Source: https://issuu.com/www.juecesyfiscales.org/docs/berbiqui42
Timestamp: 2017-05-29 05:00:07
Document Index: 113731540

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 87', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 140', 'artículo 152', 'artículo 29', 'artículo 152', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 34', 'artículo 354', 'artículo 37', 'artículo 142', 'artículo 29', 'artículo\n308', 'artículo\n304', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 85', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 42', 'artículo 83', 'e contrario']

Berbiquí 42 by Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia - issuu
REVISTA DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIADIRECTORA
Alma Alicia Peláez Mejía
Evelyn Monsalve Londoño
Jesús Olimpo Castaño Quintero
Juan Carlos Higuita Cadavid
Martha Cecilia Upegui Velásquez
Omar David Tapias
Oficina 206 - Medellín
Tel. 2621787 * Fax: 2626568
Correo electrónico: jueces@une.net.co
Página web: www.juecesyfiscales.org
Hernán Giraldo • Soluciones Editoriales
301 287 5942 • Medellín, Colombia
soledito@gmail.comBERBIQUÍ 42septiembre de 2009contenido
Editorial_______________________________________ 5Medidas de descongestión para la justicia al día.
Gabriel Fernando Roldán Restrepo_ _________________ 7Reflexiones sobre la taxatividad de las nulidades
en materia procesal civil, la preclusión para
alegarlas y su inconveniencia
Germán Alonso Flórez Hincapié____________________ 14Comentarios sobre la nueva ley
de oralidad laboral
Hugo Alexander Bedoya Díaz______________________ 22Nueva línea jurisprudencial y reformulación
(Concepto y criterios de identificación)
Tulio Chinchilla _________________________________ 27La lógica interna del sistema acusatorio
Andrés Nanclares Arango_________________________ 33Nepotismo e independencia
Jaime Jurado_ __________________________________ 38Charles Darwin
Alberto Giraldo C._______________________________ 42Panorama literario de Marguerite Yourcenar
Vicente Torres Mariño____________________________ 51Yacija
Elda Patricia Correa______________________________ 54
La responsabilidad de los ensayos
es de los autores y no comprometen
ni al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
sin el consentimiento del autor.Editorial
La cadena perpetuaDesde hace algún tiempo se viene promoviendo en el país, por algunos sectores de opinión
y varias ONG, un proyecto de reforma a la Constitución que pretende imponer, a través
de un referendo, la pena de cadena perpetua para los abusadores y explotadores sexuales,
homicidas, secuestradores, maltratadores de menores de catorce años y menores con discapacidad física y/o mental, norma que ya fue aprobada en el Congreso y sancionada por
el Presidente de la República el pasado 16 de julio. La misma deberá someterse al control
de la Corte Constitucional, previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, y si
es aprobada, la Registraduría deberá definir las fechas para citar y organizar el referendo.
Se ha alegado como argumento a favor de esta iniciativa que los abusadores sexuales no
tienen rehabilitación y que las penas en Colombia tienen demasiadas rebajas que a la postre
La pena es un instrumento que el Estado impone a una acción antisocial; es la reacción
jurídicamente organizada que el Estado utiliza para quien demuestra ser un peligro para
la sociedad. Tiene dos objetivos: un castigo a quien resulte penalmente responsable de la
comisión de un delito, declarado después de un debido proceso, y como medida de resocialización o de enmienda del delincuente, fin este último que persiguen casi todas las
legislaciones penales del mundo, alegando que no hay delincuentes incorregibles, y que si
existen, deberán ser sometidos a tratamientos especiales.
La cadena perpetua para los delitos muy graves está contemplada en las legislaciones penales de varios países de la Unión Europea, con amplia tradición democrática, como Francia,
Gran Bretaña, Alemania e Italia, pero en la práctica, estas penas pueden ser revisadas, y el
plazo para las mismas varía de un Estado a otro: 26 años en Italia, 20 a 25 en Gran Bretaña,
20 años en Grecia, 15 años en Francia, Alemania y Suiza, 12 en Dinamarca y 7 años en
Irlanda. En España no existe esta pena. En Latinoamérica la cadena perpetua está contemplada en Chile, México, Perú, y Argentina, que la impuso a varios oficiales del ejército por
los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Revista BERBIQUÍSe ha demostrado que no intimida la severidad de las penas, ni este factor ha sido efectivo
en la reducción de los delitos, lo determinante es la seguridad y la certeza de que las penas
impuestas se van a cumplir, y para los casos más graves cometidos contra los menores, deberán serlo en su totalidad. En el caso colombiano es muy diciente que el aumento de las
penas para el secuestro y el homicidio (Ley 40 de 1993 y ley 1200 de 2008) y para los actores
armados (Ley 890 del 2004), no han influido en la reducción de estos delitos; así mismo,
las sanciones para los delitos sexuales contra menores han sido endurecidas, es así como5el acceso carnal violento contra un menor de 14 años contempla una pena de 12 a 20 años
de prisión, y el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia)
prohibió la rebaja de penas y la concesión de cualquier tipo de beneficio para los autores de
delitos contra la vida e integridad personal y la libertad y formación sexuales, cuando las
víctimas son menores de edad.
Desde esta página se convoca a la reflexión acerca de si la imposición de la cadena perpetua
para los delitos cometidos contra los menores de catorce años resulta una medida eficaz
en la lucha contra estos delitos, o si lo que debe implementarse en el país es una verdadera
política criminal, originada en investigaciones científicas interdisciplinarias, encaminadas
a la prevención y lucha de los delitos de que son víctimas los menores en Colombia, quienes
por mandato constitucional tienen protección especial.
No podemos olvidar que el conflicto armado y la violencia generalizada en el país influyen en la violencia intrafamiliar y en particular en los niños, quienes son las víctimas más
propicias por su estado de indefensión. Si queremos evitar que sigan viviendo en medio de
la agresión y el autoritarismo, se deberán implementar políticas de Estado sobre formación
en valores, prevención y educación para romper ese círculo vicioso, en aras a una sociedad
que forme ciudadanos sanos, física y mentalmente.Revista BERBIQUÍEl Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Carta Fundamental se estructura en
la defensa de la persona y en el respeto de su dignidad, y por ello el ordenamiento penal
contempla como fin primordial de la privación de la libertad la rehabilitación y readaptación de los condenados. La cadena perpetua es contraria a dicho fin, pues si bien con ella
se pretende proteger a los menores como lo manda la Constitución, ya existen en nuestra
legislación penas suficientemente altas que deben imponerse en su máximo límite y sin
rebajas a los delitos cometidos contra los menores; siempre con sujeción a los principios de
ponderación y proporcionalidad y a criterios de necesidad, validez y corrección. Lo contrario sería desconocer los avances progresistas en materia penal desde Beccaría hasta hoy,
siendo el principal la abolición de los castigos irreversibles como la pena de muerte y la
cadena perpetua, porque le niegan toda posibilidad de enmienda al delincuente y el derecho a una segunda oportunidad en la sociedad, por supuesto, tras haber purgado la pena
merecida.6Medidas de descongestión
para la justicia al día.
Verdades y quimeras Reflexiones sobre la reforma a la Ley Estatutaria
y sobre el proyecto de descongestión 197 de 2008 –Senado–
Ponencia Ganadora del XVIII Simposio Nacional de Jueces y
Fiscales de Colombia realizado en la ciudad de Villavicencio.
del 12 al 14 de agosto de 2009.Introducción y aspectos generalesLas recientes y aún no consolidadas reformas que
buscan extender el principio de oralidad a especialidades como la laboral, civil, familia, y contenciosa
administrativa, y cuya trayectoria gradual —que va
para un lustro en materia penal— aún no arroja los
resultados esperados, se ha presentado como una verdadera panacea de celeridad, y como signo indiscutible de modernidad. Pero pese a ser vista como una
herramienta imprescindible para imprimir celeridad
a los procesos, ella por sí sola no se ha traducido en
una justicia pronta y oportuna.
Así mismo, la creación de jueces administrativos,
representó un paso importante para la descongestión7Revista BERBIQUÍUna justicia agobiada por problemas estructurales
que la sobrecargan, limita las posibilidades de acceso de los ciudadanos y deviene en problema de legitimidad del Estado, que conlleva la crisis del Derecho
como mecanismo de solución de los conflictos.
La congestión judicial, característica no deseable de
las sociedades actuales, signadas por una mayor complejidad —sobre todo en las más conflictivas—, es un
problema endémico de la justicia colombiana. Ésta es
un permanente laboratorio de ensayo de reformas que
—cada una en su momento—, han pretendido solucionar “de una vez por todas” la congestión y la morosidad, siendo la rama judicial blanco de críticas desde
diversos sectores que atacan su “ineficiencia”, bajo el
supuesto de que tiene a su alcance y se le brindan los
recursos necesarios (el Ministro del Interior, en cuya
cartera se gestó el último proyecto de reforma, y por
ende es quien suscribe la exposición de motivos, indica que en tres años, desde 2003 a 2006, los recursos para la Rama Judicial han crecido en un tercio).Sin embargo, hay quienes con voz autorizada lo desmienten: el Presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura —creemos que con
conocimiento de causa—, señala que una década atrás
la apropiación presupuestal de la Rama Judicial representaba el 2% del presupuesto general de la Nación, y
hoy equivale a 1.12%, lo que muestra un dramático
decrecimiento.de la jurisdicción contenciosa, pero no puede decirse que ha sido la panacea y que atacó el mal de raíz,
porque la congestión y la morosidad siguen siendo
características de esa jurisdicción. Los trámites ante
el Consejo de Estado y los Tribunales tardan años en
resolverse, y ante el colapso que registra esa jurisdicción el propio Ministro en su exposición de motivos
indica que un caso tarda aproximadamente nueve
años en ser resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado1.
Ahora, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, teniendo “el terreno
abonado” con el marco legal que le proporcionó la
reciente Ley 1285 del 22 de enero de 2009, reformatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, presentó ante las Cámaras Legislativas un
nuevo proyecto de descongestión judicial que debe
ser objeto de análisis y debate amplio por parte de
quienes seremos destinatarios directos o afectados
—para bien o para mal— con las reformas que se
proponen.Revista BERBIQUÍEsa reforma a la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia que ahora se pretende consolidar con el
proyecto de descongestión, establece un Plan Nacional de Descongestión para la Justicia al Día, concertado con el Consejo Superior de la Judicatura para que
éste lo ejecute; modifica el Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, previsto en sus orígenes
en el artículo 87 de la Ley Estatutaria como “función
propia” del Consejo Superior de la Judicatura, sin que
precise ahora quién lo elaborará, dejando un vacío legal que de seguro allanará el Gobierno Nacional para
injerir más en las políticas de la Rama Judicial.De otro lado, si como lo plantean los índices ofrecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura2 pese a tan
constante empeño por descongestionar a la justicia
el problema subsiste —no obstante la asignación de
recursos y a las sucesivas reformas intentadas—, hay
que analizar si el incremento de recursos ha sido proporcional a las necesidades de la rama judicial, o si
ésta engulle con voracidad los recursos asignados, sin
mostrar resultados que hagan reaccionar significativamente a la baja las tasas de congestión judicial. Al
respecto, en la exposición de motivos, al menos el Ministro, si bien destaca que ha habido más asignación
de recursos para la Rama Judicial en los últimos años,
evita atribuir los insuficientes resultados de gestión al
mal desempeño o a ineficiencia de los jueces, sino a
que el crecimiento de demandas no ha tenido equivalencia en los recursos asignados, pero descarta de una
vez que la solución pueda encontrarse en la creación
de nuevas plazas3, y en cambio propone la búsqueda
de “otros caminos”.
Será preciso tomar con beneficio de inventario esa
búsqueda de “nuevos caminos” hacia la descongestión judicial por los que propende el nuevo proyecto
en el cual se empeña el Gobierno, porque la sensación que queda tras analizar alternativas de desjudicialización (para que los notarios asuman tareas que
siempre se consideraron propias de la función jurisdiccional, como el conocimiento de los procesos ejecutivos hipotecarios y prendarios, y que a juicio del
proponente es más bien una función de recuperación
de cartera), y de vinculación de particulares que tra-2. El magistrado Ricardo Monroy Church, Presidente (E) de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, habló de descongestionar 552.000 procesos en todas las jurisdicciones, frente a
un volumen de más de tres millones de procesos (3.040.000). Ver
ÁMBITO JURÍDICO, edición 275, 15 al 28 de junio de 2009.1. Para solucionar la congestión en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se crearon 257 juzgados administrativos, que recibieron el 73% de la carga represada en los Tribunales, por lo que los
juzgados nacieron congestionados.83. No se entiende cómo frente a un crecimiento exponencial de la
población, la cartera que agenda las relaciones del ejecutivo con la
rama judicial (Ministerio del Interior y de Justicia), descarte de entrada, que parte de la significativa asignación de recursos autorizada
por la reforma a la Ley Estatutaria, los planes de desarrollo sectorial
de la Rama Judicial no incluya una actualización del número de Juzgados y de integrantes de Tribunales y Cortes.bajen ad honorem para la Administración de Justicia,
a fin de que estudiantes del SENA laboren como escribientes y para que egresados de las facultades de
Derecho “hagan trabajos de investigación” para optar
al título, sirviendo como “sustanciadores” de decisiones de los jueces, son medidas “ingeniosas”, por decir
lo menos, para escamotear una asignación de recursos proporcional y digna para a una de las ramas del
poder público en la que necesariamente se soporta la
Si bien en la exposición de motivos se habla de tres
ejes centrales, así: desjudicializar conflictos, simplificar
procedimientos y racionalizar el acceso, proponemos
un agrupamiento por temas, que busca básicamente
abreviar o simplificar procedimientos, desestimular
procesos civiles que atiborran los juzgados, limitar el
uso de la doble instancia y eliminar del grado jurisdiccional de consulta, y utilizar mecanismos alternativos.
De manera más amplia, intentamos un decálogo del
proyecto, así: Críticas y razones frente a la reforma
Sea lo primero señalar que no me anima la intención
de descalificar de entrada el intento de descongestión
que se propone ahora el Gobierno Nacional por medio
del Ministerio del Interior y de Justicia; proyecto que,9Revista BERBIQUÍ1. Estratificación de cuantías, como factor determinante de la competencia, según la categoría de los
municipios, y redefinición de las mismas cuando a
juicio del juez hayan sido insufladas como estrategia para acceder a la doble instancia. Así mismo, el
aumento de los montos de mínima cuantía a fin de
limitar el uso de recursos.
2. Rechazo de plano de demandas manifiestamente
infundadas o donde se presenta caducidad.
3. Creación de Jueces de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, de jueces itinerantes en zonas
campesinas, y asignación de empleados gratuitos
a los despachos judiciales (estudiantes de Derecho
en casas de justicia, egresados como sustanciadores y estudiantes del SENA como escribientes).
4.	Establecer como único factor de competencia territorial de los jueces laborales el lugar de prestación del servicio, eliminando el del domicilio del
demandado; facultar al juez laboral para que auto-rice pago anticipado de derechos ciertos e irrenunciables, mientras se decide de fondo.
5. Competencia a prevención en tutela según la especialidad y obligación a entidades públicas de acatar jurisprudencias reiteradas.
6. Decisiones unitarias por parte de los magistrados
para dictar autos y señalar recursos, sin aprobación por la correspondiente sala de decisión; y no
exigencia de respetar el orden cronológico de entrada de los negocios, a fin de que los Tribunales
y las Cortes puedan agrupar causas similares para
fallarlas en conjunto.
7. Creación de un arancel judicial del 2 % sobre el
monto pretendido en demandas en materia comercial y contencioso administrativa, se gane o
se pierda, para acopiar recursos con destino a la
descongestión y modernización de la justicia, administrados por el Consejo Superior de la Judicatura.
8. Desjudicialización de procesos ejecutivos y de
adopción para someterlos a trámite notarial; desjudicialización de los trámites de notificación,
para que se hagan por medio de empresas particulares o públicas; y conciliación en casas de justicia
y centros de convivencia, en causas menores y violencia intrafamiliar.
9. Eliminación de incentivos a promotores de acciones populares, entre 10 y 150 salarios mínimos
legales mensuales de lo que recupere una entidad
estatal de casos de inmoralidad administrativa,
lo que ha llevado a contingentes de abogados dispuestos a ejercer una especie de camorrismo por la
paga, que recorren el país y se convierten en tósigos de las administraciones municipales.
10. Reconocer validez a la sentencia oral en materia
contenciosa administrativa, en sentencias de única
o de segunda instancia.valga decir de una vez, no ha concitado la atención
del Congreso, embebido ahora en el tema del referendo reeleccionista, y que tampoco cuenta con mucha
simpatía por parte de quien ejerce el gobierno de los
jueces, el Consejo Superior de la Judicatura. A los jueces nos corresponde hacer un estudio concienzudo,
porque no está bien la posición del rebelde sin causa,
que critica sin fundamento y torpedea toda iniciativa,
al tiempo que juzga la falta de resolución para implementar reformas en temas que nos conciernen.Revista BERBIQUÍJueces de pequeñas causas
y competencias múltiples
El artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en la reciente modificación introducida por el artículo 4° de la Ley 1285 de 2009 incorporó a la jurisdicción ordinaria esta nueva categoría
de jueces, para dirimir conflictos menores de la jurisdicción ordinaria, en penal, civil, laboral y familia; lo
que plantea, frente al revés que la figura de los jueces
de pequeñas causas, reservados por la malograda Ley
1153 de 2007 a conocer de contravenciones penales,
alcanzándose a crear toda una infraestructura que
se vino abajo con la inexequibilidad declarada por la
Corte Constitucional, deberán ser los jueces que ocuparon estas plazas quienes nuevamente se convoquen
en caso de que el nuevo proyecto de descongestión
salga avante; sin embargo, ello plantea una preocupación: la capacitación de tales funcionarios en materias civil, laboral y de familia, quedándoles una alta
responsabilidad a tales funcionarios, pues al proyectarse el aumento de 15 a 22 salarios mínimos legales
mensuales vigentes —S.M.L.M.V.— de las cuantías,
según lo previsto en los artículos 1° y 2° del Proyecto
de Descongestión, las mínimas cuantías no serán “tan
mínimas”, atendiendo las posibilidades y condiciones
reales de existencia de nuestra población, generándose la posibilidad de que la congestión simplemente
“cambie de dueños”, y pasen a ser unos funcionarios
noveles quienes asuman cargas excesivas. En tal caso,
es preciso reclamar de los proponentes de la reforma,
como corresponde a una acendrada técnica legisla-10tiva, como saber aplicado, para que se sopesen de la
mejor forma las ventajas, cargas y costes.
La tendencia de hoy en día a implementar mecanismos alternativos para la solución de conflictos, hace
parte de la búsqueda de nuevos esquemas de justicia,
que debe reinventarse para responder a los retos que
le plantean las complejidades de la vida moderna; y
hay soluciones pragmáticas, propias de una nueva visión del Derecho en las que conceptos como soberanía o jurisdicción no pueden asirse ahora conforme a
visiones caducas; sin embargo se ha de tener cuidado
en presentar a la Administración de Justicia como
candidata idónea —por su inoperancia— para ser
desmontada y entregada a los particulares. Recuérdese que la reciente Ley 1285 del pasado 22 de enero, al
reformar la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia —Ley 270 de 1996— discernió entre el ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial
y el que pueden ejercer otras autoridades y los particulares, según los artículos 12 y 13; pero trasladar a
los notarios funciones que tradicionalmente han sido
jurisdiccionales, para que terminen siendo una especie de “coadministradores de justicia”, no sólo puede
significar un eslabón más del desmonte del Estado
en el cumplimiento de sus funciones esenciales, razón de ser de su actividad, sino también el fin para
los usuarios del principio de gratuidad inmanente a
la administración de justicia. Los notarios realizan
hoy actividades que estaban antaño reservadas a los
jueces, como matrimonios, divorcios, adopciones,
conciliaciones, remates y declaraciones extrajudiciales; y en el proyecto de reforma se pretende descargar
a los jueces de los procesos ejecutivos hipotecarios y
prendarios, porque no se trata propiamente de una
función jurisdiccional sino más bien de una “función
administrativa de cobro de cartera”, lo cual nos debe
llevar a reflexionar si puede relevarse a los jueces de
esa función que indudablemente colapsa a los jueces
civiles hoy, hasta dónde le queda mejor a los notarios
fungir como “cobradores de cartera”, y si existe la ca-a los notarios se les pueden deferir asuntos de mera
“jurisdicción voluntaria”, hay de por medio un interés superior del menor que es preciso salvaguardar
con la función tuitiva de los jueces, sobre todo porque
quienes son dados en adopción suelen ser menores en
condiciones de abandono y debilidad manifiesta; por
ello, actualmente a los Jueces de Familia se les encarga
de examinar y homologar esas adopciones de manera oficiosa, función que, estimo, deberá mantenerse,
no sólo cuando resulte alguien que se oponga acreditando un “interés legítimo” (la ley no precisa quién
puede tenerlo y cuándo lo hay), como está previsto en
el artículo 15 del proyecto. Sobre todo, es sensible el
tema de las adopciones frente a la vigilancia a entidades “sin ánimo de lucro” que trabajan con la adopción
de niños, y a los adoptantes extranjeros que sacan niños del país dados en adopción.Revista BERBIQUÍpacidad logística de esos particulares tan especiales, a
cargo de una función pública que pudiéramos llamar
“fedataria” (dar fe), en el sentido de que dan fe, como
testigos privilegiados de la ocurrencia en su presencia
de ciertos actos de trascendencia jurídica, realizados
por los particulares conforme a la ley. Debe quedar en
claro que la función pública de administrar justicia
corresponde a la rama judicial, y aunque en principio parece beneficioso para los jueces civiles que se
les descargue de algo tan indiscutiblemente perturbador como los procesos ejecutivos, que son verdadero
cuello de botella que atiborran los despachos y ponen
a sus titulares en la tarea descarnada de meros cobradores de entidades y corporaciones, debe establecerse un límite conforme a la Constitución misma, en
el sentido de que sea siempre opcional acudir ante el
juez o el notario; y que en el caso de este último, sólo
se autorice su trámite cuando no haya discusión; esto
es, cuando no se propongan excepciones o haya oposición a medidas cautelares sobre bienes; pues donde
haya discusión, el notario no podrá arrogarse la función de dirimir y declarar sobre controversia alguna,
porque esta función es típicamente jurisdiccional.
