Source: https://es.scribd.com/doc/81704217/Principios-basicos-del-derecho-de-autor-y-los-derechos-conexos
Timestamp: 2016-02-12 23:03:59
Document Index: 230730298

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 14']

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Se describen, porconsiguiente, los tipos de derechos amparados en la legislación de derecho deautor y derechos conexos así como las limitaciones respecto de dichos derechos.Por último, se abordan la cesión del derecho de autor y las disposiciones enmateria de observancia.En el folleto no se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, porejemplo, sobre la forma de proceder ante una infracción del derecho de autor,por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales depropiedad intelectual y de derecho de autor. En la contraportada del folleto seofrece más información: sitios Web y publicaciones de utilidad para todo lectorque desee profundizar en la materia.En cuanto a la propiedad industrial, cabe remitirse a una publicación similar de laOMPI, a saber, “Principios básicos de la propiedad industrial”, en la que se ofreceuna introducción similar al tema de la propiedad industrial y sus elementoscentrales: patentes, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas.Este folleto es una introducción destinada a no especialistas y personas nofamiliarizadas con el derecho de autor y los derechos conexos. En él se explicanen términos llanos los principios en los que se basa la normativa y la prácticarelativas al derecho de autor y los derechos conexos. Se describen, porconsiguiente, los tipos de derechos amparados en la legislación de derecho deautor y derechos conexos así como las limitaciones respecto de dichos derechos.Por último, se abordan la cesión del derecho de autor y las disposiciones enmateria de observancia.En el folleto no se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, porejemplo, sobre la forma de proceder ante una infracción del derecho de autor,por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales depropiedad intelectual y de derecho de autor. En la contraportada del folleto seofrece más información: sitios Web y publicaciones de utilidad para todo lectorque desee profundizar en la materia.En cuanto a la propiedad industrial, cabe remitirse a una publicación similar de laOMPI, a saber, “Principios básicos de la propiedad industrial”, en la que se ofreceuna introducción similar al tema de la propiedad industrial y sus elementoscentrales: patentes, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas.More info:Categories:Types, Business/LawPublished by: World Intellectual Property Organization (WIPO) on Feb 15, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/81704217/Principios-basicos-del-derecho-de-autor-y-los-derechos-conexos03/24/2013pdftextoriginalP R IN C IP IOSB Á S IC OS DEL DERECHO DE AUTO R Y L OS DERECHOS CONEXOS
Introducción La propiedad intelectual Las dos ramas de la propiedad intelectual: propiedad industrial y derecho de autor Obras protegidas por derecho de autor Derechos protegidos Derechos de reproducción, distribución y otros Derechos de interpretación y ejecución públicas, radiodifusión y comunicación al público, y de puesta a disposición del público Derechos de traducción y adaptación Derechos morales Limitaciones sobre los derechos Vigencia del derecho de autor Propiedad, ejercicio y cesión del derecho de autor Observancia de los derechos Derechos conexos Función de la OMPI Información adicional
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Este folleto es una introducción destinada a no especialistas y personas no familiarizadas con el derecho de autor y los derechos conexos. En él se explican en términos llanos los principios en los que se basa la normativa y la práctica relativas al derecho de autor y los derechos conexos. Se describen, por consiguiente, los tipos de derechos amparados en la legislación de derecho de autor y derechos conexos así como las limitaciones respecto de dichos derechos. Por último, se abordan la cesión del derecho de autor y las disposiciones en materia de observancia. En el folleto no se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, por ejemplo, sobre la forma de proceder ante una infracción del derecho de autor, por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales de propiedad intelectual y de derecho de autor. En la contraportada del folleto se ofrece más información: sitios Web y publicaciones de utilidad para todo lector que desee profundizar en la materia. En cuanto a la propiedad industrial, cabe remitirse a una publicación similar de la OMPI, a saber, “Principios básicos de la propiedad industrial”, en la que se ofrece una introducción similar al tema de la propiedad industrial y sus elementos centrales: patentes, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas.
La legislación de derecho de autor forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de Derecho de la propiedad intelectual. Por “propiedad intelectual” se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) consta una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber: las obras literarias artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los diseños industriales;
las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”. La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares y en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.
De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. En primer lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.
La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad industrial que, por decirlo en pocas palabras, se refiere a las invenciones, y el derecho de autor, que se aplica a las obras literarias y artísticas. La propiedad industrial adopta toda una serie de formas, a saber: las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones estéticas que determinan el aspecto de los productos industriales. La propiedad industrial abarca también las marcas de comercio, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y
designaciones comerciales y las indicaciones geográficas, a lo que viene a añadirse la protección contra la competencia desleal. El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de “copyright”. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras. La expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin. Aunque no sean las únicas formas de propiedad intelectual, convendría en este folleto empezar por estudiar la diferencia esencial que existe entre las invenciones y las obras literarias y artísticas. Desde un punto de vista no jurídico, cabe definir una invención por toda nueva solución a un problema técnico. Esas nuevas soluciones son ideas, y como tales pueden ser objeto de protección; en la protección de las invenciones que se contempla en la normativa de patentes no se exige que la invención quede representada de forma física. Por consiguiente, la protección que se concede a los inventores viene a ser una protección contra toda utilización de la invención sin la debida autorización de su propietario. Llegado incluso el caso de que un tercero conciba la misma invención por sus propios medios, sin haberla copiado o incluso sin ser consciente del trabajo ya realizado por el primer inventor, es menester obtener autorización antes de poder explotarla. A diferencia de la protección de las invenciones, en la normativa de derecho de autor se protege exclusivamente la forma de expresión de las ideas, y no las ideas propiamente dichas. Por creatividad, en el sentido contemplado en la normativa de derecho de autor, se entiende creatividad en la elección y la disposición de palabras, notas musicales, colores y formas. Por consiguiente, en la legislación de derecho de autor se protege al titular de derechos de propiedad
contra todo tercero que copie o se procure y utilice la forma en la que haya sido expresada la obra original. De esa diferencia básica entre las invenciones y las obras literarias y artísticas deriva la diferencia que existe en cuanto a su protección legal. Habida cuenta de que la protección de las invenciones equivale a un derecho de monopolio para explotar una idea, la vigencia de la protección es corta, por lo general, de 20 años. Además, el hecho de que una invención goce de protección debe ser puesto en conocimiento del público, a saber, se debe proceder a una notificación oficial en el sentido de que una invención específica pertenece a un propietario concreto durante un número dado de años; dicho de otro modo, la invención protegida, descrita con todo detalle, debe ser objeto de divulgación pública en un Registro oficial.
