Source: https://es.scribd.com/document/71525588/REFORMA-CONSTITUCIONAL-DE-1994
Timestamp: 2017-06-28 17:33:11
Document Index: 104408092

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'Artículo 33', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'artículo 227', 'Artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 42', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 75', 'artículo 4', 'artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 99', 'artículo 30', 'artículo 6', 'Artículo 85', 'artículo 6', 'artículo 75', 'artículo 99', 'artículo 43', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 75', 'in fine', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 94', 'artículo 87', 'Artículo 97', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo100', 'Artículo 101', 'Artículo 101', 'Artículo 99', 'Artículo 114', 'artículo 99', 'Artículo 115', 'Artículo53', 'Artículo115', 'artículo 120', 'Artículo 36', 'artículo 14']

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994Cargado por Mabel RecioIntereses relacionadosConstitutionInsuranceStatute Of LimitationsSuffrageCase LawCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentREFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994SUMARIO CAPITULO 1. INTRODUCCION COMPARACION DE LAS REFORMAS DE 1949 Y 1957 ANTECEDENTES DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 CONVENCION CONSTITUYENTE DIVISION DE LA CONSTITUCION SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL DERECHOS DE TERCERA GENERACION CAPITULO 2. TEXTO CONSTITUCIONAL LEY 24.309 CLAUSULAS PETREAS NUCLEO DE COINCIDENCIA BASICAS NUEVOS DERECHOS Y GARANTIAS CAPITULO 3. AUTORIDADES DE LA NACION PODER LEGISLATIVO Composición Formación y sanción de las leyes Atribuciones del Congreso. El artículo 75 Régimen tributario y de coparticipación de impuestos Coparticipación federal. Presupuesto nacional
Bancos y emisión monetaria Tratados internacionales La intervención federal Auditoria General de la Nación Defensor del Pueblo Análisis particular del artículo 75 PODER EJECUTIVO Elección. Duración. Atribuciones Jefe de Gabinete PODER JUDICIAL Consejo de la Magistratura Jury de enjuiciamiento Ministerio Público Ministerio Público Fiscal Ministerio Público Pupilar
CAPITULO 1. INTRODUCCION COMPARACION DE LAS REFORMAS DE 1949 Y 1957 La reforma de 1949 tuvo enconados detractores y defensores, convirtiéndose en un punto de ríspidas disputas en la sociedad argentina. La ley 13.293, que declaro la necesidad de la reforma, lo hizo con un lenguaje totalmente ambiguo y laxo: “para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación”. La reforma fue aprobada por la convención constituyente en marzo de 1949. Fue impugnada por parte de la doctrina en relación con varios aspectos: a) La forma del cómputo de las mayorías de los dos tercios de los legisladores que sancionaron la ley 13.293; b) La ausencia de legisladores que representaban a algunas provincias; c) La ausencia del voto femenino. Esta reforma tuvo una vigencia de siete años, ya que fue dejada sin efecto por una proclama del gobierno de facto surgido en 1956, y tal derogación fue ratificada por la convención constituyente en 1957. Nunca fue restablecida por los gobiernos de iure posteriores, ni siquiera por alguno de los encabezados por el propio partido que la sancionó. La reforma de 1949 modificó sustancialmente el texto constitucional hasta entonces vigente. En lo político acrecentó el poder ejercido por el presidente de la República en detrimento de los poderes del congreso y del Poder Judicial, con lo cual disminuyó sensiblemente el espacio de la libertad (v.gr., creó al margen del estado de sitio, el estado de prevención y alarma, que permitía al presidente aplicar penas de arresto sin la correspondiente opción de extrañamiento). Disminuyó, además, las competencias provinciales, aumentando el centralismo capitalino. EN cambio, sus modificaciones fundamentales de tipo económico no se llevaron a la práctica. LA reforma de 1957 fue convocada por el gobierno de facto, situación hasta entonces inédita. En efecto, el decreto-ley 3838/1957 declaró la necesidad de la reforma parcial de la constitución, en lo que atañe a régimen electoral, sistema federal, libertades y derechos individuales y sociales, autonomías provinciales, equilibrios de poderes, fuentes de energías. Esta convención sancionó únicamente el art. 14 bis de la Constitución y modificó el art. 67, inc. 11 agregando el código
emanada de un gobierno de facto. la reforma tuvo vigencia. Córdoba. si se tienen en cuenta sus objetivos primigenios.dado lo abrupto de su finalización. San Juan. Formosa. quedó en imposibilidad de sesionar por el retiro de los convencionales de varios partidos políticos.
ANTECEDENTES DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 A partir de la reinstalación de la democracia en nuestro país (1983). en varios de los cuales el nuevo texto es mucho más extenso que el sustituido. ha sido una reforma innecesariamente exuberante. como porque. Dicho proceso incluyó las reformas integrales de sus constituciones de las provincias de Santiago del Estero. social y jurídica. El análisis de la reforma puede efectuarse desde una perspectiva política. entre textos definitivos y cláusulas transitorias y ha sustituido más de treinta artículos o incisos. La Rioja. Río Negro.
. Tierra del Fuego. La Pampa.las actas de las sesiones no fueron aprobadas por el cuerpo. aunque no fueron instrumentadas aún varias de sus disposiciones. ha incorporado más de veinte nuevos artículos de la Constitución Nacional. En suma. La reforma constitucional realizada por la convención constituyente nacional. Catamarca. Santa Cruz y Buenos Aires. La legitimidad de esta reforma también fue impugnada. comenzó un proceso a nivel nacional que culminó con la reforma constitucional en 1994. Tucumán. Salta. San Luis. Estas reformas (realizadas a partir de 1986) brindan los antecedentes para ciertas disposiciones que llegarán. según todos los artífices del Pacto de Olivos. Chubut. que sancionó en Santa Fë y Paraná en los meses de julio y agosto de 1994. No obstante. Inmediatamente después.de trabajo y seguridad social a la lista de los que menciona dicho texto. tanto por su etapa preconstituyente. en 1994 a la Constitución Nacional.
orgánica. Este pacto es un acuerdo político programático que explica el porqué y para qué de la reforma. 29 al Frente Grande. una primera parte denominada dogmática y la segunda parte. 18 al MODIN y el resto a más de quince agrupaciones provinciales. entre ellos. cuatro convencionales del Partido Demócrata de Mendoza. como el de no modificar la parte de declaraciones. y con el objetivo de alcanzar coincidencias básicas respecto a la reforma. La misma se encontraba integrada por 305 miembros (igual número al de los miembros de ambas Cámaras del Congreso nacional). a través del doctor Raúl Alfonsín y Partido Justicialista.
. se refiere a la organización de los poderes del Estado referida a las autoridades de la Nación. correspondiendo 136 al Partido Justicialista.Antes de esto. DIVISION DE LA CONSTITUCION Nuestra Constitución Nacional se encuentra dividida en dos partes. Aquí es donde se coincide en impulsar un proyecto de reforma pero se establecen ciertos límites. La parte dogmática es la primera parte y comprende a su vez. los presidentes de los dos partidos mayoritarios (Unión Cívica Radical. dos capítulos: Declaraciones. derechos y garantías de la primera parte de la constitución. derechos y garantías Nuevos derechos y garantías (agregado por la reforma de 1994)
La segunda parte. 76 a la Unión Cívica Radical. la orgánica. a través del doctor Carlos Menem) se reúnen en lo que se dio a conocer como “Pacto de Olivos”. CONVENCION CONSTITUYENTE La convención sesiona de Mayo a Agosto de 1994 en las ciudades de Paraná y Santa Fé.
44 a 86
Poder Arts. es la “norma fundamental” del sistema. 121 a 129
Legislativo Ejecutivo Judicial
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Art. derechos y garantías Arts.A su vez esta se divide en dos títulos: Gobierno Federal Gobiernos provinciales
En el siguiente cuadro sintetizamos esta división de nuestra Constitución Nacional post-reforma:
Primera parte: Declaraciones. una especie de “superley” que impone limitaciones sustanciales a las atribuciones de los órganos constituidos que ejercen el poder político. como. Lo fracciona y lo encierra y limita mediante diversos artificios. 108 a 120
Gobiernos de Provincia Arts. 87 a 107
Poder Arts. esto es. derechos y garantías Declaraciones. producto del poder constituyente. 31 de la Constitución Nacional La distinción tajante entre poder constituyente y poderes constituidos significa que la constitución formal. 36 a 43
Poder Arts. por
. 1 a 35 Nuevos derechos y garantías Arts.
En otras palabras. resoluciones. pero complementarios: a) En primer lugar. ya sean leyes. En efecto si el Poder Constituyente es ejercido por el pueblo. aparece como una lógica reacción contra el absolutismo monárquico del “Ancien Régime”. otorga intangibilidad. Este aforismo aparece como una de las bases del constitucionalismo clásico o decimonónico (del siglo XIX). por medio del dictado de una Constitución. el cual limita el ejercicio del poder de sus representantes. decretos. remontándose así hasta la norma fundamental (Kelsen. a los que sacraliza y. Si en uno de estos escalones se interrumpe la validez. significa que la Constitución es la fuente de la cual emanan las demás normas que integran el orden jurídico positivo del Estado. para que una norma o acto jurídico sean válidos.
. convenciones.ejemplo. por ende. todas las normas o actos que incluyen ese escalón y los inferiores a él son inválidos o inconstitucionales. S dice que una norma o un acto jurídico serán válidos solo en tanto y en cuanto deriven validamente de otra norma o acto superior también válidos. Esa “superley” perfecciona las garantías para la defensa de aquellos derechos y crea permanentemente otras nuevas. entre otros). sentencias. ampliando el catálogo de los derechos del hombre. es obvio que todas las normas que integran el orden jurídico positivo. la Constitución ocuparía la cúspide de aquella. Decir que la Cosnitutución es la ley suprema tiene –al menos– dos significados distintos. Utilizando el conocido modelo de la pirámide con que se representa a dicho orden jurídico. tengan su fuente de legitimidad última en la Constitución. Demuestra una gran desconfianza hacia el poder y hacia quienes lo ejercen. hasta llegar a la Constitución. El criterio de validez de una norma o acto jurídico es doble: formal y material. b) el segundo aspecto de la supremacía constitucional deriva de la anterior y consiste en el criterio de validez de cualquier norma jurídica positiva. deben estar enlazados con una cadena ininterrumpida de normas válidas superiores a ellos. traducida en el celebre axioma que afirma que “el mejor gobierno es el que menos gobierna”.
si estableciera. En tiempo de guerra. Él grafica el orden jurídico del Estado poniendo en la cúspide de la pirámide de la Constitución. Dr. 75 de la Constitución y con el procedimiento previsto en los art.a) Una norma es formalmente válida cunado ha sido dictada por el órgano y conforme al procedimiento previsto en la Constitución o en la norma superior. b) una norma es materialmente válida cunado su contenido no contradice ninguno de los contenidos de la Constitución o de la norma superior. Las constituciones más modernas establecen específicamente que los tratados con países extranjeros no pueden ser derogados por las leyes ordinarias sin un procedimiento especial.. sería inválida o inconstitucional. según la cual el orden jurídico interno es independiente del orden jurídico internacional. 31 poniendo en el primer escalón a la Constitución Nacional y en un escalón más abajo a las leyes de la Nación y a los tratados internacionales sin diferenciarlos. EN nuestro país se había insinuado. con lo cual se intercala un escalón intermedio entre la Constitución y las leyes. Ha seguido aquí la teoría dualista. 31 de la Constitución Nacional establece en forma sucinta el criterio de la supremacía constitucional y de la validez de las normas a que venimos haciendo referencia en este párrafo. Así. algún tipo de servidumbre personal obligatoria. v. ya que los dos criterios de validez deben darse conjuntamente. es decir. a las leyes de la Nación en su consecuencia sean dictadas por el Congreso y a los tratados con las potencias extrajeras. en el voto del ministro de la Corte Suprema de Justicia. en su caso. en su caso.gr. afirmando que son ley suprema de la Nación. por encima incluso. Petracci. aún cunado una ley hubiera sido dictada por el congreso en ejercicio de una atribución que le confiere el art. de la Constitución Nacional. La jurisprudencia tradicional había interpretado el primer de art. la jurisprudencia de la Corte Suprema privilegió las disposiciones de ciertos tratados. por ejemplo. El art. en cambio. 77 y ss. en el fallo “Ponzetti de
. sería formalmente válida pero materialmente inválida. de ésta.
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” y “Café La Virginia”). no obstante cualquier disposición en contrario que surja de las leyes o constituciones provinciales. el derecho a la defensa del ecosistema. según ella los tratados internacionales están por encima de las leyes de la Nación ( art. luego de la reforma constitucional de 1994. los tratados están en un escalón jerárquico superior a las leyes. al progreso. a la explotación de los propios recursos. Como hemos adelantado. por el cual la provincia de Buenos Aires se reincorpora a la Confederación Argentina. a la autodeterminación. si no también el propio gobierno nacional y. los cuales estarían otorgados ya se –en forma individual. Según aquella. 5° de la Constitución Nacional. La referencia final del artículo es el Pacto de San José de Flores del 11 de septiembre de 1859. en el fallo “Ekmekdjian v.N.
. Esta tesis fue adoptada expresamente por el texto constitucional. el derecho de los pueblos al desarrollo.75. Dice luego el art. DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN En atención al orden histórico en que habrían aparecido. Incluimos en este grupo: el derecho a una mejor calidad de vida. a la integridad territorial. etcétera. los particulares. por supuesto. el carácter supralegal del pacto de San José de Costa Rica.). y constituye una aplicación del art. La tesis monista fue adoptada por la Corte en 1992. 22 C. Esto es conocido en doctrina como la relación de subordinación entre el Estado federal y los Estados provinciales. Editorial Atlántida”.a los pueblos. y luego confirmada en fallos posteriores (“Fibraza v.a las personal. 31 que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Pero no solo los gobiernos provinciales deben sujetar sus actos a los dictados de la Constitución y de las leyes de la Nación.Balbín v. o incluso –en forma genérica. Sofovich”. se agrupo un conjunto de derechos de aparición más reciente. inc.
en la Constitución de España de 1978 (arts. en su mayor parte. ya que no están categorizados con rigor sistemático y su elaboración se halla todavía en agraz. Se produce a causa de la enorme preocupación suscitada por la contaminación en los países industrializados. estos derechos no tienen operatividad aún. El primero de ellos reside en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. En lo relativo al derecho constitucional comparado. si bien tienen ya consagración en algún texto constitucional reciente. ya sea interno o internacional. por su reciente aparición. atento a lo expuesto más arriba. Se piensa que el modelo de desarrollo que deja como consecuencia el envenenamiento del aire. las normas de este grupo que han tenido más desarrollo son las que se refieren a la seguridad social. Lamentablemente. reformadas recientemente. no así las restantes. Estos son aspectos relativamente nuevos del derecho constitucional. y –consecuentemente. No obstante ello.en declaraciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y en algún pacto internacional.en el desarrollo de las disciplinas auxiliares de la ecología.
DERECHO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. En lo que atañe al derecho internacional existen algunas disposiciones. muchos de ellos no están presentes aún en el derecho positivo. su reconocimiento por el organismo máximo de las Naciones Unidas implica ya un importante paso adelante.limitadas a aspectos parciales. Comprende varios aspectos. Otra cuestión que plantean consiste en que. del
. por ejemplo. en menor medida.El estudio de estos derechos es de difícil abordaje. La ecología y el derecho constitucional El derecho a una mejor calidad de vida es de reciente data. 45 y 46) y en las constituciones provinciales de nuestro país. que analizaremos brevemente. La necesidad de protección del medio ambiente humano como asunto de interés político es de reciente data.
donde se hallan los grandes movimientos ecologistas. es lógico pensar que este tema adquirirá muy pronto una vigencia real y alucinante. En los foros internacionales se exige a los países desarrollados la ayuda económica y tecnológica necesaria para que los países en desarrollo puedan adoptar procedimientos industriales limpios. sobre todo los no renovables. mediante premios y castigos.agua y de la tierra no es deseable. Esta exigencia se funda en la responsabilidad histórica de esos países desarrollados. En nuestro país aún no se ha tomado conciencia de la importancia del tema. Para hacer efectivos estos derechos es necesario encarar una política energética y global. so pretexto de colonizar. En el derecho interno. ningún partido político lo ha incluido en su plataforma electoral. sino como un deber de ésta hacia las futuras. Ello exige una planificación previa. no sólo como autoprotección de la actual generación. Ya se está hablando de la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Ni siquiera lo es desde el punto de vista estrictamente económico. que desde antaño han arramblado el ecosistema. a diferencia de lo que sucede en Europa. para que este desarrollo pueda continuar en el futuro. Hasta donde nosotros sabemos.
. sino que debe evitar dañar los recursos naturales. para que responda eficazmente a la defensa del ecosistema. Esto significa que la actividad económica no sólo debe procurar dividendos materiales. no habrá actividad económica en un futuro no muy lejano. llegando incluso a la modificación del Código Penal para incorporar los delitos ecológicos. que eviten la degradación de los recursos. Se debe procurar un desarrollo que tenga en cuenta la preservación de los recursos naturales vitales para el ser humano. El estado debe ejercer el poder de policía industrial enérgicamente. y existen algunas normas sobre el tema en las constituciones provinciales del último ciclo de reformas. se debe reformar la legislación vigente. Sin embargo. como también entre nosotros se advierte ya el deterioro del medio ambiente. mediante el dictado de normas que impongan a las industrias nocivas la preservación de la limpieza del agua y del aire. El núcleo es el del desarrollo económico duradero y no perjudicial. ya que si el desarrollo dilapida los recursos naturales.
incluso la de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo. que pongan en peligro su perpetuación o que de cualquier modo afecten el medio ambiente actual o futuro. al otorgarles acción al “defensor del pueblo y a la asociaciones que propendan a esos fines.
