Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2014-00550-de-noviembre-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0ee5b7412a0c01c6e0530a01015101c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 00:23:26
Document Index: 135963631

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 590', 'ARTÍCULO 613', 'artículo 613', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 626', 'artículo 309', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 627', 'artículo 613', 'artículo 613', 'Artículo 309', 'artículo 18']

﻿ Auto 2014-00550 de noviembre 27 de 2014
AUTO 2014-00550 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. SI BIEN EL PARÁGRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 590 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, ESTABLECE DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS PROCESOS Y JURISDICCIONES, LA POSIBILIDAD DE NO AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL Y ACUDIR DIRECTAMENTE A LA DEMANDA, CUANDO SE SOLICITA UNA MEDIDA CAUTELAR, EL ARTÍCULO 613 IBÍDEM, NORMA POSTERIOR Y ESPECIAL, ESTABLECIÓ EXPRESAMENTE QUE EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DICHA EXCEPCIÓN SE APLICA SIEMPRE Y CUANDO LA MEDIDA CAUTELAR PEDIDA SEA DE CARÁCTER PATRIMONIAL. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, PARA ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SIN ANTES INTENTAR LA CONCILIACIÓN, NO BASTA SIMPLEMENTE CON SOLICITAR EL DECRETO Y PRÁCTICA DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SINO QUE ÉSTA ADEMÁS, DEBE TENER UN CARÁCTER PATRIMONIAL, LO CUAL COBRA SENTIDO, YA QUE POR LA NATURALEZA PROPIA DEL CARÁCTER ECONÓMICO O PATRIMONIAL, LA EFECTIVIDAD DE DICHAS MEDIDAS DEPENDE DE QUE EL DEMANDADO NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN PROCESO EN SU CONTRA Y PUEDA EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL QUE EVENTUALMENTE LAS DECRETE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Auto 2014-00550 de noviembre 27 de 2014
Rad.: 76001-23-33-000-2014-00550-01
Actor: Sociedad Hotel Now S.A.
Demandado: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA.
Ref.: Apelación auto - Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se decide el recurso de apelación oportunamente.
En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que no es procedente exigir el cumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial para la admisión de la demanda, ya que el Código General del Proceso, además de derogar la norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2) que había dejado sin efecto la frase que permitía acudir directamente ante jurisdicción contenciosa cuando se solicitaba el decreto y práctica de medidas cautelares, taxativamente volvió a establecer dicha posibilidad en su artículo 613, al incluir el siguiente inciso: “No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
“ART. 35.—<'Requisito de procedibilidad... laboral' INEXEQUIBLE> En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
PAR. 2º—Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente”. (negrillas fuera de texto original)
ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”. (negrillas fuera de texto original)
PAR. 3º—En los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el reglamento. En caso de incumplimiento, el procurador, por auto, indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual concederá un término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la notificación del auto, advirtiéndole que vencido este término, sin que se hayan subsanado, se entenderá que desiste de la solicitud y se tendrá por no presentada. La corrección deberá presentarse con la constancia de recibida por el convocado. Contra el auto que ordena subsanar la solicitud de conciliación sólo procede el recurso de reposición”. (negrillas fuera de texto original)
Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la Ley 640 de 2001, la conciliación prejudicial se estableció como un requisito de procedibilidad en las jurisdicciones contencioso-administrativas, civil y de familia, lo que significaba que para instaurar la demanda, era necesario intentar la solución del futuro litigio a través de este mecanismo alternativo y su incumplimiento traía como consecuencia el rechazo de plano de la demanda.
En materia contencioso-administrativa, inicialmente se estableció el requisito de procedibilidad para las acciones de reparación directa y de controversias contractuales y desde el año 2009, también se incluyó la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, toda persona que estuviese interesada en interponer este tipo de demandas, debía solicitar la respectiva audiencia ante el Ministerio Público.
Derógase también el inciso 5 del artículo 35 de la Ley 640 del 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, en la siguiente frase: “cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción”. (negrillas fuera de texto original) Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para acceder a esta Jurisdicción, en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de controversias contractuales, era requisito de procedibilidad agotar la conciliación prejudicial, inclusive si la demanda venía acompañada de la solicitud de una medida cautelar, lo que en principio, le daría la razón al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el sub lite, al rechazar la demanda por el incumplimiento de éste.
Sin embargo, el Código General del Proceso, expedido con la Ley 1564 de 2012, norma posterior, particularmente en su artículo 626, derogó expresamente el inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su vez había derogado el inciso quinto del artículo 35 de la Ley 640 del 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que consagraba la posibilidad de acceder directamente a la Jurisdicción cuando se solicitaban medidas cautelares.
a) <Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8 inciso 2 parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1 y 2 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley” (negrillas fuera de texto original).
“PAR. 1º—En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”.
“No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”. (negrillas fuera del texto original)
Es pertinente destacar que las anteriores normas ya se encuentran vigentes de acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 627 del Código General del Proceso(5).
REQUISITOS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIALMEDIDAS CAUTELARES De conformidad con lo precedente, estima la Sala que en la actualidad, cuando se solicita el decreto y práctica de alguna medida cautelar, no es exigible el requisito de la conciliación prejudicial para poder demandar; sin embargo hay que aclarar que para los asuntos Contencioso Administrativo, el artículo 613 del Código General del Proceso contempló un requisito adicional.
“1. ORDENAR al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, representado legalmente por su directora Martha Cecilia Landazabal Marulandaque suspenda sus decisiones de cierre del establecimiento de comercio como lo ordenó en la parte resolutiva de los actos administrativos acusados y que cuenta en la demanda.
2. En el evento de haber dado cumplimiento a dichas decisiones proceda en forma inmediata a suspender dicha actuación y ordene el levantamiento de las medidas cautelares y las decisiones impartidas.
3. Estas medidas cautelares de protección deben ir acompañadas de una orden estricta del Juez Administrativo al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, representado legalmente por su directora Martha Cecilia Landazabal Marulanda para que en un futuro se abstenga de adelantar medidas de persecución como las que se han denunciado en esta demanda y que las pruebas técnicas de medición se cumplan conforme lo dispone el anexo número tres de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente”.
Lo precedente demuestra que el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no debió ser rechazado con el argumento del incumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial, ya que la actora había solicitado medidas cautelares que tenían carácter patrimonial, por lo que el caso se enmarcaba dentro de lo establecido en el inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso, norma especial para la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que impone revocar el auto apelado de 30 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, para en su lugar disponer que el a quo provea sobre la admisión de la demanda.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 27 de noviembre de 2014».
(2) Artículo 309, inciso 2.
(3) Ley 446 de 1998. ART. 166.—Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
(5) ART. 627.—Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
1. <Numeral corregido por el artículo 18 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los artículos 24, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley”.
4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012). (negrillas fuera de texto original)