Source: https://es.scribd.com/doc/119376750/LOS-ACTOS-DE-INVESTIGACION-Y-DE-PRUEBA-EN-EL-PROCESO-PENAL-ACUSATORIO
Timestamp: 2015-12-01 05:53:35
Document Index: 131803363

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P. 1LOS ACTOS DE INVESTIGACION Y DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIOLOS ACTOS DE INVESTIGACION Y DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO|Views: 48|Likes: 0Publicado porAntonio6508SE ESTUDIA LA DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS QUE REALIZA LA FISCALIA Y LA DEFENSA EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO Y EL VALOR DE ESTOS COMO PRUEBA EN EL JUICIOSE ESTUDIA LA DIFERENCIA ENTRE LOS ACTOS QUE REALIZA LA FISCALIA Y LA DEFENSA EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO Y EL VALOR DE ESTOS COMO PRUEBA EN EL JUICIOMore info:Published by: Antonio6508 on Jan 07, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/119376750/LOS-ACTOS-DE-INVESTIGACION-Y-DE-PRUEBA-EN-EL-PROCESO-PENAL-ACUSATORIO12/13/2013pdftextoriginalLOS ACTOS DE INVESTIGACION Y DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO1 ANTONIO LUIS GONZALEZ NAVARRO2I. COMPRENSION TEMÁTICA
Principios de aportación de parte y acusatorio: la imparcialidad del juez. en la concepción dialéctica de la prueba. el sistema penal acusatorio se caracteriza por la pasividad probatoria del juez. El Capítulo II en mención contempla. inspección de cadáver e inspecciones en lugares distintos al del hecho. Editorial Comares. En la modificación hecha por el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2002. Son ejemplos de estos últimos los regulados en los artículos 213.5
medios de prueba aquellos que no se hayan presentado en la audiencia preparatoria. de modo que la policía judicial está facultada para actuar por su propia iniciativa. en el que se privilegia al juez. pues el sistema penal acusatorio está fundado en la concepción adversarial de la actividad probatoria y. entonces. como ocurriría de no levantarse rápidamente un cadáver de persona cuya muerte se produce en vía pública. La pasividad probatoria del juez es vista. De tal forma que si la parte acusadora no logra desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y le exige que en caso de requerir medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. inspección del lugar del hecho. o existen dudas sobre la ocurrencia de los hechos o sobre su responsabilidad penal. previendo situaciones como las enunciadas.
CALAMANDRI y UBERTIS. Precisamente. Tal entendimiento es equivocado. pues él no solo está impedido para practicar pruebas sino que está obligado a decidir con base en las que las partes le presentan a su consideración. 1996. impone a la Fiscalía General de la Nación asegurar los elementos materiales probatorios.
. según la cual “el concepto de prueba moderno se ha basado en el orden asimétrico. algunos casos en los cuales ni siquiera se requiere orden de la fiscalía. Granada. como una garantía del acusado. Los primeros aparecen en el capítulo II del Título I del Libro II de dicha codificación y los segundos en el capítulo subsiguiente del mismo Estatuto. que todo acto de investigación requiera la intervención previa del juez de control de garantías. incluso. incluso. empero. mediante la formulación de la verdad real que supera la verdad probable”8. JOSÉ ANTONIO. es decir. la Ley 906 de 2004 establece cuándo los actos investigativos requieren autorización judicial previa para su realización y cuándo no. 5) Por regla general. el juez simplemente debe absolverlo porque no puede solicitar pruebas diferentes a las aportadas en la audiencia preparatoria y controvertidas en el juicio. pues mientras se obtiene la autorización podría perderse la evidencia o alterarse en su esencia o. como lo advertía la doctrina italiana. citados por DÍAZ CABIALE. como condición para poder proceder a ello. 214 y 215. 246 y 247. págs. La mencionada disposición no implica. obtenga la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. generarse problemas de orden público y salubridad si no se recauda inmediatamente.
12 En el caso de las medidas previstas en el artículo 249 la Corte Constitucional determinó en la sentencia C-822 de 2005 que su práctica siempre requiere autorización judicial previa. Según el artículo 246. la diligencia de registro y allanamiento (art. 250). Para los eventos expresamente señalados en precedencia el control que consagra el estatuto procesal penal de 2004 es de carácter posterior. 235). 252) y reconocimiento en fila de personas (art. la obtención de muestras que involucren al imputado (249) y la práctica de reconocimientos y exámenes a las víctimas (art. de recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes (art. entre otros. En esos eventos no se requiere autorización judicial previa. de la retención de correspondencia (art.2). 219) 9. así lo condicionó la Corte Constitucional mediante sentencia C-336 de 2007. tales como: el registro corporal (art.
Para su realización no será necesaria la orden previa del fiscal cuando se trata de flagrancia (art. requieren para su realización autorización previa del juez de control de garantías. 244. 11 Así lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-822 de 2005 al declarar exequible condicionalmente el artículo 247. 248). como lo tienen establecido sus artículos 237 y 244 inciso tercero. esto es. de manera especial. 233). que encabeza el Capítulo III del Título I del Libro II de la misma Ley 906 de 2004. 10 De acuerdo a la interpretación constitucional sí requiere control previo del juez de garantías. El recuento normativo efectuado en precedencia pone de presente. 236) y de la búsqueda selectiva en base de datos 10 que implique el acceso a información confidencial. algunos de esos casos. reconocimiento por medio de fotografías o videos (art.6
La Ley 906. que no todas las actuaciones que realiza la fiscalía a través de la policía judicial requieren intervención judicial previa del juez de control de garantías. 229) o en las excepciones previstas en el artículo 230. 247)11. o a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas (art. referida al indiciado o imputado. Tal es el caso de la exhumación (art. Es de anotar que la regla establecida en el artículo 246 se excepciona también cuando se trata de los métodos de identificación regulados en el Capítulo IV del Título que se viene mencionando. por tanto. aunque en este último caso cuando no exista consentimiento del interesado12. 253). 217). aun cuando sí el aval anticipado del fiscal respectivo. de la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares (art. exige para su realización la autorización del fiscal respectivo. como se sigue de lo anterior. prevé actuaciones en las cuales si bien no se requiere control judicial previo.
. todas las demás actividades que adelante la policía judicial en desarrollo del plan metodológico de la investigación. en el entendido que el fiscal debe solicitar la anuencia del juez para ordenar la búsqueda selectiva y cuando la diligencia termine se hace el control posterior. no contempladas en el Capítulo I e impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales. El Capítulo III regula. el registro personal (art.
Sentencia 29992 del 14 de julio de 2008.13 He planteado tres tipos de actos: 1. Derecho procesal penal. así: • Actos constitutivos. • Actos posicionales. denominados como tales aquellos que en cualquier forma y por cualquiera de los medios regulados por la legislación pertinente enuncian hechos relativos a la averiguación del objeto de la relación procesal. con grado de probabilidad. El proceso penal. • Actos enunciativos. En este estudio particularmente nos interesan los ACTOS ENUNCIATIVOS. JORGE. la reconstrucción del hecho y las respuestas informativas. VÁSQUEZ ROSSI.
. Corte Suprema de Justicia. Los actos de investigación y 3. Son actos enunciativos la denuncia. para justificar. • Actos decisorios.7
Tal exigencia solamente está prevista para aquellas actividades no reguladas en los Capítulos II y IV del Título I del Libro II del Estatuto Procesal Penal de 2004 y supongan afectación de derechos y garantías fundamentales. Obviamente. Los actos procesales. las declaraciones testimoniales. • Actos impugnatorios. hacen y refieren a los medios probatorios. Procura. Tomo II. los dictámenes periciales. pero es importante aclarar que los actos procesales de acuerdo a la doctrina nacional e internacional están clasificados. Son actos que permiten la incorporación al proceso de elementos de conocimientos tendientes al logro de la investigación integral propia del mismo. los actos de investigación se adelantan por
Cfr. Rubinzal Culzoni Editores. 2. En general puede decirse que todas las diligencias propias de la actividad probatoria “enuncian” hechos relativos al objeto de la relación procesal o suceso investigado con miras a la debida acreditación. las decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del procedimiento. Tales enunciaciones hacen al desenvolvimiento del proceso y serán valoradas por las partes en las oportunidades correspondientes. Los actos de investigación: Tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y. mediante la información que suministran la reproducción del suceso histórico en tren de averiguación y discusión. como así también y especialmente por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia14. • Actos operativos. • Actos ejecutorios. En otras palabras. Los actos de prueba.
puesto que la utilización de los hechos por el juzgador exige que éste se convenza de su realidad y por ello es imprescindible la existencia de otros actos que tiendan a formar el convencimiento del titular del órgano jurisdiccional. como los dos temas a cuyo conocimiento debe aspirar el juzgador. Editorial Labor. con los actos de investigación producidos desde la indagación
FENECH. Barcelona. todo lo que está antes de la acusación tiene el sello de actos de investigación y por ende no tiene calidad de prueba. Se hace necesario distinguir todos estos asuntos. Los actos de prueba. esta última como un aspecto de aquélla. hoy la prueba sólo opera en la etapa del juicio. la defensa. de esa manera me están diciendo: prueba en la etapa de investigación y prueba en la etapa del juicio. que tiene como antecedentes los actos de investigación y sus hallazgos. cuya necesidad no exige grave justificación. el Ministerio Público y la víctima con el control y vigilancia del juez de garantías. sobre todo. siendo ambos objeto de su investigación. Entendemos por actos de prueba los actos procesales cuya función es formar el convencimiento del juez o Tribunal sobre la verdad de los hechos objeto del proceso.
. En el estudio de los actos de desarrollo del proceso llegamos a los actos de prueba. Por algún sector de la doctrina alemana. por eso debemos hablar de “las pruebas en el juicio acusatorio”. a saber: entiende por investigación la actividad desarrollada por el juzgador para formar su propio convencimiento y por prueba la actividad de los otros sujetos procesales para lograr el mismo fin15. MIGUEL. 1960. ya que todavía escucho y leo por parte de algunos colegas hablar de la “prueba en el sistema acusatorio” o mejor en “el proceso penal acusatorio”. En ese orden de ideas los actos de investigación y los elementos materiales probatorios se hallan en una relación de causa a efecto y sólo dan lugar a una descripción. se ha distinguido la actividad procesal de la investigación de la doctrina de la prueba. Son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. Derecho procesal penal.8
la fiscalía. considerando. si bien empleando para cada una de ellas métodos distintos mientras que la segunda se refiere tan solo a los hechos. por cuanto que la primera se extiende a los hechos y al derecho. mientras que la prueba es un procedimiento sintético y prescriptivo. me refiero concretamente a los actos de investigación y los actos de prueba. Tomo I. Otro sector de la doctrina ha distinguido la investigación y prueba partiendo de otro punto de vista.
El numeral cuarto de dicho artículo se dice textualmente “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento. actas de reconocimiento fotográfico. por conducto del juez de conocimiento. concentrado y con todas las garantías. entrevistas. evidencia física e información legalmente obtenida. armas. dineros. esta expresión se encuentra acuñada en la obra procesal. predica: En el numeral tercero.
. P. evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico.9
hasta el momento del escrito de acusación o la formulación de acusación se persigue la recopilación de elementos materiales probatorios. P. me refiero: a elemento material probatorio. la recopilación de los elementos materiales probatorios.) que recauden quienes fungen como órganos de indagación e investigación son medios de conocimiento16 y tienen vocación probatoria siempre que su aducción al proceso penal se haga respetando los principios rectores y las garantías procesales y constitucionales. Empero. 275 ib. huellas. P. la prueba documental. reconocimientos. manchas. y la medida de aseguramiento el requisito probatorio es igual. oral. por ejemplo para la imputación. la prueba pericial. artículos 200 al 285) los elementos materiales probatorios y la evidencia física (art. interrogatorios a indiciados.. de P. Título I y II del C. A la luz de los artículos 382 y 379 del C. vestigios. con inmediación de las pruebas.” Y en el inciso final se dice: “En el evento de presentarse escrito de acusación. evidencias físicas que son los medios de conocimiento suficientes y necesarios como fundamentos probatorios para arrimar a las audiencias preliminares en el interregno de la investigación pues en cada una de las fases de la actuación procesal penal las exigencias son exactas. Los medios de conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica como experticias. los elementos materiales probatorios. mensajes
16 Son medios de conocimiento la prueba testimonial. contradictorio. con el fin de dar inicio a un juicio público. todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado”. concretamente en el artículo 207 (programa metodológico). el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar. “La Fiscalía General de la Nación deberá asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. declaraciones de eventuales testigos. evidencias físicas e información legalmente obtenida se hace por medio de los actos de investigación. informes de investigación de campo. diagnósticos. residuos. la prueba de inspección. en concordancia y de conformidad con las técnicas de indagación e investigación (Libro II. La diferenciación conceptual y sustancial de lo indicado ut supra se remonta al Acto Legislativo 03 de 2002: El artículo 250.
los elementos materiales probatorios y evidencias físicas podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados. su testimonio es prueba del proceso. radicación 25920. y no han sido sometidos a contradicción ni se recopilan bajo el principio de inmediación. así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. La validez de la prueba así obtenida está supeditada a que se reciba y recaude en el marco de la legalidad (artículos 276 al 281). entrevistas.
