Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/may/20050530.html
Timestamp: 2019-04-24 13:56:48
Document Index: 234371849

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 55', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 108', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 109', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 8', 'Artículo 11', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 47', 'artículo 55', 'Artículo 47', 'Artículo 55', 'artículo 163', 'artículo 45', 'artículo 115', 'artículo 15', 'artículo 36', 'artículo 119', 'artículo 49', 'artículo 94', 'artículo 5']

Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1763, lunes 30 de mayo de 2005
Que expide la Ley de Responsabilidades Ambientales de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de mayo de 2005.
Que adiciona una fracción XXIV al artículo 47 y reforma el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de mayo de 2005.
De la Comisión de Salud, de actividades, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2003 a febrero de 2005.
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a su reunión de trabajo, que se realizará el martes 31 de mayo, a las 9 horas.
De la Dirección General de Recursos Humanos, al proceso de selección para ocupar una plaza de director de proyecto, tres de investigador "A" y cuatro de investigador "B" en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la reunión de trabajo que sostendrá con auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación el miércoles 1 de junio, a las 11 horas.
De la Comisión de Reforma Agraria, a su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 1 de junio, a las 13 horas.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el miércoles 1 de junio, a las 14:30 horas.
De la Comisión de Participación Ciudadana, al foro regional Participación ciudadana y procesos electorales, dentro del marco del foro permanente de consulta ciudadana, que se verificará el viernes 3 de junio, de las 16 a las 20 horas.
De la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a su quinta reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 8 de junio, a las 11 horas.
De la Comisión de Salud, a la trigésima primera reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 8 de junio, a las 12 horas.
De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 9 de junio, a las 8:30 horas.
QUE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2005
Jorge Emilio González Martínez y Leonardo Álvarez Romo, senador y diputado, respectivamente, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
Originariamente el concepto de funcionario público se fundamenta en un criterio orgánico, de jerarquía y de potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas; es decir, ejecutan ordenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos.
La denominación de servidores públicos incluye al Presidente de la República y todos los empleados y funcionarios de la administración pública federal centralizada y descentralizada; a los diputados federales y senadores; a los miembros de los poderes judicial federal y del Distrito Federal; a todo empleado y funcionario del Distrito Federal; a los gobernadores diputados y magistrados de los tribunales de justicia, en los estados; y, finalmente, a cualquier otro individuo que maneje o aplique recursos económicos federales.
Al respecto, cabe mencionar que los servidores públicos se encuentran sujetos al estricto cumplimiento de lo que expresamente les señala la Ley; para lo cual surge la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como el ordenamiento encargado de regular que sus conductas se ajusten a las disposiciones legales vigentes conforme a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Dicha ley establece un procedimiento para prevenir y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos, mismas que pudieran también ser sancionadas conforme a la legislación penal.
De igual manera prevé un catálogo de obligaciones a las que debe sujetar su actuación. Específicamente, en el artículo 8º se prevén entre otras, el cumplimiento del servicio que les fue encomendado, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia en el manejo de recursos públicos económicos; formular y ejecutar planes, programas y presupuestos; y utilizar adecuadamente los recursos con que cuente.
La expedición de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, en 1982, resulta relevante, ya que antes no se contaba con ningún ordenamiento jurídico que regulara la actuación de los servidores públicos; ni tampoco con el procedimiento que sancionara las faltas en las que éstos incurrieran; o las faltas de disciplina en el ámbito de la Administración Pública, toda vez que las anteriores leyes de responsabilidades, al referirse a estas infracciones, no obstante identificarlas como faltas administrativas, sólo consignaban un procedimiento penal para la imposición de las sanciones, mientras que las demás leyes administrativas que mencionaban estas infracciones eran omisas respecto del procedimiento sancionatorio.
Con este ordenamiento se creó este procedimiento con la finalidad de cubrir todos los aspectos básicos para el establecimiento de las sanciones administrativas procedentes.
No obstante su espíritu, y la expedición de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el catálogo de obligaciones previstos deja de lado aspectos de suma trascendencia como son las afectaciones al entorno natural, o daños ambientales derivados del ejercicio inadecuado o incumplimiento del empleo de algún cargo o comisión.
Más aún, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, no se menciona la obligación de ejecutar los instrumentos de política; lo cual resulta inadecuado, toda vez que en materias específicas de la política pública, como la ambiental, existen disposiciones expresas que regulan este tipo de instrumentos.
Asimismo, en la mayoría de los países, la gestión en materia ambiental se lleva a cabo mediante el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa, por lo que los mecanismos de control de política ambiental como responsabilidad civil o la imposición de sanciones de carácter penal, no es muy recurrido.
Los recursos naturales se venían considerando como bienes gratuitos y olvidados de los sistemas de gestión empresarial. Sin embargo, el grado de degradación que han sufrido estos recursos ha motivado que en los últimos años se hayan desarrollado políticas medioambientales destinadas a corregir este tipo de desequilibrios.
Aunque se han introducido nuevas leyes, políticas y convenios institucionales para mejorar el manejo de los bosques, agua, suelo y el ambiente, como los Programas: Nacional Hidráulico 2001-2006, Nacional Forestal 2001-2006, de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006, de Trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2001-2006, Cruzada por los bosques y el agua, Cruzada por un México limpio, éstos no se llevan a cabo o son inadecuados para el nivel de manejo deseado.
Las dependencias federales y estatales no han podido cumplir con sus funciones, por lo que parece poco probable que puedan asumir aún más responsabilidades. Las atribuciones están excesivamente centralizadas y duplicadas entre las dependencias federales, y los recursos financieros y humanos están inadecuadamente asignados.
La expedición de esta ley obligará a los funcionarios a cumplir con la normatividad ambiental y los programas que se deriven de la misma, observando de manera estricta las disposiciones constitucionales y legales que resulten aplicables en el ejercicio de sus funciones.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
Decreto mediante el cual se expide la Ley de Responsabilidades Ambientales de los Servidores Públicos.