Derecho al desarrollo y al progreso social: Declaración de las Naciones Unidas del 11 de Diciembre de 1969 Otro aspecto del derecho a una mejor calidad de vida es el derecho al desarrollo y al progreso. amplió la legitimación para su defensa.. Un medio fundamental para garantizar su efectivo ejercicio es la acción para demandar judicialmente a los responsables de estas violaciones. contra los ataques irracionales a las especies animales o vegetales. ya sea que estas violaciones las realice el Estado o un particular. Esto último significa que cada individuo tiene derecho a exigir la intervención judicial contra las violaciones al equilibrio ecológico. descentralización del control hacia las instituciones intermedias y los grupos de interés público. Hasta la reforma de 1994.” En el ámbito del derecho de la integración humanitaria. Dicha acción debe ser reconocida a cualquier ciudadano. la reforma de 1994.. sin llegar a instaurar una “acción popular” para la defensa de estos derechos. la Asamblea efectuó una declaración reconociendo el derecho de los pueblos y de las Naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales.En cuanto a los medios instrumentales para hacer efectivos estos nuevos derechos. la jurisprudencia en general. se mostró contraria a reconocer la protección judicial de los intereses difusos. a fin de defender aquellos objetivos. es fundamental e reconocimiento de la protección judicial de los llamados “intereses difusos” o sea. la institucionalización de la llamada “acción popular”. En este aspecto. etc. la cual debe ser ejercida en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo. ellos son los de la democracia participativa. ya se mediante audiencias públicas. salvo alguna excepción aislada.
. Todas las reglamentaciones que se dicten deben tener el consenso de la sociedad..
cultural y política de los países. Pero su adopción por el organismo máximo de las Naciones Unidas implica un importante paso adelante. ya que en un futuro no muy lejano seguramente irán adquiriendo ejecutividad. 41 se refiere al denominado “derecho a una mejor calidad de vida”. la declaración de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1969 establece varios principios fundamentales del derecho de la integración humanitaria. En él se incluyen algunos de los denominados “derechos de tercera generación”.por el momento. La reforma constitucional de 1994 agregó un segundo capítulo a la primera parte de la Constitución Nacional.La declaración mencionada establece que la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo debe favorecer el desarrollo nacional independiente de esos países y respetar la soberanía de éstos sobre sus riquezas y recursos naturales.exigibles coactivamente. estos nobles principios no son. algunos de los cuales resumiremos – muy sucintamente. aunque no por ello estaba desprotegido el art.
. Nos referimos al derecho al medio ambiente (nuevo art. Por su parte.el derecho a la libre determinación a la no injerencia y a la integridad territorial de cada país. . .el incremento de la participación del pueblo en la vida económica. 42).a continuación: el progreso social y el desarrollo se fundan en el respeto a la dignidad y el valor de la personal humana. en su mayor parte. social. ni están plasmados en tratados internacionales self executing. 33 de la Constitución Nacional. por las graves dificultades que ella acarrea. 41) y a los derechos del consumidor y de los usuarios de servicios públicos (nuevo art. estos derechos no tienen operatividad. titulado “nuevos derechos y garantías”. Lamentablemente. El art. dado que no se los ha incorporado al derecho interno de cada Estado. Lamentablemente. a medida que las circunstancias del progreso cultural y jurídico vayan haciéndolo viable. que es de reciente data.
Estos son aspectos relativamente nuevos del derecho constitucional. mediante el dictado de normas que impongan a las industrias nocivas la preservación de la limpieza del agua y del aire. para que responda eficazmente a la defensa del ecosistema. aunque no se dicte una ley específica. sino con medidas de gobierno concretas y eficaces. del agua y de la tierra no es deseable. si bien tienen ya consagración en algún texto constitucional reciente y en las constituciones provinciales de nuestro país. no sólo como autoprotección de la actuar generación. Para hacer efectivos estos derechos es necesario reformar la legislación vigente. es directamente operativo. En el final del primer párrafo del nuevo texto constitucional se establece la obligación de las industrias contaminadoras de resarcir el daño ecológico. que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos tóxicos y radiactivos. Se produce a causa de la enorme preocupación suscitada por la contaminación en los países industrializados. La necesidad de protección del medio ambiente humano como asunto de interés político es de reciente data. Debe procurarse un desarrollo que tenga en cuenta la preservación de los recursos naturales vitales para el ser humano. mediante premios y castigos llegándose incluso hasta la modificación del Código Penal para incorporar los delitos ecológicos. y –consecuentementeen el desarrollo de las disciplinas auxiliares a la ecología. El primero de ellos se encuentra en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Claro está que estos derechos no se garantizan con meras declaraciones líricas. porque entonces terminan siendo “catálogos de ilusiones”. El estado debe ejercer el poder de policía industrial enérgicamente.
. dejando deferido a la ley su fijación y efectos. Los derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos (nuevo art. 42) también pertenecen a los denominados “de tercera generación”.Este derecho comprende varios aspectos. El párrafo final del artículo. ya que implica una obligación directa de no hacer. reformadas últimamente. Se piensa que el modelo de desarrollo que deja como consecuencia un envenenamiento del aire. sino como un deber de ésta hacia las futuras.
EN este sentido. descentralización del control hacia las instituciones intermedias y los grupos de interés público. 52) como litisconsortes de cualquiera de las dos partes. El tercer párrafo del artículo pone a cargo del Congreso la obligación de dictar una ley que establezca procedimientos eficaces para proteger a los consumidores y usuarios. Regula también el actuar de las Asociaciones de Consumidores.
. ya sea mediante audiencias públicas. Los servicios públicos privatizados siguen siendo monopólicos y el usuario cautivo está sujeto a los intereses de las empresas. Un medio fundamental para garantizar su efectivo ejercicio es la acción para demandar judicialmente a los responsables de estas violaciones.240 (BO del 26/4/1993) establece los procedimientos para proteger a los consumidores y usuarios. sin que éste deba depender de un tutor o curador (el funcionario) que generalmente no lo defiende. Los únicos medios instrumentales eficaces para hacer efectivos estos nuevos derechos son los de la democracia participativa. la ley 24. etc. Ya la experiencia diaria nos indica que la actuación de los funcionarios en este sentido es poco menos que nula.
Seguridad Social: El tercer párrafo del art. previendo la participación de las instituciones intermedias (art. Todas las reglamentaciones que se dicten deben tener el consenso de la sociedad.14 nuevo de la Constitución Nacional Un tercer aspecto del derecho a una mejor calidad de vida es el derecho a la seguridad social. previendo la participación de las instituciones intermedias en los organismos de control. que sigue siendo mala.El segundo párrafo pone en cabeza de las autoridades la obligación de dictar las medidas necesarias para la protección de estos derechos. sin que los organismos del Estado que debieran ejercer el poder de policía controlen las tarifas ni la calidad del servicio prestado. Dicha acción debe ser reconocida a cualquier usuario o consumidor.
en el cumplimiento de requisitos burocráticos. que se menciona en nuestro preámbulo. trasladando las responsabilidad de su cobertura a la sociedad toda. disminución del salario. cualquiera que sea el beneficiario y cualquiera que sea la forma de la protección (v. c) Irrenunciabilidad. Definimos la seguridad social como el conjunto de normas e instituciones destinado a conferir protección al hombre y a su grupo familiar. De él se infieren fácilmente los principios rectores que la caracterizan. seguridad social es el sistema de protección –obligatorio. más restringido aún. v. Si no lo hace la sociedad. Finalmente. consecuentemente. La seguridad debe cubrir todos los daños causados por todas las contingencias sociales. más restringido que el anterior.gr.. En un segundo sentido. seguridad social significa protección contra las consecuencias económicamente desfavorables de ciertos riesgos sociales (muerte. cuyo beneficiario es el trabajador en relación de dependencia. por la mora en el pago de cuotas.. El objetivo esencial de la seguridad social es evitar que el hombre deba hacer frente por sí solo (y. d) Carácter alimentario. no sólo expresamente. enfermedad. el Estado está obligado a prestar tales servicios. se denomina “asistencia social”. que lo indemniza compensándole aquellos daños (gastos especiales. seguridad social es sinónimo de “bienestar general”. Las prestaciones no pueden ser declinadas por los destinatarios del sistema. b) Obligatoriedad. El fundamento de la seguridad social es la solidaridad. y que mencionaremos brevemente: a) Integralidad.En sentido amplio. sino tampoco implícitamente.
. accidentes. por ende. etcétera.). en un tercer sentido. vejez.). Si éste participa. Exige un criterio interpretativo favorable al beneficiario y.gr. etc. frente a necesidades económicas provocadas por contingencias sociales.contra las consecuencias económicamente desfavorables de los riesgos sociales. mutualismo). etc. quede desvalido e inerme) a las carencias y perjuicios económicos provocados por estas contingencias sociales. el rechazo de las interpretaciones restrictivas en perjuicio de aquél.
otras son previsibles e inevitables: vejez. lo cual significa que no los toma como sinónimos. c) la previsión social. aunque constituyan un instrumento de trabajo para el damnificado.e) Uniformidad. En tal sentido. no es una contingencia social. Todas ellas tienen efectos negativos en la capacidad de percibir el sustento. etc. biológicas: enfermedades (no profesionales). otras. 14 bis de la Constitución distingue. económicas: paro forzoso.. y sociales: matrimonio. son causa de regocijo: casamiento. Se puede clasificar las contingencias sociales en profesionales: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. los eventos que no inciden directamente sobre la capacidad de trabajo del individuo.gr. que producen ciertas consecuencias que le dificultan o imposibilitan ganar su sustento y el de su familia. v. el hurto de un automóvil. incluso. invalidez. b) la asistencia social. obviamente. Seguro Social. Del universo cubierto por el concepto deben ser excluídos. cargas de familia. maternidad. El art. Características El seguro social participa de las bases financieras y actuariales del seguro mercantil. muerte. y d) el seguro social. enfermedades. en su comienzo. entre la seguridad social y el seguro social. El acceso a estas prestaciones debe garantizárseles a todas las personal en condiciones similares. pareciera que la seguridad social es el género y comprende distintas especies. Esta es fijada sobre la base de cálculos
.. que es financiada por el empleador. Así. v. Así. nacimiento de hijos. que es prestada directamente por el Estado con recursos propios. Algunas son fortuitas: accidentes. el beneficiario de aquél participa (aunque sea en forma parcial) en la financiación de la cobertura del sistema. sin privilegios a determinados grupos o categorías. muerte. que es aquella que se prestan recíprocamente los integrantes de un grupo. de libros.: a) la asistencia mutual. vejez. Las contingencias sociales son determinadas situaciones que se producen en la vida de un hombre.gr. que trascienden del mero internes individual de quien los sufren proyectándose al grupo familiar y a la sociedad toda.
tiene importantes diferencias con él.gr. son voluntarios. medicina prepaga). Si bien el seguro social ha tomado del seguro privado el sistema de financiación. El seguro privado. las mutuales o las obras sociales de las asociaciones profesionales. generalmente denominadas aportes o cotizaciones. Con ello quedan excluídas del manejo del seguro social las administraciones privadas. integradas con las primas. etcétera. delegando las funciones estatales. ya que las repercusiones económicas disvaliosas trascienden del ámbito individual y se proyectan en el grupo familiar y aún en la sociedad.estadísticos y actuariales. ya sea las comerciales (v. v. los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (a cargo exclusivo del empleador). El mandato constitucional está cumplido sólo parcialmente. del personal aeronáutico. en cambio. en el seguro social es obligatorio para los beneficiarios y para el Estado (en caso de que no haya otros prestadores). Quizá se podría otorgar la administración de estos seguros a una “persona jurídica pública no estatal”. En ellos se establecen las reservas matemáticas. Esto significa que las prestaciones han sido puestas a cargo de la Administración Pública nacional o provincial. Hay también algunos seguros especiales.. protege intereses que no trascienden del individuo. a cargo de los empleadores.gr. invalidez.. en cambio. con compensaciones especiales). de vida para el personal del Estado. trabajadores rurales. No están cubiertos por seguros sociales. el paro forzoso. y por ende.
. ya que únicamente están cubiertas con seguros sociales las siguientes contingencias: enfermedad. El texto constitucional también establece quiénes tendrán a su cargo y cómo serán administradas las prestaciones del seguro social: a) entidades nacionales o provinciales. en cambio. el matrimonio y las cargas de familia (existen subsidios. el seguro comercial es un contrato en el cual el asegurador tiene ánimo de lucro. vejez y muerte (jubilaciones y pensiones) y maternidad. como se hace en otras esferas. Así.
aunque tenga varias actividades laborales. queda enervado el sabio principio constitucional. En efecto: así como un automóvil no puede ser asegurado por robo o hurto más de una vez. es decir. ya que tendrá una sola cobertura por cada riesgo cubierto por el seguro social.b) Con autonomía financiera y económica. c) Administradas por los interesados con participación del Estado. las normas legales respetan esta integración sectorial. en la realidad. por dos motivos fundamentales. El segundo objetivo consiste en evitar que el gobierno central se apropie de los fondos de las entidades y los utilice para fines ajenos a éstas. Esto no se ha podido evitar. El vocablo que se debió utilizar es “autarquía”. es decir. con la práctica viciosa de las intervenciones permanentes. Esto significa que las entidades autárquicas prestadoras del seguro social deben tener órganos colegiados de conducción con integración tripartita. El término “autonomía” está incorrectamente utilizado. La superposición de aportes Este es un principio tomado del contrato de seguro privado y significa que no puede haber superposición de coberturas. que hagan ilusorio el socorro. debiera pagar un solo aporte a una sola obra social. los trabajadores y los empleadores. porque llegado el caso de que la necesite tendrá obviamente una
. que en ellos deben estar representados el Estado. sino de la descentralizada. porque éste tiene carácter político y sólo es aplicable a las provincias. que una persona debe pagar un solo aporte o cotización. En general. Aunque el trabajador tenga dos empleos. capacidad de administración. por tardío. la salud tampoco debe tener más de una cobertura obligatoria. como lamentablemente también ha ocurrido en numerosas oportunidades. pero en la realidad. lamentablemente. exige también que no se trate de la administración central. esto es. El primero de ellos es el de evitar trámites burocráticos dilatorios. en las cuales el interventor tiene las facultades de los órganos de gobierno.
con lo cual la prohibición constitucional ha quedado en letra muerta. inc. obviamente).única prestación (v. cobraría una sola indemnización aunque lo tuviera asegurado varias veces en distintas compañías. son concesiones graciosas el Congreso Nacional y nada tienen que ver con los seguros sociales. En la sentencia dictada el 13 de mayo de 1963 en los autos “Ponzo. 75. del mismo modo que el dueño de un automóvil. la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la ha desnaturalizado. La corte suprema ha dicho que debe existir razonable proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de personal en actividad. Todo lo expresado en los parágrafos anteriores en relación con el seguro social es aplicable a las jubilaciones y pensiones. Alfredo Blas s/jubilación” (fallos 255:306). para cubrir el mismo riesgo social y recibir una única prestación (en cada ocasión. obviamente).. al interpretar que se debe pagar un aporte por cada tarea que se realiza el beneficiario. Al trasladar la prohibición de superposición de coberturas a la de superposición de aportes en la misma actividad. Pese a la diáfana claridad de esta disposición constitucional. 20. consid.
. Las normas legales que regules los beneficios jubilatorios deber prever mecanismos de actualización y ajustes de éstos.gr. 8). ya que aquéllas. como su nombre lo indica. En la causa “Ballester Piterson de Tavella. si éste le fuera robado. Jubilaciones y pensiones móviles Hemos señalado más arriba que la jubilación es un seguro social de vejez o invalidez. para evitar su disminución real a causa de la inflación. un seguro social de muerte (para los familiares del asegurado. la Corte Suprema utilizó por vez primera el concepto de proporcionalidad. Las pensiones a que se refiere la norma constitucional que estamos analizando no deben ser confundidas con las “pensiones graciables” que menciona el art. una intervención quirúrgica). sucede que nunca podrá darse el caso de que haya aportes superpuestos. de la Constitución. y la pensión. Esther Lucía” (fallos 279:389.
que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio”. Al contrario. asignándole al pasividad naturaleza “sustitutiva” y agregándose que el conveniente nivel se alcanza con una situación patrimonial proporcionada. María del Carmen s.2. Cuando el 16 de septiembre de 1999 la Corte Suprema falló el caso “Heitt Rupp. en el art. con fecha 17 de mato de 2005. La ley 24.463 (que modificó el art. nuestro más alto tribunal federal. 5° de la ley 24. segundo párrafo. La Corte Suprema. Como prueba de lo expuesto basta citar el dictamen del procurador fiscal de la Nación en la causa obrante en Fallos 308:1851 en el cual lo denominó como “principio de obligada vigencia” que reviste un carácter “axiomático”. 32 de la ley 24. al fallar la causa “Chocobar. Sixto Celestino” el 27 de diciembre de 1996 cabe elevar a dichos criterios interpretativos sentados a partir de meros textos legales a la categoría de principios cardinales o axiomáticos”. es consecuencia del carácter integral que reconoce la ley suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza provisional.en su actual integración-.241) dispone: “Las prestaciones del Régimen provisional Público tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivos”. 7. 5°: “que la necesidad de mantener una protección justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos. se alejó del precedente “Chocobar” al afirmar en el consid. en la causa “Sanchez.463 (BO del 30/3/1995). Clementita” (fallos 322:2226) reafirmó las atribuciones que tiene el
. se aleja de esta jurisprudencia al disponer: “En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”. Han transcurrido ya más de once años desde su entrada en vigencia y el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer la movilidad de las prestaciones.En relación con el tema de la movilidad cabe señalar que el art.afirmó que “uno de los principios básicos que sustentan el sistema provisional argentino es el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes”. Esta regla se reiteró en forma uniforme y constante en las decisiones de la Corte Suprema. Administración Nacional de la Seguridad Social” (RDLSS 2005-16-1280).
