Source: http://www.jmaireconsultores.com/flashes-informativos-publicados-en-marzo-de-2020/
Timestamp: 2020-05-30 15:10:25
Document Index: 196248936

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 62', 'artículo 16', 'artículo 262', 'artículo 47', 'artículo 26']

FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MARZO DE 2020 - JMaire Consultores
FLASHES INFORMATIVOS PUBLICADOS EN MARZO DE 2020
1)En una nota de prensa del 5 de febrero de 2020, la Agencia Tributaria informa de que ha suscrito un convenio con el Consejo General del Notariado en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado.
El titular real puede serlo por control, por posesión o por administración.
Titular real por control.Es la persona física que posee más del 50% del capital social o derechos de voto. También será titular real por control la persona física que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
Titular real por posesión.Es la persona física que ostente más de un 25% del capital social o derechos de voto, ya sea de forma directa o indirecta.
Titular real por administración.Es aquel que ejerce el control de la sociedad como administrador de la misma.
2)Preguntas y respuesta sobre la situación que se vive en la actualidad
Pregunta: ¿A qué afectan las medidas tributarias del artículo 33 del Real decreto ley 8/2020? Respuesta: Lo dispuesto en el artículo 33 del RDL solo resulta de aplicación en relación con procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020.
Pregunta: ¿La suspensión de los plazos de duración de los procedimientos significa que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va a realizar ningún trámite durante el tiempo que dure la suspensión? Respuesta: En general, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no realizará trámites en estos procedimientos. No obstante, sí podrá realizar los trámites que sean imprescindibles.
Pregunta: ¿Se modifican los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones? Respuesta: No. Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones informativas no se ven afectados por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020. Así se establece en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incorporado a dicha disposición adicional por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. A estos efectos se recuerda que se han adoptado medidas de flexibilización de aplazamientos (ver el apartado de cuestiones sobre las medidas de aplazamientos
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica antes de la entrada en vigor del RDL la denegación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario y el plazo de ingreso consecuencia de dicha denegación concluye después de la fecha de entrada en vigor? Respuesta: El plazo de ingreso se traslada al 30 de abril, salvo que el otorgado por la norma general sea posterior, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.
Pregunta: ¿Qué sucede si la Administración me notifica la inadmisión o archivo de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario antes de la entrada en vigor del RDL? Respuesta: Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 30 de abril, si el plazo reflejado en la providencia a que hace referencia el artículo 62.5 de la LGT no ha concluido a la entrada en vigor del RDL.
Son muchas las dudas que están surgiendo en torno a la aplicación práctica del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, está la de determinar a quién corresponde el abono de la prestación por desempleo en los casos de ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Corresponde a la empresa en régimen de pago delegado o es una obligación que debe asumir el SEPE?
Señala el artículo 16 de la Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la colaboración de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social, que «la colaboración obligatoria comprenderá el pago por la empresa a sus trabajadores de las siguientes prestaciones por delegación de la respectiva entidad obligada», mencionado, entre otras, el subsidio por desempleo parcial, como consecuencia de reducción de la jornada laboral o de los días de trabajo, debidamente autorizada por la autoridad laboral competente.
Como vemos, la referencia al pago delegado se realiza únicamente al desempleo parcial, por lo que no hay razón para hacer recaer sobre las empresas dicha obligación cuando el desempleo sea total. Pero, ¿qué se entiende por desempleo total y desempleo parcial?
La Ley General de la Seguridad Social (RDLegv. 8/2015) establece en su artículo 262.2 y 3 que: «eldesempleo serátotal cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su salario.
A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria de trabajo, aquella que se decida por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, sin que estén comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o que se extiendan a todo el periodo que resta de la vigencia del contrato de trabajo.
Por último, hay que hacer referencia al Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, cuyo artículo 26.4 y 5 establece que «el pago de la prestación o subsidio por desempleo total se efectuará por el Instituto Nacional de Empleo[SEPE]y el de la prestación por desempleo parcial se efectuará por la empresa por delegación del Instituto Nacional de Empleo [SEPE], excepto cuando este asuma el pago directo o así lo determine la autoridad laboral, cuando la situación económica de la empresa lo aconseje.
En los casos de pago delegado, las empresas se reintegrarán de las prestaciones que correspondan al Instituto Nacional de Empleo [SEPE] descontándolas del importe de las liquidaciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de Seguridad Social correspondiente al mismo periodo».
De lo expuesto se deduce que las empresas que suscriban un ERTE a raíz de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 solo tendrán la obligación de efectuar de forma delegada el pago de la prestación por desempleo cuando este sea parcial, con motivo de la reducción de jornada de sus trabajadores, pudiendo verse, incluso, exoneradas de esta obligación cuando su situación económica lo aconseje.