. reconocimientos. las reglas de la
Cfr. 275 literal h) son evidencias probatorias del proceso cuando son presentadas ante el juez en la audiencia del juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la recolección.) sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo declara17. • Los medios de prueba. son pruebas del proceso y por ende apreciables de conformidad con los criterios establecidos en la ley para cada prueba legalmente establecida. videos. videos etc. textos manuscritos. se apreciarán en conjunto. de acuerdo a las reglas de la sana crítica que están conformadas por las reglas de la lógica. aseguramiento y custodia de la evidencia. actas. (art. • A solicitud de las partes. porque de principio “toda prueba pertinente es admisible…” (artículo 376 ib.). según los criterios establecidos en el respectivo capítulo. la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse. mecanografiados. La distinción entre actos de investigación y actos de prueba. si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”. los elementos materiales probatorios y la evidencia física. estos no son pruebas. directa o indirectamente. grabaciones fonotípicas. etc. evidencias físicas e información legalmente obtenidas. o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. pero no.de los sujetos procesales. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. en tales condiciones. Además de ello.10
de datos. sentencia del 21 de febrero de 2007. • El elemento material probatorio. tanto los medios de conocimiento que aporte (documentos.) y apreciable (artículo 380 ib. la fortalece las siguientes orientaciones: • Los actos de investigación nos arrojan elementos materiales probatorios. a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o certifica y se somete a la contradicción -interrogatorio y contrainterrogatorio.
• Cualquier otro medio técnico que no viole el ordenamiento jurídico. La actividad de investigación tiene como finalidad posibilitar que las partes realicen afirmaciones en torno a los hechos investigados. • Evidencia física. Mediante la prueba lo que se pretende es que el juzgador se convenza de la exactitud positiva o negativa de las afirmaciones fácticas formuladas por las partes. La mínima actividad probatoria en el proceso penal.M. • La prueba documental. por tanto. comparándolas con las afirmaciones instrumentales obtenidas de los medios probatorios. de verificación de las afirmaciones realizadas por las partes. • La prueba pericial. La prueba procesal es una actividad de comprobación. La prueba se traduce. J. evidencias físicas (recopilados por medio de los actos de investigación). La distinción entre actos de investigación prejudiciales (de la policía judicial y del Ministerio Fiscal) y actos de prueba no presenta. Bosch Editor.
. es decir. a criterio del
Actos de investigación y pruebas en el artículo 382 de la Ley 906 de 2004. quien se erige en el destinatario de la prueba que se aprecia en el proceso. en una comparación entre unas afirmaciones sobre hechos y la realidad de los mismos. como la finalidad de la prueba procesal. El juez en el proceso se halla frente a unas afirmaciones que realizan las partes procesales cuya exactitud le corresponde comprobar o verificar. por consiguiente. previa su valoración o análisis crítico. La convicción judicial se configura.11
experiencia y las reglas de la técnica. Comprobación que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional. • Tanto los elementos materiales probatorios. MIRANDA ESTRAMPES19 a modo de resumen sobre el tema reflexiona: La actividad probatoria es distinta de la actividad de investigación o indagación de los hechos. • La obra procesal enrola estos conceptos18 en la fórmula “medios de conocimiento” • Distingue la legislación procesal penal los siguientes medios de conocimiento: • La prueba testimonial. Ésta es siempre anterior a la primera y no forma parte de su contenido. como las pruebas se apreciarán en conjunto (valoración). • La prueba de inspección. y para ello se sirve de la prueba como instrumento procesal de control de dichas afirmaciones. eso también aplica para los actos de investigación. • Los elementos materiales probatorios.
Diferencia estructural: Los actos de prueba presuponen la realización de las afirmaciones de hechos que constituyen su objeto. M Bosch Editor. Siguiendo al profesor MANUEL ORTELLS RAMOS23 podemos señalar las siguientes diferencias fundamentales: 1. 23 Derecho Jurisdiccional. uno objetivo. afirmaciones que las partes realizan en sus escritos de conclusiones provisionales. Este último requisito no se cumple en todos los supuestos de actos de investigación judicial y los actos de prueba. Tomo III. VARELA. basado en datos fácticos o indicios. Durante la instrucción criminal se adoptan una serie de resoluciones judicialesprocesamiento medidas cautelares. Bastaría recordar que el destinatario de la prueba procesal es el juez para comprobar que en tales actos de investigación no interviene ni están destinados a ningún órgano jurisdiccional. consistente en la contradicción y otro subjetivo. con las excepciones de los supuestos de prueba anticipada y su finalidad es lograr la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones de hechos formuladas y servir de fundamento a la sentencia. no en meras sospechas o conjeturas. Tomo III. que tienen su fundamento en el resultado de la investigación practicada y que no exigen que el juez tenga el pleno convencimiento sobre responsabilidad penal de la persona a quien se refieren tales resoluciones. así como. una especial dificultad. Basta en este momento un juicio de mera probabilidad o verosimilitud objetiva. la apertura de juicio oral. Por el contrario los actos de prueba se realizan en el acto de juicio oral. Con lo cual no cabe confundirlos con los actos de prueba21. 22 ORTELLS RAMOS. En los actos de investigación la preparación del juicio oral.
La mínima actividad probatoria en el proceso penal.
. Los actos de investigación se enmarcan en el seno de la instrucción preliminar y cumplen por tanto. ya que ambos no están destinados y dirigidos por órganos jurisdiccionales. pues. como su finalidad es también distinta. por su parte los actos de investigación se realizan con anterioridad a la formulación de tales afirmaciones y su finalidad es aportar aquellos elementos necesarios para posibilitar la realización de las mismas. la misma finalidad que se asigna a ésta: La preparación del juicio oral.12
profesor MIRANDA ESTRAMPES20. Vemos. Derecho jurisdiccional. en su caso. MANUEL. los actos de prueba requieren el cumplimiento al menos de dos requisitos. por cuanto la prueba ha de estar intervenida por un órgano judicial22. No podemos hablar de actos de prueba antes de que se hayan formulado las afirmaciones fácticas que van a constituir su objeto. CASTRO LUCINO. Como advierte GIMENO SENDRA. en los actos de prueba la obtención del convencimiento del juzgador. 2. Investigación. J. 3.
Los actos de prueba determinan la sentencia. 25 ORTELLS RAMOS. La eficacia de los actos de prueba es la de servir de fundamento a la sentencia. mientras el acto de prueba se integra en el juicio oral y sirve al fin de éste. condicionó una serie de normas a que antes de la versión libre para el caso de investigaciones preliminares o indagatoria cuando se trata de sumario.
. c) Otra diferencia se centra en la calidad de las resoluciones judiciales que se fundan en los actos de investigación y en los actos de prueba. 1994. los cuales adquieren mayor intensidad. Por último. cit. Por el contrario. y sólo la plena convicción sobre la responsabilidad penal permite una resolución condenatoria. los actos de prueba deben realizarse siempre bajo la vigencia del principio de contradicción El profesor ORTELLS RAMOS nos detalla y esquematiza las diferencias entre actos de investigación y actos de prueba25: a) El acto de investigación forma parte de la investigación judicial y sirve a sus funciones. dirigida a obtener la convicción del juez o Tribunal sobre la preexistencia de los hechos afirmados
En el caso de Colombia la tradición jurídica ha estado perfilada a que la etapa de indagación. Las proferidas respecto a las medidas cautelares o la de apertura del juicio oral (auto de enjuiciamiento) no precisan que la autoridad judicial penal tenga convicción de la responsabilidad del procesado. MANUEL con MONTERO AROCA. III. El principio de contradicción no es absoluto en los actos de investigación.13
4. Bosch. el sindicado tiene todo el derecho de conocer el expediente y obtener copias de éste para ejercer su derecho constitucional de la defensa en los términos del artículo 29 de la Carta que debe ser acompasado con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. VICENTE GIMENO SENDRA reflexiona que los actos de prueba deben referirse a la actividad de los sujetos procesales. las diferencias se observan. d) En los actos de prueba deben respetarse escrupulosamente los principios de inmediación y contradicción. sino es suficiente un juicio de mera probabilidad al respecto. T. la existencia de estos principios disminuye. 151. empero bajo la vigencia de la Ley 600 nuestro máximo Tribunal constitucional ha decantado que a pesar de ese secreto en cuanto al derecho de la contradicción éste cede a favor de los derechos fundamentales del sindicado. b) La eficacia de los actos de investigación permiten proveer el fundamento necesario para dictar resoluciones sobre medidas cautelares. ya que es posible que el sumario se declare secreto24. también en las diferentes garantías que presiden la realización de ambas clases de actos. incidentes. peticiones. archivo o apertura del juicio oral. Derecho jurisdiccional. mientras que un juicio de mera probabilidad debe conducir a una absolución. imputado o indiciado y mediante sentencias C-033 y C-096 de 2003. En los actos de investigación. pág. previa o preliminar es secreta.
Los actos de investigación tienen lugar en la fase preparatoria. y la culpabilidad de los delincuentes. Valencia. 443. e introducida en el juicio oral a través de medios lícitos de prueba26. 359-377. Los actos de investigación sólo sirven para fundar el acto conclusivo propuesto por el fiscal del Ministerio Público. ofrece de sumario. tienen lugar durante el curso del juicio. págs. Los actos de prueba exigen la garantía del contradictorio. Los actos de investigación se formulan con anterioridad a las afirmaciones de hecho que van a construir el objeto del juicio. JOSÉ M. La doctrina española puntualiza28. VICENTE y otros. 2008.
. Tirant Lo Blanch. 27 Temas actuales de derecho procesal penal. salvo el caso excepcional de la prueba anticipada y tienen por finalidad el establecimiento de la comisión del delito y de la responsabilidad de sus autores o partícipes. no hay forma mejor para definir los actos de investigación que atendiendo al concepto que el art. En los actos de investigación el papel predominante lo tiene el acusador (Ministerio Fiscal) quien puede hacerlo directamente o a través de órganos auxiliares (policía). 28 ASENCIO MELLADO. En los actos de prueba todas las partes tienen igual grado de participación.. luego tienen por finalidad la preparación del juicio oral y público. Editorial Tirant Lo Blanch. Los actos de prueba pueden desvirtuar o no la presunción de inocencia que obra a favor del imputado. 3ª ed. pues.” Los actos de investigación celebrados en la fase de instrucción tienen. Derecho procesal penal. Derecho procesal. Sextas jornadas de derecho procesal penal. • En razón de la intervención de las partes. Universidad Católica Andrés Bello.. 299 LECrim. El proceso penal. Se nos dice en este precepto que el sumario está constituido “por todas las actuaciones encaminadas a. • Desde el punto de vista de las garantías: Los actos de investigación pueden no estar sometidos a control de la contraparte. Actos de investigación y actos de prueba. 1990.. averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación. Los actos de prueba tienen por objeto esas afirmaciones fácticas. intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia del principio de contradicción y de las garantías constitucionales tendentes a asegurar su espontaneidad. • Según sus efectos. Los actos de prueba tienen lugar en la etapa del juicio. II. Valencia. • Según la finalidad. por tanto.14
por las partes. cuarta edición. Caracas 2003. pág. como función esencial la de servir de base para la adopción de la decisión de
26 GIMENO SENDRA.. T.. La profesora MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ27 sobre el tema expone: • En atención a la oportunidad.
policiales. por el contrario. archivar el procedimiento previo acuerdo del oportuno sobreseimiento.15
formular acusación y abrir el juicio oral o. De la misma manera. pues. fácilmente se comprende que sólo desde un planteamiento absolutamente teórico esta radical división tiene eficacia. al abordar el análisis de la prueba se realizarán las consideraciones necesarias acerca de su función probatoria29. dependiendo de la naturaleza de cada acto. Pero. no es posible acercarse al estudio de la instrucción con posicionamientos meramente teóricos que califiquen sus actos como estrictamente de investigación. en el juicio oral. situaciones ambas que obligan a otorgar a la instrucción un determinado valor probatorio. Desde este punto de vista. posteriormente. tienen el carácter de irrepetibles. En definitiva. de su autor y de la irrepetibilidad de cada uno de ellos. como el caso de riesgo de fallecimiento y otras devienen irrepetibles posteriormente. los actos de investigación deberían agotar su vigencia una vez conclusa la fase de instrucción y. fiscales o judiciales. porque ellos no dictan disposiciones generales. pero siempre teniendo en cuenta que son muy relativas y de aplicación muy matizable. por lo cual han de extender sus efectos hasta el juicio oral y gozar de valor probatorio. sino que se pronuncian sobre casos concretos de los que es difícil extraer principios de aplicación absoluta. Son los casos llamados de prueba preconstituida. desconociendo su valor probatorio en los casos indicados. De ahí la importancia de extremar las garantías en su práctica y de ahí la necesidad imperiosa de una reforma al sistema procesal (España) que no atiende debidamente a esta realidad. Algunas consideraciones que tiendan a la diferenciación entre actos de investigación que limitan su función a la que le es esencial y aquellos que alcanzan valor probatorio pueden realizarse.
