Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00251-de-julio-10-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_00b2bcf7fc60018ae0530a010151018a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 22:20:37
Document Index: 48100123

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 72', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 155', 'artículo 7', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 723', 'artículo 747', 'artículo 90', 'artículo 72', 'artículo 80', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 143', 'artículo 73', 'artículo 72', 'artículo 72']

﻿ Sentencia 2008-00251 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2008-00251 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:AVALUÓ COMO COSTO FISCAL. PARA ESTABLECER EL COSTO FISCAL NO ES REQUISITO QUE EL AUTO AVALÚO FIGURE EN LA DECLARACIÓN DE RENTA COMO EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE. PARA QUE EL AUTO AVALUÓ SEA CONSIDERADO COMO COSTO FISCAL, BASTA CON QUE APAREZCA DECLARADO EN CUALQUIERA DE LAS DOS DECLARACIONES, PUES NO SE REQUIERE QUE EL VALOR PATRIMONIAL O COSTO FISCAL UTILIZADO EN LAS DOS DECLARACIONES COINCIDAN, SINO QUE SE PUEDE SOLICITAR EL QUE FIGURE EN ALGUNA DE LAS DOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AVALÚO CATASTRAL, PRECIO DEL AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE, COSTOS, AUTOAVALÚO COMO COSTOS, AVALÚO DEL BIEN, DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, DECLARACIÓN TRIBUTARIA VOLUNTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Sentencia 2008-00251 de julio 10 de 2014
Radicación: 250002327000200800251-01
Nº Interno: 18709
Demandante: Consultores Regionales Asociados CRA S.A.
Renta 200
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UAE DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 12 de noviembre de 2010, que anuló parcialmente los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta de la demandante, por el año gravable 2005.
En los términos del recurso, la Sala decidirá si se configuró la violación del artículo 72 del estatuto tributario, por falta de aplicación. Para el efecto, se analizará: i) si es procedente rechazar ingresos no constitutivos de renta por $ 448.473.000 y aceptarlos como costo fiscal de cierto inmueble enajenado por la demandante y, ii) si procede el rechazo de la deducción por amortización de inversiones.
3.1. De si es procedente rechazar los ingresos no constitutivos de renta en cuantía de $ 448.473.000, y aceptarlos como costo fiscal de los inmuebles enajenados.
La Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en establecer si es procedente reconocer a favor de la demandante la cuantía de $ 448.473.000, a título de costo fiscal del inmueble que vendió en el año 2004, y del que era propietaria en un porcentaje del 46,8%, con fundamento en el hecho de que en la declaración del impuesto predial del año 2004 reportó un costo fiscal de $ 479.067.000.
La Sala considera que no es procedente hacer ese reconocimiento, por las siguientes razones:
La ley fiscal permite que los contribuyentes del impuesto sobre la renta puedan fijar el costo fiscal de los inmuebles, que sean activos fijos, enajenados durante el año gravable.
El artículo 72 del estatuto tributario, modificado por el artículo 4º de la Ley 174 de 1994, dispone lo siguiente:
ART. 4º—Avalúo como costo fiscal. El artículo 72 del estatuto tributario quedará así:
“ART. 72.—Avalúo como costo fiscal. El avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5º de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7º de la Ley 14 de 1983” (resaltado fuera de texto).
Este artículo fue reglamentado por los artículos 6º y 7º del Decreto 326 de 1995, en el siguiente sentido:
ART. 6º—Avalúo como costo fiscal. Los autoavalúos incluidos en las declaraciones del impuesto predial unificado, autorizadas por los concejos municipales de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 44 de 1990 y por el artículo 155 del Decreto 1421 de 1939 en el caso de Santafé de Bogotá, D.C., podrán ser tomados como costo para la determinación de la renta o ganancia ocasional en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. También podrán ser tomados como costo, para los mismos efectos, los avalúos catastrales formados o actualizados por las respectivas autoridades de acuerdo con lo previsto en los artículos 5º y 6º de la Ley 14 de 1983, en la forma como fueron modificados por los artículos 74 y 75, respectivamente, de la Ley 75 de 1986.
