Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1994-07665-de-abril-5-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb3e4d99a00b0012e0430a0101510012&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 18:00:39
Document Index: 216410291

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 254', 'artículo 243', 'artículo 177', 'e contrario', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 254', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 175', 'artículo 53', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 34', 'Artículo 207', 'artículo 177', 'artículo 105', 'artículo 178', 'artículo 20', 'artículo 187']

﻿ Sentencia 1994-07665 de abril 5 de 2013
SENTENCIA 1994-07665 DE 05 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:FALLA PROBADA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA PÚBLICA. LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE SUS CONTRATISTAS DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES PARA EVITAR EL ACAECIMIENTO DE ACCIDENTES EN OBRAS, MÁXIME CUANDO EN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AHÍ PARTICULARES, RESPECTO DE LOS CUALES ES POSIBLE COLEGIR QUE NO TIENEN CONOCIMIENTO TÉCNICO O EXPERIENCIA ALGUNA EN LA MATERIA. DE TAL MODO QUE SE CONFIGURA UNA FALLA PROBADA EN EL SERVICIO CUANDO EL MUNICIPIO ACTÚA DE MODO NEGLIGENTE OMITIENDO SUS DEBERES DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUNICIPIO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1994-07665 de abril 5 de 2013
Expediente: 22489
Rad. 410012331000199407665-01
Actor: Magdalena Muñoz y otros
Demandado: Municipio de Isnos
Bogotá, D.C., 5 de abril 2013.
1. Por ser competente(1), procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, el 9 de noviembre de 2001.
2. Es preciso señalar que no se pueden valorar los testimonios y declaraciones practicados dentro de la investigación penal iniciada con el fin de determinar si la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz se constituyó en una vulneración de la ley penal, habida cuenta de que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para su respectivo traslado. No obstante lo anterior, sí es posible la valoración de las copias auténticas(2) de los documentos públicos que se encuentren dentro de la misma —las cuales fueron remitidas mediante oficio en el que el secretario común de la unidad de fiscalías delegadas ante los juzgados penales del Circuito de Pitalito aduce que son auténticas; folio 78, cdno. 1—, comoquiera que tienen el mismo valor probatorio de los originales en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y, los informes técnicos y peritaciones de entidades oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 ibídem.
3. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
3.1. Para el 26 de noviembre de 1992, el señor Hipólito Samboni Muñoz, quien como actividad económica ejercía la agricultura, habitante de la vereda denominada Salto de Bordones, Isnos, laboraba en la construcción de un alcantarillado que era adelantada por el municipio en mención para la población de dicho sector, como trabajador voluntario, al haberse comprometido a un determinado número de jornales debido a que sería futuro usuario de la obra. En la fecha referida, aproximadamente a las 10:30 a.m., este junto con los señores Leopoldo Ignacio Gómez y Remigio Bolaños —empleados del municipio de Isnos— fueron sepultados por un alud de tierra en el lugar de la construcción, cuando trabajaban en la apertura de un canal que haría parte del alcantarillado. Una vez ocurrido el siniestro, los demás trabajadores removieron la tierra con el objeto de extraerlos, pero para el momento en que sacaron al señor Samboni Muñoz, este ya había fallecido (copias auténticas de la diligencia de levantamiento del cadáver del señor Hipólito Samboni Muñoz(3), de la providencia del 23 de febrero de 1993, proferida por la Fiscalía Seccional Veintitrés de Pitalito y de oficio suscrito por el alcalde municipal de Isnos(4). Asimismo, testimonios de los señores Noé Palechor —habitante de la vereda Salto de Bordones—(5), Remigio Bolaños Gallardo —quien era empleado del municipio de Isnos y fue sepultado por el alud de tierra al igual que la víctima—(6), Jesús Antonio Buitron Joaqui(7), Juan Elías Guañarita Timana —inspector departamental de policía, quien a su vez trabajó en la obra como futuro usuario y realizó el levantamiento del cadáver del señor Samboni Muñoz(8)—, y Gustavo Martínez —oficial o maestro de la obra contratado por Antonio Pérez Barragán—(9) fl. 79, 93, 94, 95, 128, 130, 131, 132, cdno. 1).
3.2. El deslizamiento de tierra señalado ocurrió en la acequia o canal en el que se encontraban trabajando los mencionados obreros debido a que no había medida de contención alguna que sostuviera sus paredes y a pesar de que en días anteriores, se habían presentado otros desprendimientos similares por los cuales en ciertos segmentos de la construcción sí se habían instalado algunos bloqueos u obstáculos con madera. Durante el día del accidente, el contratista de la obra —Antonio Pérez Barragán— no se encontraba en el lugar de la construcción, comoquiera que estaba comprando materiales en el pueblo y los trabajadores u obreros no habían sido advertidos del peligro que implicaba trabajar en la zanja que quedó sepultada por el alud referenciado (testimonios de los señores Noé Palechor(10), Abraham Muñoz Montilla(11), Jesús Antonio Buitron Joaqui(12) —los últimos dos testigos eran habitantes de la vereda Salto de Bordones, quienes trabajaron en la construcción del alcantarillado y estaban presentes al momento de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda—, Remigio Bolaños Gallardo(13), Juan Elias Guañarita Timana(14), Gustavo Martínez(15) y Rosalino Gómez(16) —apodado Roso, quien era igualmente oficial o maestro de la obra—; fl. 128, 129, 130, 132, 133, cdno. 1).
3.3. La muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz se debió a una “[a]noxia mecánica por cubrimiento total del cuerpo por tierra”, cuyo cadáver adicionalmente presentó fractura en las vértebras 3 y 4 de la columna cervical al igual que se encontró tierra en su cavidad torácica (copias auténticas del protocolo de necropsia 17, practicado por el centro de salud de Isnos y realizado el 27 de noviembre de 1992 y del registro civil de defunción del señor Hipólito Samboni Muñoz; fl. 17, 91, cdno. 1).
3.4. En cumplimiento del auto de 6 de octubre de 2006 proferido por el tribunal a quo, mediante el cual se accedió a la prueba pericial solicitada por la parte demandada, se allegó el correspondiente dictamen rendido por dos ingenieros civiles —Olga Patricia González Valenciano y Carlos Alberto Medina Collazos— y relacionado con las medidas de precaución que deben adoptarse para la construcción de alcantarillados y la apertura de canales. En dicho concepto se señaló que:
“Excavación: comprende todas las operaciones destinadas a la remoción y extracción de cualquier clase de materiales y actividades tales como, entibar, acodalar, tablestacar, entarimar, bombear agua, retirar derrumbes (...). // Entibado: El entibado consiste en el refuerzo lateral de las paredes de la excavación por medio de piezas de madera o metálicas, colocadas vertical y horizontalmente y aseguradas por riostras transversales con el fin de evitar derrumbes. La cantidad y dimensiones de las piezas de refuerzo, las determina el contratista, aunque la interventora recomendará una mayor protección, cuando los desprendimientos del terreno pudieran poner en peligro la vida de los trabajadores o la estabilidad de las construcciones vecinas (...). // Materiales a utilizar: en caso de ser necesario, por la condición de alta inestabilidad del terreno y una profundidad mayor a dos (2) m, se debe instalar un entibado en la zona de excavación (...) Cuando se está realizando excavaciones, la persona encargada de las obras debe estar analizando visualmente el tipo de terreno, para determinar el entibado y las medidas de precaución que se deben tener a medida que las obras avanzan, es de anotar que los terrenos tienen comportamiento inesperados debido a su estructura heterogénea, y se deben tomar medidas de seguridad con mucha razón. Por tanto en este caso no se tuvo en cuenta la seguridad mínima para garantizar la vida de uno de los obreros” (fls. 206-208, cdno. 1).
4. La Sala debe establecer si se configura la responsabilidad del municipio de Isnos con ocasión de la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz, mientras trabajaba en la construcción del alcantarillado de la vereda Salto de Bordones como futuro usuario, teniendo en cuenta que esta ocurrió por un deslizamiento de tierra en un canal cuyas paredes no se encontraban aseguradas o con los soportes respectivos, así como también que el occiso no había sido advertido de los riesgos que implicaba laborar en la referida parte de la construcción.
4.1. Al realizar el estudio de responsabilidad aludido, es necesario precisar si resulta adecuado para el caso concreto la utilización que hizo el tribunal de primera instancia del título de falla presunta del servicio o, si por el contrario, se debe acudir a otro criterio de imputabilidad. Igualmente, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los motivos de impugnación de la parte demandada en cuanto a las pruebas obrantes en el presente asunto y analizar si la actuación de la víctima se constituyó en la causa exclusiva o en una concausa de la ocurrencia del daño.
