Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32517-de-diciembre-3-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dfc7a937a324028e0430a0101514028&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-14 17:40:21
Document Index: 355216189

Matched Legal Cases: ['artículo 286', 'artículo 286', 'artículo 294', 'artículo 251', 'artículo 286', 'artículo 286', 'artículo 294']

﻿ Sentencia 32517 de diciembre 3 de 2009
SENTENCIA 32517 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO. LA REPRODUCCIÓN DE FORMATOS CON ESPACIOS EN BLANCO NO CONFIGURA ESTE DELITO MIENTRAS NO SEAN DILIGENCIADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, DOCUMENTO PÚBLICO, DELITO CONTRA EL DOCUMENTO, FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:459 DE MARZO DE 2010, PG.380
Sentencia 32517 de diciembre 3 de 2009
Rad. 32517
EXTRACTOS: "5. A través del cargo subsidiario, el libelista pregona que la "clonación" de formatos en blanco no constituye falsedad ideológica de documento público. Afirma que dicho comportamiento atribuido al procesado es atípico respecto del delito de que trata el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, toda vez que en este caso no se imputó al sentenciado la consignación en los formatos de datos contrarios a la realidad, motivo por el cual se le debe absolver.
Desde ahora, la corporación anticipa su postura en el sentido de que el libelista tiene razón en cuanto que la clonación de formatos en blanco, de aquellos que están llamados a ser diligenciados por servidores públicos, no configura la conducta punible de falsedad ideológica en documento público. No obstante, ello no convierte en atípico el comportamiento imputado al procesado, pues aquel no fue el único por el cual fue llamado a juicio y sentenciado, pues también lo fue por acreditar hechos contrarios a la realidad, a la hora de extender el documento público de autorización.
Al efecto de desarrollar la tesis reseñada, sea lo primero recordar que el delito de falsedad ideológica en documento público está descrito en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, de la siguiente manera:
"El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años".
Del estudio del tipo penal —ha dicho la jurisprudencia de manera reiterada(1)— surge nítido que la conducta así descrita de manera abstracta requiere de un sujeto activo calificado, en particular, un servidor público que, en ejercicio de sus funciones, realice el comportamiento típico. En lo referente a la acción, esta se concreta en la extensión de un documento público con aptitud probatoria, consignando en él una falsedad, o bien callando total o parcialmente la verdad.
Ahora bien, el artículo 294 de la Ley 599 de 2000 precisa el concepto de documento, así:
"Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria".
Y, de manera complementaria, el artículo 251 del Código Procesal Civil, a su turno, define qué debe entenderse por documento público. Es así que detalla que éste es el otorgado por un funcionario de esa clase en ejercicio de su cargo o con su intervención. Tres son entonces, según el concepto así detallado, los elementos del permiten atribuir la calidad de público a un documento: i) que sea expedido por funcionario público, ii) en ejercicio de sus funciones y, iii) con las formalidades legales.
A partir de las anteriores definiciones, es necesario —a efecto de fijar el alcance del delito en estudio— avanzar hacia la noción de servidor público, el cual aparece involucrado en los elementos del documento de esa condición. En este sentido, puede decirse que los servidores públicos son quienes cumplen funciones estatales de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Carta. Aquellos que ejecutan las tareas propias de las tres ramas del poder público, de los órganos de control, y de la rama electoral, y de los que desempeñan atribuciones de vigilancia y control de la actividad privada. Solamente ellos, incluidos los particulares que de manera transitoria o permanente desempeñan funciones públicas, pueden producir esa clase de documentos.
La naturaleza pública de los documentos deriva de que su formación o creación provenga del ejercicio de las funciones oficiales y, como en Colombia no hay empleo público sin atribuciones determinadas en la ley o el reglamento, solo en ese marco de competencia se puede extender esta clase de documentos. Adicionalmente, tendrán esta calificación aquellos en que el servidor público —sin participar en su otorgamiento— los avala haciendo uso de la facultad de autenticación que ostenta. De allí que sea la fuente la que califica el documento como público o privado, cumpliendo con los requisitos formales.
La falsedad ideológica se presenta, según la descripción típica, cuando se incluyen en el documento público declaraciones contrarias a la verdad. El documento es verdadero en su forma y origen, pero mendaz en su contenido por exhibir manifestaciones falsas acerca de la existencia de un acto o un hecho. Así, el acto o hecho es presentado como veraz sin haber ocurrido en la vida real, o habiendo sucedido de determinada forma es mostrado de otro modo.
