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Timestamp: 2017-06-23 05:09:46
Document Index: 9332560

Matched Legal Cases: ['artículo 238', 'artículo 32', 'artículo 86', 'Artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 198', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 22', 'in fine', 'artículo 71']

DESIGNACIÓN DE SEÑORA VERÓNICA PILAR MONROY HERRERA EN CONSEJO NACIONAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
Sesión 29ª, en martes 8 de julio de 2014
(De 16:19 a 18:48)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa; de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia y del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez.
Las actas de las sesiones 27ª y 28ª, ordinarias, en 1 y 2 de julio del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República: Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales (boletín Nº 9.333-04).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos con sus antecedentes.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Envía copia de las resoluciones pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones legales: 1.-
Inciso primero del artículo único de la ley N° 20.473, que otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que indica a la comisión señalada en el artículo 86 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Artículo 26, letra c), del decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, del mismo cuerpo legal.
Artículos 505, 505 bis y 506 del Código del Trabajo.
Remite ejemplar del informe de la investigación especial N° 2, de 2014, preparado por la entidad regional de control correspondiente, sobre presuntas irregularidades en el actuar del ex Intendente Regional de Atacama en invitación cursada a representante de las comunidades diaguitas de Placeta, materia consultada en nombre de la Senadora señora Allende.
Atiende solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de diversos aspectos relacionados con la construcción de la doble calzada en la Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar, y los controles ejercidos por esa Secretaría de Estado referidos a los pagos a proveedores por la empresa Sacyr.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Montes, atinente a aspectos relativos al análisis por región del programa contenido en el decreto supremo Nº 49, de aquel Ministerio, y al estudio de la reconstrucción, dispuestos en la glosa N° 15 del capítulo 01, programa 01, correspondientes a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo para el año 2014.
Da respuesta a petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a programas de fiscalización realizados, por esa Secretaría de Estado, al tránsito y depósito de contenedores en los puertos del país, con especial referencia a los de la Región del Biobío.
Del señor Defensor Nacional:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa al número de denuncias en materia de abuso de menores que hayan sido desechadas por los tribunales.
Contesta consulta, hecha en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la postergación del proceso de dictación de la norma secundaria sobre calidad del agua del río Valdivia y respecto de la posibilidad de dictar normas de esa clase en otros cursos fluviales de la Región de Los Ríos.
Del señor Superintendente de Salud (TP):
Atiende solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, concerniente a la necesidad de reforzar la dotación de personal en la agencia regional de esa institución fiscalizadora en la Región de Los Ríos.
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a las dificultades que presenta el cobro, denominado "prorrateo", que la empresa Essbío factura a sus usuarios.
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los estudios técnicos disponibles sobre el impacto de las plantaciones forestales en las napas de agua.
Informa la cartera de programas y líneas de proyectos que en 2014 serán financiados, en el marco de la Política Regional de Pesca y Acuicultura, por medio de convenios que suscribirá el Gobierno Regional con el Fondo de Administración Pesquera y el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece mejoras para el personal del Servicio Médico Legal (boletín Nº 9.238-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos (boletín N° 7.908-15) (con urgencia calificada de "simple").
Del Senador señor Bianchi, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa de ley con el fin de otorgar el subsidio que contempla el artículo 198 del Código del Trabajo al padre o a quien tenga el cuidado personal del menor (boletín Nº S 1.677-12).
De los Senadores señores Navarro, Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Lagos, Matta, Pizarro y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República enviar un proyecto de ley que cree el Fondo Nacional de Medicamentos de Alto Costo; aumentar los recursos del Fondo de Auxilio Extraordinario de la salud para el presente año, y promover una acción, en el país y en organismos internacionales, para reemplazar la expresión "enfermedades raras" por "enfermedades poco frecuentes" (boletín Nº S 1.678-12).
Antes de pasar a los acuerdos de Comités, quiero saludar a la Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados, así como a alumnos y profesores de la comuna de Hualpén; a la señora Bárbara Figueroa y al señor Norberto Díaz, Presidenta y Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, respectivamente; a don José Morales y Gonzalo Fuentes, dirigentes del Servicio Médico Legal, y a los alumnos del Colegio Tantauco, de la comuna de El Bosque, quienes se encuentran en las tribunas de la Corporación.
Los Comités, en reunión celebrada el día de hoy, adoptaron los acuerdos que a continuación se señalan:
Tratar en la presente sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes asuntos:
a) Proyecto de ley que establece mejoras para el personal del Servicio Médico Legal (boletín N° 9.238-07).
b) Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 20.500, solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Verónica Pilar Monroy Herrera miembro del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (boletín Nº S 1.669-05).
Colocar, en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de acuerdo signado con el número 8 de la tabla, esto es, el que pide a la Primera Mandataria que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de conducir la política exterior de la República, adopte las medidas pertinentes para introducir mayor apertura y transparencia en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) (boletín Nº S 1.674-12).
Colocar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana, el proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales (boletín Nº 9.333-04).
Disponer que se cite a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para mañana, entre las 10 y las 12, con la finalidad de que se pronuncie respecto del oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República en que solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Nacional de Pesca a la señora Flavia Liberona Céspedes y a los señores Eduardo Tarifeño Silva, Carlos Recondo Lavanderos, Pablo Galilea Carrillo, Mario Tapia Echeverría, Renato Quiñones Bergeret y Reinaldo Klenner Valdebenito (boletín N° S 1.676-05); y colocar el señalado oficio en la tabla de la sesión ordinaria de mañana miércoles 9 de julio.
Fijar una sesión especial para el día miércoles 23 de julio, entre las 11:30 y las 14, con el fin de analizar "la situación actual, perspectivas futuras y necesidades de capitalización de CODELCO Chile, así como el reciente anuncio que en este último sentido hiciera el Supremo Gobierno".
Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta el lunes 14 de julio, a las 12, al proyecto de ley que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folklórica oral a la radiodifusión chilena (boletín N° 5.491-24), las que deberán ser presentadas en la Secretaría de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Ampliar, por 60 días más, el plazo otorgado a la Comisión Especial destinada a abordar la catástrofe por el incendio en Valparaíso, a contar del término de su actual mandato, que comenzó el 15 de abril.
8.- En relación con el proyecto de ley que figura en el primer lugar de la tabla de esta sesión, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar (boletín N° 9.423-05), autorizar a la Comisión de Hacienda para que, de ser necesario, rinda un informe verbal.
Con motivo de las iniciativas que se tratarán en esta sesión, se encuentran en la Sala la Ministra del Trabajo, señora Javiera Blanco; el Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, y el Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, a quienes doy la bienvenida.
9238-07
Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece mejoras para el personal del Servicio Médico Legal, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Hacienda: sesión 29ª, en 8 de julio de 2014.
Sesión 27ª, en 1 de julio de 2014 (se aprueba en general).
Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión del 1 de julio de este año, sin que se solicitara plazo para presentarle indicaciones, y fue enviada a la Comisión de Hacienda para su discusión particular.
Dicho órgano técnico hace presente que se pronunció acerca del artículo único permanente y de los artículos primero a sexto transitorios, de su competencia, en la forma en que fueron despachados en general por la Sala, y que los aprobó en los mismos términos por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.
Tales artículos, que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su votación o discusión.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en su segunda columna transcribe el texto que se somete a la consideración de la Sala.
Voy a ser muy breve, señora Presidenta.
Quiero felicitar al señor Ministro de Justicia y ex Senador por sacar adelante esta iniciativa legal, relacionada con un sector que, quizás por largo tiempo, ha reclamado el poder tener "tiraje a la chimenea" y contar con mejores condiciones de trabajo por la delicada labor que realiza.
Ahora bien, deseo plantear específicamente una materia que, junto con el ex Senador Gómez, hicimos presente tantas veces y que hoy se la encargo yo a él. Ocurre que en muchas provincias de mi Región -como la de Huasco o de Chañaral- no hay doctores en el Servicio Médico Legal durante los fines de semana. Esto implica que cuando una familia pierde a un ser querido, al dolor que ello significa se le agrega otro: que no le entregan el cuerpo de su pariente porque no existen recursos suficientes para que haya turnos completos los sábados y domingos. Algunos profesionales solamente actúan "de llamada" o en otra forma similar.
Sé que lo mismo pasa en varias otras partes. Por eso, quiero pedirle al Ministro -por su intermedio, señora Presidenta- que trate de reparar aquel problema, que causa muchos malos ratos. A veces, los familiares, desesperados, han ido a apedrear el Instituto Médico Legal; han realizado protestas; se han tomado las carreteras. ¡Y con justa razón! Nadie puede aceptar que no le entreguen el cuerpo de un familiar fallecido, especialmente cuando se trata de niños, de accidentados, etcétera.
Aquello se podría solucionar, a mi juicio, contratando a un médico para los fines de semana.
Como colega de la Región de Atacama, comparto su preocupación.
Les recuerdo a Sus Señorías que el proyecto se está discutiendo como si fuera de Fácil Despacho. Ese fue el compromiso. De manera que, si tuviera que aplicar el Reglamento, solo podría intervenir un orador más para oponerse a la iniciativa. Así que les ruego que cumplan con lo acordado.
Hay dos proyectos de Fácil Despacho y después se verá el relativo al salario mínimo.
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecerle a la Mesa y a las señoras y señores Senadores el haber avanzado en esta iniciativa con la prontitud del caso, y en particular al Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Ricardo Lagos, así como al propio órgano que dirige, por haber puesto en tabla este proyecto en un momento de ardua labor.
La iniciativa en estudio es muy importante para los trabajadores del Servicio Médico Legal, porque significa aumento de grados, un mejoramiento de sus condiciones y bonos para los médicos y las personas que realizan pericias.
Con ello se busca avanzar de manera significativa en una institución que, como lo expresó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, es muy relevante. Por supuesto, queremos mejorar la situación general de la entidad. Y el de ahora implica un avance sustancial que no se daba desde hace más de treinta años.
Por lo tanto, señora Presidenta, agradeceré toda votación que se traduzca en un apoyo a este proyecto de ley, que es -repito- muy importante.
Está inscrito el Honorable señor Navarro, a quien le doy la palabra, recordándole que la iniciativa está siendo tratada como si fuera de Fácil Despacho.
Señora Presidenta, ya lo dijimos la vez anterior. Sin duda, esta es una forma de reparación. Sin embargo, uno habría querido que esta preocupación se hubiese manifestado mucho antes. Se postergó demasiado. Hay un enorme sacrificio de todos los funcionarios del Servicio Médico Legal a nivel nacional. Se requiere modernizar, perfeccionar, valorar el trabajo de su personal, y, por cierto, generar condiciones al menos cercanas o equivalentes a las del mercado. Esto no ocurre en la Administración Pública, y todos conocemos la naturaleza de su labor. Mi observación al proyecto de ley, señora Presidenta, estando de acuerdo con él, consiste en que su artículo tercero concede un bono especial no imponible. Lo hemos dicho y repetido: ¡cada vez que el Parlamento aprueba un bono o aportes no imponibles para los trabajadores, maltrata su fondo de pensiones!
Hemos señalado permanentemente que, si el Estado entrega este tipo de beneficios, quedamos en una difícil situación frente al sector privado cuando también otorga bonos no imponibles.
Por tanto, creo que en esta materia debe haber un principio rector.
En innumerables ocasiones he pedido votación separada para pronunciarme en contra de artículos similares, no por oponerme al monto, sino para decir que el bono debe ser imponible. En este caso, no estamos en condiciones de hacer tal solicitud ni de presentar una indicación en ese sentido.
Pero reitero: esperamos que en este, nuestro Gobierno, todos los aportes para mejorar las remuneraciones de quienes laboran en el sector público tengan un elemento esencial: ser imponibles. De lo contrario, profundizaremos el drama de las AFP, con las miserables pensiones que obtienen nuestros trabajadores al cumplir 60 o 65 años. Voto a favor de esta iniciativa, con la observación que acabo de formular. Y ojalá pueda representar al Ejecutivo, al señor Ministro de Hacienda y a la Ministra del Trabajo -quien nos acompaña en la Sala- que debemos considerar el elemento anterior. Porque, de no ser así, nuestro discurso, nuestra propuesta, nuestra lucha por mejorar las jubilaciones de los servidores públicos se verán desmedrados, al cometer la misma acción que le criticamos al sector privado.
¡Patagonia sin represas, aún, señora Presidenta, mientras no falle el Tribunal Ambiental de Valdivia!
Señora Presidenta, producto de la votación de la semana pasada, me reuní el día viernes a primera hora con funcionarios del Servicio Médico Legal de Valdivia, con quienes compartí mi preocupación por el proyecto en cuanto a que en las dos nuevas regiones está pendiente lo relativo a la condición del Director Regional. Pero surgió un problema adicional, señor Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, que quiero consignar en esta discusión.
La dotación del personal encargado de las alcoholemias en las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos no es la requerida, con lo cual se infringe lo dispuesto en la ley que crea el Servicio.
Entonces, si bien con esta iniciativa cumplimos un acuerdo alcanzado, es importante que dejemos constancia en la Versión Oficial de este debate acerca de las situaciones que se registran. Por ejemplo, no se cumple la cadena de custodia pertinente al momento de recibir las muestras para los exámenes de alcoholemia, pues en esto deben participar dos profesionales y solo lo hace uno, considerando la cantidad de alcoholemias que se realizan en el Servicio de Salud de la Región de Los Ríos, principalmente en la ciudad de Valdivia. Es decir, la referida custodia se incumple y se expone a los funcionarios a un trabajo que no corresponde.
Una parte del Servicio Médico Legal de La Araucanía, al igual que del de Los Lagos, se desagregó para ocuparse de la Región de Los Ríos, pero claramente su personal no se desempeña de acuerdo con las condiciones laborales establecidas legalmente.
