Source: https://enpiedepaz.org/la-campana-por-el-preso-politico-mas-antiguo-en-siria-denuncia-incumplimientos-juridicos-estatales-en-ddhh/
Timestamp: 2020-06-01 04:30:40
Document Index: 239405107

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 51']

La campaña por el preso político más antiguo en Siria denuncia incumplimientos jurídicos estatales en DDHH - En Pie de Paz
39 años sin un juicio justo, y 15 en régimen de incomunicación y en paradero desconocido. Ese es el inquietante historial de detención de Ragheed al-Tataridi, el preso político más antiguo en Siria.
Aunque las irregularidades y atrocidades en el régimen carcelario y represivo sirio han sido y son ampliamente denunciadas por distintas organizaciones de Derechos Humanos desde el inicio de la guerra en Siria y también antes, un documento de la campaña impulsada por The Syrian Committee for Detainees tiene la característica de hacer una revisión de todos los incumplimientos jurídicos del régimen de los Asad en esta materia.
El texto que difunde la campaña dice así:
Nosotras, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos de diferentes partes del mundo, abajo firmantes, condenamos las prácticas ilegales del régimen sirio contra los detenidos en sus prisiones, lo que constituye una clara violación del derecho internacional y de sus tratados, una de cuyas víctimas es el detenido Ragheed al-Tataridi, que permanece detenido durante 39 años sin un juicio justo, y que ha pasado 15 años en régimen de incomunicación sin que ninguno de sus parientes supiera dónde se encontraba.
Al expresar nuestra plena solidaridad, reafirmamos que no puede hablarse de un juicio justo a menos que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en los tratados y convenciones internacionales ratificados por Siria y que no entran en conflicto con su constitución.
En primer lugar, la obligación de llevar a cabo el juicio, desde el principio hasta el final, de acuerdo con las normas de un juicio justo establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En segundo lugar, el poder judicial debe ser una autoridad independiente e imparcial, sin otra autoridad que la ley. Se trata de derechos consagrados en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los pactos internacionales pertinentes afirman varios criterios para un juicio justo, que pueden resumirse como sigue:
El derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias en ninguna forma ni en ninguna situación, nadie podrá ser privado de su libertad sino por motivos justificados, de conformidad con las condiciones y en la forma prescritas por la ley.
El derecho a ser informado sobre sus derechos: de conformidad con el artículo 13 de los Principios de las Naciones Unidas.
El derecho a un abogado; un detenido tiene derecho a un abogado en todas las etapas de la detención, la investigación y el juicio, según lo dispuesto en los artículos 10 y 17 de los Principios de las Naciones Unidas.
El derecho a informar a la familia del acusado de su detención, previsto en la regla 92 de las Reglas Generales para el tratamiento de los reclusos.
El derecho a investigar las denuncias de tortura, de conformidad con el artículo 13 de la Convención contra la Tortura.
Las declaraciones forzadas, declaraciones y confesiones obtenidas bajo tortura no podrán ser invocadas como prueba para probar y condenar a los acusados, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Declaración de la Protección de todas las personas contra la Tortura.
El derecho a la presunción de inocencia está consagrado en los Principios de las Naciones Unidas (Principio 36) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14).
El derecho a un juicio rápido y justo: Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho a un juicio público, que es un principio inherente a los juicios justos que garantiza un seguimiento razonable por parte de la prensa, los medios de comunicación y la opinión pública.
El derecho a un trato humano y a condiciones de detención, según lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Proporcionar tiempo y medios suficientes para la defensa y respetar la libertad del acusado y de su abogado defensor como un derecho sagrado que no puede ser violado en modo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes mencionado.
El derecho a interrogar a los testigos y valorar el resto de las pruebas basadas en el propio artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Prohibición de la aplicación retroactiva de la ley según lo dispuesto en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El derecho a apelar la sentencia preliminar y la condena, a la apelación y a la casación, ya que cada acusado tiene derecho a apelar ante un tribunal superior, a solicitar una revisión de su sentencia y de la pena para garantizar la validez del veredicto y de la justicia como tal .
Observamos aquí que si alguna ley nacional contradice las disposiciones de un tratado internacional en el que Siria es parte, prevalece el tratado internacional. La decisión de la Corte de Casación No. 23 de 1931 dictaminó que «ninguna ley nacional puede establecer normas contrarias a las disposiciones de un tratado internacional anterior o modificar, ni siquiera indirectamente, las disposiciones de su aplicación».
Esta interpretación se vio reforzada por otra decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación de 21 de diciembre de 1980, publicada en el Lawyers’ Magazine, pág. 305 de 1981, en la que se afirma que los tribunales nacionales no aplican los tratados sobre la base de que el Estado ha cumplido internacionalmente con su aplicación, sino como parte de las leyes internas del estado. Si existe un conflicto entre las disposiciones del tratado y las disposiciones del derecho interno, la Corte Nacional debe aplicar las disposiciones del tratado internacional, y es factible que su fallo se aplique al derecho interno.
Los tribunales extraordinarios no han sido establecidos por la Constitución, ni cuentan con las garantías de las leyes ordinarias y del poder judicial garantizadas por la Constitución. La continuación de su funcionamiento es totalmente incompatible con las disposiciones de la propia Constitución siria, en particular con el artículo 51, que establece lo siguiente:
1. La sanción será personal, y ninguna persona podrá ser condenada o castigada si no es por aplicación de la legalidad.
2. Se presumirá la inocencia de todo acusado mientras no se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia judicial en un juicio imparcial.
3. La ley protege el derecho a litigar y a recurrir, revisar y defenderse ante el poder judicial.
4. La ley prohíbe la inmunidad de cualquier autoridad administrativa o de cualquier decisión de la supervisión judicial. Un juicio no puede ser justo y se considerará justo si las personas que deciden las penas carecen de independencia, imparcialidad o no están libres de prejuicios, cualesquiera que sean las circunstancias y la persona de que se trate. Esto significa que sólo el poder judicial debe tener el poder de juzgar los casos que se le remitan, y que el órgano judicial competente -como individuos o como organismo- no debe estar sujeto a ninguna interferencia de ningún tipo, de ninguna de las partes.
En este sentido, pedimos que se aprueben las recomendaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de todos los detenidos, incluido Ragheed al-Tateridi:
Poner fin a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida la detención prolongada en régimen de incomunicación
Permitir que los detenidos reciban atención médica adecuada y que no se les niegue su derecho legal de recibir visitas.
Abrir investigaciones sobre las denuncias de tortura y malos tratos para garantizar la rendición de cuentas.
Permitir a las organizaciones internacionales el acceso a las prisiones y lugares de detención, y abrir investigaciones urgentes sobre todas las violaciones contra los detenidos.
Para comunicarse con la campaña y firmar la declaración en el siguiente correo electrónico:
info[ARROBA]freedomragheed[PUNTO]org
https://www.freedomragheed.org
Las organizaciones que respaldan la campaña pueden consultarse en el documento original en inglés:
Statement-by-45-national-and-international-NGOsDescarga