Artículo Único.- Se expide la Ley de Responsabilidades Ambientales de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Ley de Responsabilidades Ambientales
Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de: I.- Los sujetos de responsabilidad ambiental en el servicio público;
III.- Las responsabilidades y sanciones en el servicio público, y
IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones. Artículo 2.- Son sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen programas federales ambientales.
Artículo 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: I.- Las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión;
III.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
IV.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
V.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
VI.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
VII.- Los tribunales de trabajo y agrarios;
VIII.- El Instituto Federal Electoral;
IX.- La Auditoría Superior de la Federación;
X.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
XI.- El Banco de México, y
XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. Artículo 4.- Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, será autoridad competente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: Ley: A la Ley Federal de Responsabilidades Ambientales de los Servidores Públicos.
Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Procuraduría: A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Entidades: A las consideradas como entidades paraestatales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 6.- Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las quejas o denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 3 turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I.- Cumplir el servicio ambiental que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos ambientales a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines ambientales establecidos;
IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones ambientales que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
V.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría o de la Procuraduría;
VI.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;
VII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad ambiental en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables; El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas.
Artículo 9.- En las delegaciones estatales de la Secretaría se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad ambiental del servidor público.
La Procuraduría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.
Artículo 10.- La Procuraduría, y por lo que hace a su competencia, establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente capítulo.
Artículo 11.- Los servidores públicos de la Procuraduría que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, serán sancionados conforme al presente capítulo.
Artículo 12.- Las sanciones por falta ambiental consistirán en: I.- Amonestación privada o pública;
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor al inicio de la reparación del daño o perjuicio ambiental, y hasta la reparación total del daño o perjuicio ambiental;
IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Artículo 13.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren: I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;
II.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
IV.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
V.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.
Artículo 14.- Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 13 se observarán las siguientes reglas: I.- La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por la Secretaría, y ejecutada por el jefe inmediato;
II.- La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la Procuraduría y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;
III.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la Procuraduría, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 15.- La Procuraduría impondrá las sanciones correspondientes a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades ambientales cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad ambiental.
Artículo 16.- Si la Procuraduría tuviera conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.
Artículo 17.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Procuraduría, llevará a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades ambientales, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas.
Artículo 18.- La Procuraduría impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la ley, y demás disposiciones aplicables.
En la notificación deberá expresarse el plazo para presentar la declaración.
Hecha la notificación, si el servidor público deja de presentar la declaración sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.
II.- Concluida la presentación de la declaración, se concederá al presunto responsable un plazo de diez días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;
III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Procuraduría, resolverá dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.
La Procuraduría, podrá ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;
IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Procuraduría, podrá practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.
Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad ambiental a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y
V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Procuraduría, podrá determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Procuraduría, hará constar expresamente esta salvedad.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Procuraduría, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.
En caso de que la Procuraduría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia Procuraduría.
Artículo 19.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la ley, podrán interponer el recurso de revocación.
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Artículo 20.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.
La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;
III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. Artículo 21.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: I.- Se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:
c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. Artículo 22.- En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.
Artículo 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán ser impugnadas por la Procuraduría.
Artículo 24.- La ejecución de las sanciones se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Procuraduría, y conforme se disponga en la resolución respectiva.
Artículo 25.- Las facultades de la Procuraduría, para imponer las sanciones que la ley prevé prescribirán en cinco años a partir de que se conozca el daño o perjuicio ambiental y de veinticinco años desde que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño o perjuicio.
La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos en la ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.
Artículo 26.- Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 27 de la ley.
Artículo 27.- Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta establezca.
Artículo 28.- Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los sectores social y privado, así como en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 26 de la ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos.
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Pleno de la Sesión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil cinco.
Sen. Jorge Emilio González Martínez (rúbrica)
Dip. Leonardo Álvarez Romo (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mayo 25 de 2005.)
QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV AL ARTÍCULO 47 Y REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2005
Jorge Emilio González Martínez y Leonardo Álvarez Romo, senador y diputado, respectivamente, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne para su dictamen y posterior discusión en el Pleno la Cámara de Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa.
En México, de acuerdo con los resultados del Inventario Nacional Forestal Periódico, 70 por ciento del territorio nacional, equivalente a 141.7 millones de hectáreas, está cubierto por terrenos forestales. Las áreas arboladas, constituidas por bosques y selvas, ocupan 56.8 millones de hectáreas.
Se estima que alrededor de 20 millones de hectáreas arboladas tienen potencial de producción maderable sustentable. Actualmente se aprovechan alrededor de 9 millones de hectáreas con programas de manejo forestal autorizados.
Los recursos no maderables se encuentran en todas las regiones forestales del país. Por su importancia económica destacan la resina de pino, los hongos comestibles, la candelilla, la lechuguilla, la yuca o palmilla y el orégano, entre otros como las cactáceas y las orquídeas.
Además, existen otros recursos no maderables que se distribuyen en todos los ecosistemas y se agrupan en la categoría de plantas medicinales.
Los bosques, selvas y áreas con vegetación natural han representado gran importancia para nuestro país y la comunidad mundial en los siguientes aspectos: 1) Biológica, como ecosistemas depositarios de especies, material genético y belleza estética;
2) Ambiental, como elementos de estabilización de suelos y conservación de los ciclos de agua, así como para la captura de carbono;
3) Social, como fuente de una amplia gama de productos de subsistencia intercambiados en un mercado informal por la población rural con altos índices de pobreza; y
4) Comercial, como fuente de productos maderables y no maderables para consumo nacional o de exportación, y como base para el turismo y empresas de recreación. A pesar de su importancia los bosques, selvas y áreas con vegetación natural se encuentran bajo una presión intensa de deforestación y degradación, y los recursos asociados son subutilizados. Sin embargo, las áreas silvestres han disminuido considerablemente en las últimas cinco décadas y los bosques se han reducido en mas de la mitad, concentrándose la deforestación en el trópico húmedo.