Doy cuenta de lo anterior, porque se realizan casi 8 mil alcoholemias al año, con prácticamente la mitad de los funcionarios que había con anterioridad en la Región de La Araucanía. Asimismo, deseo dejar constancia de mi preocupación por la situación de los peritos, con respecto a la cual habrá que legislar para proteger mejor su labor, mediante el envío de otra iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite (23 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
S1669-05
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembro del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público a la señora Verónica Pilar Monroy Herrera, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Se ha hecho presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.669-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 28ª, en 2 de julio de 2014.
A la sesión en que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización consideró este asunto asistió la señora Monroy, oportunidad en que la candidata refirió su experiencia profesional en la materia.
El órgano técnico deja constancia, por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Quinteros, de que en la designación en trámite se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico. La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la solicitud.
Señora Presidenta, me parece que por lo menos tiene que quedar consignada una opinión respecto al nombramiento de la señora Monroy, que respaldo.
Me tocó compartir con ella durante el trabajo que realizamos en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, donde pude conocer su compromiso en materia social como Directora del Hogar de Cristo, en su momento. Por eso, considero que cuenta con la experiencia requerida para una instancia de participación como esta. No solo hay que aprobar en forma unánime su nombramiento, sino además hay que reconocer sus cualidades personales. Y espero que efectivamente pueda contribuir en la línea establecida para el funcionamiento del referido Consejo, que ahora pasaría a integrar.
Efectivamente, la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 20.500, solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Verónica Pilar Monroy Herrera miembro del Consejo Nacional del Fondo del Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Aprecio el interés de cada uno de los integrantes de esta Corporación por temas relativos a las organizaciones sociales.
Debo decir que en la Comisión de Gobierno recibimos a la señora Verónica Monroy Herrera, quien tiene una vasta experiencia, fundamentalmente centrada en el Hogar de Cristo, donde ha llevado adelante un trabajo social enorme. Y por eso la aprobación de la Comisión de Gobierno fue unánime.
Una de las cosas que le hicimos ver a la señora Verónica en esa oportunidad fue nuestro deseo de que todas estas organizaciones de fortalecimiento al interés público, social, llegaran a la gente, a las organizaciones de base. Eso, sobre todo en lugares apartados, donde realizan un enorme trabajo social muchos líderes, dirigentes sociales de base, que ven que no están los fondos, que no llegan los programas, que no siempre tienen acceso a toda la información que se requiere.
Y ella efectuó una muy buena presentación con respecto al compromiso que pretende asumir. De ahí que hoy, con toda seguridad, esta solicitud se aprobará por unanimidad y vamos a contar con una mujer, con una persona que tiene la experiencia y el entusiasmo que se precisan para participar en el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Deseo saludar al Colegio Antonio Acevedo Hernández, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Señora Presidenta, lo primero que quiero señalar es que en la Comisión se representó a la autoridad de Gobierno que el Ministro del área no hubiese comparecido. Esto es bastante insólito, porque cuando se trata de la proposición del Presidente de la República para el nombramiento de una autoridad, el Secretario de Estado respectivo la acompaña y responde a las consultas que le formula al órgano técnico.
En esta oportunidad no fue así y los miembros de la Comisión se lo hicimos presente al Ejecutivo, por considerar que no es un buen procedimiento de trabajo.
El Ministro Secretario General de Gobierno debió asistir para dar los fundamentos ¡como se ha hecho siempre en el Senado! Si este no es el primer nombramiento que se hace: se han designado Ministros de la Corte Suprema; Consejeros del Banco Central y de Televisión Nacional, y en todas estas ocasiones ha comparecido el Secretario de Estado a efectos de acompañar a quien propone el Primer Mandatario, y de esa manera se pueden absolver con claridad las consultas existentes.
Yendo al fondo del asunto, quiero señalar que este organismo es muy poco conocido.
El Fondo del Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público recibe recursos de acuerdo con la Ley de Presupuestos. Su Consejo aprueba las bases generales y, posteriormente, adjudica proyectos "a las organizaciones de interés público sin fines de lucro cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, medio ambiente, y cualesquiera otro de interés común".
En verdad, la función de quienes integran este Consejo es bastante delicada, pues, si actúa con criterios no estrictamente relacionados con la calidad, la naturaleza, el rol social, la situación económica, la organización social, se puede prestar para muchos abusos. Ello, porque podría financiar organizaciones no destinadas al desarrollo de actividades en beneficio del interés general en materia de derecho ciudadano, sino simplemente de actividades de proselitismo electoral y político. Y, en el pasado, hemos tenido experiencias al respecto muy nocivas.
Debo señalar que doña Verónica Pilar Monroy hizo una excelente presentación en la Comisión de Gobierno, y que su currículum da garantías suficientes para tener confianza de que va a actuar de manera objetiva y correcta.
Así, al revisar el informe, se observa que la señora Monroy ha trabajado en las áreas sociales de la Fundación del Hogar de Cristo, como Directora Social Nacional, Directora de Comunicaciones Corporativas, Directora Nacional del Voluntariado, por una cantidad muy importante de años.
Además, fue Encargada Regional de Capacitación del Servicio Nacional de Menores de la Undécima Región, Jefa del Servicio de Bienestar de Salud de Aysén, Encargada Comunal del Sistema CAS II, de la Municipalidad de Coihueco.
También ha ejercido otros cargos ad honórem en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social el año 2013 -durante el Gobierno anterior-, el FOSIS, el SERNAM, el Programa de Fomento Voluntario.
Se ha desempeñado como docente de la maestría en Servicio Público de la Universidad Andrés Bello, Gestión Integral; del curso Teoría y Práctica del Voluntariado Social, de la Universidad Católica de Chile; y de otros ramos en la Universidad Alberto Hurtado. O sea, tiene una experiencia práctica y teórica realmente excelente.
En virtud de los méritos, las capacidades, los atributos, las condiciones, la vocación de servicio público y la trayectoria de la señora Monroy, la Comisión recomienda en forma unánime a la Sala que apruebe esta solicitud. Creo que ella garantizará que los recursos pertinentes se destinen a organizaciones que lo merecen. Y eso es lo importante.
Por lo tanto, le voy a dar mi respaldo, y espero que así lo haga también la mayoría de los señores Senadores, porque demostró todos los méritos, condiciones, atributos, requeridos para ejercer un cargo de esta relevancia. ¡Y le deseamos el mayor de los éxitos!
Deseo mencionar un dato muy importante -con esto termino, Su Señoría-: muchas veces las organizaciones sociales no saben que existen estos fondos.
Una de las cosas que más nos sorprendieron en la Comisión fue el alto grado de desconocimiento de las organizaciones sociales. Y, por lo tanto, quiero pedir que se oficie en mi nombre al Consejo Nacional del Fondo del Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público para efectos de que se preocupe de hacer una campaña de difusión acerca de estos recursos con el fin de que postulen a ellos mayor cantidad de organizaciones sociales.
Por tal razón, solicito que se envíe un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al organismo que acabo de mencionar.
¿Habría acuerdo para remitir los oficios pertinentes?
¿Hay Senadores que desean adherir?
Entonces, se enviarán los oficios pedidos, en nombre del señor Senador, con la adhesión de la Sala.
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República (30 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Agregue mi voto a favor, señora Presidenta, por favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de su intención de voto en la Versión Oficial, Su Señoría.
En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, de la Senadora señora Allende, para solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien disponer el envío de una iniciativa que establezca el 11 de julio como "Día de la dignidad nacional".
Disculpen Sus Señorías, pero voy a dar una explicación desde la testera.
El 11 de julio se rememora la Nacionalización del Cobre, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de ese entonces. Y, simplemente, pido que se consagre esa fecha como como el "Día de la dignidad nacional".
No alcanzó a estar listo el proyecto de acuerdo en la reunión de Comités, y por eso solicito el asentimiento de la Sala no solo para agregarlo a la Cuenta, sino también para colocarlo en el Tiempo de Votaciones de esta sesión y votarlo.
9423-05
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, para los períodos que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.423-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 2 de julio de 2014.
La Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y en particular, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar.
Señora Presidenta, año tras año el Congreso da su aprobación a la propuesta que entrega el Ministerio de Hacienda sobre reajuste del ingreso mínimo mensual, la cual no siempre cuenta con el acuerdo de los trabajadores. La situación en esta oportunidad es excepcional, porque, además de existir tal acuerdo, se respaldará un reajuste no solo para este año, sino para los siguientes 18 meses, hasta enero de 2016.
El debate, entonces, se vincula con cómo percibimos lo aprobado por la Cámara de Diputados y con el análisis que hagamos sobre la incidencia del incremento planteado en la remuneración de la inmensa mayoría de los trabajadores.
En cuanto al contexto laboral, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó en 2013 la Nueva Encuesta Nacional de Empleo. A partir de los datos recopilados, al calcular la evolución del número de personas ocupadas, se observa que 1 de cada 4 trabajadores (25,7 por ciento) corresponde a las categorías "cuenta propia" y "familiar o personal no remunerado", que se vinculan fundamentalmente con iniciativas personales y ciertos factores externos. Es decir, se trata de gente sin contrato.
Peor aún, un cuarto de los trabajadores que aparecen en la referida encuesta carece de protección social: no disponen de cotizaciones previsionales; carecen de cobertura en salud, y no cuentan con seguro de cesantía y normas de seguridad ocupacional.
Esa realidad vive buena parte de los trabajadores en Chile.
En agosto de 2007 el obispo Alejandro Goic -entonces presidente de la Conferencia Episcopal- planteó que el ingreso mínimo debería ser transformado en un "sueldo ético" de al menos 250 mil pesos. Al actualizar esa cifra según el IPC, correspondería a cerca de 308 mil pesos.
Pero quiero centrar mi intervención en el efecto de este reajuste en las pensiones, por cuanto el monto de estas es el reflejo de lo que ocurre en el mercado laboral; es un espejo. Por consiguiente, este no es un aumento que no importe para el destino de los pensionados. ¡Claro que importa!
Por eso debemos efectuar un debate a fondo sobre la materia.
En el día de ayer, concurrimos, por mandato de la Sala, a una audiencia con la Presidenta Bachelet para entregarle el informe -aprobado por esta Corporación- de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones, que me correspondió presidir.
En lo esencial, en ese documento decimos que los trabajadores tienen derecho a elegir y, al mismo tiempo, a contar con un sistema de protección social, del cual carecemos en Chile.
Lo anterior también tiene que ver con las condiciones del mundo laboral y con la capacidad de las organizaciones sindicales para negociar con los empresarios. La situación de simetría entre privados y trabajadores para establecer un piso de negociación justo no existe prácticamente en Chile, pues rige un sistema de negociación colectiva con un derecho a huelga inédito. ¡En ningún país del mundo hay huelgas con reemplazos! Me parece una vergüenza mantener un Código Laboral que impide a los trabajadores negociar con alguna posibilidad de éxito para la obtención de remuneraciones justas.
Voy a respaldar con entusiasmo el proyecto de acuerdo sobre "el día de la dignidad nacional", presentado por usted, señora Presidenta. Pero considero que también deberíamos pensar en establecer "el año de la dignidad nacional" para cuando modifiquemos el Código Laboral a fin de disponer las condiciones para que los trabajadores se agrupen y negocien colectivamente, y terminar con los reemplazos durante las huelgas.
Me parece muy importante la señal que se ha dado con el acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores.
A mi juicio, este reajuste, aunque es poco, busca un mejoramiento de los ingresos. Pero difícilmente esta iniciativa logrará cumplir tal objetivo, porque la realidad indica que -pese al acuerdo con el Ejecutivo para reajustar unos pesos más o unos pesos menos- la situación de los trabajadores, así como la de los pensionados, no va a cambiar, mientras no llevemos a cabo una reforma previsional y una al Código Laboral.
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto, más que por el monto, por el acuerdo alcanzado entre los trabajadores, el Gobierno y el Congreso Nacional. Ello habla bien de un período en que deben pasar cosas importantes.
Si fuimos capaces de resolver el problema del derecho a voto de los chilenos en el extranjero; si estamos trabajando en una profunda reforma tributaria y en otra educacional, que va a afectar las posibilidades de los chilenos desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades para educarse, ¡cómo no va a ser posible crear instrumentos para mejorar sustantivamente las condiciones laborales!
Con las aprensiones referidas, señora Presidenta, votaré que sí.
Voy a darle la palabra al Honorable señor Zaldívar para que informe sobre el trabajo de la Comisión de Hacienda.
En realidad, me lo había saltado.
Más adelante podrá también entregar su parecer o, cuando se abra la votación, fundamentar su pronunciamiento.
Señora Presidenta, creo que bastará con esta intervención, pues expondré mi opinión de la forma más objetiva posible, la cual, por lo demás, será informativa de lo sucedido en la Comisión de Hacienda.
A la reunión de ese órgano técnico asistieron el Ministro de Hacienda, la Ministra del Trabajo, la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y el resto de su directiva. Ahí vimos el resultado de un hecho bastante positivo, que no se ha dado muchas veces y que me parece bueno desde el punto de vista de las políticas públicas: un acuerdo entre el Ministro de Hacienda (el Gobierno de la Presidenta Bachelet) y los representantes del mundo laboral (la CUT).
Dicho acuerdo se logró no solo sobre la base de elevar el salario mínimo, lo cual, por supuesto, no corresponde a lo que muchas veces el trabajador demanda como sueldo óptimo.	También se tuvo presente el hecho de que el ingreso mínimo constituye un valor de referencia que se paga, fundamentalmente, a quienes no tienen capacidad de negociar sus condiciones de trabajo y a muchos de los que laboran en las micro y pequeñas empresas, donde suele no existir la situación económica para entregar una remuneración mayor.
El mundo del trabajo que se halla organizado y que puede llevar adelante una negociación colectiva no recibe el salario mínimo. Por lo tanto, el reajuste propuesto no es lo más importante para ese sector. Sí lo es para el que no se encuentra organizado.
