Source: https://es.scribd.com/doc/93921822/FILOSOFIA-DEL-DERECHO-de-Garcia-Maynez
Timestamp: 2016-05-04 18:29:52
Document Index: 411184290

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 9', 'artículo 133', 'artículo 218', 'artículo 246']

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Los análisis realizados en las secciones 1 a 5 del capítulo primero de esta obra nos llevaron a la
conclusión de que es necesario distinguir los conceptos de sistema normativo y orden jurídico concreto.
Quienes han abordado el tema de la definición del derecho consideran que tales conceptos son
equivalentes o, para expresarlo con mayor rigor, no tienen conciencia de que es preciso distinguirlos. En la
literatura jurídica de lengua alemana, inglesa, italiana, francesa y española, las expresiones
Rechtsordnung, legal order, ordina-mento giuridico, orare juridique y orden jurídico, son aplicadas a los
conjuntos de normas que tienen vigencia en un país en cierto momento de su historia. Incluso los que
subrayan, como Norberto Bobbio,1 la conveniencia de enfocar las cuestiones generales de nuestra
disciplina no desde el punto de vista de una teoría de la norma, sino desde el ángulo visual de la del orden
jurídico, refieren siempre este término a los preceptos que se hallan en vigor en tal o cual lugar y época.
Proceden así, entre otros, los contemporáneos Hans Nawiasky,2 Helmut Coing,3 Hermann Kantorowicz,4
Kari Larenz,
Bernhard Rehfeldt" y Arthur Kaufmann.T Todos ellos dan el nombre de orden jurídico a lo que nosotros
llamamos sísteina normativo.
No puede desconocerse, como lo .señalamos ya en la sección 8 del capítulo primero de este tratado, que
el sistema jurídico tiene su propia estructura y que, eo ipso, entre las normas que lo integran existen nexos
que permiten considerarlo como totalidad ordenada;
pero una cosa es el orden que exhiben esos preceptos, y otra, muy distinta, el de carácter concreto que
deriva de la sujeción de la conducta a dicho sistema. Por ello afirmamos que entre éste y el orden real que
dimana de la mayor o menor eficacia de sus disposiciones existe una diferencia semejante a la que media
entre el sístema clasificatorío que se adopta para la ordenación de una biblioteca y el orden que resulta de
la aplicación de ese sistema al material ordenable. El método de clasificación, para seguir con el ejemplo,
es un conjunto de reglas sobre el modo y manera en que los libros deben ser ordenados, y responde, por
ende, a un propósito ordenador; el orden concreto de la biblioteca supone, en cambio, que esas reglas han
sido realmente aplicadas, lo que permite considerarlo como resultado o consecuencia de la actividad
ordenadora. Análogamente debemos distinguir, en la órbita del derecho, entre las normas formuladas para
la regulación del comportamiento y el orden emanante de los actos de observancia libre o de imposición
coactiva de esos preceptos.
En Teoría dell”Ordinamento giuridico, N. Bobbio ha hecho ver cómo, si bien existen diversos ensayos
sobre la naturaleza y estructura de la norma de derecho, aún no contamos con un tratado exhaustivo sobre
las múltiples cuestiones que plantean, no sólo la existencia, sino incluso el concepto del orden jurídico,
"Los problemas del derecho han sido tradicionalmente discutidos desde el ángulo visual de la norma,
considerada como un todo que existe por sí, más bien que desde el punto de vista de la norma como parte
de una totalidad más amplia que la comprende." 8 El ejemplo más característico de esta manera de
proceder es la primera gran obra de Kelsen, Haupt-probleme der Staatsrechtslehre,9 en que el jefe de la
Escuela Vienesa construye, sobre los cimientos del análisis estructural de la proposición jurídica, el vasto
edificio de sus doctrinas sobre el derecho y e Estado. Es cierto que Kelsen hace, en dicha obra, amplias
consideraciones sobre el sistema normativo, al que da también, como los autores que anteriormente
recordamos, el nombre de orden jurídico (Rechtsordnung); pero estas consideraciones parten siempre del
estudio de la norma de derecho. En escritos posteriores, Keken ha puesto cada vez mayor énfasis en la
noción de sistema; y, en su General Theory of Law and State, de 1945, cuyas dos grandes partes se
intitulan, respectivamente, Nomostatics y Nomodynamics, descubrimos ya un tratamiento autónomo del
asunto.10 Lo propio debe decirse de Teoría dell' or ornamento giuridico; pero aun cuando Bobbio destaca
con extraordinario acierto los aspectos institucionales del derecho,11 ordinamento giuridico sigue siendo,
para él, un conjunto de normas, y no el orden concreto que deriva de la mayor o menor eficacia de éstas.
La obra que acabamos de citar es, según declaración de su autor, complemento indispensable de Teoría
della norma giuridica, publicada en 1958.12 El jurista italiano está convencido de que el problema central
de la filosofía del derecho, es decir, la definición universal de lo jurídico, no puede resolverse
satisfactoriamente dentro del marco —a sus ojos demasiado estrecho— de la doctrina de las normas, por
lo que es necesario tomar en cuenta el modo en que esos preceptos obtienen eficacia dentro de "una
organización, asaz compleja, que determina la naturaleza y la entidad de las sanciones, e indica qué
personas deben aplicarlas y ejecutarlas".
Quien se proponga resolver aquel problema deberá, pues, tomar un camino opuesto al de casi todos los
autores y, en vez de partir de la norma, hacer en primer término un análisis de la noción de orden jurídico.
Por ello escribe Bobbio "que no hay órdenes jurídicos porque existan normas jurídicas distintas de otras
no jurídicas, sino que hay normas jurídicas porque existen órdenes jurídicos distintos de otros no jurídicos.
El término 'derecho', en la acepción más común de derecho objetivo, designa un tipo de sistema
normativo, no un tipo de norma".1 (
La idea de que el integrado por las normas no es la totalidad, sino un aspecto o elemento del orden
jurídico, fue claramente ex uesta por Santi Romano en un libro que apareció hace ya casi tres décadas. En
dicha obra leemos estas palabras: "Si se quiere definir un orden Jurídico en su integridad, no se puede
tomar en cuenta solamente sus diversas partes, o lo que como tales se considere, es decir, las normas que a
él pertenecen, para declarar después que es el conjunto de éstas; hace falta, ni más ni menos, captar la nota
peculiar, la naturaleza de dicho conjunto o todo. Ello podría no ser necesario si se admitiera que un orden
jurídico se reduce a la suma aritmética de varias normas, del mismo modo que una ley, un reglamento —
vistos, por lo demás, desde un ángulo material y extrínseco— no son sino una sucesión de determinados
artículos que es posible adicionar entre sí. Pero sí se acepta, como es indudable, que un orden jurídico, en
el susodicho sentido, no es un agregado de varias partes, sean o no éstas simples normas, sino una unidad
por sí —y una unidad, adviértase bien, no artificial u obtenida por un procedimiento de abstracción, sino
efectiva y concreta— al propio tiempo se debe reconocer que ese orden es algo diverso de los elementos
materiales que lo componen. Debe también subrayarse que no es posible tener un concepto adecuado de
las normas de un orden jurídico sin anteponer a éstas la correspondiente noción unitaria. Por ello, también,
no se puede lograr una idea correcta de los diversos miembros del hombre, o de las ruedas de una
máquina, si no se sabe de antemano qué son el hombre o esa máquina."
Sobre la importancia del aspecto institucional del derecho y la necesidad de no confundir el orden
jurídico con su sistema de normas han insistido igualmente, en fechas menos lejanas, el jurista suizo Hans
Barth le y el sociólogo alemán Theodor Geiger,17 de cuyas doctrinas hablaremos en el capítulo quinto de
Lo que aquí nos interesa esclarecer es la diferencia entre aquellos conceptos. El de orden concreto lo
desenvolveremos con mayor amplitud en el capítulo siguiente; por ahora, nuestra tarea consiste en analizar
la otra noción.
3. CUESTIONES QUE PLANTEA EL CONCEPTO JURÍDICO DE SISTEMA
Sistema normativo, en la órbita del derecho, es el conjunto de normas que están en vigor en determinado
lugar y época. La primera cuestión, en torno de tal sistema, es la de sus fuentes. Consiste en inquirir de
qué manera son creados los preceptos que lo integran, y quién o quiénes tienen el deber de crearlos.
Problemas conexos son el de clasificación de las fuentes y el de las reglas a que cada uno de los procesos
creadores de derecho se encuentra sujeto.
Un segundo punto, relacionado con la existencia de los sistemas jurídico-normativos, se refiere a su
estructura, y estriba en determinar qué relaciones median entre las normas que los componen, dónde reside
su fundamento y de qué índole es.
En tercer término debe investigarse qué consecuencias y principios derivan, para aquellas normas, del
carácter sistemático de la totalidad a que pertenecen. En conexión con este tópico habrá que resolver dos
cuestiones. Atañe la primera a la coherencia interna de los mismos sistemas. Para resolverla es necesario
indagar si entre las normas que los constituyen hay o no contradicciones y, en el supuesto de que existan,
inquirir de acuerdo con qué criterios podemos eliminarlas.
Un cuarto problema versa sobre lo que los juristas italianos llaman completezza. Como en nuestro
idioma no disponemos de un vocablo que traduzca fielmente ese término, o sus equivalentes en otras
lenguas, tendremos que servirnos de una expresión cuyo sentido se aproxime al de aquella palabra.
Pensamos que las más convenientes son plenitud o integridad. Con ellas se alude al atributo de un
ordenamiento que carece de lagunas. En relación con este punto es indispensable ofrecer una definición
rigurosa de las últimas;
examinar la cuestión, largamente debatida, de si en verdad existen, y aludir a las teorías que, después de
responder afirmativamente, exponen los métodos de que los órganos jurisdiccionales deben valerse para
colmar los vacíos, no sólo de la obra del legislador, sino de todo el sistema de normas.
3. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES
7 Se da el nombre de fuentes a los procesos, formalmente regulados, que condicionan la producción de
normas de derecho. De manera más rigurosa podría decirse que fuentes formales, como también se les
llama, son los supuestos de cuya realización se hace depender el nacimiento de normas jurídicas de índole
general.18 Como esos supuestos son establecidos —con la sola excepción a que luego aludiremos— por
otras normas del sistema, es preciso reconocer que la regulación de aquellas fuentes (legislación,
costumbre, etc.), presupone la existencia de los preceptos que las regulan y, por ende, la de una fuente
originaria de que las otras derivan y en la que encuentran el fundamento de su legitimidad. Por ello se
afirma que el derecho regula su propia creación y su propia reforma o, expresado en distinto giro, que la
validez de las normas emanadas de las fuentes que el legislador originario instituye sólo puede tener su
fundamento en otras normas de grado superior, a fortiori preexistentes. Por regla general, la constitución,
o norma básica en sentido jurídico-positivo, determina de qué modo, y con sujeción a qué requisitos, el
legislador común, u otros órganos a quienes se faculta para producir derecho, pueden crear normas
genéricas o reformar las que ya estaban en vigor. Lo dicho revela que las emanadas de la actividad del
constituyente, del legislador ordinario y de los facultados para producir preceptos jurídicos abstractos,
pueden, ser reguladoras o de la. con" - ducta de los particulares o de la de ciertos órganos a quienes se
faculta, ya para crear preceptos de la primera especie, ya para el desempeño de otras funciones de orden
público. Las que se dirigen a los particulares reciben el nombre de normas de comportamiento; las otras, el
de normas de competencia o de estructural9
En toda constitución, escribe Bobbio, "hay normas que atribuyen directamente facultades o imponen
directamente deberes a los ciudadanos, como, verbigracia, las concernientes a los derechos de libertad;
pero también existen otras que regulan el procedimiento a que las Cámaras deben sujetarse para ejercitar
el poder legislativo y que, en consecuencia, nada estatuyen en relación con los particulares, limitándose a
establecer de qué modo otras normas que sí se dirigen a éstos podrán ser creadas. En cuanto a las leyes
ordinarias, tampoco puede decirse que todas se refieran directamente a los ciudadanos; muchas de ellas,
como las penales y gran parte de las de carácter procesal, tienen como fin impartir instrucciones al juez
sobre el modo y manera en que debe formular las normas individuales v concretas que llamamos
sentencias; o bien, no son normas de comportamiento, sino reguladoras de la producción de otras normas".
i Es necesario percatarse de que tanto la existencia de los facultados para producir derecho como. la de
las disposiciones que determinan los procedimientos para la creación de otras nuevas, lógicamente
presuponen la del legislador que instituyó a esos órganos y la de las reglas normativas de organización y
competencia. Al lado de las -fuentes derivadas tiene, pues, que haber otra originaria o, como algunos
dicen, una fuente de las fuentes. La constitución es el fundamento de todos los preceptos que de ella
dimanan; pero cuando nos preguntamos por el de las leyes constitucionales, descubrimos que ya no puede
residir en una norma positiva de mayor rango, porque, si así fuera, esas leyes perderían su carácter básico,
en el sentido jurídíco-positivo de este término. Si se admite, como lo hacemos nosotros, que la razón de
validez de la fundamental no se encuentra en otra norma positiva de mayor jerarquía, tendremos que
reconocer que la fuerza obligatoria de aquélla sólo puede fundamentarse: a) desde un punto de vista
axiológico-material, en los valores que a través del cumplimiento de esa norma y de las que de ella
proceden resulten, en mayor o menor medida, realizados por sus destinatarios; b) desde un punto de vista
formal, en una norma básica no positiva que nos permita entender, por una parte, las facultades del poder
constituyente -y, por otra, la obligación de los particulares y los órganos del Estado de cumplir los
preceptos que directa o indirectamente emanen del ejercicio de la mencionada facultad; c) desde un punto
de vista sociológico-jurídico, en la existencia del poder constituyente, cuando éste dispone de fuerza
bastante para asegurar el funcionamiento de la organización política y la normal eficacia de las normas en
Bobbio expone en estos términos la segunda de las tres fundamentaciones: "Cada norma presupone un
poder normativo, pues norma significa imposición de deberes (imperativo, mandato, prescripción, etc.); y
ya hemos visto que, allí donde hay obligación hay, también, poder. Consecuentemente, si existen normas
constitucionales, debe existir el poder normativo del cual derivan: ese poder es el denominado
constituyente. Se trata del último o, si se prefiere, del supremo u originario de un ordenamiento jurídico."
Pero si todo poder presupone, a su vez, una norma que lo faculta para producir otras, dado el constituyente
como poder último es indispensable presuponer la existencia de la norma que le atribuye ésa facultad.
Ahora bien: tal norma es la fundamental. "Mientras, por un lado, concede a los órganos constitucionales el
poder de formular normas válidas, por otro impone, a todos aquellos a quienes las prescripciones
constitucionales se dirigen, la obligación de obedecerlas. La fundamental es, a un tiempo, atributiva e
imperativa, según que la consideremos desde el punto de vista del poder a que da origen o desde el ángulo
visual de la obligación que de ella dimana. Cabe formularla de este modo;
*E1 constituyente está autorizado a crear normas obligatorias para toda la colectividad'; o bien: 'La
colectividad está obligada a obedecer las que emanen del poder constituyente"»
^ ¡ Cuando hablamos, en el capítulo primero, de la tesis husserlíana sobre las relaciones entre valor y
deber ser, vimos cómo toda proposición normativa presupone la existencia de otra, no normativa, referida
a la valoración que le sirve de base. De acuerdo con este planteamiento, que en lo substancial coincide con
el de los principales representantes de la axiología fenomenológica, Max Scheler y Nicolai Hartmann,
norma y deber ser encuentran siempre su fundamento en un valor. Esta última, la de valor, representa,
pues, la noción primaria o fundante; aquéllas son nociones fundadas. Colígese de aquí que tanto la norma
fundamental, en sentido jurídico-positivo, como las creadas de acuerdo con ella, pueden justificarse, desde
un punto de vista filosófico, si se atiende no a la forma en que han sido establecidas, sino a los valores
que, a través de los actos de aplicación y observancia, son realizados por los destinatarios.
