Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25599
Timestamp: 2019-06-25 17:50:52
Document Index: 192187314

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 241', 'artículo 43', 'artículo 241', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 17', 'artículo 241', 'in fine', 'artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 118', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 520', 'artículo 7', 'artículo 520', 'artículo 17', 'Artículo 118', 'Artículo 292', 'Artículo 492', 'Artículo 505', 'Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 43', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 241']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 21/2018
SENTENCIA 21/2018, de 5 de marzo
1. Por escrito recibido en el registro general de este Tribunal el 24 de octubre de 2016, doña Marta Granda Porta, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación procesal de don Wander Suero, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial denegatoria de la incoación de procedimiento de habeas corpus que se cita en el encabezamiento, pretensión que había sido anticipada en escrito presentado el 28 de junio de 2016 en el que, a efectos de este proceso de amparo, se solicitaba también la designación de procurador del turno de oficio.
c) Tras hacerse cargo el turno policial de guardia entrante de la instrucción del atestado, sobre las 08:00 horas del día 15 de mayo, el instructor hizo constar mediante “diligencia” la siguiente información: “Se extiende para hacer constar que esta Instrucción dispone que queden consignados los elementos esenciales en relación con los detenidos presentados. Los cuatro detenidos (tres mayores y uno menor de edad) … han sido detenidos por el presunto delito de lesiones, al ser interceptados en el lugar de los hechos por efectivos policiales actuantes. El presunto ilícito penal se produjo el mismo día 15 de los corrientes, en la calle General Ricardos en su confluencia con la calle Sallaberry, sobre las 01:15 horas. Las detenciones se produjeron el día 15 de los corrientes, sobre las 01:20 horas a la altura del número 15 de la calle Comandante Fontanes. De estos elementos esenciales son informados los detenidos en los respectivos actos de toma de declaración, todo ello en presencia de sus correspondientes letrados”.
d) Durante la mañana del día 15 de mayo (a las 09:25 y a las 11:05 horas) los investigadores se entrevistaron con los dos lesionados que habían sido atendidos durante la madrugada; uno de ellos se encontraba aún en el hospital y el otro en su domicilio. En sus manifestaciones, recogidas en el atestado, describieron la agresión sufrida, el número de participantes —superior a siete personas—, la secuencia de la agresión y el lugar donde se produjo, antes y después de acceder al parque situado en la confluencia de la calle General Ricardos con la calle Sallaberry.
e) A las 12:35 horas, el instructor del atestado comunicó con el colegio de abogados y solicitó la personación de los del turno de oficio que correspondieren a los tres detenidos. Personados los letrados designados de oficio, el interrogatorio policial de los detenidos, con asistencia letrada, se desarrolló entre las 14:30 y las 15:30 horas. En el acta que documentó la declaración de don Wander Suero, a petición del Letrado, se hizo constar “que ha solicitado a la Instrucción del presente atestado la posibilidad de tener acceso al atestado, no accediendo a ello la Instrucción”.
Al finalizar la declaración del demandante Sr. Suero, su Letrado solicitó el inicio de procedimiento de habeas corpus, lo que se llevó a cabo utilizando un impreso de solicitud que le fue entregado al detenido por los agentes. En él, a las 15:40 horas, como fundamento de su solicitud de ser puesto a disposición judicial inmediata, consignó el siguiente: “mi abogado ha solicitado acceder a las diligencias practicadas (atestado policial) para examinar los elementos que justifican la legalidad de mi detención y le han negado ver o examinar el atestado, con vulneración del art. 520 LECriminal. Que el atestado está cerrado, pero desconocen si pasaré hoy al Juzgado de guardia, no habiendo hecho nada”.
f) Recibida la solicitud de habeas corpus en el Juzgado de Instrucción núm. 27 de Madrid, la misma fue informada por el Ministerio Fiscal en sentido desfavorable a la incoación del procedimiento por entender que la detención policial había cumplido las formalidades legales tanto en cuanto a la causa que la justificaba [artículos 490 y 492 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)] como a la información de derechos al detenido.
