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Timestamp: 2018-07-21 22:01:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 21', 'artículo 65', 'artículo 21', 'artículo 65', 'artículo 21']

Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales. TITULO VI. De las infracciones y sanciones
Vigencia desde 24 de Abril de 1993. Revisión vigente desde 24 de Abril de 1993 hasta 31 de Diciembre de 2003
Las infracciones en materia de servicios sociales darán lugar a las sanciones administrativas correspondientes, que impondrán los órganos competentes de la Administración autonómica, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales o de otro orden que pudiesen concurrir.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente ley se imputará a las personas físicas o jurídicas titulares de los distintos centros y servicios.
2. Dicha responsabilidad será exigible, en su caso, sin perjuicio de la que pueda derivarse del incumplimiento de la normativa laboral, civil, penal o de otra exigible.
3. En caso de que los hechos imputados pudiesen ser constitutivos de infracciones tipificadas en el Código penal habrá de suspenderse la tramitación del expediente hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones de las personas responsables que sean contrarias a las obligaciones establecidas en la presente ley o a través de las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, siempre que puedan subsumirse en alguno de los tipos establecidos en los artículos 61, 62 y 63 de la misma.
2. Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves atendiendo al riesgo causado al usuario, a la gravedad del perjuicio producido, a la trascendencia social de los hechos, a la cuantía de beneficio obtenido, al grado de intencionalidad y a la reincidencia.
A los efectos de la presente ley se entenderá por reincidencia la comisión de dos o más faltas en el período de un año que adquieran firmeza en vía administrativa.
1. Las meras irregularidades de carácter formal en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales.
2. La falta de higiene o limpieza que no comporte riesgo para la salud de los usuarios.
3. Las cometidas por negligencia simple, siempre que de las mismas no se deriven perjuicios para los beneficiarios o no impidan o dificulten el logro de los objetivos del servicio o centro.
4. Cualesquiera otras que vulneren lo dispuesto en la presente ley o en sus normas de desarrollo y no constituyan infracción grave o muy grave.
1. El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad en relación con la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
2. Desatender las necesidades básicas de atención sanitaria, así como las de higiene y limpieza que comporten riesgo o perjuicio a los usuarios.
3. No prestar el tratamiento técnico propio de la finalidad específica del centro o servicio, según las normas de homologación y acreditación de centros.
4. No comunicar inmediatamente a la autoridad judicial o administrativa competente el ingreso y la salida de los centros de servicios sociales en los casos en que legalmente proceda.
5. Iniciar las actividades en los centros o en la prestación de los servicios, así como la modificación sustancial de los mismos, sin la debida autorización administrativa.
6. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de las instalaciones en los centros.
7. Destinar las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a fondos públicos para fines distintos a los que se otorgaron.
8. Realizar actividades lucrativas en centros o servicios definidos como sin ánimo de lucro.
9. Impedir, obstaculizar o dificultar en cualquier forma la actividad inspectora de la Administración, así como no prestar la colaboración necesaria en el ejercicio de la misma.
10. Cualquier actuación dirigida a disminuir o anular los derechos de los trabajadores bajo la apariencia de voluntariado social.
11. El incumplimiento o falseamiento de las obligaciones relativas a los libros de contabilidad, altas, bajas, y comunicación de precios.
12. La reincidencia en la comisión de faltas leves.
1. Dispensar tratos discriminatorios, degradantes o incompatibles con la dignidad de los usuarios, así como la restricción injustificada en el ejercicio de sus libertades y derechos.
2. Vulnerar el derecho a la intimidad de los usuarios.
3. La prestación de servicios o actividades sociales tratando de ocultar o enmarcarar su verdadera naturaleza al objeto de eludir la aplicación de la legislación vigente en la materia. 4. La reincidencia en la comisión de faltas graves.
Calificadas las infracciones como leves, graves o muy graves, las sanciones se impondrán en los grados mínimo, medio o máximo, atendiendo a riesgo generado o al daño o perjuicio causado, a la intencionalidad y al beneficio obtenido.
1. Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente:
Multa de hasta 250.000 pesetas en los siguientes grados:
Mínimo: De 100.000 pesetas.
Medio: De 100.001 hasta 175.000 pesetas.
Máximo: De 175.001 hasta 250.000 pesetas.
Letra a) del número 1 del artículo 65 redactada por el artículo 21 de la [GALICIA] Ley 9/2003, 23 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («D.O.G.» 29 diciembre).
Multa de 250.001 hasta 1.000.000 de pesetas, en los siguientes grados:
Mínimo: De 250.001 hasta 500.000 pesetas.
Medio: De 500.001 hasta 750.000 pesetas.
Máximo: De 750.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
Letra b) del número 1 del artículo 65 redactada por el artículo 21 de la Ley [GALICIA] 9/2003, 23 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («D.O.G.» 29 diciembre).
Multa de 1.000.001 hasta 2.500.000 pesetas en los siguientes grados:
Mínimo: De 1.000.001 hasta 1.500.000 pesetas.
Medio: De 1.500.001 hasta 2.000.000 de pesetas.
Máximo: De 2.000.001 hasta 2.500.000 pesetas.
Letra c) del número 1 del artículo 65 redactada por el artículo 21 de la Ley [GALICIA] 9/2003, 23 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («D.O.G.» 29 diciembre).
2. En cualquier caso las sanciones graves y muy graves podrán conllevar
como accesorias las siguientes:
a) Cierre temporal:
Total o parcial, hasta un año, las graves.
Total o parcial, hasta dos años o definitivo, las muy graves.
b) Prohibición de la financiación pública por tiempo indefinido.
c) Inhabilitación para el desarrollo de funciones y actividades similares o para el ejercicio de cargos de carácter análogo hasta un plazo máximo de cinco años.
Las infracciones cometidas y las sanciones impuestas por las mismas prescribirán al cabo de uno, tres o cinco años desde la fecha de su comisión o de su imposición respectivamente, según se hubiesen calificado como leves, graves o muy graves.
1. La imposición de las sanciones reguladas en la presente ley se ajustará a lo dispuesto en el procedimiento sancionador regulado por la ley de procedimiento administrativo.
3. En caso de apreciarse una situación de riesgo inminente o perjuicio grave para los usuarios, podrán adoptarse las medidas cautelares oportunas durante el tiempo que subsista la situación que las ha justificado.
1. La imposición de sanciones por comisión de faltas leves corresponderá a los delegados provinciales de la Consejería competente en la materia.
2. La imposición de sanciones por comisión de faltas graves corresponderá al titular de la dirección general competente en materia de servicios sociales.
3. La competencia para la imposición de sanciones por faltas muy graves corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
4. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando las sanciones conlleven el cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como la inhabilitación para el desarrollo de funciones y actividades similares o para el ejercicio de cargos de carácter análogo, será competente el Consejo de la Xunta de Galicia.
Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.
La Administración autonómica ejercerá sus facultades inspectoras sobre las entidades, centros y servicios contemplados en la presente Ley a través de la Consejería competente en materia de servicios sociales, asignándose las correspondientes funciones a unidades administrativas que se crearán al efecto.
1. Los titulares de las entidades, centros y servicios estarán obligados a permitir a la inspección el acceso a las instalaciones, facilitar la información, documentos, libros y demás datos que les sean requeridos, así como a prestar toda la colaboración precisa para la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente.
2. Efectuadas las comprobaciones oportunas se extenderá a la correspondiente acta de inspección, en la que se recogerán los datos relativos a la entidad, centro o servicio inspeccionado, así como, en su caso, los hechos y circunstancias que pudiesen ser relevantes sobre el funcionamiento anómalo de los mismos.
3. Los hechos recogidos en las correspondientes actas de inspección gozarán de la presunción de certeza, salvo que la valoración conjunta de las pruebas aportadas resulte lo contrario.
Cuando en el transcurso de la actuación inspectora se aprecie la existencia de una situación de riesgo inminente o perjuicio grave para los usuarios podrá proponerse al órgano competente la adopción de las medidas cautelares oportunas durante el tiempo que persista el riesgo que las ha justificado.
Todas las entidades, centros y servicios serán inspeccionados periódicamente y siempre que se produzca una denuncia.