Source: https://imperiord.com/jurisprudencias/tag/investigacion-legal/
Timestamp: 2017-12-18 03:22:49
Document Index: 225152705

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investigacion legal Archives - Jurisprudencias Dominicanas
Tag: investigacion legal
Difamación e Injuria. Prensa escrita. Espacio pagado aprobado por el Director del periódico que se queja de la difamación. Responsabilidad en cascada.
Considerando, que la Ley No. 6132 de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, bajo la rúbrica “De las personas responsables y crímenes y delitos cometidos por vía de la prensa”, determina el orden de las responsabilidades penales, precisando su artículo 46, quién es autor principal, el artículo 47, quién es cómplice y el artículo 48, a quién corresponde la responsabilidad civil, en los casos previstos y sancionados por esta ley, perpetrados por medio de la prensa escrita; que en ese orden el artículo 46 de la ley señalada, lo que se ha venido denominando “el régimen de la responsabilidad en cascada”, como autores principales de los delitos que esa ley prevé, a los directores de publicaciones o editores cualesquiera que san sus profesiones o denominaciones, y los sustitutos de los directores; a falta de estos, los autores; a falta de los autores, los impresores; y a falta de los impresores, los vendedores, distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los fijadores de carteles; que por su parte, el artículo 47 de la ley dispone que cuando los directores o sus sustitutos, o los editores sean puestos en causa, los autores serán perseguidos como cómplices; que en el caso que se juzga, como ha quedado establecido por estudio de las piezas del expediente y en la instrucción de la causa, el director del medio a través del cual se hizo la publicación, Miguel Antonio Franjul Bucarelly, no obstante ocupar el primer lugar en la escala, no fue puesto en causa, no obstante su condición de tal, asumiendo en cambio en la presente litis la posición de querellante y parte agraviada constituida en parte civil;
Considerando, que es un hecho incontestable que Miguel Antonio Franjul Bucarelly, querellante, es persona ampliamente conocida y que reside en Santo Domingo, República Dominicana; que en esta materia, cuando el director de la publicación o el editor es conocido y reside en el país, él asume necesariamente la responsabilidad principal de los delitos de prensa cuando ocurren en el medio que dirige, ya que el régimen de la responsabilidad en cascada que organiza la ley se detiene en él, y esa responsabilidad principal se mantiene igualmente aunque no haya sido puesto en causa o haya evadido la persecución, de lo que resulta que la responsabilidad subsidiaria, como la de los autores e impresores, no encuentra aplicación más que a su falta, es decir, si él es desconocido, lo que no ocurre en la especie;
Considerando, que como en el presente caso el querellante, constituido en parte civil, era al mismo tiempo el director de la publicación o medio (Listín Diario) donde se produjo la inserción de la carta de contenido alegadamente difamatorio y que fue sometido a libre discusión de las partes, se hace imperativo examinar, previo a toda otra consideración, el hecho imputado en sí mismo con el fin de determinar si la actuación del prevenido configura el tipo delictual previsto y sancionado por la Ley No. 6132 de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en cuya violación se ampara el querellante para mover la persecución contra el Secretario Moya Pons;
Considerando, que, en efecto, se ha establecido tanto en doctrina como en jurisprudencia, que las infracciones ligadas a los escritos, documentos y mensajes dados a la publicidad, susceptibles de comprometer la responsabilidad de sus autores, resultante de la violación a la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, requieren para su materialización la reunión de dos elementos constitutivos comunes básicos: la publicidad y la intención culpable, el primero, como elemento material, y el segundo, como elemento moral; que de éstos, la publicación es incontestablemente el elemento constitutivo esencial de las infracciones ligadas al contenido de la comunicación al punto de que es criterio unánimemente admitido de que es ella (la publicación) lo que constituye la infracción; que establecido por la Ley No. 6132 el régimen de la responsabilidad en cascada, como se ha visto antes, y siendo ampliamente conocida y residente en el país la persona que fungía de director del medio en que se hizo la publicación, el Secretario Moya Pons, autor de la carta, no podía, como lo ha sido, ser perseguido como autor principal de la infracción definida en la citada ley de 1962;
Considerando, que el hecho de que el legislador estableciera el régimen particular de responsabilidad determinado por el artículo 46 de la Ley No. 6132 y haya atribuido la calidad de autor principal del delito de difamación, en primer término, al director de la publicación donde se ha hecho público un documento o escrito estimado difamatorio, debe interpretarse en el sentido de que siempre está a cargo del referido director, el deber de supervigilar y verificar todo lo que aparece en el periódico o publicación, a fin de evitar que en su medio de prensa se publiquen noticias, reportajes, declaraciones, anuncios o documentos cuyo contenido ataquen o lesionen el honor o la consideración de las personas; que como contrapartida de esa obligación, el director detenta el derecho de rehusar la solicitud de inserción de una publicidad, si la considera difamatoria, salvo el caso de los documentos a que se refieren los artículos 44 y 45 de la ley, en que no asume el director responsabilidad del hecho de su contenido, lo que no hizo al consentir la publicación; que, por consiguiente, admitir que el director de un periódico pueda válidamente querellarse y constituirse en parte civil contra el autor de una carta que éste le ha dirigido y que ha sido hecha pública en el periódico que él dirige y con su autorización, bajo el alegato de que personalmente se siente difamado por el contenido de la misiva, sería aceptar que alguien asuma en un caso la inconciliable condición de ser autor principal de un delito de prensa y parte agraviada al mismo tiempo; que a pesar de que la publicación fue autorizada en los diarios El Caribe, Hoy y Diario Libre, tales publicaciones, como ya se ha dicho, sólo la aparecida en el Listín Diario fue objeto de discusión en el plenario, por lo que la insertada en los otros tres medios no pueden ser retenidas como motivación dado que ningún juez puede fundar su decisión más que sobre las pruebas que le son aportadas en el curso de los debates y contradictoriamente discutidas ante él; que, en consecuencia, la publicación aparecida en la prensa escrita (Listín Diario) en la cual se hacen declaraciones alegadamente difamatorias contra Miguel Antonio Franjul Bucarelly, independientemente de que puedan o no constituir un atentado al honor o a la consideración del ex director del Listín Diario, no puede caracterizar el delito de difamación e injuria previsto en el artículo 29 de la Ley No. 6132, atribuido al prevenido (Pleno, 22 de octubre del 2003 No. 21, B.J. No. 1115, páginas 189- 192).