3. En su demanda, el recurrente invoca como vulnerados los derechos fundamentales al procedimiento de habeas corpus (art. 17.4 CE), al que en la demanda denomina “derecho a la impugnación de la detención”, el derecho a la asistencia letrada al detenido (artículo 17.3 CE), así como el derecho de defensa (art. 24.2 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
a) La alegada vulneración del artículo 17.4 CE se imputa en la demanda de amparo a la actuación judicial en cuanto, mediante Auto de fecha 15 de mayo de 2016, inadmitió a limine la solicitud de habeas corpus tomando en consideración razones de fondo que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional (STC 32/2014, de 24 de febrero), únicamente pueden abordarse una vez sustanciado el procedimiento regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo. El demandante afirma que no pudo impugnar la legalidad de su detención en la forma prevista en la ley y con las debidas garantías porque el juez que resolvió la solicitud de habeas corpus omitió, en su tramitación, aspectos esenciales del procedimiento legal específico destinado a tal fin.
b) Considera también el demandante que la actuación policial ha vulnerado los artículos 17.3 y 17.1 en relación con los artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución en cuanto reconocen la asistencia letrada al detenido como garantía de su libertad personal; vulneración que asocia al hecho de que el responsable policial de instruir el atestado no le informó de su derecho a acceder a las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención, ni tampoco permitió a su abogado tener acceso al atestado durante el desarrollo de la detención preventiva. Tal conducta impidió que, con carácter previo al interrogatorio policial del detenido, este recibiera una eficaz asistencia letrada. Señala que, antes de su interrogatorio policial, solo fue informado verbalmente de la calificación jurídica del delito imputado, del lugar, fecha y hora de su comisión, y del lugar, fecha y hora de su detención. Se fundamenta la demanda en considerar que el acceso al atestado por parte del abogado de quien ha sido objeto de detención preventiva forma parte del contenido de los derechos fundamentales cuya vulneración denuncia, por lo que su incumplimiento supone la vulneración del derecho de asistencia letrada reconocido en el artículo 17.3 CE.
c) En tercer lugar, se alega en la demanda que la actuación policial ha vulnerado también el derecho de defensa del detenido (art. 24.2 CE) que, como derecho autónomo de los recogidos en el artículo 17.3 CE, se extendería a la fase de detención preventiva. Explica que así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 24 de noviembre de 1993, caso Imbrioscia c. Suiza; y de 28 de octubre de 1994, caso Murray c. Reino Unido, entre otros) y la propia jurisprudencia constitucional (SSTC 196/1987, 165/2005, 339/2005, 49/2007 y 208/2007), de la que deduce que la efectiva garantía del derecho de defensa, puesta en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, exige reconocer que el abogado está legalmente habilitado para conocer documentalmente en el propio centro de detención las circunstancias que han propiciado la misma, dado que esta información es precisa para poder impugnarla si lo considera oportuno. Añade, además, que esta garantía ha de hacerse efectiva reconociendo el pleno acceso del letrado del detenido al atestado policial (esté concluso o no) y la inclusión de tal posibilidad de acceso en el haz de garantías controlable a través del procedimiento de habeas corpus.
4. Mediante providencia de 3 de julio de 2017, la Sala acordó la admisión a trámite el recurso de amparo al apreciar que “concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”. A tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó también dirigir comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 27 de Madrid para que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de habeas corpus núm. 1510-2016, interesando al mismo tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso de amparo.
5. Recibidas las actuaciones, mediante diligencia de ordenación de 24 de julio de 2017 se dio vista de estas al recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 20 días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 LOTC.
6. El recurrente presentó sus alegaciones mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2017. En ellas ratificó íntegramente el contenido de la demanda, expresando —además— que la escueta información sobre los elementos de la detención que cuestiona en este caso sigue los criterios fijados en los Acuerdos de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial de 15 de julio de 2015 y 3 de abril de 2017 (el último de los cuales adjunta). En tal medida, extiende sus alegaciones a denunciar la deficiente trasposición legislativa de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (Leyes Orgánicas 5 y 13/2015), trasposición que habría permitido una incorrecta interpretación policial y judicial de sus criterios y el correlativo incumplimiento del Derecho Comunitario (sic) en este campo. Para el recurrente, la efectiva garantía del derecho de defensa pasa por permitir al abogado que asiste al detenido conocer documentalmente y en el propio centro de detención policial las circunstancias que ha propiciado la misma para, así, poder impugnarla, siendo el procedimiento de habeas corpus el “recurso interno efectivo” exigido a efectos de Derecho comunitario (sic).
7. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el día 19 de septiembre de 2017. En él solicita la inadmisión a trámite del recurso de amparo por entender que el recurrente no agotó la vía judicial previa mediante la interposición de una solicitud de nulidad de actuaciones que, según entiende, era de obligado ejercicio frente al Auto de 15 de mayo de 2016 dado que, en éste, se denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus, el cual no fue tramitado hasta su resolución de fondo. Para el Ministerio Fiscal, la pretensión de amparo se dirige, con exclusividad, contra la actuación judicial descrita y, por ello, el agotamiento de la vía judicial exigía en este caso acudir a la posibilidad de reparación de la vulneración de derechos fundamentales prevista en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subsidiariamente, si se entendiera que el recurso de amparo cuestiona la actuación gubernativa protagonizada por los agentes policiales, alega su eventual extemporaneidad pues, en tal caso, se trataría de un recurso interpuesto al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 LOTC, cuyo plazo de interposición —20 días— habría sido rebasado cuando, el 28 de junio de 2016, se formuló la inicial solicitud de amparo ante este Tribunal.
Por su parte, con cita de la STC 189/2016, FJ 3, el Ministerio Fiscal afirma, en primer lugar, que la demanda de amparo debe ser inadmitida por falta de agotamiento de la vía judicial previa, pues el demandante dirige sus quejas en exclusividad contra el Auto de 15 de mayo de 2016, al que imputa la vulneración de su derecho a la impugnación de la detención (art. 17.4 CE) sin haber solicitado la nulidad de dicha resolución; solicitud que, ex artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), era viable y útil para denunciar y obtener la reparación de la vulneración señalada. Subsidiariamente, considera que si se entendiera que la solicitud de nulidad de actuaciones no fuera exigible por no imputarse lesión autónoma a la decisión judicial de inadmisión (STC 13/2017 de 30 de enero, FJ 3), la demanda de amparo incurriría en extemporaneidad por haberse registrado en este Tribunal más allá del plazo de veinte días previsto en el artículo 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Por último, de no apreciarse los óbices procesales planteados, afirma el Ministerio Fiscal que la actuación judicial cuestionada vulneró el derecho a la libertad del demandante (arts. 17.1 y 4 CE), por haber acordado la inadmisión de la petición de habeas corpus valorando razones de fondo que sólo pueden ser tomadas en consideración una vez tramitado el procedimiento previsto en su Ley Orgánica reguladora (Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo). Concluye señalando que la estimación del amparo por este motivo tiene como consecuencia la declaración de nulidad del Auto de 15 de mayo de 2016, y exime del examen del resto de quejas aducidas sobre la suficiencia de la información proporcionada por la policía al demandante sobre las razones de su detención.
Por lo tanto, al igual que en otros supuestos ya analizados por este Tribunal en relación con detenciones cautelares gubernativas no acordadas judicialmente, ya sean de carácter penal o de distinta naturaleza (SSTC 86/1996, de 21 de mayo, FJ 1; 224/1998, de 24 de noviembre; 174/1999, de 27 de septiembre, 288/2000, de 27 de noviembre; 224/2002, de 25 de noviembre, 23/2004, de 23 de febrero; 165/2007, de 2 de julio, 95/2012, de 7 de mayo, y, más recientemente, la STC 32/2014, de 24 de febrero), nos hallamos en este caso, formal y materialmente, ante lo que hemos denominado un “recurso de amparo mixto” correspondiente tanto a la previsión del artículo 43 LOTC como a la de su artículo 44. Junto a la queja principal referida a la actuación desarrollada por los agentes de la autoridad durante su detención preventiva (arts. 17.1 y 3 y 24.2 CE), la segunda pretensión de amparo, compatible con la anterior, no coincide con la misma pues cuestiona, adicionalmente, la respuesta judicial de fondo e irrecurrible en cuanto denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus a través del cual el detenido trató de obtener la tutela judicial de sus derechos fundamentales (art. 17.4 CE).
