Source: http://www.slideshare.net/enriquedominguez79656/derecho-ambiental-ygarantiasconstitucionales1
Timestamp: 2015-11-26 00:52:42
Document Index: 169184776

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 35', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 73', 'Artículo27', 'artículo 11', 'Artículo 115', 'artículo 27', 'Artículo 122']

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1DERECHO AMBIENTAL Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES«Los Estado deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente.Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientalesdeberán reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadasy representar un costo social y económico injustificado para otrospaíses, en particular los países en desarrollo.»Principio 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambientey Desarrollo (3 al 14 de junio de 1992, Río de Janeiro Brasil)Por: Alvaro García Hernández*Sumario:1.1 Introducción, 1.2 Concepto de Derecho Ambiental, 1.3 Características delDerecho Ambiental, 1.4 Fundamento Constitucional del Derecho Ambiental, 1.5Conclusiones.1.1 IntroducciónDe conformidad con el Dr. Ignacio Burgoa1, las garantías individualesparticipan del principio de supremacía constitucional, en cuanto que tieneprevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria que las contraponga yprimacía de aplicación sobre la misma, por lo que las autoridades todas, debenobservarlas preferentemente a cualquier disposición ordinaria. Dicho lo anterior, yen forma favorable, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,establece desde 1999, varias garantías que marcan la pauta en cuanto al derechode todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.En este contexto, por fin se materializa en beneficio de las presentes yfuturas generaciones de mexicanos la aspiración por convivir en nuevos estadiosen donde las relaciones entre el ser humano y el sistema natural se antojanarmónicas; lo anterior no significa que con el hecho de aparecer en el textoconstitucional la intención del legislador, se logre por arte de magia este propósito,únicamente identificamos el punto de partida y justificación del derecho ambientalformal en nuestro país.Desde la década de los 60s y principios de los 70s, cuando se divulgan lostrabajos del Club de Roma en su informe «Los límites del crecimiento» en 1972 yse celebra la Conferencia sobre Medio Ambiente de Estocolmo en junio del mismoaño, se estableció la necesidad de idear una nueva cultura de convergencia entrelos factores de desarrollo, crecimiento económico, medio ambiente y población, loque dio pauta a la creación del concepto de sustentabilidad a partir de 1987,concepción que se impulsó mundialmente en la Cumbre de Río de 1992 y cuyosresultados se muestran poco favorables según se hizo constatar en la reunión deRío+5 (cinco años después de la Cumbre de Río).1BURGOA IGNACIO. Las garantías Individuales. Editorial Porrua. México 1999.
2Desde esta perspectiva, el avance en la concretización de las intencionesplasmadas en las cumbres y reuniones internacionales se han vistoobstaculizadas por la indiferencia de los gobernantes y tomadores de decisionesen general, lo que ha provocado que el impacto del sistema social sea mayorsobre el sistema natural provocando un sinnúmero de problemas de carácterambiental cuya solución necesitará necesariamente la participación impostergabledel Derecho y por ende del jurista.En este sentido el Maestro Federico J. Arce Navarro2, coincide con estaidea al afirmar que: «la crisis ambiental ha puesto al descubierto la ineficiencia delas instituciones de las sociedades contemporáneas y nos impone la necesidad derealizar nuevas consideraciones que derrumben los actuales esquemas sociales,culturales y económicos que dificultan el tránsito hacia una alternativa adecuadaque permita la subsistencia del planeta».Lamentablemente pese a los estudios e investigaciones científicas en elárea, las autoridades encargadas de instrumentar y aplicar la política ambiental,aprovechando la poca o nula participación de los organismos no gubernamentaleso la sociedad civil organizada, han girado la atención de los ciudadanos aproblemas que se antojan comunes o de relativa importancia, no obstante,también es cierto que los países en vías de desarrollo han tenido que priorizar elcúmulo de conflictos en donde tristemente, los que se relacionan con el entornoecológico son minimizados con consecuencias desastrosas, algunas de las cualesafectan ya a las generaciones por venir.Estrenamos el nuevo siglo y milenio a sabiendas de que los estudiosprospectivos indican posibles catástrofes tal como lo menciona Alfonso MataJiménez3en su estudio Ética para la sostenibilidad, traducidos en el calentamientode la atmósfera y elevación del nivel del mar, la destrucción de la capa protectorade ozono de la estratosfera, en otras palabras, dice el maestro Mata Jiménez, loque está en juego es la permanencia de la humanidad en el planeta, a sabiendasde que las leyes naturales al verse trasgredidas por la acción del hombre,regresan a éste eventos y fenómenos –algunos de ellos impredecibles-, queafectan por igual a clases y países socialmente y económicamente débiles quepoderosos.En este sentido, es urgente el análisis del marco jurídico ambiental, que seaplica en los tres niveles de gobierno, con el propósito de proyectar las medidasde prevención como elemento esencial en el adecuado tratamiento de losproblemas ambientales, sin descuidar un solo momento la capacitación yformación de las futuras generaciones de abogados, ya como una necesidad dedesarrollo profesional o como campo fértil para la investigación y la docencia, en2Arce Navarro Federico J. Los Derechos de las Generaciones Futuras. Revista Mexicana de LegislaciónAmbiental. Revista Cuatrimestral Enero-Abril, 2000. pp 17, México.3Mata Jiménez Alfonso. Ética para la Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible y Ética. The Earth CharterInitiative, International Secretariat, The Earth Council, San José, Costa Rica. Enero de 1998.