7. CN. luego del transcurso de un plazo determinado en la ley. que han hecho lugar a los pedidos de movilidad de los haberes con posterioridad al año 1995. Por ende.463. debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes”. 14 bis de la Constitución Nacional y para establecer el modo de hacer efectivo tal derecho a partir de la vigencia de la ley 24. en cuanto estimó que estaba basado en agravios conjeturales. en un plazo razonable. es deber de los magistrados hacer operativa esa norma constitucional. Se advierte con claridad que la posición de la Corte en este punto difiere de las que sustentaros las tres salas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social. ante la pasividad del legislador y hasta tanto se cumpla con el cometido autoimpuesto. de conformidad al art. que remite a la Ley de Presupuesto. El Art. 45 de la ley 263198 de Presupuesto general de la Administración Nacional determinó para el ejercicio presupuestario de 2007 una movilidad del 13%. adopten las medidas a las que alude en los considerandos”. Por tal causa. Clementina” y resolvió: “Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que. es decir que “corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor que ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la ley fundamental. modificó el criterio que había sentado en el caso “Heitt Rupp. ANSeS s/ reajustes varios”. Con posterioridad. Elisa Lucinda s/reajuste”. Adolfo Valentín v. rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art.Congreso para reglamentar el art. 14 bis. Tal renuncia no es admisible ni expresa ni implícitamente. consistente en la pérdida de un derecho que ha dejado de ejercer el acreedor. al fallar el 8 de agosto de 2006 el caso “Badaro. Las prestaciones de la seguridad social tienen carácter irrenunciable. porque como surge del fallo de sala 1° en la causa “González. Aceptar que las deudas a cargo de
.2. La prescripción de las deudas provisionales: Jurisprudencia La prescripción liberatoria es un modo de extinción de las obligaciones.
ético. célula básica de la sociedad. no siempre se cumple satisfactoriamente el mandato constitucional. cualquiera que sea la naturaleza del beneficio (Corte Sup. Existen diferentes entidades que se ocupan de este objetivo. Concepto El grupo familiar. 235:272. arts. 34 y ss. mutila sensiblemente el mandato constitucional de irrenunciabilidad.).los organismos provisionales pudieran prescribir por la inacción de los acreedores sería tanto como admitir que los beneficiarios renunciaran implícitamente a sus créditos por el mero hecho de su inactividad durante determinado plazo. no sólo económicamente sino en particular en los aspectos social. como es de público conocimiento. ley 14. debe ser asistido por el Estado. Fallos 218:635 219:646. en especial los de modestos ingresos. pero ha aceptado la prescriptibilidad de los créditos derivados de él. consistente en la intangibilidad del inmueble donde éste habita.. Protección de la familia. Acceso a una vivienda digna Esta cláusula requiere del Estado la promoción de planes de vivienda. limitando la imprescriptibilidad sólo al primero de ellos. De poco vale que una persona obtenga el beneficio en abstracto si no le reporta un ingreso en efectivo que es su goce concreto. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido la imprescriptibilidad de las acciones tendientes a obtener los beneficios de jubilaciones o pensiones otorgadas por leyes nacionales. CCiv.). Los trámites burocráticos y la endémica falta de los fondos necesarios impiden concretar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. aunque. a efectos de que todo habitante. evitando su embargo e incluso su división en caso de muerte de alguno de los cónyuges (art.. puedan acceder a ella. 1277 y concs.394. jurídico. La defensa del bien de familia es una forma de protección económica del grupo familiar.
. etcétera.. religioso. etc.
tienen reintegros de entes públicos no estatales: las cajas de asignaciones familiares. Estas redistribuyen las erogaciones entre todos los empleadores. fundándose en la importancia que tiene la familia para la comunidad toda. Asimismo. sobre numerosos temas que interesan a la opinión pública de nuestro país.Se plantea aquí el tema de las relaciones entre esposos y entre padres e hijos. entre otras. etc. leyes contra la violencia familiar (ley 24. en este punto.no le es más onerosa al empleador. los efectos jurídicos de las uniones de hecho (en especial.061).
. en cumplimiento del mandato constitucional. en temas éticos y religiosos). pese a que éste no era procedente por no cumplirse los recaudos propios de él. Cabe reflexionar. el divorcio vincular. admitiendo el recurso extraordinario por gravedad institucional. La Corte Suprema de Justicia ha utilizado esta cláusula para dirimir los efectos provisionales en las relaciones familiares. el plan curricular de enseñanza (en especial. por escolaridad primaria. y el debate acerca de cuál debe ser la actitud del Estado frente a ellas.417) y la de Protección de los Derechos de las Niñas. A partir del año 1957. en nuestro país se han ido generalizando las asignaciones familiares. el tratamiento sucesorio de los hijos extramatrimoniales. Niños y Adolescentes (ley 26. se han dictado. que si bien están a cargo del empleador (no integran el seguro social). La compensación económica familiar es el derecho a percibir determinadas prestaciones en dinero y en especie. por el cónyuge. ya que tal situación -debido a esta redistribución. cuando se discute el derecho a pensión del concubino supérstite). por los hijos a cargo del trabajador. evitando así que los trabajadores con familia numerosa tengan dificultades para encontrar trabajo. etcétera. como la invasión de los medios de comunicación social en el ámbito familiar.
la cual se encontraba facultada por disposición de la ley a tratar temas con libertad y formular propuestas de reformas
. las mismas comprendían la parte dogmática de la constitución: Artículos 1 al 35. la creación de la figura del jefe de gabinete. por lo que se lo llamó “cláusula cerrojo”. entre otros. la creación del Consejo de la Magistratura y un nuevo procedimiento de remoción de magistrados. en forma directa pero con doble vuelta. Estos temas son: Reelección inmediata del presidente por un período. la regulación de los decretos de necesidad y urgencia y el ministerio público.309 Esta fue la ley sancionada y promulgada en la cual se declara la necesidad de reforma y habilitación de una Convención Constituyente. la incorporación del tercer senador por la minoría con elección directa por provincia. NUEVOS DERECHOS Y GARANTIAS Este agregado surgió del libre debate por parte de la convención constituyente. TEXTO CONSTITUCIONAL LEY 24.CAPITULO 2. NUCLEO DE COINCIDENCIAS BASICAS Son los acuerdos alcanzados por el doctor Carlos Menem y el doctor Raúl Alfonsín. Este Núcleo de Coincidencias Básicas debía votarse en conjunto y sin modificaciones por los convencionales constituyentes. Dentro de esta ley podemos destacar tres partes fundamentales: CLAUSULAS PETREAS Aquellas que de común acuerdo no podían ser modificadas o alteradas por la Convención Constituyente.
Actualmente la ley 19. Sin embargo éste surgía implícitamente del Artículo 33. El texto de este artículo establece varios efectos jurídicos disvaliosos para quienes integren los gobiernos de facto ya que desde el primer párrafo se encarga de declarar como “insanablemente nulos” los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estado. como un derecho no enumerado que nace del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. de participar en el gobierno del
. secreto y obligatorio y la ley 13. al referirse al derecho de resistencia se refiere a la lucha que se efectúa contra un régimen de facto o dictatorial evitando trazar una analogía con la desobediencia civil. Los derechos políticos consisten fundamentalmente en la facultad que tienen los ciudadanos. Defensa de la democracia Este artículo se incorpora para proteger al sistema democrático de quiebres por golpes militares que imponen gobiernos de facto (y que fueron una constante en nuestro sistema gubernamental).871 conocida como Ley Sáenz Peña que establece el voto universal.945 y sus modificatorias que rigen en materia electoral mantiene los caracteres es decir. El sufragio fue regulado por las leyes 8. y excepcionalmente los extranjeros -nacionalizados-. hombres y mujeres mayores de 18 años. Artículo 37. Derecho del sufragio La Constitución de 1853 con sus posteriores reformas no contemplaba los derechos políticos. ni consagraba el derecho de sufragio. Por último.Es bajo este título donde encontramos los artículos incorporados a la Constitución Nacional y sobre los que vamos a realizar una breve reseña: Artículo 36.010 sancionada en 1947 que otorga el derecho de voto a las mujeres. Luego establece las penas para los autores de semejantes actos. quienes serán pasible no solo de pena de infames traidores a la Patria (tipificado en el artículo 227 del Código Penal con reclusión o prisión perpetua) sino con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
secreto y obligatorio y como principios elementales del Estado a la soberanía popular y la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos. Consagrando al sufragio como universal. En 1994 fueron incluidos en el articulo 37 los derechos políticos. sin embargo. Partidos políticos Los partidos políticos antes de la reforma de 1994. La soberanía del pueblo significa que el conjunto de los ciudadanos que integran la comunidad política son los titulares del poder del estado y quienes ejercen circunstancialmente el poder lo hacen en su nombre y representación. Establece que en la organización y el funcionamiento de los mismos debe exigirse: a) el respeto a los principios de organización y funcionamiento democrático. para la divulgación de sus ideas y propuestas a la ciudadanía. aparecían al igual que el sufragio como derechos implícitos en el texto constitucional.fundamentales del sufragio. es decir. el manejo y el destino de los mismos. la legislación y la jurisprudencia. La
. Artículo 38. La Convención Constituyente de 1994 los incorporó en el agregado artículo 38 mediante el cual se les reconoce el rol fundamental que los partidos cumplen en la sociedad. igual. su papel como intermediarios entre el poder y el pueblo ha sido reconocido por los ciudadanos. Establece que el Estado debe contribuir al financiamiento de los partidos y a la formación de sus dirigentes exigiendo como contrapartida que informen a la ciudadanía sobre el origen de los fondos que reciben para sus campañas electorales. b) la representación de las minorías en los cuerpos colegiados de la dirección partidaria en las cuales puedan hacer oír su voz y c) los cargos electivos deben surgir de elecciones internas amplias lo cual implica la prohibición de las designaciones a dedo. Por último se les reconoce a los partidos políticos los derechos al acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. lo cual consiste en la facultad de requerir informes a los tres poderes del estado y a las empresas de servicios públicos sobre sus actividades y el acceso a los espacios en medios de comunicación en épocas de elecciones cuyo costo es sufragado por el Estado. que los dirigentes representen la voluntad de la mayoría de los afiliados.
debería cambiar ya que impide a la gente común ser candidata a cargos electivos si no está afiliada a un partido.constitución no les confiere el monopolio constitucional para la presentación de candidatos. reforma constitucional. Los mecanismos de democracia semidirecta no estaban previstas en la Constitución por lo que fueron incorporados a la misma. aparecen en el escenario político como el instrumento adecuado para corregir un defecto que a menudo se daba en la realidad política referida a que los órganos representativos no representaban fielmente la voluntad popular. Artículo 39. ley penal y tratados internacionales. también llamadas de democracia semidirecta. El artículo enumera taxativamente cuales son las materias que quedan excluidas de la posibilidad de presentación de proyectos de ley. no obstante. Iniciativa popular El artículo 39 mediante la iniciativa popular permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados que actúa como cámara de origen. No modifican la naturaleza del sistema republicano representativo. exigiendo una base representativa para que se de dicha participación. presupuesto. dentro del plazo de doce meses. la iniciativa popular. Esto. Formas de participación semidirecta Estas formas de participación. Se caracterizan porque el cuerpo electoral participa en la elaboración y toma de decisiones políticas a través de diversos mecanismos tales como el referéndum. pero sí lo hace la ley reguladora de los partidos. sino que son compatibles con él. que surge del artículo 22. el recall. y tales son impuestos. La tercera disposición transitoria establece que el Congreso Nacional deberá sancionar una ley reglamentaria de esta forma
. mantiene la independencia para dar curso favorable o rechazar la inquietud popular. El Congreso debe dar a estos proyectos expreso tratamiento. el plebiscito. integrando esta última al referéndum consultivo obligatorio y al plebiscito no vinculante y no obligatorio popular. entre otros. En los artículos 39 y 40 se incorporaron la iniciativa popular y la consulta popular. a futuro.
23. 12. que no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. en este tipo de consulta es facultativo. La decisión del electorado no es obligatoria. Si se trata de un proyecto de ley de alcance regional. Consulta popular En el artículo 40 se establece la llamada consulta popular.
. El cuerpo electoral puede ser convocado por el Poder Legislativo o Ejecutivo. La iniciativa de ley convocante debe corresponder de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. para el órgano que la convocó. En estos casos: 11. 22. La convocatoria se debe realizar exclusivamente por ley.747 que establece requisitos formales en relación con el ejercicio de este mecanismo tales como que la iniciativa debe estar redactada en forma de ley. El voto es obligatorio y se rige por el mecanismo de la ley electoral vigente. Artículo 40.5% por lo menos del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y representar como mínimo seis distritos electorales. También dicho artículo habilita un referéndum de tipo consultivo. en el que los electores dan su opinión sobre el problema sometido a consulta. por su carácter de no vinculante. El voto afirmativo del proyecto por el cuerpo electoral lo convierte en ley. cuya promulgación es automática. El voto popular. La consulta popular no vinculante tiene como características principales: 11. 34. deberá llevar la firma del 1. Dicha ley reglamentaria es la 24. dentro de la competencia que a cada uno le corresponde.semidirecta de participación dentro de los 18 meses de sancionada la nueva constitución. por la cual el pueblo puede ser convocado para que se exprese por sí o por no respecto a un proyecto de ley. el requisito porcentual se cumplirá considerándose únicamente el padrón electoral del total de las provincias que componen la región.
la prohibición del ingreso de residuos tóxicos y radiactivos al territorio nacional. a la protección de su salud. a al libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Estos derechos no tienen operatividad propia. el desarrollo de disciplinas auxiliares de la ecología. el artículo 42 establece que tienen derecho en la relación de consumo. donde el interesado es una persona concreta. la construcción de una represa. los procedimientos y la oportunidad de la consulta popular en sus variantes vinculante y no vinculante. Con respecto a los derechos de los usuarios y consumidores. sino que requieren – al igual que los derechos sociales – normas legales que reglamenten su ejercicio. Artículo 41 y 42. Esta ley para ser sancionada requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara pero no se prevé el plazo dentro del cual debe ser sancionada esta ley. El artículo 41 se refiere al denominado derecho a una mejor calidad de vida y comprende varios aspectos. a una información adecuada y veraz. la eliminación de un bosque. la reparación del daño ecológico. en los derechos de la tercera generación el interés jurídicamente protegido se relaciona con necesidades comunes a un conjunto indeterminado de individuos que sólo pueden satisfacerse desde una óptica comunitaria. el artículo impone al Congreso la obligación de reglamentar las materias.33. No se somete a consideración del cuerpo electoral un proyecto de ley sino un acto de carácter político fundamental para el Estado. Los derechos referidos a la protección del ambiente y del patrimonio material y cultural y la protección y defensa de usuarios y consumidores fueron incluidos en los artículos 41 y 42 respectivamente. seguridad e intereses económicos. En su último párrafo. estableciendo
. Son derechos cuyo “titular” es indeterminado y donde el perjuicio concreto es difícil de precisar (por ejemplo. Protección del medio ambiente y del patrimonio A diferencia de los derechos tradicionales. como la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. etc). la mala prestación de un servicio público.
al defensor del pueblo y a las asociaciones intermedias registradas conforme a la ley. Habeas Data El artículo 43 incorpora el recurso de amparo bajo la forma de una garantía tutelar de naturaleza constitucional. rápido y efectivo del justiciable a la jurisdicción judicial. Por último otorga a los magistrados del Poder Judicial la atribución de llevar a cabo el examen y control de constitucionalidad de todo material infraconstitucional que pugne con la carta magna en el marco del juicio de amparo. en un Tratado o en una Ley. También protege a los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos. para demandar el cese de todo acto u omisión que en forma actual o inminente. Habeas Corpus. excepto de aquellos derechos protegidos por la garantía del hábeas corpus o hábeas data. para la protección del derecho de libertad física de todos los habitantes. a fin de defender aquello objetivos. que habilita el acceso inmediato. que protege el derecho a la libertad de intimidad.
. Amparo. y el hábeas corpus. Habilita al afectado. lesione o amenace. en relación con los datos de una persona. Artículo 43. a ejercer la acción para protección de intereses difusos.obligaciones al respecto para las autoridades y pone a cargo del Congreso la obligación de dictar una ley que establezca procedimientos eficaces para proteger a los consumidores y usuarios previendo la participación de las instituciones intermedias en los organismos de control. o sea la institucionalización de la llamada acción popular. El tercer y cuarto apartado de este artículo consagra dos garantías nuevas para nuestro texto constitucional como son el hábeas data. con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
que representa al pueblo en su conjunto y la Cámara de Senadores. la Cámara de Diputados de la Nación.CAPITULO 3. el primero referido al Gobierno Federal y el segundo a los Gobierno de provincia. que representan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. 108 al 120). esta segunda parte del texto constitucional está dividida en dos títulos. la segunda Del Poder Ejecutivo (del art. éste está integrado por dos Cámaras. Con respecto al Poder Legislativo de la Nación. del Estero Tucumán Diputados 70 25 5 18 7 7 5 9 5 6 5 5 10 7 5 5 7 6 5 5 19 7 9 Senadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. la tercera Del Poder Judicial (del art. Conformación del Congreso de la Nación
Provincia Buenos Aires Capital Federal Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. El primero a su vez se subdivide en cuatro secciones a saber. 44 al 86). AUTORIDADES DE LA NACION PODER LEGISLATIVO Composición Como ya adelantáramos. 87 al 107). la primera Del Poder Legislativo (del art.