Desde el punto de vista de la protección del derecho de autor, se entiende por “obras literarias y artísticas” toda obra original, independientemente de lo que valga desde el punto de vista literario o artístico. Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las mismas. En el artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas se estipula lo siguiente: “Los términos 'obras literarias y artísticas' comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”. A continuación de esa definición, en el Convenio se enumeran los siguientes ejemplos de obras de esa índole:
Los países miembros de la Unión de Berna, a los que vienen a sumarse un gran número de otros países, estipulan en sus leyes de derecho de autor la protección de las categorías de obras anteriormente mencionadas. Ahora bien, no se aspira a abarcar todos los casos en esa lista. En la normativa de derecho de autor se protegen también otros modos o formas de expresión de obras en los campos literario, científico y artístico. Los programas informáticos constituyen un buen ejemplo de categoría de obra que no figura en la lista del Convenio de Berna pero que entra sin duda dentro de lo que se entiende por producción en los campos literario, científico y artístico en el sentido de lo estipulado en el artículo 2. Cabe señalar que los programas informáticos gozan de protección con arreglo a la normativa de derecho de autor de varios países así como en virtud del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996). Los programas informáticos son conjuntos de instrucciones que controlan el funcionamiento de una computadora a los fines de que pueda realizar una tarea específica, como el almacenamiento y la consulta de información. De la elaboración del programa se encargan uno o más autores, pero su “modo o forma de expresión” final sólo puede ser entendido directamente por una máquina (la computadora) y no por el ser humano. Las
libros, folletos y otros escritos; conferencias, alocuciones, sermones; obras dramáticas o dramatico-musicales; obras coreográficas y pantomimas; composiciones musicales con o sin letra; obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; obras de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a la geografía, a la topografía, la arquitectura o a las ciencias; traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística, que están protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original; colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección y la disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, que quedarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de esas colecciones.
producciones multimedios constituyen otro ejemplo de tipos de obras que no figuran en la lista del Convenio de Berna pero que claramente entran dentro de lo que se entiende por creaciones en los campos literario, científico y artístico. Aunque sigue faltando una definición jurídica aceptable a ese respecto, existe consenso en el sentido de que la combinación de sonido, texto e imágenes en formato digital, accesible mediante un programa informático, constituye una expresión original cuya paternidad puede ser atribuida a un autor y que justifica la protección de las producciones multimedios con arreglo a la normativa de derecho de autor.
En todo tipo de propiedad, la característica principal es que el titular de la misma puede utilizarla de forma exclusiva, es decir, de la manera en que desee, y que nadie más puede utilizarla sin obtener la debida autorización. Es evidente que eso no quiere decir que el propietario pueda utilizarla sin tener en cuenta otros derechos reconocidos en la Ley e intereses de los demás miembros de la sociedad. Análogamente, el titular del derecho de autor de una obra protegida puede utilizar su obra de la manera en que decida, y puede oponerse a que terceros la utilicen sin su consentimiento. Por lo general, por derechos concedidos a los titulares de obras protegidas por derecho de autor en las leyes nacionales se entienden derechos exclusivos a autorizar que terceros utilicen la obra, con sujeción a los derechos amparados en la Ley e intereses de los demás. En el derecho de autor están comprendidos dos tipos de derechos. En primer lugar, los derechos patrimoniales, que son los que permiten que el titular obtenga retribución financiera por el uso de su obra por terceros. Y por otro lado, los derechos morales, que permiten que el autor pueda tomar determinadas medidas para preservar los vínculos personales que le unen a su obra. En la mayor parte de las legislaciones de derecho de autor se estipula que el autor o el titular de los derechos de una obra tiene derecho a autorizar o impedir determinados actos en relación con su obra. El titular de los derechos sobre una obra tiene la facultad de prohibir o autorizar: la reproducción de la obra de varias formas, como las publicaciones impresas y las grabaciones sonoras; la distribución de ejemplares; la interpretación o ejecución públicas de su obra; la radiodifusión o comunicación por otros medios al público;
la traducción de su obra a otros idiomas; la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión. En los párrafos que siguen se explican con más detalle esos derechos.
