Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-6429-2008-23-03-2010-59681
Timestamp: 2018-08-15 16:32:17
Document Index: 64859535

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 109', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 109', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 67']

Resolución de TEAC, 00/6429/2008, 23-03-2010 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/6429/2008 de 23 de Marzo de 2010
Núm. Resolución: 00/6429/2008
Procedimiento inspector. Documentación de las actuaciones. Diligencias: requisitos para tener efectos interruptivos de la prescripción. Diligencia en la que se hace constar la entrega del poder de representación.
Sólo son idóneas para impulsar el procedimiento inspector aquéllas diligencias directamente encaminadas a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, o lo que es lo mismo, las actuaciones inspectoras levantadas al objeto mero de constatación pero que no contienen acto alguno encaminado a la comprobación administrativa tributara, son actuaciones carentes de la verdadera y propia significación de actuación inspectora. No interrumpen la prescripción las diligencias por la que se entrega el poder de representación. Si bien son necesarios para el procedimiento no son documentos que sirvan para determinar la deuda tributaria y por tanto no tienen virtualidad interruptiva de la prescripción.
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba indicada (23/03/2010) y en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. B en representación de X, S.A. con NIF: ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la Resolución parcialmente estimatoria dictada en primera instancia por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 29 de febrero de 2008, recaída en las reclamaciones ... y ..., interpuestas contra los siguientes Acuerdos del Servicio Territorial de Economía y Hacienda de ... de ...
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2001 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 41.948,46 euros (reclamación del TEAR ...).
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 15.240,78 euros (reclamación del TEAR ...).
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 3.034,12 euros (reclamación del TEAR ...).
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por los ejercicios 2001 y 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 1.016.474,98 euros (reclamación del TEAR ...).
PRIMERO: En fecha 11 de julio de 2003 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por la Dependencia Regional de inspección de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de administración Tributaria acerca del obligado tributario X, S.A. con objeto de comprobar los ejercicios 1999, 2000 y 2001 del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, en fecha 21 de junio de 2004 se amplían las actuaciones al ejercicio 2002.
Es necesario destacar que se acordó la ampliación del plazo máximo de duración de las actuaciones, por lo que la duración del procedimiento no puede exceder de 24 meses; y en el cómputo del plazo deben tenerse en cuenta 58 días de dilaciones imputables al obligado tributario, en relación con las actuaciones iniciadas el 11 de julio de 2003, y 38 días en relación con las iniciadas el 21 de junio de 2004.
Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, en fecha 25 de abril de 2005 se incoa acta de disconformidad A02 número ..., que contiene una propuesta de regularización, acta que da lugar al Acuerdo de liquidación de 23 de agosto de 2005, por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002 del Impuesto sobre el Valor Añadido, y del que resulta una cantidad a ingresar de 2.963.319,29 euros, comprensiva de cuota e intereses de demora.
La actividad realizada por la entidad en los ejercicios comprobados es el alquiler de locales industriales, clasificada en el epígrafe 861.2 del IAE. Asimismo, en dichos periodos también realizó las actividades de alquiler de viviendas, agricultura (régimen general) y obtención empresarial de rendimientos financieros, tal y como se detalla en el Acuerdo de liquidación.
Las regularizaciones realizadas por la Inspección son las siguientes:
IVA repercutido: la entidad repercutió IVA por tres contratos de arrendamiento de locales de negocio suscritos con entidades vinculadas pero, a juicio de la Inspección, dichos contratos son simulados y debe gravarse el hecho imponible efectivamente realizado por las partes, que en este caso es el arrendamiento de viviendas destinadas a su utilización directa por personas físicas. Al estar el arrendamiento de vivienda exento del IVA, procede disminuir las cuotas de IVA repercutido.
En concreto, se trata de un contrato de arrendamiento de un inmueble en ...a favor de Y, S.A., otro contrato de arrendamiento de un inmueble en ... a favor de Z, S.A., y un tercer contrato de arrendamiento de dos inmuebles en ... y ... a favor de W, S.L. todas ellas entidades vinculadas a X, S.A.