Esta falsedad se comete al extender el documento, y es distinta a la falsedad material en la cual el autor realiza la acción en un objeto preexistente, o bien es efectuada una manipulación física por un autor espurio externo, lo cual resulta en la afectación de su autenticidad. En la falsedad ideológica no hay manipulación física del documento por un agente externo, sino que su autor legítimo afecta su contenido, en contraste, la falsedad material es producto de un falsificador —sujeto extraño al documento—, mientras que la ideológica emana del autor legítimo del documento. El primero es falso en su autenticidad y el segundo en su veracidad extrínseca.
Como la conducta afecta la veracidad del documento, para su configuración es precisa la concurrencia en el sujeto del deber jurídico de decir la verdad, porque de lo contrario la declaración falsa se tornará irrelevante y sin potencialidad de causar daño a la fe pública. La demostración de este elemento en los documentos públicos es innecesaria, porque éste deber acompaña a todo servidor público en ejercicio del cargo debido a su atribución certificadora de la verdad y a la presunción de autenticidad y veracidad que asiste a los documentos que autoriza o en los cuales interviene.
Por último, la jurisprudencia ha precisado de manera reiterada, que el documento debe aparecer con idoneidad para establecer o modificar una relación jurídica. De allí que deba tener capacidad para probar los hechos en él declarados.
Las precisiones anteriores hacen necesario, a efecto de resolver el asunto que ocupa la atención de la Sala, hacer claridad sobre dos aspectos relevantes: por una parte, cuáles fueron los hechos que motivaron la acusación en contra del procesado Javier Alberto Carreño Vargas y que fueran tipificados bajo el nomen iuris de falsedad ideológica en documento público y, por la otra, por cuáles hechos fue sentenciado.
Lo anterior, con el fin de verificar, a renglón seguido, si la conducta consistente en la multiplicación de los formatos de autorización del transporte de sustancias catalogadas como precursores abarca integralmente el universo de hechos imputados al procesado. De ser así, la Sala entraría, en consecuencia, a estudiar si dicho comportamiento —como lo pregona el censor— es atípico, respecto del comportamiento punible descrito en el artículo 286 del Código Penal. En caso contrario, es decir, si los hechos incriminados comprenden, además, la consignación por el servidor público de afirmaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales, entonces se dirá que la censura carece de trascendencia, pues no resulta idónea para derribar los fundamentos del fallo.
Pues bien, en la resolución de acusación puede verse —en ello no hay discusión— que al procesado Javier Alberto Carreño Vargas se le imputó haber acudido al particular Eliud Jaramillo para ordenar la impresión de un cierto número de formatos de aquellos utilizados por el militar para, en ejercicio de sus funciones, autorizar el transporte de combustible a los ciudadanos habitantes de Florencia —"clonación", según lo denominan el ad quem y el demandante—. Pero también surge nítido que se le recriminó la consignación en ellos de datos ajenos a la realidad.
Así las cosas, entendido el fallo como una unidad integrada por los pronunciamientos de de primer y segundo grado, en lo que este último no se aparte del primero, surge nítido que, de manera adicional a la clonación de los formularios, tanto la acusación como el fallo —de forma congruente con la resolución de acusación— incluyeron, como hecho relevante que fue objeto de investigación, la consignación de información no veraz en las autorizaciones expedidas por el militar para el transporte de combustible y otros precursores, en particular la inclusión de los anexos necesarios y la seguridad de haber corroborado lo que constaba en los permisos.
A efecto de afirmar el convencimiento que le asiste a la Sala en cuanto que la decisión de segundo grado incluyó la consignación en los formularios de información diversa a la real por parte del procesado —además de su reproducción— véase que el tribunal dispuso la modificación de la sentencia apelada solamente para absolverlo por el comportamiento punible de concusión y, según lo precisó la decisión, confirmó el fallo recurrido en lo referente a la condena por el delito contra la fe pública, tal como lo motivó el juez de instancia (pág. 71 fallo de segunda instancia). Es así que las claras apreciaciones del a quo sobre la no veracidad de lo consignado en los documentos fueron acogidas por el ad quem.
Es así, entonces, que el reproche que formula el casacionista —como lo advirtió la Sala en precedencia— termina por ser intrascendente para los efectos que se propone, pues aún si se admitiera la atipicidad de su comportamiento consistente en la impresión de la papelería destinada a servir de soporte para diligenciar las autorizaciones para el transporte de combustible y otros precursores, de todos modos la incriminación subsiste, pues lo reprochado no fue, de manera insular —como así lo aprecia el recurrente—, la clonación de un formato, sino —insiste la Corte— la consignación en ellos de datos falsos, conclusión que comparte la procuradora delegada.
