Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-207-de-junio-30-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8ab85e9d30cda0f4e0430a010151a0f4&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-10-22 21:17:44
Document Index: 36595056

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 57', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 16']

﻿ Auto 207 de junio 30 de 2010
AUTO 207 DE 30 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:REFORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN CONCRETO QUE SE EXPIDAN CONTRA ACCIÓN SOCIAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, POBLACIÓN DESPLAZADA, PROGRAMAS DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE HECHOS VIOLENTOS, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, AYUDA HUMANITARIA
Auto 207 de junio 30 de 2010
Auto 207 de 2010
Ref.: Adopción de medidas cautelares dentro de los expedientes T-2.406.014 y otros (acumulados)
La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, especialmente el artículo 7º sobre medidas provisionales para proteger un derecho, y en el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, toma la presente decisión con el fin de adoptar medidas cautelares de carácter provisional.
1. La Sala Plena de esta corporación, mediante decisión del treinta (30) de noviembre de 2009, decidió acumular y remitir los expedientes T-2.406.014, T-2.406.015, T-2.407.869, T-2.417.727, T-2.420.402, T-2.417.729, T-2.442.144, T-2.438.590, T-2.405.734, T-2.412.831, T-2.415.526, T-2.417.298, T-2.421.131, T-2.421.141, T-2.448.283, T-2.458.839, T-2.458.848, T-2.458.851, T-2.459.980, T-2.463.382, T-2.463.383, T-2.463.524, T-2.467.079, T-2.467.095, T-2.467.096, T-2.467.097, T-2.467.098, al despacho del doctor Luis Ernesto Vargas Silva.
2. Mediante auto del tres (3) de diciembre del 2009, y en atención a la decisión de Sala Plena del treinta (30) de noviembre de 2009, el despacho del doctor Humberto Antonio Sierra Porto, remitió al despacho del doctor Luis Ernesto Vargas Silva los expedientes antes relacionados, y suspendió los términos para adoptar una decisión de fondo.
7. En los expedientes referidos, los ciudadanos Carlos Alberto González Garizabalo, Enith María Cantillo Lara, Pedro Antonio Cantillo Bravo, Nellis Vergel Cañizares, Juana Bautista Carmona Lozada, Hermides Vega Sarabia, Fernando Rodríguez Navarro, Martín Hernández Palencia, Jorge Iván Cortés Reinoso, Ana María Moreno Pertuz, Abel Enrique Camargo Santana, Nathalie Yoana Pérez Reales, Josefa de León de Cantillo, Rafael Enrique Cantillo de León, Inés María Rodríguez Beltrán, Sain Aguilar, Fermina Acuña Pérez, Gregoria Carolina Téllez Arias, Eraida Mier Mojica, Meris Luz Robles, Vilma Esther Pedroza Marín, Isabel Jiménez Salas, Millis Beatriz Guerra, Eudes Hernández Vergel, María Eugenia Camacho Cantillo, Celedonia Esther Camargo Martínez, Geblum Alfonso Pardo Arvilla, José Inocente Morales Mendoza, José María Maestre Maestre, José Antonio Pertuz Puche, Mary Ruth Maestre Maestre, César Modesto Osorio Montenegro, Eunise del Socorro Arzuaga, Yeiner Camilo Ordóñez Cabrera, Eunice del Socorro Arzuaga, Yeiner Camilo Ordóñez, Eloisa María Retamozo de Ramírez, Fanny Luz Acosta Fuentes, Jhon Nolse Grisales Osorio, Manuel Vicente Solorzano Lara y otros, presentaron acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, por la presunta vulneración del derecho a la reparación integral y a la indemnización pronta, adecuada y efectiva, de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado.
8. Mediante autos del seis (6) de abril y del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), el magistrado sustanciador decretó sendas pruebas ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - acción social, ante otras entidades públicas, y ante los jueces contenciosos administrativos para esclarecer el estado de los asuntos bajo revisión. Así mismo, mediante auto del ocho (8) de junio de dos mil diez (2010), el magistrado sustanciador decretó pruebas relacionadas con intervenciones y conceptos técnicos por parte de entidades públicas, de organismos de control, de organizaciones no gubernamentales, de centros de estudios, y de organismos internacionales, especializados en el tema de reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado. Las pruebas recibidas se encuentran en proceso de evaluación y valoración.
9. En los expedientes reseñados y acumulados los accionantes presentaron acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —acción social—, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación integral y a la indemnización pronta, adecuada y efectiva de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado.
