Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43532050
Timestamp: 2020-06-01 19:59:11
Document Index: 2811997

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 36', 'artículo 140', 'Artículo 2', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 161', 'artículo 186', 'artículo 242', 'artículo 159', 'artículo 226', 'artículo 241', 'artículo 379', 'artículo 157', 'artículo 94', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 127', 'artículo 157', 'artículo 122', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 135', 'artículo 375', 'artículo 119', 'artículo 375', 'artículo 375', 'artículo 119', 'artículo 375', 'artículo 119', 'artículo 375', 'artículo 178', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 226', 'ARTÍCULO 226', 'artículo 226', 'artículo 227', 'ARTÍCULO 227', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 160', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 375', 'artículo 1', 'artículo 225', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 1', 'artículo 375', 'artículo 135', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 134']

Sentencia de Constitucionalidad nº 277/07 de Corte Constitucional, 18 de Abril de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43532050
Acto legislativo 01 de 2005 articulo 1º (parcial). Se adiciona el articulo 48 de la constitucion politica. Prohibicion de recibir mas de trece 13 mesadas pensionales al año, de las personas cuyo derecho a la pension se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo. Segun el actor la norma demandada elimina la mesada catorce y en su aprobacion se desconocio lo dispuesto en los articulos 161 y 375 de la constitucion en concordancia con lo preceptuado por los articulos 94, 161, 186 y 221 de la ley 5ª de 1992. Control constitucional sobre actos reformatorios de la constitucion. Significado y alcance. Efectos juridicos de la votacion en el tramite de formacion de las leyes y actos legislativos. Regulacion de enmiendas en desarrollo de los debates y votaciones y conciliacion de discrepancias entre los textos aprobados en las plenarias. Tramite legislativo surtido por el inciso octavo del acto legislativo 01 de 2005. Constitucionalidad del inciso 8º del acto legislativo 01 de 2005. El procedimiento legislativo no puede ser considerado como el resultado de un simple agregado de actos formales sin un fin particular, sino como un conjunto de actuaciones en el cual se reconozca y podere la importancia de principios constitucionales ensu realizacion. Exequible
Sentencia citada en: 18 sentencias, 5 artículos doctrinales
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''.
Demandante: R.R.M..
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano R.R.M. demandó el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005,''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia''.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, y previo el concepto del P. General de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
''Acto Legislativo 01 de 2005.
A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al P. de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.
P. 1°. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.
P. 2°. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.
P. transitorio 1°. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la L. 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la L. 812 de 2003.
P. transitorio 2°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al P. de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.
P. transitorio 3°. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
P. transitorio 4°. El régimen de transición establecido en la L. 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la L. 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.
P. transitorio 5°. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la L. 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la L. 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
P. transitorio 6°. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.''
Según el actor, el inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005, que elimina la mesada catorce para las personas que causen su derecho a la pensión a partir de la vigencia del mismo, es inconstitucional, puesto que en su aprobación el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento, consistente en que luego de que el segmento acusado fuera negado por la plenaria del Senado de la República, nuevamente fue votado y aprobado por esa célula legislativa en el segundo debate del segundo periodo, previa integración de una comisión accidental, desconociendo así lo dispuesto en los artículos 161 y 375 de la Constitución, en concordancia con lo preceptuado por los artículos 94, 161, 186 y 221 de la L. 5ª de 1992, orgánica del reglamento de las cámaras legislativas.
En su opinión, ''lo más grave de este informe mitómano, radica en el hecho de que la comisión accidental calló deliberadamente lo ocurrido en la sesión plenaria ordinaria del 15 de junio de 2005, tal como consta en el Acta primaria # 51, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 476 de agosto 3 de 2005, a la página 31...''.
Manifiesta que los anteriores hechos están debidamente comprobados con las declaraciones dadas por el Ministro de Protección Social D.P.B. y con las afirmaciones hechas por el senador A.A.B., después de haberse votado la respectiva ponencia.
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de pensiones y de Cesantía -ASOFONDOS-
R.G.N., en representación de esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005.
Explica que la actuación del Ministro de Protección Social de solicitar la reconsideración de la votación negativa del inciso acusado tiene fundamento en el artículo 176 de la L. 5ª de 1992 y anota que la plenaria del Senado está habilitada también por el artículo 178 del Reglamento del Congreso para reexaminar las diferencias que se presenten en relación con un texto en plenaria con carácter definitivo.
Por lo que respecta a la supuesta violación del artículo 161 de la Constitución, sostiene que aún en el hipotético caso de que el demandante tuviera razón, el procedimiento de conciliación permite superar las discrepancias entre los textos aprobados por una y otra cámara, entendiéndose como tales la aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra cámara, incluyendo las disposiciones nuevas, según lo dispone el artículo 186 de la L. 5ª de 1992.
Instituto de Seguros Sociales -ISS-
E.M.R.G., en su condición de Directora Jurídica Nacional (E) del Instituto de Seguros Sociales -ISS-, intervino en la presente actuación para defender la constitucionalidad del inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005.
En escrito del 8 de noviembre del año en curso, el doctor C.A.G.P., P. General de la Nación (E), rindió oportunamente el concepto que ordenan los numerales 2° y 4° del artículo 242 de la Constitución, en el cual solicita declarar inexequibles el inciso 8° y el parágrafo transitorio 6° del Acto Legislativo 01 de 2005, ''por el vicio de procedimiento en su formación consistente en haberse realizado una nueva votación para la aprobación de dicho inciso en el último debate en segunda vuelta en plenaria del Senado de la República, cuando previamente había sido negado durante el mismo debate por no haber sido aprobado con los votos de la mayoría de los miembros de tal cámara''.
Para el P. en la presente oportunidad la Corte debe integrar la unidad normativa del inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005, acusado, con el parágrafo transitorio 6°, pues en su parecer esta norma expresamente consagra una excepción transitoria al tope máximo de mesadas pensionales que puede recibir la persona cuyo derecho se cause a partir de la vigencia del acto legislativo pertinente, ''por lo que una decisión de inexequibilidad del inciso 8° del mismo hace que lo regulado en tal parágrafo transitorio corra la misma suerte porque, implícitamente, contiene la misma limitación pensional''.
Para sustentar este planteamiento el P. se refiere al sentido y alcance del poder de reforma encomendado al órgano legislativo y al trámite que debe surtir toda enmienda constitucional, haciendo énfasis en la necesidad de que en la segunda vuelta el proyecto de acto legislativo cuente con la mayoría de los miembros de cada cámara.
En este contexto se pregunta el P. si es viable reconsiderar en el mismo debate, en segundo período, el resultado de una votación ya realizada por el Congreso en relación con un proyecto de acto legislativo, tal como aconteció con el segmento acusado del acto legislativo, a lo cual responde negativamente por varios motivos.
