Source: https://www.scribd.com/doc/135982540/Reforma-LRLmarzo-2013-El-Valor-de-La-Proximidad
Timestamp: 2017-03-25 14:49:10
Document Index: 381109506

Matched Legal Cases: ['artículo 1353', 'Artículo 4', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 36', 'artículo 92', 'artículo 40', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 27']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEL VALOR DE LA PROXIMIDAD[Servicios Sociales y Ayuntamientos]
Redactores del documento: GUSTAVO A. GARCÍA ÁNGEL PARREÑO JOSÉ MANUEL RAMÍREZ JOAQUÍN SANTOS
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que el Gobierno ha remitido un grave a tramitación atentado al
En 2011 las Corporaciones Locales han gestionado 1.330 millones de euros. 50.000 personas trabajan en esta red de servicios sociales de ámbito local Con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a 7 millones de personas
municipalismo en nuestro País. El municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de los Servicios Sociales por lo que tiene de cercanía y proximidad a la expresión de las
necesidades sociales de los ciudadanos y por lo que las comunidades locales y de barrio tienen de ámbito básico de la intervención comunitaria que les son consustanciales. El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2013 empeora los borradores que se venían manejando anteriormente y
viene a constituirse, en la práctica, en una intervención de los Ayuntamientos de parecidas características a la que Rajoy ha tratado de impedir por todos los medios para el Estado por parte de Bruselas. Aquí la troika no serán oscuros funcionarios venidos de fuera: para la ocasión, la reforma plantea vestir de negro a Secretarios, Interventores y Tesoreros obligados a convertirse en auténticos cipayos del poder central y omnímodo de los Montoro de turno para controlar a los alcaldes y concejales a los que se consagra como permanentes sospechosos de ser solícitos, por cercanos, con las necesidades de los ciudadanos.
Todos los datos contenidos en el presente texto corresponden a la Memoria oficial del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales 20102011 elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Son los últimos datos oficiales, aunque todavía inéditos.
Con el anterior texto proponíamos algunas posibles modificaciones. Cabía hacer aportaciones para su posible mejora e incluso su posible interpretación. El actual texto lo impide absolutamente. Es la muerte de la democracia en el sentido en el que ha sido entendida desde la Transición, una traición a los valores en los que se funda la convivencia en España. Es un texto ante el que sólo podemos oponernos radicalmente, de manera absolutamente beligerante ya que supone un cambio profundo no sólo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, e incluso, siendo eso grave, en el reparto de la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, sino que consagra una visión exclusivamente economicista(*) de las funciones mismas del Estado y de las posibilidades de acción política que provocará, como mínimo, los efectos siguientes:
(*)"Sin pudor alguno se expresa así en el comienzo mismo de la Exposición de Motivos del proyecto de Ley, cuando dice: “La reforma del artículo 1353 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones pública." En definitiva, una reforma que no tiene como principio rector fundamental la atención los ciudadanos/as, la calidad en la prestación de servicios, no: lisa y llanamente "la estabilidad presupuestaria".
