Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-06297-de-abril-25-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_de54e9898b48010ee0430a010151010e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 15:45:05
Document Index: 175451236

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 273', 'artículo 36', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 187', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 2004-06297 de abril 25 de 2013
SENTENCIA 2004-06297 DE 25 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:CARRUSEL PENSIONAL. EL RÉGIMEN ESPECIAL QUE GOBIERNA A LOS CONGRESISTAS NO SE PUEDE EXTENDER A QUIENES NO SE HALLEN VINCULADOS A LA CORPORACIÓN. ASÍ MISMO, PRETENDER QUE LA LABOR DE UN SERVIDOR POR UNOS CUANTOS MESES EN LA CORPORACIÓN CONFIERA TALES BENEFICIOS CONSTITUYE UNA PRÁCTICA ILEGAL, COMÚNMENTE DENOMINADA “CARRUSEL PENSIONAL”.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, ISS, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 2004-06297 de abril 25 de 2013
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2004-06297-01 (1451-2008)
Actor: Martha Elena Vélez Rico C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.
El problema jurídico se contrae a establecer si a la demandante, a quien el Instituto de Seguros Sociales le había concedido la pensión en calidad de cónyuge sobreviviente, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de Fonprecon, igualmente en su condición de cónyuge supérstite del señor Humberto de Jesús Saldarriaga Carmona, quien se desempeñó como congresista entre el 20 de julio de 1990 y el 30 de noviembre de 1991 y cuyo deceso se produjo el 17 de mayo de 2003.
Se hace entonces necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de la normativa que regula el régimen pensional de los congresistas, para luego examinar, si con fundamento en la misma y en las pruebas aportadas al proceso, es posible la conmutación pensional que se depreca.
En su artículo 29 sobre acumulación de tiempos, en lo pertinente señaló, que los servicios prestados sucesiva y alternativamente a distintas entidades de derecho público se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente, se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas.
Esta ley en el artículo 9º, en relación con la acumulación de tiempos de que trata el artículo 29 de la Ley 6ª de 1945 indicó, que para tales efectos, los lapsos o períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación en el ejercicio del cargo de congresista, se acumularán a los demás lapsos de servicio oficial o semioficial. Agregó, que para efectos de la jubilación, los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso en cada legislatura anual, se equipararán a los 12 meses de un año calendario o proporcionalmente al tiempo servido en el Congreso en la respectiva legislatura.
El Decreto 1723 de 17 de julio de 1964, reglamentario de la referida Ley 48 de 1962, señaló en el literal b) de su artículo 2º, que los miembros del Congreso Nacional gozarían de una pensión vitalicia de jubilación “...equivalente a las dos terceras partes del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicios o del promedio de lo devengado en los tres (3) últimos años, a opción del beneficiario, cuando hayan llegado o lleguen a cincuenta (50) años de edad y cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la Ley 48 de 1962, prestados como empleados a cualquier entidad oficial o semioficial, incluyendo el tiempo servido en los cargos de senador, representante o diputado”.
Posteriormente, la Ley 33 de 1985 que estableció medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales del sector público, en su artículo 14, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República(8).
En su artículo 17(9), en términos generales prevé la posibilidad de que el gobierno establezca un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones
para los senadores y representantes, que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas, de la siguiente manera:
Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, expidió el Decreto 1359 de 1993(10), que estableció el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tengan la calidad de senador o representante a la Cámara.
Dicho decreto en su artículo 1º señaló, que este régimen “en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”(11).
En su artículo 4º prescribió, que para que un congresista pueda acceder a la aplicación de dicho régimen especial, debe “Encontrarse afiliado a la entidad pensional del Congreso(12) y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma”, al igual que “Haber tomado posesión de su cargo”.
“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.
Por manera, que al parlamentario le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 años(13) ycon el tiempo de servicios de 20 años.
Como lo informa su artículo 8º en armonía con el parágrafo del artículo 4º, los senadores y representantes a la Cámara pensionados y vueltos a elegir, que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público; al terminar su gestión como congresistas, “... la seguirán percibiendo de la entidad pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987”.
Los artículos 5º y 6º respectivamente señalan, que para liquidar las pensiones, al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrán en cuenta el ingreso mensual promedio del último año que por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren; liquidación que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988(14).
