Source: https://www.scribd.com/doc/119823352/aclaratoria-recurso-interpretacion
Timestamp: 2016-07-24 21:35:00
Document Index: 74532610

Matched Legal Cases: ['artículo 231', 'artículo 253', 'artículo 26', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 235', 'artículo 234', 'artículo 252', 'artículo 231']

aclaratoria recurso interpretacion
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Yo, Alfredo Romero Mendoza, venezolano, titular de la cédula de identidad número 6.324.982, en mi carácter de abogado de la República Bolivariana de Venezuela, titular del Inpreabogado número 57.727, acudo ante esta Sala con el objeto de solicitar ACLARATORIA y AMPLIACIÓN de la sentencia dictada el 9 de enero de 2013, expediente número 12-1358, que decidió el recurso de interpretación del artículo 231 de la Constitución, interpuesto por la abogada Marelys D’Arpino, en los términos siguientes: I LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR La sentencia cuya aclaratoria se requiere expresó, al referirse a la legitimación de la actora que interpuso el recurso de interpretación, que su legitimación “reside en el interés público que la resolución del asunto reviste para toda la ciudadanía…”. En tal sentido, la sentencia objeto de aclaratoria es de interés público, por lo que cualquier ciudadano de la República y sobre todo los abogados que de conformidad con el artículo 253 de la Constitución formamos parte esencial del sistema de justicia venezolano, poseemos legitimación para accionar en cuanto a la referida decisión de dicha Sala Constitucional. Lo anterior se refuerza con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución el cual establece que “toda persona tiene derecho de
acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Se observa que la Constitución permite el acceso a la justicia en forma amplia a aquellos con interés legítimo, lo cual incluye los intereses colectivos y difusos. Cuando se trata de la interpretación de una norma constitucional es indudable el interés de cualquier persona de accionar ante las instancias judiciales competentes, en virtud del carácter general de las mismas. Al respecto, la Sala Constitucional en sentencia Nro. 656 del 30 de junio de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, (Caso: Defensoría del Pueblo contra Comisión Legislativa Nacional), señaló lo siguiente: “Esa lesión a la población, que afecta con mayor o menor grado a todo el mundo, que es captado por la sociedad conforme al grado de conciencia del grupo social, es diferente a la lesión que se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, aunque no cuantificado o individualizado, como serían los habitantes de una zona del país, afectados por una construcción ilegal que genera problemas de servicios públicos en la zona. Estos intereses concretos, focalizados, son los colectivos, referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Ese es el caso de las lesiones a
grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etc. A estos intereses focalizados se contraponen los que afectan sin distingo a todo el mundo, o a amplias categorías o capas de la población, así la mayoría no se sienta lesionada, ya que muchas veces la cultura colectiva que es la que permite concienciar la lesión, puede fallar en reconocerla. Son los difusos los de mayor cobertura, donde el bien lesionado es más generalizado, ya que atañe a la población en extenso, y que al contrario de los derechos e intereses colectivos, surgen de una prestación de objeto indeterminado; mientras que en los colectivos, la prestación puede ser concreta, pero exigible por personas no individualizables.” (Subrayado y negrillas añadidas)
De conformidad con lo expuesto, es evidente el interés legítimo que poseo para solicitar la presente aclaratoria y ampliación, y así requiero sea declarado por esa Sala Constitucional. II SOLICITUD DE ACLARATORIA Y AMPLIACIÓN 1. Con relación al candidato electo a Presidente cuando no es Presidente reelecto. La sentencia cuya aclaratoria se requiere señaló que “en el caso de una autoridad reelecta y, por tanto, relegitimada por la voluntad del soberano, implicaría un contrasentido mayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga de un mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae el mandato por fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo”.
Posteriormente, la sentencia hace referencia al principio de continuidad administrativa y expresa: “En este punto, conviene referirse al ´Principio de Continuidad Administrativa´, como técnica que impide la paralización en la prestación del servicio público. Según la doctrina y práctica administrativa, conforme a dicho principio, la persona designada para el ejercicio de alguna función pública no debe cesar en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, hasta tanto no haya sido designada la correspondiente a sucederle (vid. sentencia n° 1300/2005). En relación con el señalado principio de continuidad, en el caso que ahora ocupa a la Sala, resultaría inadmisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional (10 de enero de 2013) y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno (saliente) queda ipso facto inexistente. No es concebible que por el hecho de que no exista una oportuna “juramentación” ante la Asamblea Nacional quede vacío el Poder Ejecutivo y cada uno de sus órganos, menos aún si la propia Constitución admite que tal acto puede ser diferido para una oportunidad ulterior ante este Supremo Tribunal”.
Tal como podemos observar, el análisis y decisión de esa Sala Constitucional en cuanto a la interpretación del artículo 231 de la Constitución específicamente se refiere al caso de un Presidente reelecto. A los efectos de la certidumbre jurídica y una clara interpretación del artículo referido, solicitamos a dicha Sala aclare y amplíe su interpretación de la norma referida en cuanto a qué sucedería si no se tratase de un Presidente reelecto sino de un candidato electo a Presidente que no se presentara al acto de juramentación. En tal sentido, tal como dicha Sala lo señala, el principio de continuidad administrativa debiera igualmente resguardarse, por lo que es fundamental aclarar o ampliar la sentencia sobre los siguientes puntos:
a. ¿Quién asume el cargo temporal de Presidente de la República
en caso de que el candidato electo a Presidente no asista a la toma de posesión del cargo mediante juramento a realizarse el 10 de enero, de conformidad con el artículo 231 de la Constitución a los efectos de mantener la continuidad administrativa? b. ¿Se consideraría una falta temporal o absoluta el caso de que el candidato electo a Presidente no siendo Presidente reelecto no acuda al acto de toma de posesión el 10 de enero del año correspondiente?