4.2. Finalmente, en caso de que se concluya que el fallecimiento del señor Samboni Muñoz le resulta atribuible en todo o en parte al municipio de Isnos, se deberá entrar a discurrir sobre el reconocimiento de la indemnización de perjuicios realizado en la sentencia de primera instancia, con observancia de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
5. Se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño argüido por la parte demandante y consistente en la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz, el 26 de noviembre de 1992, por anoxia mecánica al haber sido sepultado por un alud de tierra en el lugar de construcción del alcantarillado de la vereda Salto de Bordones, Isnos —ver párrafos 7.1 a 7.3, con sus respectivas notas—.
6. En cuanto al análisis de imputabilidad del daño mencionado a la parte demandada, se advierte su procedencia no obstante el encargado inmediato de la realización de la construcción respectiva hubiera sido el contratista Antonio Pérez Barragán —de conformidad con los testimonios practicados en el desarrollo del iter procesal, los cuales se estiman plenamente válidos para acreditar dicha circunstancia teniendo en cuenta la ausencia del contrato correspondiente en los archivos del municipio de Isnos; ver párrafo 7.1 y notas 6, 7, 11 y 14—, en la medida en que cuando la administración contrata el desarrollo de una obra pública —la cual en el caso concreto iba a ser destinado a la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado a la población de la vereda Salto de Bordones(17)—, es como si ella misma la ejecutara directamente, apreciación que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos, en los siguientes términos:
“De tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala ha venido reiterando la posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, en el entendido de que la actividad realizada por estos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por esta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado.
En tal sentido, ya desde la sentencia proferida el 9 de octubre de 1985(18), esta corporación expresó:
Es frecuente observar que en los contratos de obra pública se pacte que el contratista será el responsable de los daños a terceros; pero esto no quiere decir que la administración no responda frente a estos (destacado fuera del texto original)(19).
En consecuencia, en nada se modifica el régimen de responsabilidad aplicable en el sub lite por la circunstancia de que la obra pública en cuestión estuviere siendo realizada por contratistas —y subcontratistas— del municipio de Cali y no por servidores públicos ligados con este a través de un vínculo legal y reglamentario o contractual laboral. Al ser la “construcción de subbase, base y obras complementarias para la pavimentación de la avenida circunvalar La Paz”, en uno de sus tramos, un objeto contractual pactado por el municipio de Cali por encontrarse dentro de sus funciones y obligaciones como entidad pública, para beneficio de la colectividad y en aras de la satisfacción del interés general, el hecho de que esa tarea fuera acometida por particulares y no directamente por servidores incluidos en la planta de personal de la entidad, no deja de hacer responsable al Estado por los daños antijurídicos que se causen a raíz de la ejecución de las obras públicas en dichas condiciones materializadas”(20).
6.1. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la sentencia de primera instancia indicó que el estudio del caso concreto debía efectuarse bajo la óptica de la falla presunta del servicio, al tratarse de un daño ocasionado en el desarrollo de una actividad peligrosa y por consiguiente, consideró que se invertía la carga de la prueba en relación con que a la entidad demandada le correspondía demostrar su diligencia en el presente asunto.
6.2. Si bien durante un tiempo, el empleo del título de imputación en comento se consideraba viable en el desarrollo de actividades riesgosas o por el uso de una cosa peligrosa, conviene precisar que dicha postura fue rectificada por la jurisprudencia de esta corporación(21), para concluir que en esos casos no es necesario realizar un estudio sobre la falla en la prestación del servicio y la respectiva culpabilidad en la conducta de la parte demandada, sino que debido al rompimiento del principio de igualdad, el daño que se causa por la concreción del riesgo debe ser reparado desde un punto de vista objetivo por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro, comoquiera que la declaración de responsabilidad no se deriva de la calificación de la conducta de quien se le pretende imputar el daño, sino de la carga que los ciudadanos no están en el deber de soportar.
6.3. Es así como en los eventos en que se producen daños derivados de la construcción, mantenimiento y conservación de obras públicas, se ha acudido a títulos objetivos de imputación, en especial, al de riesgo excepcional(22), habida cuenta de que se ha considerado que las anteriores actividades conllevan en la mayoría de los casos la generación de peligros que se manifiestan en daños que no están en la obligación de asumir quienes resultan afectados. Lo anterior, advirtiendo la calidad de la persona que haya sido damnificada, toda vez que no es lo mismo que se estudie un detrimento sufrido por una persona calificada para llevar a cabo la construcción de la obra pública que originó el daño, a aquel soportado por un tercero o usuario ajeno a su desarrollo, lo que de ninguna manera supone que a priori la entidad realizadora de la obra se encuentre exonerada de responsabilidad(23).
6.4. En este sentido, se reitera que la utilización del título objetivo de imputación aludido en principio permite descartar la calificación de la conducta de la parte demandada y por ende, se ha colegido que no es posible entender que esta, para ser exonerada de responsabilidad se encuentre obligada a demostrar que no incurrió en una falla en la prestación del servicio dentro de la argumentación propia del título de imputación en desuso utilizado en la sentencia recurrida —falla presunta del servicio—, máxime teniendo en cuenta que es a la parte actora a la que le corresponde demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad —como lo es la falla del servicio— de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(24).
6.5. En este punto, cabe indicar que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación(25).
6.6. Con observancia de lo expuesto, la Sala observa que no obstante se podría razonar sobre las contingencias que originó la construcción del alcantarillado del Salto de Bordones y verificar si desde la perspectiva del riesgo excepcional es posible imputar el daño demandado al municipio de Isnos, el presente razonamiento de imputabilidad se efectuará con fundamento en la falla probada del servicio(26) en que incurrió dicho ente territorial en el desarrollo de la obra ejecutada, la cual fue demandada, así como se encuentra plenamente demostrada con fundamento en el material probatorio obrante en el proceso.
6.7. En efecto, adicionalmente a que se constituye en una irregularidad la simple presencia del señor Hipólito Samboni Muñoz en el lugar de la obra referenciada con la aquiescencia de la administración municipal, realizando labores que escapaban al marco de su cotidianeidad y actividad económica —el occiso se desempeñaba como agricultor; ver párrafo 7.1 y nota 7—, con el fin de cumplir jornales a los que se había comprometido con la entidad demandada para acceder a la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado —al igual que sucedió con otros habitantes de la vereda de Salto de Bordones, como el señor Juan Elias Guañarita Timana; ver notas 6, 8, 9 y 10—, lo cual evidentemente contravino su derecho a recibir el servicio en mención con la sola prueba de habitación de conformidad con las normas vigentes para ese momento(27) y llevó a que en principio pueda entenderse que se persistió en una práctica prohibida por el Convenio 29(28) de la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, esto es, el trabajo forzoso u obligatorio de quienes como la víctima laboraron de forma supuestamente voluntaria(29) en la construcción señalada, aunado a la circunstancia de que el servicio en comento se encontraba dentro de la carga obligacional del ente municipal —así, dependiendo del caso, se restringiera solo a la planeación del programa de inversión correspondiente, administración o desarrollo del espacio público que este requiriera o, se ampliara la actuación del municipio a la prestación del servicio de manera directa—(30), la Sala advierte que en la edificación del alcantarillado se omitió observar las medidas técnicas mínimas de seguridad pertinentes y destinadas a garantizar la integridad de los trabajadores respectivos.
6.8. Ciertamente, como fue señalado en las declaraciones de terceros que trabajaron en el levantamiento de la obra, la entidad demandada a través de su contratista no adoptó las medidas de seguridad correspondientes en la apertura del canal en que se encontraba laborando el occiso para el momento de su muerte, de conformidad con el dictamen pericial allegado al proceso en primera instancia —ver párrafo 7.4 y cita posterior—, por cuanto no se establecieron los soportes necesarios o se “entibaron” las paredes de dicha zanja a pesar de ser necesario debido a su profundidad —aproximadamente 6 metros; ver notas 5 y 12— más aún cuando en momentos anteriores se habían presentado derrumbes similares en virtud de los cuales sí se habían instalado bloqueos con madera —ver párrafo 7.2 y notas 10, 11, 14 y 15—.