Categories Materia Penal	Tags abogado, articulo legal, ataque o lesione el honor, consulta legal, difamacion e injuria, director de un periódico, estudiante de derecho, expresión y difusión del pensamiento, informacion legal, investigacion legal, jurisprudencia, jurisprudencia de difamacion, jurisprudencia sobre injuria, jurisprundencias, ley 6132 de 1962, prensa escrita, responsabilidad de los medios de comunicacion, responsabilidad del periodicos
BOLETIN JUDICIAL No. 1166, AÑO 98, VOLUMEN I, ENERO 2008
DESDE LA PAGINA NUMERO 61 HASTA 181
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 1
Medios Invocados: Primer medio: Falta de estatuir; Segundo medio: Violación al artículo 18 del Reglamento General; Tercer medio: Desnaturalización de los hechos; Cuarto medio: Contradicción de motivos” (sic);
Análisis: La presente sentencia en síntesis se desarrolla el ámbito de la cobertura del seguro al momento de ocurrir un incendio (Farmacia), y la Suprema Corte de Justicia manifiesta que el hecho que un negocio este asegurado, la obligación del mismo es hasta el daño causado, es decir, el seguro no se puede ver como un medio lucrativo, y que se debe cumplir con lo establecido en articulo 8 del Reglamento General para la aplicación de la Ley sobre Seguros Privados.
Considerando , que, como se puede advertir en la sentencia atacada y en el expediente que le sirve de fundamento, la entidad aseguradora en mención, ahora recurrente, adujo por ante la jurisdicción de alzada que el asegurado “no probó de manera inequívoca que la pérdida sufrida a causa del referido siniestro fue de RD$6,000,000.00, y que la función y la naturaleza de todo seguro establecido de acuerdo a la Ley 146/2002, es total y absolutamente compensatorio, no lucrativo, de ahí la importancia de la función del técnico ajustador, para determinar cual es el valor compensatorio correspondiente a los bienes perdidos fruto de un hecho previsto por la ley”;
…cuando se produce el siniestro, está obligada la aseguradora a pagar el capital asegurado”, obviando indebidamente el principio jurídico que gobierna el contrato de seguro de cosas, como lo es el seguro contra incendio, según el cual la finalidad de ese contrato está dirigida a reparar el daño causado por el riesgo contratado, por tratarse de un “contrato de indemnización”, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia del país originario de nuestra legislación, sin que el asegurado pueda en ningún caso, bajo pretexto alguno, obtener una indemnización superior a la pérdida que ha experimentado… Casada dicha sentencia.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 2
Demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo
Medios Invocados: Primer medio: Violación del derecho de defensa; Segundo medio: Condena del abogado sin ser parte”;
Análisis: Se trata de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo, y la parte recurrida propuso ante la Honorable Corte Suprema que dicho recurso fue interpuesto fuera del plazo, pero que dicha Corte contrario a lo planteado por la recurrida entendió que dicho recurso fue realizado en los plazos de ley, pero que lamentablemente el intimante o recurrente no compareció para presentar sus conclusiones, lo que motivo el descargo puro y simple en beneficio de la recurrida.
Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los motivos en los que fundamentó su recurso de apelación, se pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como ocurrió en la especie, sin que el juez esté en ese caso en la obligación de examinar los agravios que se atribuyen a la sentencia apelada;
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en evidencia que el recurrente no compareció a la audiencia celebrada por la Corte a-qua a sostener su recurso; que la Corte a-qua al descargar pura y simplemente a la parte recurrida del recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que, en tales condiciones, el presente recurso de casación no puede ser examinado y, por tanto, debe ser desestimado.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 3
Demanda civil en reparación de daños y perjuicios
Medios Invocados: Primer medio: Violación y desnaturalización del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil Dominicano.- Segundo medio: Violación y desnaturalización del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil Dominicano (sic).- Tercer medio: Violación del derecho de defensa. Desnaturalización del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil Dominicano.- Cuarto medio: Violación del derecho de defensa. Desnaturalización del artículo 156, parte in-fine, del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Violación de los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 834 de fecha 15 de julio del año 1978.- Base legal: Art. 156 del Código de Procedimiento Civil Dominicano (sic).- Quinto medio: Violación del derecho de defensa. Invocación de los artículos 16, 1315, 14 del Código Civil Dominicano y las leyes 834 y 845 del 15 de julio del año 1978 y no desarrollar cada uno de los medios invocados (sic).- Sexto medio: Violación de los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley No. 834 del 15 de julio de 1978.- Violación del derecho de defensa.- Séptimo medio: Violación del derecho de defensa.- Violación de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 512-2000, dictada en fecha 19 de abril del año 2002” (sic);
Análisis: Que los medios planteados por el recurrente, reunidos para su estudio por estar íntimamente vinculados, y algunos de ellos ser una mera repetición de otros, se refieren en esencia a que “la Corte a-qua desnaturaliza el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, al entender que es lo mismo una sentencia dictada en defecto que una sentencia contradictoria o reputada contradictoria, y lo ha violado cuando le agrega una condición sine qua non de que, para que la sentencia pueda ser considerada como no pronunciada.