LA PROFUNDIZACIÓN DE LA BRECHA ENTRE CIUDADANOS Y POLÍTICA Nadie duda ya en España de que uno de nuestros graves problemas es el del alejamiento, el del extrañamiento de la actividad política como instrumento de transformación social con respecto a los ciudadanos. Todos opinión, sociales y los estudios de
Como se financia la red básica de servicios sociales de las Corporaciones Locales (año 2011):  Ministerio: 86.633.150 € (6,5%)  CC.AA.: 710.569.936 € (53,4%)  CC.LL.: 532.325.545 € (40,1%)
Para el año 2013 los recortes del Ministerio han reducido la aportación al Plan concertado a 27.593.000 €, lo que supone una aportación de apenas un 2% (minoración de un 58,34% respecto a 2012 y un 68% con respecto a 2011) Aplicación 26.16.231F.453. presupuestaria
barómetros sondeos
demoscópicos señalan de forma progresiva españoles reiterada cómo señalamos y los a
los políticos y su actividad
como uno de nuestros problemas y cada vez menos como una posible solución. La reforma de la Ley que pretende el gobierno, viene a aumentar la distancia y a profundizar en la brecha que peligrosamente se está abriendo entre la política y los ciudadanos. Reducir el número de concejales, establecer la gratuidad del desempeño de un elevado porcentaje de ellos no es sino convertir la práctica de la política municipal en culpable de los desmanes en nuestra economía e instalarla en el estatus de permanentemente sospechosa. En esta misma categoría de problemas se sitúa especialmente lo relativo a las Diputaciones Provinciales, porque justo en el actual momento de desprestigio de la política y el sistema democrático mismo se opta por una Administración que no es elegida directamente por el ciudadano. Por otro lado es preocupante el contenido
Desglose del gasto en los Servicios Sociales básicos de las Corporaciones Locales (2011):  Personal: 458.558.606 € (34,5%)  Prestaciones: 847.366.126 € (63,7%)  Mantenimiento: 18.916.911 € (1,4%)  Inversiones: 5.771.056 € (0,4%)
ideológico que rezuma el anteproyecto y que reduce hasta el absurdo cualquier posibilidad de
creación de una comunidad social y política. Los Ayuntamientos, representantes de la comunidad de vecinos del territorio más próximo, dejan de poder intervenir en ninguna de las áreas de actuación que les permitiría construir comunidad pública y común, algo especialmente grave para el Sistema de Servicios Sociales por cuanto esto, es uno de los objetos básicos de actuación del Sistema. La mínima solidaridad expresada desde una Administración Pública es básicamente impedida y el concepto de Comunidad queda reducido a los mínimos intereses comunes imprescindibles: cementerios, vialidad, aguas, vertidos… competencias de pura gestión administrativa que no tienen apenas contenido político. Sin política desaparece la comunidad y quedan simplemente los individuos particulares. El colmo de la ideología ultraliberal.
Preámbulo: Convencidos de que la existencia de Entidades locales investidas de competencias efectivas permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano Artículo 4º. 3 El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.
Así alude la Carta Europea de Autonomía Local suscrita por España, al principio, al valor de la proximidad que garantizan las entidades locales y que la reforma de la Ley, en los términos que está planteada, desprecia olímpicamente porque en sus entretelas (lógicamente no en las declaraciones ni en los expositivos), iguala proximidad a despilfarro. En efecto, la reforma de la Ley, parte del
Los Servicios Sociales básicos de las Corporaciones Locales atendieron en el año 2011 a 6.930.978 usuarios/as, un 15,83% del total de la población española. Estos usuarios se benefician de una o varias prestaciones
retorcimiento perverso del concepto, es decir, que precisamente por estar más cercanos a los
ciudadanos, los municipios, las entidades locales, son más proclives a facilitarles servicios y, por lo mismo, mas inclinados a medir sus acciones en función de la rentabilidad social, de la eficiencia social que es la que se ve en la cara de los ciudadanos y no, exclusivamente en el equilibrio financiero que es el que se prioriza perfectamente y sin ningún tipo de
remordimiento desde la “objetividad” y “lejanía eficiente” de los despachos en la capital de la Provincia o de la Región. Pero es que, además, en el caso de los servicios sociales, estamos hablando de unos servicios que tienen la proximidad como seña de identidad, como ámbito ineludible en su acción sin el cual, o mejor dicho, fuera del cual, es donde se vuelven ineficientes e ineficaces. No hay mayor deterioro en estos servicios que el que se produce por la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano. En efecto, sin la cercanía que ha caracterizado a los servicios sociales municipales en su reciente desarrollo en el
Estado, la ayuda a domicilio, la promoción comunitaria, el apoyo psicosocial para la integración social, la educación social para la mejora de la convivencia familiar y tantas otras intervenciones de lo que todavía son los servicios sociales municipales quedan reducidas a entelequias asistencialistas condenadas a morir como víctimas propiciatorias a corto plazo por la languidez y el debilitamiento progresivo que les provocaría su propia ineficacia una vez desposeídas del valor de la cercanía.