6.9. Con fundamento en lo señalado, es dable concluir que el municipio de Isnos fue negligente en el desarrollo de la obra, al omitir el seguimiento de técnicas tendientes a evitar el acaecimiento de accidentes, máxime cuando con su aceptación habían particulares que intervinieron en su construcción, respecto de los cuales es posible colegir que no tenían el conocimiento técnico o experiencia alguna en la materia, como sucedió con la víctima, quien se dedicaba a labores de agricultura.
7. Asimismo, se observa que la falla aludida se configura en la causa adecuada y determinante del daño demandado por los actores, motivo por el cual se tiene plena certeza del nexo de causalidad en el presente asunto, en consideración a que al dejarse de seguir los lineamientos de seguridad señalados, acaeció el siniestro consistente en el deslizamiento de tierra en la excavación en que trabajaba el señor Samboni Muñoz con su consecuente defunción, tal como fue sostenido por los testigos pertinentes y la prueba pericial obrante en el expediente.
8. No le asiste razón a la parte demandada al sostener en su escrito de impugnación que se vulneró el debido proceso y su derecho de defensa, en la medida en que no se practicó una prueba que tuviera la potencialidad de demostrar que se había adoptado la seguridad requerida para la construcción de la obra, como en su opinión lo hubiera sido la inspección judicial con intervención de perito, sino que al respecto se le dio total credibilidad a los testimonios allegados al expediente.
8.1. Lo anterior se estima, toda vez que (i) no hay conducencia de un único medio probatorio para acreditar el grado de diligencia que tuvo el municipio en la ejecución del alcantarillado, siendo por ende las declaraciones de terceros idóneas para dicho fin, especialmente cuando los testigos fueron contestes al afirmar que la excavación en que estaba laborando el occiso se encontraba desprovista de las estructuras propias para sostener la tierra y evitar que se produjera un deslizamiento, las cuales eran necesarias según el dictamen pericial practicado por solicitud del mismo municipio de Isnos, y (ii) en caso de creer que la prueba mencionada por ella le era favorable, debió haber pedido su decreto en la oportunidad procesal prevista por la ley para ello(31), razón por la cual la ausencia de la prueba en comento solo le es imputable a la entidad demandada, al tener la carga de acreditar las excepciones en que fundamenta su defensa(32).
8.2. De otro lado, el municipio de Isnos adujo tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de apelación que en el sub examine se configuró una causa extraña, consistente en el hecho exclusivo de la víctima, habida consideración de que se le había advertido al señor Samboni Muñoz sobre los riesgos de trabajar en la excavación en que se produjo el derrumbe y que de conformidad con los testimonios, es claro que los trabajadores incluyendo al occiso, fueron extremadamente descuidados o confiados en que nada les iba a suceder a pesar de ser previsible la ocurrencia de un accidente, adicionalmente a que deseaban terminar rápido la obra. Igualmente, señaló que en caso de que no se tuviera la conducta de la víctima como la causa exclusiva del daño objeto de la demanda, al menos debía valorársele como una concausa en el origen del mismo.
8.3. La Sala observa que la causa extraña como eximente de responsabilidad, además de requerir de tres presupuestos estructurales para su configuración los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño, debe igualmente ser el origen exclusivo y adecuado de aquel, aspectos que requieren encontrarse debidamente demostrados en el proceso(33).
8.4. Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que contrario a lo señalado por la entidad demandada, se encuentra fehacientemente probado que los trabajadores de la obra no estaban informados sobre qué lugares era adecuados para trabajar o cuáles representaban riesgos a su integridad personal y por consiguiente, es posible colegir que el señor Samboni Muñoz desconocía que la zanja en que estaba excavando el día de su muerte acarreaba el peligro de derrumbarse debido a que no se aseguraron sus paredes, más aún cuando no se demostró que normalmente trabajara en construcciones.
8.5. De esta manera, no resulta admisible entender que se configura la causa extraña aludida con fundamento en que el occiso laboró en el canal mencionado contradiciendo las claras indicaciones del encargado del desarrollo de la obra o de los maestros que se encontraban presentes en ese momento, puesto que no está acreditado que dichas observaciones fueran expresadas a los obreros sino que por el contrario, ellos no tenían orden alguna al respecto —ver párrafo 7.2 y notas 11, 12, 13, 14 y 16— y en consecuencia, es claro que el hecho de que el occiso hubiera trabajado en la excavación correspondiente le era plenamente resistible —bastaba que se dieran directrices claras o se impidiera el avance de la labor en la parte señalada de la construcción en que ocurrió el siniestro, lo cual no se hizo— y previsible a la entidad demanda.
8.6. Asimismo, no es plausible sostener lo aducido por el municipio de Isnos en cuanto a que la conducta descuidada y confiada de los trabajadores y de la víctima, asociado a que pretendían terminar el alcantarillado aprisa se constituye en la causa extraña aducida, habida cuenta de que de haberse demostrado que ello fuera así, dicha circunstancia no cumpliría con el requisito de ser el origen exclusivo del daño, sino que solamente podría tenerse como una situación causalmente concurrente con la falla del municipio de Isnos que conllevó al fallecimiento del señor Samboni Muñoz, conclusión a la cual tampoco es posible arribar.
8.7. Efectivamente, no escapa a la Sala que el occiso se dedicaba a labores ajenas a la construcción, motivo por el cual no resultaría acertado considerar que sus actuaciones fueron negligentes, descuidadas o excesivamente confiadas al trabajar en la zanja correspondiente —en consideración del recurrente, el occiso debió haber previsto la posibilidad de un accidente—, en la medida en que no se le puede exigir el cuidado de una persona que tuviera experiencia en dichas labores o el conocimiento técnico respectivo y, por consiguiente, considerar su conducta como una concausa del daño; de hecho, su presencia en la construcción del alcantarillado se restringía a aportar su mano de obra bajo las directrices del contratista y de los maestros u oficiales contratados por aquel, quienes eran en realidad los llamados a observar y hacer cumplir las medidas técnicas de seguridad, advirtiendo a los obreros, principalmente a los que no tenían conocimiento alguno sobre el tema —como lo era la víctima—, las acciones que podían emplear o no con el fin de garantizar su integridad y cuidado, así como manifestarse en relación con la seguridad que brindaba el terreno.
8.8. Con observancia de lo señalado, la aducida confianza que tenían los obreros de que el lugar de construcción fuera seguro se justifica en que para el desarrollo de la obra habían personas que debían estar capacitadas para su ejecución —quienes creían que el terreno era fiable; ver nota 15—, entre las cuales no estaba el señor Samboni Muñoz, que se reitera, trabajaba para tener acceso al servicio público domiciliario de alcantarillado. Asimismo, no se demostró que el hecho de que un testigo hubiera afirmado que los obreros querían terminar rápidamente la obra se constituyera de alguna manera en el origen del siniestro y la consecuencial muerte del señor Samboni Muñoz, por cuanto como lo indicaron los señores Abraham Muñoz Montilla y Jesús Antonio Buitron Joaqui, ellos siguieron trabajando donde lo venían haciendo, sin recibir ninguna advertencia al respecto por parte de quienes se encontraban a cargo de la construcción —ver notas 11 y 12—.
8.9. En este orden de ideas, se observa que la falla del servicio por parte del municipio de Isnos fue la única causa determinante en la producción del daño en el cual resultó muerto el señor Hipólito Samboni Muñoz, puesto que el deslizamiento de tierra ocurrió al no haberse instalado la seguridad requerida en el canal en que trabajó, sin que se le pueda atribuir una conducta negligente, descuidada o confiada debido a su calidad de trabajador voluntario y debido a que no hubo una directriz expresa sobre los riesgos que implicaba el terreno correspondiente.
9. En consecuencia, acreditado el daño antijurídico, la falla del servicio y el nexo causal entre aquel y esta, resulta evidente la responsabilidad patrimonial y extracontractual del municipio de Isnos, razón por la cual se procederá a revisar el reconocimiento de indemnización de perjuicios efectuado en la sentencia de primera instancia, para lo que se tendrán en cuenta los motivos de impugnación de la parte demandante.
