecto referencial, el único ilícito tributario, catalogado como “EVASION DE IMPUESTOS”, se encuentra tipificado en el artículo 261 del Código Penal vigente, cuya aplicación escapa al ámbito de la competencia de cualquier órgano administrativo. Estas incongruencias demuestran que quienes eran incompetentes funcionales desde Juego, nada sabían de la técnica del Impuesto a la Renta.
Por lo demás, en materia de flete internacional el impuesto no se liquida sobre el monto facturado, sino sobre el 10% del monto total facturado, que no resulta lo mismo. De donde resulta que si aplicamos el gravamen sobre ese 10 % "que no admite prueba en contrario" tendremos que la presión fiscal del IRACIS sobre el valor total del flete, es solamente el equivalente al 1% del valor total de lo facturado, con el agregado de que se debe establecer si los periodos fiscales impugnados corresponden al periodo histórico en el que resultaba gravado el flete de exportación, hoy libre de toda carga impositiva a fin de no encarecer el costo final del producto en manos del consumidor final domiciliado en el exterior.
Dada la forma que fue resuelta la cuestión en alzada, como la posición asumida por la representación de la parte recurrida, corresponde la imposición de costas a la parte vencida, la Dirección Nacional de Aduanas, conforme al articulaos del Código ritual. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 28 de febrero de 2019.
Y VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la
1.- DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo y Sentencia N° 298 de fecha 19 de agosto de 2014, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y, en consecuencia, ANULAR la Resolución N° 384 de fecha 08 de agosto de 2012, y la Resolución N° 329 de fecha 16 de agosto de 2012, dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas en ambos casos, por las razones expuestas en la presente resolución judicial.
2.- IMPONER LAS COSTAS del proceso a la parte vencida.
3.- ANOTAR, registrar y notificar.