Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00117-de-agosto-1-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e33a6838fd0c0168e0430a0101510168&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-12 19:42:09
Document Index: 336440210

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 30', 'Artículo 250']

SENTENCIA 2013-00117 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:PROTECCIÓN A TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ. AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, SE PODRÁN VINCULAR LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS INVESTIGADOS BAJO ESA LEY, ASÍ RECONOCIDOS POR EL FISCAL DELEGADO DE LA UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE CONOZCA DE LA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE UNA AMENAZA SOBRE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONALES Y A LA LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DERECHO A LA SEGURIDAD, BIEN INMUEBLE, PROTECCIÓN AL TESTIGO, TESTIGO, PROGRAMAS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, BENEFICIOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, DESPOJO DE TIERRAS
Sentencia 2013-00117 de agosto 1º de 2013
Radicación: 08001233300020130011701
Actor: Moisés Alberto Caballero Sierra
Accionado: Nación- Ministerio del Interior y otros
Conoce la Sala, en sede de impugnación, de la acción de tutela presentada por Moisés Alberto Caballero Sierra en contra del Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Protección, grupo técnico de evaluación de riesgo regional Barranquilla y de la Fiscalía General de la Nación, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, de petición y al debido proceso.
1.1. El señor Moisés Alberto Caballero Sierra es desplazado por la violencia del municipio de Pivijay (Magdalena). Actualmente reside en la ciudad de Barranquilla, en razón a que el día 16 de junio de 2001, miembros del bloque norte de las AUC tomaron posesión de la finca “Todos los Santos” ubicada en el municipio de San Ángel (Magdalena) predio de propiedad de la madre del actor, señora Nora Sierra García.
Cuatro meses después de la ocurrencia de este hecho, miembros de ese grupo criminal al mando de Miguel Ramón Posada Castillo, conocido con el alías de “Rafa”, actualmente recluido en la cárcel de la ciudad de Santa Marta, tomaron posesión violenta de la finca “Si Dios Quiere” ubicada en el municipio de Pivijay de propiedad del actor, de su madre y un hermano, de la que hurtaron semovientes, maquinaria agrícola y varios enceres, obligando tanto a los trabajadores como al grupo familiar Caballero Sierra a abandonar el lugar.
1.2. Manifiesta el demandante, que en el mes de abril del año 2003 recibió una llamada de una persona que se identificó como miembro de las AUC, quien le dio la instrucción de presentarse en la Notaría Novena (9ª) del Círculo de Barranquilla, para que suscribiera una escritura pública de venta del predio “Si Dios Quiere” a cambio de devolverle el terreno de “Todos los Santos”. Es así que procedió a transferir la propiedad del inmueble al señor Oswaldo Rubén García Fonseca, suegro de alias “Rafa”, por un monto que nunca recibió.
1.3. Indica que en el mes de mayo del año 2007 en la ciudad de Barranquilla, dio a conocer la ocurrencia de estos hechos a las autoridades competentes, por lo cual aparece registrado como desplazado en acción social. Ya para el año 2011, se hizo parte en el proceso de restitución de las tierras que le fueron despojadas, motivo por el que fue contactado por el abogado de alias “Rafa”, quien en reunión posterior le ofreció un arreglo y le solicitó desvincular del proceso al señor Oswaldo Rubén García Fonseca, suegro del desmovilizado.
En esa reunión, el apoderado del paramilitar reconoció que el señor García Fonseca había actuado como testaferro del criminal conocido como “Jorge 40” y por lo tanto pidió que se fijara un precio por la finca para arreglar dicho asunto. Dice el tutelante que en los días siguientes a la reunión, su apoderado se comunicó con el abogado de alias “Rafa”, para manifestarle que cualquier arreglo partiría de la devolución del predio y del pago de una suma de dinero, ante lo cual no recibió respuesta alguna.
1.4. Manifiesta que el 11 de junio de 2011, un cuñado suyo se dirigió a la cárcel Rodrigo de Bastidas en la ciudad de Santa Marta para visitar un conocido, y que en dicho centro de reclusión fue abordado por alias “Rafa” quien le manifestó “[q]ue si a consecuencia de su denuncia ante la Fiscalía, ordenaban la captura de su suegro, no se iba a quedar quieto, que sabía donde vivía el titular del caso junto con su núcleo familiar, y demás familia, que tenía dinero suficiente y personal por fuera de la cárcel para tomar venganza”.
1.5. Informa que el día 19 de julio de 2012, se dirigió a un establecimiento de comercio denominado “Coolechera” en la ciudad de Barranquilla, y que concomitante con él arribó una persona en una moto de alto cilindraje quien mirándolo fijamente le preguntó al empleado que se encontraba atendiendo que si vendían leche y a qué precio, sin prestar atención a la respuesta que éste le diera, lo cual le generó sospecha, a tal punto que el propio empleado después que el sujeto se retirara le preguntó si venía de algún banco, porque el individuo lo venía siguiendo.
1.6. Por estos hechos, en múltiples oportunidades ha solicitado a diversas autoridades las medidas de protección necesarias para conjurar las amenazas a que se ha visto expuesto. Explica que desde el 21 de junio de 2011, se dirigió al Ministerio del Interior para tales efectos, entidad que a su vez remitió la petición presentada al grupo técnico de evaluación de riesgos de la Fiscalía General de la Nación, que expidió la Resolución 193 de 22 de agosto de 2011, en la que calificó el riesgo del actor como “ordinario”. Así mismo, mediante comunicación ST-C001-12, la Unidad Nacional de Protección consideró de igual manera que el riesgo del tutelante era “ordinario”.
Sin embargo, mediante comunicación UNP-P 29420 de 30 de diciembre de 2011, la directora del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección estableció cosa diferente, al determinar que los hechos denunciados por el actor, ameritan la activación de la presunción constitucional de riesgo y la adopción de medidas preventivas que permitan salvaguardar la vida e integridad del demandante y su núcleo familiar, mediante la aplicación de revistas policiales. Así mismo, solicitó al grupo de evaluación preliminar que efectuara el correspondiente estudio de riesgo, con el fin de determinar el grado de vulnerabilidad en que se encuentra y así tomar las medidas que el caso mereciera.
El 2 de noviembre de 2012, el grupo técnico de evaluación de riesgo regional Barranquilla le envía al actor copia de la Resolución 314 de 29 de octubre de 2012, mediante la cual catalogan el riesgo como “extraordinario” y lo vinculan al proceso de protección, sólo con rondas policiales al lugar de residencia.
