Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-02765-de-noviembre-15-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_db368e6b44950030e0430a0101510030&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 19:24:34
Document Index: 395553932

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 154', 'artículo 50', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 41', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'Artículo 125']

﻿ Sentencia 2002-02765 de noviembre 15 de 2012
SENTENCIA 2002-02765 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:SUPRESIÓN DE EMPLEOS DE ENTIDADES PÚBLICAS CONFORME A ESTUDIOS TÉCNICOS. LA SUPRESIÓN DE EMPLEOS SE DEBE COMPRENDER COMO UNA CAUSA ADMISIBLE DE RETIRO DEL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE ENCUENTRA SU SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE ADECUAR LAS PLANTAS DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO. LA ADMINISTRACIÓN, POR MOTIVOS DE INTERÉS GENERAL LIGADOS A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PUEDE ACUDIR A LA SUPRESIÓN DE CARGOS EN UNA ENTIDAD, SIN QUE PUEDAN OPONÉRSELE LOS DERECHOS DE CARRERA DE LOS FUNCIONARIOS, YA QUE, ÉSTOS DEBERÁN CEDER ANTE EL INTERÉS GENERAL. SIN EMBARGO, PARA LA MODIFICACIÓN DE CUALQUIER PLANTA DE PERSONAL SE DEBE CONTAR CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS QUE LA JUSTIFIQUEN, PERO ADEMÁS DE SU CONFECCIÓN, DICHOS ESTUDIOS TIENEN QUE ESTAR BASADOS EN METODOLOGÍAS DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL QUE CONTEMPLEN UNO O VARIOS DE LOS ASPECTOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 154 DEL DECRETO NO. 1572 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPRESIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, PROCESO DE SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS
PONENTE:ALVARADO ARDILA, VÍCTOR HERNANDO
Sentencia 2002-02765 de noviembre 15 de 2012
Ref.: Expediente 050012331000200202765 01-
Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila
Nº interno: 1400-2012-
Actor: Gonzalo de Jesús Montoya Montoya - Autoridades departamentales -
Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil doce.
Previamente a definir el problema jurídico por resolver se requiere efectuar algunas precisiones que delimitan la competencia a ser asumida por esta Sala como juez de segunda instancia, teniendo en cuenta que la decisión del a quo fue inhibitoria frente al oficio recibido el 7 de febrero de 2002. En tal sentido, entonces, debe determinarse si frente a dicho acto procede el estudio de legalidad.
Para tal objeto, se hará un recuento del trámite adelantado por el ente territorial para suprimir el cargo del señor Gonzalo de Jesús Montoya Montoya, y así, comprobar si es viable analizar el citado acto mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Del proceso de supresión de cargos:
• Por medio de la Ordenanza 11 de 27 de junio de 2001, la asamblea departamental autorizó al gobernador del departamento de Antioquia, por el término de 6 meses, para definir y determinar la estructura orgánica del orden central del departamento y de los establecimientos públicos adscritos, creando, suprimiendo y fusionando dependencias y unidades administrativas (fls. 37-39).
• En virtud del acta 045 de 9 de octubre de 2001, el comité de evaluación de oficios, previo análisis de la planta de cargos propuesta por la reestructuración de la administración departamental, nivel central, recomendó la supresión de algunos cargos de la planta de personal, entre ellos, de 6 supervisores código 545-2-7 (fls. 28-31).
• A través del Decreto 1983 de 10 de octubre de 2001, expedido por el gobernador del departamento de Antioquia en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza 011 de 27 de junio de 2001, se “... determina la nueva estructura orgánica de la administración departamental del orden central, se definen las unidades administrativas que conforman los organismos, la planta de cargos globalizada, y se asigna a cada organismo de la administración departamental, su respectiva planta de cargos”. En su artículo 50 estableció (fls. 49-105):
“El gobernador del departamento dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia de este decreto, incorporará a la nueva planta de cargos a los funcionarios que como consecuencia de la reforma administrativa ocupen cargos que hayan sido trasladados o reubicados de un organismo a otro, y los funcionarios cuyos cargos continúen adscritos en la misma secretaría, departamento administrativo o gerencia según el caso; los cuales no requerirán de nueva posesión, ni acreditación de nuevos requisitos y sin solución de continuidad”.
• Mediante Decreto 1984 de 10 de octubre de 2001 el gobernador causó novedades en la planta de cargos de la administración departamental, una de las cuales fue suprimir 6 cargos de supervisor, código 545-2-7. Dicha decisión la fundó, entre otras, en la siguiente consideración (fls. 79-82 del Exp.):
“F. El comité de evaluación de oficios en reunión efectuada el día 9 de octubre de 2001, según consta en el acta 045 de 2001, recomendó se produjeran dichas novedades”.