Por eso, el valor de este acuerdo radica no solo en que se involucra el salario mínimo, sino en que se busca un compromiso -espero que así se vea en el Parlamento- para modificar la legislación laboral a fin de darles a los trabajadores una capacidad de negociación que les permita estar en un nivel de igualdad para lograr mejores remuneraciones. Ello seguramente, de acuerdo con la información de que se dispone, podrá implicar un buen incremento salarial. Ello dependerá de lo que la empresa responda en la respectiva negociación.
Además, el acuerdo referido tiene otro significado, similar a lo que sucedió en 1997, como bien se recordó. El reajuste no se propone por un año, sino que responde a un hecho cierto: la confianza de la gente al votar por la Presidenta Bachelet, quien en su campaña dijo que iba a elevar el salario mínimo mensual a 250 mil pesos al final del segundo año de su Gobierno. Y el documento firmado entre la CUT y el Gobierno señala exactamente eso: el ingreso mínimo llegará a 250 mil pesos el 1 de enero de 2016. Ello se logrará en tres etapas, las que están señaladas en el proyecto: 225 mil pesos a contar del 1 de julio del año en curso; 241 mil a partir del 1 de julio del 2015, y 250 mil el 1 de enero del año en curso.
Así se cumple una promesa electoral. Esto hace que la gente crea en las ofertas de tipo político que se enuncian durante una campaña. Además, se compromete una reforma laboral para que los trabajadores obtengan remuneraciones justas, a través de mejorar sus capacidades de negociación en el sector privado. Por otro lado, el Gobierno propone en esta iniciativa reajustar las asignaciones familiares. En este punto daré mi opinión y no la de la Comisión. Personalmente, siempre he sostenido -y creo que el país debiera abordar el asunto en un tiempo próximo- que se necesita establecer una diferenciación entre el salario mínimo individual y el ingreso mínimo familiar. La situación de un trabajador que gana 250 mil pesos al mes, que puede considerarse un sueldo de sustentación, es distinta de la de un trabajador con pareja y dos hijos. No es lo mismo 250 mil pesos para uno que para cuatro.
Por ello, pienso que hay que recuperar el sentido del beneficio de asignación familiar, que ha sido depreciado en el tiempo, como una manera de focalizar los recursos destinados a ese fondo. El año pasado propusimos aquí elevar la asignación familiar, de 8 mil pesos, a 20 mil. ¿Por qué? Porque ese mayor costo entonces podía financiarse. Así se lo insinuamos al Gobierno anterior. Y era factible buscar una fórmula para hacer la diferenciación señalada. Vuelvo a plantear lo mismo hoy. Ojalá, en un tiempo próximo podamos llevar a cabo una diferenciación de ese tipo, a objeto de potenciar más un ingreso mínimo familiar en relación con uno individual. Esa es una apreciación personal acerca de una materia que no se resuelve en el proyecto que ahora nos ocupa, respecto del cual estoy totalmente de acuerdo y que la Comisión aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, la Sala puede apoyar con confianza esta propuesta legislativa, pues obedece a un acuerdo tomado entre el Gobierno y los trabajadores, contando, por supuesto, con el respaldo del Parlamento. Con esta iniciativa, se fija un reajuste a contar del 1 de julio de 2014 hasta el 1 de enero de 2016. Así se cumple un compromiso para establecer un salario mínimo mensual de 250 mil pesos.
Manteniendo los tiempos, señora Presidenta.
Si le parece a la Sala, abriremos la votación luego de darle la palabra a la Ministra del Trabajo, señora Javiera Blanco.
Puede intervenir, señora Ministra. La señora BLANCO (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señora Presidenta, deseo precisar a los señores Senadores que el proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala, que incorpora una gradualidad en el reajuste del salario mínimo mensual hasta llegar a los 250 mil pesos a contar del 1 de enero del 2016, nos parece favorable tanto por la señal de certeza que entrega en materia económica dentro de su ámbito, como por permitir reajustar las asignaciones familiar y maternal -asunto que preocupa al Honorable señor Zaldívar-, así como también el subsidio familiar. Además, a propósito de lo planteado por el Senador señor Tuma, hago presente que esta iniciativa legal se enmarca en el acuerdo que lograron concretar el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, el cual incorpora elementos que, en mi parecer, refuerzan lo que ya se ha conseguido en relación con el ingreso mínimo mensual. Digo lo anterior, porque uno de esos puntos de acuerdo se refiere a la constitución de la Comisión Asesora de Análisis Salarial del Mercado del Trabajo, la que estará integrada no solo por miembros del Ejecutivo, sino también por representantes de los trabajadores, de los empleadores y por académicos y expertos.
Dicha instancia permitirá dar cumplimiento al Convenio Nº 131 de la OIT, a través del cual se propone a futuro fijar una política salarial que dé cuenta de las necesidades de los trabajadores y del costo de la vida, en equilibrio con los factores económicos. Con ello se busca estrechar la subjetividad eventual que pudiera haber en torno a esa materia, incorporando objetivos precisos y variables claras en el establecimiento de esta política remuneracional, que tendrá un plazo de dieciocho meses para ser evacuada.
También es parte de ese acuerdo un programa de fiscalización para garantizar que se pague el ingreso mínimo mensual. Al respecto, solo mencionaré que, entre enero de 2013 y junio de 2014, se identificaron cerca de mil trescientas denuncias por no pago de sueldo mínimo, 40 por ciento de las cuales se focalizaron en tres sectores productivos, principalmente.
Pero lo más importante -y vinculado con lo que se estaba discutiendo con anterioridad- es que el Gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso un proyecto para enmendar de manera sustantiva la legislación del trabajo. Ello se hará en el último cuatrimestre del año, entre septiembre y diciembre; preferentemente, según hemos dicho, en el mes de octubre. Tal reforma laboral va a contemplar la herramienta más potente que deberíamos tener para abordar a futuro la discusión de los temas remuneracionales: la negociación colectiva.
Nosotros ya hemos enunciado algunos titulares en torno al contenido de esa agenda laboral: pisos mínimos, titularidad sindical en la negociación colectiva, fin al reemplazo en huelga.
La razón por la cual todavía concentramos el debate en el salario mínimo tiene que ver con las debilidades que se constatan hoy día con relación a la negociación colectiva. Esperamos que, en el futuro y gracias a la enmienda a la legislación laboral, la negociación colectiva sea el derecho colectivo más potente de los trabajadores. Por lo tanto, junto con respaldar la iniciativa de ley en estudio, destaco el acuerdo señalado, que refuerza y realza lo que queremos hacer a futuro en materia de políticas salariales en nuestro país.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier, para fundar su voto.
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo señalar que me parece importante que se haya llegado a un acuerdo con la CUT. Es positivo que se dé un diálogo razonable en un país que tiende a sobregirarse cuando se discuten ciertos temas, respecto de los cuales se pierde la objetividad. Por tanto, ello va a contribuir a generar un clima más armonioso a la hora de analizar todos los asuntos que interesan a los chilenos.
Segundo, estimo muy meritorio que se proponga un sistema plurianual. Sobre esto se venía conversando hace muchos años. Considero prudente establecerlo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que deben hacer sus provisiones y planificar sus gastos. Si bien en lo inmediato estos montos pueden no ser muy altos, adquieren singular importancia cuando las utilidades son bastante estrechas. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de derechos de seguridad social asociada al salario mínimo. Por lo tanto, me parece absolutamente razonable ese avance.
También quiero valorar que el reajuste tenga un carácter progresivo, por encima de la previsión de aumento del IPC o de la inflación. A partir de esto, se plantean dos compromisos de la mayor importancia.
El primero es la formación de la Comisión Asesora de Análisis Salarial del Mercado del Trabajo. Uno de los problemas principales en Chile es que el mercado laboral no solo es inestable, sino también mal remunerado. Tal juicio lo han expresado las propias administradoras de fondos de pensiones. Por eso es necesario garantizar una mayor transparencia y objetividad en el estudio de las cifras en este ámbito, a fin de determinar cómo se comporta el mercado del trabajo.
Y el segundo -más importante todavía- se relaciona con el hecho de que la concentración de la riqueza en nuestro país se debe no solo a una estructura tributaria injusta, sino, además, a la falta de poder negociador de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, en general, incluyendo los grupos medios, profesionales y técnicos. Por consiguiente, el compromiso que aquí se ha adquirido, y al que adherimos con mucha fuerza, obedece a la necesidad de facilitar los mecanismos legales para constituir sindicatos y terminar con ciertos hechos que son muy propios de la legislación chilena, pero que no se compadecen con el Derecho Internacional en materia de huelga legal. Particularmente, me refiero al reemplazo de trabajadores en paro durante el proceso de negociación. En consecuencia, con mucho entusiasmo y convicción, valoro el referido acuerdo y doy mi aprobación al proyecto.
Señora Presidenta, como es habitual, nos enfrentamos al rito de fijar el salario mínimo, este año precedido de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores en virtud del cual el Ejecutivo se comprometió a ingresar, a más tardar en octubre próximo, un proyecto de ley que contemple una reforma profunda de la negociación colectiva y del fortalecimiento de la sindicalización.
Asimismo, se acordó la constitución de una Comisión Asesora de Análisis Salarial del Mercado del Trabajo, siguiendo las directrices del Convenio N° 131 de la OIT, que promueve la fijación de un salario mínimo que considere el indispensable equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y sus familias, el nivel general de salarios, el costo de la vida y diversos factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo y niveles de productividad y empleo.
En cuanto al monto, si bien debe reconocerse un progreso en el hecho de que se fije para un lapso mayor a un año y se cumpla el compromiso asumido en el Programa de Gobierno en el sentido de alcanzar los 250 mil pesos a mediados de su período, el sueldo mínimo planteado sigue estando aún lejos del ingreso ético que señaló la Iglesia católica hace un tiempo.
Llama la atención el gran debate público, promovido por ciertos medios de comunicación, respecto de impuestos supuestamente injustos que deberán pagar las empresas, mientras que nada se dice de los salarios injustos que estas pagan a sus trabajadores.
Deliberadamente se ha omitido el debate valórico: los trabajadores no son los obligados a dar sustento económico al país, no son el jamón del sándwich. El salario propuesto ni siquiera se acerca al fijado como línea de superación de la pobreza, que es de 324 mil pesos.
En consecuencia, que quede claro: todavía una gran cantidad de trabajadores y sus familias continuarán en la pobreza, pese a contar con empleo.
Hoy el Estado de Chile no puede mirar a la cara a sus trabajadores, porque la deuda es demasiado grande. El gran problema de nuestro país es la tremenda desigualdad: mientras miles de compatriotas se debaten bajo la línea de la pobreza, el 70 por ciento percibe remuneraciones bajo los 400 mil pesos.
Se dirá que un aumento mayor del salario mínimo no corresponde a los niveles de ingreso y productividad de buena parte de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayoritariamente pagan aquel salario a sus trabajadores.
Pero eso no es verdad total. Efectivamente, en la micro y en la pequeña empresas el mayor porcentaje percibe el ingreso mínimo. Pero, en términos absolutos, la mayor cantidad de trabajadores con ingreso mínimo se encuentra en las medianas y grandes empresas, con el agravante de que estas últimas son las que abusan de la subcontratación, donde campea el salario mínimo.
Por otra parte, el retail fija sus remuneraciones a partir del sueldo mínimo.
Por eso es tan importante el acuerdo con la CUT. Porque esta discusión se halla íntimamente ligada al fortalecimiento de la negociación colectiva, donde vemos hoy empresas con dos semanas o más de huelga, con una sindicalización de apenas 17 por ciento.
Uno se pregunta: ¿se siente el empleador llamado a negociar con tan paupérrima tasa de sindicalización?
La respuesta es no, particularmente cuando la ley le da a ese empleador la oportunidad de remplazar a los escasos trabajadores que están en huelga.
Por lo tanto, una de las pocas posibilidades que tiene el trabajador en estos momentos para acceder a una mejora de sus ingresos es el aumento del ingreso mínimo.
Votaré a favor de este proyecto, señora Presidenta, ciertamente insatisfecho aún con el nivel de ingreso establecido, pero con el medido entusiasmo de que, por la vía de los acuerdos alcanzados con la CUT, el Estado le entregue al trabajador los instrumentos que le permitan, en el marco de una negociación colectiva, obtener mejoras salariales sustantivas, contemplando mecanismos como la afiliación automática a los sindicatos, el fin del remplazo en una huelga y el incremento de las facultades fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo.
Por último, me parece imprescindible considerar el establecimiento de un salario mínimo regionalizado, que se diferencie en función de las particularidades de cada Región, además de reconocer situaciones específicas, como la de los trabajadores agrícolas y la de aquellos que se desempeñan en jornada nocturna, quienes de una vez por todas deben tener un tratamiento legislativo; porque resulta impresentable que sigan recibiendo el mismo trato que los trabajadores diurnos.
Señora Presidenta, cada vez que discutimos el salario mínimo y su reajuste anual, los trabajadores expresan molestia, pues sienten que tanto el Ejecutivo como nosotros, los legisladores, cuando llega el momento de pensar en ellos, y particularmente en quienes perciben los ingresos más bajos, somos muy mezquinos; no reajustamos en los porcentajes debidos (esos recursos no alcanzan para mantener una familia), y, en definitiva, alimentamos el triste círculo de la pobreza.
A mi juicio, esa es una mirada válida y debemos tenerla presente siempre.
Pero también hay otra mirada: esta remuneración la pagan varios miles de micro y pequeñas empresas -pequeños talleres artesanales; pequeños emprendimientos; muchos pequeños negocios-, sobre todo de localidades rurales aisladas, donde no hay mayores posibilidades de empleo, desgraciadamente.
Por lo tanto, tenemos la obligación de considerar también a esos trabajadores, a esos sectores económicos, y, por supuesto, establecer un salario mínimo que les permita mantenerse. Porque lo peor que nos podría ocurrir sería que, por ser más generosos, terminaran perdiéndose esos emprendimientos y, con ellos, los empleos que generan.