3este entendido deben verse involucradas a conciencia, las Universidades y enconcreto las Facultades de Derecho del País, las cuales deben integrar ya,contenidos jurídico-ambientales destinados a formar en el más estricto apego de laética, a los nuevos juristas del tercer milenio.Valga el presente análisis como punto de partida y como contribución alDerecho Ambiental en Zacatecas, del que esperamos pronto se adopte en nuestraquerida Facultad de Derecho de la UAZ, como parte de la currícula de la carrera obien como proyecto de posgrado que tanto nos hace falta a los que hemos hechodel derecho en todas sus formas, nuestro proyecto de vida.1.2 Concepto de Derecho AmbientalDe acuerdo con el Maestro José Juan González4, el Derecho Ambientalmexicano como disposición formal empieza a delinearse en los años setentas decara a la primera Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano,celebrada en junio de 1972 en Estocolmo, no obstante, no es si no hasta principiosde la década de los 90´s en donde se comienza a estructurar el marco jurídicoambiental.Existen ya grandes avances en la integración científico-jurídica del DerechoAmbiental, sin embargo, no podemos afirmar que las características y elementosesenciales y formales que permitan definir a esta nueva rama del derecho, seencuentran firmes, por lo que no debemos perder de vista a una de lascaracterísticas esenciales de esta materia: el dinamismo, circunstancia que obligaa mantenernos a la vanguardia en el estudio de la evolución que en otros paísescomo España, Bolivia, Argentina, Costa Rica, etc., se va generando, en elentendido de que la adopción y puesta en marcha de proyectos, investigaciones,posgrados etc., en nuestro País ha avanzado muy lentamente.Para el Dr. Raúl Brañes Ballesteros el Derecho Ambiental es el conjunto denormas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de unamanera relevante en los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemasde los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación deefectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones deexistencia de dichos organismos.Raquel Gutiérrez Nájera, establece que el Derecho Ambiental es el conjuntode normas que tienen por objeto regular las conductas que inciden directa o4GONZÁLEZ MÁRQUEZ JOSÉ JUAN Y MONTELONGO BUENAVISTA IVETT. Introducción al DerechoAmbiental Mexicano, Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana,México1999.