El derecho que tiene el titular a impedir que terceros hagan copias de su obra sin su autorización es el derecho fundamental amparado en la legislación de derecho de autor. A su vez, el derecho a controlar el acto de reproducción, se trate de la reproducción de libros por un editor o la fabricación por casas discográficas de discos compactos de interpretaciones y ejecuciones grabadas de obras musicales, constituye la base jurídica de muchas formas de explotación de las obras protegidas. En las legislaciones nacionales se contemplan otros derechos a los fines de velar por el respeto del derecho básico de control de la reproducción. En un gran número de ellas se contempla específicamente el derecho a autorizar la distribución de ejemplares de obras. Como es lógico, poco valor económico revestiría el derecho de reproducción si el titular del derecho de autor no tuviera la facultad de autorizar la distribución de los ejemplares realizados con su consentimiento. Por lo general, el derecho de distribución expira con la primera venta o cesión de la titularidad de un ejemplar específico. Eso significa, por ejemplo, que si el titular del derecho de autor de un libro vende o cede por otros medios la titularidad de un ejemplar del libro, el propietario de dicho ejemplar podrá regalar dicho libro o incluso revenderlo sin precisar nuevamente autorización del titular del derecho de autor. Otro derecho objeto de creciente reconocimiento, y que se contempla en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, es el derecho a autorizar el alquiler de ejemplares de determinadas categorías de obras, como las obras musicales de grabaciones sonoras, obras audiovisuales y programas informáticos. Ese derecho pasó a ser necesario a los fines de impedir abusos del derecho de reproducción de que goza el titular de derecho de autor, pues, con los progresos tecnológicos, los clientes de tiendas de alquiler lo tienen fácil para copiar dichas obras. Por último, en algunas legislaciones de derecho de autor se contempla el derecho a controlar la importación de copias como medio de impedir que ello vaya en detrimento del principio de territorialidad del derecho de autor, es decir, que los intereses patrimoniales legítimos del titular del derecho de autor se verían
amenazados en la medida en que no pudiera ejercer los derechos de reproducción y distribución a nivel territorial. Existen formas de reproducción de obras que constituyen excepciones por cuanto no exigen la autorización del titular de los derechos. Esas excepciones se conocen con el nombre de limitaciones sobre los derechos (véase la página12). Sobre el tapete de los debates en esa esfera está hoy el alcance de una limitación concreta que suele estar contemplada en las legislaciones de derecho de autor y en cuya virtud se permite que los particulares puedan realizar una reproducción única de obras con fines privados, personales y no comerciales. La justificación de esa limitación respecto del derecho de reproducción es hoy objeto de cuestionamiento en la medida en que, con la tecnología digital, hoy pueden elaborarse sin previa autorización, copias de alta calidad de obras, siendo prácticamente imposible diferenciarlas del original, lo que, por consiguiente, constituye una alternativa ideal a la compra de ejemplares autorizados.
En un gran número de legislaciones nacionales se entiende por interpretación o ejecución públicas toda interpretación o ejecución de una obra en un lugar en el que el público esté o pueda estar presente, o en un lugar no abierto al público pero en el que se encuentre presente un número considerable de personas al margen del círculo familiar normal y gente allegada a la familia. Con el derecho de interpretación o ejecución públicas se faculta al autor o al titular del derecho de autor a autorizar la interpretación o ejecución en directo de una obra, como puede ser una obra teatral en un teatro, o un concierto sinfónico en una sala de conciertos. Por interpretación o ejecución públicas se entiende también la interpretación o ejecución mediante la grabación. Por consiguiente, se entiende por interpretación o ejecución públicas de una obra musical el hecho de que la grabación sonora de dicha obra o el fonograma de la misma pueda escucharse gracias a un equipo de amplificación, por ejemplo, en discotecas, aviones, centros comerciales, etc. Por derecho de radiodifusión se entiende la transmisión, a los fines de su recepción por el público, de sonidos, o de imágenes y sonidos, por medios inalámbricos, ya sea por radio, televisión o satélite. La comunicación al público de una obra significa la distribución de una señal por medios alámbricos o inalámbricos, que pueda ser recibida exclusivamente por personas que dispongan del equipo necesario para descodificar la señal. La transmisión por cable constituye un ejemplo de lo que se entiende por comunicación al público.
Con arreglo al Convenio de Berna, los autores gozan del derecho exclusivo a autorizar la interpretación o ejecución públicas, la radiodifusión y la comunicación de sus obras al público. En virtud de ciertas leyes nacionales, el derecho exclusivo de que goza el autor o titular de los derechos a autorizar la radiodifusión se ve sustituido en determinadas circunstancias por un derecho a remuneración equitativa, aunque ese tipo de limitación en relación con el derecho de radiodifusión es cada vez menos común. En los últimos años, los derechos de radiodifusión, interpretación y ejecución públicas y comunicación al público han sido objeto de numerosos debates. Hoy se plantean nuevos problemas a raíz de los últimos avances tecnológicos, en particular, la tecnología digital, gracias a la cual hoy existen las comunicaciones interactivas, que permiten que el usuario seleccione las obras que desea descargar en su computadora. Existen divergencias de opinión en cuanto al derecho que debe aplicarse a esa actividad. En el artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) se aclara que esta actividad debería quedar amparada mediante un derecho exclusivo, descrito en el Tratado en tanto que derecho del autor a autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, “de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija”. En la mayor parte de las legislaciones nacionales se recoge ese derecho como parte del derecho de comunicación al público, y en otras se entiende que forma parte del derecho de distribución.
