Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/05/registro-oficial-3-de-mayo-del-2000
Timestamp: 2019-12-11 18:50:37
Document Index: 86578107

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 433', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 117', 'artículo 33', 'artículo 33']

Registro Oficial. 3 de MAYO del 2000
Miércoles, 03 de mayo de 2000
Miércoles 3 de Mayo del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 69
21-450\n Al Proyecto\n de Ley de Creación de la Universidad Nacional Autónoma\n Milagro
21-451\n Proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas
RESOLUCIONES:OFICINA\n DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL:
OSCIDI-002 Expídese la norma técnica\n para el proceso de desconcentración de la administración\n de personal del sector público
0159\n Déjanse sin efecto todos los certificados en los que\n se reconocen exoneración y rebajas al
\n impuesto a los vehículos motorizados de! transporte terrestre\n que no hayan sido utilizados hasta el
\n inicio del período ordinario de matriculación vehicular\n del año 2000
00.Q.IJ.008 Expídense las normas de aplicación\n de aplicación de las reformas a la Ley de
\n Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador
-\n Adéndum al acta de audiencia de escrutinios de la consulta popular\n del 13 de febrero del año
\n 2000 sobre la autonomía de Los Ríos celebrada por\n el pleno del Tribunal Electoral de Los Ríos
SALA\n ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:
82-93 La Previsora Banco Nacional\n de Crédito en contra del I. Municipio de Guayaquil
13-95 Serrano Hat Sport Cía.\n Ltda. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
15-97\n Banco La Previsora\n en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
78-97\n Marcos Augusto\n Bernal Espinoza en contra del Director General del Servicio de\n Rentas Internas
95-97 Banco Aserval S.A. en contra\n del Director General del Servicio de Rentas Internas
21-98 Empresa Cementos Selva Alegre\n en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
126-98\n Dr. Carlos\n Almeida Almeida en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público
128-98\n María\n Páez Fuentes en contra del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público \n \n
NOMBRE: "DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD\n NACIONAL AUTONOMA DE MILAGRO".
CODIGO: 23 - 450.
AUSPICIO: H. LEON ROLDOS AGUILERA.
INGRESO: 18 - 04 - 2000.
COMISION: DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
\n A COMISION: 25 - 04 - 2000.
En la ciudad de Milagro, provincia del\n Guayas, viene funcionando desde el 4 de julio de 1969 la Extensión\n Universitaria de la Universidad de Guayaquil y, cuenta con las\n facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,\n Ciencias Administrativas, y, Ciencias Matemáticas y Físicas.
Siendo la ciudad de Milagro el centro\n al cual converge la población estudiantil de varios cantones\n de las provincias de Guayas, Cañar y Chimborazo, es necesaria\n la creación de nuevas carreras acordes con los requerimientos\n del desarrollo nacional, hecho que cuenta con el informe favorable\n del CONUEP.
La Extensión Universitaria de\n Milagro, cuenta con un cuerpo docente experimentado, con alto\n nivel científico y académico y, posee la infraestructura\n indispensable para el eficiente cumplimiento de los fines y objetivos\n de la educación superior.
f ) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra,\n Secretario General del Congreso Nacional.
EXTRACTO\n DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 1 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA
NOMBRE: "LEY GENERAL DE SOCIEDADES\n COOPERATIVAS".
CODIGO: 21 - 451.
AUSPICIO: H. RENE MAUGE MOSQUERA.
La Ley de Cooperativas, publicada en\n el Registro Oficial No. 123 de 20 de septiembre de 1996, ha perdido\n actualidad en razón de los grandes cambios políticos,\n económicos y sociales.
Es necesario, dado el momento histórico\n que vive el movimiento cooperativo en el país, actualizar\n y dotar de una nueva infraestructura acorde con las nuevas realidades\n nacionales, mediante una regulación adecuada en la que\n se pueda conciliar el control estatal, con la autonomía\n necesaria para el desarrollo de las cooperativas en el marco\n actual de la globalización.
Es obligación del Estado ecuatoriano\n cumplir con los compromisos suscritos con organismos multinacionales\n relacionados con la actualización de la legislación,\n cooperativa, tendiente a conformar el Derecho Cooperativo, como\n una rama autónoma de las ciencias jurídicas.
N° OSCIDI\n - 002
LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO\n INSTITUCIONAL
Que, en el inciso primero del Art. 124\n de la Constitución Política de la República,\n dispone que la administración pública se organizará\n y desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No.\n 41, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 11 de\n 25 de agosto de 1998, se crea la Oficina de Servicio Civil y\n Desarrollo Institucional, OSCIDI, como ente rector de los procesos\n de administración de los recursos humanos y organizacionales\n del sector público y varias de las facultades de administración\n de personal, previstas en la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y sus reglamentos generales, fueron delegadas a las Unidades\n de Personal o de Recursos Humanos de las entidades y organismos\n del sector público;
Que, en los planteles educativos fiscales\n del nivel medio, el Rector es autoridad nominadora del personal\n administrativa y de servicios; y, el Inspector General hace las\n veces de Jefe de Personal, de conformidad con lo dispuesto en\n las letras b), v) y w) del Art. 96 y letra f) del Art. 101 del\n Reglamento General de la Ley de Educación;
Que, para estos fines con Resolución\n No. 000003 de 17 de febrero de 1999, se expidió "La\n Guía Normativa para el Proceso de Desconcentración\n de la Administración de Personal del Sector Público"\n y con resoluciones Nos. 4 y 14 del mismo año, se delega\n a los inspectores generales de los planteles y secretarios de\n educación media, en los centros educativos matrices, institutos\n técnicos superiores, especiales, de educación normales\n bilingües, pedagógicos y otros, que por su naturaleza\n no disponen de inspectores generales; y,
En ejercicio de las facultades que le\n confiere la ley,
NORMA TECNICA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION\n DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO.
