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Timestamp: 2019-01-23 08:17:23
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BOE.es - Documento BOE-A-2013-12376
Documento BOE-A-2013-12376
«BOE» núm. 282, de 25 de noviembre de 2013, páginas 93699 a 93728 (30 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/o/2013/11/18/ecc2193
En su elaboración, se han fijado los objetivos a alcanzar, así como los indicadores de seguimiento y de impacto de los resultados, cuya evolución se seguirá mediante su cuantificación en el correspondiente programa de actuación anual. Ello permitirá establecer la adecuada valoración de la gestión realizada ya que los datos ofrecidos en los trabajos de seguimiento permitirán determinar el grado de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.
El Plan Estatal I+D+I se desarrolla a través de cuatro programas estatales, en los que, agrupadas por subprogramas con objetivos específicos, se contemplan actuaciones de carácter anual y plurianual que se desarrollarán, principalmente, mediante convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Estos subprogramas incluyen las distintas modalidades de participación e instrumentos de financiación que recoge el Plan Estatal I+D+I para lograr los objetivos específicos de cada subprograma.
Dichos programas son: el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad; el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia; el Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en I+D+I; y el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad.
El Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia está integrado por cuatro Subprogramas Estatales: 1) Generación de Conocimiento; 2) Desarrollo de Tecnologías Emergentes; 3) Fortalecimiento Institucional; 4) Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento.
Concretamente, el Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento tiene como objetivo proveer, mantener y actualizar las infraestructuras científicas y técnicas para que sean accesibles a todos los agentes del Sistema y facilitar una investigación científico-técnica de calidad, así como el desarrollo de actividades empresariales de I+D altamente competitivas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se dicta esta orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas destinadas a financiar las actuaciones del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento.
En este sentido, las bases reguladoras se dirigen a potenciales beneficiarios muy diversos, tanto del sector público como del privado, sometidos a una regulación diferenciada, especialmente en cuanto a la normativa comunitaria de ayudas estatales. Por este motivo, y para facilitar a cada beneficiario la identificación de la norma que le es aplicable, la orden se ha dividido en dos títulos. El título preliminar contiene las disposiciones comunes a cualquier tipo de beneficiario. El título primero se divide en dos capítulos: el capítulo I, con disposiciones específicas para las ayudas cuyos beneficiarios sean entidades que tienen la consideración de organismos de investigación en determinada normativa comunitaria, y el capítulo II, que contiene las disposiciones que las empresas y entidades no comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo I han de seguir para la obtención de las ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esta orden ha sido objeto de los informes favorables de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Economía y Competitividad.
El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante, Plan Estatal I+D+I).
a) Organismo de investigación: una entidad, definida en el apartado 2.2.d) del Marco comunitario de sobre ayudas estatales a la investigación, desarrollo e innovación (2006/C 323/01), con independencia de su condición jurídica y su forma de financiación, y por tanto constituida con arreglo a derecho público o privado, que cumpla las siguientes condiciones:
1.º Que tenga como principal objetivo realizar investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental y difundir los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimiento y tecnología.
2.º Que, en el caso de que obtenga beneficios, los reinvierta en sus propias actividades de investigación, en la divulgación de sus resultados o en la enseñanza.
3.º Que, cuando realice actividades económicas y no económicas, pueda distinguir claramente entre ambos tipos de actividades y sus respectivos costes y su financiación.
i) Investigación industrial: Investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los existentes, incluyendo la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial y la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos.
j) Desarrollo experimental: La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales. El desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan destinarse a usos comerciales también estará incluido si el prototipo es necesariamente el producto comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo solamente a efectos de demostración y validación. El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
k) Estudios de viabilidad: Estudios de viabilidad técnica de carácter preparatorio para actividades de investigación industrial o desarrollo experimental.
l) Innovación: La introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso nuevos o significativamente mejorados, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de una entidad, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de dicha entidad.