El acto de traducir o adaptar una obra protegida por derecho de autor está también supeditado a la autorización del titular de los derechos sobre la obra en cuestión. Por traducción se entiende la expresión de una obra en otro idioma que el de la versión original. Por adaptación se entiende, por lo general, la modificación de una obra a los fines de crear otra, por ejemplo, la adaptación cinematográfica de una novela, o la modificación de una obra a los fines de utilizarla con otros fines, por ejemplo, la adaptación de un libro de texto originalmente escrito para estudiantes universitarios para que pueda ser utilizado por estudiantes de menor grado. De por sí, las traducciones y adaptaciones constituyen ya obras protegidas por derecho de autor. De ahí que, a los fines de publicar la traducción o adaptación de una obra se deba obtener autorización tanto del titular y del derecho de autor sobre la obra original como del titular del derecho de autor sobre la traducción o la adaptación de la misma.
En el artículo 6 bis del Convenio de Berna se estipula la obligación que tienen los Estados contratantes de conceder a los autores: i) el derecho a reivindicar la paternidad de la obra (derecho de paternidad); y ii) el derecho a oponerse a cualquier deformación u otra modificación de la obra o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación (derecho de integridad). Por lo general, esos derechos se conocen con el nombre de derechos morales de los autores. En el Convenio se estipula que dichos derechos son independientes de los derechos patrimoniales de que goce el autor y que serán conservados por el autor incluso en los casos en los que haya cedido sus derechos patrimoniales. Conviene subrayar que los derechos morales se conceden exclusivamente a autores individuales. De ahí que incluso en los casos en los que, por ejemplo, un productor cinematográfico o un editor sea el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra, los intereses morales sobre la misma se atribuyen exclusivamente al creador individual.
El segundo tipo de limitaciones tiene que ver con ciertos actos de explotación que por lo general exigen la autorización del titular de los derechos y que, en las circunstancias que se contemplen en la Ley, pueden realizarse sin dicha autorización. Existen dos tipos básicos dentro de esa categoría: a) la libre utilización, es decir, la no obligación de compensar al titular de los derechos por la utilización de su obra sin haber pedido autorización; y b) las licencias no voluntarias, que sí exigen compensación al titular de los derechos por la explotación no autorizada. Entre los ejemplos de libre utilización, cabe destacar: las citas extraídas de obras protegidas, a condición de que la fuente de la cita y el nombre del autor sean mencionados y que esa utilización se ajuste a las prácticas honestas; la utilización de obras con fines docentes, y la utilización de obras a los fines de la información periodística. En lo que respecta a la libre utilización con fines de reproducción, en el Convenio de Berna se estipula una norma general y no una limitación explícita. En el artículo 9.2 se estipula la facultad de que gozan los Estados miembros de permitir la reproducción en determinados casos especiales, y en la medida en que esa reproducción no vaya en detrimento de la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Como ya se ha mencionado, en un gran número de leyes se estipula la facultad de que gozan las personas a título particular para reproducir una obra exclusivamente para su utilización personal, privada y no comercial. Ahora bien, dada la facilidad para copiar y la calidad de los ejemplares obtenidos gracias a los progresos tecnológicos, en algunos países se ha limitado el alcance de esas disposiciones, en particular, por conducto de sistemas que permiten la copia hasta cierto punto pero cuentan con un mecanismo de pago a los titulares de derechos por los perjuicios de que sean objeto sus intereses económicos debido a los actos de copia. A las categorías específicas de libre utilización que se estipulan en unas y otras leyes nacionales vienen a añadirse las disposiciones que se contemplan en las leyes de algunos países, en las que se consagra el concepto conocido con el nombre de uso o acto leales. Es decir, el hecho de poder utilizar obras sin obtener autorización del titular de los derechos, partiendo de factores como la naturaleza y la finalidad de la utilización, en particular, si la misma tiene fines comerciales; la cantidad de la parte utilizada en relación con todo el conjunto de la obra; y las repercusiones de la utilización en el valor comercial potencial de la obra.
El derecho de autor no tiene una vigencia indefinida. En la Ley se estipula un plazo de vigencia de los derechos del titular, plazo que se inicia con la creación de la obra o, como se contempla en algunas leyes nacionales, en cuanto quede plasmada en formato tangible. Por lo general, el derecho de autor sigue surtiendo efecto durante cierto tiempo una vez fallecido el autor. La finalidad de esa disposición es velar por que los herederos del autor puedan beneficiarse económicamente de la explotación de la obra incluso después de la muerte de este último. En los Estados parte en el Convenio de Berna y en muchos otros países, el plazo de protección se extiende, por lo general, durante la vida del autor y durante un mínimo de 50 años contados a partir de su muerte. En el Convenio de Berna se estipulan también plazos de protección en lo que respecta a obras como las obras anónimas, póstumas y cinematográficas, respecto de las cuales no es posible fijar la vigencia en función de la vida de un autor individual. En varios países, se observa hoy una tendencia a alargar la vigencia del derecho de autor, por ejemplo, en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y otros países se ha ampliado el plazo del derecho de autor, que ha pasado a tener una vigencia de 70 años contados a partir de la fecha de fallecimiento del autor.
