Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327705/norma.htm
Timestamp: 2020-04-08 14:37:59
Document Index: 69132419

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 50', 'artículo 510', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 50', 'artículo 510', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 510', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4']

RESOG-2019-3-APN-IGJ#MJ
VISTO la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; la Resolución UIF N° 29 del 26 de enero de 2011, la Resolución UIF N° 30 del 27 de enero de 2011, la Resolución General I.G.J. N° 7 del 28 de julio de 2015 y sus modificatorias, el Decreto Nº 489 del 16 de julio de 2019 y;
Que la Ley N° 25.246, en su artículo 20, inciso 15, confiere a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA el rol de sujeto obligado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Que con fecha 26 de enero de 2011 la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) dictó la Resolución N° 29, que establece las medidas y procedimientos que los Registros Públicos y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Que la citada Resolución establece como algunas de las funciones del oficial de cumplimiento, la de diseñar e implementar los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas; formular los reportes de operaciones sospechosas; dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas por la Unidad de Información Financiera en ejercicio de sus facultades; controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Que mediante el Decreto Nº 489/2019 se creó el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y tiene como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento. En el Registro deberá inscribirse la información correspondiente a toda persona humana jurídica o entidad: a) sobre la que haya recaído resolución judicial o del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que le impute o admita la formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento; b) se encuentre incluida en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución Nº 1267 (1999), sucesivas y concordantes del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS (CSNU); y c) sobre la cual la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA haya ordenado el congelamiento administrativo de activos.
Que el mencionado Decreto establece que los sujetos obligados a brindar información en virtud de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, sin perjuicio de las obligaciones que son propias, deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) las operaciones realizadas o tentadas en las que intervengan las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el Registro.
Que conforme lo manifestado precedentemente y a los fines de la adecuación de la normativa de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a los parámetros establecidos en el Decreto supra mencionado, corresponde modificar el artículo 50, inciso 2. “e” y el artículo 510 inciso 8, del Anexo “A” de la Resolución General IGJ Nº 7/2015.
Que la presente medida recepta lo establecido en las 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, que priorizan la necesidad de que las jurisdicciones, a través de las denominadas “Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, identifiquen, evalúen y entiendan sus propios riesgos en la materia.
Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 22.315.
ARTÍCULO 1°: Sustitúyase el texto del artículo 50, inciso 2. “e” del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015 por el siguiente:
“e. En los trámites registrales de constitución de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones, designación de autoridades de sociedades y toma de nota de asociaciones civiles y fundaciones, el dictaminante deberá manifestar que los miembros del órgano de administración no se encuentran incluidos en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), conforme lo establecido en el inciso 8 del artículo 510 de las presentes Normas.”
ARTÍCULO 2°: Sustitúyase el texto del artículo 510, inciso 8 del Anexo “A” de la Resolución General I.G.J. N° 7/2015 por el siguiente:
“8. REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET): registro de acceso público en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La consulta del registro podrá hacerse a través de su sitio Web.”
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE como Resolución General y publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. Sergio Ruben Brodsky
e. 03/09/2019 N° 64975/19 v. 03/09/2019