a) En primer lugar, hemos de descartar que la pretensión de amparo que cuestiona la actuación gubernativa pueda ser considerada extemporánea. El más breve plazo de veinte días, que el artículo 43.2 LOTC prevé para las pretensiones de amparo a que se refiere el apartado primero de dicho precepto, es aplicable cuando las demandas se formulen únicamente al amparo del mismo (STC 10/2017, de 30 de enero, FJ 3), pero no cuando en el recurso de amparo se denuncie, adicionalmente, una nueva y distinta lesión imputable a los órganos judiciales al intentar obtener la reparación de sus derechos en la obligada vía judicial previa. Precisamente, por encontrarnos formal y materialmente en este caso ante un “recurso de amparo mixto” que imputa una lesión autónoma a la resolución judicial dictada en el procedimiento a través del que se instó la garantía de sus derechos como detenido, el plazo para su interposición es el establecido en el artículo 44.2 LOTC para las quejas referidas a la actuación judicial. Cualquier otra interpretación obligaría injustificadamente a los demandantes, en casos de amparo mixto, a renunciar al plazo más extenso que otorga el artículo 44.2 LOTC (30 días) en favor del más breve previsto en el artículo 43.2 LOTC (20 días) cuando acumulen pretensiones dirigidas frente a disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, con otras dirigidas frente a las resoluciones judiciales dictadas al instar la protección de sus derechos.
b) Por el contrario, coincidimos con el Ministerio Fiscal en apreciar que la pretensión de amparo autónoma que, ex artículo 17.4 CE, se dirige contra la actuación judicial en cuanto denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus, incurre en el óbice procesal denunciado de falta de agotamiento. En relación con ella, el demandante no agotó la vía judicial previa mediante la interposición de la petición de nulidad de actuaciones que, ex artículo 241.1 LOPJ, era viable y útil para obtener la reparación de la vulneración de su derecho al procedimiento de habeas corpus que ahora imputa a la decisión judicial irrecurrible que inadmitió a trámite su solicitud. Por lo expuesto, dicha pretensión incurre en causa de inadmisión [art. 44.1 a) LOTC], lo que en este momento procesal constituye causa de desestimación.
Dicha conclusión no puede extenderse a la pretensión acumulada mediante la que se cuestiona la actuación policial previa (STC 117/2016, de 20 de junio, FJ 2) pues, en relación con ella, el demandante optó legítimamente por agotar la vía judicial instando el procedimiento de habeas corpus —vía que era útil para su reparación—, y en él, como razón nuclear, alegó expresamente la denunciada irregularidad de la actuación policial, dando así al Juez de Instrucción la oportunidad de pronunciarse sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales que imputa a los agentes de la autoridad (STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 3). En tal medida, no podemos considerar que el acceso a la jurisdicción constitucional de esta queja que cuestiona la actuación gubernativa se haya producido per saltum, es decir, “sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional” (SSTC 141/2011, de 26 de septiembre de 2011, FJ 2, 1/2013, de 14 de febrero, FJ 2 y 46/2014, de 7 de abril, FJ 2, in fine). De otra parte, en los términos que expresa el artículo 241.1 LOPJ, esta concreta queja había sido ya planteada ante el Juez de Instrucción antes de que dictara el Auto de 15 de mayo de 2016 que, inadmitiendo a limine la incoación del procedimiento, se pronunció sobre la actuación policial considerándola jurídicamente correcta, por lo que no se trata de una queja sobre una vulneración de un derecho fundamental que no hubiera sido denunciada antes de recaer la resolución que puso fin al procedimiento de habeas corpus, sino que, planteada en el mismo, fue expresamente rechazada por el Auto de 15 de mayo de 2016 que descartó que la detención fuese ilegal por la forma en que venía desarrollándose [art. 1 a) y d) de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo].
Así expuesto, el fundamento de la pretensión de amparo se refiere a una faceta del derecho a la libertad y seguridad sobre la que no existe doctrina específica de este Tribunal, como es el alcance del derecho a conocer las razones de la detención policial, el correlativo deber de información que recae sobre los poderes públicos, y su conexión instrumental con el recientemente reconocido derecho de acceso a las actuaciones durante la detención y el propio derecho de asistencia letrada al detenido (art. 17.3 CE), así como las posibilidades de control que, en esta materia, ofrece el procedimiento de habeas corpus; lo expuesto permitió apreciar la especial trascendencia constitucional de la cuestión planteada [STC 155/2009, FJ 2, letra a)] y justificó su admisión a trámite.
a) La primera, para recordar que, de entre las distintas vías de protección judicial procedentes, el titular de un derecho fundamental puede elegir la que estime más conveniente para su defensa (SSTC 90/1985, FJ 5; 196/1987, FJ 2; 160/1991, FFJJ 2 y 5; 241/1991, FJ 4, y 31/1996, FJ 9).