Ahora bien, con fundamento en el artículo 49 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(15), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36(16) y 11 de dicha ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aun a los congresistas.
Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(18), en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen de transición de los congresistas, de empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso —Fonprecon—.
En su artículo 1º señaló, que el sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, se aplica a dichos servidores, con excepción de los cubiertos por este régimen de transición.
El aludido decreto en el artículo 3º indica, que cuando los senadores y representantes, cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos por el Decreto 1359 de 1993, es decir, con la edad de 50 años, como quedó visto y con el tiempo de servicios de 20 años, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.
El Decreto 816 de 2002(19), en su artículo 11, en lo que concierne a la liquidación de la pensión para congresistas en régimen de transición de congresistas, dispuso que dicha liquidación y la pensión que corresponda a los sustitutos pensionales, no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que durante el último año calendario de servicio haya percibido dicho congresista.
Y en su parágrafo(20), estableció los eventos en los cuales de conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se tiene derecho a la aplicación de dicho régimen de transición. La Sala advierte, que este parágrafo fue declarado nulo en su totalidad por la sección(21), al igual que el inciso 1º del artículo 17 del decreto en mención, modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002, que hace alusión a los congresistas en el régimen general de pensiones.
En su artículo 12, hizo referencia a la reliquidación de pensiones para congresistas en régimen de transición de congresistas y en su artículo 13 contempló el reajuste de pensiones, en el sentido de que se aumentarán cada año en el mismo porcentaje en que se reajusta el salario mínimo legal mensual.
Del estudio sistemático de la normativa reseñada infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(22), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de senador o representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo o lo que es lo mismo en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la entidad pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º.
Encuentra entonces la Sala, que el régimen especial que gobierna a los congresistas no puede extender sus preceptivas a quienes no se hallen vinculados a la entidad de la cual devienen de manera directa e indefectible la especialidad del ordenamiento cuya aplicación se alega.
Lo contrario sería pretender que la labor de un servidor por unos cuantos meses en la entidad amparada con un régimen especial, lo revista de sus beneficios; con lo que a todas luces, se estaría habilitando la incursión en la práctica ilegal comúnmente denominada carrusel pensional.
Y es en esta dirección que la Corte Constitucional consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende unos pocos meses(23).
Y, en lo que concierne al régimen de transición de los congresistas, establecido por el Decreto 1293 de 1994, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(24); tal como lo determinó la sección(25), extiende su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad —40 años o más si es hombre o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.
De esta suerte, para ser destinatario del régimen de transición de congresistas, se requiere de una condición imprescindible, que no es otra que ostentar la calidad de parlamentario, circunstancia que no puede ser suplida. En otras palabras, es preciso determinar en cada caso en particular, si se reúnen los requisitos de ley necesarios para ser beneficiario del régimen de transición y ello se torna en absolutamente necesario, porque el hecho de estimar que se es favorecido por el régimen, con ocasión de haber sido miembro del cuerpo legislativo por escasos meses, no implica que la pensión jubilatoria se deba reliquidar con sujeción al mismo.
Está demostrado en el expediente que el causante prestó sus servicios como profesor externo a la Institución Educativa Javiera Londoño desde enero de 1968 hasta el 30 de enero de 1970; en calidad de sociólogo de la Universidad de Antioquia del 1º de agosto de 1971 al 29 de febrero de 1976; en el cargo de coordinador académico y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el 2 de febrero de 1976 hasta el 14 de enero de 1977 hasta el 1º de febrero 1981; como director división bienestar social de la secretaría de salud pública y bienestar social del municipio de Medellín del 12 de octubre de 1982 hasta el 24 de octubre de 1984; en el cargo de auditor especial de la contraloría departamental de Antioquia desde el 8 de febrero de 1989 hasta el 17 de julio de 1990; como Representante a la Cámara en calidad de principal para el período 1990-1994, laborando del 20 de julio de 1990 al 30 de noviembre de 1991cuando fue revocado el mandato por la Asamblea Nacional Constituyente; en el cargo de vicerrector académico del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid desde el 3 de febrero hasta el 6 de julio de 1992; como rector del Tecnológico de Antioquia del 6 de julio de 1992 al 5 de marzo de 2000; como subdirector grado 3 del SENA regional Antioquia desde el 17 de abril de 2001 hasta el 17 de mayo de 2003 (fls. 28, 31, 33, 36, 38, 40, 44, 47, 51, 56 y 145).
