Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-101.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-03 16:42:19
Document Index: 299097478

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 31', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 13', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 3', 'artículo 193', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 101, de 07/02/2017
cve: BOCG-12-D-101
161/001255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y declaraciones del Presidente Trump... (Página4)
161/001237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y el refuerzo del Plan Verano ... (Página5)
161/001244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas... (Página6)
161/001252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Base Naval de Rota ... (Página7)
161/001241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo ... (Página9)
161/001242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reparación del talud situado junto a la línea de ferrocarril de Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (Lleida) ... (Página10)
161/001247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla ... (Página11)
161/001249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la gestión del procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a compañías aéreas a residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla ... (Página12)
161/001245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la integración de la actividad preventiva en la empresa y mejorar la calidad en la actuación de los servicios de prevención ajenos ... (Página13)
161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la garantización de los derechos de los españoles residentes en Reino Unido tras su salida de la Unión Europea ... (Página16)
161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de Empleo ... (Página17)
161/001257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes al mismo ... (Página18)
161/001238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la potencia eléctrica ... (Página20)
161/001253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación en España de la Agenda 2030 ... (Página21)
161/001239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el diferente trato por parte de la Administración a las diferentes lenguas del Estado ... (Página23)
161/001243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de fundaciones ... (Página24)
161/001251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cesión de la Dama de Elche y la creación de subsede del Museo Nacional de Arqueología ... (Página25)
161/001248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y su completo desarrollo ... (Página26)
161/001235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre deporte y personas con discapacidad ... (Página27)
161/001236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para disminuir el factor humano como causante de los accidentes de tráfico ... (Página28)
161/001250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la instauración de un foro de participación infantil y adolescente en el seno del Congreso de los Diputados ... (Página29)
181/000046 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de empezar con las obras de dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), que tiene comprometido realizar desde el año 2013, así como plazo de ejecución previsto y dotación presupuestaria que se va a incluir para ello en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 ... (Página30)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral ... (Página31)
161/001255
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y declaraciones del presidente Trump, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El 25 de enero de 2016, solo cinco días después de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para que se proceda a la construcción de un muro en la frontera con los Estados Unidos Mexicanos, al objeto de evitar la entrada irregular en los Estados Unidos de ciudadanos mexicanos y de otros países iberoamericanos.
Con posterioridad a la firma de la citada orden ejecutiva, y pocos días antes de que se celebrara una reunión en Washington entre ambos presidentes, Trump ha reafirmado su intención de que el coste del muro anteriormente citado (estimado en 10.000 y 25.000 millones de dólares estadounidenses) sea abonado por México "directa o indirectamente"; llegando a afirmar que si México no se allanaba a sus pretensiones no tenía sentido la celebración de la reunión de trabajo entre ambos mandatarios prevista para el martes 31 de enero.
En la misma línea, el portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que en el caso de que México no proceda al pago del coste del muro, están estudiando la posibilidad de establecer un arancel del 20% a las importaciones procedentes de México, afirmando, que de ese modo en poco tiempo se tendría compensado el coste del muro.
Estas acciones y declaraciones, ya como presidente de los EE.UU., son manifestación de la actitud de desprecio que el ahora presidente Trump mostró hacia la población de origen hispana e iberoamericana durante todo el periodo electoral.
Los hechos y declaraciones realizadas estos días son actos con graves consecuencias y ante las que es necesario que España, como la Unión Europea y la Comunidad Iberoamericana, expresen una enérgica posición en defensa de México y de los mexicanos.
1. Mostrar de manera firme su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante el trato de desprecio que suponen las recientes y graves actuaciones y declaraciones del presidente Trump.
2. Promover de manera inmediata la convocatoria urgente de una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en México para abordar este asunto de manera conjunta y promover una postura de apoyo a este país.
3. Solicitar la convocatoria de un Consejo de Ministros de la Unión Europea para, igualmente, abordar esta situación e impulsar una posición común al respecto basada en los principios y valores que inspiran a la Unión Europea y que esta defiende.
4. Intensificar los contactos diplomáticos con los EE.UU. en favor de las buenas relaciones entre México y los EE.UU., ayudando al diálogo y comprensión mutuos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Eduardo Madina Muñoz y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001237
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre incremento de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y refuerzo del Plan Verano, para su debate en la Comisión de Interior.
Durante las X y XI Legislaturas el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha denunciado y cuestionado la reducción de efectivos policiales y de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior realizó desde el primer momento de su llegada al Gobierno.
La reducción de dichos efectivos se ha pretendido contextualizar en la austeridad presupuestaria vivida en esos años y la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que ha permitido mantener la reducción de las tasas de criminalidad en España, constante desde 2004.
Pero este argumento choca frontalmente con una realidad: por alta que sea la competencia profesional, la dedicación y la eficacia policiales, nunca una reducción de efectivos humanos y de inversiones materiales, como la producida a lo largo de la X Legislatura, puede ser ni positiva, ni eficaz para lograr mayores cotas de seguridad en España.
La pérdida de efectivos policiales provoca disfuncionalidades tanto entre las diferentes unidades especializadas, como en la capacidad de respuesta que se requiere en los ámbitos territoriales de las Comunidades Autónomas, en función de sus indicadores de criminalidad.
El caso de la Comunidad Valenciana es paradigmático en este contexto.
Y ello se debe al hecho de que aunque la tasa de criminalidad (infracciones penales por 1.000 habitantes) viene disminuyendo de manera constante en España desde 2003, la Comunidad Valenciana presenta ciertas singularidades en el ámbito de la seguridad que hay que considerar:
- La Comunidad Valenciana se encuentra entre las tres Comunidades Autónomas con tasa de criminalidad más alta de España, tras Madrid y Cataluña (y entre las cinco primeras, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
- La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española con la mayor actuación de los grupos de crimen organizado.
Los balances de criminalidad a lo largo de la X Legislatura no permiten disponer de Información de efectivos policiales disponibles, por lo que esta información se ha de seguir a través de las diferentes iniciativas parlamentarias, preguntas y solicitud de informes en la Comisión de Interior.
De la información facilitada por el Gobierno del Partido Popular a partir de preguntas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista se comprueba cómo la reducción generalizada de efectivos de FCSE experimentada en la pasada X Legislatura en España, afecta en mayor medida a la Comunidad Valenciana.
1. Aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, acorde con las tasas de criminalidad que presenta esta Comunidad Autónoma -por encima de la media española- y con especial atención en aquellas especialidades que se requieren por la tipología de delitos que tienen mayor intensidad en este ámbito territorial, como son los relacionados con el crimen organizado y la corrupción.
2. Garantizar el refuerzo necesario de agentes de Policía y Guardia Civil en el denominado Plan Verano de Seguridad en las zonas turísticas de la Comunidad Valenciana, especialmente en tanto se recuperan los efectivos de FCSE que se han perdido en los últimos cuatro años, "con el fin de incrementar los niveles de seguridad y dar una atención más eficaz al ciudadano; potenciando la vigilancia y control de las vías, medios de transporte y establecimientos hoteleros", tal como se destacan en los objetivos del citado Plan por el Ministerio del Interior.
3. La operación correspondiente al Plan Verano 2017 se extenderá, al menos en la Comunidad Valenciana, hasta el 30 de septiembre, al igual que se hace actualmente con Baleares, comenzando el 1 de junio y finalizando el día 30 de septiembre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Ana María Botella Gómez, José Luis Ábalos Meco, Artemi Rallo Lombarte, Julián López Milla, Patricia Blanquer Alcaraz y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, para su debate en la Comisión de Defensa.
El pasado 23 de enero de 2017 el Parlamento de Navarra aprobó una iniciativa en la que se exige el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas.
La propuesta fue realizada tras la visita realizada a las instalaciones del Acuartelamiento Aéreo Bardenas-Polígono de Tiro de las Bardenas, en el transcurso de la cual los representantes de las formaciones asistentes pudieron comprobar la intención, tanto de la Junta de Bardenas como del Ministerio de Defensa, de no cumplir el compromiso de revisar en 2018, el convenio con la Comunidad de Bardenas sobre el polígono de tiro y continuar así con la instalación militar hasta 2028.
La mayoría del Parlamento de Navarra considera que la seguridad no está garantizada en las Bardenas, ya que ha habido varios accidentes con turistas heridos en los últimos años. Pero no son únicamente motivos de seguridad los que les llevan a pedir el desmantelamiento del polígono de tiro, lo hacen también por motivos medioambientales y sociales.
No es la primera ocasión en que la mayoría del Parlamento de Navarra se manifiesta en este sentido, que como representante de la ciudadanía apuesta por que de una vez por todas se termine con ese polígono que tantas molestias ha generado a la ciudadanía de la Ribera de Navarra.
Siendo 2018 el año de revisión del convenio entre el Estado y la Comunidad de Bardenas, la mayoría parlamentaria en Navarra cree que es el momento de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el
desarrollo económico de las Bardenas y de los pueblos de la zona, como el fomento de su potencial turístico y natural.