En primer lugar, porque en su criterio el ordenamiento constitucional no consagra la figura de reconsideración de votaciones. Sostiene al respecto que los debates son taxativos, por lo cual las votaciones en los mismos también lo son, lo cual no se puede confundir con la posibilidad de ser considerado por la plenaria de la respectiva cámara, en primer período, un proyecto de acto legislativo que hubiere sido negado en primer debate en primera vuelta (Constitución Política, artículo 159; L. 5ª de 1992, artículo 226).
Para el P. además se presentaría un problema que afectaría lo que en economía se conoce como ''el modelo del principal y del agente, aplicado en este caso al mercado de las normas''.
Expresa que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la consecuencia de no aprobarse un proyecto de acto legislativo con el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara, es su negación o ''hundimiento''.
En relación con la nueva votación del inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005, realizada en el último debate en segundo período en el Senado de la República, sostiene que una vez negada esa disposición los parlamentarios eran concientes de la situación, tanto por las intervenciones que hubo en las sesiones del 15 y 16 de junio de 2005 como por la constancia expresa dejada por el Senador D.O.M.B..
- Oportunidad en el ejercicio de la acción y competencia de la Corte Constitucional.
- Lo que se debate
- Control constitucional sobre actos reformatorios de la Constitución. Significado y alcance.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241-1 de la Constitución Política, a la Corte Constitucional compete decidir ''sobre demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos reformatorios de la constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación''.
La Corte ha expresado que el control de los vicios de procedimiento en la formación de las reformas constitucionales ''es sin lugar a dudas una de las funciones más trascendentales de la justicia constitucional, en las democracias contemporáneas'', dado que ''...la soberanía popular hoy se expresa, en gran medida, a través de deliberaciones y decisiones sometidas a reglas procedimentales, que buscan asegurar la formación de una voluntad democrática de las asambleas representativas, que exprese obviamente la decisión mayoritaria, pero de tal manera que esas decisiones colectivas, que vinculan a toda la sociedad, sean un producto de una discusión pública, que haya permitido además la participación de las minorías''. Sentencia C-816 de 2004.
De ahí que el rol del Juez Constitucional en el ejercicio de este control sea de suma importancia, pues su tarea consiste en verificar la regularidad y transparencia del proceso de aprobación de normas constitucionales, actividad que, de todas maneras, no significa exceso de ritualismo ''...ya que dichas formas y procedimientos juegan un papel esencial en la democracia, por cuanto pretenden asegurar que exista una verdadera formación de una voluntad democrática detrás de cada decisión legislativa''. Sentencia C-816 de 2004.
Además, como bien lo ha precisado la jurisprudencia constitucional ''...si no se protege la forma de la reforma de la Constitución ¿en qué queda la supremacía y la integridad de la Constitución y en qué queda la distinción entre poder constituyente y poder constituido? Por ello la garantía de los contenidos materiales de la Constitución implica la protección de la regularidad formal de las reformas constitucionales...''. Sentencia C-816 de 2004.
En efecto, no cualquier falla procedimental constituirá vicio de inconstitucionalidad, pues en virtud del principio de instrumentalidad de las formas algunos defectos pueden ser intrascendentes, otros pueden ser suplidos por mecanismos expresamente previstos en las normas vigentes, otros pueden ser saneados a lo largo del proceso legislativo y otros serán vicios subsanables bajo ciertas condiciones. Sentencia C-473 de 2004. Así pues, no toda irregularidad en el trámite del proyecto da lugar a la materialización de un vicio de procedimiento Sentencia C-1040 de 2005..
De acuerdo con la jurisprudencia, los vicios que conducen a la inexequibilidad de la ley o el proyecto de ley, definidos como ''vicios de carácter sustancial'', se caracterizan porque: (i) vulneran algún principio o valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y estructura básica institucional diseñada por la Carta Sentencia C-473 de 2004., lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la ley 5ª de 1992 u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo.
En lo que respecta a los parámetros normativos del control constitucional de actos legislativos, la Corte ha expresado que está integrado por las normas de la Constitución y del Reglamento del Congreso, (i) cuyo cumplimiento es presupuesto básico y necesario para la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras, (ii) están estrechamente relacionadas con la materialización de principios y valores constitucionales, en especial del principio democrático, y (iii) tienen una entidad tal que, al desconocerse, ocasionan un vicio de procedimiento en la formación del acto legislativo, en la medida en que desconocen ''los requisitos establecidos por la propia Carta para la aprobación de dichas reformas, los cuales se encuentran sintetizados en el Titulo XIII''. Sentencia C-816 de 2004.
En concreto, dichos parámetros no sólo hacen alusión a los previstos en el Título XIII de la Carta, según lo dispone expresamente el artículo 379 superior, sino también a otras disposiciones constitucionales que sean relevantes para examinar la regularidad del procedimiento de aprobación de una reforma a la Constitución así como algunas disposiciones de la ley orgánica del procedimiento legislativo que resulten aplicables, en cuanto su desconocimiento conlleva la violación de la Constitución. Sentencia C-337 de 2006.
Así pues, resulta importante entender que el respeto de las normas de rango legal para el ejercicio del control de constitucionalidad, es un tópico que a primera vista parecería contradictorio. Esto, en la medida en que la definición genérica de dicho control, ha sido que éste consiste en el cotejo de disposiciones de rango legal con disposiciones de rango constitucional Dentro de estas se cuentan aquellas que forman parte del Bloque de Constitucionalidad. Sobre este tema se pueden consultar las sentencias C-225 de 1995, C-191 de 1998, C-401 de 2005 y C-988 de 2005 entre otras., con el fin de verificar que las primeras no vulneren las segundas. Sin embargo, hay casos en que la vulneración de una norma de rango constitucional sólo puede ser apreciada si se utiliza una ley como norma interpuesta. En ciertas ocasiones de la simple confrontación entre una norma constitucional (A) y la ley enjuiciada (B) no es posible apreciar la validez de esta última, pues el alcance pleno de la norma constitucional debe ser comprendido con una interpretación complementaria de ciertas leyes (C). Estas leyes que permiten determinar el alcance pleno de las normas constitucionales y de esta forma apreciar en un caso concreto la constitucionalidad de otra ley enjuiciada cumplen funciones de parámetro complementario o de norma interpuesta. C-577 de 2006. (FJ # 6 y 7)
Justamente, lo anterior define el caso del control de constitucionalidad del trámite de formación de las leyes y actos legislativos. Por ejemplo, para establecer si una determinada ley cumple las exigencias formales establecidas en el artículo 157 de la Constitución, tales como la exigencia de publicidad, el alcance de la norma constitucional debe determinarse con la comprensión de las normas de la ley 5ª de 1992 (reglamento del Congreso) En esta hipótesis, la confrontación entre la ley enjuiciada y la ley que sirve de parámetro de interpretación complementario (L. 5 de 1992), permite decidir si el trámite legislativo es o no conforme a la Constitución. Así, del resultado de esta confrontación entre ley enjuiciada y parámetro de comparación se podría concluir la inconstitucionalidad de la primera. O, eventualmente, podría también suceder que resulte irrelevante la contradicción entre las mencionadas ley enjuiciada y ley que sirve parámetro, pues se debe tener presente siempre el criterio consistente en la necesaria entidad sustancial de los vicios de procedimiento. . Lo que refuerza la conclusión ya expresada, según la cual la vulneración de los trámites propios de procedimiento legislativo que configuran vicios con entidad suficiente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, se pueden materializar a través de la infracción de disposiciones contenidas en la L. 5ª de 1992. Aunque, en este evento la justificación de la inconstitucionalidad no es propiamente la vulneración de las normas de la mencionada L. 5ª, sino la infracción de normas constitucionales que contienen principios que pretenden garantizarse mediante los trámites establecidos en la norma de rango legal en cuestión Esto coincide justamente con el criterio según el cual, algunas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato [C-191/98], pues son utilizadas como parámetro de control de constitucionalidad, en razón a que contienen prescripciones que buscan resguardar principios contemplados en normas constitucionales.