- El primer inmueble es una villa en la zona señorial de ... que siempre ha albergado dos viviendas independientes perfectamente acondicionadas a estos efectos, con piscina, pista de paddle acristalada, una barbacoa y una pérgola; no hay signo alguno de que Y, S.A. realice allí actividades; los suministros están a nombre de X, S.A. y han sido contratados con posterioridad al contrato de arrendamiento, constando también el pago por X, S.A. sin que se haya repercutido a la entidad arrendataria; vecinos de la zona han manifestado que son D. A y D. B y sus familias quienes ocupan a temporadas la edificación.
El segundo inmueble siempre ha sido una vivienda unifamiliar en primera línea de playa en ... que cuenta con zonas destinadas a terrazas, piscina, duchas, pista de frontón, billares y pinada; no hay signo exterior alguno de que Z, S.A. realice allí actividades; los suministros están a nombre de X, S.A., y han sido contratados con posterioridad al contrato de arrendamiento, constando también el pago por X, S.A. sin que se haya repercutido a la entidad arrendataria; vecinos de la zona han manifestado que es D. C y su esposa quienes ocupan la villa durante la temporada veraniega.
El tercer y el cuarto inmueble son dos apartamentos dúplex adquiridos como viviendas y con cuatro plazas de garaje, en ..., localidad cercana a la estación de esquí de ...; no hay signo exterior alguno de que W, S.L. realice allí actividades, ni la sociedad resulta conocida entre los vecinos; los suministros están a nombre de X, S.A., y han sido contratados con posterioridad al contrato de arrendamiento, constando también el pago por X, S.L. sin que se haya repercutido a la entidad arrendataria.
- X, S.A soportó cuotas de IVA por la adquisición de terrenos rústicos que fueron repercutidas improcedentemente al tratarse de operaciones no sujetas o exentas de IVA puesto que, o bien los propietarios no las tenían afectas a una actividad empresarial, o bien los transmitentes no renunciaron de forma fehaciente a la exención del IVA.
- Cuotas no deducibles por el artículo 95 de la Ley 37/1992:
Cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con viviendas o edificios de viviendas que no han estado afectas a su actividad de arrendamiento: o bien han estado destinadas al uso inmobiliario, o bien se han disfrutado por terceros.
Cuotas soportadas por servicios prestados por BANCO DE ... como consecuencia del "contrato de servicio R", referido exclusivamente a la realización de funciones de consulta y otras operaciones relacionadas con las cuentas que X, S.A. mantenía en dicha entidad financiera, sin que ninguna esté vinculada a su actividad empresarial.
Cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios no afectos a ninguna de sus actividades empresariales.
- X, S.A. está sujeto a la regla de prorrata, siendo aplicable la prorrata especial en el año 1999 y la prorrata general en los años 2000, 2001 y 2002.
- El artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, relativo a la renuncia a las exenciones inmobiliarias del IVA, establece como requisito para renunciar que el adquirente tenga derecho a la deducción total del IVA soportado. Al no cumplir X, S.A. este requisito en los ejercicios 2000, 2001 y 2002, no son deducibles las cuotas de IVA soportadas por la adquisición de diversos terrenos rústicos por cuanto las cuotas de IVA fueron improcedentemente repercutidas, ya que la operación estaba exenta de IVA y no se había renunciado de forma válida a la exención.
- Por aplicación de la prorrata general, el resto de cuotas soportadas en los años 2000, 2001 y 2002 sólo son deducibles en unos porcentajes que se concretan en el Acuerdo de liquidación.
- Por aplicación de la prorrata especial, en el año 1999 no son deducibles las cuotas soportadas por la adquisición y rehabilitación del inmueble sito en ... al tratarse de una vivienda destinada al arrendamiento para su utilización directa por personas físicas.
- X, S.A. ha deducido cuotas de IVA soportado correspondientes a la adquisición de bienes y servicios utilizados en común en varios sectores diferenciados de actividad, y éstas no son deducibles íntegramente.