4indirectamente en la protección, preservación, conservación, explotación yrestauración de los recursos naturales bióticos y abióticos.En nuestra consideración el Derecho Ambiental es el conjunto de normasjurídicas, disposiciones y declaraciones del derecho público, que tiene por objetoregular el impacto de la acción del ser humano sobre el entorno ecológico, con elobjeto de asegurar la satisfacción de las necesidades del colectivo social en laperspectiva intergeneracional tomando como punto de partida la calidad de vida.1.3 Características del Derecho AmbientalPodemos distinguir varias características de esta nueva rama del derecho,en el entendido de que puede no existir consenso y definitividad en las mismas, noobstante consideramos las siguientes:Humanista. Lo podemos considerar así, en el sentido de que el fin esencialen que se centra su actuación es la calidad de vida del ser humano comocomunidad mundial y sin distinción de razas, credos, condición económico-social,preferencias políticas etc. tomando como base la restauración, protección ymejoramiento del ambiente.Dinámico. El Derecho Ambiental, debe responder con efectividad a lasconstantes trasformaciones económicas, políticas, sociales, ambientales yculturales del país, condición que requiere del análisis científico jurídico de lasleyes, reglamentos, disposiciones y demás normas, con el propósito de darvigencia y eficacia a la prevención, tratamiento y solución de los problemasderivados de la acción del hombre sobre el sistema natural.Ético. Sólo desde la base del desarrollo de valores y conductas éticas entrela población, mediante una educación ambiental que tenga como objetivo laruptura de patrones de conducta social contrarios al entorno natural por laadquisición de nuevas formas de actuación del individuo hacia la naturaleza, sepodrán lograr los objetivos y metas que la política ambiental tanto nacional comointernacional se ha fijado.Preventivo. Es sabido que en los incontables problemas relacionados conel medio, es recomendable y exigible que los gobiernos adquieran medidaspreventivas a las contingencias ambientales ya que las medidas de mitigación enla mayoría de los casos resultan insuficientes ocasionando resultados desastrosostanto para los ecosistemas como para la población.Nacional e Internacional. Todos los problemas relacionados con el medioambiente, no pueden ser tratados únicamente con criterios y medidas en el ámbitolocal, recordemos simplemente lo que reza el principio número siete de laDeclaración de Río: «Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridadmundial para conservar, proteger y establecer la salud y la integridad del
5ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a ladegradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidadescomunes pero diferenciadas...»Multidisciplinario. Existe actualmente una nueva cultura de actuaciónfrente a los propósitos que se plantea el Derecho Ambiental, esto es los equiposde trabajo multidisciplinarios, esto es, para conocer y dar solución a los conflictosecológico-sociales con eficacia, es necesario conocer mínimamente, otrasdisciplinas como la ecología, sin embargo, es preferible conformar cuerposcolegiados integrados por especialistas en las distintas áreas del conocimientoscomo la Biología, la Ingeniería en todas sus ramas, la Física, la Medicina Humanay Veterinaria, la Zootecnia y por supuesto el Derecho.1.4 Fundamento Constitucional del Derecho AmbientalPara la incertidumbre que todavía se genera respecto a la dedicación yformación en el área jurídico-ambiental, argumentándose por ejemplo pocasexpectativas laborales o un desarrollo circunstancial de esta nueva disciplina,podemos afirmar con conocimiento de causa, que la implementación yestructuración de instituciones y dependencias de la administración pública federaly estatal que demandan de especialistas en el área son bastas como la Secretaríade Medio Ambiente y Recursos Naturales5(SEMARNAT), la Procuraduría Federalde Protección al Ambiente (PROFEPA), con sus respectivas delegaciones en losestados, sin contar al particular que requiere de un abogado para responder alproceso administrativo de clausura de estaciones de servicio y distintas industriascomo la dedicada a la fabricación de ladrillo, por ejemplo.Es evidente, que la participación del abogado en el área ambiental se hadado con pasos muy lentos, no obstante, a que la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos da sustento al Derecho Ambiental en nuestro país, loque de alguna forma oferta tanto al estudiante como al profesionista del derecho,otros estadios de desarrollo profesional y campo fértil para la investigación y ladocencia.A continuación se detallan los artículos de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, que contienen tanto garantías individuales como otrasnormas jurídico-ambientales que sirven de sustento a esta disciplina:Artículo 4° párrafo cuarto:5La modificación del nombre anterior de Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,(SEMARNAP), obedece a las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Noviembre del 2000, endonde se sustraen de la Secretaría, lo relacionado con las atribuciones en materia de pesca, reduciéndoseasí, a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuyas atribuciones se encuentranplasmadas por el artículo 32 bis de la Ley antes citada. En lo referente a las facultades en materia de Pesca,se pasaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se contemplanen el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en vigor.