Los avalúos no formados, a los cuales se refiere el artículo 7º de la Ley 14 de 1983 no se tendrán en cuenta para los fines previstos en este artículo.
1. Que el inmueble enajenado constituya activo fijo para el contribuyente, de acuerdo con el artículo 60 del *estatuto tributario.
5. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de ajustes integrales por inflación, deben incrementar el costo a que se refiere el presente artículo con los ajustes realizados sobre el correspondiente avalúo o autoavalúo, declarando como contrapartida un ingreso en la cuenta de corrección monetaria fiscal. (…)” (resaltado fuera de texto).
La Sala, en la sentencia del 18 de marzo de 2004 (exp. 13551), anuló el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 de 1995, por cuanto consideró que excedió lo previsto en el artículo 72 del estatuto tributario.
En efecto, la sentencia citada precisó que “(…) el decreto reglamentario demandado al excluir la disyuntiva “o” y señalar, que tratándose de autoavalúo el valor debe ser el mismo tanto en la declaración de renta como de predial del año anterior, está excediendo la previsión legal que permite tomar como costo fiscal el valor que aparezca en cualquiera de las declaraciones (renta o predial) o en ambas, cuando estas coinciden”(12).
En consecuencia, para establecer el costo fiscal no es requisito que el autoavalúo figure tanto en la declaración de renta como en la declaración del impuesto predial del año inmediatamente anterior a la enajenación del inmueble. Para que el autoavalúo sea costo fiscal, Basta que aparezca declarado en cualquiera de las dos declaraciones, pues no se requiere que el valor patrimonial o el costo fiscal utilizado en las dos declaraciones coincidan, sino que se puede solicitar el que figure en alguna de las dos.
En el caso en examen, la DIAN rechazó la suma de $ 448.473.000 que, como se explicó, la demandante declaró como ingresos no constitutivos de renta en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2005. El principal motivo de rechazo que propuso la DIAN consistió en que la parte actora no suministró información clara que justificara el origen de tales ingresos.
En la respuesta al requerimiento especial, la demandante justificó el origen de los ingresos no constitutivos de renta en el hecho de que se había acogido al saneamiento fiscal sobre bienes inmuebles de que trata la Ley 223 de 1995, y que con fundamento en ese hecho había corregido el denuncio de renta.
Para demostrar su dicho, aportó como prueba el certificado del revisor fiscal de la empresa que da cuenta de que el activo fue saneado el 31 de diciembre de 1995 y que, por tanto, se incluyó el valor del activo saneado en cuantía de $ 451.575.000. Que a partir del año 1995 el costo del inmueble fue ajustado por inflación. Que, por eso, para el año 2004 “el costo fiscal del activo ascendía a la suma de $ 929.929.000”, valor que fue incluido en la declaración de renta de ese año en los renglones 40 y 41, que correspondían a los conceptos de “activos fijos” y “otros activos fijos”. Que en el año 2005 vendió el activo por $ 678.600.00 y que se generó una pérdida fiscal de $ 251.329.000.
Con fundamento en las anteriores razones, la demandante corrigió el denuncio de renta, pues según explicó, por haber interpretado mal el artículo 90-2 del estatuto tributario incluyó los $ 448.473.343 en el renglón 45 como ingresos brutos no operacionales, y en el renglón 50 como ingresos no constitutivos de renta. La corrección consistió en excluir los $ 448.473.343 del renglón 45 y, en su lugar, reportó la suma de $ 678.600.000 en el renglón de costos.
En la liquidación oficial de revisión, la DIAN rechazó la corrección de la declaración puesto que el demandante modificó renglones que no habían sido glosados por la entidad, y los que habían sido glosados, los modificó pero en sentido distinto al señalado en el requerimiento especial.