Ahora bien, se advierte sana la medida de permitir
que las declaraciones sean producidas por las partes
fuera del proceso en asuntos contenciosos, y sólo controvertibles a criterio del juez; ello amplía el principio
dispositivo en un esquema de partes, y bien que ellas
se produzcan, incluso con la concurrencia de ambas
partes interesadas, pero debe regularse legalmente
cómo tienen que producirse esas declaraciones con
fines judiciales para que sean auténticos medios de
prueba y no sólo un requisito que ahora se cumple
con meros formatos sin ningún rigor, tomando como
declaraciones en notaría verdaderos estribillos lapidarios a los que generalmente por economía se pliegan varios “declarantes”, salvo cuando hoy el destino
de esas declaraciones impone mayor rigor, como se
exige para el cobro de seguros. En el trámite notarial
de la adopción, que de hecho ya está implementado
en la Ley de Infancia y Adolescencia —Ley 1098 de
2006—, cabe hacer la misma reflexión, respecto a que
el Juez de Familia, ante cualquier oposición, es quien
tiene a cargo la potestad jurisdiccional; y que si bien11Revista BERBIQUÍLa competenciaMedidas sanasEn primer lugar, la atribución al Consejo Superior de
la Judicatura de la potestad para variar la competencia en razón de la cuantía, atendiendo la carga que registren los distintos distritos judiciales, puede generar
problemas de igualdad de acceso; pues sin desconocer
que las particularidades que la geografía colombiana
ofrece en sus regiones, puede autorizar medidas diferenciales, establecer una cuantía mínima para Quibdó y otra para Bogotá, con la incidencia que esta catalogación tendrá en materia de recursos, dado que los
procesos de mínima cuantía no dispondrán de acceso
a doble instancia, puede ser francamente limitativa
de ese principio de igualdad de trato frente a la ley.
El rechazo in límine de la demanda por advertir el
juez, al rompe, lo infundado de una pretensión, puede significar igualmente una limitación al derecho de
acceso a la administración de justicia, por lo que la
razón dada en el proyecto de descongestión acerca de
que los jueces y tribunales se apliquen a casos serios
y con vocación de prosperar, o de lo contrario, contar
con atribuciones para inadmitir lo vanal o inviable,
debe tomarse con tiento, porque es preciso entender
que el derecho de acción significa precisamente que
se someta un caso ante el juez, y es el resultado mismo del proceso el que determina si se tiene el derecho. Y a fe, que donde más “tentadora” resultaría tal
facultad, es en materia constitucional, en la que por
lo informal y célere de los trámites, si un gran número de casos de tutela se autorizan a ser “fallados”
instantáneamente, a través de medidas cautelares,
con mayor razón cuando cabría la potestad de rechazo in límine de demandas de tutela ostensiblemente
infundadas. Así mismo, la posibilidad de que el juez
fije motu proprio la cuantía, sujetándola a sus criterios
de razonabilidad, cuando la vea desproporcionada,
no será pacífico, pues el juez tendrá que inadmitir o
declarar su incompetencia, dando lugar a discusiones
sobre competencia y la instauración de recursos; por
lo tanto, la medida puede tener un efecto contrario al
desiderátum de eficiencia que predica el proyecto de
El acatamiento de líneas jurisprudenciales para acabar con la mala costumbre de entidades de salud y
pensiones, debe reforzarse más que con el mandato
de que tales entidades “deberán acatar” los precedentes jurisprudenciales cuando se hubieren proferido
por los mismos hechos y pretensiones en más de cinco casos, estableciendo sanciones por “mala fe”, de lo
contrario ese “deberá” se podría convertir en intenciones pías. Así mismo, se advierte como mecanismo
pragmático, que se dé facultad a jueces, tribunales y
Cortes para desatender el orden de entrada de los procesos, a fin de que puedan fallar en conjunto casos
similares; la admisión de testimonios como prueba
preconstituida es agilizadora, y estimo que en materia
penal, es lo más adecuado en incidentes de reparación
integral, y cabe hacerlo para efectos de estipulaciones
probatorias; la eliminación del grado jurisdiccional
de la consulta en fallos de jueces administrativos de
condena a entidades públicas es altamente beneficioso porque suprime la posición relevante para poner
en plano de igualdad en el proceso a los particulares
y al Estado cuando éste es demandado; y finalmente,
la facultad a los magistrados ponentes para que dicten autos sin necesidad de reunir las salas de decisión
también es mecanismo plausible, siempre que el asunto se circunscriba a decisiones de trámite y no de fondo, porque significaría atomizar decisiones que deben
corresponder a la esencia de jueces colegiados.
Epílogo12Si con arreglo al parágrafo transitorio del artículo 4°,
la Ley 1285 del pasado 22 de enero de 2009, por medio
de la cual se reformó la Ley 270 de 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
por primera vez ordenó una apropiación específica
del 0.5% del Producto Interno Bruto —PIB— , en los
próximos cuatro años, para desarrollar gradualmente
la oralidad y para la ejecución de planes de descongestión, estos últimos deben estar orientados más que
a buscar formas “ingeniosas” (a decir del Ministro
“otros caminos” diferentes al aumento de plazas dejueces y magistrados), para atacar causas derivadas de
los procedimientos (agilizar trámites, desjudicializar,
etc.); pues estimamos necesario revisar el mapa judicial, atendiendo crecimientos de población y otras variables estadísticas conectadas con el acceso y demanda de justicia; pues resulta elemental suponer que si la
población sigue creciendo, y con ella la conflictividad
(por las formas que motivan ese crecimiento desigual
en las ciudades, estimulado en parte por el desplazamiento), si aumentan las escuelas, los hospitales y las
cárceles, también deben aumentarse los despachos judiciales y la nómina de empleados y funcionarios que
Preocupa la falta de armonización en las políticas públicas frente a la Rama Judicial; pues la reforma que se
analiza, y el anuncio reciente, hecho por el Presidente
(E) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, acerca de que ese organismo trabaja en
un proyecto de descongestión, de la mano con altas
Cortes, Congreso, Gobierno Nacional y academia,
muestra que al respecto sigue habiendo un “diálogode sordos”, que ha abonado la pugnacidad reciente
que se padece, como lo muestran los llamados choques de poderes. Y preocupa aún más, que los Jueces
sigamos siendo ignorados por el propio órgano rector
de gobierno —el Consejo de la Judicatura—, pues no
es suficiente que se convoque en la preparación de las
reformas que los jueces y magistrados tendremos que
implementar y “sufrir”, a las altas Cortes, sino también que se tenga en cuenta a los Jueces, que bien bajo
esta estructura gremial de Colegios de Jueces, aglutinados hoy en una Federación Nacional, mucho tiene
para decir y aportar.
Si no nos convocan, tendremos de todas maneras que
dejar la impronta de nuestra posición, por lo que invito a cada uno de los Colegios, para que se organicen
mesas de discusión, a fin de detectar entre los afiliados de cada una de las jurisdicciones (civil, penal,
laboral, administrativo, familia, menores) cuáles son
los “cuellos de botella” de la congestión, qué urge cambiar y qué aspectos de las reformas que “se cuecen”
columbran auténticas soluciones y cuáles pueden ser
perturbadoras, nocivas o contraproducentes.
Revista BERBIQUÍ13Reflexiones sobre la taxatividad
de las nulidades en materia procesal civil,
la preclusión para alegarlas
y su inconveniencia
Germán Alonso Flórez Hincapié1. La taxatividad de las nulidades
La redacción del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil con la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, es semejante a la que tenía antes el
artículo 152 del mismo estatuto, en donde la expresión “solamente” fue utilizada por el legislador para
establecer las causales de nulidad en materia procesal
civil, eliminando de manera categórica cualquier motivo diferente a los expresamente consagrados.Revista BERBIQUÍLa doctrina no es unánime en torno a un sistema taxativo de causales de invalidez del proceso1, en especialporque obliga al juez a hacer caso omiso de otras irregularidades, por graves que sean, así constituyan flagrante violación de derechos fundamentales.
Quienes defienden el sistema actual afirman:
Bajo la vigencia del Código de 1931 y debido a que las
causas de nulidad que contemplaba eran muy restringidas e incompletas, se utilizaron mucho las teorías
de nulidad por violación de garantías constitucionalespo procesal civil han sido permanentes y unánimes en desterrar las
denominadas nulidades constitucionales, que se enseñorean dentro
del procesal penal, que con base en amañadas interpretaciones del
artículo 29 de la Constitución Política pretenden erigir las menores e
intrascendentes en causal de nulidad’.1. En este sentido dice la doctrina nacional:
“Los civilistas y procesalistas que entienden el Derecho desde las
cómodas estrecheces conceptuales del formalismo jurídico, tan allegado al aparato argumental del Derecho Civil, se sienten muy orgullosos de este tipo de restricciones, erigiendo en mérito el desdén al
derecho al debido proceso. En este sentido las palabras del formalista López Blanco, para quien ‘la jurisprudencia y la doctrina en el cam-14“Conforme con lo expuesto, resulta entonces procedente atender
al instituto de las nulidades constitucionales, inicialmente proclamadas en el proceso penal, que tanto critican los civilistas y que bien
pueden ser identificadas como uno de los antecedentes de la vía de
hecho constitucional” (Manuel Fernando Quinche Ramírez, Vías de
hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Huella de
Ley, Bogotá, primera edición 2001, págs. 235 y 236).y por antiprocesalismo (ésta demasiado amplia, que
sirvió a los abogados para pedirlas por cualquier irregularidad del procedimiento, lo cual era muy inconveniente) (...) Esas teorías quedaron incorporadas en
el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil de
1970, que en la reforma de 1989 quedó de 140, por lo
cual desde entonces son las nulidades rigurosamente
taxativas; así se ganó en claridad y se puso freno al
abuso de este medio para dilatar los procesos (...).2Por el contrario, algunos ven en la Carta Política argumentos suficientes para considerar que hoy
(...) no es dable que la ley se erija en óbice del desarrollo de los mandatos constitucionales, al restringir
las causales por medio de una determinación taxativa,
bastante apretada, que no facilita la tutela de tal derecho en las diferentes situaciones de lesión. No resulta
viable seguir aplicando el principio de especificidad en
los términos desarrollados por la doctrina tradicional,
por medio de una interpretación restrictiva y estricta,
y bajo la limitación casuística exagerada de las situaciones de nulidad a las meras hipótesis que el legislador haya establecido (...).3Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia
C-491 de noviembre 2 de 1995, con ponencia del Dr.
Antonio Barrera Carbonell, dejó pasar la oportunidad para eliminar el sistema taxativo de causales de
nulidad en el procedimiento civil, no obstante que
en la parte resolutiva afirmó: “en consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse
la prevista en el artículo 29 de la Constitución, según
el cual, ‘es nula de pleno derecho, la prueba obtenida
con violación del debido proceso’”.Luego, existen hechos que, lejos de constituir simples
irregularidades procesales, son en su esencia violatorios del debido proceso, del derecho de defensa, de la
organización judicial o de los derechos fundamentales, cuyo remedio por disposición del legislador no
puede ser adoptado por el juez al interior del proceso
mediante el instituto de las nulidades procesales, lo
que en desmedro de los principios de economía procesal, de prevalencia de los derechos fundamentales,
así como de la credibilidad del órgano jurisdiccional,
de la legitimidad y de su buena imagen, exige la solución por fuera del proceso a través del ejercicio de la
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también se ha pronunciado reiteradamente ratificando el principio de la especificidad, indicando
(...) como se sabe, el régimen que gobierna la matria
está orientado por el principio “pas de nullitté sans
texte”, según el cual sólo es fuente de dicha irregularidad la causa prevista expresamente en la ley; de ahí
que el Código de Procedimiento Civil enliste minuciosamente los motivos que tienen la virtualidad de dar
al traste con la validez procedimental y disponga que
cualquiera otra deficiencia no tiene ese alcance, razón
por la cual esa anomalía debe corregirse mediante la
interposición oportuna de los recursos, conforme se
colige del parágrafo único del artículo 140 de la aludida codificación...En la práctica el principio de la taxatividad no es tan
firme y excluyente como lo consagra el legislador, lo
2. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El proceso civil, parte general,
Medellín, Biblioteca Jurídica DIKÉ, 1990, pág. 223.
3. AGUDELO RAMÍREZ, Martín. Introducción al estudio del derecho procesal, Medellín, Señal Editora, 2000, pág. 274.4. Sentencia del 21 de mayo de 2008. M.P. Pedro Octavio Munar C.15Revista BERBIQUÍLa parte resolutiva, muy a pesar de la intención de la
Corte, resulta ser la desaparición del carácter taxativo, absoluto, del artículo 140 del estatuto procesalcivil: se puede sostener para las causales de origen legal, limitadas a las que el legislador, en ejercicio de su
función propia, señale, desaparece frente a causales
constitucionales, ya que, al menos una —la ya indicada— debe forzosamente añadirse. Y no se pueden
excluir, sin fundamento alguno, otras causales resultantes de la aplicación del texto constitucional.sostienen las altas cortes y la doctrina; e incluso resulta contradictorio como se pasa a indicar.
El mismo estatuto procesal civil consagra en el artículo 34 dos causales de nulidad autónomas e independientes a las contempladas en los artículos 140 y 1415
(atinentes a la actuación del funcionario comisionado
que excede el límite de las facultades conferidas y el
que actúa sin competencia territorial). En el evento
indicado en el inciso final del artículo 354, se permite
al juez dejar sin valor la sentencia, lo que en otros términos constituye una declaratoria de nulidad6.Revista BERBIQUÍEl artículo 37, núm. 4°, por su parte, contempla como
un deber del juez el de emplear los poderes que el código le otorga para evitar providencias inhibitorias, lo
que se ratifica en los artículos 101, parágrafo 5°, 401 y
412; no obstante no puede ejecutarlos con claridad, en
especial cuando se advierten irregularidades después
de admitida la demanda, que pasan desapercibidas
para el demandado, quien bien lo pudo reparar interponiendo recursos contra el auto admisorio o proponiendo excepciones previas, o el demandante, reformando la demanda, porque cuando tales anomalías
tienen como fuente el contenido de la demanda, dicha
situación no está consagrada como causal de nulidad,
e incluso el Art. 62 contempla como regla la irreversibilidad del proceso. A decir verdad, el único mecanismo para que el juez pueda cumplir con tal deber, es
dejar sin valor la actuación y retrotraerla para inadmitir la demanda y dar oportunidad al demandante para
corregir las deficiencias y empezar de nuevo el tráaite
del proceso; también puede hacerlo en la audiencia
preliminar, e incluso antes de dictar sentencia; todo
lo anterior, para reiterar que se estuvo en presencia de
una nulidad no consagrada legalmente.5. Hace relación a la nulidad del remate, en los procesos en que haya
6. Se presenta cuando el juez de primer grado, no obstante recibir la
comunicación del secretario del juez de segundo grado informándole
que ya se resolvió el recurso de apelación frente a un auto revocando
la providencia recurrida, dicta sentencia.16La doctrina desarrolla, explica y aplica el principio
de la especificidad, para indicar que no existen otras
nulidades fuera de las legalmente consagradas; no
obstante, y en forma por demás confusa, acepta la
existencia de otras irregularidades constitucionales
de nulidad que se originan en la sentencia7.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no obstante defender el principio de la especificidad y predicar que fuera de las nulidades consagradas legalmente
no existen otras, desde vieja data viene aplicando una
teoría consistente en que los autos interlocutorios ilegales no atan al juez, que ha servido de soporte para
dejar sin efecto o sin valor actuaciones, que en la práctica es lo mismo que una declaratoria de nulidad8.
Igual ha hecho el Consejo de Estado9.7. El desaparecido Hernando Devis Echandia , en su obra Compendio de derecho procesal civil, tomo III, pág. 183, relaciona los siguientes casos: a) cuando estando legalmente terminado el proceso
(por sentencia, transacción, desistimiento, conciliación, pago, etc.) a
continuación y como única actuación, se profiere sentencia frente a
la que no proceden o dejaron de interponerse recursos; 2) cuando
se condena a quien no ha sido parte en el proceso, por no figurar
como demandante, demandado o interviniente; 3) cuando se dicta
sentencia estando suspendido el proceso, sin ninguna otra actuación
y, 4) cuando se excede la competencia recociendo en un proceso
ejecutivo una excepción oficiosamente. Azula Camacho (Manual de
derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, pág. 348),
añade el declarar probada una excepción de mérito que no ha sido
propuesta por el demandado y para cuya consideración requería esa
formalidad y cuando se profiere sentencia extra o ultra petita.
8. Esta teoría ha sido aceptada en providencias del 29 de agosto
de 1977, 4 de febrero y 23 de marzo de 1981 (citas realizadas en
Código de Procedimiento Civil comentado, Editorial Leyer, pág. 456),
posición ratificada mediante auto del 25 de octubre de 2007, con
ponencia de la Magistrada Ruth Marina Díaz Rueda, dentro del expediente 2007-00190-00, en los siguientes términos: “…lo interlocutorio no tiene la virtualidad de ser definitivo ni atar indisolublemente
al sentenciador, por lo que advertido la comisión de algún yerro y,
una vez presentada la oportunidad posterior de enmendarlo, como
aquí sucede, el funcionario instructor tiene el deber de hacerlo y no
persistir en él” (En: Procesos ordinarios, Armando Jaramillo Castañeda, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 603).
9. “(…) La Sala es del criterio que los autos ejecutoriados que se
enmarcan en la evidente o palmaria ilegalidad, en este caso por ausencia de requisitos para declarar la existencia de un título ejecutivo,
al no constituir ley del proceso en virtud de que no hacen tránsito a
cosa juzgada, por su propia naturaleza de autos y no de sentencias,
no deben mantenerse en el ordenamiento jurídico.La Corte Constitucional a pesar de considerar constitucional el principio de la taxatividad en materia
de nulidades, ratificada de manera por demás amplia,
anula procesos y actuaciones por el mecanismo de la
2. La preclusión y sus inconvenientes
La ley establece y regula varias oportunidades para
invocar las nulidades; llama la atención la regla contemplada en el artículo 142, inciso 1°, del C. de P.
Civil al indicar que: “Las nulidades podrán alegarse
en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte
sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si
ocurrieron en ella” .Y se afirma de esa manera, porque con la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991 la calificación de la República como
un Estado de Derecho con Justicia Social tiene implicaciones, entre
otros, en la Administración de Justicia.
No es concebible que frente a un error judicial ostensible dentro de
un proceso, no constitutivo de causal de nulidad procesal ni alegado
por las partes, el juez del mismo proceso, a quo o su superior, no
pueda enmendarlo de oficio.
Si en la actualidad, en primer término, los errores judiciales han sido
corregidos por tutela (art. 86 C. N.), cuando por una vía de hecho
se quebrantó un derecho constitucional fundamental, y en segundo término, han sido indemnizados los perjuicios ocasionados por
haberse causado un daño antijurídico (art. 86 C. C. A.), por el error
judicial ¿por qué no corregir el error y evitar otro juicio, si es que hay
lugar a ello?
Recuérdese que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia define el error judicial como “el cometido por una autoridad investida
de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un
proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”
Por consiguiente el juez:(…) Tal circunstancia conduce al juzgador a que tome medidas sobre la irregularidad de lo actuado, en primer lugar, declarando el
error advertido y, en consecuencia, la insubsistencia de lo actuado y,
en segundo lugar, …” (subrayas ajenas al texto)(expediente 16868,
Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez).La posibilidad de alegar nulidades después de la sentencia no se debenlimitar a las causales antes indicadas.
Es posible que un proceso afectado por una causal de
nulidad insaneable concluya con sentencia como ocurre con la ausencia de jurisdicción, falta de competencia por el factor funcional, por haberse tramitado el
proceso por un procedimiento diferente al legalmente
previsto, pretermitirse íntegramente una de las instancias o revivir un proceso legalmente concluido, e
incluso cuando la nulidad a pesar de ser saneable no
se ha convalidado.
No existe razón para impedirle al juez que tramitó el
proceso que decrete la nulidad de la actuación; lo que
obliga al afectado a obtener dicha declaración en un
El actual Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar,
resaltó como uno de los aspectos sobre los cuales se
deberá reflexionar acerca del futuro de la casación en
Colombia: “…Examen de constitucionalidad dentro
del proceso, en todos los recursos, incluso en el de casación. No puede el juez ordinario ceder sus espacios
como juez constitucional, so pena de que le sean llenados por terceros invasores”10.