. 2009. muchos actos de investigación. en las lecciones que siguen se va a estudiar los diferentes actos de investigación conforme a lo dispuesto en la Ley y. No obstante lo dicho. antes del juicio.
Para este caso he publicado un trabajo titulado Las pruebas en el juicio penal. determinadas declaraciones son irrepetibles desde su momento inicial. primera edición. Editorial Leyer. practicar los medios de prueba sobre los que pronunciar una sentencia condenatoria o absolutoria. con los riesgos que siempre comporta que sean los tribunales los que establezcan una legislación paralela. Como ya se ha comentado. reconocida en el derecho comparado y sólo prevista jurisprudencialmente.
siendo el acto de investigación el que alcanzará valor probatorio. no es garantía suficiente. Interrogar a un perito acerca de un informe en el cual no se pudo intervenir previamente. Tal ratificación o reproducción se establece en la ley mediante mecanismos diversos. evidencias físicas. Tirant Lo Blanch. fácilmente se entiende que ello no es así en los casos de prueba preconstituida y anticipada. En los casos de declaraciones testificales irrepetibles a través de la lectura de las actas en el juicio. entiéndase que son “elementos materiales probatorios. en las diligencias policiales a través de la declaración de los policías actuantes en la vista. con la excepciones de las peticiones de libertad ocurridas antes del anuncio del fallo por el juez de conocimiento y por eso estimo que el término correcto no es “pruebas” sino elementos materiales probatorios y/o evidencias físicas. aunque sea positivo. como se ha dicho.
. aunque se lea en el juicio. Por el contrario. se trata de actuaciones que en modo alguno garantizan plenamente la contradicción. por mucho que se quiera revestir de argumentos. por lo que se impone una atención especial a la intervención de los imputados en la fase de instrucción al momento de la ejecución de estos actos de investigación que devienen pruebas preconstituidas. cuarta edición. Pero. la Corte dice literalmente “pruebas”. aunque se haga con alusiones presumiblemente garantistas al valor pleno del juicio oral. Conformarse con actos formales sin profundizar en el reconocimiento efectivo de la defensa.. en los supuestos de prueba pericial mediante la presentación del informe de los peritos en el juicio (no siempre como se verá) etc. es insatisfactorio. Esa ratificación o reproducción.
30 ASENCIO MELLADO. no es reconocimiento pleno de la defensa. en los que el acto de investigación irrepetible se habrá ejecutado ante los diversos órganos encargados de su práctica y que en el juicio oral sólo podrán ser ratificados o reproducidos. cuanto por el Ministerio Fiscal en el ámbito de sus competencias… o por la Policía Judicial. evidencias físicas”. .. Valencia. Impugnar un acta de interrogatorio de un testigo fallecido en cuya declaración no se estuvo presente. JOSÉ M. 2008. no pasará de ser meramente formal. Derecho procesal penal. Pero.16
Son las siguientes30: 1) En atención al órgano que las realiza Los actos de investigación pueden ser ordenados y realizados tanto por el juez de instrucción31. los actos de prueba siempre se practican ante el juez o Tribunal que ha de dictar sentencia. 31 En el caso de Colombia la Corte Constitucional en sentencia C-336 de 2007 avaló la postura que los jueces con funciones de control de garantías pueden ordenar la recopilación de elementos probatorios. pues se trata de un juez de control de garantías que ejerce su función de garante particularmente en las fases de indagación e investigación. pues su finalidad es la de aportar a estos el convencimiento acerca de las pretensiones suscitadas.
la tercera. En definitiva. mientras que la prueba es siempre practicada en presencia y con intervención del juez o Tribunal competente para el enjuiciamiento y fallo. la práctica de la prueba exige la presencia del órgano que ha de dictar la sentencia y de las partes. La solución óptima es garantizar la contradicción previamente. en la afectación al derecho de defensa o en la infracción de las exigencias legales. y. Cuando se trata de actos de investigación que se llevan al juicio oral. estos lo son por el juez de instrucción. la discusión se centra más en la forma de su realización. 3) Por el órgano judicial que interviene Aún en los supuestos en que los actos de investigación son llevados a cabo por la autoridad judicial. con lo que se garantizan plenamente los principios de inmediación. que sea irrepetible y no pueda ser ejecutado en el juicio oral. asumir la realidad de actos irrepetibles fundamentalmente materiales. como es sabido. pues el derecho debe dar respuestas coherentes con el entorno en el que debe operar. que se practican siempre en la fase de investigación y cuyo valor probatorio innegable no puede ser otorgado por una simple y formal ratificación o reproducción mediante lectura de actas. ser debatidos en cuanto al fondo. sobre todo. si se cumplen dos condiciones: la primera. Ese valor probatorio se alcanza. 2) Atendiendo a su forma de práctica En todo caso. la segunda. 4) Por el juicio de valor que unos y otros incorporan Los actos de investigación se llevan a cabo en una fase cuya finalidad no es la declaración de culpabilidad32. sea necesario. que se reproduzca o ratifique en el juicio. ya que. que se haya practicado en su momento conforme a sus requisitos legales. pero es que no se puede mandar a la cárcel a una persona que no está demostrado que su actuar es doloso o culposo y entre tanto se llega al juicio no se le puede encarcelar bajo el
. por tanto.17
Tal vez. sino únicamente la de formular en su caso y
Aun cuando ello no es absoluto pues cuando el Ministerio Fiscal o Fiscalía General solicitan el encarcelamiento de una persona natural como debe hacerse un juicio de tipicidad para establecer cuál conducta punible es la que motiva esa petición limitativa del derecho fundamental de la libertad es importante que se despeje la existencia del dolo o la culpa. contradicción y publicidad. pues. cada acto tiene una forma de ratificación o reproducción diferente. Ello no significa que el juicio oral quede vacío de contenido. los avances sociales exigen una consideración adecuada a la realidad. porque así parecen imponerlo los avances técnicos del momento presente y la especialidad de cierto tipo de delincuencia. pues de lo contrario entonces se estaría privando de la libertad a una persona por crasa y pura responsabilidad objetiva aun cuando el punto es objeto de debate en la etapa de investigación. que el imputado participe activamente en su origen y pueda integrarlos e impugnarlos a su debido tiempo. en la actualidad. pues los mismos deberían reproducirse a través de los medios técnicos existentes y.
decir lo contrario es un sofisma. Para ello son suficientes las sospechas o la probabilidad de la comisión de un delito (indicios racionales de criminalidad o motivos suficientes para acusar)33. no es posible dictar medida de aseguramiento y menos privativa de la libertad. de naturaleza indiciaria. sobre cuya base articular un juicio oral pleno y contradictorio.
II. Es por ello por lo que su valoración es radicalmente distinta. Como antes se ha dicho. ni han de proporcionar. la prueba está dirigida a que el juez o Tribunal alcance la plena certeza acerca de la autoría del imputado en los hechos de que ha sido objeto de acusación. sino porque el derecho penal colombiano está adscrito en materia de tipicidad a la línea del finalismo y como tal en esta sede dogmática es necesario hacer un análisis del tipo objetivo y el tipo subjetivo y en este último reside el dolo y la culpa. de igual manera toda interpretación que se haga en torno al tema de la libertad implica que sea restrictiva y sometida a los postulados de proporcionalidad. sobre este punto ver el estudio de esta institución si así se le puede llamar que a mi modesto juicio es un elemento estructural del indicio y no un concepto autónomo. las decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del
condicionamiento que en el juicio se prueben esos factores. no es absoluta. REFLEXIONES DEL AUTOR
Los actos de investigación tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y. Por el contrario. para justificar. por lo que la duda ha de suponer su absolución.
. aunque practicados con anterioridad a la deducción de la pretensión penal no alcancen valor probatorio en los casos permitidos por la ley. más allá de su valor teórico y conceptual. Los actos de investigación. Eso no quiere decir. razonabilidad e idoneidad. Y este comentario no viene al caso por el hecho de culpabilidad. obviamente. ni están dirigidos a alcanzar la certeza de la culpabilidad. 33 En Colombia se trabaja en la Ley 906 de 2004 con el criterio de inferencia razonable. que es preeminente porque la entrada de los actos de investigación en el juicio oral es siempre limitada conforme a la ley. los principios pro libertate y pro hominis. las diferencias que se han esbozado en estas páginas.18
si es procedente una acusación. y si un juez de garantías dicta medida de aseguramiento por una conducta punible se parte del juicio real que ésta es típica. pues si no se reúnen las calidades del artículo 9 del Código Penal. antijurídica y culpable. con grado de probabilidad. ese criterio atenta contra la dignidad humana. sino estos elementos. que los actos de investigación. aun más si hay duda existente frente al tema de la existencia de dolo o culpa lo ideal es continuar con la investigación antes de imputar y por supuesto solicitar medidas cautelares personales y con eso se aplica el principio universal in dubio pro reo que lo trae aparejado el artículo 7 de la Ley 906 de 2004 y tiene calidad de norma rectora. pues. necesidad. en el bien entendido que sólo deberán limitarse a los hechos que efectivamente hayan sido objeto de acusación.
Los elementos probatorios.19
procedimiento. En otras palabras. evidencias físicas e información legalmente obtenida que se recolecten por medio de los actos de investigación no tienen calidad de prueba. que en sí advierte la necesidad de hablar de un debido proceso probatorio con respecto a los actos de investigación y algo trascendente deben ser sometidos al juicio racional de la sana crítica. son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus proposiciones de hecho. Los actos de investigación que son el vehículo para recoger los medios de conocimiento. (salvo los que se producen en la labor de actos urgentes) pero adelantados en su proceso de recepción y recopilación por parte de los organismos con función de policía judicial. se plantea la restricción de determinados derechos fundamentales que sufre el imputado (derecho a la libertad en el caso de detención o prisión provisional. sin olvidarnos que los actos de investigación también son objeto de control de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. derecho a la inviolabilidad del domicilio si hablamos de la entrada y registro…) y todo ello en virtud de la consecución de los fines del proceso. pero deben estar acompasados con un debido proceso probatorio para que sean legales o lícitos. pero no son medios de prueba. la preclusión y las medidas cautelares reales y personales. no son prueba. Los actos de prueba. por ende los elementos probatorios. los actos de investigación se adelantan por la fiscalía. Los actos de investigación son ordenados por el fiscal director de la investigación. en la esfera procesal los límites que se imponen a los derechos fundamentales y las libertades públicas vienen determinados precisamente por la propia convivencia social y por propios derechos de que son titulares el resto de los sujetos sociales. sólo tienen una vocación de prueba. derecho a la intimidad en el supuesto de intervenciones telefónicas.” En el ámbito del proceso penal. límite extrínseco que derivaría de la propia Constitución. las evidencias físicas y la información legalmente obtenida a través de los actos de investigación sirven para fundamentar la imputación. quienes presentan los informes de campo y laboratorio. y la víctima con el control y vigilancia del juez de control de garantías. Todos los actos de investigación apuntan a la preparación del juicio. sin embargo como buscan con ellos limitar derechos fundamentales como la libertad y la intimidad entre otros deben ser sometidos a valoración y análisis ponderado de legalidad. la defensa. la acusación. y además por la
. es decir. pueden ser excluidos cuando se vulnera a través de ellos el debido proceso probatorio y el debido proceso penal.