SEGUNDO: Como consecuencia de diligencias de colaboración remitidas por la Dependencia de Gestión Tributaria de ... y la Inspección Regional de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al Servicio de Inspección Tributaria de ..., en las que se hace constar que determinadas adquisiciones inmobiliarias efectuadas por X, S.A. no se hallaban sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, se inician actuaciones de comprobación por los ejercicios 2001, 2002 y 2003 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Como consecuencia de estas actuaciones se dictan las siguientes liquidaciones:
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2001 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 41.948,46 euros. En el acuerdo se indica que mediante escritura pública de 17 de diciembre de 2001, X, S.A. adquiere de D.ª D dos parcelas en ..., sujetando la operación a IVA; no obstante, la Administración entiende que el transmitente no era empresario o profesional a la fecha de transmisión, y tampoco se habían iniciado obras de urbanización en el terreno, por lo que la operación no quedaba sujeta a IVA y sí al ITPAJD.
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 15.240,78 euros. En el acuerdo se indica que mediante escritura pública de 26 de julio de 2002, X, S.A. adquiere de D.ª E y D.ª F, D.ª G y D. H tres parcelas en ..., sujetando la operación a IVA; no obstante, la Administración entiende que los transmitentes no eran empresarios o profesionales a la fecha de transmisión, y tampoco se habían iniciado obras de urbanización en el terreno, por lo que la operación no quedaba sujeta a IVA y sí al ITPAJD.
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por el ejercicio 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 3.034,12 euros. En el acuerdo se indica que mediante escritura pública de 26 de julio de 2002, X, S.A. adquiere de D.ª J y D.ª K, D.ª L, D.ª M, D.ª N, D.ª O y D.ª P una parcela en ..., sujetando la operación a IVA; no obstante, la Administración entiende que los transmitentes no eran empresarios o profesionales a la fecha de transmisión, y tampoco se habían iniciado obras de urbanización en el terreno, por lo que la operación no quedaba sujeta a IVA y sí al ITPAJD.
- Acuerdo de liquidación de 28 de febrero de 2006, derivado del acta de disconformidad A02 ..., por el que se regulariza la situación tributaria de la entidad por los ejercicios 2001 y 2002 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y del que resulta una cantidad a ingresar de 1.016.474,98 euros. En el acuerdo se indica que durante los ejercicios 2001 y 2002 X, S.A. adquiere 17 parcelas sitas en ..., una parcela en ..., dos parcelas en ... y 92 parcelas y una casa de campo en ...; en las correspondientes escrituras públicas de compraventa se había renunciado a la exención del IVA, pero la Administración entiende que no es posible dicha renuncia debido a que X, S.A. está sujeta a la regla de prorrata en los ejercicios 2001 y 2002 y se incumple así uno de los requisitos para renunciar a la exención. Por tanto, las operaciones no quedaban sujeta a IVA y sí al ITPAJD.
TERCERO: Disconforme la entidad con los Acuerdos anteriores, interpone frente a ellos reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (reclamaciones ... y ...), las cuales son resueltas de forma acumulada en fecha 29 de febrero de 2008.
En su Resolución, el TEAR desestima las pretensiones de la entidad. Las cuestiones relativas al procedimiento inspector son desestimadas, y en cuanto al fondo del asunto:
- En cuanto al IVA soportado por la adquisición de fincas rústicas en las que la Inspección entiende que no se ha renunciado de forma válida a la exención del IVA, pues la entidad adquirente está sujeta a la regla de prorrata y no tiene derecho a la deducción total del IVA soportado, el TEAR confirma este criterio y se remite a su Resolución de 28 de febrero de 2008 recaída en la reclamación ... en relación con el IVA de los ejercicios 1999 a 2002. Al considerar aplicable la regla de prorrata, la entidad no pudo renunciar a la exención y las operaciones de compraventa debieron quedar sujetas al ITPAJD en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
- En relación con el IVA, la Resolución indicaba también que, al tratarse de cuotas de IVA repercutidas e ingresadas indebidamente, la devolución corresponde a la entidad que soportó la repercusión X, S.A., sólo si la entidad no dedujo dicho IVA soportado. Como en el presente caso sí dedujo el IVA soportado no habría que devolverle nada, sino que se compensa el IVA soportado deducido indebidamente con el derecho a la devolución; en la medida en que el Acuerdo de liquidación sólo ha minorado el IVA soportado deducible, sin tener en cuenta la compensación con el ingreso indebido, procede anular la liquidación de IVA en este aspecto. Y esto se señala en la Resolución relativa al ITPAJD a los efectos de exigir la cuota de ITPAJD, que la Consejería de Hacienda dejó en suspenso pendiente de la devolución del IVA ingresado indebidamente.
CUARTO: Frente a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., X, S.A. interpone el presente recurso de alzada, en base a las siguientes alegaciones:
- Falta de motivación de la inclusión en Plan de inspección de las actuaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Los Acuerdos impugnados son nulos de pleno derecho, puesto que se han notificado al obligado tributario firmados únicamente por el instructor y no por la Sra. Jefe del Servicio de Inspección Tributaria en funciones.
- La comunicación de inicio de actuaciones de ITPAJD y la única diligencia incoada en el procedimiento, ni siquiera requieren a la entidad para que aporte documentación alguna, por lo que no tienen virtualidad para interrumpir la prescripción. Por ello, al reanudarse las actuaciones el 13 de diciembre de 2005, momento en que se entregan a X, S.A. los cálculos de las liquidaciones que se van a proponer, ya se encontraría prescrito el derecho a comprobar el ITPAJD por algunas de las operaciones de compraventa.
- A continuación, alega en relación con las operaciones por las que la AEAT ha considerado que realizaba operaciones exentas de IVA, lo que conlleva que le sea aplicable la regla de prorrata y no pueda renunciar a las exenciones de IVA en las operaciones de compraventa regularizadas. Así, entiende que no concurren los requisitos de la simulación para entender que los contratos de arrendamiento de locales de negocio a las entidades Y, S.A., Z, S.A. y W, S.L. no son reales sino simulados. A esto hay que añadir las numerosas pruebas aportadas por estas entidades en relación a la actividad realizada con los inmuebles arrendados, para actividades promocionales y atenciones a clientes. Finalmente, las viviendas no son arrendadas a personas físicas, en todo caso se trataría de una cesión gratuita.
- Por lo anterior, no procede la aplicación de la regla de prorrata, puesto que la entidad únicamente realiza operaciones que generan el derecho a deducir. En cualquier caso, de ser aplicable, la prorrata provisional de 1999 debería ser la definitiva de 1998, que es el 100% porque dicho ejercicio ya está prescrito y la Administración no puede comprobarlo ahora; asimismo, el ejercicio 1999 se encuentra prescrito, tal y como ha alegado la entidad, por lo que la prorrata de este ejercicio será también del 100%; como también se ha alegado que la Inspección no puede volver a comprobar los ejercicios 1999, 2001 y 2002, en todos estos ejercicios la prorrata sería del 100%.
PRIMERO: Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del recurso de alzada que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en el RD 520/2005 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, de aplicación a este procedimiento.
Son cuestiones a resolver por este Tribunal Económico Administrativo Central las siguientes:
1) La falta de motivación de la inclusión en Plan de inspección respecto del IVA.
2) La validez de la firma de los acuerdos impugnados.
3) Si ha prescrito el derecho a comprobar las operaciones anteriores al 13 de diciembre de 2001.
4) Si es aplicable la regla de prorrata, en cuanto a si los arrendamientos de locales de negocio a las entidades Y, S.A. y Z, S.A. y W, S.L. fueron simulados o reales.
5) Si están determinados correctamente los porcentajes de la prorrata de cada uno de los ejercicios.
SEGUNDO: La primera de las alegaciones de la entidad es que la orden del Inspector Jefe por la que se ordena su inclusión en plan respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, puesto que la entidad no está incluida en ningún plan al no hacerse referencia a ello en la orden, no está debidamente motivada.