Como la Corte Constitucional ha sostenido que las
actuaciones judiciales que vulneran derechos funda-10. Revista No. 21, Corte Suprema, pág. 25.17Revista BERBIQUÍNo debe permitir con sus conductas continuar el estado del proceso,
como venía, a sabiendas de una irregularidad procesal que tiene
entidad suficiente para variar el destino o rumbo del juicio; no está
vendado para ver retroactivamente el proceso, cuando la decisión
que ha de adoptar dependería de la legalidad real, y no formal por la
ejecutoria, de otra anterior.Conforme a esta regla no es posible invocar una nulidad después de haberse proferido sentencia definitiva,
por irregularidades ocurridas con anterioridad a ella,
excepto en el proceso ejecutivo, donde se puede alegar la indebida representación o falta de notificación
o emplazamiento en legal forma, mientras el proceso
no haya terminado legalmente, lo que permite concluir que es posible decretar la nulidad, así se haya
proferido sentencia, aun de segunda instancia, como
lo ha admitido la jurisprudencia.mentales son nulas de pleno derecho, tal afirmación
permitiría concluir que no requieren declaración judicial, siendo entonces, un caso de inexistencia11. Dicientes son sus palabras: “Si se comete la equivocación
de tramitarse un asunto jurídico por la jurisdicción
que no corresponde, surge la vía de hecho en cuanto se
habría proferido un remedo de sentencia” (negrillas y
subrayas ajenas al texto).3. La nulidad constitucionalEn todo caso se trata de situaciones que deben clarificarse, ya que en presencia de un acto o actuación
inexistente, incluso después de proferirse la sentencia, podría el juez de conocimiento adoptar al interior de la actuación la solución pertinente y proceder
al restablecimiento del derecho.De manera que en sana lógica, el artículo 29 de la
Constitución modificó el texto de las normas legales
que consagran causales de nulidad en los distintos
procesos, añadiendo a ellas la de haberse obtenido
una prueba con violación de la garantía allí plasmada12. En tales eventos, el proceso es nulo, al menos en
parte, o podría serlo todo, si la prueba afectada por
la nulidad, resulta concluyente dentro del trámite correspondiente, como por ejemplo un proceso ejecutivo que se inicia allegando como título una sentencia
condenatoria, cuyo único soporte fueron pruebas obtenidas con violación del debido proceso.11. Resaltando este aspecto, así lo planteó el Dr. Alberto Ceballos
“Si [se] hace un recorrido somero por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y, paralelamente, se hace un ejercicio de identificación de las imperfecciones de actividad de los jueces que han sido
objeto de control por vía de la tutela, se observará, sin necesidad de
esfuerzos agudos, que hay una evidente tendencia, cada días más
acentuada, de fundir las dos nociones: La vía de hecho (inexistencia),
en sede de tutela, ha absorbido la nulidad procesal. La Corte Constitucional adjudica la calificación de vía de hecho a toda violación
dañosa y trascendente del derecho fundamental al debido proceso,
sin establecer distinción alguna entre requisitos de existencia y de
validez del acto. Ha producido, entonces, un resquebrajamiento de
la dogmática procesal, que puede plasmarse en el siguiente aserto:
el acto anulable en sede de tutela, se torna inexistente.Revista BERBIQUÍ“Y este sin sentido adquiere contornos más problemáticos si se tiene
en cuenta que la nulidad es el remedio que tiene a su haber el juez
de instancia ordinaria para suprimir los efectos dañinos del extravío
en que se ha incurrido en el proceso; es el instrumento de control
interno de que disponen los sujetos del proceso para retornar por el
sendero de la constitucionalidad del proceso. Pero, ese mismo extravío, que torna nulo el proceso si se ejerce un control interno, se transforma en una circunstancia que hace inexistente el proceso, cuando
es sometido a un control externo por vía de tutela…
“En este tópico la jurisprudencia de la Corte Constitucional pone en
evidencia otra severa inconsistencia: La vía de hecho reclama una
declaración judicial. La vía de hecho, que es acto inexistente, produce efectos hasta tanto, mediante acción de tutela, se conceda al
justiciable la protección del derecho fundamental al debido proceso.
Lo inexistente se comporta como lo anulable” (El debido proceso,
vía de hecho y nulidades procesales, ponencia presentada en el
encuentro de distritos judiciales – zona occidental, Pereira, noviembre de 2001).18En el año de 1991 irrumpe una nueva Carta Política
que amplía la garantía del debido proceso, estableciendo de manera expresa,una nueva causal de nulidad de claro linaje constitucional: “Es nula, de pleno
derecho, toda prueba obtenida con violación del debido proceso”.A mi juicio, no es cierto, ni en lógica ni en Derecho,
que la declaración de inexequibilidad pedida, en el
caso de haber sido acogida por la Corte, hubiera sido
inocua: habría tenido el innegable efecto de obligar a
los jueces a desechar el sentido taxativo de la enunciación legal, abriendo la posibilidad cierta de reconocer
nulidades originadas de pleno derecho en la práctica
de pruebas por desconocimiento del debido proceso,
como resulta natural al aplicar la Constitución.
Al declarar exequible la expresión acusada, la Corte
dijo que lo taxativo de la enunciación legal no choca
con la Carta Política y que, por ende, un juez puede
hacerlo valer en un proceso determinado, si bien se
incurrió en el imperdonable contrasentido de declarar
“viable” y susceptible de ser “invocada” la perentoria
causal de nulidad de origen constitucional, que en la
Carta es imperativa y de pleno derecho, al paso que en
la Sentencia de esta Corte resulta apenas opcional.12. La Corte Constitucional en la sentencia SU-159 de 2002, hizo un
exhaustivo análisis sobre la ilicitud de las pruebas. También puede
consultarse la sentencia C-591 de 2005.Quien así se expresa es el Dr. José Gregorio Hernández Galindo, el cual pone de presente las inconsistencias de la doctrina de la Corte Constitucional en esta
materia. Mírese, a título de ejemplo, lo decidido en la
sentencia C-037 de 1998 que con ponencia del Dr. Jorge Arango Mejía declaró la exequibilidad del artículo
308 del Código de Procedimiento Penal anterior que
establecía como principio “que orienta la declaratoria
de las nulidades”, el de que: ‘6. No podrá declararse
ninguna nulidad distinta a las señaladas en el artículo
304 de este Código’ ”.
La decisión estuvo acompañada nuevamente del salvamento de voto del Dr. Hernández Galindo quien expuso además, con un ejemplo, la inconveniencia de aceptar un sistema taxativo de causales de nulidad, así:
El carácter taxativo y absoluto de la disposición legal
es ostensible, como también lo es, precisamente por
ello, su contradicción con el mandato prevalente del
artículo 29 de la Constitución Política.Así, pues, con estricta sujeción a la Carta y a la lógica, ha debido ser declarado inexequible, al menos en
su interpretación rígida, que riñe con la Constitución,
máxime cuando del proceso penal se trata.
Sin embargo, es comprensible que la Corte no haya
querido decir ahora lo contrario de lo que ya dijo en la
difícil Sentencia C-491 de 1995. Debía, entonces, para
conservar una mediana coherencia, sostenerse en la
tesis de la exequibilidad de la restricción legal. No lo
comparto, pero lo entiendo, aunque quizá lo que se
había podido esperar de este nuevo análisis sería una
rectificación jurisprudencial que hiciera el pronunciamiento, así fuera tan sólo en materia penal, más acorde con la Constitución Política.
Empero, lejos de tal corrección, lo que se vislumbra en
esta oportunidad, además de la persistencia en mantener como constitucional lo que a todas luces se opone
a la Carta, es la eliminación del tímido reconocimiento
que, si bien en forma contradictoria, se había hecho en
la aludida providencia, en su parte resolutiva (obligatoria), en el sentido de que “además de dichas causales
(las legales de nulidad), es viable y puede invocarse la
prevista en el art. 29 de la Constitución (...), que es
aplicable en toda clase de procesos” (subrayo).
Ahora manifiesta la Corte, citando parcialmente los considerandos de la anterior sentencia, que “no se opone
a la norma del artículo 29 de la Constitución la circunstancia de que el legislador señale taxativamente las causas o motivos de nulidad”, a la vez que agrega algo muy
discutible y diríase que en sí mismo -por lo menos en
su expresión absoluta, que es la usada en la Sentenciacontrario a la Constitución y a la naturaleza del debido
proceso y de las nulidades procesales: que la nulidad
de origen constitucional mencionada está “limitada a la
prueba y que no comprende todo el proceso”.19Revista BERBIQUÍTal aseveración no la puedo compartir, por desconocer
cuanto la propia Corte ha sostenido sobre el alcance
de esta preciosa garantía constitucional, y por cuanto,
además, elimina de un tajo toda posibilidad de obtener no sólo las nulidades de los procesos penales por
tal causa, sino la protección constitucional, mediante
la tutela, cuando pueda establecerse a posteriori que
el juez penal -o cualquiera otro- ha practicado una
prueba, ignorando o violentando el debido proceso,
y ha fundado en ella su decisión. Es decir, tal comportamiento, que a mi juicio representaría una flagrante
vía de hecho, en los términos de la jurisprudencia de
esta Corte, no podría dar lugar al amparo y todo se
limitaría a la nulidad de la prueba, sin repercusión enel fallo, lo que resulta francamente lesivo de los más
elementales derechos de los procesados.dejando de lado las limitaciones que al respecto contempla el artículo 140 del estatuto procesal civil14.Por otra parte, no se olvide que, según el artículo 85
de la Constitución, el 29 es de aplicación inmediata,
es decir, que la nulidad en él contemplada opera con
arreglo directo a la norma constitucional, sin que tal
operancia dependa de lo que disponga el legislador al
enunciar las causales de nulidad.Al contrario de lo que ocurre con las nulidades de origen legal, sometidas al principio de la taxatividad yAdemás, en materia penal, la norma posterior favorable, así fuera apenas legal, debe preferirse a la restrictiva o desfavorable. Con mucha mayor razón tal
postulado impera tratándose de norma constitucional
favorable y posterior.Fuera de las causales de nulidad contempladas legalmente y la constitucional del artículo 29 de la Carta
Política, se deben tener en cuenta otras que resulten
de la norma superior como el desconocimiento de los
derechos fundamentales y el de acceso a la administración de justicia, imponiéndose la aplicación directa
de la Constitución como lo ordena el artículo 4º 13 y13. “En el derecho colombiano coexisten, entonces, dos sistemas de
protección jurisdiccional del debido proceso: el de nulidades, que es
de estirpe legal, y el de tutela, que es de linaje constitucional.
En momentos sucesivos la judicatura tiene dos referente distintos
para controlar la constitucionalidad del proceso. En el primero, el
juez ordinario de instancia está sometido al principio de legalidad;
no puede decretar nulidad sino en tanto que haya causal descrita en
el texto legal. Pero, en el segundo momento, cuando obra como juez
de tutela, aplica directamente la Constitución.
El control interno del debido proceso, mediante el remedio de la nulidad, está regido por el principio de legalidad; el control externo,
ejercido en la tutela, está gobernado por el principio de aplicación
directa de la Constitución.Revista BERBIQUÍEl control externo (de tutela) prima sobre el control interno (en el
proceso). El veredicto de constitucionalidad del juez de tutela prevalece sobre el juicio, que sobre el mismo tópico de constitucionalidad
emite el juez de instancia.
Si lo anterior es cierto, se crea una necesidad sistemática: Que el
sujeto controlado por la tutela, que es el juez de instancia, disponga
de los mismos referentes de validez que tiene a su haber el juez de
tutela. Si ello no se da de esta manera, se genera, de modo inevitable, una situación insoportable: Es posible que, en un caso concreto,
el juez de instancia está impedido para decretar una nulidad, porque
el estrecho marco del sistema de taxatividad no se lo permite, pero
luego, en sede de tutela, esa misma imperfección genera un drástico
juicio de reproche, lanzado por el juez de tutela contra el juez de20instancia a quien le fue vedado decretar la nulidad: El último es reo
de haber incurrido en vía de hecho…”.
Si el control externo, del que es titular el juez de tutela, es posterior
y prevaleciente y si el control interno a cargo del juez ordinario de
instancia, es anterior y dominado, una medida se impone: El control
externo y el control interno deben estar sometidos a un mismo referente, que es la Constitución.
Las argumentaciones anteriores imponen una conclusión según la
cual los efectos normativos de las sentencias 491/95 y 217/96 han
decaído. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al amparo del debido proceso conduce a una única afirmación: Cualquier juez, tanto cuando oficia como contralor interno
de su propio proceso, como cuando obra como contralor interno del
proceso de otro, tiene un referente único, la Constitución, para lo que
concierne a la fiscalización de la constitucionalidad de los procesos.
En Colombia, entonces, el principio de legalidad de las nulidades ha
cedido a favor del principio de la constitucionalidad de las nulidades”
(Ceballos Velásquez. El debido proceso, vía de hecho y nulidades
procesales, ponencia citada).
14. La doctrina se ha pronunciado diciendo que:
“Si se atiende a la rígida lectura que los civilistas hacen de las nulidades, las únicas que podrán ser decretadas, habrán de ser las precisamente enumeradas en el Código de Procedimiento Civil. A este lo
llaman sus defensores, el principio de la taxatividad. La consecuencia de la aplicación de este principio, sería la de excluir de plano el
decreto de cualquier otro tipo de nulidad, así ésta provenga de las
prescripciones del propio texto constitucional, con lo cual se violaría
de plano la normativa del artículo 4° de la Carta, que establece los
principios de supremacía y prevalencia constitucional, así como la
lectura garantista del artículo 29 de la Carta, que fija el derecho
fundamental al debido proceso.
En términos bien concretos, los que se enfrentan son los dos modelos comprensivos del derecho que operan en Colombia. De un lado
los formalistas, educados en la estrecha hermenéutica del derecho
civil y del formalismo jurídico, que entienden sus vidas y el mundo a
partir del principio de legalidad; y del otro lado quienes entienden el
derecho a partir de la consideración del principio de la supremacía
constitucional, y de la garantía de los derechos fundamentales de la
persona. Para aquellos, la Constitución no tiene un carácter normativo fuerte, en tanto que pertenecía más al plano ideológico de los
principios que orientan la actividad estatal. Por lo mismo, hacen una
lectura más fuerte de la ley que de la propia Constitución, razón por
la cual, llegan a la inconsecuencia lógica de defender la existencia de
las nulidades legales, negando tal posibilidad a las nulidades constitucionales” (Manuel Fernando Quinche Ramírez, Ob.cit., p. 237).de la preclusión, en materia constitucional, cuando se
trata de la vulneración de derechos fundamentales o
de la violación al debido proceso, el sistema es abierto
y amplio. Así, frente al debido proceso son innumerables las irregularidades que lo pueden afectar, como
se infiere de la jurisprudencia, que al efecto indica15:
En algunos procesos, el asunto sustantivo que se discute se relaciona directamente con un derecho fundamental. En dichas circunstancias la vulneración del
debido proceso puede aparejar una violación de otros
derechos fundamentales, como la libertad personal, o
la libertad de expresión. En estos casos el mecanismo
alternativo de defensa tiene que ser idóneo para garantizar la protección eficaz e integral de la totalidad
de los derechos fundamentales comprometidos, so
pena de admitir la procedencia de la acción de tutela,
al menos, para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable sobre alguno de los mencionados derechos. No basta entonces con que exista un mecanismo suficiente para asegurar la integridad del derecho
fundamental al debido proceso si, para cuando esto
ocurra, ya se ha producido una vulneración irremediable sobre el derecho fundamental de carácter material
que se discutía en el proceso viciado.
No obstante, en otros casos, el proceso versa sobre
derechos constitucionales, no fundamentales o sobre
derechos de rango legal o reglamentario. En estos
eventos, el único derecho fundamental que se encuentra en juego es el derecho al debido proceso. En
consecuencia, en este tipo de casos, basta con que
exista un mecanismo alternativo que resulte idóneo
para garantizar integralmente la defensa del derecho
al debido proceso, para que la acción de tutela no sea
procedente.Una conclusión se impone: eE juez no puede olvidar
el mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales y que el proceso se constituye,
sin duda, en el escenario perfecto y natural de protección de ellos; no puede renunciar a su amparo, con
el solo argumento de la especificidad de las causales
de nulidad. Se necesita de un esfuerzo argumentativo
desde lo constitucional, para darle solución a múltiples situaciones que entrañan verdaderas nulidades y
que, lamentablemente, sólo encuentran solución ante
otro juez que funge como juez de constitucionalidad:
La finalidad que el proceso persigue no es otra que la
tutela de los derechos reconocidos en la Constitución
y en la ley. En ese sentido el proceso no es sino “el
instrumento con el cual los ciudadanos, a través de
los órganos jurisdiccionales, piden y obtienen la tutela judicial efectiva que la Constitución les otorga en
defensa de sus derechos e intereses legítimos, cuando
consideran que han sido vulnerados” . El proceso es el
instrumento máximo para la tutela de los derechos de
las personas, de toda índole, incluso los llamados ahora fundamentales. En este orden de ideas, la garantía
de justicia y de debido proceso que la Constitución
consagra se realiza y consigue a través del proceso.
El proceso es el cauce para que las personas puedan
reclamar la tutela de sus derechos y es el medio por el
cual los órganos judiciales cumplen su función. No
puede perderse la perspectiva de que la razón de ser
de todas las instituciones jurídicas, incluyendo el proceso y la casación, no es otra que la justicia .17. Ibíd., Sentencia T-984 de 1999.
15. Corte Constitucional. Sentencia T-029 de 2000.18. Ibíd., Sentencia SU-478 de 1997.16. Corte Constitucional. Sentencia T-488 de 1999.19. Ibíd., Sentencia T-325 de 1998.21Revista BERBIQUÍConstituyen algunos ejemplos de casos concretos de
nulidad constitucional, de los múltiples que se dan
en la práctica: (1) la omisión de la prueba antropoheredobiológica en procesos de filiación de menores
de edad16; (2) cuando el juez adiciona una sentencia
luego de haber precluido la oportunidad por encon-trarse debidamente ejecutoriada17; (3) cuando a pesar
de tener pruebas sobre la existencia de otros procesos
que necesariamente influyen en la sentencia que se
va a proferir, el juez no decreta la prejudicialidad18; y
(4) cuando habiendo prueba de que el proceso ha sido
utilizado para defraudar a un tercero, no se ordena el
llamamiento ex officio19.Comentarios sobre
la nueva ley de oralidad laboral
Hugo Alexander Bedoya DíazRevista BERBIQUÍCon la nueva ley de oralidad en el proceso laboral —la
1149 de 2007— que se pretende implementar en el
año 2010 en las grandes ciudades, dos cambios fundamentales se produjeron: un juez gerente del proceso
y la reducción del número de las audiencias, de seis a
Intencionalmente se ha dejado de lado el principio de
oralidad, pese a llamarse la ley de “oralidad laboral”,
porque no se puede señalar que éste es un elemento
nuevo del proceso por cuanto siempre ha estado en
el Código Procesal de la materia de 1948, específicamente en el artículo 42, sólo que por efectos de un mal
manejo de las audiencias públicas y orales se fue convirtiendo en un proceso dictado, donde inicialmente
las máquinas de escribir y posteriormente los computadores fueron dejando una memoria escritural, si se
quiere necesaria por cuanto lo que se quería era que
lo narrado dentro de la audiencia fuera exacto, y dado
que no se dotaron los juzgados de grabadoras que pudieran suplir estas memorias , ésa era la manera más
usual de cumplir este cometido.22Con esta necesaria aclaración, se puede ahora señalar
que con relación al primer cambio fundamental, esto
es, que se convierte al juez en un director del proceso,
podemos decir que en la actualidad, si bien es el coordinador del proceso, encargado de sacarlo adelante para
que culmine con una providencia definitiva, su labor
estaba bastante diluida por varias causas. Entre otras, la
congestión judicial provocada por el reducido número
de jueces frente al gran número de demandas, especialmente las relativas a la seguridad social, que desde 1997
viene incrementándose, llegando a una relación de 8 a
1 entre este tipo de demandas y las demás demandas laborales, esto es, procesos individuales, colectivos, fuero
sindical, ejecutivos, etc. Otra razón para este cambio
era la actitud del juez, quien no se asumía como verdadero director del proceso y por ello sólo conocía del
mismo en el momento en que estaban a despacho para
fallo, cuando su obligación legal era conocerlo desde
el mismo momento de la admisión de la demanda, dirigir la etapa conciliatoria, estar presente activamente
durante toda la etapa probatoria para poder llevarlo a
buen recaudo, con una decisión consciente, fruto de su
presencia permanente durante todo el proceso.Hoy, para lograr ese cambio de actitud, se requiere
un juez gerente, activo, que guíe el proceso desde su
inicio, sin olvidar su dirección social o material, que
propugne para que se descubra la verdad real, ejerciendo las pruebas de oficio si es que las partes se han
quedado cortas en las solicitadas y decretadas por el
administrador de justicia, pues un presupuesto diferente con la jurisdicción civil es que en el proceso
laboral las partes son desiguales, ya que la concepción
de la relación laboral arrastra el efecto de que quienes
se presentan a dilucidar el derecho son normalmente
un trabajador y un empleador, o un usuario frente a
una entidad de la seguridad social. Los primeros son
personas que por su labor entregan su fuerza personal o cotizan por causa de éste, mientras los segundos
detentan poderes económicos e informativos, siendo
necesario igualar lo desigual, debiendo el operador
jurídico facilitar el real acceso de la justicia, haciendo que ambas partes desarrollen sus intereses con
las mismas facilidades a través del debido proceso,
buscando siempre el logro de la justicia material. Del
otro lado, la dirección técnica o gerencial del proceso,
tiende a que éste sea corto y menos costoso para la
administración de justicia, en desarrollo de los principios de eficiencia, economía y celeridad procesal. Es
entonces la posición del juez frente al proceso lo que
permite que lleve el control del mismo:1. Bedoya Diaz, Hugo Alexander. La oralidad en el proceso laboral, Ed. Leyer, Medellín, 2008.Ahora bien ¿cómo lograrlo a través de la nueva ley?
Fortaleciendo tres principios, que aunque ya estaban
presentes desde el Código Procesal de 1948, se habían
ido diluyendo en el quehacer judicial. Éstos son: el
principio de oralidad —el cual fue referido de forma
sucinta anteriormente—, el de inmediación y el de celeridad.
Lo que se pretende con el principio de oralidad —entiéndase aunado al principio de publicidad—, es que
la mayoría de las actuaciones judiciales se hagan en
audiencia pública y de viva voz. Si bien el proceso sigue siendo mixto —pues varias actuaciones procesales son por escrito—, la demanda, la admisión de la
demanda, la notificación de la misma, la respuesta a la
demanda, su admisión, la notificación a la audiencia
de primera audiencia, la prueba pericial, la liquidación
de costas, etc., la esencia del proceso está en que se desarrolle de forma oral, es decir, que la conciliación, la
resolución de excepciones, el saneamiento, la fijación
del litigio, el decreto de pruebas y sus prácticas, los
alegatos de las partes, la sentencia y la apelación, se
hagan bajo la escucha del juez.