EL VACIAMIENTO DE SERVICIOS DEL MUNDO RURAL De forma tozuda y constante, todos los estudios mínimamente científicos en materia sociodemográfica en nuestro País, abundan en la constante observada como tendencia imparable hacia la desertización poblacional del mundo rural. En efecto, la polarización de la población alrededor de los grandes núcleos urbanos es un hecho en España. El ámbito rural está quedando reservado a una población cada vez más envejecida y desesperanzada que asume su pervivencia en el medio como una resistencia a la renuncia de las raíces pero desde un punto de vista terminal, como solución final impotente y resignada, sin perspectivas de futuro y comprendiendo e incluso animando a las generaciones más jóvenes a que consumen definitivamente el abandono de lo rural como escenario de vida con futuro. Una sola excepción a esta tendencia, pero menos integradora aún: la protagonizada por el uso
Usuarios por tipo de prestación que reciben en los servicios sociales básicos de las Corporaciones Locales (año 2010):  Alojamiento alternativo: 106.852 usuarios (1,3%)  Apoyo a la unidad de convivencia: 519.046 personas (6,5%)  Ayuda a Domicilio: 648.738 personas (8,1%)  Información y Orientación: 5.299.989 (65,9%)  Actividades de prevención e inserción: 1.473.295 personas (18,3%)
desconsiderado, abusivo, poco sostenible del suelo rural como dormitorio, como receptáculo de unas horas de estancia de una población que “vive” en otro sitio y que solo está unida a ese medio rural por la
necesidad de abaratar el resultado final del coste de la vivienda. En la base de esta tendencia social, suicida en términos de sostenibilidad y de valores cívicos, está la eliminación de servicios del medio rural en aras de una pretendida mayor rentabilidad absolutamente ofuscados por la adoración al becerro de oro de la reducción del déficit. La reforma de la Ley es inmisericorde con el medio rural, significa una puntilla definitiva a una forma de vida no porque esa forma de vida sea poco atractiva para los ciudadanos sino porque se la disfraza obsesiva y malintencionadamente para hacerla más que indeseable, impracticable. Con esta reforma, los servicios municipales en el medio rural, quedan reducidos a aquellos que permitan abundar en la segregación de ese mundo: Te garantizo el suministro de agua y la recogida de basuras y la urbanización de la calle pero no los servicios más sociales los que te fijan y te unen más al territorio, ni la escuela, ni la guardería, ni la ayuda a domicilio, ni la pequeña residencia para mayores, ni la atención a los discapacitados, todo eso… a la ciudad o núcleo urbano grande más próximo. Se trata de facilitar que se siga utilizando el medio rural o para vivir autoexcluido o para, como ciudadano de segunda, vivir en una permanente extrañación del sentimiento de pertenencia. Por otro lado, como consecuencia aún más perversa si cabe, la concentración de la población en los ámbitos urbanos, lejos de mejorar su nivel de integración social acaba provocando una suerte de miseria urbana de nuevo cuño que la crisis está multiplicando por capilaridad social y que, desposeída de la red de apoyos que ha caracterizado siempre al medio rural, no hace sino incrementar exponencialmente la marginación y la congestión y desbordamiento de los servicios urbanos ya de por sí, cada vez más recortados e insuficientes.
Gasto por tipo de prestación en los servicios sociales básicos de las Corporaciones Locales (año 2010):  Alojamiento alternativo: 13.827.013 € (1,7%)  Apoyo a la unidad de convivencia: 34.451.744 € (6,5%)  Ayuda a Domicilio: 653.159.759 € (78,6%)  Información y Orientación: 32.773.497 € (3,9%)  Actividades de prevención e inserción: 97.315.737 (11,7%)
Los servicios sociales municipales, han significado un auténtico banderín de enganche en muchas zonas rurales de nuestro País para poblaciones jóvenes que empezaban a ver su permanencia en el medio como algo posible no solo por los servicios en sí mismos de vital importancia (atención a los mayores, apoyos a la familia ante procesos desestructurantes, políticas de género, atención a los menores, atención a las personas con discapacidad, acciones preventivas en niños y adolescentes a través de la ocupación sana del tiempo libre, etc.) sino por la percepción de que la decisión de permanecer en el medio rural “merece la pena”, que se tienen “servicios de primera”. La reforma de la Ley elimina de un plumazo la posibilidad, no solo la competencia, sino la posibilidad de que, los vecinos de un municipio, puedan decidir organizar unos servicios sociales básicos de proximidad en virtud de su decisión de permanecer en el medio rural como elección del tipo de vida que quieren llevar.