10. En la sentencia de primera instancia, se reconoció indemnización por perjuicios morales a favor de Magdalena Muñoz y Marined Samboni Muñoz, en el equivalente a 100 smmlv y, a favor de Alejandro Samboni Muñoz, María Antonia Samboni Muñoz, Antonino Samboni Muñoz, Azael Samboni Muñoz y Enelia Samboni Muñoz, en el equivalente a 20 smmlv, al encontrarse acreditadas sus calidades de cónyuge, hija, y hermanos del difunto Hipólito Samboni Muñoz. Las demás pretensiones elevadas en la demanda fueron denegadas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
11. Frente a la anterior decisión, la parte demandante solicitó en su recurso de apelación (i) que se reconociera indemnización por perjuicios morales a favor de los demandantes Florencio Díaz y Amadeo Díaz; (ii) que se aumentará el monto de dicho concepto con que se ordenó indemnizar a los hermanos de la víctima, y (iii) que se accediera a la pretensiones tendientes a que se reparen los perjuicios materiales, consistentes en el lucro cesante dejado de percibir por la cónyuge y la hija del occiso, con observancia de que a favor de la primera se vea incrementada la indemnización señalada una vez se deje de resarcir a la segunda, debido a que cumpla la mayoría de edad.
11.1. En relación con la primera solicitud referenciada, le asiste razón a la parte recurrente al pretender que se modifique la sentencia impugnada con el fin de que se reconozca la indemnización de perjuicios morales a favor de los señores Amadeo Díaz y Florencio Díaz, comoquiera que si bien la Sala advierte que no se tiene certeza de su calidad de hijos de la aludida víctima, en consideración a que en la copia auténtica de su registro de nacimiento solo obran las señoras Alba Rosa Díaz y Balbina Díaz Chilito como madres, respectivamente, teniendo en cuenta de que dichos medios probatorios son los conducentes para demostrar los hechos o actos relacionados con el estado civil de las personas —al igual que el certificado de los mismos—(34) (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Amadeo Díaz y Florencio Díaz; fl. 23, cdno. pruebas), lo cierto es que resulta factible la respectiva condena en su beneficio, debido a que sí acreditaron su calidad de damnificados.
15.1.2. Indudablemente, a pesar de que no se probó fehacientemente lo aducido en la demanda referente a que los señores Amadeo y Florencio Díaz hubieran convivido con la familia del señor Hipólito Samboni Muñoz, se tiene certeza de que eran considerados en la vereda Salto de Bordones como hijos extramatrimoniales del occiso, con quien sostuvieron durante su vida una relación estrecha similar a la de padre e hijos o familiar, además de que se demostró el dolor que sintieron por la muerte de quien se decía era su padre en la comunidad en que habitaban(35).
15.1.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, si bien no es posible en sentido estricto tener a Amadeo y Florencio Díaz como hijos del señor Hipólito Samboni Muñoz, la Sala entiende que a raíz de su defunción sufrieron como tales y por consiguiente, se reconocerá a su favor el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a título de la indemnización de los perjuicios morales por ellos soportados(36).
15.2. En cuanto a la segunda petición del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala observa que se aumentará la condena impuesta por perjuicios morales a favor de quienes se encuentran acreditados como hermanos de la víctima, estos son, los señores Alejandro, María Antonia, Antonino, Azael y Enelia Samboni Muñoz, de conformidad con las copias auténticas de los respectivos registros de nacimiento y partidas de bautismo(37) (obrantes en fls. 8, 9, 10, 11, 12 y 14 del cdno. ppal.), puesto que a partir de dichas calidades se infiere el dolor y la congoja que sintieron por la muerte de su hermano, habida cuenta de que es dable concluir que entre los parientes cercanos surgen vínculos de amor y afecto, sin que para indemnizar el perjuicio señalado con lo que en dicho eventos se ha establecido como un máximo(38) —lo cual no implica que no sea posible probar una mayor cuantificación del perjuicio—, sea necesario como lo entendió el tribunal a quo, que se demuestre de manera adicional “que entre ellos y la víctima existían relaciones de afecto, alianza y solidaridad que evidenciarían un sufrimiento desbordado” (fl. 232, 233, cdno. ppal.).
15.2.1. En consecuencia, y teniendo en cuenta que según los testimonios practicados durante el proceso, el núcleo familiar de la víctima sufrió por su fallecimiento —ver nota 33—, se reconocerá a título de perjuicios morales a favor de los mencionados hermanos del señor Hipólito Samboni Muñoz, el equivalente a 50 smmlv. En este punto, conviene precisar que se mantendrá la condena impuesta a favor de las demandantes Magdalena Muñoz y Marined Samboni Muñoz, por los perjuicios morales por ellas padecidos, como cónyuge e hija del occiso (copias auténticas del registro de matrimonio de los señores Hipólito Samboni Muñoz y Magdalena Muñoz, y del registro de nacimiento de Marined Samboni Muñoz obrantes en folios 15 y 16 del cdno. 1).
15.3. Respecto de las pretensiones elevadas en la demanda mediante las que se pretendieron obtener la indemnización de los perjuicios materiales ocasionados en las modalidades de daño emergente, consistente en diferentes gastos en que incurrieron los actores y, lucro cesante en relación con lo dejado de percibir por la señora Magdalena Muñoz y Marined Samboni Muñoz, con ocasión de la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz, se principia por señalar que no hay lugar a que se indemnice la primera modalidad en comento, por cuanto como lo señaló la sentencia impugnada, no hay prueba alguna que acredite su causación.
15.3.1. Lo anterior no ocurre en relación con el lucro cesante denegado en la providencia aludida, en la medida en que no es de recibo la motivación expuesta por el tribunal de primera instancia al manifestar que a pesar de que se probó que el señor Hipólito Samboni Muñoz desarrollaba labores de agricultura, no están demostrados los ingresos que percibía por dicha actividad y, por consiguiente, se imponía no acceder a las pretensiones señaladas e indemnizar por el concepto en mención.
15.3.2. La Sala se aparta del anterior criterio, habida consideración de que no obstante no sea posible determinar el ingreso económico de una persona respecto de la cual está demostrado que ejerce una actividad productiva o que se encuentra en una edad propicia para trabajar, ello no es óbice para denegar el perjuicio correspondiente, sino que se han establecido parámetros con la finalidad de determinar su cuantificación e indemnizarlo de manera integral, máxime cuando en los casos como el del sub iúdice, hay elementos probatorios que indican que se le ocasionó a la cónyuge e hija del occiso, toda vez que (i) el señor Hipólito Samboni Muñoz trabajaba como agricultor, y (ii) el occiso soportaba económicamente a su familia(39).
15.3.3. De esta manera, se modificará la sentencia recurrida y se accederá al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de Magdalena Muñoz y Marined Samboni Muñoz, frente a lo cual, se debe advertir que no se admiten los argumentos expuestos por los impugnantes para entender que una vez se deje de liquidar lo que percibiría la hija del occiso por cumplir la mayoría de edad, se debe incrementar en el porcentaje que ella recibiría la indemnización de la cónyuge, por cuanto dicha circunstancia no se constituye en una regla de la experiencia e igualmente, es un situación eventual sobre la que no se demostró certeza alguna.
15.3.4. Se debe tener en cuenta que esta corporación se ha fundamentado en reglas de la experiencia para lograr determinar la cuantía del lucro cesante, en los eventos en que no se demuestra cómo este se constituye por quien demanda su causación(40). Es así como se ha considerado que con observancia de las directrices experienciales mencionadas y de acuerdo a reglas de la lógica, en casos en que se pretende la indemnización respectiva por muerte de una persona encargada del sostenimiento de otras, es evidente que el occiso, de estar vivo, destinaría parte de sus ingresos para sus gastos personales y lo restante, lo daría a aquellos individuos que apoya económicamente, sin que por ello sea plausible argüir que una vez deje de estar a su cargo una de las personas que sostenía, obligatoriamente incremente el monto con que apoya a las demás personas a quienes beneficia, parámetro que además de no haber sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se configura en una situación netamente eventual, puesto que no es dable presumir cómo actuaría el difunto en dicho evento de poder aún administrar los ingresos económicos derivados de la labor por él ejercida.
15.3.5. En consecuencia, no se accederá a liquidar la pretensión en estudio de la forma en que lo adujeron los recurrentes en su escrito de impugnación, en la medida en que al tratarse de una actuación eventual pero no cierta, se debió allegar por su parte un medio probatorio tendiente a generar la certeza necesaria para tener por demostrado que el señor Samboni Muñoz acrecentaría lo que le daba a su cónyuge una vez su hija cumpliera la mayoría de edad.
