Source: https://www.adelaprat.com/2017/09/reparacion-dano-moral-demandada-por-menor-que-convivia-y-recibia-trato-familiar-de-parte-del-fallecido-la-csjn-mayoria-declara-inadmisible-el-recurso-extraordinario/
Timestamp: 2017-10-21 11:57:10
Document Index: 125915189

Matched Legal Cases: ['Artículo 1078', 'Artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 1078']

VOTOS EN DISIDENCIA:
DECLARAN la INCONSTITUCIONALIDAD del Artículo 1078
del Código Civil derogado, en Tanto Otorga Daño Moral Sólo a
VER DICTAMEN del Sr. Procurador Fiscal: ídem votos en
disidencia. El Art.1078 es inconstitucional y revoca la sentencia
que lo desestimó.Fecha del dictamen: 08/09/2015.Niño que
alcanza la Mayoría de Edad en el transcurso del Trámite.
-CSJ 112/2014 (50-G) /CS1-
“González, Marisa Graciela y otros c/EN-Mº de Justicia y
Der.Hum.-Gendarmería Nacional s/daños y perjuicios”.
Daño Moral. Artículo 1078,del Código Civil anterior.
Legitimación para su reclamo: Herederos Forzosos.
Constitucionalidad.Situación del Menor que convivía
y recibía Trato Familiar ostensible por parte del fallecido.
MAYORÍA:Recurso extraordinario Inadmisible(CPCCN:280)
DISIDENCIA de los Jueces Maqueda y Rosatti=Control de
constitucionalidad de la norma, en el caso concreto.
Razonabilidad.Principio de Igualdad.Alcance del concepto de
familia.Procedente el recurso extraordinario y se declara la
inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil.
Vistos los autos:”González,Marisa Graciela y otros c/EN–Mº de
Justicia y Der. Hum. –Gendarmería Nacional s/ daños y perjui-
cios“.
Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.280 del Código
Juan Carlos Maqueda. (en disidencia)
Horacio Daniel Rosatti. (en disidencia)
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Co-
mercial Federal revocó parcialmente la sentencia de 1ª instancia
y declaró la validez constitucional del art.1078 del Código Civil.
Determinó que el Niño L.M.M. no posee legitimación para recla-
mar por el daño moral derivado del deceso del Sargento Ramón
U. ocurrido a raíz de la electrocución generada por la descarga
de un rayo sobre un tendido de cables próximo a la vivienda que
le había sido asignada en el Barrio Militar del Escuadrón 11 de la
Gendarmería Nacional, en la Provincia de Misiones.
Confirmó,en cambio,la condena a favor del infante en concepto
de daño material.
El Tribunal entendió que no corresponde apartarse del límite
dispuesto por el art.1078,porque ello implicaría instituir un régi-
men no previsto en la ley para admitir el reconocimiento
de heredero no forzoso.
Arguyó que la cuestión es de incumbencia legislativa y ajena a la
competencia de los Jueces; máxime, cuando el precepto dispone
supuestos indemnizatorios sólo para personas unidas por víncu-
los familiares preexistentes, condición que el menor de edad no
reviste respecto del marido de su madre.
Contra el fallo la Sra. Defensora Pública Oficial ante los Tribuna-
les Federales de Capital Federal dedujo recurso extraordinario en
representación del niño, que fue concedido en lo atinente a la
cuestión federal estricta y denegado en lo tocante a la tacha de
arbitrariedad,sin que medie queja sobre este último aspecto.
En lo sustancial, expresa que los jueces omitieron realizar el con-
trol de convencionalidad y constitucionalidad,con lo que vulnera-
ron el principio de razonabilidad y la prohibición de alegar re
-glas de derecho interno como justificación para la inobservancia
Añade que la sentencia lesiona el principio alterum non laedere,
contemplado en la Carta Magna y en los Convenios Internaciona-
les, cuyo quebranto genera la obligación de resarcir íntegramente
Cuestiona la validez del art.1078 del Código Civil porque infringe
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,que contiene
criterios amplios y flexibles en materia de daños a las perso
nas.En ese plano, estima que la decisión conculca los derechos de
un niño cuyo mejor interés debe ser atendido en todas las medi-
das relativas a él, garantizando la satisfacción de sus necesidades
para el pleno desarrollo de su personalidad.
