Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22898
Timestamp: 2020-01-17 18:46:39
Document Index: 67811279

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 86', 'Artículo 86', 'Artículo 86', 'Artículo 93', 'Artículo 133', 'Artículo 133', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 157', 'Artículo 153', 'Artículo 155', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 25', 'Artículo 299', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 249', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 288']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 100/2012
SENTENCIA 100/2012, de 8 de mayo
ECLI:ES:TC:2012:100
1. El día 3 de julio de 2001 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 18 de junio de 2001, por el que se acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación de, entre otros impuestos, la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías, por posible vulneración de los arts. 31.3, 133.1 y 139.2, y disposición derogatoria, apartado 3, todos ellos de la Constitución Española, y del artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y en relación también con disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 86.1, en relación con el art. 31.1, todos ellos de la Constitución Española.
a) Con fecha de 17 de mayo de 1994 fue girada a la entidad mercantil Compañía Canariense de Tabacos, S.A., una liquidación derivada de un acta de disconformidad (núm. 000370) en concepto de arbitrio insular de entrada-tarifa especial correspondiente al ejercicio 1993 por la introducción en Canarias desde Espluges de Llobregat (Barcelona) de 826 bultos con 9.138 kilogramos de “expositores, gavetas y fundas para cigarrillos puros” (DUA núm. 55988-1993), al tipo del 12,5 por 100, y con una deuda tributaria de 1.024.745 pesetas (6.158,84 €). Dicha liquidación fue recurrida ante la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, siendo desestimada la reclamación mediante resolución con fecha de 6 de noviembre de 1996 (expediente núm. 105-94-3).
b) Interpuesto recurso contencioso-administrativo (núm. 88-1997) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por providencia con fecha de 10 de abril de 2001 se declararon conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo el día 4 de mayo de 2001.
c) Por providencia de 4 de mayo de 2001 la Sala acordó, de conformidad con el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dar audiencia a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que en el plazo improrrogable de diez días alegasen lo que estimasen oportuno sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional primera de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación del régimen económico fiscal de Canarias, por la que se dispuso que continuaría vigente la tarifa especial del arbitrio insular sobre la entrada de mercancías en las islas Canarias en los términos previstos en el art. 6 del Protocolo 2 del Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas, así como sobre la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, por la que se dispuso la vigencia de tal tarifa especial a partir de la prórroga prevista en el art. 6.4 del Reglamento (CEE) núm. 1911-1991 del Consejo, de 26 de junio; la primera, por presunta vulneración de los arts. 31.3, 133 y 139.2, y disposición derogatoria, apartado 3, de la Constitución Española, y del art. 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, al haberse mantenido o restablecido la vigencia de normas preconstitucionales; y la segunda, por su posible contradicción con los arts. 9.3 y 86.1, en conexión con el art. 31.1, de la Constitución Española.
d) En cumplimiento del anterior trámite, la parte actora presentó su escrito de alegaciones fechado el 17 de mayo de 2001, suplicando el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte, la Letrada del Gobierno Canario, mediante escrito fechado el día 18 de mayo de 2001, suplicaba se declarase la improcedencia de su planteamiento Finalmente, el Ministerio Fiscal por escrito de 19 de mayo de 2001 interesó también el planteamiento de la cuestión.
a) Precisa el órgano judicial que plantea la cuestión, ante todo, el contenido de las disposiciones implicadas, señalando a tal fin que la disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de 7 de junio, disponía que “[c]ontinuará vigente la Tarifa Especial a la Entrada de Mercancías, en los términos previstos en el artículo 6 del Protocolo 2 del Tratado de Adhesión. El Gobierno de la Nación, atendiendo a las circunstancias que puedan concurrir en la economía canaria, planteará a la Comisión Europea la prolongación más allá del 1 de enero de 1993 de la vigencia de la Tarifa Especial para un período de tiempo limitado, así como su extensión a los productos sensibles, según las previsiones del artículo 6.3 del mencionado Protocolo número 2 del Tratado de Adhesión”.