En cuanto a la tercera de las tres fundamentaciones, hay que advertir que quienes la defienden suelen
reforzarla invocando consideraciones axiológicas y, en primer término, la de que todo sistema jurídico
eficaz asegura la realización de una serie de valores como, por ejemplo, los de orden y legalidad.24 Pero,
en todo caso, esas consideraciones tienen que referirse a normas cuya observancia esté garantizada por los
instrumentos de poder de que la organización política dispone. Lo mismo debe decirse de las otras dos
especies de fundamentación. Acerca del respectivo valor de cada una hablaremos en la parte final' de este
tratado. Por el momento sólo deseamos recordar que la primera de las tres corresponde a una actitud
crítica, de índole filosófica, frente al contenido de las normas vigentes; la segunda, a la actitud dogmática
que adoptan y tienen necesariamente que adoptar, por la lógica interna de su propia posición, los órganos
del Estado y, la tercera, a la actitud realista y empírica del sociólogo del derecho, para quien sólo son
normas genuinas las que
efectivamente rigen la vida de una comunidad en un momento dado de su historia.
La norma fundamental hipotética, como Kelsen la llama, es un presupuesto de todo orden y cumple,
relativamente a las reglas de éste, la misma función que se atribuye a los postulados de un sistema
científico. "Se trata —explica Bobbio— de las proposiciones primitivas de las que otras se deducen; pero
ellas no son, a su vez, deducibles. Los postulados son establecidos o por convención o por su pretendida
evidencia. Lo propio ha de aseverarse de la norma fundamental: constituye una convención o, si se quiere,
una proposición evidente que se coloca en el vértice del sistema, a fin de que las demás normas del mismo
puedan ser referidas a ella. A la pregunta:
¿en qué se basa la norma fundamental? debe responderse que no tiene ningún fundamento, ya que, de
tenerlo, no sería la fundamental, puesto que habría otra superior frente a la que se hallaría en relación de
dependencia. Por tanto, siempre quedaría abierto el problema del fundamento de esa norma superior, y
sólo podría resolverse haciendo referencia a otra norma o aceptando la nueva como postulado. Todo
sistema tiene un inicio. Preguntarse por lo que está detrás es cuestión infecunda. La única respuesta que
puede ofrecerse a quien inquiere por el fundamento del fundamento es que para descubrirlo hay que salir
del sistema. En lo que respecta a la norma fundamental cabe sostener que, si tal problema existe, no es ya
jurídico, pues su solución ha de buscarse extramuros del sistema para fundar el cual aquella norma es
postulada."
Hemos dicho que, al lado de la fuente originaria, existen otras, derivadas de la primera. La más
importante de las del segundo tipo, en la mayoría de los sistemas modernos, es la legislación. Debemos
aquí insistir en una cuestión terminológica que hemos tocado en anteriores trabajos. Suele decirse que la
ley es una de las fuentes formales del derecho. Pero, bien vistas las cosas, aquélla no es fuente, sino
producto de la actividad legislativa. El proceso, formalmente regulado, que culmina en la creación de
preceptos legales, es la fuente de los últimos. De manera análoga, el que lleva al establecimiento de las
tesis (interpretativas o de integración) que constituyen la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte
de Justicia, es fuente formal de dichas tesis. Sostenemos que las fuentes son pro-cesos que conducen a la
creación de normas jurídicas de carácter genérico, porque cada uno de ellos está constituido por una serie
de etapas, a través de las cuales los órganos creadores de derecho realizan los supuestos condicionantes de
la producción de nuevas normas. Por ejemplo: los artículos 71 y 72 de la Constitución 'Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 3 y 4 del Código Civil para el Distrito, enumeran los requisitos de cuya
observancia depende el nacimiento de las leyes de rango federal. Estas son producto del proceso
legislativo regulado por aquellos preceptos, en tanto que su fuente es el proceso de que derivan. Si, para
seguir con el ejemplo, examinamos las condiciones que deben quedar cumplidas por los órganos que
intervienen en el susodicho proceso, podremos darnos cuenta de que, como ocurre con las demás fuentes,
tales condiciones exclusivamente se refieren a la forma en que las iniciativas de ley deben ser presentadas,
discutidas, aprobadas, etc., y no a la materia de las leyes que se trate de crear. Lo expuesto permite
entender tanto el calificativo de formales que se aplica a dichos procesos, como la posibilidad de que, sin
poner en tela de juicio la validez extrínseca de las normas creadas por el legislador, el contenido de éstas
se moteje, a veces, de inconveniente o injusto. Pero es claro que el aserto de que la ley formalmente válida
carece, cuando es injusta, de valor intrínseco, sólo puede hacerse aplicando, a la consideración de su
contenido, criterios completamente distintos del único que, desde el punto de vista de los órganos
estatales, debe tomarse en cuenta. Se comprende así que el poder público nunca haga depender de los
juicios que los particulares eventualmente formulen sobre la justicia o injusticia de las normas emanadas
de los citados procesos, la fuerza obligatoria de éstas (Las fuentes derivadas de la originaria no tienen
siempre igual importancia, ni se hallan todas en un mismo nivel. En nuestro país, como es sabido, la
costumbre está subordinada a la legislación. Queremos decir que los preceptos de oriundez
consuetudinaria sólo son jurídicamente obligatorios cuando el legislador les confiere expresamente tal
carácter. Por ello se afirma que, en México, la costumbre es fuente delegada. Se Iiabla de delegación
cuando la ley establece que, a falta de precepto aplicable a determinada controversia, el juez debe recurrir
a reglas nacidas del uso.
En un ensayo titulado "Zur Problematik des Gewohuheitsrechts",
Walter Heinrich analiza qué relaciones median entre las fuentes con- I suetudinaria y legislativa. De
acuerdo con su tesis, la costumbre 1 jurídica puede ser de tres clases: 1) delegante; 2) delegada; 3)
"La delegante se da cuando por medio de una norma no escrita se autoriza a determinada instancia para
crear derecho escrito."30 En el caso, la costumbre se halla supraordinada a la ley. Existe la misma relación
en la monarquía absoluta cuando el monarca, cuya situación jurídica se encuentra regulada por la
costumbre, expide disposiciones legales de carácter general.
Hay derecho consuetudinario delegado siempre que el legislador remite a normas consuetudinarias para
la solución de determinadas controversias. En tal hipótesis, la costumbre se halla subordinada al derecho
escrito; es, como dice Félix Somió, "costumbre jurídica secundaria".31 A la esfera del derecho
consuetudinario delegado pertenecen también, según Heinrich, los usos mercantiles (Usances,
Verkehrsitten, etc.).32
El consuetudinario delegado no puede ser contradictorio de los preceptos de la ley. Pero la delegación
establecida por el legislador no es superflua ni carece de importancia, como en ocasiones se afirma. Sirve,
al menos, para desvanecer cualquier duda sobre la vigencia de ciertos usos y costumbres populares".33
A veces, la costumbre se desenvuelve en sentido opuesto al del derecho legislado. Es el caso de la
llamada derogatoria. Heinrich admite la posibilidad de que se forme aun cuando se le niegue
expresamente validez, como ocurre, verbigracia, entre nosotros.34
Según lo indicamos en la sección 5 del capítulo II de esta obra, el legislador puede hacer delegaciones
en favor de normas no jurídicas, las de orden moral, por ejemplo. En virtud de tal delegación, éstas
resultan incorporadas al sistema del órgano aplicador y, en consecuencia, se transforman en preceptos de
La necesidad, en que el autor de la ley a veces se encuentra, de recurrir a disposiciones oriundas de
ordenamientos preexistentes o diversos, sirve de base a ciertos autores, como Bobbio, para distinguir dos
especies de fuentes indirectas, las reconocidas y las delega-
das.35 En el caso de las primeras existe una recepción de normas ya hechas, jurídicas o de otra clase; en
el de las segundas, el legislador delega en un órgano de inferior jerarquía el poder de producir derecho.
La diferencia existe, según creemos, cuando se permite la incorporación, al sistema jurídico, de normas
que no proceden de las fuentes formales (cual ocurre tratándose de delegaciones referidas a normas de
moralidad positiva); pero, en los demás casos, siempre hay reconocimiento de los preceptos creados por
los órganos en cuyo favor la delegación se hace.
"Un ejemplo típico de fuente delegada —según Bobbio— es el reglamento respecto de la ley. Los
reglamentos son, como las leyes, normas generales y abstractas; pero, a diferencia de aquéllas, su
producción suele ser confiada al ejecutivo por delegación del legislativo, y una de sus funciones es
integrar leyes demasiado genéricas, que sólo contienen directivas generales y no podrían ser aplicadas sin
ulterior especificación."s6
El jurista italiano considera que el otorgamiento, a los particulares, del llamado poder negocial, da
origen también a una fuente delegada.37 Sería preferible, en tal hipótesis, no hablar de fuente de derecho,
porque la autonomía de aquéllos está siempre sujeta a normas que necesariamente la recortan, y los actos a
través de los cuales se ejercita son, eo ípso, aplicadores de dichas normas. Lo propio vale, en nuestro
sentir, para la actividad jurisdiccional, en la medida en que aplica normas genéricas. Sólo cuando da
origen a preceptos generales de interpretación o integración, como ocurre en el caso de la jurisprudencia
obligatoria de nuestra Suprema Corte de Justicia, puede decirse que el proceso que lleva a la creación de
esos preceptos (las llamadas tesis) tiene el carácter de fuente formal.38 En el fondo se trata de una
cuestión terminológica, puesto que fuentes formales únicamente son, para nosotros, los procesos que
conducen a la creación de normas de índole abstracta, i
4. TESIS DE KELSEN SOBRE LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL SISTEMA NORMATIVO
El jefe de la Escuela Vienesa presenta, en varias de sus obras, la famosa doctrina de la pirámide jurídica,
que desenvuelve y profundiza las ideas expuestas por su colega Adolf Merki en un libro que vio la luz en
1917: Das Recht im Lichte seiner Anwendung (El derecho a la luz de su aplicación). El resumen que sigue
se basa en la segunda —completamente refundida— edición alemana de Teoría Jurídica Pura (Reine
Rechtslehre, Franz Deuticke, Wien, 1960).
Si concebimos al derecho .como sistema normativo, tendremos que esclarecer, ante todo, qué es lo que
fundamenta su unidad, y cuándo puede decirse que tal o cual norma pertenece a dicho sistema. Habrá que
inquirir por qué valen los preceptos del mismo o, para expresarlo en otro giro, cuál es la razón de su fuerza
Declarar que una norma "vale" significa que es obligatoria o, en diferentes palabras, que sus
destinatarios deben hacer u omitir lo que manda. El fundamento de su validez reside en otras normas de
rango más alto. La fuerza obligatoria de las reglas normativas no debe nunca buscarse en un hecho, por
ejemplo, en que tal o cual autoridad las haya promulgado. Los Diez Mandamientos obligan, afirma
Kelsen, no por la entrega de sus tablas en el Monte Sinaí, ni la validez del precepto que ordena amar al
prójimo se funda en lo dicho por Jesús en el Sermón de la Montaña. El fundamento de las normas del
Decálogo, y de la que exige que amemos al prójimo como a nosotros mismos, está en otras de mayor
jerarquía, de las cuales la primera dice que los mandamientos de Dios deben .ser obedecidos y la segunda
ordena cumplir con los de su Hijo.
El simple hecho de que alguien mande algo no permite considerar que el mandato es válido, esto es, que
sus destinatarios estén obligados a obedecerlo. "Normas válidas sólo puede expedirlas una autoridad
competente; y la competencia únicamente puede fundarse en la norma que autoriza a un sujeto a formular
otras normas."
La que constituye el fundamento de otra u otras se encuentra supraordinada a éstas. Pero la búsqueda de
la razón de la fuerza vinculante de cada regla no puede, como la de la causa de un efecto, prolongarse
indefinidamente. Tiene que concluir en esa norma última cuya existencia presuponemos, y a la que
otorgamos el calificativo de suprema. Por su mismo carácter, no puede haber sido establecida por una
autoridad a quien otra norma superior hubiera facultado para crearla. "Su validez no es derivable de
ninguna de mayor rango, y el fundamento de su fuerza obligatoria no puede ya ser puesto en tela de
juicio." La norma fundamental condiciona
la unidad de cada orden y representa la razón de validez de todas las referibles a ese común fundamento.
Sabemos ya que, para Kelsen, hay dos tipos o especies de sistemas: los estáticos y los dinámicos.
Declarar que las disposiciones de un ordenamiento estático son válidas, significa que obligan a los
destinatarios en virtud de su contenido o, dicho de otro modo, que su validez es referida a una norma
suprema frente a cuya materia la de las restantes puede subsumirse como lo particular bajo lo general. Ello
naturalmente significa, de acuerdo con la doctrina kelse-niana, que la validez material de aquélla es
evidente, y tal concepto de evidencia remite "al de una razón práctica o legisladora".43 Sólo que el último
de estos conceptos resulta insostenible, porque "la razón sirve para conocer, no para querer" y la
postulación de normas es un acto de voluntad. No hay, pues, ninguna cuya fuerza obligatoria "sea
evidente". Lo que ocurre, cuando se les atribuye tal carácter, es o que se tiene la creencia de que fueron
establecidas por Dios o por una autoridad sobrehumana, o que derivan de una costumbre inmemorial que
se juzga indiscutible.
Los sistemas de índole dinámica se caracterizan, en cambio, porque en ellos la norma fundamental —no
histórica, sino supuesta— contiene las reglas de acuerdo con las cuales las demás normas —generales o
individuales— deben ser creadas. El aserto de que cualquiera de ellas pertenece a un orden de tal especie
significa que fue establecida en consonancia con dichas reglas, por lo que su validez dimana del
cumplimiento de éstas, no de lo que la norma estatuye. "La fundamental ofrece sólo la razón de validez,
no el contenido de los preceptos de un ordenamiento. Tal contenido únicamente puede ser determinado
por actos a través de los cuales la autoridad facultada por aquella norma o las facultadas por esa autoridad,
formulan las prescripciones del sistema."
Los principios estático y dinámico aparecen unidos cuando la norma fundamental hipotética se limita a
facultar a una autoridad para crear derecho, y esta autoridad, o las delegadas por ella, formulan normas en
las que se ordena determinado comportamiento a los destinatarios, y de las cuales otras pueden ser
deducidas mediante operaciones lógicas.
Como, para Kelsen, el orden jurídico tiene naturaleza formal-dinámica, dentro de éste "cualquier
contenido puede ser derecho".
La validez de una norma no debe, por ende, ser negada si es contradictoria de otra que no pertenece al
La fundamental hipotética se distingue, como constitución en sentido lógico-jurídico, de la que ha sido
positivamente establecida, "Aquélla representa el punto inicial de un procedimiento: el de creación del
derecho positivo."
