Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/Convenio-usufructo-renunciando-titularidad-proindivisa_12_478935002.html
Timestamp: 2018-01-23 17:46:39
Document Index: 305464240

Matched Legal Cases: ['artículo 633', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 777', 'artículo 90', 'artículo 919', 'artículo 90']

Magistrado del Tribunal de Marca Comunitaria de la Audiencia Provincial de Alicante.
En este sentido es conocido que la escritura pública constituye la forma sustancial de la donación de inmuebles siendo requisito ineludible para su validez, indicando la STS de 27 de julio de 1.994 -EDJ 1994/11658- que no todo documento público tiene el carácter de escritura pública si no reúne las características propias de la misma; se requiere escritura pública que fuere de donación, no de otra cosa.
De otro lado, también sería necesaria la aceptación del donatario por medio del mismo tipo de instrumento público, aceptación que podría llevarse a efecto por parte de los hijos sin necesidad de que contar con la mayoría de edad – el art. 625 cc -EDL 1889/1- no exige la capacidad general para contratar – bastando con que tuviera capacidad natural de entender y querer ya que, como indica Albaladejo García, si el interesado carece de discernimiento no puede haber declaración de voluntad válida ni llegar a existir consentimiento contractual. En tal caso, la aceptación la harían los representantes legales de los hijos que va implícita en la propia cesión; al fin y al cabo "en el tomar no hay engaño" y no sería menester, entiendo, el nombramiento de defensor judicial a tal efecto. En cualquier caso, dicha aceptación sería obligatoria y se supone que en el convenio suscrito por las partes los hijos no habrían intervenido ni prestado dicho consentimiento, el que, en cualquier caso, debería ser otorgado en escritura pública.
El art 90 del C. civil -EDL 1889/1- establece el contenido mínimo que debe tener en su caso el convenio regulador, debiendo incluirse entre los temas o cuestiones resolver, en su caso la liquidación del régimen económico matrimonial; por lo que los cónyuges en el convenio regulador puedan pactar todo lo correspondiente a la liquidación del régimen económico matrimonial.
Siendo un requisito esencial, ad solemnitantem, el que la donación de bienes inmuebles se haga en escritura pública y de la misma forma la aceptación por los donatarios, no cabe entender que exista donación al ser nula o inexistente la recogida en el convenio regulador, toda vez que la falta de la escritura pública exigida en el artículo 633.1 CC -EDL 1889/1- para la validez de la donación (SSTS 10 noviembre 1994 -EDJ 1994/8873-, 5 noviembre 1996 -EDJ 1996/7793-, 31 julio 1999 -EDJ 1999/19925-, 21 marzo 2003 -EDJ 2003/6472-, 16 julio 2004 -EDJ 2004/82529-, entre muchas otras), determina su nulidad.
En estos casos se produce lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo califica de promesa de donación, cuya validez y eficacia se ha negado de forma reiterada por la doctrina legal recogida entre otras en las STS de fecha 24 -EDJ 2008/3263- y 25 de enero de 2008 -EDJ 2008/5016-.
En primer lugar hay que valorar dicho convenio dentro del proceso de familia amparado en las previsiones del artículo 90 del Código Civil -EDL 1889/1-. Por lo que respecta a su forma en dicho ámbito, no será precisa forma pública alguna, debiendo aportarse al Juzgado de Familia el citado convenio regulador firmado por ambos cónyuges y sin mayores exigencias formales, más allá de su ratificación en el proceso por ambos. Las previsiones a las que se refiere la cuestión planteada (atribución de uso de la vivienda a los hijos y al cónyuge que asuma la guarda y custodia, renuncia a la mitad proindivisa de la vivienda) están perfectamente amparadas en los apartados A) y B) del citado artículo 90, mientras que la renuncia podría entenderse incluida dentro de la liquidación de la sociedad de gananciales a la que se hace referencia en el apartado D), bien porque sea el único bien de la sociedad o bien porque junto con dicha renuncia se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales. Por tanto dicho convenio no sería inválido en el ámbito del proceso de familia, debiendo ser ratificado el mismo judicialmente en todo lo referente a las medidas contenidas en el artículo 90 del Código Civil y sin perjuicio de las facultades que el juez de familia tiene al amparo del artículo 777.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- para no aprobar aquellas medidas que excedan del ámbito estricto del citado artículo 90.
Criterio que sigue igualmente el auto de la Aud. Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 1994, en el que, tras recordar la exigencia del otorgamiento de escritura pública en las donaciones de inmuebles, declara la existencia de una obligación cuyo cumplimiento se haría efectivo por vía de apremio si lo pactado en el convenio no se cumple voluntariamente, pues el convenio, al ser aprobado judicialmente, es parte integrante de la sentencia, investida de fuerza ejecutoria conforme dispone el artículo 919 -EDL 2000/77463- de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 90 del código Civil -EDL 1889/1-.
Y como tal donación para ser válida conforme determina el art 633 CC -EDL 2000/77463- tiene que hacerse en escritura pública y expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, precepto que revela una clara excepción a la teoría general que atribuye eficacia al consentimiento en cualquier forma expresado para dar nacimiento al contrato. Las donaciones de bienes inmuebles no tienen validez, ni, por lo tanto, despliegan virtualidad transmisiva alguna del dominio de los bienes a que se refiere si no aparecen instrumentadas en escritura pública, exigencia de solemne y esencial formalidad que rige cualquiera que sea la clase de donación siempre que se refiera a bienes raíces, así como también requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la donación, también en escritura pública, bien en la misma de la donación o en otra distinta, y poner en conocimiento fehaciente del donante esa aceptación que debe producirse cuando aún viva el transmitente, (STS de 14-5-66, 15-10-85 y 27-9-89 -EDJ 1989/8408-, entre otras muchas).
No hay otra forma de verificar la transmisión de bienes a hijos en un convenio regulador que en virtud de un contrato, y por tal puede entenderse este en virtud de la aceptación derivada de la donación y su posterior elevación a escritura. En los convenios reguladores se adjudican generalmente el uso de los bienes de la pareja, tales como el uso del inmueble. Por ello, la atribución del bien inmueble en cuanto a su titularidad a los hijos conlleva un acto de donación, es decir que para que tenga efectividad jurídica debe elevarse a escritura pública con el acto de aceptación adicional. Como recuerda en este supuesto la Audiencia Provincial de Palencia, Sentencia de 31 Dic. 2004 -EDJ 2004/260973- la jurisprudencia es unánime en determinar que el principio espiritualista informador con carácter general de la contratación civil, en cuya virtud se atribuye eficacia al consentimiento cualquiera que sea la forma en que se haya expresado, tiene algunas excepciones integradas en los llamados contratos solemnes. En tales contratos solemnes la ley exige que el consentimiento se exprese mediante una forma determinada como condición para su existencia y perfección. Entre dichos contratos y en virtud de lo dispuesto en el art 633 del Código Civil -EDL 1889/1- se encuentra la donación cuando tenga por objeto bienes inmuebles, de modo que si no se cumple con el requisito formal ad solemnitatem que el precepto contempla ello determinará la nulidad radical, o mejor incluso, la inexistencia del negocio jurídico, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2000 -EDJ 2000/12144-, que no hace sino reiterar la doctrina contenida en otras muchas de 31-7-99, 28-7-96, etc...
El requisito formal que el artículo comentado exige es el otorgamiento de escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, así como la aceptación por parte de este en la propia escritura o en otra separada. Se exige por tanto no un documento público cualquiera de los contemplados en el art 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- o 1216 del Código Civil -EDL 1889/1-, sino específicamente la escritura pública, es decir uno de los instrumentos públicos que el Notario autoriza con arreglo a derecho y en el ejercicio de la función escrituraria conforme a lo dispuesto en los arts 143 y ss del Reglamento Notarial -EDL 1944/33-. En principio por tanto la donación de inmuebles contenida en un convenio regulador suscrito Inter partes exclusivamente carecería de toda validez jurídica como venimos sosteniendo ya que como tal no tiene efecto alguno si se reduce a un convenio regulador que tiene por objeto exclusivo consecuencias referidas a las de la separación o divorcio en cuanto al uso, pero si en este se atribuyen bienes comunes a los hijos se está excediendo el objetivo del convenio convirtiéndolo en un acto de donación y al ser así debe sujetarse al procedimiento antes expuesto para la efectividad jurídica del acto de donación en sí para que tenga efectos frente a terceros.