2 de la Constitución española contiene en su propia dicción la posibilidad de restricción del derecho fundamental que el mismo consagra. pero como ese control busca la protección de derechos fundamentales el juez de garantías tiene entre otras facultades decretar
34 Los españoles se referencian a una posible autorización que tenga su base en el mismo texto fundamental. la víctima desarrollan actos de investigación para recopilar elementos materiales. sino también la intimidad. pág. la intimidad y la propiedad.la inviolabilidad del domicilio.20
relevancia social -constitucionalmente reconocidaque posee teleológicamente dicha restricción.de la prueba. Akal Madrid.
. Editorial J. jurisdicción y proceso.M Bosch. necesidad. en el caso de Colombia el Acto Legislativo 03 de 2002. M. Se ha pasado del principio de legalidad al principio de proporcionalidad” en el caso de Colombia existe abundante normatividad para el tema de los actos de investigación que restringen derechos fundamentales y obviamente el contenido del artículo 295 debe ser aplicado a todos los temas que trabajan alrededor de la protección de los derechos fundamentales al interior del proceso penal y no solo en el punto de la libertad. evidencias físicas y sobre estos hay un control formal y material sea anterior o posterior de parte del juez de garantías. razonabilidad e idoneidad para que la persona humana no sea un objeto de derecho. 1990. la defensa. 1999. porque. Barcelona. con la autorización proveniente de una resolución judicial. como es sabido. por ejemplo el artículo 18. Ello no obsta y como más adelante se verá. sin tomar su causa en una previa autorización judicial34 o legislativa35. A partir de lo dicho. pues la generalidad de la declaración constitucional en este sentido es insuficiente para la adopción de medidas concretas…. la restricción de los derechos fundamentales ha de concretarse en una ley orgánica. 295 y 296 de la obra procesal vigente (Ley 906 de 2004) y en cuanto a la propiedad con los artículos 92 en adelante. más importante para lo que aquí nos interesa. la propiedad y otros. 36 HUERTAS MARTÍN. Principio de proporcionalidad y principio de oportunidad en Constitución. La fiscalía. como apunta ERNESTO PEDRAZ PENALVA. de igual manera el artículo 15 acompasados estos con los artículos 2. y una vez sentada la posibilidad de restricción de los derechos fundamentales. 337 “La vieja idea decimónica de protección de la libertad por la ley tiende a ser sustituida por la de necesidad de protección de las libertades frente a la ley. concretamente el artículo 250 de la Carta modificado admite la restricción de algunos derechos fundamentales como la libertad. es si la autoridad judicial tiene la facultad. Madrid. puesto que es. pero sometidos estos al principio de la reserva judicial que se conjuga en los artículos 28 y 32 de la Carta. 35 Obviamente (la doctrina española) esta autorización legislativa habrá de respetar los principios constitucionales. de restringir estos derechos a través de la imposición a aquél de la necesidad de realización de una determinada conducta de la cual puedan extraerse resultados probatorios36. ISABEL. y no es ocioso recordarlo. El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de la prueba. sujetos todos a los principios de proporcionalidad. el interrogante a resolver en los supuestos de que el imputado puede aparecer como objeto -en sentido amplio. al establecer que podrá procederse a una entrada o registro en un domicilio con el consentimiento del titular o.
En ese orden de ideas. en este punto no puede olvidarse que tanto en procesos que cursan bajo el sistema penal acusatorio como en los del sistema penal de adolescentes. pero no para el impulso procesal. Sentencia C-396 de 2007. empero cuando miramos los argumentos constitucionales dispuestos en la sentencia C-713 de 2008 se hizo la siguiente claridad: “Para el Consejo Superior de la Judicatura. 38 Cfr. cabe recordar que aún en este tipo de procesos el juez tiene el deber de evitar las maniobras dilatorias y todos los actos que sean manifiestamente inconducentes. y lo adelantará hasta la sentencia si es el caso”. Sin embargo. veamos: “A juicio de esta Sala. también se entiende como impulso oficioso la alternativa jurisdiccional de ordenar la práctica de pruebas. al tiempo que puede ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales que le atribuye la ley con el fin de asegurar la eficiencia y la transparencia de la administración de justicia. impertinentes o superfluos. cualquiera que sea. en el artículo 14 parágrafo: “Parágrafo. mediante el rechazo de plano de los mismos. en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial.
. por cuanto tiene una vocación de dirección de determinadas diligencias y audiencias. Por lo anterior entonces sigue teniendo vigencia lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-396 de 2007 en donde diferenció que la
37 Esa expresión por supuesto causa extrañeza que se haga en cuanto al juez de garantías. resultando entonces necesario que ponga en acto cuanto esté a su alcance para asegurar que los procesos lleguen a su fin con la mayor celeridad posible. En la Ley 1285 de 2009. ley estatuaria de la justicia que modifica la ley original 270. obviamente sin desnaturalizar las características propias de tal tipo de procesos”. la potestad oficiosa del juez se ha restringido sólo para efectos probatorios. esta ley habla del impulso oficioso que sin duda no es solamente decidir las peticiones que las partes hagan al juez. Así. la facultad del juez para culminar con eficiencia un proceso no ha desaparecido aún bajo el sistema adversarial. mi lectura se encausa a que “puede decretar la práctica de actos oficiosos para recopilar elementos probatorios”. empero la Corte Constitucional se refiere a “pruebas de oficio”. El juez tendrá poderes procesales para el impulso oficioso de los procesos.21
“pruebas de oficio”37 para proteger esos derechos esa es la visión de nuestro máximo Tribunal constitucional. entonces inicialmente podría pensarse que esto modifica el artículo 361 de la Ley 906. la prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta. A esa conclusión se llega después de adelantar el análisis sistemático y teleológico de la norma acusada”38.
40 Ejemplo clásico en Colombia las famosas capturas masivas. la intimidad. necesidad. El proceso penal como una forma de control social. idoneidad y razonabilidad. la libertad. la propiedad y por supuesto que cada uno de los actos de investigación que un fiscal ordena en su condición de director de la investigación y la ejecución que realiza de estos.22
prohibición del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 es únicamente para los jueces de conocimiento mas no para los jueces de garantía. Los actos de prueba están sometidos a los principios de publicidad. defensa) La actividad investigativa del Estado en materia penal con el nuevo sistema penal acusatorio se desarrolla a través de los actos de investigación y eso sin duda apunta a la restricción o limitación de derechos fundamentales en su orden. (Ver comentario sobre el punto ut supra). sin duda es el mecanismo de Estado que se utiliza con mayor eficacia y por qué no decirlo en ciertas ocasiones con arbitrariedad para limitar o restringir derechos fundamentales40. empero los otros derechos fundamentales que se restringen producto de la actividad judicial penal también por aplicación de los postulados pro homine. prolibertatis y favorabilidad tienen que ser blindados para disciplinar y controlar la dinámica del Ministerio fiscal (Fiscalía General) en el momento de emitir las órdenes para ejecutar los actos de investigación. que en su gran mayoría son producto de la presión y el señalamiento indiscriminado de alguien buscando beneficios de rebaja de pena. idoneidad y razonabilidad. No se puede permitir que el proceso penal sea un escenario de tiranía donde el ser humano se convierta en objeto del derecho y se le desconozca su
39 Ver los artículos 2.
. 295 y 296 que se deben trabajar para este tema por analogía in bonam parte en la medida que hacen alusión al punto de la libertad personal. pero que al fin de la evaluación probatoria no se tenía sustento y como tal devenía la libertad lo que posteriormente ocasiona una demanda contra el Estado que se debe pagar con los impuestos de todos los colombianos y sólo resta una acción de repetición contra los servidores públicos que intervienen en estos actos irregulares. los órganos con función de policía judicial se convierten en un desafío a la presunción de inocencia y a la dignidad humana y esos actos de investigación son válidos siempre y cuando estén sometidos al tamiz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos reconocidos en nuestra legislación39 como: proporcionalidad. necesidad. contradicción e inmediación y sólo los que se produzcan en estas condiciones se les considera prueba. ya que el debate de la responsabilidad penal debe estar cimentado sobre el principio de la necesidad de la prueba de las partes (fiscalía vs. y mucho menos que esa actividad de investigación a través de los actos pertinentes sea una fuente ilimitada en la medida que todos los actos de investigación no solo deben ser sometidos a control anterior o posterior sino que su ordenación y ejecución deben consultar los principios de proporcionalidad. por eso debe estar sometido a una serie de postulados o principios que sirvan como dique a la arbitrariedad de la actividad del Estado por medio de la acción penal.
41 eso muestra una fiscalía todavía con poderes judiciales. pues son ellos los pilares que sirven para limitar la función estatal a nivel del ejercicio de la acción penal y que el respeto por los derechos fundamentales no sea un sofisma. allanamiento e incautaciones. Cfr. el buen nombre etc. por eso corresponde orientar el tema sobre una serie de postulados o principios que sirve de disciplina contra el autoritarismo en la cual puedan incurrir los funcionarios o servidores públicos que desarrollan la función judicial penal. eso hace que deban aplicarse los principios constitucionales de necesidad. proporcionalidad. es doctrina pasiva de la Corte Constitucional42 sobre el punto lo siguiente:
Artículo 250 de la Carta Política de 1991. en particular la libertad y la intimidad en virtud o como respaldo para lograr una verdad. la intimidad y la propiedad necesariamente se deben someter al escrutinio de un juez con función de control de garantías como sucede en Colombia. registro. más aun cuando en cabeza de la Fiscalía General permanecen aún las funciones de: Ordenar capturas excepcionales. se tiene entonces que la actividad investigativa no es una patente para restringir o limitar los derechos fundamentales sin que se tenga mecanismos de control frente a las pretensiones de limitar estos. razonabilidad. actividad desarrollada por un juez penal municipal a quien se le asigna por vía constitucional la función constitucional de controlar las garantías de los intervinientes en el proceso penal. el honor. reformado por el Acto Legislativo 03 de 2002. siendo entonces bienvenidos los controles anteriores y posteriores para que cuando el ente acusador haya decidido ordenar una de estas situaciones se ejerza rigurosamente el control de garantías ceñido a los valores de excepcionalidad. interceptación de comunicaciones. entonces esa necesidad de controlar los actos de investigación que apunta por ejemplo a limitar la libertad personal.23
condición de sujeto de derecho. pero en esa actividad pública se ponen en entredicho derechos fundamentales como la libertad. El contexto penal en general como expresión del Estado a través del cual ejerce la acción penal confronta los derechos individuales ante el interés del Estado para investigar aquellas conductas que tienen la calidad de punibles. se desdibuja la dignidad humana. La intromisión del Estado frente a los derechos fundamentales no puede ser arbitraria pues aniquila al ser humano y lo convierte en un objeto del derecho. idoneidad y necesidad. la intimidad. de ahí que ni siquiera frente al poder configurativo del legislador se justifica restringir derechos fundamentales de manera desbordada e injustificada.
. sentencia C-822 de 2005. el derecho a permanecer en familia. idoneidad y proporcionalidad. frente a esta posibilidad que sean restringidos por medio de los actos de investigación. la propiedad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha afirmado de manera reiterada que la potestad de configuración del legislador en materia penal.
