Source: http://movimientosicg.org/es/informacion/noticias/item/411-msicg-presento-nueve-planteamientos-de-inconstitucionalidad-ante-cc-y-pidio-a-comision-de-trabajo-del-congreso-la-aprobacion-de-la-iniciativa-4965
Timestamp: 2019-12-10 12:41:57
Document Index: 411353278

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 4']

El día 5 de abril de 2016 y sus sindicatos afiliados de Telesecundaria presentaron ante la Corte de constitucionalidad un total de nueve planteamientos de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de aplicación general.
Dentro de los planteamientos se encuentra la Inconstitucionalidad General Total del Decreto 19-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley emergente para la conservación del empleo a través del cual se continúan otorgando en detrimento de la capacidad financiera del Estado innumerables exoneraciones fiscales a los empresarios de la industria del vestuario textil y las actividades vinculadas al mismo y a los exportadores quienes gozan de privilegios fiscales desde el año 1,989 y de privilegios para pagar salarios inferiores al resto de las actividades productivas desde el año 2008 sin contar con la impunidad que desde el Estado se les está garantizando para violar de manera sistemática la legislación laboral.
Este tipo de medidas, impulsada por el Congreso de la República y el actual gobierno, trasladan al 59.3% de la población que vive en pobreza sus efectos toda vez que se traducen en el incremento de la presión tributaria sobre quienes menos pueden pagar a cambio de servicios cada vez más precarios y cada vez más sujetos a la caridad ante la falta de compromiso del gobierno y el Congreso de la República con el pueblo de Guatemala y su afán de continuar poniéndose al servicio de las élites empresariales que operan en Guatemala para perpetuar la miseria de la población.
Las acciones planteadas también demandan la declaratoria de Inconstitucionalidad de las siguientes normas:
a) Del artículo 18 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto 11-2016 del Congreso de la República reformado mediante el artículo 3 del Decreto 11-2016 del mismo organismo específicamente de la literal C, mediante la cual en una medida demagógica se sometió a los trabajadores y trabajadoras del Estado a mayores descuentos obligatorios a sus salarios, encubriendo el hecho de que el propio Congreso ha incumplido sus obligaciones legales y regulado un aporte patronal del Estado que solamente cubre el 1.70% de lo que por ley debía aportar al sistema de clases pasivas civiles del Estado. A través de la Acción planteada se pretende que se deje sin efecto el incremento a la cuota de los trabajadores sin afectar el todavía insuficiente incremento otorgado al Estado y que se obligue al Estado de Guatemala a aportar lo que le corresponde por mandato de la ley ya que actualmente el Estado aporta solamente el 1,7% de lo que debería aportar.
b) De los artículos 36, 39 y 41 del Decreto 63-88 del Congreso de la República Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y del artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública Decreto 11-73 del Congreso de la República mediante los cuales se pretende mediante los cuales se impide que los trabajadores del Estado que gozan de pensiones por sobrevivencia se vean afectados en su derecho al trabajo y se les someta a tener que renunciar a la pensión o bien a elegir entre la pensión y el trabajo, o entre el matrimonio o la pensión y en casos más graves se les obligue a otorgar sumas exorbitantes de dinero al Estado a cambio de poder seguir laborando o de la continuidad del pago de sus salarios por trabajo prestado.
c) Del artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 del Presidente de la República Plan anual de Salarios de la Administración Pública mediante el cual se cuestiona la fijación unilateral del salario realizada por el Estado de Guatemala en violación del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo y la fijación de salarios de miseria y hambre para los trabajadores del Estado incluso por el monto de Q1,039.00 quetzales mensuales;
d) Del artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 del Presidente de la República Plan anual de Salarios de la Administración Pública mediante el cual se establecen mecanismos para imposibilitar la negociación colectiva en el Estado en violación de los Convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
e) La inconstitucionalidad general parcial del artículo 4 del Decreto 71-86 del Congreso de la República conocida como Ley antihuelgas de frases contenidas en las literales a( b) y c) del citado artículo por contener estas disposiciones que generan un estado de desigualdad y desprotección para los trabajadores de sector público en los planteamientos de conflictos colectivos de carácter económico social llegándose incluso a través de las mismas a negar a esta categoría de trabajadores el acceso al sistema de justicia.
Luego de la presentación de los planteamientos ante la Corte de Constitucionalidad, la movilización se dirigió al Congreso de la República en donde se sostuvieron reuniones con miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para solicitar la aprobación de la iniciativa de Ley número 4965 que contiene la Ley de regularización de relaciones laborales y que se orienta a eliminar las condiciones de simulación y precarización de la contratación de personal y que establece la adecuación de facto y de iure de las relaciones de trabajo existentes al principio de estabilidad laboral sobre el cual se asientan las garantías sociales y económicas del trabajo rompiendo de una vez por todas la politización de las contrataciones de trabajadores en el sector público y los actos de acoso, violencia e incluso acoso sexual en que viven los y las trabajadoras actualmente.
Estas acciones forman parte de una serie de medidas entre las que destaca el planteamiento de una queja a nivel internacional por las políticas contrarias al Convenio 111 de OIT y la Convención Americana de derechos Humanos ejecutadas por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación dentro de las cuales también se realizarán los planteamientos de inconstitucionalidad de las normas sobre cuya base se asientan tales políticas y que han provocado además que el presupuesto para la inversión en la niñez y en la infraestructura educativa sea para el año 2016 solamente el al 0.12% del total del presupuesto asignado al MINEDUC.
Este proceso está siendo acompañado por los planteamientos en los distintos tribunales de trabajo y previsión social del país en los casos de los trabajadores y trabajadoras afiliadas a sus sindicatos miembros a quienes se les está proporcionando de manera gratuita la asesoría legal necesaria para la presentación de dichas demandas.
Derivado de la información que ha llegado a la MSICG de personas que están exigiendo dinero a los trabajadores bajo el argumento de que son para el pago de la asesoría legal para la realización del planteamiento de una inconstitucionalidad, el MSICG se ve en la necesidad de expresar que los planteamientos a realizar por el MSICG y sus sindicatos de Telesecundaria no implican costo alguno para los trabajadores en concepto de asesoría legal.