16. Clarificado lo anterior, se procede a realizar la liquidación del lucro cesante a favor de las demandantes mencionadas, para lo cual se advierte que no existe medio probatorio que acredite la remuneración obtenida por el señor Hipólito Samboni Muñoz en su labor de agricultor, actividad que está demostrado ejercía, además de que está probado que sostenía económicamente a su familia —ver nota 37—. Se calculará entonces este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para el momento de proferir esta sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos. Lo anterior, debido a que la actualización del salario mínimo legal vigente para esa época(41) resulta inferior al valor actual del salario mínimo legal, esto es $ 589 500 m/cte.
16.1. De esta forma, se aumenta un 25% al salario mínimo mensual legal vigente, incremento que corresponde a las prestaciones sociales que operan por disposición de ley, lo cual determina el ingreso total en $ 736 875 m/cte. De este valor, se resta un 25% correspondiente a lo que el señor Hipólito Samboni Muñoz destinaba para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $ 552 656,3 m/cte, cifra que destinaría al sostenimiento de Magdalena Muñoz y Marined Samboni Muñoz, la que distribuida entre las dos arroja la suma de $ 276 328,15 m/cte para cada una.
16.2. Se debe tener en cuenta que el señor Hipólito Samboni Muñoz nació el 22 de agosto de 1940, motivo por el cual para la fecha de ocurrencia de su muerte tenía 52 años conforme a lo expuesto en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 14, cdno. 1). De igual forma, se tiene que la señora Magdalena Muñoz nació el 15 de agosto de 1945 según copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 258, cdno. ppal.), y por ende, se puede concluir que para el momento de ocurrencia del hecho dañoso —muerte de su cónyuge, el 26 de noviembre de 1992— tenía 47 años.
16.3. Con base en la anterior información, la liquidación del presente perjuicio material a favor de Magdalena Muñoz se realizará utilizando la menor expectativa de vida, que en este caso corresponde a la de él con base en la tabla de mortalidad adoptada en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria —ahora Superintendencia Financiera—, comoquiera que para una mujer de 47 años en el año 1992, la expectativa de vida es de 31,89 años adicionales, mientras que para un hombre de 52 años en la misma fecha, su expectativa de vida es de 25,97 años adicionales.
16.4. Por su parte, se advierte que se hará el reconocimiento del lucro cesante a favor de Marined Samboni Muñoz hasta que cumpla los 25 años de edad, por cuanto con base en reglas de la experiencia, se presume que a partir de esta edad dejan de depender los hijos de sus padres.
16.5. En relación con Magdalena Muñoz, se observa que se liquidará el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante tanto consolidado como futuro.
16.5.1. El primero va desde el momento de la muerte del señor Samboni Muñoz, hasta la fecha en que se profiere esta sentencia, periodo en el cual transcurrieron 244,3 meses.
16.5.1.1. La indemnización consolidada, por este concepto, a favor de Magdalena Muñoz es de $ 129 129 055,74 m/cte.
16.5.2. De otro lado, la indemnización del periodo futuro comprende el resto de vida probable del occiso Hipólito Samboni Muñoz, es decir, 67,34 meses.
16.5.2.1. La indemnización futura, por este concepto, a favor de Magdalena Muñoz, es de $ 15.833.616,18 m/cte. Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura obtenidos en la liquidación que antecede, se obtiene el total de indemnización por este concepto en la suma de $ 144 962 671,92 m/cte.
16.6. Respecto de Marined Samboni Muñoz, se efectuará la liquidación del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante únicamente por el periodo consolidado, comoquiera que para el momento en que se adopta esta decisión ella ya cumplió los 25 años de edad, toda vez que nació el 27 de enero de 1978 de conformidad con la copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 16, cdno.1) y, por consiguiente, el periodo consolidado a indemnizar va desde la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz hasta la fecha en que ella alcanzó dicha edad, lapso en el cual transcurrieron 134,03 meses.
16.6.1. La indemnización consolidada, por este concepto, a favor de Marined Samboni Muñoz es de $ 52.061.321,20 m/cte.
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
18. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala de Descongestión, el 9 de noviembre de 2001 y, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Isnos, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz, en hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2001 en la construcción del alcantarillado de la vereda Salto de Bordones, Isnos.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al municipio de Isnos a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:
A favor de Magdalena Muñoz, la suma de ciento cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos con noventa y dos centavos ($ 144.962.671,92 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
A favor de Marined Samboni Muñoz, la suma de cincuenta y dos millones sesenta y un mil trescientos veintiún pesos con veinte centavos ($ 52.061.321,20 m/cte), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
A favor de Magdalena Muñoz, Marined Samboni Muñoz, Amadeo Díaz y Florencio Díaz, la suma equivalente a 100 smmlv, por concepto de perjuicios morales, para cada uno.
A favor de Alejandro Samboni Muñoz, María Antonia Samboni Muñoz, Antonino Samboni Muñoz, Azael Samboni Muñoz y Enelia Samboni Muñoz, la suma equivalente a 50 smmlv, por concepto de perjuicios morales, para cada uno.
(1) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Magdalena Muñoz, en la suma de $ 15.000.000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 1994 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 9.610.000.
(2) “Bajo esta perspectiva, se tiene que el numeral 1º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la competencia de las entidades públicas para verificar la autenticidad de las copias, consagra, a su vez, dos supuestos: en primer término, cuando se presente el caso de que en la entidad reposa el original o la copia auténtica de un acto o documento que no sea de su autoría y de los cuales, sin embargo, se solicite una copia. En ese evento, el funcionario competente la expedirá, señalando, expresamente, su coincidencia con el respectivo original o con la copia auténtica, pues solo de esta forma esa nueva copia se reputará, igualmente, auténtica; y, en segundo lugar, se tendrán como auténticas también aquellas copias aportadas por la misma entidad pública que produjo o creo los actos o documentos originarios, sea que en ellos se certifique su concordancia con el original o con la copia auténtica o que, simplemente, las aporte en copia simple, ya que, como se dijo anteriormente, no tendría por qué aportarlas en condiciones disímiles a su original”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 54001-23-31-000-1994-08313-01(17109), actor: Belisario Contreras Barreto y otro, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.Ver también sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 05001-23-31-000-1996-00376-01(18168), actor: Sociedad Compañía de Seguros Generales Aurora S.A., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(3) “Siendo las 11.00 a.m., del día veintiséis del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. El suscrito inspector departamental de policía de este lugar en asocio de (...). Trasladados al sitio de los hechos calle que conduce al parador frente a la residencia del suscrito, acequia de las que están construyendo para el alcantarillado donde se originó una caída o deslizamiento de tierra siendo las diez y media de la mañana del día de hoy la cual dejó atrapados tres ciudadanos y originó la muerte del señor Hipólito Samboni Muñoz, de inmediato el personal que e (sic) encontraba trabajando prosiguió al movimiento de tierra para rescatar a los atrapados encontrándose con vida los señores Leolpoldo Ignacio Gómez y Remigio Bolaños. El estado y poseción (sic) del cuerpo se encontraba parado sostenido sobre Leopoldo Ignacio Gómez y sujetado sobre la garlancha con ambas manos vestía camisa blanca, pantalón azul claro, tenía caaa (sic) en maxilar inferior, al parecer su muerte ocurrió por dislocación ya que su cuello se encuentra suelto; es de anotar que el suscrito inspector se encontraba en el lugar trabajando en la misma labor y presenció los hechos. Es de anotar que el deslizamiento ocurrió en forma instantánea. El señor Hipólito Samboni Muñoz, ingresó al lugar de trabajo en las horas de la mañana en calidad de usuario del alcantarillado”.
(4) “En contestación al oficio de la referencia, me permito manifestarle que revisados los archivos existentes en el municipio, no se halló estudio alguno o contrato para la construcción del alcantarillado de Bordones.// Igualmente, y por conocimiento que tengo, certifico que para el año de 1992 se adelantaron obras de construcción de alcantarillado en la población del Salto de Bordones, jurisdicción del municipio de Isnos. Asimismo, tengo conocimiento que en la construcción de esa obra falleció el ciudadano Hipólito Samboni Muñoz. En relación a las medidas tendientes a proteger la accidentalidad, me permito manifestar que desconozco, por cuanto no se halló archivo alguno”.
