Source: http://www.derechos.org/koaga/vii/contreras.html
Timestamp: 2014-11-23 15:53:10
Document Index: 281604952

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Ko'aga Rone'eta - Derechos Humanos y Desaparecidos en Dictaduras Militares Derechos Humanos y Desaparecidos en Dictaduras Militares
J. C. Gutiérrez Contreras y Myrna Villegas DíazUniversidad de Salamanca
INTRODUCCIÓN 1.-LAS DICTADURAS MILITARES EN EL CONO SUR. 1.1.-La organización criminal internacional de represión: "El Plan Cóndor".
2.- LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES
COMETIDAS DURANTE LAS DICTADURAS MILITARES. 2.1.- � Cómo se fundamenta la responsabilidad internacional de los Estados en materia de violaciones a los
?. 2.2.- � Es la soberanía estatal un límite que permite la vulneración de los Derechos Humanos
3.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS ESTADOS PARA CONOCER DE VIOLACIONES A
HUMANOS. 3.1.- La Legislación Nacional Española. 3.2.- La Legislación Internacional. 3.3. -Improcedencia de la regla non bis in ídem, de la prescripción y de la
amnistía. 4.- ESTADO Y ABUSO DE PODER.
4.1.- El terrorismo de Estado.
5.- CONSIDERACIONES DOGMÁTICAS RESPECTO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR LAS
5.1.- Genocidio. 5.2.- Delitos de Terrorismo.
5.3.- Delito de Tortura.
5.4.- Consideraciones finales respecto de los tres tipos penales estudiados.
"En este país no se mueve ni una sola hoja sin que yo lo sepa."
(General Augusto Pinochet Ugarte) "...En Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me
siento orgulloso".
(General Ramón Campos, Jefe de la Policía de Buenos Aires) Las violaciones a los derechos humanos, alteran y ponen en entredicho cualquier posibilidad de convivencia
pacífica en el
interior de un Estado, y como afirma Rawls, en el marco de la sociedad de naciones, "el respeto por los derechos
una de las condiciones impuestas a cualquier régimen político para ser admitido como miembro pleno de una
de pueblos justa".(1) Cuando nos adentramos en las conductas y el estudio de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las
del cono sur de América Latina nos sorprendemos de la brutalidad de sus procedimientos en contra de la
población. Sólo en la
última dictadura militar argentina (1976-1983) las fuerzas de seguridad, con la excusa de encontrarse en una
interna, dieron muerte entre 10.000 y 30.000 personas, entre ellas muchas mujeres y niños.(2) La consolidación de gobiernos de facto en países como Argentina o Chile, así como los atroces
actos que cometidos por éstos,
fueron amparadas en el discurso de la recuperación de la "cultura occidental cristiana" basados en la ya
conocida tesis de Carl
Schmitt(3) del "Amigo-Enemigo", distinción elaborada a partir de la
axiología que tenga un Estado en un momento dado de la
historia, en la medida de legitimar la posibilidad real de eliminar físicamente al que se considera "enemigo",
de incluir en las listas negras a quienes simplemente se oponían al gobierno dictatorial por medio de
las formas legales de
Esta concepción tendenciosa de lo político, que cobró especial importancia bajo el
régimen nazi, constituye el elemento central
de la denominada doctrina de la "seguridad nacional", manifestada en las dictaduras militares, donde la tolerancia
(elemento de
lo democrático), la necesidad de reconocer al otro (supuesto enemigo político), constituyeron un
imposible y aún se mantienen,
mientras no se superen los niveles de manipulación de la información, y la denominada
"reconciliación nacional" no se sustente
sobre la base del respeto, castigo y sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos
cometidas en dicha
época.(4)
Si estas sociedades no producen experiencias comunes de transformación creativa de los acontecimientos
traumáticos, si
continúan guardando estos hechos en el inconsciente colectivo amparados en la impunidad de los actores de la
violencia estatal,
es inevitable que el manto del olvido y el silencio que se quiere cernir sobre las responsabilidades individuales,
indefinidamente el clima de inestabilidad. Con el fin de acercarnos a las argumentaciones jurídicas que pueden conllevar a la sanción y el
castigo de los responsables,
intentaremos abordar el presente artículo. El método a trabajar será el siguiente: de manera
inicial y con la finalidad de ubicar al
lector en el contexto histórico se presentarán los hechos sucedidos en aquellos países en el marco
del denominado "Plan
Cóndor", y su relación con múltiples violaciones a los derechos humanos. En este sentido y ante
las conductas enumeradas
intentaremos ubicar las normas internacionales de los derechos humanos, la fundamentación y su responsabilidad .
competencia para juzgar estos crímenes en el ámbito del Derecho Penal Internacional y la normatividad del
Internacional de los derechos humanos. Seguidamente nos detendremos a analizar el concepto de Terrorismo de Estado
enmarcado en el concepto de Abuso de Poder, para finalizar con la adecuación dogmática de las conductas
penales inmersas en
la violación a los derechos humanos sucedidas en las dictaduras militares. Finalmente, es necesario destacar que fenómenos de dimensiones monstruosas como el presente, se enmarcan en
reales que afectan a los seres humanos. Al percibir el drama que vivieron aquellos países, no nos queda
más que reflexionar
respecto de nuestra actitud , pues, consideramos que dedicar horas a teorizar sobre los derechos humanos, sin asumir
tipo de compromiso en la defensa de la efectiva vigencia de los mismos, no sólo resulta contradictorio, sino que
conducir a una reflexión estéril, resulta totalmente alejado de la cotidiana realidad que sacude la
dignidad de miles de personas
en el mundo actual. Sea un ejemplo a imitar la obstinación y valentía de las "Madres de la Plaza de Mayo"
quienes con su actitud
nos han dado muestra de dignidad. Inicio
1. LAS DICTADURAS MILITARES EN EL CONO SUR La instauración de regímenes militares en el Cono Sur, a partir de 1964 determinó una profunda
transformación de su historia
política. Se puso fin al periodo de movilizaciones sociales que le antecedieron y que significaron un
crecimiento inusitado de
sectores sociales y populares. Crecimiento que derivó en algunos países como Uruguay y Argentina en
movimientos de guerrilla
urbana cuyo objetivo era impulsar una revolución social por esa vía(5). Estos regímenes, apoyados por las Fuerzas Armadas se caracterizaron por su afán desmovilizador y su
represión exacerbada
en contra de la disidencia política. En Argentina, Chile y Uruguay esta represión comenzó
inmediatamente a la usurpación
violenta del poder y el derrocamiento de los gobiernos constitucionales. Brasil tuvo su represión más
cruda al finalizar la década
de los años sesenta cuyo objetivo era aplastar los focos guerrilleros que se habían logrado levantar
durante los cuatro años
anteriores de dictadura. Argentina y Chile fueron los países en los que se vivió la represión
clandestina de manera más violenta.
En Uruguay la represión se caracterizó por ser más selectiva y dirigirse principalmente a un
control de la sociedad civil
impidiendo la apertura de canales de participación. Pero fue la dictadura del General Stroessner en Paraguay
(1954-1989) el
modelo articulador para el resto de las dictaduras latinoamericanas. Éste fue elogiado por sus análogos y
norteamericano, al resaltar su capacidad para mantener la "paz social a cualquier costo", en otras palabras, por su
control de la subversión.(6) Pese a esta diferencia en el mayor o menor grado de represión, lo cierto es que todos ellos redundaban en
comunes: Primero, su incapacidad política para dotarse de bases de legitimidad que les permitiera crear
una forma de Estado
diferente de la democracia política(7). Segundo, sus violaciones
reiteradas y persistentes a los derechos humanos producto de la
implementación de una metodología represiva sistemática y a gran escala. Estas violaciones a los
teñidas del carácter ideológico que imponía la eliminación de toda disidencia
política, y se materializaron a través de diferentes
figuras delictivas tales como detenciones ilegales y secuestros, seguidas en la mayoría de las ocasiones de
asesinatos y desapariciones forzadas, previa tortura de las víctimas, todas ellas propias de las
prácticas del terrorismo de
Estado. Tercero, una marcada cooperación a nivel internacional en el control y en la eliminación
de la disidencia política, cuyo
blanco principal era la izquierda política, en especial los Partidos Comunistas y Socialistas, amén de
los focos guerrilleros. 1.1. La organización criminal internacional de represión: "El
Plan Cóndor" Las relaciones internacionales entre los oficiales de las fuerzas armadas sudamericanas se habían estrechado
década de los sesenta producto de una especialización contrainsurgente conjunta en las academias
militares norteamericanas(8).
Esta especialización se enmarcó dentro de la "Doctrina de Seguridad Nacional", cuya esencia era la de
lograr el "orden" en la
sociedad civil y la eliminación física de los disidentes. Estas relaciones de militares argentinos con
sus similares uruguayos,
paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las
dictaduras(9). Dentro de este marco de cooperación, los dictadores sudamericanos forman una organización criminal de
alcance hemisférico,
"Operación Cóndor", cuyo objetivo era la consecución de los objetivos políticos y
económicos de la conspiración y la
neutralización o eliminación de la oposición política y múltiples personas por
razones ideológicas(10). Fue así como esta
organización aprovechándose de la usurpación violenta del poder que subvirtió el orden
constitucional, que le garantizaba la
impunidad, y profitando de la estructura militar, concibió, desarrolló y ejecutó un plan
sistemático de detenciones ilegales
seguidas de secuestros prolongados, que derivaron en desapariciones forzadas de personas o en asesinatos, precedidos de
torturas en la mayoría de los casos. En su accionar no establecieron diferencia entre la oposición
violenta y la no violenta. Estas
acciones afectaron a ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Suiza y Francia, entre
otros. La organización criminal "Cóndor" nació a instancia de la dictadura militar de Chile,
y de hecho su sede estuvo en Santiago.
Numerosos documentos acreditan que sus orígenes se remontan al "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia
el que participaron, entre otros, el general chileno Manuel Contreras, acusado y condenado posteriormente por el
ex - ministro del presidente Allende, Orlando Letelier(11), y el general paraguayo
Guanes Serrano. Allí, Contreras ofreció las
instalaciones de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena) como el cuartel general para "la
información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o
subversión"(12). Este cuartel sirvió entonces para que en octubre de 1975 se reunieran los jefes de la inteligencia militar de
Argentina (SIDE),
Brasil, Paraguay y Uruguay, y tan solo un mes después, se reunieron en el cuartel general de la DINA, Contreras,
Serrano y el jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites, y se procuraron "un banco de datos, un centro de
talleres". Ocultando el verdadero nombre y disfrazándolas con el término "talleres" se llevaron a cabo
planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y
"repatriar" a opositores
de los diferentes regímenes. Los primeros objetivos de persecución y atentados fueron altos dirigentes y líderes opositores a las
entre ellos, los ex - ministros de la Unidad popular Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, Orlando Letelier,
Washington, y Bernardo Leighton, que logró sobrevivir luego de un atentado contra su vida en Roma(13). Los blancos de la Operación Cóndor fueron extendiéndose hacia otros militantes y
simpatizantes de izquierda. Chilenos,
uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos fueron objeto de detenciones ilegales y secuestros en Argentina
y Paraguay, por
agentes policiales de sus respectivos países. Los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile
(MIR) fueron los
más perseguidos en Argentina, igualmente se llevó a cabo una represión coordinada y
sistemática contra ciudadanos alemanes,
españoles, judíos y peruanos, entre otros, que figuran entre los miles de desaparecidos. Para la
realización de este tipo de
crímenes utilizaban el manto de impunidad que les otorgaban los respectivos gobiernos dictatoriales, quienes
proporcionaban la
infraestructura adecuada. (14)
La acción de la DINA encontró en Argentina, un lugar en el que llevar a cabo impunemente sus acciones.
Ya desde 1974, antes
de la dictadura del general Videla (1976-1983), los lazos de colaboración se estrecharon con su análogo,
SIDE. Desde mayo de
1975 numerosos activistas políticos chilenos fueron detenidos por la policía de este país y
Paraguay para ser entregados a la
DINA(15), quien les trasladaba a los campos de concentración que
mantenían en Chile (Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Colonia
Dignidad, etc.). Muchos de ellos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron. Es indudable que estas y otras desapariciones culminaron con el asesinato de las víctimas. Por ejemplo, en
Chile en el año 1990
fueron descubiertas fosas comunes en la ciudad de Pisagua, al Norte del país, con los cuerpos de varios
desaparecidos en 1976.
La cal propia del suelo desértico se encargó de mantener casi intactos los cuerpos de las
víctimas(16). En Argentina, el general
Ramón Campos, Jefe de la Policía de Buenos Aires, declaró que: "en Argentina no quedan
desaparecidos con vida. Asumo toda
la responsabilidad y me siento orgulloso". No solo militantes activos de los movimientos opositores de izquierda
fueron objeto de
torturas, secuestros, detenciones ilegales, ejecuciones y desapariciones forzadas, sino asimismo sus familiares y
amigos. El
general Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura
militar: "Primero
mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes
permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos."(17). Es así como se investigan casos de cientos de niños desaparecidos, hijos de detenidos desaparecidos,
bajo el régimen militar en
Argentina(18). La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su
Informe Final, denominado "Informe Rettig", acredita con
documentos los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos y paraguayos y
entregados a la DINA, entre 1975 y 1976. En 1992 el Juez José Agustín Fernández, en el marco de la investigación de una
detención ilegal precedida de tortura, descubrió
casualmente el archivo secreto de la inteligencia paraguaya, en una oficina de la "Sección Política y
Afines" de la Policía de
Investigaciones de Asunción, archivos en los que se encontraron numerosos documentos relacionados con casos de
desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre negó tenerlos(19). Estos
documentos han permitido asimismo establecer que
en este contexto de cooperación militar entre los países sudamericanos, fueron asesinados el ex -
presidente de Bolivia, general
Juan José Torres, en Argentina; los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz, así como del doctor
Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y cientos de activistas
políticos chilenos, argentinos,
paraguayos, y brasileños(20).
La operación "Cóndor" costó la vida y la desaparición también de ciudadanos
españoles, lo que llevó a que durante el primer
semestre de 1996 se iniciaran ante la Audiencia Nacional Española las causas contra los integrantes de la Junta
(1976 -1983) y Chilena (1973-1990) por delitos de genocidio, terrorismo internacional y tortura(21), figuras delictivas que se
materializaron mediante detenciones ilegales, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos de miles de personas y
desaparición selectiva de un mínimo de 3.178 víctimas, actividades todas que fueron desarrolladas
actividad represiva violenta que se inició con la toma del poder en Chile mediante el golpe de Estado de 11 de
1973. De manera clara observamos, que lo ocurrido en estos países durante las dictaduras militares -aniquilamiento
sectores de población (mediante asesinatos, secuestros, torturas masivas, desapariciones forzadas, detenciones
lanzamiento de cadáveres al mar)- constituyen conductas proscritas por la normatividad internacional, ya sea
formulación prohibitiva hacía los Estados consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, o de conductas
concretas que como la Tortura, el Genocidio o la Desaparición Forzada se encuentran descritas en instrumentos
las consagran, desarrollan y prohíben.
Así las cosas y previo al estudio de estos instrumentos internacionales en relación a los casos
concretos de las dictaduras
Argentina y chilena, realizaremos a continuación una ubicación sistemática de los fundamentos
jurídicos y filosóficos, que
sustentan el andamiaje y permiten, la posible persecución penal de responsables de tan execrables hechos.
Inicio 2. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
RELACIÓN CON LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LAS DICTADURAS
Abordar la reflexión sobre los graves hechos que hemos venido relatando, implica, de una parte, remitirnos al
concepto nuclear
de los derechos humanos como eje central de la posible fundamentación y juzgamiento de los responsables.(22)
Actualmente es difícil e incluso comprometido aventurarse a dar una definición de qué son los
derechos humanos, sin embargo,
existe consenso en determinar categóricamente que la expresión "Derechos Humanos" se reserva a aquellos
positivizados y recogidos en las normas de carácter internacional (las Declaraciones y los Tratados
Internacionales) que
acompañadas de exigencias básicas desde la fundamentación, ya sea iusnaturalista, monista
o dualista, reconocen el principio
de la dignidad humana como eje central de su objeto.
Sobre esta base observamos que Luis PRIETO SANCHÍS nos acerca a una definición sobre el interrogante
planteado: Los
derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las
dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos
jurídicos a
nivel nacional e internacional.(23)
El concepto de "universalidad" se debe inferir del objeto de protección de los derechos humanos, pues implica
homogeneidad del catálogo de conductas y derechos que se avienen como una meta a aspirar y un esfuerzo de
gradual, lento y difícil, que ha sido definido como un proceso de mínimos que se han logrado establecer
internacional y los Estados. (24) Esto no se debe confundir con la denominada
"internacionalización". Como apunta MARTÍNEZ DE
VALLEJO " es evidente que, junto a los procesos de positivación y el más reciente de
especificación, estamos inmersos en una
época de creciente internacionalización de los derechos, pero ello no debe conducir a confundirlo con el
carácter universal de los
mismos." (25)
Así concebidos, los derechos humanos son universales e indivisibles o absolutos: lo primero, porque se
predican del hombre; lo
segundo, porque los derechos civiles y políticos han de ser efectivos, del mismo modo que los derechos
culturales han de ser libremente definidos y garantizados por los Estados. (26) Lo que
significa que a través de la Constitución se
configuran como límites frente al poder del Estado y que su fuente originaria radica en el titular del poder
constituyente, el pueblo. Es evidente que estas consideraciones conllevan importantes consecuencias prácticas, a nivel jurídico
como teórico conceptual.
