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Timestamp: 2019-07-20 17:42:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 38', 'Artículo 98', 'Artículo 143', 'Artículo 145', 'Artículo 29', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 125', 'Artículo 11', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 22', 'Artículo 34', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'Artículo 34', 'Artículo 39', 'Artículo 34', 'Artículo 50', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 39', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 39', 'Artículo 58', 'Artículo 6']

Right to Counsel/es - Criminal Defense Wiki
Right to Counsel/es
2.1 Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos
3 Instrumentos Regionales
3.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2 Convención Americana sobre los Derechos Humanos
4 Ejemplos de derecho a un abogado
4.2 Camboya
4.6.1 Kenia
4.7 Ruanda
4.8 Uganda
4.10 Estados Unidos
4.11 Zimbabue
Uno de los derechos fundamentales en el sistema jurídico es el derecho a un abogado. Este derecho generalmente permite que cualquiera que sea acusado de un delito tenga derecho a recibir asistencia jurídica de un abogado. El derecho a un abogado se encuentra en varias autoridades legales domésticas, regionales e internacionales.
Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue adoptado por la ONU en 1966. Los derechos consagrados en el pacto son derechos humanos básicos que forman una fundación por la libertad, justicia y paz en el mundo. [1] Los derechos en el PIDCP están "diseñados principalmente para proteger a los individuos contra acciones gubernamentales arbitrarias y asegurar una oportunidad a los individuos de participar en el Gobierno y otras actividades comunes.[2] En el PIDCP está incluido el derecho a un abogado: artículo 14(3).
Artículo 14, párrafo 3 -
En el artículo 13, párrafo 3, el PIDCP garantiza los siguientes derechos al imputado en un juicio penal:
A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
A no ser obligado a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. [3]
Artículo 6 (3) (c) -
Todo acusado tiene derecho de defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de
su elección para defenderlo en un tribunal. si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan; [4]
Artículo 8 (2) (d) -
Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección en un tribunal. Si el imputado escoge tener un abogado, tiene el derecho de comunicarse libre y privadamente con su defensor; http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html </ref>
Ejemplos de derecho a un abogado
Australia no tiene un derecho en common law referente a una representación jurídica proveída por el Estado.
Dietrich v. The Queen (1992) 177 CLR 292
(5:2) donde un acusado por cargos de un delito grave no puede (sin ser un error de ellos) obtener representación legal, cualquier petición para un aplazamiento o suspensión debería ser aprobada (a menos que haya circunstancias excepcionales) y el procesó se retrasó hasta que tuvo representación legal (por Mason CJ, Deane, Toohey, Gaudron & McHugh JJ).
(5:2) Si en tales circunstancias una solicitud de aplazamiento o suspensión es rechazada, y como resultado se obtiene un juicio injusto, la decisión debe ser anulada (per Mason CJ, Deane, Toohey, Gaudron & McHugh JJ).
Básicamente Dietrich dijo que, incluso si no hay derecho a abogado, en la mayoría de circunstancias el juez debe aplazar los procedimientos o garantizar un aplazamiento cuando la defensa no tiene representación.
Camboya es miembro del PIDCP e incorporó el derecho a abogado en el Artículo 38 de su Constitución, que establece que todo ciudadanos debe contar con el derecho de un abogado mediante recurso jurídico. [5]
El derecho a un abogado en Camboya también aparece en el Artículo 98 del Código de Procedimiento Penal de Camboya, que establece que un detenido puede habar con un abogado durante 30 min solo luego de haber estado detenido durante 24 horas. El Artículo 143 del Código también resalta que "cuando un imputado comparece por primera vez, el juez instructor debería informarle de su derecho a escoger un abogado o de que se le nombre uno de conformidad con la ley de abogacía". El Artículo 145 del Código permite al abogado defensor "revisar, estudiar y preparar una defensa legal basada en los hechos previos a una investigación por el juez instructor". [6] No obstante, se debe tener en cuenta que no hay ninguna estipulación en el código que le permita al acusado tener derecho a un abogado durante las interrogaciones de la policía.
