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Timestamp: 2019-11-20 19:06:47
Document Index: 292368759

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 111', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 45', 'artículo 107', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 113-887, de 31/10/2012
cve: BOCG_D_10_113_887
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2012.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
La crisis actual necesita cambiar el modelo de desarrollo. Necesitamos unos nuevos patrones de producción y de consumo, una nueva cultura del agua, una nueva cultura de la energía y también de los residuos, una austeridad bien entendida que genere bienestar.
La factura de la crisis ecológica crece, e hipotecará tanto a las generaciones más jóvenes como a las futuras que deberán hacer frente a la solución de un problema creado por el modelo desarrollista sin límites que ha degradado el planeta y consumido recursos muy por encima de nuestras posibilidades.
El Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, se presentaba con la finalidad de agilizar y simplificar trámites administrativos, pero a la práctica, lo único que ha llevado a cabo es una recentralización de competencias y una reducción de la protección de la biodiversidad; ha ignorado los problemas y oportunidades que generan la gestión de los residuos y ha abierto la puerta a privatizaciones en materia de agua.
Este Real Decreto-Ley acomete la reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), llevando a cabo cambios que van contra la Directiva Marco del Agua. En cuanto a las masas de agua subterránea, la modificación del artículo 56 del TRLA delega exclusivamente en la Junta de Gobierno la declaración de masas en riesgo y el posterior programa de actuación, lo que está en clara contradicción con los principios de información, transparencia y participación pública establecidos por la Directiva Marco del Agua. El apartado 2b del artículo 56 establece la posible incorporación de recursos externos para paliar situaciones de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, lo cual es un enfoque erróneo y contraproducente, creando expectativas entre los usuarios de que la solución a los problemas cuantitativos siempre vendrán de fuera, y que por lo tanto no es necesario modificar el régimen de explotación de las aguas subterráneas. El apartado 2c del artículo 56 deja la puerta abierta al otorgamiento de nuevas concesiones, algo incompatible con el objetivo de reducir las extracciones en masas de agua subterráneas en riesgo cuantitativo y contrario al principio de prevención del deterioro adicional establecido en la Directiva Marco del Agua. El apartado 3 del artículo 111bis habilita al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a establecer excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos, lo que supone una clara violación de la Directiva Marco del Agua; la directiva ya establece un protocolo para la aprobación de excepciones a los objetivos.
La supresión de la disposición adicional decimocuarta supone una merma en cuanto a las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico. Es posible mantener la unidad de gestión de la cuenca, cumpliendo con la Directiva Marco del Agua, mediante la encomienda de gestión a las Comunidades Autónomas. De esta manera se eliminaría la rigidez que este artículo plantea.
La disposición adicional decimocuarta, relativa a la cesión de derechos en el ámbito del Plan Especial del Alto Guadiana va en el sentido contrario a conseguir la recuperación de los ecosistemas de la Mancha, que era el objetivo inicial del plan. Se crea un mercado privado de agua en el que los derechos que se pondrían en circulación son en su mayor parte de papel.
Respecto a la gestión de los residuos, la nueva legislación ha sido secuestrada por los lobbies del reciclaje. La derogación del artículo 21.2 y la modificación del artículo 31 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, eliminan a la práctica la posibilidad de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDRR). El Gobierno tenía tres años de margen para desarrollar un sistema más eficiente, más barato para la Administración y generador de puestos de trabajo y se ha suprimido para servir los intereses de unos pocos. Este es el instrumento más efectivo para la consecución de los objetivos de reciclaje, tal y como reconocía la memoria de análisis normativo que acompañaba al Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. En la misma se reconocía que la eficacia de los sistemas integrados de gestión (SIG) es menor que los SDRR, cuyos índices de recuperación se sitúan en un 84% en Suecia, 95% en Finlandia o un 98,5% en Alemania y lo hace consiguiendo materiales recuperados de alta calidad mediante la trasformación del residuo en materia prima de alta valorización. Por otra parte, la Comisión Europea en su comunicación 2009/C 107/01 concluía que los Estados miembros pueden y deben introducir sistemas de depósito y retorno respetando determinadas salvaguardias al diseñar dichos sistemas. En Alemania, con este sistema, un 90% de los envases de bebidas se reciclan. Aquí, donde se venden 51 millones de envases de bebidas cada día, apenas se recicla un 30% y el resto va a vertedero o incineración. Además, con esta decisión se está desaprovechando un potencial de creación de empleo muy importante. Un reciente estudio efectuado por Istas, por encargo de la Asociación Retorna, indica que la introducción sistemática de este sistema de depósito y retorno crearía en una primera fase 14.000 puestos de trabajo que no se deslocalizan. Pese a todo lo anterior, la legislación actual da la espalda al sistema más eficaz en cuanto a objetivos de reciclaje. Y a pesar también de la crisis económica, se da la espalda al sistema más eficiente en términos económicos y de gasto de las Administraciones Públicas así como en términos de creación de empleo.