Pese a que el principio de inmediación no obra en la
ley de oralidad procesal, todo su articulado esta imbuido de esta importante regla técnica, que conlleva
que el juez debe estar presente en el desarrollo del
proceso, en especial en la demostración de los hechos,
esto es, enfrentar directamente la prueba. Ello implica una interacción entre el juez y las partes y un
contacto directo entre él y el objeto del pleito, como
una respuesta a la práctica actual que se hace en la
mayoría de los procesos, vale decir, la aplicación del
principio de mediación, pues no es el operador jurídico quien en muchas ocasiones estudia la demanda, la respuesta a la demanda para admitirlas, ni las
excepciones previas o practica la prueba, pues quien
realmente lo hace es algún personal de la secretaría,
dada la sobrecarga que pesa en los despachos “…y sólo
cuando se presentan dificultades en la audiencia, por-23Revista BERBIQUÍComo consecuencia de ello, las políticas de orden
judicial se dirigen a instaurar nuevas herramientas
para convertir al operador jurídico en un gerente de
procesos que conlleve al fortalecimiento del poder de
la justicia, lo cual implica una nueva concepción del
juez, más dinámico, quien controla el ritmo del proceso, sin permitir que sea dilatado por los apoderados
de las partes, es él quien desde un inicio fija la agenda
o el plan que se llevará a cabo en cada proceso, elimina actividades procesales innecesarias o superfluas
y utiliza activamente mecanismos alternativos de los
conflictos.1La combinación equilibrada de estas dos tendencias,
es lo que permite un exitoso proceso judicial.que se objeta una prueba, sea en el interrogatorio de
parte o en una declaración de testigos, el juez la resuelve a partir de lo que su empleado le informa, sin tener
un entendimiento cabal de la prueba por cuanto no ha
estado presente en ella, no tiene claro el problema jurídico a resolver en el proceso y no conoce las partes
procesales.”2
Lo anterior era un cambio necesario e imperioso ante
la poca confianza de los ciudadanos frente a una administración de justicia cuyo juez no era conocido en
ninguna de las etapas procesales, pues aun en la etapa
de la conciliación, algunos jueces enviaban al secretario a preguntar si existía ánimo de conciliar, y si no era
así, se continuaba en la siguiente etapa procesal. Por
ello, bienvenido este principio revitalizado por la ley.Revista BERBIQUÍEl otro cambio interesante de la ley se basa en la necesidad de hacer efectivo el principio de celeridad,
entendido como la posibilidad de realizar un máximo de actividades o etapas procesales dentro de una
misma audiencia, en que se redujo de mínimo seis
audiencias procesales a sólo dos, pues actualmente
existen la de conciliación, cuatro de pruebas y trámite, y una de fallo, quedando sólo en dos; la audiencia
de conciliación, de resolución de excepciones previas,
de saneamiento y fijación del litigio, en donde se incluye la práctica de pruebas y la segunda de trámite
y juzgamiento, en donde se producen cuatro etapas
procesales: la probatoria, el alegato de conclusiones, el
fallo y el recurso de apelación.
En materia probatoria no hubo cambio sustancial en
el tratamiento de la demostración de los hechos pues
se seguirán decretando y practicando las mismas, con
excepción de la prueba pericial, la cual deberá realizarse en el interregno entre la primera y la segunda
audiencia, esto es, en un término máximo de tres
meses. Ello implica el nombramiento y posesión del
auxiliar de la justicia, el estudio del problema técnico,
el rendimiento del dictamen pericial, el traslado a las2 Ibídem.24partes para que lo revisen, soliciten aclaración, complementación u objeten por error grave, además de lo
anterior, la decisión del juez si debe nombrar nuevo
perito al salir avante la objeción, la presentación del
nuevo dictamen del perito, etc., tiempo que implica
una efectiva dirección del proceso para hacer cumplir
eficazmente todos los pasos de esta etapa procesal, si
quiere que al llegar la segunda audiencia de trámite y
juzgamiento ya se haya evacuado dicha prueba, que
es sin lugar la que más aplazamientos de audiencias
causa en el proceso laboral actual, dado que en muchas ocasiones sin ella no se puede tomar una decisión definitiva.
Valga la pena anotar en este aparte que la nueva normatividad indirectamente trae una enseñanza para
el profesional de Derecho, pues cuando actúa en un
proceso laboral inicia su planteamiento o hipótesiscon la demanda o la respuesta a la demanda, desarrolla el problema planteado en ellas a través de la etapa
probatoria y luego guarda silencio en espera de una
sentencia, olvidando una parte importante y esencial
de su ecuación jurídica, como es la de concluir a través del alegato de conclusiones, donde debe mostrar
al juez que su verdad fue probada a través de las pruebas aportadas y practicadas, siendo ello una ayuda
esencial para el juez, pues si cada apoderado muestra
en su mejor alegato cuáles pruebas o parte de su contenido sirven para probar los hechos en que fundó su
pretensión, el juez tendrá una panorama más claro de
cómo fallar, teniendo en cuenta todos los pormenores que se le dicen en los argumentos expuestos antes
de fallar. Sin embargo, inexplicablemente los alegatos
de conclusión, que estaban en vía de extinción, por la
actitud displicente del apoderado y, de otro lado, la
creencia del fallador de que no tenía que revisar dicho
alegato por cuanto la ley procesal laboral no lo contiene, vuelven a revivir en esta ley, siendo entonces en la
mayoría de los casos necesarios para que a través de
la vía oral se pueda verdaderamente concluir la labor
eficiente y de lealtad procesal del abogado.Queda claro entonces que el juez determinará el tiempo para alegar y para sustentar el recurso de apelación
y por ello será de gran utilidad a la parte afectada con
la decisión el poder intervenir en segunda instancia,
una vez enviado el recurso de apelación al Tribunal
Superior, en la nueva audiencia de “trámite y fallo”,
donde además de practicarse las pruebas previstas en
el artículo 83 del CPT y de la SS, podrá alegarse de
conclusión, siendo ésta la ocasión especial para poder
ampliar las breves ideas que se hicieron al momento
de interponer el recurso para que decretado un receso, que no será de una hora, sino un tiempo prudencial, pueda resolverse el asunto en segunda instancia,
y es lógico que la ley no haya fijado un tiempo para
decidir por la potísima razón de que es un cuerpo colegiado —tres magistrados— los que deben reunirse
posteriormente y tomar la decisión que mejor se aven-25Revista BERBIQUÍAsí mismo la exigencia de un fallo oral implica una
nueva preparación del operador jurídico, no sólo en
la argumentación judicial oral, en un tiempo limitado como lo será una hora a lo sumo, sino un cambio
en la forma de hacer la sentencia, esto es, deberá ser
breve y clara, donde los elementos jurisprudenciales o
doctrinales que servían para apoyar la decisión tendrán que ser precisos y concisos y no usarlas de no
ser estrictamente necesarias, dejando un poco de lado
el mayor método interpretativo de los últimos tiempos cual es el precedente judicial. Así mismo, un problema esencial para tener en cuenta se encuentra en
la liquidación de las pretensiones que salgan avante,
por cuanto, si la decisión es oral, no es conveniente
que se deban leer las operaciones y los resultados. Sin
embargo considera el autor que deben mostrarse al
apoderado al momento de fallar para efectos de que
pueda revisar, si las mismas son correctas o no.Otro cambio sustancial del nuevo proceso de oralidad es el breve tiempo que se le dará al profesional
del Derecho para que interponga el recurso de apelación, dado que la providencia final al ser notificada
por estrados, implica la participación inmediata en la
sustentación del mismo, lo cual llama a la brevedad y
la proposición de un discurso de ideas principales, lo
que lleva implícito el haber estado durante toda la etapa probatoria, ya que al ser esta principalmente oral,
implica que se debió estar atento y tomando nota de
los aspectos principales de ellas, para poder sustentar
no sólo como ya se dijo en el alegato de conclusión
sino en la apelación de la sentencia, no olvidando que
el recurso deberá estar en consonancia con lo dicho
por el juez en su decisión final. Por lo anterior podrá
el apoderado de la parte cuya decisión fue contraria a
su finalidad, llevar al estrado, previo a la decisión un
plan A ó B, para el caso en que el fallo fuere parcial
o totalmente contrario a su pretensión, lo cual, dado
el conocimiento que se tenga del problema jurídico,
podrá llevarse un formato o proyecto de alegato o
apelación, para ser completada a continuación de la
decisión judicial , sea en una palm, en un computador
personal, en manuscrito, o aun apoyarse en las grabaciones del despacho, solicitando una copia a costa de
las partes, una vez decretado el receso de una hora.ga a lo demostrado en segunda instancia, sin que ello
implique traicionar el espíritu de la ley en el sentido
de que debe ser a la mayor brevedad posible.Revista BERBIQUÍSi bien este cambio en la ley procesal fue realizado
para el proceso ordinario, que termina con la decisión
de segunda instancia, dado que el recurso de casación
es un recurso extraordinario y por ende no toca la
oralidad, es importante anotar que los jueces se verán
avocados a que otros procesos, entre ellos el de fuero sindical, por lo menos en la primera instancia sea
oral, o el de acoso laboral. En igual sentido el proceso
ejecutivo tendrá oralidad en la audiencia de decisión
de excepciones y si es necesario otro momento para
practicar pruebas solicitadas por las partes, deberá
hacerse de forma oral. El único proceso que no será
objeto de esta nueva imagen del proceso laboral es el
sumario de suspensión, disolución y liquidación de
sindicatos por cuanto éste es un proceso netamente
escritural, y no existen audiencias públicas.
Un tema importante que no podrá ser objeto de esta
disertación escrita, son los recursos, pues si bien la
nueva normatividad, ley 1149 de 2007, no trató el
asunto, los efectos que causan en éstos son importantes. Por ejemplo, con el recurso de apelación o de
queja, frente al querer del legislador de que fuera un
proceso plano, en donde al no permitirse que las audiencias puedan suspenderse, debiendo cumplirse todas sus etapas procesales, podría llegarse a decisiones
controvertidas de tener que conceder las apelaciones
de autos que vayan decidiéndose en la audiencia de
“trámite y juzgamiento” o las quejas frente a su negación, y finalmente la de la sentencia, y enviarlas luego
conjuntamente a ser decididas por el Tribunal Superior, en el estricto orden en que fueron concedidas, lo
cual implicaría una grave consecuencia para el proceso, pues de llegar a salir avante alguno de los recursos
por autos interpuestos, la decisión final se afectaría y
peor aún, se convertiría la Sala de Decisión en juez de26primera instancia al tener que decidir nuevamente un
proceso, dado que el juez a quo ya decidió de fondo,
afectándose el derecho de defensa y el debido proceso
al concluir que la segunda instancia tuvo que recoger pruebas no decretadas y fallar con base en ellas
de una manera diferente el proceso. Por lo anterior se
aboga para que en caso de que se presenten recursos
de apelación o de queja, en la segunda audiencia, esto
es, la de “trámite y juzgamiento” ante las decisiones
del juez y una vez concluida la etapa probatoria y la de
alegatos de conclusión, se remita el proceso al Tribunal Superior para que decida los recursos interpuestos
frente a los autos de turno. Si bien el autor es consciente de que esto implicaría una suspensión de la audiencia, lo cual contradice en parte lo querido por la
ley, es claro que de no hacerse de la manera propuesta,
el debido proceso general y el derecho de defensa de
las partes sufrirían consecuencias más gravosas que
las que se presentarían de enviar los recursos interpuestos de autos y la sentencia para ser resueltos de
Adicionalmente es importante señalar que esta ley no
resolverá por sí sola el problema de la congestión judicial, pues ello dependerá de otros tipos de soluciones
como el aumento paulatino de jueces, dada la gran
demanda de justicia de la comunidad, y obviamente
la consecución de recursos para desarrollar una labor
Por último, que sea este breve escrito un abrebocas
para estudiar detenidamente no sólo estos 17 artículos
del cambio procesal, tres de ellos informando cómo se
va a implementar el sistema dentro de los cuatro años
que da la ley, sino además una concientización para
prepararse no sólo el juez sino el togado, en lo relativo
a saber hablar en público, en la comunicación efectiva
de las ideas, el manejo de resolución de problemas y
la argumentación judicial, incluido el manejo técnico
del interrogatorio y el contrainterrogatorio.Nueva línea jurisprudencial
y reformulación dogmática
Tulio Chinchilla1. ¿Por qué una redefinición del concepto de
Las nuevas líneas jurisprudenciales trazadas por la
Corte Constitucional en estos últimos nueve años hacen necesaria una actualización del significado que
tiene la expresión derechos fundamentales en el Derecho colombiano. No sólo se advierten algunos virajes
en los criterios de identificación de tales derechos, su
contenido esencial y las metodologías para interpretarlos (y zanjar sus conflictos) sino también en el concepto mismo de derecho fundamental.11. Buena parte de estas innovaciones jurisprudenciales fueron introducidos o consolidados por la que podría denominarse “tercera Corte Constitucional”, integrada por magistrados cuyo periodo se inició
el 1º de marzo de 2001 y culminó el 28 de febrero de 2009.2. Un derecho de construcción pretoriana
¿Por qué una conceptuación de los derechos fundamentales se nutre básicamente de la fuente jurisprudencial?
Porque la forma significativa como la fuente judicial
ha superado y re-creado la textualidad normativa en
este campo, hace de nuestros derechos fundamentales
un derecho básicamente pretoriano, un auténtico ius
praetorium. La Corte Constitucional ha ensayado un
modus operandi similar al utilizado por los magistrados romanos en cuyo edicto pretoriano hacían públicas
las reglas de Derecho que seguiría —él y otros jueces—
en las causas de que conocerá durante su periodo. El
tono afirmativo y consagratorio como nuestro supre-27Revista BERBIQUÍEspigando en la exuberante jurisprudencia nacional
y sometiendo sus frutos al análisis lógico, es posible y
necesario reformular una teoría adecuada de los derechos fundamentales en Colombia, que sirva comoherramienta de la dogmática constitucional nuestra.
Bajo esta perspectiva los derechos fundamentales
constituyen una categoría especial de derechos, que
el operador jurídico ha de manejar como los nuevos
componentes ético-jurídicos de los ordenamientos estatales occidentales.mo juez constitucional deja expuestos los criterios en
que fundamenta sus fallos y el evidente propósito de
canonizar tales pautas como doctrina oficial vinculante, se asemeja mucho al edicto pretoriano.
Lo evidencian sentencias tales como la T-760 de 2008
sobre el derecho a la salud. Quien hoy en Colombia
ignore la profusa madeja de reglas sobre prestaciones
médicas, quirúrgicas y farmaceutas, etc., contenidas
en tal providencia —calificada como la mejor sentencia del 2008— sencillamente desconoce el contenido
esencial judicialmente exigible del derecho a la salud
y a la seguridad social en salud. 2
Además, a pesar de ciertas ondulaciones de nuestro supremo juez constitucional, contamos hoy con
un cuerpo de doctrina constitucional, surgido de la
abundante y diversificada producción jurisprudencial.3 Este corpus sobre el concepto y contenido de los
derechos fundamentales ha venido afinándose y reafinándose paulatinamente hasta configurar verdaderas líneas jurisprudenciales irreversibles, con solidez
suficiente para resistir incluso los intentos de contrarreforma constitucional.4 Y gracias a la reiteraciónRevista BERBIQUÍ2. Hasta el punto de que hoy puede hablarse de un segundo sistema
de salud, construido judicialmente y paralelo al legal y reglamentario.
3. En la jerga técnica del Derecho Constitucional colombiano se denomina doctrina constitucional a las pautas trazadas por la Corte
Constitucional cuando ella, actuando como supremo intérprete de la
Constitución, sustenta sus decisiones, especialmente de revisión de
tutela (sentencias T- y SU-) en materia de derechos fundamentales.
Denominación que se reitera en las Sentencias T-842 de 2001, T-133
de 2006, T-152 de 2006, T-292 de 2006 y T-418 de 2006, apartado II.4.). También se puede extender el campo semántico de la
expresión doctrina constitucional a la interpretación que la Corte
Constitucional da a los preceptos constitucionales cuando ellos son
aplicados directamente por el juez a falta de ley o al margen de ésta
(sentencias integrativas, según las Sentencias C-083 de 1995 y T-292
4. El anteproyecto de Acto Legislativo preparado por el Ministerio del
Interior en el mes de julio del año 2003 y que el Gobierno decidió a
última hora no presentar al Congreso, despojaba a los derechos sociales, económicos y culturales del carácter de fundamentales y prohibía a los jueces “imponer a las autoridades públicas obligaciones
de imposible cumplimiento o que supongan alterar las leyes, ordenanzas o acuerdos del Plan de Desarrollo o del Presupuesto Nacional,
Departamental o Territorial.”28de precedentes esa doctrina constitucional ha ganado
fuerza vinculante casi plena para todos los operadores
jurídicos del sistema normativo. Las sentencias de la
Corte Constitucional en su parte resolutiva y en los
fundamentos necesarios de la decisión son hoy fuente
formal de Derecho en cuanto generan pautas normativas generales —principios y reglas— cuya inobservancia constituye vía de hecho judicial o una causal de
procedibilidad de tutela contra sentencias.5
La Sentencia T-292 de 2006 (apartado 23) lo ha expresado en los siguientes términos: “Con fundamento
en estas precisiones, contenidas en la jurisprudencia
constitucional y en la Ley 270 de 1996, —Ley estatutaria de la Administración de justicia—, puede concluirse que la ratio decidendi de los fallos de tutela
—descrita y caracterizada en los mismos términos de
aquella correspondiente a las providencias de constitucionalidad—, resulta vinculante para los jueces.”6
Parece ser ésta la herramienta indispensable para asegurar certeza, coherencia y respuestas igualitarias en
el amparo constitucional cotidiano de los derechos
De otro lado, la insuperable dependencia dogmática
de la producción de nuestro tribunal constitucional
tiene otra razón: sucede que en Colombia la jurisprudencia constitucional, por su metodología acentuadamente académica y teorizante, ha ocupado casi todo
el espacio de la doctrina, prácticamente la ha absorbido y desplazado. Cuando, por ejemplo, la Sentencia
T-881 de 2002 dedica veinte páginas a compilar y sis-5. Específicamente, a partir de la Sentencia SU-640 de 1998 la Corte
Constitucional no ha vacilado en reiterar y hacer efectivo el valor
normativo de su doctrina y la fuerza vinculante del precedente
vertical. Y el desconocimiento del precedente constitucional vertical
ha sido calificado como causal de procedibilidad de la tutela contra
sentencias en las sentencias T-200 de 2004, T-949 de 2008 y T-1276
6. La jurisprudencia de la “tercera Corte” mantuvo invariable tan
radical criterio en las Sentencias T-569 de 2001, T-842 de 2001, SU1023 de 2001, SU-1219 de 2001, T-203 de 2002, SU-388 de 2005,
T-726 de 2005, C-590 de 2005 (fundamentos 20-26), T-1385 de
2005, T-292 de 2006, T-023 de 2007 y en el Auto A-204 de 2006.tematizar in extenso las elaboraciones jurisprudenciales sobre el concepto filosófico de dignidad humana,
es poco lo que los doctrinantes pueden añadir en este
campo. Una Corte que —caso de la Sentencia T-133 de
2006— gasta casi diez páginas de compleja disertación
en la disección y crítica de sus propias teorías sobre la
dignidad humana, develando sus presupuestos metafísicos y deduciendo las implicaciones que de ellas se
derivan—, relega la dogmática a una tarea de ordenación lógica y crítica de pautas jurisprudenciales.
Los cambios sustantivos o de matices acentuados que
merecen resaltarse se refieren a los siguientes aspectos:
a) el concepto de derechos fundamentales como categoría especial de derechos que el jurista debe aprender
a manejar (muy diferentes de los derechos subjetivos
civiles, laborales, administrativos, procesales, etc.); b)
el discurso filosófico que fundamenta tales derechos;
c) los criterios de identificación y reconocimiento de
derechos fundamentales específicos; y d) el contenido
esencial de algunos derechos fundamentales, especialmente los sociales prestacionales.
3. Cambios en el conceptoBajo esta nueva concepción, la noción de derecho fundamental se ha difuminado: abarca toda situación
ventajosa para una persona —natural o jurídica—,
que puede ser sustentada en los postulados axiológicos de nuestra Carta, especialmente el de dignidad humana y que puede defenderse o efectivizarse
mediante una orden judicial específica dirigida a un
sujeto jurídico determinado en términos de deber
concreto de dar, hacer o no hacer. Cuando, a juicio
de los jueces constitucionales —y todos nuestros jueces lo son— una orden judicial tiene la capacidad de
conjurar una situación de arbitrariedad o aliviar un
sufrimiento injustificado de una persona, entonces
afirmamos —como vivencia ético-jurídica intensa—
la existencia de un derecho fundamental, viable para
ser amparado como derecho subjetivo.
A la luz de la citada definición, un derecho fundamental es algo más que un derecho subjetivo: traduce una
exigencia ética impostergable, dada su vinculación
directa con la dignidad humana (primer momento
axiológico). Sin embargo, su viabilidad como componente del derecho positivo —su “justiciabilidad”—
está condicionada a la posibilidad de ser vertido en el
formato de un derecho subjetivo civil, laboral, procesal, administrativo, etc. Sólo así el juez puede impartir
la orden específica de tutela a un sujeto determinado.
Definición que nos traslada la carga de saber qué es
un derecho subjetivo (¡vaya faena!) y que, en la práctica, impone al juez la tarea de “rebuscarse” en la maraña de nuestro orden jurídico alguna pieza normativa
—ley, reglamento, resolución, programa social, política pública, acta de Consejo de Gobierno, etc., etc.—
que le permita identificar un sujeto obligado y unos
deberes (cargas) de dar, hacer o no-hacer específicos a
favor del sujeto pretensor.29Revista BERBIQUÍEn cuanto al concepto de derechos fundamentales, la
propia Corte reconoce haber manejado hasta ahora
dos líneas jurisprudenciales paralelas para definirlos:
la una gira en torno al criterio técnico-jurídico de la
eficacia directa y la otra en torno al razonamiento
axiológico la inherencia (criterio ético). Para superar
la dicotomía de tales posturas extremas ha venido ensayando, a partir de la Sentencia T-227 de 2003, una
línea “intermedia” o ecléctica que los define como
derechos funcionalmente imprescindibles para hacer
efectivo el ideal-guía de dignidad humana, siempre y
cuando tales derechos puedan traducirse en derechos
subjetivos específicos. Así lo corroboran, entre otras,
las sentencias T-859 de 2003, T-219 de 2005, T-1318
de 2005 y sobre todo la T-585 de 2006, la cual resume y da plena aplicación a toda esta nueva línea jurisprudencial. La Sentencia T-227 de 2003 —sentencia
hito— lo define así:“Será fundamental todo derecho constitucional que
funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo.”4. Virajes en la fundamentación filosófica y
La indispensable fundamentación discursiva de los
derechos fundamentales, más allá de su sustento normativo positivo, —que es una característica de tales
derechos en Colombia— ha empezado a variar. Así, de
una inicial sustentación filosófica de raíz escolástica,
basada en la búsqueda de una supuesta “esencia” humana (esencialismo) o naturaleza humana (naturalismo), se ha pasado a una argumentación más cercana a
la concepción filosófica pragmatista, que la Corte denomina “funcionalista”. Bajo esta nueva visión, y tal
vez bajo la influencia de los aportes de Richard Rorty,
se asume la dignidad de la persona más bien como un
ideal histórico valioso y viable de realizar en nuestras
sociedades occidentales, acorde con cierto consenso
sobre los estándares que nutren de realidad tal ideal
(sentencias T-881 de 2002, T-227 de 2003 y T.133 de
5. Cambios en los criterios de identificaciónRevista BERBIQUÍAunque la Corte Constitucional no ha abandonado
los cinco criterios iniciales de identificación de los
derechos fundamentales —arraigo en un valor supremo como la dignidad humana, la expresa mención,
la aplicabilidad inmediata, el núcleo esencial y la conexidad con derechos fundamentales en sí mismos—
los utiliza con menor frecuencia.8 En su lugar prefiere
otra argumentación de fundamentalidad o asume sin
más la calidad de fundamentales de ciertos derechos.