LA ELIMINACIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
Preámbulo de la Carta Europea de la Autonomía Local: Conscientes de que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder; Afirmando que esto supone la existencia de Entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios necesarios para el cumplimiento de su misión. Art. 3º 1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
democráticos en nuestro país en el ataque a la frontal y
definitiva subordinación del poder local al gobierno central y regional en una deriva política en abierta y flagrante contradicción con los principios ratificados por nuestro Estado en la Carta Europea de la Autonomía Local. Es muy llamativa además de cínica y chulesca (como es, por otra parte, la norma de conducta del ministro Montoro, impulsor de la reforma) la forma que tiene este gobierno de responder a la demanda tradicional del mundo municipal de clarificación de la distribución competencial: sencillamente roba a los municipios las competencias que le resultan incómodas al gobierno en manos de lo local por no coincidir con su modelo de Estado del Bienestar (sanidad, educación y, sobre todo, servicios sociales) y por la posibilidad de que, convenientemente convertirse en negocio. Y, además, esto lo hace por el expeditivo método de declararlas unilateralmente (es de sobra conocida la oposición que encuentra la reforma entre alcaldes y concejales de todo signo político, incluido el del propio Gobierno) “impropias” pero, eso sí, externalizadas, puedan
Las personas mayores, constituyen el 27,5% de los demandantes de Información, un 33,1% de los usuarios de Alojamiento Alternativo, el 21,9% de los de Actividades Preventivas y de Inserción, el 27,4% de la prestación de Apoyo a la Unidad Convivencial y el 78,79% en la Ayuda a Domicilio.
reservándose la posibilidad de delegárselas cuando convenga (no cuando les convenga a los municipios que no tienen derecho a decidir autónomamente, sino a las Comunidades Autónomas), con la alevosía, por añadidura, de “dictar” en qué condiciones, con qué límites y características haya de prestar los servicios, concretamente los servicios sociales, el municipio en cuestión. Así es que los principios consagrados por la Carta Europea en relación con la autonomía y la capacidad de decidir en virtud de un nuevo concepto de ciudadanía europea más participativa y de una gobernanza más unida a las decisiones de los ciudadanos acaban saltando por los aires dinamitados por una obsesión por culpabilizar al poder local y, en última instancia, a la capacidad de decisión de los ciudadanos, de los desajustes presupuestarios y financieros en la Administración. Esta drástica limitación en la capacidad de decisión de los ayuntamientos, supondrá que, por mucho que una Corporación Local estime imprescindible la atención en
algún aspecto o servicio social a niños, discapacitados o mayores, dependientes o jóvenes por las características que solo esa Corporación Local y los vecinos que la sostienen conocen en primera línea, habrá de subordinar su decisión a los jefes de la provincia en imitación y recuerdo de los gobiernos civiles del franquismo.
EL DESPRECIO A LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL TRABAJO SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL La reforma de la Ley planteada por el Gobierno reduce la competencia municipal en materia de intervención social a la “valoración evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir: Los Servicios Sociales son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Algo que explica las actuaciones en la eliminación del Plan Concertado de Servicios Sociales. Ya no se entiende que sea una actuación compartida por las diferentes Administraciones. Los Ayuntamientos quedan absolutamente privados de intervención en materia de Servicios Sociales, convirtiendo en su obligación, y sólo para los de más de 20.000 habitantes, esa confusa competencia. Algo que podría interpretarse como una mera oficina de derivación de casos y en todo caso de gestora de alguna ayuda de urgencia o de los albergues municipales en su concepto más limitativo de puro asistencialismo a corto plazo (“atención inmediata”), ya ampliamente superado en la práctica de la mayor parte de los municipios españoles. Para los
El Plan Concertado financia también en 2011, 11 Albergues para personas sin hogar, que disponen de 602 plazas y han atendido a 13.209 usuarios. 8 Centros de Acogida: 1 de Menores, 2 para Mujeres y 5 de carácter polivalente, atendieron a 2.112 usuarios en sus 190 plazas.