Adicionalmente, en el entendido de que el rubro por $ 448.473.000 correspondió al valor saneado de conformidad con lo previsto en el artículo 90-2 del estatuto tributario, la DIAN, de una parte, dio por confesado el hecho de que la demandante incurrió en el error de registrar ese rubro en el renglón de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Y, por lo tanto, se relevó de hacer más análisis sobre el particular con la advertencia de que con fundamento en el artículo 723 del estatuto tributario(13) ese hecho no podía ser objeto del recurso de reconsideración, pues se trataba de un hecho aceptado que constituía plena prueba en su contra, conforme con el artículo 747 del estatuto tributario(14). De otra parte, la DIAN analizó los argumentos de la demandante referidos al saneamiento y los desestimó porque el hecho no fue probado.
En efecto, la parte actora quiso probar que saneó el inmueble, y que así saneado lo declaró en el denuncio de renta del año 1995 en cuantía de $ 451.575.000. La DIAN dio por no probado este hecho puesto que las pruebas contables que se aportaron a la actuación administrativa, referidas al valor patrimonial y al costo fiscal del activo, difirieron de la información que se reportó por los mismos conceptos en el impuesto de renta del año 1995.
También advirtió que no podía aceptarse como hecho probado que el bien hubiera sido saneado por $ 451.575.000, pues las pruebas aportadas al proceso arrojaban un costo fiscal de $ 321.083.613, pero en el entendido de que el precio del inmueble fuera de $ 678.600.000. Advirtió que en la declaración de renta del año 2005, la demandante reportó, en el renglón de ingresos operacionales, como valor de la venta del bien un total de $ 448.473.000, y que, en esas condiciones, de conformidad con el inciso 41 del artículo 90 del estatuto tributario, no era aceptable que el precio del bien fuera inferior al del costo fiscal.
Evidenció, además, que los valores certificados por el revisor fiscal como costo fiscal en el año 2004 diferían notablemente del valor que el demandante pretendió que le reconocieran como costo, esto es, $ 678.600.000 y del valor que efectivamente fue constatado por la DIAN, pues el revisor fiscal certificó un costo de $ 929.928.627, y la DIAN, con fundamento en las pruebas aportadas, precisó que ese costo ascendió tan solo a $ 305.287.914.
En el recurso de reconsideración, la parte actora planteó argumentos distintos a los que propuso en la respuesta al requerimiento especial, y que, como se vio, tuvo en cuenta la DIAN para comprobar la improcedencia del costo.
En efecto, explicó que en el año 1986 adquirió el 46,8% del derecho de dominio del inmueble ubicado en la transversal 12 Nº 94 54 y 94 52, de la ciudad de Bogotá.
Que con fundamento en el artículo 72 del estatuto tributario, desde el año 1994 declaró como costo fiscal del inmueble el porcentaje correspondiente de los autoavalúos. Que, por ejemplo, para el año 94 tomó el porcentaje correspondiente del autoavalúo reflejado en la declaración de renta de ese año. Que para el año 1995 tomó el porcentaje correspondiente al autoavalúo reportado en la declaración del impuesto predial de ese año. Que, fue por esto que, en realidad nunca aplicó el artículo 80 de la Ley 223 de 1995, pues la norma que siempre aplicó fue el artículo 72 del estatuto tributario. Para probar su dicho, dijo que aportaba las declaraciones de renta y predial correspondientes, y que, por lo tanto, solicitaba que se considerara que el error consistió en incluir como un ingreso no constitutivo de renta un valor que hacía parte del costo fiscal del activo enajenado. Por eso, pidió que el rubro glosado se tomara como lo que en realidad era: el costo fiscal del inmueble enajenado, puesto que, a su juicio, la liquidación oficial había omitido analizar los hechos con fundamento en ese concepto.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN insistió en que la demandante confesó el hecho de que llevó equivocadamente el rubro de $ 448.473.000 en el renglón de ingresos no constitutivos de renta, y que, además, se encontraba probado que la demandante no se acogió al saneamiento fiscal de inmuebles de la Ley 223 de 1995.
Por lo tanto, procedió a explicar el origen y consistencia de las cifras reportadas por la demandante a título de costo fiscal.
Para el efecto, analizó los estados financieros de la empresa, que datan del año 2004, en lo referente a los rubros de los activos fijos y otros activos, puesto que constituían los saldos iniciales contables para el año 2005.
De dicho análisis concluyó que la información reportada en la liquidación privada de renta del año 2004 coincide con la informada en los estados financieros presentada por ese mismo año.