Además, el tribunal solo tiene la obligación de asignar un abogado en casos de delincuencia juvenil y delitos graves. [7] Sin embargo, a menudo no tiene fondos suficientes para pagar por los servicios de un abogado. Por lo tanto, mucha parte de la asistencia jurídica que reciben los indigentes proviene de ONG o asociaciones de abogado en vez del gobierno mismo. Por ejemplo, el Artículo 29 de la Asociación de Abogados de Camboya establece: "Los fondos de la organización provienen de cuotas pagadas por todos los miembros y otros contribuyentes. Se debe establecer una cuenta especial en este fondo para otorgar ingresos a abogados que defiendan gente pobre". [8]
Uno de los principales instrumentos de derechos en Canadá es la Carta de Derechos y Libertades que es parte de la Consitución de Canadá. [9] Aunque la Carta no establece explicitamenete que el acusado tiene derecho a un abogado, el artículo 10(b) menciona que "toda persona bajo detención o en prisión a tener y solicitar un abogado sin dilaciones indebidas y a ser informado de dicho derecho". [10]
La Corte Suprema de Canadá afirmó que el Artículo 10(b) corrobora su decisión sobre el derecho a un abogado en el caso de referencia de Bridges 1990. En ese caso, la Corte dictaminó que "el derecho a tener y solicitar un abogado, en la sociedad canadiense moderna, se ha convertido en algo más que el derecho de tener un abogado privado. Actualmente también significa tener acceso a un abogado gratuito cuando el acusado cumpla con ciertos criterio financieros marcados por el plan de asistencia jurídica provincial, y el derecho de tener acceso a asistencia, inmediata pero temporal, de un profesional jurídico sin consideraciones del nivel financiero. [11] Por lo tanto, toda persona que sea encarcelada por la policía tiene derecho a ser informada de la disponibilidad de la asistencia jurídica, sin distinción del nivel financiero de la persona. [12]
La Corte también determinó que "una de las razones más importantes para obtener asistencia jurídica sin dilaciones indebidas luego del encarcelamiento está ligada a la protección del derecho a la no auto-incriminación. Precisamente, esta es la razón por la cual la policía debe dejar de interrogar al detenido hasta que tenga una oportunidad razonable para obtener y contar con un abogado". [13] En Canadá, un tribunal de justicia tiene el poder de excluir pruebas obtenidas si hay violación del derecho del imputado de un abogado. [14]
En 2009, en el caso R vs. Grant, La Corte Suprema de Canadá clarificó aún más que el derecho a un abogado surge "inmediatamente luego de la privación de la libertad, incluso si es de caracter investigativa". [15] Sin embargo, La Corte Suprema dejó claro que este derecho no surge en todas las interacciones entre un individuo y la policía. [16] Solo aplica a situaciones de privación de la libertad de un individuo que involucren un uso significativo de fuerza física o psicológica. [17]
El Artículo 125 de la Constitución China establece que "el imputado tiene derecho a un abogado" en un proceso penal. Además, el Artículo 11 del Código de Procedimiento Penal (CPL, en inglés) establece que "un imputado tendrá derecho a un abogado, y los Tribunales de Justicia del país tendrán la obligación de garantizar la defensa de este derecho". [18] El Artículo 33 del CPL consagra el derecho a un abogado en la fase preparatoria de un juicio.
Sin embargo, la legislación china solo requiere el nombramiento de un abogado a los "sospechosos del delito que sean menores de edad, sordos, mudos, o ciegos o aquellos que tengan cargos por delitos punibles con pena de muerte". [19] En el resto de los casos, un tribunal puede, pero no se ve obligado, nombrar un abogado para el imputado, incluso si es muy pobre para pagarlo por su propia cuenta.
Este concepto está detallado en el Artículo 34 del CPL: "Si un caso debe ser presentado en un tribunal por un fiscal público y el imputado involucrado no ha delegado a alguien para ser su defensor debido a dificultades financieras u otras razones, el Tribunal de la República debe designar un abogado que se ve obligado a prestar su asistencia jurídica como abogado defensor. Si el imputado es ciego, sordo o mudo, o si es un menor de edad, y no ha delegado a nadie para que sea su abogado defensor, El Tribunal de la República deberá designar un abogado que esté obligado a prestar asistencia jurídica y a servir como abogado defensor. Si hay la posibilidad de que el imputado sea sentenciado a muerte sin haber designado un abogado defensor, el Tribunal de la república deberá designar un abogado que esté obligado a brindar asistencia jurídica para actuar como un abogado defensor.
+ En 1996, China estableció el Centro de Asistencia Jurídica Nacional en el Ministerio de justicia para promover el desarrollo de organizaciones de asistencia jurídica en todo el país. [20] El Gobierno chino tiene la carga de brindar abogados de asistencia jurídica, pero a menudo recibe ayuda de organizaciones no gubernamentales y universidades.