Por lo mismo, valoro inmensamente el acuerdo a que llegó la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, con el Gobierno. Es muy importante que este tipo de proyectos vengan acompañados de acuerdos entre los dirigentes sindicales y el Ejecutivo, porque ello nos facilita la tarea de legislar.
Igualmente, es significativo que se haya llegado a un acuerdo para más de un año, que comprenda incluso un reajuste al 1° de enero de 2016, porque eso despeja situaciones de incertidumbre hacia adelante.
Comparto lo que ha sostenido el Senador Andrés Zaldívar en el sentido de que debiéramos también hacer un esfuerzo fiscal. Porque esto no le cuesta gran cantidad de dinero al Fisco. Básicamente, lo que le significará un gasto será el reajuste de las asignaciones familiares que se plantea en este proyecto.
Pero es indudable que un mayor esfuerzo fiscal para subir las asignaciones familiares, particularmente la que quedará en alrededor de 9 mil 200 pesos y que podría llegar a unos 20 mil, sería una gran gran contribución al presupuesto de las familias que deben vivir con un ingreso mínimo de 225 mil pesos, monto que rige a partir del 1° de julio recién pasado.
Cabe señalar que este proyecto, al igual que iniciativas de años anteriores, fija un sueldo mínimo para las personas mayores de 65 años que continúan en el mundo del trabajo.
También se plantea, por lo menos en el acuerdo CUT-Gobierno sobre ingreso mínimo, que se va a crear una comisión para revisar los salarios en el mercado laboral.
Por lo tanto, solicito que en el estudio pertinente se analice muy en detalle lo que implica la incorporación al trabajo de miles de personas mayores de 65 años de edad.
¿Es justo y legítimo que les demos por ley un sueldo mínimo inferior y, consecuencialmente, una protección salarial menor? Yo creo que no. Hoy día las personas a los 65 años están, en su gran mayoría, tremendamente activas. Quieren trabajar porque lo necesitan, porque las pensiones son bajas o, simplemente, porque no les alcanza para pensionarse con lo que ha sido su trayectoria previsional. Pero también lo hacen porque se sienten útiles, porque quieren seguir superactivas. Entonces, probablemente en nuestro país ya pasó el tiempo en que mirábamos a los adultos mayores como ciudadanos a los que había que, a lo mejor, sobre todo en el mercado del trabajo, entregarles una protección mayor. Y me gustaría que eso revelara el estudio salarial que se va a hacer: si es necesario mantener la política de un sueldo mínimo inferior para los adultos mayores o si podemos nivelar con el ingreso mínimo general, el que se paga a los demás trabajadores.
Con todo, señora Presidenta, tal como lo he señalado, votaremos a favor. Valoramos el acuerdo. Valoramos el hecho de que estemos ante un reajuste salarial que despeja incertidumbres hacia delante. Y ojalá podamos seguir obteniendo realizaciones y ofreciendo mayores posibilidades y expectativas de mejoramiento de su calidad de vida a todos nuestros trabajadores, particularmente a quienes reciben como remuneración el salario mínimo.
Señora Presidenta, en primer lugar, me sumo a la satisfacción expresada por el acuerdo que llevaron adelante los trabajadores y el Ejecutivo, a través de la CUT y del Ministro de Hacienda, respectivamente. La verdad de las cosas es que, si bien la discusión es la misma cada año, a lo menos en esta oportunidad tenemos algo nuevo que decir: hay un acuerdo para reajustar el salario mínimo, pero se pretende llevarlo, conforme se comprometió, al valor piso de 250 mil pesos. Sin embargo, uno obligadamente debe hacer una reflexión: salario mínimo, pensión de hambre. Excúseme la crudeza de los términos, señora Presidenta; pero, desgraciadamente, es así. Nuestros trabajadores -nadie mejor que ellos para decirlo- constatan que, luego de más de 25 a 30 años de haber estado imponiendo, por el hecho de haber recibido el salario mínimo llegan al momento de jubilarse a una pensión inferior a los 70 mil, 75 mil pesos, por lo que el Estado debe entregar aportes solidarios. Entonces, aun cuando se haya trabajado toda una vida, producto de esta situación tan particular del salario mínimo se termina en una realidad en que nuestra gente mayor comienza a enfrentar una situación de absoluta pobreza tras jubilar.
Eso nos obliga a buscar mecanismos distintos de los que hemos aprobado hasta ahora. Lo señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra: más allá de la creación de salarios regionales, debe impulsarse una política de Estado que establezca macrozonas. Porque aquí se habla de un salario mínimo igual para todo Chile, como si el costo de la vida fuera igual en todas partes. ¡Qué enorme equivocación! ¡Qué injusta equivocación! Porque hay regiones donde el costo de la vida es al menos 30 por ciento más alto que en otras. Esa situación, señora Presidenta, no ha sido ni abordada ni resuelta: ¡fijamos un salario mínimo igual para todo Chile...! Según hemos señalado, hay que hacer dos cosas. Primero -lo decimos siempre-, se debe consignar un mecanismo que se vaya adecuando, ajustando anualmente; que permita a lo menos un acuerdo por dos o tres años, y que se encargue de reajustar el salario mínimo en función del encarecimiento del costo de la vida. Pues bien: ese acuerdo fue logrado ahora. Lo comparto y me alegra. Sin embargo, falta establecer macrozonas y considerar el verdadero costo de la vida que existe en cada región.
Mientras aquello no ocurra, va a seguir habiendo situaciones particularmente perjudiciales para nuestra gente.
La otra realidad -también se ha mencionado acá- es la que enfrentan los emprendedores más pequeños. Estoy hablando de un boliche, de un quiosco, de una pyme. ¿Qué hace el Estado de Chile? Establece un salario mínimo. Y esa gente, obviamente, está obligada a pagarlo.
Por experiencia propia -y lo he conversado con muchos pequeños emprendedores-, uno desearía que los salarios fueran superiores. En la medida que se tiene gente mejor remunerada hay más eficiencia, más alegría, más comprensión, más compromiso, etcétera. Sin embargo, el problema radica en que no da para eso. En esa lógica, señora Presidenta, en el caso de Magallanes se estableció un incentivo a la contratación de mano de obra; el decreto ley 889. El deseo de quienes estamos en regiones australes era lograr que el 17 por ciento de estímulo determinado fuera al trabajador, como compensación por la diferencia en el costo de la vida.
Bueno: ¡no ha sido así! Hoy estamos votando un acuerdo positivo, que se hizo con los trabajadores, no de espaldas a ellos. Pero a los trabajadores hay que decirles que la labor por desarrollar de aquí en adelante debe ser una sola.
Al momento de establecer un salario mínimo es preciso considerar que la trabajadora y el trabajador que lo percibirán van a terminar los últimos años de su vida en condición de pobreza.
¡Eso es injusto! ¡Cala hondo y duele! Por lo tanto, los propios trabajadores; la CUT y las otras organizaciones que están impulsando mejoras para sus afiliados; nosotros, los parlamentarios, y el propio Gobierno -el que sea- debemos entender que Chile tiene que dejar de ser una fábrica de pobreza al momento de la jubilación.
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que el ingreso mínimo reviste mucha importancia en la sociedad, porque es un salario de protección básica, elemental. Hay países y economistas que piensan que no debiera existir. Pero en realidades como la nuestra resulta fundamental. En Inglaterra durante muchos años no hubo sueldo mínimo. Pero existía una forma de establecer el acuerdo social respectivo distinta de la ley. Nosotros sentimos molestia por el monto del ingreso mínimo y por su escaso incremento. Y la molestia surge especialmente del hecho de que hay sectores de la economía que tienen un gran crecimiento, enorme desarrollo, ingentes utilidades, pero pagan sueldos muy bajos, cercanos o iguales al mínimo. Si examinamos la situación del retail, por ejemplo, advertiremos que allí hay referencias al salario mínimo y que este manda varias de las remuneraciones; porque los demás son incrementos con relación a él. En el caso de los recursos naturales, que es el otro sector dinámico de nuestra economía, ocurre algo bastante similar, especialmente en algunos ámbitos. Y si uno mira el sector financiero se da cuenta de que, sorprendentemente, en torno a él hay una gran cantidad de actividades con muy bajas remuneraciones. ¡Eso provoca mucha bronca! Aquellos son los sectores con mayores utilidades; aquellos a los que más subsidio les da el FUT; aquellos a los cuales se les otorgan mayores posibilidades para impulsar sus propias inversiones. Hoy tienen en sus negocios, en sus actividades 50 mil millones de dólares provenientes de impuestos que no han ingresado a las arcas fiscales.
Sin embargo, el problema estriba en que casi la mitad de los trabajadores chilenos, según un estudio de la Fundación Sol realizado a partir de la encuesta CASEN, gana menos de 250 mil pesos. Y otro sostiene que reciben menos de 300 mil.
¡La mitad de quienes trabajan! Algo no está bien en nuestra sociedad.
Como decía recién un Senador, muchas familias, pese a tener empleo, siguen en la pobreza y con muy baja calidad de vida.
Debemos, pues, pensar en cómo conseguimos que el acuerdo de la comunidad sea mayor y de qué manera elevamos permanentemente el salario mínimo. Pero, a la vez, el conjunto de la sociedad tiene que asegurar que en otras actividades mucha gente perciba un ingreso alejado del mínimo.
Esa es una cuestión fundamental.
Desde mi punto de vista, gran parte del acuerdo suscrito entre la CUT y el Gobierno se explica porque la Central Unitaria de Trabajadores ha entendido que lo primordial es cambiar las condiciones de la huelga; lograr que se respete el derecho a sindicalización; modificar las condiciones de la negociación colectiva, para que las utilidades de la empresa se distribuyan de otra manera, que es el sentido de dicho proceso.
Con la legislación actual, numerosos trabajadores se encuentran en la situación que hemos descrito.
Chile debe reflexionar más en torno a la necesidad de revalorizar el trabajo. Porque en determinado momento el trabajo y los trabajadores han sido mirados sin considerar lo que representan para la marcha de nuestra nación.
Se habla, por ejemplo, de política de recursos humanos al adoptarse medidas para minimizar los costos.
Cuando discutimos la reforma tributaria y descubrimos que el uno por ciento más rico obtiene 28 por ciento de los ingresos totales de nuestro país vemos la existencia de un problema serio en la manera de concebir y organizar la sociedad chilena.
Empero, ese problema no se soluciona solo subiendo impuestos. La desigualdad no se relaciona únicamente con educación y otras actividades. No basta con mayores tributos: es fundamental que haya mejores empleos y que se pague más por ellos.
Ese es un imperativo ético y político del conjunto de la sociedad.
Yo valoro sobremanera el acuerdo a que llegó la CUT, especialmente porque garantiza que durante este año -y ojalá que quienes apoyan el proyecto en debate lo entiendan- cambiarán las condiciones de la negociación colectiva y otros aspectos fundamentales de las leyes laborales, que son las más atrasadas del continente.
Tenemos un plan laboral impuesto en otro contexto, y no hemos logrado modificar su columna vertebral.
Es cierto que en capacitación existe bastante atraso y que, por ende, se requieren grandes acciones. Buena parte de la situación se explica por la existencia de un mercado de trabajo en una economía que no ha tenido política industrial. No hemos avanzado en desarrollar la economía para pasar más allá del retail, de los recursos naturales y del sector financiero.
Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, a propósito del caso chileno, dice que nuestro país corre un gran riesgo: el de que en los próximos años baje mucho su crecimiento, debido no solo a las condiciones internacionales -¡y menos a la existencia de una reforma tributaria!-, sino además a la falta de innovación productiva, de diversificación y de industrialización.
Para enfrentar tales problemas hay que fomentar políticas que ayuden a desarrollar todas esas dimensiones, las que al final están en la base de la solidez y la sustentabilidad de largo plazo de la economía.
De una vez por todas debemos discutir acerca de la política industrial. No hay que temer a hablar de industria, a que nuestro país vaya más allá de la explotación de recursos naturales.
Actualmente existe una coyuntura difícil. Se ven signos de desaceleración producto de la situación internacional, en particular de la de China. Ello obliga a aplicar luego políticas públicas reactivadoras.
El Ministro de Hacienda sabe muy bien que las medidas conducentes a generar empleo no se aplican una vez que este cae, sino que se anticipan, para no bajar; porque después cuesta mucho subir. Y estoy hablando de vivienda, de obras públicas, como lo he hecho ante otras coyunturas.
Hoy se requiere una política anticíclica, la que no se puede seguir postergando.
Creo que la CUT fue muy visionaria. Y el Gobierno ha captado la situación. Lo importante es que se cumpla lo convenido y a fin de año haya cambios fundamentales en nuestra legislación laboral.
Señor Presidente, creo que nadie en esta Sala piensa que el sueldo mínimo actual o el sugerido mediante el proyecto en análisis son suficientes para alcanzar un nivel de vida digno, ético, como se expresó en otro tiempo.
Quizás la confusión proviene de que hablamos de sueldo mínimo, cuando en realidad no se trata de eso, sino del sueldo que aparentemente Chile es capaz de pagar hoy.
Sin lugar a dudas, la ambición es llegar a un ingreso que le permita a un trabajador vivir de él y no estar en situación de pobreza.
La pobreza consiste precisamente en no poder sustentarse con el trabajo que se realiza. Y a alguien que percibe el sueldo mínimo no le resulta factible hacerlo.
Se trata de una situación muy dolorosa.
En Chile cerca del 12 por ciento de los trabajadores recibe el ingreso mínimo. Sin embargo, ese porcentaje no se distribuye en forma pareja.
Lamentablemente, Linares y Chillán son las ciudades donde más trabajadores perciben el sueldo mínimo. En Linares, por ejemplo, 24 por ciento; prácticamente, uno de cada cuatro.
De consiguiente, sabemos de las limitadas condiciones en que vive nuestra gente.
Constituye, por tanto, un imperativo subir el monto del ingreso mínimo.
La discusión que se registra cada año es sobre a qué monto se aumenta.
