Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Brasil11.287.htm
Timestamp: 2018-06-20 07:16:07
Document Index: 187682217

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 58', 'artículo 10']

Brasil 11.287 - Fondo
INFORME Nº 24/98
CASO 11.287
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión") inició la tramitación del presente caso el 27 de mayo de 1994 con base en una denuncia que señala, en síntesis, que a raíz de hechos ocurridos en el Sur del Estado de Pará, la República Federativa de Brasil (el “Estado”) o (“Brasil”) violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del asesinado ciudadano João Canuto de Oliveira, tanto al no haberle proporcionado la debida protección cuando éste denunció ante las autoridades federales y estatales competentes amenazas de muerte, así como por la ineficacia del Estado de conducir una investigación eficiente y proceso judicial respecto a su posterior a su asesinato.
e) Según la denuncia, la investigación se desarrolló negligentemente, concluyendo ésta en 1993, habiendo intervenido 3 jueces, cuatro fiscales y 6 delegados policiales. Se señala que en el transcurso de la investigación se detuvo originalmente a tres individuos, los cuales fueron posteriormente liberados, dos de ellos por la interposición de un habeas corpus a su favor y uno más por motivos de salud, sin que a este último se le hayan solicitado datos para una posterior localización ni arresto.[1]
g) Varios testimonios indicaban que otros 20 terratenientes estaban involucrados en la conspiración para matar a João Canuto, pero que la participación de aquellos terratenientes en la conspiración no fue adecuadamente investigada por la policía. Al respecto, la parte peticionaria menciona que incluso un juez, quien luego fue transferido, manifestó a Amnistía Internacional que la policía había obstruido la investigación.[2]
7. La Comisión, en atención a lo señalado en los artículos 58 y 59 de su Reglamento[3], procede a señalar los hechos que se desprenden de la información referente al presente caso que fue recabada durante la visita in loco que se llevó a cabo en Brasil del 4 al 8 de diciembre de 1995, en la que una delegación de la Comisión visitó Río María y con la presencia de la Directora de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de una representante legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tomó declaración testimonial a familiares de João Canuto, a otros líderes de la Unión de Trabajadores Rurales de Río María, a los defensores legales de las víctimas, a las autoridades judiciales, promotores de justicia (Fiscales) y autoridades municipales. En dichas diligencias, con el acompañamiento de representantes del Estado brasileño, se comprobó que:
13. En segundo lugar, la Comisión también es competente para examinar hechos (en este caso la investigación policial y los posteriores procedimientos) posteriores al 25 de septiembre de 1992, en cuanto constituyen una violación o denegación continuada del derecho a las garantías judiciales (artículos 8 y 25 de la Convención, respectivamente). El Estado de Brasil, al depositar su instrumento de adhesión a la Convención Americana, asumió, conforme a la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión, la obligación internacional explícita de investigar y sancionar a los culpables tanto de la ejecución como de la planeación del asesinato de João Canuto, así como de ofrecer las correspondientes garantías judiciales y protección judicial a la víctima y sus familiares. Para el análisis del cumplimiento de esa obligación internacional el Estado brasileño debe considerar la morosidad excesiva tanto del desarrollo de la investigación judicial, como en la interposición, diez años después del asesinato, de la denuncia ante los tribunales correspondientes. Al proceder de esta manera, debe analizarse si el Estado de Brasil cumplió con lo que establece el artículo 1.1 de la Convención, es decir, con el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en la misma y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. De estos deberes, a criterio de la Comisión, y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deriva el de organizar todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de forma que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Se deriva, asimismo, el deber de prevenir, investigar y sancionar al que acabamos de referirnos y de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, el pago de una indemnización por los daños producidos.[4]
15. Con respecto a este último punto, la Comisión ha considerado importante tener en cuenta la jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos que, si bien ha reconocido y aplicado reiteradamente el principio de irretroactividad de los tratados[5], ha establecido, en algunas de sus decisiones, una distinción entre este tipo de situaciones y otras que constituyen situaciones o violaciones de carácter continuado. La Comisión Europea se ha considerado incompetente ratione temporis para conocer el primer tipo de situaciones, pero ha asumido competencia para examinar las situaciones de orden continuado.