En atención a lo anterior, se han matizado aspectos relativos al alcance del control sobre el procedimiento de formación de leyes y actos legislativos. Por ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que en ejercicio de este control constitucional la Corte no puede entrar a examinar la calidad ni la suficiencia de los debates ''ni mucho menos de los argumentos esgrimidos por los miembros del Congreso'', toda vez que ''el respeto al principio del pluralismo así como el principio de autonomía del Congreso de la República impiden que el juez constitucional juzgue tales aspectos del debate''. Sentencia C-473 de 2004.
Por lo que hace al examen de irregularidades en el proceso de formación de las leyes y actos legislativos, la jurisprudencia Sentencia C-473 de 2004. ha señalado que al estudiar su dimensión la Corte debe agotar los siguientes pasos:
(iii) Si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley o acto legislativo al Congreso y al P. para que subsanen el defecto observado; y
- Efectos jurídicos de la votación en el trámite de formación de las leyes y los actos legislativos.
El artículo 94 de la L. 5ª de 1992, orgánica del Reglamento del Congreso, se refiere al debate como el sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación y agrega que el mismo empieza al abrirlo el P. ''...y termina con la votación general''.
La votación es, entonces, la conclusión del debate, a la cual sólo se llega bajo el supuesto de la ''suficiente ilustración'' en el seno de la respectiva Comisión o Cámara (L. 5ª de 1992 artículos 108 y 164).
Por su parte, el artículo 122 ibídem define la votación como ''...un acto colectivo por medio del cual las Cámaras y sus Comisiones declaran su voluntad acerca de una iniciativa o un asunto de interés general''.(Se subraya)
Según lo dispuesto en el artículo 123-3 del Reglamento del Congreso, el voto de los parlamentarios es ''personal, intransferible e indelegable'' y para efectos de la aprobación de las leyes o actos legislativos el artículo 127 ibídem proscribe el voto en blanco, al señalar que ''[e]ntre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido''.
''Queda entonces establecido con meridiana claridad que a la iniciativa o presentación del proyecto de ley, sigue luego su discusión o debate y que, cerrado este, es la votación el requisito siguiente y que, en cada Comisión Permanente, el articulado del proyecto debe ser objeto no sólo de discusión, sino, también y esencialmente de votación, pues el artículo 157 de la Carta exige que el proyecto sea ''aprobado'' en la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, aprobación que no puede presumirse, ni tampoco suprimirse, sino que exige una votación expresa, específica, como quiera que por votación ha de entenderse, para evitar equívocos y para garantía del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Carta, el ''acto colectivo por medio del cual las Cámaras y sus Comisiones declaran su voluntad acerca de una iniciativa o un asunto de interés general'' según las voces del artículo 122 de la L. 5ª de 1992. Por ello, el artículo 127 de la misma ley, prescribe que ''ningún senador o representante podrá retirase del recinto legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación''; y el artículo 127 ejusdem, preceptúa que ''entre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido'' y su abstención sólo se autoriza ''en los términos del presente reglamento''. Sentencia C-1056 de 2003.
Producida una votación adquiere, por lo tanto, plenos efectos jurídicos, de manera que no puede volverse a repetir, salvo en caso de que haya empate, situación regulada en el artículo 135 del Reglamento del Congreso -L. 5ª de 1992- el cual dispone que ''en caso de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la Presidencia'', evento en el cual ''se indicará expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación''.
''Ahora bien, para considerar que la respectiva corporación ha tomado una decisión respecto de un asunto sometido a su consideración, se requiere que cierta mayoría de parlamentarios haya ejercido su derecho al voto, es decir, que hayan votado en sentido afirmativo o negativo, por cualquiera de los medios instituidos para ese fin. Es en ese momento en que se considera cumplido el deber de votar por parte del congresista Sentencia C-543 de 1998.. La jurisprudencia constitucional ha considerado posible que los parlamentarios cambien el voto emitido o el sentido del mismo, `siempre y cuando este hecho se realice antes del cierre de la votación'Ibídem., pues justamente el cierre de la votación tiene el alcance de ''imposibilitar la emisión de nuevos votos o el cambio de sentido en los que ya se han dadoIbídem.''. C-1040 de 2005. (Énfasis del texto)
En lo que atañe a la aprobación de actos legislativos, el artículo 375 de la Constitución Política dispone que ''el trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos'' y agrega que ''aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el gobierno''. Advierte igualmente, que ''en el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara''. El anterior mandato se desarrolla en el artículo 119-1 de la L. 5ª de 1992, y consiste en que se requiere mayoría absoluta para la aprobación de ''reformas constitucionales en la `segunda vuelta', que corresponde al segundo período ordinario y consecutivo de su trámite en el Congreso (artículo 375, inciso 2° constitucional)''.