En China, los imputados indigentes deben acudir a los centros de asistencia jurídica o abogados privados que prestan sus servicios de forma voluntaria. Aunque ha habido un progreso en el reconocimiento de la necesidad de asistencia jurídica, muchos imputados indigentes siguen sin tener acceso a un abogado. Los centros de asistencia jurídica no tienen abogados suficientes para encargarse del gran número de casos que necesitan ayuda. Además, aunque China ahora permite que los imputados tengan un abogado en la fase preparatoria del juicio, la legislación del país le solicita a los imputados que pidan asistencia jurídica. [21] Desafortunadamente, muchos imputados no piden esta ayuda debido a su pobre conocimiento de los derechos procesales.
El Artículo 22 de la Constitución india detalla el derecho a un abogado. El artículo reza, "nadie que sea detenido deberá en prisión provisional sin estar informado, tan pronto como sea posible, de los cargos de dicha detención ni se le podrá negar el derecho a asistencia jurídica, y ser defendido por un profesional de la justicia de su propia elección. [22]
La Comisión de Leyes de India (Law Commission en inglés), un órgano ejecutivo establecido por el Gobierno indio para revisar la legislación, señaló este principio en su informe 48, mientras que discutía salvaguardias contra el uso excesivo del poder estatal en los procedimientos penales. La Comisión estableció que "el imputado debe ser informado de su derecho a consultar a un profesional jurídico de su elección, y al imputado también se le debe dar la oportunidad de consultar a dicho profesional de la justicia antes de rendir indagatoria". [23]
El informe señaló además que la Comisión está "de acuerdo con que la defensa del imputado indigente por un abogado designado por el Estado debe ser puesta a disposición de todas las personas imputadas de una infracción (i.e. en todos los procesos penales) así que la pobreza no debe ser un obstáculo para una defensa adecuada en un procedimiento, lo que podría resultar en una privación de la libertad o propiedad o pérdida de la reputación". [24] De esta manera, la Comisión reconoció el derecho a un abogado como un "ingrediente básico" de un proceso penal, y comentó que la legislación debe "ir hasta la última instancia" para aseguar que este ingrediente esté presente. [25]
Este principio también ha sido afirmado por la Corte Suprema de la India en el caso de 1974 R.M. Wasawa. En R.M. Wasawa, la Corte proclamó que "la indigencia nunca podrá ser una razón para negar un juicio justo o justicia equitativa. Se debe prestar especial atención a nombrar abogados competentes, equitativos en el manejo de casos complejos, y no descargar la responsabilidad en abogados sin experiencia en la profesión. Se debe poner a disposición tiempo y documentos suficiente para que el abogado seleccionado pueda intervenir en el proceso". [26]
La Corte Suprema proclamó que un juez tiene el deber de informar a un indigente que tiene derecho a un abogado. [27] En Ranjan Dwivedi v. Union of India, la corte decidió que no "hay duda" de que el imputado debe recibir ayuda financiera para contratar el abogado que solicite. [28] También recalcó que el Gobierno debería aplicar una legislación que tenga esquemas apropiados para prestar asistencia jurídica gratuita.
La Constitución de Japón garantiza el derecho a un abogado en los Artículos 34 y 37. [29] El Artículo 34 garantiza el derecho que tiene un imputado bajo arresto o detención provisional a un abogado, mientras que el Artículo 37 se refiere al derecho a un abogado sin distinción de la capacidad financiera del imputado. El Artículo 36 del Código de Procedimiento Penal refuerza esta decisión diciendo que "cuando el imputado no puede seleccionar un abogado pasa su defensa por razones de pobreza u otras razones, el Tribunal debe asignar un abogado defensor al imputado si lo solicita. Sin embargo, esto no aplica si el abogado defensor ha sido escogido para el imputado por una persona diferente al imputado". Aunque parece que los imputados cuentan con el derecho a un abogado, la realidad es diferente. Esto se debe en general a que los tribunales Japoneses han interpretado el derecho a un abogado de forma muy estricta. Los tribunales han decidido que "el derecho a un abogado designado por el tribunal no se concede hasta que se emita el escrito de acusación". [30]
Además, el Artículo 34 de la Constitución japonesa debe ser leído en conjunto con el Artículo 39 del Código de Procedimiento Penal japonés. En virtud del Artículo 34, el derecho a un abogado solo se concede durante detención formal. El concepto de "detención formal" contrasta con el de "custodia policial voluntaria" (voluntary police custody, en inglés) en el que la policía puede interrogar sospechosos sin detenerlos formalmente. De esta manera y de facto, les impide tener un abogado para que los asesore. [31]
En vista del constante peligro de las consecuencias adversas en casos en los que un procesado no tiene representación, el Artículo 50(2) de la constitución garantiza el derecho a un abogado. El derecho a un abogado incluye: el derecho que tiene un procesado a ser representado por un abogado de su elección; el derecho que tiene el procesado a ser informado sin dilaciones indebidas de su derecho a un abogado; el derecho a que el Estado le designe un abogado defensor a expensas del Estado. Los precios desorbitados que genera el uso del sistema y la falta de representación jurídica al alcance de todos son dos de los mayores impedimentos para acceder a la justicia. El Artículo 48 de la Constitución establece que cuando se requiere el pago de cuotas, estas deben ser razonables para que el acceso a la justicia no se vea obstruido.