Desde EH Bildu, recogemos el parecer de la mayoría parlamentaria en Navarra.
Es por ello que presentamos la siguiente
"1. El Congreso de los Diputados exige el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas y que sea tratado como lo que es: "una Reserva Natural de la Biosfera".
2. EI Congreso de los Diputados insta a la Junta de Bardenas y al Ministerio de Defensa a que se denuncie el Convenio en 2018 y no se proceda a su renovación automática.
3. El Congreso de los Diputados reivindica la necesidad de impulsar una cultura de paz, una cuestión que choca frontalmente con el mantenimiento de un polígono de tiro, donde el Ejército realiza maniobras militares con fuego real y, en definitiva, se hacen experimentos de guerra."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Base Naval de Rota, para su debate en la Comisión de Defensa.
Para la gestión de los diferentes servicios del aeropuerto de la Base Naval de Rota, existe actualmente una plantilla de 180 trabajadores españoles, de los cuales la mayoría son vecinos de Rota (provincia de Cádiz).
Dicho servicio se encuentra externalizado por el Gobierno de Estados Unidos, de tal forma que los trabajadores han venido siendo subrogados por las diferentes empresas que han resultado adjudicatarias de dicho servicio en los distintos procedimientos públicos de la licitación que se habían venido convocando en los últimos años.
Actualmente, la empresa adjudicataria es la mercantil "Louis Berger Aircraft Services, Inc" (LBAS), que por tanto es la responsable del control y la seguridad del despegue y aterrizaje de aviones y pasajeros que llegan al recinto militar, así como la que viene obligada a subrogar en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el servicio con las empresas anteriores.
Por otro lado, el convenio colectivo que habían suscrito los representantes de los trabajadores con la anterior empresa adjudicataria "CAV Europa, S.L.", es el que consta registrado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía con código 11002532011995, que data de mayo de 2013, con una vigencia de hasta el año 2015. Dicho convenio colectivo ha sido el utilizado por las empresas licitadoras a la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas.
Por parte de la actual empresa, se ha procedido a la denuncia del convenio, lo que ha provocado que representantes de los trabajadores y de la empresa se sienten de nuevo a negociar unas nuevas condiciones para que regulen la relación laboral. Pese a que ya se han desarrollado varias reuniones de trabajo en ese sentido, en la mesa de negociación del nuevo texto del convenio, cual es la sorpresa de los representantes sindicales cuando en días pasados, la empresa se desmarca de lo que es una negociación de un convenio y pone sobre la mesa planteamientos que afectan incluso al mantenimiento de los puestos de trabajo.
En este sentido, la nueva empresa plantea entre otras cuestiones, las siguientes:
- Llevar a cabo cuarenta y cinco despidos manteniendo las demás condiciones laborales existentes hasta el momento, o bien llevar a cabo quince despidos siempre y cuando el resto de la plantilla acepte
una reducción salarial que pasaría por la eliminación de las pagas extraordinarias de marzo y octubre, la reducción del 50% del complemento de antigüedad, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus de idiomas, es decir, una reducción salarial que estaría en torno al 35% de la masa salarial que venían percibiendo los trabajadores.
- Cambio del cuadrante de turnos y de los permisos y licencias retribuidas.
- Simplificación de los grupos profesionales.
- Simplificación de la estructura retributiva mezclando complementos salariales y extra salariales sin especificar cómo se calcularían los mismos.
Está claro que dicho planteamiento de estas nuevas condiciones laborales, solo suponen un empeoramiento en la situación que los trabajadores tenían antes del inicio de la negociación del nuevo convenio colectivo, no solo por una merma importante de las retribuciones, sino porque de este modo se dificulta mucho la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además, la aceptación de estas nuevas condiciones lleva aparejado que se acepte el despido de quince compañeros, y se hace con un chantaje inasumible de que si no se acepta, se despedirán cuarenta y cinco trabajadores.
Está claro que el comité de empresa no puede aceptar un chantaje en estos términos, que supondría no solo una conflictividad laboral importante, sino también una merma en la calidad y sobre todo en la seguridad del servicio.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la empresa realizó una importante baja al precio que sirvió de base de licitación en el proceso de concurso público, y al parecer quiere resarcirse de esta forma por esa baja que le sirvió para ser finalmente la empresa adjudicataria. Por tanto, podría estarse incluso ante un supuesto de incumplimiento de las propias proposiciones técnicas y económicas que la propia empresa esgrimió en el proceso de licitación, lo que no se podría permitir. En este sentido, los representantes sindicales han solicitado sin éxito dicha documentación a la empresa, por lo que sería necesario que el Gobierno solicitara esa documentación al Gobierno de EE.UU. con el objetivo de comprobar dicho extremo, y todo ello al ser materia exclusiva del Estado las relaciones internaciones.
Por último, no hay que pasar por alto, que si los despidos planteados llegan a efectuarse, se acentuaría aún más la infracción de los convenios bilaterales existentes entre el Estado español y Estados Unidos, sobre la ratio que debe existir entre personal español y personal extranjero. Por lo tanto, el Gobierno debe mostrarle al Gobierno estadounidense su total disconformidad con esta situación.
De igual forma, es de todos conocidos las repercusiones que la Base Naval de Rota tiene sobre el desarrollo económico del conjunto de la localidad y de su entorno en la provincia de Cádiz.
La preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es mayúscula a la vista de otras experiencias, como el ERE llevado a cabo en la Base de Morón de la Frontera en 2010 por la empresa contratista gestora del mantenimiento de la base, y la continua precarización y descenso del volumen y calidad del empleo para el personal español que se ha venido produciendo desde entonces.
1. Rechazar el planteamiento realizado por la empresa "Louis Berger Aircraft Services, Inc" a los representantes de los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota, pidiéndole que se sienten de nuevo a retomar las negociaciones del nuevo convenio colectivo que rija las relaciones laborales sin el planteamiento de ningún tipo de despido.
2. Pedir al Gobierno de Estados Unidos el contrato entre dicha Administración y la empresa adjudicataria de la explotación del aeropuerto de la Base Naval de Rota, así como que le manifieste a la Administración norteamericana su oposición a que dichos despidos se ejecuten por lo que éstos puedan afectar al incumplimiento de los convenios bilaterales vigentes.
3. Comunicar los términos de esta Proposición no de Ley a la empresa "Louis Berger Aircraft Services, Inc" y al Sr. Almirante del Arsenal de Cádiz."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2016.-Miriam Alconchel Gonzaga, Salvador Antonio de la Encina Ortega, Juan Carlos Campo Moreno y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001241
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar la industria y el cambio de modelo productivo, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
La industria española adolece de las deficiencias estructurales de nuestra economía. El descenso del peso de los sectores industriales en la economía frente al auge de los servicios, ha puesto en evidencia esas debilidades estructurales con la crisis económica.
Según el sindicato CCOO, que ha denunciado en un comunicado de prensa que no se han tomado medidas para suavizar los desequilibrios y dificultades que arrastran los sectores que deberían pilotar la recuperación económica, la industria solo ha recuperado el 22% de la producción que se destruyó durante los años más duros de la crisis. Su participación en el PIB se sitúa 7,5 puntos porcentuales por detrás del objetivo (un peso de la industria en el PIB agregado europeo del 20%) que aspira alcanzar la Unión Europea (UE) en 2020. Además, el sector industrial registra un volumen de empleo que crece débilmente y mantiene los desequilibrios y dificultades que registraba antes del desplome de la economía.
Utilizando datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 1 de enero de 2008, había en España 3.414.779 empresas, de las cuales el 7,2% (245.954 empresas) eran industriales. Además, el 23,7% de las grandes empresas eran industriales. El 1 de enero de 2015, el número de empresas descendió hasta 3.182.321, de las que el 6,2% son industriales (197.191 empresas). y el porcentaje de grandes empresas que son industriales descendió hasta el 21,2%. La pérdida de empresas en el sector industrial ha sido superior en términos relativos a la producida en el conjunto de la economía.
Además, como ha señalado el sindicato UGT en un estudio de su Gabinete Técnico Confederal, hemos pasado de tener en 2008 un 94,1% de microempresas (de cero a nueve trabajadores) a un 95,9% en 2015, cuando la media europea se sitúa en el 92,7%. En la industria, las PYME (de diez a 249 trabajadores) suponen un 14,1%, mientras las microempresas son el 85,4%. En el conjunto de la economía las microempresas son el 95,9% y las pequeñas y medianas empresas suponen el 4,1%.
En ese periodo el empleo industrial ha pasado de suponer el 16,3% al 13,6% del total. Y el empleo asalariado en la industria ha descendido desde el 17,5% al 14,7% entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2015, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
La necesidad de impulsar la industria es fundamental. Sin embargo, apostar todo al sector exterior como hace el discurso oficial no es garantía de recuperación, ya que la mejora de la balanza comercial se puede explicar en gran medida por el menor pulso de la demanda interna y, por tanto, de las importaciones. Fiar la recuperación a la demanda exterior no es una solución sostenible, porque la reactivación del consumo de bienes industriales necesita articular estímulos a la demanda interna. La consolidación fiscal, la devaluación salarial o los recortes sociales son políticas contraproducentes en este sentido.