El artículo 32.3 supone una clara invasión competencial. El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la competencia compartida en la regulación sobre prevención y corrección de la generación de residuos con origen o destino en Cataluña y sobre su gestión y traslado y su disposición final.
En cuanto a la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la modificación del artículo 28 supone un impulso recentralizador atribuyendo en exclusiva al Gobierno central la capacidad de desarrollo normativo cuando se trata de una materia con importantes competencias autonómicas. En el artículo 45.1 se pasa a tener en especial consideración las necesidades del municipio y no las del espacio natural protegido, cuando en una figura de protección ambiental, lo que debe tenerse
«en especial consideración» es la finalidad de protección, y lo que debe tenerse en cuenta son «las necesidades de los municipios». Hacerlo al revés es abrir la puerta a infinidad de recortes en los niveles de protección, supeditándolos a lo que se llamará las necesidades de la población aunque se correspondan más bien con los intereses de algunos poderes locales.
Por todo ello, proponemos una modificación substancial del texto aprobado con el Real Decreto-Ley 17/2012.
En primer lugar, las modificaciones al artículo primero pretenden garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y el desarrollo de la nueva cultura del agua. Porque uno de los recursos más estratégicos para cualquier sociedad es el agua, que no es sólo un recurso limitado, fundamental para el desarrollo económico, sino que básicamente es un elemento esencial del ecosistema global. Por eso la nueva cultura del agua ha cambiado el paradigma tradicional de uso de los recursos hídricos, aplicando principios de subsidiariedad, sostenibilidad ambiental, social y económica, y se basa en el ahorro y la reducción del consumo, la reutilización y la eficiencia en la distribución, y la recuperación de acuíferos para incrementar la disponibilidad del recurso. Por eso nuestra propuesta persigue superar el principio demagógico del gobierno «de agua para todos», que pretende situar como única prioridad cubrir la demanda de agua de aquellas actividades económicas de mayor impacto ecológico y social.
En segundo lugar, proponemos una reforma del artículo segundo para garantizar un marco jurídico que proteja la biodiversidad. Además de la protección a las competencias de las CCAA ya que el Real Decreto redactado en los actuales términos supone una clara invasión competencial, se propone que todas las normas reguladoras de las áreas protegidas especifiquen los instrumentos que van a ser utilizados para lograr los objetivos de conservación que se persigan. Se pretende lograr coherencia en el ordenamiento jurídico, en aras de la seguridad jurídica, en casos de solapamiento entre diferentes figuras de protección de espacios. Por otra parte se hace que prevalezca la protección de los espacios naturales, considerándolos como una oportunidad y no como una amenaza para los municipios incluidos en estos espacios.
En cuanto a residuos, se propone la introducción progresiva del sistema de depósito y retorno de los envases, mediante un modelo aplicado con éxito en diferentes países. El sistema de depósito, devolución y retorno es el instrumento más efectivo para la consecución de los objetivos de reciclaje, tal y como reconocía la memoria de análisis normativo que acompañaba al Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2012.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Iolanda Pineda Balló, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El contenido del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, pone en evidencia la escasa sensibilidad medioambiental del Gobierno. Una escasa atención que parte, en buena medida, de una contraposición artificial entre el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.