Expone que se violenta el derecho de protección a la familia,que
conlleva la obligación de fortalecer ese núcleo, así como la garan-
tía de igualdad.Concluye que el art.1078 discrimina a quienes
sufren un daño moral respecto de quienes experimentan uno de
tenor pecuniario (art.1079) Invoca los artículos 14 bis,16,17,19,
28 y 75 inciso 22, de la Ley Suprema y reglas internacionales con-
cordantes, al tiempo que cita numerosos precedentes.
El recurso extraordinario es formalmente admisible en tanto se
ha puesto en tela de juicio la validez de una norma del Código Ci-
vil –1078-, por ser contraria a disposiciones de la Constitución
Nacional y a Tratados de igual jerarquía y la sentencia definitiva
del superior tribunal de la causa ha sido adversa a los derechos
que la apelante sustentó en esas reglas (art.14, inciso 3º, Ley 48).
En particular, resulta necesario establecer si el límite fijado en el
artículo 1078 del Código Civil, en tanto excluye al niño L.M.M.
de la posibilidad de reclamar el daño moral provocado por el fa-
llecimiento del Sr. Urbano -con el que convivió entre los 4 y
los 9 años de edad-, deviene compatible con los derechos
constitucionales invocados.
A esos efectos, el Tribunal no se encuentra limitado por las posicio
-nes del a–quo y del recurrente, sino que le incumbe realizar una
declaración sobre el tema disputado,según la recta inteligencia
que le otorgue (Fallos: 330:4713; 331:735).
En función del planteo efectuado sobre el particular, aprecio que
le asiste razón a la recurrente respecto de la invalidez constitu-
cional articulada.
En efecto, esa Corte Suprema ha sostenido,en orden a la afectac-
tación del principio alterum non laedere, que el derecho de las
víctimas a obtener una reparación plena e integral ostenta rango
constitucional, puesto que el art.19, de la Carta Magna dispone el
principio general “que prohíbe a los `hombres´perjudicar los dere-
chos de un tercero que se encuentra`entrañablemente vinculado a
la idea de reparación´”.(Fallos: 327:3753; 335:2333).
El Tribunal ha resaltado que el valor de la vida humana no resulta
apreciable sólo sobre la base de criterios materiales, puesto que
las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de
los hombres (Fallos: 327:3753 y sus citas).
En similar sentido, se ha dicho que la fijación de las reparaciones
debe fundarse en la víctima como ser humano integral, y no en la
perspectiva degradada de homos economicus de nuestros días.(*)
Asimismo,la Corte Interamericana ha manifestado que el daño in–
material puede comprender los sufrimientos y las aflicciones
causadas a las víctimas directas y a sus familiares, como el agravio
de valores muy significativos para las personas y otras perturba–
ciones que no son susceptibles de medición pecuniaria,así como
las alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima o su
familia“.(**)
En este contexto,explicitado el derecho de las personas a la repara-
ción integral,es necesario establecer si la restricción contenida en
el art. 1078 del Código Civil, que impide a ciertos damnificados
indirectos reclamar el resarcimiento por daño moral por carecer
de vínculo jurídico que los coloque en la situación legal de he
rederos forzosos potenciales del causante, resulta razonable en
los términos del artículo 28, de la Carta Magna.
A fin de examinar la razonabilidad de la reglamentación,esa Corte
tiene explicitado que la interpretación de la ley no debe prescindir
de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues
ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su
razonabilidad y su coherencia con el sistema en el que está engar-
zada la norma (Fallos: 324:2107; 327:769).
En ese sentido, la consecuencia concreta de la aplicación del artí-
culo 1078, en estos autos, sería privar de la reparación integral al
niño,ante la lesión de sus sentimientos afectivos por la muerte del
causante, dejando de lado que convivieron durante cinco (5) años,
y que el Sr. U. había iniciado acciones para que se le otorgara la
Por lo demás, de los testimomios brindados y de la pericia psicoló-
gica obrantes en la causa surge que mantenían una relación de
padre e hijo y que el niño padeció trastorno por estrés
postraumáutico crónico que tuvo como factor directo el evento de
autos, todo lo cual fue objeto de ponderación por la magistrada
Dicho ello, cabe insistir con que “la indemnización debe ser
integral-que vale como decir`justa´-,porque no sería acabada la
indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en
todo o en parte“(Fallos: 327:3753),y también que la condición de
niño requiere de la protección especial por parte del Estado,de la
familia y de la comunidad.(***)
“Esta obligación reforzada frente a la niñez, a mi ver, no se
vería satisfecha si el daño padecido por L.M.M. subsistiere en
cualquier medida“.
Además, tal como ha subrayado este Ministerio Público, el cobro
de un resarcimiento,en el caso de los niños,cumple una función
trascendente para garantir su derecho a la supervivencia y a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,mental,espiritual,
moral y social (cfr. CSJN,“Instituto Médico Antártida s/quiebra“,
dictamen del 04/11/2014).
“En las circunstancias descriptas, opino que –contrariamente al
temperamento sustentado por el a–quo-,no es posible soslayar
el derecho del niño a ser resarcido.
“En la misma línea,cabe destacar que el art.1078 del Código Civil,
–en tanto determina que sólo los herederos forzosos tendrán ac-
ción por indemnización del daño moral por la muerte del damni-
ficado directo causada por un acto ilícito-,no sólo configura aquí
el ejercicio de una reglamentación irrazonable en los términos del
artículo 28, de la Constitución Nacional (Fallos: 304:972), sino,
paralelamente, a la luz del derecho a la igualdad (CN:16),y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos (CN: 75–22).
Al respecto, esa Corte ha indicado que para decidir si una diferen–
cia de trato es legítima, procede analizar su razonabilidad,esto es,
si la distinción persigue fines legítimos y si constituye un medio
adecuado para acceder a los objetivos(Fallos:327:3677 y 330:3853
considerando 8º del voto del Juez Maqueda, entre otros).
Con el objeto de analizar la finalidad que inspiró el art.1078, in–
corporado por la Ley Nº 17.711,en la doctrina nacional se ha ma-
nifestado,de manera consistente, que la legitimación acotada
para reclamar el resarcimiento por daño moral se vinculó con
la necesidad de evitar la afluencia de juicios y la consecuente rui–
na del responsable (****).
Al mismo tiempo, tal norma, respondiendo a una concepción
tradicional de la familia,pretendió tutelar a quiénes están unidos
por matrimonio o parentesco en línea ascendente o descendiente,
privilegiando su situación por sobre la de otros miembros del gru-
po, v. gr. los familiares de hecho.Ninguna de estas finalidades,
encuentra suficiente sostén a la luz de los derechos involucrados.
Sobre esta base, la distinción que se concreta a partir de la nor-
ma examinada, entre los herederos forzosos de la víctima– hijos
biológicos y esposa-, y L.M.M.-quien recibía un trato familiar
de hijo por parte del Sr. U.-, carece de sustento.
En el mismo orden de ideas, el Tribunal ha puntualizado que los
fines de una regla deben ser sustanciales y que no basta con que
sean meramente convenientes.Dijo,también,que resulta insuficien
-te una genérica adecuación de medios a fines y que deberá juz-
garse si se promueven efectivamente y si no existen alternativas
menos restrictivas para los derechos en juego, que las impuestas
por la regulación que se cuestiona.(Fallos: 327:5118).
Bajo esta óptica, el propósito del art. 1078, tocante al resguardo
del responsable,se presenta como un designio meramente conve-
Por otro lado, la distinción allí estipulada, en el caso particular,
carece de un fin de suficiente entidad como para desconocer el
derecho a la protección de la familia y a la tutela de la niñez.
Por último,la restricción a la legitimación activa, no es la
más adecuada al fin propuesto por la norma, puesto que
el remedio a la proliferación de reclamos se podría alcanzar,
asimismo,requiriendo la acreditación de un vínculo de tal
índole que habilite a concluir que el actor se encuentra
legitimado para demandar por daño moral.
Por lo expuesto, insisto que, en las actuaciones,el artículo 1078,
del Código Civil deviene inconstitucional y que L.M.M. posee
legitimación para reclamar el ítem en estudio.
Sentado lo anterior, estimo menester agregar que el nuevo Códi-
go Civil y Comercial de la Nación,(Ley 26.994), vigente desde el
01/08/2015,(Ley 27.077), regula en su art.1741 la cuestión deba-
tida. En efecto, esa norma reconoce legitimación para reclamar la
reparación de las consecuencias no patrimoniales, a los ascendien-
tes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con el
damnificado directo recibiendo trato familiar ostensible,si
del hecho resulta la muerte o una gran discapacidad de él.
Según los fundamentos del nuevo código, la ampliación de la
potestad para requerir el resarcimiento x daño moral, tuvo en
cuenta los precedentes jurisprudenciales que acogían la visión
constitucional del acceso a la reparación y de la protección de la
familia. (v.Fundamentos del CCyCN,disponible en el sitio web:
(http://www.nuevocodigocivil.com/).Es decir, que el aspecto
en estudio se ha redifinido –en la reforma-,en consonancia con
el régimen constitucional y convencional de los derechos huma-
nos. (vi).
En esas condiciones, atendiendo a las circunstancias fácticas
acreditadas en autos y a lo indicado supra, estimo que el art.
1741 del CCyCN, en línea con lo manifestado en este dictamen,
viene a convalidar la tesitura favorable al interesado.
Finalmente, debo consignar que L.M.M. habría adquirido la mayo
-ría de edad durante el transcurso de estas actuaciones, por lo que
correspondería, en tal supuesto,emplazarlo a fin de que comparez-
ca a estar a derecho.
Por lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible el
recurso extraordinario federal y revocar la sentencia recurrida.
Marcelo Adrián Sachetta.-Procurador Fiscal subrogante.
(*) cfr. Corte I.D.H., “Caso de los Niños de la Calle.Villagrán Mo-
rales y otros vs. Guatemala“, del 26/05/2001, voto del Sr. Juez
Cançado Trindale, párrafo 37.
(**) cfr.”Caso del Caracazo vs.Venezuela“, del 29/08/2002, párra
-fo 94; “Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia“, del 27/02/2002,párrafo
(***) cfr. Corte IDH,”Caso Fornerón e hija vs. Argentina“,de fe-
cha 27/04/2012, párrafo 45; S.C. “G.B.M. s/guarda“, de fecha
(****) cfr. Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Marcos Lerner,
Córdoba, 1992, pág. 241.
(v)La Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocando el
art.17 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos“,
refirió que no existe un modelo tradicional de familia y que el
concepto de vida familiar no se reduce al matrimonio y debe
abarcar otros lazos de hecho donde las partes tienen vida en co–
mún por fuera del matrimonio.(“Caso Atala Riffo y Niñas versus
Chile“, sentencia del 24/02/2012).En igual sentido,el “Comité
de los Derechos del Niño“ reconoce que “familia” se refiere a una
variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cui
-dado y el desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la fa-
milia nuclear, la ampliada y otras modalidades tradicionales y
modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con
los derechos y el interés superior del niño.
(vi) cfr. CIV 34570/2012/1/RH1 “D.L.P.,V.G. y otro c/Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo“, de fe-
-cha 06/08/2015, especial considerando 7º.
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