Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4326670
Timestamp: 2019-07-23 21:15:56
Document Index: 378092438

Matched Legal Cases: ['artículo 516', 'artículo 82', 'artículo 114', 'artículo 26', 'artículo 114', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

16. El artículo 516 del CPP («Modificación de la acusación») establece que «si de los debates de la vista resulta que el hecho descrito no coincide con el del auto de procesamiento y no es competencia de un órgano jurisdiccional superior, el Ministerio Fiscal modificará el escrito de acusación y procederá a su correspondiente notificación al acusado […]».
31. Este argumento se basa en el artículo 82 TFUE, apartado 2, que es la base jurídica de la Directiva 2012/13. Dicha disposición establece que, «en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza,el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas […]». Asimismo, establece que dichas normas «se referirán a: a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros; b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal; c) los derechos de las víctimas de los delitos; d) otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado previamente mediante una decisión. […]». (5)
53. Por último, una mirada a otras disposiciones del Tratado demuestra por qué un objetivo transfronterizo general formulado en el Derecho primario no puede ser invocado con carácter general para limitar la aplicabilidad de instrumentos de Derecho derivado adoptados con dicha base jurídica, salvo que en ellos se indique expresamente lo contrario. Otro ejemplo podría venir dado por las medidas de armonización adoptadas con arreglo al artículo 114 TFUE, medidas que han de cumplir el objetivo proclamado en el artículo 26 TFUE. El apartado 2 de este último artículo declara que su objetivo es establecer el mercado interior «sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada […]». Sin embargo, es evidente que el fundamento del Derecho primario no significa que la legislación adoptada con arreglo al artículo 114 TFUE sea aplicable solo en situaciones transfronterizas. Los instrumentos legislativos de armonización adoptados sobre dicha base (o la de sus normas predecesoras) van desde, por ejemplo, la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (18) hasta la Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes, (19) pasando por la Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. (20) No obstante, dichos instrumentos son claramente aplicables a situaciones jurídicas meramente nacionales y nadie ha alegado seriamente que pueda ser de otra manera; (21) por ejemplo, que la protección frente a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores solo exista si el caso concreto presenta un elemento transfronterizo (o de libertad de circulación).
83. En primer lugar, la Carta se puede utilizar como criterio para valorar la validez de la disposición del Derecho de la Unión en cuestión. Esto siempre va a ser así: allí donde llegue el Derecho de la Unión (sustantivo y derivado), la Carta estará para controlarlo. (32) Dicho esto, no se ha planteado la ilegalidad de ninguna disposición de la Directiva 2012/13.
94. Al interpretar el artículo 6, apartado 3, del CEDH (equivalente al artículo 48, apartado 2, de la Carta (39)) y, en concreto, al interpretar su letra a), relativa al derecho a ser informado de la acusación, el TEDH ha recalcado la especial atención que merece la notificación de la acusación (es decir, los hechos presuntamente cometidos y en que se basa la acusación, así como su calificación jurídica), pues dichos elementos «desempeñan un papel esencial en el proceso penal […]». Aunque la citada disposición del CEDH no impone ninguna forma concreta en que se deba informar al acusado, está relacionada con el derecho que asiste a este a preparar su defensa en virtud del artículo 6, apartado 3, letra b), y su alcance «debe ser valorado, en particular, a la luz del derecho más general a un juicio equitativo que garantiza el artículo 6, apartado 1, del Convenio […]». (40) Partiendo de estas consideraciones, el TEDH consideró que se había producido una infracción del CEDH en una situación en que un tribunal de segunda instancia había modificado la calificación jurídica de los hechos en una fase del procedimiento tan tardía como la de dictar la sentencia. Ello había privado al acusado básicamente de toda posibilidad de defenderse. (41)
95. De igual manera, en el asunto Covaci el Tribunal de Justicia señaló (42) que, aunque «la Directiva 2012/13 no regula la forma en que ha de llevarse a cabo la comunicación a dicha persona de la información relativa a la acusación contemplada en su artículo 6 […], dicha forma no puede menoscabar el objetivo al que se hace referencia, en particular, en dicho artículo 6, que consiste, según se desprende igualmente del considerando 27 de la referida Directiva, en permitir a los sospechosos o acusados […] preparar su defensa y salvaguardar la equidad del proceso». (43)
35 Considerando 41 de la Directiva 2012/13, según el cual esta «respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta. En particular, […] aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa. Debe ser aplicada en consecuencia». El considerando 42 dice que las disposiciones de la Directiva, «que correspondan a los derechos garantizados por el CEDH, deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, con arreglo a su interpretación por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».