Veamos lo que establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil (Mod por la Ley No. 845 del 15 de julio de 1978). Toda sentencia por defecto, lo mismo que toda sentencia reputada contradictoria por aplicación de la ley, será notificada por un alguacil comisionado a este efecto, sea en la sentencia, sea por un auto del presidente del tribunal que ha dictado la sentencia.
La notificación deberá hacerse en los seis meses de haberse obtenido la sentencia, a falta de lo cual la sentencia se reputará como no pronunciada. Dicha notificación deberá, a pena de nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo 157 o del plazo de apelación previsto en el artículo 443, según sea el caso.
En caso de perención de la sentencia, el procedimiento no podrá ser renovado sino por una nueva notificación del emplazamiento primitivo. El demandado será descargado de las costas del primer procedimiento.
Es por eso que la Honorable Suprema establece en uno de sus considerando de la sentencia que analizamos lo siguiente: …”que la sentencia apelada, dice la Corte a-qua, “no fue dada en defecto de una de las partes ni es reputada contradictoria por la ley, sino que es una decisión eminentemente contradictoria, según se desprende de su contenido…”,
…la intención del legislador al establecer dicha perención está evidentemente dirigida a evitar la obtención de una sentencia en ausencia de una de las partes litigantes que pudo haber obedecido, dicha incomparecencia, a causas extrañas a su voluntad, en cuyo evento podría resultar afectado su derecho de defensa…Rechazado el recurso.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 4
Demanda en regulación de visitas
Medios Invocados: Primer medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo medio: Irregularidad en la constitución de la Corte a-qua: Juez no presente en la audiencia de sustanciación; Tercer medio: Falta de base legal;
Análisis: En la lectura de la presente sentencia se pudo constatar que la recurrente y su esposo, el hoy recurrido, han venido sosteniendo disputas personales después de su separación respecto de la guarda de los niños y sus bienes patrimoniales. Que aparentemente, la Corte se limitó a evaluar la violencia en su aspecto físico y a sustentar, sobre esa base insuficiente, su decisión;
… que la hoy recurrente no aportó prueba documental directa de los hechos de violencia del hoy recurrido, esta facultad depende de que los jueces del fondo motiven suficientemente los hechos que la llevaron a una determinada apreciación de la prueba…
Considerando , que el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene su origen en la doctrina sobre los derechos humanos; que como principio garantista de estos derechos, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados de su posible incumplimiento, y su colisión con los derechos de los adultos, por lo que es preciso ponderar estos derechos en conflicto, y en ese sentido, siempre deberá adoptarse la medida que asegure al máximo la satisfacción de estos derechos y su menor restricción y riesgo; que es de importancia capital la relación familiar mediante el contacto directo de ambos padres, lo que constituye uno de los ejes fundamentales de la aludida Convención Internacional;
Considerando , que por otra parte, ha sido juzgado que las medidas prescritas en una sentencia que regula el régimen de visitas, no tienen en razón de su naturaleza intrínseca, un carácter definitivo, pudiendo dichas medidas ser nuevamente evaluadas por los jueces de fondo, atendiendo las circunstancias del caso, y en este sentido, a pesar de que la Corte procedió a ponderar los hechos y circunstancias de la causa, esta Corte de Casación considera que otro tribunal de fondo debe ponderarlas con mayor profundidad y disponer las medidas que fueren pertinentes a esos fines, en consideración de que siempre debe primar el interés superior del niño;
Considerando, que en tal virtud procede acoger los medios primero y tercero, y casar la sentencia impugnada, sin que sea necesario ponderar el segundo medio de casación.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 5
Demanda Civil en resciliación de contrato de inquilinato, cobro de alquileres y desalojo
Medio Invocado: “Desnaturalización de los hechos de la causa, violación a la ley, artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, lesión al derecho de defensa e insuficiencia de motivos” (sic);
Análisis: Se trata de algo que frecuenta mucho en algunos tribunales de acuerdo con el sentir de muchos abogados en el ejercicio de su carrera, y es que se trata de una alegada notificación en el aire, que el acto cuestionado tiene irregularidades evidentes.
… el criterio jurisprudencial establecido por nuestra Suprema Corte de Justicia de que las notificaciones de los alguaciles constituyen actos auténticos que, como tales, sólo pueden ser impugnados mediante el procedimiento de inscripción en falsedad…, lo cual no hizo la parte intimante en el presente caso”…
… está supeditada a la prueba del agravio que le causa la misma al accionante, lo que no ha ocurrido en la especie, es preciso reconocer y convenir con el Tribunal a-quo, que las enunciaciones incursas en un acto de alguacil, es decir, no hay nulidad sin agravios. Rechazado el recurso.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 6
Demanda en nulidad de contrato de venta
Medios Invocados: Primer medio: Falta de base legal; Segundo medio: Falta de motivos.
Análisis: Que la recurrente en sus medios invocados no logró demostrar que la Corte haya faltado a estos principios…que, como se ha visto, dicha Corte no ha incurrido en los vicios denunciados por el recurrente en su memorial, exponiendo en la sentencia impugnada una motivación suficiente y pertinente lo que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia verificar que en la especie la ley ha sido bien aplicada.
