Source: https://abogadomartin.com/recursos-en-contencioso-administrativo/
Timestamp: 2020-07-02 09:27:59
Document Index: 355746355

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 132', 'artículo 69', 'artículo 16', 'artículo 18']

RECURSOS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Abogado Penalista Martin
Home / RECURSOS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El principio de culpabilidad, introducido en nuestro ordenamiento jurídico gracias a la labor jurisprudencial del Tribunal Supremo, sentencias de 2 y 25 de marzo de 1972, y que queda hoy recogido en el artículo 130 de la Ley 30/1992, que señala que «Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia».
El principio de proporcionalidad, que supone tanto que las sanciones que se impongan ha de ser las estrictamente necesarias para que la privación cumpla su finalidad, como que el quantum de la misma se adecue a las circunstancias de cada caso (de ahí los criterios de graduación de las sanciones, teniendo en cuenta «la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme», artículo 131).
El principio de tipicidad, al que se refiere también, aunque de forma indirecta, el mismo precepto cuando se refiere a las «acciones u omisiones que constituyan infracción administrativa según la legislación vigente».
El principio de prescripción, regulado en el artículo 132 de la Ley 30/1992, que señala que «Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año».
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora señala que: «La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en este Reglamento, en defecto total o parcial de procedimientos especificas previstos en las correspondientes normas».
Antes de la iniciación del procedimiento, el Reglamento prevé la posibilidad de desarrollar algunas «actuaciones previas» que tienen por objeto esclarecer si concurren las circunstancias necesarias que justifiquen la iniciación del procedimiento.
Iniciación del procedimiento, que se lleva a cabo mediante alguna de las modalidades que prevé el artículo 69.1 de la Ley 30/1992, es decir, «bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia». El acuerdo de iniciación se plasma en una resolución que se notifica al Instructor y al presunto responsable. Instrucción del procedimiento. Se inicia formalmente mediante la presentación por parte del inculpado del escrito de alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo de 15 días desde que se le notificó el mismo, en el que podrá «aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse» (artículo 16.1 del Reglamento).
Una vez iniciado el procedimiento con esta actuación, se inicia la fase instructora en sentido estricto, en la que se realizan todas las actuaciones indagatórias y probatorias que sean precisas para esclarecer el hecho. Tras ello, el Instructor elabora una propuesta de resolución, en la que «se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el instructor del mismo; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad» (artículo 18 del Reglamento).