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Timestamp: 2017-01-25 02:13:23
Document Index: 401921440

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 3']

Daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales o, en su caso, pertenecientes a las extintas diputaciones provinciales en los territorios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Comunidad Foral de Navarra
Ayudas excepcionales para vivienda
Régimen especial de aplicación de las ayudas ordinarias por daños personales y materiales
Competencias de las Comunidades Autónomas afectadas
Daños en infraestructuras públicas titularidad de comunidades de regantes
Ley 2/2005, 15 marzo, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 17 marzo). JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
En los meses de julio y agosto, y tras confluir una serie de circunstancias adversas de distinta naturaleza, se produjeron en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del mismo modo que en la segunda quincena de septiembre se produjeron en Cataluña (Torroella de Montgrí-Ullàra), unos incendios forestales de excepcional envergadura que, no pudiendo ser controlados, adquirieron grandes dimensiones, con la consiguiente secuela de daños, fundamentalmente sobre masas forestales y explotaciones agrícolas y ganaderas, y de riesgo para la vida de las personas, que obligaron a la evacuación de numerosas poblaciones. Asimismo, se vieron afectadas diversas infraestructuras municipales, infraestructuras forestales, caminos rurales, redes secundarias de riego y diferentes tramos de ríos y arroyos correspondientes al dominio público hidráulico.
Ámbito de aplicación 1. Las medidas establecidas en la presente Ley se aplicarán a la reparación de los daños ocasionados por las inundaciones producidas en marzo y en la primera quincena del mes de septiembre de 2004, y por los incendios acaecidos en julio, agosto y septiembre del mismo año.
Daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales o, en su caso, pertenecientes a las extintas diputaciones provinciales en los territorios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Comunidad Foral de Navarra A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los términos municipales y núcleos de población a los que se hace referencia en el artículo anterior, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en la red viaria de las diputaciones provinciales o, en su caso, pertenecientes a las extintas diputaciones provinciales en los territorios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Comunidad Foral de Navarra, se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención de hasta el 50 por ciento del coste.
Daños en las restantes infraestructuras públicas Se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia para declarar zona de actuación especial las áreas afectadas, al objeto de que dichos departamentos, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes de los mismos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan. A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras a ejecutar por tales departamentos para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad estatal, así como las actuaciones destinadas a la restauración forestal comprendidas en su ámbito de competencias.
Indemnización de daños en producciones agrícolas y ganaderas Serán objeto de indemnización los daños provocados por los incendios e inundaciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados para el año 2004, hayan sufrido pérdidas por daños en sus producciones no cubiertos por las líneas de seguros agrarios combinados.
Beneficios fiscales 1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2004 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los incendios e inundaciones, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.
Téngase en cuenta que el artículo 5.7, conservará su vigencia, en lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conforme establece el apartado 17.º del número 2 de la disposición derogatoria primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio («B.O.E.» 29 noviembre).
Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden que se dicte en desarrollo del artículo 1 de la presente Ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1 del artículo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC 3313/2003, de 28 de noviembre, que desarrolla para el año 2004 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Medidas laborales y de Seguridad Social 1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por los incendios e inundaciones tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo en base a circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en los incendios e inundaciones, no se compute a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a las mismas.
3. Se declara urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras a que se refiere el presente artículo, a los efectos establecidos en el artículo 52 de la
Ayudas excepcionales por daños personales 1. Se conceden ayudas, en los términos que a continuación se dispone, para paliar los daños personales que tengan su causa en las catástrofes a que la presente Ley se refiere.
a) La cantidad a conceder en caso de fallecimiento ascenderá a 18.000 euros por cada persona fallecida.Idéntica cantidad se concederá en los casos de incapacidad absoluta permanente, cuando dicha incapacidad hubiera sido causada por los mismos hechos.
Ayudas excepcionales para vivienda 1. Las ayudas por los daños en el continente de la vivienda sólo se concederán cuando éstos superen el 20 por ciento de su valor y, en todo caso, tendrán un limite máximo de 24.000 euros.
Régimen especial de aplicación de las ayudas ordinarias por daños personales y materiales 1. En los casos de ayudas previstas en los dos artículos anteriores, no será aplicable el régimen de ayudas contemplado en la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, modificada, parcialmente, por la de 30 de julio de 1996.
2. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en los dos artículos anteriores se financiarán con cargo a los créditos 16.01.223A.482. Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia., y 16.01.223A.782. Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia., dotados, con carácter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
Líneas preferenciales de crédito Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos por importe de 20 millones de euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en las Comunidades Autónomas afectadas, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboración.
Cooperación con las Administraciones locales Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 2, en la parte que financia la Administración General del Estado, hasta un importe máximo de 15 millones de euros, con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en los presupuestos de dicho Departamento. De conformidad con lo establecido en el artículo 50.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el crédito que se habilite se financiará con Fondo de Contingencia cuya autorización corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda.
Comisión interministerial 1. Se crea una Comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en la presente Ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias e integrada por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Presidencia, de Administraciones Públicas y de Medio Ambiente, así como por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.
Consorcio de Compensación de Seguros 1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas podrán solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación de los daños, las correspondientes valoraciones previstas en la presente Ley siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.
Convenios con otras Administraciones públicas La Administración General del Estado podrá celebrar con las Comunidades Autónomas y con otras Administraciones públicas los convenios de colaboración que exija la aplicación de la presente Ley.
Competencias de las Comunidades Autónomas afectadas Lo establecido en la presente Ley se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas al amparo de lo establecido en sus Estatutos de Autonomía.
Límites de las ayudas El valor de las ayudas concedidas en aplicación de la presente Ley, en lo que a daños materiales se refiere, no podrá superar, en ningún caso, la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.
Créditos presupuestarios La reparación de los daños en los bienes de titularidad estatal y en los de las comunidades de regantes, así como las indemnizaciones que se concedan por daños en producciones agrícolas y ganaderas, se financiarán con cargo a los presupuestos de los respectivos departamentos ministeriales, a cuyos efectos se realizarán las transferencias de crédito que sean necesarias, sin que resulten de aplicación las limitaciones contenidas en el articulo 52, apartado a), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realización de transferencias de crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.
Daños en infraestructuras públicas titularidad de comunidades de regantes A los efectos previstos en el artículo 3, se declaran de emergencia las obras que ejecute el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reparar los daños causados en infraestructuras públicas titularidad de las comunidades de regantes, comprendidas en su ámbito de competencia.
Anticipos de ayudas vinculadas a determinados préstamos para la mejora y modernización de estructuras agrarias En los términos municipales afectados por los incendios e inundaciones, con carácter preferente, podrá efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoración de anualidades de amortización del principal de los préstamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificación final de cumplimiento de compromisos y realización de inversiones.
Facultades de desarrollo El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la ejecución de lo establecido en la presente Ley.