• En virtud del Decreto 2102 de 6 de noviembre de 2001, la misma autoridad administrativa, modificó en algunos apartes el Decreto 1983 de 10 de octubre de 2001 (fls. 110-142).
• Por medio del Decreto 2320 de 6 de diciembre de 2001, tomando como sustento los cuerpos normativos anteriormente referidos, se le suprimió el cargo de supervisor, código 545, nivel 2, grado 7 al señor Gonzalo de Jesús Montoya Montoya (fls. 230-240).
• Mediante documento obrante a folios 6 y 7 del expediente(3), suscrito por la directora de personal del departamento de Antioquia, se le comunicó al actor que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1984 de 10 de octubre de 2001 y mediante el Decreto 2320 de 6 de diciembre del mismo año; se había dispuesto la supresión de su cargo. En dicho Oficio además de informarle el derecho que le asistía a optar entre ser reincorporado o recibir una indemnización, se agregó:
“Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se continuarán (sic) a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo”.
Realizado el anterior recuento, es pertinente mencionar, que la Sala no comparte la decisión del a quo de inhibirse frente al oficio que fue recibido por el actor el 7 de febrero de 2002, como quiera que esta corporación(4), ha sostenido que dicho acto es un acto integrador del principal, en la medida en que comunicó la decisión de supresión, de hecho, no solo es el medio que le permite a la supresión ser eficaz, sino también, es el mecanismo por el cual se da a conocer el acto principal; además, que este se constituye en un parámetro para efectos de establecer el término de caducidad.
Por tal motivo, se ha señalado que no puede considerarse que frente a esta tipología de oficios opere la inhibición del juez para efectuar un pronunciamiento de fondo, pues en casos como este ellos integran el acto principal y corren su misma suerte.
Así las cosas, la comunicación de la decisión no comporta una mera prueba del conocimiento de la decisión principal, sino que le da eficacia y validez al acto administrativo definitivo. Es decir, que sin los actos integradores, la voluntad de la administración no es completa, por ello, puede ser objeto de la acción contenciosa, el acto de ejecución que se viene como el denominado acto integrador del principal.
Se insiste, el acto administrativo no se limita, únicamente, a la decisión consciente y explicita de la “administración” sino que, también, la integran las actuaciones que tienden a la concreción de su voluntad; en otras palabras, debe reconocerse que esta manifestación no se compone solo por la voluntad exteriorizada para la producción de un acto administrativo, sino también por otros aspectos que no necesariamente son producto de la determinación declarada pero que si contribuyen a su ejecución.
La anterior posición, además, consulta principios y deberes constitucionales que implican la evasión del fallador a las decisiones inhibitorias y, por supuesto, privilegia el derecho sustancial frente al formal.
Por este aspecto, en consecuencia, se revocará la decisión del tribunal de inhibirse frente al oficio referido, y, en su lugar, se procederá a efectuar un pronunciamiento de fondo frente al mismo.
Del fondo del asunto
El problema jurídico por resolver se contrae a determinar la legalidad del retiro, por supresión de cargo de supervisor, código 545, nivel 2, grado 7, adscrito a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el cual venía ejerciendo el señor Gonzalo de Jesús Montoya Montoya. Para ello deberá establecerse, fundamentalmente, si el proceso de restructuración estuvo precedido de un verdadero estudio técnico, o si por el contrario, la desvinculación del actor obedeció a razones distintas a las del mejoramiento del servicio.
• De acuerdo con el certificado de empleo Nº 84074 de 2 de diciembre de 1996, se evidencia que el señor Gonzalo de Jesús Montoya Montoya fue nombrado por medio del Decreto 5739 de 15 de noviembre del mismo año, para que se desempeñara como supervisor de bodega, nivel 2 grado 7, adscrito a la “FLA”, en periodo de prueba (fl. 3).
• El 20 de octubre de 1997, la secretaria de la Comisión Seccional del Servicio Civil del departamento de Antioquia, certificó que el demandante había sido inscrito en el registro de empleados de carrera administrativa en el cargo de supervisor de bodega, código 2, grado 7. Para ello indicó, que la anotación se había realizado en el folio 1044 y número de Orden 26076 (fl. 5).
• A folios 8 a 25 se encuentran las diferentes calificaciones por evaluación de desempeño, mientras que estuvo ocupando el cargo de supervisor.