La jurisprudencia ha sido exigente en el cumplimiento de la mayoría absoluta para la aprobación de las enmiendas a la Carta Política, y ha precisado que cualquier irregularidad en su votación puede llegar a constituir un vicio de procedimiento, susceptible de provocar la inexequibilidad del respectivo acto legislativo. Ciertamente, en sentencia C-816 de 2004 Cabe recordar que en aquella oportunidad la Corte comprobó lo que llamó una ''grave irregularidad'' en la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2003. Ésta consistió en que en la sesión del 5 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ''levantó indebidamente la sesión y suprimió los efectos de la votación del informe de ponencia que había ocurrido ese día'', anomalía que constituía un vicio de procedimiento ''pues afectó la formación de la voluntad democrática de las cámaras''; la cual, no fue saneada en el trámite posterior en el Congreso, ''pues la votación del día siguiente fue la materialización de ese vicio'' y ''no es posible devolver el acto legislativo para que el Congreso subsane el vicio''. Debido a esto ''la conclusión que debía tomar la Corte era ineludible: el Acto Legislativo tenía que ser declarado inexequible''., la Corte consideró que el desconocimiento de los efectos jurídicos de la votación ''equivale a una supresión de los efectos de dicha votación, que obviamente es un vicio de particular gravedad, por cuanto desconoce una decisión de las cámaras, con lo cual distorsiona la voluntad democrática del Congreso''. C-816 de 2004: ''118- Por todo lo anterior, la Corte concluye que en la sesión del 5 de noviembre de 2003 existió un vicio de procedimiento, que consistió en la supresión de los efectos jurídicos y prácticos de la votación del informe de ponencia, la cual no alcanzó la mayoría absoluta requerida por el artículo 375 de la Constitución, en armonía con el artículo 119 ordinal 1º del Reglamento del Congreso, para la aprobación de los actos legislativos en segunda vuelta. Esa votación implicaba el hundimiento del proyecto, pero ese efecto fue suprimido por la Mesa Directiva, que levantó indebidamente la sesión precisamente para no reconocer dicho efecto. En tales circunstancias, para la Corte es claro, además, que aún si se admitiera el argumento de que no se requería una mayoría calificada para la aprobación del informe de ponencia en la segunda vuelta - tesis que la Corte no comparte -, el vicio señalado subsiste, porque el efecto práctico de la votación habría sido de todos modos el hundimiento del proyecto, por la convicción de la Mesa Directiva y de la casi totalidad de los miembros de la Cámara que esa mayoría era necesaria, convicción que es además jurídicamente acertada.
119- La supresión de los efectos jurídicos y prácticos de la mencionada votación es, de conformidad con los artículos 379 y 241 de la Constitución, y con la jurisprudencia uniforme de esta Corte al respecto, uno de aquellos vicios de procedimiento que provocan la inexequibilidad de un Acto Legislativo, al menos por las siguientes dos razones: de un lado, este vicio se encuentra inescindiblemente ligado con el requisito de mayoría absoluta exigido por el artículo 375 de la Constitución, en armonía con el artículo 119 ordinal 1º del Reglamento del Congreso, para la aprobación de actos legislativos. Y de otro lado, la votación del informe de ponencia es un momento ineludible del proceso de aprobación de las reformas, y el propio artículo 375 exige que los actos legislativos sean debidamente ''aprobados'' por las cámaras. La Cámara de Representantes violó entonces uno de los requisitos establecidos por el Título XIII de la Carta para el trámite de las reformas constitucionales, puesto que desconoció que un acto legislativo necesita ser aprobado por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara.''
- Regulación de enmiendas en desarrollo de los debates y votaciones, y conciliación de discrepancias entre los textos aprobados en las plenarias.
No obstante lo anterior, los efectos jurídicos de las votaciones se deben interpretar armónicamente con las posibilidades constitucionales y legales de introducir y proponer enmiendas en los debates y votaciones, así como con la función misma de las comisiones de conciliación. Así, el artículo 178 de la L. 5º de 1992, establece que en los debates en plenarias ''[l]as enmiendas que se presenten estarán sometidas a las condiciones indicadas para el primer debate, en los artículos 160 y siguientes (...)''. El artículo 160 de la L. 5ª mencionada ''ARTÍCULO 160. PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS. Todo Congresista puede presentar enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en curso. Para ello se deberán observar las condiciones siguientes, además de las que establece este Reglamento:
3a. Las enmiendas podrán ser a la totalidad del proyecto o a su articulado.'', regula las condiciones en que podrán presentarse las enmiendas, de las cuales el numeral 2º obra como requisito para su trámite, estableciendo (i) como plazo para presentarla hasta el cierre de la discusión, (ii) que sea por escrito y (iii) dirigida a la Presidencia, en este caso de la Plenaria.
La regla general descrita, es a su turno aplicable al trámite de los actos legislativos en segunda vuelta, que es el interés del caso bajo estudio. En efecto, el artículo 226 de la L. 5ª de 1992 L. 5ª de 1992: ''ARTÍCULO 226. Materias que pueden debatirse. En la segunda "vuelta" sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en la primera. Las negadas en este período, no podrán ser consideradas nuevamente.
El cambio o modificación del contenido de las disposiciones, en la segunda "vuelta", siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma, podrá ser considerada y debatida.'' establece que en la segunda vuelta sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en la primera, y que aquellas que en la misma segunda vuelta se nieguen no podrán ser consideradas nuevamente. El inciso segundo del citado artículo 226 establece textualmente: ''El cambio o modificación del contenido de las disposiciones, en la segunda "vuelta", siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma, podrá ser considerada y debatida''. Luego, el siguiente artículo 227 L. 5ª de 1992: ''ARTÍCULO 227. Reglas de procedimiento aplicables. Las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores referidas al proceso legislativo ordinario que no sean incompatibles con las regulaciones constitucionales, tendrán en el trámite legislativo constituyente plena aplicación y vigencia.'' de la misma ley, remite a las reglas generales del procedimiento ordinario, aplicables al procedimiento de los actos reformatorios de la Constitución en situaciones en que no resulten incompatibles. De ahí, que pueda interpretarse que la posibilidad y la regulación de las enmiendas, sean un complemento necesario al contenido normativo del artículo 226 de la L. 5ª de 1992, en lo relativo al cambio o modificación del contenido de las disposiciones de los actos legislativos en la segunda vuelta.
De otro lado, esto debe ser considerado igualmente de manera sistemática junto con las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la alternativa de incluir modificaciones a los proyectos de ley en las plenarias. Lo cual, se insiste, por virtud del artículo 227 de la L. 5ª de 1992 es en principio aplicable también al trámite de los actos legislativos. En este orden, el inciso segundo del artículo 160 constitucional, dispone que durante el segundo debate en cada cámara se podrá introducir en el proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que se juzgue necesarias. Ha sostenido la Corte que lo anterior es viable en la práctica mediante la consideración de los principios de identidad y consecutivad, así como del sentido de las Comisiones de Conciliación. El principio de identidad, cuyo sentido es que el texto de los proyectos sea congruente con texto aprobado en el debate anterior respectivamente a lo largo del trámite legislativo, se flexibiliza en razón a que las plenarias pueden hacer modificaciones a lo aprobado en las comisiones. Pero, pese a ello se mantiene el carácter sucesivo de los cuatro debates. Esto es, no se devuelve el proyecto en virtud del principio de consecutividad. Así, la aplicación coordinada de los principios de consecutividad e identidad relativa, se presenta como la exigencia de identidad o conexidad entre los cambios introducidos y las materias consideradas en los debates anteriores.