Superando los criterios restrictivos iniciales de orden
técnico, nuestro Tribunal Constitucional toma la vía
metodológica de reconocer calidad de fundamentales a ciertos derechos por su fuerte vinculación con
el estándar axiológico de la dignidad humana y por7. Richard RORTY: “Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad”, en DE LOS DERECHOS HUMANOS, editorial TROTTA, p. 118 y ss.
8. Criterios expuestos en Sentencias tales como la T-002 de 1992,
T-406 de 1992 y T-426 de 1992).30la posibilidad de concreción en derechos subjetivos.
Bajo esta perspectiva, cualquier derecho puede ser
asumido como fundamental si apunta a realizar una
vida digna, pero sólo será fundamental respecto de
ciertos contenidos (sentencias T-859 de 2003 y T-585
de 2006). Para un jurista colombiano de hoy el problema no reside tanto en demostrar que un derecho
X es fundamental —todo derecho de fuente constitucional (bloque de constitucionalidad) podría serlo—
sino en saber qué contenidos (a, b, c) de X tienen el
carácter de contenidos fundamentales del derecho X
Por ello, en la jurisprudencia actual no es tarea difícil
ni exige mucha sutileza filosófica la argumentación
para sustentar un determinado derecho X como fundamental si se tiene la certeza ética de estar ante una
arbitrariedad. El ejercicio arduo reside, entonces, enla delimitación exacta de su contenido esencial del derecho, ámbito nuclear amparable mediante la acción
de tutela y otras garantías reforzadas. Por ello, la investigación de hoy no indaga tanto sobre cuáles derechos constitucionales son fundamentales (y cuáles no
lo son) sino sobre cuáles contenidos de tales derechos
son fundamentales y respecto de qué sujetos lo son.
Así, la salud es derecho fundamental pero su contenido varía: pleno respecto a los niños y algunos sujetos
de especial protección constitucional (ancianos, discapacitados, víctimas del desplazamiento); restringido a tratamientos incluidos en los planes obligatorios
de salud en cuanto a todas las personas; y por conexidad con la vida, la integridad física y el trabajo en casos concretos.6. “Nuevos” derechos fundamentalesDe otra parte, aunque en ocasiones la Corte se apega
todavía al inicial criterio de conexión en el caso concreto para otorgar ese carácter a los derechos sociales,
económicos y culturales, ha venido consolidando la
tesis de la conexión presunta (sin necesidad de prueba)
cuando se trata de amparar tales derechos a personas en situación de vulnerabilidad.9 Pero en cuanto
al derecho a la salud, la Corte ha tomado el camino
del reconocimiento directo como derecho fundamental autónomo, sin conexión, en relación con ciertos
contenidos esenciales, verbigracia, a tratamientos o
medicamentos incluidos en el POS o frente a ciertas
situaciones tales como la “sujeción especial” (caso de
los reclusos, según las sentencias T-570 de 2005, T-133
de 2006, T-102 de 2007, T-270 de 2007 y sobre todo la
T-760 de 2008). También se ha venido utilizando el
criterio intuitivo —con cierta argumentación éticopolítica— de sensibilidad frente a actuaciones intolerablemente arbitrarias (por ejemplo, en las sentencias
T-223 de 2003, T-1318 de 2005 y T-585 de 2006).En buena medida tales derechos innominados parecen más bien derechos derivados o “derechos adscritos” (en términos de Robert ALEXY) y todos ellos la
concreción del macro-derecho dignidad humana, el
cual, bajo la formulación de vida digna, se ha consolidado, sobre todo con la Sentencia SU-66 de 1999, en
un derecho social y económico autónomo, de aplicación directa, uno de cuyos contenidos esenciales es el
mínimo vital.11
7. Delimitación y expansión del contenido
esencial de ciertos derechos fundamentales
En cuanto al núcleo esencial de los derechos fundamentales sociales la Corte ha superado la inicial dificultad del carácter programático de tales derechos,10. Sobre derechos de las víctimas, la SU-1184 de 2001 unificó la
siguiente doctrina: “Las víctimas de los hechos punibles tienen no
sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se
reconozca el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia....De
ahí a que ostenten la calidad de sujetos procesales.”
11. Esta línea jurisprudencial se consolida en la sentencia T-133 de
2006 en la cual la dignidad humana es expresamente reconocida
como un derecho fundamental “autónomo y subjetivo”. Igualmente, la sentencia T-270 de 2007, para amparar el derecho a la “vida
en condiciones dignas”, ordenó a las Empresas Públicas de Medellín
reconectar el servicio de agua potable a favor de una persona con
grave enfermedad renal, a pesar del no pago de cuantiosa deuda
acumulada por este rubro.31Revista BERBIQUÍ9. La Corte sigue aludiendo –al menos teóricamente- a la necesaria
conexión de los derechos a la salud, la seguridad social y la vivienda
digna con los derechos individuales de aplicación directa (sentencias
T-101 de 2006, T-152 de 2006, T-05 de 2007, T-040 de 2007 y T-026
de 2007).Como nuevos derechos fundamentales de reconocimiento jurisprudencial, cabe resaltar el derecho a la
“paz familiar” (sentencia T-789 de 2001), al agua potable (sentencias T-410 de 2003 y T-270 de 2007), los
derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas de
delitos en general y del conflicto armado en especial
(sentencias SU-1184 de 2001, T-249 de 2003, T-558 de
2003 y C-370 de 2006), los derechos “sexuales y reproductivos” (sentencia T-143 DE 2005), entre otros10.
También la Corte ha reconocido derechos inéditos
tales como el derecho “a la reubicación y a la estabilización socioeconómica”, de las víctimas del desplazamiento forzado (Sentencia T-704-A de 2007)recurriendo para ello a la fundamentalización de
ciertos contenidos prestacionales que los concretan:
ya sea porque tales contenidos se encuentran hoy incorporados en norma general —legal o reglamentaria— vigente y en esa medida han adquirido forma de
derechos subjetivos específicos, ya sea porque a ellos
conduce un razonamiento axiológico de cara a nuestro contexto social.
Ejemplo del primer supuesto es la fundamentalización
del derecho a recibir tratamientos médicos incluidos
en los planes obligatorios de salud (plan obligatorio y
plan subsidiado) mediante decisión administrativa12.
Ejemplo del segundo es la fundamentalización del
acceso al “más alto nivel” de tratamientos médicos a
nuestro alcance, como contenido derivado del derecho a una vida digna13.
8. Consolidación del constructivismo judicial
como giro metodológicoRevista BERBIQUÍEn estos años recientes la Corte Constitucional consolidó la metodología para verter el difuso contenido
axiológico de un derecho fundamental en un repertorio de derechos subjetivos específicos: a) afirmar la
existencia de un derecho fundamental a partir de un
enunciado de rango constitucional así sea difuso; b)
búsqueda exhaustiva de deberes concretos que puedan ser exigibles a sujetos jurídicos determinados,
por estar previstos en alguna pieza del ordenamiento
(leyes, reglamentos, resoluciones, “políticas públicas”,
planes y programas sociales, directrices de política12. Tal línea comienza a abrirse paso en la sentencia SU-819 de 1999
y se consolida en las sentencias T-859 de 2003, T-860 de 2003, T-538
de 2004, T-1076 de 2004, T-219 de 2005, T-962 de 2005, T-025 de
2006, T-572 de 2006 y T-110 de 2007 entre otras.
13. Para dignificar la vida de ciertos grupos de población en situación
de “especial sujeción” (verbigracia, los reclusos) la sentencia T-133 de
2006 ordena, entre otras prestaciones de salud, la provisión de gafas
o prótesis dentales.32social, etc.). Metodología ésta que se aprecia en algunas sentencias sobre derecho a la vivienda de las víctimas del desplazamiento forzado, entre otras, en las
T-704-A de 2007 y T-585 de 2006.
Toda esta profusa configuración del derecho fundamental como derecho subjetivo debe tener un límite
y ya los jueces lo han visualizado: no pueden entrar al
terreno que el principio de separación de poderes reserva a la órbita de decisión puramente política o político-administrativa (ejercicio de auto-restricción).
9. Derechos fundamentales en el contexto
Todas estas audacias tienen, además, un gran valor
intelectual: son suficientemente originales y se atreven a tomar distancia de las elaboraciones europeas
sobre la materia. Su profundo anclaje en nuestro contexto subdesarrollado las muestra como un destacable aporte al constitucionalismo universal, una significativa propuesta sobre los derechos fundamentales
en contextos de Tercer Mundo, no exenta de exhuberancia tropical.
Tal vez la distorsión del modelo de Estado constitucional democrático hacia un Estado social judicial —tendencia subyacente a algunas de estas audacias— sea el
costo pagado por asegurar la mayor eficacia posible
a la Constitución, ante la omisión de los estamentos
político-administrativos.La lógica interna
Andrés Nanclares Arango¿Qué se propone uno con la filosofía?
Simplemente, enseñarle a la mosca a
salir del frasco.
Ludwig WittgensteinLa Comisión Interinstitucional para el Impulso de la
Oralidad en el Proceso Penal, en el n° 3 de su publicación trimestral, expresó con todas las letras, a modo
de base de lanzamiento del sistema acusatorio, lo siguiente:
El propósito de cada una de las partes del juicio, es
convencer al juzgador de que su versión de los
hechos es la correcta, y que su teoría del caso, y
no la de la contraparte, es la que debe acoger. Para
lograrlo, el abogado debe planificar cada una de sus
actuaciones en el juicio, teniendo en cuenta que a éste
se llega, no a saber lo que pasó, sino a probar lo
que ocurrió.Durante todos estos años, la cultura jurídica formalista se había empeñado en poner día a día sus huevosAhora que está en marcha el sistema acusatorio, esa
cultura jurídica de cuadrícula deberá darle paso a
una cultura fundada en lo dúctil, lo flexible y lo contingente. La vieja idea de que son la vida, los hechos
y las conductas las que se deben adecuar al Derecho,
deberá declinar ante el concepto de que es el Derecho,
convertido en una disciplina práctica y maleable, el
que se debe adaptar a los comportamientos humanos, a la realidad.
Hasta antes de implantar el sistema acusatorio, en materia jurídica no habíamos pasado de movernos dentro del espacio de las cuatro alambradas de un corral
de gallinas. De la exégesis, cansados de cacarear silogismos formales, habíamos pasado, entre kikirikíes,
a la concepción teleológica; y de ésta, aleteando, a la
funcional y a la sociológica. Desde estas trincheras, a
mansalva y sobreseguros, habíamos proferido la mayoría de nuestras sentencias.33Revista BERBIQUÍLo descrito en ese párrafo, lo estimo como un cambio
radical en el modo de ejercer la judicatura y, en general, la profesión de abogado. Por eso, creo que estamos
ante un vuelco cultural de proporciones en la manera
de juzgar, acusar y defender dentro de una determinada causa judicial.hueros en nuestra descolorida sangre mezclada con
chocolate y, gracias a esa silenciosa labor de hormiga,
se había permitido hacer de las suyas entre nosotros.Durante todo ese tiempo, nos empecinamos en afirmar que la justicia estaba en la letra de la ley o, a lo
sumo, en las “intenciones o propósitos” del legislador.
En eso se nos fue la vida. En darle picotazos al hierro
de la ley, husmear en su sistematicidad o hurgar en su
“espíritu” el querer de su creador. Sólo por excepción,
y como gran hazaña, pero muerto del miedo de cometer un sacrilegio contra el sacrosanto icono de la
seguridad jurídica, alguien en esos días se permitió
dejar pasar, por el cedazo de los incisos, los principios
Ahora las cosas se perfilan cualitativamente diferentes.
Está entrando en vigor una nueva comprensión de lo
jurídico. Ella viene propiciando un derrumbe epistemológico. Por fuerza de esa demolición gnoseológica
y cultural, están cambiando la idea del Derecho, la
manera de interpretar sus normas y la postura ética
del juez, el fiscal y el abogado al momento de aplicarlas. Sobre una concepción lógico-formal del Derecho,
basada en el castigo, está prevaleciendo, fundada en la
utilidad, una visión material de esa disciplina. Sobre
el concepto de seguridad jurídica legal, está avanzando, para ampliar el margen de maniobra del juez,
el de seguridad jurídica constitucional.
En el sistema inquisitivo —mixto, o como se le quiera
apellidar—, veníamos actuando dentro del marco de
unos referentes definidos.Revista BERBIQUÍDesde el principio, ese modelo —el inquisitivo— nos
señaló el objeto de conocimiento que debíamos abordar en nuestra labor jurisdiccional, el método para
penetrar en la esencia de ese objeto, la clase de juicios
que debíamos emitir y las finalidades prácticas de esa
operación cognoscitiva.
Desde la perspectiva de cualquiera de las teorías del
Derecho enumeradas —la exegética, la teleológica, la
funcionalista y la sociológica—, el sistema inquisitivo
nos exigía lo siguiente:34Que el objeto de conocimiento de las partes intervinientes en el proceso, debía ser la realidad, pero mediatizada por la ley.
Que el método empleado para develar ese objeto de
conocimiento, tenía que ser, bien por inducción o por
deducción, el método lógico, el de los silogismos formales, o el sistemático.
Que la clase de juicios que debíamos emitir, cuando
encontrábamos la concordancia entre los hechos y el
supuesto legal, eran los juicios lógicos, los de correspondencia o no con lo legal o lo ilegal.
Y, por último, que la finalidad del juez, el fiscal y el defensor, era la de demostrar cómo sobre determinado
comportamiento humano sólo existía una verdad, la
verdad cierta y monolítica, la Verdad con mayúscula.
En el sistema acusatorio, las cosas son distintas.
En este modelo penal, se da una modificación de nuestra postura teórica frente al Derecho y también frente
a la epistemología y la ética que permiten desarrollar,
en la práctica, esa nueva concepción de lo jurídico.
La única teoría compatible con el sistema acusatorio
oral, es la concepción tópica de lo jurídico o, como
también se ha denominado, la concepción problemática del Derecho. Entre este modelo penal y esta teoría, hay absoluta empatía. Se atraen. Están imantadas
por su común vocación por lo dócil, por lo dúctil.
El modelo acusatorio busca hacer maleable y dinámico el proceso de discernimiento de la justicia, o al menos del Derecho. Como esta teoría concibe lo jurídico
como una “textura abierta”, y no como un orden estático o como un simple molde para fabricar conductas
humanas, o como un espejo en el cual ellas se reflejan,
es por eso que ella proporciona las directrices adecuadas para desarrollar este sistema penal.
Para esta teoría, la conformación del Derecho se asemeja a una goma de mascar. Pero con una diferencia:su materia no está hecha de las esquirlas de la ley. Sus
componentes son los valores morales, religiosos, las
costumbres y los modos de comportamiento social.
Para decirlo con una frase efectista, la teoría tópica de
lo jurídico piensa el Derecho como un Derecho sucio,
enturbiado por los efluvios pasionales de los hombres,
por oposición tajante al Derecho puro, estrictamente
metódico y encastillado en su rigor lógico.
Una atrayente definición de esta manera de ver el
Derecho, la trae el tratadista Fernando de Trazegnies
Granda en su libro Ciriaco de Urtecho: litigante por
amor. Dice el creador de Ciriaco de Urtecho, paradigma de abogado para un sistema acusatorio oral:El Derecho es más palabra que escritura. Es más razonamiento vivo que un código inmovilizado. Es un
discurso que se rehace continuamente, antes que un
libreto que se repite monótonamente. La ciencia tradicional del Derecho, ha enfatizado en las formas, en
la estructura, en la arquitectura de las normas. Son las
formas, y no las reacciones del hombre frente a esa
estructura, las que verdaderamente le interesan.Y, más adelante, agrega:El Derecho no es un dato. Es una operación. No es
algo previamente establecido. No es una plantilla. No.
No puede serlo. El Derecho es algo que se construye
en la medida en que se lo utiliza. Algo que no está
hecho. Es algo que se hace a sí mismo a partir de una
multiplicidad de focos locales, particulares, de enfrentamiento entre las partes. El Derecho constituye, así
concebido, una suerte de campo de batalla. Un campo de batalla en el que se dan múltiples combates.
Combates con diversa incidencia, de acuerdo con la
magnitud de la victoria o la derrota, sobre el funcionamiento del orden social. Pero las conquistas obtenidas, así como las derrotas, son de nuevo dialectizadas
por los combatientes posteriores.El sistema acusatorio oral, digo, sólo puede ponerse en
práctica desde la visión caleidoscópica de esta teoría.
El hermetismo de las superadas hipótesis jurídicas, lo
apesta, lo torna enclenque, raquítico, lo desvirtúa, lo
asfixia, en razón de que su objeto de conocimiento, su
método de análisis, la clase de juicios que posibilita y
las finalidades que se propone, por ser de naturaleza
cualitativamente diferentes a las del sistema inquisitivo, requieren del aire, de la vida, de la tragedia, del
humor, de la crueldad y la solidaridad. En una palabra, de los torbellinos que inopinadamente desata el
espíritu de los hombres.35Revista BERBIQUÍSu objeto de conocimiento, por ejemplo, no es la ley
mediatizada por la realidad, sino la realidad mediatizada por la ley.Su método, así mismo, no es el exclusivamente racional, el de los silogismos formales, sino la retórica.que “la verdad no se ha casado con nadie y es sólo una
puta juguetona”.Los juicios que emite quien actúa parapetado en esta
teoría, además, no son juicios lógicos sino juicios de
valor.Sus argumentos de verosimilitud, sin fundamento
en pruebas, los llevaron a inventar los discursos dobles o antilogías. Con ellos, hicieron evidente cómo,
en realidad, sobre cualquier asunto podían realizarse
mínimo dos razonamientos mutuamente opuestos. A
su contraparte en un juicio, acostumbraban oponerle un argumento diferente al suyo, hasta obligarlo a
aceptar la validez de ambos o a abandonar el que se
venía sosteniendo.Y, por último, su finalidad no es probar la verdad
única y absoluta que encarna un determinado acontecimiento humano. No. Su objetivo es persuadir al
interlocutor —juez o fiscal— de que alrededor de un
determinado hecho existen múltiples verdades, ciertas o falsas, pero que la suya, la que ha construido
por medio de la retórica, es la más razonable, la más
equitativa, la más justa, la que mejor consulta, no el
esquema legal, no la previsión normativa, sino —ojo
grande, ojo de vaca cagona— los valores admitidos
Esa técnica argumentativa, creada por los sofistas
griegos, y luego ampliada por el alemán Alexy, el belga Perelmam, el español Atienza y el filósofo Popper,
es la que da las claves para revalorar y reorientar el
ejercicio de la profesión de abogado, y obviamente
el de la judicatura, dentro del nuevo modelo procesal
penal.Revista BERBIQUÍLos sofistas —hagan memoria de las clases de filosofía que recibieron en el colegio— eran Hipias, Gorgias, Critias, Antifonte, Protágoras y Trasímaco. Estos
hombres, fundamentalmente empíricos, cultivaron el
arte de hablar persuasivamente en público y se lo enseñaron a sus contemporáneos.
Lo elaborado por ellos, fue la técnica de la sofística,
orientada a dotar al individuo de la preparación necesaria para salir triunfante en los debates políticos
y forenses. El suyo era un instrumento, no de conocimiento de la realidad —ojo, de nuevo—, sino de
persuasión. Mediante la lógica de la ambigüedad,
tornaban grande lo pequeño; volvían blanco lo negro
y lo nuevo lo hacían ver viejo. Y procedían de esta forma porque ellos, como miles de años después lo vio
“el brujo de Otraparte”, Fernando González, sabían36Estos hombres se idearon, además, la erística. Con
esta técnica, basada en la falacia, la ambigüedad y la
lógica ilógica, buscaban a cualquier precio obtener la
victoria en un debate, sin importarles si lo que pretendían probar era cierto o no, moral o inmoral, con tal
de derrotar a su oponente. Una buena muestra de ello
—y a la lectura de esos textos los remito—, lo constituyen La defensa de Palades y el discurso Sobre lo
justo y lo injusto, atribuidos a Gorgias.
Esta técnica argumentativa de los sofistas, en un sistema penal como el acusatorio, diseñado para persuadir y no para demostrar, y en el que además el juez no
está obligado a emitir juicios lógicos sino juicios de
valor sobre las conductas de las personas, es el mejor
medio, el mejor conducto para sacar el Derecho de su
marmóreo santuario de incisos y parágrafos.
Es esto lo que se está empezando a aplicar en los estrados judiciales. Esta visión, este método y esta ética, son
las que corresponden al revolcón cultural anunciado
por la Comisión Interinstitucional para el Impulso de
Oralidad en el Proceso Penal. En su desarrollo, ya se
está viendo el reinado del Derecho sucio y su ejercicio
a través de la retórica sofística.
El desarrollo de las habilidades y destrezas orales,
como la técnica del interrogatorio y el contrainterrogatorio y el lenguaje gestual y el de los silencios tácticos, para abrirle camino a la materialización de los
principios de igualdad, inmediación, contradiccióny concentración de la prueba, constituyen apenas el
esqueleto del sistema. Pero lo determinante, lo verdaderamente novedoso, es comprender, para abrir
trocha hacia esa nueva cultura jurídica, la importancia de los contenidos lógicos y epistemológicos que
encarna esa armazón.repliegue la deducción racional, rígida e impersonal,
del sistema penal anterior.Esos nuevos contenidos, esos soportes conceptuales
y prácticos, se harán realidad a medida que se vayan
dando las siguientes condiciones:Cuando frente a la lógica de lo razonable, capitule la
lógica formal.Cuando a una clase de Derecho poroso, de contextura
plástica, sucio, le ceda su espacio el Derecho hermético, cerrado, puro, que por siempre nos ha regido.
Cuando a la verdad bruja, a la verdad duende, a la
verdad polisémica del sistema acusatorio, les permita
su ingreso la verdad unívoca del modelo inquisitivo.
Cuando frente a las adhesiones del juez a la solución
“más razonable, equitativa y justa”, nacidas de la simple percepción de las particularidades de cada caso, seCuando a los juicios de valor, propios del sistema
acusatorio, les abran plaza los juicios lógicos del sistema inquisitivo.Cuando a la persuasión, en últimas, se someta, de una
vez por todas, el convencimiento de la demostración
La meta, contra el querer de los juristas jurásicos, es
llegar a la plenitud de un Derecho Penal casero. Paso
a paso, algunos jueces están accediendo a mudar la
vieja escama. Otros, en cambio, se resisten a salir del
frasco en que se hallan conservados en formol. Con
relación a estos últimos, habrá que esperar a que llegue Wittgenstein con la llave de la filosofía y les ayude
a salir de él.Revista BERBIQUÍ37Nepotismo e independencia
Revista BERBIQUÍEn los momentos más álgidos del agudo enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema
de Justicia, hacia el mes de septiembre de 2008, el jefe
de Estado utilizó, a modo de denuncia, el colorido colombianismo “roscograma”, para referirse a la ubicación en cargos importantes de la justicia de una red de
parientes y amigos de magistrados y jueces.
Estas acusaciones se dieron en el marco de la crisis política y de legitimidad derivada de las investigaciones
judiciales contra un número elevado de congresistas,
en su mayor parte pertenecientes al partido de Gobierno, y en momentos en que el sindicato que agrupa
a los jueces y empleados judiciales adelantaba un paro
nacional en demanda de mejoras salariales y en defensa de la independencia y autonomía de la justicia,
en serio riesgo por la actitud gubernamental de desconocimiento de su papel institucional, evidenciado
en hechos como el señalamiento a la Corte Suprema
de Justicia de ser “cómplice del terrorismo” por fallar
en ocasiones con lineamientos diferentes a las pautas
del ejecutivo.38Revelaciones posteriores han dado cuenta de que las
amenazas y hostigamientos provenientes del ejecutivo, son de una dimensión mayor de la sospechada
inicialmente y que la actividad del ejecutivo contra la
Corte Suprema, que se hizo extensiva a otras autoridades judiciales, personalidades opositoras y defensores de derechos humanos, incluyó seguimientos a los
magistrados y a sus familias, lo mismo que un descarado espionaje telefónico, que hizo que el alto tribunal pidiera medidas protectoras por parte del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y la visita del
delegado de las Naciones Unidas para la independencia judicial.
En su momento, destacados voceros de la judicatura y
diferentes líderes políticos le recordaron al Presidente
que si del favorecimiento de amigos y familiares se
trataba, la discusión no le convenía mucho porque su
gobierno se ha caracterizado por nombrar en altos cargos, especialmente de la diplomacia, a personas cuestionadas por la justicia, o cuyo mérito simplemente
ha sido el respaldo a las aspiraciones de reelección delprimer mandatario. Salieron así a relucir casos como
el del ex embajador en Chile, Salvador Arana, ahora
procesado por homicidio y vínculos con grupos paramilitares, y la presencia en el gobierno del ideólogo y
vocero del presidente, José Obdulio Gaviria, primo de
Pablo Escobar, quien de paso ha dado también cargos
oficiales a dos hermanos, en su época condenados por
relaciones con el famoso capo. Como si fuera poco,
también se cuestionó el rápido ascenso económico
de Tomás y Jerónimo, jóvenes hijos de Álvaro Uribe,
quienes en el breve lapso de seis años se convirtieron
en prósperos empresarios a la sombra de su padre.
El agudo columnista y escritor Antonio Caballero,
sostiene que en Colombia todo es grave pero nada
es serio, una variante del otro aforismo corriente en
el país que dice que aquí lo urgente no deja tiempo
para lo importante. Pues bien, el debate sobre el roscograma o nepotismo en la justicia, es grave pero no
fue serio, y era urgente que se discutiera y resolviera,
pero no pasó de ser una escaramuza verbal alrededor de la cortina de humo tendida por el Presidente
para desviar la atención sobre los problemas que enfrentaba, algunos con verdadero sabor a “Watergate”,
como la reunión de altos dignatarios en la propia sede
presidencial con paramilitares y abogados de narcotraficantes para tratar de enlodar a magistrados de la
Corte Suprema.Pasados unos meses del agrio y corto debate sobre el
roscograma, conviene entonces retomarlo y profundizarlo, ya no en la órbita del enfrentamiento partidista o en la irritación personal, sino en el marco de la
discusión seria sobre la justicia y su papel en el Estado
Uno de los puntos de partida, es el referente a que si
bien nominalmente la Constitución de 1991 eliminó el
reparto de los cargos de la justicia entre los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y estableció
la carrera judicial, en realidad ese bipartidismo sigue
rigiendo, especialmente en las altas cortes, dado que
en ellas no se aplican las normas de carrera y prima
la escogencia y nombramiento por criterios y mecanismos sumamente complicados que distribuyen los
cargos al arbitrio y del modo más intrincado imaginable, fomentando un perverso clientelismo judicial
y su variante nefasta del nepotismo. El Senado elige
a los magistrados de la Corte Constitucional: la Corte Suprema elige al Fiscal General de terna elaborada
por el Presidente; el Senado escoge al Procurador de39Revista BERBIQUÍFue así porque, más allá de los señalamientos y de alguna propuesta cínica de algunos senadores, en el sentido de que ante la proliferación de casos de nepotismo
en todas las ramas del Estado, lo mejor era derogar las
prohibiciones e inhabilidades, no se tocaron a fondo
los problemas de corrupción en el ejecutivo, legislativo
y judicial, ni los compadrazgos entre el ejecutivo y algunos de los órganos que deben controlarlo.
Menos se discutió a profundidad la seria amenaza
que para la independencia de la justicia representa la
posibilidad de la reelección presidencial por un tercer
período, dado el inmenso poder del Presidente y su
facultad de postulación para cargos de magistrados,
Fiscal General y Procurador.Con todo, algo de verdad hay en las acusaciones de
nepotismo en la justicia y desde años atrás se ha señalado la existencia de una maraña de nombramientos
de parientes de magistrados en la Fiscalía o en la Procuraduría y de familiares del Fiscal o del Procurador
en cargos directivos de la judicatura. Así, el periódico
El Espectador documentó en 2006 la existencia de 41
de estos casos y no hubo pronunciamiento al respecto de la opinión pública ni de los organismos de la
sociedad civil. Solamente la ONG Asociación para el
Rescate de lo Público —Asopúblico—, presidida por
el jurista Jorge Iván Manzano, que en sus acciones
ciudadanas utiliza el estepario heterónimo “Igor Yavlaka”, recabó sobre ese punto y presentó una demanda de acción popular, dirigida a restaurar el derecho
a la moralidad administrativa que considera vulnerado con el nombramiento como fiscales delegadas por
parte del Fiscal General de dos abogadas integrantes
de las familias de magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, organismo que elige al Fiscal, a pesar de la
expresa prohibición constitucional.terna integrada por candidatos de la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente; el
Congreso elige a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de ternas
elaboradas por el Presidente y el Consejo de la Judicatura y en medio de esa compleja red se cuelan en
todos los organismos, y no precisamente en los niveles
inferiores, los parientes de unos y otros, a pesar de la
expresa prohibición constitucional.Revista BERBIQUÍEn estas condiciones, el juicio histórico a la justicia
colombiana es matizado porque, si bien de un lado
presenta un panorama preocupante de impunidad
frente a las violaciones a los derechos humanos y aparece desbordada y casi impotente frente a los conflictos sociales y jurídicos, es a la vez un reducto de legitimidad y legalidad ante las tendencias autoritarias más
recientes que vienen concentrando en el ejecutivo la40conducción de los asuntos públicos. También ante la
desinstitucionalización y la personalización del poder
en Álvaro Uribe, las cortes y la judicatura en su conjunto vienen cumpliendo una importante tarea de defensa de la democracia, entendida como un sistema no
sólo de separación de poderes sino de control mutuo
entre ellos, los famosos pesos y contrapesos entre las
distintas ramas que deben impedir la concentración
del poder en manos de un solo grupo político, aspecto
que forma parte de la esencia de la democracia y de las
constituciones modernas, al grado que la Declaración
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa proclamó que un pueblo carece de
Constitución si no tiene un catálogo de derechos y si
el poder del Estado no se ejerce de forma separada.
Cabe recordar que no toda la responsabilidad por el
estado de la justicia le corresponde a la misma rama
judicial porque es deber del conjunto del Estado asegurarle a ésta su independencia y dar garantías para
su funcionamiento, lo que no siempre ha ocurrido en
la mejor forma, especialmente cuando la judicatura da
verdadera muestra de autonomía y se toma en serio su
papel de garante de los derechos ciudadanos. A pesar
de haber transcurrido más de 22 años del llamado holocausto del Palacio de Justicia, cuando a la demencial
toma de la sede de las cortes por el grupo guerrillero
M-19 en 1985 el gobierno respondió con una más absurda y sangrienta retoma que incendió las instalaciones y produjo la muerte de los asaltantes y de decenas
de rehenes, entre ellos los más importantes jueces del
país, así como la desaparición de personas ajenas a los
hechos que tuvieron la mala suerte de estar en la hora
y lugar equivocados, todavía no hay total verdad ni
justicia sobre esa tragedia. En la actualidad, cuando la
Fiscalía y los jueces investigan la responsabilidad de
los mandos militares de la época en estos hechos, es
evidente la frialdad del ejecutivo ante estos procesos
y es elocuente el silencio presidencial frente al intento
de la justicia penal militar (dependiente del ejecutivo) de reclamar la competencia para conocer de estos
hechos.Así las cosas, conviene ser implacables con las situaciones de nepotismo en la rama judicial, organismos
de control y en todas las instituciones estatales. Pero
más allá de ello, hay que reclamar mayor participación de la sociedad civil en los temas de la justicia.
Esto debe incluir la evaluación ciudadana de la actividad de los jueces o, dicho de otro modo, alguna especie de rendición de cuentas a la comunidad por parte de los administradores de justicia, que no vaya en
desmedro de su independencia y autonomía, lo mismo que formas de participación por lo menos parcial
en los nombramientos de los integrantes del Consejo
Superior de la Judicatura, órgano de gobierno de una
rama en la que brilla por su ausencia la presencia de
Cualquier reforma a la justicia que pretenda ir más
allá de resolver sus tradicionales problemas de congestión, morosidad y poca eficiencia, debe contemplar
un verdadero acceso a ella por parte de los ciudadanos y su independencia tanto externa como interna.
La independencia interna es aquella de que deben gozar los jueces frente a sus colegas y frente a los órganos
colegiados de mayor jerarquía, y ella tiene por lo menos la misma importancia de la externa, y también se
ha visto amenazada por una mal entendida jerarquización, precisamente por el temor reverencial hacia
quienes ocupan los peldaños superiores de la escala o
hacia sus parientes.En esa tónica, la controversia sobre el clientelismo
judicial, si se plantea con ánimo constructivo y no
como mecanismo de retaliación por actuaciones de
las cortes que no sean del agrado del Príncipe, es muy
bienvenida. Seguramente en ella, si se llega a fondo,
no nos centraremos tanto en los lazos familiares y
personales (que existen y ciertamente son una forma
de corrupción) sino que se mostrará la necesidad de
romper otras formas de compadrazgo y corrupción
aún más incestuosas y condenables, como el carácter
subordinado al ejecutivo y al propio mando castrense
de la justicia militar, el sistema de puertas giratorias
entre la Fiscalía y el ejecutivo, la falta de independencia del Fiscal General, cuya designación sale de una
terna elaborada por el Presidente de la República, los
acuerdos burocráticos entre senadores y el Procurador
nombrado por ellos, la selección por parte del Presidente de la terna entre la cual la Cámara de Representantes elige al Defensor del Pueblo, hoy conocido
popularmente como “defensor del puesto” porque su
papel, que debía ser de vocero de la sociedad y vigilante de los derechos humanos, se ha limitado a tramitar
su permanencia y reelección en el cargo.
En fin, dentro de la grave crisis institucional, de violencia paramilitar, guerrillera y estatal que vive el país
en el marco de un conflicto armado y catástrofe social, la defensa de la rama judicial y el planteamiento
de una reforma que profundice su carácter democrático y participativo, es indispensable para acercarnos
al objetivo de lograr la paz con justicia social que la
nación reclama.
41Revista BERBIQUÍEn Colombia, no obstante los avances en materia
normativa y jurisprudencial y el importante papel de
la rama judicial como reserva democrática y del Estado de Derecho, el acceso a la justicia sigue siendo
muy limitado, empezando por el hecho de que aún en
muchas partes del país los jueces y fiscales apenas sí
cumplen un papel decorativo, en tanto los conflictos
son decididos por grupos ilegales, fenómeno que un
investigador llamó los “jueces sin Estado”. Añádase
a esto que como consecuencia de las imposiciones delos organismos financieros internacionales y por el
sempiterno cipayismo de la clase dominante, los conflictos jurídicos derivados de los empréstitos y de los
contratos de obra pública más significativos, no son
conocidos por la justicia ordinaria sino por tribunales de arbitramento casi siempre operantes fuera del
país.Charles DarwinRevista BERBIQUÍAlberto Giraldo C.En una carta dirigida por Isaac Newton a Robert Hooke
en 1976, le manifestó que si había podido llegar hasta
allí en su investigación científica, ello se debía a que
lo hizo en “hombros de gigantes”. Reconoció, con la
honestidad que debe caracterizar a un buen científico, que los conocimientos aportados por antecesores
le permitieron arribar al descubrimiento de los legados que transmitió a la posteridad. Así lo reconoce,
también, uno de los mayores físicos teóricos de la actualidad, Stephen W. Hawking, en su reciente obra,
que tituló precisamente A hombros de gigantes. Allí
explica que grandes hombres de ciencia como Nicolás
Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein, elaboraron sus teorías a partir de las ideas geniales de
sus antecesores. No por simple azar, Hawking desempeña la cátedra Lucasiana de Matemáticas que otrora
ejerció el mismo Isaac Newton. Algunos precursores
de Darwin fueron su propio abuelo Erasmus, Buffon,
Lamarck, Malthus y Lyell. No es posible olvidar a Alfred Russel Wallace, contemporáneo suyo, quien llegó
a conclusiones parecidas.42Charles Darwin, denominado el Genio de la Evolución, merece el mejor de los homenajes, por ser el gigante que inició el despojo de la especie humana de
los privilegios que tenía en la naturaleza, y derribó
algunos mitos que en su ignorancia los sustentaban.
Sea el momento apropiado, por cumplirse en este año
dos siglos de su nacimiento (nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. El mismo día nació Abraham Lincoln). Éste es un pequeño y humilde
aporte como reconocimiento al legado del gran científico, y colaboración a nuestra revista del Colegio de
Jueces y Fiscales de Antioquia.
Dice el Génesis que en principio Dios creó el cielo y la
Tierra. Como todo estaba rodeado de tinieblas, hizo
la luz. Así apareció el día y la noche. También creó el
firmamento y las aguas, a las que llamó mares. Igualmente la hierba y las plantas, para que fructificaran de
acuerdo con cada especie, y los animales. Finalmente dijo: “Hagamos al hombre a imagen y semejanzanuestra; y domine a los peces del mar, y a las aves del
cielo, y a las bestias, y a toda la Tierra, y a todo reptil
que se mueve sobre la Tierra”. Luego de dar al hombre y a la mujer su bendición, les pidió crecer y multiplicarse. Acerca del origen de la Tierra y el hombre
existen numerosísimas leyendas. Por ejemplo, la diosa
Nammu, divinidad sumeria, propició el nacimiento
del cielo y la Tierra. Enlil hizo germinar de la Tierra
la simiente. Y así ad infinitum.Darwin se matriculó en 1825, en la Universidad de
Edimburgo, para estudiar Medicina. Abandonó su
idea para trasladarse a Cambridge, con el fin de ingresar en la Iglesia Anglicana como sacerdote. Pero
pudo más su gran afición a las ciencias naturales.
Tuvo la oportunidad de ser aceptado en el barco HMS
Beagle, que zarpó de Portsmouth el 27 de diciembre
de 1831. Como naturalista aficionado, ya tenía una
amplia ilustración. Su abuelo paterno, Erasmus (17311802), era médico, poeta, filósofo y botánico. Escribió
un libro, Zoonomia, or the Laws of Organic Life. Allí
planteó la transmisión hereditaria de ciertas características. Como deísta, creía que Dios creó el mundo pero se retiró para no intervenir más. Lamarck
(1744-1829), en su obra Filosofía zoológica, publicada
en 1809, adujo que las especies permanecían invariables sólo si el entorno se mantenía igual. Como ello
no ocurría, los animales se adaptaban y desarrollaban
características que legaban a sus descendientes. Por
ejemplo, la jirafa debió empezar como algún antílope,
que para alcanzar las hojas más altas tenía que estirar su cuello, órgano que fue alargando con el paso
del tiempo, y así lo heredaron sus hijos. Según él, no
eran los órganos de un animal los que originaron hábitos y facultades particulares, sino que precisamente
su manera de vivir y las circunstancias particulares
de su hábitat, con el transcurso del tiempo llegaron a
constituir “la forma de su cuerpo, el número y estado
de un órgano, y las facultades, en suma, de que goza”.
Predicó, pues, la herencia de las características adquiridas. A su esquema añadió la generación espontánea
para ocasionar formas de vida simples; para especies
más complejas, el desarrollo de nuevos órganos heredables, surgidos por la repetición de actos. De allí la
frase popular de que la función crea el órgano, y su
no ejercicio lo degenera. La teoría de Lamarck care-43Revista BERBIQUÍSegún Aristóteles, los seres vivos tenían unidad de
cuerpo y alma. Cada órgano era apropiado para ejercer
su función específica, creada por la naturaleza. Obviamente, no se conocían los procesos bioquímicos.
Si el cuerpo estaba sano, todas sus partes trabajaban
en armonía. Adujo que el hombre es un animal racional, en virtud de su intelecto, de su alma diferente a
las almas animal y vegetal, noción distinta a la introducida por Descartes. Desde Hipócrates se empezó a
decir que no era dable atribuir a los dioses la causa de
las enfermedades. Galeno dijo que ellas surgían por el
desequilibrio entre la sangre, la mucosa, la hiel amarilla y la hiel negra. En el Medioevo se consideró que la
enfermedad era un castigo por los pecados cometidos
por el paciente. Al alma se atribuyó la influencia en
el cuerpo, mas no se trató de averiguar el porqué de
tal aseveración, en forma científica. La fisiología, por
ejemplo, inició su desarrollo sólo cuando ambas ideas
empezaron a separarse. A partir del Renacimiento se
levantó la prohibición de diseccionar los cadáveres,
para determinar las causas de muerte. Aparecieron
grandes anatomistas, como Da Vinci y Vesalio, pero
sólo Descartes planteó el dualismo, y pregonó que el
cuerpo no dependía del alma, la que fue despojada
de su función vital. William Harvey, con el descubrimiento de la forma en que circulaba la sangre, le
dio su respaldo. Y Darwin, dos siglos después, con su
espíritu científico de observación, enseñó que el organismo viviente es una máquina bioquímica eficaz,
que ha funcionado en su evolución durante miles de
millones de años. La biología, la medicina, la genética,
todas las diversas ramas que de allí se derivan, han tenido como base fundamental las nociones darwinianas. Desde entonces sabemos de dónde venimos y elhumilde lugar que ocupamos en el universo, pues nos
despojó de los privilegios arrebatados a otros seres,
con los que compartimos el legado de la naturaleza
que nos rodea, quizás inferidos de textos presuntamente dictados por seres sobrenaturales creados por
el hombre para suplir u ocultar su propia ignorancia.
Pero el hombre insiste en ignorarlo.cía de pruebas experimentales. Si alguien se esfuerza
por ser un buen pintor, esa cualidad adquirida por él
no se transmite a sus hijos. Y en cuanto a las jirafas,
no podía explicar cómo aparecieron sus manchas. El
pequeño matiz introducido por Darwin satisface más:
las jirafas que nacieron con cuellos más largos podían
sobrevivir mejor que las que los tenían más corto.
Charles Lyell (1797-1875) llevó a la Geología a ser tenida como una auténtica ciencia. También Darwin se
basó en estudios de Hutton, Buffon y Cuvier. Aquél
enseñó que las rocas y formaciones geológicas son
producto de largos períodos. Una de sus obras acompañó a Darwin en el viaje, y le fue de gran utilidad
como él mismo lo confesó. Su método de observación que aplicaba a la Geología, lo tomó como referente para sus propias investigaciones. Georges Louis
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) expresó que la
Tierra fue formada por los materiales arrojados por el
sol, en choque con un cometa. Su enfriamiento progresivo determinó las etapas de su desarrollo, y su estado actual dependía de las condiciones en que operaban las fuerzas de la naturaleza. Inicialmente calculó
la edad de la Tierra en 75.000 años, cifra que después
alargó a tres millones.Revista BERBIQUÍEn cuanto al tema religioso, Darwin creía en lo expuesto por el Génesis; que cada especie animal o vegetal fue creada separadamente por Dios, y en tal estado
permanecía para siempre. Se hallaba en boga, entonces, lo expuesto por el pastor William Paley, autor de
La Teología natural, libro que también llevó consigo
Darwin. Paley trajo a colación el diseño inteligente, o
intervención de alguna deidad, y que así expuso:
“Supongamos que, al cruzar un brezal, diera mi pie
contra una piedra y se me preguntara cómo llegó a
estar la piedra allí; posiblemente podría responder
que, como no sabía nada que indicara lo contrario,
esa piedra siempre había estado allf; y tampoco sería
muy sencillo demostrar lo absurdo de esa respuesta.