b) De las normas citadas anteriormente deduce el órgano judicial que plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad que, una vez obtenida la autorización comunitaria precisa para ello, son las disposiciones adicionales segunda de la Ley 20/1991 y tercera del Real Decreto-ley 7/1993, por las que se dispuso la continuación o restablecimiento de la vigencia o exigibilidad de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias, las que habrían habilitado a la Comunidad Autónoma de Canarias para liquidar y exigir la liquidación controvertida. Pues bien, a juicio del órgano judicial, no se advierte cómo puede compatibilizarse la terminante prohibición del art. 139.2 CE (según la cual “ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen ... la libre circulación de bienes en todo el territorio español”), con el mantenimiento o restablecimiento de la vigencia —en virtud de los preceptos legales cuestionados— de otros preceptos legales preconstitucionales como son, de un lado, el art. 22.2.A) de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre régimen económico-fiscal de Canarias, conforme al cual el hecho imponible del arbitrio insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias es “la entrada en las islas Canarias de toda clase de mercancías procedentes del resto de España o del extranjero”; y, de otro, el apartado 2.F.2 del mismo art. 22, según el cual “podrá establecerse una tarifa especial para la importación de productos industriales y agrarios procedentes del extranjero que sean de la misma naturaleza que los que se fabriquen o produzcan en Canarias”. Preceptos estos que concuerdan con la configuración del hecho imponible que se ha hecho en el art. 2 de la ordenanza fiscal reguladora de la misma y aprobada por Real Decreto 997/1978, de 12 de mayo.
c) Considera el órgano judicial, por otra parte, que el intento de dar continuidad o recuperar la vigencia de una normativa tributaria tan dudosamente compatible con la Constitución de 1978 (y también con el propio Derecho comunitario) como es la reguladora de la tarifa especial infringe asimismo la asignación y distribución del poder tributario y su sometimiento al principio de legalidad en materia tributaria, establecidos en los arts. 31.3 y 133, ambos de la Constitución. Indica el órgano judicial, que de los preceptos citados se desprende que son el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales quienes, mediante ley en su caso, y en todo caso con arreglo a la Constitución y a las leyes, pueden establecer y exigir tributos en España, y, sin embargo, el legislador estatal ha abdicado de su potestad originaria tributaria, ejercitable mediante ley, en favor de las instituciones comunitarias, supeditando la vigencia y exigibilidad del impuesto estatal de que se trata, o incluso el alcance de la normativa reguladora del mismo, a lo que dichas instituciones comunitarias decidan al respecto, como si de un impuesto, no ya estatal español, sino europeo comunitario, se tratase. Sin desconocer el órgano judicial la primacía y aplicación directa del ordenamiento comunitario, lo que niega es que las instituciones comunitarias hayan asumido las competencias o atribuciones de los Estados miembros para establecer y regular sus propios tributos y menos aun cuando lo que se pretende es atribuir a alguna de las instituciones comunitarias la facultad de decidir la pervivencia de barreras fiscales entre diversas partes del territorio nacional español.
d) Añade a continuación el órgano judicial que el instrumento normativo finalmente utilizado para restablecer la vigencia —con posterioridad al 1 de enero de 1993— de la denominada tarifa especial, a saber, un decreto-ley (el Real Decreto-ley 7/1993), está infringiendo el art. 86.1, en conexión con el art. 31.1, ambos de la Constitución, pues dicha norma, aparte de establecerse con una urgencia que no está justificada, está afectando a un derecho, deber o libertad regulado en el título I de la Constitución, a saber, el deber de contribuir.
e) Concluye el órgano judicial cuestionando también el alcance retroactivo de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, que considera que pudiera ser contrario al principio de seguridad jurídica enunciado en el art. 9.3 CE, pues mediante dicha disposición adicional se restableció una tarifa cuya supresión no sólo se preveía con efectos a partir del 12 de marzo inmediatamente anterior —fecha de la publicación y entrada en vigor del Reglamento (CEE) núm. 564-1993 del Consejo, de 8 de marzo—, sino que podía haberse entendido definitivamente suprimida a partir del 1 de enero de dicho año, con arreglo a lo dispuesto en el art. 6.3 del Protocolo núm. 2 del Acta de adhesión antes referido, ya que en tal fecha no se había conseguido obtener del Consejo la pertinente autorización de prórroga.