Por lo general se entiende que el titular del derecho de autor sobre una obra es, por lo menos en los primeros tiempos, la persona creadora de la obra, es decir, el autor de la obra. Pero ese no es siempre el caso. En el artículo 14 bis del Convenio de Berna se estipulan normas para la determinación de la propiedad inicial de los derechos sobre las obras cinematográficas. En las leyes de ciertos países se estipula también que si una obra ha sido creada por un autor empleado a los fines de crear dicha obra, será el empleador, y no el autor, el titular del derecho sobre la misma. No obstante, como ya se ha observado, los derechos morales siempre se atribuyen al autor individual de la obra, sea quien sea el titular de los derechos patrimoniales sobre la misma. En la ley de un gran número de países se estipula también que el titular inicial de los derechos sobre una obra puede ceder todos los derechos patrimoniales de la misma a terceros. (Ahora bien, cabe reiterar que los derechos morales son una prerrogativa personal del autor y no pueden ser objeto de cesión alguna). Los autores pueden vender los derechos sobre sus obras a individuos o empresas que tengan mayor posibilidades de comercializar las obras y ello, a cambio de la debida retribución. Esos pagos, que por lo general dependen de la utilización real que se haga de la obra, se denominan regalías. En cuanto a las cesiones del derecho de autor, pueden adoptar una de las dos formas siguientes: cesiones y licencias. En virtud de una cesión, el titular de los derechos cede el derecho a autorizar o prohibir determinados actos contemplados por uno, varios o todos los derechos que le hayan sido atribuidos en virtud de su titularidad del derecho de autor. Viene a ser una cesión de un derecho de propiedad. Así pues, si se ceden todos los derechos, la persona a la que hayan sido atribuidos pasa a ser el nuevo titular del derecho de autor. En algunos países no se considera legal la cesión del derecho de autor y sólo se permiten las licencias. Por concesión de licencias se entiende que el titular del derecho de autor conserva la propiedad pero autoriza a un tercero a realizar determinados actos protegidos en virtud de sus derechos patrimoniales, por lo general, durante un plazo específico y con una finalidad concreta. Por ejemplo, el autor de una novela puede conceder una licencia a un editor para realizar y distribuir ejemplares de su obra. Además, puede conceder una licencia a un productor cinematográfico a fin de realizar una película basada en su novela. Las licencias pueden ser exclusivas, en el sentido de que el titular del derecho de autor conviene en que no otorgará autorización a tercero alguno para realizar los
actos objeto de licencia; o no exclusivas, lo que significa que el titular del derecho de autor puede autorizar a otros a realizar los mismos actos. A diferencia de la cesión, la licencia no atribuye por lo general el derecho a autorizar a terceros a realizar actos amparados mediante derechos patrimoniales. La concesión de licencias también puede adoptar la forma de gestión colectiva de los derechos. Con arreglo a dicha gestión, los autores y otros titulares de derechos conceden licencias exclusivas a una entidad única, que actúa en su nombre, para conceder autorizaciones, recaudar y distribuir la debida remuneración, impedir y detectar infracciones de derechos y solicitar medidas de compensación en los casos de infracción. La ventaja que para los autores supone la gestión colectiva reside en el hecho de que, habida cuenta de las múltiples opciones que ofrecen las nuevas tecnologías en lo que respecta a la utilización no autorizada de obras, un único organismo puede velar por que dicha utilización se realice sobre la base de autorizaciones fáciles de obtener desde una fuente central. Además, el titular de derechos puede optar por renunciar al ejercicio de los derechos, ya sea total o parcialmente. Por ejemplo, puede proceder a publicar material protegido por derecho de autor en Internet y ponerlo a disposición de todo el que desee utilizarlo o puede restringir esa renuncia a utilizaciones con fines no comerciales. Existen a ese respecto importantes proyectos de cooperación organizados sobre la base de un modelo en el que los contribuidores renuncian a ciertos derechos en la forma estipulada en las condiciones de concesión de licencias aprobadas para el proyecto, como el proyecto General Public License (GPL). Por consiguiente, ofrecen la facultad a terceros para utilizar su contribución y adaptarla, a condición de que los usuarios ulteriores también se adhieran a las condiciones de la licencia. Esos proyectos, como el open source movement (movimiento en favor del libre acceso al código fuente), centrados en la creación de programas informáticos, también funcionan sobre la base del derecho de autor. De otra manera, no podrían imponer obligación alguna a los usuarios ulteriores.
