Source: http://www.suseso.cl/marco-juridico-de-los-servicios-de-bienestar/
Timestamp: 2017-01-18 01:39:52
Document Index: 260597663

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 32', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 1']

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Marco Jurídico de los Servicios de Bienestar »
Podemos entender por bienestar, aquel estado de una persona que se encuentra feliz por el hecho de tener satisfechas sus necesidades. Tal estado de satisfacción, es producto del trabajo social, cuyo objeto es lograr la adaptación del individuo al medio en que está inserto.
De modo general, se puede afirmar que la función de bienestar comprende una muy amplia gama de acciones con el referido objeto, tales como consejo y asesoría para el logro de una mejor convivencia familiar, prestaciones económicas para paliar gastos médicos y otros emergentes. En suma, doctrinariamente hablando, la acción de bienestar no tiene límites específicos distintos de los que emanan de la natural autorregulación micro económica de la empresa o servicio empleador.
Se discute si la acción de los Servicios de Bienestar forma parte de una rama de la Seguridad Social o es complementario de la acción del Sistema de Seguridad Social, discusión que, por ser de carácter doctrinario, se aleja del objeto del presente estudio, por lo que será obviada.
Se puede definir al Servicio de Bienestar como entidades que agrupan a trabajadores de determinada empresa y tienen por finalidad otorgar como consecuencia de sus relaciones contractuales de trabajo, prestaciones médicas adicionales o complementarias a las que otorgan los regímenes legales obligatorios y las demás que establezcan sus Estatutos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus asociados y cargas familiares.
Los Servicios de Bienestar tienen por objeto, de acuerdo a una definición más amplia, otorgar prestaciones de cualquier naturaleza que complementen o amplíen aquellas ya otorgadas por otras ramas de la Seguridad Social, con el objeto de lograr mejores condiciones de vida de sus asociados y de sus cargas familiares.
En la legislación chilena se pueden distinguir dos grandes grupos, los Servicios de Bienestar del Sector Privado y los Servicios de Bienestar del Sector Público.
Servicios de Bienestar del Sector Privado
Se constituyen como corporaciones de derecho privado de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, D.S. N° 110, de 1979, del Ministerio de Justicia y los artículos 97 y siguientes del D.S. N° 987, de 1968, del Ministerio de Salud Pública.
Estos Servicios de Bienestar cuentan con personalidad jurídica, toda vez que se constituyen como corporaciones, por lo que su solicitud se tramita a través del Ministerio de Justicia, al que corresponde su supervigilancia.
Si bien estos Servicios de Bienestar tienen objetivos equivalentes a los del Sector Privado, por regla general carecen de personalidad jurídica, pues excepcionalmente se les otorga ésta por ley.
En consecuencia, la mayoría de estos Bienestares carece de personalidad jurídica y constituyen una dependencia de la institución empleadora .
Normativa aplicable a los Servicios de Bienestar del Sector Público
a) Ley N° 11.764, artículo 134, del año 1954: “Los Departamentos u Oficinas de Bienestar, cualquiera que sea su denominación y que funcionen en Instituciones Fiscales, Semifiscales y de Administración Autónoma financiados con aportes de las mismas Instituciones o sus empleados o ambos aportes a la vez, serán fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social.
Las modalidades por las que se regirán esos organismos, los aportes con que se financiarán y los beneficios que podrán conceder, serán fijados por decreto supremo.”;
b) Ley N° 16.395, artículo 24: “Los Departamentos u Oficinas de Bienestar, cualquiera que sea su denominación y que funcionen en Instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma financiados con aportes de las mismas Instituciones o sus empleados o ambos aportes a la vez, serán fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social.
c) Ley N° 17.538, del año 1971: “Los Departamentos u Oficinas de Bienestar que funcionen en reparticiones fiscales, y en instituciones semifiscales y de administración autónoma, extenderán sus beneficios a los funcionarios jubilados de las mismas, en las condiciones y montos de que gozan los funcionarios en actividad, siempre que éstos contribuyan con su aporte pecuniario al financiamiento de dichos Departamentos u Oficinas.
La extensión de estos beneficios se hará aún cuando no hayan sido reformados los respectivos reglamentos, en conformidad a las normas establecidas por los artículos 2°, 3°, 5° y 6° del decreto supremo 290, de fecha 3 de noviembre de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”;
d) D.L. N° 249, de 1974, artículo 23: “Las entidades a que se refiere el presente decreto ley podrán otorgar como único aporte a los Servicios u Oficinas de Bienestar, un monto anual equivalente al 100% del sueldo mensual del grado 28° de la Escala Unica por cada trabajador afiliado, cualquiera que sea su calidad y grado de nombramiento.
Lo establecido en el inciso anterior no se aplicará a las empresas del Estado que negocien colectivamente.”.
A este respecto, cabe señalar que conforme en los últimos años se ha fijado por ley una suma fija de dinero por concepto de aporte institucional al Servicio de Bienestar de cada entidad.
