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Timestamp: 2019-08-20 07:25:50
Document Index: 109065897

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 14', 'Artículo 328', 'artículo 187']

LÓPEZ ARIAS HEIKER JOSÉ – Acceso a la Justicia
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LÓPEZ ARIAS HEIKER JOSÉ
Poderes Públicos perseguidos con el aval del TSJ
Vicio de incongruencia de la sentencia
Sobre la prórroga del lapso ultramarino de evacuación de pruebas en materia tributaria
El hecho notorio judicial y su valor probatorio
Casos en que la Inspectoría debe abrir a pruebas en el procedimiento de reenganche
¿Medidas cautelares en el procedimiento de revisión constitucional?
Las empresas del Estado no tienen que cumplir todos los requisitos legales para obtener medidas preventivas
Las obligaciones del arrendador y del arrendatario en caso de reparaciones mayores
El procedimiento aplicable al retracto legal
El valor probatorio del acta policial en el proceso penal
Cuáles son los bienes propios de los cónyuges y su forma de demostrarlo
El arbitraje como medio de resolución de conflictos
Régimen probatorio aplicable en materia tributaria
Particularidades procesales de los juicios de reconocimiento de unión concubinaria
La prueba de la posesión de estado en el concubinato
Medios para probar el crédito fiscal distintos a la factura legal
Obligación de notificar personalmente las decisiones que confirman la terminación del proceso penal
Consecuencias de la falta de consignación del expediente administrativo
La oposición como medio de impugnación del decreto de medidas preventivas y las potestades del juez
Distribución de la carga de la prueba en materia laboral
Los hechos que se deben demostrar para declarar la existencia de la unión concubinaria. La importancia de la prueba testimonial en estos juicios
El interés superior del niño, niña o adolescente y la prohibición de la prueba de confesión
El juez civil y la actividad probatoria
El derecho del tercero de oponerse a cualquier medida cautelar que lo perjudique
El principio del juez como director del proceso y su deber de inquirir la verdad por todos los medios a su alcance
El principio finalista del proceso para garantizar una justicia sin dilaciones indebidas
Potestad del Juez para determinar el daño moral. Los requisitos del hecho notorio comunicacional
La obligación del asegurado de demostrar la existencia y valor de los objetos asegurados
Las causales de inadmisiblidad de la demanda son de interpretación restrictiva
Cuándo es inadmisible la invalidación. Su diferencia con los supuestos de procedencia.
Las medidas preventivas, como actos de mero trámite, son irrecurribles
"3 razones por las que la MUD fijó su mirada en la LOTSJ", Juan Miguel Matheus
Falta de jurisdicción por cláusula de arbitraje
Carácter excepcional del avocamiento
Vicio de orden público cuando no hay notificación efectiva
Sentencia que establece la base salarial de cálculo de las prestaciones sociales
Las 7 interrogantes de la sentencia N° 260 de la Sala Electoral
Sala Electoral dictó sentencia en materia que no le corresponde
Procesos de inquisición de paternidad y específicamente con relación a la prueba de exámenes filiatorios
Las medidas de coerción personal durante la sustanciación de la causa no tienen la cualidad de pena
El juez, para garantizar el debido proceso, debe analizar todos los elementos del proceso0
Sala de Casación Penal. Recurso de casación. Sentencia Nº 394 Fecha: 25/10/2016. Caso: Recurso de casación interpuesto por los abogados EMILIO MELET y MARIELBA ANDREÍNA CASTILLO, en su condición de Defensores Públicos Cuarto y Sexta adscritos a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en el proceso penal seguido contra
¿Es aplicable el TIAR para Venezuela?La Asamblea Nacional (AN) aprobó el 23 de julio de 2019 mediante ley la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El país había dejado de ser parte del mecanismo desde el 14 de mayo de 2015 por su denuncia dos años antes. Sin embargo, a partir de la aprobación de la ley que autorizaba el retorno al tratado por parte de la AN, Venezuela vuelve a aparecer como parte según la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA). Aun así, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional (SC), anuló la ley antes mencionada mediante sentencia 248 del 26 de julio de 2019.
En vista de lo anterior, desde Acceso a la Justicia nos preguntamos si el TIAR es aplicable o no. Pero antes de dar respuesta ello, explicaremos qué es el TIAR y cuándo se activa.
