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Timestamp: 2019-10-18 11:47:24
Document Index: 396900767

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 149', 'artículo 126', 'artículo 135', 'artículo 2', 'artículo 82']

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Boletín de Novedades núm. 5/2012 del mes de Mayo
• Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE núm. 126, de fecha 26 de mayo de 2012).
Dentro de la larga serie de Reales Decretos leyes con los que el Gobierno trata de hacer frente a la crisis podemos situar el RDL 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio interior y de determinados servicios. Pero esta norma no conlleva reducción de gastos, ni reformas organizativas, ni medidas tributarias que puedan incidir en los ingresos. Su objetivo no es reducir el déficit sino impulsar la actividad económica a través de la reducción de las cargas administrativas, en la línea de lo dispuesto en la Directiva 123/2006 y normas internas que ya han procedido a su trasposición. De hecho, el Real Decreto ley trata de imponer en todo el territorio del Estado la supresión de los controles previos para las actividades de servicios en los establecimientos que se citan en su Anexo siempre que tengan una superficie inferior a los 300 metros cuadrados. Al mismo tiempo se regula un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación (Título II del RD Ley).
Centrados en el primer objetivo, que se desarrolla en los artículos 1 a 5, el artículo primero define claramente el objetivo de la norma. Se trata de lograr “el impulso y la dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas”.
Por tanto, el RDL establece la inexigibilidad de licencia para el inicio, desarrollo, cambios de titularidad y obras ligadas al acondicionamiento de los locales de los establecimientos incluidos en su ámbito de aplicación. El inicio de la actividad se condiciona a la declaración responsable o comunicación previa (en este punto no se precisa más, remitiéndose el RD Ley al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, y se recuerda que la administración mantiene sus poderes de comprobación, inspección, sanción y en general de control. La pérdida por las correspondientes tasas por expedición de licencia se compensa con las medidas dispuestas a través de la reforma de la Ley de Haciendas Locales (disposición final primera).
Algunos breves comentarios. El RD Ley se ampara competencialmente en el artículo 149.1- 13, 16 y 18 (disposición final novena), lo que supone a nuestro juicio una interpretación muy extensiva de los títulos competenciales estatales. Es positiva la llamada a la colaboración del Estado con los entes locales para redactar modelos tipo de declaración responsable y comunicación previa, y de ordenanza tipo (disposición adicional primera). La habilitación a las entidades colaboradoras creemos que confunde o no separa con precisión dos funciones diversas de las mismas. Su actividad como entidades colaboradoras de la Administración en el ejercicio de la función de control ex -post, y su actividad al servicio de los administrados en la elaboración de la comunicación previa o declaración responsable (disposición adicional segunda).
Desgraciadamente de nuevo, y debemos criticarlo con dureza, se introducen regulaciones de materias totalmente ajenas al objeto de la ley al que se refiere su título, en varias disposiciones finales (tráfico, sanidad, tributos…).
Por último, debemos relativizar la incidencia práctica de la ley. Algunas Comunidades Autónomas y entes locales ya se han avanzado a los que impone el RD Ley, de forma que ya existe en sus ámbitos competenciales un régimen de supresión del control ex -ante. Por otro lado, las ventajas de la supresión de cargas, que se traducen en un acceso más rápido a la actividad comercial, tiene como contrapartida la inseguridad de actuar sin un acto administrativo previo que avale la corrección de la instalación.
• Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria (DOGC núm. 6133, de fecha 22 de mayo de 2012).
La estabilidad presupuestaria, como principio que impone una severa disciplina en el uso de los recursos públicos, se convirtió en mandato comunitario en el artículo 126 del TFUE, y posteriormente se llevó al artículo 135 de la Constitución mediante su conocida reforma exprés. Ahora, este principio que ha pasado a ser un objetivo irrenunciable, se incorpora al ordenamiento catalán para vincular al gobierno autonómico.
La ley catalana 6/2012 de 17 de mayo se sitúa por tanto en la línea de las reformas normativas antes apuntadas. El Parlamento catalán, urgido por las exigencias comunitarias y estatales, ha debido mostrar su voluntad inequívoca de cumplir con este principio.
Con esta finalidad reconoce que los criterios a seguir son los establecidos en el TFUE y normativa comunitaria, define qué se entiende por estabilidad presupuestaria y cómo se comprueba su cumplimiento y fija como objetivo un déficit estructural del 0,14 % del PIB, objetivo a cumplir en el año 2018. En definitiva, el endeudamiento debe ser en todo caso razonable y proporcionado a los ingresos previsibles.
Lo relevante de este reconocimiento del principio de estabilidad presupuestaria en las normas de mayor rango normativo de los Estados y Comunidades Autónomas es que con ello lo que en realidad se pretende es salvar a la propia institución a la que se impone el cumplimiento del principio. Como dice el artículo 2 de la ley comentada, “el compromiso en la consecución de los objetivos de consolidación fiscal pretende preservar la viabilidad económica de la Generalidad y su autonomía financiera. La estabilidad presupuestaria es la garantía de la supervivencia de la institución y de su autogobierno real, fuera de su sometimiento futuro a las exigencias de los acreedores”…. (que es la situación actual en qué vivimos).
AGUADO-NOGUERA.- Directores. El impacto de la Directiva de servicios en las Administraciones públicas. Aspectos generales y sectoriales. Ed. Atelier, Barcelona 2012.
La directiva de servicios, cuyos efectos se van manifestando a través de diversas normas internas de trasposición, plantea, al concretarse en estas normas internas, muchos problemas interpretativos, derivados en términos generales del cambio de paradigma que supone respecto de la clásica concepción de la actividad de policía. Señalemos sólo uno ¿qué diferencia existe entre la comunicación previa y la declaración responsable?
El libro comentado, obra colectiva que aborda esta temática en sus aspectos generales y en relación a experiencias sectoriales concretas, aporta nuevos elementos de reflexión para entender y valorar este cambio sustancial en la actividad de control sobre las actividades de servicios. El RD Ley estatal antes comentado, es una nueva muestra de la fuerza innovadora de la Directiva y de los interrogantes que plantea su transposición.
• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE núm. 108, de fecha 5 de mayo de 2012).
• Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico (BOE núm. 108, de fecha 5 de mayo de 2012).
• Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (BOE núm. 114, de fecha 12 de mayo de 2012).
• Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las Entidades del Sector Público Local, al Tribunal de Cuentas (BOE núm. 114, de fecha 12 de mayo de 2012).
• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras (BOE núm. 118, de fecha 17 de mayo de 2012).
• Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.
• Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo).
• Proyecto de Ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo).
• Proposición de Ley de modificación del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
• Proposición de Ley sobre la denominación de grado en las enseñanzas artísticas superiores.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para excluir del carácter básico el apartado 2 del artículo 82.
• Proposición de Ley sobre las operaciones de canje de las participaciones preferentes.
• Proposición de ley de modificación de la Ley 12/2009 de educación.
• Proposición de ley de medidas tributarias equitativas para la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales.
• Proposición de ley de modificación de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
• Proposición de ley de eliminación de la tasa sobre la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación.
• Proposición de ley de reforma del impuesto de sucesiones y donaciones.
• Proposición de ley de creación de un gravamen propio del impuesto de patrimonio.
• Proposición de ley de aplicación del impuesto de bienes inmuebles a las autopistas.
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