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Timestamp: 2020-08-15 15:53:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 78', 'Artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 116', 'Artículo 174', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 179', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 180', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 181', 'Artículo 10', 'artículo 183', 'Artículo 11', 'artículo 184', 'Artículo 184', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 186', 'Artículo 186', 'artículo 235', 'Artículo 13', 'artículo 201', 'Artículo 14', 'artículo 228', 'artículo 152', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 221', 'Artículo 16', 'artículo 231', 'Artículo 231', 'Artículo 17', 'artículo 232', 'Artículo 18', 'artículo 233', 'Artículo 233', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 235', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 237', 'artículo 238', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 241', 'Artículo 23', 'artículo 250', 'Artículo 24', 'artículo 254', 'Artículo 254', 'Artículo 25', 'artículo 255', 'Artículo 255', 'Artículo 26', 'artículo 256', 'Artículo 256', 'Artículo 27', 'Artículo 256', 'Artículo 28', 'artículo 257', 'Artículo 257', 'Artículo 29', 'Artículo 257', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 32']

Acumulado con los proyectos de acto legislativo números 9 de 2011 senado, 11 de 2011 senado, 12 de 2011 senado y 13 de 2011 senado
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 07 DE 2011 DE SENADO
Parágrafo: el legislador en ejercicio de su libertad de configuración definirá las conductas que tendrán carácter contravencional, que serán de conocimiento de las autoridades administrativas que defina la ley y sancionables con medida de arresto.
ARTICULO 2°. Adiciónese un inciso final al artículo 29 de la Constitución Política que disponga:
“Habeas Iuris: Consagrase el habeas iuris como instrumento y garantía de defensa de los derechos de los procesados. La ley lo reglamentaría”.
ARTÍCULO 3°. El artículo 78 de la Constitución Política quedará así:
Los mecanismos alternativos de solución de litigios de consumo tendrán por objeto principal facilitar el acceso de los consumidores a la administración de justicia y estarán sometidos a los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación.
Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar la efectividad de los derechos de los consumidores, la ley regulará la procedencia del arbitramento que para estos casos siempre deberá ser gratuito y dispondrá su obligatoriedad en cuanto el respectivo consumidor decida acogerse voluntariamente a tal mecanismo de solución de conflictos.
Parágrafo Transitorio. El Gobierno Nacional, en un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo, creará y pondrá en funcionamiento las instituciones necesarias para garantizar la protección del consumidor, la libre competencia y evitar el fraude fiscal.
Artículo 4°. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:
La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados judiciales, salvo recaudar pruebas, proferir sentencias o decisiones que pongan fin a los procesos.
Parágrafo 1. La ley definirá procedimientos especiales ante ciudadanos habilitados o ante funcionarios administrativos para resolver conflictos que, por no presentar oposición entre las partes o por su bajo impacto social, no tengan que ser de conocimiento de los jueces de la República.
Así mismo, la ley definirá las conductas que recibirán el tratamiento de contravenciones especiales de policía con el fin de que sean conocidas en procesos administrativos breves y orales, por funcionarios administrativos del orden Departamental, Municipal o Distrital.
La norma podrá establecer mecanismos de arresto, sus causales y mecanismos de registro.
Parágrafo 2: Crease la Comisión Especial de desjudicialización que estará integrada por:
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado;
El Presidente del Consejo de Estado o su delegado;
El presidente de la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.
El Ministro de Justicia y del Derecho ( o quien haga sus veces) o su delegado, quien lo presidirá;
Tres (3) senadores de la comisión permanente encargada de conocer asuntos constitucionales y de justicia, quienes integrarán la comisión durante cuatro (4) años o, a lo sumo, hasta el final de su período;
Tres (3) representantes a la cámara, integrantes de la comisión permanente encargada de conocer asuntos constitucionales y de justicia elegidos por esta corporación, quienes integrarán la comisión durante cuatro (4) años o, a lo sumo, hasta el final de su período;
El Procurador General de la Nación o su delegado; y
Esta comisión deberá presentar un informe al Congreso sobre las conductas que pueden ser sujetas de los procesos a los que se refieren a los incisos 2, 4, 5 y 6 y el parágrafo 1 del artículo 116, a partir del sexto (6º) mes de existencia de la Comisión y, desde entonces, con una periodicidad anual.
Parágrafo transitorio 1. La ley podrá atribuir, excepcionalmente, función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio como medida transitoria de cinco años con fines de descongestión judicial. La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión, en todo caso estos abogados no podrán conocer de asuntos penales ni contenciosos administrativos.
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra el Vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado, al Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República.
Elegir a los miembros de la Comisión Especial de Instrucción, que estará integrada por nueve (9) instructores con períodos fijos e independientes de (8) años, quienes deberán acreditar las mismas calidades que para ser elegidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Esta comisión asumirá las investigaciones que estén siendo conocidas por la Cámara de Representantes y podrá practicar pruebas, adelantar la instrucción y citar al investigado o a los ciudadanos que crea conveniente para dar buen trámite a dicha investigación. Finalmente presentará un informe a la Plenaria de la Cámara de Representantes, quien lo acogerá o lo desestimará. La decisión deberá ser motivada.
Acoger o desestimar el informe que emita la Comisión Especial de Instrucción con relación a las denuncias y quejas que ante dicha Comisión se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los funcionarios mencionados en el numeral 3 de este artículo. Cuando lo tuviere a bien, fundará en dicho informe acusación ante el Senado.
Parágrafo: En todo caso, la participación de los representantes a la cámara en el proceso de investigación se limitará al momento de acoger o desestimar el informe presentado por la Comisión Especial de Instrucción.
ARTÍCULO 7°. El artículo 179 de la Constitución Política quedará así:
Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial ejecutoriada, proferida por autoridad judicial nacional o extranjera, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
Quienes se hubieren posesionado o asumido, como servidores públicos, cargos o empleos entre cuyas funciones se encuentren previsto el ejercicio de gobierno o de autoridad de naturaleza administrativa decisoria o aquellos que comporten funciones de autoridad jurisdiccional o militar, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inscripción y hasta la fecha en la cual se realicen las correspondientes elecciones.
Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración o ejecución de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la inscripción y hasta la fecha en que se realicen las correspondientes elecciones.
Quienes hubieren perdido la investidura.
Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que se hayan posesionado o ejercido cargos o empleos entre cuyas funciones se encuentren previsto el ejercicio de gobierno o de autoridad de naturaleza administrativa decisoria o aquellos que comporten funciones de autoridad jurisdiccional o militar, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inscripción y hasta la fecha en la cual se realicen las correspondientes elecciones.
Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La circunscripción departamental comprenderá los municipios que integran el respectivo departamento.
Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5; Sin embargo, esta excepción no será aplicable cuando los eventos previstos en el numeral 5 se presenten en ciudades que tengan la condición de distrito capital, distrito especial o capital de departamento o en aquellos municipios cuyo número de habitantes corresponda, al menos, al 1% del censo de población del país.
ARTÍCULO 8°. El artículo 180 de la Constitución quedará así.
Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas o ejecutar, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.
Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.
Celebrar o ejecutar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 9°. El artículo 181 de la Constitución quedará así.
Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido a las mismas inhabilidades previstas para el momento en que se surtieron las correspondientes elecciones; el régimen de incompatibilidades le será aplicable a partir de su posesión.
Artículo 10°. El artículo 183 de la Constitución Política quedará así:
Por violación del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
Por las demás causales expresamente previstas en la Constitución Política.
Parágrafo. La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas participen en el debate y votación de los proyectos de actos legislativos.
Las causales consagradas en los numerales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
Artículo 11°. El artículo 184 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 184. El proceso de pérdida de investidura de Congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:
En el juicio de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad objetiva y la sanción deberá atender al principio de proporcionalidad. La ley regulará las causales previstas en la Constitución.
La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la Constitución y la ley, en un término no mayor de cuarenta días hábiles por cada una de las dos instancias, los cuales se contarán a partir de la fecha de ejecutoria del auto admisorio de la demanda o de la ejecutoria de la providencia que admita el recurso de apelación, según el caso. La solicitud de pérdida de investidura podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
La declaratoria judicial de nulidad de la elección de Congresista no impedirá la declaratoria de la pérdida de investidura cuando a ésta haya lugar.
El proceso de pérdida de investidura tendrá dos instancias. El Reglamento del Consejo de Estado determinará el reparto que deba hacerse, entre sus Secciones, de los procesos de pérdida de investidura para su conocimiento en primera instancia. La segunda instancia será de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de la Sección que hubiere proferido el fallo en primera instancia.
ARTÍCULO 12°. El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 186. La investigación de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma Corporación. El juzgamiento de los congresistas también corresponderá a la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia, en los términos previstos en el parágrafo 2 del artículo 235.
Artículo 13°. Adiciónese un numeral 3 al artículo 201 de la Constitución Política, del siguiente tenor:
3. Liderar el diseño de la política criminal del Estado.”
Artículo 14°. El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Se garantiza la autonomía de la Rama Judicial del Poder Público. La Rama Judicial tendrá autonomía presupuestal, patrimonial y administrativa, de conformidad con un régimen legal propio de naturaleza estatutaria, en los términos de la letra b del artículo 152 de esta Constitución.