Posteriormente, la DIAN reconoció que el contribuyente efectivamente tenía el derecho de determinar el valor patrimonial de los bienes inmuebles con base en el costo de adquisición ajustado, o por el avalúo catastral formado, o por el autoavalúo.
Habida cuenta de que la demandante alegó que calculó el valor patrimonial de los bienes inmuebles con base en el autoavalúo declarado en el denuncio del impuesto predial y que, para el efecto, aportó las pruebas de esos autoavalúos, la DIAN procedió a hacer el análisis respectivo y concluyó que tampoco era procedente tomar el autoavalúo del impuesto predial puesto que, analizadas y cotejadas las declaraciones de renta y del impuesto predial desde el año 1995 hasta el año 2005, advirtió que no eran congruentes de un año a otro.
Adicionalmente, analizó el origen de los $ 448.473.343 que la demandante registró como ingresos no constitutivos de renta, y concluyó que correspondían a la utilidad que determinó el mismo contribuyente por la venta del terreno y casa, razón por la que dijo era improcedente reconocer esa utilidad como costo fiscal.
También encontró probado que, efectivamente, en el año 2005, el inmueble objeto de la glosa fue vendido, y que el precio de la venta fue de $ 1.450.000.000 millones de pesos, así como que el 46,8% del precio correspondió a $ 678.600.000. Además, la DIAN calculó que el costo ascendió a $ 226.606.476, y la utilidad del inmueble a $ 451.993.524, pero estimó impertinente hacer esos ajustes en la liquidación oficial que propuso la división de liquidación porque tales modificaciones conllevaban el incremento del impuesto a cargo de la demandante. En síntesis, la DIAN consideró que era improcedente modificar la liquidación oficial puesto que esa modificación implicaba violar el principio de la non reformatio in pejus. En consecuencia, la DIAN confirmó el rechazo de los $ 448.473.343 a título de ingreso no constitutivo de renta.
El tribunal no compartió la decisión que tomó la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Esencialmente, porque consideró, con fundamento en la sentencia del 18 de marzo de 2004 atrás citada, que debía tenerse en cuenta la declaración del impuesto predial, así el rubro reportado en ese denuncio por concepto de autoavalúo no coincidiera con el rubro que fue objeto de la Sala, sin dar mayores explicaciones, además de las razones por las cuales decidió limitar el costo fiscal a ese valor.
En el recurso de apelación contra la sentencia, la DIAN reiteró, en esencia, lo dicho en la resolución que resolvió el recurso de apelación.
En esta instancia, la Sala considera que es pertinente revocar la sentencia apelada porque, independientemente de que la sentencia del 18 de marzo de 2004 haya precisado que los contribuyentes pueden tomar el avalúo de la declaración de renta o el de la declaración del impuesto predial, y que no importa que los autoavalúos reportados al fisco sean disímiles, lo cierto es que la demandante alegó la causal de nulidad por falta de aplicación del artículo 72 del estatuto tributario, causal que no está demostrada.
En efecto, de todo lo acontecido en la actuación administrativa, la Sala evidencia que la controversia suscitada y las conclusiones finales a las que llegó la DIAN en la actuación administrativa dan cuenta de que fue la misma demandante la que inaplicó el artículo 72 citado, puesto que si el autoavalúo reportado en el denuncio del impuesto predial del año 2004 ascendió a un monto de $ 1.023.648.000, y el 46,8% de ese valor arrojó un resultado de $ 479.067.264, no se entiende por qué la demandante reportó un “autoavalúo” de $ 448.473.343.
El hecho de que del análisis que hizo la DIAN resulte que sí había lugar a reconocer un costo fiscal a favor de la demandante, no justifica el reconocimiento del monto que la demandante reportó en el denuncio de renta en cuantía de $ 448.473.000. Mucho menos con fundamento en la declaración del impuesto predial del año 2004, en la que, se reitera, reportó un autoavalúo que no fue tomado como tal, ni siquiera por la misma demandante.