4. Mediante providencia de 23 de abril de 2002, la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión planteada y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que tuvo lugar en el “BOE” núm. 112, de 10 de mayo).
5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 17 de mayo de 2002 se recibió comunicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados conforme a la cual se ponía en conocimiento de este Tribunal que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de estudios y documentación de la Secretaría General. Posteriormente, por escrito registrado el 20 de mayo siguiente, la Presidenta del Senado solicitó a este Tribunal que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El Abogado del Estado presentó su escrito el día 23 de mayo de 2002 en el que suplicaba que se dictase Sentencia por la que se inadmitiese la cuestión respecto de la segunda parte o inciso final de la disposición adicional tercera de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y se desestimase en todo lo demás; y, subsidiariamente, se desestimase en su integridad.
7. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el día 27 de mayo de 2002, interesando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
8. Por providencia de 7 de mayo de 2012 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
1. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) plantea cuestión de inconstitucionalidad, en primer lugar, respecto de la disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías, por posible vulneración de los arts. 31.3, 133 y 139.2, y disposición derogatoria, apartado 3, todos ellos de la Constitución, y del art. 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y, en segundo lugar, también en relación con la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, pero esta vez por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 86.1, en relación con el art. 31.1, todos ellos de la Constitución.
2. Antes de entrar a analizar las cuestiones de fondo planteadas a este Tribunal es necesario hacer dos precisiones sobre el objeto del proceso.
3. En el análisis de las cuestiones sometidas a nuestro conocimiento es necesario comenzar señalando que la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre régimen económico-fiscal de Canarias (“BOE” núm. 176, de 24 de julio), preveía una serie de medidas de corte económico y fiscal con el fin de promover el desarrollo económico y social del archipiélago, entre las cuales se encontraba dentro de su título II (régimen fiscal), capítulo II (haciendas locales), un arbitrio insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias (en sustitución de los antiguos arbitrios de los cabildos a la importación y exportación, y del recargo municipal sobre los mismos), que gravaba “la entrada en las islas Canarias de toda clase de mercancías procedentes del resto de España o del extranjero” [art. 22.2.A)], con dos tarifas, una general, cuyo tipo máximo no podrá exceder del 5 por 100 [art. 22.2.F).1] y una especial, para “la importación de productos industriales y agrarios procedentes del extranjero que sean de la misma naturaleza que los que se fabriquen o produzcan en Canarias”, cuyo tipo para cada producto no podrá ser inferior al que corresponda para la desgravación de exportaciones en el régimen general [art. 22.2.F).2].
4. Señala el órgano judicial, en primer lugar, que las disposiciones adicionales segunda y tercera, respectivamente, de la Ley 20/1991 y del Real Decreto-ley 7/1993, en la medida que habilitan a la Comunidad Autónoma de Canarias para liquidar la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias, vulneran tanto el art. 139.2 como el apartado 3 de la disposición derogatoria, ambos de la Constitución, al tratarse de una medida contraria a la unidad de mercado que no se justifica en la singularidad canaria prevista en el art. 46.1 del Estatuto de Autonomía para Canarias, restableciéndose una norma preconstitucional que había quedado derogada con la entrada en vigor de la Constitución, precisamente, por oponerse a aquel art. 139.2 CE. No comparten esta opinión, sin embargo, ni el Abogado del Estado ni el Fiscal General del Estado. Para el primero, la tarifa especial es una consecuencia más del hecho insular y se dirige a proteger la agricultura e industria canaria, estando el Estado obligado ex art. 138.1 CE, a prestar particular atención a ese hecho insular, que justifica la restricción a la libre circulación de mercancías, por tratarse de una medida que no puede tacharse de irrazonable o desproporcionada. Y para el segundo, la tarifa especial, parte integrante del régimen económico y fiscal de Canarias, supone una especialidad excepcional que admite la propia Constitución.