m) Actividades económicas: Aquellas actividades que consisten en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado, incluso cuando no exista ánimo de lucro.
n) Actividades no económicas de los organismos de investigación: Aquellas actividades que no consisten en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado. Incluyen, de forma especial: la educación para lograr más y mejor personal cualificado; la realización de I+D independiente -incluida la I+D en colaboración- para la mejora del conocimiento y la diseminación de los resultados de las investigaciones. A estos efectos, se considera que las actividades de transferencia tecnológica -concesión de licencias, creación de empresas derivadas, y otras formas de gestión de los conocimientos creados por el organismo de investigación- no serán de carácter económico cuando las mismas tengan carácter interno y todos los ingresos generados por ellas vuelvan a invertirse en las actividades primarias de los organismos de investigación.
ñ) Empresas en crisis: Las definidas como tales en el apartado 2.1 de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas en crisis (2004/C 244/02). Concretamente, con arreglo a las citadas Directrices, se considera que una empresa está en crisis, sea cual sea su tamaño, en las siguientes circunstancias:
o) Anticipo reembolsable: Modalidad de ayuda consistente en la concesión, por el órgano concedente, de un préstamo que se amortizará a la recepción de la subvención procedente de Fondos Estructurales de la Unión Europea. De este modo, se permite al beneficiario la obtención de recursos anticipados para la realización de su actuación. La subvención proveniente de Fondos Estructurales se librará una vez justificada la realización de la actividad, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libramiento se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable, sin salida física de fondos.
p) Préstamo: Modalidad de ayuda consistente en la entrega al beneficiario de una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado, adquiriendo aquel la obligación de devolución del capital más los intereses acordados en un plazo de tiempo y según un calendario de amortización establecidos.
q) Crédito financiero: Modalidad de ayuda consistente en la puesta a disposición del beneficiario de una cantidad de dinero, sin entrega de los fondos, hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado, de modo que pueda hacer uso del mismo atendiendo a sus necesidades de liquidez, debiendo abonar el interés correspondiente sobre el capital efectivamente utilizado.
r) Costes marginales: Aquellos costes que se originen exclusiva y directamente por el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las actuaciones solicitadas, incluyendo los costes de adquisición de material inventariable, con excepción de los costes del personal propio y de los de amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos.
s) Costes totales: Aquellos costes que, además de los anteriores, incluyan la parte proporcional de los costes de personal propio y de los de amortización del inmovilizado material, y otros gastos, siempre que estén claramente asignados al desarrollo de la actuación.
t) Zonas asistidas: Territorios en los que debe estar localizado un establecimiento para que pueda optar a ayudas regionales, en la forma e intensidad que aparece en el mapa de ayudas regionales aprobado por la Comisión Europea, Mapa de Ayudas Regionales para España (2007/C 35/03), aprobado por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2006, y publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 35, de 17 de febrero de 2007, que regirá para España durante el periodo 2007-2013 y, en su caso, que se apruebe para periodos sucesivos.
u) Gran proyecto de inversión: Una inversión cuyos gastos financiables superen los 50 millones de euros. A fin de evitar que un gran proyecto de inversión se divida artificialmente en subproyectos, un gran proyecto de inversión se considerará un proyecto de inversión único cuando una o varias empresas realicen a lo largo de un período de tres años la inversión y ésta consista en activos fijos combinados de modo económicamente indivisible
La finalidad de las ayudas objeto de esta orden, y de acuerdo con los objetivos generales del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento, es proveer, mantener y actualizar las infraestructuras científicas y técnicas para que sean accesibles a los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, el Sistema), facilitar una investigación científico-técnica de calidad, o el desarrollo de actividades empresariales de I+D altamente competitivas, contribuyendo, en su caso, al desarrollo regional.