La realidad, no obstante, nos indica todo lo contrario. La sostenibilidad ambiental y la actividad económica asociada a la misma, además de preservar nuestro entorno natural, son una fuente de creación de riqueza y de empleo de la que nuestro país no puede prescindir para salir de la crisis.
Lamentablemente, el Proyecto de Ley que presenta el Gobierno, y otras decisiones anteriores, como la moratoria para las energías renovables o los presupuestos generales del Estado, no apuntan en esa dirección sino todo lo contrario.
En lo que se refiere al presente proyecto de ley discrepamos de buena parte de las medidas que contiene y de las consecuencias que van a comportar para nuestra sostenibilidad y el medio ambiente.
Este es el caso de la protección del patrimonio natural. En este caso, el Gobierno utiliza el pretexto de la simplificación administrativa para introducir modificaciones legales que rebajan claramente la protección de los espacios naturales y de la Red Natura 2000.
En materia de gestión del agua, el Gobierno modifica aspectos relevantes del texto refundido de la Ley de Aguas, situándose claramente fuera de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El contenido del Proyecto de Ley se aleja de los objetivos medioambientales de la Directiva y apuesta claramente por la mercantilización y la especulación en el mercado del agua, favoreciendo determinados intereses privados por encima del interés general.
De la misma forma, el Gobierno cercena las competencias de las comunidades autónomas en materia de policía de dominio público hidráulico (suprimiendo la disposición decimocuarta del texto refundido de la Ley de Aguas). Este es el caso de Cataluña, quien tiene reconocido en su Estatuto de Autonomía esta competencia y a quien corresponde ejercer, dentro de su ámbito territorial, las funciones recogidas en el art. 94 de dicha Ley.
En materia de residuos, el Gobierno da un claro paso atrás estableciendo el carácter voluntario de los Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) —a través de la modificación del apartado tercero del art. 31 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados— y dificulta claramente la viabilidad de este sistema, a pesar de lo establecido en la legislación europea.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2012.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
El Gobierno plantea en el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, procedente del R.D.-Ley 17/2012) la revisión de diversas leyes que supone en su conjunto un grave retroceso en el cuerpo normativo español en materia medioambiental.
Estamos por lo tanto en una serie de revisión de carácter partidista, por parte del Gobierno, de carácter ideológico, que no tiene ninguna justificación en las necesidades sociales y económicas, sino en el afán de llevar a cabo medidas de retroceso en matera ambiental, una vez que ha cambiado la mayoría parlamentaria.
La superación de la crisis económica internacional —cuyos efectos son especialmente graves en el caso de España, a causa de las devastadoras consecuencias de la burbuja inmobiliaria— requiere una
profunda revisión de los fundamentos del paradigma económico dominante. Dicha revisión incide en la necesidad de considerar adecuadamente los efectos sociales y ambientales de la actividad económica —que no puede evaluarse solo por la evolución del PIB—, para frenar las crecientes desigualdades —entre países y dentro de cada país— así como el deterioro de los equilibrios ecológicos imprescindibles para garantizar la vida, la salud y el progreso humano. Ello exige cambios radicales, a nivel nacional y global, en la regulación, supervisión y estimulo de la actividad económica que debe contribuir a erradicar el hambre y la pobreza y a garantizar más empleo de calidad y mayor bienestar, para un número muy superior de ciudadanos— de los que viven hoy y de los que vivirán en el futuro, a partir de un uso más eficiente y responsable de los recursos naturales, con menor contaminación y destrucción de ecosistemas.
Es preciso reforzar la legislación ambiental vigente e incluso dar pasos en una dirección coherente con este análisis, desde la convicción de que España puede aprovechar mucho mejor sus potencialidades para salir de la crisis económica sin repetir los errores del pasado, consolidando un modelo económico mucho más eficiente y responsable, desde un enfoque holístico y ambicioso de la sostenibilidad —más allá de la recurrente retórica—, en plena sintonía con la legislación y los objetivos estratégicos de la Unión Europea.