Tierra del Fuego TOTAL
La Cámara de Diputados está integrada por los representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, el número de representantes será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500, por lo que cada provincia elige un número de diputados según su población en base a dicha cantidad. Los diputados duran cuatro años en sus funciones y la Cámara se renueva por mitades cada dos años. La Cámara de Senadores, en la reforma de 1994, tuvo importantes modificaciones con respecto a la cantidad de miembros y al sistema de elección de los mismos. Anterior a la reforma, cada provincia elegía dos senadores. Estos eran elegidos en forma indirecta por las Legislaturas provinciales. A partir de la reforma, este mecanismo fue sustituido por elección directa por el pueblo y se incorporó un senador más por provincia. Ahora, los tres senadores son elegidos en forma directa por el pueblo, correspondiendo dos senadores al partido que hubiere obtenido el mayor numero de votos validos emitidos y el tercero al partido que le sigue en número de votos. Este sistema se utilizó por primera vez en las elecciones de 2001. En Mendoza correspondieron los dos senadores del partido más votado al Partido Justicialista (Jorge Pardal y Marita Perceval) y el tercero a la Alianza-UCR (Raúl Baglini). También se redujo la duración del mandato de los senadores de nueve a seis años. La Cámara, ahora, se renueva a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años. Formación y sanción de las leyes La ley es un acto complejo que requiere la voluntad conjunta de ambas Cámaras del Congreso y del Poder Ejecutivo. Respecto al funcionamiento del Congreso y al procedimiento legislativo se introdujeron algunas modificaciones en los artículos 63, 79, 80, 81, 82 y 83.
a) Se amplió el período ordinario de sesiones, de 5 meses por año a 9 meses, es decir desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año; b) Se redujo de cinco a tres la cantidad de intervenciones de cada Cámara, en caso de desacuerdo parcial entre ellas; c) Se prohibió a la cámara de origen rechazar un proyecto de ley que vuelve de la cámara revisora con modificaciones y la introducción de nuevas modificaciones; d) Se prohibió la aprobación tácita; e) Se insertaron en el proceso legislativo, las formas semidirectas de democracia, como iniciativa popular y consulta; f) Se creó la Comisión Bicameral Permanente relativa al control de los decretos de necesidad y urgencia, de la legislación delegada y de la promulgación parcial de leyes. El Poder Ejecutivo participa en la formación de las leyes mediante la promulgación de las mismas, esto es, una facultad mediante la cual el presidente manifiesta su consentimiento a en la vigencia de la ley. La promulgación puede ser expresa mediante decreto o bien por medio del silencio – tácita – es cuando pasado los diez días hábiles de haber recibido la comunicación de las cámaras el Ejecutivo no devuelve el proyecto con observaciones, la ley queda promulgada. Esto no ha sufrido modificaciones. También el Ejecutivo tiene la facultad de veto, esto es, una manifestación de voluntad contraria a la vigencia de la ley. Anteriormente, no estaba contemplado el veto parcial, con lo cual la ley que es vetada en parte por el Ejecutivo, éste devolvía todo el texto de la ley al Congreso. La reforma de la constitución incorpora el veto parcial, facultando al Ejecutivo a promulgar la parte no vetada siempre que tenga autonomía normativa y la aprobación parcial no altere la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Atribuciones del Congreso: El artículo 75
Este importante artículo regula las atribuciones del Congreso de la Nación y fue significativamente modificado por la Convención Constituyente de 1994. Son sus principales disposiciones: Régimen tributario y de coparticipación de impuestos Nuestra Constitución nacional traza este importante tema, de una manera particular, por lo que dicho régimen se encuentra disperso en varios de sus artículos. Es importante resaltar el artículo 4, ya que en el se mencionan los recursos del Estado nacional, como son: 1. el producto de derechos de importación y exportación, 2. La venta o locación de tierras de propiedad nacional, 3. la renta de Correos, 4. las contribuciones (impuestos) que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, 5. los empréstitos y operaciones de crédito. Los impuestos son una obligación dineraria que establece el Estado en razón de la capacidad contributiva del sujeto obligado y están destinados a financiar los gastos generales del Estado (seguridad, ejército, justicia, salud, educación, etc). El artículo 75, incisos 1 y 2 establece el régimen de impuestos y coparticipación en nuestro país. Los impuestos directos, son aquellos en los cuales el contribuyente de iure se identifica con el contribuyente de facto, económico o real. Es decir que su pago no puede ser trasladado a terceros. Es el caso típico del impuesto a los bienes, donde el tributo es debido por el propietario. Los impuestos indirectos a los que también la doctrina y la legislación los denomina "impuestos al consumo" son aquellos que gravan la venta de las mercaderías, siendo pagados por el productor o fabricante, quien lo recarga sobre el precio de aquéllas; por ese motivo, quien paga en definitiva es el consumidor. Es el caso de los impuestos al consumo y al valor agregado.
Los Impuestos Indirectos Externos, (es decir los impuestos aduaneros) le corresponden siempre y únicamente al Estado Federal. Ello surge de los arts. 4, 9, 75 inc. 1 y 126 de la Constitución Nacional. Los Impuestos Indirectos Internos, corresponden en forma concurrente, al Estado Federal y a las Provincias. Esto surge del art. 75 inc. 2 de la C.N. que lo establece como "poderes impositivos concurrentes". Esto implica que las provincias pueden establecer impuestos de este tipo. Los impuestos directos corresponden en principio exclusivamente a las provincias salvo casos excepcionales de emergencia, en cuyo caso puede crearlos el Estado nacional por tiempo determinado. Sin embargo, su ejercicio por parte del Estado nacional se ha convertido en práctica habitual. La clasificación de los impuestos según surge de la Constitución Nacional podemos diferenciarla en:
DIRECTOS NA CIONA LES 1 2 • • 4
INDIRECTOS 1• Importación y exportación 2• Valor agregado 3• Internos al consumo en general • Específicos sobre ciertos consumos: energía, cine, combustibles, etc.
Ganancias Patrimonio
1• PRO VINCIALES Inmobiliario 2 • Automotor
1• Ingresos brutos
Mediante este sistema el Estado Nacional crea e impone impuestos que conforme a la Constitución le corresponderían a las Provincias, coparticipando a éstas de una parte del producido de los mismos y quedándose con el resto. Este sistema ha sido convalidado por la Corte nacional y las provincias también lo han legitimado. Rige actualmente la ley 23548 (de 1988) y el nuevo marco constitucional, establecido en el articulo 75 inciso 2 de la Constitución aun no ha sido regulado por el Congreso. La reforma de 1994 institucionalizó la Coparticipación Impositiva al incluirla en el art. 75 inc. 2. Presupuesto nacional El art. 75 inc. 8 establece que el Congreso tiene la facultad de fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar o desechar la cuenta de inversión. El Presupuesto General de gastos y recursos es una de las leyes más trascendentales que debe sancionar el Congreso de la Nación, ya que contiene la autorización para recaudar las rentas y para gastar en el ejercicio financiero anual. En otras palabras, el presupuesto es el programa de gobierno por el término de un año. El presupuesto general tiene dos grandes capítulos: el de gastos y el de recursos. La Reforma constitucional de 1994 modificó el inciso correspondiente a la aprobación del presupuesto por el Congreso. Se incluyó la frase "conforme a las pautas establecidas en el inciso 2". Esto significa que en el presupuesto debe estar incluido expresamente el régimen de coparticipación federal de impuestos y los principios establecidos en el inciso segundo de este artículo.
Bancos y emisión monetaria El inc. 6 del art. 75 autoriza al Congreso a crear un Banco Federa, con facultad de emitir moneda. Antes de la reforma constitucional de 1994, el anterior art. 67, inc.5, se refería al Banco de la Nación Argentina, creado en 1872, y no al Banco Central de la república Argentina que no existía en esa época. El Banco Central de
Artículo 75 inc.la República Argentina. 22: Le atribuye la función de aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones. Artículo 75 inc. Tratados internacionales Corresponde al Poder Ejecutivo la negociación y la firma de los tratados internacionales conforme al artículo 99 inc. Es importante tener en cuenta que los tratados que se firmen deben respetar los principios de derecho público establecidos en la constitución de acuerdo al artículo 30.N. Si el Tratado es sancionado y promulgado se incorpora al derecho interno.”. La intervención federal Es un acto complejo de naturaleza política. que prohibe a las provincias la acuñación de moneda o la creación de bancos con facultad de emitir billetes. salvo que cuenten con autorización especial del Congreso.N. Y establece una mayoría especial (2/3) de los miembros presentes para que nuevos tratados humanitarios adquieran en el futuro jerarquía constitucional. El Banco Central de la república Argentina fue creado en 1932. época en que el gobierno de entonces comenzó a aplicar una política netamente dirigista. Los tratados y Concordatos (tratados firmados con la Santa Sede) tienen jerarquía superior a las leyes.11.75 inc.E los somete a la aprobación del Congreso. es el único Banco emisor de moneda de curso legal en nuestro país. pueda transferir ciertas atribuciones estatales a órganos supranacionales en igualdad de reciprocidad. Una vez firmados el P. en los Tratados de Integración Económica. Su Directorio debe estar integrado por representantes de la provincias. 24: Autoriza al Congreso para que. 126 C. por el cual se limita o suspende temporariamente la autonomía provincial a fin de cumplir algunos de los objetivos previstos en el artículo 6 de la C. Incluye una lista de 10 Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional. El art. Esta disposición está en acuerdo con el art. Estos objetivos son: “garantir la forma
.11 atribuye al Congreso la función de hacer sellar moneda fijar su valor y el de las extranjeras.
La Auditoria no solo ejerce el control de legalidad. financieros y administrativos el cual se sustenta en dictámenes de la Auditoria General de la Nación. Lamentablemente no se previó la tercera alternativa que es la que normalmente se produce: el silencio del Congreso ante la intervención decretada por el Poder Ejecutivo. Auditoria General de la Nación El Artículo 85 ha otorgado jerarquía constitucional al control de la hacienda pública nacional. Este articulo ha impuesto como atribución del poder legislativo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales. 31 que fue incorporado mediante la reforma.republicana de gobierno a requisición de las autoridades provinciales. como también de las empresas privatizadas sino que asesora al legislativo en el control sobre desempeño y situación de la administración pública nacional. Este es un órgano que ya existía y ahora se le dio jerarquía constitucional y se estableció que el presidente del organismo es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor numero de legisladores en el Congreso. análisis de gestión y auditoria de toda la administración de la hacienda pública tanto centralizada. ya que con anterioridad se consideraba una facultad implícita del Congreso nacional.
. El artículo 6 no explícita a cual de los órganos le corresponde disponer la intervención federal. pero si lo hace el artículo 75 inc. 20 que autoriza al presidente a decretar por sí solo la intervención federal cuando el Congreso está en receso obligándolo a convocarlo simultáneamente. pudiendo éste aprobarla o revocarla. Este artículo establece expresamente que la intervención federal es competencia del Congreso. autoriza la Poder Ejecutivo a decretarla durante el receso del Congreso. cuando éstas estuvieran amenazadas o hubieran sido depuestas por sedición interna o por invasión de otra provincia o para repeler invasiones exteriores. económicos. Este artículo se complementa con el artículo 99 inc. No obstante. descentralizada.
Tiene como misión la defensa y garantía de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y en los tratados internacionales contra los actos u omisiones lesivos de ellos que provengan de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 86). es una institución que recibe quejas de ciudadanos agredidos o no adecuadamente atendidos por la administración pública y que tiene el poder para investigar y recomendar acciones correctivas. ANALISIS PARTICULAR DEL ARTICULO 75 Dicho art. Si bien la Convención de 1994 lo institucionaliza.284 actualmente en vigencia. También por el artículo 43 se le otorga legitimación para interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación o en protección al medio ambiente. El texto constitucional consta de un preámbulo y dos partes normativas:
. al usuario y en general respecto de cualquier derecho de incidencia colectiva. a la competencia. que significa “dar trámite”. Es designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara. 67 de la constitución de 1949 la cual corresponde a las atribuciones del congreso. Esta última función se ejerce para verificar el cumplimiento de la ley e impedir que en la aplicación de ella se causen perjuicio a los administrados y alcanza también a los servicios públicos privatizados.Defensor del Pueblo El defensor del pueblo u ombusman. Goza de las mismas inmunidades de los legisladores y dura en el cargo cinco años. no integra el Congreso nacional pero le pertenece y colabora con él en el ejercicio de la función de control que le ha sido asignada. Se trata de un órgano extrapoder pues goza de autonomía funcional. incorporándolo al texto constitucional (art. Se corresponde con el art. el defensor del pueblo es una creación legislativa anterior a la reforma constitucional. pudiendo ser reelegido una sola vez. mediante la sanción de la ley 24.
 Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Declaración Universal de Derechos Humanos. 3º Nuevo Inc. 1º Reformado (Corresponde al anterior inc. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 1º del art.2
ARTICULO 75 ACTUAL • • • • Inc.1 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (agregada en 2003). 4º Mantiene el anterior inc. 2º Reformado (corresponde al anterior inc. Sociales y Culturales. 67) Inc. 3º del art. Pacto Internacional de Derechos Económicos.  
Convención Sobre los Derechos del Niño.• •
Primera parte: Declaraciones.  Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Inhumanos o Degradantes. 67) Inc. 
Facultativo. 44-129)
Asimismo tienen rango constitucional en virtud del art. los siguientes tratados internacionales:      Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Derechos y Garantías (arts. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 2º del art. Segunda parte: Autoridades de la Nación (arts. 67
. 75 incisos 22. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1-43). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (agregada en 1997).
7º del art. 18 del art. 67) Inc. 10 Reformado (corresponde al anterior inc. 67) Inc. 17 Nuevo Inc. 15 Mantiene el anterior inc. 24 Nuevo Inc.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inc. 67) Inc. 8º Reformado (corresponde al anterior inc. 11 del art. 7º Mantiene el anterior inc. 29 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 15 del art. 67 Inc. 67 Inc. 16 del art. 67 Inc. 67) Inc. 22 del art. 19) Inc. 18 Mantiene el anterior inc. 16 Reformado (corresponde al anterior inc. 67 Inc. 12 del art. 27 del art. 67 Inc. 26 del art. 13 del art. 10 del art. 6º del art. 9º del art. 9º Mantiene el anterior inc. 17 del art. 67) Inc. 67) Inc. 12 Reformado (corresponde al anterior inc. 28 del art. 67 Inc. 67) Inc. 5º del art. 67 Inc. 30 Reformado (corresponde al anterior inc. 14 del art. 67 Inc. 20 Reformado (corresponde al anterior inc. 19 Nuevo Inc. 25 Mantiene el anterior inc. 28 Mantiene el anterior inc. 11 Mantiene el anterior inc. 25 del art. 22 Nuevo (corresponde parcialmente y con reforma al anterior inc. 4º del art. 23 Nuevo Inc. 32 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 21 Reformado (corresponde al anterior inc. 27 Reformado (corresponde al anterior inc. 67 Inc. 67
. 67 Inc. 31 Nuevo Inc. 6º Reformado (corresponde al anterior inc. 67) Inc. 23 del art. 13 Mantiene el anterior inc. 21 del art. 67) Inc. 5º Mantiene el anterior inc. 14 Reformado (corresponde al anterior inc. 8º del art. 26 Reformado (corresponde al anterior inc.
tienen jerarquía constitucional. 75 preceptúa que: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y a continuación enumera diez tratados internacionales de derechos humanos.
En el inc. Gregorio Badeni en su trabajo “El caso ‘Simón’ y la supremacía Constitucional” (1) analiza prolijamente los debates suscitados en la Convención Reformadora de 1994 acerca del punto que nos ocupa. no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. en cuanto si bien tienen jerarquía superior a las leyes. 22 del art. No cabe duda alguna de que dichos tratados tienen carácter supra legal. pero el gran interrogante es si también tienen o no carácter supraconstitucional. luego de ser aprobados por el Congreso.El nuevo inc. 22 les asigna jerarquía constitucional. concluidos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”. firmados y aprobados con las formalidades requeridas por la Constitución Nacional a las que antes hemos mencionado. respecto de los cuales preceptúa que: “en las condiciones de su vigencia. y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Si bien los tratados de integración regulados por el precitado inc. no se les ha dado jerarquía constitucional. agrega como facultad del Congreso “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. muy distinta es la situación que resulta respecto de las convenciones y tratados sobre derechos humanos a los que el inc. Menciona que el convencional Rodolfo
. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. 24 del mismo art. 75. 24 no han generado aún problemas interpretativos. concepto que ha suscitado y seguirá suscitando grandes dudas respecto de si esa jerarquía equivale o no también a la prevalencia de ellos por encima de la Constitución Nacional.
el mencionado convencional señaló que su inserción obedeció al propósito de aseverar que ellos no pueden modificar los artículos 1 a 35 de la Ley Fundamental porque. 22–. porque en la relación de complementación. los derechos que consagran los tratados no colisionan con los preceptos constitucionales sino que los complementan. estos derechos no estarán perfeccionados. conforme a este principio. el convencional Humberto Quiroga Lavie sostuvo: “lo que hace la
. 27” y en similar línea de pensamiento. lo complementario debe seguir a lo complementado. “la palabra complementario tiene mucha importancia. 75. sino que la complementan y que no se niega el carácter supremo de la Constitución porque los tratados no son normas de la Constitución ni se incorporan a ella. explicitan o perfeccionan” y que. pero que no la integran estrictamente. que declaró la necesidad de la reforma constitucional. tras destacar que todos los tratados tienen jerarquía supra legal pero infra constitucional. 33 siempre que no afecten otros ya consagrados y en concordancia con lo establecido en el art. con lo que no podrán aplicarse”. Respecto al carácter “complementario” que la Constitución le atribuye a los tratados. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos – incorporada al art. sostuvo que algunos de ellos son elevados al rango constitucional y que al tener tal jerarquía constitucional están en pie de igualdad con la Constitución Nacional. “no existirá la complementariedad exigida ahora por el constituyente. El convencional Ernesto Meader señaló que el contenido de los tratados internacionales debe ser considerado “como parte de los derechos y garantías no enumerados. se llegara a presentar una contradicción. 7º de la ley 24.309.Barra. es accesorio a ello”. inc. Barra destacaba que las normas de ella no pueden limitar los derechos tal como están enunciados en la Constitución y que. si en algún caso concreto. Refiriéndose al art. en caso contrario se estaría vulnerando el art. previstos en el art. que “fulmina de nulidad absoluta cualquier modificación que se quiera introducir a la Primera Parte de la Constitución Nacional y agregó que. por lo tanto.