10.º Agrupaciones empresariales innovadoras y plataformas tecnológicas. Grupos constituidos por entidades independientes -empresas, pequeñas, medianas y grandes y organismos de investigación-, activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo es contribuir con eficacia a la transferencia tecnológica, a la creación de redes y a la divulgación de información entre las empresas integrantes de la agrupación.
11.º Otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica, o realicen difusión y divulgación tecnológica y científica.
12.º Otros centros privados de I+D+I: Centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que tengan definida en sus estatutos la I+D+I como actividad principal.
13.º Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, según el artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
2. Dichas entidades, con las que se formalizará, conforme al artículo 16 de la ley anteriormente citada, el correspondiente convenio de colaboración podrán llevar a cabo, en todo o en parte, la gestión de las ayudas, o efectuar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las concordantes su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. Cuando el objetivo de la actuación lo requiera, la misma podrá ser desarrollada:
2. Para la consecución del objeto de las ayudas, y en el ámbito del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento, las convocatorias podrán financiar, total o parcialmente, entre otras, las siguientes actividades:
a) Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos científicos y tecnológicos, así como las necesarias para la sostenibilidad y mejora de las ya existentes.
b) Planificación, diseño, estudios de viabilidad, construcción, desarrollo, instrumentación, equipamiento, mejora y mantenimiento de las «Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (en adelante, ICTS)».
c) Acciones de dinamización que incluyan, entre otras, medidas para:
1.º Incrementar la internacionalización de las ICTS, así como el uso de las mismas por parte del sector privado.
2.º Promover la participación en organizaciones científicas internacionales, y la participación, construcción, y operación de grandes instalaciones científico-técnicas internacionales, entre otras las recogidas en la «hoja de ruta» del Foro Europeo Estratégico sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI), y en proyectos desarrollados por las mismas.
3.º Fomentar la atracción, diseño o construcción de instalaciones científicas de carácter internacional en España, así como potenciar la internacionalización de las instalaciones existentes en territorio nacional.
4.º Coordinar la participación científica y tecnológica en torno a proyectos de instalaciones internacionales.
5.º Fomentar las redes entre ICTS.
d) Cualquier otra actuación orientada a lograr los objetivos del Subprograma Estatal.
2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos (gastos subvencionables):
1.º Personal: La convocatoria podrá establecer las titulaciones y categorías profesionales exigibles al personal participante en el proyecto.
En el caso de organismos y entidades del sector público, el personal podrá ser contratado bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la legislación vigente y con las normas a las que esté sometido el beneficiario, ajustándose a los límites que en cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicho organismo o entidad.
2.º Inmovilizado material: Adquisición, transformación e instalación, en su caso, de edificios y terrenos, de infraestructuras, de equipamiento y de maquinaria destinados a I+D+I, nuevos o usados, salvo vehículos cuando se trate de empresas que operen en el sector del transporte.
3.º Inmovilizado intangible: Transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how o conocimientos técnicos no patentados, adquiridos en condiciones de mercado, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico.
4.º Adquisición de los bienes materiales relacionados en los párrafos anteriores, en la modalidad de arrendamiento financiero (leasing).
5.º Adquisición y mantenimiento de pequeño equipamiento destinado a I+D+I.
6.º Material fungible.
7.º Consultoría y estudios preparatorios relacionados con la inversión.
8.º Costes de utilización y acceso a las ICTS y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales, en las condiciones y con las limitaciones que establezca la convocatoria.
9.º Estudios de viabilidad, diseño detallado o construcción de infraestructuras, equipamiento, instrumentación científica avanzada o componentes de elevado contenido tecnológico para su posterior ubicación y operación en una instalación internacional o nacional (entre otras, ICTS).
10.º Otros gastos, incluidos viajes, dietas, honorarios, cuotas a organizaciones y entidades científicas internacionales, organización de congresos, seminarios, conferencias y cursos de formación relacionados con el uso y tecnologías aplicadas en infraestructuras científicas, nacionales o internacionales.