Quedó en evidencia, además, que la demandante pretendió algo distinto a ese reconocimiento. Pretendió cambiar, prácticamente, su denuncio de renta, al punto que lo corrigió. Esa corrección no fue aceptada por la administración, hecho que ni siquiera cuestionó la demandante. Y la mutación de los argumentos que propuso en el curso de la actuación administrativa dejan el velo de duda respecto del origen del rubro que pretendió llevar, ora como ingreso no constitutivo de renta, ora como costo fiscal del inmueble que vendió.
Ahora, si se analizaran los hechos del caso con fundamento en la causal de nulidad por falsa motivación, la Sala considera que tampoco se encuentra configurada, por cuanto es un hecho cierto que la demandante no llevó como costo fiscal el porcentaje del autoavalúo del impuesto predial del año 2004 que ascendía a $ 479.067.264, pues, se insiste, el monto que reportó fue el de $ 448.473.343.
Tampoco probó cual era el verdadero costo fiscal del inmueble, puesto que, con ocasión del requerimiento de información hecho por la DIAN, la demandante suministró un anexo en el que discriminó el costo fiscal del inmueble(15), así:
Costo neto contable 2005 Costo neto fiscal 2005
Terreno Lote Cra. 21 94-52 Bogotá 184.874.467 637.378.766
Construcciones y Edificaciones Casa Cra. 21 94-52 Bogotá 54.289.043 54.289.043
Depreciación acumulada 81.920.103
Luego, en otro cuadro que suministró, denominado “Activos fijos ventas bienes inmuebles 2005”(16), relacionó la siguiente información en relación con el costo:
AIPI 2005
Lote Cra. 21 94-52 Bogotá 184.874.467
Casa Cra. 21 94-52 Bogotá 136.209.146
En la certificación del revisor fiscal de la sociedad actora, se informó que el costo fiscal del inmueble lote-casa objeto de enajenación, ascendió a $ 929.928.627, sin explicar de dónde salió dicho valor o la forma en que fue calculado(17).
Por las anteriores razones, independientemente de que la DIAN haya calculado los costos para desvirtuar las cifras reportadas de manera inconsistente por la parte actora, y haya concluido que la demandante sí pudo haber reportado un costo fiscal de $ 226.606.476 por la venta del inmueble, finalmente, en los actos administrativos demandados decidió confirmar el rechazo de los $ 448.473.000, porque fueron reportados como ingreso no constitutivo de renta. Y es claro para la Sala que ese rubro ni bajo la consideración de ingresos no constitutivos de renta, ni bajo la consideración de costo fiscal, fue probado. Por lo tanto, procede el rechazo del ingreso.
Prospera el recurso de apelación de la DIAN.
3.2. Rechazo de deducción por amortización de inversiones por $ 27.621.000.
La Sala parte de precisar que en el requerimiento especial la DIAN glosó la suma de $ 52.648.257 que corresponden a: $ 42.531.129 de costos y $ 10.117.138 de impuesto de timbre. Dado que la demandante aceptó la improcedencia del costo por impuesto de timbre en cuantía de $ 10.117.138, el pleito inicialmente se tasó en $ 42.532.129, que corresponden a los siguientes conceptos:
Contrato Vr. cuota amortización 2005 pedida solicitada como deducción
INCO, SGC-ZP 064-2004 7.388.672
Inverlink Oferta mercantil de servicios 1.523.761
EMSA contrato C-58-05 5.120.806
Gobernación del Huila contrato 326 Tesalia 22.345.802
UPME-Fiduciaria Bogotá 1.059.028
Empresa Eléctrica de Quito 5.093.060
Total rechazado 42.531.129
Sin embargo, de esos $ 42.532.129, la DIAN primero aceptó $ 6.152.000 y posteriormente, $ 8.758.163. Habida cuenta de que el rubro cuestionado se redujo a $ 27.620.878, este es el monto de la litis.
Se pasa a resolver.