Todos quisiéramos alcanzar el ingreso mínimo ético, que por el año 2008 Monseñor Alejandro Goic cifraba en el orden de los 250 mil pesos. Hoy ese monto debe de llegar a más de 300 mil. Según la Fundación Superación de la Pobreza, se encuentra en alrededor de 320 mil pesos. De manera que todavía estamos muy lejos de alcanzar ese mínimo. Y, como país, tenemos que hacer un esfuerzo en tal sentido.
Sin embargo, entendemos que no es cuestión de un acto voluntarista que lleve a decir: "Bueno, paguemos 300 mil pesos". Porque quienes más cancelan el ingreso mínimo son precisamente las pequeñas y las medianas empresas. Las grandes pagan sueldos mayores; por lo tanto, no tienen ese problema. Tal situación afecta a las pequeñas y a las medianas.
En Linares -sigo con el ejemplo- no existen grandes empresas. Hay pymes: agrícolas, de comerciantes, de transportistas. Y si incrementáramos excesivamente el sueldo mínimo, como quisiéramos, podríamos provocarles dificultades, pues no estarían en situación de pagarlo y con ello aumentaría la cesantía.
Por lo tanto, nuestro país debe esforzarse a los efectos de generar condiciones para lograr un mayor desarrollo, asegurar más justicia en la distribución de los beneficios y nivelar de abajo arriba, tarea que debe enfrentarse con la mayor fuerza posible.
El Gobierno y la CUT propusieron aumentar el sueldo mínimo de 210 mil a 225 mil pesos, con una progresión que termina, dentro de 18 meses, en 250 mil pesos. Pero lo cierto es que ahora estamos incrementándolo de 210 mil a 225 mil: 15 mil pesos.
Yo recuerdo que en años anteriores, cuando el Gobierno precedente planteaba reajustes del ingreso mínimo, se manifestaba que sus propuestas eran muy pequeñas,...
Que eran "ratonas".
... "ratonas".
Sí: ¡ratonas!
Pero comparemos.
En 2013 el sueldo mínimo creció en 17 mil pesos; ahora se incrementa en 15 mil. En términos reales, ese año aumentó en más de 4 por ciento; hoy está subiendo en menos de 3 por ciento.
Entonces, yo me pregunto por qué la Presidenta de la CUT, quien en 2013, en la misma época, cuando se discutía esta materia, señaló que estaban "las condiciones en Chile para tener un sueldo mínimo de 250 mil pesos" -palabras textuales-, hoy dice "Se ha logrado históricamente lo que nunca nadie pudo: un sueldo mínimo de 225 mil pesos".
Yo pregunto dónde están los que el año pasado reclamaban en contra del "aumento ratón" que hacía el Gobierno. ¡Dónde están! De los cuatro proyectos de reajuste que presentó Sebastián Piñera, ¡tres fueron rechazados por la entonces Concertación!
Quiero, pues, llamar la atención, porque la demagogia, para sus cultores, es como el yogur: tiene plazo de vencimiento. Porque al final se sabe la verdad de lo que ocurre.
Y aquello es lo que está sucediendo.
¿Podemos hacer un esfuerzo mayor?
Yo hubiera deseado ver que el Ejecutivo se la jugara por un reajuste un poquito mayor y que la CUT exigiera al menos 230 mil pesos. No es mucho más el esfuerzo, y sin embargo vamos nivelando con más rapidez la diferencia.
La CUT pareciera ya no representar los intereses de los trabajadores como lo hacía antes: ahora está siendo funcional al Gobierno de la Nueva Mayoría.
Quizás por eso tiene tantos beneficios. Por ejemplo, representaciones en el exterior. En mi Región se han integrado muchos miembros de la CUT y de la ANEF a trabajos en el Gobierno regional.
Pareciera ser -digo- un nuevo partido de Gobierno. Y ha perdido la representatividad de los trabajadores.
¡El año pasado exigía más y hoy aplaude recibir menos!
Creo importante señalar tales contradicciones, pues era muy doloroso lo que se hacía antes.
Nunca nosotros -y lo dije reiteradamente-, como Oposición, rechazamos los sueldos mínimos planteados por los Gobiernos de la Concertación, pese a considerar muchas veces que eran insuficientes. En algunas ocasiones fueron bastante generosos y razonables; pero en varias oportunidades, no, por distintas razones.
No digamos que el planteado ahora es un exceso de generosidad: no lo es. Es un ingreso que se aumenta en forma mínima. Es razonable, moderado. Y lo vamos a aprobar.
Yo habría esperado, sí, una presión mayor de los parlamentarios que le exigían más al Gobierno precedente, quienes hoy aplauden y se conforman con lo que está ofreciendo la actual Administración.
Me parece importante decir estas cosas, no en el ánimo de generar discordia, sino en el de entender que en la vida hay que ser justo y coherente en los planteamientos.
Tengo la tranquilidad de haber sido justo y coherente cuando voté a favor los proyectos de la Concertación.
Ahora vamos a apoyar esta iniciativa de la Nueva Mayoría. Pero es justo también dejar constancia de que nosotros no hemos caído ni en incoherencias ni en actos de demagogia.
Señor Presidente, pensaba comenzar mi intervención de manera distinta. Sin embargo, después de escuchar al Senador Larraín quiero, con más fuerza, felicitar el trabajo de los dirigentes de la CUT, y en particular el de Bárbara Figueroa, quien encabeza esta organización.
Es cierto: desde hacía mucho tiempo no llegábamos a una negociación como la actual, por tres años.
La discusión sobre el salario mínimo siempre ha sido ingrata. ¡A quién le gusta! ¡Si todos sabemos que su monto es insuficiente!
Y debatíamos la materia en el Parlamento porque había incapacidad para generar un acuerdo previo, el que facilita bastante el análisis.
Sin duda, nos hallamos ante un buen acuerdo en torno a un monto que -insisto- siempre va a ser insuficiente. Aquello, porque permite cumplir el compromiso de los 250 mil pesos -independiente de que todos sabemos que, si hablamos de ingreso ético, esa cifra debería estar reajustada- y, además, da un marco para un debate más amplio.
Eso fue lo que cambió con respecto a la discusión habida en los años anteriores, particularmente durante el Gobierno precedente.
Y quiero referirme a eso, señor Presidente. Porque no me cabe duda de que para los trabajadores es distinto suscribir un acuerdo con el Ejecutivo cuando se habla no solo de una negociación por tres años, sino también de constituir, no una comisión técnica conformada por expertos que van a analizar variables en una ecuación a los efectos de decir cuál es el monto del salario mínimo que debe fijarse por ley, sino un ente que haga una revisión y efectúe un diagnóstico sobre la situación de quienes, pese a tener empleos formales, están hoy en situación de pobreza.
Esa es la discusión de fondo que debemos hacer. Porque no solo se trata de establecer técnicamente una cifra, sino asimismo de determinar por qué, no obstante tener empleo, algunos trabajadores no son capaces de superar el umbral de la pobreza. Y esa discusión ha de ser bastante más amplia, para examinar, entre otras cosas, el costo de la vida en diversos lugares.
Por ejemplo, ¡cuánto nos ha costado en la Región de Magallanes, a la que represento, instalar ese debate, para alcanzar mejoramientos que permitan avanzar hacia una diferenciación en el ámbito del costo de la vida, lo que es parte de las materias a que deberá abocarse la referida comisión!
Recuerdo que tuvimos una férrea oposición del Gobierno anterior cuando planteamos que el 17 por ciento de bonificación a la mano de obra aplicado en las regiones extremas y que financiamos todos los chilenos con nuestra tributación se pagara cuando el salario fuera 20 por ciento superior al ingreso mínimo. Ello, porque resultaba inaceptable que ese subsidio del Estado se otorgara en función del sueldo mínimo en las regiones extremas, como la nuestra, donde, según sabemos, el costo de la vida es mayor que en el resto de nuestro país.
¿Cuál fue la experiencia práctica? Que se podía proceder de la manera sugerida. Yo diría que la mayoría de las empresas, incluso -hablo por la realidad de Magallanes-, pagaban más de 20 por ciento del ingreso mínimo. Y no estoy hablando de las pequeñas empresas ni de los microempresarios, sino de empresas medianas y grandes, las cuales tienen utilidades significativas y pueden generar mejores condiciones para sus trabajadores.
Lo que marca la diferencia en esta oportunidad, señor Presidente, es la disposición a discutir en un marco más amplio acerca de las reformas laborales requeridas para que en Chile haya una mejor distribución del ingreso.
Es lo que planteó al inicio de su intervención la señora Ministra del Trabajo.
De ahí la gran diferencia con la forma como discutimos esta materia en los años anteriores.
Yo quiero recordar lo que fue la agenda laboral del Gobierno precedente.
Teletrabajo: un proyecto que precarizaba una actividad donde se desempeñan mayoritariamente mujeres y que no prosperó porque trasladaba la responsabilidad en materia de higiene y seguridad a la persona que se desempeñaba en su casa. ¿Qué se hacía? Precarizar aun más el trabajo en un sector en el cual ya sabemos que se cometen abusos. Por supuesto que dicha iniciativa no terminó su tramitación.
Estatuto agrícola: tampoco se aprobó, pues debilitaba todavía más la posibilidad de los trabajadores de negociar colectivamente, permitiendo el contrato individual en un mundo que también es precario, donde uno busca justamente generar condiciones para el resguardo no solo de las condiciones laborales, sino también de las de salud.
Entonces, quiero poner la discusión en ese marco.
Me parece que este es el segundo proyecto en materia laboral en que tenemos un acuerdo con los trabajadores. El del multirrut fue el anterior. Reconocemos que aún quedan cuestiones pendientes. Pero generamos un ambiente que nos permite ir a una discusión más de fondo.
Ese es el punto. Y ahí existe disposición -me alegro de ello-, sentándose a la mesa trabajadores; Gobierno; representantes de los empresarios, de los académicos, de los técnicos. Y así debe ser, porque es la única posibilidad que tenemos de avanzar en un país que se hace cargo de las desigualdades.
Lo planteaba el Senador Montes: podemos avanzar en una reforma tributaria, pero si no avanzamos en la mayor capacidad de los trabajadores para sentarse a la mesa y negociar a los fines de recibir una retribución justa por lo que hacen, por su aporte en el proceso productivo, no vamos a tener un país donde todos se beneficien de la riqueza, del desarrollo, del progreso o como se quiera llamar.
A ese respecto, reivindico el trabajo hecho por los dirigentes de la CUT. Creo que eso los fortalece: no la discusión en el corto plazo, sino el debate con perspectiva de país. Quiero reiterar acá el compromiso de la Nueva Mayoría, y en particular el de mi bancada, la democratacristiana, en el sentido de cumplir lo que comprometimos en el Programa de la Presidenta Michelle Bachelet.
Termino felicitando a la señora Ministra del Trabajo (también a su equipo) por la labor hecha. Creo que ha marcado una diferencia en la capacidad para sentarse a conversar y llevar a cabo una sana negociación. Y también se ha impuesto desafíos que me llevan a esperar que discutamos pronto un proyecto tendiente a avanzar en una negociación colectiva real, en el fortalecimiento del sindicato y de su titularidad, en la eliminación del reemplazo en caso de huelga, situaciones determinantes hoy de que, a pesar de ser el nuestro uno de los países con mayor tasa de formalidad en el mundo del trabajo en Latinoamérica, finalmente no registre remuneraciones correspondientes a su nivel de ingreso per cápita.
Señor Presidente, de verdad me alegra mucho que el proceso de negociación para poder reajustar el ingreso mínimo haya tenido lugar en los términos y el clima en los cuales se ha dado en el presente año.
Sin embargo, a mí me gustaría llamar la atención acerca de dos aspectos, porque, en el fondo, los climas se construyen entre todos.
Primero, en 2011 se reajustó el ingreso mínimo en 10 mil pesos, con exactamente un 2,3 por ciento de incremento real; en 2012, en 11 mil, con un 3,3 por ciento; en 2013, en 17 mil -medió toda una polémica acerca de por qué no se aumentaba más-, con un 6,8 por ciento, y ahora, en 15 mil, correspondiente a un 2,4 por ciento.
Insisto en que me complace muchísimo que la medida se haya tomado en un clima de armonía que favorece el desarrollo del país; pero cabe reparar en que quienes rasgaban vestiduras por llegar en un solo año a un ingreso mínimo de 250 mil pesos se encuentran conformes en este momento con la cantidad que se contempla.
Creo que efectivamente se procede en la forma pertinente: de manera paulatina y tratando de generar las condiciones para que todas las empresas, comprendidas las pequeñas y las medianas, puedan incluir el factor dentro de sus costos.
Y el segundo punto al cual deseo hacer referencia es que no me parece razonable la existencia de un ingreso mínimo diferenciado para mayores de 65 años. En la actualidad, muchísimas de esas personas están en condiciones de trabajar -se hallan absolutamente lúcidas y físicamente habilitadas y son completamente capaces de desarrollar labores en distintos ámbitos-, y estimo una discriminación odiosa que por el solo hecho de tener esa edad no puedan recibir un ingreso mínimo equivalente al de los demás.
La respuesta puede ser la de que es posible que cuenten con otra fuente de recursos, como la pensión. Pues bien, muchos de los que perciben el ingreso mínimo se las arreglan para obtener una entrada adicional, porque el primero evidentemente no alcanza, con frecuencia, para satisfacer las necesidades de una familia.
Por lo tanto, me gustaría que en el clima de tranquilidad al que contribuyen las negociaciones en paz se pudiera también avanzar en la eliminación de esta distinción, que juzgo francamente inapropiada.
Señor Presidente, como representante de la Región de La Araucanía, una zona pobre donde, sin lugar a dudas, medidas como la que se ha sometido a nuestra consideración son importantes, pero asimismo como Presidente del Partido por la Democracia, no puedo dejar de felicitar a quienes participaron en el presente acuerdo por la prontitud con que este se concretó y la manera cómo se llevó a cabo.