Parágrafo. Con el fin de garantizar su autonomía, a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, el presupuesto de la Rama Judicial crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación esperado, más un incremento adicional del 2%.
Parágrafo Transitorio. Durante los cinco (5) años siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, el Gobierno Nacional asignará un billón de pesos, los cuales se apropiarán $200 mil millones en cada año y se destinarán a los procesos descongestión judicial.
ARTÍCULO 15°. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así.
ARTICULO 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar y Policial. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública. Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial.
Artículo 16°. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, de listas de 5 candidatos enviadas por la sala de gobierno del Consejo Superior de Judicatura, conformadas mediante concurso público.
Artículo 17°. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así:
Haber desempeñado, durante veinte años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
Tener 45 años de edad como mínimo para tomar posesión de dichos cargos
Artículo 18°. El artículo 233 de la Constitución Política, quedará así:
Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos para períodos individuales de doce años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de setenta años.
ARTÍCULO 19°. El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:
Juzgar a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
Conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados del Consejo de Estado y el Procurador General de la Nación.
Parágrafo 1. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
Parágrafo 2. Para los efectos de los numerales 3 y 4 de este artículo, créanse una sala de investigación y acusación y una sala de juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra dichos aforados. Cada una de estas dos salas estará integrada por tres magistrados, quienes deberán cumplir las calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, serán elegidos por ésta de acuerdo con la ley para un período de cuatro (4) años sin posibilidad de reelección y no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte.
La segunda instancia será de competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que en ella puedan intervenir los magistrados que hayan intervenido en las etapas de investigación o acusación en primera instancia.
En todo caso, para lo referente al presente parágrafo se deberá atender al principio de la inmediación de la prueba.
Parágrafo transitorio: Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, sólo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo.
ARTÍCULO 20°. El artículo 237 de la Constitución Política quedará así:
Conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Contralor General de la República.
Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.
ARTICULO 21°. El artículo 238 de la Constitución Político tendrá un inciso nuevo:
“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo también podrá adoptar las medidas cautelares que regule la ley con el fin de hacer efectiva la protección de los derechos de las partes y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.”
ARTÍCULO 22°. El artículo 241 de la Constitución Política tendrá un nuevo numeral el cual quedará así:
11. Conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.”
Artículo 23°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo final que dispondrá:
Parágrafo 2°. Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico o a la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente.”
Artículo 24°. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:
“Artículo 254. La administración de la Rama Judicial estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el cual estará integrado por la Sala de Gobierno y Sala Disciplinaria.
La Sala de Gobierno estará integrada por nueve miembros, así:
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de doce años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley. El Consejo Superior de la Judicatura será presidido por el Presidente de la Jurisdicción Disciplinaria.
Artículo 25°. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere tener los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los Magistrados de las mismas Corporaciones postulantes.
El Director Ejecutivo de la Rama Judicial deberá ser profesional; con título de postgrado en ciencias administrativas, económicas o financieras y tener como mínimo veinte años de experiencia en actividades relacionadas con las mencionadas profesiones.
Artículo 26°. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 256. Corresponde a la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio de las siguientes atribuciones:
Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos, los Juzgados, cargos, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.
De la misma manera, con el propósito de mantener al día la administración de justicia y evitar situaciones de congestión que puedan dilatar su oportuno desempeño, se podrán crear, en forma transitoria, en cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción, despachos de descongestión que solo ejercerán las funciones que expresamente se precisen en su acto de creación y, por tanto, podrán quedar exonerados, entre otros aspectos, del conocimiento de procesos judiciales originados en acciones de tutela, populares, de cumplimiento, habeas corpus y de asuntos administrativos propios de las corporaciones a las cuales sean adscritos.
Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
Dictar los reglamentos constitucionales autónomos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.
De acuerdo con los objetivos, los criterios y los límites generales que establezca la ley, la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, a instancia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, para cada una de us respectivas jurisdicciones, por razones de necesidad o de conveniencia apoyadas en estudios que evidencien una grave situación de congestión actual o inminente podrá revisar, reasignar o fijar competencias de los despachos judiciales en cualquier de los niveles de la jurisdicción, todo con la finalidad de garantizar la mejor prestación del servicio.
Aprobar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno.
Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial con efectos procesales.
Decidir sobre el cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción y la creación de jueces con competencia nacional.
Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos, cuando hubiere lugar a ello. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
Parágrafo transitorio. Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contempladas en la ley, serán asumidas por la Sala de Gobierno, la que podrá delegarlas en el Director Ejecutivo de la Rama Judicial, hasta tanto se expida la ley estatutaria a que hubiere lugar.”
Artículo 27°. La Constitución Política tendrá un artículo nuevo así:
Artículo 256 A. Corresponde a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio de las siguientes atribuciones, en los estrictos y precisos términos que se establecen a continuación:
Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios y empleados de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión y de los auxiliares de la justicia en la instancia que señale la ley.
Ejercer, de oficio o a solicitud de parte, el poder preferente jurisdiccional disciplinario en relación con los procesos que se adelanten en su jurisdicción disciplinaria. Igualmente, podrá disponer el cambio de radicación de los mismos, en cualquier etapa.
Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia, con observancia del debido proceso y la doble instancia, creará por medio de su reglamento salas de decisión.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura podrá, directamente o a través de sus seccionales, practicar visitas generales a los despachos judiciales.
Conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados de la Corte Constitucional.
Parágrafo 1. Para el cumplimiento de sus funciones, tanto los Magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura como los de sus seccionales, tendrán en forma permanente una comisión de instrucción bajo su cargo que cumplirá las funciones de investigar, evaluar y calificar los procesos disciplinarios.
Los servidores públicos de las comisiones de instrucción serán de libre nombramiento y remoción de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo 2. Esta Sala no conocerá de la acción de tutela.
Artículo 28°. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 257. Corresponde al Director Ejecutivo de la Rama Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones y funciones:
Garantizar el eficiente funcionamiento del sistema judicial y promover el acceso a la justicia.
Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y los medios necesarios para el cumplimiento de las funciones de evolución del desempeño, control disciplinario y gestión de los procesos judiciales.
Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
Administrar un sistema único de estadísticas judiciales.
Artículo 29°. Adiciónese un nuevo capítulo al Título VIII de la Constitución Política, con el siguiente tenor y contenido:
Del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria
Artículo 257B. Créase el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, que tendrá a cargo la formulación de la Política Criminal del Estado.
El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria será un órgano consultivo de las ramas del poder público en el ámbito de su competencia y tendrá iniciativa legislativa. Estará integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho o su equivalente, quien lo presidirá; el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura; el Defensor del Pueblo; el Director General de la Policía Nacional; el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; dos (2) Senadores y cuatro (4) Representantes de la comisión permanente, encargada de conocer asuntos constitucionales y de justicia. Podrán ser invitados a sus deliberaciones representantes del sector académico.
El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y del Derecho (o su equivalente) y con la asesoría de expertos en estudios políticos, criminológicos, sociológicos y estadísticos, hará permanente investigación de las causas del delito y de la eficacia de la pena, incluyendo sus formas de ejecución, a fin de que el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria pueda formular el sistema de justicia criminal que en cada momento demande el país.
Todo proyecto de ley referido a los temas penal y penitenciario presentado a consideración del Congreso de la República, será examinado por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciara para garantizar que se ajuste a la Política Criminal del Estado y respete los principios de racionalidad, igualdad, proporcionalidad y utilidad que deben gobernar las políticas de prevención y sanción del delito, de resocialización del delincuente y de reparación de las víctimas.
El concepto del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria deberá solicitarse antes de iniciar el primer debate y se emitirá dentro de los 30 días siguientes a su solicitud y se publicará en la Gaceta del Congreso, pero no será de obligatorio acatamiento para el Congreso de la Republica.
La ley reglamentará su funcionamiento y el Gobierno apropiará el presupuesto que garantice el desarrollo de sus actividades.
Parágrafo transitorio. Mientras el Congreso de la República legisla sobre este tema, el Consejo Superior de Política Criminal seguirá siendo gobernado por la Ley 888 de 2004.”
ARTÍCULO 30°. Créase una Comisión especial de instrucción que sustituya a la comisión de investigación y acusación prevista en los artículos 311 y 312 de la Ley 5 de 1992.
ARTÍCULO 31°. TRANSITORIO. No existirá conflicto de intereses cuando los Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo.
Artículo 32°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 07 DE 2011 DE SENADO ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO NÚMEROS 9 DE 2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE 2011 SENADO Y 13 DE 2011 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, SEGÚN CONSTA EN LAS ACTAS 15 y 16, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DÍAS 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2011.
PONENTES COORDINADORES:
JESUS IGNACIO GARCIA VALENCIA JUAN CARLOS VELEZ URIBE
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