Pues bien, en aplicación de los artículos 142 y 143 del estatuto tributario, la DIAN decidió rechazar las deducciones por amortización de inversiones originadas en los siguientes contratos y por los siguientes valores, respecto de cada contrato:
Contrato Vr. cuota amortización 2005 pedida solicitada como deducción Vr. amortización aceptada en la Liquidación Oficial de Revisión Vr. Amortización aceptada en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración Vr. amortización rechazado-discutido
INCO, SGC-ZP 064-2004
7.388.672
2.571.694
4.816.978
Inverlink oferta mercantil de servicios
1.523.761
EMSA contrato C-58-05
5.120.806
Gobernación del Huila contrato 326 Tesalia
22.345.802
21.280.139
UPME-Fiduciaria Bogotá
1.059.028
5.093.060
Total rechazado
42.531.129
La DIAN rechazó los anteriores valores porque la demandante no probó el término de duración de los contratos, para efectos de la amortización de que trata el artículo 143 del estatuto tributario.
El artículo 142 del estatuto tributario establece la posibilidad de amortizar las inversiones necesarias para los fines del negocio o actividad, entendidas éstas como los desembolsos efectuados o causados, susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable, o tratarse como diferidos.
Por su parte, el artículo 143 del mismo estatuto aclara que las inversiones necesarias para los fines del negocio o actividad pueden amortizarse en un término inferior a 5 años, a menos que se demuestre que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización se debe hacer en un plazo inferior.
Teniendo en cuenta que en el caso sub examine la controversia se limita al aspecto probatorio, concretamente a la prueba del término de duración de cada uno de los contratos relacionados anteriormente, y no a la cuantía o a la naturaleza del negocio contenido en los contratos, la Sala verificará si, en efecto, tal circunstancia se probó. Para efectos prácticos, se analizará cada uno de los contratos así:
Alícuota de gastos del contrato INCO por $ 4.816.978
En el expediente está la copia del contrato SGC-ZP-064 de 2004, suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y la sociedad demandante, para la interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de construcción y operación del contrato de concesión 1161 de 2001(18).
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado contrato, el plazo de ejecución de su objeto era de 48 meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos.
En esa medida, la Sala no entiende por qué si la demandante aportó con el escrito del recurso de reconsideración la prueba echada de menos por la DIAN, en la que se refleja el término de duración del contrato, se mantuvo el rechazo del gasto al momento de resolver el recurso.
Por tanto, dado que los actos administrativos acusados no dan cuenta de otra razón que haya motivado el rechazo, la Sala se atiene a lo probado por la demandante y, en consecuencia, acepta el valor rechazado.
Se confirma lo decidido por el a quo en cuanto aceptó el gasto.
Alícuota de gastos del contrato de Inverlink por valor de $ 1.523.761
Reposa en el expediente la “Propuesta de asesoría-Oferta Mercantil de Servicios 001 de 2005”, dirigida a la Unión Temporal Inverlink - BBVA Valores, de cuyo texto se desprende que el plazo de ejecución de los servicios descritos estaba definido por la vigencia del contrato 2051741, suscrito entre la Unión Temporal Inverlink - BBVA Valores - BBVA y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo(19).
No obstante, y como acertadamente lo concluyó el a quo, en el expediente no aparece el contrato 2051741, para efectos de verificar con exactitud el tiempo de duración del mismo, que, a su vez, constituye el término de amortización del gasto solicitado como deducible, echado de menos por la DIAN.
Por tanto, se confirma lo decidido por el a quo en cuanto mantuvo su rechazo.
Alícuota de gastos del contrato de la Gobernación del Huila por $ 21.280.139
En el expediente reposa la copia del contrato de consultoría 326, celebrado entre el departamento del Huila y la sociedad actora, en cuya cláusula sexta se señala un plazo de ejecución de 6 meses. Asimismo, aparece la copia de los otrosí 1, 2 y 3 a dicho contrato, en los que se amplía el plazo de ejecución por 3 meses, 15 días y 15 días, respectivamente.
También aparece la copia del contrato 03, adicional al contrato de consultoría 326 de 2005, celebrado entre el departamento del Huila y la demandante, en cuya cláusula tercera se amplía el plazo de ejecución en 4 meses, aclarando que el plazo total sería de 13 meses y medio(20).