Que el señor Humberto de Jesús Saldarriaga Carmona, nació el 18 de diciembre de 1943 y falleció el 17 de mayo de 2003 (fls. 96 a 99).
Que el 25 de septiembre de 2003, su cónyuge supérstite, hoy demandante, elevó petición ante Fonprecon, a fin de que le fuera reconocida la pensión de jubilación que dejó causada el fallecido y la consecuente sustitución (fls. 16 a 21, 90 y 150).
Que el 15 de diciembre de 2003, el Instituto de Seguros Sociales por medio de la Resolución 16443, concedió a la demandante y a su hija, a partir del 17 de mayo de 2003, la pensión de sobrevivientes en partes iguales, en atención a que “el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, establece que el asegurado mayor de 20 años de edad que fallezca por una enfermedad de origen común, deja acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes cuando haya cotizado un mínimo de 50 semanas en los 3 años anteriores al momento de su fallecimiento y acredite un mínimo de cotizaciones entre la fecha en que el asegurado cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte equivalentes al 25% del tiempo transcurrido en dicho período”. Y, en este caso el causante “cotizó 521 semanas entre el 1º de diciembre de 1963, fecha en la que cumplió 20 años de edad y el 17 de mayo de 2003, fecha de la muerte, con lo que supera el 25% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones, concluyendo que el causante deja acreditados los requisitos para que en el caso de existir beneficiarios, estos accedan a la pensión de sobrevivientes” (fls. 10 y 11).
Que por medio de Resolución 315 de 19 de febrero de 2004, Fonprecon le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y de la sustitución a favor de la actora, en razón a que el causante no logró acreditar los 20 años de servicios en calidad de congresista, que exige el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 (fls. 149 y 150).
Que en Resolución 602 de 13 de abril de 2004, el fondo demandado confirmó en todas sus partes el anterior acto administrativo al desatar el recurso de reposición interpuesto (fls. 159 a 163).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el causante prestó sus servicios al Estado en calidad de representante a la Cámara entre el 20 de julio de 1990 y el 30 de noviembre de 1991.
Su cónyuge, quien hoy actúa como demandante y su hija, acudieron ante el Instituto de Seguros Sociales con el fin de que les fuera reconocida la pensión en calidad de sobrevivientes, petición a la que dicho instituto accedió el 15 de diciembre de 2003 por medio de la Resolución 16443 y a partir del 17 de mayo de 2003, fecha del deceso, con ocasión de la observancia de los requisitos legales por parte del causante desde que cumplió los 20 años de edad y hasta su muerte.
El 25 de septiembre de 2003, la cónyuge igualmente solicitó ante Fonprecon la pensión de sobreviviente, que le fue negada en la actuación acusada, porque el fallecido no había laborado como congresista por espacio de 20 años según lo estipulado por el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 —art. 7º—.
Pues bien, en este caso en particular surge evidente, que en atención a que el causante no ostentó la calidad de parlamentario para la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 18 de mayo de 1992, pues dejó de fungir como tal desde tiempo atrás —el 30 de noviembre de 1991—; en su caso particular, no se cumplen los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen especial contenido en el Decreto 1359 de 1993.
Y aunque es cierto que para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, ya había cumplido la edad de 40 años, no lo es menos, que para dicha fecha no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, resulta ser indispensable para ser cobijado por dicho régimen, pues está probado que dejó de laborar como parlamentario desde el año 1991, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley. Se debe recordar, como se estableció en párrafo antecedente, que el régimen de transición de los parlamentarios no está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes no se encontraban prestando sus servicios como congresistas.
En la misma dirección no ha lugar a la conmutación pensional que se pretende, pues surge evidente, que el estatus laboral gracias al cual se obtuvo el beneficio pensional, fue consolidado por el causante, con antelación a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, por lo que en consecuencia, tal como se anticipó, no reunía las condiciones previstas por el Decreto 1359 de 1993 en su artículo 7º.