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes esta competencia quedaría en manos de las Diputaciones Provinciales. Nada de prevención de la exclusión, nada de intervención comunitaria. Es decir la desnaturalización de la atención primaria de cualquier sistema. El resto de las competencias serían propias de las CC.AA. pudiendo ser delegadas expresamente y únicamente a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Estas disposiciones suponen la degradación definitiva del Sistema de los Servicios Sociales. Sobre todo, porque eliminan, en la práctica, la organización del nivel funcional de atención primaria o comunitaria, lleva a todos los servicios especializados a la dependencia de las CC.AA. y a buena parte de las estructuras de atención primaria, allí donde no lo fueran. Como consecuencia, peligran miles de puestos de trabajo de servidores públicos en los ayuntamientos y se puede adivinar el comienzo de un largo proceso privatizador de cientos de servicios, ya que ese parece ser el objetivo no declarado de la norma, aunque asome esa intención en algunos de sus apartados. Además, reducir hasta este absurdo la competencia municipal en materia de intervención social, supone el desprecio más olímpico a la configuración de un rol profesional como el del Trabajo Social que ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y de un derroche de generosidad profesional y técnica de miles de profesionales que han contribuido de una forma sustancial a hacer territorio y, por eso, a hacer país y por ello a construir eso tan valioso pero aparentemente prescindible para quien nos gobierna que es la comunidad, la cohesión social. Infinidad de municipios (más cuanto más
El Plan Concertado financia también algunos equipamientos complementarios de la red básica, principalmente Oficinas o Servicios de Información (105 de un total de 262 Equipamientos) y Centros de Estancia Diurna (120). Además, se han financiado 15 Miniresidencias, 17 Pisos Tutelados y 5 Comedores Sociales.
pequeños) pueden contar en su reciente historia cómo el trabajo social, la intervención social, la atención primaria de los servicios sociales han sido elementos sustanciales de recuperación y consolidación comunitaria desde la oscura dictadura y desde la falta de presencia de la responsabilidad pública (el Estado) en los rincones más apartados por geografías, orografías e ideologías. La reforma olvida miserablemente ese servicio rendido por el sector profesional de los Servicios Sociales a la concepción de España como estado moderno y protector de sus ciudadanos más desiguales, más olvidados, más distantes, más distintos. Lo peor es que lo hace ahora, precisamente en que todo en la realidad cotidiana de los
españoles hace aventurar que esa cercanía, que, de nuevo esa capilaridad a la que solo puede aspirar el poder local y los servicios sociales como su herramienta, vuelve a hacerse imprescindible. Lamentablemente, la factura de este tremendo error (junto a la desgraciadamente larga serie de decisiones de este gobierno) no se puede pagar con dinero, se pagará en términos de cohesión social, de marginación y de sufrimiento y carencias de los de siempre. Por otro lado, es importante señalar (no hacerlo supone una tremenda injusticia con la multitud de gestores de lo local que se han esforzado y se esfuerzan en hacer su trabajo de forma razonable y desde la justicia social) cómo la supuesta
duplicidad y solapamiento de servicios con las que se quieren justificar semejantes atentados, no es sino una coartada más, exagerada por el ruido neoliberal que, allá donde se haya producido, se
Un total de 50.007 personas trabajan en los Servicios Sociales básicos de las Corporaciones Locales (por cada millón de euros invertidos se generan 38 puestos de trabajo). Los contratados con cargo a los programas de los Centros de Servicios Sociales han sido 37.101 (74,19%) y las plantillas del conjunto de proyectos asciende a 12.906 (25,81%). Un 53,14% del personal de plantilla son fijos, reflejando una situación de cierta estabilidad en el empleo. El ratio resultante de trabajadores respecto a la población es de 987,21 habitantes por trabajador (se excluye los ayuntamientos de Madrid y Valencia dado que no se aportan datos)
podrá corregir pero que, en absoluto puede servir para, escudándose en ella, convirtiendo en verdad una mentira a base de repetirla, cercenar multitud de servicios de proximidad que se vienen prestando en perfecta distribución competencial y a unos costes muy razonables. Costes que, dicho sea de paso, comparados con los de nuestros vecinos europeos del norte, darían risa si no fueran más merecedores de indignación. En efecto, en la mayor parte de los casos el principio “una competencia, una administración”, ha sido cumplido en la práctica. El nivel funcional correspondiente a la atención primaria, general o comunitaria, ha sido de la Administración Local y el especializado de la autonómica, exigiéndose una fuerte coordinación interna del sistema que tampoco ha funcionado mal aunque fuera mejorable. La actual perspectiva y la dependencia exclusiva de las CC.AA. quizá pueda aportar (ya
decimos que en las inmensa mayoría de los territorios no es necesario) una mayor coherencia interna del Sistema pero, eso sí, si lo hace, lo hará con el costo, muy gravoso, de alejar las decisiones del ámbito de la proximidad, lo que en términos comunitarios es evidentemente muy grave.