Algunos autores denominan este proceso como "internacionalización", pues los derechos humanos interesan hoy
no sólo en el
plano de las Constituciones de los Estados sino también en el del Derecho internacional, ya que la
humanos, en cuanto garantía de la integridad moral y física de toda persona, ha quedado recogida tanto en
los ordenamientos
constitucionales estatales como en el orden jurídico internacional. (27) JHON RAWLS, teórico del contractualismo moderno y uno de los filósofos más importantes de la
segunda mitad de este siglo,
considera que los derechos humanos son un tipo especial de derechos diseñados para jugar un papel esencial en un
los pueblos razonables en nuestros días. Uno de los papeles de los derechos humanos es precisamente imponer
soberanía de los Estados. Los derechos humanos, por tanto, difieren de los derechos constitucionales, de los
de la ciudadanía democrática, o de otros tipos de derechos que pertenecen a ciertas instituciones
políticas, tanto individualistas
como asociativas. Los derechos humanos son una variedad especial de derechos de aplicación universal cuya
no es discutible. Forman parte de un derecho de los pueblos razonable y marcan límites a las instituciones
domésticas que tal
derecho requiere para cada sociedad miembro. (28)
2.1. �Cómo se fundamenta la Responsabilidad Internacional de los Estados en
materia de violación a los Derechos Humanos?
El término violación a los Derechos Humanos se refiere exclusivamente como sujeto activo a los
Estados. (29) Entendiendo aquí
que la referencia de responsabilidad se dirige hacia sujetos que ostentan la capacidad y el poder de actuar en nombre
instituciones legítimamente constituidas o como en el caso de las dictaduras militares, aquellos miembros y
componentes de toda
la estructura funcional del aparato de Estado, representado por los agentes públicos en su amplio concepto, o
que con la colaboración o aquiescencia del Estado acuden a practicas atentatorias de las normas internas, y por
ende de la
normatividad internacional de protección de derechos fundamentales.
A partir del holocausto de la segunda guerra mundial ha venido instaurándose progresivamente el
régimen internacional de
protección de los derechos humanos. De la reacción colectiva de ese entonces frente al exterminio masivo
y sistemático de
seres humanos ejecutado por el nazismo a la situación actual se ha cumplido un amplio desarrollo de
internacionales, cuyo propósito es brindar recursos para auxiliar y proteger la dignidad de la persona humana
frente al Estado, en
la conciencia de que, precisamente, cuando el poder de éste se ejerce de modo arbitrario e injusto, como lo
hemos observado en
el caso de las dictaduras del cono sur de América Latina, los recursos de la jurisdicción interna son a
menudo ilusorios para
salvaguardar los derechos de la víctima indefensa por su propio Estado. (30)
Se da el nombre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al conjunto de instrumentos internacionales
suscritos por las colectividades estatales para reconocer los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
humana y adoptar mecanismos destinados a otorgarles protección en el ámbito supraestatal. La finalidad
primordial de este
ordenamiento jurídico es amparar los derechos universales de la persona frente al ejercicio de las competencias
del Estado.(31)
En efecto, la protección de la persona humana tanto en su dimensión individual como en el ámbito
de sus derechos económicos,
sociales y culturales, ha irrumpido en el Derecho Internacional y en las relaciones internacionales entrando en
numerosas tradiciones, especialmente en lo que toca al papel que reconoce al ser humano individual en las relaciones
políticas internacionales.
Acorde con la fundamentación internacional y su normativa, se ha venido desarrollando el denominado Derecho
Internacional (32) contemplando conductas que tradicionalmente han sido aceptadas por
la comunidad internacional como delitos
internacionales- Crímenes contra la paz, crímenes de guerra o infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y delitos en
contra de la humanidad o de "lesa humanidad"- todos estos intentando proteger bienes jurídicos individuales o
fundados en la seguridad de la comunidad internacional.
Es evidente que el contexto internacional se encuentra protagonizado por los Estados como sujetos principales de
internacional, sin embargo, y de aquí la importancia de la fundamentación de los derechos humanos que
queremos resaltar, el
orden internacional no se limita únicamente a las relaciones entre Estados, se trata de un orden
jerárquicamente superior al
Estado puesto que éste no es sino un instrumento al servicio del individuo.
Según lo anterior, debemos aceptar como conclusión inicial que el Derecho penal internacional pretende
jurídicos individuales como la vida, la salud o la integridad física, sin los cuales no es posible la
existencia de ningún sistema
social que pueda ser aceptado por la comunidad internacional. Pues, dado que la comunidad internacional se organiza
la existencia de los Estados, el Derecho Penal Internacional podría proteger los anteriores bienes
jurídicos fundamentales que
son propios del ámbito internacional y que en el orden interno han venido siendo reconocidos, aunque
únicamente le es dado a
la comunidad de naciones intervenir cuando al ciudadano su propio Estado le ha negado la protección o el derecho
a la justicia,
como es el caso de las víctimas de las dictaduras argentinas y chilenas. Derivado de esta primera conclusión, llegaremos a determinar que en el orden internacional el Estado,
representado por sus
agentes, es responsable internacionalmente, no solamente por la comisión de actos ilícitos, sino
también por la omisión en la
protección de sus ciudadanos; en efecto, se es responsable por comisión cuando sus agentes cometen actos
que atentan contra
derechos esenciales de la persona humana. Estos son derechos que tienen el status de ius cogen, es decir, normas
de Derecho internacional. Actos como el Genocidio, la Tortura o la Desaparición Forzada de Personas constituyen
normas que son consideradas por toda la comunidad internacional como normas de ius cogens(33) y por tanto dichos actos
entrañan la responsabilidad internacional de los Estados, aunque el Estado en cuestión no sea parte de
los convenios.(34)
De manera concreta y conforme con el planteamiento anterior, el profesor Pedro Nikken destaca que en el marco del
progresivo de los derechos humanos, lo atinente al respeto por los derechos fundamentales o del "noyeau dur" de los
de la persona humana no son - como algunos lo pretenden- ni pueden considerarse carentes de contenido y cumplimiento
inmediato, puesto que cuando un Estado se compromete a través de un tratado a garantizar derechos a las personas
jurisdicción, está asumiendo una obligación inmediatamente exigible, de manera que si esos
derechos son violados por un hecho
imputable al Estado, también se está violando el tratado(35).
En este nivel de argumentación jurídica las agresiones a los derechos humanos cometidas por las
dictaduras militares, es decir
aquellos actos reconocidos como graves crímenes contra la humanidad tendrían una doble responsabilidad:
de un lado y ante la
normativa interna de los Estados en donde se desplegó toda la horda represiva, serían hechos delictivos y
de otro, ante la
normativa internacional, la evidente transgresión a las normas internacionales de los compromisos adquiridos por
Estados, constituiría una flagrante violación al ordenamiento internacional de protección de los
derechos humanos. Al efecto de este trabajo, con miras a identificar una posición coherente con la doctrina mayoritaria se
podrá concluir que a
cualquier Estado le son atribuibles los actos propios y no los ajenos. El Estado deberá asumir, por lo tanto,
los actos de quienes
actúan en su nombre o por su cuenta, tanto de iure como de facto, tanto si tienen una existencia
autónoma, como si se
encuentran relacionados con el comportamiento de particulares. " Es evidente que los comportamientos de los
Estado se consideran en general, como hechos del Estado y por la tanto le son atribuibles al mismo, dando lugar a su
responsabilidad internacional"(36)
2.2. �Es la soberanía estatal un límite que permite la
vulneración de los
Sin duda alguna, surgen ciertos interrogantes respecto del llamado principio de soberanía estatal (37), del cual ya hemos referido
algunos comentarios, sin embargo, y respecto del tema en concreto es pertinente reiterar que existen límites al
autoorganización estatal, los cuales vienen dados por los compromisos aceptados internacionalmente por
éste o bien por las
denominadas normas del ius cogens. En materia de respeto y responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos se ha reiterado
que los modernos
Estados no podrán trascender ni soslayar principios básicos aceptados por toda la comunidad
internacional, no tanto como
imposiciones de ésta, sino como normas básicas o principios éticos que delimitan el poder estatal.
Existen algunos sectores en el
Derecho internacional en los que éste impone obligaciones a los Estados que para poder ser cumplidas han de
reflejarse en los
ordenamientos internos y afirmar, que el principio según el cual " la organización del Estado es
ámbito reservado" tiene
excepciones y tiende a aumentar a medida que aumenta el número de normas internacionales que exigen de los
determinados resultados, cuyo logro depende de como sea su Derecho interno, que, a menudo deberá ser modificado
adaptado a las exigencias internacionales. (38)
La intervención del Derecho penal internacional se producirá, sin vulnerar la soberanía
estatal, cuando la protección de bienes
jurídicos no puede ser garantizada por los ordenamientos internos, toda vez que como en el caso de las
dictaduras militares, las
agresiones del poder militar contra los ciudadanos aparejó un control total de la administración de
justicia estando los autores de
los hechos fuera de su alcance o amparados en leyes de impunidad, situación ante la que nada se opone que la
internacional, mediante tribunales especiales o terceros Estados puedan intervenir en virtud del principio de
Universal, aplicable a la persecución y sanción de los denominados "crímenes de Lesa Humanidad".
Situación que estudiaremos
más adelante. (39) Sin embargo, previo a ello, es de resaltar la consideración al respecto por parte de la Audiencia Nacional
española al
pronunciarse sobre la competencia para el juzgamiento de las dictaduras militares por parte del órgano judicial
español: "los
órganos judiciales españoles están investidos de jurisdicción para el conocimiento de los
hechos objeto del presente
procedimiento. El artículo 2, apartado uno, de la Carta de las Naciones Unidas ("La Organización
está basada en el principio de
la igualdad soberana de todos sus Miembros") no es norma jurídica que permitiese neutralizar la
proclamación jurisdiccional del
artículo 23, apartado cuatro (LOPJ) tantas veces aludido en esta resolución. Cuando los órganos
judiciales españoles aplican
dicho último precepto, no invaden ni se inmiscuyen en la soberanía del Estado donde se cometió el
delito, sino que hacen
ejercicio de la propia soberanía española en relación con delitos internacionales. España
tiene jurisdicción para conocer de los
hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos - categoría de Derecho
internacional - acogida
por nuestra legislación interna. Tiene también un interés legítimo en el ejercicio de esa
jurisdicción, al ser más de quinientos los
españoles muertos o desaparecidos en Argentina, víctimas de la represión denunciada en los
autos." (40) Inicio 3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS ESTADOS PARA CONOCER DE
La competencia de cualquier jurisdicción, para conocer de la desaparición forzada de personas,
torturas, genocidio u otro hecho
de considerada gravedad, deriva en primer término de su carácter como crimen contra la humanidad o "lesa
humanidad" (41),
carácter que adquiere en la medida en que forme parte de un plan de ejecución de una serie de actos
reiterados y sistemáticos.
Como lo ha establecido la Asamblea General de Naciones Unidas "no tanto una desaparición forzada sino la
de las desapariciones forzadas es lo que tiene la naturaleza de crimen contra la humanidad" (42) . Es un principio general y básico del Derecho internacional, como se ha dicho, la competencia universal para
sanción de los crímenes contra la humanidad, tipificados en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg de
8 de agosto de 1945 (art.
6c), tienen un efecto universal en virtud del reconocimiento que le otorgó la Asamblea General de Naciones
Unidas en su
resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946. (43). En cuya virtud cualquier
Estado tiene competencia para la persecución y
juzgamiento de este tipo de delitos, aún cuando hubiesen sido cometidos fuera de su territorio y ni siquiera
afectaren a sus
Con ocasión del enjuiciamiento a militares chilenos y argentinos por los hechos sucedidos durante las
dictaduras militares de
estos países entre 1973 y 1990, se planteó el debate acerca de la competencia de los tribunales
españoles para conocer de los
delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos fuera del territorio español, en contra de personas de
nacionalidades, entre ellas, algunos españoles. En el marco del tema de este artículo, analicemos entonces los fundamentos de la competencia que tiene el
tribunal español para
conocer de estos hechos. Hacemos presente que nos referiremos a la competencia para el juzgamiento de los delitos de
genocidio, torturas y terrorismo.
3.1 La Legislación Nacional Española.
En concordancia con lo manifestado anteriormente debemos indicar que la regulación de la competencia y
se encuentra contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985 de 1 de julio), la que establece el
competencia universal para la persecución de delitos como el genocidio, el terrorismo nacional e internacional y
precisamente por ser los de mayor gravedad y afectar a toda la humanidad. Así lo han entendido diversos
Jurisdiccionales de otros países, tales como los Tribunales Supremos de Países Bajos, Francia, Israel,
Ontario (Canadá), entre
otros (44).
Ahora bien, la competencia específica de la jurisdicción española para conocer de estos delitos
encuentra su fundamento en el
artículo 23.4 de la LOPJ. Esta ley indica que serán de conocimiento de aquella los delitos cometidos por
españoles o extranjeros
fuera del territorio nacional, susceptibles de ser tipificados como algunos de los que la norma enumera (45). Por otra parte, esta
normativa ha de ser interpretada conforme a la normativa internacional vigente, a saber, la Declaración
Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por España, a los principios de Derecho
Humanitario, al Convenio contra el Crimen de Genocidio de 1948, Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario de
1949, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -1996-, Convención contra la Tortura -1984-,
entre otros. La naturaleza jurídica de esta norma es estrictamente procesal, no penal, de donde se derivan las siguientes
consecuencias: a).
Al ser la norma procesal vigente se aplica con independencia al tiempo en que los hechos que se enjuician fueren
cometidos (46),
b) Se limita a declarar la jurisdicción de España para el conocimiento de delitos definidos y sancionados
en otras leyes, no es su
misión el tipificar acción u omisión alguna, c) No trae consecuencia jurídica restrictiva
de derechos alguna, ella se deriva de la
norma penal que tipifica los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Por tanto, su aplicación a efectos del
enjuiciamiento a
hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia respeta plenamente el principio de legalidad (art.9.3 CE).
La Audiencia Nacional señaló a este respecto que "la norma procesal en cuestión ni es
sancionadora desfavorable ni es
restrictiva de derechos individuales, por lo que su aplicación a efectos de enjuiciamiento penal de hechos
anteriores a su
vigencia no contraviene el artículo 9, apartado tres, de la Constitución Española. La consecuencia
jurídica restrictiva de derechos
derivada de la comisión de un delito de genocidio -la pena- trae causa de la norma penal que castiga el
genocidio, no de la
norma procesal que atribuye jurisdicción a España para castigar el delito. El principio de legalidad
(artículo 25 de la Constitución
Española) impone que los hechos sean delito -conforme a las Leyes españolas, según el
artículo 23, apartado cuatro, tan
mencionado- cuando su ocurrencia, que la pena que pueda ser impuesta venga ya determinada por ley anterior a la
del crimen, pero no que la norma de jurisdicción y de procedimiento sea preexistente al hecho enjuiciable. La
presupuesto del proceso, no del delito" (47)
3.2. La legislación internacional.
El Convenio contra el Genocidio de 9 de diciembre de 1948 al que España se adhirió en su oportunidad
(48) señala como
competente para conocer de este delito el lugar dónde se cometen los hechos o una Corte Penal Internacional
establecida al
efecto. Además faculta a los Estados para que introduzcan en su legislación interna una cláusula
de competencia universal para
su persecución. Haciendo uso de esta facultad España introdujo la cláusula de competencia
universal mencionada anteriormente
Así el artículo 6 de este Convenio dispone: "Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de
los actos enumerados
en el artículo 3 serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue
cometido, o ante la Corte
Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su
jurisdicción".
Siguiendo una interpretación restrictiva pudiera parecer que la jurisdicción española (como la
de cualquier otro Estado) no sería
competente para el conocimiento del delito de genocidio cometido fuera del territorio nacional. Esta fue la postura
la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que motivó un recurso de apelación en contra de la
resolución de 18 de octubre de 1998
por la que se amplió la prisión provisional de Augusto Pinochet Ugarte. Dentro de sus argumentos la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que el juzgamiento de estos
Jurisdicción española vulnera principios constitucionales propios del Estado de Derecho: el principio de
penal y el principio del non bis in ídem, toda vez que, según la Fiscalía, los hechos
objeto de la causa ya han sido juzgados en
Chile y Argentina. Y continua argumentando la falta de competencia para conocer del delito de genocidio, determinando
que "aún
cuando hipotéticamente se estimase que fue delito de genocidio, se debe insistir en que conforme al Convenio
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el delito de genocidio debe ser perseguido por las
autoridades del Estado donde
se comete. Y se estima que estos delitos no han sido enjuiciados, España no puede ejercer la jurisdicción
subsidiaria que no le
corresponde, puesto que estaría vulnerando el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas." (50) Tratándose de "crímenes contra la humanidad" es contrario al fundamento del Derecho internacional y a
su objeto respecto de
este tipo de delitos, realizar este tipo de interpretaciones. Creemos que ellas han de acoger un criterio de amplitud
no permita dejar impunes crímenes como el genocidio. Esta ha sido la interpretación que acogió la
en el Auto que se pronuncia sobre el recurso de apelación 84/98 de la Sección Tercera planteado por la
Fiscalía Nacional en el
que se confirmó la jurisdicción de España para conocer de los crímenes de genocidio y
terrorismo cometidos durante la dictadura
chilena. (51)
La Asamblea General de Naciones Unidas ha acogido esta interpretación amplia en su resolución 96 (1)
de 11 de diciembre de
1946, declarando ya en su preámbulo que el genocidio es un delito de Derecho internacional, contrario al
espíritu y a los fines de
las Naciones Unidas y que asimismo ha sido objeto de condena por parte del mundo civilizado. La Asamblea General
que en todos los períodos de la Historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad y
expresa su convencimiento
de que para liberar a ésta de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional. Por otra parte, esta misma resolución señala en su artículo 1 que los Estados se comprometen a
prevenir y sancionar el
genocidio cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra (52). El articulo 4 da a esta
prevención y sanción un carácter general
aun cuando los responsables sean gobernantes, funcionarios o particulares. Asimismo se comprometieron, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 5, a adoptar las medidas legislativas internas necesarias para asegurar la aplicación
del Convenio y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de
genocidio o de
cualquiera otro de los actos enumerados en el artículo 3 (53). Como los tratados
internacionales prevalecen al Derecho interno de
cada Estado, las disposiciones contenidas en este convenio prevalecen entonces al ordenamiento jurídico de
España, todo lo
cual se encuentra contenido en los artículos 96 de la Constitución Española y 97 de la
los Tratados, de 1969.