Ahora bien, de acuerdo con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, para cada una de las Partes Contratantes, la Convención es válida sólo en relación con hechos posteriores a su entrada en vigor con respecto a esa Parte. En el caso de que tales hechos consistan en una serie de procedimientos legales que se prolongan durante varios meses, la fecha de entrada en vigor de la Convención, respecto al Estado en cuestión, sirve para dividir el período en dos partes, la primera de las cuales escapa a la jurisdicción de la Comisión, mientras que la segunda no puede rechazarse con estos argumentos.[6]
De acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Comisión, el período que debe ser tomado en consideración para efectos del artículo 6 (1) de la Convención, se inicia en el momento en que los cargos iniciales son presentados en contra del acusado y finaliza cuando existe un juzgamiento sobre los méritos de dichos cargos ya sea en el sentido de condenar al acusado o absolverlo. La Comisión debe considerar que Italia reconoció la competencia de la Comisión para examinar solicitudes interpuestas de acuerdo al artículo 25 de la Convención sólo en lo referente a actos, decisiones, hechos o eventos posteriores al 31 de julio de 1973. Por lo tanto, la Comisión no es competente, Ratione Temporis, para examinar hechos anteriores al 1 de agosto de 1973.[7]
...es aplicable al sistema interamericano la doctrina establecida por la Comisión Europea y por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles, según la cual estos órganos se han declarado competentes para conocer de hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Convención respecto a un determinado Estado, siempre que y en la medida en que estos hechos sean susceptibles de tener por consecuencia una violación continua de la Convención que se prolongue mas allá de esa fecha.[8]
19. La presente petición reúne el requisito formal de admisibilidad previsto en el párrafo 1 literal es c) y d) del artículo 46 de la Convención, por cuanto la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional; reúne, además el requisito contemplado en el literal d), por cuanto contiene el nombre y firma del representante legal de la entidad que somete la petición, la cual es una organización no gubernamental reconocida en uno o más de los Estados miembros de la Organización. De igual forma, la petición está escrita en papel membretado de dicha entidad, en la que consta el nombre y la dirección de la misma. Por otro lado, aunque no se señala la profesión y nacionalidad del representante legal de la entidad que somete la petición, la Comisión, en atención a lo señalado por la Corte en el párrafo 36 de la sentencia de 26 de junio de 1987 sobre excepciones preliminares del caso Godínez,[9] considera que los dos requisitos omitidos en la denuncia, dada la naturaleza de los mismos, son salvables y han sido oportunamente salvados y no implican, por lo tanto, la desestimación de la misma.
La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo).[10]
24. Esta regla --según la Corte-- tiene implicaciones que están contempladas en la Convención. Una de ellas es la obligación que asumen los Estados Parte de suministrar recursos jurisdiccionales internos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25 de la Convención) y, otra, que estos recursos deben ser sustanciados de acuerdo con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1 de la Convención). Todo ello se produce dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Convención, que establece la obligación del Estado de garantizar a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[11]
25. Ahora bien, es claro que la carga de la prueba con respecto al agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos corresponde al Estado que alega su no agotamiento. Esto comprende el deber de señalar los recursos internos que deben agotarse y su efectividad.[12] También la Corte ha sostenido que “si el Estado prueba la existencia de determinados recursos internos que deberían haberse utilizado, el peso de la prueba se invierte y corresponde al autor de la petición o comunicación demostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de alguna de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención...”[13] Además, como dicho requisito de la petición está establecido en la Convención por el carácter subsidiario y coadyuvante del sistema interamericano con respecto a las jurisdicciones domésticas, corresponde al autor de la comunicación o petición alegar dicho agotamiento previo, o las razones por las que considera que las excepciones previstas en los artículos 61 y 62 son aplicables al caso.
27. Debido a que el Estado de Brasil no ha objetado la mayor parte de las alegaciones de los peticionarios, ni ha justificado la demora y falta de eficacia de los recursos jurisdiccionales internos, la Comisión debe establecer sus conclusiones, prescindiendo de una participación más activa de éste.[14] Debe considerar también las alegaciones y evidencias presentadas por el peticionario respecto al retardo e ineficacia de los recursos domésticos en este caso.