También es un error apostar por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que España se perpetúe como el "Iow cost" de los países del euro frente a la evidencia de que las industrias más competitivas se caracterizan por altos salarios y calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la productividad para obtener menores costes de producción, exige impulsar la investigación y el desarrollo y una política energética bien planificada.
Es igualmente un error pensar que los problemas de financiación en las empresas industriales pueden solucionarse aumentando el peso de la financiación no convencional como a veces se proclama (deuda corporativa o capital riesgo) ante la elevada dependencia de la financiación bancaria. El problema es que la reestructuración de nuestro sistema financiero, pese a las nacionalizaciones y ayudas públicas a la banca, no ha considerado la creación de una verdadera banca pública con divisiones especializadas en la financiación empresarial.
Así, los verdaderos problemas que hay que abordar para sentar las bases del relanzamiento de la actividad productiva son la dificultad de acceso a la financiación, el déficit de inversión en investigación y desarrollo, el ineficiente modelo energético y las políticas de austeridad que deprimen la demanda interna.
1. Desarrollar un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical, para avanzar en un nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior.
2. Converger con Europa en inversión pública en investigación, desarrollo e innovación, y estimular la participación del sector privado en actividades innovadoras.
3 Crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial.
4. Articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial, y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos.
5. Fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de cierta dimensión, la internacionalización para la exportación y la apertura de nuevos mercados.
6. Establecer una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial, e introduzca transparencia en la formación de precios en el mercado de la energía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001242
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Antoni Postius i Terrado, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley sobre la reparación del talud situado junto a la línea de ferrocarril de Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (término municipal de Lleida).
Los vecinos de once casas de la calle Formigó de la Entidad Municipal Descentralizada de Raimat (término municipal de Lleida) denuncian la aparición de grietas en sus domicilios. La parte trasera de la calle Formigó da al talud situado junto a la línea de ferrocarril Lleida-Zaragoza. Los vecinos afectados manifiestan que el talud no tiene mayoritariamente un muro de contención que garantice la estabilidad y que la vibración producida por el paso de los trenes ha aumentado a medida que éstos han aumentado velocidad y peso.
Según las informaciones aparecidas en la prensa local, un informe técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) concluye que la degradación del talud no está causada por la explotación ferroviaria pero que, en todo caso, ADIF se comprometía a estudiar de nuevo el caso, si era necesario.
Las personas afectadas llevan más de diez años intentando hallar una solución, que no llega ni desde el Ministerio de Fomento, ni del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ni tampoco desde el Ayuntamiento de Lleida, por lo que resulta necesario que ADIF proceda a estudiar de nuevo los problemas
de grietas que tienen lugar en las viviendas de la calle Formigó de la Entidad Municipal Descentralizada de Raimat (término municipal de Lleida), con el objeto de darles solución definitiva.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que la empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) procederá a la reparación del talud situado junto a la línea de ferrocarril de Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (Lleida) en el plazo de tres meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001247
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, para su debate en la Comisión de Fomento.
La linea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que forma parte de dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), es uno de los proyectos que figura en la parte I del anexo I del Reglamento UE 1316/2013, donde se establece como referencia para la conclusión de sus obras el año 2020.
El objetivo principal de esta línea de altas prestaciones es el de dotar a Ronda y al Campo de Gibraltar de una conexión ferroviaria moderna y eficaz que mejore radicalmente la movilidad de su población y facilite el transporte de mercancías, garantizando de este modo la posición del Puerto de Algeciras como modo principal del sistema portuario del Mediterráneo.
Además de este objetivo principal, la construcción de la nueva línea supondrá importantes beneficios para el desarrollo de la actividad económica tanto en el sector industrial como en el sector terciario al incrementar de forma muy importante la accesibilidad de la zona respecto al conjunto del territorio nacional.
Actualmente esta vía es única y sin electrificar, lo que supone, junto a su trazado, unas velocidades de trayecto bajas y su modernización debe constituir una prioridad para el Gobierno por ser el tramo de cabecera de dos de los once corredores europeos de mercancías: el Mediterráneo y el Atlántico.
El retraso al que está sometiendo el gobierno las obras de modernización ha sido denunciado reiteradamente por la Junta de Andalucía y por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta denuncia se han sumado recientemente los responsables de seguimiento de los proyectos del Corredor Mediterráneo y del Corredor Atlántico que, en sendos informes, coinciden en que el tramo entre Algeciras y Bobadilla tiene sus obras sin comenzar y abogan por incluir en la reforma pendiente la electrificación de las vías. Esta modernización, como destacan los técnicos europeos, sería una de las que mayor efecto tendría sobre el cumplimiento de los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer, de forma urgente, las obras de modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, cumpliendo con los plazos y compromisos adquiridos con la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001249
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la gestión del procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a compañías aéreas a residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Fomento.
El procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a compañías aéreas tienen como objetivo ordenar la gestión de las liquidaciones a las compañías aéreas sobre las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo a los ciudadanos españoles y de los demás miembros de la Unión Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza que acrediten la condición de residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
El pasado 27 de octubre se aprobó la resolución de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en la que se establecen los precios de mercado aplicables para la liquidación de las bonificaciones de los billetes aéreos para Canarias y Baleares, emitidos bajo contratos comerciales de grupos por parte de las agencias de viaje y los turoperadores.
De acuerdo con lo establecido en la resolución, todos los grupos reservados con anterioridad a la fecha de aprobación estarían sujetos a la aplicación de los importes bonificables establecidos. En este sentido, para poder mantener la subvención del 50% para residentes y familias numerosas, los billetes aéreos para estos grupos debían emitirse antes del 31 de diciembre de 2016. En caso de no poder emitirse antes de esta fecha, la aplicación de la subvención de residente en estos grupos estaría sujeta a los precios máximos establecidos en base a la nueva normativa aplicable a emisiones a partir de 1 de enero de 2017, lo que podría representar un incremento en el precio por pasajero residente, al disminuir la subvención aplicable.
Recientemente, el Ministerio de Fomento aseguró que su departamento buscaría una solución para la situación de los territorios extrapeninsulares que se han podido ver afectados por el fraude (del que se tiene conocimiento desde el año 2007 por denuncia formulada por la Confederación Española de Agencias de Viajes) de pagos irregulares de millones de euros en la subvención al transporte aéreo de residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y que ha aplazado a marzo los cambios en la Ley de Subvenciones que afectan a los descuentos de transporte de los territorios extrapeninsulares en viajes de grupos.
Este fraude continuado se ha venido realizando mediante un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto, consistente en la presentación de liquidaciones por encima de lo cobrado por pasajero. Además, se habrían realizado contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de particulares, que luego no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación, lográndose lucro.
La Fiscalía ha reclamado indemnizaciones y multas millonarias por este motivo. Según ha quedado acreditado por parte de la Fiscalía, la base tomada para reclamar las subvenciones del Estado era la cantidad máxima que la aerolínea tenía establecida y declarada ente Aviación Civil por la tarifa aérea y los cargos por emisión de billetes vendidos.
Además, se tiene constancia de pagos recibidos por billetes no volados. Por tanto, es necesario que el Estado lleve el control mediante el número de billete, obligando a la existencia de una casilla de "vuelo volado" en los informes de Fomento.
En cualquier caso, el objetivo es evitar la penalización de los residentes, de los ciudadanos que viven en territorios extrapeninsulares. El problema no se encuentra en los pasajeros, sino en la perversión del sistema utilizado para realizar estos pagos. Los pasajeros no pueden ser los damnificados del sistema establecido.
1. Establecer relaciones con los propietarios de sistemas (Amadeus, Gabriel, etc.) y con los distintos consolidadores online, con el objetivo de obtener información sobre billetes no volados, de modo que se evite el fraude que se está llevando a cabo con los "service fees" de los billetes no volados.
2. Que el Estado lleve el control de los vuelos por el número identificativo del billete, creando la casilla de "vuelo volado" en los informes de Fomento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001245
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la integración de la actividad preventiva en la empresa y mejorar la calidad en la actuación de los servicios de prevención ajenos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Hace más de veinte años que se publicó en el "BOE" la Ley 31/1995 para la prevención de riesgos laborales, y después de numerosas reformas legislativas y disposiciones de desarrollo, estamos en un punto en el que todavía hay que integrar la prevención en la gestión de las empresas y en el que la siniestralidad laboral está aumentando de manera alarmante. En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene. Comparando con el mismo periodo del año anterior el número de accidentes con baja aumenta en un 7,6% más que en el mismo periodo de 2015 y un 8,4% los producidos "in itinere", mientras que el índice de incidencia de los accidentes en jornada (que expresa la siniestralidad relativa) aumenta un 4,2%.
De forma aproximada los principales rasgos de la gestión de la prevención en las empresas son:
- Aún más del 6% de los trabajadores/as trabajan en empresas que no disponen de ninguna modalidad de organización preventiva.