Lo que se acaba de explicar, describe lo que en materia de actos legislativos dispone el inciso segundo del artículo 226 de la L. 5ª de 1992, cuando estipula que podrán ser consideradas y debatidas modificaciones al contenido de éstos, en la segunda vuelta, siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política que se reforma.
A la luz de lo anterior, se puede derivar una primera conclusión consistente en que en el trámite de segunda vuelta de los actos legislativos, no se excluye de plano la conformidad constitucional y legal de las modificaciones o cambios introducidos en las plenarias. Por el contrario, cuando se revisa dicho trámite en especial, el juez de control de constitucionalidad debe analizar la incidencia de cada uno de los contenidos normativos aplicables a este momento de formación de los actos reformatorios de la Constitución. De esto modo, no basta con tener en cuenta únicamente, y de manera exegética, la prohibición general de discutir en segunda vuelta sólo lo presentado en la primera, por ejemplo. O, afirmar que no tienen cabida las enmiendas dentro de los trámites mismos del debate y la votación, lo que. prima facie se podría concluir de una interpretación de la parte final del inciso del artículo 226 de la L. 5ª de 1992, que no diera cuenta de los contenidos normativos que se han descrito. En efecto, el inciso primero del artículo 226 en mención, dispone en su parte final que aquellas iniciativas negadas en la segunda vuelta no podrán ser consideradas nuevamente. Esta prohibición, como lo acaba de aseverar esta S., tiene que ser tomada junto con los demás contenidos normativos aplicables al trámite de la segunda vuelta de los actos legislativos; y no puede ser interpretada de manera aislada.
Para responder los interrogantes anteriores, considera la S. que es necesario adoptar un punto de vista interpretativo acorde con el tipo de requisitos que configura el procedimiento de formación de las leyes. Aquella perspectiva que permite concluir un principio tal como el de instrumentalidad de las formas, explicado más arriba, que permite entender que no toda irregularidad en el trámite del proyecto da lugar a la materialización de un vicio de procedimiento Sentencia C-1040 de 2005.. Esto, en tanto el procedimiento legislativo, y en consecuencia el control sobre su cumplimiento no puede apartarse del hecho que dichas formas y procedimientos juegan un papel esencial en la democracia, por cuanto pretenden asegurar que exista una verdadera formación de una voluntad democrática detrás de cada decisión legislativa''. Sentencia C-816 de 2004.
- Trámite legislativo surtido por el inciso octavo del Acto Legislativo 01 de 2005.
''Parte inicial del inciso cuarto, artículo primero del texto concertado: aprobado con la abstención del H.R.G.N.T.. Parte final del inciso cuarto, artículo primero del texto concertado: aprobado con 17 votos por el si y 11 votos por el no, abstención del H.R.G.N.T.''.
Tal y como consta en la certificación expedida por el S. General de la Cámara de Representantes (Cfr. folio 6 del cuaderno de pruebas, Cámara de Representantes), en sesión plenaria de esa corporación, celebrada el 2 de noviembre de 2004, la ponencia del proyecto de acto legislativo para segundo debate de la primera vuelta ''fue considerada y aprobada por la mayoría de los presentes'', incluyendo la disposición atinente a la eliminación de la mesada décimo cuarta, la cual estaba contenida en el inciso quinto en el texto del artículo 1° de dicha ponencia Cfr. Gaceta del Congreso N° 593 del 5 de octubre de 2004, página 6. .
En el Senado de la República, la Comisión Primera Constitucional Permanente aprobó en tercer debate de la primera vuelta la eliminación de la mesada catorce, contenida en el inciso sexto de la ponencia Cfr. Gaceta del Congreso N° 739 del 23 de noviembre de 2004, página 10., mediante votación nominal por 12 votos afirmativos y 3 negativos, según consta en el Acta N° 29 del 29 de noviembre de 2004 Cfr. Gaceta del Congreso N° 32 del 7 de febrero de 2005, página 42 y lo certifica el secretario de dicha comisión (Cfr. folio 485 del cuaderno de pruebas, Comisión Primera del Senado de la República).
La plenaria del Senado de la República, aprobó en el cuarto debate de la primera vuelta la eliminación de la mesada catorce contenida en el inciso quinto de la ponencia Cfr. Gaceta del Congreso N° 739 del 23 de noviembre de 2004, página 6. , en sesión ordinaria del martes 14 de diciembre de 2004, según consta en el Acta N° 28 de la misma fecha ''con un quórum deliberatorio y decisorio de 101 Honorables Senadores de la República, de los 102 que conforman la plenaria del Senado'', tal como lo certifica el S. General de esa corporación (Cfr. folio 3 del cuaderno de pruebas, Senado de la República, Secretaría General):
''Para los incisos 1°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 1°, al ser sometidos a consideración de la plenaria del Senado por el señor P. de la corporación, esta responde votando, con mayoría afirmativamente y dejan constancia del voto negativo 11 Honorables Senadores''.
En la segunda vuelta, el inciso en comento ''fue aprobado por la mayoría absoluta y de conformidad con el artículo 119 de la L. 5ª de 1992 y el artículo 375 de la Constitución nacional'', en primer debate realizado en esa misma corporación el 20 de abril de 2005, según certificación expedida por el secretario de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. (Cfr. folio 5 del cuaderno de pruebas, Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional).
En sexto debate de la segunda vuelta en la Cámara, a la citada medida correspondió el lugar del inciso 7° de la ponencia Cfr. Gaceta del Congreso N° 218 del 27 de abril de 2005, páginas 2 y 9., el cual fue aprobado en la sesión plenaria del 10 de mayo de 2005, con 99 votos a favor y 11 en contra, según consta en la Gaceta del Congreso N° 354 del 13 de junio de 2005 (pagina 31) y también lo certifica el S. General de esa célula legislativa (Cfr. folio 8 del cuaderno de pruebas, Cámara de Representantes).
En segunda vuelta, en el Senado de la República se aprobó en séptimo debate la medida en comento, a la cual correspondió el inciso séptimo de la ponencia Cfr. Gaceta del Congreso N° 287 del 25 de mayo de 2005, página 4., el cual fue votado por partes, según consta en el Acta N° 45 de la sesión del 31 de mayo de 2005 Cfr. Gaceta del Congreso N° 535 del 18 de agosto de 2005, página 32 y lo certifica el secretario de esa corporación así (Cfr. folio 485 del cuaderno de pruebas, Comisión Primera del Senado de la República):
''Primera parte: votado y aprobado el inciso como lo presenta el texto de la ponencia base, con constancia de la Secretaría de ser por unanimidad y de estar presente en el recinto 14 Honorables Senadores. Segunda parte: Votado y aprobado en el texto formulado en la proposición aditiva N° 167, de autoría del Senador C.G.D., con constancia de la Secretaría de ser por unanimidad y de estar presente en el recinto 14 Honorables Senadores''.