…que para fundamentar su decisión la Corte a-qua sostuvo que el recurrido no había demostrado su calidad de esposo de la vendedora mediante el depósito del acta correspondiente; que tampoco había probado bajo cual régimen estarían casados por lo que en tales condiciones carecía de calidad para actuar en el presente caso, por no haber podido demostrar si se encontraba amparado por un interés legítimo, requisito indispensable para actuar en justicia;
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 7
Demanda en reparación de daños y perjuicios
Único Medio: Violación al derecho de defensa y al principio de igualdad entre las partes;
Análisis: Aquí vemos qué ocurre cuando un intimante (apelante o recurrente) no comparece, como es el caso analizado aquí claramente, veamos:
Considerando, que en la sentencia impugnada consta que en la audiencia pública celebrada por la Corte a-qua el 21 de julio de 2006, no compareció la parte intimante ni su abogado constituido a formular sus conclusiones, no obstante haber quedado legalmente citada por dicha Corte mediante sentencia in-voce dictada el 12 de mayo de 2006, por lo que la recurrida concluyó solicitando el “defecto contra la parte recurrente por no concluir, y el descargo puro y simple del recurso de apelación”;
Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los motivos en lo que fundamentó su recurso de apelación, se pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como ocurrió en la especie, sin que el juez esté en ese caso en la obligación de examinar la sentencia apelada;
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en evidencia que la parte recurrente no compareció a la audiencia celebrada por la Corte a-qua a sostener su recurso; que la Corte a-qua al descargar pura y simplemente a la parte recurrida compañía Nestle Dominicana, S. A. del recurso de apelación interpuesto por Henry Ramón Acosta Medina, hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que, en tales condiciones, el presente recurso de casación carece de fundamento y debe ser desestimado.
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2008, No. 8
Demanda en restitución de inmuebles confiscados
Único: “Violación al inciso 13 y literal h), del artículo 8, de la Constitución de la República Dominicana” (sic);
Análisis: Que, como se puede apreciar en el fallo criticado, la Corte a-qua pudo verificar de manera clara y precisa que el inmueble objeto de la restitución perseguida en la especie por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) jamás estuvo confiscado al amparo de la Ley núm. 5924, de fecha 26 de mayo de 1962, sobre Confiscación General de Bienes, por cuanto si bien el mismo fue adquirido el 10 de agosto de 1955 por María Martínez de Trujillo, cónyuge del tirano Rafael Trujillo Molina, en fecha 9 de diciembre del mismo año 1955, por decisión del Tribunal Superior de Tierras, fue restituido a sus propietarios originales, con todas sus consecuencias legales, descartando dicha Corte que pudiera acontecer la confiscación prevista en la señalada Ley 5924. Rechazado el recurso.
SENTENCIA DEL 23 DE ENERO DEL 2008, No. 9
Demanda en cobro de alquileres y desalojo
Medios Invocados: Primer medio: Incompetencia; Segundo medio: Violación de la ley; Tercer medio: Exceso de poder; Cuarto medio: Violación de la ley y abuso de poder y al derecho de defensa; Quinto medio: Desnaturalización que origina la falta de base legal; Sexto medio: Falta de motivación;
Análisis: Todos los medios que fueron planteado por el recurrente la Suprema lo valoró pero, con resultado infructuoso para el recurrente veamos que al contestarle la Suprema en algunos considerando aquí señalados. Que en el desarrollo de su primer medio de casación la parte recurrente alega en síntesis, que los demandantes hoy recurridos pretenden que se ordene el desalojo por una causa distinta a las establecidas en la ley pues se ha demandado ante el Juzgado de Paz el desalojo del señor Jesús Miguel Sánchez por no haber pagado éste supuestamente desde el año 2000 el aumento del diez por ciento del precio de alquiler, en violación al artículo 1ro. párrafo 2 del Código de Procedimiento Civil, pues el juzgado de paz solo es competente cuando la demanda se basa en la falta del pago total del alquiler, por lo que el asunto debió ser conocido por primera vez ante el tribunal de primer grado y no conocerlo este como tribunal de apelación;
… Que en su cuarto medio de casación el recurrente sostiene que la demandante no cumplió con uno de los requisitos indispensables para el conocimiento de la demanda que es el depósito de la certificación de declaración del catastro nacional lo que constituye un medio de inadmisión que aunque no fue presentado al tribunal este debió ponderarlo por tratarse de una formalidad de orden público;
…que en su sexto medio de casación la parte recurrente alega que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes que justifiquen las razones por las cuales el Tribunal a-quo tomó tan desacertada decisión, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada;
Considerando, que contrario a lo afirmado por el recurrente en su sexto medio de casación, el Tribunal a-quo, al confirmar la sentencia por ante el impugnada lo hace mediante una motivación suficiente y pertinente, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que en tal virtud, procede desestimar por infundado el presente medio y con ello, el recurso de casación de que se trata.
SENTENCIA DEL 23 DE ENERO DEL 2008, No. 10
Medios Invocados: “Único: Insuficiencia de motivos y falta de base legal”.
Análisis: La presente sentencia declara inadmisible el recurso de casación por no cumplir con los requisitos necesarios para interponer el mismo en virtud del Art. 5 de la Ley de Procedimiento de Casación.
