Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1483-de-octubre-26-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041b05bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 08:48:19
Document Index: 356805530

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 55', 'artículo 76', 'artículo 9', 'artículo 55', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 55', 'artículo 9']

﻿ SENTENCIA T-1483 DE OCTUBRE 26 DE 2000
SENTENCIA T-1483 DE 26 DE OCTUBRE DE 2000
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. NO PROCEDE SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CON RECURSOS GUBERNATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ACTO ADMINISTRATIVO, RECURSO EN LA VÍA GUBERNATIVA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:349 DE ENERO DE 2001, PÁG.162
REVISTA TUTELA N°:13 DE ENERO DE 2000, PÁG.1
Sentencia T-1483 de octubre 26 de 2000
NO PROCEDE SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CON RECURSOS GUBERNATIVOS
EXTRACTOS: «2.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela requiere como presupuesto necesario de orden lógico jurídico la vulneración al actor de un derecho fundamental, o, a lo menos, la amenaza seria y actual de su vulneración. Ello justifica que el constituyente haya puesto a disposición del afectado frente a la transgresión de su derecho este mecanismo excepcional de protección para que de manera inmediata cese la vulneración en el primer caso, o para que, con la misma prontitud se ordene por el juez, la cesación de cualquier acto que fundadamente implique una amenaza de quebranto inminente de un derecho fundamental.
2.2. El orden jurídico ha de interpretarse de manera sistemática y, además teniendo siempre en cuenta la finalidad que se persigue con las normas jurídicas, es decir, que el intérprete no debe perder de vista jamás la teleología de las normas que interpreta.
Aplicados estos criterios, se observa por la Corte, que el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo ordena que los recursos en la vía gubernativa se concedan en el efecto suspensivo. Ello significa, como es de sobra conocido, que el acto administrativo objeto de la impugnación con esos recursos, no puede surtir ningún efecto jurídico mientras la impugnación aludida esté pendiente de decisión, ya sea por la propia autoridad que lo profirió, o por su superior jerárquico.
Tanto es ello así, que el propio legislador, con la ostensible finalidad de proteger a las personas naturales o jurídicas de la arbitrariedad eventual de las autoridades administrativas, en forma perentoria dispuso que la ejecución de un acto administrativo que no se encuentre en firme, esto es, antes de resolver los recursos interpuestos, constituye grave falta disciplinaria del funcionario, calificada como mala conducta, sancionable con multas o con destitución, según lo dispuesto por el artículo 76-7 del Código Contencioso Administrativo.
2.3. Por otra parte, el artículo 9º del Decreto-Ley 2591 de 1991, con el evidente propósito de proteger a las personas, ya sea naturales o jurídicas de la arbitrariedad y el abuso que contra ellas pueda cometerse con la expedición de actos administrativos que vulneren o amenacen vulnerar sus derechos fundamentales, autoriza la interposición de la acción de tutela, sin perjuicio de la utilización de los recursos que contra tales actos puedan ser utilizados en la vía gubernativa, en cualquier tiempo.
En tales condiciones, en relación con un acto administrativo que se considere por el afectado vulnerador de sus derechos fundamentales, o que los amenaza en forma seria e inminente, tendría a su disposición uno de estos dos medios para su defensa: interponer contra ese acto los recursos de reposición y apelación por la vía gubernativa, o incoar la acción de tutela para perseguir, en los dos casos, que el acto que se dice abusivo o arbitrario no se ejecute definitivamente o, por lo menos que transitoriamente se suspenda su ejecución.
Siendo ello así, si la acción de tutela es de carácter subsidiario y residual, habrá que concluir que si el presuntamente afectado interpuso contra un acto administrativo los recursos de reposición y apelación por la vía gubernativa, la regla general establecida por el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, es la de la suspensión de los efectos del acto impugnado, mientras esté pendiente la decisión sobre los recursos interpuestos, como ya se dijo; y, en tal virtud, en esa hipótesis la acción de tutela carecería de objeto, como quiera que la orden con que habría de culminar si efectivamente existiera vulneración de un derecho fundamental, sería la de cesación de los efectos del acto administrativo en cuestión, finalidad ya conseguida con la sola interposición de los recursos por la vía gubernativa. Es decir, que la orden del juez de tutela quedaría en el vacío, sin ningún efecto útil.
2.4. De esta suerte, una interpretación sistemática y teleológica del artículo 9º del Decreto-Ley 2591 de 1991 y los artículos 55 y 76 del Código Contencioso Administrativo, exige la armonización de estas disposiciones, por lo que, fluye entonces en consecuencia, que la autorización contenida en la primera de las disposiciones citadas, para hacer compatible la acción de tutela con los recursos que se exigen por la ley para agotar la vía gubernativa, ha de ser entendida en el sentido de que a ella puede legítimamente acudirse en los casos excepcionales en que esos recursos no se conceden en el efecto suspensivo sino en el devolutivo conforme a la ley. Otra interpretación llevaría a concluir que el artículo 9º del Decreto-Ley 2591 de 1991, derogó el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, lo que no es cierto.
Así mismo, resulta inaceptable el entendimiento del artículo 9º ibídem, en el sentido de que sería posible la interposición de la acción de tutela simultáneamente con la interposición de los recursos de reposición y apelación por la vía gubernativa, para precaver al recurrente de la posible vulneración de su derecho si el acto administrativo impugnado es confirmado al decidir tales recursos pues, repugna al orden jurídico y a los principios del derecho administrativo y del derecho constitucional, que el ejercicio de la atribución por los funcionarios administrativos para decidir esos recursos pueda, con antelación considerarse por el juez de tutela como una amenaza, pues se repite, el ejercicio de la función administrativa por sí sólo no constituye amenaza de vulneración de ningún derecho. Al contrario, lo que el Estado presume no es la arbitrariedad ni el abuso de sus funcionarios, sino la legalidad y el acierto en sus decisiones».
(Sentencia T-1483 de octubre 26 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).