El equipo de Gobierno estuvo conformado por la Ministra del Trabajo y los Ministros de Hacienda y del Interior.
Y quisiera destacar esencialmente el rol de la Central Unitaria de Trabajadores, como principal entidad representante del sector laboral. Ello no es menor.
Además, pienso que las críticas formuladas aquí son bastante injustas, por decir lo menos. Las calificaría tal vez de inaceptables. Algunas han lindado en lo ofensivo. Porque se ha mencionado el otorgamiento de cierto tipo de garantías para la CUT, lejos de lo que finalmente ocurrió. Y mucho menos para los dirigentes.
Existe una gran diferencia en la manera como se abordó la negociación. La verdad es que cuesta mucho comparar, porque el año pasado no se llevó a cabo ninguna. Me gustaría refrescarles la memoria a algunos Senadores de la Oposición que estaban aquí mismo en ese momento, cuando la propuesta del Gobierno se centró en un guarismo y no fue parte de ningún acuerdo, ya que no hubo interés en establecer una mesa. La propuesta representó cuatro lucas: se subió de 193 mil pesos a 197 mil. De ese monto se trata. Y si ello finalmente se incrementó, fue labor del Congreso.
No olvidemos cómo estaba la Alianza: completamente quebrada por la propuesta de 210 mil pesos del entonces Senador y Presidente del Partido Renovación Nacional, como me reafirma el Honorable señor Prokurica. Recordemos el tenor del debate.
Entonces, el intento de contrastar desde cualquier punto de vista, incluido el aumento real, no es válido. No se pueden comparar peras con manzanas.
Y el que nos ocupa es un incremento plurianual. Esa es también una de las grandes diferencias en el presente acuerdo.
Diría que lo más importante es que no solo se pone sobre la mesa un guarismo, un número -el que resulta relevante, por cierto-, y se garantiza cómo se va a llegar al objetivo. La única garantía aquí es esa y el plazo. En 18 meses se alcanzan los 250 mil pesos, que es la aspiración ética.
Desde luego, traducido ello a moneda actual -luego del planteamiento de monseñor Goic hace ya seis años-, sin duda nos estaríamos refiriendo a más de 300 mil.
Lo central, sin embargo, es que en el debate se plantea un conjunto de derechos colectivos en relación con los cuales el Gobierno anterior nunca estuvo disponible para avanzar. ¡Jamás! Les causaba pavor pensar siquiera en discutir sobre la modificación del Código del Trabajo y el fin de la cuestión del remplazo de trabajadores en huelga.
Hoy día se registra una paralización en una cadena farmacéutica y la empresa sigue funcionando con total normalidad, porque es factible que el empleador reemplace a personal en huelga legal. A eso estamos haciendo referencia.
La posibilidad de avanzar en un conjunto de reformas laborales, con un cronograma, con un plazo determinado, es la gran diferencia, sin lugar a dudas, entre cómo se está encarando este proceso, de un modo rápido, sin conflictividad, y cómo se procedía en los últimos años. Entonces, señor Presidente, creo que es muy importante el paso que ahora se da.
Por supuesto, estas no son situaciones para descorchar champaña ni para salir a lanzar fuegos artificiales, porque, desde el punto de vista de la equidad, de la distribución del ingreso y de lo que el Gobierno ha decidido, que es encarar frontalmente la desigualdad, nos queda mucho por avanzar en productividad y repartir de mejor manera las oportunidades.
Lo anterior tiene que ver, esencialmente, con una reforma educacional de fondo, en la que se termine con la segregación, constituyendo la reforma tributaria en debate -probablemente se logrará un acuerdo- solo un instrumento, no un fin en sí mismo, para viabilizar el proceso de mayor equidad social.
El punto es dónde queremos situarnos cuando pasemos de los 15 mil 732 dólares actuales de producto interno bruto per cápita y cómo queremos que nos encuentre ese momento, cuando se supone que Chile va a ser un país desarrollado.
Nuestro producto interno bruto es similar al de Venezuela -a algunos seguramente no les gustará la comparación-, Croacia y Polonia, cuyos ingresos mínimos equivalen a 371 mil, 303 mil y 289 mil pesos chilenos, respectivamente. El dato permite comprobar lo retrasado y poco humanitario que es el monto de nuestra remuneración.
En consecuencia, nos alegramos, por supuesto, del paso que se ha dado.
Afortunadamente, quedaron atrás los tiempos en que los Ministros de Hacienda y del Trabajo lideraban estas negociaciones, como si el ingreso mínimo que deben recibir los chilenos por su labor fuera un factor puramente macroeconómico.
No hay cuestión más delicada -y política, por cierto- en el seno de una sociedad que la de determinar cuál es el valor del trabajo humano, el que no constituye una mercancía ni una variable más de las ecuaciones con que se representan los ciclos económicos.
Por todo lo anterior, señor Presidente, y porque aquí efectivamente se van a revisar los aspectos relativos a la sindicalización -hay un acuerdo amplio al respecto y se trata de una reforma laboral-, vamos a concurrir con nuestros votos, como Partido por la Democracia, a aprobar algo que calificaría de inédito. Hacía muchos años, en efecto, que no se planteaba un reajuste plurianual del ingreso mínimo, con claridad, en este caso, respecto a lo que va a pasar a partir del 1° de julio del presente año, en que el monto se eleva -para conocimiento de quienes están siguiendo el debate- de 210 mil pesos a 225 mil, lo que aumentará a 241 mil el 1° de julio de 2015 y a 250 mil el 1° de enero de 2016. Es decir, constituye un convenio a dieciocho meses, plurianual, y eso es, claramente, lo que representa un trato distinto, con un Gobierno que estuvo dispuesto a conversar en otros términos.
Sin lugar a dudas, el salto es importante, pero no suficiente.
También nos hacen mucho sentido algunos planteamientos que se han escuchado, como el de la Fundación SOL, que señala que el 70 por ciento de los chilenos gana menos de 400 mil pesos. Ello solo sucede porque los empleadores -entre ellos el Estado, desde luego- se acostumbraron a pagar poco.
Y, por eso, formulamos un llamado al Gobierno para que, tal como se hizo en el caso que nos ocupa, el proceso que viene a continuación con los trabajadores del sector público se haga con tiempo, ojalá de manera escalonada y habida cuenta de la diferenciación y los problemas existentes al interior de los gremios respectivos.
En virtud de las consideraciones expuestas, señor Presidente, y reiterando, una vez más, la importancia del rol de la Central Unitaria de Trabajadores en todo el proceso y las inéditas condiciones de la negociación, vamos a respaldar el acuerdo.
Señor Presidente, solo deseo acotar dos puntos, respecto de los cuales me parece importante dejar una constancia después de la intervención del Honorable señor Larraín.
Lamento mucho que Su Señoría se haya retirado.
En primer lugar, estimo que la gran diferencia en la negociación ha tenido que ver -y cabe enfatizar lo expresado por el Senador señor Quintana- con no poner solo un guarismo sobre la mesa. Creo que el gran valor de lo que estamos presentando hoy día se vincula, por cierto, con el proyecto de ley, pero en particular con los contenidos del acuerdo, lo que mencioné en mi intervención anterior. Ello dice relación con la forma como transformamos hoy día la discusión del ingreso mínimo, que consume muchas energías año tras año, en una herramienta real de negociación remuneracional, la que está dada por las materias que vamos a incorporar en la reforma laboral comprometida para los últimos cuatro meses del año.
Segundo, juzgo poco responsable, quizás, aludir a ciertos convenios o garantías respecto de dirigentes sindicales.
Quiero decirlo por haberse hecho referencia hace un momento a una situación de tal naturaleza. Pienso que desde el mundo sindical han sido tremendamente cuidadosos. No deseo dejar pasar una declaración como esa, porque no solo podría dar lugar a un malentendido, sino también porque fue explícita en dicho sentido.
En el mundo del Ejecutivo hay respeto por la autonomía de las organizaciones sociales y, desde luego, de la Central Unitaria de Trabajadores, cuyos representantes han desarrollado una labor seria. Y, por eso mismo, deseo que ello quede consignado. No me parece prudente aludir a "garantías" o "privilegios" para estos dirigentes, quienes más bien han dado, por años, una lucha intensa y poblada de numerosos disgustos, malos ratos, desagrados. No cabía dejar pasar, entonces, tales expresiones.
Saludo a una delegación de dirigentes de la Agrupación Unión Comunal y Junta de Vecinos El Toqui, de Lautaro, así como a representantes del Taller Laboral Las Rozas de Cajón y a la Organización Pro Comuna de Cajón.
Señor Presidente, el Senador que habla les da la bienvenida a nuestros visitantes, quienes han tenido una maravillosa experiencia visitando el Congreso y zonas importantes de la Quinta Región.
Con relación al proyecto de ley, quisiera señalar, en primer lugar, que por supuesto me alegra que podamos aumentar el ingreso mínimo.
Tal como se ha expresado anteriormente, el reajuste no es por un año, sino por períodos consecutivos. A contar del 1° de julio recién pasado, el monto subirá de 210 mil pesos a 225 mil, lo que llegará a 241 mil el 1° de julio de 2015 y a 250 mil el 1° de enero de 2016.
Deseo recoger dos o tres ideas de lo que se ha manifestado.
En primer lugar, nosotros tuvimos la oportunidad de ser Gobierno y somos ahora Oposición, y no es posible mantener un doble estándar en la materia de que se trata.
Recuerdo haber conversado al respecto con dos ex Primeros Mandatarios: uno de nuestra coalición, Sebastián Piñera, y otro, de la Concertación. Este último me manifestaba, con relación al ingreso mínimo, que a los gobiernos no les cuesta recursos, porque no hay trabajadores del sector público que lo ganen.
En consecuencia, cuando los Presidentes reajustan esa cantidad, podrían fijar cifras muy altas, si fueran populistas, demagogos, y probablemente gozarían de una gran popularidad. Pero lo hacen considerando cuánto puede pagar la economía de nuestro país sin que finalmente se provoque el efecto de que no se contraten más personas y se genere desempleo. Y aquí es donde se demuestra cuando se actúa con seriedad en política.
Esa ha sido mi primera reflexión.
La segunda es que me hago cargo de lo que decía el Honorable señor Montes, pues le encuentro razón: algo tenemos que hacer, ya que el ingreso mínimo, por regla general, es muy bajo.
Suponer que un compatriota va a poder vivir, junto a su familia, con 225 mil pesos mensuales es, obviamente, una demostración de que los factores de capacitación de los trabajadores, de la obtención de un mayor desarrollo de la economía, de la posibilidad de generar remuneraciones mínimas más elevadas configuran una deuda de la sociedad chilena. Y, en parte, eso es lo que origina las grandes desigualdades. Vivir con 225 mil pesos es prácticamente un imposible. Pero muchos chilenos lo hacen.
Por lo tanto, es preciso que todo lo que signifique esfuerzos de nuestra sociedad para que este ingreso sea cada vez más alto corresponda a una política de Estado y no a una confrontación de Gobierno y Oposición. Esa es una de nuestras tareas por realizar.
Muchas veces, camino al Congreso, a Santiago, o en las regiones -la de La Araucanía, en mi caso-, uno se encuentra con trabajadores que preguntan: "¿Cómo puedo vivir con 210 mil pesos al mes?". Y la verdad es que tienen razón. Se presenta, entonces, una cuestión de deuda pendiente, de capacidad de generación de una economía para que en un país se paguen mejores remuneraciones.
También me hago cargo de algo que mencionaban los Senadores señora Van Rysselberghe y señor García en el sentido de que ha ido perdiendo todo valor, con el tiempo, la diferenciación entre el ingreso mínimo que se paga a los mayores de 18 años y menores de 65 y el correspondiente a los mayores de 65.
Este último segmento ya no significa lo que hace quince o veinte años, por lo me parece un castigo el hecho de que reciba una cantidad inferior. Pensemos en que mientras el ingreso mínimo va a ser de 225 mil pesos a contar del 1° de julio recién pasado, lo que ya sabemos que es muy exiguo, para los mayores de 65 años, en cambio, ascenderá a 167 mil.
El argumento de que esta es una forma de permitir la contratación de esas personas ya no se justifica hoy día, a mi juicio, en la medida en que la edad promedio de los chilenos ha ido creciendo mucho. Estimo que se trata de un criterio erróneo, que debiera revisarse, corregirse y reemplazarse. No hay razón -repito- para que un mayor de 65 años obtenga menos, por este concepto, que una persona más joven.
Y un punto que no puedo dejar de mencionar es el de la comparación de cómo fueron los reajustes del ingreso mínimo en los últimos años. Lo considero un dato que esta Honorable Sala debería tener en consideración.
El año 2010, cuando asumió el Gobierno de Sebastián Piñera, el reajuste real fue de 2,2 por ciento; el 2011, también durante la Administración del Presidente Piñera, el reajuste real fue de 2,3 por ciento; el 2012, cuando aumentó en 11 mil pesos, fue de 3,3 por ciento, y el 2013, el Presidente Piñera lo incrementó 6,8 por ciento. ¡6,8 por ciento! Ahora, el reajuste real alcanza a 2,4 por ciento, porcentaje bastante inferior a los otorgados, en promedio, en el Gobierno anterior.
Lo menciono simplemente porque quiero dejar testimonio de que cuando se trataba el salario mínimo durante la Presidencia de Sebastián Piñera, la discusión con la Oposición de aquel entonces, hoy en el poder, era tremenda. El 2010 el proyecto fue aprobado en el tercer trámite; se rechazaba porque los parlamentarios de la vereda de enfrente pedían un monto mayor. Y el Gobierno del Presidente Piñera dio mucho más de lo que se otorga este año.