En 1997 Badeni en Instituciones de derecho constitucional (3) sostiene en términos categóricos que “los tratados internacionales sobre derechos humanos. quiere decir que los tratados se sitúan al mismo nivel de la Constitución. que integra la mayoría. i“Espósito” (5) y “Simón” (6) asigna primacía a los tratados de derechos humanos sobre las normas de la Constitución Nacional. 22 que reza: “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. ni que formen parte de ella. dijo que “… La armonía o Concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio constituyente … no pueden (los tratados) ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido susceptible de ser atribuido al constituyente … los tratados complementan las normas constitucionales sobre derechos y garantías … las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía.nueva norma de la Constitución es afirmar claramente la supremacía de la Constitución por encima de todo el resto del ordenamiento jurídico”. fuera de la Constitución documental”. a más de definir una prioridad sobre las leyes”…. a pesar de tener jerarquía constitucional. 27 y 30 de la Ley Fundamental”. ubicándose en el llamado bloque de constitucionalidad. Atento a que la doctrina judicial que sientan los integrantes del Alto Tribunal en esos tres casos es similar en su concepción central. El juez Boggiano. Bidart Campos (2) manifiesta que “la asignación de jerarquía constitucional. pero sí enfatizamos que revisten su mismo rango. nos vamos a limitar a comentar en particular dos de los votos que contiene la sentencia en el caso “Arancibia Clavel”. son
. comparten supremacía y que encabezan con ella nuestro ordenamiento jurídico y que no afirmamos que estos instrumentos estén ‘incorporados’ o integrados a la Constitución formal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver las causas “Arancibia Clavel” (4). Agrega que la asignación de igual jerarquía y rango se reafirma en el concepto del inc. están subordinados a una Constitución que no pueden modificar porque ello se lo impiden los arts.
pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual). presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos es el documento financiero del estado u otro poder de la administración pública. Estos conceptos.
. contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales de año (generalmente los últimos días de diciembre) que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. mediante la correspondiente Ley de presupuestos.complementarias y. no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente … el Congreso hace un juicio constituyente de armonía de todos estos preceptos que no pueden entrar en colisión o tener preeminencia pues constituyen la Constitución misma” (considerandos 9 y 10 de su voto). Por sus especiales características. El presupuesto constituye la expresión cifrada. Además. muy parecidos a los que hemos citado de la obra de Bidart Campos. como máximo. conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que. significan que coloca a la Constitución y los tratados de jerarquía constitucional como un bloque de constitucionalidad (al decir de Bidart Campos) o con la misma jerarquía normativa (Boggiano). Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero también de control. la ley de presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes. por lo tanto. que balancea ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. ART 75 inc. pero así no se resuelve el problema que nos venimos planteando. 8 Ley de presupuesto 24156 Presupuesto público. que es una norma legal. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del congreso o parlamento de un país.
Por el contrario. e) el inc. Así. 19 en sus cuatro párrafos suma referencias principistas para el orden socioeconómico. preferentemente dinero para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social.Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones. 2º sobre coparticipación federal impositiva señala las pautas de valor que han de tomarse en cuenta para la distribución de la recaudación. f) el inc. cuando prevé los tratados de integración supraestatal. Por supuesto. para el crecimiento y el desarrollo desigualitario. 24. Hay que pasar revista a los 32 incisos del art. no vamos a transcribir los que son pertinentes. entonces. consistente en incorporar a la parte orgánica una serie de valores. Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias que deben estar acordes a lo que garantiza la Constitución del país. el art. principios y derechos que obligadamente reenvían a la parte dogmática. al adjudicar las competencias concreciónales encontramos que: a) el inc. EL SISTEMA AXIOLOGICO El art. pero sí a citarlos. c) el inc. — En el art. los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado. 23. que tanto para el ejercicio de las competencias del congreso como para interpretar y aplicar el sistema axiológico y el sistema de
. Es fundamental. pero ya dijimos que es expresión manifiesta de un fenómeno normativo propio de la reforma de 1994. 75 se condensa el agrupamiento que de las competencias del congreso hace la constitución. es decir. 17 contiene derechos de los pueblos indígenas argentinos. satisfacer las necesidades de la sociedad. aun cuando hay otras fuera de él. generalmente dinerarias que realiza el Estado para cumplir con sus fines. 75 para comprenderlo. 22 alude a instrumentos internacionales sobre derechos humanos. también impone pautas valorativas. 75 y la parte dogmática 1. 75 pertenece a la parte orgánica de la constitución. d) el inc. a la igualdad real y a los derechos. b) el inc. para la educación y la cultura.
75 se proyecta hacia la parte dogmática. se preste la debida atención a todo lo que desde el art. 4º es taxa-tiva o no. que corresponde al anterior art. d) contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población impone el congreso general. b) venta o locación de tierras de propiedad nacional. pueden agregarse otros no enunciados expresamente. EL SISTEMA RENTISTICO Y FINANCIERO El artículo 4º. no resultaba violatoria de la constitución. Para encarar la cuestión después de la reforma conviene tomar en cuenta dos cosas: a) subsiste la competencia del congreso para establecer y reglamentar un banco “federal” con facultad de emitir moneda (art. Se debate si la enumeración de recursos que efectúa el art. 6º. pese a la diversidad de opiniones doctrinarias. los recursos. 4º de la constitución prevé la formación y los recursos del llamado tesoro nacional. 67 inc. enumerando las siguientes fuentes de ingreso: a) derechos de importación y exportación. y de sus proyecciones económicas. 5º. más allá de la valoración que pudiera recaer sobre la conveniencia o no de la emisión monetaria como recurso fiscal. Si no lo es. La discusión acerca de la constitucionalidad de la emisión monetaria sin respaldo metálico nos hizo sostener antes de la reforma de 1994 que. y la emisión monetaria El art.
. c) renta de correos. b) se ha agregado entre las competencias del congreso la de “proveer lo conducente… a la defensa el valor de la moneda” (art. 19 párrafo primero). 75 inc. 75 inc. (Ver nº 20). Queda la impresión de que esta nueva norma tiende a evitar la inflación causada por la emisión monetaria sin encaje metálico y como recurso habitual y permanente.derechos de la constitución. e) empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. que se refería a un banco “nacional” con facultad de emitir billetes).
pero cabe opinar que aquella emisión monetaria como recurso fiscal quedaría implícitamente vedada cuando objetivamente fuera contraria y dañina para defender el valor de la moneda (que el art. que han significado discriminaciones aduaneras. 126. De todos modos. Ello es así porque distintas normas han consagrado franquicias Diferenciales en algunas zonas. el mismo art. y arts. la prohibición de tarifas aduaneras diferenciales ha transitado por una mutación violatoria de la constitución. art. y b) serán uniformes en todo el territorio.928.. Después de la reforma. 1º del art. no hay duda de que antes de la reforma de 1994 la emisión monetaria sin respaldo significó una mutación constitucional por interpretación que algunos reputaron inconstitucional y otros no.
. 19 obliga a resguardar). 11 y 12). Mucho más breve. del año 1991. así como las avaluaciones sobre las que recaigan. 67. Concomitantemente. tuvo precisamente la intención y el propósito de erradicar la praxis de la emisión monetaria como recurso fiscal. En la constitución material.Sobre el fenómeno inflacionario en sí mismo nada dice la constitución reformada. 19 trae otras pautas obligatorias para el orden socioeconómico. 75 inc. o sea. y que son de competencia exclusiva del estado federal (por ej. 75 ha sufrido modificaciones de redacción en la reforma del que antes era inc. que conviene analizar a efectos de resolver el problema de la emisión monetaria sin encaje metálico. capaz de originar índices de inflación que alteraran dicho valor. y con cualquier opinión sobre el tema. De otras normas surge que estos impuestos no son objeto de coparticipación (art. para no esvirtuar ni dejar incumplidas dichas pautas. 1º del art. 2º). la ley de convertibilidad 23. 75 inc. ahora dice que: a) al congreso le corresponde legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación. 75 inc. que prohíbe a las provincias establecer aduanas provinciales. 10. El régimen aduanero y la circulación territorial El inc.
mucho más extenso y objeto de sustancial reforma en el texto de 1994 con respecto al que era inc. y correos El inc. Del texto constitucional no surge ningún tipo de monopolio a favor del estado federal en materia de correos. 2º del art. 13 del art. en jurisdicción local. Cabe interpretar que la alusión constitucional expresa a la venta y locación de tierras “nacionales” proyecta la respectiva competencia del congreso a toda venta o locación de cualquier otra clase de bienes que sean del estado federal. como es el caso de sus empresas. por analogía. 5º del art. 4º. también en consonancia con el art. 67 y consigna la competencia de arreglar y establecer los correos generales (se ha suprimido la mención de “las postas”).Los impuestos y contribuciones El inc. mensajerías y otros medios de comunicación. que incluye entre los fondos del tesoro nacional el producto de la venta y locación de tierras de propiedad nacional. pero no impide a las provincias tener. 67 la alusión a empréstitos “de dinero”). a los telégrafos. 4º. 14 del art. operaciones financieras. La norma se refiere a los correos federales y. 2º del art. Relacionando la norma con el art. 3º del art. 75 autoriza al congreso a disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. El inc. teléfonos y otros medios de comunicación similares.
. 3º del art. El inc. tiene como núcleo importante la coparticipación federal impositiva. 67. 75. encontramos en éste la mención de los “empréstitos y operaciones de crédito que decrete el congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional”. 75 reemplaza al que fue inc. 75 mantiene la competencia de contraer empréstitos (aunque ha suprimido del ex inc. Para ello remitimos Para el régimen tributario en general Los empréstitos.
así como la posible existencia de correos provinciales en jurisdicción local. cabe distinguirla del impuesto.”. Sin duda para nosotros. e) si el particular ha sufrido perjuicio (por ej.A. porque ha debido obtener el dinero de terceros a mayor interés que el devengado en el empréstito forzoso) ha de quedar legitimado para demandar al estado el resarcimiento del daño. el congreso puede acordar
. y “Morixe Hnos. En Cambio. bajo promesa de reintegro. de 1996). en tanto en el impuesto no. porque en el empréstito forzoso hay devolución. S. El empréstito “forzoso” Cuando la constitución se refiere al empréstito. y ser asimismo de duración razonablemente transitoria. se nos plantea el problema del empréstito forzoso o compulsivo. el empréstito forzoso no es necesariamente Inconstitucional. 4º para “contraer empréstitos” incluye la de los empréstitos forzosos.. el crédito tiene que ser actualizado para que la suma prestada recupere su valor real y actual al momento de la devolución. cuya composición ya hemos analizado. sin que los obligados puedan evadir el préstamo. Los subsidios “a” y “de” las provincias Con los fondos del tesoro nacional. no cabe indemnización. f) salvo la hipótesis del anterior inciso. se discute si la previsión del art. 75 inc. b) pero debe existir causa razonable. de 1995.pudiendo fácilmente inferirse que está habilitada la concesión del servicio a particulares. Las leyes 23. bajo cualquier nombre que se les asigne. d) si hay inflación.256 y 23.C. Las leyes de ahorro obligatorio fueron reputadas por la Corte Suprema como actos unilaterales del estado que se justifican por el poder tributario acordado constitucionalmente al congreso (casos “Horvath Pablo c/Fisco Nacional (DGI)”.I. Nuestra respuesta es la siguiente: a) como principio general.549 instituyeron un sistema de “ahorro obligatorio”. No es del caso entrar aquí al debate doctrinario sobre la real naturaleza de esta figura. en el cual el estado capta fondos de los particulares por tiempo determinado. c) el préstamo debe devengar intereses.
no las compartimos. según sus presupuestos (art. dictar la ley de presupuesto y aprobar o desechar la cuenta de inversión). No nos parece constitucional la situación inversa. pero el ejercicio de esta atribución se ha desplazado sin duda hacia el poder ejecutivo. 75 “arreglar” el pago de la deuda interior y exterior del estado. arreglar el pago de la deuda. 75 inc. y al aprobar o desechar la cuenta de inversión. si el art.Subsidios a las provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. se alega que la competencia congresional de arreglar el pago de la deuda la asume y cumple el congreso al tratar la ley de presupuesto (porque en ésta se incluyen los pagos. Importantes opiniones acuden a justificar el fenómeno. sin perjuicio de que. también se supone —sobre todo en materia de deuda externa— que la intervención del congreso en la aprobación de los acuerdos que celebra el poder ejecutivo equivale al arre-glo del pago (si es que tales acuerdos se equiparan a tratados internacionales y se someten al trámite de éstos). 7º del art. Por serias que resulten estas opiniones.156. asimismo. ni subsumirse una en la otra. y otra. en que el gobierno federal obliga a las provincias a otorgarle subsidios. resulta suficientemente claro que ambas no pueden identificarse. Lo mismo cabe argüir
. 75 enfoca y atribuye por separado dos competencias del congreso (una. Por un lado. A nuestro criterio (de modo análogo a lo que decimos en cuanto al arreglo de límites inter-nacionales). y ha decaído en el ámbito congresional. ni fusionarse. Por otro lado. ni confundirse. el congreso pueda reglamentar el inciso como lo ha hecho con la ley 24. porque la norma que faculta al congreso a conceder subsidios a las provincias no puede usarse a la inversa. para que el estado federal exija a las provincias que contribuyan con aportes locales a favor del gobierno federal. porque si estuvieran identificadas sería estéril la mención doble e independiente. amortizaciones. e intereses). El “arreglo” de la deuda Al congreso le incumbe por imperio del inc. 9º).
Este desplazamiento de una facultad congresional hacia el poder ejecutivo ha operado una mutación constitucional por interpretación. en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”. 8º incorpora respecto del que era 7º. Este inciso tiene independencia del art. 2º (porque se refiere al presupuesto y a la cuenta de inversión) pero a su modo se conecta con el citado inc.si se pretende dar por cumplido el arreglo del pago cuando. pero fue práctica en la constitución material. aun cuando el inciso 8º no hace alusión al inc. En éste se prevé el reparto en la coparticipación impositiva entre el estado federal. previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del poder ejecutivo. conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2º de este artículo. las provincias y la ciudad de Buenos Aires. 19
. Para las inversiones públicas damos por cierto que. 2º en cuanto la fijación anual del presupuesto viene ahora enmarcada en una pauta que remite a su párrafo tercero. 75 inc. 67. en un lineamiento presupuestario inexorable. la citada reforma ha constitucionalizado la iniciativa o preparación por el poder ejecutivo del proyecto de ley presupuestaria. Las directrices que dicho párrafo tercero traza se convierten. El derecho espontáneo —según ya dijimos— ha desfigurado mucho la competencia congresional de arreglar el pago de la deuda. que a nuestro entender discrepa con la constitución formal. 100 sobre competencias del jefe de gabinete dice en su inc. el congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo. El inc. Antes de la reforma. cuando el art. El presupuesto En materia de presupuesto la reforma de 1994 ha introducido modificaciones en el art. 75 respecto del anterior art. Por un lado. y entre éstas. la constitución no preveía expresamente la iniciativa del poder ejecutivo en la materia. el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Las demás alusiones al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas son otro añadido que el inc. 6º que le corresponde enviar al congreso el proyecto de ley de presupuesto. acaso. entonces. 8º dice: “Fijar anualmente.
por lo cual no ha de crear. De ahí que la ley de presupuesto no sea una especie de “súper ley” que a su puro arbitrio
. Por todo lo expuesto nos convencemos actualmente que cuando se prepara el proyecto del presupuesto y cuando el congreso dicta la ley respectiva. más la del presidente de la república en el art. modificar. 75 inc. 1º a 43.del mismo art. sino que a la vez se extiende a y en la parte orgánica. por ende. Hemos de remitir asimismo al art. b) a la época de la constitución. no suelen tener plazo de vigencia determinado. ni suprimir tributos. que otorga al jefe de gabinete la competencia de “hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional”. Por Ej. para lo cual es imprescindible acudir a su sistema axiológico. y se considera al presupuesto como un instrumento a través del cual el estado actúa sobre la economía. el art. 100 inc. hay que tomar en consideración las pautas que en él se estipulan. 7º. lo que la diferencia de las otras leyes que. 10 para supervisar el ejercicio de dicha facultad por parte del jefe de gabinete respecto de la recaudación de aquellas rentas y de su inversión con arreglo a la ley o al presupuesto de gastos nacionales. que ahora no está recluido en la parte dogmática de los arts. hoy se aspira a un “equilibrio económico”. bien que deba computarlos entre los ingresos. por lo general. 75. sin que deban obviarse las de los párrafos primero y tercero. a) la ley de presupuesto es anual. valores y derechos Lo que acabamos de sostener no es una simple orientación ni un consejo. sobre todo en el párrafo segundo. la anualidad era un requisito que se consideraba relacionado con el llamado “equilibrio financiero”. c) la ley de presupuesto no es —ni debe ser— una ley fiscal. 8º) debe imperativamente tomarse en consideración la serie de prioridades que implícitamente surgen del contexto integral de la constitución. no debe incluir normas ajenas a lo que el presupuesto es en sí mismo. 75 condensa —aunque no él exclusivamente— una nutrida constelación de principios. para lo último. así como cuando se analiza la cuenta de inversión (art. 99 inc.
El art. Si por ley el congreso rechaza una cuenta de inversión. y las prioridades de éstos sin remisión alguna a las pautas obligatorias que. y que no ha de confundirse con el control durante la “ejecución”.y discrecionalidad pueda prever el ordenamiento de los ingresos y los gastos. La cuenta de inversión El art. que parte de la doctrina llama control “póstumo”. 75 inc. no se ejerce con eficacia. se opone a la constitución formal. 85 prescribe que la Auditoría General de la Nación “intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos El examen y la aprobación (o el rechazo) de la cuenta de inversión es una función que. surgen de la constitución. estamos ciertos de que el poder ejecutivo no puede vetarla porque. desvirtúa y cancela el control parlamentario que la constitución exige. al retraer o des energizar el control del congreso sobre la cuenta de inversión. también para el presupuesto. 8º acuerda al congreso la facultad de aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Las competencias en materia bancaria y monetaria
. Es evidente que la constitución ha atribuido al congreso un importante papel de control del presupuesto ejecutado. También decimos que el ejercicio de esta competencia no es “potestativo” sino obligatorio para el congreso. si lo hace. Esta competencia del congreso no es legislativa. por lo que no debería ejercerse mediante la sanción de una ley. en la constitución material. No es aventurado afirmar que la constitución material ofrece en este punto una mutación profunda que.
12 incluye en la legislación general a la ley sobre falsificación de la moneda corriente. la moneda de curso forzoso es el papel moneda con curso legal. atiende a la relación “acreedor-deudor”. 126). 6º del art. del año 1991. 75 le corresponde al congreso establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. Las provincias no pueden establecer bancos con facultad de emisión sin autorización del congreso (art. además del banco federal. dispuso la convertibilidad de la moneda argentina (entonces todavía el austral) en la equivalencia de diez mil australes (que ahora son un peso) por cada dólar estadounidense. que además no puede canjearse. Parece verdad que. La ley de convertibilidad 23. como mero recurso fiscal .20. 19 obliga al congreso a preservar el valor de la moneda. El inc. porque el primero no puede rehusar recibir la moneda de curso legal. El curso legal. el curso forzoso apunta a la relación “tenedor del billete. Intentamos interpretar también que la emisión monetaria no puede ahora disponerse sin encaje metálico o respaldo suficiente de manera habitual y permanente.928. El texto del que antes de la reforma era inc.El inc.
