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Timestamp: 2018-08-17 11:49:27
Document Index: 2784878

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 166', 'artículo 5', 'artículo 594', 'artículo 863', 'artículo 176', 'artículo 863']

﻿ SENTENCIA 2011-01754/21181 DE NOVIEMBRE 24 DE 2016
SENTENCIA 2011-01754 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:NORMAS ADVERSAS A LAS DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN NO AFECTAN CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA. SE PRECISA QUE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA EL ESTADO SE COMPROMETE A GARANTIZAR A LOS INVERSIONISTAS QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS SE MODIFICA EN FORMA ADVERSA ALGUNA DE LAS NORMAS ALLÍ IDENTIFICADAS COMO DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN ESTOS TIENEN DERECHO A QUE SE LES APLIQUEN POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. SE ENTIENDE POR MODIFICACIÓN CUALQUIER CAMBIO EN EL TEXTO DE LA NORMA EFECTUADO POR EL LEGISLADOR, SI SE TRATA DE UNA LEY, POR EL EJECUTIVO O LA ENTIDAD AUTÓNOMA RESPECTIVA SI SE TRATA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEL ORDEN NACIONAL, O UN CAMBIO EN LA INTERPRETACIÓN VINCULANTE DE LA MISMA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE. LO ANTERIOR CONFORME LO DISPONÍA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 963 DEL 2005. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTA NORMATIVA FUE DEROGADA POR EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY 1607 DEL 2012SIN EMBARGO, EN EL PARÁGRAFO PRIMERO DE ESTE ARTICULADO, SE INDICA QUE TANTO LAS SOLICITUDES QUE SE ENCUENTREN RADICADAS ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO COMO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTREN EN CURSO EN EL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1607 DEBERÁN SER TRAMITADOS DE ACUERDO CON LA 963.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACTO ADMINISTRATIVO, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ESTADO, CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, DURACIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Sentencia 2011-01754/21181 de noviembre 24 de 2016
Rad.: 05001-23-31-000-2011-01754-01 (21181)
Actor: Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A.
Sujeción pasiva de la demandante al impuesto de patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, en virtud de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“ART. 1º—Contratos de Estabilidad Jurídica.
En el presente caso, la Sala observa que el 10 de julio de 2009, en aplicación de la Ley 963 de 2005, los decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008, los documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público celebró con Seguros de Vida Suramericana S.A., un contrato de Estabilidad Jurídica(9) que en su Cláusula Tercera estipula que:
“Cláusula Tercera: Normas Objeto de Estabilidad Jurídica. De conformidad con la cláusula primera, las normas que serán objeto de estabilidad jurídica son las siguientes: (…) Patrimonio e impuesto al patrimonio. artículos 284 y 292 del E.T. (…)”.
“Cláusula Sexta: Obligaciones de la Nación. La Nación se obliga a: -1 Garantizar al Inversionista que, durante todo el término de duración del contrato se le continuarán aplicando las normas a que se refiere la cláusula tercera, consideradas como determinantes de la inversión, en el evento de que tales normas sean modificadas en forma adversa a aquél, (…)”
Como se observa, en el contrato se relacionaron las normas objeto de estabilidad jurídica, entre ellas, los artículos 292 y 295 del E.T. que regulan el impuesto de patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 (Ley 1111/06), normas que se consideraron por las partes determinantes para la inversión y, en esas condiciones, la Nación se obligó a que se mantendrían incólumes durante su vigencia y, frente a cualquier modificación adversa, se pactó que no serían aplicables al inversionista.
Al respecto, se advierte que la Sala en sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 18636, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, anuló el citado Concepto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Se repite: no es suficiente que el concepto demandado interprete que la Ley 1370 creó un nuevo impuesto al patrimonio para el año 2011. Lo realmente determinante es que la Ley 1370 prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 y eso constituye una modificación normativa adversa que resulta contraria al principio de buena fe, que rige la relación entre el Estado y el inversionista, máxime cuando el inversionista asumió una carga económica adicional a las que habrían asumido en condiciones ordinarias, conforme con el artículo 5º de la Ley 963(10).
Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el Problema Jurídico 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones:
Conforme a lo expuesto, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de esta forma, para la Sala, la demandante no es sujeto pasivo de la prolongación del impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre las normas relativas al impuesto al patrimonio y por el término de 19 años, cualquier modificación sobre las normas relativas a este impuesto no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen y, en el mismo sentido, la sobretasa prevista en el Decreto 4825 de 2010.
Así pues, teniendo en cuenta que la parte demandante no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, para la Sala es evidente que la declaración del impuesto al patrimonio presentada por el año gravable 2011, contenida en el Formulario 4208600057120 del 20 de mayo de 2011, no está llamada a producir efecto legal, de conformidad con el artículo 594-2 del E.T., toda vez que esta circunstancia opera por mandato de la ley, es decir, sin que se requiera de acto administrativo que así lo declare.(11)
Como consecuencia de lo anterior, procede la devolución de la suma de $9.343.360.000(12), correspondiente al valor de los recibos de pago que obran en el expediente, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 E.T. Para la liquidación de los intereses corrientes se tendrá en cuanta lo siguiente: para el pago realizado el 20 de mayo de 2011 por valor de $4.671.680.000, desde la fecha de notificación del acto que negó la solicitud devolución —14 de junio de 2011— hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Y sobre las sumas de $4.171.397.000 y $500.283.000, desde la fecha del pago —20 de septiembre de 2011— hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
Los intereses de mora proceden en los términos indicados en el artículo 176 del C.C.A.(13), esto es, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de este fallo, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
En esas condiciones, se revocará la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, en los términos antes indicados. Lo anterior también es suficiente para relevar a la Sala del estudio de la causal de nulidad por violación al debido proceso.
1. Revócase la sentencia del 13 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar se dispone:
2. Anúlanse el Oficio 1-11-238-000869 del 10 de junio de 2011 y las resoluciones 900080 del 19 de julio y 900055 del 16 de agosto de 2011, actos proferidos por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, mediante los cuales se negó a Seguros de Vida Suramericana S.A., la petición de dejar sin efectos la declaración del impuesto de patrimonio presentada por el año gravable 2011 y la devolución de lo pagado por dicho concepto junto con los intereses a que haya lugar.
3. A título de restablecimiento del derecho, declárase sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, presentada por Seguros de Vida Suramericana S.A. en el Formulario 4208600057120 del 20 de mayo de 2011. En consecuencia, ordénase a la U.A.E. DIAN devolver a la demandante la suma de nueve mil trescientos cuarenta y tres millones trescientos sesenta mil pesos m/cte. ($9.343.360.000), junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 E.T., que se liquidarán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Se reconoce personería para actuar a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada judicial de la parte demandada, de conformidad con el poder que obra a folio 241 del expediente.
La anterior providencia se estudió y aprobó a la fecha».
(9) Fls. 103 a 109.
(10) “ART. 5°.—Prima en los contratos de estabilidad jurídica. Modificado por el art. 48, Ley 1450 de 2011. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año.
(11) Sentencia del 20 de agosto de 2009, Exp. 16038, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
(12) Fls. 29, 30 y 31
(13) CCA. Art. 176.—Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.