Alguien dirá: "Es que la situación económica del país ha cambiado". Es probable. Pero entonces, cuando estemos en la Oposición, no hagamos demagogia, no mostremos una visión sesgada y no pidamos un salario mínimo más alto del que la economía del país puede soportar y, cuando pasemos al Gobierno, guardemos riguroso silencio respecto de aquello. Si comparamos los Gobiernos, veremos que el del Presidente Piñera es el que ha concedido el mayor incremento del salario mínimo. En efecto, en el del Presidente Aylwin el incremento real fue de 5,8 por ciento; en el de Eduardo Frei, 5,4 por ciento; en el de Lagos, 4,6 por ciento; en el primero de la señora Bachelet, 3,4 por ciento, y en el de Piñera, 6,9 por ciento.
Por lo tanto, frente a la crítica que se le formuló al Gobierno del Presidente Piñera en el sentido de que reajustaba poco el salario mínimo, quiero señalar que lo aumentó mucho más de lo que se está haciendo hoy. Y respecto de esto último se ha guardado riguroso silencio. No lo digo para armar una confrontación, sino, simplemente, para hacer presente que uno no puede tener un doble estándar y manifestar una opinión cuando se está en la Oposición y una distinta cuando se pasa al Gobierno.
A nosotros nos alegra el acuerdo a que se ha llegado, porque sabemos que seguramente se hizo el mayor de los esfuerzos. No somos una Oposición beligerante, que critica todo y que todo lo encuentra malo. Nada hubiese costado hoy que las bancadas de este lado hubieran comenzado a argumentar que el salario mínimo debería haber sido bastante más alto, que el 2,4 por ciento es muy bajo, que podría haberse reajustado muchísimo más. Podríamos haber tomado esa actitud.
Sin embargo, nuestra oposición ha sido absolutamente responsable y constructiva. Lo estamos demostrando en el presente proyecto de ley y en la reforma tributaria, y lo hemos demostrado y lo estamos demostrando, con nuestras críticas siempre constructivas, en el ámbito educacional. Es decir, estamos contribuyendo a que las iniciativas del Gobierno mejoren.
Para concluir, señor Presidente, quiero señalar que este horizonte de salarios mínimos pactados por un año y medio presenta un problema: que la inflación en Chile ha aumentado considerablemente. Así que cuidado con que el día de mañana nos encontremos -¡Dios no lo quiera!- con un ingreso mínimo que no sea capaz de cubrir la inflación, o con un monto que resulte demasiado bajo a raíz de una inflación muy elevada.
En todo caso, vamos a votar a favor del proyecto. Creemos que hay que hacer un esfuerzo serio para buscar mecanismos que permitan la capacitación y preparación de los trabajadores y, a una economía como la nuestra, generar salarios mínimos más altos, porque en nuestro país nadie con un grupo familiar puede vivir de manera digna con una remuneración de 225 mil pesos, monto que corresponde al ingreso propuesto. ¡Quien vive en esas condiciones vive con una estrechez económica enorme! Por lo tanto, aquí hay una tarea pendiente, que no es un problema de este Gobierno, ni del anterior, ni del futuro: es una política de Estado. En esta oportunidad, señor Presidente, rescato el hecho de que se haya llegado a acuerdo por un lapso mayor al de un año -que vamos a aprobar-, pero debemos fortalecer nuestra economía para que el salario mínimo sea cada vez más alto.
Señor Presidente, Honorable Senado, uno debería plantearse la siguiente reflexión en torno al salario mínimo: por qué solamente aumenta 2,4 por ciento, habiéndose negociado con la principal central sindical que existe en Chile, como es la CUT. Y creo que la respuesta es obvia: porque las expectativas económicas vienen muy mal; porque el crecimiento se situará muy por debajo del que ha habido en los últimos años, y porque el desempleo ya está subiendo. De hecho, según la última cifra en esta materia, el índice que más se eleva es el trabajo por cuenta propia, que todos sabemos que es mucho más precario que un trabajo formal a través de un contrato, como corresponde.
Desde esa perspectiva, el acuerdo a que se ha llegado me parece responsable, porque las expectativas económicas vienen mal.
Además, cuando se fija el salario mínimo, hay que considerar no solo la fuerza de trabajo empleada, sino también a los desempleados.
Para mí, el elemento más importante de esta negociación es su carácter plurianual. Incluso, me atrevería a señalar que debería ser el primer paso para que no se discuta más el monto del salario mínimo, con el objeto de que, en definitiva, una ley permanente establezca parámetros objetivos que permitan determinar dicho monto de manera automática, año a año.
Desde mi punto de vista, más que al salario mínimo, hay que aspirar al salario justo, que no necesariamente es el mínimo. A mi entender, señor Presidente, tenemos que dar ese salto. Y aquí, en alguna medida, se da, al fijar el salario mínimo hasta el año 2016. Sin embargo, el informe señala, de manera muy genérica, que se tomaron en cuenta la inflación, las expectativas económicas. Yo creo que hay que ir más al detalle: tratar de acordar, con las centrales sindicales y con quienes corresponda en el mundo político, una legislación permanente que establezca parámetros del mismo carácter para fijar el salario mínimo, de modo que nunca más se realice esta discusión en el Congreso y sean otros los factores a través de los cuales se vaya mejorando la remuneración de los chilenos. El salario mínimo fija un piso. Y, tal como se ha señalado acá, resulta muy difícil concebir que alguien pueda vivir con esa cantidad, pero más dramática aún es la situación de quienes se encuentran desempleados. Es un equilibrio que cuesta mucho alcanzar.
Yo me quedo con, a mi juicio, lo principal del acuerdo: que, además de su monto, el ingreso mínimo queda fijado hasta el año 2016. Por lo tanto, el esfuerzo que debería hacer la comisión que ha formado el Gobierno es tratar de determinar, en una ley permanente, parámetros definitivos que permitan establecer su reajuste cada cierto tiempo, de manera que no haya que estar discutiéndolo cada tres años, como en este caso, o anualmente, como se hacía hasta hace poco.
Señor Presidente, en momentos en que debatimos el sueldo mínimo -que es, por cierto, una mínima garantía respecto de lo que debe recibir como remuneración una familia, los trabajadores chilenos-, quiero recordar -porque tal parece que este país ha perdido la capacidad de asombro- que el 2 de junio Marco Cuadra Saldías, conductor, dirigente del sindicato de RedBus sociedad anónima, se quemó a lo bonzo reclamando mejoras sindicales, protestando contra los abusos de las empresas del Transantiago.
Y la situación de Marco Cuadra la viven a diario miles y miles de trabajadores, quienes, siendo dirigentes y llamados a representar a sus compañeros de labores, experimentan el abuso y la persecución.
Siento que mi país ha perdido la capacidad de asombro. No recuerdo, desde Sebastián Acevedo -quien en la década de los ochenta se quemó a lo bonzo reclamando porque su hija estaba en manos de la CNI-, otro sacrificio acometido en pos de un objetivo tan noble como el que ha hecho ahora Marco Cuadra.
Espero que su sacrificio y su ejemplo sirvan para sensibilizar, particularmente a aquellos que creen que en este país las relaciones laborales y los sindicatos son parte de una pesada carga a la cual hay que oponerse.
La señora Mara Boy, esposa de Marco Cuadra, se ha referido en la prensa a la rabia contenida de este dirigente sindical, que reclamaba que hubiera baño en los terminales, que hubiera, por cierto, negociación colectiva con información, que reclamaba derechos sindicales que no eran respetados por su empresa.
Marco Cuadra va a ser, sin duda, un mártir de la clase trabajadora, del movimiento sindical chileno. Yo espero que ningún otro dirigente sindical, ningún trabajador de nuestra patria tenga que quemarse a lo bonzo, suicidarse, para llamar la atención de las autoridades sobre la condición de abuso que hoy algunos empleadores cargan sobre los trabajadores.
Lo digo, señor Presidente, porque cuando se discute el sueldo mínimo, se discute cómo generar un piso básico. ¡Es el piso! O sea, puede pagarse más. Si no existiera el sueldo mínimo, habría muchos que pagarían menos de su monto. El sueldo mínimo da una base.
Quiero recordar a las bancadas de enfrente que su candidata presidencial, Evelyn Matthei, cuando era Senadora afirmaba que no debía existir sueldo mínimo, que era innecesario, que, en definitiva, la remuneración debía ser fijada por el mercado.
¡Así le fue en la elección presidencial!
Porque está claro que el ingreso mínimo es un mecanismo de protección de los trabajadores.
Algunos se preguntarán por qué es el Parlamento el que tiene que fijarlo, por qué no son los trabajadores, en acuerdo con sus empleadores, a través de mecanismos constitucionales como la negociación colectiva, los que lo determinan.
No lo fijan ellos porque ese es un derecho constitucional ejercido por no más del 7 u 8 por ciento. El 92 por ciento de los trabajadores de mi país no puede negociar colectivamente, y los que pueden, tienen que hacerlo como los empleados de Habitat: protestando ahí, en el centro de Santiago, o como los trabajadores de Cruz Verde, bajo la ignominia de la persecución y la expulsión de sus puestos de trabajo y, particularmente, del reemplazo.
Yo quiero felicitar a la Ministra señora Blanco, y también a Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT, por el fin del reemplazo, al objeto de hacer efectivo el derecho a la huelga, elemento esencial para que los derechos de los trabajadores sean realmente respetados, en acuerdo con los empleadores, y para que esta discusión sobre el sueldo mínimo, que es una base, tenga cierto sentido.
Quiero expresar además, señor Presidente, que esta es una discusión compleja para nosotros. No podemos subir el monto pactado. Y, si votáramos en contra, se mantendría el sueldo anterior. Costaría explicarles eso a los trabajadores, que alegan: "¡Cómo nos van a subir diez mil, quince mil pesos!". Y a veces hemos subido cinco o un par de lucas.
Si no aprobáramos el proyecto, que podría no gustarnos por el monto, se mantendría el sueldo anterior.
Y quiero destacar lo que ha manifestado la Presidenta de la CUT. Aquí, en 18 meses, habrá un aumento de 40 mil pesos. El 1° de enero de 2016 habremos sumado 40 mil pesos, y tendremos los 250 mil pesos que planteara el Obispo Goic allá por el año 2007.
¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente.
Si uno extrapolara a plata actual los 250 mil pesos propuestos por Goic, serían 320 mil. Por lo tanto, el 1° de enero de 2016, cuando se completen los 250 mil, aún va a existir una brecha enorme para nivelar a condiciones básicas de sobrevivencia.
Entiendo que en este tema existe un acuerdo entre la CUT, el Gobierno y los empresarios, que son los que dan empleo en Chile, o al menos entre los dos primeros.
Pero los trabajadores públicos no tienen negociación colectiva, señora Ministra.
Paradójicamente, no se encuentra el Senador Larraín, pero se ha presentado un proyecto con los colegas García Ruminot, Orpis, Pérez Varela y Patricio Walker para poder dar negociación colectiva a los funcionarios del Estado. Yo espero que este Gobierno -un Gobierno de la Nueva Mayoría, que tiene el deber moral de tener sensibilidad- pueda avanzar en dar capacidad legal de negociación colectiva a los servidores públicos.
Ese es un desafío que debe ser incorporado a la agenda, porque se trata de una discriminación que además viola recomendaciones de la propia OIT y los convenios 87 y 98, sobre trabajo decente y derecho a sindicalización.
Voy a votar a favor de esta alza del sueldo mínimo, pero no porque efectivamente crea que con 225 mil pesos un trabajador chileno y una familia pueden sobrevivir.
Quiero señalar que en el camino de otorgar mayor dignidad vamos a ir por el fin al lucro, con el objeto de que ningún padre tenga que pagar de su bolsillo, como lo hacen hoy cientos de miles de familias, para tener acceso a educación.
Lo mismo con la reforma tributaria que estamos llevando adelante, espero que con mínimos cambios, a fin de que se cumpla nuestra ya un tanto adolorida consigna de que "el corazón no se toca". ¡Vamos a ver! No he escuchado el informe del Ministro Arenas respecto de lo que ha sido el proceso de negociación. Espero que no nos quedemos solo con el alma de la reforma tributaria, cuando defendíamos el corazón. ¡Pero eso lo vamos a saber en las próximas horas!
Efectivamente, es necesario un llamado de la CUT, de la Ministra, de este Congreso, a los empleadores. Vienen momentos difíciles en la economía, vienen momentos duros.
Yo espero que en el Presupuesto, si el mundo privado y la economía se constriñen a aquellas actividades que legítimamente desarrollan empleo, ojalá haya más inversión pública, para que no sean los trabajadores los que tengan que pagar los vaivenes de la economía.
Es posible que tengamos un crecimiento magro, cercano al 2,5 por ciento, o inferior, que no es, por cierto, el que tuvo el Presidente Piñera los primeros años. Pero es una tendencia a la baja que viene desde el año 2010. No es responsabilidad de este Gobierno ni de la reforma tributaria; es una tendencia económica y macroeconómica que ya existía.
Voto a favor, señor Presidente, diciéndoles a los trabajadores que nada se ha conseguido sin lucha. Tengo la convicción de que la posibilidad de seguir aumentando el sueldo mínimo, de elevar los 250 mil, de continuar subiendo a condiciones dignas, será motivo de afán, de movilización, de ejercicio efectivo de los derechos bajo todas las formas de lucha, espero que no como la que dio Marco Cuadra, pero sí a través de la movilización, que es totalmente legítima.
¡Y matrimonio igualitario¿!
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Jorge Pizarro pueda reemplazarme temporalmente en la testera.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer, para fundamentar su voto.
Señor Presidente, estoy un poco sorprendida, porque parece que es verdad el dicho que señala "otra cosa es con guitarra". Creo que una de las cosas importantes en política es la consecuencia -ser consecuente con lo que uno cree, con las convicciones que tiene-, pero también la forma en que uno actúa en política.
Y a mí me llama profundamente la atención que las bancadas de enfrente, que el año pasado votaron en contra de un alza del sueldo mínimo que era bastante, pero bastante más elevada que la que se propone en esta oportunidad, ahora digan que hay que votar a favor porque, de lo contrario, el monto del ingreso mínimo será menor. Y bueno, eso el año pasado era igual. Entonces, no sé cuál es la diferencia. No entiendo la diferencia entre el año pasado y este.