5. La búsqueda de la finalidad de la tarifa controvertida debe hacerse “partiendo de la existencia del régimen económico y fiscal de Canarias” (disposición adicional tercera CE) y de la atribución al Estado de la garantía de “la realización efectiva del principio de solidaridad … atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular” (art. 138.1 CE), pues la Constitución “se inserta en una línea tradicional que a lo largo de la historia ha venido justificando la existencia del régimen económico y fiscal de Canarias, precisamente por las características propias del archipiélago canario, es decir, por el ‘hecho insular’” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)]. En efecto, el régimen económico y fiscal de Canarias tiene un sentido eminentemente finalista que obedece al “carácter insular y las condiciones geológicas y climatológicas de las provincias canarias” que reclaman “un conjunto armónico de medidas que estimulen el desarrollo económico y social de las islas” (exposición de motivos de la Ley 30/1972), para “promover su desarrollo económico y social” (exposición de motivos de la Ley 20/1991). Y ese sentido “esencialmente finalista” del régimen económico y fiscal resulta del “conjunto de elementos —no exclusivamente fiscales— de carácter rigurosamente instrumental”, que actúan como “puros medios para conseguir un fin —art. 138.1 CE—, concretamente, la realización efectiva del principio de solidaridad atendiendo precisamente al hecho insular” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)]. Además, el citado régimen tiene un “carácter evolutivo” que deriva también del propio art. 138.1 CE pues “[d]icho precepto no se refiere simplemente al hecho insular, sino ‘a las circunstancias del hecho insular’”, y “si el hecho insular es perfectamente invariable, las ‘circunstancias’ sociales y económicas que lo rodean, no” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 b) 1)]; carácter evolutivo pese al cual “pueden identificarse en el régimen fiscal canario algunos rasgos que se han venido manifestando de forma constante: en primer lugar, un ‘diferencial de tributación con respecto al resto del territorio nacional’ o, dicho de otro modo, ‘una presión fiscal indirecta menor’; y, en segundo lugar, la existencia de tributos de ámbito canario atribuidos en su recaudación a la Comunidad Autónoma o a los Cabildos” (STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 8; y, en el mismo sentido, SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 8; y 62/2003, de 27 de marzo, FFJJ 4 y 5).
6. Considera también el órgano judicial que las disposiciones adicionales cuestionadas pueden contrariar el art. 46.1 del Estatuto de Autonomía para Canarias, pues si el régimen económico-fiscal especial de que goza Canarias está “basado en la libertad comercial de importación y exportación … y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo”, concretándose el principio de la franquicia sobre el consumo en la inaplicación en Canarias de la imposición indirecta estatal de ámbito general que grava el comercio (impuesto sobre el valor añadido), no es posible advertir la compatibilidad de tal franquicia con la denominada tarifa especial (que es calificable como un impuesto estatal). El Abogado del Estado considera, sin embargo, que no se ha producido esta vulneración pues el peculiar régimen económico-fiscal canario ampara las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características permanentes que dificultan el desarrollo del archipiélago.
7. Argumenta el órgano judicial que de los arts. 31.3 y 133.1 CE deriva que son el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales quienes ostentan potestad tributaria y sin embargo con las normas cuestionadas se produce, a su juicio, una abdicación del Estado español del ejercicio de su potestad originaria en materia tributaria al permitir a las instituciones comunitarias, no ya establecer y regular los tributos propios del Estado, sino decidir la pervivencia de barreras fiscales entre diversas partes del territorio nacional español. No comparten este juicio, sin embargo, ni el Abogado del Estado ni el Fiscal General del Estado, para quienes la tarifa especial respeta ambos preceptos al venir regulada por la Ley 30/1972, de 22 de julio.
8. La siguiente imputación que hace el órgano judicial que plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad se refiere a la utilización del instrumento del decreto-ley (concretamente, del Real Decreto-ley 7/1993) para aprobar la prórroga de la tarifa especial lo que, a su juicio, vulnera el art. 86.1 CE, de un lado, por afectar su objeto al deber de contribuir consagrado en el art. 31.1 CE, y, de otro, por tratarse de una norma que se aprueba con una urgencia que no está justificada ya que hacía años que se preveía la supresión del gravamen que regula.
