Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Shaiti8-00.html
Timestamp: 2015-07-06 13:49:24
Document Index: 154720350

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13']

Claude Pierre and Otros v. Haiti, Caso 11.378, Informe No. 8/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 901 (1999). I. RESUMEN
El 18 de mayo de 1994, durante la visita in loco que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión" o la "CIDH") realizó en la República de Haití (en adelante "Haití", "el Estado haitiano" o "el Estado"), con la finalidad de observar la situación de los derechos humanos en ese país,1 recibió la petición del joven Ulrick Pierre, mediante la cual denunciaba el ataque de que fue víctima la familia Pierre, el 12 de mayo de 1994, por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes causaron la muerte de Jean-Claude Pierre, su padre adoptivo, así como las heridas de bala de que fue objeto el mismo Ulrick y las amenazas contra su hermana Jerseyla Adrien Juste.
La denuncia indica que el Estado de Haití vulneró los derechos a la vida y a la integridad personal, contenidos en los artículos 4 y 5, respectivamente,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana" o la "Convención"), de la que el Estado de Haití es parte desde el 27 de septiembre de 1977. Adicionalmente, el peticionario
alega que junto con la obligación del Estado de Haití de proteger el derecho
a la vida y la integridad personal de sus nacionales, está la obligación
de asegurar una protección jurídica cuando esos derechos han sido violados,
en virtud de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
Luego del análisis de los hechos denunciados, del tiempo transcurrido desde la fecha en que se cometieron estos hechos y las pruebas testimoniales
y documentales que constan en el expediente, la Comisión concluye que
Estado haitiano es responsable por la violación del derecho a la vida,
derecho a la integridad física, el derecho a las garantías judiciales
y a la protección
judicial, contenidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana,
con relación a la obligación general de respetar y garantizar los derechos,
previsto en el artículo 1(1) del mismo instrumento. Como consecuencia
las violaciones establecidas, la CIDH recomienda al Estado que lleve a
cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar
penal de los autores del asesinato de Jean-Claude Pierre y el ataque perpetrado
contra Ulrick Piérre; para determinar si hay otros delitos que impidieron
la investigación de los hechos referidos; y que, en su caso, aplique las sanciones legales que correspondan. Finalmente, la Comisión recomienda
al Estado haitiano que repare adecuadamente a los familiares de Jean-Claude
Pierre por tales violaciones.
12. El Gobierno de Haití dio respuesta, mediante nota del 28 de junio de 1995, y señaló que las comunicaciones que había enviado la CIDH
se referían a hechos producidos durante el período del golpe de Estado y
que "los autores de esos hechos no estaban investidos de ningún poder susceptible de comprometer al Estado haitiano, es decir, el Gobierno constitucional. Por lo que debían responder personalmente de la totalidad de sus actos en el doble aspecto civil y penal". El Gobierno mencionó también algunas de las medidas adoptadas por el Estado, tendientes a reforzar los mecanismos de protección
de los derechos umanos, como la reforma judicial y un fondo de asistencia legal
creado en marzo de 1995. 13. El 15 de julio de 1995, el peticionario se dirigió a la Comisión para reiterar los hechos de la denuncia y señalando que el 6 de julio de 1994 él y su hermana habían obtenido asilo en Francia y la persona a cargo de ellos era el Sr. Juste Joseph Gercon.
La Comisión se permite recordar al Gobierno de Haití, que en tanto que Estado parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene por obligación realizar investigaciones, imponer sanciones y en el caso necesario compensar a las víctimas de las violaciones alegadas. La Comisión no ignora, la difícil situación por la que atraviesa su país y está consciente de los esfuerzos que realiza el Gobierno constitucional para reforzar los mecanismos de protección de los derechos humanos. Es por ello que la Comisión le acuerda un plazo razonable para que pueda llevar a cabo las investigaciones relativas a los casos que la Comisión tramita. 15. El Gobierno de Haití, mediante nota del 15 de mayo de 1996, reiteró su posición con respecto a que los hechos cometidos por el Gobierno de facto, entre el 30 de septiembre de 1991 y el 14 de octubre de 1994, no comprometían al Estado. El Gobierno indicó también que el Informe preparado por la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia (en adelante CNVJ) había sido presentado al Gobierno y éste consideraba las medidas a adoptar para llevar a cabo las recomendaciones de la CNVJ. Igualmente, el Gobierno señaló el establecimiento de una Brigada Criminalística, en el seno del Ministerio de Justicia, para investigar todos los crímenes cometidos y los casos de desaparecidos registrados en el país a partir del 30 de septiembre de 1991.
24. La presente petición reúne los requisitos formales de admisibilidad previstos en el artículo 46(1) de la Convención Americana y en los artículos 32, 37, 38 y 39 del Reglamento de la Comisión. En efecto, se refiere a hechos que caracterizan presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención. La Comisión considera que el caso de Jean Claude Pierre, Ulrick Pierre y Jerseyla Adrien Juste no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, toda vez que esta excepción no ha sido alegada por las partes y tampoco la materia de dicha queja es la reproducción de una petición anteriormente resuelta por la Comisión ni otro órgano internacional (artículo 47 (d) de la Convención).
b. Agotamiento de los recursos internos 26. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el peticionario alega que los hechos fueron denunciados por los observadores de la MICIVIH ante el Juez de Paz de Croix des Missions, Jean Alex Civil, y ante el cabo Blauture Joissaint del Puesto de Avanzada (Avant Poste) de Cité Soleil, el 12 de mayo de 1994. El Estado de Haití no controvirtió expressis verbis los hechos alegados por el peticionario con respecto al agotamiento de los recursos internos. En el presente caso, el Gobierno no hizo valer la excepción de los recursos internos en el momento en que recibió la comunicación formal de la petición como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma. El Estado respondió a los requerimientos de información que le fueron dirigidos por la Comisión, incluso los relativos a los recursos internos, sólo después de largas demoras y que la información suministrada no respondió a las preguntas formuladas por la Comisión. Lo anterior constituye una renuncia tácita de parte del Estado a la excepción del agotamiento de los recursos internos.4 28. La Comisión considera que desde el 12 de mayo de 1994, fecha en que ocurrieron los hechos denunciados, ha pasado mucho más tiempo del razonable sin que se haya realizado una investigación, tal como lo prevé la excepción del previo agotamiento de los recursos internos contenida en el artículo 46, inciso 2, letra c, de la Convención y 37, inciso 2, letra c, del Reglamento de la CIDH.
29. Por su parte, el peticionario señaló haber denunciado las violaciones de derechos humanos ante las autoridades de la jurisdicción interna previstas por la legislación del Estado de Haití. Sin embargo, la interposición de los recursos internos en el caso de la familia Pierre fue infructuosa. 30. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a este respecto lo siguiente:
37. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado que la responsabilidad del Estado existe independientemente de los cambios de gobierno: Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron7.
39. La responsabilidad del Estado supone, sin embargo, que se puedan calificar los actos generadores de responsabilidad como "actos del Estado". A este propósito, los principios generales de responsabilidad internacional precisan el acto de Estado como todo acto proveniente de agentes
del Estado o de personas cuyas prerrogativas son generalmente atribuidas al
Estado.9 40. Por último, la Comisión considera con respecto a que "los autores debían responder personalmente de sus actos" que el Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto que los organismos internacionales
impongan penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a
víctimas y disponer la reparación de los daños causados por los Estados responsables
de tales acciones:10
52. En su Informe de 1995, la Comisión concluyó que "el grave deterioro de la situación de los derechos humanos obedecía a un plan
de intimidación y terror en contra de un pueblo indefenso y responsabilizaba
esas violaciones a las autoridades que detentaban el poder de facto en Haití."20
57. De acuerdo con el artículo 25 de la Convención, el peticionario y los familiares de las víctimas tienen derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que los ampare contra los actos estatales que violen sus derechos reconocidos por la Constitución Política y por la Convención Americana. 58. Según fue demostrado ante la Comisión, el 12 de mayo de 1994 los observadores de la MICIVIH rindieron testimonio sobre los hechos ante el Juez de Paz, en Croix des Missions, Jean Alex Civil y el Cabo Blauture Joissaint del Puesto de Avanzada (Avant Post) de Cité Soleil. Sin embargo, las autoridades a cargo no iniciaron ninguna investigación, a pesar de que el artículo 19 del Código de Instrucción Criminal de Haití establece:
59. El Estado haitiano no refutó la falta de protección judicial denunciada en el caso de Jean Claude Pierre y Ulrick Pierre. Por el contrario,
señaló: "La Justicia no se ha hecho cargo de oficio de todos los casos de violación de derechos humanos registrados en el país, en el curso de esos tres años de terror y de negación total de la legalidad. No obstante, una Comisión Nacional de la Verdad y Justicia ha sido establecida con el mandato de esclarecer los crímenes cometidos durante ese período".21 60. La Comisión observa que el Estado reconoció expressis verbis su incapacidad para conocer de oficio todos los casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cabe señalar que el presente caso se trata de un delito de homicidio, perseguible de oficio y con respecto al cual la Comisión ha pedido reiteradamente información al Gobierno.
