Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57436
Timestamp: 2019-10-23 21:14:51
Document Index: 22920539

Matched Legal Cases: ['artículo 212', 'artículo 220', 'artículo 212', 'artículo 213', 'artículo 217', 'artículo 221', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'artículo 212', 'Artículo 217', 'Artículo 220']

Gaceta: LXIII/1PPO-7/57436
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos.
Con las reformas al Código Penal Federal se busca que los servidores públicos que enfrenten un proceso por delitos de corrupción, lo hagan en prisión preventiva de manera oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza o cualquier otro beneficio en lo que se resuelve su situación jurídica o se dicta la sentencia correspondiente.
Propone que se cambie la denominación del Título Décimo por “Delitos de corrupción de empleados y servidores públicos” y pretende que el particular que haya participado en la comisión de los delitos tipificados en dicho Título y proporcione ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados, podrá recibir ciertos beneficios.
Busca incorporar como delitos de uso indebido de atribuciones y facultades a servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión públicos otorgue o autorice, para sí o para otros, pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, o que estando previstos otorgue o autorice su pago aunque no se tenga derecho a recibirlos, y que utilice los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, en actividades o en conceptos ajenos al cumplimiento de su empleo, cargo o comisión públicos.
Y señala que los servidores públicos cometerán el delito de ejercicio abusivo de funciones por realizar cualquier actividad que implique un conflicto de intereses en los términos de la legislación en la materia; de la misma manera contempla que comenten el delito de tráfico de influencia los legisladores del Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que representen en juicio, procedimiento administrativo o en controversia jurisdiccional de cualquier índole, por sí o por interpósita persona, los intereses patrimoniales de un particular frente a los intereses de cualquier persona moral de derecho público, sea con el carácter de representante, abogado patrono, gestor, autorizado para recibir notificaciones, mandatario o cualquiera otra forma de representación de intereses.
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIADE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la siguiente:
De acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava también la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
En el caso de nuestro país, representa un reto de enormes magnitudes no sólo para las instituciones sino para la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que uno de los problemas estructurales que agobia a las y los mexicanos es la corrupción. Su impacto en la vida cotidiana le cuesta al país según los expertos miles de millones de pesos que se dejan de generar a causa este flagelo.
Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que incluyó 175 países, entre ellos a México, obteniendo una calificación negativa de 35 puntos, ubicándonos en la posición 103, junto con Bolivia, Moldavia y Nigeria. En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última posición entre los países que integran la OCDE.
Si a esta situación le agregamos las deficiencias en la legislación, la ausencia de reglas, las fallas estructurales, la cultura de no respetar la ley y la impunidad para poder sancionar los hechos de corrupción, nos encontramos con una limitante para que podamos competir con las economías que nuestro país comercia y compite, pero lo más grave aún es el riesgo en el que se coloca a nuestra incipiente democracia.
Si la corrupción existe es porque un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes demandantes y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan. Las políticas anticorrupción deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de las y los servidores públicos y la demanda privada.
Los casos recientes de corrupción demuestras las fallas estructurales de nuestros sistema jurídico para sancionas a funcionarios y servidores públicos que se enriquecen a costa del erario. Mientras que en países como Guatemala donde se le ha retirado la inmunidad al Presidente de ese país para que responda por acusaciones que lo vinculan con liderar una red de corrupción aduanera, en México casos como la casa blanca, la casa de Malinalco, la participación de la constructora española OHL, los endeudamientos desmedidos de los gobernadores, los moches y demás conflictos de intereses permanecen no sólo en la impunidad sino en total opacidad.
En ese sentido, es importante señalar que de acuerdo a cifras oficiales, tan solo ocho investigaciones pudieron llegar al Ministerio Público tras la revisión de más de 300 mil declaraciones patrimoniales de servidores públicos en el año 2014.
A guisa de ejemplo podemos señalar que a pesar de que nuestro país firmó la Convención Anti Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país no ha sancionado a un solo funcionario o empresa por cohecho internacional utilizando este instrumento.
En contraste en los Estados Unidos de las 63 sentencias dictadas de 2012 a la fecha en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que cumple con los criterios de la Convención, 14% de éstas han estado relacionadas con delitos cometidos en México.
Sucede entonces lo que en palabras de Luigi Ferrajoli afirma:
Uno de los factores de la actual crisis de la democracia y de la regresión de la esfera pública lo es esa creciente mezcla entre los poderes políticos y los poderes económicos, que se manifiestan en los variados conflictos de intereses y en la más estrecha relación entre la política y el dinero, lo que conlleva a una suerte de un Infra-Estado oculto y paralelo, dedicado a la apropiación de la cosa pública que contradice todos los principios de un Estado Democrático de Derecho .
En ese sentido se han hecho esfuerzos importantes. El 27 de mayo de 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Dicho Decreto establece las bases de todo un Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, lo cual no es un asunto menor.
A partir de este Decreto se establecen las bases para establecer todo un Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Pero también incluye a los poderes y órganos constitucionales autónomos de la federación, a los poderes y órganos de los poderes autónomos de las entidades federativas, a los ayuntamientos y a los órganos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como a los particulares que tengan vinculación con la actuación, el desempeño y el ejercicio de recursos públicos por parte de dichos entes gubernamentales. Así este Sistema se entiende como un conjunto de acciones institucionales que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Adicionalmente a este mandato, en el Poder Legislativo aún tenemos pendientes que realizar para coadyuvar a fortalecer este nuevo Sistema Nacional anticorrupción, que desde nuestra perspectiva serían de gran avance para nuestra democracia y que también hay que mencionarlo la sociedad nos demanda para remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones y contribuir a eliminar el abuso de poder que se da a través de los privilegios que consideramos deben modificarse.
En ese sentido consideramos que es necesario concluir el procedimiento que éste Senado de la República ya inició para nombrar al Fiscal Anticorrupción y con ello, contar con las reformas necesarias al Título Décimo del Código Penal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos que proponemos en la presente iniciativa.
Desde una perspectiva deontológica, consideramos que las y los servidores públicos son personas que brindan un servicio a la ciudadanía, es decir, un beneficio social que no debe generarles beneficios económicos más allá que el salario que reciben o las prestaciones establecidas en Ley. Hay que recalcar que cuando administran recursos públicos, éstos no son de los funcionarios que los manejan, pertenecen a la ciudadanía.
Por tanto, cuando una o un servidor público comete delitos como la malversación de fondos, cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable, es decir, incurre en actos de corrupción evidentemente atenta contra el patrimonio de la sociedad.
El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de las y los servidores públicos. De ellos se esperaría un comportamiento intachable, honesto y transparente; lamentablemente, no todos los servidores públicos tienen ni la vocación, ni el compromiso que el cargo les infiere como empleados del Estado al servicio de la ciudadanía. Si no por el contrario, piensan o creen que el cargo público es un instrumento para la satisfacción de sus intereses personales o de grupo, y muchas veces utilizan el acceso a los recursos públicos para cometer actos ilícitos
Por tanto nuestra propuesta parte de la base que las y los servidores públicos que enfrenten un proceso por delitos de corrupción, lo hagan en prisión preventiva de manera oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza o cualquier otro beneficio en lo que se resuelve su situación jurídica o se dicta la sentencia correspondiente.
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Décimo; el primer párrafo del artículo 212; la fracción I del artículo 220, se adiciona un segundo párrafo al artículo 212; un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 213 con las fracciones que van del I al IV; las fracciones IV y V del artículo 217; un fracción IV al artículo 221, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal Centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión,en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,en los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federaly sus delegaciones, o que manejen recursos económicos federales,así como, en los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constituciones Localesotorguen autonomía. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los presidentes municipales e integrantes del Cabildo o Ayuntamientos Municipales, funcionarios y empleados de la administración pública municipal y estatal,a losDiputados a lasLegislaturasLocales y a los magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.
Los delitos dolosos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, serán considerados graves para la aplicación de prisión preventiva oficiosa.
Artículo 213.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, en su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 212 del presente Código, el particular que haya participado en la comisión de los delitos tipificados en este título del presente Código y proporcione ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados, podrá recibir los beneficios siguientes:
Cuando no exista averiguación previa o carpeta de investigación o la investigación sea desformalizada en su contra, los datos de prueba que aporte o se deriven de la investigación iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra;
Cuando exista una averiguación previa o una investigación formalizada en la que el particular ya esté implicado y éste aporte indicios que lleven a la consignación de los servidores públicos involucrados, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;
Cuando durante el proceso penal, el particular indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y
Cuando ya sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.
También tendrá derecho a los beneficios señalados el servidor público que estando involucrado en un delito de los señalados en este título y denuncie, presente pruebas y preste colaboración para la investigación y condena de otro servidor público de igual o superior jerarquía.
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos y la eficacia y relevancia de la colaboración prestada.
Quedan exceptuados los particulares o servidores públicos de los beneficios del presente artículo cuando se trate de delitos que estén relacionados con la delincuencia organizada.
Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:
I a III. El servidor público que indebidamente:
IV. El servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión públicos otorgue o autorice, para sí o para otros, pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, o que estando previstos otorgue o autorice su pago aunque no se tenga derecho a recibirlos, y
V. El servidor público que utilice los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, en actividades o en conceptos ajenos al cumplimiento de su empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico, así como cualquier actividad que implique un conflicto de intereses en los términos de la legislación en la materia oque produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
IV. Los legisladores del Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que representen en juicio, procedimiento administrativo o en controversia jurisdiccional de cualquier índole, por sí o por interpósita persona, los intereses patrimoniales de un particular frente a los intereses de cualquier persona moral de derecho público, sea con el carácter de representante, abogado patrono, gestor, autorizado para recibir notificaciones, mandatario o cualquiera otra forma de representación de intereses.
Ferrajoli Luigi, La democracia A través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Editorial Trotta, Madrid 2014, p 140.