Pues bien, antes de analizar la concurrencia de los citados elementos es necesario recordar brevemente que la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada mercancías establecida por la Ley 30/1972, de 22 de julio (art. 22), tras el Tratado de adhesión de España y Portugal a la CEE de 12 de junio de 1985, debía suprimirse, a más tardar, el día 1 de enero de 1993, salvo que el Consejo, a propuesta de la Comisión, previa petición de España, decidiese su prolongación [arts. 6.3 del citado Protocolo 2 y 6.4 del Reglamento (CEE) núm. 1911-1991]. Tal petición fue formulada por el Gobierno español a la Comisión el 7 de diciembre de 1992, ordenando el Reglamento (CEE) núm. 564-1993 del Consejo, de 8 de marzo, la aplicación de la citada tarifa especial hasta el 31 de diciembre de 2000 (art. 1). Y sobre esta prórroga, el Real Decreto-ley 7/1993 aquí cuestionado no hace sino prever, a partir de su entrada en vigor —y “en los términos establecidos en el Reglamento (CEE) número 564-1993 del Consejo, de 8 de marzo”— la aplicación de los tipos impositivos vigentes en 1992 (disposición adicional tercera). Por tanto, no es el Real Decreto-ley 7/1993, como pretende el órgano judicial cuestionante, el que dispone la prórroga de la tarifa especial, pues se limita a concretar la forma de determinación de la base imponible y los tipos de gravamen aplicables, sino el Reglamento (CEE) núm. 564-1993 del Consejo, que era directamente aplicable [arts. 288 del Tratado de funcionamiento de la UE y 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) 564-1993 del Consejo] y que es el que dispone la continuidad de la aplicación de la citada tarifa más allá del momento en que tenía prevista su expiración, eso sí, a unos tipos impositivos que en ningún caso podían superar “el 90 por 100 del tipo aplicable a los mismos productos originarios de países terceros” (art. 1).
9. La otra vulneración del art. 86.1 CE que se imputa a la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993 hace referencia al límite material que establece dicho precepto al señalar que las disposiciones legislativas provisionales que puede dictar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad “no podrán afectar... a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I” de la Constitución. Concretamente, estima el órgano judicial que la norma cuestionada, ha “afectado” a uno de los “deberes” regulados en dicho título I de la Constitución: el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos recogido en el art. 31.1 CE. Tanto para el Abogado del Estado como para el Fiscal General del Estado, en cambio, esta queja debe ser igualmente rechazada, para el primero, porque la tarifa especial es una figura tributaria de aplicación territorialmente limitada y, por tanto, una figura impositiva de escasísimo relieve en el “conjunto del sistema tributario”, que se aplica, comparativamente, a pocos sujetos pasivos, por lo que no puede considerarse que quede esencialmente afectado el deber constitucional de contribuir; y, para el segundo, porque la citada tarifa especial tiene poco que ver con el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y mucho con la protección y robustecimiento de sectores productivos canarios.
10. En último lugar, imputa el órgano judicial también a la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, la vulneración del principio de seguridad jurídica enunciado en el art. 9.3 CE, al restablecer la vigencia de una tarifa que podía entenderse suprimida desde el día 1 de enero de 1993 con arreglo a lo dispuesto en el art. 6.3 del Protocolo núm. 2 del Acta de adhesión. El Abogado del Estado considera que no se ha producido dicha vulneración porque, de acuerdo con las propias palabras del órgano judicial, si la tarifa especial entró el vigor el día 12 de marzo de 1993, aplicándose los mismos tipos que estaban vigentes el último día de 1992, no puede sostenerse la existencia de una retroactividad contraria al citado precepto constitucional. Y de la misma opinión es el Fiscal General de Estado para quien no sólo la tarifa especial estaba vigente desde el día 12 de marzo de 1993, sino que su prórroga era previsible por haberlo así señalado el Reglamento (CEE) núm. 1911-1991.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 3741-2001
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 7/1993, de medidas urgentes de adaptación y modificación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías.
Principios de irretroactividad de las leyes, de legalidad en materia tributaria y de libertad de circulación de bienes y personas, límites a los decretos-leyes: validez de las disposiciones legales que someten a exacción tributaria la entrada de determinadas mercancías en Canarias.
Los dos preceptos cuestionados restablecieron la vigencia de la tarifa especial del arbitrio insular —introducida por una ley de 1972—, a fin de adecuar las figuras impositivas aplicables en Canarias a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Dicho arbitrio gravaba la entrada de toda clase de mercancías procedentes del resto de España o del extranjero que fueran de la misma naturaleza de las fabricadas o producidas en el archipiélago.
