Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806065761
Timestamp: 2020-08-06 18:56:52
Document Index: 230122613

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 295', 'artículo 18', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 88', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 21', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 747', 'artículo 11', 'artículo 45', 'artículo 36', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 178', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 44', 'Artículo 19', 'artículo 21', 'Artículo 2', 'Artículo 163', 'Artículo 11', 'Artículo 45', 'Artículo 15', 'Artículo 12', 'Artículo 76', 'Artículo 21', 'Artículo 10', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 40', 'Artículo 178', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806065761
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 148/2017. MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA DE ESA ENTIDAD). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 148/2017. MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 10 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y E.M.M.I.J.F.F.G.S. EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: M.B. LUNA RAMOS. SECRETARIO A.V.A..
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, M.P.C.T., en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Cuautla, M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
3. El acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 01/257/06, en el cual se declara procedente la aplicación de la sanción señalada en el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, decretando la destitución a cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla.
4. La orden al presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla M., de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que en razón de sus funciones correspondan al cargo de presidente municipal, apercibida que en caso de no acatar la destitución ordenada por este tribunal podría encuadrarse su conducta en lo estipulado por el artículo 295 del Código Penal para el Estado de M..
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Cuautla, Estado de M., de conformidad con el artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal.
2. El catorce de abril de dos mil diecisiete, la síndica municipal, a través del presidente municipal, se enteró de que por conducto del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. y por la secretaria general del mismo tribunal se tuvo conocimiento de la determinación dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en la cual se aplica el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., es inconstitucional, al no cumplir con los requisitos constitucionales de creación de las normas, como son los siguientes: a) Iniciativa de ley; b) Dictamen que rinde la comisión con facultad de dictamen legislativo; c) Proceso parlamentario de discusión del contenido del dictamen de la norma de la ley o decreto; d) Procedimiento para la aprobación que sigue la asamblea al votar la proposición formulada; e) La observancia de la fórmula de expedición; la sanción que es el acto formal mediante el cual se otorga la obligación de cumplimiento jurídico a la norma; f) El refrendo de la ley o decreto, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo; y, g) La publicación de la ley para que sea del conocimiento de todos los gobernados la falta de y la fecha de inicio de vigencia para que la ley pueda ser observada.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional respectiva, y por razón de turno, le correspondió ser instructora por conexidad a la señora M.M.B.L.R., en virtud de que se le turnó la controversia constitucional 232/2016, promovida por este mismo Municipio.
Mediante diverso de dos de mayo de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo a la síndica municipal con la personalidad que ostenta; admitió la demanda, y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como los secretarios de Gobierno y de trabajo todos del Estado de M.; así como dar vista al procurador general de la República (fojas 39 a 41).
QUINTO.—Contestación del secretario de trabajo del Gobierno del Estado de M.. El doce de junio de dos mil diecisiete, el secretario del trabajo del Gobierno del Estado de M. dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 51 a 55), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de trece de junio de dos mil diecisiete.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 66 a 78), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
SÉPTIMO.—Contestaciones del secretario de Gobierno y del Poder Ejecutivo del Estado de M.. El doce de junio de dos mil diecisiete, el secretario de Gobierno del Estado de M. (fojas 88 a 113) y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo (fojas 123 a 155) dieron contestaciones a la demanda de cuenta, las cuales se tuvieron por recibidas mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete.
OCTAVO.—Contestación del Poder Legislativo de M.. El nueve de febrero de dos mil diecisiete, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de M. dio contestación a la demanda de cuenta (fojas 284 a 336), la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo del día veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
DÉCIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, sin que ninguna de las partes formularan alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta S. se avocaba al conocimiento del presente asunto, ordenando devolver los autos a la Ministra ponente.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. y uno de sus Municipios, el de Cuautla, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
El Municipio actor reclama: 1) Una disposición general, en concreto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.;(4) y, 2) Un acto, consistente en el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., dentro del juicio laboral 01/257/06,(5) con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la procedencia de la controversia constitucional entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
Esta Segunda S. está facultada para invocar como hecho notorio las constancias y pruebas que obren en el expediente de otra controversia constitucional, apoyándose para ello en el artículo 88(8) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 1o.(9) de la ley reglamentaria de la materia, así como en la jurisprudencia P./J. 43/2009,(10) del Tribunal Pleno, misma que señala:
Así, en el caso, se invoca como hecho notorio la existencia del expediente de la diversa controversia constitucional 232/2016,(11) promovida por el propio Municipio de Cuautla, M., en la que consta que también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., consistente en la sesión plenaria que realizó el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de dieciséis de marzo del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente de otro juicio laboral, el identificado con el número 01/144/12, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral.
