Source: https://elestadosinderecho.wordpress.com/2012/04/25/demanda-contra-el-pp-i-parte/
Timestamp: 2018-01-23 04:04:46
Document Index: 208957661

Matched Legal Cases: ['artículo 114', 'artículo 53', 'artículo 20', 'artículo 23', 'Artículo 115', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 31']

DEMANDA CONTRA EL PP (I PARTE) | El Estado sin Derecho
DEMANDA CONTRA EL PP (I PARTE)
Bueno, y con este comentario, llego al final de las actualizaciones (por ahora, hasta que hayan novedades), que ya está bien, que me he pegao un peazo curro ( si sólo fuera copiar y pegar, pero todas las respuestas están en papel).
Como es una demanda extensa, he eliminado el anejo de prensa, que total se puede buscar en las hemerotecas, y he partido en dos la demanda. En este comentario cuelgo la primera parte (perogrullo, ¡¡el título!!)
Esta demanda la considero muy interesante en cuanto que aborda el tema electoral desde una óptica totalmente diferente a los escritos anteriores: El programa electoral, y concretamente, su incumplimiento. Aparentemente, los políticos cuando alcanzan el poder, pueden olvidarse de todas las promesas, pero, ¿ES REALMENTE ESTO ASÍ? Veámoslo:
“XXXXXXXXXXXXXX, según establece el artículo 114.1 de la Ley Orgánica 29/1998 de 13 de Julio de 1998, reguladora del procedimiento Contencioso-Administrativo, PIDO el AMPARO JUDICIAL de mis derechos fundamentales, tal y como prevé el artículo 53.2 de la Constitución Española, SOLICITANDO la restitución de los mismos.
Con tal motivo, DENUNCIO al Partido Popular y al Gobierno de España, formado por personas de dicha formación política, de una vulneración de mi derecho fundamental a recibir información veraz, según queda establecido en el artículo 20.1.d de la CE, que ha tenido como consecuencia, además de importantes perjuicios económicos, que no son objeto de la presente demanda, un perjuicio mucho más grave en lo que se refiere a mi derecho fundamental de representación, según está establecido en el artículo 23.1 de la CE.
Si bien la realización de los hechos motivo de la denuncia se vienen produciendo desde la práctica toma de posesión del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, no ha sido hasta la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando se han consolidado dichas medidas contradictorias con la información no veraz emitida durante el período electoral (y con mucha antelación al mismo). Es por ello que considero que, aunque las medidas lesivas del derecho según denuncio, estén vigentes ya, siendo anunciadas paulatinamente, es con la presentación de los PGE (que con toda probabilidad serán aprobados), cuando se consuma de facto la totalidad la vulneración. Por tanto, y cumpliendo los plazos establecidos en el Artículo 115 de la LO 29/1998, es en este momento que presento la denuncia, cumpliendo así la legalidad vigente al respecto.
Atendiendo a que, en lo referente a la vulneración del derecho a recibir información veraz establecido en dicho artículo 20.1.d, la única legislación vigente referente a la restitución de dicho derecho es la LO 2/1984 donde se regula el Derecho de Rectificación, consideré la posibilidad de establecer la argumentación en función de dicho Derecho de Rectificación. Tal vía fue desestimada por este demandante, ya que la LO 2/1984 establece el Derecho de Rectificación para reparar las lesiones producidas en el Derecho fundamental al Honor, tal y como está enunciado en el artículo 18.1 de la CE, por lo que el procedimiento previsto en tal Ley Orgánica no produce la restitución de mi derecho fundamental a la representación, establecido en el artículo 23.1, vulneración que es consecuencia de la vulneración previa del artículo 20.1.d y que infringe claramente el artículo 20.4 de la CE.
Por otro lado, tampoco existe ninguna legislación que regule de manera específica la veracidad de la información suministrada en campaña electoral por las formaciones políticas, tanto en sus programas electorales, como en sus declaraciones, entrevistas y discursos, ya que en el lugar en donde debería estar establecido tanto el procedimiento, como las vías de restitución, que es la LOREG, no se hayan delimitados tales aspectos, ni tan siquiera de manera indirecta. La ley que presenta mayor aproximación a los hechos referidos, es la Ley 34/1988 de fecha 11 de Noviembre, donde se establece la regulación de la Publicidad engañosa, si bien en las vías previstas para la restitución, nuevamente no se ajustan a la demanda de restitución de derechos que realizo. Es por ello, que para establecer los fundamentos jurídicos sobre los que baso mi demanda, me he tenido que acoger, por proximidad, a las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a la vulneración del derecho a la libertad de comunicación que más se aproximan a mi caso, según mi entender, siendo estas sentencias las SSTC 6/1988, 47/2002 y 240/1992.
En fechas previas a las Elecciones Generales de 20 de Noviembre de 2011, entre Septiembre y Noviembre de 2011, éste demandante ha estado expresando su opinión, en ejercicio de mi derecho constitucional a la libertad de expresión, en foros de diversos medios de comunicación, opiniones referidas a las propuestas presentadas en el Programa electoral del Partido Popular y posteriormente reafirmadas por diversos dirigentes de dicho partido en declaraciones a diversos medios de comunicación, expresando en dichas opiniones mi parecer de que tales aspectos programáticos no podían ser cumplidos de ninguna manera, dada la evolución de las condiciones económicas generales y de España en particular, previsiones muy negativas según los principales organismos económicos mundiales, tanto a nivel público como privado. No obstante dicha evolución negativa, los dirigentes del Partido Popular continuaron emitiendo declaraciones en la misma línea, con sólo la introducción de muy leves matices, declaraciones contradictorias con dichos datos macroeconómicos. Bien, ni soy experto en economía ni en gestión política, por tanto alguna cosa debía escapárseme y debían existir medidas alternativas no anunciadas, que serían las que harían posible que tales declaraciones fuesen ciertas.
Una vez pasadas las elecciones, con la victoria del Partido Popular (en adelante PP), se formó el nuevo Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, perteneciente a dicho PP. Al poco de tomar posesión comenzó a aplicar medidas totalmente contrarias a las expuestas en su programa y en sus declaraciones, confirmando que no existían las tales medidas alternativas que se podían deducir de la contradicción entre los datos económicos y las informaciones facilitadas por el PP. Ello significaba pues, que había estado vulnerando mi derecho a recibir información veraz según está establecido en el Artículo 20.1.d de la CE, así como el de la totalidad de la ciudadanía convocada a las urnas, modificando la opinión pública mediante la emisión de la información no veraz y, en consecuencia, el resultado de dichas elecciones.
Existen numerosas informaciones no veraces referidas a muy diferentes hechos, lo cual me impide, como simple ciudadano que soy sin acceso a otros recursos que no sean los propios, referir la totalidad de los hechos que vulneran mi derecho establecido en 20.1.d de la CE. Es por ello que sólo me referiré a los hechos más trascendentes y fácilmente comprobables, obviando el resto de hechos no veraces que puedan haberse dado, como pueden ser el adelanto de la edad de jubilación o la regulación de las hipotecas, aunque únicamente con los hechos relacionados ya es suficiente para demostrar la vulneración de mi derecho expresado en 20.1.d y la consecutiva del expresado en 23.1. Se ha realizado una pequeña selección de noticias aparecidas en diferentes medios y en diferentes fechas, que se anexan al final de la presente demanda, a fin de contrastar las informaciones y comprobar su veracidad, ello evidentemente como ya he dicho, con los medios que dispone un simple ciudadano, si bien, debido a la gran cantidad de noticias existentes, se han tomado las que he creído más representativas, de las que he podido encontrar sin ser especialista en búsquedas en hemerotecas.
Hay que decir que existen otros hechos no veraces que si que han sido rectificados, como puede ser el anuncio hecho por el Sr. González Pons, dirigente del PP, cuando dijo que crearían 3.500.000 puestos de trabajo. Fue llamado al orden por su Partido y tuvo que rectificar el hecho no veraz, diciendo que se trataba de un deseo.
En este punto aportaremos los hechos no veraces comunicados en el programa electoral del PP, hechos que, si bien no son, excepto algunos, de una concreción extrema, adquieren esta concreción mediante la emisión de noticias a través de los medios de comunicación. Los hechos relacionados como no veraces, son los siguientes:
NOTA: Algunas de las noticias emitidas, como la emitida en fecha 3/10/11 en la página web del Partido Popular PP.es, donde Esteban González Pons decía “Asimismo ha explicado que el PSOE quiere evitar que los españoles ahorren subiendo el impuesto de la renta para los ahorradores y el PP quiere bajar los impuestos para que todo cambie”.”, entrarían de pleno en los supuestos contemplados en la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, Artículos 3.b y 3.c referentes a la publicidad ilícita, por cuanto cumplen a la vez las definiciones dadas en los Artículos 4 en cuanto a publicidad engañosa y en el artículo 6 en cuanto a publicidad desleal.
*NOTA: Se ha cambiado el sistema de cálculo del IPC en 2012, con lo cual no me es posible saber cual sería el valor del IPC con el sistema de cálculo anterior. Las pensiones (en general), han perdido poder adquisitivo debido a un incremento menor al IPC y a la subida de IRPF generalizada.
*NOTA: Este hecho de por si, vulnera mi derecho a la igualdad y no discriminación enunciado en el Artículo 14 de la CE, ya que yo he cumplido con mis obligaciones como ciudadano y estoy pagando un valor superior que aquellos que no cumplieron con dichas obligaciones. No sólo eso, sino que además gente con muchos más ingresos pagan mucho menos que yo, siendo esto contrario al principio de progresividad enunciado en el Artículo 31.1 de la CE. Es decir que a mi se me penaliza comparativamente por cumplir con mis obligaciones, mientras que, también comparativamente a dichos ciudadanos se les premia por incumplir la ley.
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