En ese orden, al igual que en el anterior caso, se encuentra probado el término de ejecución del contrato echado de menos por la DIAN, razón que da lugar a aceptar el gasto rechazado.
Se confirma lo decidido por el tribunal.
En atención a las consideraciones hechas anteriormente, la Sala confirma el rechazo de la suma de $ 448.473.343, por concepto de ingresos no constitutivos de renta, y acepta la deducción por amortización de inversiones por $ 27.620.878. Por tanto, la liquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 2005, a cargo de la demandante, es la siguiente:
Concepto Liq. privada Liq. recurso reconsideración Liq. tribunal Liq. Consejo de Estado
Total gastos de nómina 50 2.612.742.000 2.612.742.000 2.612.742.000 2.612.742.000
Aportes al sistema de seguridad social 51 332.060.000 332.060.000 332.060.000 332.060.000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 52 148.500.000 148.500.000 148.500.000 148.500.000
Efectivo, bancos, ctas. bancos, inver. mobiliarias, ctas. cobrar 53 832.628.000 832.628.000 832.628.000 832.628.000
Cuentas por cobrar clientes 54 2.761.622.000 2.761.622.000 2.761.622.000 2.761.622.000
Acciones y aportes 55 303.558.000 303.558.000 303.558.000 303.558.000
Inventarios 56 0 0 0 0
Activos fijos 57 210.793.000 210.793.000 210.793.000 210.793.000
Otros activos 58 964.066.000 964.066.000 964.066.000 964.066.000
Total patrimonio bruto 59 5.072.667.000 5.072.667.000 5.072.667.000 5.072.667.000
Pasivos 60 3.468.801.000 3.468.801.000 3.468.801.000 3.468.801.000
Total patrimonio líquido negativo 61 1.603.866.000 1.603.866.000 1.603.866.000 1.603.866.000
Ingresos brutos operacionales 62 6.318.084.000 6.318.084.000 6.318.084.000 6.318.084.000
Ingresos brutos no operacionales 63 502.017.000 502.017.000 502.017.000 502.017.000
Intereses y rendimientos financieros 64 18.000 18.000 18.000 18.000
Utilidades por exposición a la inflación 65 0 0 0 0
Total ingresos brutos 66 6.820.119.000 6.820.119.000 6.820.119.000 6.820.119.000
Devoluciones, descuentos y rebajas 67 0 0 0 0
Otros ingresos no constitutivos de rta. Ni gananc.ocasional 68 497.050.000 48.577.000 497.050.000 48.577.000
Total ingresos netos 69 6.323.069.000 6.771.542.000 6.323.069.000 6.771.542.000
Costos de venta (para sistema permanente) 70 0 0 0 0
Otros costos 71 5.284.433.000 5.246.695.000 5.272.792.000 5.272.792.000
Total costos 72 5.284.433.000 5.246.695.000 5.272.792.000 5.272.792.000
Gastos operacionales de administración 73 582.580.000 582.580.000 582.580.000 582.580.000
Gastos operacionales de ventas 74 0 0 0 0
Deducción inversiones en activos fijos 75 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000
Pérdida por exposición a la inflación 76 24.013.000 24.013.000 24.013.000 24.013.000
Otras deducciones (serv. públicos, fletes, seguros, imp., etc.) 77 337.334.000 337.334.000 337.334.000 337.334.000
Total deducciones 78 946.867.000 946.867.000 946.867.000 946.867.000
Renta líquida del ejercicio 79 91.769.000 577.980.000 103.410.000 551.883.000
Rentas gravables 80 60.813.000 60.813.000 60.813.000 60.813.000
Renta líquida del ejercicio 81 152.582.000 638.793.000 164.223.000 612.696.000
O pérdida líquida 82 0 0 0 0
Compensaciones 83 0 0 0 0
Renta líquida del ejercicio 84 152.582.000 638.793.000 164.223.000 612.696.000
Renta presuntiva 85 145.127.000 145.127.000 145.127.000 145.127.000
Total rentas exentas 86 0 0 0 0
Renta líquida gravable 87 152.582.000 638.793.000 164.223.000 612.696.000
Ingresos por ganancias ocasionales 88 0 0 0 0
Costos y deducciones por ganancias ocasionales 89 0 0 0 0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 90 0 0 0 0
Ganancias ocasionales gravable 91 0 0 0 0
Impuesto sobre la renta gravable 92 53.404.000
Descuentos tributarios 93 0
Impuesto neto de renta 94 53.404.000 223.578.000 57.478.000 214.444.000