En efecto, del expediente de la citada controversia constitucional se advierte: i) Que en sesión celebrada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. determinó, por unanimidad de votos, destituir al presidente municipal de Cuautla, Estado de M., conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de ese Estado; ii) que ello motivó la promoción de la controversia constitucional 232/2016, el doce de diciembre de dos mil dieciséis –esto es, cuatro meses y cinco días antes de la instauración de la presente controversia–; y, iii) que en dicha controversia se impugnó el referido precepto.
En cambio, la presente controversia constitucional es oportuna por lo que hace a la impugnación del acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete dentro del juicio laboral 01/257/06, toda vez que su reclamo fue formulado dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)
En el caso, el Municipio actor fue notificado del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó la destitución del presidente municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., el miércoles doce de abril del año en cita.(14)
Dicha notificación surtió efectos el lunes diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(15) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(16) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del martes dieciocho de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, descontándose del cómputo respectivo los días siguientes, por ser inhábiles:
Por acuerdo del Tribunal Pleno:(17) doce, trece y catorce de abril de dos mil diecisiete.
Sábados: veintidós, veintinueve de abril; así como seis, trece, veinte y veintisiete de mayo.
Domingos: veintitrés y treinta de abril; y siete, catorce, veintiuno y veintiocho de mayo.
Por Acuerdo General Número 18/2013: primero y cinco de mayo.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(18) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(19) y el punto primero, incisos a), b), g) y h), del Acuerdo General Número 18/2013,(20) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el miércoles veintiséis de abril de dos mil diecisiete, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que hace a la impugnación del acto.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Cuautla, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de M.P.C.T., en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(21) en la que consta su carácter de síndica propietaria.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(22) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M.,(23) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Cuautla, Estado de M., lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(24) que establece:
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como los secretarios de Gobierno y de Trabajo, todos del Estado de M., el cual les fue reconocido así en el auto dictado por la Ministra instructora el dos de mayo de dos mil diecisiete.
a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M. comparece B.V.A., en su carácter de diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión solemne celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a la instalación de la Quincuagésima Tercera Legislatura y apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de dicha Legislatura.(25)
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de M.,(26) compete al presidente de la mesa directiva la representación legal del Congreso en cualquier asunto en que sea parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de M. compareció J.A.G.C.P., en su carácter de consejero jurídico, lo que acreditó con el nombramiento publicado en el Periódico Oficial estatal de diecinueve de abril de dos mil diecisiete.(27)
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de M., en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado,(28) y 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de la entidad.(29)
c) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda J.M.D.P., ostentándose como presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
Dicho funcionario tiene la representación legal del citado Tribunal Estatal, de conformidad con el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..(30)
d) La Secretaría de Trabajo del Estado de M. fue representada por su titular, F.A.S.A., quien justificó su personalidad con la copia certificada del nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional de la mencionada entidad federativa,(31) que aparece publicado en el Periódico Oficial estatal de catorce de octubre de dos mil catorce. Dicha autoridad tiene el carácter de demandada, en razón de que así fue señalado en auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual le fue reconocido tal carácter.
e) La Secretaría de Gobierno del Estado de M. fue representada por su titular, M.Q.M., quien justificó su personalidad con la copia certificada del nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional de la mencionada entidad federativa, que aparece publicado en el Periódico Oficial estatal de catorce de octubre de dos mil catorce.(32) Al respecto, los artículos 76, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de M.(33) y 21, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de M. (sic),(34) los cuales facultan al indicado funcionario para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.
Apoya la anterior consideración, la siguiente tesis emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(35) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA."
