Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97639
Timestamp: 2019-11-19 14:01:41
Document Index: 385949654

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 387', 'artículo 200', 'artículo 333', 'Artículo 387', 'artículo 21', 'artículo 174', 'artículo 387', 'artículo 386', 'ARTÍCULO 387', 'artículo 387']

Gaceta: LXIV/1SPR-25/97639
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 387, fracción VIII del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:
En el umbral del siglo XXI el mundo entero atestiguó la creación de un sinnúmero de instituciones microfinancieras cuya expansión fue estimulada por gobiernos y entidades multilaterales, en tanto que fueron vistas como vehículos que coadyuvarían a la erradicación de la pobreza y la inequidad social, a la luz de los Objetivos del Milenio de la Asamblea de Naciones Unidas del año 2000.
En sintonía con este propósito, la región latinoamericana se decantó por vigorizar la promoción de microcréditos, estrategia fomentada entonces por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través, inicialmente, del programa “Pequeños Proyectos” convertido en 1997 en el “Programa Empresario Social”, además de políticas públicas de estímulo al microcrédito que desarrollaron la industria de las microfinanzas en Centroamérica y Sudamérica.
Unos años antes de este periodo -durante la década de los 80 -, en México emergió un nuevo modelo de financiamiento enfocado en las personas que no contaban con recursos suficientes para iniciar pequeños proyectos de negocio o que no tenían acceso a instituciones financieras formales. De este modo surgió el microcrédito, un producto ofrecido por entidades financieras que otorgan microcréditos; esto es: organizaciones e instituciones que brindan servicios financieros (ahorro, créditos, seguros) a este sector de la población.
Nuestro país acogió el microcrédito como estrategia de lucha contra la pobreza y ciertamente su uso se multiplicó; sin embargo, el asentamiento de este y otros productos financieros entre la población con menos recursos no ha sido del todo exitoso. Y es que aunque en el país se han promovido sendas estrategias de inclusión financiera, como las derivadas de la última reforma fiscal de 2014, el asentamiento de los productos financieros formales entre la población con menos recursos continúa enfrentándose a enormes barreras, vinculadas sobre todo con la inflexibilidad de la banca : la periodicidad de las cuotas, el manejo de medios de pago bancarios, la alta exigibilidad de documentación, la espera para el desembolso, entre otros factores, han impedido que los productos financieros tengan más usuarios, lo que ha sido aprovechado por un sinnúmero de usureros y agiotistas.
Si bien los préstamos entre particulares son un mecanismo cotidiano para atender apremios económicos, existe abuso por parte de personas que tienen como actividad económica principal el prestar dinero con intereses moratorios excesivos, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y alimenta un círculo vicioso de deuda que hace casi imposible liquidar el préstamo inicial.
Una de las modalidades de microfinanciamiento que se ha expandido desbocadamente son los denominados préstamos gota a gota, esquema que consiste en el otorgamiento de pequeños créditos de baja rotación que son entregados con facilidad y oportunidad, con altos intereses y con cobros a domicilio y en efectivo.
Desde hace algunos años diversas autoridades de nuestro país han alertado sobre la emergencia y expansión de esta nueva modalidad crediticia. Las víctimas son, principalmente, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, quienes mayormente trabajan en las zonas urbanas del país. Este tipo de microcrédito informal se ha convertido en un mecanismo financiero que crea fortunas a costa del patrimonio de las personas más vulneradas del país en términos económicos, desplazando a los productos financieros formales dada la rigidez de su estructura.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, el 43 por ciento de la población en México aún no tiene acceso al crédito. De este universo excluido, el 62 por ciento de las personas encuestadas contrajo préstamos con sus familiares, mientras que el 40 por ciento lo hizo a través de sus amigos o conocidos, lo que deja ver la persistencia de los mecanismos no formales en la dinámica de ahorro y financiamiento del país.
La Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha revelado que el sistema de préstamo o crédito exprés se ha extendido en varios países de América Latina y el nuestro no ha sido la excepción. De acuerdo con la propia Comisión, el modus operandi identificado en México responda a las siguientes características:
Al respecto, Mario Di Constanzo, presidente de la Condusef ha señalado que “…a lo que ellos apuestan es que tú dejes de pagar […] para que te cobren intereses moratorios excesivos, para que te vayas hundiendo cada vez más de tal manera que este préstamo se convierta en un derecho de piso.”
El caso más visible, aunque no el único, es el de la Ciudad de México, donde las autoridades capitalinas han revelado que la red de prestamistas gota a gota está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas que llegaron a nuestro país como turistas y desde 2015 comenzaron a entregar tarjetas, para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades, ofreciendo préstamos “fáciles”, sin verificación del historial crediticio y sin aval.
La procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de esta entidad ya ha comenzado a darle seguimiento a dicho fenómeno, con el propósito de identificar la fuente de recursos de las personas que participan en el esquema referido.
“La red de prestamistas está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas que llegaron a México como turistas y desde 2015 comenzaron a entregar tarjetas, para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades”, indicó por su parte la secretaria de Gobierno de la capital mexicana, Rosa Icela Rodríguez.
Sobre el mecanismo, la funcionaria detalló que: “Enganchan a la gente ofreciéndole entre 2 mil y 60 mil pesos, y en menos de 2 horas sin fiadores, ni garantías, con pequeñas cuotas e intereses de hasta 20 por ciento, siendo el único requisito que tengan un comercio y proporcionen una credencial de elector”.
Una vez que las personas aceptan el dinero, los cobradores acuden a diario a los negocios, “y quienes no pagan la cuota son víctimas del robo de su mercancía, amenazas y golpes. Las deudas, de ese modo, “se vuelven como un derecho de piso porque los intereses moratorios son excesivos”. Además, “los afectados no pueden interponer denuncia dado que el préstamo se hace de palabra”.
En enero pasado el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de dicha entidad explicó que “esta nueva forma de delito es parte de las actividades desagregadas que está usando el crimen para crear una base territorial y una fuente millonaria de ingreso mediante la extorsión y el cobro de derecho de piso”.
Un problema mayor se presenta cuando se trata de elegir los delitos por los que habrán de perseguirse los préstamos gota a gota, pues dado que dichas conductas son pluriofensivas y carecen de identidad penal autónoma, las autoridades judiciales recurren a delitos adyacentes tales como la extorsión agravada (como lo ha resuelto la Ciudad de México); el fraude equiparado (como lo prescribe el Código Penal Federal, CPF) y la usura (cuya figura aparece únicamente en algunos códigos locales). Esta disparidad sintáctica dificulta la aplicación debido a la diversidad conceptual y sus consecuencias sancionatorias.
Esta dificultad no sólo se presenta en México; hoy los países de América Latina que ha visto aterrizar los préstamos gota a gota en su territorio han explorado diversas formas de aproximación, tal como se muestra en la tabla subsecuente:
En Perú, según un reporte policial la modalidad de préstamos “gota a gota” ha alcanzado en los últimos años a 97 provincias del país. Para combatir esta problemática, en el artículo 200 del Código Penal del Perú se han establecido las sanciones para aquellas personas que, mediante la violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida.
Por otra parte, el Ministerio del Interior peruano, lanzo la campaña #NoPrestesTuVida la cual busca prevenir a los ciudadanos de esta actividad por los peligros que conlleva. Por otra parte, la campaña se dirige a aquellas personas que por acceder a un crédito rápido y evitar los trámites formales de una solicitud de préstamo de dinero, no me miden el riesgo del cual pueden ser víctimas.
En Colombia, se castiga la usura con hasta noventa meses de prisión y una multa de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De igual forma, con el fin de desincentivar la práctica del “gota a gota” el gobierno colombiano incluyo un capítulo de profundización y estimulo de microcréditos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 , el cual permite acceder a tasas que eventualmente no superen una tarifa de 3% al mes.