. estos límites son particularmente claros. favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. se trata de una potestad suficientemente amplia. pero no por ello ilimitada. en especial por “los principios de razonabilidad y proporcionalidad que han de respetarse al limitar los derechos. No obstante. Es decir. Sobre este punto ha dicho nuestro máximo Tribunal constitucional: “En principio. por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana. e igualmente. pudiendo. como lo ha reconocido ampliamente esta Corporación. el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales. así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores. por supuesto. la cual no le permite actuar arbitrariamente. Álvaro Tafur Galvis. es una competencia amplia pero limitada por las normas constitucionales. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592 de 1998 (M. Quiere decir esto. se encuentra aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria. en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular. como lo son la libertad personal y el debido proceso. y en materia penal y penitenciaria.P. que en desarrollo de sus atribuciones. y en ese sentido se ajuste a la Constitución. puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones. por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta.”el legislador. dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución.”43 a fin de que las restricciones a los derechos que prevea el legislador en ejercicio de dicha potestad no resulten arbitrarias. puede contemplar la creación de mecanismos que. incluso. la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles. realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos. en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales
Ver entre otras las sentencias C-173 y C-551 de 2001 MP. “Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas. puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas. o cuáles se retiran del ordenamiento. que sea razonada y razonable. de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso. el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos. Fabio Morón Díaz). sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. ello incluye.
la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Eduardo Cifuentes Muñoz. en la sentencia C-584 de 1997 se precisa que “Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si.
. Marco Gerardo Monroy Cabra. Así ha dicho este Tribunal: “En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales. entonces es desproporcionada y.PP. entre otros. 2º -del principio de efectividad de los principios. la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita. Sobre este tema también pueden consultarse entre otras. en el sentido de que no exista un medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin buscado y. „Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si. la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima. en consecuencia. la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social. debe ser declarada inconstitucional. C-309 de 1997 y C-741 de 1999. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. debe ser declarada inconstitucional‟46“47 La jurisprudencia constitucional ha deducido este principio de proporcionalidad. para que dicha restricción sea constitucional. se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. las sentencias C-371 de 2000. deben ser además necesarias. 47 Corte Constitucional. sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. MP. de los artículos 1º -de la concepción de Estado social de derecho y del principio de dignidad humana. desde una perspectiva constitucional. C-068 de 1999. la Corte ha dicho que las limitaciones o restricciones en el ámbito del procedimiento penal deben ser adecuadas para lograr el fin buscado. sentencia C-448 de 1997.” 46 Corte Constitucional. deben ser “proporcionales stricto sensu”45. MP. derechos y deberes consagrados en la Constitución. Sobre el juicio de proporcionalidad strictu sensu. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr. entonces es desproporcionada y. 5º -del reconocimiento del carácter inalienable de los derechos
Sentencia C-1404 de 2000. por último. en consecuencia. Corte Constitucional. sentencia C-309 de 1997 MP Alejandro Martínez Caballero. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr.25
como. sentencia C-648 de 2001. la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. C093 de 2001. Además. C-110 de 2000. desde una perspectiva constitucional. esto es. MM. así como el grado de culpabilidad. entre otros””44 Dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales. que no sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende garantizar.
(ii) la existencia de motivos razonables. se definió con base en las historias clínicas encontradas en el hospital sospechoso de practicar ilegalmente abortos. es indispensable que se precise el ámbito subjetivo y material de aplicación de la medida. en especial. atinentes a las características de la conducta delictiva investigada. 473 US 531 (1985). 6º -del establecimiento de la responsabilidad de las autoridades por extralimitación de las funciones públicas-. desconocía la protección constitucional de la familia y del matrimonio (CP Arts. aleatoria o indiscriminada49. y luego de que su pasaporte y
. Este principio hace necesario que se examine (i) la gravedad de la conducta delictiva investigada. en un caso de imprudencia seguido contra un médico que había participado en el cuidado y diagnóstico de una mujer a la que se le ordenó una transfusión de sangre que posteriormente le causó la muerte. resultaba menos gravosa. La acusada fue detenida en Los Ángeles a su llegada en un vuelo internacional. y (iii) la evaluación previa de otras medidas de intervención para determinar si la alternativa escogida es la que. 50 Ver por ejemplo US v. sentencia C-226 de 2002. la medida ordenada debe corresponder a la alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del abanico de opciones con un nivel de efectividad probable semejante. Álvaro Tafur Galvis. deba declararse la misma impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos. o si dicha derogación vulneraba la Carta y. Ahora bien. debido a que el ámbito subjetivo que orientó la práctica de la inspección vaginal. Cada cual responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con otros. debe existir una relación de causalidad entre el medio empleado y el fin buscado de tal forma que éste sea apto para conseguir el fin que se pretende alcanzar. En la sentencia 17/84 de 7 de febrero. El ente investigador no investigó la posible responsabilidad de otros médicos que habían participado en el proceso y ello llevó a la impunidad del hecho. prohibiendo de esta forma su aplicación generalizada. Sobre este punto el Tribunal dijo: “la posible impunidad de algunos culpables no supone que. También se puede llegar a exigir (iv) que se intente previamente conseguir la evidencia por otros medios y que estas vías alternativas hayan sido infructuosas50. Según el principio de necesidad. como ese fin ha de ser específico y concreto dentro de la investigación. El problema constitucional que planteó la demanda fue si el legislador podía o no derogar los tipos penales de bigamia y matrimonio ilegal. 42 y 44). Montoya de Hernández. con una eficacia probable semejante. en donde se intentaron otras alternativas menos invasivas. esto es. antes de someter a una sospechosa de tráfico de drogas a un examen rectal para determinar si transportaba droga en su cuerpo. precitada. se rechazó una medida definida de manera demasiado restrictiva. y del 214 de la Constitución -que establece el requisito de proporcionalidad de las medidas adoptadas durante los estados de excepción48. sin ningún otro elemento de juicio que permitiera predecir la adecuación o idoneidad de la medida. MP.26
de la persona. el Tribunal concedió el amparo del derecho a la intimidad de la mujer. que la naturaleza de la medida sea en sí misma adecuada para alcanzar el fin.
48 Corte Constitucional. 5. en virtud del principio de igualdad. 49 En la sentencia del Tribunal constitucional español 37/89 de 15 de febrero. De conformidad con el principio de idoneidad.
. primera Edición. Como resultado de este procedimiento se encontraron 88 bolsitas con cocaína en el cuerpo de la señora Montoya. 51 Artículo 16 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La acusada se negó a someterse a un examen de rayos X.26 de agosto de 1789. el principio de proporcionalidad en sentido estricto se aplica para determinar si la afectación de los intereses individuales en juego. teniendo en cuenta el interés del Estado en proteger sus fronteras frente a la comisión de delitos. INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Esta directriz lleva a relativizar en la práctica el método de interpretación literal que tanta acogida ha tenido históricamente en el país. la cual a través de la historia del
pertenencias fueron revisadas. MARIO MADRID MALO. Se le ofreció ser regresada a su país de origen en el siguiente vuelo. no puede interpretarse a partir de sí mismo ni aisladamente ninguno de sus preceptos. se sospechaba que transportaba drogas en su estómago. pero eso no fue posible y permaneció detenida durante 16 horas hasta que un juez autorizó la realización de una prueba de embarazo en un hospital. Autores varios (EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. un examen de rayos X y una exploración anal. La Corte Suprema consideró que en las circunstancias del caso. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica. CARLOS GAVIRIA DÍAZ. La Constitución se autoconcibe como un texto unitario. En la sentencia T-406 de 1992 La Corte Constitucional frente al principio de la integridad de la Constitución sostuvo: “El sentido y alcance del artículo 1 no debe ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto. y el hecho de que el método escogido por la acusada para introducir drogas a los Estados Unidos fue el causante de la mayor parte de las molestias. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada no tiene constitución51. 52 EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ -Ex Magistrado Corte Constitucional.27
Una vez examinada la idoneidad y la necesidad de la medida. JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA. si bien la detención había sido larga y la espera incómoda y humillante. Sin duda estamos frente a nuevas directrices interpretativas de la Constitución que deben ser aplicadas en la investigación penal donde se ponen en juego derechos fundamentales52 y ellas se pueden enfocar bajo los siguientes parámetros:
A. pues alegaba estar embarazada. Nuevas Corrientes del derecho Constitucional Colombiano.entre otros-). la detención de la señora Montoya no había sido irrazonable ni el procedimiento seguido para la investigación del hecho y la recuperación de las drogas había sido desproporcionado. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Revista Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Nº 6 Temas Constitucionales. Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional. resulta proporcionada a la relevancia del bien jurídico que se busca salvaguardar con la medida. y como tal. La interpretación de un artículo en particular debe ser coherente con el carácter unitario de la Constitución y por tanto debe mantener la coherencia de todo el texto constitucional. no quiso consumir alimentos o bebidas ni usar los servicios sanitarios del aeropuerto.
la supremacía e integridad de la Constitución de un lado y la efectividad de los derechos y garantías del otro. la nacionalidad. Este principio tiene por objeto evitar la jerarquización de derechos de manera que uno no prevalezca sobre el otro en abstracto. constituye a su vez una auto-disciplina para el juez que enmarca su misma órbita de poder. No se puede en este contexto aplicar la fórmula de resolución de antinomias propias del Código Civil. Esta razón de evaluar la razonabilidad de los actos de autoridad. La carta de derechos. Y así. En efecto a la observación de que la Constitución constituye un texto integral. es a través de la armonización. PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN Es un criterio directamente relacionado con el anterior. de la compatibilización de las normas. la única manera de salvaguardar.28
constitucionalismo occidental. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Este principio tiene por objeto examinar las normas jurídicas para establecer si las decisiones del legislador o de cualquier otra autoridad pública son o no conforme a los valores constitucionales. las elecciones. El juez debe analizar la legitimidad del fin perseguido por el legislador. interpretar una institución o un procedimiento previsto por la constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable. Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en la cual han tenido formación los conceptos del artículo primero. se sigue la ubicación de normas de ella que ya en abstracto. la organización territorial y los mecanismos de reforma se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. Su objetivo es imponer un límite a los espacios discrecionales de poder para luchar contra arbitrariedad en la toma de decisiones de las autoridades. (…) En síntesis la Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma sólo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. corren en dirección opuesta y hasta contradictorias. determinar igualmente la intimidad del medio para luego establecer si existe
. las funciones de los poderes. los mecanismos de control.
B. así mismo frente a este carácter dialéctico encontramos el principio de efectividad de los derechos y garantías. puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias. entonces. No es posible. la participación ciudadana. la estructura del Estado. ya en concreto. C.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. así como las circunstancias de tiempo.
D. El juez debe analizar las condiciones de las personas sobre quienes recae la medida. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. Según la jurisprudencia colombiana. De acuerdo con dicha jurisprudencia. modo y lugar en las que se diseña y aplica. son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes.29
una relación de razonabilidad entre el medio utilizado y el fin que se pretende alcanzar. este bloque “está compuesto por aquellas normas y principios que. por diversas vías y por mandato de la propia Constitución” 1. para interpretar el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia nuestra Corte Constitucional ha acudido al concepto de “bloque de constitucionalidad”. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD La proporcionalidad persigue que no apliquen medidas excesivas al fin que se pretende lograr. aprobada por la Ley 16 de 1972. y el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. del “bloque de constitucionalidad” en sentido estricto hacen parte tanto los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ratificados por Colombia como la jurisprudencia de los órganos internacionales a cuyo cargo está la interpretación de esos tratados 2.
. aprobado por la Ley 74 de 1968. al ejercer sus funciones constitucionales y legales en el campo de la administración de justicia las autoridades colombianas no sólo están obligadas a cumplir cuanto disponen en ese ámbito de la actividad estatal el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como es de general conocimiento. Generalmente se utiliza con relación con las limitaciones a los derechos para evitar restricciones demasiado gravosas y desproporcionadas frente al fin perseguido. modo y lugar en que se dicta y aplica. En el análisis de la razonabilidad también es importante considerar quiénes son los sujetos afectados con la medida y las circunstancias de tiempo. Esto significa que la razonabilidad no puede ser evaluada en abstracto sino frente a situaciones concretas. En este orden de ideas. Esas autoridades también tienen el deber de observar lo que sobre el contenido y el alcance de una y otra norma establecen las decisiones proferidas por órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos. Quiere ello decir que las estipulaciones de tales instrumentos y su interpretación autorizada deben servir como pautas de constitucionalidad de la preceptiva interna y han de aplicarse como normas relevantes para establecer el sentido de las disposiciones de la Carta Política en materia de protección y garantía de los bienes jurídicos fundamentales de la persona.
por lo tanto las decisiones de los operadores judiciales no solo deben ceñirse al marco de la ley.Medellín 14 de septiembre de 2005.