Sobretasa impuesto a la renta 95 5.340.000 22.358.000 5.748.000 21.444.000
Impuesto de ganancias ocasionales 96 0
Impuesto de remesas 97 0 0 0 0
Total imp. A cargo/imp. generado por operaciones grav. 98 58.744.000 245.936.000 63.226.000 235.888.000
Autorretenciones 99 0 0 0 0
Otros conceptos 100 484.227.000 484.227.000 484.227.000 484.227.000
Total retenciones año gravable 101 484.227.000 484.227.000 484.227.000 484.227.000
Menos: saldo fvr. sin sol. dev. o comp./saldo fvr. pers. fis. ant. 102 0 0 0 0
Anticipo por el año gravable 103 0 0 0 0
Saldo a pagar por impuesto 104 0 0 0 0
Sanciones 105 0 0 0 0
Total saldo a pagar 106 0 0 0 0
O total saldo a favor 107 425.483.000 238.291.000 421.001.000 248.339.000
Finalmente, la Sala no accederá a la devolución del saldo a favor que resulta de la anterior liquidación, puesto que el restablecimiento del derecho in natura que surge de la nulidad de actos como el que en este caso se cuestionan, es la correcta determinación del impuesto. De tal manera que la devolución de cualquier suma de dinero que resulte a favor como consecuencia de la nueva liquidación, deberá ser solicitada por el contribuyente ante la DIAN, en los términos que fija la ley para el efecto y de lo considerado en esta providencia.
1. CONFÍRMANSE los numerales primero y tercero de la sentencia apelada. MODIFÍCASE el numeral segundo de la misma, el que queda de la siguiente forma:
A título de restablecimiento del derecho se fija como nueva liquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 2005, de la sociedad Consultores Regionales Asociados S.A., la contenida en la parte considerativa de este proveído, la que arroja un saldo a favor de doscientos cuarenta y ocho millones trescientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente ($ 248.339.000 m/cte.).
2. RECONÓCESE personería a la abogada María Cristina Arias Hernández, como apoderada de la UAE DIAN, en los términos del poder que le fue otorgado.
(12) La interpretación de la entidad demandada impediría la posibilidad de modificar la forma de valuación de los inmuebles en años posteriores, lo cual es contrario a la previsión del inciso segundo del artículo 73 del estatuto tributario que expresamente dispone:
“Cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades, con base en lo previsto en este artículo[1], la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en sus declaraciones de renta, cuando se trate de contribuyentes obligados a declarar, sin perjuicio de que en años posteriores pueda hacer uso de la alternativa prevista en el artículo 72 de este estatuto, cumpliendo los requisitos allí exigidos” (resalta la Sala).
Lo anterior implica, la posibilidad legal de que en el año anterior a la enajenación, el valor aceptable como costo fiscal en los términos del artículo 72 ib. sea el del autoavalúo o avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial, sin que este valor necesariamente figure como valor patrimonial en la declaración de renta, toda vez que para estos efectos pudo valorarse el bien acudiendo a otros sistemas aceptados por las normas tributarias.
(13) ART. 723.—Los hechos aceptados no son objeto de recurso. En la etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación.
(14) ART. 747.—Hechos que se consideran confesados. La manifestación que se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se informe la existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste.
Contra esta clase de confesión sólo admisible la prueba de error o fuerza sufridos por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella.
(15) Folios 235 y 236, cuaderno de antecedentes.
(16) Folio 300, cuaderno de antecedentes.
(17) Folio 443, cuaderno de antecedentes.
(18) Folios 761 a 767, cuaderno de antecedentes.
(19) Folios 740 a 745, cuaderno de antecedentes.
(20) Folios 746 a 760, cuaderno 5 antecedentes.