En Bolivia, según lo establecido en el Código Penal Bolivia la usura se castiga con hasta 2 años de prisión y en casi de que se trate de usura agravada, la pena aumenta en una mitad de la sanción máxima, es decir un año más.
De igual forma, el artículo 333 establece una pena de hasta 3 años en prisión para aquellas personas que mediante la intimidación o amenaza grave obtengan una indebida ventaja o beneficio económico.
En el país, recientemente se registró un aumento de los préstamos “gota a gota”; esto como consecuencia de una crisis económica. Argentina, conforme a la Ley 27.148 y la resolución PGN 914/12 la PROCELAC sugiere a las personas que consideren han sido víctimas de este tipo de delitos, denuncien el hecho en la sede la fiscalía federal de la respectiva jurisdicción provincial.
De igual forma, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) impulso una campaña para crear conciencia de los que peligros y consecuencias que conlleva tomar un préstamo “gota a gota”; préstamo caracterizado por ser otorgado sin ningún tipo de regulación.
En México, el Código Penal Federal identifica a la usura como un fraude equiparado al disponer que:
Artículo 387. …
VIII. Se impondrán las mismas penas que al delito de fraude, al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.
IX. a XXI. …
Pese a la existencia de dicha disposición, las fuentes consultadas, así como las indagaciones realizadas nos dirigen a concluir que los estudios relacionados con el delito de fraude en su modalidad de usura son escasos, más todavía si se trata de tener información administrativa y judicial sobre la denuncia y consignación de averiguaciones por tal conducta típica. Esta carencia de datos y análisis favorece la expansión de grupos o personas dedicados a este redituable negocio, en detrimento del patrimonio de las personas más vulnerables.
La doctrina jurídica ha determinado que la usura es una forma de explotación, y por tanto, está prohibida dado que atenta contra los derechos humanos, particularmente contra la propiedad privada, lo que se materializa cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo.
Con base en lo anterior y en los artículos 1o. y 133 constitucionales, todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales en que el país sea parte.
En los últimos años, el Poder Judicial se ha replanteado la usura en la fijación de los intereses, en el contexto del control difuso como del convencional; en especial frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la que en su artículo 21 que establece que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. En este sentido, el máximo tribunal mexicano ha emitido recientemente una serie de criterios respecto a dicha figura:
USURA. PARA ESTABLECER SU EXISTENCIA INDICIARIA, DEBEN CONSIDERARSE EN FORMA CONJUNTA LAS TASAS DE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, CONVENIDAS ENTRE LAS PARTES, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil, Tesis Aislada, Tesis: VII.2o.C.136 C (10a.), Registro: 2016414, marzo de 2018.
Al pactar las partes intereses ordinarios y moratorios, estos deberán tomarse en cuenta al momento de determinar si existe un interés excesivo (entendido como explotación del hombre por el hombre), pues su totalidad integra los intereses demandados sujetos a condena, y de ellos se estimará la existencia indiciaria de usura
INTERESES MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA USURA, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil, Tesis Aislada, Tesis: I.11o.C.91 C (10a.), Registro: 2016385, marzo de 2018.
Cuando el juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré es usuraria, con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta se podrá reducir de oficio; sin embargo si el juez de primer grado omite esta evaluación y la hace derivado de una excepción por la demandada estimando que la tasa de interés no es desproporcional o usuraria, no existe omisión en su estudio, ya que cumplió con esta formalidad.
De manera que en el supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar nuevamente el tema, debe mediar agravio en el recurso de apelación, pues solo puede hacerlo de oficio cuando exista la omisión total del juzgador inicial.
USURA. PROCEDIMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE ESTUDIAR SU POSIBLE ACTUALIZACIÓN, ATENTO AL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SUSTENTADO EN LA TESIS VII.2o.C.131 C (10a.)], Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Jurisprudencia, Tesis: VII.2o.C. J/12 (10a.), Registro: 2016368, marzo de 2018
En atención a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces de instancia o, en su defecto, los tribunales de alzada (en caso de proceder apelación) deben analizar de oficio si los intereses pactados por los contratantes constituyen o no usura, y de ser así, reducir la tasa.