. fijar su valor y el de las extranjeras. 11 del art. por su carácter federal. por su lado. 6º también prevé que el congreso establezca. y apareja poder cancelatorio o liberatorio. 6º debe incorporar a representantes de las provincias en sus órganos de conducción y administración. El inc. La moneda de curso legal es aquella moneda —metálica o papel— cuya aceptación es irrehusable y obligatoria. 5º del art. —Conforme al inc. porque el primero no puede exigir al segundo la conversión del billete. 126). Dicha ley implicó el ejercicio de la competencia congresional de fijar el valor de la moneda. que hace al dinero irrecusable. 67 hablaba de un banco “nacional” con facultad de emitir “billetes”. el banco aludido en el inc. El billete investido de curso legal y curso forzoso suele llamarse “papel moneda”. asigna al congreso hacer sellar moneda.El inc. otros bancos “nacionales”.entidad emisora”. 75. Las provincias no pueden “acuñar” moneda (art.
lo que. donde se registra una marcada mutación. supone que pueden emitirlos si el congreso da autorización. ¿Qué son los “billetes”? Parece ser. La moneda extranjera El congreso también fija el valor de las monedas extranjeras. a partir de
. b) que con autorización del congreso pueden emitirlos con dichos efectos y características. a la amplitud de facultades acumuladas por el Banco Central. o sea. el billete al que se le otorga fuerza cancelatorio o inconvertibilidad. la emisión de billetes por las provincias está habilitada sin necesidad de que el congreso la autorice mientras tales billetes no circulen legal y obligatoriamente como dinero. o la moneda metálica fiduciaria). el “papel moneda”. 6º y 11 ha estado sustancialmente decaído en la constitución material. La emisión de billetes por las provincias El art. según parte de la doctrina. 126 prohíbe rotundamente a las provincias “acuñar moneda”. ello obedece. y no parece asimilable a ésta la moneda fraccionaria de insignificancia cuantitativa. cuyo origen. al contrario. o sea. en buena parte. pro-viene de una delegación completa de competencias por parte del congreso. en alusión indudable a la metálica (que queda reservada exclusivamente al congreso) en tanto se les prohíbe que establezcan bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del congreso.El ejercicio de las competencias del congreso del art. Además. De esto se induce que: a) las provincias pueden emitir — sin necesidad de que el congreso las autorice— “billetes de crédito” que carezcan de aquellos efectos y características. varias monedas extranjeras tuvieron curso legal en nuestro país. según fundadas opiniones. y ha decaído la facultad de “sellar” moneda (porque tal facultad no existe cuando no hay moneda metálica. y también como recurso fiscal. los billetes han llegado a desplazar a la moneda metálica. de curso forzoso. En suma. sin respaldo metálico. Hasta la ley de 1881. como papel moneda. En la constitución material tampoco es difícil descubrir la mutación que ha sufrido la emisión de billetes de curso legal. 75 incs.
la circulación legal de la moneda extranjera. 11 se refiere a la admisión de circulación de moneda extranjera como de curso legal para los pagos internos.
.928— se supuso en alguna doctrina que los jueces no podían disponerla para preservar el valor real del crédito y de la deuda. por el valor legalmente fijado en una cifra numeraria. las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera se consideraron hasta 1991 como de dar cantidades de cosas (principio del art. si la depreciación monetaria altera el valor real. Entendemos.entonces quedó suprimido. no está “fijando” el valor (“nominal”) de la moneda en sustitución del congreso. pues. con la jurisprudencia de la Corte. pero la ley 23. porque ello equivalía a “fijar” el valor de la moneda. en su valor real ya reajustado. puede ser inconstitucional la solución —aun judicialmente adoptada— que niegue reajustar el valor nominal. que era y es una competencia del congreso. 75 inc. 617 del código civil para las obligaciones de dar moneda que no sea de curso legal en la república). de 1991. pero no obsta a que el poder ejecutivo fije el cambio de nuestra moneda con relación a la de otros estados. porque el juez que — habiendo depreciación monetaria— ordena en su sentencia que se actualice a su valor real la suma debida. Ello quiere decir que el nominalismo impuesto legalmente no es inconstitucional pero. 617 del código civil estipulando que las obligaciones contraídas en moneda distinta de la argentina se deben considerar como obligaciones de dar sumas de dinero. La facultad de los jueces para admitir la depreciación monetaria El principio legal del “nominalismo” significa que el dinero se da y se recibe por su valor nominal. Prohibida. modificó el art. Cuando sobrevino la inflación y hubo de reconocerse que la depreciación monetaria hacía procedente la indexación —prohibida luego en 1991 por la ley 23. que la facultad congresional de fijar el valor de las monedas extranjeras es exclusiva cuando se trata de admitirlas en la circulación con el carácter de moneda legal para los pagos. tiene aptitud para cancelar la obligación del deudor y preservar el derecho de propiedad del acreedor. la facultad del art. Por ende. o sea. sino la cantidad de dinero que.928. Esa similitud resultaba equivocada.
pensamientos. comprende el tránsito de personas. Cualquiera sea el propietario de los ríos. porque la jurisdicción es independiente del dominio. imágenes. La cláusula comercial en nuestro régimen En nuestro derecho constitucional del poder. la norma juega en concordancia con el régimen aduanero de carácter federal. y de las provincias entre sí. el inc. Todo asunto concerniente al comercio con estados extranjeros o de las provincias entre sí. 75. productos. 75. 26. el texto constitucional reconoce la competencia congresional para regular el comercio con los estados extranjeros. que declara libre
. EL SISTEMA COMERCIAL El comercio En el inc. Aparece acá. O sea. En cuanto al primero. Comercio no es sólo tráfico o intercambio. o navegación interior o exterior (art. La jurisdicción sobre la navegación exterior y de las provincias entre sí puede ejercerse por el congreso con toda amplitud y eficacia. alcanzando a cosas. al congreso compete reglar el comercio internacional o interprovincial. otorgando al congreso la reglamentación de la libre navegación de los ríos interiores y la habilitación de puertos que considere convenientes. conectado con la cláusula comercial. Se trata plenamente de la jurisdicción federal (pero no del dominio). los servicios telefónicos telegráficos. la transmisión de mensajes. noticias. las provincias tienen prohibido dictar leyes sobre comercio. es propio del estado federal a través del congreso. mercaderías. también a cargo del congreso. 126). 10 del mismo art. etc. la energía eléctrica e hidroeléctrica. y dictar el código de comercio. la navegación. en cambio. con la limitación del art. así como el relativo a la navegación. 13 del art. personas. sino también comunicación. el comercio exterior y el comercio interprovincial (o comercio interjurisdiccional). o sea.. el transporte. etc.III.
11) con el comercio interjurisdiccional y con las transacciones. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. reconocer la personería jurídica de sus comunidades. 75 que dice así: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. El sentido del inciso 17 Por la importancia que le asignamos al tema de los indígenas vamos a transcribir el inc. con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. 15 en el que se atribuía al congreso la competencia de “conservar” el trato pacífico con los indios y “promover” su conversión al catolicismo. Esto devino anacrónico y desactualizado a medida que progresaron las valoraciones sociales en el contexto universal y en el nuestro propio. transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
.para todas las banderas la navegación de los ríos interiores. 17 del art. ninguna de ellas será enajenable. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” El contexto de la norma trasunta un sentido humanista. Ante todo. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. La reforma de 1994 reemplazó íntegramente aquellas competencias por las actuales. La competencia ha sido ejercida estableciendo el sistema métrico decimal. hemos de enfatizar que el nuevo inc. 17 se hace cargo del derecho a la diferencia. 75 inc. que es una expresión del derecho a la identidad personal y que se relaciona íntimamente con él. Lo primero a destacar es la diferencia radical con el anterior inc. El sistema de pesos y medidas Suele vincularse la facultad del congreso de adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas (art. La hora oficial como “medida” del tiempo cronológico no es una de las “medidas” a que se refiere la norma.
Integrar a los pueblos indígenas es no solamente no aislarlos ni segregarlos. negativamente. Uno quizá aparezca como simbólico y reparador. es el de la integración. y el respeto a una educación bilingüe e intercultural. en cuanto al elemento español Anterior a nuestra independencia. a su idiosincrasia. tiene el deber de no tornarla inocua y de conferirle desarrollo en cuanto ámbito resulta posible.De inmediato. pero. y al torrente inmigratorio posterior a la constitución originaria. El congreso. “Pueblo” sería aquí equivalente a población y. no significa que para Hacerlos parte integrante de ella haya de reclamárseles la renuncia o la abdicación a su estilo. afirmamos que en nuestra interpretación esta nueva cláusula revestida del alcance recién aludido para nada riñe ni pugna con la abolición y prohibición de las prerrogativas de sangre y de nacimiento que mantiene el viejo art. se los hace preceder por las comunidades aborígenes autóctonas. sino depararles un trato igualitario con el resto de la sociedad. más allá de no destruirla o socavarla. sino que se asume una justa expresión del pluralismo democrático y del mencionado derecho a la diferencia. los “pueblos aborígenes argentinos” vienen a definir los sectores de población o comunidades grupales que componen al conjunto humano que es elemento de nuestro estado. con ese sentido. y garantías a) El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos ofrece varios aspectos. 16. b) El congreso debe garantizar a los pueblos indígenas el respeto a su identidad. positivamente. hay que promoverla. aquí aparece otra vez el
. quiere decir que. es inviable desconocer o contrariar la herencia que hoy se acumula en sus comunidades y en nuestra sociedad toda. Uno de ello. Otro como histórico. Acá no se otorgan privilegios ni Prerrogativas. en ejercicio de la competencia que surge de la norma comentada. a sus diferencias. respeto. a la inversa. imprescindibles en un estado democrático. Reconocimiento. Que étnica y culturalmente hayan preexistido los pueblos indígenas implica que. a su cultura.
a la vez. además. porque señala la Finalidad promotora que debe revestir la tierra y su uso. una previsión sobre el reparto de competencias entre el estado federal y las provincias. cuanto distribuidas y coparticipadas en la forma y con el alcance que el congreso establezca o. d) Como último punto la norma alude a asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los otros intereses que los afecten. El congreso tiene.aspecto integrativo. como espacio de radicación y de crecimiento para la integración. de acuerdo a lo que el estatuto asociativo y organizativo de la persona jurídica colectiva prevea. que esas tierras podrán ser tanto de la persona jurídica que se reconozca en cada sociedad aborigen determinada.
. acorde con las características propias de tales sujetos de derecho pero. sin impedimento alguno a mixturas con la propiedad individual. con la peculiaridad asociativa que les imprime la índole indigenista. No se vea en ello una creación de feudos. de transmisión. (9) Bidart Campos tratado Ninguna de las tierras mencionadas será susceptible de enajenación. tampoco un colectivismo no democrático. de modo congruente con la Finalidad de desarrollo a la que hacíamos referencia. Insertar aquí la expresión “desarrollo humano” nos resulta relevante.(9) c) Hay en seguida un reconocimiento a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. 17 trae. Dice así: “las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. El inc. Que las comunidades indígenas obtengan reconocimiento de su personalidad jurídica como tantas otras Agrupaciones y entidades colectivas implica admitir su organización. la cultura diferencial y la convivencia de las comunidades aborígenes. o de gravámenes y embargos. que regular la entrega de otras tierras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano. De esta manera se garantiza aquel espacio geográfico de asentamiento. todavía mejor. por el calificativo. Posesión y propiedad “comunitarias” quiere decir. como cierre.
17 un núcleo normativo operativo. conducen a recordar que las facultades para reglamentarlo son concurrentes entre el estado federal y las provincias. tanto en el código civil cuanto en otros ámbitos legales y aun administrativos. No sería incongruente postular que el federalismo concertado suministra una vía para encauzar la concurrencia competencial. o ignoren. El inc. implica que para su efectividad no obstan las normas sobre el derecho de propiedad que resulten opuestas u omisivas. y que las provincias adhirieran a ella con una legislación local complementaria. y a lo mejor hasta cabría imaginar —por analogía con el reparto que para el derecho ambiental establece el art. lo que en el texto constitucional creemos
. explícitamente. 17 permite aseverar que. el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y de la personería jurídica de sus comunidades surge directa y automáticamente de la cláusula constitucional. o violen cuando ejercen sus respectivas competencias concurrentes. por un lado. por lo que su Aplicabilidad no demanda ley alguna. Estas nociones. Tal pluralismo normativo en nada riñe con el derecho a la igualdad ante la ley ni con la uniformidad del derecho común en todo el territorio. en lo necesario. Sin embargo. ahora la constitución se hace cargo de los derechos de las minorías. aunque deja sitio para el desarrollo legislativo. que se hacen aplicables a todo el inciso. porque es la propia constitución la que —para el caso— habilita aquel pluralismo. No obstante.La operatividad y el desarrollo legislativo No nos es difícil radicar en el inc. queda margen de competencia para cuantas precisiones reglamentarias hagan falta. 41— que el estado federal dictara una ley de presupuestos mínimos. lo que Facilita distintas regulaciones que se hacen adaptables a la idiosincrasia especial de las comunidades indígenas según el lugar donde están asentadas. De igual modo —y por otro lado— la posesión y propiedad comunitarias de tierras posee un contenido esencial mínimo que. todo cuanto dimana directa y operativamente de la constitución no admite que el estado federal y/o las provincias lo alteren.
67. etc. LA CULTURA. b) en un sentido “político”-pedagógico. Proveer lo conducente a la prosperidad del país. y al Progreso de la ilustración. hay simetrías con el plexo de derechos. pautas de funcionamiento. Creemos que
. Para el “progreso de la ilustración”. lo que demuestra otra vez en la reforma de 1994 la original conexión de la parte orgánica con la parte dogmática. para la enseñanza en jurisdicción federal y provincial.que es una novedad inusitada respecto del histórico y originario. ciclos. sin exclusiones ni marginamientos dentro de la federación. y para la enseñanza privada (no estatal). niveles. Además. 18 (que fue inc. Esta terminología engloba el lineamiento y la estructura de la educación en todos los niveles y ciclos. y se ha dado en llamar la cláusula del progreso) es de una amplitud manifiesta y engloba en su enunciado una temática que.). la extensión del progreso y del bienestar a “todas las provincias” otorga a la cláusula una dimensión Territorial y social que abarca a la integralidad geográfica y poblacional de todo el estado. Y LAS
CUESTIONES POBLACIONALES El inciso 18 del art. el inc. equivale a los contenidos del bien común y de lo que hoy se denomina desarrollo. sin carácter taxativo. 75 El inc. 125 constitucional. Por otra parte. equivale a planes de acción y organización del sistema educacional (planeamiento de fines. títulos. A tenor del art. 18 concede al congreso la facultad de dictar “planes” de instrucción general y universitaria. es sinónimo de plan de estudios o listado de asignaturas. a tono con las grandes pautas del preámbulo. 16 del art. que pueden hacer lo mismo en sus respectivas jurisdicciones locales. todo este cúmulo de competencias es concurrente con las provincias. al adelanto y bienestar de “todas las provincias”. LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO. abarca aspectos materiales y culturales. El término “planes” admite doble acepción: a) en un sentido “técnico”-pedagógico.
La educación. lo común era ceñirse al inc. 19 en sus párrafos primero in fine. tercero y cuarto apuntala y pormenoriza lo que el inc. Por un lado. una serie de incisos acumulan parámetros densos que el congreso debe tomar en cuenta al ejercer las competencias con ellos vinculadas. que se mantiene hoy en el texto actual como inc. la ciencia. También el inc. Así. Después de la reforma. 75. 18 comprime en su mención de la “ilustración”
. y de derechos de las personas que los integran. 67 señalaba para determinadas políticas especiales. el inc. 19 párrafo segundo. cuando alude a promover políticas que equilibren el Desigual desarrollo de provincias y regiones. porque las pautas han crecido. 2º párrafo tercero del art. de propiedad. ello es insuficiente. y la cultura El inc. la ya examinada cláusula sobre los pueblos aborígenes aglomera lineamientos para políticas múltiples en cuestiones de educación y cultura. El desarrollo Ha de computarse el inc. Por otro lado. el inc. 18. 17 en orden a los pueblos indígenas. 16. 23. y todo lo que se infiere del 22 y el 24. y exhiben además una relación estrecha con el sistema axiológico y con derechos de la parte dogmática. cuando prevé las pautas para distribuir los impuestos coparticipados. Al desarrollo humano se refiere también el inc.
La reforma de 1994 al artículo 75 Cuando antes de la reforma de 1994 se atendía a competencias del congreso que el entonces art.la competencia del congreso en materia de “planes” debe entenderse referida al sentido “político-pedagógico” y no al “técnico-pedagógico”. 19.