(5) “Preguntado: Dígale al juzgado si usted conoció a quien en vida se llamó Hipólito Sambony (sic) Muñoz, en caso positivo dirá usted cuanto tiempo y cual (sic) motivo. Contestó: Si, señor juez lo conocí, lo conocí por un espacio de unos 10 años o más años, porque como éramos de la misma vereda, él viví ahí en Salto de Bordones, él era agricultor (...). Nosotros estábamos trabajando juntos ese día haciendo en una brecha que era para un alcantarillado y estábamos ahí cuando de pronto, no recuerdo bien la hora, pero si era antes del mediodía, y entonces como era una brecha honda, la que tenía como unos 6 metros, porque se iban sacando las aguas negras del centro hasta allá al parador, y entonces un muchacho estaba jalado (sic) tierra con un balde, y en esas ya dijo él sálganse muchachos que esto se va a derrumbar, y cuando él dijo así el finado Hipólito, e Ignacio Gómez y Remigio Bolaños, pues corrieron hacía la pared de donde arrancaba o sea hacía el túnel, y ellos llegaron ahí, y ya no les dio tiempo, y ya de ahí todos corrimos a sacarlos pero fue tarde porque ya se había muerto el señor Hipólito Sambony (sic) Muñoz “.
(6) “Nosotros por lo menos yo, era trabajador del municipio y el señor Hipólito Sambony (sic), era usuario o estaba descontando los jornales que tocaba a cada uno de los usuarios, y ese día ya pasó el caso que él se metió donde estábamos nosotros, a picar y llenar el valde (sic) y los otros la jalaban para arriba y estábamos tres picando abajo, que éramos: Yo, el finadito Hipólito e Ignacio Gómez, y los que nos jalaban la tierra era (sic) Noé Palechor, Dimas Sambony y Orlando Correa, cuando estábamos abajo picando dijeron se abrió acá arriba y entonces yo alcé a mirar y vi que se llenó eso y yo me clavé y cogí la pala y cuando sentí fue la tierra encima, y gritábamos todos nosotros que por Dios nos sacaran rápido y con el finado ya nos rebentabamos (sic) entre las rodillas o sea entre los huesos, y él al me dijo, que no gritara que de pronto nos sacaban él me dijo, entonces él al rato se quedó así, pegó un ronquito todo raro y se quedó que no hablaba más, y entonces fue seguro cuando se desnucó”.
(7) “Preguntado: Dígale al Juzgado si usted sabe quién era la persona que el municipio había contratado para dirigir dicha obra. Contestó: Ese contratista era don señor Antonio Barragán, él era el contratista y los otros nos contrataron a nosotros como peones”.
(8) “en el momento en que construíamos el alcantarillado de la población de bordones, si yo presencié los hechos en razón a que me encontraba también trabajando como voluntario, nosotros nos habíamos comprometido a aportar como usuarios diez (10) jornales puesto que no teníamos dinero en efectivo para dar aporte para cofinanciar la obra, nosotros estábamos trabajando o dando cumplimiento con los jornales que nos había comprometido (sic) (...)”.
(9) “Preguntado: Dígale al Juzgado si usted conocía a quien en vida se llamó Hipólito Sambony (sic), en caso positivo cuanto tiempo y porque motivo. Contestó: Lo distinguí ese día que fue a trabajar allá (...) ese día él había ido a trabajar como usuario, porque yo ese día no estaba presente ahí estaba más adelante haciendo un pozo séptico, y cuando se vino el derrumbo (sic) nos llamaron porque se habían o había tapado a tres, y nos llamaron para ayudar a rescatarlos y los tapó el derrumbo (sic) y nosotros ayudamos a rescatarlos (...). Preguntado: Sírvase decirle al Juzgado cual era la calidad de trabajadores de las tres personas que daron (sic) enterradas el día de los hechos. Contestó: Dos eran trabajadores del municipio o sea Remigio Bolaños e Ignacio Gómez, y don Hipólito estaba trabajando como voluntario por ser usuario”.
(10) “Preguntado: Dígale al juzgado si en la construcción de la brecha, se habían tomado las debidas precauciones a efectos de salvaguardar la integridad de los trabajadores. Contestó: Si[sic], lo que pasó ese antes (sic), como ya se nos había ido un pedacito entonces hicimos o le pusimos tablas para que no se nos siguiera desmoronando, o sea que la mitad estaba asegurada el otro pedazo no, pero nunca pensamos que se nos fuera a ir ese pedazo, él ese día estaba trabajando por cuenta de él para tener derecho al acueducto de la casa de él (...) Preguntado: Sírvase decir según su conocimiento por qué razón se derrumbó el trecho de la brecha donde murió el señor Hipólito. Contestó: Pues porque él partió para el lado precisamente donde no estaba asegurado, donde no habían tablas y pues también por el peso de la tierra, porque había arta (sic)”.
(11) “Preguntado: Dígale al Juzgado que tipo de seguridad habían adoptado para tal obra. Contestó: No, no, teníamos ninguna, estábamos trabajando ahí a la voluntad de Dios (...). Preguntado: Se dice en las presentes diligencias que el encargado de la obra era el señor Antonio Pérez Barragán, y que él dejó indicación de trabajar ese día en otro sitio, donde se iniciaba a abrir la brecha por lo cual, el trabajo en el sitio del insuceso, diga cuanto le conste al respecto (sic). Contestó: No, él no estuvo ese día allá él era el contratista, y él a su vez tenía maestro allá y el maestro nos decía que hacer, y como habíamos estado trabajando el día anterior pues estuvimos o seguimos trabajando en lo mismo, y no hubo orden de no seguir trabajando ahí, porque como no había pasado nada”.
(12) “Eso, pues resulta que nos pusieron a trabajar en esa chamba para hacer un alcantarillado de aguas negras y resulta que los maestros no tuvieron la precaución de atrancar bien eso inclusive a 6.30 cemtros (sic) en un tiempo tan malo que estaba lluvioso el finado estaba escarbando allá abajo, en compañía de Leopoldo Ignacio Gómez y Remigio Bolaños, cuando se derrumbó un lote de tierra de la misma zanja y los tapó, de eso yo estaba trabajando a donde ellos estaban como a unos 60 cms ya se derrumbó y se oyó la alarma que ellos los había tapado la tierra, quedando tapados ellos en lo profundo que los sacáramos de por Dios ligero, en esas se escuchaban todos tres y nos pusimos a escarbar y sacamos a dos vivos y uno muerto, y fue pues don Hipólito Sambony (sic) Muñoz. Preguntado: Dígale al Juzgado quienes eran los maestros como usted lo indica, o si por el contrario había un ingeniero que estaba dirigiendo la construcción. Contestó: El maestro era un tal Roso que no le sé el apelativo, y el otro era no recuerdo bien tampoco, y ellos eran mandados por un contratista, pero no eran ingenieros solo maestros. Preguntado: Dígale al Juzgado si los maestros como usted dice les había (sic) advertido del peligro que había ahí, o les había (sic) dado órdenes que dicho día no trabajaran por el peligro en dicho (sic) chamba. Contestó: Nadie nos dijo, nada ellos no nos dijeron nada, ellos no nos dijeron nunca eso ni nada, por eso seguimos trabajando”.
(13) “Preguntado: Dígale al Juzgado si los maestros en algún momento les advirtieron que no trabajaran ahí porque había peligro. Contestó: Ellos no nos dijeron nada, que nunca les advirtieron del peligro, que pues como nosotros estuvimos trabajando desde el centro para allá. Preguntado: Dígale al Juzgado si más sin embargo ustedes o los maestros habían tomando[sic] las precauciones respectivas para dicha construcción. Contestó: Nosotros seguimos trabajando sin ninguna precaución, ya cuando pasaron los hechos fue que trancaron”.
(14) “No en el momento del accidente no se encontraba el contratista don Antonio Pérez, solo se encontraba Gustavo Alvárez, y no nos habían advertido de nada, nosotros no habíamos tomado ninguna medida de protección (...) Preguntado: Dígale al juzgado si es verdad que el señor contratista, señor Antonio Pérez Barragán, les había dicho a todos los trabajadores que no debían trabajar en el sitio, que trabajaran en otro tramo, mientras él venía al pueblo a llevar madera, y que ustedes como trabajadores y por imprudencia de los mismos siguieron trabajando como si nada. Contestó: La versión esa yo la desconozco posiblemente el haya hablado con el maestro que dirigía, pero pues lo que si me consta es que él estaba consiguiendo madera para hacer o para trancar la tierra, para hacer atajos, pero yo no escuché cuando él dijo aquí o allí no trabajen (...) realmente esa advertencia yo no la escuché, yo personalmente no la escuché, y vuelvo a insistir que estábamos trabajando muy confiadamente, y no hubo ninguna advertencia. Preguntado: Sírvase decir si ustedes o que tanto por ciento del alcantarillado había sido entibado hasta el momento de los hechos. Contestó: Yo pienso que el 15%, por ese quince por ciento está representado en terreno movible, desleable y consideramos que el resto era un terreno muy seguro, y por eso no nos preocupábamos”.