El TIAR, también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo internacional entre varios Estados americanos para garantizar su seguridad colectiva. Se trata de un tratado internacional que surgió en 1947 a raíz de la llamada Guerra fría. Así como la ex-Unión Soviética creó la Cortina de hierro y estableció países satélites para tener protección en caso de un conflicto internacional, mediante este tratado Estados Unidos tomó las previsiones en caso de agresiones contra su país o su área de influencia.
El tratado fue suscrito por Venezuela el 2 de septiembre de 1947 y entró en vigencia el 12 de marzo de 1948. En 1975, Venezuela también se adhirió al Protocolo de reforma del TIAR de San José de Costa Rica, el 26 de julio de 1975.
El artículo 3, numeral 1 del TIAR establece que un ataque contra uno de los países firmantes constituye una agresión contra todos los Estados Americanos:
“En consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.
Acceso a la Justicia aclara que el TIAR puede implicar una acción militar si hubiera un ataque a uno de los países miembros del tratado, pero este paso no necesariamente se da u ocurre en lo inmediato. Su artículo 1 indica que los países miembros se “obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas” y a “someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica” (artículo 2).
¿Cuándo se activa el TIAR?
Para la activación del TIAR, según prevé su artículo 6, es necesario un ataque armado, “una agresión que no sea ataque armado” pero que ponga en peligro “la integridad del territorio o la soberanía o independencia política de cualquier Estado Americano”, “un conflicto extracontinental o intracontinental, o (…) cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”.
El TIAR indica en su artículo 3.2 que su órgano de consulta es el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin embargo, los Estados miembros del TIAR y la OEA no son el mismo órgano; se trata de mecanismos distintos. De esta manera, en lo concerniente al TIAR, solo podrían tomar decisiones los Estados americanos que hayan ratificado el instrumento (artículo 14): los miembros del TIAR son 19, mientras que la OEA tiene 35.
La denuncia de Venezuela al TIAR se hizo en el año 2012, junto con otros países de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que fue una iniciativa impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías. No obstante, fue en 2013 cuando realmente el Gobierno presentó formalmente su denuncia y los efectos del tratado cesan a partir del 14 de mayo de 2015. Más recientemente, después del acuerdo de la AN, Venezuela vuelve a aparecer como integrante del TIAR en la página web de la OEA a partir de la aprobación de la ley correspondiente por parte de la AN.
Aunque el referido tratado no ha sido aplicado en América, sí se le ha invocado en varias ocasiones. Por ejemplo, en Venezuela tras la invasión de Machurucuto (en el estado Miranda), cuando una expedición cubana llegó en 1967 con planes de hacer una insurrección en el país. También fue invocado en 1982 durante la Guerra de las Malvinas. En este caso no hubo aplicación alguna, porque Estados Unidos también era parte de la alianza militar Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, por lo tanto, tenía un compromiso con Inglaterra de no intervenir en el conflicto con Argentina.
Se puede decir que la única aplicación práctica de este tratado ocurrió en 1948, aunque de una forma muy peculiar, cuando Costa Rica abolió su ejército y empleó la ratificación del TIAR como instrumento de protección ante una agresión.
¿Bajo qué fundamento la AN aprobó la reincorporación al TIAR?
El parlamento, presidido por el diputado Juan Guaidó, explicó lo siguiente en la exposición de motivos del acuerdo, votado el 23 de julio de 2019 en una sesiónextramuros relativa al retorno de Venezuela al TIAR:
“Existen pruebas de la indebida injerencia militar extranjera en asuntos domésticos venezolanos, lo que aunado al progresivo colapso del Estado venezolano, ha mermado la capacidad de la Fuerza Armada Nacional de cumplir con el rol que le encomienda el Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concreto, de asegurar el legítimo uso de la fuerza en todo el territorio nacional ante la presencia de organizaciones criminales para-estatales en el país”.
Al respecto, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, reconoció en un tuit del 15 de agosto de 2019 la injerencia militar rusa en Venezuela, al expresar lo siguiente:
“Estoy en Moscú, atendiendo una invitación del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, General Serguéi Shoigú, donde hemos conversado y compartido diversos temas; en refuerzo de la cooperación técnico-militar que sostenemos para beneficio de nuestros pueblos”
Lo más grave es que ello no ha sido autorizado por la AN como exige la Constitución en su artículo 187 numeral 11.