Existe una clara evidencia de que la continua deforestación, conservadoramente estimada en 230,000 ha por año, está conduciendo a la conversión de terrenos forestales a usos menos productivos con externalidades ambientales negativas. Además, la base del recurso forestal está degradada y subutilizada.
Muy a nuestro pesar, actualmente dos terceras partes del territorio nacional sufren algún grado de desertificación. Aproximadamente, 50 por ciento de la cubierta vegetal original del país se ha perdido, lo que ha provocado la reducción drástica de hábitat.
Los indicadores más contundentes del daño ecológico son la extinción de al menos 50 especies en los últimos 4 siglos y el incremento en el número de las amenazadas (2,566 para finales del 2001, NOM-059-SEMARNAT-2001).
El avance de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de explotación agropecuaria y forestal; la introducción no ponderada de especies exóticas; el tráfico ilícito; la expansión de la mancha urbana; la contaminación de suelo, aire, y agua; las practicas cinegéticas irresponsables y el desarrollo no regulado de infraestructura de servicios, son las principales causas que ponen en peligro la supervivencia de muchas especies silvestres.
La vida silvestre acuática costera y continental también ha sufrido severas perturbaciones, debidas principalmente a la sobreexplotación y la destrucción o transformación de los ecosistemas.
Cabe destacar la desaparición de humedales, especialmente de manglares, cuya importancia en materia de productividad biológica es extraordinaria en relación con su reducida distribución geográfica.
Tan sólo consideremos los datos tan alarmantes que presentara la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2001 respecto a bosques y selvas: La tasa anual de deforestación en México para el año 2001 es una superficie equivalente al estado de Querétaro, u 8 veces la superficie del Distrito Federal.
A ese ritmo de deforestación, ¿qué pasaría en los años siguientes con los bosques? En 2006 quedarán 31,681,784.00 hectáreas, en 2011 quedarán 30,385,023.75 hectáreas y en 2026 quedarán 26,494,742.35 hectáreas; es decir, en 123 años habría desaparición total de los bosques mexicanos.
Los estados más afectados en la cubierta vegetal en lo relativo a bosques son: Campeche con una pérdida de 100 por ciento, tabasco con el 58.12, Hidalgo, Veracruz y Nayarit con el 10 por ciento cada uno. Los estados más afectados en la cubierta vegetal en lo relativo a selvas son: Yucatán con una perdida del 36 por ciento, Querétaro con el 30 por ciento, Veracruz y Tabasco con el 22 por ciento respectivamente, e Hidalgo con el 21 por ciento.
A este ritmo de deforestación que pasaría en los años siguientes con las selvas: en 2006 quedarán: 28, 146,395 hectáreas, en 2011 quedarán: 25, 473,735 hectáreas, en 2026 quedarán: 17, 455,755 hectáreas, es decir, en 54 años habría desaparición total de las selvas mexicanas. Esta situación ha surgido debido a que históricamente las políticas y estrategias de desarrollo en México se han enfocado exclusivamente al valor comercial de los bosques, selvas y áreas con vegetación natural para madera o su conversión para cultivos agrícolas y uso ganadero.
Las políticas e incentivos agrícolas, el sistema de tenencia de la tierra y las políticas comerciales y de mercado desalentaron el uso racional de los recursos. Se han ignorado los valores ambientales y sociales, así como el potencial comercial de los productos no tradicionales, a pesar de que la combinación de estos valores supera el valor asignado a los productos maderables y no maderables.
Las políticas agrícolas y de comercio pasadas favorecieron el uso de los bosques para la explotación de madera o la conversión de terrenos forestales a pastizales, terrenos agrícolas u otras actividades con ganancias de corto término.
Los subsidios a productos agrícolas y ganaderos y a recursos acuíferos, conjuntamente con las barreras a las importaciones dentro y fuera del sector forestal, desalentaron el uso más racional del recurso.
Además, se dio a las industrias madereras acceso permanente a las áreas de extracción extensiva de madera, con el fin de generar empleos y ganancias, y no se les incentivó a desarrollar sistemas de extracción sustentables.
La legislación actual para la regulación y control de bosques y áreas de conservación, continúa siendo muy ambiciosa, cubre muchos aspectos de manejo y conservación, requiriendo de un número excesivo de personal administrativo, sin embargo no es ni ha sido suficiente.
Las dependencias federales y estatales no han podido cumplir sus funciones, por lo que parece poco probable que puedan asumir aún más responsabilidades. Las atribuciones están excesivamente centralizadas y duplicadas entre las dependencias federales, y los recursos financieros y humanos están inadecuadamente asignados.
No existe suficiente apoyo técnico y financiero para las organizaciones de productores, organizaciones no gubernamentales o del sector privado que les permita mejorar el manejo y uso de los recursos naturales.
Ahora bien, cabe hacer mención que el aprovechamiento de los recursos naturales se realiza al amparo de permisos, licencias y autorizaciones expedidos conforme a la legislación y normatividad en la materia. Podríamos decir de una manera muy general que, se considera que algunas de las irregularidades y actos ilícitos ocurren debido al mal uso de estos documentos en virtud de que existe una falsa idea de que un derecho otorgado por el Estado permite el acceso libre e ilimitado a los recursos naturales por lo que no se respetan los términos y condiciones para garantizar su uso sustentable.
Los resultados de las dependencias y entidades de la Administración Federal en el Indicador de Seguimiento de transparencia 2004, que la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el combate de la corrupción presentó, ubican a la Comisión Nacional Forestal con una calificación de 408 lo que representa que los esfuerzos realizados por la dependencia encargada de la protección de los bosques y selvas para el cumplimiento de metas de sus programas para transparencia y combate a la corrupción de la CITCC esta muy por debajo de lo que seria un limite admisible, tomando en consideración que dicha calificación se utiliza con una escala de medición de 0 a 1000, en donde 1000 significa el cumplimiento total de las metas y 0 significa su cumplimiento nulo.
