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Timestamp: 2019-10-14 06:39:05
Document Index: 38075369

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 178', 'artículo 97']

¿QUIÉN VIGILA AL ALGORITMO?
EL NOTARIO DEL SIGLO XXI se interesa de nuevo por las nuevas tecnologías y su relación con la seguridad jurídica y la transparencia. En esta ocasión Javier de la Cueva, abogado, expone el caso concreto del sistema desarrollado para la aplicación del bono social energético y Rodrigo Tena, notario, plantea el complejo asunto de los precios personalizados.
Introducción. La doctrina
En un anterior artículo publicado en esta revista (DE LA CUEVA, J.: “Datos, derecho y nuevas tecnologías: privacidad y publicidad”, ENSXXI, nº 77, 2018) se defendía la necesidad de que fuera público el código fuente de los programas de software utilizados por las Administraciones públicas mediante los cuales se gestiona o se controlan derechos y obligaciones de la ciudadanía. Para los legos en la materia, el código fuente de una aplicación informática puede ser descrito como una serie de líneas de texto que constituye los pasos de un programa de ordenador. Cuando el ordenador lee una línea tras otra, se dice que está ejecutando el programa compuesto por dicho conjunto de líneas.
Por: RODRIGO TENA
Que la nueva tecnología de la información permite a las empresas generar una publicidad personalizada es algo que comprobamos todos los días con solo encender el ordenador o el móvil. Nuestras búsquedas en la red revelan intenciones que posteriormente son aprovechadas para realizar una publicidad mucho precisa y eficaz. Pero las fuentes de información a disposición de ciertas plataformas van mucho más allá. Sexo, edad, residencia, nivel de estudios, nivel de renta, aficiones, opiniones… son factores que pueden ser rastreados y tratados con relativa facilidad por la nueva inteligencia artificial y el “big data”.
Transcurridos pocos meses desde la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario EL NOTARIO DEL SIGLO XXI sigue atento a las cuestiones que su reciente aplicación plantea. En esta ocasión los notarios Cristina Marqués Mosquera y Amanay Rivas Ruiz intentan despejar algunas dudas interpretativas sobre cuándo nos encontramos ante un contrato de crédito inmobiliario, Joaquín Fernández-Cuervo Infiesta profundiza en las medidas de protección al deudor en la esfera contractual y en una fase previa a la autorización de la escritura pública, y Gonzalo López-Fando Santafé se centra en las cuestiones que más interesan y preocupan a los deudores y que trasladan al notario en las actas previas de transparencia material.
¿Pero qué es un contrato de crédito inmobiliario?
El laberinto del ámbito de aplicación de la Ley 5/2019
Si hay algo que puede dificultar la eficacia de una norma es que su ámbito de aplicación no sea claro y dé lugar a dudas interpretativas al respecto. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los denominados “contratos de crédito inmobiliario” (en adelante CCI), que son los definidos en su artículo 2 y que no responden exactamente al concepto de préstamo hipotecario que estamos habituados a manejar.
Ventajas para los deudores en la LCCI
La Ley 5/2019 (LCCI) reguladora de contratos de crédito inmobiliario introduce “previsiones para potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos, y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes”, tal y como indica su exposición de motivos. La LCCI transpone la Directiva Comunitaria 2014/17 UE que ya establecía un régimen específico de protección para los consumidores, si bien nuestra Ley va más allá, y dentro de su ámbito de aplicación, extiende su protección a toda persona física, sea o no consumidor.
Preguntas frecuentes en las actas de transparencia material del artículo 15 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario
Por: GONZALO LÓPEZ-FANDO SANTAFÉ
La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), en su artículo 15 y en aras a verificar el adecuado cumplimiento del principio de transparencia material acuñado por el Tribunal Supremo en su conocida sentencia de 9 de mayo de 2013, ha introducido un nuevo trámite en el proceso de contratación hipotecaria, el del acta previa a que se refiere en su artículo 15.