Si relativamente a un orden de índole dinámica, preguntamos, por ejemplo, por qué el acto del verdugo
que ahorca a un condenado a muerte es ejecución de una sanción penal y no un asesinato, la respuesta será
que su antecedente reside en una norma jurídica, individualizada, la sentencia del juez que ordenó la
ejecución. Si en seguida inquirimos en qué se apoya la sentencia, descubriremos su fundamento en las
leyes penales que estatuyen en qué condiciones —que i en el caso concreto se dan— debe la pena capital
ser impuesta. La misma cuestión puede replantearse relativamente a esas normas genéricas, y entonces se
responde que el Código Penal vale porque fue i promulgado por la asamblea legislativa con sujeción a los
requisitos que la constitución enumera.
Cuando se investiga el fundamento de esta última, la solución S quizás consista en referirla a otra
anterior, de acuerdo con la cual j se formuló la vigente; hasta que se llega a una primera constitución i que
no fue creada en la misma forma, es decir, a una constitución j surgida de un movimiento revolucionario
o, lo que es igual, de la S ruptura violenta del precedente orden jurídico. Si se toma en cuenta el del Estado
—no el del derecho internacional— y se pregunta por el fundamento de la primera constitución histórica,
"entonces la 1 respuesta sólo puede ser —si se renuncia a referir la validez de la constitución estatal y la
de las normas establecidas de acuerdo con ella : a una norma creada por una autoridad metajurídica, Dios
o la naturaleza —que la validez de esa constitución, el reconocimiento de que es obligatoria, tiene que
presuponerse, si ha de ser posible interpretar los actos que se realicen de acuerdo con la misma como
creación o aplicación de normas generales válidas y los ejecutados al i aplicarlas como creación o
aplicación de normas individuales igualmente válidas". Y como estamos hablando de la fundamental de
un orden jurídico o, de acuerdo con la tesis kelseniana, de un sistema que ordena actos coactivos, la
proposición que describe dicha norma tiene que ser ésta: "Los actos coactivos deben decretarse en la
forma y condiciones en que la primera constitución histórica y las normas
conformes con ella lo estatuyan". O, de manera más breve: "Hay que conducirse como la constitución lo
disponga."
Si ahora indagamos qué nexos .existen entre las normas de un sistema formal-dinámico, tendremos que
reconocer que si un precepto de derecho vale cuando ha sido creado en la forma señalada por otro del
sistema, el primero se encuentra subordinado al segundo. La norma reguladora de la creación de otra
posee mayor rango que ésta; la producida de acuerdo con ella es de menor Jerarquía. El jurídico no es, por
ende, un orden compuesto por normas situadas en un mismo nivel, sino estratificación de distintos niveles
de reglas normativas. Y su unidad depende de la conexión consistente en que "la validez de una norma
creada de acuerdo con otra descansa en ésta última, cuya validez se funda también en otras; regreso que a
la postre conduce a la fundamental hipotética. Esta es, por tanto, el supremo fundamento, y de ella
depende la unidad de todas las conexiones de creación jurídica".
Dentro del orden estatal, la constitución, en sentido jurídico-positivo, es el peldaño más alto de la
pirámide. Por constitución, en la acepción material del vocablo, Kelsen entiende la o las normas positivas
por medio de las cuales se regula la creación de otras normas generales. La constitución, en ese sentido
material, puede ser creada, ya por la vía consuetudinaria, ya legislativamente. Como, en la última
hipótesis, aparece en un documento, se habla entonces de constitución escrita, para distinguirla de la
emanada de la costumbre.
Ese documento recibe también el nombre de constitución en sentido formal. Kelsen reconoce que no
sólo contiene disposiciones sobre la creación de normas Jurídicas abstractas, sino sobre asuntos
"políticamente importantes", lo mismo que otras que impiden que sus preceptos puedan ser derogados o
modificados en la forma en que es posible hacerlo cuando se trata de las demás leyes.
Después de la constitución, en sentido jurídico-positivo, el peldaño inmediatamente inferior es el de las
normas generales creadas consuetudinariamente o por vía legislativa. Las constituciones de los Estados
modernos instituyen, prácticamente sin excepción, a los órganos competentes para crear los preceptos que
luego habrán de ser aplicados, ya por los tribunales, ya por otras autoridades. La administración y la
justicia se encuentran, pues, dentro de la estructura escalonada del sistema, más abajo de la legislación,
aun cuando ello no es indispensable, ya que puede ocurrir que se faculte a esas autoridades para establecer
las normas que habrán de aplicar a los casos de que conozcan. 49
El derecho sólo puede ser aplicado por los órganos de la administración y la justicia cuando se hallan
expresamente facultados para hacerlo. Si tal facultad no les es concedida por la constitución, en el sentido
jurídico-positivo de este vocablo, la aplicación del ius moribus constitutum y, especialmente, de
costumbres opuestas a la ley, sólo puede tener validez si se presupone que el fundamento de tal aplicación
reside en la norma suprema, empleado ahora al término en sentido lógico.
La creación de preceptos jurídicos generales se halla a menudo; repartida en dos niveles. Ocurre así, por
ejemplo, en la relación de las leyes reglamentarias con las reglamentadas y, también, en el caso de los
decretos. "La diferencia entre ley y decreto adquiere especial importancia —escribe Kelsen— cuando la
ley constitucional encomienda la tarea de crear normas generales a un Parlamento elegido por el pueblo,
pero permite, a la vez, la ulterior especificación de éstas por normas genéricas que expiden ciertos órganos
administrativos; o, en casos de excepción, faculta al gobierno, en vez de facultar al Parlamento, para
expedir ciertas normas generales o todas las que en tales casos resulten necesarias."
Las de índole abstracta (legislativas o consuetudinarias) deben ser aplicadas por órganos competentes, es
decir, por las autoridades judiciales y administrativas. Ello exige que previamente se determine cuándo
una persona está capacitada para el desempeño de esas tareas. Es necesario establecer, además, el
procedimiento a que el ejercicio de tales funciones ha de quedar sometido. "La aplicación de una norma
genérica a un caso concreto consiste en la creación de una norma individual, es decir, en la
individualización (o concretización) de la genérica." B2 Las que los tribunales y los órganos
administrativos deben aplicar cumplen, por ende, una función doble: 1) determinación de los órganos
aplicadores y del procedimiento a que éstos han de sujetarse; 2) determinación del contenido de las
normas que a través de los procedimientos administrativos o judiciales deberán ser creadas.
Lo expuesto explica la diferencia entre normas de derecho adjetivo (o formal) y de derecho substantivo
(o material). La primera denominación corresponde a las normas generales que regulan la organízación y
el procedimiento de las autoridades judiciales y administrativas; la segunda, a las que determinan el
contenido de los actos de tales autoridades.
El nexo entre las oriundas de la legislación y la costumbre y su aplicación por los mencionados órganos
no difiere del que existe entre la constitución y esas normas generales. Cuando éstas son producidas, la
constitución es aplicada; del mismo modo, cuando los jueces y otras autoridades producen normas
individuales, al hacerlo aplican las correspondientes normas genéricas. Así como las producidas
legislativamente o por costumbre son determinadas en su aspecto formal y, posiblemente también, en el
material, por las de la constitución, es decir, por otras de grado superior, las individuales producidas por
los jueces y los órganos de la administración son, a su vez,. material y formalmente, determinadas por
normas genéricas de origen consuetudinario o legislativo. La constitución (en el sentido material de la
palabra) generalmente instituye a los órganos de la legislación y el procedimiento legislativo, y
encomienda al legislador ordinario la determinación del contenido de las leyes. "Sólo excepcionalmente, y
con eficacia que se manifiesta de manera negativa, determina la materia de las normas que habrán de ser
creadas, en cuanto excluye tales o cuales contenidos." 63
Puede, pues, decirse que la que determina la producción de otra es aplicada cuando la segunda es
producida. En tal sentido, la aplica^ don del derecho es, al propio tiempo, creación de éste. Los conceptos
de creación y aplicación no se contraponen de manera absoluta. Todo acto jurídico es, al mismo tiempo,
aplicación de una norma de rango superior y norma emanante de tal aplicación. Pero el principio sufre dos
excepciones, de las cuales una está constituida por la norma fundamental y la otra por la ejecución de los
actos coactivos. Si consideramos al orden jurídico del Estado sin relacionarlo con un derecho internacional
supraordinado a él, la norma fundamental sólo determina la creación de la constitución, pero no es
aplicadora de otra norma más alta. En cambio, la constitución es creada por aplicación de la norma
fundamental, del mismo modo que las generales de derecho consuetudinario o legislativo aplican la
constitución y las individualizadas derivan de la genéricas que les sirven de fundamento. Sólo los actos
coactivos ordenados en normas individuales son siempre aplicación de las últimas, mas no tienen ya
carácter normativo. "Por ello, la aplicación del derecho es o creación de una norma inferior con
fundamento en otra superior, o ejecución de un acto coactivo normativamente prescrito." 54
Los actos creadores y aplicadores del derecho deben ser distinguidos de los de cumplimiento.
Cumplimiento es, pura Kriscn, la conducta a cuyo opuesto contradictorio se enlaza, como sanción, un acto
coactivo. Se trata del proceder por el cual la sanción puede cvi-Uu-se, o de la observancia de la obligación
jurídica constituida por 1ii sanción. "Creación, aplicación y cumplimiento del derecho son funciones
jurídicas, en el sentido más lato de este vocablo. El ejercicio de una facultad legal puede recibir también el
nombre de cumplimiento. Pero sólo la creación y la aplicación son funciones jurídicas en sentido
específico y estricto." B5
Si ahora nos referimos al nexo entre los órdenes jurídicos nacional e internacional, y aceptamos, como
muchos lo hacen, que el segundo sólo vale cuando es reconocido por el primero, la cuestión relativa al
fundamento de validez del ius gentium se resuelve diciendo que reside en la norma hipotética del orden
político eficaz y soberano de (pe el otro resulta una de las partes. Dicha norma constituye no sólo la razón
de validez de la constitución, sino la del derecho internacional reconocido por ella.
La situación cambia por completo si el derecho internacional no es concebido como parte integrante del
nacional, sino como supraordinado a todos los órdenes nacionales y único soberano.
Cuando se acepta el "primado" del orden internacional, el fundamento de los nacionales no es ya una
norma hipotética, sino una norma positiva de aquél. "Suele ser descrita diciendo que, de acuerdo con el
derecho internacional general, un gobierno que, independientemente de otros, ejerce control efectivo sobre
la población de determinado territorio, es un gobierno legítimo, y el pueblo que vive bajo tal gobierno en
ese territorio es un Estado, en el sentido que el derecho internacional da a esta voz." 5G En el caso, una
norma de derecho internacional general autoriza a un individuo, o a un grupo de individuos, sobre la base
de una constitución eficaz, a crear y aplicar, como gobierno legítimo, un orden coactivo, "con lo que
legítima a éste como orden válido para el ámbito territorial de su eficacia y a la comunidad constituida por
el mismo orden como Estado en sentido internacional; y, ello, independientemente de que el gobierne
haya llegado al poder por el camino establecido por una constitución anterior o por la vía
revolucionaria".57 Lo que realmente ocurre, en la segunda hipótesis, es que el derecho internacional hace
de la revolución triunfante un procedimiento legítimo de creación jurídica.
La razón inmediata de la fuerza obligatoria del orden nacional reside, de acuerdo con la doctrina del
primado del derecho de gentes, en una norma positiva de este último; pero cuando se pregunta por el
fundamento del orden internacional la respuesta sólo puede ser que tal fundamento se encuentra en la
norma suprema del mismo, la cual, como auténtica norma básica, no puede ser "puesta", sino "supuesta".
Es la hipótesis bajo la cual el llamado derecho internacional general, es decir, las normas en mayor o
menor medida eficaces que regulan las relaciones recíprocas de los Estados, pueden ser consideradas por
éstos como obligatorias. Se trata de normas consuetudinariamente creadas por la conducta de los Estados,
es decir, por la de los hombres que, de acuerdo con las respectivas constituciones, fungen como sus
La fundamental del ius gentium puede expresarse así: 'Los Estados, es decir, sus gobiernos, deben
conducirse, en sus relaciones recíprocas, de tal o cual manera; o bien: 'Un Estado debe ejercer actos
coactivos contra otro bajo las condiciones y en la forma que corresponda a la costumbre estatal' ".5S
Un punto en que la Teoría Jurídica Pura pone particular énfasis es el relativo a la "esencia" de la norma
fundamental (ya se trate de la del derecho interno, ya de la del derecho de gentes).69 Para comprender tal
esencia es preciso percatarse de que esa norma siempre esta referida, de manera inmediata, a una
constitución eficaz, creada en forma expresa o por costumbre. La Grudnorm no es, por tanto, "producto de
una libre invención".60 Cuando la presuponemos, ello no ocurre de manera arbitraria, como si se pudiera
elegir entre diversas normas fundamentales.
Sólo si se admite que existe el deber de conducirse de acuerdo con una constitución normalmente eficaz,
es posible interpretar el "sentido subjetivo" del acto por el cual esa constitución se promulga y el de todos
los realizados de acuerdo con ella, en el "sentido objetivo" de los mismos actos, es decir, como normas
jurídicas "objetí-i vamente válidas"."
