Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421671L.html
Timestamp: 2019-03-25 00:10:32
Document Index: 170207262

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 251', 'artículo 105', 'artículo 90', 'artículo 105', 'artículo 258', 'artículo 107', 'artículo 17', 'artículo 59', 'artículo 59']

as201421671
Auto Supremo: Nº 671
Expediente: SC-34-2010-S
1.- El recurso de nulidad, interpuesto por Melfy Varinia Antelo Baldomar, en representación de Mary Luz Pereira Callau, de fojas 163 a 165 vuelta contra el Auto de Vista N° 542 de fecha 29 de octubre de 2009, dé fojas 161 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre resarcimiento y pago de mejoras de bien inmueble, seguido por Nilda Isabel Sagardia García en contra de la recurrente, la contestación, los antecedentes, y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante Sentencia de fecha 3 de octubre de 2006, cursante de fojas 119 a 121 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada la demanda principal de fojas 15 a 16 vuelta, y su complementación de fojas 20, en lo que corresponde a las mejoras incorporadas por ella en el inmueble materia y objeto de Litis e improbada en cuanto a los daños y perjuicios causados por la demandada y en su mérito se dispuso que la demandada cancele las mejoras incorporadas en el inmueble como ser: La barda, la verja, el piso de cerámica, el rellanado con tierra y el arreglo del techo, a determinarse mediante avalúo pericial en ejecución de sentencia.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 29 de octubre de 2009, se confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada, con costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 163 a 165 vuelta, Melfy Varinia Antelo Baldomar, en representación de Mary Luz Pereira Callau, interpone recurso de nulidad, que se compendia a continuación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Luego de referir como antecedente que el origen es un proceso penal por despojo en el cual fue declarado culpable el esposo de la demandante y ésta fue excluida del mismo, alega que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59-II del Código de Procedimiento Civil, la demandante no tenía personería para haber incoado la demanda, ya que se tiene probado que no es poseedora de buena fe y que no han sido valoradas las pruebas dentro del proceso.
Denuncia que no han sido valorados los procesos penales que se encuentran ejecutoriados, testimonios de fojas 77 a 85; que de acuerdo al testimonio la demandante negó su participación en el delito de despojo y como consecuencia de esa negación no fue declarada ni autora ni culpable de despojo pero que está demostrado de acuerdo a este proceso que sí cometió delito de despojo, que actualmente ocupa ilegalmente este inmueble e inicia la presente acción civil y se pregunta ¿Que mejoras puede demandar una persona que negó el delito de despojo y que nunca ha estado en posesión del mismo?; añade que el Tribunal ad quem y el Juez no valoraron de forma objetiva el origen de la demanda ni ha interpretado que la misma tiene un carácter dilatorio para perpetuarse en el inmueble como se prueba con el Amparo Constitucional interpuesto contra el Juez que conoce el proceso de reparación de daño emergente del delito de despojo, y que la falta de apreciación de esta prueba es una ofensa contra el poder jurídico que tiene su apoderada. Luego se pregunta "¿Cómo ha podido construir mejoras "se" la demandante nunca ha estado en posesión del inmueble de acuerdo al testimonio del proceso penal", y agrega que el Tribunal de alzada no ha valorado esta situación y se queja sobre los años que ha vivido la demandante en el inmueble y que su apoderado ha pagado alquileres y que la demandante está confundiendo a las autoridades para que no se ejecute el desapoderamiento.
Señala que el presente proceso ordinario solo pretende parar la ejecución del desapoderamiento, abusando de las chicanas legales ha logrado obtener una sentencia favorable para seguir detentando ilegalmente el inmueble de su apoderada; añade que toda vez que el Tribunal de alzada no ha valorado las pruebas producidas en este proceso pide que las mismas sean valoradas por el "Tribunal de Alzada" principalmente las siguientes: Proceso penal por delito de despojo que dio origen a esta acción civil para retardación de justicia; proceso de reparación de daño y entrega del bien inmueble, obstrucción a la ejecución del mandamiento de desapoderamiento, recurso de Amparo constitucional contra el Juez Segundo de Sentencia que conoció el proceso de reparación de daño y fue demandado, declarado dilatorio e improcedente.
Finalmente pide que se declare anulado el proceso ordinario por falta de personería en la demandante.
3.2. Contestación a Recurso de Casación.- El recurso no ha sido contestado.
3.3. Fundamentos del Fallo.- En razón a que se pretende la nulidad del proceso, amerita referirse a la nulidad procesal. En ese orden, conviene recordar que Lino Enrrique Palacio ( Manual de Derecho Procesal Civil, tomo I, Décima Edición Actualizada), señala que "La nulidad procesal es la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio, en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin al que se hallen destinados"
En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra recogido por el artículo 251-1) del Código de Procedimiento Civil y ahora en el párrafo 1 del artículo 105 del Código Procesal Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o virtuales a las que abre camino el artículo 90-1) del Código Adjetivo Civil y ahora el párrafo II del artículo 105 del Código Procesal Civil.
El principio de convalidación.- No prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil. El consentimiento es expreso cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal ratificando el acto viciado. Es tácito cuando la parte interesada no efectúa el reclamo en la primera oportunidad, deja pasar el tiempo, permitiendo que opero la preclusión de su derecho impugnaticio. Este principio se encuentra recogido en el artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil y de manera más amplia en el párrafo II del artículo 107 Código Procesal Civil, que dispone: "No podrá pedirse la nulidad de un acto, por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita", y en el mismo sentido el artículo 17-III de la ley del Órgano Judicial, señala "La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos."
En el caso en examen la apoderada de la recurrente pretende que se anule el proceso porque dizque la demandante no tiene personería para demandar el pago de las mejoras introducidas en el inmueble que es objeto del Litigio, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 59-U del Código de procedimiento Civil, porque no es poseedora de buena fe.
Como se advierte la apoderada de la recurrente confunde la legitimación procesal ad processum (a las que está vinculada la personería de las partes) con la legitimación procesal ad causam, que es a la que se refiere la titularía del derecho subjetivo sustancial. Tan evidente es esa confusión que pretende fundar la supuesta impersonería de la demandante y por consiguiente la causa de nulidad del proceso nada menos que en lo dispuesto en párrafo II del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil; lo cual resulta impertinente en el caso en examen, pues la demandante ha deducido su demanda por derecho propio y no invocó la representación sin mandato por su esposo, que es a lo que se refiere dicha norma invocada, razón por la cual dicho precepto legal no es aplicable en este caso y por consiguiente no es verdad que exista defecto legal que justifique nada menos que anular todo el proceso, como se pretende en el recurso, consecuentemente esta denuncia deviene en infundada.
El supuesto hecho de que hubiera existido posesión de buena fe por parte de la actora invocado como fundamento para negarle personería para demandar, como se tiene dicho en realidad implica cuestionamiento a la legitimación ad causam, lo mismo que lo relativo a la valoración probatoria. Estos aspectos atañen al ámbito del juzgamiento sobre el fondo del asunto, cuyo examen correspondería dentro del recurso de casación en el fondo y de ninguna manera dentro del recurso de nulidad, razon por la cual el Tribunal Supremo no puede examinar el fondo de estas denuncias.
En mérito a las consideraciones precedentes y respecto de la denuncia sobre la cual el Tribunal Supremo abrió competencia para examinar el fondo de las denuncias, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I- 1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad, cursante de fojas 163 a 165 vuelta de obrados, interpuesto por Melfy Varinia Antelo Baldomar, en representación de Mary Luz Pereira Callau, sin costas por no haber sido contestado el recurso.