ÚLTIMA JURISPRUDENCIA EN MATERIA HIPOTECARIA Y CONCURSAL
Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre algunas cuestiones planteadas tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019. José Ramón Couso Pascual, abogado y profesor de Derecho mercantil, analiza la esperada sentencia de 11 de septiembre de 2019 que cierra el debate sobre las ejecuciones hipotecarias. Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho civil, profundiza sobre el alcance de la exoneración del crédito público tras la sentencia de 2 de julio de 2019.
Veredicto ¨final¨: la posición del Tribunal Supremo sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas
Abogado y Profesor Derecho Mercantil U.C.M.
Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 y del TJUE de 26 de marzo de 2019. Breve referencia a las Conclusiones del Abogado General de 10 de septiembre de 2019 sobre el IRPH
Los vaivenes procesales que llevamos padeciendo desde hace años en el ámbito de la financiación hipotecaria podrían tener sus días contados. Los acreedores hipotecarios llevan reclamando unas “reglas del juego” estables que aporten certeza en la contratación bancaria y en la reclamación de los créditos impagados. Pero no es solo la Banca y los inversores institucionales que devienen acreedores de préstamos impagados quiénes deben contar con la seguridad jurídica mínima para actuar conforme a las exigencias legales y jurisprudenciales, sino, sobre todo, los consumidores y, por supuesto, también los demás agentes que intervienen en el proceso de producción hipotecaria: notarios, registradores, intermediarios hipotecarios, agentes de propiedad inmobiliaria, abogados, procuradores, etc.
Segunda oportunidad y crédito público
A propósito de la mal entendida sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 (1)
El restrictivo régimen vigente de segunda oportunidad para la persona física insolvente
Era cuestión de tiempo que el Tribunal Supremo se tuviera que enfrentar a la compleja regulación del régimen de segunda oportunidad contenida en el artículo 178 bis de la Ley Concursal (LC). Esta no es la primera vez que lo hace, pero sí que ahora toca un aspecto especialmente delicado: la exoneración del crédito público.
EL NOTARIO DEL SIGLO XXI sigue adentrándose en algunas de las cuestiones que serán objeto de estudio en el próximo Congreso Notarial 2020 dedicado al envejecimiento. María Luisa Moreno-Torres Herrera, catedrática de Derecho civil, repasa la situación actual de las relaciones personales de los menores con sus abuelos y el fundamento de sus deberes jurídicos. Ascensión Leciñena Ibarra, Profesora Titular de Derecho civil, analiza las reformas en materia de discapacidad y que discurren en paralelo con una sociedad cada vez más envejecida. Enrique Feás, Técnico Comercial y Economista del Estado, profundiza en el desafío adicional que para la globalización y los cambios tecnológicos supone el envejecimiento de la población. Por último Ramón González Férriz, periodista, pone de manifiesto la preocupación de nuestros jóvenes por unas políticas económicas que parecen proteger a los mayores pero no a ellos.
Por: MARÍA LUISA MORENO-TORRES HERRERA
Derechos personales y derechos patrimoniales frente a los abuelos
La relevancia que la sociedad española atribuye a las relaciones de los menores con sus abuelos encuentra un claro reflejo en nuestro Derecho positivo. Diversos artículos del Código civil (en adelante, CC) se ocupan de esta relación concreta.
Los precios del alquiler de viviendas, la Administracion Pública y los “fondos buitre”
En primer lugar dejar constancia que la renta ha sido libre desde la vigencia del Decreto 4104/1964, concretamente el 1 de enero 1965 y así se dispone en su artículo 97. La normativa posterior, Real Decreto Ley 2/1985, LAU 29/1994, LAU 4/2013 y Reales Decretos Leyes 21/2018 y 7/2019, no han modificado para nada esta libertad de pacto.
Por fin, las sociedades de capital deportivas
Por: LUIS CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO
Profesor Titular (Acr.) de Derecho Mercantil URJC
La problemática jurídico-privada de la estructura de los clubes deportivos profesionales es uno de los grandes debates jurídicos que se plantea en nuestro ordenamiento deportivo desde hace décadas, anudada a la siempre jugosa polémica de las sociedades anónimas deportivas (SADs).