…que de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley sobre procedimiento de Casación a el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia;
… que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable que el recurrente desarrolle, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo funda que explique en qué consiste las violaciones de la ley y los principios jurídicos invocados;
… que en el presente caso el recurrente no ha motivado, ni explicado en que consiste las violaciones de la ley, limitándose a invocar la “insuficiencia de motivos y la falta de base legal por no tomarse en cuenta declaraciones de la parte demandada en la solicitud de designación de un tasador” lo que constituye una motivación insuficiente que no satisface las exigencias de la ley, por lo que el recurso de casación de que se trata debe ser declarado inadmisible;
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 11
Medios invocados: Primer medio: violación al artículo 1315 del Código Civil; Segundo medio: Motivaciones erróneas en la sentencia;
Análisis: Que en su primer medio de casación la recurrente alega en síntesis, que ella pidió de manera incidental que se ordenara una comparecencia personal de las partes a fin de probar que el bien objeto de la litis pertenecía a la comunidad de bienes que existió entre éste y la Sra. Mencia Luna; que al negársele la posibilidad de probar que el inmueble de que se trata era de la comunidad y no un bien reservados como sostiene la sra. Luna, la Corte a-qua incurre en la violación de los artículos 1315 y 223 del Código Civil; que con dicha medida se pretendía probar que el inmueble fue comprado a crédito, pagando cuota mensual y no precisamente por la sra. Luna;
Contestando al primer medio planteado: que contrario a lo indicado por la parte recurrente, la Corte a-qua no incurrió en la violación por ella denunciada, toda vez que, como se ha visto el pedimento de comparecencia personal de las partes fue ponderado debidamente por la Corte a-qua, la que dio motivos pertinentes en relación con el rechazo de las conclusiones del recurrente en ese sentido; que entra dentro del poder soberano de los jueces del fondo, el apreciar la procedencia o no de la medida de instrucción solicitada y los jueces no incurren en vicio alguno ni lesionan con ello el derecho de las partes cuando aprecian, con los documentos del proceso y los elementos de convicción sometidos al debate, que es innecesaria y frustratoria la medida propuesta, razón por la cual procede rechazar el medio de casación examinado;
Además contrario a lo indicado por la parte recurrente, la Corte a-qua procedió a enumerar, en los motivos del fallo, las pruebas documentales aportadas al debate, en las que se basó para formar su convicción, determinando correctamente las mismas, pues como se ha visto, pudo comprobar de tales documentos, que el bien objeto del litigio si correspondía a un bien reservado de la señora Mencia Luna Luna;
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 12
Demanda en nulidad y resolución de contrato
Medios Invocados: La parte recurrente no identifica ningún medio de casación,
Análisis: a que en su memorial la parte recurrente no identifica ningún medio de casación, aunque en los agravios denunciados en el mismo, solicita la casación de la sentencia impugnada bajo el entendido de que el tribunal competente para conocer de un asunto no deja de serlo por existir en el contrato una cláusula compromisoria; que negarse a impartir justicia bajo el argumento de que existe un preliminar de conciliación y arbitraje convencional que no se le ha dado cumplimiento, sería simplemente desechar los tribunales de derecho común y dejar a entidades extrajudiciales, si poder para ello, la anulación o rescisión del contrato; que el arbitraje o conciliación no anula ni rescinde contrato, simplemente tiene facultad sobre la ejecución, implementación e interpretación del contrato, en tal sentido le queda atribución a los tribunales de derecho común cualquier tipo de demanda como es el caso de la especie;
…Que sobre lo antes expuesto ha sido juzgado, que cuando las partes han convenido someterse al arbitraje, éste tiene lugar, no obstante el rechazo o abstención de una de ellas para participar en éste bajo el alegato de incompetencia; que en ese sentido, la cláusula arbitral con que dicho contrato ha sido grabado mantiene su vigencia para todos los inconvenientes que surjan con la ejecución del mismo, a menos que ambas partes por un común acuerdo hayan decidido dar competencia a la jurisdicción ordinaria, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que al confirmar la Corte a-qua la sentencia dictada por el juez de primer grado donde éste declara su incompetencia para decidir sobre la demanda de que se trata, en virtud de la existencia de la cláusula arbitral invocada por la parte recurrida, actuó conforme a derecho, sin incurrir en las violación denunciada por la parte recurrente, por lo que el recurso de casación que examina carece de fundamento y debe ser desestimada.
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 13
Demanda en cobro de pesos y validez de embargo conservatorio
Que la parte recurrente en su memorial no propone ningún medio de casación y en los alegatos expuestos, señala, que la Corte a-quo no se pronunció sobre el fondo del proceso
Análisis: Que la parte recurrente en su memorial no propone ningún medio de casación y en los alegatos expuestos, señala, que la Corte a-quo no se pronunció sobre el fondo del proceso, sino declarando de oficio que el acto núm. 034-2001 del Ministerial Jorge Luis Espinal, alguacil Ordinario del Tribunal Especial de Tránsito núm. 3, del Municipio de Santiago, no fue notificado a la parte recurrida, sino al bufete del abogado constituido y apoderado especial de los hoy recurridos; que la Corte a-qua cometió un error visual sobre dicho acto, porque el referido acto contiene los traslados requeridos por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil; que la Corte no podía de oficio declarar nulo el acto en razón de que la parte recurrida no invocó el medio de inadmision previsto en el artículo 456, antes indicado, sino que por el contrario ésta concluyó al fondo;
…que según el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, “el acto de apelación contendrá emplazamiento en los términos de la ley a la persona intimada, y deberá notificarse a dicha persona o en su domicilio, bajo pena de nulidad”; que en el caso de la especie, las formalidades requeridas por la ley para interponer el recurso de apelación no han sido sustituidas por otras ni omitidas, puesto que es indudable que el aludido acto de apelación núm. 034-2001, notificado el 28 de marzo del 2001 por el ministerial Jorge Luis Espinal, Alguacil Ordinario del Tribunal Especial de Tránsito núm. 3, del Municipio de Santiago a requerimiento de la actual recurrente, fue hecho en forma regular en razón de haberse dirigido el alguacil en primer lugar al destinatario del acto, cumpliendo éste con las formalidades previstas en el señalado artículo 456 del Código de Procedimiento Civil; que evidentemente, al decidir la Corte a-qua, la nulidad de oficio y sin efecto jurídico del recurso de apelación, violó lo dispuesto por el artículo 456, antes indicado, por lo que procede acoger los alegatos expresados por la parte recurrente en su memorial de casación y casar la sentencia impugnada. Casa la sentencia.
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 14
Medios Invocados: Falta de Base legal; Segundo medio: Violación al derecho de defensa;
Análisis: Que para analizar a cabalidad los méritos de los vicios denunciados, es menester establecer, en primer término, las situaciones ligadas al caso de la especie destacándose los siguientes hechos: 1.- que en fecha 4 de junio de 1999, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña, acogió la demanda en partición de bienes que incoara Mónica Paniagua contra Rafael Castillo; 2.- que en fecha 13 de julio de 1999, por acto núm. 43, instrumentado por el ministerial Ernesto de la Rosa, Alguacil de Estrados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña, Rafael Castillo Ramírez interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 4 de junio de 1999; 3.- que en fecha 22 de noviembre de 1999, la Corte a-qua dictó la sentencia núm. 319-99-00071, la cual entre otras cosas, declaró nula y sin ningún efecto jurídico la sentencia No. 13 del 4 de junio de 1999, antes descrita, avoco al conocimiento del fondo del proceso y fijo audiencia para el para el día 29 de noviembre del 1999 …; 4.- que una vez apoderada la Corte a-qua del fondo del proceso, dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación;
La Suprema analizó y como quiera rechazó el recurso.
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 15
Medios Invocados: “Primer medio: Violación a los artículos 174, 192, 197 y 199 de la Ley 1542 sobre Registro de Tierras; Segundo medio: Violación al artículo 715 del Código de Procedimiento Civil; Tercer medio: Motivos erróneos; Cuarto medio: Falta de ponderación de documentos y consecuentemente falta de base legal; Quinto medio: Violación al derecho de defensa y consecuentemente, al artículo 8, letra j de la Constitución de la República Dominicana”;
Análisis: Que para cumplir el voto de la ley no basta indicar en el memorial de casación la violación de un principio jurídico o de un texto legal, sino que es preciso que se indiquen las razones por las cuales la sentencia impugnada ha desconocido ese principio o violado ese texto legal; que, en ese orden, la parte recurrente debe articular un razonamiento jurídico atendible, que permita determinar a la Suprema Corte de Justicia si en el caso ha habido o no violación a la ley;
La Suprema establece que el recurrente se ha limitado a hacer una exposición incongruente de los hechos y una critica de conjunto de la sentencia impugnada haciendo citas de violaciones muy generales contenidas en dicha sentencia pero sobre todo, exponiendo su criterio de como debería ser el procedimiento de transcripción de una hipoteca y los actos de embargos y denuncias, pero sin precisar ningún agravio determinado, ni señalar a la Suprema Corte de Justicia, como era su deber, cuales puntos, conclusiones o argumentos de sus conclusiones no fueron respondidos de manera expresa por la Corte a-qua, o cuales piezas o documentos no fueron examinados ni en que parte de la sentencia se han cometido las violaciones denunciadas, no conteniendo el memorial una exposición o desarrollo ponderable de los medios propuestos, lo que hace imposible que la Suprema Corte de Justicia actuando como Corte de Casación pueda examinar el presente recurso; Rechazado el recurso.
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 16
Medios Invocados: Primer Medio: Violación al efecto devolutivo de la apelación y al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (falta de motivación); Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Falta de ponderación de los documentos esenciales para la solución del caso; Tercer Medio: Errónea interpretación del artículo 312 del Código Civil; Cuarto Medio: Omisión de estatuir; violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil;
Análisis: Que en su primer medio de casación que se examina en primer término por convenir así en la solución del caso, la recurrente alega en síntesis, que la Corte a-qua, se limita a revocar la sentencia recurrida y a compensar las costas sin decidir sobre el fondo de la demanda en reconocimiento judicial, violando con ello el principio del efecto devolutivo de la apelación, en cuya virtud el proceso se transporta íntegramente del juez del primer grado al tribunal de segundo grado; que, al fallar en la forma indicada, la Corte a-qua violó además al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil por haber omitido estatuir sobre las conclusiones formales esgrimidas por la parte apelada, hoy recurrente;
Que en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, el proceso es transferido íntegramente del tribunal de primer grado al tribunal de segundo grado, en el que vuelven a ser debatidas las mismas cuestiones de hecho y de derecho dirimidas por el primer juez excepto cuando el recurso tenga un alcance limitado, que no es el caso; que por efecto de la obligación que corresponde a la Corte de alzada, de resolver todo lo concerniente al proceso en las mismas condiciones en que lo hizo el juez de primer grado dicho tribunal de segundo grado no puede limitar su decisión a revocar o anular la sentencia de aquel pura y simplemente, sin examinar ni juzgar la demanda original en toda su extensión; que en el presente caso, la Corte se limitó en su decisión a anular la sentencia apelada, sin proceder a examinar la demanda introductiva y consecuentemente, a estatuir sobre el fondo del asunto, en aplicación del principio del efecto devolutivo del recurso, como era su deber; que la Corte a-qua, al actuar en esa forma, incurrió en la violación del aludido principio; que en tal virtud procede acoger el primer medio de casación, y casar la sentencia recurrida, sin necesidad de ponderar los demás medios de casación. Casada.
SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2008, No. 17
Medios Invocados: “Primer medio: Violación de los artículos 1134, 1315 y 1605 del Código Civil Dominicano; Segundo medio: Falta de motivo y de base legal (violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil);
Análisis: Violación al procedimiento de Casación, rechazado el recurso, veamos:
Considerando , que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone que el recurso de casación debe interponerse por medio de un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que se impugna;
Considerando , que del examen del expediente se advierte que el recurrente, junto al memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó, como lo requiere el texto legal arriba indicado, copia auténtica de la sentencia impugnada, condición indispensable para la admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe una copia simple no certificada, así como fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no admisible, en principio, como medio de prueba; que, en consecuencia, tales ejemplares del fallo alegadamente atacado no constituyen la copia auténtica a que alude la ley de casación, por lo que el presente recurso resulta inadmisible;
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Casación. Motivos de las sentencias. Apartado 5to. del artículo 23 de la Ley de Casación.
Considerando, que en conocimiento de esa situación, la corte a-qua no podía declarar que el referido fallo había adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pues era la Suprema Corte de Justicia, la que debía ponderar los méritos del recurso de casación y decidir sobre su procedencia o no; que mientras no sucediera una decisión de la Corte de Casación al respecto, la Corte a-qua, tenía que reconocer que la sentencia de la referencia había sido impugnada, lo que le impedía dar al asunto la característica de juzgado irrevocablemente, ni autorizar la entrega de los valores retenidos, en vista de que sí bien las sentencias de los juzgados de trabajo son ejecutorias al tercer día de su notificación, al tenor del artículo 539 del Código de Trabajo a los fines de los embargos retentivos, para que el tercer embargado se obligue a entregar directamente los valores embargados al ejecutante, es necesario además, que esta sea irrevocable (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tri- butar io, 18 de septiembre de 1999).
Casación. Medio de orden público. Artículo 141 de la Ley 834 de 1978.
Considerando, que si bien es cierto que la jurisdicción de envío puede fundamentar su fallo en los medios de pruebas presentados al tribunal que dictó la sentencia casada, es a condición de que los mismos sean aportados al examen y ponderación de los jueces que conocerán nuevamente del recurso, para formar su criterio, lo que no se advierte haya ocurrido en la especie, en vista de que el tribunal menciona la ponderación realizada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, sin dejar constancia de que él haya ponderado la prueba que le fue aportada (Cámaras Reunidas, 20 de junio del 2001; B. J. 1087. Pág. 17).
Casación. Tribunal de envío. Poderes. Alegato de inadmisibilidad.
Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que “en los cinco días que sigan al depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”;
Considerando, que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente recurso, se verifica que el Memorial de Casación fue depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago el 8 de julio de 1997 y notificado a los recurridos el 23 de julio del mismo año, cuando había transcurrido un plazo mayor al de los cinco días que prescribe el referido artículo 643;
Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el capítulo de dicho Código que trata del Recurso de Casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que al no haber en el nuevo Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la caducidad del recurso de Casación cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 643 del referido Código, debe aplicarse el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de noviembre de 1966, que dispone “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio” (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 20 de mayo de 1998; B. J. 1050. Págs. 500-501).
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Beneficios de una empresa. Artículo 494 del Código de Trabajo. Deber de los jueces.
Considerando, que para una mejor substanciación del proceso, la Corte debió recurrir a las disposiciones del artículo 494 del Código de Trabajo, que concede facultad, a los tribunales de trabajo, para solicitar “a las oficinas públicas, asociaciones de empleadores y de trabajadores y de cualesquiera personas en general, todos los datos e informaciones que tengan relación con los asuntos que cursen en ellos”, para obtener de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, los datos y referencias necesarios que le permitieran determinar si la recurrente obtuvo beneficios, y el alcance de la participación en la distribución de estos que correspondía a cada trabajador; que al no hacerlo dejó la sentencia carente de base legal, razón por la cual debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás medios de recurso (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 24 de junio de 1998; B.J. 1051. Págs. 496-497).
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Apelación. Forma de la apelación. Artículo 621 del Código de Trabajo.
Considerando, que si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los motivos en los que fundamenta su recurso de apelación, se pronunciará en su contra el descargo puro y simple de su recurso, si dicho descargo es solicitado en la audiencia por conclusiones del intimado, como ocurrió en la especie, sin que el juez esté en la obligación de examinar la sentencia apelada;
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone en evidencia que el recurrente no compareció a la audiencia celebrada por ante la Corte a-qua a sostener su recurso; que la Corte a-qua, al descargar pura y simplemente a los recurridos Ismael David Ovalles Martínez, José Ovalles Martínez y Arcadio Rafael Ovalles Martínez, del recurso de apelación interpuesto por Ramón Ovalles Martínez, hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que en tales condiciones el recurso interpuesto carece de fundamento y debe ser desestimado (Cámara Civil, 16 de mayo del 2001; B. J. 1086. Pág. 140).
Apelación. Incidentes. Efecto no suspensivo. Ley 3723 del 29 de diciembre de 1953.
Que la exigencia del escrito o declaración formulada por ante la Secretaría de la Corte competente tiene por finalidad facilitar el cumplimiento del procedimiento establecido en grado de apelación, el cual otorga al secretario del tribunal un papel activo que le obliga enviar copia del escrito contentivo de la declaración a la parte adversa, como una manera de garantizar la seguridad en la recepción del recurso al intimado, a fin de que organice su defensa y la exponga en un escrito que deberá ser depositado en la Secretaría de la Corte. Que por tales razones la notificación de un acto de alguacil no suple la exigencia del escrito o declaración que formulan los artículos 621 y 622, aludidos, por lo que no puede constituirse en un recurso de apelación frente a la precisión de las disposiciones de los indicados artículos y la razón de ser del escrito o declaración. Que las disposiciones del artículo 486 del Código de Trabajo, en el sentido de que ningún acto de procedimiento será nulo por vicio de forma, en materia de trabajo, es inaplicable en la especie, por tratarse no de la falta de una mención substancial o del cumplimiento de una formalidad, sino de la no realización de una actuación que es la que constituye el recurso de apelación, por lo que al declarar inadmisible dicho recurso, la Corte a-qua actuó de acuerdo a la ley (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tribu- tario, 26 de noviembre de 1997; B.J. 1044. Págs. 289-290).