Aduce el demandante, que el día 3 de noviembre de 2012, manifiesta su inconformidad respecto de quienes suscribieron esa resolución. En tal sentido expone que la delegada suplente de la Procuraduría General de la Nación, señora María Lourdes Pumarejo Pumarejo, quien intervino en el estudio de riesgo del actor “aparece como socia capitalista de la sociedad Astegan Barranquilla Ltda., con NIT 802.004.520-6 la cual he denunciado ante la FGN y se encuentra en la Fiscalía 19 de asuntos humanitarios de la ciudad de Santa Marta”, por ser dicha empresa una de las titulares del derecho de dominio sobre el predio del cual fue despojado por los paramilitares.
Comenta que el 22 de enero de 2013, el grupo técnico de evaluación de riesgo regional Barranquilla le envía la Resolución 1 de 2013 a través de la cual resuelve el recurso presentado, manteniendo el nivel de riesgo extraordinario, pero dando traslado del caso a la Unidad Nacional de Protección, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4912 de 2012, “por su condición de víctima de desplazamiento y reclamante de tierras” para que esa unidad le otorgue las medidas de protección a que haya lugar.
Sostiene que a pesar de haber sido valorado con riesgo extraordinario, las autoridades accionadas no le han otorgado las medidas de protección idóneas, para contrarrestar las amenazas a las que se ha visto sometido, vulnerando con ello sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, de petición y al debido proceso.
Solicita entonces la tutela de estas garantías constitucionales, mediante la orden dirigida al Ministerio del Interior - Unidad Nacional de Protección o a la Fiscalía General de la Nación - Grupo técnico de evaluación de riesgo regional Barranquilla, para que en un término no mayor a 48 horas otorguen las medidas de protección, reales y eficaces, acordes con el riesgo extraordinario que actualmente padece.
2. Trámite procesal y respuesta de las entidades
Mediante auto de 10 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala de Oralidad— admite la acción en referencia, ordenando la vinculación del Ministerio del Interior - Unidad Nacional de Protección o a la Fiscalía General de la Nación - Grupo técnico de evaluación de riesgo regional Barranquilla (fl. 118).
2.1. De la Unidad Nacional de Protección: visible a folio 124 del plenario, obra memorial suscrito por el jefe de la oficina jurídica (e), en el que expone la competencia de esa entidad para velar por la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad de las personas, grupos o comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias o en razón al ejercicio de su cargo.
Sostiene que en razón de la necesidad de unificar los programas de protección existentes y con el fin de proteger de manera oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que lo requieran y optimizar los recursos financieros, humanos y físicos existentes, fue expedido el Decreto 4912 de 26 de diciembre de 2011, modificado y adicionado parcialmente por el Decreto 1225 de 12 de junio de 2012, por medio del cual se organizó el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.
A la luz de los artículos 3º (num. 18), 36, 37, 38 y 40 del Decreto 4912 de 26 de diciembre de 2011 que al efecto transcribe, manifiesta que conforme con la comunicación de 20 de mayo de 2013 suscrita por el subdirector de evaluación del riesgo de la UNP, se determinó que el nivel de riesgo del señor Moisés Alberto Caballero Sierra es “ordinario”, y sólo en la medida que dicho ciudadano decida movilizarse a la zona de riesgo, deberá solicitar a la Policía Nacional el acompañamiento necesario como medida preventiva de seguridad.
Resalta que los resultados de la evaluación del nivel de riesgo realizadas por autoridades competentes al señor Caballero Sierra, fue calificada con un nivel ordinario en dos oportunidades, lo cual indica que su situación no amerita de una protección diferenciada, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.
2.2. El jefe de la oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación considera que la pretensión de amparo constitucional debe ser negada.
Describe in extenso las actuaciones adelantadas por ese organismo, tendientes a establecer el nivel de riesgo del tutelante y las medidas idóneas para su protección, de cara a la normatividad existente que regula el programa de protección de víctimas y testigos en el marco de justicia y paz.
Respecto a la queja presentada por el señor Caballero Sierra, en lo referente a la intervención de la delegada suplente de la Procuraduría General de la Nación en el estudio de riesgo, expone que en los términos del Decreto 1737 de 2010 (arts. 13 y 15) en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 4800 de 2011 (art. 221) la Procuraduría actúa con voz pero sin voto en las sesiones del grupo técnico de evaluación de riesgo, de tal suerte que esa decisión no puede considerarse viciada. Al margen de lo anterior, informa que en comité realizado el 6 de diciembre de 2012 se relevó de sus funciones a la señora María Lourdes Pumarejo Pumarejo como delegada de la Procuraduría en el grupo técnico de evaluación de riesgo.
Conforme con los artículos 1º, 3º y 13 del Decreto 1737 de 2010 que también transcribe, resalta el papel que cumple el programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005 en el caso concreto, que ha respetado “la voluntad del señor Moisés Caballero de trasladar su caso a la Unidad Nacional de Protección tal y como lo solicitó como petición en el momento de impetrar recurso de reposición y luego del análisis jurídico fue concedido, manteniéndole el riesgo como extraordinario tal y como lo arrojó el estudio de riesgo”.
Afirma que a la fecha, el demandante goza de las medidas de protección suministradas por el programa, consistentes en rondas policivas y plan padrino, que presta la Policía Metropolitana de Barranquilla. Informa que en el presente año a la fecha se han realizado un total de sesenta (60) revistas al lugar de residencia del Moisés Caballero. Aclara que el grupo técnico de evaluación de riesgo goza de plena autonomía y libertad para tomar las respectivas decisiones relacionadas con el programa de protección siempre que se encuentren acordes con las disposiciones vigentes para el momento del estudio de la solicitud de vinculación y definición de medidas de seguridad, como ocurrió en el presente caso.
La Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 27 de mayo de 2013, denegó la protección de los derechos fundamentales del demandante.
Con ayuda del precedente constitucional referido a los niveles de riesgo que ameriten la protección diferenciada del Estado, acompasado con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 del Decreto 4912 de 2011(1) y con los informes allegados al plenario, el tribunal encontró que las autoridades accionadas han brindado toda la atención requerida a las distintas solicitudes que ha presentado el señor Moisés Alberto Caballero Sierra, realizando las evaluaciones de riesgo correspondientes y suministrando las medidas preventivas necesarias. Sostiene que la autoridad competente, es decir, la Unidad Nacional de Protección, llegó a la conclusión, después de hacer dos evaluaciones, de que el riesgo del señor Moisés Caballero es de carácter ordinario, y actualmente con base en los conceptos rendidos por la subdirección de evaluación del riesgo de la Unidad Nacional de Protección, la situación de riesgo se encuentra para ser validada en ese nivel de riesgo, autoridad que cuenta con plena autonomía para definir la clase de riesgo y las medidas de protección correspondientes.
Obra memorial a folio 288 del expediente, en el que el actor expone su inconformidad contra la decisión denegatoria de la protección que invoca. Manifiesta que el grupo técnico de evaluación de riesgo en dos ocasiones valoró el riesgo como extraordinario, en virtud del cual cuenta con las medidas preventivas consistentes en plan padrino y rondas policiales, esperando la valoración de la Unidad Nacional de Protección. Agrega que no quiere correr la misma suerte de aquellas personas que sin la protección del Estado fueron víctimas de la impunidad, reclamando las tierras que les fueron despojadas por los actores del conflicto, quienes imponían su propia ley en un territorio sin presencia de las autoridades. Trae a colación las notas periodísticas que relacionan las muertes de Yolanda Izquierdo, Jairo Martínez, Ever Antonio Cordero, Ermes Enrique Vidal Osorio.
Resuelve la Sala la impugnación, previas las siguientes,
1. Del asunto a resolver.
Corresponde a esta Sala determinar, si las autoridades accionadas quebrantaron los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del demandante, como resultado de la presunta negativa en ofrecer medidas idóneas y eficaces de protección para contrarrestar las amenazas a las que se ha visto sometido, con ocasión al proceso de restitución de las tierras que actualmente adelanta ante los jueces de justicia y paz.
2.1. A folio 15 del plenario, obra la certificación expedida por la coordinadora de atención a la población desplazada de la otrora Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en la que hace saber que el actor Moisés Alberto Caballero Sierra, su esposa, hijas, madre, tres hermanos y demás parientes, se encuentran incluidos en el registro de población desplazada desde el día 1º de agosto de 2008.
2.2. En folio 16 aparece la constancia de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas, con la que el señor Moisés Alberto Caballero Sierra y su cónyuge dieron a conocer su intención de hacerse parte en el proceso de restitución de las tierras, que les fueron arrebatadas por grupos al margen de la ley.
2.3. Reposa a folio 17, el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Ciénaga (Magdalena) del lote denominado “Si Dios Quiere” ubicado en el municipio de Pivijay. En la anotación 11 de ese documento se aprecia, que mediante escritura pública 620 del 8 de abril de 2003 de la Notaría Novena de Barranquilla, el actor, el señor Alberto Luis Caballero Sierra y la señora Nora Sierra García, transfirieron el derecho de dominio de ese predio a Oswaldo Rubén García Fonseca, quien a su vez en el año 2004, lo transfirió a la Sociedad Astengán Barranquilla Limitada.
2.4. Así mismo se aprecia en el folio 34 del proceso, el Oficio UNJP-41187 de 13 de septiembre de 2007, suscrito por la asistente de fiscal IV de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, en el que informa al actor lo siguiente:
“De acuerdo a las disposiciones adoptadas por esta Fiscalía, comedidamente informo que el reporte del hecho que usted diligenció en el registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, establecido por la Unidad Nacional para la Justicia y Paz fue asignado a esta Fiscalía, ha sido consignado en la base de datos que se lleva.
Por lo anterior me permito comunicarle que el representante del bloque norte Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 ha sido postulado a la ley de justicia y paz y aprovecho la oportunidad para informarle que a partir del próximo 1º de octubre, en la ciudad de Barranquilla (…) se recepcionará su versión, como lo indica la ley de justicia y paz, fechas que podrán ser consultadas en la página web indicada en el pie de página de este oficio, así como la programación de las diligencias de versión libre, como también en las emisoras de esa localidad y en avisos transmitidos por canales de televisión. (…)”
2.5. Mediante la Resolución 193 de 22 de agosto de 2011 (fl. 55), el grupo técnico de evaluación de riesgo seccional Barranquilla, calificó que el riesgo del señor Moisés Caballero Sierra y su núcleo familiar como “ordinario” y en esa medida, no ordenó su vinculación en el programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005.
2.6. Reposan igualmente en el plenario, las recomendaciones dadas por el padrino policial asignado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de 14 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre de 2011, de las que se destacan: “informar cualquier movimiento sospechoso a la policía nacional”, “conocer muy bien el sector donde reside”, “enviar a toda costa la rutina en la medida de las posibilidades”, “saber leer las calles e interpretar cada situación que le parezca fuera de contexto, con el fin de evitar el libre accionar terrorista” y “hacer amigos en el sitio de residencia, lugares cercanos de trabajo y establecimiento en el cual se realicen actividades cotidianas, comunicando a las autoridades sobre cualquier información que permita establecer las pretensiones de los grupos al margen de la ley” (fls. 63-65).
2.7. El 30 de noviembre de 2011, el actor presentó una nueva denuncia ante la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, en la que expone con detalle el número de semovientes, maquinaria agrícola y enseres que le fueron hurtados por los paramilitares. También informa sobre la situación de asilado de uno de sus hermanos en el Reino de España desde el año 2007, en razón a las amenazas de los grupos ilegales por su participación en política, sin que previamente aceptara “la ideología política y doctrinas de la organización” (fls. 66-72).
2.8. El 30 de diciembre de 2011, la Unidad Nacional de Protección envió comunicación al demandante, en la que le informan que “cumplía con los requisitos para que le fuera activada la presunción constitucional de riesgo” y en esa medida, solicitó a la Policía Nacional la adopción de medidas preventivas que permitan salvaguardar la vida e integridad del petente y su familia, mediante la aplicación de revistas policiales. De igual manera, solicitó al grupo de evaluación preliminar que efectuara el correspondiente estudio de riesgo, con el fin de determinar el grado de vulnerabilidad en que se encuentra y así tomar las medidas a hubiere lugar (fl. 73).
2.9. Aparece en el expediente (fl. 47) la denuncia presentada por el actor el día 6 de septiembre de 2012 en la Fiscalía General de la Nación, en la que da a conocer los siguientes sucesos:
“El 19 de julio de 2012, yo salgo desde el almacén Ganadero de Coolechera, ubicado en la carrera (…) y me dirijo a la calle (…) llegué en compañía de mi esposa y mis suegros, al Punto de Coolechera ubicado dentro de la panadería Santana, al mismo tiempo llega una persona en una moto de alto cilindraje y le pregunta al dependiente del punto, que si venden leche y cuanto cuesta el litro, y se queda mirándome fijamente a mí y se va de inmediato, el dependiente le contesta pero el sujeto no le presta ninguna atención; luego el dependiente me pregunta si yo vengo de algún banco, porque la moto me venía siguiendo a lo cual le respondo que NO, y me dice que ese sujeto lo estaba siguiendo a usted.
En abril de 2003, recibí una llamada de quienes se identificaron como miembros de las AUC, se nos dio instrucciones de presentarnos en la Notaría Novena, donde debíamos suscribir una escritura pública de compra venta del predio Si Dios Quiere, a cambio se nos prometió la devolución de la Finca Todos Los Santos, ubicada en el municipio de San Ángel Magdalena. En la Notaría Novena suscribimos la escritura donde se dejó consagrada la supuesta venta del predio Si Dios Quiere, al señor Oswaldo Rubén García Fonseca, padre de la esposa de alias Rafa.
El abogado del desmovilizado alias Rafa de nombre Milton Vargas se reunió con mi abogado José Humberto Torres, en los primeros días del mes de mayo de 2011, ofreciendo un arreglo y solicitando desvincular del proceso al señor Oswaldo García Fonseca; en esa reunión el abogado Vargas reconoció que en este asunto García Fonseca había actuado como testaferro del señor Jorge 40 y pidió que fijáramos un precio para arreglar el asunto. Días después mi abogado vía celular le comunicó al doctor Milton Vargas, que cualquier arreglo partiría de la devolución del predio y el pago de cuatro mil quinientos millones de pesos ($ 4.500.000.000) la cosa quedó allí y no se volvió a recibir llamadas del abogado de alias Rafa.
El 11 de junio de 2011, mi cuñado Eduardo Enrique Pabón Herrera, fue a la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta a visitar a Ramón Prieto Jure, alcalde de Pivijay, en el centro de reclusión fue abordado por Alias Rafa, quien le manifestó: “que si a consecuencia de mi denuncia la Fiscalía, ordenaba la captura de su suegro él (alias Rafa) no se iba a quedar quieto, que sabe donde vive mi esposa mis hijas y toda mi familia, que tenía el dinero suficiente y personal afuera de la cárcel para desquitarse de ese hecho”.
1. Al Estado Colombiano, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que garantice mi vida y la integridad física de mi familia, así como a todas aquellas personas que al igual que yo se encuentran en proceso de reclamación de tierras despojadas por las AUC y han sido amenazados de muerte.
2. A la Fiscalía y la rama judicial, que esclarezcan los hechos arriba denunciados y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de las diferentes denuncias por mí presentadas, así como a todas aquellas personas que al igual que yo se encuentran en proceso de reclamación de tierras despojadas por las AUC y han sido amenazados de muerte en el marco del proceso de desmovilización de las Autodefensas.
3. Al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al GTER Barranquilla, al Ministerio de Agricultura, a la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras; que implementen una política pública de protección integral real para mí y mi núcleo familiar; así como a todas aquellas personas que al igual que yo se encuentran en reclamación de tierras despojadas por las AUC y han sido amenazados de muerte, para que no sucedan más casos como los de Yolanda Izquierdo Berrío, en el departamento de Córdoba.
5. (…) el día 19 de julio de 2012, apenas me ocurrieron los hechos, llamé al policía del plan padrino asignado, el cual se encontraba en una reunión por lo que tuve [que] salir hacia mi residencia sólo y expuesto a lo que me pudiera ocurrir. Solicito a la Policía Nacional, se me asigne una persona o funcionario que en caso de urgencia, me solucione de inmediato mi situación, ya que el 123, los policías de cuadrante, el plan padrino (..) en mi caso no han sido eficaces”.
2.10. En virtud de la Resolución 314 de 29 de octubre de 2012 (fls. 85-88), el grupo técnico de evaluación de riesgo, regional Barranquilla, conformado por los delegados de la Policía Nacional, de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, establecieron que riesgo al cual se encuentra sometido el señor Moisés Caballero es extraordinario, “teniendo en cuenta la amenaza formulada por el postulado alias “Rafa” y la situación de riesgo que se le presentó en el mes de julio del año en curso, aunado con la situación coyuntural en la que se encuentra en este momento los procesos de restitución de tierras en el departamento del Magdalena, por lo cual se determina que se deben adoptar medidas conducentes a proteger la seguridad personal, integridad física, libertad y vida del titular del caso. Se encuentra acreditado como Víctima en el marco de la Ley 975 de 2005. Por lo tanto se determina que cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 1737 de 2010 capítulo I, artículos 1º y 2º, para ser vinculado al programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005” (resaltado fuera de texto).
2.11. El 30 de noviembre de 2012, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión anterior, solicitando que se adicionaran las medidas protectivas con “un esquema móvil consistente en vehículo blindado y escolta de acuerdo a lo establecido en el numeral 6º, artículo 29 del Decreto 1737 de 2010”. Igualmente pidió “sin perjuicio de lo anterior y en razón que la amenaza proviene de la reclamación de tierras del predio Si Dios Quiere (…) considero que mi seguridad y la de mi núcleo familiar, sea otorgada a través de la UNP (Unidad Nacional de Protección) ya que encaja en la definición del numeral 22 del artículo 3º del Decreto 4912 del 2011, por el derecho a la vida y a la integridad y teniendo en cuenta inclusive el derecho a la igualdad porque personas en mi misma situación tienen esta clase de esquemas de seguridad”.
2.12. El 3 de diciembre de 2012 (fls. 90-91), el demandante Moisés Caballero nuevamente presentó memorial dirigido al secretario técnico del grupo técnico de evaluación de riesgo, en los siguientes términos:
“Con gran preocupación pongo en conocimiento de su despacho la situación presentada durante el comité técnico de evaluación de riesgo realizado el día 29 de octubre de 2012 donde se confirmó el riesgo extraordinario, teniendo en cuenta la amenaza formulada por el Postulado Miguel Ramón Posada Castillo, alias “Rafa” como consecuencia de la reclamación de tierras de la finca Si Dios Quiere, ubicada en el municipio de Pivijay (Magd.).
Dentro del comité del GTER hizo parte como delegada de la Procuraduría la Sra. María Lourdes Pumarejo, quien según el certificado de existencia y representación legal 1284633 de Cámara de Comercio de Barranquilla, esta señora aparece como socia capitalista de la sociedad Astegán Barranquilla Ltda., con NIT 802.004.520-6.
Contra la sociedad Astegán Barranquilla Ltda., con NIT 802.004.520-6 y otros se encuentra en curso una denuncia penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, constreñimiento ilegal, extorsión, testaferrato y otros de los que resultamos víctimas (…) en virtud de los hechos ocurridos con el robo de semovientes en las fincas Todos Los Santos o Yamacama y Si Dios Quiere y el despojo de la finca Si Dios Quiere, con matrícula (…) ubicada en el municipio de Pivijay (Magd.). De esta denuncia tiene conocimiento la Fiscalía 19 Especializada de Asuntos Humanitarios en la Ciudad de Santa Marta.
Por los hechos mencionados anteriormente se están vulnerando mis derechos, ante esta situación siento que el GTER no me está brindando las garantías necesarias para mi seguridad ya que dentro del comité se ventiló [la] situación delicada de riesgo e información confidencial, de la cual tuvo acceso la Sra. María Lourdes Pumarejo, quien tiene relación con los hechos sucedidos por ser parte de la Sociedad Astegán Barranquilla Ltda.”.
Anexo con la anterior solicitud, el actor allegó copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, respecto de la sociedad Astegán Barranquilla Limitada, cuyo objeto social corresponde al de la explotación y comercialización de la actividad agropecuaria y ganadera y de sus productos derivados. Dentro de los socios accionistas de esa compañía, según se desprende de ese documento, se encuentra la señora María Lourdes Pumarejo Pumarejo (fls. 92-93).
2.13. El grupo técnico de evaluación de riesgo a través de la Resolución 1 de 17 de enero de 2013, resolvió el recurso interpuesto, así:
“ART. 1º—Tener como extraordinario, el riesgo del señor Moisés Alberto Caballero Sierra y núcleo familiar (…) conforme lo establece el estudio de riesgo y amenaza, efectuado por la Policía Nacional de la Metropolitana de Barranquilla.
ART. 2º—REVOCAR la decisión adoptada por el grupo técnico de evaluación de riesgo de Barranquilla, contenida en la Resolución 314 de octubre 29/2012, desvinculando al señor Moisés Alberto Caballero Sierra y núcleo familiar del programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005, por falta de consentimiento principio rector contemplado en el Decreto 1737 de 2010, artículo 3º como quedó plasmado en la parte considerativa de la presente decisión, toda vez que el mismo recurrente afirma que su situación de inseguridad no es proveniente de su participación en Justicia y Paz o para impedírsela, sino del proceso de restitución de tierras que viene adelantando.
ART. 3º—Dar traslado del presente caso a la Unidad Nacional de Protección, conforme lo dispone el Decreto 4912 de 2012, tal y como lo solicita el recurrente en las peticiones incoadas en el texto del recurso, habida cuenta que por su condición de víctima de desplazamiento y reclamante de tierras de acuerdo al artículo 6º numeral 9º del Decreto 4912 deviene el riesgo Extraordinario calificado en el estudio de riesgo citado. Solicitar sea informado a este programa de protección sobre la aplicación de medidas a favor del titular del caso, para dar por terminado las que por este programa le fueron en su oportunidad ordenadas, plan padrino, rondas policivas y medio de comunicación”.
3. De la obligación de dar protección a los derechos fundamentales a la vida y la seguridad personal.
El artículo segundo de la Constitución Política consagra, entre otros, como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la propia Carta, al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; mandatos que naturalmente garantizan la vigencia del derecho fundamental a la vida de todas las personas residentes en Colombia, de que trata el artículo once ibídem.
En criterio de la Corte Constitucional, de estas disposiciones se derivan al menos dos obligaciones del Estado frente al derecho a la vida, como son: no interferir en su ejercicio (obligación de respetar) e impedir que terceras personas lo afecten (obligación de proteger)(2). En estos dos ámbitos, ha dicho la Corte, corresponde al Estado garantizar la protección del derecho a la vida, en tanto que este derecho constituye el presupuesto básico para el ejercicio de las demás garantías subjetivas.
Por su parte, la seguridad entendida en su dimensión de derecho fundamental, aparece consagrada en el derecho internacional en los siguientes términos: el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla el derecho a la seguridad así: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, mientras que en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expresa: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el ordinal primero de su artículo séptimo estipula que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
Con ayuda de estos instrumentos internacionales, la Corte Constitucional ha precisado que si bien la noción de seguridad no aparece explícitamente consagrada, sí se ve reflejada bajo múltiples formas en el texto constitucional. En ese sentido, la Corte ha entendido a la seguridad como: a) un valor y una finalidad del Estado; b) como un derecho colectivo, y c) como un derecho fundamental, derivado —entre otras— de las múltiples garantías previstas en la Carta contra los riesgos extraordinarios a los que se pueden ver sujetas las personas(3), que atentan contra su vida y su dignidad.
En ese contexto normativo, la jurisprudencia constitucional ha dado protección y plena vigencia de los derechos fundamentales a la vida y la seguridad personal. A continuación se exponen las reglas que ha diseñado para establecer, en los casos concretos, cuál es el contenido y alcance de esas obligaciones, así como los requisitos que debe satisfacer el interesado para exigir su cumplimiento mediante la acción de tutela.
4. Obligaciones específicas del Estado frente a la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal.
Conforme con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional vigente(4), sólo cuando una persona satisface las condiciones definitorias del riesgo extraordinario, en ejercicio de su derecho fundamental a la seguridad personal, puede exigir especial protección por parte del Estado. Para tal efecto deben tenerse en cuenta algunos criterios de apreciación que ayudan a determinar las condiciones que dan lugar a la exigibilidad del derecho a la seguridad personal.
En la providencia T-585A de 2011, la Corte Constitucional sistematizó esos criterios en los siguientes términos. Se aclara que las notas al pie de página 10 a 23 corresponden a esa decisión:
“4.4.1. La obligación del Estado de adoptar medidas especiales para salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad personal se deriva de la confluencia en el caso concreto de factores subjetivos y objetivos o externos(5). Así, (i) “[s]e exige que la amenaza sea real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente”; (ii) que haya sido dirigida contra un sujeto o un grupo determinado o determinable de personas; (iii) que “el solicitante se encuentr[e] expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad” por su pertenencia a un partido político o a un sindicato, por su condición de víctima del conflicto armado, su actividad profesional o sus vínculos familiares, “o [por] haberse visto involucrado en acciones adelantadas por grupos armados que actúan por fuera de la ley”; y (iv) “[q]ue la amenaza sea individualizada y que se presente en una zona de presencia activa de los grupos insurgentes”(6).
4.4.2. Frente a las personas cuyo derecho fundamental a la seguridad personal ha sido vulnerado por terceras personas o por el propio Estado, los servidores públicos responsables de implementar medidas correctivas o de protección deben reconocer oficialmente la existencia de esa vulneración; no desestimar la situación de amenaza cuando existe información relevante y suficiente que demuestre la veracidad de lo dicho por el afectado; y “actuar de manera particularmente cuidadosa para no aumentar el riesgo en el cual estas personas se encuentran”(7). En este sentido, corresponde al Estado “ser extremadamente sensible en sus intervenciones”(8), con el propósito de no fomentar o propiciar las condiciones para la revictimización de las personas lesionadas en sus derechos fundamentales. Ese deber implica, por ejemplo, “no hacer imputaciones temerarias que pudieran afectar los derechos de terceras personas que se encuentran en especial situación de riesgo o que hubieren sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos”(9), así como no hacer afirmaciones que inciten la violencia contra esas personas, ridiculizar su temor o desacreditar su dicho sin pruebas(10).
4.4.3. En el curso de los procesos penales es deber de la Fiscalía General de la Nación adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección “de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes”(11). Este deber adquiere especial importancia cuando los hechos objeto de investigación guardan relación directa con graves violaciones de derechos humanos o situaciones producto del conflicto armado. Si bien la Fiscalía tiene autonomía para juzgar la idoneidad y eficacia de la participación de esas personas en el proceso penal, esa entidad no puede desconocer que la búsqueda por el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación puede poner en serio peligro la vida y la seguridad personal de las víctimas y los testigos, sus familias y defensores. En este sentido, es claro que la negligencia de la Fiscalía en el otorgamiento de la protección debida puede llegar a comprometer la responsabilidad del Estado(12).
4.4.4. El Estado goza de autonomía para definir medidas especiales de protección a favor de los ciudadanos en situación de peligro(13). De esta manera, en primer lugar, corresponde al legislador la definición de los programas y estrategias orientados a satisfacer ese propósito(14), y en segundo lugar, a las entidades que por mandato constitucional y legal tienen deberes especiales en esa materia. Esto quiere decir que la adecuada protección del derecho a la seguridad personal impone una carga prestacional y un determinado costo económico a cargo del Estado, que de ninguna manera puede ser eludido. Además, dichas medidas deben constituir “soluciones reales y efectivas a la problemática planteada y el nivel de riesgo al que se encuentra sometido la persona sea extraordinario o extremo, pues las otras categorías, según lo expuesto, no demandan una atención especial del Estado al constituir contingencias derivadas del hecho de vivir en sociedad o de preservar la continuación en la prestación de un servicio público”(15).
4.4.5. En todo caso, la falta de disposición legal expresa aplicable no exonera al Estado de dar cumplimiento a su obligación de proteger el derecho a la seguridad personal. Esto es así, porque el valor normativo directo de la Carta Política no puede ser desconocido por ninguna autoridad. Entonces, de comprobarse que el individuo se encuentra en peligro, la autoridad competente debe determinar e implementar oportunamente las medidas de protección que más se ajusten a sus condiciones particulares(16), aunque los supuestos fácticos y jurídicos del caso no encuadren en ninguno de los programas institucionales de protección(17).
4.4.6. Si bien las medidas de protección que puede adoptar el Estado para garantizar el derecho a la seguridad personal pueden variar según la oferta institucional disponible, los requerimientos específicos del afectado, entre otros factores, en todos los casos que se invoque la intervención protectiva del Estado, corresponde a las autoridades el cumplimiento de los siguientes deberes mínimos:
(i) Adoptar medidas necesarias y proporcionales de protección con fundamento en los resultados de un estudio de riesgo que siga determinadas pautas técnicas, realizado por personal idóneo, y libre de prejuicios respecto de la “posición frente al gobierno o de la opinión [del afectado] sobre las distintas agencias del Estado”(18).
(ii) Evaluar periódicamente la evolución de la amenaza, y tomar las decisiones correspondientes para atender a dicha evolución, lo que implica dar una respuesta efectiva ante cualquier signo de concreción o realización de la amenaza(19).
(iii) Cuando el estudio de riesgo practicado concluya que la vida del interesado no se encuentra en peligro y éste persista en solicitar a las autoridades medidas especiales de protección, corresponde al Estado desvirtuar las pruebas presentadas sobre los hechos de violencia, amenaza y hostigamiento alegados, pues “una manera de vulnerar de nuevo sus derechos es la actitud del Estado destinada a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos”(20).
(iv) Frente a su obligación de proteger el ejercicio de los derechos a la vida y a la seguridad personal, el Estado no puede hacer distinciones respecto del “sujeto que con sus actuaciones amenaza el derecho fundamental a la vida, pues la obligación estatal de asegurar su inviolabilidad es en cualquier caso exigible, independientemente que provenga de delincuencia común, de grupos armados al margen de la ley o incluso del propio Estado(21)”(22).
(v) Asumir la responsabilidad administrativa que se deriva de no proveer medidas de protección para preservar la vida y la seguridad personal, cuando quienes se encuentran seriamente amenazados han manifestado esa situación a las autoridades(23).
Con base en lo expuesto, pasa la Sala a determinar las autoridades llamadas a dar protección a los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, cuando existe un riesgo extraordinario.
5. Programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005.
El artículo 1º del Decreto 1737 de 2010, el programa de protección para víctimas y testigos, coordinado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tiene por objeto “salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de justicia y paz, o para impedir que intervenga en el mismo”.