Art. 1. - Las Unidades Recursos Humanos\n o de Personal o quien hiciere sus veces de las instituciones,\n organismos y dependencias del sector público en la administración\n de los recursos humanos se sujetarán a la Norma Técnica\n para el Proceso de Desconcentración de la Administración\n de Personal del Sector Público expedido por la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI.
Art. 2. - En las instituciones que se\n haya desconcentrado la administración de personal en regionales,\n provinciales y locales, los responsables de los procesos se sujetarán\n a la norma técnica referida.
Art. 3. - La administración de\n personal en los planteles educativos del nivel medio será\n de competencia del Inspector General; y, en los centros educativos\n matrices, institutos técnicos superiores, especiales,\n de educación normales bilingües, pedagógicos\n y otros, que por su naturaleza no cuenten con aquel, la ejecutará\n el Secretario de Educación Media.
Art. 4. - El personal que labora en\n los establecimientos fiscomisionales, cuyos puestos se encuentran\n financiados por el Presupuesto General del Estado, se sujetará\n a las disposiciones constantes en la Norma Técnica para\n la Desconcentración del Personal del Sector Público.
Art. 5. - En consideración a\n que los inspectores generales están regidos por la Ley\n de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional,\n no le es aplicable, lo previsto en el Art. 72 del Reglamento\n General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Art. 6. - El cumplimiento y aplicación\n de esta resolución estará bajo la responsabilidad\n de los directores, subdirectores, jefes, analistas de recursos\n humanos o de personal, o quien hiciere sus veces.
Art. 7. - La Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional, OSCIDI, periódicamente realizar\n la evaluación sobre el cumplimiento de la Norma de Desconcentración\n de Personal Y determinará los correctivos que sean del\n caso,
Art. 8. - Deróganse las resoluciones\n Nos. OSCIDI 000003, 000004 y 000014 de diecisiete de febrero\n y catorce de abril de 1999.
Art. 9. - La presente resolución\n regirá a partir de la fecha de suscripción, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los 3 días del mes de enero del 2000.
f ) Luis A. Sánchez Aguirre,\n Director de Servicio Civil y Desarrollo Institucional.
N° 0159
\n DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Que de conformidad con el mandato del\n Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas,\n publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de\n 1997, es competencia de esta Dirección emitir resoluciones\n de carácter general y obligatorio, necesarios para la\n aplicación de normas legales de carácter tributario;
Que el Art. 8 de la Ley de Impuestos\n a los Vehículos Motorizados, promulgada en el Registro\n Oficial No. 83 del 9 de diciembre de 1988, establece que los\n sujetas pasivos de este impuesto pagarán el valor que\n corresponda al momento de la matriculación y hasta el\n 31 de julio de cada año;
Que el literal b) del Art. 5 del Reglamento\n General para la aplicación de la Ley del Impuesto a los\n Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, publicado\n en el Registro Oficial No. 4 del 27 de enero del 2000, determina\n que se suspenderá la exoneración o rebaja, si no\n se cumpliere con la obligación legal de matricular y pagar\n si fuera el caso, el impuesto a los vehículos motorizados,\n dentro de los períodos ordinarios, establecidos por la\n ley.
Artículo Unico. - Dejar sin efecto\n todos los certificados en los que se reconocen exoneración\n y rebajas al impuesto a los vehículos motorizados del\n transporte terrestre que no hayan sido utilizados hasta el inicio\n del período ordinario de matriculación vehicular\n del año 2000.
Dado en San Francisco de Quito, D.M.,\n a 24 de abril del 2000.
f.) Economista Elsa de Mena. Directora\n General del Servicio de Rentas Internas.