En materia ambiental la realidad supera a la fantasía, solo basta voltear la mirada hacia nuestros bosques y selvas, que al día de hoy ya se han perdido en su mayoría, esto se debe en gran medida a la falta de cumplimiento de la legislación ambiental que se encuentra vigente, pero el incumplimiento no es atribuible solo a la sociedad civil, sino que en el caso del aprovechamiento de los recursos naturales así como en la degradación de nuestra masa forestal, está directamente involucrada la actividad gubernamental, ya que es en las oficinas de gobierno tanto a nivel, municipal, estatal y federal donde los servidores públicos haciendo ilegal uso de los cargos, autorizan, permiten o promueven actividades que han llevado a nuestro entorno a los niveles de degradación en que se encuentran, en cuanto a la corrupción en México la verdad parece ser menos extrema, aunque no deje de ser escandalosa. México está en la mitad de la tabla en la lista de los países más corruptos.
Somos el número 64 de 131 naciones, según Transparencia Internacional, una organización mundial especializada en la medición.
Un cálculo del Banco Mundial indica que la corrupción significa para nuestro país el equivalente a 9 por ciento del PIB, esto es: 60 mil millones de dólares anuales. Con ese dinero se podrían salvar el lago de Chapala y los cultivos de la cuenca del Lerma; hacer las inversiones que se necesitan para el sector eléctrico; resolver las pensiones del IMSS, y convertir a México en una potencia mediana en investigación y desarrollo.
Por todo lo anterior es importante la presente iniciativa para no tener más discursos que acciones y más impunidad que sanciones.
De conformidad con el párrafo anterior uno de los actores mas importantes son sin duda servidores públicos, por tal motivo es que la presente iniciativa tiene como objetivo, el que en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se especifique claramente sanciones para aquellos servidores que participen o promuevan daños ambientales.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del H. Pleno del Senado de la República el presente
Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 47 y reforma el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:
Artículo 47. ... ...
XXIV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión, cumpliendo con la máxima diligencia los tratados, acuerdos y convenios internacionales que en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable México participe.
XXV. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
... Artículo 55. ...
Cuando un servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, negligentemente incumpla por acto u omisión en alguna de las conductas previstas en las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX y XX del artículo 163 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, con independencia de las sanciones previstas en otros ordenamientos se duplicara la sanción que para dicho artículo la ley prevé. ...
... Transitorio
Dado en el Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días de mayo de 2005.
DE LA COMISION DE SALUD, DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2003 A FEBRERO DE 2005
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 45, numeral 6, incisos a, b, c, d, e, f, y g.
Asuntos Turnados y Dictaminados por la Comisión de Salud
1 de octubre de 2003-febrero de 2005
Recibidos Dictaminados
Iniciativas: 54 28
Puntos de acuerdo: 34 20
Excitativas: 2 2
Total 90 50
Asuntos dictaminados por la Comisión de Salud, pertenecientes a la LVII, LVIII y LIX Legislaturas
Del 1 de octubre de 2003 a febrero 2005
De la LVII Legislatura: 1
De la LVIII Legislatura: 26
De la LIX Legislatura: 50
Dictámenes de la Comisión de Salud aprobados por el Pleno de la H. Cámara de Diputados
LVIII: 24
Puntos de acuerdo: 16
Excitativas: 2
Publicados en el Diario Oficial de la Federación: 5 1. Prevención y control de la obesidad (reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud).
2. Ley de Asistencia Social.
3. Instituto de Medicina Genómica.
4. Donación de órganos sin vínculo familiar y aumento en las sanciones por tráfico ilícito de órganos.
5. Denominación del Instituto Nacional de Perinatología "Dr. Isidro Espinoza de los Reyes". Concentrado de actividades
Jornadas médicas: 6
Comparecencias de funcionarios públicos: 7
Reuniones plenarias: 19
Reuniones de Mesa Directiva: 24
Iniciativas aprobadas por la Comisión de Salud de la LIX Legislatura del 1 de octubre de 2003 al 15 de diciembre de 2004
Iniciativa: Crear Comité Nacional de Precios a Medicamentos y Material de Curación (5/LIX), 2 de octubre de 2003. Presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI).
Fecha de aprobación: 19 de noviembre de 2003. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 15 de diciembre de 2003.
Sentido: Negativo.
Iniciativa: Prevención y control de la obesidad (7/LIX). Presentada por la diputada Ma. Cristina Díaz Salazar (PRI).
Fecha de aprobación: 4 de diciembre de 2003. DOF, 2 de junio de 2004.
Iniciativa: Sanción al uso de betaanálogos de uso zootécnico (8/LIX), 30 de octubre de 2003. Presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 29 de septiembre de 2004.
Iniciativa: Protección de la salud de los fumadores y no fumadores (10/LIX), 11 de noviembre de 2003. Presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo.
Fecha de aprobación: 24 de marzo de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 13 de abril de 2004.
Iniciativa: Creación del Consejo Nacional Antialcohólico (12/LIX), 18 de noviembre de 2003. Presentada por la diputada Irma Figueroa Romero (PRD).
Fecha de aprobación: 18 de marzo de 2004.
Iniciativa: Facultad para que los estados regulen el control sanitario de alimentos (13/LIX), 18 de noviembre de 2003. Presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo.
Fecha de aprobación: 10 de diciembre de 2003. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 15 de diciembre de 2003.
Iniciativa: Denominación del Instituto Nacional de Cancerología (15/LIX), 19 de noviembre de 2003. Presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos (PAN).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 28 de enero de 2004.
Iniciativa: Modificación al artículo 15 de la Ley General de Salud. Consejo de Salubridad General (17/LIX), 9 de diciembre de 2003. Presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRI).
Fecha de aprobación: 31 de agosto de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 12 de octubre de 2004.