El Tribunal desestima la cuestión de inconstitucionalidad. Afirma, en primer lugar, que la exacción impuesta a la entrada de determinadas mercancías en Canarias, si bien constituye una medida que afecta a la libre circulación, responde a un fin legítimo —el de atender a las circunstancias del hecho insular—, y es razonable y proporcionada en atención a la realidad de las Islas Canarias, por lo que no vulnera la libertad de circulación del art. 139.2 CE. Tampoco vulneran las disposiciones en cuestión la previsión estatutaria de que la Comunidad Autónoma de Canarias goce de un régimen económico-fiscal especial basado, entre otras prerrogativas, en franquicias fiscales sobre el consumo. Dichas franquicias operan como rasgos básicos del sistema y no tienen carácter global, por lo que es admisible la aplicación de impuestos estatales sobre consumos específicos.
El Tribunal asevera, además, que el hecho de que la tarifa especial del arbitrio insular venga autorizada y condicionada por el Derecho de la Unión Europea no constituye una renuncia contraria a Constitución, por parte del Estado español, del ejercicio de su potestad originaria en materia tributaria. Se trata, al contrario, de un acto de ejercicio de la soberanía de España, en el respeto del requisito procedimental de la previsión por ley orgánica y de los límites materiales, ya que responde a la finalidad constitucionalmente legítima de atender a las circunstancias del hecho insular.
El Tribunal entiende, igualmente, que es correcta la utilización del Decreto-ley para aprobar la prórroga de la tarifa especial del arbitrio insular, habida cuenta de que ésta ha sido dispuesta por el Reglamento (CEE) núm. 564/93, mientras que el Decreto-ley cuestionado se ha limitado a concretar la forma de determinación de la base imponible y los tipos de gravamen aplicables. La utilización de dicho instrumento normativo se justifica, en este caso, por la necesidad de proteger la economía canaria frente a la importación de productos sensibles, y no afecta al deber de contribuir al gasto público, ya que, al regular un tributo indirecto, que grava una específica manifestación de la capacidad económica, no altera de manera relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes.
Por último, el Tribunal desestima la cuestión en relación con la supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica por parte del Real Decreto-ley 7/1993, observando que la norma cuestionada no contiene previsiones retroactivas, no genera confusión ni duda alguna sobre la conducta exigible para su cumplimento, ni incertidumbre acerca de sus efectos.
El arbitrio insular a la entrada de mercancías obedece a un fin constitucionalmente legítimo y resulta razonable y proporcionado en atención a las circunstancias de las islas Canarias, de suerte que no vulnera la libertad de circulación ordenada por el art. 139.2 CE [FJ 5].
Doctrina sobre el régimen económico-fiscal de las islas Canarias (SSTC 16/2003, 137/2003) [FJ 5].
Una exacción a la entrada de determinadas mercancías en Canarias constituye una medida de naturaleza tributaria afectante de la libre circulación, al someter a aquéllas a un sobre-gravamen con relación a las que circulan por el resto del territorio comunitario, si bien la mera afectación de aquella libertad no convierte a la medida per se en ilegítima, quedando justificada cuando tenga una razón de ser suficiente y unos efectos proporcionados y adecuados al fin perseguido [FJ 4].
Doctrina sobre la libre circulación de bienes por el territorio nacional (SSTC 37/1981, 109/2003) [FJ 4].
Las disposiciones estatales cuestionadas no contrarían el 46.1 EACan, pues las franquicias fiscales sobre el consumo, recogidas en dicho artículo, operan como directrices que deben ajustarse a las necesidades sociales y económicas de cada momento histórico, lo que pone de relieve la viabilidad de la aplicación en Canarias de impuestos estatales sobre consumos específicos (SSTC 35/1984, 16/2003, 109/2004) [FJ 6].
No puede apreciarse vicio de inconstitucionalidad ni desde la perspectiva del art. 31.3 CE, cuya exigencia de ley para la materia tributaria ha sido respetada en el presente caso, ni desde la óptica del art 133.1 CE —entendido en su conexión con el art. 96.1 CE–, en el hecho de que, desde la entrada de España en la Comunidad Europea, la tarifa especial del arbitrio insular venga autorizada y condicionada por el Derecho comunitario [FJ 7].