Adujeron los accionantes, que como consecuencia del desplazamiento forzado de que fueron víctimas por el conflicto armado tuvieron que padecer todo tipo de vejámenes y discriminación. Sumado a esto, afirman que dejaron atrás sus trabajos y viviendas y que ha sido difícil estabilizarse socioeconómicamente en los lugares de recepción. Debido a esta situación y como personas en situación de desplazamiento, en la mayoría de los casos los tutelantes acudieron a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que les fuera reconocido su derecho a la reparación integral obteniendo respuesta negativa a su solicitud, o sin prestarse respuesta alguna. En estos casos, los accionantes afirman que acción social solo se ha limitado a brindarles ayuda humanitaria de emergencia sin reconocer los demás derechos que les son inherentes por tratarse de personas con especial protección constitucional. En otros casos, los accionantes acudieron directamente a la vía de tutela para reivindicar su derecho a una indemnización justa, pronta y eficaz. En todos los casos y con el fin de que les fuera reconocido su derecho fundamental a la indemnización justa e inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento forzado, los accionantes interpusieron acciones de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —acción social—.
10. En criterio de esta Sala, para el estudio de los casos de tutela mencionados, se presentan dos situaciones constitucionalmente relevantes: en primer lugar, la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado —Sentencia T-025 de 2004— y la necesidad de reformulación de una política pública en materia de reparación a víctimas del desplazamiento forzado —Auto 08 de 2009—; y en segundo lugar, la necesidad de unificar los criterios jurídicos que han dado lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho en materia de reparación integral e indemnización a víctimas del desplazamiento forzado.
A este respecto, la Corte ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la protección de derechos fundamentales de los tutelantes puede atentar contra los mismos u otros derechos fundamentales de otras personas o ciudadanos que se encuentran en similares o análogas situaciones de hecho o de derecho a las de los actores(1). El presente asunto evidencia ser uno de esos casos, en donde la protección del derecho fundamental a la reparación e indemnización de carácter administrativo de víctimas del desplazamiento forzado por vía de tutela, puede terminar afectando el derecho fundamental a la igualdad respecto de la reparación y la indemnización de otras víctimas del desplazamiento forzado que no han acudido a la acción de tutela, razón por la cual se debe evitar que la protección de derechos fundamentales de estos se realice en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquellos frente al demandado
Por tanto, la presente medida cautelar se circunscribe estrictamente a los asuntos ahora bajo revisión y a los casos análogos o similares a ellos, relativos a sentencias de tutela y a los incidentes de liquidación de perjuicios derivados de estas en aplicación del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, de conformidad con lo ordenado en las sentencias T-085 y T-299 de 2009. En este sentido, esta medida cautelar no se refiere en manera alguna a los incidentes de reparación tramitados por la vía penal o a los procesos contencioso administrativos o de otro tipo donde haya habido condenas por perjuicios causados por el desplazamiento forzado y donde se haya adelantado el debido procedimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa o como parte de procesos penales, o dentro de los procesos de justicia y paz, respecto de los cuales no opera la presente medida cautelar.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y especialmente del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991,
1. Ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —acción social—, respecto de los presentes procesos de tutela y análogos o similares, que a partir del momento en el cual se comunique a dicha entidad el presente auto y cuando la Corte dicte la sentencia de unificación respecto de los asuntos ahora acumulados, con efectos inter comunis, suspenda el cumplimiento de cualquier orden de pago relativa a la indemnización de perjuicios ocasionados a víctimas del desplazamiento forzado que haya sido emitida con ocasión de una acción de tutela o de un incidente de liquidación de perjuicios ordenado por los jueces de tutela con base en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, y de conformidad con lo establecido por las sentencias T-085 y T-299 de 2009.
2. Con fundamento en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, ordenar que por la secretaría general de esta corporación se notifique por el medio más expedito posible la presente providencia a acción social, a los jueces de instancia de los presentes procesos de tutela ahora acumulados. Así mismo, se ordena que copia de la parte resolutiva de esta decisión sea publicada en un medio de amplia difusión y circulación nacional e igualmente que se entregue copia de la misma a los medios masivos de comunicación social.
Magistrados: Mauricio González Cuervo. Presidente— María Victoria Calle Correa—Juan Carlos Henao Pérez— Gabriel Eduardo Mendoza Martelo— Jorge Iván Palacio Palacio— Nilson Pinilla Pinilla— Jorge Pretelt Chaljub.
(1) Ver auto 244 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.