Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00550-de-noviembre-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_29b672751c7a4440968c2d0e5a00acfb&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-18 18:37:53
Document Index: 306716954

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 309', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 138', 'artículo 626', 'artículo 309', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 590', 'artículo 613', 'artículo 613', 'artículo 613', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 590', 'artículo 627', 'artículo 613', 'artículo 613', 'Artículo 309', 'artículo 166', 'artículo 18']

﻿ Sentencia 2012-00550 de noviembre 27 de 2014
SENTENCIA 2012-00550 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL EN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – MEDIDAS CAUTELARES. SE PRECISA QUE EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 640 DE 2001 QUE FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1395 DE 2010, DISPUSO EXPRESAMENTE QUE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD NO SERÍA EXIGIBLE EN AQUELLOS PROCESOS EN LOS QUE EL INTERESADO QUISIERA SOLICITAR EL DECRETO Y LA PRÁCTICA DE ALGUNA MEDIDA CAUTELAR. SIN EMBARGO, CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 1437 DE 2011 SE CERRÓ LA POSIBILIDAD DE ACUDIR DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN CUANDO SE SOLICITEN MEDIDAS CAUTELARES. FINALMENTE EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EXPEDIDO CON LA LEY 1564 DE 2012 DEROGÓ EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 309 DEL C.P.A.C.A QUE A SU VEZ HABÍA DEROGADO EL INCISO QUINTO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 640 DE 2001 QUE FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1395 DE 2010. POR TANTO, SE CONCLUYE QUE LA NORMA QUE PROHIBIÓ LA POSIBILIDAD DE ACCEDER DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN CUANDO SE SOLICITEN MEDIDAS CAUTELARES SE ENCUENTRA DEROGADA, QUEDANDO VIGENTE EL APARTE QUE SEÑALA QUE CUANDO EN EL PROCESO DE QUE SE TRATE, Y SE QUIERA SOLICITAR EL DECRETO Y LA PRÁCTICA DE MEDIDAS CAUTELARES, SE PODRÁ ACUDIR DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDAS CAUTELARES, CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia 2012-00550 de noviembre 27 de 2014
Ref.: Expediente 2012-00550-01.
Recurso de apelación contra el auto de 30 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Actora: Sociedad Hotel Now S.A.
Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la actora contra el proveído de 30 de julio de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, rechazó la demanda.
I.1. La sociedad HOTEL NOW S.A., a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, instauró demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, contra el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA(1), tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 4133.0.21.100 de 28 de febrero de 2013 y 4133.0.21.983 de 30 de diciembre de 2013, por medio de las cuales se sancionó con medida de cierre definitivo a la terraza del referido hotel, por violar las normas ambientales de ruido, contenidas en los artículos 44 y 45 del Decreto 948 de 1995 y artículos 9º, 26 y 28 de la Resolución 627 de 2006.
A título de restablecimiento del derecho pretende que se le ordene a la entidad demandada pagarle: a) los daños y perjuicios que le ha generado la actuación administrativa desde el mes de febrero del año 2012, la cual ha implicado una reducción de sus ingresos netos equivalentes a $ 2.798.000.000; b) la suma de $ 667.406.000 por concepto de lucro cesante y c) los intereses corrientes moratorios que se produzcan desde la fecha de ejecutoria de la sentencia y las costas y agencias en derecho.
Mediante auto de 30 de julio de 2014, el a quo rechazó la demanda, ya que el actor no allegó la constancia de haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial establecido en los artículos 13 de la Ley 1285 de 2009 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 2º del Decreto 1716 de 2009 y 37 de la Ley 640 de 2001, a pesar de que se le concedió un término de 10 días para subsanar la demanda en ese sentido.
La actora apeló la decisión del a quo con el argumento de que el Código General del Proceso, en particular, su artículo 626, dejó sin efecto de forma expresa el inciso 2º del artículo 309 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual a su vez, había derogado el inciso 5º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que permitía acudir directamente a la Jurisdicción, sin necesidad de agotar el requisito de la conciliación prejudicial, cuando en la demanda se solicitaba el decreto y la práctica de medidas cautelares.
A juicio del apelante, dicha derogatoria significa que en la actualidad se encuentra vigente la frase: “cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción”, contenida en inciso 5º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010.
Igualmente, sostuvo que el parágrafo 1º del artículo 590 del Código General del Proceso, expresamente dispone que en todos los procesos y ante cualquier Jurisdicción, cuando se solicitan medidas cautelares se puede acudir directamente ante el Juez, sin necesidad de agotar el requisito de la conciliación prejudicial.
Por otra parte, afirmó que el artículo 613 del Código General del Proceso, en su inciso 2º, establece que “No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
Manifestó que dicho artículo constituye una norma de carácter especial para los procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo tanto su aplicación prima sobre las demás normas que regulan el tema, en especial, los artículos 13 de la Ley 1285 de 2009 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 2º del Decreto 1716 de 2009 y 37 de la Ley 640 de 2001.