DESPRECIO POR LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. El anteproyecto de Ley objeto de este informe desprecia absolutamente la trayectoria histórica del Sistema de Servicios Sociales y de la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de CC.AA. Un proceso de construcción del Sistema que dura ya más de 25 años, Las propias CC.AA., a las que el anteproyecto de Ley confiere la competencia en esta materia de forma prácticamente absoluta, han venido produciendo un importante cuerpo legislativo que consolida la existencia de dos niveles funcionales en la organización del Sistema de Servicios Sociales. Un primer nivel funcional de atención primaria, competencia de la Administración Local y un segundo nivel funcional especializado, competencia de las CC.AA. El actual anteproyecto pasa por encima de esta realidad consolidada en las actuales 17 leyes de Servicios Sociales autonómicas, y elaboradas con el impulso y la aprobación
58.162 usuarios que acuden a los Centros de Servicios Sociales en demanda de empleo han obtenido un puesto de trabajo, a través de las acciones realizadas desde el Centro.
parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español, incluido, por supuesto, el propio Partido que gestiona le actual Gobierno de España. Este desprecio de la cultura organizativa
consolidada en el Sistema representa, en la práctica, el escaso peso político que se otorga a
este Sistema y la prepotencia que demuestran los ámbitos políticos y administrativos alejados de una realidad ante la que demuestran una ignorancia supina. Este desprecio resulta aún mayor cuando se propone que la transferencia de esta competencia se haga en el plazo de un año y a la vez se otorga cinco a las relativas
a educación y sanidad. Del texto se desprende que se considera que estas últimas necesitan de un plazo mayor por la complejidad del traspaso de las competencias, una idea que denota el escaso conocimiento de la materia por cuanto la Administración Local tiene, en estos momentos, una gestión más complicada y diversa en materia de Servicios Sociales que en las otras dos áreas de gestión.
Cualquier Ley reguladora de las competencias de la Administración Local debería tener en cuenta, al menos en lo relativo al Sistema de Servicios Sociales, la realidad y normativa sectorial existente.
ANEXO I COMPARATIVA ENTRE LA LEY EN VIGOR Y LA REFORMA PROPUESTA, EN LOS ASPECTOS MÁS SENSIBLES A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Artículo 25 1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a. Seguridad en lugares públicos. b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. c. Protección civil, prevención y extinción de incendios. d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. e. Patrimonio histórico-artístico. f. Protección del medio ambiente. g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. h. Protección de la salubridad pública. i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. j. Cementerios y servicios funerarios. k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. ll. Transporte público de viajeros. m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
REFORMA (versión 18/02 2013)
Artículo 25 1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j) Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. 14
Artículo 26 1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantesequivalentes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantesequivalentes, además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantesequivalentes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento. 3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley. 4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta Ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica correspondiente.
Artículo 26 1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y gestión del Padrón Municipal de Habitantes. b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. c. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente urbano. /…/ 3. En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán la titularidad de las competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera con el coste estándar de los servicios a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economías de escala. /…/ Cuando se trate de municipios de más de 20.000 habitantes los que voluntariamente quieran incorporarse a esta asistencia bastará la mayoría simple de los diputados o equivalentes. La Diputación, Cabildo o Consejo Insular acordará, con los Municipios concernidos el traspaso de los medios materiales y personales a coste estándar. Este acuerdo incluirá un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, en su caso, de personal y de recursos, resultantes de la nueva situación, previendo o incluyendo las medidas laborales a adoptar …. 4. Con carácter preferente, la prestación común y obligatoria prevista en el apartado anterior tendrá por objeto los siguientes servicios: a. Residuos sólidos urbanos. b. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c. Infraestructura viaria. d. Evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. e. Protección civil, prevención y extinción de incendios. f. Transporte colectivo de viajeros g. Instalaciones culturales y deportivas.