(15) “Habíamos tres oficiales allá, era mi hermano Juan Carlos Álvarez y no recuero el nombre, mejor dicho era Roso porque no le sé el apellido, cuando yo llegue a trabajar allá el encargado de mandar la gente era don Roso, pero el que estaba encargado de la obra era don Antonio Pérez Barragán (...). Allá como eran terrenos firmes y estaba haciendo verano y uno podía bajar hasta 7 metros de profundidad y no pasaba nada, y pues como ya había habido un derrumbe estábamos consiguiendo madera para eso, pero precauciones en si ninguna”.
(16) “Dígale al juzgado si a ustedes o ustedes como maestros o encargados de dirigir la obra estaban advertidos del peligro que había al seguir trabajando en el tramo en el que resultara muerto don Hipólito. Contestó: Si nosotros estábamos advertidos, y la gente también estaba advertida pero como era una obra comunitaria ellos querían terminar ligero, pero pues la verdad no recuerdo que yo le haya advertido a la gente, se sabía pero advertencia clara que en tal o cual pedazo habría peligro eso si no”.
(17) Artículo 1º del Decreto 1842 de 1991: “Para los efectos del presente decreto se entenderá por servicios públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía local y telefonía de larga distancia nacional e internacional, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos y gas natural domiciliario”. Normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos.
(18) [3]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de octubre nueve (9) de mil novecientos ochenta y cinco (1985); C.P. Carlos Betancur Jaramillo; Referencia: Exp. 4556; Actora: Gladys Mamby de Delgado.
(19) [4] En similar dirección puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de trece (13) de febrero de dos mil tres (2003); C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Rad. 66001-23-31-000-1994-2605-01(12654); Actor: María Luciola Montenegro Calle y otros; Demandado: municipio de Pereira.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 76001-23-31-000-1995-02796-01(16089), actor: Diana Lucía Piedrahita y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consultar igualmente sentencias del 28 de noviembre de 2002, Exp. 17001-23-31-000-1993-9051-01(14397), actor: Ana María Marín de Galves y otros, C.P. Ricardo Hoyos Duque y del 3 de mayo de 2007, Exp. 05001-23-26-000-1994-00422-01(19420), actor: María Eugenia Jaramillo Cárdenas y otro, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(21) “Entrando en materia, en la actualidad, cuando se trata de Daños causados con armas peligrosas, el título de la falla presunta lo revaluó la jurisprudencia de esta sección, enfocándose en el título de riesgo por la actividad peligrosa. Dicho giro ha tenido su origen en las diferencias y en el manejo que ambos títulos jurídicos implican, pues la falla presunta supone respecto de la conducta la sola demostración del hecho dañoso, y quien lo imputa no tiene el deber de acreditar la anomalía (punto diferenciador con la falla probada), pero sí los otros elementos para la configuración de la responsabilidad: daño y nexo causal.
Por contraste, el tratamiento de la responsabilidad desde el título objetivo de imputación jurídica, parte respecto de la conducta de su no evaluación o calificación, “tan solo de la peligrosidad (la relación que existe entre el nexo causal de la actividad peligrosa y el daño)” (nota 2 de la sentencia que se cita: De Cupis. Adriano. El daño. Ed. Bosch. Reimpresión por Imprenta Universitaria de Bogotá. 1996, pág. 716.); dicho título se deriva en el origen del riesgo que asume quien, por voluntad o deber, se atreve a manejar elementos que en su estructura y/o en su actividad conllevan peligro” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 73001-23-31-000-1997-04725-01(15127), actor: Mercedes Herrera y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Consultar igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2004, Exp. 63001-23-31-000-1997-04420-01(15088), actor: Israel Cruz Rodríguez y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 05001-23-24-000-1994-02073-01(17927), actor: Elizabeth Pérez Sosa y otros, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
(22) En cuanto a la utilización de títulos o regímenes de imputación aplicados por esta corporación cuando se analizan daños causados por obras públicas, revisar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2002, Exp. 17001-23-31-000-1993-9051-01(14397), actor: Ana María Marín de Galves y otros, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 3 de mayo de 2007, Exp. 05001-23-26-000-1994-00422-01(19420), actor: María Eugenia Jaramillo Cárdenas y otro, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 76001-23-31-000-1995-02796-01(16089), actor: Diana Lucía Piedrahita y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 29 de enero de 2009, Exp. 66001-23-31-000-1997-03728-01(16689), actor: María Elena Bustamante Ayala y otros, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
(23) “Tratándose de la ejecución de obras públicas la jurisprudencia ha manejado distintos regímenes de responsabilidad según sea la calidad de la víctima que sufre el daño, el operador, es decir la persona que ejecuta la obra, el usuario o el tercero, bajo el entendido que si se trata del operador que ejecuta una obra pública en beneficio de la administración, el régimen aplicable sería el de la responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación de la falla del servicio. En cambio, por regla general, un tratamiento distinto operó si la víctima del daño era el usuario o el tercero, porque en estos casos el régimen adecuado sería el de la responsabilidad objetiva, y en este escenario, en algunas oportunidades privilegió el título de imputación del riesgo creado y en otros casos habló del daño especial por el rompimiento del principio de igualdad antes las cargas públicas”.
(24) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Exp. 66001-23-31-000-1997-03728-01(16689), actor: María Elena Bustamante Ayala y otros, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(26) Se advierte que en los casos en que ha sido demandada la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de una falla en la prestación del servicio, respecto de la cual su ocurrencia es evidente conforme a las pruebas allegadas al expediente, el estudio del caso concreto en específico debe ser desarrollado conforme a dicho título de imputación, con el fin de señalar el error cometido por la administración y por ende, prevenir que vuelva incurrir en el mismo. Al respecto, la Sala ha dicho: “Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente (nota n.º 12 de la sentencia en cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.)”. Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, Exp. 25000-23-26-000-2000-02130-01(24071), actor: Rosa Elena Herrera Carrillo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(27) Artículo 3º del Decreto 1842 de 1991: “Toda persona o grupo de personas tienen derecho a solicitar y obtener los servicios públicos domiciliarios. Bastará la prueba de la habitación de personas para ser titular del derecho. La prueba de la habitación podrá efectuarse mediante cualesquiera de los medios previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil”.
ART. 5º ibídem: “Las empresas o autoridades que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural domiciliario, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos y teléfonos, no podrán exigir requisitos adicionales al de la prueba de la habitación de personas para la prestación del respectivo servicio. En particular se abstendrán de exigir los documentos que prueben la titularidad del dominio sobre el inmueble”.
(28) Aprobado por la Ley 23 de 1967 y ratificado el 4 de marzo de 1969. Al respecto se debe tener en cuenta que de conformidad con lo contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”.
(29) El artículo 2º del convenio mencionado señala: “A los efectos del presente convenio, la expresión “trabajo forzoso u obligatorio” designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. El mismo artículo incluye eventos en los cuales no es posible entender que se configure el trabajo forzoso u obligatorio, circunstancias que no resultan equivalentes a las del caso concreto. Toda vez que según puede inferirse de los testimonios practicados en el proceso, el trabajo desarrollado por los obreros voluntarios tenía como fin el acceso al servicio público domiciliario de alcantarillado —sin que percibieran remuneración alguna—, para la Sala resulta diáfano que se incurrió, así sea en parte, en la práctica censurada referida, por cuanto de no ayudar en la construcción, los habitantes de la vereda Salto de Bordones se verían imposibilitados al acceso de un servicio que les resultaba mínimo e indispensable para garantizar su existencia digna y, en ese orden de ideas, su consentimiento u ofrecimiento voluntario no fue plenamente libre, lo cual implica que tampoco fue del todo espontáneo.
(30) Artículo 2º de la Ley 9a de 1989:” El artículo 34 del Decreto-Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), quedará así: Los planes de desarrollo incluirán los siguientes aspectos:
3. Un programa de inversiones que incluirá primordialmente los servicios de suministro de agua, alcantarillado, energía, gas, teléfono, recolección y disposición técnica de basuras, vías y transporte, empleo, vivienda, educación, salud, seguridad pública, recreación, suministro de alimentos y otros, según las condiciones especiales de cada entidad territorial; (...)”.
ART. 5º ibídem: “Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos (...)”.