.I. A esta anotación cabe agregarle que en materia de libertad personal el Estado colombiano por medio de sus jueces y fiscales está obligado a aplicar los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de Nueva York. es una causal de casación dispuesta en el artículo 181 Nº 1 y con amplio margen lo ha explicado la Corte Constitucional. de ahí que el tema de los FINES CONSTITUCIONALES encuentra absoluto eco en estos dos artículos y por eso en la medida que se vaya planteando el punto se va perfilando una ostensible contradicción entre el Acto Legislativo 03 de 2002 que reforma los artículos 116. (T. 250 y 251 de la Carta Política de 1991 con los estándares internacionales en cita. Alto Comisionado para Colombia en el foro consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra. 54 Cfr. La Corte Constitucional54 ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia. la independencia y la imparcialidad del Tribunal. en la investigación y el juzgamiento de las conductas punibles los funcionarios colombianos no pueden proceder en contravía de la interpretación dada por las autoridades internacionales a los principios consagrados por el Pacto de Nueva York y el Pacto de San José en lo concerniente al derecho de toda persona al debido proceso y a las garantías judiciales. sentencia C-592 de 2005.T. sin cuyo cumplimiento mal podrá hablarse de un procesamiento justo53. configuran parámetros necesarios para el
53 Naciones Unidas. y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional. Las peticiones y decisiones adoptadas por los fiscales y jueces colombianos deben estar sujetas a la doctrina del bloque de constitucionalidad y eso encuentra amplio eco en la legislación ordinaria -por ejemplo el artículo 3 de la Ley 906 de 2004. lo que a la postre se debe resolver bajo las orientaciones del derecho internacional de los derechos humanos. (C-358 de 1997).568 de 1999). sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional55 -bloque de constitucionalidad stricto sensu-.30
Si ello es así. debe realizarse no solo frente al texto de la Constitución. los tratados limítrofes (C-191 de 1998) y los Convenios 87 y 88 de la O. sino a la aplicación imperiosa de la doctrina del bloque de constitucionalidad –incluida la orientación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 55 Entre otros los Tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Entre estos principios se encuentran los atinentes a la competencia.
sentencias C-225 de 1995. el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción”.. Carlos Gaviria Díaz. que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. se ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. En efecto ha expresado la Corte que: “(. que prohíben la limitación de los mismos en estados de excepción60 (ii). 61 Cfr. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-774 de 2001 M. M. En caso de guerra. M. C-287 de 1997. (ii) el articulado de la Constitución. M. Sentencia C-295 de 1993. es necesario que se den los dos supuestos a la vez. salvo remisión expresa de normas superiores59. de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte. de una parte.. es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los Tratados y Convenios internacionales en el orden interno. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. (v) las leyes estatutarias58.P. C-578 de 1995.P. como sucede con ciertos contenidos de los Tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior.P. En este contexto.P. Dr. Dr. 60 Al respecto puede consultarse las sentencias C-195 de 1993 y C-179 de 1994. 58 Sentencias C-179 de 1994. sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos Tratados y Convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y. sino a estos cuando tales instrumentos internacionales „prohíben su limitación en los Estados de Excepción‟62. C-578 de 1995 59 Sentencias C-179 de 1994. art. Dr. 57 Sentencias C-600A de 1995.P. 62 Cfr. Sala Plena. Suspensión de Garantías: 1. éste podrá adoptar
. caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el legislador”.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos63. Rodrigo Escobar. Carlos Gaviria.P. 63 Artículo 27. En relación con los Tratados. 93). la Corte ha señalado que. C-337 de 1993. Al respecto cabe recordar que tanto en el artículo 27. (iii) algunos Tratados y Convenios internacionales de derechos humanos (C. Sala Plena.31
análisis de las disposiciones sometidas a su control -bloque de constitucionalidad lato sensu-56. M. como en el artículo 464 del Pacto
56 Ver sentencias C-191 de 1998. (iv) las leyes orgánicas57 y. precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los Tratados y Convenios internacionales en sí mismos y de por sí. son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes. Corte Constitucional. por diversas vías y por mandato de la Constitución”61.) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de constitucionalidad.
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto. ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. la servidumbre y la trata de seres humanos. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica). 7. 9 (Principio de legalidad y de retroactividad). 8 (párrafos 1 y 2). de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. religión u origen social. 15. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto. 4 (Derecho a la vida). en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia. 20 (Derecho a la nacionalidad). 11. 65 Artículo 4º. idioma. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 2. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención. el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal. siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza. inhumanos o degradantes. 18 (Derecho al nombre). La Corte destaca así mismo que dentro del listado establecido en el artículo 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994 sobre estados de excepción65. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ni a tratos o penas crueles. de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. derecho de defensa-. el principio de legalidad. la libertad de religión. y 23 (Derechos políticos). derecho a ser oído. durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal. y los demás Tratados sobre la materia ratificados por Colombia. por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas. la prohibición de las penas de destierro.32
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establecen dentro del listado de derechos que no son susceptibles de suspensión una serie de garantías ligadas al respeto del debido proceso en materia penal a que alude el actor en el presente proceso -en particular los principios de legalidad. 17 (Protección a la familia). prisión perpetua y confiscación. 2. “Derechos intangibles. sexo. por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. 3. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6. el derecho a elegir y ser elegido. 16 y 18. los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que. a torturas. irretroactividad. la libertad de conciencia. color. 3. color. 19 (Derechos del niño). En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. 5 (Derecho a la integridad personal). siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza. de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido. suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención. la prohibición de la esclavitud. 12 (Libertad de conciencia y de religión). idioma. favorabilidad. religión u origen social. los derechos del niño. sexo. a la protección por parte de
. 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre). en relación
disposiciones que. en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. 64 Artículo 4 1.
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.33
con los derechos intangibles durante dichos estados. fiscal o de cualquier otro carácter. de la sociedad y del Estado. en plena igualdad. independiente e imparcial. laboral. toda persona tiene derecho. como el artículo 4° de la Ley estatutaria sobre estados de excepción. de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal a que alude el contenido del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos del Hombre. Serie A Nº 9. Garantías judiciales: 1. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.2. por lo que sobre el particular esta Corporación considera oportuno recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos del Hombre. el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles. por un juez o tribunal competente. señalan que no podrán ser suspendidas las “garantías judiciales indispensables” para la protección de los derechos enunciados en cada uno de dichos artículos. se hace mención expresamente a los principios de legalidad.”. incluido en el numeral 2° del artículo 27 de la citada Convención. remunerado o no según la legislación interna. si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. ninguna disposición de la Convención. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Cabe resaltar igualmente que tanto el artículo 27-2 de la Convención. Durante el proceso. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). el derecho al Habeas Corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Toda persona tiene derecho a ser oída. 66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2. establecido con anterioridad por la ley. a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. en la opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 198766.
su familia. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
. puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. 67 Artículo 8. 27. sobre el tema de las garantías judiciales en estados de emergencia y en relación específicamente con la no suspensión de las garantías señaladas en el artículo 8 de la Convención67.
y también las inherentes a la preservación del Estado de derecho. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7. 25 y 27. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales.1. 4.
. a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión.34
En dicha opinión consultiva la Corte Interamericana afirmó en efecto que la relación existente entre el debido proceso del artículo 8° y las garantías judiciales indispensables es de “necesidad específica”. en lo esencial.
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia. Rodrigo Escobar Gil.” (…) “38. consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la sentencia C-774-2001. aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías.1.6 y 25. y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o Tribunal superior. 3. “39. Naturalmente. 68 Ver A.6. regulados por la Convención. Debido proceso legal en estado emergencia “29.P. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. deberán conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable. “30. puedan considerarse como garantías judiciales. a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana. El proceso penal debe ser público. según lo dispuesto en el artículo 27. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo. aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.V.1. como testigos o peritos. son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7. cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y libertades de aquellos susceptibles de suspensión. 5. M.2 de la Convención. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.2 de la Convención.2. salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. en la medida en que respecto de estas garantías es indispensable que se preserve de manera integral el debido proceso68. de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. La Corte Interamericana señaló lo siguiente: “8.
de cuáles son los derechos involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación.P.
69 Corte I. la ley permisiva o favorable. la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de otros instrumentos internacionales (art. (. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.. S. 70 Ver sentencia C-200/02 M.”69 Sobre el particular la Corte ha concluido que el derecho al debido proceso establecido en el artículo 8° de la Convención. Álvaro Tafur Galvis. 27. 72 Artículo 15. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. la Corte ha destacado igualmente que en la norma superior se contienen todos y cada uno de los principios establecidos en los artículos 8° y 9° de la Convención Americana de Derechos del Hombre y el artículo 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos72. 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
. En materia penal. durante la investigación y el juzgamiento. H.35
“40. En relación con la concordancia necesaria entre el texto de artículo 8° anotado y el artículo 29 de la Constitución71. hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones que son sometidas a control de constitucionalidad70. ante juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 27.2.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos.2. al no ser susceptible de suspensión durante los estados de excepción -y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado ratificado por Colombia-. 1. Serie A No. o de oficio. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. Jaime Araújo Rentería. a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. D. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Desde luego y por las mismas razones. 71 Artículo 29.. P. a impugnar la sentencia condenatoria.). el delincuente se beneficiará de ello. V.. la prueba obtenida con violación del debido proceso. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte. 9. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. en la presente opinión consultiva. trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles “garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el artículo 27. de pleno derecho. que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la práctica de cada Estado Parte. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve. Es nula. y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. aun cuando sea posterior. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. principio de favorabilidad.1 de la Carta confiere a la Fiscalía General de la Nación. la Fiscalía podrá realizar capturas74.). para integrarlos con la Constitución y poder entonces sí decir que estamos frente a un bloque de constitucionalidad. presunción de inocencia. empero la interpretación más clásica y garantista apunta a lo expuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Política de 1991. 28 C. la Corte reiteró el carácter eminentemente excepcional y reglado por la ley. en especial de la víctima. estableció la prelación en la actuación procesal penal. M. y mediando la regulación legal que fije los límites y eventos en que procede.P. en su numeral 1° contempla lo concerniente a las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal. Sólo de manera excepcional. derecho de defensa. El artículo 250 de la Constitución al establecer las funciones ordinarias que cumple la Fiscalía General de la Nación.P. Cabe destacar finalmente que de manera expresa el artículo 3° del nuevo Código de Procedimiento Penal.
. entre otros. juez natural. porque este apartado constitucional invita a que toda interpretación se haga desde los Tratados internacionales que en el caso de Colombia inicialmente para el proceso penal se debe tener presente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. sometidas al conocimiento del juez de control de garantías. regula en sus tres primeros numerales algunas materias de particular relevancia en punto a establecer los límites constitucionales a las actuaciones del órgano investigador. Álvaro Tafur Galvis. de los Tratados y Convenios internacionales ratificados por Colombia que versen sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción73. Así. en una clara reafirmación del principio de reserva judicial de la libertad. debido a que no queda integrado el derecho fundamental de la libertad porque el mismo puede ser restringido durante los estados de excepción y la condición aquí es lo contrario por vía del artículo 4 de la Ley 137 de 1994 y la misma Convención Americana de Derechos Humanos. se trabaja a nivel de bloque de constitucionalidad por vía del inciso segundo del artículo 93 de la Carta para que tenga coherencia con el artículo 7 de la Convención Americana y 9 del Pacto de Nueva York. 74 En las sentencias C-730 de 2005 y C-1001 de 2005. por lo tanto el tema de la libertad que es un derecho con eco en el artículo 28 de la Carta Política de 1991.36
Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza plenamente el debido proceso en sus diferentes componentes -principio de legalidad. al pronunciarse sobre la inexequibilidad de algunos apartes de los artículos 2° y 300 de la Ley 906 de 2004.en perfecta armonía con las disposiciones internacionales sobre la materia y en particular con las normas de la Convención Americana de Derechos del Hombre a que se ha hecho referencia. de la facultad de realizar capturas que el artículo 250.
Sin duda este artículo se acompasa con el inciso primero del artículo 93 de la Carta de 1991. Estas medidas están. bajo el principio de reserva judicial de la libertad (art. derecho a presentar y controvertir pruebas. donde en realidad se tiene que someter el proceso penal en particular los actos de investigación que buscan restringir los derechos fundamentales.