En el caso no se toma en cuenta qué contenido han de tener las
leyes constitucionales o las demás que por- aplicación de éstas se creen; tampoco la justicia o injusticia
del orden o el hecho de que garanticen una situación de paz dentro de la comunidad. En otras palabras: al
presuponer la norma fundamental no se afirma ningún valor trascendente en relación con el derecho
Su fundamentación se establece por medio de un razonamiento silogístico: la premisa mayor está
constituida por la expresión (Aus-sage) de una norma según la cual los mandatos de determinada persona
o grupo de personas deben ser obedecidos; la menor da expresión al hecho de que esa persona o personas
han ordenado que hay que conducirse de tal o cual manera, y la conclusión expresa la validez de la norma
que estatuye que debe uno conducirse de esa manera. Por ejemplo: "Debemos obedecer los mandamientos
de Dios. Dios ha ordenado obedecer a los padres. Luego lo que éstos ordenen debe ser obedecido."
| 5. DISCUSIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEORÍA ;
DE LA PIRÁMIDE JURÍDICA
De los problemas que plantea la tesis de Kelsen sobre la es-| tructura escalonada de los sistemas
jurídicos, el más importante se I refiere a la norma fundamental hipotética. Si nos preguntamos por E el
trasfondo doctrinal de tal concepto, encontraremos lo siguiente. I Kelsen juzga que el derecho sólo puede
concebirse como conjunto sistemático de normas cuando no sólo su unidad, sino el fundamento de su
validez, son referidos a una norma suprema, "no histórica, sino supuesta". Este enfoque presupone, en
nuestro sentir, una serie de juicios de valor que Kelsen no siempre formula, pero que se hallan implicados
por su propia posición. De éstos, el primero, según creemos, es que el derecho positivo, entendiendo por
tal un sistema de reglas de conducta dotadas de eficacia al que su creador (o sus creadores) atribuyen
naturaleza jurídica, es valioso por el simple hecho de existir. La misma idea podría expresarse de este
modo: la preservación y el desarrollo de toda comunidad exigen que la conducta de sus componentes se
halle sujeta, en el aspecto jurídico, a un orden regulador, "a un sistema de normas cuya unidad está
constituida por un fundamento común de validez". Tal fundamento es una norma básica (Crundnorm) de
la que deriva la fuerza vinculante
de las demás del sistema.64 Para que un orden social merezca que lo consideremos como "derecho" es
indispensable que tenga carácter coactivo, es decir, que amenace los actos socialmente indeseables con
ciertos males: "privación de la vida, de la salud, de la libertad o de bienes económicos o de otra índole".65
Aun cuando todos los jurídicos son, para Kelsen, órdenes de la indicada especie, suelen diferir respecto
de las condiciones a que, de acuerdo con cada uno, la coacción se encuentra sujeta, esto es, la conducta
contraria "a la que debe ser provocada por el establecimiento de las consecuencias sancionadoras "."0 Esa
conducta contraria a la condicionante de los actos coactivos es la "conforme al derecho" o, en otras
palabras, "al valor jurídico" (Rechtswert) que a través de] cumplimiento de las reglas del sistema se espera
realizar".07
Kelsen habla de valores del derecho no sólo en este pasaje; en la siguiente página de su Reine
Rechtsichre expresamente reconoce que cuando el orden jurídico fija las condiciones en que la coacción
—como fuerza física— puede ser ejercitada, al propio tiempo protege a los sujetos del orden contra el
empleo de la violencia por otros sujetos. "Cuando la protección llega a cierto mínimum, se habla de
seguridad colectiva." Esta protección mínima contra el uso de la fuerza existe "si el orden jurídico
instituye, en favor de la comunidad, el monopolio de la coacción, que no es incompatible, por cierto, con
el principio —limitado a casos excepcionales— de la defensa legítima".68
La seguridad colectiva tiene una meta: .la paz. "Esta consiste, precisamente, en el no empleo del poder
físico. En cuanto el ordena Jurídico señala las condiciones en que, .y determina a los individuos mediante
cuyos actos el uso de la fuerza debe producirse, es decir, en cuanto instituye, en favor de la comunidad, el
monopolio de la coacción, pacifica a esta comunidad por él constituida. Sólo que la paz del derecho es
relativa, no absoluta. Pues nunca excluye el empleo de la violencia, de la coacción física entre los
hombres. No es un orden libre de coacción, como aquel a que aspira un anarquismo utópico." 6)
Además, como ese orden sólo puede prescribir ciertas acciones y omisiones, la existencia y la libertad
humanas nunca se hallan totalmente restringidas por el derecho. El orden jurídico puede limitar, en mayor
o menor medida, la libertad individual, "según el grado en que la someta a sus prescripciones. Pero
siempre resulta salvaguardado, en favor de los particulares, un mínimum de libertad, de no sujeción
jurídica, esto es, un sector de su existencia en el que no penetran ningún mandato ni prohibición ninguna".
Si, pese a todas sus reservas, Kelsen reconoce que el derecho realiza valores como los de seguridad
colectiva, libertad y paz, no Se entiende por qué declara que las normas de éste pueden tener "cualquier
contenido", como tampoco se entiende su tajante afirmación de que la única forma en que podemos
conceder naturaleza jurídica a un sistema regulador del comportamiento consiste en referir su validez a
una norma fundamental hipotética.
II. Uno de los mayores méritos de la axiología fenomenológica es, sin duda, haber establecido, con
claridad meridiana, la relación correcta entre las nociones de valar y deber ser.
"Todo deber ser —enseña Scheler— está fundado sobre los valores;
en cambio, los valores no están fundados, de ningún modo, sobre el deber ser. Antes bien, puede verse
sin gran dificultad que dentro de la totalidad de aquéllos solamente se hallan en vinculación inmediata con
el deber ser los que se apoyan en el ser (o en el no ser, respectivamente) de valores, conforme a nuestros
axiomas indicados al principio. Esos axiomas decían: 'El ser del valor positivo es, en sí mismo, un valor
positivo', 'el ser del valor negativo es, en sí mismo, un valor negativo'." 71
Mientras que dentro de la filosofía práctica de Kant todo valor ético deriva del sometimiento de la
voluntad a la norma del deber (o imperativo categórico), Max Scheler y Nicolai Hartmann invierten la
proposición; el valor moral no se funda en el deber, sino al contrario: todo deber (y, añadimos nosotros, no
únicamente los de índole ética) presupone la existencia de valores. No tendría ningún sentido decir, por
ejemplo, que el hombre debe ser leal con sus amigos, si la lealtad no fuese valiosa.
De este modo queda refutada la tesis de que la validez de un sistema sólo puede establecerse cuando la
razón de su fuerza vinculante es referida a una norma fundamental "no histórica, sino supuesta".
Cabe, por tanto, sostener —y no pocos lo han hecho— que el orden
jurídico eficaz vale y se justifica no sólo por su eficacia, sino en
cuanto ésta condiciona la realización de una serie de fines valiosos, como los de justicia, seguridad y
bien común.72
Podría argüirse que todo valor sirve de fundamento a la norma que exige realizarlo y que, en
consecuencia, la validez de un sistema y, por ende, la de su constitución —en el sentido positivo del térmi-
nno— han de ser referidas a la siguiente norma básica: "Los destinatarios del sistema —particulares u
órganos— deben realizar, a través de la observancia del derecho vigente, los valores para cuyo logro aquél
fue instituido."
El argumento sería correcto; pero es claro que la referencia a una norma que exigiera sujetarse a todos
los preceptos fundados en ella, tendría que remitirnos a una valoración en la que dicha norma se
fundaría.7'
Recuérdese cómo, para Kelsen, los sistemas normativos tienen siempre, frente a la "conducta
socialmente deseada", carácter medial.74 Si, vistos desde este ángulo, son instrumentos al servicio de los
fines que los órganos de creación jurídica pretenden obtener, es evidente que tales órganos atribuyen valor
positivo a las finalidades perseguidas. Como el logro de cualquier propósito exige el empleo de medios
idóneos, resulta indebido afirmar que el elemento material de las normas del derecho es indiferente, o que
el legislador está facultado para ordenar lo que le plazca, con tal de que se someta a las disposiciones que
regulan la creación de otras nuevas.
No pretendemos, por supuesto, desconocer que ciertas leyes, lejos de dar vida a los valores a que su
sistema tiende, conducen a resultados totalmente indeseables. Pero ello sólo demuestra la ineptitud de los
encargados de legislar, y en modo alguno altera, sino por el contrario, confirma, el carácter teleológico de
Si, relativamente a los problemas y conflictos que la vida en común suscita, el legislador tiene la misión
de estatuir cómo esos problemas y conflictos deben ser resueltos, no parece quedar ninguna duda sobre el
sentido normativo de las correspondientes soluciones. En otras palabras: como la finalidad esencial de los
órganos creadores del derecho es, de acuerdo con la tesis kelseniana, ordenar, con el carácter de sanciones,
tales o cuales actos coactivos contra quienes observen una conducta contraria a la socialmente deseada, es
decir, a la prescrita por la "norma secundaria", es obvio que ni ésta, ni
ninguna otra del sistema puede tener "cualquier contenido", ya que es indispensable, al menos, que no
consista en una mera enunciación.
Ello ha sido visto con toda claridad por uno de los más sagaces expositores de la Teoría Jurídica Pura:
Robert Walter.TS Al discutir hasta qué punto podemos considerar al orden jurídico como sistema estático
o como sistema dinámico, Walter sostiene que para responder a tal pregunta hay que partir de un análisis
de la norma básica.
"Su presuposición —escribe— es puramente dinámica. Pues esa norma sólo puede ser presupuesta,
nunca derivada. Presuponerla es un acto de voluntad —no arbitrario, sino condicionado por
consideraciones de economía de pensamiento."78
Si examinamos tal norma "descubriremos que hay en ella un elemento estático (o de contenido) y un
elemento dinámico (o funcional). La parte dinámica se manifiesta dé modo* muy claro. Pues lo que
determina es que las prescripciones del constituyente, es decir, de quien dispuso cómo han de crearse las
normas coactivas (Zwangs-normen), tienen validez. La fundamental lo faculta para establecer, mediante
un acto de voluntad, un conjunto de reglas de conducta. Pero en el caso también existe un elemento de
naturaleza material. Pues no se autoriza al constituyente para que formule cualquiera especie de
regulación, sino para que señale reglas sobre la creación de normas coactivas. Cuando —presupuesta la
norma fundamentarse pregunta por qué la constitución es válida, para contestar no basta hacer referencia a
la autoridad del constituyente, sino que es necesario inquirir si la regulación por él formulada es, en
efecto, regulación del proceso creador de aquellas normas. Por tanto, su tarea no es puramente dinámica,
sino estático-dinámica".77 Podría decirse que, desde el punto de vista dinámico, al constituyente le está
permitido crear, por actos de su voluntad, una regulación, pero sólo en la medida en que ésta tenga por
objeto la creación de normas coactivas.
Como la constitución instituye a un legislador para que las-formule, "la actividad de ese legislador no es
puramente dinámica. Pues lo decisivo no es sólo un acto voluntario, sino también la cualidad del precepto,
es decir, su carácter coactivo. La determinación del contenido se produce dinámicamente, pero la forma,
es decir, el mencionado carácter, hállase prescrita de antemano. Luego para saber si la norma ha sido
creada, es indispensable realizar un acto de conocimiento respecto de su forma, pues en lo que atañe a su
materia basta la referencia a la voluntad del legislador". 78
Walter llega así a la conclusión de que no todo lo que el autor de la ley estatuye tiene, necesariamente,
carácter jurídico, por ejemplo, "que el tiempo debe ser agradable". "La voluntad de aquél se habría
manifestado en el caso, pero sin crear derecho, por no tratarse de una disposición coactiva." 79
La distinción entre forma y materia es, aquí, incorrecta, 80 como el ejemplo claramente lo indica. Si
bajo la "forma" de una ley se dice que "el tiempo debe ser bueno" o que "se felicita por su cumpleaños' al
Primer Ministro", no estaremos ante normas jurídicas, porque el elemento material de esas falsas "leyes"
no sería normativo. Y el argumento vale no sólo para las disposiciones coactivas, sino para todas las
Por otra parte, la diferencia entre "normas coactivas" y "reglas para la creación de normas coactivas"
(Zwangsnormerzeugung®eln), prueba, como Walter expresamente lo reconoce, que el constituyente no
sólo está facultado para establecer las de la primera especie, sino también las de la segunda. Estas se
encuentran supraordinadas a las otras, puesto que regulan su forma de creación.
"La constitución, en sentido formal, usualmente contiene no sólo disposiciones sobre quién está
facultado para crear normas (organización legislativa) y cómo se debe proceder para crearlas
(procedimiento legislativo) sino otras que señalan límites materiales, en la medida en que —reserva que
sólo puede comprenderse de acuerdo con principios de orden técnico— únicamente encomienda al
legislador, a fin de que lo regule, un sector materialmente determinado (competencia) o excluye ciertas
especies de regulación (contrarias, verbigracia, a la igualdad) o relativas a otros asuntos (derechos
fundamentales y de libertad, prohibición de la pena de muerte, etc.)."81
III. En ponencia presentada en 1963 al XIII Congreso Internacional de Filosofía, sostuvimos que la tesis
de que un precepto se funda en la norma básica y, por tanto, pertenece al sistema que encuentra en dicha
norma el fundamento de su validez, permite dos Interpretaciones diferentes. 82 De acuerdo con una de
ellas, su sentido es que el precepto cuya fuerza obligatoria se discute fue creado en la forma prescrita por
las reglas que estructuran los procesos conocidos con el nombre de fuentes formales. Pero si tomamos en
cuenta el nexo entre esas normas y la constitución (en el sentido jurídíco-positívo del término) podremos
percatarnos de que hay casos en que el cumplimiento de los requisitos de aquel proceso es condición
necesaria, más no suficiente, de validez. Para que, en tales casos, pueda hablarse de suficiencia es
indispensable que el contenido del precepto emanado de la fuente formal no se oponga al de otros de
rango más alto, que en ocasiones son, además de los constitucionales, todos los que forman parte de un
sistema parcial más amplio. Como ejemplo puede servir el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.® Tal artículo dispone que si un juez local encuentra que una ley de su Estado
es contradictoria de otra federal, debe aplicar la última y abstenerse de dar aplicación a la primera. Aun
cuando ésta haya sido creada en forma correcta, tal circunstancia no puede interpretarse como condición
suficiente de validez. El fundamento es bastante si el contenido de la ley formulada de acuerdo con los
requisitos que enumera la constitución local, no es incompatible con el de ningún precepto del sistema
formado por la Constitución de la República y demás leyes federales.
"En la medida en que la prueba del segundo requisito exige el examen del contenido de la norma, a la
luz de disposiciones de mayor altura, cabe hablar de validez jurídica tanto en sentido formal como en
sentido material. Pero como en ninguno de los dos casos se trata de la bondad o justicia intrínsecas del
precepto, a fin de cuentas resulta que la validez de los positivos obedece a condiciones de orden
extrínseco, ya que incluso cuando hay que atender al elemento material de esos preceptos para determinar
si son válidos, lo que se analiza no es su justicia objetiva, sino su compatibilidad o concordancia con otros
del mismo orden."84 No es, pues, correcta la tesis kelse-niana de que las normas establecidas de acuerdo
con las reglas de creación jurídica pueden tener cualquier contenido.
IV. Deseo referirme ahora, en actitud crítica, al concepto de norma no-independiente (unselbstandige
Rechtsnorm), que de manera tan prolija expone Kelsen en la segunda edición de su Reine Rechtslehre.86
Cuando una ley ordena determinado comportamiento y otra prescribe una sanción para el caso de que el
primer precepto no sea acatado, tales normas "se hallan esencialmente ligadas entre sí".86 Ello resulta
clarísimo si un sistema normativo —como el jurídico— ordena cierta conducta en cuanto enlaza a la
contraria, con el carácter de sanción, un acto coactivo. Si una ley expedida por el Parlamento contiene una
norma que ordena cierta conducta y otra que enlaza una sanción a la inobservancia, "la primera no es
independiente, sino que está vinculada en forma esencial a la segunda, pues sólo determina —de modo
negativo— el supuesto a que la sanción se enlaza. Y cuando la segunda establece positivamente el
supuesto condicionante de la consecuencia sancionadora, la primera resulta, desde el ángulo visual de la
técnica legislativa, enteramente superfina. Por ejemplo, si en un Código Civil encontramos la norma de
que el deudor debe devolver al acreedor la suma prestada, y hay otra según la cual si el deudor no
devuelve lo prestado es posible —mediante demanda del acreedor— que la deuda se haga efectiva en el
patrimonio del mutuatario, todo lo que la primera estatuye hállase negativamente contenido, como
condición, en la segunda".87
Más que de normas no-independientes, en el caso debería hablarse, según Robert Walter, de partes o
elementos de una norma jurídica, pues las que Kelsen llama "no independientes" siempre resultan, "en
conexión con otras partes o elementos del sistema, normas jurídicas completas y, fuera de esa conexión,
no son tales normas".88
El de "norma jurídica no-independiente", referido a la sancionada, es, pues, como lo revela el argumento
anterior, un concepto contradictorio.
Por lo demás, pretender que el carácter jurídico de los preceptos sancionados depende de la existencia de
los sancionadores, equivale a la afirmación —incongruente con otras del propio Kelsen —de que lo
jurídicamente esencial, en el caso de los "sistemas dinámicos", no son los fines que persiguen los órganos
creadores de dereclio, sino los actos coactivos, que en rigor sólo fungen como medios para asegurar, en
mayor o menor escala, la eficacia de los preceptos sancionados.