No. 00.Q.IJ.008
Que el literal h) del artículo\n 99 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador, expedida el 8 de marzo del 2000 y publicada en el Registro\n Oficial No. 34 de 13 de los mismos mes y año, dispone\n que se reforma cualquier norma que obligue a expresar el capital\n o la contabilidad de las personas en sucres o en unidades de\n valor constante;
Que de la disposición general\n primera de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador se desprende que la reforma legal a la que se refiere\n el literal h) de su artículo 99 alude a que el capital\n y la contabilidad de las personas debe expresarse en dólares\n de los Estados Unidos de América;
Que lo dispuesto en el antes citado\n literal alcanza a las sociedades que controla la Superintendencia\n de Compañías, dado que tales sociedades son personas\n jurídicas de derecho privado;
Que el literal g) del artículo\n 99 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador determina que el Superintendente de Compañías\n debe señalar la forma en que se han de expresar las participaciones\n sociales en que se divide el capital de la compañía\n de responsabilidad limitada,
Que mediante Resolución N°\n 00.Q.IJ.003 de 13 de marzo del 2000, modificada por la Resolución\n N° 00.Q.IJ.005 de 4 de abril del 2000, la Superintendencia\n de Compañías expidió las normas de aplicación\n de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas\n en la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador;
Que resulta conveniente para la mejor\n comprensión de las referidas normas se las codifique en\n una sola resolución incluyendo, además, normas\n adicionales;
Que el artículo 433 permite al\n Superintendente de Compañías expedir las regulaciones,\n reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen\n gobierno, vigilancia y control de las compañías\n sometidas a su supervisión; y,
En ejercicio de las atribuciones que\n le confiere la ley,
Expedir las siguientes NORMAS DE APLICACION\n DE LAS REFORMAS A LA LEY DE COMPAÑIAS, INTRODUCIDAS EN\n LA LEY PARA LA TRÁNSFORMACION ECONOMICA DEL ECUADOR, en\n estos términos:
Art. 1. - Si en las escrituras de constitución\n de las compañías anónimas, de economía\n mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad\n limitada se hubiere expresado en sucres lo relativo a los aportes\n y a las determinaciones de los importes del capital y del valor\n nominal de las acciones o participaciones en que éste\n se divida, la Superintendencia de Compañías de\n acuerdo con lo dispuesto en la regla número 18 del artículo\n 7 del Código Civil, aprobará tales escrituras,\n siempre que el instrumento respectivo se hubiere celebrado hasta'\n antes del 13 de marzo del 2000. Bajo igual consideración,\n también aprobará las escrituras que contengan aumentos\n o disminuciones de capital o cualquier otro acto societario que,\n teniendo incidencia en el capital o en el patrimonio sociales\n y estando previsto en el artículo 33 de la Ley de Compañías,\n expresara en sucres el capital y el valor nominal de las acciones\n o participaciones resultantes de cualesquiera de esos actos jurídicos.
Art. 2. - Si las resoluciones de junta\n general sobre un aumento o disminución de capital o de\n cualquier acto societario del citado artículo 33 que tuviere\n incidencia económica fueren de fecha anterior al 13 de\n marzo del 2000 y se expresara en sucres los rubros o cuentas\n consideradas en el acto societario de que se trate, así\n como los importes del capital y del valor nominal de las acciones\n o participaciones resultantes del acto respectivo, pero la escritura\n correspondiente fuere celebrada en cualquier fecha a partir del\n 13 de marzo del 2000, para que tal instrumento sea aprobado por\n la institución se requerirá que dicha escritura\n exprese en dólares de los Estados Unidos de América\n los antes referidos rubros o cuentas, así como los valores\n del capital y de las acciones o participaciones en que éste\n se divida.
Art. 3. - Las escrituras públicas\n que contengan la constitución o cualquier acto societario\n del artículo 33 de la Ley de Compañías que\n tuviere incidencia económica, siempre que tales escrituras\n se otorguen en cualquier fecha a partir del 13 de marzo del 2000,\n deberán expresar en dólares de los Estados Unidos\n de América todos los valores referentes al capital y a\n las acciones o participaciones en que éste se divida.
Art. 4. - En la escritura constitutiva\n de una compañía anónima, de economía\n mixta, en comandita dividida por acciones o de responsabilidad\n limitada, siempre que dicha escritura hubiere sido otorgada en\n cualquier fecha a partir del 13 de marzo del 2000, el valor nominal\n de las acciones o de las participaciones en que, según\n el caso, se divida su capital, será de un dólar\n o múltiplo de un dólar de los Estados Unidos de\n América.
Art. 5. - Para efectos del ejercicio\n de los derechos que corresponden al accionista en las compañías\n anónimas, de economía mixta y en comandita por\n acciones, se consigna a continuación la TABLA DEL VALOR\n NOMINAL DE LAS ACCIONES, EXPRESADO EN SUCRES, Y SU EQUIVALENCIA\n EN DOLARES, en estos términos:
(Anexo 03MYT1)
Art. 6. - Para el ejercicio de los derechos\n inherentes al socio en la componía de responsabilidad\n limitada, se consigna a continuación la TABLA DEL, VALOR\n NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES, EXPRESADO EN SUCRES, Y SU EQUIVALENCIA\n EN DOLARES, en estos términos:
(Anexo 03MYT2)
Art. 7. - Cuando en el estatuto de una\n compañía de responsabilidad limitada, para la adopción\n de resoluciones en junta general, no se estableciera el derecho\n a voto en los términos del artículo 117 de la Ley\n de Compañías, las decisiones se tomarán\n en función del capital suscrito por cada socio.
En las compañías anónima,\n de economía mixta y en comandita dividida por acciones,\n las resoluciones de junta general se tomarán a base del\n capital pagado por cada accionista.
Art. 8. - Las compañías\n anónimas de economía mixta, en comandita dividida\n por acciones y de responsabilidad limitada, previas las conversiones\n respectivas, podrán en forma expresa señalar en\n sus correspondientes estatutos, en dólares de los Estados\n Unidos de América, el importe de su correspondiente capital\n suscrito y el valor nominal de las acciones o, en su caso, de\n las participaciones en que se divida dicho capital.
Si se optare por la conversión\n expresa a que se refiere el inciso anterior, se la hará\n constar en la escritura pública pertinente, a cuyo otorgamiento\n deberán comparecer el o los representantes legales de\n la compañía respectiva. Para ello no será\n necesario que la junta general de accionistas o de socios, según\n corresponda, haya resuelto tal conversión.