17 sobre los pueblos indígenas. Otros sectores de población son objeto también de protección especial en el inc. 23 párrafo segundo (en favor del niño y de su madre). la distribución poblacional. El paisaje recién esbozado en los nos. y para el régimen de seguridad social en el mismo inc. nuevamente las poblaciones. 18 puede servir para extenderla a favor de los fines que prevén otros
. no adopta una pauta Puramente geográfica sino fundamentalmente poblacional. La política demográfica No nos cabe duda de que la reforma de 1994 ha acentuado las pautas de política demográfica. 19 párrafo tercero indica que el congreso ha de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. mujeres. Cuando el inc. Los privilegios y recompensas 47. —El inc. o sea. etc. ancianos y personas con discapacidad). 39. 75. 44 y 45 lo acredita. 14 bis (en cuanto éste alude a la protección integral de la familia). 19 párrafo segundo asigna al congreso la competencia de proveer al poblamiento del territorio. 23 párrafo primero in fine (niños. A la mención de “leyes protectoras” de esos fines añade las “concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”. las migraciones. porque tampoco el destinatario final es el ámbito territorial. La política demográfica atiende a los fenómenos relacionados con la población dentro del territorio. porque se proyecta hacia las poblaciones territoriales. para unirse con el art. Esto se corrobora cuando el inc.Las políticas en orden a la población El inc. calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. 18 del art. Esta alusión del inc. Una manera especial y diferenciada de atender al pluralismo poblacional encontramos en el inc. 2º párrafo tercero señala que los criterios objetivos para repartir la coparticipación federal impositiva han de dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo. después de armar el repertorio de competencias que hemos citado en el nº 39. abarcando su crecimiento vegetativo. arbitra expresamente algunos medios para darles cumplimiento. sino las personas que viven en él.
el 19 y el 23. No obstante. el art. LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS El marco global Quizá no pueda recluirse en un casillero el tema de las competencias del congreso en materia de derechos humanos. no hay ámbito ni competencia dentro de la finalidad del estado democrático que pueda escabullir la conexión. que el constituyente —antes y después de la reforma de 1994—ha utilizado varias veces. Algunas de las cuales son más propias del derecho privado que del derecho público. Como además la constitución habla de “recompensas de estímulo”. que aparece en el inc. Su carácter temporal está prescripto explícitamente. la constitución fija entre las condiciones para que Argentina se haga parte de una organización supraestatal. el monopolio. 23 y 24 En cuanto a los tratados de integración del inc. Por supuesto que deben tener un contenido ético y ser interpretados restrictivamente. empresas. Son los incs. con el mismo verbo “proveer” y con el verbo “promover”. porque en otras áreas que no se enderezan directamente a ese fin hay un tejido sutil que las vincula.. Los principales privilegios son la exclusividad. porque tenemos harto dicho que la centralidad y mayor valiosidad de la persona humana se explaya por toda la constitución.
. 18. que hacen de eje a otras numerosas menciones del orden democrático y del sistema democrático. comprendiendo también su parte orgánica. y la exención impositiva. Es fácil consentirlo cuando se compara el verbo “proveer lo conducente a…”. 22.incisos del art. queda espacio para conceder otras ventajas o franquicias. 75. etc. 75 contiene tres incisos claramente alusivos a los derechos humanos. por ej. Estamos frente a privilegios de derecho público que tienen base en la misma constitución y que las leyes están habilitadas a establecer en beneficio del interés general o público a favor de personas. la de respeto al orden democrático y a los derechos humanos. 24.
en particular respecto de los niños.” Es harto evidente que en esta norma hay una remisión explícita a la parte dogmática. que elimine. las mujeres. y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. una diferencia. desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental. y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. El congreso queda gravado con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de acción positiva. Su texto es uno de los más sugestivos e innovadores. los ancianos y las personas discapacitadas. Donde quiera haya o pueda haber una necesidad. Promoción es movimiento hacia adelante: se “promueven” los derechos cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de todos. y a continuación extender la acción pro-motora para el goce pleno y el ejercicio de los derechos de la persona. cuanto óbice de toda naturaleza empecé a que muchos consigan disfrutar y ejercitar una equivalente libertad real y efectiva. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo. por ejemplo) y en nuestro constitucionalismo provincial obligan al estado a remover obstáculos impeditivos de la libertad y la igualdad de oportunidades y de la participación de todos en la comunidad. el inc. 23 condensa políticas específicas.Una norma específica: el inciso 23 del artículo 75 Finalmente. y al inciso 22 del artículo 75. ¿Cuáles? Dice la norma: los reconocidos por esta constitución y por los tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos. los ancianos y las personas con discapacidad.
. El inciso no elude incorporar en su léxico a la igualdad real de oportunidades y de trato. Y agrega: en particular respecto de los niños. Y eso exige una base real igualitaria. una minusvalía. por debajo de su nivel. al menos respecto de la “letra” de la constitución documental. Dice así: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Hay reminiscencias de normas que en el derecho comparado (caso de Italia y España. y que en el 23 se imprime una tónica indudable de constitucionalismo social. las mujeres. Emplea dos verbos para señalar la competencia del congreso: legislar y promover.
si bien derivan de las respectivas leyes de la materia. para nosotros. 14 bis dedica a la Seguridad social. desde el embarazo de la madre hasta finalizar el ciclo de enseñanza elemental. El segundo párrafo del mismo inciso. aun cuando alude a la seguridad social. puede entenderse como una prolongación del párrafo primero recién glosado. 75 se refiere a la organización del poder judicial. 20 del art.
. El régimen de seguridad social a dictar. EL INCISO 20. está destinado a proteger al niño en situación de desamparo. “Dar pensiones” se refiere. ya que a éste le pertenece en forma privativa. fuera de los exigidos por el art. Pero la ley no puede añadir nuevos requisitos. que se califica como especial e integral. c) dictar las normas de procedimiento. 111. En el breve enunciado que concede al congreso la competencia de “establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia” (correlativo del art. Esta facultad no incluye la de crear entidades descentralizadas y autárquicas dentro de la administración pública dependiente del poder ejecutivo. 108) se prevén tres aspectos implícitos: a) establecer los órganos de administración de justicia. Su contenido El inc. a los beneficios de carácter graciable. Con ello se cumple la obligación estatal de proveer a los justiciables del derecho a la jurisdicción. Igual protección debe cubrir a la madre durante su embarazo y el tiempo de lactancia. cuya composición queda librada a la ley. 116. El mismo inciso dice que corresponde al congreso crear y suprimir empleos. y fijar sus atribuciones. La cláusula específica a la que el art. 117. para ser miembro de dicho tribunal. con sujeción al art. ya que las jubilaciones y pensiones comunes. la organización de las instancias y de los respectivos órganos queda a discreción del congreso. El único órgano judicial directamente establecido por la constitución es la Corte Suprema. En lo demás.allí hay que reforzar la promoción de la igualdad real y de los derechos humanos. b) distribuir la competencia entre los mismos. ni ampliar o disminuir la competencia originaria y exclusiva que le asigna el art. son concedidas por actos de la administración.
La discrecionalidad del congreso debe moverse con prudencia y ética. a nuestro juicio. a la prudencia. Cuando los delitos políticos han querido excluirse de la pena de muerte. pensamos que amnistiar es una facultad delegada al estado federal en cabeza del congreso. pero no que dependa de su arbitrio autorizar o no a una persona para que a título personal y privado los reciba de otros gobiernos o entidades. (Cosa diferente ocurre con el indulto. La amnistía es una competencia paralela a la de “incriminar” y “desincriminar”. como ésta incumbe privativamente al congreso. y por razones de alto interés social. la facultad de autorizar a los ciudadanos a aceptar condecoraciones otorgadas por estados extranjeros. para nosotros. otorgarla o no por delitos comunes. no puede amnistiarse por delitos que están tipificados en la misma constitución.)
. la constitución ha Insertado una cláusula expresa en tal sentido. En materia de amnistía no aparece la referencia. que los honores “oficiales” los concede “motu proprio” a quien le parece y cuando le parece. por manera que queda librado al criterio. pudiendo asimismo disponerse antes del proceso. teniendo más en cuenta los hechos cometidos que las personas que los cometieron. De ahí que las amnistías provinciales sean. sino en muchos genéricamente. Se suele aceptar que la “amnistía general” sólo puede cubrir delitos políticos. Que el congreso puede decretar honores significa. pendiente el mismo. La amnistía Conceder amnistías generales” es disponer el olvido o perdón de delitos. el adjetivo generales significa que la medida no recae en un reo o individuo determinado. nacionales o extranjeros. El texto de la constitución no alude a esa estricción. inconstitucionales. y reputa inocentes a los autores del hecho. Además. por ende. y a la ética política del congreso. Tiene más amplitud y distintos alcances que el indulto (privativo del poder ejecutivo). o después de concluido por sentencia firme. por práctica.“Decretar honores” incluye. nos parece absurdo involucrar en esta cláusula constitucional tal permiso. ya que la amnistía extingue la acción y la pena.
o de arbitraje acordado en común. 75 inc. razón por la cual estimamos que la derogación posterior de esa ley no puede retroactivamente privar de aquel derecho y hacer desaparecer los efectos de la amnistía que se deja sin efecto. EL ESTADO DE SITIO El inc. También aprueba o suspende a posteriori el estado de sitio declarado durante su receso por el poder ejecutivo. porque la que le incumbe
. LAS RELACIONES INTERNACIONALES Los límites internacionales El “arreglo de límites” previsto en el art. 15 parece que debe concluir siempre a través de un tratado con el estado limítrofe.Las personas que quedan comprendidas y beneficiadas por una ley de amnistía titularizan y consolidan automáticamente un derecho “adquirido” a gozar de esa amnistía. 21 el congreso admite o desecha los motivos de la dimisión del presidente o vicepresidente de la república. LAS RELACIONES CON LA IGLESIA CATOLICA Suprimidas en la reforma constitucional de 1994 las anacrónicas normas regalistas sobre el patronato. 75. LAS RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO Por el inc. (Dejamos ahora de lado la competencia global del congreso en materia de tratados. Las demás relaciones están fuera del art. Solamente es posible que decaiga el beneficio si en causa judicial se declara inconstitucional —y por ende inaplicable— la ley de amnistía. 29 del art. 75 pone a cargo del congreso declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la república en caso de conmoción interior. y declara el caso de proceder a una nueva elección.
De ser así. por lo que estimamos que si el texto desdobla las competencias ha de ser porque cada una es distinta de la otra y no se identifican. la competencia del congreso que aquí examinamos (“arreglar” los límites internacionales) sólo consiste y se agota en intervenir en la etapa de aprobación de ese tratado. Si el tratado es la vía final de arreglo de los límites. b) la específica de “arreglar” los límites con otros estados. con supervisión. Cabe preguntarse si por ser el tratado la forma final y normal del arreglo de límites. el que —por ej. Sin embargo. pautas y control del mismo congreso. suponemos que el mentado arreglo exige que las tratativas conducentes a un tratado de límites internacionales se realicen con intervención del congreso.— podría “imputar” a una comisión formada del seno de sus cámaras el encargo de la gestiones diplomáticas. una vez que lo ha firmado el poder ejecutivo y antes de que éste lo ratifique (en esta competencia se subsume la correspondiente a aprobar o rechazar los tratados de límites). no se comprende bien que la constitución contenga y mencione una facultad específica. la competencia congresional sobre ese tratado no es exclusiva. 75 divide y distingue dos competencias: a) la general que le incumbe al congreso para cualquier clase de tratado (sea para aprobarlo o para desecharlo). porque al presidente de la república le pertenece la conclusión y firma del tratado. una vez firmado. Fijémonos que el art. si hemos de salvar el sentido y la intención de la norma. Y de arribarse exitosamente al tratado. antes de llegar al “tratado” de límites que.
. ¿qué puede hacer el congreso para “arreglar” los límites. propia y distinta para el “arreglo” de los límites internacionales. Sobraría el enunciado expreso de tal competencia si ella sólo fuera una atribución coincidente con la de aprobar los “tratados” de límites. tendrá que someterse a dicho órgano para que lo apruebe o lo deseche? Realmente es difícil imaginar que aquel arreglo pueda llevarse a cabo (previamente al tratado) por un cuerpo formado por dos cámaras y numerosas personas físicas. el congreso ejercería (después de suscripto) la facultad aprobatoria o denegatoria.cuando el tratado es de “límites” no difiere de la común a cualquier clase de tratados. Si esta última queda absorbida en la primera.
el congreso aprueba el tratado. 16 obliga al congreso a proveer a la seguridad de las fronteras como medida de defensa y de precaución. b) después. Dice así: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. le otorga jerarquía constitucional. cabe un doble supuesto: b’) que el congreso cumpla las dos etapas sucesivas a su cargo. y si bien tal facultad se ejerce en el ámbito interno. luego de ser aprobados por el congreso. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. luego de lo cual habilita al congreso para depararla a otros. o que. 22 ha conferido jerarquía constitucional directamente a once instrumentos internacionales de derechos humanos. la norma alude a un desdoblamiento de procedimiento: a) primero.También en relación con los límites. por referirse a las fronteras guarda conexión con la política internacional. éste ya se halla incorporado a nuestro derecho interno (lo que presupone que en su ocasión el congreso ya le dio la aprobación) parece que sólo hace falta para jerarquizarlo constitucionalmente que el congreso así lo decida con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. Para la segunda etapa. Los tratados internacionales Los tratados de derechos humanos Es sabido que el art. Nuestra interpretación es la siguiente: a) si al momento de otorgar el congreso jerarquía constitucional a un tratado. el inc.
. 75 inc. b) si el tratado que no ha sido aprobado todavía por el congreso y no se ha incorporado a nuestro derecho interno ha de recibir jerarquía constitucional. se consigna un quórum especial agravado. el congreso confiera simultáneamente la aprobación y la jerarquía constitucional al tratado. Literalmente. b”) si en una sola etapa logra el número de votos requerido por el quórum agravado para alcanzar la jerarquía constitucional.
se trata de dar preferencia a la verdad material por sobre la formal (ya que la verdad material radica en la naturaleza de la norma que se refiere a derechos humanos. en tanto la formal se atendría al dato de que no todo el tratado versa sobre tal materia).Asimismo. Por ende. LOS LÍMITES INTERPROVINCIALES La norma que alude a los límites interprovinciales usa el verbo “fijar” en el inc. pero que contienen alguna norma específica sobre derechos humanos. Una última cuestión se suscita con tratados que no son de derechos humanos en su contenido integral. el congreso no necesita que el poder ejecutivo encargado de su firma y. entendemos que para conceder jerarquía constitucional a un tratado. En primer lugar se eliminó la competencia referida a las patentes de corso. de su ratificación internacional. y mantiene la atribución de establecer reglamentos para las presas. 15 cuando atribuye la competencia al congreso (en vez del verbo “arreglar”. Mientras no están fijados los límites interprovinciales.. 26 sufrió modificaciones con la reforma de 1994. la redacción actual alude a “facultar al poder ejecutivo para ordenar represalias”. Es tema opinable si a esa norma en particular se le puede conferir jerarquía constitucional. En segundo lugar. luego. sobre descubrimiento y registro de yacimientos mineros. que emplea al encarar los límites internacionales). o sobre reivindicación de tierras). —El inc. en las cuales cuestiones judiciales sea difícil —por no saberse a qué provincia pertenece ciertamente la zona—determinar cuál es el tribunal competente (si el de una provincia o el de
. Las represalias 70. se lo solicite. es posible que en zonas litigiosas se planteen conflictos judiciales sobre cuestiones de diferente naturaleza (por ej. damos por cierto que la jerarquía constitucional corresponde a una iniciativa del congreso. y en la duda optamos por interpretar que el congreso está en condición de hacerlo.
hay “delegación” implícita a favor del primero. atribuyéndosela con una norma nueva. (10) LA INTERVENCION FEDERAL El nuevo inc. la Corte ha de intervenir no para “fijar” el límite interprovincial. y que se ejercen mediante actividad legislativa. La fórmula que usa el inciso comentado habla de “hacer todas las leyes y reglamentos…”. Al congreso compete “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente constitución al gobierno de la Nación Argentina”. su inc. La fórmula no deja lugar a dudas de que la constitución concede poderes implícitos. Ello no es exacto. De este modo se despeja toda duda en torno del art. 75 Cerrando la enumeración del art. 32. Ante tales cuestiones de competencia. y añadiendo que aprueba o revoca la decretada durante su receso por el poder ejecutivo. que globalmente sigue consignando que el “gobierno federal” interviene en el territorio de las provincias LOS PODERES IMPLICITOS Su concepto: el inciso 32 del art.
. De esta interpretación gramatical se podría inferir que no hay poderes implícitos del congreso cuando se pretende ejercerlos sin actividad legislativa. En último término.otra). 6º. lo que equivale a afirmar que en la distribución de competencias entre estado federal y provincias. 32 consagra los denominados Poderes implícitos. 31 vino a aclarar explícitamente la competencia del congreso en materia de intervención federal a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires. Los poderes implícitos “dentro” y “fuera” del inc. sino para señalar al tribunal de qué provincia le compete conocer en la causa. la indefinición del límite interprovincial no puede impedir ni dilatar la radicación de causas judiciales ni el ejercicio del derecho a la jurisdicción como acceso a un tribunal competente. lo que literalmente quiere decir que los poderes implícitos aquí reconocidos son para legislar. 75.
32 han sido conferidos únicamente para legislar. Los poderes implícitos en nuestro régimen …“Si la interpretación norteamericana ha sido favorable a la amplitud de los poderes implícitos. en el cual la norma utiliza un adjetivo — “conveniente”— en vez de dos como en Estados Unidos —leyes “necesarias” y convenientes—. y “todos los otros concedidos” por la constitución al gobierno federal. b) para cumplir otras actividades no legislativas. 32) que se los otorga. pero existen en virtud de toda la masa de competencias asignadas al congreso. no hay norma expresa que los conceda. la constitución no cercena la autonomía e independencia de los demás poderes.Es verdad que los poderes implícitos que “expresamente” cuentan con una norma a su favor en el inc. La regla de Cooley funciona perfectamente: la concesión de lo principal incluye lo que incidentalmente resulta necesario y conveniente. y sin lo cual esa concesión se tornaría ineficaz. con más razón parece adecuada a nuestro derecho constitucional del poder. Es indispensable advertir que al reconocerse los poderes implícitos para poner en ejercicio los poderes “antecedentes” del congreso. A estos “otros” poderes implícitos el congreso puede ejercerlos por inherencia a toda su masa de competencias. sugerimos hacer un desdoblamiento en los poderes implícitos del congreso: a) Para legislar. hay una norma expresa (el inc. aunque allí no aparezca para nada su función legislativa. no otorga al congreso una competencia que permita lesionar la división de Poderes ni intervenir en el área propia de competencia o en la zona de reserva de los otros. en forma paralela y conducente a su ejercicio. En consecuencia. pero fuera de esos poderes implícitos creemos que hay “otros poderes implícitos” (como sin norma escrita expresa los hay en el poder ejecutivo y en el poder judicial —tanto que la Corte Suprema los ha rescatado dentro de su competencia—). o sea.