Es así, como de acuerdo al artículo 16 de la Ley N° 20.233, el aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 249, de 1974, tendrá durante el año 2008 un monto de $ 72.871 por trabajador afiliado.
e) La Ley Nº 19.553, en su artículo 13, estableció un aporte extraordinario, en favor de las entidades que indica y a contar de 1998, ascendente a un 10% del valor del aporte máximo, por lo que para el año 2008, el monto total del aporte institucional respecto de dichas instituciones, será de $ 80.158.
f) D.S. Nº 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social: Regula de modo orgánico la actividad de los Servicios de Bienestar del Sector Público, fijando el contenido de los reglamentos particulares de cada uno de ellos, y las normas de carácter imperativo a las que deben someterse, sin necesidad de establecerlas en cada uno de ellos expresamente, y
g) Reglamentos particulares de cada Servicio de Bienestar, dictados conforme al D.S. N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Estructura de los Servicios de Bienestar de acuerdo al Reglamento General
Los siguientes son las principales materias a considerar al estudiar la materia relativa a los Servicios de Bienestar del Sector Público, en conformidad al Reglamento General de los mismos (D.S. N° 28, de 1994, del M. del T. y P. S.):
El artículo 1° del Reglamento General, luego de indicar la legislación aplicable a los Servicios de Bienestar del Sector Público, los define como “entidades cuyo objeto es contribuir al bienestar del trabajador cooperando a su adaptación al medio y a la elevación de sus condiciones de vida; que por regla general no tienen personalidad jurídica y constituyen una dependencia de la institución empleadora”.
Como consecuencia de lo dispuesto en la norma precedente, los Servicios de Bienestar del Sector Público, a diferencia de los del Sector Privado, no pueden actuar en la vida jurídica de modo independiente y se ven obligados a hacerlo a través de la autoridad superior de la Institución de la que forman parte, quien será la que celebre los convenios y actos jurídicos que lleve a cabo el Servicio de Bienestar.
Constitución y Modificación
El artículo 5° del Reglamento General dispone expresamente que los Servicios de Bienestar se crean mediante sus propios estatutos o reglamentos, los que deben ser aprobados por decreto supremo, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dictado con informe previo de la Superintendencia de Seguridad Social.
Cabe agregar, que la modificación de los estatutos o reglamentos particulares sigue igual procedimiento, es decir, en primera instancia debe someterse, con la forma de un decreto supremo, a la Superintendencia.
En los artículos 7 y siguientes del Reglamento General, se establece que podrán afiliarse a un Servicio de Bienestar “las personas que respecto de la institución a la cual éste pertenece tengan la calidad de funcionarios de planta o a contrata y aquellos que hayan jubilado siendo funcionarios de dicha institución”.
De acuerdo al artículo 6° del reglamento General, tres son las principales materias que deben ser reguladas en los reglamentos particulares:
a) Composición y génesis del Consejo Administrativo: De acuerdo al artículo 18 y siguientes del Reglamento General, el número de integrantes que tendrá el Consejo Administrativo debe determinarse en el reglamento particular de cada Bienestar, y no podrá ser inferior a cuatro ni superior a ocho.
Cabe señalar que el Consejo Administrativo es el órgano que, tal como su nombre lo indica, ejerce la administración del Servicio de Bienestar, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 29 del Reglamento General, y cuya integración debe ser paritaria, es decir, deben estar representadas en la misma proporción la entidad empleadora y los trabajadores.
Otra particularidad del Consejo Administrativo es que uno de los representantes de los afiliados deberá ser designado por la respectiva Asociación de Funcionarios, siempre que el 80% de sus socios se encuentre afiliado al Bienestar. Ahora, si existiere más de una Asociación de Funcionarios que cumpliere tal requisito en la Institución, el derecho de designación lo tendrá aquella que tenga el mayor número de socios (artículo 18 del Reglamento General). Finalmente, y en el evento que no existiere Asociación de Funcionarios o, en el caso de haberla, no cumpliere el requisito del porcentaje señalado, se debe entender, contrario sensu, que todos los representantes de los afiliados serán elegidos en votación.
b) Recursos con que se financiará: Conforme al artículo 32 del Reglamento General, los Servicios de Bienestar podrán obtener su financiamiento a través de cuotas de incorporación que pagarán los afiliados al ingresar; aportes institucionales; aportes mensuales; intereses que generen los préstamos que puedan otorgar; comisiones que perciban en virtud de convenios que celebren con terceros para el otorgamiento de beneficios a los afiliados; sumas provenientes de herencias, legados, donaciones, y demás bienes o recursos que obtengan cualquier título.
c) Beneficios: De acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, los Servicios de Bienestar iniciarán su funcionamiento otorgando a lo menos beneficios de carácter médico, en la medida que sus recursos lo permitan, por los conceptos indicados en el artículo 15 del Reglamento General.
Asimismo, es importante señalar que conforme al artículo 14 del reglamento General los beneficios que otorguen los Servicios de Bienestar deben estar establecidos en sus reglamentos particulares, indicando sus modalidades de concesión y quienes, aparte del afiliado, serán sus beneficiarios.
Es de suma relevancia la indicación de los beneficios y sus condiciones de otorgamiento en el reglamento particular, porque el mismo cuerpo normativo establece que no se podrán otorgar nuevos beneficios ni establecer modalidades especiales en los mismos sin previa modificación de sus respectivos reglamentos.
De acuerdo al artículo 3° del Reglamento General los Servicios de Bienestar estarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contraloría General de la República, de acuerdo a sus Leyes Orgánicas.
Los Servicios de Bienestar del Sector Público, tal como se señalara desde su definición en el artículo 1° del Reglamento General, carecen por regla general de personalidad jurídica, de lo que se derivan diversas consecuencias en su actividad.
Es así como se puede afirmar que constituyen una dependencia de la institución empleadora y, del mismo modo, su existencia termina con la extinción del organismo al cual acceden.