Pero supongamos que hubiera encontrado un reloj en
el suelo, y se me preguntara cómo era que el reloj había llegado a ese lugar; en ese caso jamás se me ocu-44rriría dar la misma respuesta que antes: que por lo que
sabía, siempre había estado allí”.
Agregó Paley que el funcionamiento de un animal era
más complejo si se comparaba con el del reloj, y por
tanto la naturaleza debió haber sido diseñada y creada
por Dios. Este argumento convenció a muchos, como
hoy a la gente inculta, pero se ha rebatido en forma
concluyente, como lo hace por ejemplo Richard Dawkins en su obra El relojero ciego, en donde se pregunta quién diseñó entonces al diseñador. La teoría de la
selección natural lo refutó íntegramente, y con ella
la lenta desaparición de Dios como creador. Víctor J.
Stenger pregunta si acaso esa deidad hizo el diseño
con el propósito actual, en forma preestablecida, o si
la función evolucionó por combinación de accidentes
y mecanismos de la selección natural. El diseño no es
muy apropiado, por demás. Los humanos deben vivir
lo suficiente para reproducirse y criar a los más jóvenes, a pesar de su mengua vital, ya que éstos necesitan
madurar durante muchos años, lo que no ocurre en
otras especies1.
En la travesía alrededor del mundo, lo más fructífero
para Darwin fue su llegada a América del Sur. En Brasil se quedó embelesado con la exuberancia de la selva
tropical. No quería perder un minuto en algo que le
distrajera de su misión. Se preguntaba por qué la inmensa variedad de la flora y la fauna, y admiró tanta
belleza creada para tan poca utilidad; qué motivo llevaba a las conchas y corales a incrustarse en rocas, a
pocos metros de la playa, sin observar signos de alguna catástrofe. Pensó que la Tierra se había levantado
un poco del mar, y quizás una fuerza natural distinta
a un acto de la deidad pudo haberlo hecho durante un
largo tiempo, una eternidad. Así pensaba, en contra
de lo que había determinado la Iglesia Anglicana, que
la Tierra había sido creada el 25 de octubre del año
4004, antes de Cristo, exactamente un domingo. Así
lo dictaminó el arzobispo James Ussher. En Argentina recolectó esqueletos de animales, “cachivaches1. Victgor J. Stenger. ¿Existe Dios? Ed. Robinbook, 2008.inútiles” según el capital del barco, Fitzroy. Allí le comentaron que en la Patagonia había cierta ave parecida al avestruz, pero más pequeña. La buscó, en vano,
hasta que se percató de su existencia por los huesos
de un animal que habían comido. En Tierra del Fuego observó a un grupo de nativos paupérrimos, que
se habían adaptado “al clima y a los productos míseros del país”. Pensó en la diferencia entre humanos
civilizados y salvajes. Llegó a las Islas Galápagos en
1835. Sitio nada acogedor, porque estaba constituido
por campos de lava negra y escasas plantas raquíticas, entre las que se movían feos reptiles. Observó que
unos pájaros, los pinzones, eran similares en todo el
archipiélago y en el continente, y ocupaban entornos
parecidos. Recolectó numerosos ejemplares, incluso
treinta tortugas que fueron comidas en el viaje. Permaneció sólo cinco semanas. Mas la impresión que le
produjo el estudio ulterior del material recolectado, le
llevó a formular la denominada teoría de la evolución,
o el origen de las especies por medio de la selección
natural. Todavía a bordo del barco, reflexionó que los
pinzones asentados en las diversas islas diferían un
poco en su estructura, aunque ocupaban el mismo
lugar en la naturaleza, lo que le llevó a inferir que se
trataba de sólo variedades, y ello minaba la estabilidad de las especies. Pero sus reflexiones importantes
surgieron después de regresar a Inglaterra.45Revista BERBIQUÍA partir de 1837, Darwin empieza a sufrir una extraña enfermedad que le acompañaría por el resto de su
existencia, pero no mermó su interés en la investigación que se había forjado. Puso en orden los numerosos especímenes recolectados, y los envió a otros
estudiosos para obtener ayuda en su clasificación.
Uno de ellos, el ornitólogo John Gould, advirtió que
las distintas variedades de pinzones eran especies distintas, aunque muy parecidas. Por tanto, si llegó una
sola especie a las Galápagos, su dispersión por las islas
y el aislamiento geográfico la llevó a formar otras especies. En carta al botánico Joseph Dalton Hooker, en
1844, le confió que el estudio de los cirrípedos (crustáceos hermafroditas, sin ojos, viven libres en su fase
larvaria y parásitos o fijos en su estado adulto), le dio
las primeras pruebas de un desarrollo paulatino de lasespecies. Darwin se convenció, entonces, de que los
seres vivos no fueron creados tal como existían en ese
momento, sino que tuvieron un origen lejano común.
Pero admiraba su gran proliferación, y continuamente se preguntó acerca de lo que generaba esas mutaciones, que parecían surgir para vivir adecuadamente
en el entorno en que medraban. Conocía las mejoras
obtenidas por los agricultores en sus cultivos y en sus
animales domésticos, pues elegían los mejores individuos para lograr superiores resultados, lo que bien
podía ocurrir en la naturaleza, sin la intervención de
alguna deidad. Sabía suficientemente lo enseñado por
su abuelo y por Lamarck, y los ataques virulentos de
sus detractores, por atreverse a desafiar la opinión
dominante, o sea la estabilidad de las especies. La respuesta la obtuvo cuando leyó el Ensayo sobre el principio de la población, de Thomas Malthus, en septiembre de 1838. Según éste, la población humana tiende
a crecer más rápidamente que los recursos de queRevista BERBIQUÍdispone para alimentarse. Dedujo que la escasez era
precisamente la clave. Por tanto, las variedades más
adaptadas a las exigencias del entorno podrían sobrevivir para transmitir sus cualidades a la siguiente
generación. Es la teoría de la evolución por selección
natural, el gran aporte de Darwin a la ciencia. Parecía tan fácil, tan lógico de inferir, que hizo exclamar
a Thomas Huxley: “Qué increíblemente estúpido no
haber pensado en ello”. Y de ahí en adelante se convirtió en el gran divulgador de las ideas darwinianas.
Sabemos que la mayoría de las especies engendra
más descendientes que los requeridos para sustituir
a sus padres. Las copias de los seres replicantes son
levemente inexactas, en lo que interviene el azar. Los
recursos ilimitados y los descendientes deben competir entre sí, en una verdadera lucha por la existencia.
Los levemente mejorados serán mayoritarios, si bien
esa característica no tiene finalidad trascendente, es
local, oportunista y pasajera. Es la selección natural,
que escoge a los individuos con cualidades ventajosas,
y puede adaptarse mejor al entorno. Evolucionan, se
ramifican y llegan a desaparecer. Las imperceptibles
variaciones les brinda alguna ventaja en la lucha por
la supervivencia, o reducen esa posibilidad frente a la
competencia. De allí la búsqueda de nichos ecológicos
que les ofrezca algún provecho. En ese largo proceso,
que dura millones de años, surgen los órganos que
permiten un desempeño eficaz. Las manos, las alas, el
cerebro, los ojos, los mecanismos para la circulación
de la sangre o de la savia, son otras tantas maravillas
que desarrolla la naturaleza en el proceso evolutivo
Ella misma es la diseñadora inteligente. Algunos casos, sin embargo, parecen no tener explicación plausible. Las cornamentas abundantes de los ciervos y
alces, por ejemplo, limitan sus movimientos en la maraña de los bosques. Parece que las hembras valoran
esos rasgos al elegir pareja, lo que Darwin denominó
“selección sexual”. Concluyó que los seres vivientes
poseemos un origen común, somos parientes, y nuestros recientes antepasados son los simios. En síntesis,
la evolución predica que todos los seres vivos provienen de uno solo o pocos ancestros primitivos.46En 1839 Darwin contrae matrimonio con su prima
Emma Wedgwood. Al año siguiente publica El viaje del Beagle. Sus ideas evolutivas ya le habían llevado a cuestionar sus dogmas religiosos. Entre 1850 y
1851 leyó escritos de Francis William Newman, quien
no fue aceptado como profesor en la Universidad de
Oxford por haberse negado a firmar los Treinta y
Nueve Artículos del Anglicanismo. Éste llegó a una
intensa creencia religiosa, pero rechazó los dogmas
tradicionales de recompensa o castigo ulterior por
actos terrenales. Darwin terminó como un escéptico
en esa materia, como su abuelo, pero no abandonó totalmente las referencias a un Dios creador. En abril
de 1851 falleció su hija mayor, Annie, a quien amaba
intensamente. Esto catalizó sus dudas, pues perdió su
creencia personal en un Dios solícito. Pero evitó cualquier referencia en sus escritos, máxime que la férrea
tenaza moral de la era victoriana así lo imponía, factor éste que también retardó la presentación pública
de sus ideas evolucionistas. En 1856 Darwin empezó
a escribir, pero no haría alusión al hombre, porque tal
sacrilegio provocaría una reacción de graves consecuencias en la timorata sociedad, y faltaban algunas
conclusiones, como la conquista de nuevos terrenos
por las diversas especies, y el parentesco que indudablemente presentaban con otras ubicadas en terrenos
distantes. Hizo numerosos experimentos, por ejemplo para comprobar el desplazamiento por el corrosivo ambiente marino, la germinación en las heces de
las aves: hibridación, etc. Su espíritu crítico y exigente
no se conformaba con indicios, y se convirtió en un
infatigable buscador de los detalles que completaran
su teoría. Ello explica en gran parte su retraso para
hacer conocer del público sus ideas.
En mayo de 1858 llegó a Darwin un paquete enviado
por su amigo, el naturalista Alfred Rusell Wallace, que
contenía un manuscrito de veinte páginas, para que lo
revisase y enviara a una revista científica. Lo leyó con
asombro, puesto que el remitente exponía ideas que
podían explicar el misterio del origen de las especies
y surgimiento de variedades en su lucha por la existencia. Tenía que apresurarse, pero no trató de ocultar
el escrito. En una reunión de la Línnean Society fueleído, además de apuntes privados de Darwin. El 2 de
noviembre de 1858 salió a luz el primer ejemplar de su
obra magna. La edición de 1.250 ejemplares se vendió
inmediatamente. Todos querían saber el cambio del
antiguo aspirante a ministro anglicano al mundo de
la herejía, o deseaban ridiculizarlo. Pío IX respondió
en 1864 condenando la modernidad, y enumeró los
“ochenta principales errores de la época, entre ellos
la evolución, el liberalismo, etc. Wallace admitió, con
humildad, que él no hubiera podido presentar en forma tan convincente la teoría. Otros críticos, despojados de fanatismo, lo admiraron. En 1864 recibió el
máximo galardón de los naturalistas. Darwin no asistió, tal vez porque se le homenajearía por sus méritos
como naturalista, no por su libro. En ese momento
empezaba otro escrito, referente al origen del hombre.
También se dedicó a la botánica. Falleció eI 19 de abril
de 1882, sepultado en la Abadía de Westminster. Parece que el denominado mal de chagas2, contraído durante su viaje en el Beagle, lo llevó a la tumba. Darwin
quería que su cadáver reposara en su aldea adoptiva
de Downe, pero Thomas Huxley y otros amigos influyeron para que finalmente fuera llevado al sitio qu~
merecía, cerca de la tumba de Newton.
Los planteamientos de Darwin también originaron interrogantes, cuya solución los fue acreditando
como la teoría más adecuada. Uno de ellos era que
el darwinismo no tenía explicación apropiada acerca
de la forma en que se transmitían los caracteres a los
descendientes. En 1865, el monje agustiniano Gregor
Méndel publicó un breve pero importantísimo escrito, Experimento en híbridos de plantas. Describió sus
observaciones en el cruce de guisantes, y demostró
que las unidades de la herencia no estaban sujetas a
variar durante la vida del individuo, y se transmitían
intactas a los descendientes. Es decir, no se heredabanEs indudable que nuestro cerebro es resultado de la
evolución, acerca de lo que reflexionó Darwin durante
muchos años, pero no se atrevió a publicar sus notas
acerca de tema tan abstruso para la época. La Tierra ha
existido durante 4.500 millones de años. Los gérmenes
de la vida aparecieron 900 millones de años después.
La primera división de tipos básicos son las células
eucariotas (con núcleo) y procariotas (sin núcleo), y
podían estar en cualquier hábitat. En las primeras está
la ameba y el hombre, cuyo organismo está compuesto
de más de 200 células diferentes, encargadas de formar
el cerebro, hígado, ojos, corazón, etc. En el desarrollo
de las eucariotas (al parecer formadas por la colaboración de bacterias distintas, en efecto simbiosis, como
lo presenta Lynn Margulis) se ha pasado por un sinnúmero de seres, hasta llegar a los animales, plantas
y hongos. A pesar de su diferencia, todos tenemos un
origen común, como se ha recalcado, aunque las plantas se alejaron al principio de este proceso evolutivo.
El género Homo surgió en Etiopía, hace unos 2.5 millones de años, y coincide con la aparición de las primeras piedras talladas. Especies posteriores de Homo,
el Hábilis y el Erectus, tenían cerebros más grandes. El
primero desapareció, y el segundo pudo desplazarse a
grandes distancias. Fue el primero que salió de África,
hace menos de dos millones de años. Se llega al Homo
sapiens, hace menos de cien mil años. Cada ola migratoria desplazó a la anterior, por su capacidad cerebral,
o la remplazó parcialmente. En resumen, los humanos
y chimpancés eran los mismos hasta hace unos seis
millones de años, cuando tomaron sendas diferentes.
Aparecieron los Australopitecus, y finalmente el primer Homo, cuya capacidad cerebral se fue aumentando paulatinamente.47Revista BERBIQUÍ2. Meter Medawar, premio Nobel de Medicina, hace valiosos comentarios acerca de la enfermedad de Darwin en su obra El caso
extraño de los ratones moteados. Allí también hace una crítica
implacable aTheilard de Chardin por su obra El fenómeno humano, en la que plantea un abstruso evolucionismo hacia la conciencia
universal, el Punto Omega, o sea Dios.las características de los padres sino su disposición a
manifestar ciertas particularidades; eran combinables, pero sus efectos no podían mezclarse. Ninguna
importancia se le dio hasta 1900, cuando el científico
británico William Bateson, quien inventó el término
“genética”, reconoció que las leyes de Mendel explicaban mejor que sus puntos de vista el importante
asunto. Así se inició, pues, el importantísimo campo
de la genética.Revista BERBIQUÍAntes de emerger las células relacionadas en el acápite anterior y las famosas moléculas de información
denominadas ADN, debió iniciarse un proceso en la
materia inerte y finalizó en materia viva. Alejandro
Oparín publicó una obra en 1924, que tituló El origen
de la vida. Dijo que en los océanos aparecieron proteínas y otras sustancias análogas. En un largo proceso
químico, su estructura se fue perfeccionando, hasta
su conversión en seres vivos, que en principio carecían
de estructura celular; luego se convirtieron en unicelulares y más tarde en pluricelulares. Es un concepto
de evolución química. Francis Crick y James Watson
anunciaron en1953, en Cambridge, que habían descubierto el secreto de la vida, la doble hélice del ADN,
o sea la causa última por la cual los seres vivos pueden replicarse, al sacar copias muy aproximadas de sí
mismos. El mismo año, Stanley Miller y Harold Urey
demostraron que los componentes básicos de los organismos vivos podían formarse espontáneamente en
el laboratorio, utilizando solamente agua, metano y
amoníaco, los que reunidos en un recipiente fueron
pasados por una corriente eléctrica durante una semana. Surgieron aminoácidos y elementos básicos de
la vida que se sintetizan en las proteínas. Javier Sampedro, doctor en genética y biología molecular, indica
que la clave de la vida está en el código genético, que
evolucionó a partir de la materia inerte. Aunque es
sinónimo de ADN, se concreta en “el sistema de reglas que transforma el lenguaje de ADN al lenguaje
de las proteínas.3 Otras teorías ubican su principio en
la tierra dentro de charcas de agua, manantiales que
surgen del fondo marino, etc. Incluso, en 1906 Svante Arrhenius dijo que la vida nos llegó de otros planetas por medio de cometas y meteoritos, en los que
había esporas o gérmenes. Es la teoría conocida como
“panspermia”.to a las leyes naturales. Contrariando a William Paley,
Richard Dawkins enseña que la selección natural es
un relojero ciego, porque no ve ni prevé el futuro, ni
tiene propósito determinado. Pero sus resultados son
abrumadores, como si realmente hubiese un designio
detrás de todo ello, con una planeación lenta, bella y
compleja pero impresionante.4 El 90 por ciento de los
estadounidenses afirma no haber dudado de la existencia de Dios, y serán llamados a responder por sus
pecados; el 53 por ciento son creacionistas, y cree que
el universo tiene seis mil años de antigüedad; el cuarenta y cuatro por ciento cree que Cristo volverá en
menos de cincuenta años para juzgar a los vivos y a
los muertos. Sólo el doce por ciento cree que la vida ha
evolucionado sin causas sobrenaturales. Y en 1984, el
presidente Ronald Reagan se mostró muy interesadoA pesar de la solidez de los principios darwinianos y
su comprobación por el desarrollo científico ulterior,
muchos siguen admitiendo el creacionismo, al estilo
del Génesis, de un ser con designio inteligente distin-3. Reconstruyendo a Darwin, Ed. Drakontos, 2007, p. 254.484. The Blind Watchmaker.en la profecía bíblica, referente al poco tiempo que faltaba para el Armagedón.5 No es de extrañar que también consultara a un astrólogo para diferentes asuntos. La derecha fundamentalista norteamericana, a la
que pertenece George W. Bush, fue decisiva para su
triunfo electoral, y sostiene la creación del universo
en siete días.65. Dios no existe, Christopher Hitehens, Debate, 2009, p. 486
6. Ver El mundo secreto de Bush, de Eric Laurent.Pío XII admitió a regañadientes la teoría evolucionista, en la encíclica Humani Generis de 1950. Los católicos podían aceptarla para su cuerpo, como una mera
hipótesis, por demás peligrosa, pero no en cuanto a
su alma creada directamente por Dios. Juan Pablo II,
medio siglo después, confesó que los adelantos científicos estaban a favor de la evolución.
La vida deja trazas en las rocas y en el genoma. La
palabra fósil se aplica a los restos y huellas de organismos con antigüedad superior a diez mil años. Los
fósiles constituyen prueba esencial para la teoría de
la evolución. Antes de Darwin se aventuraron numerosas hipótesis. Unos dijeron, con base en el diluvio
universal, que constituían prueba de los ahogados.
Aristóteles manifestó que eran evidencia de la creación a partir del lodo; algunos organismos no quisieron despertar a la vida, y permanecieron ocultos en
el suelo. Otros aludieron a experimentos malogrados
de la naturaleza. No faltó quién adujera que el mismo
Dios los había esparcido en la Tierra para probar a
los que dudaban de su autoría en la creación. Cuvier
reconstruyó el esqueleto de un megaterio, y demostró que los fósiles podían rehacerse para comprobar
la existencia de animales extinguidos. En fin, como
lo expresó Demócrito, y se ha enseñado por la ciencia,
todo lo que existe en el universo es fruto del azar y
la necesidad. Jacques Monod, médico y biólogo, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965.
En 1970 publicó su obra más conocida, El azar y la
necesidad. Dijo que la naturaleza no se proyecta, no
tiene finalidad, es objetiva. Un cuchillo, por ejemplo,
ha sido creado para algo. Allí se pregunta si es posible
definir, por criterios objetivos y generales las características de los objetos artificiales, hechos con alguna49Revista BERBIQUÍWilliam Jennings Bryan fue candidato demócrata a la
presidencia de los Estados Unidos y ganó su primera
nominación en 1896. Su visión progresista inicial se
transformó en populismo rampante, y hoy se le recuerda más por el juicio contra John Scopes en Dayton, Tennessee, en 1925. Scopes era un librepensador
que sustituyó al profesor de biología temporalmente
en su cátedra. Se encargó de los capítulos referentes a
la evolución, y fue acusado de enseñar teorías distintas al creacionismo. En ese momento regía una norma
legal antievolucionista en Tennessee. Bryan concurrió
al juicio como testigo versado en tales asuntos, y en su
discurso negó que los humanos fuesen mamíferos; incluso, admitió que días de la creación pudieron durar
más de 24 horas. Sin embargo, el juez no aceptó recibir declaración a científicos eminentes, puesto que
Scopes sólo iba a ser juzgado frente a la norma, y los
testimonios resultaban irrelevantes. En síntesis, Bryan
quedó en ridículo, pero Scopes fue condenado a multa de cien dólares, por enseñar temas prohibidos. Tal
decisión fue anulada, porque el juez podía imponer
multa hasta de cincuenta dólares, y de allí en adelante
correspondía a un jurado. No se logró la finalidad de
la defensa, para que la teoría de Darwin fuera reconocida, y el creacionismo siguió campante, pidiendo
escuelas en las que no se enseñara la evolución. En
1968, una profesora de Arkansas, Susan Epperson,
impugnó un decreto similar ante el Tribunal Supremo, y logró su cometido. Arkansas y Louisiana aprobaron, a finales de 1970, leyes en las que se otorgaba
igual tiempo a la enseñanza de ambas posiciones. La
norma de Arkansas fue impugnada en 1981. En 1982el juez federal William R. Overton la declaró inconstitucional, decisión no recurrida. Otro juez invalidó la
ley de Louisiana, pero el caso fue apelado ante el Tribunal Supremo, en donde fue confirmado. Stephen
Jay Gould, eminente paleontólogo, divulgador de la
ciencia y profesor en la Universidad de Harvard, fue
uno de los seis testigos llamados como expertos. Hace
un relato de lo ocurrido en su obra Ciencia y religión.finalidad, por oposición a los objetos naturales, resultantes del mero juego de fuerzas físicas. Deben tenerse en cuenta los criterios de regularidad y repetición.