Art. 9. - Tres copias certificadas de\n la escritura de que se trate se someterán a conocimiento\n y resolución del Superintendente de Compañías,\n quien con vista de su contenido, si la conversión fuere\n correcta, la aprobará y ordenará su inscripción\n en el Registro Mercantil así como de la resolución\n aprobatorio que para el efecto expidiere.
Art. 10. - Por no tratarse de una reforma\n del estatuto de las señaladas en el artículo 33\n de la Ley de Compañías, sino de simple conversión\n a dólares de los valores originalmente expresados en sucres,\n el Superintendente de Compañías no dispondrá\n en la resolución aprobatorio la publicación de\n extracto alguno.
Art. 11. - Cuando corresponda, las compañías\n anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones\n y de responsabilidad limitada que se hubieran formado hasta antes\n del 13 de marzo del 2000 podrán mantener el valor nominal\n de las acciones o participaciones en que se dividan sus capitales,\n en cualquier importe inferior al de un dólar de los Estados\n Unidos de América.
Las compañías anónimas,\n de economía mixta, en comandita por acciones y de responsabilidad\n limitada, si prefieren y siempre que lo resolviera la correspondiente\n junta general de accionistas y se cumplieron todas las formalidades\n previstas en el artículo 33 de la Ley de Compañías,\n podrán también elevar el importe de las acciones\n o participaciones, según corresponda, en que se dividan\n sus capitales al valor nominal de un dólar o múltiples\n de un dólar de los Estados Unidos de América, utilizando\n para ello cualquier mecanismo que no sea contrario a la ley,\n a sus estatutos, y a los reglamentos sobre esta materia.
Art. 12. - Hasta el 31 de diciembre\n del 2000, los libros de acciones y accionistas así como\n los que contienen talonarios de certificados provisionales o\n de acciones con valores en sucres, deberán ser sustituidos\n por los registros correspondientes en que los valores respectivos\n se expresen en dólares de los Estados Unidos de América.
Hasta la misma fecha, los libros de\n participaciones y socios en que consten los valores en sucres\n deberán ser reemplazados por los registros en que dichos\n valores se expresen en dólares de los Estados Unidos de\n América.
Para fines de verificación, el\n libro de registro sustituido se anulará y conservará\n en el archivo social.
Art. 13. - Hasta el 31 de diciembre\n del 2000, las compañías anónimas, de economía\n mixta y en comandita por acciones deberán sustituir las\n emisiones de títulos de acciones con valores en sucres,\n por emisiones de títulos de acciones con valores en dólares\n de los Estados Unidos de América.
Hasta la misma fecha, las compañías\n de responsabilidad limitada deberán reemplazar los certificados\n de aportación con valores en sucres, por otros en que\n tales valores se expresen en dólares de los Estados Unidos\n de América.
En cualquier caso, para efectos de las\n verificaciones a las que hubiere lugar el título o certificado\n de acciones o el certificado de aportación sustituido\n se anulará y conservará en el archivo de, la compañía.
Art. 14. - Deróganse las resoluciones\n Nos. 00.Q.IJ.003 y 00.Q.IJ.005 de 13 de marzo y 4 de abril del\n 2000, respectivamente.
Art. 15. - La presente resolución\n entrará en vigencia desde esta fecha, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.\n - Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías,\n en Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes\n de abril del 2000.
f ) Dr. Xavier Muñoz Chávez,\n Superintendente de Compañías.
Es fiel copia del original. - Certifico.\n - Quito, abril 24 del 2000.
f ) Dr. Víctor Cevallos Vásquez,\n Secretario General.
TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL
ADENDUM AL ACTA DE AUDIENCIA DE ESCRUTINIOS\n DE LA CONSULTA POPULAR DEL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2000\n SOBRE LA AUTONOMIA DE LOS RIOS CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL\n ELECTORAL DE LOS RIOS.
En Babahoyo a 22 de febrero del 2000,\n a las 11h00 se reunió el Pleno del Tribunal Electoral\n de Los Ríos, conformado por los señores vocales\n principales: Dr. Luis Tríviño Yépez, Presidente,\n Lcdo. Carlos Melaños Riera, Econ. Rubén Moreno\n Suquilanda, Dr. Víctor Hugo Escudero Bolaños, Lcdo.\n Vicente Valle Salazar, Sr. Byron Perugachi, Sr. Julio Caicedo\n Nicola y Sr. Manuel Montoya Tello, Secretario General.
1. Conocer informe de Jefe del Centro\n de Cómputo respecto a los porcentajes obtenidos en cada\n una de las preguntas de la Consulta Popular del 13 de febrero:\n Sobre la autonomía de Los Ríos.
A) AUTONOMIA PARA LOS RIOS
Dispongo que se establezca la autonomía\n de la provincia de Los, Ríos, manteniendo el carácter\n unitario del Estado. Para lo cual, fundamentalmente, la provincia\n de Los Ríos deberá ser titular permanente e insustituible\n de un régimen político, administrativo, económico\n y fiscal que estimule y consolide su desarrollo. El régimen\n autonómico de Los Ríos será solidario con\n las demás provincias y con el país, para cuyo efecto\n seguirá aportando con parte de las rentas generadas en\n Los Ríos pata el cabal funcionamiento de un Estado eficiente\n y el desarrollo de las provincias que no pueden lograrlo con\n sus propias rentas. En consecuencia, el Congreso Nacional y el\n Presidente de la República deberán la Constitución\n Política, cumpliendo con el procedimiento establecido\n para el efecto de dicha normativa suprema.
Resultado de la votación sobre\n esta alternativa.
VOTOS PORCENTAJES
\n 146.894 65.64%
\n B) LOS RIOS SIN AUTONOMIA
\n Estoy en contra de la autonomía de la provincia de Los\n Ríos.
\n Resultado de la votación sobre esta alternativa.
\n 21.356 6,54%
Cuadro General de Resultados
VALIDOS 168.250 75,19%
\n BLANCOS 18.836 8,41%
\n NULOS 36.670 16,3%
\n TOTAL VOTANTES 223.756 56,24%
\n AUSENTISMO 174.131 43,76%
TOTAL ELECTORES 397.887
A) LOS RIOS CON MAS RENTAS Y SERVICIOS
Dispongo que una cantidad equivalente\n a la mitad de la recaudación de los ingresos del fisco\n que se generan en la provincia de Los Ríos, se destine\n a financiar la transferencia de competencias y responsabilidades\n por parte del Gobierno Central al Consejo Provincial de Los Ríos\n y, a las municipalidades de la provincia de Los Ríos,\n de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 226 de la Constitución\n Política de la República. -
Resultados de la votación sobre\n esta alternativa.
\n 142.283 64.23%
B) LOS RIOS SIN MAS RENTAS NI SERVICIOS
Estoy de acuerdo que se mantengan concentradas\n como hasta ahora en el Gobierno Central la administración\n de los recursos y la prestación de servicios que corresponde\n a la provincia de Los Ríos.
\n 22.372 10,10%
VALIDOS 164.665 74,33%
\n BLANCOS 20.616 9,31%
\n NULOS 36.230 16,36%
\n TOTAL VOTANTES 221.501 55,67%
\n AUSENTISMO 176.836 44,33%
A) PAGO INMEDIATO Y COMPLETO DE LAS\n RENTAS DE LOS RIOS
Dispongo que los recursos financieros\n que constitucional y legalmente corresponda - y correspondan\n al futuro - a la provincia de Los Ríos, como asignación\n estatal, sean acreditados y entregados a las - municipalidades\n de los cantones de la provincia de Los Ríos y al Consejo\n Provincial de los Ríos, a través de un sistema\n de acreditación inmediata y simultánea con la recaudación\n u obtención de dichos recursos financieros por parte del\n Estado. Cualquier forma de incumplimiento a esta disposición\n causará la destitución del funcionario o funcionarios\n responsables. Estas cantidades se descontarán de los valores\n mencionados en la letra a) de la alternativa anterior.
\n 140.691 64,18%
B) PAGO ATRASADO E INCOMPLETO DE LAS\n RENTAS DE LOS RIOS
Estoy de acuerdo con que se mantenga\n el actual sistema centralizado e ineficaz que ocasiona recortes\n y tardanza que perjudica a los organismos seccionales de la provincia\n de Los Ríos.
Resultado de la votación sobre\n esta alternativa
\n 20.967 9,96%
VALIDOS 161.679 73,56%
\n BLANCOS 22.623 10,29%
\n NULOS 35.485 16,15%
\n TOTAL VOTANTES 219.187 55,24%
\n AUSENTISMO 178.099 44,76%
A) LOS RIOS CON OFICINAS PUBLICAS CON\n DINERO Y CAPACIDAD PARA ACTUAR
Dispongo que todos los órganos\n e instituciones de la provincia de Los Ríos, dependientes\n de la Función Ejecutiva, de los organismos de control\n y demás instituciones del Estado, autónomas o no,\n tengan obligatoriamente, en el ámbito provincial, las\n mismas competencias y capacidad operativo que los órganos\n e instituciones centrales de los cuales dependen. Los recursos\n suficientes para ejercer tales funciones deben ser acreditados\n en forma inmediata y simultánea a su obtención.
\n 137.123 62,90%
B) LOS RIOS CON OFICINAS PUBLICAS SIN\n DINERO, NI CAPACIDAD PARA ACTUAR
Estoy de acuerdo con que se mantenga,\n respecto a la provincia de Los Ríos el actual sistema\n ineficaz y concentrado de administración.
\n 20.140 9,24%
VALIDOS 157.263 72,15%
\n BLANCOS 26.594 12,2%
\n NULOS 34.110 15,65%
\n TOTAL VOTANTES 217.967 54,78%
\n AUSENTISMO 179.920 45,22%
Conocido por el Pleno del T.P.E.L.R.\n el informe antes expuesto por la señorita encargada del\n Centro de Cómputo, en forma unánime se aprueba\n el mismo, dejando constancia que estos datos son los que oficialmente\n fueron aprobados el día 14 de febrero del 2000 por el\n Pleno de este organismo en audiencia pública.
Así mismo, el Pleno resuelve\n enviar el texto íntegro del presente adémdum al\n señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, a fin\n de que continúen los trámites pertinentes para\n el perfeccionamiento constitucional de la Consulta Popular.
Para constancia, firman el Presidente\n del Tribunal Electoral de Los Ríos y Secretario que certifica\n en esta ciudad a 21 de febrero del 2000.
f) Dr. Luis Triviño Yépez,\n Presidente T.P.E.L.R.
f) Sr. Manuel Montoya Tello, Secretario\n T.P.E.L.R.
Lo certifico. - Sec. T.P.E.L.R.
f) Manuel Montoya Tello, Secretario.\n - Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos,
N° 82\n - 93
EN EL JUICIO DE EXCEPCIONES QUE SIGUE\n LA PREVISORA BANCO NACIONAL DE CREDITO CONTRA LA MUNICIPALIDAD\n DE GUAYAQUIL.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA\n DE LO FI CAL
Quito, 9 de marzo del 2000 las 11h30.
VISTOS: Ricardo Garaicoa Soria, en su\n calidad de Gerente y representante legal de La Previsora Banco\n Nacional de Crédito, interpone recurso de casación,\n para ante el Tribunal de Casación del ex - Tribunal Fiscal,\n de la sentencia expedida por la Tercera Sala del mismo Tribunal,\n el 3 de junio de 1988, notificada el 7 de los mismos mes y año,\n en el juicio de excepciones N° 9971 - 2455, seguido contra\n el Tesorero del I. Municipio de Guayaquil. Recibido el recurso\n en esta Sala y notificadas las partes con la recepción\n del proceso, para que señalen domicilio, así lo\n hacen. - Dado el estado de la causa, para resolver se considera:\n PRIMERO. La Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema\n de Justicia es competente para conocer y resolver el presente\n recurso, de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación\n y en virtud de haber sido derogado el título III del libro\n tercero del Código Tributario, mediante el Art. 21 de\n la referida ley, por lo que hubo imposibilidad de continuar la\n tramitación iniciada. - Sin perjuicio de lo anterior y\n no obstante de conformidad con la ley y en consideración\n a la fecha de interposición del recurso, le son aplicables\n las disposiciones del título III del libro cuarto del\n Código Tributario, Arts. 328 y siguientes, vigentes, a\n la época. - SEGUNDO. - El recurrente compareció\n amparado por la norma del Art. 329 ordinal 5 del Código\n Tributario, en concordancia con el caso 8° de los previstos\n en la resolución del Tribunal de Casación, publicada\n en el Registro Oficial N° 605 de 12 de junio de 1978. La\n norma que se dice infringida, es la del Art. 10 del Código\n Tributario, precisando que una de las excepciones propuestas\n al mandamiento de ejecución es la 5' del Art. 213 del\n Código Tributario. De conformidad con lo prescrito por\n el Art. 331 del mismo código, fundamentó su recurso\n en la forma siguiente, que en resumen dice: 1. - Que el recurso\n se contrae a los considerandos tercero última parte,'\n cuarto y a la totalidad de la parte resolutiva de la sentencia\n dictada por la Tercera Sala del ex - Tribunal Fiscal el 3 de\n junio de 1988, las 10h00. - Expresa que el recurso se apoya en\n los Arts. 328 y siguientes del Código Tributario y se\n fundamenta en lo resuelto en la sentencia materia de la casación,\n en la que la Tercera Sala desecha las excepciones opuestas. manifestando:\n "Mas, como comparados estos recibos con los sirven de base\n al juicio coactivo se, determina que no coinciden el número,\n liquidaciones, ni montos de avalúo, pero coinciden en\n el Código de parroquia, manzana y solar, 01.014.01. -\n Cuarto. - El juicio coactivo se sigue para el cobro de S/. 2'483.404,oo,\n VALOR QUE CORRESPONDE A DIFERENCIA POR NUEVO AVALUO lo que hace\n procedente y legal el juicio coactivo". Agrega que con lo\n cual reconoce expresamente que los impuestos por los que se emitieron\n los títulos de crédito fueron pagados con toda\n oportunidad y que, sin embargo, se han emitido nuevos títulos\n de crédito por los, mismos conceptos, ocasionados por\n un revalúo efectuado por la Municipalidad al inmueble\n por el cual tales tributos se causan, pese a todo lo cual desecha\n las excepciones y declaran procedente el juicio coactivo, violando\n de esta manera una serie de normas constitucionales y legales\n a las que se refiere a continuación. Las disposiciones\n que sostiene han sido violadas son las siguientes: Art. 52 de\n la Constitución Política entonces vigente, Arts,\n 10, 37 a 42, 87 inciso segundo, 151, 261, 285 y 287 del Código\n Tributario, y, Arts. 333 y 334 de la Ley de Régimen Municipal.\n - Que ha quedado debidamente probado en los autos, que su representada\n extinguió su obligación tributaría para\n con la Municipalidad de Guayaquil por el impuesto predial urbano\n y adicionales que los años de 1981 y 1984 por el predio\n catastrado con el Código 01,0,14.0,1, por el pago hecho\n de este tributo, conforme al)atece de los títulos de crédito\n en los que consta que tal pago ha sido recibido en la Tesorería\n Municipal. - Dice también haber probado en la forma prevista\n por los Arts, 285, inciso tercero y 261 del Código Tributario,\n que la Municipalidad de Guayaquil no solo emitió mal los\n títulos de crédito motivo de la coactiva, poniéndolos\n con ello en el caso de ser declarados nulos, sino que nunca los\n notificó al banco que representa en la forma prescrita\n por el Art. 152 del Código Tributario. - Que en realidad\n ha quedado probado por la omisión del, Municipio de Guayaquil\n de remitir al Tribunal los documentos referidos en los petitorios\n 2°, 3° y 4° de su escrito de prueba de fojas 18.\n Que la Municipalidad de Guayaquil no notificó a La Previsora\n Banco Nacional de Crédito con el reavalúo que ha\n realizado esa Municipalidad, del inmueble catastrado con el N°\n 01.014.01. Que tampoco se notificó con la liquidación\n realizada por la tal "diferencia". Que no se le notificó\n tampoco con los títulos de crédito coactivados\n y que solo le han notificado con el auto de pago con el que se\n inició el proceso coactivo al que opuso las excepciones\n que afirma ha sido ilegal e indebidamente desechadas por la Tercera\n Sala del Tribunal Fiscal, en sentencia que dice estar llena de\n violaciones de la ley, lo que ha dado lugar a la presentación\n del presente recurso de casación. Hace relación\n a que la Municipalidad de Guayaquil no ha remitido las certificaciones\n que se le solicitaran a fojas 18, a pesar de haber sido requerida\n por dos ocasiones, con lo que se ha puesto en el caso previsto\n en el Art. 285 del Código Tributario por lo que la Tercera\n Sala del Tribunal Fiscal debió estar a lo afirmado y declarar\n sin efecto el proceso coactivo s los títulos de crédito\n que lo motivaron. Señala que en los autos obran los títulos\n de crédito antes mencionados por los semestres segundo\n y primero de 1984 y de iguales semestres de 1983, títulos\n emitidos de los que aparece que los impuestos por dichos ejercicios,\n fueron pagados el 15 de febrero de 1984 los correspondientes\n al mismo año, y, el 24 de enero de 1983 por el propio\n año (fojas 22 y 23). Que obran también, copias\n certificadas de los títulos de crédito objeto de\n la coactiva por el segundo el primer semestre de 1984 (fojas\n 5) y, por el primero y segundo semestre de 1993 (fojas 6), en\n concepto de diferencia por los mismos impuestos por los que fueron\n emitidos los títulos de fojas 20 a 24, con posterioridad\n al 10 de enero de 1985, en acatamiento a la resolución\n 077, notificada a la Tesorería Municipal con memorándum\n de catastro de 28 de diciembre de 1984. - Que aparece claramente\n el avalúo sobre el que se cobra la diferencia, que es\n de S/. 86'623,400,oo mientras que el avalúo al tiempo\n del pago de los impuestos realizado, fue de S/. 26'181.200.oo.\n De lo anterior se evidencia, expresa que la Municipalidad de\n Guayaquil aprobó en diciembre 28 de 1984 el reavalúo\n del predio catastrado con el Código 01.014.01, lo que\n contradice el principio consignado en el Art. 53 de la Constitución\n Política entonces vigente y también en abierta\n contradicción al Art. 10 del Código Tributario.\n Que la Municipalidad de Guayaquil violó también\n el inciso segundo del Art. 87 del mismo código, ya que\n el valor comercial con el que figuraba en el catastro el inmueble\n registrado con el Código 01.014.01 el primero de enero,\n tanto de 1983 como de 1994, respectivamente, fechas en las que\n se produjo el hecho generador, de conformidad con lo preceptuado\n en los Arts. 333 y 334 de la Ley de Régimen Municipal,\n corresponde al catastro que debe ser emitido hasta el 1 de enero\n de cada año con los cambios ocurridos hasta el 30 de noviembre\n del año próximo anterior, y por consiguiente el\n impuesto puede y debe pagarse desde el 1 de enero de cada año,\n incluso cuando no se hubiere emitido el catastro - Que en la\n sentencia materia de la casación se ha violado, adicionalmente,\n la norma del Art. 287 del Código Tributario que impone\n al Tribunal la obligación de declarar la nulidad de la\n resolución o del procedimiento impugnado, ya que de autos\n aparece justificado y probado por efecto de la disposición\n del inciso tercero del Art. 285, en concordancia con el inciso\n segundo del Art. 261 del mismo código, la cantidad del\n procedimiento de ejecución por quebrantamiento de las\n normas que rigen la emisión de los títulos de crédito\n y por lo tanto por la falta de requisitos legales que afectan\n la validez del titulo Y del procedimiento, nulidad que no se\n declara en la sentencia. - Dice haberse violado también\n en la sentencia las normas de la Sección VI del Titulo\n Segundo del Libro Primero del Código Tributario, relativo\n a la solución o pago. - Concluye solicitando que aceptando\n él recurso se declara con lugar la casación y se\n disponga la nulidad del proceso coactivo y de los títulos\n de crédito que lo motivaron, aceptando las excepciones\n opuestas a la ejecución. TERCERO.- La Sala, por su parte,\n advierte lo que sigue: El recurso de casación se interpone\n al amparo del Art. 329 numeral 5° del Código Tributario,\n en concordancia con lo establecido en el numeral 8° de los\n previstos en la Resolución N° 1 expedidas por el ex\n - Tribunal Fiscal, el 22 de mayo de 1978, publicado en el Registro\n Oficial N° 605 de 12 de junio 1978. Tal caso 8° de la\n predicha resolución, constituye excepción respecto\n de aquellos casos que conforme tal resolución no se concederá\n el recurso de casación. - El numeral 8° en referencia\n dice: "De las sentencias dictadas en los juicios de excepciones\n al procedimiento. dé ejecución, salvo cuando se\n trate de las excepciones de "inexistencia dé la obligación\n por falta de ley que establezca el tributo o por exención\n legal" o de "Extinción total o parcial de la\n