6«Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuadopara su desarrollo y bienestar.»En principio, el párrafo anterior constituye desde el punto de vista de lasgarantías individuales, uno de los mas importantes avances legislativos de ámbitofederal, constituyendo una realidad indiscutible enmarcada para lograr una mejorcalidad de vida del pueblo de México, tomando como base un medio ambienteacorde con todas y cada una de las condiciones de bienestar que demanda elcolectivo social.Artículo 25 párrafo primero:Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional paragarantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezcala Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo yuna más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita elpleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,grupos y clases sociales, cuya seguridad protege estaConstitución.El párrafo que antecede contiene un aspecto muy importante, la visión delDesarrollo Sustentable concebido por la Comisión Brundtland y su informe«nuestro futuro común», de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y elDesarrollo de 1987, identificado como aquel que satisface las necesidades básicasde la actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de lasfuturas generaciones para satisfacer las suyas.Jurídicamente se ha creado una de las definiciones más completas sobredesarrollo sustentable,6entendido como el proceso evaluable, mediante criterios eindicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar lacalidad de vida y la productividad de las personas, y se funda en medidasapropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente yaprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa lasatisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.Artículo 25 párrafo sexto:Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará eimpulsará a las empresas de los sectores social y privado de laeconomía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interéspúblico y al uso, en beneficio general, de los recursosproductivos, cuidando su conservación y el medioambiente.6Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 3º,fracción XI.
7Lo anterior significa que tanto los sectores público, privado y social sevinculan mediante sus actividades, al cuidado y mejoramiento del entornoecológico, condición que se encuentra plasmada por ejemplo, en la Ley Estatal delEquilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente7en vigor, al especificar en suartículo 27, que la realización de obras y actividades públicas o privadas, quepuedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condicionesseñalados en las disposiciones aplicables, deberán sujetarse a la autorizaciónprevia de la Secretaría (Instituto de Ecología y Medio Ambiente).Artículo 27 párrafo tercero:La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a lapropiedad privada las modalidades que dicte el interés público,así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamientode los elementos naturales susceptibles de apropiación, conobjeto de hacer una distribución equitativa de la riquezapública, cuidar de su conservación, lograr el desarrolloequilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones devida de la población rural y urbana. En consecuencia, sedictarán las medidas necesarias para ordenar losasentamientos humanos y establecer adecuadasprovisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas ybosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear yregular la fundación, conservación, mejoramiento ycrecimiento de los centros de población; para preservar yrestaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento delos latifundios; para disponer, en los términos de la leyreglamentaria, la organización y explotación colectiva de losejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeñapropiedad rural; para el fomento de la agricultura, de laganadería, de la silvicultura y de las demás actividadeseconómicas en el medio rural, y para evitar la destrucción delos elementos naturales y los daños que la propiedad puedasufrir en perjuicio de la sociedad.En principio, corresponde a la Nación Mexicana, fijar los mecanismos,principios y normas para la adecuada planeación de los asentamientos humanoscomo elemento imprescindible para lograr una mejor calidad de vida desde elpunto de vista de la optimización de los servicios públicos, lo cual reflejaríaindiscutiblemente una disminución en el impacto de la población sobre losrecursos naturales (tierras, aguas y bosques).7Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,publicada mediante Decreto número 73, en el Periódico Oficial número 103 de fecha 27 de diciembre de 1989,vigente a partir del 28 de marzo de 1990.
8ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad:XXIX.-A. Para establecer contribuciones:5o. Especiales sobre:f) Explotación forestal; yAunque efectivamente es facultad del Congreso de la Unión elestablecimiento de las contribuciones relacionadas sobre explotación forestal, esla Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que autoriza elaprovechamiento de recursos forestales maderables y la forestación, teniendo asu vez, la facultad de evaluar y supervisar su manejo forestal e impacto ambiental,lo anterior con apego a lo que establece el artículo 5° fracción IV de la LeyForestal8en vigor, igualmente, convergen en esta responsabilidad el ConsejoTécnico Consultivo Forestal integrado por representantes de la SEMARNAT y deotras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así comopor representantes de instituciones académicas y centros de investigación,agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentalesy organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia forestal.En el mismo contexto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y laProtección al Ambiente9, señala en su artículo 5° fracción XI, que la regulación delaprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursosforestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la fauna y losdemás recursos naturales son competencia de la Federación.Artículo 73. El Congreso tiene facultad:XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan laconcurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de losMunicipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,en materia de asentamientos humanos, con objeto decumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo27 de esta Constitución.Es evidente la preocupación y conocimiento del legislador respecto a ladebida planeación y estructuración de las políticas públicas del desarrollo urbano,en este entendido, esta concurrencia debe ser acorde a la aspiración colectiva deun crecimiento integral y sostenible; consideramos que efectivamente se sabe delimpacto que generan los asentamientos humanos irregulares a los ecosistemas,pero también al erario público pues es lógico pensar en el elevado costo de los8Estados Unidos Mexicanos. Ley Forestal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de diciembrede 1992, en vigor al siguiente día de su publicación.9Idem. Pág. 6.