No obstante, si el juzgador responsable omitió realizar este estudio, se concederá el amparo a efectos de que la autoridad responsable repare la violación y cumpla con el principio de exhaustividad sin que ello implique que el tribunal se pronuncie sobre la invalidez o validez de que tal porcentaje fuera usurario, en razón de que ello es materia de fondo que corresponderá a la responsable
Aunque los criterios de la Corte han dado luz a la hora de aproximarse a los préstamos gota a gota desde la perspectiva de la obtención de ventajas usurarias, la legislación vigente no es del todo adecuada a la hora de confrontarse con modalidades ilícitas cada vez más sofisticadas.
El académico mexicano David Cienfuegos Salgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que “existen dos posiciones en los ordenamientos penales mexicanos al respecto de la usura: la primera incluye la conducta usura en el tipo de fraude, el denominado fraude de usura; y la segunda, encuentra a la usura como tipo penal autónomo”. Esta diferencia y falta de homologación de criterios en las entidades federativas implica que dicha actividad no sea perseguida debidamente, lo que lleva a Cienfuegos a concluir que: “…la norma parece estar redactada para impedir su aplicación. La escasez de denuncias y procedimientos seguidos respecto de esta figura, parecen corroborar este aserto.”.
Al tenor de lo expuesto anteriormente, se revela la necesidad de adecuar la conducta usura en el tipo fraude con el objeto de disuadir, mediante mecanismos más adecuados, a quienes han convertido a los préstamos gota a gota una fuente de ingresos ilícita, abusando de la necesidad de los desposeídos o los desesperados por obtener recursos.
Para tal efecto, resulta procedente modificar el artículo 387 del Código Penal Federal, incorporándose como modalidad de usura aquellos actos mediante los cuales se busque otorgar préstamos con el fin de conseguir algún lucro. Consideramos necesario que esto sea así puesto que son cada vez más frecuente las prácticas que, aprovechándose de la ignorancia o las malas condiciones económicas de los sectores más vulnerables de la población, pretenden sacar ventaja y tomar la delantera en la obtención de ganancias indebidas, al amparo de actos desleales e ilícitos.
Finalmente, se estima pertinente la estipulación de tres tipos de agravantes, relacionados puntualmente con tres hechos: el cobro del préstamo, la concreción de una asociación delictuosa para la comisión de la conducta y por último, la procedencia de los recursos de una actividad ilícita. En estos casos, las penas se aumentarán hasta en un tanto más, de acuerdo al agravante que se hubiere configurado.
VIII. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.
VIII. Al que valiéndose de la ignorancia, de la notoria necesidad o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.
Las mismas penas se aplicarán a quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier acto para otorgar préstamos o práctica similar a estos, de los que se obtenga un lucro, ventaja económica o beneficio indebido para sí o para un tercero por medio de contratos o convenios, escritos o verbales, en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado o a las tasas de interés bancario autorizadas.
Además de las penas previstas en el artículo 386 de este Código:
Cuando se emplee violencia, amenaza o intimidación para lograr el cobro del préstamo o de los intereses, las penas se aumentarán en dos terceras partes;
Cuando hayan participado dos o más personas en la comisión del ilícito y se empleen los medios señalados en el inciso anterior, las penas se incrementarán hasta en un tanto más, y
Cuando los recursos otorgados mediante préstamos o cualquier otro acto similar procedan o representen el producto de una actividad ilícita, las penas se aumentarán hasta en un tanto más.
Con esta iniciativa me propongo seguir alertando sobre la urgente necesidad de reformar el sistema financiero mexicano de manera integral. El panorama del sector en nuestro país es sin duda dinámico, y su evolución ha estado acompañada de distintas transformaciones a lo largo de los años, lo que le ha permitido consolidarse de manera saludable y estable; sin embargo, esta evolución ha sido con poca penetración, baja inclusión y escasos vínculos con el crecimiento y desarrollo económicos del país, lo que deja amplísimos márgenes para que se desarrollen los lastimosos fenómenos como el que ha sido expuesto a lo largo de esta iniciativa.