En este caso, el recurrente instó la protección judicial de sus derechos a través de la petición de habeas corpus dando lugar, así, a un procedimiento urgente, de carácter especial, cognición limitada y única instancia en el que únicamente es posible valorar “la legitimidad de una situación de privación de libertad, a la que [el Juez] puede poner fin o modificar en atención a las circunstancias en las que la detención se produjo o se está realizando, pero sin extraer de éstas -de lo que las mismas tuvieron de posibles infracciones del ordenamiento- más consecuencias que la de la necesaria finalización o modificación de dicha situación de privación de libertad (art. 8.2 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo), y adoptando, en su caso, alguna o algunas de las decisiones a las que se refiere el artículo 9 del mismo texto legal” (SSTC 98/1986, de 10 de julio, FJ 1 y 303/2005, de 24 de noviembre, FJ 2).
De una parte, en cuanto al contenido del derecho de asistencia letrada al detenido, es constante nuestra jurisprudencia, citada en la STC 13/2017, según la cual tiene como función la de “asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma” (por todas, SSTC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 5; 252/1994, de 19 de septiembre, FJ 4; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 2, y 199/2003, de 10 de noviembre, FJ 4).
Y, de otra parte, en relación con el derecho de defensa en los procesos penales, el vigente artículo 118.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal establece que cualquier persona a quien se atribuya un hecho punible puede ejercitarlo interviniendo en las actuaciones con asistencia letrada “desde que haya sido objeto de detención”. El apartado segundo del citado precepto concreta que tal derecho “puede ejercerse sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena”, e incluye entre sus contenidos la asistencia letrada de un abogado. Sobre dichos contenidos, este Tribunal destacó en la STC 107/1985, de 7 de octubre, FJ 3, lo siguiente: que “las garantías exigidas por el artículo 17.3 CE —información al detenido de sus derechos y de las razones de su detención, inexistencia de cualquier obligación de declarar y asistencia letrada— hallan su sentido en asegurar la situación de quien, privado de su libertad, se encuentra ante la eventualidad de quedar sometido a un procedimiento penal, procurando así la norma constitucional que aquella situación de sujeción no devenga en ningún caso en productora de la indefensión del afectado”. Y poco después, en la STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3, se puntualizó que la proscripción de cualquier forma de indefensión, recogida en el artículo 24.1 CE, no se refería únicamente a las actuaciones judiciales, sino que dicho precepto “debe interpretarse extensivamente como relativo a toda clase de actuaciones que afectan a un posible juicio y condena y, entre ellas, a las diligencias policiales cuya importancia para la defensa no es necesario ponderar”. La estrecha conexión existente entre las garantías jurídicas de la detención y el derecho de defensa penal aparece expresada también en las SSTC 339/2005, de 20 de diciembre, FJ 3, y 21/1997, de 10 de febrero, FJ 5, letra B), cuando destacan que la detención preventiva de una persona y su conducción a dependencias policiales permite a los agentes realizar “diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos” [art. 520.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)], entre las que se incluye la declaración del detenido; por ello, “es en esta situación cuando adquieren su pleno sentido protector las garantías del detenido de ser informado ‘de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención’, así como de la asistencia letrada y la de un intérprete, dada su innegable importancia para la defensa en tales diligencias”.
Esta doble proyección del derecho de asistencia letrada, que guarda paralelismo con los textos internacionales sobre la materia (arts. 5 y 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales —CEDH—, y artículos 9 y 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos —PIDCP—), no solo permite asignar distinto contenido y facultades de actuación a cada uno de estos derechos (STC 165/2005, de 20 de junio, FJ 11), sino que impide determinar el contenido del derecho a la asistencia letrada en cada uno de estos contextos con una lectura y aplicación conjunta de los citados artículos 17.3 y 24.2 CE (SSTC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 4; 188/1991, de 3 de octubre, FJ 2; 7/2004, de 9 de febrero, FJ 6).