Kelsen expresamente sostiene que el derecho es una técnica cuyo fin estriba en lograr, por "motivación
indirecta",89 que los sometidos al orden observen la conducta socialmente deseada y se abstengan de
la socialmente dañina. Este planteamiento, del más puro corte teleo-lógico, demuestra que el logro de la
conducta socialmente útil y la evitación de la socialmente perjudicial son fines inmediatos del sistema, y
que, relativamente a éstos, los actos coactivos tienen el carácter de medios. Si los medios están al servicio
de las finalidades, y tanto su naturaleza como su valor dependen de la naturaleza y el valor de las
segundas, malamente puede decirse que la existencia de las normas sancionadas depende de la de las
sancionadoras, o que sólo éstas son normas genuinas. Sabemos ya que una norma puede ser jurídica aun
cuando no esté sancionada por otra del sistema. De aquí se colige que sólo las sancionadoras son no-
independientes, en el sentido que Kelsen da a tal expresión, ya que lógicamente presuponen la existencia
de las sancionadas. La función esencial del derecho no consiste en el ejercicio de actos coactivos, sino en
el logro de fines cuya consecución depende de la eficacia de sus normas. Desligados de su esencial
conexión con las finalidades del orden, esos actos no tienen, por sí mismos, valor ninguno. Y, dentro de
esa conexión, son instrumentos al servicio de aquellas finalidades, por lo que el valor que les atribuimos
no es propio o intrínseco90 sino derivado del que corresponda a los fines a que sirven.
El lema de la "pureza metódica", 91 lejos de ser iluminante, se basa en un desconocimiento de la
conexión de que estamos hablando y, por ende, su aplicación oscurece y limita las perspectivas del jurista.
Bien dice Krawietz que "la referencia del derecho positivo a ciertos fines (Zweckbezogenheit des
positiven Rechts) no es algo acceso-i rio o secundario, que la teoría no tenga necesidad de tomar en consi-|
deración. Ello resulta claro cuando se piensa, por ejemplo, en el volumen de la intervención estatal en el
ámbito de la economía, in-i tervención que generalmente se produce bajo la forma de la ley y constituye
un hecho normal de la vida económica moderna. En el caso de estas directrices legales se trata,
típicamente, de acciones dirigidas a una meta, de presiones o influencias para el logro de fines específicos
de orden práctico, que permiten orientar en cierta medida la economía social del mercado. Esta cualidad
final (teleológica) del derecho positivo, referida a finalidades prácticas, ha sido, hasta ahora, escasamente
pensada hasta sus últimas consecuencias teóricas. Una doctrina que no penetre mental y conceptualmente
en ella, no puede pretender para sí el rango de teoría general del derecho. Cuando mucho podrá valer
como teoría parcial menesterosa de , complementación, en cuanto se muestra hermética ante un
importante fenómeno jurídico". 92
V. Volviendo a la distinción entre sistemas dinámicos y sistemas estáticos, deseamos adherirnos a la
crítica que, a propósito del segundo de tales conceptos, Amedeo Conté hace a Kelsen.
"Es falso —escribe Conté— que haya ordenamientos estáticos en el sentido kelseniano, es decir, en los
que todo grado superior determine no sólo la validez, sino el contenido de las normas inferiores. La tesis
es falsa; verdadera es su contradictoria. En los ordenamientos estáticos al menos un grado (el de la norma
fundamental), únicamente determina la validez y no la materia de las normas de grado inmediatamente
inferior. (La fundamental del Decálogo: 'Yo soy el señor tu Dios', lo revela ejemplarmente, pues nada dice
del contenido de los Diez Mandamientos)."93
Además, prosigue Conté, tampoco es verdad "que haya ordenamientos dinámicos en el sentido de
Kelsen, es decir, en los que todo grado superior determine sólo la validez de las normas inferiores. La tesis
es falsa; verdadera es su contradictoria. En los ordenamientos dinámicos ningún grado determina toda la
validez de las normas de grado inferior; cada grado es condición necesaria, pero insuficiente, de validez de
las normas inferiores".94
Tanto este argumento, como el expuesto al referirnos al artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y al establecer la distinción entre validez formal y validez material, en sentido
positivo, presuponen la existencia del principio lógico-jurídico de razón suficiente. Tal principio se
enuncia así: toda norma de derecho, para ser válida,, ha menester de un fundamento suficiente de validez.
No se trata, según lo expuesto en otra obra,9'"' de una simple aplicación, al campo del derecho, del
princípium rationis suf-ficientis de la lógica clásica. Pues mientras éste expresa que todo juicio, para ser
verdadero, ha menester de una razón suficiente,''6 el jurídico enseña que toda norma, para ser válida,
necesita un fundamento suficiente de validez.
Es importante percatarse de que, si bien tal principio hace depender la validez de toda norma de cierto
fundamento, no dice en qué consiste éste. El fundamento no reside en la norma misma, sino en algo que
con ella se relaciona y le sirve de base. La aplicación del principio exige, por tanto, la de un criterio que
no ofrece la lógica, sino el derecho positivo. Dentro de nuestro sistema, por ejemplo, el más importante de
los criterios de validez, en el sentido positivo de esta expresión, es el que brinda el artículo 133 de la
Constitución Federal.97 Este precepto claramente demuestra que la ley creada de acuerdo con las
reguladoras de la correspondiente fuente formal, puede no ser válida, si se opone contradictoriamente a
otra norma de rango superior.
El párrafo segundo del mismo artículo impone a los jueces locales el deber de ajustarse a las normas del
derecho federal, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de
los Estados. Consígnase así la regla lex prior derogat posteriori, de acuerdo con la cual los jueces de las
entidades federativas están obligados a resolver, en favor de la norma federal o constitucional, los
conflictos derivados de la oposición contradictoria entre éstas y las constituciones o leyes de las mismas
entidades. 98
Por ello, el que una ley local haya sido creada en la forma prescrita por la correspondiente constitución,
es condición necesaria, pero no suficiente, de validez. El fundamento sólo es suficiente sí el contenido del
precepto no se opone al de ninguno de los integrantes del sistema jurídico de rango superior.99 El criterio
que permite establecer la suficiencia del fundamento deriva de lo estatuido por el artículo que hemos
venido citando.
6. EL PROBLEMA ANTINÓMICO
El ejemplo que acabamos de examinar revela que en las disposiciones del artículo 133 constitucional
hállanse implicados dos principios de la lógica jurídica: el de razón suficiente y el de contradicción.100
Este último expresa que dos normas de derecho que se oponen contradictoriamente no pueden ser válidas
ambas. El principio presupone, mas no prueba, la posibilidad de las antinomias. Es, pues, necesario
indagar si éstas realmente existen y, en caso de que existan, cómo es posible eliminarlas.
Pero a la pregunta: ¿hay, en la órbita del derecho, antinomias genuinas?, sólo se puede responder cuando
se ha definido con rigor el concepto de oposición contradictoria. Pues bien podría ocurrir que las
antinomias fueran sólo aparentes, y que, para destruir tal apariencia, bastase una interpretación correcta de
los textos legales. En tal coyuntura, el problema antinómico sería sólo un aspecto o faceta del
En otro sitio hemos defendido la tesis 101 de que la tarea interpretativa se ejerce no en relación con las
normas mismas, sino relativamente a las expresiones empleadas por los órganos creadores de derecho.
Dichas expresiones son medios de que aquellos órganos se valen al cumplir su función específica. La
labor del intérprete estriba en descubrir las normas expresadas por tales órganos, y al conocimiento de
éstas sólo puede llegarse a través de la interpretación de las expresiones que las envuelven.
Lo que distingue a un precepto de otro de idéntica estructura es, según lo explicamos en nuestra Lógica
del concepto jurídico, su elemento material, es decir, el contenido de la norma. La determinación de éste
elemento material —e individualizante— constituye el objetivo de la faena hermenéutica. Toda norma
abstracta tiene siempre un supuesto y una disposición.102 Para aplicarla a cualquiera de los casos que su
hipótesis prevé o, lo que es igual, para enlazar a la realización de esa hipótesis las consecuencias de
derecho que la disposición enumera, ante todo hay que establecer la aplicabilidad del precepto, cosa que
sólo puede lograrse cuando la exégesis de la expresión jurídica ha llegado a su término. La actividad
hermenéutica es, por ende, conditio sine qua non del proceso aplicador.
Lo que hemos dicho, en general, de la aplicabilidad, vale también, como es obvio, en relación con las
antinomias. Pues si éstas existen, su existencia sólo podrá, comprobarse cuando, a través de la
interpretación de las correspondientes formas expresivas, el juez descubra que un mismo hecho ha sido
objeto de una regulación contradictoria.
Para sostener que dos normas regulan contradictoriamente un hecho, no basta, naturalmente, que cada
una le atribuya consecuencias jurídicas distintas. La simple discrepancia de sus partes dispositivas no
implica contradicción. Es cierto que las disposiciones que se contradicen son discrepantes, pero su
discrepancia es sui generis, ya que una de ellas prohibe la misma conducta permitida por la otra. Ahora se
comprenderá por qué decíamos que entre el problema antinómico y el hermenéutico hay una conexión
necesaria. ¿Cómo puedo, en efecto, decir que de dos normas cuyo supuesto es igual una prohibe lo que la
otra permite, si antes no he descubierto, gracias a la interpretación de las correspondientes expresiones, el
significado de los preceptos antagónicos? ¿Bastará, empero, para que hablemos de antinomia, la
comprobación de que uno de ellos prohibe y el otro permite el mismo proceder? ¿Qué obstáculo habría en
aplicar preceptos que, respectivamente, prohiben y permiten la misma conducta, pero a sujetos distintos, o
en momentos y circunstancias diferentes?
El encargado de aplicar normas abstractas a situaciones particulares sólo se enfrenta a una antinomia
auténtica cuando el conflicto entre la prohibición y el facultamiento condiciona la absoluta
incompatibilidad de la norma que prohibe y la que faculta o, lo que es igual, cuando, en virtud de tal
incompatibilidad, la aplicación simultánea de esos preceptos resulta imposible
Si no hay conflicto antinómico entre preceptos cuyos supuestos coinciden, el problema se reduce a
establecer la compatibilidad de las correspondientes disposiciones, lo que exige la previa interpretación de
las formas expresivas empleadas por los órganos creadores de derecho. Aun cuando de las normas con
supuestos comunes una prohiba y la otra permita la misma conducta, de antinomia sólo podrá hablarse si
el facultamiento y la prohibición se refieren a los mismos sujetos, en condiciones iguales de espacio y
tiempo. Aplicando al caso la doctrina kelseniana de los cuatro ámbitos de validez 104 puede decirse, a
manera de resumen, que dos normas de derecho se oponen contradictoriamente si, y sólo si, teniendo
ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohibe a los mismos
sujetos la misma conducta. Este principio sólo se aplica a preceptos de un mismo sistema, porque, si los de
contenido contradictorio pertenecen a sistemas diferentes, es decir, a ordenamientos cuya norma básica es
distinta, no hay realmente antinomia. El concepto de oposición contradictoria puede, por ende, precisarse
así: dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen contradictoriamente si, y sólo si, teniendo
ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohibe a un mismo sujeto
la misma conducta.
Hay también oposición contradictoria entre preceptos jurídicos cuando uno de ellos ordena y el otro
prohibe a los mismos sujetos, en condiciones iguales de espacio y tiempo, el mismo proceder. En el caso
se habla de conflicto antinómico porque cuando se impone a una persona un deber jurídico,
implícitamente se le otorga el derecho de hacer lo prescrito. Esta oposición es un caso especial de la que
existe entre lo prohibido y lo permitido, de acuerdo con el siguiente principio de la ontología formal del
derecho: "Todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido." 105
Los dos casos, general y especial, de oposición contradictoria, pueden, de acuerdo con lo expuesto,
enunciarse así:
1. Dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohibe y la otra permite a un sujeto la misma
conducta, en condiciones iguales de espacio y tiempo.
2. Si una norma prohibe y la otra ordena a un sujeto el mismo acto, en iguales condiciones de espacio y
tiempo, esas normas se oponen contradictoriamente, porque la segunda permite de modo tácito lo que la
primera prohibe de modo expreso.
Antes de referirnos a las reglas de derecho positivo que permiten resolver conflictos antinómicos, es
indispensable preguntar si el problema que tales conflictos plantean no es sólo un aspecto del de
determinación de la vigencia.
La duda surge cuando se toman en cuenta algunas aplicaciones de la regla lex posterior derogat priori, o
se piensa en preceptos como el que dispone que "la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior
que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la
ley anterior". 106
En nuestra Lógica del raciocinio jurídico ofrecemos el siguiente ejemplo: si una ley permite y otra
posterior prohibe establecer expendios de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, no hay duda de
que sus contenidos son incompatibles. Aun cuando en la segunda no se diga que la otra queda derogada,
su índole derogatoria no puede ponerse en tela de juicio, ya que se opone contradictoriamente a la primera.
Pero el hecho de que la incorporación de la segunda al sistema provoque —por incompatibilidad de sus
disposiciones— la extinción de la otra, impide el surgimiento de una antinomia. El conflicto lógico entre
preceptos incompatibles presupone —como dice Kelsen—, que los términos de la relación son siempre
dos. Luego en el caso de derogación de la ley anterior por la subsecuente que la contradice, no hay (ni
puede haber) coexistencia —dentro del sistema a que sucesivamente pertenecen— de los preceptos
derogado y derogatorio. Cuando hay antinomia, no es admisible que los preceptos incompatibles valgan
en forma simultánea; cuando hay derogación (implícita o expresa), la norma derogada y la derogatoria no
pueden coexistir como elementos del sistema de que sucesivamente forman parte. Además, en el caso de
la derogación, aquellas normas no siempre son contradictorias; basta con que haya discrepancia en el
contenido de sus disposiciones. El propósito del legislador, en el caso, no ofrece duda: lo que busca es
substituir la ley derogada por otra de igual supuesto y disposición diferente.
Algunos autores han sostenido, al tratar de las antinomias entre preceptos legales coetáneos y de igual
rango, que se destruyen de modo recíproco, es decir, que tienen, a un tiempo, el carácter de derogados y
derogatorios. Y afirman tal cosa porque no puede aplicárseles el principio lex posterior derogat priori, ni
tampoco el inverso lex prior derogat posterior!. No el primero, por tratarse de normas contemporáneas; no
el segundo, por tener las dos el mismo nivel dentro de la escala jerárquica.
Este planteamiento no nos parece correcto, pues para que haya "derogación", en el sentido técnico del
vocablo, es indispensable que la eliminación de la norma derogada por la derogatoria haga imposible la
coexistencia de ambas dentro del sistema a que sucesivamente pertenecen. Ello es clarísimo en situaciones
como las que regula el artículo 9 del Código Civil del Distrito Federal, mas no en las de pretendida
"derogación recíproca", ni en las que caen bajo el principió lex prior derogat posteriori.