Adujo que el a quo no podía rechazar la demanda, pues en esta se había solicitado la práctica de medidas cautelares, las cuales tenían contenido patrimonial, lo que demuestra que su caso se enmarcaba dentro de lo consagrado en el inciso 2º del artículo 613 del Código General del Proceso, por lo que se le debía exonerar del cumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial.
En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que no es procedente exigir el cumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial para la admisión de la demanda, ya que el Código General del Proceso, además de derogar la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2)que había dejado sin efecto la frase que permitía acudir directamente ante Jurisdicción Contenciosa cuando se solicitaba el decreto y práctica de medidas cautelares, taxativamente volvió a establecer dicha posibilidad en su artículo 613, al incluir el siguiente inciso: “No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
PAR. 2º—«Ver Nota del Editor» No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”.
Dicha Ley(3) igualmente facultó al Gobierno Nacional para que compilara las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encontraran vigentes para la época, por lo que se expidió el Decreto 1818 de 1998, que consagró el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos e incorporó el artículo 70 antes transcrito.
“ART. 35.—«“Requisito de procedibilidad … laboral” INEXEQUIBLE» En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
Este requisito fue reiterado por el artículo 13 de Ley 1285 de 2009(4), que entre otras cosas, volvió a exigirlo para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al disponer:
“ART. 35.—REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. «Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:» En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad.
Cuando en el proceso de que se trate, y se quiere solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
PAR. 1º—Cuando la conciliación extrajudicial sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por el valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
PAR. 2º—«Aparte tachado INEXEQUIBLE» En los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso; el mismo deber tendrá el convocado a la audiencia de conciliación. De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder.
a) «Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:» A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º, inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58, numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley” (resaltado fuera de texto original).
En efecto, el Código General del Proceso no solo derogó la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que a su vez había derogado la posibilidad de acceder directamente a la Jurisdicción cuando se solicitaban medidas cautelares, sino que fue más allá, e incluyó, expresa y categóricamente el sentido de la norma contenida en el inciso quinto del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificada por el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificada por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, al señalar en el parágrafo primero del artículo 590, lo siguiente:
Es pertinente destacar que las anteriores normas ya se encuentran vigentes de acuerdo con lo establecido en los numerales 1º y 4º del artículo 627 del Código General del Proceso(5).
De conformidad con lo procedente, estima la Sala que en la actualidad, cuando se solicita el decreto y práctica de alguna medida cautelar, no es exigible el requisito de la conciliación prejudicial para poder demandar; sin embargo hay que aclarar que para los asuntos Contencioso Administrativos, el artículo 613 del Código General del Proceso contempló un requisito adicional.
“PRIMERA. ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA, representado legalmente por su Directora MARTHA CECILIA LANDAZÁBAL MARULANDA que suspenda sus decisiones de CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO como lo ordenó en la parte resolutiva de los ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS y que cuenta en la demanda.
TERCERA. Estas medidas cautelares de protección deben ir acompañadas de una orden estricta del JUEZ ADMINISTRATIVO al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA, representado legalmente por su Directora MARTHA CECILIA LANDAZÁBAL MARULANDA para que en un futuro se abstenga de adelantar medidas de persecución como las que se han denunciado en esta demanda y que las pruebas técnicas de medición se cumplan conforme lo dispone el ANEXO NÚMERO TRES de la Resolución 627 de 2006 del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE”.
En el caso bajo estudio, es claro que la medida cautelar solicitada por la actora, tiene una incidencia de carácter patrimonial, pues si eventualmente el Juez competente considerara que se cumplen los presupuestos para decretar la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que ordenó el cierre definitivo de la zona de la terraza del Hotel, éste podría reanudar la operación del establecimiento de comercio objeto de la sanción en condiciones normales y evitar que le causen más perjuicios económicos, de los que, a su juicio, ya se han producido.
Lo precedente demuestra que el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no debió ser rechazado con el argumento del incumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial, ya que la actora había solicitado medidas cautelares que tenían carácter patrimonial, por lo que el caso se enmarcaba dentro de lo establecido en el inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso, norma especial para la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que impone revocar el auto apelado de 30 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, para en su lugar disponer que en el a quo provea sobre la admisión de la demanda.
REVÓCASE el auto recurrido y en su lugar, se dispone que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca provea sobre la admisión de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 27 de noviembre de 2014.
Magistrados: Guillermo Vargas Ayala, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno, ausente en comisión.
1 Entidad que pertenece a la Alcaldía de Santiago de Cali.
2 Artículo 309, inciso Segundo:
3 Ley 446 de 1998, artículo 166. ESTATUTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta Ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
4 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
5 ART. 627.—VIGENCIA. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
1. «Numeral corregido por el artículo 18 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:» Los artículos 24, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley”.
4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012). (Resaltado fuera de texto original).