Source: http://www.laquadrature.net/wiki/Telecoms_Package_COD_2007_0248_JURI_Opinion/es
Timestamp: 2013-05-24 10:13:53
Document Index: 240365565

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 6']

Telecoms Package COD 2007 0248 JURI Opinion/es - La Quadrature du Net
Telecoms Package COD 2007 0248 JURI Opinion/es
< Telecoms Package COD 2007 0248 JURI Opinion
Paquete Telecom: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (COD 2007/0248) − Comisión de Asuntos Jurídicos Opinión − 2008-05-29
1. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores, en particular las Directivas 93/13/CE y 97/7/CE, y de la normativa nacional conforme con el Derecho comunitario.
e) la duración del contrato y las condiciones de renovación y cancelación de los servicios y del contrato, incluidas las cuotas relacionadas con la conservación del número y otros identificadores y cualquier cuota percibida como consecuencia de la utilización de equipos subvencionados;
h) las medidas que habrá de tomar la empresa que suministra la conexión o los servicios a fin de respetar la confidencialidad de los datos personales de los abonados, así como las medidas que podría tomar en caso de incidentes de seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad, así como los mecanismos de indemnización aplicables en caso de incidentes de seguridad o integridad.
El contrato también incluirá información pertinente sobre los usos permitidos por ley de las redes de comunicaciones electrónicas y sobre los medios de protección contra los riesgos para la privacidad y los datos personales a que se refiere el artículo 21, apartado 4 bis.
5. Los Estados miembros velarán por que, cuando se celebren contratos entre los abonados y las empresas que proporcionan servicios o redes de comunicaciones electrónicas, se informe claramente a los abonados, antes de la celebración del contrato y, posteriormente, de manera periódica, de cualquier limitación impuesta por el proveedor a su capacidad acceder o de distribuir contenidos legales o de ejecutar aplicaciones y servicios legales de su elección.
7. Los abonados tendrán derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando se les notifiquen modificaciones en detrimento del abonado de las condiciones contractuales propuestas por los operadores que se deriven de una cláusula del contrato que permita cambios unilaterales. Toda modificación de tales condiciones habrá de ser notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de antelación, a los abonados, a los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir sin penalización dichos contratos en caso de no aceptación de las nuevas condiciones. Si el contrato no contiene una cláusula que permita al operador modificar unilateralmente el contrato, la notificación deberá informar al abonado de su derecho a negarse a aceptar la modificación propuesta y a mantener el contrato inalterado.
(14) En un mercado competitivo, los usuarios finales deben poder acceder a cualquier contenido legal y difundirlo, y utilizar cualquier aplicación o servicio legales de su elección, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. Ante la importancia creciente de las comunicaciones electrónicas para los consumidores y las empresas, debe facilitarse a los usuarios información completa sobre cualquier restricción o limitación que imponga el proveedor del servicio o de la red en la utilización de los servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando no exista una competencia efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación deben recurrir a los mecanismos que prevé la Directiva 2002/19/CE para garantizar que el acceso de los usuarios a determinados tipos de contenidos o aplicaciones no esté sometido a restricciones irrazonables.
3. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la divulgación de información al objeto de que los usuarios finales y los consumidores puedan hacer una evaluación independiente del coste de las modalidades de uso alternativas, mediante guías interactivas o técnicas similares. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación faciliten estas guías o técnicas, cuando no se encuentren disponibles en el mercado.
3. Para evitar la degradación del servicio y la ralentización del tráfico en las redes, así como para garantizar que la capacidad de los usuarios de acceder o de distribuir contenidos legales o de ejecutar aplicaciones y servicios legales de su elección no se vea restringida sin razón, las autoridades nacionales de reglamentación podrán adoptar requisitos mínimos de calidad del servicio. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán estimar no razonable una limitación impuesta por el proveedor a la capacidad de los usuarios de acceder o de distribuir contenidos legales o de ejecutar aplicaciones y servicios legales de su elección cuando discrimine en función de la fuente, el destino, el contenido o el tipo de aplicación, o cuando no esté debidamente motivada por el operador.
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán bloquear, tras un examen caso por caso, el acceso a números o servicios cuando ello se justifique por motivos de fraude o uso indebido. Los Estados miembros supeditarán la decisión de bloquear el acceso a determinados números o servicios a una revisión judicial.
(28) Los progresos tecnológicos permiten desarrollar nuevas aplicaciones basadas en dispositivos de recopilación de datos e identificación, que pueden ser dispositivos sin contacto que utilizan radiofrecuencias. Por ejemplo, los dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) usan las radiofrecuencias para capturar datos procedentes de etiquetas con una identificación única, y estos datos pueden luego transferirse a través de las redes de comunicaciones existentes. El uso extendido de estas tecnologías puede reportar considerables beneficios económicos y sociales y contribuir así notablemente al mercado interior si este uso es aceptable para los ciudadanos. Para ello, es necesario velar por la protección de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la intimidad y a la protección de los datos. Cuando estos dispositivos están conectados a las redes públicas de comunicaciones electrónicas o utilizan servicios de comunicaciones electrónicas como infraestructura básica, deben aplicarse las disposiciones pertinentes de la Directiva 2002/58/CE, incluidas las relativas a seguridad, datos de tráfico y de localización, y a la confidencialidad.
