Source: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2017/02/13/decreto-de-urgencia-003-2017-continuidad-de-proyectos-de-inversion-y-pago-de-reparacion-civil-en-casos-de-corrupcion/
Timestamp: 2017-11-17 23:09:39
Document Index: 340863693

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 176']

Decreto de Urgencia 003-2017 Continuidad de Proyectos de Inversión y pago de reparación civil en casos de corrupción – TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
Club Grau, Piura. Febrero 2017
Decreto de Urgencia Nº 003-2017 que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas que eviten la aralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes.
(ii) Entes Jurídicos: son fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de personería
jurídica. Para estos efectos, no califican como Entes Jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de pensiones.
(v) Subsidiaria: es, con respecto a una Persona: (a) toda persona jurídica de cuyas acciones representativas del capital social o participaciones sociales es propietaria en todo o en al menos el cincuenta por ciento (50%), ya sea directamente o a través de otra Subsidiaria y;
(b) toda persona jurídica sobre la cual ejerce Control, así como sus Subsidiarias.
4.2 Cualquier persona que realice la adquisición de bienes, derechos, acciones o valores a los que se refiere el numeral 4.1. precedente, sin seguir previamente el procedimiento y realizar el depósito previstos en el numeral 6.2 del artículo 6 del presente Decreto de Urgencia, así como cualquier sucesivo adquirente de dichos bienes, derechos, acciones o valores, serán responsables solidarios con las personas a las que se refiere el artículo 2 por el pago de la reparación civil que corresponda efectuar a favor del Estado. Asimismo,
quedarán inhabilitados para contratar con el Estado conforme al artículo 11 de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
Las entidades del Estado, directamente o través de una empresa supervisora, deberán asegurar que los recursos que sean transferidos a los concesionarios o contratistas se destinen exclusivamente a garantizar la continuidad, oportuna ejecución y/u operatividad de las obras de infraestructura y la prestación de los servicios públicos. Facúltese excepcionalmente a las entidades del Estado para contratar directamente el servicio de supervisión para fines de lo dispuesto en este párrafo, no siendo aplicable los artículos 5, 22 y 27 de la Ley No.30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias.
6.1 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará o celebrará los actos y contratos que sean necesarios para el establecimiento de un fideicomiso, denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación – FIRR”, administrado por el Banco de la Nación, cuya finalidad sea recaudar y servir el pago de las reparaciones civiles que correspondan al Estado. El patrimonio fideicometido estará conformado por los fondos a que se refiere el artículo 5 y por aquellos que resulten de lo dispuesto en el numeral 6.2 siguiente.
En los casos en que sea necesario realizar transferencias por concepto de pago de deuda de
acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú, de titularidad de las personas a las que se refiere el artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas, conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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