En el Convenio de Berna constan muy pocas disposiciones en relación con la observancia de los derechos y sin embargo, en los últimos años ha sido extraordinaria la proliferación de normas nacionales e internacionales en esa esfera, debido principalmente a dos factores. En primer lugar, los progresos tecnológicos para la elaboración y utilización (tanto autorizada como no
autorizada) de material protegido. En particular, la tecnología digital facilita la transmisión y la posibilidad de copiar perfectamente toda información que exista en formato digital, incluidas las obras protegidas por derecho de autor. En segundo lugar, la creciente importancia económica que ha adquirido en el comercio internacional la circulación de productos y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por decirlo llanamente, el comercio de productos objeto de derechos de propiedad intelectual ha pasado a ser un negocio floreciente en todo el mundo. Se justifica así la adopción del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), en el que se estipula la obligación de las Partes Contratantes de velar por que en las respectivas leyes se contemplen procedimientos de observancia de modo que puedan tomarse medidas reales contra toda infracción de los derechos que se contemplen en el Tratado, incluidas medidas de subsanación para impedir o disuadir nuevas infracciones. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en el que figuran disposiciones más detalladas sobre la observancia de los derechos, es una prueba concreta de ese nuevo vínculo que se ha establecido entre la propiedad intelectual y el comercio. En los siguientes párrafos se resumen varias disposiciones en materia de observancia que se contemplan en recientes normativas nacionales en esa esfera y que cabe dividir en las siguientes categorías: medidas conservativas o provisionales, medidas civiles de subsanación; sanciones penales; medidas en frontera; y medidas de subsanación y sanciones contra los abusos respecto de dispositivos técnicos. Las medidas conservativas o provisionales tienen dos finalidades: en primer lugar, impedir infracciones, en particular, impedir la entrada de productos infractores en los canales comerciales, en particular, la entrada de productos de importación una vez cumplidos los trámites aduaneros; y en segundo lugar, conservar pruebas pertinentes respecto de toda supuesta infracción. Las autoridades judiciales pueden así ordenar que se pronuncien medidas provisionales sin tener que avisar con antelación al supuesto infractor. De esa manera, el supuesto infractor no podrá reubicar los productos a los fines de evitar que sean detectados. La medida provisional más común es el registro de los locales del supuesto infractor y el embargo de los productos de la supuesta infracción, el equipo utilizado para su fabricación y todo documento y prueba de las supuestas actividades infractoras. En lo civil, las medidas de subsanación tienen por finalidad compensar al titular de los derechos por los perjuicios económicos que haya sufrido a raíz de la infracción, lo que por lo general se concretiza en una indemnización por daños y
perjuicios y son un factor disuasivo de futuras infracciones. A ello viene a añadirse por lo general una orden judicial para destruir los productos causantes de la infracción y el principal material utilizado para su producción. En la medida en que el tribunal considere que existe peligro de que continúen los actos causantes de infracción, también puede pronunciar requerimientos judiciales contra dichos actos, cuyo incumplimiento se traduciría en la imposición de una multa al infractor. En lo penal, las sanciones tienen por finalidad penalizar a los que, con conocimiento de causa, comenten actos de piratería a escala comercial y, al igual que en lo civil, disuadir nuevas infracciones. La penalización se concreta en multas considerables, y sentencias de cárcel en sintonía con las penas que se aplican a delitos del mismo nivel de gravedad, en particular, los delitos recurrentes. La disuasión se lleva a cabo mediante órdenes de embargo y destrucción de los productos causantes de la infracción y del material y del equipo principal utilizado para cometer el delito. En cuanto a las medidas en frontera, difieren de las medidas de observancia anteriormente descritas en la medida en que implican la intervención de las autoridades aduaneras y no de las autoridades judiciales. En virtud de esas medidas, el titular de los derechos tiene la facultad de pedir que las autoridades aduaneras impongan la interrupción de la circulación de productos supuestamente infractores del derecho de autor. El titular de los derechos dispone así de un plazo razonable para incoar un procedimiento judicial contra el supuesto infractor, evitando el riesgo de que los productos supuestamente infractores empiecen a distribuirse una vez finalizados los trámites de aduana. Pero para ello, el titular de los derechos debe a) convencer a las autoridades aduaneras de que existen pruebas prima facie en el sentido de que se ha producido una infracción; b) suministrar una descripción detallada de los productos, a los fines de su identificación; y c) aportar una caución de indemnización al importador, el propietario de los productos y las autoridades aduaneras en caso de que se llegue a la conclusión de que los productos no han causado infracción alguna. En la última categoría de disposiciones en materia de observancia, que han adquirido mayor importancia desde el auge de la tecnología digital, están medidas, recursos de subsanación y sanciones contra el abuso respecto de medios técnicos. En determinados casos, el único medio práctico de impedir la copia de obras es recurrir a sistemas de protección o de gestión, concretamente, la utilización de dispositivos técnicos que impiden por completo la copia o se las arreglan para que la calidad de los ejemplares sea tan mala que no puedan ser
La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. En la normativa de derechos conexos se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por derecho de autor. Ahora bien, en algunas leyes se deja claro que el ejercicio de los derechos conexos no debe afectar en modo alguno a la protección del derecho de autor. Hasta la fecha se han venido otorgando derechos conexos a tres categorías de beneficiarios: artistas intérpretes y ejecutantes; productores de fonogramas; y organismos de radiodifusión. El reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes se justifica en la medida en que se considera necesaria su intervención creativa, por ejemplo, a los fines de la realización de obras cinematográficas y obras musicales,
utilizados. Se recurre también a medios técnicos para impedir la recepción de programas de televisión comerciales codificados para los que se precisa la utilización de mecanismos de descodificación. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, es posible fabricar dispositivos que permitan eludir los sistemas de protección y codificación. Con las disposiciones en materia de observancia que recaen en esta categoría, la finalidad es impedir la fabricación, la importación y la distribución de dichos dispositivos. En el WCT constan disposiciones con ese fin así como otras disposiciones con las que se aspira a impedir la supresión o alteración no autorizadas de información sobre gestión electrónica de derechos y la difusión de copias de obras en las que se haya suprimido ese tipo de información. Mediante esa información se identifica al autor o el titular de los derechos y se determinan las condiciones para la utilización de la obra, por lo que su supresión puede traducirse en la distorsión de sistemas informatizados de gestión de derechos y distribución de tasas.
dramáticas y coreográficas; también son justificables los intereses que tienen en la protección legal de sus interpretaciones individuales. El reconocimiento de los derechos de productores de fonogramas se justifica en la medida en que sus recursos creativos, financieros y de organización son necesarios a los fines de poner a disposición del público grabaciones sonoras en forma de fonogramas comerciales y por cuanto tienen intereses legítimos en contar con los recursos jurídicos necesarios para tomar medidas contra toda utilización no autorizada, ya sea la elaboración y distribución no autorizadas de ejemplares (piratería) o la radiodifusión y comunicación no autorizadas al público de sus fonogramas. Análogamente, los derechos de los organismos de radiodifusión se justifican habida cuenta de la función que desempeñan en la puesta a disposición del público de las obras y de sus intereses legítimos en el control de la transmisión y retransmisión de sus emisiones.