Iniciativa: Crear la Ley Federal de la Juventud (18/LIX), 9 de diciembre de 2003. Presentada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PRI).
Sentido: Declinado.
Iniciativa: Investigación clínica de células estaminales del adulto y recién nacido (19/LIX), 9 de diciembre de 2003. Presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos (PAN).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 24 de noviembre de 2004.
Iniciativa: Adición al artículo 36 de la Ley General de Salud para exentar de cuotas a niños de 2 a 6 años (20/LIX), 9 de diciembre de 2003. Presentada por el diputado Manuel Velasco Coello (PVEM).
Fecha de aprobación: 11 de noviembre de 2004.
Iniciativa: Transplante de órganos sin vínculo familiar (25/LIX), 4 de febrero de 2004. Presentada por el H. Congreso de Jalisco.
Fecha de aprobación: 25 de febrero de 2004.
Iniciativa: Muerte fetal (30/LIX), 16 de marzo de 2004. Presentada por la H. Cámara de Senadores.
Fecha de aprobación: 2 de diciembre de 2004.
Iniciativa: Que las autoridades de seguridad publica de las entidades federativas combatan las drogas (35/LIX), 13 de abril de 2004. Presentada por la diputada Ma. del Carmen Flores (PAN).
Fecha de aprobación: 20 de mayo de 2004.
Iniciativa: Certificación de los técnicos en urgencias médicas (paramédicos) (39/LIX), 20 de abril de 2004. Presentada por el diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas (PAN).
Fecha de aprobación: 23 de septiembre de 2004.
Iniciativa: Fomentar en los jóvenes la educación para la salud contra las adicciones y la prevención de enfermedades transmisibles (40/LIX), 20 de abril de 2004. Presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN).
Fecha de aprobación: 14 de octubre de 2004
Iniciativa: Tratamiento del dolor en los servicios de salud (41/LIX), 20 de abril de 2004. Presentada por el diputado Jaime Fernández Saracho (PRI).
Iniciativa: Consideración de bebidas alcohólicas, todas las que contienen alcohol etílico (44/LIX), 27 de abril de 2004. Presentada por el diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN).
Fecha de aprobación: 14 de octubre de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 12 de octubre de 2004.
Iniciativa: Instituto de Medicina Genómica (45/LIX), 27 de abril de 2004. Presentada por la H. Cámara de Senadores.
Fecha de aprobación: 2 de diciembre de 2003, 29 de abril de 2004. DOF, 20 de julio de 2004.
Iniciativa: Donación de órganos sin vínculo familiar y aumento a sanciones al tráfico de órganos (46/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por la H. Cámara de Senadores.
Fecha de aprobación: 23 de septiembre de 2004. DOF, 5 de noviembre de 2004.
Iniciativa: Isidro Espinosa de los Reyes (47/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por la H. Cámara de Senadores.
Iniciativa: Para regular los medicamentos genéricos intercambiables (49/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI).
Fecha de aprobación: 25 de noviembre.
Iniciativa: Considerar la laringitis y disfonía del personal docente como enfermedad profesional (54/LIX), 14 de julio de 2004. Presentada por la diputada María Esther Scherman Leaño (en nombre propio y de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del PRI).
Iniciativa: Prevención del maltrato infantil (57/LIX), 14 de septiembre 2004. Presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez (en nombre de los diputados del PRD).
Iniciativa: Integración de las especialidades médicas (58/LIX), 21 de septiembre de 2004. Presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos (en nombre de los diputados del PAN).
Fecha de aprobación: 19 de octubre de 2004.
Iniciativa: Etiquetado de bebidas alcohólicas con leyenda precautoria para las gestantes (64/LIX), 29 de septiembre de 2004. Presentada por la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN).
Fecha de aprobación: 7 de diciembre de 2004.
Iniciativa: Creación del Banco Nacional de Prótesis, Órtesis y Ayudas Funcionales (66/LIX), 29 de septiembre de 2004. Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI).
Iniciativa: Incorporar espacios para ludotecas en el Sistema Nacional de Salud (68/LIX), 5 de octubre de 2004. Presentada por el Congreso de Jalisco.
Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 6 de diciembre de 2004.
Puntos de acuerdo aprobados por la LIX Legislatura
Punto de acuerdo: Restablecimiento de la campaña de prevención del sida en el estado de Guerrero (1/LIX), 11 de septiembre de 2003. Presentada por el diputado Inti Muñoz Santini (PRD).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 28 de enero de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 23 de febrero de 2004.
Punto de acuerdo: Atención de los servicios de urgencias en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal (2/LIX), 23 de septiembre de 2003. Presentada por la diputada María Ávila Serna (PVEM).
Punto de acuerdo: Revisión de norma oficial mexicana para la cuantificación de plomo en polvo y suelos (4/LIX), 2 de octubre de 2003. Presentada por el estado de Coahuila de Zaragoza.
Fecha de aprobación: 16 de marzo de 2004.
Punto de acuerdo: Uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico (6/LIX), 21 de octubre de 2003. Presentada por el estado de Jalisco.
Fecha de aprobación: 29 de septiembre de 2004.
Punto de acuerdo: Aplicación de la NOM-SSA1-99 para la prevención de la violencia familiar (9/LIX), 21 de octubre de 2003. Presentada por el estado de Jalisco.
Punto de acuerdo: Realizar estudios de posible contaminación en los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco (11/LIX), 13 de noviembre de 2003. Presentada por el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 28 de enero de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 20 de abril de 2004.
Punto de acuerdo: Incremento en las tasas del IEPS (14/LIX), 18 de noviembre de 2003. Presentada por el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón (PVEM).
Punto de acuerdo: Construcción del Hospital General en Tepatitlán, Jalisco (21/LIX), 9 de diciembre de 2003. Presentada por el diputado Ramón González González (PAN).
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2004.
Punto de acuerdo: Investigación de daños a la salud que causan los rellenos sanitarios (23/LIX), 15 de diciembre de 2003. Presentada por la diputada Irma Figueroa Romero (PRD).