Adicionalmente, en los puntos 4 y 5 de la exposición de motivos de la ley de reincorporación al TIAR, la AN también señaló que, en vista de las circunstancias antes descritas, pueden:
“poner en peligro la paz y la estabilidad política de América, debido a los efectos regionales del colapso del Estado venezolano, el TIAR ofrece el marco jurídico que permite instrumentar mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Armada Nacional y la defensa de la Soberanía, la Independencia política e Integridad Territorial de la Nación” (resaltado nuestro).
Un nuevo golpe de la SC
La SC en su sentencia 248 volvió a aplicar la tesis del desacato de la AN para anular la ley aprobatoria del TIAR, dictada por el Parlamento.
Otro aspecto que se observa en tal decisión es que el TSJ, al no reconocer la validez de las leyes de la AN, no acepta la reciente adhesión al TIAR, por lo que aclara que Venezuela no es parte del tratado desde 2015, con lo cual es inaplicable. La SC alude a que se hizo efectiva la salida de Venezuela de la OEA desde el 27 de abril de 2017.
Finalmente, el máximo tribunal rechaza la eficacia de la mencionada ley bajo el argumento de que es el presidente de la República y no la AN quien tiene competencia para llevar adelante las relaciones internacionales de Venezuela. Esto también es consecuencia del desconocimiento por parte del TSJ de Juan Guaidó como presidente encargado del país y, en cambio, su reconocimiento a Maduro como presidente electo en 2018.
Acceso a la Justicia debe advertir que al embrollo institucional que existe en Venezuela se añade que la SC se pronuncia sin que haya una solicitud al respecto o “de oficio”. Recordemos que los tribunales solo actúan a instancia de parte, en especial para resolver conflictos de índole constitucional, y no como lo hizo la SC, por cuenta propia.
Las paradojas de la dual institucionalidad venezolana y el TIAR
Acceso a la Justicia ha denunciado que en Venezuela existe un quiebre institucional.De allí que reine una gran confusión en el país, porque las autoridades que “mandan” (ejercen el poder y la fuerza del Estado), no gozan de legitimidad ni de constitucionalidad. Esta circunstancia obedece a que esos funcionarios no fueron designados o electos en consonancia con las normas de la Carta Magna ni sobre la base de los tratados de derechos humanos existentes en la materia.
Paradójicamente, la AN, que es el único poder público legítimo y constitucional al haber sido electo como manda la Constitución en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 y según los parámetros nacionales e internacionales sobre la materia, no tiene poder alguno en el territorio venezolano, porque el TSJ ha anulado sistemáticamente todas sus actuaciones. A la fecha, Acceso a la Justicia registra 105 sentencias del TSJ en su contra.
Por otro lado, la AN y Juan Guaidó, presidente del Parlamento además de presidente encargado desde el 23 de enero de 2019, no tienen poder real en el país. A pesar de ello, cuentan con el reconocimiento de más de 50 países, así como de la OEA hasta que se celebren elecciones libres en Venezuela. De hecho, la referida organización aceptó a Gustavo Tarre Briceño como representante del gobierno interino y desconoció la salida de Venezuela por no reconocer al Gobierno de Maduro y sus decisiones.
Esto significa que el Parlamento tiene un reconocimiento generalizado de la comunidad internacional, incluso de la OEA, pero no de parte del Gobierno de Nicolás Maduro ni de las autoridades de los poderes públicos designados o ratificados por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente o el TSJ.
De allí la dualidad institucional a la que nos hemos referido, aunque está claro que para los países que son parte del TIAR, Venezuela se ha vuelto a incorporar; ya dependerá de los países miembros del tratado de qué manera se aplique en Venezuela y cuándo.
Sin lugar a dudas, el TSJ se ha constituido en el defensor de una de las partes en el conflicto político entre oposición y Gobierno, lo que lo ha hecho cada vez más complejo e insoluble. Al máximo tribunal, en este rol ajeno al que debe ser el de un juez, se le ha olvidado el ciudadano, cada vez más indefenso frente a una administración de justicia al servicio del poder y sin respuestas acordes a sus enormes necesidades.
Esta conducta se evidenció, una vez más, en la sentencia 248 que anuló la ley que aprobó el retorno de Venezuela al TIAR por la forma en que actuó el TSJ al pronunciarse sobre el caso: sin que nadie se lo pidiera.