- Más del 75% de empresas contratan servicios de prevención ajenos para llevar a cabo toda o parte de la actividad preventiva de la empresa. Hay una infrautilización de la modalidad de la integración del servicio de prevención como propio en la estructura de la empresa. Entre las pequeñas empresas (incluidas las microempresas) la situación en cuanto a la modalidad de organización de la prevención es bastante homogénea: de las empresas que disponen de algún tipo de recurso preventivo, el servicio de prevención ajeno es el único recurso disponible en una amplia mayoría de los casos. En las restantes existe un trabajador designado o (en el caso de las microempresas) el empresario ha "asumido la prevención". En cualquier caso, la tendencia actual es la de disminuir los recursos propios. Cabe decir, por tanto, que la (total) externalización de la prevención es la práctica habitual".
- Sólo el 1 % de las empresas han evaluado las cuatro tipologías de riesgo de manera específica y la mayoría de las empresas que lo han hecho, son de más de 500 trabajadores/as.
- La evaluación de los riesgos laborales, de manera específica, evoluciona de manera diferente en función del tipo de riesgo. Se hace en un 35% de las empresas con respecto a los riesgos de seguridad, hasta sólo el 2,9% de las empresas en el que caso de los riesgos psicosociales.
Uno de los aspectos contemplados en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, es el referido a la capacidad de las microempresas y las pequeñas empresas para poner en marcha medidas efectivas y eficaces para la prevención del riesgo. La implicación de las PYMES, desde la aprobación de la Ley de prevención de riesgos de las empresas, es insuficiente por dos motivos básicamente:
- Insuficiente disponibilidad de recursos en la empresa con formación preventiva dificulta en algunas ocasiones el cumplimiento de sus objetivos, lo que finalmente repercute en una pérdida de efectividad del sistema en su conjunto y dificulta la integración de la actividad preventiva en la empresa.
- De forma paralela la externalización mayoritaria de la gestión de la actividad preventiva hacia los servicios de prevención, la empresa ha dejado de ver la gestión de la actividad preventiva como algo propio para trasladarlo a los servicios de prevención ajenos como las entidades especializadas en prevención de riesgos laborales con las que las empresas han concertado de forma sistemática la actividad preventiva.
Complica esta situación la propia forma de organización y funcionamiento de los servicios de prevención, que han llevado a un cumplimiento meramente formal de las obligaciones y a una dejación práctica de sus funciones.
Si bien disponemos de una legislación muy desarrollada que partiendo de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención se ha modificado en numerosas ocasiones, entre otras las operadas por la Ley 54/2003, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, todas ellas normas que intentan mejorar la integración de la actividad preventiva en el sistema de gestión de la empresa, los intentos han resultado fallidos para lograr de forma efectiva la obligación legal de la integración.
Así se establecía que la política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa, se introdujo el Plan de prevención de riesgos laborales como instrumento de integración, se agilizaron los requisitos de las evaluaciones de riesgos en las pequeñas y medianas empresas, se impulsó la asunción de la prevención por las mismas.
No obstante no se atajó la externalización que ha supuesto cada vez más un deterioro y mercantilización de la prevención al hilo de la propia evolución de los SPA que conviene repasar brevemente.
Aunque cada vez son más las empresas que cumplen con la realización de la evaluación inicial de riesgos, sin embargo la inexistencia o falta de una evaluación de riesgos adaptada a las condiciones de trabajo existentes en el centro de trabajo es una de las carencias detectadas en la aplicación de la Ley 31/1995 en el sector. Por otra parte en muchos casos la evaluación es un cumplimiento meramente formal no reflejando la variedad de tareas que se realizan en el sector, utilizando evaluaciones de riesgos estandarizadas o realizadas para otras empresas. A este respecto muchos servicios de prevención ajenos con el fin de abaratar costos, utilizan para realizar la evaluación de riesgos, plantillas estandarizadas elaboradas anteriormente sobre otras empresas, sin adecuar ni reflejar la gran variedad de tareas que se realizan en las empresas de este sector.
La integración de la prevención dentro de la estructura jerárquica de la empresa es precisa para alcanzar una reducción de los índices de siniestralidad laboral y una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y por el momento no se ha conseguido en nuestras empresas, siguiéndose por el camino de la externalización y sin tener en cuenta en la política en materia de seguridad y salud en el trabajo las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas.
Así, tal como vuelve a reconocer una vez más la estrategia 2015-2020 la sensibilización y concienciación, en todos los niveles de la organización, es una de las vías que permiten mejorar las conductas y actitudes de los empresarios, por un lado, para lograr un cambio en la forma de liderazgo y una implicación en el compromiso de integrar la seguridad y salud en la toma de sus decisiones, en su trabajo y gestión diaria y de los trabajadores, por otro lado, para conseguir su colaboración constructiva con la dirección de la empresa y la aplicación de buenas prácticas en su hacer diario.
La reforma de la legislación debe pasar necesariamente por una modificación de la LPRL y RSP, teniendo en cuenta que esta situación viene ya provocada por una inadecuada trasposición de la Directiva Marco 89/391/CEE , que imponía al empresario una obligación principal que consiste en designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y de prevención de los riesgos
profesionales y la obligación de recurrir a competencias ajenas a la empresa es subsidiaria en la medida en que sólo existe "si las competencias en la empresa y/o establecimiento son insuficientes para organizar dichas actividades de protección y de prevención" .
La opción, expresada en la Directiva, de dar preferencia, cuando las competencias internas de la empresa lo permitan, a la participación de los trabajadores en las actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales, más que al recurso a competencias externas, es una medida de organización que se ajusta al citado objetivo de participación de los trabajadores en su propia seguridad. Situación que no se ha producido en nuestras empresas, sino de falta de integración de la actividad preventiva, externalización hacia los servicios de prevención y "consideración" de que la prevención es cosa de otros y que ha venido en parte potenciada por la transposición a la legislación española de estas disposiciones se ha realizado del modo en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Es decir, en nuestra legislación el empresario puede designar trabajadores o externalizar por completo la acción preventiva a través del concierto con uno o varios servicios de prevención ajenos sin que la norma establezca una preferencia para la primera opción ni determine en qué supuestos excepcionales puede elegir la segunda de las opciones. Permitiendo optar libremente entre recursos internos y externos y liberarse de la obligación de designar trabajadores para tareas preventivas si ha concertado dicha actividad con un servicio de prevención externo.
Esta externalización y falta de implicación de las empresas es aún más dramática si se tiene en cuenta el defectuoso cumplimiento por parte del servicio de prevención de sus obligaciones, debido entre otras cosas al deficiente control de los mismos y a la cada vez más mercantilización del sistema.
Además, a pesar de todas las reformas legislativas operadas, los "vicios y defectos" de los conciertos de las empresas con los servicios de prevención ajenos, motiva que la variedad de los mismos sea excesivamente amplia y que en una buena parte de ellos la presencia de los técnicos de los servicios de prevención se limite a acciones muy concretas y puntuales.
En sus inicios, la normativa de Prevención de Riesgos Laborales permitía a las Mutuas de Accidentes de Trabajo constituir y ofertar a sus empresas mutualistas los servicios mediante las llamadas sociedades de prevención. Las sociedades de prevención iniciaron a partir de entonces un camino en el que debían competir en el mercado sin el paraguas de la mutua.
Inicialmente su actuación estaba limitada a empresas asociadas a la mutua matriz aunque posteriormente pasaron a desarrollar actividades preventivas en cualquier empresa con independencia de la mutua de la misma. Pasaron así a competir con los servicios de prevención ajenos mercantiles en condiciones de igualdad.
Pero todo este proceso de separación y de apertura del mercado ha tenido lugar en un momento económico que ha posibilitado (y está posibilitando) la entrada de empresas ajenas al sector procedentes de diversos ámbitos, traduciéndose en una guerra de precios sin precedentes con unas consecuencias impredecibles, tanto para un sector del que dependen más de 10.000 empleos directos (los cuales ya han comenzado a sufrir las consecuencias con reducciones salariales, despidos y expedientes de regulación de empleo), como para la calidad del servicio que se ofrece a los clientes (empresas) que está sufriendo una reducción de calidad sustancial.
Esta configuración mercantilista de los servicios de prevención ha venido a ahondar aún más en la precariedad con la que ya se cumplían las obligaciones preventivas vinculadas a la gestión de la prevención, pues a la externalización de estas obligaciones, se está produciendo una reducción de la calidad de los servicios que ofertan y ofrecen.
Además la situación de crisis económica ha hecho en parte disolverse el esfuerzo que venía haciéndose desde la Ley 31/1995, y en los últimos años no se ha realizado ningún tipo de actividad normativa en relación a las obligaciones derivadas de la gestión de la prevención por lo que es preciso retomar actuaciones concretas en esta materia.
1. Iniciar un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales a los efectos de adoptar las medidas legislativas por las que se impulse, se promueva y se haga efectiva la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas, mediante las modificaciones legislativas oportunas de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención para potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los ajenos.