Ahora bien, si dentro del universo de hechos por los cuales el procesado fue acusado y sentenciado se incluyen conductas que —como la acreditación, con su firma, de datos no veraces en la extensión de documentos públicos— se recogen con meridiana claridad en la descripción típica de que trata el artículo 286 del Código Penal de 2000, entonces poca o ninguna trascendencia tiene, para afectar la integridad del fallo recurrido que ocupa la atención de la Corte, admitir que la clonación o reproducción de formatos en blanco es en verdad atípica respecto del delito reseñado.
En conclusión, el cargo subsidiario no prospera.
6. No obstante lo anterior, la corporación encuentra oportuno señalar que, en tratándose de formatos con espacios en blanco, particularmente de aquellos que están destinados a que un servidor público haga constar en ellos datos o hechos de relevancia jurídica, su reproducción o clonación no configura la conducta de falsedad ideológica en documento público, porque mientras las formas preimpresas no sean diligenciados en sus espacios con la información en ellos requerida —de la cual pueda emitirse un juicio de veracidad o falsedad— el instrumento —por así denominarlo— concebido con esas características no alcanza la condición de documento.
Dicha deducción emerge con claridad tras considerar que uno de los presupuestos para que se configure el comportamiento punible de falsedad ideológica en documento público es que exista un documento, entendido éste, no de cualquier manera, sino en el exacto sentido en que lo detalla el artículo 294 del Código Penal(2) atrás reseñado. Recuérdese que en la noción consagrada en dicha norma se involucran tres presupuestos que componen el concepto de documento: i) que su autor sea conocido o conocible, ii) que la expresión de dicha persona se plasme en datos o hechos y, por último, iii) que éstos tengan vocación probatoria.
Y, naturalmente, en el caso presente, ninguno de estos tres requisitos aparece en el formato en blanco; estos solamente concurrirían cuando sus espacios vacíos se llenen con hechos o datos de relevancia probatoria, y su autor sea conocido o conocible, de lo contrario, el formulario preimpreso no alcanza la categoría de documento. Para ahondar en lo anterior, debe precisarse que aún cuando el formato contenga una rúbrica de persona conocida, de todos modos, mientras permanezca en blanco y no contenga hechos o datos, tampoco podrá ser tenido como un documento.
Más todavía: en el supuesto en que los dos elementos anteriores fueran satisfechos, aún así no podría hablarse de documento, si lo consignado en sus espacios vacíos no tiene capacidad probatoria; téngase en cuenta que aquello que aparece en el formato preimpreso sin diligenciar nada prueba por sí mismo, pues precisamente lo relevante es aquello que la forma está naturalmente encaminado a demostrar, solamente en el evento en que sea debidamente diligenciado y así se convierta en documento.
De manera, entonces, que la reproducción o clonación de formatos en blanco, en tanto estos no cumplan con las condiciones necesarias que los conviertan en verdaderos documentos —en cuyo caso, lógicamente, dejarían de ser formatos en blanco— no constituye el comportamiento punible de falsedad ideológica en documento público. Si un hecho tal tiene ocurrencia, como acontece en el caso actual, se dirá a lo sumo que se desconocieron los conductos regulares para acceder a la papelería oficial —si los hubiere— mas no —insiste la corporación— en predicar la configuración de un punible contra la fe pública.
Una precisión adicional: la experiencia enseña que, con frecuencia, los formatos en blanco contienen un número consecutivo, o bien están revestidos de seguridades más sofisticadas, como papel con sellos especiales, algunos de los cuales, por ejemplo, sólo son detectables al trasluz o con determinados instrumentos ópticos.
Aun así, insiste la Sala, la reproducción de una papelería con esas características no alcanza a configurar delito de falsedad documental por las razones ya reseñadas: carencia de autor, de hechos y datos, y capacidad probatoria: es decir, ausencia de un documento, en su concepción jurídica. En particular, dígase que —para los efectos de los punibles denominados de manera genérica con el nomen iuris de falsedad documental— el número consecutivo, es un elemento que está destinado a facilitar un control, mas no de la existencia del papel timbrado como tal sino de los datos y hechos con idoneidad probatoria, así como de la identidad del autor que en ellos se consigne.
Una vez más, entonces, aquello que configura el mero formato en blanco no constituye un documento en el sentido jurídico que aquí interesa, sino apenas un soporte material que, solamente cuando sea diligenciado con hechos o datos de relevancia probatoria y su autor sea conocido o conocible, tendrá la calidad de documento y, por lo tanto, podrá ser susceptible de ser el objeto material real del delito de falsedad documental".
(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 22 de mayo de 2008, Radicación 22019.
(2) "Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria".