Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0282&from=PT
Timestamp: 2019-11-15 06:27:43
Document Index: 59576990

Matched Legal Cases: ['artículo 225', 'artículo 67', 'artículo 81', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 114', 'artículo 67', 'artículo 81', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 225', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 14']

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
Vistos el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 2, del TFUE,
Vistos el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),
Visto el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la jurisprudencia en la materia,
Visto el documento de trabajo sobre «Establecimiento de unas normas mínimas comunes para el proceso civil en la Unión Europea — base jurídica» (1),
Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo de la Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Normas mínimas comunes del proceso civil» (2),
Visto el análisis en profundidad del Servicio de Estudios para los Diputados del EPRS titulado «Europeización del proceso civil: ¿hacia unas normas mínimas comunes?» (3),
Visto el análisis en profundidad de la Dirección General de Políticas Interiores titulado «Normas armonizadas y normas mínimas en el Derecho procesal civil europeo» (4),
Visto el proyecto del Instituto Europeo de Derecho (ELI) y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) titulado «De los principios transnacionales a las normas europeas del proceso civil»,
Vistos los «Principios del proceso civil transnacional» del Instituto Americano de Derecho y de UNIDROIT (5),
Visto el «Estudio sobre la aproximación de las legislaciones y normas de los Estados miembros sobre determinados aspectos del enjuiciamiento civil», conocido como «Informe Storme» (6),
Visto el conjunto preliminar de disposiciones relativas al Reglamento Interno del Tribunal Unificado de Patentes,
Visto el acervo de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil,
Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») sobre los principios de autonomía procesal nacional y tutela judicial efectiva (7),
Visto el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2016,
Visto el estudio n.o 23 de la CEPEJ de 2016 sobre «Los sistemas judiciales europeos: eficiencia y calidad de la justicia»,
Vistos los «Principios de la formación judicial» de 2016 de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) (8),
Vista su Resolución, de 2 de abril de 2014, sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo (9),
Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento interno,
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0210/2017),
Considerando que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio de autonomía procesal, ante la inexistencia de una normativa de la Unión que rija los aspectos procesales de un litigio relacionado con el Derecho de la Unión, los Estados miembros son responsables de designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos conferidos por la Unión;
Considerando que, de conformidad con esa misma jurisprudencia, la aplicación de la normativa nacional relativa a la regulación procesal está sujeta a dos importantes condiciones: las normas procesales nacionales no pueden ser menos favorables cuando se aplican a litigios relacionados con el Derecho de la Unión que cuando se aplican a acciones semejantes de carácter interno (principio de equivalencia), y no deben estar redactadas de manera que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil la ejecución de los derechos y obligaciones de la Unión (principio de efectividad);
Considerando que, en ausencia de disposiciones de la Unión que armonicen las normas procesales, la competencia de los Estados miembros para establecer normas procesales para el ejercicio de los derechos conferidos por la Unión no se extiende a la introducción de nuevas vías de recurso en los ordenamientos jurídicos nacionales para garantizar la aplicabilidad del Derecho de la Unión (10);
Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilita dicho ejercicio en su cooperación con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, aumentando el conocimiento del ordenamiento jurídico de la Unión por parte de los ciudadanos y dichos órganos jurisdiccionales;
Considerando que el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del CEDH, constituye una de las garantías fundamentales para el respeto del Estado de Derecho y de la democracia y está indisolublemente ligado con el proceso civil en su conjunto;
Considerando que, a pesar de que el artículo 47 de la Carta es vinculante y el artículo 6 del CEDH constituye un principio general del Derecho de la Unión, el nivel de protección del derecho a un juez imparcial en los procesos civiles, y en particular el equilibrio entre el derecho al acceso a la justicia del demandante y los derechos de defensa del demandado no están armonizados en toda la Unión;
Considerando que, sin embargo, como derecho fundamental, el derecho a un juez imparcial ha sido completado con varios actos procesales de Derecho derivado de la Unión, como el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía (11), la Directiva sobre justicia gratuita (12), la Recomendación sobre el recurso colectivo (13), la Directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (14) y la Directiva sobre daños y perjuicios en asuntos de competencia (15);
Considerando que los ciudadanos de la Unión, especialmente los que circulan a través de las fronteras, tienen actualmente una probabilidad mucho mayor de entrar en contacto con los sistemas de enjuiciamiento civil de otro Estado miembro;
Considerando que las normas mínimas del proceso civil a escala de la Unión pueden contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia a los ciudadanos dentro de la Unión y contribuyendo a garantizar las libertades fundamentales de la Unión;
Considerando que, cada vez más, el legislador de la Unión aborda las cuestiones relativas al proceso civil no solo horizontalmente, mediante instrumentos facultativos (16), sino también de una forma específica para cada sector en distintos ámbitos políticos, como la propiedad intelectual (17), la protección de los consumidores (18) o, recientemente, el Derecho de la competencia (19);
Considerando que el carácter fragmentario de la armonización a escala de la Unión de las normas procesales ha sido criticado en repetidas ocasiones, y que el auge de un Derecho procesal civil de la Unión tan sectorial cuestiona la coherencia de los sistemas nacionales de enjuiciamiento civil y de los distintos instrumentos de la Unión;
Considerando que la propuesta de Directiva busca establecer un marco para la justicia civil sistematizando las normas relativas al proceso civil existentes en la Unión y ampliando su ámbito de aplicación a todas las materias propias del Derecho de la Unión;
Considerando que la Directiva propuesta está destinada a lograr una concepción más coordinada, coherente y sistemática de los sistemas judiciales civiles que no se vea limitada por las fronteras, los intereses y los recursos de cada Estado;
Considerando que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, y al artículo 5, apartado 1, del TUE (principio de atribución) la Unión solo puede legislar en un ámbito determinado si tiene competencia expresa para hacerlo y siempre y cuando se respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
Considerando que, en el marco vigente de los Tratados, el título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, proporciona la base jurídica principal para la armonización del proceso civil;
Considerando que el requisito de un elemento transfronterizo para que pueda establecerse la competencia de la Unión se mantuvo en el marco del Tratado de Lisboa, lo que implica que solo cabe la actuación de la Unión en materia de justicia civil cuando en un asunto se reúnan unos factores de conexión (por ejemplo, residencia, lugar de ejecución, etc.) que afecten, como mínimo, a dos Estados miembros diferentes;
Considerando que la disposición de carácter general del artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior se ha empleado y sigue empleándose como base jurídica para una amplia variedad de directivas sectoriales que armonizan determinados aspectos del proceso civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y, más recientemente, la Directiva sobre daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia;
Considerando que, según el artículo 67, apartado 4, del TFUE, la Unión debe facilitar la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil, como se detalla en el artículo 81 del TFUE;
Considerando que la libre circulación de las resoluciones judiciales va unida a la necesidad de crear suficiente confianza mutua entre las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros, en particular en cuanto al nivel de protección de los derechos procesales;
Considerando que, en este contexto, «confianza mutua» significa la confianza mutua que los Estados miembros deben tener en los órganos jurisdiccionales y los ordenamientos jurídicos, lo que comporta la prohibición de revisar las acciones de otros Estados y sus autoridades judiciales;
Considerando que el principio de confianza mutua genera más seguridad jurídica y da a los ciudadanos y a las empresas de la Unión estabilidad y previsibilidad suficientes;
Considerando que la aplicación y el respeto del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones y la aproximación de las legislaciones facilitan la cooperación entre las autoridades competentes y la tutela judicial de los derechos individuales;
Considerando que un sistema de normas mínimas comunes de la Unión en forma de principios y normas sería un primer paso hacia la convergencia de las normativas nacionales en materia de proceso civil, estableciendo un equilibrio entre los derechos fundamentales de los litigantes, en interés de la plena confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros;
Considerando que la existencia y el respeto de garantías procesales para la eficiencia y la eficacia de los procesos civiles y la igualdad de trato de las partes son deseables y, al mismo tiempo, necesarios para garantizar la confianza mutua;
Considerando que la adopción de tal sistema de normas mínimas comunes daría además un nivel mínimo de calidad a los procesos civiles en toda la Unión, con lo que contribuiría no solo a una confianza mutua reforzada entre las autoridades judiciales, sino también al funcionamiento del mercado interior, pues se estima que las diferencias procesales entre Estados miembros pueden, entre otros, perturbar el comercio y disuadir a empresas o consumidores de ejercer sus derechos en el mercado interior;
Considerando que es necesaria la aproximación de los sistemas procesales en la Unión; que se pretende que la Directiva propuesta sea un primer paso en el proceso de armonización y convergencia de los sistemas de justicia civil de los Estados miembros y de creación de un Código Procesal Civil de la Unión a largo plazo;
Considerando que la Directiva propuesta no afecta a la organización judicial de los Estados miembros ni a las principales modalidades de ejercicio de la acción civil y que facilita unas normas procesales nacionales más eficaces;
Considerando que, por tanto, es de suma importancia adoptar y aplicar adecuadamente una legislación que prevea la adopción de normas mínimas comunes relativas al proceso civil en la Unión;
Señala el papel esencial del Tribunal de Justicia al sentar las bases del proceso civil de la Unión, configurando la comprensión de lo que significa el proceso civil para el ordenamiento jurídico de la Unión;
Subraya, sin embargo, que, si bien algunas normas del proceso civil que en la actualidad se aceptan como parte del sistema procesal de la Unión han sido confirmadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la contribución del Tribunal debe considerarse que consiste más en la interpretación que en la creación de normas;
Destaca, por tanto, que la rica experiencia del Tribunal de Justicia en la revisión de las normas relativas a los procesos y a los recursos, así como las transacciones y los valores en conflicto que persigue conciliar, son muy instructivos y deben tenerse en cuenta a la hora de establecer un instrumento de alcance horizontal de carácter legislativo que contenga normas comunes sobre proceso civil;
Destaca que, en lo que respecta al derecho a un juez imparcial y al acceso a la justicia, conviene mantener y seguir desarrollando redes de cooperación y bases de datos que mejoren la cooperación judicial y el intercambio de información;
Acoge con satisfacción, por tanto, los progresos en la justicia en red y, en concreto, la creación de la Red Judicial Europea y del Portal Europeo de e-Justicia, que se convertirá en una ventanilla única en el ámbito de la justicia en la Unión;
Pide asimismo a la Comisión que evalúe si deben proponerse nuevas medidas para consolidar y reforzar un enfoque horizontal para el ejercicio privado de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y si podría considerarse que las normas mínimas comunes del proceso civil que aquí se proponen promueven y garantizan este paradigma horizontal;
Reitera que la recogida sistemática de datos estadísticos sobre la aplicación y el funcionamiento de los actuales instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil es de la máxima importancia;
Invita en este contexto a la Comisión a evaluar si las medidas de ejecución adicionales por parte de los Estados miembros podrían contribuir a la aplicación efectiva de procedimientos autónomos de la Unión, y considera que a tal fin debe establecerse un proceso de supervisión firme y sistemático por parte de la Comisión;
Señala que el artículo 114 del TFUE (armonización del mercado interior) ha servido de base para adoptar varios actos de la Unión con implicaciones procesales; recuerda que el artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior se ha utilizado y continúa usándose como base jurídica para una amplia variedad de directivas sectoriales que armonizan determinados aspectos del proceso civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI);
Observa, no obstante, que el artículo 81 del TFUE dispone la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, incluidas las medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior; considera, por tanto, que el artículo 81 del TFUE constituye la base jurídica adecuada para el instrumento legislativo propuesto;
Defiende que el concepto de «repercusión transfronteriza» del artículo 81, apartado 1, del TFUE relativo a la adopción de medidas de cooperación judicial en materia civil debe tomarse en sentido amplio, y no entenderse como sinónimo de «litigio transfronterizo»;
Subraya que la actual interpretación del concepto de «asuntos con repercusión transfronteriza» es relativamente restrictiva y da lugar a la creación de dos series de normas y dos categorías de litigantes, lo que podría dar lugar a más problemas y a una innecesaria complejidad; hace hincapié en que, por tanto, debería adoptarse una interpretación más amplia;
Destaca, en este contexto, que las normas mínimas comunes del proceso civil que se proponen aportarían más eficiencia si los Estados miembros ampliasen su ámbito de aplicación no solo a los asuntos que entren dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino en general a asuntos transfronterizos y puramente internos;
Observa que, por lo que respecta a la justicia civil, las principales actividades de la Unión en el Espacio Europeo de Justicia consisten en la adopción de instrumentos sobre competencia, tramitación y ejecución transfronteriza de las resoluciones judiciales;
Reitera y, al mismo tiempo, subraya que la libre circulación de las resoluciones judiciales ha aumentado la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, generando más seguridad jurídica y dando a los ciudadanos y a las empresas de la Unión estabilidad y previsibilidad suficientes;
Hace hincapié, a este respecto, en que la confianza mutua es un concepto complejo y que son muchos los factores que desempeñan un papel a la hora de crear confianza, como la educación judicial, la cooperación judicial transfronteriza y el intercambio de experiencia y mejores prácticas entre los jueces;
Observa que se puede fomentar la confianza mutua mediante métodos no legislativos, entre otros, por ejemplo, los jueces que cooperan en la Red Judicial Europea o participan en la formación;
Acoge con satisfacción, por tanto, los nueve principios de la formación judicial que adoptó la Red Europea de Formación Judicial en su asamblea general de 2016, pues proporcionan una base y un marco comunes para la judicatura europea y las instituciones nacionales de formación judicial;
Alega, no obstante, que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la confianza mutua presupone, a un nivel muy fundamental, que las autoridades judiciales de los Estados miembros perciban recíprocamente las medidas procesales, tanto a nivel teórico como en la práctica jurídica, como garantía de un proceso civil justo;
Señala, por tanto, que la elaboración de normas mínimas y sistemáticas del proceso civil de la Unión en forma de una Directiva horizontal transversal traería consigo un aumento de la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y garantizaría un equilibrio común, en toda la Unión, de los derechos procesales fundamentales para asuntos civiles, y se crearía un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión;
Destaca que unos sistemas de enjuiciamiento civil eficaces desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión; señala asimismo que constituyen una condición previa para la inversión sostenible y un entorno favorable para las empresas y los consumidores;
Considera que el acceso a la justicia puede verse entorpecido por la falta de claridad en los plazos de prescripción para ciudadanos, consumidores y empresas en litigios con repercusión transfronteriza; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la viabilidad y la conveniencia de armonizar dichos plazos prescripción en los procesos civiles;
Considera que existe una clara necesidad de legislación que prevea un conjunto de normas procesales aplicables a los procesos civiles, y pide a la Comisión que siga adelante con su plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo en el espacio de libertad, seguridad y justicia;
Pide por tanto a la Comisión, conforme al artículo 225 del TFUE, que le someta, a más tardar el 30 de junio de 2018 y sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta relativa a un acto legislativo sobre normas mínimas comunes del proceso civil, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;
Constata que las recomendaciones adjuntas a la presente Resolución respetan los derechos fundamentales y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras, ya que la introducción de normas mínimas del proceso civil permitirá realizar economías de escala al reducir los costes para los litigantes y sus representantes, que no necesitarán familiarizarse con el sistema de enjuiciamiento civil de un país diferente;
Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que la acompañan a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.
(11) Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
(16) Véase, por ejemplo, el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía (véase la segunda nota en el considerando G) y el Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).
En la Unión, la aplicación del Derecho ante los órganos jurisdiccionales sigue dependiendo en gran medida de normas procesales y prácticas nacionales. Los órganos jurisdiccionales nacionales son también órganos jurisdiccionales de la Unión. Son, por tanto, los procedimientos ante ellos los que garantizan la equidad, la justicia y la eficiencia, así como la aplicación efectiva del Derecho de la Unión.
La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil ha reforzado la confianza de los Estados miembros en los sistemas judiciales civiles de los demás, y las medidas para la aproximación de disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros pueden facilitar la cooperación entre las autoridades competentes y la protección judicial de los derechos individuales. El grado de confianza mutua depende en gran medida de varios parámetros, entre los que se incluyen mecanismos para proteger los derechos de la parte demandada y, al mismo tiempo, para garantizar el acceso a los tribunales y la justicia.
Aunque los Estados miembros son parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la experiencia ha mostrado que ello no siempre aporta por sí solo el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales civiles de los demás Estados miembros. Las normas nacionales relativas al proceso civil de los Estados miembros varían considerablemente, a menudo en lo relativo a principios y garantías procesales fundamentales, con el riesgo de minar la confianza mutua entre las autoridades judiciales.
Por tanto, es necesario, para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión, para contribuir modernizar los procesos nacionales, y garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, adoptar una directiva que desarrolle las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH. La base jurídica adecuada para tal propuesta es el artículo 81, apartado 2, del TFUE, relativo a la cooperación judicial en materia civil. La directiva debe adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.
Las normas mínimas comunes del proceso civil se consideran necesarias para constituir una base sólida para la aproximación y la mejora de las legislaciones nacionales, ante la flexibilidad que ofrecen a los Estados miembros en la elaboración de una nueva normativa procesal civil, reflejando al mismo tiempo un consenso general sobre los principios de la práctica en materia de justicia civil.
Unas normas mínimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales civiles de todos los Estados miembros, lo que, a su vez, hará posible una cooperación judicial más eficiente, rápida y flexible en un clima de confianza recíproca. Dichas normas mínimas comunes deben asimismo eliminar los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio de los Estados miembros, lo que garantizará que los ciudadanos, especialmente los que se desplazan a otros países, no tengan dudas al tratar con los sistemas procesales civiles de otros Estados miembros.
La propuesta de Directiva no pretende sustituir los sistemas nacionales de enjuiciamiento civil en su totalidad. A la vez que se respetan las especificidades nacionales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial que garantice el acceso efectivo y eficiente a la justicia, tiene por objeto establecer normas mínimas comunes con respecto al funcionamiento y al ejercicio del proceso civil para todos los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. También pretende ofrecer una base para profundizar gradualmente la aproximación de los sistemas de enjuiciamiento civil de los Estados miembros.
La propuesta no afecta a las disposiciones de los Estados miembros relativas a la organización de sus órganos jurisdiccionales ni sus normas relativas al nombramiento de los jueces.
La presente propuesta se ajusta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ya que los Estados miembros no pueden actuar por sí solos para establecer un conjunto de normas mínimas del proceso civil, y la propuesta no va más allá de lo estrictamente necesario para garantizar un acceso efectivo a la justicia y la confianza mutua en la Unión.
La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas. Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior.
De conformidad con el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estas medidas deben estar destinadas a garantizar, entre otros aspectos, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros, la notificación y el traslado transfronterizos de documentos, la cooperación en la obtención de pruebas, el acceso efectivo a la justicia y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procesos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas del proceso civil aplicables en los Estados miembros.
Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular su punto 33, un mejor reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre autoridades competentes y la protección judicial de los derechos individuales. El principio de reconocimiento mutuo debe convertirse, por tanto, en la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil en la Unión.
Según el plan de acción de la Comisión para la aplicación del Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo en el espacio de libertad, seguridad y justicia, el espacio judicial europeo y el funcionamiento adecuado del mercado único se basan en el principio fundamental del reconocimiento mutuo, que, a su vez, parte de la idea de que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales de los demás Estados miembros. Este principio solo puede funcionar eficazmente sobre la base de la confianza mutua entre los jueces, los profesionales de la justicia, las empresas y los ciudadanos. El alcance de esta confianza depende de una serie de parámetros, incluida la existencia de mecanismos de salvaguardia de los derechos procesales de los litigantes en procesos civiles. Por eso, para garantizar la aplicación de este principio se necesitan normas mínimas comunes que refuercen el derecho a un juicio equitativo y la eficiencia de los sistemas judiciales, y contribuyan a un régimen de ejecución eficaz.
Al establecer normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los litigantes y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, la presente Directiva debe reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia civil de los demás y, así, contribuir a promover una cultura de los derechos fundamentales en la Unión, un mercado interior más eficiente y la garantía de las libertades fundamentales de la Unión, sentando las bases de un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión.
Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a los litigios civiles con repercusión transfronteriza, incluidos los derivados de la violación de los derechos y las libertades garantizados por el Derecho de la Unión. La presente Directiva, al referirse a la violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, se aplica a todas las situaciones en las que la infracción de las normas establecidas a nivel de la Unión haya causado o pueda causar un perjuicio a las personas físicas y jurídicas. Nada impide que los Estados miembros apliquen la presente Directiva también a casos de justicia civil puramente internos.
Todos los Estados miembros son parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950. Las cuestiones a las que se refiere la presente Directiva deben tratarse de conformidad con dicho Convenio, y en particular los derechos a un juez imparcial y a una tutela judicial efectiva.
La presente Directiva tiene la finalidad de fomentar la aplicación de normas mínimas comunes del proceso civil para garantizar un acceso efectivo a la justicia en la Unión. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene asimismo confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Los procesos civiles deben beneficiarse de los avances tecnológicos en el ámbito de la justicia y las nuevas herramientas a disposición de los órganos jurisdiccionales, que pueden ayudar a superar las distancias geográficas y sus consecuencias en términos de elevados costes y duración de los procesos. Para reducir aún más los gastos procesales y la duración, debe fomentarse la utilización de las modernas tecnologías de comunicación por las partes y los órganos jurisdiccionales.
A fin de permitir a las personas ser oídas sin exigirles que viajen hasta el órgano jurisdiccional, los Estados miembros deben asegurarse de que las vistas orales y la obtención de pruebas mediante la declaración de testigos, peritos o partes puedan llevarse a cabo utilizando cualquier medio de comunicación a distancia adecuado, a no ser que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, el uso de dicha tecnología no sea adecuado para el correcto desarrollo del proceso. Este requisito no afecta al Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo (1).
Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben poder basarse en las opiniones de expertos en relación con temas técnicos, jurídicos o de obtención de pruebas. Salvo en el caso de que se necesiten medidas coercitivas y respetando la libre prestación de servicios y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los jueces de un Estado miembro deben poder nombrar peritos para llevar a cabo investigaciones en otro Estado miembro sin que una autorización previa sea necesaria. A fin de facilitar esta asistencia pericial y teniendo en cuenta las limitaciones para designar peritos suficientemente cualificados en un territorio de un Estado miembro con competencia judicial, por ejemplo, debido a la complejidad técnica de un caso o a la existencia de relaciones directas o indirectas entre el perito y las partes, sería conveniente crear un repertorio europeo de todas las listas nacionales de peritos y mantenerlo actualizado dentro del Portal Europeo de e-Justicia.
Las medidas provisionales y cautelares deben perseguir un equilibrio adecuado entre el interés del solicitante en que se le conceda protección provisional y el de la parte demandada en evitar que se abuse de esta protección. Cuando se soliciten medidas provisionales antes de obtener una resolución judicial, el órgano jurisdiccional ante el cual se presente la solicitud debe tener conocimiento, por las pruebas presentadas por el solicitante, de que este tiene probabilidades de ganar en lo relativo al fondo de la demanda contra el demandado. Por otra parte, el solicitante debe, en todas las situaciones, demostrar a satisfacción del órgano jurisdiccional que su demanda exige urgentemente la protección judicial y que, sin las medidas provisionales, la ejecución de la sentencia existente o futura puede verse impedida o dificultada de forma sustancial.
Las disposiciones de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las disposiciones particulares para el respeto de los derechos en el ámbito de la propiedad intelectual establecidos en los instrumentos de la Unión, y en particular los establecidos en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). También deben entenderse sin perjuicio de las disposiciones específicas para la recuperación de deudas transfronterizas con arreglo a la orden europea de retención de cuentas (3).
Debe otorgarse un papel esencial a los órganos jurisdiccionales en la protección de los derechos y los intereses de todas las partes y en la gestión del proceso civil de forma eficaz y eficiente.
El objetivo de garantizar un juicio equitativo, un mejor acceso a la justicia y la confianza mutua, como parte de la política de la Unión encaminada a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe incluir el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación.
Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas procesales civiles y especialmente las que regulan la notificación de documentos, es necesario definir las normas mínimas que deben aplicarse a los procesos civiles que entran en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En particular, deben ser prioritarios los métodos de notificación que garanticen una recepción rápida y segura de los documentos, confirmada por un acuse de recibo. Por tanto, ha de fomentarse ampliamente el uso de las tecnologías de comunicación modernas. En el caso de documentos que se notifiquen a las partes, la notificación electrónica debe estar en igualdad de condiciones con la notificación por correo. Los medios electrónicos disponibles deben garantizar que el contenido de los documentos y otras comunicaciones escritas recibidos sea fiel y conforme al de comunicaciones escritas y documentos enviados, y que el método utilizado para el acuse de recibo confirme la recepción por el destinatario y la fecha de dicha recepción.
Los Estados miembros deben garantizar que las partes de un proceso civil tengan derecho a un abogado de su elección. En los litigios transfronterizos, las partes deben tener derecho a un abogado en el Estado de origen para el asesoramiento preliminar, y a otro en el Estado de acogida para llevar el litigio. La confidencialidad de la comunicación entre las partes y sus letrados es clave para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a un juicio equitativo. Por ello, los Estados miembros deben respetar la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicación entre el letrado y las partes en el contexto del derecho a asistencia letrada previsto en la presente Directiva. Las partes deben poder renunciar al derecho reconocido en la presente Directiva siempre que se les haya facilitado información acerca de las posibles consecuencias de renunciar a tal derecho.
El demandante no debe verse obligado a viajar al Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto o a contratar a un abogado para el pago de las tasas judiciales. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de los demandantes al proceso, los Estados miembros deben ofrecer al menos uno de los métodos de pago a distancia previstos en la presente Directiva. La información sobre las tasas judiciales y los medios de pago, así como sobre las autoridades u organizaciones competentes para prestar asistencia práctica en los Estados miembros, debe ser transparente y fácilmente accesible en internet a través de sitios web nacionales adecuados.
Los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita establecido en el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta. Todas las personas físicas o jurídicas que intervengan en litigios civiles dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya actúen como demandantes o como demandados, deben poder hacer valer sus derechos ante los tribunales aunque su situación financiera personal no les permita hacer frente a las costas procesales. La justicia gratuita debe incluir el asesoramiento previo a la demanda con vistas a alcanzar un acuerdo antes de iniciar el proceso, así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el tribunal y la ayuda para el pago de las costas procesales. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/8/CE del Consejo (4).
La creación de una cultura judicial europea que respete plenamente la subsidiariedad, la proporcionalidad y la independencia judicial es básica para un funcionamiento eficaz del espacio judicial europeo. La formación judicial es un elemento cardinal de este proceso al potenciar la confianza mutua entre Estados miembros, profesionales de la justicia y ciudadanos. En este sentido, los Estados miembros deben cooperar y respaldar la formación profesional y el intercambio de buenas prácticas entre profesionales del ámbito jurídico.
La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva para ofrecer un mayor nivel de protección. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice a la confianza mutua y al acceso efectivo a la justicia que estas normas mínimas pretenden facilitar. Por tanto, el nivel de protección previsto por la Carta e interpretado por el Tribunal de Justicia y la primacía, unidad y eficacia del Derecho de la Unión no deben verse afectados.
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas mínimas comunes del proceso civil, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
De conformidad con [el artículo 3] / [los artículos 1 y 2] del Protocolo n.o 21, sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] / [y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.]
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22, sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto; o
ambas partes estén domiciliadas en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, si el lugar de cumplimiento del contrato, el lugar donde se produjo el hecho lesivo o el lugar de ejecución de la sentencia se encuentra en otro Estado miembro; o
ambas partes estén domiciliadas en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, si el objeto del litigio está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
2. A efectos del apartado 1, el domicilio se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).
2. Si la persona que debe ser oída está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, su comparecencia en una vista oral mediante videoconferencia, teleconferencia o cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada se dispondrá haciendo uso de los procedimientos previstos en el Reglamento (CE) n.o 1206/2001. Por lo que respecta a las videoconferencias, se tendrán en cuenta las Recomendaciones del Consejo sobre las videoconferencias transfronterizas, adoptadas por el Consejo los días 15 y 16 de junio de 2015 (6), así como el trabajo realizado en el marco del Portal Europeo de e-Justicia.
4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE y el Reglamento (UE) n.o 655/2014.
fomentar la cooperación entre las partes durante el proceso;
determinar los problemas en una fase temprana;
decidir con rapidez cuáles son las cuestiones que necesitan una investigación completa y resolver las demás cuestiones de modo sumario;
decidir el orden en que se han de resolver las cuestiones;
ayudar a las partes a llegar a una transacción sobre la totalidad o parte del litigio;
establecer calendarios para controlar el desarrollo de la acción;
tratar en la misma ocasión el mayor número posible de aspectos del litigio;
examinar el asunto sin necesidad de que las partes asistan personalmente;
hacer uso de los medios técnicos disponibles.
las tasas judiciales, con reducciones totales, parciales o aplazamientos;
los gastos de asistencia jurídica y representación relativos a:
el asesoramiento previo al proceso con el fin de alcanzar una transacción antes del inicio del proceso de conformidad con el artículo 12, apartado 1;
el inicio y la tramitación del proceso ante el órgano jurisdiccional;
todos los gastos relativos al proceso, incluida la solicitud de asistencia jurídica;
la ejecución de las resoluciones;
otros gastos necesarios relativos al proceso con los que deban correr las partes, incluidos los gastos de testigos, peritos, intérpretes y traductores y todos los gastos de viaje, alojamiento y estancia de la parte y su representante;
las costas que se ordene pagar a la parte ganadora de conformidad con el artículo 14 en el caso de que las pretensiones del demandante sean desestimadas.
debido a su situación económica, sea incapaz de sufragar, en todo o en parte, los gastos mencionados en el apartado 2 del presente artículo, y
la acción en cuyo marco se solicita la asistencia jurídica gratuita tenga una probabilidad razonable de prosperar habida cuenta de la posición procesal del demandante, y
el demandante que solicita la asistencia jurídica gratuita tenga derecho a ejercer la acción de conformidad con las disposiciones nacionales aplicables.
el tipo de persona jurídica de que se trate y si tiene o no ánimo de lucro;
la capacidad económica de los socios o accionistas;
la capacidad de dichos socios o accionistas de obtener las cantidades necesarias para iniciar un proceso.
no intente influir en las decisiones procesales del demandante, incluidas las relativas a las transacciones;
no financie una acción colectiva contra un demandado que sea un competidor del proveedor de financiación o contra un demandado del que dependa el proveedor de la financiación;
no exija intereses excesivos sobre la financiación aportada.
por correo postal;
por medios electrónicos, como fax o correo electrónico.
entrega en persona en el domicilio del demandado a personas que vivan en la misma dirección que este, o que estén empleadas en ese lugar;
depósito de los documentos en el buzón del demandado;
depósito de los documentos en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del demandado, si en la notificación escrita consta claramente el carácter judicial de los documentos o el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes;
notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 4 cuando el demandado esté domiciliado en el Estado miembro de origen;
el nombre y los apellidos de la persona competente que ha efectuado la notificación o comunicación;
la forma utilizada para la notificación;
cuando el documento se haya notificado a una persona distinta del demandado, el nombre de dicha persona y su relación con el demandado; y
otra información obligatoria que deba facilitarse con arreglo al Derecho nacional;
un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos de las letras a) y b) del párrafo primero del presente apartado.
el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), cuando sea aplicable respetando los derechos del destinatario conferidos por el Reglamento, o
el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, o cualquier otro convenio o acuerdo que sea aplicable.
6. La presente Directiva no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 y se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).
se haya facilitado a las partes oralmente o por escrito información clara y suficiente con un lenguaje sencillo y comprensible sobre las posibles consecuencias de la renuncia, y
4. La presente disposición se entenderá sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre representación legal establecidas en el Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 y del Reglamento (UE) n.o 655/2014.
la adquisición de conocimientos suficientes de los instrumentos de cooperación judicial de la Unión y el desarrollo de reflejos para remitirse periódicamente a la jurisprudencia de la Unión, para verificar la transposición nacional y para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
la divulgación de conocimientos y experiencias en materia de Derecho y procedimientos de la Unión y de otros ordenamientos jurídicos;
la facilitación de intercambios de corta duración de nuevos jueces;
el dominio de una lengua extranjera y de su terminología jurídica.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el … [un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
(3) Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).
(5) Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
(7) Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79).
(8) Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
(9) Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).
(10) Reglamento (CE) n.o 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).