Del tenor literal del articulo 6 in comento no puede deducirse que ella sea una norma limitativa de la
jurisdicción. Este tipo de
interpretación sería contrario al espíritu mismo del Convenio. Por tanto, cabe interpretar que no
se excluye de la competencia a
tribunales que formen parte de una jurisdicción asentada en un territorio en el que no se ha cometido genocidio.
Convención anuncia un tribunal penal internacional e impone a los Estados parte, la obligación de que los
genocidios sean
obligatoriamente juzgados por los órganos judiciales del Estado en cuyo territorio los delitos se cometieron
Así lo establece la Audiencia Nacional en el auto de 5 de noviembre mencionado señalando expresamente
jurídico segundo: ...Que las Partes contratantes no hayan acordado la persecución universal del
delito por cada una de sus
jurisdicciones nacionales no impide el establecimiento, por un Estado parte, de esa clase de jurisdicción para
transcendencia en todo el mundo y que afecta a la comunidad internacional directamente, a la humanidad toda, como el
Convenio entiende. De ningún modo podríamos entender que el artículo 6 transcrito impidiese a los
Estados signatarios hacer
uso del principio de persecución por personalidad activa recogido en sus normativas internas. Sería
impensable que, por
aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, España,
por ejemplo, no pudiese castigar a un
genocida de nacionalidad española que hubiese cometido el delito fuera de España y se hallase en nuestro
país, cumplidos los
requisitos del artículo 23, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues bien, los
términos del artículo 6 del Convenio
de 1948 no autorizan tampoco a excluir la jurisdicción para el castigo del genocidio de un Estado parte, como
España, cuyo
sistema normativo recoge la extraterritorialidad en orden al enjuiciamiento de tal delito en el apartado cuatro del
artículo 23 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, de ningún modo incompatible con el Convenio.
Argumentos similares podemos aducir respecto de los delitos de terrorismo, que aparecen asimismo como delito de
internacional en el artículo 23.4 letra b) de la LOPJ. A este respecto cabe recordar que los hechos cometidos
dictaduras militares argentina y chilena son susceptibles de ser tipificados como delitos de terrorismo conforme a la
penal interna de España y del derecho internacional. La práctica sistemática de desapariciones
forzadas es un acto terrorista por
parte del Estado, en este caso, como hemos indicado anteriormente, los actos de terrorismo eran ejercidos por una
criminal que si bien fue dirigida desde el Estado, gobierno de facto de las dictaduras militares, realizaba sus
forma oculta y no haciendo uso de función institucional alguna que le hubiere sido concedida oficialmente por
parte de dichos
gobiernos. Posición contraria es la sostenida por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional, al considerar
discutible que las Fuerzas
Armadas chilenas o argentinas actuaron como banda armada al margen de la ley, toda vez, que su objetivo nunca fue
subvertir el orden constitucional vigente, sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido a
fin de subsanar las
insuficiencias para mantener la paz pública que tenían los sistemas derrocados.(54)
Por otra parte, dado que la práctica sistemática de desapariciones forzadas (detenciones ilegales
seguidas de secuestro) fue
precedida de tratos inhumanos, crueles y degradantes, y en concordancia a lo expuesto en relación a que las
torturas formarían
parte de los tipos penales de mayor entidad, genocidio y terrorismo, debe necesariamente reconocerse la competencia de
jurisdicción española para conocer de los mismos. (55)
En igual forma, respecto a los actos de tortura cometidos por las dictaduras militares es necesario resaltar que
consenso indiscutible al proscribir la tortura en el ámbito internacional, toda vez que su consagración
se incluye en los
denominados tratados que reconocen "derechos fundamentales internacionales", los cuales constituyen "principios
por los Estados civilizados". En este sentido, la regla que prohibe la tortura, tal y como lo define el artículo 1 del Convenio contra la
Tortura de Naciones
Unidas, hacen parte del "estándar mínimo común que conforma el "noyea dur" del entramado
jurídico internacional de protección
de los Derechos Humanos" (56) Al respecto la resolución 3452 (XXX) de la
Asamblea General afirma: "Todo acto de tortura u otro
trato o pena cruel, inhumana o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales proclamados
Declaración Universal de los Derechos Humanos". Tan clara manifestación no deja duda que el propósito de la misma es el ubicar la responsabilidad
internacional de aquel Estado
que permita la práctica de la tortura, basta observar la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
art. 5, según el cual: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"(1948)
Sin embargo, el reconocimiento internacional y la existencia de principios ya enumerados que permiten el juzgamiento
de crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se incluye el tipo de tortura, la Fiscalía delegada ante
la Audiencia Nacional en
el recurso presentado ante el auto de prisión en contra de Augusto Pinochet Ugarte, ha manifestado la falta de
conocer de este tipo penal, toda vez que según sus argumentos: España se adhiere a la
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el día 21 de octubre de 1987, es decir en fecha posterior a los
hechos objeto
del presente procedimiento. Baste afirmar en contra, que la legislación española introduce el tipo
de tortura, aunque sin
identificarlo de esa forma mediante la Ley Orgánica 31/78 de 17de julio en el artículo 204 bis del
Código Penal dentro de los
delitos contra la seguridad interior del Estado, además ha de tenerse en cuenta, como se afirma en el fundamento
jurídico octavo
del auto de procesamiento de Augusto Pinochet Ugarte, que a efectos de la consideración de la tortura como
persecución universal, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16
de diciembre de 1966, ratificado
por España el 27 de abril de 1977 prohibe la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. (57) Respecto de las consideraciones específicas del tipo penal en España a la luz de los hechos de las
detallaremos en apartado posterior el análisis, toda vez que la Audiencia Nacional al pronunciarse sobre la
conocer de estos hechos (numeral 8) considera acertado incluir este tipo dentro de los tipos de Genocidio y Terrorismo
hechos de mayor entidad. (58) 3.3.Improcedencia de la regla non bis in ídem, de la prescripción
y de la amnistía
Es impensable argumentar la aplicación de la regla de non bis in ídem, la prescripción
o la amnistía para privar a los órganos
jurisdiccionales de cualquier Estado del juzgamiento de hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad. No
invocarse estos argumentos como excepción a la jurisdicción universal para la persecución y
sanción de estos delitos.
El artículo 10 del Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex - Yugoslavia expresa que el principio
universal del non bis in
ídem no impide al tribunal juzgar a una persona ya juzgada por el mismo hecho en otro Estado, si en ese
Estado, ese hecho ha
sido considerado como una infracción de Derecho común o si en el proceso aparece probada
denegación de justicia. Es decir, no es óbice para el juzgamiento de estos crímenes contra la humanidad - dentro de los cuales
comprendida la práctica sistemática de desapariciones forzadas (Resolución de la A.G. de la ONU
47/133 de 18 de diciembre de
1992)- la existencia de un procedimiento por parte del Estado en cuyo territorio se cometieron dichos actos, o del
responsable de los mismos, sea que este juzgamiento se encontrare pendiente o terminado por sentencia ejecutoriada,
cuando han existido leyes de punto final, amnistía, reconocimiento de la obediencia debida, indultos o
sobreseimiento que impida
la continuación de las investigaciones. Tampoco puede considerarse que estos delitos hayan sido objeto de enjuiciamiento en los países en que se
cometieron, por lo
que no es aplicable la cláusula contenida en el artículo 23.2 c) de la LOPJ que impediría la
española para instruir los procedimientos por haber sido el delincuente absuelto, indultado o penado en el
extranjero. Aún cuando en Argentina como en Chile, se han seguido procesos contra algunos de los militares implicados,
no han tenido efectividad, bien por no haberse concluido, bien por haber sido después indultados o amnistiados
mediante las denominadas leyes de punto final y obediencia debida (59) promulgadas
bajo la coacción de los propios militares
implicados. Consecuentemente estas leyes que han garantizado la impunidad de los violadores a los derechos humanos implicados,
pueden ser invocadas como excepción a la jurisdicción universal prevista para estos delitos y
además han sido declaradas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como contrarias a lo establecido en el art. 1.1 de la
Americana de Derechos Humanos. (60) Sin embargo en el juicio que se tramita ante la justicia española en contra de militares chilenos y
argentinos, la Fiscalía Nacional
argumentó, entre otras consideraciones, la falta de jurisdicción de España por considerar que
estos delitos ya habían sido objeto
de enjuiciamiento en Chile y Argentina. De esta forma resultaba aplicable la cláusula contenida en el art. 23.2
c) de la LOPJ que
impediría la competencia de la jurisdicción española para instruir los procedimientos por haber
sido el delincuente absuelto,
indultado o penado en el extranjero. La Audiencia Nacional consideró al respecto, que si bien tanto en Argentina como en Chile se habían
seguido procesos contra
algunos de los militares implicados en las denuncias, éstos no habían tenido efectividad, ya por no
haberse concluido o por haber
sido después indultados o amnistiados los autores mediante leyes de punto final, obediencia debida o
amnistía. En el fundamento
jurídico octavo del Auto en el que reafirma la competencia de la jurisdicción española, luego de
ejemplificar con cuatro casos de
detenidos desaparecidos en territorio chileno, algunos de ellos españoles, indicó: "... Han de tenerse
por imprejuzgados los
delitos a que se ha hecho referencia. Con independencia de que el Decreto-Ley 2.191 de 1978 pueda considerarse
ius coges internacional, dicho Decreto-Ley no debe tenerse por verdadero indulto conforme a la normativa
española aplicable en
este proceso y es calificable de norma despenalizadora por razones de conveniencia política, de modo que su
aplicación no se
incardina en el caso del imputado absuelto o indultado en el extranjero (letra c) del apartado dos del artículo
23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial), sino en el caso de conducta no punible -a virtud de norma despenalizadora
posterior- en el país de
ejecución del delito (letra a) del mismo apartado dos del artículo 23 de la Ley citada), lo que ninguna
virtualidad tiene en los casos
de extraterritorialidad de la jurisdicción de España por aplicación de los principios de
protección y de persecución universal, visto
lo dispuesto en el apartado cinco del tan repetido artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los
mencionados -entre otros muchos semejantes- no pueden considerarse juzgados o indultados en Chile y justifican el
sostenimiento de la jurisdicción que se combate". Por último, establecen la imprescriptibilidad y la improcedencia de la amnistía para este tipo de
delitos: la Declaración de la
Asamblea General de la ONU sobre la desaparición forzada de personas, aprobada por consenso el 18 de diciembre
(A/RES 47/133), el artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa de 25 de enero de 1974, sobre la
imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad y la imposibilidad de justificar el hecho en
virtud de la obediencia de
ordenes superiores. Inicio
4. ESTADO Y ABUSO DE PODER
Una vez expresadas las argumentaciones tanto jurídicas como del Derecho internacional de los Derechos Humanos
la responsabilidad de las Dictaduras Militares, es importante precisar que los hechos de vulneración de los
las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás actos cometidos durante aquella
época se enmarcan
en el denominado "abuso de poder", en no pocas ocasiones apoyado por el sistema penal, entendido aquí, como
derechos humanos y caracterizado por la utilización indebida del poder estatal respecto de sus ciudadanos con
consecuencias para aquellos que directamente han sido afectados con el hecho, ya sea como sujetos pasivos o como
perjudicados. Al respecto algunos criminólogos han llamado la atención sobre la necesidad de poner en primer plano
el estudio de la relación
criminalidad- abuso de poder, toda vez, que este proceso no ha sido atendido de la manera más especial:
"El aumento del terrorismo, del tratamiento cruel, inhumano o degradante, de los desaparecidos, de la criminalidad
de los crímenes contra la paz, de la violación delictiva de los derechos humanos, y de otros delitos que
se enumerarán ha puesto
en primer plano criminológico, penal y político - criminal la cuestión de la correlación
entre criminalidad y abuso de poder, que,
como veremos, no se reduce sólo al político e ideológico. Dicha criminalidad ha recibido limitada
atención, en parte por la
subordinación de la criminología en buen número de casos a exigencias de regímenes
dictatoriales y en parte por la creencia,
aún demasiado generalizada entre criminólogos, de que la criminalidad se reduce a la de índole
común o convencional" (61).
El abuso del poder ha sido denominado, por algunos teóricos de los derechos humanos, juristas y en particular
No Gubernamentales, como "Terrorismo de Estado", expresión que suele reservarse para aquellos supuestos en los
gobierno de un Estado emplea prácticas como la tortura, los asesinatos en masa, las ejecuciones extrajudiciales
sumarias, o desapariciones forzadas de las cuáles son víctimas los propios ciudadanos del Estado, ciertas
minorías, disidentes u
opositores políticos o habitantes de territorios ocupados. (62)
4.1 El Terrorismo de Estado
La idea de Estado terrorista se orienta hacia una descripción de la estructura total y constitución
interna de su andamiaje jurídico
e institucional. Desde el punto de vista histórico, representa una reacción defensiva extrema por la cual
se aplican métodos de
guerra de exterminio para resolver los conflictos internos. En este conflicto se califica a parte importante de la
enemigo esencialmente ajeno a la nacionalidad y contra quien se ejerce todo el poder soberano. El Estado pugna
por trasladar el
acoso al contrario a las relaciones de los civiles con el objeto de dividirlos, amedrentando la posible
colaboración social para con
él. Se trata de una unificación forzada de la sociedad en torno a la ideología de rechazo al enemigo. En
la medida en que éste
cuente con algún tipo de arraigo social el Estado asume su papel totalizador y gobierna por sobre la sociedad
para reprimir las
desviaciones de ésta hacia el disidente. El ejercicio del poder se desarrolla bajo la óptica de mando autoritario y obediencia, y rechaza toda
los ciudadanos. No existen límites a la persecución en el campo jurídico; el enemigo
está proscrito del Derecho y la vida social, lo
que se busca es su exterminio .Esta situación aparece incorporada en la estructura estatal con un
carácter permanente y no
excepcional (63), lo que da pie a la aparición de la violencia y el terrorismo
privado para-estatal, que es fomentada e incluso
incorporada a los aparatos del Estado. (64)
Normalmente a la violencia y terrorismo privados se les supone una insurreccional o antiestatal, ya sea
revolucionaria o
reaccionaria, situación que ha sido advertida por SERRANO PIEDECASAS quien apunta a una necesaria
terrorismo y el terrorismo de Estado:"Tanto el terrorismo de Estado como el subversivo proceden de la
agresión de bienes
jurídicos fundamentales. La diferencia radica en que en el primer caso el delincuente es el propio Estado, y en
el segundo, son
diferentes. El Estado ejerce la violencia para mantener en el poder los privilegiados intereses de una minoría
social nacional o
intermediaria de intereses foráneos; el terrorismo subversivo busca el cambio violento de régimen que se
considera lesivo para
sus intereses. En ambos casos, no obstante, existe un móvil político subyacente" (65)
La concepción de Estado de Derecho se ve lesionada formalmente desde que un grupo determinado, una Junta
ejemplo, se autonombra depositaria del Poder Constituyente y Legislativo (66), realiza
toda una producción legislativa tendente a la
eliminación del enemigo interno, con un recorte importante a las garantías fundamentales y
amplias atribuciones policiales que
generalmente son asumidas por los servicios de inteligencia del gobierno militar, con lo que se abre "legalmente" una
la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos (detenciones ilegales seguidas de tortura,
forzada de personas). El terrorismo es atribuido al Estado cuando proviene de aparatos estatales, según los modos regulares de
representa una continuación de sus políticas, aunque por medios extralegales. Dichos aparatos son
órganos del poder que
actúan en forma invisible o encubierta. El asesinato, la utilización del "terror legal e ilegal" por
parte de éstos, incluso se proyecta
fuera de las fronteras de sus propios países. Un claro ejemplo de esto fue el accionar de la
Operación Cóndor. En el Derecho Internacional el reconocimiento del terrorismo de Estado ha sido ambiguo. Ambigüedad que surge de
reconocer -dogmáticamente- el carácter de terrorista a estas acciones. El protocolo suplementario de
las Convenciones de
Ginebra sobre protección a las víctimas de guerra de 1947 declara como violentas transgresiones a la
Convención: agredir a la
población civil; los actos de terrorismo contra toda persona que no participa de modo directo o ha dejado de
conflicto. Se prohiben en particular, las acciones de violencia y amenaza de violencia, encaminadas a intimidar a
civiles. El
artículo 51 de la misma Convención sanciona especialmente prácticas de secuestros y captura de
rehenes dirigidos a intimidar a
la población civil. Por su parte, la Convención sobre crímenes internacionales, en su artículo 3�,
sanciona entre otros: los crímenes contra la paz,
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; el genocidio; la esclavitud y la
piratería; y los actos de terrorismo
internacional y estatal. En 1973, Siria presentó una propuesta en el seno de la Comisión Especial de la
ONU sobre el problema
del terrorismo, origen de la Resolución 3034 sobre esa materia, en donde se dice: " ... el examen del problema
la ONU debe empezar por la discusión del terrorismo estatal, puesto que ésta es la forma más
peligrosa de violencia... existe otro
terrorismo, el que se comete para conseguir propósitos criminales...no tiene nada en común con la lucha
de los pueblos ". Sin embargo se ha observado que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, salvo el caso de la Resolución
3034, los
instrumentos internacionales se dirigen hacia la represión del terrorismo subversivo, esto es, el llevado a cabo
por grupos o
bandas armadas cuyo móvil político social les impulsa a subvertir el orden constitucional o a alterar la
paz pública. La respuesta
legislativa del Derecho internacional dirigida específicamente al terrorismo se ha dado en tres ámbitos:
universal (Organización
de Naciones Unidas), sectorial (OACI y OMI), y regional (OEA y Consejo de Europa).(67).