En el octavo debate de la segunda vuelta, llevado a cabo por la Plenaria del Senado de la República el día miércoles 15 de junio de 2005 Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005., la secretaría informó a la Presidencia de esa corporación sobre la realización de la votación del inciso 8° de la ponencia, relativo a la eliminación de la mesada catorce, así:
''Nos encontramos, señor P., para su información y antecedentes en la discusión, terminamos la discusión del inciso 8°, estamos pendientes de votación, señor P.''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 29.
''Señor S., sírvase llamar a lista para votar. Entramos a votar. Antes, explique cómo se va a votar. Muy bien, sírvase leer lo que se va a votar, principal inciso 8º, pliego de modificaciones de la ponencia principal. Sírvase leerlo e inmediatamente llamar a lista''.
A continuación interpeló el senador M.U.E.:
''P., el inciso 8º de la ponencia principal que vamos a votar por sus instrucciones, dice lo siguiente: Las personas cuyo derecho a la pensión se causa a partir de entrada en vigencia del presente acto legislativo, no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella aun cuando no se hubiere efectuado el reconocimiento.'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 30.
''Ya no hay impedimentos. Estamos en votación, señor S.. Llame a lista.
En consecuencia, ha sido negado el inciso 8° del artículo 1° del pliego de modificaciones.'' [Énfasis fuera de texto]
Luego de algunas intervenciones, hizo uso de la palabra el Ministro de la Protección Social con el fin de solicitar un receso para ''reflexionar sobre el impacto del artículo que acaba de ser negado'' y ''poder revisar un poco la posición que el Gobierno cree debe tener frente a este acto legislativo, puesto que es un tema de gran interés nacional'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 31., a lo cual la Presidencia manifestó:
''Señor coordinador de ponentes ¿usted que piensa? Estoy consultando con el señor coordinador de ponentes, honorables Senadores. Muy bien. Vamos a estudiarle el planteamiento al señor Ministro''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, pagina 31
Después de escuchar algunos senadores, la Presidencia expresó que ''el señor S. dice que tuvo un lapsus y que quiere hacer una aclaración''.
Intervino entonces el secretario de la corporación para señalar que ''cuando se leyó la votación del inciso 8° yo dije que había sido negado. No fue negado, lo que pasó fue que no fue aprobado, hubo decisión de no aprobación, no de negación''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, pagina 32. [Énfasis fuera de texto]
Frente a esta aclaración, el senador L.C.A.T. se pronunció manifestando que ''conforme al artículo 225 de la L. 5ª de 1992, en segunda vuelta del acto legislativo debía aprobarse por mayoría absoluta, al no haberse obtenido esa mayoría absoluta, no hubo aprobación; o sea, fue reprobado, fue negado y quería dejar esa aclaración mía respecto a las palabras del señor S., para que no se vaya a presentar ninguna duda.'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 34.
Más adelante, interpeló el senador J.F.C.B. para expresar su voluntad de ''reabrir la discusión y a que por consenso entre todo el Senado demos una demostración de voluntad política al país'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 49., propuesta que llevó a la conformación de una comisión por parte de la Presidencia del Senado de la República en los siguientes términos:
''La Presidencia designa a los honorables senadores: S.M.R., J.F.C.B., M.S.N.M., C.R.P., E.B.M., G.V.L., H.M.M., C.H.S., C.G.D., C.A.G. y los ponentes, para conciliar las discrepancias surgidas y entregar un informe a la plenaria sobre el inciso 8° y el parágrafo 1° del artículo 1°''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 50.
Intervino enseguida el senador C.H.S. para cuestionar la convocatoria de esa comisión en los siguientes términos:
''Pues no sé de donde salió, no veo de donde salió esa Comisión y sí me asalta la duda de qué tan constructiva es, qué posibilidades hay en la realidad de lograr un acuerdo que sea posible sacarla tanto en Senado como en Cámara, irnos de aquí a explorar eso, dejar esto aquí una hora, dos horas, la verdad es que no le veo una gran utilidad y sí le pediría el favor de que me exonerara de formar parte de esa comisión, creo, yo, quisiera fijar más adelante la posición, nosotros hemos obrado frente a este proyecto conscientes de cual es el ideal en el tema pensional, pero conscientes también de cual es la realidad política. (...) Entonces señor P., yo le ruego el favor que me exonere de forma (sic), parte de esa comisión a la que sinceramente no le veo objeto y estoy atento a poder intervenir posteriormente para volver a reiterar cual ha sido la posición con la cual hemos actuado nosotros''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 50.
A continuación la Presidencia decretó un receso de 30 minutos y ofreció su oficina para que se reuniera dicha comisión Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 51., siendo interpelada por el senador A.A.B. sobre la competencia de la mencionada comisión en los siguientes términos:
''Señor P., es para que usted determine cuáles son las funciones de esa Comisión, cual es la competencia y qué debe hacer esa Comisión, ya hemos aprobado ocho incisos del proyecto de acto legislativo y nos faltan los parágrafos transitorios y dos parágrafos de la ley, señor P., van a estudiar los incisos que ya fueron aprobados debidamente y ...'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 51.
Frente a esta inquietud, la Presidencia respondió ''los dos incisos que han tenido dificultad honorable Senador'', a lo cual nuevamente interrogó el congresista: ''¿cuáles son?'', y aquella le respondió ''el inciso ocho y el primer parágrafo...'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 51.
En la sesión ordinaria del 16 de junio de 2005 Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005., se puso nuevamente a consideración de la plenaria del Senado el inciso 8° improbado en la anterior sesión. Al efecto, la Presidencia intervino para un punto de orden y manifestó:
''(...) Aquí se está votando inciso por inciso y vamos apenas pues casi en la mitad del artículo de tal manera que lo que se buscaba fundamentalmente es un acuerdo en torno al inciso 8° y al parágrafo 1° del Art. 1°, por eso señor S. sírvase leer la proposición que está radicada en la mesa en el sentido de reabrir la discusión...La Presidencia abre la discusión del inciso 8° del artículo 1°, concede el uso de la palabra al honorable senador coordinador de ponentes, M.U.E.''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 28.
Seguidamente, intervino el senador M.U.E. y leyó el texto del inciso en cuestión:
''P. el inciso 8º propuesto diría lo siguiente, le ruego someterlo a consideración y a votación, las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de 13 Mesadas pensionales al año.
Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento; el parágrafo transitorio nuevo que sería el complementario dice: se exceptúan de lo establecido por el inciso 8º del presente artículo aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán 14 mesadas pensionales al año.'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 28. [Énfasis fuera de texto]
A continuación interpeló el senador J.E.R.C. y preguntó ''qué artículo del Reglamento del Congreso, permite reabrir articulados que ya han sido negados, incisos que ya han sido negados...'', ante lo cual la Presidencia respondió que ''... no se ha reabierto la discusión de ningún artículo, puesto que estamos en la discusión del artículo 1°, que nunca se ha cerrado de tal manera que son los incisos...''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 28.
Posteriormente, en la misma sesión tomó la palabra el senador H.E.M. y propuso que ''declare de inmediato suficiente ilustración y entremos a votar'', a lo cual la plenaria respondió impartiendo aprobación, previa invitación hecha en ese sentido por la Presidencia del Senado de la República. Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 41.
''La Presidencia somete a consideración de la plenaria el inciso 8° del artículo 1°, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria la modificación propuesta?, y abre la votación al inciso 8°, e Indica a la Secretaría llamar a lista para verificar su votación y aprobación en forma nominal.
En consecuencia, ha sido aprobado el inciso 8° del artículo 1°, presentado por el honorable Senador ponente, M.U.E.''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 42.
Enseguida intervino el senador O.D.M.B., dejando una constancia en relación con la decisión tomada por la plenaria, la cual se transcribe en su integridad por ser de interés en la solución del asunto bajo revisión:
''Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador O.D.M.B.:
Obviamente como el caso es muy especial y hay muchos intereses en este proyecto, en un sentido o en otro, lo que aspiramos señor P. es que la honorable Corte Constitucional, clarifique de una vez por todas si realmente se pueden reabrir las votaciones una vez que ellas se hayan realizado y que lo haga la Corte, pues obviamente a través de una sentencia con fuerza de cosa juzgada constitucional, muchas gracias señor''. Cfr. Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 43.
- Constitucionalidad del inciso 8° el Acto Legislativo 01 de 2005.
Por ello esta S. considera que la perspectiva de análisis del evento sucedido con la votación del inciso demandado, no debe ser la que se adoptó por parte de quienes lo consideran inconstitucional, en el sentido que se reabrió la votación de una iniciativa ya negada. Por el contrario, como se acaba de mostrar, la Corte Constitucional considera que el evento en mención debe ser interpretado como una enmienda que se le hizo al contenido normativo que en un principio -y seguramente por su mismo alcance- no fue aprobado. Y que, precisamente porque se modificó su alcance después, fue reconsiderado y aprobado.
En gracia de discusión se podría decir, que el anterior argumento no tiene cabida en la medida en que las enmiendas sólo son viables hasta el cierre de la discusión, de conformidad con el numeral 2° del artículo 160 de la L. 5ª de 1992. Lo cual, traslada la pregunta a si cuando se votó el contenido del inciso demandado con la modificación con la cual se aprobó, ya se había cerrado la discusión. Esta S. considera que no, pues justamente, en la reconstrucción del trámite de aprobación objeto de estudio, se determinó que luego de la votación desfavorable, siguieron intervenciones al respecto, que tuvieron como corolario la invitación del Ministro de Protección Social a un receso para ''reflexionar sobre el impacto del artículo que acaba de ser negado'' y ''poder revisar un poco la posición que el Gobierno cree debe tener frente a este acto legislativo, puesto que es un tema de gran interés nacional'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, página 31.. Esto indica sin duda que la discusión no se había cerrado; además, entre otras cosas, porque si ello no hubiese sido así, se hubiera avanzado en el debate y la votación de los demás incisos y el parágrafo del mencionado inciso 8° del acto legislativo objeto de análisis, situación que no ocurrió.
En apoyo de lo explicado, esta S. encontró que la Presidencia expresó que el señor S. había tenido un lapsus por lo cual haría una aclaración. Intervino entonces el secretario de la corporación para señalar que: ''cuando se leyó la votación del inciso 8° yo dije que había sido negado. No fue negado, lo que pasó fue que no fue aprobado, hubo decisión de no aprobación, no de negación.'' Cfr. Gaceta del Congreso N° 476 del 3 de agosto de 2005, pagina 32. Por supuesto el sentido de la anterior aclaración es que en el trámite legislativo no es lo mismo declarar que una iniciativa se ha negado, a declarar que no ha sido aprobada. En el contexto de los trámites de los actos legislativos en la segunda vuelta lo primero implicaría que no se puede reconsiderar lo negado, y lo segundo que no se ha cerrado la discusión.
Frente a lo anterior considera la S. Plena que existen más razones para concluir que en efecto se incurrió en un error involuntario y que en realidad no existió la intención de cerrar la discusión. Como primera medida así se manifiesta por parte de la Presidencia y del S. de la Corporación legislativa, y no habría porque presumir la mala fe. Por demás, el modo de interpretar las formas propias de los trámites legislativos no puede incluir semejante exegética, que impida aclarar el sentido de una manifestación oral en medio de un debate político.
De otro lado, como se explicó también mas arriba, el procedimiento legislativo no puede ser considerado como el resultado de un simple agregado de actos formales sin un fin particular, sino ante todo, como un conjunto de actuaciones en el cual se reconozca y pondere la importancia de principios constitucionales en su realización. En este sentido se ha pronunciado esta corporación, al señalar que las normas constitucionales sobre elaboración de las leyes ''...son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores significativos''. Sentencia C-737 de 2001.
Respecto de lo segundo, esto es, la posibilidad de reabrir el debate sobre iniciativas que no se aprueban en las Corporaciones legislativas, vale señalar lo establecido por esta Corte en sentencia C-140 de 1998. Allí se sostuvo que a la posibilidad de reabrir el debate sobre una norma no subyacían los mismos requisitos exigidos para aprobarla C-140 de 1998: ''conviene aclarar que la solicitud de reabrir el debate de un artículo no requiere de su aprobación por mayoría absoluta, pues se trata de una determinación distinta e independiente del contenido de la norma que se propone analizar nuevamente.''. Esto avala el hecho que a raíz de las intervenciones posteriores a la primera votación, y la consiguiente intervención del Ministro de Protección Social que se ha citado, se encuentre válida la posición de la Presidencia de la Plenaria del Senado de aclarar que la iniciativa no había sido negada sino no aprobada y en consecuencia la discusión no se consideraba cerrada. Para ello, la Presidencia de la plenaria optó por el mecanismo de la Comisión de Conciliación, pues éste procura la posibilidad de aprobar una enmienda, que hizo del texto uno distinto del aprobado en la otra plenaria, y por ello la S. no encontró reparo a su conformación. Así, no resulta aceptable el argumento según el cual para votar la iniciativa negada con su respectiva modificación, debió mediar la aprobación de la mayoría de la Plenaria en cuestión. Con esto queda sin sustento la presunta vulneración del artículo 161 de la Carta.