• El 9 de octubre de 2001, la dirección técnica de análisis y diseño organizacional, conformado por el gobernador de Antioquia y los secretarios de hacienda, general y recurso humano, dispuso suprimir el cargo de supervisor, código 545-2-7, entre otros. (fls. 32- 35).
Establecido lo anterior, el asunto objeto de litigio se abordará en el siguiente orden: i) De la supresión de cargos; ii) Del caso concreto.
i. De la supresión de cargos
De conformidad con el inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe ejercerse consultando el bien común y el interés general, es decir, persiguiendo los fines propios de un Estado social de derecho, en especial los consagrados en el artículo 2º de la misma Carta. Al respecto, reza la citada disposición:
“ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Ahora bien, uno de los mecanismos idóneos en pro de la consecución de una adecuada función administrativa es precisamente la consolidación de la carrera como sistema técnico de administración de personal, que guía no solo el ingreso al servicio sino también su permanencia y retiro(5); garantizándose, además, la estabilidad laboral, a la luz de los artículos 25, 53 y concordantes de la Constitución Política; la mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a cargo del Estado; y, la igualdad de oportunidades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 numeral 7º ibídem.
El artículo 2º de la Ley 443 de 1998, por su parte, además de los principios rectores del artículo 209 de la Constitución Política, estableció que la carrera administrativa debe desarrollarse fundamentalmente con base en los principios de igualdad y del mérito, entendiendo por el segundo de ellos que “... el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el ascenso estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y la experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los empleados que pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella”.
Dentro de esta concepción, la supresión de empleos se debe comprender como una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades públicas a los requerimientos del servicio.
Así, cuando se retira a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, se hace porque el empleo específico fue suprimido por un acto administrativo, lo que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o disminuye, o en la nueva planta de personal no subsisten empleos con funciones iguales o equivalentes a los cuales pueda incorporarse el funcionario. Así lo ha indicado la Sección Segunda de esta corporación(6):
“Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos”.
La administración, en síntesis, por motivos de interés general ligados a la eficacia y eficiencia de la función pública puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, ya que, estos deberán ceder ante el interés general, como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz:
“No hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa implica para los empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo, sin embargo, esa sola circunstancia no obliga al Estado a mantener los cargos que estos ocupan, por siempre y para siempre, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos. La estabilidad, como tantas veces se ha dicho, “no significa que el empleado sea inamovible, como si la administración estuviese atada de manera irreversible a sostenerlo en el puesto que ocupa aun en los casos de ineficiencia, inmoralidad, indisciplina o paquidermia en el ejercicio de las funciones que le corresponden, pues ello conduciría al desvertebramiento de la función pública y a la corrupción de la carrera administrativa...’.
El derecho a la estabilidad, ‘no impide que la administración por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que pueda oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios ya que estos deben ceder ante el interés general’”.
Ahora bien, observa la Sala que las normas sobre carrera administrativa reconocen el derecho de los empleados inscritos en el sistema a ser incorporados en los cargos que se mantienen en la nueva planta, bajo determinadas condiciones, o a optar por una indemnización, conforme a lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley 443 de 1998 y 137 del Decreto 1572 del mismo año.
Estas opciones, así como el establecimiento normativo de un proceso detallado y riguroso a adelantarse previamente a la toma de decisión de la supresión de cargos en una entidad, ha de entenderse como la garantía de los derechos del personal llamado a quedar cesante en procesos en los que el interés general prevalece.
Específicamente el artículo 41 de la Ley 443 de 1998(7), vigente a la fecha en que se efectuó el proceso de reestructuración en el departamento de Antioquia, reguló la reforma de la planta de personal con base en los siguientes términos:
“ART. 41.—Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia o profesionales en administración pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional incluidos sin excepción los establecimientos públicos, y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Por otra parte, el Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la mencionada ley, en su artículo 148 reitera las exigencias contempladas en la norma transcrita, así:
“ART. 148.—Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren”.
Ahora bien, el Decreto 2504 de 1998, que modificó algunos artículos de la anterior norma, en sus artículos 7º y 9º dispuso:
“ART. 7º—Modifícase el artículo 149 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:
ART. 149.—Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:
1. Fusión o supresión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. Introducción de cambios tecnológicos.
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.
PAR.—Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.
ART. 9º.—Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:
ART. 154º.—Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados”.
De los artículos transcritos se deduce que para la modificación de cualquier planta de personal se debe contar con los estudios técnicos que la justifiquen, pero además de su confección, dichos estudios tienen que estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen uno o varios de los aspectos consagrados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998.
ii. Del caso concreto
Fijado el marco normativo aplicable al presente asunto, procede la Sala a analizar cada uno de los argumentos planteados por la entidad accionada, específicamente, en lo relacionado con el estudio técnico, pues en su sentir, este cumplió con todos los requisitos legales.