Por su parte el numeral 2° del mismo precepto superior. allanamientos. “asegurar los elementos materiales probatorios. (ii) facultar directamente a la Fiscalía para adelantar registros. Este numeral refiere en su primer segmento a la actividad ordinaria o básica del órgano de investigación como es la de recaudar y asegurar los elementos materiales de prueba que le servirán de soporte para el ejercicio de su función acusadora. El carácter previo del control judicial. (iii) disponer que en todos los demás eventos en que. la Fiscalía podrá efectuar capturas. 76 A más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. necesariamente debe obtener la autorización respectiva del juez de control de garantías. actuaciones estas sometidas al control posterior del juez de control de garantías. en ejercicio de sus funciones. derivada del reforzamiento que en el sistema de investigación penal de tendencia
75 Sentencia C-1092 de 2003. adscribe directamente a la Fiscalía la potestad de “adelantar registros. El numeral 3° del artículo 250 de la Carta a su vez establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación. en la fase de investigación. para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios. Y a continuación señala que “En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. previene que si en el ejercicio de esa actividad se enfrenta a medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. allanamientos. es decir someter las medida al control previo de esta autoridad en la cual se radican. incautaciones e interceptación de comunicaciones. control previo) por parte del juez de control de garantías. como regla. De tales previsiones constitucionales se concluye que fue voluntad del Constituyente: (i) radicar en cabeza de los jueces de control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal. Sin embargo.
. se requiera medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales deberá mediar autorización (es decir. a efecto de que se realice un control amplio e integral de esas diligencias75. garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. sólo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límites y eventos en que procede. destacando el carácter amplio e integral del control de legalidad. las facultades típicamente jurisdiccionales de las cuales forman parte las decisiones con capacidad de afectación de derechos fundamentales. sometidos al control posterior76 del juez de control de garantías. En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “al solo efecto de determinar su validez” del numeral 2° del artículo 250. incautaciones e interceptación de comunicaciones”. a más tardar dentro de la 36 horas siguientes. deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello”.
en aquellos casos en que ejerce facultades restrictivas de derechos fundamentales. M. las decisiones que restringen los derechos constitucionales de los investigados e imputados son tomadas por lo jueces y tribunales” 77.
. Sentencia C-1092 de 2003. decisión que denota el lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho”78. deberá obtenerse la autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello” (Art.P. Así.. allanamientos. 1°). Álvaro Tafur Galvis. las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso (Art.38
acusatoria se imprimió al principio de reserva judicial de las intervenciones que afectan derechos fundamentales. la creación del juez de control de garantías o juez de la investigación penal. 250. num. en razón a que muchas de las medidas procesales que se adoptan en el curso de la investigación penal entran en tensión con el principio de inviolabilidad de
Corte Constitucional. incautaciones e interceptación de comunicaciones que adelante la fiscalía (Art. 2° 9). 1° inciso 3° y num. 250 num. Sobre el papel de garante de los derechos fundamentales que cumple el juez de control de garantías en el nuevo sistema de investigación penal. (Se destaca). 3°). estructurando a la Fiscalía General de la Nación como una instancia especializada en la investigación de los delitos y estableciendo que. como regla general. ya tuvo oportunidad de pronunciarse esta Corte: “El artículo 250 de la Constitución establece la cláusula general de competencia del juez de control de garantías para adoptar. 250 num. sentencia C-1092 de 2003. Así lo destacó la jurisprudencia de esta Corporación desde sus primeras decisiones proferidas a propósito del control constitucional del Acto Legislativo que reformó la Constitución para introducir este modelo de investigación: “Por medio del Acto Legislativo 03 de 2002 el Constituyente optó por afianzar el carácter acusatorio del sistema procesal penal colombiano. y así lo destacó la Corte al señalar que: “El constituyente. esté sometida al control judicial o control de garantías – según la denominación de la propia norma-. previó que la Fiscalía. Así mismo señala que en caso de requerirse “medidas adicionales que implique afectación de derechos fundamentales. así como sobre las diligencias de registro. MP Álvaro Tafur Galvis. El lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. se expresa a través de los controles que deben mediar para su afectación. a solicitud de la Fiscalía. retomando la experiencia de la estructura del proceso penal en el derecho penal comparado. le asigna el control automático sobre las capturas facultativas que excepcionalmente realice la Fiscalía conforme a facultades que otorgue la ley. responde al principio de necesidad efectiva de protección judicial.
De manera específica. la práctica de medidas para obtener tales elementos probatorios requiere de autorización judicial. sólo excepcionalmente las medidas pueden ser convalidadas en sede judicial. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. en los eventos en que así lo autorice expresamente la Constitución. artículo 2. según el cual cuando haya afectación de derechos fundamentales. como el que configura la Ley 906 de 2004. con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y de la víctima”80. Se trata de una clara vinculación de la investigación a la garantía de los derechos fundamentales tanto del investigado como de la víctima. los cuales únicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional. Fundamento jurídico No. Así. exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado. Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria. 81 Modificado mediante Acto Legislativo 03 de 2002.” Esta disposición establece el principio general para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios.
. que fungen así como límites de la investigación. se pronunció así esta Corporación: “De conformidad con el numeral 3 del artículo 250 81 de la Carta. sobre la necesidad de autorización previa del juez de control de garantías para la adopción. una “limitación” o “restricción” al
79 En casos excepcionales autorizados por la propia Constitución. por parte de la Fiscalía. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales. la Fiscalía General de la Nación deberá “asegurar los elementos materiales probatorios. en el desarrollo de la actividad de aseguramiento de los elementos materiales probatorios. garantizando la cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. El empleo del término “afectación” supone. de medidas que impliquen afectación. mengua o limitación de derechos fundamentales. Jaime Córdoba Triviño. toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su legalización o convalidación79 el sometimiento a una valoración judicial. 80 Sentencia C-979 de 2005.. Según esta disposición constitucional es la “afectación de derechos fundamentales” la que obliga al Fiscal a solicitar de manera expresa y específica la autorización judicial previa.P. deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.39
determinados derechos fundamentales. según su grado. 36. se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. Se parte del principio de la necesidad de autorización previa para la adopción de aquellas medidas que impliquen afectación de derechos fundamentales. M.
Dicha limitación o restricción (i) debe estar prevista en una ley (principio de reserva legal) y requiere. (ii) que como consecuencia de ello el control posterior autorizado por la Carta (Art. 248. Consideró la Corte que “las medidas previstas en las normas acusadas implican afectación de derechos fundamentales y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 1. siempre es necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas tal como lo ordena el artículo 250 numeral 3° de la Constitución (…)”. por lo tanto.). habrá de examinar si la medida específica. Manuel José Cepeda Espinosa.40
ejercicio o goce de un derecho fundamental. En esta sentencia la Corte. y bajo esa condición deben analizarse las hipótesis allí previstas83. además. entre otros requisitos. 83 Cfr. el juez de control de garantías deberá hacer un juicio de proporcionalidad de la medida cuya autorización se le solicita. M. es o no pertinente. declaró su constitucionalidad condicionada. toda medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe estar precedida de autorización del juez de control de garantías.P. a solicitar autorización para realizar la medida de intervención corporal es legítima e imperiosa. que regulan la práctica de la inspección corporal (247) el registro corporal (248) y la obtención de muestras que involucren al imputado (249).
. sentencia C-336 de 2007. 249 de la Ley 906 de 2004. en las condiciones particulares del caso. configura una excepción a la regla general. en lo pertinente. el juez de control de garantías deberá tener en cuenta. si además de idónea. y de serlo. si la medida solicitada es idónea para alcanzar dicho fin. al estudiar la constitucionalidad de los artículos 247. las directrices que la jurisprudencia constitucional ha establecido para armonizar la práctica de medidas de investigación. Para el efecto. sentencia C-822 de 2005. con el respeto de los derechos fundamentales: “En virtud del principio de reserva judicial de las medidas que implican afectación de derechos. 250. en cada caso concreto.2) respecto de ciertas medidas que afectan derechos fundamentales. De las anteriores referencias jurisprudenciales surgen dos conclusiones de particular relevancia para el asunto bajo examen: (i) que como principio general. el grado de afectación de los derechos que supone
Corte Constitucional. y si al ponderar los derechos y las finalidades buscadas la medida en concreto no resulta desproporcionada. para determinar si resulta irrazonable o desproporcionada”82. al requerimiento de la autorización previa por parte del juez de control de garantías. (ii) de la intervención judicial (principio de reserva judicial). C. es necesaria porque no existe otro medio alternativo menos restrictivo de los derechos con eficacia semejante para obtener los elementos materiales probatorios y evidencias materiales dentro del programa de investigación.P. Igualmente. Para ello deberá determinar si la finalidad concreta que lleva al Fiscal o a la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia.. teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos investigados.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia.
. Fundamento jurídico 5.1. incluyendo los que se han practicado. y los intereses y objetivos específicos buscados con la medida dentro del programa de investigación” 84.. La Constitución Nacional en su artículo 29 se refiere a “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”. esto en cuanto al artículo 232. mengüan o limitan los derechos fundamentales este principio rector debe proyectar todo su poder de irradiación y sus potencialidades de optimización sobre los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en la situación concreta.
Sentencia C-822 de 2005. la prueba pericial.41
la medida en concreto. 89 Nulidad derivada de la prueba ilícita. M. 87 Cláusula de exclusión en materia de registro y allanamientos. Este tema de la exclusión atañe tanto a los elementos materiales probatorios. por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. 86 Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. especialmente a la justicia”85. evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico. es decir que abarca todos los medios de conocimiento en el entendido del artículo 382 de la obra procesal acusatoria91. la prueba de inspección. la prueba documental. evidencias físicas obtenidas por medio de los actos de investigación como a las pruebas. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de pruebas ilegales. los elementos materiales probatorios. la Corte Constitucional se pronunció en torno a la cláusula de exclusión del artículo 23 y mediante la sentencia C210 de 2007 se trabajó el punto de “sólo podrán ser utilizados con fines de impugnación”. para evitar excesos contrarios a la función pública. sobre este particular la Ley 906 de 2004 se ocupa en los artículos 23 86. ponderación. En el trámite de autorización de las medidas que afectan. Mediante la sentencia C-591 de 2005. 90 Nulidad por violación de garantías fundamentales. legalidad y corrección en el comportamiento. Artículo 27 de la Ley 906 de 2004. (Se destaca). 36088 45589 y 45790. 91 Son medios de conocimiento la prueba testimonial. 88 Prueba ilegal. aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Manuel José Cepeda Espinosa. 23287. Estas guías de ponderación que se indican a la autoridad judicial para la valoración de las intervenciones penales sobre los derechos fundamentales han sido acogidas también por el legislador como criterios moduladores de la actividad judicial al erigir el siguiente principio rector de la ley procesal penal: “En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad.P. que no viole el ordenamiento jurídico.
entendiendo por tales no solo las enunciadas en el aludido artículo 29. desde el punto de vista disciplinario y aun penal respecto del funcionario que la practica. como corresponde a la expresión “es nula de pleno derecho”. ya que la prohibición no solo se contrae a declaraciones o confesiones. no está permitido otorgar ningún efecto jurídico a las pruebas practicadas con desconocimiento de las garantías inherentes a toda persona dentro de un Estado social de derecho. sino comprendiendo en ellas todos los derechos fundamentales.conforme a su tradicional e invariable criterio. Como lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia colombiana92. como se ilustra a continuación con algunas citas bien pertinentes: “. el cumplimiento de una función disuasiva. pág. o las que se generan con violación de los derechos y garantías establecidos en la Carta Política. Ahora bien. protectora en cuanto a la integridad del sistema constitucional y judicial. especialmente de las de policía judicial. M. cualquiera que sea la naturaleza de la prueba. permite o admite. 94 Ibídem. por ejemplo. como también ha sido reiterado.. pág.42
Está decantado que tanto los jueces de garantía como los de conocimiento deben excluir los medios de conocimiento que vulneren el debido proceso. 29.. de garantía de los principios y reglas del Estado social de derecho.. la consecuencia jurídica de la prueba inconstitucionalmente obtenida no es otra que su definitiva y estricta exclusión. Manuel José Cepeda Espinosa. de otra clase de sanciones que de ella surgen. son inadmisibles las que son el resultado de torturas. al resumir la posición de la Asamblea Constituyente de 1991. la cual. sólo afecta la prueba de espurio origen. Sala Penal Corte Suprema de Justicia. en relación con la conducta futura de las autoridades. tratos degradantes. En tal virtud. no deja de reprochar. ya que el escenario procesal debe estar desprovisto de situaciones que afecten su transparencia y el equilibrio entre las partes que son actoras en este escenario donde debe primar los fines del Estado y no la crasa arbitrariedad y el autoritarismo. son de rango constitucional.