Cuando hay oposición contradictoria entre preceptos coetáneos y de igual jerarquía, el problema no se
resuelve aplicando el principio de la derogación recíproca, porque no es posible, ni lógica, ni
ontológicamente, solucionarlo en una tercera forma, diversa de la que establecen las disposiciones
antagónicas. "Si la antinomia consiste, por ejemplo, en que una norma prohibe y la otra permite a un tribu-
nal incluir en un plazo los días feriados, ¿cuál sería la tercera solución? O esos días deben o no deben
incluirse en el cómputo:
tertium non datur. Hablar, en la especie, de derogación recíproca, equivaldría, por tanto, a declarar que
en el plazo con que estamos ejemplificando es y no es obligatorio incluir los días festivos. Volvamos al
otro ejemplo: si de dos normas coetáneas de igual nivel una permite y la otra prohibe a todo el mundo
abrir expendios de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, el carácter contradictorio de sus
disposiciones elimina, asimismo, la posibilidad de otra solución, y reduce al absurdo la tesis de la
derogación mutua." 10T
Queda por examinar si cuando se hace valer el principio lex prior derogat posteriori hay o no derogación
de la norma de menor altura. Si el conflicto antinómico surge, por ejemplo, entre una ley constitucional y
otra ordinaria, en sistemas como el mexicano, la Constitución prohibe al juzgador hacer declaraciones
generales sobre consti-tucionalídad, y sólo lo autoriza a proteger al quejoso contra el acto reclamado.108
La prohibición no persigue otro fin que limitar el examen del asunto al caso especial de que el tribunal
conoce. Ello equivale a resolver la antinomia en favor del precepto de mayor rango y a admitir la invalidez
del otro, no en relación con hechos futuros, sino exclusivamente con el planteado en el juicio.
En el caso, no puede, pues, decirse que hay derogación de la ley contradictoria de un precepto
constitucional, ya que ésta no queda excluida del ordenamiento. Lo único que se niega es su aplicahiliddd
al asunto de que el tribunal conoce. El conflicto antinómico es planteado, y resuelto, exclusivamente en
relación con ese caso.
También es posible que el constituyente se limite a estatuir que los órganos que expidan leyes
contradictorias de la suprema incurrirán en responsabilidad, o que no ofrezca ninguna pauta para la
solución de conflictos entre disposiciones incompatibles, del mismo o de diverso rango. En cualquiera de
estas hipótesis la antinomia sólo puede ser resuelta por los encargados de aplicar los distintos preceptos, y
es claro que tienen que optar por alguno de ellos, ya que no es posible que apliquen los dos. Corresponde
al derecho positivo establecer sí, en el supuesto anterior, cualquier órgano está facultado para hacer la
elección, o ésta incumbe, en forma exclusiva, a los jurisdiccionales. 109
En la hipótesis a que se refiere al segundo párrafo de nuestro artículo 133 constitucional tampoco hay
derogación del precepto de menor jerarquía. Pues éste sólo deja de aplicarse al caso sometido al
conocimiento del juez local.
Lo anteriormente expuesto revela que de antinomia sólo puede hablarse, en el ámbito del derecho,
cuando dos preceptos de un mismo sistema se oponen contradictoriamente. La afirmación de que entre
ellos hay conflicto antinómico exige no sólo el conocimiento de lo que debe entenderse por oposición
contradictoria entre normas jurídicas, sino el de los criterios que permiten determinar la pertenencia de
éstas al sistema del órgano aplicador.
Una vez establecido que dos preceptos contradictorios pertenecen a un mismo ordenamiento (por haber
sido creados de acuerdo con otras normas del sistema), es indispensable decidir cuál de ellos debe
aplicarse al caso previsto por la hipótesis común. El criterio para la solución de la antinomia no lo ofrece
la lógica, sino el derecho positivo. Hay, pues, que distinguir las normas en conflicto de las de solución de
su antagonismo. Estas son, precisamente, las que indican cómo debe resolverse el problema. Pero también
debemos distinguir los criterios para la solución de conflictos antinómicos, de los que permiten establecer
la pertenencia de las normas contradictorias al sistema del órgano aplicador.
Cuando existe oposición contradictoria entre juicios enunciativos sólo se sabe cuál es verdadero y cuál
es falso si se dispone de un criterio de verdad; cuando la contradicción existe entre normas de un mismo
sistema jurídico, en cambio, sólo puede determinarse cuál es valida y cuál inválida si se dispone de un
criterio de validez. Pero así como en el caso de aposición contradictoria entre enunciaciones el criterio de
verdad no lo ofrece la lógica, sino la teoría del conocimiento, en el de oposición contradictoria entre
preceptos jurídicos el criterio de validez tampoco lo brinda aquella disciplina, sino el derecho positivo.
Para que haya antinomia, en la órbita del derecho, es necesario que los preceptos antagónicos
pertenezcan al sistema que ofrece el susodicho criterio o, cuando menos, que sea posible "incorporarlos" o
"referirlos" de algún modo a ese sistema, en virtud de una "delegación". La ley puede establecer,
verbigracia, que los jueces están facultados para colmar analógicamente una laguna y que, a falta de
disposición análoga aplicable, les está permitido llenar aquélla por aplicación de un principio de derecho
A los casos de oposición contradictoria entre normas de derecho Kelsen les da el nombre de 'conflictos
lógicos', para distinguirlos de los que denomina 'teleológicos'. "Nos hallamos en presencia de un conflicto
lógico cuando una norma estatuye el contenido a y otra del mismo sistema estatuye el contenido no a; por
ejemplo, 'no debes ' matar nunca' y 'debes en caso de guerra matar a los enemigos'."110 i, Tratándose de
los conflictos lógicos, o antinómicos, como nosotros preferimos decir, el contenido de las normas que les
dan origen es I siempre incompatible. No ocurre lo propio con los conflictos teleológicos, porque, en ellos,
no hay incompatibilidad lógica de las disposiciones normativas. El conflicto puede expresarse "con ayuda
de dos frases que no implican una contradicción lógica, y su fórmula es: 'a debe ser' y 'no a debe ser'; pero
hay conflicto cuando el cumplimiento de una de las dos normas significa un perjuicio para el fin presunto
de la otra. Ejemplo: está prohibido, por razones religiosas, hollar un terreno sagrado o, lo que es igual, una
norma en vigor estatuye que el que penetre en ese sitio debe ser castigado. Otra del mismo ordenamiento
obliga a todos los individuos a acudir en auxilio de aquellos cuya vida está en peligro, cuando el
salvamento sea posible sin poner en grave riesgo al salvador; es decir, una norma vigente dispone que si
alguien no presta socorro a una persona cuya vida peligra, debe sufrir un castigo. Imaginemos el caso de
un niño que cae a un estanque situado en el terreno prohibido. En tal hipótesis resulta imposible cumplir el
deber de salvar la vida del niño sin dejar de cumplir el de no penetrar en el sitio vedado. La situación
puede ser descrita en las dos siguientes frases: si salvas la vida del niño serás castigado, porque has
penetrado en el terreno prohibido. Si no salvas al niño, para evitar la entrada al sitio sagrado, también se te
aplicará un castigo. Ello significa que, de acuerdo con el derecho vigente, el sujeto se encuentra en una
situación en que será cas- ! tígado en los dos casos. La situación se caracteriza por el hecho de ' que no
hay sino dos modos de conducirse, y ambos constituyen una conducta ilícita, la condición de una sanción.
Evitar ésta resulta imposible". 111
En el caso del ejemplo ofrecido por Kelsen no hay conflicto antinómico, porque no puede decirse que
una de las normas prohiba y la otra permita la misma conducta a los mismos sujetos, en condiciones
iguales de espacio y tiempo. Pero sí existe pugna de deberes, en la medida en que, para hacer lo estatuido
por una de las normas resulta ineludible faltar al cumplimiento de la otra. O, para decirte de otra manera:
lo que de acuerdo con uno de esos preceptos es acto de obediencia, de acuerdo con el otro resulta
condicionante de una sanción.
Tampoco hay verdadera antinomia en las hipótesis que Kari Engisch estudia en Die Eínheit der
Rechtsordnung (La unidad del orden jurídico), y a las que da los nombres de contradicciones técnicas
(technische Widersprüche), contradicciones estimativas (Wertungs-widersprüche) y contradicciones entre
principios (Prinzipienioider-sprüche).
Las contradicciones técnicas (que en realidad no son contradicciones, sino incongruencias
terminológicas y conceptuales) derivan del hecho, bien conocido, de que el legislador no siempre confiere
a los términos que emplea un sentido constante, o de la circunstancia de que en diversos lugares de un
mismo código o en textos legales distintos aparezcan definiciones diferentes de un mismo concepto.
Sucede así, según Engisch, con la noción de aborto delictuoso (Abtrei-bung), que en el primer parágrafo
del artículo 218 del St. G. B. (Código Penal) tiene un sentido más estrecho que el que el autor de la ley le
otorga en el último parágrafo del mismo artículo; o con la palabra posesión (Besitz), empleada con
significados discrepantes en el B. G. B. (Código Civil) y en el artículo 246 del Penal.112 Es evidente que
en estos casos no hay conflicto antinómico, sino, como arriba dijimos, incongruencia terminológica y
conceptual. Incongruencias como las que Engisch señala suelen dar origen a problemas interpretativos y
de aplicación, mas no merecen el nombre de contradicciones (Widersprüche), ya que no se trata de
conflictos entre normas de contenido incompatible, es decir, de las cuales una prohiba y la otra permita a
los mismos sujetos la misma conducta, en condiciones iguales de espacio y tiempo.
No hay tampoco contradicción normativa, en el sentido definido por nosotros, tratándose de las
contradicciones estimativas (Wertungs-widerprüche) a que Engisch se refiere en su libro sobre la unidad
del orden jurídico.113 I
Dicho autor encuentra una "contradicción estimativa" en el hecho de que el Código Penal Alemán
atribuya consecuencias más severas a un delito menos grave que las atribuidas a otro más grave, como
vemos en el caso del infanticidio (Art. 217 St. G. B) en relación con los homicidios simple y calificado.
Pero aquí, como el propio Engisch lo reconoce, no hay una antinomia, sino una "inconsecuencia" del
legislador.114 Lo que en tales casos realmente ocurre es que el autor de la ley viola el principio
fundamental que ordena tratar las situaciones iguales en forma substancialmente igual (y las desiguales en
forma desigual, proporcionalmente a su desigualdad).115
Parecidas a las mal llamadas contradicciones estimativas son las (igualmente mal llamadas)
contradicciones entre principios (Prin-zipienwidersprüche) que aparecen, según Engisch, cuando "una
parte de un orden jurídico, o el orden jurídico total son legislativamente estructurados de acuerdo con
pensamientos opuestos, sin que la diversidad de los principios encuentre un fundamento en la de los
ámbitos vitales objeto de regulación".116 En semejantes casos no hay
sólo incongruencia terminológica o conceptual, sino discrepancia en los principios básicos y en la
aplicación de éstos a situaciones de la experiencia Jurídica cuya índole no justifica tal discrepancia. Ello
puede ser fuente de injusticias, pero no engendra un conflicto antinómico, en la acepción técnica de la
7. LAGUNAS DEL SISTEMA NORMATIVO
I. Antes de replantear el debatido problema de si existen o no las llamadas lagunas, y de inquirir, caso de
que existan, qué debe entenderse por tales, deseamos precisar una cuestión terminológica:
de lagunas sólo debe hablarse en relación con la ley, o, para decirlo más rigurosamente, con las fuentes
de creación jurídica, no con el derecho. A reserva de justificarlo más tarde, sostenemos, desde un
principio, que, de haber lagunas, éstas únicamente existen en los ordenamientos legales, el ius moribus
constitutum o las tesis de la llamada jurisprudencia obligatoria.
De acuerdo con la opinión dominante, por laguna se entiende una deficiencia de aquellos
ordenamientos.117 Bobbio, que ha estudiado muy a fondo este tópico, escribe al respecto: "Se dice que
existe una laguna del derecho (o, también, en el derecho) cuando en determinado ordenamiento jurídico
falta una regla a la que el juez pueda referirse para resolver tal o cual controversia. Un ordenamiento que
contiene lagunas se llama 'incompleto', por lo que el problema que a ellas se refiere es conocido como el
de la integridad (completezza.) o no integridad (incompletezza) de ese ordenamiento.
"Para definir el requisito de la integridad, conviene compararlo con otro, el de la coherencia. Se llama
'coherente' el ordenamiento en que no existen normas incompatibles; llámase, en cambio, 'completo' aquel
en que existe siempre una norma o la incompatible con ésta. A la inversa: es 'incoherente' el ordenamiento
en que encontramos tanto la norma que regula un hecho (fattispecie) como la incompatible con ella; es
incompleto, aquel en que no existe ni la norma que regula determinado hecho ni su contradictoria.
Expresado en otro giro: 'coherencia' significa, tratándose de un ordenamiento, ausencia de toda situación
en que pertenezcan al sistema dos normas opuestas entre sí; 'integridad' quiere decir, en cambio, ausencia
de toda situación en que dos normas antagónicas pertenezcan al sistema.118
Circunscribiendo con sus definiciones el punto más controvertido, Paúl Foriers escribe: "Generalmente
decimos que hay laguna del derecho (o también, en el derecho) cuando en un orden jurídico falta una
norma de que el juez pueda hacer uso para resolver determinado caso. Igualmente afirmamos —aunque
con menor frecuencia— que hay laguna del derecho cuando la regla que figura en un ordenamiento para la
solución de tal o cual asunto, no le parece al juez oportuna, satisfactoria o justa.
"En esta hipótesis —prosigue F'oriers— se habla, por lo demás, de falsa laguna, y se afirma que es falsa
porque formalmente existe una regla que el juzgador habrá de descartar.
"La verdadera laguna es una laguna sufrida; la falsa, una laguna creada. La primera se impone como
consecuencia de una comprobación; la segunda, como resultado de una decisión, de un acto de voluntad.
Pero ambas colocan al jurista y al filósofo frente a los mismos problemas".119
Obsérvese cómo los autores citados hablan de lagunas "del derecho" o "en el derecho", pese a que, a la
postre, reconocen que las deficiencias o vacíos sólo aparecen en la obra del legislador o, en general, en las
normas oriundas de las fuentes formales de creación jurídica.
Foriers declara, por ejemplo, que "las falsas lagunas" son un caso especial de antinomia, en cuanto "la
norma escrita existente es contradictoria de otra no escrita que se obtiene de la idea de justicia, del interés
social o del bien común".120 Si el problema antinómico y el de las lagunas difieren entre sí, la diferencia
reside en que "mientras en el segundo de los casos la contradicción se elimina de golpe, en el primero, es
decir, en el de 'falsa laguna', hay que pasar por una etapa intermedia, que es el reconocimiento de un
vacío, ciertamente no del derecho, sino de la ley escrita".121
Las lagunas técnicas son, tanto para Foriers como para Bobbio, "verdaderas lagunas", pero asumen tal
carácter porque consisten en la ausencia "pura y simple" de una regulación, relativamente a los medios
capaces de conducir al cumplimiento de una norma expresa. La forma en que según los mencionados
juristas deben las lagunas técnicas ser colmadas, corrobora nuestro aserto de que, para ellos,122 los vacíos
no lo son —ni podrían serlo— del derecho, sino de lo que
Bobbio llama "el ordenamiento jurídico", entendiendo por tal las normas emanadas de las fuentes
formales (legislación, costumbre, etc.).
Antes de Justificar en forma más amplia aquel aserto; de ofrecer una definición de las lagunas y de
inquirir si es verdad que unas son "aparentes" y otraS "reales", consideramos indispensable, por razones
metodológicas, examinar las doctrinas de quienes aseveran que hablar de "vacíos" o "deficiencias" del
sistema normativo es algo que sólo puede hacerse en virtud de una ficción.