Ahora se señala que la situación económica es distinta, que viene a la baja.
Bueno, pero el responsable de cómo se dan las señales políticas y económicas en un país es el Gobierno. El 2013, en forma majadera, se planteó si era posible realmente vivir con el sueldo mínimo, si este era suficiente. Pues bien, yo hago la misma pregunta este año: ¿es posible vivir adecuadamente con 225 mil pesos? Yo creo que no, y pienso que la discusión es exactamente la misma que la del año pasado. Me parece que a la política le hace mal cuando nosotros cambiamos de discurso dependiendo de si el que habita en La Moneda es de nuestro mismo bloque o es de uno diferente.
Estimo que la consecuencia en política es muy importante, porque significa responsabilidad con el país. Se ha dicho mucho, señor Presidente, que la actual Oposición es una oposición que no quiere ayudar, que le dice a todo que no. Y yo veo una Oposición completamente distinta.
Nosotros podríamos ser tremendamente demagógicos y populistas y decir ahora que vamos a votar en contra del salario mínimo, porque la verdad es que no se puede vivir con su monto. Y estaríamos en una posición superbuena para salir en las radios y pronunciar discursos diciendo que "en realidad, no se puede vivir así, que este Gobierno es egoísta y no siente cómo viven los trabajadores con el sueldo mínimo".
Lo cierto es que eso sería bastante fácil, señor Presidente. Pero no deseamos hacerlo, porque somos una Oposición responsable que quiere apoyar a Chile, más allá de respaldar las decisiones que toma el Ejecutivo.
En momentos en que votamos a favor de una iniciativa del Gobierno, respecto a la cual probablemente para nosotros sería mucho más fácil pronunciarnos en contra y salir en todos los canales de televisión despotricando contra la actual Administración diciendo que el salario mínimo es muy bajo, es importante tener presente que estamos siendo responsables.
¡Y vaya que lo somos! Recién el 2016 se va a llegar a los 250 mil pesos que se pedían el año pasado. ¿Y por qué? Porque ahora se afirma que ese incremento afecta el empleo. ¿Y el año pasado no era así? ¡Era exactamente igual!
En consecuencia, pido un poco de conciencia con el país, y también con la política, pues, si cada vez que nos cambiamos de silla modificamos nuestro discurso, la gente terminará no entendiendo nada. La verdad es que ni siquiera se vive bien con 250 mil pesos, cantidad a la que se llegará recién el 2016.
El 2007 -como recordaba el Senador Navarro- se habló de un salario ético de 250 mil pesos. ¡El 2007! Han pasado bastantes años y el Gobierno plantea que recién el 2016 se entregará esa cifra.
¿Entonces, esto depende solo de la voluntad del Ejecutivo? Yo podría decir que sí, que la actual Administración no siente la situación de los trabajadores, quienes tienen que vivir con ese pequeño salario. Pero sabemos que hay otros efectos. Insisto: nosotros hacemos una oposición tremendamente responsable. ¡Y espero -lo señalo por su intermedio, señor Presidente- que los dos Secretarios de Estado que en este momento hablan por teléfono se acuerden de esto¿!
Ministra, los estamos apoyando, y para nosotros sería bastante más fácil manifestar que "esto es poco", porque lo es. Quisiéramos más, sí. No obstante, entendemos que el empleo, que está bajando, es tomado en cuenta por el Ejecutivo. Ahora, no entiendo por qué esto era distinto el año pasado.
Eso no debemos olvidarlo: cuando uno está en el Gobierno o en la Oposición, siempre debe ser responsable, y no solamente pararse al lado y "bailar con la bonita", sino también ser consecuente y decir que el año pasado la Nueva Mayoría, que ahora es Gobierno y antes Oposición, votó en contra de un aumento harto más grande que el que ahora se propone. Y, si mal no recuerdo, llegamos incluso hasta el veto.
Sin embargo, hoy día les estamos entregando nuestro voto a favor, pues somos responsables. ¡Somos una Oposición responsable! No somos una Oposición que niega la sal y el agua, sino una con la que se puede trabajar, e incluso conversar temas en los cuales no concordamos, como ocurrió la semana pasada con el proyecto que establece la figura del interventor educacional para las universidades. Respecto de esto también nos hallamos dispuestos a dialogar.
En verdad, parece que "otra cosa es con guitarra", porque para las bancadas de enfrente el año pasado un aumento de 10 mil u 8 mil 500 pesos reales era poco, en circunstancias de que ahora un incremento de 3 mil 660 pesos es bueno. ¡No lo entiendo! No sé por qué el año pasado 10 mil pesos resultaban insuficientes y ahora se acepta un poco más de 3 mil. No lo comprendo, excepto si "otra cosa es con guitarra" y que cuando uno está en el Gobierno tiene que ser responsable.
Las Administraciones van cambiando, y espero que después nos acordemos, a raíz de la discusión del proyecto de ingreso mínimo de todos los años, que cuando la Nueva Mayoría estaba en el poder votó a favor de este aumento, y lo celebró.
Entiendo lo que dice la Ministra: quizás se pusieron otras cosas sobre la mesa. No obstante, el salario mínimo es el salario mínimo, y este hoy día solo se eleva en 3 mil 660 pesos, ¡3 mil 660 pesos reales! Así es.
Está bien, nosotros votaremos a favor de esta iniciativa porque entendemos que hay una dificultad con el empleo en el país. Y una de las mejores formas de que dispongamos de movilidad social es que exista trabajo.
Por cierto, percibimos que hoy día el Gobierno tiene un problema con las señales que envía a la economía. Él es responsable por lo que pasa en Chile, y nosotros lo vamos a apoyar. Pero el próximo año, el que viene o en cinco años más no debemos olvidar que algunas veces las bancadas de este lado asumen la responsabilidad de gobernar y que después les toca a las bancadas de enfrente, y así, sucesivamente.
Siempre tenemos que ser consecuentes y responsables, y no rasgar vestiduras porque se es Oposición, para después, cuando se esté en el poder, darse cuenta de que en realidad el incremento que se pedía no era factible.
Reitero: hemos de ser siempre responsables, señor Presidente. ¡Y porque somos una Oposición responsable, votamos a favor del proyecto, aunque quizás sería más fácil decir que "3 mil 660 pesos reales es poco"!
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a la Ministra del Trabajo y al ex Senador y Ministro de Justicia, quienes nos acompañan en esta sesión.
En seguida, me gustaría no solo complementar lo que planteó la Senadora Ena von Baer, sino también traer a colación una situación que hemos conversado en este Senado desde hace bastantes años y que analizamos en el Gobierno pasado, junto con el Senador Zaldívar.
Se trata del aporte que entrega el Estado a las asignaciones familiares.
En este proyecto observo que, en verdad, los trabajadores que tengan a sus hijos y a su cónyuge como cargas, o a otras, recibirán un exiguo aumento. Por ejemplo, las personas cuyo ingreso mensual supere los 236 mil 94 pesos y no exceda los 344 mil 840 percibirán 5 mil 672 pesos por carga, y quienes ganen más de 344 mil 840 pesos y no sobrepasen los 537 mil 834 obtendrán 1.793 pesos por carga, a contar del 1 de julio de 2014.
Lo planteé el año pasado y lo vuelvo a hacer hoy día: en todas partes el kilo de pan está sobre los mil pesos. Entonces, debemos analizar profundamente lo relativo al incremento que propone hacer el Estado a las asignaciones familiares.
Por eso, si estamos llegando a acuerdo en la reforma tributaria en temas muy importantes, fundamentalmente en lo educacional, es preciso señalar que hay que apoyar a las familias con más cargas. No puedo dejar de llamar la atención por ello a la señora Ministra, a quien le deseo el mayor de los éxitos en su labor, porque es una mujer que ha realizado un esfuerzo muy grande, desde hace muchos años, especialmente en Paz Ciudadana, advirtiendo sobre los problemas existentes en nuestro país. Y lo mismo le deseo a nuestro excolega y hoy Ministro de Justicia, quien igualmente estuvo a cargo de esa Cartera en un período anterior.
No obstante, además, quiero pedirles su apoyo en esto.
Aquí se ha hablado del sueldo mínimo. ¡Perfecto! Ojalá que este experimente el mayor incremento y que ello no afecte el empleo. Sin embargo, las cifras indican, por ejemplo, que el año 2015 quienes ganen sobre 369 mil 362 pesos sin exceder de 576 mil 80 pesos recibirán 1.920 pesos por carga. ¡Perdónenme! Esto lo debemos analizar.
Una persona que percibe 369 mil pesos mensuales no es rica, ni mucho menos, como tampoco de clase media. Muchas veces se trata de alguien vulnerable. Y, por lo tanto, decirle que el Estado lo va a ayudar con 1.920 pesos por carga, la que el año 2016 subirá a 1.992 pesos -o sea, 70 pesos-, es algo con lo que no estoy de acuerdo. Sé que hay que cuidar los equilibrios económicos, que deben existir los recursos, que es importante que el país siga creciendo. Pero creo que en ello el Estado se encuentra al debe, y precisamos ver de qué manera podemos generar los recursos suficientes para mejorar las asignaciones familiares, sobre todo de quienes tienen más necesidades, porque los que ganan sobre 537 mil pesos no reciben aportes por cargas familiares.
Hago un llamado al Gobierno respecto a una materia en la que creo que todos estaremos de acuerdo: debemos buscar los recursos para apoyar a las personas con más hijos y mayores necesidades. Así que voy a votar favorablemente esta iniciativa.
No deseo entrar en una discusión que ya se ha dado como corresponde. El año pasado hubo que llegar a un veto, sin embargo, se dio un reajuste bastante mayor: 8,8 por ciento. Este año se ofrece 7,1, e igual incremento para el próximo año, ¡pero el 2016 baja a 3,7 por ciento! Los Ministros de Hacienda tendrán sus razones para ello. La UDI aprobará el reajuste del ingreso mínimo mensual. Nunca dejamos de hacerlo, ¡nunca!, tanto en los Gobiernos de la Concertación como en la Administración del Presidente Piñera. No obstante, formulo un especial llamado de atención: busquemos la manera de obtener los dineros necesarios a efectos de incrementar las asignaciones familiares de las personas más vulnerables de nuestro país.
Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite. Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Se deja constancia de la intención de voto positivo del Senador señor De Urresti.
Damos las gracias a la señora Ministra del Trabajo, y también a los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes nos han acompañado durante esta tarde.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales (boletín N° 9.333-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión Mixta constituida conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República, con el que propone la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología; Fonoaudiología; Enfermería; Obstetricia y Puericultura; Nutrición y Dietética; Tecnología Médica, y Terapia Ocupacional (boletín N° 3.849-04) (con urgencia calificada de "simple").
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso regalmentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Hacienda, dándole a conocer antecedentes a fin de que entregue información sobre EFECTOS DE REFORMA TRIBUTARIA EN MATERIA DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS. Del señor DE URRESTI:
A la señoras Ministras de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social y al señor Superintendente de Seguridad Social, requiriéndoles informar acerca de CANTIDAD DE MUJERES QUE PIERDEN DERECHO A CUOTA MORTUORIA AL OPTAR A PENSIÓN SOLIDARIA, Y MEDIDAS DESTINADAS A ELIMINAR ESA INCOMPATIBILIDAD. A la señora Ministra de Desarrollo Social, para que entregue antecedentes en cuanto a CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS POR PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA OSORNO. Al señor Ministro de Justicia, con el objeto de consultar por INSTALACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL CREADOS EN CONTEXTO DE LEY N° 20.554, EN ESPECIAL LOS DE CORRAL Y MÁFIL. Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole antecedentes acerca de MEDIDAS ADOPTADAS POR MOP PARA MANTENER Y MEJORAR CAMINO EN SECTOR MOLCO, COMUNA DE VALDIVIA. A los señores Ministro de Obras Públicas, Alcalde de Valdivia y Superintendente del Medio Ambiente, para que remitan antecedentes relativos a PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, DESDE 2012, EN RIBERA DE RÍO SAN PEDRO. Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole informar sobre ACCIONES DE DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE BATERÍA EN FUERTE NIEBLA, COMUNA DE VALDIVIA. A la señora Ministra de Salud, para que remita antecedentes sobre SITUACIÓN DE DON DONATO RODAS GALLARDO, CUYA LICENCIA MÉDICA FUE RECHAZADA POR COMPIN, EN COMUNA DE VALDIVIA. Al señor Superintendente del Medio Ambiente, solicitándole enviar resultados de FISCALIZACIONES A CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA OSORNO. Al señor Director del Servicio de Evaluación Ambiental, pidiéndole información relativa a EXISTENCIA DE RESOLUCIÓN O PERMISO AMBIENTAL PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN SECTOR MOLCO, COMUNA DE VALDIVIA y sobre PROYECTOS CON IMPACTO EN SITIOS DE SIGNIFICADO CULTURAL PARA PUEBLOS ORIGINARIOS. Al señor Director Nacional de la CONADI, preguntándole si hubo CUMPLIMIENTO DE CONVENIO 169 DE OIT EN PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA OSORNO. Al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, solicitándole informar sobre ACCIONES DESTINADAS A PROTEGER ÁREA DE BATERÍA EN FUERTE NIEBLA, COMUNA DE VALDIVIA, Y SOBRE ETAPA DE DECLARACIÓN DE DICHO MONUMENTO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Y al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, pidiéndole indicar PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE SITIOS CEREMONIALES DE PUEBLOS INDÍGENAS APLICABLE DURANTE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
A la señoras Directora Nacional y Directora Zonal Centro Norte de FONASA, requiriéndoles estudiar AUMENTO DE CUPOS PARA PROGRAMAS DE FERTILIDAD EN REGIÓN DE VALPARAÍSO.
--Se levantó la sesión a las 18:48.