28. En el presente año, conforme consta en los autos, recientemente después de haber transcurrido más de 10 años desde el asesinato de João Canuto y después de dos años de estar detenida en la oficina del Fiscal, se formalizó la denuncia por homicidio calificado en contra de los cinco involucrados en el asesinato que arrojó la investigación policial, la que a su vez, tardó siete años y seis meses en concluir.[15]
29. Ahora bien, "la fundamentación de la protección internacional de los derechos humanos" a que hace referencia el artículo 46.1 de la Convención, "radica en la necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público".[16] Las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención, precisamente, buscan garantizar la acción internacional cuando los recursos de la jurisdicción interna, y el propio sistema judicial interno, no son efectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
30. De esta forma, el requisito formal relativo a la inexistencia de recursos internos que garanticen el principio del debido proceso (artículo 46.2.a de la Convención), no sólo se refiere a una ausencia formal de recursos jurisdiccionales internos, sino también al caso de que los mismos no resulten adecuados; la denegación (artículo 46.2.b de la Convención) y el retardo injustificado de justicia (artículo 46.2.c de la Convención), por otra parte, también se vinculan con la eficacia de dichos recursos.[17]
31. En este sentido, los principios de derecho internacional generalmente reconocidos se refieren tanto a que los recursos internos existan formalmente como a que sean adecuados para proteger la situación jurídica infringida, y eficaces para producir el resultado para el que fueron concebidos.[18] Es por ello que su agotamiento no debe entenderse como la necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.[19] De esta forma, el derecho de aducir la falta de agotamiento de los recursos jurisdiccionales internos como fundamento para una declaración de inadmisibilidad de una petición, no puede conducir a que "se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa".[20] Esto quiere decir que, si el trámite de los recursos internos se demora[21] en forma injustificada, puede deducirse que éstos han perdido su eficacia para producir el resultado para el que se establecieron, "colocando así a la víctima en estado de indefensión".[22] Es en esta instancia que corresponde aplicar los mecanismos de protección internacional, entre otros, las excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención.
33. Los hechos probados indican, sin embargo, que han transcurrido más de 10 años desde que ocurrieron los hechos[23] y que aún no se ha sancionado a ninguno de los cinco sospechosos de planear y ejecutar el homicidio de João Canuto.
[1] Amnesty International, “Authorized Violence in Rural Areas” (1988) págs. 37-38 (fuente citada en la petición).
[2] Amnesty International,” Authorized Violence in Rural Areas” (1988) págs. 37-38 (fuente citada en la petición).
[3] Artículo 58: El Gobierno, al invitar a una observación in loco, o al otorgar su anuencia, concederá a la Comisión Especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella, proporcionándole informaciones o testimonios.
[4] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 186.
[5] Véase, por ej. Dec Adm Com Ap 214/56 (9 de junio de 1958), II YB214, 230-231);Dec Adm Com Ap 343/57 (2 de septiembre de 1959), II YB 412, 425; Dec Adm Ap 889/60 (9 de marzo de 1962), V YB 136, 142; Dec Adm Ap (18 de septiembre de 1961), IV YB 324, 334; Dec Adm Com Ap (26 de julio de 1963), VI YB 332, 344.
[6] Véase, por ejemplo, Dec Adm Com Ap 232/57, I YB 246; Dec Adm Com Ap 7211/75 (6 de octubre de 1976), 7 D&R 104, 106-107.
[7] Comisión Europea de Derechos Humanos, Dec Adm Com Ap 8261/78 (11 de octubre de 1979), 18 D&R 150, 151.
[8] Andrés Aguilar, Derechos Humanos en las Américas,supra nota número 8, pág. 202.
[9] La Corte tiene en cuenta, en primer lugar, que en la jurisdicción internacional la inobservancia de ciertas formalidades no son siempre relevantes, pues lo esencial es que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 36).
[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 61.
[11] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 62.
[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87; Faríen Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1988, párr. 87; Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 90; Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, párr. 30; Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 40, y Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 59.
[13] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención) Opinión Consultiva OC-11/90, Serie A, párr. 41.
[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 137.
[15] El artículo 10 del Código Procesal Penal de Brasil establece un plazo de 30 días para que la investigación policial concluya. En el caso sub-judice, es evidente que dicho plazo no fue respetado, al haber durado la investigación policial siete años y seis meses.
[16] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 26 de junio de 1987.
[17] Mónica Pinto, La Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Editores del Puerto, 1993, pág. 64.
[18] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 62-66; Caso Farién Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, de 15 de marzo de 1989, párr. 86-90; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 75.
[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez, 29 de julio de 1988, párr. 72; Sentencia Farién Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, 15 de marzo de 1989, párr. 97; Sentencia Godínez Cruz, 20 de enero de 1989, párr. 75.
[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 95.
[21] Este tipo de demoras tiene un efecto negativo para la eficacia de los recursos jurisdiccionales internos, ya que lleva al deterioro de las pruebas, especialmente la de los testigos, quienes, transcurridos tantos años, o se mudan o tienden a olvidar los hechos. Esto, en definitiva, resta efectividad a los procesos encaminados a deslindar las responsabilidades y condenar a los culpables.
[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Godínez Cruz, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 95.
[23] Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 1985.