2. Reconducir el papel de los servicios de prevención, siendo necesario atajar por un lado la falta de calidad de los servicios prestados y, por otro, la falta absoluta de apoyo a la empresa para integrar la prevención.
3. Tener en cuenta cuál es el verdadero papel de los SPA como un agente fundamental para la prevención de riesgos laborales, que se exija por ley la elaboración de códigos deontológicos para el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social, que dejen claro que la calidad y eficiencia de las actuaciones técnicas de los SPA deben primar sobre la captación comercial y que la contraprestación económica negociada con el empresario no debe conculcar la efectividad y calidad del trabajo técnico contratado ni debe ser la base para realizar menos funciones preventivas.
4. Cumplir estas obligaciones deontológicas, que determinan como en otros ámbitos la responsabilidad penal del servicio de prevención como persona jurídica (no solo la de los técnicos, que en ocasiones no pueden desarrollar su actividad en las condiciones debidas) al amparo del artículo 31 bis del Código Penal.
6. Revalorizar y fortalecer las instituciones con competencias en prevención de riesgos laborales, a nivel estatal y fomentar la coordinación con las CCAA dotándolas de los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados para el ejercicio de las funciones encomendadas y la adaptación de las mismas a las demandas de cada momento y dirigiendo esta actuación, sobre todo, al desarrollo y cumplimiento de los conciertos por parte de los servicios de prevención, así como a la adecuación de sus estructuras a los objetivos que deben cumplir.
7. Impulsar la realización de campañas específicas un control riguroso de los SPA, a través de la Inspección de Trabajo, con la colaboración de las CCAA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001254
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantización de los derechos de los españoles residentes en Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Aunque formalmente no han comenzado las negociaciones para el conocido como Brexit, es decir, el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, el pasado 17 de enero, su primera Ministra anunció una salida completa.
Theresa May señaló, entre las prioridades que guiarán la negociación del Gobierno británico, la de garantizar los derechos de los nacionales de otros países de la UE que viven en Reino Unido, así como los de los británicos residentes en otros países del bloque.
Como consecuencia de la crisis económica y de la falta de oportunidades en España, cientos de miles de españoles, en su mayoría jóvenes y bien formados, buscaron en otros países las oportunidades laborales que no encontraron en nuestro país. En Reino Unido, las estadísticas oficiales publicadas por el INE en marzo de 2016 hablan de 102.498 españoles residentes. Sin embargo, organizaciones como Marea Granate, colectivo formado por emigrantes españoles, aseguran que, atendiendo a otras estadísticas oficiales como la de españoles que obtienen el número de seguridad social británico (National Insurance
number), se demuestra que las cifras reales son significativamente superiores. El Grupo Parlamentario Socialista, en diferentes ocasiones, ha denunciado que las trabas impuestas desde la Administración española para hacer oficiales los cambios de residencia temporal, por ejemplo, la que se refiere a la conservación del derecho a la asistencia sanitaria en España si se ha comunicado el traslado al extranjero transcurridos tres meses desde la salida de nuestro país. En efecto, sigue sin resolverse la pérdida de ese derecho mientras los españoles deciden probar la viabilidad de su proyecto migratorio.
Las estadísticas oficiales de británicos residentes en España de junio de 2016 señalan que 292.121 británicos tienen su residencia en España. Probablemente, esas estadísticas también reflejen un número inferior al real. En todo caso, su número es notablemente superior al de los españoles en las Islas Británicas. Parece claro que, de cara a la negociación que se vaya a celebrar, resulta igualmente del máximo interés contar con un estudio pormenorizado de su situación administrativa y de sus necesidades y expectativas.
Los derechos adquiridos por los españoles, como ciudadanos de la UE, que residen por cualquier circunstancia en la Reino Unido (trabajo por cuenta ajena o propia, becas, prácticas, estudios, reagrupación familiar, etc.), no deberían verse en peligro por el Brexit. Las expectativas referidas a la posible imposición de requisitos más exigentes para renovar la autorización de residencia, a la reagrupación familiar, a la posibilidad o no de tener cobertura social en caso de necesidad, etcétera, es lógico que hoy estén entre las muchas preguntas sin respuesta que se estarán haciendo los españoles que forman este colectivo.
El Grupo Socialista considera que, a pesar de las muchas materias concernidas en este proceso que va a afectar tanto a la circulación de mercancías, servicios, capitales, y trabajadores, es una prioridad absoluta lo que ocurra con la situación de éstos últimos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de los derechos de los españoles residentes en el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, y con estos fines:
- Realizar con urgencia un amplio estudio "ad hoc" que recoja una estadística del número real de residentes españoles en Reino Unido, así como de su situación administrativa en ese país, y paralelamente, un estudio exhaustivo de las circunstancias de los residentes británicos en España.
- Incorporar, como máxima prioridad en la posición española que se trasladará a la Unión Europea en la negociación del Brexit, el mantenimiento de los derechos de los españoles residentes en aquel país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001256
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar la Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La gran prioridad para el Gobierno de Partido Popular son las personas y su acceso y mantenimiento del empleo. Uno de nuestros principales objetivos radica en acortar el tiempo de transición del desempleo al empleo como pone de manifiesto la intensa agenda de reformas que se han llevado a cabo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo prioritario de impulsarlo.
El desarrollo de estas reformas se ha realizado primando la equidad y la protección de las personas más vulnerables, que requieren de mayor atención en su camino de vuelta al mercado de trabajo. Precisamente por ello se aprobó, con el consenso de interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas,
la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 que se configura como el primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo. De esta forma, la Estrategia Española de Activación para el Empleo cumple con un papel unificador de las estrategias individuales de cada uno de los Servicios Públicos de Empleo, en lo que se refiere a la intermediación entre oferta y demanda de empleo y al diseño y gestión de las políticas activas de empleo.
A fin de continuar avanzando en este objetivo, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Empleo, se aprobó el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo, siguiendo las pautas de lo dispuesto en la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, tiene como objetivo garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los Servicios Públicos de Empleo y a los servicios prestados por los mismos. Se trata de otorgar igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, constituyendo un compromiso de los Servicios Públicos de Empleo con las personas y empresas usuarias de los mismos. En definitiva, garantiza los derechos de los ciudadanos y define las obligaciones de los Servicios Públicos de Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, ha supuesto un paso muy importante en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo. Determina el conjunto de los servicios que deben ser un derecho para las personas, tanto desempleadas como ocupadas, y las empresas, así como los contenidos o requisitos comunes mínimos y aspectos básicos que serán de aplicación en toda España. Además, cada Servicio Público de Empleo podrá, en virtud de sus competencias, ofrecer en su ámbito territorial otros servicios que complementen los de la Cartera Común.
La Cartera Común está integrada por cuatro servicios de empleo: (i) Un servicio de orientación profesional, (ii) un servicio de colocación y asesoramiento a empresas, (iii) un servicio de formación y cualificación para el empleo y, (iv) un servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Los Servicios Públicos de Empleo autonómicos prestarán todos estos servicios atendiendo a una serie de principios: igualdad en el acceso a los servicios, gratuidad de los mismos, atención personalizada al ciudadano, eficiencia, transparencia y orientación a resultados, e intercambio de información de servicios y datos dentro del Sistema Nacional de Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo funciona. Ha supuesto un gran avance para garantizar la igualdad de oportunidades en la promoción del empleo, en la lucha contra el desempleo y en la integración laboral, y es nuestra responsabilidad conseguir que funcione mejor aún para que llegue al mayor número de personas. Es por ello, que en el marco del diálogo social y en colaboración de las Comunidades Autónomas debemos analizar y estudiar el actual funcionamiento de la Cartera Común, para proceder a mejorar la coordinación y eficacia de la misma. La meta es que la atención a un desempleado, ocupado o empresa sea igual independientemente de la parte del territorio en el que se encuentre.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del diálogo social, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, se estudien y adopten las medidas pertinentes para reforzar la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo a fin de garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por ésta."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001257
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes al mismo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El teletrabajo, o trabajo a distancia, es una modalidad de empleo cada vez con más arraigo internacional. En España, el número de empleados que cumple sus funciones fuera de la oficina se ha multiplicado en los últimos años, no obstante, todavía es muy inferior al registrado en otros países europeos o en Estados Unidos. Podemos confirmar que la tendencia global hacia el trabajo a distancia aún no se ha asentado en España.
Es cierto que el Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente para reestructurar esta modalidad de empleo y para garantizar los derechos del teletrabajador. Con la entrada en vigor de la reforma laboral del 2012, se regula por primera vez en España el trabajo a distancia. Se modifica el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores dejando atrás el conocido y obsoleto "trabajo a domicilio" en sustitución del actual "trabajo a distancia". Con ello, se abre la vía a la regulación en detalle del teletrabajo como forma de organizar y/o realizar un trabajo que utiliza las tecnologías de la información para desarrollar, de manera regular, la prestación de servicios fuera de las instalaciones de la empresa. También cabe la opción de alternar el teletrabajo con el trabajo presencial en la sede de la empresa.
Las principales novedades que se incorporan con la citada modificación del Estatuto de los Trabajadores están encaminadas a garantizar los mismos derechos a los trabajadores a distancia que a aquellos que ejercen su labor profesional en el centro de trabajo de la empresa: (i) derecho a formalizar el contrato por escrito y a obtener una copia del mismo, (ii) derecho a percibir, como mínimo, la retribución que le corresponde por su categoría, (iii) derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo (iv) será el empresario quien deba establecer los medios necesarios para asegurar el acceso de los teletrabajadores a la formación profesional para el empleo, (v) el empresario deberá posibilitar la movilidad y promoción e informar a los teletrabajadores de los puestos vacantes para su desarrollo presencial en los centros de trabajo, (vi) Los trabajadores a distancia también podrán ejercer los derechos de representación colectiva.
No podemos obviar que el teletrabajo goza de una serie de ventajas que benefician tanto al trabajador: como al empresario. Las principales ventajas para el trabajador son: (i) mejora, en gran medida, la conciliación entre la vida laboral y familiar, (ii) ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos (iii) mayor autonomía, lo que potencia su desarrollo profesional, (iv) aumenta la movilidad y flexibilidad del trabajador, (v) se desarrolla el sentido de la responsabilidad y la confianza, (vi) se reduce el estrés laboral, (vii) elección personal del entorno laboral, (viii) se favorece el acceso a la formación, potenciando la formación "online", (ix) facilita la inserción laboral de personas con discapacidad.
El teletrabajo también supone unas importantes ventajas para la empresa contratante: (i) reduce los costes en infraestructuras, ahorro de espacio de trabajo, alquiler, etc., (ii) menor coste por puesto de trabajo, produciéndose ahorros en electricidad, y suministros varios, equipamiento de la oficina, etc., (iii) mayor productividad al implantar trabajo por objetivos o por resultados, (iv) es una buena medida para eliminar el control horario y combatir el absentismo laboral, (v) facilita la expansión geográfica, (vi) aumento de la flexibilidad interna y externa, permite captar talento y facilita su retención, (vii) es una forma óptima y muy rentable de promocionar y favorecer la conciliación.
En los países donde más arraigado está el teletrabajo, el impacto positivo de esta modalidad laboral también repercute en el conjunto del país, ya que los ahorros económicos y medioambientales del teletrabajo masivo son millonarios. Si se potencia el teletrabajo en nuestro país, se ahorrarían millones en gastos de las personas que deben desplazarse kilómetros hasta su lugar de trabajo, se ahorrarían también millones en gasolina que deja de consumirse, indirectamente también se reducen los accidentes de trabajo "in itinere".
A ello hay que sumarle los ahorros en el daño que se le hace al medio ambiente todos los días, ya que miles de automóviles dejan de circular por las calles. Durante un año entero, dejarían de producirse miles de toneladas de gases de efecto invernadero. Disminuiría la contaminación de los grandes núcleos urbanos, donde se ubican la mayoría de los profesionales que podrían dedicarse al teletrabajo y el estrés social también sería menor.
En definitiva, debemos apostar por regular y potenciar el teletrabajo y por garantizar los derechos de los teletrabajadores. No obstante, a pesar de la evolución positiva de esta modalidad laboral, el porcentaje de teletrabajadores en España es notablemente inferior al registrado en otros países de la Unión Europea
y Estados Unidos. Por ello, se debe continuar trabajando para fomentar el trabajo a distancia y potenciar las ventajas inherentes al mismo hasta conseguir que el teletrabajo sea considerado como un equivalente al trabajo tradicional. Las nuevas tecnologías y la demanda de la sociedad imponen cada vez más esta modalidad laboral como una potente alternativa al trabajo presencial. Por ello, debemos esforzarnos y continuar promoviendo este tipo de contratación en beneficio de todos y a los efectos de adaptarnos a la realidad social que vivimos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar diferentes fórmulas para continuar fomentando el teletrabajo hasta conseguir que sea considerado como un equivalente al trabajo presencial, en beneficio principalmente del trabajador al poder flexibilizar horarios y favorecer la conciliación laboral, pero también en beneficio de la empresa y del país en general que directamente se benefician del ahorro económico y energético que reporta."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la modificación de la potencia eléctrica, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Existen muchos sectores productivos que, por sus características propias, solamente realizan actividad durante un espacio limitado de tiempo a lo largo del año. Esto es muy habitual en el sector agrícola, pendiente de los diversos ciclos de cosechas. Por ejemplo, los molinos de aceite o los almacenes de procesado de naranjas.
En estas temporadas, las necesidades eléctricas son grandes, lo que lleva a las empresas a contratar con las compañías distribuidoras potencias eléctricas elevadas.
Sin embargo, cuando termina la temporada, dichas necesidades caen en picado, pero las empresas no pueden variar su contrato porque la legislación actual lo impide. El Real Decreto 1164/2001, en el artículo 5, apartado 4, 3r 3r) dice: "Las empresas distribuidoras están obligadas a modificar la potencia contractual para ajustarla a la demanda máxima que deseen los consumidores o sus mandatarios, de acuerdo con el ámbito de aplicación de las tarifas de acceso establecido en el artículo 1, apartado 1, del presente Real Decreto, excepto en el caso en que el consumidor haya modificado voluntariamente la potencia en un plazo inferior a doce meses y no se haya producido ningún cambio en la estructura de tarifas que le afecte, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que tuviera que dar la Dirección General de Política Energética y Minas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto."
La normativa impide realizar un cambio con menos de doce meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la implementación en España de la Agenda 2030.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la comparecencia a que se refiere el punto 5 procedería realizarla, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación en España de la Agenda 2030, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En septiembre de 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la agenda de desarrollo sostenible 2030 dirigida a garantizar la equidad y la sostenibilidad del desarrollo, erradicar la pobreza y la desigualdad mediante un crecimiento que genere prosperidad sin dejar a nadie atrás, protegiendo el medio ambiente y garantizando la paz y el disfrute de los derechos humanos.
La Agenda 2030 es el resultado del proceso participativo global más intenso conocido. Durante más de dos años se celebraron consultas nacionales y temáticas, procesos de participación "on-line", reuniones regionales y de carácter global que concluyeron con la nueva agenda de desarrollo compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Los 17 ODS abarcan buena parte del espectro de las políticas públicas. Se trata de objetivos multidimensionales e interdependientes por lo que su abordaje requiere de una coordinación intersectorial que garantice precisamente la coherencia de políticas para el desarrollo:
1. Poner fin a la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo.
La agenda de desarrollo sostenible 2030 implica finalizar el trabajo iniciado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pero, a diferencia de los ODM y otros compromisos en materia de desarrollo, es una agenda universal trascendiendo la división tradicional entre políticas nacionales y políticas internacionales.
La agenda 2030 supone un cambio de paradigma en tanto que se abandona el enfoque de cooperación, esto es, una agenda pensada para los países en desarrollo, para incorporar el enfoque de desarrollo global que aplica a todos los países por igual.
Se trata, por tanto, de una agenda con vocación verdaderamente transformadora, universal y adaptable a las condiciones de cada país, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y capacidad, lo que se conoce como responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Los Gobiernos de todo el mundo deben aplicar esta agenda tanto en sus políticas nacionales como en las de cooperación internacional sobre el principio de la coherencia de políticas para el desarrollo sabiendo que esta coherencia aplica tanto al nivel doméstico como internacional.
La mayoría de los países ya están inmersos en este proceso y urge que España se incorpore al ya extenso grupo de países que bien han elaborado o se encuentran en proceso de establecer el marco orgánico, regulador y político de la implementación de la agenda.
España necesita armonizar y planificar sus políticas conforme a la agenda firmada, también la política pública de cooperación internacional para el desarrollo. Y para ello debe, por tanto, definir e implementar medidas programáticas, mecanismos y habilitar recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dado el carácter descentralizado de nuestro Estado es fundamental el papel de las comunidades autónomas en la implementación de esta agenda, habida cuenta de que son ellas las competentes para el diseño y ejecución de la mayor parte de las políticas sobre las que recaen las Metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello, es imprescindible disponer de una estructura de gobierno que lidere y coordine la acción global de los diferentes Ministerios afectados así como coordinar con las comunidades autónomas y resto de actores que tienen también responsabilidades a desarrollar en esta agenda.
Del mismo modo, es necesario un sistema propio de indicadores basado en los 230 indicadores globales que permita basar el análisis y las políticas en datos disponibles, accesibles, desagregados así como en la evidencia.
Como en todas las políticas, es fundamental la labor de seguimiento, rendición de cuentas y debate sobre la agenda para lo que es pertinente involucrar a las Cortes por cuanto que es en las mismas donde recaen las funciones legislativas, presupuestarias y de control tan importantes en la preparación y seguimiento de las políticas públicas que permitirán el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Avanzar en el trabajo liderado por el Instituto Nacional de Estadística y definir los indicadores nacionales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con actores públicos, privados y de la sociedad civil.
5. Informar a esta Cámara, mediante la comparecencia del responsable que se determine con arreglo a lo previsto anteriormente, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, así como de su implementación de forma periódica.