Respecto de esta cuestión, no es necesario entrar a resolverla por cuanto en el presente recurso se impugnan las actuaciones relativas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y en nada afecta que sean correctas las actuaciones seguidas respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En cualquier caso, en la Resolución de 26 de enero de 2010 de este TEAC, por la que se resuelve el recurso interpuesto contra las actuaciones relativas al IVA (recurso número 6414/2008), este Tribunal ha declarado lo siguiente:
"El artículo 29 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos dispone que: "las actuaciones de la Inspección de los Tributos se iniciarán:
b) A petición del obligado tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1/1998 de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y en el artículo 33 bis de este Reglamento."
El presente Tribunal se ha pronunciado sobre esta cuestión en los siguientes términos (entre otras en las Resoluciones de 28 de Mayo de 2004 y 15 de Octubre de 2004):
"(..) Todo obligado tributario puede ser objeto de un procedimiento de comprobación e investigación tributaria encaminado a verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas (artículo 109 de la LGT en relación con el artículo 10 del Reglamento de la Inspección de los Tributos) y la fórmula elegida por la Administración Tributaria, entre otras posibles, para dirigir y coordinar aquellas actuaciones de comprobación e investigación tributaria son los Planes de Inspección (artículo 18 y 19 del RGIT) que tienen por objeto delimitar las actuaciones a realizar durante un determinado período de tiempo y seleccionar los obligados tributarios objeto de las mismas. Ahora bien, tal y como ha manifestado el TS en Sentencias de 20 de Octubre de 2000 y 17 de Febrero de 2001, la inclusión de un contribuyente en un Plan de Inspección es un acto de trámite, reservado y confidencial, que per se no afecta a los derechos subjetivos del contribuyente y que no es, por tanto, recurrible. En consecuencia, no existe obligación de incorporar en el expediente la documentación relativa a la inclusión en el Plan de Inspección al contribuyente objeto de comprobación, por lo que no cabe sino concluir, como ya apuntaba el TS en Sentencia de 10 de Junio de 1994, que la elaboración de tales Planes guardan relación con las actuaciones organizativas generales del Servicio de Inspección, pero no pueden identificarse con el procedimiento generador de actos administrativos concretos en que la comprobación consiste."
La mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Octubre de 2000 establece: "es menester destacar algo que es fundamental, y es que el apartado 6 de dicho artículo 19 dispone que los planes de los órganos que han de desarrollar las actuaciones inspectoras tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad lo cual es totalmente lógico, pues lo contrario dejaría inerme a la Inspección de Hacienda, por cuanto enterados los contribuyentes que van a ser objeto en el año de que se trata de actuaciones de comprobación e investigación, procederían inmediatamente a presentar las correspondientes declaraciones complementarias o las principales no presentadas, lo cual equivaldría a una permanente amnistía fiscal de las sanciones. Como corolario lógico de la reserva y confidencialidad de los Planes desagregados de la Inspección, la Administración no está obligada a notificar a los contribuyentes el hecho de su inclusión en un Plan concreto de inspección."
En el presente caso, consta en el expediente debidamente cumplimentada la Orden de Carga en plan en donde figura la Unidad de Inspección, el Jefe de la citada Unidad, el Obligado tributario, la Descripción del programa y el alcance de las actuaciones de comprobación e investigación fechada. A pesar de lo señalado por la recurrente, la Orden cumple todos los requisitos exigidos por la normativa tributaria y lo establecido en el Reglamento General de Inspección de los Tributos sin vulnerar de ningún modo el principio de seguridad jurídica o motivación de los actos administrativos.
También la Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre esta cuestión, en concreto en la Sentencia de 30 de abril de 2008 (recurso número 73/2005), en la que señala:
"El artículo 18 del citado Reglamento sujeta la actividad inspectora a los correspondientes planes, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y de oportunidad. Por su parte, el artículo 19 del mismo Reglamento alude a Plan Nacional de Inspección y a los parciales que lo desarrollan. Ambos preceptos responden a la necesidad de una actuación ordenada, que, al propio tiempo, proteja al contribuyente de eventuales acciones discriminatorias o arbitrarias. No obstante, este propósito no compele a notificar al contribuyente su inclusión en un concreto plan, tal y como ha indicado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 22 de enero de 1993 (recursos acumulados 250, 256, 257, 265, 267 y 269/86) y reconoce implícitamente el apartado 6 de dicho artículo 19 al disponer el carácter reservado de los planes, que no se publicitan. Esta circunstancia no crea ninguna indefensión, pues queda indemne el derecho del interesado a participar en el procedimiento y en las actuaciones inspectoras, conforme a lo previsto en los artículos 29 y siguientes del propio Reglamento.