El art. 133.1 CE puesto en relación con los arts. 149.1.14 y 157.3 CE, es una norma atributiva de competencias en materia tributaria al Estado, cuyo poder es “originario”, en contraposición con el poder “derivado” de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, ex art. 133.2 CE, pero ello no impide que esa potestad originaria pueda quedar afectada por los tratados internacionales, ex art. 96.1 CE (SSTC 19/1987, 72/2003) [FJ 7].
El condicionar la tarifa especial del arbitrio sobre la importación de mercancías en las islas Canarias al Derecho comunitario no ha supuesto una abdicación contra constitutione del Estado español del ejercicio de sus competencias tributarias, al tratarse de un inequívoco acto de ejercicio de soberanía que persigue una finalidad constitucional legítima como es la de atender a las circunstancias del hecho insular, ex art. 138.1 CE (DDTC 1/1992, 1/2004; STC 28/1991) [FJ 7].
Doctrina sobre la cesión del ejercicio de competencias en favor de instituciones internacionales (DDTC 1/1992, 1/2004) [FJ 7].
Resulta clara la concurrencia del presupuesto habilitante previsto en el art. 86.1 CE, pues se había producido un vacío legislativo que dejaba sin aplicación el arbitrio litigioso que vino a cubrir un Reglamento comunitario, que a su vez necesitaba la concreción del tipo aplicable en el arbitrio, que es lo que dispuso la disposición cuestionada del Real Decreto-ley, guardando la medida adoptada la debida conexión con la situación de urgencia pues se trataba de proteger la economía canaria frente a la importación de productos sensibles [FJ 8].
Doctrina sobre el examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad de los Decretos-leyes (SSTC 29/1982, 1/2012) [FJ 8].
La disposición cuestionada no vulnera el art. 86 CE al no afectar al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ex art. 31.1 CE, pues se limita a recoger una prórroga autorizada por dos Reglamentos comunitarios sin alterar la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes ni provocar un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario (SSTC 137/2003, 108/2004) [FJ 9].
Doctrina sobre los límites materiales de los decreto-leyes, ex art. 86.1, y el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ex art. 31.1 CE (SSTC 111/1983, 189/2005) [FJ 9].
La disposición cuestionada no contiene previsión retroactiva alguna que vulnere el principio de seguridad jurídica ya que, desde la entrada en vigor del Reglamento comunitario, el arbitrio insular era directamente aplicable con unos tipos impositivos cuya concreción se hizo por el Real Decreto-ley cuestionado en los términos establecidos en dicho Reglamento, no generando por tanto confusión alguna acerca de la conducta exigible para su cumplimiento ni incertidumbre sobre sus efectos [FJ 10].
Doctrina sobre el principio de seguridad jurídica y la retroactividad de las normas tributarias, ex art. 9.3 CE (SSTC 27/1984, 136/2011) [FJ 10].
Es necesario que el razonamiento que cuestiona la constitucionalidad haya de exteriorizarse proporcionando los elementos que lleven al mismo, de tal manera que las cuestiones sólo pueden considerarse correctamente planteadas en relación con aquellos preceptos cuya vulneración resulte mínimamente fundada, debiendo quedar excluidas del objeto del proceso aquellas cuestiones que no los proporcionen (SSTC 17/1981, 245/2004) [FJ 2].
Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo. Medidas urgentes de adaptación y modificación del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías
En general, ff. 3, 5, 7, 9
Título II, capítulo II, f. 3
Exposición de motivos, apartado I, f. 5
Artículo 22.2 a), f. 3
Artículo 22.2.f.1, f. 3
Artículo 22.2.f.2, f. 3
Real Decreto 997/1978, de 12 de mayo. Aprueba la ordenanza fiscal reguladora de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías en las islas Canarias, se dictan normas para su modificación, suspensión y revisión y se transfieren a la Junta de Canarias las facultades ostentadas por la Junta Económica Interprovincial de Canarias, en orden a dicha ordenanza
Título I, ff. 9, 10
Título I, capítulo II, sección segunda, f. 9
Artículo 9.3 (irretroactividad), f. 10
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), f. 10
Artículo 31.1, ff. 1, 8, 9
Artículo 31.3, ff. 1, 7, 9
Artículo 86, f. 9
Artículo 86.1, ff. 1, 8, 9
Artículo 86.2, f. 9
Artículo 93, ff. 5, 7
Artículo 133.1, ff. 7, 9
Artículo 133.3, f. 9
Artículo 138.1, ff. 4, 5, 7
Artículo 139.2, ff. 1, 4, 5
Artículo 157.3, f. 7
Disposición derogatoria, apartado 3, ff. 1, 4
Artículo 153.1, f. 7
Artículo 155.4, f. 7
Artículo 46.1, ff. 1, 4, 6
Artículo 46.2, f. 5
Artículo 25.4, f. 3
Exposición de motivos, apartado III, f. 3
Artículo 299.1, f. 5
Protocolo 2, artículo 6, ff. 3, 5
Protocolo 2, artículo 6.3, ff. 2, 3, 8, 10
Ley Orgánica 4/1986, de 26 de noviembre. Autoriza la ratificación por España del Acta única europea firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986
Considerando cuarto, f. 5
Considerando séptimo, f. 5
Considerando octavo, f. 5
Considerando noveno, f. 5
Artículo 6.4, ff. 3, 5, 8, 10
Artículo 249, f. 2
Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre. Autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992
Reglamento (CEE) núm. 564/93 del Consejo, de 8 de marzo de 1993. Prorroga la aplicación del "arbitrio insular - tarifa especial" de las islas Canarias con ocasión de la introducción en estas islas de determinados productos sensibles procedentes de otras partes de la Comunidad
Considerando tercero, f. 5
Artículo 1, ff. 2, 3, 8
Artículo 2 párrafo 1, f. 10
Artículo 2 párrafo 2, ff. 8, 10
Disposición adicional tercera, ff. 1, 2, 4, 8, 9, 10
Disposición final única, ff. 3, 10
Decisión 2002/546/CE del Consejo, de 20 de junio de 2002. Régimen del impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias
Artículo 288, ff. 2, 8
Decisión 895/2011/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011. Modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su período de aplicación
Cesión del ejercicio de competencias a la Unión EuropeaCesión del ejercicio de competencias a la Unión Europea, f. 7
Deber de contribución al gasto públicoDeber de contribución al gasto público, f. 9
Finalidad de los tributosFinalidad de los tributos, f. 5
Libertad de circulaciónLibertad de circulación, f. 4
Libertad de circulación de bienesLibertad de circulación de bienes, ff. 4, 5
Límites a la soberanía estatalLímites a la soberanía estatal, f. 7
Normas atributivas de competenciasNormas atributivas de competencias, f. 7
Planteamiento de cuestión de inconstitucionalidadPlanteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, f. 2
Principio de irretroactividadPrincipio de irretroactividad, f. 10
Principio de seguridad jurídicaPrincipio de seguridad jurídica, f. 10
Régimen económico y fiscal de CanariasRégimen económico y fiscal de Canarias, ff. 5, 6
Tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancíasTarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías, ff. 3 a 10
Unión EuropeaUnión Europea, f. 7
Aplicación del Derecho de la Unión EuropeaAplicación del Derecho de la Unión Europea, f. 7
Decretos-leyesDecretos-leyes, ff. 8, 9
Legislación tributariaLegislación tributaria, f. 10
Límite material de los decretos-leyesLímite material de los decretos-leyes, f. 9
Reglamentos de la Unión EuropeaReglamentos de la Unión Europea, ff. 7 a 9
Retroactividad de normas tributariasRetroactividad de normas tributarias, f. 10
Situación de extraordinaria y urgente necesidadSituación de extraordinaria y urgente necesidad, f. 8
Doctrina legal aplicable en incidente de ejecución de sentenciaDoctrina legal aplicable en incidente de ejecución de sentencia, f. 10
Recurso de casación en interés de leyRecurso de casación en interés de ley, f. 10
CanariasCanarias, ff. 3, 4, 5, 6, 7