Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/r2-an-l13-2003.html
Timestamp: 2020-03-30 04:59:54
Document Index: 75526558

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 53', 'Artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 72', 'Artículo 74', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'Artículo 87', 'artículo 92', 'Artículo 93', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 18', 'artículo 51']

Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Una juez da 24 horas a Justicia y Fiscalía para proveer de material sanitario a los fiscales
El auto llama a la Administración a garantizar la seguridad del personal fiscal en actuaciones 'in situ' ...
24 de marzo de 2020
Los colegios de abogados se resisten a perdonar cuotas por la crisis del coronavirus
Madrid opta por retrasar el pago de los meses de marzo, abril o mayo, pero no por perdonar la deuda. El Colegio de Álava, en cambio, condona a sus letrados el cien por cien de la deuda del semestre. ...
Sanidad implementa un protocolo de aislamiento para residencias de mayores
Análisis de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasiona ...
El TSJ Castilla y León no valida la intervención de residencias de ancianos por la Junta en base a un borrador de ley
El TSJ recuerda que solo la autoridad administrativa competente puede acordar esas medidas, no los jueces. ...
El seguro no tiene obligación de cubrir el atropello de una conductora por su propio coche tras aparcar en pendiente
La Audiencia Provincial de Teruel ha revocado una sentencia de instancia en este sentido y ha aceptado que el siniestro es un hecho de conducción por ser una parada de tránsito y que la conductora cre&oa ...
Dos condenados en Tenerife por quebrantar el confinamiento
En uno de los casos la persona que recorría las calles sin justificación llegó a agredir a los agentes que intentaban identificarle. Ambos infractores tendrán que abonar multas por desobedi ...
El CGPJ acuerda incorporar a los colegios de abogados a las comisiones de seguimiento de los Tribunales Superiores de Justicia
El Consejo General de la Abogacía Española designará a un único representante por cada territorio ...
El ICAM publica un protocolo para la asistencia letrada al detenido durante el estado de alarma
El ICAM aprueba un protocolo para preservar y garantizar el derecho a la salud de abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión. Salvaguardar la integridad física de los letrados es fundamental par ...
Los registros llaman a evitar los trámites presenciales, pero continúan abiertos
Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles aseguran que están perfectamente adaptados para evitar desplazaimentos ...
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
BOE núm. 86 de 28 de Marzo de 2020
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Resolución de 27 de febrero de 2020, del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2020 del Convenio Colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa, así como la corrección de las tablas salariales de 2017
Disposición: 27-02-2020 | | BOG núm 58 de 26-03-2020 | Vigente desde 01-01-2020 | Cód. Convenio: 20000295011981-2000295 | Vigente
Disposición: 27-02-2020 | Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial en Sevilla, de la Consejería de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, por la que se acuerda la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo para el sector de agencias de transportes - operadores de transportes de Sevilla para los años 2019-2022
Disposición: 28-10-2019 | | BOPSE núm 71 de 26-03-2020 | Vigente desde 01-01-2019 | Cód. Convenio: 41000055011981-4100055 | Vigente
Disposición: 28-10-2019 | Resolución de 9 de marzo, de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del acuerdo suscrito por la comisión negociadora del convenio colectivo de sector de Detallistas de ultramarinos y similares
Disposición: 09-03-2020 | | BOPVAL núm 58 de 25-03-2020 | Vigente desde 01-01-2020 | Cód. Convenio: 46000325011981-4600325 | Vigente
La protección del derecho fundamental a la propia imagen en las redes sociales y los límites a los usos realizados por terceros
Juan Ignacio Apoita Carvajal, Abogado, RodrÃ­guez Ramos, Penal & Compliance
Incidencia de la pandemia por coronavirus Sars-Cov (Covid-19) en los contratos de tracto sucesivo. Especial referencia a los contratos de arrendamiento y de financiación. Una interpelación a la ética y al sentido común
JosÃ© Salvador GimÃ©nez Ricarte , Abogado. Profesor de derecho mercantil de la Universidad CatÃ³lica de Valencia
Separación con hijos y cuarentena por coronavirus
Alberto GarcÃ­a CebriÃ¡n, abogado de familia
Webinar La contratación pública en el estado de alarma
[Webinar GRATUITO] Protección de la propiedad intelectual en Internet
28 de marzo de 2020 | Noticias
El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de prórroga del estado de alarma
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El Gobierno veta temporalmente los despidos motivados por el coronavirus