El artículo 25(1) incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos
o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la
ha señalado, según la Convención "...los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación
de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados
de conformidad con las reglas del debido proceso legal art. 8(1), todo
dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención
a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción...Según este principio,
la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por
el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido
debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible,
sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha
incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario
para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que,
generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un
dado, resulten ilusorios.27
69. La Comisión observa que la propia norma del artículo 25 establece expresamente en el inciso 2, letra a, el derecho de aquél que acude
al recurso judicial a que "la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso".28Decidir sobre los derechos implica efectuar una determinación entre los hechos y el derecho --con fuerza legal-- que recaiga y que trate sobre un objeto específico. Ese objeto es la pretensión particular del reclamante. Cuando en el caso en cuestión, el Juzgado de Paz de Croix des Missions ignoró la demanda, eludió decidir sobre los derechos del peticionario y analizar la viabilidad de su reclamo e impidió así a este último gozar del derecho a un remedio judicial en los términos del artículo 25.29
La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.31 71. Si se Considera que el caso no fue examinado en un proceso judicial y que transcurrieron cuatro años y diez meses sin que se investigaran los hechos que permitieran ejercer las acciones penales correspondientes a fin de identificar los culpables y sancionarlos, la Comisión concluye que el Estado haitiano no cumplió con el plazo razonable estipulado en el artículo 8(1) de la Convención Americana.
77. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO HAITIANO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
6 Informe No 25/98 relativo a los casos 11.505, Alfonso René Chanfeau Orayce; 11.532, Agustín
Eduardo Reyes González; 11.541, Jorge Elías Andrónico Antequera y su hermano
y Luis Francisco González Manriquez; 11.546, William Robert Millar Sanhueza
y Jorge Rogelio Marín Rossel; 11.549, Luis Armando Arias Ramírez, José
Fierro Morales, Mario Alejandro Valdés Chávez, Jorge Enrique Vásquez Escobar
y Jaime Pascual Arias Ramírez; 11.569, Juan Carlos Perelman y Gladys Díaz
Armijo;
11.572, Luis Alberto Sánchez Mejías; 11.573, Francisco Eduardo Aedo Carrasco;
11.583, Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez; 11.585, Máximo Antonio Gedda
11.595, Joel Huaiquiñir Benavides; 11.652, Guillermo González de Asís; 11.657,
Lumy Videla Moya; 11.675, Eulogio del Carmen Ortiz Fritz Monsalve; y 11.705,
Mauricio Eduardo Jorquera Encina. Véase Informe Anual de la CIDH 1997,
98, doc. 6, rev., del 13 de abril de 1998, pp. 520-559. Véase Informe Anual
de la CIDH, 1996, Informe No.36/96 y 34/96 de Chile, pp. 162-240. Véase también a este respecto el Caso Griego, en Yearbook of the European Convention on Human
Rights, 1969, Martinus Nijhoff, La Haya, 1972. 7 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Corte Interamericana de Derechos Humanos, parr. 184, p.76.
12 La ley haitiana también protege el derecho a la vida, al establecer en el artículo 19 de la
Constitución de 1987 que: "El Estado tiene la imperiosa obligación de garantizar el derecho a la vida, a la salud, el respeto de la persona humana a todos los ciudadanos sin distinción conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos". Dentro del mismo contexto, el artículo 20 de la Constitución determina la abolición
de la pena de muerte en toda materia.
26 La Comisión ha expresado en varias ocasiones su entendimiento en relación al
artículo 25 de la Convención. Ver caso 10.950 "Mejía Egocheaga".
28 El artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece: "Cualquier persona cuyos derechos y libertades garantizados por esta Convención fueran violados tendrá un recurso efectivo ante una autoridad nacional, aunque la violación fuera cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". En el caso "Silver and other" del 25 de marzo de 1983 la Corte Europea, refiriéndose al artículo 13 estableció: "Los principios que emergen de la interpretación del artículo 13 incluyen lo siguiente: (a) si un individuo
reclama ser víctima de una violación de los derechos garantizados por la Convención,
debería contar con un recurso ante la autoridad nacional competente para obtener
una decisión, y si correspondiera, para lograr la respectiva reparación..."