II. Punto de partida de casi todos los estudios recientes sobre el problema es el famoso discurso leído en
1903 por Ernst Zitelmann, al tomar posesión del rectorado de la Universidad de Bonn.123
Zitelmann juzga que las cuestiones básicas, en torno del asunto, deben formularse así:
1) ¿Qué son las lagunas?
2) ¿Cómo deben llenarse, si es que realmente existen?
"Sabemos con cuánta frecuencia ocurre que al lado de una región, de un territorio visitado por toda clase
de viajeros, existe otro igualmente atractivo, pero que permanece, sin embargo, en el olvido. Y así ocurre
con la naturaleza de las lagunas jurídicas: casi todos la pasan por alto. Sólo algunos han pisado este
territorio desconocido. Quizás el primero que en él entró fue Brínz, ese eminente pensador que,
apartándose siempre de los caminos trillados, buscaba senderos propios; pero una vez allí, sólo tocó el
problema de manera superficial, y apenas si alguien lo siguió en su camino."124
Si hacemos a un lado los casos que, por su misma naturaleza, no son objeto de regulación jurídica, y
recordamos, en relación con las lagunas, que el juez debe colmarlas, tendremos que reconocer que antes
de que éste las llene, el derecho, "tal como a primera vista se nos ofrece", tiene siempre vacíos, y, una vez
que han sido colmados, no puede ya tenerlos.125
La circunstancia desagradable de que el derecho o, "para usar un giro más prudente", la ley, sea
necesariamente lagunosa, puede explicarse si se tiene en cuenta "la pobreza del pensamiento teórico frente
a la riqueza de la realidad", y se recuerda que en la vida diaria surgen siempre "casos nuevos que ningún
legislador humano hubiera podido prever".
Para precisar cuándo suele hablarse de "vacíos" de la obra del
legislador, Zitelmann parte de una serie de ejemplos, tomados, casi todos, de la práctica jurídica de los
tribunales alemanes. He aquí algunos:
a) Tanto en el Código de Comercio que estaba en vigor en 1903, como en el precedente, había diversas
reglas sobre conclusión de contratos y, en materia de policitación, admitíanse dos hipótesis: la de oferta
entre presentes y la de propuesta dirigida a un ausente. En el primer caso considerábase rechazada la
oferta de no haber aceptación inmediata; en el segundo, concedíase un plazo para resol-vr. Pero, al
inventarse el teléfono, resultó posible que un ausente aceptase, de inmediato, la propuesta telefónicamente
formulada. Como el Código de Comercio no había podido prever semejante posibilidad, los jueces
alemanes declararon que en dicho Código existía, al respecto, una laguna, y la colmaron aplicando, por
analogía, la norma sobre aceptación de una propuesta entre presentes.
Mas —pregunta Zitelmann— ¿puede realmente afirmarse, en el caso, la existencia de un hueco en la
legislación? Indudablemente que no, pues el Código que estaba en vigor cuando se inventó el teléfono
contiene una norma expresa y clara sobre policitación dirigida a un ausente. "No cabe la menor duda —
añade Zitelmann— que los contratos por teléfono se realizan entre ausentes; ¡el berlinés en Berlín, con el
cual trato telefónicamente desde Bonn, está en Berlín y no en Bonn!"128 Pero los tribunales encontraron
inadecuada la norma general sobre conclusión de contratos entre ausentes, y resolvieron la dificultad por
aplicación del precepto relativo a la propuesta entre presentes. Resulta clarísimo que "quisieron introducir
un cambio", y no "suplir" una deficiencia.127
Zitelmann analiza después un ejemplo de derecho penal. El administrador de una finca, injustamente
despedido, induce a un criado a que prenda fuego al granero del dueño que lo había separado de su cargo.
"El criado había ya producido el incendio, pero antes de descubrirse las llamas y de que se siguieran
causando más daños, el administrador, impulsado por el miedo y el arrepentimiento, había apagado por sí
mismo el fuego; un caso del llamado arrepentimiento diligente (tcitige Revé}." 1'-" En aquel entonces esta
forma de arrepentimiento se consideraba como excluyente sólo en relación con el ejecutor del delito, no en
relación con los instigadores. Al decidir se sostuvo que un indudable olvido del legislador había dado
origen a la laguna, y la deficiencia se subsanó aplicando el precepto que
exime de castigo al autor material que da pruebas del llamado arrepentimiento diligente.
Comentario de Zítelmann: "La norma jurídica general reza: el autor será castigado tan pronto como la
consumación del hecho haya tenido lugar." Es, pues, indiferente que evite o no las consecuencias del
delito; por ello es que al ladrón se le castiga aun cuando devuelva lo que robó. "Esta norma general
adáptase en absoluto al incendiario y al que lo haya inducido"; por tanto, aquí realmente no hay laguna.
Pero los tribunales creyeron just.o aplicar aquella norma, y extendieron al instigador la excepción relativa
al autor material que se arrepiente y evita las consecuencias dañosas del hecho delictuoso.
Tercer caso: de acuerdo con nuestro Código Civil —decía Zitel-mann— es posible que las obligaciones
se contraigan condícional-mente. Una persona puede, por ejemplo, sujetar la compra de una casa a la
condición de que tengan éxito las gestiones que realiza para conseguir trabajo en la ciudad donde el
inmueble se encuentra. Pero en Bonn ocurrió lo siguiente: un casero escribe el primero de octubre una
carta a su inquilino, notificándole que el primero de enero debe desocupar el cuarto que ocupa, pero sólo
en el supuesto de que "el hijo político del dueño sea trasladado a Bonn, como se está gestionando".129
Planteado ante los tribunales el problema de si el aviso condicional de desocupación tenía validez, se
resolvió que carecía de ella, porque en las notificaciones de esa especie se debe conceder un plazo al
inquilino, a fin de que disponga de tiempo para buscar otro alojamiento, lo que, por la índole de la
condición, resultaba imposible en el caso. En opinión de Zitelmann, el problema pudo haberse resuelto
aplicando la norma que permite sujetar a condición cualquier acto jurídico. Como el aviso al inquilino era
de tal naturaleza, no hay duda de que, lejos de colmar un vacío, lo que realmente se hizo fue crear una
excepción a la regla aplicable.
Otro ejemplo: el Código Civil establece que el riesgo sufrido por una cosa sólo afecta al comprador a
partir de la entrega, a menos que se haga enviar la mercancía a otra ciudad, porque entonces le
corresponde el riesgo del traslado.
Supongamos que alguien adquiere un espejo en Bonn Norte y pide que se lo envíen a su casa, que se
halla en Bonn Sur. En el camino el espejo es roto por un muchacho que lanza una piedra y luego
desaparece. Como la ley no hace la hipótesis de envíos dentro de una misma ciudad, ¿quién debe soportar
el riesgo? "En el caso de envío desde Bonn Sur a Godesberg (pueblo de las cercanías de Bonn),
rl riesgo sería de cuenta del comprador. ¿Es que no debe soportarlo también tratándose de un trayecto
igualmente largo dentro de Bonn...?"... El Tribunal Supremo Hanseático de Hamburgo consideró que
había una laguna en la ley, y la llenó analógicamente, haciendo pesar el riesgo sobre el comprador.130
Pero, comenta Zitelmann, el Código estatuye que el vendedor soporta el riesgo hasta el momento de la
entrega, precepto perfectamente aplicable al envío den-Iro de una población. El Tribunal de Hamburgo no
llenó, pues, un vacío; modificó, estimando que su aplicación sería injusta en el caso, I;i regla general.
Último ejemplo: "El derecho romano, que rigió en Alemania hasta 1900, concedía al propietario, en caso
de daño sufrido en alguna cosa de su pertenencia, un determinado derecho a exigir del autor del daño
reparación del perjuicio." Ahora bien: "en un viaje por mar, una persona cualquiera desea escanciar vino
en una copa; otra, intencionalmente, tropieza con ella en forma tal que la copa cae al suelo y se rompe;
perjuicio indudable. ¿Pero que sucede —pregunta el jurista romano— si la, copa dulcemente rueda al
agua? Suponiendo siempre, claro está, la intención del autor". El propietario se queda sin la copa, pero
ésta no se rompe. "Tal vez en el momento mismo la ha pescado un melenudo tritón y se la ha ofrendado
como obsequio a su más ardiente y secretamente amada nereida. El caso es que la copa no está rota ni
estropeada y, por ello, el primitivo derecho romano se resistió a admitir la consecuencia de la
indemnización." Pero otra vez se habló de laguna y ésta se suplió más tarde, "considerando por analogía el
hecho como un daño efectivo causado en la cosa'.131
El análisis de sus ejemplos lleva a Ziíelmann a la conclusión de que el aserto: "la ley tiene vacíos",
simplemente encubre el deseo de substituir la norma aplicable por otra que al juez le parece más justa.
Trátase, por tanto, de "falsas lagunas". Es necesario percatarse, prosigue Zitelmann, de que un hecho sólo
produce efectos jurídicos si una norma los enlaza a la realización de aquél. En cambio, para que los
efectos no se produzcan, "ninguna regla hace falta".132 Aun cuando dentro de un sistema-no exista
ningún precepto que declare lícitas las acciones respecto de las cuales no se haya dispuesto lo contrario,
tal precepto está 'implícito en todo ordenamiento. Detrás o por encima de los artículos que sancionan un
acto con una pena, un deber de indemnización o cualquieí-a otra consecuencia de derecho,
"encontramos siempre la regla general negativa" según la cual, fuera de los casos especíales aludidos,
todos los actos están libres de indemnización o castigo, por lo que las normas expresas que atribuyen
consecuencias legales a un hecho constituyen una "excepción" a esa regla implícita. Cuando se habla de
lagunas, lo que en realidad ocurre es que el juzgador, a falta de semejante excepción, la establece motu
proprio, so pretexto de que si el legislador hubiera tenido conocimiento del caso, él mismo habría
formulado una norma distinta. Es, pues, obvio, que si el juez se aparta de la regla general negativa y
declara que en la ley existe una deficiencia, lejos de llenar un vacío, realmente introduce una nueva
excención a esa reda. Pero aqui surge un escollo. Tendremos, en efecto, que preguntar si el juez, cuando
análogamente o en cualquiera otra forma, formula una icgia nueva para decidir el asunto de que conoce,
crea realmente derecho. Tal vez se diga que ni puede ni quiere crearlo; sólo pretende resolver la situación
que le ha sido planteada. "Pero si no es derecho nuevo lo que crea, ¿aplica entonces un derecho que no es
derecho?" 133 Tal extremo resulta inadmisible, porque el magistrado tiene el deber de dictar sus
resoluciones de acuerdo con normas jurídicas. En el caso de la analogía hay la pretensión de que la
sentencia se basa en derecho ya existente, es decir, en normas que, gracias a una operación mental, el
aplícador ha descubierto dentro del sistema. Pero, de acuerdo con Zitelmann, no es el juez el único
llamado a pronunciarse; la dificultad puede presentársele a cualqier persona, igualmente obligada a buscar
una respuesta jurídica, que analógicamente puede descubrir. De lo anterior se sigue que debe haber "una
regla jurídica universal que declare que los preceptos obtenidos por esos procedimientos mentales eran ya
derecho antes de que el juez los formulara". Y esa regla podría expresarse así: "es derecho lo que la ley
establece, pero con ciertas alteraciones (ampliaciones o limitaciones) a las que se llega por medio de
procedimientos analógicos". "Una norma jurídica de tal especie fue, en efecto, formulada por el primer
proyecto de nuestro Código Civil: remitía a la analogía y a la decisión según el espíritu de la ley, aunque
con la inexacta indicación, según hemos visto, de que se tratara de casos para los cuales no contenía la ley
precepto alguno; después se suprimió esta indicación del proyecto de Código, a causa de que era
innecesario hacerla y, por eso, a pesar de la supresión, nada se ha cambiado."
Los ejemplos a que nos hemos referido lo son de falsas lagunas;
pero ello supone, según Zitelmann, que hay otras "verdaderas", las que algunos llaman "técnicas". Estas
se presentan cuando el legislador establece una regla para la solución de tal o cual negocio, mas nada
estatuye sobre los medios de que es preciso echar mano para dar cumplimiento a esa regla. Es el caso,
como diría Foriers, de una laguna "sufrida"; los anteriores lo son de una laguna "creada"135 Xitelmann da
el siguiente ejemplo: "En el año 1880 se escapó un cajero de una sociedad comercial berlinesa con
150,000 marcos; la casa perjudicada había ofrecido por su captura un premio de 5,000 marcos. En la
búsqueda y aprehensión del autor, que se consiguió finalmente en Kiel, participaron varias personas y
entre ellas fue repartida equitativamente la recompensa, siendo partícipes los empleados de policía de
Kiel, los cuales recibieron por ello 500 marcos. Les pareció muy exigua esta parte y presentaron una
demanda contra la sociedad, exigiendo el pago total de la suma."136 Según el derecho prusiano particular
aplicable, no había duda sobre la obligación en que estaba la entidad perjudicada de pagar 5,000 marcos a
los que intervinieron en el descubrimiento y prisión del autor; pero la ley no indicaba si los diversos
participantes estaban autorizados para cobrar como un acreedor único, por (fracciones iguales o en
cualquiera otra forma. El deber de hacer el pago era incuestionable en la especie; sólo hacía falta un
criterio de distribución de la recompensa. Para resolver el problema, los tribunales aplicaron por
' analogía un precepto según el cual, en materia de concursos de índole científica o artística, había que
atenerse, en la hipótesis de que resultare necesario distribuir el premio entre varios, al juicio de quien
I había instituido el galardón.
'¡ Otro caso: una ley dispone que en determinadas circunstancias, dentro de una sociedad, por
ejemplo, hay que elegir a una persona para el desempeño de ciertas funciones; pero no se regula el
procedimiento electoral. La finalidad impuesta por la norma es clara: debe hacerse una elección. La laguna
consiste en que nada se dice sobre los medios que es preciso poner en práctica para el logro de aquel
Hay también laguna técnica, según nuestro autor, cuando legislativamente se estatuye que en tal o cual
hipótesis deben pagarse
; intereses legales, mas no se fija el monto de éstos.
| Pero, pregunta Zitelmann: ¿no iremos demasiado lejos al hablar
| en estos casos de lagunas? Pues muchas veces la ley señala m abstracto la consecuencia jurídica de un
hecho, y deja al juez en líbertad para individualizarla. Piénsese, por ejemplo, en la llamada "escala de
penas". Tratándose del robo común, que se castiga con prisión, "la pena puede durar desde un día hasta
cinco años"; existen, por consiguiente, 1826 penas posibles. ¿Cuál debe ser impuesta?... O bien, en caso
de lesiones y privación de libertad, el juez debe decretar el pago de una indemnización equitativa. ¿Cuál
ha de ser su monto? Parece claro que aquí no debe hablarse de lagunas, pues la ley dice todo lo que en una
regla general debe decirse, y la indeterminación parcial de sus prescripciones sirve al propósito de que el
magistrado disponga de un margen de holgura para ponderar las peculiaridades de cada negocio.
La conclusión final de los análisis de Zitelmann es que las lagunas son de dos clases, y que mientras en
el primer caso (es decir, en el de las "falsas") el problema consiste en corregir la ley, en el segundo (o sea,
en el de las "técnicas"), se trata de completarla. Pero la actividad del que intenta corregirla o completarla
no es jamás "puramente lógica; las operaciones mentales por las que se llega al resultado descansan en
juicios axiológicos, y lo que los teóricos llaman decisión por analogía, aun cuando se asemeja al raciocinio
de que habla la doctrina clásica, en realidad difiere de él profundamente".133
III. Examinemos ahora la tesis kelseniana.
De acuerdo con la doctrina tradicional —escribe Kelsen— el derecho vigente no es aplicable a un caso
concreto de la experiencia jurídica si ninguna norma genérica de aquél se refiere a éste.139 Hablase
entonces de laguna, y se afirma que el juez, para colmarla, debe crear la norma aplicable. Quienes así
razonan no advierten que la aplicación del derecho en vigor, "como inferencia de lo general a lo
particular", no es posible en tal hipótesis, ya que falta una de las premisas del raciocinio, la constituida por
la norma abstracta.140 La concepción tradicional es errónea, "ya que se basa en la ignorancia de que,
cuando el orden jurídico no establece, a cargo de un individuo, la obligación de observar determinado
comportamiento, en realidad permite su ejecución y su omisión. No es, por tanto, imposible aplicar al caso
el derecho en vigor, como lo pretende la teoría dominante. Es cierto que, en la misma hipótesis, no es
aplicable una norma aislada, pero sí el orden jurídico total. Debe tenerse en cuenta, además, que no se
habla de "lagunas" en todas las situaciones en que ningún precepto impone, al actor o al demandado, la
obligación que
(según la parte contraria) existe a cargo del primero o del segundo. En realidad, sólo se afirma que hay
un vacío si la ausencia de cierta norma parece, por razones jurídico-políticas, indeseable al aplicador.
Olvídase así que aplicar el orden jurídico no sólo puede resultar inconveniente o injusto cuando éste no
contiene un precepto genérico para la solución del caso sometido al conocimiento del tribunal. También
cuando esa norma genérica existe puede su aplicación considerarse injusta o inconveniente. (Tratándose,
por ejemplo, de una norma que lo mismo se aplica al robo seguido de asesinato que al hecho de que un
hijo, por piedad, y a niego de su padre incurablemente enfermo, dé muerte a éste). Empero, en ninguna de
tales hipótesis existe un vacío, ya que en ambas es posible aplicar el derecho en vigor. A ello debe
añadirse la consideración de que el juicio que moteja de indeseable o injusta la falta de determinada norma
es una valoración relativa en sumo grado, que de ningún modo excluye la valoración contraria".141
A pesar de todas estas objeciones, prosigue Kelsen, la teoría tradicional obstinadamente pretende que
hay casos en que el derecho no puede ser aplicado, por ausencia de una norma relativa al negocio de que
el tribunal conoce. Típica, al respecto, es la siguiente disposición del Código Civil Suizo: "La ley es
aplicable a todas las cuestiones jurídicas para las que contiene una determinación según el texto o la
interpretación de aquélla. Si de la ley no puede obtenerse ningún precepto, el juez debe decidir de acuerdo
con el derecho consuetudinario. y, a falta de éste, según la regla que habría establecido como legislador".
Ello presupone "que el derecho suizo puede no ser lógicamente aplicable a un caso concreto sometido a la
decisión de un tribunal helvético".142 Pero como el sistema jurídico también se aplica cuando el juez
rechaza una demanda, fundándose en que tal sistema no contiene una norma genérica que imponga al
demandado el deber que el actor le atribuye, no hay duda de que el supuesto en que el precepto transcrito
descansa "constituye una ficción", y ésta consiste en que el defecto que se atribuye a cierta norma de un
orden legal, "es presentado como imposibilidad lógica de su aplicación".143 Lo que induce al legislador a
tal extremo es la idea de que, en ciertas situaciones no previstas por él, aplicar aquella norma podría ser
inconveniente o injusto. Por ello autoriza, en tal hipótesis, a substituir dicha norma por otra que, según el
órgano jurisdiccional, se adapta mejor a las peculiaridades del asunto que trata de resolver.
Para formular correctamente esa autorización —es decir, prescindiendo de ficciones— habría, según
Kelsen, que decir: si la aplicación de un orden jurídico le parece al tribunal, de acuerdo con sus ideas
político-morales, inconveniente o injusta, el tribunal puede resolver "según su libre apreciación".144
Kelsen tampoco acepta que las llamadas "técnicas" sean verdaderas lagunas. Pues o se trata de vacíos en
el primer sentido del vocablo, es decir "de una discrepancia entre un derecho positivo y un derecho
deseado", o de una "indeterminación" resultante del carácter de "marco" inherente a toda norma
abstracta.146 Ocurre lo primero si una ley estatuye, tratándose, por ejemplo, del contrato de compra-venta,
que el vendedor está obligado a entregar la cosa y, de lo contrario, a indemnizar a la otra parte, mas no
determina quién debe sufrir el riesgo, cuando la cosa, sin culpa de los contratantes, perece antes de la
entrega. En realidad, prosigue Kelsen, no es que la ley nada determine; lo único que no dice es que el
vendedor queda liberado del deber de entregar la mercancía o indemnizar al comprador. Es, pues, claro
que el riesgo debe soportarlo el primero de los dos'sujetos.
El segundo caso se presenta, verbigracia, cuando la ley prescribe que tal o cual órgano debe ser elegido,
mas no regula el procedimiento electoral. Ello significa que cualquiera de los posibles es lícito, y que el
facultado para hacer que la ley se cumpla, puede, de acuerdo con su criterio, decidir cómo debe hacerse la
IV. En nuestra Lógica del raciocinio jurídico hemos hecho una extensa crítica de las ideas de Zitelmann
y Kelsen. Aquí nos limitaremos a resumir los argumentos expuestos en esa obra.146
Tratándose de las lagunas que Zitelmann denomina "aparentes", creemos que de "apariencia" sólo cabe
hablar cuando se hace una interpretación literal de los preceptos conexos con el asunto sometido al
conocimiento del juzgador y se desconoce la existencia de normas o principios implícitos en tales
preceptos, que el juez puede descubrir si su tarea hermenéutica se basa, no en el sentido textual, sino en el
contextual de los mismos, y se halla iluminada, además, por las valoraciones que constituyen el
"trasfondo" axíológioo de la actividad legislativa.
Sabemos ya que, para Zitelmann, el procedimiento que los jueces emplean cuando hablan de lagunas
consiste en señalar excepciones a una norma general, porque estiman que el legislador habría hecho
lo mismo, de haber tenido conocimiento de la situación que se trata c. Sobre Mw puede, por último,
influir el hecho de que la norma sea verbalmente formulada por el legislador.
Geiger analiza en seguida la presión social que en un caso concreto de s gravita sobre determinado
sujeto A. En la medida en que los mecanismos descritos ejercen su influjo, s—>c llega a ser para A una
especie de "segunda naturaleza". s—>c resulta entonces para él algo tan comprensible de suyo, "que
apenas piensa en la posibilidad de no-c".13 Pero cuando cualquiera de los destinatarios muestra
inclinación a la conducta no-c, o la realiza, los mecanismos sociales de control entran en juego.
La reacción del grupo asume diversas modalidades: medidas tendientes a lograr el cumplimiento del
precepto o la reparación del daño causado por el acto violatorio, o simples represalias: expiación, castigo,
boicot social o exclusión de S. En estadios arcaicos, f puede también consistir en que el infractor sea
abandonado a la venganza de la víctima.
Mientras el orden social deriva de la costumbre, moral, derecho y usos sociales no se han diferenciado
aún, y el mecanismo de control opera espontáneamente en la forma ya descrita: "los otros", es decir, los
componentes del grupo, cuidan de que las normas conserven su eficacia. La mirada vigilante de quienes lo
rodean, hace que el individuo no se aparte de lo que aquéllas ordenan. Si a pesar de todo las vulnera, ello
produce una reacción, espontánea e inmediata, de quienes "por comunicación recibida de testigos, por
huellas del hecho o en cualquiera otra forma, han tenido conocimiento de la infracción". El
funcionamiento del mecanismo de control depende, pues, de que el individuo tenga conciencia de que está
sujeto a la interesada vigilancia de los demás.
Dentro de un orden jurídico, en cambio, la defensa de las normas y la aplicación de las sanciones no son
abandonadas a la ""espontánea efectividad" de lo que hagan "los otros", sino que se encomiendan a
órganos especiales, lo que trae consigo la instítucionalízación del orden. "La función pasa de Í1, como tal,
a una instancia que actúa en representación de ^, y que en lo sucesivo llamaremos A. A puede
tener a su cargo tanto la función "jurisdiccional en sentido propio como la de vigilancia policiaca de r."
A la aparición de los órganos jurisdiccionales se halla naturalmente ligado el establecimento de un
conjunto de reglas procesales. La sanción no sigue ya al entuerto de manera espontánea, y es impuesta en
forma reflexiva. Esto significa que al lado de las normas de comportamiento dirigidas a MM, surgen otras
relativas a la actuación de A.
La entrega de los controles del orden a una instancia ad hoc, hace que la red ordenadora se transforme,
frente a los particulares, "en un poder exterior". La institucionalizaoión del mecanismo de las sanciones
nunca se extiende, sin embargo, a todo el orden social. Representa "una línea de desarrollo", al lado de
otra que corre en dirección opuesta. La primera significa, patentemente, "una exteriari-zación", y "a ella
corresponde, como acontecimiento polarmente opuesto, una interiorización de las manifestaciones del
orden. En la segunda de estas líneas aparece la moral".15
Geiger explica cómo, en la etapa de la reacción espontánea r de parte de íí, el autor del acto vedado
desempeña, frente a los otros, un papel pasivo. Estos deciden, "desde afuera", ejercer presión sobre él.
Pero el infractor puede, en otros casos, como miembro de 2, intervenir activamente contra nuevos
infractores. "Cuando se establece la instancia A, este cambio de papeles es suprimido. El mecanismo de
control social del orden queda firme y unilateralmente encomendado a manos determinadas." 16
Al extenderse la sociedad portadora del orden a una gran masa de individuos, se constituye el poder
central ^ (== toxitixóv xpá-ros), en que se "condensa" la interdependencia social. Ésta —observa Geiger
— no se manifiesta ya de modo instintivo en virtud de la pertenencia a un círculo reducido de personas,
sino, en parte, gracias a la intelección reflexiva de la necesidad vital de subordinarse a un todo social y, en
parte también, a través de la amenaza de aplicación o de la aplicación efectiva de la coacción organizada.
Al orden social "portador del derecho" Geiger no lo llama "Estado" sino "sociedad" jurídica". Ésta
abarca a otros agregados sociales, y el derecho, "como red unitaria", está por encima de los órdenes no
jurídicos o de la sociedad toda. "De orden jurídico sólo hablamos cuando, dentro de un medio social
diferenciado por medio de grupos aue existen unos al lado de otros o se limitan recíprocamente, se for-
ma un poder central supraordinado a ellos." " Tal es, para nuestro autor, "la más general y neutra"
expresión del concepto "pueblo con suprema organización de poder". Poco importa que el poder político
haya surgido en forma endógena o exógena. Geiger opina que, por regla general, es la resultante de la
subyugación militar de un linaje por otro, y del consiguiente proceso de interpenetración.
El orden jurídico no es nunca el único dentro de una sociedad diferenciada. La moral y los usos existen
paralelamente a él. El sociólogo alemán da a este fenómeno el nombre de pluralismo de las estructuras
La relación entre Estado y sociedad se presenta, según Geiger, así: "Estado" y "sociedad libre" son
estructuras sociales que tienen en común el sustrato personal "población". El orden jurídico está ligado a
la forma estatal de vida, mientras que los convencionalismos y la moral lo están a la "sociedad libre" como
totalidad, por lo que ciertos grupos y círculos de la misma poseen sus particulares estructuras ordenadoras.
La diferenciación entre éstas y el derecho puede establecerse, primero, en la medida en que el derecho,
como tipü de orden, lo es de un conglomerado específico (el pueblo del Estado); después, en el aspecto
morfológico, en cuanto, dentro de la población del Estado (o sociedad jurídica), al lado del derecho
existen otros órdenes no jurídicos.
Para determinar cómo se produce la diferenciación de las estructuras ordenadoras, Geiger examina dos
hipótesis. Una es que la gran organización social bajo un poder supremo y, con ella, el orden jurídico, han
tenido su origen, en forma endógena, en una preexistente sociedad de igual sustrato, no centralizada. Esta
sociedad se halla, en un principio, regida por costumbres de índole moral o convencional. Pero, al
constituirse el poder central, paralelamente se produce una "jurificación" (Junfikation) de algunas partes
de la estructura primitiva, mientras que otras siguen sujetas a la regulación espontánea de la moral o de los
usos. En el segundo supuesto, es decir, el de surgimiento exógeno del poder político, la gran sociedad
dirigida por éste aparece cuando, en virtud de una conquista militar, dos o más conglomerados sociales
hasta entonces independientes quedan unidos bajo la dominación de uno de ellos.
Los rasgos característicos o distintivos del orden jurídico son, pues, éstos:. 1) existencia de un gran
conglomerado social interiormente diferenciado y estructurado; 2) dirigido por un poder central;
3) que ejerce el monopolio de la actividad sancionadora, ya en lo que
respecta a la aplicación, ya en lo que atañe a la ejecución de las sanciones; 4) el ejercicio de ese
monopolio se encomienda a una instancia \ que puede coincidir con el poder central o estar formada por
órganos del mismo; 5) tal ejercicio se encuentra normativamente regulado, en parte por el establecimiento
de un procedimiento formal para la aplicación de la reacción contra el entuerto, en parte; 6) por regulación
de las sanciones desde el punto de vista de su relación con la gravedad de los actos violatorios (principio
de proporcionalidad).19
V. Tanto en Barth como en Geiger, la eficacia es uno de los elementos estructurales de todo orden
jurídico. La mayor o menor perfección de éste, es decir, el grado y medida de su realidad, dependen de
que las normas de su sistema ordenador sean en mayor o menor medida eficaces. De lo dicho se infiere
que el atributo de que I raíamos es una magnitud relativa y variable. Relativa, en cuanto I oda norma
(jurídica o no) puede ser violada, ya que tiene el sen-lido de ordenar la conducta de seres dotados de
albedrío; variable, cu cuanto los actos de cumplimiento y aplicación no poseen en todo raso igual
frecuencia o periodicidad.
Tratándose de todo un sistema jurídico, la reiteración de aquellos actos debe ser capaz de asegurar el
funcionamiento normal de la organización política; cuando se trata, en cambio, de normas aisladas, la falta
de observancia o de aplicación no las priva de su fuerza vinculante. Ello significa que, pese a no haber
sido cumplidas o aplicadas durante cierto tiempo, en cualquier momento es posible que los destinatarios
vuelvan a obedecerlas o que los órganos estatales impongan su observancia, si antes no han sido explícita
o implícitamente derogadas. Por ello se afirma que las excepciones a la eficacia de una norma no son
excepciones a su validez. (El término "validez" empléase aquí en su sentido formal.)
Dijimos arriba que la perfección de un orden jurídico depende de que las normas de su sistema sean en
mayor o menor medida eficaces. Empero, aquel atributo nada indica sobre la bondad o justicia intrínsecas
de tales normas; lo que expresa es simplemente el hecho de la subordinación de la conducta humana a los
preceptos que la rigen.
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