En este punto resulta imprescindible recordar, que cuando se pretende el reconocimiento de la pensión, dicha petición se debe elevar con fundamento en la normativa vigente para la fecha de la consolidación del estatus pensional y no a la luz de las normas que en el futuro regularán ese asunto. En efecto, las disposiciones que surgen con posterioridad a la adquisición del estatus pensional, de ninguna manera aplican para aquellas situaciones que se consolidaron bajo los supuestos de la norma anterior y ello es así, porque es indudable que en esta materia, de manera alguna opera el fenómeno de la retrospectividad de la ley.
Sumado a lo anterior la Sala encuentra, que aunque para la fecha en la que falleció el causante —mayo 17/2003—, es cierto, que no se había declarado la nulidad del parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, que lo fue en sentencia proferida por esta sección el 27 de octubre de 2005, no lo es menos, que de ningún modo se puede afirmar que contaba con un derecho adquirido que no podía ser desconocido por la norma posterior que declaró la nulidad; porque tal como quedó visto es indudable que no le asistía tal derecho.
Por lo demás, para la Sala es desacertado el planteamiento expuesto en la actuación acusada, según el cual, no le fue concedida la pensión de jubilación post mortem a la cónyuge supérstite, en atención a que el causante no acreditó 20 años de servicio en calidad de congresista, según lo exige el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993; porque lo cierto es, que tal como quedó reseñado en párrafos anteriores, tal precepto de modo alguno contempla como exigencia, en aras del reconocimiento pensional, la labor únicamente como parlamentario durante 20 años.
En efecto, dicha norma dispone que quien en su condición de senador o representante a la Cámara, llegue o haya llegado a la edad que dispone el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 “y adicionalmente cumpla o haya cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República”, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación.
De conformidad con lo expuesto se confirmará la decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 31 de enero de 2008, desestimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la señora Martha Elena Vélez Rico contra el Fondo de Previsión Social del Congreso.
2. Reconócese al Abogado Rogelio Andrés Giraldo González como apoderado judicial del demandado, en los términos y para los efectos conferidos en el poder visible a folio 213 del expediente.
(9) En Sentencia C-608 de 23 de agosto de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible en forma condicionada el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, considerando que el trato especial para los congresistas en cuanto a su remuneración, tiene origen en el artículo 187 de la Carta Política, por lo que para el mismo constituyente no resulta indebido que para ellos se establezca en consideración a su función, un régimen diferente al general aplicable a los demás servidores públicos. Estimó además que, mientras el legislador no consagre disposiciones desproporcionadas o contrarias a la razón, puede prever regímenes especiales en material salarial y prestacional, como el de senadores y representantes que “encuentra justificación en la función atribuida a los miembros del Congreso, en su obligatoria dedicación exclusiva y en la alta responsabilidad que les corresponde, así como en el estricto régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución”.
(10) Decreto 1359 de 13 de julio de 1993 “Por el cual se establece un régimen especial de pensiones así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”.
(11) La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial 40451.
(12) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1359 de 1993, el Fondo de Previsión Social del Congreso se denominó Entidad Pensional del Congreso, para los efectos de dicho decreto.
(13) Tal como la sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C.P. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(14) Ley 71 de 1988. Artículo 2º “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.
(15) Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Esta ley empezó a regir el 1º de abril de 1994.
(16) “ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.// El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos (el aparte destacado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995). //Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. // Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.// Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.// PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.
(20) El texto del parágrafo es el siguiente: “De conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no tienen derecho a la aplicación del régimen de transición de congresistas las personas que: a) Se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual; b) Hubieren sido elegidos como congresistas por primera vez para la legislatura de 1998 y posteriores o que habiendo sido elegidos en legislaturas anteriores, no hubiesen tomado posesión del cargo; c) Los congresistas que hubieren tenido tal calidad con anterioridad a la legislatura de 1998 pero al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban vinculados a otro régimen; d) Quienes teniendo el régimen de transición de congresistas no se pensionen como congresistas, salvo el caso previsto en el artículo 14 del presente decreto”.
(21) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(22) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Óscar Emilio Vinasco Vinasco. C.P. Alberto Arango Mantilla.
(23) La Corte Constitucional en Sentencia C-608 de 1999, estimó “... sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses. En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio”.