9servicio públicos que demandan los centros de población que son creados alarbitrio o en respuesta muchas veces, a intereses políticos.De acuerdo con el Programa Nacional de Medio Ambiente 1995-200011, Elproceso de urbanización implica la modificación del espacio, de las actividadesproductivas y de consumo, de los estilos de vida y de las preferencias sociales; esun fenómeno multidimensional que ubica al problema de la sustentabilidad dentrode un contexto que rebasa los contornos propiamente urbanos, y que debeplantearse en términos de un balance de intercambios físicos, sociales yeconómicos entre la urbe y sus áreas de influencia.En este contexto, resulta apremiante la necesidad de implementarmecanismos adecuados para fortalecer en todo el territorio la debida planeacióndel desarrollo urbano que contemple factores tan importantes como la dimensióndemográfica, la económica, la cultural, la social y por su puesto, la ambiental.XXIX.-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia delGobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de losMunicipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, enmateria de protección al ambiente y de preservación y restauracióndel equilibrio ecológico;Huelga mencionar la importancia que reviste una adecuada concurrenciaentre los tres niveles de gobierno, sencillamente podemos afirmar que no habráéxito en las políticas públicas ambientales sin una debida concurrencia sustentadaen el total respeto entre las autoridades, entre sus facultades y desde el punto devista coherente y transparente, que beneficie al mayor número de población en elsentido mismo de mejorar su calidad de vida teniendo como punto de partida larestauración, mejoramiento y protección del medio ambiente.Existen actualmente programas tendientes a fomentar esta llamadaconcurrencia, tal es el caso del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental(PDIA), mismo que pretende dar eficiencia en la gestión ambiental de los estadosy lograr la estructuración de programas relacionados con el mejoramiento delambiente, dicho programa a significado numeroso avances sin embargo, lafederación se ha enfrentado a la inexperiencia y a la deshonestidad en el manejode los recursos económicos que lejos de lograr el beneficio común partiendo de unmedio ambiente adecuado, se beneficia a pocos con los recursos de todos.En este punto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la ProtecciónAmbiental12en vigor, establece en su artículo 11 que la Federación por conductode la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá suscribirconvenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los estados o el11Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal. Programa Nacional de Medio Ambiente 1995-2000.Apartado 3.12Idem. Pág. 6
10distrito federal asuman funciones como el manejo y vigilancia de las áreasnaturales protegidas de competencia federal, el control de los residuos peligrososconsiderados de baja peligrosidad, la prevención y control de la contaminación dela atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal, se abretambién la posibilidad de que los estados suscriban con los municipios, a su vez,convenios de coordinación, previo acuerdo con la federación, a efecto de queestos asuman la realización de las funciones descritas en el mismo precepto.Artículo 115 fracción V:Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma degobierno republicano, representativo, popular, teniendocomo base de su división territorial y de su organizaciónpolítica y administrativa el Municipio libre, conforme a lasbases siguientes:V. Los municipios, en los términos de las leyes federales yEstatales relativas, estarán facultados para:a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes dedesarrollo urbano municipal;b) Participar en la creación y administración de sus reservasterritoriales;c) Participar en la formulación de planes de desarrolloregional, los cuales deberán estar en concordancia con losplanes generales de la materia. Cuando la Federación o losEstados elaboren proyectos de desarrollo regional deberánasegurar la participación de los municipios;d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en elámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierraurbana;f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;g) Participar en la creación y administración de zonas dereservas ecológicas y en la elaboración y aplicación deprogramas de ordenamiento en esta materia;