ART. 7º ibídem: “Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear de acuerdo con su organización legal, entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores”.
ART. 367 de la Constitución Política: “La ley fijara las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. // Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación”.
(31) Artículo 207 del CCA: “Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo siguiente: (...) 5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven”.
(32) De conformidad con el artículo 177 del CPC.; ver nota 23.
(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), actor: Eduardo Rojas Quinche y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(34) “De conformidad con lo anterior, se tiene que está debidamente establecido el parentesco existente entre el señor Nelson Méndez Rodríguez (occiso) y los demandantes a quienes al a quo reconoció perjuicios morales: cónyuge supérstite e hijo del primero. Ello al tenor de los artículos 1º, 54, 101, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, que señalan que cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad y, no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2003, Exp. 25000-23-26-000-1999-00631-01(25020), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(35) Al respecto, se recepcionaron los siguientes testimonios: “La señora propia era doña Magdalena Muñoz, hija de matrimonio Marined Sambony (sic), hijos naturales Amadeo Díaz y Florentino Díaz, hijos de otra señora y los hermanos de don Hipólito, Antonino, Alejandro, Antonio (sic), Gabriel (sic) Sambony (sic), Georgina Sambony (sic)), ellos son todos y los tengo presentes. Preguntado: Sírvase decir cómo era la relación familiar y espiritual que existía entre Hipólito, sus hijos, su señora y sus hermanos. Contestó: Lo único que sí le sé decir es que esa familia es una familia buena, ellos no tienen tacha ninguna (sic) para con la gente, y ellos eran muy unidos, y sufrieron mucho porque ellos eran muy buenos, y don Hipólito ese señor era superbuenagente (sic), servicioso (sic) en lo que él podía. Preguntado: Sírvase decir si Amadeo y Florencio Díaz vivían en el hogar de don Hipólito y doña Magdalena, y si ellos les daban la crianza como si fueran sus propios hijos. Contestó: No ellos o vivían juntos, ellos vivían con sus mamás, pero ellos bajaban ahí a la casa de don Hipólito, y se les veía como hijos de él y en la vereda se sabe que son hijos de don Hipólito”. Declaración del señor Jesús Antonio Buitrón Joaqui —habitante de la vereda Salto de Bordones, quien conoció al difunto por aproximadamente 18 años—, obrante en folio 129 del cuaderno 1.
“La esposa de él pues era doña Magadalena[sic] Muñoz, los hijos en la mujer propia tiene una mujer que se llama Marina (SIC), y Amadeo y Floro que son hijos de don Hipólito (...)”. Declaración de Remigio Bolaños Gallardo —vecino del occiso a quien conoció por aproximadamente 20 años—, obrante en folio 130, cuaderno 1.
“Sí señor, a la señora que se llama Magdalena Muñoz, los hijos Amadeo y el otro Floro, y la hija Marined (...). Preguntado: Dígale qué personas componían el grupo familiar del finado (...). Contestó: Pues la esposa, la hija, y los muchachos se la pasaban ahí también en la casa de ellos, o sea Floro y Amadeo, y velaba por ellos pues don Hipólito, porque les ayudaba para el estudio y todo (...). Preguntado: Sírvase informar a este despacho cual fue el impacto moral que produjo en el núcleo familiar la muerte de don Hipólito. Contestó: Los hijos ellos sufrían mucho y quedaron ahí con doña Magdalena, y pues como él era el que trabajaba para mantenerlos, era un hombre muy trabajador”. Declaración de la señora Sixta Tulia Gaviria —amiga de la familia del occiso—, obrante en folio 130 del cuaderno 1.
(36) “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 q del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(37) En consideración a que los señores Alejandro, María Antonia y Antonino Samboni Muñoz nacieron en los años 1929, 1930 y 1933, respectivamente, las partidas de bautismo en que consta quiénes son sus padres y en virtud de la cuales se puede concluir que son hermanos del occiso, tienen idéntica validez probatoria a los registros civiles de nacimiento, en la medida en que aún no regía la Ley 92 de 1938, vigente desde el 16 de junio de 1938 y, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 57 de 1887. El artículo en comento señaló: // “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales”. Al respecto, esta corporación se ha manifestado en el siguiente sentido: “Dichas reglas pueden sintetizarse como aparece a continuación: // 1º. Respecto de los hechos y actos relacionados con el Estado civil ocurridos al amparo de la Ley 57 de 1887, vigente desde el 21 de abril de 1887 hasta el 15 de junio de 1938, tanto las actas del registro civil como las partidas eclesiásticas tienen idéntica eficacia probatoria (art. 22). // 2º. Respecto de los hechos y actos relacionados con el Estado civil ocurridos al amparo de la Ley 92 de 1938, vigente desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970, las actas del registro civil son pruebas principales, en tanto que las partidas eclesiásticas son pruebas supletorias (arts. 18 y 19). // 3º. Respecto de los hechos y actos relacionados con el Estado civil ocurridos al amparo del Decreto-Ley 1260 de 1970, vigente desde el 5 de agosto de 1970, solo el registro civil es admisible como medio de prueba (art. 105), en tanto que las pruebas supletorias a las que se refería la normatividad anterior “podrían obrar hoy solo ante los funcionarios competentes del registro civil, para efectos de reconstruir el registro o abrir uno nuevo” (nota 16 de la sentencia en cita: “Sentencia del 8 de marzo de 2004. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Exp. 21501”.)”. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2008, Exp. 11001-03-28-000-2006-00062-00(3996-3998), actor: José Antonio Quintero Jaimes y otro, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(38) “En este caso se encuentran acreditadas, mediante los registros civiles de nacimiento de los demandantes, las relaciones de parentesco de los padres y de los hermanos del hoy occiso Hugo Darío Santana Contreras, a partir de las cuales puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que estos tenían un nexo afectivo importante con su hijo y hermano, el cual determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, aquellos sufrieron un profundo pesar con la muerte de este; puede inferirse, igualmente, que las personas más afectadas fueron sus padres, dada la naturaleza de la relación paternal que normalmente se establece entre personas que tienen esos vínculos familiares o de parentesco. Bastan, entonces, las pruebas del Estado civil aportadas al proceso para que esta Sala considere demostrado, indiciariamente, el daño moral reclamado por los demandantes.
En materia de perjuicios morales ha[sic] Sala ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero que corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en un mayor grado de intensidad, es decir para el caso de los padres y 50 salarios mínimos para los hermanos, teniendo en cuenta el grado de familiaridad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 47001-23-31-000-1995-03986-01(16413), actor: Judith Monterrosa y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(39) “Él era agricultor, y en ese tiempo se ganaba uno por ahí unos $ 5.000 diarios, o sea más o menos unos $ 150.000 al mes, y él era la persona que respondía por el hogar”. Testimonio del señor Jesús Antonio Buitron Joaqui obrante en el folio 129 del cuaderno 1. “En ese tiempo el jornalito estaba a $ 4000 me parece, y trabajaba todos los días, y él era la persona que respondía íntegramente por el hogar”. Testimonio del señor Remigio Bolaños, obrante en folio 130 del cuaderno 1.
En relación con los anteriores testimonios, conviene precisar que no resulta admisible tener por cierto su dicho en cuanto al monto de los ingresos económicos de la víctima para el momento de su fallecimiento —además de que al respecto presentan divergencias—, comoquiera que solo se constituyen en apreciaciones personales de los deponentes, sin que dichas aseveraciones tengan la potencialidad de demostrar lo que efectivamente ingresaba al patrimonio del occiso por dicho concepto, máxime cuando no se allegó otro medio probatorio que las soportara. Al respecto se debe tener en cuenta la libertad de que goza el juez para asignar el mérito probatorio de las pruebas puestas a su consideración, de manera conjunta y bajo los postulados de la sana crítica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de CPC.
(40) “De las anteriores pruebas no se puede deducir el monto exacto de los ingresos del occiso y menos aún el porcentaje que de estos dedicaba a gastos personales y familiares, por lo tanto es necesario aplicar las reglas de la experiencia, como tradicionalmente ha venido haciéndolo la corporación. En efecto, aplicando dichas reglas, no se puede afirmar que la víctima dedicaba todos sus ingresos a la sobreviviente, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 66001-23-31-000-1995-2807-01(13227), actor: Margarita Álvarez Lozano, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(41) El salario mínimo legal para el año de 1992 era de $ 65.190, valor que al ser actualizado lleva a la cifra de $ 426.213,20.