De cara a dicho planteamiento, se encuentra un documento a folios 28 a 31, del cual se desprende lo siguiente
“Acta 045
Comité de evaluación de oficios
Fecha: 9 de octubre de 2001.
Hora: 8: 00 horas
Lugar: Despacho del secretario del recurso humano.
Asistentes: Doctor Jorge Alonso Turbay Ceballos
Secretario del recurso humano
Doctor Iván Echeverry Valencia
Doctor Carlos Wolff
Doctor José Fernando Montoya Ortega
Juan Manuel Restrepo Velez
Secretario de gobierno y apoyo ciudadano
Doctor Alberto Medina Aguilar
Director técnico de análisis y diseño organizacional
El doctor Jorge Alonso Turbay Ceballos, inició la reunión del comité de evaluación de oficios, con la lectura del orden del día establecido para esta reunión, así:
1. Instalación del comité por parte del secretario del recurso humano.
2. Análisis de la planta de cargos propuesta por reestructuración de la administración departamental nivel central.
Una vez analizada la solicitud de la secretaria del recurso humano, el comité recomendó:
Suprimir en la planta de cargos de la administración departamental las siguientes plazas de empleo, así:
Nº plazas Nombre del cargo Código
6 Supervisor 545-2-7
Siendo las 9:30 horas se dio por terminada la sesión” (destacado de la Sala)
Así mismo, encuentra la Sala a folios 32 a 35, un documento denominado “Estudio técnico, para modificaciones a la planta de cargos”, de la dirección técnica de análisis y diseño organizacional, en la que se lee:
— Fecha: 9 de octubre de 2001;
— Tipo de modificación: supresión;
— Fundamentos de la modificación: Razones de modernización de la administración;
— Cargos objeto de estudio: 6 supervisor , 545-2-7(8)
— Causas que motivaron la modificación: traslado de funciones o competencias de un organismo a otro; supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones; redistribución de funciones y cargas de trabajo; y, racionalización del gasto público.
— Justificación técnica:
“... Apoyados en la identificación de competencias reales y en el análisis de los procesos y productos generados en cada uno de los organismos, el diagnóstico institucional evidenció la necesidad imperiosa de transformación organizacional que soportará la gestión pública, a través de un ente altamente flexible y ágil en su dinámica operacional, erradicando la superposición de funciones y responsabilidades, la existencia de estructuras redundantes y los altos costos de funcionarios, llevando a la implantación de la cultura del servicio y el mejor aprovechamiento del talento humano.
Con base en los planteamientos anteriores, en las guías expedidas por la función pública y en las metodologías organizacionales existentes, se diseñó el proyecto de reestructuración que fue realizado en el periodo comprendido entre junio 28 y octubre 8, con las siguientes etapas:
• Conformación e institucionalización de comités.
• Diagnóstico de la situación actual.
• Redefinición de estructural (sic) organizacional.
• Propuesta de la nueva estructura orgánica.
Finalmente se ajustó la planta de cargos determinada para cada organismo, de acuerdo a la competencia que cada uno de ellos debía desarrollar, para ello se tuvo en cuenta los perfiles de los cargos requeridos frente a los procesos y funciones a desempeñar, tendiente a la profesionalización de la entidad.
Por lo anterior se hace necesario suprimir plazas de empleo antes mencionadas, quedando la administración departamental con una adecuada cantidad de talento humano altamente calificado, con la capacidad necesaria para dirigir, planificar, coordinar y ejecutar los programas, planes y proyectos estratégicos que tengan que ver con el marco legal vigente.
De los citados documentos se deriva, que el primero recomienda suprimir de la planta de personal ciertos cargos, y el segundo, justifica la supresión de unas plazas argumentando la racionalización del gasto público y la redistribución de funciones y cargas de trabajo; sin embargo no se explica cómo se configuró cada una de ellas dentro de la situación de cada dependencia.
De igual forma, del análisis del primer documento, se concluye que en él se hace una sugerencia, sobre la supresión de algunas plazas. Concretamente, en el acta 045 de 9 de octubre de 2001, suscrito por el comité de evaluación de oficios se efectúa una recomendación final; la cual no goza del respaldo jurídico y concreto, pues no se puede determinar las razones o motivos que se tuvieron en cuenta para adoptar las propuestas efectuadas por cada una de las dependencias del departamento.