Por ello, en una reiterada jurisprudencia iniciada en la STC 196/1987, de 11 de diciembre —del Pleno—, hemos rechazado que, en supuestos como el presente, al cuestionar el contenido o la calidad de la asistencia letrada recibida durante la detención preventiva, pueda hacerse invocación indiferenciada de los artículos 17.3 y 24.2 CE pues, aun haciendo ambos referencia a la asistencia jurídica obligatoria y guardando evidente relación, como acaba de ser expuesto, las supuestas limitaciones que en el derecho de defensa frente a una acusación penal puedan producirse no son objeto autónomo del procedimiento de habeas corpus. La efectiva incidencia que una información deficiente acerca de las razones de una detención preventiva de naturaleza penal pueda tener sobre el derecho de defensa frente a una acusación penal sólo puede valorarse con una perspectiva más amplia: la que ofrece el análisis conjunto del desarrollo del proceso penal y el resultado material que una limitación como la denunciada pueda haber tenido en el mismo; análisis que ha de extenderse, desde luego, más allá del limitado espacio temporal máximo de 72 horas durante el que puede mantenerse la detención policial preventiva y practicarse las diligencias policiales dirigidas al esclarecimiento de los hechos investigados (SSTC 188/1991, de 3 de octubre, FJ 2; 7/2004, de 9 de febrero, FJ 6, 165/2005, FJ 11 a); 219/2009 y 220/2009, de 21 de diciembre, ambas FJ 7; y 87/2010, de 3 de noviembre, FJ 5), por lo que sería prematuro cualquier pronunciamiento que, desde la perspectiva planteada, pudiera formularse.
6. En relación con el derecho a la información sobre los hechos y las razones que han motivado la detención, desarrollado por el artículo 520.2 LECrim, varios aspectos deben ser destacados:
7. De forma inescindible, complementaria e instrumental a los derechos a recibir información sobre las razones de la detención y a impugnar la legalidad de la detención, la nueva regulación legal reconoce a toda persona detenida el derecho a “acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad” (art. 520.2 d] LECrim); derecho de acceso que, en idénticos términos, se extiende a la fase sumarial de instrucción judicial para el caso de que se decrete la prisión provisional del investigado (art. 505.3 LECrim.). El derecho de acceso que la ley reconoce está en línea con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales, conforme al cual: “Cuando una persona sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad”.
b) A partir de este doble fundamento, es posible determinar la forma y momento en que el derecho de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones puede ejercerse. Dicho intervalo se sitúa después de ser informado sobre las razones fácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez. Por tanto, la pretensión de acceso a las actuaciones se produce siempre antes de que haya finalizado la redacción del atestado, del que la declaración del sospechoso es un elemento nuclear. De esta manera, el detenido, asesorado por el letrado designado voluntariamente o de oficio con quien previamente puede entrevistarse reservadamente [art. 520.6 d) LECrim], podrá decidir fundadamente su conducta procesal durante el interrogatorio, así como tomar la decisión de impugnar la legalidad de su privación de libertad cuando no comparta la causa que la motivó o la forma en que se está desarrollando. En este último caso, es al detenido a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del habeas corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia.
8. En el caso presente, según aparece en el acta policial que documenta la declaración del demandante detenido, su letrado solicitó “tener acceso al atestado”, petición que fue desestimada por el Instructor policial. Y en la posterior petición de habeas corpus el demandante hizo constar como causa justificante de la misma la siguiente: “mi abogado ha solicitado acceder a las diligencias practicadas (atestado policial) para examinar los elementos que justifican la legalidad de la detención, y le han negado ver o examinar el atestado, con vulneración del artículo 520 LECrim”.
Señalamos en la STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8, que “la relación entre la persona y el delito investigado se expresa en la sospecha, pero las sospechas que, como las creencias, no son sino meramente anímicas, precisan, para que puedan entenderse fundadas, hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona”. A partir de este doble criterio no cabe sino concluir que la información facilitada al demandante de amparo no superaba dicho canon de enjuiciamiento al no proporcionar una base real suficiente de la que pudiera inferirse racionalmente su participación en el delito investigado.
