Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/57048
Timestamp: 2019-09-21 19:50:23
Document Index: 124390576

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133']

Gaceta: LXII/3SPR-23/57048
Que exhorta a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario; asimismo, exhorta a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES A IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ASISTENCIA, ORIENTACIÒN, ATENCIÒN, PROTECCIÒN Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE LA PROMOCIÒN Y APLICACIÒN EFICIENTE Y MEDIBLE DE POLÌTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES TENDIENTES A LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL QUE ATIENDA AL INTERÈS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez.
1. Con fecha 5 de agosto de 2015, Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
“En la actualidad el país está sufriendo procesos que implican cambios estructurales que repercuten necesariamente, en los sectores social, económico, cultural, educativo y productivo, pero de igual modo inciden de manera importante en el seno de las familias mexicanas.
En unmundo convulsionado por los cambios citados, se suman otros factores que abonan el camino para agudizar el estado de ánimo del ser social, como son la delincuencia que se traduce en violencia; sembrando miedo y zozobra en los habitantes de este país.
La violencia per se es dañina.Afecta el bienestar no sólo físico sino también psicológico de sus destinatarios; provoca un sentimiento de vulnerabilidad ante los otros, rompe con la autoestima de cada individuo, nos vuelve introvertidos, en algunos casos pensamos en renunciar a la vida propia o en situaciones más graves, se tiende a lesionar a los semejantes.
La violencia se reproduce en todos los ámbitos sociales y en cada rincón del territorio nacional , de tal forma que quienes resultan víctimas del flagelo son los grupos vulnerables dentro de los que se encuentran las personas adultas mayores, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.
Ante ese contexto, podemos afirmar que todos soportan el mismo sentimiento de victimización y, por igual, requieren atención médica, psicológica o económica, que les ayude a superar el momento trágico que los envuelve, para regresarle un poco de paz a su exaltada existencia.
Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que durante el curso de nuestra vida, los hechos violentos sufridos en la niñez o adolescencianos quedan marcados para el resto de nuestra existencia. Esas experiencias indeseables nos generan efectos traumáticos que en muchas ocasiones ni el tiempo mismo logra borrarlos de nuestra mente.
La violencia encaminada a los menores de edad es un problema ineludible de las autoridades responsables de velar por el interés superior de la niñez. Los medios de comunicación masiva, electrónicos o escritos, dan cuenta casi a diario del brutal trato que reciben las niñas y los niños mexicanos. Son víctimas y reciben agresiones, cuyo centro de origen es la propia familia,los compañeros de escuela, los “amigos”, el sistema de gobierno, la institución educativa, o en casos más graves, los conflictos armados.
En Nueva Alianza consideramos que a este fenómeno no se le ha dado la importancia que merece, ni por las autoridades, los padres de familia o los académicos. Simple y sencillamente porque se han ignorado sus verdaderas dimensiones, o de plano no es de su interés ya que se privilegian otras ramas o directrices. El resultado es que estamos generando para el futuro, personas negativas porque en su infancia vivieron y se desarrollaron en la adversidad.
Por lo que es muy probable que en la etapa de su adultez reproduzcan dichos esquemas.
A continuación se expondrán los casos de violencia que tienen como objetivo principal a los menores de edad:
Uno de los casos de violencia citados se presenta, de manera recurrente, precisamente en las aulas de clase, y se expresa mediante el acoso escolar o también denominado bullying . Conductas negativas convertidas en violencia que van desde agresión física, psicológica o emocional, hasta maltrato sexual y violencia cibernética, que de forma reiterada puede llegar a excluir socialmente a los afectados y que, en algunos casos, han provocado denigración, lesiones o pérdida de la vida a los sujetos pasivos . Los centros educativos reportan que a sus espacios concurren niños y niñas que provienen de diferentes estamentos sociales, en donde la desintegración familiar juega un papel destacado, las causas son el divorcio, abandono de hogar, o emigración.Circunstancias que provocan que muchos de los colegiales manifiesten comportamientos agresivos, problemas de aprendizaje, psicológicos, emocionales y académicos. Para contrarrestar el problema se tiene que recurrir al fortalecimiento del núcleo familiar, que permita un desarrollo integral de los alumnos, esa tarea no es sólo del docente, sino que tiene que emplazarse justamente a los padres de familia, para que en forma conjunta se logren los resultados deseados.
No menos dañina es la situación que sufren los menores que transitoria o permanentemente se encuentran en las guarderías que prestan el servicio de estancia o de guarda y custodia. En la memoria de las mexicanas y mexicanos persiste el recuerdo del incendio que se presentó en la guardería ABC de Hermosillo Sonora. Suceso que ocurrió en el mes de junio del año 2009, cuyo saldo fue de 49 niños muertos y 106 lesionados, todos ellos en edades que oscilan entre cinco meses y cinco años de edad. Estos trágicos hechos no se han podido esclarecer totalmente.
Un diagnóstico sobre el estado de los Centros de Atención Públicos y Mixtos a Nivel Nacional arroja que 13 por ciento de las 15 mil guarderías que administran o subrogan las Secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y del DIF, no ofrecen garantías de seguridad para los miles de menores que atienden. Dentro de las deficiencias que acusan son la falta de capacitación del personal, además de infraestructura inadecuada en otras 13 mil estancias, donde son atendidos alrededor 700 mil niños. En el estudio se aduce que a nivel nacional dos mil 72 guarderías entre públicas y privadas y mixtas carecen de un plan de protección civil, tal y como lo establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral .
En Nueva Alianza sostenemos que es un problema que se tiene que atender con urgencia, en virtud de que la falta de supervisión de la autoridad, da pie al maltrato, el abuso y el abandono, en síntesis a la violación de los derechos humanos que se presenta estos espacios victimizando a los niños y niñas.
No son casos aislados. Recordemos los hechos que acontecieron en el estado de Michoacán y que sacudieron a la sociedad mexicana, nos referimos concretamente al rescate de 500 niños en el orfanato conocido como la “Gran Familia”. Otro ejemplo es el de “Casitas del Sur”, aunque su fundador y varios de sus colaboradores fueron detenidos, todavía no ha sido posible encontrar a algunos menores. Las denuncias contra este tipo de casas hogar se han multiplicado en los últimos años, por el maltrato que aplican contra los menores. El problema llega a tal nivel que no se conoce el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por parte de quienes, dicen, cuidarlos .
Las cuestiones de violencia infantil desplegados son indignantes. Sin embargo, no los únicos existentes, pues podemos referirnos a otros que sustentan violencia extrema o violencia grave. Son considerados así, porque atentan contra los valores fundamentales de cualquier comunidad,como es la integridad o la vida misma de las niñas, niños o adolescentes.
Hechos que, por su acritud, conmocionaron a la sociedad mexicana, por la severidad con que se presentaron y que exhiben la disgregación social que padecemos en la actualidad, fundamentada en el detrimento de los valores sociales, acontecimientos como los que continuación se exponen:
1.- El domingo 20 de julio del presente año, se presentó una irrupción de las fuerzas del orden, federales, estatales y municipales en el poblado de Santa María Ostula, cuya cabecera municipal es la comunidad de Aquila en el estado de Michoacán. El acto violento dejó como víctimas mortales a dos menores de edad y adulto, y número indeterminado de lesionados.
Sobre el tema el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, manifestó que la Violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México ha resultado en un alto número de decesos de menores y lamentó el alto número de desaparición de niñas y de feminicidios que se han presentado en el país .
Esta entidad federativa está considerada como una de las más violentas del país, situación que ya no puede seguir, por lo que es necesario construir las condiciones de seguridad idóneas para proteger de las agresiones a las niñas y niños en particular y en general a toda la ciudadanía .
Similar suceso fue el que se dramatizó el pasado 7 de julio en la región de Calera, en el Estado de Zacatecas, donde fueron detenidos, varios adolescentes, por militares pertenecientes al 97 batallón. Luego de estar desaparecidos recientemente fueron localizados cuatro cuerpos con un tiro en la nuca, en el Municipio de Jerez, entre los que se encuentran dos de los adolescentes, lo que parece ser una ejecución extrajudicial .
Otros casos de violencia infantil.
Es inaudito pensar que por equivocación del médico oftalmólogo, un menor de casi dos años de edad y que padece retinoblastona (tumor canceroso), en el ojo izquierdo, le fue extirpado el derecho, es decir el ojo sano, provocando un severo problema al sistema visual del niño. El problema se agrava porque el facultativo que intervino, tenía en sus antecedentes mala práctica, en virtud de que enfrentaba serias acusaciones. Pero aún en esas condiciones se le permitía operar a los pacientes, sin que la autoridad sanitaria intervenga para evitar otras tragedias como la ocurrida .
Otro caso similar o más cruento, fue el que se presentó en el oriente de la capital del país , donde un pequeño de escasos cinco años edad, había sido víctima de un supuesto ritual, fue su propia progenitora la agresora, quien le extirpó ambos globos oculares, propiciando ceguera total al menor, por lo tanto, el daño inferido, lamentablemente, es irreversible.
Por mandato constitucional las autoridades deben garantizar protección y seguridad pública a la población. Lo aberrante es cuando sucede lo contrario, es decir la potestad pública es quien se convierte en la agresora apartándose de la legalidad. Nos referimos a los acontecimientos ocurridos en el estado de Puebla, donde se verificó la lesión y posterior muerte de un menor de 13 años de edad, luego de recibir un impacto de bala de goma en la cabeza, lanzado por la policía, que intentaba disuadir una marcha en la que participaba el adolescente.
Aunque el gobierno posteriormente promovió iniciativa para abrogar la llamada “ley bala”, el daño ya se había consumado. Esta es una muestra de la brutalidad con que actúan algunas fuerzas del orden del país, a quienes les falta capacitación, para que operen bajo protocolos de actuación .
Se pueden citar muchos casos más de violencia contra los niños, pero finalmente traeremos a comentario el evento ocurrido en el norte del país, en el estado de Chihuahua, en donde perdió la vida un niño de escasos seis años de edad, cuyo origen fue mientras “jugaban” otros niños con la víctima a simular un secuestro. El homicidio fue ejecutado con toda inclemencia, de tal forma que pone en juego muchas interrogantes, como preguntarse si los agresores a pesar de su corta edad tenían la conciencia para actuar como verdaderos psicópatas.
La violencia en México de 2006 a 2014, ha generado cerca de 2 mil homicidios de niñas, niños y adolescentes, en la mayor parte de estos lamentables eventos predomina la impunidad y la ausencia de una investigación seria, objetiva, responsable y profesional por parte de la autoridad competente .
Lo cierto es que la violencia no solo es del tipo argumentado porque se presenta en otros frentes. Por ejemplo, datos fatídicos que involucran a este sector que nos referimos, son aquellos que indican que de 2007 a 2014 desaparecieron 6 mil 998 niñas, niños y adolescentes. Dentro de este grupo de la población, si consideramos los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2 mil 621desaparecidos de los cuales mil 712 son mujeres, esto se traduce en que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres .
Ante los lamentables acontecimientos expuestos, en Nueva Alianza estamos convencidos que se presenta la urgente necesidad de hacer conciencia en las familias que tienen niñas, niños o adolescentes a resaltar que estas personas requieren de cuidados especiales, respeto y solidaridad, así como una vinculación intergeneracional que les permita tener una mejor calidad de vida y salud.
En tanto apremiamos a los gobiernos de los tres órdenes a implementar programas de orientación, de convivencia y conciencia familiar, de esparcimiento y de difusión con la finalidad de generar bienestar y esperanza de vida de las niñas, niños y adolescentes.
Desde el punto de vista social, las autoridades responsables en conjunto con los padres de familia tienen que identificar los factores de riesgo social para que se genere un clima de reflexión sobre la formación del menor atento al entorno en que se desenvuelve, para diagnosticar y buscar las mejores vías y estar en aptitud de superar los conflictos. Por lo que se requiere crear cambios de comportamiento que propicien mejorar la calidad de vida del menor y de la población con la convicción de lograr la reinserción de aquél en la vida productiva de la comunidad.
Atento a los argumentos vertidos podemos llegar a colegir que en nuestro país no existe una instancia que coordine los esfuerzos en favor de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Además que las políticas públicas y programas de gobierno se instrumentan de manera aislada, por lo que no se logran los objetivos deseados. Esto implica que no se cuenta con un marco institucional que asegure la primera infancia, y es que según los especialistas, México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia.”
En mérito de lo expuesto, se somete a esta H. Asamblea la presente Proposición con
“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y de los Gobierno Municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez en los términos del artículo 4° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vidade ese sector etario.
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta los titulares de la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, para que en los operativos que realicen en el combate a la criminalidad, desarrollen protocolos de actuación, especialmente en los lugares donde se encuentren niños y adolescentes, atento a la recomendación que formuló al Estado Mexicano el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.”
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito. Es decir, hacemos nuestra la inquietud que asiste a su autora para estimular la intervención de los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los municipios en la búsqueda de la implementación de mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr su desarrollo integral considerando en todo momento el interés superior de la niñez en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; generar políticas públicas orientadas a la población infantil con las condiciones necesarias para su desarrollo humano, protección y calidad de vida; y propiciar el desarrollo de protocolos de actuación dispuestos especialmente para operativos que las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, lleven a cabo en lugares en donde se encuentren niñas, niños y adolescentes, conforme a la recomendación que al Estado Mexicano formuló el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Esta inquietud es conteste, en su sentido y alcance, con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, precepto que debe ser la base y el fundamento de legitimidad de todos los programas y las políticas que sean emprendidas en el Estado Mexicano sobre cuestiones debatidas que involucren a niñas, niños y adolescentes. A la letra, dice tal precepto:" En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que seatenderá será el interés superior del niño.". Luego, el carácter amplio de este artículo per se comprende todos los aspectos de la atención y protección de los niños en todos los entornos. Así lo establece, también, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, al imponer a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la competencia que tienen atribuida, la obligación de concurrir en el cumplimiento del objeto de la Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Políticas públicas que deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.
II.- Esta Dictaminadora considera, en el escenario que se describe, atendible la inquietud que asiste a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco. Circunstancia, en cuya virtud, esta instancia parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelve aprobar en sus términos la proposición que se plantea por ser acorde con las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que deben adoptar los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, para dar efectividad a las potestades reconocidas en ese instrumento internacional, tratándose de México, a partir de su entrada en vigor el 2 de septiembre de1990. Reconocimiento de derechos fundamentales por la comunidad internacional que implicó en un primer momento, en el caso nuestro, la publicación de laLey para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto degarantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos consabidos que nuestra Carta Magna les reconoce, para asegurarles un desarrollo pleno e integral, que haga posible la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Ley abrogada por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 5 de diciembre de 2014, y en su artículo 1define como su objeto:
Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;
Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y
Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.
III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en examen, cuyo sentido y alcance no representa otra cosa que un complemento del compromiso internacional asumido por México al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo esa tesitura, tiene la obligación de proteger a los menores de edad para asegurarles un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una sana formación física, mental, emocional, social y moral. En la consecución de esa tarea, debe adoptar las medidas necesarias que contribuyan al bienestar de estas personas sin desestimar en el desarrollo de ésta el interés superior del niño. Por tanto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la competencia que constitucional y legalmente tienen atribuida, deben adoptar las medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
A una última reflexión cabe acudir, los tratados internacionales por sus efectos son actos materialmente legislativos al contener normas generales y abstractas. Instrumentos que, cuando satisfacen los requisitos a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son ley interna. Es decir, al asumir el Estado Mexicano en su conjunto estos compromisos internacionales, los mismos, por disposición expresa de la norma suprema a que se alude, automáticamente se integran al derecho positivo nacional y, por ende, es legítimo estimular la intervención de cualquier órgano de autoridad en la búsqueda de los propósitos a que se refiere la proposición que ha sido analizada.
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Desarrollo Social, a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Dip. Alejandro Montano Gúzman
Dip. Fernando Rodríguez Dova
Dip. Feernando Belaunzarán Méndez
De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez.