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Timestamp: 2019-03-20 18:13:20
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Exp. 04-005845-007-CO
Res. No. 6866-2005.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y siete minutos del primero de junio del dos mil cinco.
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República contra los artículos 92 de la Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 7531 del 10 de julio de 1995 y 44 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953.
1.- Por memorial presentado el 17 de junio del 2004, el Procurador General de la República interpuso la presente acción de inconstitucionalidad. Estima que el acto administrativo que aprueba la revisión de una pensión a caro del Régimen del Magisterio Nacional, es complejo, puesto que, requiere de la concurrencia de la voluntad de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y de la Dirección Nacional de Pensiones. En cuanto a su impugnación señala que cabe el recurso de revocatoria, ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones, y el de apelación ante el Tribunal de Trabajo, órgano que actúa como “contralor no jerárquico”. A través de este recurso jerárquico impropio, el Tribunal de Trabajo no ejerce una función jurisdiccional, sino administrativa, por lo que sus miembros pasan a ser verdaderos funcionarios administrativos y no jueces. Ese Tribunal de la República, tal y como lo establecen los numerales 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública, se limita a fiscalizar y verificar la legalidad de la resolución del órgano administrativo a quo, siendo que emite resoluciones administrativas cuyo efecto es agotar la vía administrativa de previo al acceso a la judicial. Señala que en atención a lo establecido en los ordinales 181 de la Ley General de la Administración Pública y 92 de la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, los miembros del Tribunal de Trabajo ejercen un control no jerárquico sólo si media recurso de apelación y al conocer de este solo pueden revisar aspectos de legalidad, excluyendo la conveniencia y oportunidad (discrecionalidad administrativa). El contralor no jerárquico puede confirmar, anula o revocar el acto impugnado, pero además modificarlo e, incluso, sustituirlo, con lo que surge un nuevo acto administrativo contra el cual no cabe ulterior recurso administrativo debiendo ser impugnado en sede jurisdiccional. El Tribunal de Trabajo al resolver la alzada dicta un típico acto administrativo que no puede ser anulado sino a través de los medios que pauta el ordenamiento jurídico. Estima el Procurador General de la República que el artículo 92 de la Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995, es inconstitucional en cuanto infringe el principio de separación de funciones consagrado en el artículo 9° de la Constitución Política, puesto que, cada función debe ser ejercida independientemente por cada órgano, sin interferir, invadir o delegar la función predominantemente asignada a otro. En lo que respecta al Poder Judicial, ostenta el monopolio o la exclusividad de la función jurisdiccional, consistente en juzgar y ejecutar lo juzgado, para e cual sí rige un entendimiento omnímodo y rígido de la separación de funciones, en tal sentido el artículo 153 de la Carta Política establece una reserva absoluta de la función jurisdiccional a favor de los órgano judiciales. Si bien la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (No. 3667 del 12 de marzo de 1966), admite que el Poder Judicial pueda, excepcionalmente, realizar función administrativa, ésta debe entenderse en función de su independencia y relacionada con su función jurisdiccional. La otra cara de la exclusividad jurisdiccional consiste que, en principio, no cabe atribuir a Jueces y Tribunales más funciones que las meramente judiciales, salvo hipótesis excepcionales debidamente justificadas que no menoscaben su independencia. La independencia del Poder Judicial opera en una doble vertiente, primero impidiendo que otro Poder interfiera en su función de administrar justicia y segundo en cuanto le otorga el monopolio y la unidad de la jurisdicción a ese Poder de la República. La jurisdicción es exclusiva del Juez, lo que excluye la atribución de competencias judiciales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como cualquier otra injerencia en el régimen normal de la administración de justicia. El Tribunal de Trabajo al ejercer funciones de contralor no jerárquico administra por su cuenta, de manera directa y primaria la materia de pensiones, todo en franca distracción de las funciones jurisdiccionales que de forma exclusiva y excluyente, le confiere la Constitución. Esa actividad no es la propia al Poder Judicial. Finalmente, estima la Procuraduría General de la República que se infringió el artículo 167 de la Constitución Política, puesto que, a pesar que el artículo 92 del entonces Proyecto de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (expediente legislativo No. 12.329) que incide directamente sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial –en el tanto le atribuye al Tribunal de Trabajo la competencia de órgano contralor no jerárquico para ejercer una función materialmente administrativa, afectándose al Poder Judicial en su funcionamiento y presupuesto y distrayendo a funcionarios judiciales de sus funciones propias-, no fue consultado preceptivamente a la Corte Suprema de Justicia. En el procedimiento legislativo se incumplió con ese trámite obligatorio y preceptivo afectándose la esfera de independencia inter-orgánica asignada al Poder Judicial y produciéndose un vicio invalidante del procedimiento que afecta la validez de la norma impugnada. Por último, a fin de evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social, ante la falta de recurso de alzada en el trámite de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, sugiere aplicar lo dispuesto en el numeral 25 de la Ley No. 7268 del 14 de noviembre de 1991, normativa que rigió antes de aplicar la Ley No. 7531, y que establecía un recurso de reconsideración ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad, por conexidad, del artículo 44 de la Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 –Estatuto de Servicio Civil- en cuanto confiere igual competencia administrativa al Tribunal de Trabajo como órgano contralor no jerárquico en materia de gestiones de despido.
1.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 8:15 horas del 24 de junio del 2004, se le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad (folios 30-31).
2.- Por memorial visible a folios 37-38, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional, manifestaron su preocupación por los graves perjuicios que –en su criterio- causa la admisión de la presente acción de inconstitucionalidad, para todos los servidores públicos que han acudido al Tribunal Superior de Trabajo a plantear sus reclamos, e instaron a esta Sala para que resuelva el proceso a la mayor brevedad posible, manteniendo criterios de respeto a los derechos fundamentales de dichos servidores.
3.- Los avisos de ley fueron publicados en los Boletines Judiciales números 136, 137 y 138 del 13, 14 y 15 de julio del 2004.
4.- Por memorial visible a folios 40-53, Eduardo Rojas Carranza, en su condición de Presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE); Gilberth Díaz Vásquez, en su carácter de Presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC); Carlos Luis Rojas Porras como Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO); Mainor Solís Guevara, en su condición de Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU); Eladio Carranza Picado, en su condición de Presidente de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; Carlos Martínez Fernández, como Secretario General de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Guillermo Pérez Chacón, en su calidad de Presidente de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP); Mario Alfaro Zúñiga, en su condición de Secretario General de UNEUNED; Federico López Alvarado, como Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN); Danilo Rojas Poveda, en su condición de Presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Rogelio Cedeño Castro, en su calidad de Secretario General del Sindicato Patriótico de la Educación 7 de agosto (SINPAE), denunciaron lo que consideran un atropello sistemático y orquestado de grupos económicamente poderosos en contra del sistema de pensiones, del que estiman forma parte la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad. Solicitan además que la Sala autorice al Tribunal de Trabajo continuar resolviendo los recursos de apelación planteados debido al daño que la suspensión implica para los derechos jubilatorios de un sin número de personas, en contraste con el limitado efecto que la aplicación de las disposiciones impugnadas puede tener en relación con el Estado.
5.- Por memoriales visibles a folios 56-62 (ampliado en libelo de folios 942-960), 228-242, 248-261, 263-273, 275-288, 291-299, 301-323 (aclarado en libelo de folios 913-915), 325-338, 903-909, 916-932, 1005-1007, 1010-1015 (en relación con el folio 985), 1079-1080; Eladio Carranza Picado, en su condición de Presidente de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; Eduardo Rojas Carranza, como Presidente de ANDE; Danilo Rojas Poveda, en su calidad de Presidente de APSE; Rogelio Cedeño Castro, como Secretario General de SINPAE; Floribeth López Ugalde, como Secretaria General del SEC y Guillermo Pérez Chacón, en su condición de Presidente de ADEP; Carlos Luis Rojas Porras, como Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes; Gerardo Picado Barrios, como Secretario Adjunto del SINDEU; Ángel Roberto Reyes Castillo, en representación de Thomas Joseph Scalin Preissel quien cuenta con una solicitud pendiente ante el Tribunal de Trabajo; Federico López Alvarado, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional; Manuel A. Calvo y H. y otros, en su condición de funcionarios docentes y administrativos de la Universidad de Costa Rica; Ileana Contreras Montes de Oca, quien planteó un recurso de apelación contra la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones que le denegó el beneficio jubilatorio; Manuel Calvo Hernández, Vernor Arguedas Troyo y Luis Carlos Peralta Ballester, en su condición de profesores de la Universidad de Costa Rica y Argentina Camacho Camacho, quien se encuentra discutiendo el reconocimiento de unos años laborados en la empresa privada para efectos jubilatorios; plantearon las coadyuvancias a favor de la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
6.- Alfonso Chaves Ramírez, en su condición de Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, mediante libelo presentado el 16 de julio del 2004, contestó la audiencia conferida. Señaló que –en su criterio- el Procurador General de la República, por disposición expresa del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está plenamente legitimado para plantear la presente acción de inconstitucionalidad. Sobre el fondo, se adhirió a los argumentos del Procurador y los complementó diciendo que, en cuanto a la obligación que establece el artículo 167 de consultar al Poder Judicial todo proyecto de ley que afecte su organización y funcionamiento, la norma impugnada (artículo 92 de la Ley No. 7531 de 10 de julio de 1995) afecta la competencia de la Corte porque atribuye a un órgano jurisdiccional (Tribunal de Trabajo) una función administrativa, obligando al Poder Judicial a destinar importantes recursos humanos y económicos en el ejercicio de competencias que son propias de otro Poder del Estado. En relación con el quebranto del principio de separación de funciones aportó los comentarios que al respecto hizo el Dr. Eduardo Ortiz, en su momento, ante la Comisión que estudió el respectivo proyecto de ley. Estimó que por motivos similares resulta también inconstitucional el artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil y, en ese sentido, recordó lo que la Sala resolvió en la sentencia No.1148-90. Manifestó que del expediente legislativo, mediante el cual se aprobó esta segunda disposición, tampoco se desprende que se haya consultado el proyecto de ley a la Corte, como lo exige el ordinal 167 de la Constitución Política. Solicitó que la Sala contemple la posibilidad de declarar también inconstitucional el numeral 90, inciso g), del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil que –en su opinión- reproduce el contenido del artículo 44. Solicitó también que se de prioridad al trámite y resolución de la presente acción de inconstitucionalidad en virtud de la afectación que causa a miles de personas y al buen funcionamiento de la administración de justicia.
7.- Tatiana de la Cruz Segura, Kathya Araya Zúñiga y José Ernesto Bertolini Miranda, como miembros del Tribunal de Servicio Civil, mediante libelo presentado el 19 de julio del 2004, contestaron la audiencia conferida. Señalaron que están de acuerdo en la inconstitucionalidad del artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil, según lo expone el Procurador General Adjunto de la República y añadieron que la atribución al Tribunal de Trabajo de la función de contralor no jerárquico del Tribunal de Servicio Civil, desconoce la competencia material y formal del primero y su fundamento constitucional como órgano encargado -en sede administrativa- de dirimir los conflictos que se suscitan en las relaciones de empleo público. Consideraron también que la existencia de una segunda instancia administrativa para la solución de los conflictos entre los servidores públicos y el Estado, constituye un obstáculo al derecho de acceso a una tutela judicial efectiva. Finalmente, manifestaron que dado que la Sala Constitucional reiteradamente ha señalado que es ante el Tribunal de Servicio Civil donde se cumple el debido proceso, la eliminación del recurso ante el Tribunal de Trabajo resulta inocua para los derechos fundamentales de los servidores públicos.
8.- Alberto Dent Zeledón, en su condición de Ministro de Hacienda, mediante libelo presentado el 21 de julio del 2004, contestó la audiencia conferida en términos muy similares a las restantes autoridades consultadas.
9.- Por memorial visible a folios 245-247, María Virginia Ponce Alcócer y otros, en su condición de miembros de la Directiva Central de la Asociación Nacional de Educadores, solicitaron la celebración de la audiencia oral.
10.- Por memorial visible a folio 911, Emma Wa-Chong Morera, solicitó a la Sala que realice las gestiones pertinentes en relación con la solicitud que presentó para que se le traspase la pensión de su hija, gestión que fue avalada por la Junta de Pensiones, pero, posteriormente, fue remitida al Tribunal de Trabajo.
11.- Por resolución de la Presidencia de esta Sala, de las 8:30 horas del 17 de agosto del 2004, visible a folio 933, se rechazó la gestión planteada por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional, por falta de legitimación. Sin embargo, se tuvieron por hechas sus manifestaciones, únicamente, en cuanto instan a la Sala para que resuelva con prontitud esta acción de inconstitucionalidad. Finalmente, Se previno a quienes plantearon la gestión visible a folios 40-53 que acrediten la condición que dicen tener como representantes de organizaciones gremiales y señalen el interés que les asiste para intervenir en este proceso.
12.- Por memoriales visibles a folios 961, 962-977, 978-981, 982-984, 986-988 y 991-993, los gestionantes cumplieron la prevención anterior.
13.- Por memorial presentado el 1º de octubre del 2004, visible a folios 996-997, la Procuradora General de la República solicitó que la Sala resolviera la presente acción de inconstitucionalidad a la mayor brevedad posible.
14.- Por memorial presentado el 8 de octubre del 2004, visible a folio 998, Eladio Carranza Picado, planteó la inhibitoria de los Magistrados de la Sala, alegando que la Corte Plena se apersonó como coadyuvante activo de la presente acción de inconstitucionalidad, el 16 de julio del 2004.
15.- Por memorial presentado el 12 de octubre del 2004, visible a folios 1001-1002, Víctor Hugo Guerrero Cruz, planteó una consulta a la Sala para que se le indique qué efectos se le debe dar a los despidos en trámite que fueron apelados ante el Tribunal de Trabajo, antes de la publicación del aviso en el Boletín Judicial que dio cuenta de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad.
16.- Por memoriales visibles a folios 1003, 1008, 1075, 1078 y 1086, Ángel Roberto Reyes Castillo solicitó la celebración de la audiencia oral.
17.- Por memorial presentado el 25 de octubre del 2004, visible a folio 1009, Eladio Carranza Picado, solicitó que la Sala autorice al Tribunal Superior de Trabajo para que resuelva la gran cantidad de expedientes que se encuentran pendientes, en virtud de la interposición de esta acción.
18.- Por resolución de la Presidencia de la Sala, de las 14:30 horas del 1º de noviembre del 2004, visible a folios 1017-1019, se tuvieron por contestadas las audiencias y se reservaron las distintas solicitudes de coadyuvancia para que fueran resueltas en su momento procesal oportuno.
19.- Por memorial presentado el 5 de noviembre del 2004, visible a folios 1056-1058, José Eduardo Bedoya Benítez planteó una consulta a la Sala para que le aclare qué efectos tienen los despidos en trámite que fueron apelados ante el Tribunal de Trabajo, antes de la publicación del aviso en el Boletín Judicial, que dio cuenta de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad.
20.- Por memorial presentado vía fax el 5 de noviembre del 2004, visible a folios 1059-1060, Ángel Roberto Reyes Castillo, en su condición de apoderado especial judicial de Thomas Joseph Scanlin Preissel, solicitó adicionar y aclarar la resolución de las 14:30 horas del 1º de noviembre del 2004, para que se identifique en forma precisa el carácter y participación de cada apersonamiento, debido a que –en su criterio- muchas de esas personas no tienen legitimación o su participación fue extemporánea, por lo que no pueden considerarse sus manifestaciones en el proceso.
21.- Por resolución de la Presidencia de la Sala, de las 16:20 horas del 8 de noviembre del 2004, se rechazó la gestión planteada por José Eduardo Bedoya Benítez, por no ser parte ni figurar como coadyuvante en este asunto y en cuanto a lo manifestado por Ángel Roberto Reyes Castillo, deberá estarse a lo resuelto en la resolución de las 14:30 horas del 1º de noviembre del 2004, en la que se reservó el conocimiento de las solicitudes de coadyuvancia para el momento procesal oportuno.
22.- Por memoriales visibles a folios 1070, 1071, 1073 y 1083, José Joaquín Madriz Gamboa, Sara Cristina Sandoval Hernández, Manuel Beita Atencio y Jorge Arturo López Chávez, solicitaron a la Sala el pronto despacho de la presente acción de inconstitucionalidad.
23.- Por memorial presentado vía fax el 2 de mayo del 2005, visible a folio 1081, Ana Cecilia García Vindas le solicitó a la Sala que revise su gestión de pensión.
24.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
I.- COADYUVANCIAS. Por memoriales visibles a folios 56-62 (ampliado en libelo de folios 942-960), 228-242, 248-261, 263-273, 275-288, 291-299, 301-323 (aclarado en libelo de folios 913-915), 325-338, 903-909, 916-932, 1005-1007, 1010-1015 (en relación con el folio 985), 1079-1080, en los que se apersonaron Eladio Carranza Picado, en su condición de Presidente de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; Eduardo Rojas Carranza, como Presidente de ANDE; Danilo Rojas Poveda, en su calidad de Presidente de APSE; Rogelio Cedeño Castro, como Secretario General de SINPAE; Floribeth López Ugalde, como Secretaria General del SEC y Guillermo Pérez Chacón, en su condición de Presidente de ADEP; Carlos Luis Rojas Porras, como Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes; Gerardo Picado Barrios, como Secretario Adjunto del SINDEU; Ángel Roberto Reyes Castillo, en representación de Thomas Joseph Scalin Preissel quien cuenta con una solicitud pendiente ante el Tribunal de Trabajo; Federico López Alvarado, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional; Manuel A. Calvo y H. y otros, en su condición de funcionarios docentes y administrativos de la Universidad de Costa Rica; Ileana Contreras Montes de Oca, quien planteó un recurso de apelación contra la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones que le denegó el beneficio jubilatorio; Manuel Calvo Hernández, Vernor Arguedas Troyo y Luis Carlos Peralta Ballester, en su condición de profesores de la Universidad de Costa Rica y Argentina Camacho Camacho, quien se encuentra discutiendo el reconocimiento de unos años laborados en la empresa privada para efectos jubilatorios, solicitan que se les tenga como coadyuvantes de la presente acción de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el término de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que refiere el párrafo segundo, del artículo 81 ibídem, podrán apersonarse, dentro de dicho proceso constitucional, quienes ostenten -al menos- un interés legítimo, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieran justificar su procedencia o improcedencia o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad. En el caso concreto, este Tribunal constata el cumplimiento de los señalados requisitos en relación con las gestiones planteadas por Eladio Carranza Picado (folios 56-62 -ampliado en libelo de folios 942-960-), Eduardo Rojas Carranza (folios 228-242), Danilo Rojas Poveda (folios 248-261), Rogelio Cedeño Castro (folios 263-273), Floribeth López Ugalde y Guillermo Pérez Chacón (folios 275-288), Carlos Luis Rojas Porras (folios 291-299), Gerardo Picado Barrios (folios 301-323 –ampliado por libelo visible a folios 913-915-), Ángel Roberto Reyes Castillo en representación de Joseph Scalin Preissel (folios 325-338), Manuel Calvo Hernández, Vernor Arguedas Troyo y Luis Carlos Peralta Ballester (folios 1010-1015 –en relación con el 985-); razón por la cual se impone acoger dichas solicitudes de coadyuvancia. Distinta es la situación de las gestiones interpuestas por Federico López Alvarado (folios 903-909), Manuel A. Calvo H. y otros funcionarios docentes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (folios 916-932), Ileana Contreras Montes de Oca (folios 1005-1007) y Argentina Camacho Camacho (folios 1079-1080), porque al haberse planteado fuera del plazo dispuesto por ley, procede su rechazo.
II.- DE PREVIO. Antes de analizar el objeto de esta acción de inconstitucionalidad, se impone resolver las siguientes gestiones planteadas a lo largo de la substanciación de este proceso: a) En cuanto al memorial visible a folios 40-53, presentado por Eduardo Rojas Carranza y otros, se rechaza por manifiestamente improcedente, toda vez, que no versa sobre el objeto de la acción de inconstitucionalidad pues se trata de meras opiniones o apreciaciones de los gestionantes, en todo caso, carecen de legitimación, pues no son parte de este proceso. b) En cuanto a las solicitudes de pronto despacho visibles a folios 996-997, 1070, 1071, 1073 y 1083, se tienen por hechas dichas manifestaciones. Se rechazan por improcedentes las gestiones visibles a folios 911, 1001-1002, 1079-1080 y 1081, por tratarse de solicitudes ajenas al objeto de una acción de inconstitucionalidad y por haberse planteado por personas que no son parte en este proceso ni figuran en él como coadyuvantes. c) En relación con la gestión visible a folios 245-247, planteada por miembros de la Junta Directiva Central de ANDE, quienes solicitan que se celebre vista oral, se rechaza por improcedente en virtud de haberse planteado por quienes no son parte en este proceso ni figuran como coadyuvantes. d) En cuanto a la gestión que plantea Eladio Carranza Picado para que los Magistrados que integran esta Sala se inhiban del conocimiento de la presente acción, porque –en su criterio- se apersonaron como coadyuvantes a favor de la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, debido al informe rendido por el Presidente en Ejercicio de la Corte Plena, el 16 de julio del 2004, cabe aclarar que fue emitido por el Magistrado Alfonso Chaves ante el requerimiento de la propia Sala que le concedió audiencia en este proceso de inconstitucionalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El solo hecho que el Magistrado Chaves haya rendido el informe solicitado en calidad de Presidente en Ejercicio de la Corte Plena y que los integrantes de esta Sala formen parte de ese órgano colegiado, no implica que hayan adquirido la condición de coadyuvantes en este proceso o que de alguna manera hayan externado su criterio con respecto a la materia que aquí se ventila. De ahí que la indicada solicitud resulte, a todas luces, improcedente. e) En cuanto a la solicitud de celebración de la vista o comparecencia oral, gestionada mediante memoriales visibles a folios 1003, 1008, 1075, 1078 y 1086, cabe señalar que por tratarse de un trámite facultativo para este Tribunal Constitucional, siendo que, en la especie, se ha estimado innecesaria la celebración de dicha audiencia oral. f) Finalmente, en cuanto a la solicitud que planteó Eladio Carranza Picado, visible a folio 1009, para que se autorice al Tribunal Superior de Trabajo para que resuelva la gran cantidad de expedientes que tiene pendientes, dado que en este acto se está procediendo a resolver la presente acción, deberá estarse el recurrente a lo que aquí se disponga.
III.- MANIFESTACIONES DE LOS MAGISTRADOS MORA Y JINESTA. Los Magistrados Mora y Jinesta manifestaron, oportunamente, que en el ámbito académico y doctrinal han externado alguna opinión sobre el objeto de esta acción de inconstitucionalidad. Empero, el resto de los miembros del Tribunal estimaron que no les asiste ninguna causal de inhibitoria al respecto, con fundamento en los artículos 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 8, párrafo 3°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 53, inciso 10, del Código Procesal Civil.
IV.- LEGITIMACIÓN. La presente acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el Procurador General Adjunto, siendo que a tenor del ordinal 75, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Procurador General de la República goza de legitimación institucional para interponer una acción de inconstitucionalidad, por lo que en tal supuesto es innecesario que exista un caso previo pendiente de resolución.
V.- OBJETO. El Procurador General de la República interpone la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 92 de la Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995 (Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y sus reformas, en especial la introducida por la Ley No. 7946 del 18 de noviembre de 1999), por estimarlo contrario a los principios de separación de funciones (artículo 9° de la Constitución Política) y de reserva de jurisdicción al establecer una jerarquía impropia a cargo del Tribunal de Trabajo. Asimismo, estima quebrantado el artículo 167 de la Constitución Política, por cuanto, el proyecto de ley no le fue consultado a la Corte Suprema de Justicia, siendo que, en su criterio, se refiere a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, la Procuraduría General de la República solicita la declaratoria de inconstitucionalidad, por conexidad, del artículo 44 de la Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 –Estatuto de Servicio Civil- en cuanto le confiere igual competencia administrativa al Tribunal de Trabajo como órgano contralor no jerárquico en materia de gestiones de despido.
IIII.- NORMAS IMPUGNADAS. Las normas cuestionadas son el artículo 92 de la Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995 de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, precepto que establece lo siguiente:
“Artículo 92- Apelación.
Contra el acto final, cabra recurso de apelación el cual deberá ser interpuesto ante la Junta, dentro de los ocho días siguientes a la notificación del acto impugnado.
Recibido el recurso de apelación, la Junta perderá toda competencia sobre la gestión del recurrente, salvo el caso exclusivo de la tramitación del recurso y, dentro de los tres días siguientes a la interposición, deberá elevar el expediente y el recurso ante el Tribunal Superior de Trabajo, que resolverá en alzada administrativa.
En la tramitación de la alzada, la Junta deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 349.2 de la Ley General de la Administración Pública.”.
También se interpone la presente acción, por conexidad, en contra del artículo 44 de la Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 (Estatuto de Servicio Civil), reformado mediante Ley No. 4186 de 9 de septiembre de 1968, ordinal que dispone lo siguiente:
“Artículo 44.- Las partes tendrán un término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del fallo del Tribunal de Servicio Civil, para apelar. El recurso se concederá en ambos efectos para ante el Tribunal Superior de Trabajo. El fallo del Tribunal Superior será definitivo y si se revocare la sentencia apelada, dictará en el mismo acto nuevo fallo, y resolverá si procede el despido o la restitución del empleado a su puesto, con pleno goce de sus derechos y el pago en su favor de los salarios caídos. El servidor podrá renunciar en ejecución del fallo a la reinstalación, a cambio de la percepción inmediata del importe del preaviso y del auxilio de cesantía que le pudieren corresponder, y, a título de daños y perjuicios, de los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta el momento en que quede firme la sentencia.”.
VII.- JERÁRQUIAS IMPROPIAS. En el ámbito del procedimiento administrativo, se distingue entre el control jerárquico propio o natural que ejerce el superior jerárquico sobre lo que resuelva el inferior, el cual resulta consustancial a la estructura jerárquica o piramidal de la organización administrativa de los órganos y entes públicos. El superior jerárquico tiene una serie de competencias o potestades respecto de sus inferiores, dentro de las cuales destaca la de fiscalizar la conducta de éstos para que se adecue al bloque de legalidad, los criterios de oportunidad, conveniencia o mérito y al concepto jurídico indeterminado de buena administración, todo con el propósito de respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia en el desempeño de la función administrativa, garantizándose, de esa forma, la buena marcha administrativa y su actuar coherente y razonable. En ese particular, el numeral 102 de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que el superior jerárquico tendrá, entre otras potestades, las siguientes:
“b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos (…)
d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud e recurso administrativo (…)”
Este precepto debe ser concordado con los ordinales 344, párrafo 2°, y 180 de ese mismo cuerpo normativo, al indicar, respectivamente, que “Si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá solo el recurso de apelación (…)” y que “Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo (…)”. Frente a la jerarquía propia se encuentra el denominado control no jerárquico o la jerarquía impropia, así denominada, puesto que, en los supuestos en que cabe quien conoce y resuelve en grado es no es el superior jerárquico sino la instancia que indique expresamente la ley, se trata de una jerarquía legal y no natural. Ese contralor no jerárquico puede ser un órgano administrativo que, generalmente, en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, asume la forma de desconcentrado en grado máximo -jerarquía impropia monofásica-, garantizándose de esa forma independencia e imparcialidad al distorsionarse -o prácticamente desaparecer-la relación jerárquica y el ejercicio de una competencia exclusiva de revisión (v. gr. el Tribunal Fiscal Administrativo respecto de las resoluciones de la Administración Tributaria, artículos 156, 157, 158 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; el Tribunal Aduanero Nacional con relación a las resoluciones tomadas por el Servicio Nacional de Aduanas -Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y demás órganos aduaneros-, artículo 205 de la Ley General de Aduanas; el Tribunal Administrativo de Transporte frente a las resoluciones emitidas por el Consejo de Transporte Público, artículos 16 a 23 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi, No. 7969 del 22 de diciembre de 1999; el Tribunal Registral Administrativo con referencia a las resoluciones dictadas por los Registros que integran el Registro Nacional, artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre del 2000, etc.) o bien un órgano adscrito al Poder Judicial -jerarquía impropia bifásica- que ejerce, en tal caso, una función materialmente administrativa (v. gr. el Tribunal Contencioso Administrativo frente a los acuerdos adoptados por los Concejos Municipales, artículos 173 de la Constitución Política, 84, 85 y 86 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, No. 3667 del 12 de marzo de 1966, 156, párrafo 2°, del Código Municipal y Ley de Creación de la Sección Tercera, No. 7274 del 10 de diciembre de 1991; el Tribunal de Trabajo, ante las resoluciones de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo en materia de pensiones del magisterio nacional, Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995 de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y del Tribunal del Servicio Civil en materia de gestión de despidos, artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil; el Tribunal Agrario respecto de la resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario en materia de su competencia, artículos 12, inciso d, Ley de la Jurisdicción Agraria y 100, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Tribunal de Casación Penal en lo referente a las resoluciones de expulsión de extranjeros residentes dictadas por el Ministerio de Gobernación y Policía, artículos 125 de la Ley General de Migración y Extranjería y 93, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El contralor no jerárquico, a tenor de lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, puede revisar, únicamente, la legalidad del acto en virtud de recurso administrativo y debe decidir dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente pudiendo aplicar una norma no invocada en el recurso. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico al encontrarse plenamente recogidos en la ley positiva los límites de la discrecionalidad (artículos 15, 16, 17, 158, párrafo 4°, y 160 de la Ley General de la Administración Pública) eventualmente, el contralor no jerárquico puede revisar, también, la oportunidad, conveniencia o mérito del acto impugnado.
VIII.- JERARQUÍAS IMPROPIAS BIFÁSICAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y RESERVA DE JURISDICCIÓN. Para este Tribunal Constitucional, obviamente, las jerarquías impropias monofásicas no ofrecen problema de constitucionalidad ninguno. No obstante la duda surge respecto de la denominada bifásica en cuanto se trata del ejercicio de una función materialmente administrativa por parte de un órgano jurisdiccional. El principio de separación de funciones recogido en el texto constitucional en el numeral 9° impone que cada uno de los poderes del Estado debe ejercer sus funciones de forma separada e independiente, sin ningún tipo de interferencia o intromisión por parte de los otros, con el propósito de lograr una adecuada coordinación por separación, especialización y división de las funciones materialmente estatales y de potenciar los frenos y contrapesos que equilibran y contienen el poder estatal, evitándose de esa forma la arbitrariedad. El propio constituyente originario, dispuso en el párrafo 2° del artículo 9° que “Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”. Tocante el principio de reserva de jurisdicción o de exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el artículo 153 de la Constitución Política estatuye que le “Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas (…) resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie (…)”, siendo éste el núcleo duro de la función materialmente jurisdiccional, la cual le corresponde ejercer, privativa y exclusivamente, al Poder Judicial a través de las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley (artículo 152 ibidem). El principio de reserva de jurisdicción significa que los tribunales han sido instituidos, exclusivamente, para ejercer esa función material, a través del dictado de sentencias con autoridad de cosa juzgada material. Este Tribunal Constitucional estima que las jerarquías impropias bifásicas quebrantan el Derecho de la Constitución y, más concretamente los principios de separación de funciones, de reserva de jurisdicción, el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, por las siguientes razones:
A) La función materialmente administrativa, en su versión cotidiana y de gestión diaria y permanente de ciertos servicios públicos, como lo constituye el manejo de un régimen de pensiones administrado por un ente público en beneficio y amparo de ciertos funcionarios públicos, debe ser ejercida por la propia administración pública activa y no por los tribunales de la república que fueron creados para ejercer una función materialmente jurisdiccional y administrar una justicia pronta y cumplida, sobre todo si su intervención se reduce a emitir, por vía recursiva, la resolución que puede agotar la vía administrativa. Bajo esta inteligencia, las jerarquías impropias bifásicas lesiona el principio de exclusividad o reserva de jurisdicción contenido en el ordinal 153 de la Constitución Política, puesto que, a los órganos jurisdiccionales se les impone, por ley ordinaria, la obligación de ejercer un control administrativo no jerárquico, en detrimento y mengua de sus funciones esenciales de carácter jurisdiccional. De otra parte, desde una perspectiva correlativa, a partir del principio de separación de funciones (artículo 9° de la Constitución Política), debe entenderse que el conocimiento y resolución de los medios de impugnación de carácter administrativo debe ser una función reservada a la administración pública, de modo que en materia en materia recursiva de las resoluciones administrativas, existe una reserva de administración, la cual resulta quebrantada si esa competencia se le asigna a órganos jurisdiccionales, puesto que, estarían co-administrando, interfiriendo o inmiscuyéndose en asuntos propios de la administración activa. Todo lo anterior, desde luego, no excluye que los Poderes Judicial y Legislativo, excepcionalmente, ejerzan funciones administrativas, para apoyar, auxiliar y dar soporte a las que preponderante y materialmente, les fueron asignadas por el constituyente.
B) Cuando el Poder Legislativo, por vía de una ley, le encomienda al Poder Judicial conocer y resolver recursos de alzada administrativos, delega en éste el ejercicio de una función propia y natural de la administración activa, en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 9°, párrafo 2°, de la Constitución Política.
C) Los tribunales de la república han sido instituidos para ejercer una función materialmente jurisdiccional y no una administrativa que los distrae de su fin principal de juzgar y ejecutar lo juzgado, con autoridad de cosa juzgada para alcanzar importantes valores constitucionales como los de justicia, seguridad, certeza, paz, armonía, bienestar y estabilidad sociales. Por imperativo constitucional, los tribunales deben impartir una justicia pronta y cumplida (artículo 41), cometidos que se pueden ver seriamente distorsionados y comprometidos si se les asigna funciones materialmente administrativas cuyo ejercicio debe estar residenciado en la propia administración activa.
D) El artículo 49 de la Constitución Política, recoge tanto el derecho fundamental de las personas a la fiscalización de la legalidad de las decisiones o resoluciones administrativas como la propia garantía formal de la jurisdicción especializada contencioso-administrativa para ejercer ese derecho, de modo que cualquier persona puede impugnar lo que en definitiva se resuelva en la vía administrativa en la sede jurisdiccional. Resulta absolutamente improcedente que las decisiones que dicta un Tribunal de la República, aunque sea en ejercicio de una función materialmente administrativa, con posterioridad sean revisadas, en primera instancia, por un órgano jurisdiccional monocrático –juzgado unipersonal-, aunado con el eventual problema, en caso, de llegar a la segunda instancia judicial, de la inhibitoria de los jueces del Tribunal que participaron en el dictado de la resolución y su revisión por otro Tribunal de jueces de igual categoría, propiciándose, así, situaciones paradójicas contrarias a la seguridad y la certeza jurídicas.
E) El constituyente le otorgó al Poder Judicial una autonomía presupuestaria, para el cumplimiento de sus funciones y fines, esto es, juzgar y ejecutar lo juzgado, de modo que se le debe asignar del Presupuesto Ordinario de la República una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico (artículo 177, párrafo 2°, de la Constitución Política). La práctica legislativa de asignarle al Poder Judicial competencias administrativas de contralor no jerárquico de algunas resoluciones de la administración activa, es una forma indirecta de detraer fondos que han sido presupuestados, única y exclusivamente, para el ejercicio de la función jurisdiccional y brindarle soporte o apoyo técnico para hacerlo.
Debe advertirse que la única jerarquía impropia bifásica que el propio constituyente originario admitió, tanto que se ocupó de regularla de forma expresa en el propio texto constitucional –lo que confirma su carácter excepcionalísimo-, es la del artículo 173, párrafo 2°, de la Constitución Política, al señalar que la revisión y fiscalización de los acuerdos de los Concejos Municipales estará a cargo del “(…) Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley (…)” –Tribunal Contencioso-Administrativo-.
Estima este Tribunal Constitucional que si se trata de que las resoluciones administrativas sean conocidas y resueltas en alzada por órganos que utilicen criterios técnico-jurídicos y con suficiente imparcialidad, independencia y objetividad, la forma de lograr ese objetivo es a través de la creación, constitución y funcionamiento, por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de tribunales administrativos colegiados insertos en la organización administrativa, empleando la técnica de la desconcentración máxima –campo en el que se cuenta con una vasta experiencia nacional- la que, al suponer una dilución de la relación de jerarquía en el ejercicio de la competencia técnica y especializada asignada, evita que el criterio político incida sobre lo que eventualmente se resuelva, lográndose, así, resoluciones más coherentes y razonablemente acertadas desde un punto de vista técnico-jurídico, una mayor celeridad procedimental, economía de costos y tiempo para los administrados y la propia administración y, desde luego, una mayor grado de seguridad, certeza jurídicas, satisfacción, bienestar, armonía y estabilidad sociales. Bajo esta inteligencia, es responsabilidad del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa crear a la mayor brevedad posible el o los tribunales administrativos, con la forma de órganos desconcentrados, para que conozcan y resuelvan como contralores no jerárquicos las apelaciones administrativas que procedan según el ordenamiento jurídico contra lo que resuelva la administración activa.
IX.- CONSULTA DEL ARTÍCULO 167 CONSTITUCIONAL. El artículo 167 de la Constitución Política obliga a la Asamblea Legislativa a consultarle a la Corte Suprema de Justicia los proyectos que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Ciertamente, el proyecto de Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 7531 del 10 de julio de 1995, no se refería, en su globalidad, a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, sin embargo resulta suficientemente claro que el numeral 92 de la Ley supracitada, sí está referido al funcionamiento de uno de los Tribunales que conforman o integran el Poder Judicial (artículo 152 constitucional), puesto que, por su medio se le asignó una apelación o alzada no jerárquica al Tribunal de Trabajo. El asignarle, además de las funciones materialmente jurisdiccionales que ya de por sí tiene ese órgano judicial colegiado, otra de carácter administrativo, necesariamente, impacta y afecta su funcionamiento, puesto que, supone un aumento de su circulante y, desde luego, podría, incluso tener repercusión en el derecho de los justiciables a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política) o a un proceso en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas (artículo 8°, párrafo 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que, deben destinarse importantes recursos humanos, materiales y financieros de ese Tribunal de la República para atender una función materialmente administrativa. En autos está plenamente acreditada la omisión de la Asamblea Legislativa en consultar a la Corte Suprema de Justicia, puesto que, así se desprende de la certificación expedida por el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa en la cual consta que el Proyecto de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (expediente legislativo No. 12.329) en la Sesión No. 35 de las 16:00 hrs. del 4 de julio de 1994, ante la moción planteada por los Jefes de Fracción de entonces, fue dispensado de todo trámite por el voto de cuarenta y dos diputados (visible a folios 64-68). La omisión de la Asamblea Legislativa de consultar el proyecto, por lo menos del artículo que le asignaba funciones materialmente administrativas al Tribunal de Trabajo, determina la inconstitucionalidad del numeral 92 de la ley de marras, al haberse soslayado un trámite sustancial en la formación de la ley, como lo constituye la consulta preceptiva a la Corte Suprema de Justicia. Nótese que el ordinal 167 de la Constitución Política convierte la consulta a la Corte Suprema de Justicia en un requisito sustancial e indefectible para la discusión y aprobación de proyectos de ley referidos a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, siendo que la norma constitucional, únicamente, habilita a la Asamblea Legislativa para apartarse de la opinión consultiva de la Corte Plena mediante el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, circunstancia que denota que necesariamente debe haberse recabado la consulta.
X.- INCONSTITUCIONALIDAD POR CONEXIDAD DEL ARTÍCULO 44 DEL ESTATUTO DEL SERVICIO CIVIL. La Procuraduría General de la República en el libelo en que interpuso la presente acción de inconstitucionalidad solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953 y sus reformas, “(…) en cuanto confiere igual competencia administrativa al Tribunal de Trabajo, como órgano contralor no jerárquico en materia de gestiones de despido”. La Presidencia de este Tribunal Constitucional, mediante la resolución interlocutoria de las 8:15 hrs. del 24 de junio del 2004 (visible a folios 30-31 del Tomo I), admitió la acción contra el artículo 92 de la Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional “(…) y por conexidad y consecuencia, el artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil (…)”. Estima este Tribunal que las mismas razones expuestas en el Considerando VIII para justificar la inconstitucionalidad de la jerarquía impropia en materia de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, son suficientes y plenamente aplicables al artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil para declarar su inconstitucionalidad, puesto que, en ese numeral se establece una jerarquía impropia bifásica a cargo del “Tribunal Superior de Trabajo”, dado que, le corresponde conocer de la apelación administrativa procedente contra la resolución del Tribunal del Servicio Civil en materia de despidos.
XI.- DIMENSIONAMIENTO TEMPORAL DE ESTA SENTENCIA. A tenor del ordinal 91, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal puede graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia el efecto retroactivo que produce una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad y que anula una o varias normas, asimismo le habilita para dictar las reglas necesarias para evitar que se produzcan graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social. En vista de la gran cantidad de apelaciones administrativas pendientes de ser conocidas y resueltas por el Tribunal de Trabajo, este Tribunal dispone dimensionar los efectos de la presente declaratoria de inconstitucionalidad en el tiempo del siguiente modo: a) Todos los asuntos en que el recurso de alzada administrativo, provenientes tanto de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional como del Tribunal del Servicio Civil, esté pendiente de ser conocido y resuelto deben ser tramitados y fenecidos por el Tribunal de Trabajo y b) El Tribunal de Trabajo continuará ejerciendo sus funciones de jerarca impropio por el plazo de tres años, contado a partir de la notificación de esta sentencia, plazo en el cual el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben proceder a constituir el o los tribunales administrativos, con carácter de órganos desconcentrados para garantizar la imparcialidad, objetividad y el empleo de criterios técnicos en materia de impugnación de resoluciones atinentes a jubilaciones, pensiones del Magisterio Nacional y despidos del Servicio Civil, para que conozcan de esas materias.
XII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta, anular por inconstitucionales del artículo 92, párrafo segundo, de la Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995 de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional la frase que indica “(…) el Tribunal Superior de Trabajo (…)” y del artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953, la frase que reza “(…) el Tribunal Superior de Trabajo (…) Tribunal Superior (…)” , todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, de las relaciones o situaciones jurídicas consolidadas por la firmeza de las resoluciones dictadas por el Tribunal del Trabajo, por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. La presente sentencia estimatoria debe ser dimensionada en el tiempo, según lo indicado en el considerando XI.
XIII.- VOTO SALVADO. El Magistrado Armijo salva el voto y declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad.
Se declara con lugar la acción. Se anula, por inconstitucional, lo siguiente: a) Del artículo 92, párrafo segundo, de la Ley No. 7531 del 10 de julio de 1995 de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la frase que indica “(…) el Tribunal Superior de Trabajo (…)” y b) del artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953, la frase que indica “(…) el Tribunal Superior de Trabajo (…) Tribunal Superior (…)”. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, de las relaciones o situaciones jurídicas consolidadas por la firmeza de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Trabajo, por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan en el tiempo los efectos de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, de modo que todos los asuntos en que esté pendiente de ser conocido y resuelto el recurso de alzada por jerarquía impropia ante el Tribunal de Trabajo deben ser tramitados y fenecidos por ese órgano judicial. El Tribunal de Trabajo continuará ejerciendo su función de jerarca impropio por el plazo de tres años, contado a partir de la notificación de esta sentencia, en el cual el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deberán constituir el o los tribunales administrativos, con carácter de órgano desconcentrado, para que conozcan de la apelación por jerarquía impropia en materia de jubilaciones y pensiones del Magisterio Nacional y de las gestiones de despido resueltas por el Tribunal del Servicio Civil. Notifíquese a los Presidentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a todas las partes.