Más en ninguno de ellos se condena al
terrorismo de Estado (68).
En 1985 el Parlamento Europeo aprobó seis resoluciones en las que se consagran los tres círculos
de represión, espacios
jurídico, judicial y policial únicos mediante los cuales se aúnan esfuerzos interestatales en
contra del terrorismo subversivo (69). Lo
mismo ocurre tratándose de los instrumentos internacionales relativos a la extradición (70). La última Resolución de 30 de enero
de 1997 sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea (A4-0368/96) señala: "considerando que
para los fines de esta
resolución es adecuado considerar acto terrorista cualquier acto, cometido por individuos o grupos, mediante
violencia o amenazas violentas, contra un país, sus instituciones o sus habitantes en general, o contra
personas concretas (71). Inicio
5. CONSIDERACIONES DOGMATICAS RESPECTO DE LAS CONDUCTAS
DESPLEGADAS POR LAS DICTADURAS MILITARES (72)
La caracterización de las conductas desplegadas por las dictaduras chilena y argentina en los hechos que nos
ocupan como
actos de genocidio han sido las que mayor controversia jurídica vienen recibiendo. Intentaremos analizar
brevemente los
argumentos esgrimidos para su calificación como tal, aclarando que desde la perspectiva jurídica de los
casos en estudio, se han
presentado tres problemas: la calificación del término de acuerdo a la normatividad internacional y en
especial a la Convención
de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Genocidio, la competencia de la legislación
española para conocer de este
tipo de delito, y finalmente la adecuación de los hechos sucedidos en las dictaduras militares al concepto
normativo de genocidio.
Según la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1946) éste
consiste en la negación del derecho a la
existencia, la destrucción o el exterminio total o parcial de una raza o un grupo humano, contrario al
espíritu y los propósitos de
las Naciones Unidas. Muchos son los casos a enumerar de grupos o colectivos que han sufrido actos de genocidio, en la
memoria reciente de todos están los hechos de Ruanda o la Ex - Yugoslavia, sin embargo el holocausto sufrido por
judío durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania Nazi, nos trae a la mente de la mejor manera la
magnitud de lo
perseguido por un acto de Genocidio. El Estatuto del Tribunal de Nüremberg, creado para juzgar los hechos sucedidos durante la II guerra Mundial
(Acuerdo de
Londres de 1948), en su artículo 6 al definir los denominados "crímenes contra la humanidad, introduce el
exterminio de un grupo o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos...". Haciendo referencia al
genocidio, es decir, al extermino de grupos nacionales, raciales o religiosos, lo que articulado con la
Resolución 96 (I) (11 de
Diciembre de 1946) de la Asamblea General de las Naciones Unidas complementa el avance de consagración del tipo
mención. Dicha resolución reconoce el genocidio como la "negación del derecho de existencia de los
grupos humanos". Regresando al contenido de la Convención se expresa en el Preámbulo el reconocimiento de que en todos
Historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad y el convencimiento de que para liberar a la
humanidad de un
flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional. El artículo l del Convenio dispone: "Las
Partes contratantes confirman
que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de Derecho internacional que
comprometen a prevenir y sancionar". Y el artículo 2 contiene la definición de genocidio, como
"cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o
religioso, como tal"; realizados con la finalidad de exterminio de un grupo son, según el mencionado
artículo 2 del Convenio a
que nos referimos, la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de
esos miembros del grupo,
el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial, las
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo
a otro grupo. Hasta este momento es claro que existe en el mundo entero la conciencia de que el Genocidio es uno de los más
actos que la humanidad puede padecer, esto es, el mayor de los crímenes. Estas acciones generalmente se realizan
escala; el genocidio conlleva masacres, desplazamientos forzados de poblaciones enteras, acciones de limpieza
étnica. En otras
palabras, a través de las conductas genocidas se vulneran derechos fundamentales en forma masiva y
sistemática. Esta sola
afirmación justifica el apelativo de crimen de "lesa humanidad". De suyo es que lo descrito en la primera parte de este trabajo, esto es la denominada "Operación
Cóndor" y los procedimientos
de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos masivos y selectivos sucedidos en las dictaduras militares Argentinas
Chilenas, nos lleva a preguntarnos si efectivamente estamos ante un hecho de genocidio según la
adecuación típica consagrada
en Código Penal Español y acorde con las Normas Internacionales en la materia. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Recurso presentado ante el Auto por el que se
amplía la prisión provisional de
Augusto Pinochet Ugarte, considera que no nos encontramos ante un delito de Genocidio, toda vez que la represión
sucedida en dichos países desde los años 1973 hasta 1985 nunca tuvo el objeto de eliminar, desplazar
grupos raciales o
nacionales o religiosos, sino que su objeto fue el de ejercer una cruel represión ideológica de la
población, cualquiera que fuese
la nacionalidad del opositor. Igualmente la Fiscalía mencionada repite sus argumentos en la resolución de Apelación de los
hechos sucedidos en la República
Argentina al afirmar: los hechos imputados en el sumario no pueden constituir genocidio, puesto que la
persecución no se
efectuó contra ningún grupo nacional, étnico, racial o religioso, la represión en la
Argentina de la dictadura de 1976 a 1983 tuvo
motivaciones políticas. Como se observa la discusión nuclear radica en la determinación de sí los hechos de
represión enmarcan en el tipo penal
consagrado en la legislación vigente (art. 607,1), y si la motivación de los criminales militares fue la
de exterminar un grupo racial,
social o nacional. En este sentido es importante establecer que la existencia de un grupo étnico, nacional,
religioso o racial
representa para las personas que lo integran un valor positivo que merece ser protegido. Un bien en sí.
Allí radica la
característica del delito de genocidio. "El libre desarrollo de la personalidad e incluso la existencia física de los miembros de un grupo depende de
la existencia al
grupo al que pertenecen. Este bien es de naturaleza colectiva y se encuentra reconocido por el Derecho. Las conductas
lesionan o ponen en peligro el derecho de existencia se han denominado genocidio. En consecuencia, la esencia del
de genocidio es el ataque al derecho de existencia de grupos humanos". (73) Ello deriva
en la necesidad de caracterizar que el
grupo humano se encuentra definido por una serie de características que lo hacen diferenciable o particular
respecto de otros
conglomerados sociales que se establezcan en su entorno. En el caso presente la Audiencia Nacional en la Resolución ya tantas veces citada, desarrolla una
interpretación amplia del
concepto de grupo al considerar que en los hechos investigados se encuentra presente la idea de exterminio de un grupo
población dirigido a todo un conglomerado social sin distingo alguno, que aunque selectivo, afectó a gran
poblacionales de las naciones víctimas de las dictaduras. ". Fue una acción de exterminio, que no se hizo
al azar, de manera
indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un
grupo sumamente
heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no
respondían al
tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El
grupo lo integraban
ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. La
represión no pretendió cambiar la actitud
del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir el grupo, mediante las
detenciones, las muertes, las
desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento de los miembros del
grupo..."(74) Se deduce entonces que la acción de extermino estaba dirigida de manera individual y colectiva contra aquel
argentinos o chilenos que eran considerados enemigos del poder instaurado, siendo las víctimas claramente
dentro de un plan selectivo o muchas veces indiscriminado, mediante acciones de asesinatos, torturas, desapariciones,
sustracción de menores, entre otras conductas, del grupo perseguido, que no cabía dentro del proyecto de
las Juntas Militares de
"organización nacional". Es claro que en los hechos sucedidos en las dictaduras militares, las acciones cometidas por los agentes
Juntas Militares, no se agota en la consumación de actos dirigidos exclusivamente contra individuos, se
pretendía la destrucción
de parte de un grupo nacional. Para ello los procedimientos utilizados, aunque afectaron a personas particularmente
consideradas, esto es, las torturas, las desapariciones y demás hechos mencionados, formaban parte de un plan
exterminio de parte del grupo nacional. Así lo consideró la Audiencia Nacional española al incluir
dentro del tipo de genocidio, el
de torturas como parte integrante del primero.
Es importante resaltar que los hechos imputados, constituyen delito de genocidio, pues a pesar de la no
configuración del término
"político" en la Convención, no por ello se puede negar la existencia de un cúmulo de hechos que
apartaron de la faz de la tierra
a un grupo nacional diferenciado por sus motivaciones o por las que sus victimarios interpretaban. En ese sentido la
Nacional continua reafirmando su teoría: "Sabemos por qué en el Convenio de 1948 no aparece el
término "político" o las voces
"u otros" cuando relaciona en el artículo 2 las características de los grupos objeto de la
destrucción propia del genocidio. Pero el
silencio no equivale a exclusión indefectible. El sentido de la vigencia de la necesidad sentida por los
países partes del Convenio
de 1948 de responder penalmente al genocidio, evitando su impunidad, por considerarlo crimen horrendo de Derecho
internacional, requiere que los términos "grupo nacional" no signifiquen "grupo formado por personas que
misma nación", sino, simplemente, grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo,
colectividad mayor. El entendimiento restrictivo del tipo de genocidio que los apelantes defienden impediría la
genocidio de acciones tan odiosas como la eliminación sistemática por el poder o por una banda de los
enfermos de SIDA, como
grupo diferenciado, o de los ancianos, también como grupo diferenciado, o de los extranjeros que residen en un
país, que, pese a
ser de nacionalidades distintas, pueden ser tenidos como grupo nacional con relación al país donde viven,
precisamente por no ser nacionales de ese Estado. Esa concepción social de genocidio - sentida, entendida por la
en la que ésta funda su rechazo y horror por el delito - no permitiría exclusiones como las apuntadas."
Así, las cosas y en aras de resaltar la claridad y contundencia de las afirmaciones de la Audiencia Nacional
no queda más que
estudiar brevemente el contenido del artículo 607. 1 del CP español que recoge en su estructura
sistemática la Convención para
la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948. El genocidio, según el legislador español,
es un delito contra la Comunidad
Internacional caracterizado, como ya lo hemos afirmado, por el "propósito de destruir total o parcialmente a un
racial o religioso". Articulado el tipo penal con las consideraciones arriba realizadas se observa que las
argumentaciones de
fondo sobre la intención y configuración del tipo no merecen dudas visibles, puesto que, y para terminar,
el tipo penal se adecua
en su totalidad a lo establecido por las normas internacionales, y es precisamente esa la intención del
legislador español al
tipificar la conducta. Por consiguiente la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial se aplicará para
investigar los hechos sucedidos en aquellos países, pues como nuevamente lo manifiesta la resolución: "en
el tiempo de los
hechos y en el país de los hechos se trató de destruir un grupo diferenciado nacional, a los que no
cabían en el proyecto de
organización nacional o a quienes practicaban la persecución estimaban que no cabían. Hubo entre
las víctimas extranjeros,
especialmente muchos españoles. Todas las víctimas, reales o potenciales, argentinos o foráneos,
integraron un grupo
diferenciado en la nación, que se pretendió exterminar". 5.2. Delitos de terrorismo.
Es innegable el carácter terrorista de actividades delictivas llevadas a cabo por una organización
criminal de alcance
internacional que en diferentes países concibe, desarrolla y ejecuta un plan sistemático de
desapariciones forzadas (detenciones
ilegales seguidas de secuestro o asesinatos), entre otras actividades delictivas como torturas, desplazamientos
forzosos de
personas que incluyen a ciudadanos de diversas nacionalidades, y que son ejecutadas además en territorios de
Especialmente cuando esta actividad delictiva es apoyada desde el propio Estado. Es innegable también que actos como éstos han de ser objeto de control por parte del Derecho penal y
de sanción. El problema
que se ha suscitado en el caso del juicio seguido en contra de las dictaduras militares argentina y chilena radica en
o calificación de estos actos terroristas, �Se trata de terrorismo de Estado?, �Se trata de terrorismo
subversivo o individual?.
�Cómo sancionar a título de terrorismo las conductas desplegadas en la operación cóndor
conforme al CP español?. (75)
No entraremos en la inacabable discusión con respecto a los elementos integradores del concepto de terrorismo
único posible de concebir a la luz de los instrumentos internacionales y las legislaciones nacionales. Creemos
conceptos que hacían alusión a la espectacularidad de las acciones, al tipo de medios empleados de gran
no son el elemento clave para determinar la existencia de delitos de terrorismo. A nuestro juicio cuatro son, al menos,
que nos acercarían a una idea de terrorismo: a) el complejo entramado humano y técnico que ostentan las
delictivas, b) la negativa repercusión social y política de sus actuaciones, c) la conexión
internacional y apoyo mutuo entre estas
organizaciones delictivas, y d) el ataque frontal a los derechos humanos.
Es precisamente este último factor en el que debe hacerse hincapié para la prevención y
sanción de actos que por su naturaleza
afecten a toda la humanidad y por tanto reconocer la jurisdicción universal para su juzgamiento.
Así lo ha entendido la Audiencia
Nacional española al calificar como delitos de terrorismo las conductas desplegadas en la Operación
Cóndor conforme a los
artículos 515, 516.2, 571, 572 y 577 del CP, y el Juzgado de Instrucción N� 5 de la Audiencia Nacional al
dictar auto de
procesamiento en contra del General Pinochet: "Los hechos podrían ser asimismo constitutivos de un delito de
desarrollado a través de la ejecución de múltiples muertes, lesiones, detenciones, secuestros,
colocación de explosivos e
incendios, según los artículos 515, 516.2 y 571 del Código Penal". (76) El artículo 571 del CP español señala: "Los que perteneciendo, actuando al servicio o
colaborando con bandas armadas,
organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz
pública, cometan
delitos de estragos o incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados
con la pena de prisión
de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la
vida, integridad física o salud
de las personas". El artículo 572 por su parte indica: "Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las
bandas armadas,
organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las personas,
incurrirán: 1� En la pena de
prisión de veinte a treinta años si causaren la muerte de una persona.; 2� En la pena de prisión
de quince a veinte años si
causaren lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraren a una persona; 3� En la pena de
prisión de diez a
quince años si causaren cualquier otra lesión o detuvieren ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una
El artículo 577 dispone: "Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista y
con la finalidad de subvertir el
orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas
en los artículos 149
o 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera
incendios, estragos o tenencia, tráfico y depósitos de armas o municiones, serán castigados con la
pena que corresponda al
hecho cometido, en su mitad superior."
De estas normas se desprende que el Código Penal no castiga la simple integración o pertenencia a
banda armada o grupo
terrorista (contenido en el tipo de asociación ilícita) sino que exige la concurrencia de dos elementos
(77): a) La pertenencia,
actuación al servicio o colaboración con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de
constitucional o alterar gravemente la paz pública; b) la comisión de los delitos señalados. El bien jurídico protegido es el orden público. Ello se desprende de la ubicación de
este tipo de delitos en el título XXII del CP:
"Delitos contra el orden público". El Código Penal no contiene una definición del mismo. La
doctrina ha señalado que ante tal
situación podría recurrirse al artículo 1� de la Ley de Orden Público de 1959 que
establece: "el normal funcionamiento de las
instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de
políticos y sociales, reconocidos en las leyes constituyen el fundamento del orden público". En su
artículo 2� se refiere a "la paz
pública o la convivencia social" (78).
La conducta típica consiste en cometer cualquiera de los delitos señalados
perteneciendo, actuando al servicio o colaborando
con banda armada, organizaciones o grupos terroristas (arts. 571, 572 ) o sin pertenecer a ella (art. 577) (79). Los rasgos comunes
son: a) la comisión material y directa de una serie de figuras delictivas (elemento objetivo del tipo) y b) la
finalidad de subvertir el
orden constitucional o alterar gravemente la paz pública (elemento subjetivo del tipo). El sujeto activo de este tipo de delitos es todo aquel que cometiere cualesquiera de estas figuras
delictivas, perteneciendo (o sin
pertenecer a ella, supuesto del art. 577), actuare al servicio o colaborare con una banda armada, organización o
De aquí la diferenciación entre el sujeto activo y la banda, organización armada o terrorista. La
banda y organización tienen
mayor entidad que la mera asociación. El Tribunal Constitucional ha sostenido una interpretación limitada
del concepto de banda
armada considerando como esenciales: la pertenencia o la estabilidad del grupo, la imprescindible relevancia o la
suficiente para originar terror, inseguridad e incidencia en la vida social. Estos serían los factores precisos
distinción con la simple asociación ilícita (STS de 1 de marzo de 1988). La jurisprudencia por su
parte considera grupos armados
las agrupaciones para la acción armada provistas de una cierta organización, con vínculos estables
de jerarquía y disciplina (80).
La Audiencia Nacional ha mantenido un planteamiento similar al sostener que se entiende por banda armada una
ilícita que se concreta en una colectividad o pluralidad de sujetos, con carácter permanente, que
teniendo armas a su disposición
comete alguno de los delitos tipificados en el Código Penal. De ello resulta que el concepto de banda armada
no sólo exige el
elemento organizativo sino además la permanencia en el tiempo. (81) Por
otra parte, el concepto de organización o grupo terrorista
no exige necesariamente la posesión de armas, no obstante sí exige la permanencia (82). El sujeto pasivo de la conducta es la
sociedad en su conjunto y el Estado.
El móvil o finalidad es lo que otorga el carácter terrorista a los delitos cometidos por este
tipo de asociaciones: subvertir el orden
constitucional o alterar la paz pública. Cabe destacar que el Código Penal español ha introducido
la finalidad de alterar la paz
pública para no dar pie a una interpretación como delito político cuando la finalidad fuere
subvertir el orden constitucional.