Apelación. Límite de la facultad del juez laboral.
(Ver: Referimiento. Violación Artículo 141 de la Ley No. 834 de 1978. Cámara Civil, 16 de mayo del 2001; B. J. 1086. Págs. 145-146).
Apelación. Plazo. Fallo reservado para una fecha determinada. Punto de partida.
Considerando, que si bien la sentencia impugnada contiene una motivación errónea para declarar admisible el recurso de apelación intentado por la actual recurrida, al considerar que el período de vacaciones judiciales no se computa en los plazos procesales, la decisión tomada es correcta en razón de que por mandato del artículo 495 del Código de Trabajo, los días no laborables no son computables en los plazos para las actuaciones en materia laboral, habiendo sido ejercido el recurso de apelación de que se trata dentro del plazo de un mes franco que establece el artículo 621 del Código de Trabajo, ya que en el período del 20 de diciembre de 1996 al 30 de enero de 1997, hubo diez días no laborables, venciendo en consecuencia el plazo para la apelación el día 31 de enero del 1997 (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 25 de noviembre de 1998; B. J. 1056. Pág. 643).
Apelación. Punto de partida del plazo. Notificación.
Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica que la misma fue dictada el 24 de abril de 1997, en presencia de las partes, al tratarse de una sentencia in-voce producida en el curso de la audiencia pública que en esa fecha era celebrada por la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional;
Considerando, que al ser dictada en presencia de las partes, el plazo para la interposición del correspondiente recurso comenzaba a correr desde el mismo día de la fecha de la sentencia; que al depositarse el escrito contentivo del recurso de casación, en la Secretaría del tribunal que dictó dicha sentencia, el 26 de junio de 1997, el mismo deviene en tardío al haberse vencido en esa fecha el plazo de un mes que establece el referido artículo 641 del Código de Trabajo para el ejercicio del recurso de casación en materia laboral, razón por la cual el mismo debe ser declarado inadmisible por extemporáneo (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 9 de septiembre de 1998; B. J. 1054. Pág. 569).
Apelación. No depósito de sentencia recurrida y del acto de apelación.
Considerando, que tal como se indica más arriba, la sentencia que ordenó el envío ante la Corte a-qua, precisó que aunque se diera una calificación distinta a la dada a la terminación del contrato de trabajo por el demandante, el tribunal debía analizar las reclamaciones formuladas por éste y acoger las que correspondieran al desahucio, pero dentro del ámbito de sus conclusiones, por lo que, como el demandante no solicitó esas condenaciones ni en el acto de la demanda, ni en las conclusiones presentadas antes de producirse la sentencia de envío, el Tribunal a-quo no podía favorecerlo con las mismas;
Considerando, que al no haber sido pronunciadas esas condenaciones por el tribunal de primer grado, ni impugnado ese aspecto por el demandante a través de su recurso de apelación incidental, la Corte a-qua agravó la situación del apelante principal al imponerle una obligación no contemplada en la sentencia por él recurrida de manera principal y general, lo que es violatoria a las reglas de la apelación, pues a pesar de que el juez laboral puede fallar ultra y extra petita, esa facultad está limitada al juzgado de primera instancia, razón por la cual la sentencia debe ser casada en cuanto a ese aspecto, por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada pendiente de solución (Pleno, 19 de enero del 2000; B. J. 1070. Págs. 48-49).
Apelación. Aspecto nuevo invocado en casación.
Considerando, que la racionalidad de la ley queda manifestada en el complemento que para el cumplimiento de la exigencia del artículo 539 del Código de Trabajo, establece el artículo 667 de dicho código, al disponer que “El presidente de la corte puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes”, lo que deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación de una fianza, en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer requerimiento, a partir de que la sentencia sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, mediante auto dictado por el Presidente de la Corte, cuyas condiciones y regulaciones deben ser fijadas por el juez de los referimientos para evitar que se produzca un daño irreparable, pero a la vez garantizar que la finalidad del artículo 539 no sea burlada;
Considerando, que al no ser el artículo 539 del Código de Trabajo, contrario a ninguna norma o principio constitucional, el Juez a-quo estaba en la obligación de observar sus disposiciones, exigiendo a la parte que pretendía la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Trabajo, de que el duplo de la condenación, se hiciere a través del depósito de una fianza, como se ha indicado más arriba, salvo que la misma demostrara que dicha sentencia adolecía de una nulidad evidente o incurrido en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, en cuyos casos puede, el juez de referimiento, ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, sin necesidad del depósito del referido duplo (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 18 de agosto de 1999; B. J. 1065. Págs. 671-672).
Apelación. Competencia de la Suprema Corte de Justicia. Impugnación no apelación.
Considerando, que en la especie la comparecencia personal fue ordenada de oficio por el juez de primera instancia para dar la oportunidad a ambas partes para que presentaran sus medios de pruebas, para poner el asunto en condiciones de ser fallado; que al no ser dirigida específicamente en interés de una de las partes sino de ambas, es evidente que la misma se trata de una sentencia preparatoria, resultando correcta la decisión del Tribunal a-quo al declarar inadmisible el recurso de apelación incoado contra ella, pues las sentencia de esa naturaleza sólo pueden ser recurridas conjuntamente con la decisión que decida el fondo del asunto, algo que no había sucedido en el momento en que se elevó el referido recurso de apelación (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 3 de marzo de 1999; B. J. 1061. Pág. 606).
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