Tratados. La primera respuesta internacional organizada frente a la necesidad de protección jurídica de las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos fue la adopción, en 1961, de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma). A diferencia de la mayoría de los convenios internacionales, que reflejan la legislación de unos y otros países y tienen por finalidad sintetizar la normativa existente en ese campo, la Convención de Roma fue una iniciativa encaminada a establecer normas internacionales en un ámbito en el que existían pocas leyes nacionales en esa fecha. En aquel momento, eso supuso que la mayor parte de los Estados tuvieran que elaborar y promulgar leyes antes de adherirse a la Convención. Hoy prácticamente todo el mundo conviene en que la Convención de Roma ha quedado desfasada y debe ser objeto de revisión o de sustitución por un nuevo conjunto de normas en la esfera de los derechos conexos, aun cuando fuera el punto de partida para la inclusión en el Acuerdo sobre los ADPIC de disposiciones sobre los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (aunque existen diferencias en cuanto al nivel de protección de los mismos). Para dos de las categorías de beneficiarios se cuenta hoy con protección actualizada, a saber, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en 1996 junto con el WCT. En la OMPI está hoy, además, sobre el tapete, la adopción de un nuevo tratado sobre los derechos de los organismos de radiodifusión. En las leyes nacionales se contemplan los siguientes derechos para las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos (aunque no todos los derechos se estipulen en la misma ley):
En lo que respecta a los artistas intérpretes y ejecutantes, se estipulan sus derechos a impedir la fijación (grabación), la radiodifusión y comunicación al público sin su consentimiento de sus interpretaciones o ejecuciones en directo así como el derecho a impedir la reproducción de fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones en determinadas circunstancias. En cuanto a la radiodifusión y la comunicación al público, puede estipularse la obligación de una remuneración equitativa en vez de un derecho a impedir esos actos. Habida cuenta de la naturaleza personal de ese tipo de creaciones, en algunas leyes nacionales se conceden también derechos morales a los artistas intérpretes y ejecutantes, a los fines de impedir la utilización no autorizada de su nombre e imagen o la modificación de sus interpretaciones o ejecuciones en la medida en que vayan en detrimento de su reputación. Los productores de fonogramas gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción, importación y distribución de sus fonogramas y copias derivadas de los mismos y del derecho a una remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicación al público de sus fonogramas. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir la retransmisión, la fijación y la reproducción de sus emisiones. En algunas leyes se contemplan derechos adicionales. Por ejemplo, cada vez son más los países en los que se concede a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes y ejecutantes el derecho de alquiler respecto de los fonogramas (y respecto de obras audiovisuales para los artistas intérpretes y ejecutantes), y en otros países se conceden derechos específicos en relación con la transmisión por cable. Análogamente, en el WPPT se estipula el derecho de alquiler del que gozan los productores de fonogramas (así como todo titular de derechos sobre fonogramas en virtud de la ley del país de que se trate). Como en el caso del derecho de autor, en la Convención de Roma y en las leyes de unos y otros países se contemplan limitaciones sobre los derechos. Esas limitaciones permiten la utilización de interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones protegidos, por ejemplo, con fines de enseñanza, investigación científica y utilización privada y la utilización de pequeños extractos a los fines de informar sobre temas de actualidad. En algunos países se contemplan las mismas limitaciones respecto de los derechos conexos que las que se contemplan en relación con el derecho de autor, incluida la posibilidad de conceder licencias no voluntarias. No obstante, en el WPPT se estipula que esas limitaciones y excepciones deben limitarse a determinados casos especiales que no sean incompatibles con la utilización normal de las interpretaciones y ejecuciones de
fonogramas y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los artistas intérpretes y ejecutantes ni a los de los productores de fonogramas. En la Convención de Roma se contempla un plazo de protección de los derechos conexos de 20 años contados a partir del final del año en que a) se haya realizado la grabación, en el caso de los fonogramas y las interpretaciones y ejecuciones incluidas en los fonogramas; y b) se haya realizado la interpretación o ejecución, en el caso de interpretaciones y ejecuciones no incorporadas en fonogramas; y c) se haya realizado la emisión. Ahora bien, en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el WPPT se estipula que los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán de un plazo de protección de 50 años contados a partir de la fecha de fijación de la interpretación o ejecución. En el Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los derechos de los organismos de radiodifusión quedarán protegidos durante 20 años contados a partir de la fecha en que se haya realizado la emisión. Por consiguiente, en un gran número de leyes nacionales de protección de los derechos conexos se otorga un plazo más largo de protección que el plazo mínimo estipulado en la Convención de Roma. En lo que respecta a la observancia, por lo general, las medidas de subsanación en caso de infracción o violación de los derechos conexos se asemejan a aquellas a las que pueden acogerse los titulares del derecho de autor, a saber, medidas conservativas o provisionales; medidas civiles de subsanación; sanciones penales; medidas en frontera; y medidas y sanciones contra el abuso respecto de dispositivos técnicos e información en materia de gestión de derechos. Por último, cabe hablar de la relación que existe entre la protección de los derechos conexos y los intereses de los países en desarrollo. Las expresiones culturales de un gran número de esos países, por lo general conocidas como expresiones del folclore o expresiones culturales tradicionales, de las que en la mayor parte de los casos no hay constancia por escrito o no están catalogadas, pueden ser objeto de protección y de derechos conexos en tanto que interpretaciones o ejecuciones, habida cuenta de que, por lo general, llegan al público por conducto de artistas intérpretes o ejecutantes. Al concederse a ese respecto derechos conexos, los países en desarrollo velan así por proteger grandes y añejas expresiones culturales de valor incalculable y que constituyen la idiosincrasia que distingue a unos países de otros. Análogamente, la protección de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión contribuye a sentar los cimientos de industrias nacionales que difunden las expresiones culturales nacionales en el país y, lo que quizá sea más importante, en otros países. La actual popularidad de que goza la llamada “música mundial” pone en evidencia el potencial de exportación de esas expresiones. No obstante, los
beneficios económicos derivados de la difusión de esas expresiones no siempre recaen en el país en el que dichas expresiones fueron originadas. En resumen, la protección de los derechos conexos tiene una doble finalidad: por un lado, preservar la cultura nacional y, por otro, ser un medio para la explotación comercial en el mercado internacional. Pero el interés de los países en desarrollo por la protección de los derechos conexos va más allá de la protección de las expresiones culturales tradicionales: de lo que se trata es del comercio y el desarrollo internacionales. En la actualidad, el grado de protección que otorgue un país a los derechos de propiedad intelectual va a la par del potencial que puede tener dicho país de beneficiarse del comercio internacional, en rápida expansión, de productos y servicios protegidos por esos derechos. Por ejemplo, el auge paralelo de infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones inducirá nuevas inversiones internacionales en un gran número de sectores de las economías de los países en desarrollo, entre otros, el de la propiedad intelectual y los países que carezcan de la voluntad política necesaria para la protección de los derechos de propiedad intelectual quedarán relegados. Por consiguiente, la protección de los derechos conexos ha pasado a formar parte de una finalidad mucho más importante y constituye un requisito ineludible para la participación en el nuevo sistema de comercio e inversiones internacionales que caracterizará el siglo XXI.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional cuya finalidad es velar por la protección de los derechos de los creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual en todo el mundo y por que los inventores y autores sean objeto del debido reconocimiento y retribución por su ingenio y creatividad. En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI viene a ser un foro para sus Estados miembros de modo que puedan crear y armonizar normas y prácticas de protección de los derechos de propiedad intelectual. En la mayoría de los países industrializados existen sistemas de protección ya centenarios. A esos países vienen hoy a sumarse un gran número de países, entre otros, los países en desarrollo, que están estableciendo sus propias normativas y sus propios sistemas de patentes, marcas y derecho de autor. Ante la rápida mundialización del comercio en el último decenio, la OMPI desempeña un papel fundamental en la consolidación de esos nuevos sistemas por conducto de la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios
medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. El sector del derecho de autor y los derechos conexos ha sido objeto de un auge extraordinario en los últimos tiempos, a la par de los avances tecnológicos, que han aportado nuevos métodos para la difusión de creaciones en todo el mundo por conducto de medios de comunicación como la radiodifusión por satélite, los discos compactos, los DVD e Internet. La OMPI participa muy activamente en el debate internacional en curso encaminado a establecer nuevas normas de protección del derecho de autor en el ciberespacio. Incumbe a la OMPI la administración de los siguientes tratados internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos:
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) La OMPI dispone además de un Centro de Arbitraje y Mediación, a quien incumbe la solución de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos países. Se trata tanto de controversias contractuales (como las licencias de patentes y de programas informáticos, acuerdos en materia de compatibilidad de marcas y acuerdos de investigación y desarrollo) y de controversias no contractuales (como las infracciones de patentes). El Centro es hoy un líder en servicios de solución de controversias derivadas del registro y uso abusivos de nombres de dominio de Internet.
Para más información sobre todos los aspectos del derecho de autor y los derechos conexos, cabe remitirse al sitio Web y a las numerosas publicaciones de la OMPI, muchas de las cuales son gratuitas y pueden descargarse en Internet.
www.wipo.int www.wipo.int/treaties/es/
Sitio Web de la OMPI Textos completos de todos los tratados que regulan la protección de la propiedad intelectual Compra de publicaciones en la librería electrónica de la OMPI, entre otras:
La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico, de Kamil Idris; publicación N.º 888 (por el momento sólo disponible en inglés aunque existe una reseña del mismo en español). WIPO Intellectual Property Handbook; publicación N.º 489 La gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos; publicación N.º 855 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms; publicación N.º 891 Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries; publicación N.º 893 WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights; publicación N.º 897 www.wipo.int/freepublications/es para el acceso a publicaciones gratuitas, entre otras:
OMPI: Información general; publicación N.º 400 From Artist to Audience: How creators and consumers benefit from copyright and related rights and the system of collective management of copyright; publicación N.º 922 Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises, publicación N.º 918 En la dirección www.wipo.int/directory/es/urls.jsp se suministran enlaces con los sitios Web de oficinas nacionales de propiedad intelectual.
+41 22 733 54 28 Correo electrónico: wipo.mail@wipo.int o a la Oficina de Coordinación:
Publicación de la OMPI N° 909(S)
ISBN 978-92-805-1617-3
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