Por ende, y de acuerdo con los documentos arriba señalados, encuentra la Sala que no es posible afirmar la existencia de los estudios técnicos que soportaron el proceso de reestructuración llevado a cabo al interior de la entidad demandada, pues solo existe un documento que dice “estudio técnico”, sin que los mismos consagren alguno de los ítems establecidos en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, tal y como lo había concluido la Sección en uno de los fallos referenciados(3):
“Sin embargo en los documentos mencionados no se encuentra acreditado que haya existido análisis de alguno de los puntos establecidos por el artículo 154 del Decreto 1572 de 2001, pues de su contenido no se deduce que aquellos puntos hayan sido objeto de estudio y aunque se habla del diagnóstico de la situación actual, no se indica qué aspectos se contemplaron, para llegar a la conclusión de la necesidad de supresión de cargos.
Siendo así, del material probatorio allegado al plenario se colige que los estudios técnicos que sirvieron como fundamento para la modificación de la planta de personal llevada a cabo mediante Decreto 1984 de 2001 no cumplieron con los requisitos legales circunstancia que hace anulable el acto demandado, por desconocer uno de los presupuestos consagrados en la Ley 443 de 1998, en tanto se configura una expedición irregular del decreto acusado. La administración departamental no contaba con los respectivos estudios técnicos en los términos exigidos por la ley, situación que permite retirar del ordenamiento jurídico la decisión que afectó la situación laboral del demandante”(9).
Los razonamientos que anteceden le permiten a la Sala concluir, que el departamento de Antioquia no contó previo al proceso de restructuración, al que fue sometido, con un estudio técnico que le hubiera permitido identificar las supuestas deficiencias que venían afectando la adecuada y eficiente prestación de sus servicios. En efecto, se reitera que, ninguno de los documentos que se aportaron al expediente dan cuenta de la existencia de un análisis del perfil y la carga laboral de cada uno de los empleos de su planta de personal, así como tampoco de un análisis de los procesos técnico misionales y de apoyo de dicho ente territorial que concluyeran en la necesidad de suprimir un número determinado de cargos en dicha planta.
Por lo anterior, es posible afirmar, que al no contener dichos documentos los parámetros que establecen las normas pertinentes, ni las exigencias previamente reseñadas, dichas circunstancias hacen anulables los demandados, por desconocer uno de los presupuestos consagrados en la Ley 443 de 1998, en tanto se configura una expedición irregular de los decretos acusados. La administración departamental no contaba con los respectivos estudios técnicos en los términos exigidos por la ley, situación que permite retirar del ordenamiento jurídico la decisión que afectó la situación laboral del demandante por encontrarse acreditado el vicio de expedición irregular.
Al haberse comprobado la inexistencia de estudios técnicos, la Sala se releva de analizar los demás aspectos expuestos por la parte recurrente; y, en consecuencia, revocará el numeral primero de la sentencia recurrida, en cuanto se inhibió de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto del oficio recibido el 7 de febrero de 2002, para en su lugar declarar la nulidad del mismo. Adicionalmente se confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REVÓCASE el numeral primero de la sentencia de 22 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida dentro del proceso incoado por Gonzalo de Jesús Montoya Montoya contra el departamento de Antioquia, en cuanto se inhibió de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del Oficio recibido el 7 de febrero de 2002. En su lugar,
DECLÁRASE la nulidad del oficio recibido el 7 de febrero de 2001, por medio del cual se le comunicó al señor Gonzalo de Jesús Montoya Montoya que el cargo de Supervisor código 545, nivel 2, grado 7, que venía ejerciendo en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, había sido suprimido
CONFÍRMASE en lo demás el proveído impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(3) Recibido por el actor el 7 de febrero de 2002.
(4) Providencia de 26 de agosto de 2010, con ponencia de quien ahora lo hace en el presente asunto, Rad. 0283-2008.
(5) Artículo 125 de la Constitución Política.
(6) Sentencia de 6 de julio de 2006, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, actor Ómar Benito Páez Jaimes.
(7) “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial 43.320 de 11 de junio de 1998.
(8) Entre muchos otros.
(3)[sic]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2008, C.P. Alfonso Vargas Rincón, Exp. 2382-2007, actor: Luis Bernardo Sierra Posada.
(9) En el mismo sentido ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de: 12 de febrero de 2009, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicados internos 0086-2008 y 2370-2007; de 26 de febrero de 2009, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. interno 0821-2008; de 23 de abril de 2009, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. interno 0854-2008; y, de 4 de junio de 2009, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. interno 1536-2008.