11.º El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando su aportación sea exigida en la convocatoria. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido al texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
b) Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos deben responder a gastos reales de ejecución de la actuación, asignados a la misma a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo, y debidamente justificado. Para su cálculo se tendrá en cuenta el coste real de los gastos generales contabilizados en el último ejercicio cerrado y la proporción entre el coste de personal imputado a la actuación y el coste total del personal de la entidad con un límite del 25 por ciento del gasto de mano de obra de la actuación por anualidad y por entidad.
Los costes indirectos podrán calcularse, sin necesidad de aportar justificantes de gasto, mediante la aplicación de un porcentaje fijo, que se especificará en la convocatoria sin que pueda superar el 25 por ciento, sobre los gastos totales de la actuación, válidamente justificados.
3. Cuando se trate de ayudas previstas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda solamente se incluirán los conceptos señalados en los apartados 1.a) 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de este artículo. En el último caso, solamente para PYMES.
Cuando la adquisición se realice para sustituir una infraestructura o equipamiento ya existente, solamente podrá realizarse cuando se haya producido la obsolescencia técnica, o con el fin de la potenciación de la actividad de I+D+I.
Solamente podrá financiarse la adquisición de activos vinculados a un establecimiento cuando la adquisición se realice a precios de mercado.
4. Podrán ser objeto de financiación con cargo a la ayuda otorgada los gastos comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Las convocatorias podrán especificar, de entre los conceptos y subconceptos susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación y, en su caso, desarrollarlos, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto.
6. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada, como mecanismo que garantice la capacidad económica y financiera. Asimismo, en el caso de las ayudas previstas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, y a fin de garantizar que la inversión sea viable, sólida y respete los límites máximos de ayuda aplicables, el beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25 por ciento, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
7. Las ayudas concedidas a los Organismos Públicos de Investigación contemplados en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, así como otros centros de investigación del sector público, Universidades públicas, y entidades de derecho público cuyos presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con los de las Comunidades Autónomas, seguirán la modalidad de costes marginales. Las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de los costes marginales de la actuación.
8. Para los beneficiarios no comprendidos en el apartado anterior, las convocatorias podrán optar por aplicar la modalidad de costes marginales, en cuyo caso las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de dichos costes marginales de la actuación o, alternativamente, por la modalidad de costes totales, pudiendo, en ese caso, establecer un límite máximo de financiación de todos los costes de la actuación.
Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de ayuda respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, en función de la naturaleza de la actividad subvencionada, hasta el porcentaje máximo del 90 por ciento del importe de la actividad subvencionada, cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro. Las convocatorias podrán restringir el porcentaje máximo de subcontratación.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se aplique el apartado 2 de la disposición adicional segunda el beneficiario debe destinar los bienes adquiridos, que no sean inscribibles en registro público, al fin concreto de la subvención al menos durante cinco años desde la finalización de la actuación, o tres años si el beneficiario es una PYME. Ello no impedirá la sustitución de equipamiento o infraestructuras que hayan sufrido obsolescencia técnica, siempre que con la sustitución se mantenga la actividad.
Los activos inmateriales adquiridos deberán utilizarse únicamente en el establecimiento del beneficiario localizado en la zona asistida que propició la ayuda y permanecer en él durante al menos durante cinco años, o tres años si el beneficiario fuera una PYME.
Asimismo, los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero (leasing) deberán comprender la obligación de compra al final del contrato de arrendamiento, salvo en el caso de terrenos y edificios, en el que el leasing deberá continuar al menos cinco años a partir de la fecha prevista de finalización del proyecto de inversión, en el caso de las grandes empresas, y al menos tres años en el caso de las PYME.
6. El gasto de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Cuando se aplique el apartado 2 de la disposición adicional segunda, los activos inmateriales adquiridos se considerarán amortizables y figurarán en el activo del beneficiario, cuando proceda.
8. Cuando se trate de actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de la normativa comunitaria al respecto.
2. Se exigirá la constitución de garantías a las entidades no previstas en el artículo 42.2, letras a), c) y d), del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando la ayuda adopte la forma de préstamo o anticipo reembolsable y supere la cantidad de 200.000 euros, y, en todo caso, cuando se trate de proyectos coordinados o en cooperación, cuando el total concedido supere la cantidad de 1.000.000 de euros.
Las entidades previstas en el artículo 42.2, letras a), c) y d), del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no estarán exentas de la presentación de garantías cuando la ayuda se otorgue en forma de préstamo y, además, su cuantía sea superior a 5.000.000 de euros.
5. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, a requerimiento de éste o del órgano instructor, según proceda, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias de los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
c) Cuando se hubieran constituido garantías con anterioridad a la concesión por un montante superior al establecido en el apartado 4 de este artículo o cuando se produzca la desestimación o el desistimiento de la solicitud, se cancelará la parte constituida en exceso o la totalidad de la misma, según proceda.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a las unidades dependientes de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica o de la Dirección General de Innovación y Competitividad, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las convocatorias determinarán las unidades correspondientes, en función del objeto de la ayuda.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en cada convocatoria y, cuando así proceda por la naturaleza de las actuaciones, indicarán el carácter abierto de la misma, conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
4. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos, que se especificarán en la convocatoria, por una declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este caso, con anterioridad a la propuesta de concesión, los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional de concesión de la ayuda podrán ser requeridos al efecto de que aporten la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un plazo no superior a diez días ni inferior a cinco.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, conforme a lo establecido en los artículos 34 o 38 de esta orden, según proceda, incluyendo de forma diferenciada la relación de las ayudas de minimis solicitadas y recibidas en el ejercicio en curso, así como de las recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores.
6. Si la solicitud, con el contenido mínimo a que se refiere el apartado 2 no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. Las comisiones de evaluación serán específicas para cada una de las modalidades de actuaciones comprendidas en el subprograma convocado, y serán designadas por el órgano concedente. Las comisiones tendrán la siguiente composición:
2.º El titular de una de las Subdirecciones Generales adscritas a la otra Dirección General a que hace referencia el apartado 5.a) anterior, o bien el correspondiente Subdirector General Adjunto o asimilado.
3.º Un experto en representación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y otro en representación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
4.º En función de la materia de los proyectos a evaluar, el órgano concedente podrá designar un experto de alguno de los siguientes órganos: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Fomento, Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria e Instituto de Salud Carlos III.
6. En las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos cuya gestión esté, al menos en parte, atribuida a una Comunidad Autónoma, se convocará una comisión de evaluación para cada Comunidad Autónoma, en la que participarán además como vocales dos representantes de los órganos competentes de la administración autonómica correspondiente.
7. Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo procurarán la paridad entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
8. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
9. El funcionamiento de las comisiones de evaluación será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y no implicarán incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
b) Cuando corresponda, la relación de las solicitudes, ordenadas según su prelación, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) El carácter de minimis de la ayuda, cuando sea procedente, haciendo referencia completa al Reglamento (CE) N.º1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (en adelante, Reglamento de minimis).
3. Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse en el mismo acto la aceptación de la ayuda por los solicitantes seleccionados, así como la presentación de los justificantes o documentos requeridos.
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva quedarán condicionadas a la autorización de la Comisión Europea para todas aquellas ayudas en las que concurran las circunstancias previstas en el segundo párrafo del apartado 2 de la disposición adicional segunda.
1. Cuando el importe de la ayuda de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda otorgable, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 61 de su Reglamento de desarrollo.
3. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de seis meses, contados desde la publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
5. La resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de las solicitudes, atendiendo a la puntuación o prioridad alcanzada, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las convocatorias y las resoluciones de concesión fijarán las circunstancias y el plazo en que podrá aplicarse lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicho artículo.
5. La modificación de la resolución de concesión en caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales, o a las que se aplique el apartado 2 de la disposición adicional segunda no podrán afectar a la localización del establecimiento del beneficiario que propició la ayuda.
a) Se podrá utilizar la cuenta justificativa simplificada, con el contenido establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los supuestos previstos en los artículos 75.1 y 82.1 del citado reglamento, así como, cuando sea aplicable, en la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) En los demás casos, se podrá optar por la cuenta justificativa ordinaria prevista en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o bien por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Esta última se regirá por lo previsto en el artículo 74 del referido reglamento, y contendrá la memoria de actuación justificativa prevista en su artículo 72.1, así como una memoria económica abreviada con el contenido de los apartados a), d), e) y g) del artículo 72.2 del mismo. El informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.2, cuando el libramiento de la ayuda se realice en varias anualidades, las convocatorias establecerán la exigencia de la presentación por parte del beneficiario de documentación justificativa de los gastos realizados hasta el momento, antes del libramiento de las anualidades posteriores a la primera, en la forma y plazo que en las mismas se establezca, y que podrá consistir en una relación de gastos.
1. El órgano que determinen las convocatorias, o, en su defecto, el órgano instructor, llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos científico-técnicos de la actuación, según lo contemplado al efecto en el Plan Estatal I+D+I.
4. El seguimiento deberá basarse en la documentación o información que se solicite al beneficiario, en indicadores objetivos establecidos al efecto y públicamente conocidos y comparables, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien determine el órgano instructor o en visitas a las instalaciones, que podrán desarrollarse en lengua inglesa si así lo determinan las convocatorias.
5. Las convocatorias podrán establecer la forma en la que los resultados de las evaluaciones intermedias, en su caso, y ex post de las actuaciones financiadas puedan ser tenidos en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda del Plan Estatal I+D+I
3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en los cuatro años siguientes, o diez años cuando haya financiación con fondos procedentes de la Unión Europea, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) La falta de presentación de los documentos para justificar la realización de la inversión financiable dará lugar, pasados quince días hábiles tras el requerimiento del órgano concedente, al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 7.2 de esta orden será causa del reintegro parcial del importe asociado a dicho incumplimiento.
2. Los organismos de investigación serán responsables del cumplimiento de las condiciones especificadas en el artículo 2.a) y deberán demostrar dichos extremos mediante presentación de declaración responsable.
3. Los organismos de investigación adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de la difusión de los resultados de las actuaciones de investigación y desarrollo financiadas o bien de la reinversión en actividades primarias internas de los ingresos que éstas pudieran generar, con el fin de que éstas no repercutan sobre sus actividades económicas.
c) Las empresas o entidades en crisis, conforme a la definición del artículo 2.ñ).
No obstante, cuando sea de aplicación el Reglamento general de exención por categorías, no se tendrá en cuenta el último párrafo del artículo 2.m) de esta orden para la definición de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en crisis. Asimismo, no se considerará que las PYME con menos de tres años de antigüedad están en crisis, salvo que reúnan las condiciones establecidas para someterse a un procedimiento concursal.
d) Cuando sea de aplicación el Reglamento de minimis, las empresas que operen en los sectores de la pesca y la acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercado en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura, o en la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
e) Cuando sea de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional segunda, las entidades no localizadas en zonas asistidas.
4. En los casos en que sea aplicable el Reglamento de minimis, la cuantía de las ayudas, expresada en equivalente de subvención bruta, no podrá superar los 200.000 euros, o los 100.000 euros en el caso de empresas que operen en el sector del transporte por carretera.
a) Que el importe en conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad financiada o no implique una disminución del importe de la financiación propia o financiación no pública exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
d) En el caso de la concurrencia de las ayudas incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda con las ayudas exentas en virtud del Reglamento general de exención por categorías que adopten la forma de capital riesgo, la ayuda concedida al amparo de esta orden se verá reducida en un 20 por ciento en los tres años siguientes a la primera inversión de capital riesgo.