6. Remitir a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un informe que recoja de manera integrada y detallada los créditos de los distintos Ministerios y organismos públicos destinados a financiar cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7. Incorporar a la información pública sobre ejecución presupuestaria el grado de ejecución de estos créditos presupuestarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-David Serrada Pariente, Sonia Ferrer Tesoro y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001239
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el diferente trato por parte de la Administración a las diferentes lenguas del Estado, para su debate en la Comisión de Cultura.
Internet se ha consolidado alrededor del mundo como un instrumento fundamental en la relación entre la ciudadanía y las administraciones. En este sentido, los poderes públicos tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para acercar la información y el contenido de sus páginas web y redes sociales al conjunto de la ciudadanía desde la máxima proximidad.
Por ejemplo, la administración Obama en los EE.UU. decidió contar con una versión de su página web y las redes sociales de la Casa Blanca en castellano, dada la gran importancia de la población hispana en EE.UU. La eliminación de esta versión ha despertado una oleada de lógica reprobación dentro y fuera de las fronteras de los EE.UU., ya que supone alejar la administración de un importante sector de la población. Lamentablemente, el tratamiento que se da a las diferentes lenguas oficiales en el Estado Español dista mucho de ser igualitario, lo que provoca el mismo alejamiento de la administración a una parte de la ciudadanía que se relaciona con los poderes públicos en una lengua diferente al castellano.
Así pues, es habitual encontrar la posibilidad de acceder a diferentes versiones de la web en las lenguas oficiales diferentes al castellano, pero estas versiones se limitan a traducir el título y parte del
contenido estático y dejan fuera el conjunto del contenido dinámico (noticias, anuncios, etc.) que son, habitualmente, los que despiertan mayor interés entre la ciudadanía. En el caso de la web del Congreso, no sucede ni siquiera esto, se puede acceder a los contenidos exclusivamente en castellano o inglés.
Según el artículo 3.3 de la Constitución: "La riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
Por todo esto presentamos la siguiente
- Elaborar una versión completa de las webs oficiales del Gobierno central y la Administración General del Estado en las diferentes lenguas del Estado Español que contemple la totalidad de su contenido, incluyendo las noticies y anuncios.
- Hacer uso de las diferentes lenguas oficiales del Estado en la redes sociales del Gobierno y la Administración General del Estado."
161/001243
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de fundaciones, para su debate en la Comisión de Cultura.
Según el artículo 15, apartado primero, de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, también conocida como Ley de Memoria Histórica: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".
Cuesta entender cómo con este marco de protección legislativa en el que las exaltaciones "personales o colectivas" de la Guerra Civil y la dictadura no tienen cabida, nos encontramos con fundaciones legalmente constituidas como la Fundación Blas Piñar (fundada en 2014), la Fundación José Antonio Primo de Rivera (fundada en 1996), la Fundación Ramiro Ledesma Ramos (fundada en 1999) o la Fundación Francisco Franco (fundada en 1976).
En el caso de la Fundación Francisco Franco constan además diferentes subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, como:
- 2.880.000 pesetas en el año 2000 para la adquisición de equipos informáticos.
- 3.955.200 pesetas en el año 2000 para la contratación de personal y servicios externos.
- 3.000.000 de pesetas en 2001 para equipamiento informático y microfilm.
- 4.000.000 de pesetas en 2001 para la contratación de personal.
- 23.000 euros en 2002 para empezar la segunda parte del proyecto anteriormente subvencionado.
- 18.000 euros en 2002 para equipamiento informático.
- 4.500 euros en 2003 para equipamiento informático.
- 22.190 euros en 2003 para finalizar el proyecto.
Además de estas subvenciones, según la Ley de Régimen Fiscal de Entidades sin Finalidad de Lucro y los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aplicables a esta Fundación, se permiten deducciones al IRPF por
donaciones. En Alemania sería difícil imaginar bonificaciones al IRPF por aportaciones a una Fundación Adolf Hitler. Aquí, es posible.
Es deber de las Administraciones del Estado velar por el cumplimiento de la Ley, como es el caso de la de Memoria Histórica, y no caer en un revisionismo histórico en el que organizaciones como las antes señaladas hagan exaltación de figuras de nuestra historia que crearon heridas aún abiertas en nuestra sociedad y ofreciendo, incluso, asesoramiento y asistencia jurídica para continuar incumpliendo la Ley a aquellos Ayuntamientos obligados a la retirada de la simbología franquista de su municipio.
Un ejemplo de estas situaciones indeseables en cualquier país democrático que haya sufrido una dictadura son las cartas enviadas por la Fundación Nacional Francisco Franco a diferentes entidades locales que se dirigen a las corporaciones locales de la siguiente forma: "Estimado alcalde: le remito esta carta en el convencimiento de que gobierna su municipio con la probidad y el rigor de un buen padre de familia", para continuar exaltando al régimen franquista ("la era de Franco que transformó a España y a su pueblo como no se había conocido en su histórica") y atribuir a la Ley de Memoria Histórica "el claro propósito de que ganen la guerra los que la perdieron hace ochenta años".
Pablo de Greiff, relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, en un escrito realizado posteriormente a su visita oficial a España, el 21 de enero de 2014, señalaba 10 puntos suspendidos en materia de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Uno de ellos era la falta de transparencia en el acceso a información sobre los años de la dictadura "sin criterios claros". Por ejemplo, hacía referencia al archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, al que la Fundación Francisco Franco aporta parte del fondo documental restaurado mediante subvenciones estatales. Otro de los puntos hace referencia a la eliminación de la simbología franquista aún presente en muchos municipios. Simbología defendida por la totalidad de estas entidades y, en especial, por la Fundación Nacional Francisco Franco, que ofrece asesoramiento para continuar incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.
Es un hecho impensable que en un Estado democrático se permita la existencia de fundaciones que hagan apología de la dictadura de forma activa ofreciendo servicios para saltarse la ley o exaltando el nombre, figura y vida de los personajes culpables de uno de los episodios más oscuros y sanguinarios de nuestra historia.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
1. Empezar las investigaciones pertinentes y solicitar informe al Protectorado de Fundaciones del Ministerio competente sobre las actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo por la Fundación Nacional Francisco Franco.
2. Modificar el artículo 5 sobre denominaciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para incluir la imposibilidad de exaltar o hacer mención en la denominación de las fundaciones de ámbito estatal del nombre de dictadores, personas u organizaciones que hayan cometido crímenes contra la humanidad tal y como se regula en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001251
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión de la Dama de Elche y creación de subsede del Museo Nacional de Arqueología, para su debate en la Comisión de Cultura.
La ciudad de Elche cuenta con dos Museos relacionados con la arqueología ilicitana: el MAHE (Museu Arqueológic i d'História d'Elx) inaugurado en 2006 y el Museo Arqueológico de La Alcudia.
El MAHE fue el que incorporó entre sus instalaciones museísticas la adaptación de la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira para albergar a la Dama de Elche durante la cesión temporal (seis meses) que el Museo Arqueológico Nacional concedió del 1 de mayo al 30 de octubre de 2006. Para ello se instalaron todas las medidas de seguridad (activas y pasivas), de conservación (control de acceso limitado, creación y control de ambiente atmosférico, etc.) establecidas por el MAN. Todo ello con la consiguiente inversión económica que, desde el 1 de noviembre de 2006, está sin utilizar.
Este Museo dispone de una sala de exposiciones temporales, infrautilizada, anexa a la Sala de Exposición Permanente; una sala de actividades (sin uso desde el 1 de noviembre de 2006) en el patio de armas del Palacio de Altamira, justo al lado de la Torre del Homenaje. Las dos salas disponen de las instalaciones necesarias para poder ser utilizadas como Exposición Permanente con una inversión económica mínima.
Si cualquiera de estas dos salas se musealizan, pueden ser el lugar idóneo para albergar el Museo de Arte Ibérico Nacional, por cuanto se encuentran en la ciudad referente del mundo ibérico y con unas instalaciones perfectas, modernas y adecuadas para exponer a las manifestaciones artísticas más importantes de la cultura ibérica.
De esta forma Elche reuniría en un mismo lugar, todas las investigaciones arqueológicas del arte ibérico, convirtiéndose en un referente a nivel nacional e internacional, y se concedería por primera vez a este arte su importancia y significación, al estar en un lugar donde su presencia sería el único hilo conductor de todo el proyecto museográfico. Es en este marco en que se concedería la cesión de la Dama de Elche de forma permanente.
Elche ya ha contado, como hemos afirmado, con la cesión temporal de la Dama de Elche. Cuenta con las condiciones técnicas necesarias para albergar una nueva cesión temporal.