27 de marzo de 2020 | Jurisprudencia
COVID-19: el Parlamento aprueba las primeras medidas de apoyo de la UE
26 de marzo de 2020 | El sector legal
25 de marzo de 2020 | El sector legal
Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Publicado en BOJA núm. 251 de 31 de Diciembre de 2003 y BOE núm. 14 de 16 de Enero de 2004
Vigencia desde 01 de Marzo de 2004. Esta revisión vigente desde 16 de Septiembre de 2016
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS INFORMADORES DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 2 Actuación de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO II. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Artículo 4 Derechos de los consumidores
Artículo 5 Nulidad de actos y negocios contrarios a la presente Ley
CAPÍTULO III. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
Artículo 6 Seguridad de bienes y servicios
Artículo 7 Vigilancia, control e inspección de las Administraciones Públicas
Artículo 8 Bienes de primera necesidad y servicios esenciales
Artículo 9 Medidas de vigilancia especial
CAPÍTULO IV. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES
Artículo 10 Protección de los derechos e intereses de los consumidores
Artículo 11 Medidas de protección
Artículo 12 Sistemas de control e inspección
CAPÍTULO V. DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS
Artículo 13 Reparación de daños
Artículo 14 Promoción del derecho a la reparación de daños
Artículo 15 Arbitraje
CAPÍTULO VI. DERECHO DE INFORMACIÓN
Artículo 16 Medidas de protección de la información
Artículo 17 Obligación de facilitar información
Artículo 18 Obligación de disponer de libro de quejas y reclamaciones, de tramitar y contestar a las mismas
Artículo 19 Espacios en medios de comunicación
Artículo 20 Oficinas de información al consumidor
Artículo 21 Oficinas Municipales de Información al Consumidor
Artículo 22 Participación de las Diputaciones Provinciales
Artículo 23 Coordinación de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor
CAPÍTULO VII. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA FORMACIÓN
Artículo 24 Programas de educación y formación
Artículo 25 Educación en materia de consumo
Artículo 26 Programas de formación
CAPÍTULO VIII. DERECHO DE PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN Y AUDIENCIA
Artículo 27 Formación en medios de comunicación
Artículo 28 Organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 29 Consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios
Artículo 30 Condiciones para el acceso a beneficios
Artículo 31 Derechos de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 32 Deberes de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 33 Representación en órganos públicos de la Junta de Andalucía
Artículo 34 Trámite de audiencia a organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 35 Fomento de la colaboración
CAPÍTULO IX. SITUACIONES DE INFERIORIDAD
Artículo 36 Actuación frente a situaciones de inferioridad
Artículo 37 Medidas especiales ante los servicios de la sociedad de la información
CAPÍTULO X. ÓRGANOS DE CONSULTA, MEDIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Artículo 38 Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de Consumo
Artículo 39 Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
TÍTULO II. DISCIPLINA DE MERCADO Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Artículo 40 Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los consumidores
Artículo 41 Comunicación a otros órganos
CAPÍTULO II. CONTROL E INSPECCIÓN
Artículo 42 Inspecciones de las Administraciones Públicas con incidencia en Consumo
Artículo 43 Inspección de Consumo
Artículo 44 Organización y funcionamiento de la Inspección de Consumo
Artículo 45 Coordinación de los Servicios de la Inspección de Consumo
Artículo 46 La actividad inspectora de Consumo
Artículo 47 Facultades de la inspección y acceso a establecimientos y documentos
Artículo 48 Toma de muestras
Artículo 49 Colaboración con los Servicios de Inspección
Artículo 50 Deberes de los sujetos inspeccionados
Artículo 51 Actas de inspección
Artículo 52 Valor probatorio de las actas de inspección
Artículo 53 Análisis de muestras
Artículo 54 Entidades colaboradoras
Artículo 55 Realización de estudios y publicidad de sus resultados
Artículo 56 Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios
Artículo 57 Códigos de buenas prácticas
CAPÍTULO III. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PREVENTIVAS
Artículo 58 Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridad
Artículo 59 Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar la salud y seguridad de los consumidores
Artículo 60 Presunción de riesgo para la salud o seguridad
Artículo 61 Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar los intereses económicos y sociales de los consumidores
Artículo 62 Sujetos que pueden verse afectados por las medidas
Artículo 63 Comunicación a otras Administraciones Públicas y acción de cesación
Artículo 64 Procedimiento
Artículo 65 Colaboración en la ejecución de las medidas
Artículo 66 Requerimientos de subsanación
Artículo 67 Órganos competentes
Artículo 68 Medidas provisionales
Artículo 69 Vigencia de las medidas provisionales
Artículo 70 Comunicación de riesgos
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
SECCIÓN 1. Infracciones
Artículo 71 Tipos de infracciones
Artículo 72 Agravación de la calificación
SECCIÓN 2. Sanciones
Artículo 73 Tipos de sanciones
Artículo 74 Cuantía de las multas
Artículo 75 Amonestaciones
Artículo 76 Sanciones complementarias para infracciones graves y muy graves
Artículo 77 Comisos
Artículo 78 Comiso del beneficio
Artículo 79 Atenuantes y agravantes
Artículo 80 Tramos de las multas
Artículo 81 Reincidencia y reiteración
SECCIÓN 3. Responsables
Artículo 82 Autores
Artículo 83 Otros responsables
Artículo 84 Responsables solidarios
SECCIÓN 4. Concurso de infracciones y de normas
Artículo 85 Concurso de infracciones
Artículo 86 Prohibición de la doble sanción
SECCIÓN 5. Extinción de la responsabilidad
Artículo 87 Prescripción de las infracciones y caducidad del procedimiento
Artículo 88 Interrupción del plazo de prescripción
Artículo 89 Prescripción de las sanciones
Artículo 90 Responsabilidades en supuestos de extinción de personas jurídicas
SECCIÓN 6. Ejecución, efectos y condonación
Artículo 91 Ejecución de las sanciones
Artículo 92 Difusión de las sanciones y otras medidas sobre los infractores
Artículo 93 Multas coercitivas
SECCIÓN 7. Competencia sancionadora
Artículo 94 Órganos competentes en la Junta de Andalucía
Artículo 95 Órganos competentes en las Corporaciones locales
Artículo 96 Lugar de comisión de la infracción
TÍTULO III. DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Artículo 97 Competencias municipales
Artículo 98 Competencias de las Diputaciones
Artículo 99 Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo
Artículo 100 Planes sectoriales
Primera Registro Unificado de Infractores
Segunda Procedimiento sancionador
DISPOSICIÓN TRANSITORIA Régimen transitorio
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Normas derogadas
Primera Actualización de las cuantías de las sanciones
Segunda Desarrollo reglamentario
Tercera Entrada en vigor
L 3/2016 de 9 Jun. CA Andalucía (protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda)
Artículo 13 redactado por apartado uno de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 2 del artículo 47 redactado por apartado dos de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 3 del artículo 48 redactado por apartado tres de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 5 del artículo 53 introducido por apartado cuatro de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Artículo 68 redactado por apartado cinco de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 1.ª del número 4 del artículo 71 redactada por apartado seis de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 14.ª del número 4 del artículo 71 introducida por apartado seis de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 5 del artículo 71 redactado por apartado siete de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 2.ª del número 6 del artículo 71 redactada por apartado ocho de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 3.ª del número 6 del artículo 71 redactada por apartado ocho de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 3.ª del número 7 del artículo 71 redactada por apartado nueve de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 5.ª del número 7 del artículo 71 introducida por apartado nueve de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 10.ª del número 8 del artículo 71 introducida por apartado diez de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 11.ª del número 8 del artículo 71 introducida por apartado diez de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra 12.ª del número 8 del artículo 71 introducida por apartado diez de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 1 del artículo 72 redactado por apartado once de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra c) del número 3 del artículo 72 redactada por apartado once de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Artículo 74 redactado por apartado doce de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra f) del número 2 del artículo 79 introducida por apartado trece de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra g) del número 2 del artículo 79 introducida por apartado trece de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Letra c) del número 2 del artículo 79 redactada por apartado trece de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 3 del artículo 79 redactado por apartado trece de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Artículo 87 redactado por apartado catorce de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Número 1 del artículo 92 redactado por apartado quince de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
Artículo 93 redactado por apartado dieciséis de la disposición final segunda de L [ANDALUCÍA] 3/2016, 9 junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda («B.O.J.A.» 16 junio).
DL 16/2014 de 23 Dic. CA Andalucía (modifican L 13/2003 de 17 Dic, Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios y L 1/2014, 24 Jun. de Transparencia Pública y se establecen medidas del Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación)
Número 4 del artículo 15 introducido por apartado uno del artículo 1 de DL [ANDALUCÍA] 16/2014, 23 diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se establecen medidas en relación con el Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios («B.O.J.A.» 29 diciembre). Número 5 del artículo 15 introducido por apartado dos del artículo 1 de DL [ANDALUCÍA] 16/2014, 23 diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se establecen medidas en relación con el Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios («B.O.J.A.» 29 diciembre).
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«LEY DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA
La defensa y protección de los consumidores y usuarios es una pieza clave del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española cuya importancia social y política no cesa de aumentar. La propia Constitución, en su artículo 51, reconoce esta importancia, encomendando a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 18.1.6.ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y la legislación sobre defensa de la competencia, y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado. En el ejercicio de esta competencia, Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autónomas en aprobar su propia Ley en esta materia. La Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, ha sido una norma cuyos preceptos han enmarcado y guiado la actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía para hacer efectivo el principio rector de la política social y económica que consagra el artículo 51 de la Constitución.
No obstante, la evolución social habida desde entonces, tanto en las necesidades de la protección del consumidor como en la legislación que le afecta -incluida la producida por las instituciones comunitarias europeas-, y en la misma relación entre el Derecho estatal y el autonómico, hacen muy conveniente la aprobación de esta nueva Ley. Con esta perspectiva, respetando la competencia estatal sobre legislación civil y mercantil, se concretan ahora algunos de los derechos de los consumidores en las relaciones que surgen en el ámbito de las nuevas tecnologías y de los servicios de la sociedad de la información. Estas nuevas realidades también son tenidas en cuenta al regular la inspección, las infracciones y sanciones y las medidas administrativas no sancionadoras de protección, entendiendo que así se contribuye a clarificar la actuación de la Administración y a reforzar la posición de los consumidores en estos nuevos ámbitos.
Además, se regulan también en el nuevo texto ciertos aspectos de la actuación administrativa de defensa y protección de los consumidores. Se trata de materias que necesitan el rango de ley porque su contenido afecta a materias reservadas constitucionalmente a la Ley. Evidentemente es así en todo lo relativo a las infracciones y sanciones administrativas, pero igualmente deben regularse por ley las normas que habilitan a la Administración para adoptar medidas no sancionadoras que aseguren los intereses públicos de los consumidores y para realizar la inspección administrativa con esa misma finalidad.
Para abordar esta Ley se ha tenido en cuenta la dimensión supranacional que tiene el Derecho de los consumidores y usuarios y la existencia de una normativa comunitaria en esta materia, cada vez con mayor incidencia en un mercado de bienes y servicios que se ha globalizado y ha pasado a abarcar relaciones entre agentes económicos y consumidores impensables apenas hace unas décadas.
Las instituciones comunitarias han asumido que la política de los consumidores es un elemento esencial y prioritario para la consecución de la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha supuesto una copiosa producción normativa en la materia. Así, pueden destacarse numerosas normas comunitarias en materia de seguridad de los productos y protección de los consumidores, entre ellas las que se proyectan sobre la seguridad general de los productos, responsabilidad por productos defectuosos, sistemas de pago, comercialización a distancia de servicios financieros, pensiones, seguros e inversiones, ventas a domicilio, utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, viajes combinados, acciones de cesación, cooperación administrativa, etc. También se han aprobado disposiciones sobre la seguridad de los servicios y responsabilidad de los proveedores de servicios, y sobre la protección de los consumidores para la realización de compras seguras, comercio electrónico, servicios de interés general, prácticas comerciales leales, publicidad comparativa y engañosa, indicación de precios, cláusulas abusivas en los contratos, venta y garantías de los bienes de consumo, y ventas a distancia.
En cuanto a las cuestiones formales, se ha optado por la utilización del término consumidor para referirse tanto a los consumidores propiamente dichos como a los usuarios, ya que, aunque quizás se pudiera ensayar una distinción teórica entre ambas nociones, el régimen jurídico de protección que se les otorga es idéntico y su reiterada utilización a lo largo del texto haría su lectura más difícil sin aportar matices diferenciadores importantes. Únicamente se mantiene la referencia a consumidores y usuarios en la denominación de determinados órganos y en lo referente a las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
El objetivo de la Ley se concreta en la defensa y protección del consumidor a través de una mejora de la calidad de los bienes y servicios mediante un adecuado y efectivo control e inspección de éstos, garantizando a los ciudadanos una especial protección de los intereses económicos y sociales articulada a través de dos elementos básicos: la actuación de las Administraciones Públicas y el fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
El título I se ocupa de las disposiciones generales y de los principios informadores de los derechos de los consumidores. Su referente directo es la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios, de la que incluso se respeta la literalidad de gran parte de su articulado, con modificaciones de detalle que en nada afectan al fondo. El punto de partida lo constituye la proclamación de una serie de derechos básicos de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes: el derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, el derecho a la información y el derecho a la participación. Junto a estos derechos básicos se recogen otros que no son sino complemento o instrumento de aquellos: el derecho a la indemnización y reparación efectiva de daños, el derecho a la educación y formación y el derecho a la especial protección en situaciones de inferioridad.
A partir de ahí, los distintos capítulos en los que se divide el título I se ocupan del desarrollo de cada uno de estos derechos. No obstante, la concreción normativa de estos derechos no se agota en esta Ley, sino que hay que acudir más allá, a los desarrollos legislativos de otras materias cercanas o conexas, tales como la sanidad, seguridad industrial, turismo, espectáculos públicos, transportes, seguros o banca, que, junto a otros aspectos y quizás con diversa perspectiva, también regulan los derechos de los consumidores y sus medios de protección.
En cuanto al derecho a la protección de la salud y seguridad, el punto central de la regulación lo constituye la prohibición de que los bienes o servicios destinados a los consumidores representen un riesgo inaceptable para su salud y seguridad. Sin duda alguna, la noción de riesgo inaceptable es un complejo concepto jurídico indeterminado, que conlleva un cierto margen de apreciación por parte de los poderes públicos, pero se ha optado por esa denominación que es la empleada por la Unión Europea. El objetivo de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de los consumidores puede obligar a adoptar decisiones restrictivas de la comercialización de bienes o servicios en ámbitos donde exista una incertidumbre científica. Esta prohibición se complementa con un mandato a los poderes públicos de vigilancia, control e inspección de las correspondientes condiciones de seguridad y salubridad de bienes y servicios, debiendo prestarse una especial atención a los bienes de primera necesidad y los servicios esenciales, por su particular trascendencia.
En cuanto al derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, éste se plasma en multitud de preceptos. Especial trascendencia tiene en este ámbito lo relativo a la reparación efectiva de los daños ocasionados al consumidor, lo que explica que sea objeto de un capítulo específico. A este respecto, los dos instrumentos fundamentales son, por un lado, las acciones judiciales de responsabilidad civil que pueden ejercer los consumidores cuando se les ocasiona un daño, por otro, el arbitraje de consumo. No obstante, las competencias normativas sobre ambas materias corresponden al Estado, por lo que el texto se limita a remitir a esta legislación y a dirigir un mandato a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que éstos las favorezcan y fomenten.
Por su parte, el capítulo VI se ocupa del derecho a la información. En principio, éste es un derecho distinto a los dos anteriores, pero, en muchas ocasiones, se convierte en un mero medio o complemento, bien para garantizar la salud y seguridad de los consumidores, bien para proteger sus legítimos intereses económicos y sociales. Los medios a través de los que se pretende garantizar esta información a los consumidores son muy variados: desde el establecimiento de mandatos a los propios poderes públicos hasta la imposición a los sujetos responsables de la producción, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios del deber de informar veraz, suficiente y comprensiblemente a los consumidores sobre las características de los mismos. A este respecto, ha de destacarse la regulación que se contiene en el marco de la legislación europea y estatal de este deber en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información.
En cuanto al derecho de participación en los asuntos públicos, la Ley se centra en la que tiene lugar a través de las organizaciones o asociaciones de consumidores, que constituyen hoy en día una pieza clave en el sistema jurídico de protección al consumidor. Con este presupuesto, se regulan las condiciones que éstas tienen que cumplir para ser consideradas asociaciones u organizaciones de consumidores a todos los efectos previstos por la presente Ley, que van desde su derecho a formar parte de órganos tales como el Consejo Andaluz de Consumo o el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, pasando por su derecho a ejercer las acciones judiciales previstas por la legislación aplicable, hasta la facultad para recibir ayudas públicas. En este contexto, se ha considerado oportuno que el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, creado y regulado hasta ahora por normas reglamentarias, pase a tener reflejo en la Ley y, por tanto, una garantía legal de su existencia misma y configuración esencial como es más conveniente a su posición y funciones.
Dentro ya de la actuación administrativa de protección de los consumidores que se ha incluido en el título II, un aspecto capital es el del control e inspección. Esta actividad administrativa es imprescindible, no ya fundamentalmente para sancionar las infracciones a la normativa protectora de los consumidores y reaccionar ante las situaciones de riesgo con medidas no sancionadoras, sino, antes que todo eso, para evitar que se produzcan las infracciones y los riesgos. Por eso, el capítulo dedicado al control e inspección destaca que la actividad de inspección no ha de identificarse con la actividad previa y preordenada exclusivamente al procedimiento sancionador, sino que tiene otras funciones.
Esta Ley quiere una inspección con las potestades necesarias para cumplir su tarea, que respalden su actuación y cuenten con la colaboración de todos aquellos órganos administrativos cuya actividad pueda verse afectada, de alguna manera, por la actuación de la inspección de Consumo. Para la eficacia de su función es preciso contar con procedimientos de actuación que no impongan trámites gravosos ni dilaten temporalmente la adopción de las medidas procedentes para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Se ocupa también la Ley de algunos aspectos organizativos de la inspección. Entre las novedades a este respecto debe destacarse el relevante papel que ha de desempeñar la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, órgano interdepartamental que habrá de canalizar la coordinación y la colaboración entre distintas Consejerías y hasta de varios servicios de una misma Consejería.
La Ley, en el capítulo III del título II, presta especial atención a las potestades no sancionadoras de la Administración para evitar situaciones de riesgo para los derechos de los consumidores. De conformidad con lo establecido en el Derecho comunitario y en el Derecho estatal básico, se contemplan, desde luego, las situaciones de riesgo para la salud y seguridad que puedan derivar de bienes, regulando la actuación que deben desarrollar en tales supuestos las Administraciones de la Comunidad Autónoma. Pero se prevén también en esta Ley potestades ante las situaciones de riesgo que deriven de servicios y para algunas que afecten gravemente a los intereses económicos de los consumidores. Se han concretado los supuestos de hecho ante los que la Administración debe reaccionar para proteger los intereses públicos afectados, enumerando las medidas administrativas de aplicación en cada caso, en función de la naturaleza y circunstancias en que se presenten.
Así mismo se regulan los requisitos formales para la adopción de estas medidas con todas las garantías posibles y se valoran igualmente las posibilidades de medidas provisionales y urgentes en todos los casos en que lo requieran para que no se consumen o perpetúen los daños a la salud o a la seguridad y los más graves y patentes fraudes.
El capítulo IV del título II, dedicado a infracciones y sanciones, está presidido por el deseo de cumplir rigurosamente con el principio constitucional de tipicidad, no sólo en lo relativo a las infracciones, que se enumeran y describen con minuciosidad y precisión, sino también de las sanciones, procurando reducir los márgenes de las procedentes en cada caso, de manera que los ciudadanos y la Administración, así como finalmente los tribunales, tengan un marco estricto al que atenerse, unificándose así los criterios de graduación a aplicar por los distintos órganos sancionadores en materia de consumo.