No tienen razón los Poderes demandados. En una controversia constitucional en que se impugnan normas generales, tienen la calidad de demandados, en términos de lo establecido por el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(36) tanto el órgano que la hubiera expedido como el órgano que la hubiera promulgado, por lo que con independencia de que se hagan valer o no conceptos de violación por vicios del acto de promulgación, ello no impide tenerlo como acto impugnado al ser parte del proceso legislativo que dio vida a la disposición combatida y es, precisamente, por eso que se llama a juicio tanto al expedidor como al promulgador, a fin de que defiendan la validez de dicha disposición, tal como se explica en la siguiente tesis P. XV/2007,(37) del Tribunal Pleno:
En efecto, debe considerarse que el Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., y el acto de aplicación consistente en el acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que decretó la destitución de uno de los integrantes del Ayuntamiento. Por tanto, si el acto que motivó la promoción de la controversia afecta la integración de dicho Ayuntamiento, está plenamente justificado el interés legítimo que asiste al Municipio para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(38) que establece:
Por lo que toca a la falta de legitimación del Municipio actor derivada de la afirmación consistente en que los actos impugnados no invaden la esfera de competencia de dicho Municipio, se desestima, porque involucra el estudio de fondo del asunto, determinación que se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 92/99,(39) que señala:
Es infundada la anterior causa de improcedencia. Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así, se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(40) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(41) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aun cuando se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la siguiente jurisprudencia P./J. 16/2008:(42)
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en el juicio laboral 01/257/06, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad determinó aplicar como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, M., sino que plantea que la citada norma transgrede el artículo 115 de la Constitución, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta al citado presidente municipal supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor, a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; aunado a que, en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de un miembro del Ayuntamiento.
Como se advierte, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008 antes transcrita, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino cuestiones que atañen al ámbito competencial de los Poderes Legislativos Locales y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, M..
"Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(43) esta Segunda S. considera el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"Para demostrar tal aserto, en primer lugar, es conveniente citar el contenido expreso del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal:
"‘En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.’
"En relación con la referida disposición de la Carta Magna, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 27/2000,(44) realizó el siguiente análisis:
"La jurisprudencia P./J. 19/99,(45) que se cita en el precedente, señala:
"Lo anterior también lo destacó el Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 7/2004,(46) en los términos siguientes:
"Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178, refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes;(47) mientras que en sus numerales 181 y 182 señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
"II. Con la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.’
"La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra ‘infractor’, no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas Locales, ‘por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.’
En virtud de las consideraciones antes transcritas, esta Segunda S. considera que debe declararse la nulidad del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 01/257/06, mediante el cual se declara procedente la aplicación de la sanción decretada en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince y decreta la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(48) que obliga a esta Segunda S. a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(49) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(50) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto del acuerdo impugnado dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
En términos del artículo 44 de la ley reglamentaria de la materia,(51) esta ejecutoria sólo deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación.
TERCERO.—Se declara la invalidez del acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 01/257/06, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. que ordenó la destitución del presidente municipal de Cuautla, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando.
Así lo resolvió la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. emitió su voto con reservas.
"Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las S.s para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente; ..."
5. En tal proveído se acordó lo siguiente: "ÚNICO.—EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ... SE DECRETA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS. ..."
7. Registro digital: 173937, jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Novena Época, «Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878».
11. Pendiente de resolución.
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior." ["Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ...VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."]
14. Foja 547 del cuaderno de pruebas formado con las documentales presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
17. Sesión privada de Tribunal Pleno de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.
18. "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
19. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
20. "Primero. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:
21. Foja 30 de autos.
22. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
23. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribuciones:
24. Registro digital: 2000537, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda S., Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1274.
25. Fojas 458 a 506 de autos.
27. Fojas 207 de autos.
29. "Artículo 15. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo, las siguientes:
30. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
31. Fojas 55 de autos.
32. Fojas 121 de autos.
33. "Artículo 76. ...
34. "Artículo 21. A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponden las siguientes: ..."
35. Registro digital: 195024, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.V., diciembre de 1998, tesis P. LXXIII/98, página 790.
36. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
37. Registro digital: 172562, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1534.
38. Registro digital: 189325, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, julio de 2001, página 925.
39. Registro digital: 193266, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710.
40. Registro digital: 166464, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda S., Tomo XXX, septiembre de 2009, página 2777, cuyo texto señala: "El motivo manifiesto e indudable de improcedencia da lugar al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones. Asimismo, esa petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado del análisis de los documentos iniciales del proceso constitucional existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales, lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
41. Registro digital: 2000966, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, página 18, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
42. Registro digital: 170355, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1815.
43. "Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
44. En sesión de quince de febrero de dos mil uno, por unanimidad de once votos.
45. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, página 283, registro digital: 194286.
46. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., marzo de 2004, página 1163, registro digital: 182006.
47. "Artículo 178. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política Local."
48." Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
49. "Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos."En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.
50. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."51. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."