El reto más grande que se enfrenta a todas luces nuestro país es el de “contar con un sistema financiero más amplio e incluyente para la sociedad mexicana. No solamente se necesita asignar recursos de manera más eficiente, si no también crear un instrumento de desarrollo, coadyuvando al progreso económico. Aunado a esto, necesitamos generar los mecanismos necesarios para disminuir la pobreza y la desigualdad, edificando un marco económico más justo para todos”.
Hoy en día, el sistema financiero de México sigue siendo de los que menos presta y de los que más cobra por sus servicios. La banca continúa estando concentrada en un puñado de agentes y no ha podido explotar sus nuevas facultades y el resto de las entidades financieras no han asumido el papel que están llamados a tomar.
Es tiempo de que fenómenos como los préstamos gota a gota nos ayuden a sacudirnos las inercias del pasado y nos conduzcan a cristalizar un nuevo modelo financiero en México, entre cuyos pilares se incluya, naturalmente, el perfeccionamiento de la oferta de crédito, sin que en ello se comprometa la tranquilidad, la seguridad, el patrimonio y la vida misma de las y los mexicanos.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veinticuatro días del mes de julio de 2019.
Cfr. Ospina Querubin, Jesús Antonio y Alfredo Trespalacio Carrasquilla, El minicrédito: una alternativa al gota a gota en Colombia, 2016,[En línea] [Fecha de consulta: 9 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2JMS8Af
Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, Microcréditos, [En línea] [Fecha de consulta: 9 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2CtsiOo
Cfr. Monreal Ávila, Ricardo, Reforma al sistema financiero mexicano. Una visión de futuro, México, Porrúa, 2019, pp. 125 y ss.
INEGI, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [En línea] [Fecha de consulta: 9 de julio de 2019] Disponible en:https://bit.ly/2L9PP9o
Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, “Préstamos gota a gota”, en Revista Proteja su dinero, [En línea] [Fecha de consulta: 9 de julio de 2019] Disponible en:https://bit.ly/2ZdTWYk
Briz, Kinberley, (7 de febrero de 2019), Préstamo “gota a gota”, red de extorsión a pequeños comerciantes, Radio Fórmula, [En línea] [Fecha de consulta: 11 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2USDJFp
Animal Político, ¿Qué es el esquema de gota a gota con el que extorsionan a la gente en la CDMX?, [En línea] [Fecha de consulta: 11 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2sxVkpN
Sánchez, Jorge, (16 de enero de 2019), Alerta el Consejo Ciudadano sobre una nueva modalidad de extorsión bajo el esquema de préstamos “gota a gota”. Enfoque Noticias, [En línea] [Fecha de consulta: 11 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2LFGyJ1
Código Penal del Perú. Capítulo VII Extorsión. Disponible en: http://bit.ly/2K0IcBJ. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Código Penal Colombiano. Disponible en: http://bit.ly/2M5i7V1. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2018-20133. Disponible en: http://bit.ly/2Y8e5gT. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Código Penal de Bolivia. Disponible en: http://bit.ly/2M9vhjJ. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley 27.148. Disponible en: http://bit.ly/2ObVzVm. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Ministerio Público Fiscal. Préstamos “Gota a Gota”: recomendaciones de PROCELAC. Disponible en: http://bit.ly/2Y5VqCw. Fecha de consulta: 22/07/2019.
Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1969, [En línea] [Fecha de consulta: 9 de julio de 2019] Disponible en: https://bit.ly/1nelAAI
Cienfuegos Salgado, David, “El delito de usura en México”, en Revista de la Facultad de Derecho de México,
Número 227-228, Universidad Nacional Autónoma de México. 1999, pp. 91y 92.
Moneral Ávila, Ricardo, op. cit. pp. 193 y 194.