e) En el caso de la concurrencia de las ayudas incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, éstas no serán compatibles con las ayudas exentas en virtud del Reglamento general de exención por categorías que adopten la forma de ayudas a jóvenes empresas innovadoras, cuando estas últimas se refieran a costes no identificables.
f) En el caso de que sea aplicable el Reglamento de minimis, que la cuantía conjunta, aisladamente o en concurrencia con otras, no dé lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las ayudas concurrentes en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión Europea.
g) En el caso de que sea aplicable el Reglamento de minimis, que al beneficiario no le hayan sido concedidas, en el período de tres ejercicios fiscales (el ejercicio fiscal de concesión de la ayuda y los dos anteriores), ayudas de minimis, cualquiera que sea su finalidad y procedencia de los fondos, por un valor total, expresado en equivalente de subvención bruta, superior a 200.000 euros, o de 100.000 euros si la empresa opera en el sector del transporte por carretera.
1. Para las ayudas a la inversión incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, la intensidad máxima de las ayudas, expresada en equivalente bruto de subvención que se podrán conceder será la siguiente:
a) Para grandes empresas, la especificada en los apartados 1 a 5 del Mapa de Ayudas Regionales para España (2007/C 35/03), aprobado por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2006, y publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 35, de 17 de febrero de 2007, o el que esté vigente en el momento de la concesión.
b) Podrán aumentarse las intensidades básicas de ayuda fijadas en la letra a) anterior en 10 puntos porcentuales para las medianas empresas y 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas, siempre que la cuantía de los gastos financiables no supere los 50 millones de euros, de acuerdo con la sección 4.1.3 de las Directrices sobre Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08), publicadas en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 54, de 4 de marzo de 2006.
c) Los límites de intensidad de ayuda referidos en la letra a) anterior, se reducirán en un 50 por ciento cuando la cuantía de los gastos financiables sea superior a 50 millones de euros e inferior o igual a 100 millones de euros, y en un 34 por ciento cuando la mencionada cuantía sea superior a 100 millones de euros, todo ello en aplicación del apartado 67 de las Directrices sobre Ayudas de Estado de Finalidad Regional.
2. Para las ayudas incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda que financien estudios preparatorios y los costes de consultoría relacionados con la inversión, de acuerdo con los límites establecidos en las Directrices sobre Ayudas de Estado de Finalidad Regional, la intensidad bruta máxima será en el caso de las PYME, el 50 por ciento de los costes reales en que se haya incurrido. No se financiarán ayudas por este concepto a grandes empresas.
3. Para las ayudas incluidas en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, que financien los activos inmateriales previstos en el artículo 9, la intensidad bruta máxima que se podrá conceder por ese concepto será el 100 por ciento de los costes reales en que se haya incurrido en el caso de las PYME, y el 50 por ciento para las grandes empresas.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas normas vigentes resulten de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los préstamos y créditos financieros que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica, y, en su defecto, por las prescripciones de la citada ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
3. Cuando las ayudas se financien, en todo o en parte, con fondos estructurales, será de aplicación la normativa comunitaria en dicha materia, así como lo dispuesto en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.1 del Marco Comunitario de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), no se aplicará lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas estatales, las ayudas previstas en esta orden que se otorguen a organismos de investigación, definidos según el artículo 2.a), para actividades no económicas.
2. Con la excepción de lo dispuesto en el apartado anterior, las ayudas previstas en esta orden deberán cumplir lo establecido en capítulo I y en la sección 1.ª del capítulo II Reglamento general de exención por categorías. Dichas ayudas quedarán exentas de lo establecido en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
No obstante, las ayudas individuales destinadas a grandes proyectos de inversión a las que sea aplicable el apartado 2 de la disposición adicional segunda no podrán hacerse efectivas hasta que se haya obtenido la autorización de la Comisión Europea para dicha ayuda o ésta manifieste su intención de no formular objeciones cuando por sí mismas, o consideradas en conjunto con otras ayudas concurrentes, superen el 75 por ciento del importe máximo de ayuda que podría recibir una inversión con unos costes subvencionables de 100 millones de euros, aplicando el umbral de ayuda estándar vigente para las grandes empresas que figuren en el mapa de ayudas regionales aprobado en la fecha de concesión de la ayuda.
