Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161&iu=0
Timestamp: 2017-11-20 15:16:32
Document Index: 144478377

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 207', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 30', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo56', 'Artículo 61', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'artículo 340', 'artículo 348', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 468', 'artículo 3', 'Artículo 72']

Ley 975 de 2005 Nivel Nacional
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4760 de 2005, 690 , 2898 y 3391 de 2006, Reglamentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013
Ver Decreto Nacional 3570 de 2007, Ver Decreto Nacional 1059 de 2008, Ver Decreto Nacional 299 de 2010 , Ver Decreto Nacional 1737 de 2010
Artículo 2°. Modificado por el art. 1, Ley 1592 de 2012. Ámbito de la Ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Artículo 5°. Modificado por el art. 2, Ley 1592 de 2012. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos examinados, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Ver art. 4, Decreto Nacional 315 de 2007
Artículo 5A. Adicionado por el art. 3, Ley 1592 de 2012.
Artículo 6°. Modificado por el art. 4, Ley 1592 de 2012. Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Artículo 7°. Derecho a la verdad. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Artículo 8°. Derecho a la reparación. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
Artículo 10. Reglamentado por el Decreto Nacional 423 de 2007. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos examinados, en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas.
Artículo 11. Reglamentado por el Decreto Nacional 423 de 2007. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 11A. Adicionado por el art. 5, Ley 1592 de 2012.
Artículo 11B. Adicionado por el art. 6, Ley 1592 de 2012.
Artículo 11C. Adicionado por el art. 7, Ley 1592 de 2012.
Artículo 11D. Adicionado por el art. 8, Ley 1592 de 2012.
Artículo 13. Modificado por el art. 9, Ley 1592 de 2012. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 15. Modificado por el art. 10, Ley 1592 de 2012. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.
Artículo 15A. Adicionado por el art. 11, Ley 1592 de 2012.
Artículo 16. Modificado por el art. 12, Ley 1592 de 2012. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:
Artículo 16A. Adicionado por el art. 13, Ley 1592 de 2012.
Artículo 17. Modificado por el art. 14, Ley 1592 de 2012. Versión libre y confesión. Reglamentado por el Decreto Nacional 2898 de 2006. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos analizados, en el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz, excepto el texto subrayado que se declaró INEXEQUIBLE. De igual forma el texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE por los cargos examinados, en el entendido que la puesta a disposición de la persona a órdenes del magistrado que ejerza la función de control de garantías y la solicitud de audiencia de imputación de cargos, se presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 17A. Adicionado por el art. 15, Ley 1592 de 2012.
Artículo 17B. Adicionado por el art. 16, Ley 1592 de 2012.
Artículo 17C. Adicionado por el art. 17, Ley 1592 de 2012.
Artículo 18. Formulación de imputación. Modificado por el art. 18, Ley 1592 de 2012. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelar es sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 18A. Adicionado por el art. 19, Ley 1592 de 2012.
Artículo 18B. Adicionado por el art. 20, Ley 1592 de 2012.
Artículo 19. Aceptación de cargos. Modificado por el art. 21, Ley 1592 de 2012. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006; por los cargos analizados. Igual pronunciamiento tuvo el texto subrayado, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a los hechos que obran en el expediente.
Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Modificado por el art. 22, Ley 1592 de 2012. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.
Artículo23. Incidente de reparación integral. Modificado por el art. 23, Ley 1592 de 2012. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones.La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Artículo 23A. Adicionado por el art. 24, Ley 1592 de 2012.
Artículo 24. Modificado por el art. 25, Ley 1592 de 2012. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Modificado por el art. 26, Ley 1592 de 2012. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 26. Recursos. Modificado por el art. 27, Ley 1592 de 2012. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-575 de 2006, en el entendido que la caracterización a que en él se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.
Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido de que dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario.La pena podrá cumplirse en el exterior.
Artículo 31. INEXEQUIBLE. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley. Corte Constitucional Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 32. Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz. Modificado por el art. 28, Ley 1592 de 2012. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.
La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-575 de 2006, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido que conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C-228 de 2002, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Ver el art. 2, Decreto Nacional 315 de 2007
Artículo 42. Deber general de reparar. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.
Artículo 43. Reparación. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes.
Artículo 44. Actos de reparación. Modificado por el art. 29, Ley 1592 de 2012. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-575 de 2006
Artículo 45. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento.
Artículo 46. Restitución. Modificado por el art. 30, Ley 1592 de 2012. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
Artículo 46A. Adicionado por el art. 31, Ley 1592 de 2012.
Artículo 46B. Adicionado por el art. 32, Ley 1592 de 2012.
Artículo 47. Rehabilitación. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación. El Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1199 de 2008.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 2009, en el entendido de que los mismos se aplican también al cónyuge, compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de la pareja del mismo sexo.
Artículo 48. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos examinados, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Artículo 49. Programas de reparación colectiva. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.
Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Derogado por el art. 208, Ley 1448 de 2011. Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica.
Ver art. transitorio 171, Ley 1448 de 2011
Artículo 51. Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación. Derogado por el art. 208, Ley 1448 de 2011. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:
Ver Decreto Nacional 4155 de 2011
52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Reglamentado por el Decreto Nacional 176 de 2008.
Funciones asumidas por el art. 171, Ley 1448 de 2011
Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Reglamentado por el Decreto Nacional 176 de 2008, Derogado por el art. 208, Ley 1448 de 2011. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.
Artículo 53. Composición. Reglamentado por el Decreto Nacional 176 de 2008, Derogado por el art. 208, Ley 1448 de 2011. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, por los cargos examinados, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe. Ver Decreto Nacional 1290 de 2008
Inciso. Adicionado por el art. 177, Ley 1448 de 2011.
Ver art. 195, Ley 1448 de 2011.
Parágrafo 5. Adicionado por el art. 33, Ley 1592 de 2012.
Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar. Ver Decreto Nacional 1290 de 2008
Ver el parágrafo 3, art. 144, Ley 1448 de 2011
Artículo56A. Adicionado por el art. 34, Ley 1592 de 2012.
Artículo 61. Reglamentado por el Decreto Nacional 880 de 2008, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 614 de 2009. Reglamentado por el Decreto Nacional 1175 de 2016. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
Artículo 66. Modificado por el art. 35, Ley 1592 de 2012. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.
Simultánea mente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión (SIC) social y adopción a la normal vida cotidiana.
Artículo 69. Derogado por el art. 41, Ley 1592 de 2012. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
Artículo 70. INEXEQUIBLE. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas. Ver Sentencia Corte Constitucional C-370 de 2006.
Artículo 71. INEXEQUIBLE. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.
Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993". Ver Sentencia Corte Constitucional C-370 de 2006.
Artículo 72. Vigencia y derogatorias. Modificado por el art. 36, Ley 1592 de 2012. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación. El Texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1199 de 2008, en el entendido de que el derecho a los beneficios se obtiene a partir del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes de dicha ley, de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 y demás sentencias sobre tales disposiciones.