Artículo 28 Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
… Disposición adicional sexta. Evaluación de servicios municipales. 1. Cuando de la evaluación del conjunto de los servicios de los Ayuntamientos resulte la inadecuación de su prestación, el Ayuntamiento deberá: a) Si se trata de servicios que traigan causa de competencias impropias o actividades económicas, ordenar su supresión; b) Si se trata de servicios mínimos, podrá gestionar indirectamente el servicio, siempre que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. c) Aprobar un plan de reducción de costes de los servicios para que en el plazo máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se definan. De no aprobarse dicho plan no se podrá autorizar ninguna operación de crédito ni la entidad local podrá acceder a mecanismos de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ni a la posible aplicación de reducciones en los porcentajes de retención en la participación en tributos del Estado para compensar deudas con acreedores públicos, en los términos que se establecen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será causa determinante para que las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares asuman su titularidad y gestión. Cuando los servicios municipales sirvan para la realización de un convenio o delegación de otra Administración pública, se reajustarán las condiciones financieras de dichas delegaciones o convenios, y en caso contrario, la evaluación será causa de rescisión del convenio o permitirá enervar los efectos de la delegación. 2. El resultado y medidas a adoptar de la evaluación prevista en el apartado anterior, incluido el plan de reducción de costes, formará parte del plan de ajuste o del plan económico financiero que, en su caso, tuviera en vigor el ayuntamiento. …. Disposición adicional undécima. Traspaso de medios personales. 1. Los funcionarios de carrera que, bien como consecuencia de una delegación del ejercicio de sus competencias del Estado o una Comunidad Autónoma a un Municipio, o bien como consecuencia de un traspaso de servicios de un Municipio a una Diputación provincial, pasen a prestar servicios a una Diputación provincial o Municipio, dependerán de estos en la condición
de servicio activo. Respecto de su Administración de origen, quedarán en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones públicas, conservando todos sus derechos en ella como si se hallaran en servicio activo. Mientras presten servicios en la entidad local, se regirán por la legislación de función pública aplicable al personal funcionario de la misma. 2. En el caso de que, bien como consecuencia de una delegación del ejercicio de sus competencias del Estado o una Comunidad Autónoma a un Municipio, o bien como consecuencia de un traspaso de servicios de un Municipio a una Diputación provincial, se produzca un traspaso de personal laboral fijo a una Diputación provincial o Municipio, estos se subrogarán en la posición de la Administración de origen. 3. El personal funcionario interino o laboral temporal que, bien como consecuencia de una delegación del ejercicio de sus competencias del Estado o una Comunidad Autónoma a un Municipio, o bien como consecuencia de un traspaso de servicios de un Municipio a una Diputación provincial, pase a prestar servicios a una Diputación o Municipio, se regirá, respectivamente, por las previsiones antes indicadas para el personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, dentro de los límites inherentes a su condición. 4.-Los traspasos de medios personales producidos como consecuencia de lo previsto en esta Ley, en ningún caso podrán dar lugar a la adquisición de la condición de empleado público cuando previamente no tuvieran esta condición. 5. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta Ley estuviera desempeñando funciones o puestos de trabajo que por su contenido correspondan a personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición. La medición económica del traspaso de los medios personales, deberá realizarse mediante una valoración que tome como referencia el coste estándar de los servicios. Disposición adicional duodécima. Masa salarial del personal laboral del sector público local 1.- Cada año las Corporaciones locales aprobarán la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2.- La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente al propio ente local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales, así como las de los consorcios adscritos a la entidad local en virtud de lo previsto en la disposición final segunda de esta Ley y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 3.- La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica … Disposición transitoria undécima. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales. 1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, corresponde a las Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio. 2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación. La evaluación de las competencias relativas a servicios sociales ejercidas por los Municipios, deberá realizarse mediante una valoración que tome como referencia el coste estándar de los servicios. 3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones públicas. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 5. Transcurrido el periodo de un año sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio a coste estándar con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se procederá a su retención en la forma que se prevea legalmente.
EL DESPRECIO A LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL TRABAJO SOCIAL Y LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL
DESPRECIO POR LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.
ANEXO I COMPARATIVA ENTRE LA LEY EN VIGOR Y LA REFORMA PROPUESTA, EN LOS ASPECTOS MÁS SENSIBLES A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
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