Aunque el Artículo 48 del a Constitución obliga al estado a asegurar el acceso a las justicia para todas las personas, el Artículo 50(2) (h), establece que el derecho a un abogado a expensas del Estado solo se concede si existe el riesgo de que se incurra en una injusticia substancial si no se adjudica el abogado. Los tribunales determinan lo que constituiría una injusticia sustancial.
El derecho que tiene un detenido a un abogado en la fase previa del juicio debe ser informado sin dilaciones indebidas al individuo, y se le debe dar la oportunidad de comunicarse con un abogado u otras personas necesarias en el proceso (Artículo 49 , [c]).
77 (2) Toda persona acusada de una infracción penal (d) tiene la posibilidad de defenderse por si misma ante el tribunal o mediante un representante legal de su elección.
77 (14) Nada de lo contenido en este inciso (2) (d) debe ser interpretado como dar el derecho a una persona a una representación legal a expensas del Estado.
Código de Procedimiento Penal (2009)
137F (1) Antes de que la corte acepte un acuerdo de aceptación de cargos, el procesado deberá declarar bajo juramento y el tribunal se dirigirá al imputado personalmente en el tribunal, y deberá informar al imputado, y cuando sea necesario, de la comparecencia ante la corte, y determinar que el imputado entiende (a) el derecho a (vi) ser representado por un representante legal de su elección.
El parlamento debe promulgar leyes que (a) procuren por el trato humano de las personas en prisión, bajo custodia o privados de la libertad; y (b) tengan en cuenta los instrumentos de derechos humanos internacionales relevantes.
Toda persona arrestada por la policía judicial tendrá derecho a consultar a su abogado. En caso de que no encuentre uno, deberá informar al presidente de la asociación de abogado para que le nombre un abogado, pero igualmente tiene el derecho de aceptar o rechazar dicho abogado. (Artículo 39 CPP de Ruanda)
un fiscal de la nación informa al procesado del derecho que tiene a un abogado. El abogado tiene la posibilidad de leer el expediente de la causa y de comunicarse con el procesado (Art. 64 del CPP de Ruanda).
El Artículo 18 de la Constitución de Ruanda establece que el "derecho a un abogado" es absoluto en "todos los ´niveles y grados de procedimientos ante todos los organismos de toma de decisiones como los administrativos y judiciales, entre otros. [32] El Artículo 19 establece además que el procesado tiene derecho a una audiencia pública y justa, y que haya tenido "todas las garantías para la defensa necesarias a su disposición". [33] Esta idea ha sido afirmada en el Artículo 39 del Código de Procedimiento Penal de Ruanda (CPP) que reza, "toda persona arrestada por la policía judicial tendrá derecho a consultar a su abogado. En caso de que no encuentre uno, deberá informar al presidente de la asociación de abogados para que le nombre un abogado, pero igualmente tiene el derecho de aceptar o rechazar dicho abogado. [34] Moreover, Article 64 of the CCP supplements this right to counsel by stating that a public prosecutor should inform the accused of the right to defence before an interrogation if the accused has not asked for counsel.[35]
Ha habido mucha controversia alrededor del derecho a un abogado en Ruanda, principalmente en lo que respecta a los procedimientos en los tribunales tradicionales gacaca. El actual sistema gacaca fue adoptado de los procedimientos indígenas de resolución de conflictos. [36] El Gobierno de Ruanda estableció que el sistema gacaca, promulgado por la Ley Orgánica 40/2000, para ayudar a la resolución judicial de delitos desde el genocidio de 1994. [37] Tradicionalmente en el derecho gacaca, el abogado no participa en ningún nivel en los procedimientos. [38] Además, el sistema gacaca le da más poder a la fiscalía que a los procesados. [39] Los procesados no tienen permitido comunicarse con testigos de la defensa, ni hacer preguntas a los testigos de la fiscalía. [40] El sistema gacaca también adjudica fondos de investigación a los consejos gacaca para preparar y clasificar los casos en contra del procesado". [41] Sin embargo, si se determina su culpabilidad, el procesado tiene derecho a apelar la decisión.[42]
28 (3) A toda persona acusada de una infracción penal se le debe,
(e) en caso de que cualquier infracción que conduzca a una pena de muerte o cadena perpetua, nombrar representación legal a expensas del Estado.
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se rigen por el Artículo 58(1) de la Ley del Régimen Probatorio Penal y Policial de 1984 (PACE, siglas en inglés).
A toda persona detenida y puesta en custodia en una entrada de una estación u otro lugar se le debe reconocer, si lo solicita, asistencia jurídica, y la posibilidad de comunicarse con un abogado (solicitor) de forma privada en cualquier momento.
La PACE le da a los procesados el derecho a ser informados de sus derechos jurídicos cuando son arrestados, incluyendo su derecho a un abogado. Estos derechos no existen en common law.
En octubre de 2012, La UK Supreme Court decidió en Cadder vs. Her Majesty's Advocate, (210) UKSC 43, que la policía escocesa ya no podía interrogar un sospechoso en detención sin la presencia de un abogado. La policía tenía permitido interrogar sospechosos por hasta seis horas sin la presencia del abogado defensor, sin embargo, el tribunal determinó que esto violaba el Artículo 6 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Articulo 6(c) - "a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan.
El derecho a un abogado en los Estados Unidos se deriva de las Enmiendas Seis y Cinco de la Constitución.
La Sexta Enmienda establece que "en todos los procesos penales, el acusado tendrá derecho a...contar con la asistencia de un abogado para su defensa". In Gideon v. Wainwright the right to counsel was incorporated against the states.[43] Así, este derecho aplica a todos los procesos penales estatales y federales con el procesado es acusado de un delito grave o de un delito menos grave y ya se ha impuesto una pena privativa de la libertad. [44]
El derecho a un abogado se aplica al principio de cualquier procedimiento judicial adversarial "ya sea mediante cargo formal, audiencia prliminar, escrito de acusación, información o lectura de cargos". [45] En el reciente de caso de la Corte Suprema de los EE. UU Rothgery v. Gillespie County, 554 U.S. 191, la Corte Suprema decidió 8 a 1 que "la comparecencia inicial de unprocesado ante un funcionario judicial, donde conozca los cargos que se le imputan y su libertad queda sujeta a restricción, marca el inicio de los procedimientos judiciales adversariales que llevan inmediatamente al derecho a un abogado contemplado por la Sexta Enmienda". Si el procesado tiene derecho a un abogado, pero en ningún momento de suministró un abogado, esto da pie a que se de reversa automáticamente a la culpabilidad del procesado. [46]
Todos los procesados indigente que no puedan pagarse un abogado tienen total derecho a que se les asigne un abogado. [47] El derecho a un abogado no aplica en apelaciones discrecionarias o ataques colaterales. [48]
La Corte Suprema ha sostenido que un procesado tiene derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a defenderse por sí mismo en una causa penal. [49] Esto se conoce como representación pro se. Para que un procesado rechace el derecho a un abogado, el procesado debe renunciar a dicho derecho de forma consciente e inteligente. [50] La renuncia a este derecho no es absoluta puesto que un juez puede detener la representación pro se si el procesado no puede o no está dispuesto a acatar mediante la reglas generales del procedimiento o protocolo de la corte. [51]
La Quinta Enmienda promueve indirectamente el derecho a un abogado en los Estados Unidos. En el caso memorable de Miranda vs. Arizona, La Corte Suprema, al reconoce la garantía constitucional contra la autoincriminación, señala que si el procesado "indica que desea, en cualquier momento y fase del proceso, consultar a un abogado antes de hablar no puede haber interrogatorio (por la policía)". [52] La corte reforzó este principio en Edwards v. Arizona, al establecer que cuando el acusado expresa su deseo de "tratar con la policía solo mediante un abogado, no queda sujeto a más preguntas por las autoridades hasta que tenga disponible un abogado, a menos que el procesado mismo inicie comunicaciones, intercambios o conversaciones con la policía". [53] La Corte señaló que la regla Miranda-Edwards estaba "diseñada para evitar que la policía manipule a un sospechoso para que renuncia a su derecho a un abogado”. [54]
El acusado debe tener la oportunidad de defenderse por sí mismo o, a expensas propias, conseguir un representante legal de su propia elección. [55]
Si el procesado no puede pagar un representante legal, el juez puede considerar necesario y deseable para los intereses de la justicia certificar que dicha persona tenga esta asistencia. [56]
Ver Rights of the Accused
↑ Ronald B. Hurdle & Walter J. Champion Jr., The Life and Times of Napoleon Beazley: The Effective (If Any) of the International Covenant on Civil and Political Rights on Texas' 17 & Up Execution Standard, 28 T. Marshall L. Rev. 1 (2002).
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↑ http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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