2. Plazo para realizarse la juramentación
En la decisión cuya aclaratoria se requiere, dicha Sala expresa lo siguiente: “Nótese, adicionalmente, por si aún quedaran dudas, que en el caso del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, no se trata de un candidato que asume un cargo por vez primera, sino de un Jefe de Estado y de Gobierno que no ha dejado de desempeñar sus funciones y, como tal, seguirá en el ejercicio de las mismas hasta tanto proceda a juramentarse ante el Máximo Tribunal, en el supuesto de que no pudiese acudir al acto pautado para el 10 de enero de 2013 en la sede del Poder Legislativo”. (Resaltado mío) Bien sabemos que el Estado de Derecho requiere fundamentalmente de certidumbre jurídica. Dicha certidumbre en lo que respecta a la Administración Pública deriva de formalidades, tales como procedimientos enmarcados en lapsos que permiten el derecho a la defensa de los ciudadanos y la garantía de que las potestades
administrativas se ejecuten fundadas en el interés general que es precisamente el fin de las actuaciones administrativas. Tal como observamos del texto citado, se establece un lapso indefinido o incierto para la juramentación del Presidente reelecto, tomando en cuenta que la misma sentencia señaló que dicha juramentación es obligatoria. En tal sentido, solicitamos a dicha Sala Constitucional que aclare o amplíe su decisión a los efectos de que defina si existe o no un lapso para que el Presidente reelecto proceda a juramentarse ante el Máximo Tribunal, o por el contrario se trata de un tiempo indeterminado que por ejemplo permita al Presidente reelecto juramentarse el último día de su mandato constitucional. 3. Vigencia y lapso de caducidad del permiso para ausentarse del país. La sentencia cuya aclaratoria se solicita establece que la ausencia del país del Presidente de la República por permiso otorgado por la Asamblea Nacional no acarrea vacante temporal al no haber convocado al Vicepresidente Ejecutivo para que lo supla por imposibilidad o incapacidad. Textualmente la sentencia señala: “…conserva su plena vigencia el permiso otorgado por la Asamblea Nacional, por razones de salud, para ausentarse del país por más de cinco (5) días; y no se configura la vacante temporal del mismo al no haber convocado expresamente al Vicepresidente Ejecutivo para que lo supla por imposibilidad o incapacidad de desempeñar sus funciones”. En el mismo sentido, la Sala señala que disposiciones citadas, se advierte del “en base a las constitucional,
concretamente del artículo 235, que si el Presidente requiere ausentarse del territorio nacional, debe solicitar ´autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos´. Ahora bien, este artículo alude exclusivamente a la autorización para salir del territorio nacional, no para declarar formalmente la ausencia temporal en el cargo”. De lo anterior, observamos, que la sentencia no establece cuándo dicha ausencia del Presidente fuera del país, con autorización de la Asamblea Nacional, puede considerarse como falta temporal. En tal sentido, solicitamos a dicha Sala aclare si el permiso del Presidente de la República para ausentarse fuera del país puede ser indefinido. Y en caso de que la respuesta fuera positiva requerimos se aclare si el Presidente de la República puede gobernar fuera de la República Bolivariana de Venezuela sin necesidad de regresar al país durante todo su mandato.
4. Requisitos para que se produzca la falta temporal del
Presidente. En las conclusiones de la sentencia cuya aclaratoria se requiere se establece en el punto ii, lo siguiente: “No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin”.
Solicitamos a dicha Sala Constitucional aclare la base jurídica en la que se sustentó y precisamente dónde se establece en nuestra Constitución que la falta temporal la decreta el Jefe de Estado. Igualmente requerimos aclare si el Decreto a que se refiere debe suscribirse en Consejo de Ministros o no, y cuándo debe dictarse dicho Decreto. ¿Debe dictarse el Decreto antes de que se produzca la falta temporal o pudiera dictarse el mismo cuando la falta temporal se haya producido? En este último caso, en qué plazo dicho Decreto debe dictarse cuando la falta temporal se haya producido, o se trata de un lapso indefinido. En cualquier caso, solicito que se aclare si pudiera existir falta temporal en caso de que el Presidente no la decrete. Es decir, solicitamos que aclara si la única posibilidad de que exista falta temporal es que sea decretada por el Presidente, o existen otras posibilidades para que se produzca la falta temporal. En virtud de lo anterior, requiero que la sentencia dictada el 9 de enero de 2013, expediente 12-1358 sea aclarada y ampliada en los términos planteados. III DOMICILIO PROCESAL Edificio Bronce, Piso 2, Oficina 2., Av Luis roche con 3ra transversal, Altamira, Municipio Chacao, Estado Miranda.
IV PETITORIO Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, solicitamos a esa Sala lo siguiente: 1. ADMITA la presente solicitud de aclaratoria y ampliación de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil; 2. DECIDA la presente solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia dictada el 9 de enero de 2013, expediente número 12-1358, que decidió el recurso de interpretación del artículo 231 de la Constitución, interpuesto por la abogada Marelys D’Arpino. Es justicia que solicitamos en la ciudad de Caracas, el 10 de enero de 2013.
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