. 93 Corte Constitucional SU-159. ponente Herman Galán Castellanos. 34. eventualmente. aporta. no así al proceso al cual ha sido allegada.P. reparadora de los perjuicios causados al procesado con una arbitrariedad94. La Sala de Casación Penal se ha pronunciado reiteradamente sobre estos importantes aspectos. que como es bien sabido. sin perjuicio. marzo 6 de 2002. claro está. de exigir y de imponer sanción a todos aquellos actos de la autoridad
92 Sentencia radicado 18451 del 8 de julio de 2004. aseguradora de la confiabilidad y credibilidad del sistema probatorio y. sino a todos los medios de prueba93. Nuestro ordenamiento jurídico acoge así. con este régimen de exclusión de la prueba constitucionalmente ilícita. inhumanos o crueles.
resulta obvio en el proceso de exclusión de resultados investigativos. las pruebas irregulares son sometidas a un régimen de nulidades. la exclusión de pruebas viciadas no es inevitable sino el resultado de un método de ponderación que se aplica caso por caso. prácticas de fuerza (material y moral) y desconoce toda validez a lo realizado en tan censurables circunstancias. y que la Constitución Nacional establece en su artículo 29. ya citada. se está en presencia de un error de apreciación probatoria. El juez no puede anular la prueba si no afecta los intereses de la parte concernida. del vicio probatorio. la prevalencia del interés general100. la nulidad de la prueba ilícita es ordenada por una disposición general de la ley procesal penal que tiene un tenor amplio y que no exige la existencia de un perjuicio para el inculpado ni exceptúa las irregularidades menores”. en virtud de la cláusula o regla de exclusión que como mecanismo de saneamiento opera en estos casos. Ver cita. 16-12/98. Sent. afirmando que en nuestro ordenamiento jurídico. especialmente los relacionados con los derechos civiles y las garantías sociales. se introduce un método de ponderación a partir de diversos subprincipios derivados de la proporcionalidad. la prueba viciada es excluida. la gravedad del crimen. Fernando Arboleda Ripoll. 100 “En Alemania. Se concluye entonces. M. R 10373. “Cuando una prueba ha sido irregularmente allegada al proceso. ni sin que se pueda alegar. las pruebas inconstitucionales. de pleno derecho. Cas. la prueba afectada debe ser excluida del acervo probatorio. Sala de Casación Penal. si se presenta un vicio sustancial en la práctica de la prueba. como Francia. Carlos Eduardo Mejía Escobar. al declarar que es nula. pie de página 81 de la Corte Constitucional en SU-159/02. En caso contrario. como ocurre en el derecho comparado99. esquemas vitales de los derechos humanos. Sent. Cas. del valor demostrativo de la prueba. M. necesidad y adecuación. 99 “En los Estados Unidos de América y en otros países de tradición anglosajona. el condigno castigo para sus autores. tanto en la órbita penal como en la disciplinaria. la fortaleza de la sospecha y los intereses constitucionales en
. 13. 17-10-1990. es obvio. En Italia.. pero ello no implica necesariamente la anulación de todo lo actuado” 97. además. Además.P. tales como por ejemplo. M. la regla de exclusión no solo fue tardíamente introducida. Cas. Si la prueba cuestionada representa una afectación de la garantía esencial de los derechos fundamentales. 97 Sala de casación Penal. sino que no funciona como una regla imperativa puesto que el juez penal dispone de cierta discrecionalidad para aplicarla después de evaluar y sopesar ciertos factores”. (. Sent. 23-07-01. puesto
Sala de Casación Penal. que estos evidencien nexo causal con la práctica ilegal que los genera” 95. pág. Considera improcedentes. como excepción. que se soluciona con la separación de la prueba ilegal del juicio. R. 98 “En países de tradición romana. Gustavo Gómez Velásquez. P.). demandando o aplicando. bajo el sistema de la nulidad de pleno derecho98 sin que al respecto exista discrecionalidad judicial.810. están sometidas a la regla de exclusión. 33. y el juez la toma en cuenta al momento de dictar sentencia..43
que no se ajustan a la normatividad jurídica. la prueba obtenida con violación del debido proceso” 96 “Según la doctrina seguida por la Corte Suprema. Corte Constitucional SU-159/02. de los cuales surgen factores.P.
Mejía E. claro está. como principio general. Esta regla general ha sido moderada a través de elementos correctores. 2º.P.
. SU-159.). no resulta imperativa la exclusión cuando se trata de una prueba afectada por irregularidades menores.e. como. la jurisprudencia tiende a establecer esta limitante.44
que tratándose de derechos fundamentales. ella es una norma que encierra un valor absoluto. arriba citada. otro intermedio. 104 Código de Procedimiento Penal francés. que la invalidez de la prueba primaria no se pueda extender a otras que le sean relacionadas o causalmente vinculadas105 y. invocando la Cuarta Enmienda. conforme al cual los efectos de la exclusión de la prueba constitucionalmente ilícita se extienden a las pruebas derivadas de ella106. inherentes a la dignidad humana. La protección de los derechos fundamentales no está sometida al vaivén del interés general. como así. Ver cita de la SU-159/02. Existe en el derecho comparado. La Suprema Corte expuso que “la esencia de una disposición que prohíbe la obtención de la evidencia por cierta vía es no solo que la evidencia así obtenida no sea usada ante una Corte sino que no sea usada de ninguna manera”. según la cual. “El individuo es un fin en sí mismo. 102 Casación 10373. la doctrina tiende a ser favorable a admitir el principio del “efecto lejano”. debe admitirse. sobre un tema tan complejo103. 106 La Corte Suprema de Estados Unidos. inconstitucionalmente obtenida104. desde 1920. multicitada. en algunas decisiones recientes. sopesar en cada caso si procede la exclusión (“balacing test”) o admitir de manera restringida el efecto reflejo de la contaminación para reconocerle validez a ciertas pruebas obtenidas razonablemente (“good-faith excepcio”). excepción conocida ahora como de atenuación. que no puede ser negociado o subestimado”. por ejemplo. dejando a salvo el conocimiento ganado a partir de una prueba independiente. Artículo 174 inc. (q. las pruebas ilícitas no pueden apreciarse y todos los resultados obtenidos contra legem deben excluirse como fundamentos de las decisiones en las actuaciones administrativas y judiciales. precisó aún mas la extensión de la regla de exclusión cuando aplicó la doctrina de los frutos del árbol envenenado (“fruit of the poisonaus tree doctrine”). Carlos E. sistema este sobre el cual la doctrina ha venido estableciendo una serie de
juego. Sentencia de la Corte Constitucional en cita. M. o cuando el sentido común puede indicar que esa conexión se ha vuelto tan tenue que la mancha ha sido disipada. así se trate de una minoría o incluso de un individuo. Inglaterra: Art. 78 del police and criminal evidence. si bien. Como corolario de lo expuesto. también lo ha reiterado la Sala. la prioridad del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales101. M. que por esa misma entidad no desconocen derechos fundamentales ni afectan la estructura del proceso ni el derecho de defensa102. 103 Exclusión de prueba ilícita.P. 105 Si bien la ley penal guarda silencio al respecto. 16-12/98. tal como el interés en que la violación de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal no quede en la impunidad. 101 Corte Constitucional Sentencia C-546.p. una variedad de sistemas que oscilan entre el que le concede al juez plena libertad para apreciar la prolongación de los efectos de la invalidez de la prueba principal. Ciro Angarita Barón. al que sienta.d. A partir de la década de los años treinta. el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual. sacrificándose la verdad real”. octubre 1º/92.
carácter de prueba derivada la prueba que tiene su arribo al proceso. señala que tanto la estructura del Estado de derecho. o de la prueba inevitable.45
distinciones o excepciones. directa o indirectamente obtenidos al margen de la Carta Política o de los preceptos que la desarrollan. la que de todas maneras habría sido conocida por otra vía. tienen validez suficiente para sustentar providencias judiciales. o de evitar la impunidad. p. ni las irregularidades en desarrollo de su incorporación se comunican a la actuación procesal. instituido en defensa de derechos fundamentales y garantías ciudadanas. inevitablemente. págs. Así también PÉREZ PINZÓN. eventualmente. Las decisiones judiciales deben procurar la verdad obtenida bajo el supuesto de que el método para obtenerla se apoya en prueba recaudada con respeto a las garantías constitucionales. de ninguna manera tenue a atenuada. Ed. La exclusión de pruebas ilícitas por desconocer derechos o garantías constitucionales o contravenir el debido proceso no tendría significado si no es por su trascendencia a tan caros derechos.
. principios y valores. El inciso final del artículo 29 de la Carta Política y las normas que lo desarrollan. o la conocida como de atenuación. exige la exclusión estricta de la prueba constitucionalmente ilícita (prueba principal) y. No tiene. por tanto. como de la sociedad para la cual se consagra esencialmente. como tampoco la que obtiene su ratificación mediante el ejercicio libre de la voluntad del afectado. por otra vía lícita. Universidad Externado de Colombia. su admisibilidad no puede sustentarse en el celoso propósito de encontrar a cualquier precio la verdad real. De ahí que si una probanza es recaudada con el quebrantamiento de los presupuestos para su
SU-159/02. 71 y 72. soportadas dogmática y orgánicamente en la Constitución. ÁLVARO ORLANDO. por consiguiente. Principios generales del proceso penal. tales como la prueba proveniente de una fuente independiente. entendiendo por tal aquélla. no admiten pruebas obtenidas con violación al debido proceso. con entidad igualmente constitucional. pues. por ende. los medios probatorios. que tiene su fuente de conocimiento en dicha prueba básica y no en otra de carácter independiente. por consiguiente. así como la denominada “acto de voluntad libre” consistente en que el vínculo de esta prueba se rompe con la prueba inicialmente viciada cuando es ratificada mediante decisión libre de la persona afectada107. esto es. deben ser necesariamente excluidos. cuando la regla oculta complejidades concretas. pues en tales eventos no sufren los efectos expansivos de la prueba principal ilícita. fines loables que no admiten medios ilícitos para obtenerlos. de la prueba derivada. y de la administración de justicia. Los vicios que puedan afectar la legalidad de una prueba no trascienden a la estructura del proceso. 39.
109 Corte Suprema de Justicia. la Sala de Casación Penal indicó: El artículo 29 de la Constitución Política consagra la regla general de exclusión al disponer que “es nula de pleno derecho. pero en ningún momento puede llegar a interesar la actuación108. práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. radicado 20. en el cual se reportan “nulas de pleno derecho las pruebas obtenidas con violación del debido proceso”. Sala de Casación Penal.del Código de Procedimiento Penal en lo que dice relación con las pruebas ilícitas y en el artículo 232 y 360 ejusdem en lo correspondiente con los elementos materiales probatorios. tratos cueles. corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso. La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento. obedece sus contenidos al principio y garantía de legalidad de la prueba regulado en el artículo 29 de la Carta Política.
. el debido proceso. la no autoincriminación. toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba109. la intimidad. caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior. práctica o aducción se somete a las personas a torturas. Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas. entre ellos la dignidad.139. la solidaridad íntima. evidencias físicas y pruebas ilegales. sentencia del 2 de marzo de 2005. El error de derecho por falso juicio de legalidad de que trata la causal tercera de casación del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. sin que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales.
108 Sentencia del 11 de agosto del 2004. sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. y aquéllas en cuya producción.103. ponente Mauro Solarte Portilla.46
formación o introducción al proceso. En sentencia del 2 de marzo de 2005. la prueba obtenida con violación del debido proceso”. es falencia que debe conducir a que jurídicamente el medio no sea tenido en cuenta. imperativo que se reproduce en los artículos 23 y 455 –comprendidas sus salvedades. inhumanos o degradantes. En esta eventualidad. La prueba ilegal se genera cuando en su producción. radicado 18. Sala Penal Corte Suprema de Justicia. de lo cual se contrae normativamente un efecto-sanción de “inexistencia jurídica” y por ende de exclusión cuando de pruebas “ilícitas” o “ilegales” y de elementos materiales y evidencias físicas recogidas de manera irregular se trate.