obligación" previstas en los numerales 3 y 5 del\n Art. 213 del Código Tributario. - En la especie. la sentencia\n recurrida en casación recae sobre el juicio de excepciones,\n en el que se aduce la excepción 5° del Art. 213 del\n Código Tributario, que se refiere a "Extinción\n total o parcial de la obligación por alguno de los modos\n previstos en el Art. 36 de este Código", excepción\n que también cita en el escrito de interposición\n del recurso. - CUARTO. - El recurrente ha justificado en el término\n de prueba en el juicio de excepciones, el pago realizado por\n su representada, por concepto del impuesto que consta del Título\n Unificado de Impuestos Urbanos y Adicionales, por los semestres\n primero y segundo del año 1984 (fs. 20 y 21), por el predio\n 01.014.01, avalúo imponible S/. 28'181,200,oo pago realizado\n en fecha 15 de diciembre de 1984 con comprobante 000276 y 0 1\n 7184 cada uno por S/. 333.476,oo; y, los Nos, 000220 y 000210,\n cada uno por S/. 234.587,68, por los mismos conceptos, por los\n semestres primero y segundo de 1983, por el mismo predio y con\n el mismo, avalúo que los anteriores (fs. 22 y 23), como\n así lo acepta la sentencia recurrida expedida por la Tercera\n Sala del entonces Tribunal Fiscal, añade la sentencia,\n "como comparados estos recibos con los que sirven de base\n al juicio coactivo se determina que no coinciden el número,\n liquidaciones, ni montos de avalúo, pero coinciden en\n el Código de Parroquia, Manzana y solar, 01.014.01".\n - (Final del Considerando Tercero). - En el Cuarto Considerando\n de la sentencia impugnada, se dice: "El juicio coactivo\n se sigue para el cobro de S/. 2'483.404,oo, valor que corresponde\n por nuevo avalúo, lo que hace procedente y legal el juicio\n coactivo". Es de considerar, que el valor total de los títulos\n de crédito base del procedimiento coactivo, N° 367\n - 6 - 85 de 11 de marzo de 1985, es de S/. 2'483.404,oo de acuerdo\n a lo que consta de esos títulos unificados de impuestos\n urbanos y ,adicionales, aparejados con el auto de pago, que en\n foto copia certificada obran de fs. 5 y 6 del juicio de excepciones,\n por los semestres primero y segundo de los años 1964 y\n 1963, en su parte inferior izquierda se lee "res. 077".\n - MEM. DE CATASTRO Debr. 28/984. - Enero 10/985. - En la parte\n superior por DIFERENCIA. - Código 01.014.01., correspondiente\n a Parr. MANZANA. - SOLAR. - Avalúo imponible S/.80'623.400.\n Cada una de las cartas es por S/. 620.851,20. - QUINTO. - De\n lo anotado en el considerando precedente, se desprende: 1) Que\n las cartas de pago del impuesto unificado antes referido, por\n diferencia, fueron emitidas con posterioridad al vencimiento\n de los ejercicios respectivos de 1983 y 1984 esto es en el año\n de 1985, por reavalúo realizado con posterioridad a aquellos\n gravados con los ¡¡impuestos - . 2) Que el valor\n del las cartas de pago por los impuestos por los cuatro semestres\n de los años 1983 y 1984, se pagaron en cada uno de los\n años correspondientes, en las fechas que constan de los\n títulos presentados por el coactivado excepcionante dentro\n del término probatorio y que obran de las fojas antes\n señaladas, 3)Que como se ha .justificado de autos y se\n reconoce en la parte final del Considerando Tercero el predio\n por el que se pagaron los impuestos por los dos semestres de\n 1983 y 1984, es el mismo por el cual se han emitido las cartas\n de crédito base del procedimiento de ejecución\n - . 4) Que la sentencia recurrida, en su considerando tercero,\n cuando realiza la comparación de los títulos de\n crédito cancelados presentados por el recurrente, con\n aquellos que han servido de base para el procedimiento coactivo,\n conforme se anotó anteriormente, dice que no coinciden\n el número, liquidaciones ni montos de avalúo pero\n coinciden en el Código de parroquia, manzana y solar,\n 01. 0 14. 01 sin que se haya advertido que no podían coincidir,\n salvo el referido código, por tratarse de la diferencia,\n establecida entre dos avalúos, el legalmente efectuado\n y el realizado posteriormente, lo que ha llevado a la Tercera\n Sala del ex - Tribunal Fiscal a considerar que el "cobro\n de S/. 2'483,494,oo que corresponde al nuevo avalúo, lo\n hace procedente y legal"; pero no repara la sentencia en\n que el nuevo avalúo. se realiza con efecto retroactivo\n luego de que el hecho generador del impuesto ya se produjera\n y el pago ya se efectuara, con violación de lo establecido\n por el Art. 333 de la Ley de Régimen Municipal, que prescribe:\n "Las Municipalidades emitirán los catastros hasta\n el 1° de enero de cada año, con todos los cambios\n que hubieren ocurrido hasta el 30 de noviembre del año\n próximo anterior", debiendo pagarse el impuesto en\n el año respectivo desde el 1° de enero de cada año,\n según esto último lo manda el Art. 334 de la misma\n ley, efecto retroactivo prohibido por el Art. 10 del Código\n Tributario, que dispone que "Las Leyes Tributarias, Reglamentos\n y circulares de carácter general,.. regirán desde\n el día siguiente al de su publicación...; y, en\n el caso se trata de una disposición de carácter\n