11h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas detransporte público de pasajeros cuando aquellos afecten suámbito territorial; ei) Celebrar convenios para la administración y custodia delas zonas federales.En lo conducente y de conformidad a los fines señalados enel párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución,expedirán los reglamentos y disposiciones administrativasque fueren necesarios;Hemos insistido en numerales ocasiones en que la puerta de entrada de lasustentablidad del desarrollo en México son sus municipios, por la experiencia quetienen en el manejo y la explotación de sus recursos, por lo que las autoridadesque tienen a su cargo la política ambiental estatal, debe intensificar todos susesfuerzos hacia estas células del desarrollo..Es necesario romper con los viejos modelos centralistas mal diseñados y enocasiones mal orientados hacia otros fines, ya que la calidad de vida de loshabitantes de las zonas marginadas y en consecuencia con altos índices depobreza, analfabetismo, desnutrición etc., serán los únicos indicadores de lasustentabilidad en cualquier entidad de la república mexicana, no son losdiscursos ni las estadísticas bien elaboradas.Desafortunadamente, los municipios no nada mas de Zacatecas sino detodos el país, reflejan un atraso considerable cuando hablamos dereglamentación, planes y programas relacionados con el medio ambiente, por ello,todavía a inicios del siglo XXI, las ciudades crecen sin orden, sin progreso y congastos enormes que se traducen a su vez, en la elevación de los impuestosdestinados a solventar los mismos errores. Tres años no bastan para diseñar yponer en marcha proyectos productivos con tecnologías sustentables, por ejemplo,debiera existir una excepción en las administraciones públicas tanto estatalescomo municipales y establecer el Servicio Civil de Carrera en el Área Ambiental,para conservar a los recursos humanos con vocación y calidad de servicio con lafinalidad de que se de continuidad a las acciones estatales y municipales en esteámbito.Artículo 122, apartado G:« Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdiccioneslocales y municipales entre si, y de estas con la federación y eldistrito federal en la planeación y ejecución de acciones en laszonas conurbadas limítrofes con el distrito federal, de acuerdocon el articulo 115, fracción VI de esta Constitución, en materiade asentamientos humanos; protección al ambiente;preservación y restauración del equilibrio ecológico;
12transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento ydisposición de desechos sólidos y seguridad publica, susrespectivos gobiernos podrán suscribir convenios para lacreación de comisiones metropolitanas en las que concurran yparticipen con apego a sus leyes.Este artículo especifica de manera amplia las atribuciones que elDistrito Federal tiene respecto a diversas materias, el apartado en comento,establece la posibilidad de formalizar convenios para el establecimiento decomisiones metropolitanas que tengan por objeto diseñar las estrategias paraoperación y ejecución de obras y acciones además de la prestación de serviciospúblicos, pero sobre todo, llevar a cabo esfuerzos comunes para mejorar elentorno ecológico, tan dañado y por consecuencia, tan nocivo para la saludpública en el área metropolitana.De llevarse a cabo esta figura, serviría de ejemplo para que estadosque comparten, por su situación geográfica, problemas comunes relacionados conel ambiente, la puesta en marcha de programas de mitigación de contingenciasambientales dentro de una nueva cultura de apoyo y de convergencia interestatalen pro de mejorar el entorno y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Conesta finalidad se necesita que los tomadores de decisiones tengan la visión y lapreparación para emprender la lucha común hacia la sustentabilidad, en elentendido de que para el medio ambiente no hay héroes únicos, se necesita laparticipación de autoridades, organismos gubernamentales y la ciudadanía engeneral, de lo contrario se juega mediante la política de la simulación, con laspresentes y futuras generaciones.Esperamos que esta contribución al Derecho Ambiental sea bienrecibida sobre todo por los estudiantes de la carrera y sobre todo que se abra enellos la expectativa de poder desarrollarse profesionalmente en esta importanteárea.1.5 Conclusiones.Primera. Existen todos los elementos jurídicos ambientales dentro delmarco constitucional para dar certeza a la existencia del Derecho Ambiental enMéxico.Segunda. El desarrollo de los pueblos deberá verse inevitablemente desdeel punto de partida del derecho ambiental en el entendido de crecer con orden yrespeto al entorno ecológico, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.Tercero. Esta nueva rama del derecho requiere de investigadores, docentesy litigantes con una visión de la ética y el respecto a la naturaleza pero sin olvidar
13el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Estudiantes de derecho, laspuertas están abiertas.Cuarta. Es urgente permear con ideas y proyectos a los sistemas de laAdministración Pública en los tres niveles de gobierno para intensificar susacciones ambientales en los municipios.Quinta. Se deben adoptar en escuelas y facultades de derecho, estudios,diplomados, cursos y talleres así como posgrados tendientes a fortalecer estaimportante rama del derecho entre estudiantes y profesionistas.* Alvaro García HernándezProfesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Coodinador delProyecto de Investigación «Formación de Investigadores en el Área Jurídico-ambiental» dentro delprograma Jurismática del Centro de Investigaciones Jurídicas.alvagh@yahoo.com.mxdesustentable@hotmail.com
Intro curso de especialización en adaptación al cambio climático
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