Para garantizar que un juez cumpla su rol de manera independiente, este no debe pronunciarse sobre un caso a menos que haya sido sometido a su consideración, es decir, no puede actuar de oficio, porque se anula su función de árbitro entre partes y de solucionador de conflictos. Si se actúa de oficio, como ocurrió con la decisión del TSJ sobre el TIAR, fácilmente se puede tomar partido por una de las partes, lo que le da amplia discrecionalidad en su solución y ello obstaculiza la resolución real del conflicto existente, lo que lleva a su agravamiento, como ha ocurrido desde la elección parlamentaria en diciembre de 2015. ... See MoreSee Less
19 de agosto. Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, jornada que honra a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyar a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. La campaña para el año 2019 rinde tributo a las mujeres que luchan en zonas de conflicto alrededor del mundo, así como a todas las asistentes humanitarias alrededor del mundo que se unen a las personas más necesitadas.
En Venezuela, tras años negando la emergencia humanitaria compleja en el país y, en consecuencia, negándose a recibir la ayuda ofrecida por otros países, así como a la intermediación de la Cruz Roja, finalmente el Gobierno tuvo que aceptar la asistencia humanitaria, no sin reservas ni rechazos, como las acciones del mes de febrero en las que se impidió el ingreso de ayuda por las fronteras con Colombia y Brasil, y siempre sin asumir su cuota de responsabilidad y culpando a las sanciones económicas de la emergencia que padece el país.
Hasta ahora, han llegado cuatro cargamentos con ayuda humanitaria a Venezuela, el más reciente de 11 toneladas, procedente de Panamá, para un total de 100 toneladas en lo que va de año. Por su parte, recientemente la Organización de las Naciones Unidas hizo pública la necesidad de recaudar 223 millones de dólares para su Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, el cual ayudaría a 2,6 millones de venezolanos, de los cuales 1,2 millones son niños o adolescentes. ... See MoreSee Less
El incumplimiento de las obligaciones del trabajador configura una falta grave
La Sala de Casación Social en sentencia n.° 216 señaló que el descuido de las instalaciones y la mala condición en la que se encontraba la granja avícola de la cual estaba encargado el demandante, demostraba el incumplimiento de sus obligaciones como médico veterinario y supervisor de la unidad avícola y pecuaria, lo que configuró una falta grave a las obligaciones laborales, justificándose plenamente el que relación laboral terminara por despido.
Si quieres leer directamente un extracto de este fallo del TSJ, haz clic en el siguiente enlace a la sección Jurisprudencia > Laboral de nuestra página web www.accesoalajusticia.org/la-falta-en-el-cumplimiento-de-las-obligaciones-del-trabajador-configur.... ... See MoreSee Less
La falta en el cumplimiento de las obligaciones del trabajador configura una falta grave – Acceso a la Justicia
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Las fundaciones del Estado no gozan de los privilegios y prerrogativas que la ley concede a la República
La Sala Político Administrativa reiteró que las fundaciones del Estado no poseen los privilegios y prerrogativas que la ley le concede a la República.
Sin duda esta decisión sorprende, porque desde hace varios años el Tribunal Supremo de Justicia ha ido extendiendo, inconstitucionalmente, los beneficios procesales de la República, incluso a entes privados en las cuales un ente público (República, municipio, etc.) tenga participación, aunque sea minoritaria, violando el principio de la reserva legal.
Lee más sobre esta sentencia en la sección de Jurisprudencia > Administrativo en nuestra página web: www.accesoalajusticia.org/las-fundaciones-del-estado-no-gozan-de-los-privilegios-y-prerrogativas-.... ... See MoreSee Less
Las fundaciones del Estado no gozan de los privilegios y prerrogativas que la ley concede a la República – Acceso a la Justicia
Precisión del bien sobre el cual recaerá la expropiación
En la sentencia n.° 422, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia constató que no hubo precisión en la identificación del inmueble que pretendía ser expropiado por la Procuraduría General de la República, falta que no fue advertida por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo al momento de admitir la acción, razón por la cual la SPA declara con lugar la apelación propuesta y, en consecuencia, anula la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional.
En este sentido, consideramos oportuno subrayar que a fin de garantizar la legalidad de la medida expropiatoria, es esencial detallar el bien que será objeto de esa medida, dado que de no ser así podría verse afectada la propiedad de terceros.
Para leer un extracto de la sentencia, visita nuestra página web, sección Jurisprudencia > Administrativo: www.accesoalajusticia.org/precision-del-bien-sobre-el-cual-recaera-la-expropiacion/. ... See MoreSee Less
Precisión del bien sobre el cual recaerá la expropiación – Acceso a la Justicia