Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-11331-de-enero-26-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041b752f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 05:44:46
Document Index: 273427106

Matched Legal Cases: ['artículo 706', 'artículo 251', 'artículo 251', 'artículo 706', 'artículo 706', 'artículo 714', 'artículo 705', 'artículo 706', 'artículo 251', 'artículo 706', 'artículo 40', 'artículo 706', 'artículo 251', 'artículo 705', 'artículo 706', 'artículo 706', 'artículo 40', 'artículo 706']

﻿ SENTENCIA 11331 DE ENERO 26 DE 2001
SENTENCIA 11331 DE 26 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:TÉRMINO PARA LA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA. LA SUSPENSIÓN SE RIGE POR LA LEY VIGENTE AL TIEMPO DE INICIACIÓN DEL TÉRMINO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, ESTATUTO TRIBUTARIO, DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:352 DE ABRIL DE 2001, PÁG.686
Sentencia 11331 de enero 26 de 2001
TÉRMINO PARA LA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN PRIVADA
LA SUSPENSIÓN SE RIGE POR LA LEY VIGENTE AL TIEMPO DE INICIACIÓN DEL TÉRMINO
EXTRACTOS: «Debe la Sala en primer lugar establecer si en el asunto en litis se produjo la firmeza de las declaraciones del impuesto sobre las ventas por el I y II bimestres de 1995 por la notificación extemporánea de los requerimientos especiales previos a las liquidaciones de revisión, en la forma como lo acogió el tribunal; o si por el contrario, como lo afirma la parte recurrente tales actos se produjeron dentro del término legal. Con arreglo a las resultas de este punto, se examinará la controversia de fondo.
Concretamente consideró el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que los requerimientos especiales resultaron extemporáneos, conforme al cómputo de términos que efectuó, teniendo en cuenta que para la suspensión de términos por la práctica de inspección, la norma aplicable respecto a las declaraciones del IVA presentadas por la sociedad correspondientes a los bimestres I y II 1995, era el artículo 706 del estatuto tributario antes de la reforma de la Ley 223 de 1995, artículo 251, a cuya luz el término para notificar el requerimiento especial se suspendía sólo por el tiempo de duración de la práctica de la inspección tributaria.
En oposición a dicha decisión, la parte demandada sostiene que los requerimientos especiales fueron notificados en tiempo y argumenta que la norma aplicable es el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, que modificó el artículo 706 del estatuto tributario. Observancia de la nueva disposición que fundamenta en que los autos que ordenaron la inspección tributaria se expidieron en su vigencia y por tal razón no podía aplicarse el artículo 706 anterior, sino el nuevo, dado su carácter procesal y la circunstancia de no haberse iniciado con anterioridad a la vigencia de la ley tal diligencia. Colige, que la suspensión del término para notificar el requerimiento especial comenzó a correr, a partir de la notificación del auto que decretó la inspección tributaria y por ende, los requerimientos especiales se notificaron oportunamente, sin que se hubiera configurado la firmeza de la liquidación privada.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 714 del estatuto tributario la declaración privada quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.
Para efectos de la notificación del requerimiento especial el artículo 705 de tal normatividad prevé como oportunidad legal, “a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar”.
En el asunto bajo estudio, se tiene que el término para la presentación de las declaraciones en litis correspondientes al primer bimestre de 1995, vencía el 21 de marzo de 1995 y la del segundo bimestre, el 23 de mayo de 1995, éstas fueron presentadas oportunamente y ahí empezó a correr el plazo para notificar el requerimiento especial, el que en relación con dichos bimestres, debía ser notificado, a más tardar hasta los días 21 de marzo y 23 de mayo de 1997, respectivamente. Por tanto, lo atinente a la suspensión del mismo, a juicio de la Sala, se rige por la ley vigente al tiempo de iniciación de este término, que lo era el artículo 706 del estatuto tributario que regía en la fecha en que se presentaron las declaraciones tributarias, esto es, antes de la reforma introducida por la Ley 223 de 1995, disponía:
“Suspensión del término. Cuando se practique inspección tributaria, el término para practicar el requerimiento especial se suspenderá mientras dure la inspección, cuando ésta se practique a solicitud de contribuyente, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practique de oficio ...”.
Esta última disposición, fue modificada por el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, en el sentido de que cuando se practique inspección tributaria de oficio el término se suspende “por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete”. Con esta nueva preceptiva la suspensión del término no es lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.
Y es que como lo advirtió la actora y lo consideró el tribunal, si el término para la firmeza de la declaración privada empezó a correr, en relación con los bimestres I y II de 1995, los días 21 de marzo y 23 de mayo de 1995, debe aplicarse el artículo 706 del estatuto tributario, vigente a esa fecha, en razón de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en cuya virtud los términos que hubieren empezado a correr, se rigen por la ley vigente al momento de su iniciación.
Como lo ha expresado en numerosas oportunidades la sección, en las que se ha analizado el mismo punto de derecho, para determinar cuál es la norma aplicable, si el artículo 706 del estatuto tributario anterior a la Ley 223 de 1995, o la nueva norma, ésto es, el artículo 251 de tal ley, debe establecerse si el término para notificar el requerimiento especial de que trata el artículo 705 del estatuto tributario ya había empezado a correr o no, ya que si se trata de un término no vencido a la entrada en vigencia de dicha ley, este término incluido el procedimiento atinente a la “suspensión” del mismo se rige por la ley antigua; al paso que, entratándose de términos iniciados a partir de la nueva ley, el procedimiento atinente a la “suspensión” habrá de regirse por la nueva norma.
No comparte la sección la posición de la entidad demandada, ni de la procuradora delegada, en el sentido de que si la notificación del auto para practicar inspección tributaria se efectuó después de la entrada en vigencia de la Ley 223 de 1995, como ocurrió en el presente caso, no podía aplicarse el artículo 706 anterior, puesto que la suspensión que consagra tal disposición se halla referida al término de notificación del requerimiento especial y en ese sentido, debe entenderse que si se trata de un término iniciado antes de la entrada en vigencia de dicha ley, la norma procesal aplicable debe ser la vigente en el momento de su iniciación, ésto es, el artículo 706, sin la modificación introducida por dicha ley.
Lo anterior en atención a que el principio de inmediatez en la aplicación de las normas procesales consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, admite una excepción, que conlleva a la aplicación ultractiva de la ley antigua, al ordenar que los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
En conclusión la Sala comparte la decisión del tribunal, puesto que en vigencia del artículo 706 del estatuto tributario anterior a la Ley 223 de 1995, el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento especial era “mientras dure la inspección” con un máximo de tres meses. De donde resulta obligado concluir que como lo señaló la parte actora y lo apreció el tribunal, los requerimientos especiales respecto de los dos bimestres en discusión fueron extemporáneos».
(Sentencia de enero 26 de 2001. Radicación 11.331. Magistrado Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).