Punto de acuerdo: Instalar un módulo de atención médica en el municipio de Tultitlán (24/LIX), 21 de enero de 2004. Presentada por el diputado Santiago Cortés Sandoval.
Fecha de aprobación: 13 de abril de 2004.
Punto de acuerdo: Etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas (27/LIX), 4 de febrero de 2004. Presentada por el diputado Luis A. González Roldán.
Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2004.
Punto de acuerdo: Solicitar la comparecencia del secretario de Salud. Caso Niña Jazmín Vida (29/LIX), 3 de marzo de 2004. Presentada por los diputados Rogelio H. Rueda opinión y Ángel H. Aguirre Rivero (PRI).
Fecha de aprobación: Compareció el día 24 de marzo de 2004.
Sentido: Comparecencia positiva.
Punto de acuerdo: Regular la publicidad de medicamentos milagro (33/LIX), 5 de abril de 2004. Presentado por la diputada Ma. Cristina Díaz Salazar (PRI).
Punto de acuerdo: Caso "Ritalin". Citar a comparecer a los secretarios de Salud y de Educación Pública (36/LIX), 13 de abril de 2004. Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI).
Fecha de aprobación: Compareció el 19 de octubre de 2004.
Punto de acuerdo: Citar a comparecer al director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" (42/LIX), 20 de abril de 2004. Presentada por la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros (PAN).
Fecha de aprobación: Compareció el 26 de mayo de 2004.
Punto de acuerdo: Para otorgar más facultades a la Conamed (50/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil (PAN).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 29 de septiembre de 2004. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 08 de diciembre de 2004
Punto de acuerdo: Para incluir estudio de colposcopia en el sector salud (51/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por la diputada Evelia Sandoval Urbán (PRI).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 31 de agosto de 2004.
Punto de acuerdo: Para realizar estudio de posible contaminación en el cauce del río Santiago, de El Salto, Jalisco (52/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por el diputado Quintín Vázquez García (PRI).
Fecha de aprobación: 14 de octubre de 2004.
Punto de acuerdo: Exhortar para la expedición de la NOM referente a los establecimientos de reproducción asistida (55/LIX), 29 de abril de 2004. Presentada por la diputada María Esther Sherman Leaño, en nombre propio y de la diputada Cristina Díaz Salazar (PRI).
Punto de acuerdo: Exhorto para la revisión de los certificados de defunción (62/LIX).
28 de septiembre de 2004. Presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI).
Excitativas:
Dictaminar la Ley de Asistencia Social (37/LIX), 15 de abril de 2004. Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez (PRD).
Discriminación de personas con VIH (38/LIX), 15 de abril de 2004. Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez (PRD).
Iniciativas aprobadas por la Comisión de Salud en la LIX Legislatura del rezago de la LVII y LVIII Legislaturas
Iniciativa: Conamed (II), 23 de abril de 1998. Presentada por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz (PT).
Iniciativa: Investigación del genoma humano (18 y 36), 25 de septiembre de 2001. Presentada por el diputado Francisco Patiño Cardona (PRD). Los expedientes 18 y 36 se resolvieron en un mismo dictamen.
Fecha de aprobación: 2 de diciembre de 2003.
Iniciativa: Sanción de obras, artículo 119 Bis LGS, LGEEPA, LDRS (43), 9 de abril de 2002. Diputada Adela Graniel Campos (PRD).
Fecha de aprobación: Aprobado por la Comisión de Salud, 19 de noviembre de 2003.
Iniciativa: Instituto Nacional de Medicina Genómica (46), 22 de mayo de 2002. Diputada María Eugenia Galván Antillón (PAN).
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2004. DOF, 20 de julio de 2004.
Iniciativa: Servicios de medicina tradicional (58), 1 de octubre de 2002. Presentada por el diputado José Soto Martínez (PRI).
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 12 de octubre de 2004.
Iniciativa: Prevención y rehabilitación y adicción a drogas (69), 7 de noviembre de 2002. Presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano (varios partidos).
Iniciativa: Donación de trasplante post mórtem (71), 14 de noviembre de 2002. Presentada por el diputado Fernando Pérez Noriega (PAN).
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 13 de abril de 2004.
Iniciativa: Instalación de comités de bioética en hospitales (72), 14 de noviembre de 2002. Presentada por el diputado Francisco López Brito (PAN).
Iniciativa: Tatuajes permanentes (75), 26 de noviembre de 2002. Presentada por la diputada Miroslava García (PRD).
Iniciativa: Consejo Nacional de Precios de los Medicamentos (76), 3 de diciembre de 2002. Presentada por el Congreso de Jalisco.
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 15 de diciembre de 2003.
Iniciativa: Manejo de psicotrópicos (77), 3 de diciembre de 2002. Presentada por el diputado Neftalí Escobedo Zoleto (PAN).
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 15 diciembre de 2003.
Iniciativa: Salud mental (78), 5 de diciembre de 2002. Presentada por la diputada Julieta Prieto Fuhrken (PVEM).
Iniciativa: Revisión sanitaria de alimentos (85), 19 de febrero de 2002. Presentada por el diputado César Duarte Jácquez (PRI).
Iniciativa: Cáncer de mama (86), 18 de marzo de 2003. Diputada Esperanza Santillán (PRI).
Iniciativa: Discriminación de personas con VIH (87), 18 de marzo de 2003. Diputada Adela del Carmen Graniel Campos (PRD).
Iniciativa: Reforzar donación de trasplante (88), 25 de marzo de 2003. Diputada Adela del Carmen Graniel Campos (PRD).
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 6 de abril de 2004.
Iniciativa: Muerte encefálica (89). Presentada por el diputado Alberto Valenzuela Cabrales (PAN), 27 de marzo de 2003.
Fecha de aprobación: 15 de diciembre de 2003.