Se pretende la modificación de la Ley 22/2011 de Residuos que hace sólo unos meses fue aprobada en el Senado, fruto del consenso de los grupos políticos y sobre todo como un texto de encuentro y equilibrio entre los diferentes sectores y agentes económicos que participan en la gestión de residuos.
El texto propuesto además hace inviable los Sistemas de Devolución y Retorno de Envases que la ley vigente permitía y establecía en que condiciones podía implantarse. Ello supone un ataque a la transparencia y libre competencia. Impide la mejor gestión en determinados casos, impide creación de empleo y una gestión a menor coste y más eficiente.
La propuesta del Gobierno va en contra de las Directivas Europeas y de las Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.
Se pretende la modificación de la Ley de Aguas, y de su texto refundido R.D. 1/2001, que ha venido funcionando con equilibrio en una política tan sensible como la gestión del agua. La propuesta del Gobierno introduce la posibilidad de mercantilización y resta capacidad en la gestión pública. Además pone en riesgo espacios ambientales sensibles como los humedales en el Alto Guadiana.
La propuesta debilita las competencias de los órganos de Cuenca y el objeto de los Planes Hidrológicos. Asimismo da ventajas a los usos ilegales y la especulación en el uso del agua perjudicando a los profesionales de la agricultura y en especial a los jóvenes.
El texto propuesto va en contra de la Directiva Marco del Agua, pone en riesgo la biodiversidad.
Compartimos la necesidad que se pretende de regular las subastas de los derechos de emisión, de CO2, con la modificación de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, que deben empezar a efectuarse en 2012, pero no entendemos por qué no se concreta que esos fondos deben destinarse al Fondo del Carbono creado en la Ley de Economía Sostenible.
Por último se pretende la modificación Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la que se rebaja el grado de protección de la naturaleza y los espacios protegidos. Creemos que el solapamiento de diversas normas debe simplificarse pero asegurando la protección máxima de nuestra biodiversidad.Deben asegurase que no se realiza actividad cinegética en espacios donde se trabaja en la recuperación de espacios protegidos.
El conjunto de las normas que se pretenden cambiar ponen a España en un camino de retroceso ambiental en el concepto de que el medio ambiente es un estorbo, en lugar de una oportunidad.
Lo señaló recientemente la Comisión Europea, indicando diversos aspectos en los que tenemos que avanzar para llegar a los objetivos y cumplir los Planes y Directivas Europeas.
La Comisión Europea, en su reciente evaluación del Programa Nacional de Reformas de España, alerta sobre la escasa ambición del actual Gobierno en cuanto a la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en diferentes políticas, afirmando que «la política medioambiental se pasa por alto en el Programa Nacional de reformas. España sigue retrasada respecto de otros países de la UE en la aplicación de la legislación medioambiental». De hecho, el Programa ni siquiera menciona la política de cambio climático, a pesar de que el cumplimiento de sus objetivos forma parte de las obligaciones derivadas de la Estrategia Europea 2020.
En particular, la Comisión Europea critica la reciente decisión del actual Gobierno en materia de energías renovables, señalando que «desalienta la inversión en el sector, y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y medioambientales. «La Comisión destaca también retos pendientes en el caso
de la gestión del agua, de la contaminación atmosférica y de los residuos, indicando en este último caso la importante creación de puestos de trabajo que comportaría una aplicación adecuada de la legislación comunitaria.
En la lógica del refuerzo de la legislación ambiental vigente consideramos necesario eliminar o modificar algunos de los elementos más perniciosos de la normativa actual, comenzando por la derogación del Decreto Ley 1/2012 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que ha paralizado el avance de las energías renovables en nuestro país.
Por todo ello, considerando que el presente Proyecto de Ley no responde a las necesidades ineludibles y urgentes que la coyuntura actual del medio ambiente exige en nuestro país, el Grupo Parlamentario Socialista interpone el presente veto al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012 de 4 de mayo) solicitando su devolución al Gobierno.