3. En los casos en que proceda, las convocatorias podrán acogerse, mediante mención expresa, al Reglamento de minimis.
Las convocatorias podrán prever, para el caso de que una misma actuación que vaya a realizar un beneficiario requiera solicitar ayudas de varios subprogramas en el mismo año, mecanismos de coordinación cuando el órgano concedente de todos ellos sea la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Madrid, 18 de noviembre de 2013.–El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado.
1. Se establecen los siguientes criterios de evaluación para los tipos de actuaciones que se indican:
Tipo 1. Proyectos de infraestructuras y/o equipamiento científico-técnico, y otras ayudas
a) Calidad científico-técnica de los proyectos. Se podrán evaluar la definición, contenido, calidad, originalidad, y adecuación de las actividades a desarrollar para la consecución de los objetivos, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, indicadores de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado por partidas para el periodo subvencionable y costes ajustados a las actividades descritas.
b) Calidad y solidez de los investigadores o técnicos que avalan los proyectos. Se valorará la experiencia y el número, puestos en relación con el objeto de la actuación.
Para que una actuación sea propuesta para financiación deberá obtener una puntuación igual o superior a 50 puntos.
Tipo 2. Proyectos de infraestructuras y/o equipamiento tecnológico, y otras ayudas
Criterios de evaluación de la calidad científico-técnica
a) Incremento de la competitividad en I+D+i: se valorará si la adquisición del equipamiento permite a la entidad solicitante la apertura de una nueva línea de I+D+i.
b) Potenciación del aprovechamiento del equipamiento.
c) Participación en proyectos de I+D+i de carácter internacional: se valorará si la adquisición del equipamiento permite a la entidad solicitante participar en más de una actuación internacional de I+D+i.
d) Grado de ocupación del equipamiento: se valorará si va a usarse en más de dos actuaciones de I+D+i.
e) Medida del impacto potencial en la creación de empleo para actividades científicas y tecnológicas: se valorará si con la adquisición del equipamiento la entidad solicitante incrementa en, al menos, un 3% la plantilla fija de la entidad solicitante.
f) Viabilidad económica de la entidad solicitante: se valorará que ésta no se halle incursa en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 2.ñ) de las bases reguladoras.
Para que una solicitud pueda ser propuesta para financiación, deberá alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos y obtener una puntuación de 1 en el criterio f).
Tipo 3. Acceso a ICTS y a otras infraestructuras
a) Viabilidad de la propuesta en el marco de la oferta de acceso a la ICTS. Se valorará el grado de eficiencia en la asignación de recursos del proyecto.
b) Calidad científica e interés de la propuesta de trabajo. Se podrán evaluar la definición, contenido, calidad, originalidad, y adecuación de las actividades a desarrollar para la consecución de los objetivos, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, indicadores de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado por partidas para el periodo subvencionable y costes ajustados a las actividades descritas.
c) Currículum Vitae del investigador. Se podrán valorar, en relación con el objeto de la actuación propuesta, la experiencia profesional, las publicaciones, las patentes, las direcciones de tesis o de proyectos, o la participación en congresos.
Disponibilidad de la infraestructura y oportunidad.
2. Para todos los tipos, en los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el empate, éste se dirimirá a favor de la solicitud que tenga mayor puntuación en la valoración de los criterios y subcriterios anteriores, según el orden en el que se citan. Si persiste el empate, se dirimirá según se establezca en la correspondiente convocatoria.
Entrada en vigor: 26 de noviembre de 2013.