1 bis. Sin perjuicio de las disposiciones de las Directivas 95/46/CE y 2006/24/CE, esas medidas comprenderán:
- medidas técnicas y organizativas adecuadas para velar por que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales y para proteger los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o difusión no autorizados o ilícitos;
- medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la red y los servicios de su utilización accidental, ilícita o no autorizada, la interferencia u obstaculización de su funcionamiento o disponibilidad, incluida también la distribución de mensajes de comunicación electrónica no solicitados o fraudulentos;
- un procedimiento de identificación y evaluación de las vulnerabilidades razonablemente previsibles en los sistemas a cargo del proveedor del servicio de comunicaciones electrónicas que comprenda el control regular de las violaciones de la seguridad;
- un procedimiento para la adopción de medidas preventivas, correctoras y paliativas contra toda vulnerabilidad del sistema detectada en el marco del procedimiento descrito en el cuarto guión, así como un procedimiento para la adopción de medidas preventivas, correctoras y paliativas contra los incidentes de seguridad que pudieran desembocar en una violación de la seguridad.
1 ter. Las autoridades nacionales de reglamentación serán competentes para examinar las medidas adoptadas por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de servicios de la sociedad de la información, así como para emitir recomendaciones sobre las mejores prácticas e indicadores de resultados sobre el nivel de seguridad que debería conseguirse con esas medidas.
3. En caso de violación grave de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de servicios de comunicaciones disponibles al público en la Comunidad y que pudiera perjudicar a los usuarios, el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y toda empresa que ofrezca servicios a los consumidores por Internet que sea responsable del tratamiento de los datos y proveedora de servicios de la sociedad de la información notificarán dicha violación a la autoridad nacional de reglamentación sin dilaciones indebidas. La notificación a la autoridad nacional de reglamentación describirá al menos la naturaleza de la violación y recomendará medidas para atenuar sus posibles efectos negativos. La notificación a la autoridad nacional de reglamentación describirá, además, las consecuencias de la violación y las medidas tomadas al respecto por el proveedor.
3 bis. La autoridad nacional de reglamentación deberá examinar y determinar la gravedad de la violación. Si se considera que la violación es grave, la autoridad nacional de reglamentación pedirá al proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y al proveedor de servicios de la sociedad de la información que notifiquen tal circunstancia adecuadamente y sin dilaciones indebidas a los abonados directamente afectados por esa violación. La notificación contendrá la información descrita en el apartado 3.
Podrá posponerse la notificación de una violación grave cuando esa notificación pudiera socavar los avances de una investigación penal sobre dicha violación.
3 quáter. No se considerará que se trata de una violación grave, quedando el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y el proveedor de servicios de la sociedad de la información exentos del requisito de notificación a los abonados, cuando pueda demostrarse razonablemente que no existe riesgo para los datos afectados por la violación debido a la utilización de medidas apropiadas de protección tecnológica, incluidas, pero no sólo, tecnologías adecuadas de cifrado que hagan incomprensibles los datos en caso de pérdida accidental o ilícita, alteración, difusión o acceso no autorizados a los datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo u otras medidas de protección tecnológica adecuadas que restablezcan los datos personales en caso de pérdida accidental o ilícita.
4. Para garantizar una aplicación coherente de las medidas mencionadas en los apartados 1 a 3 quáter, la Comisión, previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), recomendará medidas técnicas de ejecución, en particular en relación con las medidas descritas en el apartado 1 bis y con las circunstancias, el formato y los procedimientos aplicables a los requisitos de información y notificación a que se refiere el apartado 3 bis.
3. Los Estados miembros velarán por que se prohíba el almacenamiento de información, o la obtención de acceso a la información ya almacenada, en el equipo terminal de un abonado o usuario directa o indirectamente mediante todo tipo de medio de almacenamiento, salvo cuando dicho abonado o usuario haya dado previamente su consentimiento y haya recibido información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de que el responsable del tratamiento de los datos le ofrezca el derecho de negarse a dicho tratamiento. La presente disposición no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida de lo estrictamente necesario a fin de proporcionar un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario o el abonado.
1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas, así como la protección de los derechos y las libertades de otras personas, a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado. Todas las medidas contempladas en el presente apartado deberán ser conformes con los principios generales del Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
(30 bis) Al aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico a la Directiva 2002/58/CE, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho interno de conformidad con dicha Directiva, sino también procurar que la interpretación de ésta que tomen como base no entre en conflicto con otros derechos fundamentales o principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.
Retrieved from "http://www.laquadrature.net/wiki/index.php?title=Telecoms_Package_COD_2007_0248_JURI_Opinion/es&oldid=104818"