10. En definitiva, a través de lo expuesto en los anteriores fundamentos se constata la vulneración de las garantías que el artículo 17.1 y 3 CE reconoce al demandante en cuanto titular del derecho a la libertad y seguridad personal, como consecuencia de no haber sido informado de modo suficiente sobre las razones de su detención gubernativa de naturaleza penal ni habérsele permitido el acceso a los elementos de las actuaciones que eran esenciales para impugnar su legalidad. En consecuencia, la pretensión de amparo ha de ser estimada en este aspecto, no porque en el caso concreto no existieran razones para detener al demandante, sino porque habiéndolas, las mismas no se pusieron de manifiesto al detenido o a su abogado a través de los procedimientos establecidos en la ley (información suficiente y escrita, con posibilidad de acceso a las actuaciones que la objetivaban, si así era reclamado), lo que hubiera posibilitado su cuestionamiento ante el Juez del habeas corpus, garante de que la detención no se haya producido fuera de los casos y en la forma previstos en la ley.
2º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de Instrucción núm. 27 de los de Madrid, de 15 de mayo de 2016, dictado en el procedimiento de habeas corpus núm. 1510-2016.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3766-2016
El recurrente en amparo fue informado oralmente de que había sido detenido por su supuesta participación en una agresión en grupo constitutiva de un delito de lesiones. Como único motivo de la detención, se le informó que había sido interceptado en el lugar de los hechos pocos minutos después de la comisión del delito. Su abogado solicitó tener acceso al atestado, petición que fue rechazada por el instructor policial, y la incoación de un procedimiento de habeas corpus, que fue denegada por el juzgado de instrucción.
Se estima el amparo y se reconoce la vulneración del derecho del recurrente a la libertad personal. La vigente redacción de la Ley de enjuiciamiento criminal, reflejando a su vez la normativa europea –en particular la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo-, establece el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones motivadoras de su detención y a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. La información facilitada al recurrente indicaba un motivo de detención que, aisladamente, no era suficiente para justificarla, y omitía los datos objetivos que permitieron establecer el vínculo de conexión probable entre la agresión y las personas detenidas. Las razones objetivas de la detención debieron formar parte nuclear de la información facilitada al detenido y a su letrado, proporcionarse al detenido por escrito y hacerse constar fehacientemente mediante un procedimiento de registro que permitiera su verificación, de modo que el detenido o su abogado pudieran cuestionar la detención. La denegación del acceso al atestado impidió a su vez subsanar estas deficiencias.
Artículo 118.2 (redactado por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre), f. 4
Artículo 292, f. 8
Artículo 492.4, ff. 5, 9
Artículo 505.3 (redactado por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril), f. 7
Artículo 520, f. 8
Artículo 520.1 (redactado por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril), f. 4
Artículo 520.2 d) (redactado por la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril), ff. 6, 7
Artículo 520.6 d) , f. 7
Artículo 17, ff. 1, 4, 5
Artículo 17.1, ff. 1, 2, 10
Artículo 17.3, ff. 2 a 5, 10
Artículo 17.4, ff. 1, 2, 5
Artículo 43.2 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 1, 2
Artículo 1 a), ff. 2, 5
Artículo 1 d), ff. 2, 5
Artículo 241 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 1
Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010. Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013. Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de julio de 2009 (Mooren c. Alemania)
Derecho a la asistencia letradaDerecho a la asistencia letrada, ff. 3 a 5
Derecho a la información sobre las razones de la detenciónDerecho a la información sobre las razones de la detención, ff. 5, 6, 9, 10
Derecho a la libertad personalDerecho a la libertad personal, Vulnerado, f. 10
Derecho de acceso a las actuaciones durante la detenciónDerecho de acceso a las actuaciones durante la detención, ff. 5, 7 a 10
Inadmisión a trámite de habeas corpusInadmisión a trámite de habeas corpus, ff. 1, 2
Directivas de la Unión EuropeaDirectivas de la Unión Europea, ff. 5, 7
Atestado policialAtestado policial, ff. 3, 8, 9
Control judicial de la detenciónControl judicial de la detención, ff. 4 a 10