Junto a ello, se pretende que la potestad sancionadora sirva también con eficacia a la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo, como novedad, la de los consumidores concretos víctimas de la infracción reprimida, de manera que se cumpla más adecuadamente su función de retribución proporcional a la concreta lesión sufrida por el ciudadano y de prevención especial y general. Para ello, entre otras cosas, se introducen algunas modificaciones en el cuadro general de las sanciones, entre las que destaca la previsión del comiso del beneficio ilícito obtenido. Aunque esta modalidad de comiso no está prevista en la legislación estatal de protección de los consumidores, su introducción aquí no supone una divergencia notable. Entre otras razones, porque esto mismo lo trata de conseguir el Derecho estatal de consumo con el incremento de las multas y porque en otros sectores el mismo Derecho estatal ha consagrado esta misma sanción de comiso del beneficio ilícito. Lo mismo puede decirse de la nueva sanción de apercibimiento o de las concreciones que se hacen sobre la sanción de cierre de establecimientos, toda vez que, de una parte, la legislación estatal de consumo ni siquiera establece un mínimo para las multas correspondientes a las infracciones leves y, de otra, el cierre de establecimientos propiamente dicho no tiene sentido cuando, como es cada vez más frecuente, las actividades infractoras no se realizan en un establecimiento físico.
Igualmente, la Ley se ocupa de la localización de las infracciones y aborda con precisión y rigor la determinación de los sujetos responsables, que es una de las cuestiones que, por la singularidad de la realidad regulada, ha presentado mayores dificultades en el ámbito de la defensa de los consumidores.
Para una real protección de los consumidores es imprescindible la existencia de una organización administrativa adecuada y suficiente, específicamente dedicada al logro de ese objetivo y a la ejecución de la legislación de defensa de los consumidores en todos los ámbitos en que es aplicable y están en juego los intereses de los consumidores. Ello no depende sólo de los medios materiales y humanos, sino de las competencias que se le otorguen y de su posición en el conjunto de la estructura administrativa respecto a otros órganos que se ocupan de sectores concretos y aplican la correspondiente legislación sectorial. A evitar una fragmentación peligrosa y perturbadora que, a la postre, impide realizar una política de conjunto y una actividad administrativa eficaz y coherente de protección de los consumidores se dirigen muchos de los preceptos de esta Ley, no sólo los de las disposiciones generales que ocupan el capítulo I del título II de la Ley, sino otros específicos sobre inspección, medidas no sancionadoras e infracciones y sanciones.
Lo que se pretende es huir de la idea de que el ámbito material de actuación de los órganos de defensa de los consumidores es sólo aquél puramente residual no cubierto por la actuación y competencias de los órganos sectoriales. Error que deriva a su vez de configurar la legislación de consumo como una legislación supletoria de la establecida para cada sector de producción, comercio o prestación de servicios. Lo que se logra es que la legislación de consumo y los órganos administrativos llamados a aplicarla tengan un sentido y un ámbito general y horizontal que afecta a cualesquiera bienes, servicios, actividades o funciones dirigidos a los consumidores, de modo que inevitablemente ha de atravesar a ciertas legislaciones y organizaciones administrativas sectoriales con las que debe compatibilizarse armoniosamente.
La Ley quiere aumentar las competencias locales, sobre todo de los municipios, en la protección de los consumidores. Así queda plasmado en el título III y en los lugares correspondientes del título II, según se trate de competencias de inspección, de la adopción de medidas no sancionadoras o del ejercicio de la potestad sancionadora. Lo hace no sólo para cumplir el mandato constitucional de autonomía local y para satisfacer las legítimas aspiraciones de los municipios andaluces en un ámbito que, a veces, es muy adecuado para su actuación, sino también convencida de que así se puede mejorar la actuación administrativa e incrementar los medios personales y materiales dedicados a la protección de los consumidores y, por tanto, la posición de éstos.
Esta atribución de competencias locales, muy por encima de lo establecido en la legislación estatal supletoria, se quiere, no obstante, que quede limitada a los asuntos de consumo más específicamente locales. Así, respetando al máximo la autonomía local y teniendo en cuenta la diversa capacidad de los municipios, se establece un sistema que no impide la ágil actuación de la Administración autonómica, que, según los casos, se desarrollará en su ámbito propio o completará o suplirá a la local, sin necesidad de complejos y formales mecanismos de sustitución o subrogación. En el fondo, late en el sistema que se instaura el principio de subsidiariedad, pero buscando sobre todo la simplicidad, la eficacia y la rapidez, articulándose mediante una fórmula de competencias concurrentes e indistintas que permitirá en todo caso que la Administración autonómica garantice un nivel homogéneo de protección en Andalucía.