Recientemente, el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el Consell han mostrado ya su apoyo y colaboración al Ayuntamiento de Elx para acoger la Dama de Elche y para la creación de la subsede del Museo Arqueológico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Julián López Milla y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001248
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y su completo desarrollo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La lucha contra la violencia de género posee numerosos frentes. La prevención y detección precoz son dos de las estrategias fundamentales para acabar con esta lacra. Sin embargo, la protección de las víctimas y el apoyo de las administraciones para su recuperación son también esenciales. En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 se apuntaba a la necesidad de aprobar un protocolo que favoreciera la movilidad de trabajadoras públicas que fueran víctima de violencia de género. En concreto, el punto 74 de dicho Plan señalaba lo siguiente:
"Aprobar un protocolo de actuación en el ámbito de la Administración General del Estado, en relación con las situaciones de especial protección que afecten a las víctimas de violencia de género, especialmente en materia de movilidad y en el marco del Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la AGE y en sus Organismos Públicos".
Un año después de la aprobación de este protocolo mediante la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, desconocemos datos relativos a su implantación y desarrollo. Los Sindicatos también se quejan de la falta de información sobre su aplicación. Por ejemplo, desconocemos el número de movilidades que se han aplicado con este protocolo así como las fórmulas administrativas que se han utilizado para conceder un nuevo destino.
En este sentido, también señalar la falta de ejecución de medidas concretas del II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado como, por ejemplo, en lo relativo a la garantía de la confidencialidad, a lo largo de toda la carrera profesional, de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, desarrollo de protocolo de protección específico al respecto. Otras medidas relativas a la elaboración y difusión dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a empleadas públicas víctimas de violencia de género o medidas relativas para que la movilidad por causas de violencia de género, no puedan afectar a la carrera profesional de la víctima.
1. Evaluar el desarrollo y aplicación de la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y publicar los datos correspondientes.
2. Evaluar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y publicar los resultados.
3. Desarrollar las medidas 42, 44 y 48 del II Plan de Igualdad de la Administración, así como todas aquellas que queden pendientes a fin de implementar este plan de manera total."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Elena Faba de la Encarnación, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre deporte y personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La inclusión social de las personas con discapacidad es un objetivo prioritario para los agentes políticos y sociales de nuestro país. Por ese motivo, es fundamental remover las barreras existentes para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos, incluido el deporte.
Numerosos estudios reconocen que la práctica de deportiva aporta múltiples beneficios, muy especialmente a aquellas personas que tienen alguna discapacidad: impulsa el afán de superación, ayuda a la integración social, aumenta la autoestima y promueve la autonomía y el desarrollo personal.
Conscientes de la importancia del deporte para las personas con discapacidad, el Director Gerente del Comité Paralímpico Español compareció en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, donde, dio cuenta de los grandes resultados de la delegación paralímpica en los Juegos de Río 2016, pero también señaló los problemas de diversa índole a los que se enfrenta el deporte paralímpico.
Por otro lado, según los estudios que realiza el CERMI, la actividad más deseada por las personas con discapacidad, aparte de la laboral, es la deportiva. Esta voluntad no se ve reflejada en la realidad: las encuestas nacionales señalan que, mientras que los españoles cada vez practicamos más deporte por el mero placer de hacerlo, de sentirnos bien, no ocurre lo mismo entre las personas con discapacidad, tal y como demuestran los datos sobre licencias federativas de personas con discapacidad, que representan un 0,5% del total.
Todo ello nos muestra que, pese que se ha avanzado mucho, es necesario seguir adoptando medidas para que la práctica deportiva de las personas con discapacidad se consolide como una actividad no solo de esparcimiento, sino también como un hábito saludable que contribuye a mejorar la calidad de vida desde edades tempranas. Además, en la práctica de actividad física y deportiva en el ámbito escolar lo fundamental no es ganar, sino educar en la participación y la comprensión, promoviendo, de ese modo, la inclusión social de las personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a adoptar las iniciativas necesarias para potenciar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en el deporte de base, y en especial en edad escolar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001236
Los accidentes de tráfico en las carreteras o ciudades españolas son una de las principales causas de muerte no natural en nuestro país. Durante el 2016, según el Balance de siniestralidad vial 2016, se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 1.160 personas y otras 5.067 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas.
Estas cifras suponen aumentos del 1,4% (+15) en accidentes mortales; 2,6% (+29) en el número de fallecidos y 4,3 % (+209) en heridos hospitalizados respecto del Balance el año 2015.
Es generalmente aceptado que existen ciertos factores que inciden en el mayor riesgo de accidentes en el uso del tráfico rodado como pueden ser las condiciones climatológicas, el estado de la vía, su señalización y el error humano.
No todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los accidentes, ya que a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los derivados de factores ambientales, el factor humano es el responsable de más del 70% de este tipo de siniestros.
Se ha avanzado mucho en materia de innovaciones técnicas aplicadas al campo de la seguridad del vehículo, la adaptación de la red de comunicaciones por carretera y en las ciudades a sistemas de menor riesgo. Sin embargo, los errores humanos que determinan una alta tasa de siniestralidad, en numerosas ocasiones, son los grandes desconocidos.
Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de abordar este tipo de accidentes es la idea de inevitabilidad que los rodea. Los accidentes se han asociado a lo imprevisible, con la carga de resignación que esto conlleva, siendo éste un concepto de fatalidad que dificulta mucho la mejora en su prevención.
El factor humano engloba todas las decisiones que tomamos antes y durante la conducción. Es necesario analizar, estar al día y dar a conocer cuáles son los principales despistes o errores y por qué se cometen. Las autoridades tienen la responsabilidad de evaluar, con los datos de reconstrucciones de accidentes, la enorme cantidad de accidentes que se saldan con que el responsable del mismo es el conductor de alguno de los vehículos implicados.
Así, siendo el error humano un factor importante en la siniestralidad, conviene hacer cuantos esfuerzos sean posibles para concienciar a los conductores, de forma preventiva, del efecto que un error humano puede tener en el origen de un accidente en carretera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a difundir una campaña de información, en colaboración con todos los agentes implicados, que permita a los usuarios conocer aquellos errores más comunes que pueden dar lugar a un siniestro en la vía pública."
161/001250
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la instauración de un foro de participación infantil y adolescente en el seno del Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
El pasado 25 de enero se celebró en el Congreso de los Diputados un acto, organizado por la Plataforma de la Infancia, así como otras muchas organizaciones relacionadas con este ámbito, que tenía como objetivo reunir a niños y niñas de diferentes puntos de nuestro país con cargos de la sociedad civil y los Grupos Parlamentarios de la Cámara.
En el acto se trataron las decisiones acordadas por los niños y niñas en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, fomentando de esta manera la participación de los menores en la toma de decisiones en lo relativo a las problemáticas que les afectan, así como acercando sus decisiones a los responsables políticos de ponerlas en marcha.
La iniciativa supone un adelanto significativo en cuanto a la participación directa de niños y niñas en la toma de decisiones y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que esta iniciativa no debe quedar sólo en un acto puntual. Consideramos que tener cerca a los más pequeños a la hora de tomar decisiones sobre sus vidas es vital para garantizar sus derechos y bienestar. Para que su participación sea real, debemos diseñar e implementar procesos y foros de encuentro que favorezcan su participación y el ejercicio de sus derechos, especialmente de aquellos dedicados a ejercer su derecho a opinar y a ser escuchados como ciudadanos.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de repetir de manera anual un foro en el que participen los Consejos de Participación Infantil y Adolescente de todo el territorio nacional, así como las principales organizaciones destinadas a la protección de la infancia, como herramienta para fomentar la participación infantil y adolescente, así como para hacer parte a los niños y niñas de nuestro país de la toma de decisiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
181/000046
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela.
Dirigida a Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
¿Cuándo tiene previsto su Ministerio empezar con las obras de dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), que tiene comprometido realizar desde el año 2013, cuál es el plazo de ejecución previsto de dichas obras y cuál la dotación presupuestaria que se va a incluir para ello en los PGE 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/000115.
Núm. registro: 1343.
Objeto iniciativa: Situación de las obras en la carretera N-435 (futura A-83), en la línea del AVE Sevilla-Huelva y en la línea ferroviaria Huelva-Zafra.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000051.
Núm. expte.: 184/003695.
Núm. registro: 7857.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada y Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversiones relacionadas con los accesos al Centro de Alta Resolución (Chare) ubicado en el término municipal de Lepe (Huelva).
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000055.
Núm. expte.: 184/000116.
Núm. registro: 1344.
Objeto iniciativa: Solicitud de la autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución de los proyectos Saladillo y Marisma Oriental.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 16 de 19 de septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000052.
Núm. expte.: 184/000117.
Núm. registro: 1345.
Objeto iniciativa: Restauración de las balsas de depósitos de fosfoyesos en las Marismas del Tinto por la empresa Fertiberia.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000053.
Núm. expte.: 184/001754.
Núm. registro: 3847.
Objeto iniciativa: Liquidación adicional extemporánea remitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la Comunidad de Regantes de El Fresno y a la Comunidad de Regantes Pedro Arco de la provincia de Huelva, que no se contempla en los convenios de colaboración firmados por ambas con SEIASA para llevar a cabo las obras de Modernización de Regadíos acogidas a los Fondos Europeos FEDER.
Publicación: BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 17 de 20 de septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000054.