Iniciativa: Credencial de terapeuta tradicional (90), 27 de marzo de 2003. Presentada por la diputada Celia Martínez Bárcenas.
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Iniciativa: Donación de órganos sin vínculo familiar (91), 8 de abril de 2003. Presentada por la diputada María Isabel Velasco Ramos (PAN).
Fecha de aprobación: 4 de diciembre de 2003.
Iniciativa: Donación de órganos cuando no existe parentesco (93), 15 de abril de 2003. Presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo (PRD).
Iniciativa: Sigilo profesional (94), 15 de abril de 2003. Presentada por el diputado Salvador López Brito (PAN).
Iniciativa: Derecho de información a los enfermos mentales (98), 22 de abril de 2003. Presentada por el diputado Francisco Salvador López Brito (PAN).
Fecha de aprobación: 23 de septiembre de 2003.
Iniciativa: Regulación de suplementos alimenticios (99), 22 de abril de 2003. Presentada por el diputado José Ramón López Reséndiz (PAN).
Fecha de aprobación: Publicado en la Gaceta Parlamentaria, 8 de marzo de 2004.
Iniciativa: Atención materno-infantil (102), 28 de abril de 2003. Minuta del Senado.
Iniciativa: Salud visual (104), 30 de abril de 2003. Minuta del Senado.
Iniciativa: Ley de Asistencia Social (105), 30 de abril de 2003. Minuta del Senado.
Fecha de aprobación: 29 de abril de 2004. DOF, 2 de septiembre de 2004.
Jornadas médicas Primera jornada oftalmológica, 23 a 25 de marzo de 2004, 284 exámenes.
Segunda jornada oftalmológica, 26 a 31 de mayo de 2004, 179 exámenes.
Primera jornada para la prevención de la osteoporosis, 20 a 22 de julio de 2004, 192 densitometrías.
Primera jornada de vacunación contra la hepatitis "B", 21 de septiembre de 2004, 700 dosis aplicadas.
Segunda y primera dosis de aplicación contra la hepatitis, 21 de octubre, 700 dosis (segunda) y 500 dosis (primera).
Segunda dosis de aplicación contra la hepatitis, 23 de noviembre, 500 dosis.
Campaña de vacunación contra la influenza, 7 y 9 de diciembre, 1,000 dosis. Foros El genoma humano, 4 de noviembre de 2003, H. Cámara de Diputados, 83 asistentes.
Biotecnología y bioseguridad, 19 de noviembre de 2003, H. Cámara de Diputados, 130 asistentes
El dolor y su tratamiento, 3 de diciembre de 2003, H. Cámara de Diputados, 310 asistentes.
La reproducción asistida en México y sus expectativas, 28 de enero de 2004, H. Cámara de Diputados, 512 asistentes.
La fibrosis quística, diagnóstico y su tratamiento en México, 14 de abril de 2004, H. Cámara de Diputados, 267 asistentes.
Segundo foro La reproducción asistida, 19 de abril de 2004, León, Guanajuato, 436 asistentes.
Segundo foro El dolor y su tratamiento, 22 de abril de 2004, Durango, Durango, 628 asistentes.
Tercer foro La reproducción asistida, 16 de junio de 2004, Monterrey, Nuevo León, 522 asistentes.
Cuarto foro La reproducción asistida, 22 de junio de 2004, Cuernavaca, Morelos, 233 asistentes.
Quinto foro La reproducción asistida, 8 de septiembre de 2004, Guadalajara, Jalisco, 650 asistentes.
Simposio Vive sin dolor, 6 de octubre, Palacio Legislativo de San Lázaro, 470 asistentes.
Diagnóstico y tratamiento del déficit de atención e hiperactividad, 10 de noviembre, Palacio Legislativo de San Lázaro, 1,375 asistentes.
Análisis de la problemática de la obesidad y sobrepeso en México, 24 de noviembre, Palacio Legislativo de San Lázaro, 254 asistentes.
El quinto signo vital, 5 y 6 de noviembre, Durango, Durango, 345 asistentes.
El sida en nuestro país, 30 de noviembre, Palacio Legislativo de San Lázaro, 55 asistentes.
Sexto foro La reproducción asistida, 8 de diciembre, Mérida, Yucatán, 361 asistentes.
Séptimo foro regional La reproducción asistida, 20 de enero de 2005, Tijuana Baja California, 246 asistentes.
Legislación y bioética en VIH/sida, 2 de febrero de 2005, Palacio Legislativo de San Lázaro, 100 asistentes. Gestoría médica
1 de octubre-15 de diciembre de 2003: 84.
16 de diciembre de 2003-30 de abril de 2004: 122.
1 de mayo-31 de agosto de 2004: 150.
1 de septiembre-15 de diciembre de 2004: 109.
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 31 de mayo, a las 9 horas, en el salón D del edificio G (Los Cristales).
2. Relación del trabajo a realizar y dictaminar en las Subcomisiones:
a) Rezago Legislativo.
b) Estudios, Foros y Actividades Editoriales.
c) Letras de Oro y Consultas.
d) Proyectos de Ley, de Decreto y de Dictamen.
DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 18 de marzo de 2004, por el cual se aprobó la integración del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del 24 de febrero de 2005, por el que se instruyó a la Secretaría General para implementar las acciones administrativas pertinentes para realizar los nombramientos correspondientes conforme a la normatividad vigente para cubrir las vacantes existentes en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos
A participar en el proceso de selección para ocupar una plaza de director de proyecto, tres de investigador "A" y cuatro de investigador "B".
Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
No haber sido, durante los últimos cinco años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político o candidato a un puesto de elección popular;
No estar inhabilitado legalmente para ocupar cargo en el servicio público;
No haber sido condenado por delito que haya ameritado pena privativa de la libertad; y
Haber cumplido veinticinco años de edad a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Además de los requisitos anteriores, los aspirantes deberán, según el caso
Acreditar licenciatura en derecho y grado de maestría o doctorado en derecho (títulos y cédulas profesionales);
Acreditar experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional y/o en el servicio público;
Dominio del idioma inglés a nivel lectura, es deseable;
Acreditar experiencia docente en ciencias jurídicas, mínimo a nivel licenciatura;
Conocimientos en materia de informática, con manejo de paquetería (Word, Excel, Power Point e Internet);
Acreditar aptitudes para el trabajo en grupos interdisciplinarios; y
Haber publicado en cualquier medio estudios, investigaciones o ensayos en materia jurídica o parlamentaria.
Investigador "A"
Acreditar licenciatura en derecho (título y cédula profesional);
Acreditar experiencia mínima de dos años en el campo de la investigación jurídica.
Acreditar experiencia docente en ciencias jurídicas, es deseable;
Manejo del idioma inglés a nivel lectura, es deseable.
Investigador "B"
Acreditar experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional y/o en el servicio público;
Acreditar experiencia mínima de un año en el campo de la investigación jurídica;
Manejo del idioma ingles a nivel lectura, es deseable.
Procedimiento 1. Los interesados deberán presentar escrito mediante el cual manifiesten su interés por participar en el proceso de selección a que se convoca, precisando la plaza por la cual desean concursar y explicando brevemente las motivaciones para desarrollarse en el campo de la investigación jurídica y parlamentaria.
2. Adjunto al escrito deberá presentarse currículum vitae del interesado, así como original y dos copias de los documentos que resulten pertinentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que, según el caso, correspondan.
3. Los aspirantes se sujetarán a un proceso de revisión de los requisitos exigidos, que correrá a cargo del director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, así como de la Dirección General de Recursos Humanos.
Los aspirantes que hayan cubierto documentalmente los requisitos exigidos se someterán a evaluaciones de conocimientos técnico-jurídicos, de investigación y análisis y de carácter psicométrico, que aplicarán las áreas citadas.
4. Concluida dicha fase, tanto el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias como la Dirección General de Recursos Humanos formularán los comentarios y las observaciones que resulten pertinentes en cada caso.
5. Para llevar a cabo el proceso de selección se integrará un jurado con personas de reconocido prestigio profesional o académico en el campo del derecho. A dicho jurado corresponderá revisar los documentos presentados por los aspirantes preseleccionados y efectuar las entrevistas que estime necesarias, así como formular y analizar las evaluaciones técnico-jurídicas para definir en su oportunidad los resultados finales. Las inscripciones se realizarán los días 30 y 31 de mayo de 2005 en el Centro de Capacitación de la Cámara de Diputados, ubicado en el Palacio Legislativo, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969, edificio F, planta baja, con un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Palacio Legislativo, mayo de 2005.
Lic. Alfredo del Valle Espinosa
Lic. Enrique Lozano Botello
Dr. Alfredo Salgado Loyo
A la reunión de trabajo que sostendrá con auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación el miércoles 1 de junio, a las 11 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Presentación del análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, Ramo 33, Ramo 39, Deuda Pública Distrito Federal.
A su reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 1 de junio, a las 13 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden de Día 1. Lista de asistencia.
4. Exposición del Consejo Nacional Agropecuario
5. Minutas (proyecto de dictamen):
5.1 Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria en materia indígena (anteproyecto de dictamen para discusión).
5.2 Minuta con proyecto de decreto de reformas a la Ley Agraria y a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
a) Proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria (votación).
b) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 71 y 72 de la Ley Agraria (votación).
c) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley Agraria (votación).
7. Iniciativas (presentación):
a) De Ley Federal Agraria.
b) De reformas y adiciones a la Ley Agraria.
c) De reformas a la Ley Agraria en materia de procedimiento agrario.
d) De reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
8. Puntos de acuerdo:
a) Sobre asentamientos irregulares en el área natural protegida del Cañón del Sumidero.
b) Sobre la comunidad indígena Misión de Chichimecas, en el estado de Guanajuato (presentación).
c) Sobre la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social (presentación).
d) Sobre la colonia Lomas del Pedregal en Santa Catarina, Tepozotlán, Morelos (presentación).
e) Sobre los asuntos del llamado rezago agrario (presentación).
A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el miércoles 1 de junio, a las 14:30 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
3. Informe de avances sobre el Foro mundial de fiscalización.
4. Opinión solicitada sobre la minuta de la Colegisladora.
5. Formato de la reunión con el titular de la ASF.
DE LA COMISION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Al foro regional Participación ciudadana y procesos electorales, dentro del marco del foro permanente de consulta ciudadana, que se verificará el viernes 3 de junio, de las 16 a las 20 horas, en el auditorio Ing. Valentín Gama de Río Verde, San Luis Potosí.
DE LA COMISION DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
A su quinta reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 8 de junio, a las 11 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria, celebrada el 7 de diciembre de 2004.
4. Informe sobre la realización del Foro sobre protección al ahorro bancario, una perspectiva internacional, los días 7 y 8 de marzo de 2005.
5. Aprobación del informe de actividades de la CIIPAB correspondiente al periodo del 22 de abril al 14 de diciembre de 2004 (informe semestral).
6. Avance en la realización de auditorías GEL a los Bancos, para el cumplimiento del artículo 5o. transitorio de la LPAB.
7. Integración de un grupo de trabajo para el análisis de los programas de administración y enajenación de activos que desarrolló lo relativo al punto 3 del programa de trabajo aprobado de la CIIPAB.
8. Comparecencia del doctor Andrés Conesa Labastida, Presidente de Consejo de Administración de Cintra, SA de CV, para informar sobre la situación que guarda el proceso de enajenación de los paquetes accionarios propiedad de Gobierno Federal en aerolíneas.
Informe de avances en la elaboración del informe final que rendirá la CIIPAB al pleno de la H. Cámara de Diputados.
Asuntos turnados. Atentamente
A la trigésima primera reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 8 de junio, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día 1. Vrificación de asistencia (quórum).
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 9 de junio, a las 8:30 horas.