Se puede agregar también, que como en el presente caso se encontró que aún no había concluido el debate general en torno del proyecto de acto legislativo, toda vez que la plenaria del Senado había decidido votar por partes dicho proyecto, tal como lo afirmó la Presidencia del Senado a la inquietud de un Senador El senador J.E.R.C. preguntó ''qué artículo del Reglamento del Congreso, permite reabrir articulados que ya han sido negados, incisos que ya han sido negados...'', ante lo cual la Presidencia respondió que ''... no se ha reabierto la discusión de ningún artículo, puesto que estamos en la discusión del artículo 1°, que nunca se ha cerrado de tal manera que son los incisos...''. [Gaceta del Congreso N° 433 del 15 de julio de 2005, página 28], se puede concluir que de conformidad con los artículos 94 y 134 del Reglamento del Congreso (L. Orgánica 5ª de 1992), se requiere de una votación general sobre el articulado para declarar cerrada la discusión y la votación, situación que no se dio. Lo anterior, debido a que la votación de la totalidad del artículo no se había dado, sino sólo de algunos incisos. Así, al proseguir el debate sobre el proyecto de acto legislativo en la sesión del 16 de junio de 2005, se discutió una propuesta relativa al inciso 8° que obtuvo un amplio consenso y terminó por ser aprobada por la mayoría absoluta exigida por el artículo 375 de la Constitución, con lo cual se refuta su supuesta vulneración.
Se podría pensar también que el Reglamento del Congreso en su artículo 135 sólo autoriza repetir una votación en caso de empate o igualdad, y que esta situación no se dio en el presente caso, como lo alegan algunos intervinientes. Pero, lo cierto es que la Corte ha demostrado que precisamente no se trata de una repetición de la votación, pues lo que se votó una y otra vez fue distinto. En dicho sentido es errado afirmar que se votó dos veces la eliminación de la mesada catorce, que es la interpretación de quienes encuentran configurado el supuesto vicio de procedimiento alegado en la demanda. Es errado, porque a juicio de esta la S. Plena, en la segunda votación se aprobó la eliminación de la mesada catorce salvo en los casos de personas que percibieran 3 o menos salarios mínimos y que su pensión se causara entes de una fecha determinada. Lo que en definitiva es distinto a haber votado la eliminación total de la mesada catorce.
El anterior argumento es pertinente también, para quienes en defensa de la inexequibilidad de la norma demandada, afirmaron que el presente caso es igual al que se revisó mediante la sentencia C-816 de 2004 En dicha sentencia esta S. Plena declaró la inexequibilidad del llamado ''Estatuto Antiterrorista''.. Lo anterior, pues en opinión de éstos, a semejanza de lo que se estudió en esa providencia, en la presente oportunidad se pretendió presuntamente anular los efectos de una votación, no interrumpiendo esa actuación como en aquella ocasión, sino esta vez a través de una nueva, surtida en la misma cámara legislativa -el Senado- sin previo debate y a través de un procedimiento que no está regulado en el Reglamento del Congreso, situación que afectaría la formación de la voluntad de esa célula legislativa.
Como se vio, no hay lugar a que se afirme que en el presente caso se pretendió desconocer los efectos de una votación. Por el contrario se podría afirmar que aquello que se votó en la primera votación, y que arrojó como resultado la no aprobación de la eliminación total de la mesada catorce, tiene aún efectos, en la medida en que por vía del acto legislativo demandado, dicha eliminación no se dio. Por ello es errado sostener que el presente caso debe estar bajo la línea jurisprudencial de la sentencia C-816 de 2004, en cuanto a la subregla según la cual se configura un vicio de procedimiento insubsanable cuando se pretende desconocer el resultado y efecto de una votación en una corporación legislativa. Siendo ello cierto -se insiste- también lo es que en el presente caso no se configuró el supuesto de desconocimiento de una votación, tal como se ha explicado.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en la presente sentencia, el inciso octavo del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la constitución Política''.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-277 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, ''por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''
En primer término, me permito reiterar mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades frente al estudio de constitucionalidad por esta Corte del Acto Legislativo 01 de 2005 Ver Salvamentos de Voto a las sentencias C-153, C-178, C-180, C-292 y C-293 todas del 2007; y sentencia C-337 del 2006, entre otras. , en donde he insistido, de un lado, en la aptitud de las demandas de constitucionalidad para que esta Corte aborde un estudio abstracto de constitucionalidad y tome una decisión de fondo sobre el vicio de competencia del Congreso alegado por los demandantes; y de otro lado, en el sentido de reiterar que en mi concepto el Acto Legislativo 01 de 2005 debe ser declarado inexequible en su totalidad por cuanto adolece tanto de vicios de forma como de fondo y constituye no una reforma sino una sustitución de la Constitución Nacional, razón por la cual he sostenido que este acto reformatorio traspasó claramente los límites de reforma a la Constitución.
Así mismo, reitero mi discrepancia frente a la jurisprudencia de esta Corporación expuesta en el caso de la reelección presidencial, la cual no comparto Ver Salvamento de Voto a la sentencia C-174 del 2006., en especial la alusión a la instrumentalidad de las normas que considero no puede aplicarse cuando está de por medio la validez de una norma.
En segundo lugar y respecto del caso concreto del segmento acusado en esta oportunidad, considero que el debate sobre esta disposición ya había concluido en la plenaria del Senado, pues se había efectuado la votación correspondiente que clausuraba la posibilidad de volver sobre el tema, siendo negado o improbado este aparte acusado. Por eso, no era posible, a mi juicio, presentar nuevas propuestas y un nuevo debate y una nueva votación respecto de esta disposición.
De otra parte, de acuerdo con el artículo 134 del Reglamento del Congreso, L. , la segunda votación se refiere solo a las normas que sean ''aprobadas'', pues que son negadas ya no existen. Insisto por tanto, en que lo que ya fue negado no es posible someterlo a nueva votación, como ocurre en este caso.
Adicionalmente, considero de suma importancia observar que existen varias constancias de denuncia de los congresistas en relación con esta irregularidad, puesto que es claro que no se podía votar nuevamente al día siguiente cuando cerrado el debate se había improbado la disposición acusada en esta oportunidad. A este respecto, es de observar que no puede hablarse de una práctica parlamentaria, pues varios de los senadores protestaron, como C.H., H.E.R., L.C.A. y D.M., entre otros, quienes dejaron constancia acerca de que este debate y votación eran irregulares.
Sentencia de Tutela nº 1534/00 de Corte Constitucional, 15 de Noviembre de 2000