Entendemos la subversión del orden constitucional y la alteración de la paz pública como elementos
integradores del concepto
general de orden público. La finalidad de subvertir el orden constitucional es exigida en distintas formas para
satisfacer el tipo del
artículo 571 CP. Como ha establecido la Audiencia Nacional: "La tendencia subversiva ha de hallarse en
relación con el orden
jurídico o social del país en el que el delito de terrorismo se comete, o al que directamente afecta como
destinatario del ataque, y
esta traslación necesaria de un elemento fáctico no impide la susceptibilidad de tipificarse como
terrorismo, según la Ley penal
española, que es exigencia del artículo 23, apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial." (83)
Subsumiendo las conductas desplegadas por las dictaduras militares argentina y chilena en esta normativa podemos
1.- Es innegable que la organización criminal que ejecutó el plan sistemático de violaciones a
los derechos humanos (operación
cóndor), dirigida como se ha dicho desde los gobiernos sin un nexo oficialmente reconocido por el Estado,
subvirtió el orden
constitucional desde que las juntas militares usurparon violentamente el poder, derrocando por la fuerza a los
constitucionales y se dieron un marco de legalidad- si bien no de legitimidad- mediante Decretos Leyes y Decretos
Ley. Luego, la organización armada se ampara en una situación de facto, la usurpación del poder y
se aprovechó de su
estructura militar para con impunidad, imponer un régimen que mediante el terror subvirtió en sí
mismo el orden Constitucional.
(84). Desde esta consideración resulta inaceptable pretender quitar el
carácter terrorista a la operación cóndor argumentando que
al momento de desplegarse las conductas los gobiernos militares se encontraban en el poder. Se trata de un poder de
facto que
desmanteló el orden institucional democrático. De todos es conocido que el 11 de Septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas actuando como institución
derrocaron al
gobierno constitucional de la Unidad Popular, protagonizando el violento golpe de Estado (85) que culminó con la muerte del
Presidente Salvador Allende. Los militares desconociendo la legalidad vigente promulgaron el Decreto Ley N�1 (Bando
N�1) por
el que se constituyen en Junta de Gobierno "al mando de la Nación", y nombran al General Pinochet - comandante
en jefe del
Ejército que había prometido lealtad al presidente constitucional Salvador Allende- como Presidente de
esta Junta. La primera
norma dictada por esta Junta fue el Bando N�1 que indicó: "... se respetará la Constitución
(1925) en la medida que las
circunstancias lo permitan". En Septiembre de 1976 promulgaron las "Actas Constitucionales" por medio de las
cuales la Junta
Militar se arroga el poder constituyente y la facultad de prorrogar cada seis meses estados de
emergencia, en los que se
restringen o suprimen las libertades fundamentales (86).
2.- La organización criminal denominada operación cóndor, fue por otra parte una
asociación ilícita conformada como banda
armada que realizó la conducta típica que exige el artículo 572: asesinatos, lesiones, coacciones
y detenciones ilegales que
devinieron en desapariciones forzadas en la mayoría de los casos. Cabe destacar que si bien esta
organización aprovechaba la
estructura militar y la infraestructura que le proporcionaban los gobiernos de facto, su actividad era oculta, no
decía relación con
ninguna función que les estuviere asignada institucionalmente, su actividad no era ejercida en el marco de las
potestades que les
confería la función oficial que ostentaban. "La asociación para los actos ilegales de
destrucción de un grupo diferenciado de
personas tenía vocación de secreta, era paralela a la organización institucional en la que los
autores quedaban encuadrados,
pero no confundible con ella" dice la Audiencia Nacional (87). Además
del elemento organizativo, la permanencia en el tiempo fue
su característica. Su actividad "producía inseguridad, turbación o miedo a un grupo o a la
generalidad de la población" y su
esencia era el rechazo del orden jurídico no sólo del que subvirtiera mediante la fuerza sino
también del "orden jurídico vigente
en el país a la sazón" (88). Concurren entonces los elementos propios de
la banda armada: estructural, teleológico y resultado.
3.- El terrorismo perpetrado por esta organización criminal, y como delito de persecución universal,
incluido en la legislación
española (artículo 23.4 de la LOPJ) no se refiere tanto a los hechos de terrorismo que se produjeren en
su territorio, sea que se
trate de terrorismo nacional o internacional, porque ello está contenido en la legislación interna, sino
que se refiere más bien a los
supuestos en los que España, como miembro de la comunidad internacional, tiene interés en perseguir,
aunque "su concreción
evidentemente se tenga que hacer, como no podía ser de otra forma, con arreglo a las leyes españolas".
En su calidad de miembro de la comunidad internacional, resulta indiscutible que España tiene interés
en la persecución de estos
delitos, no tanto por el hecho de que entre las víctimas haya ciudadanos españoles, sino por el hecho de
que el terrorismo
participa del concepto de crimen de Derecho internacional, y por ende, este interés va mas allá de las
fronteras nacionales. (90)
Constituye un caso de responsabilidad penal internacional especialmente cuando dice relación con el abuso de
poder y se le
utiliza como instrumento de represión político-ideológica.
Siguiendo la idea anotada por el Profesor Quintano Ripollés, citado por la Audiencia Nacional , es claro que
propiciado por parte del Estado, sea oficialmente como ocurría en la Alemania Nazi, sea extraoficialmente como
tratándose de estas organizaciones paralelas al Poder, rebasa los límites del Derecho penal interno. No
obstante ha sido objeto
de condena internacional por parte de las naciones en diversas normas de Derecho internacional humanitario. (91) Así por
ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha instado a adoptar todas las medidas precisas para combatir y
todos los actos de terrorismo y por quien quiera que los haya cometido (Doc. A/50/186 de la AG de 22 de diciembre de
Finalmente es necesario enfatizar que el terrorismo desarrollado desde las estructuras del Estado o del Estado mismo
de sus representantes, es la forma más peligrosa del terrorismo y por ello precisamente es la que más
debe perseguirse. 5.3. Delito de Tortura
Los actos perpetrados por la organización criminal que llevó a cabo la Operación Cóndor
puede encuadrarse asimismo dentro
del tipo penal de la tortura consagrado en los artículos 173 y 174 del CP. Ello porque las detenciones ilegales
sus agentes llevaban como conexo el trato inhumano y degradante a las víctimas causando lesiones que en muchos
casos llevaron a la muerte. El manto de impunidad que proporcionaba la estructura militar en el poder permitía
violación a los derechos fundamentales. La tortura pues se encuentra vinculada al denominado
"Abuso de Poder" (92). Así lo han
entendido también organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, para quien
la Tortura es parte
del aparato que utiliza el Estado para reprimir a los disidentes. Independientemente de la perversidad de torturadores
la tortura tiene un fundamento teórico: el aislamiento, la humillación, la presión
sociológica y el dolor físico como medio de
obtener información, someter al preso y de intimidar a sus allegados. (93) El objetivo de la tortura no es la eliminación física de la víctima sino reducirla a una
posición inferior, negarle su posibilidad de
reconocimiento y adentrarse en su intimidad para que construya una verdad que no es la suya, sino la de su verdugo
Elementos propios de la práctica de la tortura son: de una parte y como aspecto de gran trascendencia la
respecto de la afección que el hecho causa y el cual está dirigido, no al castigo físico, sino a
la irrupción en el ser y la conciencia
del sujeto víctima, la intención es utilizar el cuerpo de la víctima como instrumento receptivo
del dolor y por su medio ingresar en
el fuero interno del sujeto a fin de perseguir una conducta determinada que vulnere el sustento de la lealtad del ser
la sufre; que delate a su cómplice o amigo, o partidario, o benefactor, o colaborador, o a su ser afectivo
cercano o a su amante,
en fin que quiebre sus concepciones morales sustento de su dignidad. La pregunta del torturador saquea la intimidad de
víctima, la devasta hasta obtener lo que éste quiere de ella. Pero la respuesta obtenida nunca deja
satisfecho al que increpa
mediante la violencia. El castigo físico se deslinda de la tortura porque en ésta se persigue un objeto
diverso de la mera sanción
al cuerpo, se requiere una vinculación a lo ideológico. Se tortura en nombre de las ideas para
averiguarlas, para reprimirlas, para
transformarlas o confirmarlas, para enseñarlas o para demostrarlas, se tortura para escarmentar, para alinear,
para obtener marasmo colectivo o individual, para penetrar en el alma de aquellos que se niegan a reconocerse en un
diferente al del verdugo que quiere imponer las suyas como matriz del comportamiento a seguir. (95) Así las cosas, la degradación de la persona formaba parte del plan sistemático de
represión de la disidencia política creado por
los gobiernos militares, un plan que contenía, entre otros, el diseño de un sistema científico
de torturas llevado a cabo por
organizaciones como la DINA y la CNI.
Con base en estas consideraciones, el delito de torturas aparece como integrante de los delitos de mayor
entidad: genocidio y
terrorismo. Esta fue la posición sostenida por la Audiencia Nacional al ratificar su competencia para
conocer de estos hechos: "La
resolución del recurso va a exigir constatar si los hechos imputados en el sumario son susceptibles de
tipificarse, según la Ley
penal española, de delitos de genocidio o terrorismo... Las partes de la apelación no han discutido que
esos hechos imputados
consistan en muertes, detenciones ilegales y torturas por razones de depuración ideológica o de
entendimiento de la identidad y
valores nacionales, atribuidas a gobernantes y miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, con intervención
grupos organizados, actuando todos en la clandestinidad, hechos ocurridos en Chile durante el régimen militar
instaurado el 11
de septiembre de 1973 "..."Las torturas denunciadas formarían parte del delito de mayor entidad de genocidio o
terrorismo. Por
ello resulta estéril examinar si el delito de tortura es, en nuestro Derecho, delito de persecución
universal por la vía del artículo
23, apartado cuatro, letra g, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto en relación con el
artículo 5 de la Convención de 10 de
diciembre de 1984 contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (96). Si España tiene jurisdicción
para la persecución del genocidio en el extranjero, la investigación y enjuiciamiento tendrá
necesariamente que alcanzar a delitos
de tortura integrados en el genocidio. Y no sólo en el caso de víctimas de nacionalidad española,
conforme podría resultar del
artículo 5, apartado uno, letra c, de la Convención citada, que no constituye una obligación
ineludible para los Estados firmantes.
España tendría jurisdicción propia como derivada de un tratado internacional en el caso del
apartado dos del artículo 5 de la
Convención mencionada, pero, como se ha dicho, la cuestión es irrelevante jurídicamente a los
efectos de la apelación y del
sumario". (97)
El Código Penal español sanciona el delito de torturas en el Título VII, del Libro II del CP: "
De las torturas y otros delitos contra la
integridad moral". El tipo básico de la tortura se encuentra en el artículo 174, y el tipo atenuado
consagrado en el artículo 175. En
el 173 se castigan los atentados genéricos contra la integridad moral llevados a cabo por particular; en el 176
modalidad omisiva y en el 177 una cláusula de concurso.
Atendidos los límites de este artículo analizaremos someramente los tipos contenidos en los
artículos 174 y 173.
Existe un extendido criterio, según el cual el Bien Jurídico protegido en el delito de
tortura, artículo 174, es "la integridad moral",
en concordancia con el Art. 15 de la C.E que garantiza el derecho a la integridad física y moral, (98) "mediante el cual se protege la
inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino
también en toda clase de
intervención en esos bienes que carezca del consentimiento del titular", por lo que la integridad moral puede
ser identificada con
la inviolabilidad de la libertad. Su lesión se produce cuando la persona ve negada su plena capacidad de
decidir, cuando la
pérdida de dignidad hace que pierda su condición de ser libre de forma que no quepa atribuir su conducta
como propia. (99)
PORTILLA CONTRERAS, considera que el concepto de integridad moral se deduce del contenido del artículo 15 de la
C.E :"
Parece evidente que el concepto de integridad moral hay que deducirlo de lo expuesto en el artículo 15 de la
Constitución, de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la legislación internacional y los criterios de
interpretación del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos". (100)
Por otra parte, en la conducta descrita en el artículo 173: Los atentados genéricos contra "la
integridad moral" el objeto de
protección de este tipo penal, según Muñoz Conde, sería la "integridad moral" en la
proscripción de cualquier violencia de
carácter intimidatorio que pueda derivarse del también reconocido constitucionalmente, derecho a la
libertad de pensamiento, en
el sentido de que "... cualquier expresión de esta libertad es lícita siempre y cuando no se manifieste
de forma coercitiva, lo cual
supondría una lesión del bien jurídico integridad moral..." (101)
A partir de esta sujeción e interpretación del contenido del artículo
15 C.E., se argumenta, además, que la agresión contra la integridad moral, debe suponer actos de
humillación o vejación del
sujeto pasivo, que sería lo que daría autonomía al bien jurídico denominado " integridad
Con anterioridad el Código Penal español establecía en el artículo 204 bis dentro de los
delitos contra la Seguridad Interior del
Estado, específicamente en el párrafo destinado a este tipo de ilícitos cometidos por los
funcionarios públicos contra el ejercicio
de los derechos de la persona reconocidos por las leyes (102). A partir de las
críticas respecto de su ubicación (103) y el contenido
material del tipo se introdujo uno nuevo contemplado en el artículo 174 dentro de los delitos contra la
integridad moral.
Precisamente, el epígrafe del Título VII, "De las torturas y otros delitos contra la integridad moral"
nos da la idea del alcance que
se le pretende atribuir a tal comportamiento: configurar a la tortura como el más importante de los atentados
moral (104). Con carácter general, al igual que la desaparición forzada, este delito no puede ser cometido por
cualquier persona, el sujeto
activo debe corresponder a aquella persona con calidad "funcionarial", el sujeto activo sólo puede ser el
(comprendida la autoridad). Es precisamente esta condición de superioridad dada por la propia ley la que se
considera como el
aprovechamiento del poder conferido para abusar de su cargo. Esta caracterización del sujeto activo, es propia
normatividad internacional. Así lo indica la Declaración sobre Protección de todas las Personas
contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 1. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, aquella a la que se pretende castigar o aplicar la tortura,
ya sea como medio de
obtener de ella una confesión o conseguir alguna información. La conducta típica exige además un elemento subjetivo: que con el hecho se someta a la persona a
procedimientos que atenten
contra su integridad moral ya sea mediante tratos degradantes, inhumanos o la misma tortura, los cuales deben ser
mediante una acción dolosa del sujeto activo- el tipo subjetivo exige un dolo directo- con el fin de obtener
una confesión o
información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que se haya cometido o se sospeche que ha
cometido, sin
ser necesario que se obtenga el propósito, pues basta con el acto de torturar. Al respecto, es pertinente
revisar el contenido del
artículo 174 del C.P. que expresamente define la motivación del sujeto activo: "...con el fin de
obtener una confesión o
información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha
cometido...". La presencia de este elemento subjetivo del injusto, condiciona el carácter eminentemente doloso del tipo de
tortura y excluye la
posibilidad de comisión culposa.
No es posible alegar en la comisión del hecho, causa de justificación alguna (105). Este impedimento del tipo se difiere del artículo
15 de la C.E que determina que la práctica de la tortura no es admisible "en ningún caso". Igualmente, la
doctrina ha recibido de
la normatividad internacional la interpretación negativa referida. En este sentido la Convención Contra
la Tortura de 1984
prescribe: "En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como el estado de
guerra, amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la
tortura"
5.4 Consideraciones finales respecto de los tres tipos penales
Finalmente en cuanto al elemento subjetivo común a los tres tipos penales mencionados cabe destacar
que tanto en el genocidio
como en los delitos de terrorismo y torturas se aprecia la existencia de dolo. En el delito de genocidio: dolo directo
al grupo humano en sus diversas manifestaciones. En los delitos de terrorismo: la finalidad de subvertir el orden
atacar a la comunidad internacional mediante formas que integran la categoría de crimen contra la humanidad. En
torturas: la degradación de la persona en cuanto parte del género humano y de la comunidad internacional.
En todos estos delitos se aprecia el ataque a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y
psíquica de la persona y
Por otra parte, existía asimismo un acuerdo de voluntades entre los militares que perpetraron estos
ilícitos. Así lo estableció la
Audiencia Nacional, respecto del caso chileno: "...Está acreditado indiciariamente el acuerdo de voluntades de
militares para acabar con el sistema constitucional chileno, con la vida del Presidente constitucional e iniciar todo
represión selectivo pero masivo en el sentido expuesto y para ello dotan a todas las instituciones y personas
subordinadas de todos los medios no formales e ilegales necesarios y de la impunidad precisa, no existe el ejercicio
del ius
puniendi del Estado, que desde sus instituciones no sólo incita sino que coordina el ejercicio del terror
para acometer la labor
encomendada... se crean organizaciones como la DINA o la CNI que desarrolla acciones paramilitares, para desarrollar
acciones en el interior y exterior, se diseña un sistema de coordinación terrorista internacional de
apoyo y asistencia de otros
países u otras organizaciones terroristas o para la eliminación o entrega ilegal de prisioneros que
después son ejecutados (Plan
Cóndor)".(106)
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regiones militares de la República de Chile. http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/int/listado.htm
2. Recuerdos del proceso de Nuremberg. Por HERZOG, Jacques Bernard. Texto completo de la conferencia del 3
1949 sobre la jurisdicción penal internacional y el proceso de Nüremberg (Sustituto del Procurador de la
República del Sena, Ex
Substituto del Procurador General francés ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, Secretario
General de la Revista
Internacional de Derecho Penal). 3. Providencia por la que se solicita ampliación de rogatoria a Paraguay para la obtención de
documentos relacionados con la
"Operación Cóndor". Madrid, 04.09.1998. 4. Ampliación de la denuncia contra Pinochet. Testimonio del F.B.I. sobre la Operación
Cóndor Madrid, Septiembre 1996. 5. Auto de prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte. 6. Auto ampliando la fundamentación (Listado de 94 víctimas).
1. RAWLS, John: El derecho de los Pueblos, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, p. 131.
2. Al respecto el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires, 1985. La comisión fue dirigida por el escritor ERNESTO
SÁBATO, dando cuenta además, de la desaparición de 8.960 personas, según denuncias
debidamente probadas y documentadas. Señala el informe que en Argentina existían 340 centros
clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las fuerzas armadas. La CONADEP descubrió que
entre los oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales se estableció un "pacto
de sangre" que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos. "Tenemos la
certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de
nuestra historia, y la más salvaje.", Concluyó la comisión. Al respecto ver CUYA , Esteban: Las
comisiones de la verdad en América Latina. KOAGA ROÑETA (1996)-
http://www.derechos.org./koaga/iii/1/cuya.html.
3. SCHMINTT, Carl: El concepto de lo Político. Alianza Universidad, Madrid, 1991, p 56
4. Es importante aclarar que este artículo estudia un momento histórico determinado
de la violencia estatal en América Latina, esto es, la protagonizada por las dictaduras militares
especialmente del Cono Sur, sin embargo, no consideramos que el uso de la violencia por parte del Estado en esta parte
del mundo este exclusivamente limitado a los períodos de gobiernos
militares. Como afirma PETER WALDMANN, Catedrático de Sociología de la Universidad de Augsburgo-
Alemania: "..Es verdad que bajo las dictaduras militares del cono sur, los
excesos de los organismos de seguridad contra los civiles alcanzaron en la década de los setenta unos tristes
puntos máximos. Pero tras el relevo político en los años 80 de las fuerzas
armadas por gobiernos civiles elegidos democráticamente, el problema no puede darse por terminado, máxime
cuando la policía, el ejército y los servicios secretos siguen siendo en gran
medida los mismos. A una serie de gobiernos civiles establecidos hace tiempo como los de Colombia, El Salvador, y
Guatemala habría que reprocharles la violación crónica y masiva de los
derechos humanos elementales demostrando que, incluso en los regímenes democráticos formales, la
policía y el ejército no desisten de intimidar a los simpatizantes de la oposición con
métodos coactivos..." WALDMANN, Peter: Represión Estatal y Paraestatal en Latinoamérica. Revista
América Latina Hoy, 2 época, N � 19, junio/ 95. 5. Para un examen de las causas de la instauración de regímenes autoritarios en el Cono Sur,
véase COLLIER, David; The new authoritarism in Latin America, Princeton University Press,
Estados Unidos, 1979; LECHNER, Norbert; Estado y Política en América Latina, Ed. Siglo XXI,
México., 1981; GARRETON, Manuel Antonio; En torno a la Discusión sobre los Nuevos
Regímenes autoritarios en América Latina, en PORTALES, Carlos; La América Latina en el Nuevo Orden
Económico internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1983,
pp.334-360.
6. la dictadura de Stroessner amparada por las Fuerzas Armadas y por sectores de derecha fue el
nido que cobijó a criminales como el medico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia
Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Cordón, el chileno responsable de
numerosas desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, Miguel Estay Reyno, "El Fanta"
que residió clandestinamente en este país hasta 1992. Recordemos asimismo que Paraguay sirvió para
el adoctrinamiento xenófobo desde fines del siglo pasado; fue Bernard Forster,
médico quien fundó allí la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su programa de
pureza racial. CAMUS, María Eugenia. Rev. APSI. 441, Santiago 1993. Por otra parte
Richard Nixon designó a Paraguay como "un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo".
CUYAS, Esteban; ob. cit.
7. FRÜHLING EHRILCH, Hugo; La defensa de los derechos humanos en el cono sur. Dilemas y
perspectivas hacia el futuro, en "Represión Política y defensa de los derechos humanos",
Programa de derechos humanos Academia de Humanismo Cristiano, Centro de Estudios Sociales (CESOC) Ediciones Chile y
América, 1986, pp.15-37.
8. Sobre la intervención de la CIA en la formación de militares latinoamericanos,
véase también CALLONI, Stella; Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor. KO'AGA RONE'ETA;
http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html.
9. CUYAS, Esteban; La Operación Cóndor: El Terrorismo de Estado de Alcance
Transnacional KO'AGA ROÑE'ETA se.vii (1996) - http://www.derechos.org/vii/1/cuyas.html 10. EQUIPO NIZKOR; Documento distribuido a la solidaridad internacional para lograr la
detención y el procesamiento de Augusto Pinochet Ugarte, http://www.derechos.org/nizkor/ Véase también CALLONI, Stella; Ko'aga Rone'eta - Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor.
KO'AGA RONE'ETA; http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html.
11. En febrero de 1998 se acumuló al expediente de la causa chilena en España, el
testimonio prestado por el General y Director Ejecutivo de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, ante
la Corte Suprema de Chile. En este documento señala que la DINA era un organismo militar que dependía
directamente de Pinochet, al que "informaba diariamente". Recordemos que a
raíz del juzgamiento de los militares Contreras, y Sergio Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier, la
propia Corte Suprema chilena declaró a la DINA como organización criminal en la
línea de la figura reconocida en Nüremberg por sentencia de 30 de mayo de 1995 (Caso Letelier). Tanto
Contreras como Espinoza se encuentran hoy en prisión. El primero condenado a
siete años de prisión y el segundo a cinco años y un día. Ambos se encuentran recluidos en
una cárcel especialmente construida para estos efectos a las afueras de Santiago de Chile.
12. EQUIPO NIZKOR; Documento distribuido a la solidaridad internacional para lograr la
detención y el procesamiento de Augusto Pinochet Ugarte, http://www.derechos.org/nizkor
13. El 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, fue realizado un atentado realizado que
cobró la vida del ex -Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador
Allende, general Carlos Prats Gonzáles y de su esposa Sofía Cuthbert. Este hecho fue una de las primeras
acciones en el exterior que llevó a cabo la Dirección de Inteligencia Nacional de
Chile, DINA, cuyo jefe era el general Manuel Contreras. El 6 de octubre de 1975 Bernardo Leighton, dirigente del
Partido Demócrata Cristiano y ex -Vice Presidente de la República de
Chile, opositor al régimen de Pinochet fue acusado por éste de desarrollar "actividades antichilenas",
razón por la cual fueron objeto él y su esposa de un atentado en Roma. Pier Luigi
Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos temporalmente al servicio de la DINA, fueron los autores de
este atentado, al que sobrevivieron las víctimas. Sobre estos casos véase:
VERDUGO; Patricia; Los Zarpazos del Puma, CESOC, Santiago de Chile, Septiembre de 1989. Pero sin duda fue el caso de
Orlando Letelier el que mayor impacto ha causado a nivel
internacional, el 21 de septiembre de 1976 la DINA atentó con una bomba de alto poder, en Washington D.C. contra
el ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, blanco de
la mirada de Pinochet, el que le había privado de la nacionalidad chilena por "haber llevado a cabo en
países extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político,
económico y cultural de Chile", y "por influir en la política exterior norteamericana demandando la
suspensión total de su ayuda militar a Chile". En el atentado, cometido con bomba a
control remoto, también murió Ronnie Moffit, ciudadana norteamericana, secretaria de Letelier. La muerte
de Ronnie Moffit motivó la intervención de los Estados Unidos, así el Fiscal de
los EEUU, Ernest Lawrence Barcella, solicitó una comisión rogatoria al juez español encargado de
la causa chilena. Quedó establecido en el proceso el carácter de la DINA como
organización que conspiró para cometer atentados terroristas en España, Francia, Portugal, Italia,
EEUU, Argentina, Chile y otros países, actividades de las que el General Pinochet estaba
al tanto y dirigía. Véase, CUYAS, Esteban, ob. cit. 14. Los organismos de seguridad chileno y paraguayo, por ejemplo podían disponer de
líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas), y pleno poder de
actuación en las
cancillerías, en correos, en los tribunales de justicia, etc. Sus actividades se encubrían bajo la forma
de empresas comerciales e industriales ficticias. De acuerdo a las investigaciones
judiciales, 30 fueron las empresas creadas en Chile para cubrir la actividad delictiva de la DINA cuyo centro de
operaciones estuvo en el Puerto de San Antonio, Empresa Pesquera Chile.
Asimismo existió una cofradía en Santiago de Chile, la "Sociedad Benefactora" integrada por ex agentes de
la DINA, oficiales del ejército y agentes de inteligencia militar cuya misión era
facilitar la impunidad de los ex agentes y sus familias mediante la producción de documentos falsos de
identidad, pasaportes y visas de residencia en otros países, transferencias de recursos
económicos y financieros, facilidades para su desplazamiento evitando controles policiales y la acción de
la justicia. La "Cofradía" fue descubierta en 1992, durante el gobierno de la
transición democrática, y estaba a cargo del General de la Fuerza Aérea de Chile y ex jefe de
Inteligencia de esa institución ,Vicente Rodríguez. ( Rev. APSI N� 441, Santiago, Chile, 1993).
15. Contamos entre ellos, a Jorge Isaac Fuentes, militante del ERP (Ejército
revolucionario del Pueblo), arrestado en Argentina, entregado a la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente
a Villa Grimaldi en Santiago de Chile, donde desapareció. Su caso fue objeto de investigación por la
Comisión Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto
Supremo N�355, de 25 de abril de 1990 durante el gobierno de la transición democrática en Chile). RETTIG
GUISSE, Raúl y otros; "Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación".
Texto oficial Completo. Publicado por el periódico "La Nación". 287 págs. Santiago de Chile 5 de
marzo de 1991. También el militante del MIR, Ives Claudet Fernández, franco-chileno,
fue detenido en 1975 en Buenos Aires y posteriormente ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad, en una
operación que se enmarcó dentro de un plan de neutralización de la
resistencia de dicho Movimiento, plan que se integró por policías argentinos y agentes chilenos de la
DINA. 16. Las fosas comunes encontradas en Pisagua revelaron la existencia de los cuerpos de 20
prisioneros políticos, víctimas de la operación denominada "caravana de la Muerte" que bajo la
dirección del militar Sergio Arellano, arrasó con la disidencia política izquierdista en el norte
de Chile. FORTIN MAPOCHO, periódico chileno, N�1532, 8 de junio de 1990, Santiago,
Chile. 17. MARIA LOZADA, Salvador; VIAGGIO, Julio; ZAMORANO, Carlos; BARCESAT, Eduardo; Inseguridad y
Desnacionalización. La Doctrina de la Seguridad Nacional, p.107 Liga
Argentina por los Derechos del Hombre. Ediciones Derechos del Hombre. Buenos Aires, julio de 1985. Cit. por CUYAS,
ESTEBAN; ob. cit. 18. Por estos hechos fue detenido en noviembre de 1998 el ex almirante de la Marina argentina,
Emilio Massera, miembro de la Junta que encabezó el golpe de Estado en 1976, y asimismo,
con arresto domiciliario desde el 14 de julio de 1998 se encuentra el ex - general golpista Jorge Videla, ambos
acusados de ser autores mediatos del delito de sustracción de menores.
Massera se encontraba en libertad desde 1990 tras el indulto que le concediera el Presidente Carlos Menem, tras haber
sido condenado a cadena perpetua por homicidios, torturas,
secuestros y robos perpetrados durante la dictadura militar. EL PAIS; 25 Noviembre de 1998, p.5.
19. Stroessner se ha visto implicado en el caso de los hermanos Benjamín y Adolfo
Ramírez, ambos ejecutados por su presunta vinculación con el grupo armado opositor, Organización
Política Militar. CLARIN, 18 de enero de 1993, p. 13 .
20. El Senador Zelmar Michelini, dirigente del Frente Amplio y el doctor Héctor
Gutiérrez Ruiz, Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, fueron secuestrados y asesinados en
Argentina por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos.(Uruguay Nunca Más. SERPAJ 1989) AMORIN,
Carlos; BLIXEN, Samuel; Se destapa la multinacional del
Terror. Rev. Cambio 16 Número 1114 Madrid 29. 3. 1993. pp.10-15. Inicio
21. Fuente: EQUIPO NIZKOR; http://www.derechos.org/nizkor/. El 4 de Julio de 1996, el Fiscal en el
Tribunal Superior de Justicia en Valencia, en su condición de Presidente de la Unión
Progresista de Fiscales de España interpuso una denuncia por presuntos crímenes contra la humanidad,
delitos de genocidio (interior) y terrorismo (nacional e internacional) cometidos por
el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, entre los años 1973-1990. Esta denuncia señala a siete
ciudadanos españoles que fueron asesinados u objeto de desaparición forzada en este
periodo por los servicios de seguridad de la dictadura chilena. Se fundamenta en el Tratado Bilateral de
Extradición entre Chile y España y el Derecho internacional que vincula a ambos
países. Con posterioridad haciendo uso de la Acusación Popular, figura del Derecho español, en la
causa argentina, se querellaron la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida
(IU), y en la causa chilena, la Fundación Salvador Allende; esta querella señaló al menos a tres
mil personas de diferentes nacionalidades, incluidos españoles y descendientes, que fueron
asesinadas o desaparecidas. Véase; GARCÉS, Joan; Pinochet ante la Audiencia Nacional y el Derecho penal
internacional. En Jueces para la Democracia, N� 28, marzo de 1997, pp.92-99.
También en KO'AGA ROÑE'ETA, Serie iii Impunidad y Verdad (1997),
http://www.derechos.org/koaga/iii/5/garces.html. 22. La reflexión sobre el tema de la fundamentación jurídica de los derechos
humanos ha causado múltiples desvelos a un buen numero de juristas, filósofos y teóricos en la
Algunos de los autores dedicados al tema han plasmado la discusión desde aspectos tan pretéritos como la
significación del "término" realizando una llamada a la necesidad de recuperar
un lenguaje riguroso "ante la vaguedad e imprecisión que rodean a las definiciones de derechos humanos", por
cuanto la ambigüedad y significación heterogénea de que se les acusa han
desembocado en una descalificación global última, al punto que autores como Prieto Sanchis, ha llegado a
afirmar que dicha noción se utiliza con excesiva frecuencia y en tan diversos
conceptos, que perjudica su precisión y claridad conceptual: diríase que los derechos humanos son un
concepto tan difundido como difuso y se han convertido en uno de los terrenos más
fértiles de la demagogia y la insustancialidad teórica. PRIETO SANCHIS, Luis; Los derechos fundamentales,
23. PRIETO SANCHIS, Luis: Los derechos Fundamentales, ob.cit. p. 46.
24. MARTÍNEZ DE VALLEJO MUSTER; Blanca: Los Derechos Humanos como Derechos
Fundamentales...ob..cit..p. 47. 25. Ibídem. p. 49.
26. Al respecto ver CARRILLO SALCEDO, Juan Ignacio: Soberanía de los Estados y Derechos
Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, Edit. Tecnos, Madrid, 1995, p. 15 ss.
En contra de este criterio Martínez de Vallejo quien considera que es precisamente el juego de la
articulación jurídico- positiva de los derechos sociales, económicos y culturales, junto a las
tradicionales libertades públicas lo que ha cerrado las puertas al carácter absoluto de los derechos
humanos mantenido por un sector doctrinal durante años, haciendo del mismo una nota
vacía de contenido, a nivel tanto interno como internacional. Ver MARTÍNEZ DE VALLEJO MUSTER: Blanca: Los
Derechos Humanos como Derechos Fundamentales...op..cit.. p. 49. 27. CARRILLO SALCEDO: Soberanía de los Estados...op. cit., p. 21. En el mismo sentido
otros autores como GUTIÉRREZ, C.J consideran que la eficacia de la protección internacional
todavía depende en gran medida de las garantías nacionales y del respeto de los principios
democráticos en las relaciones domésticas, lo cual no deja de ser paradójico, si se toma en cuenta
el carácter subsidiario de la protección internacional. GUTIÉRREZ, C.J: Balance y Relación
entre las garantías nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos en
"Derechos Humanos en las Américas" , CIDH, Washington, 1984, pp. 41-53.
28. El autor, además considera que las funciones de los Derechos Humanos son: 1. Son
condición necesaria para la legitimidad de un régimen y para la decencia del orden legal de este
último. 2. Por existir excluyen intervenciones injustificadas y enérgicas por parte de otros pueblos,
bien bajo la forma de sanciones económicas, o en casos muy graves, con el uso de la
fuerza militar. 3. Establecen un límite al pluralismo entre los pueblos. RAWLS, John: El derecho de los pueblos,
Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, p. 121-
29. Tratamiento diferente merece el denominado Derecho Internacional Humanitario, DIH, que
aunque con igual fundamentación que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
el primero de estos instrumentos convencionales solo se aplica para aquellos casos de regulación de los
conflictos armados ya sean internacionales o que se desarrollen en el interior de un
Estado. Es pertinente realizar esta aclaración, toda vez que desde la óptica de la normatividad
internacional de los Derechos Humanos una conducta vulneratoria del D.I.H puede
transgredir a su vez los compromisos adquiridos por el Estado, sólo y cuando es cometido por algún agente
del Estado vinculada en un conflicto armado, internacional o nacional, en contra
del combatiente enemigo o la población civil inmersa en el conflicto armado. Una sustancial diferencia entre
estos dos instrumentos radica en cuanto a los sujetos destinatarios de las
normas convencionales de protección: Los sujetos del DIDH son exclusivamente los Estados. En el DIH los
destinatarios son: 1. Los Estados, en su carácter de Altas Partes contratantes de
los cuatro Convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales. 2. Las partes en conflicto o partes contendientes en
un conflicto armado no internacional y 3. Las fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que intervienen en un conflicto armado no internacional contra fuerzas armadas
de una Alta Parte contratante. ( Protocolo II, art. 1.) Al respecto
MADRID MALO, Mario: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conflicto Armado y Derecho, Editores TM - IEPRI,
Comité Internacional de La Cruz Roja, Bogotá, 1997,
30. Un completo estudio del Desarrollo y evolución de las Instituciones Internacionales
creadas para la Protección Internacional de los Derechos Humanos se puede consultar en :
Interamericano de los Derechos Humanos, Edit. Civitas S.A. Madrid,1987.