Alude a propiedades más generales que caracterizan a
los seres vivos, y los distinguen del resto del universo,
como son la invariancia y la teleonomía. La primera
es, simplemente, la capacidad de reproducir una estructura de alto grado de orden; es decir, la cantidad
de información que, “transmitida de generación en
generación a otra, asegura la conservación de la norma estructural específica.7 La teleonomía es el plan, la
finalidad, como parte de un proyecto más general, y
la define como “la transmisión, de una generación a
otra, del contenido de invariancia característico de la
especie”. Concluye, después de un análisis pormenorizado del tema, que las estructuras de los organismos
obedecen a la ley general del azar.Revista BERBIQUÍDesgraciadamente, la teoría evolucionista así planteada se ha distorsionado. Por ejemplo, el darwinismo
social afirma que la competencia de los seres humanos es la forma natural de conducta; por tanto, es
moralmente legítima y útil para la humanidad. No
entiende el significado de lucha por la vida, que es un
proceso de adaptación. Y de un hecho natural no puede inferirse que también sea moralmente legítimo. Tal
posición ha servido de fundamento al colonialismo;
sus seguidores se oponen a la ayuda estatal a las clases7. Tusquets, 2000, p. 23.50menos favorecidas, porque ello interfiere en la selección natural. Los nazis, los racistas y xenófobos traen
argumentos similares para los genocidios y persecuciones, en aras de la supervivencia del más apto. De
allí que la evolución, entendida en su exacto contenido, lleve en sí un mensaje ético para la verdadera
comprensión de nuestro ser en el mundo. Nadie puede afirmar que es superior a los demás por razones
biológicas, porque todos tenemos un origen común,
pertenezcan o no a determinada etnia, religión, partido político, etc. Monod propugna por hallar la fuente
de la verdad y la inspiración moral de un humanismo
socialista y científico, que se halla en la misma ciencia,
en la ética que funda el conocimiento, valor supremo
y fundamento de los demás valores. Por lo demás, el
hombre ha evolucionado hasta ser el gran depredador
de la naturaleza, y ha transformado los ecosistemas,
actividad que al final redundarán en su contra, quizás
para llevarlo a su propia extinción.
Detlev Ganten y otros. Vida, naturaleza y ciencia. Ed. Taurus.
Javier Ordóñez y otros. Historia de la ciencia. Ed. Espasa. 2004.
John Dupré. El legado de Darwin. Katz editores. 2006.
Carl Sagan. El mundo y sus demonios. Planeta. 2003.
Peter Dawkins. The Selfish Gene. Oxford Universíty Press. 2006.
John J. Medina. El reloj de la edad. Drakontos. 1997.Panorama literario de
Vicente Torres MariñoSi se debiera definir el pensamiento y la obra de Marguerite Yourcenar en breves palabras, tres de ellas se
impondrían al espíritu del lector familiarizado con
sus libros: erudición, sabiduría, marginalidad.En lo que respecta a la marginalidad, siempre han
existido dos clases de seres humanos: aquellos que
se construyen gracias a la confrontación —a menudo
dolorosa— entre la experiencia vital y el conocimiento, entre la soledad y el tráfago del mundo. Ellos logran desarrollar sus propias leyes de gravitación desde las cuales replantean comportamientos y legados
ancestrales. Y existen quienes giran alrededor de los
anteriores, satélites que no alcanzan a generar un recorrido propio y los cuales se nutren parasitariamente de logros ajenos. Estos últimos, mayor en número,
conforman la doxa, la voz pública, que desde la noche
de los tiempos anatematiza, juzga y destruye. Varios
personajes yourcenarianos —Lina Chiari, Ana de la
Cerna, Zenón, Nathanael, entre otros— pertenecen al51Revista BERBIQUÍSin haber frecuentado establecimiento educativo alguno —y tal vez por ello—, el profundo conocimiento
que Yourcenar tiene de la historia, de la filosofía y de
las religiones porta el sello de la universalidad. A este
conocimiento es necesario añadir el de las lenguas: su
primer y gran preceptor, Michel de Crayencour —su
padre— la inició desde la infancia en el estudio del
inglés, del latín y del griego, gusto que ella ampliaría
hacia el italiano, el japonés y el punjabi; de estos dos
últimos, junto con el inglés, realizaría traducciones al
francés. En cuanto a la sabiduría, Yourcenar opta por
el eclecticismo y es así como la trascendencia inherente a la materia propia del budismo zen, o la sexualidad
como forma de acercamiento a lo sagrado —según el
tantrismo—, o la serena decisión del suicidio dictada por los estoicos, se convierten en herramientas de
construcción literaria. Por otro lado, la primera mujeren ser admitida en la Academia Francesa de Letras en
1981 desenmascaró el antiguo y sangriento juego de
las religiones del libro —a las que denomina las tres
imposturas— manchadas por la ansiedad de poder y
responsables en gran parte, por su abusivo antropocentrismo, de la destrucción del planeta.primer grupo y se convierten, de alguna manera, en
extraños para el mundo. El gran principio de autonomía que rige a las criaturas de Yourcenar se encuentra
expuesto en Recordatorios, el segundo libro del tríptico genealógico El laberinto del mundo:Revista BERBIQUÍActuar y pensar igual que todo el mundo no constituye nunca una recomendación; no siempre es una
disculpa. Existe, en cada época, gente que no piensa
igual que todo el mundo, es decir que no piensa como
aquellos que no piensan. (p. 75)Esta penumbra luminosa de la marginalidad irradia,
a la manera de un sombrío sol, todos los géneros que
la autora francesa practicó, comenzando por la novela: ya en Alexis o el tratado del inútil combate (1929),
el joven pianista austro-húngaro
—el personaje central— abandona un matrimonio de conveniencia para seguir la vocación
de sus inclinaciones sexuales,
desafiando así la pesada máquina institucional y moral reinante a principios del siglo XX en
materia de religión y de gustos
sensuales: “Todo, hasta una tara,
puede tener sus ventajas para un
espíritu lúcido; nos procura una
vista menos convencional del
mundo”, afirma Alexis (p. 147).
Por otra parte, en Memorias de
Adriano (1951), a pesar de que
el ejercicio del poder limita la libertad del emperador, éste acaricia el sueño de no poseer identidad cultural alguna, ya que este
tipo de arraigos —nacionalistas, políticos, religiosos— suele
coartar libertades y es fuente de
violencia: “Estar solo, sin bienes,
sin prestigio, sin ninguno de los
beneficios de una cultura, exponiéndose en medio de hom-52bres nuevos, entre azares vírgenes ... “ (p. 46). Pero el
personaje que lleva a sus máximas consecuencias su
oposición a la doxa y a las instituciones es un médico
alquimista de la opresora Europa flamenca del siglo
XVI, en la novela Opus nigrum (1968). Se trata de Zenón, cuyas posturas científicas, políticas, religiosas y
morales terminan por llevarlo a la hoguera: él contradice la teoría eclesiástica reinante sobre la diástole y
la sístole, desvela las manipulaciones de príncipes y
canónigos que enmascaran mal su ambición de poder y de gloria; la negación del alma y la acusación
de sodomía terminan por perderlo. Para escapar del
fuego inquisitorial recurre al suicido, obra maestra
que encarna su saber médico y le señala el camino hacia la libertad. Antes de morir, es descubierto por el
guardián de la prisión de Brujas: “Un momento antes,
el agonizante se hubiera aterrorizado ante la idea de
ser tomado y obligado a vivir y a
morir unas horas más. Pero toda
angustia había cesado: era libre.”
Por otra parte, Marguerite Yourcenar practicó ampliamente la
escritura crítica como lo testimonian sus cuatro libros de ensayos, A beneficio de inventario,
El Tiempo, gran escultor, Peregrina y extranjera y Una vuelta por
mi cárcel. La autora aborda en
ellos problemáticas contemporáneas por intermedio de “paseos”
eruditos a través de los tiempos.
Valga como ejemplo el estudio
que ella hace del mundo político de los emperadores romanos
en el ensayo de A beneficio de
inventario, los rostros de la historia en la Historia Augusta y
los nexos que establece entre los
emperadores romanos y algunos
estadistas del siglo XX, para demostrar que los desmanes y lacrueldad son, en todo lugar y en cualquier época, inherentes al poder político:
Las caóticas aventuras de la Historia Augusta se prolongan hasta nuestros días, hasta Hitler librando sus
últimas batallas en Sicilia o en Benvenuto como si fuera un César Romano Germánico de la edad Media, o
hasta Mussolini, a quien mataron cuando huía y después colgaron por los pies en un garaje de Milán, con
lo mal murió en el siglo XX con una muerte digna de
un emperador del siglo III. (p. 35)su minotauro?), el abuso del poder (Electra o la caída
de las máscaras), o el drama de la muerte (El misterio
de Alcestes). En cuanto a la poesía, con la cual Yourcenar inicia en su adolescencia el ejercicio de la escritura, fue el género menos practicado, tal vez el más
rechazado por la autora misma. Y sin embargo, los
temas que allí se abordan vaticinan obras posteriores,
como es el caso del poema en el que anuncia, en Les
Dieux ne sont pas morts (1922), el advenimiento de
Adriano a través de su favorito Antínoo:
ApariciónTal vez el único género que Yourcenar no practicó fue
el de la autobiografía, en parte por su pudor de hablar
de ella misma, en parte por la dificultad que este tipo
de empresa literaria representa. En su lugar, escribe el
tríptico El laberinto del mundo, memorias familiares
que se extienden durante cuatro siglos, con algunas
incursiones en los tiempos en que el hombre no había aún hecho su aparición sobre la Tierra. En esta
trilogía la autora aborda la historia de Europa, hace
un balance de las vicisitudes políticas y sociales que
gestaron la modernidad y señala recurrentemente, de
forma premonitoria, la descontrolada reproducción
humana como una de las causas directas del agotamiento del planeta, y el maltrato hacia los animales
como el origen de la crueldad ejercida sobre nuestros
semejantes. Al evocar, en Recordatorios, la maternidad de su abuela materna, Yourcenar escribe:
La fertilidad de Matilde, vista bajo cierto ángulo, recuerda a la floración superabundante de árboles frutales atacados por la herrumbre o por parásitos invisibles, o a los que un suelo empobrecido no consigue ya
alimentar. La misma metáfora puede aplicarse quizá
a la indebida expansión de la humanidad de hoy. (p.
159)A la hora en la que los remos y su fuerte batir de alas,
Hacen temblar la sombra clara al resplandor del viejo
Sólo, el tibio beso de la claridad fiel
Consolaba la estatua de gesto tranquilo y puro.
Los siglos han destruido aquella imagen mística
y empañado el candor del mármol deslumbrante.
¿Qué importa...? Veo de nuevo al bello Adolescente:
Sube lentamente las gradas del pórtico,
Y posando sus pies desnudos sobre la arena bermeja,
Vuelve a la vida por un instante y avanza hacia al
Yourcenar, Marguerite, Recordatorios, traducción de Emma Calatayud, Alfaguara, 1984.
Yourcenar, Marguerite, Alexis o el tratado del inútil combate, traducción de Emma Calatayud, Alfaguara, 1977.
Yourcenar, Marguerite, Memorias de Adriano, traducción de Julio Cortázar, Buenos Aires, Ed. Suramericana, 1955.
Yourcenar, Marguerite,Opus nigrum, traducción de Emma Calatayud, Alfaguara, 1995.
Yourcenar, Marguerite, Les Dieux ne sont pas morts, Sansot,
1922.53Revista BERBIQUÍOtros géneros literarios que Yourcenar abordó en menor grado fueron el teatro y la poesía. El primero, de
factura esencialmente griega, constituye una visión
moderna a través de la cual la escritora denuncia crípticamente la persecución a minorías (¿Quién no tieneEn la galería donde sueña su inmortal juventud,
El efebo Antínoo en los jardines de Tíbur
Vio, entre los despojos de las piedras,
Las zarzas bajo el impasible azur.YacijaRevista BERBIQUÍElda Patricia CorreaLisandro se removió fatigado entre las sábanas, con
un cansancio hace años olvidado, pero que ahora rememoraba era el propio de las madrugadas en las que
el cuerpo agradecía las dulzuras de la pasión. No saltó
de la cama inmediatamente, como era su costumbre
desde la mañana siguiente al nacimiento de Lucía;
día que decidió no volver a dormir en la cama con su
esposa y por esto organizó un cuarto al final del corredor, en una habitación amplia, amoblada con una
cama dura, de baldaquín dorado, una mecedora para
las horas de lectura, el espejito, el aguamanil, la correa
para asentar la barbera de la afeitada diaria, un escaparate y la mesa de madera en la que despachaba sus
negocios y hacía las cuentas del ganado y las cosechas.
Ese mismo día en que abandonó la cama y con ello el
sexo de su esposa, decidió también, para ahorrar salidas a la calle y como el cuarto lindaba con el balcón,
frente al marco de la plaza, construir una escalera
que ponía los domingos de la acera al balcón y, con la
mesa de las cuentas arrimada a la puerta, atender a los
peones desde su habitación.54A Lisandro, quien desde que vio los ojos de Lucía, negros y profundos como lagos, en los que su corazón
se perdió con un escalofrío, por lo parecida que era la
carne de la criatura a la dulzura del seno de la abuela.
Los arreglos para atender sus negocios desde la habitación permitieron a Lisandro no apartarse más de la
niña, disfrutó de los gorjeos cuando ella aprendió a
hablar, de sus primeros pasitos vacilantes por el patio central lleno de azaleas. Más adelante le permitió
contar con tiempo para jugar con ella a la casita, con
unos pocillos pequeñitos que se perdían en las manazas de Lisandro, cuando él hacía de papá y la niña de
mamá que le servía la comida en su vajillita de baquelita azul.
“Hasta antinatural será que un hombre juegue a las
muñecas como una mocosa” decía Blanca, quien cada
vez estaba más aislada en esa vida en la que su esposo apenas le hablaba lo necesario para determinar el
rodaje de los asuntos domésticos. Pues desde el mismo momento del nacimiento se había generado entre
padre e hija una relación tan excluyente, que él era elúnico de quien la niña recién nacida se dejaba bañar,
cambiar el pañal o dar el tetero; cualquier persona,
pero de manera particular la madre, provocaba que
la niña prorrumpiera en un llanto desolador al que
se unían los terneros en los establos y cortaba la leche
La relación se estrechó con el paso de los años, la niña
y el hombre que la seguía solícito por cuartos, patios
y corredores, hablaban en jerigonza para no ser entendidos por Blanca ni por la servidumbre de la casa
o los peones, a quienes encontraban en sus recorridos
por los potreros, cuando Lucía, amazona a hombros
de su padre, corcel de brincos y relinchos, aprendía de
vacas, cosechas y herrería; nada disolvió esta unión
de almas. Cuando fue hora de empezar a estudiar, Lisandro en persona la matriculó en el colegio de las
monjas a la salida el pueblo y diariamente la llevaba
a clases y la recogía, aun al comienzo de la pubertad,
edad en la que otras niñas prefieren a sus amigas y se
alejan de los padres. Lucía permaneció fiel al amor
paterno y sólo departía con sus compañeras de clase en los recreos, para contarles de los viajes maravillosos que haría en el futuro con su padre, de las
historias que él le narraba sobre amores románticos
de la literatura, con heroínas tristes que morían por
un amor imposible. Las tareas eran compartidas con
Lisandro, en la mesa junto al balcón y había que ver a
ese hombre rudo y silencioso en el día, deshacerse en
risas y arrumacos con la muchacha, cuando se les iba
un punto en la labor de costura o el dibujo de un ángel para el cuaderno de religión parecía un gallinazo
estrellado contra el papel cuadriculado.amorosamente cultivaban Lisandro y Lucía. Habían
sembrado desde hacia tiempo, cuando Lucía apenas
tenía cinco años, un San Joaquín de flores rojas, grandes y lustrosas que a la madre le parecían ostentosas,
impúdicas, demoníacas por sus colores irisados y ese
sexo floral vergonzosamente expuesto en medio del
cáliz traspasado por el estambre, eso no era una flor
ni una alegoría, era sexo explícito que no debía ser
visto por los ojos de la niña. Pero como el padre hacía
todo lo que la muchacha dijese y ella quiso un San
Joaquín, nada pudo opinar doña Blanca, quien sabía
bien del carácter impúdico de la flor, porque se lo habían enseñado las monjas al advertirle que esa planta
debía ser desterrada de los jardines decentes y sólo se
cultivaba en casas de lenocinio.
El San Joaquín fue multitud de veces motivo de discordia, por el amor que le profesaban Lucía y LisandroRevista BERBIQUÍBlanca apenas miraba a distancia los progresos que
hacía en la vida su hija; una extraña, una rival. La
niña se dirigía a ella como “doña Blanca”, en las pocas conversaciones que sostenían a la hora de la comida, cuando el ambiente era tenso, plagado de celos,
críticas y reclamos por parte de la madre y de risitas burlonas y palabras sobreentendidas entre padre
e hija. Casi imposible era sostener una conversación
completa, de manera particular desde el día en que
a Blanca se le ocurrió criticar el jardín del patio que55y por la multitud de oportunidades en las que Blanca
intentó quemarlo, cortarlo, arrancarlo, descubierta
oportunamente por su esposo, quien defendía el arbolito como si fuera su hijo. Y entonces en la noche
que seguía a cada intento de Blanca por acabar con
el San Joaquín, Lucía la miraba con sus profundos
ojos negros y le expresaba con ese solo gesto todo su
fastidio, su desprecio, le decía con la mirada cuánto le
estorbaba para la felicidad de ella y de su padre, que
hubiese sido completa sin la existencia de la madre.
Inútil, pues ya había cumplido con su papel: traer a la
vida a Lucía.Revista BERBIQUÍLa mañana en que Lisandro despertó con el cuerpo
molido por la pasión, escuchó desde su habitación rumores en los corredores, como de gente que entraba
y salía de la casa. Se vistió despacio, con la guayabera
bordada de las ceremonias y se dispuso a bajar al comedor para el desayuno. Cuando pasó por el cuarto
de Lucía lo vio abierto de par en par, lleno de rosas y
con una extraña luminosidad. Pensó que nunca lo ha-56bía visto así y luego recordó que solía tener ese brillo
cuando era el cuarto de su madre, antes de que él se
casara con Blanca, y que la sombra de su madre desapareciera definitivamente de la casa. El reloj de péndulo del corredor dio las diez, “demasiado tarde para
desayunar”, pensó, y siguió hacia la escalera. En el
primer tramo sintió el golpe de un olor a cirios y flores que venía de la sala, se aproximó a las puertas del
salón y en medio de cuatro cirios vio la caja cubierta
con el velo blanco que se usa cuando muere una virgen. No necesitaba ver más, se dirigió al jardín, cortó
del San Joaquín la flor más grande y brillante, la puso
en un vaso, la llevó a su cuarto y se sentó en la mecedora a leer; esperaría con calma para regalar la flor a la
sombra que desde la noche anterior lo acompañaba en
su lecho, con ese amor que lo arrobaba desde quince
años atrás o tal vez desde mucho tiempo antes. Durmió toda la tarde, recordó confundidos los requiebros
de Lucía su madre, los ojos negros de Lucía su hija y
sintió de nuevo, al despertar, el cuerpo cansado como
en la mañana, como en su lejana adolescencia.colaboran en este número:Alberto Giraldo
Procurador Regional de Antioquia y Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
Juez 1 Penal del Circuito de Itagüí, abogada de la Universidad de Medellín, Especialista en
Derecho Penal de la misma universidad.
Abogado y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Docente universitario. Actual Juez Primero Civil del Circuito de Envigado (Ant.).
Abogado y Psicólogo, Universidades Autónoma Latinoamericana y Antioquia, respectivamente. Magistrado Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Ex Juez
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín. Especializado en Derecho Empresarial, Derecho
Administrativo y Derecho de la Seguridad Social. Autor La oralidad laboral, Editorial Leyer.
Abogado. Nacido en El Líbano (Tolima). Defensor de derechos humanos. Ex-magistrado
auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.
Tulio Chinchilla Herrera
Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Profesor de la Maestría en Derecho Procesal y de la Especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Medellín.
Profesor externo de pregrado en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Abogado Egresado de la Universidad de Antioquia, 1979.
Especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y
con estudios de Derecho Constitucional en la misma Universidad, 1991.
Conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia (1988-1989).Obras publicadas:
De la Organización del Estado, Comentarios al Título V de la Constitución, Editorial Comisión Colombiana de Juristas, 1996.
De la Rama Legislativa, Comentarios al Título VI de la Constitución, Comisión Colombiana
de Juristas, 1998.
¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Editorial Temis, 1999 y 2009.
La mayoría no existe, Universidad de Antioquia y Unesco, 2003.
Profesor Asociado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Obtuvo el doctorado con
una tesis laureada sobre la obra de Marguerite Yourcenar en la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle. Presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Yourcenarianos,
organizó en 2001 el coloquio internacional La escritura del yo en la obra de Marguerite
Yourcenar y realizó la traducción al español de las actas del mismo (Ediciones Uniandes,
2005). Autor de El mundo según Marguerite Yourcenar (Icono Editorial, 2006) y coeditor
del libro Marguerite Yourcenar y la ecología. Un combate ideológico y político (Ediciones
Uniandes, octubre de 2007). Ha participado en coloquios internacionales y publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras. Prepara actualmente el libro Marguerite Yourcenar entre Grecia y Oriente.a nuestros colaboradores
Solicitamos respetuosamente a nuestros colaboradores tener en cuenta las
1. Entregue sus artículos luego de una cuidadosa revisión. Preste atención
a las convenciones ortotipográficas más universalmente aceptadas. Tenga
especial cuidado en incluir toda la información bibliográfica completa en
sus citas y notas de pie de página. Presente unos originales cuidadosamente
revisados. Remita sus trabajos digitados en una única fuente, Times New
Roman. Todo artículo debe ser procesado en Word y el texto se ha de entregar impreso, además del respectivo archivo electrónico.
3. Se aceptan máximo quince (15) páginas y mínimo cinco (5) por artículo.
4. El autor es responsable de los enfoques y conceptos expresados en su
5. El Comité de Redacción es completamente autónomo para hacer las correcciones de forma de los textos que recibe.All pages:2346789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960InfoSaveLikeShareDownloadMoreBerbiquí 42 Published on Sep 20, 2009 Revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquiawww.juecesyfiscales.orgFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore