Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000033609
Timestamp: 2020-08-14 01:29:48
Document Index: 315646760

Matched Legal Cases: ['artículo 182', 'artículo 182', 'artículo 14', 'artículo 436', 'artículo 21', 'artículo 132', 'artículo 81', 'artículo 78', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 182', 'artículo 21', 'artículo 246', 'artículo 436', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 436', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 38', 'artículo 21', 'artículo 182', 'artículo 13', 'artículo 11']

Rafael Harvey Valdés con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C2480-19
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega del oficio y manual consultado. Lo anterior, al tratarse de información pública, teniendo presente que respecto de los dos primeros documentos, el órgano reclamado no aportó antecedente alguno que permita evidenciar una afectación a las labores de inteligencia. Además, el manual mencionado ya fue ordenado entregar en la decisión de amparo Rol C2443-18, ratificada por la Iltma. Corte de Apelaciones en causal rol 594-2018 y por la Excma. Corte Suprema, en causal rol 9814-2019. También, se acoge el amparo sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó lo solicitado sobre las denuncias, al II Juzgado Militar, puesto que atendido lo resuelto por la Corte de Apelaciones en la causa rol 380-2019, ordenar su entrega al Ejército, supone legitimar una expansión indebida del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia o se estaría permitiendo una vía indirecta de acceso a información que está bajo la responsabilidad y resguardo de la autoridad judicial. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de los parte de fuerza consultados, por cuanto pueden generar una afectación presente o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, toda vez que la entrega de lo requerido da cuenta de los nombres y totalidad de oficiales por unidad que forman parte de la guarnición de Santiago. Finalmente, se rechaza el amparo respecto de los antecedentes enviados por el Ejército al Ministerio Público, toda vez que entregar lo pedido, afectaría la persecución penal de parte de la Fiscalía, ya que el dar a conocer a un tercero ajeno, antecedentes, documentos o aristas de la investigación, alertarían a los sujetos que están siendo indagados o afectaría el análisis criminal que se pudiese efectuar. A su turno, se debe tener presente asimismo, el carácter secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público, establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal.
Ley de Transparencia ART-21 Nº 3
DECISIÓN AMPARO ROL C2480-19
Requirente: Rafael Harvey Valdés.
Ingreso Consejo: 01-04-2019.
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega del oficio y manual consultado.
Lo anterior, al tratarse de información pública, teniendo presente que respecto de los dos primeros documentos, el órgano reclamado no aportó antecedente alguno que permita evidenciar una afectación a las labores de inteligencia. Además, el manual mencionado ya fue ordenado entregar en la decisión de amparo Rol C2443-18, ratificada por la Iltma. Corte de Apelaciones en causal rol 594-2018 y por la Excma. Corte Suprema, en causal rol 9814-2019.
También, se acoge el amparo sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó lo solicitado sobre las denuncias, al II Juzgado Militar, puesto que atendido lo resuelto por la Corte de Apelaciones en la causa rol 380-2019, ordenar su entrega al Ejército, supone legitimar una expansión indebida del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia o se estaría permitiendo una vía indirecta de acceso a información que está bajo la responsabilidad y resguardo de la autoridad judicial.
Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de los parte de fuerza consultados, por cuanto pueden generar una afectación presente o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, toda vez que la entrega de lo requerido da cuenta de los nombres y totalidad de oficiales por unidad que forman parte de la guarnición de Santiago.
Finalmente, se rechaza el amparo respecto de los antecedentes enviados por el Ejército al Ministerio Público, toda vez que entregar lo pedido, afectaría la persecución penal de parte de la Fiscalía, ya que el dar a conocer a un tercero ajeno, antecedentes, documentos o aristas de la investigación, alertarían a los sujetos que están siendo indagados o afectaría el análisis criminal que se pudiese efectuar. A su turno, se debe tener presente asimismo, el carácter secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público, establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal.
En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2480-19.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de febrero de 2019, don Rafael Harvey Valdés solicitó al Ejército de Chile, entre otros antecedentes, los siguientes:
a) "Copia simple del parte de fuerza de personal militar (cantidad y nominal), enviado por la División Doctrina del Ejército el día 16 de noviembre de 2018 al escalón superior o a la Comandancia General de la Guarnición Militar Región Metropolitana; con motivo de la reunión de servicio sostenida con el Comandante en Jefe del Ejército, que se realizaría el día 19 de noviembre de 2018 en calidad de voluntaria y que finalmente fue realizada el día 20 de noviembre 2018 en calidad de obligatoria.
b) En caso de no existir lo solicitado en el Numeral, se solicita, también de la División Doctrina del Ejército; cualquier otro antecedente de fecha 16 de noviembre 2018, mediante el cual se informó la cantidad y/o identidad de los oficiales que concurrirían voluntariamente a la reunión con el Comandante en Jefe del Ejército que se realizaría el día 19 de noviembre de 2018 y que finalmente fue realizada el día 20 de noviembre 2018 en calidad de obligatoria.
c) De la Comandancia General de la Guarnición Militar de Santiago, solicito copia simple de la totalidad de los partes de fuerza recibidos desde las unidades de la Región Metropolitana que concurrieron a la reunión del día 20 de noviembre.
d) Copia autenticada del Oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/ 11894 CGGERM de 17 DIC 2018.
e) Copia simple del MAI - 01001, Manual ¨Procedimientos de Seguridad Militar¨ Edición 2012.
f) Respecto del comunicado oficial del Ejército de Chile, de fecha 23 de noviembre de 2018 pronunciado por el señor Comandante en Jefe del Ejército Don Ricardo Martínez Menanteau, con motivo de la filtración de audios de la reunión de servicio sostenida ante más de 1000 (mil), oficiales (cantidad indicada por el propio General Martínez ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados con fecha 28 de noviembre de 2018), en el aula magna de la Escuela Militar, se solicita lo siguiente:
i. Copia simple de los antecedentes que el Comandante en Jefe puso a disposición del Ministerio Público el día 23 de noviembre de 2018, todos relacionados con la denuncia realizada por el Ejército a la Justicia Militar respecto a la venta de armas particulares efectuada por los 5 miembros de la institución denunciados.
ii. Copia simple de las denuncias que el Ejército efectuó al II Juzgado Militar el 12 y 26 de Octubre 2018 respectivamente, las que afectan a 5 Cabos de una misma unidad, quienes estarían implicados en la compra de armas particulares, para luego darlas por perdidas y posteriormente, venderlas en el mercado informal, procedimiento que ha sido utilizado anteriormente por bandas de narcotraficantes y delincuentes".
2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El día 6 de marzo de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.
Luego, por medio de documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/3200, de 20 de marzo de 2019, el órgano en síntesis, señaló lo siguiente:
a) Respecto de lo solicitado en las letras a), b) y c), refirió que resultaba aplicable el artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar, por cuanto según indica, implicaría entregar dotación.
b) En cuanto a lo pedido en la letra e), dicho manual es considerado documentación reservada en conformidad a lo dispuesto en la orden de aprobación EMGE DINE I (R) N° 6415/426 de 10 de agosto de 2012, y en consecuencia, para uso exclusivo del Ejército y de circulación restringida. Por lo tanto, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia.
c) Respecto de lo solicitado en los numerales i y ii, de la letra f), se indicó que de acuerdo al artículo 132 del Código de Justicia Militar, el proceso judicial se inicia con la etapa de sumario, la que conforme al artículo 81 del Código de Procedimiento Penal comienza, entre otros, precisamente por denuncia, cuyo es el caso. A su turno, el artículo 78 del cuerpo legal citado confiere el carácter de secreto a las actuaciones del sumario, entre las que se encuentra precisamente la denuncia.
En razón de lo expuesto, la denuncia formulada ante el Juez Militar fue presentada para producir efectos en un proceso judicial que es secreto, por lo que la denuncia se encuentra actualmente en sede judicial y escapa legalmente al ámbito de competencia de la Institución.
3) AMPARO: El 1 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E7374, de fecha 31 de mayo de 2019, requiriendo que: (1°) en relación a los numerales 1, 2, 3, 7 y 10 de la solicitud: (a) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (b) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; y, (2°) en relación al numeral 15 letras a) y c) de la solicitud: (a) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; (b) informe las partes, Rol, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; (c) de no ser competente para pronunciarse respecto de esta parte de la solicitud de información, señale las razones por las cuáles no se derivó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (d) de haber realizado la derivación, remita copia de esta comunicación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado.
Posteriormente, por medio de documento JEMGE DETLE (R) N° 1000/19032, de 18 de junio de 2019, el Ejército en síntesis, refirió lo siguiente:
a) Respecto de lo solicitado en las letras a), b) y c), reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que entregar el parte de fuerza, implica hacer entrega del nombre, grado y unidad de los oficiales de las diversas reparticiones y unidades de la Región Metropolitana. A modo de ejemplo, se obtendría la identidad de los oficiales de los Regimientos N° 1 Buin y N° 1 Tacna, de las Direcciones del Estado Mayor, de todo el sistema de salud del Ejército, etc. Por lo tanto, lo anterior implica entregar la dotación de oficiales de la totalidad de las reparticiones militares. Se presente, que de conformidad con la orden guarnición N° 93, se dispuso la concurrencia de los oficiales superiores, jefes y subalternos de la guarnición de Santiago, vale decir, toda la dotación de oficiales.
La información que se solicita supone entregar la dotación no sólo de una unidad, sino que de la totalidad de las Unidades de la Región Metropolitana, ya que la orden fue para la totalidad de la guarnición.
Un parte de fuerza implica informar la dotación completa de la unidad, vale decir: "fuerza" (totalidad del personal que conforma una unidad acorde a tabla de distribución, lo cual entrega la cantidad de la dotación de esa organización), "forman" (aquel personal que físicamente se encuentra presente el día de la actividad, lo que implica entregar la operacionalidad del recurso humano estableciéndose el estado actual), "faltan" (relación nominal y motivo de la ausencia) y para el caso de los faltantes la justificación de ello (vacaciones, permisos administrativos, guardia, hospitalizaciones, licencias médicas, capacitaciones etc.). Es indudable que un parte de fuerza implica dar a conocer la dotación de una unidad militar y para el caso específico la dotación de quienes ejercen el mando (oficiales). Las dotaciones son consideradas información sensible para la seguridad nacional ya que entregan el grado de alistamiento de la unidad militar (a modo de ejemplo, obteniendo el número de tenientes y capitanes se puede obtener la fuerza efectiva de un batallón).
b) Lo pedido en las letras d) y e), constituye información de "inteligencia", razón por la cual resulta aplicable la Ley de Inteligencia, en particular, el artículo 38 e inciso 2 del artículo 42, a lo cual se debe sumar lo dispuesto en el artículo 21 N° 2, 3 y 5 de la ley N° 20.285.
Tratándose de documentación de "inteligencia", resulta irrelevante el nivel de información que contenga el documento que se solicita. Su reserva deriva de la esencia misma de dicha actividad, la cual se enmarca en la función propia de los diversos órganos del Estado, vale decir, un oficio o un manual puede contener información con mayor o menor relevancia, sin embargo, siempre será de inteligencia, debiendo guardarse siempre su reserva.
c) Respecto de lo requerido en la letra f), no es factible entregar la información solicitada. En efecto, una de las formas de dar inicio al procedimiento judicial es por medio de una denuncia, iniciándose un sumario el cual en su etapa inicial es secreto para todos los efectos legales. Lo anterior posee su fundamento no sólo en las normas pertinentes del Código de Justicia Militar, sino además en el artículo 21 N° 1, letra a) de la ley N° 20.285.
5) GESTIÓN OFICIOSA: En virtud de lo pedido en los números i y ii, de la letra f), del numeral 1°, precedente, este Consejo remitió al Ministerio Público y al II Juzgado Militar, los oficios N° E3643 y E3648, ambos de 13 de marzo de 2020, para efectos de informar cómo la entrega de lo pedido podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones o la eficacia de la investigación.
Al efecto, el Ministerio Público señaló que lo solicitado se encuentra vinculado con una investigación penal que se encuentra vigente y en pleno desarrollo. Luego, tratándose lo requerido de un antecedente que forma parte de una investigación penal, éste se encuentra protegido por la causal de secreto que establece el artículo 182 del Código Procesal Penal.
Además turno, resulta aplicable también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por cuanto la entrega de lo pedido atentaría contra la función propia del Ministerio Público, ya que el dar a conocer a un tercero ajeno, antecedentes, documentos, aristas, estrategias y/o tácticas de investigación, alertarían a los sujetos que están siendo indagados o afectaría el análisis criminal que se pudiese efectuar, exento de injerencias externas, perjudicando de tal modo la persecución penal. Amén de configurarse la hipótesis del delito de violación de secretos, previsto en el artículo 246 del Código Penal.
Por su parte, el mencionado Juzgado Militar, habiendo sido notificado el día 24 de marzo, evacuó oficio el día 26 del mismo mes, informando únicamente lo siguiente: "Archívense los antecedentes".
2) Que, en lo que atañe a lo pedido en las letras a), b) y c), referentes a los partes de fuerza de personal militar, el órgano las denegó en virtud del artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar, que al efecto precisa que: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal".
3) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.
4) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.
5) Que, en este sentido, se debe considerar lo razonado por esta Corporación, sobre el concepto de "Seguridad de Nación", en la decisión Rol C652-10, señalando que "(...) el carácter abierto y controvertido del concepto de seguridad de la Nación obliga a un ejercicio argumentativo, postulando la necesidad de hacer un test de daños y de proporcionalidad para determinar su concurrencia, en general, no es toda la defensa nacional ni todo tipo de asuntos relativo a las relaciones exteriores las que están sujetas a esta reserva o secreto. Más bien todo lo contrario. De lo que se trata es de contener esta garantía institucional sobre los aspectos que, de ser conocidos, pondrían en serio riesgo el funcionamiento del sector y, de paso, la garantía de la propia permanencia del Estado y la salvaguarda de sus intereses públicos más esenciales, (...) se advierten los riesgos de discrecionalidad que supone un concepto tan amplio como el que sugiere la doctrina, sugiriendo la "reducción" de dichos riesgos mediante la acotación del término seguridad de la Nación a su contenido más cierto, el que estima consiste en "la fortaleza bélica y las relaciones exteriores necesarias para que no se amenace la integridad territorial".
6) Que, establecido lo anterior, cabe tener presente que entregar un parte de fuerza de personal militar, de acuerdo a lo sostenido por el servicio, implica informar la dotación de una unidad, en la forma que indica en la letra a), párrafo tercero, de sus descargos. Luego, de acuerdo con los documentos tenidos a la vista, de conformidad con las órdenes guarnición N° 93 y 94, se dispuso la concurrencia de los oficiales superiores, jefes y subalternos de la guarnición de Santiago a una actividad realizada en la Aula Magna de la Escuela Militar, vale decir, de toda la dotación de oficiales. Teniendo este antecedentes presente, no resulta posible soslayar que la publicidad de lo requerido, tiene una entidad suficiente para generar una afectación presente o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, toda vez que la entrega de lo requerido da cuenta de los nombres y totalidad de oficiales por unidad que forman parte de la guarnición de Santiago, y con ello, revelar por cada unidad, el grado de operacionalidad y alistamiento a nivel de oficiales, datos que inciden sobre las condiciones para enfrentar una crisis internacional, un conflicto bélico o cualquier amenaza que requiera, la intervención del Ejército de Chile. De ahí que, en este contexto, su conocimiento tiene la potencialidad de afectar el bien jurídico protegido, según los estándares establecidos por esta Corporación, según se analizó en el numeral procedente, específicamente en lo relativo a la fortaleza bélica de la Nación. Por lo tanto, el amparo en esta parte será rechazado por la causal de reserva antes señalada.
7) Que, respecto de lo pedido en las letras d) y e), referidos al oficio y manual ahí consignados, el órgano indicó que correspondían a documentación de "inteligencia", alegando la aplicación de los artículos 38 inciso 2° y 42, de la Ley de Inteligencia, a lo cual se debe sumar lo dispuesto en los artículos 21 N° 2, 3 y 5 de la ley N° 20.285. En este caso, se debe partir señalando que el artículo 38 de la citada ley N° 19.974 establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". Al respecto, cabe consignar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público, aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas.
8) Que este Consejo además ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto la ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública.
9) Que, teniendo por reiterado lo señalado en el considerando 4°, precedente, en la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedente alguno que permita a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida -un oficio y normas que rigen las investigaciones-, se afectarían las labores de inteligencia protegidas en la Ley N° 19.974. Se debe agregar que atendido que la carga procesal de acreditar la procedencia de una situación de excepción que justifique la reserva de información pública recae en quien la alega, lo cual no ha ocurrido en la especie, debiendo en consecuencia, desestimarse las alegaciones de la reclamada. Dicho deber guarda plena correspondencia con el carácter restrictivo que el legislador dispuso para la aplicación e interpretación del conjunto acotado de causales de reserva dispuestos en la Ley de Transparencia. Asimismo, tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega de los documentos en análisis puedan afectar el bien jurídico -Seguridad de la Nación- cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia, ni menos una afectación al bien consagrado en el N° 2, del citado artículo 21.
10) Que, sobre el manual solicitado, este Consejo en el caso Rol C2443-18, ya se pronunció respecto de su entrega, criterio confirmado por la Excma. Corte Suprema, causa rol 9814-2019, en sentencia de 7 de octubre de 2019, razonando en síntesis, que: "la información solicitada entregar, en la medida que se refiere a procedimientos o reglamentos generales, internos y preestablecidos, no revisten el carácter de secreta al tenor del artículo 38 de la Ley N° 19.074 y, por las mismas razones, su develación no puede suponer un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado. Tampoco, su conocimiento, podría afectar o colocar en riesgo la seguridad de la nación o la soberanía nacional, al no estar vinculada con las tareas ni la actividad militar de inteligencia y contrainteligencia, resultando insuficiente las meras afirmaciones del Ejército, para estimar que puedan generarse las consecuencias que le atribuye". Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido, ordenando la entrega de lo solicitado.
11) Que, en relación a lo solicitado en la letra f), número i, relativo a los antecedentes que el Comandante en Jefe puso a disposición del Ministerio Público, este Consejo remitió oficio a dicho órgano del Estado, para efectos de pronunciarse al respecto, quien se opuso a su entrega por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, que al efecto dispone que: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". En este caso, la Fiscalía señaló que lo solicitado se vincula con una investigación criminal en curso, y por lo tanto, con la entrega de lo pedido, se alertarían a los sujetos que están siendo indagados o afectaría el análisis criminal que se pudiese efectuar, perjudicando de tal modo la persecución penal, alegación que, a juicio de este Consejo, resulta plausible, cumpliendo de este modo, con el estándar establecido en el considerando 4°, precedente. A su turno, se debe tener presente asimismo, el carácter secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público, establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Por lo tanto el amparo en esta parte será rechazado.
12) Que, finalmente, en cuanto al requerimiento anotado en la letra f), número ii, relativo a las denuncias interpuestas ante el II Juzgado Militar, este Consejo seguirá lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 19 de diciembre de 2019, causa Rol C380-2019, quien revocó la decisión amparo rol C4949-18, por medio del cual este Consejo ordenó la entrega de una denuncia deducida ante el mismo Juzgado antes señalado, razonando la Corte entre otras cosas, que la denuncia corresponde a "una pieza que ya forma parte de un proceso o expediente, que ha dado origen a la sustanciación de una causa penal por parte de un juzgado que integra el Poder Judicial. Según se ha visto, este Poder del Estado no se encuentra sujeto a las disposiciones de la citada Ley 20. 285. Ahora bien, esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que el requerimiento de información se haya formulado al Ejército de Chile, porque (...) de aceptarse ese proceder se estaría legitimando una expansión indebida del ámbito de aplicación de dicha ley o se estaría permitiendo una vía indirecta de acceso a información que está bajo la responsabilidad y resguardo de la autoridad judicial".
13) Que, en mérito de lo anterior, este Consejo se encuentra impedido de ordenar al Ejército la entrega de dichos antecedentes, sólo pudiendo acoger el amparo en esta parte, pero sólo en cuanto el Ejército no derivó lo solicitado al II Juzgado Militar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y 14 inciso 2°, de la ley N° 19.880, que indica que: "Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado". Con todo, dicha derivación será realizada por este Consejo en virtud del principio de facilitación consagrado en la letra f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Rafael Harvey Valdés en contra del Ejército de Chile, por los fundamentos expuestos precedentemente.
a) Entregue al requirente copia de los siguientes documentos:
i. Copia autenticada del oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/ 11894 CGGERM de 17 de diciembre de 2018.
ii. Copia simple del MAI - 01001, Manual Procedimientos de Seguridad Militar, Edición 2012.
III. Rechazar el amparo en lo que atañe a los partes de fuerza, y respecto de los antecedentes que el Comandante en Jefe puso a disposición del Ministerio Público, de acuerdo a lo razonado precedentemente.
a) Derivar al II Juzgado Militar el requerimiento anotado en la letra f), número ii, del numeral 1°, de lo expositivo, esto es: "Copia simple de las denuncias que el Ejército efectuó al II Juzgado Militar el 12 y 26 de Octubre 2018 respectivamente, las que afectan a 5 Cabos de una misma unidad, quienes estarían implicados en la compra de armas particulares, para luego darlas por perdidas y posteriormente, venderlas en el mercado informal, procedimiento que ha sido utilizado anteriormente por bandas de narcotraficantes y delincuentes".
b) Notificar la presente decisión al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a don Rafael Harvey Valdés.