31. MADRID MALO, Mario: Convergencia y Complementariedad del Derecho Internacional Humanitario y
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Conflicto Armado y
Derecho humanitario, Editores TM- IEPRI, Comité Internacional de la Cruz Roja, Bogotá, 1997, p. 127.
32. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Nuremberg y Tokio
establecidos con el fin de juzgar a los criminales de guerra, abrieron perspectivas para poder
procesar y condenar a los autores de crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho. Aunque sus
características fueron determinadas por los Estados vencedores, estos tribunales
constituyeron el hito de mayor importancia para la consolidación de lo que actualmente se podría
denominar mecanismos de aplicación judicial del Derecho Penal Internacional.
33. En este sentido el Art. 53 de la Conferencia de Viena de 1969, sobre Derecho de los Tratados
establece: " Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de Derecho
internacional general ( ius cogens) es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo
34. SANJOSE GIL, Amparo: La Protección de los Derechos Humanos en el ámbito del
Derecho Internacional, Tirant Lo Blanch alternativa, 1992, Valencia, p. 19.
35. NIKKEN, Pedro: La Protección Internacional, ob.cit..p.310.
36. SANJOSE GIL, Amparo: La protección de los Derechos, op cit.,p.29
37. Al respecto es pertinente aclarar que el principio de soberanía Estatal y los
límites al cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos por parte de éste, no deben en
ningún caso confundirse con el llamado "principio de no intervención", pues allí residen otra
serie de consideraciones. Precisamente por esto la igualdad soberana de los Estados comporta
la independencia de los mismos y la prohibición que pesa sobre todo Estado de injerir en los asuntos de los
otros. Al respecto dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas
nos ilustran: la primera de ellas proclamada expresamente en la Declaración sobre principios de Derecho
Internacional que rige las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados (
Resolución 2625 XXV) en los siguientes términos: "Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho
de intervenir directa o indirectamente , y sea cual fuere el motivo, en los asuntos
internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino cualquier otras
formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o
de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen son violaciones al derecho
internacional; La segunda de ellas la Sentencia del Tribunal de la Haya del 27 de junio de
1986 " caso concerniente a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ella; Nicaragua contra
Estados Unidos de América): "El principio de no intervención supone el
derecho de todo Estado de conducir sus asuntos sin injerencia exteriores ha sentado este principio como un corolario
del principio de igualdad soberana de los Estados. Al respecto ver:
PASTOR RIDRUEJO, José A, Curso de Derecho internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos
1989, Madrid. 38. ibíd, ob.cit.,p. 35.
39. Al respecto el Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional considera en su Art.
42, numeral 2 que tendrá competencia para el juzgamiento la Corte Penal Internacional si en
éste la instancia judicial no actuó con independencia o imparcialidad, o si el procedimiento tenía
por objeto permitir que el acusado eludiera su responsabilidad penal internacional si la
causa no fue instruida con diligencia. Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional. INFORME DE LA
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, período de sesiones
No 46, documento ONU A/49/355 (1994)
40. Fundamento décimo de Auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que desestima la
petición y el recurso presentada por Adolfo Francisco Scilingo 1998. Consultar en Http://www.
Derechos.org. Edición internet equipo Nizkor. 41. El Estatuto del Tribunal de Nuremberg definió el crimen contra la humanidad como "El
asesinato, el exterminio, la sumisión a esclavitud, la deportación y cualquier otro acto
inhumano cometido contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por
motivos políticos, raciales o religiosos, cuando estos actos o persecuciones, tanto
si han constituido como si no una violación del Derecho interno del país donde han sido perpetrados, han
sido cometidos después de cualquier crimen de la competencia del tribunal, o en
relación con ese crimen." En Jueces para la Democracia, No 28, Marzo 1997 p..92.
42. A/RES 47/133 de 18 Dic. 1992, preámbulo, considerando 4�.
43. La vigencia en España del Estatuto del Tribunal de Nüremberg fue reconocida al
ratificar el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (BOE 5.09.1952 y 31.07.1975) que en su art.
85 remite expresamente a los principios de Nüremberg aprobados por la AG de la ONU de 11.12.1946.
44. NIETO, Luis Carlos; Sobre la competencia de la Justicia española para la
instrucción de los procesos contra los miembros de las juntas militares argentina y chilena. Ponencia ante el
Seminario sobre los efectos de la corrupción y la impunidad en los procesos democráticos organizado por
la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, los días 11 y 12 de diciembre de 1997.
GARCES, Joan E.; Pinochet ante la Audiencia Nacional y el Derecho Penal Internacional, en Jueces para la Democracia. N�
28, marzo 1997, pp.93-94.
45. Dispone el artículo 23.4 de la LOPJ, que será competente la
jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del
susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los delitos que el precepto
enumera, comenzando por el genocidio (letra a) v siguiendo por el terrorismo (letra b),
incluyendo en último lugar cualquier otro delito que "según los tratados o convenios internacionales,
deba ser perseguido en España" (letra g). 46. De esta forma para reconocer la jurisdicción española para el enjuiciamiento
de un delito de genocidio cometido en el extranjero por nacionales o extranjeros en los años 1973-1990 es
necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley Provisional sobre Organización del Poder
Judicial de 15 de septiembre de 1870 -derogada por la Orgánica del Poder Judicial
de 1985-, que pasó a atribuir jurisdicción a los órganos judiciales españoles para juzgar a
españoles o extranjeros que cometieran delito de genocidio fuera del territorio español. Por otra
parte, el ordenamiento jurídico español y en especial su jurisprudencia españolas establecen que,
promulgada una norma procesal (como lo es la Orgánica del Poder Judicial de 1985), ésta
se aplica también a los procedimientos incoados después aunque versen sobre delitos cometidos antes de la
promulgación de la ley procesal, salvo disposición expresa en contrario, que no
se da en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Así, la LOPJ 6/1985 ha sido aplicada por el Tribunal
Supremo para enjuiciar delitos cometidos antes de julio de 1985 -Sentencias de
25.06.1986 (Aranzadi 3192); 12.06.1986 (A.3145); 8.07.1986 (A.3899); 1986/5427; 5.12.1986 (A. 7853); 17.10.1988
(A.8056), entre otras. Además el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España y Chile, tras afirmar el principio nullum
crimen sine lege "nacional o internacional" agrega que: "Nada de lo dispuesto en este
articulo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos
por la comunidad internacional"
47. Resolución de 5 de noviembre de 1998. Editado electrónicamente por el Equipo
Nizkor, en Madrid, a 7 de noviembre de 1998. http//www.derechos.org/nizkor/chile/juicio
48. El Convenio entró en vigor para España el 12 de diciembre de 1968, y al
adherirse formuló una reserva al artículo 9, que versa sobre la jurisdicción del Tribunal
Justicia en materia de controversias entre las Partes contratantes relativas a la interpretación,
aplicación o ejecución del Convenio, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en
materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3. El convenio
integra el ordenamiento jurídico interno de España, conforme al artículo 96 de la
Constitución Española y artículo 1.5 del Código Civil. Por otra parte por la Ley 44/71, de
15 de noviembre de 1971, el delito de genocidio pasa a formar parte del Código Penal entonces
vigente (artículo 137 bis), como delito contra el derecho de gentes, en los siguientes términos: "Los
que, con propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional étnico, social o
religioso perpetraren alguno de los actos siguientes...". Y señalaba como actos concretos de genocidio a las
muertes, lesiones, sometimiento a condiciones de existencia que hagan peligrar la
vida o perturben gravemente la salud, desplazamientos forzosos y otros.
49. A mayor abundamiento el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas
o Degradantes establece un principio de competencia para la persecución de la tortura
del Estado del que sea nacional la propia víctima. Inicio
50. Al respecto Consultar el texto completo en http://www.derechos.org. Edición equipo
Nizkor y Derechos Human Rights
51. Fundamento Jurídico Segundo del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
española de 5 de noviembre de 1998. Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en
Madrid, a 7 de noviembre de 1998. http//www.derechos.org/nizkor/chile/juicio.
52. El artículo l del Convenio dispone: "Las Partes contratantes confirman que el
genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de Derecho internacional
que ellas se comprometen a prevenir y sancionar". 53. El articulo 8 otorga a los Estados la posibilidad de recurrir a los órganos
competentes de las Naciones Unidas para que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las
medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de
los otros actos enumerados en el artículo 3.
54. Al respecto consultar el documento denominado "Documento Fungairiño". Equipo NizKor,
http://www.derechos.org, Madrid, 2 de Oct de 1997 55. La Fiscalía Nacional argumentó en su apelación que el delito de
tortura no era en el ordenamiento jurídico español un delito de persecución universal por la
vía del artículo 23.4 letra g)
de la LOPJ puesto en relación con el artículo 5 de la Convención de 10 de diciembre de 1984 contra
la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y en relación con el
apartado 1 del mismo articulo por cuanto las víctimas de tortura no eran ciudadanos españoles. A ello la
Audiencia Nacional respondió en el fundamento Séptimo del Auto ya indicado de 5
de noviembre: " Las torturas denunciadas formarían parte del delito de mayor entidad de genocidio o
terrorismo.... si España tiene jurisdicción para la persecución del genocidio en el
extranjero, la investigación y enjuiciamiento tendrá necesariamente que alcanzar a delitos de tortura
integrados en el genocidio. Y no sólo en el caso de víctimas de nacionalidad española,
conforme podría resultar del artículo 5, apartado uno, letra c, de la Convención citada
(Convención contra la Tortura ), que no constituye una obligación ineludible para los Estados
firmantes. España tendría jurisdicción propia como derivada de un tratado internacional en el caso
del apartado dos del artículo 5 de la Convención mencionada, pero, como se ha dicho, la
cuestión es irrelevante jurídicamente a los efectos de la apelación y del sumario"
56. QUEL LÓPEZ, Javier - FDEZ DE CASADEVENTE: La Lucha Contra la Tortura, Edit
HAEE/IVAP, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 1991, p. 30.
57. Texto completo en el periódico "El Mundo" de 11 de Dic. de 1988.
58. Auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmando la jurisdicción de
España para conocer de los crímenes de genocidio y terrorismo durante la dictadura chilena. Madrid 5
de Noviembre de 1998 Consultar en Http://www. Derechos.org. Edición internet equipo Nizkor.
59. Sin embargo, la dogmática penal ha venido discutiendo si le es dado al subalterno el
cumplimiento de la orden constituyéndose, posteriormente en el autor de la infracción a un tipo
penal que vulnere la dignidad humana. En este sentido, la actuación en cumplimiento de una orden puede ser
punible si el subordinado habiendo reconocido la ilegalidad de la orden y
habiendo tenido la posibilidad de elegir, la ejecuta. KAI AMBOS al respecto manifiesta: "Dogmáticamente se parte
de la cuestión central de la responsabilidad personal de quien ejecuta la
orden. Al respecto se asocian dos cuestiones importantes. Partiendo de la falta de conocimiento de la ilegalidad que
implica la ejecución de la orden, se puede preguntar en principio, si el
subordinado hubiera podido o no evitar ese error. Esto depende en los casos concretos de numerosos factores, por
ejemplo, el tiempo de reflexión existente entre el momento en que se
imparte la orden y se ejecuta, la disciplina exigida a los militares. Finalmente, el subordinado tiene el deber de
examinar cuáles de estas exigencias corresponden en principio a una
infracción penal " Normal" KAI AMBOS: Impunidad y Derecho Penal Internacional, Edit Dike, Bogotá, 1997,
p. 392. A este último respecto , como ya lo hemos señalado, existen tres
grupos de delitos (crímenes de guerra) -Derecho de la Haya y de Ginebra-; Genocidio y Crímenes en contra
de la humanidad o de lesa humanidad, de entre los cuales sobresalen la Tortura,
el Genocidio y la Desaparición Forzada de Personas. En conclusión, existe un límite absoluto
respecto de las graves violaciones a los derechos humanos, que no deja espacio a consideración
alguna, pues siempre ésta será ilegal, en tanto contenido degradante de la dignidad de la persona humana.
La orden de desaparecer o torturar, nunca podrá acatarse ciegamente a pesar de
encontrarse bajo los límites, muchas veces, de la disciplina militar. El Derecho penal internacional establece
sólo para el caso de los denominados crímenes internacionales, que no es
admisible la exoneración de la pena por vía de justificación. "En estos casos se parte, en el
sentido de la citada presunción, de la ilegalidad manifiesta de la orden de modo tal que se
desvirtúa la posibilidad de un error inevitable.".Idem p. 401
60. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la O.E.A. en resolución
de fecha 2.10.92 declaró las leyes 23.492 y 23.521 de punto final y obediencia debida y el Decreto
1.002/89 de indulto de los militares argentinos implicados en las violaciones a los derechos humanos, incompatibles con
la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobadas por el congreso argentino el 1 de marzo de 1984.
Igualmente , el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en
resolución de 5 de abril de 1995 ha declarado que las leyes y Decretos precitados son contrarios al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Congreso Argentino
el 17 de Abril de 1986. 61. LÓPEZ REY, Manuel: Criminalidad y Abuso de Poder, Edit. Tecnos, Madrid, 1989, p.
62. Algunos autores han destacado que existe una "violencia institucionalizada
legítima": el derecho penal y sus órganos de aplicación de justicia y aquella denominada
institucionalizada ilegítima" caracterizada como aquella que puede ser ejercida tanto por las personas como por
el Estado y ésta puede ser puntual como institucionalizada. BUSTOS así lo
expresa: "La violencia ilegítima no proviene tanto de los ejecutores directos sino de las instituciones mismas
de un sistema social, la cual llevará siempre implícito el carácter de
dominación. Esta violencia puede ser de carácter indirecto, en razón de las características
mismas de las instituciones (así un largo plazo de detención favorece la tortura; aceptar cualquier
tipo de prueba en un proceso penal, aun la obtenida por medios ilegítimos, favorece también la tortura) o
bien, directa, así como el desaparecimiento masivo de personas en el cono sur, en
el que las instituciones tienen por finalidad la violencia ilegítima. La violencia institucionalizada es siempre
un grado superior de dominación, de negación de la autorrealización, y por ello
mismo afecta más intensamente a la democracia. Partiendo de la violencia personal física, hemos tenido
que convenir necesariamente, al contrario de lo que señalan algunos autores que hay
junto a la física una violencia personal síquica, así nadie puede negar que es equivalente una
tortura síquica, ni nadie podrá negar que el desaparecimiento forzado de personas afecta
psicológicamente a los parientes y grupos de allegados. BUSTOS, Juan: Derecho Penal y Control Social, Edit. PPU,
Barcelona, p. 515. En el mismo sentido BERGALLI quien enmarca la
violencia "ilegitima" del Estado encarnada en los Aparatos Policiales, quienes en muchas ocasiones acuden a la
práctica de la tortura, desapariciones de detenidos, tolerada por el Estado y
sus instancias , situación que se presenta como " el ejercicio extralegal de la violencia punitiva por grupos o
facciones, o también de ejercicio de la violencia institucional para el
mantenimiento de la violencia estructural y la represión de personas o movimientos que intentan reducirla.."
BERGALLI, ...ob.cit., p. 21.Así mismo LOPEZ LAUSON destaca que una de
las características del Estado terrorista es la vulneración sistemática de los derechos humanos
plasmados en garantías constitucionales y la utilización de fuerzas y métodos policiales y
militares para resolver los conflictos sociales, así como también la reducción de los aparatos
públicos a una función represiva, desde la educación y las relaciones exteriores, hasta los
tribunales de justicia. Se trata de una utilización del Derecho, y particularmente el Derecho penal para el
logro de su objetivo: erradicar al enemigo interno. LOPEZ LAUSON, Carlos; La
doctrina de seguridad Nacional y los Derechos Humanos. Ed. Documentas, Santiago, Chile, 1984, p.98. 63. Carl Schmidt, recogiendo la concepción activista - situacional del Derecho, basada
en la distinción amigo - enemigo, indica que en el Estado terrorista se utiliza el Derecho y el Estado
como una máquina de batalla, opresión y terror contra los enemigos. TAPIA VALDES, Jorge; El terrorismo de
Estado. Ed. Nueva Imagen, México, 1969, p. 112
64. Al respecto Bergalli destaca que en muchas ocasiones la práctica de abuso de poder
se ampara en la justificación de la razón de Estado, lo que efectivamente tanto en procesos
democráticos como dictatoriales se ha manifestado en países de América latina, "quienes utilizando
sus Fuerzas Policiales han sido empleados en el control de la disidencia y en las
prácticas de aniquilamiento, a la luz de una orientada doctrina de la seguridad continental". BERGALLI Roberto:
La violencia del Sistema Penal. En Control Social Punitivo. Edit. M.J.
Bosch, Barcelona, 1996, p. 21.
65. SERRANO- PIEDECASAS, José Ramón: Emergencia y Crisis del Estado Social.
Análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación. Edit PPU, Barcelona, 1988., p.
66. En Chile la Junta Militar se abroga el poder mediante el Decreto Ley N� 128 de 1973.
67. RAMÓN CHORNET, Consuelo; Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho
Internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 173 y ss.
68. Entre los convenios más importantes en el ámbito universal destacan: los
Convenios de Ginebra de 1937, Los Convenios de Ginebra de 1949 y os Protocolos adicionales de 1977, el
Convenio de Nueva York (ONU) sobre prevención y represión de atentados contra las personas que disfrutan
de protección internacional incluidos los agentes diplomáticos, de 14 de
diciembre de 1973, el Convenio de Nueva York (ONU) contra la captura de rehenes de 17 de diciembre de 1979. En el
ámbito sectorial tuvieron mas importancia: El Convenio de Tokio
(OACI) sobre crímenes y actos determinados cometidos a bordo de aeronaves, de 14 de noviembre de 1963, el
Convenio de La Haya (OACI) para la represión de la captura ilícita de
aeronaves, de 16 de diciembre de 1970, el Convenio de Montreal (OACI) para la represión de actos ilícitos
dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971, el
Convenio de Roma (OMI) para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación
marítima de 10 de Marzo de 1988. En el ámbito regional, pueden destacarse: el Convenio
de Washington (OEA) sobre prevención y represión de actos de terrorismo, de 2 de febrero de 1971, el
Convenio de Estrasburgo (Consejo de Europa) para la represión del terrorismo de
27 de enero de 1977.
69. El 14 de Febrero de 1985 el Parlamento europeo aprobó seis resoluciones, cuatro de
ellas sobre "la lucha contra el terrorismo", otra sobre "los recientes atentados terroristas en varios
de los Estados europeos y sobre la necesidad de crear una comunidad jurídica y judicial europea" y una sexta
sobre "los atentados terroristas en Europa". Journal Officiel des
Communautés Européennes; n� C72/87, 18.03.85, pp.123-129.Véase LOPEZ GARRIDO, Diego; Terrorismo,
política y derecho, Alianza Ed. Madrid, 1987, pp.41 y ss.; GUTIÉRREZ
CONRADI-A., Faustino; La criminalidad organizada ante la justicia. Secretariado de publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 1996, p. 10-11..
70. En el mismo sentido el Convenio europeo de extradición de 1957 y el Convenio relativo
al procedimiento simplificado de extradición de 10 de marzo de 1995. DO C 78 de 30.03.97 y
DO C 357/4 de 12.12.96. La tendencia a no condenar directamente el terrorismo de Estado continúa en la
Resolución del Parlamento europeo sobre extradición (A4-0265/97) de septiembre
de 1997: "Considerando que la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la
Unión Europea debe mejorar sustancialmente y aumentar con ello su eficacia para
combatir la delincuencia, tanto organizada como no organizada, (ante todo el terrorismo, la trata de seres humanos y
los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, el
cohecho activo y pasivo, el fraude y otros delitos) y para que ningún Estado miembro pueda convertirse en
refugio donde un delincuente pueda estar a salvo de la persecución y la sanción
de otro Estado miembro". DO C/304/131 de 18 septiembre de 1997
71. DO C 55/32 de 24.02.97. En relación a la extradición esta resolución -
y en relación a la cooperación policial y judicial- insta a los Estados miembros para poner en
práctica con el
máximo de rigor el principio establecido en el artículo 2 bis del Convenio relativo a la
extradición entre los Estados miembros de la Unión europea firmado el 27 de septiembre de 1996 de
acuerdo con el cual, no sólo los autores de actos terroristas sino también los colaboradores con banda
armada están sujetos a extradición, con eliminación de los requisitos de doble
incriminación y excepcionalidad como condición para la asistencia judicial y la extradición"
72. El delito de desaparición forzada en estas conductas aparece como integrante de los
delitos de mayor entidad: genocidio y terrorismo. En todo caso, a fin de ubicar al lector, es
necesario destacar que la desaparición forzada de personas se encuentra consagrada en el CP español como
un delito de detención ilegal seguido de secuestro. Su regulación está en el
Capítulo I del Libro II, Título VI del CP, dentro de los delitos contra la libertad. El art. 167 describe
el tipo- configurado autónomamente -de la detención ilegal o secuestro realizado por
funcionario público con una agravación punitiva. Se exige una cualificación positiva del sujeto
activo, que tiene que ser "autoridad o funcionario público" actuando dentro del ámbito de
sus competencias desviándose o extralimitándose en el cumplimiento de las mismas lo que le otorga un
especial desvalor a la acción. El funcionario, en otros términos, ha de actuar con
abuso de poder. El legislador considera un desvalor mayor en el acto del funcionario o autoridad que detiene
ilegalmente a una persona, lo que se comporta perfectamente con el Estado de
Derecho en cuanto garantizador del respeto a los derechos fundamentales de la persona.
73. PAZ Y PAZ, Claudia: Análisis Jurídico del Genocidio. Especial
consideración del concepto y Mecanismos de Protección. Tesina de Grado- Universidad de Salamanca,
Derecho. 1997, p.172
74. Fundamento Quinto del Auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmando la
jurisdicción de España para conocer de los crímenes de genocidio y terrorismo durante la
dictadura chilena. Madrid 5 de Noviembre de 1998. Consultar en Http: //www. Derechos.org. Edición Internet
equipo Nizkor. En el mismo sentido la Resolución dictada por el Juzgado n�
5 de la Audiencia Nacional respecto de la Dictadura militar argentina, expone de manera clara cómo el proceso
selectivo de exterminio fue dirigido de manera coherente con el fin de
destruir parte de un grupo nacional amparándose en consideraciones diversas, en este caso, aquellas de
índole religiosa. Afirma la Resolución: "De dicho análisis, se desprende, cada vez
con mayor claridad, como se expondrá, que una de las finalidades perseguidas por la jerarquía militar que
propicia el Golpe de Estado, desde antes de dicho momento, y con el apoyo
instigación y bendición de las jerarquías de la Iglesia católica argentina oficial, es la
destrucción pura y simple a través de la violencia de todo lo que sea contrario a esa doctrina, y, en
contradicciones basa la definición de lo subversivo- todo ello como un mal necesario para la
"purificación de la nación argentina". En definitiva, se trata de una verdadera filosofía que
mueve la acción delictiva; se trata de una "cruzada" contra todo aquel que comparta la ideología atea o
no occidental o no cristiana. Auto del Juzgado de Instrucción número cinco de la
Audiencia Nacional española, en el caso de los ciudadanos españoles desaparecidos en la República
Argentina. Internet http: //www.derechos.org. Editado por Equipo Nizkor.
75. Las normas más importantes de la legislación española sobre terrorismo
son: artículos 571-580 CP, LO 4/1988 de 25 de mayo de reforma a la LECrim (arts. 384 bis, 504 bis, 520 bis,
553 y 579, LO 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales y LO 5/1995 de 22 de mayo, del
76. Razonamiento jurídico 1� del Auto de ampliación de la prisión
provisional de Augusto Pinochet, por la Audiencia Nacional. Publicado en "El País", 20 de octubre 1998, p.4 y 5
Fundamento séptimo del Auto de procesamiento dictado en contra de Augusto Pinochet, en El Mundo, 11 de diciembre
1998, pp. 24-25.
77. VIVES ANTON, T.S.- BOIX REIG, J.- OTS BERENGUER, E.- CARBONEL MATEU, J.C. - GONZALEZ
CUSSAC; Derecho Penal. Parte Especial, 2� Edit., Tirant Lo Blanch,
Valencia, 1996., p. 801 78. Esta ley fue derogada por la L.O. 1/1992 de 21-2 sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana que reconoce que es atribución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes,
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. LUZON CUESTA, J.M.;
Compendio de Derecho penal, Ed. Dikinson, 1996, p.343.
79. Idem. Inicio
80. LANDECHO VELASCO, C.M.- MOLINA BLAZQUEZ, C.; Derecho penal Español. Parte Especial,
2� ed. Tecnos, 1996, pp.576 - 577
81. Fundamento jurídico sexto del Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
de 5 de Noviembre de 1998 por el que reafirma la competencia y jurisdicción española para
conocer de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura cometidos por militares chilenos y argentinos
82. Idem. 83. Fundamento jurídico sexto del Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de
5 de Noviembre de 1997 por el que reafirma la competencia y jurisdicción española para conocer
de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura cometidos por militares chilenos y argentinos.
84. Este fue el razonamiento de la Audiencia nacional en el fundamento jurídico sexto
del auto mencionado de 5 de Noviembre de 1998.
85. Para un examen de este período en la historia política de Chile, véase,
entre otros: TOURAINE, Alain; Vie et morte du Chili populaire, Seuil, París, 1973; TIRONI, E.: Pinochet, la
dictadure liberale, CETRAL-L' Harmattan, 1987; VERGARA, P.; La transformación del Estado chileno bajo el
régimen militar, CIEPLAN, marzo de 1980, GARRETON, M.A.;
Dictaduras y democratización, FLACSO, Santiago, Chile, 1984, RETTIG, R. y otros: Informe Rettig- Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Ed. La Nación, Chile,
1991, vols. y II.
86. A partir de 1977 la institucionalización del autoritarismo se vuelca hacia la
concreción del camino que se venía preparando: legitimar el régimen militar mediante la
subterfugio legal: la promulgación de una Constitución. El Consejo de Estado elaboró el proyecto
del texto constitucional que más tarde fuera "aprobado" (no existía en los hechos la
posibilidad contraria) en un plebiscito enmarcado dentro del nivel de represión y falta absoluta de
garantías que ya eran cotidianeidad desde 1973. GARCIA MENDEZ, Emilio;
Autoritarismo y control social. Argentina-Uruguay-Chile, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1976; Autoritarismo,
Institucionalización y control social (en el cono sur latinoamericano,
Argentina, Uruguay y Chile 1970-1980), texto original de la Tesis de doctorado (Universität Saarland, Rep. Federal
Alemana);, pp.295 a 318. La Constitución aprobada contenía
disposiciones transitorias que en esencia tendían hacia una concentración y aumento de los poderes
personales de Pinochet, ya ni siquiera del poder Ejecutivo, y por otra parte acentuaba el
autoritarismo y la represión. Véase por ejemplo la disposición 13 y 14 transitoria que refuerzan
los poderes del Presidente de la República, y la disposición 24 transitoria por la que se
permitía decretar el Estado de excepción constitucional, disposición que fue latamente utilizada
durante todo el período de la dictadura militar para restringir y suspender las garantías
fundamentales reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile. Asimismo y una
de las manifestaciones del autoritarismo se contiene en el art. 45 letra a) que da lugar a la
figura de los "senadores vitalicios".
87. Fundamento jurídico sexto del Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
de 5 de Noviembre de 1997 por el que reafirma la competencia y jurisdicción española para
conocer de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura cometidos por militares chilenos y argentinos. (Lo destacado
89. Fundamento séptimo del Auto de procesamiento dictado en contra de Augusto Pinochet,
en El Mundo, 11 de diciembre 1998, pp. 24-25
90. Este criterio fue adoptado en el auto de procesamiento en contra del General Pinochet.
91. Dice Quintano Ripollés: "Una forma de terrorismo que parece haber tenido una
lamentable tendencia a proliferar en nuestro tiempo, tan propicio a todos los monopolios estatales, es
la del terrorismo desde arriba, esto es, el practicado por el Estado abierta o encubiertamente a través de sus
órganos oficiales u oficiosos, es claro que desborda obviamente el campo propio
del Derecho penal interno, aunque pueda importar al internacional penal en la dimensión de los llamados
Crímenes contra la Humanidad o los genocidas. Es, sin duda, el aspecto más vil
del terrorismo, dado que elimina todo riesgo y se prevale del aparato de la autoridad para perpetrar sus
crímenes bajo el ropaje de la autoridad y aun del patriotismo". Citado en Auto de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 5 de Noviembre de 1998. Vid. supra nota 86 Este criterio fue adoptado en el auto de procesamiento en contra del General Pinochet
92. En este mismo sentido, MUÑOZ CONDE, quien considera al respecto: " la esencia de la
tortura, se encuentra en el abuso de poder, (función pública) plasmado en un ataque plural a
bienes jurídicos (vida, salud, indemnidad)... El criterio rector para interpretar este delito debe ser, por
tanto, el abuso de poder por parte del funcionario referido a los particulares."
MUÑOZ CONDE, Manual de Derecho Penal General, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995. p. 156.
93. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Tortura, informe de Amnistía Internacional, Editorial
Fundamentos, Madrid, 1984, p. 4.
94. "La tortura nace con el interés por la intimidad del otro, es decir con la pregunta.
Si se trata tan sólo de destruir o castigar al otro, no hay tortura; lo que hace aparecer ésta es el
de cuestionarle, de poner a la víctima en cuestión. Cuestionar al otro es, por un lado, interrogarle y,
por otro, dudar de su validez como tal otro, negarle su derecho a seguir siendo por
dentro como es, e imponerle la conformidad a un modelo. Se exige de la otro una respuesta, en forma de
confesión: que diga lo que su intimidad es, para que se le pueda identificar con ella
y castigarle por ella; o que se retracte de lo que es o se arrepienta de serlo, que admita que se ha convertido ya en
otro SAVATER, Fernando, MARTÍNEZ FRESNEDA, Gonzalo: Teoría y
Presencia de la Tortura en España, Editorial Anagrama, Barcelona, 1982, p. 19.
95. Los apologistas de la tortura insisten, en general, en el clásico argumento de la
eficacia expedita: "las autoridades se ven obligadas a aplastar a los terroristas o a los insurrectos que
comprometen la vida de personas inocentes, y que ponen en peligro la sociedad civil y el Estado. Pretenden justificar
los sufrimientos, repudiables, pero "necesarios", de una persona, con
la noción de que se le infieren con el único propósito de defender un bien superior, como es el de
la mayoría. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Informe sobre la Tortura. , ..ob.cit., p. 6.
96. Como se ha indicado esta fue la posición que sostuvo la Fiscalía Nacional,
supra notas 54 y 55.
97. Fundamentos cuarto y séptimo del Auto de la audiencia nacional de 5 de noviembre de
1998 que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional
173/98, Juzgado de Instrucción nacional n�6.
98. Al existir una relación directa con lo preceptuado por la Constitución
Española, algunos autores consideran que la ubicación sistemática de los tipos - en particular el
173- deberán
haberse incluido en el Capítulo IV ó V del Título XXI (delitos contra la Constitución) y no
en su presente ubicación, en la suponen un cuerpo extraño. A lo más, podría haberse
artículo 173 del CP (que es el único que puede cometerse por no funcionarios) entre los delitos contra el
honor o la libertad. En este sentido ver LANDECHO VELASCO-MOLINA
BLÁSQUEZ: Derecho Penal Parte Especial, Edit. Tecnos, Madrid, 1996, p. 109. En sentido contrario y por entender
de manera acertada que la integridad moral, es una categoría
conceptual propia que merece atención específica, y valor independiente del derecho a la vida y la
integridad física o el honor, CONDE- PUMPIDO TOURÓN: "El derecho Fundamental a
la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución, su tutela penal", en La Ley, 1996-6,
99. J.C CARBONEL MATEU- J.L. GONZALEZ CUSSAC: Derecho Penal Parte Especial, Edit. Tirant Lo
Blanch, Barcelona, 1996, p. 190.
100. PORTILLA CONTRERAS G: De las Torturas y otros delitos contra la Integridad Moral, Curso
de Derecho Penal Español, Parte Especial; Edición a cargo de I. COBO DEL
ROSAL, Marcial Pons, Madrid, 1996., p. 275. Otros sectores de la doctrina han manifestado su criterio al considerar que
el Bien Jurídico protegido, no es la integridad moral ni física,
pues éstas se encuentran recogidas por el criterio más amplio de dignidad del ser humano -Art. 10 de la
C.E-, puesto que la tortura y otros atentados a la integridad moral siempre
comportan una agresión a la vida humana, pues al sujeto pasivo se le niega su condición de persona,
convirtiéndolo en mero objeto.
102. Se introduce así el delito de tortura en el Derecho penal español aunque
sin identificarlo así, por Ley Orgánica 31/78 de 17 de julio.
103. Al respecto BUSTOS RAMÍREZ, entre otros, quien destaca, respecto del Código
Penal anterior (art. 204 bis) que en esta disposición se unifican erróneamente dos cuestiones
diferentes: la tortura y el tormento. Además de otras graves deficiencias técnicas... La mala
técnica legislativa en este delito hace difícil una sistematización coherente...". BUSTOS
RAMÍREZ, Juan: Manual de Derecho Penal Especial, Delitos Contra el Funcionamiento del Sistema, Edit. Ariel
Derecho, 1995, p. 320.
104. MATELLANES RODRÍGUEZ, Nuria: "El delito de tortura", en Nuevas Cuestiones Penales,
Coordinadoras María del Rosario DIEGO y Virginia SÁNCHEZ LÓPEZ, Edit. Colex,
1998, ob.cit., p123 105. En este sentido: LANDECHO VELASCO- MOLINA BLAZQUEZ, ...ob.cit., p. 114; PORTILLA
CONTRERAS, .ob.cit., p. 290.
106. Fundamento décimo primero del auto de procesamiento dictado en contra de Augusto
Pinochet. El Mundo, 11 de Diciembre de 1998, pp.24 y 25. Por último, es evidente que Augusto
Pinochet tuvo una participación en calidad de autor de estos hechos, aunque si bien no participa en su
ejecución material, sí concibe y financia el operativo cóndor con fondos públicos. De
esta forma Pinochet tuvo una participación en cuanto promotor y director de la organización criminal que
ejecutó estos delitos (artículo 516 apartado 1 CP). Previamente publicado en "Derecho penal: Implicaciones Internacionales", Publicación del IX Congreso
Penal, Universidad de Salamanca. Edit. Colex, Madrid, Marzo de 1999.
Gutiérrez Contreras, J.C. y Villegas Díaz, Myrna
, KO'AGA ROÑE'ETA se.vii (1999) - http://www.derechos.org/koaga/vii/contreras.html
Derechos Humanos en América Ko'aga Roñe'eta, Serie VII