De acuerdo con el Decreto 1737 de 2010, para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior cuenta con dos grupos interinstitucionales de apoyo: el grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo y el grupo interinstitucional de protección. Por su parte, el grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo está integrado por la Policía Nacional y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su función principal es “recopilar información, elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo para presentación ante el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, y para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este Programa” (art. 10). De otro lado, el grupo interinstitucional de protección está integrado por representantes de las direcciones de justicia transicional y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Entre las actividades que realiza el grupo de protección se encuentran: “elaborar y aprobar los protocolos de atención individual y colectiva de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005, con enfoque diferencial y de género” y “sugerir a las entidades encargadas de la ejecución de medidas de protección, la adopción de otras medidas de protección, además de las existentes, que considere pertinentes”.
Adicional a lo anterior, el programa prevé la existencia del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, y del grupo departamental de medidas complementarias —integrado por el gobernador o su secretario de gobierno o del interior del departamento, la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Dirección Seccional de Fiscalías y la Defensoría del Pueblo—.
A la luz del artículo 17 del decreto citado, sus funciones son “[d]efinir e implementar las medidas complementarias, a las medidas de protección individuales asignadas por cada una de las instancias del programa de protección”; [y] “[p]oner en marcha los dispositivos de protección a municipios, franjas poblaciones y territorios colectivos de grupos étnicos, teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial, que adopte el grupo interinstitucional de protección”.
Ahora bien, en virtud del parágrafo 2º del artículo 14 del Decreto 1737 de 2010, la secretaría técnica del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, está a cargo de la oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, del cual hacen parte también la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. Según el artículo 15 del decreto, la función principal del GTER es evaluar y determinar el nivel de riesgo de las víctimas y testigos en los procesos penales adelantados en cumplimiento de la Ley 975 de 2005, con fundamento en los siguientes criterios:
“Riesgo extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal de la víctima o testigo en el marco de la Ley 975 de 2005 y que se adecua a las siguientes características:
Riesgo extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave, inminente y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo”.
Así, el artículo 2º del mencionado decreto dispone que será beneficiaria del programa, “toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad”. Al respecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 315 de 2007 “Por medio del cual se reglamenta la intervención de las víctimas durante la etapa de investigación en los procesos de Justicia y Paz de acuerdo con lo previsto por la Ley 975 de 2005”, “[p]ara intervenir en las investigaciones que se adelanten de acuerdo con la Ley 975 de 2005, (…) las víctimas deberán acreditar previamente esa condición ante el fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación que conozca de la investigación, mediante la identificación personal del interesado y la demostración del daño sufrido como consecuencia de las acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por uno o varios miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan decidido acogerse al procedimiento y beneficios de la Ley 975 de 2005” (resaltado fuera del texto original).
En relación con las medidas de protección a que tienen derecho las víctimas incorporadas al programa de protección de la Ley de Justicia y Paz, el artículo 29 del Decreto 1737 señala:
“Cuando el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, haya determinado que la víctima solicitante se encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán las siguientes medidas.
7. Reubicación. Es el traslado definitivo de la víctima o testigo en riesgo en el marco de la Ley 975 de 2005, de la zona de riesgo a otro sitio del país, evento en el cual se le brinda apoyo para la estabilización socioeconómica. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación, garantizará la seguridad y subsistencia del protegido, hasta tanto se implemente la medida de la que trata este numeral”.
De esta manera, en consideración del artículo 31 del decreto en comento, la reubicación de la víctima, y el suministro de chalecos antibalas y medios de comunicación estarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación; las rondas policiales y el plan padrino, serán responsabilidad de la Policía Nacional; y las actividades de seguimiento y monitoreo de las medidas de protección brindadas serán adelantadas por la Procuraduría General de la Nación.
En suma, al programa de protección a víctimas y testigos de la ley de justicia y paz del Ministerio del Interior y de Justicia, se podrán vincular las víctimas y testigos de los delitos investigados bajo esa ley, así reconocidos por el fiscal delegado de la unidad de justicia y paz de la Fiscalía General de la Nación que conozca de la investigación, en virtud de la existencia de una amenaza sobre sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personales y a la libertad.
Contrario a lo afirmado por el a quo en la sentencia de primer grado, esta Sala encuentra a partir de los elementos de convicción arribados al plenario, que el señor Caballero Sierra se encuentra en un nivel de riesgo extraordinario y, por tanto, padece un peligro específico e individualizable, cierto, importante, excepcional y desproporcionado. Para la Sala es claro que por razón de la restitución de las tierras que persigue le sean devueltas en el marco de la ley de justicia y paz, el actor ha visto alterado su modo de vida y su tranquilidad, haciéndolo suponer que la integridad y la vida propia y de sus familiares corren verdadero peligro.
Por ello, resulta inaudito que la Unidad Nacional de Protección considere que el riesgo que padece el actor sea del nivel ordinario, teniendo en cuenta el contexto actual del conflicto de nuestro país, en donde a las miles de vidas que se pierden año a año, se suman los detrimentos patrimoniales de las víctimas que se ven reflejadas principalmente en el despojo y la usurpación de sus tierras, cuya tenencia y explotación guarda una singular relación con las raíces de la confrontación violenta interna que vive Colombia.
Una interpretación contraria implicaría aceptar que es inherente a la vida en sociedad, que una persona y sus familiares sean amenazados mediante mensajes enviados a través de terceros y sea asediada en su cotidianeidad, simplemente por reclamar lo que se considera justo.
En esas condiciones, la Sala tutelará el derecho fundamental a la seguridad personal del tutelante. En consecuencia, ordenará al jefe de la oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, como secretario técnico del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, que en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, le otorgue las medidas de protección a que hace alusión el artículo 29 del Decreto 1737 de 2010.
Se excluirá a la Unidad Nacional de Protección de cumplir la orden impartida, en consideración a que de la situación fáctica expuesta por el actor, no se advierte que haga parte de los grupos de población objeto de salvaguardia por parte de esa entidad, tal como lo define el artículo 1º del Decreto 4912 de 2011, en los siguientes términos:
“ART. 1º—Objeto. Organizar el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
6. Otras decisiones.
Atendiendo la gravedad de los hechos denunciados por el peticionario, la Sala ordenará compulsar copias de esta providencia a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, a fin de que se investigue penal y disciplinariamente la conducta desplegada por la señora María Lourdes Pumarejo, por haber actuado como delegada de ese órgano de control en la valoración del riesgo del señor Moisés Alberto Caballero Sierra, siendo a su vez, socia de la empresa Astegán Barranquilla Ltda., que en palabras del actor, fue partícipe del despojo del inmueble “Si Dios Quiere” del que fue víctima en el municipio de Pivijay.
I. REVÓCASE la sentencia del 27 de mayo de 2013 proferida por la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó el amparo de tutela invocado. En su lugar se dispone;
II. AMPÁRESE el derecho fundamental a la seguridad personal del señor Moisés Alberto Caballero Sierra.
III. ORDÉNASE al jefe de la oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, como secretario técnico del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, que en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, le otorgue al ciudadano Moisés Alberto Caballero Sierra, las medidas de protección a que se hace alusión en la parte motiva de esta providencia.
IV. COMPÚLSESE las copias señaladas en el numeral 6º de la parte motiva de este fallo.
V. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
(1) “por el cual se organiza el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”.
(2) Corte Constitucional. Sentencias T-102 de 1993, T-686 de 2005, T-1132 de 2004, T-134 de 2010 y T-728 de 2010.
(3) Corte Constitucional. Sentencia T-719 de 2003.
(4) Ver entre otras, las sentencias T-339 y 728 de 2010.
(5) Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-728 de 2010 y T-439 de 1992.
(6) Los elementos citados fueron expuestos por la Corte en la Sentencia T-1026 de 2002. En esa sentencia, la Corte concedió la tutela del derecho fundamental a la seguridad personal de cuatro docentes que solicitaban su reubicación en otro municipio, al constatar que la Secretaría de Educación del departamento del Cesar no había atendido sus peticiones, a pesar de que las FARC los había amenazado en varias oportunidades.
(7) Sentencia T-1037 de 2008. En esa oportunidad, la Corte amparó el derecho fundamental a la seguridad personal de una periodista a quien el Ministerio del Interior y de Justicia había excluido de su programa de protección. Al resolver el caso, la corporación manifestó: “en el presente caso se le ordenará al Ministro del Interior y de Justicia que formule una declaración dirigida a la actora, en la que de forma clara y sin inducir a error, dudas o contradicciones, ponga de presente la situación de riesgo en que ella se encuentra, según lo establecen los estudios de riesgo mencionados. Sin embargo, si tiene alguna prueba sobre la falsedad de dichos estudios, debe ponerla de presente y adelantar las actuaciones correspondientes. Esta declaración está destinada a restaurar el daño producido con las afirmaciones dubitativas de la entidad encargada de proteger a la actora. Por tal razón, para cumplir su finalidad, debe ser realizada de buena fe, es decir, de manera leal, clara y transparente. Finalmente, el Ministro deberá instruir a todos sus funcionarios y asesores sobre la importancia de respetar en extremo la situación de personas que sienten, con razones objetivas, que su vida o su integridad se encuentra amenazada, con independencia de su posición frente al gobierno o de la opinión que profesen sobre las distintas agencias del Estado”.
(8) T-719 de 2003.
(9) Sentencia T-1037 de 2008.
(10) Cfr. Sentencia T-524 de 2005.
(11) Artículo 250.7 de la Constitución Política.
(12) Cfr. Sentencias T-1025 de 2007, T-1060 de 2006, T-558 de 2003 y T-532 de 1995.
(13) Cfr. Sentencia T-134 de 2010.
(14) Al respecto, se puede consultar, entre otras, la Sentencia T-686 de 2005.
(15) Sentencia T-686 de 2005.
(16) Sobre esta consideración, resulta ilustrativa la Sentencia T-915 de 2003: “[l]a Sala considera que al actor se violó el derecho a tener protección integral de su vida y de su grupo familiar por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, no por no haberlo incluido en el programa de protección, o por no colaborarle en la ubicación en el exterior, sino por no haberle suministrado oportunamente la protección debida que su caso amerita. Es decir, el hecho de que no pudiera ser incluido en el programa no relevaba al ministerio de realizar todas las actividades pertinentes para que se le diera la protección oportuna a que tiene derecho. || (…) Y es en este punto en donde para la Sala de esta corporación radica la vulneración del derecho a la protección de la vida del actor y de su familia, porque si bien, se repite, de acuerdo con las disposiciones legales el actor no encaja en el programa de protección, ni era posible colaborar con su ubicación en el exterior, no podía olvidarse que la exigencia principal del ciudadano era la de obtener una respuesta oportuna encaminada a la protección exigida. || (…) Aplicando, entonces las razones constitucionales y jurisprudenciales al caso bajo estudio, esta Sala de Revisión concederá la tutela pedida por el actor, de acuerdo con las condiciones del caso. Para la Sala al actor se le vulneró su derecho a recibir la protección integral oportuna que su situación de víctima de un delito merecía, así su riesgo hubiere sido clasificado medio-medio, cinco meses después de solicitada la protección. Protección que no tiene que ser la misma que el interesado pretenda, sino la que las autoridades consideren que su situación amerite, de acuerdo con los niveles de gravedad”.
(17) Cfr. Sentencia T-524 de 2005.
(18) Sentencia T-1038 de 2007. Sobre el particular, también se pueden consultar las sentencias T-1037 de 2008, T-1060 de 2006, T-524 de 2005 y T-976 de 2004. Específicamente, en la Sentencia T-496 de 2008, la Corte precisó que la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal de las víctimas del conflicto armado implica que en el diseño de una estrategia de protección se debe dar cumplimiento a los siguientes principios: “(i) deber de identificación del riesgo; (ii) especificidad y exhaustividad en la valoración del riesgo y los factores que lo generan;(iii) oportunidad en la respuesta; (iv) adecuación de la respuesta a las circunstancias; (v) actualización del estudio de riesgo (evaluación periódica); (vi) prohibición a la administración de generar riesgos extraordinarios (no perjudicar); (vii) capacitación de los encargados de operar el programa; (viii) incorporación al programa de experto en experiencias traumáticas y asesores sicológicos; (ix) información adecuada; (x) logística segura; (xi) garantía de atención de necesidades básicas”.
(19) Cfr. Sentencias T-728 de 2010, T-496 de 2008, T-1037 de 2006 y T-524 de 2005.
(20) Sentencia T-821 de 2007.
(21) Cfr. Sentencia T-160 de 1994.
(22) Sentencia T-728 de 2010.
(23) Cfr. Sentencias T-728 de 2010, T-1037 de 2006, T-524 de 2005, T-327 de 2004, T-590 de 1998 y T-439 de 1992.