En definitiva, todo obligado tributario puede ser receptor de un procedimiento de comprobación e investigación, encaminado a verificar el exacto cumplimiento de sus deberes para con la Hacienda Pública (artículo 109 de la Ley General Tributaria, en relación con el artículo 10 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos), sin que pueda descartarse, por el simple hecho de no obrar unido al expediente el acuerdo de inclusión en un plan, que la fórmula elegida por la Administración en el caso actual no sea la del repetido artículo 19, que tiene por objeto acotar las actuaciones a realizar en un período determinado y seleccionar los contribuyentes destinatarios, ni que entre ellos se encontrara la demandante".
Así, la entidad puede estar incluida en un plan, o bien pueden iniciarse las actuaciones por orden superior escrita y motivada del Inspector Jefe. En primer lugar, no tiene constancia este Tribunal del motivo por el que X, S.A. afirma que no está incluida en plan y el inicio de las actuaciones con respecto a dicha entidad se realiza por orden superior; pero es que, incluso en el supuesto de que no esté incluida en plan, la orden de carga en plan, como ya hemos examinado, consta en el expediente y contiene una motivación suficiente.
A mayor abundamiento, aunque el sujeto pasivo no se encontrase incluido en plan y el Inspector Jefe no hubiera ordenado el inicio de actuaciones respecto al mismo, ello no anularía la liquidación, por cuanto que la misma ha sido practicada por el propio Inspector Jefe y, por tanto, nos encontramos con un supuesto de convalidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En este sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones este Tribunal, entre otras la Res
Sentencia Administrativo Nº 49/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 127/2005, 01-02-2008
Orden: Administrativo Fecha: 01/02/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Blanco Dominguez, Luis Miguel Num. Sentencia: 49/2008 Num. Recurso: 127/2005
Sentencia Administrativo Nº 382/2015, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1758/2010, 02-03-2015
Orden: Administrativo Fecha: 02/03/2015 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Torres Donaire, Maria Rogelia Num. Sentencia: 382/2015 Num. Recurso: 1758/2010
Sentencia Administrativo Nº 408/2015, TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 307/2013, 29-05-2015
Orden: Administrativo Fecha: 29/05/2015 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Gallego Otero, Julio Luis Num. Sentencia: 408/2015 Num. Recurso: 307/2013
Sentencia Administrativo Nº 1267/2005, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1826/1999, 27-07-2005
Orden: Administrativo Fecha: 27/07/2005 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Lallana Dupla, Maria Antonia Num. Sentencia: 1267/2005 Num. Recurso: 1826/1999
Bonificaciones ITPAJD Comunidad Valenciana
Caso práctico: Comercio al por menor de maquinaria usada comprada a particular comunitario.
PLANTEAMIENTOUna persona viene desarrollando una actividad empresarial por cuenta propia de comercio al por menor de maquinaria usada consistente en adquirir maquinaria textil usada a particulares para venderla a empresas del sector textil; ha formal...
Resolución de TEAC, 00/6414/2008, 26-01-2010
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/01/2010 Núm. Resolución: 00/6414/2008
Resolución de TEAC, 00/2257/2005, 28-05-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 28/05/2008 Núm. Resolución: 00/2257/2005
Resolución de TEAC, 6406/2013/00/00, 24-11-2016
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 24/11/2016 Núm. Resolución: 6406/2013/00/00
Resolución de TEAC, 00/2442/2005, 27-02-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 27/02/2008 Núm. Resolución: 00/2442/2005
Resolución de TEAC, 00/1350/2009, 10-05-2011
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 10/05/2011 Núm. Resolución: 00/1350/2009