. corresponde extenderle la misma afirmación”. “Autoridades de la Nación” son también (además del gobierno federal) los gobiernos de provincia.Los poderes implícitos del congreso en relación con los gobiernos de provincia Como el inc.. según las divisiones que efectúa y menciona el texto constitucional. 32 otorga los poderes implícitos al congreso para poner en ejercicio los otros concedidos por la constitución “al gobierno de la Nación Argentina”. sino —al contrario— en forma mesurada e indispensable para ayudar convenientemente a que los gobiernos de provincia puedan hacer efectivas sus competencias —tanto las reservadas como las concurrentes y las compartidas—. Quiere decir que para poner en ejercicio los poderes que el título segundo de la segunda parte de la constitución reconoce a los gobiernos provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires. Con la peculiaridad que tiene la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital (art.. Lo que hay que tener muy en claro es que tales poderes implícitos de un órgano del gobierno federal como es el congreso jamás pueden invocarse y asumirse en detrimento de las autonomías provinciales. el congreso federal también inviste poderes implícitos. 129). queda algo por añadir porque.
t. LA CLAUSULA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
(1) (Suplemento de jurisprudencia penal y procesal penal de La Ley. y Actualmente podría incluirse en la categoría de la normativa propia del derecho procesal constitucional. 827) (5) (2004. La Ley 2005-B. de 1ª Instancia Civil y Comercial de Salta al Juez de Minas y Paz Letrada de Catamarca”. c”’) La ley sobre falsificación de moneda y documentos públicos del estado tiene naturaleza también federal y versa sobre materia penal”) La ley sobre juicio por jurados ha de verse como una ley-marco a aplicarse en jurisdicción penal de Tribunales federales y locales. La Ley 2004-E. Son de naturaleza federal (ver el precedente inc. Juez Int. Cabe Asimismo asignarles doctrinariamente el nombre de “especiales”. 276) (3) (t.) (2) (Tratado elemental de derecho constitucional argentino.)
. III. 1995. 12 hay una enumeración de leyes que la norma constitucional denomina “generales”. p. b). 24) (8) Bidart Campos Manual de la constitución reformada tomo III pág. p. remitimos al Tomo II. 29 de julio de 2005. nº 40. p. y de carácter federal. XXIV.Remisiones c) En el inc. XXXV. La Ley 2005-F. 803) (6) (2005. 69y sigts) 10) fallo de la Corte del 6 de agosto de 1985 en el caso Competencia Nº 366. Deja margen reglamentario a la legislación provincial. 199) (4) (2004. Para el juicio por jurados. en cuanto se las especifica particularizadas. 11 y sgs. nº 97. cap. I. y en este Tomo III al cap. IV.
pero se introduce la posibilidad de reelección inmediata por un período más. Atribuciones El Poder Ejecutivo es el órgano que tiene a su cargo la aplicación de las leyes. El nuevo artículo 94 modifica el procedimiento por el régimen de elección directa por el cuerpo electoral.
. ⇒ En la elección directa los ciudadanos votan en un solo distrito electoral por el candidato de su preferencia al cargo de presidente sin intermediarios. El artículo 87 de la C.presidencialismo a través de la creación del cargo de jefe de gabinete. mediante Juntas o Colegio Electoral. La reforma constitucional de 1994 pretende haber atenuado el cesarismo de nuestro Poder Ejecutivo. Es decir que nuestro sistema político sigue siendo marcadamente presidencialista. se vota directamente una boleta con la fórmula.N. obtener el 40% de los votos afirmativos (no incluyen votos en blanco) y además una diferencia con la formula que le sigue en número de votos superior al 10%. define al Poder Ejecutivo como unipersonal y presidencialista al decir: “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina”. ⇒ Respecto al sistema de doble vuelta electoral. Además el nuevo texto acepta que quien haya sido vicepresidente por un período de cuatro años pueda ser elegido presidente en el siguiente período sin solución de continuidad y viceversa.PODER EJECUTIVO Elección. Es decir. con doble vuelta electoral. Duración. en los Artículo 97 y 98 se establecen dos excepciones a la doble vuelta: si la formula más votado lograse obtener más del 45% de los votos afirmativos validamente emitidos o bien. La Convención de 1994 reduce el plazo del mandato presidencial de seis a cuatro años. llevándolo hacia un semi . el gobierno y la administración general del país. lo cual es falso pues el jefe de gabinete debe sujetarse en todo a las instrucciones del presidente no teniendo la menor autonomía funcional. Hasta la reforma constitucional de 1994 se mantenía el régimen de elección indirecta de presidente y vicepresidente.
y es la emergencia y la inmediatez de la medida la que hacen imposible que el Congreso legisle porque el tramite ordinario. El uso indiscriminado de este instituto en los últimos años.El artículo 99 de la constitución nacional establece las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional. que es la que constituye circunstancia excepcional. La constitución establece la prohibición de dictar decretos de esta naturaleza que regulen materia penal. De todos estos medios con que cuenta el Ejecutivo para ejercer facultades legislativas el más usado en nuestro tiempo han sido los decretos de necesidad y urgencia. El Poder Ejecutivo tiene facultades de colegislación que les fueron robustecida a partir de la reforma de 1994 al permitirle legislar mediante tres vías: • Dictar decretos leyes. la jefatura de la administración y la comandancia de las fuerzas armadas. la gravedad de esta emergencia. tributaria. aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la materia. El presupuesto necesario que habilita al dictado de decretos de necesidad y urgencia es la imposibilidad de seguir el trámite de sanción de las leyes porque hay una o varias circunstancias excepcionales que equivalen a una situación de emergencia. El nuevo artículo 99 inciso 3 le concede al Ejecutivo la facultad de dictar leyes en forma directa los cuales tendrán la naturaleza de decretos por razones de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes”. conocidos como decretos de necesidad y urgencia. hizo pensar a muchos que su regulación dentro del ordenamiento jurídico comportaría una solución a una práctica usual. Se puede afirmar que el presidente ejerce tres jefaturas a saber: jefatura de Estado. debe requerir una medida inmediata.
. electoral o el régimen de los partidos políticos. • Veto y promulgación parcial de leyes. • Decretos delegados por emergencia pública. por acelerado que pueda ser en el caso no proporciona la solución urgente.
Este personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. por lo cual éste debe manifestarse expresamente. El nuevo artículo100 regula las funciones del Jefe de Gabinete: • Ejerce la administración general del país • Expide actos y reglamentos relativos a su área y aquella que le delegue el presidente
. Estos decretos son decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos. Este funcionario es nombrado y removido por el Poder Ejecutivo con lo cual su dependencia real es del presidente. Determinar la existencia de emergencia y necesidad es un cuestión política de mérito. No obstante. entre la sanción de una ley la emanación mas rápida de un decreto. también puede ser removido por una moción de censura del Congreso. algún ministro o incluso a todo el gabinete cuando han perdido la confianza de los legisladores. Si bien la intervención de la comisión es obligatoria. hemos de entender que esta imposibilidad no habilita a elegir discrecionalmente. por puro criterio coyuntural y oportunista. Respecto al trámite legislativo del decreto de necesidad y urgencia reiteramos la prohibición al Congreso de aprobación tácita o ficta del decreto. Consiste en la facultad que tiene el Parlamento en destituir al Jefe de Gabinete o Primer ministro. Esta (la moción de censura) es una típica atribución del sistema parlamentario de gobierno. Jefe de Gabinete Como se expreso anteriormente la reforma constitucional del 94 incorpora la figura del Jefe de Gabinete de Ministros en el capítulo cuarto de la sección segunda de la C. oportunidad y conveniencia.N. el despacho que ella emite no resulta vinculante para el Congreso. Para que esto ocurra el texto del Artículo 101 exige el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.Por tanto. ajena en principio al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El órgano máximo del Poder Judicial es la Suprema Corte de
. Recordemos que más allá del texto constitucional. • Envía al Congreso los proyectos de ley de Ministerio y de Presupuesto. administrativas) y la imposición de penas (de tipo penal. es tarea de un simple mensajero. en ésta no se establece ningún tipo de pena para el caso que el jefe de gabinete no cumpla. reglamentarios y conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia como también los decretos que promulgan parcialmente leyes. El organismo que recauda los impuestos aun está en el área del ministerio de Economía. • El Artículo 101 lo obliga a concurrir a las sesiones del Congreso. • Refrenda los decretos delegados. contravencional o de faltas) a infractores a la ley. comerciales. prepara y convoca las reuniones de gabinete de ministros.
PODER JUDICIAL En el marco del sistema republicano y la división de poderes. si bien esta es una tarea de unificar la actividad política del Poder Ejecutivo con el poder legislativo que le encomienda la constitución.• Nombra los empleados del Poder Ejecutivo. laborales. Esta función se superpone al menos parcialmente con la atribuciones del presidente del inciso 2 Artículo 99 • Coordina. corresponde al Poder Judicial el juzgamiento de las causas jurídicas que implican la resolución de conflictos (civiles. previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Presidente. El Poder Judicial nacional tiene a su cargo la denominada justicia federal y la justicia ordinaria de la Capital Federal. • Bajo la supervisión y contralor del presidente hace recaudar las rentas y ejecuta el presupuesto. la real entidad del Jefe de gabinete es muy restringida en nuestro país ya que los presidentes han delegado hasta ahora muy pocas atribuciones en ellos. facultad que también tiene el presidente.
esto es. Respecto a la composición del Consejo de Magistratura La ley que lo regula el deberá dar participación a cuatro sectores:
. El Artículo 114 especifica el procedimiento que debe seguir para la selección de los candidatos a ingresar a la magistratura: seleccionar por concurso público – es de suponer que será de antecedentes y de oposición – a los postulantes a las magistraturas inferiores y proponer al Ejecutivo ternas vinculantes por cada cargo que deba cubrirse. que debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. se incorpora a la constitución una importante institución que es el Consejo de la Magistratura. Entre ellas: Consejo de la Magistratura Con la finalidad de despolitizar y despartidizar el mecanismo de selección de los jueces y fomentar el ingreso y la promoción en el escalafón según los méritos de cada candidato. buscando articular mecanismos de selección por idoneidad. Importantes modificaciones introdujo en esta materia la reforma de 1994. a quien corresponde también en última instancia el control de constitucionalidad de las leyes. Este órgano tiene asignadas básicamente dos funciones: 1. La estructura y funcionamiento de este Consejo está regulada por medio de una ley especial. Otra de las funciones que tiene asignada este órgano es la de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados y decidir la apertura del jury de enjuiciamiento de los magistrados.Justicia de la Nación. Ser órgano de autogobierno del Poder Judicial. administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del poder judicial como así también dictar reglamentos internos. 2. Intervenir en el proceso de designación de los magistrados judiciales.
Con respecto a los miembros de la Corte Suprema se mantiene el sistema tradicional (designación por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado) pero se exige que el Senado preste acuerdo con los dos tercios de sus miembros presentes y en sesión pública. 2. Otra modificación que se introdujo en el texto constitucional. Representantes de los abogados de la matrícula 4. Las causales de remoción son las mismas que las de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Este debe elegir a los futuros jueces de una terna vinculante presentada por el Consejo de Magistratura. Luego. Estos órganos son: Poder Ejecutivo.1. que declaró la necesidad de reforma es la referida a la inamovilidad de los jueces. Mal desempeño
. el Senado debe prestar su acuerdo. El artículo 99 inciso 4 establece que cuando el juez cumple los 75 años requiere un nuevo acuerdo del Senado. Jury de Enjuiciamiento Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Representantes de órganos políticos resultantes de elección popular. El Artículo 115 se remite al Artículo53 que solo menciona: 1. El nuevo Artículo115 crea el Jury de enjuiciamiento de los magistrados judiciales inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Representantes de los jueces de todas las instancias 3. renovable por cinco años. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. hombre de la cultura o académico aunque no sea abogado puede integrar el Consejo La modificación parcial en el sistema de designación de los jueces inferiores a la corte suprema limitando las facultades discrecionales del presidente. y que es inconstitucional puesto que no estaba incluída en el texto de la ley 24309. Personas del ámbito académico y científico cualquier profesor universitario. Para ser removidos se requiere un procedimiento especial. convocada especialmente.
Crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa. el cálculo de los recursos será
. La constitucionalización de este órgano se estableció en el Pacto de Olivos que dio origen a la ley declaratoria de la necesidad de reforma. Para asegurar su independencia. Por autonomía funcional se entiende que este órgano no está sujeto a cumplir las reglamentaciones de otros poderes y solo debe adecuar su actuación a la ley. El segundo párrafo del artículo establece que el fallo será irrecurrible. Pero además dicho artículo establece expresamente la independencia del Ministerio Público. No puede imponer otro tipo de sanciones. el Ministerio Público ha sido parte del Poder Judicial pero esta situación cambia en argentina a partir de la reforma constitucional de 1994. por ejemplo inhabilitaciones. en una sección aparte. investigando a posibles infractores y accionando contra ellos a través del ejercicio de la acción penal. para que ejecute las decisiones adoptadas en virtud de su autonomía funcional. La finalidad del enjuiciamiento por el jury es destituir al acusado. La ubicación del artículo dentro del texto constitucional. Tradicionalmente.2. intenta mostrar que no forma parte de ninguno de los tres poderes clásicos. La ley 24946 reglamentó este mandato constitucional otorgándole una partida independiente dentro de la ley de presupuesto. la constitución le da facultad de administrar sus recursos presupuestarios. El artículo 120 ubicado en la Sección Cuarta del Título Primero de la Segunda Parte de la Constitución establece “el ministerio público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Ministerio Público El Ministerio Público es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. Delito en el ejercicio de sus funciones 3.
Ministerio Público Pupilar: tiene a su cargo la defensa de los incapaces. deduciendo pretensiones en los que se halla afectado el bien común. Defensa de los intereses de los más débiles (defensora) Para el ejercicio de estas tres funciones el Ministerio Público se divide en dos ramas: a.
. Las funciones del ministerio público se pueden agrupar en: 1. Ministerio Público Fiscal: que actúa en los procesos penales interponiendo las acciones por delitos de acción pública y también en los procesos civiles (comprendido los comerciales y los laborales). Está compuesto por el Defensor General de la Nación que tiene a su cargo el área de las defensores oficiales de menores e incapaces y ausentes. Los funcionarios del Ministerio Público tienen las inmunidades funcionales y la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros de la Justicia. Está compuesto por el Procurador General de la Nación – que actúa ante la Corte – y los fiscales de todos los fueros e instancias. menores. desvalidos y ausentes.elaborado por la cabeza de este instituto. Ejercicio de la acción penal (fiscalizadora) 2. Tutela del principio de legalidad (controladora) 3. No obstante no se le otorga a sus miembros la misma inamovilidad judicial y la remoción por el mismo procedimiento que los jueces. b.
cumple más requisitos necesarios para el bien
. La constitución Argentina fue reformada en 1860 para permitir la incorporación de Buenos Aires a la unidad Nacional. fortalecer el federalismo. ya que. Vanossi Hay que analizar cada uno de los art. lo completan un nacionalismo y dirigismo económico del Estado contra la injerencia perjudicial de los intereses de la división internacional del trabajo y una profunda convicción en el nacionalismo popular y la participación del pueblo en las decisiones de gobierno. estamos de acuerdo con algunos pequeños cambios. y peor ahun se encuentran con demasiadas contradicciones. Y al hacerlo puede enumerar una serie de artículos que si bien se encuentran en nuestra ley suprema todavía no fueron reglamentados. En 1898 para llevar a 8 el número de ministros del Poder Ejecutivo Nacional (exigencia suprimida en 1994).N de 1949. que plantea la creencia en un sistema moral objetivo que oficia como un reparo de la libertad real del hombre. y además. después de realizando una mínima comparación. Sampay. etc. A dicho esquema. Este planteo lo lleva a una concepción realista del Estado. llegamos a la conclusión que Estamos de acuerdo con el pensamiento de los Dres Jorge Reinaldo Vanossi y Dr. Art. En 1866 para nacionalizar las aduanas en forma definitiva. atenuar la figura del primer mandatario mediante la creación de otros cargos públicos (Jefe de ministros). se irá forjando en una corriente del teísmo metafísico religioso. deducimos que la C. y verificando diversos textos. y para permitir que. 38 Ya que la reforma realizada en 1994 tuvo como principal objetivo constitucionalizar la reelección.Conclusión : Al realizar la conclusión. que en su acción concreta pone el bien común sobre el egoísmo del individuo. Según el Dr. dicho pensamiento quedará expresado en la Constitución de 1949. Respecto de la reforma de 1994 pero común de la Nación. Esto es una breve reseña a la cual nos adherimos.
. “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. La Constitución Argentina volvió a ser reformada en 1957 -sin intervención del Congreso. en razón de no haberse cumplido con la exigencia constitucional de que la necesidad de reforma sea declarada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso.PDF) “Manual de la Constitución Argentina”. pero.com.edu. el Congreso ajustara la representación del pueblo en la Cámara de diputados.cada censo.udesa. Estos actos serán insanablemente nulos…” (Artículo 36). para fortalecer el federalismo e incrementar la participación de la sociedad en la defensa de sus derechos. Y en 1994 para permitir la reelección del Presidente.
FUENTES “Apuntes sobre la Reforma Constitucional de 1994” (http://www.pdf) “Las implicancias de la Reforma Constitucional de 1994” (http://faculty.ar/archivos/reforma_constitucional_de_1994. Miguel Ángel Ekmekdjian. al mismo tiempo. En 1949 para instalar una virtual nueva Constitución de carácter social La reforma de 1949 fue dejada sin efecto por el decreto 229 de 1956.para incorporar los derechos sociales del trabajador a través del artículo 14 bis. durante un gobierno de facto y hallándose proscrito el Peronismo.albertomontbrun.ar/tommasi/cedi/dts/dt21.
juez int. Manual Bidart Campos Fallo de la Corte del 6 de Agosto de 1985 en el caso Competencia N° 366. Tomo III”. De 1ra.
.“Suplemento de jurisprudencia penal y procesal penal de La Ley. 29 de julio de 2005” “Manual de la Constitución Reformada. Instancia Civil y Comercial de Salta al Juez de Minas y Paz Letrada de Catamarca.
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